La discusión por el destino de los fondos y de la transparencia de las tasas rurales suma un nuevo distrito en la provincia de Buenos Aires. Productores del partido bonaerense de Saladillo iniciaron un pedido formal de acceso a la información pública para conocer qué destino tuvieron los recursos recaudados por la tasa de red vial y la tasa de guías ganaderas. Tras analizar la documentación entregada por el municipio, ahora evalúan avanzar con una presentación judicial al advertir presuntas inconsistencias entre lo recaudado y lo invertido en caminos rurales. Entre los datos que les llamó la atención se cuenta el gasto de $70 millones para la Fiesta de la Galleta de Piso en 2025 y la nula inversión en obras hídricas.
El reclamo se enmarca en una movida que en los últimos meses comenzó a extenderse por distintos distritos bonaerenses, donde productores buscan transparentar el uso de los fondos provenientes de las tasas rurales y exigir que esos recursos se destinen efectivamente al mantenimiento de la infraestructura vial.
El planteo también adquiere relevancia por el contexto político del distrito. Saladillo es el único municipio bonaerense gobernado de manera ininterrumpida por el radicalismo desde el regreso de la democracia, en 1983. Luego de las gestiones de Francisco Ferro y Carlos Antonio Gorosito, el actual jefe comunal, José Luis Salomón, transita su tercer mandato.
En Saladillo, el planteo es impulsado por la Sociedad Rural local, que sostiene que el deterioro de los caminos afecta la producción, el transporte de hacienda y granos e incluso el acceso a escuelas rurales durante los períodos de inundaciones.
“Saladillo es un partido chico, tiene 265.000 hectáreas, pero tiene muchas unidades productivas. Tiene 1400 kilómetros de caminos rurales dependientes del municipio, lo cual es mucho para la superficie del partido. Este tema viene de larga data”, explicó a LA NACION Ignacio Bustingorri, presidente de la entidad.
El dirigente señaló que el conflicto comenzó hace un año y medio, cuando la Rural pidió precisiones sobre el destino de la tasa de guías, un tributo que, según indicó, genera una recaudación similar a la de la red vial.
“Le preguntamos al municipio en qué la gastan. Y, si no saben en qué la gastan, por lo menos que no la actualicen por inflación. Porque la tasa tiene que tener una contraprestación fija y los funcionarios no saben en qué la están gastando”, afirmó.
Según Bustingorri, ante la falta de respuestas, decidieron convocar a una asamblea que reunió a más de 120 productores. Allí definieron avanzar con un estudio de las cuentas públicas del municipio. Ese análisis, sostuvo, reveló diferencias entre los recursos obtenidos y los montos destinados a la infraestructura rural.
“En la propia rendición de cuentas del municipio figuraba que por red vial se habían recaudado unos $1189 millones y en caminos rurales se habían gastado $790 millones. Pero lo más llamativo es que por guías se habían recaudado $1075 millones y al mantenimiento de caminos rurales y obras hídricas se había gastado cero. La plata de guías va completa a cuentas generales y a otros gastos del municipio”, aseguró.
El dirigente también puso el foco en la infraestructura hídrica. Indicó que el Canal 16, una obra realizada durante la gestión provincial de Eduardo Duhalde a comienzos de la década de 1990, lleva años sin el mantenimiento necesario. A su entender, esa falta de intervención, sumada al escaso trabajo sobre canales y desagües, incrementa el riesgo de inundaciones y agrava los problemas de transitabilidad en los caminos rurales.
A partir de esos datos, la Sociedad Rural presentó un pedido formal de acceso a la información pública. Como respuesta, indicó Bustingorri, el municipio entregó unas 15.000 páginas correspondientes a las rendiciones de cuentas de los últimos tres ejercicios.
“Nos contestaron entregándonos 15.000 hojas de las últimas tres rendiciones de cuentas en una actitud como diciendo: ‘Ahora búsquenla ustedes a la información’. Lo que hicimos fue procesar esas cantidad de páginas y salió mucha información muy interesante sobre todo de cómo se gasta esa plata”, relató.
Para el dirigente, el problema no radica en el cobro de las tasas sino en la falta de una contraprestación acorde. “Nosotros nunca vamos a decir que no hay que pagar la tasa. Lo que queremos saber es en qué la gastan, cómo la gastan y cómo se podría gastar mejor”, señaló.
En ese sentido, cuestionó el estado del parque vial municipal y la escasa inversión realizada durante los últimos años. “Si hubieran destinado el 30 o el 40% de lo que recibieron por guías podrían haber comprado más de una motoniveladora por año. ¿Cuántas compraron en los últimos 15 años? Una, y la compraron con crédito”, expresó.
También describió las dificultades que enfrentó la producción durante las inundaciones del año pasado. “Estuvimos sin poder ingresar camiones desde el 10 de marzo hasta el 10 de diciembre. Hubo escuelas rurales con más de cuatro meses sin clases porque no se podía acceder y aun así destinaron muy poco al mantenimiento de caminos ni hicieron obras hídricas”, afirmó.
Bustingorri remarcó que el objetivo del reclamo no es dejar de pagar tributos. “Lo más grave no es el pago sino la falta de contraprestación. No es un llamado a no pagar la tasa; es un llamado a que, si se paga, se tenga una contraprestación eficiente”, enfatizó.
En este escenario cuestionan las prioridades del gasto municipal. Según señalaron, mientras el intendente les manifestó en distintas reuniones que el municipio enfrenta “muchas necesidades” que dificultan destinar más recursos a los caminos rurales, en la rendición de cuentas detectaron partidas que consideran alejadas de las demandas del sector. Entre ellas mencionaron una erogación cercana a $70 millones para la Fiesta de la Galleta de Piso durante 2025, un monto que, sostienen, podría haberse destinado a reforzar el mantenimiento de la red vial.
El caso es acompañado por el abogado Pablo Torres Barthe, quien representa legalmente a la entidad y viene impulsando acciones similares en otros municipios bonaerenses. “Presentamos el pedido de acceso a la información pública y el municipio entregó tres cajas con las rendiciones de cuentas de 2023, 2024 y 2025. Y encontramos muchas inconsistencias”, sostuvo.
Según explicó, una de las diferencias detectadas aparece en las metas informadas por la propia administración municipal. “Tenían pensado mantener en 2025 unos 4600 kilómetros de caminos rurales, pero tienen menos de 1500 kilómetros. Lo más grave es que en la rendición de cuentas terminaron diciendo que mantuvieron 10.000 kilómetros de caminos rurales”, señaló.
El abogado también cuestionó los datos vinculados al consumo de combustible destinado al mantenimiento vial. “Se estima que el promedio para mantener un kilómetro de camino rural es de entre 30 y 40 litros de gasoil. Pero como nadie ve esos números, ni siquiera los concejales, los dibujan y ponen lo que se les ocurra”, afirmó.
Frente a ese escenario, adelantó que la estrategia legal podría escalar si las inconsistencias detectadas se confirman durante el análisis técnico. “Cuando tengamos los números y las inconsistencias, si son severas, se analizará ir a la Justicia penal. Queremos sacar la diferencia entre lo ingresado por tasa y lo gastado en caminos y pedir que el municipio devuelva ese dinero y lo destine a la reparación de los caminos rurales con supervisión de la Justicia y de los productores”, concluyó.
LA NACION intentó comunicarse con el municipio, pero aún no tuvo respuesta.
