Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entidades empresarias y reconocidos juristas presentó una declaración pública para reclamar al Consejo de la Magistratura de la Nación que modifique el reglamento de selección de jueces, con el objetivo de reducir los márgenes de discrecionalidad en los concursos y garantizar que las designaciones respeten el orden de mérito de los candidatos.
La iniciativa, que cuenta con la adhesión de más de 200 referentes del ámbito judicial, empresarial y político, tanto del oficialismo como de la oposición, propone limitar a un máximo de 20 puntos la incidencia de la entrevista personal en la calificación final de los aspirantes, en línea con una propuesta impulsada por integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
El planteo apunta a que tengan mayor peso los antecedentes profesionales, la preparación y los resultados de los exámenes, y a evitar que la instancia de entrevista pueda modificar sustancialmente el orden de mérito establecido durante el concurso.
En el documento, titulado “Cómo se Eligen los Jueces: Concursos Justos”, los firmantes cuestionan el funcionamiento actual del sistema de selección.
“Hoy eso no siempre se cumple. Se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto”, advierte la declaración.
Las organizaciones sostienen que la Constitución exige jueces idóneos, independientes y eficaces, mientras que la legislación obliga al Consejo de la Magistratura a garantizar publicidad, transparencia e igualdad de trato entre los postulantes. Por eso, reclaman al organismo que avance con urgencia en la modificación del reglamento.
“Los firmantes de esta declaración pública solicitamos al Consejo de la Magistratura que actúe con urgencia para modificar el reglamento de selección de jueces, limitando a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado“, señala el texto.
El respaldo de entidades empresarias, organizaciones civiles y juristas
Entre las instituciones que impulsan la iniciativa figuran organizaciones vinculadas al sistema judicial, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y Será Justicia.
También participan entidades de la sociedad civil como CIPPEC, Poder Ciudadano, Fundación Directorio Legislativo, Club Político Argentino, Integridad Republicana y la Red de Acción Política (RAP).
El reclamo reúne, además, a algunas de las principales organizaciones empresarias del país. Entre ellas se encuentran la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), AmCham Argentina, IDEA, la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y la Bolsa de Comercio de Rosario.
A ese respaldo institucional se suman destacados especialistas en derecho constitucional y otras disciplinas jurídicas, como Daniel Sabsay, Roberto Gargarella, María Angélica Gelli, Antonio María Hernández, Alberto Bianchi, Juan Carlos Cassagne, Alejandro Borda y Alfonso Santiago, entre otros.
La declaración también cuenta con adhesiones individuales de dirigentes de diferentes espacios políticos. Entre los nombres incluidos aparecen Rogelio Frigerio, Rodrigo de Loredo, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Ernesto Sanz, Gabriela Michetti, Graciela Ocaña, Omar Perotti y Mónica Fein, entre otros.
La diversidad de las adhesiones es uno de los aspectos que destacan los impulsores de la iniciativa, que buscan instalar el debate sobre los mecanismos de selección judicial más allá de las diferencias partidarias.
El reclamo por una Justicia más independiente
Los impulsores consideran que reducir el peso de las decisiones discrecionales durante los concursos es un paso necesario para fortalecer la independencia judicial. “Achicar al máximo el margen de decisión discrecional es el primer paso para garantizar la independencia judicial, que es la base de nuestras instituciones republicanas”, sostiene el documento.
Además, vinculan la necesidad de contar con jueces independientes con la protección de los derechos individuales, la igualdad ante la ley, la lucha contra la corrupción y la existencia de reglas claras para la actividad económica.
En ese sentido, plantean que un sistema judicial independiente permitiría limitar posibles abusos de poder, garantizar que los hechos de corrupción sean investigados sin presiones y brindar mayor previsibilidad para la inversión y la generación de empleo.
La iniciativa fue presentada bajo las consignas #MasMeritoMasJusticia y #JusticiaIndependiente.
Además de solicitar formalmente cambios al Consejo de la Magistratura, las organizaciones convocaron a la ciudadanía a acompañar el reclamo mediante una [petición pública en Change.org](https://www.change.org/MasMeritoMasJusticia).
Con esta campaña, buscan aumentar el respaldo social a una reforma de los concursos judiciales que dé mayor protagonismo a los antecedentes y las evaluaciones objetivas, y reduzca la posibilidad de alterar el orden de mérito a través de las entrevistas personales.
