Este lunes 20 de julio se reanuda la actividad ordinaria en los tribunales entrerrianos y, con ella, un calendario cargado como pocas veces: votos pendientes en la Corte Suprema de Justicia que pueden devolver a la cárcel al exgobernador Sergio Urribarri, al exministro Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera; una causa por coimas elevada a juicio que espera fecha de debate; un expediente por enriquecimiento ilícito paralizado por una apelación que debe resolver Casación; y el primer juicio oral del semestre con fecha confirmada, la causa ATER, que comienza el 3 de agosto. Y a ello se puede sumar la reactivación de la causa Securitas, donde aparecen involucrados los hermanos Tórtul y varios exfuncionarios de ENERSA de la administración del exgobernador Gustavo Bordet.
La feria de invierno, que se extendió del 6 al 17 de julio, funcionó como un paréntesis en un año que ya venía marcado por resoluciones de peso. Lo que viene ahora es la etapa en la que buena parte de los expedientes de corrupción más importantes de la historia institucional de la provincia deberán encontrar, finalmente, su desenlace. Y el orden de los factores no es casual: casi todos los caminos conducen, de una u otra forma, a Sergio Daniel Urribarri, el hombre que concentra la mayor cantidad de frentes judiciales abiertos de la política entrerriana.
El primer frente, y el de mayor voltaje, se dirime a 470 kilómetros de Paraná, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene a resolución el recurso de queja vinculado a las condenas del denominado Megajuicio, el proceso que en abril de 2022 terminó con Urribarri sentenciado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por reunir dineros públicos al servicio de su campaña presidencial. En esa misma sentencia -dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná integrado por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno-, fueron condenados a seis años y seis meses de cárcel el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez y el cuñado del exgobernador y exfuncionario del Senado provincial, Juan Pablo Aguilera.
La Cámara de Casación Penal ratificó las condenas en 2023 y, en abril de 2024, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja de las defensas, con lo cual las sentencias quedaron firmes en territorio entrerriano. Pero seis meses después, en octubre de 2024, el propio STJ tomó una decisión tan polémica como determinante: con los votos de Gisela Schumacher -que modificó su posición inicial- y Germán Carlomagno, y la disidencia de Miguel Ángel Giorgio, concedió los recursos extraordinarios federales y habilitó a los condenados a llegar a la Corte Suprema. El argumento fue una supuesta incongruencia entre los vocales que habían confirmado la sentencia. La resolución tuvo, además, una particularidad difícil de explicar: se le concedió la vía recursiva a Báez pese a que su defensa, por un error en la firma del escrito, ni siquiera la había solicitado.
Aquella decisión permitió que las condenas no quedaran firmes y que los sentenciados recuperaran la libertad. Urribarri y Aguilera habían pasado 50 días con prisión preventiva hasta que el STJ ordenó soltarlos en enero de 2025, mientras que Báez transita el proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en su casa quinta de calle Jozami de la capital entrerriana. Desde octubre de 2025, el recurso de queja comenzó a moverse en la Corte Suprema. Todo indica que ya votaron los tres ministros, pero aún no se informó al respecto y permanece en un sector burocrático del alto cuerpo. Al parecer, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz habrían votado en la misma sintonía y de esa manera confirmarían los fallos de los jueces entrerrianos. Si efectivamente el máximo tribunal del país rechaza la queja y convalida lo resuelto en primera instancia, en Casación y en el STJ, los tres condenados deben volver a la cárcel de Paraná. Urribarri pasaría a la historia no solamente como el primer gobernador entrerriano reelecto en forma consecutiva, sino como el primero en cumplir una condena de prisión por corrupción con sentencia firme en las cuatro instancias.
El segundo frente también tiene al exgobernador como protagonista y es, de todos los expedientes elevados a juicio sin fecha de debate, el más maduro: la causa Coimas. La investigación, que se generó tras una denuncia de ANÁLISIS en 2017, sostiene que Urribarri, primero como ministro de Gobierno y luego como titular del Poder Ejecutivo, se interesó en favorecer sistemáticamente a la firma Relevamientos Catastrales S.A. (RELCAT), presidida por el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, su socio y amigo, en la contratación de desarrollo e implementación de software para la administración pública provincial. El Ministerio Público Fiscal pidió para el exgobernador una condena de diez años de prisión.
Tras un proceso de remisión que se oralizó en múltiples audiencias entre marzo de 2024 y marzo de 2025, el juez de Garantías Julián Vergara envió el legajo a juicio oral. En el banquillo se sentarán, junto a Urribarri y Cardona Herreros, el exdirector de Informática Carlos Marcelo Haidar. Los demás exfuncionarios de la gestión urribarrista alcanzados por la investigación eligieron otro camino: el del juicio abreviado, que implica reconocer el delito cometido a cambio de penas menores. Por esa vía pasaron el exsecretario de Presupuesto y Finanzas Luis Alfonso Erbes, el exsecretario de Hacienda José Humberto Flores y Guillermo Smaldone -condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional y una multa-, además del exdirector General de Ajustes y Liquidaciones Miguel Ángel Ulrich, quien suscribió en febrero de este año el acuerdo en el que admitió su responsabilidad en el favorecimiento sistemático de RELCAT. Esos reconocimientos de culpabilidad no son un dato menor: llegan al debate oral como piezas que ya describen, de puño y letra de sus protagonistas, el funcionamiento del esquema de coimas.
El último eslabón procesal se cerró el 8 de mayo de 2026, cuando la Sala Penal Nº 1 del Superior Tribunal de Justicia rechazó por mayoría -con los votos de Miguel Ángel Giorgio y Susana Medina, y la disidencia de Daniel Omar Carubia- los recursos de queja de las defensas de Urribarri, Cardona Herreros y Haidar, y dejó expedito el camino hacia el debate oral, sin nuevas revisiones extraordinarias sobre nulidades, exclusiones probatorias y pedidos de sobreseimiento. Con las vías recursivas a nivel provincial agotadas, la fijación de fecha por parte de la Oficina de Gestión de Audiencias es una de las decisiones que la reanudación de la actividad judicial puede destrabar en las próximas semanas. Será el dato a seguir con atención.
El tercer frente es la causa por enriquecimiento ilícito, la más antigua de las que pesan sobre el exmandatario: nació de una denuncia presentada en 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, después de la publicación de la revista ANÁLISIS dos semanas antes. Según la pericia contable del Ministerio Público Fiscal, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015 Urribarri incrementó su patrimonio en 1.546.772 pesos, 7.245.441 dólares y 16.300 euros, un crecimiento que no pudo justificar. En la maniobra habría participado, otra vez, Cardona Herreros, señalado como presunto testaferro. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano pidieron cinco años y seis meses de prisión para el exgobernador y cinco años de cumplimiento efectivo para el empresario.
Las audiencias de remisión a juicio se desarrollaron entre marzo y abril de este año ante el juez de Garantías Mariano Budasoff, quien quedó a cargo del expediente luego de que prosperara la recusación contra Julián Vergara, decisión que a su vez fue apelada por la Fiscalía por entender afectada la garantía del juez natural. A fines de marzo, Budasoff rechazó los pedidos de sobreseimiento por prescripción, afectación del plazo razonable y ne bis in idem que plantearon las defensas. Pero concedió, con efecto suspensivo, la apelación contra el rechazo de las exclusiones probatorias: en discusión están dos informes del Gabinete de Informática Forense y los elementos secuestrados en el allanamiento de un inmueble del country San Jorge Village, en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires. Ese efecto suspensivo implicó la paralización de las audiencias de remisión hasta que el planteo sea resuelto en la instancia revisora. Es el otro despacho que el fin de la feria puede poner en movimiento: mientras no haya resolución, la tercera causa contra Urribarri sigue congelada.
Báez, un enriquecimiento con elevación a juicio pendiente
El exministro que aguarda, junto a Urribarri y Aguilera, la definición de la Corte Suprema por el Megajuicio tiene además un frente judicial propio que puede deparar novedades en el corto plazo: la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se le sigue desde octubre de 2016, abierta como desprendimiento de las investigaciones que desembocaron en aquella condena. El informe contable elaborado en el marco de la pesquisa concluyó que Pedro Ángel Báez incrementó su patrimonio de manera injustificada en 4.179.885 pesos históricos, equivalentes a 632.053 dólares. En el expediente figuran, entre otros bienes, la casa quinta de la zona de Toma Vieja -la misma en la que hoy cumple la prisión domiciliaria-, una casona de calle Cervantes, un yate modelo Mamba 25 bautizado Petit Pois, amarrado en el Club Náutico y valuado en unos 50 mil dólares, y la firma Innova Turismo, de la que su entonces esposa era socia. La Fiscalía sostiene, además, que existen elementos para considerar probable que el empresario Germán Buffa haya actuado como testaferro del exfuncionario.
En abril de 2025, los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano requirieron ante la jueza de Garantías Elisa Zilli la elevación a juicio del expediente, con un pedido de pena de cinco años de prisión efectiva para Báez y de tres años y medio para su exesposa, Sofía Riquelme, a quien atribuyen el delito en carácter de partícipe primaria. La defensa contraatacó con un planteo de sobreseimiento por violación del plazo razonable, con el argumento de que la investigación se inició en 2016 y recién en noviembre de 2023 el exministro fue intimado formalmente por enriquecimiento. La resolución sobre esa remisión es, precisamente, una de las definiciones que la reanudación de la actividad judicial puede destrabar: si el expediente supera la etapa intermedia, Báez quedará en condiciones de afrontar su segundo juicio oral, esta vez por el patrimonio que la Fiscalía considera inexplicable.
Mientras tanto, el 3 de agosto de 2026 comienza el juicio oral de la causa ATER, según dispuso la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial. El expediente se originó en las denuncias presentadas en 2014 por Marcelo Casaretto, quien fue director Ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos entre 2011 y 2015, y fue elevado a juicio en 2021. La Fiscalía de Estado de la provincia, constituida como querellante, adhirió al pedido de elevación del Ministerio Público Fiscal. Casaretto fue citado a comparecer como denunciante, un rol que en el sistema procesal entrerriano lo ubica como testigo clave, mientras la acusación queda en manos de la Fiscalía. Será, así, el primer debate oral de una causa de corrupción administrativa del semestre.
Detrás de estos cuatro frentes se despliega el resto del rosario de expedientes que aguardan definición. El caso más prolongado es el del exdiputado provincial del PJ por Nogoyá y titular de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende: se cumplen 14 años desde que ANÁLISIS publicó, en marzo de 2012, la denuncia periodística que dio origen a la causa. Allende intentó en dos oportunidades cerrar el expediente mediante juicios abreviados que fueron sistemáticamente rechazados por la Justicia. En el acuerdo de agosto de 2021 llegó a reconocer un enriquecimiento ilícito superior a 1.069.841 dólares, además de delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y amenazas. Pese a todo, enfrenta recién ahora la perspectiva concreta de un juicio oral, todavía sin fecha, mientras se mantiene como uno de los dirigentes gremiales de mejor diálogo con el gobierno de Rogelio Frigerio. En la misma lista de causas elevadas y sin fecha de debate se inscriben los expedientes por delitos de corrupción que involucran al actual intendente de Santa Elena y aliado político del gobernador, Domingo Daniel Rossi.
Securitas, el frente federal que puede reactivarse
A los expedientes provinciales se suma un frente federal que puede volver a moverse en cualquier momento y que apunta de lleno al corazón del gobierno de Gustavo Bordet: la causa Securitas, que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro bajo la instrucción de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con el impulso del fiscal Fernando Domínguez. La investigación nació de una auditoría interna de la filial argentina de la multinacional sueca de seguridad, que en 2019 detectó pagos de coimas a funcionarios públicos desde al menos 2013 para garantizar contratos con organismos estatales de todo el país. En la autodenuncia posterior, la propia empresa admitió haber pagado sobornos a representantes de AySA, el Renaper, el Senasa, la Anmac y ENERSA, la distribuidora eléctrica estatal entrerriana que se convirtió en el epicentro del capítulo provincial del expediente.
En mayo de 2024, Arroyo Salgado procesó a los empresarios paranaenses Claudio y Marcelo Tórtul y a los gerentes de ENERSA Marcelo Morales, Juan Carlos Pimentel y Alejandro Cis, y un año después la Cámara de Casación ratificó su competencia sobre el tramo entrerriano. El corazón probatorio de la causa es un peritaje de 25.557 páginas de conversaciones de WhatsApp extraídas de los teléfonos de los hermanos Tórtul, que abarca desde diciembre de 2016 hasta abril de 2024 y menciona al exgobernador Bordet en 98 ocasiones, con referencias directas a supuestos pagos ilegales que habrían llegado hasta el propio exmandatario, como así también al exvicegobernador Adán Bahl, actual senador nacional del PJ entrerriano. Son varios los exfuncionarios y actuales funcionarios que aparecen mencionados en esos chats (incluso el actual gobernador, en los meses previos a su asunción al cargo), pero la jueza solo le apuntó al exsecretario general de la Gobernación y exsenador nacional del PJ, Edgardo Kuaider, pese a que en los chats solo se nombra a un tal “Quaider”, que sería otra persona oriunda de Concordia.
La causa, además, mostró movimiento hasta las puertas de la feria: a comienzos de julio, a pedido del fiscal Domínguez, ENERSA remitió al juzgado de San Isidro listas de nombres, poderes y su investigación interna. De esa documentación surge un dato demoledor: solo entre 2022 y 2024, la distribuidora pagó a la empresa de los Tórtul más de 1.300 millones de pesos por encima de lo que correspondía por el servicio de seguridad, con sobreprecios y sobrepagos de casi el 900 por ciento. ENERSA otorgó también un poder especial al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, para promover acciones legales contra Securitas en procura de una reparación patrimonial por los daños sufridos, aunque hasta el momento no se informó oficialmente ningún avance en ese sentido. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos mantiene abierta una investigación sobre el patrimonio declarado por Bordet, todavía sin imputación formal. Cada nuevo despacho de Arroyo Salgado tiene, por eso, potencial para sacudir el tablero político provincial: es el único expediente en el que las esquirlas alcanzan, simultáneamente, a un exgobernador, a un senador nacional en ejercicio y a un exsenador detenido en el extranjero.
