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La actividad industrial atraviesa el año sin encontrar un piso claro. Después de una caída fuerte en julio y de una recuperación parcial en agosto, septiembre permite conocer si esa mejora tuvo continuidad. Dos relevamientos privados difundidos en los últimos días coinciden en que no la tuvo, aunque difieren en la magnitud del deterioro.

Según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), la producción industrial cayó 2,9% interanual en septiembre y acumula una baja de 1,4% en los primeros nueve meses del año. En la medición de Orlando J. Ferreres y Asociados, la caída interanual del mes fue de 1,5% y el acumulado de enero a septiembre llegó a 2,3%. En la comparación con agosto y sin efecto estacional, FIEL registró una baja de 0,9%, mientras que Ferreres midió una suba de 0,1%, es decir, un nivel prácticamente igual al del mes previo.

Más allá de las diferencias en los porcentajes, ambos informes señalan que el sector no logró revertir la tendencia y que la refinación de petróleo y la industria automotriz ocupan los extremos opuestos del ranking.

Qué muestra la medición de FIEL

El informe de FIEL describe una industria que lleva varios meses en retroceso. En términos desestacionalizados, la producción de septiembre cayó 0,9% respecto de agosto, lo que encadena cinco meses de contracción, o seis si se considera el componente de tendencia-ciclo. El tercer trimestre cerró con una baja interanual de 3,2%, el quinto trimestre consecutivo en retroceso, y con una contracción de 4,3% frente al segundo trimestre, ya corregida por estacionalidad. La entidad destaca que la caída alcanzó a más del 60% de los sectores durante ese período y concluye que “la industria se encontraría transitando una nueva fase de contracción”.

No todas las ramas de actividad están cayendo. En el acumulado de los primeros nueve meses, la refinación de petróleo encabeza el ranking con un alza de 8,2%, seguida por las industrias metálicas básicas (5,1%), los alimentos y bebidas (2,2%) y el papel y la celulosa (1,5%). En septiembre, la refinación se vio afectada por una parada programada en el Complejo Industrial La Plata, aunque el volumen de petróleo procesado en lo que va del año se acerca al récord de 2007. En alimentos y bebidas, el ritmo de crecimiento se moderó después de que agosto marcara el nivel de actividad más alto, con un avance de la faena porcina y una “nueva y marcada caída de la faena vacuna”, que FIEL ubica en un contexto de recuperación de los rodeos, menor demanda interna y exportaciones en niveles récord.

En el otro extremo, la industria automotriz acumula una baja de 17,2%, seguida por los minerales no metálicos (-5,3%), los despachos de cigarrillos (-5,2%) y la metalmecánica (-3,8 por ciento). Sobre el sector automotor, FIEL indica que las ventas mayoristas retrocedieron por octavo mes consecutivo, con una contracción más marcada en los envíos a concesionarias de vehículos de fabricación nacional, en un contexto de caída de los patentamientos y de mayor participación de marcas chinas y de vehículos electrificados e híbridos. Los minerales no metálicos, en cambio, mostraron una ligera mejora en septiembre por la recuperación de los despachos de cemento, tras varios meses de estancamiento.

Según el tipo de bien, los de consumo no durable crecen 1,4% en el acumulado, un récord para los primeros nueve meses del año, y los de uso intermedio 0,4 por ciento. Los bienes de capital caen 7,6% y los de consumo durable registran la baja más pronunciada (-9,4 por ciento).

Qué dice Ferreres

La consultora que dirige Orlando Ferreres plantea un escenario de menor deterioro mensual, pero sin recuperación. En su informe, la producción desestacionalizada de septiembre mantuvo “un nivel de actividad similar al del mes pasado”, con una suba de 0,1%, y el tercer trimestre cierra con una baja marginal de 0,1% frente al segundo. La consultora describe lo ocurrido en 2026 como “una marcha de serrucho, alternando subas y bajas”, y precisa que en la comparación interanual de septiembre siete sectores cayeron y cinco subieron.

Las refinerías lideran las subas, con un avance de 15,9% interanual en el mes y de 10% en el acumulado del año. Les siguen la industria química (6,1% en septiembre), los productos farmacéuticos (4,2%), los minerales no metálicos (2,4%) y el papel (2,1%).

Del lado de las caídas, maquinaria y equipo retrocedió 12,5% en septiembre y acumula una baja de 17,5% en los nueve meses. Dentro de ese rubro, Adefa informó una caída de 15,6% anual en la producción automotriz. También bajaron los sectores textil (-9,2%) y plásticos (-7,4 por ciento). Las metálicas básicas cayeron 3,6% en el mes, aunque acumulan una mejora de 2,2% en el año.

Sobre lo que viene, Ferreres advierte que “el escenario se ha deteriorado”. La consultora no descarta una actividad estancada en los últimos meses del año, o “una recuperación de menor magnitud a lo que se esperaba”.

El 54,5% de las personas ocupadas no hace aportes jubilatorios, una situación que reduce los ingresos de un sistema previsional ya en crisis y limita la cobertura de la seguridad social.

En un contexto de deterioro del mercado laboral, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, la proporción de trabajadores que sí efectúan contribuciones pasó de entre 47,3% y 48,4% durante 2023 a 45,2% en el primer trimestre del corriente año.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que esa reducción implica una merma anual de $3,3 billones en los recursos previsionales, a valores actuales. El monto equivale al 5,3% de la recaudación por contribuciones patronales y aportes personales.

Del total estimado, $2 billones corresponden a contribuciones patronales y $1,3 billones a aportes personales. En promedio, la baja alcanza a $277.780 millones mensuales, con un máximo de $454.093 millones en julio por el efecto de la liquidación del medio aguinaldo.

El CEPA aclaró que se trata de una proyección máxima de la pérdida potencial, no de una medición exacta de los recursos que efectivamente dejaron de ingresar. El planteo supone que quienes pasan a la informalidad perciben el mismo salario promedio que los trabajadores registrados, aunque sus remuneraciones suelen ser inferiores.

Mientras tanto, según el Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa), tras el ajuste aplicado por el actual Gobierno, el gasto público no destinado a la vejez se ubica apenas un 5% por encima, en términos del PBI, del promedio registrado en la década de los 80. En cambio, el gasto asociado a la vejez es un 73% mayor.

Qué pasa en otros países

El problema estructural del sistema previsional argentino radica en la insuficiente cantidad de trabajadores que realizan aportes para sostener las jubilaciones y pensiones sin recurrir a otras fuentes de financiamiento.

Un estudio comparativo de Argentina, Brasil, México, Canadá, España y Suecia, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), situó al país entre los que registran menor proporción de contribuyentes respecto de la población económicamente activa (PEA).

El indicador alcanza el 46,3% para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aunque asciende a aproximadamente el 58% al incorporar los aportantes de las cajas provinciales no transferidas y las profesionales. Brasil registra el 60,9%, Canadá 86,1%, España 87,5% y Suecia 91,5%. México presenta el valor más bajo, con el 42,5 por ciento.

El informe muestra que la diferencia está asociada sobre todo con la informalidad laboral. En la Argentina, el 43% de la población ocupada trabaja “en negro”, mientras que en Canadá, España y Suecia ese fenómeno tiene una incidencia marginal.

Además, advierte que la cantidad de personas que aportan no refleja por sí sola la capacidad de financiamiento: los trabajadores independientes suelen contribuir menos que los asalariados formales.

En ese sentido, se destaca el caso del monotributo. En la categoría más habitual, el componente previsional representa, en promedio, apenas el 3,65% del ingreso del contribuyente, frente a entre el 21,77% y el 23,35% de la remuneración bruta que aporta un empleado en relación de dependencia.

La fragilidad también aparece en las cuentas previsionales. Según la OPC, el sistema argentino registra un resultado positivo equivalente al 0,03% del PBI cuando se incluyen los impuestos asignados específicamente a su financiamiento. Sin embargo, si se consideran únicamente los aportes y las contribuciones, presenta un déficit del 0,72% del PBI.

El documento explica que depender de tributos vinculados al consumo y a las transacciones bancarias expone los recursos previsionales a las fluctuaciones de la actividad económica.

A largo plazo, la brecha entre los recursos disponibles y las necesidades de financiamiento constituye otro obstáculo. La tasa de cotización vigente —es decir, el porcentaje del salario destinado a financiar el sistema previsional— es del 22,2%, pero debería elevarse al 46,1% para equilibrar las cuentas bajo las reglas actuales.

Según el documento, esa diferencia —la mayor entre los países analizados— evidencia los límites de intentar resolver el desequilibrio exclusivamente mediante un incremento de las cargas laborales.

La OPC subraya que la presión demográfica aumentará en las próximas décadas. La cantidad de personas de 65 años o más por cada 100 en edad activa pasaría de 18,8 actualmente a entre 30 y 32 en 2050.

Ese cambio plantea un desafío adicional para un sistema que ya enfrenta dificultades para ampliar la base de aportantes y financiar las prestaciones con recursos contributivos.

El presidente Javier Milei afirmó que confía en que los argentinos respaldarán su continuidad en el poder y sostuvo que una victoria electoral permitiría acelerar el programa económico de su gobierno. “Estoy supertranquilo”, dijo.

El mandatario vinculó ese pronóstico con la evolución de indicadores económicos y sociales que enumeró durante la charla. “¿Tenemos más inflación o menos? Menos inflación. ¿Tenemos más PBI per cápita o menos? Más. ¿Tenemos menos pobres, menos indigentes, menos chicos pobres? ¿Tenemos mejores condiciones de seguridad?”, planteó.

Ante la pregunta de si la ciudadanía podría votar con el bolsillo, Milei respondió de manera afirmativa sobre su posibilidad de ser reelegido. Según afirmó, los votantes no acompañarán opciones que asoció con “cien años de decadencia”.

“No veo a los argentinos votando para atrás”, señaló durante una extensa entrevista en Radio Mitre. “No veo que los argentinos, con matices de caras más nuevas o más viejas, adhieran a las ideas de cien años de decadencia”, agregó. También sostuvo que su espacio representa las reformas y el progreso, mientras cuestionó a sectores de la oposición, a los que volvió a referirse con términos descalificadores.

Consultado sobre una eventual fórmula junto a Patricia Bullrich en 2027, Milei evitó precisar si la considera para la vicepresidencia, aunque ratificó su pertenencia al oficialismo. “Obviamente, si es parte del espacio, claramente”, respondió ante la posibilidad de compartir una boleta y la definió como “uno de los grandes referentes del espacio”.

El Presidente sostuvo además que Bullrich es “un soldado de este gobierno” y rechazó las versiones sobre una disputa interna. “No discuto ese tema todavía. No es el momento”, contestó cuando le preguntaron si la tiene en carpeta como candidata a vicepresidenta. También señaló que la definición de las estrategias corresponde a la mesa política, mientras él se concentra en “la gestión y la batalla cultural”.

Milei también consideró que una nueva victoria electoral funcionaría como una señal para los inversores. Aseguró que, tras ese “test electoral”, el riesgo país podría ubicarse en 200 puntos básicos y la economía argentina crecer a tasas de entre 7 % y 8 %.

Durante la entrevista, el jefe de Estado planteó una proyección de largo plazo para la Argentina. Dijo que, con un crecimiento sostenido, el país podría duplicar su producto bruto interno en una década y cuadruplicar el PBI per cápita en 20 años.

“Entre 15 y 20 años nos convertimos en un país desarrollado”, afirmó. “En diez años duplica el PBI. Eso significa que de acá a 20 años usted cuadruplica el PBI per cápita”, añadió. Luego agregó que el país podría llegar a ser la primera potencia mundial en un horizonte de entre 30 y 40 años.

Milei sostuvo que esas metas dependen de la continuidad de las reformas. En esa línea, defendió medidas de desregulación en sectores como la energía y la minería, y mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Milei reiteró sus acusaciones sobre el caso Libra

El presidente volvió a referirse al caso $Libra y afirmó que, durante un año, ocho meses y nueve días, fue objeto de acusaciones que calificó de falsas. Sostuvo que esas versiones buscaron dañar su figura y la de su gobierno, y llegó a plantear que detrás de esa cobertura existió una intención de propiciar una salida anticipada de su mandato. Además, adelantó que, tras su sobreseimiento en la causa, evaluará con sus abogados eventuales acciones legales por el perjuicio que considera haber sufrido.

“Es evidente que fue una estrategia corporativa donde se usó al medio para ensuciar, calumniarme, manchar mi buen nombre y honor, e intentar hacer un golpe de estado”, sostuvo. Consultado sobre si consideraba que la situación podría haber derivado en una ruptura institucional, respondió: “No estuvo tan lejos. Quizás habría que investigar si fueron parte de aquellos que buscaban la caída del gobierno y poner otras figuras para llevar esta transición”. Milei agregó que, si quienes lo ofendieron hubiesen pedido disculpas, estas no habrían compensado el daño ocasionado: “¿Con una simple disculpita alcanza para compensar todo el daño que hicieron?”, se preguntó.

Asimismo, adelantó que no descarta iniciar acciones legales: “Tengo que evaluarlo con mis abogados qué es lo que vamos a hacer, porque esto es un escándalo de proporciones mayúsculas”, afirmó. El mandatario calificó lo ocurrido como “una extorsión” que buscó “generar caos” y “tratar de ensuciar la figura del presidente”.

Defensa de las reformas y pedido de tiempo para que impacten en los ingresos

El mandatario respondió además a la inquietud por quienes aún no perciben mejoras en sus ingresos. Argumentó que la recuperación de los salarios requiere un proceso de reconstrucción del ahorro, la inversión y el capital de la economía.

“No me pida milagros. Soy un ser humano. Hago lo mejor que se puede con los recursos que tengo”, expresó. Luego comparó la situación del país con la de una persona que debe formarse y ganar experiencia antes de mejorar su remuneración y sostuvo que “esto se construye con trabajo, con tiempo”.

Según Milei, las reformas estructurales se implementan sin los efectos que, a su juicio, suelen observarse en otros procesos de ajuste. Afirmó que la economía cerraría sus primeros cuatro años de gestión con un crecimiento acumulado de entre 16 % y 18 %, aunque no precisó la base de cálculo de esa proyección.

También aseguró que los ingresos de los trabajadores informales se ubican cerca de 60 % por encima del nivel existente al inicio de su administración y que la desocupación está más de dos puntos por debajo de la tasa natural de desempleo. Las cifras fueron mencionadas por el Presidente durante la entrevista y no fueron contrastadas en la conversación.

El Presidente atribuyó parte de sus expectativas a las desregulaciones impulsadas por su gestión. Citó la eliminación del denominado barril criollo y los cambios en la normativa vinculada a glaciares como ejemplos de medidas que, según dijo, favorecieron inversiones energéticas y mineras.

Milei afirmó que el RIGI reúne proyectos por USD 210.000 millones, de los cuales USD 70.000 millones estarían aprobados. Definió al régimen como “la política industrial más importante de la historia argentina”.

En otro tramo de la entrevista con Radio Mitre, el mandatario insistió en que la continuidad de su programa dependerá del respaldo electoral. “Yo confío en los argentinos”, sostuvo. También afirmó que, una vez superado el examen electoral que —según dijo— reclaman los inversores, “Argentina va a empezar su gran despegue” y reiteró que una victoria de su espacio abriría una etapa de mayor crecimiento para el país.

Milei se mostró optimista sobre la salud del Papa

El presidente también se refirió a la salud del papa León XIV y dijo que antepone la cuestión humana a cualquier otra consideración. “Lo importante es que el papa se recupere y esté bien”, afirmó, y agregó que, si esa recuperación se produce y el pontífice puede viajar a la Argentina, la visita representaría “alegría, bendiciones” para el país. El mandatario se mostró optimista sobre la posibilidad de ese viaje, aunque remarcó que la prioridad sigue siendo el estado de salud del Papa.

El Presidente cuestionó a quienes, según dijo, no desean que la visita se concrete. Sostuvo que existen sectores de la política y el periodismo que “parece que quisiera que no viniera” y calificó esa postura de “miserabilidad”. Recordó que el 75% de los argentinos son católicos y reconocen al Papa como jefe espiritual, por lo que consideró injustificado que se introduzcan consideraciones políticas en torno al tema.

Milei dedicó un tramo de la entrevista a analizar por qué el papa Francisco nunca había viajado a la Argentina durante su papado. Expresó que, a su juicio, el fallecido pontífice evitó la visita para no generar “un terremoto político” en el país y que esa decisión reflejó, según su interpretación, un gesto de amor hacia su tierra natal. En ese marco, definió a Francisco como “el argentino más importante de la historia” por su rol como líder espiritual de la Iglesia Católica, aunque aclaró que esa valoración corresponde a una categoría distinta de la que ocupa Lionel Messi en el fútbol.

Los contribuyentes bonaerenses que deben impuestos tendrán una nueva oportunidad para ponerse al día. La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) publicó en el Boletín Oficial la normativa que regula el nuevo plan especial de pagos. El régimen entrará en vigencia el lunes 26 de octubre y ofrecerá bonificaciones de hasta 40% para regularizar obligaciones tributarias. La medida está pensada para familias, comercios y empresas.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el objetivo es generar una instancia de regularización antes del inicio del próximo período fiscal. “Queremos que quienes hoy tienen deudas puedan ponerse al día y llegar a 2027 en condiciones de acceder a las bonificaciones del próximo año. Dar herramientas para cumplir también forma parte de una administración tributaria más justa y cercana”, sostuvo.

La referencia a 2027 tiene una razón práctica. Para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos del año que viene, no registrar deuda con el fisco provincial será una condición indispensable. De ese modo, quien no regularice su situación antes del 31 de diciembre quedará fuera de esos beneficios.

Qué impuestos y qué períodos alcanza

El plan comprende deudas de cinco tributos: Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Podrán incluirse las obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025. Entran aun cuando estén en instancia prejudicial o judicial, o bajo un proceso de fiscalización.

También se admitirán las deudas correspondientes a 2026, con una excepción: las del Impuesto de Sellos. En ese tributo, solo se pueden regularizar las obligaciones generadas hasta fines de 2025.

La normativa contempla además los saldos de planes de pago caducos, es decir, aquellos que el contribuyente dejó de cumplir. En esos casos, el importe bonificado no podrá ser inferior al monto consolidado original. El cálculo se rehará desde el vencimiento de la obligación, con los intereses correspondientes y la deducción de los pagos ya realizados.

Más descuentos para quienes accedan antes

El régimen está organizado en cuatro etapas, y los beneficios mayores se concentran al comienzo. Hay tres modalidades de cancelación: pago al contado, en tres cuotas o en seis cuotas.

En la primera etapa, que va del 26 de octubre al 13 de noviembre, la bonificación será del 40% para quienes paguen al contado. Quienes elijan tres cuotas recibirán un 20%, y quienes opten por seis cuotas, un 15%.

La segunda etapa corre del 14 al 27 de noviembre. En ese período los descuentos serán del 35% al contado, del 15% en tres cuotas y del 10% en seis cuotas.

Entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre regirá la tercera etapa. La bonificación será del 30% para el pago al contado, del 10% en tres cuotas y del 5% en seis cuotas.

La última etapa abarca del 12 al 31 de diciembre. En esas fechas se mantendrá un descuento del 30%, pero solo para quienes cancelen la deuda de una sola vez. Las opciones en cuotas no tendrán bonificación.

En todos los casos, los descuentos no podrán superar el monto del capital adeudado.

Cómo se adhiere y qué otras opciones existen

La adhesión será digital y podrá hacerse a través del sitio oficial del organismo. Dentro de la sección de planes por impuesto, el contribuyente debe seleccionar el tributo, consultar la deuda y formalizar el plan de pagos.

Para quienes necesiten plazos más extensos, ARBA mantiene los planes habituales de financiación, que ofrecen una mayor cantidad de cuotas. La diferencia con el régimen especial es que este concentra las bonificaciones más altas en quienes regularicen su situación durante las primeras etapas del cronograma.

Lo que viene para los cumplidores

El organismo también anticipó cómo será el reconocimiento a los contribuyentes al día. Los mayores beneficios del año próximo estarán dirigidos a quienes hayan pagado sus obligaciones en tiempo y forma durante los últimos años.

“El año que viene vamos a fortalecer el reconocimiento a quienes vienen cumpliendo. Los descuentos serán mayores para quienes hayan mantenido una buena conducta tributaria, porque queremos valorar de manera concreta el esfuerzo, la responsabilidad fiscal y el compromiso de quienes cumplen con sus obligaciones”, señaló Girard.

Al presentar la herramienta, el funcionario la ubicó en un contexto económico complicado. “El objetivo es que quienes tienen obligaciones pendientes cuenten con una herramienta concreta para regularizar su situación y puedan acceder a los beneficios previstos para quienes cumplen, en un contexto económico adverso y de mayores dificultades para el pago de impuestos”, dijo.

El papa León XIV recibió en el Vaticano una carta de las universidades públicas argentinas en la que cuestionan al gobierno de Javier Milei por el deterioro presupuestario del sistema y por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El documento fue entregado por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

La presentación tuvo lugar durante la audiencia general que el Pontífice encabezó en el Vaticano. Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), llevó el texto en representación de las autoridades universitarias, en la antesala de la visita de León XIV a la Argentina prevista para noviembre.

La carta plantea que el conflicto excede la discusión sobre las partidas destinadas a las casas de estudio. Las universidades sostienen que la falta de ejecución de una ley aprobada y ratificada por el Congreso, junto con las disputas judiciales por su cumplimiento, afecta el funcionamiento de las instituciones democráticas.

El documento llegó el miércoles pasado a manos del Papa, seis días después de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre. Para los involucrados en las gestiones para el encuentro, la decisión del sumo pontífice de recibir el reclamo implicó, en los hechos, un fuerte gesto político. Estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas reclamaron entonces una recomposición salarial, recursos para las universidades y el cumplimiento de la legislación vigente.

Además, la audiencia se realizó un día después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal admitiera una apelación del Poder Ejecutivo vinculada con la ejecución de una medida cautelar sobre salarios y becas. La decisión representó un avance procesal para el Gobierno, aunque no resolvió el fondo del conflicto.

Las universidades alertaron al Papa por el cumplimiento de la ley y la división de poderes

La carta tiene tres páginas y reúne datos sobre la reducción de recursos, el impacto en la enseñanza y la investigación, y cuestionamientos a lo que el CIN define como una campaña de descalificación contra la educación superior pública.

“El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República”, afirma el texto al que accedió Infobae. Según el documento, el Gobierno ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y desoye las decisiones judiciales que ordenan su aplicación inmediata.

El CIN advirtió que el desacuerdo tiene consecuencias institucionales. “Cuando el gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, señalaron las autoridades universitarias.

Durante el encuentro, Bartolacci transmitió al Pontífice el saludo de la comunidad universitaria y sus expectativas ante su próxima llegada al país. “Fue un honor saludar al Papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país”, expresó el rector.

El titular del CIN indicó que buscaban brindarle al Papa información precisa sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia antes de su visita, prevista para el 8 de noviembre próximo. También manifestó la expectativa de que su presencia contribuya a promover el diálogo en un escenario de tensiones políticas y económicas.

El organismo no informó que León XIV haya asumido compromisos específicos sobre el reclamo. La audiencia tuvo como objetivo ponerlo al tanto de las dificultades que atraviesan las instituciones y de la posición de las autoridades académicas.

El CIN calculó que la inversión universitaria cayó al 0,47% del PBI en 2026

Uno de los principales argumentos de la presentación está vinculado con la evolución del gasto destinado al sistema. Según el documento, el presupuesto de las universidades nacionales pasó de un promedio de 0,74% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2016 y 2023 a 0,47% en 2026.

Para las autoridades académicas, esa cifra constituye el nivel más bajo de inversión histórica en el sistema universitario argentino. La baja equivale a 0,27 puntos porcentuales del PBI frente al promedio de los ocho años anteriores, una reducción cercana al 36,5% en términos relativos.

El CIN afirmó que la restricción de fondos condiciona el funcionamiento cotidiano de las universidades y alcanza a los proyectos de investigación científica, las tareas de extensión, la vinculación tecnológica y la compra de equipamiento.

La carta también relaciona la situación con las trayectorias estudiantiles. “Cuando el financiamiento universitario se deteriora, las consecuencias no se limitan a las aulas, los talleres o los laboratorios de enseñanza”, señala el texto, que menciona entre sus efectos las dificultades para sostener las actividades científicas y garantizar que los estudiantes completen sus carreras.

Las autoridades recordaron una definición del papa Francisco, quien calificó a los recortes en educación como un “suicidio programado”. La cita fue incorporada para reforzar el lugar que la educación ocupa, según el CIN, en las políticas de inclusión y desarrollo.

La Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 fue sancionada por el Congreso y luego ratificada con mayorías especiales tras el veto presidencial. La norma contempla mecanismos de recomposición presupuestaria, actualizaciones salariales para docentes y no docentes y recursos para las becas estudiantiles.

El Poder Ejecutivo condicionó su aplicación mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que debían identificarse las fuentes de financiamiento. A partir de esa decisión, las universidades iniciaron reclamos judiciales para exigir el cumplimiento de la norma.

El juez federal en lo contencioso administrativo Martín Cormick dictó resoluciones favorables a los reclamos universitarios, entre ellas una cautelar sobre salarios y becas. También declaró inconstitucional la condición fijada por el Gobierno para ejecutar la ley.

El 20 de octubre, la Sala III de la Cámara habilitó la revisión de decisiones que el magistrado de primera instancia había considerado inapelables. El tribunal entendió que el Estado podía discutir la continuidad de la cautelar, ante el planteo oficial de que había perdido vigencia luego de la sentencia de fondo.

La Cámara no definió si la cautelar sigue vigente ni estableció si el Gobierno cumplió con las obligaciones ordenadas. Los jueces aclararon que admitir la apelación no implicaba adelantar una posición sobre el cumplimiento de la medida.

Para el Gobierno, la resolución respaldó su postura en el litigio. Las universidades, en cambio, mantuvieron su reclamo por la aplicación efectiva de la ley y por la asignación de recursos en el marco de la discusión del Presupuesto 2027.

En su documento, el CIN sostuvo que el sistema universitario público reúne a cerca de tres millones de personas en más de 70 instituciones de distintas tradiciones académicas. También destacó su aporte a la movilidad social, la formación profesional, la producción científica y el desarrollo tecnológico.

“La universidad pública y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación son factores fundamentales de la economía del país”, planteó la carta. El organismo vinculó el financiamiento de esas capacidades con la posibilidad de agregar valor a las materias primas y generar empleo.

El texto también recuperó reflexiones de León XIV sobre el diálogo, la comunicación y la búsqueda de la verdad frente a la desinformación y la polarización. Para el CIN, las universidades deben formar ciudadanos capaces de contrastar fuentes y participar de los debates públicos.

“La universidad argentina, pública, gratuita y federal, es una valiosa conquista de muchas generaciones y nuestra responsabilidad es preservarla para quienes vengan”, concluye uno de los últimos pasajes de la carta.

Las autoridades universitarias expresaron su confianza en que el reconocimiento del Pontífice al sistema, su palabra y su bendición permitan renovar la confianza en las instituciones democráticas. La presentación en el Vaticano sumó así una instancia internacional a un conflicto que seguirá abierto en el Congreso y en los tribunales.