Una moto que había sido robada en el centro de Paraná fue recuperada durante la madrugada de este viernes luego de ser detectada mediante el sistema de videovigilancia. Dos hombres quedaron vinculados a la investigación.
El rodado, una Honda Biz 125 cc, había sido sustraído en inmediaciones de las calles Mitre y San Martín. A partir de la denuncia se inició la búsqueda para intentar establecer su ubicación.
Posteriormente, las cámaras de seguridad permitieron observar la moto en la zona de calle Güemes. Con esa información, personal que se movilizaba en motocicletas comenzó a seguir su recorrido.
El seguimiento terminó en calle Liniers
El desplazamiento continuó por distintos sectores hasta que el vehículo fue localizado sobre calle Liniers, a la altura del Paseo de los Pájaros.
En ese punto fueron interceptados dos hombres mayores de edad que se encontraban vinculados al rodado buscado. Allí se confirmó que se trataba de la Honda Biz denunciada como robada.
La moto fue recuperada y quedó a disposición de las autoridades para avanzar con las actuaciones correspondientes y su posterior restitución.
Dos hombres quedaron supeditados a la causa
Tras el procedimiento se dio intervención a la Fiscalía, que dispuso el traslado de los dos hombres para continuar con las diligencias del caso.
Ambos quedaron supeditados a la causa mientras se intenta determinar qué participación tuvo cada uno en el hecho y establecer con precisión cómo se produjo la sustracción del vehículo.
La investigación continuará bajo intervención judicial, mientras que la detección realizada mediante las cámaras de videovigilancia permitió ubicar y recuperar la moto durante la madrugada.
La defensa de Daniel Alejandro Rosatelli apeló el procesamiento con prisión preventiva dictado contra el abogado y comisario de la Policía de Entre Ríos en la investigación por el transporte de 1.345 kilos de marihuana.
Los abogados Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen presentaron el recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná contra la resolución adoptada el 10 de septiembre por el juez federal Leandro Ríos, publicó Análisis.
El planteo sostuvo que no existe una prueba directa que conecte la operación de compra de una camioneta Citroën Jumper, realizada el 4 de noviembre de 2025, con su hallazgo cargada de marihuana el 13 de febrero de 2026 en La Paz.
“Dos eventos distintos”
La defensa no discutió que la camioneta había sido verificada en Paraná, que estuvo cerca del domicilio de Rosatelli, que hubo un conflicto por su pago ni que se produjo un altercado en la sede de la asociación Suma de Voluntades.
Tampoco objetó que el mismo vehículo apareció tres meses después con el cargamento. Lo que rechazó fue el razonamiento mediante el cual el juez conectó esos episodios y atribuyó a Rosatelli un papel oculto en la compra del utilitario.
“Existen dos eventos distintos que la investigación no ha podido acreditar de ninguna manera que se encuentren conectados subjetivamente por una intencionalidad común y organizada entre los imputados”, señalaron los abogados.
Según el recurso, el magistrado completó esa conexión mediante “una entusiasta serie de conjeturas que no encuentran respaldo alguno en las pruebas reunidas”.
La verificación de la camioneta
Uno de los indicios valorados en el procesamiento fue que la Citroën Jumper habría sido revisada sin turno en la planta verificadora de avenida Zanni por una gestión atribuida a Rosatelli.
Los defensores respondieron que Jonathan Barbieri, vendedor del vehículo, brindó versiones diferentes. En una primera declaración mencionó una comunicación con una persona que sería Rosatelli, pero luego indicó que el intermediario Martín Pelizzari realizó una llamada al llegar a la planta.
A esto añadieron que el verificador Marcos Ismael Naumoff no declaró haber recibido pedidos del comisario y sostuvo que ni siquiera lo conocía.
La apelación también cuestionó la sospecha generada por el pedido de secuestro del vehículo. Según la defensa, esa medida no aparecía en las consultas disponibles durante la verificación y únicamente figuraba una prohibición de circular derivada de una denuncia de venta.
La compraventa y los registros documentales
El juez calificó como “opaca” la negociación concretada cerca del Club Echagüe, donde Pelizzari y Barbieri dejaron estacionada la camioneta para que Rosatelli supuestamente pudiera observarla sin intervenir directamente.
La defensa consideró contradictorio que una maniobra presuntamente clandestina se concretara en la vía pública, cerca del domicilio declarado por Rosatelli y dentro del área cubierta por cámaras policiales.
El pago se realizó mediante la entrega de 2.400 dólares, cheques aportados por Pelizzari y dos transferencias de un millón de pesos efectuadas por Claudio Luna. El procesamiento interpretó la intervención de terceros como una estrategia destinada a impedir que quedaran rastros del verdadero comprador.
Petenatti y Cullen objetaron esa conclusión y recordaron que una abogada del estudio de Rosatelli solicitó dos informes de dominio sobre la camioneta. A su entender, esa gestión produjo registros documentales incompatibles con una intención de ocultamiento.
También señalaron que Luna declaró haber realizado las transferencias a pedido de Pelizzari y no por indicación de Rosatelli.
La camioneta Citröen Jumper estacionada en la vereda del domicilio de Wursten. La defensa analizó los videos para desmentir que ese 4 de noviembre la llevaron a la casa de Siebenlist Bustos (fuente Análisis)
Qué sostuvo sobre los llamados
La resolución judicial había interpretado un cruce de comunicaciones entre diferentes abonados como una señal de connivencia entre Rosatelli, Pelizzari y Luna.
El recurso aseguró que el único contacto directo identificado fue una comunicación de tres segundos, efectuada el 26 de diciembre entre una tercera persona y la línea atribuida a Rosatelli.
“No existe el intercambio entre Rosatelli, Pelizzari, Luna y los restantes abonados que presenta la resolución, ni tampoco surgen comunicaciones entre las líneas de Rosatelli y la atribuida a Claudio David Luna”, afirmaron los defensores.
El episodio en Suma de Voluntades
Otro elemento analizado por el juez fue la golpiza denunciada por Sixto Maciel en una habitación de la sede de Suma de Voluntades. La hipótesis judicial vinculó el episodio con el intento de lograr que se retirara la denuncia por la venta de la camioneta, abonada parcialmente con cheques que resultaron falsos.
La defensa ofreció otra interpretación y sostuvo que la discusión estuvo relacionada con el precio de una obra que Maciel buscaba realizar para la organización. Para respaldar esa versión citó una declaración atribuida al propio denunciante: “Discutimos yo y Daniel por el tema de la obra”.
Los abogados también cuestionaron la cronología considerada en el procesamiento. Indicaron que la denuncia de Barbieri contra Pelizzari se radicó a las 16 y que el altercado ocurrió aproximadamente a las 17.30.
El recurso remarcó que aquella denuncia no mencionaba a Rosatelli y sostuvo que, por tratarse de un abogado penalista y funcionario policial, debía saber que una denuncia penal no podía ser retirada por la sola voluntad del denunciante.
El recorrido del utilitario
El procesamiento indicó que, después de la negociación del 4 de noviembre, la camioneta fue trasladada hasta las inmediaciones de la vivienda de Juan Esteban Siebenlist Bustos, prófugo y señalado como organizador logístico del transporte.
Los abogados acompañaron capturas de las cámaras del 911 y afirmaron que el vehículo se detuvo frente al domicilio de Emmanuel Wursten, cuñado de Barbieri. La casa de Siebenlist Bustos se encontraría enfrente, al otro lado de la calle Pronunciamiento.
La defensa negó que Rosatelli conozca al prófugo y aseguró que tampoco pudo establecerse quién tenía la camioneta el 30 de enero, cuando salió definitivamente de Paraná con una nueva patente.
Además, planteó que no resultaría razonable emplear para una carga valuada en más de tres millones de dólares un utilitario que ya se encontraba individualizado, denunciado y con pedido de secuestro.
El análisis patrimonial
La apelación también impugnó el informe económico utilizado para considerar que los bienes y movimientos financieros de Rosatelli no se correspondían con su sueldo como comisario.
Los abogados argumentaron que se mezclaron períodos diferentes, se contabilizó dos veces dinero transferido entre cuentas de un mismo titular y se consideraron rescates de inversiones como si fueran ingresos nuevos.
Calificaron el resultado como una “ficción financiera” producida por el “inflado de flujos”. También negaron que Rosatelli fuera propietario de ocho inmuebles.
Según la información de ARCA y ATER citada por la defensa, tendría actualmente tres propiedades -su vivienda de avenida Echagüe, un inmueble en Chajarí y un terreno en Paraná-, además de un Honda Civic modelo 2018.
El escrito agregó que no se detectaron transferencias de Rosatelli hacia Pelizzari o Luna ni egresos compatibles con el precio y la modalidad de pago atribuidos a la compra de la camioneta.
El pedido de libertad
Los defensores solicitaron que se revoquen el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo. Argumentaron que la investigación avanzó lo suficiente como para reducir el riesgo de que Rosatelli interfiera en la producción de pruebas.
También cuestionaron que la negativa a proporcionar la contraseña de su iPhone 17 fuera considerada un posible indicio de entorpecimiento. “El imputado no tiene la obligación jurídica de colaborar con la investigación que se dirige en su contra”, plantearon.
Como alternativa a la libertad, pidieron que la prisión preventiva sea reemplazada por presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y una caución. En última instancia, solicitaron el arresto domiciliario en el departamento de Rosatelli, con monitoreo electrónico si fuera considerado necesario.
La Cámara Federal de Apelaciones deberá fijar la audiencia en la que se escucharán los argumentos de la defensa y del Ministerio Público Fiscal. Luego resolverá si confirma, modifica o revoca las medidas dictadas por el juez Ríos.
La empresa avícola Granja Tres Arroyos (GTA), que pidió la apertura de su concurso preventivo de acreedores, informó ante la Justicia que acumulaba más de $126.000 millones en cheques rechazados y que había ingresado en cesación de pagos el 29 de enero pasado, cuando no pudo afrontar documentos por $2.070.722.822,03. Además, de acuerdo con la información contable acompañada al expediente, al cierre de 2025 registraba un pasivo de alrededor de $536.000 millones, unos US$350 millones al tipo de cambio oficial.
La presentación fue realizada en el expediente COM 18.558/2026, caratulado “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”. La compañía pidió que el trámite se desarrollara en forma conjunta con las sociedades Holding Agro Industrial SA (HAISA), Wade SA y Avex SA, a las que identificó como integrantes del denominado “Grupo GTA”. En forma subsidiaria, solicitó que, si ese planteo no prosperaba, se abriera el concurso individual de cada una de las firmas. La empresa declaró más de 4800 acreedores, que deberán atravesar el proceso de verificación de sus créditos, consignó el diario La Nación.
En el escrito, GTA señaló que el deterioro financiero también quedó reflejado en los estados contables que la compañía incorporó al expediente. Según los gráficos presentados dentro de los documentos de la causa, se puede ver que al 31 de diciembre de 2025 los activos rondaban los $760.000 millones, mientras que los pasivos alcanzaban aproximadamente los $536.000 millones y el patrimonio neto se ubicaba cerca de los $224.000 millones. Un año antes, los pasivos eran del orden de los $451.000 millones y el patrimonio neto alcanzaba los $341.000 millones.
La composición del pasivo muestra que los principales compromisos correspondían a préstamos y pasivos financieros, por unos $199.000 millones, y a proveedores, por aproximadamente $161.000 millones. A ello se sumaban unos $52.000 millones por impuesto diferido, $46.000 millones en deudas laborales y previsionales, $32.000 millones en obligaciones fiscales, además de otros pasivos y compromisos con partes relacionadas, publicó el diario La Nación.
La compañía también reconoció una fuerte caída de sus resultados. En la documentación se señaló que los “Resultados No Asignados” habían pasado de un saldo positivo de $3944 millones en 2022 a valores negativos de $68.969 millones en 2023 y $37.108 millones en 2024. Para el cierre de 2025, GTA proyectó “un saldo negativo de $122.052 millones”. A eso se sumó un incremento de las obligaciones previsionales regularizadas mediante planes de pago. Según el escrito, esas deudas pasaron de $2299 millones al cierre de 2023 a $10.935 millones al cierre de 2024. La empresa agregó que, durante ese último ejercicio, el auditor externo incorporó por primera vez un párrafo de énfasis sobre la situación económica y financiera de la firma.
Influenza aviar
Otro de los datos incluidos en la presentación fue la evolución de las exportaciones avícolas. GTA informó ingresos por ventas externas de US$175,8 millones en 2022, que bajaron a US$85,7 millones en 2023, se recuperaron a US$105,1 millones en 2024 y volvieron a descender a alrededor de US$87 millones en 2025.
En el expediente, GTA atribuyó su crisis a una combinación de factores internos y externos. Entre ellos mencionó “el estancamiento del mercado doméstico, la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para trasladar los mayores costos a los precios, el ingreso de carne aviar importada, el cierre de mercados externos luego del episodio de influenza aviar de 2023, la sequía de la campaña 2022/23 y el aumento de los costos de energía, logística, materias primas y mano de obra”.
Uno de los puntos centrales estuvo vinculado con la operación de Cresta Roja. GTA sostuvo que en marzo de 2018 se constituyó en “garante de Wade SA por las obligaciones” derivadas de la adquisición de las unidades productivas de la firma avícola. En la presentación se hizo referencia a un precio contractual global de US$80 millones, del cual todavía existía un saldo pendiente de cancelación y se señaló, además, que fue necesario realizar desembolsos por más de US$25 millones para recuperar capacidad productiva y recomponer instalaciones, destacó el diario La Nación.
De la presentación también se desprende que GTA pidió que el concurso se tramitara junto con HAISA, Wade y Avex, bajo las normas que regulan los agrupamientos económicos. Según la documentación presentada, “HAISA posee el 99,941% del capital y de los votos de Granja Tres Arroyos”, mientras que “el resto corresponde a accionistas minoritarios”, varios de ellos integrantes de la familia fundadora.
La propia compañía sostuvo que las cuatro sociedades actúan desde hace años bajo una dirección económica común, con miembros de los directorios compartidos, actividades integradas y una cadena productiva que incluye genética, incubación, alimento balanceado, engorde, faena, industrialización, logística y comercialización.
Competencia
El Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, entendió que no era el tribunal que debía continuar con el expediente, decidió intervenir de manera provisoria ante la urgencia planteada por la empresa. El juez Germán Páez Castañeda consideró que esperar hasta que asumiera el magistrado competente podía afectar la continuidad de la actividad, especialmente por la necesidad de mantener el suministro de electricidad y gas y una operatoria bancaria mínima.
Por eso, el juzgado hizo lugar solo a una parte de las medidas solicitadas por GTA. En primer lugar, ordenó a los bancos no pagar los cheques de pago diferido que la empresa hubiera emitido antes del 9 de septiembre de 2026 y que vencieran después de esa fecha. También dispuso que esos rechazos no fueran computados para multas o inhabilitaciones vinculadas a la cuenta corriente. Además, no obligó a los bancos a mantener abiertas las cuentas de GTA ni a reabrir aquellas que ya hubieran sido cerradas. El juez sostuvo que no correspondía imponer judicialmente a una entidad bancaria la continuidad de una relación contractual. Tampoco hizo lugar al pedido para que el Banco Central modificara el tratamiento administrativo de esos rechazos.
Autorizó “la apertura de una cuenta corriente en el Banco Ciudad, sin giro en descubierto y de carácter inembargable, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales, contribuciones e impuestos”.
El juzgado también ordenó a “las empresas de electricidad y gas que no suspendieran ni redujeran los servicios por deudas anteriores al 9 de septiembre. Si algún suministro ya había sido cortado, debía ser restablecido”. Las facturas generadas después de esa fecha, en cambio, deberán ser pagadas normalmente por GTA, señaló el diario La Nación.
El juez no levantó los embargos e inhibiciones que ya pesaban sobre las cuentas bancarias de la empresa. Consideró que esa decisión deberá ser tomada más adelante por el juez que quede a cargo del concurso, una vez que intervengan también el síndico y los acreedores afectados.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 18 de septiembre con el calendario de pagos de jubilaciones, asignaciones y prestaciones. Las acreditaciones se definen, en la mayoría de los casos, por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Los montos vigentes incorporan un aumento del 2,11%, calculado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme al esquema de movilidad dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24.
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Quiénes cobran hoy, 18 de septiembre de 2026
El calendario de pagos de ANSES para este viernes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Este jueves cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cuyos documentos terminan en 8. El pago corresponde al haber mensual de septiembre, junto con el refuerzo previsto para quienes se encuentran dentro de este grupo.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 reciben sus pagos este 18 de septiembre.
Ambas prestaciones siguen el mismo esquema de fechas que las jubilaciones mínimas. La AUH se abona a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que cumplan los requisitos establecidos por el sistema de seguridad social.
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Asignación por Embarazo
También cobran hoy las personas titulares de la Asignación por Embarazo cuyos documentos terminan en 6. Este beneficio está destinado a personas embarazadas sin cobertura de obra social y requiere cumplir las condiciones fijadas por la ANSES.
Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas
Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.
Asignaciones de pago único
Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.
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Becas Progresar
No hay pagos de las becas Progresar este viernes 18 de septiembre, ya que el calendario correspondiente a agosto finalizó el jueves 17.
De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026
Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.
La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.
En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.
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De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026
La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. La ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.
La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.
Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.
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La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo se mantiene en $188.300 y el máximo en $376.600, a la espera de una actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Un conductor evadió un control, habría invadido el carril contrario y chocó de frente contra otro automóvil, en un siniestro que dejó tres personas fallecidas sobre la Ruta Nacional 12. Entre las víctimas se encontraban dos entrerrianos.
La tragedia ocurrió el jueves, alrededor de las 13.10, a la altura del kilómetro 1.225, antes del acceso a la zona conocida como Yerbalito, cerca de Villa Olivari, en la provincia de Corrientes.
El choque involucró a un Chevrolet Meriva, conducido por Rafael Domínguez, de 79 años y domiciliado en Berón de Astrada, y un Chevrolet Cruze en el que viajaban Diego Almada y Milagros Agustina Marioni, ambos oriundos de Entre Ríos.
Habría invadido el carril contrario
De acuerdo con las primeras versiones incorporadas a la investigación, Domínguez habría cruzado con el Meriva hacia el carril contrario y colisionó frontalmente contra el Cruze, según publicó Diario Época.
Dos entrerrianos murieron en choque frontal sobre Ruta 12 en Corrientes.-
La violencia del impacto destruyó las partes delanteras de ambos vehículos. Los tres ocupantes murieron prácticamente en el acto y sus cuerpos quedaron atrapados dentro de los habitáculos.
Personal policial, servicios sanitarios y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Olivari e Ituzaingó trabajaron en el lugar. Los cuerpos fueron retirados después de que concluyeran las pericias ordenadas por la Fiscalía.
Había evadido un control policial
Según fuentes vinculadas con el caso, Domínguez había protagonizado momentos antes un incidente en un puesto de control vial, donde no habría respetado la orden policial de detenerse.
Dos entrerrianos murieron en choque frontal sobre Ruta 12 en Corrientes.-
El automóvil no habría sido perseguido, pero se emitió una alerta hacia otros puestos camineros ubicados sobre la ruta. Los efectivos se preparaban para interceptarlo en la intersección de las rutas nacionales 12 y 118.
Sin embargo, el conductor chocó antes de llegar al segundo retén. La secuencia previa al impacto quedó bajo investigación para determinar con precisión qué ocurrió desde la evasión del control hasta la colisión.
Investigan si conducía alcoholizado
También se intentará establecer si el hombre manejaba bajo los efectos del alcohol. Fuentes allegadas a la investigación señalaron que habría tenido antecedentes vinculados con el consumo, aunque ese dato deberá ser confirmado mediante las pericias correspondientes.
Milagros Agustina Marioni, una de las víctimas.-
Hasta el momento, no se difundieron oficialmente los resultados de estudios toxicológicos o de alcoholemia. Por ese motivo, la eventual intoxicación permanece como una hipótesis y no como un hecho comprobado.
Las autoridades judiciales también analizarán los informes accidentológicos, las marcas sobre la calzada, la ubicación final de los vehículos y eventuales testimonios para reconstruir la mecánica del choque.
Dos víctimas eran de Entre Ríos
En el Chevrolet Cruze viajaban Diego Almada, domiciliado en Cerrito, y Milagros Agustina Marioni, de 26 años y residente en Hernandarias.
Diego Almada, una de las víctimas.-
Domínguez, conductor del Chevrolet Meriva, vivía en la localidad correntina de Berón de Astrada. Los dos conductores y la acompañante fallecieron como consecuencia del impacto.
La muerte de Marioni, estudiante de la Licenciatura en Enfermería, provocó además la declaración de duelo institucional en la Sede Paraná de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (UADER).
En medio del fuerte recorte al que apunta el gobierno de Javier Milei para los organismos del Estado, el proyecto de presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso prevé aumentos nominales en la mayoría de las partidas destinadas a las instituciones del agro. Entre ellos, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) tendría una suba del 31,2% respecto del crédito vigente de 2026; el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), del 28,8%; el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), del 25,6%, y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), del 17,9%. En tanto, el conjunto de los programas de la Secretaría de Agricultura pasaría de alrededor de $99.000 millones a $130.000 millones, una suba cercana al 31%. Los números de cada organismo cambian al considerarse el valor real.
Según un relevamiento elaborado a partir de los datos oficiales del proyecto de ley que ingresó al recinto, y cuya información fue analizada por el diputado nacional Martín Yeza (PRO), cuatro áreas vinculadas al agro sumarían en 2027alrededor de $466.200 millones, frente a unos $366.700 millones correspondientes al crédito vigente de 2026. Esto representa un incremento de aproximadamente 27,1% en términos nominales y de alrededor de 5,5% en términos reales, tomando como referencia la inflación promedio del 20,5% utilizada en el informe para comparar ambos ejercicios.
En el caso de la Secretaría de Agricultura, el presupuesto total pasa, en números redondeados, de unos $99.000 millones en 2026 a $130.000 millones en 2027. Dentro de esa estructura, el programa vinculado con cadenas y pesca aumenta de $84.200 millones a $106.000 millones, una variación nominal del 25,9% y real del 4,5%. A su vez, la partida para emergencia agropecuaria pasa de $7600 millones a $9600 millones, con un aumento nominal del 26,8% y real del 5,3%. El informe señala que la partida de control comercial de la Secretaríapasa de unos $2000 millones a $7000 millones.
Martin Yeza, diputado del PRO
Para el Senasa, el proyecto fija un gasto de $288.700 millones, contra $229.800 millonesvigentes en 2026. Es un incremento del 25,6% en pesos y del 4,2% en términos reales. El relevamiento calcula que “el 74% de su gasto se cubre con tasas y servicios que cobra el propio Senasa”.
“Lo paga, sobre todo el propio sector. De cada $100 que gasta, $74 salen de tasas y servicios que cobra a productores, frigoríficos y exportadores. El Tesoro pone el resto”, destaca.
Dentro del presupuesto, del Senasa aparecen además partidas específicas destinadas al control de plagas. Para 2027 “se prevén $22.189 millones para mosca de los frutos, $11.910 millones para HLB de los cítricos, $11.499 millones para Lobesia botrana, que afecta a la vid, y $11.075 millones para langosta y tucura”. En conjunto, estas cuatro líneas suman alrededor de $56.700 millones destinados a programas sanitarios específicos.
Por otro lado, se especifica que para 2027 se contemplan $146.000 millones en tasas de inspección y $64.000 millones por servicios, mientras que el Tesoro aporta alrededor de $84.000 millones. Entre las metas físicas previstas aparecen la emisión de 2,3 millones de documentos de tránsito animal y la realización de 140.000 análisis de laboratorio de sanidad animal.
En el caso del Inase tendría, entre las cuatro áreas analizadas, una de las mayores variaciones porcentuales. Su presupuesto pasa de $20.800 millones en 2026 a $27.200 millones para 2027, con un incremento nominal del 31,2% y del 8,9% en términos reales.
El Inase tendría, entre las cuatro áreas analizadas, una de las mayores variaciones porcentualesINASE
En este organismo aparece además uno de los datos particulares del proyecto: para 2027 se calculan alrededor de $48.000 millones de ingresos propios por tasas y servicios, frente a un gasto autorizado de aproximadamente $27.000 millones. La diferencia, de unos $21.000 millones, queda contabilizada como recursos que no se transforman en gasto durante el ejercicio.
Para el INV, en tanto, se contemplan $20.400 millones, contra $17.300 millonesvigentes este año. En valores corrientes significa una suba del 17,9%, pero, descontada la inflación considerada por el informe, representa una variación real negativa del 2,1%. El proyecto contempla unas 12.300 inspecciones para el organismo, cuyo financiamiento proviene principalmente del Tesoro.
En el caso del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), el proyecto de presupuesto 2027 prevé un crédito de $29.200 millones, frente a los $22.700 millones vigentes en 2026. La variación representa una suba del 28,8% en términos nominales y del 6,9% en términos reales, una vez descontada la inflación utilizada en el informe para la comparación. El Inidep, dedicado a la investigación pesquera, se financia con aportes del Tesoro y forma parte de los organismos relevados dentro de la estructura vinculada a Agricultura.
La cosecha 2025/26 alcanzaría 170 millones de toneladasAugusto Famulari.
Según el análisis, la cosecha 2025/26 alcanzaría 170 millones de toneladas, frente a un máximo anterior de 146 millones, por lo que la presenta como un récord histórico. Dentro de ese total, destaca 71,7 millones de toneladas de maíz, también récord, con un crecimiento de 38,7% en 2026, y 27,9 millones de toneladas de trigo, otro máximo histórico. Para la soja, en cambio, el informe no da allí un volumen total, sino que señala una caída de 3,1% en la producción durante 2026.
Además, el proyecto supone que, después de ese salto productivo, el agro crecería 5,5% en 2026 y apenas 0,9% en 2027. Es decir, el Presupuesto parte de una “cosecha récord” como base y proyecta para el año siguiente una expansión mucho más moderada.
Un llamativo procedimiento realizado en Formosa terminó con el hallazgo de 12 celulares de contrabando escondidos dentro de peluches. Los teléfonos fueron descubiertos durante un control vehicular de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 11, luego de que los efectivos advirtieran irregularidades en los juguetes.
El operativo se realizó en el kilómetro 1.103 de la ruta, a la altura de la localidad de General Lucio V. Mansilla. Efectivos de la Sección Puerto Velaz, dependiente del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”, detuvieron un vehículo particular en el que viajaba una pareja.
Mientras realizaban el control de la documentación, los gendarmes observaron que la acompañante llevaba una bolsa con varios juguetes de felpa. Según informó la fuerza, la mujer presentaba signos de nerviosismo, situación que motivó una inspección más detallada.
Los peluches llamaron la atención de los gendarmes
Durante la requisa, los agentes detectaron que los peluches presentaban contornos irregulares y formas que resultaban llamativas. Ante esa situación, resolvieron someterlos al equipo de escaneo de rayos X disponible durante el procedimiento.
Las imágenes obtenidas permitieron advertir objetos en el interior de los juguetes que no correspondían con su estructura habitual. Al abrirlos, los efectivos confirmaron que escondían teléfonos celulares.
En total fueron encontrados 12 smartphones distribuidos en el interior de los peluches, que según Gendarmería eran trasladados en infracción al régimen aduanero vigente.
Intervino la Justicia Federal
Una vez constatada la mercadería, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Formosa, que dispuso avanzar con las actuaciones correspondientes por una posible infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.
La Fiscalía ordenó el secuestro de los teléfonos encontrados durante el procedimiento y también dispuso la participación de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Formosa.
La información oficial no precisó el valor económico de los dispositivos ni detalló sus marcas o modelos. Tampoco se informó sobre detenciones como consecuencia inmediata del procedimiento.
El escáner permitió confirmar las sospechas
El uso del equipo de rayos X resultó determinante para descubrir el contenido oculto sin depender únicamente de una inspección exterior. Las irregularidades visibles en los juguetes habían despertado inicialmente las sospechas de los uniformados.
Los peluches fueron trasladados junto con los teléfonos como parte de las actuaciones, mientras las autoridades continuaron con los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.
El operativo se desarrolló el jueves 17 de septiembre y dejó una modalidad poco habitual para intentar transportar mercadería sin declarar: esconder teléfonos celulares dentro de juguetes de felpa para evitar que fueran detectados durante los controles.
El Gobierno nacional promulgó este viernes dos leyes que aprobaron dos tratados de cooperación jurídica internacional. Uno de ellos estaba destinado a actualizar la extradición entre Argentina y Chile, mientras que el otro fue orientado a digitalizar el envío de pedidos entre autoridades centrales de distintos países.
De acuerdo con el Boletín Oficial, las normas, registradas como las leyes 27.824 y 27.825, habían sido sancionadas por el Congreso de la Nación el 27 de agosto. No obstante, el presidente Javier Milei las promulgó mediante los decretos N° 1032/2026 y 1033/2026.
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En el caso de la Ley N° 27.824, esta contiene el Tratado de Extradición con Chile suscripto por ambos países el 5 de diciembre de 2023 en Santiago. El acuerdo está compuesto por 23 artículos y reemplaza el marco bilateral para tramitar solicitudes de entrega de personas requeridas por la Justicia de uno de los dos Estados.
De esta manera, el convenio regula los mecanismos de cooperación judicial entre la República Argentina y la República de Chile en causas penales. De esta manera, las autoridades destacaron que se trató de una iniciativa para reafirmar el “compromiso de luchas de forma coordinada contra la delincuencia internacional organizada”.
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Según lo acordado, ambas naciones deberán permitir la extradición de personas que deban ser sometidas a proceso o juzgadas por delitos que representen una pena de un año o superior. También se incluirá a las personas que debieran cumplir una prisión preventiva pendiente de cumplimiento de un mínimo de seis meses.
En este sentido, aclararon que “un delito será extraditable independientemente de si las leyes de ambas partes lo tipifican dentro de la misma categoría o lo denominan con la misma terminología”. Asimismo, entrarán dentro del régimen los delitos vinculados a “tasas e impuestos, aduanas, aranceles y de cambio, o de cualquier otra disposición de carácter impositivo”.
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Por otro lado, no se permitirá la extradición de personas que fueran enjuiciadas por su “raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas, sexo, idioma, edad, capacidad mental, género u orientación sexual” y cuya sentencia hubiera sido dictada en ausencia o previera una pena de muerte.
Tampoco se incluirán los delitos que fueran considerados por la legislación militar, personas que hubieran sido indultadas o que la pena fuera considerada prescrita. Asimismo, no se tendrán en cuenta delitos políticos como, por ejemplo, atentados contra la vida o la integridad física de un jefe de Estado, personal diplomático o personas internacionalmente protegidas.
En la lista de delitos políticos no extraditables figuraron causas por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. Además, se protegerá a aquellas personas que pudieran ser sometidas a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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En tanto, la Ley N° 27.825 incorpora el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales. El convenio fue celebrado en Medellín, Colombia, el 24 y 25 de julio de 2019.
La iniciativa busca establecer canales electrónicos para que las autoridades centrales de los Estados parte remitan y reciban solicitudes de cooperación jurídica internacional. Entre otros trámites, este tipo de mecanismos puede abarcar requerimientos de asistencia judicial que necesitan coordinación entre jurisdicciones de diferentes países.
De esta manera, se habilitó el acceso y utilización de la plataforma “Iber@”, que será implementada para transmitir las solicitudes realizadas en el marco de la cooperación jurídica internacional. Asimismo, indicaron que “la transmisión de solicitudes y su documentación por Iber@ no requerirá envíos físicos adicionales”.
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A raíz de esto, se deberá designar al personal técnico idóneo para administrar la plataforma. Al mismo tiempo que se deberá acreditar a los usuarios que tendrán acceso, tendrán que establecerse los parámetros, especificaciones y requisitos técnicos a cumplir.
En línea con esto, aclararon que la financiación de Iber@ “para el desarrollo, la gestión, la administración y el mantenimiento” corresponderá a cada uno de los Estados que forman parte del tratado de cooperación. Los demás países suscriptos son Brasil, Chile, España, Paraguay, Portugal, Uruguay, Colombia.
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Condenaron a la ex vicegobernadora de Neuquén a pagar una millonaria indemnización por daños e injurias
Tras darse a conocer el fallo, Gloria Ruiz también deberá eliminar las publicaciones que había realizado sobre la denuncia contra el presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF) en redes sociales
“Que haya PAS” para “que reine la paz”: la maniobra del Gobierno para las elecciones y el juego de desconfianza con las provincias
La Casa Rosada empuja para que los aliados acepten extirpar las PASO del calendario y recién más adelante se sienten a discutir cómo se van a repartir distritos, candidaturas y lugares en las boletas. Sin embargo, la reforma electoral se mezcló con la pelea por las alianzas a nivel nacional y terminó convertida en una moneda de cambio
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Conflictos en el Gobierno: Karina Milei oficia de árbitro en el cruce entre Bullrich y Caputo
“Falló la comunicación”, le espetaron a Economía, con mucha cautela, desde Balcarce 50. Luego de que Martín Menem y la senadora quedaran mal parados frente a los aliados, creen que podrán reencauzarse las negociaciones en el Congreso. Pero con desventaja y en la previa del debate por la reforma política
La Justicia Civil de primera instancia de Neuquén hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Marcelo Severini, el presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), y condenó a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a pagar $5 millones por daño moral. El fallo concluyó que la denuncia penal que Ruiz había presentado contra Severini carecía de elementos suficientes para sostener la acusación.
En línea con esto, la sentencia dispuso medidas destinadas a reparar los perjuicios que el tribunal consideró derivados de la difusión pública de aquella presentación. Entre ellas, ordenó la eliminación de menciones vinculadas a la denuncia contra Severini en las plataformas digitales de la ex funcionaria.
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De esta manera, el juzgado fijó un plazo de diez días para el cumplimiento de esa medida. En caso de que no se concrete, Ruiz quedará bajo apercibimiento de sanciones económicas progresivas. Las costas del proceso, en tanto, fueron impuestas a la demandada.
La decisión representa un nuevo capítulo judicial relacionado con la ex vicegobernadora, luego de la crisis institucional que atravesó la Legislatura provincial hacia el final de 2024. El expediente civil se apoyó, entre otros antecedentes, en el archivo de la causa penal que había sido iniciada en la Justicia Federal y luego remitida al fuero provincial.
De acuerdo con la información del medio local Diario Río Negro, el origen del conflicto se remonta a los primeros días de diciembre de 2024. En ese período, Ruiz fue suspendida preventivamente en la Legislatura de Neuquén, en el marco de un proceso institucional que más adelante derivó en su separación de la presidencia del cuerpo.
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Tras esa decisión, la entonces vicegobernadora anunció acciones judiciales y presentó una denuncia ante los tribunales federales de Buenos Aires. El escrito apuntó contra ministros provinciales, legisladores y referentes institucionales. Entre las personas mencionadas figuraba Severini, titular de la cooperativa eléctrica neuquina.
La demanda fue impulsada por los abogados de Ruiz, encabezados por Carlos Broitman. En ella se incluyeron acusaciones por los presuntos delitos de asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos.
Según el planteo de la defensa, los denunciados habrían intervenido en una maniobra dirigida a apartar a Ruiz de la conducción de la Legislatura. La ex funcionaria vinculó esa secuencia con lo que definió como un intento de alterar el funcionamiento institucional de la provincia.
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Sin embargo, de acuerdo con los argumentos que luego fueron considerados en el proceso civil, la denuncia no describió hechos concretos que permitieran establecer cuál habría sido la intervención material de Severini en los delitos señalados. Tampoco se habrían aportado elementos mínimos de convicción para sostener la imputación en su contra.
La denuncia se había comenzado a tramitar en el fuero federal porteño, hasta que el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente por razón del territorio y resolvió remitir el expediente a los tribunales federales de Neuquén, donde correspondía analizar los hechos.
En esa jurisdicción, intervino la fiscal Mariana Querejeta, quien también declinó la competencia. La fiscal entendió que el caso no contenía materia federal, por lo que el legajo debía continuar su recorrido dentro de la Justicia provincial.
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El expediente llegó finalmente a la Fiscalía provincial, a cargo de Diego Azcárate. Allí, se dispuso el archivo de las actuaciones por falta de tipicidad, es decir, porque los hechos expuestos no encuadraban en una figura penal que justificara la continuidad de la investigación.
Ese archivo tuvo relevancia en la demanda posterior que Severini promovió por daños y perjuicios. En este sentido, el presidente de CALF sostuvo que la denuncia y su difusión pública habían afectado su honor y reclamó una reparación económica, junto con medidas para limitar la permanencia de las publicaciones en entornos digitales.
En este sentido, la acción civil también incluyó el pedido de suprimir contenidos que el funcionario público consideró injuriosos y de divulgar los aspectos principales de la sentencia en medios gráficos regionales. El tribunal admitió parcialmente el reclamo.
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Al resolver el caso, el magistrado valoró que la denuncia original fue archivada sin que avanzara una investigación penal. La sentencia señaló la ausencia de pruebas y la falta de precisión sobre las conductas que se atribuían al demandante.
El juez sostuvo que el derecho a denunciar no habilita la formulación de acusaciones sin una descripción concreta de los hechos ni elementos que permitan respaldarlas. Bajo esa interpretación, consideró que el caso excedió el ejercicio regular de ese derecho y encuadró la conducta dentro de los parámetros de la acusación calumniosa.
De esta manera, la resolución ordenó que Ruiz pague a Severini una indemnización de $5 millones por daño moral. A esa suma deberán agregarse intereses, calculados mediante tasa pura y tasa activa del Banco Provincia del Neuquén.
“Nosotros preferimos que primero nos voten la Reforma Electoral y después concentrarnos en las alianzas electorales. Ellos quieren hacer exactamente al revés. ¡Es todo un quilombo!”.
El integrante clave de la Mesa Política libertaria que resume sin metáforas el estado de las negociaciones con los gobernadores no necesita explicar demasiado más. Es que, a poco más de un año de las presidenciales del 24 de octubre de 2027, la discusión sobre el futuro de las primarias se transformó en un ida y vuelta incómodo, desgastante e interminable.
La Casa Rosada empuja para que los aliados acepten extirpar las PASO del calendario y recién más adelante se sienten a discutir cómo se van a repartir distritos, candidaturas y lugares en las boletas. Los caciques del interior, por el contrario, pretenden garantías antes de los votos en el Congreso, más teniendo en cuenta que este tipo de asuntos exige mayorías absolutas -37 senadores y 129 diputados- y eso los convierte en indispensables.
“¿Quién nos asegura que, si los protegemos de una competencia con nosotros los violetas y facilitamos sus reelecciones, después no vayan a usar ese poder para construir una alternativa presidencial?”, se preguntan unos. “¿Y quién nos jura que, si los ayudamos ahora, Karina y los Menem no nos vayan a llenar de opciones libertarias cuando llegue el momento de cerrar las listas?”, retrucan los otros. La dinámica de la rosca implica una muestra de confianza entre Javier Milei y los mandatarios provinciales. El problema, desde ya, es que nadie se fía de nadie.
El sistema político sabe que la eliminación completa y definitiva de las internas es, a esta altura del partido, virtualmente imposible. Por eso desde hace tiempo crece una salida que no está muerta ni mucho menos: la suspensión de esa herramienta, tal como sucedió en las últimas legislativas. Diego Santilli, “un optimista del gol” según su equipo, sigue convencido de que en los próximos dos meses puede conseguir los sufragios que lo vienen esquivando y evitar que la población tenga que ir al cuarto oscuro el 8 de agosto del año que viene. Sin embargo, hasta los más esperanzados admiten que el panorama ya no es el mismo que hace apenas unas semanas: sin ir más lejos, a finales de julio fuentes de la administración libertaria le habían dicho a Infobae que la cuenta estaba “70% cocinada”; hoy, la estimación baja a la mitad. “Estamos 50 y 50. Veníamos bien y nos trabamos”, reconocen ahora.
¿Qué sucedió en el medio? No cambiaron necesariamente “las ganas”. Cambiaron “los incentivos”. La reforma, presentada de manera formal en un ya lejano 22 de abril, se mezcló con la pelea por las alianzas a nivel nacional y terminó convertida en una moneda de cambio.
Pero atención: en ese juego de sospechas mutuas empezó a crecer con fuerza una tercera vía: que no haya PASO sino una PAS. O sea, “la posibilidad de mantener las primarias, abiertas y simultáneas, sólo que quitándoles la obligatoriedad”, admiten en el corazón del gabinete. “Si fuera así, no iría nadie a votar. No tendrían volumen. Las desinflás”, analizan. Y agregan un factor clave: la idea, que excede largamente la letra “O” que desaparecería de la sigla, podría traer “algo de calma” a una negociación cada vez más cargada de desconfianza; en las provincias no quedarían completamente sometidos a la lapicera del poder central y el Gobierno se quitaría de encima el peso de una contienda engorrosa y cara que además podría servir como una herramienta de cohesión para la oposición. No era la pretensión original. Tampoco es lo ideal. Es simplemente lo que hay. “La PAS permitiría que, al menos por un rato, reine la paz”, dice un ministro, coqueteando con las palabras.
Los sondeos de opinión pública que recibe la Casa Rosada entregan, curiosamente, argumentos para todos. Un estudio de Opinaia encontró que el 68% evalúa positivamente la muerte de las PASO, un número que a simple vista parece escrito para reforzar el discurso libertario sobre el costo de movilizar obligatoriamente a millones de personas para ordenar candidaturas partidarias. La Sastrería y TresPuntoZero, por su parte, formularon la pregunta de otra manera y obtuvieron una fotografía con matices: 36,3% quiere eliminarlas definitivamente; 33,6% conservarlas con voto obligatorio; 18,3% mantener el instrumento pero convertirlo en optativo; y apenas 3,6% suspender esa instancia sólo para la próxima elección. Ese mismo relevamiento ofrece un dato todavía más disonante para el relato oficial: cuando se consulta qué persigue realmente la Balcarce 50 con la reforma, apenas 38,6% responde que intenta reducir el gasto electoral contra un 48,2% que considera que busca mejorar su posición electoral y dividir a la oposición para la posible reelección de Milei.
Nadie en LLA niega que esa segunda consecuencia sería especialmente bienvenida y que, más allá de las justificaciones oficiales, es el gran objetivo de fondo de la reforma. “Si alguna de las tribus de Unión por la Patria gana una PASO con contundencia, al día siguiente esos resultados te pueden generar una convulsión política y económica: dólar, riesgo país, expectativas, todo. Si la borrás de las opciones, pateás el riesgo hasta octubre”, razona uno de los operadores que trabaja para sacar agosto de los almanaques. El antecedente de 2025 está demasiado fresco como para no aparecer en cada conversación: la derrota libertaria en las elecciones bonaerenses desdobladas generó varias semanas de incertidumbre antes de que lograra recomponer su desempeño en los comicios nacionales.
Con estas disquisiciones en mente, Javier y Karina Milei empezaron a bajar una recomendación poco habitual para un espacio que hizo de la pelea una forma de identidad: cuidar a los socios potenciales evitando enfrentamientos gratuitos con quienes, si todo sale bien, tendrán que levantar la mano en el palacio legislativo.
Eso sí: la tregua tiene condiciones. “Gobernador que no apoye, gobernador que no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos”, amenazan. Hasta ahora, las posibilidades más concretas de compartir listas aparecen en el AMBA, Mendoza, Entre Ríos y Chaco, aunque Santilli, a pedido de “El Jefe” multiplicó al infinito reuniones y contactos. Un ejemplo: en apenas 36 horas mantuvo encuentros con Rolando Figueroa, Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Carlos Sadir y Gustavo Melella. Cada provincia llega con una carpeta llena de “mangazos” y “El Colo” hace lo que puede con los pocos “caramelos” que tiene en el bolsillo, como cuentan a su lado: hay que inventar malabares para cumplir, en medio de la era del superávit fiscal, con los pedidos de obras, rutas, subsidios, autorizaciones para tomar deuda y Aportes del Tesoro Nacional.
Ahí aparece otra contradicción que complica la tarea de los negociadores. Mientras el ala política reparte gestos, Economía continúa mostrando la motosierra. Los guarismos permiten dimensionar la tensión: un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal calculó que entre enero y agosto las transferencias corrientes de Nación a provincias y municipios quedaron 86,6% abajo, en términos reales, respecto de 2023; si el ritmo de reducción del gasto se mantuviera durante el último cuatrimestre, el gasto primario de la Administración Pública Nacional terminaría 2026 en torno al 12,4% del PBI, 5,4 puntos menos que antes de la llegada de Milei.
El Presupuesto 2027, con sus planillas anexas llenas de centros a la cabeza de los mandatarios del interior, había sido imaginado como una herramienta para empezar a ordenar esa relación. Sorpresivamente, terminó abriendo un frente inesperado dentro del propio oficialismo. La controversia central giró, una vez más, en torno a la discapacidad: legisladores propios, aliados y opositores descubrieron que el texto introducía modificaciones sensibles y recortes de magnitud que no habían sido consensuados con nadie. La Rosada, que blanqueó una descoordinación total, fue un hervidero. Patricia Bullrich, que además de conducir el bloque libertario en el Senado integra la Mesa Política creada justamente para anticipar problemas parlamentarios, convirtió el fastidio en una declaración que sonó a hartazgo: “Si estamos el día anterior discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta”. Después, visiblemente ofuscada ante las cámaras de TV, pidió pensar las decisiones “tres veces” para no chocar contra la misma pared de siempre y calificó lo sucedido como un “error no forzado” capaz de hacer perder el partido. La ex ministra de Seguridad es la misma persona que hace horas abrió la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta sólo para comprobar que el poroteo para avanzar con los cambios electorales todavía da negativo. “Aceleró el debate sin tener todavía garantizada la mayoría y no está muy enamorada del proyecto”, la cuestionan los que no la quieren.
Un paréntesis obligado sobre uno de los artículos menos comentados de laReforma Electoralque esconde un cambio de enorme peso simbólico: la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales. El proyecto oficial propone borrar del Código Electoral el capítulo que desde 2016 obliga a los candidatos a ocupar el Sillón de Rivadavia a confrontar públicamente sus propuestas antes de la primera vuelta y, si hubiera balotaje, volver a hacerlo antes de la definición. Como pasó inadvertida y temen que nadie la defienda, esta semana nueve organizaciones de la sociedad civil reclamaron al Senado que preserve esa instancia y alertaron que su desaparición terminaría recortando uno de los pocos momentos de la campaña en los que todos los postulantes quedan expuestos, al mismo tiempo y bajo las mismas reglas, frente a los votantes.
La política tiene, en paralelo, un adversario que no atiende teléfonos ni acepta obras a cambio: el calendario. La Cámara Nacional Electoral acaba de recordar que modificar reglas demasiado cerca de los comicios puede generar “más daños que beneficios” y citó los estándares internacionales que recomiendan preservar las características fundamentales del sistema durante el año previo a una elección. Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas se cuidaron expresamente de no opinar sobre la conveniencia de la reforma y limitaron su advertencia a los tiempos de implementación, pero el mensaje fue suficientemente claro para quienes siguen haciendo cuentas: si el Congreso quiere alterar el esquema de 2027, la ventana se achica rápido y el oficialismo está contrarreloj.
La discusión proselitista toma forma, para completar el cuadro, en medio de una nueva oleada de encuestas que llega semana tras semana a los escritorios oficiales y que Milei suele leer con una mezcla de atención, fastidio y vocación por discutir las conclusiones que no coinciden con su diagnóstico. AtlasIntel ubicó la aprobación de Milei en 38,1% y la evaluación negativa en 58%, Zentrix destacó que el 53,2% dice que ya se le acabó la paciencia para ver resultados económicos, Analogías descubrió que el 65,5% prefiere que mejoren los sueldos y el trabajo por sobre la estabilidad de los precios y Opinaia encontró al desempleo, la pobreza y la corrupción entre las principales preocupaciones. Los mismos sondeos, de todas maneras, vuelven a mostrar una sociedad menos lineal de lo que sugieren algunos títulos: una parte relevante de quienes expresan desgaste no reclama necesariamente un cambio completo de signo político sino correcciones dentro del rumbo. Esa zona gris es la que el Gobierno pretende conquistar antes de que empiecen a imprimirse las boletas.
Proyección ofrece quizá la fotografía más interesante del momento: 63,3% de los consultados considera que la Argentina atraviesa una crisis económica y 51,4% responsabiliza principalmente al Gobierno actual; pese a eso, cuando se pregunta quién tiene mayor capacidad para mejorar la situación, el oficialismo aparece con 40,7%, frente a 29,2% de la oposición y un enorme 30,1% que no sabe a quién elegir. Hay descontento, pero todavía no está claro quién puede apropiárselo.
Los estudios de opinión pública conviven con indicadores de la economía real que también encendieron algunas luces amarillas. “Toto se hace el canchero pero está preocupado”, describe un dirigente violeta que frecuenta a Luis Caputo y que asegura haberlo visto golpeado por el impacto de los malos registros de la industria, la construcción y la reciente confirmación de la caída de 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI) en el segundo trimestre del año frente al primero en la medición desestacionalizada.
Javier Milei se enfrenta a los números sin matices: en la reunión de gabinete del lunes pidió “cuidar la reputación económica” reconstruida durante su gestión, destacó la importancia de sostener la baja del Índice de Precios al Consumidor y el crecimiento del salario real, rechazó de manera explícita que “no haya consumo” y volvió a defender el sostenimiento del rumbo general. “Hay que profundizar las políticas que adoptamos”, resumió ante los suyos, algunos de los cuales forzaron rostros serios para esconder sus sensaciones de incredulidad.
Mientras tanto, en Olivos ocurrió un movimiento llamativo que también dice algo sobre el clima que rodea al Presidente. El Gobierno desplazó a doce empleados de la residencia, entre ellos al hasta ahora intendente de la Quinta, y resolvió transferir a la Casa Militar el control integral de la seguridad y de la administración del predio. La explicación oficial en un comunicado público usó como argumento la necesidad de reforzar los estándares de protección ante la visita de León XIV y el trajín extraordinario de personal que va a implicar su peregrinaje por Argentina, pero Infobae pudo reconstruir a través de tres fuentes oficiales que la decisión se produjo porque Milei está convencido de que hubo “filtraciones” sobre su intimidad en el lugar. “No me sorprende cierta paranoia si en cualquier encuentro que tengas con él tenés que dejar tu celular en un locker, un sobre o una bolsita”, cuenta uno de sus alfiles.
Con la misma convicción con la que suele afirmar que la política tradicional lo quiere “voltear”, el liberal libertario cree que muchos argentinos que hoy expresan cansancio terminarán valorando la estabilidad conseguida cuando llegue el momento de elegir y uno de sus operadores lo explica con una comparación doméstica que empezó a repetirse en las conversaciones de los pasillos del poder: cambiar de Presidente se parece a una mudanza; alguien puede pasar meses diciendo que está harto de su casa, mirar departamentos y fantasear con irse, pero cuando empieza a calcular el costo y la incertidumbre que implica abandonar lo conocido muchas veces termina quedándose donde estaba. Es, desde ya, la teoría con la que trabaja el oficialismo y no una certeza que pueda darse por descontada. Antes de comprobarla en las urnas, la Rosada tiene que resolver algo mucho más urgente: con qué reglas van a encarar un 2027 lleno de desafíos, aliados con precio propio, lealtades frágiles y turbulencias inesperadas capaces de cambiar de un día para otro el tablero que hoy todos creen tener bajo control.
