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El gobierno de Javier Milei anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación se basa en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona.

Según pudo saber Infobae, la demanda se realizará en la Cámara Federal porteña y estará a cargo del canciller, Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La acción alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

El texto oficial sostiene que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion. Para la Casa Rosada, esas autorizaciones implicarían una vulneración de la normativa argentina sobre los recursos naturales situados en torno a las islas Malvinas.

La acusación no se limitará a las sociedades mencionadas. El Gobierno indicó que incluirá a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos bajo investigación.

La Ley 26.659 establece sanciones para quienes realicen exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la autorización de las autoridades nacionales.

La Oficina del Presidente afirmó que la medida busca “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina” sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El Gobierno también señaló que continuará con las acciones que considere necesarias ante posibles actividades que afecten los derechos soberanos argentinos sobre esos territorios y sus recursos.

El anuncio sobre la denuncia estuvo acompañado por una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos vinculados con la seguridad nacional.

La iniciativa presupuestaria deberá llegar al Congreso el próximo 15 de septiembre. De acuerdo con el comunicado, la decisión apunta a “asegurar la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina”.

El viernes pasado, el Gobierno había anunciado que la Cancillería abrirá procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas, entre las que se encuentran las que serán denunciadas penalmente, por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en una decisión que busca frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer la respuesta argentina frente a operaciones que considera ilegítimas en un territorio bajo disputa de soberanía.

Desde la administración libertaria indicaron que el procedimiento alcanzará “no sólo” a empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, sino también a sus accionistas y a firmas que les prestaron servicios. La misma dependencia sostuvo: “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”.

La decisión oficial parte de la presunta violación del artículo 2° de la Ley 26.659, que prohíbe actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización de la autoridad argentina competente. La administración nacional informó que investigará cada caso y que aplicará sanciones si comprueba el incumplimiento.

El anuncio se conoció horas después de la cadena nacional en la que Milei ratificó el reclamo argentino sobre las islas y cuestionó de forma directa el avance de Sea Lion, un yacimiento ubicado en la Cuenca Malvinas Norte que, si se concreta según lo previsto, sería el primero en producir crudo en aguas próximas al archipiélago. El emprendimiento es conducido por Navitas Petroleum con el 65% y por Rockhopper Exploration con el 35 por ciento.

El campo fue descubierto en 2010 y se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas, a 450 metros de profundidad en el lecho marino. A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa, un paso que en la industria implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras ya fueron completadas y que el proyecto fue considerado viable.

La Cancillería ya había rechazado en diciembre de 2025 esa decisión de inversión y había calificado a ambas firmas como licenciatarias ilegítimas por operar sin permisos nacionales. También sostuvo que toda exploración o explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa contradice las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Gobierno sigue con los avances en la construcción de la Base Naval Integrada que estará en Ushuaia y anunció que se priorizarán los fondos en el Presupuesto 2027 a fin de comenzar a desarrollar el proyecto. El presidente Javier Milei anunció la semana pasada que avanzará con la iniciativa en medio de la tensión por la soberanía de las Islas Malvinas.

En un nuevo comunicado de la Oficina del Presidente, se anunció que denunciará a cinco empresas que buscan extraer petróleo en el archipiélago disputado entre la Argentina y el Reino Unido. En esa línea, informaron de una instrucción para el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para que en la presentación del Proyecto de Presupuesto Nacional para el año que viene se tenga como prioridad los fondos para iniciar con el proyecto.

“El Presidente de la Nación firmó en el día de la fecha una instrucción presidencial dirigida al señor Ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, a fin de que se priorice, en la confección del Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2027, que deberá ser remitido al Honorable Congreso de la Nación el próximo 15 de septiembre, el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos que aseguren la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina”, señaló el comunicado.

Y añadieron: “Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”.

Así, instrucción presupuestaria firmada por Milei coloca a la Base Naval Integrada de Ushuaia en el centro de la estrategia de defensa del Gobierno. Concebido hace más de una década, el complejo tiene dos objetivos estratégicos que están estrechamente relacionados: aumentar la capacidad de presencia y control argentino en el Atlántico Sur y transformar a Ushuaia en una gran plataforma logística para proyectarse hacia la Antártida.

Ese segundo objetivo adquirió una importancia especial en la definición que hizo el Presidente durante su mensaje por cadena nacional. Milei planteó que el mundo atraviesa una acelerada reconfiguración geopolítica, advirtió que las grandes potencias competirán cada vez más por recursos estratégicos y sostuvo que “la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia”. Inmediatamente después, vinculó esa perspectiva con la necesidad de aumentar la capacidad de proyección argentina sobre el Atlántico Sur.

El Gobierno denuncia penalmente a cinco empresas por operar en Malvinas sin autorización nacional

La acción judicial estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Las firmas involucradas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Según el texto oficial, tres de ellas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en la zona, lo que, para la administración nacional, constituiría una violación de la normativa argentina vigente.

La acusación alcanza también a las personas físicas vinculadas a esas sociedades. El comunicado oficial precisó que la presentación incluirá a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos bajo investigación. La Ley 26.659 es el instrumento jurídico central: esa norma establece sanciones para quienes realicen actividades de exploración o explotación en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales competentes.

La denuncia penal se enmarca en una medida más amplia que el Gobierno había anunciado días antes. El viernes previo, la Cancillería informó que abriría procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.

Esa decisión busca frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer la respuesta argentina frente a operaciones consideradas ilegítimas en un territorio bajo disputa de soberanía. La administración libertaria indicó que el procedimiento no se limitará a las empresas con actividad directa en la zona, sino que también alcanzará a sus accionistas y a firmas que les prestaron servicios.

Las acciones y los bonos argentinos estuvieron negociados este lunes con una ligera tendencia negativa, en un marco de escasa liquidez en las operaciones por la falta de referencia de los índices de Wall Street.

Por el feriado del Día del Trabajo que se conmemoró en los Estados Unidos, este lunes no hubo negocios en los mercados de Nueva York. Incluso el viernes pasado ya se había observado en la Bolsa porteña que se adelantaron operaciones, pues se esperaba para hoy un recorte de los montos en juego.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió un 0,5% en pesos, a 3.034.599 puntos. Entre las acciones destacaron las bajas de IRSA (-2,3%) y Banco Macro (-2,1%). YPF subió un 0,2%, con el impuso de la suba de 0,8% en el precio del petróleo, en los USD 97 el barril de la variedad Brent del Mar del Norte en los contratos para noviembre, un máximo desde el 24 de julio.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- negociaron con una mínima baja promedio de 0,1%, aunque no se registró una variación en el índice de riesgo país de JP Morgan -en los 490 puntos básicos- debido al receso norteamericano.

Cohen Aliados Financieros reseñó que “el riesgo país perforó los 500 puntos básicos, mientras la baja de las tasas en pesos y la estabilidad cambiaria sostuvieron la mejora de los activos locales. Sin embargo, el menor ritmo de compras del Banco Central, la desaceleración de la liquidación del agro y la cercanía de las elecciones presidenciales mantienen abiertos los principales riesgos”.

“El sólido dato de empleo en EEUU y la escalada del petróleo reavivaron las expectativas de subas de tasas, mientras los rendimientos soberanos alcanzaron máximos de varios años y el fortalecimiento del yen sumó una nueva fuente de riesgo global. Al mismo tiempo, los resultados de Broadcom confirmaron la fortaleza de la inversión en inteligencia artificial, aunque la reacción del mercado mostró que las expectativas ya son muy exigentes”, añadieron desde Cohen.

Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil destacó que “el pico de mora ya quedó atrás y el Tesoro ya no renueva la totalidad de los vencimientos, facilita moderadamente mayor liquidez al sector privado. Además, bajaron las tasas, el riesgo país por debajo de 500, subió el petróleo y la soja (juega) a favor de una economía que pretende resurgir”.

“El mes arrancó con una volatilidad marcada que fue cediendo a medida que el equipo económico recalibró su estrategia. El riesgo soberano, que había mostrado subas abruptas perforó el umbral de los 500 puntos básicos”, reportó GMA Capital Research.

El equipo de Research de Adcap Grupo Financiero puntualizó que “el mercado llega a la semana en un equilibrio más constructivo, pero todavía frágil. La inflación esperada empieza a consolidarse más cerca de 1,7% mensual que de 2%, la caución se estabilizó en torno al 20% y la menor presión cambiaria permitió una mejor performance de las curvas en pesos, especialmente en CER”.

“Sin embargo, la clave será la licitación del viernes: si el Tesoro mantiene un menú corto y evita forzar duration, la curva debería sostener el buen tono reciente. En estrategia, seguimos viendo valor en el TMVE8, cuya cobertura cambiaria sigue luciendo barata: el TMVE8 opera con un margen de 7,1% sobre TAMAR, apenas 0,7 punto porcentual por debajo del TMXJ8, que cotiza a 7,8%”, acotaron desde Adcap.

En la región el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo no operó también por feriado -festejo del Día de la Independencia en Brasil-, mientras que el MSCI Colcap de la Bolsa de Bogotá subió 0,4 por ciento. En la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, el IPSA bajó 0,1% y el S&P/BMV IPC de México cayó 0,2 por ciento.

El BCRA no intervino en el mercado

El feriado en los EEUU le quitó volumen este lunes a la operatoria financiera en Argentina. El monto operado en el segmento de contado cayó a menos de la mitad que lo observado la semana anterior, para totalizar USD 299,4 millones en el segmento de contado.

De hecho, ante un escaso monto de operaciones el BCRA no intervino en el mercado mayorista y, por lo tanto, mantuvo el magro saldo comprador de USD 81 millones acumulado en lo que va de septiembre. Las reservas internacionales brutas de la entidad restaron USD 23 millones, a 50.733 millones de dólares.

El dólar mayorista ganó 3,50 pesos o 0,2%, a $1.511,50, para anotar en el primer tramo de septiembre un alza de tres pesos. En 2026 el tipo de cambio oficial avanza 56,50 pesos o 3,9 por ciento.

“La divisa abrió en el cierre anterior a $1.508, pero de a poco se fue acomodando unos puntos más arriba, en la zona de $1.510. Con bastante menos volumen que lo habitual, producto del feriado en Estados Unidos, hoy se operaron USD 299 millones. Ya hacia el mediodía había subido algunos puntos más hasta $1.512, donde logró estabilizarse para finalmente cerrar a $1.511,50″, resumió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central también amplió el techo para su esquema de bandas cambiarias, ahora en los 1.889,06 pesos. Esto significa que el dólar mayorista conserva un margen de alza de 377,56 pesos o 25% para alcanzar ese umbral de libre flotación.

El dólar al público permaneció sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.529,19 para la venta y $1.477,63 para la compra.

El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.545, para anotar en lo que va de septiembre una baja de diez pesos.

Todos los contratos de dólar futuro negociaron con ligera suba en un rango de 0,1% a 0,3%, con un escaso monto de operaciones en pesos, equivalentes a USD 546,3 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas para fin de mes ganaron un peso, a 1.529 pesos.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, reclamó este lunes que su gobierno reconozca públicamente la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y exigió sanciones contra el Reino Unido mientras persista lo que calificó como una ocupación ilegal del territorio. El funcionario fue más allá e instó directamente al primer ministro Benjamín Netanyahu a tomar partido en una disputa territorial que, hasta ahora, Israel no había abordado de forma oficial.

La declaración de Ben-Gvir llegó en el marco de una escalada de tensión entre Israel y el Reino Unido, luego de que medios británicos adelantaran que el canciller Ed Miliband anunciaría ante el Parlamento un “reinicio” de las relaciones con Israel y un giro hacia posiciones más cercanas a la causa palestina. Ese contexto explica la virulencia del tono adoptado por el funcionario, líder del partido ultraderechista Hogar Judío.

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, escribió Ben-Gvir en sus redes sociales. En el mismo mensaje, denunció que Londres “no se conforma con ocupar el territorio, sino que también realiza allí perforaciones petroleras y le roba el dinero al pueblo argentino”, en alusión directa al avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, que involucra a la británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum.

La mención al petróleo no fue casual. El proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, prevé una inversión de 1.800 millones de dólares en su primera fase, con una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el inicio de extracciones proyectado para 2028. El emprendimiento avanza pese al rechazo expreso de la Cancillería argentina, que lo calificó como una explotación unilateral de recursos en un área bajo disputa de soberanía con el Reino Unido, y pese a que ambas empresas acumulan sanciones administrativas en Argentina por operar sin habilitación nacional.

El llamado de Ben-Gvir a Netanyahu —al que etiquetó directamente en la publicación, junto al presidente argentino Javier Milei— incluyó además la demanda de imponer sanciones económicas a Gran Bretaña mientras la situación no se resuelva. Fue una postura que se sumó a la del ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich, líder del partido Sionismo Religioso, quien ese mismo día pidió la expulsión del embajador británico en Israel, David Quarrey. “¡Expulsemos esta noche al embajador británico!”, publicó Smotrich, al calificar al gobierno de Londres como “antisemita” y señalar que “el Mandato Británico sobre la Tierra de Israel ha terminado”, en referencia al período colonial previo a la proclamación del Estado de Israel en 1948.

La ofensiva verbal de dos de los ministros más influyentes del gabinete israelí se da en un momento en que la causa Malvinas atraviesa una reactivación en la agenda internacional. El 3 de septiembre, el presidente Milei dio una cadena nacional en la que reafirmó el reclamo de soberanía argentina, anunció el envío al Congreso de un paquete legislativo —incluida la creación de un Consejo de Seguridad Nacional—, anticipó sanciones para empresas que exploten recursos en las inmediaciones del archipiélago y confirmó la construcción de una Base Naval Integrada en el Puerto Oriental de Ushuaia. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, sostuvo el mandatario.

El debate se había encendido días antes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió en la Oficina Oval que revisaba “todas las posiciones”, incluida la neutralidad histórica de Washington en la disputa entre Argentina y el Reino Unido. Esa declaración motivó una respuesta del gobierno británico, que ratificó su soberanía sobre el archipiélago y el derecho de autodeterminación de sus habitantes.

En cuanto al giro diplomático británico que precipitó la reacción israelí, se prevé que incluya el apoyo a la solución de dos estados, el respeto al derecho internacional y una prohibición del comercio de mercancías y algunos servicios con los asentamientos israelíes en Cisjordania. El primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo conversaciones con Trump y con líderes del Golfo Pérsico, entre ellos Qatar, para explicar el cambio de postura antes de su anuncio formal.

El gobierno de Javier Milei efectuó la primera licitación de $200.000 millones para poner en marcha el esquema de los nuevos créditos hipotecarios UVA, con recursos que buscarán ampliar la oferta de préstamos para la compra de viviendas.

Los fondos provienen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Según el Banco Central, que actuó como colaborador técnico y operativo de la Anses, la convocatoria recibió 42 ofertas de 18 bancos, por un total de 258.640 millones de pesos. De ese conjunto, 13 entidades resultaron adjudicatarias. El monto asignado representó cerca del 77% de las propuestas recibidas.

La colocación se dividió en dos tramos. El primero, a un año de plazo, concentró $35.570,7 millones y se adjudicó a una tasa UVA más un spread promedio ponderado de 2,67 por ciento.

El segundo tramo, con vencimiento a cinco años, reunió la mayor parte de los recursos: 164.429,3 millones de pesos. En este caso, la tasa fue UVA más un spread promedio ponderado de 4,94 por ciento. Los fondos obtenidos a través de estos depósitos a plazo quedarán orientados al financiamiento de préstamos hipotecarios para vivienda.

El esquema de los nuevos créditos hipotecarios

El plan presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé una serie de licitaciones de $200.000 millones hasta completar 2 billones de pesos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad invertirá esos recursos en plazos fijos de largo vencimiento en bancos, con la condición de que las entidades los canalicen hacia préstamos hipotecarios para adquirir, construir, ampliar o refaccionar la vivienda única.

Ninguna entidad bancaria podrá quedarse con más del 20% de cada licitación. Ese límite buscó distribuir entre varias entidades los $200.000 millones de la primera etapa. Una vez constituidos los depósitos, los adjudicatarios dispondrán de 90 días corridos para otorgar nuevos créditos; para esta primera colocación, el plazo vence el 1° de diciembre.

Los préstamos tendrán un tope de 150.000 unidades de valor adquisitivo (UVA), una suma cercana a 200.000 dólares. La iniciativa apunta a sectores medios y a personas que busquen comprar su primera propiedad, aunque la capacidad de financiamiento variará según los valores inmobiliarios de cada localidad. El límite puede alcanzar para ciertas viviendas en el interior, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires los precios de algunos barrios reducen las alternativas disponibles.

Los depósitos del FGS administrado por Anses serán la fuente de financiamiento del esquema. Cada banco decidirá si crea una línea hipotecaria específica o refuerza una ya vigente, además de establecer las condiciones bajo las cuales ofrecerá esos recursos a sus clientes.

A quiénes apunta

Desde el Palacio de Hacienda se tomó como referencia préstamos hipotecarios por un promedio de $114 millones para calcular el universo potencial de beneficiarios. Con esa base, Caputo estimó que el programa, si completa el financiamiento de $2 billones previsto, podría facilitar el acceso a una vivienda a entre 17.000 y 18.000 familias.

Durante la presentación oficial de las medidas, el titular de Economía utilizó el ejemplo de un inmueble valuado en 106.000 dólares. Bajo una relación préstamo-valor del 75%, habitual en el sistema bancario, el comprador debería obtener cerca de USD 80.000 de crédito, una cifra equivalente a unos 114 millones de pesos.

El caso expuesto consideró un préstamo a 25 años, con una tasa de UVA más 7 por ciento. La cuota inicial alcanzaría $865.000 mensuales. Para que ese pago no supere el 25% de los ingresos, el hogar necesitaría acreditar un ingreso neto de 3.460.000 pesos.

De acuerdo con la estimación oficial, una pareja joven cuyos integrantes perciban ingresos netos cercanos a $1.800.000 cada uno podría reunir ese requisito y acceder a un financiamiento de esas características.