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El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) anunció este miércoles que más de 20 buques de guerra de la Armada estadounidense patrullan las aguas de Medio Oriente, en la jornada más tensa desde que Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para cesar las hostilidades a mediados de junio. El despliegue se produce mientras el presidente Donald Trump, desde la cumbre de la OTAN en Ankara, declaró ese acuerdo “terminado” y amenazó con una nueva oleada de ataques sobre Irán durante la noche del miércoles.

“Hoy, más de 20 buques de guerra de la Armada de EEUU patrullan las aguas de todo el Medio Oriente, mientras las fuerzas del Centcom continúan promoviendo la seguridad y la estabilidad regional”, publicó el organismo en sus redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes del despliegue.

El anuncio llegó horas después de que el Centcom confirmara haber golpeado más de 80 objetivos en el sur de Irán durante la noche del martes, en respuesta a los ataques de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra tres buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Los blancos incluyeron sistemas de defensa aérea, radares costeros, capacidades antimisil y más de 60 embarcaciones menores de la IRGC. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, precisó que también se atacaron instalaciones subterráneas de drones y misiles, así como centros de vigilancia utilizados para hostigar el tráfico marítimo.

Trump fue más allá en sus amenazas desde Ankara. Además de advertir sobre posibles ataques nocturnos, planteó la posibilidad de “tomar el control” de la isla de Jarg, terminal petrolera por la que transita el 90% de las exportaciones de crudo iraní, y amenazó con bombardear plantas eléctricas y de desalinización. El presidente calificó a los líderes iraníes de “escoria” y “gente enferma” y descartó la utilidad de las negociaciones, aunque reconoció que sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, desean continuar las conversaciones.

Irán rechazó la responsabilidad del quiebre. El portavoz del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, principal negociador de Teherán, acusó a Washington de haber violado el memorando en reiteradas ocasiones, citando la reimposición de sanciones al petróleo iraní y las amenazas de nuevos bombardeos. El Ministerio de Relaciones Exteriores añadió las acciones israelíes en el Líbano como otra violación del acuerdo e indicó que Irán tomará “todas las medidas que considere necesarias” para proteger sus intereses.

El origen del conflicto actual se remonta al 17 de junio, cuando Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian firmaron en Islamabad un memorando que puso fin formalmente a una guerra iniciada el 28 de febrero con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. El acuerdo fijaba un alto el fuego de 60 días para negociar asuntos de fondo: el programa nuclear iraní, la administración del estrecho de Ormuz y el descongelamiento de activos iraníes en el exterior. Desde entonces, los avances han sido nulos y los incidentes en el estrecho no han cesado.

Los mercados reaccionaron de inmediato: el Brent subió un 6% hasta situarse en torno a los 78 dólares por barril. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó los ataques y exigió la libre navegación en Ormuz como condición “crucial para los 32 aliados” de la Alianza, por cuyas aguas fluye el 20% del petróleo mundial.

La escalada ocurre mientras Irán celebra las exequias del líder supremo Alí Khamenei, fallecido en los ataques de finales de febrero. Si Trump ejecuta la amenaza sobre la isla de Jarg o la infraestructura civil, el conflicto entraría en una fase cualitativamente distinta: una que los mercados energéticos y la diplomacia regional difícilmente podrían absorber sin consecuencias duraderas.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a cobrar una pensión vitalicia de $15.683.154,06 brutos por mes en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia, mientras el Gobierno mantuvo abierta la disputa judicial para que la Corte Suprema dejara sin efecto ese beneficio. Según información a la que accedió Infobae, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) restablecerá la prestación, aunque ya interpuso un recurso de queja ante el máximo tribunal y esperó una definición sobre el fondo de la controversia.

La decisión implicó que el organismo previsional cumpliera la orden judicial vigente sin modificar la estrategia que sostuvo desde que resolvió dar de baja las asignaciones especiales de la ex mandataria. En la Casa Rosada sostuvieron que la condena firme por corrupción en la causa Vialidad resultó incompatible con la continuidad de una pensión prevista para quienes ejercieron la Presidencia de la Nación y para los derechohabientes de los ex presidentes.

Información oficial a la que accedió Infobae indicó que el haber mensual bruto correspondiente al beneficio ascendió a $15.683.154,06, monto sobre el que se practicarán los descuentos previstos por la legislación vigente.

La liquidación incluyó, además, una retención equivalente al 20% del haber mensual, es decir $3.136.630,81, destinada al recupero de los fondos que la ANSES sostuvo que fueron percibidos indebidamente mientras el beneficio permaneció vigente. Ese descuento se aplicará todos los meses hasta completar un recupero total de $660.052.338,87, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente.

Descuentos y exclusión del adicional por zona austral

Ese no será el único recorte. Según información exclusiva obtenida por Infobae, la ANSES tampoco liquidará el adicional por zona austral que integra este tipo de prestaciones. El organismo consideró que ese suplemento no correspondió porque Cristina Kirchner cumplió prisión domiciliaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por lo tanto, no reunió las condiciones para acceder a ese beneficio.

De esa manera, aunque la ex presidenta volverá a percibir la pensión por orden judicial, el monto efectivamente liquidado será inferior al haber bruto, tanto por la retención del 20% destinada al recupero de fondos como por la exclusión del adicional por zona austral.

La resolución administrativa constituyó el cumplimiento de la medida cautelar que ordenó restablecer provisoriamente la pensión mientras continuó el juicio principal sobre la legalidad de la decisión adoptada por la ANSES. El organismo, sin embargo, dejó asentado ante la Justicia que ya presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal revisara esa resolución.

Cómo se originó la disputa judicial

La controversia se originó luego de que el Gobierno decidiera dejar sin efecto la pensión vitalicia derivada del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. El argumento oficial fue que la condena firme por administración fraudulenta en la causa Vialidad y la consecuente inhabilitación absoluta prevista en el Código Penal tornaban incompatible la continuidad del beneficio.

Cristina Kirchner cuestionó esa decisión en la Justicia y solicitó una medida cautelar para recuperar provisoriamente la prestación mientras se resolvía el juicio principal. Aunque el planteo fue rechazado en primera instancia, la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó esa decisión y ordenó restablecer el beneficio al considerar que debía prevalecer el carácter alimentario de la prestación hasta que existiera una sentencia definitiva.

Esa resolución fue recurrida por la ANSES mediante un recurso extraordinario que la propia Cámara rechazó. A partir de esa decisión, el organismo acudió directamente a la Corte Suprema a través de un recurso de queja, expediente que se encontró bajo análisis del máximo tribunal.

Dictamen de Casal y definición pendiente de la Corte

En ese marco, el procurador general interino, Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que sostuvo que la Corte debería revocar la cautelar que permitió restituir la pensión. Si bien esa opinión no es vinculante para los jueces, representó el último paso procesal antes de que el máximo tribunal quede en condiciones de resolver el planteo del Estado.

Mientras esa definición permaneció pendiente, la ANSES deberá ejecutar la medida cautelar y restablecer el pago de la pensión. El expediente quedará atravesado por dos procesos paralelos: por un lado, la percepción efectiva del beneficio por parte de la ex presidenta; por otro, la decisión que adopte la Corte Suprema sobre la validez de la cautelar y el alcance que una condena firme por corrupción puede tener sobre las pensiones vitalicias previstas para ex mandatarios y sus derechohabientes.

La resolución que finalmente adopte la Corte no solo definirá la situación previsional de Cristina Kirchner. También fijará un criterio sobre el alcance de las consecuencias que una condena penal firme puede producir sobre las prestaciones especiales otorgadas a ex presidentes y sus derechohabientes, en un expediente que el Gobierno consideró de fuerte impacto institucional.

El Banco Nación volvió a salir al mercado de capitales local para colocar deuda, en el marco de la estrategia que la entidad viene desplegando este año para diversificar sus fuentes de financiamiento. La operación se suma a una serie de emisiones que la entidad pública inició meses atrás y que continúa ejecutando de manera escalonada.

La entidad bancaria cerró este miércoles su segunda emisión de Títulos de Deuda en el mercado de capitales doméstico, con un monto total equivalente a 270 millones de dólares. La colocación correspondió a las Clases 4, 5 y 6, destinadas a obtener fondos para sostener el liderazgo del banco en el otorgamiento de préstamos al sector privado argentino.

El objetivo inicial del Banco Nación era obtener el equivalente a USD 150 millones, cifra que terminó siendo ampliamente superada. Según indicó la entidad, con el monto, las tasas y los plazos obtenidos podrá seguir protagonizando el financiamiento a las familias y a las pymes del país.

Las condiciones de cada clase

Cada una de las tres clases colocadas tuvo condiciones diferenciadas según la moneda y el instrumento. La Clase 4, en pesos, pagará una tasa de TAMAR más 3,25 por ciento. La Clase 5, en dólares MEP, ofreció una tasa del 6%, mientras que la Clase 6, en UVA, quedó con una tasa del 6,5 por ciento.

De esta manera, el banco combinó nuevamente instrumentos en las tres monedas y referencias que había utilizado en la última colocación. Con esta operación, la entidad continúa ejecutando su programa global de emisiones por hasta USD 1.500 millones y profundiza su estrategia de diversificación de fuentes de fondeo.

Sobre el resultado de la colocación, el Banco Nación remarcó que fortalece su capacidad para acompañar el crecimiento de la economía real mediante instrumentos transparentes y competitivos en el mercado de capitales. “De esta manera, el mercado demostró nuevamente su confianza en la gestión profesional del Banco”, señaló la entidad en su comunicado.

La primera colocación se había realizado en mayo

Esta segunda emisión se da apenas dos meses después de que el Banco Nación realizara su primera colocación de este tipo en más de tres décadas. En aquella oportunidad, la entidad había obtenido el equivalente a USD 370 millones a través de las Clases 1, 2 y 3, también en pesos, dólares y UVA.

En ese primer tramo, la Clase 1 en pesos había pagado TAMAR más 4,25 por ciento, la Clase 2 en dólares MEP había ofrecido 5,50 por ciento y la Clase 3 en UVA, destinada a financiar la línea de hipotecas del banco, había quedado con una tasa de 5,25 por ciento.

El financiamiento al sector privado

Ahora bien, el destino declarado de los fondos obtenidos en esta nueva emisión se vincula con el desempeño que el Banco Nación viene mostrando en el otorgamiento de créditos al sector privado. Según un informe de la propia entidad correspondiente al primer cuatrimestre de 2026, el banco alcanzó una participación del 20,3 por ciento en el mercado de préstamos al sector privado en pesos, con una suba de 2,1 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2025.

Los créditos otorgados en dólares por la entidad registraron en ese período un incremento del 19,4%, mientras que la cartera total creció un 6,8 por ciento en términos reales. El mismo informe señaló que el ratio de irregularidad del Banco Nación se mantuvo por debajo del promedio del mercado.

En el primer cuatrimestre del año, el sistema financiero total incrementó los préstamos al sector privado en pesos en 5,2 billones, de los cuales el Banco Nación aportó 3,2 billones, equivalente al 61 por ciento del total. Sobre este contexto, la entidad había señalado que, en el marco de la normalización macroeconómica en curso, con la inflación retomando una senda descendente y las tasas convergiendo hacia niveles de mayor estabilidad, el costo del financiamiento cedió de manera sostenida, lo que abrió el acceso al crédito a un universo más amplio de empresas y familias.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reivindicó el encuentro que mantendrán gobernadores con el Gobierno en Tucumán por el Día de la Independencia y sostuvo que ese tipo de instancias deben analizarse desde una perspectiva institucional y no bajo una lógica estrictamente electoral.

En una entrevista con Infobae al Regreso, el mandatario también defendió el diálogo entre las provincias y la Casa Rosada para resolver diferencias, hizo un balance de los acuerdos alcanzados desde el Pacto de Mayo y fijó su posición sobre la reforma electoral que impulsa el oficialismo.

Durante la charla con Gonzalo Aziz, Fede Mayol y Matías Barbería, Torres sostuvo que la verdadera coherencia de un gobernador no pasa por acompañar o rechazar sistemáticamente las decisiones del Gobierno nacional, sino por “defender siempre los intereses de la provincia” que administra. En esa línea, consideró que sería un error interpretar la convocatoria de gobernadores en Tucumán únicamente desde una mirada electoral y afirmó que la posibilidad de que los estados provinciales y la Nación compartan una fecha tan significativa como el 9 de julio y aprovechen el encuentro para discutir temas de gestión “va mucho más allá de lo partidario”.

El mandatario también cuestionó las lecturas que asocian automáticamente la presencia de los gobernadores con un alineamiento político con el oficialismo. Como ejemplo, mencionó que escuchó decir que quienes asistirían al acto “ya están pintados de violeta”, una interpretación que calificó como “muy binaria”. Para reforzar su argumento, recordó que a lo largo de su gestión participó de distintos espacios institucionales junto a mandatarios de diferentes signos políticos, como Argentina Week en Nueva York y el Pacto de Mayo.

Al analizar la relación entre Chubut y el Gobierno nacional, Torres aseguró que, cuando surgieron diferencias, la provincia optó por canalizarlas por las vías institucionales. Según explicó, cada vez que un conflicto no pudo resolverse políticamente recurrieron a la Justicia, como ocurre actualmente con la discusión por la Hidroeléctrica Futaleufú, donde todavía se debate si el poder concedente corresponde a la Nación o a la provincia. En ese sentido, señaló que ambas partes conformaron una mesa de trabajo para avanzar sobre ese expediente.

El gobernador también recordó el conflicto financiero que mantenía Chubut con el Estado nacional y destacó que la negociación derivó en un convenio de compensación de deuda que permitió desendeudar completamente a la provincia. Según explicó, ese acuerdo hizo posible que distintas obras de infraestructura avanzaran con recursos provinciales y sostuvo que incluso permitió finalizar prácticamente la primera autovía bajo ese esquema. A su juicio, el mecanismo terminó convirtiéndose en un antecedente que luego fue replicado por otras jurisdicciones.

Más allá de las diferencias políticas, Torres valoró la predisposición del Gobierno para cumplir los convenios firmados y afirmó que, cada vez que lograron sentarse a negociar un conflicto concreto, la Nación “no solo cumplió”, sino que además encontró soluciones “creativas” y “eficaces” para resolver buena parte de los planteos realizados por la provincia.

Consultado sobre la reforma electoral, el mandatario respaldó la implementación de la Boleta Única de Papel y recordó que Chubut ya avanzó en ese sentido con la sanción de un nuevo Código Electoral. En ese contexto, consideró que sería incoherente defender las PASO a nivel nacional después de haberlas eliminado en su provincia, una decisión que, según explicó, formó parte de una reforma orientada a construir un sistema “más moderno, más transparente, más económico y más ecológico”.

Respecto del debate sobre colectoras y adhesiones, Torres marcó diferencias entre ambos mecanismos y sostuvo que las colectoras reproducen una lógica similar a la de la ley de lemas porque permiten concentrar distintas candidaturas detrás de un mismo postulante, mientras que las adhesiones responden a una dinámica distinta entre categorías legislativas y ejecutivas.

De todos modos, evitó pronunciarse sobre el proyecto específico que analiza el Congreso al señalar que todavía no conoce su redacción definitiva. Aun así, remarcó que la discusión debe darse dentro del PRO para que el partido llegue al debate parlamentario con una posición común y una verdadera disciplina de bloque. En ese sentido, aseguró que existe consenso interno respecto de que las PASO pierden sentido cuando no existe competencia entre listas y concluyó que una fuerza política no puede sostener “dos o tres miradas distintas” sobre una reforma de esa magnitud.

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