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El juez Alejandro López, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, consideró que aun cuando un bloqueo sindical afecte la actividad de una empresa y genere perjuicios económicos, eso no transforma automáticamente la protesta en un delito.

Al revés de otros fallos que equiparan al bloqueo con un delito y de leyes que penalizan esas medidas extorsivas, el magistrado absolvió al líder de Camioneros de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, acusado de impedir el acceso y la salida de vehículos de Rey Distribución en San Pedro, además de extorsionar a esa pyme, en 2021.

En su polémica sentencia, López concluyó que los bloqueos sindicales —que impidieron la circulación de camiones y afectaron la actividad de la empresa— constituyeron el “legítimo ejercicio de un derecho” y, por lo tanto, no configuraron delitos.

Técnicamente, el fallo no dispuso un sobreseimiento sino una absolución, al igual que benefició a otros 6 imputados. Cabaleyro fue liberado de manera inmediata.

La acusación fiscal había sostenido que los imputados bloquearon los accesos de Rey Distribución, en la ciufdad bonaerense de San Pedro, para presionar a la empresa en medio de reclamos laborales. Los hechos investigados incluían los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión.

El juez dio por probado que hubo medidas que restringieron el funcionamiento de la empresa. En particular, consideró acreditado que el 15 de enero de 2021 se obstaculizó la salida de camiones y que, del 22 al 25 de febrero, un colectivo del Sindicato de Camioneros fue colocado ante el acceso de la pyme, impidiendo la entrada y salida de vehículos.

Sin embargo, López concluyó que esas conductas no podían ser castigadas penalmente porque estuvieron vinculadas con un conflicto laboral.

“Estos eventos acreditados, por constituir legítimo ejercicio de un derecho, resultan atípicos”, escribió el magistrado al analizar los bloqueos. Y luego fue todavía más explícito: “Todos los imputados abarcados por esta decisión, han obrado en el ejercicio de un derecho, cual es el de huelga, y por tal motivo sus acciones —verificadas y coincidentes con la acusación fiscal— son atípicas”.

La atipicidad implica que, para el juez, la conducta no encuadra en una figura penal cuando se la analiza dentro de su contexto: una medida de fuerza gremial.

Uno de los pasajes más contundentes de la resolución afirma que el expediente debió tramitarse fuera del fuero penal. “Este es un conflicto laboral”, señaló López, quien cuestionó que se hubiera llevado el caso a un juicio criminal con posibilidad de penas de prisión.

En esa línea, planteó que el derecho penal debe ser la última herramienta del Estado: “Las medidas de fuerza llevadas a cabo por la organización sindical reconocida (…) no debieron razonablemente ser judicializadas en el contexto de una causa penal”.

El juez también calificó como un “despropósito” la posibilidad de castigar con prisión a trabajadores y dirigentes por acciones desarrolladas en una protesta sindical: “Traer este conflicto hasta estas instancias, con personas detenidas o afectadas por la sola existencia de la potencial conminación de una pena (…) es lo que debe ser denominado un despropósito”, dijo en el fallo.

Para fundamentar su postura, López citó jurisprudencia bonaerense y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de estándares internacionales sobre el derecho de huelga y libertad sindical.

La sentencia no niega que la actividad comercial de Rey Distribución haya sido afectada. Por el contrario, el juez remarcó que hubo un bloqueo en los accesos y que los camiones no pudieron circular normalmente.

Pero distinguió esa afectación de la comisión de delitos contra la propiedad o de coacciones. “La participación en una barrera humana o colocación de obstáculos en los ingresos de la planta fabril no importa el despliegue de violencia sobre las cosas o corpus posesorio, sino molestias para el poseedor”, citó el magistrado de un antecedente judicial.

También sostuvo que no se acreditó que los imputados hubieran ejercido violencia, causado daños o amenazado personalmente a los dueños de la empresa durante los bloqueos a la pyme de la familia Rey. “Los encartados no ejercieron tampoco violencia, no causaron daños, ni se los identificó intimidando o amenazando a ninguna persona en el desarrollo de la medida de fuerza”, afirmó.

El juez dio relevancia al contexto de los reclamos planteados por el gremio. Según el fallo, había denuncias por diferencias salariales, pago de horas nocturnas, adicionales, aportes sindicales y de obra social, además de problemas de seguridad e higiene en el establecimiento.

Entre las irregularidades mencionadas aparecen baños insuficientes para la cantidad de empleados, falta de señalización, problemas en vehículos y autoelevadores, ausencia de sirenas de retroceso y deficiencias en escaleras y circulación dentro del depósito.

La pericia contable oficial, citada en la sentencia, concluyó que existían diferencias salariales y de aportes. El fallo destaca que el cálculo de la perito fue incluso superior a la deuda reclamada por Camioneros. “El sindicato había estimado una diferencia mucho menor incluso a la determinada por la perito”, consignó el juez.

También sostuvo que la empresa había reconocido falencias y que, tras el conflicto, se realizaron obras y adecuaciones en materia de infraestructura y seguridad.

Cabaleyro también estaba acusado de haber integrado un esquema de extorsión contra los dueños de Rey Distribución, quienes declararon haber realizado pagos mensuales al sindicato para evitar bloqueos o dificultades en el funcionamiento de la firma.

El juez tuvo por acreditado que hubo entregas de dinero a Fernando Espíndola, dirigente que participó del bloqueo pero no fue juzgado en este juicio oral y público porque acordó un procedimiento abreviado, pero entendió que no se probó que Cabaleyro hubiera participado de esos cobros, los hubiera ordenado o recibido.

“No se ha acreditado la autoría en cabeza de Maximiliano Cabaleyro”, resolvió. Y agregó: “No hubo un sólo testigo que pudiera afirmar que vio a Cabaleyro recibir o exigir dinero. No ha surgido de la prueba rendida en el debate nada que lo incrimine”.

El fallo del juez López cuestiona que la acusación se apoyara en comentarios, conjeturas o referencias de terceros. “Todo lo que aportaron estas personas es proveniente de ‘comentarios’, del ‘vox populi’, o de los dichos de Espíndola”, señaló.

Además, el juez ponderó una escucha telefónica en la que Gustavo Rey, uno de los propietarios de la empresa, le ofrecía dinero a Cabaleyro. Según López, el sindicalista rechazó esa propuesta. “Fue Rey quien ofreció dinero (…) Ese ofrecimiento de dinero (…) fue rechazado de plano por Maximiliano Cabaleyro”, sostuvo.

La acusación también apuntaba a un convenio por $805.383,03 suscripto en abril de 2021 entre la empresa y el sindicato, que la fiscalía interpretaba como resultado de una amenaza de un nuevo bloqueo.

El juez descartó que se hubiera probado una extorsión. Consideró que el acuerdo estaba vinculado con deudas reales de la empresa por diferencias salariales y aportes sindicales y de obra social. “No existió la coacción o amenaza para suscribir el documento en cuestión, y sí existía la deuda reconocida allí (…) y era exigible incluso judicialmente”, afirmó el fallo.

La sentencia además valoró que los pagos se encontraban documentados con recibos oficiales. “Rara vez se documentan los pagos indebidos y producto de extorsión en recibos, precedidos de convenios de pago por reconocimiento de deudas”, escribió López.

El fallo judicial contiene duras observaciones a la investigación fiscal, a la selección de los imputados y al uso de intervenciones telefónicas.

El juez cuestionó que algunas personas mencionadas como participantes de las medidas de fuerza no hubieran sido acusadas, mientras que otros sí llegaron a juicio. “La acción penal no fue objetivamente dirigida cuando se trató de escoger personas a imputar”, sostuvo.

También criticó el uso de escuchas telefónicas y la forma en que se seleccionaron las conversaciones consideradas relevantes. Sobre ese punto, advirtió que la investigación no puede apoyarse en la intromisión indiscriminada en la privacidad de las personas ni en comunicaciones protegidas, como las mantenidas entre un imputado y su abogado. “El magro resultado en este caso demuestra lo desproporcionado que ha sido el uso de esta herramienta tan sensible a derechos personalísimos”, sostuvo.

En su parte resolutiva, López dispuso absolver a Cabaleyro, Edgardo Di Mayo, Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, y Lucas y Matías Torrez por los bloqueos de enero y febrero de 2021 al considerar que esas acciones fueron atípicas porque se dieron “en el ejercicio de un derecho”, en referencia al derecho de huelga.

Al mismo tiempo, absolvió a Cabaleyro por el hecho vinculado con los pagos mensuales, al no acreditarse su autoría, y por el convenio de pago de $805.383,03, al no comprobarse la materialidad de una extorsión.

Además, decidió la inmediata libertad de Cabaleyro, quien se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria luego de haber sido detenido en abril de 2022 junto con Espíndola.

Norberto Di Próspero, el dirigente sindical que durante más de dos décadas condujo los destinos de la Asociación del Personal Legislativo (APL), murió este miércoles a los 61 años, mientras transitaba su sexto mandato consecutivo al frente del gremio de los trabajadores del Congreso de la Nación. La noticia fue confirmada esta noche por la propia entidad gremial a través de un comunicado, en el que expresaron “con profundo dolor” la “triste noticia”.

“Acompañamos y abrazamos a toda su familia en este doloroso momento y nos ponemos a su entera disposición para su honrosa despedida”, expresó la comisión directiva de APL en el texto difundido.

A su vez, la APL anunció que su sede permanecería cerrada por duelo durante el jueves 15 y el viernes 16 de octubre, y anticipó que informaría sobre los detalles de su despedida “por los canales de difusión oficiales”.

Di Próspero supo acumular un largo recorrido dentro del sindicato. Asumió la conducción de APL en julio de 2004, cuando se impuso en las elecciones con la Lista Verde y Blanca frente a Ricardo Sablich, su antecesor en el cargo. Desde entonces, logró sucesivas reelecciones —la más reciente en agosto de 2025— y se convirtió en un interlocutor ineludible para las autoridades de ambas cámaras legislativas, sin distinción de signo político.

Su gestión se caracterizó por una presencia firme en las mesas paritarias y una constante defensa de la Ley 24.600, la norma que regula la actividad de los empleados del Congreso. A lo largo de su trayectoria, fue una voz habitual en los debates sobre empleo público, condiciones laborales y situación salarial del sector parlamentario.

Además de su rol en APL, Di Próspero presidía la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA), cargo para el que había sido reelegido recientemente con mandato hasta 2030. Esa federación reúne a trabajadores legislativos de distintas provincias del país, lo que le otorgó al dirigente una proyección que excedía las fronteras del Congreso porteño.

Su influencia también se extendía al ámbito político-partidario: era consejero nacional del Partido Justicialista y ocupaba la secretaría de asuntos legislativos de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Repercusiones desde el arco político y el sindicalismo

Tras conocerse la noticia, las despedidas y homenajes no se hicieron esperar. En ese sentido, el bloque justicialista en el Senado emitió un comunicado en el que lo describió como un “dirigente de extensa trayectoria sindical y hombre del Justicialismo” que estuvo “más de dos décadas al frente de la conducción de APL”. “Deseamos que encuentren el consuelo necesario ante tan triste momento”, expresaron los senadores.

La bancada de Unión por la Patria en Diputados también se manifestó: “Enorme pesar por el fallecimiento de Norberto Di Próspero, secretario general de APL y referencia en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del poder legislativo”.

La CGT lo despidió con un mensaje emotivo en el que destacó su trayectoria como delegado desde 1998, primer secretario general de FELRA y conductor de la APL desde 2004. “Hasta siempre, compañero Norberto Di Próspero”, escribió la central obrera. “Hijo de un ferroviario y militante peronista, hizo de la acción colectiva una forma de vida”, lo recordaron y mencionaron que, “en esta central obrera, puso su experiencia al servicio de la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito parlamentario y, al frente de su gremio, defendió los salarios, los puestos de trabajo y jerarquizó el trabajo legislativo”.

A los mensajes, se sumó el diputado Juan Grabois quien expresó: “Terminaba otra jornada lamentable en el Congreso. Salíamos de una comisión. Una trabajadora de la cámara de diputados lloraba. Nos abrazamos. Hoy murió su representante. Nuestro compañero. Norberto Di Próspero. Un excepcional dirigente sindical. Comprometido. Honesto. Firme en la defensa de sus trabajadores. Enorme en su inteligencia política. Consciente de la clase que representaba. Alguien que recibía a todos los trabajadores, uno por uno, con la puerta abierta cada día. Por eso, hoy en el Congreso, la tristeza embargaba a todos”.

Con su fallecimiento, el gremio más influyente del ámbito legislativo queda ante el desafío de definir una nueva conducción. Di Próspero deja un legado de fuerte gravitación institucional y se constituye como un referente para generaciones de trabajadores del Congreso que lo tuvieron como representante.

Telecom Argentina aceptó la oferta de CPS Comunicaciones S.A. (Metrotel) para venderle los paquetes de clientes de telefonía móvil y de internet residencial que debe desinvertir como condición para concretar la compra de Telefónica Móviles Argentina S.A. (TMA). El precio será de USD 450 millones más IVA, según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV) mediante un hecho relevante fechado este miércoles 14 de octubre.

La decisión fue adoptada por el Directorio de Telecom. En el comunicado, la empresa indicó que resolvió “aceptar la Oferta remitida y avanzar en el perfeccionamiento de los actos necesarios para llevar adelante la transacción allí prevista, incluyendo la celebración de los contratos definitivos y la ejecución de la transferencia de los activos relevantes previstos en la Oferta por parte de TMA y Telecom Argentina a favor de Metrotel”.

Sobre el precio, Telecom informó que, además los 450 millones de dólares más IVA, se incluirá cualquier otro tributo que, conforme a la normativa aplicable, deba adicionarse a la facturación. El monto resultante será abonado en cuotas y se compone de dos conceptos: la venta, cesión y transferencia de los activos relevantes, y un “Mínimo Garantizado Bajo el Acuerdo Marco de Compartición”. El comunicado a la CNV aclara que el precio no incluye los montos que puedan corresponder a los llamados Contratos Conexos, que se pagarán según lo dispuesto en esos contratos.

La base de clientes que pasará a Metrotel está compuesta, según el texto, por 6.005.425 clientes de servicios móviles, de los cuales 4.002.013 pertenecen al AMBA y 2.003.412 a otras regiones. A ellos se suman 211.566 clientes de servicios de internet residencial.

Los activos que pasan a Metrotel

El comunicado precisa que los clientes de internet residencial “tienen una línea de telefonía fija asociada”. TMA deberá notificar a los clientes cedidos la transferencia “en el menor tiempo posible”. La cesión incluirá la migración de sus contratos, numeración, historial y condiciones, además del saldo no consumido de los clientes prepagos y las promociones aplicables, para que Metrotel pueda continuar con la prestación de los servicios.

Además de los clientes, la operación incluye otros activos. Telecom y TMA transferirán a Metrotel “cierto espectro radioeléctrico”, cuyo detalle, según el acta, surge de una presentación que se exhibió a los directores. TMA cederá además la titularidad, o los derechos de uso, de cierta infraestructura física que incluye el Core de Red y los activos que componen la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) desplegada por la empresa en la Ciudad de Buenos Aires.

La marca Tuenti y los servicios transitorios

La oferta contempla además dos contratos conexos. El primero es un acuerdo de servicios transitorios, por el cual Telecom y TMA prestarán ciertos servicios a Metrotel durante el plazo y en las condiciones que fije ese contrato. El segundo es un acuerdo de licencia de uso de marca: TMA “otorgará a Metrotel una licencia exclusiva, onerosa, válida únicamente para la provisión de servicios móvil para clientes B2B y B2C y servicios de banda ancha fija y telefonía fija sólo para clientes B2C, circunscripta al territorio de la República Argentina, respecto de la marca ‘Tuenti’”.

Por el uso de la marca, Metrotel deberá pagar a TMA USD 1 millón por año más IVA. La oferta incluye también la cesión a Metrotel de los contratos de trabajo, aunque la misma estará sujeta al consentimiento de cada empleado.

Los antecedentes de la operación

Telefónica anunció el 24 de febrero de 2025 la venta de su filial argentina a Telecom. El 21 de marzo de ese año, la Secretaría de Industria y Comercio dispuso la suspensión preventiva de la transacción. El 18 de junio de 2026, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), con base en un informe técnico del Enacom, autorizó la operación bajo ciertas condiciones. Entre ellas, Telecom debía transferir a un adquirente independiente 6.000.000 de clientes móviles activos, 4.000.000 en el AMBA y 2.000.000 en el resto del país, junto con el espectro necesario y la cartera de abonados de servicios fijos en 28 localidades de cinco distritos. Esa condición es justamente la que se está cumpliendo ahora, con la venta a Metrotel.

En paralelo, Metrotel será adquirida por Nippur Fiber Holdings, que tendrá el 51% del capital, y por Beacon, propiedad de Ralph Booth, con el 49%. La operación implica la salida de Blackstone y Riverwood Capital, que controlaban el 100% de la empresa desde diciembre de 2017, cuando pagaron USD 190 millones. Metrotel tiene más de 25 años de trayectoria en el segmento corporativo y mayorista, más de 8.000 kilómetros de fibra óptica propia y presencia en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Neuquén. Cuenta con 350 empleados y prevé sumar unos 100.

La migración de los clientes, que demandaría unos 60 días, se realizaría bajo la marca Tuenti, con la expectativa de que concluya antes de fin de año. Todavía deben firmarse los contratos definitivos y los acuerdos de compartición, y el Enacom debe otorgar las autorizaciones necesarias para el traspaso del espectro.

Perfeta Producciones ofreció $204.000 millones por la concesión de Tecnópolis durante 25 años, una propuesta que supera por $20.700 millones, alrededor de un 11%, a la presentada por Buenos Aires Arena y que coloca a la empresa de Marcelo Fígoli al frente de la competencia económica por el predio de Villa Martelli.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado evaluará dos alianzas con socios internacionales para otorgar el uso y la explotación comercial del complejo. El destino previsto contempla actividades recreativas, de esparcimiento y ocio, junto con posibles propuestas deportivas, culturales y comunitarias.

La oferta de Perfeta equivale a un canon de $680 millones mensuales, al dividir el monto total por los 300 meses de la concesión. Concesión Villa Martelli BAA SAPU, vinculada a Buenos Aires Arena, propuso $183.300 millones: $611 millones por mes, el mismo valor establecido como canon base en el pliego.

Hasta 70 puntos sujetos a la evaluación de la AABE

El concurso distribuye 100 puntos entre cuatro rubros: el proyecto puede obtener hasta 40, el plan de inversión hasta 30, el canon ofrecido hasta 20 y los antecedentes hasta 10. La propuesta económica representa, por lo tanto, una quinta parte de la puntuación total.

Perfeta Producciones, asociada a Fénix Entertainment, se impone en los dos criterios objetivos disponibles: el canon y los antecedentes. Sin embargo, la definición dependerá de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que tendrá margen de apreciación sobre el proyecto y el plan de inversión, apartados que concentran 70 puntos.

La alianza de Perfeta reúne a Fénix Entertainment, AEG Worldwide y CMN. AEG desarrolla negocios en instalaciones, música, deportes, distritos de entretenimiento, bienes raíces y venta de entradas, y declara recibir a más de 100 millones de asistentes cada año.

Fígoli es empresario detrás de Fénix Entertainment y fundador de Perfeta. Entre sus antecedentes recientes figura la concesión por 20 años del Aconcagua Arena, en Mendoza, mientras ampliaba su presencia en el entretenimiento y la administración de espacios.

Buenos Aires Arena compite con la experiencia del Movistar Arena y el respaldo de Live Nation Entertainment, que en junio adquirió una participación mayoritaria en la sociedad.

Sociedad

A fines de julio se conoció la noticia de que Anschutz Entertainment Group (AEG Worldwide) había formalizado una alianza con Fénix y Cárdenas Marketing Network (CMN) para competir por la licitación. La sociedad aspira a desarrollar un complejo destinado a espectáculos, actividades culturales, congresos y producciones audiovisuales durante todo el año.

AEG opera y administra estadios, arenas y complejos multipropósito en distintos mercados, además de producir miles de conciertos por año. El grupo también controla las franquicias deportivas Los Angeles Kings, de la Liga Nacional de Hockey de Estados Unidos, y Los Angeles Galaxy, de la Major League Soccer.

Su división AEG Presents participa en la organización de giras internacionales y figura entre las principales promotoras de espectáculos musicales a escala global. La incorporación del grupo estadounidense aporta experiencia en infraestructura para recitales, explotación comercial de arenas, festivales, centros de convenciones y recintos culturales.

CMN, en tanto, fue fundada por el empresario Henry Cárdenas y tiene presencia en el mercado latino de espectáculos en vivo y marketing multicultural. La empresa produjo giras de Marc Anthony, Bad Bunny, J Balvin, Luis Miguel y Don Omar, además de organizar eventos deportivos y culturales en Estados Unidos y América Latina.

El predio

En la actualidad, Tecnópolis está bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación, organismo responsable de la conservación del predio y de la programación de las propuestas que allí se realizan.

Según fuentes oficiales, el complejo arrastraba una estructura de gastos elevada, un nivel reducido de uso y problemas de deterioro.

El predio ocupa 509.759,79 metros cuadrados. Desde el inicio de la actual administración, se aplicó un recorte de personal que redujo la dotación de 333 a 198 trabajadores, una baja superior al 30 por ciento.

Tecnópolis abrió sus puertas en 2011. Desde entonces recibió críticas por un supuesto uso partidario de sus instalaciones. En la presidencia de Mauricio Macri, el espacio permaneció cerrado durante algo más de un año. Luego retomó sus actividades con una programación diferente y mantuvo el acceso gratuito.

Bajo la administración de Javier Milei, el predio siguió en funcionamiento con eventos públicos, iniciativas privadas y espectáculos musicales.