Un colectivo urbano de la Línea 1 fue atacado con un proyectil durante la noche de este lunes, mientras circulaba con pasajeros por la ciudad de Concordia. El impacto destrozó una de las ventanillas, aunque no provocó personas heridas.
El episodio ocurrió alrededor de las 20:10, en inmediaciones de las calles Paula Albarracín de Sarmiento y 11 de Noviembre. Por circunstancias que quedaron bajo investigación, un objeto golpeó el lateral izquierdo de la unidad y causó la rotura prácticamente total del vidrio.
En el asiento ubicado junto a la ventanilla afectada viajaba un hombre que no fue alcanzado por el proyectil ni por los fragmentos desprendidos. En el colectivo también se trasladaban dos madres con sus hijos y un padre acompañado por su hija, publicó Diario Río Uruguay.
Temor entre los pasajeros
El ataque se produjo en cuestión de segundos y sorprendió tanto a los usuarios como al personal del transporte.
Pese a la magnitud del daño, no se registraron personas lesionadas. El colectivo, sin embargo, quedó imposibilitado de continuar con normalidad su recorrido debido al estado de la ventanilla.
La empresa envió otra unidad para reemplazar al vehículo atacado y permitir que los pasajeros retomaran el viaje.
Antecedentes de ataques similares
El episodio volvió a generar preocupación por la seguridad de los pasajeros y trabajadores del transporte público, debido a que el impacto pudo haber ocasionado consecuencias de mayor gravedad.
En junio pasado, otro colectivo de la Línea 1 sufrió importantes daños materiales al ser apedreado mientras transitaba por calle Las Heras, entre Diamante y Tala.
También se habían reportado ataques con gomeras atribuidos a jóvenes escondidos en sectores próximos a la Ruta Provincial 4 y al puente Alvear. Esos hechos afectaron tanto a unidades del transporte urbano como a vehículos particulares.
El director general de Salud Mental de la provincia, Esteban Dávila, mantuvo encuentros operativos con las autoridades y los equipos de los hospitales Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y Centenario de Gualeguaychú, con quienes abordó los desafíos sanitarios locales, la optimización de recursos humanos y materiales, y la articulación con los centros de atención primaria de la provincia. Cabe señalar que desde los servicios se expuso el incremento significativo de la demanda en salud mental.
En relación a las jornadas, el funcionario expresó: “Tratamos distintos aspectos vinculados a la atención y al abordaje integral de las personas que requieren asistencia en salud mental, con el objetivo central de fortalecer las respuestas del sistema sanitario en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, así como optimizar la articulación con el resto de los efectores de la provincia”.
Además, Dávila puntualizó: “Entre los temas principales, se analizó la atención de los pacientes con cobertura de OSER, la disponibilidad real de camas destinadas a la especialidad y la agilización de los mecanismos de derivación para aquellos casos que requieran internación en otros centros asistenciales”. Asimismo, otro de los ejes abordados fue el trabajo con el primer nivel de atención en cada localidad.
Cabe señalar que estos encuentros con los equipos de dos de los nueve servicios de salud mental que funcionan en hospitales generales de la provincia se enmarcan en una línea de gestión para fortalecer el abordaje integral en la materia, en consonancia por lo dispuesto en el Decreto Provincial Nº 2130/26, que establece los lineamientos para la organización y consolidación de las políticas públicas de salud mental en la provincia.
La Argentina cumplió la cuota ampliada de exportación de carne vacuna a Estados Unidos, según dio a conocer Diego Sucalesca, presidente de PromArgentina, la agencia de promoción de exportaciones e inversiones que viene fomentando una mayor participación de productos argentinos en el mundo. El país tiene desde hace años un cupo de 20.000 toneladas con aranceles reducidos a ese mercado [apenas 44 dólares por tonelada] y en febrero pasado el presidente Donald Trump, en el contexto de la buena sintonía con su par Javier Milei y el acuerdo comercial, aumentó la cuota a un nivel de 100.000 toneladas. El cumplimiento se logró en solo nueve meses.
Con ese marco, las ventas al exterior argentinas aumentaron de manera vertiginosa y Estados Unidos se posicionó como el segundo comprador del producto argentino después de China. El mercado norteamericano, que en general aumentó sus importaciones ante una caída de la producción y el stock vacuno, paga precios más altos.
“LaArgentina ya vendió 100.000 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos y dio cumplimiento a la cuota de exportación incluso antes de lo previsto. Es un dato histórico que se logró gracias a una decisión estratégica de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que me encomendó llevar adelante esta acción de promoción comercial”, celebró el presidente ejecutivo de PromArgentina. La meta, completada en nueve meses, se alcanzó tras absorber el mercado norteamericano el cupo ampliado de 80.000 toneladas adicionales que Washington había habilitado a principios de año.
El anuncio tuvo lugar durante el festejo por los 30 años del Día de la Exportación, organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) en el Palacio Libertad. Del encuentro con empresarios participaron ministros del Gabinete: Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería) y Federico Sturzenegger (Desregulación).
Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentinaGentileza
La rápida absorción del contingente se dio luego de una intensa agenda de vinculación comercial, además de las vinculaciones que ya tenían desde hace años empresas del sector. Es que, a través de la iniciativa Argentina B2B Week, se desarrollaron dos rondas de negocios en plazas clave del mercado norteamericano.
El despliegue abarcó seis polos de consumo y distribución estratégica: Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, Miami, Atlanta y Houston. Según se informó oficialmente, participaron 23 frigoríficos exportadores locales, generando más de 500 contactos directos con distribuidores, importadores y cadenas de retail norteamericanas. La coordinación logística y diplomática se articuló entre la Secretaría General de la Presidencia, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, la Embajada argentina en Washington y sus consulados.
En PromArgentina destacaron que la rápida colocación no solo ratifica la competitividad y el estándar sanitario de la carne argentina en uno de los mercados “más importantes y exigentes a nivel mundial”, sino que también hace prever que se solicitará una ampliación de la cuota para 2027. Este último punto ha sido manifestado a este medio en diversos ámbitos del Gobierno en el último tiempo.
Washington había habilitado ampliar el cupo de exportación por 80.000 toneladas adicionales a principios de año para llegar a 100.000 toneladasGentileza
“Estamos viviendo el mejor comienzo de año en exportaciones de nuestra historia”, aseguró Sucalesca al detallar que entre enero y julio pasado la Argentina exportó un total de US$58.365 millones, un 22,9% más que en el mismo período del año pasado y casi 15% más por tonelada. En ese sentido, el titular de la agencia de promoción destacó que CERA proyecta exportaciones por más de US$103.000 millones para este año. Esto le permitiría a la Argentina superar los 100.000 millones de dólares en exportaciones por primera vez.
“Hoy tenemos 7931 empresas exportadoras, un 4,1% más que en 2025 y 7,6% más que en 2023. Todo esto demuestra que estamos en presencia de una plataforma exportadora sólida, una plataforma exportadora que suma e integra capacidades”, agregó Sucalesca.
París, la próxima escala
La estrategia de promoción comercial argentina continuará en Europa a principios del próximo mes. El 2 de octubre, en el marco de la Argentina Week en París, PromArgentina pondrá en marcha la edición Seafood (mariscos) de sus rondas B2B. El objetivo de las rondas será conectar a exportadores nacionales de langostino salvaje y vieiras con compradores y distribuidores franceses, en un intento de replicar la misma dinámica de vínculo comercial con los Estados Unidos.
Otra vez un muy alto volumen de negocios por USD 844 millones en el segmento de contado se impuso en la operatoria mayorista, donde el tipo de cambio cedió un peso, a $1.506,50 para la venta.
El dólar mayorista encadenó la cuarta caída consecutiva. Aunque se trata de una serie con bajas marginales, llevó al dólar a su piso desde el 21 de agosto. En lo que va de septiembre cae dos pesos, para encaminarse a ser el primer mes con desempeño negativo desde marzo último.
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El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.899,56 pesos. El dólar mayorista se ubica ahora a 393,06 pesos o 26,1% de ese umbral para la flotación, la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%).
“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó dos pesos, contra una suba de cuatro pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.
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El dólar al público estuvo negociado sin variantes, a $1.530 para la venta en el Banco Nación, por tercer día en dicha cotización. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.532,27 para la venta y $1.477,20 para la compra.
El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.560 para la venta, en su punto más alto desde el 25 de agosto.
“El dólar mayorista sigue planchado por debajo de los $1.510, sin alteraciones tampoco en las tasas cortas en pesos tras recomponerse la liquidez del sistema financiero. Los relevamientos de precios de alta frecuencia privados siguen siendo monitoreado, en busca de evaluar la dinámica del proceso de desinflación, dado que de dicha consolidación dependerían las definiciones respecto al ritmo de reacomodamiento cambiario”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.
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Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, consideró que “este movimiento dio continuidad a la pronunciada desaceleración iniciada el viernes pasado, cuando la plaza financiera registró su retroceso diario más significativo del último mes. En cuanto a las posiciones a término, los contratos de dólar futuro acompañaron la tendencia descendente de forma generalizada. El mercado fijó la postura mayorista para diciembre en $1.602,50, un valor que ratifica la previsión de un deslizamiento cambiario pausado y descarta expectativas de desfasajes bruscos antes de fin de año”.
Morales también advirtió “una marcada desaceleración en la capacidad de absorción de la entidad monetaria, que acumuló apenas USD 42 millones en los últimos cinco días hábiles, su registro semanal más magro desde la implementación del actual esquema cambiario. En el transcurso de septiembre, el saldo comprador suma USD 135 millones y el promedio diario de absorción retrocedió a USD 14 millones, una cifra distante de los USD 38 millones diarios verificados en agosto y de los picos alcanzados en mayo, cuando el ritmo promedio se situaba en USD 137 millones por jornada”.
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Pese al freno reciente, el balance positivo acumulado por la autoridad de contralor en el transcurso del año 2026 asciende a 14.218 millones de dólares.
Los expertos de Max Capital subrayaron que “el BCRA continúa realizando compras limitadas de dólares, con un promedio diario de compras en el mes de USD 14 millones” y señaló que “los inversores pueden navegar el mercado a los precios actuales en un período inevitablemente ruidoso de cara a las elecciones presidenciales. Argumentamos que la combinación de cuentas externas sólidas y un colchón de reservas puede limitar la presión sobre la dinámica cambiaria”.
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“Todo indica que el agro continúa liquidando a un ritmo particularmente firme -cerca de USD 170 millones diarios-, pero que, al tipo de cambio actual, el resto de los jugadores concentra una elevada demanda neta de divisas. El resultado es un espacio mucho más acotado para que el BCRA compre sin generar presión sobre el mercado”, definieron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.
La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y de su obra social, OSUOMRA, hizo un balance demoledor sobre el estado en que el sindicato y la entidad de salud de los metalúrgicos fueron recibidas de la gestión de Abel Furlán: en sus 57 páginas se habla de una estructura administrativa casi inexistente, documentos esenciales ausentes, circuitos opacos de pago y procedimientos internos al borde de la anomia.
Además, se pone bajo la lupa el polémico contrato de la UOM con la empresa USEM, vinculada con La Cámpora, a partir de una auditoría realizada por la consultora BDO: allí se afirma que la compañía fue constituida el 7 de diciembre de 2022 y apenas 82 días después, el 27 de febrero de 2023, fue contratada por la UOM y OSUOMRA para intervenir en procesos críticos vinculados con la administración de cuentas y la ejecución de pagos.
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Se menciona también que “el hallazgo institucional más relevante es la superposición objetivamente documentada entre contratante y proveedor: María Soledad Calle mantuvo una relación laboral con UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, simultáneamente, fue directora suplente y accionista titular del 50% de USEM”.
“En términos concretos -añade-, UOM y OSUOMRA contrataron para intervenir en la administración de fondos y ejecución de pagos a una sociedad constituida apenas 82 días antes y cuya mitad del capital pertenecía a una dependiente de la propia UOM”.
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Así lo detalla el primer informe trimestral auditado y elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por el interventor Alberto Biglieri, quien asumió la gestión el 2 de junio pasado y ahora, como anticipó Infobae, compartirá sus tareas en un triunvirato con los abogados Pablo Daniel Iglesias y Ariel Martín Alonso.
Además del cambio en la estructura de la intervención, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo trasladó una denuncia penal sobre supuestas irregularidades en la gestión del desplazado titular del sindicato, Abel Furlán, a partir del informe de presentado por Biglieri, al considerar que se detallan situaciones que “deberían ser abordadas por la justicia criminal”.
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La contraofensiva de Furlán no se hizo esperar: sus abogados presentaron sendas denuncias en el fuero penal y en el laboral en las que apuntan contra las acusaciones del informe de Biglieri y, a la vez, advierten que,a más de 90 días de iniciada su gestión, la intervención del gremio aún no definió la fecha de los comicios en la Seccional Zárate-Campana, mientras se ampliaron sus facultades sobre la UOM, la obra social, la negociación colectiva y la administración de recursos.
Al mismo tiempo, los escritos cuestionan la decisión del interventor judicial de otorgar poderes bancarios a Betiana Gorosito para operar ante el Banco Nación respecto de UOM y OSUOMRA porque en 2022 fue designada presidenta y directora titular de Donington S.A, “firma que integró durante más de 2 décadas un esquema fiduciario de administración de recursos sindicales que luego fue sustituido por decisión de los órganos de conducción” del sindicato metalúrgico.
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“La intervención judicial no recibió mandato para determinar qué modelo de administración financiera debía prevalecer dentro de la organización”, se afirma en una de las presentaciones, que comparten ese argumento.
Por un lado, el abogado Alejandro Rúa reclamó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, el cierre definitivo de la causa por supuesta administración fraudulenta al afirmar que las acusaciones de la intervención judicial carecen totalmente de sustento de hecho y de derecho.
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El escrito sostiene que la intervención no sólo incumplió su única misión —convocar a nuevas elecciones—, sino que además aplicó cuestionamientos infundados sobre la gestión financiera de la UOM aunque los propios balances y auditorías internas desmienten todas las sospechas.
La presentación rechaza que la intervención judicial haya encontrado la UOM en una situación crítica, sin registros ni controles confiables, y asegura que existen balances aprobados por el propio Congreso Nacional de Delegados que demuestran “el ordenamiento y la solvencia” logrados tras los últimos cuatro años de gestión, con resultados positivos reconocidos año a año en las Memorias y Balances sindicales, incluso durante el ciclo económico adverso de la industria metalúrgica.
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Como dato central, la defensa subraya que en el último ejercicio auditado (2025) la organización sindical tuvo “una ganancia de más de 10.700 millones de pesos”, logrando además acumulaciones de ahorro por USD 16.529.427 a lo largo de cuatro años.
Esta acumulación —sumada a “la millonada recuperada de la administradora anterior”— es para la defensa la prueba clave de la “calidad certificada” en la gestión del Secretariado Nacional que lideraba Furlán, no sólo reconocida internamente -remarca- sino también refrendada por la obtención de la certificación ISO 9001:2015, un estándar internacional de control y calidad en los procesos administrativos y financieros.
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Las imputaciones más severas del informe de Biglieri giran en torno de eventuales irregularidades en la contratación de USEM, presunto epicentro de un “conflicto de intereses” por la simultánea participación de María Soledad Calle como empleada de la UOM y accionista de la empresa. Sin embargo, la defensa de Furlán señaló que la contratación respondió a la exigencia contractual del nuevo convenio de fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina, y la constitución de USEM 82 días antes de iniciada la relación comercial obedeció a “la necesidad de contar con un intermediario para la gestión bancaria en beneficio de las seccionales de todo el país”.
El escrito enfatiza que la contratación cumplió con todos los procedimientos internos requeridos: por “unanimidad del Secretariado Nacional” de la UOM, con derivación directa del Consejo Directivo en julio de 2022 y tras debates y asesoramiento técnico previos a resoluciones formales. La comparación con la contratación pública —pilar de la denuncia mediática y la intervención judicial—, según el escrito, es “sin sustento jurídico ni normativo”: ni la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, ni el estatuto de la organización, ni las normas para entidades sindicales imponen prohibiciones automáticas para contratar con sociedades en las que participen empleados o ex empleados, ni exigen licitaciones competitivas obligatorias como en el Estado.
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Para la defensa, la supuesta “incompatibilidad” es un error conceptual: “No existió, en definitiva, autocontratación, decisión sobre intereses contrapuestos ni intervención de Calle desde ambos lados de la relación jurídica”, reza el texto. Añade que no hay indicio alguno de perjuicio patrimonial para la organización sindical: la remuneración de USEM era variable según la recaudación, los servicios efectivamente prestados están documentados en contratos, facturas, registros y la operatoria con las 53 seccionales del país, y todos los circuitos, aseguran, quedaron auditados bajo norma ISO 9001:2015.
La presentación argumenta incluso que el reemplazo del sistema anterior por el administrado junto a USEM posibilitó una reducción de comisiones, impuestos e intereses, además de ampliar las posibilidades de inversión sindical —punto del que deriva la cifra de ahorro millonario y el refuerzo patrimonial—, dejando sin sustento la hipótesis de daño económico.
Además, los abogados Álvaro Daniel Ruiz, Matías Cremonte y Carlos Zamboni Siri hicieron una presentación ante la Corte Suprema, en el marco de una queja por recurso extraordinario federal denegado, en la que se cuestiona el informe de gestión de Biglieri.
En el escrito se pone en conocimiento de “la gravedad de la extensión de una intervención que, además de injusta, ha transformado su objeto principal de normalizar por vía de nuevas elecciones en a Seccional Zárate-Campana, que fue la excusa de la intervención nacional, y se ha dedicado a reponer la administración de los recursos de la UOM al Grupo Olmos, entre otras cosas”.
En este último sentido, apuntan contra la decisión de Biglieri de sumar a su gabinete de asesores al médico Ariel Raúl Sosa, ya que “existirían publicaciones oficiales e institucionales que lo identifican como director médico o director sanatorial de BASA S.A./Red BASA, además de antecedentes como presidente de Policlínico Regional Avellaneda S.A. y Administración Salud S.A.”,
La presentación vincula esas designaciones con “estructuras empresariales relacionadas con servicios de salud y con el denominado Grupo Olmos”, que estuvo vinculado durante mucho tiempo con la UOM hasta que cuando asumió Furlán como secretario general, en marzo de 2022, disolvió ese vínculo y luego impulsó la contratación de USEM para el gremio y la obra social.
El escrito reclama un tratamiento urgente y reitera el pedido de suspensión de los efectos de la sentencia del 22 de mayo de 2026, que dispuso la intervención judicial de la UOM y el desplazamiento de Furlán, y de los actos dictados como consecuencia de esa resolución.
El financiamiento a las personas físicas muestra señales cada vez más marcadas de tensión financiera. A pesar de que el volumen total del crédito real a las familias registró una leve contracción del 0,7% en julio —alcanzando los $99,4 billones—, el dato central del mercado radica en el constante deterioro de la calidad de la cartera.
Según el último Monitor Mensual Foco Provincial, elaborado en conjunto por la consultora EcoGo y la Universidad Austral, la mora total por monto trepó al 18,0% del crédito a las familias, registrando su 21° incremento mensual consecutivo y acumulando un salto de 10,3 puntos porcentuales en el último año.
Al medir el impacto directamente sobre la población, el 26,6% de los deudores del país presenta al menos un saldo irregular, lo que implica que más de uno de cada cuatro financiados incurre en atrasos de pago.
El estudio expone una marcada brecha según el tipo de otorgante del crédito:
– Sistema financiero vs. no bancario: Mientras que las entidades bancarias tradicionales registran un índice de mora del 15,8%, en los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) —las tarjetas no bancarias, las mutuales y las plataformas fintech— el incumplimiento escala de manera crítica al 31,3% del monto otorgado.
– La radiografía en Córdoba: En la provincia de Córdoba, el volumen de crédito real se situó en $10,3 billones. Si bien muestra un perfil relativamente más conservador dentro del mapa nacional, la mora por monto alcanzó el 14,8% (+8,4 p.p. interanual) y la proporción de deudores cordobeses con atrasos escaló al 25,2%. La mora en los PNFC dentro del territorio cordobés llegó al 25,5%.
– Disparidades provinciales: El mapa de morosidad por monto lo encabezan La Rioja (25,3%),Santa Cruz (23,6%) y San Luis (23,5%). En el extremo opuesto, La Pampa (9,6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12,4%) y Entre Ríos (14,0%) presentan los niveles más moderados.
– Deuda promedio y penetración: A nivel nacional, la deuda promedio se ubicó en $4,5 millones por deudor. En Córdoba, el indicador se elevó a $5,7 millones por deudor, registrando una penetración de 455 deudores por cada 1.000 habitantes.
El reporte destaca además que la denominada “mora operativa” (que excluye a los deudores irrecuperables en situación 5) se ubicó en un 11,8%, empezando a trazar una meseta que sugiere que el ritmo de ingreso a la irregularidad primaria podría comenzar a desacelerarse.
Más de 20 kilos de cocaína que intentaban ingresar a Entre Ríos fueron secuestrados durante un operativo realizado en el Puesto de Control Vial Paso Telégrafo, en el norte provincial. El procedimiento terminó con cinco hombres detenidos, dos vehículos incautados y el decomiso de teléfonos celulares y dinero en efectivo.
El operativo se concretó el pasado jueves durante controles vehiculares de rutina de la Policía de Entre Ríos. Los efectivos inspeccionaron inicialmente un Fiat Siena rojo en el que viajaban cuatro hombres mayores de edad, oriundos de Chaco, Santa Fe y Córdoba.
En simultáneo, los uniformados detuvieron un Volkswagen Bora gris que circulaba detrás del primer automóvil, también en sentido norte-sur. El vehículo era conducido por un hombre domiciliado en Resistencia, provincia de Chaco.
“Lila” detectó la droga escondida en el auto
Durante la inspección intervino la División Canes y la perra detectora de narcóticos “Lila” reaccionó de manera activa frente a la puerta trasera izquierda del Volkswagen Bora. A partir de esa señal, los policías profundizaron el procedimiento y comunicaron la situación a la Justicia Federal.
El Juzgado Federal de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos, con intervención de la Secretaría de Silvia González, ordenó convocar a personal de la División Toxicología de la Jefatura Departamental La Paz.
Ante testigos civiles, los agentes realizaron una revisión minuciosa del Bora y encontraron 20 panes compactos envueltos en film azul, distribuidos en las puertas y en compartimentos ubicados debajo del capot. Las pruebas de campo determinaron que se trataba de clorhidrato de cocaína.
Cinco detenidos y dos vehículos secuestrados
El pesaje estableció que el cargamento alcanzaba los 20 kilos con 720 gramos de cocaína. La totalidad de la sustancia quedó inmediatamente secuestrada y a disposición de la Justicia Federal.
La inspección realizada por el can sobre el Fiat Siena no detectó estupefacientes. Sin embargo, según informó la Policía, las tareas desarrolladas durante el procedimiento permitieron establecer una presunta vinculación entre los ocupantes de ambos vehículos y determinar que se movilizaban de manera coordinada.
Por disposición judicial, los cinco hombres quedaron detenidos e incomunicados. Además de la cocaína y los dos automóviles, fueron secuestrados teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que serán analizados en el marco de la investigación para determinar el origen y el destino del cargamento.
POSADAS, Misiones.- Una declaración del principal ejecutivo del aserradero más grande y moderno del país, ACON Timber, encendió todas las alarmas en esta región productora, porque pone en agenda la dificultad para ser competitivos de un sector que está atravesando una crisis de caída de ventas, baja de rentabilidad y cierre de empresas. “Nos está costando más de lo que pensábamos”, dijo Nicolás Crisp, ingeniero industrial y presidente de ACON Timber, un megaaserradero inaugurado en abril de 2024, de capitales belgas y austríacos.
En el sector forestoindustrial se admite que hay empresas pymes que van a desaparecer por cambios en las reglas del juego, falta de tecnología y escasa competitividad, pero nadie esperaba que firmas como esta sean las que adviertan dificultades para operar con rentabilidad en el actual contexto. Crisp puso en duda la segunda etapa de inversiones de este gigante, que ya desembolsó 130 millones de dólares y se convirtió en el mayor proyecto greenfield (desde cero) del sector forestoindustrial en lo que va del siglo, con su moderna planta en Gobernador Virasoro, Corrientes.
ACON Timber posee una capacidad de producción de 700.000 metros cúbicos de madera y tiene planes para invertir más de 100 millones de dólares adicionales para llevar su capacidad a 1,3 millones de metros cúbicos. “Todo eso va a depender de si hay un entorno más competitivo y sostenible. Son cambios estructurales y están siendo más difíciles de lo que pensábamos”, admitió el ejecutivo. El problema es que, según Crisp, no le están encontrando la vuelta al negocio por los altos costos logísticos, que son clave para un rubro que maneja alto volumen, con relativo bajo valor agregado.
Según pudo saber LA NACION de fuentes del sector, la empresa estaría perdiendo dinero todos los meses, a pesar de que produce, exporta a varios mercados (toda su producción es exportable) y aprovecha todo el árbol integralmente para producir madera aserrada, pellets de exportación (para energía) o producir su propia energía por biomasa (desperdicios del tronco).
Francisco Crisp, el titular de la empresa, en el reciente 80 aniversario de AFOA en Posadas. “Es muy complejo operar y trabajar en la Argentina. Hoy estamos viendo cómo hacemos mejor lo que hacemos, buscar eficiencias y productividad”
El gran problema que puso de manifiesto el ejecutivo es el alto costo para transportar contenedores con productos de madera desde Gobernador Virasoro hasta los puertos de salida en Zárate o Buenos Aires, a casi 1000 kilómetros. Ese trayecto se hace mayoritariamente en camión y se complementa con algunas cargas fluviales desde los puertos de Corrientes Capital y Posadas, terminales que hace poco volvieron a operar tras décadas inactivas, y que aún no logran ni el volumen ni la frecuencia, ni la baja de costos que lo haga competitivo. Para lograrlo necesitan mucho más volumen y, sobre todo, acelerar las desregulaciones del sector fluvial que permitan bajar los costos del transporte fluvial de cabotaje argentino, históricamente atrapado en una maraña de reglamentos y regulaciones gremiales que lo tornan muy caro.
“ACON Timber manifestó sus dificultades con los costos logísticos”, comentó ayer el titular del Puerto de Posadas, Ricardo Babiak, quien también pidió acelerar las desregulaciones. “La bandera argentina tiene costos que te asesinan”, remarcó en una exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura misionera.
ACON Timber, en números, según la presentación en su página web. Es considerado el aserradero más grande y moderno del país, pensado íntegramente para exportar al mundo
Babiak fue el responsable de reactivar el puerto de Posadas, cuyo principal producto de salida es el forestal de empresas como Arauco Argentina o la propia ACON Timber. “Por ahora el flete es subsidiado por la provincia”, indicó. Misiones está por ceder en octubre próximo a un privado la operación de la terminal, con una licitación en la cual quedaron finalistas tres empresas. “Necesitamos más volumen, más carga, más viajes y desregular la bandera argentina”, explicó el funcionario.
La forestación es una de las actividades más importantes del NEA
Una de las expectativas está puesta en el operador estadounidense InterBarge, que opera 258 barcazas y 13 remolcadores en la Hidrovía. Este operador está interesado en venir a llevar carga desde Posadas e Ituzaingó (Corrientes), con un volumen comprometido de 4000 contenedores por mes. Actualmente, Posadas mueve 260 contenedores.
El mayor volumen es la clave para bajar el costo y hacer que el negocio rentable. “Está gente de InterBarge nos dice que se puede llegar a bajar 1500 dólares el costo por contenedor”, indicó otro empresario forestal de la zona, que afronta problemas similares a los de ACON Timber.
La expansión de la oferta de autos eléctricos e híbridos enchufables en el mercado argentino llevó a más usuarios a considerar el cambio y dejar sus vehículos nafteros. Entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, llegaron al país aproximadamente 80.000 unidades de esas tecnologías.
Los vehículos eléctricos utilizan un motor alimentado por una batería de litio que debe recargarse. En los híbridos enchufables, esa batería convive con un motor de combustión. En el primer caso, la carga es esencial, mientras que en el segundo, tener una alternativa de recarga propia o habitual resulta clave para aprovechar el funcionamiento eléctrico del vehículo y obtener una mayor eficiencia de consumo.
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La lógica es muy similar a la del uso de un teléfono celular: al regresar a casa, el conductor puede conectar el auto a un punto de recarga y dejarlo enchufado durante varias horas. La frecuencia de esta operación dependerá de los kilómetros recorridos, la capacidad de la batería y la autonomía de cada modelo.
En un eléctrico, la autonomía varía según el vehículo, el tipo de manejo y las condiciones de uso. En los híbridos enchufables, el ahorro de combustible depende en gran medida de que la batería se recargue con regularidad, de modo que el vehículo pueda circular la mayor cantidad de tiempo posible en modo eléctrico.
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El costo del cargador doméstico
Disponer de un punto de recarga en el hogar puede reducir la dependencia de las estaciones públicas o de los enchufes disponibles en el trabajo. Actualmente, en la Argentina hay menos de 400 puntos de recarga pública, lo que reduce la disponibilidad.
La instalación supone un costo inicial. El cargador puede costar entre USD 650 y USD 950; el cable, entre USD 200 y USD 300; y la instalación eléctrica, entre USD 500 y USD 650 adicionales. Los valores pueden variar según el equipo, la potencia y las condiciones de la vivienda. Hay algunas marcas que venden el auto con cargador incluido en el precio, aunque no es una práctica generalizada.
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Por ese motivo, o porque el domicilio es en un edificio donde no está permitido instalar un cargador de autos eléctricos, todavía hay algunos propietarios de autos híbridos enchufables que prescinden de la instalación doméstica y recargan el vehículo de manera ocasional en puntos públicos. Es una alternativa posible, aunque puede requerir tiempo durante el día y generar un costo eléctrico más alto que la recarga en el hogar, según la tarifa disponible.
También existe el cargador portátil, que se conecta a un enchufe de pared y funciona con corriente alterna. Suele ofrecer una potencia de hasta 2,2 kW, por lo que se lo considera una solución de uso ocasional o de emergencia. Su precio se ubica en la franja de entre USD 270 y USD 450, aunque algunos vehículos lo incluyen de fábrica.
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Una batería con una capacidad de 50 kWh puede costar entre $35.000 y $40.000 por recarga en un punto público, dependiendo de la empresa o lugar y su proveedor. En el hogar, esa misma carga puede costar entre $10.000 y $12.000, según la tarifa de cada domicilio.
La potencia se mide en kW y la capacidad de la batería, en kWh
La diferencia entre kilovatios (kW) y kilovatios-hora (kWh) es central para comprender la recarga. Los kW miden la potencia que puede entregar un cargador, mientras que los kWh expresan la energía almacenada o la capacidad de una batería.
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Por ejemplo, una batería de 50 kWh indica que puede almacenar esa cantidad de energía. Un cargador de 7,4 kW, en cambio, expresa la potencia con la que puede suministrarla. El tiempo final dependerá de ambos valores, del estado inicial de la batería, de la potencia que admita el vehículo y de otros factores del sistema.
Los vehículos eléctricos almacenan energía en corriente continua (DC). Cuando se los conecta a un cargador de corriente alterna (CA), como los equipos domésticos, el propio auto transforma esa electricidad antes de enviarla a la batería. En los cargadores rápidos de corriente continua, la conversión se realiza en el equipo de recarga y la energía llega directamente a la batería.
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La conexión de corriente alterna suele utilizar la parte superior de la toma de carga. En los vehículos compatibles, la carga en corriente continua emplea conectores adicionales en la parte inferior.
Como referencia, una batería de 50 kWh requiere cerca de siete horas para una recarga completa con un equipo de 7,4 kW, aunque el tiempo real puede ser mayor. En una estación de carga pública se suele encontrar disponible una potencia de 22 kW, con lo que la misma batería puede demorar una hora y media en cargarse por completo.
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El último tramo de la recarga suele demandar más tiempo
Antes de iniciar la carga, algunos modelos exigen habilitar la tapa o el puerto desde la pantalla interior; otros permiten el acceso al abrir las puertas. Una vez conectado el vehículo, la estación o la aplicación informa la potencia disponible, el estado de la batería y el tiempo estimado.
Muchos autos permiten establecer un límite de carga. Alcanzar el 100% suele llevar más tiempo que llegar al 80% o al 90%, porque el sistema reduce progresivamente la potencia en la etapa final para proteger la batería y completar el proceso de forma controlada.
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Por ese motivo, en una estación pública puede resultar práctico fijar un límite de 80% o 90%, en especial si el tiempo de permanencia es limitado. La recarga nocturna en el hogar, en cambio, permite más margen para completar el nivel que necesite el conductor, sin depender del tiempo de espera en una estación.
Al finalizar, la sesión debe interrumpirse desde la aplicación o desde la pantalla del vehículo, según el sistema utilizado. Algunos modelos requieren liberar el conector desde el interior antes de retirarlo, mientras que otros permiten desconectarlo cuando concluye la carga.
El Reino Unido publicó este martes una guía oficial en la que respalda toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y descarta que Argentina tenga derecho a ejercer jurisdicción sobre las empresas que operan en el archipiélago, en la primera respuesta directa -y oficial- a las sanciones y advertencias que impulsó el presidente Javier Milei en las últimas dos semanas.
El documento, divulgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del gobierno británico y denominado “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, afirma que la ley argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las compañías o personas que realizan negocios allí. “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland (SIC)”, se afirma en el texto.
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Además, señala que el Reino Unido no encuentra fundamento legal para que los tribunales de cualquier país fuera de Argentina puedan ejercer jurisdicción legítima respecto de las medidas que Buenos Aires adopte. A través de esta guía, el gobierno británico recordó que sanciones anteriores impuestas por distintas administraciones argentinas estuvieron vigentes durante años sin impedir el crecimiento de la economía de las islas, y que la situación actual no difiere de ese historial.
La publicación se produce 11 días después de la cadena nacional donde Milei anunció su intención de enviar al Congreso un proyecto de ley de “defensa de la soberanía nacional” con sanciones económicas más severas para las empresas que extraigan petróleo en aguas que Argentina considera propias. Y avanzar en este sentido contra empresarios y firmas que operan en Malvinas.
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En aquel momento, el mandatario calificó al yacimiento Sea Lion -un campo de petróleo en aguas profundas ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte de las islas- como “un peligro claro e inmediato” para los intereses del país. La iniciativa apunta directamente al consorcio Rockhopper–Navitas, que prevé iniciar la extracción en 2028, en el marco de un proyecto que apunta a extraer en una primera fase 170 millones barriles.
La propuesta legislativa incluiría penalidades para proveedores, accionistas y directores, y podría prohibirles operar o firmar contratos en territorio argentino. Rockhopper, en tanto, señaló en un comunicado que no espera que el anuncio tenga un “efecto material” en el desarrollo del proyecto.
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La guía que difundió el gobierno británico sostiene que no discutirá la soberanía sobre las islas a menos que los propios isleños así lo deseen, posición que mantiene desde que el Reino Unido administra el archipiélago de forma ininterrumpida desde 1833, con la excepción del conflicto armado de 1982. El texto reafirma que el derecho a la autodeterminación de los isleños incluye la facultad de explotar sus propios recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, bajo la regulación del Gobierno de las Islas Malvinas y en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
En la práctica, la guía traza tres líneas de acción concretas para las empresas. Primero, establece que las actividades reguladas por la legislación de las islas son plenamente legítimas y que ningún tribunal fuera de Argentina tiene base para ejecutar las medidas de Buenos Aires. Segundo, recomienda que toda compañía o individuo que reciba correspondencia o amenazas de acción legal por parte de las autoridades argentinas obtenga asesoramiento legal independiente sobre sus circunstancias particulares.
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Tercero, ofrece intervención directa del gobierno británico: donde una compañía, una subsidiaria o un proveedor enfrente presiones en un tercer país por su actividad legítima en las islas, el FCDO está dispuesto a hacer valer su postura ante esa empresa de forma directa.
Por otro lado, el canciller argentino Pablo Quirno salió a interpretar a su favor otro frente abierto en el Reino Unido. Ayer, los jefes de gobierno de Escocia, Gales e Irlanda del Norte —John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O’Neill, respectivamente— suscribieron en Cardiff un memorando en el que afirman que el derecho a la autodeterminación corresponde a sus naciones y que la democracia no puede quedar condicionada por la negativa del Parlamento británico a autorizar procesos de consulta.
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Quirno, que expuso en la apertura del Día de la Exportación organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), afirmó que esa declaración conjunta es “una excelente noticia” para Buenos Aires. “Que el Reino Unido defienda la integralidad territorial es una excelente noticia, porque es lo que nosotros también hemos reclamado siempre”, sostuvo el funcionario. El canciller reconoció que esos movimientos “le dan otra relevancia” al reclamo soberano argentino, aunque evitó pronunciarse sobre los asuntos internos del Reino Unido.
Consultado sobre eventuales quejas diplomáticas por las sanciones impuestas a las empresas petroleras que participan del proyecto Sea Lion, Quirno descartó que haya habido reclamos: “No ha habido absolutamente ninguna queja. Argentina está a derecho, cumpliendo con su legislación y tratando de agregar herramientas para la mejor defensa de nuestros intereses en Malvinas”, afirmó. El canciller también expresó confianza en que el Congreso apruebe el proyecto de ley impulsado por Milei, al que describió como una herramienta para “mejorar las condiciones que tenemos para defender nuestra soberanía”.
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Mientras el gobierno británico publicaba su guía, en Buenos Aires la administración libertaria afina la redacción del proyecto. El documento se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica bajo revisión final de la secretaria María Ibarzabal Murphy, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, informó Infobae. El envío al Congreso, que el Gabinete había previsto para el inicio de la semana, se demoró por los ajustes técnicos pendientes, y el oficialismo espera girar el proyecto esta semana.
