El Ejército de Pakistán anunció este lunes que sus fuerzas armadas mantendrán operaciones basadas en inteligencia contra grupos terroristas que operan desde el territorio afgano bajo control talibán, en una declaración que endurece la postura de Islamabad tras los bombardeos del pasado 28 de junio que dejaron decenas de civiles muertos en el este de Afganistán.
El comunicado fue emitido por la Dirección de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas (ISPR, por sus siglas en inglés) tras una conferencia de altos mandos presidida por el mariscal de campo Asim Munir, jefe del Estado Mayor y máxima autoridad militar del país. El texto afirma que Pakistán tiene “el derecho inequívoco de defender a su pueblo del terrorismo” y que las operaciones continuarán mientras persista la amenaza procedente del territorio afgano. La conferencia ratificó también la continuidad de la Operación Ghazab lil Haq, la campaña militar lanzada a finales de febrero de 2026 tras una escalada de enfrentamientos en la frontera.
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El foro expresó, según el comunicado, “graves preocupaciones” por el uso sistemático del territorio afgano por parte del Tehreek-e-Taliban Pakistan —conocido como TTP o talibanes paquistaníes— y de grupos insurgentes baluchis para planear y ejecutar ataques dentro de Pakistán. El TTP es una organización armada distinta de los talibanes afganos en su cadena de mando y objetivos, aunque comparte con ellos bases ideológicas y vínculos étnicos, y ha encontrado refugio en suelo afgano desde que el régimen talibán recuperó el control de Kabul en agosto de 2021.
El comunicado introduce además una dimensión regional que agrava el conflicto: Islamabad responsabiliza a la India de armar y financiar a facciones militantes radicadas en Afganistán. El ISPR designó a esos grupos como “Fitna-al Hindustan”, una denominación oficial para organizaciones insurgentes en Baluchistán que, según la versión paquistaní, operan con apoyo de Nueva Delhi. India rechaza sistemáticamente esas acusaciones.
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La declaración llega ocho días después de que Pakistán ejecutara bombardeos aéreos y una operación terrestre nocturna en las provincias afganas orientales de Paktia, Paktika y Kunar. Islamabad sostiene que la ofensiva atacó refugios del TTP y de Jamaat-ul-Ahrar —una facción escindida de los talibanes paquistaníes— y que murieron 29 insurgentes. El gobierno talibán eleva la cifra a 36 muertos y asegura que todos eran civiles, incluidas mujeres y niños. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) documentó al menos 28 civiles fallecidos y 49 heridos.
Pakistán presentó los bombardeos como respuesta a un ataque en Karachi contra la sede regional de los Rangers, un cuerpo paramilitar, que causó la muerte de tres efectivos. Las autoridades atribuyeron la autoría a Jamaat-ul-Ahrar e identificaron a uno de los detenidos como nacional afgano. Los talibanes respondieron con lo que describieron como represalias en suelo paquistaní y con el lanzamiento de drones rudimentarios que, según el ISPR, fueron interceptados por la defensa aérea.
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Las relaciones entre Islamabad y Kabul se deterioraron de forma acelerada tras el regreso de los talibanes al poder en 2021. El conflicto escaló en octubre de 2025, cuando Pakistán atacó desde el aire Kabul en un intento fallido de neutralizar a Noor Wali Mehsud, líder del TTP. En febrero de 2026, tras una serie de atentados en territorio paquistaní, Islamabad lanzó la Operación Ghazab lil Haq. Los esfuerzos de mediación de Qatar, Arabia Saudí, Turquía y China no han producido hasta ahora ningún acuerdo de cese el fuego estable.
La condición que Islamabad impone para suspender las operaciones —que el régimen talibán renuncie a su vínculo con el TTP— es exactamente lo que Kabul rechaza, al negar que ese vínculo exista. Esa contradicción irresuelta es la que sostiene el conflicto y la que la conferencia de altos mandos del 6 de julio no hizo más que reafirmar.
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