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Desde el fin de semana una misión humanitaria argentina se desplegó en suelo venezolano para brindar asistencia y colaborar con los equipos de rescate para la incesante búsqueda de desaparecidos. Según notificó Cancillería, las solicitudes de asistencia aumentaron en las últimas horas y se suma una persona más a la lista de buscados.

“La misión, compuesta por funcionarios diplomáticos, se encuentra presente en el terreno y, aun en las difíciles circunstancias imperantes, está llevando a cabo acciones de asistencia y acompañamiento a los damnificados y sus familiares, así como también tareas de gestión documental”, escribió Pablo Quirno a través de X.

El balance oficial, que incluye el soporte de la Dirección General de Asuntos Consulares desde Buenos Aires, también registra siete personas en situación de especial vulnerabilidad: cuatro grupos familiares con niños y dos individuos, además de un caso de menor no acompañado y un ciudadano hospitalizado.

En el plano documental, la misión completó 12 gestiones entre pasaportes de emergencia, autorizaciones de viaje para ciudadanos indocumentados y otras tramitaciones para connacionales que perdieron sus papeles durante el desastre. Todas las cifras corresponden al período comprendido hasta el 29 de junio, inclusive.

En distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y del país, como es el caso de Córdoba, se pusieron en marcha colectas de artículos y elementos de asistencia para los damnificados por los terremotos del 24 de junio, los cuales dejaron hasta el momento más de 1.700 muertos y 5.034 heridos según el balance oficial. Esta cifra irá en aumento, según advirtieron las autoridades venezolanas.

A través de las redes sociales, Casa Venezuela informó un total de 1 tonelada de insumos médicos recolectados para enviar a su país, en la sede de Combate de los Pozos 1055. La organización clasificó el cargamento durante todo el fin de semana y este lunes con la colaboración de voluntarios y donantes que se acercaron al lugar, enviaron dos camiones repletos de cajas hacia el centro de acopio en Avenida Las Heras 2416 en CABA.

Según indicaron, la propia entidad los vehículos partieron con insumos médicos y antibióticos en cajas enumeradas, fechadas y clasificadas por categoría y fecha de vencimiento. La Asociación de Enfermeros de Argentina (ASOENVEAR) fue la encargada de reunir todas las donaciones recibidas. Esta semana partirá en un avión humanitario el primer lote de importancia en insumos y medicamentos, un total superior a la tonelada, según indicaron.

La misión mantiene activo un canal de comunicación de emergencia para coordinar la asistencia tanto con los argentinos en Venezuela como con sus familiares en el país. Las tareas de acompañamiento a damnificados, gestión documental y búsqueda de paradero continúan sobre el terreno.

Por otro lado, una colecta solidaria liderada por la Fundación Pastoral San Lucas, la Pastoral Universitaria y la UADE recaudó 21 millones de pesos para asistencia. De acuerdo a la información que trascendió, los fondos serán destinados a la compra de insumos médicos que se enviarán principalmente a hospitales de La Guaira, la zona costera al norte de Caracas donde colapsaron más de 100 edificios.

La campaña, que permanecerá abierta hasta el jueves 2 de julio, habilitó el alias bancario UADE.AYUDA para recibir donaciones y el dinero recaudado será transferido a Cáritas Venezuela y su trazabilidad estará garantizada gracias a una auditoría internacional a cargo de PwC (PricewaterhouseCoopers). El mecanismo prevé la conversión de los pesos a dólares, así como el seguimiento de cada aporte.

El padre Guillermo Marcó, presidente de la Pastoral Universitaria, explicó que la red de organizaciones mantiene desde hace años programas de ayuda y que la transparencia será un eje central de esta campaña solidaria. La iniciativa cuenta con respaldo institucional y experiencias previas en la gestión de emergencias humanitarias.

La CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe puso en marcha un fondo internacional de apoyo para la reconstrucción de Venezuela, tras los terremotos que dejaron más de 1.700 muertos y entre 40.000 y 50.000 personas desaparecidas, y Christian Asinelli, vicepresidente de la entidad, explicó cómo funcionará en declaraciones a Infobae al Regreso. La institución prevé un proceso de varios años para revertir los efectos de la catástrofe.

“El objetivo de este fondo es de largo plazo. No va a ser una situación que se va a solucionar de la noche a la mañana, va a llevar muchos años de reconstrucción”, afirmó Asinelli.

El funcionario detalló que el país enfrenta una etapa crítica, donde “todavía se está tratando de encontrar sobrevivientes y víctimas fatales”. De acuerdo con los datos oficiales, la cifra de víctimas fatales ya asciende a 1.700 y se calcula un universo de personas desaparecidas que podría superar las 50.000.

La CAF estableció el fondo con cuentas especiales en dólares y euros, abiertas para recibir aportes de países, organismos internacionales y empresas privadas. “Ya muchísimas empresas privadas nos han pedido aportar a este fondo. Se puede donar desde la Argentina y desde cualquier país”, explicó Asinelli en la entrevista con Infobae al Regreso.

El esquema de ayuda internacional incluye la participación activa de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con todo el sistema de Naciones Unidas. Países vecinos y europeos también sumaron asistencia. “El Salvador mandó seis aviones con rescatistas de manera inmediata, lo cual ayudó muchísimo. Argentina, Brasil, Panamá, República Dominicana, México y Ecuador, todos los países de la región y europeos se solidarizaron con esta causa”, puntualizó el vicepresidente de la CAF.

Las pérdidas materiales alcanzan un estimado de USD 6.700 millones, cerca del 10% del PBI actual de Venezuela, según los cálculos de Asinelli. Los daños se concentran sobre todo en la infraestructura de La Guaira y Caracas. Sin embargo, la red energética nacional no sufrió daños, lo que permitió que el suministro eléctrico se mantuviera estable y el sistema energético del país siga en funcionamiento.

El fondo, según la entidad, estará orientado principalmente a la reconstrucción de infraestructura, el apoyo a las familias damnificadas y la recuperación de servicios esenciales en las zonas más afectadas. La CAF subraya que la administración de los recursos contará con mecanismos de transparencia y seguimiento internacional, con el respaldo técnico de los organismos multilaterales que acompañan la iniciativa.

“La creación de este fondo tiene un objetivo de largo plazo”, reiteró Asinelli a Infobae al Regreso. “Estamos en un momento muy complicado, todavía tratando de encontrar sobrevivientes y víctimas fatales. Las acciones están siendo acompañadas por todo el marco internacional”, puntualizó el vicepresidente de la CAF.

El fondo que creó la CAF

La puesta en marcha del Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela busca reunir y canalizar aportes de origen público, privado e internacional para atender las necesidades prioritarias del país tras los recientes sismos. La propuesta llega junto con la donación de USD 300.000 en ayuda humanitaria anunciada por la entidad para enfrentar la emergencia.

El Fondo recibirá aportes provenientes de gobiernos, organismos internacionales, empresas, fundaciones, personas particulares y otros aliados. Estos recursos se administrarán bajo un esquema común, con mecanismos de rendición de cuentas, y se destinarán a las iniciativas que defina y priorice el gobierno de Venezuela. El objetivo es articular una respuesta coordinada, evitar la dispersión de esfuerzos y acelerar la llegada de asistencia a las regiones más afectadas.

Para poner en funcionamiento el mecanismo, CAF aportará inicialmente un millón de dólares como capital semilla, recurso que financiará las primeras acciones urgentes. La institución no aplicará comisión por la administración fiduciaria ni por la ejecución de los fondos, lo que permitirá que el 100% de los donativos se utilice para la emergencia y la posterior reconstrucción.

“Los actos de la naturaleza se responden con actos de humanidad y solidaridad, y Venezuela nos requiere hoy más que nunca. Venezuela es país fundador y sede de CAF, y por eso ponemos en marcha este Fondo para la reconstrucción: un mecanismo ágil y transparente al que invitamos a sumarse a gobiernos y al sector privado, para que sus aportes, junto con los nuestros, formen parte de una respuesta efectiva. Nuestro compromiso es acompañar al pueblo venezolano no solo en la emergencia, sino a lo largo de todo el camino de recuperación y reconstrucción que tenemos por delante”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

El diseño del mecanismo contempla distintas fases. En la primera etapa se prevé la atención inmediata con ayuda humanitaria, provisión de insumos básicos y respaldo a instituciones clave en la respuesta. Más adelante, se abordará la rehabilitación de servicios esenciales como salud, agua y saneamiento, energía, educación y conectividad.

La última fase estará enfocada en la recuperación y el fortalecimiento de la resiliencia, priorizando la reconstrucción temprana, la restauración de los medios de vida y la reducción de la vulnerabilidad ante posibles futuros desastres. Las intervenciones se decidirán de acuerdo con las valoraciones de daños y las prioridades que establezca el Gobierno.

El Fondo funcionará con recursos independientes de los fondos propios de CAF, garantizando la trazabilidad por cada iniciativa, informes financieros periódicos y auditorías externas. Los aportes podrán realizarse tanto en dólares estadounidenses como en euros. La ejecución podrá llevarse a cabo a través de entidades implementadoras seleccionadas o, si resulta más eficiente, mediante la gestión directa de CAF.

Cinco días después de que dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 sacudieran el norte de Venezuela en cuestión de minutos, el lunes amaneció con una nueva réplica de 4,6 grados con epicentro al norte de Caracas. El balance oficial, anunciado por Jorge Rodríguez —presidente de la Asamblea Nacional—, ascendía a 1.719 muertos, 5.034 heridos y 15.866 personas sin hogar. La cifra convierte al sismo del 24 de junio en el más letal registrado en el país en más de un siglo.

Según las autoridades venezolanas, 30 países enviaron más de 1.000 toneladas de suministros, más de 3.600 efectivos de rescate y 118 perros adiestrados para la búsqueda entre escombros. Sin embargo, la mayor parte de esa asistencia se concentró en La Guaira, el estado costero declarado zona de desastre y epicentro de la destrucción. En comunidades más alejadas, los vecinos organizaron su propia supervivencia.

En El Junquito, zona montañosa a unos 33 kilómetros al oeste de Caracas, los habitantes relataron a Reuters que la presencia de funcionarios fue escasa durante los primeros días. Los suministros básicos corrieron a cargo de particulares y agricultores locales. Decenas de familias instalaron carpas en una explanada cercana a edificaciones semi derrumbadas. “Estamos a la espera que den respuestas, que recojan escombros, que hagan las inspecciones, atiendan a la gente realmente afectada”, dijo Keily Ibarra, una vecina de 33 años que encabezó los reclamos ante los funcionarios.

Rodríguez rechazó las críticas y las atribuyó a una campaña de manipulación mediática. Afirmó que el Gobierno habilitó 15 albergues y 50 campamentos provisionales solo en La Guaira, e instó a la población a no hacer caso a “bulos” ni a informaciones que no provinieran de fuentes oficiales. Los cortes eléctricos continuaron obstaculizando el lunes la reactivación de una refinería y otras instalaciones industriales, aunque la empresa estatal PDVSA descartó escasez de combustible, según fuentes del sector citadas por Reuters.

Entre los episodios más graves del desastre figura el derrumbe del Hotel Santuario La Llanada, en Maiquetía, donde fueron alojados 147 venezolanos deportados desde Estados Unidos que habían aterrizado horas antes del sismo. El grupo, integrado por 120 hombres, 19 mujeres y siete niños llegados en el vuelo 164 desde Texas, quedó atrapado cuando el edificio colapsó. Según testimonios de sobrevivientes y familiares recogidos por El País, solo 12 personas fueron rescatadas con vida, aunque las autoridades no confirmaron esa cifra. Familiares denunciaron que las puertas no se abrieron a tiempo para evacuar, señalando al Sebin, que custodiaba a los repatriados.

Un alto funcionario de Washington confirmó la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y la desaparición de otros 12. El Departamento de Estado atendió más de 300 consultas de norteamericanos que buscaban información sobre sus familiares. Colombia reportó provisionalmente 24 nacionales fallecidos y España confirmó 17 muertos y cerca de 150 desaparecidos.

Entre las pocas noticias alentadoras destacó el rescate de Aaron Levi, de 21 años, extraído con vida en La Guaira tras 106 horas bajo los escombros, en una operación de 43 horas coordinada por equipos de Venezuela, México y El Salvador. Con la “ventana dorada” de 72 horas para hallar supervivientes ya superada, las esperanzas de nuevos rescates se reducen con cada hora que pasa. Venezuela arrastra una crisis política y económica que deterioró su capacidad de gestión de emergencias; lo que ocurra con los miles de damnificados aún sin albergue definirá, en buena medida, el juicio sobre cómo el régimen de Maduro respondió a la peor catástrofe natural del país en generaciones.

La esquistosomiasis en arrozales podría frenarse con una técnica agrícola aplicada en Senegal: introducir peces autóctonos en los campos redujo los caracoles que transmiten el parásito y elevó en más del 25% el rendimiento del arroz, según una investigación difundida por la Universidad de Stanford y publicada en Nature Sustainability.

El cultivo conjunto de arroz y peces puede ayudar a contener la esquistosomiasis en zonas arroceras porque las especies autóctonas incorporadas a los campos controlan de forma natural los caracoles de agua dulce que propagan el parásito.

Según la Universidad de Stanford, esta intervención también ofreció ingresos potenciales por la venta de pescado y podría reducir la incidencia de la enfermedad y la pobreza en la cuenca norte del río Senegal.

La condición sigue entre las enfermedades tropicales desatendidas más extendidas del mundo pese a décadas de campañas masivas de administración de medicamentos. El texto de Nature Sustainability, citado por la Universidad de Stanford, señala que afecta a más de 220 millones de personas.

El estudio en la cuenca del río Senegal

La investigación se centró en la cuenca norte del río Senegal, una zona con esquistosomiasis. Allí, los autores analizaron cómo esta intervención podría reducir la enfermedad y la pobreza en comunidades rurales.

Giulio De Leo, profesor de ciencias oceánicas y de sistemas terrestres en la Escuela de Sostenibilidad Doerr de Stanford y coautor del estudio, planteó el hallazgo: “Esta investigación apunta a una nueva forma de concebir la agricultura”.

También sostuvo que el objetivo pasa por sistemas agrícolas “que produzcan más alimentos, mejoren la salud humana y protejan el medio ambiente” y añadió, citado por la Universidad de Stanford, que en Senegal la incorporación de peces autóctonos a los arrozales ayudó a reducir riesgos de enfermedad y elevó rendimientos e ingresos.

Por qué los arrozales son un foco de esquistosomiasis

Los agricultores de arroz y sus familias afrontan un riesgo especial porque los gusanos parásitos que causan la enfermedad se propagan por caracoles de agua dulce presentes en el agua estancada de los arrozales. El tratamiento existe, pero no evita las reinfecciones.

Los investigadores usaron datos de más de 400 hogares rurales de Senegal. Con esos registros, detectaron que los hijos de agricultores de arroz presentaban una prevalencia mayor de la enfermedad que los hijos de familias no agricultoras.

Ese patrón, según el estudio, apunta a una exposición más alta en los hogares vinculados al cultivo. La repetición de infecciones alimenta además un ciclo de enfermedad y pobreza.

Cómo actúan los peces autóctonos en los arrozales

El equipo dirigido por Jason Rohr, de la Universidad de Notre Dame, introdujo el pez lengua de hueso africano y la tilapia del Nilo en los arrozales. Son especies autóctonas que controlan de forma natural las poblaciones de caracoles al alimentarse de ellos o competir por los recursos.

A partir de dos ensayos, los investigadores comprobaron que ambas especies prosperaron aun sin alimentación activa. Los campos que reunían a las dos mostraron menos caracoles portadores del parásito que causa la forma predominante de esquistosomiasis en la región.

El estudio no afirma una caída comprobada de casos en personas, pero sí indica que una menor cantidad de caracoles podría reducir el riesgo de infección para agricultores y familiares.

Efectos sobre el rendimiento y los ingresos

Los efectos no se limitaron al control de caracoles. El equipo también halló que la intervención aumentó el rendimiento del arroz en más del 25% y mejoró los nutrientes del suelo en los arrozales.

La cosecha de pescado abre además una posible fuente secundaria de ingresos para los agricultores. Emily Selland, autora principal del estudio y estudiante de posgrado en Notre Dame, dijo que el trabajo permite extender una técnica agrícola ya usada en otras regiones al terreno de las enfermedades infecciosas.

Selland afirmó que esta solución puede combatir la esquistosomiasis y, al mismo tiempo, apoyar el desarrollo de las comunidades con un enfoque sostenible y multidisciplinario. La Universidad de Stanford indicó que habrá nuevas evaluaciones.

El siguiente paso, según la línea de trabajo descrita por la Universidad de Stanford, será medir si este modelo puede aplicarse en otras zonas arroceras donde la esquistosomiasis es endémica.

La legisladora porteña Silvia Lospennato aseguró que la incorporación de dirigentes con pasado en el PRO al Gabinete de Javier Milei responde a la necesidad de fortalecer la gestión con funcionarios experimentados y rechazó que esos nombramientos impliquen una influencia política de Mauricio Macri sobre el Ejecutivo. En una entrevista con Infobae al Regreso, sostuvo que quienes aceptan integrar un gobierno deben responder al Presidente y no al partido del que provienen.

Durante la charla con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, explicó que el oficialismo debió completar su estructura con dirigentes que ya habían atravesado responsabilidades ejecutivas porque, según afirmó, “no es tan fácil tener gente preparada y con experiencia para los lugares de gestión”. En ese sentido, recordó que muchos de los actuales funcionarios construyeron su carrera en el Gobierno de la Ciudad antes de llegar a la administración nacional y señaló que esa trayectoria les permitió adquirir una experiencia que hoy resulta valiosa para afrontar la gestión.

Como ejemplo mencionó el caso de Diego Santilli, cuya designación consideró acertada por su recorrido tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. “Fue senador nacional, diputado nacional, legislador porteño, vicejefe de Gobierno, ministro de la Ciudad y ministro nacional. Maneja el Ejecutivo y el Legislativo como probablemente ninguna otra persona dentro del gabinete”, afirmó, antes de concluir que “es inteligente convocar gente con experiencia para gobernar”.

Consultada sobre la creciente presencia de exfuncionarios del PRO en la administración libertaria, Lospennato buscó desactivar las versiones que vinculan esos nombramientos con una supuesta conducción de Macri sobre el Gobierno. “Ninguno de esos funcionarios le responde a Mauricio Macri, que es el conductor del PRO”, afirmó, y explicó que “cuando uno forma parte de un gobierno, lo lógico es responderle a tu jefe político, que es el presidente de la Nación”, ya que es el mandatario quien conforma su equipo de trabajo. Aclaró, además, que esa lógica no alcanza a los legisladores, cuya representación política responde al partido por el que fueron elegidos.

La diputada consideró que esa convocatoria era esperable en un espacio político que llegó al poder con escasa experiencia de gestión. “Construir un equipo para gobernar un país es muy difícil”, sostuvo, y remarcó que, si La Libertad Avanza no contaba con determinados perfiles dentro de sus propias filas, “era razonable convocar personas que ya habían pasado por funciones ejecutivas”.

Al referirse a la salida del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, Lospennato afirmó que la decisión era necesaria porque, a su entender, el funcionario “había roto la relación de confianza con el Congreso”. Recordó que tanto los diputados como los senadores del PRO estaban dispuestos a avanzar con la interpelación y consideró que la permanencia de Adorni terminó provocando un desgaste político innecesario para la Casa Rosada.

“En lo personal me hubiera gustado que esto se resolviera inmediatamente”, reconoció, porque la situación “fue un desgaste innecesario para el Gobierno” y también paralizó durante semanas la actividad legislativa. A su juicio, “la ejemplaridad en la función pública es importante”, especialmente en momentos de fuerte demanda social hacia la dirigencia.

Respecto de la investigación judicial, evitó hacer una valoración anticipada y señaló que “estará en manos del fiscal y del juez determinar si las explicaciones que dio Adorni son suficientes para exculparlo o si corresponde avanzar en la causa”. Sin embargo, sí cuestionó determinadas conductas de funcionarios públicos al considerar que “no está bien que los funcionarios digan que evadieron impuestos como si eso fuera algo positivo”, porque ese “no es el mensaje que hay que pasarles a los argentinos”. En esa línea, recordó que durante su paso por el Congreso impulsó distintas iniciativas para beneficiar a los contribuyentes cumplidores.

En otro tramo de la entrevista lamentó que la crisis política hubiera desplazado de la agenda discusiones vinculadas con la economía cotidiana. “Hay muchos temas económicos de la realidad de los ciudadanos que durante este tiempo no se estuvieron hablando”, advirtió, y reclamó que el Gobierno vuelva a concentrarse en las preocupaciones de las familias.

Entre esos proyectos mencionó la reforma sobre desalojos incluida en la Ley de Tierras. Según explicó, la iniciativa incorpora mecanismos de “desalojos exprés” que, a su juicio, podrían ampliar la oferta de viviendas en alquiler. Además, sostuvo que durante muchos años la Justicia fue demasiado permisiva frente a las ocupaciones ilegales y señaló que gran parte de las viviendas recuperadas durante la gestión de Jorge Macri en la Ciudad correspondían a inmuebles cuyos inquilinos habían dejado de pagar el alquiler y permanecían ocupándolos.

Finalmente, Lospennato planteó que el principal desafío del Gobierno pasa por convertir la estabilización macroeconómica en una mejora concreta para la población. “Es bueno que hablemos del momento real de la economía de los argentinos”, sostuvo, y advirtió que “lo relevante es el ingreso disponible de las familias” frente al impacto de los aumentos tarifarios. En ese contexto, se preguntó si “realmente es posible sostener estos niveles de ajuste”.

De cara al escenario electoral, aseguró que el PRO buscará recuperar protagonismo con una propuesta propia y sostuvo que el objetivo es complementar el rumbo económico del Gobierno. En ese sentido, recordó que, como viene planteando Mauricio Macri, “las mejoras macroeconómicas tienen que llegar al bolsillo de la gente”, porque solo así “el cambio será irreversible” y se evitará que los argentinos “quieran volver al pasado kirchnerista”.

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La caída del 1,5% de la actividad económica en abril, medida por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), volvió a poner sobre la mesa los interrogantes sobre la velocidad de la recuperación. En ese contexto, el analista financiero Federico Domínguez analizó en Infobae al Regreso el escenario económico, defendió el rumbo fiscal del Gobierno y sostuvo que el principal desafío sigue siendo consolidar la estabilidad macroeconómica sin perder de vista el impacto social de la transición.

Durante la entrevista con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Domínguez afirmó que “el superávit fiscal es la política social más efectiva que tuvo Argentina en décadas” y sostuvo que las principales variables económicas muestran una mejora respecto del inicio de la gestión de Javier Milei.

Según explicó, desde diciembre de 2023 el Gobierno logró reducir la pobreza, mejorar algunos indicadores sociales y ordenar las cuentas públicas. “Bajaste la pobreza del 54 al 28, la pobreza infantil, tenés superávit fiscal, bajaste la deuda consolidada y estás construyendo sobre bases firmes”, resumió.

El impacto de la demanda de dinero

Para Domínguez, uno de los factores que limitó el crecimiento durante los últimos meses fue la fuerte caída de la demanda de pesos registrada el año pasado, especialmente durante el proceso electoral.

“Los argentinos, frente al miedo de que pudiera sufrir el programa económico o hubiera un regreso del populismo, dijeron: ‘No queremos pesos’. Eso obligó al Gobierno a absorber liquidez, elevó las tasas de interés y terminó resintiendo la actividad económica”, explicó.

Aun así, consideró que el escenario de mediano plazo continúa siendo favorable. Recordó que el Producto Bruto Interno creció 4,4% el año pasado y destacó que la mayoría de los organismos internacionales proyectan una expansión de entre 3% y 4% para este año.

En ese sentido, sostuvo que, si se mantiene el orden fiscal, avanza la desregulación y continúa la apertura económica, “Argentina puede duplicar sus exportaciones en cinco o seis años”.

Una recuperación desigual

Domínguez también reconoció que la mejora no alcanza de la misma manera a todos los sectores de la economía y que la transición genera costos.

“No podés arreglar ochenta años de populismo en dos años”, sostuvo, aunque insistió en que la tendencia general es positiva. Señaló que actividades como los hidrocarburos, la minería y el agro están liderando la recuperación, especialmente en el interior del país, pero admitió que esos beneficios tardan en trasladarse al resto de la economía.

“El tiempo que tarda en girar esa rueda es mucho y hay gente que no tiene tanto tiempo para esperar”, reconoció.

La discusión derivó hacia la situación de las pequeñas y medianas empresas y de la industria del conurbano bonaerense, dos de los sectores que todavía muestran mayores dificultades. Frente a ese escenario, el analista aseguró que el margen de acción del Gobierno nacional desde el frente fiscal es limitado y reclamó un mayor compromiso de provincias y municipios.

“Las provincias siguen masacrando con Ingresos Brutos, que se acumulan en toda la cadena productiva, y las tasas de Seguridad e Higiene son delictivas. Ese esfuerzo tiene que ser compartido”, planteó.

Inversión y empleo

Consultado por la lenta recuperación de la inversión privada y del empleo formal, pese a la desaceleración de la inflación, Domínguez atribuyó parte de esa situación a la incertidumbre que atravesó el año electoral.

“Las decisiones de inversión se toman con meses de anticipación. La volatilidad política impactó sobre los proyectos futuros y también hubo un anticipo de importaciones de bienes de capital por expectativas de una suba del tipo de cambio”, explicó.

Respecto de las preocupaciones sociales por el empleo y el poder adquisitivo, consideró que todavía existen sectores que atraviesan dificultades, aunque insistió en que el balance general es mejor que el de fines de 2023.

“El conjunto de los argentinos está mejor que en 2023. Después hay sectores más perjudicados y gente que la sigue pasando mal. Pero las políticas públicas tienen que pensar en el conjunto de la sociedad, no solamente en sectores específicos”, afirmó.

Al volver sobre el eje fiscal, reiteró que el equilibrio de las cuentas públicas constituye el principal activo del programa económico. “El superávit fiscal es la política social más efectiva que tuvo Argentina en décadas”, insistió.

Como cierre, relativizó que la preocupación por el empleo sea un fenómeno nuevo. “Siempre existió. En 2023 la gente también tenía miedo porque no llegaba a fin de mes y había un 54% de pobres. Es natural que haya temor a perder el trabajo en un país con la inestabilidad macroeconómica que tiene Argentina”, concluyó.

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El Gobierno celebró el éxito de la primera edición de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con directivos del sector y destacaron el evento que tiene como objetivo promocionar las exportaciones de un sector clave como el campo.

La cumbre se llevó a cabo con el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, y directivos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), quienes destacaron el éxito sin precedentes de la acción.

En el encuentro se repasaron los resultados de la iniciativa de promoción comercial llevada a cabo en Miami, Atlanta y Houston, y se confirmó la realización de una segunda edición para septiembre próximo en esas mismas ciudades. El objetivo es continuar fortaleciendo la presencia de la carne bovina argentina en uno de los mercados más exigentes del mundo y ampliar las oportunidades comerciales disponibles para el sector.

La Semana de la Carne Argentina forma parte de Argentina B2B Week, el nuevo formato de promoción internacional diseñado por PromArgentina para acercar la oferta exportable del país a compradores internacionales. En la estrategia que respaldó la primera edición también tomaron parte la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y la Embajada Argentina en Estados Unidos.

Como resultado de esa acción conjunta, Argentina exportó en mayo pasado unas 11.000 toneladas de carne al mercado estadounidense, la misma cantidad que había logrado comercializar en ese destino durante los primeros ocho meses de 2025. El dato ilustra la magnitud del salto registrado en el ritmo de colocación del producto en ese país.

Según un informe de la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina —elaborado sobre la base de estadísticas oficiales relevadas entre enero y mayo último—, las exportaciones de carne bovina a Estados Unidos crecieron un 369% interanual. El organismo realizó el relevamiento a partir de cifras oficiales del período mencionado.

Sucalesca valoró los números obtenidos y los enmarcó en la política económica del Gobierno nacional. “El resultado comercial de la primera edición de la Semana de la Carne Argentina confirmó el éxito del rumbo macroeconómico y la inserción internacional que lidera el Gobierno nacional”, afirmó. El titular de PromArgentina agregó que “la fuerte dinámica de las exportaciones argentinas es un pilar fundamental para el crecimiento productivo y el ingreso genuino de divisas”.

En ese marco, Sucalesca anticipó los próximos pasos: “Junto con la secretaria general de la Presidencia y el IPCVA, proyectamos la segunda misión a Estados Unidos, así como llegar a otros destinos con este formato de promoción”, señaló. Durante el encuentro, las autoridades del IPCVA también destacaron el carácter inédito de la iniciativa y las expectativas que el sector tiene puestas en la próxima misión comercial conjunta.

Georges Breitschmitt, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, agradeció públicamente el trabajo desplegado. “Quisimos agradecer a Karina Milei el trabajo realizado por PromArgentina en la primera Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, que fue todo un éxito, como lo están demostrando las exportaciones al mercado del país norteamericano”, expresó. Las autoridades de ambos organismos confirmaron además la continuidad del trabajo articulado para que la carne bovina argentina llegue a otros mercados internacionales más allá del estadounidense.

Estados Unidos afirmó este lunes que se realizará una reunión con Irán en Doha para abordar el programa atómico iraní y avanzar en un eventual proceso de “desnuclearización”, mientras que el régimen de Teherán negó esa versión y sostuvo que no hay negociaciones previstas con Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que representantes de Estados Unidos e Irán se encontrarán en la capital de Qatar para discutir el programa nuclear iraní en el marco de un proceso diplomático en curso. Según su versión, los contactos forman parte de una hoja de ruta que busca avanzar hacia un acuerdo y que se desarrollará en el corto plazo. El mandatario afirmó que la delegación iraní ya está en camino o a punto de partir hacia Doha, en lo que describió como una continuidad de conversaciones previas.

Trump enmarcó el eventual encuentro dentro de los esfuerzos de su administración para limitar el desarrollo nuclear de Irán y reducir tensiones en Medio Oriente. Además, sostuvo que los avances diplomáticos han tenido efectos indirectos en la economía global, al mencionar la baja en el precio del petróleo desde el inicio del conflicto regional. Para Washington, la posible reunión en Doha forma parte de una serie de contactos que buscan consolidar un entendimiento más amplio sobre seguridad y energía.

En paralelo, desde la administración estadounidense se indicó que enviados especiales participarán en las conversaciones previstas. Entre ellos se mencionaron asesores involucrados en negociaciones internacionales, quienes tendrían reuniones de alto nivel y sesiones técnicas con el objetivo de avanzar en aspectos concretos de un eventual acuerdo. La Casa Blanca sostiene que el canal diplomático con Irán permanece activo, incluso en un contexto de tensión militar en la región.

Sin embargo, el régimen iraní rechazó esa versión y negó que exista una reunión programada con Estados Unidos en Doha. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó que no hay negociaciones previstas “a ningún nivel” con la parte estadounidense y desmintió que el desplazamiento de su delegación esté vinculado a un encuentro bilateral.

Según la explicación iraní, la visita a Qatar responde exclusivamente al seguimiento de un memorando de entendimiento previamente acordado. Ese trabajo, indicó Teherán, incluye la supervisión de su implementación y aspectos administrativos vinculados a compromisos ya firmados, como la liberación de fondos congelados. En ese marco, el régimen iraní subrayó que no se trata de una nueva ronda de negociación ni de conversaciones políticas o nucleares.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt reforzó la postura de Washington al señalar que las iniciativas diplomáticas con Irán continúan activas. Afirmó que los contactos se desarrollan en paralelo a un escenario de alta tensión en la región y advirtió que cualquier escalada de violencia será respondida. Al mismo tiempo, sostuvo que el presidente Trump busca alcanzar un acuerdo con Irán, aunque dejó abierta la posibilidad de medidas militares si no hay avances.

Leavitt destacó que la estrategia estadounidense combina presión y diplomacia como herramientas simultáneas, en un contexto donde persisten incidentes armados y fricciones en el Golfo. Según la vocera, Washington considera que la negociación sigue siendo la vía principal, pero no la única disponible.