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Casi el 30% de los argentinos opera en el mercado de capitales y, en los últimos años, los cedears, las obligaciones negociables y las cauciones encabezaron el crecimiento de la plaza financiera local, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sobresaliendo como el distrito con mayor porcentaje de inversores.

Así se desprende del último informe elaborado por BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos). Al cierre de mayo de 2026, el número de cuentas abiertas en Caja de Valores superó los 24,6 millones, lo que equivale al 55% de la población económicamente activa y a casi un tercio de la población total del país. El incremento registrado desde 2018 alcanza el 1.967%, cifra que ilustra el salto en la participación ciudadana dentro del sistema financiero formal, que incluye las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales.

El documento indica que más de 12,3 millones de personas poseen una cuenta comitente. En el último año, el promedio mensual de cuentas operativas llegó a 1.087.847, lo que representa que 1 de cada 21 personas económicamente activas opera en la bolsa cada mes. Desde 2024, la actividad inversora se aceleró: la cantidad de operaciones mensuales aumentó 90%, y el volumen promedio negociado por cuenta subió 82 por ciento. El flujo de operaciones entre 2024 y 2025 creció 116% y, en lo que va de 2026, ya se negoció casi la mitad de ese total.

Los instrumentos más elegidos

En términos de instrumentos, el reporte señala que los Cedear, certificados que representas acciones de empresas que cotizan en el exterior y permiten comprarlas y venderlas en la Bolsa de Argentina, y las cauciones, préstamos bursátiles de corto plazo, fueron los segmentos con mayor crecimiento en los últimos años. Entre 2018 y 2026, los Cedear aumentaron 12.328% y las cauciones 8.840 por ciento. Los títulos públicos y las obligaciones negociables también evidenciaron avances, con subas del 1.079% y 1.321%, respectivamente.

El estudio puntualiza que “el crecimiento más significativo de los Cedear se dio en 2019, con una suba de 369,3% respecto del año anterior”. Actualmente, más de un millón de personas mantienen posiciones en esta opción, siendo los instrumentos más operados aquellos vinculados a empresas como Vista, Mercado Libre, Microsoft, Nu Bank, Nvidia y Meta, además del que replica al S&P 500.

El ranking provincial

En cuanto a la distribución geográfica, el reporte muestra que la participación del interior del país crece año tras año. En mayo de 2026, el 47% de las cuentas comitentes correspondía al interior, frente al 41% de 2023. Las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza lideran el crecimiento fuera del área metropolitana. Córdoba, en particular, concentra el 20,3% de las cuentas en relación a su población económicamente activa, seguida por Santa Fe y Mendoza. “La federalización del mercado es uno de los procesos más notables del último trienio”, subrayaron desde BYMA.

El ranking de provincias por proporción de personas físicas inversoras lo encabeza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con el 24,2%, seguida por Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Fe y Catamarca. Córdoba destaca por registrar una cantidad de cuentas comitentes equivalente al 296% de su población económicamente activa, mientras que CABA alcanza el 258 por ciento.

El volumen diario promedio de negociación al cierre de mayo de 2026 llegó a USD 12.261 millones, lo que representa un aumento del 1.866% respecto a 2018. El informe subraya que entre 2024 y 2025 se dio el mayor salto, con un incremento del 158% en el volumen negociado.

El promedio diario de órdenes pasó de 7,6 millones en 2024 a 17,5 millones en 2026. Solo en mayo, el promedio diario de órdenes fue un 94,2% mayor que el mismo mes del año anterior y el sistema procesó picos de más de 25 millones de órdenes en una jornada.

En el financiamiento empresarial, las obligaciones negociables representaron el 46% de los fondos obtenidos por empresas en el mercado de capitales entre enero y junio de 2026. Para las pymes, los pagarés y los cheques de pago diferido fueron instrumentos clave, con participaciones del 24% y 21% respectivamente. “Estas herramientas son fundamentales para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas en todo el país”, sostiene BYMA.

Por otra parte, la participación femenina en el mercado de capitales también presentó avances. Al cierre de mayo de 2026, las mujeres representaban el 40% de la base total de inversores, con un incremento de 5 puntos porcentuales desde 2023. El análisis señala que “el porcentaje de nuevas cuentas abiertas por mujeres creció 42,8% en comparación con mayo de 2025”.

¿El mercado argentino es chico?

Durante la presentación del informe, el CEO de BYMA, Gonzalo Pascual Merlo, ponderó ante la prensa el crecimiento del mercado de capitales en los últimos años y rechazó, de manera enfática, las voces que describen al mercado argentino como “chico” o poco profundo, como alguna vez mencionó el ministro de Economía, Luis Caputo. En efecto, el titular de Hacienda impulsó la ley de Inocencia Fiscal y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dentro de la reforma laboral, para darle mayor dinamismo a los flujos financieros y económicos.

“Yo creo que el mensaje del ministro está mucho más orientado a que hay espacio de oportunidad para hacerlo crecer. Y estoy de acuerdo. Lo que le falta al mercado de capitales argentino son inversores de largo plazo consolidados”, planteó Merlo.

¿Qué falta para que eso ocurra? “Grandes pools de liquidez que puedan ir nutriendo más la construcción, sobre todo cuando querés que se dinamice ese mercado primario donde las empresas vienen a buscar financiamiento”, respondió.

Y agregó: “Desde esa perspectiva, el FAL será un gran valor sobre ese punto. Si en algún momento aparece una alternativa a lo que hoy es el FGS como gran jugador, también se van dando oportunidades para que esto redinamice. Pero decir que no hay mercado de capitales no es cierto”.

A modo ilustrativo, el titular de BYMA planteó que el interés inversor por los Bonares 2027 y 2028, que alcanzaron un nivel de emisión de USD 4.000 millones entre ambos, demuestra hasta qué punto el mercado da respuesta a este tipo de colocaciones.

Un campo de golf de 18 hoyos se extiende sobre una franja de terreno en Malkins Bank, a las afueras de Sandbach, en el condado de Cheshire, Reino Unido. Lo que pocos conocían es que bajo ese césped yacen miles de barriles con residuos químicos, procedentes de décadas de actividad industrial y vertidos indiscriminados. El lugar, que hoy se utiliza también como zona de juegos infantiles, fue clasificado oficialmente como contaminado por las autoridades locales.

De acuerdo con un informe publicado por el diario británico The Guardian, la contaminación de Malkins Bank se remonta al menos al siglo XIX, cuando la zona funcionaba como salina y, más tarde, como planta de productos químicos.

El campo de golf, propiedad del ayuntamiento desde 1980, se asienta sobre un antiguo vertedero que recibió desechos industriales, bidones con sustancias peligrosas y, según registros, incluso residuos radiactivos durante la segunda mitad del siglo XX.

La historia industrial y los vertidos

La zona cuenta con una larga tradición industrial. Desde mediados del siglo XIX, la extracción de salmuera y la producción de álcalis marcaron el paisaje y la economía local. Durante la Primera Guerra Mundial, el lugar habría producido nitrato de amonio para bombas y, luego, se empleó para el llenado de municiones. A partir de 1950, se utilizó como vertedero, y en la década de 1960 comenzaron los vertidos sin control, según documentos obtenidos por The Guardian.

Un registro de 1968 recogido por el medio detalla que, solo en marzo de ese año, se depositaron más de 1.000 toneladas de residuos, incluidos cal, desechos de curtiduría y bidones con sustancias no especificadas, provenientes de empresas como ICI, Shell y Purle Group. Esta última figura en informes por haber vertido bifenilos policlorados (PCB), compuestos cancerígenos de alta persistencia. Los vecinos recuerdan vertidos nocturnos y protestas por olores intensos.

“La compañía ICI venía a medianoche y se deshacía de todos los bidones de ácido”, relató Dave Parry, antiguo empleado local, en declaraciones recogidas por el portal de noticias británico.

Las autoridades cerraron el vertedero tras años de litigios, pero solo lograron recuperar una fracción mínima de los costes legales y de rehabilitación. Los informes oficiales describían el terreno como un “montón de miles de bidones que contienen diversas sustancias tóxicas mezcladas con lodo salino”. También se reportó la presencia de cianuro de sodio y existía preocupación por el riesgo de hundimientos debido a la red de cavernas de sal bajo el sitio.

Una anotación de archivo de 1984 incluso recoge la sospecha de vertidos radiactivos, aunque estudios posteriores concluyeron que no existía riesgo adicional para las personas.

La gestión oficial: campo de golf y riesgos ambientales

Tras la clausura del vertedero, el ayuntamiento rehabilitó el terreno durante cuatro años y, en 1980, inauguró el campo de golf. Según The Guardian, trabajadores del proyecto debían detenerse a lavarse los ojos por los vapores que desprendía el suelo. Durante tres décadas, se registraron malos olores y escapes de lixiviados que dañaban el césped. Análisis oficiales detectaron metales pesados, benceno y tolueno en niveles que habitualmente exigen limpieza, y en 2011 el consejo de Cheshire East declaró el lugar contaminado al comprobar que la polución se extendía por las aguas subterráneas.

El coste de una remediación integral ascendía a 1.300 millones de libras (aproximadamente USD 1.716), cifra considerada inviable por el ayuntamiento, que optó por mantener el uso recreativo al considerar bajo el riesgo para la salud humana. “El ayuntamiento ha llevado a cabo una investigación detallada y una gestión continua del antiguo vertedero de Malkins Bank, que ha funcionado como campo de golf durante varias décadas”, indicó un portavoz.

En 2022, lluvias intensas provocaron la salida de sustancias malolientes a la superficie, matando el césped y afectando árboles. Un informe de la empresa Obsidian Environmental responsabilizó a la falta de sellado y a un drenaje insuficiente. Desde entonces, el consejo tramita mejoras en el drenaje y mantiene la supervisión del lugar.

Reacciones vecinales y consecuencias actuales

La filtración de documentos pertenecientes a la exconcejala de la zona Vera Platt permitió a los residentes comprender la magnitud del problema. “Es una catástrofe anunciada”, sostuvo Graham Warner, vecino afectado, al constatar la presencia de polvo de óxido en su sótano y tuberías anaranjadas que desembocan en arroyos cercanos. “Es como una gran sopa química bajo el césped”, declaró Karen Mason, esposa de un exjugador local, en entrevista con The Guardian. Los documentos revelan que los residuos podrían permanecer tóxicos durante al menos 100 años.

El arrendatario del campo entre 2011 y 2025, Tony Minshall, afirmó que nunca fue informado oficialmente de la declaración de terreno contaminado. “No es apto para nadie, y mucho menos para jugar al golf”, lamentó. Tras las inundaciones de 2022 y la caída de clientes, su empresa entró en liquidación y el impacto personal fue severo.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra), existen cerca de 100 campos de golf sobre antiguos vertederos en Inglaterra y Gales. Para los residentes de Malkins Bank, la revelación de los documentos supone un recordatorio permanente de los riesgos ocultos bajo el césped y la responsabilidad pendiente de las autoridades y empresas implicadas. Actualmente, el campo continúa operativo y ofrece actividades infantiles como tirolesa y castillos inflables.

El canciller alemán Friedrich Merz presentó el jueves un paquete de 34 medidas de reforma para reactivar la mayor economía de Europa, que incluye recortes fiscales, cambios en el sistema de pensiones y un endurecimiento de las normas sobre bajas laborales.

La coalición gobernante —conservadores y socialdemócratas— acordó tras siete horas de negociaciones aliviar la carga tributaria de las clases bajas y medias. Para financiarlo, eleva el tipo impositivo máximo del 45% al 47% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 280.000 euros ($320.040 dólares), con una desgravación fiscal total de unos 10.000 millones de euros ($11.430 millones de dólares) anuales.

Una vez implementada en su totalidad en 2028, la reforma supondrá un ahorro de aproximadamente 600 euros ($686 dólares) anuales para una familia con dos padres trabajadores, dos hijos y una renta imponible conjunta de 60.000 euros ($68.580 dólares), de acuerdo con lo anunciado por sus líderes.

“Nos comprometemos a preservar nuestro Estado del bienestar y a aliviar la carga que pesa sobre los trabajadores y las empresas mediante la reducción de los impuestos”, declaró Merz ante la prensa en el jardín de la Cancillería en Berlín. “Queremos volver a encarrilar a Alemania, y ahora está claro que es posible”.

El paquete contempla el retraso gradual de la edad de jubilación, actualmente fijada entre los 65 y 67 años, en línea con la evolución de la esperanza de vida. La medida sigue las recomendaciones de un panel de expertos designado por el propio gobierno el mes pasado, con el objetivo de evitar una caída en el nivel de las prestaciones y frenar el alza de las cotizaciones laborales.

En materia laboral, las nuevas normas eliminarán la baja por enfermedad solicitada por teléfono y exigirán un certificado médico presencial desde el primer día de ausencia. Hasta ahora, los trabajadores podían ausentarse hasta tres días sin ver a un médico o conseguir un justificante semanal con una simple llamada. Merz ha argumentado que el alto índice de absentismo frena la productividad del país.

La iniciativa también prevé simplificar los trámites burocráticos, reducir los estándares de protección de datos al mínimo europeo, agilizar la declaración de la renta y reducir la plantilla de los ministerios federales en un 8% mediante digitalización.

La economía alemana acumuló dos años consecutivos de contracción antes de retomar un modesto crecimiento en 2025. Para este año, el gobierno prevé una expansión de apenas el 0,5%, afectada por las consecuencias de la guerra en Irán y por problemas estructurales como los altos costos de producción, la escasa inversión privada y el envejecimiento de la población.

A eso se suman el avance de las empresas chinas, el encarecimiento de la energía tras la invasión rusa de Ucrania y los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump. El canciller lleva más de un año en el poder con la promesa de reformar el país, pero la coalición acumuló un desgaste considerable por la percepción de que priorizó las disputas internas sobre los resultados.

Las organizaciones patronales celebraron las medidas, mientras que los sindicatos IG Metall y Verdi —los más grandes del país— denunciaron un recorte de los derechos de los trabajadores y acusaron a las autoridades de promover una “cultura de desconfianza” hacia los empleados.

Alice Weidel, colíder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), las calificó en X como “concesiones mínimas que no merecen llamarse reformas”. Para Marcel Fratzscher, presidente del instituto económico DIW, “no se trata de un gran avance, sino más bien de un paquete simbólico”, declaró al diario Rheinische Post.

(Con información de AP, AFP y Reuters)

El dólar mayorista negoció estable este jueves, con un monto en el segmento de contado que alcanzó los USD 558 millones, en un buen nivel, aunque unos USD 260 millones por debajo del volumen diario registrado entre el lunes y el miércoles de esta semana, en máximos del año. Gustavo Quintana, operado de PR Corredores de Cambio, advirtió que el “feriado de mañana en los EEUU anticipa cierto impacto en el nivel de actividad local”, lo que explicaría esta merma.

El dólar mayorista cedió un peso, a $1.488, tras haber anotado en la sesión anterior el precio más alto desde el 24 de octubre del año pasado ($1.492, récord nominal). El tipo de cambio oficial interrumpió así una serie de tres alzas consecutivas con volumen de negocios por encima de los USD 800 millones en el spot.

El BCRA fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.809,35, cifra que dejó al dólar mayorista aún a 321,35 pesos o 21,6% de ese umbral para la intervención.

En el mercado de dólar futuro se negoció el equivalente en pesos a más de USD 1.400 millones, un importante volumen que refleja a la vez la participación del BCRA con venta de contratos para fijar la expectativa de precios, puntualmente en las posiciones de vencimiento más próximo, pues las posturas para el cierre de julio se movieron apenas un peso o 0,1%, a 1.508 pesos.

El interés abierto superó los USD 3.500 millones, pero aún deja un margen muy amplio para una eventual intervención del BCRA en esta plaza, cuyo límite se estableció en el equivalente a USD 9.000 millones -pues las operaciones de dólar futuro se pactan en pesos-.

En las últimas ruedas también había destacado el volumen operado en instrumentos dólar linked, lo que sugeriría ventas oficiales también en esta plaza, con muy relevantes montos de USD 1.137 millones el 25 de junio, USD 408 millones el 29, y USD 512 millones el 1 de julio.

“Dentro de una operatoria más elevada en las últimas ruedas, principalmente a partir de una mayor demanda privada, el dólar mayorista extiende el gradual deslizamiento, y así es que ahora testea los $1.490. Más allá del reacomodamiento reciente, incluso con algunos cierres de apuestas al carry, es de destacar que dicho proceso se viene dando con orden y sin alterar demasiado las expectativas, ya que era anticipado hacia el segundo semestre”, afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“El tipo de cambio oficial inició julio al alza, mientras los financieros cedieron y el BCRA moderó sus compras”, señalaron desde Cohen Aliados Financieros.

El dólar al público estuvo negociado sin variantes, a $1.510 para la venta en el Banco Nación, al igual que el dólar blue, que quedó estable a 1.525 pesos.

Se esperan más divisas del agro

Los analistas de Rava Bursátil aportaron que “el sector agroexportador liquidó USD 3.007 millones en junio, con un acumulado semestral de USD 13.378 millones. Esta cifra representa una baja del 13% frente al primer semestre del año anterior, aunque se deben considerar los incentivos para liquidación anticipada durante 2025. De cara a la segunda parte del año, la menor oferta estacional de divisas influye en el alza del dólar oficial y los tipos de cambio financieros”.

“El ingreso de estas divisas resultó clave para estabilizar el dólar oficial y permitir la acumulación de reservas en el Banco Central. Sin embargo, el mercado ya anticipa el fin de la temporada alta de la cosecha gruesa, factor estacional que presionó al alza a los tipos de cambio financieros en las últimas semanas. Hacia adelante, las perspectivas son optimistas debido a que la campaña 2025/26 proyecta un volumen de 149 millones de toneladas entre trigo, maíz y soja, superando ampliamente las 119 millones del ciclo previo”, refirió Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Según datos publicados por la Secretaría de Agricultura, las ventas totales de soja alcanzaban 20,4 millones de toneladas al 24 de junio, de las cuales 12,6 millones correspondían a ventas con precio fijado y 7,8 millones permanecían pendientes de fijación de precio. Utilizando la estimación de producción de 51,5 millones de toneladas de la Bolsa de Comercio de Rosario, las ventas totales representaban el 39,6% de la producción esperada al 24 de junio, frente a un promedio de 47,5% para el mismo momento de la campaña en los últimos seis años.

“Si bien las ventas pendientes de fijación de precio se encuentran en línea con el promedio histórico, las ventas con precio fijado representan apenas el 24,5% de la producción esperada, más de siete puntos porcentuales por debajo del promedio de los últimos seis años (30,7%)”, precisaron los expertos de Max Capital.

“Esto sugiere que las ventas de los productores continúan relativamente demoradas, lo que probablemente explique parte de la dinámica cambiaria observada en las últimas semanas. Como señalamos en nuestro último informe, Estrategia Argentina: Detrás de un Peso más débil, esperamos que estos ingresos de divisas finalmente se materialicen dada la fuerte cosecha, aunque los productores no parecen tener apuro por vender. Por lo tanto, el momento sigue siendo incierto, ya que podrían esperar un tipo de cambio más favorable o mayores precios internacionales antes de fijar precios”, añadieron desde Max Capital.

“En un contexto de mayor apertura comercial y competitividad todavía limitada, una proporción creciente de la demanda parece canalizarse hacia bienes y servicios producidos en el exterior. El desempeño de los sectores dinámicos (agro, minería-hidrocarburos, intermediación financiera), aunque importante, no alcanza para compensar la situación de los sectores rezagados, y configura un escenario de bajo crecimiento”, explicó Marcos Cohen Arazi, responsable de la sección Productiva del IERAL de la Fundación Mediterránea.

El artículo es claro. Explícito. Inapelable. “Las organizaciones y personas fuera del territorio de la República Popular China que lleven a cabo actos dirigidos a sabotear la unidad y el progreso étnico o a provocar la división étnica de la República Popular China serán legalmente responsables de acuerdo con la ley“. El largo brazo represor del régimen de Beijing llega hasta la esquina de cualquier ciudad, en el país que sea. Desde Japón hasta Chile. Pasando por Kenia y España.

Se trata de la “Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico” de la República Popular China, aprobada el 12 de marzo de 2026 y vigente desde el 1 de julio de 2026. Es la culminación de un proyecto que se estuvo gestando durante más de una década, desde la Conferencia Central de Trabajo Étnico de 2014.

Sus 64 artículos están divididos en seis capítulos: “Disposiciones generales”; “Construcción de un hogar espiritual compartido”; “Fomento de los intercambios y la integración”; “Promoción de la prosperidad y el desarrollo comunes”; “Salvaguardias y supervisión” y “Responsabilidad legal”.

La ley no sólo proclama principios que podría barrer con etnias milenarias, sino que obliga a un número importantes de actores de la sociedad civil a hacerla cumplir: ciudadanos; funcionarios; docentes; universidades; medios de comunicación; empresas; organizaciones civiles; plataformas de internet; organizaciones religiosas y gobiernos locales. Casi toda la estructura social es responsable del objetivo de fortalecer el (vaguísimo) concepto de “conciencia de comunidad de la nación china“, articulación que la norma no especifica de qué se trata ampliando la discrecionalidad del ente regulador: el Partido Comunista Chino (PCC).

A lo largo del texto pueden leerse conceptos y expresiones abstractas como son hablar de “fortalecimiento de la conciencia de comunidad nacional” o de una “construcción de una patria espiritual común“. Está claro que el PCC determina qué es “la patria espiritual” o “la conciencia nacional” -conceptos que retrotraen a los años 30 y 40 del siglo pasado en Italia y Alemania– pero no están descritos con detalle por lo que su ejecución quedará a criterio de un burócrata del partido dentro de China. ¿Qué acciones “dañan la unidad étnica” (artículo 58) en un país compuesto por más de 50 etnias?

La ley de “la Unidad y el Progreso” -además de ser obligatoria para los chinos fuera de China- se mete dentro de los núcleos familiares: “Los padres u otros tutores de menores deberán cumplir con sus responsabilidades de educación familiar conforme a la ley, educar y guiar a los menores para que amen al Partido Comunista de China, a la patria, al pueblo y a la nación china, y establecer el concepto de la nación china como una sola familia. No deberán inculcar en los menores ideas que sean perjudiciales para la unidad y el progreso nacionales”. Un ciudadano chino -y su familia- que viva en Barcelona o en Quito deberá amar al PCC. Caso contrario, el brazo legal del régimen podrá perseguirlo a miles de kilómetros de Beijing.

Además de ingresar a la mesa familiar, la ley del régimen también se adentra en el funcionamiento de medios y de internet, que quedan reducidas a herramientas de control de contenidos: “Los operadores de red deben reforzar la gestión de la información publicada por sus usuarios. Si detectan información que atenta contra la unidad y el progreso nacionales deben interrumpir inmediatamente su transmisión, tomar medidas como su eliminación para evitar su difusión, conservar los registros pertinentes e informar a las autoridades competentes”. ¿Es por eso que las embajadas chinas desparramadas por el mundo pasan horas monitoreando y redactando quejas a las redacciones en países donde hay libertad de expresión?

También los medios tienen que ser un canal para la identidad nacional: “El Estado apoya el uso de tecnologías modernas como Internet, macrodatos e inteligencia artificial para realizar actividades de intercambio, y alienta y guía a los proveedores de productos y servicios de red a crear y difundir obras e información que encarnen la gran unidad de la nación china, con el fin de crear un entorno de red armonioso que propicie el fortalecimiento del sentido de comunidad entre los ciudadanos chinos“. Si un ciudadano chino trabaja en un medio en Ciudad de México que cuestiona a Xi Jinping, ¿podría ser sujeto de sanciones legales?

Otro párrafo es llamativo por la intransigencia ante la crítica o el señalamiento: “La causa de la unidad y el progreso nacionales no debe ser obstaculizada por fuerzas externas. Nos oponemos firmemente a todo acto de difamación, calumnia, contención, represión, infiltración y debilitamiento de la República Popular China bajo el pretexto de etnia, religión o derechos humanos“.

Cualquier denuncia de violación a los derechos humanos podría ser considerada una violación a esta ley. Así, las minorías que se consideren oprimidas -como los uigures en la región de Xinjiang– y denunciaran sometimientos desde el gobierno central o local podrían ser denunciados como “terroristas“, como dice el Artículo 62: ”Quien organice, planifique o lleve a cabo actividades terroristas violentas, actividades separatistas étnicas o actividades extremistas religiosas, y cuyos actos constituyan un delito, será penalmente responsable de conformidad con la ley. Toda persona que incite o financie los actos descritos en el párrafo anterior y cuyas acciones constituyan un delito será penalmente responsable de conformidad con la ley“.

Condena internacional y más alarmas

El pasado 29 de abril pasado, el Parlamento Europeo encendió las alarmas. Esa entidad legislativa continental expresó su “profunda preocupación por la aprobación de la Ley de promoción de la unidad y el progreso étnicos, que fomenta abiertamente las políticas de asimilación y restringe las libertades culturales, religiosas y lingüísticas de diversos grupos dentro y fuera de China”. En la resolución, los eurodiputados condenaron “enérgicamente las políticas represivas de asimilación de China y las consiguientes violaciones de los derechos humanos universales, particularmente en el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior”.

Además, la cámara europea instó a las autoridades chinas a “derogar esta ley, cumpliendo así sus obligaciones en virtud del Derecho internacional relativas a la no discriminación y la protección y promoción de las minorías religiosas y étnicas”. El texto aprobado subraya también la preocupación por las disposiciones extraterritoriales, señalando que “constituyen represión transnacional” y llamó a los Estados miembros de la Unión a “suspender los tratados de extradición con China para proteger a las personas perseguidas que residen en la Unión frente a los riesgos de represión transnacional en virtud de esta ley”.

Hace apenas semanas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk mostró su preocupación sobre la polémica ley que podría acallar a las demás minorías que no encuadren con lo que dicta el PCC. Türk advirtió que la legislación podría profundizar las restricciones existentes sobre las comunidades minoritarias. “Estoy muy preocupado por las políticas antiterroristas y de asimilación de China, especialmente en la medida en que afectan a las minorías en las regiones de Xinjiang, Mongolia Interior y Tíbet”, señaló.

De acuerdo al funcionario de las Naciones Unidas, la ley corre el riesgo de limitar aún más las libertades relacionadas con el idioma, la educación, la práctica religiosa, la expresión cultural, la libertad de expresión y la reunión pacífica. Türk instó a las autoridades chinas a derogar la legislación y poner fin a las políticas que socavan los derechos de las minorías étnicas.

Por su parte, Kyinzom Dhongdue, Gerente de Estrategia e Incidencia en Amnistía Internacional Australia, señaló en un artículo publicado el 30 de junio: “Quizás el aspecto más inquietante de la ley es su enfoque en los niños. El artículo 15 refuerza el mandarín como idioma principal de instrucción en las escuelas e instituciones educativas, desplazando al tibetano. El idioma lleva nuestra historia, memoria, linaje espiritual e identidad. Es la forma en que los niños heredan las historias, valores y tradiciones que los conectan con sus familias y comunidades”. Pero no sólo afecta a esa etnia, sino también a las restantes 55 que son reconocidas por el régimen.

Dhongdue continuó: “En todo el Tíbet, cientos de miles de niños asisten ahora a internados estatales chinos, pasando gran parte del año separados de sus familias y sin poder hablar su propio idioma. Se cuentan historias de estos niños que regresan a casa durante las vacaciones escolares solo para comportarse como extraños ante sus familiares y haber perdido la capacidad de comunicarse con sus abuelos“.

El gobierno de Taipei también alzó la voz contra la ley que entró en vigor hace apenas horas. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que “China intenta ejercer jurisdicción extraterritorial y represión transnacional, ampliando así sus amenazas e intimidaciones contra el pueblo de Taiwán y de otros países, al tiempo que infringe gravemente la soberanía de todas las naciones y viola los derechos humanos internacionales“.

De acuerdo a las autoridades taiwanesas, la ley “otorga explícitamente jurisdicción sobre organizaciones e individuos fuera de China” y actúa como “pretexto legal” para que el régimen de Xi Jinping “expanda su jurisdicción extraterritorial y la represión transnacional“. Eso, de acuerdo al gobierno de Lai Ching-te representa “una amenaza significativa para la libertad, la democracia y los derechos humanos a nivel global. En el futuro, individuos en todo el mundo cuyas palabras o acciones sean consideradas inaceptables por China podrían ser objeto de represalias o enjuiciamiento bajo esta ley. La comunidad internacional debe unirse para condenar los repetidos intentos de China de promover el expansionismo autoritario a través de la legislación interna”.

Pero más allá de estas advertencias internacionales, existe un llamado de atención claro: la inclinación del régimen conducido por Xi Jinping a teñir de ideología nacionalista -y personalista- una cultura multiétnica que debería trascender más allá del partido único que rige desde 1949 la vida del pueblo chino. Y que pretende hacer más allá de sus fronteras geográficas.

X: @TotiPI

La primera visita de León XIV a la Argentina comenzó a tomar forma mucho antes de que existiera un anuncio oficial. Durante las últimas semanas, la Santa Sede puso en marcha un proceso silencioso de consultas y sondeos para evaluar alternativas de organización e itinerario de una eventual gira que, de concretarse, tendría lugar durante la primera semana de noviembre, como parte de un recorrido sudamericano que también incluiría Uruguay y Perú.

Como ocurre con todos los viajes apostólicos, el Vaticano activó un mecanismo reservado de evaluación de escenarios, conversaciones con las iglesias locales y análisis de las distintas opciones pastorales y logísticas. Ese trabajo preliminar comenzó a delinear un esquema de actividades que todavía permanece abierto, pero que ya exhibe una prioridad definida.

Si León XIV finalmente llega a la Argentina, el objetivo será que pueda encontrarse con la mayor cantidad posible de fieles, según pudo saber Infobae.

En la Iglesia nadie habla de un viaje confirmado. El criterio es unánime: la diplomacia vaticana no anuncia una gira hasta que cada aspecto pastoral, protocolar, institucional y de seguridad quedó completamente resuelto. Ese método explica el hermetismo que rodea cada uno de los preparativos y la cautela con la que se manejan quienes participan de las conversaciones.

A diferencia de otros viajes apostólicos, la principal discusión ya no gira alrededor de la conveniencia de incorporar a la Argentina dentro de la agenda papal. El desafío pasa por otro lado: cómo aprovechar al máximo una estadía necesariamente breve, pero que no se limite a una escala protocolar de pocas horas.

La hipótesis que hoy aparece con mayores probabilidades contempla una permanencia de alrededor de tres días. Ese plazo condiciona toda la planificación. La idea no es que el Pontífice recorra numerosas provincias, sino concentrar la agenda en pocas actividades de impacto pastoral e institucional, indicaron a este medio.

Por ese motivo, el esquema que comenzó a delinearse tiene un eje claro. La llegada sería a Buenos Aires, donde se prevé un encuentro institucional con el presidente Javier Milei y las principales autoridades nacionales. Luego aparece la posibilidad de una gran actividad pública con epicentro en la avenida 9 de Julio, una visita a la Basílica de Luján y una escala en Córdoba.

Ninguno de esos puntos integra todavía un programa definitivo. Todos forman parte de un proceso de evaluación que deberá atravesar distintas instancias antes de que la Santa Sede adopte una decisión formal sobre el itinerario.

La posibilidad de realizar un gran encuentro sobre la avenida 9 de Julio ocupa un lugar central dentro de las alternativas que hoy se analizan. Allí podría celebrarse una misa, un acto multitudinario o una recorrida en papamóvil. La lógica responde al mismo objetivo que atraviesa toda la planificación: privilegiar el contacto directo del Papa con los fieles y facilitar una convocatoria de alcance nacional.

La Basílica de Luján representa otro de los lugares que aparecen dentro de esa planificación. Allí se encuentra la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y culmina cada año la peregrinación católica más convocante del país. Considerada la capital nacional de la fe, constituye uno de los principales símbolos de la religiosidad popular argentina y una escala casi inevitable dentro de cualquier visita papal.

La otra alternativa que comenzó a ganar espacio es Córdoba. Su inclusión responde a varios factores. Además del peso histórico y eclesiástico de esa arquidiócesis, la provincia ocupa una posición estratégica en el centro del país, lo que facilitaría la llegada de fieles provenientes de distintas regiones, especialmente del centro y del norte argentino. La idea es concentrar allí una convocatoria federal sin multiplicar los traslados dentro de una agenda necesariamente ajustada.

La búsqueda de espacios capaces de albergar convocatorias multitudinarias también dio lugar, durante los últimos meses, a otras alternativas.

Entre ellas apareció una propuesta impulsada por River Plate. El club hizo llegar formalmente a la Santa Sede la disponibilidad del estadio Monumental para albergar un eventual encuentro encabezado por León XIV durante su paso por la Argentina.

La iniciativa tomó como antecedente una experiencia reciente del propio Pontífice. Durante su viaje apostólico a España, León XIV presidió un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, un escenario que demostró la posibilidad de desarrollar una celebración pastoral de gran magnitud en un estadio de fútbol.

Por ahora, esa alternativa no integra ninguna definición. Como ocurre con el resto de las opciones analizadas, cualquier decisión dependerá de la evaluación pastoral del Vaticano y de las cuestiones organizativas y de seguridad que deberán coordinarse con las autoridades argentinas.

Los sondeos realizados durante las últimas semanas no constituyen un hecho aislado. Forman parte de una secuencia de movimientos diplomáticos e institucionales que comenzó hace varios meses y que fue preparando el terreno para una eventual visita apostólica.

Uno de esos pasos se produjo en febrero, cuando el canciller Pablo Quirno entregó personalmente a León XIV una carta firmada por el presidente Javier Milei con la invitación oficial para visitar la Argentina. La Cancillería presentó aquella gestión como una expresión del buen momento que atraviesan las relaciones entre el Estado argentino y la Santa Sede.

Durante junio se produjo otro movimiento relevante. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desarrolló una agenda de actividades en el Vaticano que incluyó encuentros con León XIV y con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, además de otras autoridades de la Curia Romana, de acuerdo a fuentes consultadas por Infobae.

Más allá del contenido oficial de esas reuniones, esos contactos reforzaron un vínculo institucional que resulta relevante si se tiene en cuenta que el ministerio a cargo de Pettovello mantiene una interlocución permanente con la Iglesia en áreas como educación, asistencia social y trabajo.

Otro paso importante fue la designación del arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en la Argentina. El diplomático, que hasta ahora representaba a la Santa Sede en Hungría, ya cuenta con experiencia en la organización de una visita papal tras haber participado en la coordinación del viaje de Francisco a ese país.

La semana pasada se produjo otro movimiento dentro de ese proceso: dos de los cuatro cardenales argentinos, Vicente Bokalic Iglic, arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, y Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, viajaron a Roma para participar del consistorio extraordinario convocado por León XIV.

Oficialmente, el encuentro reunió al Colegio Cardenalicio para debatir algunos de los principales desafíos que enfrenta hoy la Iglesia Católica. Durante dos jornadas, el Papa y los purpurados reflexionaron sobre las guerras, la pobreza, la violencia, la crisis de las relaciones humanas, la familia y la necesidad de fortalecer una cultura del diálogo y de la paz.

La presencia de Bokalic Iglic y Rossi coincidió con un momento especialmente activo alrededor de la eventual gira sudamericana del Pontífice. Como ocurre habitualmente en la diplomacia vaticana, el contenido de esos intercambios permaneció bajo el tradicional hermetismo de la Santa Sede.

Mientras tanto, el resto del recorrido comienza a mostrar un mayor grado de definición.

Uruguay aparece como la primera escala de la gira y Perú como el destino final, donde León XIV mantiene un vínculo singular por haber desarrollado allí buena parte de su ministerio sacerdotal y episcopal antes de ser elegido Papa. Fue misionero agustino y luego obispo de Chiclayo, una experiencia que marcó profundamente su trayectoria pastoral.

En la Argentina, en cambio, el desafío será diferente. Si finalmente la estadía se limita a tres días, el objetivo consistirá en combinar la dimensión institucional de una visita de Estado con una agenda pastoral capaz de reunir a cientos de miles de personas en muy pocos días.

Ese desafío remite inevitablemente al último antecedente de una visita papal al país.

Juan Pablo II llegó por primera vez a la Argentina en junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas, durante un viaje extraordinario marcado por un llamado a la paz. Cinco años más tarde regresó para una extensa gira pastoral que incluyó una multitudinaria celebración sobre la avenida 9 de Julio, una de las imágenes más recordadas de la historia reciente de la Iglesia argentina.

Hace casi cuarenta años, esa avenida quedó colmada por cientos de miles de personas para recibir al pontífice polaco. Hoy, cuando el Vaticano comienza a imaginar el primer viaje de León XIV a la Argentina, aquella imagen vuelve a aparecer como una referencia inevitable.

No como un ejercicio de nostalgia ni como un modelo que deba reproducirse exactamente, sino como una referencia pastoral, según pudo saber Infobae.

La pregunta que atraviesa hoy la planificación ya no es solamente cuándo vendrá el Papa.

Es cómo lograr que, en apenas tres días, pueda encontrarse con la mayor cantidad posible de argentinos.

En el sur de Líbano, más de 700.000 personas permanecen desplazadas y sin posibilidad de regresar a sus hogares, cuatro meses después del inicio de la tregua entre Israel y el grupo terrorista libanés Hezbollah.

El último alto el fuego, alcanzado a mediados de abril y prorrogado en varias ocasiones, no devolvió la seguridad ni permitió reconstruir la vida de las familias afectadas, según informaron la organización Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y la agencia humanitaria de la ONU.

Los ataques israelíes continuaron tras el acuerdo, con bombardeos, incursiones, destrucción de viviendas y operaciones militares que se extendieron al sur del río Litani. El Ministerio de Sanidad de Líbano cifró en 4.298 las personas fallecidas desde el 2 de marzo, entre ellas 135 profesionales sanitarios, además de más de 12.000 heridos.

Las zonas ocupadas por el ejército israelí y declaradas como áreas militares obstaculizaron el retorno de la población, mientras la presencia de munición sin explotar y los escombros de los bombardeos mantuvieron el peligro latente. El NRC recalcó que “el regreso sigue sin ser un paso sencillo” para los residentes, quienes enfrentaron restricciones, falta de acceso a servicios básicos y la destrucción de sus viviendas.

La devastación resultó especialmente grave para quienes vivieron al sur del río Litani, donde la evaluación preliminar estimó en 1.380 millones de dólares los daños directos en edificios, sin contar otras infraestructuras ni el resto del país. La directora del NRC en Líbano, Maureen Philippon, destacó que la forma en que se desarrolló el conflicto incrementó el coste de la recuperación y prolongó el desplazamiento.

“La destrucción de viviendas, carreteras, sistemas de agua, centros sanitarios, escuelas e infraestructuras civiles provocó desplazamientos prolongados, pérdida de medios de vida, interrupción de la educación y un mayor endeudamiento de las familias”, señaló Philippon.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), a finales de junio permanecieron desplazadas internamente 704.445 personas en todo el país, mientras que más de 523.000 iniciaron un regreso gradual. El NRC indicó que muchas de las familias desplazadas recurrieron a sus últimos ahorros para afrontar los gastos de alquiler, adquirir ropa tras huir sin pertenencias o cubrir necesidades básicas en medio de una crisis económica y financiera nacional sin precedentes.

En este contexto, el Gobierno libanés y Siria firmaron un acuerdo para crear el Comité Superior Conjunto Libanés-Sirio, un nuevo marco de coordinación bilateral destinado a reforzar la cooperación en diferentes ámbitos, como la economía y la seguridad.

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, y el ministro sirio de Exteriores, Asaad al Shaibani, formalizaron el acuerdo en Beirut y destacaron la necesidad de fortalecer la estabilidad y el desarrollo en ambos países.

Este acercamiento institucional buscó facilitar el tránsito de personas, el desarrollo de relaciones económicas y la recuperación de infraestructuras, con el objetivo de superar el legado de años de guerra y tensiones bilaterales.

Mientras las autoridades avanzaron en acuerdos de cooperación, el sur de Líbano siguió marcado por la destrucción y la incertidumbre para cientos de miles de desplazados, en un escenario en el que la reconstrucción y el retorno seguro a los hogares continuaron dependiendo de la seguridad, la asistencia internacional y un alto el fuego duradero.

(Con información de Europa Press y EFE)