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  • Investigarán al hermano de Adorni por un préstamo de $40.000 millones a la Obra Social de las Fuerzas Armadas

    Investigarán al hermano de Adorni por un préstamo de $40.000 millones a la Obra Social de las Fuerzas Armadas

    Francisco Adorni, diputado bonaerense y hermano del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente será investigado en Comodoro Py por el juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González, en una causa por malversación de fondos en derredor del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y presuntas irregularidades tales como la entrega de un préstamo de 40.000 millones de pesos. 

    La diputada nacional Marcela Pagano había denunciado a Adorni a partir de su rol como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), cargo que ocupó dentro del Ministerio de Defensa. La legisladora le atribuyó responsabilidades en el seguimiento, control y eventual renegociación de aquel préstamo millonario que el IAF le otorgó a la obra social de las fuerzas armadas, que atravesó una severa crisis financiera que derivó en su posterior disolución. 

    La acusación también se extendió al exministro de Defensa, Luis Petri. Ese expediente quedó a cargo del juez Daniel Rafecas y la fiscal Alejandra Mángano, que advirtió que existía una causa previa en la que se analizaban hechos análogos. En ese proceso que ya estaba en marcha en el Juzgado Federal N° 9 -que subroga el juez Ramos- se investigan diversas anomalías en el IOSFA, tales como la compra directa de armamento y medicamentos por 25.000 millones de pesos cada una, un convenio para destinar el 2% de los salarios militares a afrontar la crisis financiera de la obra social y también la solicitud del préstamo de 40.000 millones de pesos al IAF. 

    Por este motivo, el juez Rafecas aceptó el pedido de la fiscalía para enviarle el caso al juez Ramos y así acumular ambas investigaciones por conexidad, al entender que compartían los mismos hechos y protagonistas. Sin embargo, el Juzgado Federal N° 9 rechazó la competencia, con el aval del fiscal González. El juez Ramos argumentó que existía una diferencia temporal importante, dado que el crédito original se gestionó en enero de 2025, mientras que Francisco Adorni se incorporó al IAF recién en junio de ese año. 

    Ramos sostuvo que el funcionamiento interno del IAF excedía el objeto procesal de la primera causa y consideró prematura la unión de los expedientes porque aún no se habían realizado medidas de prueba ni la ratificación de la denuncia. Ante esta negativa, Rafecas trabó una contienda de competencia que finalmente llegó a la Cámara Federal de Apelaciones. La Sala I de la Cámara, integrada de forma unipersonal por el juez Leopoldo Bruglia, determinó en las últimas horas que las causas se acumulen al entender que comparten un mismo contexto fáctico e institucional que vincula al Ministerio de Defensa con los entes descentralizados bajo un mismo período de gestión. 

    “Por razones de economía procesal, de mejor administración de justicia y de prevención de decisiones eventualmente contradictorias”, corresponde que sea el juez subrogante Sebastián Ramos quien conduzca una única investigación, estableció el tribunal de alzada en un fallo al que tuvo acceso Infobae. Todo esto “sin perjuicio de que el avance de la investigación habilite un replanteo de la cuestión”, a partir de eventuales pruebas que ameriten separar los casos.

    El juez Daniel Rafecas tiene en su despacho otro expediente que preocupa al hermano del exjefe de Gabinete. Se trata de la causa por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas, en la que Francisco Adorni tiene un pedido de indagatoria firmado por el fiscal Guillermo Marijuán. Ese caso tramita en el Juzgado Federal N° 6, que Rafecas subrogará hasta octubre de este año, en paralelo a la investigación de la fortuna de Manuel Adorni. El magistrado debe definir si ordena o no la indagatoria del legislador provincial libertario. 

     

    Fuente: Infobae.

  • Interna caliente en la Rural: Marcos Pereda presentó su lista y acusó a Nicolás Pino de vulnerar el estatuto

    Interna caliente en la Rural: Marcos Pereda presentó su lista y acusó a Nicolás Pino de vulnerar el estatuto

    Luego de que el actual presidente, Nicolás Pino, oficializara días atrás su candidatura para buscar un cuarto mandato consecutivo para la conducción de la Sociedad Rural Argentina (SRA), este lunes el espacio opositor Renovación con Unidad presentó formalmente su lista encabezada por el vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, quien busca quedarse con la presidencia en las elecciones previstas para septiembre.

    La presentación consolida una elección que promete ser una de las más disputadas de los últimos años dentro de la principal entidad ruralista del país. Después de casi seis años de gestión de Pino, la oposición decidió unificar posiciones detrás de Pereda con el objetivo, dijeron, de promover una alternancia en la conducción.

    En un comunicado difundido tras la oficialización de la lista, Renovación con Unidad sostuvo que busca “ofrecer una alternancia en la conducción, garantizar la calidad institucional en riesgo y mostrar un compromiso con los valores históricos de la Sociedad Rural Argentina”.

    Marcos Pereda oficializó la lista de quienes lo acompañarán en la fórmula
    Marcos Pereda oficializó la lista de quienes lo acompañarán en la fórmula

    “Con el objetivo de ofrecer una alternancia en la conducción, garantizar la calidad institucional en riesgo y mostrar un compromiso con los valores históricos de la Sociedad Rural Argentina, el espacio Renovación con Unidad presentó su lista para el período 2026-2028″, precisaron.

    En esa línea, destacaron: “Renovación con Unidad manifiesta enfáticamente la desafortunada y cuestionable decisión del actual presidente Nicolás Pino de vulnerar el espíritu del estatuto así como la autopromoción de su candidatura para un cuarto período consecutivo (cuando el límite es tres) a través de un listado de socios fraguado con nombres inscriptos sin consentimiento, llevando a la institución a una tensión nunca antes vista, sustentada con acciones intimidatorias y coerción manifiesta”.

    Así también señalaron que “a fin de posibilitar un cambio de ciclo tras casi 6 años de gobierno de la actual conducción, la lista que presenta Renovación con Unidad reúne a productores agropecuarios de larga tradición y compromiso con el país, preocupados por la degradación institucional a la que nunca debió haber llegado la Sociedad Rural Argentina”.

    Expresaron que Renovación con Unidad asume a través de sus candidatos el compromiso de “trabajar sin mezquindad” y por el bien general del sector que representa en todos y cada uno de los rincones de la Argentina: “Animados en la defensa real de los intereses de los productores y unidos en la necesidad de luchar por los valores éticos que forjaron la fundación de la entidad 160 años atrás”.

    Marcos Pereda, candidato a presidente de la Rural
    Marcos Pereda, candidato a presidente de la Rural

    Pereda estará acompañado por Santos Zuberbuhler como candidato a vicepresidente de la fórmula. Entre los vocales titulares figuran, entre otros, Santiago del Solar, Enrique Wilson Rae, Jorge Born, Enrique Duhau, Pablo Basualdo, Gustavo Papini, Belén Doval, Germán Mouremble, Juan Diego Etchevehere, Mariano López Alduncín, Walter Feldkamp, Santiago París y William Andrew Murchison.

    La nómina también incluye representantes de los distintos distritos del país y busca mostrar respaldo territorial para enfrentar al oficialismo en una elección que definirá el rumbo de la entidad para el período 2026-2028.

    La lista también incluye como vocales titulares por distrito a César Rodiño, Alejandro Mendia, Jorge Srodek, Francisco Becerra Stieffel, Juan Cruz Ballestero, Soledad Diez de Tejada Cossio, Mariano Berisso, Carlos Romero Feris, Marcos Fabián Vitter, María Teresa Gyselynck de Estrada, Lain Torres (h.), Sergio Nicastro, Juliana Bugiolacchi y Juan Enrique Ibáñez Puig.

    Como vocales suplentes por distrito fueron postulados Mariano Oneto, Juan Pablo Cevey, Adela Nores Boderau, Jaime Martínez Ferrer, Luis Orquin, Ana Stella Borras de Ortiz, Mayda Spiazzi, José Enrique García Enciso, José Luis Schahovskoy, Roger Torres, Santiago Atenor, Gerardo Cartellone, Celina Cabezas y Carlos Vila Moret.

  • Política La Justicia paraguaya solicitó dos años y dos meses de cárcel para el ex senador Kueider

    Política La Justicia paraguaya solicitó dos años y dos meses de cárcel para el ex senador Kueider

    La Fiscalía paraguaya a cargo de Ysrael Villalba solicitó este lunes ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción, una pena de 2 años y 2 meses de cárcel para el exsenador argentino Edgardo Kueider y para su exsecretaria, Iara Guinsel Costa. 

    Qué delito se les atribuye

    Ambos están imputados por el presunto delito de tentativa de contrabando, sin embargo, el tiempo de condena se redujo de un máximo de 5 años a 2 años y 2 meses porque el hecho no llegó a consumarse en su completitud.

    Por su parte, los abogados defensores del ex legislador argentino alegan que el transporte de dinero en efectivo no constituye el objeto material del delito de contrabando, de acuerdo a sus interpretaciones técnicas, por lo que solicitaron la absolución; al mismo tiempo, Kueider declaró lo mismo ante el tribunal y reafirmó su inocencia.

    Hasta el momento, el exsenador nacional por Entre Ríos permaneció en prisión domiciliaria en un departamento en Asunción, al igual que Guinsel Costa. El tiempo transcurrido hasta la fecha se computará a su favor en caso de dictarse, finalmente, la sentencia condenatoria.

    También se los investiga por lavado de dinero

    Paralelamente, la Justicia paraguaya los investiga por la compra sospechosa de “seis departamentos y seis cocheras en Asunción”, inmuebles que ya fueron embargados.

    El hecho central data de diciembre de 2024, cuando Kueider, junto a su secretaria, fueron interceptados en el Puente Internacional de la Amistad, momento en que intentaban ingresar a Ciudad del Este con 211.000 dólares, 646.000 pesos y 3.9 millones de guaraníes en efectivo ocultos en una mochila y sin realizar la declaración aduanera correspondiente.

    En Argentina, el exsenador peronista es investigado por presunto lavado de dinero por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ya solicitó su extradición, pedido que fue aceptado por la Fiscalía paraguaya, pero recién se podrá hacer efectivo su traslado una vez que finalicen los procesos penales en Paraguay.

    Por último, la Cámara Federal de San Martín le rechazó una eximición de prisión, lo que significa que será detenido inmediatamente al ingresar en territorio argentino.

  • Paraguay: la Justicia pidió dos años y dos meses de cárcel para Edgardo Kueider

    Paraguay: la Justicia pidió dos años y dos meses de cárcel para Edgardo Kueider

    Fue presentada por la Fiscalía ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción, el pedido de condena también alcanzó a su ex secretaria.

    La Justicia de Paraguay pidió una pena de 2 años y 2 meses de cárcel para el ex senador entrerriano Edgardo Kueider y para su ex secretaria, Iara Guinsel Costa, por el delito de tentativa de contrabando

    La solicitud fue presentada por el fiscal Ysrael Villalba ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de la ciudad de Asunción, informaron medios internacionales

    Por su parte, los abogados defensores alegan que el transporte de dinero en efectivo no constituye el objeto material del delito de contrabando, de acuerdo a sus interpretaciones técnicas, por lo que solicitaron la absolución; al mismo tiempo, Kueider declaró lo mismo ante el tribunal y reafirmó su inocencia.

    Hasta el momento, el ex senador nacional por Entre Ríos, permaneció en prisión domiciliaria en un departamento en Asunción, al igual que Guinsel Costa. El tiempo transcurrido hasta la fecha, se computará a su favor en caso de dictarse, finalmente, la sentencia condenatoria.

    Paralelamente, la Justicia paraguaya también los investiga por la compra sospechosa de “seis departamentos y seis cocheras en Asunción”, inmuebles que ya fueron embargados.

    El hecho central data de diciembre de 2024 cuando Kueider, junto a su secretaria, fueron interceptados en el Puente Internacional de la Amistad, momento en que intentaban ingresar a Ciudad del Este con 211.000 dólares, 646.000 pesos y 3.9 millones de guaraníes en efectivo ocultos en una mochila y sin realizar la declaración aduanera correspondiente.

    Los acusados presuntamente adquirieron seis departamentos y seis cocheras en un edificio de la capital paraguaya por un monto de 480.000 dólares. Según la Justicia, la pareja habría ingresado a Paraguay “en reiteradas ocasiones bajo el estatus de turistas” e introdujo diversas divisas en efectivo “sin declararlas ante las autoridades de control”.

    En Argentina, el ex legislador peronista es investigado por presunto lavado de dinero por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ya solicitó su extradición, pedido que fue aceptado por la Fiscalía paraguaya, pero recién se podrá hacer efectivo su traslado una vez que finalicen los procesos penales en Paraguay.

    Por último, la Cámara Federal de San Martín le rechazó una eximición de prisión, lo que significa que será detenido inmediatamente al ingresar en territorio argentino.


  • La Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador Kueider

    La Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador Kueider

    La Fiscalía paraguaya pidió una pena de dos años y dos meses de cárcel para el exsenador argentino Edgardo Kueider y para su ex secretaria, Iara Guinsel Costa. La solicitud fue presentada por el fiscal Ysrael Villalba ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción.

    A ambos imputados se los acusa de tentativa de contrabando, sin embargo, el tiempo de condena se redujo de un máximo de 5 años a 2 años y 2 meses porque el hecho no llegó a consumarse en su completitud.

    Por su parte, los abogados defensores alegan que el transporte de dinero en efectivo no constituye el objeto material del delito de contrabando, de acuerdo a sus interpretaciones técnicas, por lo que solicitaron la absolución; al mismo tiempo, Kueider declaró lo mismo ante el tribunal y reafirmó su inocencia.

    Hasta el momento, el exsenador nacional por Entre Ríos permaneció en prisión domiciliaria en un departamento en Asunción, al igual que Guinsel Costa. El tiempo transcurrido hasta la fecha se computará a su favor en caso de dictarse, finalmente, la sentencia condenatoria.

    Paralelamente, la Justicia paraguaya también los investiga por la compra sospechosa de “seis departamentos y seis cocheras en Asunción”, inmuebles que ya fueron embargados.

    El hecho central data de diciembre de 2024 cuando Kueider, junto a su secretaria, fueron interceptados en el Puente Internacional de la Amistad, momento en que intentaban ingresar a Ciudad del Este con 211.000 dólares, 646.000 pesos y 3.9 millones de guaraníes en efectivo ocultos en una mochila y sin realizar la declaración aduanera correspondiente.

    En Argentina, el exlegislador peronista es investigado por presunto lavado de dinero por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ya solicitó su extradición, pedido que fue aceptado por la Fiscalía paraguaya, pero recién se podrá hacer efectivo su traslado una vez que finalicen los procesos penales en Paraguay.

    Por último, la Cámara Federal de San Martín le rechazó una eximición de prisión, lo que significa que será detenido inmediatamente al ingresar en territorio argentino.

     

  • Reino Unido sancionó a científicos y entidades rusas por el desarrollo de armas químicas vinculadas al caso de NavalnyLa medida alcanza a siete personas y dos centros de investigación que, según Londres, participaron en la creación de agentes tóxicos utilizados en ataques atribuidos a Moscú

    Reino Unido sancionó a científicos y entidades rusas por el desarrollo de armas químicas vinculadas al caso de NavalnyLa medida alcanza a siete personas y dos centros de investigación que, según Londres, participaron en la creación de agentes tóxicos utilizados en ataques atribuidos a Moscú

    El Reino Unido anunció este lunes un nuevo paquete de sanciones contra siete ciudadanos rusos y dos institutos científicos a los que responsabiliza de haber participado en el desarrollo de armas químicas empleadas en ataques atribuidos a Moscú, entre ellos el envenenamiento del opositor Alexéi Navalny y el intento de asesinato del ex agente de inteligencia Serguéi Skripal en territorio británico. Londres sostuvo que las medidas apuntan a quienes intervinieron en un programa de armas químicas que calificó como “ilegal” y contrario a las obligaciones internacionales asumidas por Rusia.

    Las restricciones fueron comunicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, que identificó entre los sancionados a científicos y altos funcionarios vinculados con investigaciones sobre el agente nervioso Novichok y la toxina Epibatidine. De acuerdo con el Gobierno británico, ambas sustancias fueron utilizadas en operaciones que provocaron víctimas dentro y fuera de Rusia.

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    Entre los alcanzados por las sanciones figuran Artur Zhirov, Andrei Antokhin, Sergei Chepur, Vladimir Kondratyev, Aleksandr Makhlay, Ivan Kravstov y Viktor Taranchenko. También fueron incluidos el instituto estatal SC Signal y el Instituto Estatal de Investigación y Pruebas de Medicina Militar (GNIII VM), señalados por Londres como entidades involucradas en el desarrollo y la investigación de agentes químicos prohibidos.

    Investigadores policiales llegan al complejo residencial de Muggleton Road, en Amesbury, Inglaterra, donde dos personas fueron expuestas al agente nervioso Novichok (REUTERS/Archivo)

    El Ministerio británico afirmó que estas personas y organismos participaron en la producción y estudio de sustancias tóxicas cuyo uso está vetado por la Convención sobre las Armas Químicas. Además recordó que en octubre de 2020 ya había impuesto sanciones contra el Instituto Estatal de Investigación de Química Orgánica y Tecnología (GosNIIOKhT), donde trabaja Vladimir Kondratyev.

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    Según la información difundida por el Gobierno británico, Kondratyev fue coautor de un estudio sobre las propiedades tóxicas de la Epibatidine, mientras que Antokhin y Taranchenko estuvieron relacionados con investigaciones sobre el agente nervioso Novichok.

    La secretaria británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, sostuvo que “el uso reiterado de armas químicas por parte de Rusia constituye una repugnante violación del derecho internacional y una amenaza directa para la seguridad global”.

    La funcionaria agregó que “desde el uso del agente nervioso Novichok en Salisbury hasta la Epibatidine en Siberia, que envenenó a Dawn Sturgess y Alexéi Navalni, Rusia sigue utilizando herramientas bárbaras para causar muerte y sufrimiento a civiles inocentes, también en Ucrania”.

    La ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, participa en una videoconferencia con la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska (REUTERS)

    El caso de Navalny continúa siendo uno de los principales puntos de fricción entre Londres y Moscú. El Reino Unido sostiene que la toxina Epibatidine fue utilizada contra el dirigente opositor, fallecido en 2024 mientras permanecía detenido en una colonia penal situada en el Ártico ruso. Las autoridades rusas rechazan esa versión.

    El Novichok también ocupa un lugar central en las acusaciones británicas. Ese agente nervioso fue empleado, según Londres, en el ataque perpetrado en 2018 en la ciudad inglesa de Salisbury contra el exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia. Ambos sobrevivieron tras permanecer hospitalizados en estado crítico, pero meses después la británica Dawn Sturgess murió tras entrar en contacto con un recipiente que contenía restos de la sustancia.

    El anuncio de las sanciones coincidió con un nuevo episodio de tensión militar entre ambos países. El Ministerio de Defensa británico informó que cazas F-35 despegaron desde el portaaviones HMS Prince of Wales para interceptar un avión ruso Bear-F de patrulla marítima que, según Londres, se aproximó al grupo naval británico mientras desarrollaba operaciones de la OTAN en el mar de Noruega.

    De acuerdo con el comunicado oficial, la aeronave rusa voló “a baja altitud e innecesariamente cerca” del portaaviones y lanzó varias sonoboyas en sus inmediaciones, dispositivos utilizados para detectar submarinos mediante sistemas de sonar.

    “Esta actividad fue insegura y poco profesional”, afirmó el Ministerio de Defensa británico. La cartera agregó que los cazas británicos escoltaron al avión ruso “hasta que abandonó el área”, en un nuevo episodio de fricción entre ambos países en el norte de Europa.

  • “Cambió el ánimo”: productores de Pergamino aguardan los fundamentos de un fallo clave para ir contra una cautelar que tiene siete años

    “Cambió el ánimo”: productores de Pergamino aguardan los fundamentos de un fallo clave para ir contra una cautelar que tiene siete años

    Siete años después de que la Justicia Federal impusiera una de las restricciones más amplias del país para la aplicación de fitosanitarios, productores, ingenieros agrónomos, abogados y entidades rurales de Pergamino comenzaron a reorganizarse con un objetivo concreto: intentar que el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, deje sin efecto la medida cautelar que desde 2019 limita las pulverizaciones en un radio de 1095 metros alrededor del ejido urbano.

    El impulso surgió luego del reciente fallo del Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, que absolvió a productores, un ingeniero agrónomo y un aplicador que llegaron a juicio por la causa de las aplicaciones de fitosanitarios en ese partido bonaerense. En cambio, condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público al considerar que existieron deficiencias en los controles.

    Para el Tribunal no quedó acreditado el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad penal individual a los productores, pese a considerar probados los daños denunciados por vecinos. Ese pronunciamiento es el antecedente sobre el que ahora el sector buscará apoyar un nuevo pedido para revisar la cautelar. Para el sector, esa decisión judicial abrió un nuevo escenario para volver a discutir una cautelar que consideran excesiva y sin sustento técnico actualizado.

    Con ese objetivo, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de la Provincia de Buenos Aires (Aianba) convocó una reunión en su sede de Pergamino de la que participaron representantes de la Sociedad Rural local, Cedasaba [agronomías], la Sociedad de Cerealistas del Norte de Buenos Aires, productores, profesionales y abogados especializados en derecho ambiental.

    Para el sector, esa decisión judicial abrió un nuevo escenario para volver a discutir una cautelar que consideran excesiva y sin sustento técnico actualizado
    Para el sector, esa decisión judicial abrió un nuevo escenario para volver a discutir una cautelar que consideran excesiva y sin sustento técnico actualizadoShutterstock

    Para Andrés Pereyra, ingeniero agrónomo e integrante de Aianba, el encuentro marcó un punto de inflexión. “Fue fructífera porque hubo una convocatoria real aunque mucha gente pidió disculpas porque no pudo participar por razones laborales”, señaló a LA NACION.

    Explicó que durante la reunión participaron dos abogados especializados que coincidieron en que, desde el punto de vista jurídico, todavía hay que esperar. “Hasta el 10 de agosto, cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia de Rosario, no se puede hacer mucho”, resumió.

    Según explicó, recién una vez publicados los detalles del fallo se podrá evaluar la estrategia legal para solicitar el levantamiento de la cautelar. Más allá de esa limitación procesal, Pereyra destacó un cambio en el ánimo de los productores: “Esta debe ser la quinta reunión que convocamos y en esta se notó que hay más ganas de hacer algo, de participar.”

    Durante el encuentro surgió además la propuesta de conformar un espacio permanente integrado por distintos actores de la actividad. “La idea es organizar una suerte de observatorio o consorcio para ir aunando todas las partes interesadas y que funcione como un ente que medie entre las partes si aparece algún conflicto con respecto a la aplicación de fitosanitarios; sería como un organismo consultor más que asesor”, explicó.

    A su entender, el reciente fallo absolutorio modificó el clima que se vivía hasta hace pocas semanas: “En la reunión se observó que la gente cambió el ánimo, el espíritu por esta sentencia de absolución”. No obstante, entre los asistentes predominó la cautela.

    También indicó que uno de los principales desafíos será mejorar la comunicación con la sociedad: “Quedó en claro el peso de la comunicación hacia todos los sectores de la sociedad de que las cosas se hacen bien, que los productos que aplicamos están aprobados por Senasa”.

    Según pudo reconstruir LA NACION, durante el encuentro también se analizó la posibilidad de establecer contactos políticos e institucionales de alto nivel para intentar que el Tribunal considere la abundante prueba técnica presentada durante estos años y que actualmente forma parte del expediente judicial radicado en Rosario.

    En este contexto, Aianba comunicó que el encuentro se desarrolló en un clima de satisfacción tras el veredicto favorable para los productores y demás actores del sector, aunque aclaró que será indispensable analizar los fundamentos completos antes de definir los próximos pasos. Las instituciones participantes acordaron conformar una comisión de trabajo para impulsar el pedido de levantamiento de la cautelar que restringe las aplicaciones terrestres alrededor del ejido urbano. Los asistentes coincidieron en que hoy existen tecnologías, protocolos y sistemas de control suficientes para garantizar aplicaciones responsables y seguras, y remarcaron la necesidad de transmitir esa realidad mediante información verificable.

    Cautelar

    La medida cautelar cuestionada fue dictada por el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás a comienzos de septiembre de 2019. Desde ese momento se prohibieron las pulverizaciones terrestres dentro de un radio de 1095 metros de las zonas pobladas y se fijó una restricción de tres kilómetros para las aplicaciones aéreas.

    La resolución tuvo origen en una causa iniciada por la abogada Sabrina Ortiz, integrante del colectivo Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, quien denunció aplicaciones de agroquímicos cerca de distintos barrios y sostuvo haber sufrido junto con su familia consecuencias sobre la salud. Meses antes, el magistrado había impuesto una restricción de 600 metros que alcanzaba únicamente a tres barrios. Posteriormente amplió la medida a todo el ejido urbano de Pergamino.

    Para los productores, el reciente fallo no modifica automáticamente la situación judicial, pero sí representa una oportunidad para reabrir una discusión que lleva siete años y que, aseguran, mantiene alrededor de 6000 hectáreas con severas limitaciones productivas en el periurbano de Pergamino.

    Los productores de Pergamino intentan que el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, deje sin efecto la medida cautelar que desde 2019 limita las pulverizaciones en un radio de 1095 metros alrededor del ejido urbano
    Los productores de Pergamino intentan que el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, deje sin efecto la medida cautelar que desde 2019 limita las pulverizaciones en un radio de 1095 metros alrededor del ejido urbano

    Guillermo Tempone, productor de Pergamino, sostuvo que la restricción pudo haber tenido sentido en un contexto de emergencia, pero considera que hoy corresponde revisar su continuidad. “Como ingeniero agrónomo puedo entender que en una situación de emergencia se dicte una medida que tienda a priorizar un bien superior, pero es tiempo de revisar qué ley y qué información científica avala mantener una zona de exclusión de 1095 metros después de tantos años sin resolverse el problema de fondo”, afirmó.

    El productor agregó que la comisión recientemente conformada buscará impulsar ese planteo: “Considerando las posibilidades que nos ofrece la tecnología actual y las herramientas de control ya establecidas, se acordó conformar una comisión a efectos de gestionar el levantamiento de la medida cautelar, probablemente única en el mundo, que prohíbe las aplicaciones en 1095 metros alrededor de nuestra ciudad.”

    Ahora, todas las miradas están puestas en agosto, cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia. A partir de ese momento, los productores esperan contar con nuevos argumentos para volver a pedir que se revise una cautelar que consideran desproporcionada y sin sustento técnico actualizado.

  • Caputo apuesta a las privatizaciones como una fuente para cumplir con los pagos de deuda

    Caputo apuesta a las privatizaciones como una fuente para cumplir con los pagos de deuda

    El ministro de Economía, Luis Caputo, espera recaudar US$ 2.300 millones en la privatización de empresas entre el 2026 y 2027. Será, para el funcionario, una de las fuentes de financiamiento para cumplir con los compromisos de deuda, según la presentación realizada este lunes en el Palacio de Hacienda.

    A la ya concretada venta de acciones que el Estado poseía en Transener, que se vendió por más de US$ 300 millones, Caputo aspira a que este 2026 se concrete la privatización de Aguas y Saneamientos (AySA) y también la participación en las centrales termoeléctricas San Martín y Belgrano. “Esas puede ser incluso que se den antes del cierre de este año, pero conservadoramente pusimos que se dieran el año que viene”, dijo el ministro.

    Pero la lista continúa, entre venta y concesiones, en una materia que no ha sido sencilla para el Gobierno de Javier Milei. En cuanto a Aysa, la compañía que opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires y cuenta con una base de 3.787.618 usuarios, la venta sería del 90% del paquete accionario. Un informe de la agencia de bolsa Bull Market cree que se puede recaudar US$ 500 millones en esta venta.

    El broker estima la misma cifra para la venta de las centrales San Martín y Manuel Belgrano, ubicadas en Campana (provincia de Buenos Aires) y Timbúes (Santa Fe), respectivamente. Energía Argentina, la empresa estatal, posee el 68% de la participación en San Martín y el 65% en Manuel Belgrano, también integradas por las principales compañías del sector, que ya han manifestado interés en esta compulsa. También lo ha hecho Edison Energía, la empresa de la que participan los hermanos Neuss y que atraviesa un acelerado crecimiento a fuerza de concesiones y privatizaciones.

    El Gobierno aspiraba a desprenderse este año de Intercargo, que presta servicios de rampa y de transporte en los principales aeropuertos, con un precio base en la licitación de US$ 45,1 millones por el 100% del valor accionario. Cinco empresas se habían anotado como interesadas pero ninguna presentó la documentación exigida en la licitación fechada para el pasado 25 de junio.

    En la lista está también Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. En este caso, el Estado Nacional deberá mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social, por lo que se privatizará menos del 50%.

    En otro capítulo entran lo que son concesiones. Como el caso de los 9 mil kilómetros de rutas que están en licitación y los 6 mil kilómetros más que Caputo señaló que se licitarán en los próximos meses; o lo que fue la Hidrovía del Paraná y lo que será el Belgrano Cargas. En estos procesos no habría recaudación directa relevante, pero según Caputo “mejorarán mucho la infraestructura” y colaborarán en la “competitividad”.

    En el caso del Belgrano Cargas, más allá de la concesión de la operación, habrá también venta de material. No obstante, y según pudo averiguar Clarín, lo recaudado por esas ventas se va a depositar en un Fideicomiso para financiar parcialmente el plan de inversiones obligatorias.

    La lista de empresas sujetas a privatizar, según lo aprobado por el Congreso en 2024 en el marco de la Ley Bases, incluye también a Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y los activos a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). En estos procesos no han habido avances concretos.

    El cálculo proyectado por el Gobierno, que según Caputo es “conservador”, prevé ingresos por US$ 800 millones en privatizaciones para este año y de US$ 1.500 millones para el 2027.

  • El acuerdo UE Mercosur exige a la Argentina un “triángulo de sacrificios”

    El acuerdo UE Mercosur exige a la Argentina un “triángulo de sacrificios”

    Un caso de exportación protagonizó el Foro Económico Cataluña Cono Sur 2026, donde se trataron los detalles del Acuerdo Mercosur-UE, cuyo capítulo comercial entró en vigencia provisional el pasado 1 de mayo. Todavía faltan definiciones del lado de la Unión Europea para formalizarlo de manera definitiva.

    Mientras tanto, el acuerdo funciona y ya hay beneficiarios. Uno de ellos prácticamente hizo historia por ser la primera empresa de la Argentina en exportar a la UE bajo las nuevas condiciones y aprovechando el arancel cero (estaba en 17,3%). La compañía de Concordia, Entre Ríos, exportó apenas unos días después de la entrada en vigencia del convenio 22 toneladas de miel a granel certificada por Senasa. Apícola Danangie se llevó así casi la mitad del cupo para el Mercosur, de 45.000 toneladas anuales. “Los países vecinos no estaban muy contentos”, comentaron en tono jocoso durante el foro.

    La exportadora fue lo suficientemente astuta como para adelantar todos los trámites y colocar la miel casi al mismo tiempo de la entrada en vigencia del arancel cero para su sector. Compitió por el cupo no solo con sus coterráneos, sino también con los de Brasil, Paraguay y Uruguay. Cocodrilo que duerme es cartera, dicen. Esto es parte de las nuevas reglas de juego.

    Sin embargo, no todo es éxito, sonrisas y un camino allanado. Durante el foro, el embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, recalcó que “habrá que hacer sacrificios”. Esto implica adaptarse a nuevas y exigentes normativas, que pueden incomodar a distintos sectores. “¿Creen que cuando España se adhirió a la Unión Europea no tuvimos que hacer sacrificios?“, preguntó, pero añadió que los resultados fueron muy buenos para su país.

    Para definir qué alcance tienen los “sacrificios”, Marcelo Elizondo, miembro de la comisión directiva de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y presidente del Comité Argentino del International Chamber of Commerce (ICC), detalló que en primer lugar significa para la producción argentina salir de la comodidad de una economía cerrada, sin tanta exigencia en términos de inversión, tecnología, capital humano, nuevos modelos de organización y alianzas internacionales. “Con poco zafabas”, dijo, en diálogo con LA NACION. También hizo hincapié en la importancia de una estrategia país acertada. Venimos de años en los que la estrategia dependía de un funcionario. Bueno, ahora no”, sostuvo Elizondo.

    El segundo “sacrificio” es adaptarse a reglas impuestas por el Acuerdo Mercosur-UE. Se trata de estándares ambientales, sanitarios, laborales y normas de seguridad (impuestas por la autoridad o por los mismos clientes), entre otros. Elizondo advirtió que la Argentina tiene una porción muy importante de su economía en negro. “Tendrá que corregir esta situación si quiere competir”, aseguró.

    Finalmente, el tercer “sacrificio” requiere evolucionar hacia un modelo de eficiencia, de productividad. “Hoy una compañía no va a tener inflación alta, que tapa todas las falencias, ni un Estado protector. Este es el triángulo de sacrificios”, cerró el experto en negocios internacionales.

    Estado de situación

    Román Zivy, director de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en la Argentina, es especialista en desarrollo productivo, inversión extranjera directa y financiamiento. Durante el encuentro, presentó el Boletín de Comercio Exterior del Mercosur en ocasión del acuerdo con la UE.

    Según el informe de la Cepal en 2026 se recorre un escenario desafiante para el bloque, ya que hay un contexto geopolítico complejo. La guerra con Irán, el conflicto en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz provocaron, entre otros efectos, un marcado incremento y una mayor volatilidad en los precios del petróleo. Este shock mejorará, al menos en el corto plazo, el saldo comercial de la Argentina y de Brasil, exportadores netos de energía, pero tendrá efectos adversos sobre el resto de los miembros del bloque.

    Sin embargo, Zivy advirtió que en el Mercosur hay una dinámica que cambia, y que tiende a la primarización. El acuerdo responde al interés de la Unión Europea por asegurar el acceso a alimentos y recursos naturales. Del lado del Mercosur, en cambio, “las oportunidades en torno a los recursos naturales y sus industrias asociadas han primado sobre los intereses de sectores industriales debilitados, en los que se concentran los mayores desafíos para la integración comercial y productiva regional”, analiza la Cepal.

    La relación entre la Argentina y Cataluña

    En representación de la Cancillería, Tomás Villalba, subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, hizo referencia a la relación histórica entre la Argentina y la región española. “El catalán Blas Parera compuso el himno argentino”, comentó para luego mencionar al 10 argentino, Lionel Messi, formado futbolísticamente en Barcelona.

    España es el segundo inversor en la Argentina, después de Estados Unidos. Cataluña representa el 22% del comercio con España y deja entre 500 y 600 millones de euros a la Argentina. Los alimentos tienen un peso importante, pero también han crecido mucho, el 33%, las exportaciones argentinas en el sector industrial y tecnológico. El consulado de Barcelona impulsa un hub tecnológico argentino con más de 130 empresas argentinas inscritas.

    Por otro lado, la Argentina es el principal inversor latinoamericano en España y en especial en Catalunya, con empresas como Satellogic, MercadoLibre y Globant, entre otras. Destacó que la Argentina ofrece seguridad energética y seguridad alimentaria.

    Se refirió también al crecimiento exponencial que tendrán las exportaciones de minería y energía, y dio los últimos números del RIGI, con 20 proyectos aprobados por US$45.000 millones de dólares y 24 en evaluación por otros US$109.000.000 millones.

    Estamos desarrollando el Super RIGI para agregar valor a estos recursos que se están explotando. Y también tenemos el RIMI, un régimen de inversión para medianas empresas, que son tan importantes en la economía catalana y que deberían aprovechar para invertir en la Argentina”, recomendó.



  • Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2% para junio: qué prevén para este mes

    Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2% para junio: qué prevén para este mes

    Los analistas consultados por el BCRA proyectan una desaceleración de la inflación para los próximos meses. (REUTERS/Agustin Marcarian)

    Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las consultoras y bancos proyectan una inflación de 2% para junio y el mismo dato para julio. En simultáneo, anticipan una cifra anual de 30% y prevén un dólar a $1.673 para fin de año.

    En la sexta encuesta del año, los participantes del REM pronosticaron un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2% para el mes pasado, apenas una décima por debajo del informe anterior. Entre los analistas que históricamente efectuaron las mejores estimaciones —el denominado Top 10— la previsión se ubicó en 1,9%, dos décimas menos que en la medición previa.

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    Según las proyecciones relevadas en el reporte oficial, los consultados estiman que la inflación mensual quebrará el umbral del 2% a partir de agosto de 2026. La mediana de las expectativas desciende a 1,8% en el octavo mes y en septiembre. Para octubre y noviembre, el pronóstico se ubica en 1,7%, mientras que en diciembre se anticipa un leve repunte a 1,8 por ciento.

    El gráfico también muestra los rangos de dispersión de las expectativas: el intervalo percentil 25-75 se mantiene estrecho, lo que indica cierto consenso entre los participantes sobre la trayectoria descendente de la inflación hacia la segunda mitad del año.

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    En cuanto a la inflación núcleo, que no contempla la dinámica de los precios estacionales ni regulados, el consenso de los consultados situó la inflación de junio en 1,9%, una décima menos respecto al sondeo anterior. El Top 10 coincidió con esa proyección y también ajustó a la baja su estimación en dos décimas frente al informe previo.

    Con relación al tipo de cambio nominal, los analistas proyectan que continuará con un sendero de incrementos moderados en la segunda mitad de 2026. La mediana de las estimaciones ubica al dólar oficial en $1.482 para julio, con subas mensuales que lo llevan a $1.513 en agosto, $1.548 en septiembre y $1.589 en octubre. Para noviembre, la proyección alcanza $1.621 y cierra el año en $1.673 por dólar en diciembre.

    En la comparación con el relevamiento anterior, las expectativas para cada mes reflejan aumentos de entre $23,7 y $36,9, salvo en diciembre, donde la estimación se mantiene sin cambios. Para el promedio de los diez mejores pronosticadores, el dólar finalizaría 2026 en 1.621 pesos. A doce meses, la mediana de las proyecciones alcanza $1.805 por dólar, lo que representa un salto de $45 respecto al REM previo. El promedio del Top 10 ubica el tipo de cambio en $1.766 para el mismo horizonte.

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