En medio de la crisis financiera que atraviesa Granja Tres Arroyos (GTA), se conoció que el grupo ya realizó alrededor de 1730 despidos entre las plantas de la compañía en Entre Ríos y Buenos Aires. La cifra se conoce mientras varios establecimientos del grupo permanecen paralizados y se profundiza una delicada situación financiera y operativa, con salarios atrasados, deudas millonarias y reclamos judiciales de acreedores. La empresa no respondió un pedido del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) para que entregue la nómina completa de las personas desvinculadas, según indicó el gremio. El grupo emplea 6500 trabajadores en relación de dependencia en tres provincias.
De acuerdo con los datos reunidos hasta el momento, en la planta La China, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los despidos ascienden a unos 480 sobre una plantilla que el sindicato ubica en alrededor de 930 trabajadores. En la provincia de Buenos Aires, donde se está llevando una audiencia entre el gremio y representantes de la firma, en tanto, se estiman unas 1250 desvinculaciones: alrededor de 750 en Capitán Sarmiento, 450 en Wade 2 (Esteban Echeverría) y otras 50 en Pilar.
A fines de mayo, GTA paralizó la planta La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y posteriormente avanzó con los primeros despidos. En total el gremio asegura que se despidieron 480 trabajadores allí. Según explicó a LA NACION Julio Chamorro, secretario general del STIA, la compañía encuadró las desvinculaciones de La China en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, al sostener que existen razones de fuerza mayor o una disminución del trabajo no imputable al empleador. La norma establece que, cuando exista fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador y fehacientemente justificada, el trabajador tiene derecho a una indemnización equivalente a la mitad de la prevista para un despido sin causa. También fija criterios vinculados con la antigüedad y las cargas de familia para determinar el orden de las desvinculaciones.
A fines de agosto, la compañía confirmó además la paralización “transitoria” de las plantas de Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. “El despido es improcedente e ilegal, porque la empresa se apoya en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo invocando fuerza mayor. El argumento de esa fuerza mayor es inválido: todo es riesgo empresarial lo que invocan”, sostuvo Chamorro.
Según detalló, la compañía mencionó entre sus argumentos la disminución de las exportaciones, las consecuencias de la gripe aviar y una supuesta sobreoferta de pollo en el mercado interno. El dirigente rechazó esos fundamentos. “Ellos dicen que hubo una disminución en las ventas de exportación, eso es riesgo empresarial”, señaló. Destacó que otros actores del sector también debieron atravesar las consecuencias sanitarias de la gripe aviar. Chamorro cuestionó además el argumento de una sobreoferta doméstica. “No es real, el consumo de pollo sigue creciendo”, afirmó. Según su interpretación, el producto incluso se vio favorecido por la pérdida de poder adquisitivo y el menor consumo de carne vacuna. “Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones”, sostuvo sobre la decisión de recurrir al artículo 247.
El conflicto se agrava porque, de acuerdo con el sindicato, los trabajadores acumulan varios meses de haberes pendientes. Chamorro aseguró que existen deudas correspondientes a una parte de abril y a los salarios de mayo, junio, julio y agosto, además del aguinaldo. “El que se supone que sigue trabajando o sigue en relación de dependencia con una planta cerrada y sin cobrar, y el que está despedido, están en las mismas condiciones: despedidos sin cobrar indemnización, sin cobrar salario, sin cobrar nada”, describió.
Para el dirigente, detrás de las desvinculaciones podría existir un intento de reducir las obligaciones laborales de la compañía ante una eventual reestructuración más profunda de sus pasivos. “Lo único que podemos entender es un intento, una maniobra absolutamente ilegal y artera de alivianar un posible concurso de acreedores”, afirmó. Hasta el momento no existe información oficial de la empresa sobre una presentación concursal.
Pese al enfrentamiento, desde el sindicato aseguraron que están dispuestos a analizar alternativas que permitan preservar la actividad si apareciera un inversor o un esquema viable para reabrir las plantas. Chamorro explicó que incluso propusieron “turnos rotativos y una reducción transitoria de la actividad antes que nuevos despidos”.
“La solidaridad entre trabajadores está absolutamente fuerte”, señaló. Según explicó, el sindicato estaría dispuesto a discutir un esquema temporal de funcionamiento con menos jornadas o turnos alternados durante algunos meses hasta que la planta pudiera recuperar actividad. En caso de resultar inevitables determinadas desvinculaciones, reclamó que se respeten las indemnizaciones y los criterios legales de antigüedad y cargas familiares.
Según Chamorro, desde el procedimiento preventivo de crisis iniciado el año pasado los trabajadores ya atravesaron reducciones de ingresos, pérdida de componentes salariales y un plan de retiros voluntarios. De acuerdo con el gremialista, tampoco todos aquellos acuerdos pudieron ser cancelados en los términos previstos. “Les dieron cheques que algunos rebotaron; no se pudieron pagar”, afirmó.
La compañía mantiene actividad en otras unidades del grupo, pero el deterioro ya alcanzó a buena parte de sus principales plantas de faena. El pasivo total cuantificado del Grupo GTA asciende a US$350,9 millones. La semana pasada confirmaron que aún conservaban unos 2500 trabajadores operativos en plantas de incubación, alimento balanceado, granjas, prefritos, subproductos y fiambres.
