Blog

El canciller Pablo Quirno afirmó que el Gobierno notificó a un universo de 180 empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y les planteó la necesidad de optar entre continuar con esas operaciones o afrontar sanciones en la Argentina. El funcionario sostuvo que la decisión forma parte de una estrategia para sancionar a compañías que operen en Malvinas y a sus proveedores, durante su exposición en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, Misiones.

Quirno ubicó esas definiciones dentro de las medidas que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional. “La ley 26.659, que ahora va a ser un poquito más famosa a partir de anoche, lo que hacía era sancionar a las empresas petroleras que operen en Malvinas, prohibiéndoles operar en la Argentina”, señaló. Según planteó, el escenario cambió respecto de los años en que se dictó esa norma, porque “cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir”.

El canciller dijo que la política oficial busca modificar ese cálculo para las compañías. “Hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios”, afirmó. Luego insistió: “Van a tener que elegir, lo mismo que nuestros países y nuestros vecinos”.

Quirno explicó que el decreto reglamentario apunta a acelerar las sanciones y amplía el alcance sobre una red de firmas vinculadas con la actividad petrolera. “Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera”, detalló. A continuación, precisó que el alcance previsto incluye “todo un universo de hoy 180 compañías”.

“Ya fueron anoticiadas la semana pasada de que cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado”, expresó Quirno. El funcionario agregó que el decreto reglamentario ya se resolvió y lo presentó como el primero de los instrumentos anunciados por el Poder Ejecutivo para intervenir ante proyectos de exploración y explotación de recursos en las aguas que rodean al archipiélago.

El Gobierno también prevé enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.659. Quirno sostuvo que la iniciativa buscará otorgar “mayor amplitud sancionatoria” y, a la vez, establecer mecanismos para que las compañías puedan dejar de operar en Malvinas sin quedar excluidas de forma definitiva de actividades dentro de la Argentina. “Hoy, cuando las sancionamos, quedaste encerrada, ya no tenés manera de volver al sistema normal”, explicó.

Sobre ese punto, desarrolló el razonamiento oficial con un ejemplo. “Estás sancionada, te saqué del sistema, no tenés ningún incentivo. Me quedé en Malvinas. Bueno, yo me quedé en Malvinas porque me sancionaste”, planteó. Para Quirno, el esquema debe ofrecer una alternativa para las empresas que abandonen esas actividades: “Nosotros tenemos que generar los mecanismos bajo los cuales podamos entrar y salir de ese proceso, una vez que desestimaste”.

Dentro de las nuevas exigencias, el canciller mencionó una declaración jurada para quienes busquen acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Hemos incluido en el decreto reglamentario que salió hoy justamente una declaración jurada de los aspirantes a los beneficios del RIGI, que tengan que decir ellos que no están en violación de la Ley 26.659”, indicó. La condición también alcanzará, según dijo, a la norma que el Congreso modifique en los próximos meses.

Quirno relacionó estas herramientas con el desarrollo energético local y con la posibilidad de atraer inversiones al país. Afirmó que los activos estratégicos argentinos permiten adoptar una posición distinta frente al Reino Unido, otros países y los socios regionales. “Esta valorización de los activos estratégicos que nos hace parar de manera diferente ante el mundo es clave en lo que estamos haciendo, porque nos permite poder cubrir nuestros intereses vis-à-vis el Reino Unido y las protestas y las acciones que estábamos tomando”, declaró.

El funcionario también se refirió a la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, otro de los anuncios de Milei. “Hoy nos compramos el espacio fiscal para tomar la decisión de poner recursos directamente en una base naval estratégica en Tierra del Fuego”, sostuvo. Según Quirno, el proyecto de Ushuaia permitirá reforzar “nuestra presencia en el Atlántico Sur”, la logística para la Antártida, la prestación de servicios en esa región y la custodia del Mar Argentino.

Al abordar el impacto de las medidas, Quirno hizo referencia a la cotización de las petroleras involucradas en el proyecto Sea Lion. “Ya empezamos a ver justamente el impacto que ha tenido hoy, y lo podemos decir porque estamos acá en el IAEF, en la valorización de las acciones de estas compañías”, afirmó. En la jornada, las acciones de Rockhopper Exploration retrocedieron 6,3% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas Petroleum perdieron 2,3% en Tel Aviv.

Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera offshore impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas controla el 65% de la iniciativa y Rockhopper posee el 35% restante. Las empresas comunicaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para una primera fase del desarrollo, que prevé una inversión total de USD 1.800 millones, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el inicio de las extracciones en 2028.

Quirno calificó la caída de los papeles de ambas firmas como parte de la respuesta oficial. “Ese es, si querés, el ejercicio de una diplomacia ejecutiva y una diplomacia económica, donde además de ejercer nuestros derechos en la diplomacia, los legales, los económicos y financieros, hacemos esta estrategia total que lleva a tener un impacto en el valor de las acciones que quieren hacer ilegítimamente en Malvinas”, manifestó.

El canciller sostuvo que las medidas no responden a una decisión aislada. “Estas no son medidas a la marchanta y medidas para cubrir un tema que es muy caro al corazón nuestro. Estas son una estrategia absolutamente integrada, coordinada, para que tenga el mayor impacto posible”, dijo. También señaló que la Cancillería mantiene conversaciones con el sector privado y que varias cámaras empresariales expresaron su respaldo al respecto.

“Estamos en conversaciones con el sector privado para que se entienda hacia dónde vamos y por qué estamos haciendo eso. Contamos ya con el respaldo de varias cámaras empresariales”, afirmó. Quirno sumó que Milei convocó a la dirigencia política a acompañar la iniciativa legislativa y sostuvo que “la causa Malvinas está en el corazón de todos los argentinos”.

El canciller también aludió a las conversaciones con Chile sobre la asistencia logística para las actividades de hidrocarburos y pesca en el área. “Quedó muy claro en el comunicado que sacamos luego de la visita, donde Chile también reconoce que va a intentar la valorización que hacemos nosotros de lo que es la asistencia logística en hidrocarburos y pesca”, señaló. Añadió que la posición chilena resultó “primariamente” coincidente con el planteo argentino de que esos servicios no se realicen.

El proyecto de reforma de la Ley 26.659 deberá tratarse en el Congreso. La iniciativa busca endurecer las sanciones y extender sus consecuencias a empresas que presten servicios a quienes realicen explotaciones hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización argentina.

El presidente Javier Milei brindó ayer una cadena nacional en la que volvió a reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y anunció una serie de medidas vinculadas a ese tema, las cuales se traducen en un proyecto a enviarse en los próximos días al Congreso de la Nación y una serie de acciones del propio Poder Ejecutivo para incrementar capacidades militares.

En el mensaje transmitido este jueves, Milei firmó un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659 contra empresas que participen en extracciones de petróleo en el archipiélago bajo ocupación británica, lo que dejará a esas compañías inhabilitadas para operar en Argentina. A mediano plazo, el mandatario anunció el envío urgente al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurecería las penas contra operaciones no autorizadas y crearía el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo de aplicación transversal que articularía Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Además, el Gobierno destinará fondos adicionales al Ministerio de Defensa para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego, con el objetivo de convertir a la zona en el principal polo logístico del Atlántico Sur.

Las bases a las que apunta el Gobierno

Hay avances que ya se conocieron esta misma jornada con la publicación del Boletín Oficial a través de tres medidas. Uno de los decretos reglamentó sanciones y excluirá del RIGI a empresas vinculadas con explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas como las que implementan las compañías británica Rockhopper e israelí Navitas a través del proyecto Sea Lion. En paralelo, Milei firmó un DNU que modifica ciertas partidas presupuestarias, que también se materializaron a través de una Decisión Administrativa rubricada por el jefe de Gabinete Diego Santilli.

Esta última decisión había sido adelantada ayer por la noche en A24 por Pablo Quirno, quien afirmó que uno de los segmentos “otorga partidas para el comienzo de la construcción de la Base Naval Integrada”. A través de una modificación de los créditos que tiene el Ministerio de Defensa, la cúpula de la Casa Rosada dispuso de “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo” de $ 114.732 millones que se destinarán mayoritariamente para las obras que ratificó ayer el canciller.

Fue la misma administración libertaria la que decidió recortar el envío de fondos destinados para la construcción de esa base, que se trata de una iniciativa comenzada en marzo de 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Jorge Taiana como ministro de Defensa.

Aun así, fuentes gubernamentales ya decían a Infobae a comienzos de año que estaba la intención de volver a retomar esas obras. En las altas esferas de la Casa Rosada se evaluó apelar a un fondeo por parte de Estados Unidos, debido a que la inversión aproximada para su construcción excedía las pretensiones propias del gobierno argentino: altísimas fuentes del Ministerio de Defensa estimaban que terminar la base naval podría implicar entre 400 y 500 millones de dólares.

Hoy esa posibilidad está desestimada. Al menos por ahora. “En un momento tuvimos un pequeño y austero ofrecimiento de Estados Unidos con algunos de estos fondos que manejan, pero era muy chico”, afirma una inobjetable fuente del gobierno argentino.

Al ser consultado esta mañana por Radio Mitre acerca de si habrá una presencia concreta de Estados Unidos en la Base Naval Integrada, Quirno negó esa posibilidad y marcó: “Nosotros tomamos las decisiones por nuestro propio interés y defendiendo los intereses argentinos”. “Nosotros consideramos que Tierra del Fuego es el punto neurálgico del Atlántico Sur y, en ese sentido, tiene muchísimas funciones como ser el acceso más corto y accesible a la Antártida. Ahí hay una cuestión de servicios políticos… Servicios logísticos, perdón, que se pueden dar a los países que también están actuando en Antártida. También nos sirve para el monitoreo de nuestro propio Mar Argentino que es muy muy extenso”, agregó.

La prioridad de los fondos que se desembolsarán en los próximos años es para la construcción de la Base Naval Integral, pero también está previsto que se aumenten fondos para la Base Antártica Conjunta Petrel.

“Los dos están previstos como máxima prioridad dentro de lo que es el Plan ARMA, que es aquel dinero que nos va a estar viniendo por la venta del 70% de inmuebles del ámbito de la defensa o el 10% de la venta o el alquiler de inmuebles. El binomio es la Base Naval Integrada y Petrel. Vemos un crecimiento de ambas en paralelo con diferentes etapas”, agregan. A los funcionarios del ámbito de la Defensa les interesa la idea de conectar la Base Naval con la Base Petrel, la única que tiene entradas tanto para embarcaciones como para aeronaves.

En abril de este año, el astillero TANDANOR completó la estructura del Módulo I para avanzar en la construcción del Módulo II. Si quieren incrementar capacidades, el Gobierno deberá mejorar los envíos de fondos para esa empresa pública, ya que la variación interanual real de fondos enviados por la Administración Nacional fue de -63,24%, según informa el Monitor de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En la hoja de ruta de los funcionarios libertarios se habla de un proceso de cuatro años como mínimo. Se habla de una inversión de entre 100 y 150 millones de dólares por año. “Creo que entre el Plan ARMA, el FONDEF [El Fondo Nacional de Defensa] y otras partidas que le escuché al Presidente ayer en cadena nacional, lo podremos hacer”, concluyen. Cabe aclarar que ese fondo presupuestario se vació por completo en el diseño de la Ley de Presupuesto 2026, por lo que esa declaración sugeriría que puede llegar a contemplarse una restitución para el proyecto para el período 2027.

Incremento de fondos para desarrollo satelital

En las modificaciones presupuestarias que se dieron a conocer a través del DNU 867/2026 también figuran un incremento de los gastos figurativos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) por $ 117.000 millones. Fuentes de la Casa Rosada aseguraron a Infobae que una buena parte de estos fondos buscan estar direccionados para el desarrollo de satélites.

Como última novedad, el Gobierno anunció que la próxima misión satelital de la CONAE se encuentra en etapa final de integración y ensayos en las instalaciones de INVAP. Se trata del SABIA-Mar, que incorporó una actualización tecnológica que amplió sus capacidades para generar información estratégica destinada a la producción, la seguridad, la investigación científica y la gestión ambiental; la puesta en órbita está prevista para el primer semestre de 2027.

El próximo proyecto libertario

El eje legislativo del anuncio es el envío urgente al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con dos componentes centrales. El primero endurecería la Ley 26.659: las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas en las islas quedarían inhabilitadas para contratar en el territorio argentino, tanto con el sector público como con el privado, y quedaría habilitada, cuando corresponda, la figura del juicio en ausencia para los infractores.

El segundo componente crearía el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo de aplicación transversal y obligatoria para todo el Estado, con el mandato de articular las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. “Le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional”, sostuvo Milei. Se trata de un isomorfismo del National Security Council de Estados Unidos. Altísimas fuentes de la Cámara de Diputados de la Nación confirmaron a Infobae que aquel proyecto “está al caer”. Seguramente entrará formalmente la semana próxima, aunque todavía no está decidido cómo será la urgencia para su tratamiento. El oficialismo que lidera desde la Presidencia del recinto Martín Menem no tiene mayores proyectos para tratar en el recinto, ya que la mayoría se encuentran en el Senado. Dado el desgaste que el Gobierno sufrió con los bloques aliados en el último año, el oficialismo podría aprovechar el proyecto vinculado a Malvinas para conseguir insertar otros temas en sesión.

Aun así, Menem estaría particularmente interesado en tratar el proyecto con cierta celeridad. Su padre Eduardo Menem fue uno de los ideólogos de que en 1994 se incorporara una cláusula constitucional que estableciera que la recuperación de Malvinas es un objetivo permanente e irrenunciable; asimismo, en 1998 impulsó en el Senado un proyecto para sancionar e inhabilitar a las empresas que explotaran recursos en las islas, pero sin autorización argentina. Ese proyecto no llegó a convertirse en ley, pero anticipó parte de la lógica que después quedó plasmada en la Ley 26.659, impulsada y sancionada durante la primera administración de Cristina Fernández de Kirchner.

El riesgo país de Argentina oscilaba nuevamente el viernes por debajo de la línea de los 500 puntos básicos luego de un informe bancario que minimiza en parte los nubarrones políticos de cara a las elecciones presidenciales del 2027.

“Un reciente reporte del banco estadounidense Citi, leído en las mesas financieras, remarca que el mercado exagera ese riesgo político de un viraje en el rumbo económico del país austral”, indicó Reuters.

El banco sostiene que los inversores tienen “demasiada cautela” y que los fundamentos de la macroeconomía no empeoraron como para justificar ese temor, con una “transformación en marcha” que llegó para quedarse en base a una demanda social.

Este referencial riesgo país elaborado a diario por el JP Morgan descontaba cuatro unidades a las 14 horas, en los 491 puntos básicos, nuevamente debajo de los 500 puntos que sondeó las últimas tres semanas. El riesgo país argentino se ubica en su punto más bajo desde el 17 de agosto.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- avanzaban 0,2% en promedio y el índice líder accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subía 0,3% en pesos, en los 3.060.000 puntos.

“La estabilización se consolida, pero el calendario electoral empieza a sumar nuevos condicionamientos”, reportó el IERAL de la Fundación Mediterránea. Se debe poner “el foco en cómo equilibrar los avances alcanzados con la recuperación del mercado de trabajo, el impulso al crédito y la construcción de acuerdos que permitan sostener el proceso de reformas”, agregó.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Wall Street había predominio de papeles en alza, entre los que destacaban Telecom Argentina (+3,2%) e IRSA (+2,4%).

Los precios del petróleo exhibían una baja marginal y el barril de Brent del Mar del Norte descontaba 0,1%, en USD 95,49 para los contratos con entrega en noviembre. YPF sube 0,8%, a USD 52,81, mientras que Vista Energy resta 0,7 por ciento.

Por el feriado en los EEUU por el Día del Trabajo el próximo lunes 7, en Buenos Aires se adelantaban operaciones ya que se espera un recorte de liquidez en el inicio de la semana.

Dato clave de empleo en EEUU

Los índices de Wall Street caen esta tarde en un rango de 0,2% a 0,5%, luego de conocido un informe de empleo en los EEUU.

El equipo de Research de Balanz explicó que “la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos fue de 162.000 nuevos puestos en agosto, muy por encima de la creación esperada de 55.000. Los datos de julio fueron revisados al alza hacia 21.000 desde -23.000. La mayor creación de empleo se debió principalmente al sector privado con un aporte de 127.000 nuevos puestos, muy por encima de los 50.000 esperados, principalmente con una aceleración en el sector de ocio y hospitalidad +62.000 desde -21.000 en julio. El sector publico creó 35.000 empleos después de una destrucción de 50.000 en julio”.

“Por otro lado, la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,1%, tal como se esperaba, con un incremento en la tasa de participación hacia 61,6% desde 61,4% (se esperaba en 61,5%)”, añadieron desde Balanz.

Trump amenaza con embargos

Tras destacar las excelentes cifras de empleo publicadas el viernes, el presidente norteamericano Donald Trump aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre el nuevo repunte del déficit comercial estadounidense y amenazó con imponer embargos a los países que no le son favorables.

Trump publicó en en la red social Truth Social un mensaje que decía: que decía: “bajen la tasa o dejaré de comerciar con los países con los que tenemos un déficit”, en lo que parecía ser una directiva a la Reserva Federal.

Trump, quien desde hace tiempo manifestó su deseo de que bajen los tipos de interés, afirmó que un embargo podría ser “mejor que los aranceles” y dijo que “la Junta de la Reserva Federal, con su nuevo y gran líder, debe ser inteligente”.

“La presión del presidente norteamericano sobre el banco central no es nueva, pero la amenaza de un embargo comercial sí lo es. Los embargos supondrían un nuevo nivel de perturbación para la economía global, y es probable que el presidente tenga la autoridad legal para llevarlos a cabo”, señaló Yahoo Finance.

El Gobierno anunció medidas para sancionar a empresas vinculadas con la exploración petrolera en las Malvinas, una decisión orientada a reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas bajo control británico y a cuestionar la explotación de recursos naturales en un área cuya disputa fue reconocida por las Naciones Unidas.

El alcance práctico de esa ofensiva tiene un límite central. Según explicó Fernando Tarapow, especialista en Derecho Internacional y profesor de Atlántico Sur y Antártida en Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires, el Estado argentino solo puede actuar sobre compañías que tengan activos, oficinas o negocios en el país. La restricción deja fuera de su alcance directo a firmas que operen cerca de las islas pero carezcan de presencia económica local.

Ese punto define a quiénes podrían afectar las sanciones. La medida apunta sobre todo a proveedores de logística, servicios, abastecimiento, transporte, equipos, insumos y asistencia técnica que trabajen en Argentina y al mismo tiempo participen en proyectos de exploración asociados con Malvinas.

Si una empresa desarrolla actividad petrolera o de servicios en el mercado argentino y además colabora con iniciativas en la zona disputada, el Estado puede sancionar su operación local, indicó Tarapow en diálogo con Infobae Al Mediodía. Si no tiene bienes ni actividad económica en territorio nacional, “no lo va a poder hacer”, sostuvo el especialista al describir el límite jurídico de la iniciativa.

El foco argentino está en los proveedores con negocios locales

La distinción entre operadoras principales y empresas auxiliares aparece como uno de los ejes de la estrategia oficial. Tarapow señaló que Argentina podría intervenir sobre firmas logísticas o de servicios que operen en Vaca Muerta, Mar del Plata o Chubut, aunque no tenga la misma capacidad para actuar contra el proyecto petrolero principal.

La consecuencia inmediata no recaería solo sobre las compañías operadoras. También alcanzaría a quienes evalúan prestar apoyo comercial o técnico, porque una firma con presencia en Argentina debería decidir si mantiene sus negocios locales o si participa en actividades petroleras próximas a las islas.

Tarapow vinculó esa respuesta con el marco normativo e internacional que invoca Argentina. Sostuvo que el discurso presidencial reafirmó la posición del país sobre la soberanía de las Islas Malvinas y volvió a instalar la cuestión como un asunto prioritario para la República Argentina.

El profesor citó la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa entre Argentina y Reino Unido. Añadió que referentes británicos rechazan la existencia de ese conflicto de soberanía.

Las resoluciones de la ONU y un decreto vigente

Al mismo tiempo, el especialista mencionó la Resolución 37/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esa norma plantea que los gobiernos deben abstenerse de realizar actos unilaterales que dificulten una futura negociación mientras la disputa siga abierta.

Sobre esa base consideró que Argentina debe protestar frente a las acciones británicas ligadas a la exploración petrolera. A su juicio, esas actividades contradicen el criterio de abstención fijado por la resolución internacional.

El profesor recordó además un decreto firmado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner sobre el apoyo logístico desde puertos argentinos. La norma exigió autorización del Gobierno nacional para actividades que conectaran puertos del país con las Islas Malvinas.

Según Tarapow, ese decreto continúa vigente. Su objetivo fue impedir que empresas argentinas aportaran logística a actividades petroleras relacionadas con las islas.

La discusión sobre las sanciones se cruza con un problema de infraestructura y rutas marítimas. Durante la conversación se planteó que los proyectos petroleros requieren una estructura logística amplia y que el traslado de materiales, equipos y personal puede definir costos, tiempos y recorridos en la cuenca marítima.

En ese punto apareció una ruta hacia Punta Arenas, en Chile, impulsada a partir de una iniciativa del municipio local. Los participantes señalaron que esa conexión reduce la distancia para transportar materiales hacia las islas y puede modificar el esquema de abastecimiento.

El reclamo argentino abarca más de 200 islas y sus espacios marítimos

Tarapow sostuvo que la cuestión Malvinas no se limita a las dos islas principales. Explicó que el reclamo argentino incluye un archipiélago de más de 200 islas, además de las islas Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.

Esos espacios, indicó, alcanzan las 200 millas y forman parte de la proyección argentina en el Atlántico Sur. Para el especialista, la discusión involucra al mismo tiempo soberanía territorial y control sobre los recursos naturales ubicados en esa área marítima.

El especialista valoró la coordinación entre ministerios y destacó el trabajo de la Cancillería Argentina. Señaló que sus funcionarios analizan las respuestas que debe dar el Estado como sujeto de derecho internacional público.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.