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El documento menciona expresamente al exgobernador Sergio Urribarri en el hecho 1° como quien impartió “expresas instrucciones” a Sergio Cardoso (exdirector de Administración de Diputados) para exigir contratos apócrifos a tres diputados, pese a no estar imputado en este legajo, y su citación como testigo por la defensa de Alfredo Bilbao (contratado del Senado de la Nación).
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Se establecieron contratos del Senado de la Nación firmados por Pedro Guastavino (exsenador nacional) y Sigrid Kunath (exsenadora nacional) como vía de remuneración paralela de trece integrantes de la organización.
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Se lee la abstención “por motivos personales” del fiscal de Estado Rodríguez Signes respecto de tres imputados no identificados en el auto, que obligó al desdoblamiento de la demanda civil.
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Hay una brecha entre el monto estimado de la sustracción penal (más de $2.000 millones actualizados) y el reclamo civil inicial ($372,9 millones “como punto de partida”).
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La nómina de testigos de las defensas convierte el debate en un desfile de la dirigencia política provincial de las últimas dos décadas, incluidas autoridades actuales.
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Hay un señalamiento reiterado de “autoridades de ambas Cámaras aún no identificadas” que firmaron contratos a sabiendas, un frente abierto de la investigación.
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El juicio tendrá 441 testigos solo por la Fiscalía y un anexo de 796 contratistas, lo que anticipa un debate de gran escala.
El 17 de julio pasado, con una firma digital estampada a las 9.55, la jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata, puso en marcha el que promete ser el juicio más voluminoso de la historia judicial entrerriana.
El auto de apertura a juicio oral del legajo OGA Nº 10668, caratulado “Beckman Flavia Marcela – Scialocomo Esteban Ángel Alberto – Álvarez María Victoria y otros s/ Estafa”, dispone en apenas dos artículos lo que la política provincial esperaba y temía en partes iguales: dieciocho personas serán juzgadas por la sustracción sistemática de fondos de las dos Cámaras de la Legislatura de Entre Ríos, una maniobra que según la acusación se extendió durante más de una década, entre enero de 2008 y el 20 de septiembre de 2018, y que a valores actualizados habría superado los dos mil millones de pesos.
La resolución llega casi ocho años después de aquel viernes de septiembre de 2018 en que un procedimiento policial en la calle Isidoro Almeida de Paraná, con un aprehendido y una montaña de cheques, destapó lo que los investigadores describirían luego como una organización dedicada a vaciar metódicamente el patrimonio legislativo. Y llega, también, tras un largo tránsito por la etapa intermedia: la audiencia del artículo 405 del Código Procesal Penal en la que los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry y Gonzalo Badano pidieron la remisión a juicio, y una resolución del tribunal de alzada que, el 5 de septiembre de 2025, dejó despejado el camino. Antes, la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 1, María Carolina Castagno, había calificado los hechos como asociación ilícita en concurso real con peculado, en modalidad de delito continuado.
El expediente conserva, entre su prueba documental, la fotografía exacta de aquel punto de partida. El acta de procedimiento del 20 de septiembre de 2018, labrada en calle Isidoro Almeida con un aprehendido y croquis del lugar, encabeza la lista de documentos admitidos, seguida por las autorizaciones de allanamiento firmadas ese mismo día por la propia jueza Barbagelata para las viviendas de Isidoro Almeida 1622 y 1605, las requisas de una camioneta Ford Ranger y de un Renault, y las actas de los registros practicados el 20 y el 21 de septiembre. Es decir: la misma magistrada que autorizó los primeros allanamientos de la causa es la que, casi ocho años más tarde, firma su remisión a juicio.
El mecanismo, de una simpleza brutal
En el medio quedaron años de peritajes contables, extracciones de telefonía celular, informes bancarios y la reconstrucción, contrato por contrato, de una maquinaria que funcionó sin interrupciones bajo tres gestiones de gobierno. El mecanismo que describe el auto de apertura es de una simpleza brutal. Ambas Cámaras suscribían contratos de locación de obra con personas que jamás realizaron prestación alguna a favor del Estado. Los contratistas percibían una parte ínfima de los honorarios pactados y el resto quedaba en poder de la organización. La rueda empezó a girar en la Cámara de Senadores en enero de 2008, con un centenar de contratos de 4.500 pesos cada uno, y se replicó en Diputados después del 11 de diciembre de 2011, con vínculos de 5.000 pesos. Para septiembre de 2018, cuando el descubrimiento del hecho detuvo la maquinaria, cada contrato había trepado a 50.000 pesos. Entre las dos Cámaras se llegaron a firmar contratos con más de setecientos contratistas: el anexo que forma parte del auto enumera, uno por uno, 796 nombres.
Los contratos se firmaban, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que los suscribía en nombre del Estado, y el trámite se hacía en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena, la pareja de comerciantes de calle Isidoro Almeida que funcionó como cara visible del reclutamiento. La acusación deja asentada, además, una frase que abre un frente todavía sin resolver: la sustracción contó con el aporte de autoridades de ambas Cámaras “aún no identificadas”, que firmaron los vínculos sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna y a sabiendas de que el dinero se sustraía del patrimonio estatal.
Puertas adentro
Puertas adentro de la Legislatura, la detracción de fondos se ejecutó a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras. La fiscalía identifica una línea sucesoria precisa: Juan Domingo Orabona fue director administrativo contable del Senado entre 2007 y 2011; Jorge Fabián Lázzaro ocupó ese cargo entre 2011 y 2015; Gustavo Hernán Pérez fue sucesivamente jefe del área de contratos desde enero de 2008, subdirector desde diciembre de 2011 y director general de Administración del Senado desde diciembre de 2015 hasta octubre de 2018; y Sergio Cardoso condujo el servicio administrativo contable de Diputados desde 2011. Todos ellos tenían el manejo de los caudales públicos: la facultad de emitir los cheques para el pago mensual de los contratos y, en el último tramo, de generar la apertura de las cuentas sueldo y las transferencias.
Circuito callejero
El circuito callejero del dinero es, quizás, la postal más elocuente del expediente. Una vez librados, los cheques eran entregados a Mena y Beckman, que mensualmente los hacían endosar a sus titulares o directamente los endosaban en forma falsa para que pudieran cobrarlos personas de su círculo de confianza, todas ellas también contratadas por la Legislatura: Esteban Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, las hermanas Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Alejandro Ferreyra y el fallecido Hugo Luna, entre otros. A los “cobradores” se los citaba en un local comercial de calle Alem, en la playa de estacionamiento de Alem 64 o en la tómbola de Alem 87. Allí, Beckman, Mena, Balladares y Scialocomo repartían los valores, que se cobraban preponderantemente en tres sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos: la Nº 184 “Institucional” de Urquiza y San Martín, la Casa Central de Monte Caseros y 25 de Mayo, y la Nº 65 de calle Malvinas. Cobrado cada cheque, el dinero volvía a manos de los organizadores, que pagaban a cada cobrador unos doscientos pesos por operación.
Estructura familiar y barrial
Desde 2017 la organización se aggiornó: el pago de buena parte de los contratos, sobre todo los del Senado, se bancarizó mediante la apertura de cuentas sueldo con tarjeta de débito. Las tarjetas, pese a ser un instrumento personal e intransferible, eran retenidas por Beckman, Mena y otros integrantes del grupo, previa entrega por sus titulares, para efectuar directamente los cobros en sucursales de distintos puntos del país.
Un rasgo distintivo de la organización, tal como la describe la acusación, es su estructura familiar y barrial. El círculo de confianza que endosaba y cobraba los cheques estaba tejido con apellidos repetidos: las hermanas María Victoria y María Macarena Álvarez, las hermanas María Jazmín y Viviana Giselle Mena Gioveni, y un entramado de vecinos y allegados de la pareja Beckman-Mena que aparecen a la vez como contratistas, cobradores y beneficiarios de contratos del Senado nacional. Esa doble condición -miembros del esquema y a la vez contratados por el Estado en sus distintos niveles- es uno de los elementos que la fiscalía utiliza para sostener la existencia de una asociación estable, con roles diferenciados y permanencia en el tiempo, y no de una mera sumatoria de hechos aislados.
Recaudación y elevación
El dinero recaudado subía luego por la escalera de la organización. Era entregado a Gustavo Pérez, Cardoso, Faure, Almada y Alfredo Bilbao, el empresario ganadero que según la acusación oficiaba de administrador general del esquema: recibía las rendiciones de cuenta de toda la recaudación, deducía gastos, impuestos de los contratados y comisiones, y entregaba el neto del producido, o un porcentaje, primero a Juan Domingo Orabona, hasta diciembre de 2011, y después a Juan Pablo Aguilera y “a otras personas hasta el momento desconocidas”. El apellido Aguilera no necesita presentación en Entre Ríos: cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, fue secretario coordinador del Senado provincial entre diciembre de 2011 y abril de 2014 y empleado de planta permanente de esa Cámara, y la fiscalía lo ubica como receptor final del producido durante siete años.
Con departamento contable propio
La trama tenía, además, su propio departamento contable. La gestión impositiva de cada falso contratista corría por cuenta de estudios integrados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Ariel Faure, que pagaban los monotributos de los contratados utilizando la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena y Beckman, a través de la terminal Nº 3472 de “Entre Ríos Servicios”, emplazada en el propio estudio Integral Asesoría. Esas tareas no se facturaban a los monotributistas: se remuneraban con más contratos truchos, extendidos por la Cámara de Diputados provincial a favor de Krapp, del corredor inmobiliario Renato Mansilla y de los analistas de sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios, y por el Senado de la Nación a favor de Falco y nuevamente de Mansilla, mediante contratos suscriptos por el entonces senador nacional Pedro Guillermo Ángel Guastavino.
Ese no es el único punto en que el expediente cruza la General Paz. El auto consigna que trece integrantes de la organización -Beckman, Mena, Bilbao, Faure, Scialocomo, Balladares, Mansilla, las hermanas Álvarez, las hermanas Mena Gioveni, Sarnaglia y Ferreyra- eran remunerados también con contratos transitorios del Senado de la Nación, otorgados por los senadores nacionales Guastavino y Sigrid Kunath. Y Jorge De Breuil, el empresario cordobés de 76 años que integra la lista de acusados, era simultáneamente empleado de planta permanente del Senado entrerriano y contratado transitorio del Senado nacional por Guastavino.
Un expediente con menciones políticas de peso
Pero la mención política más pesada del documento apunta al propio Urribarri. En la descripción del primer hecho, la fiscalía sostiene que Cardoso, como director administrativo contable de Diputados y “siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri”, requirió a los diputados Navarro, Darrichon y Ruberto la suscripción de al menos diez contratos apócrifos por cada uno, bajo el pretexto de que los “contratistas” quedarían sin trabajo si no los firmaban. El exgobernador no está imputado en este legajo, pero su nombre atraviesa la acusación y reaparecerá en el debate: la defensa de Bilbao lo ofreció como testigo, y fue admitido.
La vista gorda de auditores del TdC, un aporte indispensable
El otro engranaje indispensable, según la acusación, fue el que no funcionó: el control externo. La maniobra “también contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los auditores estables, revisores y fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos con desempeño en el período investigado”. Por eso llegan a juicio cinco funcionarios del organismo de control, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterado: la auditora Marta Aurora Pérez; los revisores Hernán Díaz y Maximiliano Degani, con desempeño entre 2008 y 2016; el auditor Mariano Speroni, y el revisor Diego Pagnoni, designados en febrero de 2017. Para todos ellos la fórmula acusatoria es idéntica: omitieron deliberadamente ejercer el debido control de legalidad de los contratos de obra pese a que la existencia de la maniobra “era conocida por auditores y revisores del Tribunal de Cuentas”, y esa omisión permitió la continuidad de la sustracción e impidió que el organismo cumpliera la manda del artículo 213 de la Constitución provincial.
Una pirámide de responsabilidades
Las pretensiones punitivas que la fiscalía dejó planteadas en la etapa intermedia dibujan la pirámide de responsabilidades tal como la ve la acusación:
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En la cúspide, Gustavo Hernán Pérez, señalado como organizador de la asociación ilícita agravada, para quien se estimó una pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y multa, por once hechos de peculado en concurso real.
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Le sigue Juan Pablo Aguilera, con 16 años.
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Después, Sergio Cardoso y Alfredo Bilbao, con 12 años cada uno.
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Alejandro Almada y Hugo Mena, con 10.
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Ariel Faure, con 9.
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Flavia Beckman, con 7 años y 6 meses.
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Juan Domingo Orabona, con 7.
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Pedro Opromolla y Jorge De Breuil, con 6.
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Jorge Lázzaro, con 5, en el único caso en que no se atribuye asociación ilícita.
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Y José Javier Schneider, con 3 años y 6 meses, como partícipe secundario que, según la acusación, gestionaba contratos falsos bajo las directivas de Pérez y percibía por esa tarea un pago mensual que en 2018 llegó a los 40.000 pesos.
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Para los cinco funcionarios del Tribunal de Cuentas, las penas estimadas van de 2 a 3 años de prisión.
El destino final del dinero también tiene un capítulo propio. Según el auto, Bilbao participaba del neto de las ganancias ilícitas a Gustavo Pérez y a De Breuil, y los tres “aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes inversiones inmobiliarias y agrícolo-ganaderas”. La ruta patrimonial de esos fondos será, previsiblemente, uno de los ejes del debate.
La acción civil, en dos demandas idénticas
En paralelo al reproche penal, el Estado provincial se constituyó en actor civil a través de la Fiscalía de Estado y demandó a los dieciocho acusados por daños y perjuicios, en procura de la restitución del dinero o el resarcimiento, fijado estimativamente en 372.924.249 pesos “como punto de partida”, una cifra que contrasta con los más de dos mil millones actualizados que estima la acusación penal.
Y aquí el auto registra una curiosidad institucional que merece ser subrayada: la acción se interpuso en dos demandas sustancialmente idénticas porque el fiscal de Estado, Julio César Rodríguez Signes, se abstuvo “por motivos personales” de firmar la demanda contra tres de los imputados, que fueron demandados por el fiscal adjunto Sebastián Trinadori.
El documento no identifica a esos tres acusados ni explica los motivos de la abstención. Todas las excepciones opuestas por las defensas -defecto legal, falta de acción, falta de legitimación, prescripción- fueron rechazadas por la alzada, de modo que el juicio civil se ventilará junto con el penal, con la existencia misma de la maniobra, la cuantía del daño, el aporte causal de cada demandado y el destino de los fondos como hechos controvertidos.
Líneas de defensa
Las líneas defensivas ya quedaron insinuadas en las contestaciones de demanda. Pérez, Opromolla, Almada, Aguilera y los funcionarios del Tribunal de Cuentas sostienen que no firmaban los contratos ni tenían poder para obligar al Estado, y que los verdaderos legitimados pasivos serían los firmantes.
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Beckman, Mena y Faure niegan toda la plataforma fáctica.
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De Breuil niega categóricamente cualquier participación e invoca su pedido de sobreseimiento.
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Bilbao alega que ni siquiera era empleado del Estado y defiende la licitud del origen de su patrimonio.
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Orabona acota su eventual responsabilidad al período 2007-2011.
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Y Speroni y Pagnoni afirman que el control del Tribunal de Cuentas era selectivo, que se cumplió, y que su supuesta omisión no puede ser causa adecuada del daño reclamado.
Un juicio a gran escala, con desfile de la dirigencia política
Si algo anticipa la escala del juicio que viene es la prueba admitida. Solo a la fiscalía se le admitieron 441 testigos -desde los policías del procedimiento inicial y los peritos contables hasta centenares de contratistas del anexo- además de una masa documental que incluye las actas de allanamiento de septiembre de 2018, los expedientes de contrataciones de ambas Cámaras año por año, los informes del Nuevo Banco de Entre Ríos y los oficios del Tribunal de Cuentas. El actor civil ofreció exactamente la misma prueba. Y las defensas, por su parte, convirtieron sus listas de testigos en un verdadero desfile de la dirigencia política entrerriana de las últimas dos décadas.
La nómina de la defensa de Bilbao, con 39 nombres, incluye al exgobernador Sergio Urribarri, a los exintendentes José Eduardo Lauritto, Raúl Taleb y Enrique Cresto, y a dirigentes como José Cáceres, Ángel Giano, José Allende, Juan Carlos Navarro, Rosario Romero, José Bahillo y Aldo Ballestena. La defensa conjunta de Cardoso, Lázzaro y Schneider ofreció 57 testigos, entre ellos los tres diputados del episodio de los contratos apócrifos -Ruberto, Darrichon y Navarro-, la exvicegobernadora Laura Stratta y legisladores y exlegisladores de todos los bloques: Bahler, Kneeteman, Koch, Viola, Vitor, Zavallo, Castrillón, Cora, Cusinato, Huss, Jaroslavsky, Solanas y Bargagna, entre otros. La defensa de Pérez, Almada, Aguilera, Opromolla y los tres imputados del Tribunal de Cuentas que representa Miguel Ángel Cullen sumó 58 testigos, con el exintendente de Paraná Adán Bahl en la lista, además de funcionarios de ambas Cámaras y del propio Tribunal de Cuentas que deberán concurrir con los expedientes de contrataciones, los subdiarios de pagos y las rendiciones mensuales de cuentas del período 2008-2018. La defensa de De Breuil, en cambio, no ofreció un solo testigo: apuesta todo a la prueba documental, con un peritaje contable, correos electrónicos con Gustavo Pérez y una nota del propio Guastavino, de agosto de 2017, certificando el carácter de los servicios que De Breuil prestaba en su despacho.
Las reglas de juego, y las sombras detrás de la máquina
La logística del debate ya está delineada en la citación que ordena el auto. Deberán comparecer los dieciocho acusados con sus respectivas defensas: Miguel Ángel Cullen por Pérez, Almada, Aguilera, Opromolla, Díaz, Marta Pérez, Degani y De Breuil -este último también asistido por Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías-; José Raúl Velázquez y Agustín Fontana por Beckman y Mena; Iván Vernengo y Damián Petenatti por Bilbao; Tomás y Pablo Vírgala por Faure; Emilio y Germán Fouces por Cardoso, Lázzaro y Schneider; Leopoldo Lambruschini por Orabona; y Victoria Halle por Speroni y Pagnoni. Por la acusación pública estarán Yedro, Aramberry y Badano, y por el actor civil el propio Rodríguez Signes junto a Gustavo Acosta y Tulio Kamlofky. Solo la organización de las audiencias, con más de medio millar de testigos entre todas las partes, demandará un esfuerzo inédito para los tribunales de Paraná.
La jueza Barbagelata dejó fijadas, además, dos reglas de juego que marcarán el debate.
Primera: no se admitió ninguna declaración previa de testigos, en ningún soporte; solo podrán valorarse los dichos vertidos en la audiencia, y las declaraciones anteriores servirán únicamente como herramienta de interrogatorio.
Segunda: las partes acordaron por convención probatoria la fidelidad de una serie de documentos, lo que descomprime parcialmente un debate que, aun así, se anuncia extenso. También quedó asentado el acuerdo de todas las partes en que los dieciocho acusados son capaces de culpabilidad, lo que clausura de antemano cualquier discusión sobre inimputabilidad.
Quedan, por fin, los frentes abiertos que el propio auto se encarga de señalar. Las “autoridades de ambas Cámaras aún no identificadas” que firmaron contratos a sabiendas de la sustracción. Las “otras personas hasta el momento desconocidas” que, junto a Aguilera, recibían el neto del producido. Los tres imputados a los que el fiscal de Estado prefirió no demandar de puño y letra. Y la sombra del exgobernador Urribarri -ya condenado en otra causa por corrupción y a la espera de la resolución definitiva de la Corte Suprema-, cuyo nombre aparece en el corazón de la acusación como quien impartía “expresas instrucciones” y que deberá sentarse en la sala, esta vez, en calidad de testigo.
El juicio que se abre no solo juzgará a dieciocho personas: pondrá bajo la lupa una década entera de administración legislativa entrerriana, con 796 contratistas de papel como telón de fondo y una pregunta que ocho años de instrucción todavía no terminaron de responder: quiénes, desde los despachos más altos, firmaron para que la máquina nunca se detuviera.
