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La tensión entre el sector industrial y el municipio bonaerense de Ramallo sumó un nuevo capítulo. Después de la implementación de un polémico peaje para el transporte de cargas, las autoridades locales avanzaron con la creación de un registro obligatorio para los transportistas, acompañado de permisos, controles y sanciones. La decisión provocó un fuerte rechazo de las entidades empresarias, que advirtieron sobre el riesgo de clausura de fábricas y denunciaron la creación de una suerte de “aduana interior” que encarece los costos de producción.

La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) cuestionaron las medidas adoptadas por el municipio, que afectan la circulación de camiones por la zona industrial y hacia el puerto de San Nicolás, un corredor estratégico para el movimiento de insumos, productos terminados y exportaciones.

El conflicto comenzó en septiembre, cuando el gobierno municipal estableció un peaje de entre $25.000 y $62.000 por viaje para los vehículos de carga que recorren apenas cinco kilómetros del ex Camino Provincial 87. Según precisaron las entidades mediante un comunicado de prensa, la medida alcanza a más de 100 empresas argentinas y podría representar un costo anual de hasta $500 millones por compañía.

Sin embargo, lejos de limitarse al cobro del peaje, el municipio avanzó con nuevas disposiciones. El 19 de octubre aprobó una ordenanza que creó el Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (SIGTP), mediante el cual los transportistas deben registrarse y tramitar autorizaciones para operar dentro del distrito.

La decisión encendió nuevas alarmas entre los industriales, principalmente por el régimen de sanciones previsto y por la responsabilidad que podrían asumir las empresas que contratan los servicios de transporte.

Las nuevas exigencias y el riesgo para las fábricas

De acuerdo con el comunicado difundido por Uipba y Adiba, el nuevo sistema municipal establece obligaciones administrativas similares a las que contemplaba el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), eliminado por el Gobierno nacional en 2024 como parte de las políticas de desregulación del transporte de cargas.

Las entidades consideran que la creación de registros y permisos a escala municipal implica reinstalar exigencias burocráticas que habían sido removidas con el objetivo de simplificar la actividad logística.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el esquema de penalidades previsto para quienes incumplan las disposiciones. Las sanciones pueden incluir multas, restricciones a la circulación y retención de vehículos. Además, según denunciaron las organizaciones industriales, podrían derivar en el cierre de las fábricas que contratan a los transportistas.

El cuestionamiento se concentra especialmente en la responsabilidad solidaria de las empresas dadoras de carga. Esto significa que las industrias podrían afrontar consecuencias por eventuales incumplimientos de los transportistas contratados, aun cuando las infracciones correspondan a estos últimos. Para los industriales bonaerenses, esta disposición agrega incertidumbre a la operatoria de las compañías y representa una nueva carga administrativa sobre la producción.

La preocupación también está vinculada con el impacto que las restricciones a la circulación podrían generar sobre el abastecimiento de materias primas y el despacho de mercadería, en una zona donde el transporte pesado cumple un papel central para la actividad industrial.

Un peaje de hasta $62.000 por cinco kilómetros

El nuevo registro se suma a la controversia que comenzó en septiembre, cuando el municipio dispuso el cobro de un peaje para el transporte de cargas que utiliza el ex Camino Provincial 87.

Según denunciaron las entidades empresarias, el recorrido sujeto al pago comprende apenas cinco kilómetros y constituye el único acceso habilitado para el tránsito pesado, sin caminos alternativos disponibles para ese tipo de vehículos.

El esquema contempla tarifas que podrían oscilar entre $25.000 y $62.000 por viaje, dependiendo del transporte.

Las organizaciones industriales estimaron que el sistema afecta a más de 100 empresas y que, según la intensidad de sus operaciones logísticas, el costo podría alcanzar los $500 millones anuales por organización.

Otro aspecto cuestionado es el mecanismo de administración del cobro. De acuerdo con el comunicado, el sistema ya fue concesionado a una empresa privada que recibiría el 50% de la recaudación.

La firma también instaló un pórtico de telepeaje sobre el corredor, mientras que el municipio comenzó a intimar a los transportistas, mediante WhatsApp y otros canales, para que soliciten el dispositivo TAG y completen el registro correspondiente.

Para los industriales, el cobro constituye una barrera económica a la circulación de mercaderías. Las entidades sostienen que un municipio no puede gravar productos por el solo hecho de atravesar su territorio, incluso cuando el cargo se presenta bajo la denominación de tasa vial.

La controversia adquiere especial relevancia por la ubicación del corredor, utilizado por empresas industriales y transportistas que operan en la zona y se dirigen hacia el puerto de San Nicolás.

La advertencia por las “aduanas interiores”

En el comunicado, Uipba y Adiba calificaron las iniciativas municipales como una nueva expresión del denominado “costo argentino”, al considerar que incorporan gastos logísticos sin generar valor adicional para las actividades productivas.

Las organizaciones señalaron que los nuevos registros, permisos y mecanismos de fiscalización incrementan la burocracia y contradicen las políticas nacionales orientadas a simplificar el transporte de cargas.

También cuestionaron que las disposiciones se implementen en un contexto de dificultades para el sector industrial, cuando las empresas buscan reducir costos para sostener su competitividad. Según las entidades, el encarecimiento de la logística repercute sobre el traslado de insumos, materias primas y productos terminados, con consecuencias para la industria, el comercio y las exportaciones.

El planteo no se limita a la situación particular de Ramallo. Los industriales advirtieron sobre el riesgo de que otros municipios adopten medidas similares, lo que podría multiplicar los costos para transportar una misma carga a través de distintas jurisdicciones.

En ese escenario, una empresa que necesite trasladar mercadería por varios distritos podría quedar expuesta a distintos peajes, registros y autorizaciones municipales durante un mismo recorrido. Las entidades consideraron que la proliferación de estas disposiciones podría configurar una red de barreras económicas superpuestas a lo largo del territorio nacional. Y las calificaron las iniciativas como inconstitucionales.

En plena ebullición por los rumores sobre una eventual candidatura presidencial, Patricia Bullrich publicó este jueves un nuevo video en su cuenta de X que refuerza la estrategia de diferenciación política con el gobierno nacional. La pieza audiovisual, breve y sin una sola palabra de la legisladora, recorre en silencio los pasillos del Congreso y distintos rincones del Senado mientras suena la versión instrumental de “Es un secreto”, el clásico de reggaetón del dúo puertorriqueño Plan B.

La secuencia cierra con una imagen de Bullrich de frente, seria, con los puños apoyados sobre su escritorio en el despacho. Ayer, en Infobae a las 9, la exministra de Seguridad habló de sus ambiciones políticas y aseguró: “Estoy preparada para ser presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”. El texto que acompaña el posteo habla de ella en tercera persona: “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”.

La elección musical no es casual y la referencia a “Plan B” podría interpretarse en clave política como una alternativa al presidente Javier Milei dentro de La Libertad Avanza en cara a las elecciones de 2027. La canción del dúo puertorriqueño, integrado por Chencho Corleone y Maldy, comienza con la siguiente frase: “Será cuestión de tiempo…; (Presentimiento…) De un lugar, De un momento…”.

El video es el séptimo de una saga que comenzó en febrero, cuando Bullrich celebró la media sanción de la reforma laboral con un clip al ritmo de “Vogue”, de Madonna. En junio usó “Se dice de mí”, de Tita Merello, en la versión de La Joaqui, tras diferenciarse de Javier Milei por el pliego de una jueza federal.

En agosto apeló a “La Perla”, de Rosalía, en un momento de fricciones con los hermanos Milei y con el ministro Federico Sturzenegger. Y en septiembre agitó los despachos de la Casa Rosada con “No me importa”, de Lali Espósito, la artista más cuestionada por el Presidente, luego de denunciar que el Gobierno le ocultó cambios en materia de discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027. Ayer, ya había adelantado: “Se vienen cositas”.

“Estoy preparada…”

En diálogo con Infobae, la senadora evitó confirmar una futura postulación y sostuvo que las candidaturas deben definirse más cerca de la elección. “Uno tiene que saber esperar su momento”. En esta línea, ubicó su prioridad en la marcha de la gestión. “Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente la sienta”, planteó, al referirse a la necesidad de que la recuperación alcance la vida cotidiana de los ciudadanos.

Consultada sobre una eventual fórmula con Milei, Bullrich respondió que él no le ofreció la vicepresidencia. Ante la repregunta sobre si aceptaría esa propuesta, también evitó dar una definición.

La posición de la senadora se inserta en una discusión más amplia dentro de La Libertad Avanza sobre el armado electoral. Durante la entrevista, afirmó que un partido no puede quedar atado a las decisiones de un único dirigente y que sus referentes deben construir una relación directa con sus votantes. “No que te bajen los votos del número uno, sino que vos también aportás votos”, expresó.

En ese punto, reivindicó el electorado que la acompañó en la interna de Juntos por el Cambio y que luego respaldó a Milei en el balotaje de 2023. Para la senadora, existen coincidencias entre esas dos bases de votantes, aunque también matices que justifican que los dirigentes mantengan identidad y presencia propia dentro del oficialismo.

La asignación familiar por hijo que reciben los trabajadores registrados perdió casi la mitad de su poder adquisitivo desde 2016, pese a que comparte con la Asignación Universal por Hijo (AUH) el mecanismo de actualización mensual por inflación desde julio de 2024. La diferencia es que la asignación destinada a los asalariados formales no recuperó lo perdido, mientras que la AUH recibió refuerzos extraordinarios y se complementó con la Prestación Alimentar, lo que amplió la brecha entre ambos sistemas.

El diagnóstico surge del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA. Entre 2016 y septiembre de 2026 la asignación familiar por hijo del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) perdió un 45% de su valor real. En el tramo de menores ingresos, su cobertura de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) cayó cerca de un 48%: para un hogar tipo de dos adultos y dos niños, pasó del 40% en 2016 al 20,8% en septiembre de 2026.

La AUH, en cambio, amplió su alcance. Para ese mismo hogar tipo, cubría el 32% de la CBA en 2016, cuando todavía no existía la Prestación Alimentar, creada en 2020. En septiembre de 2026, la AUH junto con la Prestación Alimentar cubre el 48,7%.

La diferencia entre ambos esquemas no se explica únicamente por la inflación, sino también por las decisiones que modificaron los montos y la composición de las transferencias.

Entre 2016 y 2023, la AUH y el SUAF compartieron mecanismos de movilidad que no alcanzaron a compensar el aumento de los precios. Sin embargo, desde 2020, los hogares que percibían la AUH comenzaron a recibir también la Prestación Alimentar, creada para reforzar los ingresos destinados a la alimentación. En 2024, además, el monto de la AUH se duplicó, mientras que la asignación familiar del sistema contributivo no recibió un refuerzo equivalente.

Desde julio de 2024, ambas asignaciones se actualizan mensualmente según el índice de precios al consumidor (IPC) de dos meses antes. Ese mecanismo frenó el deterioro adicional del SUAF, pero no permitió recuperar su pérdida acumulada.

La AUH, por su parte, recuperó terreno en términos reales: según el informe, en septiembre de 2026 su valor era un 9% superior al de 2016. Cuando se suma la Prestación Alimentar, el poder de compra de ambas transferencias era un 60% mayor que diez años atrás.

La evolución reciente de la Prestación Alimentar, no obstante, muestra límites. El beneficio permaneció congelado entre junio de 2024 y abril de 2026, período en el que perdió un 44,1% de su valor real. En mayo de este año recibió un aumento del 38,3%, pero desde entonces volvió a perder capacidad de compra frente a los alimentos. En septiembre, su valor real todavía se encontraba casi un 30% por debajo del nivel de junio de 2024.

La indexación por el IPC general tampoco alcanza siempre para seguir a los alimentos. En los últimos doce meses la AUH subió 33,8%, igual que la inflación con dos meses de rezago, pero la CBA aumentó 40%. La brecha se amplió entre noviembre de 2025 y enero de 2026, cuando la canasta alimentaria subió entre 4% y 6% por mes.

La distancia entre los dos sistemas también se observa en los montos mensuales y en su capacidad para cubrir las canastas básicas. Para septiembre de 2026, el ODSA estimó los siguientes valores para hogares tipo del Gran Buenos Aires:

AUH más Prestación Alimentar: $359.749 mensuales para un hogar con dos hijos y $519.100 para uno con tres. SUAF, tramo 1: $154.050 para un hogar con dos hijos y $231.075 para uno con tres. SUAF, tramo 4: $32.434 para un hogar con dos hijos y $48.651 para uno con tres.

Hogares formales con niveles de pobreza cercanos a los de la AUH

Uno de los principales hallazgos del estudio es que los hogares asalariados de menores ingresos se parecen cada vez más a los que reciben la AUH, tanto por su composición familiar como por sus condiciones socioeconómicas.

A partir de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el ODSA-UCA estimó que, en el primer trimestre de 2026, el 61% de los hogares del tramo 1 del SUAF estaba en situación de pobreza y el 15% en la indigencia, con la asignación incluida. Entre los hogares con AUH, los indicadores eran del 64% y el 14%.

El informe aclara que esa similitud se vincula en parte con las reglas del sistema: con el límite actual del tramo 1, fijado en 0,76 canastas, esos hogares son pobres casi por definición, y el grupo de 2026 no es el mismo que el de 2018. Aun así, la transferencia que reciben es muy distinta.

Según las estimaciones, la AUH más la Prestación Alimentar reduce la indigencia en alrededor de 20 puntos porcentuales, mientras que el SUAF del tramo 1 la disminuye en 11. En los tramos 2 a 4, el efecto es casi nulo.

También hay similitudes en la composición de los hogares. El 60% de los hogares del tramo 1 y de los que reciben AUH tiene jefatura femenina. Además, el 45% de los del tramo 1 es monomarental, frente al 35% entre los perceptores de AUH y el 10% en el tramo 4.

El informe describe a los hogares con SUAF como un grupo formal heterogéneo: en conjunto están mejor que los de AUH (22,4% de pobreza frente a 63,7%), pero los del tramo 1 tienen un perfil cada vez más parecido al de la AUH, con una transferencia 2,3 veces menor.

El efecto de los topes de ingresos

El informe también identifica el impacto de los límites de ingresos para acceder a las asignaciones familiares. Entre marzo de 2022 y febrero de 2023, el tope individual para cobrar el SUAF permaneció congelado en $158.366, mientras los precios aumentaron un 102,5%.

Como consecuencia, algunos hogares que recibían la prestación dejaron de cumplir los requisitos para cobrarla, aunque continuaban atravesando dificultades económicas. En el primer trimestre de 2023, los hogares que superaban el tope registraron por primera vez un nivel de pobreza, del 10,7%, mientras que la pobreza entre los hogares que percibían el SUAF alcanzó un máximo del 53,9%.

En 2024 se modificaron los límites y la composición de los tramos. Actualmente, el tramo 1, que recibe el monto máximo, concentra a un grupo más reducido y de menores ingresos. Para acceder a ese nivel de prestación, el ingreso familiar debe ubicarse por debajo de 0,76 canastas, frente a 1,28 en 2018, según las estimaciones del documento.

Así, la evolución de los topes no solo incidió en quiénes reciben la asignación, sino también en el perfil de los hogares que permanecen dentro de cada categoría.

Una protección desigual frente al costo de vida

El ODSA muestra que las transferencias dirigidas a hogares con niños y adolescentes siguieron caminos diferentes durante la última década. La asignación familiar de los trabajadores formales perdió un 45% de su poder de compra, mientras que la AUH recuperó su valor real y, junto con la Prestación Alimentar, amplió su cobertura de las canastas básicas.

Esa diferencia se traduce en una brecha concreta entre hogares que, con la asignación incluida, muestran niveles similares de pobreza e indigencia. La actualización mensual por inflación frenó el deterioro del SUAF, pero no compensó lo perdido.

Entre las líneas de acción que plantea la casa de estudios figuran actualizar los límites de los tramos según el valor de la canasta, reforzar el monto de los más bajos y atar la Prestación Alimentar a la CBA para sostener su valor.

Qué pasó en el último año

Entre septiembre de 2025 e igual mes de 2026, la AUH y las asignaciones familiares del SUAF aumentaron cerca de 33,8%, apenas por encima de la inflación interanual, que fue de 33,4%. En términos reales, la mejora fue de solo 0,4%.

La Prestación Alimentar subió 38,3% y registró una recuperación real de 3,7%, aunque los hogares que combinan AUH y ese refuerzo tuvieron mejoras reales de entre 1,3% y 1,6%, según la cantidad de hijos.

El presidente Javier Milei recibirá al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, esta mañana en la Casa Rosada. El encuentro se produce en medio de las observaciones que la administración de Donald Trump realizó sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Las sugerencias que emanaron desde Washington referían a que la redacción original podía afectar empresas vinculadas que no estuvieran involucradas de manera directa con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

En una conferencia realizada este jueves en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, Landau sostuvo que la legislación es una cuestión de las autoridades argentinas, pero admitió que Washington sigue de cerca sus consecuencias para el sector privado estadounidense. “Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo”, afirmó.

Participarán del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo. Se prevé que entre los temas de conversación se incluyan aspectos vinculados a la seguridad y la “lucha contra el terrorismo” en la región, así como de las diferentes políticas de apoyo económico que ambos países vienen manteniendo en los últimos años.

Un régimen sancionatorio con alcance sobre socios y proveedores

Aunque quiso ser desmentido por funcionarios del Gobierno, fueron los mismos integrantes de la administración estadounidense quienes reconocieron su preocupación por la redacción original del proyecto por Malvinas. La iniciativa no alcanzaba solo a las firmas que operan en el archipiélago, sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores relacionados con actividades petroleras sin autorización argentina.

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, había transmitido a funcionarios argentinos la inquietud de Washington y de empresas estadounidenses por el alcance del Título I. La preocupación se concentraba en las penalidades contra compañías asociadas con las petroleras que trabajan en Malvinas y que fueron denunciadas por la Argentina ante el Tribunal Internacional del Mar, en Hamburgo.

El oficialismo postergó el tratamiento parlamentario ante la falta de apoyos y las diferencias sobre varios artículos. Aun así, podría no tardar en reactivarse. La Cámara de Diputados podría abordar el proyecto hacia finales de octubre, aunque otras fuentes consultadas señalaron que la fecha aún no estaba definida; las estimaciones internas marcan que los números estarán disponibles después de que se terminen de configurar los cambios.

Las conversaciones con el PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), otros bloques aliados y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) derivaron en la promesa oficial de habilitar cambios.

Entre los cambios principales, se limitarán las sanciones exclusivamente a operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de proyectos ilegales en territorio argentino, lo que exime a fondos de inversión indirectos. También se incorporará que el nuevo Consejo de Seguridad Nacional tenga la facultad de aceptar o rechazar inversiones de estados y empresas con capitales extranjeros, y se acotó la intervención de las Fuerzas Armadas en infraestructuras críticas solo a casos en que la defensa nacional esté amenazada.

Además, el oficialismo accedió a crear una Comisión Bicameral en el Congreso para auditar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional —compuesto únicamente por miembros del Ejecutivo—, como garantía para los aliados legislativos. Se modificará también el polémico artículo 111, que penaliza la injerencia extranjera en procesos electorales y campañas de desinformación, excluyendo expresamente al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.

El reclamo de soberanía y el futuro del comité de la ONU

La discusión legislativa coincidió con la propuesta estadounidense de disolver el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el foro en el que la Argentina sostiene desde 1965 su reclamo de soberanía ante el Reino Unido. Landau respaldó la eliminación como parte de una reforma general de los organismos multilaterales.

“El comité, a través de los años, ha tomado posiciones bastante radicales en ciertos temas contra Estados Unidos, el caso de Puerto Rico y otros temas”, planteó el funcionario. También señaló que existen numerosos comités que “a través de los años no han hecho casi nada” y pidió no interpretar la reforma como una decisión vinculada específicamente con Malvinas.

Quirno calificó el reclamo argentino como “innegociable” y sostuvo que una eventual desaparición del comité no modificaría la posición nacional. Explicó que las resoluciones que respaldan la causa son generales de las Naciones Unidas y no dependen de un organismo en particular, aunque reconoció que se trata de un ámbito de interés porque la Argentina presenta allí su posición todos los años.

La Argentina se abstuvo el 15 de octubre en dos de los 23 proyectos de la Cuarta Comisión de la ONU sobre descolonización. El canciller atribuyó la decisión a razones técnicas, mientras sectores de la oposición la interpretaron como un gesto hacia Washington.

En la Casa Rosada admitieron que la iniciativa estadounidense llegó en un momento inconveniente para el debate sobre la ley. Funcionarios del Poder Ejecutivo sostuvieron que la eliminación del comité no sería favorable porque permite mantener el reclamo jurídico argentino, aunque no esperan avances concretos en la disputa de soberanía y consideran que Trump busca dar una batalla discursiva sobre el tema.

Fondos estadounidenses y la cuestión china

La visita de Landau incluyó anuncios de cooperación en seguridad y negociaciones sobre inversiones. Quirno detalló que la administración Trump aprobó USD 13 millones para programas contra el narcotráfico: USD 7,5 millones estarán destinados a proyectos en la Argentina y el resto a iniciativas regionales.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau el Pacto para la Protección de la Infancia, que prevé un respaldo de hasta USD 10 millones para combatir la trata de menores. También se anunció un aporte no reembolsable de USD 15 millones para un centro de operaciones de ciberseguridad, que incluirá una evaluación de la red troncal de Arsat.

Ante una consulta sobre el uso de tecnología china en obras de infraestructura, Quirno negó que existiera una política de discriminación. Dijo que las decisiones responden a análisis sobre seguridad informática y a la necesidad de ser más cuidadosos respecto de quiénes controlan las tecnologías utilizadas en el país.

Landau fue más enfático sobre las visas como herramienta de política exterior. “Por algo me llaman el quitavisas”, afirmó, antes de explicar: “No queremos invitar como huéspedes a nuestro país a personas que amenazan la seguridad de nuestro país”.

El funcionario estadounidense elogió la sintonía con el Gobierno argentino y aseguró que no existe “otro país en todo el mundo” con el que Estados Unidos esté tan alineado. Señaló que los acuerdos comerciales entre ambos países pueden atraer inversiones masivas y abrir una “nueva era dorada” para la Argentina.

Consultado sobre si el respaldo estadounidense dependía de una victoria de Milei en 2027, Quirno respondió que el único condicionamiento era mantener el rumbo económico. Mencionó el crecimiento, el orden macroeconómico y el equilibrio fiscal como condiciones para dar previsibilidad a inversiones de largo plazo.