Netanyahu se reúne este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca para analizar la guerra con Irán, la situación en Gaza y la implementación del acuerdo de seguridad entre Israel y Líbano, en el primer encuentro presencial entre ambos desde el inicio del conflicto con Teherán.
La reunión marcará el octavo encuentro entre los dos dirigentes desde el regreso de Trump a la presidencia el año pasado y tendrá lugar después de meses en los que la relación bilateral atravesó momentos de tensión pública, aunque ambos buscaron reducir las diferencias.
Antes de partir hacia Washington, Netanyahu definió la visita como una oportunidad clave para la seguridad de Israel. “Es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad”, afirmó el primer ministro israelí.
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También anticipó que Irán ocupará el primer lugar de la agenda. “Abordaremos todos los temas previstos y, ante todo, Irán. Naturalmente, nuestro objetivo es proteger nuestra seguridad y también ampliar el círculo de paz que nos rodea”, sostuvo.
El encuentro se celebrará en un contexto marcado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, que comenzó tras los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes contra objetivos iraníes a finales de febrero. Washington sostiene que busca dar espacio a una salida negociada, mientras Israel no participó en la fase más reciente de las hostilidades entre ambos países, que estalló este mes después del colapso del alto el fuego alcanzado en abril.
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Las diferencias entre Trump y Netanyahu quedaron expuestas durante las negociaciones para ese cese de las hostilidades. En ese período, el mandatario estadounidense lanzó duras críticas contra el primer ministro israelí y posteriormente lo calificó en una entrevista como “un tipo muy difícil”.
Por su parte, Netanyahu restó importancia a esos cruces y los describió como “desacuerdos tácticos”, al considerar que ambos mantienen los mismos objetivos estratégicos respecto del conflicto.
Además de Irán, los mandatarios analizarán la aplicación del marco de seguridad patrocinado por Estados Unidos que Israel y Líbano firmaron el mes pasado. La implementación del acuerdo enfrenta dificultades sobre el terreno y constituye uno de los principales asuntos bilaterales de la reunión.
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La situación en Gaza también formará parte de las conversaciones. Los esfuerzos diplomáticos para impulsar la reconstrucción del enclave palestino permanecen estancados, mientras la guerra entre Israel y Hamas se acerca a su tercer año.
En ese escenario, la situación humanitaria continúa deteriorada y las fuerzas israelíes mantienen operaciones militares contra personas que, según el Ejército, pertenecen a grupos armados.
Especialistas consideran que uno de los principales objetivos políticos de la visita consiste en exhibir una imagen de unidad entre Washington y Jerusalén después de las versiones sobre un enfriamiento de la relación.
El experto en relaciones internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Yonatan Freeman, sostuvo que la reunión busca transmitir un mensaje tanto a los aliados como a los adversarios regionales. “Creo que la cuestión principal es mostrar al mundo, mostrar a Irán y también a Líbano y a otros, que no existe una ruptura ni ningún desacuerdo importante entre Estados Unidos e Israel”, declaró a AFP.
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Freeman también consideró que las coincidencias entre ambos dirigentes superan ampliamente las diferencias. “Existe más acuerdo entre los dos líderes que desacuerdo”, afirmó. Según el analista, las discrepancias se concentran en los métodos, los plazos y la intensidad de las operaciones militares, pero no en los objetivos finales de la estrategia regional.
El especialista además estimó que Trump buscará concentrar las conversaciones en dos prioridades: Irán y la ampliación de los Acuerdos de Abraham, promovidos durante su primer mandato para normalizar las relaciones entre Israel y varios países árabes.
Esos acuerdos permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Barhéin y posteriormente Marruecos, bajo la mediación estadounidense.
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La visita de Netanyahu además coincide con el inicio de la etapa previa a las próximas elecciones nacionales en Israel, en las que buscará un nuevo mandato. Las encuestas recientes muestran al primer ministro por detrás de otros dirigentes políticos, mientras persiste el malestar de parte de la opinión pública por la respuesta del Gobierno al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, hecho que desencadenó la guerra en Gaza.
La Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un duro dictamen sobre las irregularidades detectadas en programas de viviendas en el último año de gestión de Mauricio Macriy la presidencia de Alberto Fernández. Un aspecto clave a tener en cuenta es que los auditores recibieron apenas la mitad de la documentación completa solicitada a las dos administraciones y encontraron un patrón sistemático de violaciones a las disposiciones vigentes que abarca obras paralizadas, viviendas entregadas sin terminar y fondos transferidos a las provincias sin ningún mecanismo real de fiscalización.
El informe, dirigido al ahora ex secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, Rodrigo Aybar Perlender, del gobierno de Javier Milei, revela falencias que atraviesan dos administraciones y que ninguna de las carteras responsables corrigió.
El documento fue elaborado por la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales de la AGN en el marco de la Actuación N° 146/21. Aunque el período auditado formalmente abarca del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019 —cuando el área de vivienda dependía del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (MIOPyV), a cargo de Rogelio Frigerio, con Iván Kerr como secretario de Vivienda—, pero los trabajos de campo se extendieron hasta el 1 de marzo de 2024, lo que permitió al equipo auditor constatar el estado real de las obras durante los años de gestión kirchnerista. Ese relevamiento abarcó viviendas entregadas entre 2021 y 2023, bajo los tres ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat que tuvo Fernández: María Eugenia Bielsa (diciembre de 2019 a noviembre de 2020), Jorge Ferraresi (noviembre de 2020 a noviembre de 2022) y Santiago Maggiotti (noviembre de 2022 a diciembre de 2023). Acuerdos firmados durante el gobierno de Macri continuaron ejecutándose —o permanecieron paralizados— durante toda esa gestión sin que se subsanaran las irregularidades detectadas.
La AGN examinó 28 Acuerdos de Cooperación y Uso (ACU) firmados con las provincias de Buenos Aires, Salta, Chaco y Tucumán, en el marco del Programa 38 “Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano”, Actividad 42 “Acciones para la Construcción de Viviendas Sociales”. El programa tiene como objetivo promover y financiar soluciones habitacionales para hogares de escasos recursos, con especial atención a poblaciones en situación de déficit habitacional, personas con discapacidad, adultos mayores, damnificados por emergencias climáticas y comunidades de pueblos originarios. Los hallazgos se distribuyen en cinco áreas: aspectos presupuestarios, rendiciones de cuentas, control interno, fiscalización de obras y cumplimiento de los objetivos del programa.
La auditoría relevó incumplimientos generalizados en la rendición de los fondos transferidos a las cuatro provincias analizadas. Las irregularidades incluyen atrasos en la presentación de certificados de avance de obra —con demoras de hasta más de 30 meses en el caso de Salta—, rendiciones mensuales presentadas sin las planillas reglamentarias exigidas por la Resolución 58/16, y facturas que no permiten determinar si corresponden a avances físicos o financieros.
Uno de los casos más llamativos involucra al Acuerdo de Cooperación y Uso 436/15 de la provincia de Buenos Aires: en el certificado de medición N° 43, una factura con fecha de emisión del 16 de mayo de 2019 fue declarada como cancelada el 15 de enero de 2019, es decir, casi cuatro meses antes de ser emitida. La AGN señaló que se trata de un hecho recurrente, no de un caso aislado.
Los cronogramas de pago también resultaron sistemáticamente incumplidos, tanto por las provincias —que demoraban las rendiciones— como por la propia Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que tardaba en liberar los desembolsos una vez recibidas esas rendiciones. Esa doble demora generó un círculo que retrasó la ejecución de las obras y encareció los costos finales financiados por el Estado nacional.
La AGN también cuestionó el sistema CIVITAS, el software utilizado por la Unidad de Gestión para el seguimiento y gestión de los Acuerdos de Cooperación y Uso. El programa no registra información anterior a 2015, pese a que el 50% de los convenios auditados fueron firmados antes de ese año. Esa limitación dejó sin historial verificable a una parte sustancial de los acuerdos examinados. Además, el sistema arrastra errores de tipeo en certificaciones y rendiciones que se replican mes a mes sin corrección.
Al solicitar al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (MDTyH) los expedientes de tramitación de los 28 Acuerdos de Cooperación y Uso incluidos en la muestra, la AGN recibió documentación completa de apenas 14 de ellos —el 50%—. De los restantes, 3 llegaron incompletos, 5 solo con copia del acuerdo firmado y alguna solicitud de gastos, y 6 con apenas algunos documentos sueltos.
La ausencia de esos expedientes impidió conocer el estado real de ejecución de los convenios y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. La situación fue parcialmente subsanada durante las visitas directas a los organismos provinciales, pero no en todos los casos.
Uno de los hallazgos de mayor gravedad institucional es la ausencia total de mecanismos de supervisión por parte de la Unidad de Gestión. El Reglamento Particular del Plan Nacional de Vivienda, aprobado por la Resolución MIOPyV 122/17, responsabiliza expresamente a esa unidad de “llevar adelante las acciones necesarias de supervisión para el logro de una ejecución adecuada y eficiente de los proyectos”. La AGN no encontró en ninguno de los expedientes analizados evidencia de que se haya realizado alguna auditoría técnica o financiera, ni ningún procedimiento de confrontación y convalidación de los avances físicos y financieros informados por los Entes Ejecutores.
Lo que sí constan en los expedientes son planillas de rendiciones presentadas por los Entes Ejecutores que, en casos esporádicos, incluyen alguna foto general de las obras, sin análisis alguno de la Unidad de Gestión.
Solo en dos de los veinte Acuerdos de Cooperación y Uso analizados —ambos de Tucumán— fueron ejecutados dentro de los plazos originales. Los 18 restantes registraron retrasos que, en algunos casos del Chaco, llegaron a los 120 meses, con obras que seguían en ejecución o paralizadas al momento del cierre del trabajo de campo en febrero de 2024, ya bajo el gobierno de Milei.
La AGN analizó comparativamente los costos originales de los contratos con los costos finales según el sistema CIVITAS, y determinó que 16 de los 28 Acuerdos de Cooperación y Uso —el 57,14%— debieron readecuar sus montos adhiriéndose a la Resolución 62 E/16, que estableció un mecanismo de redeterminación de precios para convenios paralizados o con atrasos, y que 17 acuerdos readecuaron además sus montos mediante el sistema de Unidades de Vivienda, un índice de actualización atado a la inflación de la construcción.
Los incrementos registrados son contundentes. El Acuerdo 884/15 de Salta, destinado a la construcción de 24 viviendas en la localidad de Vaqueros, pasó de un monto original de $12.649.218 a un costo final de $40.259.781,80, un aumento del 218,28%. El Acuerdo 1904/14 del Chaco, que contemplaba 62 viviendas con un plazo original de 12 meses y que terminó ejecutándose en 60 meses, trepó de $21.623.056 a $66.022.169,10, un incremento del 205,33%. El Acuerdo 2086 del 1806/14 de Salta registró un aumento del 191,68%, al pasar de $34.350.013,74 a $100.190.680,22. Los incrementos más moderados del grupo analizado no bajaron del 30%.
Las causas de esas demoras fueron múltiples y simultáneas: retrasos en la presentación de rendiciones por parte de los Entes Ejecutores provinciales, demoras de la propia Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la liberación de los desembolsos, obras que quedaron paralizadas —algunas vandalizadas— antes de la Resolución 62 E/16 y que aun después de readecuadas volvieron a incumplir los nuevos cronogramas, y procesos licitatorios que en Tucumán demoraron hasta 13 meses desde la recepción del primer desembolso hasta el inicio efectivo de las obras.
Las visitas in situ realizadas por el equipo auditor en Salta revelaron que las terminaciones exteriores de las viviendas construidas en el marco de los Acuerdos 884/15 y 1806/14 no alcanzan los Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social establecidos por la Resolución 9-E/17. Los muros exteriores presentan deterioro visible por la elección de un producto de impermeabilización inadecuado, en viviendas entregadas entre 2021 y 2023, durante las gestiones de Ferraresi y Maggiotti al frente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. La AGN advirtió que, de no corregirse, los daños se agravarán con el tiempo.
El mismo Acuerdo 1806/14 registra otra irregularidad: las etapas 9 y 11 —que contemplaban la construcción de 100 viviendas en el Barrio Huaico de la capital salteña— fueron ejecutadas con una tipología diferente a la aprobada en la Constancia de Factibilidad Técnica, sin que conste intervención de la Unidad de Gestión al respecto.
El relevamiento fotográfico y las inspecciones en la provincia del Chaco documentaron las falencias más graves del informe. Las viviendas del Acuerdo 892/15 —destinadas a familias de escasos recursos de la provincia— fueron entregadas a sus beneficiarios sin cielorraso, sin aislación, con baños y lavaderos sin conectar, sin griferías, sin tanque de agua y, por tanto, sin presión en el servicio.
El análisis de los auditores también revelan que “las instalaciones eléctricas eran improvisadas, con riesgo de electrocución” y que las aberturas —postigones y puertas— fueron calificadas por la auditoría como inadecuadas.
El Acuerdo 634/15, destinado a la construcción de 100 viviendas para comunidades originarias (Criollos y Qom) de zonas rurales del Chaco, terminó con solo 69 unidades construidas: 31 menos que las proyectadas. Los intercambios epistolares obrantes en las actuaciones documentan solicitudes de readecuación del proyecto original, pero sin que la Unidad de Gestión se haya expedido formalmente sobre la reducción. Al cierre del trabajo de campo, el acuerdo figuraba en el sistema CIVITAS como “en análisis”.
La cláusula 19° de todos los Acuerdos de Cooperación y Uso suscriptos en el período auditado establece que los Entes Ejecutores deben implementar un sistema de recupero de las inversiones mediante el cobro de cuotas a los adjudicatarios de las viviendas. La AGN consultó a los Institutos Provinciales de Vivienda de las cuatro jurisdicciones sobre la aplicación de ese mecanismo. Tres provincias —Salta, Tucumán y Buenos Aires— habían instrumentado el sistema formalmente, pero solo Salta efectuó cobros reales de cuotas mensuales durante el período auditado.
Al consultarle al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat si existió algún seguimiento y control del recupero de esos fondos a nivel nacional, la respuesta fue categórica: “No se implementó ningún protocolo de recupero”.
Al asumir el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei disolvió el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat mediante el Decreto 8/2023, como parte de la reducción de 19 a 8 carteras ministeriales. El área de vivienda pasó a ser la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura, con Héctor Lostri como secretario. Ese ministerio, conducido por Guillermo Ferraro, duró apenas 87 días: fue disuelto el 5 de marzo de 2024 y sus funciones absorbidas por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. La secretaría de vivienda quedó entonces bajo la órbita de Economía, con una existencia que el propio gobierno describió como marginal. El 11 de febrero de 2025, mediante el Decreto 70/2025, el gobierno de Milei disolvió definitivamente la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, transfiriendo sus funciones remanentes a la Secretaría de Obras Públicas, y dejando en manos de las provincias la responsabilidad de definir sus propias políticas habitacionales.
Desde el sábado próximo, y a lo largo de todo agosto, la CGT, las dos CTA, varios sindicatos y los movimientos sociales intensificarán las medidas contra el Gobierno, en el inicio de la temporada alta de protestas tras el paréntesis impuesto por el Mundial de Fútbol.
La temperatura sindical comenzó a recalentarse con la movilización de la CGT ante el Congreso para acompañar a los jubilados,que se hizo el miércoles pasado, pero la presencia cegetista fue testimonial y sus líderes advirtieron que concentrarán sus esfuerzos en las próximas acciones previstas en el nuevo plan de lucha.
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De todas formas, la primera medida de fuerza del mes de agosto será la que anunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para el lunes que viene, que consistirá en un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra el vaciamiento de organismos públicos y los despidos en el Estado.
La protesta fue definida este lunes por la conducción nacional de ATE, que lidera Rodolfo Aguiar, en una reunión realizada en el Hotel Quagliaro del sindicato, donde se vinculó la medida con un cuadro más amplio de deterioro social que, según dijeron, incluye el cierre de más de 28 milempresas, la pérdida de más de 341 milpuestos de trabajo en los últimos dos años y medio y una desaprobación al Gobierno que supera el 58,2%.
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En agosto, además, se prevén protestas de los sindicatos educativos agrupados en la CGT, así como de otras organizaciones gremiales del sector, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo se mantiene desde hace un año en $500 mil.
Todavía no está definida la modalidad de las medidas por aplicarse en agosto, que son coordinadas por la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), e incluirán a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), miembro de la CTA de los Trabajadores, y a distintos gremios universitarios.
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Mientras, este miércoles se reunirá la comisión organizadora del plan de lucha de la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales para definir los detalles de la marcha deSan Cayetano que se realizará el 7 de agosto, día del patrono del pan y del trabajo.
El titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, anticipó a Infobae que, en principio, la idea sería concretar, como en años anteriores, una peregrinación multitudinaria desde la Iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio de Liniers, hasta Plaza de Mayo, que comenzaría por la mañana con una bendición de herramientas que se hará en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy.
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El dirigente confirmó que la siguiente medida conjunta será una movilización al Ministerio Economía, con fecha tentativa para la semana del 20 de agosto, que buscará visibilizar el problema de las familias endeudadas en el sistema formal e informal de la economía.
Gramajo señaló que la protesta pondrá el foco en 7 millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no haber podido pagar los préstamos tomados e incluye a quienes se endeudan fuera del circuito bancario, sobre todo en barrios populares.
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Según su descripción, en los barrios populares esos mecanismos de financiamiento informal aparecen en muchos casos asociados al narcomenudeo, a vendedores de droga y al crimen organizado.
El cronograma trazado por la CGT, las CTA y los movimientos sociales continuará el 2 de septiembre, en coincidencia con el Día de la Industria, con una marcha en lugar por definir para alertar sobrela caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo en el sector.
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Después de esa instancia, las organizaciones convocantes participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba entre el 4 y el 6 de septiembre, y luego, según se prevé,evaluarán cómo continuar con las acciones.
En forma paralela, no hay definiciones sobre alguna medida sindical que acompañe la visita del Papa León XIV a nuestro país. Gramajo afirmó que esperarán la confirmación oficial sobre el viaje por parte del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Argentina antes de avanzar en cualquier decisión, aunque reconoció que existe diálogo por este tema con la Iglesia y que una delegación papal, con la presencia delnuevo nuncio apostólico en la Argentina, el arzobispo norteamericano Michael Wallace Banach, trabaja y recorre lugares en el país.
El pago de deuda al FMI el año que viene asciende a una cifra millonaria y es un tema que inquieta al equipo económico. En pleno año electoral, el Gobierno deberá cancelar nada menos que USD 7.500 millones con el organismo, una cifra récord desde que Argentina volvió al paraguas del Fondo hace ya más de ocho años.
Por supuesto que ambas partes saben que se trata de un compromiso por demás exigente. Pero nadie habla al menos por el momento de realizar alguna modificación al programa en curso.
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“No vemos a la Argentina necesitando financiamiento adicional del Fondo. Incluso bajo escenarios adversos, veo un gobierno muy comprometido con reconstruir reservas y una estrategia integral para garantizar el acceso al financiamiento durante 2027″, aseguró ayer la número uno del FMI, Kristalina Georgieva, en la conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Economía, Luis Caputo.
Según destacó el propio Gobierno al presentar el plan financiero que abarca el segundo semestre de 2026 y todo el 2027, al FMI habrá que cancelarle USD 4.400 millones de capital y otros USD 3.100 millones de intereses hasta fines del año próximo.
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Claro que el organismo también hará desembolsos a favor de la Argentina por un total de 1.700 millones de dólares. Por lo tanto, los pagos netos que deberá realizar el Gobierno ascienden a una cifra considerable de 5.800 millones de dólares.
El “Plan A” que habían elaborado el FMI y el Gobierno al firmar el nuevo acuerdo a principios de 2025 era apuntar a un regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito. De esta forma, se obtendrían sin mayores problemas los fondos suficientes para empezar a devolverle al organismo, al que se le deben arriba de los 50.000 millones de dólares.
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Pero por ahora esa idea no se pudo poner en marcha y hay dudas sobre si será posible lograrlo al menos antes de las elecciones presidenciales. El riesgo país bajó, pero quedó en un nivel todavía elevado de 440 puntos básicos. Pero sobre todo la tasa de interés a diez años en Estados Unidos (que es la que toma como referencia el mercado) voló a 4,70% anual.
En este contexto el Gobierno precisa que se den dos cosas simultáneamente: bajar un escalón adicional el riesgo país (por lo menos hasta 350 puntos) y al mismo tiempo que baja el rendimiento de los bonos norteamericanos hasta alrededor de 4% anual.
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De acuerdo a la presentación del plan financiero de hace tres semanas, Caputo se comprometió a que podrá cumplir con todos los compromisos financieros del año que viene, por un total de casi 25.000 millones de dólares.
Para eso, el ministro de Economía explicó que continuarán las colocaciones de deuda locales por unos 5.000 millones de dólares. Pero además, exige al Central a continuar con una fuerte compra de dólares para luego venderle al Tesoro, tal como sucedió este año.
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¿Tendrá espacio el BCRA para comprar arriba de USD 10.000 millones como se propuso para este año? Una de las incógnitas es qué pasará con los niveles de dolarización del público. Es razonable esperar que la demanda de divisas para atesoramiento aumente sensiblemente a medida que se acercan las elecciones presidenciales.
En ese caso, el espacio para que el Central continúe con su ritmo de compras sería mucho menor, lo que obligaría a recalcular todo el programa y las fuentes de financiamiento.
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La opción que nadie quiere mencionar por ahora es una renegociación del acuerdo para conseguir un poco más de aire en 2027, sobre todo si el mercado internacional se mantiene cerrado para el Gobierno.
Algo factible, por ejemplo, sería afrontar los vencimientos de intereses con dinero del superávit fiscal. Pero al mismo tiempo lograr nuevos desembolsos del Fondo que sirvan para enfrentar la totalidad de los pagos de capital, que suman 4.400 millones de dólares.
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Siendo Estados Unidos el principal accionista del FMI no se trata de una posibilidad descabellada. Si el año pasado fue el propio Tesoro norteamericano el que salió a socorrer al Gobierno en plena corrida cambiaria, no sería ilógico pensar que en caso de una situación financiera apretada sea el propio Fondo el que brinde alivio.
Las declaraciones de Georgieva en su breve paso por Argentina dejaron en claro que el apoyo del organismo al Gobierno y al plan económico es total, en la misma línea que mantiene el gobierno norteamericano.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, llegó este martes a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de reforzar el respaldo de Washington frente a Rusia, en un contexto marcado por el incremento de los ataques de largo alcance entre ambos países y el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos impulsados por la administración estadounidense.
Un funcionario de la Casa Blanca confirmó el viernes pasado a AFP que ambos mandatarios mantendrán un encuentro en Washington. La reunión coincidirá con un homenaje previsto para el senador Lindsey Graham, uno de los principales defensores del apoyo estadounidense a Ucrania, quien murió este mes a los 71 años.
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Antes del viaje, Zelensky confirmó los preparativos del encuentro y expresó sus expectativas sobre el resultado de las conversaciones. “Estamos preparando una reunión con el presidente de Estados Unidos y su equipo”, afirmó el mandatario ucraniano. Además, manifestó su deseo de que “Washington continúe apoyando a Ucrania y que podamos terminar esta guerra con una paz digna”.
El encuentro tendrá lugar más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala y en un momento en el que las gestiones diplomáticas promovidas por Washington permanecen sin avances concretos.
Las relaciones entre Zelensky y Trump atravesaron varios momentos de tensión desde el regreso del mandatario estadounidense a la Casa Blanca en enero del año pasado. Sin embargo, en las últimas semanas ambos mostraron señales de un acercamiento.
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Durante una reunión anterior en Washington, en octubre de 2025, Zelensky no logró convencer a Trump para autorizar el suministro de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania.
Meses después, en febrero de ese mismo año, ambos protagonizaron un duro intercambio en el Despacho Oval ante las cámaras de televisión. En aquella oportunidad, Trump acusó a Zelensky de falta de gratitud y de “jugar con la Tercera Guerra Mundial”.
El tono entre ambos cambió durante su último encuentro, celebrado este mes en Turquía. En esa ocasión, Trump elogió el desempeño del mandatario ucraniano y aseguró que “ha hecho un trabajo increíble”, además de anunciar su intención de permitir que Ucrania produzca misiles antiaéreos Patriot, considerados clave para reforzar la defensa frente a los ataques rusos.
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Desde su regreso al poder, Trump modificó la política de asistencia militar directa a Kiev. Su administración sustituyó los envíos directos de armamento por el programa PURL, mediante el cual los países europeos adquieren armas y posteriormente las transfieren a Ucrania.
A pesar de ese cambio, Estados Unidos mantiene un papel central en el respaldo a Kiev. Washington continúa proporcionando inteligencia militar y acceso al sistema satelital Starlink, que permite la comunicación de las tropas ucranianas desplegadas en el frente.
Como otra señal del acercamiento entre ambas partes, figuras influyentes próximas al movimiento MAGA, entre ellas Laura Loomer y Tim Pool, expresaron recientemente su respaldo a Ucrania, después de mantener durante un largo período una posición contraria a la ayuda militar para Kiev.
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La semana pasada, Zelensky también mantuvo reuniones con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, para analizar fórmulas destinadas a “revitalizar la diplomacia”, proceso que permanece bloqueado desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Medio Oriente en febrero.
Los anteriores intentos de mediación entre Moscú y Kiev no prosperaron debido a las diferencias sobre los territorios ucranianos reclamados por Rusia.
En paralelo, las relaciones entre Washington y Moscú también atraviesan un período de mayor tensión tras los contactos que llevaron a Trump a invitar al presidente ruso, Vladimir Putin, a una cumbre en Alaska en agosto del año pasado.
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El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó el lunes que existan conversaciones para un alto el fuego aéreo. Además, recordó su posición sobre el aumento de las operaciones militares ucranianas y sostuvo que la intensificación de esos ataques solo prolongará el conflicto.
En las últimas semanas, Ucrania amplió sus operaciones contra depósitos de petróleo y refinerías rusas, acciones que provocaron una crisis de abastecimiento de combustible. También dirigió ataques contra buques de carga en el mar de Azov y contra varios almacenes de la empresa rusa de comercio electrónico Wildberries.
Por su parte, Rusia mantuvo sus bombardeos a gran escala y bloqueó las exportaciones agrícolas ucranianas por vía marítima mediante ataques contra el puerto de Odesa y contra embarcaciones que utilizan esa terminal.
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En el plano diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reunió la semana pasada en Manila con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Durante el encuentro, Lavrov advirtió a su par estadounidense sobre el suministro de armas a Ucrania.
La reunión, la primera entre ambos desde septiembre del año pasado, se prolongó durante unos 30 minutos. Al término del encuentro, Rubio reiteró la voluntad de Washington de desempeñar un papel “constructivo” para poner fin a la guerra, aunque expresó cautela frente a las propuestas presentadas por Moscú.
Trump y Putin mantuvieron su conversación telefónica más reciente el pasado 5 de julio, en un contexto marcado por la falta de avances en las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.
A las distintas tribus del peronismo les cuesta mucho llegar a acuerdos que demuestren la voluntad de caminar juntos rumbo a 2027. Ni siquiera la oposición a Javier Milei los une en su totalidad. Pero cada tanto aparecen temas externos que sacuden la agenda política y provocan una reacción inmediata en el armado opositor.
En los últimos dos días, después de las críticas del Presidente a Luiz Inácio Lula da Silva y la visita a la Argentina de Kristalina Georgieva, el peronismo se unió en un discurso público unificado. Con los mismos matices y con el mismo ímpetu.
Las distintas tribus justicialistas apuntaron contra el jefe de Estado luego de llamar a su par de Brasil “ladrón” y “presidario”, y que apuntara contra su gobierno al decir que en el país vecino se sufre “el riesgo Lula”, como en Argentina está “el riesgo Kuka”, y al pedirle al candidato Flávio Bolsonaro que pare “la basura socialista”.
“La Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional. Milei no representa el sentir del pueblo argentino. Brasil es nuestro principal socio comercial. Con estas provocaciones, Milei pone en riesgo inversiones, exportaciones, miles de puestos de trabajo y los intereses de la Argentina. La relación con Brasil merece responsabilidad, no provocaciones”, sostuvo Axel Kicillof.
El Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, se pronunció en el mismo sentido. Aseguraron que de la relación con Brasil dependen miles de Pymes, industrias y empleos argentinos y advirtieron de la gravedad de causar un conflicto diplomático con el principal socio comercial de la Argentina.
Remarcaron que la relación bilateral debe sostenerse sobre el diálogo, el respeto y una agenda común orientada a la producción, el trabajo y el crecimiento con inclusión; y cuestionaron que el Gobierno nacional priorice la confrontación política por sobre los intereses estratégicos de la Argentina.
“Trabajador metalúrgico, líder sindical, valiente contra la dictadura, mejor presidente de la historia de su país, se sobrepuso a tres derrotas electorales hasta llegar al gobierno, víctima del lawfare, amigo de Argentina, compañero de Néstor y Cristina. Como a ella, lo secuestraron, pero salió libre y volvió a ser presidente”, escribió la diputada provincial y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza.
El sanjuanino Sergio Uñac planteó que a “los argentinos no les sirven las peleas ni las faltas de respeto hacia un país hermano como Brasil, y nuestro principal socio comercial” y sostuvo que “la política exterior debe ser seria, inteligente y responsable” .“Insultar a un aliado estratégico para el desarrollo de nuestras economías regionales y el trabajo de miles de argentinos es absolutamente irresponsable”, precisó.
“Independientemente del error político que implica involucrarse en la elección de un país hermano como el de Brasil y agredir a un gran dirigente como Lula, es una torpeza atacar a su presidente”, explicó el entrerriano Guillermo Michel, que es parte del PJ Federal.
En esa misma línea argumental, agregó: “Brasil es el principal destino de las exportaciones de Argentina: a junio de 2026 acumula el 14% del destino de los productos que Argentina vende al mundo. La Argentina, la industria argentina y el trabajo argentino están por sobre cualquier alineamiento político de los dirigentes de turno en nuestro país”.
En coincidencia con el sector mayoritario del peronismo nacional también estuvo la cordobesa Natalia de la Sota. “La inaceptable seguidilla de insultos de Javier Milei contra el presidente democrático de la nación hermana de Brasil es una conducta irresponsable que no representa al pueblo argentino. Milei convirtió la violencia verbal y la descalificación en una forma de hacer política. Ataca al adversario, degrada el debate democrático y reemplaza la seriedad institucional por la provocación permanente”, afirmó.
Hubo una unidad de criterio y de argumentos muy marcada en las distintas vertientes del peronismo. Una unidad que también se vio reflejada en los cuestionamientos a la llegada de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a la Argentina.
“No deja de llamar la atención que sea la primera vez que en 8 años el FMI hace pie de esta manera en el país. Socarronamente, podríamos decir que vino a inventariar las garantías de pago desde donde se va a cobrar el FMI, la visita a Vaca Muerta”, explicó Máximo Kirchner en una entrevista con C5N.
El líder de La Cámpora sostuvo también que la visita de Georgieva “viene a fortalecer o a dar una sensación de certezas y seguridad que la economía argentina ya no puede explicar por sí misma” y avisó: “Lo que vimos los argentinos y las argentinas hoy es la llegada de quien realmente a pesar de no conocer nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestro territorio, gobierna el país”.
Kirchner presentó ayer un proyecto de ley que busca recuperar para el Congreso la decisión sobre el endeudamiento externo con el objetivo de que ninguna operación de crédito se decida por decreto. Propone distinguir con claridad lo que se debe pagar siempre (la cuota) de aquello que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas (el excedente), según explicaron en el camporismo. Es decir, que haya una diferencia formal entre lo obtenido como parte del préstamo y lo que llegó como parte de un acuerdo político con el gobierno de Mauricio Macri.
Esa es una propuesta que, tiempo atrás, también había hecho el ex titular de la Aduana Guillermo Michel, quien subrayó la necesidad de que el peronismo tenga un acuerdo sólido sobre ese tema porque es fundamental abarcarlo en el caso de que les toque ser gobierno.
“No creo que la señora Kristalina Georgieva traiga algo nuevo para la Argentina, el FMI nunca lo trajo”, sostuvo el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, sobre la visita de la titular del organismo internacional. Y agregó: “Desde el año ’56 que Argentina ingresa al FMI, en el marco de la revolución fusiladora y hasta el día de hoy, el FMI nunca trajo nada bueno para la Argentina”,
Es decir, que existen coincidencias entre distintos sectores respecto a cómo plantear la negociación por el pago de la deuda y la postura de un eventual gobierno peronista frente al Fondo. Un puñado de coincidencias en el medio de un mar de diferencias.
“Vinimos a acompañar la ola azul, que sea el momento y terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez”, fue el mensaje que le transmitió este fin de semana el presidente Javier Milei al senador Flavio Bolsonaro, principal competidor de Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 4 de octubre por la presidencia de Brasil. Bajo ese objetivo, el libertario estará presente este martes en la jura de la reciente electa Keiko Fujimori en Perú, en lo que configura un nuevo aliado regional del Gobierno.
El corrimiento ideológico hacia la derecha que atraviesa el continente y que sumó nuevos exponentes con los triunfos de Fujimori y de Abelardo de la Espriella en Colombia entusiasma a la Casa Rosada, que apuesta a impulsar la creación de un bloque regional liderado por Milei, uno de los primeros exponentes del liberalismo en los últimos años.
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Al respecto, hay quienes creen que la ceremonia de jura podría oficiar de puntapié inicial para sentar las bases de un espacio que aglutine a todas las expresiones en una especie de reedición del Grupo de Lima. “El Presidente podría transformarse en el líder del proceso en América Latina, al estilo del Grupo de Lima. No solo se están eligiendo gobiernos alineados, todos mantienen vínculos estrechos con la Argentina”, sostuvo ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial.
Este martes, el mandatario, que llegó a Lima en horas de la madrugada, acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participará de la asunción formal de la líder de Fuerza Popular, cuya ceremonia de asunción comenzará con un Te Deum y continuará a las 12.45 (hora local) en el Congreso, donde jurará como la primera mujer presidenta del país. Allí compartirá con sus pares de Chile, José Antonio Kast; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino; de Honduras, Nasry Asfura; de Ecuador, Daniel Noboa y de República Dominicana, Luis Abinader Corona.
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La coincidencia temporal de varios jefes de Estado podría ser aprovechada por el mandatario que trabaja para la consolidación de una representación de derecha con peso. Incluso, en Balcarce 50 hay quienes hablan de la posibilidad de inmortalizar ese entendimiento a través de una foto de familia.
En la previa a la ceremonia de traspaso presidencial, Milei protagonizará una reunión bilateral con Fujimori, a las 11, y luego recibirá un título honorífico de Doctor Honoris Causa, que entregarán las autoridades de la Universidad San Martín de Porres, a las 16, en un evento en el que se espera que el libertario haga uso de la palabra.
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El viaje se produce en el marco de la escalada de tensión de la administración libertaria con el gobierno de Lula da Silva en Brasil, luego de que Milei lo acusara de “ladrón”, “basura socialista” y “presidiario” durante su exposición en la Convención Nacional del Partido Liberal que se realizó el fin de semana en el país vecino.
También extendió sus críticas al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, al que calificó como “basura calva”, luego de que se le prohibiera visitar a Jair Bolsonaro en su domicilio, quien cumple su condena por intento de golpe de Estado.
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Los dichos de Milei no fueron bien recibidos en Brasil, y horas más tarde, el mandatario pernambucano ordenó a su canciller, Mauro Vieira, que llamara a consultas al embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al embajador argentino, Daniel Raimondi, para que diera las explicaciones del caso.
Si bien en el oficialismo admiten que sobrevuela un “enorme malestar” entre las naciones, descartan que el enojo se traslade al plano económico-comercial. Además, desestiman la posibilidad de un eventual ofrecimiento de disculpas por parte del libertario que supo cuestionar a su par de Brasil en más de una oportunidad.
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El pasado lunes, el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, se refirió al Presidente libertario como “payaso” y planteó que la economía argentina atraviesa una situación más grave que la brasileña. “El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta“, arremetió el funcionario del país vecino.
A contramano de lo ocurrido en el resto de los procesos electorales, en los que el fundador de La Libertad Avanza optó por mantenerse ajeno hasta que se publicaron los resultados de los comicios, Milei se mostró públicamente en respaldo del mayor de los cinco hijos de Bolsonaro. El Presidente no le perdona a Lula da Silva haber acompañado a Sergio Massa, su rival en el balotaje de 2023.
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Con la mira puesta en la construcción de un bloque regional de derecha, Milei también asistirá a la ceremonia de jura de Abelardo de la Espriella en Colombia, el próximo 7 de agosto. Asimismo, en el Gobierno aspiran a que el senador brasileño se imponga sobre el líder del Partido de los Trabajadores en los comicios de octubre.
De esta manera, el oficialismo buscaría completar el cambio ideológico en el continente y ganar peso para intentar torcer los lineamientos de los organismos regionales.
La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó a la Argentina por invitación del presidente Javier Milei y tras mantener los encuentros protocolares, este martes viajará junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, a Vaca Muerta, para ver con sus propios ojos el desarrollo del sector energético con el que se generarán exportaciones por entre USD 11.000 millones y USD 15.000 millones al año.
La visita incluye una recorrida por el yacimiento Loma Campana, ubicado en la provincia de Neuquén. Allí los recibirá el presidente de YPF, Horacio Marín. El interés del FMI por el desarrollo energético argentino se reflejó en las declaraciones de Georgieva durante la conferencia de prensa del lunes, donde destacó que la industria petrolera lidera el crecimiento económico del país y subrayó la importancia de sostener ese impulso.
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Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales de la provincia de Neuquén afirmaron que “seguramente” haya una recepción institucional, pero no pudieron dar precisiones sobre si el gobernador, Rolando “Rolo” Figueroa, estará presente.
El viaje a Neuquén representa una oportunidad para que Georgieva observe de primera mano el avance de los proyectos en Vaca Muerta. El desarrollo de este yacimiento se considera estratégico por su capacidad para generar divisas, atraer inversiones y posicionar a la Argentina en el mercado internacional de hidrocarburos. La presencia del presidente de YPF,Marín, refuerza el interés institucional por mostrar resultados concretos y dialogar sobre perspectivas de crecimiento y exportación. También se espera que Georgieva mantenga conversaciones con los sindicatos del sector en la provincia.
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El presidente Javier Milei no formará parte del viaje a Loma Campana, ya que se trasladará a Perú para asistir a la jura de Keiko Fujimori como presidenta. No hay programado ningún encuentro adicional con Georgieva más allá del que mantuvieron el lunes. Según la agenda oficial, la titular del FMI dejará la Argentina el miércoles a primera hora y volará a Uruguay.
Los desafíos
Pese al potencial del sector energético, el FMI insiste en que la clave para la próxima etapa es que ese impacto positivo alcance a ramas productivas como la construcción y los servicios. “Este era el tema principal de debate, tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina. Es más difícil, quizás, elevar la economía en sectores como la construcción, los servicios y la logística y por ende, el foco del Gobierno en términos de reformas y de respaldo dentro de la capacidad limitada del Gobierno debe dirigirse allí”, sostuvo en la conferencia de prensa que compartió con Caputo.
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Para ello, Georgieva remarcó la necesidad de crear mejores condiciones financieras para quienes buscan préstamos, con el objetivo de aprovechar los recursos financieros disponibles en los bancos argentinos. En ese sentido, advirtió: “Algunos bancos han acumulado préstamos en mora y hay que gestionarlos”. También sostuvo que se debe fomentar el desarrollo del mercado de capitales, mencionando instrumentos como las “respaldadas”, que pueden ayudar a dinamizar la construcción y permitir una mayor participación de los consumidores.
El FMI puso especial atención en los sectores que no repuntan: la construcción, los servicios, la logística y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Según Georgieva, estas últimas son un preocupación para ella porque son que las que crean la mayor cantidad de puestos de trabajo en la Argentina y su recuperación es prioritaria para extender el crecimiento más allá del núcleo energético y minero.
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Durante la conferencia de prensa, Georgieva aclaró que los principales riesgos para el país no radican en el plano político de cara a 2027, ni en la capacidad de pago del gobierno actual. Señaló que el Banco Centralde la República Argentina (BCRA) está comprando reservas y que la situación fiscal muestra señales de solidez. La preocupación del FMI se concentra en el bajo dinamismo de ciertos sectores y en cómo transformar el buen desempeño de la energía y la minería en una mejora para toda la economía.
El seguimiento del FMI sobre el programa argentino se mantiene firme. Georgieva subrayó que el Gobierno debe concentrar esfuerzos en facilitar el acceso al crédito y en modernizar el sistema financiero para potenciar la recuperación de las pymes y las actividades que generan empleo. El objetivo de Fondo es lograr que el crecimiento de la industria energética se convierta en motor para el resto de la economía.
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Las declaraciones de la jefa del FMI durante su estadía en Buenos Aires y la visita a Vaca Muerta marcan la agenda de los próximos meses. El FMI seguirá de cerca la evolución de los sectores productivos y el impacto de las reformas en el acceso al crédito, la modernización financiera y el desarrollo logístico. El desafío central para el Gobierno será transformar el buen desempeño del sector energético en una recuperación sostenida para el conjunto de la economía nacional.
Joven fue baleado. Un hombre de 29 años resultó herido de arma de fuego durante la noche en el barrio La Tablada y debió ser trasladado al Hospital Urquiza, donde recibió atención médica. De acuerdo con la información preliminar, el ataque se habría producido tras una discusión y, pese a la gravedad del episodio, la víctima permanece fuera de peligro.
El hecho es investigado por personal policial, que trabaja para establecer las circunstancias en las que se produjo el disparo e identificar a los responsables.
Foto: Archivo.
Según las primeras averiguaciones, el conflicto se habría originado luego de una discusión previa entre la víctima y otras personas, aunque por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre el enfrentamiento.
La víctima no quiso identificar a los agresores
Fuentes policiales indicaron que el joven presentaba una lesión con orificio de entrada en la zona de la ingle de la pierna derecha. El proyectil no tuvo orificio de salida y quedó alojado en el glúteo, aunque afortunadamente no comprometió órganos vitales ni puso en riesgo su vida.
Tras el ataque, el herido fue asistido y derivado al Hospital Urquiza, donde quedó internado para recibir atención médica y continuar con los controles correspondientes.
Al ser entrevistado por los investigadores, el joven optó por no brindar mayores detalles sobre lo ocurrido ni identificar a los autores del ataque. Sin embargo, las primeras hipótesis indican que los presuntos agresores serían conocidos de la víctima.
Continúa la investigación
La causa quedó en manos de la Justicia, mientras efectivos de las áreas de Criminalística e Investigaciones realizaron las primeras diligencias para reunir pruebas y reconstruir la secuencia del hecho.
Los investigadores procuran determinar cómo se desencadenó el conflicto, quién efectuó el disparo y cuál fue la participación de las personas involucradas en el episodio.
Por el momento no se informaron detenciones vinculadas al caso y la investigación continúa para esclarecer el ataque ocurrido en el barrio La Tablada.
Israel y Líbano celebrarán entre el 4 y el 6 de agosto en Roma una nueva ronda de conversaciones con mediación de Estados Unidos para avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio, con el objetivo de consolidar la retirada de las tropas israelíes, ampliar el despliegue del Ejército libanés y fortalecer la estabilidad en la frontera común.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que las reuniones se desarrollarán sobre la base de los avances registrados tras la puesta en marcha de la primera zona piloto en el sur de Líbano y después del encuentro que mantuvieron la semana pasada en Washington el presidente libanés, Joseph Aoun, y el presidente estadounidense, Donald Trump.
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“Estamos entrando en estas conversaciones con un impulso significativo tras el exitoso lanzamiento de la primera zona piloto en el sur de Líbano y la productiva reunión del presidente Aoun con el presidente Trump la semana pasada”, señaló el Departamento de Estado.
Según la misma fuente, las conversaciones técnicas previstas en Roma tendrán como objetivo perfeccionar el modelo de las zonas piloto para extenderlo de forma gradual, en un contexto marcado por las tensiones regionales y los esfuerzos para consolidar la seguridad en la frontera entre Israel y Líbano.
El Departamento de Estado sostuvo además que estas zonas representan una oportunidad para restaurar la autoridad del Estado libanés mediante el desarme verificable de organizaciones terroristas y generar confianza para avanzar hacia nuevas etapas del proceso.
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La Administración de Trump considera que el denominado “Marco Trilateral” entre Estados Unidos, Israel y Líbano constituye el mecanismo adecuado para alcanzar una paz duradera y sostiene que su implementación beneficia a ambas partes.
La nueva ronda de negociaciones se anunció después de la visita oficial de Aoun a Washington. Durante su reunión con Trump en la Casa Blanca, el mandatario libanés reclamó la retirada total de las tropas israelíes de los territorios libaneses que permanecen bajo control de Israel.
Aoun sostuvo que ese repliegue constituye un paso “esencial” para consolidar la estabilidad, permitir que el Estado libanés recupere plenamente su soberanía y avanzar en la aplicación del marco tripartito firmado el 26 de junio en Washington.
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El acuerdo alcanzado en junio estableció una hoja de ruta para coordinar medidas de seguridad entre las partes con la mediación de Estados Unidos. Entre sus principales objetivos figuran la retirada progresiva de las fuerzas israelíes de determinadas zonas del sur de Líbano, el despliegue del Ejército libanés en esos sectores y la creación de mecanismos destinados a reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos en la frontera.
Desde la firma del entendimiento, Israel y Líbano avanzaron en la puesta en marcha de las denominadas “zonas piloto” en el sur del territorio libanés. Este mecanismo busca facilitar el repliegue israelí y permitir que las fuerzas armadas libanesas asuman progresivamente el control de esas áreas bajo un esquema supervisado por Estados Unidos.
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Las conversaciones técnicas desarrolladas con mediación de Washington apuntan ahora a ampliar ese modelo, resolver cuestiones pendientes relacionadas con la frontera y establecer las bases de un acuerdo de seguridad de mayor alcance entre ambos países.
Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos. La grupo terrorista Hezbollah rechazó el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos, Israel y Líbano y no participa en las negociaciones previstas en Roma.
Pese a esa ausencia, Washington mantiene su apuesta por el mecanismo tripartito y considera que la ampliación de las zonas piloto permitirá consolidar las condiciones para una mayor estabilidad en la frontera.
