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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizará el lunes 6 de octubre la segunda licitación de depósitos a plazo fijo UVA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y amplió el universo de personas que podrán tomar un crédito hipotecario.

El monto en juego será de $200.000 millones y los bancos adjudicatarios deberán destinar esos recursos a préstamos hipotecarios para vivienda única.

Los fondos deberán utilizarse en forma exclusiva, para el otorgamiento de créditos hipotecarios destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas. Podrán acceder personas humanas que no sean propietarias de otra vivienda o que, aun siéndolo, no tengan disponible su uso.

El cambio clave

El cambio central de la nueva convocatoria está en el destino de los préstamos. La primera licitación se orientaba a la compra de una primera vivienda, un criterio que, en principio, exige que el solicitante no sea propietario de ningún inmueble habitacional.

La segunda licitación reemplaza esa condición por la de vivienda única o de uso permanente. La Comunicación del Banco Central prevé que podrán recibir el financiamiento quienes no tengan otra vivienda y también quienes, pese a ser titulares de una propiedad, “no dispongan de su uso”.

La diferencia puede incluir situaciones en las que una persona sea dueña de un inmueble, pero no pueda habitarlo, como un departamento alquilado, cedido o alcanzado por un usufructo. La norma no precisa qué casos aceptarán las entidades ni cómo deberán acreditarse, por lo que esos requisitos quedarán sujetos a la instrumentación de cada banco.

“Llamado a la segunda licitación del FGS para plazos fijos, un mes después de la primera. Cambio principal y muy importante: deja de ser para primera vivienda, ahora es para única vivienda o de uso permanente. Es sutil, pero abre el mercado de créditos a todos los que quieren pasar de un 2 a 3 ambientes, por ejemplo. También para el que tenga pero haga usufructo”, señaló el economista Federico González Rouco, de Empiria.

La convocatoria constituye el segundo llamado dentro del programa que utiliza fondos del FGS para ampliar el financiamiento hipotecario. La primera licitación, realizada en septiembre, también fue por $200.000 millones y terminó con adjudicaciones entre 13 bancos.

La Comunicación “B” 13240 del BCRA establece que los depósitos se ajustarán por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) más un spread. El BCRA volverá a actuar como colaborador técnico y operativo de la Anses para organizar el proceso.

Los bancos podrán presentar más de una oferta

La licitación se llevará a cabo el 6 de octubre, entre las 11:00 y las 15:00. Las entidades financieras podrán ingresar una o más posturas por cada tramo previsto en la convocatoria.

Una vez que los recursos sean acreditados, los bancos tendrán 90 días corridos para aplicarlos a nuevos créditos hipotecarios. La comunicación no detalla en el llamado el número de tramos, los plazos de los depósitos ni los spreads que surgirán de las ofertas.

El esquema incluye una cláusula de cancelación anticipada a favor del FGS. Esa opción podrá utilizarse una sola vez, luego de transcurridos 90 días desde la constitución del plazo fijo y antes de su vencimiento.

El monto que el FGS podrá retirar de forma anticipada tendrá como límite la diferencia entre los fondos adjudicados a cada banco y los créditos hipotecarios que esa entidad haya colocado de manera efectiva. En ese caso, el banco deberá devolver el capital no aplicado y pagar los intereses devengados hasta la fecha de la cancelación.

Los principales datos de la convocatoria

• Fecha de la licitación: 6 de octubre de 2026.
• Horario: de 11:00 a 15:00.
• Monto total: $200.000 millones.
• Instrumento: depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más un spread.
• Destino obligatorio: créditos hipotecarios para la adquisición, construcción, ampliación o refacción de viviendas.
• Beneficiarios previstos: personas humanas sin otra vivienda o que no dispongan del uso de la vivienda de la que sean titulares.
• Plazo para colocar los fondos: 90 días corridos desde la acreditación efectiva en cada entidad financiera.
• Cantidad de ofertas: los bancos podrán presentar una o más propuestas por cada tramo.
• Cancelación anticipada: el FGS podrá ejercerla una vez, después de los 90 días y antes del vencimiento del plazo fijo.
• Límite de la precancelación: alcanzará el monto que no haya sido transformado en créditos hipotecarios efectivos.

La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó que los tribunales laborales y no el fuero civil federal son los competentes para resolver la disputa sobre la validez de las autoridades de la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato industrial más grande de la Argentina, en un fallo que representa otro revés judicial para Abel Furlán, el desplazado líder gremial, en la disputa abierta por la conducción de la organización.

La resolución, firmada por los jueces Florencia Nallar, Juan Perozziello Vizier y Fernando Uriarte, confirmó la decisión que había declarado incompetente al fuero Civil y Comercial Federal para intervenir en la causa iniciada por Furlán contra el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y ordenó que el expediente sea remitido a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para su radicación y posterior tramitación.

La disputa se originó cuando Furlán promovió una acción meramente declarativa —un mecanismo procesal que busca despejar una incertidumbre jurídica sin necesidad de un daño consumado— para que se reconociera la validez y legalidad de las autoridades electas de la obra social. La maniobra buscaba contrarrestar una decisión previa: la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había declarado nula esa misma elección del 18 de marzo y designado un interventor para la UOM.

El tribunal rechazó el argumento de Furlán de que la obra social no participó en el proceso laboral conexo y de que su situación se rige por el régimen federal de obras sociales y no por la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales. Para la Sala I, ese vínculo sustancial entre ambas causas era precisamente el que activaba el principio de perpetuatio jurisdictionis, regla procesal según la cual el juez que primero tomó contacto con los hechos de un caso mantiene prioridad para resolver las cuestiones vinculadas con el fin de garantizar coherencia y economía en la decisión.

El tribunal señaló que el desplazamiento de competencia por conexidad no equivale a una acumulación de procesos, figura que sí exige que los juicios se encuentren en etapas procesales comparables.

Destacó que la conexidad, en cambio, opera aun cuando uno de los procesos ya tenga sentencia dictada —aunque no firme, como ocurre en este caso con la causa del fuero laboral— porque su objetivo no es evitar fallos contradictorios sino concentrar ante un mismo juzgado los expedientes con comunidad de intereses.

El dictamen del Fiscal General ante la Cámara aportó un dato que el fallo recoge con peso particular: al momento de la resolución, 5 recursos de queja se encontraban en trámite ante la Corte Suprema, todos derivados del mismo conflicto electoral en la UOM.

Fueron presentados, en forma separada, por la propia UOM, la Junta Electoral Nacional de la UOM, los integrantes del Secretariado Nacional elegido el de marzo —entre ellos el propio Furlán junto a Pablo Molina, Rubén Urbano, Esteban Cabello y Oscar Martínez—, la Lista Violeta y Azul, y los abogados Álvaro Ruiz, Matías Cremonte y Carlos D. Zamboni Siri.

Ese cuadro de litigiosidad simultánea reforzó el criterio del tribunal: permitir que un juzgado federal civil avanzara sobre el mismo objeto ya examinado por el fuero laboral implicaría que un magistrado ingresara al conocimiento de un asunto que tramita ante otro juez, práctica que la Corte Suprema ha vedado de manera reiterada.

La resolución representa otro capítulo en la batalla judicial alrededor de la conducción de la UOM y de su obra social. Por ahora, el expediente iniciado por Furlán no seguirá su trámite en la Justicia Civil y Comercial Federal sino ante la Justicia Nacional del Trabajo, en línea con el proceso previo que ya había intervenido sobre la elección del secretariado nacional del gremio.

Tras enfrentar una crisis financiera y entrar en concurso preventivo, la cadena de panaderías Pandanés cerró sus 25 sucursales, despidió a 150 empleados y solicitará la quiebra. Los trabajadores se enteraron durante la madrugada de que habían sido desvinculados y no pueden ingresar a los locales para retirar sus pertenencias, ya que la empresa cambió todas las cerraduras.

Según pudo saber Infobae, alrededor de las 3 de la mañana de este viernes todo el personal recibió la notificación de cierre y despido a través de un mensaje de WhatsApp: “Hoy tenemos que comunicarles una noticia muy difícil. Como les contamos, Pandanés viene atravesando una situación económica muy compleja. En este último tiempo estuvimos buscando distintas alternativas para poder continuar, pero, lamentablemente, no encontramos una solución que nos permita seguir adelante”.

“La situación llegó a un punto en el que la empresa se quedó sin los fondos necesarios para continuar funcionando y para afrontar las obligaciones que tiene por delante. Nuestra intención siempre fue mantener Pandanés y preservar las fuentes de trabajo. Hasta último momento seguimos buscando una salida, pero lamentablemente no encontramos una solución viable”, señalaron.

“Por este motivo, Pandanés deja de operar y se solicitará la quiebra de la empresa. Esto significa que a partir de hoy, 2 de octubre, no deberán presentarse a trabajar”, comunicaron.

“Sabemos que esta noticia genera angustia, incertidumbre y muchas preguntas, especialmente sobre los pagos y los próximos pasos. Entendemos que detrás de cada puesto de trabajo hay una persona, una familia y una vida que se ve afectada. Con la presentación del pedido de quiebra comienza una nueva etapa que ya no depende de nosotros directamente, sino de un proceso judicial”, afirmaron.

“Este cierre significa una pérdida enorme para todos. Pandanés fue un proyecto al que muchas personas dedicamos años de trabajo, esfuerzo y compromiso, y en el que también se invirtieron enormes recursos económicos a lo largo de estos años. Hoy se pierde ese trabajo, todo lo que construimos juntos y también el capital que fue invertido en el proyecto. Nos duele profundamente que el final sea este. Queremos agradecerles profundamente por el trabajo, el compromiso y el esfuerzo que pusieron durante todo este tiempo”, concluyeron.

El viernes pasado habían cerrado las sucursales de Av. San Martín, en Villa Crespo, y de la calle Sanabria, en Villa Devoto. A los empleados les manifestaron que la decisión se debía a que el alquiler era muy caro y no podían renovarlo.

Pero hoy la situación afectó al resto de los locales. Uno de los trabajadores despedidos contó: “Andá a saber a qué hora de la madrugada se dedicaron a cambiar las cerraduras y tapar todo. Nuestras cosas quedaron adentro”. Relató que estaban al tanto del concurso preventivo, pero que, según les decían desde la empresa, iban a llegar fondos de rescate de Dinamarca.

Asimismo, precisó que los sueldos fueron depositados el miércoles, junto con el aguinaldo que debieron haber abonado en junio. Sin embargo, aseguró que no se realizaron los aportes ni se pagó la obra social, y “mucho menos indemnizaciones o algo similar”.

En su presentación judicial de noviembre del año pasado, la firma había detallado: “La incertidumbre, la recesión, la inflación y el incremento significativo en los costos ocasionaron una caída abrupta y persistente del consumo, que supera el 50% del volumen histórico de la empresa”.

Pandanés, que construyó un modelo de negocio basado en la panificación artesanal con producción centralizada desde una planta de 1.700 metros cuadrados, acumuló cheques rechazados por unos 58 millones de pesos. “Los cheques emitidos para cumplir nuestras obligaciones superan nuestra capacidad de recaudación”, sostuvieron ante la Justicia.

La crisis continuó pese a que “se implementaron múltiples medidas correctivas: optimización de costos, renegociación de alquileres, cambio de proveedores, ampliación del surtido de productos, acuerdos impositivos y reorganización operativa”.

A nivel sectorial, según la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), las ventas de pan tradicional cayeron entre un 50% y 60%, al tiempo que las de facturas y productos de pastelería se desplomaron un 80%. “​La gente ya no compra por kilo, sino por lo que le alcanza en el bolsillo”, advirtió la entidad.

Esta semana se realizaron acercamientos significativos entre la Casa Rosada y un grupo de gobernadores que viajaron a París a mostrarse junto al Gabinete Nacional en el Argentina Week. “Parecía un viaje de egresados”, afirmaba jocosamente uno de los altos dirigentes que se sacó una foto con el ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque todavía no se hicieron menciones a futuros apoyos legislativos, se desprende que después del viaje se exacerbará un toma y daca entre la Nación y varias provincias. Los primeros, para recibir los votos necesarios en debates clave, y los segundos, para retener el poder en sus distritos.

Si bien el Gobierno está negociando los apoyos para votaciones clave como el Presupuesto 2027 y la Reforma Política (que contiene la suspensión de las PASO), esta semana se presentó el desafío de desactivar la nueva ofensiva de la oposición más dura que busca rechazar el DNU 70/23, el cual contiene la derogación de la Ley de Tierras.

La Cámara de Diputados tiene convocada una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de derogar ese megadecreto que Javier Milei firmó al inicio de su gestión y que desreguló amplios sectores de la economía. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, por lo que un voto negativo en la Cámara baja representaría su caída definitiva. El detonante fue un fallo de la Corte Suprema que restableció los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, uno de los 366 artículos que componen el texto.

Si la sesión prospera, una serie de regulaciones hoy suspendidas volverían a tener fuerza de ley. La Ley de Alquileres retornaría con plazos mínimos de tres años y ajuste semestral; las empresas de medicina prepaga volverían a necesitar autorización estatal para subir sus cuotas; y la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas recuperarían vigencia. En materia de comercio exterior, el Estado recuperaría la facultad de imponer restricciones a exportaciones e importaciones, y regiría nuevamente la Ley de Compre Nacional. El proceso de privatizaciones de empresas estatales, incluida la cesión accionaria de Aerolíneas Argentinas, también quedaría sin respaldo legal.

El Gobierno descarta que la oposición logre reunir el quórum necesario —129 diputados— y trabaja en alternativas para frenar la sesión. Tres integrantes de la Mesa Política que hablaron con Infobae afirmaron que comenzaron las reuniones para impedir que Unión por la Patria, la izquierda y los terceros bloques que acompañaron la firma del pedido de sesión logren su cometido y consigan el quórum para tratarlo. Son incluso más optimistas sobre la posibilidad de que no se derogue ese DNU. “Las negociaciones ya empezaron desde el mismo miércoles por la mañana”, afirman. Los gobernadores forman parte de ese bloque con el que se negocian las adhesiones.

En el recinto mismo, el bloque de La Libertad Avanza ya cuenta con el apoyo del PRO y de una parte de la UCR. Uno de los legisladores más importantes de ese espacio dio su perspectiva de cómo evolucionará la situación de aquí a dos semanas, que es cuando está convocada la sesión opositora: “No pueden conseguir ese número (para rechazar el DNU). No va a tener buena prensa. Eso no es discapacidad ni morosidad”.

¿Existe la posibilidad de que el Gobierno ceda con algunos proyectos opositores para sumar fuerzas? Por ahora no está dentro de las conversaciones, pero el PRO está particularmente interesado en que se puedan poner en discusión los proyectos de Electromovilidad, la reforma de la Alerta Sofía, el incremento de penas para delitos contra la propiedad rural y una iniciativa para que se permita sembrar cultivos como maíz y soja al costado de las rutas.

Uno de los miembros de la Mesa Política plantea la estrategia de la siguiente manera: “Lo más probable es que vayamos a sacar un proyecto específico para tratarlo separado del DNU completo. Todavía no está completamente definido. No digo que la tengamos fácil, pero vamos a salir para adelante bien”.

La oposición evalúa varios caminos para restablecer los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. Una es incorporar la restitución de la Ley de Tierras y la anulación del artículo 154 del DNU 70/23 en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, como propuso Miguel Ángel Pichetto. Cuando el diputado nacional propuso aquella alternativa el miércoles por la tarde, varios diputados nacionales de LLA repitieron en privado que era la mejor alternativa de todas. También se analiza reflotar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para fijar algún límite a las operaciones.

El bloque peronista del Senado impulsó la iniciativa de aprobar una ley que derogue solo ese artículo. Esta última opción preservaría el resto del decreto, pero permitiría al presidente Javier Milei vetarla, mientras que el rechazo total del DNU no podría ser revertido por veto presidencial.

El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, sostuvo en Infobae en Vivo que si Diputados rechaza el DNU 70/2023 la Ley de Tierras volvería a regir en 15 días y se restablecerían las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros. Aun así, los números para su aprobación no están claros.

En materia de endeudamiento, los votos permanecen abiertos: el oficialismo tiene dictamen de mayoría, pero la oposición debería rechazarlo primero y luego unificar apoyos entre sus dos propuestas alternativas, una de refinanciación y otra que suma topes a los intereses, por lo que no hay números asegurados. En discapacidad, La Libertad Avanza parte de una posición más sólida: su dictamen, acordado con bloques aliados y gobernadores, reuniría cerca de 127 votos y quedaría a dos votos de la mayoría simple, mientras que una parte de la oposición cuestiona la redacción y sostiene su proyecto para prorrogar por un año la emergencia vigente.

Con un llamado a abandonar la lógica del corto plazo y un listado de nueve compromisos para consolidar la transformación económica del país, Santiago Mignone, presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y socio de PwC Argentina, cerró este viernes el 62° Coloquio IDEA en Mar del Plata. “El cambio más importante que necesitamos es dejar de pensar solamente en el próximo año y empezar a pensar en los próximos 20”, sintetizó ante empresarios, funcionarios y referentes del sector privado reunidos en el Hotel Sheraton.

El encuentro, que se extendió por tres días bajo el lema Invirtiendo la Historia. 20 años: de promesa a potencia, abordó la transformación productiva, la inteligencia artificial y el nuevo mapa político y comercial global. En su discurso de cierre, Mignone subrayó que la Argentina atraviesa una etapa de estabilización que no puede interrumpirse: “El camino no será posible si volvemos sobre nuestros pasos. Es determinante sostener el esfuerzo realizado y persistir en el rumbo”.

El presidente de IDEA retomó una definición que había marcado la apertura del coloquio, pronunciada por Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia: “La estabilidad no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para mejorar la vida de las personas”. Bajo esa premisa, Mignone advirtió que el país necesita ir más allá de aprovechar una coyuntura favorable y alcanzar condiciones que permitan sostener el crecimiento en el tiempo, atraer inversión y traducir el desarrollo en oportunidades concretas para la población.

“Durante demasiado tiempo vivimos pendientes del próximo sobresalto, de las próximas elecciones, del próximo gobierno, del próximo ciclo económico”, señaló. En esa línea, convocó al empresariado a correrse de la discusión coyuntural y aportar a una agenda de largo plazo: “Queremos hablar del futuro”.

Los nueve compromisos que IDEA pone sobre la mesa

Para avanzar en ese camino, Mignone presentó una hoja de ruta con nueve compromisos que, desde IDEA, consideran indispensables para reconstruir la confianza y fortalecer los marcos institucionales.

1. El primero apunta a consolidar la estabilidad macroeconómica mediante políticas económicas consistentes, equilibrio fiscal, inflación compatible con los estándares internacionales y sostenibilidad de la deuda.
2. El segundo exige honrar los compromisos asumidos por el Estado, sin importar quién ni cuándo los haya contraído. Mignone lo repitió con énfasis: “Cumplimiento irrestricto de los compromisos asumidos, independientemente de quién, ni cuándo, los haya asumido”.
3. El tercero reclama impulsar una economía competitiva y de alta productividad, con un sistema impositivo que acompañe a quienes producen y generan empleo. En ese punto, Mignone reclamó una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que permita eliminar los impuestos distorsivos, y recordó que se trata de un mandato constitucional incumplido desde hace más de 30 años. “Los mandatos constitucionales no son optativos”, afirmó.
4. El cuarto compromiso apunta a fortalecer la formalidad y combatir la evasión.
5. El quinto, a promover la integración internacional a través de acuerdos comerciales alineados con las megatendencias globales.
6. El sexto llama a asegurar una transición con inclusión social, con políticas de capacitación para los sectores más vulnerables e incorporación de la tecnología como herramienta.

Reforma judicial y ética empresaria, en el cierre de la agenda

Los tres compromisos restantes apuntaron al plano institucional y ético.

1. El séptimo plantea establecer objetivos básicos comunes y reglas de juego estables, con consensos entre actores políticos, económicos y sociales sobre el respeto institucional y la propiedad privada.
2. El octavo exige avanzar en el fortalecimiento de la calidad institucional, con foco en la justicia: Mignone pidió un servicio judicial independiente, que resuelva en tiempos razonables y que destierre la discrecionalidad en la selección de jueces. “El Consejo de la Magistratura tiene para su tratamiento una propuesta de reforma del reglamento de selección de jueces, presentada por la Corte Suprema de Justicia en marzo. Que elimina la discrecionalidad escondida bajo el concepto de ‘entrevistas personales’. Sólo deben tratarlo y aprobarlo”, señaló.
3. El noveno y último compromiso convoca a promover una ética empresaria centrada en las personas, que priorice la transparencia y desterrar la corrupción, especialmente en el contexto de disrupción tecnológica e inteligencia artificial.

La mirada puesta en las elecciones de 2027

Hacia el final, Mignone hizo una referencia directa al ciclo electoral que se avecina. “El año próximo, tendremos un año electoral. Veremos ahí si los candidatos están a la altura de las exigencias o de sus miserias. Si sólo se detienen en la coyuntura, o discuten sobre el futuro”, planteó.

El presidente de IDEA cerró con una imagen: “No se trata de tirar abajo la pared que, con esfuerzo, venimos construyendo toda la sociedad argentina. Se trata de mantener lo construido, apuntalar lo necesario y agregar ladrillo sobre ladrillo”. Y remarcó que un país no se transforma en un mandato presidencial ni en un ciclo económico favorable, sino cuando logra sostener durante décadas un proyecto compartido de desarrollo. “Esa es la conversación que queremos seguir impulsando desde IDEA”, concluyó.

La empresaa Halliburton, una de las principales firmas que provee la tecnología, los equipos y el personal especializado para la extracción petrolera, ratificó hoy que no trabajará en el proyecto Sea Lion ni participará en ninguna actividad de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes, según informó Reuters.

La ratificación no es un gesto espontáneo: responde a un requerimiento directo del gobierno argentino en el marco de una ofensiva legal y diplomática que la Cancillería desplegó durante septiembre contra las empresas vinculadas al yacimiento.

Según se informó, el proveedor de servicios petroleros se comunicó con las autoridades argentinas, quienes habían planteado dudas sobre la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente y propuesta en relación con las actividades en el territorio en disputa.

La declaración se conoce despues de que el presidente argentino, Javier Milei, intensificó la reivindicación del país sobre las islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.

Tras la cadena nacional, y la amenaza a las empresas que provean de lógisticas a las petroleras que operan en Sea Lion, la filial local de Halliburton ya había notificado el pasado 5 de septiembre su decisión de no participar en proyectos en Malvinas.

En el marco de la escalada de tensión política y diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía en Malvinas y el control del petroleo, la Cancillería distribuyó cerca de 180 notificaciones formales a firmas de servicios petroleros de todo el mundo, advirtiéndoles que cualquier colaboración con Sea Lion las dejaría inhabilitadas para operar en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales con epicentro en Neuquén que produce más de 600.000 barriles diarios.

Esa advertencia ya había tenido efecto en septiembre, cuando SLB (antes Schlumberger) y Baker Hughes hicieron públicos comunicados en igual sentido que el de Halliburton. Las tres compañías concentran la mayor parte de la capacidad técnica global para perforaciones mar adentro de la escala que requiere Sea Lion.

La presión sobre Sea Lion no se limita al plano administrativo. A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender cualquier acto material vinculado al proyecto, incluidas perforaciones, infraestructura submarina, ductos y extracción comercial. La medida se fundó en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental validada por las autoridades nacionales argentinas. El propio fallo reconoció que su efectividad práctica depende de la cooperación internacional, dado que el proyecto opera bajo licencias británicas.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco firmas vinculadas a Navitas Petroleum —entre ellas sus subsidiarias directas y la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas— por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. La ley argentina prevé para estos casos penas de hasta 20 años de inhabilitación y 15 años de prisión. El proceso sancionatorio alcanza en total a unas 60 personas y empresas, entre operadores, accionistas, ejecutivos y proveedores estratégicos de países como el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Suecia.

El paso más audaz llegó el 30 de agosto, cuando Argentina notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le otorgó un plazo de 14 días para paralizar las operaciones. “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió Milei en X. De no mediar una respuesta, Argentina avanzará con una demanda formal ante ese tribunal, con sede en Hamburgo.