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  • Gran Hermano: cuánto dinero se llevó la ganadora y cuál había sido el premio de la primera edición en 2001

    Gran Hermano: cuánto dinero se llevó la ganadora y cuál había sido el premio de la primera edición en 2001

    Escenario de televisión con luces de colores, confeti en el aire, una pantalla central con un ojo dorado y público abajo.
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    Ayer la tucumana Solange Abraham se consagró ganadora de Gran Hermano, Generación Dorada. Por haber accedido al primer puesto del certamen televisivo, se llevó un premio de $70 millones, una cifra que en dólares corrientes equivale apenas a un tercio del monto que se entregó en la primera edición del reality, en el año 2001.

    La final del certamen que conduce Santiago del Moro la enfrentó con la comediante uruguaya Yisela “Yipio” Pintos, quien se quedó con $20 millones de pesos y una vivienda, mientras que Charlotte Caniggia, eliminada el martes con el 10,7% de los votos en el versus final, obtuvo $10 millones de pesos por el tercer puesto.

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    En la primera edición del programa, transmitida en plena vigencia de la convertibilidad, Marcelo Corazza se consagró campeón tras 63 días de encierro y recibió un cheque de $121.200, equivalentes en ese momento a la misma cifra en dólares por la paridad uno a uno. La subcampeona, Tamara Paganini, se llevó $39.406 tras 112 días adentro, y el tercer puesto, ocupado por Gastón Trezeguet, sumó $23.642.

    Veinticinco años después, los $70 millones del premio mayor equivalen, al tipo de cambio actual, a USD 45.602,61. Al dividir esa cifra por los USD 121.200 dólares que representaba el cheque de ese momento, el resultado es 0,376: el premio de la ganadora de 2026 equivale a poco más de un tercio del que recibió el primer campeón del ciclo, medido en dólares corrientes y sin ajustar por inflación.

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    La comparación se agrava si se pondera el poder adquisitivo real del dólar. Los USD 45.602,61 actuales, llevados a valores de junio de 2001 mediante el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, representan apenas USD 24.294,22 de aquel momento. Es decir, la pérdida de valor del premio es todavía mayor si se contempla la inflación acumulada en Estados Unidos durante ese cuarto de siglo.

    Qué se compraba con el premio en 2001 y qué se compra hoy

    La diferencia es más notable cuando se compara en capacidad de compra de bienes durables, como una casa o un auto.

    En 2001, el metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires oscilaba entre los USD 620 en barrios como Villa Lugano y los USD 1.239 en Belgrano y Núñez, según relevamientos de la época citados por medios especializados en propiedades. Con USD 121.200 dólares, el ganador de aquella edición podía adquirir un departamento de tres ambientes en una zona acomodada y todavía disponer de un remanente para una segunda unidad más pequeña.

    Hoy, el precio promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en USD 2.450 dólares, de acuerdo con el último informe de 2026 de Zonaprop. Con los USD 45.602 dólares que representa el premio actual, la ganadora de esta edición solo podría acceder a un monoambiente en barrios periféricos, como Villa Soldati, donde el metro cuadrado ronda los USD 1.000. Un departamento de dos ambientes en la ciudad tiene hoy un valor promedio de USD 129.000, muy por encima de lo que alcanza el premio del reality.

    El mismo fenómeno se observa en el mercado automotor. En 2001, un auto 0 kilómetro de entrada de gama costaba entre USD 10.000 y USD 12.000, lo que permitía al ganador de la primera edición comprar hasta 10 unidades al contado. En septiembre de 2026, el modelo más económico del mercado argentino es el JMEV Easy 3, un citycar eléctrico de origen chino que cuesta $25 millones. Con los $70 millones del premio actual, la ganadora podría adquirir dos unidades de ese modelo, y a lo sumo una tercera si combina la compra con otro vehículo de entrada de gama, como el Hyundai HB20 o el Renault Kwid.

    La organización del programa confirmó que la entrega formal de los premios se realizará este miércoles, durante la emisión especial “Noche de las Campeonas” en Telefe. Además del monto en efectivo y la vivienda prefabricada de la empresa Viviendas Roca, la ganadora recibirá el rendimiento generado en una billetera virtual desde el inicio del certamen.

  • Falso secuestro extorsivo: detuvieron a sospechoso en Paraná tras una denuncia en Rosario

    Falso secuestro extorsivo: detuvieron a sospechoso en Paraná tras una denuncia en Rosario

    Una mujer denunció en Rosario que su pareja había sido secuestrada y que le exigían dinero para liberarla, pero una investigación de la Policía Federal determinó que se trataba de un presunto falso secuestro extorsivo. El operativo se desarrolló en Paraná y terminó con un hombre detenido.

     

    El procedimiento fue realizado de manera conjunta por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y la División Unidad Operativa Federal Paraná. Ambas dependencias pertenecen a la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación.

     

    Según informó la fuerza federal, la investigación comenzó después de que una mujer llamara al 911 de Rosario. La denunciante manifestó que había recibido mensajes por WhatsApp en los que le indicaban que su pareja estaba privada de la libertad.

     

    Exigían una suma de dinero

     

    En las comunicaciones, los supuestos captores exigieron el pago de una importante suma de dinero a cambio de liberar al hombre. No se precisó el monto solicitado ni si la mujer llegó a realizar alguna transferencia o entrega.

     

    Después de recibir la denuncia, los agentes federales iniciaron tareas de inteligencia y diferentes medidas para corroborar los datos aportados. También desplegaron recorridas preventivas en los lugares vinculados con la investigación.

     

    Las averiguaciones condujeron hasta las inmediaciones del hipermercado ubicado en la intersección de Blas Parera y Almirante Brown, en Paraná. En ese sector, los efectivos montaron una vigilancia sobre un vehículo señalado en la causa.

     

    Detuvieron a un hombre durante el operativo

     

    En el transcurso del procedimiento, la Policía localizó el automóvil investigado e identificó a un hombre que intentaba retirarse del lugar a bordo de un vehículo de alquiler.

     

    Los agentes interceptaron al sospechoso y procedieron a su detención. La Policía Federal no informó su identidad, edad ni el vínculo que tendría con la mujer que realizó la denuncia.

     

    Durante el operativo también quedaron secuestrados el automóvil investigado, un teléfono celular, dinero en efectivo y documentación considerada relevante para avanzar con las actuaciones.


    Investigación de la Policía Federal en Paraná.-

    Investigación de la Policía Federal en Paraná.-


    El detenido fue puesto a disposición del juzgado interviniente, que deberá determinar su responsabilidad y establecer cómo se organizó la maniobra denunciada.

     

    Los elementos incautados serán sometidos a peritajes para reconstruir las comunicaciones y comprobar el origen de los mensajes enviados mediante WhatsApp. También se buscará determinar quién realizó la exigencia económica.

     

    La Policía Federal calificó el episodio como un falso secuestro extorsivo y destacó la coordinación entre las divisiones de Rosario y Paraná. La investigación judicial continuará para esclarecer completamente las circunstancias del caso y establecer si participaron otras personas.

  • Las 12 claves de la ley de Defensa de la Soberanía por Malvinas: régimen de derribo, multas y penas de hasta 20 años

    Las 12 claves de la ley de Defensa de la Soberanía por Malvinas: régimen de derribo, multas y penas de hasta 20 años

    Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas
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    La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno envió al Congreso nació bajo el impacto de la disputa por las Islas Malvinas y el avance de la explotación petrolera en el Atlántico Sur, pero el texto definitivo terminó convertido en una reforma mucho más amplia del sistema de seguridad y defensa argentino.

    El proyecto establece penas de hasta 20 años de prisión para determinadas actividades vinculadas con la explotación ilegal de recursos naturales; crea un Consejo de Seguridad Nacional con facultades para intervenir sobre cuestiones económicas, diplomáticas, militares y de inteligencia; incorpora un régimen de derribo; regula el empleo de la fuerza sobre embarcaciones; crea un sistema nacional para la protección de infraestructura crítica; redefine el concepto de Defensa Nacional y suma restricciones y delitos vinculados con la influencia de Estados y organizaciones extranjeras.

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    El origen político de la iniciativa está en la cadena nacional que Javier Milei dio el 3 de septiembre, cuando anunció un cambio de estrategia frente a Malvinas. Allí adelantó que enviaría con carácter urgente una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurecería el esquema vigente contra las empresas que participaran en operaciones no autorizadas, crearía un Consejo de Seguridad Nacional y establecería nuevos marcos para la infraestructura crítica y la protección aeroespacial y marítima.

    Según pudo saber Infobae, en la elaboración del articulado estuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y el canciller Pablo Quirno. El ministro de Defensa, Carlos Presti, hizo aportes específicos sobre los capítulos vinculados con las Fuerzas Armadas y las capacidades militares. El proyecto que finalmente ingresó al Congreso fue firmado por Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Quirno, Presti y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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    La fundamentación oficial explica el cambio de enfoque con una definición que atraviesa buena parte del proyecto. El Gobierno sostiene que la Seguridad Nacional no puede ser administrada mediante organismos que actúen de manera aislada y afirma que existen “herramientas diseñadas para un mundo que ya no existe”. A partir de esa premisa, propone integrar política exterior, economía, defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura estratégica en una conducción común.

    Estas son las 12 claves del proyecto

    Fotografía de archivo del cartel de bienvenida a las Islas Malvinas en el muelle en Stanley (Islas Malvinas). EFE/Felipe Trueba/Archivo

    El proyecto amplía las sanciones por Malvinas y refuerza las facultades del Consejo de Seguridad Nacional

    1. Malvinas y un régimen mucho más amplio para proteger los recursos naturales

    El primer título de la ley está dedicado a Malvinas y a los recursos naturales. El proyecto reafirma el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y establece que cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables en esos territorios, sus espacios marítimos circundantes o la Plataforma Continental Argentina requiere autorización de las autoridades argentinas.

    El cambio es importante respecto de la Ley 26.659, que será derogada si se aprueba el proyecto. El régimen actual está concentrado fundamentalmente en actividades hidrocarburíferas. El nuevo texto extiende las prohibiciones a todos los recursos naturales, incluidos los renovables, con impacto directo sobre la pesca.

    Además, la responsabilidad deja de limitarse a la empresa que desarrolla directamente la actividad. También quedan alcanzadas las operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas o de consultoría que resulten esenciales para el proyecto, así como socios, accionistas, participantes directos y controlantes de las compañías involucradas.

    La lógica es abarcar la cadena completa que hace posible una explotación no autorizada: desde quien extrae petróleo o pesca hasta quienes financian, controlan o prestan servicios indispensables para la operación.

    2. Multas en barriles de petróleo, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años

    El régimen administrativo contempla multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, suspensión o cancelación de habilitaciones y la posibilidad de inhabilitar al infractor por un período de entre cinco y 20 años.

    La inhabilitación implica mucho más que impedir una actividad puntual. Puede derivar en la prohibición de desarrollar actividades económicas en la Argentina, la revocación de permisos, el cese de exenciones o facilidades fiscales y previsionales y la rescisión de contratos que se ejecuten total o parcialmente en territorio argentino.

    También se impide que organismos públicos nacionales, provincias, municipios y empresas o personas establecidas en el país contraten con quienes hayan sido incorporados al registro de sancionados.

    El capítulo penal prevé penas de entre cinco y siete años de prisión para la prestación consciente de bienes o servicios indispensables para esas operaciones; de entre 12 y 15 años para la prospección o exploración hidrocarburífera sin autorización; y de entre 12 y 20 años para la exploración o explotación de recursos naturales no renovables. La extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos puede ser castigada con 15 a 20 años de cárcel.

    Para las personas jurídicas se contemplan, entre otras consecuencias, suspensiones para contratar con el Estado o desarrollar actividades por hasta 30 años, revocaciones de permisos y, en determinadas condiciones extremas, la disolución de la sociedad.

    El proyecto incluye además la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia a esos delitos.

    3. Un Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades

    Uno de los cambios institucionales centrales es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, órgano rector de un nuevo Sistema de Seguridad Nacional.

    Será presidido por el Presidente de la Nación. Como miembros permanentes estarán también el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria de Legal y Técnica. El Presidente podrá convocar a otros funcionarios o especialistas cuando la cuestión analizada lo requiera.

    El organismo elaborará la Política de Seguridad Nacional y coordinará su ejecución. Defensa deberá presentar su Política de Defensa Nacional; Economía, una Política Económica de Seguridad Nacional; Cancillería, una Política Diplomática de Seguridad Nacional; y la SIDE, la Política de Inteligencia Nacional. Todos esos documentos quedarán sometidos a los lineamientos definidos por el Consejo.

    También tendrá amplias facultades para exigir información y asistencia a cualquier organismo del Sector Público Nacional y podrá requerir cooperación a provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.

    El proyecto busca que decisiones que actualmente pueden estar distribuidas entre distintos ministerios pasen a formar parte de una estrategia común dirigida desde la Presidencia.

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    4. Bloqueo de activos y aranceles de hasta 75% frente a amenazas externas

    El Consejo tendrá además herramientas económicas concretas. Cuando considere acreditada la existencia de un riesgo o amenaza grave e inminente para la Seguridad Nacional, podrá adoptar medidas incluso antes de iniciar formalmente un procedimiento administrativo sancionatorio.

    Entre ellas aparecen la restricción temporal de operaciones cambiarias, transferencias y pagos bancarios; limitaciones a importaciones o exportaciones; suspensión de permisos, concesiones y contrataciones; restricciones para acceder a créditos, subsidios y beneficios fiscales; e inmovilización o bloqueo de fondos y otros activos bajo jurisdicción argentina.

    El instrumento más novedoso permite aumentar temporalmente los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado, con un techo del 75%.

    La herramienta introduce en el sistema argentino una lógica que tiene puntos de contacto con mecanismos utilizados por Donald Trump en Estados Unidos: emplear la política comercial y los aranceles como instrumentos vinculados con objetivos de seguridad nacional. La legislación norteamericana habilita, bajo la Sección 232, medidas sobre importaciones consideradas capaces de afectar la seguridad nacional, y Trump utilizó esa herramienta para imponer o modificar aranceles en sectores estratégicos.

    En el proyecto argentino, sin embargo, el diseño es propio: las medidas aparecen asociadas a una amenaza concreta contra la Seguridad Nacional y serán administradas por el Consejo.

    5. El regreso del régimen de derribo

    El proyecto establece un procedimiento secuencial para intervenir frente a aeronaves irregulares u hostiles.

    Primero deberá identificarse el avión o vector. Luego podrá ser declarado Tránsito Aéreo Irregular y recibir advertencias y órdenes. Si persiste en una conducta considerada hostil, el comandante operacional podrá declararlo Tránsito Aéreo Hostil.

    El escalón siguiente permite una demostración de fuerza mediante medios militares, que incluso podrá incorporar fuego no dirigido contra la aeronave con una finalidad exclusivamente intimidatoria.

    Finalmente aparece el uso de la fuerza como “acción de último recurso”. Para aplicar medidas coercitivas destinadas a impedir la continuación del vuelo será necesaria una orden expresa e inequívoca del Presidente, aunque el jefe del Estado podrá delegar esa facultad en el ministro de Defensa. El Consejo de Seguridad Nacional deberá asesorar a quien adopte la decisión.

    La Argentina ya tuvo una normativa permanente de derribo. Mauricio Macri aprobó en 2016 las Reglas de Protección Aeroespacial, cuya RPA 004 autorizaba expresamente el uso de la fuerza para el derribo o destrucción de vectores declarados hostiles.

    En marzo de 2023, Alberto Fernández derogó esa regla. Su decreto señaló que el régimen había adquirido carácter permanente después del G20 de 2018 y consideró innecesario y “excesivamente punitivo” conservar determinadas disposiciones.

    Milei busca ahora restablecer esa capacidad mediante una ley del Congreso, con una cadena de intervención definida y autorización política para el último escalón del uso de la fuerza.

    6. Nuevos límites a la influencia extranjera en elecciones y decisiones políticas

    Otro capítulo apunta a la influencia extranjera.

    El proyecto modifica la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos para impedir que extranjeros que no tengan residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña electoral o propaganda.

    Además, crea nuevas figuras penales. Una de ellas establece entre cinco y 12 años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, desarrolle actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.

    La pena aumenta a entre ocho y 15 años cuando intervengan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.

    También se incorporan delitos vinculados con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera y con la transmisión de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros. En este último caso, las penas pueden alcanzar 20 años cuando la conducta se produzca durante un conflicto armado o una agresión extranjera.

    Milei Petri Colegio Militar

    La iniciativa redefine la Defensa Nacional

    7. Una nueva definición de Seguridad Nacional

    El proyecto crea formalmente un Sistema de Seguridad Nacional que integra funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas, de defensa, jurídicas y de inteligencia, junto con la protección de infraestructura crítica y de la soberanía.

    El alcance territorial y funcional también es amplio. La seguridad nacional comprende el territorio argentino, pero también ciudadanos y representaciones diplomáticas en el exterior, bienes e intereses nacionales ubicados en terceros países, alta mar, el espacio ultraterrestre, el ciberespacio y el espacio electromagnético.

    La conducción política quedará en manos del Presidente.

    El proyecto incorpora principios como anticipación estratégica, proporcionalidad, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, coordinación y capacidad de recuperación.

    La definición muestra que el Ejecutivo busca correr la discusión de seguridad nacional del plano exclusivamente militar. La economía, la tecnología, las redes digitales, la infraestructura y las decisiones diplomáticas pasan a integrar expresamente el mismo sistema.

    8. Cambia el concepto de Defensa y el papel de las Fuerzas Armadas

    La iniciativa modifica la Ley 23.554 de Defensa Nacional.

    El nuevo artículo 2 define la Defensa Nacional como la función destinada a proteger soberanía, independencia, integridad territorial, capacidad de autodeterminación y los intereses nacionales frente a amenazas externas provenientes de actores estatales o no estatales, tanto cinéticas como no cinéticas.

    El cambio tiene efectos sobre la preparación de las Fuerzas Armadas. El proyecto establece que deberán estar organizadas, adiestradas y equipadas frente a riesgos y amenazas externas y preparadas para operaciones militares convencionales y no convencionales, así como para otras operaciones militares distintas de la guerra.

    También podrán ser empleadas, cuando corresponda, en la protección de infraestructura crítica identificada por el Consejo de Seguridad Nacional.

    La reforma incorpora así fenómenos como ataques cibernéticos, sabotajes externos y agresiones contra redes o infraestructura estratégica dentro del análisis de Defensa Nacional, siempre que se trate de riesgos o amenazas de origen externo.

    9. Protección de infraestructura crítica, energía, comunicaciones y centros de datos

    Otro capítulo crea un régimen nacional específico para los bienes e instalaciones considerados indispensables para el funcionamiento del país.

    El texto define como Infraestructuras Críticas a estructuras físicas, redes o sistemas públicos o privados esenciales para servicios básicos, salud, seguridad, defensa, economía y funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o afectación pueda producir un impacto significativo.

    El Consejo deberá elaborar una Estrategia Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas y un Plan Nacional que determine pautas de protección. Ambos deberán actualizarse cada cinco años o antes cuando lo justifiquen cambios tecnológicos o circunstancias excepcionales.

    Las provincias y la Ciudad deberán identificar las infraestructuras de sus jurisdicciones. Sus propietarios u operadores tendrán que elaborar planes particulares de seguridad, que deberán ser evaluados periódicamente.

    El Consejo podrá determinar cuáles son de interés nacional y ordenar la intervención de los organismos necesarios para protegerlas. La ley menciona especialmente centros de datos e infraestructura de tecnologías de la información.

    La información sobre ubicación, propietarios, características y medidas de seguridad podrá quedar clasificada.

    10. Un nuevo procedimiento para controlar buques y proteger el mar y los ríos

    El proyecto también regula el procedimiento de actuación sobre embarcaciones.

    Crea la categoría de “Buque de Interés” para aquellos que, por su recorrido, bandera, actividad, antecedentes, falta de reportes, simulación de identidad o comportamiento anómalo requieran seguimiento. Pero aclara expresamente que esa clasificación no significa que exista una infracción ni habilita por sí sola medidas coercitivas.

    También establece que la evasión o desobediencia de un buque no alcanza por sí sola para considerarlo hostil. Para eso debe existir un acto material de fuerza o una amenaza de agresión externa suficientemente concreta.

    El procedimiento comienza con identificación y orden de detención. Si el barco no obedece, podrá iniciarse una persecución dentro de las condiciones del derecho internacional. Luego podrán realizarse visitas e inspecciones, maniobras de interposición y disparos de advertencia.

    Agotadas las medidas menos lesivas, podrán efectuarse disparos destinados a inutilizar el buque, procurando afectar sistemas de propulsión o gobierno y evitando muertes, contaminación o hundimiento.

    El hundimiento queda reservado como una medida militar extrema contra un buque hostil. El texto prohíbe expresamente hundir un barco civil como sanción, herramienta policial o mecanismo para impedir una fuga. Cualquier hundimiento requerirá autorización previa y expresa del Presidente, facultad que podrá delegar en el ministro de Defensa.

    11. Una puerta de salida para quienes abandonen las actividades cuestionadas

    La dureza de las sanciones convive con un mecanismo destinado a incentivar que las empresas abandonen actividades realizadas sin autorización argentina.

    El Régimen de Desistimiento y Regularización permite que un sujeto involucrado solicite su incorporación incluso después de haber recibido una sanción administrativa.

    Debe demostrar que cesó la actividad, comprometerse a no reincidir y elegir entre pagar una multa específica o reconvertir las inversiones hacia actividades legales que se desarrollen en territorio argentino.

    Si cumple las condiciones, se suspenden los procedimientos administrativos y las acciones penales. Cumplido el pago o realizada la inversión comprometida, se archivan las actuaciones y puede extinguirse la acción penal.

    El beneficio no estará disponible para quienes tengan una sentencia firme por los delitos de la ley ni para reincidentes, y solo podrá utilizarse una vez.

    El mecanismo muestra una segunda finalidad de la norma: además de castigar la explotación considerada ilegal, busca generar incentivos económicos para que empresas internacionales abandonen esos proyectos y trasladen inversiones hacia actividades autorizadas por la Argentina.

    12. El RePET pasa a tener rango legal y se endurece el régimen contra el terrorismo

    El último gran bloque eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que funcionará dentro de la Unidad de Información Financiera.

    El registro incluirá información sobre personas y entidades vinculadas con terrorismo, financiamiento terrorista y proliferación de armas de destrucción masiva. La incorporación no requerirá necesariamente que exista previamente una causa penal: el proyecto exige que haya motivos razonables para sospechar una vinculación con esas actividades o una designación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

    Los sujetos obligados por las normas antilavado deberán inmovilizar inmediatamente fondos y activos vinculados con personas o entidades inscriptas y comunicar la situación a la UIF.

    La propia UIF podrá disponer la inmovilización y deberá comunicarla al Ministerio Público Fiscal y a un juez federal para que la ratifique, rectifique o revoque.

    El proyecto crea además un delito específico con penas de cinco a 15 años para quien proporcione deliberadamente apoyo material a una organización o persona vinculada con actividades terroristas o con proliferación de armas de destrucción masiva.

    La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional llega así al Congreso como una iniciativa considerablemente más extensa que el paquete originalmente asociado al conflicto por Malvinas.

    La disputa por los recursos del Atlántico Sur fue el punto de partida y continúa ocupando el primer capítulo del proyecto. La explotación petrolera de Sea Lion y la decisión del Gobierno de aumentar los costos para empresas, accionistas, proveedores y operadores vinculados con actividades no autorizadas actuaron como detonante de la nueva legislación. Pero, durante el proceso de elaboración, el texto avanzó hacia una redefinición más profunda de las herramientas que podrá utilizar el Estado frente a amenazas externas.

    El resultado es un proyecto que reúne bajo la misma estructura Malvinas, Defensa, política exterior, inteligencia, economía, ciberseguridad, infraestructura crítica, control del espacio aéreo y marítimo, influencia extranjera y terrorismo.

    La iniciativa propone pasar de una legislación concentrada en determinadas infracciones vinculadas con los recursos naturales a un esquema permanente de Seguridad Nacional, dirigido políticamente por el Presidente y con un Consejo facultado para coordinar desde la respuesta militar hasta medidas financieras, comerciales y diplomáticas.

  • Secuestraron droga valuada en más de $410 millones a orillas del río Paraná

    Secuestraron droga valuada en más de $410 millones a orillas del río Paraná

    Un operativo de Prefectura Naval Argentina permitió secuestrar más de 115 kilos de marihuana valuados en más de $410 millones a orillas del río Paraná, en la localidad misionera de Corpus. La droga había sido descargada desde una embarcación que llegó desde territorio paraguayo.

     

    El procedimiento fue resultado de tareas previas de investigación y vigilancia realizadas por efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Prefectura Puerto Maní, luego de recibir información sobre un posible ingreso de mercadería ilegal al país.

     



     

    A partir de esos datos, el personal desplegó un puesto de observación en un sector estratégico y comenzó a monitorear los movimientos en la zona mediante equipamiento específico.

     

    Detectaron el cruce con una cámara térmica

     

    Durante la vigilancia, los efectivos utilizaron una cámara térmica y detectaron una embarcación a motor que atravesaba el río Paraná desde la costa paraguaya hacia territorio argentino.

     

    El movimiento fue observado a la altura del kilómetro 1669,8, en inmediaciones del arroyo Ñacanguazú. Al llegar al margen argentino, los ocupantes del bote arrojaron varios bultos sobre la costa.

     



     

    Inmediatamente después de descargar la mercadería, la embarcación emprendió el regreso hacia Paraguay. Ante esa situación, el personal de Prefectura se trasladó hasta el punto donde habían sido abandonados los paquetes.

     

    Encontraron seis bultos con marihuana

     

    Al llegar al sector indicado, los agentes localizaron seis bultos y procedieron a inspeccionar su contenido. En el interior encontraron cogollos y panes de marihuana.

    El pesaje de los estupefacientes arrojó un total superior a los 115 kilogramos. De acuerdo con la información oficial, la droga incautada fue valuada en más de $410 millones.

     

     



    En el operativo no se informó sobre personas detenidas, ya que quienes viajaban en la embarcación regresaron hacia territorio paraguayo después de abandonar los bultos en la costa argentina.

     

    La mercadería quedó secuestrada y a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar su procedencia y establecer posibles responsabilidades vinculadas con el cargamento.

  • ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 17 de septiembre de 2026

    ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 17 de septiembre de 2026

    Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
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    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 17 de septiembre con el calendario de pagos de jubilaciones, asignaciones y prestaciones. Las acreditaciones se definen, en la mayoría de los casos, por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

    Los montos vigentes incorporan un aumento del 2,11%, calculado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme al esquema de movilidad dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24.

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    Quiénes cobran hoy, 17 de septiembre de 2026

    El calendario de pagos de ANSES para este lunes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

    Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

    Este jueves cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cuyos documentos terminan en 7. El pago corresponde al haber mensual de septiembre, junto con el refuerzo previsto para quienes se encuentran dentro de este grupo.

    Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

    Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 7 reciben sus pagos este 17 de septiembre.

    La AUH y la Asignación Familiar por Hijo se pagan este 17 de septiembre a los beneficiarios con DNI terminado en 7 (REUTERS/Francisco Loureiro)

    Ambas prestaciones siguen el mismo esquema de fechas que las jubilaciones mínimas. La AUH se abona a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que cumplan los requisitos establecidos por el sistema de seguridad social.

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    Asignación por Embarazo

    También cobran hoy las personas titulares de la Asignación por Embarazo cuyos documentos terminan en 5. Este beneficio está destinado a personas embarazadas sin cobertura de obra social y requiere cumplir las condiciones fijadas por la ANSES.

    Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas

    Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.

    Asignaciones de pago único

    Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.

    Las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas están disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

    Becas Progresar

    También cobran los beneficiarios de las becas Progresar con documentos terminados en 8 y 9, según el calendario correspondiente a agosto.

    De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

    Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.

    La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

    En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.

    De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

    La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. La ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

    Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.

    Fachadas ANSES

    La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.

    Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

    La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo se mantiene en $188.300 y el máximo en $376.600, a la espera de una actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

  • Operativo sobre colectivos en la Ruta 14 dejó cuatro detenidos y droga secuestrada

    Operativo sobre colectivos en la Ruta 14 dejó cuatro detenidos y droga secuestrada

    Un amplio operativo interfuerzas realizado sobre la Ruta 14 terminó con cuatro hombres detenidos que tenían pedidos de captura vigentes y el secuestro de cocaína y marihuana. El procedimiento se desarrolló durante la mañana del miércoles a la altura del kilómetro 270 de la Autovía Gervasio Artigas.

     

    Del despliegue participaron efectivos de la Policía de Entre Ríos y de la Policía Federal Argentina. El objetivo fue profundizar los controles preventivos y la identificación de personas y vehículos que circulaban por ese sector, con especial atención a los transportes utilizados por trabajadores vinculados con la cosecha de citrus.

     



     

    Durante el procedimiento fueron inspeccionados 72 vehículos, entre ellos 27 colectivos destinados al traslado de trabajadores. También intervino personal de la División Drogas Peligrosas junto al can detector de narcóticos “Malli”.

     

    Cuatro hombres tenían pedidos de captura

     

    Al consultar los sistemas correspondientes, los agentes comprobaron que cuatro hombres mayores de edad tenían pedidos de captura vigentes emitidos por distintas autoridades judiciales. Ante esa situación, fueron detenidos y se dio intervención a los organismos que habían solicitado su localización.

     

    Además, otras dos personas fueron trasladadas hasta la Jefatura Departamental Concordia para establecer correctamente su identidad, según se informó oficialmente tras el operativo realizado sobre la Ruta 14.

     



     

    En el dispositivo también trabajaron integrantes de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dependencias de la Jefatura Departamental Concordia y efectivos de la Policía Federal.

     

    Secuestraron cocaína y marihuana

     

    En paralelo con los controles de identificación, efectivos de Drogas Peligrosas intervinieron en el marco de la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo y procedieron al secuestro de distintos elementos vinculados con estupefacientes.

     



     

    Entre lo incautado había envoltorios con cocaína, envoltorios con marihuana y material vegetal compatible con cogollos de cannabis. No se precisaron oficialmente las cantidades secuestradas ni se informó que esos hallazgos estuvieran relacionados específicamente con los cuatro hombres detenidos por los pedidos de captura.

     

    Desde la Policía indicaron que el procedimiento forma parte de los controles conjuntos que se vienen desarrollando en accesos y principales corredores de Concordia. La Ruta 14, por su intenso movimiento de vehículos particulares, transportes de pasajeros y cargas, constituye uno de los puntos donde se concentran este tipo de operativos preventivos.

  • El Gobierno dejará de cobrar $51 billones en impuestos en 2027 y oculta el cálculo que ya computa el RIGI

    El Gobierno dejará de cobrar $51 billones en impuestos en 2027 y oculta el cálculo que ya computa el RIGI

    El Gobierno nacional decidió mantener intacta una de las principales fugas de recaudación del Estado: el gasto tributario. Según el proyecto de Presupuesto 2027, el fisco dejará de percibir $51,9 billones por tratamientos impositivos preferenciales, una cifra que equivale al 3,67% del PBI. Pero, el dato más disruptivo es lo que esconde: la exclusión del costo fiscal que demandará el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que ya tuvo importaciones y activos computables que evitaron los impuestos.

    Pese al fuerte recorte del gasto aplicado en otras áreas para sostener el ancla fiscal, la Casa Rosada no tiene en carpeta achicar estos beneficios consolidados que crecieron respecto al ejercicio actual (3,4% del PBI). En el trazo grueso, la mayor parte de este universo se destina a exenciones que benefician a personas humanas y consumos básicos, sumando cerca de $6,2 billones no recaudados. Allí figuran las prestaciones médicas a obras sociales y al PAMI, las alícuotas reducidas del IVA para alimentos frescos y medicamentos, y la exclusión de Ganancias para los funcionarios del Poder Judicial.

    Los regímenes de promoción económica directa concentran más de $6,2 billones de pesos, equivalentes al 0,44% del PBI para 2027. Lidera el esquema el régimen especial de Tierra del Fuego, con un costo fiscal estimado en $1,8 billones. Le siguen el régimen de la Economía del Conocimiento ($842.556 millones), la promoción minera ($89.820 millones), el esquema para PyMEs y el sector autopartista.

    El impacto de las grandes inversiones

    Pese a ser el principal motor normativo de la gestión económica de los sectores denominados “estratégicos”, el RIGI no aparece en la proyección de las exenciones futuras. El Ministerio de Economía justificó esta omisión técnica en el Mensaje que acompaña la iniciativa argumentando que los proyectos adheridos se encuentran mayoritariamente en “etapas iniciales de implementación (inversión)”. Por lo tanto, el Palacio de Hacienda sostiene que el gasto tributario asociado al régimen recién “podrá ser estimado en etapas posteriores de avance de los proyectos”.

    En realidad, los beneficios aduaneros y fiscales ya se están materializando en las primeras fases de desembolsos de infraestructura. “En los hechos ya están teniendo operaciones de importaciones que bajo el RIGI no pagan impuestos. Esa debería ser una brecha respecto al régimen general de aranceles”, explicó el economista de Empiria, Nicolás Gadano. Según un análisis de Adimra, entre mayo de 2025 y junio de 2026, los ocho VPU comprendidos en la base importaron bienes por USD 284,3 millones, por ejemplo.

    Un relevamiento de la consultora Paspartú planteó que el RIGI ya consolidó una cartera con una Inversión Mínima en Activos Computables asegurada de USD 28.888 millones. El cronograma de ejecución muestra un fuerte flujo de dólares de forma inminente: se proyectan desembolsos obligatorios por USD 5.832 millones en 2027 y USD 13.023 millones para 2028. Los grandes ganadores que capitalizan de manera directa esta eximición impositiva operan en la Minería (62,7% de las inversiones aprobadas) y el Petróleo y Gas (33,7%), destacándose megaproyectos encabezados por YPF, Río Tinto, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía.

    Los números de la oposición y el Súper RIGI

    Ante el vacío de proyecciones en la letra chica del Presupuesto, la oposición comenzó a trazar los números del impacto real en la recaudación. Un informe técnico elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel midió el gasto tributario oculto cruzando el monto de 23 proyectos aprobados, por una inversión total de USD 49.766 millones, con las previsiones de empleo y los flujos exportadores de las compañías. La conclusión advierte que, en fase de plena ejecución, el RIGI demandará un sacrificio fiscal de USD 3.359 millones anuales, una cifra equivalente a 0,49 puntos porcentuales del PBI.

    La anatomía de esta merma de ingresos se apoya en los beneficios aduaneros y fiscales vigentes. Del 0,49% del PBI calculado, la rebaja al 0% de los Derechos de Exportación a partir del tercer año explica 0,40 puntos, consolidándose como el beneficio más cuantioso para el Tesoro. Le sigue la baja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 25% junto con la actualización de quebrantos, que absorben otros 0,22 puntos del PBI, y la exención total de derechos de importación junto con el IVA aduanero, que restan otros 0,15 puntos. El pago de IVA con Certificados de Crédito Fiscal y el cómputo pleno del impuesto al cheque a cuenta de Ganancias completan la sangría fiscal.

    El escenario de estrés para la recaudación podría profundizarse si el Congreso sanciona el denominado “Súper RIGI”. Diseñado para traccionar desembolsos en nuevas industrias, este régimen ampliado perfora aún más la base imponible al establecer una tasa de Ganancias del 15% y fijar un tope del 10% a las contribuciones patronales para la generación de nuevos empleos. Según la proyección de Michel, si se extrapolan USD 100.000 millones de inversión a las condiciones de este nuevo paraguas legal, el gasto tributario saltaría a 1,27 puntos del PBI.

    EM/MSS/DCQ

  • Gustavo Sáenz cuestionó al Gobierno nacional tras la reunión con Santilli: “La paciencia se va acabando”

    Gustavo Sáenz cuestionó al Gobierno nacional tras la reunión con Santilli: “La paciencia se va acabando”

    Gustavo Sáenz reclamó por la falta de autorizaciones para avanzar con proyectos provinciales, tras una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli (Gentileza: A24)
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    Luego de haber participado en la reunión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores del Norte, el mandatario salteño, Gustavo Sáenz, cuestionó al Gobierno por no brindarles apoyo en cuestiones financieras y de infraestructura. “La lealtad es una avenida de ida y de vuelta, y yo siento que venimos siempre y nunca vuelven para allá”, apuntó y advirtió: “La paciencia se va acabando”.

    El encuentro se llevó adelante este miercoles, tan solo horas después de que sea enviado al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Además, del mandatario salteño participaron Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Durante más de dos horas, Santilli les explicó a los dirigentes del norte los detalles del rumbo de la economía y las proyecciones que hizo la administración libertaria para el año que viene. También escuchó los reclamos de las provincias.

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    De esta manera, al evaluar la relación entre el Poder Ejecutivo y las provincias, Sáenz afirmó que existe una “falta de consideración y de reciprocidad”. Incluso, para con aquellas jurisdicciones que acompañaron iniciativas oficiales en el Congreso.

    “La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y esta falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos”, cuestionó el mandatario al remarcar que, al igual que Nación, cada una de las provincias también tiene los mismos problemas.

    Durante una breve entrevista con A24, Sáenz apuntó: “No estamos pidiendo nada”, en referencia a los fondos nacionales para obras públicas. Luego de que el Gobierno fijara como máxima mantener el déficit fiscal equilibrado, el jefe del Estado de Salta explicó que tuvieron que buscar financiamiento internacional.

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    Diego Santilli junto a los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Salta, Gustavo Sáenz, y Tucumán, Osvaldo Jaldo

    A pesar de esto, el gobernador criticó la falta de respuesta por parte de Nación, que presentaría una demora en otorgar las autorizaciones para continuar con los proyectos planificados por la provincia.

    En este sentido, explicó que pidió autorización y garantía soberana nacional para refinanciar una deuda tomada durante la gestión anterior. Así, precisó que la provincia tenía un compromiso original de 640 millones de dólares y que ya canceló cerca de 500 millones.

    Según relató, el ministro de Economía, Luis Caputo, le recomendó avanzar con la refinanciación por la baja del riesgo país y de las tasas de interés. Sin embargo, señaló que para concretar la operación requiere el aval nacional.

    Para eso necesitamos la autorización y la garantía soberana de Nación”, dijo Sáenz. De la misma forma, agregó que esa herramienta también es necesaria para obtener financiamiento internacional destinado a obras viales en territorio salteño.

    Pese a que recordó que el mantenimiento y obras referidas a las rutas nacionales deberían estar a cargo del Ejecutivo central, indicó que la provincia resolvió asumir las tareas con fondos externos. “Son endeudamientos que tienen que ver con obras fundamentales para Salta”, planteó sobre los frenos que encontró.

    El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

    Por otro lado, Sáenz vinculó sus reclamos con el comportamiento de referentes oficialistas en las legislaturas provinciales. En línea con esto, afirmó que sectores que respaldan al presidente Javier Milei en Salta, Tucumán y otros distritos votan en contra de las iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las provincias.

    Cuando nos necesitan, hablan con nosotros todos los días, a toda hora y en todo momento”, cuestionó el gobernador, tras plantear que los mandatarios provinciales acompañaron leyes nacionales, pero no reciben el mismo respaldo para resolver necesidades de índole local.

    Por este motivo, afirmó que la relación con el Gobierno debe tener una lógica de reciprocidad. “Yo siempre dije que la lealtad es una avenida de ida y vuelta, y yo siento que venimos siempre y nunca vuelven para allá”, expresó.

    En la misma sintonía del reclamo, sostuvo que en encuentros anteriores hubo compromisos que no se concretaron y pidió que los acuerdos alcanzados con funcionarios nacionales se cumplan antes de abrir nuevas discusiones.

    Por otro lado, el mandatario salteño diferenció los reclamos financieros de la posición que adoptará frente a la ley de emergencia en discapacidad. Así, confirmó que no acompañará esa iniciativa al considerar que los sectores más vulnerables requieren asistencia estatal.

    El gobernador Gustavo Sáenz brinda su informe de gestión en la 127° Asamblea Legislativa

    El equilibrio fiscal que tanto se defiende también vaya acompañado de un equilibrio social”, afirmó. Por esto, sostuvo que las personas con discapacidad no pueden ser tratadas como “una planilla Excel” y admitió que pueden existir irregularidades, aunque señaló que deben detectarse a través de auditorías.

    A pesar de esto, el gobernador pidió controles para verificar las prestaciones y beneficios. Asimismo, insistió en que ese proceso no debe derivar en la desatención de quienes tienen una discapacidad acreditada.

    Durante la entrevista, Sáenz también se refirió al escenario político y económico. Si bien señaló que una parte de la sociedad rechaza un regreso al pasado, remarcó que tampoco está conforme con el presente. Además, consideró que el debate público no puede reducirse a una confrontación entre Milei y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

    A su entender, la falta de institucionalidad, confianza y previsibilidad afecta la llegada de inversiones y frena el impacto de la estabilidad macroeconómica en la actividad cotidiana. Mencionó el consumo, las exportaciones y la inversión como sectores que todavía no despegan.

    Incluso, cuestionó los planteos de dirigentes que prometen revertir normas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) si llegan al poder. “Tienen que ser política de Estado independientemente”, sostuvo.

    Finalmente, Sáenz comparó el nivel del riesgo país argentino con el de naciones vecinas y señaló que, pese a una macroeconomía que describió como estabilizada, Argentina se ubica —según sus dichos— entre 450 y 500 puntos, por encima de países como Uruguay y Chile.

  • “¡No concedan nada!”: Milei se radicaliza como nunca y hay cortocircuitos entre el equipo económico y el político

    “¡No concedan nada!”: Milei se radicaliza como nunca y hay cortocircuitos entre el equipo económico y el político

    ¡No concedan nada!”. A puertas cerradas, en la Casa Rosada, Javier Milei habló durante casi cinco horas el último lunes. Primero frente a ministros; después frente a diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA). Lo del Presidente incluyó su habitual diatriba interminable contra periodistas y economistas críticos. Pero, sobre todo, fue una bajada de línea: el jefe de Estado les ordenó a los miembros de su tropa que rechacen categóricamente que exista un deterioro económico. En idioma libertario, “no se dejen psicopatear”.

    Milei no admitió falla alguna en su programa y desconoció las dificultades de la economía real. Los legisladores se animaron a hacerle 20 preguntas y él negó de plano una caída de la actividad, desmintió la pérdida de puestos de trabajo y refutó una caída del poder adquisitivo de las familias. El adoctrinamiento hacia su equipo implicó, también, cierta vigilancia sobre la performance del oficialismo en la conversación pública. Como si estuviera enojado con los propios porque nota que dejan pasar las balas.

    Javier está parado en que todo está funcionando bien. Como enceguecido”, describió uno de los presentes del encuentro en la sede de gobierno. Ante la crítica pública y la caída en las encuestas, Milei se atrinchera en sus posturas. Lejos de revisar, se radicaliza.

    El mandato presidencial impacta de lleno en el equipo económico, que no puede hacer más que movimientos milimétricos en la gestión. Si bien moderó las proyecciones macro para el año próximo, el Presupuesto 2027 incluyó zancadillas para profundizar la motosierra. El capítulo 6 pretendió derogar “por la ventana” artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Fue un bombazo para el ala política, que en el preciso momento en el que ingresó la “ley de leyes” al Congreso venía desplegando negociaciones sensibles con los aliados para evitar una derrota en manos de la oposición con ese tema.

    El presidente Javier Milei encabezó una reunión con legisladores de La Libertad Avanza en Casa Rosada

    En toda la trama se vio una fuerte desconexión interna en el Gobierno. El Ministerio de Salud, que tiene a su cargo el área de Discapacidad, no estaba informado del texto del capítulo 6. Y Martín Menem se desayunó con el capítulo de la discordia sin poder anticiparse al frente de tormenta en la Cámara baja. El Presupuesto, en general, se nutre de la información de los ministerios, se confecciona en el Ministerio de Economía y pasa por la Secretaría Legal y Técnica, antes de la revisión y firma final del Presidente.

    No es que no se hubiera discutido el tema en los días previos: el equipo económico quería fijar postura con el tema Discapacidad dentro del Presupuesto (igual que había hecho en diciembre de 2025), pero el “ala parlamentaria” había advertido sobre la inconveniencia de la jugada. “Es el tema más picante hoy en el Congreso. Ya perdimos seis votaciones con este tema. Y nos pone en peligro otras negociaciones”, dijo una importante fuente del oficialismo en Diputados.

    Finalmente, se volvió al plan parlamentario original. Nadie descarta que asome otro “martes 13”: a medida que la oposición estudie en detalle la hoja de ruta presupuestaria, pueden asomar nuevas polémicas. La obra pública -que viene siendo negociada en cada reunión de la Casa Rosada con los gobernadores- podría, por ejemplo, detonar nuevos chisporroteos.

    Del encuentro con el Presidente el lunes varios legisladores nacionales se fueron embroncados. No aquellos sin experiencia que accedieron a una banca colgados de la boleta violeta -y que suelen ser los primeros aplaudidores de los hermanos Milei- sino los que tienen trayectoria política propia. Aquellos que, fuera del palacio, caminan la calle y se rozan con el mundo privado en eventos y cócteles. “Yo no puedo pelearme con la realidad e insultar la inteligencia de la gente. Prefiero abstenerme de hablar”, se ofuscó un legislador a la salida de Balcarce 50.

    La otra curiosidad de la jornada fue que, producto de la desconfianza por eventuales filtraciones, todos dejaron sus celulares. Un senador se quejó: “No puede estar todo un gobierno incomunicado por cuatro horas ¿Qué somos? ¿Suiza?”. La que no quiso esperar fue Patricia Bullrich, que se fue a los 20 minutos de iniciado el encuentro con los legisladores. Es cierto que ya había escuchado a Milei en la reunión de gabinete previa pero, poco después de dejar la Casa Rosada, se desmarcó con sutileza en X: “Hay que sostener el rumbo y acelerar los resultados”, dijo.

    El Presidente, junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich (Foto: Delfina Corbera Pi / Zuma Press / Europa Press)

    Cuando habla sobre el panorama económico, Milei oscila entre las argumentaciones teóricas basadas en bibliografía precisa y apreciaciones de casuística. El Presidente apunta al “equilibrio general”. Ahí subraya que tuvo “crecimiento durante 27 meses consecutivos”, pobreza a la baja y la inflación desacelerando. “En todo caso hay una reasignación de recursos y tensión entre sectores”, reconoce, respecto a los ganadores y perdedores de su modelo.

    Esa teorización se marida con apreciaciones como “es mentira que la gente no llega a fin de mes porque patearíamos cadáveres en las calles”, “es mentira que cayó el consumo por las filas en la avenida Corrientes”, “es mentira que cayeron los puestos de trabajo porque aumentó el empleo informal”. Para cada dato oficial negativo, hay un asterisco presidencial para discutirlo.

    “Milei les da herramientas para defender el programa económico de la manera que él cree que hay que hacerlo. Y lo hace con su tono de siempre. Lo que busca es explicar la economía, hace esfuerzos para que su mensaje llegue a todos los propios”, defendieron cerca del jefe de Estado.

    El resultado de la lección presidencial se pudo ver en las redes. Algunos diputados -los más obsecuentes- rápidamente generaron contenido con foco económico. Karen Reichardt celebró el despido de 70.000 empleados públicos bailando en su oficina. Virginia Gallardo explicó conceptos básicos de economía con el libro que recomendó Milei en la mano, mientras realizaba su rutina de belleza frente al espejo.

    Pero otros legisladores comenzaron a mostrar hastío por la lógica de construcción política que impera por estos días en LLA. “Nos dicen vengan, escuchen que nosotros les contamos cómo son las cosas porque ustedes no entienden nada. Javier marca la línea económica y Karina la línea política. Y no se discute”, se quejó un diputado experimentado.

    Toda la narrativa presidencial se pondrá muy a prueba en los próximos días. Esta semana y la que viene se van a conocer varios indicadores clave. Hoy se difunde el PBI del segundo trimestre, el primer gran dato con el que el mercado va a chequear si se confirma la desaceleración que ya venían anticipando las consultoras privadas. El lunes 21 llega el índice de salarios, clave para saber si los ingresos le ganan o no a la inflación. El miércoles 23 se conocen las ventas de julio en supermercados, mayoristas y shoppings, el termómetro más directo del consumo de los hogares (si bien hay una discusión en torno al e-commerce). Y el jueves 24 se acumulan dos datos sensibles el mismo día: el EMAE de julio (la foto mensual de la actividad económica) y la pobreza del primer semestre de 2026, uno de los números más esperados y políticamente más pesados del año.

    Manos con una lapicera sobre un formulario de crédito personal junto a billetes de mil pesos argentinos sobre una mesa de granito.

    El Observatorio de la UCA advierte por una posible suba de la pobreza. El Presidente pide dar la batalla cultural pero serán los datos oficiales los que pasarán el mensaje más nítido a todo el sistema.

    Por su parte, el mensaje de Karina a la tropa fue que se puede confrontar con virulencia con el kirchnerismo pero hay que tener “precaución” con los aliados. Diego Santilli aceleró las negociaciones con un grupo de gobernadores. El jefe de Gabinete también debe hacer movimientos milimétricos bajo las directrices de la hermana presidencial. Ella sólo será generosa en lo electoral con aquellos que apoyen la suspensión de las PASO.

    La voluntad de suspender las PASO está. Nadie quiere que la gente vaya a votar seis veces. Lo que hay es un problema de garantías. Quien da la muestra de fe primero”, sintetizó un importante funcionario de la Casa Rosada.

    La resistencia de Karina Milei a ceder en lo político tiene a la reforma política empantanada en el Senado: esta semana se trató el tema en la comisión de Asuntos Constitucionales sin que hubiera estrategia parlamentaria alguna. Patricia Bullrich admitió ahi mismo que el oficialismo no tiene los votos.

    Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Diego Santilli, jefe de Gabinete; y Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional

    Después de participar muy sonriente de una reunión con Santilli y otros tres gobernadores del “norte grande”, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió: “La paciencia se va agotando cuando vemos esta hipocresía y falta de reciprocidad para con los gobernadores que ayudamos”.

    Con toda la agenda legislativa muy trabada en el Congreso, lo que avanza con sorpresiva fluidez es la agenda judicial que impulsa el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ahora está afinando el proyecto para reorganizar los tribunales federales: según pudo reconstruir Infobae, Comodoro Py pasaría de 12 a 10 juzgados; habría un achicamiento del fuero Penal Económico, se comprimiría la Cámara de Casación, de 13 a nueve vocalías y se reducirían fiscalías y juzgados nacionales. Como contraparte, se crearían nuevos juzgados en las provincias del interior. La iniciativa se traduce como un nuevo reparto de poder: habrá una cuota más grande para los gobernadores y para los jueces que permanezcan en Py, con un bolillero más favorable en el sorteo de causas.

    Mahiques también prepara una reforma del Consejo de la Magistratura, que pasaría de 20 a 15 miembros, aunque el número final todavía se discute.

    Pero sin dudas la novedad del momento es la ventana de oportunidad que el kirchnerismo le está abriendo al Gobierno para hacer nombramientos de jueces. La votación de Pablo Yadarola como nuevo camarista federal con apoyo casi unánime de Unión por la Patria asoma como un símbolo del cambio de estrategia. Como si después de larguísimos años yendo “por las malas” contra la familia judicial bajo la retórica del lawfare, ahora primara mayor pragmatismo. Ya se agotó el tiempo para la “democratización de la Justicia” o el diseño de un Poder Judicial afín al PJ. Cristina ahora está presa y además avanza la causa Hotesur que puede complicar a Máximo Kirchner.

    Mientras la expresidenta refuerza su equipo jurídico con expertos de otros países y busca generar presión internacional en la causa Vialidad, su tropa trabaja bajo un mayor realismo operativo en la cuestión judicial doméstica.

    “El kirchnerismo se ha comido un revés judicial tras otro con Cristina. Y ahora ella ni siquiera puede tomar sol. En otro momento hubieran salido coralmente a cuestionar la política judicial del Gobierno. Ahora, sorprendentemente, prima el silencio”, analizó un colaborador del peronismo que sigue muy de cerca la trama judicial.

    En el medio, hay diálogos cruzados entre el equipo judicial de Milei y algunas espadas judiciales de la expresidenta. En el caso de Yadarola, el peronismo optó por aportar sus votos cuando entendió que igualmente no le alcanzaba para impedir su nombramiento. No hizo lo mismo con el otro camarista, Pablo Bertuzzi. Ahora toda la atención está puesta en las ternas que tiene el Poder Ejecutivo para llenar, entre otras vacantes, un lugar en el TOF 5 que va a iniciar el juicio de Hotesur. Nadie sabe qué nombre elegirá el Gobierno: el concurso es múltiple y muchos de los que quedaron mejor posicionados ya fueron nombrados en otros juzgados (un fenómeno inédito, que solo se explica por el festival de designaciones).

    Mahiques tiene una libertad para maniobrar casi única en el gabinete. El ala política no puede decir lo mismo. Quisiera, por caso, encontrar los márgenes para, dentro de la visión mileísta, poder tomar medidas que incentiven la actividad económica. Por ejemplo, con más créditos en dólares. Un importante ministro lo dijo así: “Va a haber más medidas para incentivar. Va a ir sucediendo despacio. Hay un debate largo sobre cada medida porque primero tienen que cuadrar en la cabeza del Presidente”.

    Parece difícil que Milei admita oportunidad de mejora alguna. Su capacidad de celebrarse a sí mismo y convencerse de que está en lo correcto arroja escenas curiosas. Como cuando festeja que lo mencionan en The Economist, bajo el grito de “fenómeno barrial”. El artículo citado por el presidente decía: “Argentina necesita menos gritos y más crecimiento. Sin ello, el experimento liberal podría terminar el año que viene”.

  • Misiones buscará desdoblar las elecciones provinciales y ya analizan en qué fechas se pueden realizar

    Misiones buscará desdoblar las elecciones provinciales y ya analizan en qué fechas se pueden realizar

    Lucas Romero, Hugo Passalacqua, Oscar Rovira y Carlos Herrera Ahuad
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    El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmará para fines de septiembre o principios de octubre que las elecciones provinciales se desdoblarán y se adelantarán respecto a los comicios nacionales, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. En principio, las fechas que se están barajando son de abril a mayo.

    La última elección a gobernador se realizó el 7 de mayo de 2023. El actual mandatario resultó electo con el 64% de los votos. La anterior se concretó el 2 de junio de 2019 y en esa oportunidad, Oscar Herrera Ahuad se impuso con el 72,4% de los sufragios. La excepción de estos últimos años fue 2015. En aquel entonces, Misiones votó en forma simultánea con la Nación. Fue el primer mandato de Passalacqua que se impuso con el 63,8%. Maurice Closs ganó en 2011 con el 75% de los votos en una elección hecha el 26 de junio.

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    En la provincia no hay primarias. Cada fuerza determina su oferta electoral. De allí que reste poco margen para completar todos los pasos institucionales que permiten armar una lista y presentarla. Además, se deben confeccionar los padrones y cumplir con otros pasos formales.

    Hugo Passalacqua ya tiene sello propio en Misiones y formalizó su ruptura con Carlos Rovira

    Hasta ahora, son nueve las provincias que han dejado en claro su determinación de desdoblar su elección de los comicios nacionales. Tucumán votará el 9 de mayo. Salta haría lo mismo entre el 16 y el 23 de ese mes. Chubut evalúa ir a las urnas entre julio y agosto, mes en que podría convocar Neuquén.

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    Santa Fe, en tanto, estudia aún una fecha entre el 13 de junio y el 5 de septiembre. Chaco realizará sus comicios en la segunda quincena de septiembre. Tierra del Fuego tiene mandato constitucional de votar en forma separada 90 días antes de la culminación del actual período. Mendoza anticipó que desdoblará, pero no fijó fecha aún.

    El escenario

    En Misiones hay dos espacios bien definidos. Uno es el Movimiento de Passalacqua, donde está el 95% de la estructura de lo que fue el Frente Renovador de la Concordia, hegemónico desde principios de siglo hasta su disolución hace unos meses. La otra es La Libertad Avanza, que quedó como segunda fuerza en la elección legislativa provincial y ganó la nacional del año pasado.

    El escenario se completa con emprendimientos personales o alianzas transitorias que cumplen su rol opositor, pero no están en condiciones de discutir el poder.

    La decisión va de la mano con la estrategia electoral que sigue el gobernador Passalacqua desde la ruptura con Carlos Rovira, quien fuera el hombre fuerte de Misiones durante 20 años. El mandatario provincial quiere ser reelecto, pero viene de una mala experiencia en las legislativas de 2025.

    Ahora juega con el tiempo a su favor. Con el sostén de una red de intendentes que también quieren repetir y tras haberse quedado con el 95% de la estructura del oficialismo, cuanto antes se vote, menos margen tendrá la oposición para armarse.

    El gobernador Hugo Passalacqua abrió las sesiones legislativas en Misiones

    LLA lanzó hace un mes su escuela de dirigentes. El presidente Javier Milei la apoyó en persona. Habrá que ver si el movimiento alcanza para juntar nombres que permitan jugar con las reglas misioneras. En la tierra colorada, gran parte de la elección se define en las intendencias donde se sufraga con ley de lemas.

    En este sistema, el sublema que sume más votos de un lema acumula los de los demás. Los libertarios saben que deben presentar al menos dos propuestas en cada ciudad importante para enfrentar al aparato provincial. En cuanto a alianzas con otros espacios, la evaluación que hacen en LLA Misiones es que todavía es “muy prematuro”. Hubo y hay reuniones, pero nada cerrado.

    ¿Quién enfrentará a Passalacqua? El nombre saldrá de los referentes con mayor relevancia en la provincia. Uno es el legislador provincial Adrián Núñez, presidente del partido misionero. El otro es el extenista Diego Hartfield, actual diputado nacional.