Con Cristina y Máximo Kirchner conectados de manera virtual, empezó hoy el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que la Justicia buscará determinar si los fondos públicos que recibieron empresarios beneficiados por el kirchnerismo retornaron al patrimonio de la familia Kirchner a través de sus negocios hoteleros e inmobiliarios.
El juicio empezó a las 10.10, pero todavía no estaban conectados todos los acusados. “Falta Lázaro Báez”, anunció el secretario del tribunal. El presidente, el juez José Michilini, destacó lo “excepcional” de este sistema, con algunos acusados siguiendo el juicio a distancia.
En la sala no está la expresidenta pero sí sus abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, que también defienden en su primer juicio oral a Máximo Kirchner. La exmandataria y su hijo deberán estar conectados durante todo el tiempo que demore esa lectura. Hoy se los vio en la transmisión oficial, al igual que a los otros acusados. Ella escuchaba y leía papeles; él, cuando empezó la audiencia, fumaba un cigarrillo.
En la Sala AMIA está el excontador de los Kirchner Víctor Manzanares, que eligió asistir, a diferencia de la mayoría de los acusados, y está acompañado por su defensor, Roberto Herrera.
La jornada de este viernes está dedicada a la lectura del requerimiento de elevación a juicio de uno solo de los expedientes, Los Sauces. El tribunal tenía previsto iniciar con este caso y el año que viene, en otro juicio, poner en marcha el de Hotesur, pero la Casación unificó los procesos en uno solo y trastocó la agenda del juicio oral.
“Los empresarios, junto con los exmandatarios [por Cristina y Nestor Kirchner] y otros miembros de la organización, elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios a los propios expresidentes y su núcleo familiar […], tal como se investiga en estas actuaciones y en la causa 11352, públicamente conocida como Hotesur”, leyó el secretario del Tribunal.
Virtualidad
La virtualidad marcó el clima de esta primera cita. La ausencia de la expresidenta en la sala le quitó a la audiencia buena parte de la tensión que rodea en sus inicios a los juicios de corrupción. El contraste con el inicio del proceso del caso de los cuadernos de las coimas, hace casi un año, fue notorio. Hoy en la Sala AMIA hubo poco movimiento; predominó un ambiente de cordialidad, con intercambios entre los abogados y los funcionarios judiciales que se acercaron al tribunal.
El juicio que comenzó esta mañana es clave porque podría cerrar un gran círculo de corrupción: guarda relación con otros expedientes y ocupa un lugar central en el mapa judicial del kirchnerismo.
“El presente sumario no se despliega en soledad, sino que forma parte de un grupo de investigaciones englobadas”, leyó el secretario del tribunal e hizo referencia a las causas Hotesur, Vialidad y Oil Combustibles, entre otras.
Mientras que en la causa por Vialidad la expresidenta fue condenada a seis años de prisión luego de que se acreditara el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, en Hotesur-Los Sauces la Justicia buscará determinar si parte de los fondos obtenidos por Báez reingresaron al patrimonio de la familia Kirchner mediante el alquiler de hoteles y propiedades.
La conexión entre ambas causas quedó reflejada en la sentencia dictada en 2022. Los jueces que condenaron a la expresidenta hicieron expresa referencia a sus vínculos comerciales con Báez y marcaron que la suerte del empresario con la obra pública no podía serle indiferente.
Según consta en la documentación del juicio que se inicia hoy, de las empresas de Lázaro Báez, en concepto de alquileres de hoteles, los Kirchner recibieron, directamente en sus cuentas personales o en las de la sociedad que controlaban, más de 40 millones de pesos entre 2008 y 2013.
Pero Hotesur-Los Sauces va más allá de Báez y los desmanejos de la obra pública de Santa Cruz. Bajo la lupa judicial también figuran los negocios inmobiliarios que los Kirchner mantuvieron con Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo.
Por parte de López y De Sousa, la familia Kirchner recibió más de 19 millones de pesos, mayormente por el alquiler de departamentos en Puerto Madero.
En este caso, el beneficio recibido por los empresarios no provino de la obra pública, sino de una supuesta retención indebida de impuestos. Oil Combustibles, la empresa petrolera del grupo Indalo, se habría hecho con más de 8 mil millones de pesos al cobrar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y no ingresarlo a la AFIP.
Esta parte de la maniobra también tuvo un capítulo judicial previo: la causa por Oil Combustibles, que lleva más de diez años de recorrido. El exdirector de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado, pero los empresarios López y De Sousa fueron absueltos, y está pendiente una resolución definitiva de la Corte Suprema.
Ninguno de estos vínculos comerciales está controvertido: llegan al juicio oral acreditados desde la instrucción, con documentación y peritajes contables.
De hecho, uno de los argumentos utilizados por las defensas es que los pagos están bancarizados, motivo por el cual, aseguran, no hubo ningún intento de ocultamiento.
La discusión central del juicio no será, entonces, si existieron esos vínculos comerciales, sino si las operaciones fueron utilizadas para lavar dinero, como sostiene la acusación, o si se trató de negocios legítimos, como argumentan las defensas.
Lavado
En Hotesur-Los Sauces, serán juzgados por lavado y otros delitos Cristina y Máximo Kirchner, los empresarios y el resto de los imputados, que son profesionales, mediadores o personas que ocuparon alguna dirección en las sociedades implicadas, como Romina Mercado.
Los fiscales que instruyeron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, consideran a Vialidad como el delito precedente en el caso de Báez y a Oil Combustibles como el delito precedente para López y De Sousa. En el juicio, esto será sostenido por el fiscal Diego Velasco.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. Se desarrollará a un ritmo de tres audiencias semanales y se transmitirá por YouTube, indicaron fuentes judiciales.
La audiencia de este viernes se realiza en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py y está destinada a una lectura resumida de las acusaciones. Los imputados podrán participar de manera virtual durante esta etapa inicial, aunque deberán asistir luego a las indagatorias. Los abogados defensores sí deberán estar presentes en la sala.
El origen
Según la acusación, la génesis de la maniobra comenzó en 2008, con la compra de Hotesur. Néstor Kirchner pagó casi 5 millones de dólares por la totalidad de las acciones de la sociedad, propietaria del hotel Alto Calafate, y utilizó a un hombre de su confianza, Osvaldo Sanfelice, para concretar la operación.
Ese día, Sanfelice llevó más de 3 millones de dólares en efectivo a una sucursal del Banco Santander Río, ubicada en la calle 25 de Mayo 140, en la ciudad de Buenos Aires. Los 1.632.000 dólares restantes fueron transferidos desde el Banco de Santa Cruz.
Kirchner ya había adquirido por 700.000 dólares la hostería Las Dunas, también en El Calafate. En aquella operación intervino su hijo Máximo, quien lo representó ante el escribano.
Luego vendría la compra de La Aldea, en abril de 2009, a través de la sociedad Los Sauces.
¿De dónde provino el dinero inicial para comprar los hoteles? Los fiscales identificaron tres grandes fuentes de financiamiento: los negocios inmobiliarios y préstamos con empresas del propio Lázaro Báez; la compraventa de tierras fiscales en Santa Cruz, adquiridas a precios reducidos y revendidas con ganancias extraordinarias; y los créditos concedidos por el Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi.
Días antes de la compra de Hotesur, en 2008, el banco le concedió préstamos que sumaron más de 10 millones de pesos, que, según los fiscales, fueron otorgados a la misma tasa que la entidad pagaba a la familia por sus depósitos a plazo fijo.
Adquiridos los hoteles, los Kirchner entregaron su administración y explotación a Valle Mitre, del empresario Báez.
