Estados Unidos desvió 55 buques comerciales, inhabilitó dos embarcaciones y abordó otras dos desde el inicio del bloqueo naval contra los puertos y las costas de Irán, mientras más de 20 buques de guerra estadounidenses permanecen desplegados en Medio Oriente para apoyar las misiones destinadas a hacer cumplir la medida.
El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el domingo que sus fuerzas desviaron 55 buques comerciales, inhabilitaron dos y abordaron otros dos como parte de las operaciones para hacer cumplir el bloqueo contra Teherán.
“Hasta el 9 de agosto, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha desviado 55 buques comerciales, inhabilitado dos y abordado dos”, señaló la autoridad castrense.
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CENTCOM también informó que más de 20 buques de guerra estadounidenses permanecen desplegados en Medio Oriente para “apoyar misiones militares entre las cuales se incluye la aplicación estricta del bloqueo” contra Irán.
Las operaciones de las fuerzas estadounidenses se producen mientras Irán mantiene su posición sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán reiteró el sábado que Teherán solo reabrirá el estrecho cuando constate el final de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak.
El organismo iraní también condicionó la reapertura del estrecho al levantamiento de las sanciones contra la economía iraní y al pago de indemnizaciones por daños de guerra.
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La posición de Teherán se conoció después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, informara la pasada semana sobre un principio de acuerdo con Omán para gestionar de forma conjunta una nueva ruta marítima a través del estrecho de Ormuz.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo que las negociaciones con Omán sobre el tránsito y la administración del paso marítimo “se acercan a su etapa final”.
La reapertura del estrecho todavía no tiene fecha y permanece sujeta a las condiciones planteadas por Teherán. Entre ellas figuran el final de las operaciones militares contra Irán y sus aliados, el levantamiento de las sanciones económicas, la liberación de activos congelados y una compensación por los daños causados por la guerra.
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Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán ratificaron el domingo que el estrecho permanecerá bloqueado hasta que Estados Unidos acepte “todas nuestras condiciones”. La fuerza iraní también afirmó que “el estrecho es ahora para nosotros un verdadero escenario de guerra”.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las negociaciones con Teherán y afirmó: “Nos lo estamos tomando con calma”. En la misma entrevista con Axios, Trump agregó: “Solo estamos negociando a medias con ellos”.
El mandatario también vinculó la presión sobre Teherán con la situación económica interna de Irán y mencionó la inflación y las limitaciones de financiamiento del país.
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El precio del petróleo abrió al alza
Los precios del petróleo abrieron la semana con alzas por la falta de certezas sobre el futuro del estrecho de Ormuz, según la información proporcionada.
En la sesión asiática de este lunes, el Brent avanzó 1,44% hasta 84,79 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI) subió 1,08% y se ubicó en 79,29 dólares.
Desde sus oficinas del barrio de Retiro, Sergio Massa se tomó con filosofía las acusaciones del presidente Javier Milei, quien afirmó –basándose en dichos de Eduardo Bolsonaro– que el tigrense habría recibido nada menos que U$S mil millones en concepto de “ayuda” financiera durante la campaña presidencial de 2023, que terminó con el triunfo del candidato de La Libertad Avanza. “Con esa plata hubiésemos comprado los perros de Milei y también a Karina (Milei)”, retrucan cerca del ex ministro de Economía, que mientras desarrolla encuentros discretos con vecinos y distintos sectores sociales está, como toda su familia, revolucionado por la inminente presentación de la serie sobre la vida de Moria Casán, pareja de Fernando Galmarini, suegro de Massa y padre de la dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini.
Cuentan desde la familia que Casán les “ofreció” participar de algún modo de la serie de ocho capítulos, pero que todos –con prudencia- se negaron, salvo el propio Galmarini, quien aparece en los minutos finales de la biopic, que se estrena el viernes en la plataforma Netflix. La que sí ocupa un rol protagónico es la actriz Sofía Gala, hija de Casán y que interpreta a su madre en algunos de los pasajes de la serie, a su vez flamante pareja del músico de rock Fito Páez.
Contentos por la sorpresiva (¿ y provisoria?) incorporación del autor de Circo Beat a la familia, muy cerca de Massa fantasean con la posibilidad de una gran fiesta “peronista”, con la protagonista de la serie –que supo ser candidata a diputada de la mano del fallecido ex presidente Carlos Menem, en 2005-, Páez y otro músico amigo de la familia, el bailantero Pablo Lescano, líder del grupo Damas Gratis y que supo amenizar actos del Frente Renovador durante la campaña de 2013, cuando Massa le ganó a la lista kirchnerista que encabezaba, con la venia de la entonces presidenta, Martín Insaurralde.
“Algo de alegría en estos tiempos difíciles”, agregan conocedores del pensamiento de Massa, crítico del modelo económico libertario. En charlas periódicas con Cristina Kirchner y también con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, sigue intentando encontrar caminos de unidad para un peronismo convulsionado, a un año de las Paso que el Gobierno quiere suspender.
Los Midachi, otra muestra de “amplitud” política de Pullaro
Todavía sorprendidos –para bien- por el amable trató que les dispensara Karina Milei a su paso por la provincia (cesión de una ruta nacional a la provincia) en el gobierno de Santa Fe que encabeza el radical Maximiliano Pullaro preparan un acto vinculado con el humor, pero también con la política. El miércoles, el gobernador tendrá, en la casa de la provincia, su foto con el popular trío Midachi, surgido en la provincia y que lleva adelante su gira de despedida de los escenarios. A nadie en la gobernación santafesina se le escapa que dos de los tres integrantes de Midachi tuvieron y tienen identidades políticas.
Midachi confirmó su regreso luego de varios años lejos de los escenariosHernan Zenteno – La Nacion
Miguel del Sel supo ser dirigente, embajador y hasta candidato a gobernador por el Pro, y que Dady Brieva, conocido militante del kirchnerismo, sigue defendiendo a la ex presidenta Cristina Kirchner. “Somos muy amplios”, se ufanaron cerca de Pullaro, que en lo político hace equilibrio entre sus socios de coalición provincial (incluye, entre otros, al Partido Socialista), y la necesidad de conservar buenos vínculos con la administración libertaria.
Frigerio, con pies de plomo con los mundialistas entrerrianos
La euforia mundialista pegó de lleno en territorio entrerriano, donde gobierna el desarrollista Rogelio Frigerio. Cuidadoso de guardar el equilibrio, y de no ser acusado de “politizar” las victorias del seleccionado, el gobierno entrerriano organizó el homenaje en la localidad de Gualeguay al defensor Lisandro “Licha”Martínez, uno de los futbolistas más comprometidos políticamente, con algunas posturas alejadas del gobierno libertario, como la legalización del aborto, la defensa de los jubilados y contra la ley de tierras.
Lisandro Martínez festeja el triunfo contra Inglaterra. Días después fue homenajeado en su localidad, GualeguayBUDA MENDES – GETTY IMAGES NORTH AMERICA
“No sé si es K o no, pero estuvo lindo y tanto él como (Marcos) Senesi, a quien homenajeamos en Concordia, estaban agradecidos” explicó uno de los hombres clave de la administración provincial. En el homenaje en Gualeguay, donde la intendenta Dora Bogdan le entregó a Martínez el título de ciudadano ilustre, aparecieron algunas autoridades de deportes de la provincia, “pero muy bajo perfil todo, porque la idea era que sea lo más despolitizado posible y que el protagonista sea Licha”, cerró la fuente, con sana envidia por la multitud que el zaguero nacional juntó en torno a su figura.
Eyal Sela y un guiño por las Malvinas en su larga despedida
Al estilo de las interminables giras de despedida de Los Chalchaleros-un allegado le enrostró la comparación en tono de broma-el embajador saliente de Israel en Buenos Aires, Eyal Sela, fue objeto de homenajes y encuentros, en su última semana antes de regresar a casa.
El embajador saliente de Israel en Argentina, Eyal Sela.Santiago Filipuzzi
Luego de cuatro años de labor diplomática, marcada por el cruento ataque del grupo Hamas al sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, y la fuerte respuesta militar del gobierno de Benjamín Netanyahu, Sela aceptó de buen grado las palabras de elogio que diplomáticos y políticos le prodigaron, entre otros, en la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, el relacionista diplomático Ariel Blufstein, además de una despedida sin flashes ni cámaras para periodistas, organizada por la sede de la embajada israelí.
Pragmático y cuidadoso de sus palabras, Sela dejó una señal positiva en torno a la postura de Israel sobre la soberanía de las Islas Malvinas. “Lo que decimos es que apoyamos las negociaciones para encontrar una salida diplomática. Uno de los dos países quiere eso, el otro no”, lo escucharon decir al diplomático hebreo, en un inequívoco gesto de acercamiento con la posición de Argentina, socio estratégico de Israel en la gestión Milei.
La salida de Raimondi, un meditado “hasta luego”
Llegó el domingo, y con él la anunciada despedida de Daniel Raimondi, el embajador argentino en Brasil, damnificado por la trifulca verbal entre los presidentes Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, con las elecciones en Brasil como telón de fondo. Cuentan conocedores de la sede diplomática que las últimas palabras de Raimondi a su personal fueron medidas, sin dramatismo y con un deseo apenas escondido: volver lo antes posible a Brasilia. “Contó que continuará manejando el vínculo desde la Cancillería, y que piensa volver después de las elecciones”, contó una discreta fuente diplomática.
Daniel Raimondi, embajador argentino en Brasil, de regreso a Buenos Aires por disposición del gobierno brasileñoArchivo
Con Emilia Cortés-diplomática de carrera como Raimondi, aunque con menos experiencia- a cargo formalmente de la relación diplomática, quien quedó a salvo del enojo brasileño fue Luis María Kreckler, cónsul en San Pablo y a quien voces internas señalaban como el promotor de la visita de Milei a San Pablo que incluyó aquel apoyo a Flávio Bolsonaro que derivó en el escándalo bilateral. “Dejan un puente ahí, los brasileños no son tontos”, especuló otra alta fuente diplomática, conocedora de la alta estima que Karina Milei siente por el experimentado embajador Kreckler.
Un choque ocurrió el viernes en la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 129, entre una camioneta y una combi que trasladaba a estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Trenque Lauquen. Ocurrió en provincia de Buenos Aires. Un hombre murió y hay 10 heridos.
Todo ocurrió cuando la combi que circulaba en sentido descendente y una camioneta que iba en sentido opuesto impactaron de frente. Hasta el momento, las causas del accidente son materia de investigación.
Ambos vehículos quedaron totalmente destrozados y todas las personas a bordo resultaron heridas. Entre las víctimas, hay dos personas que están graves.
Así quedaron los vehículos luego del accidente. (Foto: gentileza DataTrenque).
Mientras tanto, los otros siete jóvenes que viajaban en la combi presentaron lesiones leves. Carlos Horacio Castillo, que iba como acompañante en la camioneta, murió este domingo. El conductor Fernando Óscar Conter está fuera de peligro.
El medio local Brújula 24 informó que todas las víctimas fueron trasladadas al Hospital Municipal de Pigüé, donde fueron asistidos de inmediato y los médicos determinaron la gravedad de las heridas.
Por el accidente empezó una investigación por “lesiones culposas”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Saavedra y la Estación de Policía de Seguridad Departamental de Pigüé, que trabajan para determinar la mecánica del hecho.
El jefe de Gobierno porteño defendió la media sanción de Ley Inviolabilidad de la Propiedad Privada
09 Ago, 2026 10:20 p. m. EST
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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, defendió este domingo el accionar de la Policía de la Ciudad en los operativos frente al Congreso durante la marcha del jueves último y vinculó esa política con su ofensiva contra las usurpaciones en Buenos Aires: dijo que no permitirá que “transformen a la Ciudad en lo peor del Conurbano”, sostuvo que la actuación policial fue “legítima” y afirmó que la clave no está en nuevas normas de propiedad privada sino en la decisión política para hacer cumplir la ley, aunque admitió que una nueva legislación es “bienvenida”.
En el plano partidario, en una entrevista con La Nación+, Macri dijo que el PROadoptará una postura común porque es “un partido nacional” y advirtió que no hay que “dejarse engañar por el peronismo”. También pidió evitar divisiones entre los sectores que buscan frenar un regreso del kirchnerismo.
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Sobre la posibilidad de que Patricia Bullrich le dispute la Jefatura de Gobierno porteño el año próximo, respondió: “Está buenísimo. La competencia saca lo mejor de cada uno de nosotros”.
Al profundizar acerca del trabajo de la Ciudad en el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente, el jefe de Gobierno sumó un dato concreto: aseguró que la Ciudad recuperó 901 propiedades usurpadas y señaló que la última intervención fue en una vivienda ocupada por una familia boliviana que, según describió, alquilaba habitaciones y había montado un taller ilegal con trabajo esclavo.
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Macri extendió esa idea a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado. Dijo que, a su juicio, esa garantía “ya está” en la Constitución, aunque consideró “bienvenida” la nueva norma y respaldó la posibilidad de avanzar con desalojos exprés.
El planteo del jefe de Gobierno unificó dos escenas que en su diagnóstico responden a la misma lógica: la violencia en la calle y la ocupación ilegal de inmuebles. En ambos casos, atribuyó el resultado a la firmeza del Estado, a la coordinación con la Justicia y a una decisión oficial de intervenir donde antes, según sostuvo, se toleraba el deterioro.
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Al describir la política de desalojos, Macri dijo que la recuperación de inmuebles no se explica por un cambio de leyes ni de jueces, sino por una conducta distinta del Gobierno porteño. “Cuando hay decisión política, se puede combatir la usurpación. La ley nacional ayudará sin duda, pero si no hay decisión política después de cada actor involucrado, no alcanza”, afirmó.
En ese tramo, agregó que la ocupación de viviendas no se limita a la vulneración de la propiedad privada, sino que arrastra otros delitos. “En cada lugar que se usurpa se instala el mal. Desde ahí se vende droga, hay trabajo esclavo, se instalan los que roban, los que salen y aprietan gente”, dijo.
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Macri también describió el impacto barrial de esas ocupaciones. “Vivir al lado de una vivienda usurpada es una catástrofe. Vivir en la misma cuadra es un problema. Son violentos, son agresivos”, sostuvo.
Según explicó, en cada procedimiento participan la Policía, la Justicia, equipos de desarrollo humano, guardia de auxilio y áreas de rescate animal. Dijo que esa estructura busca actuar frente a eventuales resistencias, proteger a niños y atender riesgos de derrumbe o incendio en propiedades que, de acuerdo con su descripción, suelen estar muy deterioradas.
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En esa misma argumentación, insistió en que antes existían las mismas herramientas legales. “Son las mismas leyes, los mismos jueces, lo que cambió es la decisión política”, dijo. Luego, detalló que, cuando el Gobierno muestra voluntad de avanzar, fiscales y jueces acompañan más activamente los desalojos.
Sobre los incidentes del jueves frente al Congreso durante la sesión del Senado por la ley de tierras, Macri dijo que hubo “plena coordinación” entre las fuerzas de seguridad de la Ciudad y las nacionales. Precisó que la administración nacional se ocupa de los “objetivos federales”, como Plaza de Mayo, Casa Rosada, Plaza de los Dos Congresos y el Congreso, mientras la Ciudad toma el segundo y el tercer anillo de seguridad.
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En ese marco, rechazó que lo ocurrido pueda leerse como una manifestación pacífica. “Acá estamos enfrentando a delincuentes. Esto no es una marcha pacífica. No se confundan”, afirmó.
Macri sostuvo que las ideas se discuten “dentro del Congreso” y que, si alguien quiere manifestarse afuera, debe hacerlo de manera pacífica. También señaló que varios de los detenidos cuentan con antecedentes. “No es que a los que agarrás son pibes, que es la primera vez que hacen algo de esto. Veinte, treinta, cuarenta antecedentes”, aseguró.
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Frente a las críticas de la oposición, el jefe de Gobierno defendió la respuesta estatal y respaldó a la Policía de la Ciudad. “El accionar de la policía es legítimo”, dijo, y añadió que los operativos se realizan con fiscales, centros de comando, cámaras y registros filmados que luego permiten detener y procesar a los involucrados.
En la formulación política más dura de la entrevista, conectó esos hechos con su disputa por el orden urbano. “Nosotros no vamos a dejar que transformen a la Ciudad en lo peor del conurbano”, afirmó. Luego acusó a sectores políticos y sociales de querer “romper la Ciudad” porque “no logran que sus municipios estén bien” ni que “la provincia esté bien”.
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Pese a esa reserva, respaldó la iniciativa por su posible efecto práctico. Dijo que garantizar la propiedad privada puede traducirse en “más inversión”, “más desarrollo” y “más acceso a la vivienda”, y vinculó ese razonamiento con su crítica a la derogada ley de alquileres, que, según su lectura, redujo la oferta y empujó los precios hacia arriba.
En la misma respuesta, calificó la media sanción como “un avance” y remarcó que resulta positivo que pueda haber desalojos exprés. De todos modos, volvió a subordinar la eficacia de cualquier norma a la capacidad del poder político para aplicarla.
En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gobierno sostuvo que la Ciudad pasó de recaudar USD 10 millones por año a proyectar USD 140 millones este año por el cobro de prestaciones de salud a extranjeros,obras sociales y prepagas. Afirmó que todo ese dinero se invierte en el sistema sanitario.
Sobre educación superior, dijo que la universidad pública debe dar un debate “con profundidad” sobre los aranceles y que cada institución puede fijar su postura. Recordó que hay posgrados que ya se cobran y defendió el criterio de reciprocidad para estudiantes extranjeros: “Si un extranjero va a estudiar a otro país y tiene que pagar por los estudios en la universidad, ¿por qué alguien que viene de ese país y estudia en el nuestro tiene que ser gratuito?”.
Un joven fue detenido tras un accidente de tránsito registrado durante las primeras horas de la noche en la intersección de avenida Artigas y Torres Vilches, en La Paz. El motociclista, de 19 años, habría intentado escapar después del choque y, al ser interceptado, presuntamente agredió a golpes de puño a un efectivo policial.
Personal de Comisaría Primera acudió al lugar tras recibir el aviso por el siniestro. Al arribar, los uniformados observaron que uno de los funcionarios se encontraba forcejeando con el joven, quien permanecía sobre la motocicleta involucrada en el hecho.
De acuerdo con el reporte policial, el motociclista intentaba retirarse y habría agredido físicamente al efectivo mediante golpes de puño mientras procuraba darse a la fuga. Ante esa situación, fue reducido por los agentes.
Cómo ocurrió el accidente de tránsito
Las primeras averiguaciones permitieron establecer que el siniestro involucró a un automóvil conducido por un hombre de 73 años y a la motocicleta en la que circulaba el joven de 19.
Ambos vehículos transitaban por avenida Artigas en sentido este-oeste. Según la reconstrucción preliminar, cuando el automóvil realizó una maniobra fue impactado por la motocicleta en el sector lateral izquierdo trasero.
Como consecuencia de la colisión, uno de los cristales del automóvil resultó dañado. Tras el impacto, el motociclista habría intentado abandonar el lugar, pero fue interceptado por los funcionarios policiales.
El joven quedó detenido y retuvieron la motocicleta
La situación fue comunicada a la Unidad Fiscal de La Paz, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones.
La Fiscalía dispuso la detención del joven de 19 años, quien posteriormente fue trasladado y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.
Además, los funcionarios procedieron a la retención de la motocicleta involucrada en el siniestro debido a que, según se informó oficialmente, carecía de la documentación correspondiente.
El Senado aprobó el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que introduce nuevas restricciones y parámetros claros para las expropiaciones en Argentina, estableciendo cambios sustanciales en la forma en que el Estado podrá declarar la utilidad pública y determinar indemnizaciones a los propietarios afectados.
El texto, que deberá obtener el visto bueno de la Cámara de Diputados para tomar fuerza de ley, define que pueden ser objeto de expropiación “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”. Pero fija que “la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”. De esta manera, se acota el margen de discrecionalidad estatal sobre qué bienes pueden ser declarados de utilidad pública.
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La norma determina que la indemnización solo comprenderá el valor objetivo del bien, calculado a partir del valor de mercado siempre que resulte determinable, además de los daños que se deriven directamente de la expropiación. Además, aclara que “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.
El proyecto también incluye lineamientos sobre el lucro cesante. La indemnización podrá cubrir este rubro solo si se demuestra de manera objetiva y suficiente, y siempre que no implique duplicación de conceptos ni esté ya incluido en el valor objetivo del bien. Asimismo, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.
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No podrá transferirse el dominio del bien hasta que la compensación se haya abonado en su totalidad
El valor del bien se fijará tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto, hecho administrativo, legislativo o anuncio público relacionado con la expropiación. Ese monto será actualizado conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación minorista oficial, y se sumará una tasa de interés nominal anual equivalente a la de los plazos fijos tradicionales del Banco de la Nación Argentina, desde la mora hasta el pago efectivo.
El pago de la indemnización se realizará en moneda de curso legal, salvo que el expropiado acepte otra forma de pago, y no podrá transferirse el dominio del bien hasta que la compensación se haya abonado en su totalidad.
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En caso de desacuerdo sobre el valor, el monto será fijado por la Justicia. El juez deberá requerir dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación como pericia técnica, la cual no será vinculante, pero no podrá ser desestimada sin una valoración expresa y fundada. Las partes podrán aportar pruebas, designar consultores y presentar las medidas necesarias para determinar el valor objetivo. Si existe discrepancia entre el dictamen del Tribunal y otras pruebas, el juez deberá valorar el conjunto siguiendo las reglas de la sana crítica y fundamentar cualquier apartamiento del dictamen del Tribunal.
La entidad de tasaciones tendrá un plazo de noventa días para expedirse. Si ese plazo vence sin pronunciamiento, el juez podrá intimar al Tribunal a presentar el dictamen en un plazo razonable y, si persiste el incumplimiento, prescindir de él mediante resolución fundada. Las maquinarias instaladas o adheridas al inmueble serán tasadas bajo los mismos criterios que los bienes no inmuebles.
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La sentencia judicial fijará el monto de la indemnización considerando el valor a la fecha de referencia previa a cualquier acto o anuncio vinculado a la expropiación, descontando las sumas ya depositadas en juicio y actualizando según los parámetros legales. Los conceptos que integran la compensación estarán exentos de impuestos o gravámenes.
El proyecto establece la acción de expropiación irregular para aquellos casos en los que el Estado tome un bien sin haber pagado la indemnización, o cuando la declaración de utilidad pública de hecho torne indisponible el bien para su titular, o cuando se impongan restricciones o limitaciones indebidas que priven al propietario del uso, goce o disposición de manera sustancial.
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<u>Límite a las ocupaciones temporales</u>
Sobre las ocupaciones temporales, el texto marca que ninguna podrá durar más de noventa días, con posibilidad de prórroga por igual período en situaciones graves como emergencias sanitarias, conflictos armados o desastres naturales, siempre que se acredite la persistencia de la causa y la imposibilidad de medidas menos restrictivas. La compensación incluirá el valor de uso, daños y perjuicios, materiales extraídos necesariamente y lucro cesante comprobado.
Finalmente, se indica que “gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.
Los precios del petróleo abrieron la semana con alzas por la falta de certezas sobre el futuro del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial que continúa bajo tensión en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos. En la sesión asiática de ESTE lunes, el Brent avanzó 1,44% hasta 84,79 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate de referencia en el mercado estadounidense subió 1,08% y se ubicó en 79,29 dólares. El movimiento del mercado coincidió con declaraciones de Teherán sobre un posible acuerdo con Omán para definir nuevos corredores de navegación.
La suba reflejó la sensibilidad del mercado ante cualquier señal vinculada con el tránsito por Ormuz, un paso marítimo por el que circula una parte central del suministro global de crudo. Aunque los iraníes señalaron que las conversaciones técnicas con Omán entraron en su tramo final, la reapertura del estrecho todavía no tiene fecha. La posición oficial de Teherán mantiene condiciones políticas, económicas y militares que Washington no aceptó.
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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo que las negociaciones con Omán sobre el tránsito y la administración del paso marítimo “se acercan a su etapa final”. Esa definición dio una señal parcial al mercado, aunque no despejó la incertidumbre central: la vía sigue cerrada y su habilitación depende de reclamos más amplios. Entre ellos, Irán exige el fin de las hostilidades contra su territorio y sus aliados, el levantamiento de sanciones económicas, la liberación de activos congelados y una compensación por los daños causados por la guerra.
La postura más dura llegó desde los Guardianes de la Revolución, que el domingo ratificaron que el estrecho permanecerá bloqueado hasta que Estados Unidos acepte “todas nuestras condiciones”. La fuerza iraní definió además que “el estrecho es ahora para nosotros un verdadero escenario de guerra”, una frase que dejó en claro el nivel de confrontación en torno a una de las rutas marítimas más vigiladas del planeta.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativizó esas demandas y dio a entender que su gobierno no planea responder con apuro. “Nos lo estamos tomando con calma”, afirmó en una entrevista con Axios. En la misma conversación agregó: “Solo estamos negociando a medias con ellos”. Trump también vinculó la presión sobre Teherán con la situación económica interna iraní y dijo que el país enfrenta una inflación elevada y limitaciones de financiamiento.
La disputa por Ormuz supera la dimensión diplomática y se proyecta sobre el comercio internacional de hidrocarburos. El bloqueo iraní y los ataques contra buques que atraviesan la zona sin autorización redujeron el tránsito en el estrecho y empujaron los precios del crudo desde el comienzo de la guerra. La ruta conecta el Golfo con los mercados internacionales y resulta estratégica para exportadores de petróleo y gas de Medio Oriente.
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En ese contexto, Omán ocupa un lugar central como mediador y como país ribereño del estrecho. Desde Mascate se impulsan conversaciones sobre nuevas condiciones de navegación en un marco que, según la cancillería omaní, avanza en un clima “positivo y constructivo”. Aun así, el gobierno omaní pidió evitar acciones que pongan en riesgo los progresos alcanzados en la negociación.
La tensión en la zona se sostuvo durante el fin de semana con nuevos incidentes en el mar. Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque con misil contra un buque petrolero de la estatal ADNOC cuando cruzaba el estrecho. Más tarde, la agencia marítima británica UKMTO informó que otra embarcación recibió el impacto de un proyectil frente a la costa de Omán. El hecho provocó un incendio que fue controlado sin víctimas. No quedó establecido de inmediato si ambos reportes aludían al mismo episodio.
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El trasfondo de esta crisis incluye un memorando posterior a la tregua fallida de abril. Ese entendimiento, firmado en junio, fijó una hoja de ruta para abrir negociaciones más amplias y delegó en Irán y Omán la definición de reglas futuras para la navegación, en coordinación con otros países del Golfo y bajo derecho internacional. Ese marco también choca con la intención iraní de imponer una especie de peaje, una medida incompatible con las normas vigentes para este tipo de corredores marítimos.
Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciaron el domingo un ataque contra una instalación petrolera saudita sobre la costa del mar Rojo, otra arteria relevante para el comercio global. Con ese frente activo y el estrecho aún cerrado, el mercado energético sigue pendiente de cualquier anuncio sobre la circulación marítima y de su efecto inmediato sobre el precio del crudo.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos tramita un promedio de más de 90.000 causas por año; mantiene 35 cargos de fiscales sin cobertura titular, con una planta de personal donde hay más de dos empleados por cada fiscal en funciones. Los datos constan en un informe enviado a ANÁLISIS por el organismo, ante diversas consultas realizadas hace poco más de un mes. El documento da cuenta también de aspectos presupuestarios, las contrataciones realizadas en los últimos años; quienes son los fiscales con mayor cantidad de licencias y los que más viajaron con viáticos pagos del MPF, entre otros puntos.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos dio respuesta al pedido de acceso a la información pública presentado el 6 de julio de 2026 por este medio periodístico, en el marco de la Ley provincial N° 11.191. La contestación, firmada por la Procuración General e instrumentada a través del Informe 504/26 del 23 de julio de 2026 indicó que en los últimos años ingresaron 94.580 causas en 2023, 96.746 en 2024, 91.755 en 2025 y 47.413 en el primer semestre de 2026, lo que proyectado anualiza en torno a las 94.800 causas, en línea con los años anteriores.
Conviene aclarar qué significa ese número. No se trata exclusivamente de denuncias en sentido estricto: el registro incluye todo hecho que la Policía pone en conocimiento de la fiscalía, incluso sucesos menores o que no constituyen delito, desde una persona demorada de madrugada con un electrodoméstico sin poder acreditar su procedencia hasta una tentativa de suicidio, que también se registra como causa penal. Es un criterio de carga que viene del sistema mixto anterior y que no cambió sustancialmente con la reforma procesal.
De ese universo, la mayoría se resuelve por archivo: 58.205 causas archivadas en 2023, 58.469 en 2024, 52.768 en 2025 y 23.598 en el primer semestre de 2026, en torno al 60-70 por ciento del ingreso anual, una proporción que -según pudo reconstruirse- es históricamente estable y no representa una variación reciente. Una parte importante de esos archivos corresponde a hechos de autor desconocido, particularmente delitos contra la propiedad, que quedan sin poder investigarse por falta de individualización del responsable. A eso se suman los criterios de oportunidad aplicados -10.885, 11.106, 10.402 y 6.547 casos respectivamente-, una vía de resolución alternativa que reduce aún más el universo de causas que efectivamente se tramitan hasta el final.
Fueron elevadas a juicio 384 causas en 2023, 389 en 2024, 339 en 2025 y 178 en el primer semestre de 2026. Es importante no confundir esa cifra con el universo del que surgen las condenas: buena parte de las 1.402, 1.487, 1.429 y 782 condenas registradas en cada período provienen de juicios abreviados, una salida procesal que se resuelve antes de que la causa llegue a la instancia de juicio oral propiamente dicha. Las absoluciones, en cambio, sí se dan mayormente en el marco de juicios orales y se mantuvieron en cifras marginales: 10, 16, 16 y 5 casos. Lo que sí permite afirmar la comparación entre el total de causas ingresadas y las que efectivamente llegan a una instancia de juicio oral es que se trata de una fracción mínima -en el orden del 0,4 por ciento anual-, lo cual confirma el “embudo” característico del sistema acusatorio: entre los archivos, los criterios de oportunidad, los casos que quedan sin resolución por autor desconocido o por ineficiencia en la instrucción, y los abreviados, la instancia de juicio oral es la excepción y no la regla.
Imagen de archivo de los fiscales Gamal Taleb y Leandro Dato.
Narcocriminalidad en alza
Respecto a “Narcocriminalidad y delitos complejos” muestra una tendencia sostenida al alza en las causas por infracción a la Ley 23.737 (estupefacientes). Los ingresos pasaron de 1.142 en 2023 a 1.410 en 2024 y 1.631 en 2025, con 830 casos en el primer semestre de 2026, cifra que anualizada rondaría los 1.660 ingresos, lo que confirmaría la tendencia ascendente por cuarto año consecutivo.
En materia de delitos financieros y complejos, el total de investigaciones registradas fue de 6.746 en 2023, 7.584 en 2024, 7.580 en 2025 y 4.218 en el primer semestre de 2026. El detalle por figura penal revela una fuerte concentración en el delito de estafa, que representó 6.314 de los 6.746 casos de 2023 (93,6 por ciento), 7.237 de 7.584 en 2024 (95,4 por ciento) y 6.990 de 7.580 en 2025 (92,2 por ciento). El resto de las figuras -cohecho, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, administración infiel- aparece en cantidades sensiblemente menores: por ejemplo, enriquecimiento ilícito registró apenas 1, 3, 4 y 0 casos en el período relevado, y cohecho no superó los 12 casos anuales. Se trata de un contraste que interpela la percepción pública sobre el peso relativo de la corrupción funcional frente a la estafa común dentro de la carga de trabajo del MPF en materia de delitos complejos.
Un dato llamativo dentro del mismo anexo es el crecimiento sostenido de la falsificación de numeración, que pasó de 3 casos en 2023 a 53 en 2025 y ya acumula 55 en el primer semestre de 2026, superando incluso el total del año anterior completo. Sobre el fuerte peso de la estafa dentro de los delitos financieros, fuentes consultadas dentro del organismo plantean como hipótesis -que reconocen no está aún estudiada de forma sistemática- un cambio de modalidad delictiva que se estaría dando a nivel país: una caída de los delitos contra la propiedad tradicionales, como el robo, y en simultáneo un aumento de las estafas cometidas por medios informáticos, de ejecución más sencilla y de mayor efectividad en localidades chicas del interior provincial. Se trata, remarcan las mismas fuentes, de una lectura preliminar que debería confirmarse con un estudio específico desde la sociología o la criminología, y no de una conclusión establecida a partir de las cifras del MPF.
Cuestión de cargos
Respecto de los cargos concursables vacantes, actualizado al 23 de julio de 2026, detalla que el MPF tiene 35 cargos concursables sin titular: dos procuradores adjuntos, uno de fiscal de Cámara en lo Contencioso Administrativo, dos para fiscal coordinador, 25 agente fiscal y 5 fiscal auxiliar. Cabe señalar que la propia nota de respuesta del organismo consigna una cifra distinta -” veintisiete cargos de Agente Fiscal y cuatro cargos de Fiscal Auxiliar”-, que no coincide con el detalle del anexo adjunto, que registra 25 y 5 respectivamente. Consultado el organismo sobre esa discrepancia, indicaron que la planilla del anexo es la que se remitió recientemente al Consejo de la Magistratura para la convocatoria a concurso, por lo que sería la cifra que debe tomarse como válida por sobre la consignada en el cuerpo de la respuesta.
Cruzada esa cifra con la nómina de personal del anexo 2, las 35 vacantes representan el 9,2 por ciento del total de la planta del MPF (379 cargos) y, más significativo aún, el 28,9 por ciento de los 121 cargos de magistrados (fiscales) que hoy están en funciones en la provincia. Es decir que casi tres de cada diez fiscales que trabajan en Entre Ríos lo hacen en un cargo que, formalmente, todavía no tiene dueño concursado.
El relevamiento de las fechas de apertura de cada vacante -que constan en el propio anexo- permite además dimensionar la antigüedad del problema. En promedio, esos 35 cargos llevan cuatro años sin cobertura titular. Más de la mitad, 20 de los 35 (57,1 por ciento), lleva tres años o más vacante, y 8 de ellos (22,9 por ciento) superan los cinco años. El extremo es el cargo de Villa Paranacito, seguido por el agente fiscal N° 14 de Paraná y el fiscal auxiliar N° 1 de Victoria, ambos vacantes desde noviembre de 2018, y la Fiscalía de Coordinación de Gualeguay, vacante desde diciembre de ese mismo año. En Villa Paranacito, la Fiscalía está cubierta interinamente por Gastón Oscar Popelka desde el 2 de octubre de 2013, es decir, hace casi trece años. Ese cargo corresponde al concurso más reciente de fiscal auxiliar, en el que el postulante seleccionado, el abogado y docente Leonardo Augusto Schonfeld, fue impugnado en la audiencia pública realizada en el Senado provincial a fines de julio de 2025, una presentación que ingresó fuera de término, pero de la que igualmente fue anoticiado durante la audiencia por el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay, Más para Entre Ríos. Los impugnantes, que se presentaron como damnificados en el Fideicomiso de Administración e Inversión Inmobiliaria Feliciano 144, del cual Schonfeld era fiduciario, invocaron una “palmaria falta de probidad e idoneidad moral” en los términos del artículo 37 de la Constitución provincial, a partir de al menos diez procesos civiles y de un legajo penal en trámite ante el propio Ministerio Público Fiscal -Legajo N° 216.261, Investigación Penal Preparatoria por presunta defraudación fiduciaria, artículo 173 inciso 12° del Código Penal-, además de su inclusión, ya regularizada según su descargo, en el Registro de
Deudores Alimentarios
Schonfeld rechazó las acusaciones ante los senadores, las calificó de falsas y sostuvo que se trata de una cuestión estrictamente civil y comercial, derivada de la falta de colaboración de los fiduciantes y del impacto de la inflación sobre los costos de una obra iniciada en 2014, cuyas llaves entregó en 2019 con un 80 por ciento de avance. Dijo haber presentado espontáneamente toda la documentación del fideicomiso y anunció que se reserva acciones por daños y perjuicios contra quienes lo denunciaron. Pese a la impugnación, el Senado provincial otorgó el acuerdo al pliego remitido por el Poder Ejecutivo, aunque la designación definitiva de Schonfeld en el cargo finalmente no se concretó, sin que hasta el momento se haya podido establecer con precisión el motivo puntual por el cual el trámite quedó trunco tras el acuerdo legislativo.
En el caso de la Fiscalía de Coordinación de Gualeguay (cubierto interinamente por Jorge Gamal Taleb desde el 22 de diciembre de 2018), fue llamado a concurso hace dos o tres años y declarado desierto por no reunirse la cantidad mínima de inscriptos exigida.
En la Procuración General, los dos cargos de procurador adjunto están cubiertos de forma interina desde 2021 y 2022. El primero de ellos -a cargo de Mónica Carmona- corresponde a la vacante dejada por la jubilación de la exfiscal Gambino y también fue llamado a concurso y declarado desierto por no alcanzarse el mínimo de seis inscriptos requerido. El segundo -a cargo de César Ariel Cesario, con competencia en lo Contencioso Administrativo y Constitucional- había sido ejercido por Rosa Álvarez Piñeiro hasta su jubilación en 2022; ese cargo fue recientemente llamado a un nuevo concurso.
Jorge Amílcar Luciano García es el Procurador General.
Datos de planta
El propio anexo “2 – Nómina personal MPF” -379 cargos cubiertos al 21 de julio de 2026, entre magistrados, funcionarios y personal técnico, administrativo y de maestranza— permite trazar una radiografía de la estructura interna del organismo que no surge de ningún informe público habitual. Del total de 379 cargos, 121 (31,9 por ciento) corresponden a magistrados con función de fiscal -Procurador General, Procuradores Adjuntos, Fiscales de Cámara, Fiscales de Coordinación, Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares-, mientras que 61 (16,1 por ciento) son funcionarios -secretarios, relatores, directores y delegados judiciales- y 197 (52 por ciento) integran el personal técnico, administrativo y de maestranza -escribientes, oficiales y auxiliares-. La relación es de 2,1 empleados y funcionarios por cada fiscal en funciones, o bien de 1,6 si se toma en cuenta únicamente al personal técnico-administrativo sin contar a los funcionarios de rango intermedio.
En cuanto a la situación de revista, solo 94 de los 379 cargos (24,8 por ciento) están cubiertos por su titular concursado. El resto se reparte entre interinatos (113 cargos), se trata de los cargos vacantes dentro del organismo, y alcanzan el 30 por ciento. En este segmento se cuentan los 35 cargos de fiscales concursables por el Consejo de la Magistratura. El resto de los cargos vacantes (78 cargos) deberían ser concursados por el propio organismo en concursos abiertos o cerrados según el tipo de cargo. Las suplencias informadas alcanzan los 157 cargos (41,5%) que cuentan con un titular que no lo está ocupando, en la mayoría de los casos, porque se encuentra promovido a un cargo de mayor jerarquía. Las designaciones con contratos temporarios son 17 cargos (un 4,5% de la planta).
Entre los 135 magistrados con función de fiscal (en todas las categorías), la proporción de titulares es muy similar (26%), mientras que 35 fiscales ocupan cargos en condición de interinos (son los 35 cargos en condición se ser concursados en el CMER), entre los que se cuenta el llamativo número de 13 fiscalías vacantes en la ciudad de Paraná y 4 fiscalías en Concordia.
Sobre la composición de género de la planta, un análisis a partir de los nombres de pila consignados en la nómina arroja que el 59,4 por ciento de los 379 cargos está ocupado por mujeres y el 40,6 por ciento por varones. Entre los 121 magistrados con función de fiscal, la proporción es más pareja: 54,5 por ciento mujeres (66) y 45,5 por ciento varones (55).
El anexo “5 – Licencias” reúne 1.283 registros individuales de licencias otorgadas al personal del MPF entre febrero de 2025 y julio de 2026, discriminados por agente, tipo de licencia, fecha de solicitud, cantidad de días y estado. De ese total, 1.178 fueron concedidas, 82 renunciadas por el propio agente, 12 quedaron pendientes, 6 autorizadas y 5 rechazadas.
Para identificar qué fiscales -Agentes Fiscales, Fiscales Auxiliares, Fiscales de Coordinación, Fiscales de Cámara y Procuradores- acumularon más días de licencia, se excluyeron del conteo las licencias por enfermedad propia y por cuidado de familiar enfermo, así como tres categorías estatutarias que distorsionan cualquier comparación por no tratarse de licencias de uso discrecional: la licencia por nacimiento (150 días corridos por maternidad o paternidad), la licencia por cargo de mayor jerarquía (hasta 365 días para quien cubre un ascenso) y la licencia por uso particular (365 días, un régimen especial). Sin esas categorías, quedan 139 fiscales con al menos una licencia concedida en el período, que acumulan en conjunto 2.981 días, un promedio de 21,4 días por fiscal a lo largo de año y medio.
El fiscal con más días acumulados en licencias de uso discrecional es Gilberto Daniel Robledo, agente fiscal de Diamante, con 67 días repartidos en 16 licencias distintas. Le siguen Eugenia Ester Molina, agente fiscal de la localidad de Federal, con 59 días en 12 licencias; María Soledad Bordoy, agente fiscal de Feliciano, con 54 días en 15 licencias; María Paula Gareis, fiscal auxiliar de La Paz, con 53 días en 17 licencias, y Gisela Guadalupe Muñiz, fiscal auxiliar de Feliciano, con 47 días en 15 licencias. Completan el resto del top diez Fernando René Martínez (Nogoya, 47 días en solo 6 licencias), María de las Mercedes Nin (Paraná, 44 días en 12 licencias), Ana Paula Elal (Gualeguay, 43 días en 9 licencias), Iván Ezequiel Yedro (Victoria, 43 días en 8 licencias) y Martín Irureta (Federal, 42 días en 10 licencias).
Si el criterio es la cantidad de trámites de licencia presentados en el período, más que los días acumulados, el ranking cambia: Mariangeles Schell, agente fiscal de Gualeguay, y María Paula Gareis, fiscal auxiliar de La Paz, empatan en primer lugar con 17 licencias cada una, seguidas por María de los Ángeles Becker, fiscal auxiliar de Concepción del Uruguay, también con 17. El propio Gilberto Daniel Robledo y Facundo Javier Barbosa, agente fiscal de La Paz, completan el podio con 16 licencias cada uno.
Del desglose por tipo de licencia solicitada por fiscales surge que la categoría “compensatoria de feria” es, con diferencia, la más utilizada en términos de días: 268 licencias de este tipo acumulan 1.894 días en total. Se trata de un régimen que compensa a quien trabajó durante la feria judicial -no de una licencia adicional discrecional-, por lo que su peso en el total no debería leerse como ausentismo sino como contrapartida de guardias cumplidas. Le siguen, ya en clave más discrecional, “motivos personales” (339 licencias, 462 días) y “motivos personales – imprevistos” (147 licencias, 154 días).
El anexo “5 – Comisiones de Servicios” detalla los viajes que generaron erogaciones en concepto de viáticos y traslados entre abril de 2023 y abril de 2026. El procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, concentra la mayor cantidad de comisiones registradas, principalmente para asistir a las asambleas del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina, que se realizan de forma rotativa en distintas provincias.
Entre los montos más altos figura el viaje a Resistencia, Chaco, en septiembre de 2024, junto a la procuradora adjunta Mónica Carmona, para participar de las Jornadas Internacionales de Violencia de Género y la Asamblea Ordinaria de Procuradores, con 721.285 pesos solo en concepto de traslado. También se destaca el viaje a Calafate, Santa Cruz, en diciembre de 2023, con 478.270 pesos de viático y 439.611 pesos de traslado, y el viaje a Salta en octubre de 2025, de la procuradora adjunta Carmona, con 437.402 pesos de viático y 927.228 pesos de traslado, el monto de traslado más alto de toda la serie relevada.
Se destacan asimismo comisiones de servicio sin gasto en viáticos, pero con erogación en traslados vinculadas a audiencias judiciales en otras localidades de la provincia, como las del entonces fiscal de Victoria, Iván Yedro, con 52.794 pesos por desplazamientos entre Gualeguay, Gualeguaychú y Paraná en octubre y noviembre de 2023, y las del fiscal de Cámara de Concepción del Uruguay, Fernando Lombardi, con 139.762,80 pesos por audiencias en Concordia y Paraná en octubre y noviembre de 2024.
Las contrataciones
El anexo “7 – Contrataciones Directas por vía de excepción” -el único que detalla contrataciones fuera del régimen de licitación pública o privada, tramitado por la Oficina de Compras del Poder Judicial- documenta un patrón recurrente de renovación de licencias de software por la causal de exclusividad (artículo 27, inciso c, apartado b, de la Ley de Administración Financiera, de los Bienes y las Contrataciones).
El caso más constante es el de las licencias de Magnet Forensics -a través de sus productos AXIOM Computer, AXIOM Cloud y, más recientemente, AXIOM Essentials y AXIOM Advanced-, contratadas de forma directa por exclusividad de sede en Estados Unidos en al menos cuatro expedientes entre 2023 y 2025, con montos que fueron de 4.830 dólares en 2023 a 5.770 dólares en 2024 y 11.510 dólares en 2025, mostrando un incremento sostenido en dólares. El mismo patrón se repite con las licencias del software forense alemán X-Ways Forensics, contratado en forma directa a X-Ways Software Technology AG en 2024 (1.356 euros) y 2025 (1.378 euros), y con las suscripciones de almacenamiento en la nube de Google (Google One / Google Workspace), contratadas en dólares en al menos tres expedientes entre 2025.
Entre las contrataciones por causal de urgencia figuran el arreglo de la instalación eléctrica de la UFI de Gualeguaychú por reiterados saltos del disyuntor (194.000 pesos, expediente 560/24) y los servicios de limpieza de fiscalías de Paraná con motivo de una mudanza realizada entre el 17 y el 31 de marzo de 2024 (264.450 pesos, expediente 1170/24), correspondientes a la sede de calle Santa Fe al 190, esquina Cervantes, en la ciudad de Paraná.
Gastos y presupuesto
En cuanto a lo presupuestario, el MPF consignó que el crédito total asignado al organismo pasó de 7.554.123.840,98 pesos en 2023 a 29.257.278.500 pesos en 2026, un incremento nominal del 287 por ciento en tres ejercicios. El ritmo de ese crecimiento, sin embargo, no fue parejo: el salto más pronunciado se dio entre 2023 y 2024, cuando el presupuesto asignado creció un 178,5 por ciento (en plena etapa inflacionaria, del último año de Alberto Fernández y Gustavo Bordet en la provincia), mientras que entre 2024 y 2025 la suba fue del 30,1 por ciento y entre 2025 y 2026 se desaceleró a un 6,9 por ciento. El grueso de ese presupuesto representó el 96,2 por ciento del total ejecutado en 2023; el 96,8 por ciento en 2024; el 96,5 por ciento en 2025 y el 95,4 por ciento en 2026, una proporción notablemente estable a lo largo de todo el período relevado. En 2026 esa partida asciende a 27.307.422.000 de los 28.476.991.000 pesos asignados en rentas generales, es decir, más del 95 por ciento del gasto corriente del organismo.
La ejecución presupuestaria total también varió año a año: 90,8 por ciento en 2023; 85,8 por ciento en 2024; 98,1 por ciento en 2025 y apenas 64 por ciento en 2026, aunque este último dato es provisorio y corresponde solo a los primeros siete meses del ejercicio.
Las distribuidoras de gas del AMBA resolvieron restringir este fin de semana la venta de GNC en las estaciones de servicio para evitar una caída de presión en los gasoductos.
Se trata del cuarto pico de frío extremo en lo que va del año, por lo que la medida suspende “hasta nuevo aviso” el suministro interrumpible en los surtidores e industrias.
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La decisión responde al salto en la demanda residencial que provocan las bajas temperaturas y que tensiona la capacidad de transporte del sistema gasífero.
Las distribuidoras aplicaron desde este sábado nuevas restricciones en el suministro en La Plata, con impacto directo en las estaciones de GNC y en la actividad industrial, mientras que en Mar del Plata la interrupción rige desde la medianoche para los contratos interrumpibles, a raíz de complicaciones en el sistema de transporte.
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En ambos casos, la prioridad es preservar el abastecimiento de los usuarios residenciales, que encabezan la jerarquía de despacho ante situaciones de tensión en la red. Este fin de semana, Buenos Aires registró mínimas de 4°Cy máximas que apenas rozaron los 13°C, mientras que en Mar del Plata las temperaturas bajaron hasta los 4°C con ráfagas de viento de hasta 59 km/h. Para los primeros días de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frío se mantenga, con mínimas de 3°C el lunes en el área metropolitana.
El impacto, sin embargo, no se limita al expendio de combustible: la industria local también enfrenta limitaciones, y las ladrilleras —cuya producción depende del gas natural— recibieron una reducción del 30% de su consumo habitual. Fuentes del sector confirmaron a Infobae que esa quita afecta de manera directa el ritmo productivo, aunque no obtuvieron explicaciones sobre los criterios aplicados para fijar ese porcentaje.
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Interrumpibles
En Mar del Plata, la interrupción alcanza a las estaciones con contratos interrumpibles. En términos prácticos, los surtidores no quedan sin gas de forma automática: pueden despachar hasta el cupo garantizado por contrato firme, pero todo el volumen interrumpible queda cortado hasta que la situación se normalice. Superar ese cupo no es una opción viable, ya que las regulaciones vigentes establecen una multa equivalente al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico excedido, una penalidad que elimina cualquier margen comercial para quien intente vender por encima de lo habilitado.
El sistema nacional de despacho establece un orden de prioridades que ubica a los hogares, hospitales y escuelas por delante del resto de los usuarios. Las estaciones de servicio y los establecimientos industriales quedan en los últimos lugares de esa escala, lo que vuelve obligatoria la restricción cada vez que la red opera al límite. Fuentes con conocimiento del caso confirmaron a Infobae que la medida suele extenderse mientras dura la ola de frío.
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Para entender por qué el sistema llega a ese límite, hay que partir de una característica del gas que lo distingue de otros combustibles: no se puede almacenar. Una vez extraído e inyectado a los gasoductos, debe consumirse o se pierde. La producción gasífera se planifica en función de la demanda y alcanza su pico en invierno, pero ese mayor volumen no puede sostenerse en verano ni recuperarse en otra época del año.
Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de GNC, explicó unas semanas atrás en Infobae en Vivo que el cuello de botella no está en la extracción, sino en la capacidad de transporte. Según detalló, la Argentina dispone de una red con capacidad para transportar 120 millones de metros cúbicos diarios, un volumen que resulta suficiente durante ocho o nueve meses del año. El problema surge en invierno, cuando el consumo residencial —que en condiciones normales representa alrededor del 14% de la demanda total— puede trepar “hasta 60 y hasta 70%” en los días de frío intenso.
El costo de vida en dólares es muy diferente en Argentina en relación al resto de los demás países de la región. La discusión sobre qué tan cara o barata resulta la economía local para quienes consumen en moneda extranjera es tema de debate recurrente y el detalle por rubros aporta matices que no siempre quedan reflejados en los promedios generales.
El Índice Mensual de Precios Relativos, elaborado por la organización Fundar, ofrece una herramienta para medir esa brecha. El instrumento central es el Price Level Index, una métrica diseñada por el Programa de Comparación Internacional del Banco Mundial, que expresa el nivel de precios de un país como porcentaje del promedio mundial. Sobre esa base, el sistema desagrega el consumo en doce categorías definidas según el estándar internacional que mantiene Naciones Unidas.
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Según el informe, la Argentina es más cara que el promedio latinoamericano en seis de once rubros. Restaurantes, Indumentaria, Comunicaciones, Recreación, Equipamiento del hogar y Transporte.
Y más barata en los cinco restantes: Alimentos, Educación, Vivienda y servicios, Alcohol y tabaco, y Salud.
Con todo, el resultado más saliente del último relevamiento, correspondiente a los precios de mayo, es que Argentina aparece como el país con los precios más altos de la región en tres rubros puntuales: Comunicaciones, Indumentaria y Restaurantes. En ellos no solo está por encima del promedio regional, sino que encabeza el ranking, es el más caro.
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Cómo se movieron los precios en mayo
En mayo, la inflación en pesos fue de 2,1%, mientras que el tipo de cambio oficial se movió 1,1%. Esa diferencia entre ambas variables es la que explica buena parte de los movimientos en el nivel de precios medido en dólares. En el mismo mes, el promedio de América Latina se encareció 0,7%, de manera que Argentina subió 0,3 puntos porcentuales más que la región. Como resultado, el país se encareció un 1% en dólares durante mayo.
Según Fundar, ese 1% de encarecimiento mensual se traduce, en la comparación de niveles, en que Argentina resulta actualmente 1% más cara que el promedio de América Latina en base al dólar oficial. Ahora bien, si se mide desde que asumió el gobierno de Javier Milei, los precios en dólares están 4,5% por encima de aquel punto de partida. La comparación se estira todavía más si el punto de referencia es enero de 2021: contra ese mes, los precios argentinos en dólares son 78,2% más altos.
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En el plano regional, el informe ubica el costo de vida argentino por debajo del de Uruguay y México, en un nivel similar al de Chile, y por encima del de Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador.
Cómo evolucionó cada rubro
Desde que asumió Milei, el informe describe un proceso de acomodamiento de los precios relativos, aunque todavía incompleto. En los capítulos donde Argentina se mantiene más cara, como Restaurantes, Indumentaria, Recreación y Equipamiento del hogar, el país se volvió relativamente menos caro respecto a esos primeros meses de gestión. El caso de Comunicaciones fue distinto: en lugar de moderarse, el rubro se encareció aún más. Transporte, que había pasado a integrar el grupo de los más caros en abril, mantuvo esa tendencia al alza durante mayo.
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Si se compara únicamente el último mes con la región, el promedio de precios en dólares de Argentina aumentó 0,3% por encima de América Latina. En ese movimiento, Indumentaria cayó de manera considerable, mientras que Comunicaciones, Vivienda y servicios, y Recreación aumentaron en términos relativos.
La perspectiva cambia al mirar el último año: en ese lapso, Argentina se volvió 7% más barata en dólares respecto al promedio regional. Indumentaria fue, otra vez, el rubro que más se abarató. En ese período de doce meses, Vivienda y servicios y Comunicaciones fueron los únicos dos rubros que se encarecieron en términos relativos, mientras que todos los demás acompañaron la tendencia general a la baja.
