Blog

El valor estratégico del mar se reconfigura. El poder en la actualidad no se establece únicamente por quién lo controla, sino también por la capacidad de convertir sus atributos en economía y desarrollo. Durante gran parte del siglo XX, los océanos se pensaron en términos de rutas, comercio, logística, defensa y territorio. Esa arquitectura mantiene vigencia, pero hoy se agrega otra disputa: transformar esos entornos, en capacidad instalada: investigación, producción, tecnología, infraestructura y nuevas industrias. Porque un recurso explotado deja de ser solamente un recurso y pasa a organizar un capital alrededor de un territorio y su comunidad. Y cuando esos intereses adquieren escala y permanencia, también cumplen un rol fundamental en la soberanía.

Esa transformación tiene un origen y forma parte de la denominada economía azul, un concepto desarrollado, entre otras corrientes teóricas, por el economista belga Gunter Pauli. Posteriormente fue incorporado a sus agendas institucionales por organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, OCDE y Banco Mundial, para vincular, promover y organizar el desarrollo de los recursos oceánicos, mediante la sostenibilidad económica, ambiental y social.

La escala explica su importancia: solo la economía oceánica se calcula, según la ONU, en US$6 billones de valor agregado real, lo que representa aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) global. Si el conjunto de los recursos y actividades marinas fuera un país independiente, se consolidaría como la quinta economía más grande del mundo. Pesca, acuicultura, hidrocarburos y energía offshore, transporte, puertos, turismo, industria naval, bonos climáticos y biotecnología integran ese universo. Particularmente pesca y acuicultura alcanzaron US$472.000 millones de valor en primera venta, según la FAO.

Malvinas nos permite analizar esa lógica. La pesca constituye la columna vertebral de su economía (el 58,3% nominal de sus ingresos). A esa estructura se suma el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas –en plataforma marítima- cuya primera fase prevé 11 pozos submarinos, con una producción cercana a 50.000 barriles diarios estimados en U$$1000 millones para 2028. Y aparece una tercera actividad de gran escala: el proyecto de Unity Marine para producir hasta 50.000 toneladas anuales de salmón del Atlántico, valuado en U$$600 millones anuales, mediante una asociación entre una compañía pesquera radicada en las Islas y capitales daneses.

Pesca, hidrocarburos y acuicultura son negocios diferentes, pero geopolíticamente comparten una condición: convierten recursos y espacios marítimos en inversión, infraestructura, conocimiento, renta y relaciones económicas organizadas alrededor de un territorio, desarrollando intergeneracionalmente un aumento de la capacidad instalada local y proyección a largo plazo en el territorio.

La pesca marcó un primer antecedente y una respuesta desde la Argentina que va más allá de la diplomacia. Frente a la explotación de recursos pesqueros en Malvinas, el Estado fue construyendo un marco jurídico que no se limita únicamente a desconocer las licencias otorgadas bajo administración británica: también establece consecuencias dentro del propio sistema pesquero nacional para determinadas relaciones económicas con operadores que actúan sin autorización nacional. El principio que subyace es relevante: la administración de un recurso natural no queda separada de la cuestión de soberanía. Pesca, permisos, acceso al recurso y actividad económica pasan así a formar parte de una misma arquitectura jurídica e institucional sobre el Atlántico Sur.

En 2008, la ley 26.386 modificó el Régimen Federal de Pesca. Quienes acceden a cuotas o autorizaciones argentinas deben carecer de determinadas relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores de buques que pesquen en aguas bajo jurisdicción argentina sin permiso nacional. Comprobada la incompatibilidad, caducan automáticamente permisos, cuotas o autorizaciones.

Existe además un marco internacional. La resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas llama a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúa el proceso relativo a la disputa de soberanía. La Argentina sostiene históricamente, que la concesión y explotación unilateral de recursos naturales en el área en controversia resulta incompatible con ese principio.

Con los hidrocarburos se construyó posteriormente un segundo criterio comparable y de características similares, mediante instrumentos específicos orientados a empresas que operen sin autorización nacional. Pesca y petróleo quedaron así incorporados a una misma lectura estratégica: la explotación de recursos naturales también forma parte sustantiva de la política de soberanía nacional.

En la actualidad, la acuicultura (producción de organismos acuáticos en cautiverio) podría ser la tercera disputa y plantear un nuevo escenario. Pero, en lo particular, este caso agrega ahora una variable diferente. Esta actividad no captura biomasa existente ni la extrae de yacimientos naturales: la acuicultura se produce con lógica agroindustrial. Y requiere planificación controlada basada en estudios del ambiente, sanidad, tecnología y genética, incluyendo el desarrollo de embarcaciones, procesamiento, frío, alimento balanceado, logística, e industrias conexas. Buena parte de esa cadena debe organizarse alrededor del lugar de producción para justificar su ecuación de rentabilidad.

Una flota podría capturar, procesar y retirarse. La acuicultura necesita permanecer. Esa permanencia construye infraestructura, conocimiento, especialización, empleo y comunidad productiva de largo plazo. Chile permite dimensionarlo: el ultimo año generó más de US$7800 millones, producto de la acuicultura.

Por eso sería un error separar soberanía y desarrollo como si transitaran por carriles independientes. La reivindicación argentina sobre Malvinas tiene fundamentos históricos y jurídicos propios y no necesita de una actividad económica para sostenerlos. Pero investigar, administrar, transformar y legislar actividades y recursos, también construye capacidad y habilidad estratégica sobre un territorio.

Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur: un antecedente ineludible que sirve para comprender. En 2020 regía la ley nacional de acuicultura (27.231/2015) y la provincia atravesaba un debate controversial. En una agenda reñida en gran parte por la presión de organizaciones conservacionistas, requerían la prohibición de cultivos acuáticos -con apoyo local e internacional, y torcían la voluntad productiva en la provincia. La campaña “No a las salmoneras” sentó fuerzas y finalmente hizo claudicar al sector. Se sancionó por entonces en 2021 la ley 1355 que limitaba el cultivo de salmónidos en toda la jurisdicción y se reflejaba en todo el país.

En paralelo y a continuación, en Malvinas se promovía el desarrollo integral acuícola mediante consultas públicas. Coincidencias o no que valen la pena analizar. Prohibir no supone que otro no lo desarrolle.

Cuatro años después, la ley provincial 1601 estableció un nuevo marco jurídico colaborando con el Consejo Federal de Inversiones para fomentar el desarrollo sustentable de la acuicultura continental y marítima. El cambio supera la discusión binaria “salmón sí o no”: la provincia pasó a definir qué acuicultura desarrollar, dónde y bajo qué condiciones ambientales, productivas y tecnológicas. Eso abre un nuevo escenario.

Tal vez un verdadero activo de haber legislado empiece a comprenderse ahora. La acuicultura aparece espontáneamente en Malvinas como una actividad económica emergente de gran escala y abre una discusión que hasta hace poco prácticamente no existía. Pesca e hidrocarburos construyeron sus propios antecedentes. ¿Por qué la acuicultura debería quedar fuera de esa lógica? ¿Qué reglas deberían alcanzar en el futuro a empresas que desarrollen esa actividad bajo autorización británica? Las leyes vigentes todavía no responden esas preguntas, pero contar con legislación propia permite ahora empezar a formularlas desde una posición distinta. La consulta pública para desarrollar actualmente el sector en las Islas demuestra que el escenario dejó de ser meramente teórico y especulativo. La discusión, evidentemente, era bastante mayor que los salmones.

También corresponde intentar comprender a las organizaciones ambientales que participan activamente de estos debates. Si existen cuestionamientos en Tierra del Fuego y Chile, es legítimo preguntar si se aplican los mismos argumentos y estándares para todos por igual, qué vínculos existen entre las campañas, qué intereses institucionales representan y cómo se financian. El ambiente forma parte de esta discusión y la transparencia de las instituciones también.

Primero fue la pesca. Después, el petróleo. Ahora la acuicultura. Tres actividades diferentes que transforman recursos en inversión, infraestructura, capacidad económica y capital alrededor de Malvinas. La Argentina construyó respuestas para las dos primeras. La tercera presenta una particularidad: esta vez la discusión puede empezar antes de que la industria esté desarrollada.

El autor es exdirector Nacional de Acuicultura, asesor del Consejo Federal de Inversiones y consultor del Banco Mundial

CÓRDOBA.- Neocrop Technologies, compañía chilena de biotecnología agrícola que tiene una alianza con el semillero argentino Buck Semillas, completó el cierre final de su ronda semilla por US$2,75 millones. Lo lidera Zentynel, fondo especializado en biotecnología con base en Estados Unidos y la última incorporación fue CITES (es la primera inversión del fondo argentino en una startup chilena).

La ronda inclyó también a Sudlich Capital, fondo de venture capital del sur de Chile que acompañó a la empresa como su primer inversor desde etapa pre-semilla y que realizó una inversión de seguimiento/follow on; además del Grupo Inder y Carozzi Ventures.

La empresa cuenta con la aprobación de autoridades chilenas y argentinas para desarrollar el primer trigo editado genéticamente en la Argentina con alto contenido de fibra, con un aumento entre cinco y diez veces, lo que representa mejoras para la salud.

La edición génica no es transgénica, es decir no introduce un gen externo y acelera los tiempos para lanzar un producto; lo que hace es cortar caracteres de interés y hacer pequeños ajustes en el ADN de la planta.

Tras la entrada de Zentynel como inversor, Neocrop configuró un modelo comercial más focalizado: priorizar los desarrollos con una ruta más avanzada hacia el mercado y avanzar desde las semilleras hacia las Consumer Packaged Goods (CPG) mediante esquemas de codesarrollo, licenciamiento e integración comercial.

El eje común del portafolio es mejorar la nutrición desde la genética misma, sin necesidad de cambios en los hábitos de consumo, y complementar ese foco con rasgos que permitan una producción agrícola más sostenible.

Con la incorporación de CITES la empresa dijo que buscaba consolidar su foco en el Cono Sur, para desde ahí expandirse al resto del continente. José María Rodríguez, socio del fondo, señala: “Neocrop representa hitos importantes para CITES y nuestra estrategia en la región: es nuestra primera inversión en Chile y la primeraen etapa semilla de nuestro nuevo fondo, CITES II, que nace con una estrategia regional enfocada en Latinoamérica y el Caribe”.

Plantea que hace más de una década que desde el fondo trabajan para “transformar ciencia disruptiva en negocios globales”. En esa línea, añade que encontrarse con compañías como Neocrop, “surgidas y desarrolladas en la región, es también una muestra de cuánto ha evolucionado el ecosistema Deep Tech latinoamericano. Con CITES II queremos acompañar esa evolución; no sólo construyendo compañías desde etapas muy tempranas, sino también aportando capital y capacidades a compañías en etapa semilla y pre-Serie A con el potencial de convertirse en líderes globales”.

Los recursos de la ronda financiarán el escalamiento hasta fase comercial del trigo editado alto en fibra, y a fase pre-comercial otros proyectos del portafolio. Esto implica un aceleramiento en las validaciones agronómicas e industriales con molineros, en las estrategias regulatorias y de propiedad intelectual, nuevas asociaciones y el desarrollo comercial en nuevos mercados de interés.

En paralelo, la compañía reforzó su estructura para ejecutar ciencia, operaciones y negocios en una etapa de mayor madurez.

Daniel Noero, cofundador de la empresa, subraya con esta ronda buscan “convertir el capital en productos beneficiosos para los consumidores mediante tecnologías disruptivas, y por supuesto, logrando un retorno escalable que permita seguir desarrollando nuevas soluciones. En ag-biotech, una innovación demuestra su valor cuando cruza el laboratorio, el campo, la regulación y la industria hasta llegar al mercado. Esta nueva etapa nos permitirá acelerar ese recorrido desde el conosur hacia cadenas alimentarias globales”.

Con una fertilización que todavía se encuentra por debajo de los requerimientos del maíz, especialistas señalaron una serie de aspectos que deberían tenerse en cuenta para mejorar la nutrición del cultivo en la nueva campaña. Entre ellos, destacaron la importancia de ajustar las dosis a cada ambiente, definir el momento de aplicación, reducir las pérdidas de nitrógeno y acompañarlo con otros nutrientes.

Las recomendaciones se dieron durante un panel sobre nutrición realizado en el 5° Congreso Internacional de Maíz (CIM), en Córdoba la semana pasada. Allí expusieron los ingenieros agrónomos Federico Pagnan, Fernando García y Emiliano Acosta, mientras que Mauricio Castillo, de Compo Expert, estuvo a cargo de la moderación.

“En general, estamos fertilizando por debajo de los requerimientos de los cultivos”, advirtió Pagnan. Según explicó, esto ocurre en un escenario en el que los rindes crecieron y, con ellos, la demanda de nitrógeno, mientras los suelos tienen una menor capacidad para aportarlo. Los niveles de materia orgánica cayeron alrededor de un 50% respecto de las situaciones originales y el nitrógeno que puede liberar el suelo durante el ciclo también se redujo casi en la misma proporción.

Ante esa situación, señaló que el primer paso es conocer qué puede aportar el suelo antes de definir la fertilización. “La base es retomar el análisis de suelo y conocer modelos de diagnóstico de la fertilización adaptados regionalmente”, afirmó. El diagnóstico debe contemplar materia orgánica, fósforo, azufre, pH, zinc, sodio y nitratos hasta los 60 centímetros. Además, recomendó hacer análisis sectorizados cuando existen diferencias de rendimiento dentro de un mismo lote.

Con esa información, la dosis cambia según el rendimiento que puede alcanzar cada ambiente. “La demanda de nitrógeno del cultivo va a estar íntimamente asociada a ese nivel de rendimiento”, explicó Pagnan. En ese sentido, presentó modelos elaborados a partir de casi diez años de ensayos en el centro y sudoeste de Córdoba. Con la relación actual entre el precio del maíz y el fertilizante, la disponibilidad óptima económica se ubicó en unos 157 kilos de nitrógeno por hectárea para ambientes de seis a nueve toneladas y en alrededor de 200 kilos para aquellos de 12 a 15 toneladas, entre lo que aporta el suelo y el fertilizante aplicado.

Esos valores, aclaró, no pueden trasladarse de manera directa de una zona a otra. “El mensaje es la importancia de tener este tipo de modelos calibrados para cada ambiente o para cada región en que trabajamos”, señaló. Como ejemplo, mostró diferencias entre ambientes de San Luis y de la Cuenca del Salado, donde cambian las condiciones de suelo, lluvias y riesgo de pérdidas de nitrógeno.

Además de la dosis, también importa el momento de aplicación. La absorción aumenta a partir de V6-V7, aunque una parte importante de la demanda puede continuar en etapas posteriores del cultivo. “Hoy, en híbridos modernos, hay hasta reportes de que pueden absorber hasta un 40% de nitrógeno en postfloración”, señaló Pagnan.

Esa característica abre la posibilidad de ajustar parte de la fertilización más adelante, según cómo llegue el cultivo y las condiciones de la campaña. Acosta contó que están evaluando fertilizaciones tardías, para las que tienen en cuenta el pronóstico climático, la expectativa de rendimiento y el precio de los insumos. “El objetivo no es básicamente tirar nitrógeno por tirar nitrógeno, sino que es ser más eficiente. Colocar el nitrógeno en el momento en que el cultivo lo demanda”, afirmó.

Una de las estrategias que están probando consiste en dividir la dosis y reservar una parte para etapas más avanzadas. “Tratamos de poner ahí el 60% del nitrógeno basado en la dosis y expectativa de rinde, y después el otro 40% entra en un estadio de cultivo más avanzado”, explicó Acosta. Para decidir esa segunda aplicación trabajan con herramientas como drones multiespectrales, franjas de suficiencia e imágenes satelitales. Además, mencionó trabajos que mostraron respuestas de entre 600 y 2000 kilos por hectárea con fertilizaciones tardías en ambientes con menor oferta de nitrógeno.

Pagnan también advirtió sobre las pérdidas de nitrógeno por volatilización, lixiviación y desnitrificación. “En la medida que nosotros sincronicemos la oferta de nitrógeno con la demanda del cultivo, vamos a reducir las probabilidades de pérdida”, explicó. Según indicó, por volatilización puede perderse entre un 10% y un 20% del nitrógeno aplicado en maíces tempranos y hasta un 50% en tardíos. Las aplicaciones superficiales de urea, las altas temperaturas y la falta de lluvias aumentan ese riesgo. En condiciones de exceso de agua también pueden darse pérdidas por lixiviación y desnitrificación.

Para la volatilización, una de las alternativas es incorporar el fertilizante al suelo. “Es el único proceso de pérdida que nosotros podemos corregir casi, o llevar casi a cero, a través del manejo”, afirmó Pagnan. Cuando esa práctica no es posible, durante el panel también se habló del uso de inhibidores como una herramienta para mejorar la eficiencia del nitrógeno aplicado.

García, en tanto, planteó que la respuesta al nitrógeno también depende de que el cultivo tenga cubiertas sus necesidades de otros nutrientes. “El nitrógeno es la bala de plata, es el Messi de los nutrientes, especialmente para maíz. Pero necesitamos las bases”, afirmó. En ensayos de largo plazo de la Red CREA Sur de Santa Fe, la respuesta promedio al nitrógeno fue de 2700 kilos por hectárea, mientras que al sumar fósforo y azufre alcanzó los 4500 kilos, con una frecuencia de respuesta del 93%.

Sobre el azufre, García advirtió que observa una reducción en las cantidades utilizadas. “No le aflojemos al azufre”, pidió, y agregó: “Uno ve que cada día son las dosis más bajas”. Según explicó, ante mayores requerimientos de nitrógeno también es necesario revisar el aporte de ese nutriente. Además, se refirió a la importancia de diagnosticar zinc, boro y, según la región, potasio.