A casi 15 años del derrumbe del muelle del Puerto Ibicuy, ocurrido en julio de 2011, la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay avanza con la causa penal por el presunto delito de estrago doloso contra exfuncionarios y empresarios de la firma Transbordo del Ibicuy S.A. (TISA), que explotaba la terminal portuaria. El tiempo pasó, el puerto se reconstruyó e incluso la empresa llegó a un acuerdo económico con la Provincia. Finalmente, la firma dejó el puerto, pero la causa penal siguió abierta.
El expediente estuvo varios años paralizado por diferentes incidentes y recursos. Ahora, se reactivó con citaciones a indagatorias. El 20 de mayo, a las 10 de la mañana, será el turno del exsenador por La Paz, Aldo Ballestena. Así, es la segunda causa en la que se ve involucrado el dirigente paceño, ya que cuenta con una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, expediente abierto tras una investigación periodística de Revista ANÁLISIS.
En tanto, otros exlegisladores ya se presentaron y designaron abogados defensores. Es el caso de Carlos Scheppens, exsenador por el departamento Uruguay; y César Melchiori, exsenador por el departamento Islas y actual intendente de Villa Paranacito. Todos integraron al momento del hecho el Consejo de Administración del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER).
Según supo Cuestión de Fondo (Canal 9), la fiscal federal de Concepción del Uruguay, María Josefina Minatta, decidió ampliar el alcance de la investigación a raíz de los dichos de Hugo Rodríguez, quien era titular del IPPER en el momento de los hechos. En su declaración indagatoria, según trascendió, afirmó que las decisiones no sólo pasaban por su persona, sino también por el Consejo de Administración, conformado por legisladores y otros funcionarios técnicos del organismos.
En el expediente están procesados Rodríguez (que actualmente es secretario general del IPPER); Pablo Ferulano Carminatti, presidente de Transbordo Ibicuy SA (TISA) y Philip Theodore Pyfrom, representante de la empresa Argenmar SA. El primero es defendido por el abogado Miguel Ángel Cullen, mientras que los empresarios cuentan con la asesoría legal de Julián Subías.
En tanto, la fiscal citó a indagatoria a los exlegisladores Ballestena, Melchiori y Scheppens; a Cristian Raúl Zitelli, en ese momento era secretario técnico del IPPER y hoy figura como secretario legal; a Carlos Favotti, expresidente del Ente Autárquico Puerto Diamante; y a Leonardo Cabrera Domínguez, expresidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay.
El hecho es bien conocido: el 17 de julio de 2011 a las 17.15, el muelle continental del Puerto Ibicuy se derrumbó y terminó hundiéndose en el río Paraná. Se presume que la causa fue una sobrecarga de mineral de hierro en el acopio secundario del muelle explotado por la firma TISA. Al fondo del agua no sólo se fue esa carga, sino también un camión cisterna con 34 mil litros de gasoil, una grúa, una Renault Kangoo y tres cintas transportadoras de material.
El hecho tuvo su repercusión en la justicia, con una reclamo civil por parte de la Provincia, que terminó en un acuerdo económico con la empresa TISA; y una causa penal que pasó por diferentes instancias desde entonces. La investigación primero estuvo a cargo de la fiscal María de los Milagros Squivo (se jubiló en 2025), pero luego pasó a María Josefina Minatta.
“No creo que sea un estrago doloso”
Fernando Millán es el abogado del exsenador Ballestena y confirmó que su asistido se presentará el 20 de mayo ante la fiscal Minatta. “Son siete tomos, una investigación de muchos años y no estoy de acuerdo con la calificación de estrago doloso”, dijo a Cuestión de Fondo.
Y agregó: “Ballestena no era presidente del ente ni nada, representaba a la Cámara de Senadores en el directorio del Instituto Portuario. Es una causa compleja: hay cuestiones de infraestructuras y periciales. Hubo una instancia civil donde se logró llegar a un acuerdo, que fue que el muelle volvió a su estado anterior al hecho. Hay que sacarle la calificación de estrago, para hablar de una gestión exitosa. Se cayó un muelle y construyeron uno nuevo”.
Abogado Fernando Millán.
“En el transcurso de 16 años, hay un plazo razonable para imputar o procesar. Una persona no puede estar 16 años investigada y recién ahora empecemos a discutir cuestiones probatorias. La figura de estrago doloso es la acusación más grave para este tipo de siniestro, ya que presupone un conocimiento, una voluntad de generar un daño o que se les representó el peligro. Es un delito que a Ballestena o los otros imputados tendrían que haber tenido voluntad para que el muelle se caiga. Hay cuestiones previas para analizar, antes de la calificación penal”, dijo luego.
“Hablamos de una persona que componía un directorio y del cual no tenía inmediación con el muelle o con la operatoria de TISA de saber cuánto mineral de hierro se ponía sobre la ribera de la superficie lindera al muelle. No creo que sea un estrago doloso”, cerró.
La razón de la fiscal para indagar a otros exfuncionarios
El 4 de octubre de 2023, la fiscal federal Minatta firmó un dictamen fundamentando que debía citarse indagatoria a los integrantes del Consejo de Administración del IPPER. Lo explicó así: “Que Hugo Guillermo Rodríguez al momento de su indagatoria, afirmó que las decisiones contractuales se encontraban a cargo de un consejo de Administración integrado por el Presidente del IPPER (el propio Rodríguez), el Secretario General, dos diputados, dos senadores y los 4 presidentes de los entes portuarios de la provincia: La Paz, Concepción del Uruguay, Ibicuy y Diamante). Señaló que los contratos para la explotación comercial del puerto de Ibicuy fueron efectuados dentro del Consejo de administración del Instituto Portuario tal como prevé el Decreto 328”.
Luego añadió: “En efecto, el contrato de Permiso de uso fue firmado por el propio Rodríguez en su carácter de Presidente del IPPER junto al Secretario General Cristian Raúl Zitelli, el Presidente del Ente Autárquico puerto Diamante Juan Carlos Favotti, el presidente del Ente Autárquico puerto Concepción del Uruguay, Leonardo Cabrera Domínguez; y de tres personas más cuya firma no fue aclarada”. “En tales condiciones y contemplando el alcance del Decreto 328 señalado por Hugo Guillermo Rodríguez, corresponde la citación a indagatoria del resto de los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Portuario que firmaron el contrato de uso del Puerto de Ibicuy”, completó.
La tesis de la fiscal es que el derrumbe del muelle era previsible. Así lo plasmó en varios escritos al responder las presentaciones de los principales señalados. Para la acusadora, los imputados conocían desde años antes el estado crítico del muelle de Ibicuy, ya que en 2003 una resolución oficial había suspendido su actividad por riesgo de colapso. Señaló además que, días antes del derrumbe, ya se observaban desmoronamientos y un pozo de más de tres metros tras la carga de mineral de hierro. Remarcó que Rodríguez, por ser ingeniero civil, y Pyfrom, por ser arquitecto, tenían conocimientos técnicos suficientes para advertir el peligro, y agregó que la empresa TISA también había sido alertada al menos 72 horas antes del hecho. Según la acusación, pese a conocer la escasa capacidad del muelle y el exceso de carga acumulada, continuaron operando de manera riesgosa, poniendo en peligro a personas y bienes cercanos al lugar.
El expediente penal durante los 15 años
-3/10/2011: El Juzgado Federal se declaró incompetente en razón de la materia y remitió la causa a la justicia ordinaria de Gualeguaychú.
-10/06/2013: Se declaró la competencia del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, tras un conflicto de competencia entre la justicia provincial y la federal sobre la investigación del derrumbe en el puerto de Ibicuy.
-28/03/2016: El Ministerio Público Fiscal consideró que el siniestro era previsible y solicitó la citación a indagatoria de Rodríguez y de representantes de las empresas involucradas: Philip Theodore Pyfrom (Argenmar SA) y Pablo Ramón Ferulano Carminatti (SASA y TISA).
-13/09/2017: Declaró en indagatoria Rodríguez, interventor del Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), acusado de haber habilitado el permiso de uso oneroso a la UTE integrada por Argenmar SA y Suelos Argentinos.
-19/09/2019: Prestaron declaración indagatoria Pyfrom y Ferulano Carminatti, imputados por la sobreacumulación de carga que habría provocado el siniestro.
-28/09/2023: El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer a los imputados.
-27/11/2023: La Cámara Federal declaró la nulidad de esa resolución por falta de fundamentación suficiente y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.
-29/02/2024: El juez federal resolvió el procesamiento de Rodríguez, Pyfrom y Ferulano Carminatti por el delito de estrago doloso, en calidad de coautores, con embargo de bienes por $5 millones para cada uno.
-22/05/2024: La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó las apelaciones y confirmó los procesamientos.
-2025: Nuevas citaciones a indagatoria.
