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El Gobierno aceleró en las últimas horas una negociación con los diez gobernadores del norte del país para asegurar en el Senado la sanción del proyecto de Zonas Frías y abrir una discusión paralela sobre un régimen para las zonas cálidas. La estrategia oficial apunta a ordenar los dos debates por carriles distintos: conseguir primero el respaldo a la iniciativa que ya aprobó Diputados y habilitar después un canal legislativo específico para el reclamo de las provincias que enfrentan altos niveles de consumo eléctrico durante el verano.

El operativo político tuvo como principal articulador al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que según pudo confirmar Infobae mantuvo contactos permanentes durante el fin de semana con los gobernadores de la región para llegar con posiciones más alineadas a la reunión de este miércoles en Posadas. En la Casa Rosada consideran que el entendimiento puede cumplir una doble función: despejar un frente de conflicto con las provincias del norte y garantizar, al mismo tiempo, los votos que el oficialismo necesita en la Cámara alta para aprobar el proyecto de Zonas Frías sin introducir cambios que obliguen a devolverlo a Diputados.

La cumbre del Norte Grande tendrá un rasgo político singular. Está prevista la presencia de los diez gobernadores de la región, pese a las diferencias que mantienen entre sí y a sus distintos niveles de cercanía con el gobierno de Javier Milei. Participarán el anfitrión, el misionero Hugo Passalacqua; Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Ricardo Quintela, de La Rioja, y Gildo Insfrán, de Formosa.

En paralelo con esa negociación, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán este jueves 13 de agosto a Catamarca para reunirse con Raúl Jalil y con Elías Suárez, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. El proyecto, financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), demandará $99.769 millones, tendrá un plazo de ejecución de 36 meses y alcanzará a 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero a través de la construcción de dos plantas potabilizadoras y 50 kilómetros de acueducto.

La escala en Catamarca agrega un componente de gestión a la secuencia de conversaciones políticas que la Casa Rosada viene desarrollando con los gobernadores del Norte Grande. Mientras busca cerrar un acuerdo para encauzar el tratamiento legislativo de Zonas Frías, el Ejecutivo intenta exhibir al mismo tiempo avances en materia de infraestructura y financiamiento en provincias donde necesita construir interlocución estable. La presencia conjunta de Santilli y Caputo también muestra que la negociación con los mandatarios del norte dejó de ser un asunto limitado a la política parlamentaria y pasó a incorporar decisiones de gestión con impacto territorial.

La presencia de todos los gobernadores en Posadas le da al encuentro una fuerte densidad política. La convocatoria reúne desde mandatarios que construyeron canales de cooperación con la administración libertaria hasta dirigentes que sostienen una relación de abierta confrontación con la Casa Rosada. Entre estos últimos aparecen Ricardo Quintela, uno de los gobernadores que mantiene un enfrentamiento con Milei, y Elías Suárez, alineado con el liderazgo de Gerardo Zamora en Santiago del Estero. Esa heterogeneidad convierte al reclamo energético en uno de los pocos temas con capacidad para ordenar una posición regional común entre administraciones con estrategias nacionales muy distintas.

Para el oficialismo, la reunión de Posadas también tendrá el valor de una prueba. Será el primer encuentro de estas características con gobernadores después del traspié que sufrió el Gobierno durante el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa fue aprobada, pero el Ejecutivo debió resignar dos capítulos que consideraba prioritarios para reunir los votos necesarios y evitar que el proyecto completo quedara comprometido en el Congreso.

Uno de esos puntos proponía ampliar los límites vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de inversores extranjeros, una modificación que había generado resistencia en varias provincias. El otro planteaba eliminar las restricciones para la venta de terrenos afectados por incendios. Ambos artículos quedaron fuera del texto final, en una señal que dejó expuesta la capacidad de los gobernadores para condicionar tramos centrales de la agenda oficial cuando sus intereses territoriales entran en juego.

Ese antecedente explica una parte del movimiento que Santilli desplegó durante el fin de semana. La negociación por Zonas Frías aparece en la Casa Rosada como una oportunidad para anticipar objeciones provinciales y construir un entendimiento antes de que el conflicto llegue al recinto. La fórmula que se discute consiste en separar el tratamiento del proyecto que ya tiene media sanción de Diputados del reclamo del Norte Grande por una tarifa diferencial para las provincias alcanzadas por temperaturas extremas durante el verano.

La diferencia con el episodio anterior es central para el Gobierno. En la discusión por la ley de tierras, las concesiones aparecieron en el curso de la negociación parlamentaria y obligaron al oficialismo a desprenderse de partes relevantes de su propuesta original. Esta vez, la intención es llegar al Senado con un acuerdo político previo y evitar que el reclamo del norte termine incorporado al texto o se transforme en un factor de demora para la aprobación definitiva.

El entendimiento que comenzó a delinearse en las últimas horas supone, en los hechos, dividir la discusión en dos etapas. La primera tendrá carácter inmediato y parlamentario: facilitar la sanción en el Senado del proyecto de Zonas Frías que ya pasó por Diputados. La segunda requerirá una elaboración específica y derivará en una nueva iniciativa para establecer condiciones diferenciales en aquellas provincias donde las temperaturas extremas empujan durante varios meses niveles extraordinarios de consumo eléctrico.

El planteo de los gobernadores del norte parte de una asimetría que buscan instalar en la discusión pública y legislativa. Mientras los regímenes asociados al frío reconocen el mayor consumo energético necesario para calefaccionar los hogares, las provincias del Norte Grande sostienen que el calor extremo produce durante el verano una exigencia comparable. En amplias zonas del norte argentino, el uso de sistemas de refrigeración deja de tener carácter accesorio y pasa a integrar el núcleo del consumo residencial de electricidad.

La intención oficial es que ese debate no interfiera en el tratamiento inmediato de Zonas Frías. Ese punto forma parte del núcleo político del entendimiento que Santilli busca cerrar con los gobernadores. En lugar de condicionar una iniciativa a la otra o de forzar modificaciones que obliguen a reabrir la discusión en Diputados, la alternativa que se analiza consiste en completar primero el trámite pendiente en el Senado y abrir después un expediente propio para las llamadas zonas cálidas.

Ese diseño permite entender la lógica de la negociación. No existe, al menos de manera formal, un intercambio directo entre un proyecto y otro, pero ambas discusiones empezaron a avanzar en paralelo. Los gobernadores tendrían así una vía para canalizar un reclamo que consideran estratégico para sus provincias, mientras el Gobierno podría despejar uno de los obstáculos políticos que enfrenta para completar la aprobación de Zonas Frías.

La jugada también le ofrece a la Casa Rosada un modo de evitar que la discusión por los subsidios derive en una confrontación entre regiones. El planteo apunta a instalar un criterio según el cual las necesidades derivadas del clima no son homogéneas en un país con diferencias térmicas tan marcadas. El problema que vendrá después será traducir ese principio en un esquema tarifario concreto y, sobre todo, determinar cuál será su costo fiscal y de qué manera se financiará.

Ese capítulo todavía forma parte de una etapa técnica. La reunión de Posadas tendrá, por eso, un contenido esencialmente político. Los gobernadores intentarán definir una posición regional antes de avanzar en una discusión más precisa sobre beneficiarios, períodos alcanzados, niveles de consumo y mecanismos de instrumentación de una eventual tarifa diferencial.

La participación directa de Santilli se inscribe además en una estrategia más amplia del oficialismo para ordenar su relación con los gobernadores en un momento en que buena parte de la agenda legislativa de Milei depende de bloques provinciales y aliados. Sin mayoría propia en el Congreso, la Casa Rosada necesita construir acuerdos proyecto por proyecto y, en especial en el Senado, la posición de los mandatarios conserva una influencia decisiva sobre una porción importante de los legisladores.

Desde la Jefatura de Gabinete, Santilli quedó en el centro de ese dispositivo. Su intervención durante el fin de semana tuvo como objetivo reducir diferencias antes del encuentro de Posadas y evitar que la cumbre se abra sin un entendimiento previo con la Nación. La apuesta del Ejecutivo es que la reunión sirva para ordenar la propuesta del Norte Grande y no para habilitar un nuevo frente de confrontación con las provincias.

La presencia de gobernadores opositores le agrega valor a ese movimiento. Si la posición común termina por incluir a los diez mandatarios, el Gobierno podría conseguir para Zonas Frías un respaldo que exceda con amplitud su círculo habitual de aliados. A la vez, los gobernadores tendrían margen para presentar el futuro régimen para las zonas de calor extremo como una construcción regional y no como el resultado de negociaciones individuales con la Casa Rosada.

En ese marco, el entendimiento alrededor de Zonas Frías le ofrece al oficialismo la posibilidad de resolver dos problemas al mismo tiempo. Por un lado, reunir los apoyos necesarios para completar el recorrido legislativo de una iniciativa que considera prioritaria. Por otro, encauzar institucionalmente una demanda del Norte Grande que podría transformarse en un nuevo foco de tensión si no encuentra una respuesta política.

La conversación abierta con los gobernadores también deja ver un mecanismo de negociación que la administración de Milei necesita consolidar para atravesar la próxima etapa parlamentaria. En lugar de limitar el vínculo con las provincias a la discusión por transferencias de recursos o reclamos fiscales, el Ejecutivo trasladó la negociación a una política sectorial con capacidad para atender intereses regionales concretos. Para los mandatarios, esa vía permite llevar a la mesa de diálogo demandas específicas de sus territorios. Para la Casa Rosada, abre la posibilidad de construir respaldo legislativo sin alterar necesariamente el núcleo de los proyectos que ya iniciaron su trámite en el Congreso.

La discusión sobre las zonas cálidas recién empieza. Una vez alcanzado un acuerdo político entre los gobernadores, será necesario definir hasta dónde llegará el beneficio, cuáles serán las provincias o localidades alcanzadas y de qué manera se fijarán los parámetros climáticos y de consumo que determinarán el acceso al régimen.

También deberá resolverse uno de los aspectos más sensibles para el Gobierno: cómo compatibilizar una tarifa diferencial con la política oficial de reducción y focalización de subsidios energéticos. La respuesta a esa cuestión será determinante para establecer el alcance final de la futura iniciativa y para evitar que el nuevo esquema entre en contradicción con los objetivos fiscales y energéticos del Ejecutivo.

Por esa razón, en la Casa Rosada consideran importante que el eventual proyecto surja de un trabajo conjunto con las provincias y no de una decisión unilateral de la Nación. La intención oficial es que los gobernadores participen en la definición del régimen y que la propuesta llegue luego al Congreso con un respaldo regional lo suficientemente amplio como para facilitar su tratamiento.

El primer test será este miércoles en Posadas. Los diez gobernadores buscarán cerrar una posición común y fijar las bases del proyecto que comenzarán a trabajar con el Ejecutivo. Si ese entendimiento se consolida, el efecto inmediato en Buenos Aires será despejar el camino para que Zonas Frías alcance la sanción definitiva en el Senado.

Para Santilli, el acuerdo también tendría un valor que excede la cuestión energética. Como jefe de Gabinete, quedó involucrado de manera directa en la construcción de los respaldos provinciales que necesita la agenda parlamentaria de la Casa Rosada. Alcanzar una posición común en una región integrada por administraciones de signos políticos distintos, incluidas algunas abiertamente críticas del Gobierno, le permitiría exhibir una negociación transversal en uno de los territorios más heterogéneos del país.

La negociación todavía debe atravesar, de todos modos, la instancia decisiva de esta semana. Hasta entonces seguirán los contactos para llegar a Posadas con la mayor parte de las diferencias resueltas. En el oficialismo hay confianza en que el entendimiento pueda cerrarse y en que los gobernadores acompañen el proyecto de Zonas Frías cuando llegue al recinto del Senado.

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 10 de agostoEl billete al público sigue ofrecido a $1.520 en el Banco Nación. El dólar blue es ofrecido a $1.525 después de siete ruedas seguidas en baja

El ex diputado tailandés que este lunes mató a un funcionario en la sede de un organismo gubernamental de la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, llamó por teléfono a una periodista de televisión apenas minutos después de disparar y confesó el crimen en vivo, al aire, mientras todavía estaba prófugo: relató paso a paso cómo había matado al funcionario por una deuda impaga y hasta describió el arma que había usado, antes de entregarse a la policía.

En un video difundido por el canal Naewna Online, se escucha a la periodista Anchalee Paireerak recibir la llamada del ex político, Chalong Riewrang, mientras conducía un programa junto a su co-conductor. “Espera un momento, me está llamando el hermano Chalong Riewrang… ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste?… ¿Por qué le disparaste?… ¿Dónde estás ahora?… ¿Le disparaste recién?… ¿Está muerto? ¿Murió?… ¿Le disparaste en la cabeza? ¿Murió?… ¿Adónde vas? No te muevas de ahí, tenés que esperar a la policía”, se la escucha decir, visiblemente sorprendida, al aire.

En la misma llamada, Chalong detalló el arma utilizada —una pistola calibre 9 milímetros— y confirmó que actuó solo. También explicó el origen de la disputa: una elección local anterior en la que, según su relato, había cedido su candidatura al funcionario baleado a cambio de una compensación económica que nunca recibió. “Le pagué todo, anoté cada centavo”, se lo escucha decir. Más adelante, con voz agitada, resumió el ataque: “Le disparé y está muerto. Hice todo por él, lo apoyé en todo. Pero a cambio necesitaba su ayuda, fui a pedirle mis 11 millones de baht y me dijo que no tenía nada. Fue malo conmigo. Así que tomé una decisión, le disparé en su oficina y me fui”.

La confesión ante la policía y la reconstrucción del hecho

Horas después, ya detenido y sin esposas, fumando un cigarrillo frente a los periodistas, Chalong repitió una versión similar ante la prensa en una comisaría: “Lo seguí hasta su auto y golpeé la ventanilla, diciendo que quería hablar. Dijo que no hablaría, así que saqué mi arma. No apunté para disparar, pero su conductor sacó un arma y me apuntó, así que disparé”.

La víctima, Thongchai Yenprasert, presidente de la Organización Administrativa Provincial de Nonthaburi, murió luego de perder mucha sangre por una herida en el cuello, según el director del hospital, Sakon Sukprom. El conductor de Thongchai también fue baleado, con una herida en el brazo derecho, pero fue operado con éxito.

El comandante policial regional, Wattana Yeechin, señaló que “ambas partes tenían armas”, aunque un arma hallada en el vehículo de Thongchai no había sido utilizada, mientras que las cámaras de seguridad mostraron que solo Chalong disparó, desde corta distancia. El gobernador de Nonthaburi, Chestha Mosikarat, dijo que ambos eran “amigos desde hacía mucho tiempo” y que el hecho probablemente derivó de un malentendido.

El primer ministro promete “acción legal plena”

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo a la prensa que en Tailandia nadie, salvo funcionarios en servicio, está legalmente autorizado a portar armas en público, y recordó que las últimas licencias de portación se emitieron hace tres años y solo eran válidas por uno. Anutin —cuyo partido integró Chalong como ex legislador— prometió que las autoridades ejercerán “acción legal plena” contra él. “No importa quién sea, ahora es un asesino”, afirmó.

El episodio se suma a la conmoción que atraviesa Tailandia desde el viernes, cuando un adolescente de 14 años mató a sus abuelos y a otras seis personas en un tiroteo en su casa y su escuela, también en Nonthaburi, antes de quitarse la vida.

El economista y exministro peronista Matías Kulfas aseguró que la Argentina no está en condiciones de atravesar otra reestructuración de deuda.

“Ya me parece que hemos tenido demasiadas en lo que va del siglo 21”, afirmó el exministro de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández en el podcast “La Argentina en el Fondo”, conducido por Alejandro Werner, exdirector de Hemisferio del FMI, y el periodista Martín Kanenguiser.

La advertencia llegó acompañada de un llamado directo al espacio peronista: el próximo gobierno que surja de ese sector deberá construir confianza —con la sociedad y con los actores del sistema económico— antes que asumir cualquier postura de confrontación con los mercados.

La declaración adquiere peso propio por el momento en que se produce. El peronismo llega al tramo final del mandato de Javier Milei sin candidato definido y con una fractura interna que sus propios dirigentes no logran disimular. La disputa entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner tensiona al espacio en un momento en que la oposición necesita proyectar unidad.

En ese contexto, la voz de Kulfas apunta a trazar un programa económico alternativo alejado de los extremos y que, según él, es lo que la sociedad demandará en 2027.

El exfuncionario diferenció entre una reestructuración de deuda y las operaciones que considera válidas: refinanciación de vencimientos, mejora de perfiles de pasivos y reducción del riesgo país. Esas herramientas, dijo, son parte del funcionamiento normal de cualquier país en su vínculo con el mercado de capitales. Lo que descartó es cualquier movimiento que implique una ruptura formal con los acreedores. “Lo que la Argentina necesita hoy es fortalecer la confianza”, sostuvo y aclaró que esa confianza debe alcanzar tanto a los actores financieros y productivos, como al mundo del trabajo.

La posición de Kulfas choca con la línea que sostienen otros referentes del mismo espacio. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, había advertido en una entrevista anterior que un eventual gobierno peronista revisará todas las medidas del actual presidente. “Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado”, afirmó el mandatario riojano. Quintela busca posicionarse como articulador de la unidad del espacio de cara a las elecciones de 2027, aunque ese proyecto choca con las mismas divisiones internas que pretende resolver.

A contramano

Sobre la economía del gobierno libertario, Kulfas trazó una lectura que va a contramano del relato oficial. Describió una Argentina con dos economías que se mueven en sentidos opuestos: el sector de los recursos naturales —energía, minería, campo y finanzas— creció 30% desde que Milei asumió, mientras que el resto de la actividad cayó 2,5%. El dato más relevante de esa brecha es el empleo: el sector que avanza genera menos del 8% de los puestos de trabajo del país, en tanto el que retrocede explica más del 90% del empleo urbano. “Son dos economías completamente distintas”, afirmó el economista autor de “Los tres kirchnerismos: Una historia de la economía argentina”.

En materia cambiaria, Kulfas rechazó tanto la posición del gobierno —un tipo de cambio que, dijo, “no refleja en absoluto la productividad de la Argentina”— como las propuestas de devaluación abrupta que circulan en algunos sectores. Su propuesta apunta a un tipo de cambio real entre 25% y 30% más alto que el vigente, con estabilidad en ese nivel como condición de sostenibilidad.

Sobre los controles de capital, trazó una distinción entre los cepos cambiarios —que calificó como herramientas “solo aceptables en crisis muy profundas”— y la regulación financiera que aplican la mayoría de los países. “Entrar es fácil y después tomar la decisión de salir cuesta muchísimo”, advirtió a partir de su experiencia como ministro durante el cepo del gobierno de Fernández.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), impulsada por Milei, también fue objeto de análisis. Kulfas dijo estar a favor de limitar las facultades del BCRA para financiar al Tesoro, pero reclamó que esa restricción vaya acompañada de límites al endeudamiento externo excesivo, práctica que atribuyó tanto a administraciones peronistas como a las de Mauricio Macri y el propio Milei. “Las leyes no blindan nada en Argentina”, sentenció, y apuntó que legisladores del país han votado en sentidos opuestos sobre las mismas cuestiones en distintos momentos históricos.

Mientras el peronismo comienza a discutir su estrategia para volver al poder en 2027, Jorge Capitanich planteó una fuerte autocrítica sobre el presente del espacio y cuestionó la dinámica interna que, a su entender, dificulta la construcción de una alternativa competitiva frente a Javier Milei.

“Creo que a veces en el peronismo tenemos una estrategia equivocada. Ponemos el carro delante del caballo”, afirmó el exgobernador chaqueño en Infobae en Vivo, al analizar el proceso de reorganización partidaria.

Para Capitanich, “el error recurrente del PJ es intentar resolver primero la discusión sobre liderazgos antes de acordar una representación política común y un programa de gobierno”. Según explicó, el camino debería ser exactamente el inverso: consolidar una propuesta, definir objetivos y luego elegir a los dirigentes que la encarnen.

“Primero tenemos que unir la representación. Segundo, tenemos que tener un programa”, sostuvo. Entre los ejes que considera indispensables mencionó una política industrial, generación de empleo, fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, desarrollo de economías regionales y reglas macroeconómicas estables.

Capitanich también cuestionó el nivel de confrontación interna y externa que atraviesa la política argentina. “Profundizamos ciertas diferencias que verdaderamente podríamos matizarlas y ordenar perfectamente un crecimiento sostenible”, señaló al advertir que la polarización permanente termina debilitando la posibilidad de construir acuerdos duraderos.

El senador consideró que la sociedad demanda previsibilidad y consensos básicos sobre cuestiones centrales como la estabilidad económica, la inversión, la infraestructura y el empleo.

En esa línea, rechazó tanto las posiciones extremas dentro del peronismo como la idea de construir una oposición basada únicamente en el enfrentamiento con el oficialismo. “Ni el Gobierno con su prédica va a poder hacer algo, ni nosotros pretendiendo ser opositores acérrimos vamos a construir la cohesión en el voto que se necesita como forma imprescindible para validar en democracia políticas públicas de consenso”, expresó.

La definición deja entrever una estrategia orientada a ampliar la base electoral del peronismo y captar sectores moderados que hoy no se identifican plenamente con ninguna de las principales fuerzas políticas.

El debate sobre las PASO y la organización opositora

Respecto de la discusión electoral que se avecina, Capitanich consideró que el Gobierno hará un fuerte esfuerzo para avanzar con la suspensión de las PASO antes de las elecciones de 2027.

Aunque se manifestó a favor de mantener las primarias como herramienta de selección de candidatos, abrió la puerta a discutir modificaciones que permitan reducir costos sin afectar la participación democrática. Entre las alternativas mencionó “la posibilidad de convertirlas en optativas o fortalecer las internas partidarias bajo supervisión de la Justicia Electoral”.

La derrota del Gobierno por la ley de tierras

Más allá de la discusión electoral, Capitanich analizó uno de los reveses legislativos más importantes que sufrió el oficialismo en las últimas semanas: la eliminación de capítulos clave vinculados a la flexibilización de la ley de tierras, el manejo del fuego y aspectos sociourbanos.

Según explicó, el Gobierno no logró sostener la mayoría que había alcanzado en otros proyectos debido a la diversidad de intereses provinciales presentes en el Congreso.

“Fue una derrota estrepitosa del proyecto político”, aseguró el senador. A su juicio, el resultado fue consecuencia de una combinación de errores estratégicos del Ejecutivo y de sus propios legisladores.

Capitanich sostuvo que la iniciativa tocó cuestiones sensibles para muchas provincias y terminó generando resistencias incluso entre sectores que habitualmente acompañan al oficialismo.

El dirigente chaqueño afirmó que el debate excede la discusión sobre la propiedad de la tierra y se vincula con una agenda global cada vez más relevante.

En ese marco, mencionó temas como el acceso a recursos naturales, el agua dulce, los minerales estratégicos, la energía y las cadenas de suministro internacionales. Según planteó, “la defensa del territorio forma parte de una discusión más amplia sobre soberanía política y autonomía nacional”.

Para Capitanich, la reacción de varios gobernadores y legisladores frente a la iniciativa oficialista mostró que existe un límite político cuando las provincias perciben que están en juego intereses estratégicos vinculados a sus recursos y a su identidad territorial.

Con la mirada puesta en 2027, el senador considera que el desafío del peronismo será construir una propuesta que combine desarrollo productivo, estabilidad económica y consensos amplios. Una tarea que, según su diagnóstico, requerirá “menos disputas internas y más capacidad de representación”.