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La diputada de San Luis Luciana Perano falleció este domingo tras sufrir un infarto en la localidad pampeana de Parera, donde había nacido.

La legisladora de 46 años se encontraba junto a su familia cuando, al momento de iniciar su regreso a San Luis cerca de las 7, sufrió una descompensación. Ante el deceso repentino, el cuerpo fue trasladado a General Pico para la realización de la autopsia correspondiente, según informó El Diario de La Pampa. Fuentes cercanas al caso confirmaron que se trata de un deceso por causas naturales y que no existe ninguna circunstancia extraña en el hecho.

Perano había iniciado su segundo mandato como diputada provincial el 10 de diciembre de 2025, en representación del departamento Juan Martín de Pueyrredón, bajo la bandera del Frente Ahora San Luis. Su primer mandato había comenzado en diciembre de 2021, cuando fue electa bajo el ala de “Unidos por San Luis”, la fuerza liderada por el gobernador Claudio Poggi, quien también le dedicó un sentido mensaje.

“De manera inesperada y con profundo dolor despido hoy a la LUCHI. Luciana Perano era Diputada Provincial por el Frente Ahora San Luis, dirigente de Avanzar, y excelente madre, esposa y amiga. Mi pésame para Martín, sus hijos y demás familia. Te vamos a extrañar Luchi QDEP”, escribió en su cuenta de X el mandatario provincial.

Su participación en la política

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, se había desempeñado como concejal en la ciudad de La Punta, donde compartió bloque con el legislador Luciano Ayala.

En el plano institucional, presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales e integraba la Comisión Bicameral Permanente de Control de Legalidad de Ordenanzas Dictadas por Intendentes Comisionados Municipales. En los últimos tiempos, su actividad parlamentaria estuvo centrada en el impulso a la creación del municipio del Suyuque.

Perano estaba casada con Martín Olivero, senador provincial y ex intendente de La Punta, también oriundo de Parera, con quien se encontraba en la localidad pampeana al momento de su muerte.

En noviembre del año pasado, la legisladora estuvo al frente de la exposición de los puntos centrales del proyecto durante la sesión en la que la Cámara de Diputados de San Luis aprobó, por unanimidad, la reducción de la feria judicial en la provincia. La votación arrojó 27 votos afirmativos y ninguno negativo.

Durante su intervención señaló que la elaboración de la nueva ley contó con el consenso de los distintos bloques y que todos los sectores involucrados coincidieron en la necesidad de garantizar el acceso de la población al servicio de Justicia. También subrayó que, desde el bloque Cambia San Luis y en conjunto con los espacios que respaldan al gobierno provincial, continuarían impulsando iniciativas para reducir la mora y perfeccionar el funcionamiento de los tribunales en la provincia.

La sesión también contó con la intervención de la presidenta del bloque oficialista, Eugenia Gallardo, quien enfatizó la importancia de la reforma para combatir la lentitud en la resolución de causas. “La mora judicial es un problema que nos aqueja, es un problema que hace que la justicia sea menos accesible para quienes la necesitan. Una justicia cuando es lenta, cuando es ineficiente, cuando es ineficaz, no es justicia”, expresó, según palabras reproducidas por el área de prensa de la Legislatura provincial.

El proyecto tuvo su origen en una serie de acuerdos entre el gobernador Claudio Poggi, el vicegobernador Ricardo Endeiza, el presidente de la Cámara, Alberto Leyes, los presidentes de los bloques oficialistas de ambas cámaras y representantes de los colegios de abogados, magistrados, empleados judiciales y el Colegio Forense.

La nueva normativa estableció que la feria judicial se desarrollará en dos semanas durante enero y una semana a mitad de año, cuyas fechas fijará el Superior Tribunal de Justicia. Durante esos períodos, los plazos procesales quedarán suspendidos, aunque se garantizará la atención de asuntos urgentes a través de magistrados y funcionarios designados por la autoridad judicial.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recortó su proyección de liquidación de divisas del agro para 2026 hasta los USD 34.897 millones, unos USD 1.200 millones por debajo de la estimación que la misma entidad había publicado en mayo, cuando la cifra trepaba a USD 36.111 millones. La revisión a la baja responde exclusivamente a la caída en los precios internacionales de los productos de exportación del sector, ya que los volúmenes proyectados no registraron cambios y se espera una cosecha récord para la plaza local.

El nuevo número se ubica levemente por debajo de los USD 36.164 millones que el agro liquidó en 2025, al computar tanto lo operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) como lo canalizado a través del mercado de Contado con Liquidación. El ajuste representa un giro respecto del optimismo de mayo, cuando la BCR había elevado su previsión en USD 800 millones frente a abril, impulsada por una mayor producción esperada de soja y maíz y por mejores cotizaciones en los mercados globales.

El informe del GEA-BCR, firmado por los economistas Rodríguez Zurro y Julio Calzada, precisó que las hojas de balance de granos y derivados no presentaron modificaciones en los volúmenes a exportar respecto del mes anterior. El factor detrás del recorte fue, por lo tanto, la presión bajista sobre las cotizaciones de los principales productos del complejo agroexportador.

En el acumulado hasta junio, el agro liquidó un estimado de USD 15.768 millones, un 14% por debajo de los USD 18.303 millones del mismo período de 2025. La BCR atribuyó esa brecha a dos distorsiones del año anterior: la reducción temporaria de derechos de exportación vigente durante el primer semestre de 2025, que adelantó ventas y elevó artificialmente la base de comparación, y la eliminación temporaria de retenciones de septiembre de 2025, que concentró ingresos en ese mes y deprimió las liquidaciones en los meses siguientes, con un efecto que se extendió hasta los primeros meses de este año.

La entidad rosarina señaló que entre abril y mayo de 2026 esa distorsión se habría disipado. El sector agroexportador acumuló ocho meses consecutivos de reducción de la deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones, dato que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su informe mensual del mercado de cambios.

Para la BCR, ese indicador sugiere que el efecto de adelantamiento derivado del régimen de septiembre ya se diluyó y que el flujo de divisas de la cosecha 2025/26 al MLC se sostiene por encima del promedio del último lustro.

Los datos de junio, publicados la semana pasada por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), aportaron una señal de estabilización. El sector liquidó USD 3.007 millones en ese mes, un 12% más que en mayo, aunque un 18% por debajo de igual mes del año anterior. El acumulado de CIARA-CEC al cierre de junio alcanzó USD 13.378 millones, con una caída del 13% frente al mismo período de 2025.

Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, describió el desempeño como “un año normal en términos históricos”. “El inicio de la cosecha de soja entre mayo y junio está ratificando que vamos a tener un año estable y bastante estandarizado en cuanto a ingreso anualizado de divisas en todos los meses”, sostuvo. Idígoras descartó que haya condiciones excepcionales que puedan alterar ese ritmo y reiteró que las diferencias con 2025 obedecen a los precios internacionales y al programa excepcional de divisas de octubre pasado.

La proyección de CIARA-CEC para el total del año se ubica en USD 35.375 millones, algo por encima de los USD 34.897 millones de la BCR, pero ambas estimaciones convergen en un escenario de ingreso de divisas inferior al de 2025. La baja escalonada de retenciones anunciada a principios de junio —que alcanza al trigo, la cebada, el maíz, el sorgo, el girasol y, en forma gradual a partir de 2027, a la soja— aparece como el principal factor que podría modificar ese panorama en los próximos meses.

Cómo será el nuevo cronograma de baja de retenciones

A comienzos de junio, el presidente Javier Milei anunció en el acto de la Bolsa de Cereales una baja de los derechos de exportación del trigo y la cebada, que pasaron del 7,5% al 5,5%. Además, confirmó que desde enero de 2027, y condicionado a los resultados de la recaudación, el Gobierno reducirá entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales por mes las retenciones a la soja. “Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, declaró el mandatario.

El sector recibió el anuncio con expectativas. Las entidades agroindustriales vienen reclamando desde hace tiempo la eliminación total de las retenciones, compromiso que Milei había asumido al llegar al Gobierno. Tras algunos pasos en esa dirección durante 2025, la caída de la recaudación en términos reales llevó al Ejecutivo a priorizar el objetivo de déficit cero y la reducción de la inflación, lo que frenó cualquier medida con costo fiscal hasta este nuevo anuncio.

El impacto presupuestario de la medida fue cuantificado por distintas instituciones. La BCR estimó que el costo fiscal de la baja para la campaña en curso alcanza los USD 29 millones. Para 2027, la Fundación Mediterránea proyectó una menor recaudación de entre USD 390 y USD 690 millones, equivalente a entre el 0,06% y el 0,10% del PBI. “El costo luce manejable si se sostiene el orden fiscal y parte se compensa con mayor actividad económica”, señaló el informe de esa entidad.

El régimen de Irán inició este lunes en Teherán la procesión fúnebre del líder supremo Ali Khamenei, abatido el 28 de febrero durante el primer día de la guerra en Medio Oriente, en una ceremonia marcada por un amplio operativo de seguridad, la presencia de miles de personas y la ausencia pública de su sucesor, Mojtaba Khamenei.

Tras permanecer dos días en capilla ardiente en el complejo religioso de la Gran Mosalla de Teherán, el féretro comenzó su recorrido por la capital iraní acompañado por una multitud de fieles, según informó la televisión estatal. Las autoridades esperan que la convocatoria alcance dimensiones comparables a las del funeral del ayatolá Ruhollah Khomeini en 1989, cuando, de acuerdo con la agencia estatal IRNA, asistieron alrededor de 10 millones de personas.

Los asistentes comenzaron a concentrarse en la plaza Imam Hussein, en el este de Teherán, donde, según los medios estatales, colgaron una efigie del presidente estadounidense Donald Trump.

El dispositivo de seguridad incluyó enormes muros de hormigón alrededor del féretro para impedir estampidas. Las autoridades buscan evitar los incidentes registrados durante el funeral de Khomeini, cuando una multitud rodeó el vehículo que trasladaba el cuerpo, rasgó la mortaja y obligó a utilizar un helicóptero para completar el traslado hacia el lugar del entierro. Aquellos disturbios dejaron más de diez muertos y más de 10.000 heridos.

Las ceremonias también constituyen una oportunidad para que las autoridades iraníes proyecten una imagen de estabilidad después de cinco semanas de guerra con Israel y Estados Unidos. El conflicto permanece en pausa tras un alto el fuego y un acuerdo inicial con Washington, aunque ambas partes advirtieron que están dispuestas a reanudar las operaciones militares.

Miles de personas pasaron el domingo por la Gran Mosalla para rendir homenaje a Khamenei y a cuatro integrantes de su familia, quienes también murieron el 28 de febrero en ataques aéreos israelíes basados en información de inteligencia estadounidense, según las autoridades iraníes.

La procesión de este lunes forma parte de un programa de ceremonias que continuará el martes en la ciudad santa de Qom, seguirá el miércoles en las ciudades iraquíes de Nayaf y Karbala, y concluirá el jueves con el entierro de Khamenei en su ciudad natal de Mashhad, en el noreste del país.

Uno de los aspectos que más atención concentra es la ausencia pública de Mojtaba Khamenei. Aunque fue designado líder supremo poco después del asesinato de su padre, todavía no apareció ante la población. Las autoridades sostienen que resultó herido durante los ataques aéreos, aunque no informaron la gravedad de sus lesiones.

En contraste, tres de los hijos de Ali Khamenei participaron el domingo en los actos fúnebres, una aparición poco habitual dentro de la familia del fallecido líder.

Entre las principales figuras presentes también estuvo el nuevo comandante de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, cuyo antecesor murió en los ataques del 28 de febrero. Vahidi participó por segunda vez en las ceremonias, después de permanecer fuera de la escena pública durante el desarrollo de la guerra.

Asimismo, reapareció Esmail Qaani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y responsable de las operaciones exteriores de ese cuerpo militar, en otra presencia poco frecuente desde el inicio del conflicto.

Las ceremonias también dejaron en evidencia algunas ausencias dentro del escenario político iraní. Ninguno de los expresidentes que mantienen diferencias con Khamenei asistió hasta el momento a los homenajes públicos encabezados por el presidente Masoud Pezeshkian.

Durante los actos, dirigentes iraníes buscaron destacar la movilización popular. El presidente del Parlamento y principal negociador con Estados Unidos, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que la “orgullosa e invencible nación del Irán islámico rindió homenaje unánimemente” a su “mártir“.

El gobierno también procura exhibir respaldo interno después de las protestas masivas de enero, cuya represión, según organizaciones de derechos humanos, dejó miles de muertos.

A las ceremonias asistieron además delegaciones de Hamás y Hezbollah, organizaciones respaldadas durante años por Teherán en el marco de la política regional impulsada por Khamenei, quien gobernó la República Islámica durante más de tres décadas y media y mantuvo una línea de confrontación con Occidente durante su mandato.

(Con información de AFP)

El ataque ruso contra la región de Kiev dejó al menos diez muertos y decenas de heridos este lunes, en la víspera de la cumbre de la OTAN en Ankara, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse con su par ucraniano, Volodimir Zelensky, para abordar la guerra.

Las autoridades ucranianas informaron que Rusia lanzó misiles balísticos contra la capital y sus alrededores durante la madrugada. El ataque constituyó el segundo bombardeo contra la zona de Kiev en menos de una semana y reflejó el aumento de las ofensivas de largo alcance por parte de ambos bandos, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala.

El jefe de la administración militar de la región de Kiev, Tymur Tkachenko, confirmó el ataque a través de Telegram. “El enemigo ataca con misiles balísticos“, escribió. Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que los sistemas de defensa aérea entraron en funcionamiento y pidió a la población permanecer en los refugios mientras continuaba la amenaza.

Según Tkachenko, el bombardeo provocó cuatro incendios en edificios residenciales. “Lugares donde la gente simplemente dormía esta noche“, expresó el funcionario.

Las autoridades indicaron que diez personas murieron en la ciudad de Kiev y otra en el distrito de Bucha, al noroeste de la capital. Además, al menos 46 personas sufrieron heridas en Kiev y sus alrededores (entre ellos cinco niños heridos).

Frente a la magnitud del ataque, Tkachenko sostuvo: “No hay palabras que puedan aliviar este dolor. Lamentablemente, este no es el balance final. Las operaciones de rescate continúan“.

El bombardeo ocurrió mientras aumentan los ataques de largo alcance entre ambos países. En las últimas semanas, Ucrania intensificó sus ofensivas contra instalaciones energéticas dentro del territorio ruso con el objetivo de afectar la capacidad logística y militar del Kremlin. También alcanzó zonas de Ucrania bajo control de Moscú desde antes de la invasión iniciada en 2022.

En la península de Crimea, anexada por Rusia, el gobernador Mikhail Razvozhayev informó que un ataque ucraniano cerca de Sebastopol interrumpió temporalmente el suministro eléctrico.

“Tras un ataque enemigo contra la infraestructura energética cerca de Sebastopol, nuestra ciudad quedó temporalmente sin electricidad“, escribió Razvozhayev en Telegram.

En tanto, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó que las defensas aéreas rusas derribaron varias oleadas de drones que se dirigían hacia la capital rusa.

El nuevo episodio de violencia coincidió con los preparativos para la cumbre de la OTAN que comenzará este martes en Ankara. La Casa Blanca confirmó que Trump mantendrá una reunión con Zelensky el miércoles para analizar el conflicto.

Un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato con la agencia AFP, explicó el objetivo del encuentro. “El presidente obviamente se reunirá con él para hablar sobre cómo podemos poner fin a la guerra. Esa ha sido una prioridad suya durante mucho tiempo“, afirmó.

La misma fuente indicó que, después de la reunión con Zelensky, Trump conversará con Vladimir Putin para intentar reactivar los contactos diplomáticos, que permanecen estancados desde hace varios meses.

Mientras tanto, los combates continúan en el este de Ucrania. Zelensky aseguró el domingo que las fuerzas ucranianas mantienen la defensa de la ciudad estratégica de Kostiantinivka, considerada un punto clave para el control de posiciones en la región de Donetsk.

Rusia afirmó el viernes que tomó esa localidad, aunque Kiev rechazó esa versión.

“Los combates también continúan por Kostiantinivka, que Putin ya reclamó como suya, pero es evidente que nunca se atreverá a aparecer allí“, declaró Zelensky en su mensaje nocturno.

El presidente ucraniano también advirtió que Moscú prepara nuevos ataques de gran escala antes del inicio de la cumbre de la OTAN.

Dos días antes del bombardeo contra Kiev, Trump habló por teléfono por separado con Putin y Zelensky en el marco del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos. Esos contactos precedieron a una nueva ronda de gestiones diplomáticas que Washington intentará impulsar durante la reunión de la alianza atlántica, mientras los enfrentamientos continúan tanto en el frente como en ataques de largo alcance sobre territorio ruso y ucraniano.

(Con información de AFP)

Este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, va a presentar el programa financiero hasta 2027. En esencia, se trata del detalle de cómo va a cubrir los vencimientos en moneda extranjera que tiene el Tesoro hasta el final del mandato de Javier Milei. Y si bien el equipo económico guarda bajo siete llaves los detalles, en las últimas semanas comentaron algunos de los instrumentos que negociaron para cubrir los más de USD 30.000 que vencen hasta diciembre del año próximo.

El programa financiero que el equipo económico va a anunciar responde a una exigente agenda de pagos. De acuerdo con la consultora 1816, los vencimientos de deuda en moneda extranjera entre junio de 2026 y diciembre de 2027 ascienden a USD 30.700 millones. El Gobierno enfrenta obligaciones escalonadas: en los meses que quedan de 2026, debe cubrir USD 7.400 millones, mientras que en 2027 el monto sube a USD 23.300 millones.

En el desglose de los vencimientos para 2026, USD 3.900 millones corresponden a Globales y Bonares en manos de privados, USD 2.000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), USD 200 millones al Club de París y USD 1.400 millones en Repos por el Banco Central (BCRA). Para 2027, la carga más pesada recae sobre los bonos Globales y Bonares, con USD 10.400 millones en manos de privados, y sigue con USD 5.900 millones al FMI, USD 300 millones al Club de París, USD 1.500 millones en Bopreales y USD 5.200 millones en Repos del BCRA.

Frente a este panorama, el Gobierno ya aseguró una parte del financiamiento. Al 1 de julio, el Tesoro reunió USD 3.904 millones mediante licitaciones de Bonares y las compras que realizó en los últimos días, recursos depositados en el Banco Central. Además, logró la confirmación de garantías internacionales del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aguarda por la aprobación de una más por parte del directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) el 22 de julio, lo que permite acceder a financiamiento privado a seis años de plazo por casi USD 4.000 millones.

Otro movimiento relevante tuvo lugar el viernes pasado, cuando el Banco Central canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) por USD 6.000 millones y acordó una nueva operación, también por USD 6.000 millones, con diez bancos internacionales y vencimiento en septiembre 2028. Según la consultora 1816, al sumar los recursos del Tesoro, las garantías internacionales y el probable rollover de los REPO, el país contaría con USD 13.100 millones para enfrentar los próximos compromisos.

De esta manera, resta financiar aún USD 17.600 millones para cumplir con la totalidad de los vencimientos previstos hasta diciembre de 2027. La atención se concentra en la estrategia que presentará este lunes el equipo económico para cerrar esa brecha y evitar tensiones en el frente externo durante el año electoral en donde el presidente Milei va a buscar la relección.

Con apoyo de Estados Unidos

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, anticipó algunos lineamientos en el streaming Carajo. Explicó que se trata de un “programa financiero conservador” en cuanto a supuestos, colocaciones y fuentes de financiamiento, y que incluirá “opcionalidades” para adaptarse a distintos escenarios. Según Furiase, “es un programa financiero muy conservador en lo que tiene que ver con los supuestos, las colocaciones y las fuentes de financiamiento que se van a hacer 2027. Muestra el armado de colchones, de buffers con el que llegamos a 2027”.

Como una novedad, el funcionario subrayó que el esquema contará con el apoyo de Estados Unidos, como en la elección legislativa de 2025. En palabras de Furiase, el objetivo es “llegar con muchos más dólares en el Banco Central, con todos los vencimientos en dólares cubiertos anticipadamente, con muchos de los vencimientos en pesos ya pasados para octubre de 2027 y con la cantidad de dinero muy baja. En resumen, llegar con un Banco Central con muchos dólares y con pocos pesos que te puedan atacar, con los fundamentos sólidos y el respaldo de Estados Unidos, como tuvimos antes”.

Impacto en el riesgo país

La expectativa torno al efecto inmediato del anuncio en los mercados y para eso es clave conocer la hora en que se llevará a cabo. Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron que no esta definido. Aunque el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, señaló en la red social X que la comunicación oficial será premarket.

Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por este medio insistieron en que el diseño del programa busca disipar la preocupación que existe en el mercado sobre los pagos de deuda previstos para 2027. “Nunca sabes qué va a pasar con la reacción del mercado. El programa es bien conservador, pero desmitifica el problema del 2027. Todo está financiado y 2027 es más fácil que este año. Si el mercado espera algo difícil, la reacción tiene que ser positiva”, afirmaron en off the record.

El viernes el riesgo país bajó cerró en 415 p.b. marcando un nuevo mínimo en lo que va de gestión de Javier Milei y desde 2018. La expectativa esta en si con el anuncio de próximo lunes, el indicador de JP Morgan no baje al terreno de los 300 p.b. y se abra el “portón” que buscaban en el Ministerio de Economía para salir a colocar al mercado internacional.

El programa financiero que presentará Economía apunta a responder a las inquietudes de analistas e inversores respecto a la magnitud de los compromisos que se concentran en el año 2027.

Según Furiase, el mensaje principal será mostrar que los vencimiento del año próximo, sobre el que muchos economistas e inversores están poniendo el foco, serán financiados. “Lo que vamos a mostrar es que, producto de todas las estrategias financieras en las que venimos trabajando, está completamente cerrado no solo el 2026 y el 2027, y que además el 2027 va a ser menos desafiante en términos de las fuentes de financiamiento que tenemos que desarrollar, y eso es producto de los colchones que ya estamos armando”, aseguró.

Mientras persisten las dudas sobre el compromiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la defensa colectiva de la OTAN, los aliados llegan a la cumbre que la alianza celebrará esta semana en Ankara con un objetivo compartido: avanzar hacia una mayor autonomía europea en materia de defensa sin romper el vínculo transatlántico. El debate se desarrolla en un contexto marcado por el giro estratégico de Washington, que exige a los países europeos asumir un papel más relevante en la seguridad del continente.

El encuentro de los líderes de los 32 países miembros tendrá como uno de sus ejes centrales la redistribución de responsabilidades dentro de la alianza. Aunque Estados Unidos continúa como la principal potencia militar de la OTAN, tanto Washington como las capitales europeas coinciden en que Europa deberá aumentar su capacidad para responder a las amenazas de seguridad.

Desde el regreso de Trump a la presidencia, la administración estadounidense reforzó su mensaje de que Europa debe liderar la defensa del continente mientras Estados Unidos concentra más recursos en otras regiones del mundo. Ese planteo se suma a las críticas que el mandatario expresó en reiteradas oportunidades hacia la alianza y hacia los socios europeos.

Las declaraciones del presidente estadounidense también incluyeron cuestionamientos a los aliados por su respuesta durante la guerra con Irán, además de nuevas dudas sobre el alcance del compromiso de Washington con el Artículo Cinco del tratado de la OTAN, que establece la defensa colectiva en caso de un ataque contra uno de sus miembros.

Los mensajes políticos fueron acompañados por decisiones dentro del ámbito militar. En mayo, Washington anunció el retiro de 5.000 soldados desplegados en Alemania y la cancelación de un despliegue previsto en Polonia, aunque posteriormente modificó esa decisión. Más tarde, el Pentágono informó a sus aliados que reduciría parte de los recursos militares asignados a la OTAN e inició una revisión de seis meses sobre la presencia de sus fuerzas en Europa.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, resumió la posición del Gobierno al afirmar: “Estamos redoblando nuestros esfuerzos para que la OTAN sea lo que siempre debió ser: una alianza equilibrada con Europa a la cabeza en su propia defensa”.

La presión de Washington coincidió con un proceso de incremento del gasto militar europeo que comenzó tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Ese escenario impulsó a los gobiernos del continente a acelerar los planes de inversión en defensa después de décadas de presupuestos reducidos.

En la última cumbre de la alianza, los países miembros acordaron elevar el gasto relacionado con la defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2035. La medida busca reforzar las capacidades militares europeas y reducir la dependencia de los recursos estadounidenses.

Un diplomático europeo, que habló bajo condición de anonimato con la agencia AFP, definió el momento como un cambio histórico dentro de la organización. “Se está produciendo una auténtica revolución en la alianza”, sostuvo. Además, agregó: “Este cambio de responsabilidades que hemos decidido transformará radicalmente esta alianza”.

Aunque Estados Unidos continúa como el mayor inversor militar de la OTAN, los países europeos y Canadá proyectan aumentar sus presupuestos hasta acercarse al nivel de gasto estadounidense durante los próximos años.

Entre los principales impulsores de esa estrategia figura Alemania, que elevó significativamente sus inversiones en defensa, mientras que varios países ubicados en el flanco oriental de la alianza, próximos a Rusia, ya destinan recursos cercanos al objetivo fijado por la OTAN.

Especialistas consideran que el cambio responde a una transformación estructural más amplia que trasciende la actual administración estadounidense. Claudia Major, investigadora del German Marshall Fund, afirmó: “No se trata de Trump. Es un cambio estructural a largo plazo”. También señaló: “Se puede moldear, pero no evitar”.

La analista indicó además que Europa ya puede cubrir algunas capacidades que antes dependían exclusivamente de Estados Unidos, aunque reconoció que reemplazar activos estratégicos, como los sistemas de misiles de largo alcance, demandará más tiempo. En ese sentido, explicó: “Está muy claro que el papel de Estados Unidos está cambiando de todos modos, y la principal esperanza es controlar los daños y lograr previsibilidad”.

Pese al cambio de orientación política y a las discusiones dentro de la alianza, la presencia militar estadounidense en Europa continúa siendo significativa. Actualmente, Estados Unidos mantiene alrededor de 80.000 soldados desplegados en el continente, mientras el paraguas nuclear estadounidense sigue como el principal elemento de disuasión para la seguridad europea.

Dentro de la estructura militar de la OTAN también comenzaron algunos cambios. Los europeos pasaron a dirigir todos los cuarteles generales regionales de la organización, aunque Estados Unidos conserva el control de las principales fuerzas aéreas, terrestres y marítimas de la alianza.

Un segundo diplomático europeo resumió esa evolución con una proyección sobre el futuro de la organización. “La alianza se está transformando poco a poco. En un par de años, Europa será mucho más relevante”, afirmó.

Por el momento, los gobiernos aliados descartan sustituir la OTAN por un sistema exclusivamente europeo. Según fuentes diplomáticas, la declaración prevista para la cumbre de Ankara buscará reforzar el concepto de una “Europa más fuerte en una OTAN más fuerte”, con el propósito de mantener el compromiso de Estados Unidos con la seguridad del continente.

En paralelo, varios países europeos estudian una integración más estrecha de Ucrania dentro de la arquitectura de seguridad regional, aprovechando la experiencia adquirida por sus Fuerzas Armadas durante la guerra. Sin embargo, ante el bloqueo del ingreso de Kiev en la OTAN, esos esfuerzos permanecen enfocados principalmente en el proceso de adhesión ucraniana a la Unión Europea.

(Con información de AFP)

En el comienzo de una semana corta, el Gobierno vuelve a impulsar el proyecto para cambiar la ley de Inocencia Fiscal y permitir que los grandes contribuyentes también puedan adherir al régimen, con la esperanza de que las esquirlas del caso Manuel Adorni no enturbien las negociaciones.

Se trata de una de las tres medidas, junto a la reforma política y la normativa sobre Zonas Frías, que el presidente Javier Milei planteó días atrás como las primeras metas del oficialismo en esta nueva etapa tras el cambio de jefe de Gabinete.

El texto en cuestión ya está listo desde junio pasado y plantea una serie de modificaciones al sistema que el propio Poder Ejecutivo logró aprobar en el Congreso a finales del 2025.

Aunque ya fue reglamentada, la herramienta no generó el impacto que la Casa Rosada esperaba y es por eso que la cúpula libertaria decidió ampliar el universo de beneficiarios.

El nuevo proyecto, de hecho, fue consensuado con todos los colegios y agrupaciones de contadores del país, los cuales previamente habían cuestionado algunos aspectos de la ley original.

El cambio más importante que plantea ahora el Gobierno tiene que ver con quiénes pueden acceder al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, que actualmente es solo para aquellos que tienen ingresos menores a $1.000 millones al año y un patrimonio inferior a los $10.000 millones.

La iniciativa es para que también se permita la adhesión de grandes contribuyentes a esta modalidad, aunque con alcances restringidos en cuanto a los beneficios y presunciones fiscales.

El oficialismo deberá llevar ahora el tema al Congreso, como parte del primer paquete de propuestas tras la salida de Adorni del Ejecutivo.

El propio -ahora- ex jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, realizaron en mayo el trámite ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para inscribirse en el régimen de inocencia fiscal.

De esta forma, el entonces funcionario accedió a la posibilidad de declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente, sin sanciones penales ni antecedentes impositivos.

La decisión fue fuertemente cuestionada por la oposición debido a que el ministro coordinador en ese momento ya estaba siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Con Adorni afuera del Gobierno, las autoridades nacionales esperan que esa situación no sea un impedimento a la hora de tener que negociar con el resto de los bloques.

“A esta altura eso ya no está influyendo, por lo menos no en lo que respecta a la dinámica política”, sostuvo a Infobae un integrante de la cúpula libertaria.

Por el momento, sin embargo, el proyecto no comenzó a ser discutido con los otros espacios parlamentarios y tampoco tiene el respaldo de las provincias, que no fueron consultadas sobre este asunto.

“No conozco qué es lo que quieren modificar y tampoco me vino a hablar nadie por ese tema“, explicó un gobernador aliado de la Casa Rosada, que esperará a ver el texto final antes de tomar una posición.

Aunque Milei ya lo planteó como una meta a corto plazo, el Ejecutivo aún no envió la iniciativa al recinto y aún no definió por qué Cámara entrará, aunque este medio pudo saber que la opción más segura por estas horas era que ingresara por Diputados.

De todas estas cuestiones conversará la mesa política en su siguiente reunión, todavía sin fecha confirmada. Si bien el próximo encuentro estaba previsto para el martes, finalmente se suspendió porque ese día, a las 13:00, la selección argentina juega contra Egipto por los octavos de final del Mundial.

Los especialistas en la materia están presionando para que las modificaciones se traten lo antes posible, teniendo en cuenta que el vencimiento para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025 está previsto para fines de julio.

Es que, el retraso en la sanción de la nueva ley deja en suspenso a quienes evalúan adherir al régimen, por lo que los expertos advierten que la demora podría dejar contribuyentes fuera del sistema y desalentar a quienes buscan certezas antes de exteriorizar fondos.

Quienes opten por la modalidad simplificada deberán mantener la condición de residentes fiscales durante todo el período fiscal. Si ARCA detecta la pérdida de esta condición, podrá excluir al contribuyente del régimen y habilitar procesos de verificación, fiscalización, determinación de oficio y aplicación de sanciones. Esta disposición apunta a garantizar la integridad del sistema y la correcta aplicación de los beneficios del régimen.

Para los Grandes Contribuyentes Nacionales, la adhesión a la modalidad simplificada solo tendrá validez para la presentación de la declaración jurada y el pago correspondiente, sin acceso a otros efectos, presunciones o ventajas que ofrece el régimen para el resto de los pagadores de impuestos.

El proyecto también contempla la eximición de las multas previstas en los artículos 45 y 46 de la Ley N° 11.683 para quienes hayan cancelado o regularizado el tributo y los intereses antes de adherir al régimen, salvo que esas sanciones ya se encuentren firmes.

Además, la Unidad de Información Financiera (UIF) tendrá la obligación de dictar la normativa complementaria en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial.