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Los dólares de los ahorristas depositados en los bancos se volvieron muy apetecibles no solo para el Gobierno, sino también para muchas empresas y entidades financieras. La causa principal es que la tasa de interés para captarlos es insólitamente baja. A tal punto que muchos emisores corporativos pagan una tasa parecida a la del Tesoro norteamericano cuando busca financiamiento de corto o mediano plazo.

Los argentinos mantienen alrededor de USD 39.000 millones en bancos, una cifra récord. El primer incremento fuerte vino de la mano del blanqueo sin costo que se lanzó en el primer año del gobierno de Javier Milei. Y la segunda fase de aumento vino de la mano de la dolarización sucedida el año pasado en los meses previos a las elecciones. En ese momento, parte de los dólares adquiridos tras la apertura del cepo terminaron depositados en los bancos.

El detalle es que los bancos siguen remunerando con tasas mínimas esas colocaciones. Según datos del Central, la tasa promedio por plazos fijos a 30 días en dólares es del 1,09% anual. Y hay entidades que salieron a pagar arriba del 3% pero para colocaciones a un año, con los problemas de iliquidez que eso significa para el ahorrista.

Luis “Toto” Caputo se apuró en ser de los primeros en financiarse con los dólares del denominado “colchón bank”, o sea los dólares que se mantienen en el banco como refugio pero que prácticamente no reciben un rendimiento.

Los instrumentos elegidos son el Bonar 2027 y 2028, que pagan intereses de manera mensual, apuntando a los ahorristas que buscan percibir una renta al estilo alquiler. En el primer caso el rendimiento es del 5,1% anual anual en dólares. mientras que el otro bono que tiene un año más de plazo rinde el 8,7 por ciento. El salto está relacionado con la incertidumbre que generan las elecciones presidenciales del año próximo.

Desde que comenzó hace un par de meses con estas colocaciones el resultado fue notable: ya suma USD 1.440 millones en Bonar 2027 y USD 823 millones por el Bonar 2028, lo que hace un total de 2.263 millones de dólares. La cifra seguirá aumentando, ya que en las colocaciones quincenales se captan alrededor de 350 millones de dólares. Con estos fondos, el Gobierno prácticamente se asegura el pago de los vencimientos de julio, que suman cerca de 4.300 millones de dólares.

Pero el listado no se agota en las colocaciones del Gobierno. Una de las empresas que esta semana dará la nota es Farmacity, que por primera vez sale al mercado de deuda local para financiarse en dólares. La cadena de farmacias busca aprovechar la oportunidad para fondearse a plazos largos y tasas relativamente bajas. La emisión será a tres años y la tasa rondaría el 7,5% anual.

Ayer fue el turno de BBVA, que captó USD 25 millones con una Obligación Negociable a un un año y pagó una tasa de 3,25% anual, o sea casi dos puntos porcentuales menos que los Bonar 2027 que emite el Gobierno nacional. Además, colocó otro bono a dos años a una tasa de 5% anual, captando otros 48 millones de dólares.

La lista de emisiones que habrá esta misma semana sigue con otras compañías como Profertil, líder en fertilizantes en base a urea, y Pecom, la petrolera de Pérez Companc.

Santiago Abdala, ejecutivo de PPI, explicó que “el interés de los inversores por las colocaciones de empresas y bancos es muy grande. Muchos ya compraron los Bonar que emite el Tesoro y también quieren diversificar. Pero se da un fenómeno muy peculiar en Argentina, porque el rendimiento que pagan los corporativos es mucho menor al del Estado nacional. Es algo que con el paso del tiempo debería emparejarse”.

Además de estas emisiones, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sale a emitir nueva deuda en los mercados internacionales. Se trata de un nuevo bono a diez años que será emitido con ley inglesa. Con los USD 500 millones buscan financiar obras de infraestructura y de paso asegurarse los fondos para hacer frente al último tramo de amortización del bono que vence en 2027.

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella fijó para el 26 de mayo una nueva fecha de indagatoria para Maximiliano Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, dueños del holding Sur Finanzas, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su detención inmediata si no se presentan.

La decisión llega después de que la defensa del empresario —vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia— no compareciera a la audiencia prevista y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP) rechazara los planteos recursivos del abogado defensor, Pablo Parera, y allanara el camino para que las audiencias se efectivicen sin demoras.

El magistrado fijó las audiencias para Maximiliano Ariel Vallejo a las 10 de la mañana y para Graciela Vallejo una hora más tarde, a las 11, del 26 de mayo, en la sede del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.

La resolución, dictada el 5 de mayo, señala que ante la incomparecencia de los imputados, tanto la querella —la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— como la fiscal federal Cecilia Incardona habían solicitado la detención inmediata de ambos para garantizar su presencia.

Armella no ordenó la detención de forma anticipada, pero advirtió que si los responsables de Sur Finanzas no se presentan, se declarará su rebeldía y se enviará a la fuerza pública a buscarlos.

El rechazo de la Cámara

La nueva citación se produce tras una secuencia de planteos judiciales que buscaron suspender las indagatorias. La defensa de Vallejo interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio contra el decreto del 27 de abril pasado, mediante el cual el juzgado había concedido sin efecto suspensivo la apelación de la defensa contra la resolución que dispuso la citación a indagatoria.

La defensa calificó esa decisión de “arbitraria y carente de fundamentación” y argumentó que realizar la audiencia con un planteo de nulidad pendiente generaría un riesgo de irreversibilidad.

El juez Luis Armella rechazó ese razonamiento. En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado sostuvo que supeditar el avance del proceso a la resolución de un recurso de nulidad “implicaría admitir que el mero planteo de recursos pueda paralizar el proceso”, lo que constituiría un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal”. Declaró inadmisible el recurso de apelación presentado en subsidio y condenó en costas a la defensa por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el tribunal de segunda instancia federal con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, al pronunciarse sobre el incidente, avaló la postura del juzgado.

La fiscal Incardona también refutó el argumento de la “irreversibilidad”: señaló que la indagatoria es, por definición, un acto de defensa material que permite al imputado ingresar su versión de los hechos al proceso, por lo que resultaría contradictorio alegar un agravio ante una convocatoria diseñada para garantizar el derecho de defensa.

Nuevos imputados en la causa

En paralelo, y como ya anticipó Infobae de manera exclusiva, el juez Armella dictó el 4 de mayo una resolución de mayor alcance en la causa FLP 29107/2025, que amplió el universo de imputados. A pedido de la fiscal Incardona, el magistrado convocó a declarar a cuatro dirigentes del Club Atlético Banfield: Eduardo Juan Spinosa (presidente), Federico José Spinosa (vicepresidente), Ignacio Javier Uzquiza (tesorero) y Oscar Fabián Tucker (secretario).

Las fechas quedaron fijadas del siguiente modo: Eduardo Spinosa y Federico Spinosa deberán comparecer el 18 de junio a las 10:00 y 10:30 horas, respectivamente; Uzquiza y Tucker fueron citados para el 24 de junio a las mismas horas; y los representantes legales de las personas jurídicas Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña tienen audiencias el 25 de junio. A todos se les impusieron medidas cautelares: prohibición de salida del país, presentación periódica ante el juzgado, retención de documentos de viaje, prohibición de contacto entre coimputados y restricción de alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial.

Los cargos contra Eduardo Spinosa son los más graves: asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado por habitualidad, todos en calidad de coautor.

Los restantes dirigentes enfrentan cargos similares en distintas combinaciones, según su rol dentro de la estructura investigada.

La maniobra que investiga el juez Armella

La investigación reconstruye un esquema que, según la fiscalía, combinó el vaciamiento patrimonial del Club Atlético Banfield con el reciclaje de fondos de origen espurio a través de vehículos societarios diseñados para opacar el rastro del dinero.

El andamiaje se apoyó en la superposición de roles: Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Uzquiza y Tucker ejercían simultáneamente cargos directivos en el club —presidente, vicepresidente, tesorero y secretario— y eran autoridades y accionistas de Banfileños S.A., empresa que a su vez integraba el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, constituido en 2012. Ese fideicomiso fue instrumentado para que cualquier financiamiento externo obtenido por el club quedara automáticamente canalizado hacia cuentas bajo el control de las mismas personas físicas que administraban la institución.

El primer eje de la defraudación fueron los contratos de mutuo. El 17 de julio de 2023, la dirigencia de Banfield firmó con Sur Finanzas Group S.A. —representada por Maximiliano Ariel Vallejo— un préstamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual. Apenas tres meses después, el 9 de octubre de 2023, suscribió un segundo mutuo por otros USD 500.000, esta vez al 4% mensual. El club quedó obligado a devolver un total de USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses.

Ambos contratos incluían una cláusula que declaraba la recepción del millón de dólares “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria y bloqueó el control institucional.quier trazabilidad bancaria y bloqueó el control institucional.

El segundo eje fue la triangulación de ingresos genuinos. Banfield celebró contratos de sponsoreo con Sur Finanzas Group S.A. y con Roma Inversiones S.A. —ambas del entorno de Vallejo—, pero los pagos derivados de esos convenios fueron cedidos a la orden del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña en lugar de ingresar a las cuentas formales del club. La empresa PagoTic, encargada de recaudar las cuotas sociales, también acreditaba los fondos en cuentas del fideicomiso desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023.

Los allanamientos realizados en el domicilio de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, permitieron incautar cheques de pago diferido por sumas millonarias librados a la orden del club, pero con endosos manuscritos para ser depositados en la cuenta fiduciaria.

La fase de integración del dinero ilícito se materializó, según la fiscalía, en la adquisición de bienes registrables: Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 valuada en $53.745.000 y un Peugeot 208 valuado en $14.947.000; Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en la calle Ugarteche 3354 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por USD 170.000; y Tucker registró a su nombre vehículos valuados en conjunto en más de $15 millones.

El cierre del circuito se habría completado con la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma cuyo CEO es el extesorero del club y en la que Eduardo Spinosa habría actuado como apoderado sin cargo declarado.

La estructura de Sur Finanzas no operó de forma aislada. En los allanamientos a la sede central de la empresa se secuestraron biblioratos denominados “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, que confirmaron la existencia de operaciones con al menos 16 entidades deportivas: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield. La fiscalía sostiene que la investigación patrimonial apunta a movimientos sospechosos por más de 880.000 millones de pesos.

La causa se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA por evasión de $3.327 millones en impuestos. Cuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por encubrimiento agravado tras ser sorprendidos en el retiro de computadoras y documentación de un galpón en Turdera durante los allanamientos del 1° de diciembre de 2025.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, salieron al cruce de las declaraciones del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien había insistido con la necesidad de liberar por completo las restricciones cambiarias para que caiga el riesgo país.

A través de su cuenta oficial de X, el jefe de Estado consideró que el modelo planteado por el padre de la Convertibilidad “contiene expropiaciones masivas”.

“Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001… sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada”, planteó Milei acerca de la gestión de Cavallo al frente del Ministerio de Economía en la década del 90 y principios de los 2000.

Por su parte, Caputo también cuestionó las declaraciones del su colega: “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”.

“Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy. Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos. Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor”, sentenció el jefe de la cartera económica.

A su turno, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Caputo, Felipe Núñez, cargó contra el exfuncionario mediante la misma red social: “Mingo, tu teoría era que la infla no podía bajar del 20%, después del 8% y después del 4%. Por ahí estaría bueno que cambies vos tu modelo, porque el del Ministro parece venir bastante más derecho que el tuyo”.

De esta manera, el enfrentamiento entre la administración libertaria y el economista liberal suma un nuevo capítulo. Si bien en un principio el presidente se mostraba elogioso con el accionar del ex titular del Palacio de Hacienda durante el gobierno de Carlos Menem, las reiteradas críticas de Domingo Cavallo al programa de La Libertad Avanza derivaron en un quiebre del vínculo y un enfrentamiento abierto entre las partes.

Qué había dicho Cavallo

Cavallo planteó un mensaje claro al Gobierno: la condición para que el riesgo país siga descendiendo es eliminar el cepo cambiario y habilitar la libre circulación de capitales. Así lo expresó durante una entrevista en el canal Ahora Play, donde analizó cuáles son los principales factores que, desde su perspectiva, mantienen a la Argentina en la categoría de “mercado de frontera” y le impiden alcanzar el estatus de “economía emergente”.

“El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo. Para que siga bajando tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario. Deben remover los controles de cambio y dejar que haya libre movimiento de capitales, que así como entran, puedan salir”, sostuvo.

A la vez, el analista económico fue enfático al explicar por qué la calificación crediticia del país no mejora de manera sostenida. “Vean los informes de las calificadoras de riesgo. La razón por la cual todavía somos ‘mercado de frontera’ y no pasamos a ser ‘economía emergente’ es por los controles de cambios y porque no hay libre movimiento de capitales”, advirtió el ex ministro antes de que se conozca que la calificadora de riesgo Fitch Ratings mejoró la nota sobre la deuda soberana argentina. Además, insistió: “El riesgo país se desmoronaría si hacen lo que les estoy sugiriendo y si lo hacen con convicción.”

En su análisis, Cavallo también recomendó modificar la estrategia respecto a las reservas internacionales. “Tienen que decir ‘vamos a acumular reservas’ y hacerlo, sin asustarse por el nivel que pueda tener el tipo de cambio”, indicó. En tal sentido, consideró que una baja eventual del dólar permitiría al Banco Central aumentar su stock de reservas genuinas.

Al mismo tiempo, el exfuncionario señaló que una mejora en la calificación argentina generaría efectos positivos para la gestión financiera oficial: “La baja del riesgo país va a significar que el Gobierno va a poder renovar los vencimientos, sobre todo el capital que vaya venciendo de la deuda, sin ninguna dificultad, pagando tasas moderadas de interés, como las que está pagando ya el sector privado al que le han dado un régimen cambiario de esta naturaleza”.

El nuevo jefe de la Fuerza Aérea israelí asumió el mando este martes con una advertencia directa a Irán: el país está dispuesto a movilizar “toda la fuerza aérea hacia el este si es necesario”. La declaración del general Omer Tischler, pronunciada durante su ceremonia de toma de posesión en la base aérea de Tel Nof, se produjo en uno de los momentos de mayor tensión en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y amplió la presión israelí sobre Teherán más allá del frente bélico que Washington mantiene en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Eyal Zamir, subrayó en el mismo acto que el ejército “permanece en alerta máxima en todos los frentes” y está preparado para “responder con fuerza a cualquier intento de dañar a Israel”. El ministro de Defensa, Israel Katz, fue más explícito: aseguró que Israel apoya los esfuerzos diplomáticos de Washington, pero advirtió que “pronto podríamos tener que intervenir de nuevo para garantizar que se alcancen los objetivos”. Katz celebró además los ataques israelíes de 2025 contra objetivos en territorio iraní y elogió la coordinación entre Netanyahu y Trump para garantizar que Teherán “no vuelva a representar una amenaza existencial para Israel, Estados Unidos y el mundo libre”.

La ceremonia en Tel Nof no fue solo un relevo de mando. Tuvo lugar horas después de que Emiratos Árabes Unidos informara que sus sistemas de defensa interceptaron, por segundo día consecutivo, misiles y drones que atribuyó a Irán. Teherán negó los ataques, pero su mando militar advirtió con una “respuesta contundente” si se emprendieran acciones contra la República Islámica. El lunes, Estados Unidos había lanzado la operación “Proyecto Libertad” para garantizar el tránsito comercial por el estrecho de Ormuz, paso por el que circula aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Irán replicó con misiles y drones contra barcos militares estadounidenses, interceptados según el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).

Tischler asume en un contexto institucional cargado. Su designación, aprobada en diciembre de 2025, no estuvo exenta de controversia: el ministro Katz ordenó una auditoría sobre la conducta del general durante el ataque del 7 de octubre de 2023 antes de autorizar el nombramiento. El contralor del sistema de defensa, el general de brigada retirado Yair Volansky, revisó grabaciones y entrevistó a numerosos oficiales antes de recomendar que se procediera. La decisión llegó además en medio de meses de enfrentamientos públicos entre Katz y el jefe del Estado Mayor Zamir por disputas abiertas sobre el mando superior.

Para Israel, el frente iraní no es un conflicto ajeno ni delegado. El país participó en los ataques del año pasado contra objetivos en territorio iraní y considera prioritaria la neutralización del programa nuclear de Teherán, con independencia del ritmo de la diplomacia estadounidense. Que el nuevo comandante de su fuerza aérea escogiera como primer mensaje público una advertencia de despliegue total hacia el este no fue un gesto retórico: fue la señal de que Israel se reserva el derecho de actuar por su cuenta si las negociaciones entre Washington y Teherán no prosperan.

Gisela Scaglia opinió sobre la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y afirmó que debe dar un paso al costado, ya que, según su mirada, los problemas judiciales del funcionario están socavando la credibilidad del gobierno de Javier Milei frente a quienes apostaron al cambio prometido en campaña. La diputada nacional por Santa Fe del bloque Provincias Unidas pasó por Infobae al regreso y fue contundente: “Si creías en el proyecto antes que en vos mismo, tenés que defenderlo. Y hoy la gente necesita creer que ese cambio valió para algo”.

La legisladora santafesina disparó contra la lógica que, a su juicio, se instaló en la cúpula del Ejecutivo nacional. Según Scaglia, el vínculo entre el presidente y su jefe de Gabinete se invirtió de manera llamativa: ya no es Adorni quien protege a Milei, sino el presidente quien sale a respaldar a su funcionario. “El jefe de Gabinete ya no es más un fusible del gobierno, hoy el gobierno lo defiende al jefe de Gabinete, por lo tanto, ese rol dejó de existir en la Argentina”, señaló. Y fue más lejos: “Si uno mira a Milei yendo a respaldarlo, ya te das cuenta que cambió un poco la lógica, se invirtieron los roles”.

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Para la diputada, esa inversión de roles tiene un costo político que termina recayendo sobre el propio presidente. “Al final del día, el costo siempre lo va a pagar el gobierno”, sostuvo, y vinculó ese deterioro con algo que considera más profundo que cualquier escándalo puntual: la pérdida de confianza. “¿Por qué te voy a creer en el plan económico? ¿Por qué te voy a creer con esto que vos me dijiste que iba a pasar?”, planteó.

Scaglia enmarcó su reclamo de renuncia en el contrato simbólico que el gobierno firmó con sus votantes. La casta, los privilegios, la mano en la lata: esas fueron las promesas que movilizaron a millones de argentinos. Traicionarlas, dijo, tiene consecuencias. “Sos más casta que la casta que quisiste combatir”, afirmó sobre quienes, frente a una sospecha instalada, eligen quedarse en el cargo antes que proteger el proyecto que juraron defender. Y recordó el sacrificio que implicó sostener ese proceso: “¿Vos sabés el sacrificio que hizo mucha gente en la Argentina para sostener esto y llegar hasta acá?”.

La diputada reconoció que hay una lógica de resistencia dentro del gobierno —un “no me van a ganar”— pero advirtió que esa postura termina siendo contraproducente. Lo peor para la economía, insistió, es la desconfianza. Y la desconfianza crece cuando quienes prometieron transparencia no dan respuestas.

Dentro del PRO, partido del que Scaglia forma parte aunque no integra su bloque legislativo, la situación también genera tensiones. La legisladora reconoció diferencias internas, pero reivindicó lo que considera una convicción compartida: “El PRO ha sido un defensor siempre de que cuando pasó algo hay que ir a la Justicia y rendir cuentas”. Citó al expresidente Mauricio Macri como referencia: “Cada vez que le pasó algo dijo: ‘Soy el primero que muestro todo y que aclaremos la situación’”.

Desde esa perspectiva, Scaglia también puso el foco en la relación entre el gobierno nacional y las provincias. Santa Fe, dijo, atraviesa una cosecha récord, hace obra pública y mantiene el esfuerzo fiscal, pero no recibe la contraparte en transferencias de recursos. “Los gobernadores del PRO la están peleando en su territorio con una situación crítica que tiene que ver con los recursos que no se transfieren y que te parece injusto”, planteó.

En ese marco, presentó un proyecto para modificar el esquema de retenciones, al que describió como un sistema que va en contra de quienes quieren producir más. “El campo es el motor de nuestro país”, afirmó, y señaló que cuando se le da herramientas al productor, el derrame es inmediato: compra maquinaria, invierte, genera actividad. Puso a Santa Fe como ejemplo de una provincia que eximió de ingresos brutos a los componentes productivos más relevantes, un modelo que, a su juicio, el gobierno nacional no replica.

También cuestionó que los grandes instrumentos de incentivo a la inversión —el RIGI y el RIMI— estén diseñados para la minería y el petróleo, pero no para el agro. “Vos también hoy tenés productores agropecuarios que tienen grandes inversiones o que las podrías tener, que les ponés la mano en el bolsillo y no le das ningún incentivo”, señaló.

La diputada reclamó una reforma tributaria de fondo que siente a la Nación y las provincias en la misma mesa. Una reforma que contemple cómo se coparticipan los impuestos, cómo se financia la educación, la salud y la seguridad en territorios alejados de los grandes centros urbanos. “Para tener ingresos brutos a cero tenemos que ver cómo coparticipamos impuestos para que yo pueda tener una escuela abierta”, ejemplificó.

Scaglia cerró con una defensa de las pymes industriales de su provincia, muchas de ellas con décadas de historia familiar, que hoy no saben si pueden mantener las puertas abiertas. “Esta es la patria PYME que tiene la Argentina”, dijo, y fue por ellas que insistió en la necesidad de que el gobierno tome decisiones que estén a la altura del sacrificio de quienes sostienen la economía real.