El Gobierno, a través del Senasa, dio un nuevo paso en el proceso de modernización y simplificación de su marco regulatorio. Mediante una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el organismo sanitario derogó 43 resoluciones y disposiciones que habían quedado obsoletas o habían sido reemplazadas por normas posteriores. La decisión forma parte del desarrollo del Digesto de Normas, una herramienta con la que busca ordenar, sistematizar y hacer más accesible toda la normativa sanitaria para productores, empresas, exportadores y demás actores de la cadena agroalimentaria.
La medida fue oficializada mediante la resolución 591/2026, firmada por la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo Gaviglio, y alcanza normas dictadas entre 1964 y 2025 relacionadas con sanidad vegetal, certificaciones fitosanitarias, alertas por plagas, procedimientos administrativos y distintas regulaciones técnicas.
El objetivo central, según explica la resolución, es avanzar hacia un marco regulatorio “más simple, menos burocrático y más transparente”, eliminando disposiciones que ya no tienen aplicación práctica o que fueron reemplazadas por reglamentaciones posteriores.
La decisión se inscribe dentro del proceso de elaboración del Digesto Normativo del organismo, una iniciativa que el Senasa viene desarrollando para consolidar toda su legislación vigente en un único cuerpo normativo de consulta.
La resolución recuerda que el Decreto Reglamentario 776/2019 establece que el organismo “recopilará, simplificará y mantendrá actualizado un Digesto de Normas que contendrá el marco normativo vigente”, siguiendo criterios internacionales de buenas prácticas regulatorias y facilitando su acceso a todos los integrantes de la cadena agroalimentaria.
En ese sentido, el texto sostiene que el propósito es brindar mayor seguridad jurídica y facilitar el cumplimiento de las obligaciones sanitarias. Según los fundamentos de la medida, “habiendo transcurrido un tiempo considerable desde el último reordenamiento efectuado y teniendo en cuenta que resulta imperioso contar con un marco normativo actualizado que mejore la seguridad jurídica de sus usuarios”, la Dirección Nacional de Protección Vegetal propuso eliminar aquellas regulaciones que quedaron superadas.
El organismo explica además que muchas de esas normas “resultan obsoletas o han sido superadas por normativa posterior”. La resolución también vincula esta decisión con el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional.
En ese sentido, recuerda que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 establece que el Estado debe promover “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria”, eliminando aquellas exigencias que constituyan restricciones innecesarias.
Asimismo, menciona la Ley Bases, que fija entre sus objetivos mejorar el funcionamiento del Estado, transparentar la gestión pública, reducir estructuras administrativas y hacer más eficiente la administración.
El Senasa señala que, para alcanzar esos objetivos, resulta conveniente aprovechar las herramientas previstas en el Plan de Modernización del Estado y revisar periódicamente su inventario normativo.
De hecho, la resolución cita el Decreto 891/2017, que dispone que el Sector Público Nacional debe evaluar su normativa vigente y eliminar aquellas disposiciones que representen una carga innecesaria para los administrados.
En total fueron derogadas 43 normas, entre resoluciones y disposiciones emitidas durante más de seis décadas. Entre ellas aparecen antiguas reglamentaciones sobre certificados de fumigación, comisiones asesoras, tratamientos obligatorios para semillas, requisitos fitosanitarios para distintos cultivos, programas específicos de exportación, límites de residuos químicos, alertas sanitarias ya vencidas, emergencias fitosanitarias finalizadas y procedimientos administrativos que posteriormente fueron reemplazados.
También quedaron sin efecto diversas alertas vinculadas con plagas específicas, como el Virus Rugoso del Tomate, Lobesia botrana, la langosta sudamericana, la tucura sapo y la mosca de los frutos, entre otras medidas que ya habían perdido vigencia o fueron absorbidas por nuevos marcos regulatorios.
La resolución aclara que la eliminación de estas normas no implica dejar sin regulación esas materias, sino depurar el cuerpo normativo vigente para evitar superposiciones, duplicaciones o referencias a disposiciones ya reemplazadas.
En los considerandos se afirma que, “a la luz de la experiencia recogida”, resulta necesario profundizar el proceso de simplificación normativa “a los efectos de poder lograr sencillez y razonabilidad del proceso”.
Además, sostiene que la eliminación de estas disposiciones busca “mejorar el desarrollo de los sectores productivos involucrados”, reduciendo trabas administrativas.
El texto agrega que corresponde avanzar “a un nuevo ordenamiento de la normativa reglamentaria atinente al comercio interior y exterior, eliminando instancias bajo un esquema más simple, menos burocrático y más transparente”.
