Las autoridades de Alemania emitieron este domingo una orden de búsqueda y captura para un sospechoso prófugo por el atropello masivo con un vehículo en el festival del Orgullo de Berlín, hecho que dejó una persona muerta y al menos 16 heridas. La Policía local y la Fiscalía solicitaron colaboración de la ciudadanía para localizar a Abdul B.identificado como el presunto responsable.
Según el detalle policial, el hombre es descrito como un joven de 21 años con una contextura física delgada, una altura aproximada de 1,90 metros y con cabello color negro. Al momento del suceso, habría portado una remera negra con capucha y pantalones blancos.
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A su vez, el informe oficial remarca que el incidente ocurrió la noche del sábado, cuando una camioneta blanca ingresó al parque Tiergarten alrededor de las 22:00 (hora local) y atropelló a varias personas antes de estrellarse contra un árbol.
El aviso público también advirtió a la población contra el “contacto directo” con el sospechoso, señalando que podría estar armado y ser peligroso.
En las cercanías se celebraba la clausura del festival del Orgullo, Christopher Street Day, tras un desfile que reunió a unos 80 camiones y cientos de miles de personas. Las autoridades añadieron que, además de las víctimas del atropello, varias personas también resultaron apuñaladas y que uno o más ocupantes habrían abandonado el vehículo tras el impacto.
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La policía había indicado previamente que Abdul B. tendría vínculos con círculos islámicos en Berlín. “La policía conoce al sospechoso. Sabemos que pertenece a círculos islámicos aquí en Berlín, y nuestra búsqueda de esta persona avanza a toda velocidad”, declaró el portavoz Florian Nath, quien agregó que “los investigadores no tenían información sobre sus motivos específicos”.
La policía informó que una mujer falleció a causa del atropello. Los bomberos de Berlín precisaron que tres personas permanecen en estado crítico, ocho sufrieron heridas graves y cinco presentan lesiones leves.
Un vehículo atropelló a una multitud en Berlín
El evento del Orgullo en la Puerta de Brandeburgo, considerado una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa, fue cancelado a las 22:15 y se interrumpió la actuación de una banda sobre el escenario. Se instó a los asistentes a regresar a sus hogares y evitar el área del parque.
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Líderes políticos de Alemania condenaron el ataque
Los principales referentes políticos de Alemania repudiaron este domingo el atropello masivo. El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó el hecho como un “acto atroz” a través de un portavoz en declaraciones al diario Tagesspiegel. Merz afirmó que mantiene “estrecho contacto con el ministro del Interior, Alexander Dobrindt”, y que los servicios de seguridad le informan de la evolución del caso. El ministro del Interior ofreció el respaldo de las autoridades federales al Gobierno local de Berlín tras el suceso, según confirmó un portavoz del Ejecutivo, citado por la agencia alemana DPA.
El alcalde de Berlín, Kai Wegener, describió lo ocurrido como “un ataque brutal a nuestra sociedad libre y cosmopolita”. En sus redes sociales, Wegener expresó: “Berlín es la ciudad de la libertad, y nuestra libertad ha sido atacada hoy de la manera más terrible. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y amigos”. Además, agradeció a las autoridades por “hacer todo lo que estaba en su poder”.
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El candidato a la presidencia del partido democristiano CDU, Stefan Evers, agradeció directamente a la Policía berlinesa por su intervención y aseguró que “llegarán las consecuencias” para quienes “han golpeado a nuestra ciudad directamente en el corazón”. Hasta el momento, ningún dirigente principal del partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) se ha pronunciado sobre el incidente.
(Con información de Associated Press y Europa Press)
Mientras el gobierno vuelve a plantear un cambio en las reglas electorales con el objetivo de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, el debut de la Boleta Única Papel deja las primeras conclusiones: sumó votos anulados en casi todo el país, costó el doble por elector y no logró que los argentinos se acercaran a votar.
La papeleta que iba a “facilitar el acto de votación” coincidió con la participación más baja desde el regreso de la democracia: 67,3%. Ni un repunte ni una excepción: la curva venía cayendo desde 2013 y la BUP no la torció. Está claro que la baja participación de las elecciones del 26 de octubre del año pasado reflejó un síntoma de ausentismo que viene creciendo elección trás elección y por eso el estudio es cauto dejando en claro que el instrumento por sí solo no es el culpable, pero tampoco resultó un atractivo en su primer uso.
El trabajo lo presentaron María Inés Tula, el legislador Sebastián Galmarini, Luciana Berman y Emilio Gabriel Soto —investigadores de la UBA y el CONICET— en el XIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, y su valor está en los números fríos: comparan participación, voto en blanco, voto nulo y costos entre 2021, 2023 y 2025 para ver qué cambió realmente con la nueva boleta y qué no.
El voto nulo subió en 22 de los 24 distritos, con excepciones únicamente en CABA y Formosa. Los números en el mapa muestran que Santa Fe cerró con 4,8% de voto nulo, Santa Cruz con 4,3%, Chubut con 4,2%, San Luis con 3,9% y Tierra del Fuego con 3,7%. Son cifras que en 2023 casi ningún distrito alcanzaba —la mayoría estaba debajo del 2%— y que en algunos casos, como Santa Fe, más que duplican el registro de la elección anterior.
El detalle más revelador está en los ocho distritos que eligieron dos categorías —senadores arriba, diputados abajo, en la misma papeleta—. Ahí el voto en blanco en diputados trepó a un promedio de 7,8%, contra apenas 2,7% en senadores. Chaco marcó la brecha más extrema: 9,3% en blanco para diputados contra 2,1% en senadores, una diferencia de más de siete puntos. Entre Ríos y Salta repitieron el patrón, con saltos de seis puntos entre una categoría y otra.
La explicación no es ideológica, es de diseño. Sin casillero de “lista completa”, el elector tenía que marcar dos veces –una por cada cargo– y una parte se olvidó la segunda marca. El voto nulo, en cambio, se mantuvo parejo entre quienes votaron una categoría y quienes votaron dos: la prueba, dicen los autores, de que no se trató de mayor bronca política sino de un problema de manejo del instrumento.
En 2027 se deberá agregar la categoría a Presidente en la BUP pero lo que podría llegar a agregarse es justamente el casillero de “lista completa”. Una complicación que se podría agregar es la habilitación de boletas colectoras que el Gobierno está negociando con los gobernadores aliados.
El argumento de los libertarios para vender la reforma fue el ahorro. La realidad: el proceso 2025 costó $370.613 millones, más caro que 2021 y 2023 juntos, incluso ajustando por inflación. El costo por elector pasó de $658 en 2023 (con PASO, generales y ballotage incluidos) a $1.445 en una sola elección en 2025. Más del doble.
Solo la impresión de boletas insumió unos $52.000 millones con IVA incluido —cerca de 26,7 millones de dólares—, con un costo unitario por BUP que, según el diseño y la cantidad de listas, osciló entre $1.100 y $1.310.
Ahí aparece Esquina, un municipio correntino, como contracara interesante: al desdoblar sus comicios locales y luego votarlos junto a los nacionales, compartiendo la logística ya contratada por el Estado, la coordinación interjurisdiccional sí generó ahorro.
El otro capítulo tiene nombre propio. Cuando La Libertad Avanza pidió reimprimir 14,4 millones de boletas tras la baja de José Luis Espert de la lista bonaerense, la Justicia Electoral dijo que no. El Ministerio del Interior había estimado el costo de una reimpresión integral en $12.169.655.000 —prácticamente todo el presupuesto electoral disponible para lo que restaba del proceso—, y ya no había tiempo material para una nueva impresión, control y distribución antes del 26 de octubre. La solución fue un parche: afiches actualizados con la nueva integración de la lista, sin tocar la boleta oficial. Queda abierta la pregunta para la próxima vez que un candidato se baje a último momento.
El estudio no cierra con una condena a la BUP: reconoce que se aplicó en un escenario acotado, sin PASO y con pocas categorías en disputa, lo que probablemente amortiguó costos y complejidad. La advertencia es para 2027: si no se suspenden las primarias o se suman categorías electivas, tanto el tamaño de la boleta como la factura pueden crecer todavía más.
El vocero presidencial fue protagonista de un blooper en el cierre de la semana. Cuando nadie se lo pedía Adrián Ravier vaticinó un tipo de cambio “de $ 1.800 ó $ 1.700 en los próximos meses”. Así contradijo lo que el Gobierno reitera una y otra vez: que el dólar flota.
“Los funcionarios tienen que evitar hablar del valor del dólar”, contestó Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, al ser consultado por los dichos del funcionario libertario. Ravier puede saber mucho de escuela austríaca, pero demostró estar verde para su nuevo rol. Al ser consultado por el nuevo proyecto de inocencia fiscal hizo agua, aunque se trata de una de las iniciativas más importantes del Ejecutivo para este semestre.
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Desde “el que apuesta al dólar pierde” de Lorenzo Sigaut en 1981 hay ejemplos de sobra sobre la inconveniencia de hablar del tipo de cambio. Alberto Fernández al ganar las PASO en 2019 consideró que “el dólar a $60 está bien”. Al final del mandato y luego de cuatro años de cepo lo entregó a casi $1.000 en el mercado paralelo.
El año pasado fue Javier Milei quien anunció que el Central compraría dólares solo cuando el tipo de cambio cayera a mil pesos, algo que nunca sucedió. Luego Luis “Toto” Caputo hizo célebre su frase de “compra campeón” en referencia a las críticas relacionadas con un dólar barato. Desde entonces el tipo de cambio subió casi 40% en pleno proceso electoral.
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En un momento de tranquilidad cambiaria, vaticinar un tipo de cambio 20% más alto que el actual corre el riesgo de “despertar al monstruo”.
Las proyecciones del mercado coinciden en que el dólar se pondrá más picante en los próximos meses. En los primeros siete meses del año la inflación superó el 18% mientras que el tipo de cambio quedó básicamente planchado. Es muy probable que esto cambie en lo que queda de 2026. Incluso consultoras como Invecq ya venían estimando un valor de $ 1.800 para fin de año.
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De las exportaciones a las colocaciones
Ya en julio el Banco Central aflojó con la compra de divisas para evitar un salto en la cotización. Ahora habrá menos liquidación del agro, pero es posible que ingresen divisas por colocaciones de deuda en el mercado internacional. En la última semana colocaron Neuquén (USD 500 millones) y PCR (USD 400 millones). Aunque no se esperan grandes emisiones, el mercado internacional sigue abierto para algunas provincias o empresas que busquen financiamiento.
Más allá de la desafortunada expresión del vocero, nada hace pensar que el tipo de cambio efectivamente pueda tener alguna variación brusca al menos hasta fin de año. Las dudas, por supuesto, se concentran en lo que podría suceder durante el período preelectoral del año próximo.
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La inflación también seguiría dando buenas noticias al Gobierno. Las proyecciones preliminares de julio coinciden en que se ubicaría entre 1,8% y 1,9%, por lo que se mantiene vigente el proceso de desinflación que ya lleva tres meses.
El precio de la carne casi no se movió, la nafta tampoco aumentó pese al incremento del barril de crudo y las subas se habrían concentrado sobre todo en los rubros de servicios públicos y recreación, por las vacaciones en invierno.
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La actividad no despega
La actividad, sin embargo, sigue sin reaccionar. Los sectores “ganadores” siguen traccionando. Pero los que vienen de atrás aún no consiguen despegar. La construcción empezó a mostrar un comportamiento algo más favorable, pero desde valores muy bajos. La decisión del Gobierno de dejar de hacer obra pública es solo parcialmente compensada por iniciativas de las provincias tanto en materia de infraestructura como vial. Y el sector privado tampoco se mueve demasiado, salvo en algunos barrios “premium”.
La industria y la actividad comercial se mantienen aletargados. Dejaron de caer pero por ahora no muestran reacción. Los salarios tampoco le ganan a la inflación. “Para que las empresas quieran aumentar los sueldos tiene que haber generación de empleo genuina y eso no está sucediendo”, explicó Jorge Colina, director de la consultora IDESA.
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La industria y la actividad comercial dejaron de caer pero por ahora no muestran reacción
Un buen ejemplo es la paritaria del sector mercantil, o sea trabajadores de comercio. Pactaron un incremento de 1,9% mensual desde julio hasta septiembre, por lo que a duras penas empatan con la inflación esperada.
Pero como compensación también se les asignó una “gratificación extraordinaria”: $25.000 mensuales en julio y agosto. Luce como un monto más que austero en un intento por mejorar el poder adquisitivo del salario. La realidad es que en un contexto de ventas muy flojas o en caída se hace casi imposible otorgar aumentos salariales por encima de la inflación.
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Salarios y morosidad
La mora de las familias con el sistema financiero es el mejor reflejo de salarios que no alcanzan. El endeudamiento creciente del último año llevó a un excesivo uso de la tarjeta de crédito o de las compras en cuotas. La consecuencia es que se genera una bola de nieve con altas tasas de interés que está dejando a millones de personas fuera del sistema financiero formal.
La mora en los préstamos a individuos supera el 12% en los bancos y se acerca al 30% en las billeteras digitales. Y a pesar de las expectativas favorables todavía no se ha producido un retroceso. En los últimos 12 meses la deuda con problemas de cobro con el sistema financiero se triplicó, lo que lleva a los bancos a volverse mucho más cautos a la hora de prestar. Además, la tasa de interés se mantienen altísimas justamente por el riesgo de incumplimiento.
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Sin embargo, en el último mes el Central se mostró más flexible en su política monetaria. “En los préstamos en pesos al sector privado se observa una mejora desde abril de 2026, que lleva a que en el último mes se expanda al 0,6% mensual real. Hubo una recuperación de 2,1% real mensual de los préstamos a empresas y una caída de 0,8% real mensual en los de consumo”, indicaron desde Quantum Finanzas.
“La recuperación del crédito puede estar indicando no solo un mayor dinamismo de la actividad económica, sino también anticipando un proceso de reducción de la mora”, agregaron.
Con estabilidad cambiaria y un proceso de desinflación en baja, ahora todas las miradas apuntan al nivel de reactivación y de mejora de los salarios. Es evidente que el proceso viene bastante más lento de lo esperado. De eso dependerá cómo llegará el Gobierno a las elecciones.
Riesgo país y reelección
Según el actual nivel de riesgo país, cercano a los 430 puntos básicos, el economista Fernando Marull infiere que el mercado ve una probabilidad de reelección del presidente Javier Milei del 80%. Pero las encuestas muestran un escenario mucho más ajustado para el Gobierno, aún cuando todavía ni siquiera se conoce quiénes serán los contrincantes electorales.a Por ahora, parece difícil que se pueda evitar un balotaje.
La semana económica arranca fuerte, con la visita a la Argentina del titular del FMI, Kristalina Georgieva. Más allá del respaldo contundente que el organismo brindará al plan económico, hay otro tema inquietante en la agenda: los pagos netos por casi USD 6.000 millones que deberá realizar Argentina el año próximo a la institución.
No parece ser el momento ideal para que el Fondo empiece a reducir su nivel de deuda con el país, aunque así fue acordado el año pasado con el actual equipo económico. Posiblemente nada se resuelva ahora y en definitiva dependerá del acceso a los mercados internacionales que consiga el Gobierno en los próximos meses, algo que hasta ahora viene resultando esquivo.
El Gobierno rediseña su nuevo esquema de funcionamiento interno con la reelección de Javier Milei como norte, en medio de señales ambivalentes en la actividad económica pero con una ventaja que, al menos por ahora, le da aire a su plan: la escasez de propuestas y la debilidad de la oposición, enredada en una disputa brutal que mantiene en vilo al sistema político de la provincia de Buenos Aires.
En ese nuevo esquema oficial, Karina Mileiconcentró el dominio total de las decisiones y el control del Gabinete, y parece haber entendido que el pragmatismo es una condición necesaria para administrar el poder. Bajo esa lógica se inscribe la incorporación a su ecosistema de relaciones de Diego Santilli, un profesional de la política que se convirtió en uno de los interlocutores principales con los gobernadores. También el desembarco de Fabián Fernández, otro profesional respetado por el sistema y el círculo rojo que la Secretaria General adoptó como propio, que incluyó en la mesa política y al que le dio vía libre para ordenar la comunicación oficial. Distinto es el caso del vocero Adrián Ravier, que llegó impulsado por el Presidente y que el viernes aseguró que la divisa norteamericana podía alcanzar los $1.800 en medio de los anuncios para facilitar el uso de dólares en la economía, una medida trabajada por Luis Caputo, “Toto”, un intocable del gabinete. Esa declaración de Ravier despertó serios reproches internos, en especial de la hermana presidencial, que no está para nada conforme con la performance del funcionario.
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La Secretaria General y Santilli conformaron una dupla estrecha, casi similar al vínculo de la hermanísima con los Menem. Incluso ella trabó una muy buena relación con Fabián Pereira, hoy tal vez el colaborador más cercano del jefe de Gabinete junto a Gustavo Coria. Ese vínculo le permitió al ministro coordinador avanzar sobre determinadas áreas como la estratégica Secretaria de Ciencia, Innovación y Tecnología todavía a cargo de Darío Genua, al que le buscan reemplazo. Genua tuvo en su momento una ligazón estrecha con Bruno Screnci, un viejo amigo, muy simbiótico, del ex ministro del Interior con el que se distanció hace años por diferencias políticas, una pelea que dio que hablar en su momento en el círculo rojo. Santilli pensó como sucesor de Genua a Gastón Navarro, pero el reemplazo sigue bajo análisis.
El pragmatismo de la Secretaria General abarca diversos frentes: desde la política, con negociaciones abiertas con los gobernadores para suspender las PASO -una iniciativa primordial para el objetivo reeleccionista de Milei- a cambio de acuerdos provinciales, hasta la Justicia. La selección de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, el primer y principal avance de la hermana del Presidente sobre Santiago Caputo, es una señal en ese sentido. Con una audacia por encima de la media, Mahiques se abocó al rediseño del Poder Judicial a través de la nominación de funcionarios para lugares vacantes, tal vez la única política oficial que no se detuvo durante los tres meses y medio que duró la crisis en torno a Manuel Adorni. El desembarco del ministro motivó en su momento una disputa muy seria entre sectores de la Justicia que en los últimos meses parece haberse zanjado. “Hay lugar para todos”, bromeó un operador en un contexto muy particular: “Es la primera vez que la Justicia maneja a la política, siempre fue al revés”, acotó ese operador. Existió, hace ya varias semanas, un encuentro en un departamento de la capital para suturar esas heridas, y una conversación entre el ministro y el juez Ariel Lijo que volvió a despertar versiones en torno a futuras negociaciones vinculadas con la Corte Suprema. Es más: hay un grupo de gobernadores dispuestos a propiciar otra vez esa candidatura.
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Entre los rubros administrados por la Secretaria General se inscribe también el vínculo con la AFA. En la previa de la final de la Copa del Mundo existieron comunicaciones entre el entorno de la funcionaria y Claudio Tapia, “Chiqui”, con el que se trabó una relación cordial desde aquella reunión en Paraguay para la organización del Mundial 2030. Cuánto interés existe en la hermana del Presidente por el avance en los expedientes judiciales que se tramitan en el país alrededor de la AFA es una pregunta recurrente en el círculo rojo que contrasta, por ejemplo, con el involucramiento de oficinas del Estado controladas por Santiago Caputo, como ARCA, en esas investigaciones. Lo cierto es que también hubo contactos entre la asociación del fútbol, el plantel de Lionel Scaloni y Lionel Messi y emisarios muy estrechos del consultor en la previa de la final en Estados Unidos, pero fuentes oficial aseguraron que sucedieron algunos cortocircuitos muy importantes.
El dominio total de Karina Milei vuelve a abrir un interrogante alrededor del rol de Caputo, en cuyo entorno empezó a trascender también una potencial reestructuración de su red de vínculos. Cuando el Presidente eyectó a Nicolás Posse del Gabinete, a mediados del 2024, el consultor se hizo cargo de la administración de un grupo de oficinas del Estado muy sensibles como la SIDE, Transporte, la DGI y la Aduana -solo por mencionar algunas-, un plan que no figuraba en su hoja de ruta cuando Milei alcanzó la Presidencia. Se conformó entonces un “triángulo de hierro” que llegó a equiparar al consultor con la hermana del Presidente, que lo llevó a convertirse en un colaborador todopoderoso y la llave del círculo rojo con el poder. La interna con Karina Milei puso en crisis ese rol hasta que la Secretaria General decidió ser ella misma el nexo principal con el sistema a través de los Menem, de Mahiques, Santilli y otros dirigentes y funcionarios menos conocidos que orbitan por ese universo.
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Caputo sobrevivió por su vínculo especial con el Presidente, que se mantiene inalterable -hablan varias veces al día- y porque su hermana entendió que no puede prescindir de los servicios del consultor, más aún en la previa de una campaña que puede definir ni más ni menos que el futuro de los hermanos. “Santiago entendió su rol, y ella también entendió el rol de él, y ahí van. Se deben todavía una charla a solas”, resaltó una fuente oficial.
En esos niveles, los entornos también juegan un papel fundamental. El crecimiento del consultor, una vez consumada la salida de Posse, lo obligó a expandir sus relaciones. Es la misma situación que ahora atraviesa Karina Milei. Ese cambio de roles despertó últimamente versiones de esa posible reestructuración en la red de vínculos del estratega. La salida ruidosa de Guido Giana de Salud colaboró en la propagación de esas versiones, en eventuales chispazos en el frente interno en Las Fuerzas del Cielo y en cercanías de la consultora Move. Alentó, además, trascendidos alrededor del ministro Mario Lugones que, según fuentes oficiales, está firme en su puesto.
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Internas afuera. Karina Milei y Santiago Caputo tienen un sentimiento compartido: desconfían fuertemente del ex presidenteMauricio Macri. En La Libertad Avanza están convencidos que la gestión con el PRO para la suspensión de las PASO, una prueba de fuego para la performance de Santilli como jefe de Gabinete en la negociación con los gobernadores, está íntimamente relacionada con la ciudad de Buenos Aires, la casa matriz del PRO. Es la obsesión número uno del ex presidente, y lo que despertó en los últimos meses una fuerte disputa con su primo, el jefe de Gobierno, un vínculo que fue históricamente oscilante y que ahora llegó a su nivel de máxima tensión por el futuro de la capital. En estas horas hay dirigentes, más allá de Daniel Angelici, “El Tano”, ocupados en acercar relaciones. Los primos podrían encontrarse en las próximas horas.
Jorge Macri efectuó en el último tiempo enormes esfuerzos para recomponer con La Libertad Avanza, y en cierta medida logró ese objetivo. Con Pilar Ramírez, la delegada de Karina Milei en la capital, tiene un trato cordial. Pero puertas adentro del gobierno causó cierto malestar que el jefe de Gobierno haya ventilado un presunto acercamiento para un acuerdo electoral en el 2027 que, por ahora, no existe. Esos movimientos fastidiaron al jefe del PRO: cree que su primo, que quiere ser reelecto, está enfrascado en una gestión unilateral y él asegura que ese acuerdo debería ser parte de un paquete integral, más allá de la influencia real que el ex presidente mantiene sobre otros distritos.
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La pelea entre los primos es la comidilla actual del PRO, y escaló a niveles casi irrisorios. El ex presidente, por ejemplo, telefoneó desde Estados Unidos, en pleno Mundial, al jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, para reprocharle por qué se había juntado a comer en un almuerzo político con el jefe de Gobierno.
Ritondo trabaja codo a codo con Santilli detrás de un proyecto común: la provincia de Buenos Aires. El jefe de Gabinete espera que Karina Milei habilite ese plan. Es su máxima obsesión, como lo es para el ex presidente la capital. Equilibrista, el ministro coordinador también cree que la estrategia de esa campaña tiene que estar en manos de Caputo. Por eso no hará nada que altere su lealtad a la Secretaria General, pero tampoco la relación con el consultor.
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Santilli sabe que el modelo económico del Gobierno tiene consecuencias negativas y directas en el Gran Buenos Aires, donde se define la elección bonaerense. “¿Cómo se hace una campaña de cercanía en este contexto?“, se preguntó un dirigente cercano. Es un dilema que también alcanza al peronismo provincial: cómo usufructuar ese modelo y convertirlo en una propuesta seria para la campaña presidencial.
Ese dilema es el que inquieta a Axel Kicillof, lanzado en su propio proyecto, aunque el gobernador arrastra otras urgencias, en particular cómo darle forma ese plan en medio de la pelea feroz y a cielo abierto que mantiene con Cristina y Máximo Kirchner.
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Esa guerra se traslada a todos los ámbitos. Hace dos sábados, en una jornada organizada por la Iglesia en territorio provincial, La Cámpora, que había sido invitada, no fue de la partida. Kicillof se quedó con la centralidad del encuentro. “Están tan mal que ni siquiera pueden compartir un evento convocado por la Iglesia”, dijo uno de los organizadores.
Esa pelea mantiene paralizado al sistema político de la provincia de Buenos Aires. Hay dirigentes cercanos al gobernador que quieren romper definitivamente con el cristinismo y que el momento de hacerlo es ahora. Jorge Ferraresi, de Avellaneda, es, según fuentes provinciales, uno de los principales promotores de ese plan. Sergio Massaespera. La suspensión o no de las PASO es indispensable para saber cómo hará el peronismo para resolver su interna. Para Santilli, que negocia con los gobernadores, es un factor clave. También el cronograma electoral que defina Kicillof.
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Los intendentes están pendientes de esas decisiones, y preocupados porque el gobernador todavía no puede darles lo que les prometió: la modificación de la ley que restringe las re-reelecciones. Hay unos 80 jefes comunales, en su mayoría del peronismo, que si no se modifica esa ley no podrán reelegir el próximo año. Hoy no están los votos. A La Cámpora no le interesa esa modificación, Massa ya avisó puertas adentro que mantendrá su postura histórica de rechazo como cuando impulsó esa ley en coincidencia con María Eugenia Vidal, en el 2016, y el PRO tampoco está de acuerdo con el cambio, igual que la UCR.
Con esa negociación paralizada, en buena medida por la feroz interna peronista, hay operadores que empezaron a analizar como vía alternativa el camino judicial. Habilitar un acuerdo para completar la Corte Suprema provincial -hay cuatro vacantes- y que sean los nuevos jueces los que interpreten esa modificación y habiliten a los intendentes a presentarse por otro mandato.
Con la finalización del Mundial, la reforma electoral volvió a la mesa de discusión entre los gobernadores aliados y la Casa Rosada. Entre los puntos más importantes aparece la eliminación de las PASO. Según pudo reconstruir Infobae, hay un importante avance para suspender las internas, pero las dudas persisten en torno a los tiempos parlamentarios y el cierre de alianzas con las distintas provincias que, en su mayoría, desdoblarán sus comicios y buscarán la reelección.
“Hay agua en la pileta”, aseguran en la Casa Rosada. Esta semana recibieron al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para firmar el traspaso de la administración de una ruta nacional para que la provincia pueda hacerse cargo de las obras. La foto sirvió, además, como una muestra de acercamiento en una relación que hasta ahora era distante. De hecho, el mandatario radical nunca se reunió con Manuel Adorni siendo jefe de Gabinete. La incorporación de Diego Santilli sirvió para distender el vínculo.
Pullaro y el resto de los gobernadores de la UCR están de acuerdo con prescindir de las PASO en 2027, pero con matices. En Corrientes, por ejemplo, ya es público que los hermanos Valdés están a favor de eliminarlas y hasta ponderan el sistema de colectoras. Ese instrumento les permitiría llevar a Javier Milei como candidato a presidente y también forma parte de la negociación que impulsa el Gobierno.
En el radicalismo aseguran que tanto Carlos Sadir (Jujuy) como Leandro Zdero (Chaco) estarían en sintonía con los Valdés. En Mendoza hay una mirada a favor de las PASO porque creen que garantiza la igualdad de competencia para los cargos nacionales. Sin embargo, la debilidad que transita el partido centenario los obliga a repensar su postura y abrirse a la negociación con la Casa Rosada.
En el PRO, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) también están a favor de que el próximo año no haya competencia interna para definir el candidato a presidente. Sin embargo, aclaran que será una definición que deberán conversar dentro del partido amarillo en un contexto de puja por la sucesión de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Antes del Mundial el alcalde porteño adelantóque irá por la reelección y hasta prometió un presidenciable puro de su partido.
Las declaraciones de Jorge Macri coincidieron con los coqueteos de Mauricio Macri con una candidatura presidencial. Antes de que se disputara la Copa del Mundo, el ex presidente encabezó recorridas por varias provincias y se sacó fotos con sus ex aliados de Juntos por el Cambio. Varios gobernadores, sobre todo los integrantes de Provincias Unidas, vieron con buenos ojos su resurgir aunque mantenían sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Creían que solo buscaba una herramienta de negociación para retener CABA.
Por estos días ya nadie habla de Mauricio Macri candidato a presidente. Si se suspenden las PASO, los impulsores de la avenida del mediose quedarían sin la posibilidadde presentar una alternativa electoral en caso de que la economía no repunte y Milei pierda apoyo popular. “Es un riesgo que corremos”, contestaron a este medio dirigentes que buscan ser “opositores responsables” a La Libertad Avanza.
Todas las provincias que gobiernan los ex Juntos por el Cambio coinciden en un diagnóstico: “La gente está mal, pero Milei sigue siendo el que mejor mide”. Hasta en la Casa Rosada reconocen que hay un fuerte apoyo al Presidente en el interior y no así en el AMBA. Se lo adjudican al desarrollo de la actividad agropecuaria y minera, que no tiene repercusión en territorio bonaerense ni porteño. Pero, además, ya nadie advierte que “falta mucho” para definiciones electorales. Por el contrario, hay apuro para construir alianzas, lo más amplias posibles, para enfrentar al peronismo a nivel nacional y provincial. La suspensión de las PASO se convierte en una aliada para debilitar al PJ.
De todos modos, existen disidencias sobre cuándo se debe implementar una reforma electoral. Un sector piensa que hay tiempo hasta el año que viene, sobre todo los que desconfían en que el Gobierno cumpla con su promesa que es, entre otros puntos, no plantar candidatos competitivos en las provincias que apoyen las modificaciones que pretende aprobar Milei en el Congreso. Otros hablan con cierto apuro. “Hay que acelerar los tiempos para poder avanzar en los cierres de alianzas y candidaturas”, alertan.
Es que ya es un hecho que todas las provincias van a desdoblar sus elecciones y eso implica un cambio de velocidad. Entre abril y mayo se votará en la mayoría, lo que implica que a inicios del 2027 ya deben sellarse los acuerdos y los cierres de listas. “No hay tiempo para la especulación. Los gobernadores quieren plebiscitar su gestión y enfocarse para enfrentar al peronismo”, aseguran cerca del PRO. En la Casa Rosada ya tienen un deadline: la Cámara Electoral Nacional exige que el mes de enero se inicie con definiciones, por lo que pretenden resolver el futuro de las PASO en septiembre.
La gran incógnita pasa por saber si los acuerdos provinciales serán la antesala de una alianza entre los gobernadores aliados y La Libertad Avanza con Milei como candidato a presidente. ¿Es el fin de la avenida del medio? En Provincias Unidas reconocen que si los libertarios se quedan con unos 30 puntos y el peronismo otros 30, de los 40 que quedan en disputa pueden llegar a obtener 20 en el mejor de los escenarios, lo que los deja afuera del ballotage. En el PRO no hay dudas de que habrá negociación y acuerdo, en la UCR, en cambio, existen instancias más burocráticas. Los gobernadores radicales están decididos a sellar la alianza necesaria para retener sus territorios, pero las dudas aparecen cuando se trata de formalizar una coalición con la aprobación del partido.
Un dato positivo para los aliados es que el Gobierno no repetirá la estrategia ni la intransigencia que tuvo en las elecciones del 2025. Entienden que para las legislativas era necesario plantar candidatos puros en todos los distritos para fortalecerse en el Parlamento. “Ahora el escenario es distinto porque el objetivo es que Milei reelija y por eso se van a priorizar los acuerdos”, aseguran cerca de Karina Milei. Los gobernadores están anoticiados de ese cambio de postura pero también se lo adjudican a la incapacidad que tiene el oficialismo de trasladar el apoyo del Presidente a candidatos locales. “No tienen con qué amenazar”, rematan.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, Riley Barnes, condenó el sábado las ejecuciones de ciudadanos iraníes que participaron en protestas contra el régimen islámico y exigió la liberación de los presos políticos en ese país.
“Condenamos las ejecuciones de ciudadanos iraníes por parte del régimen: jóvenes iraníes valientes que se atrevieron a alzar la voz”, sostuvo el funcionario a raíz del aumento de las condenas capitales impuestas contra manifestantes opositores a Teherán.
“Nos unimos al pueblo iraní en su petición al régimen para que libere a todos los presos políticos y deje de ejecutar a personas por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos y libertades fundamentales. El mundo está observando”, publicó Barnes en su cuenta de la red social X.
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Actualmente, las autoridades de Irán sostienen una política de ejecuciones que, según organismos de derechos humanos, busca intimidar a la sociedad e impedir nuevas protestas. Por este motivo, el funcionario estadounidense instó a las autoridades de Irán a poner fin a las penas capitales y reiteró el respaldo de Washington a las demandas de los integrantes de las movilizaciones.
Distintos informes reportan que, en lo que va del año, se dictaron decenas de penas de muerte contra presos políticos, manifestantes y supuestos integrantes de organizaciones prohibidas en Irán.
Desde el fin de la primera fase de la guerra con Estados Unidos e Israel, Irán intensificó la aplicación de la pena capital, en un contexto de creciente fragilidad política y represión interna. La situación se agravó tras la muerte del ex líder supremo Ali Khamenei y la llegada al poder de su hijo Mojtaba, quien no ha hecho apariciones públicas desde la muerte de su padre el pasado 28 de febrero de 2026.
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Organizaciones como Iran Human Rights (IHR) advierten que, tras la ruptura del alto el fuego, el régimen podría aumentar la persecución y eliminación de opositores mediante ejecuciones. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHR, alertó: “Con la ruptura del alto el fuego y la reanudación de la guerra, nos preocupa profundamente que las autoridades aprovechen la situación para intensificar la ejecución de presos políticos”.
Según IHR, cientos de detenidos por causas políticas y manifestantes enfrentan cargos que podrían conllevar la pena de muerte. Cerca de 100 personas ya han sido condenadas a la horca, incluidos más de 70 reclusos en la prisión de Dastgerd, en Isfahán.
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Desde el inicio de la guerra, la organización documentó que 24 personas fueron ahorcadas por participar en protestas recientes y otras dos por movilizaciones anteriores. Además, 13 hombres fueron ejecutados por supuestos vínculos con el Muyahidines del Pueblo (MEK) y otros grupos prohibidos, y 10 personas más por acusaciones de espionaje.
Las autoridades justifican estas condenas al alegar que los ejecutados participaron en ataques mortales contra fuerzas de seguridad o instalaciones públicas. No obstante, las organizaciones no gubernamentales denuncian torturas y juicios sumarios con graves irregularidades procesales.
IHR y otras ONG exigen a la comunidad internacional, y especialmente a la Unión Europea, que se condicione cualquier diálogo con Irán a la imposición de una moratoria inmediata de las ejecuciones. “La comunidad internacional… debe convertir la moratoria inmediata sobre las ejecuciones en un tema central” de toda negociación, señaló Amiry-Moghaddam.
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Por su parte, las autoridades de Irán cuestionaron el sábado la postura de la Unión Europea sobre derechos humanos, luego de que la Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, manifestara su “preocupación” por la represión en territorio iraní.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, respondió a través de redes sociales: “Kaja Kallas habla de las preocupaciones sobre Derechos Humanos por parte de la Unión Europea respecto a Irán. ¿Cómo puede reconciliarse tan fácilmente un supuesto compromiso con los Derechos Humanos con la entrega de apoyo logístico y técnico para cometer agresiones letales contra el pueblo iraní?”. El funcionario hizo referencia al respaldo del bloque europeo hacia Estados Unidos, en medio de nuevas conversaciones entre Teherán y Washington tras la última escalada en Medio Oriente.
Dicen los cercanos que es el capítulo sobre el que más se concentra hoy Cristina Fernández de Kirchner. Incluso más profundamente que en las cuestiones políticas que tienen que ver con la interna con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Aseguran que la ex presidenta consultó a varios expertos tanto en deuda como en acciones jurídicas, para saber qué tan cierta y posible es la alternativa que tiene en mente. Y que cada tanto frena a su hijo Máximo, que busca una salida aún más revolucionaria que la que Cristina tiene en mente y diseña en sus largas horas de condena en su domicilio de prisión.
Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza su estrategia de normalización financiera y busca recuperar el acceso pleno al crédito internacional, en el principal espacio opositor comienza a tomar forma una propuesta de sentido exactamente contrario: revisar el origen de parte de la deuda externa argentina y dejar de pagar aquellos compromisos considerados de naturaleza “política” o “ilegítima”.
Obviamente no se trata de ningún proyecto de ley ni, aún, de una plataforma formal. Pero sí de una línea de trabajo dictada por la ex presidenta, para que dirigentes del kirchnerismo y sectores del peronismo afines estén al tanto. Y que eventualmente respeten como las tablas sagradas de la propuesta de gobierno para el 2027. La idea parte de una premisa: distinguir entre la deuda tomada para financiar al Estado o inversiones y aquella contraída, según esta visión, por razones geopolíticas o para sostener gobiernos específicos. Por ejemplo, los de Mauricio Macri y Javier Milei.
Un planteo similar fue propuesto recientemente por el exdirector de Aduanas y exsecretario de Política Tributaria, Guillermo Michel, uno de los principales referentes económicos del peronismo para la campaña de 2027. Michel sostuvo que una futura administración debería dejar de pagar la parte “política” de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, argumentando que el organismo violó su propio estatuto cuando otorgó el préstamo récord concedido durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Sus declaraciones se apoyan en cuestionamientos que distintos economistas vienen realizando desde hace años respecto de la legalidad y los objetivos de aquel programa.
La discusión gira originalmente alrededor del préstamo “stand by” por US$ 57.000 millones aprobado en junio de 2018, del cual finalmente se desembolsaron cerca de US$ 44.000 millones. Para el kirchnerismo ese crédito tiene un origen ilegal: el objetivo eminentemente político de sostener financieramente al gobierno de Mauricio Macri antes de las elecciones presidenciales de 2019 y evitar una crisis cambiaria que acelerara su derrota electoral. A ese dinero hay que sumarle los otros U$S 20.000 millones adicionales aprobados por el FMI en el acuerdo cerrado en abril del año pasado con el gobierno de Javier Milei, y que implican un acuerdo de Facilidades Extendidas del que ya se desembolsaron unos U$S 15.000 millones.Ese argumento fue reforzado incluso por la Oficina de Evaluación Independiente del propio FMI, que años atrás cuestionó el programa por considerar que se apartó de procedimientos habituales y que sus objetivos resultaron demasiado optimistas. Sin embargo, el organismo nunca declaró inválido el préstamo ni reconoció irregularidades que habiliten jurídicamente su desconocimiento. Por otro lado, el crédito ampliado durante el gobierno de Milei nunca fue siquiera debatido.
Sobre esa base, el kirchnerismo propone separar conceptualmente la deuda en dos partes. La primera correspondería a obligaciones financieras normales, que deberían seguir siendo honradas, y que se relacionan directamente con el porcentaje de deuda que le hubiera correspondido a la Argentina por su nivel de sociedad con el organismo financiero internacional. Concretamente, ese número no debería superar los U$S 25.000 millones. La segunda parte de la deuda sería aquella vinculada a decisiones políticas extraordinarias del Fondo y que, según esta interpretación, podría ser objeto de una renegociación mucho más agresiva o incluso de un desconocimiento parcial. Concretamente, a los planes de ayuda extra que se le otorgaron a la Argentina durante el gobierno de Macri y de Milei, y que excedan la cuota original y avalada que le hubiera correspondido al país por ser socio del FMI y por su nivel de aportes. Concretamente, serían unos U$S 40.000 millones que Argentina debería desconocer. O, por lo menos, replantear. O, como mínimo, renegociar tanto en plazos como en intereses. Y más allá de los 10 años de máximo que autorizan los estatutos del FMI en las únicas dos variables de créditos: stand by y facilidades extendidas.La doctrina de la “deuda ilegítima” es una idea que dentro del peronismo tiene sus años. Desde hace décadas distintos sectores sostienen que existen deudas “odiosas”, “ilegítimas” o contraídas en violación de normas nacionales o internacionales. La novedad consiste en que ese concepto vuelve a instalarse en un contexto político completamente distinto, con una deuda con el FMI que continúa siendo la mayor exposición crediticia de la historia del organismo y con un nuevo programa firmado por la administración Milei en 2025.
En esta visión, el eventual desconocimiento no abarcaría toda la deuda pública argentina sino únicamente aquella parte cuya génesis pudiera demostrarse como política.Los conomistas cercanos a esta postura sostienen que el propio estatuto del FMI prohíbe utilizar sus recursos para financiar salidas masivas de capitales o intervenir con fines políticos, por lo que consideran que existen fundamentos para discutir la legitimidad de parte de los préstamos de 2018 y de 2025. Ambos otorgados durante la gestión de Donald Trump en la Casa Blanca.
Especialistas en derecho internacional y finanzas advierten, sin embargo, que trasladar esa idea a una decisión concreta sería extremadamente complejo. A diferencia de una sentencia judicial, los préstamos del FMI se encuentran respaldados por acuerdos internacionales aceptados voluntariamente por los Estados miembros. Argentina, además, continuó reconociendo esas obligaciones durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei mediante nuevos acuerdos y refinanciaciones, lo que fortalece la continuidad jurídica de la deuda. En consecuencia, un eventual desconocimiento unilateral difícilmente pudiera limitarse a una discusión técnica.La discusión todavía se desarrolla en el plano conceptual y político. Sin embargo, anticipa uno de los ejes que probablemente dominarán el debate económico de cara a las elecciones presidenciales de 2027: si Argentina debe seguir honrando íntegramente los acuerdos firmados con los organismos internacionales o si existe margen para impugnar una parte de esos compromisos sobre la base de su origen político o de eventuales irregularidades en su concesión.
Como novedad, desde el kirchnerismo se considera que la deuda privada no es pasible de negociaciones. Y que se debe mantener el esquema de renegociación planteado en el acuerdo cerrado en octubre de 2020, en el gobierno de Alberto Fernández, con Martín Guzmán como ministro de Economía. Se considera que esa deuda es manejable, y que deshonrarla sería ruinoso para la cantidad de acreedores locales que tienen estos bonos. Incluyendo ANSES.El foco es el FMI. Para el kirchnerismo, ahí está el enemigo. Y ya lo dijo hace un tiempo el propio Máximo Kirchner, en un acto en Parque Lezama en junio pasado: “No hay manera de que la mayoría de los argentinos vivan mejor si la deuda externa argentina no es reestructurada. No hay manera de hacer frente a los vencimientos externos y al mismo tiempo prometerle a la gente que tendrá mejor educación, salud, acceso a la tierra y a la vivienda”. La sola existencia de esta frase implica que la deuda argentina que vence en 2027 valga tres puntos porcentuales menos que la que debe liquidarse en octubre de 2028. Y eso que aún no es pública la propuesta en la que trabaja Cristina Fernández de Kirchner en su arresto domiciliario.
La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a una mujer acusada de integrar una organización dedicada al reclutamiento ilegal de personas para enviarlas a combatir en el conflicto armado entre Ucrania y Rusia. La investigación determinó que la sospechosa, junto a su pareja, captaba civiles, exmilitares y exmiembros de fuerzas de seguridad de distintos puntos del país.
El operativo fue realizado por el Departamento Antisecuestros Norte de la Superintendencia de Investigaciones Federales, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, tras una orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora.
Créditos: Policía Federal Argentina
La mujer fue detenida durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre la calle Alfonsina Storni, en la localidad bonaerense de Tigre. En tanto, su pareja y presunto cómplice no fue encontrado, aunque los investigadores confirmaron que había viajado hacia Brasil el pasado 29 de junio.
Créditos: Policía Federal Argentina
La investigación comenzó en Ezeiza
La causa se inició en marzo de 2026, luego de que cuatro hombres fueran entrevistados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la zona de preembarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando se disponían a viajar hacia Ucrania.
En un primer momento, los hombres aseguraron que iban a trabajar en una empresa de construcción destinada a reparar daños provocados por ataques rusos. Sin embargo, al ser interrogados por separado, los investigadores detectaron contradicciones en sus relatos.
Créditos: Policía Federal Argentina
Los viajeros desconocían quién había comprado los pasajes, quién los recibiría en destino, qué tareas específicas realizarían y tampoco contaban con dinero ni pasajes de regreso.
Además, indicaron que no conocían personalmente al supuesto reclutador y que habían sido contactados a través de plataformas digitales.
Créditos: Policía Federal Argentina
Promesa de un sueldo de 3.000 dólares mensuales
Ante las inconsistencias, finalmente reconocieron que el verdadero objetivo del viaje era incorporarse al frente de combate en Ucrania a cambio de una remuneración cercana a los 3.000 dólares mensuales.
Los investigadores señalaron que los hombres no habían firmado contratos y que supuestamente lo harían una vez instalados en destino. También indicaron que habían sido instruidos para declarar que viajarían por motivos laborales y que podrían enfrentar consecuencias legales si contaban la verdadera finalidad del viaje.
Frente a esos indicios, la Justicia ordenó impedir que abordaran el vuelo e inició una investigación por posible trata de personas.
Créditos: Policía Federal Argentina
Allanamiento y secuestros
Durante la investigación, los efectivos lograron identificar a los presuntos reclutadores y reconstruir la logística utilizada para trasladar a las víctimas hasta el aeropuerto.
El procedimiento contó con la participación de un Grupo de Irrupción del GEOF, un Grupo de Contención del CPM, personal especializado del Departamento
Técnico del Cibercrimen y agentes del Departamento Trata de Personas.
Créditos: Policía Federal Argentina
En el domicilio allanado se detuvo a una mujer argentina mayor de edad y se secuestró su teléfono celular. Además, los investigadores detectaron que la acusada utilizaba una plataforma vinculada a criptoactivos, donde figuraban fondos que habían sido congelados previamente por orden judicial.
La Justicia informó que en el lugar no fueron hallados documentos vinculados a la actividad investigada ni nuevas posibles víctimas de trata. La detenida quedó incomunicada y fue trasladada al Departamento Antisecuestros Norte, para luego quedar a disposición del magistrado interviniente.
Desde agosto, cobrar una banca en el Senado equivale a un sueldo bruto de $12.260.000 mensuales, resultado de la actualización de la paritaria de los empleados legislativos a la que los propios senadores ataron su dieta en abril de 2024. Es un aumento del 6,64% que se suma al 12,5% ya percibido este año, y que deja a los 72 integrantes de la Cámara alta, en conjunto, entre los pocos sectores de la economía que le ganan a la inflación.
Pero detrás de ese número único hay 72 decisiones distintas. Algunos senadores rechazan formalmente el incremento. Otros lo donan a través de un convenio que administra la propia Presidencia del Senado (Victoria Villarruel). Otros lo cobran y lo donan de manera privada, aunque sin mucha transparencia. Muchos derivan parte de su dieta a “aportes partidarios”, un mecanismo sin obligación de rendición pública. Y hay quienes, directamente, no hacen ningún gesto y cobran el sueldo completo. PERFIL relevó documentación oficial, recibos de sueldo modelo y testimonios propios para reconstruir, bloque por bloque, qué pasa realmente con ese dinero.
Por qué no es lo mismo “rechazar las actualizaciones” que “donar”
La dieta de un senador se compone de tres ítems: 2.500 módulos de dieta básica, 1.000 de gastos de representación y 500 de desarraigo. Cualquier senador puede, mediante una simple nota a la Presidencia de la Cámara, optar por renunciar al aumento, donarlo o mantenerlo íntegro. Fuentes legislativas explicaron a PERFIL que ese mecanismo “podría congelarse, aumentarse o incluso disminuirse si lo resolvieran en el recinto y lo votaran”: la vía de la nota individual alcanza para adecuar la dieta propia, pero cualquier cambio de fondo en el sistema requeriría una nueva resolución votada en el pleno.
Para la donación, existe además un canal formal: en 2024, la Presidencia del Senado firmó un convenio con la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” para que los senadores que lo deseen destinen un porcentaje de su dieta, por un mínimo de doce meses, a esa institución. Es la vía que Victoria Villarruel impulsó desde el primer día, aunque un intento de fijarla como el único destino posible fue rechazado por la mayoría de los bloques, que prefirieron conservar la libertad de elegir a quién donarle.
El análisis de un recibo de sueldo modelo, correspondiente a marzo de este año (antes de los últimos aumentos), permite dimensionar que “rechazar” y “donar” no son gestos equivalentes en términos de plata. Un senador que renuncia al aumento paritario descuenta de su recibo el valor exacto del incremento (un 8,25% de la dieta bruta en aquel momento). Uno que opta por la donación, en cambio, dona un 5% fijo, independientemente de cuánto haya subido la dieta ese mes. En los hechos, el que “dona” retiene más dinero neto que el que “rechaza”, pese a que públicamente ambos gestos suelen presentarse como equivalentes.
Proyectando esos mismos porcentajes al bruto de agosto ($12.260.000), el neto estimado ronda los $7,98 millones para quien rechaza el aumento, los $8,3 millones para quien dona, y cerca de $8,64 millones para quien cobra todo sin ningún gesto. La diferencia entre el que más resigna y el que menos, unos $650.000 mensuales, permanece prácticamente invisible en el debate público, donde ambos mecanismos suelen mencionarse como si fueran lo mismo.
La Libertad Avanza: donaciones dentro y fuera del circuito oficial
En el bloque libertario, la postura oficial es no quedarse con el aumento. “Los senadores de La Libertad Avanza hemos dicho que no estamos de acuerdo con el aumento, por eso la donamos”, explicó a PERFILBartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. Pero Abdala aclaró un matiz importante: buena parte de los senadores libertarios no adhirió al convenio con el Hospital Gutiérrez, sino que arma su propio circuito de donación. “Tampoco podemos ser obligados a donarla en hospitales de la ciudad autónoma”, sostuvo, y explicó que su propia donación va “en distintas entidades” de su provincia. Invitó, además, a que cualquiera “vaya y pregunte si se realiza o no”, frente a las dudas que genera esa modalidad.
Bartolomé Abdala, senador de LLA
Según pudo saber este medio, dentro del bloque libertario se acordó formalmente que quienes eligen esta vía “por fuera” del hospital pueden donar “lo que a cada uno le parezca”, sin un monto ni un destino unificado. Es el caso, por ejemplo, del senador fueguino Agustín Coto, que dona su dieta en fundaciones de su provincia, aunque el monto exacto no trasciende. Se trata de un mecanismo legítimo, pero que —a diferencia del convenio con el hospital, que sí deja constancia formal en el Senado— no tiene la misma trazabilidad institucional: su verificación depende, en la práctica, de la palabra del propio senador.
En el PRO y UCR congelan sus aumentos
El jefe del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, expresó a PERFIL: “Firmé a principios de año la donación de todos los aumentos al hospital que propuso la presidenta del Senado. En mi caso no cobro ningún aumento”. Es uno de los pocos casos, junto con Bullrich y Agustín Monteverde, que además renunció al adicional por desarraigo, según consta en los registros oficiales.
En la UCR, la senadora santafesina Carolina Losada contó a este medio cómo instrumentó su postura: “Hicimos una nota para congelar hasta diciembre. La nota la mandó en realidad Presidencia de la Cámara [Victoria Villarruel]. Y donamos la diferencia al Hospital Gutiérrez”. Losada agregó una definición sobre otros bloques: “Los que nunca rechazaron ningún aumento fueron los K”, una afirmación que, según pudo constatar PERFIL con el listado oficial de mecanismos, se ajusta a los datos: ningún senador identificado con el interbloque peronista figura con el mecanismo de “donación” activado.
Carolina Losada, senadora de UCR
Otro senador radical, Maximiliano Abad (provincia de Buenos Aires), dona la actualización de su dieta a una escuela secundaria de Mar del Plata, según confiaron a este medio: un ejemplo más de donación por fuera del circuito institucional del Senado.
El cordobés Luis Juez, por su parte, mantiene una posición distinta: no discute tanto el monto puntual del último aumento como el sistema de enganche automático en sí. “El problema es cuando discutieron en aquella oportunidad, en esa sesión de mierda, que se lo dije a Victoria Villarruel: nos íbamos a prender fuego y que esto es una locura”, declaró recientemente, y ratificó esa postura ante la consulta de PERFIL. Para Juez, la resolución votada en abril de 2024 fue “el pecado original”: “Esa sesión fue vergonzosa, humillante y nos embarró a todos”.
El peronismo: ni rechazo ni donación, solo aportes partidarios
El relevamiento de PERFIL sobre los cerca de 24 senadores identificables con el interbloque peronista (Unión por la Patria, Fuerza Patria y sus variantes provinciales) muestra un patrón uniforme: ninguno de ellos aparece con el mecanismo de “donación” activado, y solo dos (Jesús Fernando Rejal y Sergio Uñac) combinan la renuncia al aumento con aportes a su partido. La amplia mayoría —unos veinte senadores— solo tiene marcada la opción de “aportes partidarios”, un circuito que, a diferencia de la donación al hospital, no exige informar públicamente el destino final de esos fondos dentro de la estructura partidaria. Al menos tres integrantes de ese espacio (Fernando Salino, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza) no registran ningún mecanismo: cobran el aumento en su totalidad.
Sagasti y Mayans, senadores de UxP
El senador Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza, apuntó públicamente contra ese contraste: “El kirchnerismo aprueba todo y dice que es poco”, sostuvo.
PERFIL intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con legisladores del bloque de Unión por la Patria para conocer su posición sobre el destino de sus dietas y este último aumento en particular. Ninguno de los consultados respondió.
Entre los senadores que no responden a LLA, PRO, UCR ni UxP —representantes de fuerzas provinciales como Innovación Federal, Provincias Unidas, Primero los Salteños, Fuerza Entre Ríos o los bloques patagónicos, entre otros— el panorama es heterogéneo y no admite una regla única: hay tanto donaciones (como la de José María Carambia, senador de Santa Cruz) como casos sin ningún mecanismo activado (como Julieta Corroza, de Neuquén). No se observa, en este segmento, un patrón de bloque tan definido como en los cuatro espacios principales.
El jueves 23 Karina Milei festejó el “Día de la Unidad” de La Libertad Avanza con una reunión de dirigentes para analizar la estrategia electoral que cambió radicalmente con el ingreso de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. Santilli es el principal arquitecto de la nueva táctica de alianzas del mileismo. Pidió como primera adhesión a su plan una “paz” temporaria entre la hermana del Presidente y Santiago Caputo, consejero presidencial sin cartera. Los libertarios abandonaron por lo tanto la idea de pintar de violeta el mapa y ahora van por un acuerdo con los oficialismos distritales. El primero es el de CABA.
UNA DOCENA DE PROVINCIAS
La idea que manejan Santilli y Karina es cerrar acuerdos con la mitad de los jefes provinciales, aprovechando el descalabro de los partidos nacionales. Creen que pueden reclutar a los tres jefes territoriales del PRO (Frigerio, Torres y Jorge Macri) que no responden a Mauricio; a tres radicales (Zdero, Sadir y Cornejo) y a cinco independientes: los gobernadores de San Luis, San Juan, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Resulta por lo tanto imperativo aprobar en el Congreso la reforma electoral eliminando o suspendiendo las PASO y sustituyéndolas por un sistema de ley de lemas.
ARREGLO EN CABA
En la Ciudad de Buenos Aires, a esta altura, lo más probable es un acuerdo con el partido gobernante, el PRO, pero negociado con Jorge Macri, no con su primo Mauricio. En ese punto hay coincidencia entre Karina Milei y Jorge. El expresidente, en tanto, se va quedando sin tropa propia y se ha rodeado de antiguos colaboradores e intendentes. Los gobernadores de Entre Ríos y Chubut son autónomos. El problema de los libertarios en CABA es que no tienen candidato conocido y competitivo. El último fue Adorni, que ganó el año pasado, pero hoy es inviable. Se está pensando en una fórmula PRO-LLA.
FRANQUEZA BRUTAL
En la semana que acaba de concluir el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó la nueva ley de Inocencia Fiscal y para justificarla explicó: “Nosotros queremos que haya mayor inversión. Para que haya mayor inversión la contrapartida de la inversión es el ahorro y el ahorro está, sólo que no está en el sistema financiero. Necesitamos que ese ahorro se vuelque al sistema financiero”. La franqueza brutal del funcionario se debe a que los números de actividad volvieron a ser malos y en la Casa Rosada saben que será difícil ganar en 2027 con la economía parada. El centro de la campaña electoral está ahí.
