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La decisión de la Corte Suprema de Justicia que restableció la vigencia del artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras desencadenó una serie de protestas que se extenderá durante dos semanas. La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará este jueves 8 de octubre en defensa de la industria nacional, distintas organizaciones sociales de izquierda se reunirán el viernes 9 para coordinar una respuesta común y, el jueves 15, una movilización al Congreso acompañará la sesión especial en la que Diputados intentará rechazar el decreto.

La primera concentración ocurrió ayer frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle. La impulsaron el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), sectores de la izquierda, agrupaciones sociales, ambientales y de derechos humanos.

La convocatoria tuvo como eje el rechazo al fallo firmado el 29 de septiembre por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La resolución dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto presidencial, aunque no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de esa norma. El máximo tribunal consideró que el CECIM no tenía legitimación para presentar una acción colectiva en defensa de la soberanía territorial. Como consecuencia, volvió a producir efectos la derogación de la Ley 26.737, que regulaba la compra y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros.

Qué es el DNU 70/2023

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, denominado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, fue firmado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre de 2023 y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial. El texto original reunía 366 artículos y dispuso cambios, derogaciones y desregulaciones en áreas como alquileres, comercio, salud, transporte, empresas públicas, mercado laboral, tarjetas de crédito y actividad económica.

El decreto también declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Varios de sus artículos modificaron normas de alcance estructural que continuaron vigentes más allá de ese plazo.

Uno de esos puntos es el artículo 154, incluido en el capítulo de bioeconomía. La disposición derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Esa norma, sancionada en 2011, fijaba un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en el país, en cada provincia y en cada departamento. También impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de ese cupo, establecía un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo y restringía la compra de inmuebles con cuerpos de agua relevantes, ribereños de esos cursos o ubicados en zonas de seguridad de frontera.

La Cámara Federal de La Plata había suspendido la aplicación del artículo 154 tras una presentación del CECIM. Esa cautelar permaneció vigente durante más de dos años, hasta el reciente pronunciamiento de la Corte, que aclaró luego que no analizó si el artículo es constitucional y que su intervención se limitó a la legitimación del CECIM. El tribunal también remarcó que otras personas u organizaciones pueden presentar nuevas medidas cautelares y que el Congreso conserva sus atribuciones para tratar el decreto.

La Ley de Tierras se convirtió en el detonante

La reposición del artículo 154 reabrió un conflicto político que hasta ahora no había logrado llegar al recinto de Diputados. El Senado rechazó el DNU 70/2023 el 14 de marzo de 2024, con 42 votos negativos, 25 afirmativos y cuatro abstenciones. Como el rechazo de una sola cámara no basta para invalidar un decreto de necesidad y urgencia, la norma continuó vigente.

Bloques de la oposición convocaron a una sesión especial en Diputados para el jueves 15 de octubre a las 14. El temario incluye el tratamiento del DNU 70/2023, una iniciativa sobre endeudamiento y morosidad de las familias y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Para abrir la sesión, los bloques convocantes deberán reunir un quórum de 129 legisladores. Si la Cámara baja también rechaza el DNU, el decreto quedará derogado hacia adelante, dado que el Senado ya se pronunció en contra.

La discusión supera el capítulo de tierras. Quienes impulsan la derogación cuestionan el alcance del decreto en materia de regulación económica, alquileres, medicina prepaga, comercio exterior y privatizaciones. Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron además una medida cautelar para volver a suspender los efectos del artículo 154, con el argumento de que, mientras el Congreso define el futuro de la norma, podrían concretarse adquisiciones de tierras rurales por parte de extranjeros que luego queden consolidadas como derechos adquiridos.

El testimonio de los excombatientes de Malvinas

Durante la jornada previa a la marcha a Tribunales, el dirigente del CECIM Hugo Robert explicó en diálogo con Radio 750 los motivos de la convocatoria. “Ya sabemos lo que fue el fallo de la Corte que habilita a la compra completa de Argentina. La Corte le dio el 100%, se puede vender todo”, afirmó.

Robert señaló que el reclamo no apunta solo al Poder Judicial, sino también a la dirigencia política. “También es un llamado a nuestra clase dirigente, que durmió durante más de dos años y medio cuando estuvo vigente el amparo que la Justicia le dio a la presentación del CECIM”, dijo. Y agregó que la preocupación no se limita a la superficie de tierra en discusión: “No es que toda la tierra, absolutamente, es lo que les importa a los extranjeros. Son sectores clave, donde están los recursos”.

Las centrales de trabajadores y la izquierda convocaron a movilizar

El secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, calificó el fallo como grave porque, según sostuvo, habilita la venta sin restricciones de tierras rurales a extranjeros y desconoce la legitimación de los excombatientes para cuestionar judicialmente el decreto. El secretario general de la CTA-T, Hugo Yasky, vinculó la protesta por la Ley de Tierras con la sesión del 15 de octubre y señaló que los distintos bloques opositores trabajan para reunir el quórum necesario y debatir tres temas: discapacidad, endeudamiento familiar y la derogación del DNU.

Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, la diputada nacional Myriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño, firmantes del pedido de sesión especial e impulsores de la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre, llamaron a movilizar masivamente. “Lo que no pudieron imponer frente a la calle el 6 de agosto, ahora lo resolvieron tres jueces de la Corte en un despacho: la extranjerización total de nuestras tierras”, denunciaron en un comunicado conjunto. “Esa fuerza que se expresó en la calle frente al Senado y que se volvió a replicar en todo el país en la Marcha de la Bronca la tenemos que volver a desatar”, agregaron, y reclamaron a las centrales sindicales que convoquen a un paro nacional activo para el 15 de octubre.

“El 6 de agosto le dimos un golpe enorme al proyecto de saqueo y entrega del Gobierno y sus cómplices. La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras”, planteó Bregman, y remarcó que la discusión excede lo procesal: “No estamos discutiendo una medida cautelar, estamos discutiendo los jirones de soberanía sobre nuestro territorio”.

Del Caño comparó el conflicto con un antecedente anterior. “Como hicimos contra el dos por uno en beneficio de los genocidas que también impulsó la Corte, tenemos que derrotarlos en las calles”, afirmó, y convocó a movilizar junto con todos los sectores dispuestos a sumarse. Ayer, durante su discurso en el escenario montado frente a Tribunales, agregó: “Este 15 de octubre tenemos que ser cientos de miles en las calles y exigimos un paro nacional para que caiga todo el decreto 70/23”.

El diputado también planteó la necesidad de unificar agendas de cara a la marcha del 15. “Ese día también está prevista la movilización universitaria, en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento. Unir las peleas de la comunidad universitaria, del colectivo de la discapacidad, de los millones de endeudados y empobrecidos por este Gobierno es el camino”, sostuvo, y volvió a exigir a las centrales sindicales un paro nacional activo para esa fecha.

Una autoconvocatoria en Parque Lezama

Este viernes 9 de octubre, las mismas organizaciones sociales, políticas, de izquierda, sindicales, estudiantiles, ambientales y de derechos humanos que impulsaron la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre volverán a reunirse en el Parque Lezama, en una autoconvocatoria destinada a definir cómo continuar la respuesta callejera contra el fallo de la Corte y a preparar la movilización al Congreso del 15 de octubre, día en el que se celebrará la sesión especial para intentar voltear el DNU 70/2023.

El encuentro busca ampliar el marco de convocatoria y coordinar la participación de los distintos sectores que ya se movilizaron contra el fallo y que acompañarán también la jornada en el Congreso.

La CGT marchará por la industria el jueves 8

La segunda protesta de la semana se realizará este jueves. La CGT convocó a movilizarse a las 15 desde Diagonal Sur y Perú, en la Ciudad de Buenos Aires, frente al edificio donde funcionó el ex Ministerio de Industria. La central obrera marchará bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, una frase que retoma la tipografía utilizada en la marcha del 6 de agosto, cuando el Gobierno retiró los capítulos de tierras y de la Ley de Manejo del Fuego del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La convocatoria surgió de una reunión de la mesa chica de la CGT realizada en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). La marcha es la cuarta acción de un plan iniciado en julio, que incluyó movilizaciones por los jubilados el 22 de julio, por el Día de San Cayetano el 7 de agosto y por los endeudados el 20 de agosto, coordinadas junto a las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Tras el fallo sobre la Ley de Tierras, la central difundió un comunicado en el que cuestionó a Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, pero no adhirió formalmente a la concentración del martes frente a Tribunales ni anunció, hasta el momento, un paro general para el 15 de octubre.

El cosecretario general de la CGT y secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Cristian Jerónimo, explicó esa postura en diálogo con Radio 750. “Entendemos que esa medida la vamos a hacer cuando realmente entendamos que es el momento. Hoy nosotros, haciendo un paro, perjudicamos a los que representamos”, sostuvo. De todos modos, describió un escenario de deterioro social: “Vemos cómo se agudiza la situación social, con pérdida de empleo, el costo de vida más alto. Es una situación angustiante con falta de previsibilidad e incertidumbre. Es el peor de los escenarios”.

El reclamo por la industria se apoya en los datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA). Según el último informe del organismo, la actividad industrial cayó 0,3% en agosto frente a julio y 5,7% en comparación con el mismo mes de 2025. En los primeros ocho meses del año, el sector acumuló una baja de 3% respecto de igual período de 2025 y se ubica 11% por debajo de los volúmenes registrados en 2022 y 2023.

El reclamo universitario se suma a la agenda de octubre

La semana de protestas incorporó, además, un antecedente judicial directamente vinculado con uno de los reclamos que confluirán en la movilización del 15 de octubre. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional el decreto 759/2025, que había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) a la definición previa de partidas presupuestarias específicas.

El magistrado hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la norma, con el dictado de las medidas reglamentarias necesarias. En su fallo, Cormick sostuvo que el decreto 759/2025 funcionó como un mecanismo “extraconstitucional” equivalente a un veto no previsto por la Constitución, después de que el Congreso insistiera con la ley mediante las mayorías agravadas requeridas tras el veto presidencial original.

La resolución alcanza a los salarios de docentes y no docentes, las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. El Gobierno adelantó que apelará la decisión, que corresponde a primera instancia. El fallo se conoció dos días antes de la segunda Marcha Federal Universitaria convocada para el 15 de octubre, que modificó su recorrido original hacia Tribunales para dirigirse al Congreso, en coincidencia con la sesión especial por el DNU 70/2023.

Lionel Messi disputó este martes en el Monumental su último partido con la selección argentina tras 21 años de formar parte del equipo nacional. En este contexto, el arco político se sumó a los mensajes de despedida al ídolo a través de sus redes sociales.

Uno de los primeros en expresarse fue el presidente Javier Milei, quien compartió un video de despedida al Diez. Las imágenes estuvieron acompañadas de palabras de agradecimiento. “Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible. Messi es imposible…!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!!”, expresó.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, hizo lo propio y señaló: “Hay algo que Messi logró, que va mucho más allá del fútbol. Durante años, millones de argentinos nos sentimos representados no solo por esa camiseta que él llevó como nadie, sino también por él. Por su forma de luchar, de levantarse, de insistir cuando parecía que no se podía. Messi es resiliencia. Es esfuerzo, humildad y buenos valores. Es el ejemplo de millones de chicos que crecieron mirándolo y soñando con ser como él”.

Y agregó: “Es nuestra emoción cuando vemos sus lágrimas. Es nuestra alegría cuando él fue feliz y nos hizo felices a todos. Es ese nudo en la garganta cada vez que vemos un video de él jugando con la Selección o nos cruzamos la camiseta de Argentina con su nombre en cualquier rincón del mundo. Es el ídolo de 47 millones de argentinos y de millones más. Es el mejor del mundo. Y para nosotros, también es parte de nuestra historia”.

Y finalizó: “Gracias por tantas alegrías, Capitán. Por hacer que durante tantos años la Selección volviera a ser ese lugar donde todos los argentinos nos encontramos. Te vamos a extrañar eternamente”.

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró: “Es el tipo más querible del mundo”.

Luis Petri, el diputado por la provincia de Mendoza, escribió: “Gracias por tanto, Leo. Te pedíamos una copa y nos devolviste la alegría de un país entero. Te pedíamos goles y nos enseñaste a levantarnos después de cada final perdida, a insistir cuando lo más fácil era irse. Dejaste el corazón por la celeste y blanca, en las buenas y, sobre todo, en las malas. Nos hiciste campeones de América y del mundo. Y, más que eso, llevaste a nuestro país a lo más alto y nos inflaste el pecho de orgullo con logros que, sin merecerlo, gritamos como propios en cada uno de tus goles”.

Y terminó agradeciendo: “Gracias, Capitán, por la humildad del más grande, por no olvidarte nunca de dónde venías y por mostrarles a nuestros hijos que el talento sin esfuerzo no alcanza. ¡La eternidad es tuya!”.

Por su parte, el diputado del PRO Cristian Ritondo afirmó: “Se termina una era. Gracias, Leo, por hacernos felices tantas veces y por demostrar que con esfuerzo, humildad y amor por la camiseta se puede llegar a lo más alto. Lo que nos diste no se va a olvidar nunca. Gracias por todo, capitán”.

Desde la vereda de enfrente, La Cámpora expresó en mayúsculas: “Orgullosamente argentino” y finalizó su mensaje con un “gracias por llevar la celeste y blanca a lo más alto”.

El dirigente Leopoldo Moreau envió unas palabras y escribió: “Hoy homenajeamos a un gran jugador de fútbol pero también a un ser humano de valores. Messi y la Scaloneta ayudaron a sostener la autoestima de los argentinos. Felicitaciones a la UBA por su gesto y a la AFA por la iniciativa que nos da esta alegría”. Cecilia Moreau, en tanto, manfiestó: “La ternura no se entrega. Messi será eterno”

La diputada Victoria Tolosa Paz sostuvo: “Un capitán que unió a todo un pueblo. Messi nos hizo abrazarnos, emocionarnos y festejar juntos. Nos regaló alegrías que van a quedar para siempre en la memoria de nuestro pueblo. Gracias, Leo, por llevar nuestra camiseta a lo más alto y por unir a millones de argentinos detrás de un mismo sueño”.

Algunos gobernadores hicieron lo propio y se sumaron a los mensajes de despedida. Uno de ellos fue Raúl Jalil, gobernador de la provincia de Catamarca, quien expresó: “Se cierra una de las historias más lindas de nuestra Selección y solo queda decirte gracias, Leo. Gracias por tu fútbol, por el amor con el que defendiste siempre la camiseta argentina y por ser el ejemplo de tantos chicos que crecieron viéndote. Nos hiciste felices, nos uniste y llevaste nuestra bandera a lo más alto del mundo. Desde Catamarca, gracias por tantas alegrías y por los recuerdos que van a acompañar a generaciones. Al mejor de todos los tiempos.

Alfredo Cornejo, mientras tanto, escribió: “Qué privilegio ser contemporáneos de vos. Gracias eternas, capitán”.

Alberto Ades advirtió ante el propio Gabinete nacional, y por una invitación de Javier Milei, que el valor actual del dólar es 29% más bajo que el promedio de los últimos 23 años. Incluso, está más barato que antes de la corrida cambiaria que sufrió Mauricio Macri en 2018.

Sin embargo, el economista resaltó que “esta vez las condiciones son diferentes”, aunque plantea distintos enfoques sobre cómo abordar la situación.

De acuerdo al trabajo presentado por Ades, al que tuvo acceso Infobae, el actual tipo de cambio real -según como lo mide el BCRA- se encuentra en 85,2 puntos, mientras que el promedio de los últimos 25 años fue de 120.

“En esos niveles Argentina acumuló reservas sin depender de un solo sector”, indicó el reporte. Parece hacer alusión (aunque no lo dice explícitamente) al período que fue del 2003 al 2010, cuando el Central llegó a tener USD 50.000 millones de reservas líquidas.

Ades se reunió en distintas ocasiones con Milei desde que asumió la presidencia y varias veces se encontraron en Nueva York. El especialista, que desarrolló buena parte de su carrera profesional en Goldman Sachs y actualmente es director en Vector Alpha, fue invitado por el Presidente para hablar el lunes ante el Gabinete nacional.

El documento que presentó ante los ministros elogia muchas de las medidas del Gobierno, pero también advierte sobre el peligro de quedarse a mitad de camino, poniendo especial énfasis en las reformas estructurales.

También le planteó en la cara a los funcionarios cuáles son los peligros de un tipo de cambio muy apreciado como el actual. Y abordó los caminos para reacomodarlo sin un salto devaluatorio.

La tesis de Ades es que “los países que funcionan terminan caros en dólares”, por lo cual debería ser casos para imitar por parte de Argentina. Los tres ejemplos mencionados fueron Corea del Sur (“primero ganó productividad y después el tipo de cambio se apreció”), Israel (la apreciación llegó junto a décadas de inversión y exportación de tecnología) y finalmente Chile (“con apertura y regla fiscal, la apreciación se sostuvo por la inversión, no solo en cobre”).

“Por qué esta vez no es 2018”, plantea en uno de los slides que se concentra en la situación argentina. Menciona tres diferencias fundamentales. En primer lugar que la cuenta corriente en aquel momento tenía un rojo de USD 28.000 millones (más de 5% del PBI) y ahora en cambio presenta un superávit de 2.200 millones de dólares.

Por otra parte, el déficit fiscal financiero fue en aquel entonces de 6,1% del PBI, contra un superávit ahora de 0,1% y primario de 0,6 por ciento. Por último, señala que hace nueve años había un problema con los flujos: “Hoy los flujos están ordenados, pero tenemos un problema de stock. Faltan reservas y no tenemos acceso a los mercados internacionales”.

Ades planteó tres alternativas para enfrentar la “fortaleza del peso”. Las opciones presentadas por el ex Goldman Sachs fueron las siguientes:

• Más superávit fiscal: Esto le daría más espacio al Tesoro para comprar dólares sin emitir. El problema de esta alternativa es que exige más ajuste en un año electoral. “Es la única opción que deprecia el tipo de cambio real y acumula reservas a la vez”, sostiene.
• Devaluación discrecional: Corregiría el tipo de cambio nominal de un golpe. Sin embargo, la contra es que el peligro es que el salto se traslade a precios en pocos meses, quedando un problema de credibilidad.
• Reformas de productividad: “Aprecia el tipo de cambio real de equilibrio, y el nivel de hoy deja de ser un atraso”, indica. Sin embargo, adquiere que requiere tiempo y capital político, pero no resuelve la transición. “Valida el peso fuerte en lugar de corregirlo, pero recién en el largo plazo”.

“El programa -concluyó Ades ante el Gabinete- juega al tercer camino, pero el instrumento disponible hoy es el primero, o sea mayor ajuste fiscal. Cada punto extra de superávit es demanda que se retira y reservas que se compran sin deuda”. Asimismo, advirtió que la meta fiscal del primer semestre se incumplió por poco, en el marco de la tercera revisión del acuerdo. “El FMI igual apoya”.

En cuanto al contexto global, el trabajo alerta que “el capital va a ser más caro por un buen tiempo, sobre todo por la tasa larga. Los déficits vuelven a tener un costo”.

Y para culminar, el “paper” deja elogios pero también advertencias. “Argentina tiene hoy lo que no tenía hace tres años: credibilidad fiscal”, sintetiza.

A modo de cierre, observa que “todavía se sufre la falta de reservas netas, acceso al mercado en volumen y las reformas institucionales que hagan durar esa credibilidad. Con dinero más caro, esas faltas pueden pesar más que antes”.

La Iglesia católica y el gobierno nacional tiene una relación sinuosa, tensa y marcada por las diferencias. Un vínculo distante, que entró en un impass por la visita del Papa León XIV, pero que, desde que comenzó la gestión libertaria, estuvo marcada por las críticas, los llamados de atención y los mensajes públicos con alto impacto político.

Según relatan fuentes eclesiásticas de primera línea, la organización para la llegada del Sumo Pontífice ha encontrado a los representantes de la Iglesia y de la Casa Rosada trabajando en forma armoniosa. Al diseño de esa logística, que tiene como temas centrales la seguridad, el desplazamiento de los fieles y el armado de los eventos, también se sumaron los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esa suerte de tregua que se vive en las mesas de coordinación que han existido en Balcarce 50 y también en el ministerio de Seguridad, son una parte de la historia actual en esa relación. Mientras se acumulan los encuentros organizativos, distintos representantes de la Iglesia le marcan la cancha al oficialismo con mensajes teledirigidos.

Ponen en carpeta temas sensibles como la ley de extranjerización de tierras, la emergencia en discapacidad, el aumento de la pobreza y los mensajes de odio en las redes sociales, donde el presidente Milei tiene una gran presencia, mediante insultos y descalificaciones a periodistas, políticos opositores y artistas que no comulgan con las decisiones económicas de su gestión, ni con sus formas, ni con sus miradas sobre la política doméstica.

Este lunes la Pastoral Social de la Comisión Episcopal emitió un comunicado con el título “Por la defensa de nuestro territorio y el cuidado de nuestra soberanía”, en el que hizo referencia a la decisión de la Corte Suprema de dejar vigente el DNU 70/2023, que en su artículo 154 derogaba la ley de tierras, lo que permitía la venta de tierras a extranjeros sin límites.

“Queremos manifestar nuevamente nuestra preocupaciónante la posibilidad de una venta sin límites de tierras a extranjeros”, indicaron en el comunicado, que alcanzó mayor impacto cuando fue publicado en sus redes sociales por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En el mismo mensaje, advirtieron: “Apelamos a la responsabilidad de nuestros legisladores, autoridades del poder ejecutivo y funcionarios de la justicia para que velen por la defensa de nuestra tierra y el cuidado de nuestra Nación que está en directa relación con el bienestar de la población del país”.

La controversia es clara y marcada. El cuestionamiento expresado al principio de esta semana no fue el único. Un puñado de meses atrás, cuando el gobierno de Milei había impulsado el tratamiento del proyecto de ley, la Pastoral Social ya había marcado su rechazo al considerar que la iniciativa “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.

Este lunes representantes de la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se reunieron con representantes del gobierno en el ministerio de Salud con el objetivo de plantear su preocupación por la continuidad de las prestaciones en las instituciones y organismos sociales que trabajan con los discapacitados.

La recepción y el diálogo abierto por parte del gobierno fue una señal positiva para descontracturar la relación. Sin embargo, los representantes de la CEA dejaron en claro que con la buena voluntad no alcanza. “Es un gesto, pero los gestos solos no alcanzan. Los gestos se traducen en realidades. Los gestos no alcanzan, como dice el dicho: ‘De buenas intenciones está hecho el camino del infierno’”, aseguró María Baya Casal, coordinadora de la mesa de discapacidad, después de la reunión.

Aún más duro fue el coordinar del Foro de Discapacidad, el sacerdote Pablo Molero, de larga experiencia en ese ambiente. “No tienen que pedir ninguna documentación como pidieron. No tienen que pedir nada. Lo único que tienen que hacer es cumplir con lo que la ley manda y nada más. Entender lo que se está planteando. Uno le lleva la realidad y te piden papeles. Pero después no cumplen. Y saben bien lo que pasa. Ellos generaron la dificultad. No hagan las cosas porque viene el Papa, sino porque la gente lo necesita. Acá el Papa no es el importante, es la gente”, sentenció en una entrevista con FutuRock.

Unos días más atrás, durante la celebración por el día de la Virgen de Luján, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dejó un mensaje flotando que pareció estar dirigido a Balcarce 50. “Nuestra Patria tiene muchos abrazos pendientes: abrazos de perdón ante tanta descalificación e insulto; abrazos solidarios ante tanta indiferencia”, expresó en una homilía que tuvo contenido un cotenido político indisimulable.

“Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal supuran y parece que se está infectando el corazón del pueblo”, sostuvo García Cuerva, que está apuntado por el gobierno nacional debido a sus reiterados cuestionamientos sobre las políticas libertarias. De todas formas, el gobierno nacional habla, mayoritareamente, en off the record sobre lo que le molesta de la Iglesia. No es un rival que al que insulte, cuestione o intente vencer. Ni a través de la voz de Milei, ni la de ningún otro funcionario de primera línea.

En algunos sectores eclesiásticos creen que esa decisión del oficialismo está atada a qued dentro del universo de votantes mileistas, hay una porción importante que es católica y que tiene un respeto especial, además de una identidad marcada, sobre la Iglesia como institución. A la luz de los hechos, es extraño que Milei, que se enfrenta, sin restricciones, contra todo aquel que lo cuestiona, no diga nada respecto a los cuestionamientos de los principales exponentes del catolicismo en la Argentina.

En la previa de la procesión García Cuerva había dejado un mensaje destinado a toda la política, porque advirtió que atravesaba los gobiernos, pero que fue imposible no decodificar en clave actual. “Al Papa lo espera una Argentina en crisis, con una gran cantidad de hermanos muy pobres”, indicó.

El mensaje llegó algunos días después de que los datos del INDEC registraran un marcado aumento de la pobreza y la indigencia, números que están en el vértice de la agenda de la Iglesia y que hace tiempo que despiertan una creciente preocupación. En la Casa Rosada están molestos con García Cuerva, pero evitan concretar una avanzada contra la cúpula eclesiástica.

En el último Tedeum García Cuerva fue muy crítico de la gestión libertaria. “Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo, como decía Francisco”. También sostuvo que nadie es “descartable” y llamó a “ser solidarios con el dolor ajeno”. Todos mensajes que fueron generando diferentes picos de tensión en la relación con la Casa Rosada.

En la Iglesia descartan de plano la posibilidad de que el papa León XIV se meta en la política doméstica, pero saben que seguirá la línea de mensajes, sin destinatarios precisos, que han venido dando los sacerdotes con más renombre dentro del esquema eclesiástico nacional.

El Gobierno bonaerense aún no puede avanzar en la Legislatura con la votación de dos proyectos de ley propios destinados a la integración del sistema de salud bonaerense y la puesta en marcha de un laboratorio de producción de medicamentos, a partir de la creación de una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal. Es que este martes, el Senado bonaerense llevó adelante su cuarta sesión ordinaria y si bien los proyectos contaban con dos despachos de comisión, el peronismo no logró juntar los dos tercios necesarios para votar sobre tablas dichas iniciativas.

No es la primera vez que el oficialismo trabaja sobre estos proyectos e intenta aprobarlos. El año pasado, las mismas iniciativas perdieron estado parlamentario luego de haber sido aprobadas en Diputados. Este martes, para avanzar con los proyectos se requerían los dos tercios para habilitar el tratamiento, un número que en la previa se sabía que no alcanzaría. Entonces lo que se acordó previamente fue que los textos fueran ingresados en el orden del día de la siguiente sesión. Allí, con mayoría simple, los proyectos sí podrían avanzar. Sin embargo, la dilación genera cierto tedio en el Poder Ejecutivo. Asoman algunas garantías de que cuando se vuelva a sesionar en la Cámara alta, los proyectos avancen con los votos del peronismo. En principio, Fuerza Patria tiene quórum propio.

Sin la votación de los dos proyectos de ley referidos a la agenda de salud, el Senado aprobó este martes la Ley Ema con modificaciones que obligarán a una nueva votación en la Cámara de Diputados. Además, convirtió en ley la incorporación de la educación emocional en las escuelas, otorgó una licencia a Guillermo Montenegro para que deje su banca y vuelva a la intendencia de Mar del Plata, y giró a Diputados un proyecto para garantizar el suministro prioritario de gas natural comprimido (GNC) a servicios esenciales.

En principio, la Ley Ema crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, denominado Programa EMA. El texto unificó las iniciativas de las legisladoras de Fuerza Patria, Laura Clark y Mayra Mendoza, tras el trabajo de las comisiones de Educación y de Legislación General. El proyecto tuvo modificaciones y volvió a Diputados para su sanción definitiva. La propuesta surgió por impulso de Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk, la adolescente de Longchamps que tenía 15 años y se quitó la vida 24 horas después de que un compañero de escuela difundiera un video íntimo suyo sin consentimiento. El proyecto apunta a prevenir situaciones similares con mecanismos de detección, acompañamiento y formación dentro del sistema educativo.

Clark explicó que el acuerdo con la familia de Ema, la autora del proyecto y su equipo permitió reunir las dos iniciativas en un solo dictamen. “Queremos que la Ley Ema trascienda en la provincia de Buenos Aires y que se apruebe lo más completa posible”, sostuvo. Como el Senado introdujo cambios, Diputados deberá revisar nuevamente la redacción antes de la sanción definitiva. El tratamiento avanzó tras un entendimiento entre el peronismo y los bloques opositores para acelerar expedientes que ya contaban con media sanción en alguna de las cámaras. Como contó Infobae, el acuerdo se definió en una reunión organizada por Sergio Berni, titular del bloque peronista en la Cámara alta, para evitar que los proyectos quedaran demorados.

El articulado aprobado este martes incorpora el objetivo de garantizar una convivencia digital segura y suma contenidos de ciudadanía digital a la Ley de Educación bonaerense. También prevé la actualización de protocolos y capacitaciones para intervenir ante situaciones que afecten a estudiantes.

La norma define como violencia digital a las conductas realizadas mediante tecnologías que provoquen daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales contra niños, niñas y adolescentes.

La capacitación para docentes, personal no docente, directivos y equipos de orientación escolar será obligatoria y continua, con el propósito de facilitar la detección temprana y una intervención adecuada. Durante el debate, Clark afirmó que el caso de Ema expuso la falta de recursos para las instituciones y las familias. “Ella fue víctima de violencia digital de género y de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Ni la escuela, ni la familia, ni Ema tuvieron herramientas para poder acompañar”, señaló.

Clark también señaló que la aplicación de la ley no tendrá impacto en el presupuesto provincial, ya que coordinará acciones y recursos previstos en normas y dispositivos vigentes, como la Educación Sexual Integral, la Ley de Protección y Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la guía escolar para situaciones conflictivas y de vulneración de derechos.

La senadora bonaerense Mónica Macha, impulsora de un proyecto de Ley Ema en el Congreso, recordó que su iniciativa pasó por dos comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, aunque permanece en la comisión de Presupuesto. También destacó que, antes de la redacción de la norma, se elaboró una guía de prevención para escuelas y clubes. “No tiene una instancia punitivista; hay una sanción, pero debe estar en la línea de las políticas reparatorias y construirse de modo comunitario”, expresó.

El Senado también convirtió en ley el proyecto de la diputada del Frente Renovador Luciana Padulo para incorporar educación emocional en los niveles inicial, primario y secundario. La norma modifica los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Provincial de Educación 13.688. Diputados le había dado media sanción en noviembre de 2025.

La legislación suma contenidos sobre autoconocimiento, autorregulación emocional, habilidades sociales y empatía. En primaria se incorporarán recursos vinculados con el autoconocimiento, las habilidades sociales y la empatía. Para secundaria, la norma prevé herramientas destinadas a potenciar las competencias emocionales, con atención especial a la salud mental de los adolescentes. La Dirección General de Cultura y Educación deberá definir los lineamientos pedagógicos para aplicar la ley. Durante la sesión, la senadora del Frente Renovador Malena Galmarini pidió una implementación rápida y sostuvo que la escuela debe continuar como “segunda casa” para los estudiantes, ante los índices de suicidio adolescente.

La Cámara alta también giró a Diputados un proyecto del senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, del bloque Hechos, para garantizar el suministro continuo y prioritario de GNC a vehículos de servicios esenciales. La propuesta incluye la creación de carriles preferenciales de acceso y carga rápida en las estaciones de servicio que expendan ese combustible. La prioridad alcanzaría a ambulancias públicas y privadas, transportes de bomberos estatales o voluntarios, patrulleros de las fuerzas de seguridad provinciales, transportes escolares registrados, colectivos del servicio público de pasajeros, taxis y remises habilitados. También podrán acceder otros vehículos que, en situaciones de contingencia, sean considerados esenciales.

El proyecto dispone que los vehículos beneficiados cuenten con obleas o calcomanías oficiales para facilitar su identificación. Las estaciones de servicio tendrán un plazo de 90 días desde la reglamentación de la eventual ley para implementar el carril preferencial y colocar señalización visible. “Del abastecimiento rápido de estos vehículos depende, por ejemplo, la respuesta inmediata de una ambulancia ante un llamado de urgencia o el patrullaje preventivo de las fuerzas policiales”, afirmó Leguizamón.

Con la licencia de Montenegro, su banca será ocupada por María Luján Fiego, dirigente de Tandil vinculada al presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Integró la lista libertaria por la Quinta sección electoral en 2025 y quedó como primera suplente después de que la nómina obtuviera tres de las cinco bancas en disputa.