Evo Morales denunció este jueves un nuevo plan para asesinarlo y apuntó contra el Gobierno de Rodrigo Paz, al tiempo que habló sobre el caso de Fernando Cerimedo, el estratega digital argentino detenido recientemente en Bolivia, acusado de contratar sicarios para asesinar a su pareja.
“Ayer me informaron que hay planes para acabar con la vida de Evo. Esta mañana, un coronel me informó: ‘Cuídese, no salga mucho. Van a meter sicarios al monte y ahí te van a disparar‘. Ese mismo coronel me confirmó que están preparando una intervención militar y policial. Estoy usando chaleco antibalas”, dijo ante el programa argentino Con Agenda Propia, de Radio Asamblea.
En esa línea, el expresidente boliviano reveló que “permanentemente se comenta que Argentina va a enviar aviones y helicópteros para intervenir el Trópico”. Y agregó: “A mí hace 35 años me acusan de narcotráfico, terrorismo, de asesino. Ahora aumentan a pedófilo. Y no hay ningún a prueba, es una persecución”.
La interna en el Gobierno de Bolivia por Fernando Cerimedo
Por otra parte, habló del escándalo con Fernando Cerimedo, el estratega digital argentino que trabajó con Javier Milei y Jair Bolsonaro, y que actualmente se desempeñaba como asesor de Rodrigo Paz. Cerimedo fue detenido días atrás en suelo boliviano acusado de contratar sicarios para asesinar a su pareja.
Al respecto, Morales comentó que el episodio desató una interna en el oficialismo de Bolivia, donde buscan despegarse del estratega digital. “Es una lucha de poder. Pero ahorita la pelea entre ellos, entre quién ostenta el poder político o el poder económico. El poder económico viene de la ilegalidad, es es el problema”, denunció.
Acto seguido, comentó que los mismos ministros de Rodrigo Paz “protestaban contra Cerimedo.”“Unos, después de una semana de detención, a Cerimedo.
El expresidente también afirmó que algunos funcionarios pretenden que Cerimedo siga en la cárcel mientras que otros bregan porque sea “botado” del país. A la par, calificó al acusado como un “operador del imperio norteamericano”.
“Fernando Cerimedo es un operador. Dijeron que van a callar a Nadia Beller, su pareja. Eso no es problema para el Gobierno, pero sí es problema Fernando Cerimedo. Es una pugna entre el poder económico y política, una pelea de mafias en el Gobierno”, disparó.
Siguiendo esa línea, Evo Morales dijo que la Corporación Andina de Fomento (CAF) “le pagaba como consultor a Cerimedo para que Cerimedo asesore al presidente Paz”.
Cambiando el tema, el exmandatario opinó sobre las elecciones presidenciales en Brasil, que serán este año, y aseguró que los EEUU están perdiendo influencia a nivel mundial. “Ya no es hegemonía, entonces vuelve a América Latina con la Doctrina Monroe”, añadió.
Consideró, además, que Washington sigue aplicando un “Plan Cóndor”, aunque ya no lo ejecutan los militares, sino los “jueces y fiscales”: “¿Qué pasará en Brasil? Perú, Colombia, Bolivia: los tiburones electorales son los que ejecutan el Plan Cóndor”.
“Se quieren adueñar de los recursos naturales mediante el llamado ‘Escudo de América’. Quieren apoderarse del litio, del petróleo, de los recursos naturales, las tierras raras. Quieren impedir que China ingrese a Latinoamérica”, detalló.
Por último, Morales reflexionó: “Hay países, socios de Donald Trump, que lo están engañando. Están negociando con China. El último golpe en Perú, antes de las elecciones, yo sabía que el Presidente estaba negociando con China”.
Con la Plaza de Mayo dividida en dos por el extenso vallado y varios efectivos de la Policía Federal Argentina cercando la zona, el Gobierno acusa a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de utilizar políticamente el reclamo de las familias endeudadas que se nuclean frente a las puertas del Ministerio de Economía para insistir en el reclamo.
“Es una movilización de la CGT y la CTA. No representan ni pueden representar al sector. Hacen un aprovechamiento político de la situación”, sintetizó un funcionario ante Infobae horas antes de que las primeras columnas se apostaran frente a Casa Rosada.
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La protesta de esta tarde busca colocar en la agenda pública la crisis de morosidad que afecta a millones de hogares. Además de las centrales, adhieren a la convocatoria la UTEP, movimientos sociales y partidos políticos de izquierda.
Por su composición, en el oficialismo hablan de “una marcha política”, con la que buscan bajarle el precio, aunque aseguran que se trata de un reclamo genuino. “Son dos temas distintos. Por un lado, la marcha, en la que no hay una identificación clara de los deudores, y por otro, el problema de fondo que hay que trabajar para resolver”, se sinceró una fuente con despacho en Balcarce 50.
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A esta hora, la administración libertaria espera una convocatoria no mayor a las 10 mil personas y descuentan que será una protesta pacífica. No obstante, el Ministerio de Seguridad, que lidera Alejandra Monteoliva activó el protocolo de seguridad y sigue la protesta desde el Comando Unificado.
El fuerte deterioro crediticio configura un tema que el Poder Ejecutivo sigue con atención. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares llegó al 12,7% en junio de 2026, contra el 2,5% de octubre de 2024, mientras que 5,8 millones de personas registran atrasos superiores a 90 días.
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Pese a que el presidente Javier Milei se expidió sobre el tema, al hablar de “una cuestión entre privados” que deriva de una “consecuencia” del gobierno de Alberto Fernández, algunos actores de la administración libertaria ven con preocupación los reclamos económicos de un sector de la sociedad.
No es casual que el mandatario se haya mostrado autocrítico durante el discurso que pronunció el pasado lunes en la Plaza San Martín. Sin embargo, el libertario ya anticipó que no tomará parte del conflicto: “Si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro, y eso me parece que está mal”, consideró en una entrevista a la Nación +.
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Por su parte, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, ratificó el rumbo económico, pero admitió lentitud en el repunte de la actividad. “Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”, planteó a través de su cuenta de X. Minutos antes, el mensaje original que modificó consignaba: “Que llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino”.
En línea con la senadora, algunos integrantes del espacio aseguran que los números, que se ubicaron en niveles récord, comenzaron a disminuir y plantearon que todavía no impactan debido a que “el Banco Central opera con dos meses de retraso”. Para explicar el fenómeno, precisan -al igual que el ministro de Economía, Luis Caputo- que la gente “se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas”, algo que finalmente “no pasó”.
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Desde las 14, las centrales convocaron a la protesta y se nuclean en Paseo Colón y Estados Unidos y la intersección entre las avenidas Independencia y Paseo Colón y la Avenida Independencia. La idea es visibilizar el reclamo de más de 5,5 millones de familias con créditos impagos o atrasos graves, que en su mayoría contrajeron deudas para cubrir alimentos, medicamentos y servicios básicos.
Un nene de 3 años fue atacado por un pitbull y recibió 65 puntos en la cara como consecuencia de las graves heridas sufridas. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio Remedios de Escalada, en Córdoba, y el pequeño permanecía internado luego de ser sometido a una intervención quirúrgica.
El animal, que sería una cruza con pitbull, pertenece al entorno familiar y vive en la misma vivienda. Según explicó la madre del menor a ElDoce, se trata de un perro de edad avanzada que además padece ceguera. El ataque se habría desencadenado cuando el niño pisó accidentalmente una de sus patas.
La mordida alcanzó principalmente la zona del pómulo y el perro soltó posteriormente al pequeño. Tras el episodio, el chico recibió las primeras atenciones en el Hospital Elpidio Torres y luego fue derivado al Hospital Infantil, donde quedó internado y fue operado debido a la magnitud de las lesiones.
Recibió 65 puntos y seguirá bajo observación
Pese a la gravedad de las heridas, la evolución posterior fue favorable. “Mi hijo está bien, está evolucionando bien”, afirmó la madre luego de la intervención quirúrgica.
La mujer detalló la magnitud de la lesión que sufrió el pequeño: “Tiene salido el cachete, estuvo a punto de cortárselo, en el hueso no tiene nada por suerte”. Como consecuencia de la mordida, los médicos debieron realizarle 65 puntos en el rostro.
Según manifestó la madre, los profesionales no esperan que el niño presente secuelas permanentes. Sin embargo, deberá continuar internado y permanecer bajo observación médica durante un período estimado de entre cinco y diez días para controlar su recuperación.
Tres graves ataques a niños durante agosto
El episodio volvió a encender las alarmas por la reiteración de ataques de perros a niños pequeños en Córdoba. Durante agosto se conocieron al menos otros dos casos de extrema gravedad, uno de ellos con desenlace fatal.
El pasado 13 de agosto, un nene de dos años sufrió heridas graves en el rostro y el cráneo al ser atacado por un dogo argentino en Villa Caeiro, en el Valle de Punilla. El hecho también ocurrió dentro de una vivienda y el animal sería propiedad de la familia del pequeño.
El niño recibió inicialmente asistencia en el Hospital Domingo Funes y posteriormente fue trasladado al Hospital de Niños de Córdoba, donde ingresó a terapia intensiva. Su evolución permitió luego que fuera derivado a una unidad de cuidados intermedios, aunque continuó bajo evaluación médica ante la posibilidad de necesitar una cirugía reconstructiva.
Un niño murió tras el ataque de un pitbull
Cuatro días antes de aquel episodio, otro ataque había provocado la muerte de un niño de apenas tres años. El hecho ocurrió en el barrio Villa La Lonja, también en Córdoba, cuando el pequeño fue atacado por un pitbull.
En aquella oportunidad, el ataque se produjo en un terreno baldío donde había una construcción precaria habitada por dos personas. El animal provocó heridas de gravedad en el rostro y el cuello del menor.
El niño fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield, pero los médicos constataron su fallecimiento poco después. La sucesión de episodios durante agosto reavivó la discusión sobre las medidas de prevención, la tenencia responsable y las condiciones de seguridad necesarias cuando perros de gran porte conviven con niños pequeños.
Cada mañana, Alba Galilea Hereñu, directora de la Escuela Primaria Nº 26 de Vergara, recorre 70 kilómetros para llegar al establecimiento, al que asisten seis alumnos. No debería hacer ese trayecto: existeun camino mucho más corto, pero tres sectores cubiertos de barro lo volvieron prácticamente intransitable. Para evitar la suspensión de las clases, la maestra entra por otra localidad y suma 50 kilómetros diarios entre la ida y la vuelta.
La situación se repite cada vez que llueve en Vergara, una localidad rural del partido bonaerense de Magdalena. Sin embargo, parte de su acceso principal atraviesa el partido de Punta Indio. Son cinco kilómetros de tierra bajo la responsabilidad de la Municipalidad de Punta Indio, desde la bajada de la ruta 20 hasta la estancia La Balsa, que complican la vida diaria de las familias de la zona. “Actualmente estoy dando toda la vuelta para poder acceder a la escuela por otro camino. Hago 70 kilómetros por día porque el acceso por el que tendríamos que transitar está atravesado por tres pantanos. Realmente es imposible llegar”, describió la docente.
Para poder seguir llegando a la escuela durante los períodos de lluvia, Galilea Hereñu tuvo que sacar un crédito y comprar una camioneta 4×4, porque con el auto que tenía no podía atravesar el camino. “Tenía un Gol y no podía entrar. Saqué un crédito para comprarme una camioneta y poder garantizar la mayor cantidad posible de días de clase a los nenes”, contó a LA NACION.
Alba Galilea Hereñu es directora de la Escuela Primaria Nº 26 de VergaraGoogle Maps
Cuando el acceso está transitable, las clases se desarrollan con normalidad. Sin embargo, después de las lluvias, la directora debe entrar por Ferrari, otra localidad de la zona. “El que tiene un auto bajo no puede salir durante todo el invierno. Todos los vecinos que necesitan entrar y salir deben tener una camioneta”, explicó.
Ante esta situación, la directora y alrededor de 100 vecinos y productores enviaron una carta al intendente de Punta Indio, David Angueira (UxP). El pedido fue presentado el 24 de abril pasado, antes del comienzo del invierno, para solicitar que el municipio aprovechara los días sin lluvias y trabajara con maquinaria. En el documento reclamaron la reparación y el mantenimiento urgente del tramo que presenta “baches profundos, erosiones, huellones y falta de conchilla o calcáreo”. En tanto, a partir de la estancia La Balsa comienza el mejorado realizado por la Municipalidad de Magdalena que, según Galilea Hereñu, está en buenas condiciones. “El problema está del lado de Punta Indio. Por Magdalena podemos acceder, pero tenemos que hacer el doble de kilómetros”, aclaró.
Hasta el momento desde la Municipalidad de Punta Indio no respondieron una consulta de LA NACION.
En la carta, los vecinos advirtieron que “en días de lluvia, el camino queda totalmente anegado”, lo que impide el acceso a centros de salud y escuelas rurales. También señalaron que el deterioro “impide el normal retiro de la producción agrícola y el transporte de hacienda”. Los firmantes recordaron que el mantenimiento de la red vial rural es responsabilidad del municipio y que pagan regularmente la tasa vial. Por último, solicitaron que el camino sea incluido “en un plan de acción inmediato, aprovechando las condiciones climáticas favorables para el trabajo de maquinaria”.
Javier Romero trabaja como puestero en una cabaña de la zona desde hace casi nueve años. Explicó que durante el verano el suelo se seca más rápido y permite circular por las huellas, aunque con dificultad. En invierno, en cambio, el camino se vuelve prácticamente intransitable. “A veces los vecinos le dan una rastreada con alguna máquina, pero eso no es el arreglo que necesita. Hay que levantar el camino y tapar los pozos y las lomas. Hace muchos años que no tiene ese mantenimiento”, afirmó. Romero debe viajar a Chascomús para hacer compras y trámites. Tiene un camino más corto, pero para usarlo debe cruzar un puente sobre el río Samborombón que, según relató, también está deteriorado y se corta cuando llueve. La segunda opción es el tramo de cinco kilómetros incluido en el reclamo, que en esos días tampoco puede utilizar.
El problema también afecta la educación de su hijo, que cursa el último año de la secundaria. Hasta hace dos años, el transporte escolar entraba por el camino, pero dejó de hacerlo debido a su estado. Ahora el adolescente debe viajar en moto hasta la ruta 20, dejarla en el campo de un vecino y esperar allí el colectivo.
“Mi hijo tiene que ir hasta la ruta, dejar la moto en un campo que nos presta un vecino y ahí subirse al colectivo para poder ir a la escuela”, contó.
Otros adolescentes de la zona atraviesan problemas similares. Galilea Hereñu indicó que, cuando llueve, las familias no pueden llevarlos, aumentan las inasistencias y algunos terminan abandonando sus estudios. También relató que uno de los alumnos sufrió un accidente mientras circulaba en moto por el camino resbaladizo.
El aislamiento también complica la atención de las emergencias médicas. Hace aproximadamente un mes, una mujer embarazada que había comenzado el trabajo de parto tuvo que ser trasladada por un vecino porque la ambulancia no podía entrar.
El camino a comienzo de esta semana
“El que no tiene una camioneta o un tractor queda totalmente aislado. Depende de los demás para que le acerquen alimentos o medicamentos”, señaló la docente. Ella misma aprovecha sus viajes diarios para llevar hasta Vergara los encargos que le hacen las familias.
Según Romero, los vecinos usan un grupo de mensajería para avisarse qué caminos están transitables y por dónde se puede pasar. “Es indignante y preocupante. Yo tengo un auto de 1994 y no lo puedo mantener por el estado de los caminos. Se cobran los impuestos, pero no tenemos una respuesta”, expresó.
La interna misionera mueve el avispero en el Congreso y complica al oficialismo. La pelea entre el gobernador Hugo Passalacqua y el histórico cacique local, Carlos Rovira, desencadenó un reacomodamiento de bloques, que con autoridades nuevas y lógica pragmática, promete tomar distancia de Javier Milei y cambiar la dinámica parlamentaria.
Tras algunos cortocircuitos, los cuatro diputados misioneros se terminaron de encolumnar detrás de Passalacqua y se preparan para relanzar una bancada en alianza con los salteños que responden a Gustavo Sáenz. Sin embargo el principal cambio no es la composición -ya están juntos- sino la actitud, porque advierten que de ahora en más negociarán “ley por ley”.
Están pensando un nuevo nombre de bancada que reemplace al actual de Innovación Federal para presentarlo el miércoles que viene, el día de la sesión en Diputados, y todo indica que va a conducirlo el ex mandatario Oscar Herrera Ahuad, quien fue leal a Passalacqua desde el inicio.
A su vez, para ganar peso, buscarán coordinar agenda con otros legisladores del Norte que vienen de marcar distancia del Ejecutivo por la Ley de Tierras: los catamarqueños y tucumanos.
La movida se da en medio de sugestivos movimientos del PJ. Este miércoles los diputados peronistas que promueven un armado unido y “federal”, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, estuvieron reunidos con Passalacqua en Misiones.
UNA AGENDA FEDERAL PARA LA ARGENTINA QUE VIENE
Mantuvimos un muy buen encuentro con el gobernador de Misiones, @passalacquaok. Compartimos la convicción de que la Argentina necesita una nueva etapa profundamente federal, construida con más diálogo, con fraternidad entre quienes… pic.twitter.com/Z45JotN4NU
Una muestra concreta de la nueva lógica que pretenden imponer se vio la semana pasada cuando para firmar el proyecto de Inocencia Fiscal II y la reforma del Banco Central el ex gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad, exigió que se dictamine su proyecto de baja del IVA a la harina de mandioca, clave para la economía regional de su provincia.
No se conformó con una promesa y el oficialismo tuvo que convocar media hora antes de la reunión por Inocencia Fiscal a la comisión de Presupuesto para dictaminar su iniciativa.
Hasta ahora los legisladores mantenían una relación directa con Rovira, quien como líder del Partido de la Concordia, era quien bajaba la orden a los legisladores –cuentan que por un sistema de comunicación encriptado que no es Telegram ni Whatsapp- de cómo tenían que votar.
Pero rota la alianza entre él y el mandatario, los legisladores tuvieron que tomar partido. El primer movimiento se vio en el Senado, donde Misiones tiene dos legisladores: Luis Arce y Sonia Rojas Decut. Cuando se abrió la tensión entre ambos, Rojas Decut anunció que armaba un monobloque para responder a Passalacqua.
Arce, que presidía el bloque misionero, siguió en principio solo ligado a Rovira. Sin embargo, la semana pasada anunció que acompaña institucional y políticamente a Passalacqua, así que van a volverse a reunir en un bloque de dos, aunque ahora la jefa de la bancada va a ser Rojas Decut , la primera que se jugó por el gobernador.
En Diputados, por su parte, la bancada de Innovación Federal tiene actualmente nueve miembros: los cuatro misioneros, tres salteños y dos ex libertarios: el formoseño Gerardo González y el puntano Claudio Alvarez. Todavía no está claro si ellos dos van a seguir en el armado bajo esta nueva lógica.
Si la coordinación de acción se extiende al bloque de Catamarca y de Tucumán, podrían ser entre 13 y 15 diputados. La noticia complica al oficialismo que depende exclusivamente de los gobernadores federales para aprobar sus leyes en ambas cámaras.
A través de un documento, la Cámara Argentina Fintech salió a fijar su posición frente a la creciente morosidad que registra el sistema financiero en los créditos a las familias. La entidad destacó que las fintech tienen a su cargo el 16,3% del stock de $13,5 billones de créditos a particulares que están en situación irregular, frente al 63,3% de los bancos tradicionales y el 20,4% de otros proveedores como tarjetas de supermercados, cadenas de electrodomésticos, mutuales y cooperativas. Y destacaron que prestan servicios a una amplia porción de la sociedad al que los bancos no atienden. Para ese segmento social, “la alternativa no es elegir entre un banco y una fintech, sino entre acceder a un crédito formal o recurrir a circuitos informales, donde no existen mecanismos de información, registro ni la protección al usuario que provee el sistema financiero argentino”.
El documento difundido por la Cámara Argentina Fintech expuso la estructura del crédito en el país y el papel de las empresas tecnológicas en el acceso al financiamiento: “El crédito es una herramienta indispensable para el desarrollo de cualquier país y para que personas y empresas puedan proyectar más allá de sus ingresos actuales y financiar no solo el consumo, sino también la vivienda, la inversión y los proyectos que quieran emprender”, señaló la entidad, poniendo el foco en la función económica que cumplen los préstamos.
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La cámara destacó que la Argentina presenta un problema estructural de acceso al crédito. El financiamiento al sector privado equivale apenas al 13% del PBI. Esta cifra es similar al promedio de las últimas dos décadas y “muy inferior al 53% registrado en América Latina y el Caribe”.
El comunicado remarcó la transformación que impulsaron las fintech en el mapa del crédito local en los últimos años. Antes de la pandemia, “menos de medio millón de personas tenían un crédito fi ntech: hoy son más de 10 millones, de las cuales 3,8 millones no tienen un crédito bancario”. En este sentido, el documento puntualizó: “En este tiempo, las fintech se convirtieron en un actor clave del sistema financiero, ampliando la frontera del crédito formal para millones de personas”.
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La entidad recalcó que para una parte de los usuarios de servicios fintech, la opción no consiste en comparar entre bancos y fintech, sino en la posibilidad de incluirse en el circuito formal o depender de prestamistas informales.
Uno de los ejes centrales del documento apunta a la construcción del historial crediticio. Según la cámara, “el crédito fintech ha permitido registrar las obligaciones y el comportamiento de pago de sus clientes, además de construir un historial crediticio”. Esta trayectoria, consideró la entidad, puede facilitar el acceso posterior a montos más altos, plazos extendidos y condiciones mejoradas en cualquier tipo de entidad financiera.
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La Cámara Argentina Fintech sostuvo que la ampliación del acceso al crédito formal no deteriora el sistema, sino que incorpora a más personas al circuito regulado, hace visible la situación financiera de los individuos y facilita la evaluación de sus comportamientos de pago.
Respecto a la situación de la mora, el informe de la cámara describió el panorama actual: casi 3 de cada 10 personas con crédito en la Argentina acumulan un atraso superior a los 90 días en el pago de sus cuotas. Traducido a montos, 16,3 de cada 100 pesos solicitados a diferentes fuentes de crédito —bancos, fintechs y otros proveedores regulados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)— presentan irregularidades, según datos de la consultora Analytica.
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El crédito total dirigido a las familias asciende a $82,8 billones. De ese monto, $13,5 billones —el 16,3%— se encuentra en situación irregular. El análisis detalló la distribución de la deuda: los bancos concentran el 81,1% del crédito total, lo que equivale a $67,2 billones, y explican el 63,3% del volumen irregular, equivalente a $8,5 billones. En tanto, las fintech reúnen el 11,7% del crédito, con $9,7 billones, y el 16,3% del total irregular ($2,2 billones). Los demás proveedores —donde se incluyen tarjetas de consumo, cadenas de electrodomésticos, mutuales, cooperativas y fideicomisos financieros— representan el 7,1% del stock de crédito ($5,9 billones) y el 20,4% de la deuda irregular ($2,8 billones).
“Los datos muestran que el sector bancario concentra casi dos tercios del volumen total de crédito irregular a las familias. Detrás de estos aparece un sector muy heterogéneo de otros proveedores que, además de tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos, mutuales y cooperativas, también lo integran fi deicomisos financieros que compran carteras con mora superior a un año a otros actores. En último lugar figura el sector fintech, que concentra menos de 1 de cada 6 pesos en mora en el crédito a familias”, señaló el documento de la Cámara.
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Esa distinción resulta vital para las fintech, ya que a menudo se englob todo el crédito no bancario con las empresas digitales y, como se ve, hay otra clase de entidades que otorgan préstamos para el consumo y que, por supuesto, también otorgaron préstamos que hoy están en mora.
Las causas de la mora
“La mora no beneficia a ningún proveedor y ningún modelo de crédito es sostenible si los préstamos no pueden pagarse. Frente a una situación que atraviesa a todo el sistema, la respuesta responsable es abordar sus causas y construir soluciones”, señaló la Cámara. Sobre ese punto, propuso avanzar sobre cuatro ejes:
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● Mejorar la información crediticia. La Central de Deudores refleja la situación de los créditos con un rezago de 60 días. Reducir ese plazo permitiría evaluar mejor a cada persona, prevenir acumulación de deuda y disminuir los casos de fraude, bajando así el costo del crédito.
● Impulsar el Sistema de Finanzas Abiertas promovido por el Banco Central. Bajo el principio de que las personas son dueñas de sus datos, este sistema permitiría que cada persona comparta información hoy distribuida entre distintos organismos y entidades. Contar con más datos permitiría evaluar mejor a cada solicitante y ofrecer créditos más económicos.
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● Revisar la carga impositiva, que afecta a todos los proveedores y termina elevando el costo que afrontan quienes necesitan acceder a un crédito.
● Promover herramientas de educación y soluciones tempranas. Las empresas trabajan para que las personas puedan tomar mejores decisiones, a la vez que acercan refinanciaciones y reprogramaciones que permitan actuar antes de que los atrasos se agraven.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves la apertura de un plenario en el Partido Justicialista bonaerense en el que buscó dar otra muestra de su estrategia de federalización que ya está en marcha, con vistas a las elecciones del año que viene. El encuentro reunió a referentes de distintas provincias del país, entre los que se encontraban intendentes y legisladores nacionales, quienes coincidieron en ratificar su postulación nacional.
“Lo que tenemos que construir es la felicidad del pueblo y la grandeza del país”, dijo en un discurso en clave nacional el mandatario provincial, en el que pidió “no involucrarse en guerras o ideologías que no nos pertenecen” y volvió a hablar de “construir una alternativa”, con fuertes críticas a Javier Milei.
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El seminario “Peronismo X Peronistas: propuestas para una transformación nacional”, —el evento en donde habló Kicillof— fue una actividad organizada por el Frente Nacional Justicialista que comanda el exintendente de Florencio Varela y actual director del Banco Provincia, Julio Pereyra. De las distintas charlas participaron intendentes del interior del país como Enry Martínez de Reconquista, Santa Fe; Dante Velázquez, de La Quiaca, Jujuy; además de otros dirigentes que también traccionan en sus territorios la candidatura presidencial de Kicillof. Por ejemplo, el diputado provincial neuquino y exsecretario de Energía durante el gobierno de Alberto Fernández, Darío Martínez, o el ex senador correntino Martín Barrionuevo. De la disertación final intervino el vicegobernador de Salta, Alberto “Gringo” Marocco.
“Es el candidato peronista con más votos, así que ¿por qué vamos a andar inventando otra cosa?”, se preguntó Martínez antes de participar del panel que compartió junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, sobre una candidatura de Kicillof.
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En su paso por la provincia de Chaco, el último miércoles, el mandatario también había recibido nuevamente el espaldarazo del titular del gremio de ATSA y secretario del Interior de la CGT, Héctor Daer. “Para los trabajadores es el mejor candidato a presidente que tiene el peronismo”, dijo el dirigente sindical, que es una de las puntas de lanza de la construcción federal en la que se embarcó Kicillof. Lo acompañó a Córdoba y a Chaco. En tanto, el neuquino Martínez adelantó que el gobernador visitará la provincia patagónica. De confirmarse, la visita se sumará a las recorridas ya realizadas este año por Corrientes, Tierra del Fuego, Chaco y Córdoba.
“Estamos para apostar nuestro granito de arena para esta construcción colectiva que se empieza a gestar”, planteó el intendente de Reconquista cuando disertó en su panel denominado “Relación Estado Nacional y Municipios”. Una mesa que también contó con la presencia del intendente quiaqueño y su par de Florencio Varela (Buenos Aires), Andrés Watson. El jefe comunal del territorio bonaerense dejó un mensaje al interior de la discusión interna. “El dedo no va más”, planteó. El mensaje hacía referencia a la dinámica del armado de las diferentes listas del peronismo.
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Va en línea con lo que exponen cerca de Kicillof. “El próximo candidato no puede salir ni de una decisión individual ni de la rosca de tres personas entre cuatro paredes”, dejan correr en La Plata y más aún luego de la cumbre que mantuvieron los principales dirigentes de la oposición a Milei.
Entre los dirigentes que participaron de la jornada de este jueves hubo coincidencia sobre el plan electoral a seguir en el mediano plazo y en que las candidaturas se definan a través de las PASO, tanto a nivel nacional como en el orden bonaerense. En lo que respecta a Buenos Aires, uno de los dirigentes que trabaja dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) puso de ejemplo el despliegue que vienen haciendo los diferentes candidatos a la sucesión bonaerense dentro del kicillofismo: Jorge Ferraresi, Gabriel Katopodis, Fernando Espinoza, Julio Alak y Carlos Bianco. “Vamos a llegar a todo y después veremos”, dijo uno de la tira de candidateables a la gobernación.
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Por su parte, durante el acto, Kicillof cerró el discurso en su línea discursiva: “Nuestra tarea indelegable es construir una alternativa política que ponga en valor nuestras capacidades, lleve adelante los proyectos de desarrollo que necesita nuestra sociedad y le devuelva la dignidad y el orgullo al pueblo argentino”, dijo el mandatario bonaerense ante un auditorio colmado en la sede del PJ en la ciudad de La Plata. Seguidamente, sonó la marcha peronista.
El Gobierno dio a conocer este jueves los pliegos licitatorios para la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., la empresa estatal que opera las tres líneas de carga ferroviaria del país —Belgrano, San Martín y Urquiza—, con un plazo de concesión de 50 años. La medida abre un proceso que las propias autoridades reconocen como urgente: el sistema ferroviario argentino transporta 10 veces menos carga por kilómetro de vía que Chile, y esa brecha es la que busca cerrar con esta privatización. Fuentes oficiales con conocimiento directo del proceso lo llaman “círculo vicioso”.
La prisa por resolver la concesión por las próximas cinco décadas tiene que ver con que la Argentina registra un ratio de 0,6 toneladas-kilómetro por kilómetro de vía operativa, una métrica que mide cuánto se transporta en relación con la extensión de red que hay que mantener. Chile multiplica ese número por 10, Brasil por seis, Estados Unidos entre 15 y 20 veces dependiendo de la operadora, y Australia llega a 40 veces. La consecuencia directa es que lo que genera el sistema ferroviario no alcanza para financiar su propio mantenimiento, lo que deteriora la infraestructura, degrada el material rodante y obliga al Estado a subsidiar tarifas para seguir siendo competitivo frente al camión.
Actualmente, menos del 5% de la carga total del país se transporta por tren. En países con sistemas ferroviarios de referencia, ese porcentaje ronda entre el 20 y el 25 por ciento. El 80% de lo que mueve hoy Belgrano Cargas y Logística son cereales, mientras que sectores como la minería, los hidrocarburos y las economías regionales del norte y el oeste del país dependen casi exclusivamente del transporte por ruta.
Los pliegos revelan que el máximo histórico de carga transportada por la línea Belgrano fue de 2.140 millones de toneladas-kilómetro, alcanzado en 2024; la línea San Martín llegó a 3.034 millones en 2022, y la Urquiza a 348 millones ese mismo año. Esos registros son la línea base sobre la que el Gobierno medirá el crecimiento que genere el concesionario privado.
En mayo de 2024, Belgrano Cargas y Logística quedó sujeta a privatización. Según comentaron fuentes oficiales a Infobae, la conclusión fue que el Estado no tiene capacidad para sostener la inversión estratégica que el sistema requiere, de manera que quien asuma el riesgo empresario debe ser el sector privado.
El modelo elegido se basa en la desintegración vertical: la licitación no obliga al concesionario a operar el material rodante, sino que le exige administrar y mantener la infraestructura y cobrar un peaje a cualquier operador que quiera circular por la red. Ese esquema, conocido como open access, elimina la exclusividad comercial que hoy tienen los ramales y abre la puerta a que empresas logísticas, cerealeras o mineras puedan incorporar sus propios trenes y pagar por el uso de la vía, tal como ocurre con camiones en rutas o barcos en la hidrovía.
El modelo es flexible: una constructora puede presentarse como concesionaria sin necesidad de operar trenes, pero un operador ferroviario tradicional también puede hacerlo y, si gana, tiene la opción de adquirir el 50% del material rodante de cada línea sin ir a subasta pública, al valor de tasación. El otro 50% se vende por remate, y el ganador puede ser el mismo concesionario. El pliego incorpora además una cláusula que prohíbe participar a empresas controladas directa o indirectamente por Estados extranjeros —la misma restricción aplicada en las licitaciones de la Hidrovía y del proyecto AMBA I para la red eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires—, una medida que apunta a limitar la participación de firmas vinculadas al gobierno chino.
La demanda que el sistema no puede atender
El cuello de botella más inmediato no es la falta de clientes: es la incapacidad de dar servicio. Fuentes oficiales señalaron que hoy los clientes de Belgrano Cargas y Logística demandan el triple de lo que el sistema puede ofrecer. La obra estructural pendiente en Santa Fe —la circunvalación que obliga a limitar el paso a dos trenes por día en ventana nocturna, con más de 20 pasos a nivel y a baja velocidad— es el principal obstáculo en el troncal de la línea Belgrano. El pliego la identifica como obra obligatoria prioritaria e incluye la construcción de traza nueva, renovación de vías, un puente sobre el río Salado y pasos de alto nivel sobre las rutas nacionales 4, 11 y 70. Las fuentes estiman que podría completarse en dos años y medio dado su estado de avance, aunque el pliego da cinco años de plazo.
El plan de obras obligatorias apunta a resolver ese déficit de capacidad, con foco en los proyectos mineros del norte y el oeste del país como demanda futura. La línea San Martín, que llega hasta San Juan, es la arteria natural para los grandes proyectos de cobre de esa provincia. La línea Belgrano, que atraviesa Catamarca, Salta y Jujuy, conecta con la franja de proyectos de litio más activa del país, incluidos los tres activos de Rio Tinto en esas provincias. En ambos casos, el suministro de insumos y maquinaria hacia esas operaciones —no solo el transporte del mineral producido— es donde el tren tiene mayor potencial de crecimiento.
El financiamiento de las obras se realizará sobre un mecanismo diseñado para que los recursos no pasen por el Tesoro. El material rodante de las tres líneas está tasado en torno a los USD 500 millones: solo el lote de la línea San Martín tiene un precio de venta de USD 131,7 millones, y el de la Urquiza de USD 52,3 millones, según consta en los pliegos publicados este jueves. Lo que se obtenga de su venta —tanto el lote que adquiere el concesionario como el que va a subasta— se deposita en un fideicomiso administrado por Belgrano Cargas y Logística, algo que Infobae publicó este martes. El dinero no va al Tesoro: vuelve al sistema ferroviario.
El fideicomiso financia las obras obligatorias, pero no como adelanto: el repago se hace cada seis meses contra avance físico certificado. El concesionario debe conseguir el financiamiento para ejecutar las obras y el fideicomiso le devuelve el dinero a medida que las termina. La línea San Martín concentra el mayor aporte del fideicomiso: hasta USD 386 millones, muy por encima de los USD 34,3 millones previstos para la Urquiza, lo que refleja que es la línea con mayor volumen de inversión obligatoria.
Las obras obligatorias suman USD 800 millones distribuidos en las tres líneas, con un plazo de ejecución de cinco años. De ese total, USD 500 millones pueden cubrirse con los recursos del fideicomiso; los USD 300 millones restantes deben ser aportados por el concesionario. La arquitectura del pliego está diseñada para que quien quiera acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) invierta más de lo que el plan obligatorio exige: el régimen exige que el 40% de la inversión comprometida se ejecute en los primeros dos años, un plazo más corto que el de las obras obligatorias, que se distribuyen en cinco.
La condición es categórica: si un oferente presenta su propuesta vinculada al RIGI y no obtiene la aprobación del régimen, su oferta queda sin efecto y no se adjudica, de manera que ganará su sucesor en la lista. Las obras de renovación y duplicación de vías califican para el régimen; el mantenimiento, no. Una vez que el concesionario complete el plan de obras obligatorias, podrá aumentar su tarifa de peaje hasta un 15% por encima del valor ofertado. Ese techo no puede superarse bajo ninguna circunstancia durante la vigencia del contrato. La tarifa, en todo caso, es una compulsa privada entre el concesionario y sus clientes —grandes exportadores agroindustriales, empresas mineras, proveedores de insumos— y no una tarifa regulada de acceso público.
La publicación de los pliegos activó las primeras reacciones formales. GMXT USA, filial del Grupo México Transportes —que opera más de 11.000 kilómetros de vías en México y el sur de Estados Unidos— ratificó su interés y confirmó el inicio del análisis de los documentos. La empresa anunció además un acuerdo estratégico con Wabtec, compañía estadounidense especializada en equipos, componentes y servicios digitales para el sector ferroviario, con el objetivo de dotar a las líneas de carga de estándares internacionales de eficiencia operativa y reducir el costo por tonelada transportada.
Grupo México había manifestado previamente su disposición a invertir USD 3.000 millones en la modernización de la red. Ese número debe leerse con cautela: según explicaron fuentes oficiales, las obras optativas funcionan como un menú del que el concesionario puede elegir según su modelo de negocio, sin expectativa oficial de que se ejecuten todas. Los pliegos revelan que solo las obras optativas de las líneas San Martín y Belgrano suman más de USD 1.876 millones —entre duplicaciones de vía, renovaciones y mejoramientos pesados de tramos clave—, lo que permite dimensionar de dónde puede provenir una cifra de esa magnitud.
Del lado de las cerealeras, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) celebraron la publicación de los pliegos y la calificaron como “un hito fundamental para la competitividad del sector agroindustrial exportador”. Las entidades destacaron el esquema de open access y la elegibilidad del RIGI, y señalaron que la privatización puede devolverle competitividad a la producción agrícola del interior alejada de los puertos. Detrás de esa posición opera un consorcio integrado por Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
El Grupo Roggio, holding de origen cordobés con más de 117 años de trayectoria en infraestructura y transporte, también manifestó interés en participar. El grupo tiene experiencia ferroviaria directa: a través de Metrovías opera la línea Urquiza de pasajeros, y cuenta con Benito Roggio Ferroindustrial, una planta de construcción y reparación de material rodante. Su perfil lo posiciona como un candidato natural para el segmento de administración de infraestructura, el núcleo de la licitación.
Entre los potenciales socios inversores figura Rio Tinto, la minera global con tres proyectos de litio activos en Argentina: Rincón en Salta —su principal activo, con una inversión de USD 2.500 millones y una capacidad proyectada de 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio—, y los proyectos Fénix y Sal de Vida en Catamarca, con inversiones de USD 700 millones cada uno. El pliego contempla la figura de socios inversores: el concesionario puede sumar a empresas de sectores específicos con interés en determinados ramales, sin obligarlas a competir por la concesión completa.
Las ofertas deben presentarse antes del 11 de noviembre de 2026, fecha en que se abrirán los sobres de forma pública a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre la documentación licitatoria tienen plazo hasta el 28 de octubre. Para evaluar las propuestas, el Gobierno creó una Comisión Evaluadora integrada por Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García, con tres suplentes. La adjudicación está prevista para comienzos de 2027.
El proceso cuenta con respaldo financiero internacional confirmado. BID Invest, el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Banco Mundial, participaron como asesores en la construcción de los pliegos y tienen previsto financiar al concesionario adjudicatario. Ambos organismos revisaron las cláusulas contractuales y dieron su conformidad —una señal relevante, dado que su respaldo condiciona el acceso al financiamiento. La Corporación de Financiamiento para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) mantuvo reuniones con empresas interesadas y evalúa financiar a oferentes específicos según su perfil. El Export-Import Bank de Estados Unidos (Eximbank) se perfila como fuente de crédito para la adquisición de material rodante de origen americano, sin límite de monto definido, según revelaron fuentes oficiales al tanto de las negociaciones.
La privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL), la empresa estatal que tiene bajo su órbita las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, demandará como mínimo unos US$800 millones en obras obligatorias para recuperar la infraestructura. Para hacer viable ese desembolso, el Gobierno diseñó un esquema que combina un fondo alimentado por la venta de locomotoras y vagones, la posibilidad de acceder al RIGI y financiamiento de organismos internacionales y agencias de Estados Unidos.
La pata internacional comenzó a construirse incluso antes de la publicación de los pliegos. Según explicaron fuentes del Gobierno a LA NACION, la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo del Banco Mundial para el sector privado, acompañó la estructuración del proyecto y esta semana envió una carta de intención al ministro Luis Caputo. BID Invest, la rama privada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también participó de la revisión de condiciones y cláusulas de los contratos.
“Es importante para nosotros porque después, si tenés un pliego que no les gusta, no le prestan dinero a la empresa que gane”, sintetizaron fuentes oficiales. Según explicaron, ambos organismos consideran financiable el proyecto y podrían prestar a quienes finalmente obtengan las concesiones.
El Gobierno también mantuvo conversaciones con la Development Finance Corporation (DFC), la agencia estadounidense de financiamiento para el desarrollo que tiene como terminal política a Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump. En este caso, la asistencia sería más selectiva: el organismo podría financiar a determinados adjudicatarios tras evaluar cada proyecto. A eso se suman reuniones con el Export-Import Bank de Estados Unidos (Exim Bank), que podría otorgar créditos cuando la operación genere exportaciones estadounidenses, por ejemplo, para comprar locomotoras o vagones fabricados en ese país.
En el caso del Exim Bank, la posibilidad está vinculada principalmente con la compra de equipamiento producido en Estados Unidos. Según explicaron fuentes del Gobierno, un futuro concesionario que decida adquirir locomotoras, vagones u otro material ferroviario estadounidense podría recurrir al organismo para financiar la operación. Cualquier crédito dependerá del proyecto, del volumen de exportaciones estadounidenses involucrado y de la evaluación del organismo.
Belgrano CargasCasa Rosada
La participación de organismos estadounidenses adquiere una dimensión particular después de que el Gobierno incorporara una cláusula que impide competir a empresas controladas directa o indirectamente por Estados extranjeros. Si bien la disposición alcanza a cualquier compañía estatal foránea, en los hechos excluye a las empresas públicas chinas.
Fuentes oficiales explicaron que la decisión responde al carácter estratégico de la infraestructura ferroviaria de cargas y busca que su administración quede al margen de otros intereses estatales, en línea con lo que sucedió con la Hidrovía. Aclararon, sin embargo, que no vinculan directamente esa definición con las gestiones de financiamiento realizadas en Estados Unidos.
Las obras
El plan obligatorio ronda los US$800 millones entre las tres líneas y deberá ejecutarse durante los primeros cinco años. Los pliegos lo definen como el conjunto de intervenciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura.
Uno de los principales proyectos será completar el Circunvalar ferroviario de Santa Fe, que incluye una nueva traza, renovación de vías, un puente sobre el río Salado y cruces a distinto nivel sobre las rutas 4, 11 y 70. El cuello de botella tiene hoy un efecto concreto: según fuentes oficiales, existe demanda para hacer pasar hasta 12 trenes diarios, pero actualmente sólo pueden circular dos.
El Circunvalar es una obra clave para el agro porque busca destrabar el tránsito de los trenes que bajan con granos desde el norte hacia los puertos del Gran Rosario, principal nodo exportador del país.
En el San Martín se contemplan, entre otras intervenciones, renovaciones de vías en distintos tramos del corredor que conecta la zona de Rufino con Justo Daract, Venado Tuerto, Villa Constitución y Soldini. En el Urquiza habrá trabajos entre Concordia y Paso de los Libres y reconstrucción de terraplenes entre La Criolla y Chajarí.
El objetivo es recuperar “capacidad y confiabilidad”. Actualmente, menos del 5% de las cargas del país se transporta por tren y cerca del 80% del volumen movilizado por BCyL corresponde a cereales. En el Gobierno consideran que llevar la participación ferroviaria hacia niveles de entre 20% y 25% sería un horizonte razonable, especialmente frente al crecimiento esperado de la minería y la energía.
Los trenes financiarán las vías
Parte de las obras tendrá una fuente de repago dentro del propio sistema. El conjunto del material rodante de las tres líneas fue valuado, según fuentes oficiales, en alrededor de US$500 millones. El adjudicatario de cada línea podrá adquirir inicialmente aproximadamente la mitad del parque asignado a esa concesión al valor de tasación; el resto será vendido posteriormente mediante subastas.
Los recursos serán destinados al fideicomiso creado para financiar parcialmente las obras obligatorias. “No va al Tesoro, vuelve al sistema ferroviario”, explicaron fuentes del Gobierno.
Los propios pliegos establecen los máximos que podrá recibir cada concesionario de ese fondo: hasta US$78,5 millones para el Belgrano, US$386 millones para el San Martín y US$34,3 millones para el Urquiza. En conjunto son casi US$500 millones. El mecanismo no supone que el futuro concesionario recibirá ese dinero por adelantado. Deberá conseguir el financiamiento necesario, ejecutar las obras y luego acceder a los repagos del fideicomiso de acuerdo con los avances físicos certificados. Los documentos exigen incluso que el concesionario acredite el financiamiento para las obras obligatorias que no estén cubiertas por el fondo.
A esa estructura se suma el RIGI. Los fondos aportados por el fideicomiso no computarán como inversión privada a los efectos del régimen y los incentivos estarán vinculados a la inversión efectivamente realizada por el concesionario y a la carga adicional transportada por encima de una línea base.
La adhesión tampoco será automática. Si una empresa presenta su oferta suponiendo que accederá al RIGI, resulta preseleccionada y finalmente no obtiene la aprobación, esa propuesta dejará de ser válida y avanzará el oferente que haya quedado en segundo lugar. “Si no obtiene el RIGI, no gana y pasa al segundo”, explicaron las fuentes.
El número de muertos por el terremoto que sacudió Colombia hace casi más de una semana aumentó a 314, mientras los equipos de socorro continúan buscando a 262 personas desaparecidas. Estos datos fueron informados por el presidente Abelardo de la Espriella, quien también se encuentra preparando un decreto de emergencia económica.
El mandatario señaló que 4.437 personas resultaron heridas y que hay 30.664 viviendas destruidas, mientras otras 136.946 sufrieron daños. La emergencia también dejó 302 edificios colapsados y 5.809 afectados, además de 3.470 centros educativos y 352 centros de salud con algún nivel de afectación, indicó la CNN.
Además, De la Espriella expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del terremoto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá. “Seguimos acompañándolos en este momento de profundo dolor”, expresó.
Colombia llegó a 300 muertos tras el terremoto y el gobierno
Sobre las personas desaparecidas, el presidente dijo que el Gobierno concentra sus esfuerzos en encontrarlas con vida: “Los mayores esfuerzos del gobierno están direccionados a rescatar ojalá dios quiera a estas 262 personas con vida. Nuestros organismos de socorro continúan trabajando en las labores de búsqueda, rescate y atención”.
De la Espriella anunció este miércoles 19 de agosto durante el Consejo de Ministros la firma de un decreto de emergencia económica para atender las consecuencias del terremoto.
ARA ha decidido donar 12 millones de euros, equivalentes a cerca de $43.138 millones de pesos, para apoyar a Colombia en la atención de la emergencia y la reconstrucción del país.
A este gran gesto se suma BBVA, con una donación de 2 millones de euros, equivalentes a cerca de…
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 20, 2026
La medida regiría en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. El decreto ordena además que el Ministerio del Interior rinda un informe motivado al Congreso y remitir el texto al día siguiente a la Corte Constitucional.
De allí, debería comunicar su adopción a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA). En ese sentido, explicó que la medida busca generar espacio fiscal para responder a la emergencia, en medio de las dificultades de las finanzas públicas, tal como reducir gastos de programas de la administración anterior que no considere prioritarios y buscar fuentes adicionales de financiación.
Abelardo de la Espriella desata polémica al regalar pelotas de fútbol a los damnificados del terremoto
Durante el recorrido, entregó pelotas de fútbol con la inscripción “Defensores de la Patria” y otros elementos vinculados a su movimiento político, lo que generó cuestionamientos por un posible uso electoral de la ayuda en medio de la emergencia.
La distribución se realizó mientras la región todavía enfrenta las consecuencias del sismo, que provocó daños en distintas localidades y profundizó las necesidades de las comunidades afectadas. Vecinos y sectores opositores consideraron que, frente a la situación, los esfuerzos debían concentrarse en cuestiones urgentes como alimentos, atención médica, agua potable y la recuperación de las viviendas dañadas.
