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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) aseguró que sus fuerzas navales y aeroespaciales realizaron nuevos ataques conjuntos con misiles y drones contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, en respuesta a los últimos bombardeos del Comando Central de EEUU en su territorio. Según el comunicado, la acción apuntó a infraestructuras e instalaciones clave en las instalaciones militares.

El ataque tuvo como objetivo las bases de Arifjan y Ali Al Salem en Kuwait, así como las instalaciones de Juffair y Sheikh Isa en Baréin. La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que si se producen nuevas ofensivas estadounidenses, habrá represalias adicionales contra sus bases en la región, según un comunicado divulgado por la televisión estatal IRIB.

Las autoridades de Kuwait informaron en la madrugada de este jueves que enfrentaron ataques con misiles y drones sobre su territorio. El Ejército kuwaití reportó que sus defensas aéreas interceptaron objetivos hostiles y aclaró que “las explosiones que puedan oírse son el resultado de la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea”. El mensaje fue difundido a través de redes sociales, acompañado del pedido a la población para que respete las indicaciones oficiales y evite acercarse a las zonas donde hayan caído restos de los dispositivos interceptados.

La autoridad militar solicitó también a ciudadanos y residentes “abstenerse de fotografiar, publicar o difundir” cualquier contenido relacionado con los incidentes en redes sociales, con el objetivo de resguardar la seguridad pública.

En Baréin, el Ministerio del Interior activó en varias ocasiones las sirenas de alerta durante la noche, recomendando a la población mantener la calma y buscar refugio seguro, además de seguir las informaciones a través de los canales oficiales.

Hasta el momento, no se han informado muertos o heridos por los ataques de Irán a los países aliados de EEUU en la región.

Esta situación se produce tras una nueva oleada de bombardeos de Estados Unidos contra territorio iraní, concretada el miércoles en lo que representa la segunda jornada consecutiva de ofensivas sobre la República Islámica. El Ejército estadounidense justificó la acción indicando que busca “seguir reduciendo la capacidad” de Teherán para “amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz” luego del ataque del régimen hacia tres buques en la vía marítima.

“Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”, indicó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a través de un comunicado en X.

Desde la cumbre de la OTAN en Turquía, el presidente Donald Trump había anticipado la posibilidad de nuevas acciones contra Irán. “Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer (martes) por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, donde acompañó el mensaje con una imagen que presentó como evidencia de un ataque contra territorio iraní.

En respuesta, el presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador en las conversaciones con Washington, Mohammad Bagher Qalibaf, criticó este jueves la postura de las tropas norteamericanas y advirtió: “Déjame ser claro: si atacas, serás atacado”.

A su vez, Qalibaf sostuvo que “el estrecho de Ormuz solo se abrirá mediante acuerdos iraníes”. “Estados Unidos aún no aprende que la matonería y romper sus promesas tienen consecuencias”, amenazó en la red social X el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) anunció este miércoles que más de 20 buques de guerra de la Armada estadounidense patrullan las aguas de Medio Oriente, en la jornada más tensa desde que Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para cesar las hostilidades a mediados de junio. El despliegue se produce mientras el presidente Donald Trump, desde la cumbre de la OTAN en Ankara, declaró ese acuerdo “terminado” y amenazó con una nueva oleada de ataques sobre Irán durante la noche del miércoles.

“Hoy, más de 20 buques de guerra de la Armada de EEUU patrullan las aguas de todo el Medio Oriente, mientras las fuerzas del Centcom continúan promoviendo la seguridad y la estabilidad regional”, publicó el organismo en sus redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes del despliegue.

El anuncio llegó horas después de que el Centcom confirmara haber golpeado más de 80 objetivos en el sur de Irán durante la noche del martes, en respuesta a los ataques de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra tres buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Los blancos incluyeron sistemas de defensa aérea, radares costeros, capacidades antimisil y más de 60 embarcaciones menores de la IRGC. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, precisó que también se atacaron instalaciones subterráneas de drones y misiles, así como centros de vigilancia utilizados para hostigar el tráfico marítimo.

Trump fue más allá en sus amenazas desde Ankara. Además de advertir sobre posibles ataques nocturnos, planteó la posibilidad de “tomar el control” de la isla de Jarg, terminal petrolera por la que transita el 90% de las exportaciones de crudo iraní, y amenazó con bombardear plantas eléctricas y de desalinización. El presidente calificó a los líderes iraníes de “escoria” y “gente enferma” y descartó la utilidad de las negociaciones, aunque reconoció que sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, desean continuar las conversaciones.

Irán rechazó la responsabilidad del quiebre. El portavoz del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, principal negociador de Teherán, acusó a Washington de haber violado el memorando en reiteradas ocasiones, citando la reimposición de sanciones al petróleo iraní y las amenazas de nuevos bombardeos. El Ministerio de Relaciones Exteriores añadió las acciones israelíes en el Líbano como otra violación del acuerdo e indicó que Irán tomará “todas las medidas que considere necesarias” para proteger sus intereses.

El origen del conflicto actual se remonta al 17 de junio, cuando Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian firmaron en Islamabad un memorando que puso fin formalmente a una guerra iniciada el 28 de febrero con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. El acuerdo fijaba un alto el fuego de 60 días para negociar asuntos de fondo: el programa nuclear iraní, la administración del estrecho de Ormuz y el descongelamiento de activos iraníes en el exterior. Desde entonces, los avances han sido nulos y los incidentes en el estrecho no han cesado.

Los mercados reaccionaron de inmediato: el Brent subió un 6% hasta situarse en torno a los 78 dólares por barril. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó los ataques y exigió la libre navegación en Ormuz como condición “crucial para los 32 aliados” de la Alianza, por cuyas aguas fluye el 20% del petróleo mundial.

La escalada ocurre mientras Irán celebra las exequias del líder supremo Alí Khamenei, fallecido en los ataques de finales de febrero. Si Trump ejecuta la amenaza sobre la isla de Jarg o la infraestructura civil, el conflicto entraría en una fase cualitativamente distinta: una que los mercados energéticos y la diplomacia regional difícilmente podrían absorber sin consecuencias duraderas.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a cobrar una pensión vitalicia de $15.683.154,06 brutos por mes en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia, mientras el Gobierno mantuvo abierta la disputa judicial para que la Corte Suprema dejara sin efecto ese beneficio. Según información a la que accedió Infobae, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) restablecerá la prestación, aunque ya interpuso un recurso de queja ante el máximo tribunal y esperó una definición sobre el fondo de la controversia.

La decisión implicó que el organismo previsional cumpliera la orden judicial vigente sin modificar la estrategia que sostuvo desde que resolvió dar de baja las asignaciones especiales de la ex mandataria. En la Casa Rosada sostuvieron que la condena firme por corrupción en la causa Vialidad resultó incompatible con la continuidad de una pensión prevista para quienes ejercieron la Presidencia de la Nación y para los derechohabientes de los ex presidentes.

Información oficial a la que accedió Infobae indicó que el haber mensual bruto correspondiente al beneficio ascendió a $15.683.154,06, monto sobre el que se practicarán los descuentos previstos por la legislación vigente.

La liquidación incluyó, además, una retención equivalente al 20% del haber mensual, es decir $3.136.630,81, destinada al recupero de los fondos que la ANSES sostuvo que fueron percibidos indebidamente mientras el beneficio permaneció vigente. Ese descuento se aplicará todos los meses hasta completar un recupero total de $660.052.338,87, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente.

Descuentos y exclusión del adicional por zona austral

Ese no será el único recorte. Según información exclusiva obtenida por Infobae, la ANSES tampoco liquidará el adicional por zona austral que integra este tipo de prestaciones. El organismo consideró que ese suplemento no correspondió porque Cristina Kirchner cumplió prisión domiciliaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por lo tanto, no reunió las condiciones para acceder a ese beneficio.

De esa manera, aunque la ex presidenta volverá a percibir la pensión por orden judicial, el monto efectivamente liquidado será inferior al haber bruto, tanto por la retención del 20% destinada al recupero de fondos como por la exclusión del adicional por zona austral.

La resolución administrativa constituyó el cumplimiento de la medida cautelar que ordenó restablecer provisoriamente la pensión mientras continuó el juicio principal sobre la legalidad de la decisión adoptada por la ANSES. El organismo, sin embargo, dejó asentado ante la Justicia que ya presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal revisara esa resolución.

Cómo se originó la disputa judicial

La controversia se originó luego de que el Gobierno decidiera dejar sin efecto la pensión vitalicia derivada del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. El argumento oficial fue que la condena firme por administración fraudulenta en la causa Vialidad y la consecuente inhabilitación absoluta prevista en el Código Penal tornaban incompatible la continuidad del beneficio.

Cristina Kirchner cuestionó esa decisión en la Justicia y solicitó una medida cautelar para recuperar provisoriamente la prestación mientras se resolvía el juicio principal. Aunque el planteo fue rechazado en primera instancia, la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó esa decisión y ordenó restablecer el beneficio al considerar que debía prevalecer el carácter alimentario de la prestación hasta que existiera una sentencia definitiva.

Esa resolución fue recurrida por la ANSES mediante un recurso extraordinario que la propia Cámara rechazó. A partir de esa decisión, el organismo acudió directamente a la Corte Suprema a través de un recurso de queja, expediente que se encontró bajo análisis del máximo tribunal.

Dictamen de Casal y definición pendiente de la Corte

En ese marco, el procurador general interino, Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que sostuvo que la Corte debería revocar la cautelar que permitió restituir la pensión. Si bien esa opinión no es vinculante para los jueces, representó el último paso procesal antes de que el máximo tribunal quede en condiciones de resolver el planteo del Estado.

Mientras esa definición permaneció pendiente, la ANSES deberá ejecutar la medida cautelar y restablecer el pago de la pensión. El expediente quedará atravesado por dos procesos paralelos: por un lado, la percepción efectiva del beneficio por parte de la ex presidenta; por otro, la decisión que adopte la Corte Suprema sobre la validez de la cautelar y el alcance que una condena firme por corrupción puede tener sobre las pensiones vitalicias previstas para ex mandatarios y sus derechohabientes.

La resolución que finalmente adopte la Corte no solo definirá la situación previsional de Cristina Kirchner. También fijará un criterio sobre el alcance de las consecuencias que una condena penal firme puede producir sobre las prestaciones especiales otorgadas a ex presidentes y sus derechohabientes, en un expediente que el Gobierno consideró de fuerte impacto institucional.