“Junto con la final contra España, fue el partido más importante que la Argentina pudo haber jugado este fin de semana”, exageró un funcionario libertario ante Infobae acerca de las negociaciones entre el Gobierno y la CGT que terminaron con el decreto 612, publicado este lunes en el Boletín Oficial, para dejar a salvo la caja sindical.
La importancia que le dio la Casa Rosada al acuerdo con los líderes cegetistas tiene razones ocultas: una de ellas es que los problemas generados por la reglamentación de la reforma laboral, que restringió aún más las cuotas solidarias y los aportes especiales pagados por los empleadores en los convenios colectivos, no sólo amagaban con una oleada de causas judiciales para interpretar sus alcances. También están frenando la renegociación de los convenios colectivos de trabajo, objetivo que se propuso el Gobierno con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, ante la renuencia de empresarios y sindicalistas a aceptar las limitaciones concretas que aparecieron en algunos ítems.
Como anticipó Infobae, hubo tratativas reservadas entre las dos partes durante semanas que finalizaron este sábado y domingo con la redacción consensuada del decreto para corregir la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que había perjudicado a los sindicatos en dos puntos clave para su financiamiento.
Por un lado, el decreto 407 cambió sorpresivamente la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo: mientras la ley decía que “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, la reglamentación afirmaba que estaría constituida por el “salario básico convencional”, una fórmula distinta que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.
Ahora, flexibiliza parcialmente el efecto del límite del 2% a esos ítems porque aumenta la base salarial sobre la que se aplica: estipula que para el cálculo deben sumarse las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional y establece que “no integrarán la base de cálculo los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual” como “premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y todo otro concepto, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, origen o denominación, que no se abone en forma normal, habitual y mensual”.
Por otro lado, en el decreto 612 ahora se excluyen del tope del 2% que fija la Ley 27.802 los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, mientras establece que deben administrarse y documentarse separadamente de los demás fondos sindicales.
Esto permitirá, por ejemplo, que no tengan límites las contribuciones de los empresarios que están destinadas a las obras sociales, que se convirtieron en cruciales para sostener el sistema sindical de salud.
Aun así, la nueva norma exige que esos recursos tengan una administración especial, llevada y documentada por separado respecto de los demás bienes y fondos sindicales. Esto significa que el sindicato debería llevar una contabilidad diferenciada de ese dinero.
¿Qué implica? Que no deberían mezclarse indistintamente con los fondos sindicales ordinarios, que debería poder identificarse cuánto se recaudó, quiénes aportaron, cuál fue el destino del dinero, qué gastos se realizaron y que esos gastos respondan a los fines autorizados: obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural, siempre en interés y beneficio de los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación sindical.
Esto supone una restricción importante para los sindicatos porque no bastaría con denominar un concepto como “aporte social”, “contribución especial”, “fondo convencional” o “aporte institucional”, sino que la finalidad real debería encuadrar en alguno de los destinos autorizados por el flamante decreto.
Para la CGT, los cambios sorpresivos del decreto 407, dictado a fines de mayo, rompieron lo pactado con el Gobierno cuando se sancionó la reforma laboral y tuvieron el sello del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el más firme detractor de las cuotas solidarias, que se descuentan en forma compulsiva del sueldo de todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, y se destinan a financiar a los sindicatos.
La nueva etapa de la administración libertaria, que encumbró a Diego Santilli como jefe de Gabinete y esboza una actitud más negociadora para ganar las elecciones de 2027, permitió una mejor predisposición a escuchar las quejas de la CGT por la forma en que el decreto 407 amenazaba con jaquear las finanzas sindicales.
Ahora se destraba una negociación colectiva que, bajo la interpretación anterior, había quedado frenada y empujaba a sindicatos y empleadores a judicializar los convenios: ese límite del 2% había sido interpretado de manera tan amplia que también alcanzaba a los aportes patronales destinados a mutuales, seguros de vida, seguros de sepelio o mejoras en la obra social. Para el Gobierno, esa lectura mezclaba “dos leyes distintas” y “dos cosas distintas”, porque una cosa era la cuota solidaria del trabajador y otra, las contribuciones empresariales administradas por el sindicato en beneficio del trabajador.
Ayudó a la CGT el hecho de que la intimación de la Secretaría de Trabajo a renegociar unos 800 convenios colectivos de trabajo para adecuarse a la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que se hizo a mediados de junio, todavía no trajo ningún resultado concreto. Hubo acuerdos parciales para sumar el salario dinámico o el banco de horas, dos de las innovaciones de la reforma laboral, pero hasta hoy no llegó al escritorio de Julio Cordero ni un solo convenio renegociado integralmente por empresarios y sindicalistas.
“No hay uno solo que venga a sentarse para rediscutir”, admitieron en Trabajo sobre la convocatoria oficial para revisar los convenios vencidos. Según explicaron, los empresarios y sindicalistas preferían ir a la Justicia para conservar cláusulas existentes antes que abrir una negociación nueva bajo un esquema que, en los hechos, impedía pactar aportes adicionales de las empresas.
“Si yo acuerdo con un sindicato dar menos porcentaje de aumento y compensarlo con una contribución para la obra social, que también beneficia al trabajador, ¿por qué se tiene que meter el Estado? ¿Son libertarios o no?“, protestó el dueño de una compañía a un funcionario porque el decreto 407 extendió el tope del 2% a los aportes y contribuciones de los empleadores pactados dentro de los convenios colectivos. Algo que afecta de lleno a la caja sindical, pero, además, a las empresas.
Ese fue un argumento que se multiplicó y que, además de las necesidades electorales del mileísmo, fue clave para que el ala política del Gobierno corrigiera la propuesta diseñada por Sturzenegger en favor del poder sindical.
¿El acuerdo Gobierno-CGT por este tema tan decisivo permitirá que se atenúe el plan de lucha que se iniciará este miércoles con una marcha al Congreso para acompañar los reclamos de los jubilados? “Bajo ningún concepto -advirtió un jefe cegetista-. Esto demuestra que vale la pena apostar al diálogo, pero seguiremos con el curso de acción trazado sin una sola modificación”.
