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Dos militares estadounidenses murieron y un tercero permanece desaparecido tras un ataque con misiles balísticos y drones atribuido al régimen de Irán contra una base utilizada por fuerzas de Estados Unidos en Jordania.

El ataque, ocurrido ayer, incrementó la tensión en la región y representó las primeras bajas estadounidenses directas en el conflicto desde la ruptura del frágil alto el fuego entre Washington y Teherán la semana pasada.

“El 17 de julio, dos miembros estadounidenses de las Fuerzas Armadas murieron en combate en Jordania mientras el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y sus fuerzas aliadas defendían el territorio jordano de ataques con misiles balísticos y drones iraníes. Además, un militar se encuentra desaparecido en combate”, posteo el Comando en X.

Además, cuatro integrantes del personal militar resultaron heridos y fueron evacuados a hospitales en Jordania, aunque después recibieron el alta médica. Otros soldados, evaluados por lesiones menores, retomaron sus funciones habituales poco después del incidente.

En base a esto, el CENTCOM llevó a cabo una firme decisión con respecto a lo que suceda en el futuro cercano: “Por respeto a las familias, el CENTCOM no divulgará información adicional, incluyendo la identidad de los militares caídos, hasta 24 horas después de que se haya notificado a sus familiares”.

Por su parte, Irán, mediante un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, reivindicó la autoría del ataque. Además, medios locales informaron que el país extendió sus acciones contra instalaciones y tropas estadounidenses en Kuwait e Irak, y que alcanzó sistemas de comunicación militar y depósitos de combustible en Azraq, además de un radar de alerta temprana en la base Ali Al Salem, en Kuwait, y una zona de concentración de tropas en Umm Qasr, Irak.

Según el relato iraní, la ofensiva respondió a recientes bombardeos estadounidenses sobre el sur de Irán y formó parte de la octava oleada de la denominada Operación Nasr 2, que incluyó la participación de fuerzas navales y aeroespaciales.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó públicamente la muerte de los militares estadounidenses a través de un mensaje publicado en la red social X. En ese espacio, despidió a los soldados y expresó que su sacrificio refuerza la determinación de las fuerzas armadas.

“¡Que Dios los acompañe, héroes! Su sacrificio no hace sino fortalecer nuestra determinación”, declaró el ministro.

El objetivo declarado fue reducir la capacidad iraní para amenazar a buques comerciales que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz, donde Irán elevó las restricciones al tránsito marítimo tras acusar a Estados Unidos de incumplir acuerdos previos.

El conflicto, que ya suma casi cinco meses, se cobró la vida de 16 militares estadounidenses desde el inicio de las hostilidades, incluidas las muertes del 1 de marzo en Kuwait y el fallecimiento posterior de un sargento herido en Arabia Saudita. Además, la Marina estadounidense suspendió días atrás la búsqueda de un militar desaparecido tras la caída de un helicóptero en el mar Arábigo, aunque descartó que la emergencia derivara de una acción hostil.

Bajo este contexto, Donald Trump elevó su tono contra Irán y advirtió que la ofensiva militar podría intensificarse pronto si el régimen iraní no vuelve a la mesa de negociaciones. “La próxima semana la situación será muy mala para ellos”, declaró durante una entrevista con Fox News.

Ante eso, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que el memorando de entendimiento vigente con Washington perdió validez tras la reimposición del bloqueo naval estadounidense.

“Un memorando de entendimiento solo tiene sentido cuando sus cláusulas son válidas y se cumplen. Si Irán no obtiene ningún beneficio del acuerdo, no tenemos motivos para respetarlo”, afirmó.

(Con información de EFE)

Más de 500 dirigentes políticos y sociales se reunieron este sábado en la “Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: de Francisco a León XIV en Tiempos de Polarización”, organizada por la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires. En un guiño hacia la Iglesia, el gobernador bonaerense Axel Kicillof pidió por un “diálogo plural” entre distintos sectores políticos.

La actividad, inspirada en el magisterio del papa Francisco y una posible visita de León XIV, exhortó a la “urgencia del diálogo social” y como “antídoto a la polarización”. Así quedó expresado en el documento final, tras una actividad en la que participaron obispos, intendentes, políticos, empresarios, sindicalistas y académicos, entre otros. El texto convoca a poner “a la política como la forma más alta de caridad”, y la importancia de ponerle freno a la polarización.

En un apartado, se menciona a León XIV, quien en su reciente gira de España cuestionó “la cultura del enfrentamiento” y “la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir”. “Esperamos que, de concretarse su visita a nuestro país, León nos ayude a dejar de lado las verdades simplistas para adentrarnos verdaderamente en los complejos problemas sociales que nos aquejan”, señala el mensaje en relación a Robert Prevost.

En ese marco, Kicillof exhortó: “En un contexto de mucha agresión y discursos vacíos, vengo a sumarme a este llamado para un diálogo plural para poner en el centro de nuestras preocupaciones la hermandad, la comunidad y el trabajo por los que más nos necesitan”.

Bajo el lema “De Francisco a León XIV en tiempos de polarización”, el encuentro se realizó en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, institución que brinda atención integral a personas con discapacidad. Entre los ejes de debate estuvieron la dignidad humana frente a la innovación tecnológica, la brecha digital, las nuevas desigualdades, la salud mental, la fragmentación social y la cultura del encuentro.

Durante la apertura, Kicillof subrayó la importancia de “generar espacios de diálogo y reflexión para los diferentes sectores de nuestra comunidad”. “Para nosotros es muy importante compartir este ámbito con quienes todos los días sostienen a nuestras comunidades con esfuerzo y solidaridad, llevando adelante trabajos en situaciones complejas y manteniendo vivo el legado del Papa Francisco”, agregó el mandatario.

“Es fundamental que en la Argentina volvamos a organizar a nuestra sociedad en torno a la producción, al trabajo y al fortalecimiento de los lazos comunitarios”, sostuvo el gobernador.

La jornada contó con la asistencia de la vicegobernadora Verónica Magario, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Mariano Cascallares, y el intendente local, Juan José Fabiani, junto con varios intendentes de la provincia.

Entre los intendentes y jefes políticos del conurbano, asistieron Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi —en uso de licencia—, Ariel Sujarchuk, Alberto Descalzo y Mariel Fernández.

También dijeron “presente” altos funcionarios judiciales como el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Skolar y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, entre muchos otros fiscales y magistrados.

En representación de las universidades, participaron Jaime Perczik (UNAHUR); Jorge Calzoni (UNDAV); representantes de la UNLa; Carlos Greco (San Martín); Pablo Domenichini (UNAB); M. Alejandra Zinni (Quilmes); Carlos Rodríguez (UNIPE) y Walter Panezzi (UNLujan).

También participaron los obispos Carlos José Tissera, Oscar Ojeda, Maximiliano Margni, Juan José Chaparro, Pedro Cannavo y Eduardo García.

Además, estuvieron presentes representantes de la CGT, ATE (estatales), UTEP (trabajadores de la economía popular), y las entidades empresarias FEBA y CAME; el presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti, organizaciones comunitarias, movimientos populares y cooperativas.

“Es una buena noticia que dirigentes de distintos sectores políticos nos acompañemos en este compromiso: necesitamos reconstruir una sociedad que contenga y abrace a todos, priorizando siempre la defensa de los derechos de nuestro pueblo”, sostuvo Kicillof sobre las heterogeneidad de la convocatoria.

Durante la actividad, el ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, resaltó la articulación entre Iglesia, Estado y las organizaciones sociales para enfrentar la situación de crisis. El funcionario sostuvo que el encuentro da continuidad a una reunión mantenida en mayo con el presidente del Episcopado Argentino, Marcelo Colombo, y tiene como objetivo “abrazar, acompañar y hacer menos duro este tiempo para nuestra gente”.

“Queremos que la visita de León XIV renueve ese compromiso y fortalezca a quienes todos los días trabajan por una Argentina con más dignidad, más trabajo y más justicia social”, concluyó Katopodis.

El documento final

Al término de la jornada, el documento esbozó como conclusión un “profundo proceso de polarización” que afecta tanto a la región metropolitana como al país en su conjunto, lo que dificulta la construcción de una identidad común y favorece el predominio de intereses sectoriales. Según el texto, esta situación ha generado “una sociedad fragmentada y dividida”.

Ante este escenario, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que depende de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), planteó que es necesario “poner a la política como la forma más alta de caridad”, en línea con las enseñanzas del papa Francisco, y recuperar su función de servicio del bien común en lugar de responder a grupos de poder”. Se cita la encíclica Fratelli Tutti, que advierte: “la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia”. Y alerta que “el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos”.

Como conclusión, el documento reafirma “la urgencia del diálogo social como herramienta para encontrar soluciones compartidas y como antídoto a la polarización”, y llama a construir un proyecto provincial y nacional que apunte a la justicia social en el área metropolitana.

“Que el poder escucharnos, el compartir reflexiones y saberes, el debate fecundo y la necesidad de organizar la esperanza nos impulsen a dejar de lado la politiquería barata, alejada muchas veces de las necesidades reales de nuestro pueblo, y nos permitan construir vínculos que nos hagan ‘poner la patria al hombro’“, concluyen en el texto.

El sector bancario continúa ajustando sus salarios de manera mensual, en el marco de un esquema paritario que busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector frente a la evolución de los precios. Este mecanismo, vigente desde hace varios meses, se sostiene a partir de acuerdos periódicos entre el sindicato que representa a los empleados bancarios y las cámaras que agrupan a las entidades empleadoras.

En ese contexto, la Asociación Bancaria informó el nuevo incremento correspondiente a junio de 2026. Según el comunicado difundido por el gremio que conduce Sergio Palazzo, el aumento pactado con las cámaras empresariales fue del 1,9 por ciento para ese mes, lo que coincide con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El acuerdo alcanzado entre las partes fijó los montos iniciales que regirán los sueldos del sector a partir de esa actualización. La medida alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye los adicionales convencionales y los no convencionales.

Cuál es el salario inicial

Con el incremento de junio ya aplicado, el salario inicial para un empleado bancario quedó establecido en 2.412.128,22 pesos. A ese monto se le suma un plus por participación en las ganancias (ROE) de $69.727,10, lo que eleva el ingreso total a 2.481.855,32 pesos.

De esta manera, el ingreso de un trabajador bancario que se incorpora al sector combina dos componentes: el salario básico inicial y el adicional vinculado a la participación en las utilidades de las entidades. La suma de ambos conceptos determina el monto final que percibe el empleado.

Por otro lado, en junio, los trabajadores del sector financiero recibieron el bono correspondiente al Día del Bancario, que quedó establecido en 2.150.328,87 pesos. Este valor, según indicó el propio gremio, estará sujeto a corrección en las próximas actualizaciones salariales que se acuerden entre las partes.

Este monto se calcula de manera diferenciada respecto del salario inicial, ya que responde a un concepto específico dentro del esquema de remuneraciones del sector y no debe confundirse con el sueldo básico ni con el ingreso total que percibe un trabajador bancario.

Sumando el salario, más el bono especial, los trabajadores bancarios cobraron un mínimo de $4.632.184,19 en junio. Claro está, que el adicional por el Día del Bancario es un monto excepcional, que se paga una sola vez al año.

A la par de la inflación

De acuerdo con lo informado por la Asociación Bancaria, la actualización de junio se suma a los aumentos ya otorgados en los meses previos. En conjunto, estos incrementos acumulan una mejora del 16,8 por ciento sobre los salarios que regían en diciembre de 2025.

Este porcentaje acumulado refleja la sumatoria de los ajustes mensuales pactados entre el sindicato y las cámaras empresariales a lo largo del primer semestre del año. De hecho, el propio comunicado del gremio remarca que la actualización de junio se enmarca dentro de ese mismo esquema aplicado mes a mes desde comienzos de 2026.

Un dato a destacar, es que las actualizaciones periódicas le han permitido al gremio mantener el poder adquisitivo de los empleados, ya que la inflación acumulada del primer semestre fue también de 16,8%, según el Indec.

Los próximos pasos de la negociación paritaria

Las partes acordaron sostener durante julio y agosto de 2026 el mismo mecanismo de actualización salarial y el mismo alcance que rigió en los acuerdos previos. Esto implica que, durante esos dos meses, los sueldos del sector bancario seguirán ajustándose siguiendo el IPC.

Asimismo, el sindicato y las cámaras empresariales se comprometieron a retomar la negociación paritaria en la segunda quincena de septiembre de 2026, instancia en la que definirán los términos de futuras actualizaciones salariales para el sector.

Desde la Asociación Bancaria remarcaron que este esquema de actualizaciones mensuales tiene como objetivo que los trabajadores del sector continúen resguardando el poder adquisitivo de sus salarios frente a la evolución de los precios de la economía.

El presidente húngaro Tamás Sulyok firmó una ley que implica su destitución este lunes, tras una semana de intensas presiones políticas y en medio de un escenario institucional marcado por el cambio de poder en Hungría.

“Tras una cuidadosa consideración de mis posibilidades legales y de mi conciencia, cumplo con mi obligación conforme a la Ley Fundamental. Mi firma es el sello definitivo de mis obligaciones como presidente de la República”, declaró el jefe del Estado en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook.

Tamás Sulyok, quien asumió la presidencia a principios de 2024, estampó su firma en la enmienda constitucional que obliga a cesar en su cargo y que fue impulsada y aprobada con mayoría absoluta por el nuevo oficialismo, bajo el liderazgo de Péter Magyar, vencedor de las últimas elecciones parlamentarias.

La enmienda constitucional dispuso que, a partir del lunes, la presidenta del Parlamento, Agnes Forsthoffer, asumirá el cargo de manera interina, mientras la cámara cuenta con un plazo máximo de 30 días para designar al nuevo jefe de Estado. La reforma justificó la medida en la “pérdida de confianza social” hacia un presidente elegido por el anterior bloque parlamentario.

La reforma, votada en el Parlamento con una ovación de pie por parte de los diputados del partido Tisza, representó el desenlace más dramático de la transición política que siguió a la derrota electoral de Viktor Orbán tras dieciséis años de gobierno. Sulyok, a quien los nuevos legisladores consideraron un aliado de la administración anterior y un obstáculo para la reorganización institucional, firmó la enmienda en el límite del plazo legal para evitar un conflicto constitucional y un posible proceso de destitución.

El propio Sulyok, en un mensaje grabado, reconoció que la firma constituía su deber formal, pero advirtió que la iniciativa supone una herida profunda para la democracia constitucional húngara, al desplazar de forma abrupta a una autoridad electa y sentar un precedente negativo sobre la separación de poderes.

La interinidad de Forsthoffer podría extenderse hasta la entrada en vigor de una nueva Constitución o, en su defecto, hasta por cinco años.

La reforma incluyó un límite de 12 años para los mandatos parlamentarios y una edad máxima de 70 años para los jueces del Tribunal Constitucional, lo que provocará el retiro inmediato del presidente de la corte, Peter Polt, otro funcionario vinculado a Orbán. Estas medidas formaron parte del programa del partido Tisza para desmontar las estructuras de poder construidas por el Fidesz y recuperar el control de instituciones estatales que, según los nuevos legisladores, quedaron cooptadas por intereses partidarios.

Péter Magyar, primer ministro y arquitecto de la reforma, defendió la urgencia de la medida como una respuesta necesaria para restaurar la confianza en las instituciones, limitar el poder personal y asegurar que el Estado represente verdaderamente a los ciudadanos. Magyar celebró la aprobación de la enmienda con un mensaje en redes sociales donde sostuvo que Hungría recupera la certeza de que el poder puede ser controlado y los recursos públicos protegidos.

El desplazamiento de Sulyok, el retiro forzado de jueces y la limitación de mandatos parlamentarios fueron interpretados por el nuevo gobierno como pasos fundamentales para romper con el modelo de concentración institucional heredado.

Desde la restauración democrática de 1989 hasta 2010, Hungría funcionó bajo reglas democráticas, pero desde la llegada de Fidesz, el sistema sufrió una transformación profunda con el copamiento de cargos clave y la erosión de contrapesos. Ahora, el oficialismo intentó desmontar ese andamiaje a través de reformas legales de amplio alcance.

(Con información de EFE)

Según los últimos datos del Banco Central de la República Argentina, en la primera semana de julio de 2026 subieron los saldos de depósitos del sector privado en cajas de ahorro y plazos fijos, tras una baja real de las imposiciones a más de 30 días durante junio.

El dato del último mes estuvo en el segmento en moneda extranjera: los depósitos privados en dólares aumentaron USD 503 millones y terminaron en USD 39.347 millones, principalmente por el pago de capital e intereses del Bopreal por USD 1.028 millones. Parte de esos fondos se retiró durante el mes, pero el saldo final quedó por encima del nivel previo, y actualmente se aproximan a USD 41.000 millones.

Según el Informe Monetario Mensual del Banco Central de la República Argentina, publicado el 7 de julio, junio combinó estacionalidad en la demanda de dinero, movimientos del Tesoro y cambios heterogéneos dentro del sistema financiero. Ese cuadro explicó tanto la presión temporaria sobre las tasas de interés cortas como la recomposición posterior de la liquidez.

La Base Monetaria se redujo 1,2% real desestacionalizado en junio y acumuló diez meses seguidos de caída. En términos del producto bruto interno, se ubicó en 3,9%, por debajo del registro de junio de 2025. En valores nominales, la base aumentó $3,7 billones. El principal impulso provino de operaciones del Tesoro Nacional, que utilizó fondos de su cuenta en pesos en el BCRA para atender vencimientos de deuda pública.

También influyó la compra neta de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina, que adquirió USD 1.418 millones durante el mes. Parte de esa expansión se esterilizó mediante Operaciones de Mercado Abierto y repos, los instrumentos habituales para administrar la liquidez.

Las tasas de corto plazo subieron al final del mes y luego bajaron

El mercado monetario registró hacia el cierre de junio un episodio de tensión que elevó de manera transitoria las tasas de interés de corto plazo. Tras la última licitación del Tesoro, la liquidez se normalizó y las tasas regresaron a niveles similares a los previos.

Entre las referencias del mes, la caución bursátil cerró en 18,4% nominal anual y las cuentas remuneradas de prestadoras de servicios financieros, en 13%. El plazo fijo mayorista TM20 terminó en 22,7% nominal anual y el plazo fijo para personas humanas, en 19,2 por ciento.

El punto central para los ahorristas fue que las tasas de interés de los plazos fijos mostraron menos volatilidad que las tasas cortas y terminaron junio en valores parecidos a los de mayo.

Ya en la primera semana de julio, el relevamiento del Banco Central mostró una baja leve del promedio general de las tasas de depósitos, de 21,61% a 21,29% nominal anual. Ese movimiento fue desigual entre segmentos:

• plazo fijo para personas humanas pasó de 19,2% a 19,27%;
• prestadoras de servicios financieros bajó de 22,53% a 22,12%;
• otras personas jurídicas, de 21,86% a 21,22%;
• Tamar (activa) de bancos privados, de 22,69% a 21,94%;
• Badlar (pasiva) de bancos privados se mantuvo en 23,13%;
• plazos fijos en dólares descendieron de 1,62% a 1,54% para personas humanas y de 1,42% a 1,37% para personas jurídicas.

El arranque de julio mostró un cambio en la composición de las colocaciones. El relevamiento oficial indicó menores saldos en depósitos a la vista y un aumento de los fondos en caja de ahorro y en plazos fijos, con mayor impulso de las colocaciones a tasa de interés que de las ajustables por cláusula CER.

La demanda de dinero desde el inicio del gobierno de Milei

En el último mes completo del gobierno de Alberto Fernández, los depósitos en pesos del sector privado no financiero representaban 12% del PBI y se desagregaban en imposiciones a la vista por el equivalente de 6,4% del PBI: 4,2% del PBI en colocaciones no remuneradas (transaccionales) y 2,2% del PBI remuneradas. Superaban al total de saldos a plazo fijo, que totalizaban 5,5% del PBI, según los informes mensuales del Banco Central de la República Argentina: 5,4% del PBI constituidos a tasa de interés y 0,1% del PBI ajustables por inflación o cláusula dólar.

Transcurridos casi más de 31 meses de la presidencia de Javier Milei, la demanda de pesos cayó a 10,8% del PBI, por la disminución de los depósitos a la vista, tanto los transaccionales (se redujeron a 3,4% del PBI) como los remunerados (descendieron a 1,2% del PBI). Las colocaciones a plazo, por el contrario, aumentaron a 6% del PBI.

En el actual Gobierno, los depósitos en dólares en bancos se elevaron del heredado 2% del PBI a 5,3% del PBI, con crecimientos en los parciales a la vista de 1,6% del PBI a 3,8% del PBI y, en términos relativos, más a plazo: de 0,4% del PBI a 1,5% del PBI.

En este período de gobierno, la tasa de interés promedio de los depósitos a plazo fijo se redujo de 251,7% nominal anual a 18,6% TNA.

El último Informe Monetario del BCRA destacó: “En un mes en que la demanda de dinero es estacionalmente elevada, los medios de pagos tradicionales, medidos a través del M2 privado transaccional, registraron un aumento de 3,2% en términos reales. Ajustando por estacionalidad, la expansión mensual fue de 0,2%, con un comportamiento heterogéneo por componente: mientras que el circulante en poder del público se expandió por segundo mes consecutivo, los depósitos a la vista transaccionales se contrajeron”.

En términos del PBI, el circulante en pesos en poder del público se redujo a 2,3% desde 2,4% de un año antes, pero aumentó una décima de punto porcentual respecto de la relación que registró en noviembre de 2023.

El segmento dolarizado fuera del sistema bancario que el Indec estimó para marzo de 2026 en USD 268.808 millones, representativo del 36,2% del PBI, fue el que más se contrajo en términos relativos: era 37,8% del PBI en el último trimestre de 2023 y 37% del PBI en junio del año pasado.

Así, la demanda agregada de dinero del sector privado en el segmento en moneda nacional (circulante en poder del público más depósitos a la vista y a plazo) fue en junio de 2026 equivalente a 13,1% del PBI; fue inferior en una décima de punto porcentual (pp) a la de un año antes y en 1,1 pp a la estimada al final del gobierno de Alberto Fernández.

Por el contrario, la demanda agregada de dinero en el tramo dolarizado, tanto en el sistema bancario como en poder del público, aumentó desde 39,8% del PBI a fines de 2023 a 41,3% en junio de 2025 y a 41,5% en la actualidad.

De este modo, en el gobierno de La Libertad Avanza, la demanda de dinero agregada, en pesos y dólares, aumentó de 54% del PBI a 54,6% del PBI, con mayor participación de la franja dolarizada en el sistema bancario y menor participación del resto de los componentes.

El programa financiero presentado por el Ministerio de Economía, que buscó responder a las inquietudes de inversores y tenedores de bonos de la Argentina y allanar el camino para reducir el riesgo país, generó reacciones positivas en el mercado y entre analistas privados, pero también dejó aspectos sin resolver.

Al respecto, un informe de la consultora Quantum señaló que la hoja de ruta presentada por el ministro Luis Caputo presenta ciertas incógnitas para 2027. Por ejemplo, al contabilizar los vencimientos en divisas del año próximo, se omiten USD 5.300 millones en Bopreales, que si bien debe afrontar el Banco Central y no el Tesoro, afectan la ecuación de financiamiento conjunto. Otros aspectos no considerados son posibles contingencias por fallos judiciales adversos y la evolución de la base monetaria y la “esterilización” de los pesos que sea necesario emitir para adquirir los dólares requeridos.

Detalles de pagos al FMI y a otros organismos

Según el análisis de Quantum, el programa oficial implica que en 2027 el gobierno de Milei reducirá en cerca de 10% el pasivo con el FMI, el mayor acreedor del Estado argentino. La deuda con el FMI, según datos del organismo al 17 de julio, es de 42.252 millones de Derechos Especiales de Giro (DEGs), equivalentes a USD 59.153 millones. El informe anticipa que en 2027 Argentina recibirá un último desembolso de USD 1.700 millones del FMI, pero pagará USD 4.400 millones en concepto de capital y USD 3.100 millones en intereses. Por lo tanto, la diferencia de USD 5.700 millones reducirá en 9,8% el pasivo con el Fondo, del que Argentina es el principal deudor, con el 34% de la cartera.

Con el resto de los organismos internacionales (principalmente Banco Mundial y BID), los vencimientos de capital e intereses suman USD 4.900 millones y la previsión es una reducción neta de USD 700 millones, aunque según Quantum existen mayores posibilidades de ampliar el crédito si la situación financiera lo requiere.

El informe se centra en vencimientos de USD 24.900 millones en divisas para 2027 (equivalentes al 3,5% del PBI), incluidos capital por USD 15.700 millones e intereses por USD 9.200 millones. El análisis excluye las necesidades en pesos, que se asume serán cubiertas con renovaciones en el mercado local. A fines de junio de este año, los vencimientos anuales en pesos ascienden al 12% del PBI.

Respecto a los vencimientos en divisas, Quantum destaca que los datos del programa no contemplan los USD 5.300 millones en Bopreales, responsabilidad del BCRA, que forman parte de las divisas necesarias para cubrir los pagos de 2027. Además, señala la importancia de considerar posibles pagos por sentencias judiciales y el manejo monetario relacionado con la adquisición de divisas.

Consideraciones adicionales y perspectivas

Quantum destaca como relevante que el gobierno no prevé emitir deuda en el mercado internacional, aspecto que generó debate recientemente.

El informe presenta cinco “consideraciones clave”:

1. El Gobierno estima finalizar 2026 con un saldo de caja de USD 3.700 millones, apoyado en acuerdos con acreedores, renovación de repos con bancos por USD 6.000 millones y nuevos préstamos por USD 3.200 millones garantizados por el BID y el Banco Mundial.
2. Se emitirían títulos de deuda en moneda extranjera en el mercado local por USD 5.000 millones en 2027 (y USD 6.000 millones en 2026), con la intención de renovar el 100% de los bonos con vencimiento en 2027.
3. El Tesoro prevé comprar al BCRA USD 4.900 millones con pesos provenientes del superávit financiero, emisiones de deuda en pesos y transferencias de utilidades del BCRA.
4. Respecto al FMI, se afrontarían vencimientos por USD 5.800 millones (USD 7.500 millones en pagos de capital e intereses, menos USD 1.700 millones de desembolsos), reduciendo la exposición al FMI, aunque en menor medida de la deseada.
5. Se estiman ingresos por privatizaciones de USD 1.500 millones, a partir de la venta de activos de empresas públicas, principalmente del sector energético, ferroviario y de aguas.

En conclusión, Quantum considera que el programa financiero oficial representa un avance en términos de claridad y si bien persisten dudas estas “se irán resolviendo en la práctica” y el programa “luce factible”. Una de las claves, insiste, será articular el programa monetario y los roles del BCRA y el Tesoro “para garantizar el acceso a las fuentes de financiamiento y avanzar en la estabilización económica”.

Las fuerzas rusas posicionaron sus unidades de avanzada a menos de cinco kilómetros de Kramatorsk, ciudad considerada el principal baluarte militar de Ucrania en el Donbás, mientras el ejército ruso intensificó la presión sobre este enclave.

El jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valeri Guerásimov, supervisó personalmente las operaciones y confirmó la proximidad de las tropas, con concentración de fuego de artillería sobre posiciones ucranianas en la periferia oriental.

Guerásimov recorrió uno de los puestos de mando de la agrupación militar Zapad y destacó que las fuerzas de la agrupación Sur ingresaron en Oleksievo-Druzhkivka, localidad situada al sur de Kramatorsk. Allí prosiguieron los combates en un intento de avanzar hacia Druzhkivka, reconocida como la puerta de entrada desde el sur a la fortaleza ucraniana.

Guerásimov también destacó la captura de la localidad estratégica de Piskunivka, ubicada a unos 15 kilómetros al este de Sloviansk, tras cruzar el río Severski Donets, lo que consolidó el cerco sobre los principales núcleos de resistencia.

El mando ruso aseguró que las fuerzas bajo su control doblegaron en gran medida la resistencia ucraniana en Krasni Limán, localidad esencial para el avance hacia Sloviansk, el segundo punto fuerte de las defensas ucranianas en la región.

Desde Kiev, sin embargo, las autoridades negaron que el ejército ruso hubiera conquistado por completo el bastión de Kostiantínivka, lo que impediría al enemigo progresar hacia el norte de la provincia de Donetsk, donde el gobierno ucraniano mantiene menos de una quinta parte del territorio bajo control.

Mientras la ofensiva terrestre avanzó en el este, Ucrania intensificó su respuesta con ataques de largo alcance en territorio ruso y en zonas ocupadas, según comunicó el presidente Volodimir Zelensky.

Zelensky informó que las fuerzas ucranianas ejecutaron bombardeos contra instalaciones logísticas en las regiones de Moscú y Tambov, a más de 500 kilómetros del frente, y atacaron una refinería petrolera en las inmediaciones de la capital rusa. Precisó que esos puntos logísticos proveían componentes sancionados para la producción de drones y equipos de navegación empleados en la guerra.

A la vez, los ataques ucranianos alcanzaron objetivos en el mar de Azov, el mar Negro y la Crimea ocupada, con daños en infraestructuras cruciales para la logística militar rusa. Según una publicación de Zelensky en la red social X, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, Operaciones Especiales y el Servicio de Seguridad colaboraron en la coordinación de la ofensiva.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron columnas de humo negro saliendo de un depósito de petróleo en Noginsk, ubicado a unos 50 kilómetros al este del Kremlin, y un incendio de gran magnitud en el centro de distribución de una empresa en Elektrostal, al sur de Moscú.

El alcalde de Moscú, Sergey Sobyanin, indicó que más de 370 drones ucranianos se lanzaron hacia la región de la capital, de los cuales 64 fueron derribados en las cercanías de la ciudad. El viernes, el Estado Mayor ucraniano confirmó un ataque a la refinería de petróleo Yanos, en Yaroslavl, a unos 280 kilómetros al noreste de Moscú, que provocó un incendio y afectó una planta clave para el suministro de combustible en el área metropolitana.

La campaña de bombardeos sobre infraestructuras energéticas rusas buscó limitar la capacidad operativa del Kremlin y forzar una negociación. Analistas consultados por EFE señalaron que las tasas de procesamiento de crudo en Rusia cayeron a mínimos históricos durante la primera quincena de julio, lo que generó una escasez de combustible que agravó la situación interna.

En el plano político, fuentes independientes mencionadas por EFE indicaron que el presidente ruso Vladímir Putin no mostró interés en reanudar negociaciones de paz con Ucrania hasta completar la ocupación de todo el Donbás. El Kremlin reiteró su exigencia de que Kiev retire sus fuerzas de Donetsk y amenazó con extender su control sobre el norte del país si continuaban los ataques ucranianos contra refinerías y otras instalaciones en la retaguardia rusa.

(Con información de EFE)

La nueva y más reciente amenaza de Irán volvió a tensar este sábado la relación con Estados Unidos después de que Mojtaba Khamenei, líder supremo del régimen, advirtiera que Washington recibirá una “lección inolvidable” tras la reanudación de los ataques cruzados y acusara a Donald Trump de incumplir el acuerdo firmado el 17 de junio.

Khamenei afirmó que Estados Unidos busca “incitar a la guerra” y sostuvo que las “violaciones” del acuerdo demuestran que el compromiso asumido por Trump “no vale nada”. También llamó a la unidad interna y pidió evitar cualquier señal de debilidad ante “el enemigo”.

El líder supremo difundió su amenaza en un mensaje escrito citado por la televisión estatal. Allí dijo que “la querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle” al “enemigo estadounidense”.

También arremetió contra Washington por el incumplimiento del alto el fuego previsto en el memorando de entendimiento pactado entre ambas partes. Según dijo, las “reiteradas violaciones” de los compromisos de Estados Unidos prueban “la insignificancia y la nulidad de la firma del presidente de Estados Unidos”.

Khamenei añadió que Estados Unidos actúa con “acoso, totalitarismo y barbarismo” y sostuvo que el país mostró de nuevo su “auténtica faz”. Además, una fuente oficial dijo a la agencia rusa TASS que no aparecerá en público hasta que la situación se normalice “por motivos de seguridad” y por la guerra.

La misma fuente señaló que Khamenei no aparece en público debido a la guerra, durante la cual murió su padre y predecesor, Ali Khamenei, en un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Por ese motivo, tampoco asistió hace dos semanas a los funerales públicos de su padre.

Ese mismo sábado, Kazem Qaribabadi, viceministro de Asuntos Exteriores iraní, anunció la suspensión formal del memorando de entendimiento, también llamado Memorándum de Islamabad, y por tanto del alto el fuego entre las partes. “Hemos suspendido nuestros compromisos y no vamos a aplicarlos. Estamos ocupados defendiendo nuestro país”, dijo.

La ruptura práctica del alto el fuego se produjo en medio de la reanudación de las hostilidades en la última semana. El acuerdo preliminar había sido firmado el 17 de junio con la intención de silenciar las armas.

Después, Esmail Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, denunció ataques estadounidenses contra instalaciones civiles. Citó en particular el bombardeo del pasado jueves contra la Torre de Vigilancia Marítima de Chabahar, que describió como una construcción civil destinada a la seguridad y la navegación marítima. Baqaei sostuvo además que la pasada noche Estados Unidos atacó instalaciones eléctricas y bombas de desalinización en Bunyi y dejó a 10.000 personas sin agua potable. Añadió que, con cada infraestructura civil derrumbada, también se reduce “la postura moral de Estados Unidos”.

Irán informó además de ataques de respuesta contra posiciones de Estados Unidos en la región. Según la versión iraní, uno de ellos alcanzó la base militar jordana de Muwaffaq Salti, donde murieron al menos dos militares estadounidenses.

Bahréin confirmó ataques contra instalaciones civiles “vitales”, aunque sin precisar más detalles. Kuwait informó de ataques contra una central eléctrica e instalaciones de agua, mientras Arabia Saudita no comunicó ningún ataque a través de su agencia oficial.

En paralelo, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) condenó los ataques de Irán contra infraestructuras e instalaciones civiles en países árabes y los calificó de “crímenes de guerra”. Su secretario general, Jassim al Budaiwi, pidió que Teherán rinda cuentas.

El bloque señaló que los ataques de este sábado causaron heridas a varios trabajadores civiles y daños materiales en instalaciones energéticas y una planta desalinizadora en Kuwait. También sostuvo que lo ocurrido supone una violación grave del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas.

Al Budaiwi advirtió que la ofensiva contra objetivos civiles en Bahréin, Kuwait y Jordania agrava la inestabilidad regional. Además, expresó su respaldo a las medidas que adopten los países afectados para proteger su seguridad, su soberanía y su integridad territorial.