Johnson publicó una columna de opinión en el Daily Mail tras el mensaje del presidente argentino y sostuvo que Washington es “técnicamente neutral” en la cuestión. A partir de ese punto, interpretó que Milei aprovechó el momento para endurecer su discurso sobre el reclamo argentino.
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El impacto del mensaje argentino también se coló en la política interna británica. Por otro lado, el líder de Reform UK, Nigel Farage, afirmó que Milei “vio una grieta” a partir del caso de las islas Chagos y usó ese argumento para cuestionar al gobierno laborista de Andy Burnham, que asumió hace menos de dos meses.
Johnson vinculó el discurso de Milei con un riesgo de provocación
Johnson tituló su columna con un reclamo directo al primer ministro británico, el que le pide “tomar el control y enviar refuerzos a las Malvinas”. Más adelante reforzó esa exigencia con otra definición: el Reino Unido debía afirmar que las islas son británicas y demostrar ese compromiso con el envío inmediato de más aviones, tropas o barcos.
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En la columna, el exjefe del Ejecutivo británico describió a Milei como “anglófilo y admirador de Thatcher”. Añadió que no cree “ni por un segundo” que el mandatario argentino busque una confrontación con el Reino Unido por esta cuestión.
La interpretación de Johnson fue electoral. Sostuvo que Milei enfrenta una campaña de reelección difícil y que podría considerar necesario avivar el sentimiento público mediante el nacionalismo tradicional.
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Durante la cadena nacional, el Presidente dijo que el Reino Unido usurpó las islas en 1833, implantó una población extranjera y expulsó a sus habitantes locales. También afirmó que el país europeo atraviesa crisis migratorias, demográficas y económicas, mientras que el futuro de la Argentina es “floreciente” y terminará por imponerse.
Sobre el plano militar, Johnson consideró improbable que la Argentina intente volver a atacar las islas. Aun así, señaló que existe un riesgo mayor de “algún tipo de provocación” que podría desembocar en “otro trágico error de cálculo argentino”.
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En esa misma línea, recordó que las islas cuentan con una guarnición permanente, además de aviones Typhoon y sistemas de defensa aérea. Pese a esa protección, insistió en que el gobierno británico debería reforzar el despliegue.
Farage usó el caso Malvinas para atacar al gobierno laborista
La reacción no quedó limitada a Johnson. Nigel Farage, aspirante a convertirse en primer ministro, cargó contra el oficialismo por la decisión sobre Chagos, que definió como un “error estratégico enorme” y como una señal de debilidad que habilitó la reacción argentina sobre Malvinas.
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El dirigente dijo que la seguridad nacional británica no está a salvocon el actual gobierno y acusó a los laboristas de llevar al Reino Unido a la ruina financiera. También describió a Burnham como un primer ministro “atrapado en el pasado, con un extraño dogma socialista”.
Farage hizo esas declaraciones en el congreso anual de Reform UKen Birmingham. El encuentro comenzó el jueves con una sesión para empresarios. La presentación del líder opositor se demoró por razones de seguridad y quedó previsto que vuelva a hablar el sábado en el cierre del evento. Este año participó como invitado Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional francesa.
Un robo de celular ocurrido durante la mañana terminó derivando horas más tarde en dos allanamientos en Concordia, donde la Policía recuperó el teléfono denunciado, encontró 42 envoltorios con cocaína y un efectivo resultó lesionado durante uno de los procedimientos.
La investigación comenzó después de que un hombre denunciara que una persona le había arrebatado su teléfono. A partir de las averiguaciones realizadas, la Justicia autorizó dos procedimientos en viviendas ubicadas en inmediaciones de calles La Pampa y La Vía.
En uno de los domicilios fue localizado un Motorola E13 con una funda lila y marrón, cuyas características coincidían con las del aparato denunciado como sustraído.
Del celular robado al hallazgo de droga
Durante las actuaciones, los efectivos encontraron además 42 envoltorios que contenían cocaína, por lo que se dio intervención a la Justicia para avanzar con las medidas correspondientes.
Por disposición del fiscal Martín Núñez, un hombre de 39 años quedó detenido en relación con la investigación iniciada por el teléfono, bajo una imputación preliminar por hurto en grado de tentativa.
El procedimiento tomó otro giro cuando los policías ingresaron a una de las viviendas de Concordia y uno de los presentes habría intentado impedir el avance de los efectivos.
Un policía resultó lesionado
Según la información brindada, se produjo un forcejeo durante el cual un funcionario policial recibió un golpe en una de sus rodillas.
El efectivo debió ser trasladado al Sanatorio Garat, donde recibió atención médica por la lesión sufrida durante el operativo.
A raíz de ese episodio, el fiscal ordenó la aprehensión del hombre involucrado por resistencia a la autoridad y lesiones. También quedó vinculado a una investigación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
También aprehendieron a una mujer
Una mujer que se encontraba dentro de la vivienda allanada quedó igualmente aprehendida en el marco de la causa relacionada con la droga secuestrada.
Los 42 envoltorios de cocaína fueron incautados junto con otros elementos considerados de interés para determinar si existía una actividad de venta de estupefacientes en el lugar.
De esta manera, una investigación que comenzó por el robo de un teléfono terminó con varios detenidos, el hallazgo de droga y un policía lesionado durante los allanamientos realizados en Concordia.
El exgobernador Sergio Daniel Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez podrían ser trasladados a un sector especialmente acondicionado para personas mayores de 60 años en la Unidad Penal Nº 9 “Granja El Potrero”, de Gualeguaychú.
El pabellón -inaugurado en septiembre de 2024- aparece hoy como una de las principales alternativas con las que cuenta el Servicio Penitenciario de Entre Ríos para alojar a internos de esa franja etaria. Su diseño busca garantizar condiciones de atención acordes con lo establecido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Se trata de un sector con celdas individuales, separadas entre sí y equipadas con cámaras de videovigilancia. La capacidad total es de 15 personas, con una plaza por celda, aunque actualmente solo cuatro internos se encuentran alojados allí.
La disponibilidad de este espacio cobra especial relevancia en un contexto de fuerte presión sobre el sistema penitenciario entrerriano. Actualmente, las unidades carcelarias de la provincia alojan a 1.114 personas, frente a una capacidad prevista de alrededor de 900 internos.
El pabellón de la Unidad Penal 9 ya recibió a internos de perfiles sensibles. Entre quienes pasaron por ese sector se encuentran el femicida Pablo Rodríguez Laurta y Leonardo Airaldi, actualmente condenado por narcotráfico.
En ese contexto, el eventual alojamiento de Urribarri, Aguilera y Báez sumaría tres nombres de fuerte repercusión pública a un espacio pensado originalmente para atender las necesidades específicas de los adultos mayores privados de su libertad.
Sergio Urribarri, el exgobernador de Entre Ríosfue detenido después que la Corte Suprema de la Nación confirmara su condena a 8 años de prisión por los hechos de corrupción en causas que se tramitaron en los tribunales de su provincia.
Los abogados del exmandatario entrerriano, que tiene 68 años, habían solicitado que la prisión fuese domiciliaria porque argumentaron que padece estrés postraumático y depresión y que por su estado de salud estaría justificado el beneficio.
La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención del exgobernador Sergio Urribarri, luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara su condena a ocho años de cárcel por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas que tramitaron los tribunales provinciales.
La Corte dejó este jueves firme la condena a ocho años de prisión para Urribarri, quien fue dos veces gobernador de Entre Ríos y embajador en Israel. Además, la condena lleva aparejada, además, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario de la defensa del exgobernador por considerarlo inadmisible. La misma suerte corrieron los planteos de los otros condenados en el expediente.
El exgobernador Sergio Daniel Urribarr, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, pasaron la noche en la Alcaidía de Paraná y esta mañana serán derivados a la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial. Báez fue el primero ingresar: lo hizo a las 21.40, después de llegar en un camión penitenciario. Luego ingresó Aguilera y cerca de las 2 de la madrugada llegó Urribarri, según confirmó ANALISIS. Báez ingresó por calle Córdoba. Urribarri y Aguilera, por su parte, llegaron en diferentes patrulleros. El primero en un patrullero de San Salvador -cerca de la 1 de la madrugada- y Urribarri desde Concordia, acompañado por el jefe departamental, comisario José María Rosatelli. Estos dos patrulleros ingresaron por el por el portón del garage que tienen los miembros del Superior Tribunal de Justicia, en calle Santa Fe (al lado de la playa de estacionamiento del Colegio de Abogados). Ese lugar tiene acceso a la Alcaidía, hasta donde fue trasladado cada uno a medida que iban ingresando.
La medida fue ordenada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones y está enmarcada luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó -fue el jueves 3 de septiembre- los recursos extraordinarios que habían presentado el exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y el cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera, y dejó firme la condena que la Justicia entrerriana les impuso en la Megacausa por delitos de corrupción. En la misma resolución, dictada en el expediente CSJ 2226/2024, el máximo tribunal rechazó también los planteos de Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada, con lo que la totalidad de las condenas del megajuicio quedó firme. Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la “detención inmediata” de los tres condenados por “posible peligro de fuga”.
Los tres detenidos serán derivados a la UP1 en horas de la mañana y luego la jueza de Ejecución y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, tendrá que resolver cada uno de los planteos que hagan los abogados defensores, si es que requieren un beneficio de prisión domiciliaria, como ya han gestionado en otras instancias. Las celdas de la Alcaidía son individuales y tienen una dimensión de 2 x 3 metros, con una cucheta de madera. El punto en cuestión ahora es que el sector especial donde estuvieron alojados antes en la UP1 ya no existe como tal y está en refacciones para ser destinado a Enfermería, según se confió a ANALISIS. Por ende, hasta anoche a última hora se estaba debatiendo en ámbitos de la UP1 si los sumaban al denominado Pabellón de Seguridad -donde se encuentran condenados provenientes de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas- o bien se los deriva a la cárcel de Gualeguaychú, que tiene espacio para sumarlos.
Báez ingresó aproximadamente 21.40 a la Alcaidía de Tribunales, por calle Córdoba, en un camión de “Unidad de traslado”, como reza en el vehículo penitenciario. Aguilera se notificó casi una hora después en la Jefatura Departamental de San Salvador (aunque estaba con domicilio en General Campos) y desde allí fue derivado a Paraná. Urribarri fue notificado en su casa de Garat de calle Concordia por el propio jefe departamental, comisario José María Rosatelli (hermano del abogado y oficial que se encuentra detenido en la UP1 en una causa federal). El comisario Rosatelli ya lo había acompañado a Urribarri la vez que estuvo detenido.
En principio, los tres condenados quedarían cumpliendo la condena en Paraná. Baez solamente tiene su familia en la capital entrerriana. Los familiares directos de Urribarri y Aguilera se encuentran en Concordia y General Campos, pero la Unidad Penal de Concordia no estaría en condiciones de contar con una cárcel especial para alojarlos. La única con esas características -además de la de Paraná-, puede ser la Unidad Penal de Gualeguaychú, que sería la única cárcel más abierta y amplia y con posibilidades de instalar un sector vip dentro de la unidad. En algún momento se llegó a pensar, en ámbitos del Ministerio de Seguridad de la provincia, la posibilidad de instalar lo más parecido a un contenedor, especialmente acondicionado para los condenados por delitos de corrupción, pero ello nunca se terminó de concretar.
Los abogados defensores de Urribarri -Leopoldo Cappa- y Báez -Ignacio Díaz y José Velázquez- habían pedido al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná (que preside la vocal María Carolina Castagno) que sus defendidos no sean enviados a la Unidad Penal y en cambio se les aplique prisión domiciliaria. Por el contrario, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron formalmente que se disponga “la inmediata detención y traslado a la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná”.
La defensa de Urribarri había planteado que nunca eludió la acción de la justicia y siempre estuvo a disposición del debido proceso. Además, aportaron un diagnóstico médico, donde constatan que “se encuentra cursando un cuadro de trastorno de estrés postraumático” y, en consecuencia, piden la morigeración de la ejecución penal en su domicilio y “bajo la custodia permanente y atenta de sus familiares y médicos de cabecera”.
En el caso de Báez, sus defensores también pidieron morigerar la pena porque “padece un cuadro crónico con dolor abdominal y pérdida de peso importante”, y arrastra “molestias digestivas desde 2008, pero en el último año los síntomas empeoraron significativamente”. Señalaron que la Unidad Penal de Paraná no garantiza condiciones de encarcelamiento que permitan tratar su enfermedad. “Las cárceles y, en particular la de Paraná, se caracterizan por el hacinamiento y malas condiciones edilicias. Por lo que, en este caso, entiendo que se aplica la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la ley 27360 del 2017, que viene a incorporar una perspectiva axiológica condicionante de las decisiones judiciales”, señalaron.
De no acceder el tribunal a la domiciliaria, pidieron también como alternativa se disponga de un “régimen de semidetención” para Báez. “Esta modalidad -plantearon- permitiría al Sr. Pedro Ángel Báez permanecer en su domicilio fijado durante las horas del día a fin de procurarse el tratamiento médico, la dieta estricta sin contaminación cruzada, la medicación adecuada y los controles de salud requeridos para evitar la degradación irrecuperable de su organismo, pernoctando en el establecimiento penitenciario”.
Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 a 8 años de cárcel. Báez y Aguilera, a 6 años y 6 meses de cárcel cada uno.
En noviembre de 2024 el lugar había sido acondicionado especialmente para alojar a los tres: Urribarri, Aguilera y Báez. Ahora se estima que esa será nuevamente su celda.
El mundo se enfrenta a un mercado de “demanda”, donde los compradores necesitan comprar sus granos, y la “oferta” de los productores que se resisten a vender, pues ven cómo se afirman los precios, y es muy sabido que los productores casi nunca venden en suba. Piensan que los mercados van a seguir subiendo, retienen sus granos y no venden, y esto retroalimenta la suba, hasta que la suba se termina. Veamos cómo se ha comportado el mercado de Chicago desde el 11 de agosto, piso de baja, hasta la fecha. El trigo duro rojo de invierno acumuló una suba de 32 US$/ton, de 263 a 296 US$/ton en su posición futura diciembre. El maíz acumuló una suba de 27 US$/ton, pasando de 181 a 208 US$/ton en la posición diciembre. Por último, la soja acumuló subas de 46 US$/ton, de 429 a 475 US$/ton. Hay que destacar que en la jornada del jueves pasado todos los precios sobre Chicago reaccionaron en baja ante la toma de ganancias de los fondos. No obstante ello, el actual nivel de los precios es el más alto de los últimos tres años.
En el caso de la dinámica de los precios del trigo y del maíz hay un factor de común denominador: la crisis del Mar Negro y el rechazo de los rusos a pactar una tregua con Ucrania para liberar el transporte de granos y retomar el ritmo normal de sus exportaciones. Sucede que Rusia y Ucrania son los principales exportadores de trigo, con un total de 60 millones de toneladas, cifra equivalente al 28 % de las exportaciones mundiales. En segundo lugar, la Unión Europea, con 31 millones de toneladas; le sigue Canadá, con 28,5 millones; Australia, 22 millones; Estados Unidos, 21 millones; y finalmente la Argentina, con 15 millones de toneladas. El conflicto del Mar Negro dejó de tener objetivos bélicos y ahora los drones rusos atacan objetivos comerciales de Ucrania: terminales portuarias, plantas de acopio, acondicionamiento y las industrias aceiteras. En represalia, Ucrania ataca los mismos objetivos comerciales de Rusia. El resultado de este conflicto es la caída y las interrupciones de las exportaciones de trigo del Mar Negro, y la incertidumbre que genera entre los importadores al no tener certeza del cumplimiento de los contratos. Esta incertidumbre se refleja en el mercado en Argentina, donde el precio del trigo en los futuros A3 está cotizando a 245 US$/ton en la posición septiembre, para bajar a 239,5 US$/ton y 238,6 US$/ton para noviembre y diciembre. Y aquí lo más importante: el mercado retoma su tendencia alcista para enero a 241,5 US$/ton y para marzo a 246,6 US$/ton, toda una señal.
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Soldados de la dotación de un obús autopropulsado CAESAR de la 148.ª Brigada de Artillería Independiente Zhytomyr de las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan a cabo una misión de combate en el sector de Oleksandrivka, región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 23 de junio de 2026. (Foto de Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto vía Getty Images)Dmytro Smolienko – Getty Images
En el caso del maíz, Ucrania es el principal exportador del Mar Negro con 22 millones de toneladas, cifra equivalente al 10 % del comercio global. Rusia solo exporta 3,8 millones de toneladas, el 2 % del total mundial. En este caso son los Estados Unidos, con 83 millones de toneladas; Brasil, con 44 millones; y la Argentina, con 38 millones, los principales exportadores del mundo. Entre los tres exportan un total de 165 millones de toneladas, cifra equivalente al 78 % del comercio mundial. En un año donde la producción de maíz americano se vio afectada por las excesivas lluvias sobre el cinturón maicero, el último estimado de ProFarmer Crop Tour confirmó pérdidas de 17 millones de toneladas, encendiendo las alarmas de los operadores al verse afectadas las exportaciones del primer país exportador del mundo. La continua reacción alcista del maíz en Chicago responde a esta situación y a la incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos por parte de Ucrania. Los precios del maíz futuro A3 reflejan también esta incertidumbre, con un mercado en “carry” (suba): noviembre a 203 US$/ton, marzo y abril, cosecha nueva, a 208 US$/ton, toda una señal alcista del mercado.
Los últimos datos disponibles muestran que, en los siete primeros meses de 2026, la faena de hacienda vacuna resultó 10% inferior a la del año pasado en el mismo período; además, la tendencia indica que 2026 cerrará con una matanza de 12,2 millones de cabezas, es decir, 1,4 millones de animales menos que el año pasado. El peso medio de faena, en cambio, ha tenido un fuerte incremento y en julio alcanzó 244 kilos por animal, unos 12 kilos más que en igual mes del año pasado y 14 kilos más que en julio del 2024. “Como consecuencia del incremento del peso medio de faena, la oferta de carne caería solo 7% este año y alcanzaría 2,9 millones de toneladas, unas 240.000 toneladas menos que el año pasado”, afirma Ignacio Iriarte, director de Informe Ganadero. Es decir, el mayor peso de los novillos compensará, hasta cierto punto, el menor ingreso a los mercados. El mayor peso de faena tiene su razón de ser en la abundancia de pasto en los campos, en la excelente relación carne/maíz y en la compleja relación de compraventa entre terneros y novillos, que obligan a extender las recrías y los tiempos de estadía en los corrales.
Por otro lado, en agosto se notó que hubo menos faena de vacas, una vez que pasó la época de mayor oferta estacional, y también que se va reduciendo la disponibilidad de terneros para invernada. Mientras tanto, “el consumo se mueve con una ingesta per capita de 42-44 kilos de carne vacuna, con precios o estables o en caída en el mostrador”, advierte Iriarte. Los valores de la exportación han sufrido algunas correcciones pero siguen entonados por la persistencia del incremento sostenido de la demanda global, que enfrenta una fuerte declinación de la oferta exportable. Por esa razón,“los precios FOB de julio de 2026 son 28% superiores a los de igual mes de 2025”, compara el consultor. En esta actividad se vislumbran mejores perspectivas para los últimos meses del año en Europa, por la salida de Brasil, y en China, por el agotamiento de la cuota asignada al país vecino. En Estados Unidos, el reciente anuncio de importación de 300.000 toneladas de carne libre de aranceles puede provocar una baja en los precios internos que, indirectamente, perjudique a futuros embarques de la Argentina.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) distribuye los pagos de septiembre de 2026 a lo largo de todo el mes mediante un cronograma escalonado que organiza las acreditaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. El sistema permite ordenar el flujo de millones de cobros y garantiza que cada prestación siga su propia secuencia, sin superposiciones que puedan afectar la operatoria bancaria.
Particularmente para los titulares con documento terminado en 4, el calendario de septiembre comienza el 10 de septiembre y se extiende hasta el 24 de septiembre, según la prestación y el esquema de acreditación previsto en cada caso. Algunas prestaciones, como la Asignación por Maternidad o las Asignaciones de pago único, no distinguen por terminación de DNI y están disponibles para todos los beneficiarios durante ventanas más amplias del mes.
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Los haberes del período se actualizaron conforme al Decreto 274/2024, que fija un mecanismo de ajuste mensual atado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. El porcentaje de incremento aplicado en septiembre es del 2,1%, calculado sobre el dato de julio registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los beneficiarios que perciben haberes mínimos reciben además un bono extraordinario de $70.000 adicional al haber actualizado.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciban el haber mínimo tendrán el pago acreditado el lunes 14 de septiembre. El monto total para este período es de $498.633,20: $428.633,20 en concepto de haber con el aumento mensual aplicado y $70.000 del bono extraordinario. La transferencia se realiza de forma automática en la cuenta bancaria registrada por el titular.
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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
Los beneficiarios del SIPA con haberes superiores al mínimo vigente deberán aguardar hasta el jueves 24 de septiembre para ver el dinero disponible en su cuenta, una fecha que comparten con los titulares de DNI terminado en 5. La jubilación máxima fijada para septiembre asciende a $2.884.295,54, de acuerdo con los valores establecidos por la normativa vigente.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cobrarán el lunes 14 de septiembre. El valor de la AUH es de $154.031 por hijo, en tanto la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $77.025 en el primer tramo de ingresos. Para los casos de hijo con discapacidad, el monto de la AUH asciende a $501.537.
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Asignación Universal por Embarazo
Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) percibirán el pago el miércoles 16 de septiembre. El monto vigente para el período es de $154.016. Las titulares que residan en zonas geográficas desfavorables —denominadas zona 1, que incluyen la Patagonia y otras áreas con mayores costos de vida— perciben un valor diferencial de $200.221, en reconocimiento de esa disparidad regional.
Asignación Prenatal
Para la Asignación Prenatal, los titulares con DNI terminado en 4 cobrarán el lunes 14 de septiembre, fecha compartida con quienes tienen el dígito 5. El monto base, correspondiente a familias con ingresos de hasta $1.170.269, es de $77.025, con valores decrecientes según los tramos de ingresos superiores.
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Asignación por Maternidad
La Asignación por Maternidad no sigue el esquema de terminación de DNI: se abona desde el 10 de septiembre para la totalidad de las beneficiarias, sin distinción por dígito final del documento. Su valor equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.
Asignaciones de pago único
Las asignaciones de pago único —que comprenden los beneficios por nacimiento, matrimonio y adopción— están disponibles para todos los titulares sin distinción de terminación de DNI en el período comprendido entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre. Los montos dependen del tipo de prestación y de la composición del grupo familiar, de acuerdo con los valores actualizados por ANSES para el período vigente.
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Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) —por invalidez o vejez— con DNI terminado en 4 cobrarán el jueves 10 de septiembre, fecha compartida con quienes tienen el dígito 5. El haber para este mes es de $370.043,24: $300.043,24 en concepto de haber con el ajuste mensual y $70.000 del bono extraordinario.
Las Asignaciones Familiares de PNC, en tanto, se encuentran disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre. Sus montos no son fijos: varían según el tipo de asignación —por hijo, por hijo con discapacidad, por ayuda escolar anual, entre otras— y según el nivel de ingresos del grupo familiar, por lo que cada beneficiario debe consultar el valor que le corresponde a través de Mi ANSES.
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Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo se abona bajo dos modalidades. El Plan 1 se acredita el jueves 24 de septiembre para los beneficiarios con DNI terminado en 4, junto con quienes tienen el dígito 5. El Plan 2, en cambio, no distingue por terminación de documento y está disponible entre el 1 de octubre y el 9 de octubre para todos los titulares.
Más de cinco millones de personas viven en los 6.467barrios populares relevados en la Argentina. Sobre esa base, la Iglesia, la fundación TECHO y organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron un proyecto de ley acompañado por 11 bloques legislativos de 10 provincias para garantizar por ley el financiamiento de obras de integración socio-urbana hasta 2036. “Para eso es necesario el diálogo”, resumió Gustavo Carrara, Arzobispo de La Plata, al reclamar que los recursos dejen de depender de la voluntad política de cada gestión.
La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Grabois, busca fijar un piso presupuestario vinculado al Producto Bruto Interno (PBI) y responde a un fallo judicial que exhortó al Congreso a garantizar recursos tras la disolución del fondo que sostenía esas obras.
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Monseñor Gustavo Carrara reclamó protagonismo
Carrara destacó la necesidad de comprender a los barrios populares desde la organización de quienes los habitan. “El concepto de integración socio urbana busca destacar el protagonismo de las vecinas y vecinos; que no solo dan que pensar, sino que piensan; no solo despiertan sentimientos, sino que sienten; y no solo padecen las injusticias, sino que se organizan de modo creativo en la lucha por vivir mejor”, sostuvo el religioso.
“Los vecinos trabajan con laboriosidad con la ilusión de pasar del techo de chapa a la losa para después poder cobijar a sus hijos y nietos; para eso es necesario el diálogo”, agregó el Arzobispo de La Plata.
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Los razones del proyecto de ley
Según los fundamentos del proyecto, la iniciativa tiene por objeto “dotar de un financiamiento adecuado, sostenible y permanente a la política de integración socio urbana de los barrios populares de la República Argentina, conforme a lo establecido por la ley 27.453, sus modificatorias y normas complementarias”. Esa norma, sancionada en 2018 con amplio consenso legislativo, reconoce la vulnerabilidad habitacional de millones de argentinos y establece el marco legal para su integración socio-urbana.
El texto sostiene que el derecho a la integración sociourbana, consagrado en el artículo 1° de la Ley 27.453, “es un derecho cuya efectividad depende de la existencia de recursos concretos que le otorguen previsibilidad presupuestaria”. En ese sentido, los fundamentos citan a los tratados internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), que imponen al Estado “el deber de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales” y le prohíben “retroceder sin una justificación estricta y debidamente fundada en los niveles de protección ya alcanzados”.
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Un fallo judicial que exhorta al Congreso a garantizar el financiamiento
“La iniciativa legislativa responde de manera directa a una decisión judicial”, le recuerda a este medio el diputado Juan Grabois. En mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó, en el marco de un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones, hizo lugar a una medida cautelar interina que suspendió el Decreto 312/2025 —que disponía la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)— por considerar que la ausencia de financiamiento implicaba “una regresividad inadmisible en términos constitucionales”, que comprometía “el goce efectivo de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, el hábitat y el ambiente sano”.
El juez Andrés Heim, a cargo del juzgado, exhortó de manera expresa al Congreso de la Nación a arbitrar los mecanismos necesarios para establecer un financiamiento adecuado y sostenible. El proyecto que hoy impulsan los 11 bloques constituye la respuesta directa a ese exhorto.
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El FISU fue creado por el Decreto 819/2019 como instrumento clave para financiar obras de infraestructura en los barrios registrados en el Renabap. Fue dotado de recursos provenientes, entre otras fuentes, del 9% de la recaudación del Impuesto PAIS, conforme a la ley 27.541 y el decreto 184/2020, lo que le permitió desplegar, según los fundamentos, “una de las políticas de infraestructura social más importantes de las últimas décadas”.
Entre los logros de esa política, el proyecto destaca más de 1.300 obras aprobadas de infraestructura urbana —apertura y mejoramiento de calles, equipamiento urbano, redes de agua, cloaca y electricidad, y lotes con servicios— y más de 250.000 mujeres beneficiadas a través del programa Mi Pieza, orientado a mejoras habitacionales.
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Ese esquema se derrumbó con el Decreto 193/2024, que redujo la participación del FISU en el Impuesto PAIS del 9% al 0,3%, “impuesto que luego dejó de existir a fines del año 2024”.
Los fundamentos precisan que esa primera decisión implicó una caída del 96,7% en los recursos disponibles para continuar con las obras en marcha o iniciar nuevas, y que tras la eliminación del impuesto “los recursos para esta política pública se extinguieron”. Como consecuencia, según el informe 145 de la Jefatura de Gabinete, la ejecución de obras se desplomó un 98% entre 2023 y 2026, de 171.863 millones de pesos a apenas 3.336 millones de pesos, y 671 de las 1.322 obras en curso —el 84,3%— quedaron paralizadas en 21 provincias y en laCiudad de Buenos Aires.
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La fórmula para el financiamiento
El artículo 3° del proyecto establece la fórmula que sostiene el financiamiento: un piso presupuestario equivalente al 0,0375% del PBI para el período 2027-2029, con incrementos progresivos hasta alcanzar el 0,1125% en el tramo 2034-2036. Los fundamentos aclaran que la iniciativa no crea un nuevo impuesto ni una fuente de financiamiento adicional, sino que establece, dentro del conjunto de los recursos públicos de renta general, una prioridad presupuestaria para la integración socio-urbana.
“El monto inicial de 0,0375% del PBI es equivalente al nivel de inversión efectiva alcanzado por el FISU durante el año 2021 —año en que la política dio comienzo a su despliegue territorial e impacto social— y representa el mínimo necesario para garantizar la sostenibilidad de las obras en ejecución, evitar su paralización y planificar con horizonte estratégico la integración de los más de 6.000 barrios populares registrados en el ReNaBap”, según el texto presentado ante la Cámara de Diputados.
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La iniciativa agrega que los recursos destinados a esta política no podrán ser inferiores a los del año anterior, incluso en caso de una eventual prórroga del Presupuesto Nacional, y propone prorrogar por diez años la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares.
Gisella Gazzotti, directora nacional de Incidencia en TECHO-Argentina, explicó los alcances de la iniciativa. “Impulsamos este proyecto que busca garantizar fondos del Presupuesto para los sectores más pobres de Argentina. Hoy en los barrios populares viven cerca de 1,7 millones de niños y niñas que se inundan cuando llueve, que crecen sobre un piso de tierra y que no hay manera de que puedan progresar sin invertir en su futuro. Buscamos que este proyecto de ley permita transformar la vida de todos ellos”, afirmó.
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El último relevamiento del ReNaBap
La Mesa Nacional de Barrios Populares —integrada por Cáritas, TECHO y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)— retoma con este proyecto el espíritu de consenso transversal que en 2018 permitió sancionar la Ley de Barrios Populares.
Según el ReNaBap, con datos actualizados a diciembre de 2025, existen 6.467 barrios populares identificados en todo el país, que ocupan una superficie de 684.201.855 metros cuadrados y donde viven aproximadamente 1.287.942 familias, en 1.170.397 viviendas.
El relevamiento del organismo, dependiente de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, clasifica al 81,24% de esos barrios como asentamientos, al 17,41% como villas y al 1,35% como conjuntos habitacionales unifamiliares. En cuanto a su antigüedad, el 26,83% se conformó durante la década de 2010 y el 24,80% durante la de 2000, mientras que un 3,74% de los barrios populares corresponde mayoritariamente a comunidades originarias, entre las que predominan las etnias qom, wichí y guaraní.
Con financiamiento sostenido, la política llegó a ejecutar 1.322 obras en 1.164 barrios populares de las 23 provincias, generó 23.909 lotes con servicios y alcanzó a más de 1.300.000 personas. Casi 859.000 familias cuentan hoy con Certificado de Vivienda Familiar, y el programa Mi Pieza redujo el hacinamiento del 43% al 21% en los hogares beneficiados. La política fue auditada sin observaciones por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
El relevamiento del Instituto Periferias exhibe la magnitud de la crisis social
Un informe elaborado por el Instituto Periferias, que conduce Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, aporta datos sobre la situación social en las zonas más vulnerables de la provincia de Buenos Aires durante 2026. Según ese relevamiento, el 57,5% de los consultados mencionó al hambre y la pobreza como el principal problema del país, con un 32,2% que citó específicamente el hambre y un 25,3% la pobreza.
El estudio también registró que el 44,1% de los hogares sufrió la pérdida del trabajo principal, propio o de algún integrante de la familia, y que el 74,4% de los hogares no llega a cubrir los gastos mínimos con sus ingresos; solo el 11,1% respondió que sí le alcanzan. Un 52,3% de los consultados dijo sentir ansiedad o tristeza por la situación económica de manera frecuente o permanente.
En materia alimentaria, el 68,3% no pudo acceder a alimentos saludables y nutritivos, y el 49,2% se quedó sin alimentos en el hogar en algún momento. El relevamiento detectó además que el 42,3% de los hogares tuvo que pedir dinero prestado o endeudarse para comprar comida, que el 59,8% tiene algún tipo de deuda financiera y que el tipo de deuda más mencionado, con el 37,8%, corresponde a la tarjeta de crédito.
¿Quiénes firmaron el proyecto?
El proyecto lleva la firma de los diputados Maximiliano Ferraro, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Martín Lousteau, Sebastián Nóblega, Fernanda Miño, Javier Noguera, Natalia De la Sota, Diógenes Ignacio González, Yolanda Vega, Esteban Paulón, Oscar Zago, Claudio Álvarez y Marcela Marina Pagano. Como cofirmantes figuran Lourdes Arrieta, Itai Hagman, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Pablo Juliano y Jorge Fernández.
Entre los espacios políticos que acompañan la iniciativa se encuentran Coalición Cívica, Argentina Federal, Encuentro Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Independencia, Defendamos Córdoba, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Coherencia.
Falta de servicios básicos
A menos de 15 días de que el Gobierno nacional presente el Presupuesto 2027, los datos del ReNaBap dimensionan el problema que busca resolver el proyecto de ley. Según el organismo, el 91,57% de los barrios populares no tiene acceso formal al agua corriente, el 66,18% carece de acceso formal a la energía eléctrica, el 97,42% no cuenta con conexión formal a la red cloacal, el 98,56% no tiene acceso formal a la red de gas y el 98,89% no dispone de un sistema de calefacción formal. El 100% de los barrios relevados está amparado por la Ley 27.453, que otorga seguridad en la tenencia de la tierra, de acuerdo con el mismo registro.
