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“Estamos hartos”: revuelo en una provincia por la creación de un registro de infractores ambientales
POSADAS, Misiones.- Una medida del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones puso en pie de rebelión a un amplio abanico de empresarios y productores que acusan a ese organismo de “poner palos en la rueda” de la producción. “Estamos hartos, queremos que nos dejen trabajar”, dijo a LA NACION Alfredo Gruber, un reconocido empresario forestal de Eldorado, que inició el reclamo a partir de la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (Repia) y luego fue apoyado por distintas cámaras empresarias de la provincia.
En el Repia, creado por la Resolución 182/26, el Ministerio de Ecología pretende incluir a cualquier productor, empresario o particular que tenga una infracción o simplemente un sumario por cualquier causa que el organismo -considere-, viola o podría llegar a violar las normas ambientales de Misiones.
Misiones es una provincia con una fuerte política orientada a la conservación de los bosques nativos y el manejo de áreas verdes, y con reglas tan estrictas para los privados sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer en sus propiedades, que los empresarios sienten que ahora Ecología tendrá una herramienta para ponerles aún más trabas de las que ya tienen.
La carta de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná “Esto va a funcionar de esta manera, por cualquier pavada que ellos consideren que vos infringís alguna cuestión de sus regulaciones, te van a meter en este registro y hasta que no vayas a arreglar con ellos esa infracción vas a figurar como infractor y no te permiten hacer ningún trámite más en Ecología hasta que no arregles, básicamente con multas, son juez y parte”, indicó Rafael Scherer, de la empresa Pindó, de Puerto Esperanza, y otro de los empresarios que impulsó el reclamo.
Anteayer Amayadap (Asociación Maderera Aserraderos y Afines del Alto Paraná), una de las dos cámaras forestoindustriales más importantes de Misiones, salió a pedir en una carta que se suprima el Repia, al cual considera inconstitucional. También se reservó el derecho de ir a la Justicia Federal para pedir la suspensión, en caso de que el Ministerio de Ecología no escuche los reclamos. Horas después, Apicofom (Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y el Norte de Corrientes), la otra cámara del sector, salió a respaldar el pedido.
En cuestión de pocas horas, se sumó la estratégica Confederación Económica de Misiones (que aglutina a 27 cámaras en toda la provincia) y otra media docena de entidades. La rebelión rápidamente escaló, fue el catalizador de un malestar que ya existía de antes, y en Misiones todos lo comparan con lo que sucedió cuando hace tres años la Legislatura de Misiones prohibió la utilización del glifosato con una ley redactada sin consultar al sector productivo.
En Misiones, la forestoindustria, la yerba, el tabaco o el té, sencillamente no puede prescindir de ese insumo para producir, y su eliminación inconsulta terminó uniendo a todos en un reclamo común.
La semana pasada en una reunión en la sede de Amayadap, se acordó salir a reclamar públicamente a Ecología que “deje de poner palos en la rueda” de la producción Al final, en ese caso del glifosato, el gobernador Hugo Passalacqua optó por conceder una prórroga por unos años, a la prohibición del herbicida, ante el férreo frente común que armó el arco productivo.
Empresarios y productores consultados por LA NACION coincidieron en lo mismo: sienten una falta de empatía de funcionarios que arman reglamentos y normas de conservación sin consultar a la producción, dificultando cada vez más el trabajo en chacras, campos e industrias.
Rafael Scherer, de Puerto Esperanza, está al frente de Pindó “Consideramos necesario un urgente cambio de actitud hacia el sector productivo porque creemos firmemente que el único camino para el crecimiento de Misiones es el desarrollo productivo e industrial”, explicó Apicofom, cuyo presidente es Guillermo Fachinello, un empresario dialoguista, que a menudo tiene que trabajar para contener el malestar de las bases con el Gobierno provincial por motivos similares a estos.
“Instamos al gobierno provincial a mantener canales de diálogo abiertos, dinámicos y resolutivos, evitando demoras burocráticas en temas críticos que necesitan soluciones inmediatas para seguir generando empleo genuino”, completó Apicofom.
La CEM, la entidad más importante del empresariado misionero, salió a respaldar el reclamo. La carta de Amayadap y las otras cámaras llegó días después de una reunión encabezada por Gruber, Scherer y otros empresarios y productores, acompañados por dirigentes de la oposición como Miguel Núñez, Ramón Amarilla y Martín Arjol, tras la cual pidieron al gobierno provincial “deje de poner palos en la rueda con sus normas burocráticas”.
Alfredo Gruber, empresario forestoindustrial, es dueño de uno de los mayores aserraderos del Alto Paraná y critica las políticas de Ecología, que considera “antiproductivas” El malestar no solo apunta al recién creado Repia, sino también porque Ecología viene demorando permisos de cambio en el uso del suelo, vital para que, por ejemplo, un productor forestal pueda poner un rozado y utilizarlo para otro cultivo. “Nos impiden disponer de nuestra propia tierra”, dijeron en la reunión celebrada en la sede de Amayadap, en Eldorado.
Además, afirmaron que el gobierno provincial está forzando a los dueños de bosques nativos y tierras aptas para certificar créditos de carbono a entrar al programa REDD+, en el cual el reparto de recursos generados para los privados es considerado muy desfavorable. El gobierno local también es “juez y parte” en ese programa oficial, porque, por un lado, fomenta que todos entren al programa REDD+, pero al mismo tiempo, cierra los caminos al no permitir los cambios en el uso del suelo.
Con esos permisos, cada privado puede realizar su propia gestión ambiental y acceder a los créditos de carbono si certifica por su cuenta, cumpliendo todos los requisitos que acrediten que sus políticas de manejo sirvieron para capturar carbono y mitigar el cambio climático.
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El Senado de Entre Ríos aprobó la reforma previsional de Rogelio Frigerio con votos peronistas
El Senado de la provincia de Entre Ríos aprobó la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, en un plenario marcado por la tensión política, las protestas callejeras y solo unas horas del partido de la Selección Argentina ante Inglaterra. El proyecto de ley de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” obtuvo la media sanción por 10 votos afirmativos contra 7 negativos, tras un debate que se extendió por varias horas en medio de un clima enrarecido pro protestas.
La aprobación fue posible por el apoyo de dos senadoras del peronismo que rompieron filas con la oposición para acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo. El voto nominal replicó el mismo resultado: 10 a 7 en cada caso, lo que consolidó una victoria legislativa que el oficialismo festejó como un paso clave para garantizar la sostenibilidad del sistema jubilatorio provincial, se argumentó.
Las legisladoras que votaron a favor fueron Gladys Domínguez (Peronismo Federal) y Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), y defendieron públicamente su posición en el debate. Domínguez advirtió sobre los costos de no encarar la reforma, al aseverar que “el verdadero riesgo es mirar para otro lado mientras la Caja se vuelve cada vez más difícil de sostener”. Y agregó: “La peor injusticia sería no hacer nada porque no hacer nada también es tomar una decisión. Es permitir que el déficit siga creciendo, que la Caja se debilite y colapse”.
Aclaró que su respaldo no fue al proyecto original, sino a una versión modificada tras el debate parlamentario. “Si este proyecto hubiera llegado al recinto tal como fue presentado originalmente, yo no lo hubiese acompañado”, señaló. Los cambios incorporados incluyen la reducción del período de cálculo del haber inicial de 20 a 15 años, el mantenimiento de la edad jubilatoria diferencial de 65 años para varones y 60 para mujeres, la eliminación de la jubilación a los 68 años para nuevos ingresantes al Estado, y un esquema diferenciado de aportes patronales para municipios: 1,5% para los que no generan déficit y 3% para los que sí.
Miranda no solo confirmó su voto a favor, sino que lanzó una dura crítica contra el Partido Justicialista y cuestionó a su conducción. Responsabilizó al peronismo por no haber resuelto el déficit previsional cuando tenía todas las herramientas a su alcance. “Teníamos gobierno nacional, gobierno provincial y mayoría en ambas Cámaras”, recordó, cuestionando por qué durante esos años no se avanzó en una solución.
Aunque consideró la reforma como “un comienzo” insuficiente, la legisladora defendió que “alguien se tiene que animar” a tomar decisiones difíciles. El momento más crítico fue cuando Miranda cuestionó el mandato partidario que amenazó con expulsar a legisladores que acompañaran la reforma. Denunció una doble vara: en 2017, dos peronistas votaron a favor de la reforma jubilatoria de Macri sin ser sancionados. “Me queda la duda de si cuando votan dirigentes de departamentos grandes es por gobernabilidad pero cuando el norte toma otra decisión es traición”, planteó.
Su diagnóstico sobre el justicialismo entrerriano fue lapidario: lo describió como “un partido acéfalo” durante los últimos ocho años. “Las veces que se reúnen es para ver a quién pueden expulsar”, disparó, en lugar de acompañar a quienes trabajan en territorio.
El PJ activa el Tribunal de Disciplina
El peronismo entrerriano no perdonó a las senadoras y el bloque de diputados de Más para Entre Ríos repudió y activó el Tribunal de Disciplina del PJ para evaluar sanciones contra ambas. La decisión fue calificada por sus propios compañeros de bloque como un voto “a título personal”, desconectado de la postura que el Congreso Provincial del Partido Justicialista había fijado con claridad: oponerse a la iniciativa.
El comunicado del bloque fue directo: “Cada legislador o legisladora deberá asumir la responsabilidad política e institucional de la decisión que tomó. Porque detrás de cada voto hay miles de docentes, trabajadores de la salud, policías, empleados públicos, jubilados y familias entrerrianas cuyo futuro previsional se verá afectado por esta reforma”. El PJ aclaró que nunca se negó al debate y que presentó un proyecto alternativo que proponía garantizar la sustentabilidad de la Caja sin tocar derechos adquiridos.
Las sanciones posibles van desde un apercibimiento hasta la expulsión del partido, según la Carta Orgánica del PJ. El resultado definirá no solo el futuro político de las dos senadoras, sino también el nivel real de cohesión que el peronismo entrerriano puede sostener de cara a los próximos desafíos electorales.
Protestas en la calle
Mientras los legisladores debatieron en el recinto, sindicatos y organizaciones sociales protestaron en las inmediaciones de Casa de Gobierno en rechazo a la reforma. Las movilizaciones multisectoriales denunciaron que la iniciativa afecta los derechos de los trabajadores y jubilados, aunque el gobierno provincial sostiene que es indispensable para evitar el colapso de la caja previsional.
Con la media sanción en el Senado, el proyecto será enviado en los próximos días a la Cámara de Diputados, en donde se prevé una votación reñida. El oficialismo deberá negociar voto a voto para asegurar los apoyos necesarios, ya que la oposición peronista adelantó que buscará sanciones internas contra legisladores que apoyen la reforma. La incertidumbre sobre el resultado final mantiene en vilo a los sectores involucrados.
El paralelo con Santa Fe
El escenario entrerriano contrasta con el de la vecina provincia de Santa Fe, en donde la reforma previsional aprobada en 2024 enfrenta un capítulo judicial decisivo, fruto de cuestionamientos a varios artículos. El gobierno de Maximiliano Pullaro elevó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para insistir con la recusación de cuatro ministros de la Corte Suprema provincial, a quienes acusa de tener un interés directo o indirecto en el fallo que resolverán en las próximas semanas.
Pullaro argumentó que “en la Caja de Jubilaciones de la provincia tenemos déficit fiscal que no tiene por qué ser pagado por el sector privado”. El gobernador sostuvo que la reforma busca “terminar con todos los privilegios, principalmente de los que más ganan y que se creían que tenían coronita, que son los jueces y empleados del Poder Judicial de nuestra provincia”. Según sus propias palabras, “no está bien que alguien gane 32 veces más que la mínima, no es correcto y no es justo para un sistema que tiene que ser solidario y equilibrado”.
Pullaro enfatizó que “el que más gana, más va a pagar” y que “a la inmensa mayoría de los trabajadores del Estado, fundamentalmente los que menos ganan, no tienen casi ninguna modificación con este proyecto de ley”. La Caja de Jubilaciones de Santa Fe arrastra un déficit estructural histórico que supera los $800 mil millones acumulados, una de las cajas que no fueron transferidas a las AFJP y a las que el Estado nacional debe compensar.
La recusación se fundamenta en que varios jueces del máximo tribunal santafesino se encuentran alcanzados -de modo actual o inminente- por el régimen previsional que está bajo análisis. Entre ellos se mencionan Rubén Weder, que ya estaba jubilado cuando fue designado y deberá volver a ese régimen, y Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez, que tienen iniciados sus trámites de jubilación y se retirarán a fin de año.
El gobierno santafesino advirtió que, si la Corte provincial falla con magistrados que no debían intervenir, el resultado podría verse cuestionado. La mayoría de las causas que judicializaron la ley fueron presentadas por exmagistrados y camaristas que solicitan la inconstitucionalidad de la cuota solidaria y el tope de jubilaciones, fijado en 20 haberes mínimos (unos $12.600.000).
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Insólito robo en un hotel: se llevó una parrilla de cama y quiso escapar a pie
Un joven de 26 años fue detenido durante la madrugada de este viernes después de sustraer una parrilla de cama de un hotel e intentar escapar cuando fue interceptado por efectivos policiales. El hecho ocurrió cerca de las 5:30 en inmediaciones de calle Eva Perón en Concepción del Uruguay.
La intervención comenzó a partir de un llamado recibido por la Sala del Comando Radioeléctrico, en el que se alertó sobre el robo del elemento perteneciente al establecimiento. A partir de esa comunicación, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona.
Pocos minutos después, los uniformados localizaron a un sospechoso en la intersección de bulevar Yrigoyen y Eva Perón. El hombre caminaba por la vía pública mientras transportaba una parrilla de cama de madera de una plaza.
Intentó escapar al ver a la Policía
Cuando los agentes se acercaron para identificarlo, el joven abandonó su marcha y comenzó a correr. La fuga duró apenas unos metros, ya que los efectivos lograron alcanzarlo, reducirlo y proceder a su aprehensión.
Durante el procedimiento, una mujer de 46 años se presentó en el lugar y reconoció el objeto recuperado como propiedad del hotel. La parrilla de cama fue secuestrada de manera preventiva mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.
La Policía también efectuó registros fotográficos del lugar y del elemento recuperado. Ese material fue remitido a la División Criminalística para incorporarlo a la investigación.
El sospechoso fue ubicado en la intersección de bulevar Yrigoyen y Eva Perón.
El objeto fue devuelto al hotel
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Auxiliar en turno, conducida por el fiscal Juan Pablo Gile. Desde el Ministerio Público se ordenaron las diligencias de rigor y la restitución inmediata de la parrilla de cama a su propietaria.
En el procedimiento también intervino personal de la Sección Asuntos Judiciales, que llevó adelante las actuaciones vinculadas con la identificación del detenido y la recuperación del bien.
El joven quedó alojado en la alcaidía de la Comisaría Primera. La Fiscalía dispuso que permanezca detenido mientras avanza la investigación.
Qué cargos enfrenta el detenido
El sospechoso quedó acusado por los delitos de hurto en flagrancia y resistencia a la autoridad. La segunda imputación está relacionada con el intento de fuga que protagonizó al momento de ser interceptado.
La Justicia deberá determinar ahora cómo ingresó al hotel y de qué manera logró retirar la parrilla de cama sin ser advertido inicialmente. También se analizarán las pruebas incorporadas por la Policía.
El hecho terminó con el objeto recuperado, la inmediata devolución a la damnificada y el acusado a disposición judicial.
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Cuánto cuesta alquilar un auto en los destinos turísticos durante las vacaciones de invierno
Aunque provincias como Córdoba, Mendoza y Santa Fe ya están transcurriendo el receso desde el 6 de julio, y lo concluirán con el final de esta semana, los dos distritos más poblados de Argentina, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comenzarán las vacaciones de invierno el próximo lunes, con lo cual no habrá coincidencia con el Mundial de Futbol que termina justo un día antes.
Por ese motivo, gran parte de los turistas argentinos están programando sus viajes en el propio interior del país, con particular foco en los centros turísticos de deportes invernales como Bariloche, San Martín de los Antes, Esquel, Tierra del Fuego y Mendoza, aunque también en lugares tradicionales para el descanso de mitad de año como Salta y Misiones.
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Y aunque el viaje en auto a esos destinos suele ser uno de los que elige la mayor parte de las familias, entre el costo del combustible por encima de los $2.200 el litro y los cuatro días promedio que demanda el traslado a las ciudades turísticas más lejanas -contemplando una parada a mitad de camino-, el plan de alquilar en destino es una nueva alternativa.
En ese escenario la tendencia a adoptar el sistema conocido como “Fly & Drive”, volar y manejar un auto alquilado para los recorridos locales, se está transformando en un nuevo hábito que parece generalizarse a gran velocidad.
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Según estimaciones de empresas de e-commerce de turismo y la propia Aerolíneas Argentinas, este año está previsto un incremento de un 7% en la oferta total de asientos durante julio 2026 respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando 1.449.476 asientos ya vendidos. Mientras que la oferta de vuelos de cabotaje prevé un crecimiento de 12% en destinos con nieve.
Cuánto cuesta alquilar un auto
Las rentadoras tradicionales tienen oficinas con flotas voluminosas en todos los destinos turísticos, y en esas flotas hay dos grandes grupos de vehículos. Por un lado, están los SUV o autos compactos; y por el otro, los vehículos más grandes que son SUV medianas o pick ups.
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En general, esos vehículos se pueden retirar directamente en el aeropuerto, se alquilan con kilometraje ilimitado y se devuelven también en el mismo aeropuerto, de modo tal que los turistas bajen del avión y tengan resuelta la movilidad inmediatamente.
Alquilar por 13 días un auto compacto como un Citroën Basalt, un Chevrolet Onix o un Fiat Cronos tiene un precio que ronda $1.400.000, si se lo paga de manera adelantada, y puede subir a $1.700.000 si se elige pagarlo al llegar al destino elegido para las vacaciones de invierno.
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Si se pretende un vehículo más voluminoso como un SUV tipo Chevrolet Spin o un Toyota Corolla Cross, que tienen mayor capacidad de carga, el precio puede subir y variar entre los $2.500.000 y los $3.000.000 si se paga por adelantado, y no todas las rentadoras aseguran disponibilidad si se elige llegar y alquilar en el momento, ya que son autos con menos demanda, y, por lo tanto, tienen también menor cantidad de unidades.
Algo similar ocurre con las pick ups, que tienen menor cantidad de unidades y es recomendable reservar y pagar por adelantado para asegurarse la disponibilidad. En este caso, tanto una Toyota Hilux como una Ford Ranger o Volkswagen Amarok pueden tener un costo para los mismos 13 días de aproximadamente $3.300.000.
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El sistema Kinto Share de Toyota es otra alternativa. Se trata de una flota de vehículos que la compañía tiene distribuida en todo el país, con unidades de la propia marca y también de distintos segmentos.
Esta plataforma brinda beneficios especiales para alquileres de corto y largo plazo a través de una aplicación con la cual se puede reservar, pagar y retirar el vehículo de manera completamente digital. Este invierno, los usuarios pueden acceder a un 10% de descuento en reservas de siete días o de 20% para alquileres de un mes completo.
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Los precios de este sistema son menores que los de las rentadoras oficiales, aunque las unidades se deben retirar en un concesionario o punto Kinto, y no en el aeropuerto de las ciudades mismas.
Alquilar un auto compacto como un Toyota Yaris tiene un costo semanal de $507.049 ($990.000 por 13 días), un Yaris Cross sube a $773.363 por semana ($1.510.000 por 13 días), un Corolla Cross pasa a un costo semanal de $1.171.800 ($2.287.000 13 días) y una pickup Toyota Hilux tiene un precio semanal que va desde los $835.355 hasta los $1.227.870 la semana según la versión y que puede sumar casi el doble cuando se alquila por 13 días.
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Cómo actúa el Frente Unido del Partido Comunista Chino, la pieza clave de la injerencia del régimen en el exteriorLa estructura articula a la diáspora y a redes de empresarios, académicos y asociaciones para canalizar recursos, difundir mensajes y presionar a dirigentes en países anfitriones mediante contactos comunitarios
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un duro discurso este jueves por la noche, donde denunció injerencias del régimen de Beijing en las elecciones norteamericanas desde 2020. “Durante un período de años, que comenzó durante el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se cree que fue la mayor vulneración de datos electorales de la historia”, afirmó Trump. Según indicó, la documentación desclasificada muestra que la autocracia comandada por Xi Jinping obtuvo de forma ilícita 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. El presidente no presentó durante el discurso detalles adicionales sobre el contenido de esos documentos.
Sin embargo, no es la primera vez que se acusa a Beijing de intentar influir en los procesos democráticos de otros países. Tal como hace Rusia -su socio en diversas arenas internacionales, como Ucrania-, el régimen intenta colocar candidatos afines en naciones distantes o generar caos y desconfianza popular en el sistema electoral.
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Diversos informes y análisis, entre ellos el documento “Interferencia electoral extranjera de China: una visión general de su impacto global” del think tank sueco Swedish National China Centre, advierten sobre una estrategia sistemática de intervención electoral desplegada por el régimen chino en múltiples países. Este fenómeno involucra una combinación de métodos tradicionales, tácticas de inteligencia y el aprovechamiento de nuevas tecnologías, con el objetivo de favorecer a partidos y candidatos alineados a los intereses de Beijing o debilitar posturas críticas.
Según el documento, la piedra angular de la injerencia china es el trabajo del Frente Unido, una estructura político-ideológica del Partido Comunista Chino (PCC) orientada a influir en actores fuera del partido y, especialmente, fuera de las fronteras nacionales. El Frente Unido moviliza a la diáspora china, establece redes entre empresarios, académicos y asociaciones culturales, y mantiene canales fluidos con cámaras de comercio y grupos comunitarios. Estos actores operan como vehículos para transmitir mensajes, canalizar recursos y presionar a figuras políticas en los países anfitriones.
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El caso de Taiwán se describe como el laboratorio principal de la injerencia electoral china, donde se ha aplicado casi la totalidad del repertorio de tácticas, incluyendo amenazas militares, financiamiento ilegal, manipulación mediática y uso de empresas y crimen organizado local. Ejemplos concretos incluyen la coordinación para influir en alianzas electorales, la apertura de cientos de miles de cuentas falsas para atacar a candidatos rivales y la presión directa sobre empresarios como el fundador de la gigante Foxconn, Terry Gou Tai Ming. La experiencia taiwanesa demuestra que la interferencia china puede llegar a definir el terreno político y polarizar a la sociedad, aunque no siempre logra su objetivo de favorecer a candidatos pro-Beijing.
Fuera de Taiwán, el informe documenta casos relevantes en Canadá y Australia, donde se han detectado donaciones electorales a candidatos específicos, campañas de intimidación y esquemas de compra de votos dentro de la diáspora china. En el caso canadiense, la interferencia buscó favorecer al Partido Liberal, mientras que en Australia se han registrado intentos de financiación ilícita y ciberataques dirigidos a partidos y parlamento. En ambos países, estas acciones han generado debates públicos sobre la integridad democrática y la necesidad de mayor vigilancia y regulación ante la sofisticación y persistencia de la injerencia china.
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Un ejemplo paradigmático se observa en Australia, donde las investigaciones de The Sydney Morning Herald y ABC News han documentado cómo empresarios vinculados al Frente Unido realizaron donaciones millonarias a partidos políticos, generando alertas sobre la influencia de intereses chinos en la agenda nacional. En 2017, el caso del senador Sam Dastyari llevó a su dimisión tras revelarse que había aceptado fondos de empresarios conectados a Beijing y había adoptado posiciones favorables a China en temas sensibles, como el Mar de China Meridional.
Un ejercicio práctico e interesante para cada país: ¿cuáles son los políticos y dirigentes que más aplauden o se preocupan por abrir más puertas a China? Quizás allí se encuentren vínculos llamativos.
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Donaciones, presión y cooptación política
El financiamiento encubierto de campañas y la cooptación de figuras políticas constituyen otra táctica frecuente. La inteligencia australiana advirtió que China intentó “comprar” influencia a través de donaciones políticas no declaradas y esquemas de lavado de dinero. En Nueva Zelanda, un informe de inteligencia de 2023 señaló: “Existe un pequeño número de estados que llevan a cabo injerencia extranjera en Nueva Zelanda, pero su capacidad para causar daño es significativa“, señaló el informe, citando a China, Rusia e Irán como los principales responsables. “Lo más notable es el continuo objetivo sobre las diversas comunidades chinas étnicas de Nueva Zelanda. Observamos que estas actividades son realizadas por grupos e individuos vinculados al brazo de inteligencia de la República Popular China“.
En Canadá, The Globe and Mail publicó informes de organismos de inteligencia que habían detectado intentos de manipulación electoral en distritos con alta densidad de votantes de origen chino, incluyendo campañas de presión para orientar el voto hacia candidatos prorrégimen y el uso de incentivos económicos. Según el documento analizado, la movilización de la diáspora es un componente central: líderes comunitarios transmiten directrices sobre a quién apoyar y, en ocasiones, operan esquemas de compra de votos. La investigación del Canadian Security Intelligence Service (CSIS) identificó que el consulado chino en Vancouver utilizó donaciones en efectivo no declaradas, campañas de desinformación y coacción de inmigrantes chinos vulnerables para influir en las elecciones de 2021.
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Amenazas, intimidación y represión transnacional
El régimen chino recurre también a la intimidación directa contra candidatos, activistas y familiares, tanto en el país objetivo como en China. El caso de Taiwán es ilustrativo: en cada ciclo electoral, Beijing despliega campañas de hostigamiento público y privado contra políticos críticos, acompañadas de amenazas a familiares residentes en territorio chino. El documento destaca que esta táctica busca disuadir la participación o forzar la moderación de discursos incómodos para los intereses del PCC.
En Estados Unidos, el FBI ha reportado casos en los que agentes chinos intentaron presionar a disidentes y activistas a través de amenazas telefónicas y vigilancia, incluso organizando “visitas” de funcionarios chinos para advertir sobre las consecuencias de mantener ciertas posturas políticas. La denuncia de Trump parecería dar volumen a esa investigación y las hechas en otras latitudes.
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Campañas de información, desinformación y manipulación mediática
La manipulación del flujo informativo es otro pilar de la injerencia electoral china. El PCC utiliza una combinación de medios estatales, portales digitales, redes sociales y “granjas de contenido” para difundir mensajes favorables, desacreditar a rivales y sembrar confusión. Plataformas como WeChat, muy popular entre la diáspora china, han sido empleadas para propagar noticias falsas y orientar la opinión pública.
Un caso documentado ocurrió durante las elecciones presidenciales de Taiwán en 2020. Según el informe “Interferencia electoral extranjera de China”, Beijing promovió campañas de desinformación que incluían la difusión de rumores sobre la salud de la expresidenta Tsai Ing-wen y teorías conspirativas sobre supuestos complots occidentales. Reuters informó que estas maniobras estuvieron acompañadas de una intensa actividad en redes sociales y la circulación de videos manipulados para erosionar la confianza en el proceso democrático.
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“Las campañas de información en línea, incluidas las de desinformación, han aumentado exponencialmente en importancia a nivel mundial en los últimos años. En la última década, la manipulación de información en las redes sociales se ha convertido en un método estándar de injerencia política extranjera. En China, tales acciones se consideran una rama de la actividad militar, conocidas de diversas maneras como ‘guerra de la opinión pública’, ‘guerra psicológica’ o ‘guerra cognitiva‘”, señala el informe elaborado por Alexis von Sydow para la Swedish National China Centre.
Ciberataques y sabotaje digital
El uso de ciberataques constituye una herramienta cada vez más sofisticada en el arsenal de injerencia china. El documento analizado señala que actores vinculados al Ejército Popular de Liberación y al Ministerio de Seguridad del Estado han ejecutado campañas de hackeo contra partidos, funcionarios y sistemas electorales. Estas operaciones incluyen el robo de información sensible, ataques de phishing y sabotaje de infraestructura digital.
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Durante las elecciones intermedias de Estados Unidos en 2018, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) advirtió sobre intentos de hackeo dirigidos a bases de datos electorales y plataformas de registro de votantes. Aunque no se reportaron alteraciones en los resultados, las autoridades subrayaron la capacidad china para comprometer la integridad de los sistemas.
“Antes de la era de las campañas de información en línea, la principal amenaza de interferencia digital eran los ciberataques“, señala el informe.
Presión económica y coacción empresarial
Además de estas maniobras descriptas, China utiliza su peso económico como instrumento de presión política. El documento describe casos en los que empresas con intereses en el gigante asiático han sido inducidas a financiar campañas o respaldar a candidatos específicos, bajo amenaza de restricciones comerciales o incentivos para quienes colaboren. En República Checa, el ex presidente Miloš Zeman promovió una agenda pro-China tras recibir apoyo de empresarios con inversiones en ese país, lo que generó cuestionamientos sobre la autonomía de la política exterior checa.
En algunos contextos, la injerencia china se ha vinculado a redes de crimen organizado. En Taiwán, investigaciones de The Taipei Times han revelado la colaboración entre agentes del Frente Unido y grupos criminales locales para distribuir propaganda, intimidar a opositores y movilizar fondos ilícitos durante campañas electorales.
La presión militar directa ha sido empleada principalmente contra Taiwán. Cada ciclo electoral en la isla va acompañado de ejercicios militares, sobrevuelos de aviones y declaraciones públicas que buscan generar un clima de inestabilidad e influir sobre el electorado. Reuters reportó que estas maniobras forman parte de una estrategia de “zona gris” cuyo propósito es erosionar la moral pública y minar la confianza en el liderazgo local.
El documento destaca que, si bien Taiwán ha sido el laboratorio principal, las tácticas chinas se han exportado y adaptado a contextos como Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, países de Europa Oriental y naciones del Sudeste Asiático. El patrón común es la articulación de múltiples métodos de forma simultánea, la rápida adaptación táctica y el aprovechamiento de vacíos legales en materia de financiamiento político y regulación digital.
Diversos países han comenzado a adoptar medidas para frenar la injerencia china, desde la aprobación de leyes de transparencia en donaciones, la supervisión de actividades de la diáspora y el fortalecimiento de capacidades de ciberseguridad. No obstante, el documento advierte que la sofisticación de las operaciones chinas y la combinación de presión política, manipulación informativa y capacidad tecnológica representan un desafío creciente para las democracias.
“El trabajo del Frente Unido es una de las amenazas más subestimadas para la integridad electoral global”, señala el informe del think tank con base en Estocolmo, que urge a los gobiernos a coordinar respuestas y compartir inteligencia para contrarrestar la influencia de Beijing.
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Detuvieron a un familiar del principal sospechoso por el crimen durante los festejos del Mundial
El crimen durante los festejos del Mundial 2026 en San Francisco sumó un nuevo avance judicial. La Policía de Córdoba detuvo este jueves a un familiar del principal sospechoso del asesinato de Matías Ochonga, el joven de 20 años que fue baleado durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza.
La medida fue dispuesta por la fiscal de feria María Florencia Bortolussi, quien ordenó la aprehensión del allegado de Agustín Alexis Guevara, alias “El Manay”, acusado de haber efectuado los disparos y actualmente prófugo de la Justicia.
El detenido fue imputado por el delito de encubrimiento agravado, mientras continúa la búsqueda del presunto homicida.
El principal acusado sigue prófugo
Agustín Alexis Guevara, de 25 años, ya fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y pesa sobre él un pedido de captura.
Los investigadores sostienen que, tras cometer el crimen, logró escapar aprovechando la multitud que participaba de los festejos mundialistas en el centro de San Francisco.
En el marco de la investigación, efectivos policiales realizaron allanamientos en los barrios Parque y La Florida, de San Francisco, y también en distintos domicilios de la localidad santafesina de Frontera.
Durante uno de esos procedimientos se secuestró un elemento considerado de interés para la causa, que será sometido a peritajes.
Asesinaron a un joven durante los festejos por Argentina (archivo La Voz de San Justo)
Cómo ocurrió el homicidio
El crimen se produjo durante la madrugada del domingo 5 de julio, cuando cientos de personas celebraban en las calles la clasificación de la Selección Argentina tras vencer a Suiza en el Mundial 2026.
Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el agresor aprovechó la concentración de personas para acercarse a Matías Ochonga y dispararle tres veces por la espalda.
Los proyectiles impactaron en la parte posterior del tórax y en la zona lumbar de la víctima.
Tras efectuar los disparos, el atacante escapó entre la multitud sin que se registraran otras personas heridas.
La investigación continúa
La Fiscalía mantiene distintas líneas de investigación para localizar a Guevara, mientras analiza las pruebas recolectadas durante los allanamientos realizados en las últimas horas.
El objetivo es determinar si el detenido colaboró activamente para facilitar la fuga del sospechoso o para ocultar elementos vinculados con el homicidio.
Los investigadores consideran que el esclarecimiento del hecho depende ahora de lograr la captura del único imputado por el asesinato.
Los antecedentes de víctima y sospechoso
De acuerdo con la información incorporada a la causa, Matías Ochonga registraba antecedentes penales por robos y otros delitos. Además, recientemente había recuperado la libertad y se encontraba cumpliendo una libertad condicional.
Por su parte, Agustín Alexis “El Manay” Guevara también posee antecedentes judiciales por robo calificado, abuso de arma de fuego, violación de domicilio y robo en grado de tentativa.
Mientras continúa prófugo, la Policía mantiene vigente el pedido de captura y solicita colaboración para obtener información que permita localizarlo.
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Andy Burnham asumirá este lunes como nuevo primer ministro del Reino Unido: “Seremos inequívocamente laboristas”El reemplazante de Keir Starker dijo que defenderá un Gobierno basado en los valores tradicionales de su partido, con un programa de renovación económica, mayor control público, reindustrialización y devolución de poder a las comunidades locales
El político británico Andrew Murray Burnham prometió un futuro “inequívocamente laborista” al convertirse este viernes en líder del Partido Laborista en sustitución de Keir Starmer, a quien sucederá también el lunes como primer ministro del Reino Unido.
Según extractos adelantados del discurso que pronunciará este mediodía al asumir el liderazgo, Burnham defenderá un Gobierno basado en los valores tradicionales del partido, con un programa de renovación económica, mayor control público, reindustrialización y devolución de poder a las comunidades locales.
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“Seremos inequívocamente laboristas en nuestras prioridades y en las decisiones que tomemos, situando a las personas y a los territorios en el centro de todo lo que hagamos”, afirmará el nuevo líder, que ha convertido la descentralización del Estado en el eje de su proyecto político.
Burnham sostendrá que el Reino Unido “tomó una serie de decisiones equivocadas en la década de 1980”, cuando “el poder político se centralizó y el poder económico se privatizó”, y defenderá la necesidad de abrir “un nuevo camino” tras cuatro décadas de ese modelo.
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Insistirá en que su objetivo es impulsar el crecimiento económico en todas las regiones del país y “devolver el control” a las comunidades locales, una idea inspirada en el denominado “Manchesterismo”, el modelo de desarrollo territorial que impulsó durante su etapa como alcalde del Gran Mánchester.
También prometerá que el Partido Laborista estará más unido y centrado en su misión de servicio público, según el texto adelantado.
Una vez convertido en líder de la formación gobernante, Burnham asumirá el lunes la jefatura del Ejecutivo, después de que, como marca el protocolo, Starmer formalice su renuncia ante Carlos III y el monarca ‘invite’ a su sucesor a formar gobierno.
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Andy Burnham anticipará este domingo que encabezará un gobierno laborista “sin complejos”, con la promesa de corregir “las grandes cosas que la política ha descuidado” y de poner a “las personas y los lugares” en el centro de sus decisiones, en su primer discurso como nuevo líder del Partido Laborista.
El dato operativo no llegará hasta mañana: Burnham recién asumirá como primer ministro el lunes, cuando sea nombrado formalmente, se instale en Downing Street y empiece a designar a su gabinete.
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Según adelantaron Kiran Stacey y Rowena Mason en The Guardian, el dirigente usará la conferencia especial del partido para fijar el tono político de su liderazgo. La definición central será una toma de posición programática y de identidad: un Ejecutivo “sin complejos” en sus prioridades y en las decisiones que adopte.
Burnham también dirá que quiere un gobierno con “el coraje de arreglar las grandes cosas que la política ha descuidado” y con “la convicción de defender nuestros planes”. La fórmula combina una crítica al funcionamiento reciente de la política con un intento de presentar a su futura administración como una etapa de intervención más decidida.
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Burnham vincula su llegada al poder con un cambio de prioridades
Andy Burnham, nuevo líder laborista, reveló que buscará imprimirle a su gobierno una agenda definida por prioridades sociales y territoriales. La tensión central de sus primeras declaraciones está en ese contraste: promete una acción de gobierno ambiciosa, pero su capacidad formal para ponerla en marcha empezará recién el lunes, cuando asuma como primer ministro.
La idea de “poner a las personas y los lugares en el centro de todo lo que hagamos” aparece como uno de los ejes de ese mensaje inicial. No se trata solo de una consigna partidaria: en el anticipo de su discurso, esa frase queda asociada a la selección de prioridades y al criterio con el que se tomarán decisiones desde el Ejecutivo.
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La asistencia social emerge como una de sus apuestas personales
En las últimas semanas, Burnham redujo al mínimo su exposición ante los medios mientras preparaba su llegada al gobierno, aunque mantuvo una actividad intensa en redes sociales. La noche anterior difundió un video grabado en Cardiff, donde participó de un encuentro abierto con transeúntes bajo el formato “Pregúntenle a Andy lo que quieran”.
En ese intercambio surgió una pista concreta sobre una de sus prioridades. Consultado por la asistencia social, Burnham contó que su padre padece Alzheimer y que esa experiencia lo volvió muy consciente de las fallas del sistema.
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“Si hay un área en la que voy a gastar bastante capital político, será la asistencia social”, afirmó. La frase identifica un terreno en el que está dispuesto a asumir costos para impulsar cambios.
El video, de todos modos, no despejó una de las incógnitas políticas más inmediatas de la transición: la designación del canciller. Según la crónica del diario, si alguien le preguntó por ese nombramiento durante la actividad en Cardiff, la respuesta no apareció en la versión final difundida.
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Causa Sur Finanzas: el ex presidente de Banfield pidió su sobreseimiento mientras avanza la investigación
En el tramo final del Mundial de Fútbol 2026 en el que Argentina defenderá el título ante la selección española, avanza la causa judicial que vincula a la financiera Sur Finanzas con la AFA y genera novedades en el abultado expediente a cargo del juez federal Luis Armella, que impulsa la fiscal Cecilia Incardona.
En las últimas horas volvió a ser indagado Eduardo Juan Spinosa, ex presidente del Club Atlético Banfield, esta vez en representación del “Fideicomiso Reconstrucción Banfileña”; como ya hizo en su primera declaración indagatoria, negó todo tipo de responsabilidad en los delitos que se le imputan, entre otros, integrar una red ilegal junto al responsable de Sur Finanzas, Maximiliano Ariel Vallejo—amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia— para lavar activos en el fútbol criollo.
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En la causa sólo falta tomar declaración indagatoria a Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero del Club Atlético Banfield durante los años que se cometieron los presuntos delitos que se investigan.
Después del acto procesal defensivo, previsto para el 5 de agosto, la fiscal estará en condiciones de emitir su dictamen sobre los imputados y el magistrado estará en condiciones de evaluarlo y de dictar los procesamientos o falta de mérito de los imputados.
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La defensa de Spinosa
La investigación tiene como eje central la relación entre el holding Sur Finanzas Group SA y varios clubes afiliados a la AFA. La fiscalía sostiene que el grupo financiero ligado a la AFA diseñó una estrategia de penetración en el deporte, mediante la cual se habría aprovechado del estado de necesidad de los clubes de fútbol y se instaló como proveedor de fondos para integrar capitales de origen presuntamente espurio, bajo la apariencia de asistencia financiera legítima.
Eduardo Spinosa presidió el Club Atlético Banfield en tres períodos: 2012-2015, 2015-2018 y 2021 hasta octubre de 2024, cuando la lista encabezada por Matías Mariotto ganó las elecciones. La fiscalía lo ubica en el centro de la maniobra: sostiene que permitió que el club fuera convertido en un eslabón de integración de capitales ilícitos mediante contratos de sponsoreo y mutuos con empresas del holding de Vallejo, con pagos canalizados a través del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, señalado como “vehículo de opacidad”.
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El eje del planteo defensivo de Spinosa es que la fiscalía tomó “piezas sueltas de una operatoria compleja y las reconstruyó como si pertenecieran a un esquema simple, lineal y clandestino”, cuando la realidad que surge de la propia documentación acompañada es radicalmente distinta.
La defensa identifica cuatro bloques de negocios cuestionados —el contrato con Auriga League S.A., el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, dos mutuos con Sur Finanzas Group S.A. y una operatoria de sponsoreo con sociedades del mismo grupo— y los analiza uno por uno para demostrar que cada uno tuvo existencia real, respaldo documental e inserción institucional dentro de la vida orgánica del club.
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Para los abogados del imputado, Diego María Olmedo y Hernán Guaita, la acusación que pesa sobre el ex presidente de Banfield no describe ningún acto personal de engaño, ocultamiento o desvío patrimonial ejecutado por él, sino que proyecta sobre su figura una sospecha derivada de la posición institucional que ocupaba. Allí se sostiene que la fiscalía no consiguió mostrar que Eduardo Juan Spinosa haya actuado por fuera de los órganos de decisión del Club.
El escrito concluye con un pedido expreso de sobreseimiento en los términos del art. 336 del Código Procesal Penal de la Nación.
Sobre el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, la defensa aportó documentación que acredita su constitución el 18 de diciembre de 2012 —años antes de los hechos investigados—, su aprobación por la Asamblea Extraordinaria de socios del 10 de mayo de 2013 y sus sucesivas prórrogas en 2015/2016, 2018 y 2021.
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El descargo también cita el acuerdo de rescisión y reconocimiento de deuda de septiembre de 2024 (Anexo T), que vuelve a dejar constancia de la constitución del fideicomiso en 2012, su aprobación en 2013 y sus sucesivas renovaciones. La defensa concluye que “la utilización del fideicomiso no oscurece el circuito; lo explica. No lo aparta de la institucionalidad; lo inserta en ella. Y no revela clandestinidad; revela que el Club operaba a través de una herramienta creada, debatida, aprobada y sostenida durante años”.
La defensa también cuestiona la lógica fiscal que extiende a Banfield la ilicitud atribuida al grupo Sur Finanzas y a su titular, Maximiliano Ariel Vallejo: “una cosa es la hipótesis penal construida respecto de Vallejo y de las sociedades de su entorno, y otra distinta es la valoración concreta de cada operación celebrada con terceros” sostiene.
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Otro de los ejes que la defensa intentó desmontar es la operatoria de sponsoreo con sociedades del universo Sur Finanzas, que la fiscalía presentó como una cobertura formal para justificar flujos económicos sin causa real.
Spinosa presentó documentación en la que se acreditaría la existencia de una oferta de sponsoreo emitida por Sur Finanzas Group S.A. el 12 de diciembre de 2022, documentación cartular con canjes de cheques, facturación y previsión de prestaciones publicitarias concretas.
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Más allá del análisis operación por operación, el descargo construye un argumento jurídico-penal de fondo: la imputación no individualiza ninguna conducta personal de Spinosa. “La imputación no logra mostrar que Eduardo Juan Spinosa haya actuado por fuera de los órganos de decisión del Club, al margen de la documentación respaldatoria, ni en contradicción con los mecanismos institucionales que regían la celebración y ejecución de estas operaciones”, sostiene el escrito.
La defensa apunta que la acusación proyecta sobre el ex directivo del club deportivo ubicado en la zona sur del Conurbano Bonaerense una sospecha derivada, esencialmente, de la posición institucional que ocupaba. Pero afirma que “el derecho penal de acto exige individualizar conductas personales concretas y no permite suplir esa exigencia con inferencias asentadas, de modo meramente reflejo, en el cargo ocupado o en la firma de instrumentos que aparecen incorporados al circuito formal del Club”. Ese déficit, señala el escrito, “constituye, precisamente, una de las debilidades estructurales más evidentes de la imputación formulada”.
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Incompatibilidad entre acusación y documentación
El descargo dedica un capítulo entero a demostrar que la hipótesis acusatoria choca de frente con la prueba documental del propio expediente. “La acusación no niega la existencia de los documentos; lo que hace es prescindir de su verdadero contenido. Y ese es, precisamente, su defecto más grave”.
La defensa señala que el expediente contiene “contratos, anexos, actas, certificaciones notariales, facturas, cheques, balances, aprobaciones asamblearias y constancias bancarias”, y que sobre esa base “la valoración penal no puede edificarse sobre intuiciones, sospechas globales o extrapolaciones tomadas de otros contextos”.
La conclusión que la defensa extrae de ese análisis es que “cuanto más se observan los instrumentos, las aprobaciones, las certificaciones, los movimientos y la secuencia institucional de los actos, menos plausible resulta la idea de una acción dolosa y clandestina”. Y agrega que el derecho penal “no está llamado a sancionar desaciertos comerciales, decisiones financieras onerosas, contratos complejos ni estructuras institucionales discutibles desde otros planos normativos o económicos”.
Ahora será el turno de la valoración del juzgado y la fiscalía para después resolver sobre su situación procesal.
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Volcó un micro y cayó desde un puente en ruta 7: hay un bebé entre los heridos
Un colectivo de larga distancia volcó y cayó al vacío a la altura del puente del arroyo La Guardia, sobre la Ruta Nacional 7, en jurisdicción de la ciudad bonaerense de Carmen de Areco; el micro había partido desde la localidad cordobesa de Laboulaye con destino a Capital Federal.
Las primeras informaciones policiales y de bomberos aseguran que el transporte despistó, perdió el control y cayó unos 6 metros por un barranco. De acuerdo con los peritajes iniciales, las fuertes ráfagas de viento que azotan a la región habrían sido un factor clave y determinante para contribuir al siniestro, publicó Cadena 3.
Al momento del vuelco viajaban al menos 20 personas en la unidad, entre las cuales se encontraba un bebé. Afortunadamente, los servicios de emergencia constataron rápidamente que no quedó gente atrapada dentro de la estructura del vehículo, lo que facilitó las tareas de rescate de los brigadistas.
VUELCO DE MICRO EN #RUTA7 💥🚍 Circulaba desde Laboulaye (cba) a Buenos Aires. Despistó y cayó en el puente del arroyo La Guardia, apenas cruzando Carmen de Areco.https://t.co/LjWd3dIZ2b @AndreaPizarro_ pic.twitter.com/M68KATD8Pz
— Jota Leonetti | Transito 🚘 (@jotaleonetti) July 17, 2026
Todos los pasajeros accidentados recibieron asistencia médica inmediata y fueron derivados al hospital de Carmen de Areco para evaluar la gravedad de sus lesiones y recibir la atención correspondiente.
En el lugar del hecho trabaja personal de seguridad vial, policía y ambulancias, por lo que se solicita circular con extrema precaución debido a las condiciones climáticas adversas.
Un pasajero señaló que en el colectivo viajaban alrededor de 20 personas, muchas de ellas provenientes de las provincias de Córdoba y San Luis, que se dirigían hacia la Ciudad de Buenos Aires. En su caso particular, explicó que había abordado el servicio en la ciudad cordobesa de Laboulaye.
Tras el accidente, se desplegó un importante operativo coordinado entre Bomberos, Policía, servicios de emergencia y personal sanitario. Las primeras tareas estuvieron enfocadas en liberar a los pasajeros que permanecían atrapados dentro del micro, asistir a los heridos y garantizar el traslado de quienes requerían atención médica.
Uno de los datos que surgió durante las primeras horas fue la situación de los conductores del colectivo. De acuerdo con el relato de uno de los pasajeros, en la unidad viajaban dos choferes.
Siempre según ese testimonio, uno de ellos habría logrado salir del vehículo antes de la caída. “Falta uno porque abrió la puerta lateral en marcha y saltó. Ahora no lo encuentran”, explicó Maximiliano, quien agregó que esa información le fue transmitida por el conductor que permaneció en el lugar.
El pasajero sostuvo que el chofer habría advertido la gravedad de la situación segundos antes del impacto y decidió arrojarse del colectivo mientras todavía estaba en movimiento. Las autoridades, sin embargo, no habían confirmado oficialmente esa versión ni brindado precisiones sobre el paradero del conductor mencionado.
