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En las últimas semanas, el Gobierno colocó la discusión con el Reino Unido sobre las Malvinas en el centro de la agenda política, un giro en la estrategia política de Javier Milei a raíz de un interrogante que planteó Donald Trump y la posibilidad de que Estados Unidos modifique su postura con relación a la soberanía de las Islas.

Benjamin Gedan, director e investigador principal del Programa para América Latina del Centro Stimson, reconocido think tank con sede en Washington, y ex director para América del Sur del Consejo de Seguridad Nacional durante la administración de Barack Obama, analizó en Infobae el impacto real de estos movimientos.

“En cuanto a la mediación, (Trump) tiene la capacidad de ofrecer sus buenos oficios siendo supuestamente un partido neutral y promover una conversación seria entre los dos países. Le encanta ese rol. Ahora bien, para actuar como mediador hay que convencer a ambas partes de que sos neutral”, planteó Gedan, que también es fellow en la Iniciativa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Johns Hopkins, donde también ejerce la docencia.

¿Qué lectura hace de las declaraciones del presidente Donald Trump respecto de la soberanía de las Islas Malvinas?

No queda claro que lo que tiene en mente el presidente Trump sea realmente este conflicto territorial. Puede ser que le interese exclusivamente la relación de Estados Unidos con el Reino Unido y su voluntad de que los británicos cambien algunas políticas, en particular la inversión en sus fuerzas armadas. También puede ser que esté surgiendo como un tema bilateral entre Washington y Argentina, dado que Trump es un aliado cercano de Milei y quiere aportar en este asunto. Pero mi impresión es que las Malvinas funcionan más como una herramienta para presionar a los británicos que como una prioridad diplomática en sí misma.

Más allá de las declaraciones públicas, ¿hay indicios concretos de que EEUU pueda modificar su posición oficial sobre la soberanía de las islas o actuar como mediador en una negociación?

Trump tiene toda la capacidad de cambiar profundamente la postura de Estados Unidos hacia las Malvinas. A diferencia de la política hacia Cuba o Taiwán, que requeriría el involucramiento del Congreso para modificarse, aquí el presidente tiene poder total para argumentar a favor de uno u otro lado. En cuanto a la mediación, también tiene la capacidad de ofrecer sus buenos oficios como partido supuestamente neutral y promover una conversación seria entre los dos países sobre el futuro de las islas. Le encanta ese rol: siempre está ofreciendo su círculo íntimo para resolver conflictos duraderos, como en Gaza o Ucrania. No me sorprende que lo plantee también para las Malvinas. Ahora bien, para actuar como mediador hay que convencer a ambas partes de que sos neutral. Y dudo que los británicos confíen en él, dado lo que acaba de decir sobre el conflicto.

Algunos analistas sostienen que el Reino Unido atraviesa un momento de debilidad geopolítica. ¿Cómo evalúa ese diagnóstico en el marco de este conflicto?

Queda claro que Trump y muchos de sus seguidores no ven Europa como la región del futuro. Eso lo dice también Milei, y tiene eco en el mundo MAGA. Hay una lectura, que yo no comparto, sobre factores demográficos, como la migración desde el Medio Oriente que de alguna manera está debilitando la cultura occidental, y el ascenso de países asiáticos y del sur global, que llevan a Trump y a algunos de sus aliados a considerar que Europa ya no tiene el peso geoestratégico de antes. Por eso Trump no invierte en las alianzas tradicionales con el continente, sino que impone aranceles y critica a sus gobernantes. A eso se suma la alianza entre el mundo MAGA y las fuerzas de derecha extrema europeas, que tensiona aún más esa relación.

¿Cuál considera que es el peso real de Argentina dentro de la agenda estratégica de Washington?

Yo creo que hay una dinámica exagerada. Hay una relación personal entre Milei y Trump, y es cierto que Washington reconoce que América Latina importa para su seguridad nacional, su economía y los temas de migración y crimen organizado. Pero eso tiene que ver más con América Central, México, el Caribe, Ecuador y Colombia. Argentina es un país más lejano geográficamente, que no es fuente de migrantes ni de flujo de narcóticos. Hay factores estructurales que hablan a favor de una relación más cercana —los minerales críticos, la competencia con China— pero no creo que Argentina figure entre los países más relevantes para la doctrina Monroe o Donroe, al menos de forma explícita. Como prueba de eso, después del rescate financiero del FMI hubo mucha confusión dentro y fuera del mundo MAGA para justificar esa inversión en un país tan lejano, y Trump no logró articular una visión estratégica clara a su favor.

¿Cómo analiza la gestión del presidente Milei? ¿Qué aspectos rescata y cuáles le generan preocupación?

Creo que Milei tiene la receta correcta en materia económica. Sus esfuerzos, aunque impusieron costos sociales brutales a la población, eran necesarios para hacerle frente al gasto insostenible del Estado y a una política monetaria irresponsable. No me queda claro que el pueblo argentino esté dispuesto a aguantar esos costos por mucho más tiempo sin más pruebas de un crecimiento económico que genere empleo y permita llegar a fin de mes. Pero comparto la visión macroeconómica. No soy libertario —creo que todos los países necesitan un Estado con algún tipo de política industrial, infraestructura y mano de obra capacitada— pero lo que logró bajando la inflación y achicando el gasto estatal fue un resultado notable.

En cuanto a mis preocupaciones, tienen que ver con la cultura democrática. Su postura agresiva frente a los medios de comunicación me preocupa, porque puede generar una dinámica violenta en el ecosistema mediático. Lo mismo con su actitud hacia la oposición política, tanto el peronismo como el centro derecha. Hay que defender no solo las instituciones democráticas y las leyes, sino también la cultura democrática, especialmente en países que han sufrido otras formas de gobernanza.

¿Estamos ante un verdadero giro ideológico de los votantes latinoamericanos hacia la derecha, o se trata más de un voto castigo al oficialismo de turno?

Es innegable que varios candidatos de derecha ganaron elecciones en poco tiempo, con mandatarios conservadores en países como Colombia, Perú, Chile y Argentina. Eso genera una oportunidad para promover políticas conservadoras y una posible coordinación regional. Pero yo no creo que haya mucha prueba de un cambio ideológico profundo en los votantes latinoamericanos. Lo que vemos refleja más una dinámica de antioficialismo. Hay muchos analistas que piensan distinto, pero para mí los datos apuntan en esa dirección: los mandatarios conservadores en Chile, Argentina y Bolivia tienen niveles de aprobación bajísimos. En Bolivia, hubo más de cuarenta días de manifestaciones exigiendo la salida del presidente. En Colombia y Perú, ambos ganaron con márgenes acotados. En elecciones donde dominan la inseguridad y la migración, hay ventajas estructurales para la derecha, pero cuando vuelve a imponerse la economía —como ocurre en Chile y Argentina—, las lunas de miel políticas se acortan. En poco tiempo vamos a ver el retorno de fuerzas hacia la izquierda.

¿Cómo describe la competencia entre Washington y Beijing por influencia en América Latina, y qué margen de maniobra tienen países como Argentina para navegar esa tensión?

Es un contexto permanente, una tensión que vamos a vivir por mucho tiempo. Refleja un cambio estructural en el mundo: el pasaje de un orden unipolar a uno bipolar o multipolar, con una disputa continua entre Estados Unidos y China. Dentro de la polarización política en Washington, uno de los pocos consensos que existe es precisamente ese: hay que invertir más en la competencia con Beijing, también en América Latina. Por eso vamos a ver muchos esfuerzos para presionar a los gobiernos de la región a alejarse de China, o más inversión para poder competir de verdad.

Hay un tema de fondo permanente. Países como Argentina van a tener que navegar esa tensión con una habilidad diplomática poco común, porque no es fácil. Unos días antes de que el canciller Marco Rubio llegara a Ecuador, el presidente ecuatoriano estaba en Beijing negociando con el gobierno chino. El canciller chileno viajó a China hace poco. El presidente del Congreso salvadoreño también. Y hablo solo de países conservadores. Argentina, por su parte, acaba de renovar su swap de monedas con China por casi 20.000 millones de dólares.

Yo doy crédito a Trump por no haber presionado demasiado a Milei hasta ahora, porque lo que podría pasar sería una dinámica muy negativa para la economía argentina si, por ejemplo, se cortara el acceso al financiamiento del Banco Central de China o se impidiera la inversión china en el sector minero.

En la última semana se produjo una fuerte volatilidad en los bonos soberanos y también bajas para las acciones, debido al impacto sobre las valuaciones en los mercados por la decisión de tasa de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que subió un cuarto de punto, al rango de 3,75%-4%, el primer incremento en tres años.

Los títulos Bonares y Globales –hard dollar– perdieron más de 1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, el riesgo país de JP Morgan trepó 37 unidades para la Argentina, en los 524 puntos básicos, su máximo en el último mes -desde el 20 de agosto-, tras cinco subas consecutivas.

“Los pagos de deuda 2027 no tienen riesgo (USD 21.400 millones si sumamos Globales y Bonares con privados , todo lo que resta de Bopreal y lo neto con FMI), porque incluso siendo pesimistas con los títulos, el Ministerio de Economía ya demostró que puede conseguir algo de recursos con financiamiento alternativo y/o privatizaciones, y en última instancia la deuda se pagará con reservas”, indicó la consultora 1816. En este aspecto, estimó que las reservas “netas son USD 11.300 millones y las reservas ‘usables’, que serían todas las brutas menos el tramo no activado del swap chino, son USD 36.000 millones”.

“La novedad política de la semana fue la presentación del Presupuesto 2027 al Congreso, que tiene de eje el equilibrio fiscal como regla inalterable. En este marco, el Gobierno proyecta para el Sector Público Nacional (SPN) un resultado primario de 1,3% del PIB y un resultado financiero de 0,2% en 2027”, señaló uniforme de IEB.

En Wall Street el promedio S&P 500 finalizó con ganancia semanal de 0,5%, el panel tecnológico Nasdaq ganó 1,9% y el Dow Jones de Industriales recortó un 2 por ciento.

Las acciones energéticas de Argentina estuvieron negociadas con el condicionamiento del precio del petróleo. YPF cedió un 2,1% semanal, con el ADR en los USD 54,90, y Vista Energy cayó 6,1 por ciento. Grupo Galicia, en USD 41,76, restó 3%, y Mercado Libre se hundió 5,9%, igual que Pampa Energía. Bioceres se desplomó un 17,8 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en los 3.021.926 puntos, perdió un 2,5% en pesos en el balance de cinco ruedas, y un 3,4% en dólares, según la paridad del “contado con liquidación”.

“El Gobierno presentó el Presupuesto 2027, con supuestos de crecimiento e inflación algo exigentes y una meta de superávit primario de 1,3% del PIB. En el frente externo, la Reserva Federal proyectó una trayectoria de tasas más elevada, presionando a los rendimientos de los Treasuries y a los activos argentinos”, explicó el equipo de Research de Puente.

“En la plaza financiera local, los activos argentinos mostraron un comportamiento de corrección, desacoplándose parcialmente del optimismo externo. Los bonos soberanos en dólares operaron con sesgo vendedor, empujando al indicador de riesgo país”, resumió Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL.

Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, advirtió que “los datos macroeconómicos presentados por el INDEC ofrecen un panorama de claroscuros en el frente interno. Por un lado, la economía argentina creció un 2,0% interanual en el segundo trimestre de 2026; aunque desaceleró respecto al 2,3% del trimestre previo (y cayó un -0,6% en términos desestacionalizados trimestrales), la cifra superó las previsiones del mercado que anticipaban un 1,6%, impulsada por el dinamismo de las exportaciones (+13,7%), la pesca (+44,7%), la minería (+16,4%) y el sector agropecuario (+6,9%), contrapesados por caídas en la industria manufacturera (-2,1%) y la inversión (-11,1%). Paralelamente, la tasa de desempleo mostró un ligero incremento al situarse en el 7,9% en el segundo trimestre (frente al 7,8% previo)”.

“Dado que la probabilidad de un nuevo ajuste monetario por parte de la Fed en octubre continúa ganando tracción y las tensiones de suministro en la cuenca del Golfo Pérsico siguen latentes, es previsible mantener un escenario de volatilidad y consolidación en los índices accionarios, donde la sostenibilidad de las altas valoraciones tecnológicas será puesta a prueba por tasas de descuento persistentemente elevadas”, consideró Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

El dólar terminó la semana con una ganancia moderada y en sus precios máximos nominales, dentro de la sintonía dispuesta por la estrategia oficial, que regula las compras en el mercado -para evitar una presión extra sobre el tipo de cambio-, y dosifica las intervenciones en el mercado secundario -con ventas de títulos dollar linked– y ventas de contratos en el segmento de futuros.

Este viernes el dólar mayorista cerró a $1.514,50, un máximo histórico por encima de los $1.514 del 26 de agosto.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió seis pesos (+0,4%), lejos de la suba de 50 centavos registrada en la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. En lo que va del mes la divisa también asciende seis pesos o 0,4%, una mínima ganancia por debajo de la inflación esperada.

El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en 1.903,51 pesos. El dólar mayorista quedó negociado a 389,01 pesos o 25,7% de ese límite de flotación.

Un reporte de GMA Capital hizo foco en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, cuando “el desafío estará también en el financiamiento: el proyecto contempla cerca de USD 11.000 millones de colocaciones de deuda y USD 2.400 millones de créditos multilaterales”.

El dólar al público terminó a $1.535 para la venta en el Banco Nación. En la semana sumó cinco pesos o 0,3 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.534 para la venta y $1.482,29 para la compra. El dólar blue, a $1.550, avanzó cinco pesos desde los $1.545 del viernes anterior.

El Banco Central efectuó compras en el mercado por un total de USD 80 millones y las reservas internacionales brutas de la entidad retrocedieron en USD 671 millones, a USD 49.798 millones, debido a la variación de cotizaciones y el pago de vencimientos con organismos multilaterales.

Desde Puente añadieron que la semana “estuvo marcada por una fuerte desaceleración en las compras de divisas del BCRA, que promediaron apenas USD 11 millones diarios, aunque el viernes logró comprar USD 36 millones. Aun así, el peso se mantuvo firme frente a un dólar global más fuerte”.

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a la Secretaría de Trabajo expedir una certificación provisoria de las autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), lideradas por Luis Barrionuevo, que resultaron elegidas en las elecciones del 29 de diciembre pasado.

Esta medida cautelar, dictada este viernes, revoca una negativa previa y responde a la falta de respuesta oficial del Poder Ejecutivo, que mantenía sin reconocimiento formal a las nuevas autoridades tras una disputa interna en el sindicato entre el líder nacional de la UTHGRA, Barrionuevo, y el titular de Seccional Capital, Dante Camaño, que se extendió a la vía judicial.

Las internas sindicales en la UTHGRA alcanzaron un punto crítico desde septiembre de 2025, cuando la Sala VI de la Cámara había suspendido las elecciones que debían realizarse ese mes y luego habilitó un nuevo comicio para diciembre. Finalizada la votación, que se hizo el 29 de diciembre de 2025, la Junta Electoral Central proclamó como ganadora a la Lista Celeste 17 de Octubre, encabezada por Barrionuevo, con 121.334 votos.

Al día siguiente de las elecciones, la nómina ganadora pidió la certificación ante Trabajo, pero no tuvo respuesta.

Este contexto llevó al sindicato a presentar una acción de amparo exigiendo a la Secretaría de Trabajo la expedición de los certificados que oficializan a las nuevas autoridades. En forma paralela, otros trámites relevantes de la UTHGRA –como, por ejemplo, la rúbrica de libros y la homologación de acuerdos paritarios– quedaron inmovilizados ante la falta de reconocimiento oficial, lo que impactó tanto en la vida institucional de la entidad como en los salarios de los trabajadores involucrados.

El fallo hace especial hincapié en que la falta de constancia de autoridades vigentes es hoy un obstáculo concreto para el funcionamiento gremial y que ese perjuicio no es subsanable con posterioridad.

Según surge de la resolución, el primer juez de la causa había rechazado la solicitud de medida cautelar, argumentando que seguía pendiente un recurso de inconstitucionalidad elevado ante el Tribunal Superior de Justicia, por lo que no se cumplían los requisitos legales para autorizar una decisión provisoria.

Sin embargo, la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo entendió que ese planteo no tiene efecto suspensivo automático y que, de hecho, los comicios celebrados y sus resultados ya fueron ejecutados e incluso reconocidos por la propia Junta Electoral. Para la Cámara, “exigir que el recurso esté resuelto de modo favorable al actor importa requerir la firmeza de una decisión que ya produce efectos”, por lo cual añadir ese requisito constituye un exceso.

En su argumentación, la jueza Marina Pisacco, una de las camaristas, enfatizó que la modificación del artículo 56 de la Ley de Asociaciones Sindicales, incorporada por el decreto 342/25, no afecta la obligación del Ministerio de registrar a las autoridades electas. Sostuvo que las personas jurídicas requieren de representantes reconocidos oficialmente para operar y que la autoridad administrativa debe mantener vigente el registro de las organizaciones sindicales y sus autoridades.

La sentencia subraya dos elementos: por un lado, la existencia del “fumus bonis iuris” (presunción fundada de derecho) y, por otro, el “peligro en la demora”, dados los obstáculos actuales para la actividad de la UTHGRA y la homologación de acuerdos salariales. “El perjuicio, así, se proyecta sobre el funcionamiento institucional del sindicato y sobre los salarios de los trabajadores comprendidos en esos acuerdos, de modo que no resulta susceptible de reparación ulterior”, advierte el fallo.

La Cámara remarca también el carácter reversible de la medida cautelar: la certificación es provisional y, en caso de un eventual revés judicial, puede ser anulada sin consecuencias permanentes. “La finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia y que la fundabilidad de la pretensión… no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo, sino de un análisis de mera probabilidad”, señala.

La jueza Gabriela Vázquez, la otra integrante de la Sala VI, se sumó al fallo, aclarando que su intervención en casos sindicales previos no la inhabilita para decidir en éste, ya que no prejuzgó sobre las cuestiones de fondo y la ley de amparo impide recusaciones sin causa.

Por decisión unánime, la Cámara instruyó al Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Trabajo, a expedir en 5 días la certificación provisoria de los dirigentes de la UTHGRA elegidos en diciembre, limitando sus efectos estrictamente a ese acto y preservando el debate de fondo para otra etapa procesal.

El fuerte ajuste en el área de Discapacidad previsto en el proyecto de Presupuesto 2027 que la Casa Rosada envió esta semana al Congreso causó un cimbronazo político que avivó las tensiones con los aliados y desencadenó una serie de reproches internos que tuvieron como principal protagonista a Patricia Bullrich. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que darán marcha atrás con la propuesta del Poder Ejecutivo y adelantaron que están “muy cerca” de llegar a un texto consensuado con los bloques dialoguistas para reemplazar el capítulo de la polémica.

El dolor de cabeza para el oficialismo comenzó el martes por la noche, cuando ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027. Durante las horas de la madrugada, los bloques de la oposición revisaron el plan de gastos e ingresos para ver si había alguna novedad sobre Discapacidad.

Durante las últimas semanas la oposición impulsó la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año. Lograron emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.

Para frenar la ofensiva opositora, las espadas legislativas del oficialismo anunciaron que estaban trabajando, junto a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, en un proyecto “superador” que permitiría terminar con la Emergencia -tal como pretende el Gobierno- pero al mismo tiempo brindaría una solución definitiva que genere previsibilidad.

Sin embargo, muchos descubrieron el miércoles por la mañana que el proyecto de Presupuesto 2027 contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área que no tenían nada que ver con las conversaciones en marcha. Entre los que fueron tomados por sorpresa se destacan tanto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado.

La falta de coordinación multiplicó las especulaciones ya que ambos comparten la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.

Cerca de Menem mantuvieron el tono componedor y evitaron el pase de facturas. “El Estado es muy grande y el Presupuesto lo tocan miles de personas”, explicaron y agregaron que el texto se venía trabajando hace cuatro meses y “quedó viejo”. Pero Bullrich, fiel a su estilo confrontativo, pidió que “no la tomen de tonta”, apuntó abiertamente contra Economía y reclamó que temas sensibles como este sean discutidos con anticipación en la Mesa Política.

En concreto, el texto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, establece la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC).

Luego de que bajara un poco la espuma mediática, en la Cámara de Diputados los libertarios retomaron las negociaciones con los bloques aliados y les aseguraron que los artículos originales del Presupuesto sobre Discapacidad serán eliminados. “Lo que acordemos en el dictamen de comisión es lo que va a ir a Presupuesto”, sintetizaron.

Ante la consulta de Infobae, tanto el PRO como la UCR confirmaron que el diálogo se reencauzó, aunque todavía dan algunas señales de desconfianza. “Estamos esperando el borrador final. Vamos a ver qué mandan y terminaremos de definir”, resumieron desde el partido amarillo.

“El asunto quedó un poco revuelto. Falta una presentación clara de qué va a pasar con las compensaciones. Esperemos a la semana que viene cuando veamos todo por escrito”, coincidió un integrante del bloque UCR.

El reclamo por compensaciones hace referencia al artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó cubierto por las posteriores actualizaciones. A pesar de que el oficialismo planteaba que estaba cumpliendo con toda la ley, tanto el PRO como la UCR venían reclamando un cronograma claro de pagos para saldar lo adeudado.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, la nueva propuesta apuntará a elevar los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. “Ya no bastará con tener el CUD (Certificado de Discapacidad) para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron y señalaron que buscan aplicar la misma lógica que con los subsidios para que “cobre el que verdaderamente lo necesita”.

Por otro lado, el nomenclador se actualizará por IPC en forma bimestral (no mensualmente como dice la ley de emergencia) y será universal. Además, a pedido de los aliados, las pensiones podrán recibirse de forma complementaria a un empleo registrado.

En las próximas semanas el oficialismo buscará quedarse con el dictamen de mayoría en comisión para bloquear cualquier intento opositor de llevar el tema al recinto. Si lo logran, el texto consensuado se incluirá directamente en el Presupuesto 2027.