En el marco de la ejecución de la condena al exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exfuncionario Pedro Báez, en la mañana de este lunes el fiscal de Estado Adjunto, Martín Rettore, recibió de manos del abogado Miguel Ángel Cullen, las llaves del galpón de calle Racedo donde funcionó la empresa Tep SRL. También se recibieron vehículos y dispositivos tecnológicos que quedan a disposición del Estado entrerriano.
Una camioneta Berlingo, un camión, computadoras y un plótter, fueron los bienes que se encontraron al abrir el galpón de calle Racedo 415 de Paraná y que recibió el fiscal de Estado Adjunto, Martín Rettore, en nombre del Estado entrerriano, supo ANALISIS.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), antes del procedimiento Rettore había adelantado que “el decomiso establece la devolución en favor del Estado del inmueble de calle Racedo, tres vehículos y una serie de artefactos de computación y un plotter que eran los que utilizaban en la explotación de la imprenta. Tenemos entendido que todas esas cosas están dentro de los galpones y, probablemente, en el día de la fecha se haga la totalidad de la medida, evaluando si están los vehículos también”.
“Son dos inmuebles, uno pegado al otro, que funcionan como uno solo; una motocicleta y dos vehículos, los bienes de computación de la empresa y el plotter que es una impresora de grandes dimensiones que se utilizaba para el trabajo de la imprenta. Esa es la totalidad del decomiso ordenado por la sentencia penal”, afirmó.
Sobre el uso que se daría a los bienes, aclaró que “la actuación de Fiscalía de Estado se limita a hacer efectivo el decomiso y a ponerlo a disposición del Poder Ejecutivo que evaluará las situaciones. Entiendo que el plotter es de grandes dimensiones y no conozco la cuestión meramente técnica pero quizás el Boletín Oficial pueda ocuparlo o necesitarlo. Una vez que tomemos posesión de eso, lo evaluarán los organismos pertinentes para ver cuál es la mejor utilización que se le puede dar”.
“Nosotros tomamos posesión en nombre del gobierno de Entre Ríos, y específicamente se lo remitimos mediante un expediente administrativo al titular del Poder Ejecutivo, precisamente al gobernador de la provincia. Después, por las áreas que estimen competentes, se evaluarán las necesidades y el estado de las cosas que se encuentren para ver si son convenientes o no, si hay que hacer algún arreglo o no, y la finalidad que se le dará posteriormente”, sentenció.
Vale recordar que durante el juicio oral que se desarrolló entre 2021 y 2022, que ventiló cinco investigaciones acumuladas por corrupción y se conoció como “megajuicio”, se confirmó que la empresa de Aguilera fue montada al calor del poder político que amasaba su cuñado Urribarri. En efecto, Aguilera consiguió en ese momento un crédito del Banco de Entre Ríos, con tasas preferenciales, que le permitieron armar las instalaciones, acceder a la maquinaria y poner en funcionamiento la estructura.
Por aquellos años, además de los buenos negocios que consiguió la imprenta con el gobierno de la provincia y empresarios afines a la gestión política de entonces, la firma se sirvió de la colaboración de agentes públicos que desarrollaban tareas para la empresa pero eran remunerados con sueldos del Estado. En ocasiones, las imprentas de Aguilera cobraron contratos con el Gobierno y no cumplieron con los servicios abonados.
El detalle de bienes a confiscar está contenido en el punto XXII de la sentencia fechada el 7 de abril de 2022.
Según se lee en ese listado, se ordenó la confiscación definitiva de bienes inmuebles y muebles, titularidad de Tep SRL y de los imputados. Se trata de los galpones de calle Racedo al 400, el fondo de comercio, transportes, elementos informáticos, técnicos, y de comunicación que sirvieron para cometer los delitos, en el marco de la causa N°4.385 conocida como “imprentas” o “causa de la vaca”.
El listado de los inmuebles a confiscar, según orden judicial es el siguiente:
- Inmueble ubicado en calle Racedo 415, de Paraná, partida provincial Nº101426651, partida municipal Nº 63031, matrícula 144102;
- inmueble ubicado en calle Racedo 409,de Paraná, partida provincial Nº1015028249, partida municipal Nº14909, matrícula 144101; de los siguientes vehículos:
- motovehículo 208 IG, marca Zanella, modelo ZB 100;
- vehículo dominio EPT 951, marca Ford, modelo F4000D; y
- vehículo dominio OJZ 720, marca Citroën, modelo Berlingo Furgón 1.6 HDI Business
Otros muebles
- un CPU marca Bangkok color negro, de 4gb de memoria,
- procesadora AMD Penton II X2 545,
- procesador 360 GHZ;
- un cpu de 4 gb,
- procesador intel pentium CPG 645 290 GHZ;
- un plotter de impresión marca Bili neotitan 2504 DW2D;
- un cpu marca optiplex 390 de 8 gigabytes,
- procesador intelcore I32120
- cpu 330GHZ330GHZ;
- un cpu marca data vision modelo DT 912;
- un cpu marca dell optiplex 7010 Nº0F4X5W129213428753;
- cpu marca dell optiplex 7010 Nº JF6BSW142277288689;
- un cpu marca HP proliant ML110;
- un cpu marca HP proliant ML110GT;
- un cpu marca datavision Nº de barra DT520B0011071001202;
- un cpu marca Dell NºX14397060015411413200798;
- un cpu marca datavision NºDT912030110310001182;
- un cpu marca data vision Nº DT 520B0011031001041;
- una computadora all in one modelo lite E191219365P, serie Nº0800942001001020 marcar Bangock;
- un cpu marca lenovo Nº de serie 11530552900105BK1KT;
- una computadora all in one marca Apple, pantalla plana con su correspondiente teclado y mouse de la misma marca
Las condenas por el “megajuicio” alcanzaron al exgobernador Urribarri con 8 años de prisión. En 2022, después de largos meses de debate y cuando el Tribunal de Juicio que en ese momento fue integrado por los vocales Carolina Castagno, Elvio Garzón y José María Chemez (jubilado) emitió la sentencia, Urribarri debió dejar el cargo de embajador argentino en Israel y Chipre, un rol que le asignó el gobierno de Alberto Fernández apenas asumió. Fue el mismo gobierno, en la persona del excanciller Santiago Cafiero, que le exigió la renuncia a Urribarri cuando se conoció la condena.
En el mismo pronunciamiento el Tribunal sentenció a Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera. Ambos recibieron una pena de 6 años y medio de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al igual que Urribarri. Pasaron más de cuatro años para que las condenas comiencen a ejecutarse.
















