1.- Miradas a lo largo del tiempo. Hacia fines del año 1975, como resultado del programa económico impulsado, en el mes de junio, por los ministros de Bienestar Social y Economía (José López Rega, Celestino Rodrigo y Ricardo Zinn, futuro asesor de Martínez de Hoz), el pueblo argentino se asomó, en una suerte de eterno retorno del neoliberalismo, al quiebre del aparato productivo del país. Quiebre este que implicó, asimismo: la clausura del paradigma de sustitución de importaciones y el fin del “modelo de bienestar social” ideado en aquellas épocas. Todo ello acompañado por maniobras delictivas −llevadas a cabo por productores y exportadores agropecuarios dominantes− que habrían de acarrear el contrabando de cereales y la conformación de un extendido “mercado negro”, con sus secuelas de desabastecimiento y aumento indiscriminado de precios. Todo ello en perjuicio del pueblo trabajador que veía limitado su acceso a productos que satisficieran sus necesidades básicas.
En medio de esos contextos, donde confrontaban intereses antagónicos, se pudo establecer que: tanto la última cosecha de soja (considerada un cultivo marginal), como cantidades significativas de alimentos y medicinas, eran objeto de alijo con destino a Paraguay y Brasil. Ante esa situación (que no era novedosa), se designó una “comisión de ilícitos de importación y exportación” con el fin de que realizara investigaciones in situ, en torno a una línea imaginaria que pasaba a través de las ciudades de Formosa, Puerto Pilcomayo y Clorinda. De tal forma, quienes integramos aquella “comisión”, ya en esos días, pudimos establecer los mecanismos activos de una eficiente matriz diseñada para el traslado ilegal de mercancías, por vía fluvial y tierra firme, a países limítrofes.
Matriz esa integrada por comercializadoras, corporaciones transnacionales, funcionarios administrativos y judiciales, transportistas e integrantes de las fuerzas de seguridad que, conforme hemos podido corroborar a lo largo de los tiempos, ha venido optimizando su operatoria a partir de la incorporación de capitales, tecnologías y nuevos actores relacionados con el lavado de dinero.
2.- Territorio de bandas. Tal como se ha referido, el Corredor Litoral integrado alrededor de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay (oculto bajo el nombre de “Hidrovía”), compone un territorio fluvial; terrestre y aéreo con salida al Océano Atlántico, por el que transitan entre un 70 y 80% de las exportaciones legales argentinas.
Una zona donde, entre sus pliegues, se extiende una geografía utilizada –merced a un sistémico esquema de descontrol− para la comisión de los ilícitos económicos más graves, cometidos por bandas y corporaciones en materia de narcotráfico; contrabando de cereales; tráfico de armas; trata de personas; lavado de activos y fuga de capitales.
Al interior de ese escenario y en lo que respecta al narcotráfico, nos encontramos con un itinerario en el cual gran parte de los estupefacientes provienen de Bolivia o Perú para ingresar luego a Paraguay o al norte de nuestro país. Ingreso de drogas que se hace efectivo mediante el uso de un entramado de pistas de aterrizaje y vuelos clandestinos o alternativamente por transporte terrestre, para incorporarse al circuito ribereño y ser transportada posteriormente con rumbo a los puertos europeos. Por otro lado, además cabe tener presente la participación −desde hace años− de miembros del Primeiro Comando da Capital y del Comando Vermelho (ambos brasileños) en el tráfico de armas y drogas en la región, como así también en el lavado de dinero a través del sistema financiero argentino.
Sobre esta cuestión, y a modo de ejemplo, resulta ilustrativo referir el caso de la investigación (llevada a cabo a fines del año 2024) que permitió descubrir una red de contrabando de soja y maíz que eran transportados desde Argentina (dentro de las jurisdicciones de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa) hacia Río Grande. Maniobra esa que, con base en algunos de los 400 puertos clandestinos y por medio de empresas “fantasma”, falsificaba cartas de porte manuales y electrónicas a la vez de emitir facturas falsas.
3.- Los delitos económicos más lesivos. Al momento de abordar el estudio de los injustos económicos de consecuencias más graves para el conjunto del cuerpo social, se hace presente la predica, sostenida, que tiende a instalar solo a la corrupción como uno de los delitos generadores de mayor daño.
Prédica que, en realidad, se ha diseñado de manera “racional con arreglo a fines” a los efectos de encubrir las acciones más lesivas para el conjunto de la sociedad. En esta dirección, ya sea por falta de formación técnica o intereses personales, ciertos funcionarios judiciales evitan dar curso a las investigaciones sobre los comportamientos más gravosos y, de esa forma, se desentienden de los supuestos de contrabando, evasión tributaria, prácticas oligopólicas (abuso de posición de dominio), lavado de activos, fuga de capitales o toma ilegal de deuda pública externa. Falta de impulso este que también ha sido posible por el silencio de los medios de comunicación hegemónicos en relación a esos temas. A partir de esta mirada y si tomamos a modo de ejemplo, las maniobras de contrabando, corresponde especificar que las mismas (con el auxilio de plataformas digítales para comercializar mercancías), generan perjuicios a la población derivados de la pérdida de ingresos fiscales (estimados en 2300 millones de dólares para el año 2025). Pérdida que ha conducido a que nuestro país ocupe, en el campo del comercio ilícito, el puesto 120 en un ranking de 158 naciones. En el caso del contrabando de cereales −en un contexto donde históricamente cinco agroexportadoras manejan el comercio de granos y el ingreso de divisas− podemos señalar que, en determinadas circunstancias, en función del volumen cosechado, la cotización de las divisas o nivel de las retenciones, se verifican distintas maniobras de comercio ilícito como ser el contrabando o la triangulación de exportaciones. Actividades que exceden largamente el negocio de la Hidrovía (estimado en unos 600 millones de dólares por año). Precisamente en atención a estos hechos, la Unidad de Información Financiera propuso en su momento la creación de un Base Federal de Información, llevó la cuestión para su análisis en el seno de la Comisión SGT4 del Mercosur y dictó la Resolución 112/21 destinada a poder identificar el beneficiario final, o sea a las personas que detrás de una persona jurídica ejercen el control sobre la misma.
Si bien los delitos aludidos han constituido prácticas extendidas en Argentina, en los dos últimos años la situación se ha visto agravada a raíz de las políticas que condujeron a reducir recursos técnicos y al traslado de las fuerzas encargadas de custodiar el transito trasfronterizo hacia zonas urbanas para que ejerzan control social interno sobre la población. «
