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Cristina Kirchner casi no habla en público de política desde hace meses. Pero no dejó de recibir visitas, conversar por teléfono ni seguir las discusiones de un peronismo que busca reorganizarse para 2027. El silencio de la expresidenta, en el departamento de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad, contrasta con la intensidad de los movimientos a su alrededor. La visita de Sergio Massa, el viernes anterior al Día de la Lealtad, expuso una de esas conversaciones y volvió a poner en foco la ruptura con Axel Kicillof y el malestar con gobernadores justicialistas que colaboran con Javier Milei.

El encuentro con Massa duró unos 40 minutos y había sido acordado tras una conversación telefónica. Según pudo saber Infobae de fuentes inobjetables, no hubo una negociación de candidaturas, una discusión sobre el armado bonaerense ni un pacto para bloquear las aspiraciones presidenciales de Kicillof. La charla giró en torno de las elecciones brasileñas, los próximos comicios en Estados Unidos y un asunto local: Cristina Kirchner quiso saber si el Gobierno reuniría los votos para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La evaluación entre quienes siguen esa discusión es que, por ahora, la Casa Rosada no consiguió los respaldos necesarios, pese al optimismo que transmite Diego Santilli.

La fotografía política de una visita admite interpretaciones opuestas. El encuentro confirmó la cercanía y la frecuencia del diálogo entre la expresidenta y el jefe del Frente Renovador, un eje político consolidado dentro del universo panperonista. Massa y Cristina Kirchner mantienen contacto habitual, personal o telefónico, en una relación que atravesó enfrentamientos y reconciliaciones. En 2013, él rompió con el kirchnerismo y construyó su propio espacio; en 2019 integró el Frente de Todos y, en 2023, fue candidato presidencial de la coalición. Ahora conserva una interlocución que otros dirigentes peronistas perdieron.

El contrapunto más evidente es Kicillof. Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense llevan más de un año sin hablarse. La última conversación ocurrió el 1 de octubre de 2025, cuando él la visitó durante una hora y media en San José 1111, en la previa de las elecciones legislativas. Ambos sectores calificaron la reunión como constructiva, pero no hubo una foto conjunta. Esa ausencia, que ya expresaba la fragilidad del vínculo, cobró otro significado con el paso de los meses: no hubo un nuevo encuentro ni una recomposición de la relación y nada hace pensar que en el corto plazo esa situación pueda cambiar.

En el kirchnerismo señalan que la puerta de la vivienda de Cristina Kirchner permanece abierta para los dirigentes que soliciten visitarla y obtengan autorización judicial. La frecuencia de los contactos con Massa hace más visible la ausencia de Kicillof, aunque el distanciamiento excede una visita pendiente. Está en discusión el liderazgo de un electorado que todavía reconoce la centralidad política de la ex presidenta, mientras el gobernador busca construir una conducción propia y proyectarse al escenario nacional sin tutelas desde San José 1111.

El 17 de octubre exhibió esa distancia sin necesidad de declaraciones cruzadas. Kicillof encabezó su acto en La Matanza, reivindicó a Cristina Kirchner y sostuvo que estaba injustamente presa, pero también se ofreció a recorrer el país y asumir responsabilidades de cara a las elecciones presidenciales. Máximo Kirchner estuvo en Chaco junto a Jorge Capitanich, mientras la militancia se reunió frente al domicilio de la ex presidenta. Varios intendentes participaron de más de una convocatoria. El peronismo compartió la efeméride y las consignas, pero no logró producir una escena de conducción unificada.

Massa y el vínculo con Kicillof en medio de la fractura

Massa introduce un matiz en esa fractura. Su proximidad a Cristina Kirchner no implica coincidencia con el trato político que recibe Kicillof desde sectores del kirchnerismo duro. Ante interlocutores con los que conversa sobre el futuro del Partido Justicialista (PJ), ha sostenido una premisa: “Hay que cuidarlo”. Es una diferencia con quienes interpretan que la consolidación del gobernador como aspirante presidencial exige confrontarlo y erosionar su construcción. Para Massa, preservar la figura de Kicillof no supone renunciar a sus propias posiciones, sino reconocer que el peronismo necesitará dirigentes con capacidad de convocatoria.

El silencio de Cristina Kirchner es otra pieza del tablero. Desde su detención, redujo de manera pronunciada sus intervenciones en las discusiones cotidianas, aunque el sábado salió al balcón para saludar a los militantes que fueron a San José 1111. No existe una prohibición judicial general que le impida opinar sobre política. Su condición de detenida, sin embargo, impone límites materiales, modifica sus rutinas y condiciona su participación pública. En el universo kirchnerista también interpretan que hablar menos mantiene en primer plano la situación judicial de la ex presidenta.

Ese retraimiento es la estrategia que impera para la reorganización del peronismo. Máximo Kirchner y dirigentes cercanos a la ex presidenta mantienen conversaciones con referentes de distintas provincias. Entre los interlocutores figuran el propio Capitanich, Sergio Uñac, Ricardo Quintela y dirigentes de peso de Santa Fe. La búsqueda apunta a ampliar los acuerdos y explorar candidaturas que reciban respaldo de distintas vertientes. La posibilidad de que Gerardo Zamora integre una fórmula forma parte de las hipótesis que circulan en el peronismo, pero no hay una negociación concreta. Los contactos políticos y las decisiones electorales siguen siendo asuntos distintos.

Por ahora, la batalla más inmediata no está en las candidaturas, sino en el Congreso. El Gobierno se propone eliminar o, al menos, suspender las PASO nacionales de 2027. Para Milei, se trata de una reforma que reivindica por el costo del mecanismo y su crítica a las primarias obligatorias. Para el peronismo, en cambio, la herramienta tiene valor estratégico: permite que sectores enfrentados compitan dentro de una misma coalición, legitimen a un candidato mediante el voto y lleguen a la elección general sin resolver todas las disputas en negociaciones cerradas.

Defender las primarias significa preservar un instrumento de organización interna e impedir que el Gobierno concrete una de sus principales iniciativas sobre las reglas electorales. Es una confrontación institucional con consecuencias directas para la competencia de 2027. La coincidencia reúne a dirigentes que no logran acordar sobre el candidato presidencial ni la conducción partidaria: Cristina Kirchner, Massa, Kicillof y operadores parlamentarios como José Mayans, Juliana Di Tullio y Cecilia Moreau trabajan sobre un objetivo compartido.

La disputa por las PASO y el factor Jaldo

El oficialismo necesita 37 votos para aprobar su reforma en el Senado, y los respaldos todavía no están asegurados. Santilli negocia con gobernadores y dirigentes provinciales que distinguen entre eliminar las primarias de forma definitiva y suspenderlas por una elección. Algunos mandatarios radicales se muestran dispuestos a discutir una suspensión, sin acompañar la desaparición del sistema. Esa diferencia obliga a la Casa Rosada a ajustar sus cálculos. También explica el interés de Cristina Kirchner por conocer el estado real del poroteo: una cosa es el mensaje de confianza del Gobierno; otra, la posibilidad de reunir la mayoría parlamentaria.

El peronismo tampoco dispone de un plan alternativo indiscutido. Una interna partidaria nacional presenta dificultades de organización, padrones, financiamiento y legitimidad ante sectores que desconfían entre sí. La elección general con varios candidatos de origen peronista es otra hipótesis, pero implicaría riesgos de dispersión y exigiría acuerdos previos para evitar una ruptura definitiva. Las PASO ofrecen una solución procedimental, aunque no garantizan por sí solas la unidad posterior. El mecanismo puede ordenar candidaturas, pero no reemplaza la confianza entre quienes deberían compartir un proyecto de gobierno.

Ahí aparece el factor Jaldo, que introduce un conflicto distinto y sensible. El gobernador de Tucumán utilizó el acto del 17 de octubre en el Hipódromo para reclamar autonomía frente a las conducciones nacionales. “Nadie de Buenos Aires, sea del partido que sea, me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia. Tucumán está primero”, afirmó Osvaldo Jaldo. También ratificó su voluntad de competir en 2027. Fue una definición dirigida a sus adversarios internos, en medio de una disputa creciente con el exgobernador Juan Manzur, que organizó su propia celebración de la fecha peronista.

En La Cámpora respondieron con una interpretación que invierte el argumento de Jaldo. Sostienen que el mandatario reivindica independencia frente a Cristina Kirchner y el PJ nacional, pero acepta indicaciones políticas de la Casa Rosada. En ese cuestionamiento mencionan a Milei, Karina Milei, Santilli y Santiago Caputo, a quienes atribuyen capacidad de influir en las decisiones de su bancada. La acusación de que recibe órdenes de esos funcionarios pertenece al terreno de la disputa política: no está demostrado que exista una cadena de instrucciones sobre cada votación, pero los legisladores que le responden, ante cada definición parlamentaria, optan por alinearse con la Casa Rosada. La frase que sintetiza ese reproche en La Cámpora es: “Los porteños lo tienen cortito”.

La semana pasada hubo un ejemplo concreto. Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández, los tres integrantes del bloque Independencia vinculados a Jaldo, no concurrieron a la sesión en la que la oposición intentó avanzar contra el DNU 70/2023. El tablero registró 121 presentes y faltaron ocho para alcanzar el quórum. Sus ausencias no fueron las únicas ni explican por sí solas el resultado, pero contribuyeron a que el oficialismo evitara la discusión sobre uno de los decretos centrales de la gestión de Milei. Es el tipo de episodio que profundiza el reproche de los sectores kirchneristas.

El enfrentamiento también tiene una dimensión tucumana. Manzur se fotografió con Cristina Kirchner y quedó situado en la vereda opuesta a Jaldo, su antiguo compañero y también rival político. El gobernador construye una relación propia con el Poder Ejecutivo nacional y defiende esa estrategia con el argumento de las necesidades provinciales. El kirchnerismo distingue esa conducta de la de fuerzas territorialmente autónomas, como las que gobiernan Misiones o Neuquén, cuya identidad no depende de la conducción del PJ. El reproche hacia Jaldo es diferente: llegó al gobierno como peronista y sigue reclamando esa pertenencia mientras acuerda posiciones legislativas con Milei.

Las tensiones quedaron condensadas en aquellos 40 minutos de San José 1111. Cristina Kirchner y Massa hablaron de elecciones en otros países y dedicaron a la política argentina una pregunta concreta sobre los votos del Gobierno. No resolvieron las candidaturas ni la pelea bonaerense. Pero esa pregunta señaló dónde se juega, antes de cualquier definición personal, una parte decisiva del proceso que deberá atravesar el peronismo: preservar o reemplazar las reglas con las que intentará resolver sus disputas mientras prepara la confrontación electoral con Milei.

El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial. La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de una prórroga única de hasta 30 días.

La medida establece compensaciones según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad de cada agente. El régimen no incluye a organismos y excluye, además, a las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y otros sectores específicos.

ANSES, por su parte, abrió en septiembre la segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca. La convocatoria, destinada a trabajadores de planta permanente ingresados antes del 1 de enero de 2024, cerró el 30 de septiembre y contempló compensaciones de hasta 19 haberes brutos, además de una prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante cinco años.

Qué requisitos deben cumplir los empleados

Los principales requisitos y condiciones son los siguientes:

• Pertenecer a la planta permanente o tener un contrato laboral por tiempo indeterminado: el régimen está dirigido a empleados alcanzados por la Ley 25.164 y a quienes mantengan un vínculo por tiempo indeterminado en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo. No incluye a contratados transitorios ni a personal vinculado bajo contratos del artículo 9 de la Ley Marco.
• Trabajar en la administración pública nacional centralizada: la medida se aplica a las jurisdicciones incluidas en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 24.156. Esto deja fuera a organismos descentralizados, entre ellos ANSES, que cuenta con una estructura jurídica propia.
  • Grupo 1: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no tengan aportes suficientes para jubilarse. Podrán elegir entre una gratificación única o el cobro del 60 % del salario bruto mensual por hasta 36 meses.
  • Grupo 2: mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64, con al menos 30 años de aportes. Recibirán un salario por cada año de antigüedad, con los topes del decreto, más cinco remuneraciones adicionales.
  • Grupo 3: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Cobrarán un salario por cada año de antigüedad, hasta 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco salarios según acumulen menos de 15 años de servicio o 15 años o más.
• No tener procesos penales o sumarios administrativos graves pendientes: no podrán ingresar quienes estén procesados por delitos contra la administración pública, salvo que obtengan una absolución firme antes del cierre de la inscripción. La prohibición también alcanza a agentes sometidos a sumarios que puedan derivar en cesantía, exoneración o un perjuicio fiscal.
• Desistir de reclamos laborales contra el Estado, si los hubiera: los empleados con demandas judiciales o reclamos administrativos vinculados con su relación laboral deberán desistir formalmente de esas acciones para poder adherirse.
• No estar en disponibilidad ni haber presentado una renuncia pendiente de aceptación: tampoco podrán incorporarse quienes se encuentren en el cuarto año de licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento.

La adhesión implica el cese de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario. Quienes ingresen al régimen no podrán volver al Sector Público Nacional durante ocho años.

Las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazarla si la baja afecta la prestación de servicios. Tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver; sin aceptación expresa, el pedido se considerará rechazado.

Pese al ajuste en múltiples dependencias del Estado, el área de Defensa y Seguridad no fueron alcanzados por la motosierra. Javier Milei decidió bajo su gestión reequipar y modernizar las Fuerzas Armadas, reconstruir la deteriorada operatividad militar y, a la vez, consolidar alianzas geopolíticas.

Desde que asumió, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) inició la mayor renovación militar en décadas, con la adquisición de cazas supersónicos F-16, blindados de combate Stryker, helicópteros, camiones Unimog y aviones de patrulla para la Aviación Naval.

Desde la Casa Rosada justificaron estas adquisiciones en la intención de reposicionar a la Argentina en el plano internacional, y como parte del realineamiento del Presidente hacia Occidente.

“La Argentina necesita Fuerzas Armadas con más capacidades, preparación y medios para defender su soberanía y sus intereses estratégicos”, posteó el viernes el ministro de Defensa, Carlos Presti, al destacar en un video la incorporación de los aviones F-16 como parte como parte del “proceso de modernización que mira hacia el futuro y acompaña el crecimiento” del país.

Con Milei en el poder, también aumentaron las compras para el área de Seguridad, con la adquisición de pistolas de calibre 9mm y semiautomáticas, escopetas y chalecos antibalas, entre otros insumos para las fuerzas federales bajo la órbita de la ministra Alejandra Monteoliva.

Desde que asumió y hasta agosto pasado, el Ejecutivo gastó en armamentos, equipos militares y de seguridad USD 445.026.954 millones, según calculó la Unidad de Datos a partir de analizar los datos on line del Sistema de Contrataciones Electrónicas, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. La base recoge la información del sitio oficial de contrataciones Comprar.gob.ar, a la que Infobae sumó los acuerdos firmados con otros países para la compra de equipamiento pesado, de combate y aviones.

La cifra sumariza tanto las compras en dólares como las que se hicieron en pesos, convertidos al valor promedio de la divisa para cada año. La misma metodología se usó en todos los cálculos de este informe, para unificar y actualizar los montos.

Los insumos para armamentos incluyen desde municiones y cartuchos, hasta explosivos y pirotecnia para supervivencia. En tanto, los equipos militares y de seguridad comprenden pistolas, fusiles, chalecos antibalas, escudos antidisturbios y aeronaves.

Según el análisis por año, el gasto total en esos conceptos en 2024 fue de USD 357,8 millones; de USD 59,4 millones en 2025; y de USD 27,8 millones en los primeros siete meses de 2026.

Estos montos incluyen tanto las compras en dólares como las que se hicieron en pesos, convertidos a dólar por la Unidad de Datos de Infobae al valor promedio para cada año. En el análisis no se tuvieron en cuenta las adquisiciones de otros ítems como textiles, herramientas, fármacos, informática, ferretería, entre otros, o servicios de mantenimientos.

Las compras para Defensa

Específicamente para las Fuerzas Armadas, las compras de insumos para armamento y equipos militares y de seguridad ascendieron a USD 381.358.597 desde diciembre de 2023 a agosto pasado. Esta cifra no incluye sueldos de los militares, ni gastos de funcionamiento de las fuerzas, ni erogaciones administrativas, o de mantenimiento de edificios o vehículos.

La adquisición más cara fue la de los 24 aviones de combate F-16 (16 monoplazas y 8 biplazas) en 2024. Según la decisión administrativa del Ministerio de Defensa de abril de ese año, se acordó pagar USD 301,2 millones en cinco cuotas anuales.

Fue una adquisición a Dinamarca que concretó el ex ministro Luis Petri en abril de ese año, quien incluso viajó a ese país para cerrar el acuerdo. Son aviones caza de combate supersónico compacto y multifunción destinados a la Fuerza Aérea que, según los especialistas, podrían recuperar la capacidad perdida en 2015 con el retiro de los Mirage, aunque señalan limitaciones para Malvinas.

La llegada de los primeros 6 aviones F-16 tuvo lugar el 5 de diciembre de 2025. El propio Milei, junto a autoridades de las Fuerzas Armadas, presidió el acto oficial de presentación operativa de la flota en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. “Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer sustancialmente nuestra Fuerza Aérea”, afirmó el mandatario durante el acto.

La segunda tanda de 6 llegó en septiembre pasado y la Fuerza Aérea Argentina estima que podría adelantarse la recepción de los 12 restantes antes de diciembre de 2027.

No fue la única compra importante de equipos militares. Este año, el Gobierno firmó una carta de oferta y aceptación con Estados Unidos para adquirir 8 vehículos blindados a rueda Stryker 8×8 por USD 20 millones destinados a modernizar la flota del Ejército, en medio de las conversaciones para tratar de ingresar a la OTAN.

El acuerdo fue formalizado en el Pentágono por Petri, con el objetivo de “estandarizar y profundizar la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses”. Los primeros vehículos llegaron desde Estados Unidos al país el 25 de noviembre de 2025 y fueron descargados en el puerto bonaerense de Zárate.

“Constituyen un sistema probado en múltiples escenarios y su llegada representa un salto cualitativo en materia de movilidad táctica, protección blindada y despliegue en diversos entornos operacionales”, los promocionó el Ministerio de Defensa en un comunicado al destacar el uso de estos vehículos de guerra.

La carta de intención firmada por Presti contempla la incorporación de más unidades a futuro, hasta un total de 235, para el transporte de infantería, comando, evacuación médica y apoyo de fuego.

Otra de las incorporaciones durante este Gobierno fue la de 4 aviones Lockheed Martin P-3 Orion de patrulla marítima de largo alcance para la Armada P-3 Orion para el control del espacio marítimo y la zona económica exclusiva argentina en el Atlántico. La adquisición a Noruega fue gestionada en octubre de 2023 por USD 60 millones.

El primero de los P-3 Orion llegó el 2 de septiembre de 2024 a la Base Aeronaval Almirante Zar, en Chubut, para prestar servicios en la Escuadrilla de Exploración de la Fuerza Aeronaval N°3 con base en Trelew. En diciembre de ese año, se aprobó una adenda para su mantenimiento y servicio técnico por otros USD 2,4 millones.

El segundo P-3 Orion arribó en noviembre del año pasado, y el tercero en marzo último. Estos tres son aviones cuatrimotores P-3C para exploración y vigilancia marítima, en tanto, el cuarto, un P-3N, está especializado en tareas de búsqueda y rescate. Su arribo está previsto para el segundo semestre de 2026.

Además, se incorporaron 6 helicópteros nuevos Bell 407GXi para operaciones del Ejército y la Fuerza Aérea. Fueron comprados a Canada a través de un contrato de gobierno a gobierno firmado en 2022, con Jorge Taiana como ministro de Defensa, entre la empresa Bell Textron y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con financiamiento de la Canadian Commercial Corporation (CCC) por un total de USD 32,4 millones.

El primero de esos Bell 407GXi llegó en octubre de 2023 y se destinó para la IV Brigada de la Fuerza Aérea, ubicada en la provincia de Mendoza. Otros dos llegaron en marzo de 2025 y fueron para el Ejército. En diciembre de ese mismo año llegaron otros dos más, también para la Fuerza Aérea. El último arribó a nuestro país en septiembre pasado, para uso del Ejército.

La modernización terrestre se completó con la compra de 48 camiones nuevos Unimog U4000, por USD 8,16 millones. Fueron provistos por Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina para el área logística del Ejército, luego de una licitación donde ese evaluaron distintos modelos de procedencia internacional. La eleción de los Unimog se basó en su capacidad de operar en terrenos extremos de montaña, barro, nieve, ríos o zonas rocosas.

El gasto para el área de Seguridad

En cuanto al área de Seguridad, bajo la conducción primero de Patricia Bullrich y luego de la actual ministra Monteoliva, el gasto en armamento, insumos y equipos con ese destino, ascendió a USD 63.668.358 en los 2 años y 8 meses del gobierno libertario analizados. Esta cifra incluye los valores expresados en dólares y los consignados en pesos, convertidos al tipo de cambio promedio de cada año.

No se consideraron en el cálculo sueldos, ni gastos de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, ni erogaciones administrativas o de mantenimiento de edificios o vehículos.

La compra más costosa en dólares en el área de Seguridad fue en 2024: 7.200 pistolas semi automáticas, 800 pistolas calibre 9mm, y 2.000 escopetas semiautomáticas por USD 8,3 millones en total.

En pesos, la adquisición más onerosa también fue en 2024 cuando el Ministerio de Seguridad adquirió 19.700 chalecos antibalas por $14.763 millones, 810 escudos antidisturbios por $201 millones, y 3,3 millones de municiones por $4.286 millones.

Comparación con gobierno anteriores

El gasto total en armamento y equipos militares y de seguridad en los dos años y ocho meses del gobierno de Milei supera al gasto total en este rubro durante la gestión de Alberto Fernández, y a lo erogado en el mandato de Mauricio Macri, aún considerando que el libertario no cumplió su tercer año mandato.

Según calculó Infobae, en el gobierno de Fernández, la cifra ascendió a USD 428,7 millones, incluyendo las compras en pesos convertidas al valor dólar promedio de cada año de su mandato. Esta cifra incluye USD 76,6 millones por la provisión de aviones IA-63 Pampa III a la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA), destinados a la Fuerza Aérea, en una contratación directa interadministrativa de mayo de 2021.

En el gobierno de Macri, la cifra total fue muy inferior: USD 72 millones. Su compra más costosa fueron, en abril de 2019, 3 aviones Pampa III por $901,7 millones, equivalentes a USD 18,1 millones, tomando el valor promedio del dólar de ese año.

Visualizaciones: Daniela Czibener

Chequeo de datos: Desiré Santander

Este martes se conocerá un nuevo avance para el Argentina LNG, el megaproyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL, referido en el ámbito petrolero internacional por su sigla en inglés, LNG) que llevan a cabo YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG. Mañana se definirá quién fabricará los tubos para el gasoducto de más de 500 kilómetros que forma parte de la iniciativa más grande presentada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión total estimada en USD 51.000 millones.

La licitación, estimada en USD 2.000 millones, representa la mayor compra de caños de la historia energética del país. La compulsa abarca la tubería para dos gasoductos de 48 pulgadas —1.219 milímetros de diámetro exterior— y un poliducto de 24 pulgadas, unos 610 milímetros. Según fuentes que siguen el proceso, será la primera vez que se adquieran en la Argentina caños con ese diámetro, ese espesor y ese libraje.

El proyecto Argentina LNG, cuya decisión final de inversión se firmará en poco más de un mes, busca vender a gran escala el gas que se extrae de Vaca Muerta. Para lograrlo, el plan contempla un gasoducto troncal de 527 kilómetros desde Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, hasta Sierra Grande, en Río Negro, donde se ubicarán los dos buques fábrica licuefactores —conocidos como unidades FLNG, que licuarán el gas para su posterior exportación— frente al Golfo San Matías. El plan incluye, además, una planta de tratamiento de escala comparable a la refinería que YPF tiene en La Plata, el mayor complejo industrial del país.

Las proyecciones de la petrolera de mayoría estatal son ambiciosas: el proyecto generaría exportaciones por USD 10.000 millones anuales a partir de 2031, cuando las dos unidades FLNG comiencen a operar con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas de GNL por año, escalable hasta 18 millones. Para ese año, la inversión acumulada rondaría los USD 29.000 millones, de los cuales unos USD 24.000 millones corresponden a infraestructura —ductos, instalaciones portuarias, plantas de procesamiento y las unidades de licuefacción— y otros USD 5.000 millones al desarrollo de los recursos gasíferos.

Cómo es el mecanismo para conseguir el precio más bajo en sus licitaciones

Para definir al ganador, el consorcio utilizará el mismo sistema que ya empleó para adjudicar la construcción del gasoducto: la subasta japonesa inversa modificada. El mecanismo, implementado por decisión de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, funciona como una subasta tradicional pero al revés: en lugar de pujar hacia arriba, los oferentes compiten hacia abajo.

Antes de que comience la compulsa, todas las empresas participantes deben tener aprobadas sus condiciones técnicas, legales y financieras, y el contrato firmado. Solo entonces, en igualdad de condiciones, arranca la competencia por precio. Un software envía a todos los participantes el precio de partida y les pregunta si lo aceptan. Quienes dicen que sí pasan a la siguiente ronda, donde el número baja. Quienes se retiran no saben si hay otros que también lo hicieron, y quienes permanecen tampoco saben cuántos competidores siguen activos.

“Hay un caso que hicimos que estuvieron horas compitiendo con ellos mismos”, reveló Marín sobre el efecto que genera el diseño: el instinto de ganar empuja a los oferentes a seguir bajando incluso cuando podrían haberse detenido. “No hay lobby. Se acabó”, sintetizó Marín. Un escribano público y el vicepresidente de la compañía supervisan el proceso incomunicados, sin contacto con el resto de la empresa hasta que la subasta concluye. Al cierre, el acta se labra de forma inmediata.

La construcción del gasoducto ya está adjudicada

La licitación de los tubos se suma a una definición que ya ocurrió: el 9 de julio, el consorcio adjudicó la construcción del gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina. La obra quedó en manos de Pumpco, la constructora cuyos accionistas son también dueños del Inter Miami, donde juega Lionel Messi, y Bonatti, con el respaldo de Contreras Hermanos. Tanto la estadounidense Pumpco como la italiana Bonatti construirán infraestructura en el país por primera vez. Contreras Hermanos, en tanto, participó en el diseño e ingeniería del proyecto, pero no compitió en la licitación porque esta tuvo carácter exclusivamente internacional.

La oferta ganadora resultó un 15% inferior a la presentada por la unión transitoria de Techint y Sacde, lo que representó un ahorro superior a los USD 150 millones sobre un contrato cercano a los USD 1.200 millones. De esta manera, el Grupo Techint acumuló su tercera derrota en licitaciones vinculadas a proyectos de GNL en la Argentina. A comienzos de año, Tenaris perdió la provisión de caños para Southern Energy (SESA) —el otro proyecto de exportación de gas licuado en el país, liderado por Pan American Energy— frente a la india Welspun, y semanas después Techint Ingeniería quedó afuera de la obra civil del mismo proyecto. Al grupo le queda una carta por jugar: la licitación de tubos que se define mañana.

Los posibles competidores y el fantasma de “Don Chatarrín”

Si bien la nómina oficial de participantes no fue confirmada, trascendió que Tenaris competiría en la subasta de mañana. También se mencionaron como posibles oferentes la india Welspun -la firma que terminó ganando la provisión de los tubos para SESA- la japonesa JFE Steel, la estadounidense US Steel y productores de China y Corea del Sur.

La eventual participación de Tenaris le agrega un condimento particular a la puja. La derrota frente a Welspun en SESA desencadenó un extenso debate público sobre el precio de los insumos energéticos nacionales que terminó por enfrentar al presidente Javier Milei con Paolo Rocca, a quien llegó a llamar “Don Chatarrín de los tubitos caros” en distintos foros, en una de las fricciones más resonantes entre el Gobierno y el sector privado.

La compra de Argentina LNG es, sin embargo, de una escala diferente ya que es casi 10 veces mayor que la de SESA, aunque el alcance no es comparable de forma directa porque incluye dos gasoductos y un poliducto. El pliego, además, incluye una cláusula que obliga a los oferentes a mantener vigentes sus propuestas hasta el cierre del project finance, lo que indica que las ofertas quedarán congeladas mientras se termina de cerrar la estructura financiera del proyecto.

A cinco semanas de la decisión final de inversión

La licitación de tubos llega en un momento bisagra para Argentina LNG. Horacio Marín confirmó el 14 de octubre, durante el tradicional almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), que el próximo 26 de noviembre la compañía firmará con Eni y XRG la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) para la primera fase del proyecto. “Después de ahí no hay vuelta atrás”, advirtió el ejecutivo.

Dos pilares sostienen ese paso. Por un lado, el financiamiento: en septiembre, Argentina LNG recibió una propuesta de financiamiento de largo plazo de hasta USD 6.000 millones por parte del Export-Import Bank de los Estados Unidos (US Exim), destinada a la adquisición de bienes y servicios estadounidenses para las etapas de desarrollo de infraestructura y producción. Su eventual otorgamiento quedó sujeto a la aprobación final del Directorio de la entidad. El respaldo de Washington se explica, en parte, por un trasfondo estratégico: las disrupciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz redujeron las exportaciones de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos en 35.000 millones de metros cúbicos entre marzo y junio de este año respecto del mismo período anterior, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), y Estados Unidos busca diversificar las cadenas de suministro energético.

En paralelo, 47 bancos participaron de las primeras rondas de financiamiento para la primera etapa —valuada en USD 15.500 millones— y el monto total ofrecido llegó a 2,4 veces lo requerido, con JP Morgan a cargo del diseño financiero y el Banco Santander entre las entidades participantes.

El otro pilar son los contratos de venta. Marín confirmó en la feria Gastech 2026, en Bangkok, que la compañía está próxima a firmar entre dos y tres contratos de venta de GNL de entre 0,5 y 1,5 millones de toneladas anuales con compradores externos. Fuentes con conocimiento de las negociaciones indicaron que ya hay más de un acuerdo cerrado. A eso se suma que Eni y XRG, además de socios, son también offtakers —compradores de parte de la producción futura—, lo que significa que una fracción del GNL ya tiene destino asegurado antes de que se firme un solo contrato con terceros.

Con la obra adjudicada, los tubos en proceso de licitación, el financiamiento encaminado y los compradores en fila, Argentina LNG se acerca al punto de no retorno. Marín lo resumió en el Cicyp con una frase que mezcló proyección y convicción: “Estamos haciendo un compromiso por el que Argentina va a exportar USD 55.000 millones en 2031”.

(Desde Washington, Estados Unidos) El reclamo argentino por la soberanía en las Islas Malvinas está causando la primera diferencia geopolítica entre Javier Milei y Donald Trump, que han forjado una profunda alianza personal e ideológica que impactó como modelo en América Latina.

Estados Unidos pretende disolver el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que todos los años trata la Causa Malvinas, mientras que Argentina rechaza esa posición de la administración republicana.

“Esta Cuarta Comisión (Política Especial y de Descolonización) aprobó hoy más de 20 proyectos de resolución y 1 decisión, muchos de los cuales responden a recomendaciones del Comité Especial de Descolonización, aun cuando el representante de los Estados Unidos pidió poner fin al mandato de dicho órgano y describió algunas de sus actividades como un despilfarro de recursos”, sostiene la resolución GA/SPD/841, que comunicó la ONU el 15 de octubre de 2026.

La posición de Estados Unidos colocó en una encrucijada al Presidente, ya que coincide con la perspectiva global de Trump sobre la efectividad diplomática de la ONU, pero hace una diferencia específica por su política de Estado vinculada a la soberanía en Malvinas.

En la Asamblea General de a ONU, Milei sostuvo lo siguiente:

• “Malvinas es para nosotros una causa nacional, repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”.
• “Hace 50 años esta misma Asamblea aprobó la resolución 3149 que insta a las partes a obtenerse e introducir modificaciones unilaterales, mientras la disputa permaneciera abierta. 50 años después la situación no ha cambiado, pero las modificaciones unilaterales continúan”.
• “Por eso quiero plantear una pregunta ¿de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos pero impotente frente a la realidad? No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos pierde lo más importante, pierde su autoridad”.
• “Bajo esta realidad, quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia. Por eso Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, también plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones. La Argentina tomó nota de esa realidad y frente a la explotación autorizada de nuestros recursos en el área en disputa actuamos, presentamos notas de desaliento, acudimos a las herramientas jurídicas disponibles, sancionamos a las empresas involucradas y a sus proveedores y enviamos al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”.

Milei se alineó con Estados Unidos frente a las dictaduras en América Latina, la ofensiva de Irán contra Israel, el cuestionamiento a ciertos organismos que integran Naciones Unidas y la ofensiva regional de China.

La administración libertaria además firmó acuerdos con la Casa Blanca sobre minerales críticos, cadenas de suministros, comercio bilateral y seguridad a través del Escudo de las Américas.

Trump, a su turno, facilitó la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aportó un swap de 20.000 millones de dólares y habilitó financiamiento blando para facilitar el desarrollo de Vaca Muerta, entre otros proyectos estructurales que necesita la Argentina.

En este contexto, la propuesta de Estados Unidos para disolver el Comité de Descolonización provoca la primera desavenencia geopolítica con Argentina.

La Casa Blanca conoce que el Comité de Descolonización es un escenario multilateral que utiliza Balcarce 50 para reclamar la soberanía en las Islas Malvinas.

Sin embargo, la administración republicana soslayó este hecho político, y avanzó con una iniciativa que beneficia al Reino Unido y perjudica a los intereses argentinos.

El Comité trata 17 casos en su agenda anual, y 10 de esos reclamos históricos tienen como protagonista al Reino Unido. Entre ellas la soberanía de las Islas Malvinas, que Londres no reconoce pese a todos los antecedentes históricos y de derecho internacional.

El 22 de septiembre, cuando se iniciaba la Asamblea General de la ONU, Trump se reunió con el premier británico Andy Burnham. Ambos aplacaron sus diferencias políticas y avanzaron en una agenda común.

A partir de ese día, Trump descartó su intención de mediar entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas.

El 15 de octubre, Estados Unidos propuso disolver el Comité de Descolonización porque “algunas de sus actividades son un despilfarro de recursos”.

En simultáneo, Chris Landau -vicesecretario de Estado- y Juan Pablo Segura -subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental- llegan en visita oficial a Buenos Aires para encontrarse con Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores.

Las reuniones serán a agenda abierta, y es probable que Quirno anuncie el rechazo de la Argentina a la propuesta de Estados Unidos.

Será la primera vez que las decisiones políticas de Milei no coincidan con los intereses permanentes de la Casa Blanca.

El Comité de Descolonización de la ONU (C24, en la jerga diplomática) fue creado en 1961 y actualmente tiene 28 miembros que se caracterizan por su asimetría: conviven China, India y Rusia con Chile, Sierra Leona y Tanzania, por citar casos paradigmáticos.

El rechazo de la Argentina a la decisión de Trump tendrá a favor la arquitectura institucional de la ONU.

El organismo sólo puede ser disuelto por la Asamblea General, donde Estados Unidos no tiene poder de veto. Y menos aún los votos necesarios de la Asamblea para terminar con un organismo multilateral que es avalado por una amplia mayoría de estados-miembros.

Milei tuvo tres cancilleres desde su llegada a Balcarce 50: Diana Mondino, Gerardo Whertein y Pablo Quirno. Todos ellos se presentaron en el Comité para enfrentar la posición del Reino Unido y ratificar los derechos históricos de la Argentina.

“Han pasado ya 191 años desde el inicio de la ocupación ilegal de las Islas por parte del Reino Unido, y casi 59 desde la resolución 2065. El tiempo transcurrido no ha disminuido en nada la validez de nuestro reclamo, ni modificado nuestra convicción de que esta prolongada controversia debe solucionarse pacíficamente, a través de negociaciones bilaterales entre mi país y el Reino Unido”, sostuvo Mondino, el 18 de junio de 2024.

“(La ocupación británica de las islas) fue, sin ambigüedad, un acto colonial, contrario al derecho internacional y violatorio de la soberanía territorial argentina. El Reino Unido ha invocado reiteradamente el principio de libre determinación de los pueblos como argumento para evitar el diálogo. No existe allí un pueblo colonizado con derecho a decidir su estatus internacional. Existe, sí, una población establecida por la potencia ocupante”, afirmó Werthein, el 19 de junio de 2025.

“En las islas Malvinas no existe un pueblo colonizado que pueda ejercer ese derecho. Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos. La población total de las islas ronda los tres mil habitantes, de los cuales menos de la mitad nació allí”, precisó Quirno, el 25 de junio de 2026.

Entonces, la posición de Milei frente al planteo de Estados Unidos será preservar la existe del Comité de Descolonización, ya que es uno de los pocos escenarios multilaterales que tiene la Argentina para reclamar por la soberanía de las Islas Malvinas.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, manifestó su plena confianza en la continuidad del Presidente al asegurar que Javier Milei “va a ganar las elecciones de 2027 con o sin PASO”. El funcionario ratificó que el Gobierno avanzará con la reforma electoral, aun cuando el oficialismo no tiene garantizados los votos en el Congreso para eliminar o suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

En una entrevista con Luis Majul en LN+, el funcionario sostuvo que la iniciativa no se limita a las internas partidarias, sino que responde al reclamo de los ciudadanos de reducir la cantidad de elecciones y los costos asociados al proceso.

En este sentido, también defendió la implementación de la boleta única en papel y cuestionó a quienes pronosticaron que La Libertad Avanza no lograría aprobar sus principales proyectos legislativos.

“Con PASO, sin PASO, va a ganar”, insistió Santilli al ser consultado por Majul sobre las posibilidades electorales del mandatario. Y agregó: “Si fuera este domingo las elecciones, va a volver a ganar”.

El jefe de Gabinete vinculó ese pronóstico con una mirada crítica sobre el peronismo, al que acusó de intentar reconstruir una oferta común pese a las diferencias internas. “Se muestran separados, van a terminar juntos. Entonces, otra vez la película esta no”, planteó.

Durante la entrevista, Santilli se refirió a las imágenes de Sergio Massa junto a Cristina Kirchner y a las actividades que realizaron otros sectores peronistas en el marco del Día de la Lealtad, el pasado 17 de octubre.

El funcionario sostuvo que no cree que esos espacios compitan divididos en la próxima elección y afirmó que el Gobierno buscará impedir un regreso a debates que, según su visión, marcaron a las administraciones anteriores.

“Que no podemos volver al pasado, que la Argentina está mirando hacia adelante, que los argentinos están mirando hacia adelante, que los argentinos no quieren volver a discutir si los delincuentes son víctimas sociales. No, pará, delincuente es delincuente”, expresó.

Santilli también cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y consideró que “le quedó grande la provincia de Buenos Aires”. En ese sentido, mencionó los índices de inseguridad y reclamó mayores medidas para favorecer las inversiones, modernizar la administración y proteger a los productores bonaerenses.

El jefe de Gabinete señaló, además, que la provincia de Buenos Aires no adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ni al régimen de reiterancia, al que vinculó con la necesidad de evitar la denominada “puerta giratoria”.

Al explicar la posición oficial sobre las primarias, Santilli remarcó que la propuesta de la Casa Rosada apunta a modificar el sistema electoral en su conjunto y no solamente a suprimir esa instancia.

“El presidente Milei desde el primer día dijo, antes de llegar, que las PASO no habían servido y que hay que eliminarlas. Segundo, dijo: ahí tiene que haber boleta única. Y lo cumplió”, afirmó.

El funcionario consideró que el esquema actual obliga a los electores a concurrir demasiadas veces a las urnas y cuestionó el gasto destinado a las primarias. Según planteó, existen provincias en las que los ciudadanos pueden tener que votar cinco o seis veces en un año.

También señaló que las PASO insumen USD 200 millones y generan espacios obligatorios de publicidad electoral durante buena parte del calendario. “La reforma del Presidente está pensada para el ciudadano, para el que nos está viendo”, sostuvo.

Santilli afirmó que los mandatarios provinciales toman nota de esa demanda social y mencionó el caso de Catamarca, donde, según relató, el gobernador mejoró su imagen después de anunciar la unificación de elecciones.

“La reforma electoral va a salir. Y la eliminación o suspensión de la PASO va a salir”, anticipó.

En otro tramo de la entrevista, Santilli se refirió a los incidentes ocurridos durante movilizaciones y reclamó que quienes destruyan bienes públicos o agredan a agentes de seguridad afronten consecuencias penales y económicas.

“Lo que no puede pasar es que la destrucción sea gratuita, porque si la destrucción es gratuita, vuelve a suceder”, afirmó.

El funcionario comparó esos episodios con acciones de sectores de izquierda en otros países y los vinculó con el kirchnerismo. Además, destacó el protocolo antipiquetes y aseguró que esa política terminó con una dinámica que, a su entender, se había consolidado durante los años anteriores.

Santilli también defendió la gestión económica y sostuvo que el debate actual se concentra en la velocidad de la recuperación. Para respaldar esa postura, mencionó que el presupuesto universitario aumentó 270% entre 2023 y 2024 y que las partidas para hospitales universitarios pasaron de $ 7.000 millones en 2023 a $ 100.000 millones este año.

En esa línea, recordó que el Gobierno enfrentó vencimientos por USD 10.000 millones al inicio de su mandato y planteó que la administración libertaria modificó la agenda pública respecto de los temas que dominaban la discusión antes de diciembre de 2023.