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El riesgo país tocó este martes los 710 puntos básicos en el arranque de la rueda —su máximo nivel desde octubre de 2025— y acumuló ocho jornadas consecutivas en alza. En este escenario, tres economistas de primera línea intentaron explicar ante un auditorio repleto en el Alvear Palace Hotel por qué el indicador de JP Morgan se mueve en dirección contraria a los fundamentos de la economía. “Es un comportamiento que supera la lógica”, reconoció Miguel Kiguel, exsubsecretario de Financiamiento, durante el 31° Simposio Internacional de Economía organizado por Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina (AUTA).

A su lado, el exdiputado y economista Luciano Laspina y el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, coincidieron en un diagnóstico que osciló entre el reconocimiento de los avances macroeconómicos del gobierno de Javier Milei y la advertencia de que, sin resolver cinco asignaturas pendientes, la economía seguirá creciendo solo para los sectores considerados “ganadores”, como la energía, la minería y la economía del conocimiento.

La situación fiscal “es envidia de Europa”, pero el riesgo país subió 150 puntos en un mes

Kiguel arrancó su discurso con lo que llamó “la foto”: el contraste entre la economía que recibió Milei en diciembre de 2023 y la actual. La inflación pasó de un pico del 25% mensual al 2%; la brecha cambiaria se achicó desde niveles del 200%; las reservas netas saltaron de menos USD 12.000 millones a cerca de USD 12.000 millones positivos; la pobreza cayó y se eliminaron las SIRAs, los controles de precios y buena parte de la maraña regulatoria que ahogaba al sector privado. “La situación fiscal es envidia de Europa, de Estados Unidos, de todos”, afirmó, y sostuvo que el equilibrio de las cuentas públicas “es algo que está para quedarse” porque “la sociedad lo valúa”.

Sin embargo, la película cuenta otra historia. El riesgo país —que mide la brecha de tasas entre los bonos soberanos argentinos y los del Tesoro de Estados Unidos— subió 150 puntos básicos en el último mes, un 28%, después de haber tocado un mínimo de 403 puntos el 10 de julio. Los bonos Globales con ley extranjera acumulan una caída del 6% en cuatro semanas, con retrocesos superiores al 7% en los tramos más largos de la curva.

“¿Por qué tenemos un riesgo país de 700 puntos en un país que tiene equilibrio fiscal, capacidad de pago, cuenta corriente equilibrada y exportaciones subiendo?”, se preguntó Kiguel. Brasil tiene un riesgo país de 200 puntos, Uruguay de 70 y Chile de 70. El promedio de los países latinoamericanos con calificación similar a la argentina ronda los 350. “No sé si va a seguir subiendo. Es un comportamiento que ya supera lo que sería la lógica”, admitió.

Para Kiguel, la desconexión entre los fundamentos y el precio de los bonos se explica por una combinación de al menos tres fragilidades. La primera es la historia: “La Argentina defaultea como nada. Voy a la panadería y defaulteo”, graficó. La segunda son las reservas, que si bien mejoraron, siguen siendo insuficientes para un país cuya deuda —equivalente al 37% del PBI— está denominada casi en su totalidad en moneda extranjera. La tercera es el riesgo político: las elecciones presidenciales de 2027 ya empezaron a cotizar en los precios. “No es una fija que gana Milei. Puede, pero puede que no. Y si viene otro, no sabemos si viene alguien razonable”, advirtió.

A eso se suma, según el economista, que la Argentina agotó la capacidad de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y que no aprovechó la ventana que se abrió a comienzos de año para volver a los mercados internacionales de deuda. “Hubiera despejado esto, pero no la aprovechamos”, lamentó.

Reservas: se necesitan USD 60.000 millones y hay USD 12.000 millones

Los tres panelistas pusieron a las reservas internacionales en el centro del problema. Kiguel destacó que el Banco Central (BCRA) lleva comprados unos USD 15.000 millones en lo que va del año —un cambio sustancial respecto de 2025— y que el boom exportador genera una circulación de dólares en la economía que representa “un cambio estructural”. Pero las cuentas de largo plazo son exigentes: los países de la región mantienen reservas equivalentes al 8% o 10% del PBI, lo que para la Argentina implicaría entre USD 60.000 y USD 70.000 millones. “Hoy estamos en USD 12.000 millones. Si seguimos acumulando, en varios años podremos tener el nivel que la Argentina necesita para estar tranquila”, proyectó.

Redrado fue más directo. Con un gráfico que cruzaba reservas y riesgo país en distintas naciones, mostró que “hay una relación directa” entre ambas variables. Mientras Chile tiene reservas equivalentes al 13% del PBI, la Argentina llega al 7,3% con una medición generosa que incluye el swap con China y los repos del BCRA. El expresidente del Central observó que el organismo reaccionó ante la suba del riesgo país y aceleró las compras en octubre —ya suma USD 1.000 millones en el mes, el triple de todo septiembre—, pero advirtió que eso no alcanza para despejar las dudas del mercado.

Un programa financiero que perdió respaldo

Redrado profundizó en lo que consideró el flanco más vulnerable: la política financiera. El programa del equipo económico, que “cerraba bien en julio”, perdió solidez en las últimas semanas. En las últimas cinco licitaciones no hubo demanda de Bonares —los títulos en dólares con ley local—, y la Secretaría de Finanzas dejó de emitir el AO29 para no convalidar tasas superiores al 12% anual.

Cuando se mira la cuenta capital y financiera hacia 2027, el panorama se complica: los vencimientos de deuda en moneda extranjera ascienden a unos USD 20.000 millones, a lo que se suma la formación de activos externos —la dolarización de portafolios— que Redrado estimó en cifras similares a las de 2025. “Cuando hago las dos cuentas me dan USD 33.000 millones que faltan”, calculó. Esa brecha, sostuvo, es lo que está detrás de la suba del riesgo país.

El expresidente del BCRA también cuestionó que el mercado cambiario siga denominándose “único y libre”: “No es único, no es libre, porque hay intervención permanente del Banco Central”. Y señaló que la eliminación de las restricciones cambiarias “no va a ocurrir de acá hasta el final del período”, pero que la Argentina necesita una política monetaria, financiera y cambiaria de largo plazo con objetivos definidos, algo que todavía no tiene.

El dólar cumple tres funciones y el Gobierno eligió una

Kiguel dedicó buena parte de su exposición a desarmar el debate sobre el tipo de cambio. Identificó tres roles simultáneos del dólar en la economía argentina: como precio que define la competitividad de las exportaciones y la industria; como ancla para estabilizar la inflación; y como activo financiero que compite con acciones y bonos, y que para los argentinos “es una obsesión”.

Según su lectura, el Gobierno optó por priorizar el rol estabilizador. Los precios subieron entre 21% y 22% en lo que va del año, mientras el tipo de cambio avanzó apenas 3% o 4%. “La conclusión es que hoy el tipo de cambio está cumpliendo el rol de estabilizador de la inflación”, explicó. Y agregó que no hay urgencia en modificar esa política porque los dólares siguen entrando, sobre todo de cara a un año electoral en el que la prioridad oficial será mantener la inflación baja.

Sobre la dinámica de los precios, Kiguel fue categórico: la inflación mensual seguirá rondando el 2%, y la experiencia internacional indica que pasar de ese nivel a un dígito bajo anual lleva entre cinco y seis años. “Lo peor que uno puede hacer es no tener paciencia”, advirtió.

Quince años de estancamiento y el récord mundial que nadie quiere

Laspina planteó el cuadro más estructural del panel. A su juicio, la economía argentina está atrapada entre “una vieja Argentina que murió y una nueva que todavía no termina de nacer”. El ciclo de la vieja Argentina era conocido: el Estado subía el gasto, financiaba con emisión, generaba inflación, los argentinos huían del peso, se imponía el cepo y la brecha cambiaria alimentaba una construcción al “dólar celeste” y una industria protegida pero ineficiente. Resultado: 15 años de estancamiento con inflación, que Laspina calificó como “un récord mundial”.

La nueva Argentina, según Laspina, es la que él bautizó como la “ArgenRIGI”: diez provincias que representan el 20% de la población y que concentran el boom de energía, minería y agro. A esos sectores se les dieron las cuatro condiciones que reclama cualquier inversor del mundo: baja de impuestos, estabilidad fiscal, acceso a divisas y seguridad jurídica, todo empaquetado en un contrato con prórroga de jurisdicción. El resultado es que hay unos USD 100.000 millones en proyectos en cola de espera para adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Pero la paradoja, señaló Laspina, es que ese beneficio no se pudo extender al 80% restante. “Cuando el proyecto salió de la Cámara de Diputados era para todos los sectores; el Senado lo acotó tras la presión de la Unión Industrial Argentina (UIA), que advirtió que si cualquier competidor accedía a beneficios fiscales diferenciales, la mitad de las fábricas existentes quebraría. No le pudimos dar el RIGI al 80% de los argentinos que están en el limbo entre la vieja Argentina y la del crecimiento”, resumió.

El dato que más le preocupa, dijo, es la tasa de inversión que lleva cinco trimestres consecutivos en caída y se ubica por debajo de la registrada durante el gobierno de Alberto Fernández. “Este es el dato más preocupante, porque es el verdadero termómetro de si la Argentina va a crecer o no”, enfatizó. “A pesar del enorme trabajo que se ha hecho, evidentemente no alcanzó.”

Cuatro teorías de la recesión y ninguna bala de plata

Laspina repasó las cuatro explicaciones que circulan entre los economistas para dar cuenta de la recesión de demanda. La primera es el atraso cambiario, pero objetó que devaluar implicaría que el BCRA compre más dólares y tenga que esterilizar los pesos resultantes, con riesgo inflacionario. “No me queda claro que apretar el botón de la devaluación sea una salida fácil”, dijo.

La segunda es la incertidumbre que generan la política monetaria y el cepo: la brecha entre la tasa pasiva de un plazo fijo y la activa de un préstamo personal es la más alta de los últimos treinta años, lo que frena el crédito y la monetización. La tercera es la transformación estructural derivada de la apertura económica, que Laspina consideró insuficiente como explicación porque en los años 90, ante reformas similares, los sectores no transables invertían con fuerza y hoy están en retracción. La cuarta es el riesgo político, que sin embargo no explica por qué la economía se frenó justo después de que Milei ganara las legislativas de 2025 y el riesgo país tocara los 400 puntos.

“Posiblemente las cuatro tengan algo de cierto. Ninguna per se explica todo. La conclusión es tan cierta como decepcionante: no hay una bala de plata”, sentenció.

Al cierre de la jornada bursátil, el riesgo país se ubicó en 681 puntos básicos tras haber perforado los 700 durante la mañana, mientras los tres economistas coincidieron en que el equilibrio fiscal llegó para quedarse, pero que sin resolver las asignaturas pendientes —reservas, cepo, regla monetaria, impuestos y acceso al crédito— el crecimiento seguirá concentrado en un puñado de sectores que representan apenas el 15% de la economía y una fracción mínima del empleo.

El riesgo país de Argentina alcanzó 710 puntos básicos al comienzo de la jornada bursátil de este martes. El indicador elaborado por el JPMorgan se encuentra en su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado. El Gobierno mira con atención a esta cifra, porque refleja el nivel de credibilidad que puede instalar en los mercados sobre la capacidad de pago de su deuda. Y esas expectativas están estrechamente ligadas a cómo puede desempeñarse La Libertad Avanza el año próximo.

Los títulos soberanos argentinos denominados en dólares acumularon una baja promedio de 6% durante el último mes, con retrocesos superiores a 7% entre los bonos de plazos más extensos. La referencia de JP Morgan avanzó unas 35 unidades hasta las 10:15 y encadenó ocho ruedas consecutivas de alzas. El indicador mide la diferencia entre las tasas de los bonos argentinos y las de los títulos del Tesoro de Estados Unidos de duración similar.

En el equipo económico afirman que este indicador crece por dos factores centrales. Uno de estos es externo. Afirman que hay una situación internacional que genera fuertes shocks hacia la Argentina, siendo el principal la suba de tasas en mercados de referencia (como Estados Unidos, Europa o Japón), que incentiva a los inversores a refugiarse en esos activos y no en los mercados emergentes, que en un contexto de volatilidad global producto de los múltiples conflictos (bélicos o comerciales) se vuelven menos atractivos.

Pero quienes trabajan en el Palacio de Hacienda afirman que hay un componente interno y eminentemente político que afecta a la medición del banco estadounidense. El Gobierno todavía no logró la suspensión de las PASO que está incluida en la Reforma Política; para los jugadores financieros, este es un dato de importancia.

Por un lado, si el oficialismo logra hacerlo tendrá capacidad de aplazar la incertidumbre electoral de agosto hacia octubre, dando más posibilidades a la economía para una eventual recuperación y, así, a que se incrementen las chances de que Javier Milei sea reelecto. Por el otro, el Gobierno no puede promover esa reforma sin antes acordar con los espacios aliados y los gobernadores. El mercado miraría con intranquilidad que La Libertad Avanza no realice acuerdos tácticos porque se multiplicarían los competidores contra el oficialismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, es uno de los principales impulsores al interior del Gobierno de acelerar los acuerdos políticos con los gobernadores, lo que supondría que La Libertad Avanza debería menguar sus intenciones de jugar fuerte en las elecciones provinciales. Esto colisiona con el armado que vienen desplegando los responsables del partido político nacional, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, que consideran que ese pedido hace mella en su área de influencia y que, por el contrario, debe ser el plan económico el que propicie un incremento del caudal electoral.

En ese dilema de cómo podría incidir, o no, un acuerdo político reside la interna que hoy en día atraviesa al círculo chico de funcionarios de la Casa Rosada. Quienes se posan del lado de Caputo son su sobrino y asesor presidencial Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich; mientras que Karina Milei es quien todavía no bajó el martillo para decidir sobre cualquiera de los dos lados. “Mientras la situación siga así, se interpreta que le está dando la razón a los Menem. Son una minoría muy intensa”, dicen sus detractores.

La insistencia del Palacio de Hacienda es tal que afirman que “con un acuerdo político con la oposición el riesgo país va a bajar a menos de 300 puntos” y que “no hay margen para dar marcha atrás con el plan económico”. “Hay que seguir con la ortodoxia monetaria y fiscal para fortalecer el balance del Banco Central”, afirman.

El cálculo que hacen en la Casa Rosada

Santilli es el funcionario que lidera las conversaciones con los gobernadores y espacios opositores para movilizar la Reforma Política. En su despacho afirman que hay 36 votos en total que podrían estar disponibles si se consigue el visto bueno de los Milei para avanzar a acuerdos concretos.

Hay 21 senadores que son propios de La Libertad Avanza, mientras que 10 son de la Unión Cívica Radical, 3 del PRO, 1 de Despierta Chubut y 1 de La Neuquinidad. El desafío está en todos los bloques. En el espacio radical hay bancas que responden de manera directa a gobernadores y otros que no tienen una correspondencia con el oficialismo de sus provincias, pero con los que se podría hablar igual.

En el partido amarillo también hay dudas si habilitarle la herramienta electoral sin contraprestación, pero en el Gobierno dicen que la senadora Andrea Cristina se posicionará como le diga el gobernador Ignacio Torres. Lo mismo afirman para el caso de Edith Terenzi, de esa misma provincia pero quien tiene su monobloque. Por último, Santilli mira a la senadora Julieta Corroza, quien responde de manera directa a los designios del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

“Después de eso solo nos queda negociar un voto. Basta con conseguir a algún peronista o buscar por el lado de Santa Cruz. Si el Colo tiene la autorización política para meter presión, los votos van a estar”, afirma una fuente en estricta reserva.

Aunque se habló de que la Reforma Política se podía tratar a fines de octubre o principios de noviembre, en el Gobierno ahora se extienden algo más con los plazos y le quitan dramatismo a la demora. “Hasta el 10 de diciembre hay tiempo”, afirman, aunque no son pocos los funcionarios que ya reconocen que se podrían extender las sesiones ordinarias hasta finales de año o, simplemente, llamar a sesiones extraordinarias, lo que habilitaría a que solo se discutan las iniciativas que se propongan desde la Casa Rosada.

La caída del consumo masivo sigue golpeando a los supermercados, que acumulan meses de retroceso en sus ventas, enfrentan el cierre de locales y observan cómo los consumidores concentran sus compras en productos indispensables. El escenario preocupa a las grandes cadenas porque, a diferencia de otras crisis económicas, esta vez no se registra una migración significativa hacia otros canales comerciales: la contracción de la demanda alcanza prácticamente a todos los formatos.

Así lo describió Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), durante una entrevista en Infobae en Vivo, en la que analizó la situación del sector, los cambios en los hábitos de consumo y el impacto de la informalidad sobre la competencia comercial.

Según explicó, las ventas de los supermercados acumulan una caída interanual cercana al 4% en volumen, mientras que el último mes medido (agosto) registró una contracción del 3,3%. También recordó que 2025 cerró con una baja del 5,2 por ciento.

Martínez señaló que los resultados negativos se mantienen prácticamente desde comienzos de 2024. Sin embargo, una de las principales diferencias respecto de crisis anteriores es el comportamiento de los consumidores. Durante la crisis de 2001 y 2002, las grandes cadenas lograron identificar hacia dónde se trasladaba parte de su clientela: los autoservicios independientes, que experimentaron una fuerte expansión.

Ante la pregunta sobre dónde compran actualmente quienes dejaron de hacerlo en los supermercados, su respuesta fue contundente: “Ahora no se van a ningún lado”.

El ejecutivo explicó que algunos canales comerciales muestran un desempeño relativamente menos negativo, pero que la contracción afecta tanto a las grandes superficies como a los autoservicios y almacenes.

Cierre de supermercados y cambios en las compras

La caída de las ventas también tiene consecuencias sobre la estructura comercial. Durante la entrevista, Martínez confirmó que cerraron locales de supermercados y mencionó casos de empresas que discontinuaron determinados formatos o marcas comerciales.

Entre los ejemplos, se refirió a cadenas que dejaron de operar establecimientos de proximidad y a compañías que redujeron su presencia en determinadas regiones. Aunque no proporcionó una cifra total de cierres, confirmó que el fenómeno alcanza a diferentes operadores.

El impacto resulta particularmente importante en los segmentos de menores ingresos, donde la reducción de las compras repercute directamente sobre el volumen de mercadería vendida. Martínez explicó que ese segmento es especialmente relevante porque el negocio supermercadista depende fundamentalmente de las cantidades comercializadas.

En cuanto a la distribución geográfica, mencionó al Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario y Mendoza entre las zonas donde el panorama resulta más complicado.

En contraste, destacó que algunas localidades vinculadas a actividades económicas específicas muestran una evolución más favorable. Como ejemplo, mencionó a Añelo, en Neuquén, donde aseguró que el consumo presenta un fuerte dinamismo debido al furor de Vaca Muerta. También señaló que determinadas localidades del interior agrícola registran un desempeño algo mejor.

Más allá de la caída de las ventas, el sector observa una transformación en los hábitos de compra, con una mayor concentración en productos básicos y una menor demanda de artículos considerados prescindibles.

Martínez definió este fenómeno como una “primarización de la compra”, una tendencia que se refleja directamente en las góndolas.

El ejecutivo utilizó como ejemplo el sector de los lácteos, donde los productos de mayor valor pierden espacio de exhibición debido a que registran una menor rotación. La situación también afecta a los fabricantes, que necesitan mantener volúmenes de producción y comercialización.

El comercio electrónico y los productos importados

Otro de los temas abordados fue el crecimiento del comercio electrónico y su capacidad para compensar la contracción de las ventas presenciales.

Martínez sostuvo que, pese a la expansión de las plataformas digitales, las ventas online representan menos del 5% del consumo masivo, considerando alimentos, bebidas, productos de limpieza, perfumería y artículos de cuidado personal.

Explicó que parte de las operaciones registradas como comercio electrónico corresponden a compras realizadas por trabajadores de plataformas dentro de los propios supermercados. Por ese motivo, existen diferencias metodológicas entre las empresas al momento de clasificar determinadas operaciones.

De todos modos, fue categórico respecto del resultado general: incluso al sumar las ventas digitales y presenciales, el consumo continúa mostrando caídas.

Durante la entrevista también surgió el impacto de la apertura comercial sobre la oferta de productos extranjeros. Martínez estimó que los productos importados representan, como máximo, alrededor del 4% de la oferta de consumo masivo de las cadenas, sin incluir rubros como electrónica, textiles o artículos de bazar.

Además, aseguró que su incidencia comercial todavía es limitada y que los productos importados no logran competir en precios con la producción nacional. “Hasta ahora no hay nada que compita en precio con lo que es la producción local”, afirmó.

La disputa por Ingresos Brutos y las billeteras virtuales

En otro tramo de la entrevista, Martínez se refirió al reclamo de ASU para reducir las diferencias impositivas entre los comercios formales y aquellos que utilizan mecanismos de evasión.

La entidad solicitó al Ministerio de Economía que se avance con la incorporación de CABA, Santa Fe y La Pampa al sistema de retenciones de Ingresos Brutos sobre cuentas de pago y billeteras virtuales, conocido como Sircupa (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago).

El ejecutivo explicó que el objetivo consiste en reducir las asimetrías tributarias que afectan a las grandes cadenas frente a determinados operadores comerciales.

Aclaró que la iniciativa no implica crear un nuevo impuesto ni aumentar las alícuotas existentes, sino aplicar mecanismos de recaudación sobre operaciones que actualmente no están alcanzadas por ese régimen en las tres jurisdicciones.

Martínez estimó que la informalidad podría representar alrededor del 50% del mercado, aunque reconoció que resulta difícil medir con precisión las operaciones que se desarrollan fuera de los circuitos formales. También mencionó prácticas como la falta de emisión de tickets, las transferencias a cuentas personales que no corresponden al titular del comercio y los sistemas de doble facturación.

“Hemos normalizado ir a un comercio y pagar y que no nos den ticket”, cuestionó.

Como ejemplo, recordó un procedimiento policial realizado en La Plata, donde se detectaron tres autoservicios que utilizaban un sistema informático con dos registros de facturación: uno correspondiente a las operaciones reales y otro destinado a la información oficial.

El representante de ASU también cuestionó la postura del gobierno de La Pampa frente al pedido de las cadenas y sostuvo que, en algunas jurisdicciones, las autoridades parecen tolerar determinados niveles de informalidad como una forma de sostener la actividad comercial.

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, señaló que encontró mayor receptividad para analizar la incorporación al sistema de retenciones.

Martínez aclaró que el planteo de la asociación no está dirigido contra los almacenes o supermercados independientes en general, sino contra quienes utilizan mecanismos de evasión. También recordó que las cadenas realizan reclamos vinculados con la competencia informal desde hace aproximadamente 15 años.

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Mirá la entrevista completa a Juan Vasco Martínez

La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio la razón al Ministerio de Capital Humano y ordenó que la justicia revise si la medida cautelar sobre financiamiento universitario sigue o no vigente. El tribunal consideró que el Estado Nacional enfrentaba un perjuicio irreparable al verse obligado a cumplir una orden cuya vigencia está en disputa.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y la asistencia legal de la Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, había reclamado ante la Cámara porque el juez de primera instancia le negó el derecho a apelar. La causa de fondo es el amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Decreto 759/25 del Poder Ejecutivo Nacional, que recortó fondos universitarios.

“La vamos a seguir a muerte”, respondieron fuentes de primera línea del Ministerio de Capital Humano al ser consultados por el fallo judicial. “La Justicia todavía no nos está sugiriendo ‘no cumplan con la cautelar’, pero lo que nos dice es que van a revisar si la tenemos que cumplir”, explicó uno de los principales patrocinadores legales del Gobierno. Aun así, en otros despachos legales son más enfáticos: “La intepretación de que el efecto del recurso admitido suspende su aplicación es válida”.

La Cámara no resolvió si el Estado cumplió o no con la medida cautelar. Lo que decidió, el 20 de octubre de 2026, es más acotado: que el juez de primera instancia se equivocó al bloquear la apelación, y que esa apelación debe tramitarse.

La resolución fue firmada por los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán. El Ministerio de Capital Humano argumentó que la medida cautelar original tenía un límite temporal expreso y que ese plazo ya había vencido. Desde esa postura, continuar con la ejecución de la orden equivalía a extender artificialmente una tutela que había caducado.

Los mismos magistrados también dieron a conocer esta mañana otra decisión clave, ya que habilitaron una apelación del Estado Nacional contra la intimación que le ordenaba cumplir, en cinco días, la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de imponer multas diarias —astreintes—.

El Gobierno sostuvo que ya cumplió con las obligaciones previstas en los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, vinculadas con la actualización de salarios universitarios y becas. Argumentó que los incrementos salariales acumulados entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la variación del Índice de Precios al Consumidor y cuestionó que el juzgado no precisara qué aspectos de la cautelar permanecían pendientes. También afirmó que las becas alcanzadas por la norma son las del Programa 26, entre ellas las Manuel Belgrano, y no las becas Progresar.

El origen del conflicto

El amparo fue impulsado por el CIN tras la sanción del Decreto 759/25, que modificó la distribución del financiamiento para las universidades nacionales. El juzgado federal N° 11 dictó una medida cautelar que obligó al Estado a garantizar recursos mientras se resolvía el fondo del asunto. La sentencia de primera instancia se dictó en el expediente principal. Contra esa sentencia, el Estado interpuso un recurso de apelación que fue concedido en ambos efectos, lo que en términos prácticos paraliza la ejecución de la condena mientras la Cámara resuelve.

El nudo del problema apareció cuando el mismo juez ordenó, en paralelo, que el trámite de ejecución de la medida cautelar continuara en el incidente vinculado, con un plazo de cinco días para cumplir bajo amenaza de sanciones. El Estado intentó apelar esa decisión, y el juez lo rechazó.

La postura del Ministerio descansó en un principio procesal: si la medida cautelar fue otorgada con un límite temporal, ese límite forma parte del contenido de la orden y no puede ampliarse por vía interpretativa. “La limitación temporal no fue accesoria ni irrelevante, sino que integró expresamente los términos de la tutela concedida”, sostuvo el Estado en su presentación ante la Cámara.

Además, el Ministerio señaló que las sumas exigidas eran de “dimensión extraordinaria” y que no existía una liquidación concreta que permitiera determinar con exactitud cuánto debía pagar. Denunció que se le imponía cumplir una “manda judicial imprecisa, genérica, omisiva y sin datos ciertos”, sin posibilidad de revisión por parte de un tribunal superior.

La Cámara no evaluó el fondo de ese debate. Lo que analizó fue si el bloqueo de la apelación generaba un perjuicio concreto e irreparable para el Estado. La conclusión fue afirmativa: dejar al Ministerio sin posibilidad de recurrir mientras corría el plazo de cumplimiento, con sanciones conminatorias latentes, configuraba un agravio que justificaba abrir la instancia de apelación.

Con la queja aceptada, el recurso de apelación del Estado quedó concedido “en relación”, una modalidad que, según el artículo 243 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no suspende automáticamente la ejecución de la resolución apelada. La causa regresa ahora al juzgado de primera instancia para que implemente el trámite correspondiente.

La Cámara dejó expresamente aclarado que su decisión no anticipa ninguna opinión sobre si el Estado cumplió o incumplió la medida cautelar original. Esa pregunta quedará para una resolución posterior, una vez que el recurso de apelación tramite en forma.