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Los dirigentes sindicales acumulan dudas cruciales para lo que viene. Por ejemplo: ¿la primavera europea es más fría de lo esperado? ¿Hace falta poner más o menos abrigo en la valija? La humorada responde a una realidad: un pelotón de gremialistas de primera línea se apresta a viajar al Viejo Continente en junio para presentar distintas denuncias contra la reforma laboral y otras medidas del Gobierno, en una actitud que tiene una enorme carga de escenificación política y una limitada expectativa de resultados concretos.

La conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -que deliberará entre el 1° y el 12 de junio en Ginebra, Suiza- es siempre la gran atracción de los dirigentes sindicales, aunque este año parece haber un mayor interés en viajar: la CGT está concentrada en la pelea judicial contra la Ley 27.802 de Modernización Laboral y por ahora resiste las presiones internas de los sectores más combativos para avanzar hacia el cuarto paro general contra Javier Milei, por lo que el escenario internacional parece ideal para visualizar reclamos que en la Argentina siguen atrapados en un laberinto.

Fuentes sindicales estimaron que hay una veintena de dirigentes de la CGT, más una decena de las dos CTA, que se registraron para viajar a la OIT, donde la gran expectativa pasará por un acto organizado por el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), para protestar contra la reforma laboral argentina en un salón del organismo internacional, en el que hablarán dos cotitulares cegetistas (Jorge Sola y Cristian Jerónimo) y estarán invitadas las CTA que lideran Hugo Yasky y Hugo Godoy.

Se tratará de un encuentro informal, fuera de las deliberaciones oficiales del organismo, como se efectúa desde hace dos años para darle visibilidad en el exterior al rechazo del gremialismo a las medidas de Milei.

Es que los sindicalistas no podrá concretar una denuncia formal contra la reforma laboral porque los mecanismos internos de la OIT impiden llevar reclamos recientes al debate inmediato en la conferencia que se hará en junio, postergando cualquier abordaje sobre las cuestiones más controvertidas en materia laboral hasta, como mínimo, el próximo año.

Aun así, habrá una nutrida delegación sindical para acompañar las denuncias contra el Gobierno, no sólo relacionadas con la Ley 27.802: uno de los que viajará será Sebastián Maturano (La Fraternidad), secretario de la Juventud de la CGT, que presentará ante los canales formales de la OIT una queja por la multa de más de 21 mil millones que le aplicó el Ministerio de Capital Humano a ese sindicato por haber adherido al último paro general pese a que estaba en conciliación obligatoria.

Los sindicalistas quieren aprovechar para denunciar al gobierno argentino por la reglamentación de las medidas de fuerza en un amplio listado de actividades previstas en la reforma laboral, sobre todo tras el espaldarazo de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que consideró que el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones está protegido por la libertad sindical y el derecho de sindicación previstos en el Convenio 87 de la OIT.

Esa decisión del tribunal de las Naciones Unidas despertó la euforia de los dirigentes gremiales en todo el mundo (el derecho de huelga se debatía desde hace décadas con el sector empleador a nivel internacional). Gerardo Martínez fue uno de los más entusiasmados en el plano local porque piloteó esa discusión en anteriores encuentros del organismo y una abogada de la UOCRA, Mónica Tepfer, integró la delegación de la Confederación Sindical Internacional (CSI) que fue a La Haya a recibir la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.

Incluso, en plena batalla de la CGT contra la reforma laboral, la voz de Martínez tendrá más relevancia este año porque fue elegido por el sector de los trabajadores como vicepresidente de la conferencia de la OIT.

En una antesala de lo que sucederá en junio, los sindicalistas aeronáuticos fueron a la OIT hace dos semanas para ratificar y ampliar las denuncias contra el gobierno de Milei por “las violaciones al derecho de huelga, el deterioro de las condiciones laborales y la persecución de los líderes sindicales”. Uno de ellos, el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, advirtió en Ginebra que “sin derecho de huelga no hay libertad sindical plena” y remarcó que sin esa garantía “no es posible asegurar un trabajo digno”.

Aunque se espera una mayor virulencia sindical contra el gobierno argentino en la OIT, este año tampoco irá a la OIT el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y la postura argentina será defendida por Carlos Foradori, embajador y representante permanente de la Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra.

La nómina completa de sindicalistas que volará a Ginebra por ahora es un misterio. Nadie en la CGT quiere que los medios amplifiquen la presencia en Europa de dirigentes que no tendrán un papel destacado en la OIT mientras sus afiliados atraviesan una compleja realidad socioeconómica. Pero sí trascendió, por ejemplo, que la UOM propuso que viaje María Soledad Calle.

Es toda una curiosidad: es la joven de La Cámpora que en la UOM desempeña funciones propias de un dirigente sin serlo y que, junto con Furlán, es investigada por la Justicia por la irregular administración de fondos sindicales provenientes de los aportes de afiliados, a partir de un convenio entre el sindicato metalúrgico y la empresa USEM, de la que es una de las dueñas, y que recauda más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200 mil metalúrgicos.

El dato nuevo es que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo acaba de anular los comicios de la UOM Zárate-Campana, donde el titular de la UOM ganó en medio de la falta de garantías de ser “elección confiable, segura y transparente”, como dijeron los jueces laborales en su fallo, por lo que se desplazó al secretario general y su secretariado y se designó a un interventor, que deberá convocar a una nueva votación en la seccional y a nivel nacional. Por eso, si la delegada de Furlán llega a Ginebra, tendrá otra denuncia para efectuar ante la OIT y no sólo será contra el Gobierno, al que acusa de haber promovido esta dura sentencia.

Además de elogiar las reformas de política económica y el rumbo general del Gobierno. e insistir en la importancia de una reforma fiscal que elimine impuestos “distorsivos”, entre los que destaca explícitamente el de Ingresos Brutos que cobran las provincias, el FMI advirtió en el Staff Report de la segunda revisión del programa acordado con el gobierno de Javier Milei que el frente externo de la economía argentina sigue siendo “vulnerable” y que en el actual contexto geopolítico internacional los riesgos para la economía local siguen siendo “elevados”.

Pese a las señales incipientes de mejora, dice el documento, la economía argentina enfrenta desafíos estructurales en materia de reservas internacionales, acceso a los mercados globales y exposición a shocks externos, cuestiones que se acentúan en un escenario de tensiones globales.

Según el Fondo, la cobertura de reservas sigue siendo “débil” y el país carece de acceso sostenido a los mercados internacionales de capital, en un contexto donde las obligaciones de deuda en moneda extranjera son significativas.

“La posición externa de Argentina es más débil que el nivel que sugieren los fundamentos de mediano plazo y las políticas consideradas deseables”, dice un pasaje. A juicio del staff, la economía argentina sigue sujeta a incertidumbres excepcionales, apoyada en una limitada cobertura de reservas y carente de financiamiento estable.

Esas vulnerabilidades externas, prosigue, están siendo atendidas por reformas orientadas a potenciar la capacidad exportadora en los sectores de energía y minería. Al respecto, el FMI subraya que a la par de las reformas cambiaria y monetaria, el Gobierno está implementando medidas para ampliar la infraestructura y el marco regulatorio que faciliten la expansión de proyectos energéticos y mineros, considerados clave para fortalecer el balance de pagos.

Estancamiento del crédito

En el frente financiero, el FMI afirmó que el crédito al sector privado se expandió a un ritmo real promedio del 32% en 2025, impulsado por la reducción de liquidez excedente y una menor exposición de los bancos al sector público. Pero advierte que la dinámica cambió a partir del tercer trimestre, cuando el crecimiento del crédito se estancó y los préstamos en situación irregular aumentaron, en especial en el segmento de consumo, ante condiciones monetarias restrictivas y un débil crecimiento del ingreso de los hogares. A su vez, remarca que si bien la rentabilidad de los bancos descendió desde niveles elevados, el sistema bancario mantiene niveles de liquidez y capitalización adecuadas, con provisiones suficientes.

Otro fenómeno que destaca es el aumento acelerado de los depósitos en dólares, hasta cifras récord. A diferencia de episodios previos de dolarización, dice el Staff Report, la demanda de divisas de los hogares se canalizó “dentro del sistema bancario”, permitiendo una expansión gradual del crédito en dólares hacia empresas con cobertura natural (naturally hedged borrowers), como las empresas exportadoras.

En ese contexto, agregó, los riesgos del sector financiero se mitigaron con mejor regulación y supervisión, incluyendo la eliminación de programas de crédito subsidiado, la supresión de topes a las tasas de interés y la reducción del vínculo entre el Estado y los bancos.

Reformas estructurales

Según el documento, las reformas estructurales incluyeron la simplificación administrativa y la modernización de los marcos regulatorios en Aduanas, Salud, Transporte, Comunicaciones y Tarifas eléctricas, a la vez que el gobierno impulsan privatizaciones y licitaciones para obras de infraestructura crítica. A esto, dijo, se sumó el impulso a las inversiones extranjeras, con proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes y Medianas Empresas (RIGI y RMI), con proyectos aprobados por unos USD 28.000 millones y apoyados por los recientes cambios a la Ley de Glaciares y la Ley de Tierras Rurales, que liberan restricciones a la propiedad extranjera.

El informe también destacó la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, para fomentar la creación de empleo formal mediante la agilización de los procesos de contratación, la reducción de costos de despido, la menor litigiosidad y la descentralización de la negociación colectiva.

Pese a todo eso, el Fondo insiste que el actual contexto internacional presenta riesgos elevados. Según el organismo, “las tensiones geopolíticas elevadas podrían endurecer las condiciones financieras globales y revertir los todavía favorables accesos a financiamiento, complicando la acumulación de reservas y el acceso oportuno a los mercados”. Eventuales aumentos adicionales en el precio del petróleo, agrega, podrían trasladarse a la inflación local y dificultar el proceso de reducción de subsidios energéticos.

Incertidumbre política

El Fondo también menciona que las incertidumbres políticas por las elecciones presidenciales de 2027 pueden provocar salidas de capital y frenar el impulso reformista si no se logra avanzar en la generación de empleo y en la recuperación del ingreso real (esto es, del poder adquisitivo.

Pero también hay “riesgos positivos”, debido a que fundamentos macroeconómicos más sólidos, debido a que los superávits fiscales primarios y la riqueza en recursos naturales podría mejorar aún más la balanza comercial y alentar nuevas inversiones extranjeras directas. Por otra parte, menciona, la diversificación exportadora y los acuerdos comerciales externos también ayudarán a mitigar los riesgos externos.

Colchones de liquidez

Igualmente, el Fondo insiste en la importancia de reconstruir los “colchones de liquidez” para enfrentar un entorno internacional propenso a shocks. Si estos llegaran a materializarse, las recomendaciones son hacer ajustes inmediatos para proteger los avances en estabilización y, llamativamente, usar el tipo de cambio como “amortiguador” ante shocks, endurecimiento de las condiciones monetarias y de liquidez para sostener la demanda de pesos y defender el régimen cambiario de flotación, hoy en una banda en la que el tipo de cambio actual tiene más de 20% de recorrido hasta el techo.

Fiel a su libreto, el Fondo concluyó que en caso de un nuevo repunte del riesgo país u ocurrencia de episodios de volatilidad, el Gobierno haga un mayor ajuste fiscal, acelerando el recorte de subsidios y de transferencias a provincias y empresas estatales.

El documento concluyó que si bien Argentina cuenta con fundamentos para amortiguar parte de los riesgos, la agenda de reformas y la capacidad de respuesta ágil serán determinantes para reducir la vulnerabilidad externa y sostener la estabilidad en un contexto internacional desafiante.

Tras anunciar la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el informe técnico sobre la economía argentina destaca el programa económico del gobierno de Javier Milei, pero advierte sobre la necesidad de avanzar con las reformas tributaria y previsional, de actualizar la forma de medir la inflación y de sostener la acumulación de reservas y el proceso de desinflación.

Para 2026, el organismo estima que la economía mostrará una expansión del 3,5% en el Producto Interno Bruto (PIB), acompañada por una tasa de desempleo de 7,2%, una inflación anual del 25% y un saldo fiscal primario positivo equivalente al 1,4% del producto.

Más allá de ponderar el rumbo económico de La Libertad Avanza, el reporte advierte que a pesar de los avances y del “amplio potencial” de Argentina, las vulnerabilidades “siguen siendo elevadas”: “La inflación continúa alta, las reservas son limitadas y aún se trabaja para lograr un acceso sostenido a los mercados, lo que deja al país especialmente expuesto a shocks externos e internos, estos últimos vinculados a la persistente incertidumbre sobre la continuidad de las políticas”.

Además, los técnicos de la entidad internacional apuntan que el sistema tributario sigue siendo “complejo e ineficiente, los mercados de capital permanecen poco desarrollados (con un volumen importante de activos de residentes fuera del sistema financiero), el país mantiene una relativa cerradura comercial y las instituciones requieren mayor fortalecimiento”.

“De todas formas, la administración Milei está logrando avances notables en la creación de una economía más abierta y orientada al mercado, con un flujo significativo de inversiones en marcha en sectores clave como la agricultura, la energía, la minería y la economía del conocimiento. Consolidar la estabilidad, romper de manera duradera con décadas de desmanejo y aprovechar plenamente este potencial siguen siendo los principales desafíos de fondo para Argentina”, aclaran.

Al mismo tiempo, el Fondo insta al Gobierno a actualizar las canastas que se utilizan para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Considerando el difícil historial de estadísticas poco confiables en Argentina durante 2007-2015, contemplar también la publicación anticipada de datos de inflación basados en canastas de consumo actualizadas, así como fortalecer la independencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)”, remarca el texto.

La declaración se da luego de la controversia generada por la decisión del equipo económico de reemplazar la canasta de bienes y servicios 2017/2018 por la actual, que data de 2004, para medir el IPC, lo que desembocó en la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Indec a principios de 2026.

“La demora prolongada en la actualización del IPC ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la canasta de consumo actual. Las cuentas nacionales también presentan limitaciones en cuanto a su nivel de detalle y precisión, en parte debido a un año base obsoleto”, acotan.

Reforma tributaria

En otro tramo, el análisis señala que el sistema tributario argentino “sigue siendo complejo, altamente distorsivo e inestable, lo que repercute negativamente sobre el crecimiento y la competitividad”. El informe subraya que la fragmentación entre Nación y provincias genera superposiciones, baja recaudación y dificultades para controlar el cumplimiento fiscal, mientras la proliferación de regímenes especiales alimenta la inequidad.

Otro problema destacado es la dispersión de competencias entre niveles de gobierno y la fuerte dependencia provincial de Ingresos Brutos, un impuesto considerado especialmente distorsivo en la región. El Staff del organismo sostiene: “Una reforma tributaria integral debe equilibrar consideraciones de equidad y eficiencia, al tiempo que fortalezca la ancla fiscal”.

A pesar de que desde 2024 se implementaron modificaciones para reducir cargas sobre el patrimonio y ampliar el impuesto a las ganancias, el reporte del FMI remarca: “Es necesaria una reforma más profunda” para resolver problemas estructurales y hacer frente a la alta informalidad.

Recomendaciones y prioridades

A la vez, el organismo multilateral hizo hincapié en la necesidad de una reforma integral del sistema tributario. A su juicio, la Argentina enfrenta la necesidad de revisar un entramado de más de 155 impuestos, dominado por tributos indirectos y distorsivos que dificultan el desarrollo y afectan la competitividad.

En ese sentido, propone una hoja de ruta apoyada en cinco ejes prioritarios: ampliar la base del impuesto a las ganancias personales, simplificar el tributo de sociedades, racionalizar el IVA, eliminar exenciones y fortalecer los impuestos especiales. “La eliminación de exenciones en el IVA, acompañada de compensaciones focalizadas, podría aportar beneficios fiscales de 0,4 puntos del PIB”, estima el Staff Report.

El reporte suma que al expandir la base del impuesto a las ganancias y armonizar las deducciones, por lo menos el 20% de los trabajadores debería abonar este tributo, acercando la presión fiscal al promedio regional. Sobre las sociedades, se recomienda una tasa plana del 30%, combinada con un mínimo de recaudación sobre ventas, con el objetivo de reducir la evasión y los incentivos a la informalidad.

Respecto al monotributo, se advierte que la baja carga actual fragmenta el universo empresarial y limita el crecimiento de las firmas. El Fondo sostiene: “Cualquier reforma debe reducir los saltos bruscos entre categorías y alinear las tasas efectivas con el régimen general”. En el caso de los impuestos especiales, la actualización de los gravámenes sobre combustibles y tabaco, considerando la inflación, permitiría incrementar la recaudación en 0,5 puntos del PIB.

De aplicarse estos cambios, el FMI señala que sería posible “una eliminación gradual de los impuestos distorsivos sobre las exportaciones y transacciones financieras”, que representan cerca del 7% de la recaudación y tienen un impacto negativo en la productividad y la inversión.

Su análisis empírico indica que “la eliminación de los impuestos a la exportación podría aumentar las exportaciones de cereales y oleaginosas en torno al 10%”, lo que se traduciría en ingresos anuales adicionales de USD 5.000 millones y un aporte al Producto Interno Bruto de aproximadamente 0,4 puntos porcentuales. Reducir el impuesto a las transacciones financieras, por su parte, favorecería la intermediación bancaria y limitaría el peso de la informalidad, desde su óptica.

Reforma previsional

En tanto, la entidad liderada por Kristalina Georgieva solicitó que el Gobierno aplique una reforma previsional integral para “fortalecer los incentivos para aportar, mejorar la equidad entre los trabajadores y reforzar la sostenibilidad de largo plazo del sistema, incluso alineando mejor la tasa interna de retorno del sistema con su tasa natural de retorno”. Según reza en el texto, el Gobierno se comprometió a lanzarla para finales de diciembre de 2027.

A propósito de las modificaciones, el FMI propuso cinco puntos para cambiar el sistema previsional:

• Separar las pensiones contributivas y no contributivas. Integrar la PUAM y la pensión básica en un pilar no contributivo unificado, financiado con ingresos generales, mientras se mantiene el SIPA como el pilar contributivo, mejoraría la transparencia y la equidad.
• Fortalecer el vínculo entre aportes y beneficios. El requisito actual de 30 años de aportes genera discontinuidades marcadas en los derechos jubilatorios. Avanzar hacia la acumulación proporcional de derechos previsionales fortalecería los incentivos para contribuir y permitiría eliminar gradualmente las moratorias.
• Ampliar la base de aportes. La alta informalidad laboral y la expansión de regímenes tributarios simplificados han debilitado la densidad contributiva y ampliado las disparidades en el esfuerzo de aporte entre los trabajadores. Medidas que promuevan el empleo formal podrían ayudar a ampliar la base. Las reformas orientadas a reducir la carga tributaria laboral deben diseñarse cuidadosamente para no erosionar los ingresos previsionales. Aumentar los requisitos de aporte en los regímenes simplificados también contribuiría a reducir disparidades.
• Simplificar y armonizar los regímenes previsionales. Actualmente, el sistema argentino incluye más de 200 regímenes con reglas de elegibilidad y fórmulas de beneficio diferentes, lo que genera inequidades y complejidad administrativa. La armonización gradual de los regímenes especiales y provinciales con el sistema nacional (SIPA) ayudaría a reducir disparidades, simplificar la administración y fortalecer la sostenibilidad fiscal. Acuerdos fiscales con las provincias podrían apoyar la alineación de los regímenes provinciales con el SIPA.
• Alinear los parámetros de jubilación con las tendencias demográficas. Vincular gradualmente la edad legal de retiro a los aumentos en la esperanza de vida y armonizar la edad de retiro entre hombres y mujeres podría contribuir a preservar un equilibrio estable entre vida laboral y jubilación.

Las declaraciones de un alto funcionario del Pentágono sobre la suspensión de la venta de armas a Taiwán para garantizar el suministro suficiente de municiones para la guerra contra Irán son la señal más reciente de que el conflicto ha mermado la capacidad militar estadounidense, incluso ante una posible confrontación con China.

“Estamos haciendo una pausa para asegurarnos de tener las municiones necesarias para la Operación Furia Épica”, declaró el secretario interino de la Marina estadounidense, Hung Cao, ante legisladores estadounidenses el jueves, refiriéndose a la campaña estadounidense en Medio Oriente.

Estos comentarios ponen de manifiesto el impacto que la guerra contra Irán ha tenido en los arsenales estadounidenses. La semana pasada, Xi Jinping advirtió al presidente Donald Trump que los malentendidos sobre Taiwán podrían provocar enfrentamientos entre Estados Unidos y China.

Durante los casi tres meses de guerra, Estados Unidos ha consumido una cantidad asombrosa de municiones, ha perdido decenas de aviones y drones, y ha sufrido daños en radares y bases regionales difíciles de reemplazar. También ha conllevado el despliegue prolongado de costosos buques de guerra estadounidenses. Mantener los buques en el mar más tiempo del previsto puede tener efectos en cadena que limiten futuros despliegues durante años, según una persona familiarizada con el asunto.

El enorme volumen de bombas, misiles e interceptores de defensa aérea utilizados en la guerra —al menos 13.629 municiones a mediados de mayo, según un funcionario del Pentágono— ha agotado el arsenal estadounidense, provocado un problema político interno y puesto de manifiesto el coste de enfrentarse incluso a un ejército convencional relativamente débil. Esto sugiere que Estados Unidos podría necesitar replantearse su estrategia ante un competidor de similar nivel como China.

“El ritmo frenético de las operaciones estadounidenses y la alta tasa de disparos de municiones implican que Estados Unidos está sobrecargado y está comprometiendo su capacidad futura para afrontar los problemas actuales”, afirmó Becca Wasser, responsable de defensa de Bloomberg Economics. “Esto podría dejar a Estados Unidos menos preparado para afrontar futuros desafíos, incluido China”.

Al menos dos docenas de buques de guerra estadounidenses han participado en el conflicto hasta el momento, y la Armada está orquestando un bloqueo total de los puertos iraníes.

Los buques de la Armada estadounidense operan bajo un complejo programa trienal de despliegue, entrenamiento y mantenimiento denominado Plan de Respuesta Optimizada de la Flota. Este programa limita los despliegues a siete meses y permite periodos de inactividad durante los cuales pueden entrar en acción de forma repentina.

Sin embargo, el portaaviones USS Gerald Ford fue enviado a Medio Oriente tras haber estado en el Caribe para presionar a Venezuela. Durante su despliegue de 326 días, el buque, valorado en 13.200 millones de dólares, sufrió un incendio de grandes proporciones en su lavandería y tuvo que abandonar el frente para ser reparado en un puerto griego.

“Entre esto y las operaciones en Sudamérica, existe una proporción determinada entre el tiempo operativo y el tiempo de mantenimiento que debe mantenerse”, afirmó Tom Shugart, excapitán de submarino de la Armada estadounidense, actualmente en el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense. “Jamás diría que no se debe librar una guerra por el programa de mantenimiento. Pero esa factura se pagará en algún momento”.

La falta de espacio en los astilleros y de personal capacitado limita la flexibilidad para afrontar despliegues prolongados u otros contratiempos, según una persona familiarizada con el asunto que solicitó el anonimato debido a la delicadeza del tema. La Armada no publica sus programas de mantenimiento y despliegue.

El Pentágono no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

El impacto en las reservas de armas de ataque de largo alcance es aún más significativo. Estados Unidos utilizó aproximadamente 1100 misiles de crucero JASSM-ER de Lockheed Martin Corp. y unos 900 misiles Tomahawk de RTX Corp., según una persona familiarizada con las reservas de armas. Solo se fabrican unos pocos cientos de estos misiles anualmente.

El Pentágono ha tomado medidas para aumentar la producción de estas armas, pero el ritmo de consumo se ha vuelto controvertido. Trump argumentó al comienzo del conflicto que Estados Unidos tenía un suministro prácticamente ilimitado de estas armas.

Los interceptores de defensa aérea, que resultaron cruciales contra los ataques de drones iraníes en el Golfo, representan un obstáculo aún mayor, dado que se han disparado miles de valiosos misiles Patriot PAC-3 y se producen menos de 700 al año.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, restó importancia al asunto cuando fue interrogado por los legisladores. “El tema de las municiones se ha exagerado de forma imprudente e inútil”, declaró este mes. “Sabemos exactamente lo que tenemos. Tenemos más de lo que necesitamos”.

Sin embargo, recuperar las reservas de armas a los niveles previos a la guerra costará al menos 8.000 millones de dólares y llevará años al ritmo actual de producción, según datos de adquisiciones del Pentágono. Las pérdidas de drones MQ-9 Reaper durante la guerra, por sí solas, ascienden a casi 1.000 millones de dólares.

“En este momento, es improbable que el ejército estadounidense cuente con la cantidad de municiones y plataformas necesarias para combatir a China como siempre ha afirmado”, declaró Greg Malandrino, exoficial de la Armada e investigador principal del Centro de Evaluaciones Estratégicas y Presupuestarias.

Añadió que Estados Unidos aún podría hacer que una invasión de Taiwán fuera “increíblemente difícil para los chinos”, pero no podría resistir durante mucho tiempo.

Desde que asumió el poder en 2012, Xi Jinping ha impulsado una profunda modernización militar que ha incluido una expansión drástica de las capacidades misilísticas del país.

No hay indicios de que China planee invadir Taiwán próximamente. Xi ha manifestado su preferencia por ejercer presión para controlar la isla y ha intensificado su aislamiento del presidente taiwanés Lai Ching-te en el ámbito internacional.

Para Estados Unidos, el conflicto en Irán es perjudicial para la preparación ante una guerra prolongada, es decir, de más de una semana, según Peter Layton, exoficial de la Real Fuerza Aérea Australiana e investigador visitante del Instituto Griffith para Asia.

Entre estas tensiones y la presión de China sobre Taiwán, añadió, “la situación es muy delicada”.

(Bloomberg)

En una entrevista con Infobae al Regreso, Sergio Berni expuso sus diferencias con el sector que rodea a Axel Kicillof y remarcó la urgencia de que el peronismo se ordene como opción de poder antes de 2027.

Durante su paso por el estudio, Berni enfatizó: “La responsabilidad del peronismo de cara al 2027 es ordenarse y a partir de ahí ser una opción de poder para las elecciones”.

El senador bonaerense rechazó el debate sobre la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner, al sostener: “No es con Cristina adentro o con Cristina afuera. El peronismo debe representar intereses, no personas”.

La interna peronista y el rol de Axel Kicillof

Berni apuntó directamente contra el entorno de Axel Kicillof. “Muchos de los que asesoran al gobernador no vienen del peronismo, no lo comprenden y algunos hasta reniegan del peronismo”, sentenció.

Señaló que esos sectores, ligados a Alberto Fernández y a partidos como el FrePaso y el Frente Grande, impulsaron una estrategia electoral que terminó debilitando al partido: “Ese grupo de hombres y mujeres utilizó el partido PARTE, creado por Alberto Fernández, para ponerlo a disposición de Kicillof y así ir a las elecciones”.

El senador recordó que la decisión de desdoblar los comicios provinciales fue producto de “una ingeniería electoral para salvar sus propios intereses”, lo que derivó en “un triunfo táctico en septiembre y una derrota estratégica en octubre”. Para Berni, la falta de una mirada integral perjudicó al peronismo: “El peronismo no es una confederación de partidos vecinalistas. Es representar los intereses del país”.

Cristina Kirchner y la agenda del peronismo

Consultado sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, Berni fue categórico: “La condena de Cristina ha sido totalmente injusta, porque no hay prueba documental, pericial ni testimonial que la incrimine”.

Aclaró, sin embargo, que no la indultaría: “Se indulta a los que son culpables y Cristina no es culpable. Utilizaría hasta el último recurso institucional para que su caso sea reestudiado”.

El dirigente diferenció la agenda judicial de la ex presidenta del camino electoral: “El peronismo tiene una agenda que tiene que ser resolver los problemas de la gente. La lealtad hacia una persona que nunca tomó una sola definición en contra de los intereses del peronismo y del país es una obligación, pero el eje debe ser la agenda social y económica”. Acusó de especuladores a quienes evitan debatir la situación de Cristina por cálculo electoral: “Si está condenada injustamente y vos sos peronista y no te subleva la injusticia, no podés ser peronista”.

La autocrítica y el escenario de Milei

Berni también abordó la responsabilidad del peronismo en la llegada de Javier Milei al gobierno: “Después de haber tenido un progresista en representación del peronismo como Alberto Fernández, era lógico que pasara lo que pasó”.

Admitió la culpa partidaria por no haber presentado un candidato propio y reivindicó la lealtad como valor político central: “La lealtad no es solo hacia las personas, es la lealtad con los principios. Milei, a pesar del daño que le está haciendo al país, sigue siendo apoyado porque es leal con sus convicciones”.

Al analizar la gestión actual, Berni sostuvo: “No creo que haya hecho alguna gestión de gobierno que rescate como positiva”. Sin embargo, reconoció: “Lo más positivo que veo de Milei es que llevó la tensión social a su máximo posible y aprendimos todos que había un resto mucho más importante que el que imaginaba”.

En cuanto a Patricia Bullrich, Berni distinguió: “Ha sido un pilar fundamental en el sostenimiento de la gobernabilidad de Milei en los primeros seis meses”. El cierre de la charla dejó en claro su posicionamiento: “No creo que me parezca mucho a Bullrich. Soy peronista. No, no, yo no, cosas raras conmigo”.

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