Blog

“América Latina es una solución para los problemas que hoy tiene el mundo, donde el talento está distribuido de manera homogénea en toda la región, pero lo que no están distribuidas son las oportunidades, por lo que ningún país se puede salvar individualmente ”. Así lo afirmó el politólogo y vicepresidente corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Christian Asinelli, durante un acto en el que su libro “Claves para el Desarrollo de América Latina y el Caribe” fue declarado de Interés para la Comunicación Social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El salón San Martín de la Legislatura porteña fue el escenario elegido para otorgarle el reconocimiento durante un acto que se convirtió en un conversatorio donde la integración regional, la solidaridad y los desafíos de América Latina y el Caribe fueron ejes centrales, siguiendo las claves propuestas del texto de Asinelli.

El encuentro contó con presencias de representantes diplomáticos, dirigentes políticos, legisladores, empresarios, académicos y referentes de la gestión pública como Matías López, Christian Gribaudo, Gustavo Beliz, Fernando Gray, Emmanuel Ferrario, Facundo Del Gaiso, José Urtubey, Alberto Iribarne, Leandro Santoro, Kelly Olmos, José Scioli, Juan Cabandié y Daniel Lipovetzky, entre otros.

Alejandro Grillo, el legislador porteño que propuso declarar el libro de Interés para la Comunicación Social, destacó al comienzo del acto que la obra de Asinelli resulta un “disparador de discusión” necesario y resaltó que la convocatoria buscaba “construir entre todos, con la excusa de la visibilización de este libro, un diálogo entre representantes de los pueblos y la mirada académica”, apoyándose en el “concepto de la solidaridad y la cooperación en tiempos muy difíciles”.

Luego, María Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, dijo que en la región “hay una deuda con nuestra patria y con la patria grande que es trabajar juntos y ser más unidos”. A propósito de la integración regional, remarcó que ese objetivo “no fracasa porque no tenemos organismos, porque hay un montón y lo intentamos 10 mil veces, nos faltó quizás legitimidad social, encontrar intereses compartidos” Y agregó: “Creamos organismos, pero lo que todavía necesitamos construir es comunidad”.

Acerca de quiénes deben protagonizar la integración, apuntó: “El verdadero sujeto de la integración en estos tiempos ya dejaron de ser sólo los Estados ya que hay muchos actores dentro de la sociedad: universidades, ciudades, empresas, ciencia, redes digitales, organizaciones sociales, parlamentos, gobiernos locales”, por lo que concluyó: “Sin pertenencia no puede haber integración. El gran reto es generar una ciudadanía que crea en esto. Generar ciudadanos e instituciones que crean en la integración, no alcanza con gobiernos”.

A continuación, el embajador de Uruguay en la Argentina, Diego Cánepa, aportó una mirada directa sobre las limitaciones y posibilidades de la integración regional. Sobre la CAF, el banco de desarrollo donde Asinelli es vicepresidente, afirmó que es “el bien público latinoamericano más importante que tenemos hoy, pero, a la vez, casi el único”, por lo que consideró que “nos faltan muchas cosas, pero también tuvimos una incapacidad enorme de construir bienes públicos comunes”.

“No hay comunidad cuando no hay bienes públicos comunes -añadió el diplomático-, y no hay tampoco integración cuando tenemos deudas internas de desintegraciones en los países que integran América Latina y el Caribe. Países desintegrados es muy difícil que se integren”. Y enseguida apuntó: “Somos más diferentes de lo que pensamos, somos menos parecidos de lo que creemos y eso hace que haya que trabajar más”.

Cánepa señaló que “hacemos muchos discursos, pero trabajamos poco en resolver las diferencias, y lo primero es reconocerlas sin temor porque los conflictos son inherentes a cualquier sociedad humana y también a lo que es una construcción en común”.

El siguiente orador fue el embajador de Panamá en la Argentina, Juan Luis Correa Esquivel, quien compartió una interpretación desde la experiencia de su país, ahora miembro asociado del Mercosur. “Creo en la integración, en el multilateralismo -indicó-, creo que el mecanismo de construcción y de la solidez de la democracia es el diálogo, independientemente de las diferencias ideológicas o políticas que siempre van a existir”.

Recordó luego el giro estratégico de su país: “Cuando asumió, nuestro presidente dijo hace dos años que había llegado el momento de que Panamá mire al sur. Ser miembro asociado del Mercosur está abriendo muchas oportunidades para fomentar nuevamente ese intercambio comercial que va acompañado de diálogo y de la construcción de la solidez de las democracias que se fundamenten en el desarrollo económico”.

Por su parte, el embajador de Portugal en nuestro país, Gonçalo Teles Gomes, aportó una visión sobre la integración desde Europa y subrayó que “el oceáno Atlántico no nos separa sino que es algo que nos une”, luego de lo cual puntualizó que en América Latina “tienen todas las condiciones para salir bien, y si no está pasando eso es porque hay un conjunto de buenas intenciones, pero también de desafíos importantes y fundamentales”.

Entre esos desafíos, el diplomático mencionó “la desigualdad, el desafío demográfico, la transición energética, la movilidad y conectividad”. Y consideró que “para las soluciones que es necesario aportar se necesitan políticas públicas, buenas, eficientes, pero construidas con el sector privado”. Citando al Papa Francisco, enfatizó en en que “todos son necesarios para construir país, para ser país y construir país”.

Como idea para la integración, mencionó la falta de algo similar al programa Erasmus (el programa de la Unión Europea que presta apoyo a la educación, la formación, la juventud y el deporte) y la escasa facilidad de circulación de personas entre países latinoamericanos: “¿Cómo es que en América Latina aún circulamos y tenemos que enseñar el pasaporte y control de aduanas y control de fronteras?”, se preguntó Teles Gomes.

Finalmente, Asinelli destacó el potencial de América Latina y el Caribe como “región solución” a los problemas globales contemporáneos e invitó a reflexionar sobre el desarrollo, la integración, la institucionalidad y la planificación estratégica de la región.

El politólogo destacó que América Latina dispone de recursos naturales excepcionales. “Si lo vemos desde el punto de vista de los recursos naturales, esta región tiene 670 millones de habitantes, de los cuales unos 120 viven en lo que hoy llamamos el mundo rural y, por ejemplo, en Argentina, Bolivia y Chile el 60% del litio del mundo está presente para esta transición energética”, puntualizó. Además, resaltó que la región concentra “el 50% de la biodiversidad del planeta” y “el 30% del agua”. “A pesar de que tenemos problemas de sequía en muchos lugares o de inundaciones en otros, lo que ahí hay es una falta de oportunidades, de infraestructura”, agregó.

Asinelli también hizo referencia al talento que existe en esta región: “Tenemos talento en todas las áreas. Gente capacitada en el arte, la música, las matemáticas, todo lo que puede generar esa región de oportunidades”. No obstante, advirtió: “Si el talento está distribuido de manera homogénea en toda la región, lo que no está distribuido son las oportunidades”.

Por eso afirmó que imprescindible la acción colectiva para enfrentar los desafíos modernos: “Esto no se puede hacer solo. Esto no es cuestión de que un país se puede salvar individualmente en un mundo tan complejo como el de hoy. Tenemos que hacer esto en conjunto”.

Asimismo, Asinelli remarcó: “No podemos pensar el futuro sin planificación, no podemos pensar el futuro sin empezar un día y tomar las decisiones para que el mañana sea mejor. Tenemos que tener mirada de largo plazo. Sin mirada de largo plazo no se pueden trabajar ninguno de los temas que están en el libro”.

Planteó luego la necesidad del fortalecimiento de las instituciones y de las capacidades estatales: “¿Cómo fortalecemos los Estados para que puedan negociar con los grandes intereses que hoy nos toca enfrentar en el mundo, las grandes tecnológicas? ¿Cómo hacemos para que esas capacidades estatales también se transformen en una defensa de la casa común, como decía el papa Francisco? ¿Cómo hacemos para que la sostenibilidad ambiental sea parte de esa agenda de políticas públicas?”.

Según su experiencia, la infraestructura es un factor clave: “La infraestructura es fundamental como habilitante para el desarrollo. Sin infraestructura no hay posibilidad de desarrollarnos porque no hay posibilidad de inclusión y no hay posibilidad de competitividad”.

A modo de comparación, observó que el comercio intrarregional en América Latina “es del 10, 11 o 12% cuando en la Unión Europea ese rubro supera el 50%”. Explicó que “eso es porque nos faltan infraestructura habilitante, rutas, conexiones de gas, conectarnos en el tema energético y cultural con programas como el Erasmus; nos falta infraestructura institucional”.

El autor del libro insistió en la importancia de la apuesta por el conocimiento: “Los países que se han desarrollado han invertido en ciencia y tecnología. Los números de la OCDE, de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Chinason muy altos en inversión en ciencia y tecnología. Y eso es lo que necesita también nuestra región: invertir en infraestructura, infraestructura física y de conectividad y en infraestructura institucional”.

Para finalizar, Asinelli concluyó que su libro “pretende ser un disparador de la discusión para que pensemos cómo mejoramos nuestros Estados, la educación, cómo cerramos las brechas en inteligencia artificial, tecnología, pobreza, capacidades estatales y sostenibilidad ambiental”. Y para ello remarcó la importancia del debate, los consensos y los diálogos necesarios para la integración y el desarrollo de “la patria grande”.

(Fotos de Jaime Olivos)

El mercado laboral argentino atraviesa una transformación que, para Agustín Salvia, excede los indicadores tradicionales de empleo. Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) afirmó que en la última década se consolidó un proceso marcado por la pérdida de puestos asalariados, el crecimiento del autoempleo informal y una creciente división entre los sectores más dinámicos de la economía y quienes subsisten en actividades precarias.

En diálogo con Gonzalo Aziz, el sociólogo sostuvo que el deterioro del empleo registrado constituye uno de los principales cambios del mercado laboral argentino. “Estamos viendo un proceso de deterioro del mercado de trabajo en donde se perdió trabajo asalariado y se generó mayor trabajo de autoempleo, cuenta propia, emprendimientos de distinta naturaleza”, afirmó. En ese sentido, precisó que “aproximadamente casi un millón de puestos de trabajo asalariados se perdieron durante estos últimos diez años” y estimó que cerca de la mitad de esa caída ocurrió en los últimos dos o tres años.

Del desempleo al “rebusque”

Según explicó Salvia, la pérdida de empleo formal empujó a una parte creciente de la población hacia formas de trabajo independientes e informales. Para el investigador, ese fenómeno refleja la falta de oportunidades dentro del mercado registrado y explica por qué muchas personas recurren a actividades de subsistencia apenas quedan desocupadas. “En situación de desempleo, la opción disponible es pasar a un autoempleo informal. No tenés un empleo formal asalariado disponible, entonces la primera reacción que tenés es pasar a un rebusque”, describió.

De acuerdo con un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina, el 29% de las personas que pierde su empleo termina incorporándose a ese tipo de ocupaciones, una tendencia que, aseguró, ya existía entre 2011 y 2013, pero que en la actualidad “se agravó notablemente”.

El especialista aclaró, sin embargo, que no todo el autoempleo responde a la misma lógica. Explicó que existe un segmento de trabajadores técnicos y profesionales que opta por independizarse para desarrollar actividades vinculadas con la economía del conocimiento y los servicios digitales. “Hay una parte de la mano de obra técnico profesional que va al autoempleo, pero formal. Trabajadores que son productores digitales, de contenidos digitales. Esos trabajadores prefieren dejar un trabajo asalariado y constituirse en un trabajo independiente. Pero ese es un segmento minoritario también de la población”, señaló.

Dos mercados laborales que conviven

Para Salvia, la expansión del trabajo independiente está dominada por ocupaciones de baja productividad y escasa protección social. A diferencia del reducido universo de profesionales independientes, sostuvo que la mayor parte del crecimiento se concentra en servicios personales, tareas de mantenimiento, producción domiciliaria y distintas modalidades de comercialización informal. “Esos sectores crecieron mucho más que el trabajo en plataformas”, explicó al describir un fenómeno que, según su análisis, profundiza la precarización laboral.

En esa línea, relativizó el peso que suelen tener las aplicaciones dentro del debate público. Si bien reconoció que ese tipo de empleos creció en los últimos años, indicó que representa apenas entre el 6% y el 7% de la fuerza laboral. Además, advirtió que buena parte de esos trabajadores tampoco cuenta con protección social. “En Argentina, el nivel de subregistración o no registración es el más alto. Esos empleos la gente trabaja y no quiere hacer su aporte. Eventualmente, en el mejor de los escenarios, le hacen algún aporte a la Seguridad Social, pero en general lo dejan a voluntad del trabajador”, explicó.

El director del Observatorio sostuvo que la situación más crítica continúa concentrándose en quienes desarrollan changas o actividades informales tradicionales. A su entender, ese universo representa un porcentaje muy superior al de los trabajadores de plataformas y constituye uno de los principales núcleos de pobreza estructural del país. “El vendedor ambulante, el limpiavidrios, el trabajador que hace changas constituye el 25, 30% de la fuerza de trabajo en Argentina, el trabajador marginal. Esa Argentina sigue produciendo pobreza estructural”, resumió.

Endeudamiento y expectativas frustradas

Otro de los aspectos que destacó durante la entrevista fue el creciente nivel de endeudamiento entre quienes dependen de trabajos informales para sostener sus ingresos. Como ejemplo, mencionó el caso de los repartidores de aplicaciones, que en muchos casos financian la compra o reparación de sus herramientas de trabajo mediante créditos vinculados a las propias plataformas. “Los trabajadores de aplicaciones en promedio están endeudados en novecientos mil pesos con su propia aplicación, para comprar o arreglar motos y bicicletas para seguir trabajando”, detalló.

Salvia atribuyó esa situación a las expectativas de recuperación económica que se habían generado hacia fines de 2024. Según explicó, muchas familias asumieron deudas convencidas de que la actividad mejoraría durante 2025, aunque ese escenario finalmente no se consolidó. “La gente se endeudó porque pensó que 2025 iba a ser un año extraordinario. Pero lo que vino después se fue para abajo”, afirmó al describir el impacto que tuvo ese cambio de expectativas sobre los ingresos de numerosos trabajadores.

El desafío de la productividad

Más allá del crecimiento del empleo informal, Salvia consideró que el principal problema del mercado laboral argentino es su creciente fragmentación. Según explicó, mientras un sector reducido logra insertarse en actividades de alta productividad y mejores salarios, una porción mucho más amplia permanece atrapada en ocupaciones precarias con escasas posibilidades de movilidad social. “Mientras en el sector más dinámico de la economía vas observando un proceso de movilidad social ascendente, la pequeña y mediana empresa no crea empleo y los empleos que crea son más precarios”, sostuvo.

El investigador remarcó que esa mejora alcanza únicamente a una parte de la población. “Hay movilidad social ascendente en el segmento técnico profesional, en los segmentos dinámicos. Nada más que esa es la Argentina para 10, 15 millones de habitantes”, señaló, al advertir que el resto enfrenta un mercado laboral caracterizado por la baja productividad y la informalidad.

Finalmente, comparó la evolución argentina con la de otros países de la región y sostuvo que, a diferencia de Chile, las transiciones laborales fueron mucho menos bruscas. En ese marco, cuestionó que el análisis público se concentre exclusivamente en la tasa oficial de desocupación y propuso observar también el peso de las ocupaciones de muy baja productividad. “La desocupación no es del 6%. Si sumás los trabajos de changa de distinta naturaleza, el desempleo en Argentina se acerca al 28 o 30%”, afirmó.

A modo de síntesis, concluyó que el país enfrenta un problema estructural que excede la creación de empleo: “Hoy tenés un 30% de la fuerza de trabajo en Argentina de alta productividad, pero un 70% de subproductividad”.

—

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

YPF Energía Eléctrica S.A., conocida como YPF Luz, la empresa de energía eléctrica de la petrolera de bandera, inició los trámites para comenzar a cotizar en Wall Street.

Se trata de una subsidiaria que cotizaría aparte de su empresa madre, presente en el NYSE de Nueva York desde hace más de 30 años, bajo el símbolo “YLUZ”.

Hace 190 días, otra empresa del sector, Genneia, especializada en energías renovables, realizó una anuncio similar.

“YPF Luz anuncia que ha presentado públicamente una declaración de registro en el Formulario F-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (“SEC”) relativa a una propuesta de oferta pública inicial de sus acciones ordinarias de Clase B de uno de sus accionistas. YPF Luz continuará evaluando el proceso en función de las condiciones del mercado y los requisitos regulatorios aplicables”, destacó la empresa en un comunicado.

En el documento oficial, la compañía informó que el accionista vendedor “está ofreciendo acciones ordinarias Clase B en una oferta global, que consiste en una oferta internacional de acciones ordinarias Clase B, que pueden estar representadas por American Depositary Shares (‘ADSs’), en Estados Unidos y otros países fuera de Argentina, y una oferta pública concurrente registrada ante la Comisión Nacional de Valores (‘CNV’) en Argentina”. Cada ADS representa diez acciones ordinarias Clase B. Según el prospecto, YPF Luz no recibirá ingresos provenientes de la venta de estas acciones ni de los ADSs en la operación internacional.

El número total de acciones ofertadas podrá reasignarse entre el tramo internacional y el argentino, y ambos cierres están condicionados entre sí. El documento aclara que, tras esta colocación, YPF Luz tendrá dos clases de acciones ordinarias, pero solo YPF y sus subsidiarias podrán poseer acciones Clase A, que no serán listadas en ningún mercado. Además, la empresa se definió como una “compañía en etapa de crecimiento emergente” según la Ley de Valores de EEUU y anticipó que, tras la oferta global, quedará categorizada como “compañía controlada” conforme a las reglas de gobierno corporativo de la NYSE.

La empresa tiene 12 años en el negocio de la generación de energía eléctrica. “Hoy generamos 10% de la energía eléctrica del país, desde 17 activos y proyectos en construcción que están diversificados en 8 provincias, demostrando nuestro liderazgo y compromiso federal. Esto nos permite alcanzar una capacidad instalada total de 3,4 GW, destaca en su web.

“Este crecimiento exponencial nos posiciona líderes del sector energético y nos permite destacarnos en generación, liderando el market share de venta de energía renovable a grandes usuarios. En un mercado cada vez más competitivo, YPF Luz se posiciona como viabilizador energético de diferentes industrias, con la capacidad de adaptarse a las nuevas demandas y las necesidades de cada cliente”, agregaron.

Mercado y potencia generadora

La presentación ante el regulador bursátil estadounidense incluyó una descripción detallada de su posición en el mercado argentino. Según el prospecto, la compañía afirmó ser “la principal compañía de generación eléctrica ‘pure-play’ en Argentina en términos de capacidad instalada. “Contamos con un portafolio estratégicamente diversificado con múltiples tecnologías, lo que nos permite aprovechar la complementariedad de nuestros activos al ofrecer energía térmica y renovable eficiente”, sostuvo.

El documento remarcó que la operatoria de YPF Luz incluye 2.740 megavatios en activos térmicos y 1.024 megavatios en renovables, lo que corresponde al 73% y 27% de la capacidad instalada de la firma, respectivamente. “Nuestra cartera de generación renovable comprende parques eólicos y solares, ubicados estratégicamente en sitios con condiciones óptimas de viento y radiación solar, lo que resulta en factores de carga notablemente superiores a los promedios del sector”, se lee en el prospecto. La empresa indicó que espera un crecimiento en la participación de la energía renovable sobre el total generado, a partir de la puesta en marcha de nuevas plantas.

Como parte de su expansión, la compañía informó que está construyendo su primer proyecto BESS de almacenamiento, con 90 MW, que elevará la capacidad total instalada a 3.854 MW una vez finalizado.

En cuanto a resultados, la empresa reportó ingresos por USD 640,8 millones y un Ebitda Ajustado de USD 427,5 millones para el año finalizado en diciembre de 2025. El margen Editda Ajustado fue del 66,7 por ciento. En el mismo período del año anterior, los ingresos alcanzaron los USD 524,2 millones. Para el primer trimestre de 2026, la compañía informó ingresos por USD 217,2 millones y un EBITDA Ajustado de USD 125,7 millones, con un margen del 57,9 por ciento. El prospecto explicó que la reducción del margen en el primer trimestre de 2026 se debió a la “internalización de los costos de combustible”, tras la descentralización del régimen de compra implementada por la Resolución N° 400/2025.

Además, el documento describe un escenario de transformación para el sector eléctrico argentino. Según el prospecto, el marco normativo “atraviesa cambios significativos y una transición hacia un modelo de mercado más desregulado y competitivo”. Desde el 1 de noviembre de 2025, la Resolución N° 400/2025 introdujo un nuevo esquema que, según la compañía, promueve “la competencia dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la libre contratación entre los participantes del mercado y la descentralización de la gestión de combustibles”.

La empresa sostuvo que el nuevo marco “implementa un sistema de remuneración basado en el costo marginal para el suministro eléctrico” y busca “reducir la intervención estatal en el esquema de remuneración y el sistema de contratación del sector”. En este contexto, YPF Luz anticipa un escenario de mayor apertura para acuerdos privados y expansión comercial. “Esperamos que este nuevo marco regulatorio brinde mayores oportunidades para celebrar contratos con clientes privados y genere otras oportunidades de crecimiento”, aseguró la compañía en su presentación.

También señaló que existen “potencial para captar una demanda incremental de electricidad proveniente de diversos segmentos de consumo existentes y emergentes, como la minería, el desarrollo de petróleo y gas, los centros de datos y la movilidad eléctrica”. De acuerdo con la empresa, se evalúan “de manera continua alternativas estratégicas para atender la nueva demanda, incluyendo iniciativas de crecimiento orgánico y posibles adquisiciones, sujetas a las condiciones del mercado, consideraciones regulatorias y prioridades de asignación de capital”.

Presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la urbanización del barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, ex villa 1-11-14. Esta iniciativa, surgida de un largo trabajo conjunto entre vecinos, vecinas, organizaciones e instituciones barriales junto a la parroquia Madre del Pueblo -que a través de su párroco Martín Durán Christian formalizó la presentación del proyecto- fue tomada como propia e impulsada por la legisladora y arquitecta Bárbara Rossen.

“Es un proyecto de los vecinos y para los vecinos, que impacta positivamente y mejora las condiciones de vida de los habitantes del barrio, del entorno inmediato, como así también de toda la Ciudad, dado que contribuye también a una mayor seguridad para los habitantes del barrio y sus alrededores”, explicó Rossen.

En diálogo con Infobae, el párroco señaló que “es una deuda histórica del barrio” y que en esta oportunidad se llevaron a cabo reuniones con los vecinos para tener sugerencias que se puedan aplicar a esta iniciativa. “El mismo proyecto que estaba formulado, se le fueron haciendo algunos cambios”, aclaró.

Un detalle no menor es que esta zona está comprendida por la ex Villa 1-11-14 y otros sectores que lo transformaron en uno de los barrios de emergencia más grandes que hay en la ciudad. Es más, según un censo de 2018 realizado por el gobierno porteño, viven más de 12 mil familias en apenas 4 mil viviendas. Sin embargo, el párroco de la Iglesia Madre del Pueblo señaló que en la actualidad manejan cifras superiores: “Tenemos que actualizar los datos a través de otras fuentes de información”.

El barrio comprende la zona que está delimitada por las avenidas Varela, límite del Club Daom, Coronel Esteban Bonorino, Riestra, Presidente Torres y Tenorio, las calles José Barros Pazos, Agustín de Vedia, Coronel Martiniano Chilavert, deslinde entre la parcela 20 y la Fracción A con la Fracción 34 c de la Manzana 2T Sección 44 y las avenidas Gral. Francisco Fernández de la Cruz y Perito Moreno.

El nombre del padre Rodolfo Ricciardelli no es menor, ya que se trata de un cura que misionó entre los más pobres de esa zona desde el año 1968 y luego fue designado párroco de la iglesia “Santa María Madre del Pueblo”, la primera fundada en una villa de emergencia por Monseñor Jorge Vernazza.

Justamente, Durán Christian explicó que decidieron presentarlo este 13 de julio, ya que es la fecha en la que falleció el cura. Se trató de un clérigo que eligió esa comunidad para vivir y se comprometió con sus causas reivindicativas de dignidad y justicia desde el 1 de abril de 1999, cuando por entonces integraba el Equipo Pastoral en las villas de emergencia. Junto a Vernazza y un grupo que los ayudaba, formaron la cooperativa de viviendas “Madre del Pueblo” con la que asistieron a la construcción de varios barrios en el gran Buenos Aires, posibilitando el acceso a una vivienda digna a muchas familias.

Cuando murió, el entonces Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio —después Papa Francisco— presidió la misa exequial. El féretro fue trasladado a pie hasta el cementerio y sus amigos, compañeros y vecinos el 13 de julio de 2010 lo exhumaron para depositarlo en el templo desde donde realizó su servicio pastoral.

Según pudo saber este medio, la intención es realizar un plan de integración socio-urbana con la creación de viviendas nuevas, mejorar las casas que ya están construidas y fortalecer la infraestructura como los equipamientos.

El proyecto, que estaría a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), incluye el diagnóstico, diseño y obras de infraestructura básica como agua, luz, cloacas y pluviales para las soluciones habitacionales definitivas. Para llevarlo adelante se conformarán una Mesa Técnica de Suelo y Hábitat y una Mesa de Gestión Participativa (MGP), dos órganos fundamentales que funcionarán en el barrio para que cada obra y norma urbanística se decida de manera consensuada.

“Construir vivienda es una obligación del Estado y un derecho constitucional para todos los habitantes de la Ciudad. Las soluciones sostenibles tienen que incluir a todos y para eso hay que tener en cuenta las distintas necesidades”, aseguró la legisladora y agregó: “Así como presenté diferentes proyectos atendiendo a las demandas de los vecinos de barrios como Floresta, Flores, Coghlan, Villa Urquiza, Colegiales, Palermo y Devoto, con necesidades de reformas al código urbanístico, la incorporación de espacios públicos o de protección patrimonial, hoy impulsamos este proyecto en el Bajo Flores, donde se brindarán créditos para que cada familia también pueda acceder a su vivienda”.

Entre las soluciones habitacionales definitivas se contemplarán viviendas nuevas dentro del mismo barrio o créditos de compra, computando el valor de su vivienda actual como aporte económico. Todo el plan se complementa con un fuerte esquema de regularización dominial para facilitar el acceso a la primera escritura y la gestión de tarifas sociales con reducciones graduales, además de plazos de gracia para amortiguar el impacto en cada hogar, respaldado por partidas específicas en el presupuesto anual de la Ciudad.

“Las ciudades más ricas, más saludables y más justas invierten en políticas de vivienda, infraestructura y espacios públicos. El rol y desafío del Estado es regular las tensiones propias entre la demanda de mercado y la de quienes viven en la Ciudad. En una Ciudad justa nadie debe quedar afuera”, completó Rossen.

En tanto, durante su discurso en la última sesión en la Legislatura porteña, sostuvo: “No hay política de vivienda. Construir viviendas es obligación del Estado y es un derecho constitucional. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es la política? ¿Qué están pensando hacer para resolver la situación angustiante de los inquilinos? No alcanza con empapelar una ciudad de cielo que somos la ciudad más linda del mundo. Tenemos que ser una ciudad más justa del mundo y estamos cada vez más lejos“.

El proyecto establece que las obras de infraestructura deberán planificarse con un horizonte de veinte años, contemplando estudios demográficos y proyecciones poblacionales. La iniciativa prohíbe expresamente los desalojos forzosos y establece que cualquier relocalización debe ser adecuada y consensuada. Además, fija un cupo mínimo del 30% de trabajadores y trabajadoras residentes del barrio para las obras que se emprendan, como mecanismo de promoción del empleo local.

En materia de soluciones habitacionales, la iniciativa define que toda solución será única y definitiva, y deberá cumplir condiciones mínimas: servicios de infraestructura sanitaria y eléctrica en funcionamiento, dimensiones acordes a la cantidad de ocupantes, condiciones adecuadas de iluminación y ventilación, y tenencia segura del inmueble. Las modalidades contempladas incluyen la adjudicación de viviendas nuevas dentro o en las inmediaciones del barrio, el mejoramiento de la vivienda existente, créditos para la compra fuera del barrio y permutas entre titulares de derecho. La normativa excluye expresamente la locación o las transferencias monetarias como soluciones válidas, salvo en el caso específico de los créditos de compra.

El proyecto incorpora también criterios ambientales: todas las obras del Proyecto Integral de Reurbanización (PIRU) deberán contar con el Certificado de Aptitud Ambiental conforme a la Ley N° 123 de la Ciudad. Asimismo, promueve la futura vinculación del barrio con la estación fluvial del Riachuelo a través de las avenidas Bonorino y Varela, como parte de las estrategias de integración urbana y turística de la zona, una vez que las condiciones ambientales del curso de agua lo permitan. El IVC quedará obligado a remitir un informe anual a la Legislatura sobre el avance del proceso, con rendiciones de cuentas trimestrales en el marco de la MGP.

Para determinar quiénes serán los beneficiarios del proceso, la autoridad de aplicación deberá cruzar la información del censo de 2018 con el Registro de Inquilinos No Censados y datos provenientes de organismos educativos, centros de salud, programas sociales y otras bases de datos públicas vinculadas a la residencia efectiva en el barrio. El IVC tendrá derecho de preferencia en caso de que algún grupo familiar exprese su voluntad de vender la vivienda adjudicada, y deberá destinar las unidades adquiridas a familias del barrio registradas.