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A catorce meses de las elecciones, el clima electoral ya está instalado y domina decisiones y declaraciones. Los ingresos, la capacidad de compra y la morosidad mueven la conversación. El “riesgo Adorni” cedió paso al “riesgo metro cuadrado”.

Con el Presidente aferrado a su narrativa de agresiva inflexibilidad, ministros y narradores del libertarianismo empiezan a exponer deslices. La retórica libertaria deja entrever fisuras.

Luis “Toto” Caputo introdujo en la línea discursiva una expresión maldita: “justicia social”.

Probablemente distraído, el ministro de Economía, cuya narrativa venía intentando empardar el estilo presidencial, introdujo el concepto en su presentación de los créditos hipotecarios financiados con $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

“Para este Gobierno, los créditos hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace a la justicia social… nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 o 40 años para ahorrar y poder comprarla”.

Caputo contradice de palabra el catecismo de su jefe político, para quien “la justicia social es un robo”.

De tanto ir y venir por los medios con la cháchara del libertarianismo, el mismo Caputo que pidió una ley que sancione a los periodistas que, según él, publiquen información “sin sustento”, “mientan” o hagan “acusaciones sin pruebas”, quedó atrapado en sus contradicciones narrativas.

El dislate de la palabrería no logró opacar el anuncio que, aunque reclamado, también da cuenta de un cambio radical.

La decisión política de hacer intervenir al Estado echando mano a recursos del FGS de la ANSES expone a un gobierno dispuesto a aflojar con la ortodoxia mileísta, esa que Javier Milei llevó al extremo definiéndose como “anarcocapitalista” porque odia al Estado, al que en 2024 definía como una “organización criminal” y en los últimos meses como una institución “fallida”.

Mientras Javier Milei —el topo que vino a destruir el Estado desde adentro— se desgañita en atriles y sets televisivos negando la adversidad de la micro, sus funcionarios empiezan a activar medidas para atender las demandas del momento.

En el mismo sentido, funcionarios y sindicalistas trabajan para anclar un piso salarial garantizado de $1.070.000. Sin tocar el tope del 2% mensual para los aumentos que homologan las paritarias, se busca una manera de aliviar la situación de los que menos ganan.

La intención de garantizar un salario mínimo esconde la expectativa gubernamental de que impacte sobre el resto de los salarios, reactivando la economía y el consumo.

Queda claro que el imperativo de renovar el mandato en 2027, en orden a “blindar el modelo”, impone bajar algunas consignas. La más inmediata: salir de la ortodoxia cerrada para atender las demandas de la micro.

El tema de la economía a “dos velocidades” enciende la ira del león libertario. También el asunto de los “que no llegan a fin de mes”, para no hablar de “los morosos” a los “que nadie les puso una pistola en la cabeza para que tomaran crédito”. Finalmente, “un asunto entre privados”.

Guillermo Oliveto, especialista en consumo, habla de una “economía dual” en la cual conviven los “ganadores” del modelo, básicamente relacionados con los sectores extractivos que concentran el 15 % del empleo registrado en blanco, y los más castigados, como la industria y las pymes, que proveen el 50 % de los puestos de empleo formales.

Esa asimetría, que revive el miedo a la pérdida del empleo, también explica por qué, mientras los datos de la macro dan cuenta de una economía en crecimiento, no se traducen en bienestar para la mayoría de los sectores de la clase media y media baja.

Las urgencias políticas electorales empiezan a estrellarse contra el paredón de la realidad. Las balas pican cerca.

En una “semana ganada” para el oficialismo, en la que obtuvo la media sanción de la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II, la oposición se quedó con la bandera de los reclamos de endeudados y morosos.

La oposición logró reunir 133 votos, 4 más de los que requiere la mayoría absoluta. Desde esa base pretenden avanzar con la discusión de una treintena de proyectos enfocados en la problemática de los que no pueden pagar sus créditos. Una bomba de tiempo.

El “riesgo metro cuadrado” empieza a pesar aún más fuerte que el “riesgo kuka”.

“El dogma o la doctrina es una hoja de ruta con la cual muchos se pasan de rosca y no se dan cuenta que pueden volar por los aires”, advirtió Agustín Laje, ideólogo del libertarianismo y presidente del think tank Fundación Faro.

Según Laje, la realidad no tiene nada que ver con las utopías y el libertarismo es utópico.

Laje reivindica el pragmatismo de Milei. Admite que con la batalla cultural no alcanza. Sostiene que el bolsillo y la seguridad son la opción de las nuevas derechas.

“Si los gobiernos de derecha de Latinoamérica no logran ‘mejorarle el metro cuadrado a la gente’, el péndulo político volverá rápido hacia la izquierda”.

Laje reclama pragmatismo a Milei. Demanda que se hagan acuerdos. Se atiene a los números publicados por el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella, que atribuye a Milei un 38 %. Concluye que Milei retiene el núcleo duro, pero que le faltan votos para ganar en primera vuelta.

“Va a hacer falta aliviar formas, aliviar gestos, acercar…”

Por el momento el mismísimo Milei no parece dispuesto a acusar recibo. Mientras sus ministros recalculan estrategias para hacer lugar a las demandas que la realidad de la micro impone, el Presidente sigue en la suya.

El paso del jefe de Estado por la ORT lo mostró arengando a los chicos del nivel secundario a abuchear a los periodistas. Una “masterclass” de antidemocracia desde el púlpito de poder. Con los libros sagrados del judaísmo en la mano, acicateando el odio. Un mix tóxico.

La excitación discursiva del Presidente, tan escatológica como violenta, pasó de producir fastidio a dar asco y, de allí en más, pena.

¿Qué fantasmas acechan a Javier Milei en sus noches de Twitter e insomnio, para mostrarse tan cargado de odio? ¿Qué zonas desconocidas de su personalidad lo impulsan a despacharse en estos arrebatos catárticos?

La batalla comunicacional también entró en zona de riesgo. Desde la caída en desgracia de Adorni, nadie logra hacer pie en el manejo de la comunicación.

Adrián Ravier volvió a ser noticia el martes confirmando que la vocería no es su expertise.

En conferencia de prensa confirmó que Santiago Caputo había sido desplazado de la coordinación de la comunicación digital del Gobierno, y que ese rol pasaba a manos de Santiago Oría, el cineasta cercano a Karina Milei.

Impreciso, agregó: “Entiendo que sí, que asume Oría la parte de comunicación digital”. Algo que horas después tuvo que salir a relativizar.

Envalentonado, Oría la emprendió en Twitter con una seguidilla de retuits que lo llevaron a protagonizar un memorable papelón.

El pasado martes replicó el tuit provocador de un connotado libertario, Alejandro Rozitchner: “¡Son pobristas! Piden literalmente estar peor”.

El posteo de Oría superó las 320.000 vistas en segundos.

Oría quedó rápidamente a la intemperie. Alguno de los suyos, o eventualmente sus oponentes en la estructura gubernamental, configuraron mal la granja de bots. Las cuentas fake del oficialismo inundaron X mostrando la hilacha. Los mensajes incluían la orden REPLY codificada y reproducían frases prearmadas contra los K.

El derrape de Oría no solo hizo público que el oficialismo utiliza cuentas robot para articular la narrativa del Gobierno, sino que también expuso la feroz interna que paraliza el área de la comunicación digital, hasta donde se sabía en manos de Santiago Caputo y “Las Fuerzas del Cielo”.

Para neutralizar la seguidilla de memes que le llovieron, se limitó a responder a quienes lo hostigaban con un mensaje contundente: “Larguen la merca…”. Peor el remedio que la enfermedad.

La ironía de los celestiales no tardó en activarse. Varios piden el regreso de Cerimedo.

Fernando Cerimedo, quien está preso en Bolivia bajo cargo de intento de femicidio y enriquecimiento ilícito, entre otras cuestiones, y a quien le incautaron —dixit la fiscalía— una “mini granja de bots”, fue artífice de la comunicación digital del mileísmo y dueño de La Derecha Diario, un outlet que compartió hasta estos días con Javier Negre, otro activista de la derecha con antecedentes un tanto confusos.

Todavía está por verse si Milei hace lugar a los saludables consejos de Agustín Laje y recupera algo de pragmatismo, o si se deja arrastrar por la avalancha de material escatológico con el que alimenta sus días. Noticia en desarrollo.

El oficialismo está aceptando que el clima político comenzó a cambiar. En el Senado, La Libertad Avanza atravesaba sin sobresaltos un período en el que sus socios optaban por el silencio o directamente por pedir la palabra para acompañarlos. Sin embargo, en las últimas sesiones aparecieron voces aliadas que comenzaron a reclamarle al oficialismo que avance con una agenda que hasta solo declama.

Esto fue lo que sucedió en la última sesión de la Cámara alta, donde el bloque libertario esperaba tener un tránsito sin demasiadas complicaciones. El temario incluía pliegos judiciales y acuerdos internacionales. Estaban los votos, así que solo era cuestión de esperar y escuchar, sin responder, los dardos del kirchnerismo.

Sin embargo, hubo un hecho que evidenció este cambio y que obligó a la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, a tomar posición rápidamente para no quedar expuesta frente al reclamo de uno de los socios.

La senadora de Despierta Chubut, Edith Terenzi, solicitó que se dé un tratamiento preferencial al proyecto de Ficha Limpia por fuera de la reforma electoral que busca la Casa Rosada y que no presenta avances desde hace semanas.

Rápidamente, Bullrich tomó la palabra y, a modo de aclaración, adelantó que el oficialismo planeaba retomar el tratamiento de la reforma electoral. “La próxima semana no, porque tenemos varias comisiones, pero la otra vamos a volver a juntarnos. Y ahí se incorporarían también los proyectos de ficha limpia que están aparte del proyecto. Eso es un compromiso, lo podemos votar, pero tienen mi palabra”, dijo la senadora. Y esto despertó gestos y miradas entre los senadores de otros bloques que acompañan al oficialismo.

Rápidamente, un grupo de radicales se reunió alrededor del presidente del bloque, Eduardo Vischi, y comenzaron a conversar. Tanto fue así que la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, tuvo que frenar la sesión y pedirles que lo hicieran fuera del recinto.

La realidad es que en los bloques entendieron que la respuesta de Bullrich tuvo más que ver con evitar que pareciera que La Libertad Avanza no quiere debatir Ficha Limpia —algo que ya sucedió en Diputados— que con un cambio de escenario respecto de las negociaciones.

“Ofrecieron colectoras y no funcionó, ahora no hay nada nuevo”, dijo un senador dialoguista. Esa afirmación, que podría ser de alguien que no participa de las conversaciones, fue ratificada desde el oficialismo. “Todavía no lo están discutiendo centralmente”, señaló un vocero autorizado ante la consulta de este medio sobre qué había de nuevo que hubiera hecho retomar las conversaciones.

Al término de la sesión, la ex ministra dijo que daba lo mismo “la eliminación o la suspensión” de las PASO, ya que el debate pasa por el costo de estas. Con esto abre una puerta para el PRO y la UCR, que tenían más interés en ese camino intermedio.

El problema es que la ancha avenida del medio también juega su propio partido y la suspensión de las primarias, que en otro momento juntaba adhesiones, hoy no parece convencer tanto. Mauricio Macri no quiere allanarle tanto el camino electoral al Gobierno sin un acuerdo previo —y conveniente— con el mundo de La Libertad Avanza, algo que por ahora no está ni cerca de suceder. “Fueron dos salidas, pero no hubo ni un beso, quedaron en hablar”, graficó en tono jocoso un hombre amarillo que está al tanto de las conversaciones.

El otro punto es convencer a los gobernadores que ya tienen pensado adelantar sus elecciones. “Las PASO les solucionan el escenario a quienes tienen un candidato único y hacen que los demás tengan que encarar campañas largas, costosas y desgastantes”. Hay casi 20 provincias cuyos gobernadores irán por la reelección, ninguna libertaria. ¿Por qué alguno les solucionaría las disputas a los libertarios en sus territorios?

La reforma tiene como punto central la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la ya mencionada Ficha Limpia. La discusión de esta iniciativa se encontraba sin avances por falta de consenso. Todo hace suponer que, por ahora, sigue igual.

A partir de mayo de 2025, el proceso de desinflación en la Argentina comenzó a experimentar fricción, con fluctuaciones en los registros mensuales que evidencian la complejidad de lograr una baja sostenida. El escenario argentino no escapa a una tendencia global: en otros países, llevar la variación del índice de precios a un solo dígito anual demandó varios años.

Si bien la tasa de inflación registró una fuerte reducción desde el pico de 25,5% de diciembre de 2023 hasta el 2,1% de julio de 2026 y el equipo económico logró achicar la variación interanual de tres dígitos a la zona de 30%, la trayectoria experimentó oscilaciones desde el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada.

A partir de mayo de 2025, cuando el IPC arrojó 1,5%, comenzó un sendero ascendente que tocó su punto cúlmine con el 3,4% de marzo de 2026. En los tres meses siguientes la inflación retomó una dinámica bajista, que se vio interrumpida por la estadística de julio, con el impulso estacional del rubro Esparcimiento y Recreación.

En paralelo, al observar el comportamiento de los números interanuales, se aprecia un amesetamiento por encima del 30%, un piso difícil de perforar para la administración libertaria. La mayor parte de los pronósticos de consultoras proyectan que 2026 cerraría con una inflación por encima del 30 por ciento.

En ese contexto, las cifras oficiales evidencian un proceso irregular en la caída del ritmo al que suben los precios. De hecho, el consenso de los analistas advierte que este tipo de procesos no es lineal y que el tramo final, cuando se intenta consolidar la estabilidad en un dígito, suele ser el más desafiante.

Cuánto tardaron los países de América Latina

El análisis de los procesos de desinflación en América Latina muestra diferencias notables en los tiempos que cada país necesitó para reducir la inflación anual de niveles superiores al 30% hasta un dígito sostenido.

Ecuador y Brasil fueron los países que lograron este objetivo en menos tiempo, con apenas dos años entre su último año con inflación superior al 30% y el primero con un registro menor al 10%. México, Perú y Uruguay necesitaron cuatro años para alcanzar esa meta, mientras que Guatemala tardó seis años.

En el caso de Paraguay y Colombia, el proceso requirió nueve años hasta consolidar una inflación anual de un solo dígito. Chile, El Salvador y Honduras figuran entre los países que más tiempo demandaron para estabilizar sus indicadores, con un plazo de diez años entre ambos hitos. Estos datos reflejan la disparidad de experiencias y desafíos que enfrentaron los países de la región en sus estrategias para controlar y reducir la inflación.

“Lo cierto es que los procesos de desinflación no son lineales, y el tramo final suele ser el más difícil. La experiencia regional lo demuestra. Salvo Ecuador (dolarización, 2000) y Brasil (Plan Real, 1994), al resto de la región le llevó entre 4 y 10 años bajar la inflación desde niveles cercanos al 30% hasta un dígito de forma sostenida”, analizó un informe de Ignacio Sniechowski, jefe de Research de IEB.

Brasil, principal economía del Mercosur, atravesó durante la década de 1990 un escenario de hiperinflación extrema, alcanzando picos superiores al 2.400% en 1993. En solo tres años, la inflación descendió bruscamente: 916% en 1994, 22,4% en 1995 y 9,56% en 1996. El “Plan Real” -que incluyó el ordenamiento fiscal, la captación de inversiones extranjeras y el lanzamiento de la Unidad Real de Valor (URV) como ancla nominal- resultó clave para estabilizar la economía y limitar la emisión del Banco Central.

En Perú, la crisis inflacionaria alcanzó un máximo de 7.481,66% en 1990. Si bien en 1991 la tasa bajó a 409,5%, el país necesitó seis años para estabilizar el índice en un solo dígito. El proceso incluyó un régimen de flotación cambiaria, un programa de desdolarización del sistema financiero y un plan fiscal orientado a la eliminación de exenciones, congelación de vacantes estatales y apertura comercial.

La trayectoria de Chile hacia la estabilidad de precios durante la década de 1970 fue un proceso gradual. El país logró reducir su inflación mensual promedio desde el 13% registrado en 1975 hasta el 2% en 1978, periodo que demandó tres años. Posteriormente, las autoridades requirieron un trienio adicional para consolidar una inflación mensual inferior a un dígito, objetivo alcanzado mediante la implementación de un esquema de tipo de cambio fijo conocido como “la tablita”.

Colombia enfrentó un escenario distinto durante los años 90. Aunque evitó los episodios de hiperinflación observados en otras economías regionales, el país mantuvo una inflación persistente superior al 2% mensual desde finales de la década anterior. El camino hacia la desinflación resultó prolongado: mediante la utilización de bandas cambiarias entre 1994 y 1999, seguidas por un régimen de flotación libre, el país completó una década de ajustes hasta lograr situar el incremento de precios por debajo del 1% mensual.

Una desinflación no lineal

Federico Filippini, jefe de Research de Adcap Grupo Financiero, explicó que la primera etapa de una desinflación suele ser más rápida: “Se revierten grandes shocks de precios relativos, se estabiliza la energía, se modera la inflación de bienes, se normalizan cadenas de suministro y se diluyen distorsiones asociadas a shocks externos. Eso puede hacer que la inflación headline baje relativamente rápido”.

Sin embargo, Filippini destacó que la segunda fase de ese proceso acostumbra a ser más compleja ya que “el foco se traslada hacia los componentes más persistentes: alquileres, servicios médicos, seguros, servicios de transporte, salarios y otros precios no transables. Estas categorías tienden a ajustarse más lentamente porque están vinculadas a contratos, costos laborales, rentas y expectativas”.

Y concluyó: “En Argentina, la desinflación sigue en marcha, pero el proceso luce cada vez menos lineal. La mejora es visible: tanto la inflación headline como la núcleo en julio se movieron hacia la zona de 2% m/m. Pero el proceso sigue mostrando idas y vueltas, con rebotes puntuales asociados a regulados, estacionales y servicios. Esto no implica una ruptura del proceso de desinflación. Sí sugiere que la convergencia será más lenta y menos lineal de lo que el mercado llegó a pricear algunas semanas atrás”.

Un informe de Invecq subrayó que, si bien el Gobierno “ha mostrado un marcado optimismo respecto del proceso de desinflación, la evidencia sugiere que el proceso es largo y complejo”.

“Reducirla de tres a dos dígitos suele ser relativamente rápido; sin embargo, converger desde esa zona a niveles de un dígito es mucho más desafiante. Los programas de estabilización de Chile (1975), Israel (1985), Polonia (1989) y Perú (1990) muestran que ese proceso demandó entre 6 y 20 años”, concluyeron los analistas.