Blog

Días después de su oficialización como nuevo secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia sufrió un accidente en moto y permanece internado con varias fracturas en el Hospital Pirovano. Los estudios médicos descartaron lesiones neurológicas y el funcionario se encuentra fuera de peligro, según informaron fuentes oficiales a Infobae.

Di Liscia sufrió fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato. Al momento del choque llevaba casco, un elemento que evitó consecuencias de mayor gravedad. El equipo médico lo mantiene bajo observación y le brinda asistencia respiratoria, principalmente por la medicación analgésica indicada para controlar el dolor.

El estado clínico es delicado debido a la cantidad de lesiones, aunque no presenta compromiso neurológico ni riesgo de vida. Por ahora, los profesionales no definieron cuánto tiempo deberá continuar internado ni si requerirá una licencia durante su recuperación.

La situación se produjo en el inicio de la gestión de Di Liscia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad. El lunes 28 de septiembre, el Gobierno formalizó su nombramiento a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, tras la salida de Alejandro Vilches de la conducción del área.

La Secretaría pasó a depender del Ministerio de Salud luego de la reorganización de la estructura que hasta entonces estaba a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad. La llegada de Di Liscia coincidió con las conversaciones que el oficialismo mantiene en el Congreso sobre cambios en el sistema de prestaciones y financiamiento.

El funcionario tiene antecedentes en la administración pública vinculados al sistema sanitario. Entre 2017 y 2019 presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de María Eugenia Vidal. También ocupó funciones en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en áreas de control de gestión e higiene urbana.

Para su gestión se preveía la continuidad de la revisión de las pensiones por invalidez laboral, el refuerzo de las auditorías y el ordenamiento de las prestaciones para personas con discapacidad. El accidente alteró ese cronograma apenas un día después de la oficialización de su cargo.

Hasta este martes por la tarde, el Gobierno no había resuelto quién quedará a cargo de la conducción cotidiana de la Secretaría durante la recuperación. La decisión dependerá de la evolución clínica de Di Liscia, que continúa bajo seguimiento médico en el Hospital Pirovano.

Rodolfo Santangelo propuso aplicar impuestos a la compra de dólares para atesoramiento y turismo y destinar la recaudación a medidas que impulsen el consumo, como una reducción del IVA sobre los alimentos o transferencias de ingresos a los hogares. El economista sostuvo que esa alternativa permitiría mantener el superávit fiscal y, a la vez, dar una señal más expansiva desde la política monetaria.

La propuesta fue planteada durante una entrevista en la señal Ahora Play. Santangelo puso el foco en la carga tributaria que enfrentan los consumos realizados dentro de la Argentina frente a los gastos de turismo en el exterior, que suelen requerir la compra de divisas.

“¿Por qué ir a Punta Cana es lo único que no paga impuestos? Si yo voy a un hotel a Mar Chiquita o a Mar de Ajó, tengo que pagar IVA e Ingresos Brutos. Si voy a Punta Cana, no”, señaló el socio de Carlos Melconian en MacroView, al comparar el tratamiento impositivo de distintos consumos.

El economista no planteó un gravamen sobre todas las operaciones cambiarias. Su idea apunta a las compras de moneda extranjera destinadas al ahorro personal o a financiar viajes y consumos turísticos, y dejaría fuera a otras demandas de divisas vinculadas con la actividad económica.

Durante el intercambio, uno de los conductores mencionó la posibilidad de establecer “un IVA a la compra de dólares”. Santangelo respondió con una expresión de respaldo a esa alternativa y luego amplió el concepto. “Cualquiera”, dijo al referirse al tipo de tributo que podría utilizarse para gravar esas operaciones.

La discusión incluyó distintas herramientas impositivas posibles, como un IVA, un impuesto específico similar al extinto Impuesto País o un pago a cuenta de Ganancias. Para Santangelo, el punto central no pasa por la denominación del gravamen, sino por encarecer la compra de dólares para atesoramiento y turismo.

“¿Por qué pago impuestos para todo menos para comprar dólares?”, planteó el economista. La comparación apuntó a que los consumos efectuados en el mercado interno están alcanzados por impuestos indirectos, mientras que la compra de moneda extranjera puede quedar sujeta a un esquema diferente según las normas vigentes.

La eventual instrumentación de una medida de ese tipo requeriría definiciones sobre el universo alcanzado, la alícuota, los mecanismos de percepción y las excepciones. Santangelo no precisó durante el fragmento cuál sería la tasa aplicable ni estimó la recaudación que podría generar.

El destino de los recursos es una parte central de la propuesta. Santangelo sugirió que lo recaudado por un impuesto a la demanda de divisas se utilice para bajar otros impuestos o para reforzar los ingresos disponibles de la población.

“Lo que recaudás lo destinás a bajar impuestos al IVA de los alimentos”, afirmó. También mencionó la posibilidad de transferir dinero a los hogares “para que consuman genuinamente”.

El planteo combina una mayor carga sobre la adquisición de dólares con un alivio sobre bienes de consumo masivo. En esa lógica, el efecto buscado sería modificar los incentivos entre usar pesos para comprar divisas y destinarlos a gastos dentro de la economía local.

Santangelo vinculó esa idea con la preservación del orden de las cuentas públicas. “El superávit fiscal es innegociable”, sostuvo, en referencia a uno de los ejes que el Gobierno nacional ubicó como prioridad de su programa económico.

Aun con esa restricción, el economista consideró que existe margen para una política monetaria más expansiva. Su planteo consiste en que, si se reduce la demanda privada de dólares por el efecto del impuesto, el Estado o el Banco Central de la República Argentina (BCRA) podrían adquirir esas divisas y dejar una mayor cantidad de pesos circulando en la economía.

“Si la gente compra menos dólares, que los compre el Gobierno, que los compre el Banco Central y deje los pesos en la calle”, explicó. Para ilustrar su postura, recurrió a una comparación futbolística: consideró que una política de mayor expansión debería implicar un cambio de estrategia y no un reemplazo que mantenga sin alteraciones el funcionamiento del equipo.

La intervención de Santangelo parte de una mirada sobre la relación entre la demanda de moneda extranjera, la disponibilidad de pesos y el nivel de actividad. Su hipótesis es que una herramienta tributaria sobre el dólar de ahorro y turismo podría desalentar parte de esa demanda sin abandonar la disciplina fiscal.

La Unión Cívica Radical (UCR) pedirá información pública sobre los supuestos terroristas que mencionó Javier Milei al referirse a controles migratorios. La diputada nacional Karina Banfi afirmó en Infobae Al Mediodía que buscará determinar si las cifras aluden a expulsiones, rechazos de ingreso o antecedentes penales.

Banfi consideró que el Congreso debe pedir explicaciones por las declaraciones de Javier Milei sobre personas vinculadas al terrorismo. La diputada cuestionó la falta de precisión sobre las cifras y los procedimientos mencionados.

Afirmó que el vocero presidencial aclaró que esas personas no fueron expulsadas del país. Según explicó, la aclaración apuntó a rechazos de visas o autorizaciones de ingreso.

Al mismo tiempo remarcó que una expulsión requiere un procedimiento diferente. Señaló que una persona debe haber cometido un delito en el país para que las autoridades impulsen esa medida.

“Cuando vos hablás de terroristas tienen que haber cometido un delito en el país para poder ser expulsados”, sostuvo. Y dijo que existe “todo un procedimiento para que eso suceda”.

La diputada se refirió a cifras que incluyeron 20 mil y 30 mil casos en distintos momentos de la conversación. Por ese motivo, pidió que los registros oficiales determinen cuántas personas recibieron rechazos de ingreso.

“Dijo que eran treinta mil”, afirmó. Luego añadió que la explicación incluyó “diez mil del año pasado” y “veinte mil en este año”.

“Voy a hacer un pedido de acceso”, afirmó Banfi. La diputada dijo que utilizará la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer qué quiso decir el Presidente. “Quiero conocer exactamente qué es lo que quiso decir el presidente”, aseguró.

Según contó en Infobae Al Mediodía, buscará establecer si Migraciones rechazó el ingreso de personas con antecedentes penales. También pretende conocer si existió información oficial sobre amenazas contra la Argentina.

La legisladora señaló que la Ley de Migraciones permite impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales. Aclaró que esa facultad no equivale a expulsar del país a personas acusadas de terrorismo. “Para tener los datos y para constatar”, dijo.

Banfi cuestionó la forma en que Milei presentó el asunto. “El presidente dice cualquier cosa permanentemente”, sostuvo la diputada. Según precisó, los funcionarios luego realizan “malabares” para explicar esas declaraciones.

Asimismo, pidió separar los datos de las interpretaciones políticas. “Lo más importante es la evidencia”, sostuvo. Banfi afirmó que la ley permite negar el ingreso a personas con antecedentes penales.

La ley de discapacidad y el dictamen de mayoría

Entre otras cosas, la diputada puso foco en el debate sobre la discapacidad, el endeudamiento familiar y la seguridad migratoria en una agenda que incluye una votación prevista para el 14 de octubre. La discusión reúne proyectos con impacto en prestaciones, créditos y controles de ingreso al país.

La funcionaria sostuvo que la iniciativa tuvo respaldo de bloques dialoguistas y de La Libertad Avanza. “Todos aquellos que creemos que una prórroga de la emergencia no tiene principalmente los resortes necesarios”, dijo. El peronismo no acompañó el dictamen, según señaló Banfi durante la entrevista.

La legisladora planteó que el proyecto busca reemplazar una nueva prórroga de la emergencia por una norma permanente. A su criterio, una emergencia fija un plazo y deja decisiones futuras en manos de otra gestión.

Banfi afirmó que la ley incorpora medidas que ya figuraban en la emergencia. Su propuesta apunta a que esas herramientas continúen vigentes después de diciembre de 2027. “Nosotros lo que buscamos es que queden de manera permanente”, explicó Banfi.

La diputada puso el foco en los prestadores que asisten a personas con discapacidad. “Un cronograma de pago” constituye el punto central del acuerdo, según sostuvo.

Indicó que los prestadores necesitan cobrar por los servicios que brindan a personas con discapacidad. Y afirmó que el texto actualiza sistemas que, según su descripción, quedaron afectados por la inflación del gobierno de Alberto Fernández.

La diputada señaló que el proyecto puede lograr una aprobación amplia en el Congreso. Dijo que una votación por unanimidad resultaría posible si el peronismo acompaña el trabajo con organizaciones del sector. “Viendo incluso el trabajo que se está haciendo con el colectivo de discapacidad”, planteó, “la posibilidad de que salga por unanimidad” sería “muy sano”.

Por otra parte, la legisladora aseguró que el Gobierno cambió su posición sobre discapacidad después de conflictos legislativos y presupuestarios. La diputada atribuyó ese giro a una actitud pragmática de la administración nacional.

Aclaró que esa interpretación corresponde a su mirada personal. Y vinculó el cambio con la llegada del Papa y la atención pública sobre el colectivo de discapacidad.

Banfi afirmó que el Gobierno entendió que una disputa prolongada con el sector no le dio resultados. Según su planteo, la administración nacional no cuenta con los votos necesarios para sostener esa confrontación.

“Es un sector extremadamente vulnerable”, dijo. También sostuvo que “generar una pelea, como viene haciéndolo durante dos años, no le sirvió para nada”.

La diputada sostuvo que la agenda de discapacidad reúne reclamos de organizaciones, instituciones religiosas y la Iglesia. Afirmó que ese escenario empujó al oficialismo a aceptar propuestas que antes no respaldaba.

Al mismo tiempo describió problemas internos en el Gobierno durante el diseño de proyectos legislativos. Algunas carteras, según precisó, elaboran iniciativas que luego llegan al Congreso con cambios no previstos.

La diputada citó como ejemplos la ley de lobby, la cuestión de soberanía y el capítulo de discapacidad dentro del presupuesto. De acuerdo con la legisladora, esas diferencias generan problemas posteriores en la comunicación política.

Banfi evitó centrar su crítica en la figura del Presidente. “Me importa más cuáles son los datos y cuáles son los registros”, afirmó al explicar su posición sobre las políticas públicas.

La legisladora sostuvo que los gobiernos deben ordenar las cuentas sin excluir a sectores vulnerables. “Cuando vos dejás estos sectores afuera, yo creo que el costo después que pagamos todos los argentinos es más caro”, dijo.

El endeudamiento familiar y los límites de una regulación

Entre otras cosas, la legisladora abordó el debate parlamentario sobre endeudamiento familiar y morosidad. La diputada cuestionó que la comisión tenga una fecha obligatoria para emitir dictamen.

Según explicó, el emplazamiento limita la posibilidad de discutir los proyectos con mayor profundidad. Banfi afirmó que el número de votos puede imponerse sobre el contenido de las propuestas.

Advirtió sobre los riesgos de intervenir en relaciones contractuales entre privados. Dijo que una regulación de tasas o topes puede afectar la oferta de crédito. “El problema no se resuelve siempre con una ley”, afirmó Banfi.

La diputada planteó que la Argentina necesita ampliar el acceso al crédito y mejorar la trayectoria financiera de quienes solicitan préstamos.

Sostuvo que muchas personas tienen una historia crediticia limitada. Según señaló, esa situación restringe sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos y mejores condiciones financieras.

La diputada informó que los bloques dialoguistas trabajan en un proyecto propio. El texto buscaría incorporar mecanismos que ya funcionan en otros países para ampliar la oferta crediticia.

También recordó el debate sobre la anterior ley de alquileres. La legisladora afirmó que la norma alteró la oferta de viviendas y perjudicó a quienes necesitaban alquilar.

La diputada reconoció que votó aquella ley y luego impulsó su derogación. “Fue un error”, dijo al referirse a esa decisión parlamentaria.

Para cerrar, aseguró que el decreto 70 derogó la norma y modificó el mercado de alquileres. Afirmó que la baja de la inflación redujo algunas presiones, aunque los valores todavía no descendieron.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Luego de la caída que registró la actividad económica en julio, el presidente Javier Milei aseguró que los indicadores que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) “están dando cualquier cosa”. Este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier explicó la posición oficial sobre el nivel de actividad y las razones detrás de la afirmación del mandatario: sostuvo que los cambios productivos de la Argentina modifican la estacionalidad de la economía y pueden afectar la lectura de los datos desestacionalizados.

La semana pasada, el Indec informó que la actividad económica cayó 2,9% en julio frente a junio. La variación también resultó negativa en la comparación contra el mismo mes de 2025, con una baja de 1,4%. El resultado llamó la atención ya que correspondió a un período que el ministro de Economía, Luis Caputo, incluyó dentro de los “mejores 18 meses”.

Frente a esos datos, Milei cuestionó durante el fin de semana, en una entrevista con LN+, el modo en que se analizan las series desestacionalizadas. El Presidente afirmó que los indicadores construidos a partir de comportamientos históricos pueden perder precisión si la economía atraviesa cambios estructurales.

Según explicó el mandatario, una medición desestacionalizada toma como referencia la evolución previa de las variables económicas. Su planteo fue que esos parámetros pueden resultar insuficientes si cambian las bases productivas de la economía, los sectores que generan ingresos y la distribución de esos flujos a lo largo del año.

El Gobierno sostiene que, ante ese escenario, el indicador de tendencia-ciclo ofrece una referencia más adecuada para observar la evolución general. Esa fue la serie que el Presidente mencionó como herramienta de seguimiento y que Ravier volvió a defender este martes durante una conferencia de prensa.

Ante la consulta de por qué Milei aseguró que los indicadores del Indec “están dando cualquier cosa”, Ravier planteó que el debate requiere analizar la metodología de los indicadores, en especial las series ajustadas por estacionalidad, porque la estructura económica está cambiando y modifica los patrones sobre los que se elaboran esas mediciones.

“Es importante analizar el tema metodológico; la Argentina está cambiando en lo que refiere a su producción”, afirmó en conferencia de prensa. El funcionario vinculó esa transformación con una nueva composición de las actividades que aportan dólares y con el momento del año en el que esos ingresos llegan al país.

Para desarrollar su argumento, Ravier tomó como referencia la estacionalidad vinculada a las exportaciones agropecuarias. Según señaló, durante años la Argentina recibió una parte relevante de sus ingresos en dólares entre marzo y julio, debido a la concentración de las ventas externas del sector.

Esa dinámica, explicó, estableció por mucho tiempo una forma de estacionalidad. Después de julio, los ingresos vinculados con las exportaciones agropecuarias perdían intensidad bajo ese esquema. El vocero sostuvo que esa estructura fue una referencia para la construcción de determinados indicadores económicos.

Ravier planteó que la situación puede modificarse si la Argentina avanza hacia una mayor participación de actividades petroleras y mineras como está sucediendo ahora. En ese caso, indicó, el país puede recibir ingresos en dólares después de julio, lo que altera el patrón previo de concentración estacional.

La explicación oficial apuntó a que la incorporación de nuevos sectores con peso en la generación de divisas modifica las ponderaciones utilizadas en las series estadísticas. Para el vocero, esa variación puede producir resultados que generen dudas si se los interpreta con los parámetros de una economía que tenía otra composición productiva.

“Cuando uno mide indicadores desestacionalizados y hace comparaciones interanuales con una economía que estacionalmente cambia, cambian las ponderaciones”, afirmó Ravier. Según sostuvo, ese proceso puede derivar en “datos raros” y eso explica el sentido de las declaraciones de Milei.

El dato del Gobierno

Tanto Milei como Ravier, afirmaron que en el Gobierno prestan atención al dato tendencia-ciclo porque considera que esa serie permite identificar con mayor claridad el comportamiento general de la actividad. La posición oficial plantea una diferencia entre las oscilaciones de corto plazo y la trayectoria que el Gobierno identifica como tendencia.

Ravier reforzó esa interpretación este martes. “Por eso nosotros miramos tendencia ciclo”, afirmó, antes de sostener que el indicador muestra los resultados de la gestión en materia de actividad económica. La referencia a los 28 meses consecutivos de crecimiento en esa serie se convirtió en el principal dato que el vocero utilizó para defender la evolución económica. El Gobierno contrapuso esa lectura con la caída mensual que informó el Indec para julio.

Recorte proyección para 2026

Durante la conferencia de prensa, Ravier afirmó que la Argentina mantendrá el crecimiento en 2026, aunque reconoció una revisión de las previsiones oficiales. “Antes proyectábamos un crecimiento más cerca del 3%, hoy hay una proyección un poquito menor”, señaló.

El funcionario sostuvo que el próximo año será de crecimiento para la economía argentina. También afirmó que el escenario será difícil para varios mercados emergentes y diferenció la expansión que prevé el Gobierno de la dinámica que, según indicó, caracterizó a años anteriores. “La Argentina no deja de crecer”, afirmó Ravier. El vocero sostuvo que el avance esperado no se apoyará en estímulos, sino en un proceso que atribuyó al comportamiento de las exportaciones y a cambios en distintas áreas de la economía.

Según explicó, el dinamismo exportador constituye una de las bases de la proyección oficial. Ravier lo relacionó con una economía en proceso de transformación, con innovaciones y con modificaciones en las pautas de consumo. El vocero reconoció que el comportamiento de la actividad y del consumo no es homogéneo. Esa precisión formó parte de su respuesta sobre las diferencias entre sectores y las variaciones que reflejan los indicadores económicos.