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Jornada clave en el Senado: hoy se votará la ley de propiedad privada tras darse de baja la venta de tierras a extranjerosLa sesión comenzará a las 14 horas, tal como se había pactado durante el cuarto intermedio solicitado en julio. El oficialismo espera conseguir la mayoría para avanzar con otra de las reformas claves para el Ejecutivo

Finalmente, el presidente Javier Milei firmó la suspensión del decreto 690/2026, que modificaba la actividad de los servicios de practicaje y pilotaje en los ríos, puertos, pasos y canales del país, que a comienzos de esta semana provocó un paro en los puertos conconsecuencias de pérdidas millonarias en el sector exportador.

La decisión se tomó debido a la intensidad del conflicto, y luego de que el Gobierno y los representantes del sector de practicaje alcanzaran un acuerdo en donde figuraba como medida principal la suspensión del mencionado decreto. En la misma conversación del martes por la tarde surgieron otros puntos tales como la reactivación inmediata del servicio, la creación de una mesa intersectorial para redactar una nueva reglamentación y una reducción del 20% en las tarifas vigentes de practicaje y pilotaje.

De esta manera, la decisión que pretendía reducir los costos portuarios y aumentar la competencia a través del decreto quedó obsoleta, al menos por ahora. Esta madrugada, se publicó en Boletín Oficial un nuevo texto bajo la numeración 716/2026, con la firma del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del impulsor de las modificaciones, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Tal como lo habían anticipado, no solamente suspendió “los efectos del Decreto N° 690 del 30 de julio de 2026” sino que ordenó: “Restitúyese, durante dicha suspensión, la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por dicho decreto”.

Además, dejó asentada la creación de una Mesa de Trabajo “integrada por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) – organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Economía-, por un lado; y representantes del sector vinculado al practicaje y pilotaje, por otro lado, con el objeto de lograr los consensos necesarios”. A través de la misma deberán definir en las próximas semanas el cronograma y la metodología para avanzar en la elaboración del nuevo reglamento.

Mediante el artículo tercero, los funcionarios dejaron por escrito que “adoptarán las acciones necesarias para atender la situación que motiva el presente decreto y para garantizar la continuidad del servicio de practicaje y pilotaje”.

El conflicto escaló a tal punto que la Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó a más de 500 trabajadores a retomar el servicio mediante un edicto que hizo circular de manera oficial advirtiendo sobre sanciones disciplinarias y posibles denuncias penales. “Se notifica e intima por este medio a los profesionales incluidos en el Anexo – documento que acompaña el texto oficial – a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”, señalaba el documento de la PNA.

Todo se dio a partir de una medida ideada por Sturzenegger y aprobada por el Presidente, que provocó la reacción de prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país los cuales resolvieron suspender las funciones de los profesionales que asesoran a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones en ríos, canales y puertos, una tarea de carácter obligatorio en gran parte de la navegación comercial, dadas las características de la Hidrovía y de los accesos portuarios del país. Esto dejó casi 200 buques varados en los puertos y una pérdida de aproximadamente USD 100 mil diarios.

La interrupción de este servicio tiene consecuencias directas sobre el tráfico fluvial y portuario, dado que su prestación es obligatoria en determinadas zonas de navegación bajo la Ley N° 20.094 de Navegación; sin embargo, el Gobierno decidió dar marcha atrás al detectar las pérdidas millonarias que estaba generando la medida. Cuatro días pasaron desde el inicio del reclamo el cual comprometía contratos externos, el abastecimiento hacia la Patagonia sur.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que el brote de ébola se expande a un ritmo superior a los esfuerzos de control, según advirtió durante una visita a la República Democrática del Congo (RDC). Esta situación crítica se suma a que parte del personal sanitario en el país está en huelga por falta de pago.

Casi tres meses después del inicio del brote, el número de nuevos casos se duplica en algunos puntos críticos, señaló Tedros tras reunirse con autoridades en Kinshasa, capital de RDC. Es la segunda vez que el titular de la OMS visita el país desde que se declaró la aparición de la enfermedad a mediados de mayo.

“Todos coincidimos en que debemos aumentar urgentemente y de manera masiva los esfuerzos en todos los pilares de la respuesta y entre todos los socios”, afirmó Tedros.

Según el Ministerio de Salud de RDC, hasta el lunes pasado se registraron 3.874 casos confirmados y 1.751 muertes. En la provincia de Ituri, epicentro del brote, familias reportan que la huelga de trabajadores sanitarios agravó la falta de acceso a la atención médica en una zona ya afectada por el conflicto armado y la lejanía, cerca de las fronteras con Sudán del Sur, Uganda y Ruanda.

Algunos empleados comenzaron a recibir pagos la última semana por su trabajo desde el inicio de la emergencia, pero reclaman mejoras salariales. Anicet Baluku, residente de Bunia, capital de Ituri, responsabilizó a la huelga de la muerte de sus dos hermanos por ébola. “Urgimos a las autoridades a encontrar una solución rápida para evitar que otras familias sufran la misma tragedia”, declaró a The Associated Press.

Tedros instó a tomar medidas que permitan llegar a todas las localidades afectadas, fortalecer la coordinación bajo el liderazgo del gobierno y proteger a los trabajadores de la salud. “Ante todo, las comunidades deben estar en el centro de la respuesta y ser dueñas de ella”, afirmó. “No podemos detener el ébola sin su confianza, liderazgo y colaboración”.

El actual brote superó en velocidad de transmisión a todos los anteriores y es el segundo más grande registrado, solo superado por el brote de África Occidental entre 2014 y 2016, que alcanzó más de 28.000 casos y más de 11.000 muertes.

El virus Bundibugyo, responsable de este brote, no cuenta con tratamiento ni vacuna aprobados. Las autoridades consideran que el brote se originó en una zona remota antes de su declaración oficial el 15 de mayo.

Médicos Sin Fronteras advirtió que el brote continúa “propagándose a un ritmo alarmante y sin precedentes”. La organización señaló que, aunque la respuesta se está ampliando, aún no alcanza a las comunidades con suficiente rapidez para interrumpir las cadenas de transmisión.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una asignación adicional de 242 millones de dólares para la respuesta inmediata al brote de ébola en la región, así como para medidas de preparación y asistencia humanitaria asociadas. Esta financiación eleva el total de la asistencia directa estadounidense a más de 512 millones de dólares.

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya, alertó durante una visita a Bunia que el rastreo de contactos no está funcionando de manera efectiva. Entre el 60% y el 70% de los nuevos casos no corresponden a personas que estaban siendo monitoreadas tras haber estado expuestas a pacientes infectados.

La detección tardía de casos ha sido un factor determinante en la tasa de mortalidad del 45%, informaron las autoridades. El Ministerio de Salud reportó que, de los 77 casos notificados en las últimas 24 horas, 44 fueron fatales. Actualmente, al menos 717 pacientes permanecen aislados y 749 han logrado recuperarse.

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya, señaló que el organismo coordina los esfuerzos con los equipos de respuesta en torno a la detección temprana, el rastreo de contactos más eficaz, el acceso rápido a atención de calidad y una mayor participación comunitaria.

(Con información de Associated Press)

Israel reportó este jueves sus primeras bajas militares en el sur de Líbano en más de un mes, luego de realizar nuevos ataques aéreos pese a las negociaciones en Roma auspiciadas por Estados Unidos, orientadas a poner fin a las hostilidades.

El Ejército identificó a los soldados fallecidos como el mayor Harel Birenstock, de 34 años, y el sargento mayor Tamir Vaknin, de 33, ambos integrantes del Batallón 2855 de la 55.ª Brigada.

Se trata de las primeras muertes de militares israelíes en el sur del Líbano desde el 28 de junio.

Los ataques israelíes estuvieron acompañados por la primera advertencia de evacuación en semanas. El ejército informó que inició “ataques precisos en el sur del Líbano” en respuesta a una “violación flagrante del alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbollah”, poco después de ordenar a los residentes evacuar la localidad de Mansouri. Medios estatales libaneses reportaron que una persona murió y 11 resultaron heridas en un ataque separado.

En Roma, Israel solicitó que las conversaciones con Líbano concluyeran tres horas antes, según revelaron fuentes de la negociación a la agencia AFP, debido a supuestas “filtraciones engañosas” de la parte libanesa. Las negociaciones, sin embargo, están programadas para continuar el jueves en su tercer y último día.

En las negociaciones también auspiciadas por Estados Unidos en junio, Israel y Líbano acordaron un marco que contempla el desarme de Hezbollah, la retirada gradual de las fuerzas israelíes del sur de Líbano y el despliegue del ejército libanés en la región, comenzando en áreas piloto.

Las conversaciones de esta semana representan la séptima ronda desde que Hezbollah involucró a Líbano en la guerra de Medio Oriente en marzo, tras disparar cohetes contra Israel en apoyo a Irán. En respuesta, Jerusalén ejecutó intensos bombardeos aéreos e incursiones terrestres que, según Líbano, dejaron cientos de muertos.

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos indicó a AFP que las conversaciones de esta semana abordan la ampliación del proceso de zonas piloto, la resolución de cuestiones fronterizas pendientes y el trabajo hacia un acuerdo integral de paz y seguridad.

Mientras las delegaciones se reunían en Roma, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dialogó con su par de Irán —principal aliado de Hezbollah— y llamó a Teherán a detener las operaciones del grupo. Tajani expresó poco antes de los ataques israelíes su esperanza de que las negociaciones “produzcan resultados concretos”.

El líder del grupo terrorista, Naim Qassem, sostuvo el martes que las negociaciones directas “no traen más que vergüenza, humillación” y concesiones para Líbano. Hezbolá ha rechazado en reiteradas ocasiones el diálogo directo y se niega a entregar sus armas.

Las hostilidades en Líbano

El miércoles, por primera vez desde junio, el Ejército israelí advirtió a los residentes de Mansouri sobre la necesidad de evacuar la localidad debido a violaciones al alto el fuego por parte del grupo chiíta. “A la luz de las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Hezbollah, las Fuerzas de Defensa de Israel se ven obligadas a actuar con fuerza”, señaló la portavoz militar en árabe, Ella Waweya, en X. “Por su seguridad, deben evacuar sus hogares inmediatamente y trasladarse al norte”.

La localidad de Mansouri, situada a unos nueve kilómetros al sur de Tiro y a diez kilómetros al norte de Israel, fue objeto de varios ataques aéreos y bombardeos de artillería israelí en las últimas semanas.

El municipio informó a los residentes el 22 de junio que podían regresar, aunque recomendó evitar la parte de la localidad que queda dentro de la llamada “zona de seguridad” de Israel en el sur de Líbano. Esta franja, donde aún operan fuerzas israelíes, se extiende unos diez kilómetros dentro del territorio libanés a lo largo de la frontera.

La agencia humanitaria de la ONU había informado la noche anterior que más de 800.000 personas desplazadas por los combates previos en Líbano habían comenzado a regresar a sus hogares tras la disminución de la violencia, aunque más de 360.000 seguían desplazadas.

(Con información de AFP)

La CGT decidió reducir su presencia en la marcha de este jueves al Congreso para rechazar el proyecto Inviolabilidad de la Propiedad Privada: “Será testimonial”, dijo un jefe cegetista acerca de la participación de la central obrera. ¿Por qué el cambio? Porque el Gobierno dio de baja el capítulo que habilita la venta de tierras a extranjeros, el eje de la movilización organizada por sectores políticos, sindicales y sociales cuando el Senado inicie el debate de la iniciativa.

En la CGT consideraron una “fuerte derrota” de La Libertad Avanza la decisión gubernamental de retirar esa parte del proyecto de ley ante la falta de respaldos de sus aliados para garantizar su aprobación parlamentaria.

En una conferencia de prensa realizada en la tarde del miércoles, los líderes cegetistas aseguraron que la movilización al Congreso se iba a realizar igual aunque no se tratará el capítulo que facilitar la venta de tierras a extranjeros y afirmaron que se “pretende habilitar la entrega del territorio nacional, los recursos estratégicos y la soberanía argentina a capitales extranjeros”.

Junto a las dos CTA y a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el triunvirato de la CGT les advirtió a los senadores nacionales que “defender la Patria por la que juran estará en sus manos” y uno de sus miembros, Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) les preguntó: “¿Con qué cara van a mirar a su pueblo diciendo que acompañaron esta ley? Este proyecto de ley tiene un trasfondo que es malicioso y regresivo para nuestro país. Seguramente tiene muchos intereses inconfesos que no terminan blanqueando”.

Por su parte, su par Octavio Argüello (Camioneros) también se dirigió a los senadores: “Que hagan honor los que juraron defender la patria y que no la entreguen ni la vendan. Mañana vamos a estar ahí para hacerles acordar y si no lo cumplen, se lo vamos a demandar. Vamos a estar peleando para que no se entregue nuestra soberanía, que es lo más fundamental que tenemos, nuestra tierra y nuestra riqueza natural porque sin eso no vamos a tener futuro, no vamos a tener destino”.

Sin embargo, luego de que el Gobierno dio de baja el capítulo más controvertido de la ley, los directivos de la CGT debatieron sobre la participación o no en la movilización de este jueves ya que el objetivo político se había cumplido con la marcha atrás oficial.

Finalmente, se resolvió tener una presencia testimonial, pero no anunciarlo porque no tenían garantías de que la Casa Rosada mantuviera en firme su decisión.

De todas formas, la CGT ratificó que movilizará todo el aparato sindical para la marcha de San Cayetano que se realizará este viernes 7 de agosto, día del patrono del pan y del trabajo, junto con las dos CTA y la UTEP.

Como en años anteriores, se prevé una peregrinación multitudinaria desde la Iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio de Liniers, hasta Plaza de Mayo, que comenzará temprano por la mañana con una bendición de herramientas en la avenida Rivadavia y Jujuy.

La siguiente medida del plan de lucha de la CGT será una movilización al Ministerio de Economía, con fecha tentativa para la semana del 20 de agosto, que buscará visibilizar el problema de las familias endeudadas en el sistema formal e informal de la economía.

El titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, señaló que la protesta que se realizará ante Economía pondrá el foco en 7 millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no haber podido pagar los préstamos tomados e incluye a quienes se endeudan fuera del circuito bancario, sobre todo en barrios populares.

El cronograma trazado por la CGT, las CTA y los movimientos sociales continuará el 2 de septiembre, en coincidencia con el Día de la Industria, con una marcha en lugar por definir para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo en el sector.

Después de esa instancia, las organizaciones convocantes participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba entre el 4 y el 6 de septiembre, y luego, según se prevé, evaluarán cómo continuar con las acciones.

Aún faltan definiciones sobre alguna medida sindical que acompañe la visita del Papa León XIV a nuestro país, que, según se confirmó, estará entre el 8 y e l 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, quedó en el centro de una fuerte controversia política después de afirmar que la Academia Militar de Corea (KMA) estuvo vinculada a todos los golpes de Estado registrados en el país y de defender la integración de las academias militares para reducir el riesgo de una nueva asonada. Sus declaraciones provocaron una inmediata respuesta de dirigentes conservadores, quienes lo acusaron de estigmatizar a miles de oficiales formados en esa institución.

Durante una sesión informativa sobre políticas públicas de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unificación y Defensa, Lee sostuvo que la mayoría de los generales de alto rango provienen de la Academia Militar de Corea y recordó que los líderes de los golpes militares de 1961, 1979 y 2024 fueron graduados de esa institución.

“Cuenten cuántos golpes militares hubo en Corea. Todos ocurrieron en el Ejército”, afirmó el mandatario. Luego agregó: “Aunque sus líderes eran graduados de la Academia Militar de Corea, la academia nunca ha asumido ninguna responsabilidad”.

Lee también planteó la posibilidad de que un nuevo golpe pudiera ocurrir si no se modificaba la estructura de formación de los oficiales. “¿No podrían volver a hacerlo en el futuro?”, preguntó durante la sesión.

El presidente defendió la propuesta del Gobierno para integrar en una sola institución las academias del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. “¿Es aceptable separar las ramas militares y formarlas por separado cuando una de ellas llega a dominar abrumadoramente al ejército, da un golpe de Estado que sacude al país y aún así queda impune?”, expresó. Según explicó, la unificación de las academias podría reducir esa posibilidad.

Las declaraciones de Lee se produjeron mientras el Ministerio de Defensa impulsa la creación de una academia militar integrada, una iniciativa que tomó fuerza tras la declaración de ley marcial de 2024 del ex presidente Yoon Suk Yeol, episodio en el que participó el entonces ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, graduado de la Academia Militar de Corea.

Las críticas llegaron desde el opositor Partido del Poder Popular. El diputado Kim Jae-sub rechazó los comentarios presidenciales y sostuvo que el mandatario responsabilizó de manera injustificada a todos los egresados de la academia.

“El presidente ha estigmatizado a las decenas de miles de oficiales entrenados por la KMA que defienden el país, tildándolos de potenciales traidores”, escribió Kim en una publicación de Facebook.

El legislador también cuestionó que el presidente pretendiera atribuir responsabilidades colectivas a los graduados de la institución militar. “Que el presidente pida a todo el grupo de graduados de la KMA que asuman la responsabilidad no es propio de un estado constitucional, sino de un castigo colectivo”, señaló.

Las objeciones también provinieron del exlegislador conservador Yoo Seong-min, quien interpretó que las palabras del presidente revelan el verdadero motivo de la reforma impulsada por el Gobierno.

“Cuando cuestionó si la academia alguna vez había asumido la responsabilidad (de los golpes de Estado) para prevenir otro golpe, el presidente confesó que el golpe fue la razón detrás de la fusión propuesta”, escribió Yoo.

El ex parlamentario calificó como una “mente simplista” la idea de eliminar la academia por el hecho de que algunos de sus egresados encabezaron golpes militares y sostuvo que el Ejecutivo primero debería explicar cómo la integración fortalecería a las Fuerzas Armadas antes de buscar respaldo entre los militares y la ciudadanía.

Yoo también recurrió a una comparación con la formación académica del expresidente Yoon Suk Yeol. “Siguiendo esa lógica, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Seúl y el Instituto Choongam, de los cuales se graduó el expresidente Yoon Suk Yeol, también deberían ser abolidos”, afirmó.

Además, destacó su experiencia en la Comisión de Defensa Nacional de la Asamblea Nacional y elogió a los militares que poseen “un fuerte sentido del deber, patriotismo y una visión clara de la vida y la muerte”.