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  • La OMS advirtió que el brote de ébola en Congo comenzó cuatro meses antes de su declaraciónEl organismo sanitario indicó que la circulación se inició antes del anuncio del 15 de mayo, según análisis genéticos, en una epidemia que suma 4.200 infecciones y más de 1.900 muertos

    La OMS advirtió que el brote de ébola en Congo comenzó cuatro meses antes de su declaraciónEl organismo sanitario indicó que la circulación se inició antes del anuncio del 15 de mayo, según análisis genéticos, en una epidemia que suma 4.200 infecciones y más de 1.900 muertos

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    El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo comenzó en febrero y fue declarado recién el 15 de mayo, según informó este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS). La demora dejó a los equipos sanitarios corriendo detrás de una epidemia que avanza con rapidez en una de las zonas más frágiles del país.

    La advertencia surgió en Bunia, capital de la provincia de Ituri, donde el director regional de la OMS, Mohamed Yakub Janabi, explicó que los estudios genéticos permitieron fechar el inicio de la circulación del virus. Según informó Associated Press, varios casos iniciales fueron atribuidos de manera errónea a malaria y fiebre tifoidea, un factor que contribuyó al retraso en la respuesta.

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    Un inicio silencioso y una respuesta tardía

    Janabi sostuvo que las investigaciones del profesor Steve Mundeke Ahuka, coordinador de la respuesta a la epidemia en el Instituto Nacional de Salud Pública congoleño, muestran que el virus ya circulaba desde febrero en el este de la República Democrática del Congo. “Vamos detrás del virus, el virus va por delante”, afirmó durante una rueda de prensa, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE.

    La Organización Mundial de la Salud indicó que el brote se detectó tarde por diagnósticos iniciales confundidos con malaria y fiebre tifoidea, lo que retrasó la respuesta en una región frágil y con carencias sanitarias

    De acuerdo con las últimas cifras oficiales citadas por Associated Press, el actual brote suma 4.200 casos confirmados y más de 1.900 muertes. Por su parte, la información distribuida por EFE señaló que la epidemia ya es la de mayor cantidad de infecciones registrada dentro de la RDC y que además muestra el crecimiento más rápido desde su declaración formal.

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    El organismo sanitario también señaló, según EFE, que esta es la decimoséptima epidemia de ébola que afecta al país. A la vez, ya superó en contagios al brote registrado entre 2018 y 2020 en el este congoleño, que dejó 3.481 casos y 2.299 muertes.

    La cepa Bundibugyo y las dificultades sanitarias

    Uno de los rasgos distintivos de esta emergencia es que corresponde a la cepa Bundibugyo, para la cual no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico aprobado. AP detalló que en los primeros momentos se realizaron pruebas para una variante más común del virus, lo que también afectó la detección temprana del brote.

    La OMS precisó, de acuerdo con EFE, que la letalidad de esta cepa oscila entre 30% y 50%. El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y puede propagarse también a través de superficies o materiales contaminados, como ropa de cama o prendas de vestir.

    La actual epidemia, atribuida a la cepa Bundibugyo, acumula más de 1.900 muertes y se convirtió en la de más infecciones registrada dentro del país - vía REUTERS

    En este escenario, las autoridades sanitarias enfrentan condiciones adversas en el terreno. En algunas áreas hubo huelgas de trabajadores de salud por falta de pago, amenazas de grupos rebeldes, carencias de equipos de protección y caminos remotos sin pavimentar que dificultan la llegada de la asistencia.

    A ese cuadro se suma la desinformación en comunidades golpeadas por años de conflicto. Según la agencia estadounidense, parte de la población sostiene que el ébola no es real, mientras otras personas evitan acudir a centros médicos por miedo al contagio. Janabi alertó, además, que alrededor del 70% de las personas mueren en sus hogares, una señal de que muchos enfermos quedan fuera del sistema de vigilancia, según recogió EFE.

    Expansión regional y antecedentes del brote

    La epidemia también cruzó la frontera hacia Uganda, aunque ese país fue declarado libre de ébola el 28 de julio, después de registrar 20 contagios confirmados, entre ellos 15 importados desde la RDC, con dos fallecidos, según consignó EFE.

    En Ituri, el director regional Mohamed Yakub Janabi alertó que los equipos van detrás de una epidemia en expansión, con dificultades por huelgas, amenazas de grupos armados (World Health Organization Via AP)

    Pese a la gravedad del cuadro, el actual brote todavía se mantiene por debajo de la peor epidemia de ébola registrada. Entre 2014 y 2016, el brote en África occidental causó más de 11.000 muertes entre al menos 28.000 casos, recordó AP. Ese mismo reporte señaló que aquella crisis tardó unos ocho meses en alcanzar los 1.000 fallecidos, mientras la epidemia actual llegó a una cifra mucho más alta en menos tiempo.

    La comparación también expone otro problema conocido. Brotes anteriores de ébola fueron declarados con semanas o meses de demora. En la epidemia de África occidental, la declaración oficial ocurrió en marzo de 2014, aunque luego se determinó que el primer caso humano se produjo en diciembre de 2013.

    En el este de Congo, el acceso a la atención médica ya estaba condicionado por años de violencia armada en una región ubicada cerca de las fronteras con Sudán del Sur, Uganda y Ruanda. En ese contexto, la OMS advirtió que la velocidad de expansión del virus supera el ritmo de la respuesta sanitaria y que la participación de las comunidades será un factor central para intentar contener la epidemia.

  • Contratos: liberan cuentas bancarias de Camisassa pero mantienen el embargo sobre cuatro departamentos

    Contratos: liberan cuentas bancarias de Camisassa pero mantienen el embargo sobre cuatro departamentos

    María Alejandra Camisassa es pareja del imputado Jorge De Breuil y comparte bienes con su marido. No está acusada formalmente en el marco de la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura ni se la investiga como parte de la maquinaria que funcionó durante una década, y detrajo millones de dólares de las arcas públicas de Entre Ríos. Pero sí, al igual que otras parejas de imputados (Luciana Almada, Julia Vainstein, Sandra Marozzini, y Micaela Banegas), tuvo una especie de rol pasivo porque a su nombre figuran bienes que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF), son producto del ilícito.

    Por eso, inicialmente la Justicia inmovilizó cuentas bancarias a su nombre y el 50 por ciento que posee en copropiedad con Jorge de Breuil sobre cuatro departamentos de un fideicomiso de calle Alsina N° 869 de Paraná. La media cautelar se aplicó también sobre bienes de las otras esposas o familiares de imputados. Es que, por ejemplo en ese proyecto inmobiliario, concurren todos los imputados y algunos de sus familiares, según han venido alertando los fiscales.   

    Durante el devenir de la investigación, Camisassa que no tiene abogado defensor porque no está formalmente investigada pero sí vinculada al hecho, designó un abogado que represente sus intereses. A ese rol lo está desempeñando el ex camarista en lo Contencioso Administrativo de Paraná, Hugo González Elías. El ex juez ha planteado una serie de reclamos para que levanten la medida cautelar que pesa sobre los bienes que están a nombre de Camisassa. Y en esa labor, ha conseguido que le morigeren la disposición.

    Primero se había ordenado una inhibición general que pesó sobre la persona, y después pasó a ser un embargo sobre cuentas bancarias y el 50 por ciento de cuatro departamentos. Ahora, según resolvió este lunes la jueza de Apelaciones Carolina Castagno, el embargo se levantó sobre las cuentas y quedó dispuesto sólo sobre las unidades funcionales de calle Alsina.

    Castagno entendió que el recurso planteado por el abogado resultó apropiado y reunió las exigencias establecidas por la ley. Sin embargo la acción que inició por un “hecho nuevo” que fue la prohibición de acceso de la mujer a su cuenta de débito donde depositan su jubilación, quedó enmendada dado que se debió a un error que se corrigió de inmediato. “De ese agravio se expande pretensión a que se revise toda la medida cautelar”, recordó Castagno y sostuvo que Barbagelata delimitó de modo “acertado” la controversia. “La única finalidad es asegurar aquello que el decomiso alcanza, esto porque hubo un acuerdo”, resaltó, en relación a individualizar los bienes y trabar la medida sobre los bienes y no sobre la persona.

    En el análisis sobre la decisión judicial de la instancia anterior, Castagno mencionó que quedó expuesto que la cautelar se trabó sobre “patrimonios confundidos”. “La confusión patrimonial no reposa en la mera presunción sino en elementos concretos que surgen del devenir de investigación”, admitió. En este aspecto es necesario recordar que, según la investigación fiscal, la adquisición del 50 por ciento de cuatro departamentos de calle Alsina por parte de Alejandra Camisassa, se realizó con un crédito de la empresa Sandebus SA (también propiedad del matrimonio). Y que ese crédito resultó de un aporte extraordinario que recibió la empresa y sobre el que no se conoce el origen.

    No es el único movimiento de fondos sospechoso para los fiscales. Así como ese, los representantes del Ministerio Público Fiscal tienen antecedentes de un préstamo que le hizo Camisassa a su marido que, aparentemente, excedió los límites de las posibilidades de la mujer. Los investigadores también guardan correos electrónicos entre los imputados en los cuales se plantea abiertamente cómo justificar ingresos.   

    “Al valorar la magistrada todos esos elementos, tuvo por configurada la verosimilitud del derecho”, subrayó Castagno que controló la decisión de Barbagelata. “La reseña de la jueza da cuenta de una motivación exhaustiva. Se alejó de los supuestos encuadrables en la doctrina de arbitrariedad, es decir como si fueran actos de puro poder. La jueza atendió el pedido del defensor”, añadió. Y más adelante señaló: “No se advierte arbitrariedad, la resolución es ajustada a derecho, razonable y proporcional. A excepción del embargo preventivo dispuesto sobre las cuentas”. “El embargo preventivo sobre las cuentas bancarias no es consecuente. Se impone que se deje sin efecto, teniendo en cuenta lo que manifestó la Fiscalía, su desinterés respecto de las cuentas bancarias, a diferencia de los inmuebles”.

    Por eso Castagno hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por González Elías, y en consecuencia revocó el embargo preventivo sobre cuentas bancarias de María Alejandra Camisassa, aunque mantuvo lo decretado sobre la porción de titularidad de los departamentos de calle Alsina, en condominio con Jorge de Breuil

    Investigación

    La causa investiga una sofisticada estafa al Estado provincial calculada en unos 53 millones de dólares, ocurrida entre los años 2008 y 2018. Según la investigación fiscal, la maniobra consistía en la utilización de contratos truchos en ambas cámaras legislativas.

    El esquema delictivo habría contado con la intervención de: funcionarios públicos y empleados de jerarquía de la Legislatura; dos estudios contables encargados de la ingeniería financiera; y ciudadanos externos dedicados a reclutar “prestanombres”, falsificar firmas y endosar cheques.

    Se estima que la millonaria suma sustraída de las arcas públicas fue desviada hacia inversiones privadas, principalmente en los sectores inmobiliario y agropecuario.

    Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías, ambos representan a Jorge De Breuil. Miguel Cullen, por su parte, defiende a los imputados Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

    De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider

    A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.

    La causa fue remitida a juicio oral los primeros días de julio.

  • Privatización del Belgrano Cargas: el Gobierno creó un fondo para financiar obras y estudia sumar el RIGI a la licitación

    Privatización del Belgrano Cargas: el Gobierno creó un fondo para financiar obras y estudia sumar el RIGI a la licitación

    El Belgrano Cargas opera 7.600 kilómetros de vías en 15 provincias del país y transporta principalmente granos, insumos industriales y productos de las economías regionales
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    El Gobierno creó un fideicomiso de destino exclusivo para administrar los fondos que obtenga por la venta de locomotoras y vagones del Belgrano Cargas. Además, en el marco de la privatización de la empresa ferroviaria estatal, el Ejecutivo avanza en paralelo en la habilitación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para las obras de infraestructura que deberán ejecutar los futuros concesionarios.

    Hasta ahora, los fondos del remate debían depositarse en un fideicomiso creado en 2001 que maneja una gran variedad de recursos —desde la recaudación del impuesto al gasoil hasta tasas viales— y atiende a múltiples destinatarios. El Gobierno decidió que mezclar el dinero del Belgrano Cargas en ese fondo complicaría y ralentizaría el pago de las obras ferroviarias, por lo que optó por crear un vehículo separado, con un único propósito: financiar las obras que deberán ejecutar los concesionarios

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    El decreto, que cuenta con la firma de Javier Milei y Luis Caputo, instruye al Ministerio de Economía a suscribir el contrato del nuevo fideicomiso, dictar las normas operativas complementarias y determinar el precio de venta del material rodante incluido en los contratos de concesión. Para fijar ese precio, deberá tomar como valor mínimo de referencia la tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

    Los fondos provendrán tanto del remate público de locomotoras y vagones como de la venta del material rodante que quede incorporado directamente en los contratos de concesión de vías.

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    Las estimaciones oficiales proyectan que el plan de obras ferroviarias exigido por el Estado rondará los USD 800 millones, y que la subasta de material rodante cubrirá algo más de la mitad de esa cifra. El resto quedará a cargo de los concesionarios, quienes deberán ejecutar lo que los pliegos denominan “obras urgentes” en los primeros años de la concesión.

    El decreto firmado por Milei y Caputo crea un fideicomiso exclusivo para administrar los fondos que se obtengan por el remate de locomotoras y vagones

    El RIGI como condición de inversión

    En paralelo al decreto, fuentes de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas —el organismo que conduce Diego Chaher— confirmaron a Infobae que el Gobierno trabaja en la posibilidad de que las obras de infraestructura ferroviaria se adhieran al RIGI, aunque la medida aún no fue publicada en el Boletín Oficial. “Estamos trabajando en esa posibilidad pero aún no está oficializado”, precisaron desde esa dependencia, aunque deslizaron que la salida de los pliegos es inminente.

    La habilitación del RIGI para las obras ferroviarias fue el principal factor que demoró la publicación de los pliegos, al sumar nuevas áreas del Estado al proceso de revisión y aprobación. El régimen fija un piso de inversión de USD 200 millones y otorga beneficios impositivos y seguridad jurídica a proyectos de gran escala. Según fuentes al tanto del expediente, su aplicación quedará restringida a las obras de infraestructura de vías y no alcanzará otras inversiones que los adjudicatarios quieran realizar.

    El cronograma que manejan los funcionarios apunta a publicar los pliegos antes de que termine agosto. Luego se abrirá un período de presentación de ofertas y análisis de propuestas que llevaría la adjudicación a abril o mayo de 2027.

    Tres líneas, nueve procesos

    El diseño de la licitación contempla tres concesiones independientes —una por cada ramal: Belgrano, San Martín y Urquiza—, y cada una se subdivide en tres procesos: la concesión de la operación de vías, los talleres ferroviarios y la venta del material rodante. El esquema habilita que un mismo concesionario opere las vías y sea propietario de los trenes, lo que permite ofertas de integración vertical, pero también abre la puerta a que distintos operadores compitan por unidades de negocio separadas.

    El sistema previsto es de open access, un modelo de acceso abierto establecido por la Ley 27.132 de Política Ferroviaria que obliga al operador de la infraestructura a permitir que otras empresas usen las vías mediante el pago de un peaje. Eso significa que el Belgrano Cargas no quedaría reservado para un solo dueño: cualquier operador que cumpla las condiciones regulatorias podría correr sus propios trenes sobre la misma red.

    La licitación dividirá la operación del Belgrano Cargas en tres ramales y nueve procesos independientes, con un plazo de concesión de 50 años

    Uno de los consorcios interesados en quedarse con la concesión aseguró que el open access es condición para la viabilidad económica del negocio: “Una operación eficiente y con escala permite ampliar la base de usuarios, no reducirla. Cuanta más carga diversa tenga el sistema, más sólido y sustentable será”. El modelo contempla el transporte de productos como oro, cobre, plata, litio, azúcar y otros bienes vinculados a las economías regionales, además de granos.

    Los interesados

    Uno de los grupos que adelantó que se presentará a la licitación es Grupo México Transportes (GMXT), operador de más de 11.000 kilómetros de vías en México y el sur de Estados Unidos. La empresa, que moviliza más de 100 millones de toneladas anuales, declaró en reiteradas oportunidades su disposición a invertir USD 3.000 millones para modernizar los ferrocarriles de cargas argentinos, a cambio de seguridad jurídica bajo el RIGI y la concesión de vías, talleres y material rodante. En junio, GMXT selló un acuerdo estratégico con la estadounidense Wabtec, proveedora de tecnología ferroviaria, para presentar una propuesta conjunta.

    El principal competidor es un consorcio de cerealeras integrado por Aceitera General Deheza (AGD) y las multinacionales Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

    Según pudo confirmar Infobae, no se descarta la participación de otros grupos locales ni de alguna empresa minera; aunque en todos los casos están a la espera de la publicación de los pliegos para presentar alguna propuesta.

    La red que se licita abarca 7.600 kilómetros de vías distribuidos en 15 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca. Los pliegos estipulan un plazo de concesión de 50 años y un período de 90 días para que las empresas interesadas presenten sus propuestas.

  • La Royal Navy detectó que cámaras de drones K3 Scout enviaron datos a ChinaUna revisión de ciberseguridad halló comunicaciones de “latido” hacia una dirección IP en ese país, y el Ministerio de Defensa británico desconectó el acceso en una flota valorada en 12 millones de libras

    La Royal Navy detectó que cámaras de drones K3 Scout enviaron datos a ChinaUna revisión de ciberseguridad halló comunicaciones de “latido” hacia una dirección IP en ese país, y el Ministerio de Defensa británico desconectó el acceso en una flota valorada en 12 millones de libras

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    La Royal Navy detectó que cámaras instaladas en drones de vigilancia K3 Scout usados por fuerzas especiales británicas enviaron datos a China, después de que una evaluación rutinaria halló comunicaciones hacia una dirección IP en ese país. Según The Telegraph, el Ministerio de Defensa retiró toda conectividad a internet de esos sistemas tras descubrir la brecha en una flota valorada en 12 millones de libras y en uso desde marzo.

    El hallazgo golpeó un punto sensible de la política de seguridad británica porque se produjo después de varios avisos oficiales y medidas previas contra tecnología china. En 2020, el Gobierno conservador prohibió a Huawei en la red británica de 5G por temores de espionaje, después de revertir una aprobación inicial por advertencias de funcionarios de seguridad de Washington sobre el riesgo derivado de las leyes de seguridad nacional chinas.

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    La publicación señaló que los drones integraban parte de un futuro paquete de defensa ofrecido por el Reino Unido para resguardar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Una fuente de defensa familiarizada con el caso dijo al diario británico que en esas plataformas ya se habían realizado preparativos para los planes británicos en el Golfo y resumió el episodio como un “gran fallo” en la verificación del origen de los componentes.

    Las cámaras emitieron señales hacia una IP china

    Un drone naval de la División de Vehículos de Superficie No Tripulados de la Armada de EE.UU., similar a los adquiridos por el Reino Unido, durante el ejercicio de la OTAN BALTOPS 26, frente a las costas de Gdynia, Polonia (REUTERS/Lukasz Glowala)

    The Telegraph informó que el proveedor de los drones fue Kraken Technology Group, un contratista de defensa británico que obtuvo las cámaras de un tercero que había dado garantías sobre su seguridad. Un portavoz de la empresa dijo que sabían que algunas cámaras de terceros compatibles con la NDAA contenían un pequeño número de componentes originados fuera del Reino Unido.

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    La investigación citada por el diario concluyó que las cámaras enviaban “comunicaciones de latido”: datos que confirmaban que estaban en línea y funcionaban con normalidad. El Ministerio de Defensa sostuvo que no existían pruebas de que datos sensibles o sistemas oficiales hubieran sido accedidos, comprometidos o transmitidos al exterior.

    La brecha activó temores de seguridad nacional por una posible exposición de personal con autorización de seguridad en la sede del Special Boat Service en Poole, Dorset. También surgieron inquietudes porque los drones de vigilancia estuvieron cerca de reuniones muy sensibles de altos mandos de fuerzas especiales y porque las cámaras siguieron activas incluso cuando las embarcaciones no tripuladas estaban apagadas.

    Un portavoz del ministerio dijo que una evaluación rutinaria de vulnerabilidad cibernética identificó un problema que afectaba un subsistema de una embarcación no tripulada de Kraken usada por la Royal Navy. Añadió que una investigación exhaustiva no encontró pruebas de acceso, compromiso o transmisión externa de datos o sistemas del ministerio.

    La marina adquirió los K3 Scout para su flotilla de superficie dentro del Project Beehive, un programa que busca combinar buques no tripulados y buques de guerra tradicionales. Las embarcaciones, operadas por el Coastal Forces Squadron y la unidad 47 Commando de los Royal Marines, debían modernizar la capacidad de combate británica y mantener el ritmo frente a sus adversarios.

    El modelo K3 Scout fue diseñado para transportar una carga útil de 600 kg y operar de forma continua durante 30 días. También fue adquirido por el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos y participó en pruebas de la OTAN en el Báltico.

    El caso golpeó el giro diplomático hacia Beijing

    La revelación apareció mientras el Gobierno laborista intentó recomponer la relación con Beijing mediante visitas de alto perfil y con la expectativa de acuerdos comerciales. A comienzos de este año, el Gobierno aprobó además los planes para una superembajada china en Royal Mint Court, en el centro de Londres, pese a las preocupaciones por la cercanía del predio con líneas de comunicación sensibles.

    El año pasado, MI5 emitió una alerta de seguridad a los diputados y advirtió que los servicios de inteligencia chinos eran “implacables” en sus intentos de interferir e influir en el Parlamento mediante sitios de empleo como LinkedIn para recolectar información sensible. Ese aviso llegó semanas después del colapso del caso contra dos hombres acusados de espiar para China, entre ellos un investigador parlamentario.

    La ministra de seguridad en la sombra Alicia Kearns pidió una auditoría urgente del equipamiento para detectar “huellas chinas” ocultas. Dijo que si el Reino Unido no podía afirmar con confianza qué había dentro de su propio equipo militar, tampoco podía decir que ese equipo le pertenecía ni que era soberano.

  • La Casa Rosada encamina un acuerdo con diez gobernadores por la ley de zonas frías y negocia por zonas cálidas

    La Casa Rosada encamina un acuerdo con diez gobernadores por la ley de zonas frías y negocia por zonas cálidas

    La última reunión de Santilli con los gobernadores del norte
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    El Gobierno aceleró en las últimas horas una negociación con los diez gobernadores del norte del país para asegurar en el Senado la sanción del proyecto de Zonas Frías y abrir una discusión paralela sobre un régimen para las zonas cálidas. La estrategia oficial apunta a ordenar los dos debates por carriles distintos: conseguir primero el respaldo a la iniciativa que ya aprobó Diputados y habilitar después un canal legislativo específico para el reclamo de las provincias que enfrentan altos niveles de consumo eléctrico durante el verano.

    El operativo político tuvo como principal articulador al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que según pudo confirmar Infobae mantuvo contactos permanentes durante el fin de semana con los gobernadores de la región para llegar con posiciones más alineadas a la reunión de este miércoles en Posadas. En la Casa Rosada consideran que el entendimiento puede cumplir una doble función: despejar un frente de conflicto con las provincias del norte y garantizar, al mismo tiempo, los votos que el oficialismo necesita en la Cámara alta para aprobar el proyecto de Zonas Frías sin introducir cambios que obliguen a devolverlo a Diputados.

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    La cumbre del Norte Grande tendrá un rasgo político singular. Está prevista la presencia de los diez gobernadores de la región, pese a las diferencias que mantienen entre sí y a sus distintos niveles de cercanía con el gobierno de Javier Milei. Participarán el anfitrión, el misionero Hugo Passalacqua; Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Ricardo Quintela, de La Rioja, y Gildo Insfrán, de Formosa.

    En paralelo con esa negociación, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán este jueves 13 de agosto a Catamarca para reunirse con Raúl Jalil y con Elías Suárez, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. El proyecto, financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), demandará $99.769 millones, tendrá un plazo de ejecución de 36 meses y alcanzará a 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero a través de la construcción de dos plantas potabilizadoras y 50 kilómetros de acueducto.

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    La escala en Catamarca agrega un componente de gestión a la secuencia de conversaciones políticas que la Casa Rosada viene desarrollando con los gobernadores del Norte Grande. Mientras busca cerrar un acuerdo para encauzar el tratamiento legislativo de Zonas Frías, el Ejecutivo intenta exhibir al mismo tiempo avances en materia de infraestructura y financiamiento en provincias donde necesita construir interlocución estable. La presencia conjunta de Santilli y Caputo también muestra que la negociación con los mandatarios del norte dejó de ser un asunto limitado a la política parlamentaria y pasó a incorporar decisiones de gestión con impacto territorial.

    La presencia de todos los gobernadores en Posadas le da al encuentro una fuerte densidad política. La convocatoria reúne desde mandatarios que construyeron canales de cooperación con la administración libertaria hasta dirigentes que sostienen una relación de abierta confrontación con la Casa Rosada. Entre estos últimos aparecen Ricardo Quintela, uno de los gobernadores que mantiene un enfrentamiento con Milei, y Elías Suárez, alineado con el liderazgo de Gerardo Zamora en Santiago del Estero. Esa heterogeneidad convierte al reclamo energético en uno de los pocos temas con capacidad para ordenar una posición regional común entre administraciones con estrategias nacionales muy distintas.

    Para el oficialismo, la reunión de Posadas también tendrá el valor de una prueba. Será el primer encuentro de estas características con gobernadores después del traspié que sufrió el Gobierno durante el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa fue aprobada, pero el Ejecutivo debió resignar dos capítulos que consideraba prioritarios para reunir los votos necesarios y evitar que el proyecto completo quedara comprometido en el Congreso.

    Uno de esos puntos proponía ampliar los límites vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de inversores extranjeros, una modificación que había generado resistencia en varias provincias. El otro planteaba eliminar las restricciones para la venta de terrenos afectados por incendios. Ambos artículos quedaron fuera del texto final, en una señal que dejó expuesta la capacidad de los gobernadores para condicionar tramos centrales de la agenda oficial cuando sus intereses territoriales entran en juego.

    Reunión de Gobernadores del Norte Grande

    Ese antecedente explica una parte del movimiento que Santilli desplegó durante el fin de semana. La negociación por Zonas Frías aparece en la Casa Rosada como una oportunidad para anticipar objeciones provinciales y construir un entendimiento antes de que el conflicto llegue al recinto. La fórmula que se discute consiste en separar el tratamiento del proyecto que ya tiene media sanción de Diputados del reclamo del Norte Grande por una tarifa diferencial para las provincias alcanzadas por temperaturas extremas durante el verano.

    La diferencia con el episodio anterior es central para el Gobierno. En la discusión por la ley de tierras, las concesiones aparecieron en el curso de la negociación parlamentaria y obligaron al oficialismo a desprenderse de partes relevantes de su propuesta original. Esta vez, la intención es llegar al Senado con un acuerdo político previo y evitar que el reclamo del norte termine incorporado al texto o se transforme en un factor de demora para la aprobación definitiva.

    El entendimiento que comenzó a delinearse en las últimas horas supone, en los hechos, dividir la discusión en dos etapas. La primera tendrá carácter inmediato y parlamentario: facilitar la sanción en el Senado del proyecto de Zonas Frías que ya pasó por Diputados. La segunda requerirá una elaboración específica y derivará en una nueva iniciativa para establecer condiciones diferenciales en aquellas provincias donde las temperaturas extremas empujan durante varios meses niveles extraordinarios de consumo eléctrico.

    El planteo de los gobernadores del norte parte de una asimetría que buscan instalar en la discusión pública y legislativa. Mientras los regímenes asociados al frío reconocen el mayor consumo energético necesario para calefaccionar los hogares, las provincias del Norte Grande sostienen que el calor extremo produce durante el verano una exigencia comparable. En amplias zonas del norte argentino, el uso de sistemas de refrigeración deja de tener carácter accesorio y pasa a integrar el núcleo del consumo residencial de electricidad.

    La intención oficial es que ese debate no interfiera en el tratamiento inmediato de Zonas Frías. Ese punto forma parte del núcleo político del entendimiento que Santilli busca cerrar con los gobernadores. En lugar de condicionar una iniciativa a la otra o de forzar modificaciones que obliguen a reabrir la discusión en Diputados, la alternativa que se analiza consiste en completar primero el trámite pendiente en el Senado y abrir después un expediente propio para las llamadas zonas cálidas.

    Ese diseño permite entender la lógica de la negociación. No existe, al menos de manera formal, un intercambio directo entre un proyecto y otro, pero ambas discusiones empezaron a avanzar en paralelo. Los gobernadores tendrían así una vía para canalizar un reclamo que consideran estratégico para sus provincias, mientras el Gobierno podría despejar uno de los obstáculos políticos que enfrenta para completar la aprobación de Zonas Frías.

    Dos mapas de Argentina. El izquierdo muestra zonas bio-ambientales por color y estaciones meteorológicas. El derecho indica regiones de Zona Fría

    La jugada también le ofrece a la Casa Rosada un modo de evitar que la discusión por los subsidios derive en una confrontación entre regiones. El planteo apunta a instalar un criterio según el cual las necesidades derivadas del clima no son homogéneas en un país con diferencias térmicas tan marcadas. El problema que vendrá después será traducir ese principio en un esquema tarifario concreto y, sobre todo, determinar cuál será su costo fiscal y de qué manera se financiará.

    Ese capítulo todavía forma parte de una etapa técnica. La reunión de Posadas tendrá, por eso, un contenido esencialmente político. Los gobernadores intentarán definir una posición regional antes de avanzar en una discusión más precisa sobre beneficiarios, períodos alcanzados, niveles de consumo y mecanismos de instrumentación de una eventual tarifa diferencial.

    La participación directa de Santilli se inscribe además en una estrategia más amplia del oficialismo para ordenar su relación con los gobernadores en un momento en que buena parte de la agenda legislativa de Milei depende de bloques provinciales y aliados. Sin mayoría propia en el Congreso, la Casa Rosada necesita construir acuerdos proyecto por proyecto y, en especial en el Senado, la posición de los mandatarios conserva una influencia decisiva sobre una porción importante de los legisladores.

    Desde la Jefatura de Gabinete, Santilli quedó en el centro de ese dispositivo. Su intervención durante el fin de semana tuvo como objetivo reducir diferencias antes del encuentro de Posadas y evitar que la cumbre se abra sin un entendimiento previo con la Nación. La apuesta del Ejecutivo es que la reunión sirva para ordenar la propuesta del Norte Grande y no para habilitar un nuevo frente de confrontación con las provincias.

    La presencia de gobernadores opositores le agrega valor a ese movimiento. Si la posición común termina por incluir a los diez mandatarios, el Gobierno podría conseguir para Zonas Frías un respaldo que exceda con amplitud su círculo habitual de aliados. A la vez, los gobernadores tendrían margen para presentar el futuro régimen para las zonas de calor extremo como una construcción regional y no como el resultado de negociaciones individuales con la Casa Rosada.

    En ese marco, el entendimiento alrededor de Zonas Frías le ofrece al oficialismo la posibilidad de resolver dos problemas al mismo tiempo. Por un lado, reunir los apoyos necesarios para completar el recorrido legislativo de una iniciativa que considera prioritaria. Por otro, encauzar institucionalmente una demanda del Norte Grande que podría transformarse en un nuevo foco de tensión si no encuentra una respuesta política.

    La conversación abierta con los gobernadores también deja ver un mecanismo de negociación que la administración de Milei necesita consolidar para atravesar la próxima etapa parlamentaria. En lugar de limitar el vínculo con las provincias a la discusión por transferencias de recursos o reclamos fiscales, el Ejecutivo trasladó la negociación a una política sectorial con capacidad para atender intereses regionales concretos. Para los mandatarios, esa vía permite llevar a la mesa de diálogo demandas específicas de sus territorios. Para la Casa Rosada, abre la posibilidad de construir respaldo legislativo sin alterar necesariamente el núcleo de los proyectos que ya iniciaron su trámite en el Congreso.

    La discusión sobre las zonas cálidas recién empieza. Una vez alcanzado un acuerdo político entre los gobernadores, será necesario definir hasta dónde llegará el beneficio, cuáles serán las provincias o localidades alcanzadas y de qué manera se fijarán los parámetros climáticos y de consumo que determinarán el acceso al régimen.

    También deberá resolverse uno de los aspectos más sensibles para el Gobierno: cómo compatibilizar una tarifa diferencial con la política oficial de reducción y focalización de subsidios energéticos. La respuesta a esa cuestión será determinante para establecer el alcance final de la futura iniciativa y para evitar que el nuevo esquema entre en contradicción con los objetivos fiscales y energéticos del Ejecutivo.

    Por esa razón, en la Casa Rosada consideran importante que el eventual proyecto surja de un trabajo conjunto con las provincias y no de una decisión unilateral de la Nación. La intención oficial es que los gobernadores participen en la definición del régimen y que la propuesta llegue luego al Congreso con un respaldo regional lo suficientemente amplio como para facilitar su tratamiento.

    El primer test será este miércoles en Posadas. Los diez gobernadores buscarán cerrar una posición común y fijar las bases del proyecto que comenzarán a trabajar con el Ejecutivo. Si ese entendimiento se consolida, el efecto inmediato en Buenos Aires será despejar el camino para que Zonas Frías alcance la sanción definitiva en el Senado.

    Para Santilli, el acuerdo también tendría un valor que excede la cuestión energética. Como jefe de Gabinete, quedó involucrado de manera directa en la construcción de los respaldos provinciales que necesita la agenda parlamentaria de la Casa Rosada. Alcanzar una posición común en una región integrada por administraciones de signos políticos distintos, incluidas algunas abiertamente críticas del Gobierno, le permitiría exhibir una negociación transversal en uno de los territorios más heterogéneos del país.

    La negociación todavía debe atravesar, de todos modos, la instancia decisiva de esta semana. Hasta entonces seguirán los contactos para llegar a Posadas con la mayor parte de las diferencias resueltas. En el oficialismo hay confianza en que el entendimiento pueda cerrarse y en que los gobernadores acompañen el proyecto de Zonas Frías cuando llegue al recinto del Senado.

  • Robó monitores de un hospital, intentó venderlos y cayó en una compra controlada

    Robó monitores de un hospital, intentó venderlos y cayó en una compra controlada

    Un hombre fue detenido acusado de sustraer monitores de un hospital y ofrecerlos posteriormente mediante una plataforma digital. El operativo se concretó en el barrio porteño de Caballito a través de una compra controlada.

     

    La investigación comenzó con la denuncia de un empleado del Hospital Fernández, quien observó dos monitores multiparamétricos publicados en internet por un valor total de un millón de pesos.

     



     

    El trabajador reconoció los aparatos por sus características y números de serie. Según manifestó, correspondían a equipos que habían sido retirados del área de Terapia Intensiva del establecimiento.

     

    Simularon una compra para recuperar los equipos

     

    Con autorización de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº14, los investigadores indicaron al denunciante que se comunicara con el vendedor y fingiera estar interesado en adquirir los dispositivos.

     

    El encuentro se acordó en una estación de servicio situada en el cruce de las avenidas La Plata e Independencia. Cuando el sospechoso llegó con los monitores de un hospital, los policías intervinieron y lo detuvieron.

     


    Otro del los elementos robados.

    Otro del los elementos robados.


     

    Durante la requisa realizada ante testigos, los agentes encontraron además un monitor de latidos fetales, una bomba de vacío y diferentes instrumentos médicos. El hombre no habría podido justificar la procedencia de esos objetos.

     

    Secuestraron elementos valuados en $9 millones

     

    La Justicia dispuso el secuestro de todo el equipamiento, cuyo valor de mercado fue estimado en alrededor de nueve millones de pesos. También fueron incautados un teléfono celular y una camioneta Chevrolet Spin utilizada para llegar al encuentro.

     



     

    El procedimiento quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº13. Las autoridades intentan determinar el origen de los demás elementos y establecer si pertenecen al Hospital Fernández o a otras instituciones.

     

    La maniobra permitió recuperar los monitores de un hospital antes de que fueran comercializados. De acuerdo con la información policial, el detenido registraba antecedentes por hurto y violencia de género.

  • Duro diagnóstico: advierten que la falta de inversión en rutas, ferrocarriles y logística frena el desarrollo del agro

    Duro diagnóstico: advierten que la falta de inversión en rutas, ferrocarriles y logística frena el desarrollo del agro

    La falta de inversión en infraestructura volvió a instalarse como una de las principales preocupaciones del campo. En momentos en que el Gobierno impulsa una agenda de apertura comercial y reducción de la presión impositiva, en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtieron que la competitividad del sector seguirá limitada mientras no se resuelva lo que consideró una deuda histórica con el interior: rutas deterioradas, ferrocarriles insuficientes, altos costos logísticos y una red de transporte que, aseguró, quedó rezagada frente al crecimiento de la producción.

    Ese fue el eje central del mensaje que llevó el presidente de CRA, Carlos Castagnani, durante su participación en la Expo Laboulaye, donde planteó que el desarrollo del agro ya no depende únicamente de cuestiones tributarias o de la apertura de mercados, sino también de inversiones que permitan sacar la producción de manera más eficiente y a menor costo.

    Durante su discurso, sostuvo que la Argentina dispone de un enorme potencial productivo, pero advirtió que gran parte de ese crecimiento continuará condicionado mientras no se avance con obras estratégicas para el interior del país.

    El dirigente también valoró la reciente ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y los avances registrados en la relación comercial con Estados Unidos.
    El dirigente también valoró la reciente ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y los avances registrados en la relación comercial con Estados Unidos.CRA

    “La competitividad no termina en la tranquera. También depende de rutas seguras, ferrocarriles eficientes y una logística moderna que nos conecte con el mundo”, afirmó.

    En ese sentido, respaldó el proceso de licitación de las rutas nacionales y reclamó un programa sostenido de inversiones para recuperar una red vial por donde actualmente circula más del 90% de la producción agropecuaria argentina.

    Al mismo tiempo, consideró indispensable avanzar con la modernización del Belgrano Cargas y consolidar una Hidrovía más eficiente y competitiva, al entender que ambas herramientas resultan claves para reducir costos logísticos, fortalecer las economías regionales y mejorar la capacidad exportadora del país.

    LA NACION contó que el Gobierno recaudó $1,5 billones para rutas y obras viales pero ejecutó apenas una cuarta parte y colocó más de $1 billón en plazos fijos y títulos públicos. Es decir que la administración de Javier Milei retiene en inversiones financieras los fondos suficientes para mejorar casi dos tercios de las rutas nacionales.

    Para Castagnani, el desarrollo del interior está directamente ligado a esa infraestructura pendiente. “No hay una Argentina fuerte sin un interior fuerte. El desarrollo llegará cuando las provincias cuenten con la infraestructura y la conectividad necesarias para producir más, generar empleo y desplegar todo su potencial”, sostuvo.

    El dirigente también valoró la reciente ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y los avances registrados en la relación comercial con Estados Unidos. No obstante, señaló que la apertura de nuevos mercados deberá transformarse en una política de Estado capaz de sostenerse en el tiempo para potenciar las exportaciones argentinas.

    En materia tributaria, volvió a insistir con uno de los reclamos históricos de la entidad: la eliminación definitiva de los Derechos de Exportación (DEX) mediante una ley. Sin embargo, advirtió que las retenciones no representan el único problema que afecta la competitividad del sector.

    “Las retenciones no son la única carga que asfixia a la producción. En muchas provincias, Ingresos Brutos ya iguala o incluso supera ese peso fiscal, mientras que numerosas tasas municipales se cobran sobre servicios que no existen, encareciendo la producción y la inversión”, expresó.

    Castagnani también puso el foco sobre la realidad que atraviesan numerosas economías regionales, donde los problemas de infraestructura y los elevados costos de transporte terminan reduciendo la rentabilidad de muchas actividades.

    Según señaló, a esas dificultades se suman la presión tributaria, las limitaciones para acceder al financiamiento y la ausencia de políticas públicas sostenidas, factores que, a su juicio, impiden desplegar todo el potencial productivo del interior.

    “Las economías regionales son el corazón productivo del interior argentino. Hemos recorrido prácticamente todas las provincias escuchando a sus productores y comprobando que necesitan una política verdaderamente federal, construida entre Nación, provincias y municipios, que elimine asimetrías y les devuelva competitividad”, afirmó.

    El presidente de CRA también ratificó el respaldo de la entidad a la modernización de organismos como el Senasa, el INTA y el Inase, aunque aclaró que ese proceso debe preservar sus funciones esenciales vinculadas con la sanidad animal y vegetal, la innovación tecnológica y el desarrollo de herramientas para la producción.

    Menos impuestos y mayor participación

    La agenda planteada por CRA también tuvo otro capítulo durante la Expo Rural de Reconquista, en Santa Fe. Allí, el vicepresidente de la entidad, Javier Rotondo, volvió a poner el foco sobre la necesidad de continuar reduciendo la presión tributaria sobre el sector y avanzar hacia la eliminación definitiva de los DEX.

    En el encuentro marcó la importancia del diálogo entre los distintos niveles del Estado para construir políticas públicas de largo plazo para la producción. En la entidad señalaron que resulta indispensable consolidar una mesa de trabajo permanente que permita incorporar la visión del sector agropecuario en la toma de decisiones. “Es fundamental que exista una mesa de trabajo permanente donde el campo pueda ser escuchado y donde las decisiones se tomen con una mirada federal y productiva”, destacaron.

    El vicepresidente de CRA, Javier Rotondo, volvió a poner el foco sobre la necesidad de continuar reduciendo la presión tributaria sobre el sector y avanzar hacia la eliminación definitiva de los DEX
    El vicepresidente de CRA, Javier Rotondo, volvió a poner el foco sobre la necesidad de continuar reduciendo la presión tributaria sobre el sector y avanzar hacia la eliminación definitiva de los DEXCRA

    Durante su exposición, Rotondo insistió en que recuperar competitividad exige profundizar el proceso de reducción de la carga impositiva que pesa sobre quienes producen. “Necesitamos seguir bajando la presión impositiva sobre la producción y avanzar hacia la eliminación total y definitiva de los DEX”, remarcó.

    Según sostuvo la dirigencia ruralista, cada impuesto que se elimina representa un incentivo para generar nuevas inversiones, aumentar la producción y crear empleo en el interior del país. “Los productores no pedimos privilegios: pedimos reglas claras y la posibilidad de trabajar en condiciones competitivas. Si al campo le va bien, le va bien al interior y le va bien a la Argentina”, expresó Rotondo.

    El vicepresidente de CRA también convocó a los productores a involucrarse activamente en las entidades rurales y en las instituciones intermedias, al considerar que la representación del sector depende del compromiso de quienes participan en ellas. “El desafío es participar, involucrarse y generar valor desde el lugar que a cada uno le toca ocupar. Necesitamos más productores comprometidos, con ideas y propuestas, que se sumen a las instituciones y sean protagonistas de las transformaciones que necesita nuestro sector”, cerró.

  • Una entidad de la Mesa de Enlace volvió a rechazar un proyecto de Sturzenegger, pero pidió “corregir lo que sea necesario”

    Una entidad de la Mesa de Enlace volvió a rechazar un proyecto de Sturzenegger, pero pidió “corregir lo que sea necesario”

    Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) volvió a rechazar el anteproyecto del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca eliminar la obligatoriedad en los aportes de la cadena productiva al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva) y que los mismos pasen a ser voluntarios.

    Como ya lo hicieron todas las entidades de la Mesa de Enlace y la mayoría de las cámaras frigoríficas, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, José Colombatto, defendió “el rol estratégico” del Ipcva y planteó la necesidad de “profundizar y mejorar las herramientas que han demostrado resultados para toda la cadena”.

    En el marco de una nueva edición de la Expo Rural de Feliciano, en Entre Ríos, Colombatto, reafirmó “el compromiso federal de la entidad” y destacó “la importancia de defender y fortalecer las instituciones que acompañan el desarrollo productivo y ganadero del país”.

    “Tenemos que defender lo que funciona, seguir construyendo en ese camino y corregir todo aquello que sea necesario mejorar”, sostuvo el dirigente rural de CRA.

    Según Colombatto, el Ipcva “no es un gasto, sino una inversión estratégica que durante años contribuyó a abrir mercados, posicionar la carne argentina en el mundo y generar beneficios para toda la cadena. Cuando se abre un nuevo destino, gana el productor, gana la industria y gana también la Argentina con más exportaciones y más ingresos”.

    En el marco de una defensa cerrada del instituto, sostuvo que el mismo “desarrolla en materia de promoción internacional, campañas de consumo, investigación, capacitación y otras acciones vinculadas al fortalecimiento de la cadena cárnica”.

    En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias” que podría tener convertir su financiamiento en un aporte voluntario y sostuvo que “ningún país que aspire a competir seriamente en los mercados internacionales puede prescindir de una política permanente de promoción”.

    “Si hay aspectos que mejorar, debemos discutirlos y corregirlos. Pero no parece razonable desarmar una herramienta que funciona, que no demanda recursos del Estado y que ha demostrado ser una aliada fundamental para los productores y para la carne argentina”, afirmó el vicepresidente de CRA.

    Otra agenda

    Para Colombatto, la discusión en el sector y con el Gobierno debe estar puesta en seguir fortaleciendo la competitividad de la producción.

    “Discutamos cómo mejorar los caminos rurales, las rutas, la infraestructura y la logística que hoy encarecen la producción. Pongamos la energía en resolver los problemas estructurales que realmente le restan competitividad a nuestros productores”, expresó.

    El vicepresidente de CRA también se refirió a la importancia de preservar el trabajo de los Entes Sanitarios y valoró el sistema construido durante décadas por los productores organizados. “Todo sistema es perfectible y siempre habrá cosas para corregir, pero eso no significa desarmar estructuras que han demostrado eficiencia y resultados”, indicó.

    “El camino debe ser mejorar, corregir y fortalecer lo que funciona, no destruirlo para empezar de cero. La Argentina necesita construir sobre sus capacidades y generar cada vez más oportunidades para producir, crecer y conquistar mercados”, concluyó.

  • Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 10 de agosto

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  • La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”La periodista Anchalee Paireerak recibió la llamada de Chalong Riewrang mientras conducía un programa. El autor del crimen narró cómo atacó a un funcionario por una deuda, describió el arma, aseguró que actuó sin ayuda y luego se entregó

    La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”La periodista Anchalee Paireerak recibió la llamada de Chalong Riewrang mientras conducía un programa. El autor del crimen narró cómo atacó a un funcionario por una deuda, describió el arma, aseguró que actuó sin ayuda y luego se entregó

    El ex diputado tailandés confiesa el asesinato en vivo en una llamada a un canal de TV: “Le disparé y me fui”
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    El ex diputado tailandés que este lunes mató a un funcionario en la sede de un organismo gubernamental de la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, llamó por teléfono a una periodista de televisión apenas minutos después de disparar y confesó el crimen en vivo, al aire, mientras todavía estaba prófugo: relató paso a paso cómo había matado al funcionario por una deuda impaga y hasta describió el arma que había usado, antes de entregarse a la policía.

    En un video difundido por el canal Naewna Online, se escucha a la periodista Anchalee Paireerak recibir la llamada del ex político, Chalong Riewrang, mientras conducía un programa junto a su co-conductor. “Espera un momento, me está llamando el hermano Chalong Riewrang… ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste?… ¿Por qué le disparaste?… ¿Dónde estás ahora?… ¿Le disparaste recién?… ¿Está muerto? ¿Murió?… ¿Le disparaste en la cabeza? ¿Murió?… ¿Adónde vas? No te muevas de ahí, tenés que esperar a la policía”, se la escucha decir, visiblemente sorprendida, al aire.

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    En la misma llamada, Chalong detalló el arma utilizada —una pistola calibre 9 milímetros— y confirmó que actuó solo. También explicó el origen de la disputa: una elección local anterior en la que, según su relato, había cedido su candidatura al funcionario baleado a cambio de una compensación económica que nunca recibió. “Le pagué todo, anoté cada centavo”, se lo escucha decir. Más adelante, con voz agitada, resumió el ataque: “Le disparé y está muerto. Hice todo por él, lo apoyé en todo. Pero a cambio necesitaba su ayuda, fui a pedirle mis 11 millones de baht y me dijo que no tenía nada. Fue malo conmigo. Así que tomé una decisión, le disparé en su oficina y me fui”.

    La confesión ante la policía y la reconstrucción del hecho

    Horas después, ya detenido y sin esposas, fumando un cigarrillo frente a los periodistas, Chalong repitió una versión similar ante la prensa en una comisaría: “Lo seguí hasta su auto y golpeé la ventanilla, diciendo que quería hablar. Dijo que no hablaría, así que saqué mi arma. No apunté para disparar, pero su conductor sacó un arma y me apuntó, así que disparé”.

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    La víctima, Thongchai Yenprasert, presidente de la Organización Administrativa Provincial de Nonthaburi, murió luego de perder mucha sangre por una herida en el cuello, según el director del hospital, Sakon Sukprom. El conductor de Thongchai también fue baleado, con una herida en el brazo derecho, pero fue operado con éxito.

    Chalong Riewrang dijo que usó una pistola calibre 9 milímetros y atribuyó el ataque a una deuda impaga de 11 millones de baht. (REUTERS/Arnun Chonmahatrakool)

    El comandante policial regional, Wattana Yeechin, señaló que “ambas partes tenían armas”, aunque un arma hallada en el vehículo de Thongchai no había sido utilizada, mientras que las cámaras de seguridad mostraron que solo Chalong disparó, desde corta distancia. El gobernador de Nonthaburi, Chestha Mosikarat, dijo que ambos eran “amigos desde hacía mucho tiempo” y que el hecho probablemente derivó de un malentendido.

    La policía de Nonthaburi informó que las cámaras de seguridad mostraron que solo Chalong disparó a corta distancia, aunque ambas partes tenían armas. (REUTERS/Arnun Chonmahatrakool)

    El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo a la prensa que en Tailandia nadie, salvo funcionarios en servicio, está legalmente autorizado a portar armas en público, y recordó que las últimas licencias de portación se emitieron hace tres años y solo eran válidas por uno. Anutin —cuyo partido integró Chalong como ex legislador— prometió que las autoridades ejercerán “acción legal plena” contra él. “No importa quién sea, ahora es un asesino”, afirmó.

    El episodio se suma a la conmoción que atraviesa Tailandia desde el viernes, cuando un adolescente de 14 años mató a sus abuelos y a otras seis personas en un tiroteo en su casa y su escuela, también en Nonthaburi, antes de quitarse la vida.