El desarrollo económico de la Argentina se nutre de la fuerza productiva de su interior. Cuando se habla de grandes hitos de crecimiento nacional, como el impacto de Vaca Muerta, la energía y la generación de divisas, suele soslayarse el entramado territorial que lo hace posible. Nuestra región, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, forma parte indispensable de ese engranaje productivo a través de un eje vertebrador clave: la Ruta Nacional 5.
Para que el fracking funcione en la Patagonia se necesitan millones de toneladas de arena que viajan desde Entre Ríos hacia los yacimientos a bordo de miles de camiones de gran porte. La Ruta 5 es el conector estratégico e indispensable de ese corredor productivo. Sin embargo, lo que debería ser una autovía moderna y segura para acompañar la logística del país, hoy requiere medidas urgentes.
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Este corredor no es solo una vía de tránsito; es una arteria productiva, social y humana. Por allí circula también la producción agropecuaria de nuestras ciudades, el comercio regional y el flujo logístico indispensable para los grandes proyectos del país, como el transporte de insumos estratégicos hacia el sur.
El verdadero perjuicio del estancamiento vial lo sufren a diario nuestros vecinos, productores, comerciantes e industrias locales: cada día de demora se traduce en mayores costos de flete, pérdidas de competitividad para nuestras PyMEs y, sobre todo, un riesgo permanente para la seguridad de miles de familias que la transitan.
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Sin embargo, el fondo de la cuestión excede cualquier coyuntura presupuestaria. El reclamo por la Autovía en la Ruta 5 no es una bandera de confrontación, sino una causa justa e histórica de los municipios de la zona, que buscan desplegar todo su potencial productivo e integrarse de manera eficiente a la economía nacional.
Invertir en la Ruta 5 es apostar al desarrollo federal, a la radicación de inversiones en nuestras comunidades y a la preservación de vidas humanas. La región no puede permitirse seguir postergando una infraestructura que es el motor fundamental para el crecimiento de nuestro interior y de toda la Argentina.
La carrera por la sucesión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires ya ordena los movimientos internos del peronismo, con una certeza: no habrá una candidatura única sin una negociación política de grandes dimensiones. El gobernador no puede buscar un tercer mandato consecutivo en 2027 y, mientras sostiene su proyección nacional, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) comenzó a instalar nombres para disputar la gobernación, con una estrategia con la que busca seducir al grupo de peso de intendentes que hoy conforman La Liga.
La apuesta central de ese sector es que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sigan vigentes. No solo porque permitirían resolver una competencia amplia, sino porque ofrecen una salida para una interna que atraviesa al peronismo bonaerense, incluye a los intendentes y mantiene abierta la discusión con el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa.
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En el entorno del mandatario bonaerense sostienen que el candidato del MDF debe surgir de una ecuación que combine instalación territorial, conocimiento público y capacidad para reunir votos por fuera del núcleo propio. La definición no está prevista para las próximas semanas, ni siquiera para este año. Pero los nombres existen y el objetivo es que, al momento de las decisiones, haya un solo representante del kicillofismo en una eventual primaria. Por eso miran lo que sucede en el Congreso y la posibilidad de que finalmente el Gobierno consiga los votos para suspender las PASO. “Hoy las primarias están vigentes”, dijo uno de los eventuales competidores en PBA del axelismo.
Los nombres que aparecen en esa nómina son el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el intendente de La Plata, Julio Alak; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
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El MDF busca concentrar la oferta en un solo candidato
La decisión de concentrar la oferta interna en un solo candidato es una respuesta a la fragmentación que podría producirse si cada sector del peronismo lleva una postulación propia. El MDF tiene una estructura que nació y se expandió durante la gestión de Kicillof como un proceso de emancipación de la figura de Cristina Kirchner. Consiguió el respaldo de intendentes, sindicatos, funcionarios y organizaciones territoriales. Pero no tiene el monopolio de la representación peronista en la provincia e intendentes de grandes municipios y de peso electoral no responden a esta terminal política.
Katopodis anunció recientemente su “deseo de conducir los destinos de esta provincia”. También dijo, en declaraciones a Radio Brisas de Mar del Plata, sentirse “con la confianza suficiente para encarar todos los cambios que haya que hacer, pero darle continuidad a todo lo que Axel viene haciendo”. Ferraresi dejó la intendencia de Avellaneda para ampliar su presencia territorial y mostrarse como una figura con capacidad de construcción política. Todas las semanas encabeza reuniones en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
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Alak conserva el peso de conducir la ciudad de La Plata, la capital bonaerense. Bianco se sienta sin anunciarse en la mesa de mayor confianza del gobernador y Espinoza empezará a dar señales de que buscará pulsear una candidatura provincial, tal como sucedió en 2015. Forma parte del armado que acompaña a Kicillof, administra el distrito más poblado de la provincia y el miércoles fue reelecto presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM). Esa estructura es la que pondrá sobre la mesa a la hora de las definiciones. Durante su discurso ante los intendentes dijo que “las candidaturas no se pueden definir en una oficina”.
La lógica que promueve el gobernador es evitar que el MDF llegue a una primaria con varios candidatos que se resten votos entre sí. En ese esquema, el dirigente que quede mejor ubicado en las mediciones y reúna más acuerdos internos tendría prioridad.
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La elección bonaerense de 2027 tendrá una particularidad que condiciona toda la estrategia. Kicillof pretende posicionarse para la pelea presidencial y, si esa aspiración avanza, necesitará un candidato a gobernador que garantice continuidad en la administración provincial, preservación de su armado y una relación funcional con los intendentes. La sucesión, por lo tanto, forma parte de una disputa más amplia sobre el futuro del peronismo a nivel nacional. En el Ejecutivo bonaerense buscan que esa definición que en el mejor de los escenarios terminaría con la candidatura presidencial de Kicillof no implique “entregar PBA” en la negociación con otros sectores en caso de que no hubiera PASO.
La Liga de Intendentes exige participación
En paralelo, la Liga de Intendentes Peronistas empezó a construir una identidad propia. El grupo reúne a jefes comunales de distintos puntos de la provincia y busca incidir en las decisiones que definirán las candidaturas de 2027. Su reclamo es concreto: que el próximo gobernador bonaerense surja de las administraciones municipales o, al menos, que los intendentes tengan capacidad real para intervenir en la designación. Es parte de lo que piensan también algunos que forman parte del MDF.
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Hoy, la Liga tiene cuatro figuras que aparecen en la discusión: la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; el jefe comunal de Pilar, Federico Achával; y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y su par de Merlo, Gustavo Menéndez. Fernández ya manifestó su voluntad de competir por la gobernación. Achával y Otermín mantienen una posición más cauta, aunque sus nombres circulan en las conversaciones del espacio. En los últimos días, la intendenta de Moreno reconoció que “Axel es el candidato más fuerte que tenemos”, pero a la par pidió que, en caso de que sea, “tiene que ponerse al hombro la estrategia electoral”.
La construcción de la Liga no supone, por ahora, una ruptura con Kicillof. Varios de sus integrantes reconocen al gobernador como una de las principales figuras presidenciables del peronismo. La posibilidad de acompañar una candidatura nacional del mandatario está sobre la mesa, pero tiene una condición política: que el grupo tenga participación en la definición de la oferta bonaerense.
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Ese planteo abre un margen de negociación con el MDF. Kicillof puede buscar el respaldo de la Liga para su armado nacional y, a cambio, ofrecer espacios en la boleta provincial, lugares legislativos o influencia en la decisión sobre la candidatura a gobernador. Además, en el MDF buscan que se plieguen de manera paralela a la instancia de sostener unas PASO. Algunos intendentes de Kicillof reconocen que en una PASO entre un candidato del MDF y uno —o una— de la Liga, este último grupo se impondría.
La existencia de una PASO facilitaría ese entendimiento. Los intendentes podrían competir dentro de una misma alianza, medir su poder electoral y negociar desde una posición más fuerte después de la primaria. Sin PASO, la discusión quedaría reducida a una mesa de dirigentes y a un reparto de candidaturas que puede dejar heridos antes del inicio formal de la campaña.
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La incertidumbre también alcanza a los intendentes que no podrán buscar otro mandato en sus municipios si no se modifica el régimen de reelecciones. Esa situación atraviesa a buena parte de los jefes comunales y agrega un incentivo para disputar lugares en la Legislatura, en el Ejecutivo provincial o en las listas nacionales. La sucesión de Kicillof, así, se cruza con la supervivencia política de decenas de dirigentes territoriales.
Las PASO como mecanismo para ordenar la interna
El peronismo bonaerense coincide en que una primaria permitiría reducir la cantidad de aspirantes y ordenar una interna que, por ahora, reúne más de una decena de nombres.
La discusión se complica por la posibilidad de cambios en el sistema electoral nacional y por las dudas sobre el calendario bonaerense. Si las primarias dejan de existir o se suspenden, la provincia deberá definir si conserva una instancia propia o si las candidaturas se resolverán mediante acuerdos partidarios. En ese último escenario, la tensión aumentará. Cerca de Kicillof sostienen que si las PASO se suspenden en Nación, en PBA se caen automáticamente.
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El ministro Bianco expresó en los últimos días que el espacio de Kicillof mantiene como hipótesis principal una primaria para definir las candidaturas. También admitió que, si las reglas cambian, deberán analizarse otros mecanismos, entre ellos una elección interna o un acuerdo de unidad. El viernes se le consultó si harían un acuerdo con Cristina Kirchner, algo que el ministro de Gobierno puso en duda. Una respuesta que despertó la irritación del kirchnerismo.
Una primaria permitiría que la competencia ocurra dentro del peronismo; su ausencia podría trasladar la puja a la conformación de listas separadas. Ese riesgo está presente en cada conversación que mantienen los referentes provinciales.
La aspiración de que las PASO decanten dos o tres candidatos con volumen electoral todavía convive con la idea de una síntesis previa. Si el peronismo llega a un acuerdo sobre una fórmula presidencial, una candidatura bonaerense y el reparto de lugares, la primaria podría perder atractivo. Hoy, a la luz de los hechos, esa posibilidad aparece lejana.
El kirchnerismo y otros cálculos
La otra variable es el lugar que ocupará el kirchnerismo. La Cámpora conserva representación legislativa, estructura militante, presencia territorial y capacidad para incidir en la organización partidaria. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, aparece como una de las dirigentes con posibilidades de competir por la gobernación, en especial porque no podrá buscar otro mandato municipal en 2027.
También persiste la incógnita sobre el rol de Máximo Kirchner, que mantiene peso dentro del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y en la relación con los intendentes. El acuerdo alcanzado para la conducción partidaria evitó una competencia entre Kicillof y el kirchnerismo, pero no eliminó las diferencias. La futura presidencia del Congreso del PJ bonaerense, que debería asumir Kirchner, será una instancia relevante porque ese órgano interviene en la autorización de alianzas electorales.
La relación entre el gobernador y el kirchnerismo no atraviesa un quiebre formal, aunque hay desconfianzas acumuladas. Kicillof consolidó un espacio propio y busca ampliar su despliegue fuera de la provincia. El kirchnerismo, a su vez, pretende preservar su gravitación en las decisiones electorales y evitar que el MDF defina por sí solo la estrategia de 2027.
El Frente Renovador de Massa es otro actor necesario. El exministro de Economía mantiene vínculos con dirigentes de la Liga y propone evitar una división que debilite al peronismo frente a la oposición. Su postura combina dos ideas: la necesidad de una unidad competitiva y la aceptación de una PASO si no hay acuerdo. Esa posición lo ubica como un interlocutor para todos los sectores.
La discusión bonaerense tendrá, además, un impacto nacional. Si Kicillof se transforma en candidato presidencial, necesitará que la provincia funcione como base electoral y política. Si otro dirigente del peronismo encabeza la fórmula nacional, el gobernador deberá decidir cuánto poder está dispuesto a ceder en la sucesión. La gobernación de Buenos Aires será una de las piezas de esa negociación.
La próxima reunión del Congreso del PJ bonaerense y las definiciones sobre el calendario electoral pueden aportar señales. Hasta entonces, los candidatos del MDF, la Liga de Intendentes y el kirchnerismo seguirán acumulando presencia territorial, contactos y apoyos. La disputa ya empezó, pero el mecanismo para resolverla todavía no está asegurado.
El fallo de la Corte Suprema que este viernes repuso provisoriamente los límites para la venta de tierras a extranjeros no tomó a la oposición por sorpresa y sus principales referentes aseguran que ni siquiera contemplaron levantar el llamado a sesión para derogar el mega DNU 70 la semana que viene. “Es una cautelar interina que se puede caer en cualquier momento porque no resolvieron la cuestión de fondo, por eso tenemos que voltear el mega decreto de Milei, para que la venta de tierras no dependa de una medida judicial”, explicaron a Infobae desde la bancada de Unión por la Patria.
Para la oposición fueron justamente la convocatoria a la sesión en la Cámara de Diputados y la movilización social las que obligaron al Máximo Tribunal a volver sobre sus pasos y revertir la decisión de la semana pasada que había dejado firme el artículo 154 del DNU 70 que derogaba la ley de tierras. Por eso remarcan la importancia de mantener la presión.
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“La Corte solucionó el reclamo de la sociedad en su contra y de paso le dio una mano al Gobierno para voltear la sesión opositora”, analizaron desde el peronismo. Sin embargo, diputados de algunos bloques del medio reconocen que ahora será muy difícil llegar al quórum para abrir el recinto.
Los sectores más duros de la oposición eran plenamente conscientes de que los votos clave los tienen los bloques provinciales y que los gobernadores -principalmente los del norte- no tenían demasiado entusiasmo en derogar el DNU 70, que además eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario. Por eso buscaron robustecer la convocatoria incluyendo otros dos temas sensibles ante la opinión pública como el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.
El plan del oficialismo es dictaminar el próximo miércoles tanto este proyecto como el de Defensa de la Soberanía Nacional (Malvinas) para incluir todo en una mega sesión el 21 de octubre, donde además se tratará la nueva ley de Discapacidad y el proyecto oficialista sobre Endeudamiento y Mora. De esta forma esperan que los aliados eviten dar quórum en la sesión opositora del 15 para así tratar virtualmente los mismos temas el 21, pero en su versión oficialista.
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La convocatoria opositora cuenta con el aval de Unión por la Patria (92), un sector de Provincias Unidas (8), el Frente de Izquierda (4), Primero San Luis (2), la Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Defendamos Córdoba (1) y Coherencia (1). Una base de 112 a la cual los más optimistas suman tres diputados misioneros de Argentina Federal y otros cinco cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora. Mientras que el oficialismo ronda las 120 voluntades: La Libertad Avanza (95), PRO (12), UCR (6), MID (2), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), La Neuquinidad (1) y Adelante Buenos Aires (1).
Por eso, los votos definitorios serán los de Independencia (3), que responden directamente al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, Elijo Catamarca (3), con terminal en Raúl Jalil, y Argentina Federal (5), donde pisa fuerte el salteño Gustavo Sáenz. Dado que los últimos dos participaron de la gira de Milei por París y se mostraron sonrientes junto a funcionarios del Ejecutivo, el panorma se presenta dificil para la oposición.
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En las filas del peronismo algunos se mantienen escépticos y señalan que si no se consigue el quórum la derogación del DNU 70 podrá retomarse en otra oportunidad. En cambio, otros confían en que algunas novedades referidas al área de discapacidad podrían torcer las voluntades necesarias.
En principio, destacan que el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), que reúne representantes de las 24 jurisdicciones, ratificó el 8 de octubre que la mejor alternativa es la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. En la misma línea, señalan que organizaciones de personas con discapacidad como REDI, FAICA, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD.HH. de Córdoba, RALS y Andar rechazaron el dictamen del oficialismo por haberse elaborado sin la consulta que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otro lado, el Área Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social le pidió al Ministerio de Salud el 5 de octubre que sostenga la prórroga.
Un joven acusado de administrar un grupo de venta de drogas en Concordia evitará, por el momento, enfrentar un juicio oral, luego de que la Justicia Federal le concediera la suspensión del juicio a prueba por dos años. El imputado, identificado como L.A.R.H., había sido procesado por facilitar un medio para la comercialización de estupefacientes mediante un grupo de mensajería denominado “Droga Concordia”.
La resolución fue dictada por la jueza federal Analía Ramponi, con la conformidad del Ministerio Público Fiscal. La medida respondió a una solicitud presentada por los abogados defensores Martín Lombardo y Pablo Palacio, quienes plantearon una salida alternativa al proceso penal.
La investigación había permitido identificar al acusado como administrador del grupo, donde presuntamente se ofrecían marihuana, cocaína, MDMA y éxtasis. La Policía Federal Argentina desarrolló distintas tareas para establecer el funcionamiento de ese espacio virtual.
La investigación y los allanamientos
Durante la pesquisa se utilizaron agentes reveladores, intervenciones telefónicas y trabajos de campo. Estas actuaciones permitieron reunir elementos vinculados con la presunta comercialización de sustancias prohibidas.
Además, se realizaron nueve allanamientos en los que los investigadores secuestraron drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos destinados al acondicionamiento de estupefacientes.
En junio de 2026, el joven fue procesado sin prisión preventiva por el delito contemplado en el artículo 10 de la Ley 23.737. Posteriormente, la Cámara Federal de Paraná confirmó parcialmente aquella resolución.
Deberá realizar trabajos comunitarios
Para conceder la suspensión del juicio a prueba, la magistrada consideró que el imputado no registraba antecedentes penales y valoró la postura favorable de la Fiscalía.
Como condición principal, deberá realizar trabajos comunitarios no remunerados durante dos años en el Club Comunicaciones de Concordia, con una carga de ocho horas semanales, publicó Concordia Policiales.
Las tareas estarán relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones. La institución tendrá la responsabilidad de informar a la Justicia sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
Qué ocurrirá si incumple las condiciones
El acusado también deberá fijar residencia y comunicar cualquier modificación de su domicilio. El incumplimiento de estas disposiciones podría provocar la revocación del beneficio y la continuidad del proceso judicial. Por otra parte, la jueza Ramponi resolvió levantar la prohibición de salida del país que pesaba sobre el imputado.
La suspensión del juicio a prueba no constituye una condena ni implica una absolución. Si el joven cumple las condiciones establecidas y los restantes requisitos legales, la acción penal podrá extinguirse sin necesidad de realizar el juicio.
Desde hace algunos meses, por orden de Karina Milei, los máximos representantes de La Libertad Avanza vienen manteniendo reuniones con los diferentes sectores aliados para comenzar a planificar la estrategia electoral de cara al 2027, mientras algunos funcionarios del Poder Ejecutivo trabajan en paralelo para intentar trasladar esas negociaciones al Congreso, donde el oficialismo busca aprobar distintos proyectos que considera claves, antes de que finalice el período parlamentario.
A los habituales encuentros que se llevan adelante con los emisarios del PRO en la Casa Rosada se sumaron recientemente conversaciones, formales e informales, con casi todos los gobernadores, aunque todavía sin definiciones en ninguno de los dos casos.
Las autoridades del partido tienen claro el camino que van a transitar en los próximos meses, pero no quieren apurar innecesariamente ningún acuerdo porque consideran que, lejos de favorecer a Balcarce 50 en sus objetivos, podría complicarlos.
Este es un tema que generó bastante discusión incluso en la mesa política, en la que, por ejemplo, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, planteó la necesidad de acelerar un pacto electoral con las provincias para tener mayor gobernabilidad.
“¿Qué sería cerrar un acuerdo? ¿Sacarse una foto y decir que vamos a ir juntos? Y si a mitad de camino de acá a los comicios nosotros trastabillamos, cosa que no creo que pase, ¿no crees que van a ser los primeros en soltarnos la mano?”, advirtió a Infobae una de las personas que está detrás de la estrategia.
En este sentido, cerca de la secretaria general de la Presidencia entienden que anunciar demasiado temprano una alianza en determinado distrito “tampoco te garantiza que te vayan a acompañar en el Congreso”.
“Supongamos que decidimos ir separados y competirles en las elecciones, ¿por eso van a votar junto con el kirchnerismo? Los que quedan mal son ellos”, plantean.
No obstante, en el búnker libertario anticipan que “se van a hacer todos los acuerdos que se tengan que hacer”, aunque el formato será diferente teniendo en cuenta la realidad de cada provincia.
Así, mientras en algunos lugares donde gobierna la oposición dura directamente se enfrentarán contra el oficialismo local, en donde haya mejor sintonía, como Tucumán, habrá una “rivalidad sana” con campañas no agresivas y en otros sitios se firmará una alianza formal.
Hasta el momento, las únicas tres provincias en las que ya está decidido que habrá un frente común son Mendoza, Entre Ríos y Chaco, a las cuales se sumarán aquellas que se muestren más abiertas a consensuar una lista con la Casa Rosada.
En el primero de esos distritos ya hubo un conflicto, porque AlfredoCornejo, que no puede reelegir, quiere a uno de sus funcionarios como sucesor, pero Luis Petri ya anticipó sus intenciones de pelear por el cargo.
En la cúpula de LLA, sin embargo, confían en que las diferencias “se van a saldar y van a terminar llegando a un consenso”, porque ”es cierto que mide bien” el actual diputado y ex ministro de Defensa, “pero no tiene equipo”.
Donde haya acuerdo, en tanto, no significará que el candidato necesariamente será libertario, aunque la boleta sí sea violeta. En el entorno de Karina Milei reconocen que no cuentan con “dirigentes muy fuertes en la mayor parte del país, salvo en contadas excepciones, como en Tierra del Fuego o Córdoba”.
En este contexto, en la cúpula del oficialismo insisten con el concepto de “pintar el mapa con las ideas violetas”, es decir, que haya un compromiso por parte de quienes encabecen las boletas, independientemente del espacio al que pertenezcan, de que van a aplicar en sus territorios las mismas medidas que el Poder Ejecutivo implementa a nivel nacional.
“No podemos ir al lado de alguien que después de asumir suba los impuestos. Además, así estamos construyendo política a largo plazo, porque el sucesor del presidente Javier Milei en el 2031 casi indefectiblemente va a salir de alguno de los gobernadores”, opinó uno de los referentes del partido.
Por otra parte, también entrará en la consideración de la Casa Rosada al momento de analizar sus acuerdos la forma en la que cada mandatario local se comportó en el último tiempo con respecto a las votaciones en el Congreso.
“Primero establezcamos las reglas de juego, definamos si vamos a tener PASO o no y que nos den la posibilidad de tener un Presupuesto. Cuando eso ya esté cumplido, nos sentaremos a hablar del resto”, marcan en Balcarce 50.
Aunque es uno de los objetivos primarios, en la cúpula libertaria aseguran que la eliminación de las elecciones primarias “no es algo que realmente les quite el sueño”, porque están confiados en que “es una herramienta que ni siquiera al peronismo le sirve en este momento”.
“¿Quién quiere realmente tener una interna? Los gobernadores pueden tenerlas tranquilamente en sus provincias, pero para Presidente primero tenés que tener un candidato y no hay muchos con potencial en ninguna de todas las otras fuerzas. El PRO es uno de los que insiste con sostenerlas, ¿para qué? ¿Van a presentarse con Hernán Lacunza? No pasan ni el piso para ir a las generales“, critican.
En esta línea, en el sector del Gobierno vinculado a la secretaria general continúan minimizando la posibilidad de que la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich, vaya a disputarle el cargo a Milei en el 2027.
“A ver, las ambiciones de presentarse ella siempre las tuvo, porque es una dirigente de mucha trayectoria y te diría que, incluso por una cuestión de edad, si hay una chance es ahora, pero la realidad es que no mide”, subrayan.
Al respecto, se confían con que el Presidente “tiene un piso muy sólido del 30 por ciento“ y, en el peor de los casos, si se mantienen las PASO y la ex ministra de Seguridad busca competir, tendrá que buscarse un sello: “La lapicera la tiene Karina y si pide una interna nosotros somos los que decidimos si se la damos o no”.
Por su parte, la senadora se reunió el viernes con Milei en la Quinta de Olivos para bajar la tensión, luego de algunas declaraciones en las que nuevamente se diferenció del resto de la cúpula libertaria.
“Estuvieron hablando y se pusieron todos los temas sobre la mesa. Estuvieron más de dos horas y media charlando sobre cuáles son los motores que se tienen que prender en la economía, cómo va a andar la actividad y los temas que ella ve que son necesario corregir”, reveló una persona cercana a Bullrich.
En el encuentro, la legisladora le presentó su propuesta para hacer una reforma del sistema previsional, pero el Presidente, si bien vio la iniciativa, le aclaró que es un asunto que se tiene que analizar en profundidad antes de avanzar.
“Sí le dijo que estaba de acuerdo con muchas otras de las cosas, así que fue una buena charla, muy sincera por parte de los dos lados”, agregó a este medio la fuente consultada.
En las más altas esferas de La Libertad Avanzan evitan confrontar con la senadora y no van a salir a responder a sus cuestionamientos públicos. Aseguran que “es positivo que se queje de lo que no está de acuerdo, ayuda a mejorar”.
En el documento que representantes de la Conferencia Episcopal Argentina entregaron a las autoridades del Ministerio de Salud durante la reunión que mantuvieron esta semana, la Iglesia le remarcó al Gobierno la necesidad de dar continuidad a la Ley de Emergencia en Discapacidad que vence el 31 de diciembre y mostró su preocupación por las más de 200 mil pensiones solicitadas que aparecen “en trámite”. Pero mientras esto sucedía, en las proyecciones presupuestarias para el año que viene el Ministerio de Salud estimaba que habrá unos 2.500 beneficiarios menos que los que actualmente perciben este ingreso.
La ley que el Ejecutivo promulgó este año –después del veto y de una orden de la Justicia– creó la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Sin embargo, el discurso oficial (y el proyecto presupuestario para 2027) se sigue refiriendo a este aporte como Pensión no Contributiva por Invalidez Laborativa. No se trata de un simple cambio de nombre, sino también de a quiénes incluye (la segunda es más restrictiva) y qué presupuesto se va a destinar a ello. En la proyección de gastos para el año próximo el Ejecutivo intentó modificar la normativa vigente, lo que derivó en críticas de los propios aliados de La Libertad Avanza –que no conocían los pormenores de la propuesta– y en un nuevo proyecto de norma sobre discapacidad que el Gobierno presentó como “superadora” y que obtuvo dictamen de mayoría en el Congreso.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que este proyecto (que volvería a poner en vigencia algunos puntos de la norma actual) podría implicar el ingreso de 200 mil titulares de pensiones con un costo equivalente al 0,04% del PIB. El número de pensiones coincide con las que la Iglesia denuncia que están “en espera” y que en realidad ya deberían haber ingresado al sistema bajo la ley de emergencia actual.
Cada uno de esos números es una historia que se complica por otras cuestiones, como las demoras en los pagos a las instituciones que brindan servicios en el marco del programa Incluir Salud. “En la Fundación IPNA lo último que cobramos corresponde a julio, y hay otras instituciones a las que el programa todavía no terminó de pagarles junio. Esto nos deja en una situación de mucho deterioro y endeudamiento. No podemos terminar de pagar los salarios de los trabajadores hasta que no entra un nuevo pago”, explicó a PERFIL Alex Goldman, presidente de IPNA y representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis). La institución tuvo que vender un vehículo para pagar deudas y sueldos. “Y ya nos pasó algo más grave: por el retraso de los pagos, los transportistas que llevaban a los chicos al Centro de Día dejaron de hacerlo. Y cuando un pibe deja de ir a su terapia no es que se aprieta pausa y se retoma donde quedó. Hay chicos que perdieron autonomía, que retrocedieron en cosas que les había costado años conquistar, y parte de eso no se recupera. No pasó por su discapacidad, sino porque el Estado decidió no pagar a tiempo. Esto no es un problema administrativo: eso es lo que hay detrás de cada expediente demorado”.
Las cadenas de pago se interrumpen y se reanudan por diferentes motivos, aseguró Goldman. “Estuvieron casi dos semanas sin venir. Ahora ya se nota que los transportistas recibieron algún pago y volvieron a prestar servicio, por lo que los jóvenes se reincorporaron”. Esto es moneda corriente, afirmó: el cobro se corta “porque se retrasa por decisión política o porque no hay firma o porque, no sé, es fin de año. Hay un montón de momentos en el año en los que esto sucede”.
En el centro Santa Ana, de Entre Ríos, celebran que al menos la cadena de pagos para su institución se normalizó en los últimos meses. Con 90 días de demora (y aunque aclararon que en algunos momentos ese plazo era de 60 días) rescatan que en el marco de la crisis del sector esto es un avance. Sin embargo –y en el “mientras tanto” –, tuvieron que cerrar una de sus sedes. “Tratamos de reubicar algunos chicos en otras instituciones, y a otros concurrentes pudimos brindarles las prestaciones en otra sede que nosotros tenemos. Igualmente, esto llevó a que se achicara mucho, porque tuvimos que dar a varios concurrentes de baja”, comentó a este medio Mireya Antivero, apoderada legal y socio gerente de ese centro. “Hoy Incluir Salud, al menos en nuestra institución, está manteniendo la cadena de pagos. Este mes cobramos junio”, agregó.
En las metas presupuestarias de 2027 la Secretaría Nacional de Discapacidad incorpora a más de 125 mil personas asistidas dentro del programa de “Atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas” (repartidos entre diferentes metas), pero para ese incremento de beneficiarios –que equivale a un 20,3% con respecto a lo previsto en 2026– amplía los recursos disponibles en menos de un 2%: de $ 1,14 billón a $ 1,16 billón, unos $ 21 mil millones de diferencia. PERFIL consultó a las autoridades del Ministerio de Salud por este y otros temas, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.
Otros factores que no escapan a la realidad de los argentinos se suman al panorama de las instituciones. “La situación por la que estamos atravesando ahora es que muchas familias se están quedando sin trabajo. En este mes, en una de las instituciones, seis familias de concurrentes quedaron desempleadas. En estos meses van a tener prestaciones y todo, pero, ¿qué va a pasar después?”, comentó Antivero, que definió el contexto actual como de “completa incertidumbre”.
En el caso de Dinad, una asociación que también ofrece servicios a personas con discapacidad, la incertidumbre es otra. La cadena de pagos se ordenó por ahora, explicó Adriana Salomone, su gerente general, quien además planteó que todavía no se renovaron los convenios con los prestadores que debían firmarse este mes, y que antes eran de renovación automática. “Se supone que ahora, a partir de octubre, perderíamos la vigencia. No dijeron nada, pero como hubo cambio de autoridades tampoco habilitaron a la firma de ningún convenio, de ningún prestador. Entendemos y estimamos, los prestadores, que van a seguir brindando el servicio porque no pueden dejar sin cobertura a toda la gente”, expresó.
“Lo que viene muy lento, y en realidad por ahora son solo promesas, es la compensación económica de la ley de emergencia, que sería el equivalente casi a un mes facturado completo de cualquier entidad”.
El artículo 13 de la norma todavía vigente establece un resarcimiento económico que debía financiar el Tesoro e incluir la diferencia entre el porcentaje del valor de los aranceles aprobados entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 y el porcentaje de inflación. “La compensación reconocida para dicho período representa un 30,67% de actualización, que debería constituir, a partir del 1 de enero de 2025, la base arancelaria sobre la cual se apliquen las actualizaciones posteriores correspondientes a la evolución de la inflación”, detalla el documento de la Iglesia.
“La compensación se ha calculado, pero no se ha pagado”, confirmó a PERFIL Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad. “En la compensación también hay un problema: no solo que no se pagó, sino que, a su vez, por la resolución que sacaron para llevar adelante la compensación, dejaron afuera algunas prepagas, obras sociales sindicales y obras sociales no sindicales”. Molero destacó que “tampoco se cumplió con lo que dice la ley sobre que la ARCA debe tomar medidas por los intereses cobrados a los prestadores y las multas que les aplicó por no haber pagado los aportes laborales y otros ítems”.
Sobre la reunión del Ministerio de Salud con representantes de la de la Conferencia Episcopal Argentina manifestó que la convocatoria del Gobierno a la Iglesia está enmarcada en la visita del Papa, pero que tiene pocas esperanzas de que esto represente un cambio de postura. “Esto es una mera puesta en escena. Por suerte la Iglesia le envió un documento muy crítico con sus deudas”, opinó. “Yo, personalmente, no espero nada de esta gente”.
La búsqueda de Marcos Almada se intensificó durante la tarde de este viernes 9 de octubre en Concordia, donde efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y personal de Prefectura Naval Argentina desplegaron nuevos rastrillajes por tierra y agua. El joven permanece desaparecido desde el lunes 5 de octubre, cuando salió de su domicilio por sus propios medios y no volvió a ser localizado.
Según informó Concordia Policiales, las tareas se reanudaron pasadas las 15, con la incorporación de recursos y personal especializado para ampliar el área de búsqueda. El operativo se concentró en sectores considerados relevantes para intentar reconstruir los movimientos del joven y encontrar indicios sobre su paradero.
Durante esta nueva etapa, los equipos extendieron los procedimientos hacia zonas de agua mediante la utilización de piraguas pertenecientes a la Policía y a Bomberos Voluntarios. También participaron embarcaciones de Prefectura Naval Argentina, que colaboraron con los recorridos en el sector donde se desarrollan las tareas.
Un perro rastreador marcó una zona de interés
Uno de los elementos que orientó los nuevos rastrillajes fue el trabajo realizado por un perro de la Policía de Entre Ríos. Durante las tareas de búsqueda, el animal marcó un sector que, según las primeras interpretaciones, podría estar relacionado con lugares frecuentados por Marcos Almada.
A partir de esa señal, los efectivos intensificaron los recorridos en el área señalada para intentar localizar elementos que permitan avanzar en la investigación. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente sobre el hallazgo de indicios concluyentes.
La participación de distintas fuerzas permitió ampliar los procedimientos y realizar recorridos simultáneos por tierra y agua. Los investigadores buscan reunir información que contribuya a determinar qué ocurrió después de que el joven abandonara su vivienda.
Analizan cámaras de seguridad para reconstruir sus movimientos
En paralelo a los rastrillajes, el personal policial continúa con el análisis de imágenes obtenidas mediante cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos de Concordia.
El objetivo de esta tarea es establecer cuáles fueron los últimos desplazamientos de Almada y determinar los lugares por los que podría haber transitado desde el lunes 5 de octubre. Los registros audiovisuales forman parte de las diligencias destinadas a reconstruir las horas posteriores a su desaparición.
La revisión de las grabaciones se desarrolla de manera complementaria con los operativos territoriales. Cualquier información que permita precisar un recorrido podría resultar útil para orientar nuevas búsquedas y delimitar sectores de interés.
Continúa la búsqueda del joven desaparecido
Marcos Almada fue visto por última vez el lunes 5 de octubre, cuando se retiró de su domicilio por sus propios medios. Desde entonces, se desarrollaron distintas actuaciones para intentar establecer su ubicación.
El despliegue de este viernes representó una ampliación de los trabajos, especialmente por la incorporación de embarcaciones y la intervención conjunta de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval Argentina.
Por el momento, no se informó que el joven haya sido localizado. Los operativos continúan orientados a encontrar indicios sobre su paradero y esclarecer las circunstancias de su desaparición.
Un robo millonario en el Parque Industrial de Concordia se registró durante la noche del miércoles 7 de octubre, cuando desconocidos sustrajeron una bobina perteneciente a un transformador, cuyo valor superaría los 50 millones de pesos. El hecho ocurrió mientras una intensa tormenta afectaba a la ciudad y las condiciones meteorológicas podrían haber facilitado la maniobra.
Según la información preliminar, el robo habría requerido la participación de varias personas debido al peso y las dimensiones del componente sustraído. Los responsables habrían utilizado herramientas y maquinaria para desmontar el elemento, bajarlo al suelo y posteriormente retirarlo de las instalaciones.
Uno de los aspectos que llamó la atención fue que el predio cuenta con seguridad privada y sistemas de videovigilancia. Sin embargo, los autores habrían logrado permanecer durante un tiempo considerable en el lugar sin ser detectados, por lo que se intenta establecer cómo se desarrolló la maniobra.
Investigan cómo actuaron los delincuentes
Fuentes extraoficiales señalaron a El Entre Ríos que el elemento fue sustraído de un sector perteneciente a una empresa que dispone de vigilancia privada, además de la seguridad general del Parque Industrial.
“Las empresas tienen seguridad privada y el parque también. No se sabe en qué lugar se encontraba en ese momento la persona que debía cuidar”, aseguraron las fuentes consultadas por el medio.
Las características del elemento robado alimentaron la hipótesis de que se trató de una maniobra planificada. No obstante, hasta el momento no se confirmó cuántas personas participaron ni qué tipo de vehículo o equipamiento utilizaron para trasladar la bobina.
La posible vía de escape del Parque Industrial
Otro de los puntos que se busca esclarecer es cómo los responsables consiguieron retirar el pesado componente sin que se advirtiera su salida del establecimiento.
De acuerdo con los primeros datos, los delincuentes podrían haber utilizado una calle lateral conocida como avenida de los Pájaros, una arteria de ripio que conecta la zona de avenida Presidente Perón con Benito Legerén y permite desplazarse hacia sectores próximos a la Ruta Nacional 14.
Esta alternativa habría facilitado el traslado del elemento sustraído, aunque por el momento se trata de una hipótesis que deberá ser corroborada mediante las actuaciones correspondientes.
Denunciaron dificultades para realizar la presentación policial
En relación con el procedimiento posterior al robo, información difundida por 7Páginas indicó que los propietarios de la planta afectada habrían encontrado dificultades para radicar la denuncia en la comisaría de Benito Legerén.
Ante esa situación, los damnificados debieron trasladarse hasta la Jefatura Departamental de Policía de Concordia para efectuar la presentación correspondiente, según la información publicada.
Mientras tanto, resta determinar si las cámaras de seguridad registraron movimientos sospechosos durante la noche del temporal y si existen elementos que permitan identificar a los responsables.
Un elemento valuado en más de 50 millones de pesos
La magnitud económica del hecho está relacionada con el valor de la bobina sustraída, que superaría los 50 millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones difundidas.
Por sus dimensiones y características, el componente habría requerido una logística específica para ser desmontado y transportado. Esta circunstancia constituye uno de los principales aspectos que deberán esclarecerse para reconstruir lo sucedido.
Hasta el momento, no trascendieron detenciones ni información oficial sobre la recuperación del elemento. La investigación deberá establecer cómo se concretó el robo, qué ocurrió con los controles de seguridad y cuál fue el destino de la bobina.
Unos 60 millones de pesos fueron robados de una caja fuerte de la Asociación Mutual Unión Solidaria (Amus) durante la madrugada de este viernes en la ciudad de Santa Fe. Los delincuentes utilizaron un soplete para violentar la caja de seguridad de la Tesorería y también dañaron otra caja ubicada en el sector del data center.
El hecho ocurrió en la sede de la entidad, integrante de Red Mutual y dedicada a otorgar préstamos, ubicada en Urquiza 3026. Según las primeras estimaciones, el dinero sustraído correspondía a la recaudación del día anterior.
Investigan si ingresaron por una obra en construcción
La principal hipótesis de los investigadores es que los autores del robo ingresaron por el tercer piso de la mutual, a través de un balcón, luego de acceder desde una obra en construcción lindera, situada en Crespo 3088.
Durante las primeras medidas, los investigadores encontraron indicios que podrían vincular esa obra con el ingreso de los delincuentes. Entre ellos, detectaron una pisada en la terraza que presentaba características similares a otra encontrada dentro de la mutual.
En el interior del edificio, los policías constataron signos de desorden y daños en distintas oficinas. El objetivo de las pericias es determinar cómo ingresaron los intrusos y reconstruir el recorrido que realizaron dentro de las instalaciones.
La alarma se activó durante la madrugada
De acuerdo con la información difundida, la alarma se activó brevemente cerca de las 4 de la mañana. Un patrullero se acercó hasta el lugar, pero los agentes no advirtieron movimientos sospechosos en el exterior.
Poco después, volvió a registrarse la activación de un sensor de movimiento ubicado en el interior de la mutual, en el hall y en el primer piso. La empresa de seguridad encargada del monitoreo informó que el sensor se había activado y desactivado automáticamente.
El robo fue descubierto más tarde, cuando un empleado que llegó temprano a trabajar advirtió lo ocurrido. Luego, los policías ingresaron al edificio junto con el apoderado de la entidad para verificar los daños y constatar la sustracción del dinero.
En ese momento, alrededor de 40 personas ya se encontraban trabajando en distintas oficinas de la mutual.
La investigación busca establecer quiénes participaron del robo y cómo lograron acceder a la caja fuerte sin ser detectados durante la madrugada. Por el momento, la principal línea investigativa apunta al posible ingreso desde la construcción lindera.
Metrotel cambiará de manos justo cuando se prepara para asumir un nuevo rol en el mercado local de telecomunicaciones. La compañía será adquirida por Nippur Fiber Holdings (NFH), que tendrá el 51% del capital, y Beacon, propiedad de Ralph Booth, que se quedará con el 49%, en una operación que coincide con el proceso mediante el cual fue seleccionada por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) para recibir los 6 millones de usuarios de los que Telecom debió desprenderse como condición para concretar la compra de Telefónica.
Esto implica la salida de Blackstone y Riverwood Capital, que habían pasado a controlar el 100% de Metrotel en diciembre de 2017 por USD 190 millones. Ambos fondos se mantuvieron como accionistas durante casi nueve años y también participaron en la compulsa por Telefónica.
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La transacción aparece vinculada al fin del ciclo de inversión —que suele extenderse entre 5 y 10 años—. Y, de cara a lo que viene, la compañía necesitará socios con un horizonte de largo plazo para avanzar en su transformación en el tercer operador fijo-móvil del país.
El traspaso de usuarios por parte de Telecom marcará el inicio de una etapa de expansión muy diferente de la que caracterizó al negocio de Metrotel durante los últimos 25 años. Hasta ahora, la empresa concentró su actividad principalmente en el segmento B2B, con foco en clientes corporativos y mayoristas, a través de una infraestructura propia de más de 8.000 kilómetros de fibra óptica y presencia en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Neuquén.
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Su cartera incluye hiperescaladores, entidades financieras, empresas energéticas y de contenidos, organismos públicos y otros operadores.
Con 6 millones de clientes nuevos de telefonía móvil yalrededor de 200.000 de internet fija, deberá administrar un negocio de mayor escala y con llegada directa a los consumidores.
Sobre los nuevos inversores
El desafío quedará a cargo de Nippur, sociedad integrada por Luis Blaquier y Sebastián Caputo, sobrino del empresario Nicolás “Nicky” Caputo y primo segundo del ministro de Economía, Luis Caputo; y Beacon, de Ralph Booth. El actual CEO de Metrotel, Sebastián Bardengo, continuará al frente.
Blaquier y Caputo son socios desde hace varios años y realizaron distintas inversiones en Argentina. Ambos fueron directores del Grupo Pegasus y del fondo norteamericano Lone Star, que desembarcó en el negocio energético con la compra de San Antonio International, una de las principales compañías de servicios petroleros del país. La operación se concretó a fines de 2018 por unos USD 150 millones.
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En paralelo, Booth es un empresario y economista estadounidense con una extensa trayectoria en el sector de las telecomunicaciones y, en particular, en Argentina.
En la actualidad, se desempeña como chairman de Booth American Company, una firma de inversión privada especializada en banda ancha, medios y telecomunicaciones. Desarrolló empresas en EEUU, Europa y América del Sur.
En 1989 creó una división europea dedicada a prestar servicios de banda ancha en el Reino Unido y luego fue cofundador, junto con Goldman Sachs, de European Cable Capital Partners. Una de las firmas vinculadas a ese recorrido, Diamond Cable Communications, terminó integrada en NTL, hoy Virgin Media.
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Fuentes con conocimiento de la operación resaltan que el ingreso de Booth en Metrotel ocurre en el marco del “entusiasmo” que genera el fortalecimiento de relaciones entre EEUU y Argentina, donde las telecomunicaciones juegan un rol estratégico en términos geopolíticos.
Los cambios para Metrotel y los usuarios
La salida de Blackstone y Riverwood Capital no conllevará modificaciones en la gestión. Como se dijo, Bardengo, junto a su equipo, se mantendrá como CEO de la compañía.
De momento, no hay inversiones definidas, aunque sí en evaluación, ya que Telecom tiene que seguir prestando infraestructura crítica en la transición para garantizar el servicio. No obstante, la empresa se expandirá: sumará unos 100 empleados a los 350 con los que cuenta actualmente.
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Un punto importante es que los clientes transferidos quedarán bajo la marca Tuenti, que pertenecía a Movistar. La expectativa es que la migración, que demoraría unos 60 días, concluya antes de fin de año. Según explican, los usuarios no deberán realizar ningún trámite adicional y no habrá interrupciones en la conectividad durante el proceso.
Todavía resta que Telecom y Telefónica acepten la oferta de Metrotel, se firmen los contratos definitivos y los acuerdos de compartición, y se obtengan las autorizaciones del Enacom necesarias para el traspaso del espectro.
