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Vaca Muerta sigue atrayendo el interés local y mundial. El 18 de octubre llegará a la Argentina una treintena de empresas de Texas para participar de un evento vinculado al desarrollo de la joya energética argentina.

La misión se desarrollará del 18 al 24 de octubre, en busca de asociaciones y negocios. Vendrá de la mano de la Cámara de Comercio Argentino-Texana (ATCC, según su sigla en inglés) y del Atlantic Council, que apunta al alineamiento geopolítico con Estados Unidos, explicó Ariel Bosio, fundador y actual vicepresidente de la ATCC.

El Atlantic Council es el think tank norteamericano que en septiembre de 2025 distinguió al presidente argentino, Javier Milei, como “Ciudadano Global”, reconocimiento que le entregó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

“Desde la ATCC estamos convencidos de que Vaca Muerta es un motor fundamental para la seguridad energética regional y global. Nuestra prioridad es seguir siendo el puente que articule estas inversiones clave para potenciar la infraestructura, el desarrollo tecnológico y la cadena de valor, consolidando el vínculo estratégico entre Texas y Argentina”, dijo por su parte Gabriela Aguilar, presidenta de la ATCC, cuya misión, del 18 al 24 de octubre, excederá la agenda del Patagonia Oil & Gas 2026, que tendrá lugar en Neuquén del 19 al 22 del mes.

Tres frentes de negocios

La misión tendrá un hito central el martes 20, día del Energy Trade Mission Summit, en el Centro de Convenciones Domuyo: habrá paneles sobre el lugar de la Argentina en el escenario energético global, con la participación de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Ana Simonato, country manager de Chevron.

También se abordarán los desafíos del financiamiento y la operación de cadenas de valor. Participarán ejecutivos de Citibank, Pickering Energy Partners, PAE, SLB, DLS Archer, H&P y Precision Drilling, entre otras compañías.

El 21 habrá, además, un Innovation Day en el Polo Científico-Tecnológico de Neuquén, en el que se exhibirán soluciones de innovación energética y escalabilidad tecnológica y habrá ruedas de negocios entre empresas locales y de Estados Unidos para evaluar oportunidades de financiamiento, integraciones en la cadena de suministro y joint-ventures.

Más de 150 empresas de la Argentina y del exterior participarán de esa ronda.

En materia petrolera Texas es hoy una suerte de paralelo neuquino, pues alberga la mayor parte de la “Cuenca Permian”, la principal formación de gas y petróleo “no convencional” norteamericana, un área de casi 500 kilómetros de largo y 400 de ancho que se extiende del oeste de Texas al este de New Mexico que ropulsó junto a otras, como “Eagle Ford” y “Bakken”, la “revolución del shale” de Estados Unidos y cambió la geopolítica mundial.

— ¿A priori, dónde ve las principales oportunidades de negocios o asociación?, le preguntó Infobae a Bosio, ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Rosario y Máster en Energía de la Universidad de Oklahoma, cuna petrolera del país del norte, quien trabajó en YPF y en Occidental Petroleum, Estados Unidos, donde reside desde hace casi 20 años.

— La delegación tendrá más de 50 personas que representan a las principales instituciones de Estados Unidos, como el Energy Workforce and Technology Council, que agrupa a todas las compañías de servicios, y la International Association of Drilling Contractors, que reúne a firmas de perforación y completación de pozos. También estará el Atlantic Council, un think tank de Washington cuya principal misión es el alineamiento geopolítico con Estados Unidos.

Divido a las compañías que vienen en dos grupos: de un lado las que se dedican al banking y al private equity, que buscan ampliar el financiamiento en Vaca Muerta a todo nivel, para grandes proyectos y también para pyme; y del otro empresas de tres sectores: operadoras, de servicios y otras que buscan oportunidades en el midstream.

— Esa sería la oferta. ¿Qué demandas o necesidades locales perciben para el desarrollo de Vaca Muerta?

— Hay tres necesidades muy importantes. Una es el financiamiento, con un primer nivel para proyectos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por más de USD 100.000 millones en los próximos cinco o seis años. El siguiente nivel es toda la cadena de valor para acompañar ese crecimiento, y también tiene que haber financiamiento para proyectos anexos a los operadores vinculados a la exportación de gas natural licuado (GNL) en los próximos años.

La segunda cuestión es el midstream: se están desarrollando los grandes proyectos troncales, como el VMOS y otros oleoductos y gasoductos, pero también hay que lograr que la producción de distintos yacimientos llegue hasta los ductos troncales. Ahí hay una gran oportunidad.

La tercera es la provisión de materiales y servicios. En Vaca Muerta es fundamental seguir bajando los costos y aumentando la productividad. Toda innovación tecnológica es clave. YPF y otras compañías ya tienen el compromiso de aumentar los equipos de perforación y completación un 50%; eso requiere una cadena de valor asociada y capacitada. Son las tres grandes oportunidades. Un poco más a largo plazo hay un cuarto tema: el desarrollo asociado al downstream, como los líquidos de gas.

Lecciones de Permian para Vaca Muerta

— ¿Qué lecciones básicas deja Permian para Vaca Muerta?

— Para ponerlo en contexto, Permian tiene 10 veces el tamaño de Vaca Muerta y el shale de Estados Unidos es 20 veces Vaca Muerta. Todo lo que pasó en Permian lo puede aplicar la Argentina, que está en modo de ejecución y tuvo una curva de aprendizaje muy rápida. Ahí las sinergias son del 100%. Lo que le está pasando a Permian ahora son los desafíos que enfrentará Argentina en cinco o seis años, cuando toda la capacidad para producir petróleo y gas termine de construirse y empiecen a verse otros desafíos.

— ¿Por ejemplo?

— La saturación de la capacidad energética. En Estados Unidos hoy hay una demanda creciente de energía, por el aumento del PBI y el fenómeno de los centros de datos, que en los próximos años generarán una demanda adicional del 30 al 40% de energía a nivel global. Estados Unidos es el país número uno en centros de datos y hoy se advierte que el modelo actual de conectarse a la red está llegando a un límite y compromete la capacidad eléctrica para la industria y la demanda residencial.

Eso también será una oportunidad para Vaca Muerta. La legislación en Texas apunta a que los centros de datos deben proveerse de su propia energía fuera de la red. Es una oportunidad de negocios complementaria para las operadoras de gas y petróleo.

En Permian ahora hay un tema de monetización: con tanto gas asociado a la producción de petróleo, muchas veces el gas tiene precio negativo. Eso también pasará en Vaca Muerta, tarde o temprano. Las compañías analizan cómo monetizar ese gas a mejores precios. Negocios como el gas to power para centrales eléctricas y el gas to bit para centros de datos, además de seguir ampliando la infraestructura de GNL para exportar.

Innovación, productividad y competencia global

— En Permian hubo pioneros como Scott Sheffield, fundador de Pioneer. También George Mitchell, que desarrolló el fracking. ¿Ve en la Argentina pioneros que empujen el desarrollo de Vaca Muerta?

— Todos los días. Los CEO de las petroleras de la Argentina son un ejemplo: el nivel de innovación y aumento de productividad que ha habido en Vaca Muerta en los últimos cuatro años es notable. Hoy produce el 70% del petróleo y gas de la Argentina y bate récords mes a mes.

El ritmo de reducción del costo de break-even es un signo muy bueno de innovación, impulsado por los CEO de las compañías junto con la cadena de valor y el marco legislativo y regulatorio. El desafío de Vaca Muerta es competir a nivel mundial y, para eso, la innovación debe ser permanente y profundizarse.

Parte de esa profundización consiste en incorporarse a la cadena de valor internacional y capitalizar todo al máximo. El CEO de Chevron (Mike Wirth, quien subrayó que Vaca Muerta necesita inversiones masivas en infraestructura para “monetizar” todo su potencial), dijo hace unos meses que hoy Vaca Muerta no es un activo marginal en su cartera de tecnología y conocimiento, sino que Chevron incorpora prácticas de Vaca Muerta en Estados Unidos. Empresas del exterior vienen a la Argentina para complementar y buscar alianzas con la red local, con el objetivo de tener un soft landing en el país. Ese éxito comercial no lo pueden lograr si actúan solas.

El histórico traslado de los presos alojados en la cárcel de Villa Devoto continúa este lunes por la mañana con un amplio operativo de seguridad que involucra a fuerzas federales, efectivos de la Ciudad y personal de la provincia de Buenos Aires. Después de que 326 internos fueran llevados a la nueva unidad penitenciaria de Marcos Paz, las autoridades preparan una segunda tanda de movimientos para avanzar con el desalojo del establecimiento.

El operativo comenzó con un importante despliegue policial en los alrededores del penal, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. Desde las primeras horas de la mañana se observaron móviles de la Policía Federal Argentina, motocicletas que abren paso al convoy, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería Nacional, personal de la sección de perros y unidades de Bomberos.

El tránsito permanece cortado en las inmediaciones de la cárcel y hay vallados que se abren para permitir la salida de los vehículos que trasladan a los detenidos. La logística contempla un esquema de custodia reforzada durante todo el recorrido, con vehículos de las fuerzas de seguridad que acompañan a los camiones del Servicio Penitenciario Federal.

De acuerdo con la cobertura del operativo durante la mañana de este lunes, las autoridades manejaban la posibilidad de trasladar entre 150 y 300 internos en esta nueva etapa. La cantidad definitiva de presos que integrarán cada tanda dependerá de la organización del procedimiento y de las condiciones de seguridad previstas para cada movimiento.

Cómo es el operativo para trasladar a los presos de Devoto

Para coordinar el desplazamiento de los aproximadamente 1.500 internos alojados en Villa Devoto se creó un Comando Unificado, integrado por representantes de las fuerzas federales, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

El organismo tiene a su cargo planificar, coordinar y ejecutar el traslado de manera gradual y progresiva. Uno de los aspectos centrales del procedimiento es que cada movimiento se organiza teniendo en cuenta el perfil criminológico de los detenidos y la evaluación de los riesgos asociados a su traslado.

Los camiones del Servicio Penitenciario Federal circulan dentro de un dispositivo de seguridad conocido como cápsula. Las unidades policiales se ubican por delante y por detrás del convoy, mientras que los efectivos en motocicleta abren camino y ordenan el tránsito en los cruces.

El recorrido entre Villa Devoto y el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz comprende varias decenas de kilómetros. La distancia entre una cárcel y la otra es de aproximadamente 55 kilómetros y un tiempo de viaje que puede superar la hora, según las condiciones del trayecto.

Por ese motivo, el operativo requiere una coordinación permanente entre los distintos cuerpos de seguridad, además de la preparación de los accesos y de los puntos de circulación. La intención es evitar interrupciones durante el desplazamiento y reducir los riesgos tanto para los detenidos como para el personal que participa del procedimiento.

La nueva cárcel de Marcos Paz: capacidad para 2.232 presos

El destino de los internos es el nuevo complejo penitenciario construido en un predio de 80 hectáreas en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. La obra fue impulsada y financiada por el Gobierno de la Ciudad, que posteriormente entregó las instalaciones al Ministerio de Seguridad de la Nación para su puesta en funcionamiento.

El establecimiento cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad y tiene capacidad para recibir a 2.232 detenidos. De acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno porteño, se trata de un complejo diseñado para ampliar la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario federal y permitir el cierre definitivo de la cárcel de Villa Devoto.

La construcción había quedado paralizada durante cinco años. El proyecto comenzó en 2018, pero las obras se interrumpieron en 2020. Recién en diciembre de 2024, durante la gestión de Jorge Macri, se decidió reactivar los trabajos para completar el establecimiento.

La puesta en marcha del complejo permite avanzar con el traslado de los presos que permanecían en Devoto, una cárcel cuya ubicación en medio de una zona residencial generó durante décadas reclamos de los vecinos por razones de seguridad, convivencia y uso del espacio urbano.

El cierre del penal es uno de los compromisos que el jefe de Gobierno porteño asumió con los habitantes del barrio. Con el traslado ya en marcha, la administración de la Ciudad busca concretar una medida que se postergó durante años.

Jorge Macri destacó el acuerdo con el Gobierno nacional

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó el inicio del operativo y destacó la coordinación con las autoridades nacionales.

“Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto. Gran trabajo en equipo con el presidente Javier Milei, Karina Milei, la ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia”, expresó.

El procedimiento se lleva adelante a partir de un acuerdo entre la Ciudad y la Nación. Aunque el Gobierno porteño estuvo a cargo de la construcción del nuevo establecimiento, los detenidos serán alojados en una unidad del sistema penitenciario federal, bajo la órbita nacional.

La participación de las fuerzas federales responde a esa jurisdicción, mientras que la intervención de los organismos porteños forma parte de la coordinación necesaria para concretar el traslado y reorganizar el alojamiento de los detenidos.

Qué pasará con los presos que todavía están en Devoto

El desalojo se completará en varias jornadas. Según el cronograma informado, el procedimiento se desarrollará de manera progresiva y con pausas previstas en función de la organización general y de las actividades programadas en el establecimiento.

Una vez finalizado el traslado de los presos de Devoto, el plan contempla llevar a Marcos Paz a otros 350 detenidos que actualmente permanecen alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, pero que se encuentran a disposición del Poder Judicial de la Nación.

La medida busca descomprimir esos espacios de detención transitoria, que no fueron diseñados para alojar durante períodos prolongados a personas privadas de la libertad. La falta de plazas penitenciarias había generado dificultades para distribuir a los detenidos y mantenerlos en condiciones adecuadas de alojamiento.

Las 17 acciones que se llevarán adelante durante el traslado de presos

El Gobierno detalló las 17 medidas implementadas para organizar y ejecutar el traslado de los internos, desde la coordinación de las fuerzas de seguridad hasta la atención médica, la identificación de los presos y la comunicación con sus familiares.

1. Comando Unificado Federal: se conformó un equipo integrado por las cinco Fuerzas Federales para coordinar recursos, unificar criterios y garantizar la seguridad.

2. Reuniones con los internos: desde agosto se realizaron encuentros para explicar el procedimiento y las medidas de seguridad.

3. Información sobre visitas: se informó a familiares y allegados sobre los cronogramas, la compensación de días y horas y los trámites vinculados al nuevo penal.

4. Evaluación médica: se organizó un sistema de triaje para identificar las necesidades sanitarias de los internos mediante pulseras de colores.

5. Identificación y trazabilidad: se implementaron pulseras con códigos QR para registrar la salida de Devoto y la llegada a Marcos Paz.

6. Información por WhatsApp: se preparó un sistema automatizado de consultas sobre visitas, accesible mediante códigos QR, con información sobre posibles compensaciones.

7. Traslado de pertenencias: se confeccionaron 3.000 bolsones para transportar los efectos personales de los presos.

8. Control de pertenencias: se establecieron precintos de seguridad numerados y actas individuales para identificar y rastrear cada bulto.

9. Atención de emergencias médicas: se acondicionó un consultorio como shock room para estabilizar y atender inicialmente a pacientes en situaciones de emergencia.

10. Seguimiento de los móviles: se instalaron GPS en los vehículos para monitorear los recorridos desde un centro de control operacional.

11. Comunicación telefónica: se habilitaron 224 teléfonos públicos en el nuevo complejo penitenciario.

12. Conectividad: se verificaron servidores, equipos de red, tableros y accesorios necesarios para el funcionamiento de los sistemas.

13. Comunicaciones operativas: se distribuyeron y asignaron equipos de radio P25 al personal que participa del operativo.

14. Información para visitantes: se prepararon 44 carteles, cuatro banners y 2.000 folletos sobre el traslado y el funcionamiento del establecimiento.

15. Prueba integral de funcionamiento: se probaron las instalaciones, los servicios y los sistemas del complejo con la participación de 1.080 personas, entre cadetes, cursantes y funcionarios penitenciarios.

16. Coordinación judicial: se mantuvieron reuniones con organismos del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, cámaras y juzgados competentes.

17. Articulación con la Iglesia Católica: se realizaron reuniones con representantes de la Iglesia para coordinar las acciones vinculadas al proceso.

La Justicia Federal ordenó a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) recuperar los días y las horas de clase perdidos durante los paros docentes en tres colegios secundarios que dependen de esa casa de estudios. El fallo hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por un grupo de padres de alumnos y estableció un plazo de cinco días para que las autoridades universitarias comuniquen un plan destinado a garantizar la finalización del ciclo lectivo 2026.

La decisión fue adoptada el viernes 9 de octubre por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal N.º 1 de San Juan, en el expediente FMZ 39628/2026, caratulado “Fornes Martín, Francisco Daniel y otros c/ Universidad Nacional de San Juan s/ amparo Ley 16.986”.

La resolución se conoció mientras las autoridades universitarias, los gremios docentes y las organizaciones estudiantiles preparaban una nueva Marcha Federal Universitaria para el jueves frente al Congreso de la Nación. La convocatoria tiene como principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes y trabajadores, y el presupuesto destinado al funcionamiento de las universidades públicas.

El pronunciamiento judicial incorporó otro aspecto del conflicto educativo: la continuidad de las clases en los establecimientos secundarios que dependen de universidades nacionales y la recuperación de los contenidos afectados por las medidas de fuerza.

Las familias denunciaron 41 jornadas sin clases

El caso comenzó con una presentación de familias de alumnos de la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín” y el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”. Los tres establecimientos integran el sistema de institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan.

Los padres promovieron una acción de amparo colectivo para solicitar que las autoridades garantizaran el calendario escolar, los días mínimos de clase y el dictado de los contenidos correspondientes al año en curso.

Según el relevamiento realizado por las familias, los establecimientos habían acumulado 41 jornadas sin clases por medidas de fuerza docentes. Esa cifra fue uno de los antecedentes utilizados para fundamentar la presentación judicial. El registro elaborado por los padres reunió información sobre las interrupciones de actividades durante 2026.

La organización de las familias comenzó durante el ciclo lectivo y derivó en la presentación del amparo el 24 de septiembre. De acuerdo con la información difundida en San Juan, el grupo reunió a más de 600 familias vinculadas a los establecimientos, impulsó una colecta para afrontar los gastos del proceso y obtuvo adhesiones al reclamo.

El expediente llegó al Juzgado Federal N.º 1, que examinó la documentación presentada y las obligaciones legales vinculadas con la educación secundaria.

En sus fundamentos, el magistrado sostuvo que los elementos incorporados al expediente permitían considerar acreditadas, con el grado de verosimilitud exigido para una cautelar, las reiteradas interrupciones en el dictado de clases de los tres establecimientos durante 2026.

El juez también señaló que las familias habían realizado presentaciones ante el Rectorado para solicitar medidas que garantizaran la continuidad educativa y que, al momento de resolver, el expediente carecía de constancias sobre un programa de recuperación de las actividades afectadas.

La resolución estableció una obligación concreta para la Universidad Nacional de San Juan: adoptar medidas académicas, administrativas y organizativas que garanticen la conclusión del ciclo lectivo, la recuperación de las jornadas y horas afectadas y el dictado de los contenidos curriculares obligatorios.

La orden judicial alcanza al Rectorado, a la Secretaría Académica y a las autoridades de los tres colegios preuniversitarios. También dispone que la universidad comunique a la comunidad educativa un Plan Extraordinario de Continuidad y Recuperación Pedagógica dentro del plazo de cinco días establecido en la resolución.

El fallo hizo referencia a la Ley 25.864, que establece un mínimo de 180 días efectivos de clase para los establecimientos educativos comprendidos en su alcance. Esa legislación contempla mecanismos de compensación cuando se producen interrupciones que afectan el cumplimiento del calendario escolar.

También mencionó la resolución del Consejo Federal de Educación que fijó un piso de 190 días y la normativa interna de la Universidad Nacional de San Juan, que establece 33 semanas de actividades escolares para sus institutos preuniversitarios.

El magistrado examinó esas disposiciones junto con los derechos constitucionales involucrados en el conflicto: el acceso a la educación de los estudiantes y el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores docentes.

Uno de los fundamentos centrales de la resolución estableció: “Ambos derechos -educación y huelga- deben ser armonizados de manera que ninguno importe la anulación del otro”.

En ese sentido, Rago Gallo sostuvo que corresponde preservar las medidas gremiales legalmente previstas y, al mismo tiempo, exigir a las autoridades educativas que garanticen la continuidad pedagógica, recuperen las jornadas afectadas y aseguren el desarrollo de los contenidos obligatorios.

El juez dejó pendiente la prestación educativa mínima durante los paros

El fallo también abordó la autonomía de las universidades nacionales, reconocida por el ordenamiento jurídico argentino.

“La autonomía académica e institucional de la Universidad le permite seleccionar los medios pedagógicos y organizativos que estime adecuados, pero no la exime del cumplimiento de las obligaciones vinculadas con la duración del ciclo lectivo y la compensación de los días de clase perdidos”, expresó el juez.

A partir de esa consideración, la resolución dejó en manos de las autoridades universitarias la definición de los mecanismos académicos y administrativos para recuperar las clases. La intervención judicial se concentró en exigir el cumplimiento de las obligaciones educativas correspondientes al ciclo lectivo.

El magistrado también analizó la situación de los estudiantes ante la proximidad de la finalización del año escolar. Según explicó, la demora en adoptar medidas de recuperación reduce las posibilidades de completar las jornadas y los contenidos pendientes.

El escrito judicial citó el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de enseñar y aprender, y la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la consideración primordial del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

En este punto, la resolución sostuvo que la documentación aportada por los demandantes resultaba suficiente para considerar configurada, de manera preliminar, una afectación del desarrollo del ciclo lectivo.

Los padres también habían solicitado que, durante las medidas de fuerza, la universidad garantizara una prestación educativa mínima del 75%, en los términos de la normativa sobre actividades esenciales invocada en la demanda.

El juez dejó ese pedido pendiente de resolución, al considerar que requiere un debate más profundo, la producción de pruebas y la intervención de las partes. La cautelar concedida se limitó a ordenar la continuidad y la recuperación pedagógica, mientras continúa el trámite del amparo.

La distinción quedó expresamente planteada en el fallo, que hizo lugar parcialmente a la pretensión de las familias y aclaró que la decisión cautelar constituye una respuesta provisoria, previa a la sentencia sobre el fondo del conflicto.

La resolución también estableció las condiciones procesales para la continuidad del trámite y la vigencia de la medida.

Después de conocerse el pronunciamiento, los padres autoconvocados difundieron una comunicación dirigida a las familias de los estudiantes para informar el resultado del amparo. Allí explicaron que la Justicia había aceptado parcialmente su presentación y resumieron las obligaciones impuestas a la universidad.

La organización destacó que el fallo reconoció las interrupciones reiteradas en el dictado de clases y la necesidad de contar con un plan de recuperación. La comunicación también informó sobre el plazo otorgado a las autoridades universitarias para presentar las medidas correspondientes.

El caso se desarrolló en un contexto de medidas de fuerza del sector universitario, vinculadas con los reclamos salariales y presupuestarios que atravesaron a las universidades nacionales durante 2026.

Las organizaciones docentes y las autoridades universitarias mantuvieron sus reclamos por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Gobierno sostuvo su posición sobre las partidas presupuestarias y la política de financiamiento del sistema.

La discusión también llegó a los tribunales y al Congreso de la Nación, donde la cuestión presupuestaria universitaria fue uno de los temas de confrontación entre el oficialismo y la oposición.

En ese escenario, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, junto con el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina, convocó a una nueva movilización para el jueves 15 de octubre, a las 13.30, frente al Congreso.

La convocatoria incluyó el reclamo por la aplicación plena de la legislación de financiamiento, la actualización salarial y los recursos necesarios para el funcionamiento de las casas de estudio, en paralelo con la discusión del Presupuesto 2027.

El fallo de San Juan se conoció seis días antes de esa movilización y quedó circunscripto a la situación de los tres colegios secundarios dependientes de la universidad provincial.

La medida judicial dispuso que las autoridades de esos establecimientos, junto con el Rectorado y la Secretaría Académica, definan cómo recuperar las jornadas y los contenidos afectados durante 2026.

El cumplimiento de esa orden y la continuidad del expediente determinarán los próximos pasos del proceso iniciado por las familias, mientras sigue abierta la discusión nacional sobre el financiamiento de la educación universitaria.

En 2023, las exportaciones argentinas tocaron su piso histórico de participación en el comercio mundial. Solo el 0,29% del total de bienes transados a escala global provinieron del país, el registro más bajo desde que existen datos comparables, al punto de que nunca antes la Argentina había tenido un peso tan marginal en el intercambio internacional. Dos años después, la tendencia se revirtió, y 2026 se perfila como un año récord: las proyecciones apuntan a superar por primera vez en su historia los USD 100.000 millones en exportaciones.

El dato surge de un análisis elaborado por Marcelo Elizondo, presidente del Capítulo Argentino de la International Chamber of Commerce (ICC) y director general de DNI Consultores, quien cruzó series históricas del INDEC, el Banco Mundial y la OMC con proyecciones sectoriales privadas para trazar una trayectoria exportadora que, de cumplirse, redefinirá la inserción comercial del país a escala global. Con la entrada en funcionamiento de nuevos ductos y proyectos mineros, junto con la consolidación de la agroindustria y los servicios de conocimiento como grandes aportantes de divisas, se espera que la Argentina logre exportaciones de hasta USD 180.000 millones para 2035.

La Argentina perdió terreno mientras el resto de la región avanzaba

La participación de la Argentina en el comercio internacional tuvo altos y bajos. Para 1960, el país representaba el 0,81% de las exportaciones mundiales de bienes; a partir de ese momento fue cediendo posiciones de forma casi ininterrumpida. La comparación con el resto de América Latina expone la magnitud del rezago: entre 2000 y 2025, Perú multiplicó el valor nominal de sus exportaciones por 9,25 veces; Brasil, por 6,28; Chile y Costa Rica, por 5,50 y 5,60 respectivamente. La región en su conjunto expandió sus ventas externas 5,92 veces, pasando de USD 349.068 millones a un récord de USD 2.068.261 millones.

En tanto, la Argentina, en ese mismo período, multiplicó sus exportaciones por 2,78 veces, menos de la mitad de la media regional. El estancamiento, según el análisis de Elizondo, no respondió a una falta de dinamismo en los mercados internacionales sino a distorsiones macroeconómicas domésticas que comprimieron la oferta exportable durante décadas: restricciones cambiarias, presión impositiva sobre el agro, falta de infraestructura y ausencia de acuerdos comerciales de escala.

El ratio exportaciones/PBI refleja esa brecha. Mientras Panamá lleva sus ventas externas al 44,4% de su producto, México al 39,6% y Chile al 34,6%, Argentina cerró 2025/26 con apenas el 15,6%, uno de los niveles más bajos de la región, por debajo incluso de Brasil (17,8%) y Colombia (15,0%).

Desde 2024, las exportaciones argentinas crecieron más que el promedio mundial

El cambio de panorama llegó en 2024. Ese año, la participación argentina en el total mundial subió al 0,34% en bienes (desde el 0,29% del piso de 2023), y continuó escalando: al 0,37% en 2025 y se proyecta en 0,39% para el cierre de 2026. Lo relevante no es solo la mejora en puntos porcentuales, sino el hecho de que las exportaciones argentinas están creciendo a un ritmo superior al del comercio internacional global, aun cuando este último se encuentra en niveles récord.

Detrás de la recuperación inicial operaron varios factores simultáneos. La superación de la sequía histórica de 2023 —que había devastado la cosecha agrícola y arrastrado la participación al mínimo absoluto— permitió una fuerte reversión en el agro. Al mismo tiempo, el sector energético comenzó a consolidar saldos exportables crecientes desde Vaca Muerta, y avanzó la puesta en marcha de infraestructura de transporte de hidrocarburos.

Los cuatro motores que sostienen la proyección hasta 2035

El modelo de proyección elaborado por Elizondo para el período 2026-2035 estima que las exportaciones argentinas llegarán a USD 179.945 millones anuales en 2035, partiendo de los USD 105.150 millones previstos para este año. El crecimiento no sería lineal, sino que tendría picos de aceleración vinculados a hitos de infraestructura y maduración de inversiones.

El primer impulso, ya en curso, está traccionado por la agroindustria: grandes cosechas y recuperación del saldo exportable de granos y derivados explican el salto de 2024-2026 (+19,1% proyectado para este año).

El segundo vector es la energía: la puesta en marcha de nuevos oleoductos (el Vaca Muerta Oil Sur, que entrará en funcionamiento a comienzos de 2027 y permitirá exportaciones anuales por USD 15.000 millones) y la expansión de la infraestructura gasífera concentrarán el crecimiento en 2027 (+8,5%).

El tercer motor, proyectado para 2028-2030, es la minería: la maduración de tecnologías de Extracción Directa de Litio (EDL) y la entrada en operación de grandes proyectos de cobre bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) explican la aceleración prevista para 2030 (+9,4%), cuando las ventas externas alcanzarían los USD 142.900 millones.

El cuarto componente es la economía del conocimiento, con una expansión orgánica de servicios profesionales de alto valor que se consolidaría en el tramo 2031-2035. Ya este año las exportaciones del sector alcanzaron un récord: entre junio de 2025 e igual mes de este año, los sectores “SBC” exportaron por valor USD 10.493 millones, con un crecimiento del 10,2 por ciento.

De concretarse ese sendero, la participación argentina en el total mundial llegaría al 0,55% hacia 2035, un nivel que no se alcanzaba desde la década de 1970, aunque aún lejos del 0,81% que el país exhibía en 1960.