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La Argentina mantiene desde hace cuatro décadas una deuda pendiente en materia de defensa. Si bien la Ley de Defensa Nacional reconoce la existencia de reservistas militares, el país nunca avanzó con la legislación que debía establecer cómo movilizarlos y organizarlos frente a una situación de emergencia.

Esa omisión, advirtió Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, responde a una combinación de falta de decisión política, demoras burocráticas y ausencia de consensos sobre una herramienta que, según explicó, forma parte del funcionamiento habitual de las Fuerzas Armadas en numerosos países.

“Es una deuda que lleva ni más ni menos que cuarenta años”, resumió el especialista, al señalar que el problema es “burocrático, legislativo” y refleja la falta de interés para avanzar sobre decisiones “claves para que el Estado pueda cumplir algunas de sus funciones fundamentales, como asegurar el resguardo de la soberanía y de los intereses nacionales”.

Una ley incompleta

Serbin Pont explicó que la figura del reservista no está ausente del marco jurídico argentino. El problema, sostuvo, es que nunca se completó el esquema previsto por la propia Ley de Defensa Nacional.

Según detalló, la normativa vigente establece la existencia de elementos de reserva, pero ordena además que el Consejo de Defensa Nacional impulse una ley específica de movilización nacional para definir el procedimiento mediante el cual esos ciudadanos pueden ser convocados en caso de necesidad. “Eso nunca ocurrió”, sintetizó, y esa ausencia impide contar con un sistema institucionalizado para incorporar personal cuando las circunstancias lo requieren.

Como consecuencia, explicó, las Fuerzas Armadas no disponen de un mecanismo transparente, permanente y accesible para organizar, capacitar y movilizar reservistas.

En ese contexto, señaló que actualmente existen grupos de reservistas distribuidos en distintas unidades del Ejército, aunque funcionan principalmente gracias a la iniciativa de sus propios integrantes. “Hoy hay unidades de reservistas en diferentes puntos, pero son, en buena parte, a pulmón, por el esfuerzo de los propios reservistas que deciden organizarse y coordinar con el Ejército”, describió.

Para el analista, eso implica depender de un recurso humano voluntario sin que exista una política pública que ordene su incorporación, capacitación y eventual convocatoria.

Una herramienta habitual en el mundo

Lejos de tratarse de una excepción, Serbin Pont remarcó que los sistemas de reservas constituyen uno de los pilares sobre los que se organizan muchas Fuerzas Armadas modernas.

“Esto existe en un montón de países. No es un invento argentino; al contrario, es la base con la que funcionan muchas fuerzas armadas alrededor del mundo, porque sostener un ejército permanente es caro”, explicó.

Para ilustrarlo, recordó el caso de Israel durante la guerra de Yom Kipur. Allí, señaló, el país logró movilizar en apenas 72 horas a unos 400.000 ciudadanos que no integraban el plantel profesional de las Fuerzas Armadas, sino que desarrollaban normalmente sus actividades civiles y fueron convocados cuando estalló el conflicto.

También mencionó el modelo suizo, donde el Estado entrega a los reservistas su uniforme y equipamiento básico una vez finalizada la instrucción militar. De esa manera, explicó, permanecen disponibles para ser convocados con rapidez cuando las circunstancias lo exigen.

Como ejemplo más reciente, Serbin Pont recordó lo ocurrido en Ucrania al comienzo de la invasión rusa en 2022. Según indicó, el gobierno movilizó a miles de reservistas que ya contaban con entrenamiento previo, mientras que otros ciudadanos recibieron instrucción acelerada para cumplir funciones de apoyo. “Los puntos de combate de alta intensidad los llevan los militares profesionales, pero los reservistas cumplen funciones complementarias”, explicó, al destacar que este tipo de esquemas permite ampliar rápidamente las capacidades del Estado sin depender exclusivamente del personal permanente.

Más efectivos y una mayor integración con la sociedad

Durante la columna, el especialista sostuvo que un sistema de reservas no solo incrementa la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, sino que también fortalece el vínculo entre la institución militar y la sociedad civil.

A modo de ejemplo, explicó que si el Estado conoce con precisión cuántos efectivos permanentes posee y cuántos reservistas capacitados puede convocar, dispone de una base mucho más sólida para planificar distintos escenarios. “Si las Fuerzas Armadas saben que tienen 80 mil efectivos, pero pueden movilizar otros 80 mil, entonces los planes de contingencia se elaboran sobre una capacidad potencial de 160 mil personas y no únicamente sobre la dotación permanente”, señaló.

Consultado acerca de si existe disposición de la ciudadanía para integrar un sistema de estas características, Serbin Pont respondió que el país ya cuenta con antecedentes de voluntariado que demuestran ese compromiso. Mencionó el caso de los cerca de 40.000 bomberos voluntarios que funcionan en la Argentina y sostuvo que miles de personas dedican tiempo y recursos propios para prestar un servicio a la comunidad. “La voluntad existe; lo que falta es un Estado que la organice”, afirmó.

En ese intercambio, la periodista Maru Duffard reconoció que desconocía que cualquier ciudadano pudiera acercarse voluntariamente a una unidad militar para integrar la reserva. La observación dio pie a una aclaración del especialista, quien explicó que pueden formar parte de ese sistema quienes pasaron por las Fuerzas Armadas, desde soldados voluntarios hasta oficiales retirados. Sin embargo, consideró que el esquema podría ampliarse para incorporar también a personas sin experiencia militar previa, siempre que reciban una instrucción básica que les permita integrarse de manera ordenada.

Para Serbin Pont, completar finalmente el marco legal pendiente desde hace cuarenta años no implica únicamente resolver una cuestión administrativa. Significa, sostuvo, dotar al Estado de una herramienta estratégica para responder ante situaciones excepcionales, aprovechar capacidades que hoy permanecen dispersas y fortalecer el vínculo entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. Esa discusión, concluyó, continúa pendiente pese a que la propia legislación la contempló hace ya cuatro décadas.

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Molinos Agro, la empresa agroindustrial de la familia Pérez Companc anunció este miércoles una inversión de más de USD 500 millones para construir y operar una nueva planta de molienda de soja en Timbúes, Santa Fe. La iniciativa, que se hará en sociedad con la Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada (ACA), elevará en un 50% la capacidad de procesamiento de la empresa y deja en suspenso su plan propio de USD 800 millones en el mismo distrito.

La nueva planta tendrá una capacidad de 15.000 toneladas diarias. Molinos Agro operará inicialmente el 65% —unas 10.000 toneladas por día—, volumen que se sumará a las 20.000 toneladas que la compañía ya procesa en su planta de San Lorenzo, también en territorio santafesino.

La empresa informó el acuerdo ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y A3 Mercados. La decisión de avanzar en terrenos de ACA y no en los propios tiene una lógica operativa: el predio de la cooperativa ya cuenta con puerto sobre el río Paraná, instalaciones de descarga de materia prima y servicios centrales, una base que permite capturar sinergias económicas y logísticas frente a la alternativa de desarrollar desde cero un complejo propio.

Otro plan

La alianza reemplaza por ahora el plan de expansión que la firma de la familia Pérez Companc había trazado sobre sus propios terrenos en la misma localidad. En mayo, Infobae informó que la compañía había obtenido autorización comunal para avanzar con un complejo portuario y de molienda de USD 800 millones sobre un predio de más de 150 hectáreas.

Ese proyecto contemplaba tres líneas de molienda con capacidad para procesar 45.000 toneladas diarias, un sistema de acopio para hasta un millón de toneladas de granos, dos muelles para buques Panamax y Neopanamax, otro para barcazas y una central de cogeneración eléctrica de 55 MW. La decisión de inversión todavía no era definitiva, aunque ya contaba con el marco legal y la aprobación comunal. En un documento difundido por la empresa, la definición actual es que los terrenos propios de Timbúes “quedan disponibles para futuras expansiones y/o destinos”.

La empresa prevé que la planta conjunta con ACA sea la Etapa 1 de un plan maestro con un plazo de construcción de aproximadamente tres años. Si las condiciones económicas, financieras y agronómicas acompañan, el predio podría sumar nuevas líneas de crushing, un segundo muelle sobre el Paraná, más capacidad de almacenamiento, ampliación de la playa de camiones y un segundo módulo de plataformas volcables.

Mayor oferta de soja y demanda global de harinas y aceites

Molinos Agro explicó que el proyecto se sustenta en factores normativos, comerciales y estratégicos. Entre ellos, el anuncio del Gobierno nacional de una baja progresiva en los derechos de exportación de la soja y sus subproductos a partir de enero de 2027, una medida que la compañía estima impulsará la superficie sembrada y la oferta disponible para industrializar.

La empresa también apoyó su decisión en la evolución de la demanda internacional: crece de manera sostenida la producción de proteínas de cerdo, pollos y pescados, al tiempo que aumenta el consumo de aceite tanto para alimentación humana como para la elaboración de biocombustibles renovables.

La asociación agrega además una dimensión de abastecimiento de largo plazo. ACA tiene 100 años de historia, 60 centros de desarrollo cooperativo distribuidos en varias provincias y comercializa 26 millones de toneladas anuales entre cereales y oleaginosas, una red que amplía el origen de materia prima para Molinos Agro. La compañía facturó USD 2.660 millones en el ejercicio fiscal que cerró el 31 de marzo de 2025 y embarca el 4% del comercio mundial de harina y aceite de soja desde el Puerto San Benito, según los datos a los que accedió Infobae.

Bajo la premisa de fortalecer la sostenibilidad sin imponer una carga obligatoria a los visitantes, el Gobierno de Canarias presentó un mecanismo novedoso: una tasa turística voluntaria orientada a financiar proyectos ambientales y sociales en las islas. La medida, resultado de un acuerdo entre autoridades locales y representantes del sector turístico, apunta a canalizar recursos hacia la restauración de hábitats, la reducción de emisiones y la recuperación de especies, según informó el portal de noticias Euronews.

Canarias, conocida por su clima templado, la variedad de sus paisajes y su atractivo internacional, registró en 2025 la llegada de 18,4 millones de turistas, quienes permanecieron en el archipiélago una media de nueve días.

A diferencia de destinos españoles como Barcelona o Cataluña, la región no había establecido hasta ahora ningún impuesto turístico. Con la nueva iniciativa, los visitantes tienen la posibilidad de realizar una contribución voluntaria, lo que permite reinvertir parte del valor generado por el turismo en el desarrollo local.

Un modelo alternativo de financiación para la sostenibilidad

El sistema introduce un esquema voluntario, trazable y transparente para financiar intervenciones ambientales y sociales. La primera fase contempla la selección de cinco proyectos piloto: uno en cada una de las islas con mayor presión turística y un proyecto transversal de alcance social para todo el archipiélago. Según detalló Turismo de Islas Canarias, el objetivo es consolidar el sitio como un referente en turismo regenerativo y laboratorio de sostenibilidad.

La Comisión de la Alianza para el Turismo Regenerativo será la encargada de diseñar y supervisar el sistema de aportaciones, garantizando que las donaciones lleguen de manera directa a los proyectos seleccionados.

El operador turístico británico easyJet holidays calificó la medida como “un gran avance para el turismo regenerativo” y subrayó, en palabras recogidas por Euronews, que “canalizará el valor del turismo hacia la restauración de la naturaleza, la resiliencia climática y el beneficio para las comunidades de todas las islas”.

Evaluación por resultados y trazabilidad de los fondos

Una de las principales características del fondo RegNext es la evaluación rigurosa de los proyectos financiados. Según el Gobierno de Canarias, cada iniciativa se seguirá y evaluará en función de resultados concretos, incluyendo la reducción de emisiones contaminantes, la restauración de hábitats, la recuperación de especies autóctonas, la mejora del paisaje y la creación de empleos verdes.

El mecanismo de trazabilidad permitirá a los donantes conocer el destino de sus aportaciones y el impacto generado. El modelo pretende ofrecer transparencia tanto a los turistas como a las empresas del sector, alineando los intereses de sostenibilidad con la experiencia de los visitantes.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por el portal de noticias, el turismo contribuyó a la reducción del desempleo en el archipiélago, con 280.534 personas empleadas directamente en el sector. El nuevo fondo aspira a profundizar ese impacto positivo a través de la creación de empleos vinculados a la sostenibilidad y la regeneración ambiental.

Colaboración público-privada y respaldo internacional

La iniciativa cuenta con la colaboración de actores destacados del sector turístico internacional y con el apoyo institucional de organismos públicos. En tanto, easyJet holidays, junto a otros operadores líderes, firmó un memorando de entendimiento para respaldar el fondo y facilitar la participación de sus clientes en la financiación de proyectos locales.

El respaldo de UN Tourism y la coordinación con la Oficina Española de Turismo en el Reino Unido refuerzan el posicionamiento de Canarias como espacio de referencia para el desarrollo de modelos innovadores de turismo responsable. Los responsables de easyJet holidays insistieron en que “los destinos prosperan cuando el turismo apoya de forma activa los lugares y las comunidades que hacen posibles las vacaciones”.

La política de contribución voluntaria se aplicará inicialmente en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, con vistas a extenderse más allá de los proyectos piloto si los resultados son positivos.

La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo al reclamo de la CGT de suspender la aplicación de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral por supuesta inconstitucionalidad: el fallo sostiene que no se cumplen los requisitos legales para dictar esa medida provisional.

La sentencia, firmada por los jueces Rogelio Vincenti y Jorge Eduardo Morán, representa otro duro revés de la CGT en la Justicia y permitirá que la ley permanezca en vigencia mientras continúe la demanda colectiva.

Una jueza de primera instancia había dejado sin efecto la suspensión temporaria de los artículos, al considerar que los pedidos de la CGT superan lo que puede analizarse en una medida urgente. La Cámara Contencioso Administrativo Federal ahora respaldó este criterio.

Según el fallo, la complejidad del caso exige un debate más amplio, con análisis de pruebas y argumentos que sólo pueden resolverse cuando se estudie el fondo de la cuestión. Por ejemplo, la CGT cuestiona la afectación de derechos como el de huelga, la negociación colectiva y la protección de los representantes sindicales, así como el cambio en licencias, vacaciones y salarios.

El tribunal explicó que un incidente cautelar —es decir, una medida pedida para proteger derechos provisoriamente mientras sigue el juicio— no es el ámbito para debatir si la ley es inconstitucional o no.

Los camaristas también remarcaron que la ley impugnada fue sancionada por el Congreso Nacional bajo los procedimientos previstos en la Constitución Nacional por lo que “examinar el pedido de inconstitucionalidad para decidir una suspensión provisional significaría adelantar una decisión sobre el fondo del asunto”.

En el fallo se subraya: “Otorgar una medida como la solicitada por la CGT sólo corresponde cuando existen indicios serios y graves sobre la ilegitimidad de una norma. En este caso, tales indicios no se pudieron demostrar en esta etapa preliminar”.

Uno de los focos centrales en la disputa judicial entre el Gobierno y la CGT fue el llamado “peligro en la demora”, es decir, si esperar hasta la sentencia definitiva podría producir daños irreparables a trabajadores o sindicatos.

La presentación cegetista planteó que la aplicación inmediata de los cambios causa perjuicios “graves e irreversibles” y afirmó que se vulneran derechos básicos, desde la huelga hasta la estabilidad y la protección salarial, por lo que esos daños “no podrán ser reparados por la sentencia definitiva” si se continúa aplicando la ley. También sostuvo que, en cambio, “la suspensión provisional no genera efectos jurídicos irreversibles”, ya que sería sólo hasta que haya una resolución final.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal entendió otro criterio: tras citar los plazos breves que rigen para este tipo de juicios, señaló que la inmediatez de la sentencia reduce el riesgo de daño actual. “La razonable proximidad del dictado de la sentencia definitiva evidencia la falta de configuración del requisito de peligro en la demora”, afirma el fallo de la Sala IV.

De todas formas, enfatizó que aquellos trabajadores que consideren afectados sus derechos pueden iniciar acciones individuales durante el proceso colectivo.

El Estado Nacional, junto con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Sociedad Rural pidieron rechazar el recurso de la CGT, al sostener que convertir la discusión provisional en un fallo sobre el fondo sería adelantar la decisión final antes del debido debate judicial.

Otra objeción fue que la demanda busca controlar si la ley es constitucional en abstracto, algo que los tribunales sólo admiten en casos concretos y no de manera general.

En el fallo, el tribunal mencionó: “La parte recurrente no logra rebatir los fundamentos expuestos en la resolución apelada, cuyos términos impiden desplazar la carga de inercia del status quo que el legislador ha puesto en cabeza de quien pretenda desvirtuar la presunción de legitimidad de una ley del Congreso”.

Los camaristas sostuvieron que la acción colectiva de la CGT, que pide una suspensión general de la ley con efecto sobre toda la población (erga omnes), impacta en la división de poderes y que anular una ley de manera provisoria requiere criterios “especialmente estrictos”, en línea con precedentes de la Corte Suprema.

En el fallo se enfatiza: “Debe existir una verosimilitud calificada para desplazar la presunción de legitimidad de una ley”. También remarca que la jueza no se pronunció aún sobre la inconstitucionalidad de la ley, sino sólo sobre la pertinencia de la medida provisoria solicitada.

La discusión de fondo sobre si la Ley 27.802 es constitucional continúa abierta. El juicio colectivo sigue y tendrá sentencia en plazos cortos, según remarca la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El tribunal dejó en claro que “la protección de los derechos puede canalizarse por acciones individuales mientras tanto”.

En la Argentina, la inflación se mantiene persistentemente alta, cerca del 2% mensual. Por lo tanto, para que una inversión ofrezca rentabilidad tiene que ganarle a dicha tasa para que no se cristalice en una pérdida real del ahorro.

Con ese parámetro, las billeteras virtuales compiten por captar los pesos de los ahorristas con el añadido de que en las últimas semanas se observó un repunte significativo del precio del dólar, otro de los tradicionales activos elegidos como cobertura.

Desde el piso de $1.410 del 21 de mayo último, el dólar al público subió 105 pesos o 7,4% en menos de dos meses lo que obligó a replantear la estrategia de quedar invertido en pesos con un tipo de cambio que exhibió recientes presiones al alza.

Así, las principales billeteras virtuales y bancos de Argentina implementaron nuevas actualizaciones en las tasas de interés para cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión y plazos fijos, en un contexto de alta competencia por captar pesos durante julio.

La oferta de aplicaciones financieras se ha diversificado y las apps continúan ajustando los rendimientos diarios para atraer usuarios enfocados en la liquidez inmediata. Las cuentas remuneradas y los Fondos Comunes de Inversión (FCI) Money Market asoman como las herramientas más buscadas para administrar pesos sin perder acceso rápido al dinero.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, las principales billeteras virtuales diseñan dos tipos de instrumentos: los Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI MM) y los Fondos Comunes de Inversión de Renta Mixta (FCI RM). Las fintech ofrecen los siguientes rendimientos en Argentina en julio 2026:

Rendimientos garantizados

Cuentas remuneradas y billeteras con tasa fija garantizada

1) Fiwind (23% TNA) – Bonificación sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento. Billetera Límite: $750.000.

2) Banco BICA (22% TNA) Cuenta Positiva 4 hasta $750.000. Cuenta Remunerada Límite: $750.000.

3) Carrefour Banco (21% TNA) – Permite ingresar $4.356.000 por mes. Cuenta RemuneradaSin Límites.

4) Banco Voii (21% TNA) – Caja de ahorro remunerada sin costo, intereses mensuales. Cuenta RemuneradaSin Límites.

5) Banco BICA (19% TNA) – Cuenta Positiva 3, de $750.001 hasta $2.250.000. Cuenta RemuneradaLímite: $2,3 millones.

6) Ualá (19% TNA) – Cuenta Remunerada Límite: $1 millón.

7) Frascos Naranja X (18% a 19%, según plazo) – Rendimiento según plazo elegido (7, 14 o 28 días). Frascos Límite: $30 millones. Cuenta RemuneradaLímite: $1 millón.

8) Banco BICA (16% TNA) – Cuenta Positiva 2 de $2.250.001 hasta $20.000.000. Cuenta Remunerada Límite: $20 millones.

Rendimiento variable

Fondos comunes de inversión con rendimiento que puede variar según el mercado

1) Lemon (20,04% TNA) – Vinci Compass Liquidez – Clase F

2) Prex (18,55% TNA) – Allaria Ahorro – Clase E

3) Ualá (18,43% TNA) – Ualintec Ahorro Pesos – Clase A

4) Adcap (18,3% TNA) – Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero – Clase A.

5) ICBC (18,03% TNA) – Alpha Pesos – Clase A

6) Personal Pay (18,02% TNA) – Delta Pesos – Clase X

7) Global66 (17,89% TNA) – Compass Liquidez – Clase A

8) Toronto Ahorro (17,86% TNA) – Toronto Trust Ahorro – Clase A

9) Supervielle (17,65% TNA) – Premier Renta CP en Pesos – Clase A

10) Mercado Pago (17,53% TNA) – Mercado Fondo – Clase A

11) Cocos Capital (17,48% TNA) – Cocos Ahorro – Clase A

12) IEB+ (17,36% TNA) – Ciclo Nova Ahorro – Clase A

13) Claro Pay (17,14% TNA) – SBS Ahorro Pesos – Clase A

14) CencoPay (17,14% TNA) Money Market

15) Balanz (16,92% TNA) – Balanz Capital Money Market – Clase A

16) Galicia (15,98% TNA) Fima Premium – Clase A

17) Fiwind (15,95% TNA) – Delta Pesos – Clase A

18) Macro (15,77% TNA) – Pionero Pesos – Clase A

19) LB Finanzas (15,02% TNA) – ST Zero – Clase D

20) AstroPay (15,02% TNA) – Money Market

A diferencia de los plazos fijos tradicionales, estas modalidades permiten acceder a los fondos en cualquier momento, lo que explica el crecimiento sostenido de usuarios que eligen optimizar el rendimiento de sus saldos disponibles sin resignar liquidez. En muchos casos, las billeteras utilizan mecanismos automáticos para invertir los saldos en FCI Money Market o de renta mixta, maximizando el retorno diario.