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Estados Unidos e Irán ofrecieron este martes versiones opuestas sobre la existencia de negociaciones para poner fin a la guerra que ambos mantienen desde hace cinco meses, mientras un nuevo ataque contra un buque en las cercanías del estrecho de Ormuz volvió a exponer la fragilidad de una de las principales rutas energéticas del mundo. La contradicción entre Washington y Teherán coincidió con un tránsito marítimo reducido en la zona y con la persistencia de las tensiones sobre el control del paso estratégico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo el lunes que las conversaciones con Irán ya comenzaron y aseguró que varios países de Medio Oriente impulsan esos contactos. Durante un acto en el Despacho Oval, el mandatario afirmó: “Están en marcha ahora mismo”, en respuesta a una consulta sobre el estado de las negociaciones.

Trump también señaló que los intercambios se desarrollan a pedido de Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, entre otros actores regionales. Además, lanzó una advertencia al gobierno iraní al afirmar: “Esta es la última oportunidad para que (Irán) firme un buen documento.”

Las declaraciones del mandatario estadounidense llegaron después de que el fin de semana anunciara la cancelación de unos “ataques masivos” que, según explicó, ya estaban autorizados contra Irán y que finalmente suspendió debido a la posibilidad de abrir una instancia diplomática.

Sin embargo, la versión de Teherán fue completamente distinta. El lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, rechazó que existan conversaciones con Washington y descartó reuniones previstas para los próximos días.

Según Baghaei, Irán no tiene previsto recibir delegaciones extranjeras ni enviar negociadores al exterior, y todos los integrantes del equipo negociador permanecen dentro del país, con la única excepción del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, quien cumple una peregrinación religiosa en Irak.

El funcionario iraní precisó que las únicas conversaciones abiertas corresponden a Omán y se limitan a cuestiones relacionadas con la administración del estrecho de Ormuz.

La diferencia entre ambas posiciones alimentó la incertidumbre sobre el futuro del conflicto, que ya cumple cinco meses y mantiene un fuerte impacto sobre la seguridad regional y el comercio internacional.

El escenario volvió a tensarse después de que un buque de carga informara que recibió el impacto de un proyectil de origen desconocido cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán.

La información fue difundida por la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), que registró el incidente en una zona clave para el transporte mundial de hidrocarburos.

Durante las últimas semanas, Irán redujo de forma considerable el tránsito por el estrecho, una vía por la que normalmente circula cerca de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo crudo y gas natural.

Los datos de la firma especializada Kpler reflejaron que el movimiento marítimo permaneció limitado. El lunes atravesaron el estrecho seis embarcaciones, entre ellas tres petroleros y tres graneleros, frente a los siete buques registrados el día anterior.

A pesar de la persistencia de la tensión militar, los mercados reaccionaron con expectativas de una posible reducción del conflicto.

Los futuros del crudo Brent retrocedieron alrededor de un 7%, hasta ubicarse cerca de 83,77 dólares por barril, mientras el índice Dow Jones cerró en un máximo histórico. En la apertura del martes, las bolsas asiáticas y el petróleo mostraron ligeras subidas.

Trump volvió a defender esa misma jornada la posición estadounidense mediante un mensaje publicado en Truth Social, donde calificó a los dirigentes iraníes de “increíblemente hipócritas” y reiteró que solicitaron una reunión para avanzar hacia un entendimiento.

El mandatario también insistió en que la Armada estadounidense mantiene el control del estrecho de Ormuz y escribió: “¡El muro de acero de Estados Unidos! Nada llegará a Irán a menos que nosotros queramos, y nada llegará a menos que se logre un acuerdo o una rendición total”.

Las declaraciones se inscriben en un esquema que se repitió desde el comienzo de la denominada “Operación Furia Épica”, lanzada por Estados Unidos junto con Israel hace más de cinco meses. En distintas oportunidades, Trump anunció acciones militares de gran escala y posteriormente las suspendió al argumentar la existencia de contactos diplomáticos.

No obstante, Irán mantiene su rechazo público a negociar con Washington desde el fracaso del memorando de entendimiento firmado entre ambas partes el mes anterior, cuyo objetivo consistía en poner fin a la guerra.

El conflicto también dejó sin cumplir los principales objetivos planteados por la administración estadounidense al inicio de la campaña militar: desmantelar el programa nuclear iraní, limitar la capacidad ofensiva de Teherán contra sus rivales regionales y generar condiciones para un cambio político interno.

Mientras tanto, la disputa sobre el estrecho de Ormuz continúa como uno de los principales puntos de desacuerdo. Washington sostiene que el memorando firmado en junio obligaba a Irán a garantizar la apertura de la vía marítima, mientras que Teherán afirma que ese documento preserva expresamente su autoridad sobre el tránsito en ese corredor estratégico.

(Con información de REUTERS)

El próximo viernes 7 de agosto, a diez años de la primera peregrinación que visibilizó a cientos de miles de trabajadores de la economía popular que reclamaban por la “Ley de Emergencia Social”, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos centrales de trabajadores —CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma—, y organizaciones piqueteras y sindicatos de bases, convocaron a una nueva marcha desde el santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers hasta Plaza de Mayo, bajo las consignas históricas de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.

En un duro comunicado, la UTEP describió la situación marco de la protesta: “La jornada de este 2026 se da en un contexto de extrema gravedad. Las organizaciones venimos denunciando el desmantelamiento absoluto de las políticas destinadas a los sectores vulnerables, la eliminación definitiva de herramientas de ingreso para trabajadores de la economía popular como el Volver al Trabajo (originalmente el Salario Social Complementario), el corte sistemático de alimentos a los comedores comunitarios y la parálisis de la urbanización en barrios populares, junto con el avance de medidas que destruyen incluso derechos laborales formales”.

La jornada comenzará a las 8 de la mañana en la intersección de las avenidas Cuzco y Rivadavia, frente a la Basílica de San Cayetano, con la tradicional bendición de herramientas de trabajo a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva. Desde allí, la columna avanzará por la Avenida Rivadavia hasta Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde a las 13 se realizará el acto central y la lectura de un documento unitario de las organizaciones.

A lo largo del trayecto se irán sumando organizaciones sociales, políticas, piqueteras, entre ellas el Polo Obrero, el MST, Libres del Sur y Territorios en Lucha. El grueso de los sindicatos que integran la CGT, como Bancarios, UOM, SMATA, entre otros, recibirán a los peregrinos en la cabecera de Plaza de Mayo, frente al palco desde el cual se leerá un único mensaje que ya consensuaron los dirigentes a cargo de la organización de la protesta contra Javier Milei.

A las 11 de la mañana, sobre Avenida de Mayo, a la altura del Congreso de la Nación, está previsto “un verdurazo masivo”, una feria de producción agraria y cooperativa, y se inaugurará una muestra fotográfica que repasa la historia de la movilización desde sus orígenes en 2016.

El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, trazó el hilo entre aquella primera convocatoria y la de este año: “Hace 10 años comenzó a visibilizarse la Argentina profunda, miles de trabajadores que se inventan su propio trabajo ante el descarte del sistema, pero que reclaman reconocimiento y derechos. Aquel 2016 logramos instituir el Salario Social Complementario, que hoy este gobierno le está queriendo arrebatar a la economía popular como herramienta de subsistencia. Por eso seguimos caminando, por reconocimiento de nuestro trabajo y por mayores derechos”.

Aquella primera marcha de los denominados “Los Cayetanos” fue el puntapié de un proceso que derivó, meses después, en la sanción de la Ley de Emergencia Social (Ley 27.345). Entre otros espacios, esa masiva movilización, que unió a casi 300 mil personas, fue organizada por la UTEP, por entonces liderada por Esteban “Gringo” Castro; la CTEP, fundada por Juan Grabois; la Corriente Clasista y Combativa (CCC), conducida por Juan Carlos Alderete; y dirigentes de la talla de Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita;y Daniel Menéndez coordinador nacional de Barrios de Pie.

La normativa conquistada en base a esos reclamos, de los cuales también participaron las CTA y gremios de la CGT, instituyó el Salario Social Complementario como instrumento de ingreso para los trabajadores de la economía popular. Ese derecho conquistado es precisamente el que hoy el gobierno de Javier Milei busca desmantelar a través del cierre del Programa Volver al Trabajo, predecesor del Potenciar Trabajo.

La secretaria general adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, precisó el alcance de los reclamos de este año: “Eliminaron el Salario Social Complementario. Desde este mes de agosto, más de 900 mil trabajadores dejan de cobrar su único ingreso fijo: una ofensiva cruel contra quienes nos organizamos”. La dirigente también señaló que la movilización del 7 de agosto se realiza “en unidad con las centrales sindicales, la universidad pública y los organismos de derechos humanos, con la convicción de no dar ni un paso atrás”.

Otro de los dirigentes que participará de la peregrinación de San Cayetano a Plaza de Mayo es uno de los primeros organizadores, Esteban “Gringo” Castro, actual referente del Movimiento Misioneros de Francisco. En diálogo con Infobae recordó: “El primer 7 de agosto sintetizó fe y lucha. En tiempos maravillosos, de nuestro amado papa Francisco, nuestro papa argentino, que tanto nos bancó predicando las ‘TresT’, Techo, Tierra y Trabajo. Pero esto empezó antes. Fue Saúl Ubaldini (ex secretario general de la CGT ya fallecido) quien lideró la primera marcha contra los milicos genocidas. Desde la cancha de Vélez al santuario de San Cayetano. Fue un 7 de noviembre de 1981. Él lo dice en un reportaje. Mientras las instituciones se cerraban, San Cayetano los recibió. Pero esto viene aún de más atrás. Cuando en 1930, con la sequía, un anónimo laburante del campo deja una espiga a los pies de la imagen del santo en nuestra querida iglesia en Liniers. Ahí empieza esto tan criollo, tan nuestro, que el santo venido de Nápoles, Italia, por San Mama Antula se hace patrono del pan y el trabajo porque logra que llueva en la sequía”.

Las organizaciones denuncian además el corte sistemático de alimentos a los comedores comunitarios, la parálisis de la urbanización en barrios populares y el avance de reformas que afectan derechos laborales formales. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur —una de las agrupaciones de Territorios en Lucha que también participará de la jornada—, advirtió que “casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas” y que “lo que hay de fondo es un problema de modelo de país”.

La movilización del 7 de agosto viene precedida, además, por una marcha al Congreso el jueves 6 de agosto. Ese día, la UTEP, junto a organizaciones sindicales y sociales, repudiará el debate en el Senado del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que propone la derogación y modificación de aspectos centrales de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737). La norma impulsada por el oficialismo eliminaría el tope del 15% vigente para la extranjerización de tierras rurales y lo elevaría al 25% y quitaría restricciones para adquirir tierras que contengan recursos hídricos y minerales.

La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, sintetizó las demandas del sector al decir: “Marchamos para que a ninguna familia le falte su vivienda, su techo. Marchamos por ningún campesino sin tierra para producir, porque queremos la tierra en manos de quienes la trabajan y no en manos extranjerizadas. Estas son nuestras demandas históricas y, como decía nuestro hermano el papa Francisco, son derechos sagrados”.

La secretaria general adjunta Norma Morales remarcó el carácter colectivo de la construcción. “Aprendimos que ningún derecho se conquista en soledad, sino con la organización popular de las cooperativas, los espacios de cuidado, las promotoras, vendedores ambulantes, cartoneros, las mujeres y quienes sostenemos la vida todos los días”, dijo.

El secretario de Organización de la UTEP, Ramiro “Vasco” Berdesegar, amplió el horizonte político de la convocatoria: “Este 7 de agosto volvemos a ganar las calles con la unidad del conjunto de los trabajadores y sus organizaciones. Juntando fuerzas que nos permitan construir un proyecto político que termine con tanta sumisión al FMI; que le ponga fin a tanto ajuste y sufrimiento a nuestro pueblo”.

La marcha de San Cayetano es el primer hito de un agosto con agenda sindical densa. La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto: una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito. El calendario continúa el 2 de septiembre con una marcha en el Día de la Industria, y entre el 4 y el 6 de septiembre con la Semana Social.

Nuevo capítulo para la densa novela de la ley de propiedad privada en el Senado: el oficialismo deslizó a la oposición dialoguista un nuevo borrador que bloqueará la venta de tierra a extranjeros sin límite y que ahora propone elevar el tope vigente, de 15%, hasta un 25%. Más allá de la voltereta olímpica -tras semanas de insistencia con algo muy distinto-, lo curioso de las últimas horas es que varios aliados consultados por Infobae no saben si la propuesta que promocionó la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, cuenta con el guiño final de la Nación y le reclaman “claridad”. Durante la tarde de hoy, la porteña intentará saldar el asunto con una conferencia de prensa.

“No puede ser que nadie dé la cara”, se lamentaron desde una oficina con votos trascendentales. En otra, la alarma fue mayor: “Llaman a colegas para ver si está el apoyo a lo anterior y no a lo nuevo. Raro”. Por eso es que, si bien varios legisladores vieron en un archivo el pase del 15% a 25%, ninguno percibió con seguridad que la Casa Rosada estuviera 100% de acuerdo en este punto, que cambia por completo el objetivo inicial del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. De hecho, durante julio, la sesión pasó a cuarto intermedio -hasta pasado mañana- por desavenencias entre el Ejecutivo y su propia bancada.

“Hace más de un mes que le sugirieron a Bullrich que explicara bien todo con los presidentes de Asuntos Constitucionales y Legislación General -los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, que llevaron adelante el debate- y ni aparecieron. Ahora hay más de 16 borradores, una marcha convocada para el jueves sin saber cuán compleja será y la idea ya instalada de que se quiere regalar el país a extranjeros. Una irresponsabilidad total”, sentenció un experimentado senador a este medio.

Es importante recordar que fueron varios los gobernadores que exigieron “federalismo” y que el quite de límites para la venta de tierras quede en sus manos. No obstante, cuando germinaron las críticas, nadie miró hacia los distritos, sino a la Nación. Con el reciente borrador -y que ratifica a los anteriores, en este punto-, los mandatarios locales o las respectivas legislaturas -en caso de empujar un debate parlamentario focalizado- serán quienes podrán determinar, en caso de que avance hasta el 25%, los límites de esa porción de la torta. Lo insólito es que, hasta anoche, persistían quejas para reforzar normas ya vigentes sobre autonomías, ambiente y fronteras. Afloran colores diversos en distintos párrafos del articulado y a nada menos que 48 horas del día “D”.

El proyecto en cuestión quedó entrampado en este capítulo, aunque la iniciativa también contempla modificaciones relacionadas con expropiaciones, desalojos veloces por falta de pago y el adiós al bloqueo -por décadas- que impone para tierras la actual ley sobre manejo del fuego que fomentó en el pasado Máximo Kirchner. Sobre el último punto también hay divergencias en un puñado de aliados.

A la espera de la centralidad que acaparará Bullrich -desde las 16-, la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario riojano, Juan Carlos Pagotto, se reunirá dos horas antes para activar una audiencia pública y oír las exposiciones de 12 postulantes a cargos judiciales. La Casa Rosada ya logró la aprobación de decenas de candidaturas, junto a los complejos ascensos diplomáticos que frenaban la carrera en Cancillería y varias subas de grado en militares.

En tanto, para mañana se aguarda el comienzo de la discusión del Súper RIGI que ata, siempre según la visión del Ejecutivo, eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera. Las encargadas de llevar el trámite son las comisiones de Presupuesto y Hacienda -cabecera-; Economía Nacional; y Legislación General. La primera y la tercera son manejadas por los mileístas Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires) y Márquez, respectivamente, mientras que la segunda es por el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones).

La flexibilización del cepo cambiario de abril de 2025 le permitió a las empresas girar dividendos que se fueran generando desde inicios de ese año. Aquella decisión, que en la práctica permitió un mayor acceso al mercado cambiario para las personas jurídicas, empezó a impactar con más fuerza recientemente.

Según se desprende del balance cambiario divulgado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las empresas giraron al exterior un total de USD 1.015 millones al exterior solo en junio. Se trató de una cifra récord que no se registraba desde el 2010 y en lo que va del año la cifra supera los 2.600 millones de dólares.

Los sectores que lideraron en junio ese giro de utilidades y dividendos a sus casas matrices fueron Energía (por un total de USD 165 millones), alimentos, bebidas y tabaco (USD 135 millones), minería (USD 125 millones) y entidades financieras” (USD 112 millones).

En buena medida los dólares se obtienen directamente en el mercado cambiario oficial. Eso significa que para el giro de utilidades las empresas no tienen que acudir a otros mecanismos como la compraventa de bonos argentinos para acceder al contado con liquidación.

Esa mayor demanda de dólares es lo que en buena medida estaría explicando la suba del tipo de cambio oficial de junio, cuando subió más de 5%, pasando de $ 1.430 a 1.500 pesos. En julio la suba fue casi imperceptible, finalizando 1.520 pesos.

El año pasado las empresas habían quedado habilitadas acceder al mercado oficial de cambios para girar dividendos a accionistas no residentes, pero únicamente respecto de utilidades correspondientes a ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2025.

Para los dividendos correspondientes a ganancias de ejercicios anteriores que no quedaron liberados automáticamente, el Gobierno mantuvo mecanismos específicos, como la posibilidad de utilizar bonos BOPREAL para canalizar esas obligaciones.

Esta modificación fue considerada uno de los cambios más relevantes del relajamiento del cepo porque resolvió una de las principales preocupaciones de las empresas multinacionales que operaban en Argentina: la imposibilidad de repatriar utilidades generadas bajo el nuevo régimen.

Otro de los datos destacados del balance cambiario es que la compra de dólares por parte del público llegó a poco más de USD 2.000 millones en junio. De ese monto, USD 800 millones quedaron depositados en los bancos, es decir alrededor del 40% del total.

Los compradores fueron 1,5 millones de personas, una cifra que se mantiene relativamente estable en lo que va del año. Y el acumulado del primer semestre arroja USD 13.500 millones adquiridos para atesoramiento. Esta cifra no impidió, sin embargo, que el Central compre alrededor de USD 11.300 millones ese primer semestre, cifra que aumentó en cerca de USD 2.000 millones adicionales en julio.

Desde la consultora LCG destacaron que la cuenta corriente cambiaria arrojó superávit en junio de USD 857 millones y lo hizo por tercer mes consecutivo. “Aun cuando en la segunda mitad del año la estacionalidad (cada vez menor) de las exportaciones podría volver más modesto el resultado de la cuenta corriente, esperamos que el año cierre con un superávit menor, en torno a 0,1% del PBI”, explicaron. “La posibilidad de las empresas de remitir utilidades y dividendos y el rojo por servicios (básicamente turismo) seguirán siendo los factores que pongan un límite a la mejora”, sumaron los analistas.

Una de las principales incógnitas para los próximos meses es a qué ritmo podrá comprar dólares el Central, pero se estima que será un volumen sustancialmente menor. Ayer, en el arranque del mes fueron solo USD 18 millones, mientras que las reservas brutas llegaron a 49.376 millones de dólares.

Un proyectil de origen desconocido impactó contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz durante la madrugada del martes, en medio de la incertidumbre por la seguridad de la navegación y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya existen negociaciones con Irán para intentar poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero.

La agencia marítima británica UKMTO informó que el incidente ocurrió a unos 37 kilómetros al noreste de la ciudad omaní de Al Khasab y precisó que el carguero notificó que fue “alcanzado por un proyectil desconocido”.

La UKMTO no identificó al buque afectado ni informó sobre posibles heridos o daños materiales. En un comunicado difundido a través de la red social X, el organismo reiteró que un buque mercante recibió el impacto de un proyectil frente a las costas de Omán, aunque evitó atribuir el episodio a algún actor.

El incidente ocurrió en una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas. El estrecho de Ormuz recuperó protagonismo desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, con amenazas recurrentes contra la navegación comercial e interrupciones del tránsito marítimo.

Pocas horas antes del ataque, Trump afirmó que Washington mantiene contactos con Teherán para intentar alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto. “Las conversaciones están en marcha en este momento”, declaró el mandatario ante periodistas.

El presidente estadounidense sostuvo que el diálogo representa “la última oportunidad que tienen para firmar un buen acuerdo” y expresó su expectativa de que las negociaciones permitan restablecer la navegación por el estrecho de Ormuz y abordar las preocupaciones de Washington sobre el programa nuclear iraní.

“La primera fase es la apertura del estrecho. La segunda será la desnuclearización. Y eso llevará algo de tiempo”, afirmó Trump al explicar los objetivos que, según su versión, forman parte de las conversaciones.

El mandatario también reveló que durante el fin de semana decidió cancelar una operación militar de gran escala que ya estaba preparada. Según explicó, el plan contemplaba “el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial”, aunque finalmente optó por suspenderlo para abrir un nuevo espacio para la diplomacia.

Trump señaló que tomó esa decisión después de mantener conversaciones con aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, entre ellos el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, además de autoridades de Qatar y Emiratos Árabes Unidos. También afirmó que funcionarios iraníes solicitaron más tiempo para avanzar con las gestiones diplomáticas antes de nuevos bombardeos.

Pese a la suspensión de esa ofensiva, el presidente dejó en claro que considera limitado el margen para alcanzar un entendimiento con Teherán. “Quiero darles hasta la última oportunidad antes de decapitarlos”, declaró. Luego agregó: “Espero que entren en razón”.

Horas antes de esas declaraciones, Trump cuestionó públicamente la posición iraní en un mensaje publicado en redes sociales, donde calificó al régimen de Teherán como “increíblemente engañoso”.

La reacción del mandatario llegó después de que Irán sostuviera que las reuniones mantenidas con Omán se limitaron a analizar la creación de una ruta temporal para garantizar la navegación segura por el estrecho de Ormuz y no incluyeron conversaciones sobre el programa nuclear.

Trump rechazó esa versión y aseguró que los contactos abarcan cuestiones mucho más amplias. “Irán quiera admitirlo o no, en realidad sí estamos negociando”, afirmó.

Desde Teherán, sin embargo, las autoridades desmintieron la existencia de negociaciones con Washington. Según informó la agencia semioficial Tasnim, el gobierno iraní negó que existan diálogos con Estados Unidos, en contradicción con las declaraciones formuladas por el presidente estadounidense.

(Con información de AFP)

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, llamó a la comunidad internacional a resistir de forma colectiva la expansión autoritaria del régimen chino y a defender la democracia global durante el décimo aniversario del Foro Ketagalan, celebrado en Taipéi. En su discurso ante líderes y ex funcionarios de varios países, el mandatario cuestionó una reciente ley china y reafirmó el compromiso de su gobierno con la paz, la tecnología y la libertad.

Lai abrió su intervención con un reconocimiento a las personalidades invitadas al encuentro. Entre ellas estuvieron el primer ministro del Reino de Esuatini, Russell Dlamini; el presidente emérito del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul; la ex primera ministra de Finlandia, Sanna Marin; la ex viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland; el copresidente del Grupo Interparlamentario para China (IPAC) de Japón, Nakatani Nariaki; y el director ejecutivo de IPAC, Luke de Pulford.

El eje central del discurso fue la condena a la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico, promulgada el mes pasado por el régimen chino. Según Lai, esa norma afecta directamente a Taiwán y también extiende sus efectos fuera del territorio chino.

“Esta ley infringe la soberanía de Taiwán y persigue religiones y grupos minoritarios, pero va más allá de eso. A través de formas de represión transnacional, impone censura política en todas partes del mundo”, afirmó el presidente durante su intervención.

En el mismo sentido, el Grupo Interparlamentario para China (IPAC) emitió una declaración en la que calificó la legislación como “una flagrante violación de los derechos fundamentales básicos”.

Lai pidió una respuesta conjunta frente a esa ley y sostuvo que los países deben actuar de manera coordinada. “Toda la comunidad internacional debería unirse y oponerse firmemente a esta ley maliciosa”, subrayó.

Durante su exposición, Lai presentó tres compromisos que definió como los ejes de la política de su gobierno. El primero correspondió a la defensa de la democracia y la libertad. El presidente recordó que hace 30 años los ciudadanos de Taiwán participaron en la primera elección presidencial directa del país pese a las amenazas militares procedentes de China.

“Los votantes anunciaron al mundo que Taiwán es un país democrático y que el futuro del país será decidido por el pueblo taiwanés”, afirmó.

Lai también advirtió que su gobierno no aceptará la infiltración del Frente Unido ni el “terror rojo”. Además, señaló que construirá sistemas más sólidos para prevenir, contrarrestar y protegerse de esas amenazas.

El segundo compromiso se centró en el mantenimiento de la paz y la estabilidad regional. El mandatario citó la declaración del G7 y un informe del Parlamento Europeo, que reafirmaron su apoyo a la paz en el Estrecho de Taiwán y expresaron su oposición a cualquier intento unilateral de modificar el statu quo.

“Responderemos con acción basada en los principios de la defensa colectiva y la responsabilidad compartida”, sostuvo Lai. El presidente anticipó que su gobierno continuará fortaleciendo la defensa nacional y extendiendo la cooperación global para asegurar la estabilidad en el Indo-Pacífico.

El tercer compromiso estuvo relacionado con el desarrollo tecnológico y la prosperidad global. Lai señaló que Taiwán ocupará un papel relevante en la transición hacia la tecnología inteligente y destacó tres áreas prioritarias: la fotónica de silicio, la computación cuántica y la robótica. “Taiwán será más que un centro de infraestructura de IA. Continuaremos liderando el desarrollo tecnológico a nivel mundial”, afirmó.

El mandatario también indicó que el gobierno aprovechará la experiencia de Taiwán en inteligencia artificial, semiconductores y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para profundizar los lazos industriales y comerciales con socios democráticos. El objetivo, según explicó, consiste en construir cadenas de suministro de largo alcance.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, envió a la Legislatura provincial un proyecto para modificar la Ley de Tierras Fiscales y restringir la adjudicación de terrenos estatales exclusivamente a personas humanas o jurídicas de nacionalidad argentina. La iniciativa, difundida por el propio mandatario en sus redes sociales, establece que solo quienes tengan arraigo y vinculación efectiva con la provincia podrán acceder a esas tierras mediante compra o arrendamiento.

La propuesta llega en un momento en que el Congreso Nacional debate una reforma que apunta en sentido contrario: ampliar el porcentaje del territorio que puede ser adquirido por capitales extranjeros. Mientras el oficialismo nacional negocia elevar ese tope del 15% al 25%, el ejecutivo neuquino avanza con una norma que cierra esa puerta por completo a nivel provincial.

En efecto, mientras la senadora Patricia Bullrich prepara una conferencia de prensa para defender el texto que La Libertad Avanza (LLA) llevará al recinto, Figueroa publicó en sus redes el articulado de un proyecto que declara la tierra fiscal un instrumento de trabajo —y no un bien de renta— reservado para argentinos.

El contenido del proyecto neuquino

El texto que Figueroa remitió a la Legislatura modifica el artículo 1° de la Ley 263 de la provincia y redefine el objetivo central de la norma. Según el articulado difundido, el Poder Ejecutivo provincial deberá promover “el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal” a través de su arrendamiento y enajenación progresiva “a favor de los auténticos trabajadores del campo”.

La reforma declara como principio rector que “la tierra no debe constituir un bien de renta sino un instrumento de trabajo”. El foco, según el texto, estará en la protección del campesinado y en la reactivación productiva de los terrenos fiscales mediante proyectos vinculados a actividades ganaderas, agrícolas, forestales, turísticas, industriales o de agregado de valor.

La cláusula más determinante es la que establece que “solo podrán adjudicarse tierras fiscales en venta o arrendamiento a personas humanas o jurídicas argentinas”. Con esa redacción, el proyecto excluye de forma explícita a cualquier inversor, empresa o individuo de nacionalidad extranjera, sin excepciones ni porcentajes intermedios.

En el Senado de la Nación, en tanto, el oficialismo evidencia dificultades en su intento de reformar la legislación vigente sobre tierras rurales. El proyecto impulsado originalmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya atravesó 17 borradores y cinco intentos fallidos en el recinto.

La pretensión inicial de LLA era eliminar todo límite a la compra de tierra por parte de capitales del exterior, suprimiendo el techo del 15% del territorio nacional que fija la ley actual. Ante la falta de votos, el bloque libertario cedió posiciones y negoció una redacción que eleva ese umbral al 25%, sin eliminarlo por completo.

“La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia“, es el texto que circuló desde la presidencia del bloque libertario hacia los bloques aliados.

Hasta el fin de semana previo a la sesión prevista para el jueves, el recuento de Bullrich no superaba los 34 votos favorables, dos por debajo de los 36 necesarios para obtener la media sanción. Con el ajuste al 25%, el oficialismo aspira a cruzar ese umbral.

Figueroa enmarcó su iniciativa en términos de soberanía sobre los recursos naturales de la provincia. “La tierra de la provincia del Neuquén tiene que estar al servicio de los neuquinos, de nuestro desarrollo y de las próximas generaciones”, escribió al difundir el proyecto, según consta en su publicación en redes sociales.

El mandatario neuquino describió la tierra como “un recurso estratégico y finito” y justificó la reforma como una medida para ordenar el acceso a ese bien, priorizando a quienes tengan arraigo efectivo en el territorio provincial. Entre los objetivos declarados del proyecto figuran el impulso a la producción, el turismo, el empleo y el desarrollo sostenible.

La iniciativa deberá ser debatida y aprobada por la Legislatura de Neuquén para convertirse en ley provincial.