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  • Di Tullio impugnó a Joaquín Benegas Lynch por un presunto conflicto de intereses en el debate de la Ley de Tierras

    Di Tullio impugnó a Joaquín Benegas Lynch por un presunto conflicto de intereses en el debate de la Ley de Tierras

    La senadora Juliana Di Tullio presentó una impugnación contra el legislador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, por considerar que existía un conflicto de intereses para participar del debate del capítulo de la Ley de Tierras incluido originalmente en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El planteo fue dirigido a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, aunque pocas horas después el oficialismo decidió retirar ese apartado de la iniciativa al no reunir los votos necesarios para aprobarlo.

    En la presentación, Di Tullio solicitó que Benegas Lynch se abstuviera de debatir y votar las modificaciones a la Ley 26.737, que regula la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. La senadora argumentó que el legislador mantiene una actividad privada directamente vinculada con ese mercado y que una eventual flexibilización de la norma podría generar un beneficio económico para la empresa de la que forma parte.

    Juliana di Tullio X 05082026

    A través de sus redes sociales, la dirigente de Unión por la Patria difundió el contenido de la impugnación con fuertes críticas al senador libertario. “¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros”, escribió. También sostuvo que presentó el planteo porque Benegas Lynch es “socio gerente de una empresa dedicada a venderle tierras argentinas a inversores extranjeros” y afirmó que “no es complicado de entender: juez y parte”. Además, aseguró que “usar la banca del Senado para beneficiar el bolsillo propio no solo viola la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que es traición a la Patria”.

    Juliana di Tullio X 05082026

    El eje del planteo apunta a la participación de Joaquín Benegas Lynch en Glocal Terra, una empresa especializada en la tasación, administración y comercialización de campos en distintos países de América Latina. Según la información publicada por la propia compañía, ofrece asesoramiento tanto a propietarios como a inversores extranjeros interesados en adquirir o administrar tierras rurales.

    Di Tullio sostiene que esa actividad configura un interés económico incompatible con la discusión parlamentaria sobre una ley que precisamente regula el acceso de extranjeros a la propiedad de tierras en la Argentina. Por ese motivo, invocó la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y reclamó que el senador no participara de la discusión ni de una eventual votación sobre ese capítulo.

    La presentación también remarca que la Constitución exige que los funcionarios actúen con imparcialidad y sin utilizar el cargo para favorecer intereses particulares. Bajo ese argumento, la senadora consideró que Benegas Lynch debía apartarse del tratamiento del proyecto para evitar cualquier sospecha sobre su actuación legislativa.

    Juliana di Tullio X 05082026

    El capítulo fue retirado antes de la sesión

    La impugnación coincidió con un cambio de estrategia del oficialismo. Durante la jornada del miércoles, La Libertad Avanza resolvió eliminar del proyecto el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, luego de comprobar que no contaba con el respaldo suficiente para aprobarlo en el Senado.

    Ese apartado proponía flexibilizar el régimen vigente sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una de las reformas más cuestionadas del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La resistencia de senadores dialoguistas y de varios gobernadores terminó obligando al Gobierno a dar marcha atrás para preservar el tratamiento del resto de la iniciativa.

    De esa manera, la impugnación presentada por Di Tullio quedó referida a un capítulo que finalmente no llegará al recinto. Sin embargo, la legisladora sostuvo que el episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de los conflictos de intereses y los límites que deben respetar los representantes cuando intervienen en proyectos que podrían impactar sobre sus actividades privadas.

    Hasta el momento, Joaquín Benegas Lynch no respondió públicamente al planteo. Mientras tanto, el Senado continuará con el tratamiento del resto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que mantiene las reformas sobre desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y modernización de los registros inmobiliarios.

    RG/MSS

  • Balacera en barrio El Pozo de Paraná: escuela activó protocolo para resguardar a sus alumnos

    Balacera en barrio El Pozo de Paraná: escuela activó protocolo para resguardar a sus alumnos

    Una balacera en barrio El Pozo generó preocupación este miércoles por la tarde en inmediaciones de la escuela Giachino, donde directivos activaron el protocolo de resguardo para proteger a los alumnos mientras efectivos policiales desplegaban un operativo. Vecinos manifestaron haber escuchado cuatro disparos en el sector.

     

    La situación se produjo alrededor de las 15:30, en momentos en que había actividad dentro del establecimiento educativo. El subcomisario Johan Luna, segundo jefe de la Comisaría Sexta de Paraná, explicó a Elonce que la dependencia recibió un aviso y movilizó recursos hacia el lugar para determinar qué había sucedido.


    “Se avisa de posibles detonaciones de arma de fuego en barrio El Pozo, lindante a la escuela Giachino”, relató Luna a Elonce. Ante la cercanía del episodio, la comunidad educativa reaccionó rápidamente: mientras llegaban los patrulleros, los responsables de la institución pusieron en marcha el procedimiento preventivo que docentes y estudiantes ya habían practicado.

     

    Un silbato y el protocolo para proteger a los alumnos

     

    La escena de mayor tensión se produjo dentro de la escuela. Un silbato dio la señal para que los estudiantes abandonaran las aulas y se trasladaran hacia un espacio interno considerado seguro. La medida buscó mantenerlos alejados del exterior mientras se verificaba qué estaba sucediendo en el barrio.

     

    “Directivos y alumnado de la escuela Giachino observaron esa situación. Inmediatamente, los directivos adoptaron y aplicaron el protocolo de resguardo”, explicó Luna. Sobre la modalidad utilizada, agregó: “Eso ya lo tienen practicado con el alumnado. Sonó el silbato y los alumnos salen del aula y se encuentran en lo que es el patio interno de la institución”.



    En paralelo, móviles de la Comisaría Sexta recorrieron los alrededores de la escuela y distintos puntos del barrio El Pozo. Los efectivos buscaron establecer el origen de los disparos reportados, identificar posibles involucrados y comprobar si alguna persona había resultado alcanzada o si existían viviendas u otros bienes afectados.

     

    La Policía no encontró heridos ni impactos

     

    La primera inspección policial no permitió encontrar consecuencias de la balacera denunciada por los vecinos. “Personal policial trabajó en el lugar y corroboró que no había personas lesionadas. Tampoco se constataron daños o indicios de proyectiles”, sostuvo el segundo jefe de la Comisaría Sexta.

     

    Una vez realizada esa verificación, los policías se acercaron al establecimiento y comunicaron la situación a las autoridades. El protocolo fue desactivado y la actividad educativa pudo retomarse. “Ya para las 15:50 las clases continuaban con su normal funcionamiento”, precisó Luna.

     

    De esta manera, transcurrieron alrededor de 20 minutos entre el aviso recibido por la fuerza de seguridad y la normalización de las clases. La investigación, sin embargo, continuó en el barrio debido a que los testimonios obtenidos entre los habitantes no permitían determinar con precisión quién había efectuado los disparos.



     

    Versiones contradictorias y ningún detenido

     

    “He consultado a los vecinos de dicho barrio, daban versiones contradictorias entre ellos”, explicó Luna. Las diferentes versiones aportadas a los investigadores impidieron, al menos durante las primeras actuaciones, identificar a una persona concreta como responsable del episodio.

     

    Consultado sobre la cantidad de disparos, el funcionario policial indicó: “Según lo que manifestaron los vecinos, se escucharon cuatro detonaciones”. Sin embargo, durante el relevamiento realizado posteriormente no aparecieron elementos materiales que permitieran establecer fehacientemente desde dónde se habían efectuado.

     

    “No hay ninguna persona detenida y no hay algún autor sindicado como autor del hecho”, afirmó Luna. Por ese motivo, las actuaciones permanecieron abiertas y los efectivos continuaron recabando información para intentar reconstruir lo ocurrido durante la tarde.



     

    Antecedentes de procedimientos en la zona

     

    La presencia policial se mantuvo posteriormente mediante móviles que patrullaban barrio El Pozo y sectores cercanos a calle Santos Vega. El despliegue tuvo un carácter preventivo mientras continuaban las averiguaciones sobre el episodio que había generado alarma entre vecinos y la comunidad educativa.

     

    Luna recordó además que en meses anteriores se habían realizado procedimientos en el sector que permitieron retirar armas de circulación. “En tiempo atrás se han hecho procedimientos con resultados positivos y, bueno, para llevarle un poco lo que es tranquilidad a los vecinos del lugar”, expresó.

     

    La investigación continuaba para determinar las circunstancias de la balacera y establecer si era posible identificar a quienes participaron. Mientras tanto, el episodio volvió a poner en alerta al barrio y obligó a la escuela Giachino a aplicar un protocolo que permitió mantener resguardados a los estudiantes hasta que la Policía descartó personas heridas o daños.


    Balacera en barrio El Pozo generó preocupación en la escuela Giachino


  • La empresa que anunció la mayor inversión minera de la historia argentina aportará USD 250 millones para obras de infraestructura

    La empresa que anunció la mayor inversión minera de la historia argentina aportará USD 250 millones para obras de infraestructura

    El desembolso se realizará antes de que el proyecto ingrese en su etapa de producción, prevista a partir de 2027. (Reuters)
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    La empresa Vicuña, la empresa a cargo del que se considera el mayor proyecto minero del país, avanza en la consolidación de su marco normativo en San Juan a partir de una serie de definiciones vinculadas con las obligaciones ambientales y financieras que rigen su operación.

    En ese marco, Vicuña y el gobierno local firmaron un acuerdo de compromiso relativo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. Según informó la compañía a través de un comunicado, el entendimiento incluye un aporte de USD 250 millones por parte de la minera para que el Estado sanjuanino realice obras de infraestructura.

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    En concreto, el documento establece un mecanismo para cumplir con las obligaciones financieras previstas en la DIA y para apoyar el desarrollo de infraestructura en San Juan. Al mismo tiempo, según remarcó Vicuña, “brinda mayor certeza sobre aspectos clave del desarrollo del proyecto”.

    Qué dice el acuerdo

    Entre los aspectos centrales del entendimiento se encuentra la estabilización de las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del proyecto, aplicable a las propiedades mineras actuales y futuras de Vicuña dentro del alcance establecido en el convenio.

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    El acuerdo también dispone la creación de un fideicomiso a través del cual se gestionarán de manera transparente las contribuciones estipuladas en la DIA para financiar obras previamente acordadas. En ese marco, se estableció un pago anticipado de USD 250 millones a ese fideicomiso, con el objetivo de proveer fondos a la provincia de San Juan destinados a infraestructura.

    Minero Vicuña

    A ese desembolso se suma una contribución del 1,5% de las ventas brutas, conforme a lo establecido en la DIA, cuyo pago comenzará en el sexto año de operaciones. Esta contribución funcionará como una fuente anual de financiamiento para infraestructura y otras iniciativas, adicional a los fondos de regalías que se abonan cada año.

    El acuerdo consolida, además, las obligaciones financieras establecidas en la DIA en un único mecanismo contractual, lo que según la compañía aporta mayor previsibilidad al desarrollo del proyecto. A esto se agrega el compromiso de la provincia de no imponer a Vicuña contribuciones adicionales de naturaleza análoga a la contribución de la DIA por ningún concepto relacionado con el proyecto, lo que brinda certeza de que el marco acordado representa la obligación definitiva y final derivada de esa declaración.

    Sobre el alcance del entendimiento, el CEO de Vicuña Corp, Ron Hochstein, señaló: “Proyectos de esta magnitud requieren reglas claras y previsibilidad a largo plazo. Este acuerdo representa un paso importante para seguir creando las condiciones necesarias para el desarrollo del Proyecto Vicuña, brindando mayor certeza tanto para la inversión como para el cumplimiento de los compromisos asumidos con la provincia”.

    Plazos y próximos pasos

    De acuerdo con la compañía, la firma de este entendimiento marca la primera etapa de un proceso de acuerdos que continuará abordando otros aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto. El convenio queda sujeto a la aprobación de la Legislatura provincial para convertirse en ley, y se prevé que el pago anticipado se complete a finales del cuarto trimestre de 2026.

    Vicuña indicó que continuará trabajando junto al Gobierno de San Juan y las diversas partes interesadas para seguir desarrollando los acuerdos e iniciativas que respaldan el desarrollo del proyecto.

    Dos hombres de traje y corbata se dan la mano. Cada uno sostiene una carpeta azul. Al fondo, una cortina gris y una bandera celeste y blanca

    El gobierno de San Juan, por su parte, precisó que el acuerdo pone fin a una controversia administrativa iniciada en 2022 en torno al aporte previsto en la DIA, que hasta ahora permanecía objetado en sede administrativa. El convenio será enviado a la Cámara de Diputados provincial para su ratificación por ley.

    Desde la gobernación destacaron que los fondos se destinarán a la ejecución de obras viales, hídricas, de saneamiento y de infraestructura pública antes de que la provincia comience a percibir regalías mineras.

    El proyecto Vicuña

    Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining formada para el desarrollo del depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre ubicado en la provincia de San Juan. La compañía impulsa además el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol, ubicado también en San Juan y en la III Región adyacente, en Chile.

    El proyecto prevé una inversión inicial de USD 9.700 millones, con un potencial de expansión hasta USD 18.000 millones, y fue incorporada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Su desarrollo se realizará en tres etapas, con el inicio de la construcción previsto para 2027.

    El proyecto se estructura en tres fases centradas en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en el límite cordillerano de San Juan con Chile, y prevé una producción anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata una vez en plena operación.

    Durante el pico de construcción, entre 2027 y 2030, el proyecto demandará alrededor de 12.000 puestos de trabajo directos. En la etapa operativa sostendrá unos 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos, con la expectativa de que cerca del 90% de la mano de obra sea local. Cuando alcance su producción plena, el proyecto proyecta exportaciones por aproximadamente USD 6.000 millones anuales, un monto que, según el Gobierno provincial, equivale al total de las exportaciones mineras argentinas registradas en 2025.

  • El jefe del Estado Mayor de Israel dice que el ejército seguirá atacando a Hamas pese al alto el fuegoDurante una visita al enclave, Eyal Zamir afirmó ante las tropas que las fuerzas actuarán por iniciativa propia para evitar nuevas amenazas en la frontera, en referencia a la ofensiva de 2023

    El jefe del Estado Mayor de Israel dice que el ejército seguirá atacando a Hamas pese al alto el fuegoDurante una visita al enclave, Eyal Zamir afirmó ante las tropas que las fuerzas actuarán por iniciativa propia para evitar nuevas amenazas en la frontera, en referencia a la ofensiva de 2023

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    El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, afirmó este miércoles durante una visita a la Franja de Gaza que el ejército continuará operando “por iniciativa propia” contra objetivos de Hamas, pese al alto el fuego acordado el 11 de octubre de 2025 en el marco del plan de paz impulsado por Estados Unidos. “No permitiremos que se produzca una amenaza a nuestras fronteras como la que sufrimos el 7 de octubre”, declaró ante las tropas, según un comunicado militar.

    Zamir se reunió con el comandante del Mando Sur, Yaniv Asor, y otros altos mandos al frente de las operaciones en el enclave. Aseguró que las fuerzas israelíes han debilitado “significativamente” a Hamas y “cambiado la realidad” operativa sobre el terreno. “El frente de Gaza forma parte de una campaña multiescenario”, añadió, estableciendo un paralelo con las operaciones en el sur del Líbano.

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    El primer ministro Benjamin Netanyahu reconoció el martes por la noche, en un vídeo difundido en sus redes sociales, que Israel no ha aceptado el borrador del plan de paz respaldado por Washington. “Nos enviaron un borrador; no lo aprobamos, no es nuestro borrador. Enviamos nuestros comentarios”, señaló. La propuesta, publicada la semana pasada por el Consejo de Paz del presidente Donald Trump, contempla el desarme de Hamas y la retirada israelí de Gaza.

    Tras las objeciones de Israel, el Consejo de Paz se reunió el lunes con Netanyahu y le garantizó que las fuerzas israelíes solo deberán abandonar sus posiciones actuales en Gaza una vez que Hamas complete su desarme. A pesar de esa concesión, dos ministros de la ultraderecha de la coalición gobernante solicitaron una nueva votación para rechazar el plan, argumentando que no refleja lo aprobado por el gabinete.

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    An Israeli soldier stands near military vehicles near the Israel-Gaza border, amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza, in southern Israel, October 12, 2025. REUTERS/Ammar Awad

    El investigador Tal Elovits, del centro de estudios israelí Molad, advirtió que Netanyahu tiene escaso margen para rechazar el plan auspiciado por Washington. “Netanyahu no tiene otra opción más que escuchar a su único amigo que le queda en la comunidad diplomática”, dijo en referencia a Trump. El propio Netanyahu, que enfrenta unas elecciones en octubre, describió al mandatario estadounidense como “nuestro mayor amigo, uno de los más grandes que hemos tenido en la Casa Blanca”.

    Medios israelíes informaron además de un cambio en los protocolos de autorización de ataques: las tropas deben ahora solicitar aprobación directamente al jefe del Estado Mayor para ejecutar operaciones en Gaza, salvo en situaciones de “peligro inmediato”. Anteriormente, bastaba con la autorización del comandante del mando regional. El ejército israelí derivó las consultas al respecto al “escalón político”, mientras que un portavoz de Netanyahu declinó hacer comentarios.

    Israeli military vehicles are parked near the Israel-Gaza border, amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza, in southern Israel, October 11, 2025. REUTERS/Hannah McKay

    El portavoz de Hamas, Hazem Qassem, reiteró este miércoles el “compromiso” del grupo con lo acordado con los mediadores y el Consejo de Paz, e instó a Washington y al alto representante para Gaza, Nickolay Mladenov, a presionar a Israel para que cumpla el acuerdo “de modo que podamos ver pasos serios y prácticos”.

    Las autoridades sanitarias de Gaza —cuyas cifras son consideradas fiables por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)— elevaron este miércoles a 73.381 el número de muertos y a 174.231 el de heridos desde el inicio de la campaña militar israelí. El conflicto se desencadenó tras el ataque de Hamas y otras milicias palestinas del 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.221 personas en Israel, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes. En esa misma ofensiva, 251 personas fueron tomadas como rehenes y trasladadas a Gaza.

    (Con información de AFP, EFE y Reuters)

  • Irán admitió que es “muy difícil” contactar a su líder supremo Mojtaba Khamenei tras el ataque de Estados Unidos e IsraelEl presidente Masud Pezeshkian defendió la autoridad del sucesor de Ali Khamenei y aseguró que sigue ejerciendo el liderazgo del país, pese a su prolongada ausencia de la vida pública

    Irán admitió que es “muy difícil” contactar a su líder supremo Mojtaba Khamenei tras el ataque de Estados Unidos e IsraelEl presidente Masud Pezeshkian defendió la autoridad del sucesor de Ali Khamenei y aseguró que sigue ejerciendo el liderazgo del país, pese a su prolongada ausencia de la vida pública

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    El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este miércoles que mantener comunicación con el líder supremo Mojtaba Khamenei se ha vuelto “muy difícil” en las actuales circunstancias, después de que el dirigente resultara herido durante el ataque estadounidense-israelí que provocó una nueva escalada militar en Medio Oriente.

    Khamenei, quien asumió como máxima autoridad religiosa y política iraní tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, en ese mismo episodio, no ha realizado apariciones públicas desde entonces. Su ausencia ha generado dudas sobre su estado de salud y sobre el funcionamiento de la cúpula del poder iraní durante una etapa marcada por el enfrentamiento con Washington.

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    Es muy difícil comunicarse con él en este momento, pero, en cualquier caso, su presencia es una fuente de fuerza muy grande para nosotros que nos permite seguir adelante”, declaró Pezeshkian durante un discurso transmitido por televisión estatal.

    El mandatario iraní aseguró que, pese a las limitaciones actuales, ha mantenido encuentros con el líder supremo y defendió su capacidad para dirigir el país. Según Pezeshkian, las conversaciones que ha sostenido con Khamenei han sido productivas y destacó que sus posiciones responden a una “lógica muy sólida”.

    “Lamentablemente, la situación actual lleva a algunas personas malintencionadas a presentarlo bajo una luz diferente y a transmitir una imagen distorsionada de él”, afirmó el presidente iraní.

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    Una gigantografía con la imagen de Mojtaba Khamenei forma parte del paisaje urbano de Teherán tras su designación como líder supremo (REUTERS/Archivo)

    Desde que asumió el cargo, Mojtaba Khamanei se ha mantenido alejado de las apariciones públicas y sus mensajes han sido difundidos principalmente a través de comunicados escritos. Tampoco estuvo presente en los actos oficiales realizados tras la muerte de su padre, una situación que aumentó las especulaciones sobre su estado físico y su capacidad para ejercer plenamente sus funciones.

    La llegada de Mojtaba Khamenei al liderazgo supremo ocurrió en un momento de máxima tensión para Irán. El nuevo dirigente heredó una estructura de poder que enfrenta simultáneamente presiones militares, económicas y diplomáticas, mientras el país continúa su disputa con Estados Unidos y sus aliados.

    El liderazgo supremo es la máxima autoridad política y religiosa de Irán y tiene influencia directa sobre áreas estratégicas como las Fuerzas Armadas, la política exterior y los principales organismos de seguridad. Por esa razón, la falta de apariciones públicas del sucesor de Alí Khamenei ha adquirido una relevancia especial dentro y fuera del país.

    Diálogo con Estados Unidos

    Mientras el régimen intenta mostrar continuidad en la conducción del Estado, Teherán también mantiene abiertas conversaciones indirectas relacionadas con la posibilidad de reducir las tensiones con Washington.

    El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, indicó que el régimen recibió mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa disposición a retomar compromisos asumidos previamente, aunque señaló que todavía no existe una decisión definitiva sobre volver a la mesa de negociaciones.

    El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, indicó que el régimen recibió mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa disposición a retomar compromisos (AP/Archivo)

    Hemos recibido mensajes de Estados Unidos que indican que está plenamente dispuesto a volver a cumplir sus compromisos”, explicó Gharibabadi.

    El funcionario señaló que las autoridades iraníes están revisando esas comunicaciones para determinar si existen garantías suficientes de que cualquier nuevo proceso diplomático pueda mantenerse en el tiempo.

    Todos los mensajes deben ser analizados. Debemos mirar también hacia el futuro para no volver a entrar en un círculo vicioso en el que, dos o tres semanas después, nos encontremos otra vez ante nuevos enfrentamientos militares”, agregó.

    Las conversaciones se producen en paralelo a las negociaciones de Irán con Omán para establecer un mecanismo temporal de navegación en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el transporte mundial de energía y que se convirtió en uno de los principales puntos de tensión durante la escalada militar.

  • Ley de Tierras: senadores del PJ, la UCR y el PRO hablaron tras la marcha atrás del oficialismo

    Ley de Tierras: senadores del PJ, la UCR y el PRO hablaron tras la marcha atrás del oficialismo

    Mariano Recalde afirmó que la reforma de la Ley de Tierras eliminaba protecciones sobre acuíferos, zonas estratégicas y concentración de tierras
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    El debate por la reforma de la Ley de Tierras expuso una de las discusiones más sensibles del paquete legislativo impulsado por el oficialismo. Tras la fuerte controversia pública y política que generó el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros, el Gobierno decidió retirarlo antes de la votación. Sin embargo, la discusión dejó al descubierto tres miradas distintas sobre el alcance de la norma, el federalismo y la protección de los recursos estratégicos.

    En diálogo con Infobae al Regreso, los senadores Mariano Recalde (Unión por la Patria), Eduardo Vischi (UCR) y Martín Goerling (PRO) defendieron posiciones contrapuestas sobre el proyecto y explicaron por qué consideran que el país necesita —o no— modificar la legislación vigente.

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    Recalde: “Eliminaban las protecciones que tenía la ley”

    El senador de Unión por la Patria sostuvo que la iniciativa implicaba desmantelar resguardos que consideró fundamentales para preservar recursos naturales y evitar la concentración de tierras.

    (Infobae en Vivo)

    La modificación que querían hacer era realmente muy grosera”, afirmó. Y agregó: “Lo más preocupante para nosotros era que eliminaban las restricciones o las protecciones que tenía la ley. Se protegían los acuíferos, las zonas estratégicas y se evitaba la gran concentración de tierras”.

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    Para Recalde, detrás de la reforma existían intereses económicos concretos. “Hay grupos interesados en venir a llevarse rápido, antes de que cambie el Gobierno el año que viene, recursos que son escasos en el mundo”, aseguró.

    También rechazó el argumento de que una mayor apertura permitiría atraer inversiones. “Desde que está Milei la inversión extranjera directa es negativa. Y dicen que para que vengan las inversiones hay que flexibilizar la protección ambiental, destruir los glaciares y entregar los acuíferos”, cuestionó.

    Vischi: “Que las provincias decidan”

    Desde la UCR, Eduardo Vischi defendió una postura distinta. Si bien reconoció que el proyecto original fue modificado en numerosas oportunidades, sostuvo que la versión que finalmente iba a debatirse buscaba fortalecer el federalismo y permitir que cada provincia definiera su política territorial.

    Eduardo Vischi sostuvo que la Ley de Tierras debía permitir que las provincias definieran los límites a la compra de tierras por extranjeros

    Lo que estamos planteando es que las provincias puedan tener la plena potestad de llevar adelante la planificación estratégica de su territorio”, sostuvo. Y resumió la posición radical: “Las provincias que decidan si quieren poner cinco, siete o quince” como límite a la compra de tierras por parte de extranjeros.

    Vischi rechazó además la idea de que toda inversión extranjera represente un riesgo para la soberanía. “El problema no es si es extranjero o no; el problema es qué hace con la tierra”, afirmó, y sostuvo que la defensa de las fronteras corresponde al Estado nacional, no a la ley de tierras.

    El senador correntino también atribuyó buena parte de la polémica a una falla comunicacional. “Se discutió mucho sobre temas que no están en la ley” y consideró que “no se explicó bien lo que se estaba planteando”.

    Goerling: “La ley devolvía facultades a las provincias”

    El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, coincidió en que la discusión debía centrarse en la autonomía provincial y aseguró que trabajó en las modificaciones introducidas al proyecto original.

    Martín Goerling defendió los cambios a la Ley de Tierras y dijo que la norma devolvía facultades a las provincias sobre su territorio

    Era una ley para votarla. La fuimos mejorando y cambiando desde una mirada federal”, afirmó. Según explicó, el objetivo era que “las provincias fijaran qué quieren hacer con su suelo”, porque “cada provincia es muy diferente en la Argentina”.

    Como ejemplo, mencionó el caso de Misiones, donde sostuvo que la legislación vigente limita la posibilidad de recibir nuevas inversiones. “Yo quiero recibir una inversión fuerte y no lo puedo hacer. Me está limitando un techo nacional a mi realidad”, señaló.

    Goerling también cuestionó que durante la discusión pública se instalara la idea de que un comprador extranjero podría disponer libremente de los recursos naturales. “Cualquiera que compre una tierra, sea argentino o extranjero, no puede hacer lo que quiera en territorio argentino. Tiene que cumplir las leyes nacionales, locales y municipales”, sostuvo.

    Al igual que Vischi, atribuyó la caída del proyecto a un problema de comunicación. “Hubo un error comunicacional muy grave del Gobierno. Se empezó a discutir sobre un dictamen original que sufrió dieciséis modificaciones y se terminó debatiendo sobre cuestiones que no eran las que se iban a votar”, concluyó.

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  • Fentanilo contaminado: detuvieron a dos ex funcionarias de la ANMAT y la Justicia profundiza la investigación

    Fentanilo contaminado: detuvieron a dos ex funcionarias de la ANMAT y la Justicia profundiza la investigación

    El fentanilo contaminado volvió a ubicarse en el centro de la escena judicial tras un nuevo avance en la investigación por las 114 muertes atribuidas al medicamento elaborado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Este martes, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó las detenciones de dos ex funcionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y requirió documentación al Ministerio de Salud de la Nación para profundizar la pesquisa.

     



     

    Las detenidas son Nélida Agustina Bisio, quien se desempeñó como titular de la ANMAT hasta enero de este año, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismo encargado del control específico de medicamentos. Ambas quedaron bajo investigación por su presunta responsabilidad en el control de la producción y circulación del fentanilo cuestionado.

     

    Las medidas se desarrollan bajo secreto de sumario. En el caso de Bisio, el procedimiento se concretó en su domicilio de Quilmes, mientras que, en paralelo, la Justicia solicitó al Ministerio de Salud los registros de ingresos y egresos de personas al edificio de esa cartera correspondientes a los años 2024 y 2025.

     



     

    La hipótesis judicial sobre el control del fentanilo

     

    Según el sitio Fiscales.gob.ar, las ex funcionarias “tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado, que culminó con casi un centenar de fallecidos y más de cuarenta lesionados”.

     

    Además, sostiene que “conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones”.

     



     

    La investigación encuadró las conductas en los artículos 200 y 201 bis del Código Penal. Estas figuras contemplan penas que pueden alcanzar hasta 25 años de prisión cuando la adulteración o falsificación de sustancias medicinales provoca lesiones graves o la muerte.

     

    En el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, confirmaron la entrega de la documentación de ingresos y egresos solicitada por la Justicia.

     

    Una causa que apunta también a los organismos de control

     

    El caso comenzó a tomar notoriedad en mayo de 2025, cuando se conocieron las primeras muertes de pacientes internados en el Hospital Italiano de La Plata. Las investigaciones determinaron que las ampollas de fentanilo contenían bacterias multirresistentes capaces de provocar infecciones letales en personas sedadas.

     

    Los análisis realizados por el Instituto ANLIS-Malbrán y las pericias del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema establecieron la relación entre esas bacterias y los fallecimientos registrados. Paralelamente, la investigación judicial acumuló testimonios y pruebas que describieron graves irregularidades en los procesos de fabricación de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

     



     

    Desde el inicio de la causa también la Justicia puso bajo la lupa el rol de la ANMAT. Busca determinar si existieron omisiones en los controles, si las inspecciones detectaron irregularidades que no derivaron en medidas suficientes y si esas fallas permitieron que el fentanilo contaminado continuara circulando antes de ser retirado del mercado.

     



     

    Con las detenciones de Bisio y Mantecón Fumado, la investigación da un giro significativo. Hasta ahora el expediente se había concentrado principalmente en los responsables de los laboratorios productores —entre ellos Ariel García Furfaro y otros imputados—, pero ahora el foco también alcanza a los organismos estatales que debían controlar la fabricación, comercialización y retiro de los lotes cuestionados, en una causa considerada una de las mayores tragedias sanitarias de la historia reciente del país.

  • Polémica en el Senado: el libertario Benegas Lynch tiene una empresa que gestiona la venta de terrenos a extranjeros y el peronismo salió a cruzarlo

    Polémica en el Senado: el libertario Benegas Lynch tiene una empresa que gestiona la venta de terrenos a extranjeros y el peronismo salió a cruzarlo

    A horas de la sesión de este jueves en la que el Gobierno busca la media sanción del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, un nuevo foco de tensión se generó en el Senado al trascender que el senador de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch tiene una empresa dedicada a gestionar la venta de tierras argentinas a extranjeros.

    La noticia provocó la reacción del peronismo y la cristinista Juliana Di Tullio presentó un pedido a Victoria Villarruel solicitando la abstención e inhabilitación inmediata del legislador libertario para intervenir, debatir, firmar dictámenes y emitir su voto respecto de la propuesta impulsada por el  ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

    Al parecer, Benegas Lynch aparece como el fundador y socio gerente de Glocal Terra SRL, una compañía que se dedica al asesoramiento de inversores y administración de campos que comenzó a funcionar en 2020 con domicilio en la avenida Santa Fe al 700, en la Ciudad de Buenos Aires.

    Según destaca en su sitio web, la firma participó en operaciones vinculadas con más de 3 millones de hectáreas en América Latina, además, de intervenir en la administración de 85.000 hectáreas de bosques y proyectos de créditos de carbono en Argentina y Chile.

    Benegas Lynch también estuvo al frente de Pampa Partners, una empresa vinculada al empresario estadounidense Douglas Tompkins, dedicada a negocios inmobiliarios rurales.

    Ante esta situación, Di Tullio presentó un escrito a la vicepresidenta alertando sobre la existencia de “una directa y manifiesta colisión entre el interés público que debe tutelar el legislador y su interés económico privado”.

    En este sentido, la senadora peronista consideró que la posición de Benegas Lynch viola la Constitución y la Ley de Ética Pública. “Cualquier modificación, flexibilización o regulación de la normativa vigente impacta directamente en el volumen de negocios, la facturación y los beneficios de la empresa a la que se encuentra vinculado, viciando de parcialidad cualquier posición o voto que emita sobre la materia”, fundamentó.

    El caso del senador libertario le agrega un condimento más a la sesión de este jueves en la que el oficialismo intentará darle media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada luego de que Patricia Bullrich accediera a bajar el polémico capítulo que intentaba modificar la Ley de Tierras eliminando todas las restricciones a la compra de terrenos rurales por parte de inversores extranjeros.

    Además, el debate viene cruzado por el pedido de la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti para que se la autorice a participar de la sesión de modo remoto por atravesar un embarazo de alto riesgo.

    El pedido fue aceptado por la vicepresidenta Victoria Villarruel al igual que otro realizado por el radical Flavio Fama, quien se sometió a una intervención quirúrgica en la rodilla. Será el cuerpo quien decidirá si acepta ambas solicitudes.

  • “Es un crimen”: inmobiliarias rurales lamentan que se haya frenado la Ley de Tierras y hablan de una oportunidad perdida

    “Es un crimen”: inmobiliarias rurales lamentan que se haya frenado la Ley de Tierras y hablan de una oportunidad perdida

    Luego de que el Gobierno retirara del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras para asegurar la aprobación del resto de la iniciativa en el Senado, las principales inmobiliarias rurales expresaron su decepción por el desenlace legislativo. En el sector sostienen que se perdió una oportunidad para debatir una norma que consideran restrictiva para la llegada de inversiones y cuestionan que la discusión haya quedado asociada a la defensa de la soberanía nacional.

    La iniciativa había generado una fuerte expectativa desde mayo, cuando el Gobierno de Javier Milei anunció su intención de avanzar sobre la Ley 26.737, sancionada en 2011, que limita la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto original proponía eliminar esas restricciones como parte de una estrategia para atraer inversiones, pero durante la negociación parlamentaria el oficialismo moderó la propuesta y planteó elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de capitales extranjeros. Sin embargo, tampoco logró reunir los apoyos necesarios y finalmente optó por retirar ese capítulo para evitar que comprometiera la aprobación del resto del proyecto.

    Durante los últimos meses, la posibilidad de modificar la ley fue seguida de cerca por el mercado inmobiliario rural. Los operadores esperaban que una flexibilización de la normativa pudiera ampliar el universo de potenciales compradores, especialmente en segmentos vinculados a desarrollos forestales, mineros, economías regionales y campos que requieren inversiones de largo plazo, además de mejorar las condiciones para el ingreso de capitales externos.

    Para Mariano Maurette, de la sección Campos de Álzaga Unzué y Cía., el principal problema fue que el debate nunca logró centrarse en el contenido real de la ley. “Nace mal parido porque los títulos siempre son buenos: ‘no vendamos el país’. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero esta ley no significa regalar ni vender el país”, afirmó.

    Mariano Maurette, responsable de la sección Campos de Alzaga Unzue
    Mariano Maurette, responsable de la sección Campos de Alzaga Unzue

    Según el empresario, la discusión quedó atravesada por consignas que impidieron analizar los alcances concretos de la norma. “Hace falta un análisis serio y responsable, sacando todas las ideologías, para tener conciencia de lo que estamos discutiendo. La gente compra el título, ‘no vendamos la patria’, y no es eso lo que está en juego”, sostuvo.

    Maurette señaló que el mercado suele poner el foco en los campos agrícolas, cuando existen otras actividades donde la inversión extranjera podría resultar determinante. “Hay una cantidad de campos y producciones regionales que requieren inversiones que los argentinos no están dispuestos a hacer. Que venga alguien y las haga. Dejar vacante tanto potencial productivo es un crimen”, remarcó.

    En ese sentido, agregó que gran parte de los capitales extranjeros ya se concentran en actividades como la minería y la forestación, sectores donde históricamente la inversión local ha sido limitada. “Que inviertan extranjeros no quiere decir que la tierra o la soberanía sean de ellos. Van a tener que respetar todas las leyes argentinas”, remarcó.

    Sobre la decisión del oficialismo de retirar el capítulo, consideró que respondió a una estrategia parlamentaria. “Si lo sacaron es porque convenía para aprobar el resto. Lamentablemente habrá que volver a esperar”, expresó.

    En la misma línea, Juan José Madero, de L.J. Ramos Brokers Inmobiliario, lamentó que la discusión haya quedado condicionada por cuestiones ideológicas.Es un poco decepcionante ver que todavía domina la ideología, la desinformación o la falta de información seria para tratar este tema con serenidad, racionalidad y madurez”, señaló.

    Juan José Madero, de L.J. Ramos Brokers Inmobiliario,
    Juan José Madero, de L.J. Ramos Brokers Inmobiliario,

    El operador sostuvo que el objetivo debería ser alcanzar una norma superadora de la actual. “El espíritu es buscar un consenso para tener un proyecto mejor que la ley vigente, que es excesivamente restrictiva. Esperemos que prime el sentido común y se espanten los fantasmas que aparecen cuando se tratan estos temas”, afirmó.

    Para Madero, el debate sobre la soberanía no refleja el funcionamiento real del régimen de propiedad. “La soberanía no está en juego. La tierra queda en la Argentina, produce en la Argentina, contrata mano de obra argentina, paga impuestos en la Argentina y está sometida a las leyes argentinas”, explicó.

    Además, valoró que el Gobierno haya decidido mantener abierta la negociación política. “Es positivo que siga buscando consensos y diálogo con las provincias para construir un proyecto que tenga respaldo. No estamos acostumbrados a eso, pero es el camino”, indicó.

    Por su parte, Emir Carrillo, titular de Emir Carrillo & Asociados, interpretó que la decisión respondió a la intención del oficialismo de evitar una derrota parlamentaria. “Se nota que el Poder Legislativo no ha querido correr ningún riesgo. Es una verdadera pena que hayan retirado el capítulo sobre la ley de extranjerización”, sostuvo.

    Emir Carrillo, titular de Emir Carrillo & Asociados
    Emir Carrillo, titular de Emir Carrillo & Asociados

    Carrillo consideró que el principal obstáculo fue el desconocimiento sobre el contenido de la norma. “La falta de información de los legisladores y de la sociedad hizo que este tema se transformara en una cuestión política. La ley de tierras no tiene nada que ver con la soberanía”, afirmó.

    En su opinión, la postergación implica perder una oportunidad para generar nuevas inversiones. “Es una oportunidad muy importante que pierde la Argentina. La inversión extranjera genera recursos para el país y también beneficios para quienes invierten. La desinformación fue lo que terminó motivando el retiro de este capítulo”, concluyó.

    Resistencia

    El proyecto también encontró una fuerte resistencia en parte del sector agropecuario. La Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su “profunda preocupación” por las modificaciones impulsadas por el Gobierno y advirtió que eliminar o flexibilizar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros podría afectar a los pequeños productores, las economías regionales y la soberanía sobre recursos naturales estratégicos como la tierra y el agua.

    La entidad aclaró que no se opone a la llegada de inversiones ni a la modernización de la legislación, pero sostuvo que “una cosa es promover inversiones productivas y otra, muy distinta, es favorecer la extranjerización de recursos estratégicos sin límites ni mecanismos de control”, por lo que defendió la continuidad de la ley vigente.

  • La vota y después te la vende

    La vota y después te la vende


    El bloque del PJ denunció que el senador de LLA por Entre Ríos es dueño de Glocal Terra SRL, una firma que se dedica a vender tierras a empresarios extranjeros. Por el evidente conflicto de intereses, Di Tullio solicitó que se abstenga de intervenir en la sesión de este jueves.