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El auge de la reventa de entradas para los partidos del Mundial 2026 generó un fuerte incremento en las estafas. Según investigadores de ciberseguridad, el uso de inteligencia artificial en las maniobras fraudulentas se multiplicó en las últimas semanas. Entre los métodos más recientes, se identificaron audios con voz clonada de familiares que simulan estar varados y solicitan dinero para una entrada, y la proliferación de tickets inexistentes que se ofrecen a través de redes sociales. La empresa Check Point reportó que la cantidad de dominios falsos que imitan a los sitios oficiales se duplicó desde que comenzó la venta.

Para quienes buscan comprar entradas en la reventa, existen tres recomendaciones claves, según Maarten Zomerdijk, CEO de la plataforma Live Football Tickets. La primera consiste en preguntarse si existe algún tipo de protección en caso de que el ticket resulte inválido. Zomerdijk subrayó que muchas estafas aprovechan la presión del momento para que el comprador omita verificaciones básicas. La urgencia es el principal recurso de los estafadores: frases como “los últimos dos lugares” o “pagá en los próximos diez minutos” buscan que la persona se saltee los controles habituales. El especialista remarcó que ese es el momento justo para frenar la operación y revisar las condiciones de compra.

La segunda recomendación se refiere a analizar si el precio ofrecido es realista. Para partidos de alta demanda, los valores que se alejan mucho del promedio suelen ser una señal de alerta. Explicó que el mercado de reventa no representa un problema en sí, sino que el riesgo aparece al comprarle a un vendedor desconocido, sin ninguna protección frente a un posible inconveniente. Consultar si el valor es acorde a la importancia del partido y a la demanda existente puede evitar caer en ofertas irreales que buscan captar incautos.

El tercer consejo apunta a verificar si la plataforma o el vendedor tienen un historial comprobable de clientes satisfechos. Una captura de pantalla de un código QR no constituye una entrada válida, y que las transferencias a cuentas personales difícilmente se recuperan en caso de estafa. Por eso, se recomienda adquirir tickets únicamente a través del canal oficial o, en caso de operar en el mercado secundario, optar por marketplaces reconocidos, con reseñas públicas y experiencia demostrable en transacciones seguras.

Con el objetivo de prevenir las estafas para los espectadores del Mundial 2026, la FIFA también difundió recomendaciones para reducir el riesgo de fraude durante la compra de tickets. La entidad advirtió que la única vía segura para la adquisición de entradas es el canal oficial dispuesto por la organización. La FIFA remarcó que no avala ninguna reventa fuera de sus plataformas y que los tickets adquiridos mediante canales no autorizados pueden ser anulados sin reembolso. Además, la federación señaló que no existen intermediarios habilitados y que cualquier oferta fuera de los canales oficiales constituye un riesgo.

La FIFA también indicó que los tickets digitales deben descargarse exclusivamente a través de la aplicación oficial, y que nunca se debe compartir el código QR en redes sociales o servicios de mensajería. La federación subrayó la importancia de no divulgar datos personales ni bancarios a terceros que se presenten como representantes del evento, ya que las comunicaciones oficiales se realizan únicamente a través de los canales institucionales. Ante la presencia de un sitio web sospechoso o una oferta dudosa, la entidad recomendó reportar el caso y abstenerse de realizar pagos hasta confirmar la autenticidad de la página.

En paralelo, los investigadores de Check Point y los referentes del sector remarcaron que el clima de alta demanda facilita la aparición de ofertas fraudulentas. La presión por conseguir un lugar en partidos decisivos es el principal argumento que utilizan los estafadores para persuadir a los hinchas. Los especialistas advirtieron que ninguna oferta legítima depende de una decisión inmediata ni de transferencias a cuentas personales, y que los sitios oficiales o marketplaces reconocidos son la única garantía de respaldo para el comprador.

La prohibición del uso de redes sociales para adolescentes en Australia tuvo un impacto limitado, según un estudio publicado por la revista científica British Medical Journal, que destacó que la mayoría de los menores sigue accediendo a plataformas digitales a través de cuentas falsas o prestadas.

La normativa, en vigor desde diciembre del 2025, buscaba proteger a los menores de 16 años frente al acoso y los algoritmos agresivos de plataformas como Facebook, Instagram y TikTok.

Elusiones y estrategias para burlar la restricción

De acuerdo con la investigación difundida por la agencia de noticias AFP, los adolescentes australianos encuentran formas para evadir la prohibición de redes sociales. El estudio identificó que muchos acceden a través de cuentas abiertas a nombre de adultos o mediante la creación de identidades ficticias.

Las plataformas tecnológicas informaron que bloquearon 4,7 millones de cuentas detectadas como pertenecientes a menores, en un esfuerzo por cumplir con la legislación.

Los investigadores analizaron el comportamiento de más de 400 jóvenes usuarios de redes sociales antes y después de la entrada en vigor de la restricción. El informe señaló: “No encontramos pruebas suficientes para concluir que la exposición a la ley tuviera efectos sustanciales en el uso de las redes sociales entre los adolescentes menores de 16 años”, según citó el portal de noticias del documento divulgado en la revista británica.

Cambios mínimos en los hábitos digitales de los jóvenes

El análisis mostró que el cambio en el uso de redes sociales fue marginal en los grupos de 12 a 13 años, y solo una leve reducción se observó entre los adolescentes de 14 a 15 años. Por el contrario, en el segmento de mayores de 16 años, el uso de redes sociales aumentó tras la entrada en vigor de la ley.

Según el estudio citado por AFP, la implementación de la norma resultó limitada, el cumplimiento fue incompleto y se registraron violaciones frecuentes a las restricciones. La investigación concluyó que la capacidad de los adolescentes para sortear los controles técnicos y legales sigue siendo alta, lo que reduce la efectividad de estas iniciativas regulatorias.

Los investigadores insisten en que la facilidad para acceder a dispositivos y la ayuda de adultos cercanos, como padres o hermanos mayores, representan los principales desafíos para hacer cumplir la prohibición. Además, la presión social y la necesidad de estar conectados a los entornos digitales favorecen que los menores busquen alternativas para permanecer activos en plataformas sociales.

El debate global sobre regulaciones y modelos alternativos

El caso australiano genera interés internacional por su posible valor como modelo regulatorio. Países como Reino Unido, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda discuten leyes similares para limitar el acceso de menores a las redes sociales y frenar el poder de las grandes compañías tecnológicas, según destacó AFP.

En contraste, el informe mencionó el ejemplo de Finlandia, donde la prohibición de teléfonos móviles en colegios generó un aumento en la interacción entre estudiantes y una mayor concentración en las aulas. En la escuela Kungsvägens skola, en Sipoo, al noreste de Helsinki, los profesores recogen los dispositivos al inicio de la jornada, lo que permite a los adolescentes socializar en los recreos sin distracciones digitales.

“Los resultados sugieren que el período inmediatamente posterior a la aprobación de la ley se caracterizó por una implementación limitada, un cumplimiento incompleto y violaciones significativas de las restricciones en las redes sociales”, concluyó el estudio, citado por AFP.

Diversos informes advierten sobre los riesgos de la exposición temprana y prolongada a dispositivos y redes sociales, entre ellos dificultades en el aprendizaje y el incremento del acoso digital. El estudio australiano, sin embargo, subrayó la complejidad de aplicar regulaciones efectivas únicamente mediante restricciones tecnológicas sin acompañarlas de un cambio cultural y educativo.

En una entrevista en Infobae a las Nueve este jueves, el legislador santafesino y jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que la media sanción al Super RIGI en Diputados apunta a constituir un “enclave colonial” y advirtió sobre su impacto intergeneracional negativo que tendrá en la economía.

Durante la conversación con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro y Cecilia Boufflet, Martínez expuso su rechazo a la nueva normativa aprobada el miércoles, que busca impulsar inversiones de más de USD 1.000 millones en “industrias del futuro” como inteligencia artificial, minería de frontera y energías renovables.

El diputado nacional reiteró que los beneficios impositivos del régimen son inéditos para las empresas tecnológicas. “En ningún lugar está esa baja de Ganancias del 35% en el RIGI, al 15% en el Super RIGI. En ningún lugar se dan las contribuciones patronales al 10% como en el Super RIGI. En ningún lugar estamos yendo a jurisdicción extranjera para resolver conflictos”, precisó.

Por eso, Martínez solo se trata de avanzar en un “enclave colonial”, que garantiza a la inversión 30 años de condiciones favorables de explotación. “No hay proyecto de país alrededor de Milei. Es una cantidad de premios a distintos sectores corporativos para ver si mueven el amperímetro de inversión que no se mueve”, sostuvo.

Y se preguntó: “¿Dónde está la estabilidad jurídica de los jubilados dentro de treinta años con el Super RIGI? ¿Dónde está la estabilidad jurídica de la industria que no va a poder vender lo que hoy produce? ¿Dónde está la estabilidad jurídica de los científicos?”.

Sospechas de corrupción

Según su mirada, el oficialismo está logrando aprobar estas leyes con el apoyo de sus aliados y seguir con la agenda legislativa, a pesar de los escándalos de corrupción, donde estaba previsto que el Congreso discuta la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Nunca el caso Adorni trabó la agenda parlamentaria del Congreso”, afirmó, y subrayó que “en el medio del escándalo Adorni, dictaminaron el acuerdo con los holdouts y dictaminaron el Super RIGI en Diputados”. “Adorni tensiona los acuerdos políticos, pero no los rompe con los aliados”, afirmó, al negar que las iniciativas legislativas se habían trabado con el estallido por presunto caso de enriquecimiento ilícito.

En ese marco, Martínez agregó que el Gobierno aún consigue votos a partir de “una periferia de alianza” con votos “que tiene el Gobierno” y “lo logra sostener”. Y atribuyó que las victorias legislativas, y el respaldo de bloques dialoguistas provinciales, se deben a que “aprietan a las provincias” desde el Poder Ejecutivo para aprobar o no los proyectos de RIGI. “Si no venís, no te apruebo tal proyecto. Si no firmás tal ley, no te apruebo el RIGI de tu provincia”, ejemplificó. Y remarcó que “algun días se analizará el proceso de evaluación del RIGI” y su “potencial corrupción”.

Asimismo, insistió en que ratifican sus críticas a este tipo de regímenes con incentivos y facilidades. Ahora bien, alertó que aún con el apoyo que obtuvieron de los aliados, “había mucha más expectativa en el RIGI y eso no está pasando”. “No hay un barril de petróleo o de gas que este saliendo en el RIGI”, ejemplificó.

Críticas al modelo y la alterntiva posible

Martínez remarcó que el peronismo mantiene una postura crítica frente al RIGI y su nueva versión, al poner como ejemplo la inversión de la planta de Sidersa, en el municipio bonaerense de San Nicolás.

“Sidersa está en ese plan del RIGI. Nadie le garantiza a Sidersa que va a poder vender su producción para lo que se necesite de infraestructura vinculado a los proyectos del Super RIGI”, contrastó, al advertir sobre la presunta trampa de las “condiciones de mercado” para los proveedores locales:

“Cuando vas en condiciones de mercado, ¿qué hacés con China? Estamos subsidiando un proyecto productivo de acero verde en San Nicolás y al mismo tiempo no le permitimos que ese insumo vaya como componente nacional al Super RIGI”.

Interrogado sobre la alternativa peronista, y qué tipo de iniciativas para inversiones están interesados en impulsar, el legislador planteó pensar “un sistema y un régimen de inversiones que piense el desarrollo nacional en otro sentido distinto al del RIGI y Super RIGI”.

En ese marco, resaltó la necesidad de “un régimen de inversiones claro, previsible, con compromisos y condiciones, como la participación de la industria con generación de puestos de trabajo, incorporación de ciencia y tecnología, y recuperación de la soberanía en términos jurídicos”.

“Nosotros necesitamos una situación general que obviamente permita la llegada de inversiones, pero que nosotros le demos una planificación. Tenemos que recuperar una sana idea de planificación que no es dirigismo. Planificar es una cosa, dirigir es otra”, concluyó.

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Rusia está trasladando una parte significativa de sus defensas antiaéreas para proteger un puñado de objetivos prioritarios, incluyendo Moscú, mientras los drones ucranianos de largo alcance continúan golpeando instalaciones en el interior del país, afirmó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

En nuevos ataques nocturnos, Zelensky dijo el jueves que las fuerzas de Kiev alcanzaron dos refinerías de petróleo rusas más en Ufa, a 1.500 kilómetros (930 millas) de la línea del frente, y un depósito de petróleo en la región de Krasnodar, a 300 kilómetros (180 millas) de Ucrania.

En los últimos meses, Ucrania ha intensificado su campaña aérea contra instalaciones militares y energéticas rusas. Su éxito ha provocado escasez de combustible y ha cortado las líneas de suministro del ejército, lo que ha frenado la invasión de Moscú al país vecino tras más de cuatro años de combates y puso nerviosas a las autoridades rusas.

Zelensky señaló en su mensaje diario en video el miércoles por la noche, que el Kremlin está trasladando más defensas antiaéreas a la capital, así como a Valdai —una localidad a unos 500 kilómetros (300 millas) al noroeste de Moscú donde el presidente, Vladímir Putin, tiene una residencia—, y para proteger el puente de Kerch, una ruta de suministro vital que conecta la península de Crimea con el territorio continental ruso.

“Solo en la región de Moscú han acumulado cientos de lanzadores” de misiles antiaéreos, manifestó Zelensky. “Casi 90 lanzadores han sido redesplegados a Valdai procedentes de otras regiones de Rusia”.

No fue posible verificar de forma independiente las afirmaciones de Zelensky, que retrataron al liderazgo ruso como más preocupado por protegerse a sí mismo que a otras ciudades y localidades del vasto país. Las autoridades rusas no realizaron comentarios al respecto.

Drones ucranianos han alcanzado recientemente Moscú y San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del país y ciudad natal de Putin. Kiev también está tratando de aislar Crimea, la península del mar Negro que Rusia invadió y se anexionó ilegalmente en 2014.

Los cambios, según Zelensky, dejarían otras partes de Rusia vulnerables a los drones ucranianos de largo alcance, que cada vez son más sofisticados y que ahora pueden recorrer más de 1.500 kilómetros (930 millas).

“Hay muchas dificultades (para Rusia), todo porque Putin se niega a poner fin a su guerra y a escuchar nuestras propuestas para una reunión, negociaciones genuinas y una paz digna”, manifestó el mandatario.

Zelensky ha aceptado un alto el fuego incondicional exigido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero Putin se ha negado, y un año de esfuerzos de paz encabezados por la Casa Blanca no logró avances significativos.

Trump elogia a Zelensky

Funcionarios y analistas occidentales dicen que las perspectivas de Ucrania han mejorado tras más de cuatro años de una extenuante guerra de desgaste, ya que el desarrollo y la producción nacionales de aviones no tripulados de vanguardia ayudan a contener al ejército ruso, que es más grande en tamaño.

Trump, que en el pasado había sido crítico con Zelensky, dijo en la Casa Blanca el miércoles que el líder ucraniano es “valiente” y que “lo está haciendo bastante bien” en la guerra.

Zelensky indicó que obtuvo compromisos de apoyo extranjero sostenido cuando asistió a la reciente cumbre de líderes del G7, en la que estaba Trump, y que la ayuda prometida contribuirá a impulsar aún más la campaña intensificada de Ucrania.

“Nuestra operación, incluida la relacionada con Crimea, ha sido cuidadosamente planificada, y la forma en que se está desarrollando demuestra claramente que si Ucrania recibe exactamente lo que discutimos con nuestros socios en el G7 —y eso depende de las decisiones de nuestros socios—, crearemos rápidamente condiciones en las que Rusia se verá obligada a elegir la paz“, declaró.

“Tenemos muchas esperanzas de una respuesta positiva de nuestros socios”, añadió. “Saben exactamente de qué estamos hablando”.

Ucrania vigila a la vecina Bielorrusia

Bielorrusia, cuyas plantas manufactureras han desempeñado un papel clave en el apoyo al esfuerzo bélico de Moscú, parece haber desactivado en su territorio los repetidores de señal que, según Kiev, se utilizaban para ayudar a guiar ataques con drones rusos contra suelo ucraniano. Moscú lanzó su invasión de Ucrania en 2022 desde Bielorrusia.

Zelensky exigió la semana pasada que Bielorrusia, que se encuentra en la frontera norte de Ucrania y también limita con Rusia, retire los equipos de retransmisión que permitían a drones rusos atacar el oeste de Ucrania. Amenazó con actuar contra esos puestos, presumiblemente con un ataque militar que podría llevar a Kiev y Minsk a un conflicto directo.

La inteligencia ucraniana ha determinado que los repetidores están ahora apagados, dijo Zelensky en un mensaje enviado a reporteros.

Autoridades militares ucranianas ordenaron el miércoles la evacuación obligatoria de las aproximadamente 1.000 personas que aún permanecen en la región de Chernihiv, fronteriza con Rusia y Bielorrusia, a partir del 1 de julio.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington, señaló que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, está caminando por la cuerda floja en la guerra.

“Lukashenko continúa demorando y desviando los intentos cada vez más intensos del Kremlin de arrastrar a Bielorrusia a la guerra en Ucrania, mientras mantiene una retórica relativamente neutral hacia Ucrania”, indicó la institución.

El general ucraniano Oleksandr Syrskyi, comandante de las fuerzas armadas, dijo la semana pasada que Ucrania está reforzando las defensas en su frontera norte, incluida la creación en esa zona de nuevas unidades de drones del ejército.

Rusia ataca gasolineras civiles de Ucrania

Rusia lanzó un misil balístico y 90 drones de ataque de largo alcance contra Ucrania durante la noche, reportó la fuerza aérea ucraniana.

Un dron ruso impactó en la mañana del jueves en una gasolinera en la región nororiental de Sumy y causó cuatro heridos, incluidos dos empleados, según el jefe del gobierno regional, Oleh Hryhorov. Las fuerzas rusas han atacado las gasolineras de la región 13 veces solo en junio, apuntó.

Además, un ataque ruso nocturno en la ciudad sureña de Zaporiyia hirió a una mujer y causó daños en una gasolinera, de acuerdo con el jefe regional, Ivan Fedorov.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus defensas antiaéreas derribaron 269 drones ucranianos desde tarde el miércoles hasta las primeras horas del jueves.

Varios aeropuertos rusos restringieron temporalmente los vuelos durante la noche debido a ataques con drones.

(Con información de AP)

La licitación para privatizar Intercargo quedó desierta este jueves 25 de junio, según consta en Contrat.Ar, la plataforma que el Gobierno utiliza para las contrataciones y privatizaciones públicas. La apertura de sobres, postergada en dos oportunidades, no arrojó ofertas válidas y, según consta en el propio portal, ningún privado presentó los requisitos solicitados -sean económicos o técnicos- para quedarse con la empresa estatal de servicios de rampa que opera en los 21 aeropuertos del país.

El proceso acumuló controversias desde su inicio. La apertura de la primera etapa de sobres —que evaluaría los requisitos legales, técnicos y financieros de los oferentes— estaba prevista originalmente para el 7 de mayo, pero el Ministerio de Economía la postergó mediante la Resolución 521/2026 hasta el 10 de junio. Una segunda resolución, la 833/2026, con la firma del ministro Luis Caputo, la prorrogó hasta este jueves. La fecha no trajo novedades, ya que el portal registra el resultado como “desierto”.

Según pudo confirmar Infobae, si bien algunas compañías llegaron a presentar ofertas económicas, los montos habrían quedado por debajo del piso de USD 45,1 millones fijado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) al momento de la tasación. Ante ese escenario, fuentes del sector privado con conocimiento del proceso señalaron a este medio que una de las salidas posibles sería la división del paquete accionario. Esto es, licitar por separado cada aeropuerto donde opera la compañía, en lugar de transferirla como unidad.

Esa alternativa cobra sentido a partir de una particularidad histórica de Intercargo. La empresa siempre tuvo aeropuertos deficitarios y otros que funcionan como sostén financiero del conjunto. Terminales como Aeroparque, Ezeiza, Salta, Rosario, Ushuaia y Bariloche generan los márgenes que compensan las pérdidas del resto de la red. Son precisamente esas seis escalas las que despiertan el interés de los potenciales compradores, mientras que las terminales no rentables habrían operado como freno para quienes no quisieron asumir la totalidad de la empresa.

“Nadie va a pagar ese precio por Intercargo. Se buscan las escalas donde operar sea negocio”, opinó una fuente del sector.

Los interesados

Tres empresas habían sido identificadas por Infobae como las más activas en el proceso. El primero es el empresario argentino Horacio Paolini, titular de Escalum, cuyo accionista es Invhora, una compañía dedicada al negocio logístico y de grúas que el propio Paolini preside. Con vínculos estrechos con el expresidente Mauricio Macri y el exdirigente de Boca Juniors Daniel Angelici —integró las comisiones directivas del club entre 2011 y 2019 y llegó a presentarse como candidato a la presidencia—, Paolini ya tiene un pie en el negocio: el año pasado, el Gobierno habilitó a Escalum Investment para brindar servicios de asistencia en tierra en tres terminales del país.

El segundo es el Grupo GPS, un holding argentino con actividad en seguridad aeroportuaria, seguridad física y electrónica, servicios de limpieza y confección de uniformes para empresas, fuerzas armadas y personal de salud. Su filial Global Service Handling también figura entre las 11 empresas habilitadas para prestar servicios de rampa en el país.

La tercera candidata es la francesa Alyzia, fundada en 1948 y una de las principales operadoras de handling aeroportuario de Francia, con presencia en más de 20 aeropuertos de ese país y de Bélgica, entre ellos los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly de París. La compañía cuenta con más de 5.000 empleados y asiste a más de 80 aerolíneas —el 92% de ellas internacionales—. Serge Sellan, presidente de Alyzia, se reunió recientemente en París con el canciller Pablo Quirno durante la visita que el funcionario realizó a la capital francesa en el marco del XVIII Foro Económico Internacional de la OCDE sobre América Latina y el Caribe.

También resonó el nombre de la suiza Swissport. Y, si bien circularon especulaciones en el sector sobre un posible interés de la firma en las acciones de la empresa estatal, la propia compañía confirmó a este medio que no participó de la licitación.

Las razones detrás de una licitación desierta

Desde que Intercargo fue incorporada a la lista de empresas privatizables dentro de la Ley Bases, en los pasillos del sector aeronáutico se advertía que la venta iba a ser difícil. Las razones son varias. La primera es el historial de inestabilidad económica de la Argentina, que desalienta a operadores extranjeros obligados a evaluar plazos de recuperación extensos y márgenes acotados en un negocio que exige inversiones altas en maquinaria y equipamiento.

A eso se suma el pasado de la compañía, marcado por tensiones gremiales, paros recurrentes y una relación compleja con la política. Y un factor más reciente: la desregulación del mercado de handling, impulsada por el propio Gobierno en el marco de su política de cielos abiertos, derivó en que hoy 11 empresas estén habilitadas para brindar el mismo servicio que antes era monopolio exclusivo de Intercargo. Más competencia, menos atractivo para quien compre.

Ese proceso de apertura arrancó en julio de 2024 con la modificación del Código Aeronáutico y se profundizó en septiembre del mismo año con un decreto de la Secretaría de Transporte. La norma liquidó el monopolio que Intercargo ejercía desde 1990, cuando una regulación de esa época le garantizaba la exclusividad del servicio para todas las aerolíneas del país. El primer decreto que habilitó esa apertura —el 599/2024, impulsado por el ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger— introdujo la posibilidad de que cada aerolínea elija su propio prestador de servicios de rampa.

Las 11 empresas habilitadas hoy son: American Jet, Global Protection Service, Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo, Escalum Investment, MNZS, Jet Handling FBO, Swissport Argentina, Acciona Servicios Argentina y Crossracer Ramp. Entre ellas, Swissport —de origen suizo— y la filial local de MNZS —británica— ya tenían experiencia previa en el país. Aerolíneas Argentinas y Flybondi, por su parte, se prestan a ellas mismas el servicio de rampa.

El trasfondo financiero de Intercargo también pesa. Entre 2020 y 2023, la empresa recibió $6.700 millones en aportes estatales para sostener sus operaciones. A comienzos de 2024, el Gobierno del presidente Javier Milei interrumpió esos fondos como parte de la política de ajuste fiscal y concluyó que la continuidad de la compañía bajo administración estatal era inviable ante la necesidad de inversiones para modernizarla.

La expansión de los modelos de inteligencia artificial desarrollados en China genera inquietudes en Europa y América Latina, donde expertos advierten sobre los riesgos de gobernanza y dependencia estratégica que implica su adopción en sectores sensibles. Así lo sostiene Patrick Upmann, fundador de AIGN.global y especialista alemán en gobernanza de IA.

Upmann identifica la principal preocupación en la opacidad de la gobernanza que rodea a los modelos de IA chinos. “Cuando una empresa incorpora un modelo de IA, asume un entorno de gobernanza oculto: lógica de datos, reglas de alineamiento, filtros de seguridad, mecanismos de actualización, restricciones políticas, dependencia del proveedor y el marco legal detrás del sistema”, explicó el especialista a Infobae.

Para empresas europeas y latinoamericanas que aplican inteligencia artificial en administración pública, finanzas, infraestructura, educación, medios, salud o decisiones corporativas, el riesgo aumenta. Upmann advierte que la falta de auditoría independiente y de transparencia en la lógica de entrenamiento, junto con actualizaciones externas fuera de control del usuario, puede llevar a que las organizaciones deleguen parte de su juicio institucional a una infraestructura ajena.

“No se trata solo de un problema técnico, sino de la capacidad de una institución para mantener control sobre su propio criterio”, remarcó.

Frente a la promoción de los modelos chinos bajo la etiqueta de open-source, asequibles y competitivos, el especialista recomienda que gobiernos y empresas en Europa y América Latina adopten un enfoque de gobernanza basada en riesgos.

Upmann sugiere cuestionar el uso, el tipo de datos procesados, la capacidad de auditoría independiente, el control de actualizaciones, la jurisdicción aplicable y el riesgo de dependencia geopolítica. “El código abierto no garantiza confiabilidad. Puede haber apertura en el código, pero opacidad en los datos de entrenamiento, lógica de alineamiento y contexto geopolítico”, puntualizó.

Para casos de bajo riesgo, estos modelos pueden ser útiles. Sin embargo, Upmann recomienda que en sectores regulados se exijan requisitos estrictos: transparencia, trazabilidad, pruebas independientes, protección de datos, revisión de seguridad, supervisión humana y estrategias de salida. “La asequibilidad es relevante, pero una inteligencia artificial barata puede generar altos costos estratégicos si crea dependencia”, afirmó el fundador de AIGN.

Respecto a la capacidad de estos sistemas para amplificar la influencia política de Beijing, Upmann sostiene que el fenómeno ocurre de forma indirecta. “La influencia de la inteligencia artificial puede operar mediante respuestas predeterminadas, lógica de ranking, comportamiento de rechazo, moderación de contenidos, selección de fuentes, enmarque de lenguaje, sistemas educativos, herramientas de traducción o asistentes de programación”, explicó.

En regiones como América Latina, donde la infraestructura digital se expande con rapidez, los modelos de IA podrían integrarse en servicios públicos, medios y procesos corporativos, definiendo condiciones invisibles del conocimiento.

Infobae consultó también sobre el riesgo de sesgo ideológico en estos sistemas. Mientras plataformas estadounidenses han sido acusadas de inclinación progresista, Upmann sostiene que en China la cuestión es estructural. “No se trata solo de sesgo, sino de operar dentro de los límites de un sistema político de partido único y un orden de información estatal”, precisó. Por ello, recomienda que las instituciones extranjeras evalúen no solo precisión y desempeño, sino también neutralidad, patrones de rechazo, selección de fuentes y comportamiento ante temas sensibles.

En relación con la posibilidad de imponer estándares internacionales de gobernanza de IA a regímenes autoritarios, Upmann consideró que no resultan aplicables internamente en esos países. Sin embargo, pueden servir para que mercados democráticos definan las condiciones de acceso a sus sectores críticos. Propone exigir documentación, auditabilidad, protección de datos, ciberseguridad, clasificación de riesgos, supervisión humana, reportes de incidentes y evidencia de cumplimiento para cualquier sistema que pretenda operar en mercados regulados.

Al comparar la competencia global en inteligencia artificial con la carrera armamentista nuclear, Upmann reconoce similitudes estratégicas, aunque destaca diferencias clave. La IA es distribuida, escalable, de uso dual y penetra plataformas comerciales, centros de datos y sistemas autónomos. “La carrera de la IA no es solo de capacidad destructiva, sino de capacidad cognitiva, económica e institucional”, concluyó el especialista.

Por L.P.I.

El oficialismo decidió no correr el riesgo frente a una posible votación que impulse la interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e hizo caer la sesión de hoy en el Senado.

El bloque de La Libertad Avanza ingresó al recinto pero nunca ocupó sus bancas. Algo similar hizo el peronismo, por lo que nunca se alcanzó el número de 37 senadores necesarios para poder abrir la sesión.

En una primera instancia, La Libertad Avanza propuso abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el próximo 1 de julio para tratar dos proyectos de interpelación al jefe de Gabinete. Esa fue la propuesta que le hicieron a los bloques dialoguistas y en la previa a que se cayera la sesión se envió el llamado a la misma.

La intención fue imitar la estrategia que consumaron 24 horas con el apoyo de los bloques de Diputados del PRO y la UCR, más algunos legisladores provinciales.

Sin embargo, el radicalismo se mostraba dividido en un sector que iba a intentar ir por la interpelación al igual que la totalidad del PRO, bloque que presentó un proyecto de interpelación a Manuel Adorni. Frente al riesgo, el bloque libertario que comanda la senadora Patricia Bullrich ingresó al recinto pero esperó que se cumplieran los 30 minutos reglamentarios y, parados al lado de sus bancas, decidieron no dar quórum y dejaron caer la sesión.

El debate estaba en cómo había que tratar el pedido de interpelación. El peronismo insistía con lo que se había acordado en la primera labor parlamentaria en donde con mayoría simple se habilitaba el tratamiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece el proceso de interpelación. Patricia Bullrich llamó a una segunda reunión de labor parlamentaria y propuso que hacía falta los dos tercios para habilitar el tema.

Se especulaba con una larga e intensa discusión sobre el proceso, pero en el mundo libertario no había seguridad respecto de la totalidad del bloque de la UCR y de algunos provinciales. En ese contexto, decidieron no correr riesgos e hicieron caer la sesión que ellos mismos había pedido para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y a continuación seis convenios internacionales.

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