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La condena contra Cristina Kirchner quedó firme en junio de 2025 y, agotadas las instancias judiciales argentinas, la defensa anunció que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, ese organismo no puede anular la sentencia ni ordenar su libertad: su intervención se limita a evaluar si el Estado argentino vulneró garantías del debido proceso.

El fallo de la Corte Suprema agotó las vías judiciales internas, un requisito para acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde la presentación apuntará a garantías procesales, aunque una eventual opinión favorable no suspenderá la pena.

En su resolución, el máximo tribunal descartó cuestionamientos por falta de imparcialidad, supuestas violaciones al debido proceso y errores en la valoración de las pruebas, al sostener que los planteos defensivos no desvirtuaban los fundamentos previos.

El trámite ante el Comité prevé que el organismo reciba los argumentos de la parte denunciante y luego solicite la respuesta del Estado argentino a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tras analizar ambas posiciones, el cuerpo emitirá una opinión.

El trámite ante el comité, de todos modos, no tendrá una definición cercana. Cualquier resolución definitiva del organismo demandará un proceso de análisis y tratamiento que insumirá varios años.

Función y alcance del Comité de la ONU

Tras la decisión de la Corte de dejar firme la condena contra CFK, los abogados de la expresidenta presentaron una “Comunicación Individual” ante la ONU, planteo que abrió una instancia internacional de revisión sobre estándares procesales, no una nueva discusión sobre los hechos del caso ni sobre la culpabilidad o inocencia de la exmandataria.

El organismo está integrado por 18 expertos independientes y emite observaciones y recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio, aunque suelen citarse como antecedentes en debates jurídicos e institucionales y pueden ganar relevancia política e internacional.

Según el alcance que tiene ese órgano, sus pronunciamientos son “observaciones” o “dictámenes”. No se trata de sentencias judiciales de cumplimiento obligatorio directo para revertir una condena penal, aunque sí pueden generar responsabilidad internacional para el Estado y tener peso político y jurídico.

Por ende, el organismo no puede anular la sentencia penal dictada por la justicia argentina: su intervención se limita a evaluar si el Estado violó garantías del debido proceso, un examen cuya tramitación podría demorar varios años.

La función del comité se concentra en determinar si hubo afectación de derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre esos puntos puede analizar la independencia de los jueces, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Lo que no hace ese organismo es volver a juzgar el expediente. Tampoco reevalúa pruebas ni dicta un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de la persona condenada. Las decisiones del Comité no son vinculantes como una sentencia nacional.

Si el comité concluyera que existió una violación de derechos humanos, podría recomendar al Estado argentino medidas de reparación, reformas legales o revisiones institucionales. Ese eventual dictamen, aun con ese alcance, no sustituye la decisión de los tribunales nacionales.

El antecedente de Lula y el caso de la OEA

La estrategia de la defensa busca apoyarse en un antecedente internacional ya utilizado en la región. El caso de Luiz Inácio Lula da Silva aparece como la referencia central del planteo.

En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que la causa Lava Jato contra Lula había vulnerado sus derechos políticos y las garantías de un juicio imparcial. Ese antecedente es el que intentan replicar los abogados de la expresidenta, reforzados por juristas internacionales vinculados con aquel caso.

La diferencia, según surge de ese precedente, es que la anulación de las condenas de Lula no fue ordenada por el comité sino que la dispuso el propio Supremo Tribunal Federal de Brasil por fallas de competencia jurisdiccional, mientras que el pronunciamiento de la ONU operó como un fuerte respaldo político y jurídico internacional.

Ese punto delimita la expectativa real del trámite iniciado por la defensa de Kirchner. Aun en el escenario de un dictamen favorable, la intervención del organismo internacional no equivaldría por sí sola a dejar sin efecto la sentencia argentina.

La presentación ante la ONU también condiciona otra vía posible en el plano internacional. Las normas del derecho internacional impiden litigar en simultáneo el mismo caso en múltiples foros multilaterales.

Al optar formalmente por la comunicación ante ese comité, la defensa debe desistir de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del sistema regional de la OEA. Esa incompatibilidad entre vías obliga a elegir un único canal para el reclamo internacional.

La diferencia entre ambos sistemas no es menor. A diferencia del mecanismo de la ONU, el sistema interamericano cuenta con un tribunal judicial formal, la Corte IDH, cuyas sentencias suelen ser vinculantes y tienen mecanismos de revisión local dentro de la jurisprudencia argentina.

Los negocios bursátiles globales continúan con dinámica inestable, con un precio del petróleo nuevamente en alza debido a la tensión geopolítica, la expectativa por la decisión de tasas de la Reserva Federal de EEUU y la presentación de resultados trimestrales en Wall Street.

El precio del petróleo rebota con fuerza y llegaba a subir más de un 7% este miércoles hasta superar de nuevo los 90 dólares por barril en el caso del Brent del Mar del Norte, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país responderá duramente a Irán tras el reciente ataque contra una base estadounidense en Jordania.

“Los vamos a atacar con fuerza”, ha comentado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a Fox News, después de que esta noche Irán lanzase una andanada de misiles balísticos contra la base aérea y el cuartel general del Ejército estadounidense en Jordania.

El rebrote de las hostilidades entre EEUU e Irán provocó la inmediata respuesta al alza del precio del crudo de Brent, de referencia para Europa, que llegaba a encarecerse hasta un 7,2% respecto del cierre anterior y alcanzaba un máximo intradía de USD 90,17 en el contrato con entrega en septiembre.

En el caso del crudo WTI (West Texas Intermediate) de EEUU, el costo del barril llegaba a subir hasta un 6,9% en comparación con el precio marcado al cierre del martes y se llegaba a pagar en 84,74 dólares.

En ese contexto, a las 11:20 horas los principales indicadores de las bolsas de Nueva York se movían a la baja, encabezada por el panel tecnológico Nasdaq (-1,3%).

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedía 0,4% en pesos, en los 3.240.000 puntos. Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street dan señales mixtas. Lideran las subas Vista Energy (+2,9%), Globant (+2,5%) e IRSA (+2,5%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caen un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan sube en cuatro unidades, a 446 puntos básicos.

El renovado encarecimiento del petróleo y la creciente incertidumbre sobre la resolución del conflicto en la región del golfo Pérsico se produce horas antes de conocer la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés.

En este sentido, los analistas consultados por Europa Press coinciden en que el banco central estadounidense no modificará los tipos de interés en su reunión de hoy tras la mejora de los datos de inflación y empleo, aunque el instituto emisor estadounidense se mantendrá alerta en un contexto marcado por la incertidumbre de la situación en Oriente Próximo.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed decidió por unanimidad mantener la tasa de referencia en el rango objetivo del 3,50% al 3,75% en su última cita, aunque entonces varios miembros del comité ya mostraron su opinión favorable a una subida de los tipos de interés debido a las presiones inflacionarias.

Más en la perspectiva local, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, recordó que “en el día en que se fijaba el dólar para el pago de la letra dollar linked D31L6, el BCRA no tuvo intervención en el MULC por primera vez desde el 2 de enero de este año, período en que acumuló 135 ruedas consecutivas con compras. El dólar oficial operó estable en la rueda, mientras que el ‘contado con liquidación’ cedió recién un poco a final de la misma, habiendo mostrado una suba en el intradiario”.

“En tanto, el mercado estará atento hoy a la licitación del Tesoro en pesos, en la que vencen unos $8,5 billones, y en la que el Tesoro intentará continuar despejando pagos hacia el próximo mandato. Finalmente, se emite también el AO29 en reapertura, sin límite de colocación en la licitación primaria, siempre respetando el máximo previsto para la emisión total del bono (USD 2.000 millones)”, ñadí Juan Manuel Franco.

Delhi adoptó el 1 de julio una política que busca que la gran mayoría de los vehículos nuevos registrados en la ciudad sean eléctricos antes de 2027, en lo que expertos en energía describen como uno de los planes más ambiciosos de la India para reducir la contaminación en una de las zonas más afectadas del mundo. La medida implica una inversión del gobierno local de 150.000 millones de rupias (unos USD 1.500 millones) e incluye subsidios, exenciones de impuestos y metas de infraestructura de carga, según informó la agencia Associated Press (AP).

La urgencia de la iniciativa queda clara en las cifras: los vehículos generan cerca de un cuarto de la contaminación del aire en la Región de la Capital Nacional que rodea Delhi, y las motos y los triciclos motorizados representan casi la mitad de esa contaminación vehicular. De los 8,7 millones de vehículos registrados en la ciudad, apenas el 5% son eléctricos, aunque las nuevas inscripciones de esta categoría superaron los 100.000 en el último año, la mayoría de dos y tres ruedas.

Un plan de subsidios con plazos firmes

La política ofrece hasta 50.000 rupias (unos USD 522) a quienes compren un vehículo eléctrico y hasta 100.000 rupias (USD 1.044) a quienes desechen su vehículo de combustión interna. A partir de 2027, todo triciclo motorizado y camioneta liviana recién registrado deberá ser eléctrico; los nuevos vehículos de dos ruedas seguirán ese mismo requisito un año después. Los autos particulares y camiones más grandes aún podrán registrarse con motores de gasolina por el momento.

Jaideep Saraswat, responsable de energía limpia y movilidad eléctrica en la Vasudha Foundation, calificó la política como “una de las más ambiciosas” que conoce en la India. Según sus palabras, recogidas por AP, los plazos establecidos envían una señal clara a fabricantes y consumidores de que el cambio “es inevitable”. Delhi se convierte así en la primera ciudad del país en fijar una fecha para dejar de registrar vehículos a nafta, adelantándose a estados como Maharashtra, Karnataka, Telangana y Tamil Nadu, que ofrecieron incentivos y redujeron impuestos, pero sin llegar a prohibir los nuevos registros de combustión.

El desafío de la infraestructura y la red eléctrica

Pese al optimismo de los especialistas, los conductores que ya usan eléctricos advierten que la infraestructura de carga todavía no está a la altura. Shyam Singh, ejecutivo de marketing propietario de una moto eléctrica, señaló a AP que las estaciones “no están a la altura” y que los recorridos largos siguen siendo un obstáculo por la autonomía limitada de las baterías actuales.

Por su parte, Siddhant Jha, un ingeniero de software de 22 años del norte de la ciudad, expresó sus dudas sobre la durabilidad de los eléctricos frente a las inundaciones anuales que afectan las calles, y prefiere esperar mejores modelos antes de gastar las 150.000 rupias (USD 1.566) que costaría el cambio.

En tanto, Ruchita Shah, analista de energía del think tank global Ember, subrayó que el rasgo más relevante de la política es la combinación de subsidios con plazos estrictos, un mecanismo que obliga a actuar en vez de solo incentivar. Señaló además que los vehículos eléctricos ya representaron el 12,7% de las ventas de vehículos nuevos en Delhi durante el año fiscal 2026, frente al 8,3% del promedio nacional.

Para Shah, el éxito del plan depende de que la ciudad amplíe sus puntos de carga y obtenga más electricidad de fuentes renovables; en la actualidad, la mayoría de las cargas ocurren de noche, cuando la energía solar no está disponible y las plantas termoeléctricas deben cubrir la demanda.

Contaminación extrema y la presión por actuar

El contexto ambiental impone una presión adicional. La contaminación del aire en Delhi obliga periódicamente al cierre de escuelas, paraliza obras de construcción y activa medidas de emergencia sanitaria, sobre todo en invierno. Sunil Dahiya, fundador de la organización de investigación ambiental Envirocatalyst, advirtió a AP que los beneficios de la nueva política tardarán en sentirse porque los vehículos de gasolina, diésel y gas natural comprimido que circulan hoy seguirán en uso durante años.

Para acelerar la transición, Dahiya propuso instalar sistemas de almacenamiento de baterías en las estaciones de carga y adoptar precios diferenciados según la hora del día, para incentivar la carga cuando la energía renovable sea más abundante. Agregó que la ciudad deberá coordinar con los estados vecinos la descarbonización de la red eléctrica y la electrificación del transporte público.

Los delegados paritarios de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales tendrán este mediodía una audiencia oficial con la Secretaría de Trabajo que puede ser decisiva para resolver el aumento salarial en las ramas metalmecánica y siderúrgica.

El encuentro, previsto para las 12 y que se hará de manera virtual, servirá para seguir analizando una fórmula distinta al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para recomponer los salarios de los metalúrgicos y los dirigentes gremiales buscarán recuperar un atraso de entre 13 y 14 puntos frente a la inflación en medio de una fuerte crisis industrial que combina caída de actividad, despidos y cierre de fábricas.

Según fuentes sindicales, cerca del 60% de los trabajadores del sector cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra ubicada por debajo de la línea de pobreza. En la rama siderúrgica, además, no se pactan aumentos de sueldos en la negociación colectiva desde hace dos años y cada empresa del sector fue otorgando mejoras por su cuenta a sus trabajadores.

La primera reunión oficial se realizó a principios de julio entre los delegados designados por la intervención judicial del gremio y las cámaras empresariales. Allí intercambiaron diagnósticos sobre el deterioro de la actividad y el desfase de los ingresos, y acordaron continuar las negociaciones de manera extraoficial.

El objetivo inmediato es actualizar las remuneraciones que quedaron atrasadas después del último acuerdo salarial, firmado en noviembre de 2025. Ese entendimiento contempló mejoras hasta marzo de este año con un incremento acumulado del 14% mediante sumas no remunerativas de 160 mil pesos, que no se incorporaron al básico y profundizaron el desfase.

La negociación salarial estuvo paralizada por la negativa de la Secretaría de Trabajo a reconocer a los delegados paritarios que fueron nombrados por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri. La situación cambió a partir de un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la facultad del interventor para discutir paritarias y designar a quienes participen de esas tratativas.

De esa forma pudieron reunirse en la sede de la UOM los delegados paritarios del sindicato Roberto Bonetti (líder de la Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), y empresarios de la Cámara Argentina del Acero para discutir los salarios de la rama siderúrgica, por un lado, y de cámaras como ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAMIMA para hablar sobre aumentos para la rama metalmecánica, por otro.

La discusión salarial se desarrolla bajo una restricción adicional: el Gobierno no homologa paritarias que se ubiquen por encima de una inflación de alrededor del 2%. Ese límite oficial convive con el cálculo sindical y empresarial de una pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses.

La situación interna del sindicato se agravó después de que el titular de la UOM, Abel Furlán fue desplazado de su cargo por otro fallo de la misma Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones de la seccional Zárate-Campana por diversas irregularidades y esa decisión impactó sobre la conducción nacional del gremio.

El 22 de mayo, los camaristas Víctor Pesino y María Dora González dejaron sin efecto tanto la elección de esa seccional como la elección nacional de autoridades de la UOM, realizada el 18 de marzo, en la que también había sido proclamado ganador Furlán. Al mismo tiempo, dispusieron la intervención del gremio por 180 días y encomendaron a Biglieri la convocatoria a nuevos comicios en Zárate-Campana bajo condiciones que aseguren transparencia y respeto a la libertad sindical.

En una de sus primeras medidas, el interventor presentó ante la Secretaría de Trabajo una nómina de nuevos delegados paritarios para negociar salarios, todos dirigentes enfrentados con la conducción de Furlán.

La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo sostuvo en un dictamen que las atribuciones de Biglieri para designar delegados y conducir la negociación colectiva debían ser determinadas exclusivamente por el juzgado que ordenó su nombramiento. En esa resolución, la dependencia oficial afirmó que la representación en paritarias y el desarrollo de la negociación colectiva no podían ser confirmados ni ampliados por vía administrativa.

La Secretaría de Trabajo recomendó entonces pedir una aclaración judicial específica sobre el alcance de esas facultades. Esa respuesta llegó cuando la Sala VIII de esa Cámara rechazó el planteo oficial y sostuvo que el Ministerio de Capital Humano “carece de competencia para interpretar, ampliar o restringir por vía de dictamen los términos de una intervención judicial, cuyo alcance surge de la propia resolución que la ordenó y del régimen procesal aplicable”.

Con la firma del camarista Víctor Pesino, se ratificó que el interventor de la UOM “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización” y que entre ellas está la potestad de discutir acuerdos paritarios y de designar personas para esa tarea.

El Gobierno, mediante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó las obras de infraestructura eléctrica que Vicuña, la compañía a cargo del que se considera el mayor proyecto minero del país, necesitaba para conectar su proyecto de cobre en San Juan a la red nacional de alta tensión. De esta forma y luego de tres años, despejó el último obstáculo regulatorio para que la empresa controlada por BHP y Lundin Mining avance hacia una decisión final de inversión de hasta USD 9700 millones en una primera etapa.

A través de la Resolución 330/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el organismo emitió el certificado que habilita la construcción de las obras y le otorgó a Vicuña prioridad sobre el 90% de la capacidad eléctrica que se genere por 25 años. La inversión en infraestructura eléctrica podría rondar los USD 800 millones y será financiada en su totalidad por la compañía, sin traslado de costos a los usuarios del sistema.

La resolución pone fin a una disputa técnica y administrativa que se extendió por más de tres años. El proceso arrancó en 2023 con la presentación formal de la solicitud y se complicó en febrero de este año, cuando el ENReGE —entonces bajo la denominación ENRE, previo a su unificación bajo un mismo organismo— publicó la Resolución 79/2026, que habilitó provisionalmente el acceso pero recibió oposiciones formales de varios actores.

Esas presentaciones obligaron a convocar una audiencia pública, que se realizó el pasado 3 de junio en Buenos Aires. La escalada del conflicto fue tal, ya que la demanda eléctrica del proyecto en su primera fase —260 MW— equivale a casi la mitad del consumo pico de toda la provincia de San Juan, que en el verano pasado alcanzó los 572 MW. A su vez, en su fase final, los 700 MW requeridos superarían la demanda máxima histórica de la provincia.

En esa instancia, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (EPRE San Juan) planteó reparos sobre el impacto de la asignación en el abastecimiento futuro de la provincia y reclamó que la capacidad que excediera las necesidades propias de Vicuña quedara disponible para otros proyectos mineros regionales. La Secretaría de Energía de La Rioja objetó que las obras podrían comprometer la futura interconexión en 500 kV entre ambas provincias. Del lado privado, Andes Corporación Minera S.A. (ACMSA), titular del proyecto Los Azules —impulsado por McEwen Copper—, cuestionó las metodologías de cálculo de capacidad utilizadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y advirtió que la prioridad otorgada podría bloquear el acceso de otros emprendimientos al corredor eléctrico. También presentaron oposiciones Barrick Mining, Golden Mining y Casposo Argentina.

El ENReGE rechazó todas las impugnaciones y sostuvo que ninguna normativa provincial puede limitar los principios de libre acceso a la red eléctrica nacional. Frente a las objeciones de las empresas competidoras, el organismo respondió que la prioridad otorgada a Vicuña no bloquea el acceso de terceros al sistema, ya que cualquier otro proyecto puede financiar las ampliaciones que necesite bajo el marco regulatorio vigente.

Las obras comprenden cuatro componentes. El primero consiste en la ampliación de las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo para permitir que la línea existente, que opera en 132 kV, pase a funcionar en 500 kV. El segundo es la construcción de una nueva línea de extra alta tensión de aproximadamente 167 kilómetros entre las estaciones Rodeo y Chaparro, que atravesará zonas de montaña a hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar.

El tercero es la nueva Estación Transformadora Chaparro, con tecnología GIS (Gas Insulated Switchgear) y previsiones para futuras interconexiones hacia el noroeste argentino. El cuarto es una línea de 220 kV de uso particular de unos 93 kilómetros que llegará hasta la Estación Transformadora Josemaría, dentro del propio proyecto minero, con tramos a 4.550 metros de altura.

“La obtención del CCyNP representa un paso muy importante para el desarrollo del proyecto y, al mismo tiempo, constituye una oportunidad para dejar infraestructura estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico de San Juan y acompañará el crecimiento de la provincia durante las próximas décadas”, afirmó José Morea, Country Director de Vicuña, en un comunicado de la compañía.

Una vez finalizadas, todas las instalaciones pasarán a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y quedarán bajo la operación y mantenimiento de Transener, la concesionaria del transporte de alta tensión, que acaba de ser privatizada. El organismo aclaró que la única excepción al régimen de prioridad del 90% es la ampliación del transformador de la Estación Rodeo, cuya carga no depende de forma apreciable de la demanda del proyecto minero.

Avanza Vicuña en San Juan

La aprobación llega semanas después de que el Gobierno habilitara el ingreso de Vicuña al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Con una inversión inicial declarada de USD 9.700 millones, el desembolso podría escalar hasta los USD 18.000 millones a lo largo de una década. El proyecto se estructura en tres fases centradas en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en el límite cordillerano de San Juan con Chile, y prevé una producción anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata una vez en plena operación.

El CEO de Vicuña, Ron Hochstein, había definido la concreción del plan como dependiente de una decisión final de los accionistas antes de fin de año. La infraestructura eléctrica aprobada este martes abastecerá una demanda de hasta 260 MW en la fase 1 del proyecto, con previsión de escalar hasta 400 MW y luego 700 MW en etapas sucesivas.