La paritaria aceitera volvió a cerrarse sin acuerdo este martes. La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo a pedido de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) terminó sin resultados, luego de que los gremios aceiteros rechazaran la propuesta empresaria de actualizar los salarios mes a mes según el índice de precios al consumidor del Indec.
Semanas atrás, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro en todas las plantas del pais, medida ante la que el Ministerio de Capital Humano reaccionó casi de forma inmediata con una conculiación obligatoria que vence este jueves 18 de junio.
PUBLICIDAD
Frente a la falta de acuerdo paritario el bloque empresario advirtió que cada semana de paro le costaría a cada trabajador hasta $960.000 en salario no percibido.
Según el comunicado que difundió por CIARA-CEC este martes tras la reunión, la industria llegó a la mesa dispuesta a firmar en ese mismo acto el compromiso de ajustar los salarios todos los meses según el reporte del Indec, sin excepción. “La industria confirmó que está dispuesta a firmar hoy mismo que todos los meses incrementará los salarios con el reporte mensual del Indec y de esa manera no perder poder adquisitivo. Pero no obtuvo voluntad de negociar de parte de los sindicatos”, señala el texto.
PUBLICIDAD
La oferta empresaria se apoya en los números acumulados desde enero: Ciara-CEC asegura haber anticipado aumentos del 13,8%, mientras que la inflación del mismo período llegó al 14,7%, una brecha de menos de un punto porcentual. Desde noviembre de 2023, el salario aceitero acumuló un alza del 361%, frente al 299% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al 304% del tipo de cambio en ese lapso. Las cámaras sostienen que su propuesta “es la única viable para defender los salarios aceiteros”.
Los gremios, en cambio, reclaman un aumento del 20% retroactivo a mayo y rechazan que la indexación por IPC sea suficiente para recomponer el poder adquisitivo. El secretario general del SOEA de San Lorenzo, Daniel Succi, había anticipado antes de la reunión que las bases estaban dispuestas a dar pelea: “Siempre tenemos ganas de negociar y siempre que sea conveniente para el trabajador vamos a ver cómo se hace”, afirmó en declaraciones radiales. Los sindicatos también cuestionaron las cifras salariales que difunde el sector empresario: mientras CIARA-CEC sostiene que el promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, Succi señaló que el básico inicial es de $2.344.000 y el tope de supervisores ronda los 3.500.000 pesos.
El conflicto tuvo su detonante a fines de mayo, cuando ambos sindicatos declararon un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país tras la oferta empresaria de un incremento del 0% para ese mes. El Ministerio de Capital Humanointervino de inmediato con la conciliación obligatoria, que detuvo las medidas de fuerza y habilitó la negociación formal.
PUBLICIDAD
Según anticipó CIARA en su comunicado, es probable que la Secretaría de Trabajo extienda la conciliación una semana más, hasta el 25 de junio. De confirmarse esa extensión, las plantas del principal polo agroexportador del país seguirían activas mientras continúa la negociación. Los gremios, por su parte, quedarían habilitados para retomar las medidas de fuerza si no hay acuerdo al vencimiento del nuevo plazo.
El verano en Italia trae consigo una medida inesperada que ha generado debate entre locales y turistas: las autoridades han decidido restringir el uso de sombrillas en una de las playas más populares de Cerdeña, imponiendo límites inéditos para quienes buscan protegerse del sol. Esta regulación responde a una combinación de razones de seguridad y preservación ambiental, según informaron los responsables municipales. Las restricciones llegan tras episodios recientes de incendios y masificación, que complicaron los operativos de evacuación y pusieron en riesgo tanto a bañistas como al delicado entorno natural de la zona.
El anuncio ha provocado reacciones inmediatas, desde la preocupación por la salud hasta el sarcasmo en redes sociales, en un país donde el acceso y la organización de las playas forman parte de la vida cotidiana y la identidad colectiva.
PUBLICIDAD
Prohíben las sombrillas en playas de Italia
La prohibición de sombrillas en playas de Cerdeña ya está vigente enPunta Molentis, en la costa sureste de Italia, y se mantendrá hasta finales de octubre. Desde el 5 de junio, solo pueden llevar sombrilla las familias con niños menores de 10 años, adultos mayores de 65 y personas con discapacidad, según detallaron The Guardian y BBC. Las autoridades de Villasimius explican que la medida responde a cuestiones de seguridad y conservación ambiental.
La ordenanza que restringe el uso de sombrillas en la localidad sarda afecta a la mayoría de los bañistas entre 10 y 65 años, quienes ya no pueden instalar sombrillas, carpas ni otros sistemas de sombra. Solo quienes van con niños pequeños, personas mayores o con discapacidad documentada tienen permitido protegerse del sol con estas estructuras. Las excepciones incluyen la exención de pago de la tarifa de entrada para los grupos autorizados.
PUBLICIDAD
La prohibición se implementó tras unincendio forestalen 2023 que forzó la evacuación de Punta Molentis. Según CNN, el portavoz del municipio afirmó: “Básicamente, es debido a ese incendio y a la dificultad que tuvimos para evacuar la playa debido a la gran cantidad de sombrillas instaladas que el municipio ha establecido esta norma”. Las autoridades sostienen que la masificación de la playa y el exceso de estructuras de sombra complicaron la salida segura de los visitantes durante la emergencia.
Además, The Guardian agrega que Punta Molentis está en una “zona de conservación” y que la normativa busca proteger el entorno natural ante la presión turística. BBC explica que, tras los incendios, tanto las dunas como el estacionamiento sufrieron daños graves. Hay habitantes que plantean cerrar la playa durante años para permitir su recuperación ambiental.
PUBLICIDAD
Otro aspecto importante es la ausencia de clubes de playa privados en la zona. Esto ha llevado a que los visitantes coloquen sombrillas en exceso, bloqueando accesos y generando riesgos adicionales en caso de evacuación.
La ordenanza ha generado amplia polémica. CNN y The Guardian recogen numerosas críticas y comentarios sarcásticos de residentes y turistas, que expresan preocupación tanto por la comodidad como por los riesgos para la salud. Entre los motivos más citados están la posible insolación y el cáncer de piel, lo que ha impulsado propuestas de boicot e invitaciones a buscar otras playas.
PUBLICIDAD
“¿Para poner una sombrilla tengo que alquilar un niño?”, fue una de las reacciones que se hizo viral. BBC recoge opiniones de habitantes que ironizan sobre llevar a la playa a los abuelos para cumplir con las reglas y la percepción de que la norma resulta injusta para quienes desean protegerse del sol.
Algunos bañistas consideran la medida ineficaz y destacan fracasos anteriores de normativas similares. Se advierte, además, de un posible aumento de casos de quemaduras solares y visitas a los servicios de urgencias debido a la falta de sombra.
PUBLICIDAD
Reglas de acceso de las playas en Italia
Las restricciones en Punta Molentis se suman a un riguroso sistema de normas vigente en muchas playas italianas. Según CNN, el acceso requiere reserva previa y el pago de 10 euros por persona, con exención para menores de 10, mayores de 65 años y personas con discapacidad. The Guardian informa que el ingreso está limitado a un máximo de150 personas al día, mientras que solo pueden acceder hasta 70 vehículos diariamente. Quienes llegan por mar pagan una tarifa inferior.
En Italia, el aumento de precios en los clubes de playa privados ha elevado la demanda de playas públicas gratuitas. Alquilar una silla y una sombrilla puede costar hasta500 euros al día durante la temporada alta. Esto ha generado protestas y un debate sobre el acceso justo al litoral y la protección de los espacios naturales.
PUBLICIDAD
A nivel nacional, las autoridades han adoptado otras medidas, como la prohibición de llevarse arena, el uso obligatorio de esterillas de paja y la reducción del número de sombrillas y tumbonas en lugares como Ostia y Jesolo para evitar saturaciones peligrosas.
El nuevo reglamento para sombrillas en Punta Molentis busca reducir los riesgos durante evacuaciones de emergencia y proteger un ecosistema frágil, tras un incendio forestal que evidenció los problemas de sobresaturación y falta de acceso. La medida excluye a familias con niños pequeños, personas mayores de 65 y personas con discapacidad, mientras aumenta los controles sobre los visitantes y vehículos diarios.
PUBLICIDAD
Entre la población local y los turistas que cada año disfrutan del mar Mediterráneo, la inquietud persiste: existe la duda de si los nuevos límites realmente favorecerán la seguridad o solo añaden obstáculos imprevistos al deseo de pasar un día tranquilo en la playa.
El presidente Javier Milei reformó este martes el proceso de postulación de magistrados federales con la firma del Decreto 467/2026. Publicado en el Boletín Oficial, la norma modifica los Decretos 222/2003 y 588/2003 y elimina una serie de instancias administrativas previas a la nominación presidencial que, según el texto oficial, duplicaban etapas ya previstas en el procedimiento constitucional del Senado de la Nación.
El decreto, firmado también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alcanza al proceso de designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Procurador General de la Nación, del Defensor General de la Nación y de los jueces de tribunales federales inferiores, fiscales y defensores públicos.
PUBLICIDAD
Aun así, el timing de la medida generó suspicacias al respecto de un posible avance para llenar las dos vacantes que hay en la Corte Suprema, luego de la jubilación de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Cerca de Mahiques admiten que por el timing en el que se impulsa no se evitan este tipo de interpretaciones.
El judicial es una de las pocas esferas en las que el Presidente reconoce que no tiene un conocimiento acabado y que, en tanto, prefiere delegar las tareas en sus funcionarios de confianza. Con el recambio de autoridades que hubo en marzo de este año en el Ministerio de Justicia, la ascendencia sobre las relaciones con el Poder Judicial y los funcionarios del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura (el órgano que determina la selección y remoción de los jueces federales) quedó bajo la órbita de Karina Milei y sus colaboradores.
PUBLICIDAD
Esto no lo exime a mantener reuniones de alto voltaje, como la que se produjo días atrás con el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien, según afirman fuentes oficiales de la Casa Rosada, le propuso dos candidatos para que el máximo tribunal complete su integración.
El decreto publicado implica que haya una menor cantidad de requisitos burocráticos y de revisión sobre los procesos de candidaturas de diversos puestos judiciales; entre ellos el de los jueces de la Corte. Aun así, en Justicia están más interesados en que se agilicen los actuales procedimientos para llenar las vacantes de jueces, fiscales y defensores.
PUBLICIDAD
“Es realmente un perno el tramiterío para hacer un pliego”, justifican operadores judiciales del Gobierno, quienes agregan: “Armar uno puede tardar dos semanas. A veces anunciamos que se van a mandar pliegos y muchas veces los podemos mandar semanas después. La constancia de la declaración jurada vía ARCA puede traer demoras y ni hablar otros asuntos burocráticos. La revisión se puede hacer tranquilamente a través del proceso ya establecido por el Senado”.
Es un razonamiento con el que coincidió el asesor presidencial Santiago Caputo, quien esta mañana publicó en X su adhesión al decreto. “El método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana. Son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado. Si tienen un problema con eso lo que hay que hacer es elegir mejores senadores. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes”, argumentó.
PUBLICIDAD
Según pudo saber Infobae, Caputo está de acuerdo con la propuesta de llenar las vacantes de la Corte que Lorenzetti le hizo llegar a Milei, el cual marida con las facilidades que vino a traer el decreto impulsado por Mahiques.
Meses atrás se tomó la decisión política de acelerar los pliegos judiciales para aliviar la acuciante situación de las vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías. Esto no se extendió al máximo tribunal, ya que el Presidente dejó en claro semanas atrás que no iba a impulsar los dos pliegos clave. La idea de Milei era no agotar negociaciones políticas por una Corte que está funcionando acorde a lo que espera y aguardar a las elecciones del año próximo, donde el oficialismo conseguirá una cantidad de bancas en la cámara alta que le permitirá estar en una posición aun más favorable que la actual. Ante todo, el Presidente no quiere repetir la experiencia fallida de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
PUBLICIDAD
Sin embargo, un mes atrás se logró aprobar la extensión del cargo judicial del camarista Carlos Mahiques (padre de Juan Bautista) con una mayoría abrumadora, contando con apoyos de sectores transversales a nivel político. Esto abrió el interrogante acerca de si con una buena gestión de adhesiones se podía lograr nombrar jueces sin la necesidad de esperar casi dos años. “Los senadores se van a poner más duros con una postulación a la Corte. No tiene sentido creer que se puede negociar de la misma manera eso que la ampliación de ‘Coco’ Mahiques”, dice una fuente inobjetable del ámbito judicial-libertario.
En una sesión realizada dos semanas atrás en el Senado, el oficialismo logró aprobar 74 candidaturas y el Ejecutivo envió importante cantidad hacia el Congreso. El Consejo de la Magistratura hizo lo mismo remitiendo más de un centenar de ternas al Presidente y evalúa realizar un plenario antes de la feria de invierno.
PUBLICIDAD
En esta instancia se están tratando cargos de altísima sensibilidad: los que rodean a Comodoro Py. La semana pasada se aprobó el Dictamen Nº 13/26 de mayoría, en el concurso Nº 461, destinado a cubrir dos cargos de vocal en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
En la primera terna fueron seleccionados el juez tucumano Fernando Poviña; la secretaria letrada de la Procuración General de la Nación, Agustina Inés Rodríguez; y el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola. En la segunda terna figuran el juez de San Martín, Julio César Di Giorgio; la fiscal federal Cecilia Incardona; y el camarista Pablo Bertuzzi. Las chances de Yadarola y Bertuzzi de ser seleccionados no son para nada remotas.
PUBLICIDAD
La lógica detrás de la nueva reforma de Milei
El argumento central del Poder Ejecutivo es que el esquema vigente desde 2003 había generado una superposición de controles: la publicación de antecedentes de los candidatos y la recepción de observaciones ciudadanas se realizaban primero en el ámbito del Ministerio de Justicia y luego volvían a cumplirse, con mayor amplitud y garantías constitucionales, ante el Senado. El texto del decreto sostiene que esta duplicación “ralentiza el proceso de cobertura de vacantes” y “desnaturaliza la etapa de nominación presidencial”.
El Gobierno también señaló en los considerandos que atraviesa una crisis institucional por el elevado porcentaje de cargos judiciales vacantes, cuya demora en cobertura impacta directamente en los tiempos de tramitación de los procesos y en los derechos de los justiciables.
PUBLICIDAD
El cambio más sustancial del decreto atañe a la selección de jueces del máximo tribunal. Bajo el esquema anterior, el proceso incluía etapas administrativas previas —a cargo del Ministerio de Justicia— que el Ejecutivo considera innecesarias dado que el Reglamento de la Cámara de Senadores ya prevé, en sus artículos 22 bis, 22 ter y 123 bis, audiencias públicas obligatorias, publicidad de los antecedentes y recepción de observaciones ciudadanas.
Con la reforma, el proceso para la Corte Suprema queda estructurado de la siguiente manera: producida una vacante, el Ministerio de Justicia debe publicar, en un plazo máximo de 30 días, el nombre y los antecedentes curriculares del o los candidatos en consideración, tanto en el Boletín Oficial como en la página web oficial del organismo, durante 3 días. Esa publicación —que reemplaza la anterior difusión en diarios de circulación nacional y local— refleja la actualización al entorno digital que también impulsa el decreto.
Dentro de los 5 días posteriores al cierre de esa publicación, los candidatos deben presentar una declaración jurada patrimonial en los términos de la Ley de Ética de la Función Pública N° 25.188, que incluya bienes propios, del cónyuge o conviviente, de la sociedad conyugal y de los hijos menores. A esa declaración deben adjuntar otra que detalle las asociaciones civiles y sociedades a las que pertenecieron o pertenecen en los últimos 8 años, los estudios de abogados con los que trabajaron y la nómina de clientes o contratistas del mismo período, con el fin de detectar posibles incompatibilidades o conflictos de interés.
En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá 5 días desde la recepción de la solicitud para elaborar un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales del candidato, con resguardo del secreto fiscal. Cumplidas estas instancias, el Ministerio de Justicia eleva las actuaciones al Poder Ejecutivo, que decidirá si remite la propuesta al Senado para obtener el acuerdo correspondiente.
El decreto deroga los artículos 3°, 6° y 7° del Decreto 222/03, que incorporaban criterios adicionales para la valoración de candidaturas a la Corte Suprema no previstos expresamente en la Constitución Nacional, entre ellos la exigencia de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional entre los miembros del tribunal. El Ejecutivo sostiene que esas consideraciones quedan dentro del ámbito de apreciación político-institucional del Presidente, siguiendo el modelo de Estados Unidos, donde la nominación presidencial tiene amplia flexibilidad.
Lo que no se toca es la garantía de publicidad, transparencia y participación ciudadana: el decreto es explícito en que esos mecanismos se mantienen, pero concentrados en el Senado, que es el ámbito constitucional donde el pueblo —a través de sus representantes provinciales— evalúa públicamente la idoneidad de los postulantes.
Mientras crece la expectativa por el cruce esta noche entre las selecciones de la Argentina y Argelia durante el Mundial de fútbol de 2026, existe otro partido que ambos países disputan desde hace años y que tiene como escenario los mercados internacionales. Se trata del intercambio comercial, una relación que muestra un peso creciente para la agroindustria argentina y que posiciona al país como uno de los principales proveedores de alimentos del mercado argelino. Con casi 46 millones de habitantes y una economía en expansión, Argelia se ha convertido en uno de los destinos más importantes para las exportaciones argentinas, especialmente las vinculadas al sector agroalimentario. De hecho, según datos relevados por el Grupo de Países Productores del Sur (GPS), la Argentina lidera las ventas de alimentos hacia ese país africano, un mercado con perspectivas de crecimiento sostenido en las próximas décadas.
La relevancia de este vínculo también queda reflejada en las estadísticas más recientes del comercio bilateral. “En 2025 la Argentina exportó a Argelia por US$1164 millones; había exportado US$1012 millones en 2024”, señaló a LA NACIONMarcelo Elizondo, presidente del Comité Argentino de la International Chamber of Commerce.
Para Elizondo, en 2025 Argelia fue el 18° destino para las exportaciones argentinas en el mundo Santiago Filipuzzi – Santiago Filipuzzi
El especialista destacó que Argelia se encuentra entre los mercados más relevantes para las ventas externas argentinas. “Argelia está entre los 20 mercados a los que la Argentina le vende más de US$1000 millones anuales. En 2025 fue el 18° destino para las exportaciones argentinas en el mundo”, afirmó.
La balanza comercial muestra, además, un marcado superávit para la Argentina. Mientras las exportaciones alcanzaron los US$1164 millones el año pasado, las importaciones desde Argelia totalizaron apenas US$118 millones. “En 2024, las importaciones provenientes de ese país fueron de US$131 millones”, precisó Elizondo.
La estructura comercial entre ambos países está fuertemente vinculada al sector agroindustrial. “Especialmente, la Argentina le exporta bienes agroindustriales y alimenticios, destacándose como principal el maíz en grano y los productos lácteos, principalmente la leche concentrada o en polvo”, explicó.
El informe elaborado por GPS coincide con ese diagnóstico y muestra que el maíz constituye el principal producto argentino vendido a Argelia, seguido por derivados del complejo sojero, leche concentrada, trigo y aceite de soja.
Según el estudio, la Argentina ocupa una posición privilegiada dentro de los proveedores agroalimentarios de Argelia. El país africano importa una parte importante de los alimentos que consume y encuentra en la producción argentina un abastecedor estratégico. “La Argentina, Brasil y Uruguay son tres de los principales socios comerciales de Argelia en importaciones de productos agroalimentarios, con la Argentina liderando en este aspecto”, destaca el documento.
La importancia del mercado argelino también se explica por su dinámica demográfica y económica. El informe señala que el crecimiento económico de Argelia supera ampliamente el promedio mundial. Además, el país mantiene una fuerte dependencia de las importaciones para abastecer parte de su demanda alimentaria.
Elizondo observa allí una oportunidad de largo plazo para la producción argentina. “Argelia se posiciona históricamente como el principal destino de las exportaciones argentinas hacia el continente africano”, sostuvo Elizondo. Entre los productos que actualmente lideran las ventas externas aparecen el maíz, la leche en polvo, los productos lácteos, la carne vacuna, las legumbres, los frutos secos y el pescado congelado. A cambio, describió Elizondo, Argelia, que integra los principales puestos globales en reservas de hidrocarburos, exporta a la Argentina principalmente combustibles, gas natural y derivados químicos como fertilizantes nitrogenados para el agro.
La necesidad de importar alimentos continuará creciendo. Según las proyecciones incluidas en el informe de GPS, la demanda de alimentos en Argelia podría aumentar un 22% hacia 2050 respecto de los niveles actuales. El mayor crecimiento se concentraría en productos destinados al consumo humano.
Dentro de esas proyecciones, las carnes, los vegetales y las frutas concentran cerca del 71% de la demanda futura de alimentos, un dato que refuerza las oportunidades para la agroindustria argentina.
Sin embargo, el acceso a ese mercado todavía enfrenta algunas limitaciones. Argelia no integra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y mantiene elevados niveles de protección arancelaria. De acuerdo con GPS, casi el 70% de las posiciones arancelarias presentan tasas de entre 25% y 50%, mientras que todos los productos agropecuarios pagan aranceles superiores al 18%, con excepción del algodón. Las carnes figuran entre los productos más afectados por esas barreras comerciales.
De acuerdo con GPPS, casi el 70% de las posiciones arancelarias presentan tasas de entre 25% y 50%, mientras que todos los productos agropecuarios pagan aranceles superiores al 18%, con excepción del algodón; las carnes figuran entre los productos más afectados por esas barreras comercialesMarcelo Manera – LA NACION
“De los productos mayormente exportados por el Mercosur, las carnes son las que tienen los aranceles más altos, con un promedio del 27,9%”, advierte el informe.
Frente a este escenario, se considera que existen posibilidades de ampliar los negocios bilaterales. “Un acuerdo de complementariedad con Argelia podría favorecer flujos comerciales, especialmente en cereales y oleaginosas, pero sobre todo en carnes”, sostiene el documento.
El análisis identifica oportunidades concretas para productos argentinos como el maíz, la leche concentrada y determinadas hortalizas secas, segmentos donde el país ya posee una participación relevante dentro de las importaciones argelinas.
En abril pasado, el embajador argentino en Argelia, Atilio Berardi, se reunió con el ministro de Agricultura argelino, Yacine Mehdi Oualid, para avanzar en la agenda agroindustrial bilateral. Durante el encuentro analizaron la habilitación de certificados sanitarios para exportar ovinos y productos lácteos argentinos, además de medidas destinadas a facilitar el ingreso de productos nacionales a ese mercado. También acordaron relanzar la cooperación agropecuaria entre ambos países mediante programas de intercambio de conocimientos, transferencia tecnológica y adopción de mejores prácticas productivas.
Para Elizondo, las posibilidades de expansión siguen siendo amplias. “La Argentina podría crecer en ese mercado con más productos agroalimentarios, que es la principal importación argelina, desde granos hasta lácteos, pasando por frutas y carnes”, afirmó. Y concluyó: “En la medida en que la Argentina incremente el volumen de sus cosechas podrá vender más aún a un mercado en el que ya tiene buen ingreso”.
Más allá de la expectativa futbolística que genera el Mundial 2026, la relación entre ambos países muestra que el verdadero partido se juega en el comercio exterior. Con una demanda creciente de alimentos, una balanza ampliamente favorable para la Argentina y oportunidades de expansión para la agroindustria, Argelia aparece como uno de los socios estratégicos más importantes que tiene el país en el continente africano.
Más números
En este contexto, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), de los más de 50 estados que componen África Argelia es la cuarta economía más relevante del continente. “Detrás de Nigeria, Sudáfrica y Egipto, este país concentra el 7% del PIB africano y concentra con los tres anteriores cerca de la mitad de la economía africana”, dijo.
“Argelia recibió en 2025 cerca de 3,2 millones de toneladas de maíz argentino. Esto representa más del 5% de la última cosecha maicera finalizada en nuestro país. Este volumen de granos, además, totalizó US$575 millones el año pasado, equivalentes al 50% de las exportaciones al país africano. Hablando de volúmenes, el récord de exportaciones maiceras a este destino fue el 2019, cuando se enviaron a Argelia más de 4 millones de toneladas de maíz”, detalló.
Según la BCR, luego del maíz figura la leche entera en polvo, “que representa prácticamente la totalidad de las exportaciones del complejo lácteo a Argelia”. La entidad remarcó: “Con más de US$290 millones exportados en 2025, el país africano representa el segundo destino más importante para los lácteos argentinos, solo detrás de Brasil”.
Por otra parte, en 2025 el complejo soja exportó más de US$220 millones a Argelia. “El 80% del valor exportado consiste en harina de soja, mientras que lo restante se compone de aceite. El volumen exportado en 2025 fue próximo a un millón de toneladas. Sin embargo, el máximo exportador tuvo lugar en 2018, cuando se despachó un volumen superior a los 1,8 millones de toneladas”, indicó.
La cantidad de empresas empleadoras en la Argentina volvió a sufrir en marzo una dura caída, en este caso del 2,8% interanual, lo que se tradujo en el cierre definitivo de 14.044 compañías en comparación con el mismo mes del año anterior. Con este desplome, la cantidad de firmas activas con personal a cargo se redujo a 481.635 en todo el país.
El fenómeno responde a una combinación de factores macroeconómicos que asfixian la actividad: el desplome del consumo interno, el incremento de los costos operativos y una persistente alta inflación -aunque los últimos datos mostraron algunas bajas- que pegó en el poder adquisitivo de los salarios. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, elaborado sobre la base de registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el dato de marzo no es un hecho aislado, sino que marcó el vigésimo quinto mes consecutivo de contracción. Además, este último registro se consolidó como la caída más pronunciada desde que comenzó la actual serie de descensos, evidenciando una velocidad de destrucción que no encuentra piso.
Por su parte, desde la consultora Fundar también analizaron el tema, y precisaron que cerraron 26.448 empresas entre marzo de 2023 y marzo de 2025. “Sólo en marzo de 2026 cerraron 2011 empresas. El dato contrasta con la caída de 257 firmas registrada el mes anterior y marca una nueva aceleración en el deterioro del tejido productivo”, sostiene.
Además, especifica que entre los casos más relevantes se encuentran Citroën (que dejó de fabricar vehículos en Argentina y concentrará su producción regional en Brasil y Uruguay); Leval S.A. (histórica fabricante de estructuras metálicas y proveedora de Siderar, Siderca y Acindar, que cerró tras más de 50 años de actividad); y la planta de Granja Tres Arroyos en Entre Ríos.
La sangría empresaria golpeó de forma heterogénea a los distintos segmentos de la economía, con especial impacto sobre los motores tradicionales del empleo. El comercio fue el sector más afectado en términos de volumen, con la pérdida de 5.145 firmas, lo que representó una baja del 3,5% interanual producto de las persianas que debieron bajar los locales ante la falta de ventas.
Por su parte, la industria manufacturera registró un retroceso del 4,5%, destruyendo 2.167 fábricas y talleres en apenas doce meses, un golpe directo al valor agregado y a los puestos de trabajo calificados. El agro (-2,3%) y la construcción (-2,1%) tampoco lograron esquivar la tendencia negativa generalizada.
El mapa del achicamiento productivo muestra un panorama complejo a nivel federal, con persianas bajas en casi todas las provincias. En términos absolutos, las provincias que concentran la mayor densidad demográfica y económica lideraron las pérdidas: Buenos Aires encabezó el podio con la desaparición de 4.311 empresas, seguida por Córdoba con 2.187, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 1.539 y Santa Fe con 1.305 cierres.
Si se analiza el impacto porcentual, los retrocesos más violentos se ubicaron en La Rioja (-10,7%), Tierra del Fuego (-6,7%), Santa Cruz (-6,6%) y Misiones (-6,6%). La única y notable excepción a la regla fue Neuquén, que gracias al persistente impulso de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta logró sumar 12 nuevas firmas, registrando un leve crecimiento del 0,1%.
Al evaluar el comportamiento de este indicador clave desde el recambio institucional, la evolución bajo la gestión de Javier Milei consolida la tendencia contractiva del sector privado. Si se contrasta el escenario actual con los datos de noviembre de 2023, justo antes de la asunción del líder libertario, la cantidad de empresas empleadoras arrastra una caída acumulada del 5,2% a nivel nacional.
Esta variación implica que en los primeros meses del mandato actual desaparecieron 26.213 compañías en todo el país, reflejando el impacto directo del fuerte plan de ajuste, la devaluación inicial y la drástica caída de la demanda que caracterizaron el período.
La mirada de mediano plazo hacia el interior del entramado productivo confirma que la recesión golpeó las estructuras fabriles y de servicios de manera generalizada bajo el nuevo esquema económico. Durante este ciclo, el sector de la construcción se posicionó como el más castigado con un derrumbe del 9,5% en su cantidad de empresas, directamente afectado por el freno total de la obra pública dispuesto por el Gobierno nacional y la parálisis de los desarrollos privados.
La construcción, uno de los sectores más golpeados.
Detrás se ubicaron la industria manufacturera, con un preocupante retroceso del 6,8%, el comercio con una baja del 4,6% y el sector agropecuario, que resignó un 4,5% de sus firmas empleadoras.
El desagregado provincial durante la administración libertaria replica la misma asimetría que se observa en los datos mensuales, dejando en claro el peso de la concentración económica. Las provincias grandes sufrieron el mayor costo en términos de volumen puro debido a la escala de sus mercados locales: Buenos Aires perdió 5.615 empresas desde noviembre de 2023, mientras que Córdoba registró una baja de 4.388 firmas, Santa Fe anotó 2.993 cierres y la Ciudad de Buenos Aires sumó otras 2.909 bajas en sus registros de empleadores.
En términos relativos, el impacto geográfico muestra realidades extremas en los extremos del mapa productivo nacional. Un pelotón de seis provincias exhibe caídas de doble dígito en el acumulado de la gestión de La Libertad Avanza, siendo los casos más dramáticos los de Tierra del Fuego, con una contracción del 11,8% en su universo empresarial; Catamarca, con un descenso del 12,8%; y La Rioja, que lidera las pérdidas porcentuales con un alarmante desplome del 17,6%. En el otro extremo de la tabla, distritos como la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Tucumán y San Juan lograron amortiguar el impacto, mostrando las bajas más moderadas del país con caídas que no superaron el 3,0%.
Una vez más, la provincia de Neuquén se consolidó como la única isla verde dentro de un mapa cubierto por números rojos en la era Milei. Impulsada por las inversiones récord en el sector energético, el empleo asociado a los servicios petroleros y el desarrollo de la infraestructura en la cuenca neuquina, la provincia registró un crecimiento del 2,1% en la cantidad de empresas empleadoras respecto de noviembre de 2023, lo que representa la incorporación neta de 186 nuevas firmas al circuito formal.
La industria metalúrgica de Córdoba cerró mayo con una caída del 4,1% interanual y sin señales de recuperación a la vista. Los datos corresponden al último informe técnico del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y consolidan una tendencia declinante que se extiende a lo largo de todo 2026.
El retroceso en la provincia tuvo dos motores principales: el sector de autopartes, de fuerte presencia en el entramado industrial cordobés, registró una caída del 2,9% interanual, mientras que la maquinaria agrícola marcó una tendencia negativa por primera vez en el año, con un descenso del 8,6% a nivel nacional. Las empresas vinculadas al agro acumularon un registro negativo del 9,5% en el análisis de cadenas de valor.
A escala nacional, el sector metalúrgico contrajo un 5,1% interanual y un 1,4% respecto a abril en términos desestacionalizados. Con ese resultado, la industria metalúrgica argentina acumula una baja del 6,0% en los primeros cinco meses del año. Córdoba se ubica en una posición intermedia en la comparación regional: Buenos Aires registró la caída más pronunciada con un 5,9%, seguida por Santa Fe con un 5,1%, Entre Ríos con un 3,8% y Mendoza con un 2,4%.
El dato que más preocupa al sector es la utilización de la capacidad instalada: el índice se ubicó en el 39,8%, uno de los niveles más bajos en términos históricos y 6,8 puntos porcentuales por debajo del registro del año anterior. Otros subsectores mostraron retrocesos significativos: la fundición cayó un 8,9%, los bienes de capital un 6,8% y el equipamiento médico un 6,3%. El único rubro con saldo positivo fue carrocerías y remolques, con un crecimiento interanual del 1,9%.
El mercado laboral del sector tampoco escapa a la tendencia. El empleo en las empresas metalúrgicas registró una caída interanual del 2,2% y un descenso mensual del 0,2% respecto a abril. El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, describió el escenario con cautela: “La nueva variación mensual refleja que la recuperación de la actividad aún presenta desafíos importantes, en un contexto donde la utilización de la capacidad instalada continúa en niveles reducidos para el sector.” El directivo agregó que “la industria metalúrgica sigue atravesando un escenario de demanda moderada en distintos segmentos de actividad, lo que genera dificultades para muchas empresas”.
Las perspectivas para el corto plazo no ofrecen señales de mejora: siete de cada diez empresas del sector no esperan cambios positivos en sus niveles de producción para el próximo trimestre. Del Re cerró el análisis con un llamado a la acción: es fundamental, dijo, “continuar promoviendo condiciones que favorezcan la inversión, la producción y el sostenimiento del empleo a lo largo de toda la cadena industrial”.
Una fragata rusa disparó tiros de advertencia contra un yate de bandera británica en el Canal de la Mancha el martes por la mañana. El incidente, que no dejó heridos ni daños materiales, ocurrió a unos 32 kilómetros al sur de la Isla de Wight, fuera de las aguas territoriales del Reino Unido.
La Admiral Grigorovich —de casi 125 metros de eslora y tripulación de hasta 220 personas— abrió fuego a menos de 500 metros del yate, que continuó su viaje sin interrupciones. La fragata llevaba semanas desplegada en la zona escoltando buques rusos sancionados bajo vigilancia de la Marina Real.
PUBLICIDAD
El Ministerio de Defensa del Reino Unido se limitó a declarar que investiga “los informes de un incidente en el Canal de la Mancha” y subrayó que los disparos no apuntaron a la embarcación. El HMS Tyne, patrullero de la Marina Real, se acercó al yate para recabar información y verificar el estado de su tripulación. La nave sin motor se había aproximado al buque de guerra en medio de la niebla tras zarpar del Reino Unido.
Horas después, el Ministerio de Defensa ruso confirmó los disparos e indicó que el yate no respondió a las advertencias previas. “Para llamar la atención de la tripulación del yate, se lanzaron bengalas y se emitieron señales acústicas. A pesar de estas medidas, la embarcación continuó su peligrosa aproximación”, señaló el gobierno en un comunicado.
PUBLICIDAD
“El comandante de la fragata decidió disparar tiros de advertencia en dirección a la embarcación utilizando la artillería ligera del buque”, añadió.
El episodio se produjo dos días después de que comandos británicos interceptaran el petrolero Smyrtos, vinculado a Rusia y sospechoso de transportar petróleo en violación de las sanciones internacionales, en la primera operación de este tipo liderada por fuerzas del Reino Unido desde el inicio de la guerra en Ucrania. Su capitán, un ciudadano indio, compareció el martes ante un tribunal, que ordenó su prisión preventiva. Las autoridades descartaron cualquier vinculación entre ambos hechos.
PUBLICIDAD
La tensión en aguas británicas no es nueva. En noviembre, Londres advirtió a Moscú tras detectar el buque espía Yantar al norte de Escocia. En abril, una fragata, aeronaves y cientos de efectivos siguieron durante semanas un submarino de ataque y dos submarinos espía rusos en la misma zona.
El precedente más directo se remonta a hace cinco años, cuando el destructor HMS Defender protagonizó un episodio similar en el mar Negro, cerca de Crimea. Rusia afirmó haber disparado tiros de advertencia para obligarlo a retirarse, versión que Londres negó. Fue el primer reconocimiento ruso del uso de munición real para disuadir a un buque de la OTAN desde la Guerra Fría.
PUBLICIDAD
El portavoz laborista de Defensa, James Cartlidge, afirmó que el Reino Unido “no debería tener ninguna duda de que Rusia representa una amenaza directa“. El liberal demócrata James MacClearly fue más categórico: “Rusia está literalmente a nuestras puertas. La agresión y la intimidación en nuestras aguas no deben tolerarse”.
En su momento, el gobierno había dejado trascender que no le interesaba designar nuevos jueces en la Corte Suprema. Sin embargo, todo parece indicar que la aprobación de 74 pliegos de jueces y fiscales entusiasmó a más de uno de la Casa Rosada y ahora van por la cabeza del Poder Judicial. Para lograrlo, el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, redactaron y firmaron un decreto que modifica dos decretos, el 222 de junio de 2003 y 588 de agosto de ese mismo año, publicó el diario Página/12.
La modificación ataca el corazón de ambos decretos cuando plantea la eliminación, en el proceso de transparencia de la elección de los supremos, de las impugnaciones, la participación ciudadana y, sobre todo, reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional de los propuestos. En cambio, en el gobierno hablan de que lo que se pretende es simplificar el procedimiento y “modernizar”, término al que recurren cuando lo que quieren hacer es flexibilizar.
“Modernización”
El decreto fue publicado en el Boletín Oficial este martes. Las modificaciones que incluye el nuevo instrumento le quitan la esencia al decreto que se publicó en junio de 2003, y tenía como objetivo limitar al Poder Ejecutivo para, como dijo el entonces presidente Néstor Kirchner, “terminar con la práctica extendida de los gobiernos, que para tener gobernabilidad necesitan tribunales adictos”. Ahora parece que el gobierno libertario decidió retroceder en el tiempo.
Lo justifican diciendo que el nuevo proceso por el cual son propuestos y designados los futuros ministros del tribunal supremo será más “transparente” y supuestamente se evitará la duplicación de instancias administrativas, consignó el diario Página/12.
La supuesta duplicación se refiere al procedimiento que hoy se realiza en el ámbito del Ministerio de Justicia, donde se exponen los currículums de los aspirantes a supremos durante 15 días para que se presenten impugnaciones tanto particulares como de organizaciones de sociedad civil. Los aspirantes deben entregar, además, una declaración jurada de bienes y una detallada nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen y la lista de clientes.
Qué cambia con el decreto
Todo esto, con el nuevo decreto, se elimina en nombre de la modernización y simplificación. El argumento es que esto se hace en el Senado, olvidando de manera conveniente que lo que está todavía en vigencia le otorga un marco de transparencia al procedimiento de aspirantes a supremos que no había existido hasta 2003.
Es más, se deroga la exigencia de publicar las postulaciones y antecedentes en diarios de circulación nacional; la difusión de las candidaturas queda limitada a la web oficial del Ministerio de Justicia.
También se eliminarán las recomendaciones previas para que el Poder Ejecutivo contemple, como dice el decreto 222/03 “la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”, al momento de proponer a los candidatos, señaló el diario Página/12.
Pero hay un dato más y es que el nuevo decreto de Milei no solo impactará en el 222, sino que también modifica el 588 de agosto de 2003. Este último toma los criterios y procedimientos de selección del 222 y lo hace extensivo a la selección del Procurador General de la Nación, del Defensor General de la Nación y, también, de los jueces de los tribunales federales inferiores.
Solo dos gobiernos no tomaron en cuenta el decreto 222/03. El primero fue el de Mauricio Macri, que lo hizo por decreto y luego volvió sobre sus pasos para designar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. El otro es el presidente Milei, que no lo tuvo en cuenta cuando designó en comisión al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla para ser parte de la Corte. En su momento solo asumió García-Mansilla, pero ante el escándalo institucional que implicó la forma en que llegó a la Corte, no tuvo más remedio que renunciar.
La cantidad de empleadores o unidades productivas volvió a reducirse en marzo y acumula una caída de 26.448 empresas desde noviembre de 2023,el mes previo a la asunción de Javier Milei, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Un informe del think tank Fundar destacó que durante el tercer mes del año la tendencia volvió a acelerarse: se registraron 2011 empresas menos que en febrero, cuando la disminución había sido de apenas 257.
Según la entidad, la menor caída observada en febrero estuvo asociada a factores estacionales vinculados a la reactivación de la actividad tras el período de vacaciones. Con la normalización de esa dinámica durante marzo, volvió a evidenciarse una retracción significativa en la cantidad de firmas registradas, pese a que el nivel de actividad económica registró un avance del 3,5% respecto del mes anterior.
Entre los sectores que más empresas perdieron durante marzo se destacan Comercio (-1042 firmas), Industria (-320), Transporte y almacenamiento (-280) y Alojamiento y restaurantes (-200). En contraste, crecieron los rubros de Servicios de asociaciones y personales (+160 empresas), Actividades administrativas (+71), Construcción (+22) y Salud (+33).
En la comparación interanual, el número de empresas registradas cayó en 14.203 unidades respecto de marzo de 2024, lo que representa una disminución del 2,8%.
La industria perdió 320 firmas Maximiliano Amena
“Lo que vemos mes a mes es el resultado de una decisión de política económica:hoy a las empresas les resulta muy difícil competir por una combinación de factores, como costos elevados no solo en moneda local, sino aún más en moneda extranjera, un tipo de cambio bajo y una mayor apertura de la economía”, sostuvo Guido Zack, director de Economía de Fundar.
A nivel geográfico, 21 de las 24 jurisdicciones registraron una caída mensual en la cantidad de empresas. Las provincias más afectadas fueron Tierra del Fuego (-0,8%, equivalente a 18 empresas), Santiago del Estero (-0,7%, 34 firmas) y San Juan (-0,7%, 43 compañías).
Las únicas provincias que mostraron crecimiento fueron Formosa (+0,18%, cuatro empresas), Catamarca (+0,10%, tres) y Jujuy (+0,07%, tres).
La empresa avícola Granja Tres Arroyos anunció recientemente el cierre por tiempo indeterminado de su histórica planta ubicada en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos
La comparación interanual muestra un panorama aún más extendido: 23 de las 24 provincias registraron una disminución en la cantidad de empresas. La única excepción fue Neuquén, que exhibió un incremento de 0,06%. En el otro extremo se ubicaron La Rioja (-10,6%) y Santa Cruz (-6,6%), con las caídas más pronunciadas.
Asimismo, Neuquén fue la única provincia que logró aumentar la cantidad de empresas desde la asunción del actual Gobierno, con un crecimiento de 2%. Por el contrario, las mayores bajas se observaron en La Rioja (-17,5%), Catamarca (-12,7%) y Chaco (-11,6%).
Entre los casos más resonantes de cierres o reducción de operaciones figuran Citroën, que dejó de fabricar vehículos en la Argentina para concentrar su producción regional en Brasil y Uruguay; Leval S.A., histórica fabricante de estructuras metálicas y proveedora de Siderar, Siderca y Acindar, que cerró sus puertas tras más de medio siglo de actividad; y una planta de Granja Tres Arroyos en Entre Ríos.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó una nueva modalidad de préstamos en dólares para empresas no exportadoras, transformando las condiciones que regían para el financiamiento en moneda extranjera dentro del sistema financiero local. La decisión, formalizada a través de la Comunicación “A” 8446, permite a las entidades bancarias otorgar créditos en dólares a empresas que operan en el mercado interno siempre que presenten como garantía el respaldo de una compañía exportadora. Esta modificación desplazó la histórica restricción que limitaba el acceso a este tipo de financiamiento únicamente a firmas con ingresos comprobables en divisas extranjeras.
El texto oficial del BCRA estableció que las financiaciones alcanzan a clientes que cuenten con garantías en moneda extranjera otorgadas por aquellas empresas que ya figuran en la normativa como sujetos habilitados, es decir, exportadores con capacidad de pago reconocida. El exportador que actúa como garante debe asumir el compromiso de principal pagador, además de renunciar expresamente a los beneficios de excusión y división. Esto implica que el banco podrá exigir el pago directamente a la empresa exportadora en caso de incumplimiento por parte de la firma deudora.
PUBLICIDAD
Hasta la entrada en vigencia de esta disposición, la normativa exigía que los bancos verificaran que los solicitantes de créditos en dólares contaran con ingresos futuros en esa moneda y una facturación acorde durante el año previo. Esta exigencia excluía a la mayor parte de las empresas que operan únicamente en el mercado doméstico. Con la nueva reglamentación, la posibilidad de presentar una garantía de una empresa exportadora habilitó a un amplio universo de compañías a solicitar financiación bajo condiciones que antes no estaban disponibles.
En términos operativos, la garantía debe estar constituida en dólares y ser otorgada por una firma exportadora reconocida por la normativa vigente. El exportador que asume el rol de garante debe comprometerse como principal pagador y aceptar la renuncia explícita a los beneficios de excusión y división, lo que habilita a la entidad financiera a reclamarle el pago en caso de que la deudora no cumpla con sus obligaciones.
PUBLICIDAD
La Comunicación “A” 8446 determinó que el deudor queda exceptuado del requisito de que los vencimientos de la operación guarden relación con el flujo de ingresos previsto en la moneda del crédito. Eso significa que la empresa no exportadora no necesita demostrar ingresos en dólares para acceder al financiamiento, siempre que cuente con el respaldo de una exportadora con flujo de divisas. De esta manera, el abanico de empresas elegibles para solicitar créditos en dólares se amplió de manera significativa.
El esquema de garantías previsto por la nueva norma obliga a las entidades financieras a evaluar la capacidad de pago tanto de la empresa que recibe el crédito como del exportador que figura como garante. Para el otorgamiento del crédito, los bancos mantienen la obligación de comprobar que el garante cuenta con la capacidad de pago suficiente y que podrá hacerse cargo de la deuda si el deudor incurre en incumplimiento. Además, el cronograma de vencimientos y el financiamiento deben estar alineados con los ingresos en moneda extranjera del garante y no del deudor principal.
PUBLICIDAD
La disposición no modifica los criterios asociados a la clasificación de los deudores ni los mecanismos de prevención de riesgos. Por ejemplo, las financiaciones a deudores que figuran como irrecuperables y que ya están totalmente previsionadas no podrán computarse dentro de la capacidad de préstamo de los depósitos en moneda extranjera.
Desde la perspectiva de Moody’s, el informe advierte: “El deudor primario sin ingresos en moneda extranjera queda expuesto a un deterioro en su capacidad de repago ante movimientos adversos del tipo de cambio, y la calidad crediticia de la operación pasa a depender de la solidez financiera del exportador garante”. Además, la calificadora señala: “Esperamos que los principales beneficiarios de estos créditos sean empresas de las cadenas de valor de exportadores con sólidos fundamentos crediticios cuya garantía mitigue altamente este riesgo. Sin embargo, en escenarios de fuerte estrés macroeconómico, podría haber correlación entre el deterioro del deudor y las dificultades del garante”.
PUBLICIDAD
El análisis de Moody’s destaca también: “La estructura de la garantía exigida constituye un mitigante crediticio robusto y limita el riesgo incremental de la medida. La normativa requiere que el garante exportador se constituya como principal pagador con renuncia a los beneficios de excusión y división, lo que implica que el banco puede reclamar directamente al garante ante un incumplimiento”. La agencia agrega que “el riesgo incremental se encuentra limitado por: (i) la solidez jurídica de la garantía exigida y (ii) la obligación de realizar análisis de la capacidad de pago del deudor bajo al menos dos escenarios de estrés cambiario”.
Según el documento, “el impacto efectivo sobre el perfil crediticio de los bancos dependerá del volumen de originación bajo esta modalidad y de la evolución del tipo de cambio. Si la adopción es gradual y concentrada en bancos con capacidad de evaluación de estructuras garantizadas, el riesgo incremental será acotado. Sin embargo, un crecimiento acelerado de esta cartera en un contexto de estabilidad cambiaria podría generar una acumulación de riesgo procíclico con consecuencias ante un eventual cambio de escenario”.
PUBLICIDAD
Moody’s realiza una comparación con antecedentes recientes al afirmar: “Al igual que sucedió en la anterior flexibilización de febrero 2025, no esperamos un aumento exponencial de préstamos a no generadores de divisas en el corto plazo”.
El informe de la agencia también advierte: “La ampliación del universo de deudores elegibles en moneda extranjera podría presionar la calidad de activos ante un escenario de corrección cambiaria”. Moody’s subraya que “el deudor primario sin ingresos en moneda extranjera queda expuesto a un deterioro en su capacidad de repago ante movimientos adversos del tipo de cambio, y la calidad crediticia de la operación pasa a depender de la solidez financiera del exportador garante”.
PUBLICIDAD
La calificadora sostiene que “la medida canaliza la elevada liquidez ociosa en moneda extranjera del sistema bancario hacia el crédito al sector productivo”. Además, señala que “la nueva normativa habilita por primera vez desde 2002 el uso de depósitos de ahorristas en dólares para fondear préstamos a empresas sin ingresos en divisas” y que este contexto “ocurre en un contexto de fuerte crecimiento de los depósitos en dólares del sector privado”.
El informe recomienda que “el impacto efectivo sobre el perfil crediticio de los bancos dependerá del volumen de originación bajo esta modalidad y de la evolución del tipo de cambio” y advierte que “si la adopción es gradual y concentrada en bancos con capacidad de evaluación de estructuras garantizadas, el riesgo incremental será acotado”.
PUBLICIDAD
Moody’s concluye que “la estructura de la garantía exigida constituye un mitigante crediticio robusto y limita el riesgo incremental de la medida”. Sin embargo, reitera que, “en escenarios de fuerte estrés macroeconómico, podría haber correlación entre el deterioro del deudor y las dificultades del garante”.
La Comunicación “A” 8446 del BCRA consolidó un cambio relevante en la regulación del crédito en dólares para empresas, ampliando el universo de compañías elegibles y trasladando parte del riesgo a los garantes exportadores. Según las fuentes consultadas, los bancos seguirán obligados a cumplir con los criterios de análisis y documentación establecidos por la regulación vigente, y deberán prestar especial atención a la evaluación de los exportadores que respalden las operaciones.
