06 Ago, 2026 04:04 p. m. EST
La senadora nacional kirchnerista Juliana Di Tullio planteó una impugnación contra su par de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch por un supuesto conflicto de intereses entre su actividad privada y el contenido del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, particularmente respecto del capítulo III, referido a la tenencia de tierras por parte de extranjeros. La dirigente peronista sostuvo que el legislador oficialista, socio gerente de una empresa dedicada a la administración y comercialización de campos, no podía intervenir en un debate que, según afirmó, podía tener impacto directo sobre su actividad económica.
El contrapunto comenzó el miércoles con la presentación formal de Di Tullio ante la Presidencia del Senado, continuó con publicaciones cruzadas en la red social X, escaló este jueves al inicio de la sesión con una cuestión de privilegio planteada por Benegas Lynch y tuvo una nueva respuesta de la senadora durante el debate.
La presentación contra el legislador libertario ingresó al Senado mientras todavía permanecía en el proyecto el capítulo vinculado a la Ley de Tierras. Horas antes, había trascendido que Benegas Lynch figura como socio gerente de Glocal Terra S.R.L., una firma radicada en Entre Ríos que administra campos y brinda asesoramiento comercial, legal y financiero a propietarios y potenciales compradores de inmuebles rurales, incluidos inversores extranjeros.
Sobre esa base, Di Tullio solicitó que el Senado dispusiera la abstención obligatoria del senador libertario y lo inhabilitara para intervenir, firmar dictámenes y votar el proyecto de ley. Sin embargo, pocas horas después el Gobierno resolvió retirar del texto el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros, ante la falta de apoyo de bloques aliados.
En su presentación, la senadora sostuvo que existía una “directa y manifiesta colisión” entre el interés público que debía tutelar Benegas Lynch como legislador y su interés económico privado. Argumentó que cualquier modificación de la normativa vigente podía impactar directamente sobre el volumen de negocios y la facturación de la empresa de la que forma parte y sostuvo que ello comprometía su imparcialidad. Además, invocó el artículo 66 de la Constitución Nacional y diversos artículos de la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública para fundamentar su planteo.
La legisladora también trasladó la discusión al terreno político. En un mensaje publicado en X ironizó: “¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros”. Luego, sostuvo que Benegas Lynch era “juez y parte” y afirmó que utilizar una banca en el Senado para favorecer intereses económicos propios no solo violaba la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que constituía una “traición a la Patria”.
Benegas Lynch negó en diálogo con Infobae que exista un conflicto de intereses.
“Todas las leyes que venimos votando afectan positivamente al sector privado”, razonó. Dentro de ese ámbito está “el agro”, explicó, y señaló que su empresa pertenece a ese rubro.
“Producimos, administramos y asesoramos dueños de campos y compradores”, agregó.
Luego, enumeró una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno que, según sostuvo, también generan beneficios para el sector privado: “Modernización laboral, RIMI, riego, hacienda, maquinaria agrícola, apertura de mercados para la carne, todo afecta positivamente al privado, al agro, y dentro del agro está mi empresa”.
Respecto del capítulo sobre tierras, retirado finalmente del proyecto, explicó que prohibía la compra por parte de Estados extranjeros y, al mismo tiempo, ampliaba la posibilidad de que particulares argentinos pudieran vender sus campos a inversores privados.
“Al hacer más inversiones y producción, nuevamente afecta positivamente al campo, y dentro del campo está mi empresa”, sostuvo.
Frente al planteo de Di Tullio, el senador respondió además que, si prosperara ese criterio, tampoco podrían votar leyes vinculadas con su profesión un docente dueño de un colegio, un abogado con estudio jurídico o un médico propietario de una clínica.
Horas después, amplió su descargo en un extenso mensaje publicado en su cuenta de la red social X. Allí, recordó que su participación en Glocal Terra figura en su declaración jurada patrimonial y sostuvo que nunca ocultó su actividad privada. Explicó que la empresa administra y valoriza campos, asesora a propietarios y compradores y trabaja tanto con clientes argentinos como extranjeros.
En ese mismo mensaje defendió el contenido del proyecto impulsado por el Gobierno y aseguró que el objetivo no era favorecer intereses particulares, sino modificar la legislación vigente para impedir que Estados extranjeros, empresas estatales o fondos soberanos adquirieran tierras en la Argentina, al tiempo que eliminaba restricciones para la inversión privada.
“Se cierra la puerta que había que cerrar, la de los Estados extranjeros, y se abre la que nunca debió cerrarse, la del argentino que quiere vender su campo y elegir a quién”, escribió. También sostuvo que “un beneficio general no es un privilegio particular” y afirmó que las medidas impulsadas por el oficialismo buscan favorecer a todo el sector productivo y no a una empresa determinada.
El enfrentamiento volvió a trasladarse este jueves al recinto. Apenas comenzó la sesión, Benegas Lynch pidió una cuestión de privilegio para rechazar formalmente la impugnación presentada por Di Tullio.
Durante su exposición sostuvo que no existía ningún conflicto de intereses porque su actividad privada es pública, está declarada y no obtiene un beneficio específico con la ley. Afirmó que todas las iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno benefician al conjunto del sector privado y que impedirle votar por esa razón implicaría excluir de determinados debates a cualquier legislador cuya profesión estuviera vinculada con la materia tratada.
En ese contexto, lanzó fuertes críticas contra el kirchnerismo y reivindicó que el Congreso esté integrado por personas provenientes de la actividad privada.
“Muchos somos los que venimos del sector privado; miro la banca opositora y no estoy tan seguro de eso”, afirmó.
También recordó que la Constitución exige que los senadores cuenten con una renta propia y sostuvo que ese requisito buscó garantizar la independencia de los legisladores respecto de la política profesional.
“Algunos están acá hace casi treinta años sentados en la misma banca cobrando de todos los contribuyentes”, cuestionó.
El senador también defendió el capítulo sobre la Ley de Tierras que finalmente fue retirado del proyecto. Sostuvo que la iniciativa endurecía las restricciones para los Estados extranjeros, sus empresas y fondos soberanos, pero favorecía la inversión privada. Según afirmó, la legislación vigente, sancionada durante el kirchnerismo, terminó perjudicando el valor de los campos y permitió que empresarios vinculados al poder adquirieran grandes extensiones de tierras.
Di Tullio respondió más tarde durante el debate. Sin ingresar en un intercambio directo con Benegas Lynch, recordó que había sido la primera senadora en recibir una cuestión de privilegio por parte de otro integrante del cuerpo y minimizó el planteo realizado por el legislador libertario.
“He sido la primera senadora que fue cuestionada por una cuestión de privilegio que, por supuesto, no contesté porque no corresponde. El senador que me hizo la cuestión de privilegio hizo toda su alocución con toda tranquilidad”, expresó, antes de continuar con su intervención sobre el proyecto que se debatía.
El episodio terminó reflejando uno de los cruces políticos más intensos de la jornada y volvió a poner en discusión los límites entre la actividad privada de los legisladores y los posibles conflictos de intereses durante el tratamiento de proyectos que pueden afectar los sectores en los que desarrollan sus negocios.
