Las denuncias contra el gobierno de Javier Milei por el desvío de fondos y el deterioro extremo de las rutas nacionales llegaron al Congreso. En las últimas horas, distintos sectores de la oposición presentaron proyectos vinculados a la polémica. En su mayoría son pedidos de informes para que el Poder Ejecutivo explique cómo se administran desde 2024 los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), creado para financiar las rutas nacionales.
El tema atraviesa todas las provincias. El martes, la Comisión de Obras Públicas, que preside el mendocino Martín Aveiro (Unión por la Patria) , convocó a una reunión informativa en la que se abordará la presunta malversación de fondos viales y expondrán intendentes de todo el país sobre el deterioro de las rutas.
En diálogo con Tiempo , el diputado explicó: «A partir de lo sucedido entraron muchísimos proyectos. Hay una manifestación de los distintos sectores de la gestión pública en todo el país de querer contar lo que pasa y el Congreso es el lugar para hacerlo»
Asimismo, Aveiro señaló que, en Mendoza, hay obras paralizadas, rutas nacionales financiadas por la provincia y un cierre récord de 30 días del paso a Chile, con graves consecuencias económicas y de seguridad. “Mañana se van a cumplir 30 días con el cruce internacional cerrado y esto también tiene que ver con la disminución de los recursos en vialidad para hacerlos operativos, para que tengan todo lo necesario para abordar una crisis de clima como esta. Es una locura que eso esté pasando con lo que significa la salida del Paso Libertador a Chile, por donde sale toda la producción argentina, más la producción del Mercosur hacia el Pacífico”.
En tanto, en el Senado, un grupo de legisladores peronistas presentó un proyecto de resolución para que se cite al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo, para brindar explicaciones. La iniciativa fue impulsada por los senadores de Unión por la Patria: Ana Marks, Juliana Di Tullio, Alicia Kirchner, Mariano Recalde, Martín Soria , Daniel Bensusán, Florencia López , Cristina López, entre otros.
Las acusaciones señalan que el gobierno retuvo cerca de $1,5 billones de pesos provenientes del Impuesto a los Combustibles (que legalmente pertenecen al fondo vial SisVial). En lugar de usar la plata para asfalto y reparaciones, la gestión libertaria ejecutó sólo el 26%, destinando el resto a inversiones financieras como bonos, títulos y plazos fijos bajo el argumento de mantener el superávit fiscal.
Ante la situación, la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) realizó una presentación en la que advierte que el esquema de financiamiento establecía un aporte del 30% de contraparte local y el 70% de financiamiento externo, pero los informes de auditoría correspondientes a 2024 registraron un aporte ejecutado con fondos locales del 0%, pese a la existencia de recursos de SisVial disponibles.
«La situación de las rutas nacionales 3 y 5 es un ejemplo concreto de esta contradicción. Hay obras contratadas, financiamiento internacional y recursos del SisVial disponibles, pero la contraparte local no fue ejecutada en la medida comprometida. La Argentina toma deuda para financiar las obras mientras los fondos nacionales destinados a esas mismas obras permanecen colocados en instrumentos financieros», señaló Tolosa Paz .
Por su parte, la diputada Marcela Pagano (Bloque Coherencia) sumó otra denuncia por presunto direccionamiento de fondos a provincias aliadas. “Cada ley tenía un precio”, afirmó. La legisladora denunció que los fondos fueron utilizados por la Casa Rosada “para premiar a los gobernadores aliados que prestaron los votos de sus senadores y diputados para la sanción este año de leyes como la Reforma Laboral, Glaciares o Zonas Frías y el año pasado para las votaciones sobre Discapacidad, Universidades y el Hospital Garrahan”.
Al reclamo también se sumó la diputada Blanca Osuna (Unión por la Patria) , quien apuntó contra el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por no defender los recursos que le corresponden a la provincia y a los municipios, y por ser “cómplice” de “la caja financiera de Milei ”.
En ese marco opinó que «las rutas no pueden ser la variable de ajuste ni la caja de la especulación financiera. El estado de las rutas en Entre Ríos es cada vez peor. Su deterioro afecta la seguridad, la producción, el transporte y la vida cotidiana de nuestras comunidades». “Entre enero y junio se registraron más de 400 accidentes que dejaron personas heridas y 72 muertes”, informó. “El gobierno nacional sólo ejecutó el 20% de los recursos de ese fondo destinado a infraestructura vial y el resto lo colocó en plazos fijos y títulos financieros. Son recursos que provienen del impuesto a los combustibles que pagamos todos y por ley deben distribuirse para obras”.
Asimismo, Osuna cuestionó la decisión del mandatario provincial, aliado del gobierno de Milei , de cerrar o reconvertir la Zonal Paraná: “Hace apenas dos meses, el gobernador anunció una inversión de más de $12.000 millones para equipamiento y maquinaria,y aseguró que se intervendría el 100% de las rutas provinciales antes de terminar su mandato”, indicó.
También el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) se expresó a través de sus redes sociales y acusó a Milei y a Caputo de “malversar y hacer uso indebido de los recursos públicos” al utilizar esos fondos para la compra de letras del Tesoro y para lo que definió como el pago de “favores políticos” en votaciones clave del Congreso.
Incluso, desde Provincias Unidas, la santafesina Gisela Scaglia presentó un proyecto para solicitar información precisa sobre el destino de los fondos que, por ley, deben financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de las rutas nacionales.
En la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro, la Justicia federal ordenó al Gobierno nacional que repare de manera inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López, al sur de Santa Fe, para garantizar su plena transitabilidad.
