El gobernador de Chaco,Leandro Zdero, afirmó el fin de semana que para lograr un nuevo mandato proyecta un radicalismo que no esté “encerrado en su trinchera” sino a uno “que se anima a convocar a desencantados del peronismo, a independientes, a gente del PRO y a La Libertad Avanza”. La apertura, agregó, es necesaria para encarar los “nuevos desafíos” que se avecinan.
«Chaco puede más», el frente con el que Zdero ganó la gobernación en 2023 ya contiene a dirigentes del macrismo. Y desde 2025, su fuerza es aliada de LLA. El entendimiento le permitió triunfar en las legislativas provinciales y nacionales de ese año. La sorpresa, entonces, pasó por la alusión a dirigentes justicialistas a los que no identificó.
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En el PJ Chaco, creen que dos de los referentes que están en la lista de Zdero son Atlanto Honcheruk y Gustavo Martínez. “Esos dos se pueden ir. Son terribles”, reconoció ante Infobae una alta fuente del justicialismo. En el mismo sentido, una persona del entorno de Jorge Capitanich, titular del PJ provincial, sentenció que ambos referentes pertenecen a sectores “que pulsan siempre por tener sus propios candidatos”.
En el entorno de Zdero, en tanto, avalaron el primer nombre pero le bajaron el precio al segundo.
Honcherukpresidió el interbloque opositor Frente Chaqueño en la Legislatura provincial hasta principios de septiembre. Se alejó tras criticar la falta de debate interno en «Primero Chaco», el espacio que hegemoniza el peronismo en el cuerpo, reclamó una autocrítica y definiciones claras de cara a los próximos meses.
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Días después de su salida, el interbloque opositor sufrió el primer contratiempo. La legisladora Katia Blanc, que había sido electa por el massismo, rompió la paridad en el recinto y votó con el oficialismo la suspensión de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias). La movida le dio un triunfo político a Zdero y complicó el armado del peronismo para el año próximo.
Martínez, por su parte, es el ex intendente de Resistencia. Con su sello CER (Corriente de expresión renovada) quebró el frente interno del peronismo en la lucha por la gobernación hace tres años. Sacó 34.600 votos. Si Capitanich hubiera retenido esos sufragios, el resultado de la puja con Zdero, que se definió por 30 mil votos, habría estado aún más ajustada.
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“Lo mejor está por venir”
El mandatario habló sobre el futuro político durante la Convención provincial radical que se realizó el fin de semana en Roque Saenz Peña. El órgano partidario había elegido a la referente Alicia Ogara como presidenta.
Zdero llamó a “seguir sumando” dirigentes y sectores por fuera de la estructura tradicional de la UCR. “No hay nada más importante, ni un nombre, ni un candidato, ni un partido, que Chaco. Chaco es lo más importante”, afirmó.
“Necesitamos estar juntos, espalda con espalda, más allá de las diferencias, y encontrar las coincidencias”, precisó. En ese sentido, afirmó: “Tenemos que llegar a 70 localidades para que allí haya un intendente, un candidato, un concejal y personas de la fuerza”, expresó. Luego, reclamó una UCR activa “en los barrios, en territorio y cerca de la gente”.
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“Chaco no elige ser pobre. Nosotros elegimos dar pasos hacia el progreso y el futuro”, aseveró. En el mismo sentido, más adelante expresó: “Chaco no está condenado a la pobreza”. Por el contrario, la provincia “tiene la capacidad, a través de los chaqueños, de cambiar la realidad”, aseveró.
“Es bueno detenernos para mirar un minuto en el retrovisor qué nos encontramos en diciembre de 2023. Adoctrinaban a nuestros chicos en la educación. El sistema de salud, devastado. Los vehículos (eran) utilizados por funcionarios. El avión sanitario (se usaba para) paseo de los amigos e hijos del poder, y el Estado estaba aliado a las mafias”, remarcó en declaraciones que reproduce Diario Norte. En esa línea, sentenció: “Claro que falta mucho, pero es lo mejor que está por venir”.
Con el proyecto todavía frenado en el Senado y diferencias con los aliados sobre el formato que se debería adoptar, el presidenteJavier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reunirán a 13 gobernadores en París para tratar de avanzar con un acuerdo en torno al Presupuesto 2027 y a la reforma política, que tiene a la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como principal punto de conflicto.
Si bien todavía se estaba organizando, según confirmaron a Infobae diferentes fuentes involucradas, serán dos encuentros que se llevarán adelante como parte de una agenda paralela en el marco de la Argentina Week, que se realizará entre el 30 de noviembre y el 2 de octubre en la capital francesa.
El líder libertario partirá el martes por la noche rumbo a esa ciudad y estará acompañado por una extensa comitiva integrada, además de por “El Colo”, por su hermana y secretaria general, Karina Milei; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y los ministros de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones; de Justicia, Juan BautistaMahiques; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.
En un nuevo gesto de acercamiento hacia las provincias, Milei instruyó a la Cancillería a que invite especialmente a los mandatarios locales para que formen parte de la delegación oficial y un grupo de ellos, los más afines a la Casa Rosada, aceptaron.
Así, se sumaron al viaje Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires; Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; AlbertoWeretilneck, de Río Negro; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan, y Raúl Jalil, de Catamarca.
Aunque aún está definiendo la modalidad del encuentro (si los va a reunir a todos juntos o por separado), Santilli ya tiene decidido que los van a recibir a todos ellos en París y así se los comunicó en las últimas horas.
A pesar de que son considerados parte de la comitiva, los gobernadores no volarán a Francia junto al Presidente y el jefe de Gabinete en el ARG-01, sino que lo hará cada uno por su cuenta y recién se podrán ver en el destino.
El ”Colo” viene teniendo con varios de ellos intensas conversaciones por la reforma política con la que algunos se muestran de acuerdo, mientras que otros aparecen reticentes, especialmente a la eliminación de las PASO.
Tal como anticipó este medio, en el Senado, ese grupo de mandatarios cuenta con 12 legisladores que les responden en mayor o menor grado, que sumados a los 21 que tiene La Libertad Avanza los acercaría al número necesario para avanzar con el proyecto.
“La idea es hacer una reunión con el Presidente, primero, y después con Santilli y algunos de los ministros. Seguramente sean en días separados y hay varias cuestiones para tratar, pero las más importantes son el Presupuesto y las PASO”, comentó una persona de diálogo asiduo con los protagonistas.
En rigor, el jefe de Gabinete no les confirmó sobre qué asuntos va a hablar en la reunión que va a tener con ellos en la capital europea, pero varios de los invitados ya intuían que el tema central van a ser las primarias.
“Falta mucho para que todos lleguemos a un acuerdo, pero mi visión es que hay que eliminar y chau. Es un gasto estéril para el Estado Nacional sobre un problema que, en definitiva, es de los partidos”, anticipó a Infobae uno de los gobernadores que asistirá a la Argentina Week.
Otro de los mandatarios, con mucho peso en la Cámara Alta, coincidió con esa mirada y remarcó que “hace mucho tiempo” que viene insistiendo con que esta instancia electoral tiene que dejar de existir.
Sin embargo, en el grupo también hay dirigentes que respaldan la postura de la UCR y el PRO, que presionan para, en lugar de eliminarlas, mantener las primarias, pero haciéndolas optativas.
Antes de subirse al avión, Santilli participará este martes, desde las 13:00, de la reunión semanal de la mesa política en la Casa Rosada, donde el oficialismo terminará de delinear la estrategia con la que buscará destrabar la discusión parlamentaria.
“Hoy buscamos, de mínima, suspender las PASO próximas“, anticipó uno de los funcionarios que integra la cúpula libertaria y participa de estos habituales encuentros.
La discusión está frenada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que se reunió apenas dos veces en los últimos cuatro meses y la última cita, realizada el 14 de septiembre pasado, no duró más de una hora, sin que se lograra ningún acercamiento entre los bloques.
La propia jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, admitió recientemente que todavía no reúne los votos necesarios para avanzar, ni siquiera con una versión más limitada del proyecto.
Durante su estadía en París, el propio Milei tiene previsto conversar con gobernadores, aunque en ese caso sería para hablar exclusivamente sobre inversiones y no estaba en agenda que se sumara a la reunión del jefe de Gabinete.
La presión por acelerar con esta iniciativa creció después de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) le advirtiera al Congreso que cualquier modificación de las reglas para los comicios de 2027 debe resolverse con anticipación suficiente y no una vez iniciado el año electoral.
A través de la Acordada Extraordinaria 155, los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas señalaron que existen varios proyectos de reforma electoral, de partidos y de financiamiento de campañas en condiciones de ser tratados, pero remarcaron que los cambios requieren tiempo para que la Justicia y las fuerzas políticas adapten sus procedimientos.
El tribunal no se pronunció sobre la conveniencia de eliminar, suspender o mantener las PASO, una decisión que corresponde al Poder Legislativo. Sin embargo, citó estándares internacionales que recomiendan introducir modificaciones entre seis y tres meses antes del inicio formal de los comicios y recordó que los elementos centrales del sistema no deberían alterarse a menos de un año del proceso.
El aumento del riesgo país, que ayer terminó a 628 puntos básicos, generó un cambio de estrategia del Gobierno. Por tercera vez, el Tesoro refinanció ayer los vencimientos de deuda exclusivamente con bonos en pesos o ajustados al tipo de cambio oficial. En cambio, optó por no salir con nuevos títulos en dólares para no convalidar tasas de dos dígitos.
El nivel de riesgo país tocó ayer un máximo en seis meses y en promedio los bonos dolarizados cayeron 1 por ciento. En la práctica, esto significa que para el Gobierno resulta imposible colocar deuda en moneda extranjera con tasas inferiores al 10% anual.
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Para evitar endeudarse a tasas muy caras, la opción elegida en este momento es salir con bonos que venzan dentro del actual período de gobierno. Así, al menos por el momento se dejó de lado la estrategia de estirar vencimientos más allá del actual mandato presidencial.
Las dudas respecto al resultado de las elecciones presidenciales del año que viene volvieron a los inversores mucho más conservadores. Eso generó una caída de las cotizaciones de la deuda en dólares que vence desde 2028 en adelante. El reflejo es la suba del riesgo país desde niveles de 400 puntos de fines de julio a los 626 que marcó ayer.
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La imposibilidad de colocar deuda en dólares plantea interrogantes sobre el plan financiero que el propio equipo económico presentó de cara al 2027. El más claro tiene que ver con la emisión de deuda en dólares por USD 5.000 millones a través del Bonar 2029.
Al menos con el cuadro actual esta opción parece inviable, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado se pondrá todavía más nervioso y volátil de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.
Para volver a emitir deuda al 2029, el riesgo país tendría que bajar nuevamente a niveles de 400 puntos básicos o incluso un poco menos. Es un escenario que hoy luce improbable, aunque no imposible.
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Otra de las preguntas que surge está relacionada con las compras previstas del Central por 10.000 millones de dólares. Esta suma le permitiría al Tesoro hacer frente al pago de vencimientos el año que viene.
Pero tampoco queda claro si el mercado cambiario dejará tanto espacio para que el BCRA pueda comprar como lo venía haciendo hasta ahora. Si se produce un aumento de la demanda minorista en 2027 por las dudas electorales, entonces es posible que haya menos espacio para que el Central pueda comprar.
En lo que va de 2026, el BCRA adquirió más de USD 14.000 millones, pero en septiembre pudo comprar menos de USD 300 millones, la cifra más baja del año. Además, el dólar mostró leve tendencia alcista: el oficial trepó 5 pesos hasta $ 1.545, mientras que el contado con liquidación se fue a 1.620 pesos.
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La Secretaría de Finanzas informó que adjudicó $8,62 billones en la licitación de deuda en pesos, tras recibir ofertas por un total de $9,77 billones, lo que representó un rollover de 100,08 por ciento. Esto significa que, por cada peso que vencía, el Tesoro logró renovarlo y quedó apenas un pequeño excedente de financiamiento fresco.
“100% de roll en un contexto internacional sumamente adverso y a tasas en torno a las del mercado secundario”, destacó Felipe Núñez, uno de los funcionarios más cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo.
El primer instrumento en volumen fue un título atado a la tasa TAMAR, con vencimiento el 30 de julio de 2027 y código TML27. Este bono recibió adjudicaciones por $2,92 billones, con un margen de 3,63% sobre la tasa TAMAR, la referencia que sigue la evolución de las tasas mayoristas del sistema financiero.
Un pedido de ayuda por redes sociales en Concordia realizado por una joven de 20 años activó una intervención de la Justicia y la Policía que permitió localizarla, constatar su situación y posteriormente detener a su expareja, un hombre de la misma edad sobre quien pesaba una orden judicial.
Según se informó, el periodista Juan Segovia tomó conocimiento de la publicación realizada por la joven y comunicó la situación a la fiscal Agustina Solé. A partir de ello, se dio intervención a personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Concordia.
Los efectivos recibieron la indicación de localizar a la mujer, constatar su estado y determinar la veracidad de lo que había manifestado públicamente. Las tareas permitieron encontrar a la joven, quien confirmó lo expuesto a través de las redes y posteriormente formalizó una denuncia por violencia de género.
Denunció episodios de violencia desde 2024
De acuerdo con su relato ante las autoridades, la joven habría atravesado desde 2024 diferentes situaciones de violencia física y psicológica atribuidas a su expareja. Incluso denunció episodios en los que habría sido privada de su libertad.
La mujer también manifestó que durante la jornada del lunes mantuvo una nueva discusión con el joven. En ese contexto, siempre según la denuncia, habría sido agredida físicamente y amenazada de muerte.
Frente a la gravedad de las acusaciones, se dio intervención a los organismos correspondientes y se dispusieron medidas judiciales de protección, además de las diligencias necesarias para resguardar a la denunciante.
Detuvieron a la expareja de la joven
Mientras avanzaban las actuaciones, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal comenzaron las tareas destinadas a localizar al presunto agresor.
Finalmente, el hombre, también de 20 años, fue localizado por los investigadores. Sobre él ya recaía una orden judicial de búsqueda y detención, por lo que los efectivos procedieron a su aprehensión.
El joven quedó alojado en la Alcaidía de la Jefatura Departamental Concordia y a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias de los hechos denunciados.
La crisis de la vivienda en Berlín ya tiene consecuencias políticas. El partido de izquierda Die Linke ganó por primera vez unas elecciones regionales enAlemania poniendo el foco en la política habitacional ante el malestar que hay en la capital alemana por el aumento de los alquileres. En ese marco, propuso expropiar 200 mil departamentos en manos de grandes inmobiliarias para hacer frente a la problemática.
En apenas tres años, el partido de izquierda pasó del 13% de los votos en 2023 al 25% y dejó a la CDU en segundo lugar, con 18%. Ahora tiene la posibilidad de gobernar la capital, también por primera vez.
Nacionalizar, la promesa central
La campaña de Die Linke giró en torno a la vivienda, con una propuesta de máxima: expropiar más de 200.000 departamentos en manos de grandes inmobiliarias o, en su defecto, que la Administración tome el control de esas compañías. “Si Die Linke gobierna en Berlín, nacionalizaremos”, afirmó la candidata Elif Eralp la misma noche del triunfo. Eralp lleva un collar con la palabra Mietendeckel, que significa “tope del alquiler”.
Según datos del Gobierno federal, alquilar un departamento en Berlín se encareció 69% entre 2016 y 2026. En paralelo, y según la oficina de estadísticas de la ciudad, el ingreso per cápita subió 33% entre 2015 y 2025. El problema es aún más extendido si se considera que el 83% de los berlineses vive de alquiler.
Berlín ya aplica límites: las renovaciones de un contrato de tres años no pueden subir más de 15% y solo si no superan el promedio del barrio, y los contratos nuevos no pueden exceder en más de 10% ese promedio. Para Die Linke no alcanza, porque existen múltiples maneras de esquivar los topes.
Un camino con obstáculos políticos y legales
Para gobernar, el partido necesitará el respaldo de Los Verdes y del SPD. Los Verdes están dispuestos a negociar y sus posiciones en materia de vivienda no están lejos. El SPD, en cambio, mantiene una postura muy distante.
Además, el canciller Friedrich Merz reiteró que el Gobierno federal actuará por la vía legal para frenar cualquier expropiación o nacionalización. La Constitución alemana habilita ese tipo de medidas, tanto a nivel federal como de los estados, pero nunca se aplicaron.
El costo fiscal
La CDU y el SPD ponen el foco en el costo. El Tribunal de Cuentas de Berlín calculó que el estado debería desembolsar casi 40.000 millones de euros para indemnizar o nacionalizar a las empresas alcanzadas. La cifra es muy elevada frente a un presupuesto 2026 de 46.000 millones de euros y una deuda de 68.000 millones.
En la mira están, en primer lugar, el grupo alemán Vonovia y su filial Deutsche Wohnen, que suman más de 138.000 viviendas en la ciudad y activos valuados en más de 30.000 millones de euros según sus propios balances. También podrían verse afectadas Adler Group (Alemania), Grand City Properties (Luxemburgo) y Heimstaden (Suecia).
Los estudios académicos llegan a conclusiones opuestas. Uno difundido el 25 de septiembre por la Fundación Hans Böckler, vinculada al sindicato DGB, sostiene que las expropiaciones ayudarían claramente a contener los alquileres. Otro del instituto Empirica estima que solo se beneficiaría el 12% de la población. Lo que ambos coinciden en señalar es que el gran interrogante es cómo financiar la operación.
En su tradicional cena anual, y con escasa presencia de representantes del oficialismo, Poder Ciudadano apuntó este lunes en duros términos contra el Gobierno al destacar que “la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica” y que “en los últimos años no sólo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad”.
Así lo dijo en su discurso el presidente de la organización, Martín D’Alessandro, quien remarcó que es “imperioso ocuparse en serio de la corrupción de una buena vez”, ya que, puntualizó,“en las encuestas sigue en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía y en el Índice de Percepción de la Corrupción que confecciona anualmente Transparencia Internacional para 182 países, Argentina se ubica recién en el puesto 104, con apenas 36 puntos sobre 100″. “Es el peor resultado de los últimos 10 años, consolidando la tendencia declinante de los últimos 6 años”, afirmó el titular de Poder Ciudadano.
En un salón del hotel Sheraton, en Retiro, lo escuchó un variado auditorio en el que se destacó la presencia de dirigentes de la oposición, miembros del Poder Judicial, empresarios y pocos referentes libertarios: estuvieron Luis Petri, Sebastián Pareja y Nicolás Mayoraz, por ejemplo, pero no concurrió ningún miembro del Gabinete nacional ni las máximas autoridades de los bloques legislativos de La Libertad Avanza.
Entre los representantes de la oposición estuvieron, entre otros, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Martín Lousteau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez, Carolina Losada, Laura Alonso, Nicolás Massot, Luis Naidenoff, Mario Negri, Gabriel Katopodis, Germán Martínez, Juan Manuel Abal Medina, Diego Bossio, José Octavio Bordón, Karina Banfi, Ricardo Gil Lavedra, Daniel Arroyo y Marcelo Stubrin. Además, hubo empresarios como Martín Rappallini, Jorge Brito, Gustavo Weiss y Cristiano Ratazzi, y economistas como Hernán Lacunza, Carlos Melconian, Alfonso Prat Gay y Marina Dal Poggetto.
Además, concurrió una nutrida representación dejueces y fiscales: Julián Ercolini, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, Diego Luciani, Diego Barroetaveña, Inés Weinberg de Roca, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Sergio Mola Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Eduardo Taiano y Alejandra Mángano, entre otros.
En su discurso, D’Alessandro consideró que la corrupción tiene dimensiones morales, colectivas, estatales, republicanas, democráticas y económicas, al tiempo que señaló que afecta la igualdad ante la ley, debilita la confianza en las instituciones, perjudica las políticas públicas y distorsiona la asignación de bienes públicos.
El titular de Poder Ciudadano cuestionó que desde el Gobierno no se hayan implementado políticas específicas para elevar la transparencia y denunció intentos del oficialismo de reducir la cantidad de juzgados con capacidad para investigar hechos de corrupción cometidos por funcionarios. También criticó el proyecto de inocencia fisca”, enviado al Congreso durante este año, porque inicialmente permitía a funcionarios blanquear dinero no declarado sin dar explicaciones.
El proyecto oficial de reforma política fue otro de los puntos objetados por D’Alessandro: sostuvo que la iniciativa contempla liberar los límites a las donaciones privadas para campañas electorales y habilitar campañas paralelas sin controles, en sentido contrario a las prácticas internacionales en la materia.
También cuestionó el incremento del gasto en agencias de inteligencia sin rendición de cuentas y las demoras o versiones contradictorias que, según dijo, buscaron ocultar enriquecimientos sospechosos de funcionarios. Describió esos episodios como una combinación de “arrogancia y tozudez, de tragedia y de comedia”.
Tras mencionar que la Argentina quedó en el último lugar de América Latina en recepción de inversiones extranjeras, de acuerdo con el último relevamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el presidente de Poder Ciudadano vinculó ese retroceso con el deterioro institucional y sostuvo que las reglas estables, la Justicia independiente, la transparencia y la integridad reducen la incertidumbre económica.
D’Alessandro mencionó estimaciones según las cuales la corrupción le hace perder al país entre 8% y 10% del PBI cada año. A partir de esa cifra, planteó que combatirla podría tener un efecto económico rentable.
Por otra parte, rechazó la idea de que la corrupción desaparecería solamente con la reducción del Estado. Admitió que las regulaciones excesivas pueden generar oportunidades de corrupción, pero advirtió que una desregulación sin controles también facilita el aprovechamiento de la debilidad estatal.
Como ejemplo, recordó una denuncia presentada por la organización que dirige ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en diciembre del año anterior luego de descubrir que, tras la eliminación de trámites y controles, ingresaban al país autos de lujo declarados como vehículos de colección, una maniobra que permitía evadir millones de pesos en impuestos.
La denuncia derivó en la detección de un posible delito de contrabando agravado, sanciones a funcionarios, cambios normativos y la elevación del caso a la Justicia Penal Económica. Para D’Alessandro, ese episodio mostró la necesidad de instituciones sólidas y de una sociedad civil que controle las decisiones públicas.
El presidente de Poder Ciudadano aseguró que la democracia no puede depender del crecimiento económico. Recordó que ningún país que sufrió golpes de Estado tuvo ingresos superiores a los de Argentina en 1976, al referirse a la relación entre desarrollo, estabilidad democrática e instituciones.
La participación de organizaciones y ciudadanos debe ser considerada un aporte al control de los gobiernos y no una interferencia, enfatizó D’Alessandro. Sin embargo, denunció que el Gobierno avanza en una dirección opuesta mediante decretos y proyectos legislativos que limitarían la intervención de la sociedad civil.
Entre esas medidas mencionó un decreto que restringió el acceso ciudadano a la información pública y otro que eliminó la participación y la consulta ciudadana en el proceso de designación de jueces. Según expuso, ambas decisiones contradicen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
También objetó el proyecto de regulación del lobby, que, según describió, busca someter a miles de organizaciones no gubernamentales a un régimen de vigilancia que las obligaría a informar al Estado prácticamente todos sus movimientos. El proyecto de defensa de la soberanía nacional, agregó, pretende limitar la libertad de opinión.
Ambas iniciativas prevén delitos de prisión formulados de manera ambigua, señaló. D’Alessandro consideró que ese tipo de disposiciones acerca al país a modelos como los de Venezuela, Hungría y Nicaragua, en lugar de aproximarlo a Estados Unidos o a Europa.
“Los políticos no se dejan ayudar por los ciudadanos”, resumió el presidente de Poder Ciudadano. A partir de esa premisa, se preguntó cómo podría recuperarse la confianza en la política y en las instituciones si el Estado desconfía de su propia ciudadanía.
Recordó que la fundadora de la organización, Marta Oyhanarte, había definido ese objetivo durante la primera convocatoria pública de Poder Ciudadano, en abril de 1989: “Hemos iniciado un camino que pretende reavivar nuestra conciencia cívica -dijo-. Esto implica un cambio de modalidad en nuestra forma de pensar y de actuar, porque somos copropietarios de esta democracia”.
Oyhanarte agregó entonces: “Intentamos ser promotores de participación para vivir en un país normal, con un sistema de normas claras que sean cumplidas por gobernantes y gobernados”. También sostuvo que el espíritu de la entidad era “la suma de muchos que hacen poquito y no a la inversa”.
D’Alessandro afirmó que esa definición continúa orientando las convicciones y la propuesta de Poder Ciudadano. La organización que preside, según precisó, configuró la corrupción como un problema público y promovió el activismo social como complemento de los controles y las sanciones estatales.
D’Alessandro sostuvo que la organización “no adoptó una posición antipolítica ni alentó escándalos, fanatismo punitivo o la idea de que algunas personas son moralmente inferiores por sus opiniones partidarias”. En cambio, salió en defensa de una visión pluralista basada en la transparencia, los controles, la rendición de cuentas y la calidad institucional.
Cuando los ciudadanos se repliegan en la vida privada, la esfera pública se debilita y aumenta la vulnerabilidad frente al autoritarismo, advirtió. Según D’Alessandro, una sociedad organizada que exige explicaciones fortalece la confianza entre la población y el Estado, reduce las probabilidades de autocratización y mejora las condiciones para el desarrollo.
Los seis brasileños detenidos con drogas sintéticas tras el operativo que permitió secuestrar 38.615 kilos de metanfetamina y 7.258 kilos de pastillas de éxtasis fueron imputados por la Justicia Federal por el delito de transporte agravado de estupefacientes por la intervención organizada de tres o más personas.
Los acusados participaron de una audiencia durante el cierre de la última semana ante la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi. Luego de la imputación se dispuso que continuaran detenidos, mientras la Justicia deberá resolver en los próximos días la situación procesal de cada uno.
Los seis involucrados fueron identificados como Christian Thiery Rodrigues, Cesar Henrique Garcia Sgarbi, Maria Izabela Coelho, Raiane Proenca Dos Santos, Vitor Dos Santos Bezerra Moretti y Yuri Belo Massaroni, todos ciudadanos brasileños.
Un cargamento valuado en unos $2.500 millones
El procedimiento permitió incautar un cargamento de drogas sintéticas que, según las estimaciones realizadas en el marco de la investigación, tendría un valor aproximado de 2.500 millones de pesos.
En total, fueron secuestrados 38.615 kilos de metanfetamina y 7.258 kilos de pastillas de éxtasis. Por el volumen de sustancias incautadas, el procedimiento quedó entre los mayores decomisos de drogas sintéticas registrados en Argentina.
El operativo tuvo lugar pocos días después de otro importante procedimiento concretado el 16 de septiembre en Zárate, provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad se incautaron 52 kilos de MDMA de máxima pureza, un decomiso que el Gobierno nacional presentó entonces como el mayor secuestro de drogas sintéticas registrado en el país.
Cómo comenzó el operativo en Entre Ríos
La investigación que terminó con los seis brasileños detenidos comenzó minutos antes de las 9 del martes 22 de septiembre, cuando efectivos del Puesto Caminero Paso Cerrito, ubicado al norte del departamento Federación, detuvieron la marcha de un Hyundai HB20 con patente brasileña.
Después del control de la documentación, los funcionarios se disponían a realizar una inspección con un perro detector de drogas. Sin embargo, al advertir la presencia del can, el conductor aceleró y escapó del lugar.
A unos dos kilómetros del puesto caminero, el Hyundai fue localizado abandonado. El conductor había ingresado a una zona de campo y permaneció prófugo durante varias horas, por lo que se desplegó un operativo para intentar localizarlo.
Las sospechas sobre un segundo vehículo
Paralelamente, los investigadores relacionaron el Hyundai con otro automóvil brasileño que había pasado previamente por el mismo puesto. Se trataba de un Chevrolet Onix gris en el que viajaban dos hombres.
Uno de sus ocupantes fue identificado como Vitor Dos Santos Bezerra Moretti, de 30 años y oriundo de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina. Un dato llamó particularmente la atención de los investigadores: el hombre se había retirado del puesto sin solicitar que le devolvieran su licencia de conducir.
El Chevrolet fue encontrado posteriormente en una estación de servicio YPF ubicada en el acceso a Federación. Estaba cerrado y no había personas en su interior. Al revisar las cámaras de seguridad, los investigadores detectaron que sus dos ocupantes habían subido posteriormente a un Ford Fiesta blanco.
Cinco detenidos en otro puesto caminero
El Ford Fiesta fue interceptado horas más tarde en el puesto caminero de Bella Vista, en el departamento Uruguay. En el vehículo viajaban cinco ciudadanos brasileños.
Los ocupantes fueron identificados como Vitor Dos Santos Bezerra Moretti, Cesar Henrique Garcia Sgarbi, Christian Thiery Rodrigues, Maria Izabela Coelho y Raiane Proenca Dos Santos.
Los tres vehículos involucrados fueron sometidos a requisas. Durante las inspecciones, los investigadores encontraron sustancias ocultas en diferentes sectores de los rodados, entre ellos paneles, asientos y una rueda de auxilio. El pesaje final arrojó 38.615 kilos de metanfetamina y 7.258 kilos de pastillas de éxtasis.
El sexto sospechoso estuvo varias horas prófugo
Mientras se desarrollaban esos procedimientos, continuaba la búsqueda del conductor del Hyundai que había escapado desde Paso Cerrito y abandonado el automóvil a pocos kilómetros del control policial.
Finalmente, alrededor de las 18 de aquel martes, el hombre fue localizado sobre la Ruta Nacional 14. Según se estableció, había permanecido durante varias horas en una zona de monte y se encontraba desorientado.
Fue identificado como Yuri Belo Massaroni, de 29 años y domiciliado en Río de Janeiro. Con su detención se completó el grupo de seis ciudadanos brasileños que ahora quedaron imputados por transporte agravado de estupefacientes y continuarán privados de su libertad mientras avanza la causa federal, publicó Diario El Sol.
El antecedente del cargamento incautado en Zárate
El procedimiento entrerriano se produjo menos de una semana después de la incautación de 52 kilos de MDMA de máxima pureza en Zárate. Aquel cargamento había sido encontrado oculto en distintos compartimentos de una camioneta proveniente del puerto de Amberes, Bélgica.
La investigación fue desarrollada por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, junto con la Dirección General de Aduanas de ARCA y con intervención de la Justicia Penal Económica y la PROCUNAR. El expediente se había iniciado en marzo a partir de información proporcionada por la DEA de Estados Unidos sobre una organización criminal transnacional.
Durante aquel procedimiento fueron encontrados inicialmente 20 kilos de MDMA y, después de desmontar otros sectores del vehículo, otros 32 kilos. Según estimaciones oficiales difundidas tras el operativo, esa cantidad habría permitido elaborar alrededor de un millón de pastillas de éxtasis.
La diputada Fernanda Miño denunció el allanamiento de su vivienda durante las investigaciones posteriores al cambio de gobierno
28 Sep, 2026 08:13 p. m. EST
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Fernanda Miño cuestionó al Gobierno por haber interrumpido las políticas de integración de los barrios populares y defendió un proyecto que busca extender por diez años la emergencia sociourbana. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 140 legisladores y plantea recuperar el financiamiento para obras de infraestructura.
En diálogo con Infobae al Regreso, la diputada nacional de Unión por la Patria sostuvo que el problema alcanza a miles de familias que todavía viven sin servicios básicos y aseguró que existen recursos que podrían destinarse a retomar los trabajos.
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“Este proyecto nace de la Mesa Nacional de Barrios, pero hablar solamente de este proyecto sin tener en cuenta la historia que venimos trabajando desde el 2016, quienes vivimos en barrios populares”, señaló Miño, quien nació y vive en la villa La Cava, en San Isidro.
La exsecretaria de Integración Socio Urbana recordó que las políticas destinadas a los barrios populares comenzaron a tomar una forma institucional con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares y la sanción de la Ley 27.453. Según explicó, el proceso involucró a organizaciones sociales, Techo y Cáritas y terminó reuniendo el apoyo de distintos sectores políticos.
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“Convencimos a todos los diputados y senadores de que era una política que teníamos que desarrollar como política pública”, afirmó.
Uno de los instrumentos que destacó fueron los certificados de vivienda, que permiten acreditar la residencia de las familias que viven en los barrios registrados. “Obtuvimos certificados de vivienda, que son como un título posesorio”, explicó.
Para Miño, la discusión actual no debería centrarse únicamente en la construcción de viviendas. El objetivo, planteó, es intervenir sobre los barrios existentes para garantizar infraestructura y servicios.
“Hay familias que por ahí quieren una vivienda, es decir, hay familias que hay que integrarlas ya”, sostuvo.
El déficit de infraestructura en los barrios populares
Miño aseguró que existen más de 6.400 barrios populares en el país y describió las principales carencias que todavía persisten en buena parte de ellos.
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“Están con necesidades básicas de los servicios: agua potable, energía, accesos, falta de luminarias, espacios de encontrarse, salones de usos múltiples”, enumeró.
También mencionó problemas derivados de la falta de infraestructura adecuada, como inundaciones y accidentes vinculados con las instalaciones eléctricas: “Barrios que se inundan, barrios que se incendian por malas conexiones eléctricas”.
La diputada sostuvo que durante su gestión se buscó modificar el enfoque de las políticas habitacionales y priorizar la urbanización de los barrios ya existentes. “Cambiamos ese paradigma llevando los servicios básicos a los barrios populares de la Argentina”, señaló.
En ese contexto, mencionó el programa Mi Pieza, que otorgaba asistencia económica para ampliar o mejorar viviendas de mujeres que viven en barrios populares. Según Miño, la iniciativa alcanzó a unas 250.000 familias.
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El reclamo por los fondos
Uno de los principales argumentos de Miño para impulsar la extensión de la emergencia es que, según afirmó, todavía existen recursos que habían sido destinados a financiar obras de integración urbana.
“Tiene dinero, tiene más de 260 mil millones de pesos”, aseguró al referirse al fideicomiso utilizado para financiar las obras.
La diputada explicó que esos recursos habían sido alimentados, entre otras fuentes, por el Impuesto PAIS y el aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas.
“Ese dinero era del Impuesto PAIS, que ellos lo sacan, y es del aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas”, sostuvo.
Para Miño, la disponibilidad de esos fondos permite retomar una política que, según su planteo, quedó interrumpida con el cambio de administración.
Cómo se asignaban y controlaban las obras
Durante la entrevista, Gustavo Lazzari planteó además quién debía administrar los recursos y cómo se garantizaba que llegaran efectivamente a los barrios.
Miño rechazó que durante su gestión los fondos fueran asignados directamente a organizaciones sociales o a determinados sectores políticos.
“No se direccionaba a una organización social, ni a un solo partido político, ni a un gobernador, ni a una intendencia”, afirmó.
Según explicó, los proyectos debían llegar a la Secretaría de Integración Socio Urbana para ser evaluados antes de recibir financiamiento. Además, aseguró que existían equipos técnicos encargados de supervisar las obras y que también participaron universidades.
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“Personalmente teníamos un equipo que lo hacía desde el ministerio, desde la secretaría y universidades trabajando en pos de que esas obras se hagan en los barrios populares”, señaló.
Como ejemplo de la articulación con gobiernos de otros espacios políticos, mencionó a Jujuy durante la administración de Gerardo Morales. “Con el gobierno mismo de Morales celebramos proyectos que llegaron a barrios populares”, recordó.
La transición con el gobierno de Milei
Miño también habló sobre el traspaso de la Secretaría de Integración Socio Urbana al gobierno de Javier Milei y aseguró que intentó mantener una transición ordenada con Sebastián Pareja.
Según su relato, puso a disposición de las nuevas autoridades información sobre los programas, los proyectos y los recursos disponibles. Sin embargo, después del cambio de gobierno quedó involucrada en investigaciones vinculadas con su gestión. “Hubo una persecución, de hecho, allanaron mi casa”, sostuvo.
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La diputada también mencionó una auditoría realizada durante la gestión de Pareja y aseguró que el actual legislador de La Libertad Avanza había reconocido resultados positivos de la política de integración urbana.
El proyecto que impulsa la Mesa Nacional de Barrios Populares busca ahora extender por diez años la emergencia sociourbana y garantizar recursos para continuar con las obras. Para Miño, el desafío pasa por recuperar una política que permita llevar infraestructura y servicios a los barrios que todavía permanecen al margen de la ciudad formal.
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El gobierno de Entre Ríos y YPF firmaron este lunes un convenio de cooperación orientado a la producción de arenas silíceas, el desarrollo de infraestructura de transporte y la incorporación de empresas locales a la cadena de proveedores vinculada con Vaca Muerta. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de tres años y no prevé, por sí mismo, partidas presupuestarias específicas para la provincia.
La firma se realizó en las oficinas de YPF en Buenos Aires y estará a cargo del gobernador Rogelio Frigerio y el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín. Según informó la administración entrerriana, el documento establece un marco de trabajo para analizar proyectos en materia de minería, logística, energía, infraestructura y modernización de servicios públicos.
El entendimiento se plantea en un contexto en el que la actividad no convencional de Vaca Muerta demanda insumos y servicios de distintas regiones del país. Entre ellos se encuentran las arenas silíceas, utilizadas en las operaciones de fractura hidráulica de los pozos de petróleo y gas.
Uno de los puntos principales del acuerdo es el estudio de alternativas para ampliar la producción de arenas silíceas en Entre Ríos y mejorar las condiciones de traslado hacia la formación neuquina. Las partes evaluarán obras y mecanismos vinculados con la red vial, el sistema ferroviario y las vías fluviales.
El objetivo expresado en el comunicado oficial es hacer más eficiente el movimiento de la producción y reducir costos dentro de la cadena logística. Marín valoró la calidad de las arenas silíceas entrerrianas: “Es la que usamos para nuestros pozos y es la mejor que se ha encontrado en la Argentina hasta ahora”.
A la vez, sostuvo que el acuerdo permitirá fortalecer la cooperación con la provincia y contribuir a un desarrollo integral de Vaca Muerta, que “va a generar mucho trabajo para todos”, con el objetivo de hacer más eficiente la actividad tanto para YPF como para las demás compañías, aseguró.
La provincia busca consolidar su presencia en la provisión de ese insumo y aprovechar su red de empresas, su capacidad productiva y su localización dentro de los corredores de transporte. El convenio también contempla la posibilidad de que firmas entrerrianas se incorporen a la red de proveedores de YPF y de otras actividades relacionadas con el desarrollo energético.
“Entre Ríos tiene recursos, empresas, capacidad productiva y una ubicación estratégica que pueden aportar competitividad al desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó Frigerio. El mandatario sostuvo que la intención es que la provincia participe de ese proceso mediante inversiones y generación de empleo, además de contribuir a una reducción de los costos logísticos.
La agenda conjunta prevé el análisis de nuevos puntos comerciales y estaciones de servicio de YPF en corredores estratégicos de Entre Ríos. También incorpora iniciativas de electromovilidad, con la eventual expansión de infraestructura de carga para vehículos eléctricos en el territorio provincial.
Otro apartado se refiere a la incorporación de sistemas de telemetría para la flota de vehículos públicos. Esas herramientas permitirían obtener datos sobre el uso, los recorridos y el estado de las unidades, con el propósito de ordenar su administración y el empleo de recursos.
Además, la provincia y la empresa analizarán opciones para reconvertir o utilizar activos de YPF en proyectos de almacenamiento destinados a la producción agroindustrial, especialmente a los aceites vegetales. El acuerdo prevé también un trabajo con municipios para evaluar herramientas e incentivos fiscales que puedan favorecer nuevas inversiones privadas.
“Queremos que la provincia sea protagonista de esa transformación, generando inversiones y trabajo para los entrerrianos y, al mismo tiempo, contribuyendo a mejorar la logística y reducir costos de una cadena fundamental para el desarrollo del país”, señaló Frigerio.
El convenio marco funcionará como una base para la cooperación entre el gobierno provincial y la compañía. Cada iniciativa que avance deberá formalizarse mediante acuerdos particulares, en los que se definirán las inversiones, las responsabilidades de cada parte, las condiciones y los plazos.
De esta manera, la firma no supone la asignación automática de recursos ni la ejecución inmediata de obras. La concreción de los proyectos dependerá de las evaluaciones técnicas, la disponibilidad de financiamiento y los instrumentos que se acuerden en cada caso.
El entendimiento incluye una agenda que abarca la actividad minera, el transporte de cargas, la participación de proveedores, el desarrollo comercial, la electromovilidad y el aprovechamiento de activos vinculados con la actividad agroindustrial. Tras la firma, YPF y Entre Ríos deberán determinar cuáles de esas líneas tendrán prioridad y bajo qué condiciones se llevarán adelante.
El Presidente se reunirá el próximo jueves con su par de ese país, Emmanuel Macron. En la previa del encuentro, posteó un video que parodia a su esposa Brigitte.
El presidente Javier Mileiviajará este martes a Francia para encabezar la Argentina Week en París, un encuentro internacional cuyo objetivo será conseguir nuevas inversiones y lograr un respaldo político en medio de las tensiones internas y un escenario económico complejo para el oficialismo.
Milei irá acompañado por 13 gobernadores de distintos espacios políticos. Se trata de Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). También está prevista la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. A ellos se sumarán empresarios de los sectores energético y agroindustrial.
La jornada central será el jueves en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”. Allí, el Presidente pronunciará las palabras centrales del evento.
Javier Milei verá a Emmanuel Macron el próximo jueves, en París.
Ese día, Milei mantendrá un encuentro con su par francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Y en la previa de ese encuentro, llamó la atención una actitud del líder de La Libertad Avanza. En sus redes sociales, compartió un video generado con Inteligencia Artificial que parodia a la película ‘¿Qué pasó ayer?’, y lo coloca junto a Donald Trump, Giorgia Meloni y Volodímir Zelenski, entre otros dirigentes, como protagonistas de una noche de excesos después de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
La parodia alcanza también a Macron y a su esposa, Brigitte. De hecho, el video se hace eco en tono de burla del episodio ocurrido en mayo durante la llegada del matrimonio presidencial francés a Vietnam, cuyas imágenes fueron utilizadas en redes para instalar la versión de una supuesta cachetada de la primera dama a su marido.
Lejos de preocuparse por la diplomacia y el próximo encuentro con Macron, Milei acompañó el montaje con una de sus consignas habituales: “FENÓMENO BARRIAL”.
