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En una extensa entrevista concedida al programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral), el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Germán Reynaldo Francisco Carlomagno, abordó algunos de los debates más sensibles de la agenda institucional entrerriana: la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial, la litigiosidad laboral, el funcionamiento del Poder Judicial y las demoras en causas de corrupción. Con un tono prudente, aunque firme en varios pasajes, defendió la independencia de los tribunales y advirtió sobre los riesgos jurídicos que podrían derivarse de modificaciones al sistema jubilatorio.

Al ser consultado sobre su permanencia en la magistratura tras más de tres décadas de trayectoria, Carlomagno descartó una retirada inminente. “No he pensado en la jubilación”, afirmó. Reconoció los elevados ingresos que perciben los integrantes del Superior Tribunal, pero explicó que la continuidad en el cargo responde a una convicción personal: “No me voy porque me gusta el trabajo que hago… me siento con fuerza para hacerlo. Donde no estuviera en esas condiciones me iría”, confesó.

La entrevista con Daniel Enz derivó luego hacia la situación social del país y la provincia, las marcadas diferencias entre los ingresos de los altos funcionarios judiciales y los sectores más vulnerables. Allí el magistrado sostuvo que la realidad de quienes carecen de empleo o viven en la calle “le impacta a cualquier persona normal”, aunque evitó presentarse como protagonista de acciones solidarias institucionalizadas. Reconoció que ha colaborado de manera particular con personas necesitadas, aunque no a través de organizaciones no gubernamentales.

Uno de los momentos más relevantes de la entrevista estuvo dedicado a la reforma previsional promovida por el gobernador Rogelio Frigerio. Carlomagno admitió que la delicada situación financiera de la Caja de Jubilaciones es conocida por todos los Poderes del Estado, pero manifestó preocupación por el impacto que podrían tener los aportes extraordinarios previstos en el proyecto.

“Me preocupa que pueda mantenerse la sustentabilidad de la Caja de Jubilación”, señaló. Sin embargo, advirtió que la iniciativa podría afectar directamente los ingresos de jubilados y pensionados y consideró que algunos de sus artículos podrían dar lugar a futuras controversias judiciales. Sin profundizar en cuestiones que eventualmente podrían llegar a los tribunales, observó con cautela aspectos vinculados a la declaración de emergencia y a la posibilidad de que determinadas facultades sean prorrogadas por decisión del Poder Ejecutivo.

Respecto de la relación institucional con Frigerio, defendió el diálogo entre Poderes y rechazó la idea de que el contacto entre magistrados y gobernantes represente necesariamente una amenaza para la independencia judicial. “No me parece para nada que sea malo. Y creo que hace a la salud institucional”, ponderó.

En materia laboral, Carlomagno respondió a las críticas sobre la denominada “industria del juicio”, concepto utilizado por distintos sectores empresariales y también mencionado por el gobernador en la apertura de sesiones legislativas. El presidente del STJ fue categórico: “Yo no estoy de acuerdo con esa apreciación que hizo”. Según explicó, las estadísticas analizadas dentro del Poder Judicial no respaldan esa caracterización.

La defensa más enfática apareció cuando se le consultó sobre los cuestionamientos de aseguradoras y empleadores respecto de los montos de las indemnizaciones laborales y los criterios jurisprudenciales adoptados por la Sala Laboral que integra. Para Carlomagno, las diferencias con otras jurisdicciones obedecen a interpretaciones jurídicas distintas sobre la actualización de las deudas y el acceso a la justicia.

“Nosotros consideramos que el libre acceso a la Justicia no puede ser impedido ni puede estar obligado el trabajador enfermo o accidentado a ir primero a un ente administrativo”, afirmó al explicar uno de los fallos más discutidos del tribunal. También rechazó las críticas dirigidas a las pericias médicas utilizadas en Entre Ríos y destacó que los profesionales del Cuerpo Médico Forense provincial no perciben honorarios vinculados al resultado de los litigios.

Consultado sobre las recusaciones en causas de corrupción y las demoras que suelen rodear esos expedientes, Carlomagno reconoció que el tema forma parte de las conversaciones internas del Poder Judicial. No obstante, aclaró que las recusaciones son resueltas por tribunales integrados y no por la presidencia del Superior Tribunal.

Finalmente, defendió el régimen de licencias vigente para los vocales y reivindicó la autonomía institucional del Poder Judicial frente a eventuales intentos de intervención de otros Poderes del Estado para regularlas. Al reflexionar sobre los desafíos pendientes de la Justicia entrerriana, identificó como prioridad la reducción de los tiempos de respuesta. “Los conflictos, en su mayor número, puedan ser resueltos en el menor tiempo posible”, resumió.

La entrevista en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) dejó al descubierto la mirada de uno de los actores centrales del sistema judicial entrerriano en un momento atravesado por debates sobre sostenibilidad previsional, litigiosidad laboral, transparencia y funcionamiento institucional. Más que definiciones contundentes, Carlomagno eligió la cautela de quien sabe que muchas de esas discusiones podrían terminar, tarde o temprano, frente a los estrados que hoy preside.

– ¿Usted lleva 32 años en el Superior Tribunal de Justicia, no?

-Todavía, sí. En agosto cumplo 32.

– ¿Y pensó en una jubilación o piensa que puede estar un par de años más?

-No sé cuánto, pero por ahora no he pensado en la jubilación. Y en un momento, cuando era mucho más joven, obviamente, tenía 50 años, en el gobierno del doctor (Sergio Alberto) Montiel, estableció la renta vitalicia para quienes integrábamos el Superior Tribunal.

-Sí, sí… varios se acogieron a ese beneficio, que fue muy criticado.

-Bueno, sí. Y en momento analicé la posibilidad… pero, teniendo 50 años, ¿qué sé yo?

-Pero, hacía poco que había sumido…

-Llevaba 7 años. Incluso algunos vocales, compañeros míos que se fueron, habían ingresado después que yo. Pero, bueno, tomé la tomé la decisión de quedarme con algunas consecuencias, como, por ejemplo, el pedido de juicio político que nos hicieron.

– ¿Y cuántas horas le dedica a la tarea como vocal hoy por hoy?

-Y hoy por hoy, diría que es hasta… podría hablar de un nuevo trabajo como presidente, ¿no es cierto? Pero, referido a la administración… es la administración del Poder Judicial de toda la provincia. Si nos ponemos a sacar la cuenta no supera los 2.800 y pico de agentes, distribuidos en toda la provincia. Y uno tiene que ocuparse de la administración, de todo lo que significa la administración como si fuera una empresa; que es diferente al trabajo de vocal que yo venía haciendo, sin perjuicio de tener de que intervenir en juicios. Pero, en otro sentido, respondiendo a la pregunta que es la cantidad de horas, no la puedo medir porque, prácticamente, no tengo un horario. Por ejemplo, soy de levantarme muy temprano en mi casa. Y me quedo hasta las 8 y media o 9 trabajando en algunas cosas en casa. Y ahí voy… después me quedo hasta las 2-3 de la tarde, por ahí voy los sábados y los domingos. Bastante tiempo le dedico, creo que demasiado, según mi punto de vista.

– ¿Se baja la intensidad a la tarde en tribunales?

-Sí, sí.

-Mucho, quizás demasiado…

-Sí, se baja. Ustedes quieren decir la cantidad de gente que va. Hay también ahora con el tema de la informatización la posibilidad, que también lo tengo en los expedientes, trabajar… uno tiene una computadora con todo el material cargado y puede trabajar desde la casa. Pero, bueno, son distintas maneras de ver las cosas. En este caso no, concretamente, desde la Presidencia, eso no.

-Si mal no sacamos el cálculo, usted vive aproximadamente a 250 metros del Tribunal. ¿Va caminando o en automóvil?

-No voy caminando. A la tarde, sí, voy caminando y vuelvo. Pero, en general, a la mañana voy en auto.

-Se le preguntamos para saber ¿cuánto mira a su alrededor? ¿Cuánto mira la cantidad de personas que está pidiendo en la calle? La gente en los contenedores comiendo todo el tiempo, cada día hay más personas en situación de calle…

-Pero, muchísima gente.

– ¿Cuánto le afecta o le duele esa realidad?

-Sí, por lo pronto me duele muchísimo. Pero, les quiero decir que lo siento durante todo el día en mi casa, porque mi casa es…

-Es una puerta a la vereda. Lo sabemos muy bien porque ahí funcionó la sede de ANÁLISIS durante mucho tiempo en la década ´90.

-Sí, es cierto. Y, dando la vuelta, es como un circuito que hay con confiterías. Entonces, es inmensa la cantidad de gente que pasa pidiendo. Sí, sí, muchísima gente que pide, que pide, que golpea y pide. Sí, lo noto… No lo noto tanto a la mañana, sino que lo noto a la tardecita y a la noche.

 

-Su sueldo supera los 20 millones de pesos mensuales, menos los descuentos pertinentes. Y si se jubilara mañana, recibirá algo así como 18 millones por mes. ¿Usted es consciente de la realidad que se vive en el país y en la provincia?

– No, son casi 16 millones….

-Sí, 16.015.333,72 centavos para ser más preciso, según su último recibo.

-Ese es el sueldo.

-Si se jubilara mañana, recibirá algo así como 17.000.000 por mes en función de su antigüedad. Usted hoy por hoy, junto con el vocal Omar Carubia, son los más antiguos.

-Sí, pero, hay un techo con la antigüedad. Hay una diferencia en la antigüedad en cómo se liquida, por ejemplo, en Santa Fe o en la Corte o en Buenos Aires. Acá hay un techo que no supera el 100% de lo que son los rubros, es decir, yo no podría ser un caso como el de (Carlos Santiago) Fayt, que cobraba infinidad de dinero por la antigüedad. Acá se corta. Pero, sí… no quiero hacer ninguna ostentación del hecho de por qué no me voy. No me voy por me gusta el trabajo que hago… me siento con fuerza para hacerlo. Donde no estuviera en esas condiciones me iría.

-¿Ha pensado algunas veces esa distancia entre su sueldo o la jubilación que podría cobrar y lo que percibe hoy por hoy alguien con una jubilación mínima?. Le pregunto desde lo social y humano. Usted ha sido impulsado por el peronismo de Concepción del Uruguay; tiene formación peronista.

-Sí. Aparte trabajé mucho tiempo en la profesión y fui mucho tiempo empleado mientras estudiaba.

-Nos referimos a que usted tiene un concepto social en función de su formación política, más allá de que no tuvo ningún cargo…

-Fui apoderado del partido en Concepción del Uruguay.

– Pero ¿cuántas veces piensa en ese aspecto?

-Estábamos hablando recién cuando uno ve la gente, no estoy hablando del que cobra la mínima, estoy hablando del que no tiene trabajo. En muchas ocasiones los veo, sí. Y cuando voy a Buenos Aires, aunque ahora no voy tan seguido; pero he ido muy seguido antes, y en Buenos Aires también se nota la gente durmiendo en las calles. Todo eso le impacta a cualquier persona normal, creo yo.

-¿Ha ayudado en este tiempo a alguna ONG o fundación solidaria que trabaja con los que menos tienen?

-No, de esa manera, no. De otra manera sí lo he hecho. Pero, bueno, de otra manera, de otra manera, colaborando de manera específica. Pero, con ONG, no. Tal vez si me lo hubieran planteado lo hubiera hecho, pero por iniciativa no lo hice, esa es la verdad.

 

 

La reforma previsional

– ¿Y qué es lo que más le preocupa de esta reforma previsional que está queriendo instrumentar el gobierno de Rogelio Frigerio?

-Lo que más me preocupa es que pueda mantenerse la sustentabilidad de la Caja de Jubilación. Porque ninguno -creo yo, de los que estamos alrededor de esto, del Estado, como integrantes de uno de los Poderes del Estado- desconoce la situación de la Caja. La situación de crisis de la Caja. Pero, también es cierto que es una época muy difícil… muy difícil en cuanto a los haberes. No estoy hablando del mío… Y establecer de esta manera los descuentos, los aportes extraordinarios, es una manera de afectar directamente el ingreso del jubilado, de los pensionados. Y creo que tiene varios puntos que pueden ser objetos de planteos litigiosos el día de mañana.

– ¿Cómo pasó en Santa Fe?

-Acá todavía estamos hablando de un proyecto. Yo estoy hablando de lo que puede ocurrir. Yo hablo de lo que puede ocurrir en base…

-¿Habla con sus colegas de Santa Fe?

-Sí. Nosotros tenemos muchísima relación. Sí conocemos también con los de Córdoba, porque creo yo -no estoy seguro. que es un cordobés el que ha dado las líneas de estas reformas… De los proyectos de reforma.

-Sí, de hecho, el proyecto de aquí tiene cosas tomadas de Córdoba y de Santa Fe.

-Es más, el apellido de ese hombre es Giordano. No digo que haya sido utilizado ese proyecto, pero que tiene mucho que ver, porque es una persona de mucha experiencia… Muy conocida. Bueno, referido a eso que me preguntó, le digo: sí, me preocupa… me preocupa la emergencia. No es lo mismo la emergencia que pasó en la época anterior por el Covid, que una emergencia de la situación de la Caja de Jubilaciones que la venimos advirtiendo hace años. Entonces, hay determinadas circunstancias para que la emergencia sea atendida. Obviamente, me guardo para mí lo que considero pertinente, toda vez que a nosotros seguramente nos va a tocar, si es que la ley sale así, algunos planteos. Entonces, quiero ser prudente en ese tipo de cosas. Pero, hay cuestiones como la delegación de funciones. Fíjese que la emergencia va hasta fin del año que viene, pero pudiendo ser prorrogada por la voluntad del gobernador.

– ¿A ese punto ustedes se lo plantearon al gobernador?

-Sí, lo hemos planteado en términos de posibilidad. Y, potencialmente.

– ¿Puede existir algún agregado o alguna modificación en función de lo que usted le dijo?

-Puede haber.

 

 

-Usted ya tuvo dos reuniones institucionales públicas con el gobernador Rogelio Frigerio en estos primeros meses. ¿Cómo se cuida un presidente del STJ de no caer en la sintonía excesiva con el Ejecutivo de turno? ¿Qué ha pasado?

-Que ha pasado qué…

-Que existieron algunos presidentes del STJ que entraron en una sintonía absoluta con el gobernador de turno…

-Ah, sí. Sí, sí, seguramente que sí. Esta es la primera vez que soy presidente. Pero, sin embargo, a pesar de no haber sido presidente, he tenido vinculaciones con gobernadores anteriores. Con Jorge Pedro Busti… a Busti lo conocía de Concordia… yo viví mucho tiempo en Concordia. Cuando él ejercía la profesión en Concordia, yo la ejercía en Uruguay… no éramos íntimos amigos, pero había una buena relación. Incluso más, cuando él intentó la primera elección de gobernador, yo estaba en la profesión y en Concepción del Uruguay, estaba con la línea contraria a la de él, que era la de (Cristóbal Carlos) Vairetti, que el “scelzismo” estaba con él.  Y me acuerdo que él fue de visita y unca me dijo nada, absolutamente nada. A eso me refiero. Ahora, acá, estando ya en la función, he tenido, sí, contacto con gobernadores. No me parece para nada que sea malo. Y creo que hace a la salud institucional, dentro de los parámetros que estamos hablando, ¿no es cierto? … de la cuestión institucional.

-En la apertura de sesiones de este año, el gobernador cuestionó la industria del amparo contra la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Usted estaba en la primera fila y además integra la Sala Laboral. ¿Cómo le cayeron esos conceptos?

-Sí, sí. El amparo está referido a todo… también se refirió a los juicios laborales. Yo no estoy de acuerdo con esa apreciación que hizo. No estoy para nada de acuerdo. Y en su momento se hizo, después de esa expresión, un punteo casualmente estadístico dentro de nuestras oficinas para tratar de confrontar, a ver si revestía. Y creemos que estuvo equivocado, que fue un concepto equivocado. Y relacionado con lo laboral… creo que, a principio de año, cuando todavía no había asumido, porque era enero y estaba de vacaciones, de la radio donde ustedes están (por Radio De la Plaza), me llamaron y hablé referido al tema famoso de la industria del juicio. Porque acá, claro, si ahora usted me dice, la industria del juicio es Concepción del Uruguay porque la empresa ésta de los pollos suspendió 800-1.000 personas. ¿Y cómo no va a ver? Industria del juicio no es.

-Seremos más específicos. El Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) tiene oficialmente 2.066 juicios en trámite, declarados en el balance que presentó ante la Superintendencia de Seguros de la Nación al cierre de junio del año pasado. Las deudas con asegurados del Instituto crecieron $21.500 millones en moneda constante en un solo año. O sea, unos 17 millones de dólares a valor oficial. Su propia Sala Laboral del STJ es la que confirma o revoca la mayoría de esas sentencias. ¿Tiene noción del impacto fiscal que está teniendo en la provincia la jurisprudencia que su Sala produce?

– Voy a empezar por otra cosa… Nosotros vivimos en Argentina desde hace mucho tiempo el proceso de la inflación, el proceso inflacionario … Es como hablar de crisis… quién no habla de crisis. Pero, a lo que quiero llegar, para sintetizar, es quién soporta el fenómeno de la inflación. ¿Quién soporta el fenómeno de la inflación?: El enfermo y el accidentado. Y de esa forma se han ido dictando leyes referidas a los juicios laborales, concretamente de accidente y de enfermedades profesionales. Y en esos cálculos, ahí radica la cuestión: ¿cómo se actualizan las deudas?

-El abogado de la Unión de Aseguradoras del Riesgo del Trabajo, Gonzalo Dabini, dijo textualmente que “Entre Ríos tiene sentencias que duplican el promedio nacional” y atribuyó eso a los casos Crettaz y Vázquez, dos fallos que usted firmó en la Sala Laboral. ¿Qué le contesta?

-Soy uno de los firmantes.

-Pero, qué hay de eso que duplican el promedio nacional. ¿Por qué se llega a esa situación?

-Porque los criterios pueden ser totalmente diferentes… totalmente diferentes. He participado de diversas jornadas donde se ventilaban este tipo de cuestiones. Incluso, hay una persona de la Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, con la cual he intercambiado conceptos, y… bueno… son criterios diferentes. ¡Son criterios diferentes! Y están presentados como si fuera una explosión.

 

-Le aportamos más datos. La Superintendencia de Riesgo del Trabajo en abril, hace poquito, informó que el sobrecosto judicial laboral en Entre Ríos por trabajador es de 126 dólares anuales, cuando en Corrientes -tomando una provincia vecina con realidades muy parecidas-, tiene apenas 8 dólares. ¿Por qué un trabajador entrerriano cuesta judicialmente 15 veces más que uno correntino?

-Son criterios diferentes en cuanto a cómo ustedes actualizan la deuda. Ocurre el accidente, pasa por la Comisión Médica o no pasa por la Comisión Médica, porque acá… nosotros… el fallo Vázquez, al cual ustedes se refieren, es que nosotros consideramos que el libre acceso a la Justicia no puede ser impedido ni puede estar obligado el trabajador enfermo o accidentado a ir primero a un ente administrativo que funciona con los fondos del Estado. Nosotros creemos que puede ir directamente a la justicia.

-La Sala Laboral que usted integra produjo una jurisprudencia que llevó la incapacidad promedio en sede judicial al 13,1% cuando la Comisión Médica fija 1,9%. ¿Por qué la brecha es tan grande? ¿La Justicia entrerriana sabe más de medicina laboral que los médicos?

– No, no digo eso. Digo que son distintos parámetros. Por lo pronto, esas asociaciones de las que estábamos hablando están reclamando que no sean más peritos de parte para intervenir en los juicios. Lo reclaman y lo reparten por todo el país, sin observar que en Entre Ríos no son peritos de parte, sino que nosotros tenemos el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Y ellos dicen que los peritos de parte están interesados en que sean elevadas las indemnizaciones porque están “enganchados” con los honorarios que cobran. Acá en la provincia -se lo hemos repetido a distintos funcionarios administrativos que han venido-, eso no ocurre, porque los honorarios de los peritos médicos, que son del Cuerpo de médico forense, van a cuentas judiciales. No es para el médico que va a cobrar el honorario, que es la justificación de la queja de que no haya Cuerpo de Peritos Médicos en el resto del país. Pero no acá, no acá.

-Pero hay fallos realmente sorprendentes. Es el caso de un camionero de 55 años accidentado, con una sentencia -también contra el Instituto del Seguro- de 613.000.000 de pesos. O sea, estamos hablando de más de 400.000 dólares.

-Pero no está firme esa sentencia.

-Ah, no está firme.

-No está firme esa sentencia, sí es el caso que yo creo. Es un camionero de Concordia, pero no está firme.

-Pero, es altísima…

-Sí, sí, es altísimo. ¿Quién va a negar eso? Por supuesto, ¿quién va a negar eso? Nadie. De cualquier manera, lo que le quiero significar es que nosotros ponderamos el sentido de la intervención del Poder Judicial. Algunos de nosotros, por lo menos, creemos que obligar al trabajador enfermo o trabajador accidentado a pasar por las comisiones médicas es, de alguna manera, denegar el acceso a la Justicia. Comisiones médicas que son sustentadas con los fondos que aportan a las ART, para simplificarlo: funcionan con los fondos de la contraria.

 

 

Las recusaciones en los casos de corrupción

-Como presidente del STJ, cómo manejará las recusaciones que afectan a la mitad de la Sala Penal del cuerpo que conduce, en especial en casos por delitos de corrupción.

-Esto de las recusaciones, como contrapartida, están las excusaciones… no lo resuelvo yo por ser el presidente. Es un Tribunal que va a resolver.

-Pero imaginamos que esos temas se deben hablar o ¿no se habla de eso en los Acuerdos de los martes del STJ?.

-Puede ser que hable con uno o con dos. Pero no es una regla esa. La recusación, el recusado, digamos, es el que responde, y un Tribunal integrado es el que le resuelve si es procedente o no… de la misma manera que la excusación. Esa esa es la verdad.

-Pero, ¿no debería existir una posición más dura en el Superior respecto de los enjuiciados o condenados por delitos de corrupción en esta provincia, sin violar las garantías de nadie ni de los abogados defensores. Porque usted también será consciente de que a veces uno dice: tanto van a demorar. Usted vivió la etapa penal anterior, donde eran quizás eran más rápidos, eran más más expeditivos en investigaciones y en juicio por delitos de corrupción, hasta que se instrumentó el nuevo Código. Pero, se ve que hay una jugada de los abogados defensores, que van recusando, apelando, objetando decisiones y así pasan los años. Son los mismos que después se quejan y dicen: la Justicia me tiene en la parrilla a mis defendidos y son ellos mismos los que provocan esas situaciones.  ¿Pero esas cosas tampoco se hablan?

-Sí, ¡claro que se hablan! ¡Sí, se hablan! Hay casos que han sido y que aparecen de la nada, que uno por ahí ni los tiene en cuenta, y dice: ¿cómo esto está todavía? Uno que apareció hace relativamente poco, pero que estuvo demorado en la Corte, es el de (exvicegobernador de Entre Ríos, Héctor) Alanís… yo ni me acuerdo cuándo fue vicegobernador.

-Período 1995-1999…

-Y ahí no es el Superior Tribunal. Estamos hablando de la Corte, ¿no es cierto? Entonces, no puedo responder por todos. Trato de hacer las cosas lo mejor posible dentro de lo que me toca, aunque no les guste a algunos.

-?Habla de vez en cuando con el Procurador Jorge Amílcar García? Digo, porque ambos son de Concepción del Uruguay y entiendo importante que tengan diálogo.

-Sí, hablo, sí, cómo no. Él es más chico que yo de edad, pero coincidimos en la época que los dos estudiábamos en Buenos Aires. Así que hablo, sí… no tengo ningún problema.

-¿Y avanzan en algunas cosas?, porque quizá el Procurador le dice que está molesto por alguna situación…

-No, no…

-Qué hablan… de fútbol…

-Lo que se le ocurra. Pero, no quiero macanear, pero, por ahí pudimos haber hablado de alguna cosa, y en este momento no me estoy acordando. Pero, no es una mecánica que esté hablando como que si fuera un compañero de Sala. No es así… no es así.

 

 

– ¿No se puede comprometer a publicar mensualmente en la web del Poder Judicial el detalle individualizado de comisiones, viáticos y licencias de los nueve vocales, sin esperar pedidos de acceso a la información? Lo decimos porque después somos los malos de la película… se abroquelan, le piden ayuda al gobernador…

– ¿Al gobernador?

-Y sí … algún vocal cuando se ha sentido medio cercado por los pedidos de información… no sé si directamente, pero a través “de” siempre llega algún mensaje al gobernador para ver qué puede hacer. Lo decimos como un coletazo de aquella denuncia que hiciéramos contra la vocal Susana Medina de Rizzo. Nos sorprendió mucho la información oficial que se conoció en su momento. La cantidad de viáticos, de licencias que había. Usted estaba en el tope de las estadísticas también, junto con Medina.

– Sí, sí… Pero, le voy a decir lo que pasa. Hace años soy integrante de la comisión directiva de la Junta Federal de Cortes.

-Lo hemos dicho en los informes, sí.

-Y eso genera que 3 días, por lo menos, por mes, durante 10 meses -­menos enero y julio-, viajamos a distintos puntos del país. Y eso es un compromiso que se tiene que hacer cargo cada Tribunal. Estoy hablando por mí, ¿no es cierto? Así que ahí tengo un grosso número que no lo he registrado.

-Es decir, ustedes no hacen una especie de mea culpa de decir: bueno, sí, quizás, deberíamos viajar un poco menos. Porque a todos los que hemos estado en algún lugar en adeterminada entidad nacional, nos invitan a muchos lugares. Pero, por allí uno dice: no, no puedo, tengo que trabajar. No, puedo ir a todo. Y con ustedes eso no sucede.

-Por lo pronto, el trabajo no se corta con esas idas, por qué nosotros seguimos manteniendo lo que es comisión de servicio. Pero, estando en una comisión, si uno asume estar en una comisión, tiene que ir una vez al mes.

-Bueno, pero no nos respondió si se puede empezar a informar más en la página web del Poder Judicial, a los efectos de la transparencia.

-Les quiero decir que el Poder Judicial tiene una autoridad que es el Superior Tribunal, donde somos 9. Yo soy el representante, pero no soy el jefe.

-No, pero lo puede proponer.

-Como proponer, lo puedo proponer. Pero, por mi carácter de presidente, no lo puedo disponer. Lo puedo conversar con mis colegas.

– ¿Considera que el régimen de licencias actual del STJ es razonable o es necesario reformarlo para impedir que un vocal pueda ausentarse el equivalente a tres años judiciales completos y no rendir cuentas de nada, con un sistema propio?

-Yo creo que es razonable, absolutamente. Absolutamente razonable.

-Sí, porque la respuesta en la situación de Susana Medina, fue: nosotros somos los que establecemos el reglamento interno, y no nos importa lo que pasa en los otros ámbitos.

-No, no. Cómo que no nos importa lo que sucede en los otros ámbitos. No le estoy revisando el reglamento de licencia a los legisladores, al Poder Ejecutivo. Cada Poder tiene su poder -valga la redundancia- de establecer la reglamentación, en este caso, de las licencias. Y lo hemos analizado varias veces, y se ha considerado que es razonable. Así que no creo que haya nada que tocar. Y menos que lo pueda tratar de imponer alguna persona de otro Poder, que es interferir, meterse en las facultades de cada Poder.

-Usted confesó que hace 32 años que está en el cargo de vocal. Es decir, es uno de los más entendidos de lo que ha pasado en esta provincia. Si tuviera que señalar la deuda más grave del Poder Judicial de Entre Ríos con la sociedad entrerriana en los últimos diez años. Y si podría hacer un orden…

-Primero, nosotros como Poder Judicial tenemos la obligación de responder a los planteos de los conflictos, ¿no es cierto? Entonces, de resolver los conflictos. Como prioridad sería que los conflictos, en su mayor número, puedan ser resueltos en el menor tiempo posible…. Vuelvo porque ustedes lo sacaron al tema: creo que el tema de los aseguradores, los aseguradores estoy hablando, no estoy hablando de las víctimas, porque acá ustedes citaron una cantidad de cosas relacionadas con una parte, que es la parte fuerte, que es la parte que tiene representación. Pero, el accidentado, el enfermo, no tiene una asociación ni nada por el estilo. Por eso creo que eso también es algo importante, y desde mi punto de vista, vuelvo al comienzo cuando les dije que acá la inflación era un problema no resuelto desde hace años. Y en esto se vislumbra eso. Por supuesto, que no estoy hablando de la indemnización esa que ustedes están hablando… “un bolazo la cantidad” …

-Pero, está establecida.

-Sí, sí, está establecida. Pero, no está no está fija. Pero, a lo que voy es que se busca que la persona no padezca los males de ese mal endémico que es la inflación; que no lo sufra la parte más débil. Eso para mí también tiene importancia.

-Está claro, los derechos del trabajador tienen que existir.

-Ahora estamos en una etapa distinta.

-Etapa (Javier) Milei…

– Estamos en una etapa que ya pasamos algo parecido, ¿no? … Porque a nosotros se nos transformó de las 2 Salas Laborales que había: una quedó sin efecto, uno de los Juzgados Laborales pasó a ser de Familia cuando todavía no había Juzgado de Familia, pero se lo dejó de ser. Es decir, si me dice cuáles son las necesidades… sí, necesidad tenemos, ¡cómo no! Necesidad de tener más organismos, necesitamos, concretamente en Concordia… hicimos el planteo hace tiempo… la iniciativa judicial para un Juzgado de Trabajo más por la cantidad de pleitos laborales que hay en esa zona.

-Le queríamos agregar respecto de los trabajadores. Insistimos que los trabajadores tienen sus derechos. Pero, hay fallos de la Justicia contra pequeñas empresas, que la han llevado a cerrar porque no pueden sostenerse después de un fallo judicial millonario.

-Sí, sí. Ustedes están hablando ahora no de los accidentados ni de los enfermos.

-Estamos hablando de situaciones en general.

-Los conflictos laborales… Los conflictos laborales tienen muchísimas causas, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa cuando se le condena a un empresario? No es lo mismo un gran empresario que uno pequeño. Nosotros somos conscientes. ¿Cómo no vamos a ser conscientes? Porque aparte de la indemnización, están establecidos una serie de multas. En eso creo que ahora se lo eliminó, que no me parece mal. No me parece mal.

-El tema de los peritos. Hay pocos peritos que dependen del Poder Judicial, y, en consecuencia, no tienen tiempo para hacer las pericias de casos de corrupción, que son pericias inmensas, justamente, porque están trabajando en una o en otra, y no pueden trabajar en una tercera. ¿Eso no se puede solucionar! Decir: contratemos más peritos.

– Ahora le puedo dar un ejemplo. Hay una perita contadora que está exclusivamente para la Sala Penal y que tuvo un problema serio de salud y se reintegraba a principio de año. Ya en la presidencia me dijeron qué apoyo le podíamos dar a esa persona. Inmediatamente, le nombramos…

– ¿Pero ustedes no consideran que debería haber más peritos? No uno, dos o tres. Sino más, porque tienen que hacerse cargo de casos de corrupción de toda la provincia.

-Esa pregunta así directa, suena como que sí. Pero, no lo tengo.

-No alcanza la plata…

– No, no estoy hablando de eso. No lo tengo planteado. Cuando lo tuve planteado al principio de este período, rápidamente le dimos solución. ¿Y qué es lo que pasó? Al que pusimos terminó renunciando.

-Pero, qué paso: se asustó.

-No sé… no sé. Pero, inmediatamente lo reemplazamos por otra persona. Es decir, nosotros -creo yo que tenemos respuestas, también tiene la Procuración sus peritos relacionados con esto que estamos hablando.

 

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 3 de junio de 2026

 

La defensa de Jonathan y Eduardo Kovalivker, de la Droguería Suizo Argentina designó una perito informática, solicitó ampliar los puntos de pericia sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en el caso ANDIS y pidió que la experta analice si el material pudo haber sido manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial, clonación de voz o técnicas de edición digital avanzadas.

En una presentación judicial, el abogado de la familia Kovalivker, Martín Magram, reclamó que la perito determine si los registros presentan “indicios de clonación de voz”, “modificación mediante inteligencia artificial”, “procesamiento mediante voice synthesis”, “deep voice manipulation” o “utilización de herramientas de postproducción automatizada”.

El planteo busca que la pericia ordenada por el juez Ariel Lijo sobre los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se describen hechos de corrupción en la ANDIS vaya más allá de la autenticidad básica de los archivos y avance sobre posibles intervenciones tecnológicas que podrían haber alterado el contenido difundido.

“Dado que el material auditivo en cuestión haber sido: editado, segmentado, recompuesto, comprimido múltiples veces, retransmitido, o manipulado mediante herramientas digitales, resulta imprescindible que la fuerza pericial interviniente efectúe un análisis técnico completo bajo estándares internacionales de informática forense y acústica forense”, dice la presentación de los Kovalivker

Además, la defensa pidió un análisis técnico destinado a establecer la existencia de múltiples generaciones digitales del material. En ese sentido, solicitó que se determine la “cantidad de recompresiones detectables”, el “tipo de codec utilizado”, la presencia de “alteraciones por exportación sucesiva” y posibles “incompatibilidades entre metadata y estructura digital”.

Los Kovalivker designaron como perito de parte a la licenciada Cecilia Vera, una especialista en informática.

Otro de los puntos incorporados apunta a reconstruir la historia de los archivos. Los abogados requirieron que se intente establecer la “secuencia temporal de edición”, identificar “puntos de corte”, eventuales “superposiciones de capas”, “inserciones no naturales” y posibles “pérdidas de continuidad lógica y acústica”.

La presentación también reclama un análisis comparativo entre todas las versiones disponibles de los audios. Concretamente, pidió que se cotejen “los archivos obrantes en autos”, aquellos “difundidos en medios” y “cualquier otra versión circulante”, con el objetivo de detectar diferencias técnicas o modificaciones entre las distintas copias.

Pedido de máxima preservación de la evidencia

La defensa también hizo especial hincapié en la preservación de la prueba digital y solicitó medidas de resguardo para garantizar la integridad de los archivos.

Entre otras cuestiones, requirió que “toda manipulación del material quede registrada”, que se documenten los accesos realizados por los especialistas y que se generen “hashes criptográficos” herramientas utilizadas para verificar que un archivo no haya sido alterado durante su análisis.

Asimismo, pidió que se conserve una “bitácora completa de intervenciones” y que se evite “cualquier sobrescritura o alteración del soporte original”.

Por último, reclamó que las tareas periciales se realicen únicamente sobre copias forenses verificadas y no sobre los archivos originales, una práctica habitual en investigaciones informáticas destinada a preservar la evidencia sin riesgo de modificación.

Con esta propuesta de los puntos de pericia, los dueños de Droguería Suizo Argentina buscan que los expertos determinen no sólo si los audios son auténticos, sino también si pudieron haber sido editados, reconstruidos o modificados mediante herramientas digitales o inteligencia artificial.

La droguería es nombrada en los audios, pero aún los Kovalivker, que fueron allanados al comienzo de la investigación, no fueron citados a indagatoria. En la causa está procesado Spagnuolo, entre otras personas.

 

Fuente: Ámbito Financiero.