Blog

El Gobierno oficializó la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio, con la promulgación de la de la Ley 27820.

La iniciativa establece que el reconocimiento alcance a la capital tucumana durante el Día de la Independencia y dispone que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para la fecha se realicen allí de forma permanente.

La medida apunta a consolidar el vínculo institucional entre la celebración nacional y la ciudad donde el Congreso de Tucumán declaró definitivamente la ruptura con la Corona española en 1816.

Esta medida se encuadra dentro de una serie de acuerdos que alcanzó el oficialismo con los sectores aliados en el Congreso para enviar un gesto político a los gobernadores. De hecho, también se ampliaron las cámaras federales de apelaciones en Tucumán. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico para los diputados provinciales a nivel local.

En ese sentido, otras de las iniciativas que se encuentran dentro de esta lista es la promulgación de la Ley 27823, que propone incorporar el ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero al patrimonio cultural inmaterial de la República Argentina.

La declaración prevista se encuadra en la ley 26.118, que ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El texto identifica al Camino de Brochero como una práctica que reúne expresiones de devoción, recorridos de peregrinación y actividades culturales.

Según lo dispuesto, este ritual, la celebración y la peregrinación asociados a la ruta forman parte del patrimonio inmaterial argentino. La figura comprende prácticas, representaciones y conocimientos que las comunidades reconocen como parte de su herencia cultural.

La propuesta alcanza a una manifestación religiosa vinculada con la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, cuya devoción convoca actividades y peregrinaciones en territorio cordobés.

A su vez, declararon de interés el “Memorándum de entendimiento para la difusión y promoción” que une las rutas del Camino de Brochero y del Camino de Santiago de Compostela. El documento contempla la preservación, divulgación y promoción de ambas tradiciones.

De esta manera, garantizaron el desarrollo de actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales y turísticas relacionadas con la ruta gallega y la ruta brocheriana. El alcance incluye otras acciones que se vinculen con la celebración y la devoción en ambos itinerarios.

La ley impulsada por Alejandra Vigo recibió su aprobación definitiva a finales de agosto. La iniciativa ya había obtenido media sanción de la Cámara alta en septiembre de 2025.

La medida prevé que los peregrinos puedan acceder a un pasaporte para registrar el trayecto realizado. El mecanismo toma como referencia la experiencia del Camino de Santiago, en España.

El documento permitirá acreditar las etapas del recorrido y facilitará la participación de los viajeros en propuestas asociadas al turismo, la gastronomía y las artesanías.

El Gobierno nacional promulgó la Ley N° 27.819, mediante la cual el Congreso ratificó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur. Este pacto representa la primera incursión comercial formal del bloque regional en el sudeste asiático y busca consolidar una plataforma de inversiones estratégica para el desarrollo económico nacional.

El convenio terminó por entrar en vigor esta madrugada a partir de la publicación del decreto 1010/2026. El tratado, suscripto el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro, Brasil, establece una zona de libre comercio para bienes y servicios. El marco normativo se alinea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), promoviendo la competencia leal y apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Dinámica comercial y facilitación operativa

De acuerdo con lo dispuesto, la desgravación arancelaria se organizará mediante un cronograma escalonado. El Mercosur implementará categorías que van desde la eliminación total de aranceles tras la entrada en vigor, hasta plazos de 15 años para sectores específicos, prohibiendo nuevos aumentos impositivos sobre los bienes originarios.

Para reducir costos administrativos, el acuerdo introduce medidas de facilitación:

• Entrada libre de aranceles para muestras de valor insignificante.
• Admisión temporal para equipos profesionales, bienes de ferias y materiales de transporte, con suspensión de tributos.
• Simplificación de los trámites para bienes destinados a reparación, permitiendo su reingreso siempre que mantengan su función original.

Gobernanza y controles técnicos

Las disposiciones prohíben restricciones cuantitativas injustificadas y establecen pautas estrictas para las licencias de importación y exportación. En caso de medidas restrictivas sobre productos alimentarios críticos, las partes deberán notificar con antelación y responder consultas técnicas en plazos máximos de 30 días.

Para supervisar la aplicación de las reglas de origen y el acceso a mercados, se constituye un Subcomité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen. Este organismo coordinará las consultas técnicas y formulará recomendaciones ante posibles diferencias en la clasificación arancelaria.

Desde la Cancillería, destacaron que el acuerdo trasciende el intercambio de bienes. El vínculo con Singapur, poseedor de un fondo de inversiones con activos cercanos a los 100.000 millones de dólares, resulta clave para captar capitales en provisión de minerales y fuentes de energía. Asimismo, el capítulo específico de inversiones garantiza condiciones de seguridad jurídica superiores a otros tratados vigentes.

Seguido a ello, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, resaltó la “plataforma de inversiones” que implica la iniciativa en cuestión, ya que “Singapur tiene el PBI más alto del mundo” y “una corporación de fondo de inversiones de u$s 100.000 millones”, aunque hoy sólo el cuatro por ciento se destina hacia América Latina. También se mencionó el interés por minerales.

“No es un hecho más, estamos llegando a enorme velocidad, pero no estamos dejando de llegar tarde a estos esquemas. Tenemos que hacerlo con enorme dinamismo para preservar la producción y colocar productos en mercados internacionales”, expresó el funcionario de Cancillería.

Durante el trámite legislativo, el senador Francisco Paoltroni defendió la apertura como una herramienta para mitigar el rezago comercial, mientras que legisladores como Jorge Capitanich enfatizaron la necesidad de robustecer la supervisión técnica mediante organismos como el INTA y el INTI. La normativa, que cuenta con las firmas de Victoria Villarruel y Martín Alexis Menem, se encuentra disponible para su consulta pública en el Registro Oficial.

Raúl Jalil ya lo tiene decidido. No buscará la reelección como gobernador en la provincia de Catamarca. Ya no hay especulaciones. Su segundo mandato será el último. No habrá un tercero, como pretendían en algunas oficinas de la Casa Rosada, en la que esperaban un guiño del norteño para, en el caso de que haya una doble reeleción (en la provincia y en la Nación), la buena sintonía continúe en el tiempo.

Jalil no quiere buscar otro mandato. No tiene voluntad para hacerlo, pese a que posee niveles de aprobación altos en la provincia. Es partidario de impulsar una renovación generacional. La cara visible de ese paso será el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, que, de no mediar inconvenientes y en base a un acuerdo político con la ex gobernadora Lucía Corpacci, será el candidato a gobernador del peronismo en el 2027.

La Constitución provincial no tiene límites, le permite ir por un mandato más. Pese a haber intentado una reforma para restringir las reelecciones, en los últimos 12 años el oficialismo, siempre al mando del peronismo, no logró que la oposición, comandada por el Frente Cívico y Social, avale la restricción. Existe una ley, sancionada en el 2023, que le impide una tercer mandato.

El 15 de diciembre de ese año, seis días después de que Jalil asumiera su segundo mandato, se publicó la aclaración funcional de los artículos 73, 80, 133 y 250, de la ley 5823, donde se sostiene que las autoridades del poder ejecutivo pueden ser reelectas consecutivamente por un período y luego deben tener un intervalo de una gestión completa para volver a presentarse.

En el artículo 4 se sostiene que “los mandatos en ejercicio al momento de la entrada en vigencia de la presente ley deberán ser considerados como primer período”. Es decir que su segundo período real puede ser considerado como el primero y, de esa forma, quedaría habilitado a competir por un período más. Sin embargo, la Constitución provincial es una ley superadora y anula lo dispuesto por cualquier ley ordinaria.

Jalil no quiere forzar ninguna interpretación y atravesar instancias judiciales para pelear una eventual reeleción. No le interesa. No tiene ganas. Además, sabe que se metería en una cruzada que la Corte Suprema de Justicia podría cortalrle en un abrir y cerrar de ojos. Tiene en claro que en Catamarca pasará lo que debería suceder en el peronismo a nivel nacional. Habrá un recambio generacional para sostener el proceso político que inició Corpacci y continuó él. Cada uno estuvo dos mandatos. Ahora, si el peronismo logra imponerse en la elección, llegará el turno de Saadi.

El “Turco”, como lo conocen en el ambiente de la política, está distanciado del esquema nacional del PJ. Máximo Kirchner lo ha fustigado en reiteradas oportunidades y ha acusado de traidor por jugar tácticamente con Milei. El kirchnerismo es el sector que lo trata con más dureza. En el resto de las vertientes creen que es importante contenerlo y que jugue dentro del PJ el año que viene.

De la cumbre peronista que se realizó en el Hotel Emperador salió la idea de que el ex gobernador Gerardo Zamora, con el que tiene una relación fluida, lo trate de acercar al esquema nacional. Jalil, por el momento, se mantiene distante y hace su juego. La semana pasada anunció que alineará la elección catamarqueña con la nacional. El movimiento generó ruido político en la oposición, aunque el Gobernador ya había hecho lo mismo en el 2023, cuando el gobierno justicialista buscó la reelección.

La jugada que trae mayor tensión está asociada al armado de las listas legislativas. Catamarca es una de las ocho provincias que renueva senadores. Se le vence el mandato a la ex gobernadora Lucía Corpacci y a Guillermo Andrada, ambos del peronismo, aunque integran distintos bloques. El tercero es Flavio Fama, de la UCR. A priori, la única posibilidad de que el radicalismo pueda sostener alguna banca es que haga una acuerdo sólido con La Libertad Avanza (LLA), sino es problable que la pierdan.

El primer lugar de la lista de senadores justicialistas será para Jalil. Y el segundo podría ser para Corpacci. El problema que divisan en el peronismo es para adelante. Entienden que si LLA logra hacer una buena elección general en Catamarca y mete a dos senadores, la incorporación de Jalil por la minoría, es una derrota en todos los órdenes para el peronismo, ya que el actual gobernador se ha mostrado cercano a varios de los planteos del Gobierno.

El mandatario provincial se ha mantenido cerca de la Casa Rosada y siempre abierto a negociar. En la necesidad de avanzar con la reforma política – especialmente con la eliminación de las PASO – que tiene el Gobierno, lo lleva a ser un actor preponderante. Sobre todo porque, al día de hoy, el oficialismo no tiene el número para que el proyecto pueda pasar el filtro de la Cámara alta.

Jalil ya ha dicho en varias oportunidades que él no está de acuerdo con las PASO porque “son una encuesta muy cara” y “no le sirven a la sociedad”. Entiende que los partidos políticos deben fortalecerse con internas y que las primarias a nivel nacional desgastan a la gente y generan una competencia que solo les interesa a los partidos.

Sus declaraciones podrían atarlo a un acompañamiento casi seguro de la eliminación de las PASO que quiere lograr el Gobierno y que el peronismo intenta resistir con los dientes apretados. Sin embargo, el catamarqueño tiene en suspenso su decisión por dos motivos muy concretos: quiere que la Casa Rosada cumpla con el acuerdo por zonas frías y zonas cálidas, y que haya un consenso más grande entre los gobernadores para sacar las elecciones primarias.

Jalil comprometió su apoyo a la reducción de subsidios al gas para en las zonas frías a cambio de aumentar los topes de consumo eléctrico subsidio en las zonas cálidas. El movimiento es en base a un nuevo tope de ingreso en el calculo subsidiado. El reclamo de los gobernadores del norte tiene varios años. La polémica reside en la compensación entre bajar los subsidios en los lugares fríos para subirlos en los lugares cálidos.

El Gobernador quiere que primero se concrete el subisidio para las zonas cálidas, para después tratar la reforma política. Primero lo primero. Paso a paso. Ese es el mensaje que le hizo llegar a la Casa Rosada. Cada uno lo hace a su manera. Desde Balcarce 50 dejaron saber que los gobernadores que no apoyen la eliminación de las PASO, quedarán excluidos de cualquier acuerdos electoral que pueda tener lugar el año que viene. La presión es mutua.

El mandatario catamarqueño también considera que tiene que haber un acuerdo más grande entre los gobernadores para sostener el cambio que propone la reforma política. Y ese acuerdo hoy no existe. Por eso considera que se debe seguir discutiendo y negociando. Su postura no es terminante. Y sus votos en las dos cámaras del Congreso siguen latentes. La rosca política está girando.

El Gobierno girará hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto 2027, dentro del plazo previsto para la presentación de la iniciativa. El texto expondrá las proyecciones oficiales sobre las principales variables macroeconómicas en un año electoral. Hay expectativa por una posible incorporación de la iniciativa de shutdown –un freno a la prestación de servicios del sector público- que el presidente Javier Milei anunció en una cadena nacional como mecanismo ante déficits fiscales consecutivos.

La presentación del proyecto pondrá a disposición los supuestos con los que el Poder Ejecutivo elaboró las cuentas para 2027. La inflación, el nivel de actividad, los ingresos del Estado, el saldo fiscal y la cotización del dólar serán referencias centrales para el análisis del texto. El año próximo habrá elecciones, por lo que se prestará atención a la estimación oficial para el tipo de cambio hacia diciembre y a los mecanismos fiscales que el Gobierno podría proponer para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

A diferencia de los dos primeros años, en esta oportunidad, Milei no asistirá al Congreso para presentar el Presupuesto. Este lunes, el presidente mantuvo una reunión con el gabinete, aunque allí no se abordaron en detalle los números del proyecto, según pudo saber Infobae. El tratamiento de esas cifras quedó previsto para la reunión de mesa política del martes, antes del envío formal de la iniciativa a la Cámara de Diputados.

Inflación en 20%

Luego de las complicaciones que tuvo este año el Gobierno para consolidar la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la expectativa estará puesta en que proyección da el oficialismo para el próximo año. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publicó el Banco Central, la mediana de las respuestas calculó una inflación de 20,5% para 2027. Esa proyección se ubicó por debajo del 30% estimado para 2026, por lo que implicaría una desaceleración de casi 10 puntos porcentuales (p.p.).

La consultora C&T Asesores Económicos proyectó una inflación por debajo del 20% para el año próximo. La previsión quedó levemente por debajo de la mediana de 20,5% que relevó el BCRA. En Invecq consideran que será del 22%. Ambas estimaciones privadas anticipan una desaceleración frente al 30% previsto para 2026, pero difieren respecto del nivel exacto que podría alcanzar el indicador.

El futuro del dólar

El presupuesto también permitirá conocer a cuánto proyecta el Gobierno que cerrará el dólar en diciembre de 2027. Esa cifra generará atención porque el próximo año tendrá elecciones y porque los argentinos suelen dolarizar sus carteras como mecanismo de cobertura en períodos electorales. La cotización de cierre formará parte de las previsiones macroeconómicas que acompañarán las estimaciones de inflación, actividad, recaudación y resultado fiscal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que 2027 no tendrá una dinámica propia de un año electoral en materia cambiaria o al menos no será lo mismo que en los comicios legislativos del 2025 por los respaldos con lo que van a contar entre ellos, el swap Estados Unidos y China además de una mayor compra de reservas del BCRA. Pese a ello, en el mercado esperan con ansias saber cuál es la proyección oficial respecto al tipo de cambio.

Mayor crecimiento del PBI

En materia de actividad económica, el REM estimó que el PBI crecerá 2,9% en 2027. Ese cálculo se ubicó por encima del 2,1% proyectado para 2026, lo que supone una expectativa de aceleración en el crecimiento de la economía. La evolución del producto será una de las variables centrales del presupuesto, ya que se relaciona con los ingresos tributarios que espera recaudar el Estado y con la estimación general de recursos disponible para el próximo ejercicio.

C&T Asesores Económicos presentó una estimación más elevada para la actividad. La consultora calculó que el PBI crecerá 3,4% en 2027, por encima del 2,9% que surge de la mediana de respuestas del REM. Aunque en Invecq consideran que será de 2,5%. La diferencia entre ambas proyecciones muestra que las expectativas privadas no son uniformes, aunque las dos previsiones contemplan una expansión de la actividad durante el año electoral.

El dato oficial de crecimiento será relevante para interpretar los cálculos de recaudación que acompañen el presupuesto. Un mayor nivel de actividad puede influir en la expectativa de ingresos públicos, mientras que las previsiones de inflación también forman parte de esa estimación.

¿Incluye shutdown?

El resultado del Sector Público Nacional (SPN) será otro de los puntos que deberá precisar el proyecto oficial. La mediana de las respuestas del REM estimó que el SPN alcanzará $18,4 billones en 2027, frente a los $15,4 billones calculados para este año. La diferencia nominal entre ambas cifras es de $3 billones.

La estimación del resultado fiscal adquiere un peso adicional por la posibilidad de que el proyecto incluya el mecanismo de shutdown anunciado por Milei. La propuesta vincula la continuidad de un déficit fiscal durante varios meses con la activación de restricciones automáticas sobre actividades estatales, gastos, contratos, incorporaciones de personal y transferencias discrecionales a las provincias. El texto que llegue al Congreso permitirá establecer si esa iniciativa formará parte del presupuesto o si el Gobierno definirá otro camino legislativo para su tratamiento.

Durante la cadena nacional, Javier Milei explicó que el proyecto de shutdown buscará establecer consecuencias automáticas si el resultado fiscal permanece en déficit durante varios meses seguidos. El Presidente sostuvo que el Congreso tendría algunas semanas para llevar las cuentas al equilibrio. Si ese objetivo no se cumpliera dentro de ese período, entraría en vigencia el shutdown, de acuerdo con la descripción que realizó el mandatario al presentar la idea del “grillete fiscal”.

Milei afirmó que los políticos no tienen incentivos para cuidar el bolsillo de los argentinos porque, según dijo, no son quienes pagan las consecuencias de los desequilibrios. “Este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las paga”, expresó durante la cadena nacional. Según su explicación, el mecanismo buscará que la situación fiscal tenga efectos sobre la estructura de funcionamiento del Estado y sobre los salarios de las principales autoridades políticas mientras dure una situación de déficit que no fuera corregida.

El presidente detalló que, durante la vigencia del shutdown, se paralizarían las actividades no esenciales del Estado, se congelarían los gastos nuevos y no se adjudicarían contratos. Además, no se tomaría personal y se frenarían las transferencias discrecionales a las provincias. A esas medidas se sumaría la suspensión de los salarios del presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, los secretarios y los subsecretarios. Milei sostuvo que esos funcionarios no cobrarían “un solo peso de sueldo” mientras estuviera activo el mecanismo.

En la misma cadena nacional, Milei indicó que la eventual ley de shutdown dejaría expresamente exceptuadas varias funciones y prestaciones estatales. Entre ellas mencionó las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y los servicios penitenciarios. De acuerdo con esa explicación, las restricciones previstas no alcanzarían a esas áreas, pese a la paralización de las actividades definidas como no esenciales.

Organizaciones piqueteras, partidos de izquierda, artistas y sindicatos de base convocaron a una jornada de protesta nacional para este sábado 19 de septiembre bajo el nombre de “Marcha de la Bronca”, con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en más de 30 ciudades del país. La consigna que agrupa a los dirigentes es “Organizar la bronca para derrotar a Milei” y la convocatoria porteña partirá a las 15.30 desde el Congreso de la Nación.

En un adelanto exclusivo a Infobae, voceros de la Organización de la Convocatoria de la Marcha de la Bronca detallaron que la protesta “se está transformando en una autoconvocatoria muy amplia” que reúne a organizaciones sindicales, independientes, sociales, de jubilados, feministas, políticas y estudiantiles. Según explicaron, la adhesión se ratificó en asambleas de trabajadores votadas por unanimidad, como la del Hospital Garrahan, impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos que encabeza Norma Lezana, además de organizaciones de la salud de la provincia de Buenos Aires y gremios docentes como Ademys, Suteba Tigre y Suteba La Matanza. La convocatoria, precisaron, ya se extiende a alrededor de 30 ciudades de todo el país.

En la previa de la movilización, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva, confirmó ante una consulta de este medio que aplicará un dispositivo especial de control en la zona. “Vamos a aplicar el protocolo antipiquete en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo. Siempre se activa cuando hay movilizaciones”, señalaron desde la cartera de Seguridad.

Según el adelanto brindado a Infobae, en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires la movilización tendrá “un formato muy parecido al 24 de marzo”, con una cabecera integrada por representaciones sociales, sindicales y políticas. La apertura de esa cabecera estará a cargo de organismos de derechos humanos, entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, seguidos por agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los miércoles, hasta cerrar con las organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes. Los organizadores estiman que la concentración final en Plaza de Mayo podría reunir a “varias decenas de miles” de personas.

El recorrido previsto partirá de la Plaza Congreso hacia Plaza de Mayo por Avenida de Mayo, aunque los organizadores no descartaron “utilizar algunas diagonales” para el ingreso de la columna central. Una vez en la plaza, el esquema contempla un escenario con lectura de un documento unitario a cargo de “un grupo de artistas sorpresa”, cuya confirmación se espera en los próximos dos días, y un cierre musical con un invitado también sin identificar hasta el momento.

Al escenario subirán representaciones de todas las fuerzas convocantes, “desde el Garrahan hasta las fuerzas del Frente de Izquierda, el MST, el PTS, sus figuras y las referencias de cada espacio”, según indicaron los voceros consultados por este medio.

Un documento que denunciará a los “cómplices”

Los organizadores citaron a participar también a la Columna Mostri, que tiene como referencia a Marta Dillon, quien integra Integra el Comité de Revolución Imaginaria (CRI) y fue parte del colectivo Ni Una Menos desde su creación; y a organizaciones del campo feminista. En el plano político, los voceros mencionaron a la diputada nacional Myriam Bregman como una de las impulsoras de la “Marcha de la Bronca”; Alejandro Bodart, secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), integrante del FIT-U; Celeste Fierro, diputada nacional electa —asume su banca en el marco de la rotación de cargos del Frente de Izquierda—, quien milita en el MST, integrante del FIT-U; y Nicolás del Caño, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y militante del PTS, integrante del FIT-U.

“Proponemos transformar la bronca en organización y movilización para que los sindicatos dejen su pasividad y organicen un verdadero plan de lucha hasta terminar con todo el nefasto plan de (Javier) Milei y sus cómplices”, afirmó Bregman al convocar a la protesta.

Según pudo saber Infobae, el documento que se leerá en Plaza de Mayo se encuentra todavía en elaboración y se espera un borrador definitivo en los próximos días. De acuerdo con los organizadores, el texto denunciará el plan de gobierno de Milei “en el plano económico, político y social”, sus consecuencias en materia de desigualdad y pobreza, y lo que calificaron como una negativa oficial a aplicar leyes ya votadas en el Congreso, como las de emergencia en salud pediátrica, discapacidad y financiamiento universitario.

El documento también apuntará contra los despidos y lo que los organizadores denominaron “industricidio”, además de señalar las complicidades de los bloques legislativos que acompañaron al oficialismo “por acción u omisión”. En ese mismo sentido, el texto incluirá críticas al rol de la CGT y del conjunto de las centrales obreras, a las que los organizadores responsabilizaron “de permitir, con su pasividad, el avance de las políticas del Gobierno”. El planteo central del documento, según anticiparon, será la exigencia de un paro general y un plan de lucha sostenido contra la gestión de Milei.

Partidos de izquierda y legisladores del FIT-U impulsan la convocatoria

Entre los sectores que también impulsan la “Marcha de la Bronca” destaca el Polo Obrero, la organización piquetera liderada por Eduardo Belliboni. En diálogo con Infobae declaró: “El próximo sábado miles de piqueteros independientes marcharemos junto a trabajadores, jubilados, jóvenes, mujeres y familias endeudadas porque la bronca no se aguanta más. Marchamos por la devolución de los alimentos, la restitución del programa Volver al Trabajo, la huelga general y por fuera Milei”.

El reclamo por el programa Volver al Trabajo remite a un conflicto que se extiende desde marzo, cuando el Ministerio de Capital Humano anunció el fin de ese plan social, heredero del ex Potenciar Trabajo, que llegaba a 900.000 beneficiarios con un monto mensual de 78.000 pesos. Su reemplazo por vouchers de capacitación generó cortes de calles y ollas populares en casi medio centenar de puntos del país durante los meses siguientes, impulsados por agrupaciones como el Frente de Lucha Piquetero, el Polo Obrero y Territorios en Lucha, bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”.

La iniciativa fue impulsada por las fuerzas que integran el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT-U), entre ellas el MST, el Partido Obrero y el PTS, tras diversas asambleas y coordinadoras que reunieron a trabajadores de la salud, la educación, el transporte y agrupaciones territoriales. La organización comenzó hace más de un mes, cuando más de 200 delegados de distintas organizaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se reunieron para definir la fecha y los ejes de la protesta, según relató Del Caño. “La marcha del 6 de agosto fuimos decenas de miles en todo el país, a pesar de la represión y los gases lacrimógenos”, recordó el legislador.

Del Caño planteó la jornada como un punto de inflexión frente al plan económico oficial: “Es un gobierno que ni siquiera te permite reclamar y creo que es un punto de inflexión que tiene que servir para redoblar este plan que está hambreando a la mayoría de los trabajadores, que se endeudan con tasas usureras”. El diputado también apuntó contra el sector financiero: “Hablemos de lo que no quieren hablar. ¿Cuánto están ganando los bancos y Mercado Libre a costa de millones de personas endeudadas para sobrevivir?”.

Bodart, por su parte, situó el origen del descontento en la desigualdad económica: “La crisis económica terminó con las expectativas de quienes todavía esperaban que llegara lo bueno de este gobierno. Todo el plan de Milei está al servicio de las corporaciones, los bancos y los grandes grupos financieros. Mientras unos pocos hacen grandes negocios, particularmente en las actividades energéticas y extractivas, la mitad de la población no llega al 20 de cada mes”.

Fierro planteó la disputa como una carrera contra el tiempo político: “No se puede esperar hasta 2027: tenemos todo 2026 por delante y es ahora, en las calles y organizados, cuando podemos enfrentar a este gobierno, sin esperar a que la CGT deje de dormir la siesta”. Y cuestionó al resto del arco opositor: “Dicen mucho, pero después levantan la mano para aprobar leyes antipopulares; incluso el PJ termina pactando con Milei”.

Las organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y las CTA no participarán de la medida de protesta, aunque se muestran solidarias con la iniciativa.

Esteban “Gringo” Castro, referente del Movimiento Misioneros de Francisco, y ex secretario general de la UTEP durante sus primeros 10 años de vida, le dijo a este medio: “La avaricia roba, hiere y chupa la sangre. ¡Maldito el avaro! Poseído por la codicia del dinero, esa plata miserable que encierra el genio del mal, porque oprime al pobre y desangra al desgraciado. Los avaros no tienen corazón en el pecho. No ven la angustia de las lágrimas. No tienen piedad. Sus manos chorrean sangre: sangre de los pobres, viudas y huérfanos”, dijo Castro en referencia a una prédica de San Antonio de Padua, un santo muy popular en la Iglesia católica por ser “un corajudo hombre de Dios contra la usura y avaricia de los ricos”.

El dirigente popular explicó por qué a las marchas, piquetes, ollas y comedores va con la imagen de la Virgen de Luján. “Ella es la patrona y protectora del pueblo argentino. La virgencita que es amor y unidad para el pueblo queremos que bendiga nuestras luchas y que nos cuide para seguir luchando contra las injusticias. Por eso recordamos: la usura es un pecado. Que se conviertan”, clamó Castro.

La adhesión artística fue uno de los rasgos distintivos de la campaña de difusión. La actriz Mirta Israel convocó con un mensaje difundido en redes: “Son tiempos difíciles para pensar que es posible cambiar esta historia. Muchos de los que vamos a marchar este 19 de septiembre creemos que la marcha es un paso para recuperar la esperanza en que es posible cambiar la historia, siempre que organicemos esa bronca y marchemos juntas y juntos”.

Al llamado se sumaron los actores Carlos Belloso, Katya Alemán y Valentina Bassi, el grupo musical La Bersuit y la banda Los Gardelitos, junto a decenas de músicos, poetas, titiriteros y colectivos culturales de distintas provincias.

En el plano sindical, la convocatoria descansa en comisiones internas y listas combativas antes que en las conducciones nacionales: adhirieron seccionales y agrupaciones de ATE, la Unión Ferroviaria y la comisión interna de FATE, fábrica de neumáticos que acumula siete meses de conflicto tras un lockout patronal.

Un informe de la Junta Interna de ATE INDEC, difundido en la previa de la marcha, calculó que una familia tipo necesitó en julio $2.558.677 para cubrir sus necesidades mínimas, de los cuales $876.360, correspondieron a la canasta alimentaria básica y $1.682.312 a otros bienes y servicios esenciales. El gremio cuestionó los anuncios oficiales sobre la desaceleración de la inflación y sostuvo que las medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, se sostienen en la recesión y en la contención del dólar sin traducirse en mejoras concretas de ingresos.

La CGT, las dos CTA y la UTEP no adhieren de forma orgánica

La Marcha de la Bronca no cuenta con la adhesión orgánica de las principales centrales obreras y de la economía popular. La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la organización Territorios en Lucha -aunque participarán alguno de sus integrantes como el FOL y el MST- no forman parte de esta convocatoria, aunque comparten buena parte de los reclamos contra el ajuste y coincidieron con sectores de la izquierda en movilizaciones previas, como la peregrinación de San Cayetano del 7 de agosto, que reunió a la CGT, ambas CTA y la UTEP en una columna conjunta desde Liniers hasta Plaza de Mayo.

Estas cuatro organizaciones vienen delineando desde julio un cronograma propio de medidas de fuerza, que incluyó una movilización conjunta por el Día de la Industria el 2 de septiembre —finalmente cancelada por falta de acuerdo sobre el lugar de concentración— y la planificación de una marcha federal con cese de actividades prevista para noviembre, en la previa de la llegada del papa León XIV al país.

La movilización del 6 de agosto contra el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” terminó con 29 detenidos y 16 heridos, según el monitoreo del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT). Ese operativo, cuestionado por organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria, incluyó el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta y camiones hidrantes durante más de cinco horas. La causa judicial por presuntos excesos de las fuerzas de seguridad continúa abierta en el Juzgado Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini, que investiga entre otros casos a un comisario de la Policía Federal Argentina señalado por disparar munición antidisturbios vestido de civil.

El protocolo que la ministra Alejandra Monteoliva confirmó que se aplicará el sábado fue dispuesto originalmente por la ex ministra Patricia Bullrich mediante la Resolución 943/2023 y habilita a las fuerzas federales a intervenir sin orden judicial ante cortes de tránsito, además de contemplar la identificación de organizadores y participantes de las protestas. La norma fue observada por relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que advirtieron sobre el riesgo de “criminalización de la protesta social” y pidieron al Ejecutivo no imponer “restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica”.

El nombre de la protesta retoma el título de una canción de 1970 compuesta por Miguel Cantilo e interpretada por el dúo Pedro y Pablo, integrado por Cantilo y Jorge Durietz, lanzada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía como himno contra la censura y el autoritarismo. Medio siglo después, el mismo título nombra ahora una movilización contra las políticas del gobierno de Javier Milei.