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Tras la decisión del Gobierno de cerrar en un plazo de tres meses el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y poner fin a las contribuciones obligatorias que financiaban ese esquema y a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), la cámara que nuclea a más de 200 bodegas del país, que concentran la mayor parte de las exportaciones y una porción significativa del mercado interno, respaldó la medida y dijo que era un cambio que se venía reclamando desde hace años.

Se trata de Bodegas de Argentina, entidad que reúne a empresas que representan el 90% de los envíos al exterior y el 75% del consumo doméstico. A través de un comunicado, la organización avaló la resolución oficial y destacó el impacto inmediato que tendrá sobre la estructura de costos del sector.

“La normativa publicada hoy ratifica que el ciclo de la Coviar, diseñado originalmente con un horizonte temporal hasta el año 2020, ha cumplido su plazo legal”, señalaron en la entidad.

En ese sentido, subrayaron que uno de los puntos centrales es la eliminación de los aportes obligatorios. “Se establece el fin de todas las contribuciones obligatorias previstas en la Ley 25.849”, indicaron.

Para la cámara, esto representa un cambio concreto para las bodegas. “Esto implica un alivio financiero directo y urgente para todas las bodegas del país, eliminando una carga que ya no encontraba sustento en metas estratégicas vigentes”, remarcaron.

Otro de los aspectos valorados fue la decisión de frenar la recaudación. “El artículo 7° instruye al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a dejar de recaudar dichas contribuciones a partir de hoy”, destacaron.

Según la entidad, esto tendrá un impacto directo en la actividad. “Garantiza que los recursos de la industria permanezcan en los establecimientos para fomentar la inversión y la competitividad”, afirmaron.

Además, pusieron el foco en la exigencia de transparencia. “Bodegas de Argentina valora el requerimiento del Gobierno para que la Coviar presente, en un plazo de tres meses, un informe detallado de cierre con rendición de cuentas completa”, señalaron. “La transparencia en el manejo de fondos públicos y privados es un pilar irrenunciable para nuestra cámara”, agregaron.

También destacaron el destino de los recursos remanentes. “La resolución dispone que los fondos no utilizados se incorporen al patrimonio del INV, asegurando que los recursos del sector vuelvan a una institución técnica y de control de larga trayectoria en el país”, completaron.

En su cuenta de la red social X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo que se recaudaron “US$300 millones para financiar resultados que nunca llegaron”. El objetivo del plan, según recordó el funcionario, era ambicioso. “El PEVI prometía posicionar a la Argentina entre las industrias vitivinícolas más destacadas del mundo, alcanzar exportaciones por US$2000 millones anuales y capturar el 10% del volumen del comercio mundial de vinos para el año 2020”, indicó. No obstante, el balance que hizo el ministro fue negativo. “La realidad 22 años después es que las exportaciones nunca llegaron a la marca de US$2000 millones anuales y la participación argentina en las exportaciones mundiales se mantiene por debajo del 2,5%”, afirmó.

En tanto, en el comunicado, la cámara planteó que la decisión abre una nueva etapa para la actividad: “Esta resolución marca el inicio de una etapa de mayor libertad y responsabilidad sectorial. Es el fin de la intermediación coactiva de la Coviar que no significa el fin de la planificación estratégica, sino el comienzo de una gestión más eficiente, liderada por el sector privado. La resolución 55/2026 pone orden a una situación administrativa que se encontraba vencida de hecho. Es un acto de justicia para los productores que durante años sostuvieron una estructura que perdió su foco”, añadieron.

Por último dijeron que ahora el desafío es potenciar exportaciones y el mercado interno sin el peso de tasas obligatorias que restaban competitividad. “Bodegas de Argentina reafirma su compromiso de trabajar junto a todas las cámaras del país y las autoridades nacionales”, concluyeron.

En diálogo con LA NACION, la presidenta de la entidad, Patricia Ortiz, aportó más contexto sobre la relevancia de la medida y la historia del reclamo del sector. “Es una cámara con presencia en toda la Argentina que tiene ya más de 50 años”, señaló.

Sobre el origen del conflicto, recordó que el esquema tenía un plazo definido. En ese sentido, fue contundente en su evaluación. “El plan estratégico (PEVI) fue creado por ley hace más de 20 años que duraba hasta el 2020 y fracasó por distintos motivos”, afirmó.

Ortiz explicó que, una vez cumplido el plazo, el sector esperaba cambios. “Cuando terminó el plan, todos dijimos que el aporte debía finalizar”, sostuvo. Sin embargo, eso no ocurrió en su momento. “No tuvimos ningún eco en eso y por eso Bodegas de Argentina se retiró de la Coviar”, recordó.

Incluso precisó cuándo se tomó esa decisión. “En 2019 nos retiramos de la Coviar porque además se había desviado el espíritu del PEVI y de la propia institución”, dijo. También cuestionó el funcionamiento del esquema. “Era muy coercitivo, muy demandante”, sostuvo.

Ortiz describió las consecuencias del incumplimiento, donde si la bodega se atrasaba con la cuota, el INV tenía la facultad para inhabilitar la bodega. La dirigente graficó el impacto operativo: “Te enterabas cuando tenías el camión cruzando a Chile y no podía seguir y perdías un barco”, relató.

Además, cuestionó el uso de los recursos. Contó que en un primer momento el gran aporte que hacían era para Wine of Argentina para la promoción del vino argentino, pero que en la actualidad esa contribución para ese programa de promoción se redujo al 7%: “Es muy bajo ese aporte que se fue reduciendo en el tiempo y parte de los recursos empezaron a usarse para otras cuestiones”.

En detalle, la dirigente afirmó que en la Coviar armaron un protocolo de sustentabilidad que no tenían por qué hacerlo. “Ya hay un protocolo de sustentabilidad en Bodegas de Argentina que está homologado, certificado y aceptado por, por ejemplo, los monopolios que a nosotros más nos preocupa, que son Suecia, Finlandia y Noruega en donde el Estado es el que compra los vinos y pide una certificación de sustentabilidad. Bodegas de Argentina tiene una certificación que está abierta a todas las bodegas, sean socias o no, porque nos parece muy importante que todas las bodegas tengan esa certificación”, sostuvo.

Según describió, hace tiempo que Bodegas de Argentina viene desarrollando este programa en vista a lo que obliga el mundo. Destacó que, con el acuerdo con la Unión Europea, estos requisitos van a ser cada vez más exigentes.

“Por eso venimos trabajando con un protocolo de mejora continua, con certificadores internacionales y ya aprobado por muchos países. Sin embargo, Coviar desarrolló un esquema propio con fondos de la industria, cuando ya existía un programa en funcionamiento. Eso generaba una superposición innecesaria: lo que el sector necesitaba era que esos recursos se destinaran a Wine of Argentina para fortalecer la promoción externa del vino argentino”, dijo

“Al mismo tiempo, la Coviar comenzó a enfocarse en cuestiones internas, con la intención de asumir una representatividad sectorial que, en muchos casos, las cámaras que la integraban no tenían. Se buscó utilizar esa estructura como una cámara de segundo grado, pero en ese tipo de organizaciones la participación debe ser voluntaria. Todas estas diferencias llevaron a que Bodegas de Argentina se retirara y empezara a reclamar que el aporte dejara de ser obligatorio. Hoy vemos que ese planteo finalmente fue escuchado”, enfatizó.

En este escenario, si bien para las bodegas Wine of Argentina es cara porque se paga un porcentaje de las exportaciones, igual lo hacen porque “encuentran que el trabajo que están haciendo es bueno”.

“Se hacen aportes importantes por parte de las bodegas para la promoción del vino argentino porque vemos que tienen impacto y las acciones tienen sentido. Si Coviar logra lo mismo, va a tener muchos aportes de las bodegas que entienden que es interesante lo que está haciendo”, agregó.

Finalmente, remarcó el impacto en la dinámica sectorial. “Nos da una mayor libertad a todo el sector de que podemos hacer una planificación estratégica con una gestión más eficiente”, concluyó.

En esa línea, por la red social X, Copal respaldó el cese de las contribuciones obligatorias a Coviar y destacó esta medida “como un paso relevante hacia la simplificación, la transparencia y la mejora de la competitividad de la industria vitivinícola”.

Después de que hace casi un año el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunciara que la petrolera buscaba un socio para su negocio agropecuario, YPF Agro, el proceso quedó suspendido. Según indicaron fuentes consultadas por este medio al tanto del proyecto, hubo un cambio de planes y por estas horas se revisa la estrategia, lo que implica que, al menos por ahora, la petrolera no avanzará en desprenderse parcialmente del negocio. No trascendió el motivo del giro de la compañía que, según trascendió, está preparando un relanzamiento.

Según comentaron las fuentes con las que habló LA NACION, el proceso entró en una etapa de revisión interna. “Se está replanteando la estrategia y no hay definiciones por ahora”, señalaron. Indicaron que el análisis sigue abierto y que no se avanzó en cerrar un acuerdo con un socio.

El giro contrasta con el camino que la empresa había trazado desde mediados de 2025, cuando comunicó que analizaba una reorganización de YPF Agro a través de la incorporación de un socio estratégico. La iniciativa contemplaba la creación de una nueva sociedad con participación compartida, en la que YPF mantendría el 50% del capital y la marca, mientras que el socio privado se encargaría de la operación comercial del negocio. La idea era delegar en ese actor el manejo integral del frente agropecuario, mientras la petrolera concentraba su actividad en el negocio energético.

Ese planteo se apoyaba en la escala que tiene la unidad agro dentro de la compañía. YPF Agro funciona como un canal de comercialización que articula la venta de insumos —principalmente combustible— con acuerdos comerciales con productores en todo el país. En ese esquema, la empresa cuenta con una red de aproximadamente 140 distribuidores, más de 100 puntos de presencia territorial y una cartera amplia de clientes en distintas regiones productivas.

Es un jugador importante en la provisión de insumos y servicios para el agro. A esto se suma el movimiento de granos asociado a su operatoria: la compañía participa en la originación y comercialización de varios millones de toneladas por campaña a partir de los acuerdos comerciales con productores.

El modelo operativo combina la provisión de combustible, insumos y financiamiento con esquemas comerciales que en muchos casos incluyen el cobro en granos. Esa dinámica implica que la compañía no solo abastece al productor, sino que también interviene en el circuito de comercialización de la producción, lo que la posiciona dentro del negocio granario.

Según se explicó en su momento, la idea era que un actor especializado se encargara de la gestión y comercialización de los granos, mientras YPF pasaría a cobrar por sus ventas. Dentro de ese diagnóstico, desde la compañía habían sido explícitos sobre el desempeño del área: “Estaba el saco roto, en rojo… muchas veces perdía plata”, señalaron fuentes empresarias al describir la situación de la unidad.

Con ese contexto, hacia fines de 2025 la empresa avanzó en un proceso formal para incorporar un socio. Se trató de una licitación privada en la que se convocó a distintos jugadores del sector agropecuario, tanto locales como internacionales. El procedimiento incluyó el envío de información preliminar a los interesados y etapas posteriores con mayor nivel de detalle bajo acuerdos de confidencialidad, en línea con prácticas habituales en este tipo de operaciones. Para ese proceso la compañía contó con asesoramiento de F&G Finanzas & Gestión y Rabobank.

Entre los posibles interesados aparecieron compañías con experiencia en comercialización de granos, financiamiento y provisión de insumos. Ese perfil no era casual: lo que buscaba YPF era alguien que pudiera manejar el vínculo con productores y, sobre todo, el circuito de los granos, para reducir su exposición a los riesgos comerciales y financieros de esa parte del negocio.

El esquema en análisis contemplaba que la nueva sociedad concentrara toda la operatoria agropecuaria, con una participación accionaria compartida y roles diferenciados: YPF mantendría la marca y el control financiero, mientras que el socio gestionaría la operación comercial. En el mercado, ese negocio era valuado en varios cientos de millones de dólares, en función de su volumen de ventas, su red de distribución y su participación en el circuito de granos.

Vale recordar que YPF ya se desprendió de su participación en Profertil a fines de 2025, la compañía productora de fertilizantes hoy controlada por Adecoagro en un 90% y ACA con un 10%, cuando vendió el 50% que tenía en la empresa por unos US$600 millones.

Además de la estructura comercial, la unidad agro se integra dentro de la estrategia más amplia de la compañía, que incluye la colocación de combustibles y otros insumos en el sector productivo. Esa vinculación explica la relevancia que tiene el área dentro del negocio total de YPF, más allá de su desempeño específico.

Sin embargo, el proceso de búsqueda de un socio no se concretó. En los últimos meses, según fuentes del mercado, la empresa volvió a evaluar la situación y decidió frenar la búsqueda. Hoy la estrategia está en revisión y el negocio sigue bajo la estructura actual, sin que se haya cerrado un acuerdo con un socio. Diversas fuentes indicaron que habrá un relanzamiento en la próxima edición de Agroactiva, en junio próximo, en Armstrong, Santa Fe.