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La expansión global de Huawei como punta de lanza de la estrategia tecnológica y militar del régimen chino ha modificado el tablero geopolítico y de seguridad internacional. La empresa, fundada en 1987 por Ren Zhengfei, se erige hoy como símbolo de la simbiosis entre el desarrollo tecnológico, el poder estatal y la influencia del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Esta relación excede lo meramente comercial y plantea interrogantes de fondo sobre la seguridad, la soberanía y la autonomía de los países que adoptan los servicios y productos de la compañía.

Las advertencias surgen desde los países desarrollados que temen que Beijing interfiera en sus comunicaciones y sus servicios: Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Francia, Alemania, Rumania, Japón y Taiwán. En las últimas horas, fue el Departamento de Estado norteamericano el que advirtió a la empresa Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) por un contrato con Huawei para el despliegue de una red de fibra óptica, y analiza revocarles las visas a las autoridades de la compañía encargada de la distribución de energía en la provincia patagónica. Fuentes confiables fueron más allá en conversación telefónica con Infobae: esas sanciones o restricciones de visa podrían ampliarse a otras corporaciones y miembros de sus directorios que multipliquen su colaboración o contratos con el gigante tecnomilitar chino.

El vínculo entre Huawei y el aparato estatal de China nunca fue secreto. Las leyes chinas exigen que las grandes compañías incorporen a miembros del Partido Comunista Chino (PCC) en sus directorios. Esta obligación transforma a cada empresa relevante en un eslabón de la estructura de poder del Estado. La penetración de Huawei en la red 5G global —un sistema que permitirá la transmisión inmediata de datos en todo el planeta— representa mucho más que un salto tecnológico: implica la posibilidad de que el régimen comandado por Xi Jinping acceda a información estratégica de usuarios, empresas y gobiernos de decenas de países. Un desembarco encriptado. Estados Unidos y los países europeos más relevantes toman nota de aquellas naciones que se entregan sin restricciones a Huawei.

La protección que otorga el Estado chino a Huawei es visible tanto en la diplomacia como en la economía. Xi Jinping utiliza a la firma como un activo central en su política exterior, defendiendo sus intereses en organismos multilaterales y enfrentando a potencias como Estados Unidos cuando la empresa se ve amenazada.

La estrategia china no se limita a la defensa retórica o a la presión diplomática. El modelo de préstamos y financiación que despliega en América Latina, África y Asia tiene como contrapartida la cesión de recursos naturales y la autorización para instalar infraestructuras críticas, como bases militares y redes de telecomunicaciones. En países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, los créditos chinos abrieron la puerta a la influencia tecnológica de Huawei, que busca controlar el despliegue de la red 5G en mercados emergentes. Y mantenerlos bajo su paraguas financiero y tecnológico.

Ejecutivos e ingenieros de Huawei colaboraron durante años con órganos del EPL en proyectos de investigación avanzados. Las áreas varían desde la inteligencia artificial hasta el procesamiento de imágenes satelitales y la clasificación de emociones en videos publicados en línea. La empresa tecnomilitar niega la existencia de un vínculo institucional permanente, pero las coincidencias en los perfiles de los participantes y la naturaleza de las investigaciones refuerzan las sospechas de una colaboración estructural.

El avance de la red 5G ha encendido las alarmas en varias democracias, especialmente en India, Japón, Australia, Estados Unidos y países europeos. Las autoridades de India bloquearon la entrada de Huawei y ZTE al sector tras un incidente fronterizo con China y la revelación de que aplicaciones chinas transmitían datos sensibles a Beijing. El gobierno de Australia también prohibió el acceso de la compañía a sus redes, citando riesgos para la seguridad nacional y la confidencialidad de las comunicaciones.

En este contexto de control y vigilancia sobre personas y empresas chinas, el régimen promulgó recientemente tres normas que refuerzan de manera explícita la subordinación de todas las entidades y ciudadanos al diseño estratégico del Estado. Huawei podría actuar como una herramienta de seguimiento y control esencial para ese objetivo de represión transnacional. La llamada Ley de Unidad Nacional tiene como objetivo integrar y condicionar ideológicamente a la sociedad, mientras el Decreto 835 responde a la extraterritorialidad y permite incluso desconocer las leyes de otros países cuando afecten intereses chinos. El Decreto 837 establece un marco integral para controlar y orientar las inversiones chinas en el exterior bajo el pretexto de la “seguridad nacional”. Todas las inversiones fuera de China deben alinearse con lo que el régimen denomina “seguridad del régimen” y someterse a revisiones estatales. El concepto de seguridad nacional, lejos de limitarse a la defensa o el terrorismo, abarca tecnología, datos, finanzas, cadenas de suministro, cultura, energía y estabilidad política. ¿Qué mejor que tener una corporación que controle a las otras empresas chinas -y extranjeras- en sus comunicaciones para ejercer esa autoridad fuera del territorio chino?

Uno de los aspectos más polémicos de estas normas es la discrecionalidad del Consejo de Estado y los ministerios competentes para permitir, restringir o incluso obligar a desinvertir en operaciones en el extranjero. El Decreto 837 prohíbe exportar o utilizar en el exterior determinados bienes, tecnologías y datos sin autorización, e impone un sistema de revisión de seguridad para toda inversión externa. Las empresas chinas, incluyendo Huawei, y sus empleados están obligados a colaborar plenamente, incluso cuando deban responder ante autoridades extranjeras, y deben dar prioridad a la protección de los intereses del Estado chino por encima de legislaciones locales.

La política de “diplomacia del Wolf Warrior”, impulsada desde Beijing, acompaña estas disputas tecnológicas con campañas mediáticas y presiones económicas. Medios oficiales advierten sobre supuestas represalias para los países que rechacen a Huawei, mientras se presenta al régimen como víctima de una tendencia “anti-China”.

Empresa tecnomilitar

La dimensión militar del fenómeno se acentúa al analizar el perfil de Ren Zhengfei, fundador de la empresa y ex miembro del Ejército Popular de Liberación. Su experiencia en innovación y ciencia militar marcó la orientación de Huawei desde los inicios. El crecimiento de la empresa se apoyó en la transferencia de conocimiento y tecnología lograda a través de la colaboración —y en ocasiones el espionaje industrial— con actores estatales. Las denuncias de robo de información confidencial a competidores internacionales forman parte del historial de la compañía. Este modelo de articulación entre tecnología, Estado y fuerzas armadas no solo responde a una lógica interna china. La exportación de este esquema a otras regiones, mediante préstamos, inversiones y convenios de cooperación, amplía la presencia de Huawei mucho más allá de los límites del mercado. América Latina es uno de los escenarios donde la influencia se despliega con mayor claridad.

El deterioro económico de varias naciones de la región facilita el avance de la empresa. Gobiernos latinoamericanos utilizan al yuan como moneda de intercambio y la cesión de contratos estratégicos a Huawei como parte de un acuerdo más amplio con China. Sus bancos centrales también reciben ayudas temprarias, cuyos contratos no conocen ni los miembros de los congresos locales. Este tipo de pactos coloca a la empresa en el centro de la agenda política, económica y de defensa de los Estados involucrados.

La obligatoriedad de incorporar miembros del Partido Comunista Chino en las empresas y la colaboración documentada con el ejército convierten a Huawei en un actor híbrido, a medio camino entre la corporación y el brazo extendido del Estado y sus fuerzas armadas. Esta característica la diferencia de otras multinacionales tecnológicas y alimenta la desconfianza de gobiernos y agencias de inteligencia en todo el mundo.

X: @TotiPI

El petróleo inició la semana con subas ante la falta de certezas sobre el futuro del estrecho de Ormuz, cuya navegación permanece reducida en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos. En la sesión asiática de este lunes, el crudo Brent subió 0,6% hasta los 84,04 dólares por barril, mientras que el petróleo WTI (West Texas Intermediate) avanzó 0,5% hasta los 78,56 dólares.

El movimiento de los precios coincidió con la confirmación de Teherán de que las conversaciones con Omán para definir nuevas condiciones y corredores de navegación en el estrecho se encuentran en su etapa final. Sin embargo, Irán mantiene que la reapertura de la vía marítima depende además de otras exigencias dirigidas a Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo que las negociaciones con Omán sobre el tránsito y la administración del paso marítimo “se acercan a su etapa final”. La definición no establece una fecha para la reapertura de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte internacional de petróleo y gas.

Teherán exige el fin de las hostilidades contra su territorio y sus aliados, el levantamiento de las sanciones económicas, la liberación de activos congelados y una compensación por los daños causados durante la guerra. Esas condiciones forman parte de la posición iraní para avanzar hacia la reapertura del estrecho.

Los Guardianes de la Revolución de Irán ratificaron el domingo que el paso permanecerá bloqueado hasta que Estados Unidos acepte “todas nuestras condiciones”. La fuerza iraní también afirmó que “el estrecho es ahora para nosotros un verdadero escenario de guerra”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativizó las exigencias de Teherán y descartó la necesidad de una respuesta inmediata. “Nos lo estamos tomando con calma”, afirmó en una entrevista con Axios. En esa misma conversación agregó: “Solo estamos negociando a medias con ellos”.

Trump también vinculó la presión sobre Irán con la situación económica del país y mencionó la inflación elevada y las restricciones de financiamiento.

La disputa por el estrecho de Ormuz tiene un impacto directo sobre el comercio internacional de hidrocarburos. El tránsito marítimo por la zona se redujo a niveles mínimos, mientras los ataques contra embarcaciones aumentaron la incertidumbre sobre las rutas disponibles para los cargamentos de petróleo y gas.

Omán ocupa un lugar central en las conversaciones por su condición de país ribereño del estrecho y por su papel como mediador. Desde Mascate se impulsan negociaciones sobre las condiciones de navegación. La cancillería omaní describió el proceso como “positivo y constructivo” y pidió evitar acciones que puedan afectar los avances alcanzados.

La tensión marítima también registró nuevos incidentes durante el fin de semana. Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque con misil contra un buque petrolero de la estatal ADNOC cuando atravesaba el estrecho. Más tarde, la agencia marítima británica UKMTO informó que otra embarcación recibió el impacto de un proyectil frente a la costa de Omán. El episodio provocó un incendio que fue controlado sin víctimas. No quedó establecido de inmediato si ambos reportes correspondían al mismo hecho.

El escenario también incluye un memorando posterior a la tregua fallida de abril. El entendimiento, firmado en junio, estableció una hoja de ruta para negociaciones más amplias y asignó a Irán y Omán la tarea de definir futuras reglas de navegación, en coordinación con otros países del Golfo y bajo las normas del derecho internacional.

Ese marco enfrenta además la intención iraní de establecer una especie de peaje para el tránsito por el estrecho, una medida que genera diferencias sobre las condiciones aplicables a la navegación.

En paralelo, los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciaron el domingo un ataque contra una instalación petrolera saudita situada en la costa del mar Rojo. Ese corredor constituye otra ruta relevante para el comercio internacional de hidrocarburos.

En los mercados financieros, la evolución del petróleo también quedó vinculada con las expectativas sobre las tasas de interés de Estados Unidos. El mercado redujo la probabilidad de una suba de la Reserva Federal en septiembre hasta alrededor del 45%, frente al 67% de una semana antes, después de un informe laboral estadounidense que redujo las expectativas de un incremento de los costos de financiamiento a corto plazo.

Los inversores también aguardan el informe de inflación de Estados Unidos correspondiente a julio, previsto para el miércoles. Los analistas consultados esperan una suba de 0,1% en el índice general y de 0,2% en el indicador subyacente.

Mientras tanto, el mercado petrolero permanece atento a cualquier anuncio sobre la navegación por Ormuz. La ausencia de una fecha para la reapertura y las condiciones planteadas por Teherán mantienen la incertidumbre sobre el tránsito de buques y sobre la evolución de los precios internacionales del crudo.

A través del Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera (UIF) fijó un nuevo marco regulatorio que alcanza a todos los Registros de la Propiedad Inmueble del país y se orienta a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La disposición quedó asentada mediante la resolución 93/2026 que lleva la firma del actual jefe del organismo, Matías Gabriel Álvarez, designado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, en abril. La misma comenzará a regir 90 días después de su publicación.

Los cambios se hicieron sobre dos resoluciones que databan de 2011. La N° 41/2011 fue reemplazada, mientras que sobre la resolución 70/2011 se derogó el artículo 12. De esta manera, los registros de todo el país deberán adoptar un sistema de prevención con enfoque basado en riesgo que implica que cada organismo debe identificarlos, evaluarlos y mitigarlos, según sus propias características y la operatoria que registra.

Otra de las novedades recae sobre el régimen de reportes mensuales. Hasta ahora, los registros debían informar a la UIF las inscripciones de compraventa de inmuebles por montos superiores a 750 salarios mínimos, vitales y móviles, y las inscripciones de usufructo vitalicio en inmuebles con valuaciones superiores a 200 salarios mínimos. Con la nueva norma, desaparece la obligación de reportar el usufructo vitalicio y se agregan dos categorías nuevas: las inscripciones de donaciones y los actos sobre inmuebles otorgados en el extranjero.

Los reportes deberán presentarse antes del día 15 de cada mes y en formato digital. En el caso específico de la referencia a los actos otorgados en el extranjero, significa que los registros deben reportar todas las inscripciones que correspondan a la constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles cuando el acto jurídico que les da origen fue realizado fuera de Argentina. Esas operaciones que monitorean y controlan operaciones internacionales, que puedan tener impacto en el sistema registral argentino, deben ser informadas a la UIF.

La resolución también elimina la exigencia de que los sujetos obligados presenten una declaración jurada sobre el cumplimiento de las normas de prevención. El organismo justificó la supresión de ese requisito en que la información puede verificarse directamente a través de fuentes y registros oficiales, por lo que mantenerlo implicaría una duplicación de trámites innecesaria.

En cuanto a las obligaciones estructurales, cada registro de la propiedad inmueble de cada jurisdicción deberá designar un Oficial de Cumplimiento titular y uno suplente, registrados ante el organismo. Ese funcionario será responsable de proponer políticas internas, elaborar un manual de prevención, analizar operaciones inusuales y reportar operaciones sospechosas al organismo. La norma fija plazos estrictos: 24 horas para reportar operaciones sospechosas vinculadas a lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas, con un tope de 90 días corridos desde que la operación fue realizada en los casos de lavado.

Los registros también deberán implementar herramientas tecnológicas para monitorear su operatoria, dado que su rol implica inscribir y dar publicidad a los actos y derechos reales sobre inmuebles, como compraventas, hipotecas, donaciones, embargos y otras operaciones.

La norma enumera señales de alerta que deben tenerse especialmente en cuenta, como inscripciones sucesivas sobre un mismo inmueble en las que el precio varía más del 30% en un año, la concentración de múltiples operaciones en cabeza de una misma persona o inconsistencias en los datos de identificación de los intervinientes.

Además, cada sujeto obligado deberá contar con un Manual de Prevención de los mencionados delitos y un Código de Conducta que contemple sanciones internas ante incumplimientos.

Los registros están obligados a conservar la documentación de las operaciones y de las operaciones inusuales por un plazo de 10 años. Tendrán 240 días corridos desde la publicación para adecuar el manual, aprobar el código de conducta y ajustar sus herramientas tecnológicas, y la nueva modalidad de reportes regirá a partir de noviembre de 2026.

Tras la sesión que finalizó en la madrugada del viernes pasado, que dejó como saldo una ley de propiedad privada fileteada con anticipación y trifulcas en las afueras del Congreso -salvo para las cuentas de Patricia Bullrich y de la Casa Rosada-, el oficialismo senatorial buscará dejar atrás la abultada cadena de errores de las últimas semanas e intentará reordenar la agenda en la Cámara alta: habrá dos audiencias públicas por pliegos judiciales y otras dos reuniones para continuar con el análisis de una nueva norma sobre Sociedades y el Súper RIGI.

El desafío no es menor. Ya hace tiempo, sin Manuel Adorni como excusa principal y una oposición ya no tan dialoguista, que se hartó de ser tratada como empleada y no como par -correlato en gobernadores y un ramillete de promesas incumplidas, más clásicas picardías peronistas para arañar protagonismo-, La Libertad Avanza tendrá que hacer frente a una serie de proyectos que aguardan desde hace meses en el Senado, a 45 días del aterrizaje del Presupuesto 2027 en Diputados. Una vez que dicho texto ingrese en la Cámara baja, nadie asegura un debate fácil para el resto de las iniciativas.

Con el reloj de arena dado vuelta por los propios “aliados”, que vieron abierta la ventana para dejar de estar agazapados y mostrar sus verdaderas cartas, los libertarios no tuvieron mejor idea que aplicar una de las máximas que se pregona desde Balcarce 50: ganar aún en la derrota. No salió como lo esperado: las operaciones cruzadas para quedar libre de culpa embadurnaron aún más el escenario y ya no interesan, ni siquiera, en la base de votantes mileístas.

El ejemplo más contundente fue la enjabonada olímpica de Bullrich y otros para que el peso de lo ocurrido con propiedad privada cayera, en un 100%, en el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien -por supuesto- formó parte de la cadena de responsabilidad y fue quien hizo posponer la sesión de julio a agosto. No así lo del jueves pasado. Con lo ocurrido en las últimas horas, solo faltó un coro para cantar la jugada, que se vio a 1.000 kilómetros de distancia. Entonces, bajo esa perspectiva, y si el funcionario fuese el diablo, ¿por qué se sostiene el convite de mañana para la ley de Sociedades? Curioso.

Durante la misma jornada, la comisión de Acuerdos continuará con los pliegos judiciales, uno de los pocos senderos donde se logra mostrar un avance concreto y donde todos ganan algo, sin tanta pelea. Esto se repetirá el miércoles, día en el que también se seguirá la discusión sobre el Súper RIGI, que viene de Diputados y espera la sanción definitiva antes que finalice el corriente mes.

Un detalle que pasó desapercibido y se conoció el fin de semana. Según confiaron fuentes legislativas a Infobae, durante la sesión en la Cámara alta y mientras se desarrollaba el operativo policial en las afueras del Congreso, la vicepresidenta entonces a cargo del Ejecutivo -por el viaje al exterior de Javier Milei-, Victoria Villarruel, en el punto más álgido de la batalla callejera, solicitó hablar con los responsables e, incluso, con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Fueron minutos de tensión, con un grupo muy reducido de personas -de máxima confianza de la titular del Senado- que sirvió de enlace con un puñado de jefes policiales. Todo fue bajo absoluta discreción y con un objetivo: que volviera el orden y no se desmadrara la violencia. Al poco tiempo, reapareció la calma. Son agentes con caras no conocidas -como ocurre con su poco contemplado equipo parlamentario-, que no buscan fama y cuidan más a Villarruel que sus entornos político y comunicacional.

Pocas horas antes de este episodio, en el recinto se blanqueaba, desde el propio bloque libertario, la penosa realidad de un alfil de la vice que, en vez de ayudarla, la hunde con estrategias minúsculas -muy infladas, de forma artificial- y de estricto corte personal, aunque con insólitas promociones mediáticas según la época.

Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, afrontará al menos dos desafíos: la publicación del dato de inflación de julio, del que las consultoras y el anticipo de la inflación minorista de julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) adelantan una aceleración, y habrá una nueva licitación del Bonar 2029 (AO29), con el que el Tesoro busca hacerse de más dólares en pos de cumplir con el programa financiero.

Mientras, se debate de qué modo se puede dotar al sistema bancario con un mayor margen de liquidez de modo que el crédito vuelva a estimular un nivel de actividad decaído. Más allá de los cambios que impulsa el gobierno a la ley de “inocencia fiscal”, que apunta también a ese objetivo, los bancos insisten en que el gobierno podría apuntalar una expansión del crédito mediante el expediente de aflojar los encajes y los requisitos para prestar los abundantes depósitos en dólares de que disponen las entidades financieras.

El jueves, 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la mediana de las respuestas de las consultoras arrojó un guarismo del 2 por ciento. Un dato así o superior marcaría una aceleración respecto al 1,9% de junio. Tal vez leve, pero que cortaría la tendencia descendiente que se observó desde abril.

El Gobierno ya tuvo un mal adelanto el viernes, cuando el dato de inflación el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) mostró un aumento del 2,9% en julio, nada menos que 1,1 puntos porcentuales más que en junio. La variación interanual fue de 33,2% y la acumulada en siete meses de 19,4 por ciento.

La evolución mensual de la inflación en CABA respondió principalmente a aumentos en Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y cultura. En conjunto, estas divisiones aportaron 2,11 p.p. a la variación del nivel general del IPCBA en julio.

El mayor aumento correspondió a Restaurantes y hoteles, con un incremento promedio de 5,3% en gran medida por las subas en las tarifas de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y, en menor, de los precios de alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

A la par de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 2,7% y aportó 0,54 p.p. al nivel general. Esta suba se vinculó con incrementos en los gastos comunes de vivienda, alquileres y tarifas residenciales de electricidad. El mes de las vacaciones de invierno suele mostrar una mayor demanda en el sector turístico y recreativo, lo que se trasladó en los precios de hoteles y servicios asociados.

Y si bien, las canastas con las que se mide la inflación en CABA y la Nacional no son las mismas, ya que la de Ciudad pondera en mayor medida los servicios sobre bienes -a la inversa de la del Indec-, siempre sirve para marcar la tendencia general a la que corrieron los precios en el mes.

Aunque sea por factores estacionales como las vacaciones de invierno, un salto en la inflación por mínimo, es un mal dato para el Gobierno porque pone en duda la capacidad de poder perforar el piso mensual en torno al 2% en que se ubica la inflación desde septiembre del año pasado con picos de hasta 3,4% en marzo.

En búsqueda de dólares

El otro desafío de Economía es financiero. El miércoles tendrá lugar una nueva colocación del Bonar 2029 (AO29), un título en dólares cuyo vencimiento está previsto para mediados del próximo gobierno.

En la última licitación, la Secretaría de Finanzas tuvo menores ofertas y mayores dificultades para completar el cupo. Hace 15 días, Finanzas logró colocar USD 309 millones en la primera vuelta, con ofertas por USD 366 millones, a una Tasa Nominal Anual (TNA) de 8,02%, por encima del 7,99% de la anterior licitación. En la segunda vuelta, la colocación sumó otros USD 150 millones. Del cupo de USD 2.000 millones del AO29, Finanzas ya logró colocar USD 1.126 millones por lo que le restan conseguir USD 874 millones.

El accionar de la Secretaría de Finanzas en las últimas licitaciones reveló la estrategia oficial: priorizar una tasa de financiamiento más baja, aunque esto implique reunir dólares a un ritmo más lento. Sin embargo, en la última colocación las ofertas resultaron menores y la TNA ya se ubicó por encima del 8%. Este escenario siembra dudas de cara al próximo año y los supuestos del programa financiero, ya que para 2027, año electoral, Economía pretende conseguir en el mercado de capitales local unos 5.000 millones dólares.

El dato nacional de inflación y la licitación del Bonar 2029 definirán el pulso de los mercados a corto plazo. Y la publicación del IPC nacional y el resultado de la colocación de deuda en dólares delinearán el escenario financiero y la capacidad de respuesta del equipo liderado por Caputo.

El ejército de Taiwán simuló el lunes el rechazo de un ataque aéreo del régimen chino en las islas Penghu, un enclave de importancia estratégica en el estrecho de Taiwán, como parte del ejercicio militar Han Kuang, mientras el Gobierno prepara para ese mismo día una prueba que limitará por primera vez la velocidad de internet móvil durante los simulacros anuales de defensa civil.

El ejercicio Han Kuang tiene una duración de diez días y comenzó la semana pasada con distintos escenarios ante una eventual acción militar de China contra Taiwán. Beijing considera a la isla, gobernada de forma democrática, parte de su territorio y mantiene la posibilidad de recurrir a la fuerza para lograr su control.

En las horas previas al amanecer, tropas del Primer Comando de Teatro abrieron fuego en una playa de Penghu con tanques M60A3, piezas de artillería y cañones antiaéreos. Las fuerzas desplegadas formaron una defensa que los militares definieron como “multicapa” frente a un enemigo simulado que intentaba ejecutar un desembarco rápido en la costa.

Penghu está situada en el estrecho de Taiwán y se encuentra más cerca de la isla principal que de China. Los estrategas taiwaneses consideran que las islas podrían constituir un primer objetivo para Beijing en un eventual conflicto, con la posibilidad de que China intente utilizarlas como base para ataques con misiles y drones contra Taiwán.

Los reservistas de Penghu también participaron en las maniobras como parte de su programa de entrenamiento de 14 días. El ejército taiwanés busca con estos ejercicios una mayor integración de las fuerzas de reserva en su planificación operativa y una preparación que refleje de forma más realista los escenarios de conflicto.

Primera prueba de limitación de internet móvil

Más tarde el lunes, en el centro de Taiwán, el Gobierno reducirá de forma deliberada la velocidad de internet móvil durante la fase de defensa civil de los ejercicios. La prueba busca evaluar cómo podrían comunicarse los ciudadanos si el ancho de banda disponible disminuyera durante una emergencia.

El escenario contempla situaciones que van desde desastres hasta una eventual invasión china. La medida constituye la primera prueba de este tipo durante los ejercicios militares anuales de Taiwán.

Los servicios considerados esenciales no quedarán afectados por la reducción de velocidad. Entre ellos figuran los cajeros automáticos, los semáforos y las llamadas de ambulancia de emergencia. Las líneas telefónicas fijas y los servicios de internet fijo tampoco sufrirán restricciones.

El Gobierno difundió información sobre el ejercicio antes de su puesta en marcha. El viernes por la tarde envió una alerta por mensaje de texto a los teléfonos móviles de todo Taiwán, tanto en chino como en inglés. Durante el fin de semana también publicó un mensaje de vídeo en redes sociales para informar sobre el simulacro.

La capital, Taipéi, y otras zonas del norte de Taiwán serán escenario del mismo ejercicio el jueves.

El Gobierno taiwanés rechaza las reivindicaciones de soberanía de Beijing sobre la isla y sostiene que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.

Los ejercicios Han Kuang forman parte de la preparación militar de Taiwán ante distintos escenarios de conflicto. Las maniobras de este año incluyen la participación de tropas regulares y reservistas, así como pruebas destinadas a evaluar la respuesta militar y civil ante situaciones de emergencia.

(Con información de REUTERS)

Estados Unidos desvió 55 buques comerciales, inhabilitó dos embarcaciones y abordó otras dos desde el inicio del bloqueo naval contra los puertos y las costas de Irán, mientras más de 20 buques de guerra estadounidenses permanecen desplegados en Medio Oriente para apoyar las misiones destinadas a hacer cumplir la medida.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el domingo que sus fuerzas desviaron 55 buques comerciales, inhabilitaron dos y abordaron otros dos como parte de las operaciones para hacer cumplir el bloqueo contra Teherán.

“Hasta el 9 de agosto, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha desviado 55 buques comerciales, inhabilitado dos y abordado dos”, señaló la autoridad castrense.

CENTCOM también informó que más de 20 buques de guerra estadounidenses permanecen desplegados en Medio Oriente para “apoyar misiones militares entre las cuales se incluye la aplicación estricta del bloqueo” contra Irán.

Las operaciones de las fuerzas estadounidenses se producen mientras Irán mantiene su posición sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán reiteró el sábado que Teherán solo reabrirá el estrecho cuando constate el final de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak.

El organismo iraní también condicionó la reapertura del estrecho al levantamiento de las sanciones contra la economía iraní y al pago de indemnizaciones por daños de guerra.

La posición de Teherán se conoció después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, informara la pasada semana sobre un principio de acuerdo con Omán para gestionar de forma conjunta una nueva ruta marítima a través del estrecho de Ormuz.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo que las negociaciones con Omán sobre el tránsito y la administración del paso marítimo “se acercan a su etapa final”.

La reapertura del estrecho todavía no tiene fecha y permanece sujeta a las condiciones planteadas por Teherán. Entre ellas figuran el final de las operaciones militares contra Irán y sus aliados, el levantamiento de las sanciones económicas, la liberación de activos congelados y una compensación por los daños causados por la guerra.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán ratificaron el domingo que el estrecho permanecerá bloqueado hasta que Estados Unidos acepte “todas nuestras condiciones”. La fuerza iraní también afirmó que “el estrecho es ahora para nosotros un verdadero escenario de guerra”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las negociaciones con Teherán y afirmó: “Nos lo estamos tomando con calma”. En la misma entrevista con Axios, Trump agregó: “Solo estamos negociando a medias con ellos”.

El mandatario también vinculó la presión sobre Teherán con la situación económica interna de Irán y mencionó la inflación y las limitaciones de financiamiento del país.

El precio del petróleo abrió al alza

Los precios del petróleo abrieron la semana con alzas por la falta de certezas sobre el futuro del estrecho de Ormuz, según la información proporcionada.

En la sesión asiática de este lunes, el Brent avanzó 1,44% hasta 84,79 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI) subió 1,08% y se ubicó en 79,29 dólares.

(Con información de Reuters y EP)