Hay una característica en la gestión de Javier Milei que resuena también en gobiernos anteriores: entender que el ejercicio del gobierno es la aplicación de una receta científica y que el éxito está determinado por la calidad de esa receta, que se traslada a la realidad de manera mecánica. En comparación con otras administraciones, ese rasgo hoy está acentuado. Es más fuerte.
La idea de que el Gobierno será exitoso porque su receta “economicista” es la correcta es un prejuicio que choca con la realidad. La vida pública y la administración no son un tubo de ensayo. Existen distorsiones ocasionadas, por ejemplo, por peleas de poder.
No es la única razón por la cual este concepto cientificista en el que cree Milei es limitado. Cualquiera sea la receta, debe estar validada por la gente. La democracia es un sistema por el cual conocimientos técnicos tienen que ser aceptados por grandes masas de personas. La cadena de transmisión entre la ciencia y el consenso popular es la política.
La administración Milei enfrenta hoy este dilema. Quien se detenga en la declaración de muchos funcionarios, principalmente de quienes integran el área económica, advertirá que están convencidos de un dogma teórico. Del otro lado, cuando observamos qué es lo que piensa la gente, y el único instrumento, defectuoso, que existe para detectar una tendencia son las encuestas, vemos una antipatía por la política económica que alcanza el 66%.
Un estudio realizado por Mora Jozami de Casa Tres pone el foco puesto en determinar cuál es para los consultados el principal problema del país. En diciembre de 2023, cuando Milei desembarcó en la Casa Rosada, la preocupación estaba puesta en la suba de la inflación. Ese panorama se modificó. Del total de la muestra, un 19% coincide en que la economía, en general, es el obstáculo número uno. Le sigue la corrupción (16%), temática que empezó a tener mayor presencia en las encuestas y que interpela tanto al oficialismo como a la oposición. Los bajos salarios (13%) y el desempleo (12%) ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Estas cifras son la prueba de que el Gobierno está pagando con el cambio de agenda su éxito respecto de la inflación. El problema político que hoy enfrenta Milei entonces no es otro que su capacidad para adaptar la sensibilidad y la estrategia de su administración a esta nueva agenda.
Es imposible determinar con certeza y precisión qué es lo que motiva el voto de la sociedad. Es el gran drama de los políticos, y lo que llevó a algunos a recurrir incluso a brujos para descubrir por qué la gente cambia de humor. Aún así, hay un constante que suele tener peso determinante en la orientación del sufragio: el movimiento del poder adquisitivo del salario. De acuerdo con el mismo trabajo de Casa Tres, cuando se trata de encuestados que debieron resignar consumos, un 79% está contra el Gobierno. Un 25% que dijo no haber tenido que ajustar el cinturón simpatiza con Milei.
La reducción del poder adquisitivo está determinada por el tope al aumento de los sueldos, un factor siempre presente en los programas de estabilización. El Ministerio de Economía trata que la mejora en el salario corra por detrás de la inflación.
En el caso Milei, la caída del poder adquisitivo también se relaciona con el aumento del precio de servicios públicos como la electricidad o el gas. Esa suba deriva de una política impulsada por el Gobierno en vinculación a dos puntos: la remuneración de los servicios públicos y la cuestión fiscal. Durante mucho tiempo, el costo de los servicios públicos estaba subsidiado por el estado. Esto produjo una gran distorsión en las cuentas públicas, que esta administración, con una enorme preocupación por el desbarajuste fiscal heredado, quiso corregir. Como resultado, se produjo una liberalización de los precios de estos servicios. En 2016, Macri intentó ir por un camino similar, pero encontró como límite a la Justicia. Apareció un aluvión de medidas cautelares y amparos que terminaron en la Corte Suprema, que fijó el siguiente criterio: el aumento de las tarifas de los servicios públicos estará vinculado a la marcha de los salarios. 10 años después, este criterio ya no se tiene en cuenta.
En la actualidad, la participación de los servicios públicos en el salario aumentó notoriamente. Quienes estudian esta temática aseguran que entre noviembre y diciembre de 2023, la luz, el agua y el gas pesaban en el promedio del salario registrado un 6%. En julio de este año, trepó al 15%. Visto desde otra lógica, las empresas distribuidoras han sido grandes beneficiarias de esta gestión, que alivió la carga del gasto público en subsidios además de reconocer deudas que tenían con el Estado de manera generosa.
En este contexto, este jueves se produjo una noticia de gran relevancia: YPF vendió su participación en Metrogas. La licitación o concurso fue ganada por los dueños de Edenor, José Luis Manzano, Daniel Vila, Mauricio Filiberti y Ricardo Depresbiteris. Lo lograron a través del endeudamiento de la propia Edenor.
Hay una vinculación importante de este grupo empresarial con el Gobierno. El principal interlocutor entre ambos es Santiago Viola, viceministro de Justicia ligadísimo a Karina Milei e hijo de la abogada histórica de Manzano, Claudia Balbín. Otro importante: existe una alta probabilidad de que Filiberti se quede con AySA cuando sea privatizada. Cuenta con una gran ventaja ya que es el principal proveedor de cloro para lo que antes eran Obras Sanitarias o Aguas Argentinas. Estamos frente a un cambio importante en el país, pero sobre todo en el conurbano. De acá a un tiempo, un vecino del Área Metropolitana podría depender, para la provisión de luz, gas y agua, del mismo e ineficiente grupo empresario. Son Manzano, Filiberti y Vila. Son los dueños del restaurante Roldán.
Solo un paréntesis: asumió como jueza federal de Hurlingham Ana Juan y fue a festejar a Roldán, donde estaba el elenco de siempre: Ariel Lijo, el tenebroso Jaime Stiuso y su secretario privado, Lucas Nejamkis. Ana Juan fue recomendada por Juan Bautista Mahiques y es esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, que estaba en el festejo y está cargo de la causa $LIBRA, que no deja dormir a Javier Milei y su hermana. Todo tiene que ver con todo, diría La Cautiva.
El problema principal es que los vecinos del conurbano van a tener un solo proveedor para todos los servicios públicos. Esto no es un problema de YPF, que es una empresa con participación estatal y lógica privada. Lo que no se sabe es si hay alguien en el Gobierno mirando esta monopolización en un área estratégica. Tampoco se sabe qué capacidad tendrá el Estado para negociar precios con ese grupo. Hasta el momento tuvo poca.
Hay un tercer problema que se está hablando muchísimo y tiene que ver también con el deterioro del salario. Uno de los motivos es la limitación de las paritarias; otro, el aumento de las tarifas; y el tercero es el peso de las deudas en los salarios. Es el problema que sufren los morosos que tienen restricciones para cumplir con bancos o financieras. Ese número creció muchísimo y hoy plantea un enorme problema porque las afectadas son millones de personas. “Nadie te puso una pistola en la cabeza para que te endeudaras”, dijo Milei. Pero es relativo, porque mucha de esa gente respondió a señales que emitió el Gobierno, como la baja de la tasa de interés para licuar las deudas del Banco Central y luego el aumento para contener la corrida contra el peso.
Entonces, el que tomó un crédito pensando que era muy barata la tasa de interés respecto a la inflación estaba obedeciendo a una señal que indirectamente daba el Poder Ejecutivo. Después, cuando subió, quedó con una deuda impagable. Hoy eso se transformó en un problema macro porque, al ser tanta gente afectada, se convierte en un desafío político. Por más que el Gobierno quiera pasar por el costado.
Estos inconvenientes afectan la capacidad del salario y están impactando en la resignación de consumos, y en una variable sagrada para el Gobierno: el sostenimiento del superávit fiscal, a partir del cual se reordenaría toda la economía. La receta científica correcta que debe ser aplicada de forma automática sobre la realidad empieza a estar afectada por la misma receta. Es un ajuste fiscal tan importante que repercute en los salarios, con lo que se termina contrayendo al consumo y afecta al fisco porque cae la recaudación de los impuestos.
Hay una caída de la actividad que hace que caiga la recaudación y ningún recaudador se anima a decirle con todas las letras a Caputo lo que está pasando. Los gradualistas, que decían que no se podía llevar adelante un ajuste fiscal dramático si uno no lo acompaña con crecimiento, no son gente más piadosa de los ortodoxos. Son profesionales que temen hacer un ajuste de tal tamaño que enfríe la economía a tal punto de generar déficit fiscal por caída de los ingresos del Tesoro. Aparentemente, eso está pasando en este momento.
Caputo está preocupado por esto y piensa en algún programa que lo ayude, sobre todo con las pymes. Ahora, hay una curiosidad: mucha gente ve que le redujeron el salario respecto a la inflación y tiene que dejar de pagar los servicios y no paga la deuda, y, entre las empresas, muchos empresarios, dado que no hay consumo, suspenden el pago de impuestos. Y es casi una salida razonable para un Gobierno que dice que el evasor es un héroe y que ha subido el monto a partir del cual las deudas son punibles.
Entonces es mucho más cómodo pasar de blanco a negro. Evadir. Hay un cuadro que muestra la relación que hay entre la recaudación del IVA y la riqueza en general del país, que tiene que ver con el ritmo de la actividad económica. En enero de 2024, el vínculo era de 8,2% y en junio de 2026, de 6,8%. Esto quiere decir que cae el consumo pero mucho más la recaudación del IVA. O que sube el consumo y el IVA sube mucho menos. La diferencia entre 8,2 y 6,8 significa evasión. Hay gente que le debe al Estado y espera un blanqueo o un plan para poder pagar en cuotas la deuda con ARCA.
Existe otra relación aún más específica: la recaudación del IVA con el consumo privado. En enero de 2024, la relación entre recaudación de IVA y consumo era de 11,6%. Hoy es 9,7%. Esto no quiere decir que cae el consumo solamente. Puede subir el consumo pero la recaudación del IVA aumenta menos. Es decir, hay mucha gente que se pasa a negro.
Este es un rasgo central de la economía argentina hoy y está extraordinariamente ligado al problema principal; un deterioro de la capacidad de pago de personas y empresas, sobre todo en el nivel de las pymes, que es el que tiene más preocupado al Ministerio de Economía. Es decir, hay empresas, sobre todo pymes, que prefieren evadir antes que quebrar. Y eso tiene una lógica: están obedeciendo a la receta de Milei.
Ahora nos encontramos con otros problemas, derivados de toda esta lógica. La contracara de esta caída de ingresos es que no se puede seguir reduciendo el gasto porque se llegó al límite, lo que produce otros inconvenientes. Uno de ellos apareció este fin de semana: Hugo Alconada Mon publicó en LA NACION una nota que demuestra que el Gobierno recaudó $1,5 billones para rutas y obras viales, ejecutó apenas una cuarta parte y colocó más de $1 billón en plazos fijos y títulos públicos. Esto quiere decir que se utilizó esa suma para autofinanciarse.
Se trata de un fondo fiduciario del sistema vial, SisVialo, al que se destina un dinero que uno paga cuando carga combustibles. Por ley, es el encargado de financiar la construcción o arreglo de rutas. No puede destinarse a otros objetivos. El Gobierno tomó parte de ese fondo para financiarse. Este fin de semana, el vocero de la Casa Rosada, Adrián Ravier, dijo que eso es verdad en un diario de La Pampa. La mauor parte de ese dinero se destina a mantener el superávit fiscal. El ministro Caputo no tuvo en cuenta que hay un problema legal en esta conducta y puede ser penalizada. Desde el punto de vista de la solvencia fiscal, puede ser correcta; mucha gente decía cuando asumió Milei que el equilibrio era más importante que la obra pública. Pero existe el Código Penal, y eso es ilegal.
Lo descubrió Victoria Tolosa Paz, que hizo la denuncia penal contra el ministro de Economía y los colaboradores que tiene en la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación, que maneja el fondo. Los acusa de malversación de caudales públicos, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de actos de oficio, entre otras cosas. Así, se abre una discusión importante.
Ahora hay otro problema detrás de este problema y es cómo se repartió ese fondo entre las provincias. Habría que ver algunas variables, por ejemplo cuántas rutas tiene cada provincia para ver cuál es el nivel de reparto, y cuál es la coparticipación de cada provincia como para tener una idea clara del volumen económico de cada uno de esos distritos.
A la provincia de Buenos Aires le dieron 14,34%; a Catamarca, que la gobierna el gobernador Raúl Jalil, muy ligado a este gobierno, 0%. Jujuy se lleva 14,35%, más que la provincia de Buenos Aires. Misiones, del caudillo Carlos Rovira, socio del gobierno, 15,85%, mucho más que PBA. La Pampa y Chubut también se llevan cero. Entre Ríos, 5,46%; Formosa, 8,64%. Salta no llega a un punto, tiene 0,94%.
Esta división es importante. Este miércoles en Misiones va a haber una reunión de gobernadores del norte, donde van a estar los gobernadores afectados, entre otros, el de Tucumán, que se lleva 4,12% siendo gran colaborador del Gobierno. El primer significado del encuentro es que se van a mirar la cara entre ellos, con mucha sospecha. Empieza a ver una especie de transparencia incómoda para el gobierno nacional de cómo se reparten los recursos.
También habría que ver cuándo se pagan esos recursos, sobre todo a las provincias más beneficiadas. Porque hay una especie de correlación temporal que indica que estos desembolsos se hacen, sospechosamente,antes de que haya que votar leyes importantes para el Gobierno. Estaríamos, en parte, en una especie de negociación opaca de fondos que no deberían ser distribuidos de esta manera.
Hay una segunda cuestión en Misiones: ¿Por qué los gobernadores se juntan ahí? La respuesta es que allí hay una crisis de primera magnitud. El gobernador Hugo Passalacqua se acaba de levantar contra el caudillo de la provincia, expadrino suyo, Rovira, quien a su vez, hace 20 años, era un subordinado total de Ramón Puerta. Se repite la historia.
Rovira es casi un mileísta, casi un libertario. Y ya vimos ahora, con la discusión sobre la extranjerización de tierras, que los senadores de Misiones votaron en contra del Gobierno. Se le va a desprender un mini bloque al Ejecutivo en el parlamento por la pelea en Misiones.
Estos son problemas para Diego Santilli, que es el que tiene que construir mayorías parlamentarias y disciplinar a los gobernadores para que apoyen a Milei. Con un gobierno con un problema de opinión pública importante y con gobernadores que empiezan a enojarse porque se sienten mejicaneados o puenteados por el mismo Ejecutivo, al jefe de Gabinete se le puede complicar un poco. Se tensa la relación federal, que es lo que el Presidente le pide ordenar.
Mientras tanto, como suele suceder, frente a la adversidad, expuesto al sinsabor, como tantos otros presidentes a lo largo de la historia, Milei huye hacia lo internacional. Tuvo una gran recepción en la asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia, un presidente de ultraderecha, una especie de nuevo Bukele. Lo recibió como un hermano y le dijo que su gobierno se va a inspirar en el suyo. Es lógico que el Presidente se haya sentido muy reconfortado y haya fantaseado nuevamente con una idea que impulsó muy temprano Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”: constituir una liga pro-Trump en América Latina liderada por Milei.
Esa liga pro-Trump de derecha tiene un matiz: también debería ser una liga anti-Lula. Por eso Milei interviene de manera tan brutal en el proceso político brasileño. Así como toma posición también en este Trump, que le ha quitado la visa a la embajadora de Brasil en Estados Unidos. A la luz de estos movimientos, este lunes, Folha de Sao Paulo, diario importantísimo de Brasil, publicó una encuesta y registró que la intervención de Milei en las elecciones brasileñas hace que 34% de los electores se sientan más inclinados a votar a Lula. Y solo un 27% piensa, por el apoyo de Milei, en votar a Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente Bolsonaro, que está preso y no puede participar en la elección.
Probablemente Milei esté activando un sentimiento muy brasileño: la idea de autonomía, el temperamento nacionalista, que también está activando Donald Trump. Habrá que ver cómo maneja Lula, en términos de marketing, estas intromisiones. Si uno mira la historia argentina, fueron la clave del triunfo de Perón, con aquel slogan “Braden o Perón”. Spruille Braden era el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires. ¿Habrá un eslogan “Milei o Lula” o “Trump o Lula”? Misterios que resolveremos en las próximas semanas antes de que se realicen, a comienzos de octubre, las elecciones brasileñas.
