01 Oct, 2026 01:23 a. m. EST
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó la suspensión de los comicios para renovar autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), previstos para el 7 y 8 de octubre, y dispuso reprogramarlas para el 17 y 18 de diciembre próximo debido a los “impedimentos, anomalías y déficits” que fueron detectados en el proceso electoral.
El fallo, firmado por los jueces Gabriela Vázquez y Enrique Catani, también designó un veedor judicial para supervisar todo el proceso electoral.
El tribunal detectó irregularidades graves en el padrón electoral, en la ubicación de las mesas de votación y en la exclusión de una de las agrupaciones participantes de 6 seccionales. Ante ese cuadro, los jueces concluyeron que celebrar los comicios en las condiciones actuales no sería una elección real sino —en sus propias palabras— un mero remedo del ejercicio democrático”.
La UTA es el sindicato que agrupa a los choferes de colectivos de larga distancia y transporte automotor de pasajeros y del personal de subtes y está liderado por Roberto Fernández, de 82 años, que competirá por la reelección para el puesto que ejerce desde 2008.
En estos comicios, de manera inédita, Fernández se enfrentará a 3 candidatos opositores: Alberto Patiño, actual secretario de Organización del gremio, que se presenta al frente de la Lista Marrón; Maximiliano Escriba, postulante de la Lista Negra, apadrinada por Miguel Angel Bustinduy, ex opositor al jefe de la UTA, y Claudio Gómez, quien encabeza la Lista Bordó, auspiciada por el trotskista Rubén “Pollo” Sobrero.
Tras la suspensión electoral, Fernández difundió un comunicado en el que afirma: “Una vez más, como pasó en 2022, nos encontramos con piedras en el camino de quienes se dicen compañeros pero persiguen otros intereses ajenos a los de la UTA porque no quieren que se vote y judicializan la política gremial”.
“Somos respetuosos de los fallos judiciales, aunque no los compartamos, y como dirigentes serios no vamos a gastar energía quejándonos del obstáculo ya que está ahí -agregó-. Esta demora nos convoca a redoblar esfuerzos para que en diciembre llenemos de votos las urnas, que los afiliados de UTA elijan su destino y les digamos basta a quienes judicializan la política gremial, con apoyo empresario y pertenencia a otro gremio”.
El conflicto comenzó luego de que la Lista Negra presentó una denuncia judicial por irregularidades en el padrón y en el procedimiento de oficialización de sus candidatos.
El núcleo de la decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo está en una serie de irregularidades que el tribunal detectó al revisar los documentos que la propia Junta Electoral Central de la UTA aportó a la causa.
El padrón registra 2.870 bajas, todas procesadas entre junio y el 24 de agosto de 2026, período que coincide con el desarrollo del proceso electoral convocado el 14 de julio. La causal consignada en todos los casos es idéntica, cese laboral (por despido o renuncia), pero ningún registro indica la fecha exacta de finalización de la relación laboral, dato que la ley exige para verificar si el trabajador aún tenía derecho a votar. La normativa vigente protege la afiliación durante los 6 meses posteriores al despido o renuncia, lo que significa que un trabajador desvinculado sigue habilitado para sufragar en ese período.
Además, la documentación del padrón se interrumpe el 24 de agosto pasado. Los cambios posteriores a esa fecha carecen de respaldo documental verificable en la causa.
El padrón de la UTA comprende 494 mesas y 61.664 electores, con un promedio de 125 votantes por mesa. El problema es la distribución: 11 mesas superan los 600 electores, con picos de 1067, 1037 y 1000. El Código Electoral Nacional fija un máximo de 350 electores por mesa para los comicios políticos generales.
En el extremo opuesto, 4 mesas tienen un único elector empadronado y otras 11 no llegan a 4. La Cámara advirtió que esa configuración compromete el secreto del voto: en una mesa con un solo votante, el escrutinio revela inevitablemente el sentido de su sufragio.
También se detectaron mesas ubicadas en lugares que no figuraban en la convocatoria original, un problema que también fue denunciado de forma coincidente por otras dos de las nóminas opositoras a Fernández.
La Resolución 25/26 de la Junta Electoral, del 24 de septiembre, aprobó, mandó imprimir y ordenó distribuir las boletas, según afirma el fallo, pero el documento contiene un error que el tribunal consideró al menos revelador: consigna que las boletas se usarán en “los comicios previstos para el 7 y 8 de diciembre de 2026”, fecha que no corresponde a ninguna convocatoria vigente.
Más allá del error de fecha, la resolución reconoce que el modelo de las boletas “de todas las listas” fue confeccionado por la propia Junta Electoral y enviado a imprenta sin que cada agrupación diera su conformidad previa sobre su propio material electoral.
La misma resolución admite que sólo la lista oficialista quedó “oficializada en su totalidad”, mientras que la oficialización de las tres restantes “contiene excepciones de algunas Juntas Seccionales Locales”.
Según los camaristas, el documento denominado “Revisión de Reclamaciones”, del 22 de septiembre, reveló otro conjunto de problemas. La Junta Electoral admitió más de 500 incorporaciones al padrón solicitadas por la Lista Celeste y Blanca, del oficialismo, sobre la base de documentación que no fue exhibida a las demás agrupaciones ni sometida a ningún procedimiento de impugnación en sede electoral.
Al mismo tiempo, se dispusieron “más de 1.000 exclusiones adicionales”, todas sin la audiencia previa que el estatuto de la UTA impone para las tachas.
La Cámara de Apelaciones del Trabajo descartó explícitamente dos alternativas más drásticas: anular todo el proceso y reemplazar a la Junta Electoral por delegados designados por la Justicia. La primera opción habría cancelado candidaturas ya oficializadas; la segunda habría afectado la autonomía sindical. La Lista Marrón había pedido expresamente que no se anulara el proceso ni se perdieran las candidaturas ya aprobadas.
La solución adoptada es lo que el fallo denomina una “retrogradación parcial”: volver al estadio de presentación de listas y avales, con reapertura de ese período, pero manteniendo vigente la convocatoria del 14 de julio, la constitución de la Junta Electoral Central y todos los actos anteriores que no estuvieron viciados.
La Corte Suprema había descalificado en el pasado pronunciamientos que, en materia electoral sindical, dispusieron soluciones más gravosas que las peticionadas por las partes. El tribunal citó ese antecedente para justificar los límites de su intervención.
En su sentencia, los jueces establecieron una hoja de ruta detallada. La Junta Electoral tiene 3 días para depositar en la Cámara el padrón completo de electores activos y pasivos, con la totalidad de las altas y bajas y su documentación respaldatoria.
Desde ese depósito, se abre un período de 10 días hábiles para la presentación de listas. Las agrupaciones pueden reformular sus candidaturas o reiterar las anteriores. La oficialización definitiva de todas las listas deberá quedar resuelta a más tardar el 30 de octubre próximo.
Según establece el fallo, las mesas definitivas deben quedar designadas antes del 1° de diciembre, con un máximo de 600 electores cada una. Las boletas deben estar en poder de la Junta Electoral con al menos 10 días de anticipación a los comicios. El escrutinio y la proclamación deben concluir antes del 29 de diciembre, para permitir la entrega de cargos antes del vencimiento de los mandatos, el 3 de enero de 2027.
La Cámara incluso fijó reglas vinculantes para que el organismo electoral no pueda repetir las mismas irregularidades. Cada baja del padrón debe consignar la causa y la fecha exacta de extinción del vínculo. Ningún trabajador puede ser excluido si está dentro del período semestral de protección de su afiliación. Toda alta debe tener documentación respaldatoria exhibida a todas las agrupaciones. Y ninguna tacha puede resolverse sin audiencia previa del afiliado.
Además, las mesas de votación sólo pueden instalarse en los lugares que figuran en la convocatoria original. Ninguna puede superar los 600 electores. Los establecimientos con pocos trabajadores deben incorporarse a la mesa más próxima del mismo lugar de votación para preservar el secreto del sufragio.
La Cámara designó al abogado Matías Cremonte como veedor judicial, cuyas facultades incluyen presenciar todas las sesiones de la Junta Electoral —que deberá notificarle cada reunión con anticipación—, acceder de manera irrestricta a todos los registros y bases de datos, obtener copias de cualquier documento, presenciar el acto de votación y el escrutinio, y requerir el auxilio de la fuerza pública si alguien obstaculiza su tarea. También puede proponer la integración de un cuerpo de auxiliares para el despliegue territorial de la fiscalización.
