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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su país ejerce el control total del estrecho de Ormuz, en contradicción con la posición de Irán, que mantiene bloqueada esta vía marítima estratégica desde mediados de julio.

“Ya está abierto. El único que controla el estrecho de Ormuz en este momento es la Armada de Estados Unidos”, declaró el mandatario ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump reconoció que Irán coloca minas navales de forma esporádica, pero sostuvo que las fuerzas estadounidenses han desminado por completo el paso y que su país lo controla “al 100%”. Añadió que, cuando Teherán deja alguna mina en el agua, la Armada la localiza y neutraliza sin que ello afecte la circulación de buques.

Las palabras del presidente contrastan con la posición oficial iraní, reiterada el pasado fin de semana. El régimen sostiene que el estrecho seguirá cerrado hasta que Washington cumpla una serie de condiciones políticas, con independencia de los avances técnicos que negocia con Omán para establecer nuevas rutas de navegación.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, señaló que ese entendimiento con Mascate se encuentra en su “fase final” y definiría las rutas que podrían usar los buques una vez satisfechas las demás exigencias de Teherán. Entre ellas figuran el levantamiento del bloqueo naval, el fin de las sanciones económicas, la liberación de activos iraníes congelados en el exterior y una compensación por los daños causados por la guerra.

A esas condiciones se sumó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohamad Baqer Zolqadr, quien exigió también el cese de las “amenazas militares” contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, además de la retirada de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región. “Estas son las demandas del pueblo iraní”, afirmó, y advirtió que su país “nunca cederá” ni en el terreno militar ni en la mesa de negociación.

El conflicto se remonta al 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán con el argumento de impedir que Teherán desarrollara un arma nuclear. La guerra derivó pronto en una disputa por el control del estrecho de Ormuz, paso por el que circulaba antes del bloqueo cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado que se comercia en el mundo. Un alto el fuego temporal negociado en abril con mediación de Pakistán no impidió que las hostilidades se reanudaran semanas después.

El pulso diplomático se agravó tras la denuncia de Emiratos Árabes Unidos, que acusó a Irán de atacar un buque cisterna de la petrolera estatal ADNOC en el estrecho. Omán, país ribereño que media entre ambas partes, calificó de “positivas” las conversaciones con Teherán, aunque advirtió que los ataques a embarcaciones podrían afectar la negociación en curso.

Trump respondió el lunes a las exigencias iraníes a través de su red social Truth Social, donde adelantó que reclamará a Irán una compensación por “abusos cometidos en el pasado” y una indemnización para las familias de manifestantes reprimidos por el Estado. La postura estadounidense diverge así de la iraní no solo en el diagnóstico sobre quién controla Ormuz, sino en la dirección misma de las reparaciones de guerra que ambos países se exigen mutuamente.

La disputa por el estrecho seguirá marcando el ritmo de las negociaciones en las próximas semanas. Mientras Washington insiste en que la vía está despejada y operativa, Teherán condiciona cualquier normalización del tráfico marítimo a un giro político que la Casa Blanca no ha mostrado disposición a dar, lo que mantiene en vilo a los mercados energéticos globales.

Un incendio forestal registrado este lunes en Kouvaras, al sureste de Atenas, obligó a evacuar varios sectores residenciales mientras los equipos de emergencia trabajaban para impedir que las llamas avanzaran hacia zonas habitadas. El fuego, que comenzó durante la mañana, fue controlado después de varias horas de operaciones terrestres y aéreas, aunque las autoridades mantuvieron desplegados efectivos debido a las condiciones meteorológicas adversas.

El siniestro comenzó alrededor de las 08:00 hora local y rápidamente adquirió intensidad debido a las ráfagas de viento, que alcanzaron aproximadamente 70 kilómetros por hora. La combinación de temperaturas elevadas, vegetación seca y viento dificultó las tareas de extinción y aumentó el riesgo de que el fuego cambiara de dirección.

Ante la emergencia, los servicios de bomberos movilizaron cerca de 200 efectivos, unos 40 vehículos y medios aéreos destinados a atacar las llamas desde distintos puntos. La intervención permitió reducir la actividad del incendio pocas horas después de su inicio y evitar que se consolidara un frente de mayor extensión.

A primera hora de la tarde, las autoridades describieron la evolución como favorable. “No hay ningún frente activo, pero mantenemos nuestra presencia en la zona, donde las temperaturas siguen siendo elevadas y hay fuertes ráfagas de viento”, informó el servicio de bomberos.

Aunque la emergencia quedó contenida, el operativo no fue levantado. La permanencia de los equipos en el área responde a la posibilidad de que aparezcan nuevos focos o que las llamas vuelvan a ganar fuerza si aumentan nuevamente las ráfagas. En este tipo de incendios, los puntos calientes pueden reactivarse incluso después de que desaparezca el frente principal.

El fuego también provocó daños materiales. Un almacén perteneciente a una explotación ganadera quedó destruido, mientras que las evacuaciones preventivas afectaron a residentes de distintas áreas próximas al incendio. No se informó inicialmente de víctimas mortales relacionadas con este episodio.

La situación se produjo en una jornada en la que buena parte de Grecia permanecía bajo un nivel elevado de peligro de incendios. En la región de Ática, donde se encuentra Atenas, las temperaturas podían alcanzar los 37 grados Celsius. La autoridad de Protección Civil griega mantiene durante la temporada de incendios un sistema diario de evaluación del riesgo y ha situado a distintas regiones del país bajo niveles elevados de vigilancia.

El episodio ocurre además pocos días después de otro incendio de grandes proporciones registrado en las proximidades de la capital. Ese siniestro, alimentado por vientos mucho más intensos, tardó varios días en quedar controlado y afectó una extensa superficie de pinares, matorrales y terrenos agrícolas.

Las condiciones meteorológicas han convertido al viento en uno de los principales factores de riesgo para las operaciones de emergencia. Las ráfagas pueden acelerar la propagación de las llamas, transportar partículas incandescentes y generar focos secundarios a distancia del incendio original, complicando el establecimiento de líneas de contención.

Ática enfrenta además un historial reciente de incendios de gran magnitud. Los datos citados por especialistas muestran que una proporción considerable de la superficie forestal de la región se ha quemado durante la última década, con una afectación todavía mayor en Ática Occidental.

El nuevo incendio de Kouvaras vuelve a colocar a las autoridades ante un escenario de vigilancia permanente: aunque las llamas fueron contenidas, el calor y el viento obligaron a mantener recursos de emergencia en el terreno para responder rápidamente ante cualquier reactivación.

Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto de ley que busca regular los créditos que las billeteras virtuales ofrecen a personas que cobran prestaciones de la ANSES y establecer límites a las condiciones de esos préstamos. La iniciativa, que lleva la firma de otros 26 diputados, apunta a evitar situaciones de sobreendeudamiento y contempla medidas específicas para proteger ingresos de carácter alimentario como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

En diálogo con Gonzalo Aziz, Gustavo Lazzari y Malena de los Ríos en Infobae al Regreso, Tolosa Paz explicó que la propuesta apunta a que el Banco Central establezca parámetros para las tasas de interés, los montos y los plazos de los créditos otorgados por las fintech. También plantea modificar los criterios utilizados para evaluar a los solicitantes y evitar que las prestaciones sociales sean utilizadas como garantía o mecanismo de cobro automático.

La diputada aseguró que el objetivo no es restringir el acceso al financiamiento de los sectores de menores ingresos. “No decimos cortar el crédito, todo lo contrario: es la persona que más lo necesita para llegar a fin de mes”, afirmó. Según explicó, la iniciativa busca establecer condiciones que permitan acceder a préstamos sin que el costo financiero comprometa una parte significativa de los ingresos destinados a cubrir necesidades básicas.

El proyecto busca regular las tasas y los algoritmos de las fintech

Uno de los principales puntos de la propuesta es establecer un marco de referencia para las tasas de interés. Según explicó Tolosa Paz, el proyecto plantea tomar como referencia las condiciones ofrecidas por la banca pública y privada para evitar que los beneficiarios de prestaciones sociales enfrenten costos financieros desproporcionados.

La legisladora también cuestionó los criterios utilizados por las fintech para determinar el riesgo crediticio de cada usuario. “El algoritmo de las fintech trabaja sobre una valoración negativa de quien es informal y no tiene ingresos registrados, pero no considera la regularidad de la AUH o las becas Progresar como garantía positiva”, sostuvo.

En ese sentido, la iniciativa propone que la percepción regular de ingresos provenientes de la ANSES sea considerada favorablemente al momento de evaluar una solicitud de crédito. La intención es que la continuidad de esos ingresos forme parte de los parámetros utilizados para determinar tanto el acceso al financiamiento como sus condiciones.

Tolosa Paz relató que realizaron una comparación para analizar las diferencias en el costo de los préstamos según el perfil del solicitante. “Hicimos una prueba en un barrio donde una beneficiaria de la AUH enfrentaba un costo financiero del 477% frente al 38% que me ofrecían a mí, con empleo registrado”, contó.

Para la diputada, esa diferencia está vinculada con los criterios utilizados por los sistemas automatizados de evaluación crediticia, que pueden considerar el empleo informal como un factor de riesgo sin ponderar de la misma manera la regularidad de una prestación estatal.

La protección de la AUH y otras prestaciones sociales

El segundo eje de la iniciativa apunta a impedir que las cuotas de los préstamos sean cobradas automáticamente sobre prestaciones sociales. El proyecto contempla la protección de ingresos como la AUH, la Asignación por Embarazo y otras prestaciones de carácter alimentario.

Tolosa Paz sostuvo que esos recursos tienen una finalidad específica y que no deberían quedar sujetos a mecanismos de débito directo por parte de las empresas que otorgan créditos.

“El Estado pone ese dinero para alimentar a los niños y no puede terminar en manos de las fintech por débito directo”, afirmó.

La diputada sostuvo que el Banco Central podría avanzar con una regulación en ese sentido y mencionó como antecedente el sistema implementado en Brasil con el programa Bolsa Familia.

Además, el proyecto plantea establecer límites para los montos y los plazos de los préstamos. Según explicó Tolosa Paz, la regulación debería contemplar la capacidad de pago de quienes reciben prestaciones sociales para evitar que asuman obligaciones difíciles de afrontar con sus ingresos mensuales.

Tolosa Paz advirtió por el nivel de endeudamiento

Durante la entrevista, la diputada expuso los datos que, según sostuvo, muestran la dimensión del fenómeno. Afirmó que alrededor de 1,1 millones de personas cobran sus prestaciones a través de fintech y estimó que ese movimiento representa unos USD 270 millones mensuales, aproximadamente USD 3.200 millones al año.

“Ese dinero ingresa al sistema, rinde al 20% anual, pero a la misma persona le prestan al 477%”, cuestionó. A partir de esos números, Tolosa Paz planteó que el acceso al crédito debería mantenerse, pero bajo condiciones que considere razonables para los sectores de menores ingresos.

“Lo que parece una solución termina siendo una cadena de sobreendeudamiento que nadie mira”, sostuvo. La legisladora también señaló que la discusión no debería limitarse a los nuevos préstamos, sino incluir a las personas que ya contrajeron deudas bajo las condiciones actuales.

Qué propone hacer con las deudas ya contraídas

Consultada sobre el stock de deuda existente, Tolosa Paz sostuvo que el Estado podría implementar mecanismos para aliviar la carga mensual de las familias sin asumir directamente el pago de las obligaciones.

Entre las alternativas mencionó la posibilidad de extender los plazos y mejorar las condiciones de los créditos, incluso mediante herramientas como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. “No se trata de pagar la deuda, sino de permitir que las familias aplanen su curva de endeudamiento y accedan a mejores términos”, explicó.

La propuesta contempla así dos frentes: establecer nuevas reglas para los créditos que se otorguen a futuro y generar mecanismos que permitan mejorar las condiciones de quienes ya se encuentran endeudados.

La denuncia contra Caputo y su definición sobre la provincia de Buenos Aires

Durante la entrevista, Tolosa Paz también cuestionó la política económica del Gobierno y afirmó que presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Nación por el manejo del fideicomiso SISVIAL.

Según sostuvo, una parte de los recursos no estaría llegando al destino previsto y reclamó que las herramientas financieras del Estado sean utilizadas para promover la producción y el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas.

Sobre el escenario político bonaerense, la diputada fue consultada por una eventual candidatura a gobernadora. Tolosa Paz evitó confirmar formalmente si será precandidata, aunque aseguró que participará de la disputa política.

“Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el peronismo vuelva a gobernar la provincia de Buenos Aires y la Argentina”, afirmó.

Aziz le preguntó entonces por la posibilidad de una nueva competencia electoral contra Diego Santilli. “Algunos quieren la revancha Santilli-Tolosa Paz. Vamos a esperar quién es el candidato opositor y capaz tenemos revancha”, respondió.

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YPF alcanzó en el segundo trimestre de 2026 el mayor resultado operativo de su historia, con un margen del 43% sobre los ingresos y una utilidad neta de USD 1.205 millones, la segunda cifra más alta registrada por la empresa. Además, un Ebitda –siglas en inglés para beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones– ajustado de USD 2.804 millones, el valor más alto en sus registros.

“Cabe resaltar que el trimestre de mayor utilidad neta corresponde al Q3 del año anterior. El Ebitda del trimestre creció 150% respecto al año anterior, impulsado por el continuo crecimiento de la producción de shale, la reducción en los costos de extracción, los niveles récord de procesamiento, la continua optimización y eficiencia operativas y la dinámica alcista de precios. Durante el trimestre, YPF implementó un esquema de buffer temporal de precios de naftas y gas oil por el cual no trasladó al surtidor el impacto completo de la suba de precios internacionales”, detalló la empresa que preside Horacio Marín.

Desde la empresa atribuyeron este desempeño a un crecimiento sostenido de la producción en Vaca Muerta, mejoras en la eficiencia interna y una política de precios que priorizó la competitividad.

El documento remarca que “la utilidad neta más alta de la historia corresponde al tercer trimestre del año anterior”, aunque el segundo trimestre de 2026 consolida el camino ascendente de la petrolera.

La producción de petróleo shale promedió 213.000 barriles diarios, lo que implica un incremento del 47% respecto del mismo período de 2025. YPF anticipó que, para finales de este año, espera llegar a los 250.000 barriles diarios de shale, apoyada en proyectos estratégicos como Loma La Lata Oil, presentado en mayo ante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La inversión anunciada para este desarrollo asciende a 25.000 millones de dólares.

En materia de inversiones, la compañía destinó USD 1.340 millones durante el segundo trimestre, un 16% más que el año pasado. De ese total, el 77% se orientó a la actividad no convencional, con foco principal en Vaca Muerta. El comunicado remarca que se prevé una aceleración en la segunda mitad del año, lo que acompañaría el aumento proyectado de la producción de shale.

El segmento de Downstream (venta de combustible y refinación de petróleo) también entregó resultados históricos. Las refinerías de YPF alcanzaron un récord de procesamiento, con 351.000 barriles diarios y una utilización del 104 por ciento. Este desempeño permitió registrar máximos en la producción de naftas y gas oil. La petrolera señaló que esto facilitó “evitar importaciones, abastecer a refinadores locales y exportar excedentes a países de la región”. Las ventas de combustibles aumentaron un 10% en volumen respecto al año anterior, consolidando una participación de mercado del 59% en el trimestre.

Durante este período, YPF implementó un esquema temporal de buffer de precios para naftas y gas oil, con el objetivo de no trasladar al surtidor la totalidad del impacto por la suba de precios internacionales.

El avance del Oleoducto VMOS representa otro de los hitos del trimestre, con más del 77% de la obra ejecutada al cierre de junio de 2026. Se prevé que tanto el nuevo oleoducto como su terminal inicien operaciones de exportación de crudo a comienzos del año próximo.

En línea con su estrategia de foco en los recursos no convencionales, YPF continuó el proceso de venta de activos convencionales considerados no estratégicos. El jueves 6 de agosto, la empresa acordó desprenderse de dos grupos de áreas en la provincia de Mendoza por un monto cercano a los 400 millones de dólares. Una vez concretada la operación, el 95% de la producción de la compañía en Vaca Muerta responderá a la lógica no convencional, con lo que la empresa quedará cerca de su meta de transformarse en una operadora integrada de este segmento.

La generación de flujo de caja libre fue de 824 millones de dólares, posicionándose como el tercer mejor registro histórico. El informe aclara que esta cifra incluye un efecto extraordinario derivado de la compra de activos de Equinor en Vaca Muerta. Excluyendo este efecto, la generación de caja hubiese alcanzado los 1.000 millones de dólares. “Esto demuestra el sólido desempeño operativo y financiero alcanzado durante el trimestre”, señala el comunicado.

El cierre del segundo trimestre permitió a YPF mostrar una liquidez récord de casi 2.500 millones de dólares y reducir su ratio de endeudamiento neto a 1,09 veces, el nivel más bajo en los últimos 11 años.

En el plano operativo y de inversiones, el 77% de los fondos desembolsados se destinó a la actividad no convencional, con foco especial en Vaca Muerta, lo que refuerza el giro estratégico de la empresa hacia el desarrollo de este tipo de recursos. El comunicado subraya que se espera “una aceleración importante durante la segunda mitad del año, en línea con el crecimiento de la producción de petróleo shale”.

En cuanto a la política comercial, la compañía decidió “no trasladar al surtidor el impacto completo de la suba de precios internacionales” durante el trimestre, aplicando un esquema temporal de amortiguación de precios para naftas y gas oil.

La venta de activos convencionales en Mendoza, por aproximadamente 400 millones de dólares, y la compra de activos de Equinor en Vaca Muerta, marcan un trimestre de movimientos estratégicos en el portafolio de la compañía.

Un ataque contra la refinería de Zawiya, la principal de Libia, provocó este lunes un incendio de gran magnitud y el colapso de un tanque con 4,5 millones de litros de gasolina, en un episodio que volvió a golpear una infraestructura clave para el abastecimiento energético del oeste del país. El complejo, situado a unos 45 kilómetros de Trípoli, tiene capacidad para procesar 120.000 barriles por día y ya había sido alcanzado por otra agresión durante el fin de semana.

La Corporación Nacional de Petróleo de Libia (NOC) informó que el depósito afectado fue el tanque 402-T, perteneciente a la Compañía de Petróleo Brega, destinado al almacenamiento de gasolina. De acuerdo con la entidad, el tanque fue blanco de un impacto directo que desató un fuego severo antes de que la estructura se desplomara por completo, lo que agravó el riesgo dentro de una de las áreas más sensibles del complejo industrial.

Los equipos de emergencia fueron movilizados de inmediato para intentar controlar las llamas y evitar que el siniestro alcanzara otros puntos de almacenamiento. La Compañía de Petróleo Brega indicó que “se están realizando operaciones de enfriamiento de los tanques adyacentes para evitar la propagación del incendio”.

Hasta el momento no había confirmación oficial sobre muertos o heridos. Tampoco se había precisado el mecanismo utilizado en la agresión. La administración de la refinería emitió un llamado urgente para frenar cualquier actividad armada cerca del complejo y pidió alejarse de inmediato de las instalaciones petroleras y de los depósitos de combustible mientras continuaban las tareas de contención.

En ese mismo mensaje, la dirección de la planta remarcó el valor estratégico de la infraestructura atacada. “Las instalaciones petroleras son infraestructuras vitales y pertenecen a todos los libios”, señaló la empresa, que además advirtió que la protección de esos activos constituye una obligación nacional. La declaración fue difundida en medio de la preocupación por la reiteración de ataques sobre instalaciones energéticas en el oeste del país.

El episodio se produjo dos días después de otra ofensiva contra la misma refinería. Según la información oficial difundida entonces, un dron impactó sobre un tanque de nafta y también sobre una planta desalinizadora de agua ubicada dentro del mismo complejo. Ese hecho causó daños materiales, aunque no dejó víctimas, y abrió un nuevo frente de alarma sobre la seguridad de una instalación decisiva para el sistema energético libio.

La NOC declaró el estado de emergencia y reclamó una investigación para determinar quiénes estuvieron detrás del ataque de este lunes y de los incidentes previos. A su vez, el Consejo Municipal de Zawiya ya había exigido una pesquisa urgente tras la agresión del sábado, con el objetivo de identificar tanto a los autores directos como a los responsables de planificar la acción.

Las autoridades locales también reclamaron medidas de seguridad adicionales para resguardar las infraestructuras consideradas vitales en Zawiya, una ciudad expuesta de forma periódica a choques entre milicias y grupos armados. Los representantes municipales advirtieron que dejar esas instalaciones sin protección suficiente expone no solo a los trabajadores del sector, sino también a las áreas residenciales cercanas.

El nuevo ataque ocurrió en un contexto de tensión persistente en el oeste de Libia, donde facciones armadas vinculadas al Gobierno de Unidad Nacional (GUN) mantienen enfrentamientos frecuentes, sobre todo en zonas próximas a la capital.

El primer ministro Abdulhamid Dbeibah, jefe del gobierno asentado en Trípoli, mantuvo este lunes una reunión con funcionarios de seguridad y mandos de grupos armados para seguir la evolución de la situación. Según la versión oficial, durante ese encuentro remarcó “la necesidad de actuar con firmeza frente a cualquier acción que amenace la seguridad o dañe instalaciones y servicios vitales”.

Libia cuenta con las mayores reservas de petróleo de África, pero permanece atravesada por una crisis política y militar desde la caída de Muamar Gadafi en 2011.

El gobernador Hugo Passalacqua concluyó el movimiento de pinzas sobre su ex socio y actual adversario Carlos Rovira. Primero se quedó con los intendentes. Luego sumó una de las dos bancas en el Senado de la Nación. El paso siguiente fue atraer a la mayoría de los representantes en la Legislatura provincial.

En esta última jugada, Passalacqua se quedó con 15 oficialistas y sumó a dos que llegaron por otros espacios. Una es Rita Flores, que ingresó en 2025 por la lista del ex cabecilla del levantamiento policial Ramón Amarilla. El otro es Juan Alberto Ahumada, que llegó a la Cámara tras la renuncia de Pedro Puerta, el hijo del exgobernador y presidente temporal Ramón Puerta.

La maniobra lo deja con 17 de las 40 bancas de la Cámara.

El pase de la senadora Sonia Rojas Decut redondeó la faena. En plena sesión por la ley de tierras, la senadora emitió un comunicado en el que informó que formaría un monobloque. Se llamará Movimiento por Misiones (MPM). “Estoy a disposición para llevar la voz del Gobierno de mi provincia al Congreso de la Nación”, expresó en el escrito.

La frutilla del postre será que el diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, ex gobernador, también salte a las filas del mandatario. En Posadas toman este movimiento como un hecho consumado al que solo resta ponerle fecha. Hasta lo imaginan candidato a intendente de la capital. Su compañero en la bancada “Innovación Federal”, Alberto Arrúa, lo acompañaría

Rovira quedó con poco. Casi nada. En el Congreso, aún conserva un resto de lealtad en el senador Carlos Arce. Y en dos diputados cuyo futuro aún es incierto: Yamila Ruiz y Daniel Vancsik.

El próximo jueves 13 se retomarán las sesiones en la Legislatura unicameral misionera. No está confirmado que Rovira, representante con mandato hasta 2027, participe. Si lo hace, se verá rodeado por cuatro leales. El quinto es Sebastián Macías, que estará presidiendo la sesión. Su idea de gobernar desde la Cámara de Representantes se esfumó antes de terminar de perfilarse.

El pacto

La Casa Rosada tenía, hasta hace poco, un acuerdo con Rovira. Bajo el precepto de «gobernabilidad con gobernabilidad se paga», el hombre fuerte de la tierra colorada puso los votos para acompañar todas las políticas de Balcarce 50. El nuevo esquema de poder misionero obligará a barajar y a dar de nuevo.

El Jefe de Gabinete, Diego Santilli, estará el miércoles en Posadas. Participará del encuentro de gobernadores del Norte Grande. El ámbito reúne a las 10 provincias del NEA y del NOA.

Santilli tendrá que aprovechar el viaje. Tiene buen diálogo con Passalacqua. Es algo que en el entorno del mandatario misionero siempre destacan. Sobre esa base deberá recrear las condiciones de un nuevo pacto. Solo así el Gobierno podrá seguir contando con los votos misioneros en un Congreso con el «poroteo» cada vez más ajustado.

La reacción libertaria

En paralelo a estos sucesos, La Libertada Avanza (LLA) de Misiones lanzó días atrás un espacio para la formación de dirigentes. El objetivo es formar cuadros que permitan ocupar lugares en la Administración Pública. La meta es ganar las elecciones del año próximo.

En el evento, Adrián Núñez, presidente del partido a nivel provincial, anunció: “Hoy se lanza formalmente la carrera para gobernar la provincia de Misiones para LLA”.

En las gateras de esa competencia por alcanzar «La Rosadita» (como se conoce a la sede del gobierno misionero) está el propio Núñez, actual diputado provincial. También el extenista y diputado nacional Diego Hartfield. No se sacan diferencias entre sí, por ahora. En LLA evalúan que en la decisión final sobre cuál de los dos encarnará la postulación pesará la preferencia de Karina Milei.

El espacio libertario viene de lograr dos resultados electorales históricos. En las legislativas provinciales del año pasado, realizadas en junio, quedó segundo a pocos puntos del oficialismo. Allí estuvo la génesis de la ruptura entre Passalacqua y Rovira. En octubre la tendencia se acentuó y LLA terminó imponiéndose.