Blog

La reorganización del tránsito aéreo volvió a la agenda oficial con una nueva decisión del Gobierno. Esta madrugada, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía dispuso la creación de una Mesa de Trabajo Técnica para modernizar el espacio aéreo y mejorar la eficiencia operacional en Argentina, un ámbito que reunirá a organismos estatales, aerolíneas, operadores aeroportuarios y entidades internacionales del sector.

La medida establece un esquema de trabajo permanente para revisar cómo se organiza y utiliza el espacio aéreo del país, en un contexto en el que las autoridades buscan aumentar la capacidad del sistema, ordenar la circulación de aeronaves y reducir demoras sin alterar los estándares de seguridad operacional.

De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 67/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, este organismo tendrá un plazo concreto para la elaboración de resultados. El 1 de diciembre de 2027 será la fecha límite para que la mesa eleve a la Secretaría de Transporte un documento con recomendaciones de medidas orientadas a optimizar la gestión del espacio aéreo argentino.

Según la medida, la mesa incluirá a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), ambos organismos bajo la órbita de la Secretaría de Transporte. También participarán la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (JURCA), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), los explotadores aeroportuarios, las líneas aéreas que operan en la República Argentina y otros organismos con competencia en la materia.

El cronograma sugiere que el Ejecutivo busca abrir una instancia prolongada de evaluación técnica, con participación de organismos públicos y privados, antes de introducir eventuales cambios regulatorios u operativos. La medida no implica erogación presupuestaria para el Estado nacional, según el texto oficial.

Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno recordó que la ley 17.285 sancionó el Código Aeronáutico, que rige la aeronáutica civil en el territorio argentino, su mar territorial, aguas adyacentes y el espacio aéreo correspondiente. Esa norma fija las bases para la organización y utilización del espacio aéreo de jurisdicción nacional y faculta a la autoridad competente a dictar reglas para la seguridad y el ordenamiento de la navegación aérea.

En sus argumentos, la medida sostiene que la intervención de la autoridad aeronáutica resulta necesaria para que las acciones destinadas a incrementar la eficiencia operacional se apliquen de forma coordinada con la planificación, regulación y fiscalización de las operaciones aéreas.

El documento vincula esa coordinación con la posibilidad de optimizar la capacidad aeroportuaria disponible y habilitar un mayor número de operaciones aerocomerciales en condiciones de seguridad operacional. También plantea que una provisión más eficiente de los servicios de tránsito aéreo incide sobre la fluidez, la previsibilidad y la continuidad de las operaciones.

Dentro de ese enfoque, el Gobierno sostiene que la modernización de la gestión del tránsito aéreo puede contribuir a reducir demoras y distancias de vuelo innecesarias, además de mejorar la previsibilidad de las operaciones y reforzar los niveles de seguridad.

Otro de los ejes de la resolución es la promoción de mecanismos de Toma de Decisión en Colaboración (CDM) entre los distintos actores del sistema aeronáutico. La referencia apunta a esquemas de coordinación para mejorar el uso de la infraestructura aeroportuaria, administrar la capacidad y reducir tiempos de ocupación de pista.

A su vez, aclararon que ese trabajo también deberá contemplar las condiciones técnicas y operacionales necesarias para evaluar posibles reducciones de separación entre aeronaves, siempre bajo criterios de seguridad operacional. En paralelo, plantea la necesidad de consolidar un ámbito técnico permanente para analizar y revisar iniciativas vinculadas con el perfeccionamiento de la gestión del espacio aéreo argentino.

La resolución agrega que la evolución de las operaciones, la incorporación de nuevas tecnologías y las características de la flota que opera en el país vuelven necesario un proceso continuo de revisión de los conceptos de espacio aéreo y de los procedimientos de navegación aérea.

Entre las áreas específicas que podrían ser analizadas, el texto menciona el diseño de nuevos conceptos de espacio aéreo, la incorporación de procedimientos de navegación y la optimización de los mecanismos actualmente vigentes. También incluye la posibilidad de revisar procedimientos de vuelo por instrumentos.

En ese tramo, la medida menciona de manera expresa las aproximaciones por instrumentos (IAC), las salidas normalizadas por instrumentos (SID) y las llegadas normalizadas por instrumentos (STAR), además de mejoras normativas y buenas prácticas aplicables a la planificación y gestión del espacio aéreo.

El Gobierno también enmarca la decisión en la necesidad de armonizar el sistema argentino con las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

El Gobierno reglamentó esta madrugada la Ley del Régimen Penal Juvenil N° 27.801, que rige para adolescentes de 14 a 17 años. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Diego Santilli y el secretario Juan Bautista Mahiques, fija cómo se implementarán las modificaciones introducidas a la legislación vigente.

Aunque la reforma penal permitirá que los adolescentes de 14 años puedan ser judicializados por delitos previstos en el Código Penal, estos seguirán enmarcados bajo un sistema especial. Esta normativa contemplará condenas, medidas alternativas y, en determinados casos, privación de la libertad.

La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 875/26 en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo dispuesto, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques. En ese sentido, la cartera será la encargada de coordinar la implementación del régimen, dictar normas complementarias y celebrar convenios de colaboración con provincias, universidades, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

El supervisor especializado

Una de las piezas centrales del decreto es la regulación de la figura del supervisor especializado, el profesional responsable del seguimiento, la asistencia y el control del adolescente durante el proceso. Para ser designado, deberá acreditar formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones o trabajo social.

De esta manera, crearon el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil en el ámbito del Ministerio de Justicia. Dado que el registro definitivo requiere una convocatoria pública, se establece un régimen transitorio: la autoridad de aplicación elaborará un listado provisorio de profesionales habilitados con un plazo máximo de 180 días para sustanciar esa primera convocatoria. Los jueces designarán al supervisor en cada causa entre los profesionales del listado.

Una vez conformado el registro definitivo, quienes no logren incorporarse al padrón permanente perderán la posibilidad de ser asignados a nuevos casos, aunque el juez correspondiente evaluará su continuidad en las causas en las que ya intervengan.

Crearon un comité interministerial y una mesa federal

Para lograr una implementación transversal, el Gobierno dispuso la creación del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, un organismo permanente que articulará la actuación conjunta de cuatro ministerios: Justicia —que ejercerá la coordinación—, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Cada cartera designará un representante titular y uno suplente, con rango mínimo de director nacional.

Entre sus funciones, este organismo deberá elaborar lineamientos comunes en materia de prevención, abordaje y reinserción; intercambiar información estadística y técnica; y emitir recomendaciones no vinculantes a la autoridad de aplicación. También le corresponde instrumentar la articulación necesaria para la ejecución de las penas alternativas previstas en el artículo 12 de la ley.

El decreto habilita, además, la participación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y otros organismos del Poder Judicial en carácter de colaboradores, cuando la materia a tratar lo requiera.

A su vez, formalizaron la creación de la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un espacio permanente —aunque de adhesión voluntaria— para el diálogo entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La instancia estará coordinada por un representante de la cartera de Justicia e integrada por un delegado de cada jurisdicción provincial y de la CABA, además de representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.

Sus funciones incluyen la armonización de criterios técnicos y procesales, el intercambio de buenas prácticas y la facilitación de convenios de cooperación entre jurisdicciones. La Mesa podrá emitir recomendaciones no vinculantes sobre implementación, y su funcionamiento operativo —frecuencia de reuniones, modalidades de adhesión y procedimientos de adopción de recomendaciones— quedará regulado por sus propios integrantes.

Derechos de las víctimas y capacitación de operadores

Por otro lado, la reglamentación de la ley establece los derechos reconocidos para las víctimas, dentro de los que se encuentran la tutela efectiva, asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito. La norma también establece que el Ministerio de Justicia deberá llevar adelante actividades de capacitación continua dirigidas a magistrados, fiscales, defensores y demás operadores del sistema de Justicia Penal Juvenil que actúen en el fuero nacional y federal. Las provincias y la CABA podrán desarrollar sus propias instancias de formación en sus respectivos ámbitos.

Asimismo, el decreto fija un mecanismo de comunicación al Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del propio Ministerio de Justicia, para el seguimiento de los adolescentes alcanzados por el régimen. Esa comunicación deberá respetar la reserva del proceso contemplada en la ley.

Domingo Cavallo reiteró que si bien el rumbo y el enfoque general del gobierno de Javier Milei en materia económica “es el correcto, el que se necesitaba”, necesita combinar la lucha contra la inflación con la reactivación de la economía.

“Yo creo que la inflación, no a un ritmo muy acelerado, pero va a seguir bajando, pero tiene que combinarse con una reactivación de la economía y con crecimiento. El Gobierno confía mucho en las inversiones que van a venir atraídas por el RIGI. Creo que ahí hay un poco de ilusión, basada en que este momento los precios internacionales de la energía, de los minerales y también de la agricultura están muy altos. Viniendo inversiones a esos sectores donde tenemos muy valiosos recursos naturales hay muy buenas perspectivas de crecimiento. Pero el crecimiento económico requiere que toda la economía avance u para avanzar tiene que haber inversión no solo en las grandes empresas y grandes proyectos, sino en toda la estructura económica. Porque solo con inversión se permite la reorganización de las empresas en la dirección de aprovechar las oportunidades que van apareciendo. Ahí está la cuestión crítica para mí. Más que críticas, he venido haciendo sugerencias”, dijo en un largo pasaje inicial de una entrevista en el programa “La Mirada”, por Canal 26.

Según el exministro de Economía y creador del Plan de Convertibilidad, “hasta ahora el Gobierno no ha prestado suficiente atención a organizar un sistema monetario, cambiario y financiero capaz de generar financiamiento para la inversión de todo tipo de empresas y que haya crédito en general”. Sin eso, dijo, no puede haber inversión y aumento de la productividad y reconversión de la economía.

Además, subrayó que algunos beneficios otorgados a las grandes inversiones a través del RIGI “deberían darlos de inmediato a toda la economía, como la libre disponibilidad de la divisa de exportación”.

Cavallo reiteró su consejo de “eliminar totalmente el cepo a las empresas, levantar las restricciones al movimiento de capitales y avanzar en dirección de una economía con movimiento de capitales totalmente libres”.

Al respecto, explicó, “hay que darle al dólar, como proponía Milei en la campaña electoral pero luego dejó de lado, carácter de moneda de curso legal. Que se puedan hacer en dólares todo tipo de transacciones, no solo de contado, sino contratos a mediano y largo plazo, incluso depósitos, préstamos, todo con las mismas reglas que para los depósitos y para las transacciones en pesos. Incluso que si alguna empresa quiere contratar a sus trabajadores en dólares lo pueda hacer”.

Acumular reservas

Al mismo tiempo, agregó, “se necesita acumular muchas reservas” y si bien elogió que el gobierno tenga y preserve superávits fiscal y financiero, dijo que el BCRA tiene que acumular más reservas pues hasta ahora lo hizo “de manera muy limitada, porque tiene miedo de que la emisión de dinero para comprar reservas vaya a provocar inflación”. Ese temor, dijo, es equivocado. “La liquidez que crean porque compran reservas y acumulan reservas va a ayudar a que baje la inflación. Porque mientras vayan acumulando reservas, va a bajar la tasa de riesgo país, que el propio Gobierno tiene que pagar para renovar un crédito en el exterior. Y lo más importante, va a bajar la tasa a la que va a poder acceder el sector privado, que tiene que financiar los proyectos de inversión. Además, con libre movilidad de capitales, cuando baje el riesgo país y el país acceda mejor a los mercados del exterior, eso también le pone un techo a las tasas de interés que los bancos pueden cargar dentro del mercado interno. Amén de que no sé por qué se han demorado tanto en limpiar de impuestos a todo lo que sea préstamos”, explicó.

El exministro insistió: “hay que darle al dólar, como proponía Milei en la campaña electoral, carácter de moneda de curso legal. Que se puedan hacer en dólares todo tipo de transacciones, no solo de contado, sino contratos a mediano y largo plazo, incluso depósitos, préstamos, todo con las mismas reglas que para los depósitos y para las transacciones en pesos. Incluso que si alguna empresa quiere contratar a sus trabajadores en dólares lo pueda hacer”.

Al mismo tiempo, agregó, “se necesita acumular muchas reservas” y si bien elogió que el gobierno tenga y preserve superávits fiscal y financiero, dijo que el BCRA tiene que acumular más reservas pues hasta ahora lo hizo “de manera muy limitada, porque tiene miedo de que la emisión de dinero para comprar reservas vaya a provocar inflación”.

Ese temor, dijo, es equivocado. “La liquidez que crean porque compran reservas y acumulan reservas va a ayudar a que baje la inflación. Porque mientras vayan acumulando reservas, va a bajar la tasa de riesgo país, que el propio Gobierno tiene que pagar para renovar un crédito en el exterior. Y lo más importante, va a bajar la tasa a la que va a poder acceder el sector privado, que tiene que financiar los proyectos de inversión. Además, con libre movilidad de capitales, cuando baje el riesgo país y el país acceda mejor a los mercados del exterior, eso también le pone un techo a las tasas de interés que los bancos pueden cargar dentro del mercado interno. Amén de que no sé por qué se han demorado tanto en limpiar de impuestos a todo lo que sea préstamos”, explicó.

Menemismo y convertibilidad

Cavallo recordó la experiencia del gobierno de Menem y de la convertibilidad. Dijo que cuando el 1 de abril de 1991, transcurridos menos de 1.000 días desde el inicio del gobierno se liberalizó el funcionamiento del sistema financiero y la inflación bajó en los primeros 12 meses al 20% anual, es decir, “un poquito más del 1 % mensual, y después siguió bajando”. Y el crecimiento económico, subrayó, “ya en el año 1991 fue del 10 por ciento”.

“Eso lo puede lograr Milei antes de las elecciones y lo va a ayudar mucho a ganar las elecciones. E incluso, independientemente de si gana o no las elecciones, que ojalá las gane, pero incluso si le sucediera a otra persona, en un caso en que la economía está no solo estabilizándose, sino creciendo, no va a ser lógico que pegue un viraje y genere de nuevo condiciones de estancamientos y aceleración inflacionaria. Creo que aquí hay una posibilidad muy buena de salir adelante. Lo único es que le tienen que perder el miedo”.

Cuando el entrevistador, Javier García, le planteó el riesgo de que una salida de ese tipo genere recalentamiento de la economía y un aumento de la inflación, Cavallo respondió que ese es “un falso dilema” y que ya en su tesis doctoral, hace 50 años, explicó que las políticas puramente monetaristas de estabilización “producen efectos estanflacionarios; incluso a veces demoran en bajar la inflación y producen recesión”.

La clave de una estabilización exitosa y reactivadora, dijo, es “organizar bien el sistema monetario, cambiario y financiero, como lo organizó la ley de convertibilidad se puede conseguir que se desmorone la inflación y que haya enseguida un incremento en el nivel de actividad, apuntando al crecimiento”.

Cavallo fue muy insistente sobre esos aspectos. La clave, enfatizó varias veces, “es tener un buen sistema monetario, cambiario y financiero que cambie las expectativas hacia adelante”. Fue en ese punto que mencionó la publicación de un próximo libro de un ex colaborador suyo.

Cómo instaurar el bimonetarismo

“Horacio Liendo, que fue el mi secretario legal y técnico y planteó as normas que condujeron a la convertibilidad, tiene preparado un libro que va a publicar ahora en octubre y que yo espero que el Gobierno tome nota. Explica bien qué es lo que hay que hacer en esta materia. Una cuestión central es declarar al dólar de moneda de cambio legal y decidir que no haya ningún tipo de restricciones al movimiento de capitales”.

En cambio el gobierno, contrastó, se ha concentrado en normas menos importantes, al menos a corto plazo. “Las normas, y entre ellas la Carta Orgánica no es seguro que se vayan a mantener en el tiempo. Lo que asegura que unas reglas se mantengan en el tiempo es que produzcan los resultados que la economía necesita. La Carta Orgánica del BCRA es un ingrediente, pero hay muchos otros aspectos que hay que remover. Por ejemplo, los impuestos que gravan a toda la actividad financiera, sobre todo a los tomadores de préstamo. Una de las cosas que por supuesto generaban oposición por parte del sindicato bancario, que tenían para su obra social una sobretasa de interés del 2 %. Era una barbaridad en ese momento con la inflación bajando tanto, para financiar a la obra social bancaria. Una de las primeras cosas que hice fue promover la eliminación de ese 2 %. Se enojó el gremio bancario a punto tal que una de las causas por la cual yo me fui del ministerio, ya más enfrentado incluso con Menem, fue porque vinieron y me trajeron para firmar el decreto que reimplantaba el 2 % de aporte”, refirió, mencionando un motivo menos citado de su salida del gobierno de Menem, en julio de 1996.

En cuanto al de Milei, concluyó, “lo que le falta es organizar un buen sistema monetario, cambiario y financiero, y que recree el crédito externo e interno a tasas razonables”. Mencionó que algunos funcionarios del gobierno le han reconocido tener miedo de que “un grupo de desestabilizadores hagan subir el precio del dólar y desestabilicen la economía”.

Ese temor, dijo, es injustificado, porque actualmente hay una gran cantidad de dólares en el mercado, pero muchos de esos dólares, aun cuando se depositan en el Banco Central, no sirven para proveer crédito y financiamiento en la economía”.

“Es paradójico que Milei no sea él el que esté promoviendo eso y empujando al Banco Central y a sus legisladores y al Ministerio de Economía a moverse en esa dirección”, subrayó.

Más aún, dijo que los temores y la zozobra financiera de septiembre y octubre de 2025 se debió a que el propio gobierno primero dejó atrasar el dólar y luego tomó medidas discrecionales, como el retiro de Leliqs, que provocó una gran iliquidez y aumento de las tasas de interés, con efecto muy recesivo.

El canciller Pablo Quirno afirmó que el objetivo del Gobierno sobre las islas Malvinas es frenar el inicio de la explotación de hidrocarburos en el archipiélago y sostuvo que la ofensiva oficial combina sanciones, presión diplomática y refuerzo de capacidades estatales para impedir que en los próximos meses avance un proyecto que la Argentina considera contrario a resoluciones de las Naciones Unidas.

En declaraciones a La Nación +, Quirno vinculó esa estrategia con un dato concreto: dijo que el trabajo del Gobierno se aceleró desde que las petroleras Navitas y RockHopper anunciaron en diciembre su decisión final de inversión. Según explicó, a partir de ese momento, se enviaron notas de protesta a las compañías y también a los embajadores de Israel y del Reino Unido.

“Estamos justamente aumentando las penas, pero sobre todo agrandando el espectro de empresas a ser sancionadas”, dijo el canciller. El eje principal de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei el jueves pasado giran en torno a una serie de modicaciones a la ley 26.659, sancionada en 2011, que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

Quirno también ubicó esa decisión dentro de una arquitectura más amplia del Gobierno. “Esta es una estrategia combinada”, afirmó al defender la reasignación de partidas para una base naval integrada en Ushuaia y el papel que asumirá la Cancillería en los expedientes sancionatorios.

El Gobierno busca bloquear el comienzo del proyecto petrolero en los próximos meses

Cuando se le preguntó si el objetivo final era forzar una negociación política más amplia, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo: “El resultado primeramente es evitar que se haga explotación hidrocarburífera en las Malvinas”.

El canciller advirtió que esa ventana de tiempo es corta. “Podría empezar entre los próximos meses”, dijo sobre el desarrollo de esas actividades, y agregó que el propósito oficial es “que no se realicen las actividades”.

Quirno rechazó que el movimiento haya sido improvisado o atado a un episodio coyuntural. “Esto no se produce de la noche a la mañana. Es un trabajo de meses y de todo el equipo de Gobierno”, afirmó.

Además, describió el cambio de enfoque sancionatorio. Quirno explicó que la legislación vigente tenía un límite: castigar a una empresa que operara en Malvinas podía empujarla a quedarse fuera del mercado argentino, sin otro costo relevante. Sin emabrgo, ese escenario cambió por la gravitación de Vaca Muerta. “Hoy tenemos una Vaca Muerta que atrae inversiones”, afirmó, al sostener que la Argentina cuenta ahora con una herramienta de presión que no existía cuando se sancionó la ley 26.659.

A partir de esa nueva posición, el Gobierno pretende extender el alcance de las sanciones a actores que antes quedaban fuera del radar principal. Quirno mencionó de manera expresa a los servicios petroleros, financieros y de seguros, además de otros proveedores que deberían elegir entre operar en la Argentina o vincularse con licencias que definió como ilegales en un territorio en disputa. Esa reformulación busca modificar incentivos. La amenaza ya no recaería solo sobre la empresa que participe de la extracción, sino sobre toda la cadena que permita sostenerla.

De esta manera, ratificó que la Cancillería será la autoridad que inicie los expedientes sancionatorios previstos en el decreto reglamentario de la ley vigente. Explicó que la decisión responde a que el caso “es un tema principalmente de política exterior” y a que la ampliación de actividades alcanzadas excede el plano puramente hidrocarburífero.

Esa centralidad del Ministerio se combina con otra medida anunciada por el Presidente: la reasignación presupuestaria para la base naval integrada en Ushuaia. Para el canciller, ambos instrumentos forman parte de un mismo diseño.

“No hay tiros independientes individuales”, resumió al defender el carácter integrado de la estrategia. La idea, según su exposición, es enlazar sanciones, diplomacia y capacidad logística en el Atlántico Sur.

Quirno aseguró que la ofensiva oficial ya produjo reacciones en el sector privado. “Yo estuve todo el fin de semana recibiendo llamados de empresas que operan en la Argentina ratificando su no apoyo a operaciones hidrocarburíferas en Malvinas”, sostuvo.

El canciller interpretó esos contactos como una señal de credibilidad de la advertencia argentina. En su lectura, el país está hoy en una “diferente posición de fuerza” para condicionar decisiones corporativas por el tamaño y la estabilidad que ofrece su mercado energético.

La cadena nacional de Milei había planteado esa misma lógica al advertir que quienes intervengan en explotaciones en las islas no podrán operar al mismo tiempo en el territorio argentino. Quirno buscó mostrar que ese mensaje ya empezó a surtir efecto antes incluso de que avance la nueva ley.

Consultado sobre el respaldo internacional, Quirno evitó colocar la estrategia en función de una potencia determinada y afirmó que la posición argentina se guía por una convicción propia. “Hacemos las cosas por nuestra propia convicción”, dijo.

Aun así, explicitó qué es lo que espera de los aliados. “Esperamos que nuestros países amigos y afines apoyen el reconocimiento de que la explotación de hidrocarburos va en contra de una resolución de las Naciones Unidas”, señaló.

El canciller remarcó que, según esas resoluciones, no pueden adoptarse decisiones unilaterales mientras la controversia de fondo sobre la soberanía no haya sido resuelta. Sobre esa base, negó además que exista contradicción entre distintas expresiones presidenciales sobre los isleños y sostuvo que el marco aplicable es el de la integridad territorial en un caso de “colonialismo especial”.

El canciller vinculó la nueva política con defensa y apuntó contra el kirchnerismo

En otro tramo de la entrevista, Quirno conectó la ofensiva diplomática sobre Malvinas con el estado de las Fuerzas Armadas. “Los que han desarmado las FFAA fue el kirchnerismo. Los que nos dejaron en este estado de indefensión”, afirmó.

El funcionario sostuvo que esa debilidad afectó también la capacidad diplomática de la Argentina. Según su argumento, una defensa débil y una economía débil limitaban el margen del país para sostener sus intereses externos.

Desde esa perspectiva, la base naval en Ushuaia no aparece como un anuncio aislado, sino como parte de una política orientada a reforzar la posición argentina frente al Reino Unido y frente a las empresas que evalúan intervenir en el área en disputa.