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El Gobierno estima un ingreso de USD 7.737 millones en inversiones durante 2026 y 2027, los dos últimos años del mandato de Javier Milei, a partir de los proyectos ya aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La cifra surge de sumar los USD 4.252 millones proyectados para el corriente año y los USD 3.485 millones estimados para el próximo, en el marco de los 22 proyectos aprobados hasta la fecha por el Comité Evaluador dependiente del Ministerio de Economía.

El total de inversión comprometida por esos 22 proyectos asciende a USD 47.073 millones, con un horizonte de ejecución que se extiende hasta 2055 y una promesa de generación de 95.950 empleos directos e indirectos. La cartera abarca cinco sectores: minería (12 proyectos), petróleo y gas (6), energía eléctrica (2), siderurgia (1) e infraestructura (1).

Los dos últimos ingresos al régimen se formalizaron en las últimas semanas. Este miércoles, el Ministerio de Economía aprobó el plan de Compañía Mega —sociedad controlada por YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%)— por USD 365 millones para ampliar su complejo industrial en cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. La obra elevará un 27% la producción de líquidos del gas natural y sumará más de 500.000 toneladas anuales de capacidad, con el 80% del volumen incremental destinado a mercados externos. El cronograma de obras se extiende hasta fines de 2028.

La semana pasada, en tanto, el Comité Evaluador había dado luz verde al proyecto Los Toldos II Este de Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint del empresario Paolo Rocca. Con una inversión total de USD 6.400 millones, el proyecto apunta a una producción de 70.000 barriles diarios en Vaca Muerta y generará 3.100 empleos directos y 4.800 indirectos.

Uno de los proyectos de mayor volumen dentro de los aprobados es el de licuefacción de gas natural de Southern Energy (SESA), el consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy (Reino Unido) y Golar LNG (Noruega), con una inversión de USD 7.000 millones en la primera etapa —escalable a más de USD 15.000 millones en dos décadas—. El proyecto prevé instalar dos buques de licuefacción frente al Golfo San Matías, Río Negro, con una capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL). El inicio de operaciones del primer buque está previsto para noviembre de 2027.

En el segmento minero, Vicuña Argentina —la sociedad formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining para desarrollar los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol en San Juan— es el proyecto de mayor escala: USD 9.700 millones en una primera etapa, escalables a USD 18.000 millones en una década. Cuando llegue al pico de construcción, entre 2027 y 2030, demandará 12.000 puestos directos. En plena operación, proyecta exportaciones de USD 6.000 millones anuales.

La minería concentra más de la mitad de los proyectos aprobados. Rio Tinto (Reino Unido) tiene dos iniciativas dentro del régimen: el Proyecto Rincón, en el Salar de Rincón, Salta, con una inversión de USD 3.000 millones para producir 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio; y el Proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, con USD 530 millones para incorporar 9.500 toneladas anuales de capacidad adicional. En marzo de 2026, Rio Tinto realizó el primer envío comercial de carbonato de litio desde Rincón: 200 toneladas con destino a Shanghái.

El Hombre Muerto Oeste (HMW), de la australiana Galan Lithium Ltd, es el segundo proyecto RIGI en estar operativo. La planta de producción de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, arrancó el 1 de abril de 2026 con una capacidad de 12.000 toneladas anuales. Apenas cinco meses transcurrieron entre la aprobación del régimen, en agosto de 2025, y el inicio de operaciones.

En infraestructura de transporte de hidrocarburos, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) —consorcio integrado por YPF, PAE, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol— registra un avance de entre el 70% y el 73% en la construcción de sus 437 kilómetros entre Añelo (Neuquén) y Punta Colorada (Río Negro), con una inversión de USD 3.000 millones. Transportadora de Gas del Sur (TGS) obtuvo en mayo de 2026 la aprobación para la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, con USD 550 millones de inversión y una capacidad adicional de 12 millones de metros cúbicos diarios.

El primer proyecto upstream de petróleo en acceder al régimen fue Rincón de Aranda, de Pampa Energía, aprobado a fines de junio. La iniciativa, en la ventana de shale oil de Vaca Muerta, demandará USD 4.521 millones y apunta a un plateau de 45.000 barriles diarios en 2027, con exportaciones proyectadas de USD 17.000 millones a lo largo de 30 años.

En energía eléctrica, el Parque Solar El Quemado de YPF Luz, la primera iniciativa aprobada por el RIGI, ya está en operación desde el 23 de diciembre de 2025: una planta fotovoltaica de 305 MW en Jocolí, Mendoza, con una inversión de USD 212 millones. El Parque Eólico Olavarría, de PCR y Acindar, con USD 276 millones de inversión y 180 MW de capacidad, tiene previsto su inicio de operaciones para el 1 de diciembre de 2026.

Otros 25 proyectos aguardan evaluación del Comité, con una inversión comprometida de USD 110.883 millones y el potencial de generar 145.615 empleos adicionales. El régimen, creado por la Ley Bases en 2024 y extendido hasta julio de 2027, otorga a los proyectos aprobados una reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones a las exportaciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal por entre 30 y 40 años.

Hace semanas que en el oficialismo advertían que la sesión de este 26 de agosto era vista como una oportunidad para volver a retomar protagonismo político, luego de que diferentes gobernadores coquetearan con la posibilidad de condicionar su apoyo a La Libertad Avanza en el Congreso.

Los libertarios consiguieron movilizar ayer en la Cámara de Diputados la media sanción de la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), con un resultado de 144 votos afirmativos y 102 negativos. También avanzaron con la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, con 139 votos afirmativos contra 110 de la oposición. El resultado de ambas votaciones fue contundente y demostró que el oficialismo todavía tiene margen para seguir cazando votos de aliados provinciales, incluso de aquellos que habían mostrado visos de independencia.

“Fue una paliza en ambas votaciones. El Gobierno pudo retomar el triunfo con claridad”, analizaban desde uno de los despachos políticos de la Casa Rosada.

Las victorias legislativas de ambas reformas —consideradas como imprescindibles dentro del esquema de prioridades del presidente Javier Milei— trajeron alivio luego de que la oposición más dura realizara una jugada al comienzo de la sesión para medir fuerzas con el oficialismo. La maniobra fue ejecutada por Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Germán Martínez (Unión por la Patria), quienes pidieron el apartamiento del reglamento para incorporar al temario de esa jornada los textos vinculados al sobreendeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad por un año más.

En ese sector sabían que no conseguirían los tres cuartos reglamentarios para incluir ambos temas, pero querían demostrar los votos que tenían para poder llamar a una sesión futura. En la votación de ese pedido consiguieron 133 adhesiones, lo que demostró que, después de mucho tiempo, la oposición puede aspirar a insertar temas en la agenda parlamentaria sin trabas de La Libertad Avanza. La fecha elegida para tratar esas iniciativas será el miércoles 9 de septiembre.

¿Qué dice este número respecto a los próximos episodios políticos en el Congreso? En el oficialismo no niegan cierta inquietud por esa avanzada, pero alegan que no están preocupados. Reconocen que la oposición podrá conseguir los votos para darle media sanción a ambas iniciativas, pero son escépticos de que logren la sanción en el Senado. “Si lo hacen, tenemos el veto del Presidente. Y nosotros ya contamos con los números para bloquear cualquier insistencia”, explican en el bloque libertario.

Milei podrá sufrir un costo político si ambos asuntos siguen fuertes en la agenda mediática, pero durante la semana pasada ya hizo una defensa férrea respecto a la cuestión de los niveles de endeudamiento en empresas y familias. “No hay por qué culpar al gobierno sobre el tema de la morosidad”, dijo ante la Bolsa de Comercio de Rosario. A diferencia del año pasado, el oficialismo en el Congreso tiene más de un tercio del recinto de la Cámara de Diputados para bloquear vetos, por lo que no se va a poder convalidar la prórroga de los incrementos en Discapacidad.

Tal y como había adelantado Infobae semanas atrás, el oficialismo iba a flexibilizar su agenda de proyectos para dar lugar a otros de la oposición dialoguista, como la baja impositiva para la fécula de mandioca, la declaración de diversas capitales nacionales, la Ley Joaquín y el proyecto de espacios deportivos seguros. “Hicimos un buen trabajo de consenso en los textos. Y con los aliados somos equipo siempre”, dijeron desde una de las bancas que trabaja palmo a palmo con Martín Menem, presidente de la Cámara.

En la oposición más dura no creen que puedan tener mayor capacidad de instalación de agenda más allá de los proyectos de mora y discapacidad. “Solo vamos a poder conseguir un número como el de ayer [los 133 de la votación impulsada por Juliano y Martínez] en proyectos de altísima adhesión social”, afirmó un diputado nacional a Infobae.

Otro estaba de acuerdo con su par y afirmaba: “No está claro cuál es la agenda que podamos impulsar hacia adelante. ¿Cuál sería otro tema? ¿Aumento de jubilaciones sabiendo que el tipo [Milei] lo va a vetar? No vamos a poder conseguir los números para arrancar. No veo en el horizonte otro tema. Eso no significa que no vaya a emerger otro hacia adelante. Pero este grupo es heterogéneo. No es siquiera una mayoría sólida desde lo electoral”.

El Gobierno consiguió ayer el acompañamiento circunstancial del PRO, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), los diputados nacionales de Misiones y Catamarca que componen el bloque Argentina Federal, así como otros bloques provinciales, entre ellos los de Catamarca, San Juan y Tucumán.

La morosidad de las familias volvió a encender la discusión entre economistas y esta vez el intercambio escaló hasta el Banco Central. El exministro de Economía Hernán Lacunza cuestionó la postura que adoptó el Gobierno frente al aumento de los atrasos y advirtió que “dejar en la banquina a tanta gente no es opción”. Aunque el posteo no fue dirigido hacia el organismo monetario específicamente, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, se hizo cargo y salió a responderle con dureza: “Flojo Hernán”.

El debate tuvo como antecedente las declaraciones que realizó a comienzos de agosto el presidente Javier Milei, quien descartó una intervención estatal para aliviar directamente la situación de quienes acumularon atrasos. Ante una consulta sobre las familias que no podían afrontar el pago de sus créditos, el Jefe de Estado respondió: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”. Además, definió las eventuales refinanciaciones como “un problema entre privados”.

Milei argumentó que una intervención sobre esos contratos implicaría trasladar el costo a terceros. “Si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro, y eso me parece que está mal”, afirmó. En ese momento, planteó que el Gobierno podía contribuir a través de la macroeconomía, mediante una reducción de la inflación y del riesgo país que favoreciera tasas de interés más bajas y plazos de financiamiento más largos.

Fue precisamente la definición de “problema entre privados” la que Lacunza retomó para abrir el debate en la red social X. El exministro recurrió a una comparación con un accidente de tránsito para discutir hasta dónde podía extenderse ese argumento y planteó que el carácter privado de una relación económica no necesariamente excluye un papel del Estado.

“Un choque de autos también es un problema ‘entre privados’. A veces después tiene que intervenir la policía, una ambulancia, un juez. Es decir, el Estado”, escribió Lacunza. A continuación, aclaró que ese tipo de participación no significa que el sector público deba hacerse cargo económicamente de las obligaciones asumidas por los particulares.

“A nadie se le ocurre que el juez pague los daños con dinero público, sí que revise cumplimiento de normas y estimule acuerdos voluntarios”, sostuvo. De esa manera, puso el foco sobre la supervisión, la prevención y el cumplimiento de las reglas, pero separó ese planteo de una asistencia financiada con recursos estatales para cancelar las deudas.

El exministro continuó con la metáfora vial para cuestionar también las condiciones que rodearon la expansión del crédito. “A veces falla la prevención. Ausencia de carteles de velocidad, cruce de caminos, falta de educación vial, estimulan conductas imprudentes. Y todo es risas… hasta que dos privados chocan”, afirmó.

Luego trasladó directamente la comparación al mercado financiero: “Lo mismo con el crédito. Si se ceba a 100 por hora para recuperar consumo perdido, sin educación financiera es más probable que se trague los baches”.

La respuesta de Bausili

La publicación provocó una dura respuesta de Bausili, quien rechazó que la situación pudiera asociarse con una deficiencia en los controles del Banco Central y cuestionó directamente al exministro.

“Flojo Hernán. Saltaste de ser Gerente General del BCRA a Político casi sin escalas”, comenzó el titular de la autoridad monetaria. Luego agregó: “Transformas resolver una disputa económica entre privados a una sensación de falta de supervisión totalmente falsa. Cómo si no supieses perfectamente cómo funciona la realidad”.

La contestación volvió a colocar en el centro del intercambio la caracterización de la morosidad como una cuestión entre particulares. Bausili, además, introdujo otro punto en la discusión al rechazar específicamente que el deterioro de los pagos pudiera interpretarse como una señal de falta de supervisión por parte de la autoridad monetaria.

Lacunza no dejó allí el intercambio. Horas después volvió a responderle al presidente del BCRA, esta vez con cifras sobre la cantidad de deudores que registran atrasos y con un señalamiento sobre la velocidad a la que creció el financiamiento.

“Hola Santi. No importo yo. En cambio yo reconozco tu integridad. Pero tampoco importás vos”, comenzó. Inmediatamente llevó la discusión a los números: “Sí importa que 28% de las personas deudoras están en mora (12,8% en monto, 15,5% incluyendo billeteras)”. Y volvió a utilizar la comparación vial para describir el escenario: “Un choque en cadena”.

El exministro apuntó entonces a la fuerte expansión previa de los préstamos. “Alguna euforia pública pudo haber sobreestimulado el crédito (+130% real los préstamos personales en 2024, récord en este siglo)”, afirmó.

Con ese dato, Lacunza incorporó al intercambio una discusión sobre las condiciones que acompañaron el crecimiento del financiamiento. También vinculó la capacidad de pago posterior con las expectativas que existían sobre la evolución de los ingresos: “Si los pronósticos de salarios reales pecaban de optimistas, la capacidad de repago iba a ser menor”.

Otro punto de su respuesta se concentró en las condiciones bajo las cuales las personas acceden al financiamiento. Lacunza habló de “típicos contratos donde el prestamista sabe más que el tomador” y señaló que “a veces las cuotas esconden tasas muy altas, más con inflación descendente”.

En ese marco, cuestionó una eventual minimización de la dimensión alcanzada por los atrasos. “Negar el problema sería una preocupación adicional”, escribió. Su planteo incorporó así a la discusión la información disponible para quienes toman los créditos, las condiciones financieras y la relación entre el crecimiento previo de los préstamos y la capacidad posterior de repago.

Pese a la dureza del intercambio, Lacunza volvió a dejar expresamente afuera de su planteo una solución que implique utilizar recursos públicos para cancelar las deudas. Fue en ese tramo donde utilizó la frase que sintetizó su posición frente al debate.

“Dejar en la banquina a tanta gente no es opción. Pero conozco tu capacidad. Sé que lo vas a resolver sin poner plata del Estado. Coincidiremos, como tantas otras veces. Abrazo”, cerró el exministro.