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La Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE) presentó un amparo colectivo para que la Justicia Federal de la Capital Federal suspenda la aplicación del Decreto 612/2026, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en julio pasado, que corrigió los alcances de la reglamentación de la reforma laboral y así puso a salvo los fondos de la caja sindical.

Esa norma, como anticipó Infobae, fue consensuada entre el Gobierno y la CGT para aclarar la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, a través del Decreto 407, que había restringido aún más las cuotas solidarias y las contribuciones patronales, vía el convenio colectivo de trabajo, que financian a los sindicatos.

CATSE, que reúne a pymes de transporte de cargas y logística de aquella provincia, señala en su presentación que el último decreto aumenta de manera inmediata un 18,87% el costo mensual por trabajador al modificar la base de cálculo de aportes y contribuciones laborales.

Según la demanda judicial, el cambio impone una carga insostenible para las pequeñas y medianas empresas del sector y viola derechos consagrados por la Constitución Nacional y leyes federales. Si la Justicia accede a su pedido, será un golpe para la estructura del Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano.

La presentación de CATSE, encabezada por su presidente, Federico Lo Bruno, apunta a frenar los efectos del Decreto 612/2026, que, según la entidad, aumentó los costos sin una modificación de la ley ni de los convenios colectivos vigentes.

Lo que está en juego es la manera en que se calcula el límite legal para sumar aportes y cargas económicas a los salarios, según lo fija el artículo 9° de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, que fue reformada por la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

Hasta junio de 2026, la base de cálculo era el salario básico convencional de cada trabajador, según había dispuesto el anterior Decreto 407. Sin embargo, el nuevo decreto agregó “las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual” a esa base.

En términos concretos, para el convenio de los camioneros, un chofer de primera categoría tenía un salario básico de $1.060.010,29 y con la nueva fórmula, la base sube a $1.260.010,29. El resultado: $200.000 extra por trabajador cada mes, lo que representa, según el escrito de CATSE, un incremento del 18,87%.

La cámara que preside Lo Bruno sostiene que este aumento no proviene ni de la ley ni de los acuerdos colectivos, sino sólo de la decisión administrativa del Poder Ejecutivo, y que su aplicación automática afecta al flujo de caja de las empresas, sobre todo en un sector donde la mano de obra representa el mayor costo.

Plantea que el decreto no sólo eleva los costos, sino que lo hace vulnerando la previsibilidad y la seguridad jurídica para las empresas, al modificar “de la noche a la mañana” un sistema que regía desde principios de junio.

CATSE detalla que el Decreto 612 entró a regir “desde su dictado” el 17 de julio, pero recién fue publicado el 20. Por eso, solicita que la Justicia declare que no puede exigirse su cumplimiento en ese lapso, dado que “las normas sólo obligan una vez que son publicadas”.

En el amparo presentado se reclama que se reconozca el derecho de las empresas a que los pagos hechos entre el 1° de junio y el 20 de julio sean considerados “intangibles”, es decir, que la nueva norma no pueda ser usada para reclamar diferencias retroactivas.

Uno de los puntos centrales es la acusación de que el Poder Ejecutivo Nacional se arrogó facultades que corresponden al Congreso. Según la presentación, sólo el Parlamento puede fijar los límites y sus bases de cálculo para este tipo de obligaciones, y la alteración por decreto constituye un “exceso reglamentario”.

La entidad señala que el propio Estado nacional había fijado primero una base y después la cambió sin que medie una ley. “Las empresas de la clase ajustaron presupuestos, tarifas, estructuras y decisiones de contratación sobre la base del régimen que el propio Estado fijó y publicó el 1° de junio de 2026. Cuarenta y siete días después, el mismo Estado, sin cambio legal alguno, agravó ese régimen con pretensión retroactiva”, afirma la demanda.

Además, la CATSE advierte que actualmente “tres fuentes superpuestas e incompatibles” generan una situación de “indefinición casi total”: el Decreto 407 (que fijaba la base anterior), el Decreto 612 (que la amplió) y una medida judicial dictada en el fuero laboral que suspendió parcialmente el primero.

Por eso pidió de forma urgente una medida cautelar de no innovar para que el Poder Ejecutivo no aplique el Decreto 612 a las empresas representadas, manteniendo transitoriamente el sistema anterior hasta que haya una sentencia definitiva.

El escrito sostiene que el daño que causará la norma es “inminente, mensual, acumulativo y de imposible reparación ulterior”. Cada liquidación salarial, advierte la cámara, implica un nuevo costo extra que para muchas pymes puede significar embargos bancarios y la parálisis de la operatoria habitual.

De todas formas, enfatiza que los montos discutidos por el decreto no afectan el sueldo que perciben los choferes de camiones ni ningún otro ingreso alimentario, ya que se trata sólo de cargas patronales a favor del sindicato. “Los trabajadores continuarán percibiendo la totalidad de sus remuneraciones convencionales, con todos sus adicionales -dice-, exactamente igual que antes de la medida, lo único que la cautelar alcanza es el flujo de cargas patronales dirigido a las estructuras colectivas”.

En apoyo de su pedido, la cámara acompañó informes contables sobre tres empresas modelo (pequeña, mediana y grande), donde se cuantifica el impacto mensual y anual de la medida, además del porcentaje que representa sobre el margen operativo.

CATSE basa su legitimación para reclamar ante la Justicia en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que habilita a las asociaciones a presentar amparos cuando defienden derechos “de incidencia colectiva”. Además, cita la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, especialmente el fallo “Halabi” sobre protección colectiva de derechos.

Las empresas representadas, según el escrito, son “en su inmensa mayoría, pequeñas y medianas empresas dedicadas al transporte de cargas”. Todas ellas, asegura la cámara santiagueña, adhirieron expresamente a la acción, y su nómina fue presentada como anexo.

Según CATSE, la vía del reclamo individual sería “económicamente inviable” para cada empresa, por lo que la acción colectiva es la única forma de tutela judicial real frente a un sobrecosto que se multiplica en el tiempo.

La demanda aclara que el universo alcanzado por la acción son “empresas de transporte de cargas y logística asociadas a CATSE”, que emplean trabajadores comprendidos dentro de convenios colectivos afectados.

En ese sentido, señala que no existe otro proceso colectivo con igual objeto y clase en trámite. Aclara, además, que hay una causa en el fuero laboral iniciada por el sindicato de la actividad, que lidera Hugo Moyano, pero que allí los intereses y la parte actora son “frontalmente opuestos” (trabajadores vs. empresas).

La actividad de las pequeñas y medianas empresas industriales volvió a mostrar señales de deterioro durante el segundo trimestre del año, según la encuesta coyuntural del Observatorio PyME. El relevamiento registró una caída interanual del 11% en la producción y una contracción del empleo del 4,5%.

El impacto de la retracción no fue homogéneo: las pequeñas empresas fueron las más afectadas, con un desempeño más negativo que el de las firmas medianas.

La mayoría de las empresas, un 63,1%, informó que mantuvo estable su dotación de trabajadores. No obstante, el 23,8% señaló una reducción del empleo, mientras que apenas el 13,1% registró un aumento. El informe destaca: “A diferencia de los demás componentes no surge de una opinión sino del dato de planta. Al ser una decisión costosa de revertir, su movimiento indica que las empresas consideran que el cambio de actividad no es transitorio”.

En términos de producción, se evidencia una contracción en el volumen físico elaborado respecto del trimestre previo: el 33,9% de las empresas reportó una caída, mientras que el 24,6% indicó un incremento y el 41,5% sostuvo que no hubo variaciones

A este escenario se suman los indicadores que anticipan la evolución de la actividad y el nivel de confianza empresarial. Tanto el Índice Anticipatorio del Ciclo de Actividad PyME (PMI) como el Índice de Confianza Empresarial (ICE) permanecieron por debajo de los 50 puntos, el umbral que separa las expectativas de expansión de las de contracción. Sin embargo, ambos indicadores mostraron una mejora respecto de los bajos registros del trimestre anterior.

El PMI de las PyME industriales alcanzó los 44 puntos, lo que implica que las perspectivas de actividad continúan siendo contractivas. El indicador sintetiza las decisiones de las empresas vinculadas con compras, producción e inventarios: valores superiores a 50 anticipan una expansión, mientras que los inferiores a ese nivel proyectan una contracción.

Durante el segundo trimestre, el PMI registró un rebote de 10 puntos respecto del primer trimestre, en línea con el comportamiento estacional habitual. No obstante, el nivel alcanzado se mantuvo por debajo del registrado un año atrás.

Todos los componentes del índice permanecieron en zona contractiva. Entre los principales factores de debilidad se destacaron la cartera de pedidos y el stock de materias primas e insumos, dos variables que reflejan la persistencia de un escenario de menor actividad y cautela por parte de las empresas.

Por su parte, el Índice de Confianza Empresarial (ICE) se ubicó en 43 puntos. El indicador contempla las expectativas de rentabilidad, las condiciones para invertir y la percepción sobre la situación actual, tanto a nivel individual como sectorial y nacional.

Al igual que el PMI, el ICE permaneció por debajo de los 50 puntos, lo que refleja un escenario de pesimismo entre las PyME industriales. Sin embargo, presentó una mejora de 2,7 puntos frente al trimestre anterior.

En la comparación interanual, en cambio, el indicador mostró un deterioro: cayó 4,5 puntos respecto del mismo período del año pasado.

Los resultados del relevamiento muestran así una recuperación parcial de las expectativas respecto del inicio del año, aunque todavía insuficiente para revertir el escenario contractivo que atraviesa el entramado PyME industrial. La caída de la producción y el empleo, junto con la debilidad de los pedidos y la persistencia de niveles bajos de confianza, mantienen al sector bajo presión.

Esto se da en un marco en que distintos indicadores siguen mostrando retracciones en la demanda. Por caso, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pymes tuvieron un retroceso interanual de 3,8% durante julio y de 2,1% respecto a junio. De esta manera, en los primeros siete meses del año, el rojo acumulado fue de 2,7%.

En el detalle por sectores, seis de las siete actividades relevadas mostraron caídas en la comparación interanual. Los mayores descensos se concentraron en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%). En contraste, el único rubro que logró terreno positivo fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+1%).

Hackers vinculados a China usaron IA de código abierto para comprometer sitios del gobierno de Taiwán en una intrusión que, según Financial Times, marca un caso inédito de ataque cibernético autónomo de extremo a extremo y expone cómo la inteligencia artificial está modificando la guerra digital.

La operación se extendió durante cuatro días a comienzos de julio. En ese lapso, la herramienta desplegó al mismo tiempo hasta ocho agentes autónomos, examinó 21 sistemas gubernamentales, investigó vulnerabilidades y cambió de táctica cuando encontraba bloqueos.

La investigación de la empresa israelí Dream concluyó que el sistema comprometió al menos 85 cuentas de usuarios del gobierno, extrajo más de 2.500 registros de personal y luego amplió el ataque hacia la agencia de seguridad nuclear de Taiwán y al menos siete compañías de energía.

Amir Becker, director de estrategia de Dream y exjefe de operaciones cibernéticas de la unidad de inteligencia israelí Unidad 8200, dijo al medio que nunca había visto antes un “ataque autónomo de extremo a extremo” contra un objetivo gubernamental. Añadió que la aparición de estas herramientas obliga a los gobiernos a partir de una premisa distinta: “Esta debe ser la suposición básica de todos los gobiernos del mundo”.

La herramienta actuó como un equipo coordinado de hackers

Según la investigación, los atacantes utilizaron agentes de IA de acceso público para construir una herramienta de intrusión capaz de operar de forma autónoma como si fuera un equipo humano coordinado. Su rasgo más llamativo fue la capacidad de clasificar y reclasificar de manera constante las posibles rutas de ataque en función de la información que iba reuniendo.

Cuando una vía fallaba, el sistema lanzaba otro agente para rastrear internet, buscar nueva información y diseñar una alternativa, del mismo modo en que lo haría un atacante humano. Los investigadores identificaron esta actividad a partir de un archivo en línea de 160 MB hallado durante pesquisas generales sobre la evolución de actores de amenazas cibernéticas.

Ese archivo contenía 1.395 archivos y mostraba que la herramienta usó dos sistemas de agentes de IA de código abierto: Hermes y OpenClaw. Ambos pueden descargarse y permiten que modelos de IA ejecuten tareas de manera autónoma.

Los investigadores no pudieron determinar qué modelo de IA impulsaba a esos agentes. Los datos sí mostraron que las salvaguardas del modelo subyacente habían sido eludidas al presentar la actividad de pirateo como un ejercicio autorizado para probar vulnerabilidades del sistema.

Operadores conectados con China

Dream no atribuyó el ataque a un grupo específico. Sus investigadores sostuvieron, no obstante, que el uso de chino simplificado en comunicaciones internas vinculadas con la intrusión elevaba la probabilidad de que el operador tuviera conexión con China.

En contraste, los datos extraídos del objetivo estaban escritos en chino tradicional, una característica habitual en sitios gubernamentales de Taiwán, Hong Kong y Macao. Una persona con conocimiento del ataque indicó que el blanco era Taiwán, aunque la compañía evitó confirmarlo por política interna y solo señaló que había alertado a un país de la región Asia-Pacífico sobre la violación.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Digitales de Taiwán rechazó hacer comentarios sobre el caso por motivos de confidencialidad. Sí indicó que todos los incidentes “relacionados con agencias gubernamentales o infraestructura crítica serán manejados de acuerdo con los procedimientos establecidos de reporte y respuesta”.

El funcionario añadió que “los métodos de ataque de los hackers se han vuelto cada vez más diversos, y en los últimos años la integración de la tecnología de IA ha transformado aún más la naturaleza de los incidentes de ciberseguridad”. Luego precisó: “Los agentes de IA han traído dos nuevos desafíos para la defensa de la seguridad de las redes: los ataques están automatizados, y los propios agentes de IA se convierten en nuevas vulnerabilidades”.

Las autoridades chinas no respondieron a los pedidos de comentarios, citados por Financial Times. El contexto de fondo es un aumento sostenido de la presión digital sobre la isla.

En su informe de enero, la Oficina Nacional de Seguridad de Taiwán señaló que la isla enfrentó un promedio de 2,6 millones de ciberataques chinos por día en 2025, un alza de 6% frente al año anterior. El régimen de Beijing considera a Taiwán parte de su territorio y amenaza con anexarlo por la fuerza si Taipéi se niega de manera indefinida a aceptar su control.

La revelación aparece en un momento en que las industrias de la IA y la ciberseguridad discuten hasta qué punto los modelos más recientes pueden identificar y explotar fallas de software. Anthropic, OpenAI y Meta también informaron que nuevos modelos de IA lanzaron ataques cibernéticos inesperados durante pruebas.

Dream fue fundada en 2023 por el empresario israelí Shalev Hulio y el ex canciller austríaco Sebastian Kurz, de 39 años. Con sede en Tel Aviv, la firma se presenta como una compañía de IA soberana nacional y ciberdefensa.

Hulio ganó notoriedad en la década de 2010 como cofundador de NSO Group, la empresa de ciber vigilancia incluida en una lista negra por Estados Unidos en 2021 debido al supuesto uso de su software Pegasus por parte de algunos gobiernos para espiar a periodistas y figuras opositoras.

La empresa fue valorada en USD 3.000 millones en junio, frente a los USD 1.100 millones previos, después de una ronda de financiación por USD 260 millones con inversores entre los que figura Bain Capital.

El Gobierno argentino dispuso que todas las personas extranjeras que no cuenten con residencia permanente deberán pagar por la atención en hospitales públicos en el país. La medida incluye a quienes poseen residencia precaria y se encuentran en proceso de regularización. El Ministerio de Salud confirmó que la resolución alcanza tanto a turistas como a quienes tramitan su documentación, lo que modifica la forma en que funcionaba la gratuidad del sistema sanitario argentino.

Desde la entrada en vigencia de la norma, los extranjeros que aún no obtuvieron la residencia permanente deben abonar los servicios médicos. Esto abarca tanto emergencias como consultas programadas. El cambio fue comunicado por autoridades nacionales y generó dudas sobre el alcance para quienes ya viven y trabajan en Argentina pero aún no completaron los trámites migratorios.

Roberto Aruj, director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), analizó el impacto de la resolución. “Como todas estas medidas, son negativas para un país como la Argentina, que es tradicional e históricamente abierto a la migración”, afirmó en Infobae en Vivo.

Aruj subrayó la existencia de la ley 25871, sancionada en 2003 y reglamentada en 2010, que garantiza derechos plenos a los extranjeros que deseen instalarse en el país.

Según explicó Aruj, el proceso para acceder a la residencia permanente requiere dos años de permanencia en Argentina. Durante ese periodo, la persona cuenta con un documento que acredita una residencia precaria, y sólo después puede solicitar la ciudadanía.

Diferencias con otros países y zonas de frontera

El especialista realizó comparaciones con sistemas sanitarios de otros países. Aclaró que, en países donde la salud y la educación son públicas, “lo habitual es que una legislación le dé cobertura” a las personas que residen, trabajan y pagan impuestos, incluso si están en proceso de regularización.

Las zonas de frontera presentan particularidades. “Este tipo de vinculación se realiza en general en lugares de frontera, donde la circulación es permanente de un lado y para el otro”, explicó Aruj. Allí pueden surgir situaciones donde extranjeros cruzan para atenderse en hospitales argentinos, y viceversa.

En el norte del país, algunas provincias como Salta ya implementaron medidas para cobrar a extranjeros la atención médica. El concepto de reciprocidad aparece en estos debates, sobre todo cuando ciudadanos argentinos relatan que debieron pagar por atención en países limítrofes, mientras que en Argentina no existía ese requisito.

Alcances políticos y económicos de la resolución

Aruj consideró que la medida responde más a demandas políticas que a cuestiones económicas. “Me parece que apunta a un sector que reclama estas medidas, que de alguna manera están vinculados al Gobierno en términos políticos”, afirmó. El director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo también resaltó que no existen datos que indiquen un flujo masivo de extranjeros que viajen exclusivamente para atenderse en hospitales públicos.

“No creo que sea importante el número de extranjeros que vienen a atenderse en Argentina”, sostuvo Aruj. Al ser consultado sobre la estimación de personas afectadas, afirmó: “No sé cuántas personas son. No creo que sea importante el porcentaje”.

Advirtió que el control estricto implementado por la resolución puede afectar a familias transnacionales que viven y trabajan en ambos lados de la frontera, y que circulan diariamente entre países.

Opiniones sobre la finalidad de la medida

El especialista sostuvo que estos decretos restringen derechos fundamentales y que la discusión debería darse en el Congreso Nacional. “Son decretos que restringen directamente el derecho, en un caso, a la libertad de expresión”, señaló. Además, expresó que “este tipo de decretos auspician otras cuestiones que tienen que ver con encontrar una figura alternativa para echar culpas sobre problemas que son de otra índole”.

Aruj remarcó la diferencia entre el extranjero que viaja específicamente para atenderse y quien reside en Argentina, trabaja y cumple obligaciones fiscales. “El residente precario paga sus impuestos, consume, respeta las leyes”, afirmó.

La resolución mantiene el foco en la reciprocidad y en la posibilidad de que las provincias adapten la aplicación de la norma según las realidades locales, sobre todo en regiones fronterizas donde la movilidad es constante.

El debate sobre la gratuidad de la salud pública para extranjeros en Argentina sigue abierto. Las posiciones contrastan la tradición de acceso universal con la intención oficial de limitar el gasto público y responder a demandas sociales concretas. El alcance y la permanencia de la medida dependerán de futuras definiciones políticas y legislativas.

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