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En un hecho inédito, comenzaron este lunes en la ciudad de San Nicolás las audiencias públicas del juicio contra Maximiliano Cabaleyro, el líder del Sindicato de Camioneros, que está detenido por el bloqueo a una empresa familiar Rey Distribución de la ciudad de San Pedro, en febrero de 2021, acusado por los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión.

El dirigente fue a prisión hace cuatro años junto con Fernando Espíndola, otro representante de Camioneros, luego de que la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de ambos como responsables de los bloqueos del sindicato a Distribuidora Rey para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio. Además, la Justicia encontró pruebas de pagos irregulares exigidos por los sindicalistas para dejar sin efecto la protesta.

Espíndola está presente en estas audiencias porque optó por un procedimiento abreviado, por lo que no será parte del debate oral y público sino que su situación se resolverá entre el fiscal, el imputado y su defensor, pero acordó que en caso de que lo declaren culpable, tendrá una pena máxima de 6 años de prisión.

Este lunes, según el diario El Norte de esa ciudad, en la primera de las 9 audiencias previstas, se escucharon los alegatos iniciales de la Fiscalía, el particular damnificado y las defensas, y se inició la ronda de testigos con la declaración de Gustavo Rey, uno de los dueños de la pyme, que se extendió durante más de 5 horas.

Ante el Tribunal Oral y Criminal Nº 2, Rey ratificó las denuncias que dieron origen a la causa y relató las amenazas, presiones y exigencias de dinero que, según sostuvo, la empresa habría sufrido por parte de dirigentes del Sindicato de Camioneros de la zona.

En la audiencia se reprodujeron grabaciones y videos realizados por la familia Rey, material fue incorporado a la causa para acompañar y contrastar los dichos del empresario sobre los episodios incluidos en la acusación.

“Fue una terrible embestida. Nos apretaban de todos lados. Llamaban a las empresas para que no nos abastezcan. Había que pagar lo que ellos decían”, dijo el empresario al reconstruir los hechos investigados.

Rey repasó cada una de las situaciones denunciadas y se quebró en dos oportunidades mientras recordaba lo sucedido. “Nosotros empezamos desde abajo”, manifestó al referirse a la historia de la empresa familiar.

Además de Cabaleyro, 6 ex empleados de la pyme serán juzgados por impedir el ingreso y egreso de vehículos, mercadería y personal de la distribuidora durante el bloqueo realizado por Camioneros en febrero de 2021.

La fiscalía los imputó principalmente por turbación de la posesión en concurso con coacción. Según la acusación, Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez actuaron de forma coordinada. La Justicia considera que el método utilizado excedió el derecho de huelga y constituyó un delito.

Luego de que se produjo la protesta de Camioneros, Gustavo Rey había explicado: “Nosotros venimos sufriendo la extorsión de esta gente, con repetidas asambleas, sin previo aviso. Quieren que volvamos a ceder, que sigamos pagando. Todo empezó cuando no accedimos a entregarle más dinero al sindicato. Al desistir, comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”.

En esos días, el dueño de la empresa, Ricardo Rey, fallecido en 2024, se hizo conocido por un video que se filmó en medio del bloqueo en el que, entre lágrimas, dijo: “Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más esa gente acá. No los quiero más”.

Luego de la detención de Cabaleyro y Espíndola, Hugo Moyano y su hijo Pablo viajaron a San Nicolás para defender a los dirigentes locales del sindicato e incluso avalaron el paro en la recolección de residuos de la ciudad, que incluyó el bloqueo a los accesos. La medida, sin embargo, duró poco tiempo ante la posición dura que adoptó el intendente nicoleño, Manuel Passaglia.

La abogada Florencia Arietto, que representa a la familia Rey, fue una figura clave en el avance judicial contra quienes protagonizaron el bloqueo contra Distribuidora Rey. Y, además, fue una de las fundadoras del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), junto con Verónica Razzini, y diseñó la estrategia jurídica con la que desde 4 años se lograron fallos cruciales contra estas protestas.

En diálogo con Infobae, Arietto, quien también es diputada bonaerense por La Libertad Avanza, calificó este juicio como “el punto de inflexión para confirmar todo lo que venimos demostrando en los hechos, pero la mayoría de las causas no llegaron a juicio como esta”.

“Estamos demostrando en esta causa el modus operandi de un sistema que nació para defender a los trabajadores y que se convirtió en un negocio personal de sindicalistas, y eso explica el 50% de trabajo informal en Argentina”, señaló la abogada y legisladora.

Los activos financieros de Argentina cotizaron con debilidad este lunes, con caída de precios para acciones y bonos y un incremento del del riesgo país, debido a la retracción inversora ante flojos datos de la macroeconomía.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- negociaron con una caída promedio de 0,6%, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con similares emisiones emergentes, subió 19 unidades para Argentina, en los 628 puntos básicos, luego de anotar 642 puntos al mediodía, un máximo desde el 2 de diciembre del año pasado.

Por su parte, la Bolsa de Buenos Aires cedió el 3,3% en pesos en el índice líder S&P Merval, en los 2.798.925 puntos, un piso desde el 20 de mayo. El panel de acciones líderes hilvanó su séptima caída consecutiva, período en el cual anotó una pérdida promedio de 8,6 por ciento.

“El resultado de la licitación fue esperable. Las curvas en pesos vienen sufriendo hace dos semanas por el entorno internacional adverso, si bien han resistido más que los globales. Hoy fue un día particularmente malo para toda la deuda argentina y haber completado el rollover pagando un premio razonable parece un buen resultado. El rollover total también asegura que se mantendrán los niveles actuales de liquidez, que han permitido que las tasas de muy corto plazo se mantuviesen en niveles estables y relativamente bajos, aunque no se llegaron a trasladar a plazos más largos”, reportaron los expertos de Puente.

El Gobierno viene de reportar una fuerte caída en el consumo y un aumento en los niveles de la pobreza, lo que alienta temores de una recesión a un año de cruciales elecciones presidenciales.

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de deuda de corto plazo adjudicó un total de $8,62 billones, frente a ofertas por un total de $9,77 billones. Esto significó un rollover de 100,08% sobre los vencimientos del día de la fecha. Como sucedió en las dos licitaciones de agosto, el Tesoro no puso a disposición papeles con vencimiento en el próximo mandato presidencial, desde diciembre del 2027 en adelante.

En el exterior, los precios del petróleo crudo operan con alzas que se fueron moderando con el correr de la sesión. El barril de Brent del Mar del Norte ganó 1,3%, a USD 105,70, mientras que los principales indicadores de Wall Street cedieron entre 0,7 y 0,9 por ciento. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se impusieron las bajas, encabezadas por Central Puerto con un 8,3%, Telecom (-7,1%) y Cresud (-6,3%).

Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL, explicó que “las bolsas de Nueva York iniciaron una semana clave en materia de datos económicos con pérdidas en sus principales índices. El mercado se vio castigado por la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que volvieron a tocar máximos de varios años, la firmeza en los precios del petróleo por la falta de un acuerdo diplomático definitivo en el Golfo Pérsico y un freno momentáneo en el sector de la Inteligencia Artificial debido a la pausa en el entrenamiento de nuevos modelos por parte de OpenAI”.

“La dinámica de la economía real en Argentina viene siendo mala, reflejado en datos de EMAE y empleo. Muchos sectores de actividad no sólo no han recuperado sino que algunos siguen cayendo. No hay una relación directa entre EMAE y riesgo país, pero si el nivel de actividad esta deteriorado disminuyen las probabilidades de reelección de Milei, y cualquier alternativa es considerada por el mercado como más riesgosa, lo que le resta atractivo a la deuda soberana”, afirmó Joaquin Aranguiz, economista de Fundación Libertad.

“La Bolsa pareciera que no valoriza los éxitos, cuando con el ajuste se están acomodando los tantos y acuñando el destino y el futuro al que hoy quizás no se le da importancia, cuando el tema es otro, el temor a que no regresen los que por decenas de años gobernaron la decadencia. Cuando los buenos callan, la contra con barullo y líos instalan el malhumor en la población”, comentó Jorge Fedio, analista de Clave Bursátil.

Baja marginal para el dólar

El mercado de cambios operó otra vez con buen volumen este lunes, por USD 679,5 millones en el segmento de contado, con un dólar mayorista que finalizó ofrecido con baja de un peso, a 1.524,50 pesos.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, señaló que la divisa “desde el comienzo se mostró demandada, llegando a marcar un máximo de $1.531. A partir de allí comenzó a aparecer algo de oferta que logró contener la presión compradora”.

El BCRA fijó un techo de $1.916,74 para el esquema de bandas cambiarias. Así, el dólar mayorista quedó a 392,24 pesos o 25,7% de ese límite para la flotación administrada.

En lo que va de septiembre, el tipo de cambio oficial conserva un ascenso de 16 pesos o 1,1%, que se prevé será inferior a la inflación del corriente mes, según estimaciones privadas. En 2026 el dólar sube 69,50 pesos o 4,8 por ciento.

“De mantenerse la presión compradora por cobertura ante el deterioro de las perspectivas de crecimiento e incertidumbre sobre la recaudación fiscal, el tipo de cambio buscará poner a prueba las resistencias técnicas ubicadas en la zona de los 1.535 a 1.550 pesos”, estimó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

El dólar al público terminó sin variantes, ofrecido a $1.545 para la venta en el Banco Nación, aún en un máximo nominal, luego de haberse ofrecido a $1.550 durante la mayor parte de la operatoria. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.550,12 para la venta y $1.495,19 para la compra.

El dólar blue ganó cinco pesos, a $1.565, y quedó a cinco pesos de distancia de su récord del 28 de julio.

En el mercado de dólar futuro la mayoría de los contratos operó en baja -hubo subas marginales en las posturas de marzo de 2027 en adelante-, otra vez con importante monto operado en pesos, equivalente a USD 2.1034 millones, según datos de A3 Mercados. Los contratos más negociados fueron aquellos de vencimiento más próximo, para fin de septiembre (subió cinco pesos o 0,3%, a $1.526) y para el cierre de octubre (ganó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.551,50).

El Banco Central compró USD 11 millones en el mercado, el 1,6% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 449 millones, a USD 47.796 millones, el stock más bajo desde el 31 de julio. Incidió en el resultado el desplome de 4% en la cotización del oro, a USD 4.149 la onza -la baja de cotizaciones implicó una caída por más de USD 200 millones-. Además se efectuaron pagos al BID y al Club de París por unos 70 millones de dólares.

El Gobierno argentino informó que intimó al Reino Unido para frenar en un plazo de dos semanas las operaciones para la explotación de hidrocarburos en el proyecto “Sea Lion” y anunció que comenzará con el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En un comunicado de la Oficina del Presidente, el Poder Ejecutivo remarcó que Cancillería y los equipos jurídicos comenzarán con este proceso con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”.

El documento, firmado por el presidente Javier Milei, establece que, de no cumplirse ese requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la Plataforma Continental. La intimación fue cursada de forma oficial al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y representa la escalada más concreta del reclamo argentino desde el anuncio de sanciones del 3 de septiembre.

Milei, en tanto, compartió un mensaje citando el comunicado y señaló: “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”

El texto presidencial también rechaza de forma categórica la respuesta británica a las declaraciones de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Según el comunicado, ni la denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” ni el referéndum unilateral celebrado en 2013, en el que el 99,8% de los votantes del archipiélago eligió permanecer bajo administración de Londres, alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. La posición argentina sostiene que ese pleito debe resolverse a través de negociaciones bilaterales, conforme al mandato de los organismos internacionales.

Además de la intimación, el mandatario ordenó dar inicio de forma urgente a procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la empresa THALES UK LIMITED, luego de que se detectaran operaciones en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas realizadas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas. El Ejecutivo también instruyó a los equipos de gobierno para avanzar en las gestiones diplomáticas correspondientes en relación con ese caso.

El respaldo jurídico del reclamo argentino se apoya en dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU. La Resolución 2065 (XX) reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. A su vez, la Resolución 31/49 exhortó expresamente a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe ese proceso. El gobierno argentino sostiene que la explotación de recursos naturales en esas zonas viola ambas resoluciones y produce “un perjuicio irreversible e irreparable” a sus derechos de soberanía.

El marco legal invocado por Argentina incluye a la CONVEMAR —considerada por juristas y organismos internacionales como la “constitución de los océanos”—, aprobada en 1982 y en vigor desde 1994, que establece que la plataforma continental de un Estado ribereño se extiende más allá de su mar territorial a lo largo de la prolongación natural de su territorio, pudiendo alcanzar hasta 350 millas marinas desde las líneas de base. Bajo ese régimen, Argentina considera que los yacimientos hidrocarburíferos del proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago, se encuentran dentro de su jurisdicción soberana.

La escalada diplomática se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países. El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó días atrás en declaraciones al diario británico The Sun on Sunday que Londres está preparado para defender militarmente las Malvinas ante una eventual acción argentina. “Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas”, declaró el funcionario, quien rechazó las reivindicaciones de Milei y las calificó como una posición sin fundamento. Streeting también afirmó que no prevé un conflicto, pero insistió en la capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas británicas.

La respuesta de Londres ante las medidas argentinas también incluyó la confirmación de que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en el archipiélago serán reemplazados por aeronaves Tranche 2, de mayor capacidad operativa, a fines de noviembre de 2027. El Ministerio de Defensa británico sostuvo que se trata de una rotación prevista con anterioridad a la tensión actual. Por su parte, la explotación impulsada por el consorcio conformado por Rockhopper Exploration, de capital británico, y Navitas Petroleum, con sede en Israel, podría generar USD 2.000 millones en regalías durante 30 años, según cálculos de las autoridades de Londres.

En el plano judicial local, una jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ya ordenó como medida cautelar que las petroleras involucradas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha el proyecto. En simultáneo, la Cancillería argentina avanza en gestiones ante Estados Unidos para que Washington evalúe una mediación, una posibilidad que requeriría la aceptación del Reino Unido.