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Desde París, Francia – El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el primer orador de la jornada de hoy de Argentina Week en esta ciudad, titulada “La transformación argentina, oportunidades de inversión”.

Caputo, como viene haciendo últimamente, hizo referencia a los riesgos políticos que enfrenta el país de cara a las elecciones presidenciales del año próximo. “El único riesgo en Argentina es perderse la oportunidad de invertir”, aseguró ante un auditorio de unas 700 personas, muchas de las cuales hicieron largas colas sobre la Rue de Franqueville, en uno de los laterales de la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se realiza esta primera jornada del evento.

A pesar de estar en agenda, Federico Bausili, presidente del Banco Central, no participó de una conversación con Caputo, como hicieron en la edición de Argentina Week de Nueva York, en marzo.

Caputo sostuvo que el logro central de la gestión no fueron los indicadores fiscales, sino “respetar la santidad de los contratos y salvaguardar los derechos de propiedad privada” tras heredar, según definió, “la peor herencia económica de la historia de Argentina”.

Recordó que, en episodios previos de estrés económico, las respuestas de política en Argentina “siempre atacaron la propiedad privada”, con cesaciones de pagos, expropiaciones, confiscaciones, pesificaciones asimétricas y corralitos. Atribuyó esa dinámica a dirigentes de distintas ideologías y afirmó que, paradójicamente, “probablemente quienes más dañaron” fueron sectores que decían creer en los mercados libres, porque de ellos “nadie esperaba que hicieran eso”.

Según el funcionario, el Gobierno redujo el gasto público en 30% y eliminó el déficit fiscal en el primer mes de gestión. Caputo adelantó que el proyecto de presupuesto enviado al Congreso proyecta cuatro años consecutivos de superávit fiscal financiero, algo que calificó de inédito en la historia del país.

El ministro explicó que, además del desequilibrio fiscal, la administración había heredado diez puntos adicionales de déficit cuasifiscal en el Banco Central, producto de los pasivos remunerados. “De no haber elegido la política monetaria correcta, probablemente habríamos llegado de todos modos a una hiperinflación”, señaló. Según los datos que presentó, la inflación bajó de niveles cercanos al 1,5% diario a un 32% mensual del índice de precios al consumidor, medición equivalente, dijo, a lo que antes representaba un 211% mensual.

Caputo atribuyó la generación de divisas a los incentivos aplicados sobre la agroindustria, la energía y la minería, sectores que calificó como “castigados por el kirchnerismo” mediante altos impuestos y señales de precios deficitarias en materia energética. “No descubrimos Vaca Muerta hace dos años. Simplemente ahora les estamos dando los incentivos adecuados”, afirmó, en referencia al yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Neuquén.

El funcionario destacó la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como marco regulatorio para sostener esos proyectos. Según sus cifras, las exportaciones de energía y minería, que hoy rondan los USD 19.000 millones, podrían triplicarse hasta USD 61.000 millones dentro de cinco años, hacia el final de un eventual segundo mandato de Milei. El cálculo, aclaró, contempla únicamente los USD 56.000 millones ya aprobados bajo el RIGI, sin incluir otros USD 150.000 millones en proyectos pendientes de aprobación.

También afirmó que Argentina registra niveles récord de exportaciones tanto en dólares como en cantidades físicas, con una balanza comercial acumulada hasta agosto un 250% superior a la del año anterior. Señaló además máximos históricos en productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, exportaciones de pequeñas y medianas empresas y en la cantidad de compañías exportadoras, esta última en su nivel más alto en una década.

Preparación ante el año electoral

Cuando se refirió a las elecciones presidenciales del año próximo, Caputo relativizó los temores de los inversores sobre una eventual volatilidad cambiaria. Explicó que la base monetaria se mantuvo prácticamente estable durante el último año y que el Gobierno logró extender los vencimientos de pasivos en pesos posteriores a los comicios, de 15% a casi 45% del total.

El ministro mostró un análisis de flujos según el cual, antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025, los argentinos dolarizaron en promedio USD 1.700 millones mensuales, con un pico acumulado de USD 5.900 millones en el período previo a los comicios. Tras el triunfo de Milei por “una diferencia abrumadora de 17 puntos”, el promedio mensual de dolarización cayó muy por debajo de esa cifra, hasta compensar exactamente los mismos USD 5.900 millones adelantados. “Lo que la gente realmente hizo fue simplemente adelantar la dolarización. Pero no hay creación de pesos”, resumió.

Como se destacó, el ministro cerró su exposición con un llamado a los inversores presentes en el encuentro. “El riesgo no está en las elecciones en Argentina. El riesgo no está en el tipo de cambio. El riesgo está en perder la oportunidad de invertir en Argentina”, afirmó, y agregó que el país cuenta con alimentos, energía, minerales críticos y capital humano para posicionarse nuevamente como una de las economías líderes a nivel global.

Energía

Fatih Birol, director general de la International Energy Agency (IEA), destacó en diálogo con el secretario Daniel González que el bien más escaso, en un contexto global en tensión, es la confianza. “Por eso mi consejo es diversificar al máximo y ser predecibles ante los inversores” recomendó a los políticos argentinos y habló de la importancia de los minerales críticos, los procesos de refinado y también del sector nuclear.

“El futuro del GNL es excelente a pesar de las crisis. necesitamos gas que venga de países de confianza y eso es muy importante sobre todo para Asia y Europa. Habrá que ver en 2027 qué pasa con el gas de Rusia”, cerró.

En el panel sobre Argentina LNG, el proyecto de inversión más grande de la historia Argentina” participó Horacio Marín, de YPF; Claudio Descalzi, de ENI, y el Sultán Al Jaber, de la emiratí Adnoc, todos socios en el proyecto que requerirá una inversión de USD 51.000 millones y entrará al RIGI.

El Sultán Al Jaber, managing director de Adnoc, habló de la importancia de la colaboración con Argentina y el compromiso de su país con las reformas que está llevando a cabo Milei. “Es prioridad el GNL y el proyecto Argentina LNG para nuestro futuro”, dijo. En el mismo sentido habló Descalzi: “En 2019 se dijo que terminaba la era del gas y que iba a ser reemplazado por energía eléctrica. Aún necesitamos petróleo y gas, cuyo consumo continúa en aumento. Estamos invirtiendo USD 500.000 millones y tenemos que construir confianza para todos los países. El 53% de la energía de Europa llega por GNL. El GNL de Argentina es uno de los principales proyectos del mundo y llega a tiempo. Es gigantesco. Creo que Argentina, en lo que está haciendo Milei y ya no se puede volver atrás. Están siendo muy inteligentes con las infraestructuras para exportaciones que están construyendo”, dijo el italiano.

Marín, quien ayer habló con Infobae, comentó sobre el potencial exportador: “Estaremos entre los quintos a nivel mundial de este tipo de exportaciones. Este proyecto cambiará todas las métricas y es verdad que no hay vuelta atrás. El foco total son las exportaciones”, aseguró.

Luego fue el turno de Patrick Pouyanné, CEO global de TotalEnergies, la petrolera francesa que opera en Argentina hace 50 años, y hoy opera offshore en Tierra del Fuego y también en Vaca Muerta. Producen el 25% del gas local y son la principal empresa en ese rubro y ya llevan USD 10.000 millones de inversión. “Superamos momentos difíciles y nos reinventamos. Admiro la resiliencia argentina”, comenzó su discurso. “Se puede invertir en Argentina. Hay que tener resiliencia, como en muchos otros países, pero se puede. También tiene energía eólica muy buenas, hacia allí irá nuestra estrategia. Nos costó al principio, pero la experiencia es muy buena”, dijo y elogió la gestión de Milei.

El Gobierno enfrenta, fragmentado y con las cabezas del Ejecutivo fuera del país, el ataque de la oposición al DNU 70/2023, desatado a partir del fallo de la Corte Suprema que dejó sin vigencia la Ley de Tierras.

A priori, la estrategia de control de daños quedó en manos de los primos Menem, que coordinan con Karina Milei durante su estadía en Francia. Pero los movimientos todavía están en vilo y no se ejecutan, a la espera del regreso de “el Jefe” y en un contexto de constante fuego cruzado con Patricia Bullrich y diferencias con el sector que comanda Santiago Caputo.

Ayer, mientras los opositores duros de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas buscaban los votos para convocar a una sesión especial contra el decreto más importante del Gobierno, en el bloque de Diputados que controlan los Menem dejaban trascender que evaluaban reintroducir en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que se aprobó en el Senado con cambios y resta que se debata en Diputados) algún tipo de restricción (“mínima”, aclararon) a la compra de tierras. El objetivo, decían, es “desactivar” el tratamiento (y eventual caída) del DNU de desregulación.

En principio, festejaban haberse adelantado a Bullrich en la reacción. “Debe ser la primera vez”, decían. No habían visto que la senadora ya había cruzado -nuevamente- a Federico Sturzenegger por haber incluido el capítulo de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (aquel que tuvieron que dar de baja para evitar que se cayera entera la batería de medidas). “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, la citó La Nación durante un evento por el 30° aniversario de la Constitución porteña.

La contraoferta oficialista se daba sin mayor consenso interno entre las otras patas políticas del oficialismo.

Aunque acallado, está latente el enfrentamiento entre los Menem y los Caputo. Y el oficialismo viene de la disputa de la semana pasada entre los encargados de la política y Economía por el recorte en el área de Discapacidad del Presupuesto.

Santiago Caputo busca evitar reeditar los conflictos, se enfoca en el tema Malvinas, que en su entorno destacan como propio, y evita meterse en otros temas que provoquen escozor. Pero hay matices.

En el sector de Karina la esperanza está puesta en que los aliados se sientan incentivados a oficializar un límite del 15% a la venta de tierras en lugar de ir por la derogación total del DNU. Pero la presión es fuerte, señalan otros: las dos CTA convocaron a movilizarse el martes 6 de octubre, a las 15, frente a la Corte Suprema. La CGT repudió el fallo y exigió a Diputados rechazar el decreto. Y es sólo el principio. En la Casa Rosada auguran un nueva oleada de descontento social.

Más allá de los planteos legislativos, el gran mea culpa interno del Gobierno con la Ley de Tierras hace pocas semanas fue por el aspecto narrativo con el que se encaró. Y en todos los despachos terminaron admitiendo que el oficialismo perdió la discusión en la opinión pública: hasta Tini Stoessel se le volvió en contra.

A esto se suma la preocupación por la crispación social, asociada a los últimos indicadores económicos, y a una oposición que, frente a un Gobierno debilitado por la baja de la actividad y la suba de la pobreza, se pone más hostil en el Congreso.

Ante un contexto cada vez más complicado, siguen determinados a evitar que el poder de Bullrich crezca internamente en LLA: no le van a dar el lugar que pide por encima de mesa política, donde deciden Karina y los Menem. Fue suficiente con que la sumen a los encuentros de los martes, señalan en Balcarce 50. Lo electoral y otras decisiones clave se tomarán independientemente de lo que piense y se le comunicarán cuando estén resuelta.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó la suspensión de los comicios para renovar autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), previstos para el 7 y 8 de octubre, y dispuso reprogramarlas para el 17 y 18 de diciembre próximo debido a los “impedimentos, anomalías y déficits” que fueron detectados en el proceso electoral.

El fallo, firmado por los jueces Gabriela Vázquez y Enrique Catani, también designó un veedor judicial para supervisar todo el proceso electoral.

El tribunal detectó irregularidades graves en el padrón electoral, en la ubicación de las mesas de votación y en la exclusión de una de las agrupaciones participantes de 6 seccionales. Ante ese cuadro, los jueces concluyeron que celebrar los comicios en las condiciones actuales no sería una elección real sino —en sus propias palabras— un mero remedo del ejercicio democrático”.

La UTA es el sindicato que agrupa a los choferes de colectivos de larga distancia y transporte automotor de pasajeros y del personal de subtes y está liderado por Roberto Fernández, de 82 años, que competirá por la reelección para el puesto que ejerce desde 2008.

En estos comicios, de manera inédita, Fernández se enfrentará a 3 candidatos opositores: Alberto Patiño, actual secretario de Organización del gremio, que se presenta al frente de la Lista Marrón; Maximiliano Escriba, postulante de la Lista Negra, apadrinada por Miguel Angel Bustinduy, ex opositor al jefe de la UTA, y Claudio Gómez, quien encabeza la Lista Bordó, auspiciada por el trotskista Rubén “Pollo” Sobrero.

Tras la suspensión electoral, Fernández difundió un comunicado en el que afirma: “Una vez más, como pasó en 2022, nos encontramos con piedras en el camino de quienes se dicen compañeros pero persiguen otros intereses ajenos a los de la UTA porque no quieren que se vote y judicializan la política gremial”.

“Somos respetuosos de los fallos judiciales, aunque no los compartamos, y como dirigentes serios no vamos a gastar energía quejándonos del obstáculo ya que está ahí -agregó-. Esta demora nos convoca a redoblar esfuerzos para que en diciembre llenemos de votos las urnas, que los afiliados de UTA elijan su destino y les digamos basta a quienes judicializan la política gremial, con apoyo empresario y pertenencia a otro gremio”.

El conflicto comenzó luego de que la Lista Negra presentó una denuncia judicial por irregularidades en el padrón y en el procedimiento de oficialización de sus candidatos.

El núcleo de la decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo está en una serie de irregularidades que el tribunal detectó al revisar los documentos que la propia Junta Electoral Central de la UTA aportó a la causa.

El padrón registra 2.870 bajas, todas procesadas entre junio y el 24 de agosto de 2026, período que coincide con el desarrollo del proceso electoral convocado el 14 de julio. La causal consignada en todos los casos es idéntica, cese laboral (por despido o renuncia), pero ningún registro indica la fecha exacta de finalización de la relación laboral, dato que la ley exige para verificar si el trabajador aún tenía derecho a votar. La normativa vigente protege la afiliación durante los 6 meses posteriores al despido o renuncia, lo que significa que un trabajador desvinculado sigue habilitado para sufragar en ese período.

Además, la documentación del padrón se interrumpe el 24 de agosto pasado. Los cambios posteriores a esa fecha carecen de respaldo documental verificable en la causa.

El padrón de la UTA comprende 494 mesas y 61.664 electores, con un promedio de 125 votantes por mesa. El problema es la distribución: 11 mesas superan los 600 electores, con picos de 1067, 1037 y 1000. El Código Electoral Nacional fija un máximo de 350 electores por mesa para los comicios políticos generales.

En el extremo opuesto, 4 mesas tienen un único elector empadronado y otras 11 no llegan a 4. La Cámara advirtió que esa configuración compromete el secreto del voto: en una mesa con un solo votante, el escrutinio revela inevitablemente el sentido de su sufragio.

También se detectaron mesas ubicadas en lugares que no figuraban en la convocatoria original, un problema que también fue denunciado de forma coincidente por otras dos de las nóminas opositoras a Fernández.

La Resolución 25/26 de la Junta Electoral, del 24 de septiembre, aprobó, mandó imprimir y ordenó distribuir las boletas, según afirma el fallo, pero el documento contiene un error que el tribunal consideró al menos revelador: consigna que las boletas se usarán en “los comicios previstos para el 7 y 8 de diciembre de 2026”, fecha que no corresponde a ninguna convocatoria vigente.

Más allá del error de fecha, la resolución reconoce que el modelo de las boletas “de todas las listas” fue confeccionado por la propia Junta Electoral y enviado a imprenta sin que cada agrupación diera su conformidad previa sobre su propio material electoral.

La misma resolución admite que sólo la lista oficialista quedó “oficializada en su totalidad”, mientras que la oficialización de las tres restantes “contiene excepciones de algunas Juntas Seccionales Locales”.

Según los camaristas, el documento denominado “Revisión de Reclamaciones”, del 22 de septiembre, reveló otro conjunto de problemas. La Junta Electoral admitió más de 500 incorporaciones al padrón solicitadas por la Lista Celeste y Blanca, del oficialismo, sobre la base de documentación que no fue exhibida a las demás agrupaciones ni sometida a ningún procedimiento de impugnación en sede electoral.

Al mismo tiempo, se dispusieron “más de 1.000 exclusiones adicionales”, todas sin la audiencia previa que el estatuto de la UTA impone para las tachas.

La Cámara de Apelaciones del Trabajo descartó explícitamente dos alternativas más drásticas: anular todo el proceso y reemplazar a la Junta Electoral por delegados designados por la Justicia. La primera opción habría cancelado candidaturas ya oficializadas; la segunda habría afectado la autonomía sindical. La Lista Marrón había pedido expresamente que no se anulara el proceso ni se perdieran las candidaturas ya aprobadas.

La solución adoptada es lo que el fallo denomina una “retrogradación parcial”: volver al estadio de presentación de listas y avales, con reapertura de ese período, pero manteniendo vigente la convocatoria del 14 de julio, la constitución de la Junta Electoral Central y todos los actos anteriores que no estuvieron viciados.

La Corte Suprema había descalificado en el pasado pronunciamientos que, en materia electoral sindical, dispusieron soluciones más gravosas que las peticionadas por las partes. El tribunal citó ese antecedente para justificar los límites de su intervención.

En su sentencia, los jueces establecieron una hoja de ruta detallada. La Junta Electoral tiene 3 días para depositar en la Cámara el padrón completo de electores activos y pasivos, con la totalidad de las altas y bajas y su documentación respaldatoria.

Desde ese depósito, se abre un período de 10 días hábiles para la presentación de listas. Las agrupaciones pueden reformular sus candidaturas o reiterar las anteriores. La oficialización definitiva de todas las listas deberá quedar resuelta a más tardar el 30 de octubre próximo.

Según establece el fallo, las mesas definitivas deben quedar designadas antes del 1° de diciembre, con un máximo de 600 electores cada una. Las boletas deben estar en poder de la Junta Electoral con al menos 10 días de anticipación a los comicios. El escrutinio y la proclamación deben concluir antes del 29 de diciembre, para permitir la entrega de cargos antes del vencimiento de los mandatos, el 3 de enero de 2027.

La Cámara incluso fijó reglas vinculantes para que el organismo electoral no pueda repetir las mismas irregularidades. Cada baja del padrón debe consignar la causa y la fecha exacta de extinción del vínculo. Ningún trabajador puede ser excluido si está dentro del período semestral de protección de su afiliación. Toda alta debe tener documentación respaldatoria exhibida a todas las agrupaciones. Y ninguna tacha puede resolverse sin audiencia previa del afiliado.

Además, las mesas de votación sólo pueden instalarse en los lugares que figuran en la convocatoria original. Ninguna puede superar los 600 electores. Los establecimientos con pocos trabajadores deben incorporarse a la mesa más próxima del mismo lugar de votación para preservar el secreto del sufragio.

La Cámara designó al abogado Matías Cremonte como veedor judicial, cuyas facultades incluyen presenciar todas las sesiones de la Junta Electoral —que deberá notificarle cada reunión con anticipación—, acceder de manera irrestricta a todos los registros y bases de datos, obtener copias de cualquier documento, presenciar el acto de votación y el escrutinio, y requerir el auxilio de la fuerza pública si alguien obstaculiza su tarea. También puede proponer la integración de un cuerpo de auxiliares para el despliegue territorial de la fiscalización.

El Gobierno apuesta a la desinflación de manera prioritaria de cara a lo que será un año electoral clave. Septiembre arrojaría noticias mixtas en esa dirección: el índice se mantendría debajo del 2%, pero a esta altura se descarta que logre perforar el dato de agosto, que fue el más bajo de los últimos 14 meses.

Si bien el mes que acaba de concluir tiene poca estacionalidad (es decir no hay muchos rubros que empujen hacia arriba el índice), la suba de los alimentos se aceleró. Debido a su alta ponderación dentro del Índice de Precios (IPC), las consultoras que siguen semana a semana la evolución de los precios ya descartaron que se pueda perforar el 1,7% de agosto.

Por otra parte, la inflación mayorista también se había acelerado en agosto por la suba del precio del petróleo, lo que presumiblemente agregó algo de presión en los canales minoristas.

La decisión de YPF de no mover el precio de los combustibles en los surtidores ayudó a que en septiembre la inflación no haya sido más elevada. Pero es una incógnita si esto se mantendrá en octubre, porque el barril Brent continúa cerca de los 100 dólares.

Si se mantuviera una inflación por debajo del 2% mensual, el año culminaría en alrededor de 30%, levemente por debajo del 31,5% del año pasado.

Pero ya para 2027 la tendencia bajista en el dato anual se notaría mucho más. Según los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el año que viene la inflación se ubicaría en torno al 20 por ciento.

El equipo económico aspira a que para el momento de las elecciones del año que viene se vaya a votar con este escenario de pronunciada desinflación. Luis “Toto” Caputo reiteró que la base monetaria se mantendrá bajo control y que “no hay que esperar que sobre un solo peso para ir a comprar dólares”.

El objetivo, por lo tanto, es mantener muy estable el tipo de cambio y los agregados monetarios, con el objetivo principal de favorecer el proceso de baja gradual de la inflación.

El Gobierno ya dejó más que claro que no habrá un plan para inyectar pesos a fin de reactivar la economía. En épocas preelectorales el temor es que ese dinero lejos de impulsar el consumo, compra de bienes durables o turismo se utilice para comprar más dólares.

El ministro de Economía aseguró en una presentación el martes que tienen artillería de sobra para sofocar una corrida cambiaria. En ese sentido, señaló que cuenta con USD 75.000 millones potenciales para satisfacer la demanda: USD 40.000 millones entre los swap con Estados Unidos y China y USD 15.000 millones para operar en futuros.

Pero a eso le sumó las compras del Central en 2026, que sorprendió al estimarlas en 20.000 millones de dólares. Hasta ahora lleva USD 14.500 millones y no luce sencillo que logre llegar a ese nivel hasta fin de año, aunque podrían haber otros ingresos de dólares que fortalezcan las reservas del Central.

Por lo pronto, ayer el dólar mayorista terminó en baja, finalizando el mes en 1.517 pesos. El Central aflojó con las compras en septiembre para evitar una suba mayor del tipo de cambio, pero igual terminó con un saldo positivo cercano a los 470 millones de dólares. Incluso también aflojaron los dólares financieros, achicando la brecha que se había producido en las últimas jornadas con el oficial. La estabilidad del riesgo país en niveles de 607 puntos y una jornada más favorable en Wall Street también ayudaron para que se tranquilizara el clima en el mercado financiero local.

“Es un mes y medio crucial, de mucho laburo. Si nos salen las cosas podríamos bajar la persiana ahí”, planteó ante Infobae una fuente oficial sobre la hoja de ruta legislativa que diseñó el Gobierno para los próximos 45 días, en la previa a un nuevo año electoral. Con ese objetivo, la mesa política diseñó un cronograma tentativo con intención de sancionar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

En paralelo, figuran otros proyectos importantes que ya cuentan con media sanción como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, los cambios en el régimen de Zonas Frías y las modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central. A esa agenda se suman la normativa ‘superadora’ en Discapacidad y la de mora y endeudamiento familiar, que todavía están pendientes.

“Se vienen meses de definiciones importantes. Desde la llegada de León XIV en adelante. Con la campaña activada todo se vuelve más complejo”, contó ante este medio un funcionario sobre la dinámica que parece querer adoptar el Gobierno.

En el oficialismo creen que durante este período, la Casa Rosada enfrentará los principales desafíos no solo en materia legislativa sino también por la visita del papa León XIV. Ante ese panorama, la mesa política intenta ordenar los tiempos a sabiendas de la complejidad que se sumará en 2027, cuando se activen los planes electorales de los aliados.

Durante la última reunión, los integrantes del reducido círculo analizaron la posibilidad de avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional durante la primera semana de octubre en Diputados. La agenda podría incluir además el tratamiento de los proyectos de discapacidad y el de morosidad, cuyos articulados fueron consensuados con los aliados.

Asimismo, para la segunda semana del mes venidero, la idea es habilitar el tratamiento del Presupuesto 2027 en comisiones. A raíz de la polémica abierta por la incorporación del ajuste en discapacidad, el Ejecutivo resolvió dar lugar a los reclamos externos e internos y se encamina a excluir el recorte para blindar la “ley de leyes”.

Si bien los planes pueden ajustarse, la intención preliminar es avanzar primero con los proyectos que cuentan con mayor respaldo para luego abordar los de mayor complejidad.

Con un escenario todavía complejo, la administración libertaria trabaja con intensidad para juntar las voluntades que le permita aprobar la reforma electoral, una de las claves para avanzar hacia la reelección de Javier Milei. Pese a que los aliados se muestran reticentes a la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en Balcarce 50 depositan expectativas en el viaje a París, con motivo de la Argentina Week, donde participarán 13 gobernadores de buena sintonía.

Con ese propósito viajó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien protagonizará una serie de reuniones con los mandatarios provinciales en París para sumar votos. El cálculo que se hace es cerrar los acuerdos para evitar “jugadas audaces” de los aliados que buscan mejorar las condiciones para “después sentarse a negociar”.

Sin embargo, el diagrama del ala política se vio amenazado por la resolución de la Corte Suprema que desestimó una demanda que buscaba anular la derogación de la Ley de Tierras Rurales, una medida dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Como contó este medio, el oficialismo madura la posibilidad de reflotar la discusión por la Ley de Tierras, en el marco del debate por Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el objetivo de blindar el DNU 70/2023, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “La idea es ceder algunos aspectos de Inviolabilidad, pero garantizar el respaldo al decreto 70/2023, que es una herramienta de gobernabilidad. Los aliados no van a querer prenderse en esa”, planteó ante este medio una fuente oficial.

Octubre traerá aumentos en colectivos, subte y prepagas, además de ajustes en peajes, gas, electricidad, agua y algunos alquileres. Desde el jueves 1, los nuevos valores modificarán los gastos fijos de los hogares, con actualizaciones vinculadas a la inflación, el tipo de cambio y los índices contractuales.

Uno de los cambios centrales que se darán impactará en el precio del boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires, ya que subirá 3,7%, de $ 887,99 a $920,48. La tarifa se actualiza mediante un índice que combina la inflación publicada por el Indec con un 2% adicional.

Quienes utilicen la tarjeta SUBE seguirán pagando según el tramo recorrido, mientras que los pasajeros que abonen con tarjetas bancarias o NFC accederán a una tarifa promedio. El esquema busca agilizar los pagos en el transporte público.

El viaje en subte pasará de $1.753 a $1.817. Se mantendrán las bonificaciones para pasajeros frecuentes: quienes superen los 20, 30 y 40 viajes recibirán descuentos de 20%, 30% y 40%, respectivamente.

En el caso del premetro, costará $635,95 con SUBE registrada y $ 1.011,16 sin registrar. Continuarán los beneficios de la Red SUBE, junto con los pases y tarifas especiales para jubilados, pensionados, personas con discapacidad, estudiantes y docentes.

Por otro lado, los peajes de las autopistas porteñas aumentarán 3,7%. Para los automóviles en hora pico, el paso por Perito Moreno y 25 de Mayo subirá de $6.671,74 a $6.785,16, mientras que en la Illia pasará de $2.773,69 a $2.820,85.

Cabe recordar que el gobierno porteño vinculó la actualización con las obras de mantenimiento y seguridad vial, entre ellas la repavimentación de calzadas y tareas sobre iluminación, demarcaciones, defensas, puentes, juntas y alambrados.

Se mantendrán los subsidios en las tarifas de luz y gas

El Gobierno Nacional amplió las bonificaciones para los usuarios residenciales de electricidad y gas natural durante octubre, una medida que dejará aumentos promedio de 2,41% en las facturas eléctricas y de 2,46% en las de gas.

Según se informó, la decisión responde a la persistencia de la guerra en Medio Oriente y a su efecto sobre los costos internacionales de la energía. Los incrementos previstos se ubicaron cerca del 1,7% de inflación registrado en agosto, el último dato oficial disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El esquema mantendrá en 200 kWh mensuales el consumo base bonificable para electricidad. El tope había subido de 150 a 200 kWh el mes anterior y continuará vigente en octubre.

En el caso del gas natural, se extenderá por un mes la bonificación general del 50%. El cronograma original de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) establecía que ese descuento debía reducirse a 0% en octubre.

La medida incluye una bonificación extraordinaria de 25% para la electricidad y de 24,25% para el gas natural y el gas propano por redes. Los usuarios que cumplan los requisitos recibirán así un 75% de descuento sobre la energía.

Este beneficio se aplicará durante octubre para moderar el impacto de los precios energéticos internacionales sobre los hogares. El aumento promedio será de 1,64% en electricidad y de 2,24% en gas natural, según se informó.

El ajuste de la electricidad alcanzará exclusivamente a los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Estado nacional fija las tarifas. En el resto del país, esa facultad corresponde a los entes reguladores locales.

La tarifa de gas natural tendrá alcance federal y regirá en todo el territorio nacional.

Prepagas y alquileres con ajustes según cada contrato

Las empresas de medicina prepaga aplicarán un aumento promedio de 2%. Federada Salud y Accord Salud registrarán las subas más bajas, de 1,7%, mientras que los planes de Omint aumentarán 2,9%.

Prevención Salud elevará sus valores 2,2%, Galeno lo hará 2,4% y Avalian, 2,5%. Las compañías consideraron la inflación de agosto, que el Indec ubicó en 1,7%, aunque varias resolvieron aumentos por encima de esa referencia.

El ajuste promedio de las prepagas será inferior al 2,1% registrado en septiembre y quedará lejos del máximo anual de mayo, cuando los planes aumentaron 3,4% en promedio.

Los contratos de alquiler regidos por el Índice de Contratos de Locación tendrán subas de 17,04% si la actualización es semestral y de 36,41% si corresponde un ajuste anual. En los acuerdos libres vinculados al Índice de Precios al Consumidor, los incrementos anuales de octubre se estiman en 33,1%.

Esa proyección toma la evolución del índice hasta agosto de 2026 y calcula los meses restantes según la tendencia registrada hasta el último dato publicado.