Candela Arizaga, la presunta víctima de Facundo Moyano, declaró ante personal de la Policía de la Ciudad y negó haber sido golpeada y encerrada por el sindicalista. En las próximas horas sería entrevistada por el Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID), un grupo de profesionales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que brinda asistencia a víctimas de delitos en situación de alta vulnerabilidad.
Así lo informaron fuentes policiales y judiciales. Arizaga, de 23 años, declaró en el hospital Pirovano, donde había sido trasladada por el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad.
“Arizaga dijo que Moyano no le pegó. Sostuvo que el sindicalista no le hizo nada y que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes”, relataron fuentes al tanto de la declaración de la joven a La Nación.
Una médica legista que revisó a la joven informó sobre una lesión en una de sus rodillas que se pudo haber producido cuando Arizaga cayó en la calle.
La declaración ante los oficiales de la División Protección Familiar difiere de un primer informe policial donde se sostenía que cuando Moyano y Arizaga, que estaba semidesnuda, fueron encontrados en Sucre y Virrey Vertiz, en Belgrano, la joven dijo que había sido “agredida por el señor Moyano”.
La investigación de lo sucedido está a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público de la Ciudad, quien convalidó la detención de Moyano. El sindicalista fue imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género.
“El fiscal tiene 24 horas, prorrogables por otras 24, para recolectar la evidencia del caso necesaria para hacer la audiencia de intimación del hecho. Luego, le comunica al imputado si queda en libertad, si se le aplican restricciones a esa libertad o si se pide la prisión preventiva ante el juzgado interventor”, explicaron fuentes judiciales.
El representante del Ministerio Público Fiscal porteño solicitó ante la jueza en lo penal, contravencional y de faltas, Julia Correa, el allanamiento del departamento de Moyano, situado en avenida Libertador 5400, en Belgrano, donde hay una consigna policial.
Fuentes con acceso al expediente aseguraron que Moyano se negó a hacerse los estudios de sangre y de orina.
Todo comenzó hoy a las 5.03 cuando personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad llegó a un edificio de la avenida del Libertador 5400 tras una llamada al número de emergencias 911.
Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con el encargado de seguridad del edificio, quien refirió que un hombre y una joven habían salido “tras una incidencia” y caminaron por la avenida del Libertador.
Finalmente, la pareja fue encontrada por el personal policial en Sucre y Virrey Vertiz. Él fue identificado como Juan Facundo Moyano y ella, como Candela Arizaga. Como la joven había dicho que fue víctima de una agresión, los oficiales de la Policía de la Ciudad solicitaron la asistencia de una ambulancia del SAME.
El director del SAME, Alberto Crescenti, sostuvo que la joven estaba “con un grado de excitación bastante importante” cuando la encontraron. “Ella refirió que tenía varios días de consumo de sustancias”, explicó Crescenti. También sostuvo que le hicieron un tratamiento “vía parenteral” para “lavarla” y que elimine así de su cuerpo las drogas.
Arizaga continuará internada en el hospital Pirovano hasta que los médicos puedan estabilizar su estado, informaron fuentes del caso.
Cerca del mediodía se presentó el abogado penalista Juan Pablo Fioribello en la Comisaría Vecinal 13A, donde estuvo detenido Facundo Moyano. Informó a los periodistas que estaban en el lugar que será el defensor de él. A Arizaga la representa el abogado Diego Storto.
Moyano, informaron fuentes judiciales, fue llevado desde la comisaría hacia Oficina Central de Identificación (OCI) para “fichar” y hacer la verificación de antecedentes penales. Después sería trasladado a una alcaidía de la Policiía de la Ciudad.
“Candela se está recuperando. Está bien. Pasó una situación dramática. No hablé de lo que pasó. No sabe, aún, si va a denunciar a Moyano. Seguramente va a ampliar su declaración. Al personal policial que le tomó testimonio habló de una situación tensa”, afirmó Storto al ser consultado por los medios de comunicación.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la prórroga de la medida cautelar del juez federal Alejo Ramos Padilla que suspende por seis meses la conversión del Banco Nación en una sociedad anónima, al rechazar los recursos de apelación presentados por el Estado Nacional y la entidad bancaria.
La decisión ratifica el fallo dictado en primera instancia el 10 de marzo pasado, mediante el cual se extendió la vigencia de la cautelar originalmente concedida el 13 de marzo de 2025. Se consideró que “las circunstancias tenidas en cuenta para conceder dicha medida no se habían modificado”.
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El Estado Nacional y el Banco Naciónargumentaron que la ley solo permitiría una única prórroga y cuestionaron la fundamentación de la medida, así como la supuesta falta de verosimilitud del derecho y de peligro en la demora. Además, señalaron que la cautelar paralizaba una política institucional de modernización.
Estas objeciones fueron rechazadas por la Cámara, que remarcó que la jurisprudencia vigente no limita la cantidad de prórrogas posibles, siempre que se justifique la necesidad de mantener la protección provisional.
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Entre los fundamentos citados, se menciona un precedente de la Cámara Contencioso Administrativo Federal y doctrina jurídica que respaldan la posibilidad de extender sucesivamente las medidas cautelares cuando sea necesario para cumplir su finalidad. El caso continúa bajo trámite, con la cautelar vigente y pendiente de resolución definitiva sobre el fondo del litigio.
“En la medida en que no se advierte una demora que exceda lo razonable en el trámite de la causa principal, no es posible concluir que la conducta de la parte actora haya sido negligente o dilatoria, ni que haya tenido la finalidad de obtener de esa medida provisional el mismo resultado que podría haber obtenido de una sentencia definitiva eventualmente favorable a su parte”, dicta la resolución judicial.
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“Tampoco se han exhibido argumentos o circunstancias de suficiente entidad para modificar el mandato cautelar otorgado”, señala.
Y agrega: “Resultan inatendibles las argumentaciones vertidas —nuevamente— por el Estado Nacional y por el BNA, respecto a los diversos planteos que ya han sido materia de los anteriores pronunciamientos dictados por esta Sala, en oportunidad de desestimar las apelaciones interpuestas contra el otorgamiento de la medida cautelar y contra su prórroga”.
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Cabe mencionar que la transformación de la persona jurídica del banco no implica que la entidad deje de ser pública, sino que modifica su régimen jurídico, eliminando ciertas restricciones propias de su condición de Sociedad del Estado y otorgándole una mayor flexibilidad para su capitalización.
En los considerandos del decreto 116/2025 se señala que “el régimen de entidad autárquica limita la capacidad del Banco Nación para competir en igualdad de condiciones con otras entidades del sector financiero, restringiendo su acceso a nuevas fuentes de financiamiento y su capacidad de desarrollar estrategias comerciales más dinámicas y eficientes” en beneficio de sus clientes.
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“La transformación en sociedad anónima contribuirá a modernizar su estructura jurídica y operativa, permitiendo una mayor flexibilidad en su gestión y adaptación a las mejores prácticas del mercado financiero, incorporando mecanismos de gobierno corporativo más ágiles y eficientes y una administración más profesionalizada y alineada con estándares internacionales de transparencia, eficiencia y control”, indica.
Asimismo, se sostiene que la transformación permitirá optimizar la asignación de recursos, fortalecer la posición competitiva de la entidad en el mercado y ampliar su capacidad de financiamiento, generando beneficios tanto para sus clientes como para el desarrollo económico en general.
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Desde el Gobierno se considera que la figura de Sociedad del Estado otorgaba ciertas ventajas que podían generar distorsiones, entre ellas la posibilidad de sostener procesos de descapitalización sin una exposición equivalente al riesgo de default, lo que implicaba la necesidad de continuar aportando fondos aun frente a situaciones de ineficiencia.
La reciente aparición de la clase de submarinos nucleares Yasen-M en la Armada rusa marca un giro en la estrategia militar global. En Infobae Al MediodíaAndrei Serbin Pont analizó el fenómeno y detalló por qué esta novedad preocupa a la OTAN y redefine el escenario naval en medio de la guerra en Ucrania.
“Los submarinos nucleares son objetivamente interesantes y el caso de esta nueva clase que vienen construyendo los rusos no es la excepción”, planteó Serbin Pont. El especialista explicó que el nuevo submarino, identificado como K -563Ulyanovsk y derivado del proyecto Yasen-M, representa el sexto buque de la serie y pasará más de un año en pruebas de mar antes de entrar en servicio.
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“Quiebra con varios de los parámetros tradicionales a los que nos tenían acostumbrados los submarinos soviéticos, a los cuales está reemplazando”, subrayó.
El eje central, según Serbin Pont, es el regreso de la doctrina rusa al empleo de armas nucleares tácticas desde submarinos, una decisión que genera preocupación y debate en los círculos de defensa occidental. “Este nuevo submarino vuelve a traer a colación dentro de la doctrina militar rusa el empleo de armas tácticas nucleares”, resaltó.
Características técnicas y doctrina de uso
El submarino Yasen-M mide 130 metros de eslora y puede transportar hasta 40 misiles crucero Caliber o 32 hipersónicos Zircon. “Tienen 130 de eslora, pueden llevar hasta cuarenta misiles cruceros Caliber o treinta y dos hipersónicos Zircon”, precisó. La flota rusa busca estandarizarse en tres clases principales, entre ellas los Borei, que cumplen funciones de lanzamiento de misiles balísticos nucleares.
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Serbin Pont diferenció entre armamento nuclear estratégico y táctico. “Armamento nuclear estratégico son aquellos sistemas de armas que están orientados específicamente a golpear blancos de valor estratégico, como podrían ser ciudades enteras en caso de un conflicto armado nuclear. Mientras que las armas tácticas están orientadas para la destrucción, son en general mucho menos potentes y están orientadas a la destrucción de objetivos de valor militar en el teatro de operaciones”, sostuvo.
La decisión rusa de volver a equipar submarinos con armas nucleares tácticas rompe con acuerdos y consensos internacionales previos. Serbin Pont advirtió sobre el riesgo de escalada: “Durante un tiempo se había hecho una división, hay acuerdos internacionales que fomentaron esto”.
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Armamento hipersónico y preocupación internacional
El Yasen-M incorpora los misiles 3M22 Zircon, capaces de volar a más de ocho veces la velocidad del sonido y equiparse con ojivas nucleares. “Se está hablando de los misiles 3M22 Zircon, los famosos misiles hipersónicos que vuelan a una altura crucero a más de ocho veces la velocidad del sonido y que pueden ser equipados con una ojiva nuclear”, detalló Serbin Pont. Esta característica genera inquietud en la OTAN, que debe revisar su doctrina ante el regreso de la amenaza táctica nuclear desde el mar.
La diferencia entre armas estratégicas y tácticas reside en el objetivo: las primeras buscan destruir ciudades o centros clave, mientras que las tácticas se orientan a blancos militares concretos, como flotas o bases. “Esto es lo que entonces genera un poco de temor, preocupación o por lo menos discusión dentro de los círculos de la OTAN”, afirmó Serbin Pont.
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Costos y comparación internacional
El costo de cada submarino Yasen-M oscila entre USD 1.000 y USD 1.600 millones. Un submarino clase Virginia de Estados Unidos cuesta cerca de USD 2.800 millones, mientras que los nuevos submarinos balísticos nucleares rusos rondan los USD 800 millones.
La modernización de la armada rusa incluye un presupuesto de USD 100.000 millones para superficie y submarinos. “Se enmarca en un enorme proyecto de reequipamiento de las Fuerzas Armadas rusas, de la Armada rusa en particular, que en estos próximos años está orientando cien mil millones de dólares específicamente a la adquisición de buques de superficie y submarinos para la modernización de sus Fuerzas Armadas”, añadió Serbin Pont.
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Guerra en Ucrania y operaciones navales
La guerra en Ucrania afecta directamente la flota rusa, sobre todo en el Mar Negro. “Se ha visto diezmada la flota rusa, sobre todo la que opera en el mar Negro. Eso es una realidad de las operaciones en Ucrania”, explicó Serbin Pont. Ucrania, sin armada propia, logró destruir objetivos navales rusos mediante drones marítimos y aéreos, lo que refuerza la importancia del despliegue submarino.
El uso de drones permitió a Ucrania atacar buques rusos de superficie. “A través de, principalmente, el empleo de drones, tanto marítimos como aéreos, para hacer el targeting y la destrucción de buques de superficie”, aseguró Serbin Pont. Esto otorga un valor estratégico adicional a los submarinos en el actual escenario bélico.
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Ataques con drones y consecuencias civiles
Durante el conflicto, dos incidentes recientes mostraron el impacto sobre la población civil. En Crimea, un dron ucraniano derribado cayó en una playa y causó varias muertes. “Hay varios civiles muertos como resultado de este ataque. A unos ochocientos metros de acá estaban las instalaciones que estaban tratando de destruir con estos drones”, relató Serbin Pont.
En Kherson, un dron ruso persiguió a un civil desarmado, que sobrevivió milagrosamente al ataque. “La persona no está armada, claramente es un civil”, subrayó Serbin Pont, y remarcó el carácter deliberado del ataque.
Estos episodios reflejan los desafíos de la guerra moderna y los riesgos que enfrentan los civiles en zonas de conflicto armado donde la tecnología militar avanza rápidamente.
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Por pedido de la fiscal federal de La Plata María Laura Roteta, el juez Ernesto Kreplak detuvo esta mañana a las ex máximas responsables de los organismos de control de medicamentos. Ambas estaban en funciones cuando los laboratorios de Ariel García Furfaro elaboraron el fentanilo contaminado vinculado a a 90 muertes. Se trata de Nélida Agustina Bisio, ex directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y de Gabriela Carmen Mantecón Fumado, la ex responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas estaban al tanto de las deficiencias en la producción y ventas de los Laboratorios Ramallo y HLB Pharma por inspecciones anteriores y no habrían tomado medidas concretas contra las plantas elaboradoras.
En noviembre de 2024, poco antes de la elaboración del fentanilo mortal, una inspección del INAME detectó serias falencias en la planta ubicada en la localidad de Ramallo y propiedad de Ariel García Furfaro, pero no se tomó ninguna acción hasta que se conocieron las primeras muertes en el Hospital Italiano de La Plata.
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Bisio fue administradora de la ANMAT desde diciembre de 2023. Su renuncia fue aceptada mediante el Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida rige desde el 5 de enero de 2026. Si bien se alegaron “razones personales”, se especuló que su salida habría estado vinculada al desgaste generado por el escándalo del fentanilo.
Mantecón Fumado fue Directora Nacional del INAME hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en que fue separada preventivamente del cargo. La medida se produjo después de que Infobae revelara que existieron demoras en la resolución de inspecciones sobre Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group, y siguió a la detención de Ariel García Furfaro.
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En esta segunda etapa de la investigación, la fiscal que impulsa la causa decidió investigar las posibles irregularidades que habrían incumplido los funcionarios a cargo de los organismos de control.
Esta mañana, una delegación de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el Ministerio de Salud para detener a Bisio y Mantecón Fumado. Al no estar presentes, las fueron a buscar a sus domicilios. Las fuentes del caso que dialogaron con este medio informaron que el juzgado, a instancias de la fiscalía, presentó un requerimiento para conocer las entradas y salidas de ejecutivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo entre 2024 y 2025. En el expediente, como se explicará más adelante, consta que existió una reunión, pero en las instalaciones de la ANMAT, en el tercer piso de Avenida de Mayo 869. El encuentro entre Bisio y tres directivos de los laboratorios ahora clausurados se realizó a instancias de Mantecón Fumado.
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En los registros de entradas y salidas figura que la reunión fue el 14 de enero de 2025. Javier Tchukram, María García, Ariel García Furfaro y su hermano Diego ingresaron a las 15.13 y se retiraron a las 15.55. La reunión, según reconoció Bisio en su declaración testimonial ante el juez y la fiscal “fue acalorada” y se habló sobre los hallazgos que había realizado el INAME en las instalaciones de Laboratorios Ramallo.
“La connivencia o complicidad son aún desconocidas”
La fiscalía ya había anticipado su criterio sobre investigar a los funcionarios públicos. Lo hizo en varias oportunidades a lo largo del expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. En el dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, la fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.
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Sobre la ineficiencia y negligencia de los organismos de control, la fiscalía hizo suya la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colaboró en la pesquisa: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”, sostuvieron los fiscales
Las funcionarias detenidas
La doctora Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT — había sido citada a declaración testimonial y allanada por la Justicia. Fue el 15 de mayo de 2025. El mismo día prestó declaración Mantecón Fumado.
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En esta parte de la investigación, la fiscal y el juez ponen el foco en una reunión que el 14 de enero de 2025, en la sede de la ANMAT, juntó a funcionarios del organismo regulador con representantes de la empresa cuyas ampollas contaminadas de fentanilo terminarían llegando a hospitales de todo el país.
Lo que cada uno dijo sobre ese encuentro —y sobre el historial de irregularidades que lo precedió— quedó registrado en declaraciones testimoniales e indagatorias que obtuvo Infobae.
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Noviembre de 2024: la inspección que lo cambió todo
El punto de partida de la cadena de hechos que desembocó en la crisis sanitaria fue una inspección de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) realizada en noviembre de 2024 sobre una línea de producción de Laboratorios Ramallo SA, el establecimiento que fabricaba los productos inyectables y parenterales bajo titularidad de HLB Pharma Group. La inspección no abarcó la totalidad de la planta sino una línea específica, por desvíos en el tipo de producto.
La directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos declaró ante el juzgado el 15 de mayo de 2025 —en lo que consta como la testimonial de fs. 288— que el laboratorio ya arrastraba un historial previo que justificaba un seguimiento cercano: “El Laboratorio implicado con el producto tiene un historial de desprolijidades registrales y de documentación de productos, por lo que ya existía un seguimiento cercano“.
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Sobre la inspección de noviembre, Mantecón Fumado fue precisa: “En noviembre del 2024 hubo una inspección de Laboratorios Ramallo SA de Buenas Prácticas de Fabricación sobre una línea de producción, no sobre toda la planta, por desvíos en tipo de producto. Ahí se constatan irregularidades y se decide proponer una carta de advertencia, que implica la prohibición de elaboración de nuevos productos“.
La carta, explicó, recién se formalizó el 10 de febrero de 2025: “A partir de ahí el Laboratorio Ramallo no puede elaborar nada más hasta que no levante las ‘no conformidades’ informadas por el organismo”.
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La funcionaria subrayó que la notificación al laboratorio fue inmediata: “No obstante ello, si bien no estaba ordenado administrativamente, sí mediante la inspección del mes de noviembre de 2024, se le fue notificado al Laboratorio que no podía elaborar ningún producto por no cumplir las Buenas Prácticas de Fabricación. Tal cual quedó reflejado en las actas, rubricadas por los representantes del Laboratorio, se les habría informado que no deberían elaborar productos hasta el levantamiento de las ‘no conformidades’”.
El plazo que la normativa otorgaba al laboratorio para proponer el levantamiento de esas “no conformidades” era de entre cinco y diez días. La empresa presentó documentación, pero fue voluminosa y, según Mantecón Fumado, insuficiente: “Durante el tiempo que se encontraba la evaluación de la documentación presentada por la empresa, paralelamente aquella seguía enviando documentación al respecto, la cual fue muy voluminosa. Cuando el personal termina de analizar la documentación, define que no alcanza lo presentado y ahí ordena la carta de advertencia“.
Y agregó: ”Desde noviembre el Laboratorio tenía conocimiento que no pasaba las BPF, por lo que no podía continuar elaborando productos hasta tanto no levantara las ‘no conformidades’. Paralelamente, en INAME quedaron en proceso un montón de investigaciones por desvíos de productos, retiros de productos no conforme. La mayoría era por cuestiones registrales. Los sumarios de los distintos productos se elevaron en marzo”.
Un historial de irregularidades: certificados, trazabilidad y envases no autorizados
La declaración testimonial de Bisio ante el juzgado —prestada también el 15 de mayo de 2025, en su condición de Administradora de la ANMAT— aportó otro plano del cuadro de irregularidades que el organismo registraba sobre HLB y Ramallo con anterioridad al escándalo del fentanilo.
Bisio describió que HLB compraba a otros laboratorios certificados de especialidad medicinal —el documento que otorga la titularidad de un producto— sin completar los trámites de transferencia ante la ANMAT: “Esos trámites no fueron concluidos por HLB en diversos productos, aclarando que no se trata del FENTANILO sino de otros medicamentos indicados en la Disposición 3158. El trámite implica registrar el producto ante ANMAT. No obstante ello, HLB elaboraba esos productos de los cuales aún no tenía titularidad, los comercializaba en el mercado“.
La consecuencia directa fue la falta de trazabilidad: ”En ese marco, productos PROPOFOL no tenían ticket de trazabilidad. Que eso es grave. Por ello retiraron del mercado el PROPOFOL, igual que ocurrió con la DOPAMINA“.
Sobre el estado de Ramallo antes del caso del fentanilo, Bisio precisó: “El Laboratorio estaba habilitado. Que en febrero le elevaron una carta de advertencia por encontrar inconsistencias en el accionar, presentación de papeles, acatar la normativa, entre otras cuestiones. Una de las irregularidades era la utilización de envases de plástico cuando tenía autorizado el envase de vidrio. Además no usarían métodos farmacopeicos que el organismo prevé. Que hubo varias idas y vueltas con el Laboratorio para que acate estas cuestiones“.
Y remarcó que ”con la carta de advertencia, el laboratorio estaba inhibido de producir y comercializar“, aunque aclaró que ”en el presente caso, la elaboración habría ocurrido con anterioridad a esa inhibición“.
Sobre la investigación en curso al momento de su declaración, Bisio informó que se corroboraba si las cantidades declaradas de fentanilo por HLB se correspondían con las producidas: “En el marco de la mesa de trabajo entre ANMAT, Ministerio de Salud y Ministerio de Seguridad, hay en curso una inspección para corroborar si las cantidades declaradas de FENTANILO por HLB se corresponden a las producidas por esa firma, o si hay un desvío. Que interviene en parte el Registro de Precursores Químicos“.
La reunión del 14 de enero de 2025: quiénes, dónde y a qué hora
Fue en ese contexto —con la inspección de noviembre reciente y la carta de advertencia aún no formalizada— que el 14 de enero de 2025 se produjo la reunión que hoy investiga el juez Kreplak. Según consta en los registros de ingreso de la ANMAT, cuatro representantes de HLB Pharma Group SA ingresaron al edificio de Av. de Mayo 869, piso 3°, CABA, a las 15.13, y se retiraron a las 15.55.
Los registros consignan: “Tchukram, Javier,García, María, García, Ariel,García, Diego. Del lado del Estado, estuvieron presentes la doctora Mantecón Fumado, en su carácter de directora nacional del INAME, y la doctora Bisio, en su carácter de Administradora de la ANMAT“.
En su presentación amplia ante el juzgado, Bisio informa sobre reunión del mes de enero. Bisio relató que la convocatoria fue iniciativa exclusiva de Mantecón Fumado y que ella llegó sin conocer el alcance completo del encuentro: “Esta última fue peticionada, vía telefónica, a la suscripta por la Dra. Gabriela Mantecón Fumado, Directora Nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), con 2 días, aproximadamente, previos (muy poca anticipación)“.
En un primer momento, Bisio aceptó reunirse en la sede del INAME, pero Mantecón Fumado luego propuso cambiar la sede al edificio de la ANMAT.
Alo respecto, Bisio declaró: “Solo me manifestó que solicitaba mi presencia, y que fuera en dicha sede, porque son personas complicadas y para que se mantuviera el orden, a lo que accedí. No es nada habitual este tipo de reuniones, por lo que se trataba de algo excepcional“.
La reunión quedó registrada en el Google Calendar institucional para el 14 de enero de 2025 a las 15.30, con el rótulo “HLB con la Dra. Mantecón Fumado”. Bisio aclaró que no se confeccionó la planilla formal de audiencias del ANMAT porque se trató de una reunión convocada internamente: “No se confeccionó la planilla de audiencias del ANMAT, ya que se trataba de una reunión solicitada internamente por la Dra. Mantecón Fumado. Además, conforme lo expuesto, ella fue quien organizó la misma con los interesados (hoy tengo conocimiento que lo hizo formalmente)“.
Lo que se habló: la versión de Bisio sobre el desarrollo del encuentro
Bisio describió su propio rol en la reunión: “Esta fue la primera y única reunión que mantuve con personas vinculadas a la firma HLB PHARMA GROUP S.A. En la misma, me mantuve callada, no habiendo nunca emitido opinión, mientras la Dra. Mantecón Fumado y quienes se presentaron por HLB PHARMA GROUP S.A. se limitaron a tratar el resultado de la última inspección que habían tenido“.
El intercambio, según su relato, fue tenso: “El intercambio entre ellos fue acalorado, defendiendo la Dra. Mantecón Fumado la tarea llevada adelante por los inspectores y resaltando las falencias que se habían detectado. Es decir, se trataron los problemas que se habían constatado en la última inspección realizada en una de las líneas de producción del establecimiento de Laboratorios Ramallo S.A. (tercerista de HLB PHARMA GROUP S.A.), y otras quejas por trámites administrativos iniciados por la empresa, respecto de los cuales reclamaban ‘efusivamente’ que nunca se los aprobaban“.
Bisio también reveló que Mantecón Fumado le pidió que suscribiera la Carta de Advertencia del 10 de febrero de 2025 —que era una función propia del INAME, no de la ANMAT—, aduciendo temor a represalias: “Por más que no era mi tarea, sino una función propia de la Directora Nacional del INAME, me pidió que la suscribiera junto con ella, porque temía represalias contra su persona, a lo que accedí, nuevamente, a pesar de que se trataba de algo excepcional“.
Con el tiempo, Bisio reconoció haber advertido otra lectura posible: ”Hoy, tras todo lo sucedido, advierto que también fue posible que, con esos pedidos, la Dra. Mantecón Fumado intentara involucrarme en cuestiones en las que ella era la única responsable, por sus facultades, para intervenir“.
La versión de Ariel García Furfaro: “Pulgar para arriba”
Ariel Fernando García Furfaro, accionista mayoritario de HLB Pharma e identificado por la acusación como propietario y gerente oculto de Laboratorios Ramallo SA— prestó indagatoria ante el mismo juzgado. En ella ofreció una versión radicalmente distinta de lo que ocurrió en la reunión del 14 de enero.
Sobre la inspección de noviembre, García fue confrontativo: “En noviembre vinieron tres horas a inspeccionarnos. En tres horas no pueden ponernos esa cantidad de advertencias. No les dio el tiempo para escribir. Vinieron a clausurar. Tuvimos muchos problemas con sueros pero no este tipo de problemas“.
Respecto de las advertencias formuladas en esa inspección y la respuesta de su empresa, sostuvo: “Me junté porque vinieron en noviembre y nos hicieron algunas advertencias, les contestamos todos los puntos, y no nos contestaron nada. Nos dijeron ‘contestanos más’, les mandamos 4.500 fojas“.
Preguntado por la Fiscalía sobre en qué consistió su reunión con Bisio, García respondió: “Fue el 14 de enero. Me hizo así (dedo pulgar para arriba)“.
García también señaló que fue al menos dos veces al ANMAT en enero: ”Yo hablé en enero con ANMAT, me atendió Bisio. Yo habré ido dos veces al ANMAT. El resto de las veces iba Quinteros“.
Sobre un encuentro anterior, el 4 de enero, relató: ”El 4 de enero cuando me encontré con Bisio le dije, ‘¿ustedes los reclamos que hacen no piden factura o remito?’. Porque el año pasado en octubre 364 empleadas de San Nicolás me dijeron que este tipo me venía denunciando todos los días“.
Sobre el historial de conflictos con la ANMAT por los certificados y los recalls, García atribuyó la responsabilidad al organismo: “Ahora, que la ANMAT nos sacó productos que no debería haber sacado, como la de etiquetas, o propofol y dopamina. Yo iba al ANMAT con los abogados y me decían ‘es de arriba’. Cuando los terminé de pagar, los laboratorios estaban quebrados“.
Lo que detectaron las inspectoras en mayo: esterilidad, ampollas faltantes y la respuesta del laboratorio
Cuando en mayo de 2025 el escándalo sanitario ya era público, el INAME ordenó una inspección paralela sobre Laboratorios Ramallo para obtener muestras de museo y contrastarlas con las ampollas contaminadas que habían llegado al Hospital Italiano. Mantecón Fumado declaró que las inspectoras detectaron nuevas “no conformidades” en los exámenes de esterilidad: “Las inspectoras detectaron ‘no conformidades’ en los exámenes de esterilidad. Es decir, no estaba bien la práctica del control de esterilidad tal como estaba planteada por el representante del Laboratorio. En función de toda la documentación colectada, se decidió inhibir la producción, distribución, comercialización y uso de productos del Grupo HLB“.
Y agregó: ”Al detectar deficiencias en las técnicas de control de esterilización, la contaminación de productos podía abarcar otros productos además del que estaba reportado“.
Las muestras de museo obtenidas en Ramallo revelaron otro problema: en dos cajas de lotes no reportados faltaban dos ampollas en cada una.
La explicación del laboratorio alarmó a las autoridades: “Existen 4 ampollas que se desconocen dónde están. Que la respuesta brindada por los responsables de la firma fue que ‘se tomaron para hacer unas pruebitas’“.
Mantecón Fumado subrayó el peso de esa irregularidad: ”El FENTANILO es una sustancia sujeta a control especial, lo que implica que cada ampolla es trazable y se debiera saber dónde está“.
También surgió que HLB no tenía en su sede la información sobre las órdenes de elaboración de los productos que enviaba a fabricar a Ramallo: “Dicha información no se encontraba en la sede de HLB al tiempo de la inspección, pero sí fue hallada en el Laboratorios Ramallo“.
Los análisis del Instituto ANLIS Malbrán sobre las muestras de sangre de los pacientes del Hospital Italiano y las ampollas del lote reportado arrojaron resultados positivos para las mismas bacterias —Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti— tanto en los hemocultivos como en las ampollas: “Los resultados informados dieron positivo tanto para los hemocultivos como para las ampollas de lote reportado, de la presencia de las mismas bacterias“.
La causa FLP 17371/2025 tiene 13 procesado, todos ligados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Bisio y Mantecón Fumado hasta ahora son las dos únicas personas investigadas por fuera de las empresas, pero pueden no ser las únicas.
La interrupción del servicio de practicaje y pilotaje mantiene paralizada la operatoria en los puertos comerciales de la Argentina y ya afecta a 45 buques del polo agroindustrial que se encuentran en línea para zarpar desde distintos puertos comerciales del país. Según las estimaciones del sector agroexportador, el perjuicio económico oscila entre US$50.000 y US$100.000 diarios por barco. Solo por el costo de la demora de los 45 buques que se encuentran en línea para zarpar las pérdidas ascienden a unos US$4,5 millones por día y alcanzarían los US$9 millones si la paralización se extendiera durante dos jornadas.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, alertó que esta demora podría tener un efecto hacia el resto de la cadena de suministro, si no se soluciona.
“La afectación es total. Esto alcanza el 100% de las operaciones de todos los buques del país, los que traen autos, los que descargan combustible, todos, todos los puertos, los barcos que circulan por Asia y desde la Argentina están paralizados”, afirmó el directivo.
Calculó que una cantidad similar a la que está por despacharse también está en espera para ingreso a la Vía Navegable Troncal o en espera en zona preportuaria de Bahía Blanca o de Quequén. Respecto del impacto económico que este paro genera, señaló: “Hay un costo del retraso de circulación de entre 50 y 100.000 dólares por día“.
Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CECRocío Forte / Pukén
El directivo advirtió, además, que si el conflicto se prolonga el efecto alcanzará rápidamente a toda la cadena comercial. “El productor también va a tener problemas para entregar su mercadería, sus granos a puerto porque también hay una capacidad de almacenamiento y ya se va a colapsar. Por lo tanto, toda la cadena de suministro se va a cortar si esto continúa un día más”, sostuvo.
Cabe recordar que el conflicto se desencadenó tras la publicación delDecreto 690/2026, con el que el Gobierno introdujo cambios en el régimen de practicaje y pilotaje con el objetivo de desregular la actividad, promover una mayor competencia y reducir los costos logísticos del comercio exterior. Los prácticos cuestionan la norma porque consideran que modifica aspectos que afectan la seguridad de la navegación. Aunque rechazan definir la medida como un paro, sostienen que numerosos profesionales comunicaron a las empresas que no se encuentran disponibles para prestar servicios mientras analizan los alcances del decreto.
Mientras tanto, Guillermo Wade, gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym), explicó que, aunque en los puertos granarios las plantas continúan moliendo, la logística está “totalmente afectada” porque ningún buque está pudiendo moverse. Según indicó, los ingresos de camiones se mantienen normales y las terminales siguen otorgando cupos mientras exista capacidad de almacenamiento, aunque advirtió que, de persistir la paralización, podría llegar un momento en que sea necesario interrumpir también la recepción de mercadería.
En ese contexto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) manifestó su “más profunda preocupación” por la situación y advirtió que la interrupción del servicio de practicaje y pilotaje amenaza seriamente al comercio exterior argentino. La entidad sostuvo que la paralización “frena las exportaciones e importaciones, interrumpe el ingreso de divisas, quiebra las cadenas de suministro y pone en riesgo la reputación de la Argentina”, además de evidenciar “la urgencia de actualizar el régimen normativo”.
En el sector advierten que esto podría afectar la cadena de suministrosMarcelo Manera – LA NACION
La cámara remarcó que la interrupción de las maniobras de los buques “representa un freno directo e inmediato sobre la economía nacional” y advirtió que la acumulación de embarcaciones demoradas interrumpe el flujo del comercio exterior, afecta el ingreso de divisas, paraliza el transporte terrestre, colapsa la capacidad de acopio en las terminales y expone a los exportadores a penalidades contractuales y mayores costos logísticos.
En paralelo, la CPPC consideró que el conflicto demuestra la necesidad de avanzar en la modernización del sistema de practicaje. Si bien destacó la idoneidad técnica y el profesionalismo de los prácticos, sostuvo que un esquema en el que “la decisión de un grupo reducido de prestadores pueda paralizar por completo el comercio exterior argentino” pone de manifiesto la necesidad de revisar el régimen vigente. Asimismo pidió la conformación urgente de una mesa de negociación entre el Gobierno y el sector para restablecer la navegabilidad y encauzar la discusión normativa.
La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) manifestó este martes “su más profunda preocupación” ante la “severa parálisis” que afecta la operatoria en las terminales portuarias de la Hidrovía y los principales nodos marítimos del país, como consecuencia de la interrupción del servicio de practicaje y pilotaje en rechazo a la desregulación del sector establecida en el decreto 690/2026, publicada el lunes en Boletín Oficial.
Asimismo, apoyaron las modificaciones en la actividad impulsadas por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, e instaron al Gobierno y a los prácticos a conformar una mesa de negociación para resolver el conflicto, normalizar la actividad e implementar el decreto.
En un comunicado, la CPPC aseguró que “la paralización del servicio frena las exportaciones e importaciones, interrumpe el ingreso de divisas, quiebra las cadenas de suministro y pone en riesgo la reputación de la Argentina”, al mismo tiempo que planteó que esta situación “evidencia la urgencia de actualizar el régimen normativo”.
“La interrupción de la maniobra de buques no es una disputa sectorial aislada; representa un freno directo e inmediato sobre la economía nacional”, indicó la cámara empresaria.
Como informó Clarín, se estima que hay unos150 buques paralizados en el ingreso a los puertos del país, afectando la exportación de granos y combustibles, principalmente, y el ingreso de cualquier mercadería al país.
Los prácticos se ocupan de ingresar y sacar a los buques de los puertos. Es un oficio de personas muy especializadas y son pocos. Por ejemplo, para toda la zona portuaria porteña y del Dock Sud hay apenas 24 prácticos. Pero desde cerca de Sturzenegger justifican que representan un 8% del costo total y que pueden ser reemplazados.
Una posición “extrema”
Si bien la Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó a 500 prácticos a retomar su tarea de manera inmediata en los ríos, puertos, pasos y canales del país, fuentes consultadas por Clarín afirmaron que el lock out todavía continúa.
“Sigue todo igual”, afirmó una fuente portuaria consultada, quien aseguró que los prácticos “están en una posición extrema”.
“Nosotros no tenemos nada que negociar. Es un conflicto de los prácticos con una resolución del gobierno. Estamos intimándolos a que hagan su trabajo, siendo que es un servicio público esencial, pero sin suerte. Hay 150 barcos parados y seguirán llegando” a un ritmo que se puede ubicar entre 30 y 40 buques a diario, agregó la fuente consultada.
Otra fuente consultada ratificó la continuidad del conflicto: “No cambió nada, Prefectura emitió este martes en el boletín la lista de prácticos notificados, pero sigue el paro”.
“Esto no está en nuestras manos. La única solución es que la Prefectura convoque a los prácticos y arme mesa para implementar el decreto y normalizar actividad”, adujo.
De hecho, el Ministerio de Trabajo no puede dictar una conciliación obligatoria porque “técnicamente no existe un conflicto laboral”, sino una decisión individual de los prácticos de no prestar servicios.
Apoyo
El principal cuestionamiento del sector a la medida impulsada por Sturzenegger, es que la norma elimina el sistema cerrado de inscripción, fija tarifas máximas, libera el transporte de embarque y desembarque y permite que determinados capitanes extranjeros con conocimiento de zona puedan navegar sin contratar prácticos.
Sin embargo, el actual conflicto hizo que la CPPC manifestara su apoyo explícito a la medida del ministro desregulador.
“Desde la CPPC consideramos que esta coyuntura crítica evidencia la necesidad impostergable de adecuar, modernizar y desregular el sistema de practicaje en nuestro país en línea con lo propuesto por el Gobierno nacional, sin poner en juego la seguridad de navegación”, indicaron en un comunicado.
Para la cámara empresaria, “que la decisión de un grupo reducido de prestadores pueda paralizar por completo el comercio exterior argentino demuestra que la línea trazada en favor de una mayor competencia, transparencia y revisión de esquemas rígidos es el camino correcto para dotar de competitividad y previsibilidad a nuestra logística regional”.
Más allá que desde la entidad empresaria reconocieron “la idoneidad técnica y el profesionalismo” de los prácticos, sostuvieron que “no resulta preciso sostener que las medidas de desregulación vigentes comprometan la seguridad operacional”.
“En la práctica, ninguna armadora, capitán o compañía de seguros opera o moverá un buque en vías complejas sin el debido respaldo profesional a bordo. La defensa de la seguridad es un principio compartido por toda la comunidad portuaria y es plenamente compatible con un marco normativo moderno, eficiente y competitivo”, argumentaron.
De esta manera, los CPPC instó “de manera urgente e impostergable tanto al Gobierno Nacional como a los representantes del sector de practicaje a conformar una Mesa de Negociación para normalizar la actividad e implementar el Decreto 690/2026”.
Polonia enfrentará probablemente la peor sequía que el país haya visto en años, advirtió este martes Pawel Staniszewski, hidrólogo del Instituto de Meteorología y Gestión del Agua (IMGW) en Varsovia, en medio de una nueva ola de calor que empuja las temperaturas hacia los 40°C en el sur del país.
Niveles históricos en el San y el Vístula
El río San, a su paso por la ciudad polaca de Stalowa Wola, cayó la semana pasada a su nivel más bajo registrado, lo que llevó a las autoridades locales a imponer restricciones al uso industrial del agua. Niveles inusualmente bajos también se observaron en el río Vístula, donde imágenes aéreas muestran extensos bancos de arena y troncos al descubierto en el lecho seco.
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“En mis 70 años, nunca vi el nivel del agua tan bajo. Hoy se podría cruzar en pantalones cortos, mientras que años atrás el agua llegaba hasta el cuello”, contó Edward Gazda, un jubilado de 70 años, sentado junto a la orilla del río San en Stalowa Wola. Según relató, ahora crece pasto en lugares donde antes nunca lo había hecho.
“El sur de Polonia está muy seco”
Staniszewski señaló a Reuters que el sur del país es la zona más afectada, aunque hay alertas de sequía vigentes en todo el territorio nacional. “Tenemos 71 alertas de sequía en toda Polonia. Y en 320 estaciones de agua tenemos un caudal realmente bajo en los ríos. Incluso en 30 estaciones tenemos el nivel más bajo jamás registrado”, detalló.
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El hidrólogo advirtió que la caída en los niveles de los ríos podría generar serios problemas para la agricultura, la industria y la infraestructura. “Va a haber un gran problema, porque el bajo nivel de los ríos es el primer paso hacia los próximos problemas: con la agricultura, con las fábricas, con la infraestructura”, dijo.
No solo el calor: la falta de lluvia
Staniszewski remarcó que la causa no es únicamente el calor, sino la ausencia de precipitaciones sostenidas. “Tal vez no sea solo un problema de olas de calor, sino que directamente nos falta lluvia. Y cuando llueve, son en su mayoría tormentas: cortas, rápidas y repentinas. Necesitaríamos unos pocos días, no más, de lluvia más pausada”, explicó.
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El especialista también vinculó la situación al cambio climático. “No estamos preparados, el clima está cambiando muy rápido. Ahora en Polonia el clima es como el de Budapest hace 30 años, como en Hungría. Deberíamos estar listos y prepararnos”, afirmó.
Una vida que depende del agua
De regreso en Stalowa Wola, Gazda resumió la preocupación que crece entre los residentes locales. “Si no llueve por mucho más tiempo, las fábricas tendrán que detenerse, las centrales eléctricas también. Todo depende del agua”, advirtió, mientras señalaba la vegetación que ahora cubre zonas que antes estaban bajo la superficie del río San.
Staniszewski indicó que las próximas semanas, e incluso los próximos dos meses, serán claves para determinar la magnitud real de la sequía este año, aunque anticipó que “probablemente va a ser peor que en los últimos años”.
Hungría apagó el fin de semana su única central nuclear, en Paks, tras el primer parón en 44 años, mientras Rumania declaró el estado de emergencia nacional y su Marina realizó explosiones controladas en el canal Bala para desviar agua hacia la central nuclear de Cernavodă.
En Serbia, las dos mayores centrales hidroeléctricas del país operan muy por debajo de su capacidad, y en Bulgaria el bajo caudal paralizó buena parte del tráfico fluvial en el tramo búlgaro del río. El descenso generalizado responde a la falta de lluvias, la reducción del deshielo alpino y las sucesivas olas de calor que golpean la región desde mayo.
El tema volvió a tomar centralidad en los últimos días. Ayer, Kicillof reunió en la Gobernación a los diputados y senadores provinciales del Movimiento Derecho al Futuro que integran los bloques de Fuerza Patria en la Legislatura, además de los diputados nacionales Hugo Moyano (h) y Jorge Taiana. Participaron, entre otros, las diputadas Ana Luz Balor, Silvina Nardini y Romina Barreiro, los diputados Alejandro Acerbo, Diego Nanni y José Galván, la senadora Ayelén Durán, el senador Jorge “Pitingo” Paredi, la vicegobernadora Verónica Magario y la Secretaria General de Gobernación, Agustina Vila.
Entre las cuestiones de agenda que se repasaron estuvo, otra vez, la reforma a la ley que pone tope a las reelecciones de los alcaldes. Días atrás, con la flamante “Liga de Intendentes” -el espacio que reúne a once jefes comunales con buenos vínculos con todas las terminales justicialistas- también se había tocado el tema en un encuentro en el despacho del mandatario bonaerense, donde ese grupo le planteó directamente a Kicillof la necesidad de destrabar el límite.
“En las dos reuniones se habló de la re-re como prioridad, hay que resolverlo este año sí o sí”, contó a este medio una fuente de peso del axelismo.
La “Liga de intendentes”, un nuevo espacio de alcaldes que busca ganar protagonismo.
Así, la posición de Kicillof no aparece como un gesto aislado hacia sus intendentes, sino como parte de una estrategia más amplia de acumulación de cara a una eventual candidatura presidencial, en la que el peso específico del conurbano bonaerense -y la permanencia de sus intendentes más consolidados- juega un rol central.
La tracción de los municipios
La dimensión de ese poder territorial se observa con nitidez al mirar los principales distritos gobernados por intendentes alcanzados por la ley.
El municipio de mayor peso es, por lejos, La Matanza, donde Fernando Espinoza gobierna desde 2019 (con una gestión previa entre 2005 y 2015) y revalidó su cargo en 2023 con el 53,38% de los votos, sobre un padrón de 1.057.458 electores, el distrito más poblado de todo el país: por sí solo, tiene más electores que provincias enteras como Entre Ríos (1.053.652, según el padrón nacional 2025 de la Cámara Nacional Electoral) y supera también a otras 15 provincias argentinas, entre ellas Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco, Salta y Jujuy.
Le sigue Almirante Brown, donde Mariano Cascallares -ahora diputado provincial- retuvo el municipio con cerca del 49% de los votos, en un distrito de 460.982 electores, lo que es más que el padrón completo de Chubut (453.021). En Merlo, Gustavo Menéndez fue reelecto con el 43,21% sobre un padrón de 434.550 electores, una cifra que también supera a San Luis (399.321).
Julio Zamora, el intendente de Tigre.
En General San Martín, Fernando Moreira ganó con el 44% en un distrito de 378.476 electores. En Florencio Varela, Andrés Watson se impuso con el 54% sobre 341.450 electores, y en Tigre, Julio Zamora obtuvo un resultado 2023 del 40% sobre 338.554 electores. En Avellaneda, Jorge Ferraresi, retuvo el distrito con el 56% de los sufragios sobre un padrón de 297.760 electores.
En Esteban Echeverría, Fernando Gray ganó con el 59% sobre 245.355 electores, y en Escobar, Ariel Sujarchuk obtuvo un resultado del 52% sobre 204.417 electores. En Berisso, Fabián Cagliardi retuvo el municipio con alrededor del 41% sobre 83.267 electores; en Presidente Perón, Blanca Cantero fue reelecta con el 48% sobre 84.687 electores; y en San Vicente, Nicolás Mantegazza ganó con el 44% sobre 69.599 electores. En simultáneo, en Ensenada, Mario Secco fue reelecto con alrededor del 71% de los votos sobre un padrón de 59.231 electores, y en Cañuelas, donde Marisa Fassi ganó con el 42% sobre 54.687 electores.
A este grupo se suman Leonardo Nardini en Malvinas Argentinas, quien cosechó el 59% sobre 285.415 electores; Lucas Ghi en Morón, reelecto con el 43% en un padrón de 279.897 personas; Mariel Fernández en Moreno, que ganó con el 57% sobre 372.309 electores; Federico Achával en Pilar, que revalidó con el 57% en un distrito de 287.769 votantes; Juan Andreotti, que en San Fernando fue reelecto con el 57% en un padrón de 137.506 electores; y Mauro García en General Rodríguez, que obtuvo el 54% sobre 99.080 personas habilitadas para sufragar.
La magnitud de ese universo conurbano explica, en buena medida, por qué la discusión legislativa por la reelección no es percibida en el Ejecutivo provincial como un tema ajeno, sino como una pieza central de la estrategia electoral rumbo a 2027. La lectura que baja desde el despacho de Kicillof es que la provincia de Buenos Aires sigue siendo, con enorme diferencia, el distrito de mayor peso electoral del país: en los comicios legislativos de 2025, el padrón nacional ascendió a 36.478.360 personas en todo el territorio argentino, y Buenos Aires concentró 14.376.592 electores, es decir, el 39% del total.
Dentro de la provincia, la Primera sección, que incluye buena parte del Gran Buenos Aires, reunió 5.131.861 electores -casi el 36% del padrón bonaerense-, y la Tercera, con otro tramo clave del conurbano sur, sumó 5.101.177, el 35,5%. Entre ambas concentran más del 70% del electorado de toda la provincia. Muy por detrás quedan la Quinta sección, con 1.336.787 electores (9,3%), la Sexta, con 672.483 (4,7%), la Octava -que incluye a La Plata-, con 639.839 (4,5%), la Segunda, con 661.721 (4%), la Cuarta, con 547.677 (3,8%), y la Séptima, con 285.047.
Qué dicen los jefes comunales
Esa mirada también aparece entre los propios intendentes del peronismo. Un jefe comunal del conurbano que participa de las conversaciones, aunque pidió reserva de identidad, aseguró a Ámbito que la discusión excede los intereses individuales y forma parte de la estrategia electoral para 2027.
“Para que el peronismo saque a Milei, sea quien sea el candidato, hace falta remover el límite de las reelecciones. Ahora que pasó el Mundial y terminaron las vacaciones, el tema empezó a plantearse muy fuerte”, sostuvo.
Según ese mismo intendente, hoy conviven dos alternativas para destrabar el conflicto. “Se están explorando dos vías: que se vote el proyecto de Durán o introducir una modificación a la ley que limitó las reelecciones para que sean los concejos deliberantes los que decidan si cada municipio, porque son autónomos, habilita o no una nueva postulación”, explicó.
La Federación Argentina de Municipios está integrada por 500 intendentes de todo el país y tiene una postura crítica de la gestión del presidente Milei.
Otro alcalde, también del Gran Buenos Aires, agregó además que la actual legislación que pone topes a los mandatos “es inconstitucional” porque, a su entender, contradice el espíritu de la carta magna bonaerense.
“El que tiene el contacto permanente con el vecino es el intendente. Hay jefes comunales como (el fallecido Juan José) Mussi, Jorge Ferraresi, Mario Secco o Mariano Cascallares que fueron muy exitosos en sus distritos y por eso la gente los sigue votando. Prohibirlo es proscriptivo“, afirmó.
Los pronunciamientos
El gobernador, de hecho, volvió a instalar el tema públicamente la semana pasada, durante una recorrida de gestión por General Alvear, donde planteó que buena parte de los sectores políticos bonaerenses ya se manifestaron a favor de no vedarle a nadie la posibilidad de ser votado.
“Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos”, sostuvo, y agregó que si un intendente gestiona mal, “los conoce el pueblo”.
La vicegobernadora Magario acompañó ese planteo en sus redes sociales, calificando la postura del gobernador de “absoluta lógica” y apuntando contra la oposición por, a su entender, no terminar de comprender a la provincia. En la misma línea se había expresado meses atrás el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien calificó a la norma vigente de “proscriptiva”, con el argumento de que la Constitución bonaerense “sólo establece límites para gobernador y vice”.
Para Axel Kicillof, es clave que se apruebe la reelección indefinida de intendentes.
La rosca, en la Legislatura
En el Gobierno, buscarán destrabar el proyecto de la senadora del MDF Durán, hoy empantanado en la Comisión de Legislación General que preside el senador Germán Lago, propio del kicillofismo. Ese texto, que elimina el límite a la reelección de intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares, es la versión ampliada de una discusión que en 2025 ya había dejado un antecedente incómodo para el oficialismo: el entonces senador Luis Vivona, hoy diputado y dirigente cercano al cristinismo, había presentado un proyecto que habilitaba la reelección indefinida solo para legisladores y concejales, sin incluir a los intendentes, algo que cayó mal entre los jefes comunales del MDF.
La iniciativa de Vivona obtuvo media sanción en el Senado bonaerense gracias al voto de desempate de Magario, pero quedó trabada en Diputados. La de Durán, en cambio, ni siquiera logró esa media sanción: la senadora massista Sofía Vannelli votó en contra y forzó un empate de 22 a 22 que la dejó sin dictamen favorable ese mismo día.
La Legislatura bonaerense tendrá la llave para destrabar la reelección de los intendentes.
Esa votación expuso una de las principales trabas internas: la resistencia no viene tanto de la oposición como de los propios socios de Kicillof dentro de Fuerza Patria. El nudo pasa por resolver la interna propia: voceros del sector que responde a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner aclararon que no se oponen al regreso de las reelecciones, pero condicionan avanzar a que se resuelvan antes otros puntos clave.
Entre las principales cuestiones a conversar aparecen la definición sobre una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández y el reclamo de que sea el propio gobernador quien convoque a todos los sectores a una mesa de negociación donde se discuta el paquete electoral completo: reelecciones, desdoblamiento o concurrencia con los comicios nacionales, el régimen de PASO y la cobertura de las vacantes pendientes en la Suprema Corte bonaerense, la Subprocuración, la Defensoría General y la Defensoría Adjunta.
Desde el Ejecutivo no descartan sentarse a discutir ese paquete de manera integral, aunque puertas adentro dejan trascender que prefieren mantener afuera de esa mesa la cobertura de los cargos vacantes en el máximo tribunal.
El Frente Renovador de Sergio Massa, por su parte, defiende públicamente la ley de 2016 como una de sus banderas históricas: en el Senado bonaerense, la discusión pasa también por la Comisión de Reforma Política, que preside la senadora massista Malena Galmarini, donde sostienen que ese límite “no se puede cambiar”.
Sin embargo, en el entorno de Kicillof relativizan esa posición: “No es que Sergio esté en total desacuerdo. Lo impulsó en su momento, pero no plantaría una bandera si todo el espacio se alineara en torno a esta idea. Incluso, referentes del FR han planteado que sería mejor una salida por la vía judicial en lugar de una reforma legislativa. Pero, para nosotros, sso termina en la Corte y no va a funcionar”, planteó.
Del otro lado del arco político tampoco hay consenso. El PRO bonaerense, que conduce el diputado nacional Cristian Ritondo, salió a cruzar las declaraciones de Kicillof y Magario y calificó la iniciativa como un “retroceso para la democracia bonaerense”, al tiempo que acusó al gobernador de buscar blindar a su propia tropa de intendentes para sostener su proyección presidencial de cara a 2027. La Libertad Avanza también rechaza de plano la posibilidad de extender los mandatos, mientras que la Unión Cívica Radical exhibe posiciones divididas.
Con todo, en el propio oficialismo remarcan que si el peronismo logra ordenar su interna y consigue los votos a través de sus propios intendentes, la oposición no necesariamente sería un obstáculo insalvable. Con ese punto resuelto, el Gobierno quedaría en mejores condiciones de buscar entendimientos parlamentarios que le permitan reunir los apoyos necesarios.
En ese esquema, en el axelismo incluso especulan con que parte del Frente Renovador podría optar por la abstención, mientras que los votos necesarios podrían completarse con sectores de la UCR y algunos exlegisladores libertarios con posiciones más dialoguistas, aunque por ahora no existen conversaciones cerradas en ese sentido.
Aunque dentro del peronismo admiten que la discusión por las reelecciones ocupa buena parte de las conversaciones, algunos intendentes relativizan el impacto político del debate. “Ganarle a Milei vamos a ganarle igual porque la gente no da más. Cada vez nos vienen a pedir más comida y más remedios al municipio. Hay una tensión social muy grande. La gente está muy mal. Está todo parado, la economía no aguanta. Con o sin reelecciones, ganamos igual“, resumió ante Ámbito un intendente peronista del interior bonaerense.
En esa lógica, las reelecciones aparecen como una herramienta para ordenar la política, pero no como el factor que decidirá la elección. “La gente no te pregunta por la ley de reelecciones cuando golpea la puerta del municipio”, resumen, en definitiva, quienes creen que el resultado de 2027 dependerá mucho más de la economía que de la ingeniería electoral.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) se reunió este martes en Acuerdo General en Villa Paranacito y mantuvo audiencias con integrantes de la magistratura de la localidad, para intercambiar opiniones sobre medidas para mejorar la prestación del servicio de justicia en esa jurisdicción. También tomó juramento a Daniela Edith Zuluaga, quien asumió como jueza de Paz de esa localidad.
La reunión de Acuerdo del STJ, en la ciudad del sur entrerriano, se enmarca en la política de visitar las diferentes ciudades de la provincia, y mantener contacto directo con quienes cumplen funciones y trabajan en el Poder Judicial.
De la deliberación participaron el presidente del STJ, vocal Germán Carlomagno; el vicepresidente, vocal Carlos Federico Tepsich; el vocal Miguel Ángel Giorgio; la vocal Gisela Schumacher; el vocal Leonardo Portela; y la vocal Laura Mariana Soage. Por su parte, de manera remota, intervino la vocal Claudia Mizawak.
Las y los integrantes del STJ, recibieron al juez del Juzgado Civil y Comercial y del Trabajo, Agustín Adolfo Weimberg; a la jueza de Paz, Daniela Edith Zuluaga; a la jueza de Paz de Ceibas, María Marta Britos y al juez de Paz de Ibicuy, Fernando Luero.
Juró la jueza de Paz
Luego del Acuerdo y asistido por la secretaria general del STJER, Elena Salomón, el vocal Carlomagno tomó juramento a Daniela Edith Zuluaga, quien fue designada como jueza de Paz de la ciudad de Villa Paranacito mediante el decreto 1.193/26 GOB, firmado el 5 de mayo pasado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.
La magistrada juró “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo” el cargo para el que fue designada, “cumpliendo y haciendo cumplir las Constituciones de la Nación y de la Provincia”, tras lo cual Carlomagno la felicitó y le deseó éxitos en su gestión.
La ceremonia se efectuó en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de esa localidad y contó con la presencia, entre otras autoridades, de la viceintendenta municipal, Sandra Latuf; el senador provincial Rubén Méndez, el fiscal Gastón Popelka; el defensor oficial Lautaro Boladeres; el jefe del Registro Civil, Lucio Jeremías García Bonzón; la presidenta de la Sección Gualeguaychú del Colegio de la Abogacía, Alejandra Marchese; la prefecto Yanel Noelia Krespien, jefa de Prefectura de Villa Paranacito y el Sub jefe de la Policía Departamental Islas, Victorio Pérez , familiares y agentes judiciales.
El Gobierno nacional acentuó el recorte de transferencias discrecionales a las provincias. Según un estudio de la consultora Politikón Chaco, difundido por NA, los envíos no automáticos registraron una caída del 68,6% real interanual en julio.
Fue el nivel más bajo para un mes de julio desde 2005. En los primeros siete meses de 2026, la reducción real acumulada alcanza el 62,8%. Durante el séptimo mes del año, los fondos totales pagados bajo este concepto sumaron $ 98.611 millones, lo que representa un descenso del 68,6% en términos reales respecto al mismo mes de 2025.
Motosierra a las provincias
Esta cifra consolida la tendencia de ajuste orientada a la recuperación del superávit fiscal, situando a julio de 2026 como el peor registro para este mes en las últimas dos décadas. El informe de ejecución presupuestaria detalla que tres áreas concentraron el 80% de los desembolsos mensuales.
En primer lugar, los envíos para la Universalización de la Jornada Extendida totalizaron $ 34.821 millones, equivalentes al 35% del total. En segundo lugar, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sumaron $ 30.000 millones (30%), tras dos meses de inactividad en este rubro.
Finalmente, las transferencias a Cajas Previsionales Provinciales alcanzaron los $ 14.000 millones, representando el 14% de la torta mensual. La distribución geográfica de los fondos mostró una marcada concentración. La provincia de Buenos Aires captó el 19,5% del total, con $ 19.181 millones destinados casi íntegramente a programas educativos.
Le siguieron La Pampa con el 10,3% ($ 10.184 millones) y Santa Fe con el 10,2% ($ 10.099 millones). En el extremo opuesto, distritos como San Juan, La Rioja y Santiago del Estero recibieron participaciones inferiores al 0,3% del total distribuido en el mes.
Cajas previsionales provinciales
Un factor determinante en la reducción del gasto fue el freno en las transferencias a las Cajas Previsionales Provinciales.
Durante julio, solo La Pampa y Neuquén percibieron fondos por este concepto, mientras que provincias con convenios vigentes como Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones no recibieron pagos, acumulando en la mayoría de los casos dos meses de deuda por parte del Estado Nacional.
ATN
Respecto a los ATN, si bien volvieron a distribuirse tras la ausencia en mayo y junio, el Gobierno solo ejecutó el 26,3% del fondo constituido en el mes, que recaudó $ 114.193 millones.
Los $ 30.000 millones repartidos se dividieron en partes iguales de $ 5.000 millones entre Misiones, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy, Santa Fe y Córdoba.
En la perspectiva histórica, el ajuste es aún más pronunciado. En el acumulado de enero a julio de 2026, las transferencias no automáticas sumaron $ 738.201 millones, una caída real del 83,2% si se compara con el mismo período de 2023.
Bajo este esquema de restricción financiera, la totalidad de los distritos subnacionales presentan bajas significativas en sus ingresos por transferencias discrecionales, con caídas que superan el 90% real en siete provincias.
