Para un productor que alquila un campo, una hectárea de soja deja apenas US$42,77 de margen. En tanto, el Estado recauda US$745,16 por hectárea entre retenciones e impuestos por esa misma superficie, un monto 17 veces superior al margen que obtiene el productor. Esa es la conclusión central de un informe elaborado por el productor y exsecretario de Agregado de Valor de la Nación, Néstor Roulet, quien sostiene que el principal factor que deteriora la rentabilidad del cultivo no son los alquileres rurales, como plantean algunos expertos, sino la presión tributaria que soporta la actividad.
El trabajo, titulado “Son las retenciones, estúpido”, surgió como respuesta a discusiones que se generaron en las últimas semanas sobre el impacto de los alquileres en la rentabilidad de la soja. “Yo quise demostrar que el problema no son los alquileres, sino las retenciones”, explicó Roulet a LA NACION. Para hacer la simulación, Roulet partió de un rendimiento de 3,8 toneladas de soja por hectárea y un valor FOB de US$460 por tonelada, lo que arroja un ingreso bruto de US$1748 por hectárea. Sobre ese monto aplicó la actual alícuota del 24% de derechos de exportación, equivalente a US$419,52 por hectárea.
A partir de allí incorporó los costos directos e indirectos de producción, la carga impositiva y un alquiler equivalente a 16 quintales por hectárea, uno de los valores que hoy son habituales en muchas zonas agrícolas de la región núcleo. El resultado final fue un margen de apenas US$42,77 por hectárea para el productor que arrienda el campo.
En paralelo, calculó cuál es el ingreso del propietario de la tierra. Según su simulación, quien alquila el campo recibe US$544 por hectárea, pero luego de descontar infraestructura, gastos administrativos e impuestos obtiene una renta neta de US$208,41, equivalente al 1,2% anual sobre un valor de la tierra estimado en US$18.000 por hectárea. “Si vos sacás el alquiler que paga un productor, el dueño del campo obtiene apenas un 1,2% de rentabilidad sobre el capital tierra. Para el productor el alquiler es muchísimo y para el dueño del campo tampoco representa una renta extraordinaria”, sostuvo.
De acuerdo con el informe, el mayor beneficiario de esa hectárea es el Estado, que se queda con un total de US$745,16 por hectárea, equivalente al 43% de lo que genera la producción. Esa cifra surge de sumar dos cargas tributarias distintas: por un lado, unos US$490 que resigna directamente el productor que arrienda el campo, entre retenciones, Ingresos Brutos y el impuesto al cheque; por otro, unos US$255 adicionales que paga el dueño del campo por el solo hecho de cobrar el alquiler, en concepto de Ganancias, Inmobiliario Rural, Sellos e Ingresos Brutos. Es decir: cada eslabón de la cadena —el que produce y el que alquila la tierra— es alcanzado por su propia batería de impuestos, y ambas terminan sumando ese 43% en manos del Estado. Vale recordar que las retenciones son una suerte de impuesto al precio que se restan al valor de exportación.
Con esos números, el exfuncionario rechazó que el debate deba centrarse en los arrendamientos. “El alquiler lo fija la oferta y la demanda. Hay pocos campos disponibles y mucha competencia por acceder a ellos. El problema es otro”, afirmó.
Para reforzar esa idea, el trabajo incorporó un segundo escenario hipotético en el que se eliminan completamente los derechos de exportación. Allí el productor pasaría de ganar US$42,77 a US$89,97 por hectárea, más del doble. El propietario del campo elevaría su rentabilidad del 1,2% al 1,7%, mientras que el Estado seguiría recaudando US$587,6 por hectárea, aunque su participación sobre el ingreso total bajaría del 43% al 33%.
“Si sacamos las retenciones, el productor ya tiene una rentabilidad del 7% u 8%; el dueño del campo mejora su ecuación y el Estado sigue quedándose con el 33% de la producción [con otros tributos]”, explicó.
Además, Roulet cuestionó el esquema de reducción gradual de las retenciones dispuesto por el Gobierno desde enero próximo. A su entender, un cronograma de bajas mensuales hasta 2028 puede generar distorsiones en el mercado porque muchos productores necesitan vender antes de que se concreten las reducciones y no cuentan con financiamiento suficiente para esperar. También señaló que el acceso al crédito, especialmente para pequeños y medianos productores, continúa siendo limitado. En el documento también sostuvo que una presión tributaria de esa magnitud tiene un efecto confiscatorio y citó antecedentes de la Corte Suprema para respaldar esa postura. A manera de conclusión, Roulet afirmó: “El problema en el cultivo de la soja no es que los alquileres sean altos; el problema son las retenciones”.
