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Mandatarios de América Latina, China y referentes políticos de Estados Unidos saludaron al presidente brasileño. Los mensajes destacaron la integración regional, la cooperación bilateral y los vínculos diplomáticos.

El diputado nacional por Misiones Óscar Herrera Ahuad describió esta mañana el acuerdo legislativo que sumó fondos identificados y garantías para prestaciones de discapacidad.

En una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, el presidente del bloque Argentina Federal repasó su intervención en las negociaciones entre el oficialismo, la oposición, organizaciones de personas con discapacidad, prestadores y la Conferencia Episcopal Argentina.

El mandatario provincial planteó que la discusión legislativa no podía limitarse a renovar el régimen vigente. “La mayoría de la oposición, el bloque más grande, quiere ir a la emergencia a libro cerrado. Por otro lado, los bloques del oficialismo querían ir a una ley superadora”.

El legislador afirmó que la ley de emergencia permitía presentar reclamos judiciales, pero no aseguraba respuestas estatales para las personas alcanzadas. “Es una ley que te permite litigar, que te permite hacer amparos colectivos, te permite que la Justicia rápidamente se expida y tenga resultados. Pero esos resultados después no se ven en la práctica”.

Cambios en el financiamiento de Discapacidad

Al analizar el dictamen que llegó al Congreso, Herrera Ahuad puso el foco en el origen de los recursos. “Uno de los grises es la falta de asignación de partidas presupuestarias específicas”, consideró.

Según explicó, el acuerdo incorporó esa previsión en el artículo siete, junto con cambios sobre la compatibilidad de asignaciones y empleo. “Logramos incorporar la compatibilidad de una asignación con otro tipo de trabajo, la posibilidad de que el nomenclador quede blindado”.

El diputado sostuvo que el texto fijó mecanismos para sostener el sistema y evitar que las prestaciones dependieran de decisiones posteriores. “Hicimos un blindaje de los artículos más importantes de la ley de emergencia y a su vez incorporamos otros que tienen que ver con el sostenimiento de un sistema”.

También indicó que el dictamen dejó abierta la posibilidad de modificaciones en el Senado, aunque consideró que resolvió problemas de la legislación anterior. “Gran parte de los grises que hacen a lo que es la ley de discapacidad, de emergencia en discapacidad, se salvan con esta ley”.

Sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo intervenga sobre la norma, remarcó la votación obtenida en la Cámara de Diputados: “Tiene más de dos tercios en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y yo creo que eso le da un poder muy grande”.

Herrera Ahuad describió que la negociación incluyó instancias de diálogo con representantes sociales, además de los encuentros entre los bloques. “Tenés también la convergencia de la sociedad, en este caso de los foros de discapacidad, donde también tenés que acordar con ellos”.

El presidente del bloque Argentina Federal señaló que los acuerdos se construyeron a partir de demandas de las entidades involucradas. “Muchas de estas cuestiones se logran porque venís desde el llano trabajando en forma horizontal con quienes generan la demanda”.

Entre los actores que participaron de las conversaciones, mencionó a los foros de discapacidad, la Conferencia Episcopal Argentina y los prestadores de servicios. “Cuando tenés la posibilidad de sentarte con los diferentes foros, con la Conferencia Episcopal Argentina, con los prestadores de servicio y todos confluyen en un mismo diagnóstico”.

El legislador relató que algunas reuniones tuvieron fuertes diferencias entre los participantes. “Tuvimos una demasiado compleja y durísima”.

Sobre una de esas mesas, sostuvo: “Casi se volaban a las manos. Porque hay cuestiones donde muchas veces quiere primar quién levanta la banderita para llevarse el logro”.

Herrera Ahuad destacó los aportes de La Libertad Avanza y Unión por la Patria a lo largo del tratamiento. “Debo reconocer el buen equipo de trabajo de La Libertad Avanza en el bloque, con la diputada Laura Rodríguez Machado y su equipo”.

También valoró la disposición del bloque peronista para incorporar propuestas durante la negociación. “Todo el trabajo del bloque de Unión por la Patria, que siempre se mostraron abiertos a esto y siempre aportaron”.

Al cerrar su evaluación sobre el acuerdo, rechazó que el resultado deba atribuirse a un partido o una bancada. “Este logro es un logro de los discapacitados de la República Argentina, no es un logro de la política”.

Las auditorías a las pensiones

El diputado vinculó su participación en el debate con su discapacidad auditiva. “Soy discapacitado auditivo cien por ciento y bajo ningún punto de vista iba a permitir ningún artículo que vaya en contra de lo que ya se iba logrando”.

Contó que perdió la audición de manera progresiva durante su carrera política en Misiones. “Cuando fui gobernador, ya fui sordo totalmente”.

Herrera Ahuad utiliza un implante coclear y explicó cómo complementa esa herramienta: “Yo leo los labios mucho y también escucho”.

Sobre el posible origen de la pérdida auditiva, recordó que trabajó como disc jockey durante su adolescencia: “Antes los auriculares no tenían los filtros que tienen ahora y yo era muy joven y ponía música en los boliches”.

El legislador señaló que fue disc jockey desde los 13 hasta los 17 años y que no registra antecedentes familiares de sordera. “Se cree que puede ser por una cuestión más mecánica que una cuestión genética”.

Al referirse a las políticas de control sobre pensiones y certificados, sostuvo que las auditorías son necesarias, pero cuestionó sus métodos. “Somos los primeros que pedimos que se hagan auditorías”.

El diputado afirmó que presenció operativos en Misiones que expusieron a personas con discapacidad a condiciones adversas. “Con 40 grados de temperatura en una plaza ponían a más de 500 personas para fijarte si tenías una pierna o tenías las dos”.

Para Herrera Ahuad, esos procedimientos afectaron la dignidad de los beneficiarios. “La forma en la que se tomó esto como para hacer los recortes fue de muy bajo nivel”.

El legislador reclamó que los controles se realicen con personal capacitado y en condiciones adecuadas. “Queríamos que se hagan las auditorías, pero como corresponde, con los profesionales que corresponde, en los lugares que corresponde”.

También cuestionó la estigmatización del colectivo de personas con discapacidad en el debate público. “Los discapacitados hemos pasado por la denigración de mostrar una foto de un perro. Eso duele”.

Sobre la revisión de pensiones, sostuvo que no encontró irregularidades en su provincia durante los últimos años. “Tuvieron tres años para auditar y no encontraron ninguno”.

Herrera Ahuad advirtió que una parte del dictamen podía dejar sin asistencia médica a personas con discapacidad y enfermedades poco frecuentes. “Creíamos que por ahí podía haber alguna trampita para dejar cerca de un millón de personas sin cobertura sanitaria”.

Al mencionar los tratamientos de alto costo, puso como ejemplo la hemofilia y el esfuerzo que requieren las jurisdicciones para afrontarlos. “La hemofilia no puede quedar afuera, es un tratamiento de cien millones de pesos, doscientos millones de pesos que no puede quedar a una persona”.

El respaldo a Hugo Passalacqua en la interna de Misiones

En el tramo final de la entrevista, el diputado se refirió al escenario político de Misiones tras el distanciamiento entre el gobernador Hugo Passalacqua y Carlos Rovira. “El gobernador tomó la decisión de llevar adelante su propia política pública”.

Herrera Ahuad rechazó definir la situación como una disputa personal y afirmó que acompañará el rumbo elegido por el mandatario provincial. “Acá no hay pelea de pelea”.

El diputado anticipó que el espacio que acompaña a Passalacqua competirá con una estrategia electoral distinta a la del sector referenciado en Rovira. “Vamos a ir por un esquema electoral el año que viene muy diferente al esquema electoral planteado por el antiguo conductor de nuestro espacio”.

Sobre la futura competencia, afirmó que habrá un candidato del otro sector y descartó que la diferencia implique una ruptura fuera de las reglas institucionales. “Él ya tiene su propio candidato, que nos va a enfrentar lógicamente, todo va a ser en el marco de total y absoluto respeto”.

Herrera Ahuad sostuvo que la conducción política de la oferta electoral debe estar a cargo del gobernador de Misiones. “Creímos que estos eran los tiempos donde la oferta política en la provincia de Misiones debía estar en las manos del gobernador”.

Consultado por la eventual eliminación o suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, señaló que su bloque no resolvió todavía una posición. “Lo estamos discutiendo, lo estamos hablando con el gobernador”.

El diputado afirmó que las definiciones legislativas de Argentina Federal se consensuarán con Passalacqua. “No hay todavía una decisión oficialmente tomada por parte del bloque”.

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El resultado electoral en Brasil volvió a poner en discusión el rumbo fiscal de la principal economía de América Latina. Tras imponerse en el balotaje, Lula da Silva enfrenta el desafío de sostener sus compromisos de gasto en un escenario de deuda creciente, tasas de interés elevadas y un margen presupuestario cada vez más acotado. Sin embargo, aplicar un ajuste similar al que llevó adelante Javier Milei en la Argentina no sería una tarea sencilla.

Esa es una de las principales conclusiones del análisis del economista Alberto Ades, quién hace poco participó de una reunión de Gabinete convocado por Milei. En sus redes sociales, Ades explicó por qué la estrategia de la motosierra encuentra obstáculos estructurales en Brasil. Según su diagnóstico, las diferencias entre ambos países no se limitan a las decisiones políticas: también responden a las reglas que determinan cómo se distribuye y ejecuta el gasto público.

“La diferencia con la Argentina no es solo institucional. Milei tuvo la nafta que da una crisis: con la hiperinflación en ciernes, cortar era la opción menos mala”, planteó Ades. En cambio, Brasil cuenta con mecanismos constitucionales y legales que protegen una parte sustancial de sus erogaciones y dificultan una reducción rápida del gasto.

Uno de los principales obstáculos para replicar el programa argentino es la composición del presupuesto brasileño. De acuerdo con las cifras citadas por Ades, cerca del 92% del gasto primario federal es obligatorio, lo que limita la capacidad del Poder Ejecutivo para reducir las erogaciones mediante decisiones administrativas.

El economista señala que las jubilaciones, que representan alrededor del 37% del gasto primario, están sujetas a reglas que impiden que sus haberes sean inferiores al salario mínimo. Una proporción importante de los beneficiarios percibe precisamente ese monto. Algo similar ocurre con el Beneficio de Prestación Continuada (BPC), una asistencia destinada a adultos mayores y personas con discapacidad de bajos ingresos.

A eso se suman los pisos constitucionales de inversión en salud y educación, que están vinculados con la recaudación. Cuando los ingresos fiscales aumentan, también se incrementan los recursos mínimos que deben destinarse a esas áreas.

“En Brasil, recortar en serio exige reformar la Constitución, y eso obliga a decir qué se desindexa y a quién le toca”, advierte Ades.

La diferencia con la Argentina también pasa por el contexto económico. Según el análisis, Milei pudo avanzar durante 2024 con dos herramientas que no requerían una negociación legislativa para cada decisión: la reducción del gasto discrecional y la licuación de partidas mediante una inflación mensual de dos dígitos, que deterioró el poder adquisitivo de jubilaciones y salarios públicos.

Brasil, en cambio, tiene una inflación de un dígito y una estructura presupuestaria con un alto nivel de indexación. Además, aunque enfrenta problemas fiscales y tasas elevadas, no atraviesa una crisis comparable a la que marcó el inicio del gobierno libertario.

Las decisiones de Lula que ampliaron el gasto

Para Ades, parte de las dificultades fiscales que enfrentará Lula en su próximo mandato también se explica por las decisiones adoptadas durante su gestión anterior.

En 2016, el gobierno de Michel Temer había incorporado un techo de gasto a la Constitución que limitaba el crecimiento real de las erogaciones federales. En 2023, Lula reemplazó ese esquema por un nuevo marco fiscal, que permite un crecimiento real del gasto de hasta el 2,5% anual, restableció la vinculación de los pisos de salud y educación con la recaudación y recuperó los aumentos reales del salario mínimo.

Según el economista Samuel Pessoa, citado por Ades, la reindexación del gasto agregó unos 520.000 millones de reales durante el tercer mandato de Lula.

El problema, sostiene el análisis, es que esas decisiones ampliaron compromisos presupuestarios difíciles de revertir sin una reforma de las reglas vigentes. Al mismo tiempo, el presidente construyó buena parte de su política económica sobre la continuidad de los programas sociales y la recuperación de los ingresos.

Las proyecciones fiscales incluidas en el proyecto de directrices presupuestarias de 2026 muestran la magnitud del desafío. Una vez descontadas las enmiendas parlamentarias y los pisos de salud y educación, el margen para el resto del gasto discrecional sería negativo en 10.900 millones de reales en 2027, 87.300 millones en 2028 y 154.200 millones en 2029.

Según Ades, el gobierno comenzará a enfrentar restricciones crecientes incluso para sostener los programas actuales, antes de incorporar nuevas promesas de campaña.

El economista también plantea que, por su composición y dinámica, el Congreso podría utilizar su poder para limitar el crecimiento del gasto y elevar el costo político y presupuestario de cada acuerdo con el gobierno, antes que imponer directamente un programa de ajuste.

Cuatro caminos para la política fiscal brasileña

El análisis identifica cuatro escenarios posibles para el próximo mandato de Lula.

El primero es una repetición de la estrategia aplicada desde 2023: modificar el marco fiscal cuando sea necesario, buscar mayores ingresos y negociar con el Congreso para sostener el gasto. Es la alternativa que Ades considera más probable, aunque no resolvería los problemas proyectados para 2028.

El segundo es un ajuste forzado por la falta de recursos. En ese caso, el gobierno tendría que negociar cambios en algunas de las reglas que protegen el gasto obligatorio, una salida que podría incluir parte de las medidas asociadas con el tesouraço —el “tijeretazo” que había propuesto Flávio Bolsonaro durante la campaña—.

El tercer escenario contempla que el Congreso impulse una reforma constitucional sin el apoyo de Lula, lo que abriría un conflicto institucional.

El cuarto es que el gobierno decida sostener el gasto, modifique o suspenda el marco fiscal y cubra el déficit con más deuda, una alternativa que podría deteriorar la confianza de los mercados.

Para Ades, el principal interrogante es si el gobierno reconocerá a tiempo que las cuentas no cierran con las reglas actuales o si esperará a que la falta de financiamiento lo obligue a actuar.

La presión de los mercados como detonante

Aunque las restricciones institucionales dificultan una motosierra al estilo argentino, Ades advierte que eso no elimina la posibilidad de un ajuste. En su análisis, la presión financiera podría terminar imponiendo decisiones que el gobierno no quiere tomar voluntariamente.

Una caída del real, un aumento de las tasas de interés de largo plazo y un deterioro sostenido de los activos brasileños podrían elevar el costo de financiar la deuda y reducir todavía más el margen fiscal.

El economista recuerda que algo similar ocurrió en 2015, cuando Dilma Rousseff recurrió a Joaquim Levy para impulsar un ajuste, y a fines de 2024, cuando el dólar superó los seis reales y el Congreso avanzó con un paquete fiscal que llevaba tiempo demorado.

También señala que una señal de moderación fiscal podría contribuir a contener las turbulencias. Entre las alternativas menciona la posibilidad de reducir el límite de crecimiento real del gasto del 2,5% al 1% anual, con un programa de implementación gradual.

En ese escenario, la designación de las autoridades económicas y la presentación de un presupuesto creíble serían señales relevantes para los inversores.

“Ajustar por decisión propia” o hacerlo por obligación

La conclusión de Ades es que Brasil enfrenta una combinación de restricciones constitucionales, compromisos sociales y dificultades políticas que vuelve inviable una réplica directa del programa de Milei, al menos bajo las condiciones actuales.

“La diferencia con la Argentina no es solo institucional. Milei tuvo la nafta que da una crisis: con la hiperinflación en ciernes, cortar era la opción menos mala. Brasil se protegió de ese tipo de crisis con indexaciones y pisos constitucionales, y esa misma protección es la que hoy le quita combustible al ajuste”, señaló.

Si las proyecciones presupuestarias se cumplen, el gobierno brasileño tendrá que negociar cambios en las reglas vigentes, conseguir más ingresos o enfrentar una mayor presión de los mercados.

Ades resumió: “Lula se burló de la motosierra prestada, pero puede terminar necesitándola”. Y cerró: “Para Lula, la cuenta es sencilla aunque amarga: ajustar por decisión propia en 2027 le saldría mucho más barato que hacerlo obligado en 2028”.