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La orden judicial que frenó la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió, apenas horas después de conocerse, un cruce directo entre la Casa Rosada y la administración de Axel Kicillof.

La ofensiva la encabezó Patricia Bullrich, senadora y ex ministra de Seguridad e impulsora de la ley, quien escribió en sus redes sociales que en la Provincia “tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.

El reproche no quedó ahí. Bullrich sumó un segundo mensaje en el que apuntó contra el sistema judicial provincial: “Tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, sostuvo.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se sumó horas después con un planteo similar: “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”. El mensaje contó con el respaldo explícito del presidente Javier Milei.

El diputado nacional Luis Petri fue por el mismo camino, aunque con un dato adicional: cuestionó a la jueza que firmó la medida por su supuesta afiliación política. “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, escribió, y agregó que “aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla”. El dirigente Sebastián Pareja, por su parte, calificó la resolución como “profundamente antidemocrática” y remarcó que la norma “no fue una decisión unilateral del Ejecutivo nacional”, sino el resultado de un proceso legislativo que atravesó todas las instancias del Congreso.

El ministro de Seguridad bonaerense respondió a Santilli

La respuesta desde La Plata no tardó en llegar. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, contestó de manera directa al planteo de Santilli y le pidió que se concentre en “hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”.

Alonso introdujo un cuestionamiento de fondo sobre la aplicación de la reforma: “¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?”, preguntó.

El funcionario provincial fue más allá y calificó la reforma impulsada por Nación como “apenas una modificación en los papeles” y “un eslogan de campaña” ante la falta de recursos e inversión para su implementación.

Además, cuestionó por qué Santilli le reclamaba al Poder Ejecutivo una decisión que, según remarcó, corresponde al Poder Judicial: “¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos”, cerró en su publicación.

Los fundamentos del fallo judicial

La medida que encendió la polémica fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, apenas 48 horas después de que la Ley N° 27.801 entrara en vigencia. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de los adolescentes privados de su libertad, lo que derivó en la paralización temporal de la norma en todo el territorio bonaerense por 60 días.

El eje de la resolución no giró en torno a la constitucionalidad de la ley, sino a la falta de infraestructura y recursos materiales del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarían al sistema penal. La nueva legislación reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que habilita el procesamiento judicial de adolescentes de esa franja etaria por los delitos contemplados en el Código Penal. Pascual argumentó que esta modificación generará un aumento considerable en la cantidad de menores detenidos, tanto por el flujo de nuevos ingresos como por la mayor permanencia dentro del sistema de encierro, y puso en duda si la provincia cuenta con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para albergar a esa población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez.

En declaraciones a Now 97.9 tras la firma del fallo, la jueza defendió su postura y aclaró que no está en desacuerdo con la baja de la edad de imputabilidad. “No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, planteó. Ante las críticas de Bullrich, respondió de manera puntual: “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente”.

A diferencia de otros funcionarios nacionales, el Ministerio de Capital Humano no se refirió de manera directa contra la medida judicial. Sin embargo, compartió un posteo que retuiteó el propio Milei, en el que se señalaba que la Ley N° 27.801 establece que, desde los 14 años, los adolescentes pueden responder penalmente por los delitos que cometan, y que amenazar a una escuela, portar armas, planificar ataques, vender o distribuir sustancias ilegales o difundir imágenes íntimas son conductas tipificadas como delito.

Qué establece la reglamentación nacional

Un día antes del fallo, el Gobierno nacional había reglamentado la Ley N° 27.801 mediante el Decreto 875/2026, firmado por Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el propio Santilli. La reglamentación designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación, con la responsabilidad de coordinar el sistema, dictar normas complementarias y celebrar convenios con provincias, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

El nuevo esquema prohíbe las condenas a prisión perpetua para menores de edad y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, que deberá cumplirse exclusivamente en centros especializados y sin contacto con adultos. Incorpora también penas alternativas como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y el uso de tobilleras electrónicas. Para el seguimiento individual de cada joven, el decreto creó la figura del “supervisor especializado”, un profesional con formación en psicología, trabajo social, pedagogía o áreas afines, y dispuso un registro transitorio de habilitados con un plazo máximo de 180 días para realizar la primera convocatoria pública definitiva.

Cuál es el plazo para resolver la implementación

La jueza Pascual planteó un objetivo concreto para el período de suspensión: que en esos 60 días los poderes del Estado se pongan de acuerdo sobre quién será el supervisor de cada joven, con qué recursos contarán los centros de detención y cómo se implementarán las medidas alternativas que la propia ley contempla. “Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo y no que, si no pasa nada, sea solo encerrarlo, o que haya provincias donde están haciendo una pared y mandándolos a la cárcel común”, advirtió la magistrada.

La resolución judicial ordenó, además, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires que adopten de manera inmediata las medidas necesarias para operativizar la suspensión. Pascual convocó a una audiencia en la sede del tribunal para el 16 de septiembre, en la que las autoridades del Poder Ejecutivo provincial vinculadas a la temática deberán detallar qué acciones implementaron, cuáles tienen proyectadas y en qué plazos prevén ejecutarlas para adecuar el sistema a las exigencias de la nueva normativa.

La primera licitación de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para fondear el otorgamiento de créditos hipotecarios contó con la participación de 18 entidades financieras. Entre ellas, no estuvo el Banco de la Provincia de Buenos Aires y no por decisión propia. Un tecnicismo del Banco Central excluyó a la entidad bonaerense de la licitación, en una decisión que fuentes del sector financiero consideraron más política que técnica.

El viernes pasado, el BCRA elaboró las reglas de la colocación que se llevó a cabo este lunes. Allí se estableció cuáles eran las “entidades elegibles”, es decir, los bancos que podían participar de la subasta para quedarse con los plazos fijos de la Anses.

Según el último párrafo de ese capítulo de la norma, para poder participar los bancos “no deberán encontrarse sujetas a un plan de regularización y saneamiento en los términos del artículo 34 de la Ley 21.526, ni adeudar los cargos previstos en el artículo 35 de dicha ley, ni estar sujetas a sanciones firmes que impliquen una restricción operativa vigente”.

El único banco del sistema financiero que tiene un plan de regularización de saneamiento es el Banco Provincia. Fuentes del sistema financiero explicaron a Infobae que desde hace por lo menos dos años la entidad bonaerense solicitó al Central cerrar ese plan de regularización por haberse cumplido todos los requisitos solicitados a ese fin. Pero el levantamiento del esquema nunca se concretó. En ese escenario, ven en la inclusión de esa cláusula motivaciones políticas ya que no encuentran argumentaciones técnicas para que el Provincia no participe.

El Ministerio de Economía presentó el mecanismo de fondear a los bancos con dinero de la Anses con el objetivo de reactivar el crédito y la actividad económica. “Si el plan era ese, ¿qué sentido tiene dejar afuera a uno de los bancos más importantes del sistema?“, se preguntaron las fuentes.

Pocos días atrás, el Banco Provincia había lanzado una línea de créditos hipotecarios ajustados por UVA destinados a la construcción de viviendas. Se trata de la primera vez, desde que se reiniciaron en 2024, que la entidad bonaerense ofrece préstamos ajustados por inflación. Hasta ahora, era el único banco relevante del mercado que evitaba el sistema UVA, originado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Ese relanzamiento de su oferta de créditos hipotecarios era lo que generaba especial interés en el Provincia de participar en la licitación de los fondos de la Anses.

La primera licitación con fondos del FGS de la Anses se realizó por 200.000 millones de pesos. El Banco Central, que actuó como “colaborador técnico y operativo” de la Anses, recibió 42 ofertas de 18 bancos, por un total de 258.640 millones de pesos. De ese conjunto, 13 entidades resultaron adjudicatarias. El monto asignado representó cerca del 77% de las propuestas recibidas.

La primera licitación se estructuró en dos segmentos. El tramo de un año captó $35.570,7 millones, con una tasa equivalente a UVA más un margen promedio ponderado de 2,67 por ciento.

La porción a cinco años absorbió $164.429,3 millones, la mayor parte del total colocado. Para ese plazo, se estableció una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 4,94 por ciento. Estos fondos se destinarán a la financiación de créditos hipotecarios para vivienda.

La iniciativa anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla licitaciones por $200.000 millones hasta alcanzar un total de 2 billones de pesos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad colocará esos fondos en depósitos a plazo de larga duración dentro de los bancos. A cambio, las entidades deberán dirigirlos a préstamos hipotecarios para compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única.

Cada banco tendrá un tope de participación del 20% en cada licitación. La medida apunta a repartir los $200.000 millones de esta primera instancia entre distintas entidades. Tras la constitución de los depósitos, los bancos contarán con 90 días corridos para desembolsar nuevos créditos. En este caso, el límite vence el 1° de diciembre.

El gobierno de Javier Milei anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación se basa en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona.

Según pudo saber Infobae, la demanda se realizará en la Cámara Federal porteña y estará a cargo del canciller, Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La acción alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

El texto oficial sostiene que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion. Para la Casa Rosada, esas autorizaciones implicarían una vulneración de la normativa argentina sobre los recursos naturales situados en torno a las islas Malvinas.

La acusación no se limitará a las sociedades mencionadas. El Gobierno indicó que incluirá a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos bajo investigación.

La Ley 26.659 establece sanciones para quienes realicen exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la autorización de las autoridades nacionales.

La Oficina del Presidente afirmó que la medida busca “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina” sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El Gobierno también señaló que continuará con las acciones que considere necesarias ante posibles actividades que afecten los derechos soberanos argentinos sobre esos territorios y sus recursos.

El anuncio sobre la denuncia estuvo acompañado por una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos vinculados con la seguridad nacional.

La iniciativa presupuestaria deberá llegar al Congreso el próximo 15 de septiembre. De acuerdo con el comunicado, la decisión apunta a “asegurar la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina”.

El viernes pasado, el Gobierno había anunciado que la Cancillería abrirá procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas, entre las que se encuentran las que serán denunciadas penalmente, por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en una decisión que busca frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer la respuesta argentina frente a operaciones que considera ilegítimas en un territorio bajo disputa de soberanía.

Desde la administración libertaria indicaron que el procedimiento alcanzará “no sólo” a empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, sino también a sus accionistas y a firmas que les prestaron servicios. La misma dependencia sostuvo: “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”.

La decisión oficial parte de la presunta violación del artículo 2° de la Ley 26.659, que prohíbe actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización de la autoridad argentina competente. La administración nacional informó que investigará cada caso y que aplicará sanciones si comprueba el incumplimiento.

El anuncio se conoció horas después de la cadena nacional en la que Milei ratificó el reclamo argentino sobre las islas y cuestionó de forma directa el avance de Sea Lion, un yacimiento ubicado en la Cuenca Malvinas Norte que, si se concreta según lo previsto, sería el primero en producir crudo en aguas próximas al archipiélago. El emprendimiento es conducido por Navitas Petroleum con el 65% y por Rockhopper Exploration con el 35 por ciento.

El campo fue descubierto en 2010 y se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas, a 450 metros de profundidad en el lecho marino. A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa, un paso que en la industria implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras ya fueron completadas y que el proyecto fue considerado viable.

La Cancillería ya había rechazado en diciembre de 2025 esa decisión de inversión y había calificado a ambas firmas como licenciatarias ilegítimas por operar sin permisos nacionales. También sostuvo que toda exploración o explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa contradice las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Gobierno sigue con los avances en la construcción de la Base Naval Integrada que estará en Ushuaia y anunció que se priorizarán los fondos en el Presupuesto 2027 a fin de comenzar a desarrollar el proyecto. El presidente Javier Milei anunció la semana pasada que avanzará con la iniciativa en medio de la tensión por la soberanía de las Islas Malvinas.

En un nuevo comunicado de la Oficina del Presidente, se anunció que denunciará a cinco empresas que buscan extraer petróleo en el archipiélago disputado entre la Argentina y el Reino Unido. En esa línea, informaron de una instrucción para el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para que en la presentación del Proyecto de Presupuesto Nacional para el año que viene se tenga como prioridad los fondos para iniciar con el proyecto.

“El Presidente de la Nación firmó en el día de la fecha una instrucción presidencial dirigida al señor Ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, a fin de que se priorice, en la confección del Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2027, que deberá ser remitido al Honorable Congreso de la Nación el próximo 15 de septiembre, el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos que aseguren la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina”, señaló el comunicado.

Y añadieron: “Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”.

Así, instrucción presupuestaria firmada por Milei coloca a la Base Naval Integrada de Ushuaia en el centro de la estrategia de defensa del Gobierno. Concebido hace más de una década, el complejo tiene dos objetivos estratégicos que están estrechamente relacionados: aumentar la capacidad de presencia y control argentino en el Atlántico Sur y transformar a Ushuaia en una gran plataforma logística para proyectarse hacia la Antártida.

Ese segundo objetivo adquirió una importancia especial en la definición que hizo el Presidente durante su mensaje por cadena nacional. Milei planteó que el mundo atraviesa una acelerada reconfiguración geopolítica, advirtió que las grandes potencias competirán cada vez más por recursos estratégicos y sostuvo que “la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia”. Inmediatamente después, vinculó esa perspectiva con la necesidad de aumentar la capacidad de proyección argentina sobre el Atlántico Sur.

El Gobierno denuncia penalmente a cinco empresas por operar en Malvinas sin autorización nacional

La acción judicial estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Las firmas involucradas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Según el texto oficial, tres de ellas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en la zona, lo que, para la administración nacional, constituiría una violación de la normativa argentina vigente.

La acusación alcanza también a las personas físicas vinculadas a esas sociedades. El comunicado oficial precisó que la presentación incluirá a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos bajo investigación. La Ley 26.659 es el instrumento jurídico central: esa norma establece sanciones para quienes realicen actividades de exploración o explotación en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales competentes.

La denuncia penal se enmarca en una medida más amplia que el Gobierno había anunciado días antes. El viernes previo, la Cancillería informó que abriría procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.

Esa decisión busca frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer la respuesta argentina frente a operaciones consideradas ilegítimas en un territorio bajo disputa de soberanía. La administración libertaria indicó que el procedimiento no se limitará a las empresas con actividad directa en la zona, sino que también alcanzará a sus accionistas y a firmas que les prestaron servicios.

Las acciones y los bonos argentinos estuvieron negociados este lunes con una ligera tendencia negativa, en un marco de escasa liquidez en las operaciones por la falta de referencia de los índices de Wall Street.

Por el feriado del Día del Trabajo que se conmemoró en los Estados Unidos, este lunes no hubo negocios en los mercados de Nueva York. Incluso el viernes pasado ya se había observado en la Bolsa porteña que se adelantaron operaciones, pues se esperaba para hoy un recorte de los montos en juego.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió un 0,5% en pesos, a 3.034.599 puntos. Entre las acciones destacaron las bajas de IRSA (-2,3%) y Banco Macro (-2,1%). YPF subió un 0,2%, con el impuso de la suba de 0,8% en el precio del petróleo, en los USD 97 el barril de la variedad Brent del Mar del Norte en los contratos para noviembre, un máximo desde el 24 de julio.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- negociaron con una mínima baja promedio de 0,1%, aunque no se registró una variación en el índice de riesgo país de JP Morgan -en los 490 puntos básicos- debido al receso norteamericano.

Cohen Aliados Financieros reseñó que “el riesgo país perforó los 500 puntos básicos, mientras la baja de las tasas en pesos y la estabilidad cambiaria sostuvieron la mejora de los activos locales. Sin embargo, el menor ritmo de compras del Banco Central, la desaceleración de la liquidación del agro y la cercanía de las elecciones presidenciales mantienen abiertos los principales riesgos”.

“El sólido dato de empleo en EEUU y la escalada del petróleo reavivaron las expectativas de subas de tasas, mientras los rendimientos soberanos alcanzaron máximos de varios años y el fortalecimiento del yen sumó una nueva fuente de riesgo global. Al mismo tiempo, los resultados de Broadcom confirmaron la fortaleza de la inversión en inteligencia artificial, aunque la reacción del mercado mostró que las expectativas ya son muy exigentes”, añadieron desde Cohen.

Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil destacó que “el pico de mora ya quedó atrás y el Tesoro ya no renueva la totalidad de los vencimientos, facilita moderadamente mayor liquidez al sector privado. Además, bajaron las tasas, el riesgo país por debajo de 500, subió el petróleo y la soja (juega) a favor de una economía que pretende resurgir”.

“El mes arrancó con una volatilidad marcada que fue cediendo a medida que el equipo económico recalibró su estrategia. El riesgo soberano, que había mostrado subas abruptas perforó el umbral de los 500 puntos básicos”, reportó GMA Capital Research.

El equipo de Research de Adcap Grupo Financiero puntualizó que “el mercado llega a la semana en un equilibrio más constructivo, pero todavía frágil. La inflación esperada empieza a consolidarse más cerca de 1,7% mensual que de 2%, la caución se estabilizó en torno al 20% y la menor presión cambiaria permitió una mejor performance de las curvas en pesos, especialmente en CER”.

“Sin embargo, la clave será la licitación del viernes: si el Tesoro mantiene un menú corto y evita forzar duration, la curva debería sostener el buen tono reciente. En estrategia, seguimos viendo valor en el TMVE8, cuya cobertura cambiaria sigue luciendo barata: el TMVE8 opera con un margen de 7,1% sobre TAMAR, apenas 0,7 punto porcentual por debajo del TMXJ8, que cotiza a 7,8%”, acotaron desde Adcap.

En la región el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo no operó también por feriado -festejo del Día de la Independencia en Brasil-, mientras que el MSCI Colcap de la Bolsa de Bogotá subió 0,4 por ciento. En la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, el IPSA bajó 0,1% y el S&P/BMV IPC de México cayó 0,2 por ciento.

El BCRA no intervino en el mercado

El feriado en los EEUU le quitó volumen este lunes a la operatoria financiera en Argentina. El monto operado en el segmento de contado cayó a menos de la mitad que lo observado la semana anterior, para totalizar USD 299,4 millones en el segmento de contado.

De hecho, ante un escaso monto de operaciones el BCRA no intervino en el mercado mayorista y, por lo tanto, mantuvo el magro saldo comprador de USD 81 millones acumulado en lo que va de septiembre. Las reservas internacionales brutas de la entidad restaron USD 23 millones, a 50.733 millones de dólares.

El dólar mayorista ganó 3,50 pesos o 0,2%, a $1.511,50, para anotar en el primer tramo de septiembre un alza de tres pesos. En 2026 el tipo de cambio oficial avanza 56,50 pesos o 3,9 por ciento.

“La divisa abrió en el cierre anterior a $1.508, pero de a poco se fue acomodando unos puntos más arriba, en la zona de $1.510. Con bastante menos volumen que lo habitual, producto del feriado en Estados Unidos, hoy se operaron USD 299 millones. Ya hacia el mediodía había subido algunos puntos más hasta $1.512, donde logró estabilizarse para finalmente cerrar a $1.511,50″, resumió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central también amplió el techo para su esquema de bandas cambiarias, ahora en los 1.889,06 pesos. Esto significa que el dólar mayorista conserva un margen de alza de 377,56 pesos o 25% para alcanzar ese umbral de libre flotación.

El dólar al público permaneció sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.529,19 para la venta y $1.477,63 para la compra.

El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.545, para anotar en lo que va de septiembre una baja de diez pesos.

Todos los contratos de dólar futuro negociaron con ligera suba en un rango de 0,1% a 0,3%, con un escaso monto de operaciones en pesos, equivalentes a USD 546,3 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas para fin de mes ganaron un peso, a 1.529 pesos.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, reclamó este lunes que su gobierno reconozca públicamente la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y exigió sanciones contra el Reino Unido mientras persista lo que calificó como una ocupación ilegal del territorio. El funcionario fue más allá e instó directamente al primer ministro Benjamín Netanyahu a tomar partido en una disputa territorial que, hasta ahora, Israel no había abordado de forma oficial.

La declaración de Ben-Gvir llegó en el marco de una escalada de tensión entre Israel y el Reino Unido, luego de que medios británicos adelantaran que el canciller Ed Miliband anunciaría ante el Parlamento un “reinicio” de las relaciones con Israel y un giro hacia posiciones más cercanas a la causa palestina. Ese contexto explica la virulencia del tono adoptado por el funcionario, líder del partido ultraderechista Hogar Judío.

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, escribió Ben-Gvir en sus redes sociales. En el mismo mensaje, denunció que Londres “no se conforma con ocupar el territorio, sino que también realiza allí perforaciones petroleras y le roba el dinero al pueblo argentino”, en alusión directa al avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, que involucra a la británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum.

La mención al petróleo no fue casual. El proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, prevé una inversión de 1.800 millones de dólares en su primera fase, con una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el inicio de extracciones proyectado para 2028. El emprendimiento avanza pese al rechazo expreso de la Cancillería argentina, que lo calificó como una explotación unilateral de recursos en un área bajo disputa de soberanía con el Reino Unido, y pese a que ambas empresas acumulan sanciones administrativas en Argentina por operar sin habilitación nacional.

El llamado de Ben-Gvir a Netanyahu —al que etiquetó directamente en la publicación, junto al presidente argentino Javier Milei— incluyó además la demanda de imponer sanciones económicas a Gran Bretaña mientras la situación no se resuelva. Fue una postura que se sumó a la del ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich, líder del partido Sionismo Religioso, quien ese mismo día pidió la expulsión del embajador británico en Israel, David Quarrey. “¡Expulsemos esta noche al embajador británico!”, publicó Smotrich, al calificar al gobierno de Londres como “antisemita” y señalar que “el Mandato Británico sobre la Tierra de Israel ha terminado”, en referencia al período colonial previo a la proclamación del Estado de Israel en 1948.

La ofensiva verbal de dos de los ministros más influyentes del gabinete israelí se da en un momento en que la causa Malvinas atraviesa una reactivación en la agenda internacional. El 3 de septiembre, el presidente Milei dio una cadena nacional en la que reafirmó el reclamo de soberanía argentina, anunció el envío al Congreso de un paquete legislativo —incluida la creación de un Consejo de Seguridad Nacional—, anticipó sanciones para empresas que exploten recursos en las inmediaciones del archipiélago y confirmó la construcción de una Base Naval Integrada en el Puerto Oriental de Ushuaia. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, sostuvo el mandatario.

El debate se había encendido días antes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió en la Oficina Oval que revisaba “todas las posiciones”, incluida la neutralidad histórica de Washington en la disputa entre Argentina y el Reino Unido. Esa declaración motivó una respuesta del gobierno británico, que ratificó su soberanía sobre el archipiélago y el derecho de autodeterminación de sus habitantes.

En cuanto al giro diplomático británico que precipitó la reacción israelí, se prevé que incluya el apoyo a la solución de dos estados, el respeto al derecho internacional y una prohibición del comercio de mercancías y algunos servicios con los asentamientos israelíes en Cisjordania. El primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo conversaciones con Trump y con líderes del Golfo Pérsico, entre ellos Qatar, para explicar el cambio de postura antes de su anuncio formal.