Verano de 1980. Ocaso de la dictadura. Van cuatro años de exilio interno para Arnaldo Catalino Páez, su compañera Juana Tomasa Medina y sus hijos: Mario, Mónica, Ramón, Carlos, Alberto, César y Ceferino. El 15 de febrero de ese año la familia estaba trabajando en un horno de ladrillos cerca de Lima, provincia de Buenos Aires, predio donde también vivían.
Cerca del mediodía, una veintena de hombres armados y vestidos de civil irrumpieron desde los maizales que rodeaban la ladrillería. Golpearon a Juana, que estaba embarazada de tres meses, y a Mario, que tenía 14 años. La patota preguntaba por Catalino (como le decían a Arnaldo) y ellos respondían que había ido al médico. No les creyeron y los siguieron golpeando. Finalmente, Catalino llegó del médico. Le golpearon la cabeza con un arma. Después, secuestraron a la pareja y al joven de 14 años.
Los hijos más pequeños quedaron solos, al cuidado de Mónica, que tenía 12 años. Ceferino, que entonces tenía un año y estaba en período de lactancia, testificó: “Estábamos muy desamparados. No recibimos ayuda de nadie. Y ella (Mónica) se vio obligada a trabajar con máquinas muy pesadas para que tengamos un sustento”.
La patota estaba conformada por miembros del Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Santa Fe, con sede en la capital provincial. También participó del operativo el entonces secretario judicial Víctor Brusa.
Buscaban a Catalino por su militancia sindical. En la década de 1970, él y otros militantes, habían conformado la agrupación sindical La Lucha en el frigorífico donde trabajaban, en la localidad santafesina de Nelson. La Lucha estaba ligada al sindicalismo combativo, que por aquellos años era representado por la figura de Agustín Tosco. Reclamaban mejores condiciones de trabajo para los obreros.
Los integrantes de la organización vivían en la vecina localidad de Laguna Paiva. Con el tiempo, Catalino comenzó a militar en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). En 1976, tras el golpe de Estado y sabiéndose perseguido, dejó su casa en Laguna Paiva y mantuvo un exilio interno por Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. Siempre iba con su familia.
Invierno de 2026. Por primera vez, se juzga en Santa Fe el abandono de persona cometido contra las infancias como delito de lesa humanidad por aquellos crímenes ocurridos en 1980. Entre los acusados hay tres ex policías de Santa Fe y un ex juez federal. Se trata del juicio Laguna Paiva II, que debe su nombre a la localidad santafesina de donde procedían las y los sobrevivientes. La causa se tramita en el Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe y se investiga el abandono de once niñas y niños y el secuestro de otros cinco.
El juicio se desprende de la Causa Chartier (o Laguna Paiva I) que, en 2021, culminó con la condena de seis ex policías provinciales por allanamientos ilegales, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos contra 11 militantes sindicales oriundos de Laguna Paiva (localidad situada a 40 kilómetros de Santa Fe) y contra el hijo de uno de ellos, de 14 años.
Durante ese primer juicio, testificaron las y los familiares de Arnaldo Catalino Páez, fallecido en 2016. A través de esos testimonios quedó en evidencia que, para secuestrarlo, violentaron a toda su familia: hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, hijas e hijos y sobrinos. Y que, en ese camino, las infancias fueron blanco de la crueldad de la patota.
A instancias de la querella, representada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario, se pidió que se investiguen esos hechos. En ese reclamo participaron también otros organismos de derechos humanos, como el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe. Finalmente, el juicio Laguna Paiva II comenzó el pasado 5 de mayo.
Los imputados son el ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa y tres ex policías: Eduardo Enrique Riuli, Oscar Cayetano Valdez y Antonio Parvellotti. Los tres últimos prestaban servicio en el Departamento de Informaciones “D2” de la Policía de Santa Fe, en cuya sede permanecieron secuestrados algunos de los sobrevivientes de estos hechos y, tal como se acreditó en el primer juicio, sus integrantes fueron parte de los secuestros y allanamientos de las viviendas donde vivían los militantes y sus familias.
Si bien el ex juez Brusa fue nombrado en 2021, en reiterados testimonios, como una de las personas que realizó los secuestros y que obligó a firmar testimonios bajo tormentos, ni siquiera fue citado como testigo. En 1980 era secretario del Juzgado Federal (a cargo del juez Miguel Ángel Quirelli). En la Causa Brusa (de 2009) y Brusa II (de 2014) varios sobrevivientes del terrorismo de Estado lo señalaron como responsable de apremios ilegales y de otros delitos de lesa humanidad. Hasta ser juzgado y condenado, Brusa ascendió en su carrera judicial y llegó a ser juez federal de Santa Fe. Su participación muestra la complicidad del Poder Judicial con el accionar de la Policía y de los militares en la represión.
El caso de Riuli también es emblemático porque vive en Laguna Paiva, a pocas cuadras de la casa de la familia Páez. La familia denunció que durante años vivió con miedo y amenazada. Riuli, además de ser policía, tenía programas de radio y de televisión y animaba las fiestas de la ciudad. Varios testigos pudieron ubicarlo en los secuestros, en los sitios donde estuvieron privados de su libertad y en las sesiones de tortura justamente porque lo conocían de Laguna Paiva. Por esos hechos ya tiene una condena, del juicio Laguna Paiva I.
Valdez también cuenta con una condena previa por el asesinato, en 1977, de cuatro militantes de Montoneros en la ciudad de Santa Fe, en la causa conocida como Balla. Y Antonio Parvelotti, subjefe del D2, no había sido juzgado hasta entonces por delitos de lesa humanidad.
Además del abandono de persona y el secuestro de las infancias, se juzgan otros delitos como secuestros y aplicación de tormentos contra los mismos militantes que fueron querellantes en Laguna Paiva I, en delitos que no fueron incorporados en ese tramo.
Concluida la etapa testimonial, esta semana los abogados de la querella (Julia Giordano, Noelia Zarza y Federico Pagliero, de la APDH Rosario) y el Ministerio Público Fiscal (representado por el auxiliar fiscal Nicolás Sacco), presentaron sus alegatos. También pidieron las penas para los imputados. La querella pidió el máximo de la escala penal, 25 años para cada uno. Por su parte, la Fiscalía pidió 22 años para Parvelotti, 20 para Riuli, 18 para Brusa y 12 para Valdez.
Mario Páez, el joven secuestrado con 14 años, recuerda a su padre como un “militante apasionado”. Durante su testimonio en el juicio Laguna Paiva I, expresó: “Mi padre fue perseguido por sus ideales, porque era un hombre que iba siempre al frente. Se manifestaba como lo hacen hoy los militantes políticos: cortando una calle o exigiendo a la patronal a través de un paro que mejoren su nivel salarial”.
Tras el secuestro, Catalino, Juana y su hijo fueron sometidos a tormentos y permanecieron secuestrados en dependencias del circuito represivo de la ciudad de Santa Fe. En el caso de Juana, estuvo en La Casita (centro clandestino de detención ubicado en las afueras de Santa Fe, probablemente en Santo Tomé, pero que aún no fue ubicado); pasó por la sede del D2 y finalmente por la Guardia de Infantería Reforzada; fue liberada un mes y medio después. Mario estuvo dos meses secuestrado en el D2. Catalino pasó por La Casita, por el D2 y después fue trasladado al penal de Rawson. Pasó por otras cárceles federales como La Plata y Devoto y recuperó su libertad en 1984.
Contra toda una familia
Una hermana de Catalino (María Ceferina Páez) estaba casada con un hermano de Juana (Luis Santiago Medina) y otra hermana de Juana (Elba Medina) estaba casada con otro hermano de Catalino (Miguel Guilfredo Medina).
María Ceferina y Luis Santiago tenían cinco hijos de entre 14 y 6 años y vivían en Esperanza, a 40 kilómetros de Santa Fe. Elba y Miguel Guilfredo tenían cuatro hijos de entre 15 y 4 años y vivían en Esteban Rams, al norte de la provincia, a unos 250 kilómetros de la capital. Ramona y Marciana Páez, hermanas de Catalino, también vivían en el norte de Santa Fe, en Ceres y en Huanqueros, respectivamente.
Para secuestrar a Catalino, la patota del D2 fue primero por sus familiares. Realizó operativos en Esperanza y en Esteban Rams y secuestró a Ramona y a Marciana. Todos los hechos tuvieron lugar entre el 8 y el 15 de febrero de 1980. Para averiguar el paradero de Catalino, torturaron a su hermano Miguel Guilfredo y a su hija Graciela, de 15 años. Después secuestraron a Elba, a Miguel, a Graciela y a los hijos menores: Miguel (8), José Santiago (5) y Rodolfo (3). Elba y sus hijos permanecieron secuestrados en la Guardia de Infantería Reforzada, en la ciudad de Santa Fe. Miguel estuvo en el D2.
María Ceferina Páez y Luis Medina también fueron secuestrados. Sus hijas, Ramona Beatriz (14 años) y María Susana (12), quedaron abandonadas, cuidando a sus hermanos pequeños: Mario (11 años), Ramón (8) y Miguel Santiago (6).
Tanto en los allanamientos de Esteban Rams como de Esperanza y de Lima, la patota destrozó todo lo que había en el lugar. Las niñas y los niños no solo quedaron despojados del cuidado de sus padres, sino también sin medios para subsistir. Los hermanos mayores, como Mónica Páez, Ramón Páez y Susana Medina, debieron trabajar para obtener dinero y alimentar a sus hermanos.
Durante su testimonio ante el tribunal, Carlos Páez expresó: “No teníamos otra persona porque estábamos solos a cargo de mi hermana de 12 años. Yo valoro mucho todo el esfuerzo de mi hermana, porque con esa edad se hizo cargo de todo. No nos soltó la mano, nos cuidó como una madre”.
María Susana, que tuvo que empezar a trabajar de niñera, recordó que iba a la Comisaría de Esperanza a preguntar por su mamá. En esos días, a su hermano Mario lo operaron de apendicitis. También en esos días, observaba que personas de civil merodeaban la casa. Sobre todo de noche. Era la gente que se había llevado a su madre. Cuando los veía, les preguntaba adónde la habían llevado. Un día esos mismos hombres la subieron a un Falcon y la llevaron a Santa Fe. La mantuvieron en un departamento y luego la llevaron por distintas comisarías. No reconoció a quienes la secuestraron. Cuatro días después, la dejaron en una garita de colectivos para que vuelva a Esperanza.
Su prima Mónica también fue a la Comisaría de Lima a preguntar por sus padres. Pero le respondieron que lo más probable era que estuvieran muertos.
Graciela, de 15 años, estuvo secuestrada en el circuito represivo de Santa Fe. En un momento empezaron a preguntarle sobre su tío Catalino, si conocía más gente. Escuchó que sonaba una máquina de escribir y un apodo: “doctor”. En ningún momento le sacaron la venda que le habían puesto, pero percibió que el “doctor” era el que escribía en la máquina. Después le levantaron un poquito la venda y le hicieron firmar unos papeles que no le permitieron leer.
El abandono, una forma de crueldad
La abogada Martha Andrada, testigo de concepto propuesta por la querella, explicó que, según el marco normativo vigente en la década del 80, “cualquier funcionario o persona que tuviera conocimiento de un estado de abandono o de estar en peligro de abandono material o moral tenía que dar aviso, era su deber y más siendo funcionario público, porque sino el mismo funcionario estaba colocando al niño en abandono material o moral o en peligro material o moral”.
La abogada Nelly Minyersky también fue testigo de concepto durante el juicio: “El abandono que hizo esta gente tiene la característica de la crueldad, de que era un plan: robaban niños, robaban cosas, destrozaban. Nunca hubo un soldado les llevó un litro de leche, eso no aparece en las declaraciones”.
La palabra “crueldad” reaparece en el testimonio de la docente de historia Nora Pulido, que también testificó en la causa. Recordó el concepto de “crueldad” vertido por el psicoanalista Fernando Ulloa durante el Juicio a las Juntas Militares en 1985. “(Ulloa) nos dice que la maldad es algo operativo, es para conseguir un fin. El concepto de crueldad lleva a las personas que cometen los hechos ante niños indefensos, a tener un goce extra en esos hechos de maldad que hace”. Y reforzó, también citando a Ulloa, que los niños quedaron a la intemperie. “Esto no fue un descuido, fue intencional”, acotó.
Al concluir su testimonio, Ceferino Páez dijo: “Mi papá siempre creyó que el tiempo y la democracia iban a poner las cosas en su lugar y creo que es lo que está pasando ahora. Nosotros consideramos que el sentido común y la Justicia nos van a devolver la dignidad y la paz que estos delincuentes nos robaron”.
El diario ar
