La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 17 de septiembre con el calendario de pagos de jubilaciones, asignaciones y prestaciones. Las acreditaciones se definen, en la mayoría de los casos, por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Los montos vigentes incorporan un aumento del 2,11%, calculado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme al esquema de movilidad dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24.
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Quiénes cobran hoy, 17 de septiembre de 2026
El calendario de pagos de ANSES para este lunes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Este jueves cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cuyos documentos terminan en 7. El pago corresponde al haber mensual de septiembre, junto con el refuerzo previsto para quienes se encuentran dentro de este grupo.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 7 reciben sus pagos este 17 de septiembre.
Ambas prestaciones siguen el mismo esquema de fechas que las jubilaciones mínimas. La AUH se abona a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que cumplan los requisitos establecidos por el sistema de seguridad social.
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Asignación por Embarazo
También cobran hoy las personas titulares de la Asignación por Embarazo cuyos documentos terminan en 5. Este beneficio está destinado a personas embarazadas sin cobertura de obra social y requiere cumplir las condiciones fijadas por la ANSES.
Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas
Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.
Asignaciones de pago único
Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.
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Becas Progresar
También cobran los beneficiarios de las becas Progresar con documentos terminados en 8 y 9, según el calendario correspondiente a agosto.
De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026
Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.
La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.
En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.
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De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026
La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. La ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.
La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.
Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.
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La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo se mantiene en $188.300 y el máximo en $376.600, a la espera de una actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Un amplio operativo interfuerzas realizado sobre la Ruta 14 terminó con cuatro hombres detenidos que tenían pedidos de captura vigentes y el secuestro de cocaína y marihuana. El procedimiento se desarrolló durante la mañana del miércoles a la altura del kilómetro 270 de la Autovía Gervasio Artigas.
Del despliegue participaron efectivos de la Policía de Entre Ríos y de la Policía Federal Argentina. El objetivo fue profundizar los controles preventivos y la identificación de personas y vehículos que circulaban por ese sector, con especial atención a los transportes utilizados por trabajadores vinculados con la cosecha de citrus.
Durante el procedimiento fueron inspeccionados 72 vehículos, entre ellos 27 colectivos destinados al traslado de trabajadores. También intervino personal de la División Drogas Peligrosas junto al can detector de narcóticos “Malli”.
Cuatro hombres tenían pedidos de captura
Al consultar los sistemas correspondientes, los agentes comprobaron que cuatro hombres mayores de edad tenían pedidos de captura vigentes emitidos por distintas autoridades judiciales. Ante esa situación, fueron detenidos y se dio intervención a los organismos que habían solicitado su localización.
Además, otras dos personas fueron trasladadas hasta la Jefatura Departamental Concordia para establecer correctamente su identidad, según se informó oficialmente tras el operativo realizado sobre la Ruta 14.
En el dispositivo también trabajaron integrantes de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dependencias de la Jefatura Departamental Concordia y efectivos de la Policía Federal.
Secuestraron cocaína y marihuana
En paralelo con los controles de identificación, efectivos de Drogas Peligrosas intervinieron en el marco de la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo y procedieron al secuestro de distintos elementos vinculados con estupefacientes.
Entre lo incautado había envoltorios con cocaína, envoltorios con marihuana y material vegetal compatible con cogollos de cannabis. No se precisaron oficialmente las cantidades secuestradas ni se informó que esos hallazgos estuvieran relacionados específicamente con los cuatro hombres detenidos por los pedidos de captura.
Desde la Policía indicaron que el procedimiento forma parte de los controles conjuntos que se vienen desarrollando en accesos y principales corredores de Concordia. La Ruta 14, por su intenso movimiento de vehículos particulares, transportes de pasajeros y cargas, constituye uno de los puntos donde se concentran este tipo de operativos preventivos.
El Gobierno nacional decidió mantener intacta una de las principales fugas de recaudación del Estado: el gasto tributario. Según el proyecto de Presupuesto 2027, el fisco dejará de percibir $51,9 billones por tratamientos impositivos preferenciales, una cifra que equivale al 3,67% del PBI. Pero, el dato más disruptivo es lo que esconde: la exclusión del costo fiscal que demandará el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que ya tuvo importaciones y activos computables que evitaron los impuestos.
Pese al fuerte recorte del gasto aplicado en otras áreas para sostener el ancla fiscal, la Casa Rosada no tiene en carpeta achicar estos beneficios consolidados que crecieron respecto al ejercicio actual (3,4% del PBI). En el trazo grueso, la mayor parte de este universo se destina a exenciones que benefician a personas humanas y consumos básicos, sumando cerca de $6,2 billones no recaudados. Allí figuran las prestaciones médicas a obras sociales y al PAMI, las alícuotas reducidas del IVA para alimentos frescos y medicamentos, y la exclusión de Ganancias para los funcionarios del Poder Judicial.
Los regímenes de promoción económica directa concentran más de $6,2 billones de pesos, equivalentes al 0,44% del PBI para 2027. Lidera el esquema el régimen especial de Tierra del Fuego, con un costo fiscal estimado en $1,8 billones. Le siguen el régimen de la Economía del Conocimiento ($842.556 millones), la promoción minera ($89.820 millones), el esquema para PyMEs y el sector autopartista.
El impacto de las grandes inversiones
Pese a ser el principal motor normativo de la gestión económica de los sectores denominados “estratégicos”, el RIGI no aparece en la proyección de las exenciones futuras. El Ministerio de Economía justificó esta omisión técnica en el Mensaje que acompaña la iniciativa argumentando que los proyectos adheridos se encuentran mayoritariamente en “etapas iniciales de implementación (inversión)”. Por lo tanto, el Palacio de Hacienda sostiene que el gasto tributario asociado al régimen recién “podrá ser estimado en etapas posteriores de avance de los proyectos”.
En realidad, los beneficios aduaneros y fiscales ya se están materializando en las primeras fases de desembolsos de infraestructura. “En los hechos ya están teniendo operaciones de importaciones que bajo el RIGI no pagan impuestos. Esa debería ser una brecha respecto al régimen general de aranceles”, explicó el economista de Empiria, Nicolás Gadano. Según un análisis de Adimra, entre mayo de 2025 y junio de 2026, los ocho VPU comprendidos en la base importaron bienes por USD 284,3 millones, por ejemplo.
Un relevamiento de la consultora Paspartú planteó que el RIGI ya consolidó una cartera con una Inversión Mínima en Activos Computables asegurada de USD 28.888 millones. El cronograma de ejecución muestra un fuerte flujo de dólares de forma inminente: se proyectan desembolsos obligatorios por USD 5.832 millones en 2027 y USD 13.023 millones para 2028. Los grandes ganadores que capitalizan de manera directa esta eximición impositiva operan en la Minería (62,7% de las inversiones aprobadas) y el Petróleo y Gas (33,7%), destacándose megaproyectos encabezados por YPF, Río Tinto, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía.
Los números de la oposición y el Súper RIGI
Ante el vacío de proyecciones en la letra chica del Presupuesto, la oposición comenzó a trazar los números del impacto real en la recaudación. Un informe técnico elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel midió el gasto tributario oculto cruzando el monto de 23 proyectos aprobados, por una inversión total de USD 49.766 millones, con las previsiones de empleo y los flujos exportadores de las compañías. La conclusión advierte que, en fase de plena ejecución, el RIGI demandará un sacrificio fiscal de USD 3.359 millones anuales, una cifra equivalente a 0,49 puntos porcentuales del PBI.
La anatomía de esta merma de ingresos se apoya en los beneficios aduaneros y fiscales vigentes. Del 0,49% del PBI calculado, la rebaja al 0% de los Derechos de Exportación a partir del tercer año explica 0,40 puntos, consolidándose como el beneficio más cuantioso para el Tesoro. Le sigue la baja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 25% junto con la actualización de quebrantos, que absorben otros 0,22 puntos del PBI, y la exención total de derechos de importación junto con el IVA aduanero, que restan otros 0,15 puntos. El pago de IVA con Certificados de Crédito Fiscal y el cómputo pleno del impuesto al cheque a cuenta de Ganancias completan la sangría fiscal.
El escenario de estrés para la recaudación podría profundizarse si el Congreso sanciona el denominado “Súper RIGI”. Diseñado para traccionar desembolsos en nuevas industrias, este régimen ampliado perfora aún más la base imponible al establecer una tasa de Ganancias del 15% y fijar un tope del 10% a las contribuciones patronales para la generación de nuevos empleos. Según la proyección de Michel, si se extrapolan USD 100.000 millones de inversión a las condiciones de este nuevo paraguas legal, el gasto tributario saltaría a 1,27 puntos del PBI.
Gustavo Sáenz reclamó por la falta de autorizaciones para avanzar con proyectos provinciales, tras una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli (Gentileza: A24)
17 Sep, 2026 03:06 a. m. EST
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Luego de haber participado en la reunión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores del Norte, el mandatario salteño, Gustavo Sáenz, cuestionó al Gobierno por no brindarles apoyo en cuestiones financieras y de infraestructura. “La lealtad es una avenida de ida y de vuelta, y yo siento que venimos siempre y nunca vuelven para allá”, apuntó y advirtió: “La paciencia se va acabando”.
El encuentro se llevó adelante este miercoles, tan solo horas después de que sea enviado al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Además, del mandatario salteño participaron Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Durante más de dos horas, Santilli les explicó a los dirigentes del norte los detalles del rumbo de la economía y las proyecciones que hizo la administración libertaria para el año que viene. También escuchó los reclamos de las provincias.
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De esta manera, al evaluar la relación entre el Poder Ejecutivo y las provincias, Sáenz afirmó que existe una “falta de consideración y de reciprocidad”. Incluso, para con aquellas jurisdicciones que acompañaron iniciativas oficiales en el Congreso.
“La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y esta falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos”, cuestionó el mandatario al remarcar que, al igual que Nación, cada una de las provincias también tiene los mismos problemas.
Durante una breve entrevista con A24, Sáenz apuntó: “No estamos pidiendo nada”, en referencia a los fondos nacionales para obras públicas. Luego de que el Gobierno fijara como máxima mantener el déficit fiscal equilibrado, el jefe del Estado de Salta explicó que tuvieron que buscar financiamiento internacional.
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A pesar de esto, el gobernador criticó la falta de respuesta por parte de Nación, que presentaría una demora en otorgar las autorizaciones para continuar con los proyectos planificados por la provincia.
En este sentido, explicó que pidió autorización y garantía soberana nacional para refinanciar una deuda tomada durante la gestión anterior. Así, precisó que la provincia tenía un compromiso original de 640 millones de dólares y que ya canceló cerca de 500 millones.
Según relató, el ministro de Economía, Luis Caputo, le recomendó avanzar con la refinanciación por la baja del riesgo país y de las tasas de interés. Sin embargo, señaló que para concretar la operación requiere el aval nacional.
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“Para eso necesitamos la autorización y la garantía soberana de Nación”, dijo Sáenz. De la misma forma, agregó que esa herramienta también es necesaria para obtener financiamiento internacional destinado a obras viales en territorio salteño.
Pese a que recordó que el mantenimiento y obras referidas a las rutas nacionales deberían estar a cargo del Ejecutivo central, indicó que la provincia resolvió asumir las tareas con fondos externos. “Son endeudamientos que tienen que ver con obras fundamentales para Salta”, planteó sobre los frenos que encontró.
Por otro lado, Sáenz vinculó sus reclamos con el comportamiento de referentes oficialistas en las legislaturas provinciales. En línea con esto, afirmó que sectores que respaldan al presidente Javier Milei en Salta, Tucumán y otros distritos votan en contra de las iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las provincias.
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“Cuando nos necesitan, hablan con nosotros todos los días, a toda hora y en todo momento”, cuestionó el gobernador, tras plantear que los mandatarios provinciales acompañaron leyes nacionales, pero no reciben el mismo respaldo para resolver necesidades de índole local.
Por este motivo, afirmó que la relación con el Gobierno debe tener una lógica de reciprocidad. “Yo siempre dije que la lealtad es una avenida de ida y vuelta, y yo siento que venimos siempre y nunca vuelven para allá”, expresó.
En la misma sintonía del reclamo, sostuvo que en encuentros anteriores hubo compromisos que no se concretaron y pidió que los acuerdos alcanzados con funcionarios nacionales se cumplan antes de abrir nuevas discusiones.
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Por otro lado, el mandatario salteño diferenció los reclamos financieros de la posición que adoptará frente a la ley de emergencia en discapacidad. Así, confirmó que no acompañará esa iniciativa al considerar que los sectores más vulnerables requieren asistencia estatal.
“El equilibrio fiscal que tanto se defiende también vaya acompañado de un equilibrio social”, afirmó. Por esto, sostuvo que las personas con discapacidad no pueden ser tratadas como “una planilla Excel” y admitió que pueden existir irregularidades, aunque señaló que deben detectarse a través de auditorías.
A pesar de esto, el gobernador pidió controles para verificar las prestaciones y beneficios. Asimismo, insistió en que ese proceso no debe derivar en la desatención de quienes tienen una discapacidad acreditada.
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Durante la entrevista, Sáenz también se refirió al escenario político y económico. Si bien señaló que una parte de la sociedad rechaza un regreso al pasado, remarcó que tampoco está conforme con el presente. Además, consideró que el debate público no puede reducirse a una confrontación entre Milei y la ex presidentaCristina Fernández de Kirchner.
A su entender, la falta de institucionalidad, confianza y previsibilidad afecta la llegada de inversiones y frena el impacto de la estabilidad macroeconómica en la actividad cotidiana. Mencionó el consumo, las exportaciones y la inversión como sectores que todavía no despegan.
Incluso, cuestionó los planteos de dirigentes que prometen revertir normas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) si llegan al poder. “Tienen que ser política de Estado independientemente”, sostuvo.
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Finalmente, Sáenz comparó el nivel del riesgo país argentino con el de naciones vecinas y señaló que, pese a una macroeconomía que describió como estabilizada, Argentina se ubica —según sus dichos— entre 450 y 500 puntos, por encima de países como Uruguay y Chile.
“¡No concedan nada!”. A puertas cerradas, en la Casa Rosada,Javier Mileihabló durante casi cinco horas el último lunes. Primero frente a ministros; después frente a diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA). Lo del Presidente incluyó su habitual diatriba interminable contra periodistas y economistas críticos. Pero, sobre todo, fue una bajada de línea: el jefe de Estado les ordenó a los miembros de su tropa que rechacen categóricamente que exista un deterioro económico. En idioma libertario, “no se dejen psicopatear”.
Milei no admitió falla alguna en su programa y desconoció las dificultades de la economía real. Los legisladores se animaron a hacerle 20 preguntas y él negó de plano una caída de la actividad, desmintió la pérdida de puestos de trabajo y refutó una caída del poder adquisitivo de las familias. El adoctrinamiento hacia su equipo implicó, también, cierta vigilancia sobre la performance del oficialismo en la conversación pública. Como si estuviera enojado con los propios porque nota que dejan pasar las balas.
“Javier está parado en que todo está funcionando bien. Como enceguecido”, describió uno de los presentes del encuentro en la sede de gobierno. Ante la crítica pública y la caída en las encuestas, Milei se atrinchera en sus posturas. Lejos de revisar, se radicaliza.
El mandato presidencial impacta de lleno en el equipo económico, que no puede hacer más que movimientos milimétricos en la gestión. Si bien moderó las proyecciones macro para el año próximo, el Presupuesto 2027 incluyó zancadillas para profundizar la motosierra. El capítulo 6 pretendió derogar “por la ventana” artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Fue un bombazo para el ala política, que en el preciso momento en el que ingresó la “ley de leyes” al Congreso venía desplegando negociaciones sensibles con los aliados para evitar una derrota en manos de la oposición con ese tema.
En toda la trama se vio una fuerte desconexión interna en el Gobierno. El Ministerio de Salud, que tiene a su cargo el área de Discapacidad, no estaba informado del texto del capítulo 6. Y Martín Menem se desayunó con el capítulo de la discordia sin poder anticiparse al frente de tormenta en la Cámara baja. El Presupuesto, en general, se nutre de la información de los ministerios, se confecciona en el Ministerio de Economía y pasa por la Secretaría Legal y Técnica, antes de la revisión y firma final del Presidente.
No es que no se hubiera discutido el tema en los días previos: el equipo económico quería fijar postura con el tema Discapacidad dentro del Presupuesto (igual que había hecho en diciembre de 2025), pero el “ala parlamentaria” había advertido sobre la inconveniencia de la jugada. “Es el tema más picante hoy en el Congreso. Ya perdimos seis votaciones con este tema. Y nos pone en peligro otras negociaciones”, dijo una importante fuente del oficialismo en Diputados.
Finalmente, se volvió al plan parlamentario original. Nadie descarta que asome otro “martes 13”: a medida que la oposición estudie en detalle la hoja de ruta presupuestaria, pueden asomar nuevas polémicas. La obra pública -que viene siendo negociada en cada reunión de la Casa Rosada con los gobernadores- podría, por ejemplo, detonar nuevos chisporroteos.
Del encuentro con el Presidente el lunes varios legisladores nacionales se fueron embroncados. No aquellos sin experiencia que accedieron a una banca colgados de la boleta violeta -y que suelen ser los primeros aplaudidores de los hermanos Milei- sino los que tienen trayectoria política propia. Aquellos que, fuera del palacio, caminan la calle y se rozan con el mundo privado en eventos y cócteles. “Yo no puedo pelearme con la realidad e insultar la inteligencia de la gente. Prefiero abstenerme de hablar”, se ofuscó un legislador a la salida de Balcarce 50.
La otra curiosidad de la jornada fue que, producto de la desconfianza por eventuales filtraciones, todos dejaron sus celulares. Un senador se quejó: “No puede estar todo un gobierno incomunicado por cuatro horas ¿Qué somos? ¿Suiza?”. La que no quiso esperar fue Patricia Bullrich, que se fue a los 20 minutos de iniciado el encuentro con los legisladores. Es cierto que ya había escuchado a Milei en la reunión de gabinete previa pero, poco después de dejar la Casa Rosada, se desmarcó con sutileza en X: “Hay que sostener el rumbo y acelerar los resultados”, dijo.
Cuando habla sobre el panorama económico, Milei oscila entre las argumentaciones teóricas basadas en bibliografía precisa y apreciaciones de casuística. El Presidente apunta al “equilibrio general”. Ahí subraya que tuvo “crecimiento durante 27 meses consecutivos”, pobreza a la baja y la inflación desacelerando. “En todo caso hay una reasignación de recursos y tensión entre sectores”, reconoce, respecto a los ganadores y perdedores de su modelo.
Esa teorización se marida con apreciaciones como “es mentira que la gente no llega a fin de mes porque patearíamos cadáveres en las calles”, “es mentira que cayó el consumo por las filas en la avenida Corrientes”, “es mentira que cayeron los puestos de trabajo porque aumentó el empleo informal”. Para cada dato oficial negativo, hay un asterisco presidencial para discutirlo.
“Milei les da herramientas para defender el programa económico de la manera que él cree que hay que hacerlo. Y lo hace con su tono de siempre. Lo que busca es explicar la economía, hace esfuerzos para que su mensaje llegue a todos los propios”, defendieron cerca del jefe de Estado.
El resultado de la lección presidencial se pudo ver en las redes. Algunos diputados -los más obsecuentes- rápidamente generaron contenido con foco económico. Karen Reichardt celebró el despido de 70.000 empleados públicos bailando en su oficina. Virginia Gallardo explicó conceptos básicos de economía con el libro que recomendó Milei en la mano, mientras realizaba su rutina de belleza frente al espejo.
Pero otros legisladores comenzaron a mostrar hastío por la lógica de construcción política que impera por estos días en LLA. “Nos dicen vengan, escuchen que nosotros les contamos cómo son las cosas porque ustedes no entienden nada. Javier marca la línea económica y Karina la línea política. Y no se discute”, se quejó un diputado experimentado.
Toda la narrativa presidencial se pondrá muy a prueba en los próximos días. Esta semana y la que viene se van a conocer varios indicadores clave. Hoy se difunde el PBI del segundo trimestre, el primer gran dato con el que el mercado va a chequear si se confirma la desaceleración que ya venían anticipando las consultoras privadas. El lunes 21 llega el índice de salarios, clave para saber si los ingresos le ganan o no a la inflación. El miércoles 23 se conocen las ventas de julio en supermercados, mayoristas y shoppings, el termómetro más directo del consumo de los hogares (si bien hay una discusión en torno al e-commerce). Y el jueves 24 se acumulan dos datos sensibles el mismo día: el EMAE de julio (la foto mensual de la actividad económica) y la pobreza del primer semestre de 2026, uno de los números más esperados y políticamente más pesados del año.
El Observatorio de la UCA advierte por una posible suba de la pobreza. El Presidente pide dar la batalla cultural pero serán los datos oficiales los que pasarán el mensaje más nítido a todo el sistema.
Por su parte, el mensaje de Karina a la tropa fue que se puede confrontar con virulencia con el kirchnerismo pero hay que tener “precaución” con los aliados. Diego Santilli aceleró las negociaciones con un grupo de gobernadores. El jefe de Gabinete también debe hacer movimientos milimétricos bajo las directrices de la hermana presidencial. Ella sólo será generosa en lo electoral con aquellos que apoyen la suspensión de las PASO.
“La voluntad de suspender las PASO está. Nadie quiere que la gente vaya a votar seis veces. Lo que hay es un problema de garantías. Quien da la muestra de fe primero”, sintetizó un importante funcionario de la Casa Rosada.
La resistencia de Karina Milei a ceder en lo político tiene a la reforma política empantanada en el Senado: esta semana se trató el tema en la comisión de Asuntos Constitucionales sin que hubiera estrategia parlamentaria alguna. Patricia Bullrich admitió ahi mismo que el oficialismo no tiene los votos.
Después de participar muy sonriente de una reunión con Santilli y otros tres gobernadores del “norte grande”, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió: “La paciencia se va agotando cuando vemos esta hipocresía y falta de reciprocidad para con los gobernadores que ayudamos”.
Con toda la agenda legislativa muy trabada en el Congreso, lo que avanza con sorpresiva fluidez es la agenda judicial que impulsa el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ahora está afinando el proyecto para reorganizar los tribunales federales: según pudo reconstruir Infobae, Comodoro Py pasaría de 12 a 10 juzgados; habría un achicamiento del fuero Penal Económico, se comprimiría la Cámara de Casación, de 13 a nueve vocalías y se reducirían fiscalías y juzgados nacionales. Como contraparte, se crearían nuevos juzgados en las provincias del interior. La iniciativa se traduce como un nuevo reparto de poder: habrá una cuota más grande para los gobernadores y para los jueces que permanezcan en Py, con un bolillero más favorable en el sorteo de causas.
Mahiques también prepara una reforma del Consejo de la Magistratura, que pasaría de 20 a 15 miembros, aunque el número final todavía se discute.
Pero sin dudas la novedad del momento es la ventana de oportunidad que el kirchnerismo le está abriendo al Gobierno para hacer nombramientos de jueces. La votación de Pablo Yadarola como nuevo camarista federal con apoyo casi unánime de Unión por la Patria asoma como un símbolo del cambio de estrategia. Como si después de larguísimos años yendo “por las malas” contra la familia judicial bajo la retórica del lawfare, ahora primara mayor pragmatismo. Ya se agotó el tiempo para la “democratización de la Justicia” o el diseño de un Poder Judicial afín al PJ. Cristina ahora está presa y además avanza la causa Hotesur que puede complicar a Máximo Kirchner.
Mientras la expresidenta refuerza su equipo jurídico con expertos de otros países y busca generar presión internacional en la causa Vialidad, su tropa trabaja bajo un mayor realismo operativo en la cuestión judicial doméstica.
“El kirchnerismo se ha comido un revés judicial tras otro con Cristina. Y ahora ella ni siquiera puede tomar sol. En otro momento hubieran salido coralmente a cuestionar la política judicial del Gobierno. Ahora, sorprendentemente, prima el silencio”, analizó un colaborador del peronismo que sigue muy de cerca la trama judicial.
En el medio, hay diálogos cruzados entre el equipo judicial de Milei y algunas espadas judiciales de la expresidenta. En el caso de Yadarola, el peronismo optó por aportar sus votos cuando entendió que igualmente no le alcanzaba para impedir su nombramiento. No hizo lo mismo con el otro camarista, Pablo Bertuzzi. Ahora toda la atención está puesta en las ternas que tiene el Poder Ejecutivo para llenar, entre otras vacantes, un lugar en el TOF 5 que va a iniciar el juicio de Hotesur. Nadie sabe qué nombre elegirá el Gobierno: el concurso es múltiple y muchos de los que quedaron mejor posicionados ya fueron nombrados en otros juzgados (un fenómeno inédito, que solo se explica por el festival de designaciones).
Mahiques tiene una libertad para maniobrar casi única en el gabinete. El ala política no puede decir lo mismo. Quisiera, por caso, encontrar los márgenes para, dentro de la visión mileísta, poder tomar medidas que incentiven la actividad económica. Por ejemplo, con más créditos en dólares.Un importante ministro lo dijo así: “Va a haber más medidas para incentivar. Va a ir sucediendo despacio. Hay un debate largo sobre cada medida porque primero tienen que cuadrar en la cabeza del Presidente”.
Parece difícil que Milei admita oportunidad de mejora alguna. Su capacidad de celebrarse a sí mismo y convencerse de que está en lo correcto arroja escenas curiosas. Como cuando festeja que lo mencionan en The Economist, bajo el grito de “fenómeno barrial”. El artículo citado por el presidente decía: “Argentina necesita menos gritos y más crecimiento. Sin ello, el experimento liberal podría terminar el año que viene”.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmará para fines de septiembre o principios de octubre que las elecciones provinciales se desdoblarán y se adelantarán respecto a los comicios nacionales, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. En principio, las fechas que se están barajando son de abril a mayo.
La última elección a gobernador se realizó el 7 de mayo de 2023. El actual mandatario resultó electo con el 64% de los votos. La anterior se concretó el 2 de junio de 2019 y en esa oportunidad, Oscar Herrera Ahuad se impuso con el 72,4% de los sufragios. La excepción de estos últimos años fue 2015. En aquel entonces, Misiones votó en forma simultánea con la Nación. Fue el primer mandato de Passalacqua que se impuso con el 63,8%. Maurice Closs ganó en 2011 con el 75% de los votos en una elección hecha el 26 de junio.
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En la provincia no hay primarias. Cada fuerza determina su oferta electoral. De allí que reste poco margen para completar todos los pasos institucionales que permiten armar una lista y presentarla. Además, se deben confeccionar los padrones y cumplir con otros pasos formales.
Hasta ahora, son nueve las provincias que han dejado en claro su determinación de desdoblar su elección de los comicios nacionales. Tucumán votará el 9 de mayo. Salta haría lo mismo entre el 16 y el 23 de ese mes. Chubut evalúa ir a las urnas entre julio y agosto, mes en que podría convocar Neuquén.
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Santa Fe, en tanto, estudia aún una fecha entre el 13 de junio y el 5 de septiembre. Chaco realizará sus comicios en la segunda quincena de septiembre. Tierra del Fuego tiene mandato constitucional de votar en forma separada 90 días antes de la culminación del actual período. Mendoza anticipó que desdoblará, pero no fijó fecha aún.
El escenario
En Misiones hay dos espacios bien definidos. Uno es el Movimiento de Passalacqua, donde está el 95% de la estructura de lo que fue el Frente Renovador de la Concordia, hegemónico desde principios de siglo hasta su disolución hace unos meses. La otra es La Libertad Avanza, que quedó como segunda fuerza en la elección legislativa provincial y ganó la nacional del año pasado.
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El escenario se completa con emprendimientos personales o alianzas transitorias que cumplen su rol opositor, pero no están en condiciones de discutir el poder.
La decisión va de la mano con la estrategia electoral que sigue el gobernador Passalacqua desde la ruptura con Carlos Rovira, quien fuera el hombre fuerte de Misiones durante 20 años. El mandatario provincial quiere ser reelecto, pero viene de una mala experiencia en las legislativas de 2025.
Ahora juega con el tiempo a su favor. Con el sostén de una red de intendentes que también quieren repetir y tras haberse quedado con el 95% de la estructura del oficialismo, cuanto antes se vote, menos margen tendrá la oposición para armarse.
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LLA lanzó hace un mes su escuela de dirigentes. El presidente Javier Milei la apoyó en persona. Habrá que ver si el movimiento alcanza para juntar nombres que permitan jugar con las reglas misioneras. En la tierra colorada, gran parte de la elección se define en las intendencias donde se sufraga con ley de lemas.
En este sistema, el sublema que sume más votos de un lema acumula los de los demás. Los libertarios saben que deben presentar al menos dos propuestas en cada ciudad importante para enfrentar al aparato provincial. En cuanto a alianzas con otros espacios, la evaluación que hacen en LLA Misiones es que todavía es “muy prematuro”. Hubo y hay reuniones, pero nada cerrado.
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¿Quién enfrentará a Passalacqua? El nombre saldrá de los referentes con mayor relevancia en la provincia. Uno es el legislador provincial Adrián Núñez, presidente del partido misionero. El otro es el extenista Diego Hartfield, actual diputado nacional.
A lo largo de 2026, el Gobierno se benefició del fuerte aumento de los precios internacionales de productos que exporta. La guerra en el Golfo Pérsico generó un fuerte salto del petróleo, que siete meses después del inicio volvió a ubicarse arriba de los 100 dólares el barril. La soja también operó en alza y subió más de 20%, llegando hasta los USD 480 por tonelada.
La consecuencia es que los términos de intercambio de la Argentina subieron al mayor nivel de la historia. Las exportaciones superarán este año por primera vez los USD 100.000 millones y la balanza comercial podría arrojar un superávit inédito que según las últimas estimaciones del sector privado podría llegar a los 28.000 millones de dólares.
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Este viento de cola que tuvo la economía local también se reflejó en fuertes compras del Banco Central. La entidad ya lleva adquiridos USD 14.200 millones, aunque en septiembre aflojó sustancialmente.
La oferta de dólares permitió no solo abastecer a los importadores, al público que quiere atesorar y a las empresas que giran dividendos al exterior, sino también al propio BCRA para fortalecer el balance de la entidad.
Los precios internacionales están fuera del alcance del Gobierno, que se benefició de esta situación particular. De todas maneras, resultaron claves las inversiones en energía para que Argentina pasara de ser neto importador hace tres años a un exportador neto cada vez más relevante. Se espera que el complejo de energía y minería genere un superávit cercano a los USD 30.000 millones, del mismo orden que el sector agropecuario.
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Este fuerte ingreso de dólares y la mayor robustez del Central también ayudaron para que el riesgo país descienda hasta los 400 puntos básicos a fines de julio pasado. Muchas empresas, bancos y provincias aprovecharon para colocar deuda en el exterior, sumando cerca de USD 22.000 millones a la oferta de divisas en lo que va de 2026.
Sin embargo, lo mismo que beneficio a la Argentina este año ahora también está generando dificultades. La suba del petróleo por encima de los USD 100 sumó inflación a la economía norteamericana, manteniéndose en niveles cercanos a 3,5% anual.
La Reserva Federal norteamericano decidió ayer la primera suba de tasas en tres años. Fue una respuesta a un fuerte aumento además de los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo. Los de 10 años pasaron a rendir 5% anual, niveles que no se veían hace muchos años.
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Este aumento de los rendimientos perjudicó a los activos de riesgo e impactó negativamente sobre los mercados emergentes. Hubo consecuencias directas también para los bonos argentinos, que cayeron luego de haber alcanzado un pico de precios a mediados de julio.
La consecuencia directa de esta situación fue el aumento del riesgo país a los 500 puntos básicos. Si se agrega a la tasa de 5% anual que pagan los bonos norteamericanos, la consecuencia es que si Argentina quisiera financiarse en los mercados internacionales debería pagar una tasa superior al 10% anual en dólares.
Este viento de frente que empezó a soplar desde Estados Unidos está pasando factura a la política de endeudamiento del Tesoro argentino. En las dos últimas licitaciones no se colocaron bonos en dólares en el mercado local para no convalidar un incremento de las tasas. Y se optó por deuda en pesos de corto plazo, que vence en su totalidad durante la gestión de Javier Milei.
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Se dan así dos situaciones simultáneas. Argentina se beneficia del viento de cola del fuerte alza de las materias primas que exporta, pero al mismo tiempo también sopla viento de frente por el aumento de tasas norteamericanas, que aumenta la aversión al riesgo de los inversores internacionales.
Organizaciones políticas de izquierda, movimientos piqueteros, sectores sindicales independientes y combativos, agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, asambleas ambientales y territoriales y colectivos de artistas convocaron para este sábado 19 de septiembre a la Marcha de la Bronca, una jornada de protesta nacional contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei que tendrá epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en más de 30 ciudades del país. La concentración porteña arrancará a las 15.30 en Plaza Congreso, con la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”.
La concentración de los partidos de izquierda y las organizaciones está prevista para las 15.30 en Plaza Congreso. A las 16, las columnas se desplazarán por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo.
Desde las 15 la cabecera de la columna concentrará en Avenida de Mayo y San José, desde donde marcharán por Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo. Estará integrada por organismos de derechos humanos, entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, seguidos por agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles, hasta cerrar con las organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes.
La Coordinadora Sindical Clasista, concentra a partir de las 15 en Avenida de Mayo y Callao y desde allí marcha por Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo. En caso de ser necesario, algunas columnas marcharán hacia Plaza de Mayo desde Diagonal Norte y Sur.
Frente a la casa Rosada, está prevista la lectura de un documento unitario y un cierre musical con artistas todavía sin confirmar, aunque ya adhirieron el cantante Miguel Cantilo, autor de la canción “La marcha de la bronca” que da nombre a la protesta, los actores Carlos Belloso, Mirta Busnelli y Katja Alemán, y las bandas La Bersuit y Los Gardelitos, entre otros músicos, poetas y colectivos culturales.
El Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que aplicará el protocolo antipiquete en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo, con vallados reforzados en ambos puntos. La Resolución 943/2023, habilita a las fuerzas federales a intervenir sin orden judicial ante cortes de tránsito. En marchas y protestas anteriores la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva advirtió: “Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia, no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”. Para la funcionaria de Javier Milei, “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias” y agregó: “Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”.
Entre los principales dirigentes que llamaron a movilizar se encuentra la diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), quien aparece como una de las impulsoras iniciales de la protesta. “Proponemos transformar la bronca en organización y movilización para que los sindicatos dejen su pasividad y organicen un verdadero plan de lucha hasta terminar con todo el nefasto plan de Milei y sus cómplices”, afirmó la legisladora al convocar a la jornada.
También llamó a participar de la jornada de protesta el diputado nacional Nicolás del Caño, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e integrante del FIT-U, quien situó la marcha como continuidad de protestas recientes: “La jornada de lucha se organiza después del logro que tuvimos cuando derrotamos en las calles la ley de Extranjerización de las Tierras, y cada día se suman más organizaciones en todo el país”. Del Caño enumeró entre los motivos “los salarios y jubilaciones que no alcanzan, los despidos, el endeudamiento y los tarifazos” y agregó: “¿Cuánto están ganando los bancos y Mercado Libre a costa de millones de personas endeudadas para sobrevivir?”.
Los referentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda, Celeste Fierro y Alejandro Bodart, también se pronunciaron sobre la movilización. La diputada del MST en el FIT-U afirmó: “Así como el Gobierno se debilita y es cada vez más repudiado por su brutal ajuste que hace imposible la vida de millones, al mismo tiempo, en respuesta a esa realidad, toda esa bronca e indignación se está organizando y cada vez más sectores se suman a la Marcha de la Bronca que estamos convocando”. “No tenemos dudas de que vamos a llenar Plaza de Mayo y todas las plazas políticas centrales y calles del país”, agregó Fierro.
La legisladora sostuvo que la del sábado “será una gran jornada en unidad contra Milei, su plan y todos sus cómplices” y opinó: “No se puede esperar al 2027, a Milei hay que frenarlo ahora y en la calle”.
Por su parte, Bodart, diputado con mandato cumplido y dirigente del MST y el Frente de Izquierda, señaló ante una consulta de este medio que la convocatoria “sigue creciendo” y recordó el origen de la iniciativa: “Cuando al inicio desde el MST y junto a Myriam Bregman y Nicolás del Caño del PTS dimos los primeros pasos y llamamos a una reunión abierta para organizarla, esperábamos precisamente esto, que se fueran sumando ampliamente muchos sectores”. El dirigente explicó que la autoconvocatoria busca ocupar “el lugar que las viejas y burocráticas direcciones sindicales y políticas dejan vacío, al no hacer nada contra el Gobierno”. Bodart vinculó además la protesta con un proyecto político de mayor alcance: “A la vez vamos construyendo una alternativa política diferente y desde la izquierda, porque hace falta cambiar todo y alentar algo nuevo para que alguna vez las y los trabajadores gobernemos”.
Desde el sector piquetero, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, le dijo a Infobae:“El próximo sábado miles de piqueteros independientes marcharemos junto a trabajadores, jubilados, jóvenes, mujeres y familias endeudadas porque la bronca no se aguanta más. Marchamos por la devolución de los alimentos, la restitución del programa Volver al Trabajo, la huelga general y por fuera Milei”, agregó Belliboni. El Partido Obrero también se sumó como convocante y planteó en un comunicado la continuidad de las medidas de fuerza hasta que la CGT llame a una huelga general contra el Gobierno.
Los reclamos que reúne la Marcha de la Bronca incluyen:
Salarios y jubilaciones que no alcanzan para cubrir necesidades básicas.
Despidos en distintos sectores productivos y estatales.
El endeudamiento de familias con tasas de interés consideradas usurarias.
Los aumentos de tarifas de servicios públicos.
La negativa oficial a aplicar leyes ya votadas en el Congreso, como las de emergencia en salud pediátrica, discapacidad y financiamiento universitario.
El cierre del programa social Volver al Trabajo, que reemplazó al ex Potenciar Trabajo y afectó a 900.000 beneficiarios.
El reclamo de una huelga general y un plan de lucha sostenido contra la gestión del gobierno de La Libertad Avanza.
Críticas al rol de la CGT y las centrales obreras por lo que los organizadores calificaron de pasividad frente al ajuste.
El documento que se leerá en Plaza de Mayo, todavía en elaboración, denunciará el plan de gobierno “en el plano económico, político y social” y sus consecuencias en materia de desigualdad y pobreza, además de señalar lo que los organizadores llamaron “industricidio”.
La convocatoria se extiende a más de 30 ciudades del país. En Jujuy, la marcha se concentra a las 17 en Plaza Belgrano; en Salta, a las 17 en Plaza 9 de Julio; en Santiago del Estero, a las 17 en Alvear y Belgrano; en Formosa, a las 17.30 en 25 de Mayo y Peatonal; en Catamarca, a las 17 en Plaza La Alameda de San Fernando del Valle de Catamarca; en Tucumán, a las 17.30 en Plaza Hipólito Yrigoyen; en Misiones, la concentración en Posadas será a las 9 en Plaza San Martín, con otro punto en El Dorado.
En Chaco, la marcha se realiza a las 17 en Plaza 25 de Mayo; en La Rioja, a las 18 en Plaza Caudillos Federales, Chilecito; en San Juan, a las 17 en Plaza España; en Córdoba, a las 17 en Colón y General Paz; en Rosario, a las 16 en Plaza San Martín; en Entre Ríos, Concepción del Uruguay concentra a las 17 en Plaza Ramírez y Concordia, a las 11, en Plaza Urquiza; en Mendoza, a las 17 en el Km 0.
En Neuquén capital, la concentración es a las 16.30 en el Monumento al General San Martín, con más puntos en la provincia. En Río Negro, Fiske Menuco marcha a las 17 en Plaza San Martín, además de convocatorias en Bariloche y Caleta Olivia, esta última a las 17 en Plaza 20 de Noviembre. En Santa Cruz, Río Gallegos concentra a las 16 en Plaza San Martín. En Chubut, Puerto Madryn marcha a las 17 en Plaza San Martín, con más puntos en la provincia. En Tierra del Fuego, Ushuaia concentra a las 15 en Plaza Piedrabuena y Río Grande, a las 15, en San Martín y Belgrano.
En la provincia de Buenos Aires, entre otras localidades, marchan Coronel Suárez, a las 17 en Plaza San Martín; San Nicolás, a las 13 en Plaza Lote 24; Bahía Blanca, a las 15.30 en Plaza Rivadavia; Mar del Plata, a las 16 en Plaza San Martín; Pergamino, a las 17 en Plaza de la Merced; Olavarría, a las 15.30 en Plaza Central; y Miramar, a las 15.30 en la Plazoleta Lombardo.
Al ser consultado sobre la protesta del sábado, Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, expresó: “Sobra la bronca para marchar este sábado. Por eso en las 24 provincias con más, de 39 convocatorias de Jujuy a Tierra del Fuego se va a llevar adelante la Marcha de la Bronca. Mientras Milei dice que la economía mejora, los salarios y las jubilaciones no alcanzan, crecen los despidos, millones de familias se endeudan para llegar a fin de mes y siguen los ataques contra la salud, la educación y las personas con discapacidad. Del otro lado, los bancos, los grandes empresarios y los especuladores son los beneficiarios de una política hecha a su medida”.
El nombre elegido por los organizadores para la movilización del 19 de septiembre no fue al azar. Hace 56 años, el 13 de octubre de 1970, Pedro y Pablo, en su álbum debut Yo vivo en esta ciudad interpretaron la canción compuesta por Miguel Cantilo “La marcha de la bronca”. Sus estrofas se transformaron en una de las expresiones culturales más conocidas de la época. La la Argentina aún estaba bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía y el rock nacional comenzaba a construir su propio lenguaje. La canción se convirtió en un emblema de la música de protesta y atravesó los años de censura que siguieron. La primera estrofa de la canción, que se recitará en la movilización dice:
El Gobierno decidió modificar el procedimiento para acreditar los controles de salud y escolaridad vinculados con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con el nuevo sistema, la información será enviada desde ahora en forma directa a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por los organismos estatales que cuentan con esos registros, para automatizar el trámite que habilita el cobro del 20% retenido de la prestación.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, fue publicada hoy en el Boletín Oficial, y alcanzará a los titulares con hijos de entre 5 y 17 años. El cambio busca reemplazar, en la mayoría de las situaciones, la acreditación presencial en papel por un intercambio directo de datos entre organismos públicos.
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En concreto, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación enviarán a ANSES la información sobre el cumplimiento de los controles sanitarios y la escolaridad. El traspaso se realizará mediante un sistema de intercambio seguro entre organismos. Con esos datos, el organismo previsional podrá verificar si se cumplieron las condiciones necesarias para habilitar el cobro del porcentaje retenido de la AUH.
La modificación apunta a simplificar una gestión que hasta ahora podía exigir que el titular reuniera la documentación correspondiente y la presentara ante ANSES. Con el esquema que impulsa Capital Humano, la comprobación deberá resolverse automáticamente cuando la información requerida figure en las bases oficiales de Salud y Educación.
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El eje de la medida está puesto en el 20% retenido de la AUH. Para cobrar ese monto, los beneficiarios deben acreditar el cumplimiento de las condiciones vinculadas con la salud y, en las edades correspondientes, con la escolaridad. El Gobierno busca que esa verificación deje de depender, como regla general, de los certificados aportados por las familias y pase a realizarse con registros que el Estado ya posee.
Precisiones del cambio de ANSES
El funcionamiento previsto parte de que cada organismo aportará los datos que produce y administra. La Secretaría de Educación informará sobre la condición de escolaridad y el Ministerio de Salud hará lo propio con los controles sanitarios. ANSES recibirá esa información y realizará el cruce necesario para determinar si los requisitos quedan acreditados.
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De esa manera, cuando los datos estén correctamente registrados y puedan asociarse al titular correspondiente, la persona no tendrá que acercarse a una oficina de ANSES para presentar documentación. El trámite quedará resuelto a partir de la comunicación entre las distintas dependencias de la administración nacional.
Capital Humano presentó el cambio como parte de una política de modernización administrativa. La cartera que encabeza Pettovello sostiene que el mecanismo permitirá simplificar las gestiones de los titulares de la AUH, reducir los pasos presenciales y evitar que los ciudadanos entreguen al Estado documentación que ya obra en poder de organismos públicos.
Otro de los objetivos planteados por el Ministerio es mejorar la calidad de la información utilizada para validar el cumplimiento de los requisitos. Al tomar los datos directamente de las fuentes oficiales, el sistema busca reducir errores durante la certificación o la carga manual y limitar el margen para posibles irregularidades.
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La eliminación del trámite en papel, sin embargo, no será absoluta. El Gobierno dejó prevista una vía alternativa para los casos en los que el cruce automático no permita comprobar el cumplimiento de las condiciones. Si la información no aparece en las bases, es incompleta o el sistema no logra validarla, el titular conservará la posibilidad de presentar la documentación de manera presencial ante ANSES.
Ese mecanismo funcionará como respaldo para evitar que una falla en el intercambio de datos o la ausencia de un registro impida completar el trámite. En esas situaciones, el beneficiario podrá utilizar el procedimiento habitual y acreditar personalmente la información necesaria.
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Por lo tanto, el nuevo esquema tendrá dos vías. La principal será automática y se basará en el intercambio de información entre Salud, Educación y ANSES. La segunda continuará siendo presencial y quedará disponible para los casos en los que el sistema no pueda verificar los datos de manera directa.
La medida se concentra en los titulares con hijos de entre 5 y 17 años, la franja etaria señalada por Capital Humano para este procedimiento. Allí se cruzarán las dos condiciones contempladas en el anuncio: los controles de salud y la escolaridad. El cambio no modifica la vigencia de esos requisitos, sino la forma en que se acreditarán ante ANSES para completar el cobro del monto retenido.
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Desde el punto de vista administrativo, la decisión traslada una parte del trámite desde el ciudadano hacia el Estado. La persona dejará de actuar como intermediaria entre organismos cuando la información pueda obtenerse de manera directa a través de los sistemas oficiales. La expectativa del Gobierno es que esa integración reduzca tiempos, evite traslados y elimine presentaciones innecesarias.
La puesta en marcha del sistema dependerá de que los datos puedan compartirse e identificarse correctamente entre los organismos. Cuando el cruce sea exitoso, el cumplimiento de las condiciones quedará acreditado de forma automática. Cuando no lo sea, seguirá disponible la presentación tradicional ante ANSES.
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Con esta modificación, el Ministerio de Capital Humano busca que el cobro del 20% retenido de la AUH se apoye cada vez más en el intercambio interno de información estatal. La intención es que Salud, Educación y ANSES integren un mismo circuito de validación, con menos intervención del beneficiario, menos documentación en papel y una comprobación directa sobre los registros oficiales.
Los diputados de La Libertad Avanza amanecieron este miércoles con un disgusto inesperado. Luego de haber asegurado públicamente que el oficialismo estaba trabajando en un texto “superador” para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, recibieron con asombro un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área de discapacidad y detonaba las negociaciones en curso con los aliados. Ahora, los libertarios desestiman los artículos de la polémica y buscan retomar el diálogo con los dialoguistas, pero persisten las dudas sobre las reales intenciones del presidente Milei.
Si bien voces dentro del oficialismo intentaron explicar que todo fue parte de una estrategia, que implicaba una propuesta de máxima (eliminar de raíz la Emergencia en Discapacidad) para luego tener margen de negociación y avanzar con un texto consensuado, durante el transcurso del día diferentes fuentes reconocieron que en realidad no estaban al tanto de las propuestas de la Casa Rosada.
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“Nadie sabía nada. Fue una descoordinación un poco responsabilidad del Ministerio de Salud y otro poco de Legal y Técnica”, explicaron a Infobae. Pero incluso admitieron que el presidente de la Cámara de Diputados y hombre fuerte del karinismo, Martín Menem, tampoco estaba al tanto, lo cual multiplica las especulaciones, ya que comparte la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.
El texto que el Gobierno envió al Congreso introduce una reforma profunda al sistema de discapacidad que tanto la oposición política como las organizaciones del sector consideran un retroceso respecto de la actual. Entre sus puntos más destacados, la iniciativa retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.
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Por otro lado, figura la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC)
Ante la consulta de Infobae, desde el bloque libertario reconocieron que el capítulo VI no tiene posibilidades de ser aprobado tal como lo envió el Palacio de Hacienda y aseguraron que en la versión definitiva quedará el proyecto “superador” que se estaba negociando con los aliados, como el PRO, la UCR, Provincias Unidas (Córdoba y Santa Fe) y Argentina Federal (Salta y Misiones). No obstante, hasta el momento no ha trascendido ningún detalle sobre esta propuesta. “Así como está, no va a salir”, resumieron.
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La falta de coordinación generó un fuerte malestar entre los diputados que se habían puesto al frente de la discusión. Hasta el presidente de la Cámara, Martín Menem, tuvo que reunirse en persona con varios de ellos para “contenerlos”.
“El Presupuesto quedó viejo”, intentó explicar otro integrante del bloque, que atribuyó el traspié a que el texto había sido redactado antes de que comenzaran las negociaciones con los aliados.
Sin embargo, la misma fuente rescató que a pesar de las “desprolijidades” se terminó adelantando un paso. “Es mejor que esto explotó ahora porque simplifica la negociación, hubiera sido peor llegar a un dictamen de consenso y que después cuando lo viera Economía, lo diera de baja”, sintetizaron.
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Por lo pronto, las negociaciones con los aliados volvieron a foja cero pero desde el oficialismo confían en poder llegar a un dictamen antes de fin de mes.
