La Embajada de Argentina en Qatar emitió en las últimas horas una recomendación para que los ciudadanos evalúen postergar los viajes a Medio Oriente y adopten medidas de precaución, en respuesta al aumento de las tensiones en la región. La advertencia se enmarca en una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que desencadenó una serie de advertencias similares de otros gobiernos.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno recordó a través de las redes sociales los medios de contacto con todos los consulados argentinos en la región. La Embajada en Qatar sugirió a los ciudadanos argentinos que posterguen los viajes “no esenciales a la región” y también recomendó extremar las precauciones a quienes deban desplazarse o se encuentren en la zona.
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El mensaje subraya la necesidad de “mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación” y “seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales”.
La decisión responde a la “alta volatilidad” registrada en las últimas semanas, en las que Irán intensificó sus ataques sobre posiciones estadounidenses en varios países del Golfo, entre ellos Kuwait, Baréin y Jordania. El Ejército kuwaití reconoció que logró interceptar drones iraníes, mientras que las embajadas de Estados Unidos en Israel y Jordania recomendaron a sus ciudadanos “considerar la posibilidad de marcharse antes de una escalada imprevista”.
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La representación diplomática estadounidense en Israel advirtió que “el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con la posibilidad de una escalada imprevista”. La comunicación oficial agregó que Estados Unidos aconseja a sus ciudadanos “extremar las precauciones, prepararse para cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo, y mantenerse listos para dejar el área si la situación se agrava”.
El conflicto entre Washington y Teherán se agudizó tras el lanzamiento de misiles iraníes contra fuerzas estadounidenses en Jordania, episodio que puso fin a una breve tregua negociada en junio. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que “los iraníes siempre quieren hablar, pero incumplen su palabra muy a menudo”, y advirtió: “Los estaremos golpeando muy fuerte”.
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Desde Teherán, el régimen islámico acusó a Estados Unidos de buscar una escalada total del conflicto y amenazó con represalias a los países musulmanes que mantengan cooperación militar con Washington. “Arderán en el fuego de la guerra”, alertó el gobierno iraní.
En las últimas horas, la Cancillería argentina reiteró que mantiene activa la red de embajadas y consulados para asistir a ciudadanos que puedan verse afectados por la evolución del conflicto. Se recomendó a los argentinos que permanezcan en contacto con las representaciones diplomáticas y actualicen sus datos de contacto.
Personal policial realizó un allanamiento en la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz, en el marco de una causa por narcomenudeo que permitió secuestrar cocaína, dinero en efectivo y distintos elementos de interés para la investigación. Además, una mujer mayor de edad fue detenida.
El operativo se concretó durante la noche del viernes 31 de julio y las primeras horas de este sábado, luego de una investigación previa llevada adelante por la División Drogas Peligrosas La Paz, en conjunto con la Guardia Especial dependiente de la Jefatura Departamental La Paz.
Foto: Jefatura Departamental La Paz
Allanamiento positivo en barrio Hipódromo
La medida judicial se desarrolló en una vivienda ubicada en la zona del barrio Hipódromo de Santa Elena, tras una orden emitida por el Juzgado de Garantías y Transición local, a pedido de la Unidad Fiscal de Investigación La Paz.
Foto: Jefatura Departamental La Paz
Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar 94 envoltorios que contenían cocaína, además de dinero en efectivo, una balanza y otros elementos considerados de utilidad para la causa.
Una mujer quedó detenida
En el marco del operativo, seis personas fueron identificadas por el personal policial, mientras que una mujer mayor de edad fue detenida por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, vinculada a estupefacientes.
Foto: Jefatura Departamental La Paz
Desde la Policía indicaron que el procedimiento fue el resultado de tareas investigativas desarrolladas previamente y que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia interviniente.
La llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, popularmente calificada como “Ley de Extranjerización”, modifica los aspectos centrales de cinco leyes que regulan segmentos determinantes del acceso a la propiedad y la vivienda en áreas urbanas y rurales. El proyecto, impulsado por el libertario Federico Sturzenegger, directamente impone una hegemonía absoluta del capital y reduce los derechos de quienes se verán afectados por esa iniciativa.
Las normas contra las que embiste el proyecto de Sturzenegger son la Ley de Tierras (26737), de Manejo del Fuego (26815), de Expropiaciones (21499), de Desalojos (17454) y de Integración Sociourbana (27453).
Básicamente, la Ley de Tierras limita la compra por parte de ciudadanos extranjeros y la prohíbe cuando encierra cursos o espejos de agua; la de Manejo del Fuego impide el cambio del uso del suelo tras incendios forestales (60 años) y zonas rurales agrícologanaderas (30 años); la de Expropiaciones determina modos y valores para enajenar bienes por necesidad pública; la de Desalojos determina el modo en que una familia puede ser desafectada de una vivienda o un terreno, y la de Integración Sociourbana busca mejorar las condiciones habitacionales en los barrios populares.
En la Ley de Tierras, Sturzenegger decidió que ya no existirá el limite del 15% del total del territorio para la compra por parte de extranjeros, a nivel nacional, provincial y municipal o departamental, y sin trabas determinantes en las Zonas de Seguridad de Fronteras.
Aunque hasta ahora estaba taxativamente prohibido, de prosperar el proyecto también podrán adquirir tierras que encierren lagos y ríos. Lo que hasta ahora enfrentaba limitaciones por razones de soberanía y derecho público de acceso al agua, en adelante será solo de libre disponibilidad y uso para los multimillonarios extranjeros. Ya en 2016, el expresidente Mauricio Macri había relajado por decreto las condiciones para la compra de tierras con lagos y ríos.
Los casos con mayor concentración de propiedad extranjera, que excede ampliamente el límite impuesto por la Ley de Tierras, se encuentran en los humedales mesopotámicos, las costas del Río Paraná (mal llamado Hidrovía), los departamentos mineros de Salta y el Noroeste, y las zonas cordilleranas de los grandes lagos, glaciares y bosques nativos de la Patagonia. Aquí reinan enclaves extranjerizados con virtuales ejércitos privados y control político determinante sobre los municipios circundantes. Son estados dentro del Estado.
El articulado de la Ley de Manejo del Fuego establece desde 2020 condiciones para el uso del suelo tras un incendio. En el caso de los bosques, nativos o exóticos, debían mantenerse sin alterar durante 60 años para evitar la especulación inmobiliaria. Lo mismo para las zonas rurales aunque por un lapso de 30 años luego del incendio. El proyecto de Sturzenegger desaparece todo condicionamiento y limita el uso del suelo solamente al Ordenamiento de Bosques Nativos que determina el grado de protección que debe recibir la flora de acuerdo a la zona. En la Cordillera, los incendios forestales fueron utilizados históricamente como forma de liberar territorio para llevar adelante grandes negociados inmobiliarios.
Enemigo acérrimo del Estado, del que igual se aprovecha desde hace años, Sturzenegger decidió que las expropiaciones en casos de utilidad pública deben llevarse a su mínima expresión a través de barreras legales, burocráticas y económicas. Por ello, su proyecto encarece significativamente el cálculo indemnizatorio y agiganta los trámites burocráticos y requisitos que los futuros gobiernos deberían llevar a cabo antes de iniciar una obra para beneficio de la sociedad, tanto en zonas urbanas como suburbanas y rurales. La Ley de Expropiaciones pasará a convertirse en un interminable y costoso vía crucis estatal.
Los desalojos urbanos y rurales que imagina el libertario Sturzenegger, en el proyecto original, se ejecutan en un plazo mínimo de 72 horas, por sola denuncia y sin siquiera una audiencia con derecho de apelación que permita ejercer un acto de defensa a las familias afectadas. El ejemplo más brutal lo encarna el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien los realiza con suma violencia policial y en la mayoría de las ocasiones sin mediar siquiera una orden judicial fundada en hecho verificable.
Aunque mantiene como cáscara vacía la Ley de Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), el ministro desregulador se propone en este capítulo terminar con la suspensión de los desalojos en los barrios populares y suprimir la potestad estatal para declarar terrenos como de utilidad pública y abrir la posibilidad de expropiar tierras de titularidad dominial privada donde se asientan esos mismos barrios. Como en todos los otros capítulos de la ley de extranjerización, el articulado en este punto avanza contra los derechos adquiridos por los habitantes de los barrios populares registrados o en proceso de registración. Ya en 2024 el Gobierno nacional había eliminado el Fondo que financiaba las obras para la mejoras barriales y pequeñas construciones familiares, llamado Fondo de Integración Sociourbana (Fisu), y ahora avanza para darle el tiro del final a una iniciativa exitosa que mejoro, aunque mínimamente, las condiciones de vida de decenas de miles de personas vulneradas.
El Corredor Litoral Paraná–Paraguay (solapado bajo el nombre de “hidrovía”), constituye un núcleo de la actividad económica de la República Argentina. Por allí transita alrededor de un 70% de las exportaciones del país y también es utilizado para el comercio ilegal de drogas, cereales, armas y trata de personas. Todo ello le otorga especial relevancia desde un enfoque geopolítico y estratégico.
1. Privatizaciones en la Cuenca del Plata. Esta cuenca, integrada por los ríos Uruguay, Paraná y Paraguay, comprende un área de 3.100.000 km2, cuyas aguas superficiales, que fluyen entre canales secundarios, riachos e islas, desembocan en el Río de la Plata propiamente dicho: la antesala del Atlántico sur.
Complejo hídrico que se extiende a través de más de 3400 kilómetros a lo largo de los territorios de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, conforma una de las reservas hídricas más importantes del planeta en atención a su caudal, la diversidad biológica del área y su rol en materia de transporte fluvial.
Precisamente, y en atención a esos atractivos, el gobierno neoliberal de Carlos Menem, en disciplinada línea con las directivas impartidas por el Consenso de Washington (1989), expresas instrucciones del Fondo Monetario Internacional y los acuerdos derivados del Pacto de Olivos (1993, entre la UCR y el PJ), procedió a liquidar la flota fluvial a la vez que entregaba el quehacer portuario y el mantenimiento de esa ruta acuática al sector privado.
De tal manera, se procedió a adjudicar la concesión para el dragado y balizamiento del Paraná (Sistema de Navegación Troncal) al llamado Consorcio Hidrovía SA, formado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa (1995). Concesión que se hizo efectiva mediante de un controvertido proceso que culminó con el “extravío” del expediente de licitación.
Estado que, con acotadas modificaciones, se ha mantenido hasta nuestros días luego que, una vez más, un gobierno neoliberal adjudicara nuevamente (el pasado 19 de junio de 2026) la hidrovía a Jan De Nul y su actual socia, Servimagnus SA (Resolución 36/26). Decisión que igualmente ha sido objeto de distintos cuestionamientos, entre los cuales cabe destacar el dictamen emitido por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde se enumeran distintas irregularidades, con probables implicancias de índole penal, en el curso del proceso licitatorio.
2.Territorio de conflictos militares. La importancia económica y la necesidad de controlar ese cauce navegable también motorizó, a lo largo de nuestra historia, distintos conflictos bélicos entre los cuales podemos mencionar: las invasiones inglesas en el Río de la Plata (1806/1807); la ocupación británica de las Islas Malvinas (1833); el contrabando de mercaderías a través de la Compañía de Indias y el bloqueo anglo-francés (Guerra del Paraná) de 1845. Bloqueo este último encaminado a que los barcos de esos imperios pudieran navegar y comerciar libremente en los ríos interiores de la Confederación Argentina. En igual derrotero, años después, Urquiza habría de firmar con Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos un tratado que les permitía la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay (1853).
Desde esta perspectiva, podemos señalar, asimismo, la ocupación militar, llevada adelante durante la dictadura brasileña de Humberto Castelo Blanco, del Salto del Guayrá, una región en conflicto con Paraguay (junio de 1965). Invasión que tuvo lugar en una década cuando la cuestión del “potencial hidroeléctrico” y la construcción de las represas de Itaipú y Yaciretá ocupaban el centro de la escena en esas geografías.
3. La cuestión Geopolítica. Las exportaciones de nuestro país se orientan hacia el Océano Atlántico a través de rutas viales, ferroviarias y fluviales. En ese marco, la hidrovía constituye el eje de un espacio terrestre, fluvial y aéreo que incluye la zona portuaria agro-industrial más importante de Argentina. Una zona comercial controlada, desde principios del siglo pasado, por un reducido grupo de empresas transnacionales −encabezadas por Bunge, Dreyfus y Cargill− en lo que respecta al comercio de productos primarios y los servicios de calado, flete, bancario y de seguros, y por donde circula entre el 70 y 80% de nuestras exportaciones en granos, harinas, aceites vegetales y subproductos. Situación que nos conduce a plantear algunas cuestiones de carácter geopolítico y estratégico.
Cuestiones que adquieren especial relevancia en la actual etapa, de pasaje del modelo de concentración hacia la centralización de capitales. Centralización esta que ha permitido articular los desarrollos de Empresas Transnacionales (ETN) –de un alto grado de concentración e hiperconectividad en la economía mundial− con fondos de inversión como Vanguard o Blackrock.
En este sentido resulta ilustrativo aludir al caso de Blackrock (una de las entidades que ha sido más exigente al momento de renegociar la deuda externa argentina) y que se encuentra entre los principales accionistas de Glencore. Corporación esta última que, por medio de Viterra se ha fusionado con Bunge que, de tal forma, no solo pasó a ocupar el primer puesto en el ranking de exportadores de granos argentinos, sino que en tándem con el Grupo Grassi y Cargill terminaron quedándose con la fallida Vicentin.
4.- La gobernanza blindada. Las ETN dominantes promueven, bajo el rótulo de «gobernanza global», la globalización en tanto proyecto de gobierno corporativo, desterritorializado, que subordina o destruye (deconstruye) las prácticas políticas y los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de los Estados. Modelo aquel, sostenido por sus Estados gendarme y que se corresponde con la actual estrategia de seguridad de Estados Unidos de Norteamérica (NSS2025). Estrategia que redefine la política exterior de ese país a partir de una mirada centrada en reconfigurar las cadenas de suministros en América Latina y bloquear la posibilidad de que actores extra hemisféricos puedan tener acceso al contralor de puertos, carreteras comerciales, infraestructuras y destino de minerales críticos. En esta dirección se han celebrado diversos acuerdos con socios estratégicos, como los gobiernos de Argentina, Paraguay y Bolivia de estos tiempos. Así, en el caso de nuestro país, se acordó que fuerzas militares de EE UU puedan llevar a cabo labores de “actualización de doctrina” y ejercicios (que conllevan tareas de inteligencia) en espacios marítimos, fluviales, aéreos y terrestres de la República Argentina. Tareas esas, de dominio, que se vienen enlazando con distintas acciones entre las que podemos referir, a modo de ejemplo: las compras de terrenos en los Esteros del Iberá por la Universidad de Harvard; el memorándum de cooperación en materia de ciberseguridad, la adopción del sistema de radio móvil terrestre del Proyecto 25 (P25) que permite acceder a datos de seguridad pública e interferir en las comunicaciones de buques comerciales.
Un lugar representativo de este tipo de vínculo, promovido además por las cámaras de comercio estadounidenses en la región, lo ocupa la firma del MOU suscripto por el embajador Marc Stanley, el Cuerpo de ingenieros del Ejército de EE UU y el interventor de la Administración General de Puertos, José Beni, el 30 de noviembre de 2023. Convenio refrendado en oportunidad que el Ministerio de Transporte no contestaba los pedidos de informe que, desde el año 2021, le requería la UIF con el objeto de que informara acerca de instalaciones habilitadas y clandestinas sobre el río Paraná y que llevó a que el aludido embajador afirmara que el memorándum facilitaba la conexión para mejorar la “gestión de nuestra infraestructura crítica”. En la misma orientación el gobierno de la provincia de Santa Fe dictó la resolución 1307/2025, que habilita la intervención de agencias extranjeras (por ejemplo, la DEA) para la vigilancia integral de ese curso de agua. Todo ello en desmedro de la soberanía argentina.
* Doctor en Derecho (UBA). Presidente de la Asociación de Abogados/as de Buenos Aires (2011-2013). Presidente de la UIF (2020-2021)
El Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) ha confirmado la suspensión temporal de las operaciones del conducto, que transporta crudo desde Kazakistán a la terminal rusa de Novorosiisk, pero las autoridades kazajas han garantizado que siguen recibiendo petróleo de los transportistas en sus tanques de almacenamiento.
“El 31 de julio, CPC suspendió temporalmente las operaciones del oleoducto. Sin embargo, se sigue recibiendo petróleo de los transportistas y se continúa llenando el parque de tanques”, ha explicado Asel Serikpaeva, asesora del ministro y representante oficial del Ministerio de Energía de Kazajistán.
“Los aumentos adicionales en los volúmenes de transporte dependerán de la disponibilidad oportuna de buques cisterna para la carga en la terminal marítima”, señaló el departamento antes de insistir en que la situación está bajo control.
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Cabe recordar que Ucrania ha dedicado el pasado mes de julio ha dirigir sus ataques contra los buques cisterna en aguas de la terminal marítima de CPC. El 20 de julio, el consorcio anunció la suspensión de la carga de petróleo en la terminal marítima y posteriormente se vio obligado a suspender la recepción de crudo. Como consecuencia, Kazajistán se vio forzado a reducir su producción de petróleo.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha anunciado esta misma tarde nuevos ataques contra la infraestructura petrolera de Rusia en el mar Negro y el mar de Azov.
Zelensky ha asegurado también que sus fuerzas han conseguido hundir un carguero ruso, el ‘Yanina’, un incidente confirmado por el director ejecutivo de Rosatom, Alexei Lijachev, propietaria del barco. Los 17 tripulantes fueron rescatados.
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“Quiero dejar claro que se trataba de un buque portacontenedores civil completamente normal, que navegaba en aguas internacionales y transportaba mercancías civiles, desde alimentos congelados hasta materiales de construcción y acabado. Los 17 tripulantes fueron rescatados y se encuentran en buen estado de salud”, ha asegurado Lujachev a la agencia rusa Interfax.
“Un ataque como este no puede interpretarse de otra manera que como piratería y robo en alta mar”, ha añadido.
El presidente ucraniano ha añadido que otras tres refinerías de petróleo rusas en la república de Baskortostán, en el suroeste del país, han sido alcanzadas, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora al respecto.
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El Ministerio de Energía de Kazajistán afirmó este sábado que no contempla un escenario que implique el cierre total del Conscorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), a través del cual Kazajistán exporta la mayor parte de su petróleo a los mercados mundiales y que ha sido en varias ocasiones objetivo de ataques a causa de la guerra de Ucrania.
“En algunos medios de comunicación ha aparecido información sobre un posible cierre total de las operaciones del KTK. Este escenario no se está considerando”, reza un comunicado del ministerio citado por TASS.
Ayer el KTK suspendió temporalmente sus operaciones, aunque sí continúa llenándose la terminal de almacenamiento así como los transportistas también siguen recibiendo petróleo.
En julio se produjeron varios ataques con drones contra el KTK, el más reciente el pasado jueves, cuando dos buques cisterna fletados para la carga de crudo fueron atacados.
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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajstán condenó previamente los ataques contra el oleoducto, calificándolos de violación de los intereses económicos del país.
El presidente Javier Milei se refirió este sábado ala crisis migratoria que sacudió a Ceuta y desató una tormenta política en Europa. A través de su cuenta en X, el mandatario reposteó un video que mostraba a vecinos de la ciudad autónoma persiguiendo y reteniendo a migrantes para que las fuerzas de seguridad los deportaran, con el mensaje: “Cuando las personas despiertan… El final del socialismo se acerca… Ánimo España”.
La intervención del mandatario se produce en el peor episodio migratorio en la historia reciente de España. Entre el jueves y el viernes, entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta, con un saldo de al menos 67 muertos confirmados. La Asociación Marroquí para los Derechos Humanos estimó que esa cifra podría llegar a unas 130 víctimas.
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Para el sábado, las autoridades españolas calculaban que alrededor de 69.500 personas habían regresado en las últimas 30 horas, ante el acuerdo de repatriación entre España y Marruecos y la ausencia de suministros básicos en la ciudad.
El tuit de Milei no fue un gesto aislado. Según supo Infobae de una fuente del Poder Ejecutivo argentino, el Presidente “está muy atento” a lo que ocurre en Ceuta. Ante la consulta sobre si el gobierno evalúa nuevas medidas en materia migratoria, la respuesta oficial fue escueta: “Lo estamos monitoreando”. Uno de los miembros de la mesa política del gobierno aclaró que “al momento no se está hablando de eso”, aunque dejó abierta la posibilidad de cambios si el Presidente lo considera pertinente.
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En paralelo a su publicación en X, Milei reposteó un extenso análisis del Director Ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, quien atribuyó la crisis a lo que denominó una “agenda migratoria abierta” impuesta por Bruselas, a la “industria de las ONG” y al “wokismo”, al que definió como “un complejo de culpa autoinducido en los europeos”. La lectura del gobierno argentino se alinea así con la de otros líderes de la derecha global que aprovecharon la situación para cuestionar la política del presidente español, Pedro Sánchez.
El mandatario estadounidense Donald Trump también se sumó al coro de críticas y calificó lo sucedido en Ceuta como “una invasión”, advirtiéndolo como una señal de lo que podría ocurrir en Estados Unidos “si los demócratas llegan al poder”. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, fue más lejos y anunció la suspensión temporal del acuerdo Schengen con España, lo que desencadenó una crisis diplomática entre ambos países y la convocatoria de una cumbre extraordinaria de ministros de Interior de la Unión Europea (UE) para el martes.
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La reacción de 22 países de la UE también apuntó contra Sánchez. En una carta dirigida a los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, esos gobiernos advirtieron que políticas como la regularización de un “número muy elevado” de migrantes actúan como “factores de atracción” y vincularon la crisis con una reciente sentencia del Tribunal Supremo español que prohíbe las devoluciones en caliente.
El gobierno argentino ya había endurecido su posición migratoria antes de que estallara la crisis en Ceuta. El miércoles publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita la expulsión de extranjeros que emitan mensajes de odio o ultrajen símbolos patrios, una medida que en la Casa Rosada atribuyeron a la denominada “batalla cultural”.
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Ese DNU se suma al DNU 366/2025, publicado en mayo del año pasado, que modificó la Ley de Migraciones con criterios más estrictos para la admisión y permanencia de extranjeros, la exigencia de una declaración jurada al ingresar al país y sanciones más severas para el ingreso irregular.
Personal de la Policía de Entre Ríos llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Bajada Grande de Paraná, en el marco de una investigación por el robo de una importante suma de dinero en moneda extranjera.
Foto: Jefatura Departamental Paraná
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, luego de las tareas investigativas desarrolladas a partir de la denuncia del damnificado.
Según se informó, al momento de constatarse el hecho no se detectaron daños ni signos de violencia en los accesos de la vivienda, por lo que la investigación se orientó hacia el entorno cercano de la víctima.
Foto: Jefatura Departamental Paraná
Secuestraron dólares y dos vehículos
De acuerdo con la información oficial, la pesquisa se centró en una empleada del damnificado, quien fue identificada como una mujer de 47 años. Tras reunir elementos suficientes, se solicitó una medida judicial que permitió avanzar con el allanamiento en su domicilio.
Durante el operativo, los investigadores secuestraron 3.800 dólares estadounidenses, además de una motocicleta y un automóvil.
Desde la Policía indicaron que los vehículos habían sido adquiridos con posterioridad al hecho investigado y que se presume que podrían haber sido comprados con el dinero sustraído.
Foto: Jefatura Departamental Paraná
La sospechosa quedó supeditada a la causa
La mujer fue identificada formalmente y quedó supeditada a la investigación judicial que continúa en trámite para determinar las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades.
Con el objetivo de consolidar su proyecto de cara al año que viene, el gobernador Axel Kicillof comenzó a acelerar el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a nivel federal. Encomendó a ministros y funcionarios las recorridas por las provincias, en especial no peronistas, para preparar el terreno electoral. Quiénes son los delegados y cómo vienen trabajando.
El ministro de gobierno y mano derecha del mandatario, Carlos Bianco, desembarcó este sábado en San José, Entre Ríos, para participar del plenario de la militancia “Axel es la esperanza”, organizado bajo el sello “Entre Ríos con Vos, MDF”. Lo hizo junto a intendentes y exlegisladores que son referentes del axelismo en la provincia donde gobierna Rogelio Frigerio (Juntos).
Durante su exposición, el funcionario realizó un duro diagnóstico de la situación actual y aseguró que los argentinos “están viviendo una tragedia, una tortura, un castigo, que se llama Javier Milei”.
También se refirió al proceso de construcción del MDF y reiteró, en línea con el discurso de Kicillof, que “este es un año de construcción y no de candidaturas”. Sin embargo, advirtió que el peronismo no puede cometer los mismos errores de la conformación del Frente de Todos. “Tenemos que construir acuerdos para definir a nuestros candidatos en los ámbitos nacional, provincial y municipal, dejando atrás la lógica de las imposiciones. Esa etapa ya pasó y sabemos que no nos dio buenos resultados”, afirmó.
La actividad fue organizada por los intendentes peronistas de San José, Gustavo Bastián; Feliciano, Damián Arévalo; y El Pingo, Laura Rupp, y contó además con la participación de los exdiputados Marcelo Casaretto y Ángel Giano.
En simultáneo, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, también pisó suelo entrerriano este sábado. Estuvo en la ciudad de Concordia para participar del plenario de la militancia de trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), organizado por el gremio a nivel provincial bajo el lema “Sigamos construyendo el futuro. Hay otro camino”. Contó con representantes de los 17 departamentos entrerrianos.
Correa es un enlace clave con el sector gremial, tanto con la CGT como con las dos CTA que están dentro del armado del MDF. En el encuentro entrerriano compartió mesa con Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos; Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Oscar “Colo” de Isasi, titular de la CTA de Buenos Aires, también estuvo la secretaria General Adjunta de ATE nacional, Mercedes Cabezas.
En este marco, el ministro laboral aseguró que el objetivo es “construir una esperanza y la unidad del pueblo trabajador para derrotar al gobierno de Javier Milei”. Y consideró que la interna “es una cuestión secundaria” y que la agenda debe estar puesta “en las necesidades de los trabajadores que no llegan a fin de mes”.
Delegados
Las actividades en Entre Ríos forman parte de un esquema que Kicillof puso en marcha para fortalecer la presencia del MDF en todo el país. El objetivo es preparar el terreno en cada provincia antes de futuras recorridas y aceitar vínculos con dirigentes peronistas, organizaciones sociales y sindicatos. La coordinación de la movida está a cargo del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.
En este marco, la presencia de los delegados axelistas comenzó a intensificarse en las provincias en las últimas semanas. Uno de los que se mostró más activo es el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, quien estuvo en Santa Fe y Córdoba con un mix de actividades de gestión y de militancia. Y tiene previsto ir a Corrientes.
En Santa Fe -este viernes-Rodríguez firmó acuerdos con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), mantuvo reuniones con investigadores del CONICET y se encontró con el intendente de Calchaquí, Rubén Cuello. También encabezó, junto al diputado nacional y titular de la CTA, Hugo Yasky, una reunión con militantes sindicales, en la que incluso hubo un saludo en video de Kicillof para la dirigencia local.
Semanas antes, Rodríguez había viajado a Córdoba, donde recorrió el noroeste provincial, mantuvo encuentros con productores y firmó convenios junto al ministro de Bioagroindustria cordobés, Sergio Busso.
Otro que viene caminando los municipios y las provincias es el exministro de Salud, Daniel Gollan, referente nacional del MDF Salud que se lanzó en mayo en La Plata. El objetivo ahora es conformar el espacio en las provincias. El 6 y 7 de agosto desembarcará en Chubut, donde gobierna Ignacio Torres (Juntos), para lanzar el espacio allí. En paralelo está organizando encuentros en los municipios bonaerenses: el 10 está previsto un acto en La Matanza.
El exdirector de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, es otro de los delegados. El impulsor del MDF Educación estuvo en Córdoba la semana pasada participando de jornadas de debate y reflexión sobre el futuro de la educación. “Debatimos cómo defender, transformar y reconstruir la escuela pública argentina, que hoy es atacada por un gobierno que la desprecia y desfinancia. La salida es colectiva, escuchando, dejando de narrar el daño y proponiendo otro camino posible a este plan de dolor y crueldad”, señaló en su exposición.
La hoja de ruta de Sileoni también incluye encuentros en los municipios. En las últimas semanas estuvo en Marcos Paz, Morón y Berisso, y la próxima semana llegará a Ayacucho a participar del Encuentro MDF Educación en el PJ local.
El presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza, también forma parte del esquema. El último jueves encabezó en Rosario el encuentro “Universidad y Ciencia para un país con derecho al Futuro” junto a la científica del CONICET María Cristina Carrillo, en la Universidad Nacional de Rosario. Fue otra de las actividades con las que el axelismo busca consolidar su presencia territorial de cara al 2027. «
Media docena de provincias volvieron a tomar deuda en los mercados internacionales de crédito en los últimos meses. Lo hicieron a través de nuevas emisiones de bonos en moneda extranjera a vencer entre 2033 y 2036. Otras dos tienen previsto hacerlo en el corto plazo, elevando la cantidad a un tercio del total del país.
En los últimos 12 meses, los gobiernos que incurrieron en esa práctica fueron los de Córdoba (U$S 1525 millones en dos emisiones); Santa Fe (U$S 800 millones); Chubut (U$S 650 millones); la Ciudad de Buenos Aires (U$S 600 millones); Neuquén (U$S 500 millones) y Entre Ríos (U$S 300 millones). Entre ellas suman U$S 4375 millones. En los próximos meses se les podrían unir San Juan y Santa Cruz, que ya están sondeando a potenciales inversores.
De acuerdo a los datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, al cierre del primer trimestre de 2026 la deuda conjunta de las provincias, entre bonos y créditos de organismos internacionales, totalizaba U$S 22.132 millones, concentrando el 94,6% de sus pasivos. Si se agregan las deudas en pesos con la Nación y organismos oficiales, el stock total subió a $ 32,6 billones, con un crecimiento real interanual del 7 por ciento.
Los datos muestran una reiteración del ciclo de endeudamiento provincial ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, hace ya una década. En aquel momento, al influjo de la Nación, se tomaron U$S 12.300 millones en dos años. Los pasivos en dólares crecieron tanto que las sucesivas devaluaciones ocurridas después de 2018 obligaron a un proceso de reestructuraciones y canjes alentadas por la gestión del Frente de Todos. La historia parece repetirse.
Existen dos motivos principales por los que las provincias buscan divisas de inversores extranjeros. El primero es la necesidad de realizar obras de infraestructura que la Nación, con su conocida aversión al gasto público, dejó de financiar. Así, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció que el dinero obtenido se aplicará a proyectos energéticos, mantenimiento de rutas y equipamiento policial. En Neuquén, Rolando Figueroa quiere acompañar el boom de Vaca Muerta «fortaleciendo la infraestructura necesaria para acompañar una etapa de crecimiento económico sin precedentes». En Chubut, Ignacio Torres quiere optimizar el acueducto entre el lago Musters y Comodoro Rivadavia, para terminar con los problemas de provisión de agua potable de esa región.
Cueste lo que cueste
En líneas generales, los gobernadores reivindican que la confianza de los inversores es señal de que tienen recursos (agro, minería, petróleo) para hacer frente a esas obligaciones. Pero detrás de ese discurso campea otra necesidad, la de cancelar los bonos en circulación. Eso los llevó a aceptar tasas elevadas, muy superiores a las de los títulos que se van venciendo. Entre Ríos colocó su bono a 9,55% de interés anual para reemplazar uno que pagaba 8,75%; el SF34 santafesino pagará 8,10% frente a 6,90% del SF27; y los PDCAR35 cordobeses rendirán 8,60% anual, bastante más que el 6,08% promedio de las emisiones anteriores. CABA debió soportar un 8,12% anual por la serie 13 del Tango. Sólo Neuquén, respaldada en sus regalías por Vaca Muerta, consiguió un razonable 7,35 por ciento.
Estos intereses en alza provocan que los servicios de la deuda, considerando amortizaciones e intereses, hayan pasado de representar el 0,2% del PBI en 2023 a 0,6% en 2025. Los datos del primer trimestre de este año, proyectados, llegan a 0,8% del PBI (ver gráfico). Según la estimación de la consultora Politikon Chaco, entre agosto y diciembre las 13 provincias argentinas con bonos en dólares deben abonar unos U$S 1040 millones.
La situación es monitoreada por el gobierno nacional por una cuestión de interés propio. Las emisiones sirven como tanteo para que el Ministerio de Economía lance sus propios títulos, algo a lo que por ahora el ministro Luis Caputo no se anima porque considera que las tasas son muy altas. Además, de acuerdo a la legislación vigente, las provincias deben liquidar las divisas obtenidas en el mercado oficial, lo que permite al Banco Central mantener el precio del dólar bajo control y sumar reservas.
Este detalle tampoco pasa inadvertido a las calificadoras de riesgo, que no sólo evalúan la vulnerabilidad de estas jurisdicciones ante posibles devaluaciones, como ya ocurrió en 2018/19, sino la dependencia del BCRA, en definitiva el proveedor de los billetes que cada provincia deberá devolver a sus acreedores. «
Quejas del gobierno bonaerense
El endeudamiento internacional en dólares para solventar obras de infraestructura desató un nuevo round entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. Desde La Plata acusan al Ministerio de Economía de poner trabas y no prestar la autorización exigida por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esa norma prohíbe que los servicios de la deuda instrumentada superen el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios. En la administración de Axel Kicillof afirman que esa reticencia se debe a las diferencias políticas entre ambos gobiernos y la vinculan a los más de $ 26 billones que la Casa Rosada les dejó de remitir desde diciembre de 2023. «Nación ni siquiera nos firma los avales para que podamos tomar financiamiento internacional con organismos de crédito para llevar adelante obras muy necesarias. Son dos formas de gobernar: una con todos los municipios y el gobierno nacional que solo gobierna con los amigos», dijo Carlos Bianco, ministro de gobierno y colaborador estrecho de Kicillof.
Un reciente informe constató la estabilización del manejo de la deuda en pesos del Tesoro. Esa estabilización dio como resultado que en los últimos meses el Tesoro Nacional lograra tres cosas importantes relacionadas al manejo de la deuda en pesos.
En primer lugar, señala el informe de la consultora Quantum, el manejo oficial logró que la tasa de renovación de esa deuda superara a los vencimientos, algo distinto a lo que había ocurrido durante 2025. Un segundo logro de las colocaciones en moneda local fue que, en un contexto de condiciones financieras más estables, se pudo extender el plazo promedio de la deuda. Y esa extensión de plazos, resalta Quantum, se hizo “a tasas alineadas con la expectativa de inflación y depreciación, mediante una oferta variada de instrumentos”. El tercer aspecto que destaca el informe es que al acumular recursos en pesos para diversos “gastos eventuales, incluyendo la compra de dólares al Banco Central”, el Tesoro logró aumentar los recursos para atender pagos de la deuda y otras obligaciones en esa moneda.
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El informe desmenuza esos tres aspectos:
Tasa de renovación
En lo que va de 2026 -incluida la licitación de esta semana- el Tesoro Nacional tuvo una tasa promedio de renovación de los vencimientos en pesos del 117%. “De esta manera, acumuló disponibilidades (y deuda) en todos los meses, con la excepción de junio de 2026, cuando la tasa de renovación fue de 78%, en el contexto de mayores necesidades de pesos para atender el incremento estacional del gasto”, dice el informe.
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La tasa de renovación por arriba de 100% a lo largo del año contrasta con la tasa promedio de 84% registrada el año pasado, “cuando solo a comienzos de año fue significativamente superior al 100% y bajó al 25% en plena tensión monetaria y cambiaria de 2025. La política monetaria del Banco Central durante 2026, que derivó en la estabilidad de las tasas de interés e importantes compras de dólares por el BCRA, facilitó el aumento del financiamiento en pesos del Tesoro”, dice Quantum.
Condiciones más estables, plazos mayores
A una superior tasa de renovación de los vencimientos, el Tesoro sumó la extensión del plazo promedio de la deuda en pesos emitida a lo largo del año en curso. La evolución lo muestra claramente. El informe precisa que mientras en enero las colocaciones fueron a un plazo promedio de 0,46 años, en la más reciente licitación el plazo promedio fue 1,97 años, algo que se logró ofreciendo un menú diverso de instrumentos.
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“A principios de año, por ejemplo, las emisiones eran principalmente a tasa fija (Lecaps/Boncaps), mientras que en los últimos meses se han venido licitando instrumentos ajustables, tanto puros -como los bonos CER- como duales -TAMAR/CER a diciembre 2028 o TAMAR vinculada al dólar a enero 2028, como en la última licitación. Al respecto, el informe precisa que del stock total de títulos de deuda en pesos de fines de junio de este año, más del 70% era ajustable por CER.
Según Quantum, “la adecuación de la oferta a una mayor demanda de instrumentos con coberturas diversas permitió, entre otras cosas, que el BCRA mantenga estable la tasa de interés, en los niveles de 21-22% de Tasa Nominal Anual (TNA) que se observan desde mediados de abril de 2026”.
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Excedente de pesos y su impacto en la compra de dólares
Finalmente, el informe destacó que la renovación de deuda en pesos por encima de los vencimientos permitió que el Tesoro amasara un excedente en pesos de nada menos que $16,4 billones, equivalentes a 1,7% del PBI y a cerca de USD 11.000 millones a los tipos de cambio actuales.
“Esta fuente de recursos contribuyó a que durante 2026 el saldo de los depósitos del Tesoro en el BCRA aumentara en $4,2 billones -0,4% del PBI-, a $8,3 billones el pasado lunes 27 de julio, aunque cabe aclarar que los depósitos del Tesoro en el BCRA aumentan en $24,4 billones por la transferencia de utilidades contables de 2025 del BCRA al Tesoro y, a la vez, caen en $16,6 billones utilizados para cancelar Letras Intransferibles en poder del BCRA. Pases de manos que, en términos netos, mejoraron gracias al BCRA en $7,8 billones, equivalentes a USD 5.200 millones, los números de Economía, cifra que supera los vencimientos de deuda en dólares que el Tesoro abonó a principios de julio.
