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La palabra es el sancta santorum de los economistas, lo que hace posible el crecimiento de la producción y la mejora de los niveles de vida: productividad. Paul Krugman, Nobel de Economía 2008, lo resumió en un aserto: “La productividad no lo es todo, pero, a largo plazo, lo es casi todo”.

He aquí que en la Argentina, en vez de mejorar, en los últimos diez años la productividad retrocedió. De hecho, dice un estudio del Ieral, en base a las cuentas nacionales del Indec, actualmente con una hora de trabajo se produce un 6% menos de lo que se producía hace diez años.

El estudio precisa que entre 2016 y 2025 las horas trabajadas aumentaron 11% y los servicios de capital, 14%, pero la producción creció apenas 3 por ciento.

“La economía puso más trabajo y más capital, pero el aumento de los recursos no se tradujo en un crecimiento equivalente de la producción. Cada hora de trabajo cuenta hoy con 3% más de capital que en 2016 y, aun así, produce menos. La brecha se explica por la productividad total de los factores (PTF), que retrocedió 7% en el período”, precisan en un pasaje las investigadoras Laura Caullo y Guadalupe Galíndez.

Menos producción por cada hora trabajada

La productividad laboral mide cuánto se produce, en promedio, por cada hora de trabajo. En Argentina, ese indicador está hoy un 6% por debajo del nivel de hace diez años, revelan los datos del Indec. Para producir lo mismo que en 2016 hoy hacen falta más horas de trabajo. Desde entonces aumentaron tanto las horas trabajadas como el capital disponible por hora de trabajo, pero la producción no creció al mismo ritmo. Ergo, cayó la productividad laboral.

El retroceso de la “productividad total de los factores (PTF)” ayuda a explicar el resultado, dicen Caullo y Galíndez, y explican que la PTF es la parte del crecimiento de la producción no explicada por el cambio en las dotaciones de trabajo y de capital. Ese “residuo” refleja factores como el progreso tecnológico, la innovación, la calidad de la gestión y la organización de los procesos productivos.

Una mayor “productividad total de los factores” se asocia con mayor eficiencia y competitividad. Es la base del crecimiento de la economía, que en la Argentina se disipó. De hecho, subrayan las autoras, en la Argentina la PTF muestra una tendencia descendente desde 2016. Tomando ese año como “base 100”, cayó a 90 en 2024 y se recuperó parcialmente, a 93, en 2025, aún lejos de revertir la pérdida acumulada.

“Sumar recursos no alcanza. También importa cómo se combinan el trabajo y el capital y cuánto se aprovechan. La productividad laboral, medida como la producción por hora trabajada, cayó 6% entre 2016 y el último año, según datos de la Cuenta de Generación de Ingresos de Indec. Pero este promedio esconde diferencias importantes entre sectores. Hoteles y restaurantes (-16%) y comercio (-15%) registran los mayores retrocesos, seguidos por construcción (-11%), electricidad, gas y agua (-10%), industria (-9%) y pesca (-8%). En el otro extremo, minería (+21%) e intermediación financiera (+14%) muestran avances significativos”, distingue el estudio.

Las actividades con más empleo, entre las más afectadas

Desde 2023 hay una leve recuperación en la productividad por hora, que en 2025 fue un 2% superior, pero con grandes diferencias sectoriales. En el agro subió 41% —buena parte debido al rebote posterior a la sequía de 2023—. Le siguen intermediación financiera (+24%) y minería (+23%). Pero la productividad por hora trabajada cae en construcción (-8%), comercio (-6%) e industria (-4,5%), lo que agrava las pérdidas acumuladas desde 2016.

Además, los avances de algunos sectores no compensan las pérdidas acumuladas y eluden las actividades que concentran la mayor parte del empleo. Según precisa el estudio, los sectores donde la productividad laboral cayó entre 2023 y el último año reúnen el 71% de las horas trabajadas en el primer trimestre de 2026. Esto es, dos de cada tres horas trabajadas corresponden a actividades cuya productividad aún no recuperó los niveles de 2023. Los sectores que más mejoraron desde 2023, agro, minería e intermediación financiera, reúnen apenas el 8% de las horas trabajadas”, precisa el trabajo.

Lejos de ser una cuestión abstrusa, se trata de algo vital. Sin mejoras sostenidas de la productividad laboral, resulta difícil sostener aumentos de salarios y mejoras duraderas de la competitividad. “Si la economía no logra producir más por cada hora trabajada, se reduce el margen para mejorar los ingresos sin aumentar los costos por unidad producida. Revertir esta dinámica requiere mejorar la productividad total de los factores. Las empresas son centrales en este proceso, porque allí se incorporan tecnologías, se innova y se definen las formas de organizar la producción. Pero su capacidad para mejorar la eficiencia no depende solo de decisiones individuales, también requiere instituciones sólidas y un marco regulatorio que acompañe la inversión, la innovación y la competencia”, dice otro pasaje.

Las autoras resaltan que el desafío es mayor aún en un contexto de tipo de cambio real bajo —dólar barato—, debido al fuerte ingreso de divisas de las exportaciones de recursos naturales. “En ese escenario, las ganancias de productividad adquieren mayor importancia para sostener la competitividad sin depender de una reducción de los costos laborales. El objetivo debe ser crear las condiciones para que las empresas aprovechen mejor sus recursos y que esas mejoras se traduzcan en mayores salarios y una economía más competitiva”, concluyen las autoras.

El sistema de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sumó un nuevo capítulo a la discusión que las empresas y el Gobierno nacional arrastran desde hace meses: quién paga la diferencia entre lo que cuesta mantener un servicio en la calle y lo que ese servicio recibe. Esta vez, las cámaras que agrupan a los operadores pusieron por escrito una advertencia que hasta ahora circulaba en reuniones con funcionarios: si no hay una respuesta, el servicio se va a achicar.

Cuatro entidades, CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba, que representan a las empresas del transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, difundieron un comunicado conjunto. En el texto sostienen que la situación económica y financiera de las prestadoras “pone en riesgo la continuidad y regularidad de los servicios” y reclaman medidas urgentes.

Según el documento, pese a las gestiones y reuniones con las autoridades nacionales, “aún no se han definido mecanismos concretos para actualizar la estructura de costos ni recomponer los ingresos del sector”. Las cámaras describen así un escenario en el que hubo contactos, pero no una fórmula acordada que les devuelva previsibilidad.

La advertencia central llega hacia el final del comunicado. Si no se obtienen respuestas, afirman, “las compañías se verán obligadas a restringir progresivamente la prestación de los servicios, administrando los recursos disponibles para evitar una paralización total del sistema”. El texto no precisa en qué consistiría esa restricción ni desde cuándo se aplicaría, pero plantea que sería gradual y que el objetivo es evitar un freno completo. En total, son más de 100 las líneas afectivas que se verían afectadas.

Un error de cálculo

Las empresas aseguraron que el problema se agravó en los últimos meses por “un error en la proyección de la recaudación entre junio y octubre, que sobreestimó en $40.000 millones los ingresos previstos”. En el comunicado agregan que “este desfasaje generó un perjuicio económico que todavía no ha sido compensado”. El documento no indica quién elaboró esa proyección.

A ese punto suman lo que llaman reclamos históricos por costos insuficientemente reconocidos, entre ellos “la adquisición de unidades, el gerenciamiento y otros gastos indispensables para la prestación del servicio”. También cuestionan los índices de operatividad, que según el texto “penalizan a las empresas por la antigüedad de sus unidades, cuando las condiciones económicas impiden renovar el parque móvil”.

El calendario inmediato, advierten las cámaras, agrega presión. El comunicado menciona la proximidad del pago de aguinaldos, nuevas negociaciones paritarias y “el incremento sostenido de los costos de explotación”, todo “sin definiciones claras sobre política tarifaria ni compensaciones”. Las empresas sostienen que hicieron esfuerzos para sostener los servicios, pero que “resulta imposible continuar absorbiendo el creciente desequilibrio entre costos reales e ingresos reconocidos”.

El déficit mensual clave

El desequilibrio del sistema de transporte tiene una medición concreta en el Índice Bondi de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) para el AMBA. Según el estudio, en septiembre el costo real estimado del sistema fue de $453.495,79 millones, mientras que las estructuras oficiales reconocieron $361.692,50 millones. La diferencia, de $91.803,29 millones en un solo mes, es la que el índice presenta como pérdida para la calidad del servicio, las frecuencias, la seguridad y la renovación de flota.

La cuenta por pasajero va en la misma línea. El índice calcula el costo real del boleto, sin subsidio, en 2.494,13 pesos. La cobertura tarifaria es de 33,91%, es decir que el boleto cubre sólo alrededor de un tercio de ese costo. El déficit por boleto, la diferencia que no queda cubierta por cada pasajero, es de 456,92 pesos.

Los datos de demanda completan el panorama. En septiembre, el sistema registró 200,9 millones de pasajeros en el mes, frente a 225,379 millones de un año atrás, una baja de 10,88 por ciento. La flota activa, en tanto, fue de 16.700 unidades, contra 17.310 en septiembre de 2025, una caída de 3,52 por ciento. Es decir que el sistema transporta menos gente y circula con menos coches que hace un año, un dato que repercute directamente en la recaudación por boleto.

Un pedido de reglas claras

Las cámaras reconocen en el comunicado el efecto que una reducción de servicios tendría sobre los usuarios. “Somos conscientes de las dificultades que esta situación ocasionará a los millones de pasajeros que diariamente utilizan el transporte público y les pedimos sinceras disculpas por los inconvenientes que puedan generarse”, escriben, y aclaran que por eso advierten “con anticipación” sobre la gravedad del cuadro y la necesidad de soluciones inmediatas.

El reclamo de fondo se resume en una sola frase: “La continuidad del transporte público requiere una estructura de costos realista, recursos suficientes y reglas claras y previsibles”. Las entidades dejan abierta la vía de la negociación, aunque con una condición. “Reiteramos nuestra disposición al diálogo, pero es imprescindible que los compromisos asumidos se traduzcan en decisiones concretas que garanticen la continuidad de un servicio público esencial”, concluyen.

El ingreso promedio del trabajo registrado más que duplica al del empleo informal en la Argentina: $1.433.794 contra $706.204 en el segundo trimestre de 2026, según el Indec. Pero esa brecha del 103% esconde una paradoja que pocos conocen: en al menos dos tramos de ingresos, el trabajador sin descuento jubilatorio cobra más que su par registrado, algo que el promedio general nunca deja ver.

“El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $1.433.794 en bruto -sin descuentos- (subió 26,5% interanual nominal), mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso medio fue de $706.204 (aumentó 24,9% interanual)”, precisa el informe de Distribución del Ingreso del Indec para el segundo trimestre de 2026.

Ese contraste en los valores absolutos alimenta la narrativa de “dos mundos” en el mercado de trabajo, pero cuando el foco se corre hacia la estructura por deciles —cada uno representa el 10% del total de la población asalariada— la foto se vuelve mucho más matizada, y en algunos tramos, directamente opuesta a lo que sugiere el promedio.

Diferencia superior al 100% en el promedio, pero negativa en dos tramos clave

Tomando el total de asalariados con ingresos en relación de dependencia de la ocupación principal del hogar, la diferencia entre el salario medio en blanco y en negro es de 103%, en línea con el dato general.

Esa cifra sintetiza el efecto combinado de todos los deciles, incluido el décimo, donde se concentran los ingresos más altos y donde además opera un límite para los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) —actualmente de $4.769.631 por mes— que distorsiona la comparación.

Por eso, si se excluye el décimo decil y se observa solo del primero al noveno —que el Indec incluye en la medición para el trimestre abril-junio de 2026 hasta una remuneración en valores brutos de $2.000.000—, la historia cambia:

Salvo en el primer decil de menor ingreso, donde la brecha sigue siendo elevada —el salario formal es 20% superior al informal—, en el resto, del segundo al noveno, la distancia se reduce drásticamente: prácticamente no existe, y en la última medición fue levemente negativa en los tramos cuarto y noveno. Es decir, en esos dos segmentos específicos, trabajar sin aportes jubilatorios arrojó un ingreso promedio superior al de quienes sí cuentan con descuento al SIPA.

En otras palabras: el “más del 100%” del promedio es, en buena medida, el resultado de la combinación de extremos, del efecto de ese tope en el décimo decil y, en particular, de la brecha entre la cantidad de los puestos de trabajo en blanco y negro en cada tramo de remuneración.

Cuando se desarma la masa salarial por segmentos, la desigualdad entre trabajo registrado e informal es real, pero no tan homogénea ni tan lineal como parece a primera vista: su variación depende del nivel de ingreso, del ciclo económico y del efecto técnico de esa restricción previsional.

Qué dicen los organismos internacionales

El fenómeno no es exclusivo de la Argentina. Un informe reciente del Banco Mundial, “Rationalizing Informality: Social Protection, Job Quality, and Growth” (2026), muestra que en América Latina y el Caribe la informalidad se mantiene estancada en 55% de la fuerza laboral desde hace casi dos décadas, pese a sucesivas reformas orientadas a reducirla.

Según ese estudio, el trabajo asalariado formal en la región paga en promedio 28% por encima de la mediana salarial, mientras que el asalariado informal se ubica en 79% de esa mediana: una brecha bastante más moderada que la argentina, aunque de todos modos favorable a la formalidad.

El organismo distingue, además, entre dos perfiles dentro de la informalidad que rara vez se diferencian en el debate público:

1. Asalariados informales, generalmente más jóvenes y con alta rotación laboral.
2. Trabajadores por cuenta propia informales, de mayor edad y permanencia prolongada en esa condición, cuya lógica de inserción laboral responde a incentivos distintos.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo estima que más del 60% de la población empleada a nivel global se desempeña en la economía informal, aunque la magnitud de esa disparidad frente al empleo registrado varía enormemente según el nivel de desarrollo de cada país.

Los cuadros de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestran, para el segundo trimestre de 2026, el ingreso medio en pesos de la ocupación principal de asalariados con y sin descuento jubilatorio decil por decil, que surge de dividir el total de la masa salarial del segmento por la cantidad de trabajadores. Allí se observa:

• Deciles 1 a 3: el trabajo en blanco paga claramente más que el informal en el primer tramo —aumentó 17,5% en valores ajustados por inflación, principalmente por el efecto del aumento de la población asalariada registrada de 8,9%—, se estabilizó en el segundo y mostró una baja de 1,9% real en el tercero. Entre los ocupados en la informalidad, en tanto, el ingreso bajó 1,3% real en el segmento inferior y subió 3,9% y 0,9% en los dos siguientes, respectivamente.
• Deciles 4 al 10: en las escalas de ingresos que comprenden al 70% de la población ocupada en relación de dependencia se observa una pérdida generalizada de poder adquisitivo de entre 2% y 7%, homogénea entre registrados y no declarados al SIPA, con la excepción del extremo del segmento sin descuento jubilatorio, que perdió 28,6% en valores reales, principalmente por efecto de la caída de 11% de los puestos en esa condición.

Cuando se compara el salario promedio equivalente en dólares al tipo de cambio con liquidación en el país —dólar MEP o Bolsa—, el segundo trimestre de 2026 frente al mismo período de 2025 muestra una mejora generalizada, con escasa dispersión en las diferencias en valores absolutos por tramos de ingreso de hasta USD 50, con tres excepciones que registraron disminuciones: USD 2,7 promedio en el decil 10 registrado; y USD 3,1 y USD 614 en los deciles 6 y 10 entre los informales, respectivamente.

Milei vs. el último segundo trimestre de Alberto Fernández

El salto nominal entre 2023 y 2026 es enorme; por eso el ajuste por inflación y la conversión a dólares MEP son imprescindibles para evitar ilusiones monetarias en la variación del poder de compra de los ingresos laborales.

Frente a esas referencias, de la estadística oficial se desprende que los ingresos medios por decil obtuvieron subas en pesos y en dólares en todos los segmentos, tanto formales como informales, pese a que se observaron movimientos contrapuestos en la cantidad de trabajadores ocupados registrados y no registrados:

• En general aumentó en el tramo formal de los deciles 2 a 5, entre 2,7% y 10,9%
• Cayó entre 4% y 12% en los formales del primer tramo y del sexto al décimo.

Entre los no registrados, los puestos de trabajo en relación de dependencia cayeron entre 1% y 23% en la mitad de menores ingresos promedio, y crecieron entre 22% y casi 70% en la segunda mitad de mayor remuneración sin descuento jubilatorio.

En el equivalente en dólares, el ingreso de los trabajadores asalariados aumentó en el trienio en todos los tramos de ingresos, con variaciones en valores absolutos crecientes en la escala de ingresos.

Milei vs. el último segundo trimestre de Mauricio Macri

En dólares, los ingresos medios por decil muestran mejoras respecto de 2019, pero la brecha entre trabajo registrado e informal sigue siendo persistente: el empleo formal gana más, aunque la diferencia por decil no replica el desfasaje superior al 100% del promedio total.

En todos los casos, los cálculos se apoyan en los cuadros de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec para cada año y trimestre, en las series de inflación del propio organismo y en las cotizaciones promedio del dólar MEP relevadas por la agencia de noticias Reuters.

La desigualdad entre trabajo registrado e informal existe, pero no es de 100% para la mayoría de los asalariados.

Ese número es un espejismo estadístico generado por el décimo decil de mayor ingreso y la diferencia en la cantidad de trabajadores registrados —más alta en los tramos superiores— y no registrados, que se concentran en los segmentos de menor remuneración por su menor calificación educativa.

La verdadera brecha —la que afecta a nueve de cada diez asalariados— es modesta, estable y, en los deciles cuarto y noveno, directamente inversa.

Esa es la historia que los promedios no cuentan, más allá de que a los que están registrados se les descuenta de su remuneración bruta el 17% como aporte al sistema previsional, obra social y sistema de salud del PAMI, y un adicional de Ganancias al tramo con ingresos superiores en junio de 2026 de $3.000.000 para el trabajador soltero y de $3.300.000 para el casado con dos hijos menores; mientras los informales tienen que afrontar el costo de su cobertura social o depender de la asistencia del sector público y de ahorrar para su futuro no laboral.

En la misma semana en que la Argentina formalizó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar su pedido para frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas, el secretario de Minería, Luis Lucero, viajó a Londres junto a funcionarios de Mendoza y Jujuy para participar en uno de los foros más influyentes de la industria global de metales y minerales críticos.

Según supo Infobae, Lucero partió el miércoles 14 de octubre rumbo a la capital británica, donde su agenda incluirá dos citas centrales. El lunes 20, participará del Argentina Day, un foro de inversión en minerales estratégicos organizado por la Embajada argentina en Londres junto con la embajadora Mariana Plaza. Allí, el secretario presentará un panorama de la actualidad minera del país y las oportunidades de inversión.

Al día siguiente, el 21 de octubre, expondrá como panelista en el Wood Mackenzie LME Forum, dentro de la London Metal Exchange Week (LME Week), el encuentro anual que reúne a los principales actores del mercado mundial de metales. Lo hará junto con ejecutivos de Appian Capital, BMO Capital Markets y la propia consultora organizadora, en un bloque dedicado a la geopolítica de los minerales críticos, el dominio chino en las cadenas de suministro y las condiciones para atraer inversión occidental.

La comitiva incluye también funcionarios técnicos de Jujuy y Mendoza, las dos provincias con mayor proyección en litio y cobre. Si bien se especuló en un momento con una comitiva integrada por el propio presidente Javier Milei y gobernadores, para una organización similar a la Argentina Week que se realizó en Nueva York (EEUU) y París (Francia), la delegación se centró en cuadros especializados del sector minero, no en figuras políticas de primer nivel.

El propio Milei abonó a la especulación cuando, a finales de 2025, aseguró a The Telegraph que su intención era viajar a Londres en 2026. De haberse realizado, habría sido la primera visita bilateral de un presidente argentino al Reino Unido desde la de Carlos Menem en 1998. Pero todo cambió con el giro en la política argentina sobre Malvinas.

El 3 de septiembre, la Oficina del Presidente anunció sanciones y un proyecto de ley contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, con foco en el proyecto Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%). Una semana después, la Casa Rosada confirmó que el viaje presidencial quedaba suspendido.

“Acordamos que era mejor suspenderlo”, explicó una fuente del gabinete a Infobae. La Argentina Week en Londres fue descartada y la actividad regresó a un formato estrictamente minero, vinculado con la LME Week.

En paralelo a estas actividades en Londres, sigue su curso la presentación argentina ante el tribunal con sede en Hamburgo, que se formalizó el 13 de octubre. Buenos Aires pidió medidas provisionales para prohibir nuevas actividades extractivas de Sea Lion, restringir el uso de información técnica obtenida durante las exploraciones y ordenar al Reino Unido que se abstenga de conceder nuevos permisos. El reclamo se apoya en el artículo 290.5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y se inscribe dentro de un procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre.

Londres respondió con firmeza. La subsecretaria parlamentaria del Foreign Office, Uma Kumaran, calificó las acciones argentinas como “una campaña escalada de coerción económica” y anunció que el Gobierno británico activará la legislación de Protección de los Intereses Comerciales (PTI) para blindar a las empresas que operan en las islas. “Este gobierno no se quedará de brazos cruzados mientras la Argentina utilice la coerción económica contra el pueblo de las Islas Malvinas”, afirmó ante la Cámara de los Comunes.

Sea Lion prevé una inversión de USD 2.200 millones, con inicio de producción estimado para 2028 y una capacidad proyectada de hasta 180.000 barriles diarios durante 30 años.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar confirmó la recepción de la solicitud argentina y anunció que fijará una fecha para audiencias orales. El resultado determinará si las medidas provisionales pedidas por Buenos Aires pueden frenar Sea Lion antes de que se constituya el tribunal arbitral. Navitas y Rockhopper mantienen sus planes y han señalado que no esperan que las acciones legales argentinas alteren el cronograma del proyecto.

En medio de la escalada diplomática, el principal asesor presidencial, Santiago Caputo, sumó un nuevo frente de controversia. El 14 de octubre publicó en la red social X un extenso mensaje en el que afirmó que “el Reino Unido está siendo colonizado por el Islam” y que esa supuesta amenaza constituía una razón adicional para que Argentina recupere las Islas Malvinas.

Caputo compartió un video que mostraba a Sagal Abdi-Wali, diputada laborista de origen somalí, jurando su cargo en la Cámara de los Comunes con la mano sobre el Corán. “Ver al Reino Unido siendo colonizado por el Islam no solo es un riesgo inminente para la causa de Occidente todo sino que es una tragedia en términos históricos para quienes defendemos las ideas de la libertad”, escribió el asesor, quien concluyó: “Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente”.

El presidente Milei replicó la publicación en su propia cuenta. El mensaje, según supo este medio, generó preocupación en el Reino Unido, y medios como The Telegraph y The Guardian le dedicaron notas destacadas.

La organización del Argentina Day del 20 de octubre confirma que la representación diplomática argentina en el Reino Unido mantiene activa su agenda de promoción de inversiones, incluso en el momento de mayor confrontación bilateral en décadas. El antecedente es directo: en octubre de 2024, durante la LME Week, la Embajada argentina y la Embajada británica en Buenos Aires coorganizaron un encuentro similar donde Lucero, el entonces secretario de Finanzas Pablo Quirno —hoy canciller— y cinco gobernadores de provincias mineras presentaron el potencial del país ante inversores internacionales.

Argentina como proveedor de litio y cobre

Más allá de la controversia política y diplomática, el Servicio Geológico Británico (BGS) identificó a la Argentina como uno de sus tres destinos prioritarios para la cooperación en minerales críticos, junto con Filipinas y Zambia, con oportunidades específicas en litio, cobre y exploración geológica en Jujuy, Salta y Catamarca. Según la Estrategia Nacional de Minerales Críticos del Reino Unido, la demanda interna de litio crecería un 1.100% antes de 2035, mientras que la de cobre casi se duplicaría.

Esa evaluación técnica contrasta con el clima político. En la misma semana, la Argentina también votó en la Asamblea General de la ONU junto con Estados Unidos e Israel —y contra 153 países— contra una declaración sobre prevención de pandemias, una posición que el Gobierno vinculó con su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con su defensa de la soberanía nacional frente a organismos multilaterales.

En un Día de la Lealtad atravesado por actos separados del peronismo, Máximo Kirchner apuntó contra los dirigentes que pronuncian discursos de confrontación y luego no sostienen sus posiciones. El mensaje fue pronunciado durante un acto realizado en Resistencia, Chaco, casi al mismo tiempo en el que Axel Kicillof hablaba en otra convocatoria en La Matanza.

“Hay muchos que les gusta agarrar el micrófono y subirse a las tarimas a decir discursos lindos y a prometer batalla, que después al primer chasquibún salen corriendo”, afirmó el diputado nacional y referente de La Cámpora. Kirchner no identificó a destinatarios concretos, aunque la frase quedó inscripta en el escenario de tensión interna que atraviesa al Partido Justicialista (PJ) de cara a 2027.

El líder de La Cámpora introdujo esa definición al reclamar “compromiso” de la dirigencia para afrontar las consecuencias de las políticas del gobierno de Javier Milei. Antes había advertido que la unidad, por sí sola, no resuelve las diferencias del espacio: “Ojalá, compañeros, alcanzara con la unidad”.

Máximo Kirchner recordó además que en 2018 procuró convocar a los distintos sectores del peronismo, pero que algunos “le dieron vuelta la cara a Cristina” Fernández de Kirchner. El señalamiento se sumó a su defensa de la expresidenta, a quien presentó como una dirigente que mantiene respaldo porque “no la quiebran” ni la hacen actuar contra su pueblo.

El diputado también sostuvo que “a Cristina hoy el poder económico más concentrado y recalcitrante de la Argentina, que son unos poquitos empresarios, la tienen secuestrada en San José”. Vinculó esa situación con las políticas de sus gobiernos, entre ellas el desendeudamiento, el Procrear, Conectar Igualdad y la Asignación Universal por Hijo, y afirmó que, si hubiera tomado decisiones diferentes, “seguramente estaría libre, como están los Macri y como estuvo De la Rúa”.

En ese marco, la referencia a quienes “salen corriendo” después de prometer batalla funcionó como una crítica a las posiciones que, según su planteo, no se traducen en acciones políticas sostenidas.

La intervención de Kirchner tuvo lugar en el Club Juventud de Resistencia, junto al senador y exgobernador chaqueño Jorge Capitanich. La convocatoria estaba prevista desde el mediodía, a la misma hora en la que Axel Kicillof tenía programada su exposición 15 en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, partido de La Matanza.

Kicillof cerró el acto bonaerense, organizado en La Matanza con respaldo del PJ provincial y del intendente Fernando Espinoza. Kirchner, en cambio, eligió viajar a Chaco y no participar ni de esa actividad ni de la movilización de La Cámpora frente al domicilio porteño de Cristina Fernández de Kirchner.

El discurso incluyó una convocatoria a construir una alternativa

Además de referirse a la interna, Kirchner cuestionó al Gobierno de Javier Milei y afirmó que, a casi tres años de su asunción, “nada de aquello que prometió el actual presidente ha sucedido en la vida de las familias argentinas”. Enumeró “menos trabajo”, “menos salario”, “menos educación”, “menos salud”, “menos dignidad” y “menos oportunidades”.

También acusó a la Casa Rosada de gobernar para “intereses foráneos” y reclamó recuperar la soberanía sobre los recursos naturales. En ese marco, rechazó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que beneficia a las mineras y petroleras mientras comerciantes y empresarios locales afrontan una mayor carga tributaria.

El diputado describió además el endeudamiento de los hogares y sostuvo que muchas familias tienen “una calculadora en la cabeza” para llegar a fin de mes. Pidió que el peronismo formule propuestas concretas para recuperar el poder adquisitivo, financiar universidades, escuelas y hospitales, y garantizar medicamentos para los jubilados.

Al cerrar, convocó a la militancia a organizarse pese al contexto adverso. “Aunque estemos cagados a palos y se sientan muchas veces que el futuro nos queda lejos, que tengamos la convicción y la fuerza para recuperar la patria”, expresó.