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Un joven Mauricio Macri, de camisa celeste, pantalón de gabardina, zapatos y profuso bigote negro, volvía a replicar en septiembre de 2007 una estrategia de marketing político que ya le había dado resultado dos años antes, cuando fue electo diputado nacional. Todo estaba cuidado al detalle para la foto: el lugar, el sur de la Ciudad de Buenos Aires; la acción, saltar un bache, un mensaje viral aunque todavía no habían explotado las redes sociales.

Casi dos décadas después, el partido que fundó controla un aparato estatal con $17,347 billones de presupuesto anual, decenas de organismos, empresas con contratos millonarios, incidencia en el Poder Judicial, y enfrenta la elección de 2027 con todas las señales de alarma encendidas.

El PRO lleva 20 años al frente de CABA de manera ininterrumpida (dos gestiones de Macri, dos de Horacio Rodríguez Larreta y la actual de Jorge Macri) y, como nunca antes, se encamina a un proceso de campaña en una posición comprometida. La derrota en las legislativas de mayo de 2025, cuando LLA ganó con Manuel Adorni como candidato, y el PJ quedó en segundo lugar, marcó un quiebre. Un importante dirigente amarillo, ante la consulta de Infobae, lo sintetizó con una frase: “Estamos mal, en terapia intensiva”.

Esa derrota, la reconstrucción política que llevó al alcalde porteño a repensar la estrategia política de la gestión -algo que mejoró la percepción de la gestión, según las encuestas propias-, y una serie de movimientos internos, tensó la relación entre los primos Mauricio y Jorge Macri. Ambos coincidieron el 13 de agosto en la presentación del cortometraje El Libertador en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires organizada por Infobae. Un dirigente que conoce al detalle la interna amarilla señaló que, hoy por hoy, “no hay relación” entre ambos, y graficó: “Son temas más personales y de posicionamiento de quién es el que manda”.

El mapa de lo que está en disputa es concreto. El PRO administra una gran estructura de subsecretarías, direcciones generales y miles de cargos, seis secretarías transversales y un universo de organismos descentralizados que incluye al Banco Ciudad, a Autopistas Urbanas S.A., Subterráneos de Buenos Aires, al Instituto de Vivienda de la Ciudad, a la Lotería de la Ciudad y a la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., entre otros.

Un ejemplo: dentro de ese universo, AUSA ocupa un lugar particular. La empresa estatal gestiona 50 kilómetros de autopistas urbanas y tiene concesión hasta 2049. Carlos María Frugoni, designado por el propio Mauricio Macri al frente de AUSA en 2007, presidió la empresa durante casi dos décadas hasta marzo de 2025. En noviembre de 2015, la Auditoría General de la Ciudad presentó una denuncia en su contra, entre otros funcionarios, por presuntas irregularidades en la licitación del Paseo del Bajo.

En enero de 2026, el presidente Javier Milei lo designó al frente de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura de la Nación, pero en abril de este año renunció al cargo tras la difusión pública de que tenía siete propiedades en Miami sin declarar ante la Oficina Anticorrupción y ARCA, inmuebles adquiridos entre 2020 y 2022.

Más allá del Ejecutivo, el entramado del poder porteño incluye la influencia en la designación en los organismos de control, cuyo proceso se realizó en la Legislatura el pasado jueves. Hubo negociaciones contra reloj y momentos de tensión entre los peronistas Juan Manuel Olmos y Víctor Santa María y el macrista Cristian Gribaudo (en representación de Daniel Angelici). “Se sacaron chispas buscando un acuerdo para designar los adjuntos de la Defensoría del Pueblo”, indicó a Infobae un importante dirigente parlamentario.

En el reparto, La Cámpora se quedó con las manos vacías. Así, quedaron designados Martín López Zavaleta como Fiscal General del Ministerio Público Fiscal; la peronista María Rosa Muiños renueva al frente de la Defensoría del Pueblo, mientras que los adjuntos quedaron en manos del radical Carlos Antonio Palmiotti (propuesto por Angelici), la macrista Silke Mayra Arndt (cercana al secretario de Justicia porteño, Francisco Quintana); María Graciela Giorgione y Giselle Furcada, por LLA; y Facundo Maximiliano Saez, cercano a Oscar Zago.

Esa geometría de negociaciones refleja el estado real de la Legislatura. El bloque del PRO, Vamos por Más, tiene apenas 12 bancas sobre 60 —la tercera fuerza, detrás del peronismo de Fuerza por Buenos Aires (20 bancas) y de LLA (14)—. Para las mayorías especiales de 40 votos que exigen los organismos de control, el acuerdo con el peronismo o con LLA resultó imprescindible.

Negociación nacional y límites locales

La negociación macro entre PRO y LLA avanza a paso firme. El tandem Cristian Ritondo y Fernando de Andreis visitó Casa Rosada dos veces en 15 días para reunirse con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, y la coordinación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que todavía pertenece al PRO, para repasar un plan de acción que permita formalizar un frente electoral “en toda la Argentina”, según indicaron desde ambos lados. Se prevé otra cumbre la semana próxima.

Macri, ya se dijo, está al tanto de la negociación nacional pero también le preocupa la Ciudad de Buenos Aires. Lo que espera el expresidente -que estas semanas estará con actividades en Europa- “es recuperar una confianza que está quebrada” con la dirigencia libertaria. Un paso en este sentido, insisten desde el PRO, es una coordinación parlamentaria y avanzar en la ley de Ficha Limpia. Mientras tanto, el exministro de Economía, Hernán Lacunza, continúa con la aventura de mantener su precandidatura a presidente.

En territorio porteño el tiempo apremia. Hasta fin de año, Jorge Macri tiene tiempo para definir un desdoblamiento de las elecciones. Por eso, la certidumbre de un eventual acuerdo, y las condiciones, cobra más relevancia. “Si no nos ponemos de acuerdo, si vamos solos, las posibilidades son menores; inclusive crecen las chances del peronismo”, reconoció un importante funcionario porteño. Por eso observan los pasos de Pilar Ramírez, jefa del bloque de LLA en la Legislatura porteña, que comenzó en las últimas semanas una serie de recorridas junto a ministros nacionales.

En esta línea se inscribe la especulación que hizo De Andreis en una entrevista con Luis Novaresio de una posible fórmula de consenso entre Jorge Macri y Pilar Ramírez. “Si hay un acuerdo, el candidato es el que defina el PRO”, indicó el diputado nacional. La réplica libertaria no se hizo esperar: “Cuando te quedás sin temas, empezás a hablar de candidaturas”, señalaron cerca de la legisladora.

Más allá del debate público, hay buena sintonía en privado, aunque se mantiene la desconfianza. El mejor escenario para el PRO es un acuerdo con LLA que le dé la posibilidad de Jorge Macri de reelegir como jefe de Gobierno, pero si los libertarios buscan encabezar la fórmula no hay acuerdo. “Si nos ponen a Patricia (Bullrich) como candidata, arrasan”, se sinceró un importante dirigente porteño.

El plan B que se analiza en el PRO porteño es una alianza con partidos como la Coalición Cívica y un sector del radicalismo, una suerte de reedición de Juntos por el Cambio. “Es una alternativa para Jorge Macri, pero no veo una posibilidad de un acercamiento con Rodríguez Larreta ni que Mauricio Macri sea candidato en CABA”, aseguró otro dirigente. Son especulaciones que circulan en las oficinas de Uspallata y en los despachos legislativos.

El presidente Javier Milei explicó en Puerto Iguazú que la falta de certezas sobre la continuidad de su programa económico condiciona las decisiones de contratación de las empresas. Durante la 47.ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el mandatario vinculó esa incertidumbre con el crecimiento de modalidades laborales transitorias, en un escenario donde el número total de puestos aumentó, pero el trabajo asalariado registrado cayó.

“Si hay incertidumbre sobre si el proceso es permanente o no, no van a tomar decisiones de corte permanente, no van a salir a contratar trabajadores de manera permanente”, afirmó Milei ante profesionales y empresarios del sector. Para el Presidente, las firmas ajustan sus decisiones a la expectativa que tienen sobre la duración de los cambios económicos y regulatorios impulsados por el Gobierno.

Milei ubicó esa explicación dentro de una respuesta a los cuestionamientos sobre la evolución del mercado laboral. “La primera es que estamos frente a una crisis de desempleo”, dijo al presentar el argumento que buscó rebatir. Luego señaló que la desocupación “se mantuvo relativamente estable”, incluso después de la baja de la inflación, y sostuvo que esa situación desafía los pronósticos de los economistas.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que la tasa de desempleo fue de 7,8% en el primer trimestre de 2026. El registro se ubicó 0,9 puntos porcentuales por encima del 6,9% del primer trimestre de 2023, el último primer trimestre previo al inicio de la gestión de Milei. El dato de 2026 está, se puede agregar, por debajo del promedio histórico de 8,9 por ciento. No se ve un número particularmente problemático.

Pero aunque introdujo el tema por el desempleo, el mandatario no centró su explicación en la tasa de desocupación, sino en la composición de los puestos que se generaron durante el período. Según el último informe de la Cuenta General de Ingresos del INDEC para el primer trimestre de 2026, el número total de puestos de trabajo aumentó en 510 mil entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de este año. Esa cifra respalda el número general al que aludió Milei cuando habló de medio millón de puestos de trabajo. Aunque, vale la penas mirar su composición interna.

“Se han creado quinientos mil puestos de trabajo durante nuestro Gobierno. Repito, se han creado medio millón de puestos de trabajo durante nuestro Gobierno. Es una cifra que no van a ver en ningún lado, porque contradice el relato que intentan armar en torno al empleo”, expresó. El Presidente también afirmó que “la demanda de trabajo en Argentina está subiendo”.

El detalle de las cifras oficiales muestra que el aumento global de puestos no se distribuyó de manera uniforme entre las distintas categorías de inserción laboral. Entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, se crearon 491 mil puestos no asalariados. Esa categoría incluye a personas que trabajan por cuenta propia, sin depender de un empleador (parte de ellos, monotributistas).

En el mismo lapso, los puestos asalariados no registrados crecieron en 191 mil. Se trata de personas que trabajan bajo dependencia de un patrón, pero cobran fuera de los registros laborales: en negro. A la vez, los empleos asalariados registrados disminuyeron en 172 mil en el mismo período. El balance entre esas variaciones dio como resultado el incremento total de 510 mil puestos de trabajo que surge de la estadística oficial. Hay más personas trabajando, pero no consiguen empleo formal: la gran mayoría crea su propia vía de supervivencia y, los que sí obtienen un empleo, lo obtienen en negro.

Por eso es que Milei se refirió de forma directa a la discusión sobre el valor de las distintas formas de empleo. “Solamente muestran el empleo formal, como si el empleo informal no fuera empleo. O suelen degradarlo diciendo que no es empleo de calidad”, planteó. Y agregó: “Miren, lo que no es de calidad es robar. Trabajar está bien”.

En su intervención, el Presidente recordó que, al inicio de su gestión, el mercado laboral informal rondaba el 50%. “No es algo nuevo, es algo que ya existía”, sostuvo. Milei describió esa proporción como parte del “paisaje económico” argentino y señaló que el punto central pasa por entender las causas que determinan la contratación informal ante el riesgo de un cambio de reglas.

“Entonces, si ustedes creen que este cambio no es permanente, creen que es transitorio, la pregunta es: ¿tomarían medidas de carácter permanente si ustedes creen que esto es transitorio?”, preguntó ante el auditorio. A continuación, insistió: “Si hay incertidumbre sobre si el proceso es permanente o no, no van a tomar decisiones de corte permanente”.

El mandatario señaló que, frente a ese cuadro, los empleadores no tomarían decisiones definitivas de incorporación de personal. “No van a salir a contratar trabajadores de manera permanente. Lo que van a hacer es ajustes transitorios a ver qué pasa”, dijo. Luego usó una expresión de la teoría económica para resumir ese comportamiento: “La opción de diferir tiene valor”.

Milei aclaró que su Gobierno interpreta esa conducta como una respuesta de los agentes económicos a la incertidumbre y no como una reacción aislada. “Nosotros no nos enojamos con eso, nosotros eso lo entendemos”, afirmó. La idea expuesta en Puerto Iguazú fue que, mientras una empresa considere que el cambio de orientación económica puede revertirse, evitará tomar decisiones que impliquen compromisos laborales de largo plazo.

El Presidente también vinculó la evolución del mercado laboral con una reasignación de recursos entre sectores. “Cuando ustedes toman un modelo de equilibrio general en serio, que tiene varios sectores, van a entender que, por ejemplo, si ustedes meten un shock tecnológico, si ustedes meten un shock de apertura, si ustedes meten un shock desregulatorio, si ustedes meten un shock de tasa de interés por caída de riesgo país, si ustedes meten un shock por baja de impuestos, si ustedes meten un shock de descubrimiento de recursos naturales, ¿ustedes qué creen, que la economía no se va a mover?”, expresó.

“Se va a mover, va a ser una coctelera. Obvio que va a pasar eso y ustedes van a tener una fuerte reasignación de recursos”, continuó. Bajo esa mirada, las diferencias entre la variación del empleo total, el aumento del trabajo no asalariado y no registrado, y la caída de los puestos registrados forman parte de un proceso de reordenamiento de la actividad económica.

“Entonces, no es un tema menor, porque sí es trabajo y está mostrando la reasignación de recursos que está teniendo tan fuerte la economía. Es decir, es un resultado natural y esperable”, sostuvo Milei. La afirmación quedó asociada a la lectura oficial sobre el aumento de puestos que registró el INDEC: el total creció en 510 mil, con una expansión de 491 mil no asalariados y de 191 mil asalariados no registrados, mientras los empleos asalariados registrados bajaron en 172 mil.

El Presidente mencionó la Ley de Modernización Laboral como una de las herramientas que, según su planteo, puede alterar esa composición. “Para eso nosotros enviamos la Ley de Modernización Laboral”, indicó. También dijo que la evolución futura del mercado de trabajo depende de que el escenario político despeje las dudas sobre la continuidad de las reformas.

“Obviamente que cuando la política se encauce, eso va a generar una migración desde el sector informal al sector formal”, afirmó. Esa fue la explicación que dio Milei para la distancia entre el crecimiento del número total de empleos y la menor presencia de incorporaciones permanentes dentro del empleo asalariado registrado.

El discurso también incluyó una referencia a los salarios reales. Milei dijo que los salarios reales del sector formal privado se mantienen “prácticamente constantes”, mientras los del sector público bajan. Sobre los trabajadores informales, afirmó que están “60% arriba en términos reales”. “Es decir, que está funcionando, no es que no está funcionando”, sostuvo.

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves la nueva Ley de Carnes y dio luz verde al artículo 15, que incorpora el procesamiento de productos de fauna silvestre en establecimientos habilitados.

De esta forma se abrió la posibilidad para la comercialización de carne de jabalí, una especie invasora; y otras especies autóctonas como el guanaco, bajo cupos, temporadas y zonas que deberá fijar cada año la autoridad provincial.

El punto más discutido de la votación fue ese artículo, que recibió 25 votos a favor, 16 en contra y una abstención. La norma establece además que el organismo competente definirá las especies autorizadas, los períodos de veda, los cupos de extracción y las áreas habilitadas.

La ley reemplaza el régimen vigente y ordena la habilitación, el registro, la fiscalización y el control sanitario de establecimientos y transportes vinculados con la faena, la elaboración y la comercialización de productos y subproductos de origen animal. También incorpora reglas para el autoconsumo rural, clasifica establecimientos por escala y distingue entre tránsito provincial y municipal.

El artículo sobre fauna silvestre concentró el cruce político

Durante el debate legislativo, el legislador Gustavo San Román, miembro informante de la propuesta, sostuvo que el esquema permitirá dar trazabilidad al jabalí, una especie exótica e invasora, y favorecer la elaboración artesanal. Desde la oposición, la principal objeción apuntó a la posibilidad de incluir especies nativas dentro del procesamiento comercial autorizado por la norma.

Por su parte, Magdalena Odarda consideró que la iniciativa implica un retroceso ambiental y cuestionó la incorporación de fauna autóctona. Además, los legisladores Luciano Delgado Sempé, Alejandra Mas, Fernando Frugoni y Fabián Pilquinao acompañaron el proyecto en general, pero marcaron reparos sobre ese artículo. Frugoni propuso excluir a las especies nativas de la comercialización y anticipó su rechazo si el texto no se limitaba a fauna exótica.

Desde el oficialismo, Soraya Yauhar defendió el artículo y afirmó que la faena de especies nativas quedará sujeta a planes nacionales de manejo. Facundo López, presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, aseguró que la ley no modifica la protección vigente sobre la fauna.

La normativa: tratamiento, traslado y autorregulación

El régimen aprobado dispone que los productos alimenticios derivados de especies silvestres destinados al comercio deberán procesarse de manera obligatoria en plantas industriales o artesanales habilitadas. También prohíbe la comercialización de carne de animales silvestres capturados con perros o mediante métodos cruentos que provoquen deterioro, estrés excesivo o contaminación biológica de las piezas.

Cuando los animales no sean trasladados vivos, deberán ser desangrados y eviscerados antes de llegar a la planta procesadora. Ya en destino, se deberán realizar tareas de cuereado, higienización, enfriamiento y verificación sanitaria antes del procesamiento.

Otro de los cambios centrales es la regulación del autoconsumo del productor, una demanda de las zonas rurales que hasta ahora no tenía un encuadre específico. La ley permite que productores registrados soliciten autorización para trasladar productos, subproductos y derivados de origen animal destinados al consumo propio y no a la venta.

San Román precisó durante el debate que el régimen contempla en particular el traslado de carne vacuna y ovina para autoconsumo. Para hacerlo, deberán cumplirse requisitos como el uso de una guía y la presentación del cuero marcado o señalado para acreditar la propiedad del animal.

La guía de tránsito no comercial deberá consignar el establecimiento de origen y destino, la especie, el tipo y la cantidad del producto, la fecha de emisión y el vehículo utilizado. El traslado no podrá superar las 48 horas desde la emisión del documento y deberá validarse en el primer puesto caminero policial o sanitario del recorrido.

La norma también exige que los productos viajen con precinto sanitario, en un medio hermético y sin compartir el espacio de carga con sustancias que puedan generar contaminación. Para acceder a ese mecanismo, el productor deberá estar formalmente registrado y contar con marca o señal, según se trate de ganado mayor o menor.

Categorías por escalas y reparto de controles entre Provincia y municipios

Los establecimientos quedan clasificados según su escala y según el destino geográfico de la producción. Serán de tránsito provincial cuando abastezcan a más de un ejido municipal, y de tránsito municipal cuando su actividad quede limitada al municipio o comisión de fomento que otorgó la habilitación.

La autoridad provincial habilitará los establecimientos de tránsito provincial, mientras que municipios y comisiones de fomento conservarán la competencia sobre los de tránsito municipal. La ley prevé convenios cuando los gobiernos locales no cuenten con capacidad técnica u operativa suficiente.

La fiscalización será concurrente: el área de Desarrollo Económico y Productivo controlará establecimientos y transportes, Salud supervisará la inocuidad y los registros sanitarios, y la Policía colaborará en controles de ruta y verificación de documentación. Los inspectores podrán ingresar a establecimientos, depósitos y vehículos, pero para entrar en viviendas o dependencias de uso estrictamente residencial necesitarán orden judicial.

La nueva normativa incorpora además una categoría específica para los establecimientos artesanales. Serán considerados tales aquellos cuya producción diaria no supere los 500 kilos de producto terminado proveniente de faena o los 100 kilos de productos elaborados.

La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas difundió este viernes un comunicado en respuesta al discurso que Javier Milei pronunció el jueves por la noche y defendió el derecho de los habitantes del archipiélago a decidir su futuro. El texto, emitido en nombre del conjunto del órgano legislativo y sin firma individual, sostuvo que las islas son un territorio británico de ultramar autogobernado.

“Las Islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado, y nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí”, señaló la Asamblea. En el mismo sentido, afirmó que se trata de “un derecho fundado en el derecho internacional” y sostuvo que “no se altera por las declaraciones de ningún otro gobierno”.

El comunicado no mencionó a la Argentina por su nombre y aludió a Milei una sola vez. Al referirse a su discurso, la Asamblea planteó que las declaraciones de los últimos días forman parte de una situación que los habitantes del archipiélago conocen.

“Declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros”, indicó el texto. “Nuestra comunidad, establecida desde hace mucho tiempo, ha enfrentado presiones de este tipo muchas veces a lo largo de las décadas y, pese a ello, las Islas han seguido creciendo, desarrollándose y prosperando.”

Uno de los principales argumentos expuestos por la Asamblea fue el referéndum celebrado en 2013. Según recordó el comunicado, la consulta contó con una participación del 92% y el 99,8% de los residentes votó a favor de mantenerse como territorio autogobernado de ultramar del Reino Unido.

“Esa elección democrática es clara y permanece sin cambios”, afirmó el órgano legislativo.

La Asamblea también agradeció “el firme e inquebrantable apoyo del Gobierno del Reino Unido” a la autodeterminación de los isleños. Según señaló, ese respaldo se reafirmó después del discurso de Milei “al más alto nivel, desde Downing Street, ministros del Gobierno, parlamentarios y amigos y socios internacionales”.

El comunicado cerró con una referencia al futuro de la comunidad isleña. “Los isleños siguen confiados, asentados y concentrados en el futuro que nuestra gente ha elegido”, expresó.

La declaración no hizo referencia a las sanciones anunciadas por Milei contra empresas petroleras ni al yacimiento Sea Lion. El texto se concentró exclusivamente en la cuestión de la autodeterminación y en la posición de los habitantes de las islas frente al reclamo argentino.

En su mensaje del jueves por la noche, Milei sostuvo que el archipiélago es argentino “por historia y por derecho” y cuestionó la posibilidad de que los isleños puedan ejercer un derecho a la autodeterminación. “Los isleños, en su territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”, afirmó el Presidente.

Durante su discurso, además, anunció sanciones contra las compañías que participen en la extracción de hidrocarburos en la zona disputada y comunicó una ampliación de fondos para construir una base naval en Tierra del Fuego. También advirtió que “Argentina no se quedará de brazos cruzados”.

Todo avance adicional sobre las islas, planteó Milei, “será considerado una violación de nuestra seguridad nacional”.

La primera reacción del Gobierno británico llegó horas después. El secretario de Defensa, Wes Streeting, sostuvo que el compromiso del Reino Unido con las Falklands es “absoluto e inquebrantable” y afirmó que el discurso del mandatario argentino “dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las Islas Falkland”.

La Asamblea Legislativa es el órgano unicameral del archipiélago y cuenta con ocho miembros electos: cinco por Stanley y tres por Camp. La última elección general se celebró el 11 de diciembre de 2025.

Las islas están situadas a unos 500 kilómetros al este de la costa sur argentina. El Reino Unido las administra desde 1833, mientras que la Argentina mantiene su reclamo de soberanía y no reconoce el referéndum realizado en 2013.