Blog

Con un llamado a abandonar la lógica del corto plazo y un listado de nueve compromisos para consolidar la transformación económica del país, Santiago Mignone, presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y socio de PwC Argentina, cerró este viernes el 62° Coloquio IDEA en Mar del Plata. “El cambio más importante que necesitamos es dejar de pensar solamente en el próximo año y empezar a pensar en los próximos 20”, sintetizó ante empresarios, funcionarios y referentes del sector privado reunidos en el Hotel Sheraton.

El encuentro, que se extendió por tres días bajo el lema Invirtiendo la Historia. 20 años: de promesa a potencia, abordó la transformación productiva, la inteligencia artificial y el nuevo mapa político y comercial global. En su discurso de cierre, Mignone subrayó que la Argentina atraviesa una etapa de estabilización que no puede interrumpirse: “El camino no será posible si volvemos sobre nuestros pasos. Es determinante sostener el esfuerzo realizado y persistir en el rumbo”.

El presidente de IDEA retomó una definición que había marcado la apertura del coloquio, pronunciada por Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia: “La estabilidad no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para mejorar la vida de las personas”. Bajo esa premisa, Mignone advirtió que el país necesita ir más allá de aprovechar una coyuntura favorable y alcanzar condiciones que permitan sostener el crecimiento en el tiempo, atraer inversión y traducir el desarrollo en oportunidades concretas para la población.

“Durante demasiado tiempo vivimos pendientes del próximo sobresalto, de las próximas elecciones, del próximo gobierno, del próximo ciclo económico”, señaló. En esa línea, convocó al empresariado a correrse de la discusión coyuntural y aportar a una agenda de largo plazo: “Queremos hablar del futuro”.

Los nueve compromisos que IDEA pone sobre la mesa

Para avanzar en ese camino, Mignone presentó una hoja de ruta con nueve compromisos que, desde IDEA, consideran indispensables para reconstruir la confianza y fortalecer los marcos institucionales.

1. El primero apunta a consolidar la estabilidad macroeconómica mediante políticas económicas consistentes, equilibrio fiscal, inflación compatible con los estándares internacionales y sostenibilidad de la deuda.
2. El segundo exige honrar los compromisos asumidos por el Estado, sin importar quién ni cuándo los haya contraído. Mignone lo repitió con énfasis: “Cumplimiento irrestricto de los compromisos asumidos, independientemente de quién, ni cuándo, los haya asumido”.
3. El tercero reclama impulsar una economía competitiva y de alta productividad, con un sistema impositivo que acompañe a quienes producen y generan empleo. En ese punto, Mignone reclamó una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que permita eliminar los impuestos distorsivos, y recordó que se trata de un mandato constitucional incumplido desde hace más de 30 años. “Los mandatos constitucionales no son optativos”, afirmó.
4. El cuarto compromiso apunta a fortalecer la formalidad y combatir la evasión.
5. El quinto, a promover la integración internacional a través de acuerdos comerciales alineados con las megatendencias globales.
6. El sexto llama a asegurar una transición con inclusión social, con políticas de capacitación para los sectores más vulnerables e incorporación de la tecnología como herramienta.

Reforma judicial y ética empresaria, en el cierre de la agenda

Los tres compromisos restantes apuntaron al plano institucional y ético.

1. El séptimo plantea establecer objetivos básicos comunes y reglas de juego estables, con consensos entre actores políticos, económicos y sociales sobre el respeto institucional y la propiedad privada.
2. El octavo exige avanzar en el fortalecimiento de la calidad institucional, con foco en la justicia: Mignone pidió un servicio judicial independiente, que resuelva en tiempos razonables y que destierre la discrecionalidad en la selección de jueces. “El Consejo de la Magistratura tiene para su tratamiento una propuesta de reforma del reglamento de selección de jueces, presentada por la Corte Suprema de Justicia en marzo. Que elimina la discrecionalidad escondida bajo el concepto de ‘entrevistas personales’. Sólo deben tratarlo y aprobarlo”, señaló.
3. El noveno y último compromiso convoca a promover una ética empresaria centrada en las personas, que priorice la transparencia y desterrar la corrupción, especialmente en el contexto de disrupción tecnológica e inteligencia artificial.

La mirada puesta en las elecciones de 2027

Hacia el final, Mignone hizo una referencia directa al ciclo electoral que se avecina. “El año próximo, tendremos un año electoral. Veremos ahí si los candidatos están a la altura de las exigencias o de sus miserias. Si sólo se detienen en la coyuntura, o discuten sobre el futuro”, planteó.

El presidente de IDEA cerró con una imagen: “No se trata de tirar abajo la pared que, con esfuerzo, venimos construyendo toda la sociedad argentina. Se trata de mantener lo construido, apuntalar lo necesario y agregar ladrillo sobre ladrillo”. Y remarcó que un país no se transforma en un mandato presidencial ni en un ciclo económico favorable, sino cuando logra sostener durante décadas un proyecto compartido de desarrollo. “Esa es la conversación que queremos seguir impulsando desde IDEA”, concluyó.

La empresaa Halliburton, una de las principales firmas que provee la tecnología, los equipos y el personal especializado para la extracción petrolera, ratificó hoy que no trabajará en el proyecto Sea Lion ni participará en ninguna actividad de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes, según informó Reuters.

La ratificación no es un gesto espontáneo: responde a un requerimiento directo del gobierno argentino en el marco de una ofensiva legal y diplomática que la Cancillería desplegó durante septiembre contra las empresas vinculadas al yacimiento.

Según se informó, el proveedor de servicios petroleros se comunicó con las autoridades argentinas, quienes habían planteado dudas sobre la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente y propuesta en relación con las actividades en el territorio en disputa.

La declaración se conoce despues de que el presidente argentino, Javier Milei, intensificó la reivindicación del país sobre las islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.

Tras la cadena nacional, y la amenaza a las empresas que provean de lógisticas a las petroleras que operan en Sea Lion, la filial local de Halliburton ya había notificado el pasado 5 de septiembre su decisión de no participar en proyectos en Malvinas.

En el marco de la escalada de tensión política y diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía en Malvinas y el control del petroleo, la Cancillería distribuyó cerca de 180 notificaciones formales a firmas de servicios petroleros de todo el mundo, advirtiéndoles que cualquier colaboración con Sea Lion las dejaría inhabilitadas para operar en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales con epicentro en Neuquén que produce más de 600.000 barriles diarios.

Esa advertencia ya había tenido efecto en septiembre, cuando SLB (antes Schlumberger) y Baker Hughes hicieron públicos comunicados en igual sentido que el de Halliburton. Las tres compañías concentran la mayor parte de la capacidad técnica global para perforaciones mar adentro de la escala que requiere Sea Lion.

La presión sobre Sea Lion no se limita al plano administrativo. A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender cualquier acto material vinculado al proyecto, incluidas perforaciones, infraestructura submarina, ductos y extracción comercial. La medida se fundó en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental validada por las autoridades nacionales argentinas. El propio fallo reconoció que su efectividad práctica depende de la cooperación internacional, dado que el proyecto opera bajo licencias británicas.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco firmas vinculadas a Navitas Petroleum —entre ellas sus subsidiarias directas y la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas— por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. La ley argentina prevé para estos casos penas de hasta 20 años de inhabilitación y 15 años de prisión. El proceso sancionatorio alcanza en total a unas 60 personas y empresas, entre operadores, accionistas, ejecutivos y proveedores estratégicos de países como el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Suecia.

El paso más audaz llegó el 30 de agosto, cuando Argentina notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le otorgó un plazo de 14 días para paralizar las operaciones. “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió Milei en X. De no mediar una respuesta, Argentina avanzará con una demanda formal ante ese tribunal, con sede en Hamburgo.

Mar del Plata.- Enviada especial. El ministro de Economía, Luis Caputo, trazó ante los empresarios reunidos en el 62° Coloquio de IDEA la hoja de ruta que imagina el Gobierno para los próximos años. Descartó recurrir a una devaluación para ganar competitividad, anticipó nuevas bajas de impuestos y regulaciones y aseguró que una eventual segunda gestión de Javier Milei profundizará las reformas.

Por participar de la Argentina Week en París, Caputo participó del encuentro a través de una entrevista grabada previamente, realizada por el titular del coloquio y CEO del Grupo Galicia, Fabián Kon. Al analizar lo realizado hasta ahora, destacó la estabilidad económica, pero puso especial énfasis en otro aspecto: aseguró que el Gobierno avanzó sin afectar la propiedad privada y respetando los contratos.

“Lo más importante para mí es que se logró una estabilidad económica habiendo heredado una situación económica en donde realmente absolutamente nadie pensaba que esto era posible”, señaló. Pero agregó que “casi lo más importante” fue conseguirlo “respetando la propiedad privada”, sin atropellarla y “respetando la santidad de los contratos”.

En ese sentido, recordó las expropiaciones, el Plan Bonex, el corralito, el corralón y los defaults que atravesó la Argentina y sostuvo que esas experiencias generaron consecuencias de largo plazo. Entre ellas, mencionó el “desprecio” de buena parte de los argentinos por la moneda, las instituciones y los políticos.

Cómo seguirá el plan económico

Cuando le preguntaron sobre cómo continuará el programa, Caputo respondió: “De la misma manera”. Aunque anticipó que habrá “muchas más reformas viniendo” y vinculó la posibilidad de acelerar los cambios con una mayor representación oficialista en el Congreso.

“Imagínense si pudimos hacer lo que se hizo con 10% en senadores y 15% en diputados, lo que viene posteriormente”, afirmó. Y enumeró los pilares de la próxima etapa: continuar bajando impuestos y regulaciones, mejorar la infraestructura y reducir el costo financiero.

Para el ministro, esa combinación permitirá generar “verdadera competitividad” sin recurrir al tipo de cambio. “No creemos que sea devaluando como típicamente quieren algunos economistas, algo que obviamente nunca funcionó en Argentina. Si fuera así seríamos Suiza, porque nadie devaluó tanto su moneda como nosotros”, sostuvo. Luego dejó una de sus definiciones más fuertes: “La devaluación es simplemente sueldos miserables para la gente”.

Caputo comparó el proceso argentino con programas de estabilización de países vecinos como Chile y Perú y sostuvo que la Argentina cuenta, además, con mayores recursos naturales y, especialmente, capital humano. “El argentino puede competir tranquilamente, si los políticos le damos las condiciones para que efectivamente lo pueda hacer”, dijo, y extendió esa responsabilidad a Nación, provincias y municipios.

Riesgo país y el “temor a volver al infierno”

El titular del Palacio de Hacienda también habló de la reciente suba del riesgo país, que ubicó desde un promedio cercano a los 450 puntos básicos hasta unos 600.

Caputo atribuyó una parte al escenario internacional, que, según dijo, afecta a distintos países no solo a través del riesgo soberano, sino también de la inflación y la actividad. Lo definió como un “shock externo bastante brutal” y mencionó el nivel de las tasas internacionales y la fuerte suba del petróleo.

En ese contexto, recordó que pocos años atrás la Argentina importaba energía y registraba 15 puntos de déficit consolidado. Según sostuvo, en otras condiciones el país hubiera resistido apenas “cinco minutos más” frente a un shock de esas características. Sin embargo, aclaró que el contexto internacional no explica todo el movimiento. También señaló un componente local relacionado con el temor de algunos inversores a que la Argentina vuelva a políticas anteriores.

“Eso generó un cierto temor a volver al infierno”, afirmó. Caputo aclaró que ese escenario no forma parte de las previsiones centrales del Gobierno, aunque aseguró que el equipo económico se prepara igualmente para esa posibilidad porque considera que es su responsabilidad.

El ministro sostuvo además que el país está “mucho más preparado” que en octubre del año pasado, cuando, según afirmó, el sector privado perdió casi USD 2.000 millones. Explicó que esa pérdida preocupa al Gobierno porque implica menos recursos disponibles para inversión.

Para Caputo, el riesgo político está “totalmente exagerado”. Y vinculó la continuidad del programa con un horizonte de largo plazo: “Si vos generás previsibilidad y estabilidad, que es lo que nosotros estamos generando, se van a venir 20 años de crecimiento y es el momento para aprovecharlos”.

Impuestos y el futuro del RIGI

Otro de los ejes centrales fue la estructura tributaria. Caputo la calificó como “desastrosa desde todo punto de vista”, con una cantidad “absurda” de impuestos y un esquema engorroso.

Sin embargo, explicó que una reforma integral necesita acuerdos con los gobernadores y mayorías en el Congreso. Como el Gobierno no podía esperar cuatro años para conseguir esas condiciones, señaló que optó por avanzar con reducciones tributarias a medida que el resultado fiscal lo permitió.

“Ya hemos bajado tres puntos de producto de impuestos y el año que viene probablemente estemos bajando un punto más”, afirmó. Según Caputo, al finalizar el actual mandato de Milei el Gobierno habrá reducido cuatro puntos del producto en impuestos, al mismo tiempo que llevó el déficit fiscal a cero mediante una reducción del gasto.

En ese marco, explicó también el objetivo de largo plazo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “La idea del RIGI no es que sea siempre un régimen especial, sino que la economía argentina converja al RIGI”, sostuvo.

Según precisó, ya se aprobaron proyectos por más de USD 56.000 millones y existen otros USD 150.000 millones “viniendo”. Para el ministro, esos proyectos no solo aportan estabilidad en el presente, sino que generan previsibilidad sobre los flujos futuros de dólares y ayudan a garantizar estabilidad cambiaria durante los próximos años. A eso sumó la estabilidad fiscal y monetaria como condiciones para que la industria avance con nuevas inversiones. “Después está en cada uno realmente afrontar el compromiso de invertir y competir”, dijo.

Caputo anticipó además que después de 2031 habrá una reforma tributaria de simplificación impositiva. En ese contexto, mencionó la situación de los pluriempleistas y el monotributo, cuya recaudación consideró baja en relación con las prestaciones sociales que el Estado debería garantizar.

La informalidad laboral fue otro de los temas abordados. Caputo aseguró que preocupa al Gobierno y vinculó ese problema con la reforma laboral. Según afirmó, la reforma redujo las cargas patronales “del 20 al 2%”, con el objetivo de modificar los incentivos que llevaban a empleadores y trabajadores a mantenerse en negro o en situaciones intermedias de informalidad.

“Prácticamente no hay incentivo por el lado del empleador de tener a alguien hoy en negro, porque realmente por un 2% podés tenerlo en blanco”, señaló. De todos modos, admitió que los resultados serán paulatinos y que los cambios llevan tiempo después de años de políticas económicas que consideró incorrectas. También mencionó que actualmente se necesitan más de 30 monotributistas para financiar una jubilación mínima y volvió a señalar que la reforma tributaria deberá compatibilizarse con las provincias.

En ese punto, reclamó un mayor compromiso de gobernadores e intendentes. Caputo sostuvo que los impuestos más distorsivos se encuentran en los niveles provincial y municipal y afirmó que son los que “más hieren la competitividad”. Como ejemplo, mencionó el caso de un gobernador que anunció la eliminación de Ingresos Brutos para la industria y consideró que otras jurisdicciones podrían seguir el mismo camino.

La reforma previsional, para el final

Finalmente, Caputo se refirió al sistema previsional, que definió como un tema complejo y que, según explicó, enfrenta además el impacto de la caída de la natalidad.

El ministro señaló que la reforma previsional será “la última de las reformas”. Su argumento fue que el Gobierno necesita conocer primero cuáles serán los recursos disponibles luego de los cambios que busca implementar en otras áreas.

“Nosotros estamos en un proceso de transformación”, explicó. Por eso, sostuvo que antes de modificar el sistema jubilatorio será necesario dimensionar el efecto de la reforma impositiva, de una mayor formalización de la economía y de un eventual período prolongado de crecimiento.

Caputo planteó que el escenario cambia sustancialmente si la Argentina consigue que una mayor proporción de trabajadores pase a la formalidad y si la economía logra crecer durante los próximos 20 años. Según explicó, recién con esa información será posible determinar con mayor precisión los recursos disponibles para diseñar el nuevo sistema.

Una situación inédita atraviesa la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados: el sector oficialista, que conduce el sindicato desde su creación, en 2008, está cerca de presentarse dividido en las elecciones para renovar autoridades que se harán el 26 de noviembre.

La dupla Beto Pianelli-Néstor Segovia piloteó el gremio surgido de una ruptura de trabajadores del subte con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se mantuvo a lo largo de los años pese a las diferencias políticas entre ambos: uno provenía del trotskista Movimiento al Socialismo (MAS) y otro se reconoce como peronista.

Sin embargo, el fallecimiento de Pianelli, en enero pasado, dejó en estado de shock al oficialismo, donde el “pianellismo”, como llaman a los partidarios más fieles del líder, no reconoce a Segovia, secretario adjunto del sindicato, como el mejor heredero en condiciones de convertirse en el nuevo secretario general y aspiran a que uno de sus miembros quede al frente del gremio.

La referente de ese sector es Virginia Bouvet, una de las delegadas que en los años 90 se rebeló junto con Pianelli ante los manejos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se desafiliaron para crear un nuevo sindicato.

Los pianellistas no descartan presentarse en las elecciones con una lista propia mientras Segovia, que reivindica la alianza construida con Pianelli durante 18 años, propuso una nómina de unidad, incluso con la izquierda, para enfrentar los riesgos que, según imagina, les esperan a los trabajadores en la etapa que viene.

Cerca del adjunto de Metrodelegados creen que el pianellismo no lo quiere porque son muy rígidos ideológicamente y Segovia es “peronista y evangélico”. Pero aclaran: “Con Beto eran como hermanos, siempre trabajaron juntos y los matices sólo eran políticos”.

“Sería un error que se rompa un sector que está desde hace tanto tiempo y con tantos resultados al frente del sindicato”, afirman los allegados a Segovia.

En el pianellismo habían advertido hace un mes que “ante la ofensiva del Gobierno, la reforma laboral y la persecución judicial que pretende criminalizar a los sindicatos, la respuesta debe ser construir la mayor unidad posible”, pero hoy admiten que las negociaciones con Segovia no progresaron, aunque no descartaron un acuerdo: “El cierre de listas es este viernes a las 23.59. Las definiciones van a estar recién ahí”.

El riesgo de la división del oficialismo en Metrodelegados sería un escenario beneficioso para la izquierda, que en las elecciones sindicales de 2022, en una lista que unificó al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y al Partido Obrero (PO), llegó al 40,9% de los votos contra el 59,1% de la fórmula Pianelli-Segovia.

Se trata de un sector de sólida presencia en las bases de los subtes, con referentes como Claudio Dellecarbonara, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), actual vocal del gremio por la minoría y con fuerte inserción como delegado en la Línea B, o David Carballo, del Partido Obrero (PO) y delegado de línea B.

Como anticipó Infobae, algunos referentes del trotskismo en los subtes creen que hay una situación política “muy complicada”, con ”persecución contra las organizaciones sindicales, sobre todo las combativas”, por parte del gobierno de Javier Milei que pone “en riesgo el sindicato” y por eso propusieron a los pianellistas y a Segovia consensuar una lista unificada para las elecciones del 26 de noviembre, pero con un previo acuerdo sobre algunos puntos que considera clave.

Por ejemplo, la izquierda cuestiona “cómo viene funcionando el sindicato y cómo se toman las decisiones”, y también rechaza la reelección indefinida de los máximos dirigentes de Metrodelegados, punto que se criticaba en sus orígenes y que luego Pianelli y Segovia lograron incorporar en el estatuto sindical.

La idea de acordar un programa entre el oficialismo y la izquierda como condición para ir juntos a las elecciones, sin embargo, no prosperó. En el trotskismo de los subtes son lapidarios: “Vemos que la pelea de ellos es por el sillón, pero nuestra discusión no es por los cargos sino por definir qué clase de organización sindical queremos construir, qué herramienta necesitamos en esta situación crítica para los trabajadores, que para nosotros debe ser democrática, participativa y combativa”, dijo un referente de una de las fracciones duras del sindicato.

Aun así, la izquierda tiene su propia interna. Hay una clásica rivalidad entre el PTS y el PO, que, aunque se unieron hace 4 años para darle batalla a Pianelli-Segovia desde la Lista Multicolor, en estas últimas semanas amagó con profundizarse porque el Partido Obrero vetó la propuesta del PTS de buscar una lista de unidad con las dos fracciones en que se divide el oficialismo.

El fracaso de la unificación electoral en Metrodelegados logró que la izquierda volviera a asociarse para las elecciones del 26 de noviembre detrás de la candidatura de Dellecarbonara a secretario general, pero en hay agrupaciones minoritarias del sector combativo de los subtes que podrían quedar afuera de ese acuerdo.

Se mantendrá hasta la medianoche de este viernes la intriga sobre cómo quedará desplegado el tablero final para las elecciones en este sindicato de 1500 afiliados y decisiva influencia en la actividad de los subtes. Pero puede convertirse en un test que medirá la fortaleza de todo el gremialismo combativo y en una señal que tomarán en cuenta los gobiernos nacional y porteño.

Durante el primer cuatrimestre de vigencia del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, las exportaciones agroindustriales argentinas hacia el bloque europeo alcanzaron los USD 1.922 millones, lo que representa un incremento del 21% respecto del promedio registrado durante el mismo período de los últimos tres años.

El desempeño fue aún más significativo entre los productos que obtuvieron desgravaciones arancelarias a partir de la entrada en vigencia del acuerdo. En este segmento, las exportaciones crecieron un 44% y representaron USD 372 millones adicionales respecto del promedio de los tres años anteriores.

Los datos fueron procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, a partir de estadísticas del Indec, y muestran un crecimiento particularmente marcado en varios complejos productivos.

Entre los principales rubros, las exportaciones del complejo pesquero aumentaron un 93% respecto del promedio de los últimos tres años. Le siguieron el complejo bovino, con una suba del 50%, y el cítrico, con un incremento del 59%.

También se registraron fuertes avances en cadenas de menor participación relativa dentro de la balanza exportadora. Las ventas de tabaco crecieron un 105%; las de ingredientes alimenticios, un 116%; las de ovinos, un 154%; las de apicultura, un 87%; y las de alimentos para animales, un 75%.

Durante 2025, la Unión Europea fue el segundo destino, detrás de China, y aportó más de USD 6.000 millones a la balanza comercial.

Además, durante los últimos tres años la UE se consolidó como el principal destino de las exportaciones de diversos complejos productivos, entre ellos soja, pesca, maní, cítricos, ingredientes alimenticios, legumbres, tabaco, arroz, ovinos y equinos.

En otras cadenas también ocupa un lugar destacado: es el segundo destino para las exportaciones de los complejos bovino, girasol y apicultura.

Los acuerdos con Japón y Singapur

Por otro lado, recientemente Japón abrió su mercado de carne vacuna a la Argentina por primera vez en 20 años luego de un proceso de negociación iniciado en 2024. Según la especialista en comercio exterior Yanina Lojo, la apertura representa una posibilidad para diversificar destinos y reducir la dependencia de China, que concentró el 59,7% del volumen exportado en lo que va del año. También permitiría avanzar en productos de mayor valor agregado, como la lengua bovina.

Cabe destacar en ese sentido que el mercado japonés importó en 2025 unas 496.000 toneladas de carne bovina fresca, refrigerada y congelada, por USD 3.117 millones. Australia concentró el 50% de esas compras, seguida por Estados Unidos, con el 36%; Canadá, con el 5%; y Nueva Zelanda, con el 4%.

Además, semanas atrás el Gobierno nacional promulgó la Ley N° 27.819, mediante la cual el Congreso ratificó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur.

Al respecto, desde CIARA- CEC remarcaron: “El acuerdo entre Mercosur y Singapur es un acuerdo de libre comercio es clave para las exportaciones agroindustriales argentinas porque es el hub logístico del Sudeste Asiático”.

“Es un Estado puerto y, por lo tanto, sus derechos de importación son muy bajos. La Argentina ya tenía exportaciones hacia ese mercado, por lo que ahora celebra la consolidación de un esquema que lleva a cero esos derechos de importación, particularmente para productos como los cereales —especialmente el maíz— y la harina de soja”, indicaron.

“Dado que es un país con un territorio reducido y una población relativamente pequeña, no prevemos un aumento significativo de la demanda interna. Sin embargo, sí esperamos un flujo continuo y constante de mercaderías hacia Singapur, dado que actualmente es un importante puerto logístico y un centro de distribución hacia todo el Sudeste Asiático”, agregaron.

El secretario de relaciones económicas internacionales, Fernando Brun, destacó en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado el “alto nivel institucional” de este tipo de convenios y que, sobre todo, servirá “para poder negociar con japón, Corea y Vietnam, Indonesia, quienes vuelven a mirar el acceso a la energía”.