El Gobierno designó a dos nuevos funcionarios que ocuparán funciones clave dentro de la Jefatura de Gabineteen las áreas de Ambiente y Enlace Legislativo.
Se trata de Walter Daniel Lanaro, quien fue nombrado mediante el decreto 1118/2026, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, como subsecretario de Enlace Legislativo. Militante del PRO, Lanaro se presenta a sí mismo como liberal en sus redes solciales. Antes de llegar a la gestión libertaria, se desempeñó como senador provincial bonaerense.
PUBLICIDAD
Por otro lado, el Gobierno designó a Juan Andrés Trebino como Subsecretario de Ambiente dentro de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que depende de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La decisión fue dispuesta mediante el decreto 1119/2026, firmado el 28 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y publicado el 29 de septiembre.
Trebino acumula al menos 15 años de experiencia en temas ambientales y en la administración estatal. Su primera experiencia en el sector público se remonta a 2011, cuando se desempeñó como asesor legal en la Dirección Nacional de Control Ambiental.
PUBLICIDAD
En 2015, durante la presidencia de Macri, asumió la conducción de esa misma dirección, cargo que ocupó durante siete meses. Tras ese período, escaló al puesto de subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.
Quien ahora vuelve a la función pública en un rol de mayor jerarquía dejó su cargo en diciembre de 2019. La designación de Trebino se produce después de dos meses sin titular en la Subsecretaría de Ambiente, un período en el que el organismo funcionó sin conducción formal.
Hace unos meses, el Gobierno designó a Adriana Baravalle, especialista en inteligencia artificial, como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua.
PUBLICIDAD
La funcionaria asumió en un momento de tensión con el sector científico, marcado por reclamos de financiamiento y la baja de cientos de becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, formalizó la designación mediante el decreto 730/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro coordinador. Baravalle cuenta con un perfil que, según el comunicado oficial del Gobierno, “articula los mundos de la academia, la tecnología aplicada y la política internacional para impulsar un progreso hacia el desarrollo responsable de la IA”.
La nueva secretaria cuenta con experiencia en investigaciones sobre inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas, además de participación en proyectos científicos internacionales.
Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, casa de estudios donde actualmente cursa un doctorado en Ingeniería.
PUBLICIDAD
Ejerce como docente universitaria y conduce el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral. Es también fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial que impulsa iniciativas de formación, investigación y cooperación en América Latina.
Desde Casa Rosada recordaron que la funcionaria “integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019” y que cuenta con experiencia previa en la Administración Pública Nacional.
El comunicado oficial precisó que su incorporación tendrá como objetivo “profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”.
Dos acuerdos, uno en cada cámara del Congreso, permitieron a los bloques libertarios superar casi en simultáneo, al menos en parte, un par de desafíos delicados: en Diputados, logró dictamen frente a la presión opositora para definir el futuro inmediato del área de discapacidad; y en el Senado, cerró trato incluso con el peronismo/K para votar, con cambios, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Pero nada terminó allí. Llamativo y paradójico, las inmediatas tensiones en el interior del oficialismo terminaron acrecentando recelos de socios y dialoguistas. Y eso mismo pone a prueba los proyectos que busca apurar el Gobierno, necesitado además de logros políticos frente a la realidad económica.
En esa línea, las recientes declaraciones televisivas de Javier Milei añadieron nuevos condimentos. El Presidente se encargó personalmente de salir a descalificar una sucesión de informes del INDEC negativos -en especial, caída de la actividad, consumo y pobreza– y ratificó así su posición inflexible en ese terreno, algo que impacta internamente frente al clima electoral ya instalado. Fue, en público, la ratificación del mensaje a funcionario y legisladores para que cierren filas en defensa del plan económico.
PUBLICIDAD
El gesto de Milei confirmó de hecho que los acuerdos con aliados y dialoguistas se plantean en un contexto diferente al que suponía tratar de imponer criterios desde una posición de fuerza, porque existen otras necesidades de peso. Eso último alimentó las afirmaciones sobre consumo, PBI y exportaciones a contramano de las mediciones del INDEC. Más llamativa fue la declaración sobre una enorme deportación de “terroristas” internacionales que, hasta ahora, sólo provocó un par de reclamos opositores de informes, además de cierto desconcierto entre socios y silencio violeta.
El Presidente sostuvo que entre 2025 y lo que va de este año fueron “echados” 30.000 “terroristas” que, sostuvo, intentaban “infiltrase” en el país para “dinamitar el modelo argentino”. Dos opositores de diferente origen político –Maximiliano Ferraro, de la CC, y Juliana Di Tulio, del peronismo/K- reclamaron de inmediato explicaciones, por la vía de notas a las autoridades o pedidos de acceso a la información. Es posible que se anoten otros planteos. Pero, seguramente, alcanza para aumentar prevenciones frente a este tipo de generalizaciones con proyección legislativa.
PUBLICIDAD
El oficialismo se prepara para acelerar el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, centrado en medidas para aumentar las sanciones a empresas que de manera directa o indirecta participen de proyectos de explotación de recursos naturales en Malvinas. En líneas generales, Malvinas es uno de los pocos temas de muy amplio consenso político. Es probable que haya discusiones puntuales; por ejemplo, sobre las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional que propone la iniciativa.
Las referidas declaraciones presidenciales, en cambio, amplificarían en alguna franja opositora las alertas sobre la falta de precisión respecto de actividades y organizaciones que puedan ser calificadas como operadoras de intereses extranjeros. Es algo que, de otro modo, ya había generado reacciones en el tratamiento del proyecto de ley de lobby, con críticas de diversas organizaciones porque podría afectar temas básicos como la libertad de expresión.
PUBLICIDAD
Pero en el plano exclusivamente interno, el foco es otro y también, la fuente de inquietudes más allá de alguna sorpresa discursiva. Existe preocupación por lo que algunos definen como desacoples prácticos en el terreno político. Lo ocurrido en Diputados frente a la ofensiva opositora por la emergencia en el área de discapacidad -que de hecho impuso un cronograma para definir la cuestión- resultó ilustrativo.
El oficialismo venía trabajando un acuerdo con aliados y dialoguistas, para frenar a la oposición, hasta que se conoció el artículo correspondiente del proyecto de Presupuesto 2027. La dimensión del ajuste dinamitó el entendimiento. De inmediato, Patricia Bullrich en público y otros de manera reservada apuntaron contra Economía, para no llevar la interna a un punto extremo. Pasado el primer impacto, pero sin demoras, los representantes del bloque libertario volvieron a negociar, redondearon un texto y lograron dictamen. La serie no fue cerrada en ese punto, y desde el Ejecutivo se hizo trascender que el acuerdo no era avalado por completo.
PUBLICIDAD
Algunos socios de LLA hicieron saber entonces que esperan precisiones sobre la garantía presupuestaria para coronar el entendimiento en el recinto. Se verá. Ese gesto expuso cierto fastidio y sobre todo, desconfianza. El tratamiento del proyecto sobre el Banco Central en el Senado tuvo otros condimentos, suficientes igual para contribuir al malestar en el frente interno del oficialismo y alimentar suspicacias sobre el juego de Bullrich en la Cámara alta.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central no terminó al gusto de la Casa Rosada. Y parece imposible que Diputados insista con el proyecto original. La votación casi por unanimidad en el Senado modificó el criterio del Ejecutivo, que buscaba imponer mayoría especial de dos tercios en las dos cámaras del Congreso para remover autoridades del banco. El texto, que impone mayoría absoluta en el Senado, volvió a la Cámara baja. Y cayó muy mal en el Gobierno, donde mastican enojo creciente por los gestos de autonomía de la jefa del bloque violeta.
PUBLICIDAD
Ese clima doméstico se traslada a las consideraciones sobre la suerte de la reforma electoral, en particular el objetivo de anular las PASO. De un lado, dudan sobre el real empeño de Bullrich, que ha transmitido varias veces la dificultad para reunir votos. Y del otro, es señalada la falta de resultados, hasta el momento, de las tratativas encaradas por Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem para garantizar apoyo de los jefes provinciales con peso propio en la Cámara alta. La mirada se corrió en las últimas horas al viaje de Milei a París, acompañado por una docena de gobernadores.
Existe por lo menos un elemento que no depende exclusivamente de la voluntad del oficialismo y es la modificación que va sufriendo el contexto. Está claro que el cuadro surgido de las elecciones del año pasado fue cambiando por distintas razones, no sólo económicas. Y entonces, no tendría la misma fuerza la receta, impulsada con altibajos por operadores de Karina Milei, según la cual los gobernadores deberían garantizar la derogación de las PASO para asegurarse -después, una vez votada la reforma electoral- que la LLA no les daría batalla en sus distritos. Una especie de contraprestaciones reeleccionistas, a escala nacional y en cada distrito.
PUBLICIDAD
Presupuesto, Malvinas, reforma electoral, Banco Central figuran en los primeros renglones de la agenda legislativa del Gobierno. Se verá ahora que deja el viaje a París.
El gobernador de Chaco,Leandro Zdero, afirmó el fin de semana que para lograr un nuevo mandato proyecta un radicalismo que no esté “encerrado en su trinchera” sino a uno “que se anima a convocar a desencantados del peronismo, a independientes, a gente del PRO y a La Libertad Avanza”. La apertura, agregó, es necesaria para encarar los “nuevos desafíos” que se avecinan.
«Chaco puede más», el frente con el que Zdero ganó la gobernación en 2023 ya contiene a dirigentes del macrismo. Y desde 2025, su fuerza es aliada de LLA. El entendimiento le permitió triunfar en las legislativas provinciales y nacionales de ese año. La sorpresa, entonces, pasó por la alusión a dirigentes justicialistas a los que no identificó.
PUBLICIDAD
En el PJ Chaco, creen que dos de los referentes que están en la lista de Zdero son Atlanto Honcheruk y Gustavo Martínez. “Esos dos se pueden ir. Son terribles”, reconoció ante Infobae una alta fuente del justicialismo. En el mismo sentido, una persona del entorno de Jorge Capitanich, titular del PJ provincial, sentenció que ambos referentes pertenecen a sectores “que pulsan siempre por tener sus propios candidatos”.
En el entorno de Zdero, en tanto, avalaron el primer nombre pero le bajaron el precio al segundo.
Honcherukpresidió el interbloque opositor Frente Chaqueño en la Legislatura provincial hasta principios de septiembre. Se alejó tras criticar la falta de debate interno en «Primero Chaco», el espacio que hegemoniza el peronismo en el cuerpo, reclamó una autocrítica y definiciones claras de cara a los próximos meses.
PUBLICIDAD
Días después de su salida, el interbloque opositor sufrió el primer contratiempo. La legisladora Katia Blanc, que había sido electa por el massismo, rompió la paridad en el recinto y votó con el oficialismo la suspensión de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias). La movida le dio un triunfo político a Zdero y complicó el armado del peronismo para el año próximo.
Martínez, por su parte, es el ex intendente de Resistencia. Con su sello CER (Corriente de expresión renovada) quebró el frente interno del peronismo en la lucha por la gobernación hace tres años. Sacó 34.600 votos. Si Capitanich hubiera retenido esos sufragios, el resultado de la puja con Zdero, que se definió por 30 mil votos, habría estado aún más ajustada.
PUBLICIDAD
“Lo mejor está por venir”
El mandatario habló sobre el futuro político durante la Convención provincial radical que se realizó el fin de semana en Roque Saenz Peña. El órgano partidario había elegido a la referente Alicia Ogara como presidenta.
Zdero llamó a “seguir sumando” dirigentes y sectores por fuera de la estructura tradicional de la UCR. “No hay nada más importante, ni un nombre, ni un candidato, ni un partido, que Chaco. Chaco es lo más importante”, afirmó.
“Necesitamos estar juntos, espalda con espalda, más allá de las diferencias, y encontrar las coincidencias”, precisó. En ese sentido, afirmó: “Tenemos que llegar a 70 localidades para que allí haya un intendente, un candidato, un concejal y personas de la fuerza”, expresó. Luego, reclamó una UCR activa “en los barrios, en territorio y cerca de la gente”.
PUBLICIDAD
“Chaco no elige ser pobre. Nosotros elegimos dar pasos hacia el progreso y el futuro”, aseveró. En el mismo sentido, más adelante expresó: “Chaco no está condenado a la pobreza”. Por el contrario, la provincia “tiene la capacidad, a través de los chaqueños, de cambiar la realidad”, aseveró.
“Es bueno detenernos para mirar un minuto en el retrovisor qué nos encontramos en diciembre de 2023. Adoctrinaban a nuestros chicos en la educación. El sistema de salud, devastado. Los vehículos (eran) utilizados por funcionarios. El avión sanitario (se usaba para) paseo de los amigos e hijos del poder, y el Estado estaba aliado a las mafias”, remarcó en declaraciones que reproduce Diario Norte. En esa línea, sentenció: “Claro que falta mucho, pero es lo mejor que está por venir”.
Con el proyecto todavía frenado en el Senado y diferencias con los aliados sobre el formato que se debería adoptar, el presidenteJavier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reunirán a 13 gobernadores en París para tratar de avanzar con un acuerdo en torno al Presupuesto 2027 y a la reforma política, que tiene a la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como principal punto de conflicto.
Si bien todavía se estaba organizando, según confirmaron a Infobae diferentes fuentes involucradas, serán dos encuentros que se llevarán adelante como parte de una agenda paralela en el marco de la Argentina Week, que se realizará entre el 30 de noviembre y el 2 de octubre en la capital francesa.
El líder libertario partirá el martes por la noche rumbo a esa ciudad y estará acompañado por una extensa comitiva integrada, además de por “El Colo”, por su hermana y secretaria general, Karina Milei; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y los ministros de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones; de Justicia, Juan BautistaMahiques; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.
En un nuevo gesto de acercamiento hacia las provincias, Milei instruyó a la Cancillería a que invite especialmente a los mandatarios locales para que formen parte de la delegación oficial y un grupo de ellos, los más afines a la Casa Rosada, aceptaron.
Así, se sumaron al viaje Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires; Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; AlbertoWeretilneck, de Río Negro; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan, y Raúl Jalil, de Catamarca.
Aunque aún está definiendo la modalidad del encuentro (si los va a reunir a todos juntos o por separado), Santilli ya tiene decidido que los van a recibir a todos ellos en París y así se los comunicó en las últimas horas.
A pesar de que son considerados parte de la comitiva, los gobernadores no volarán a Francia junto al Presidente y el jefe de Gabinete en el ARG-01, sino que lo hará cada uno por su cuenta y recién se podrán ver en el destino.
El ”Colo” viene teniendo con varios de ellos intensas conversaciones por la reforma política con la que algunos se muestran de acuerdo, mientras que otros aparecen reticentes, especialmente a la eliminación de las PASO.
Tal como anticipó este medio, en el Senado, ese grupo de mandatarios cuenta con 12 legisladores que les responden en mayor o menor grado, que sumados a los 21 que tiene La Libertad Avanza los acercaría al número necesario para avanzar con el proyecto.
“La idea es hacer una reunión con el Presidente, primero, y después con Santilli y algunos de los ministros. Seguramente sean en días separados y hay varias cuestiones para tratar, pero las más importantes son el Presupuesto y las PASO”, comentó una persona de diálogo asiduo con los protagonistas.
En rigor, el jefe de Gabinete no les confirmó sobre qué asuntos va a hablar en la reunión que va a tener con ellos en la capital europea, pero varios de los invitados ya intuían que el tema central van a ser las primarias.
“Falta mucho para que todos lleguemos a un acuerdo, pero mi visión es que hay que eliminar y chau. Es un gasto estéril para el Estado Nacional sobre un problema que, en definitiva, es de los partidos”, anticipó a Infobae uno de los gobernadores que asistirá a la Argentina Week.
Otro de los mandatarios, con mucho peso en la Cámara Alta, coincidió con esa mirada y remarcó que “hace mucho tiempo” que viene insistiendo con que esta instancia electoral tiene que dejar de existir.
Sin embargo, en el grupo también hay dirigentes que respaldan la postura de la UCR y el PRO, que presionan para, en lugar de eliminarlas, mantener las primarias, pero haciéndolas optativas.
Antes de subirse al avión, Santilli participará este martes, desde las 13:00, de la reunión semanal de la mesa política en la Casa Rosada, donde el oficialismo terminará de delinear la estrategia con la que buscará destrabar la discusión parlamentaria.
“Hoy buscamos, de mínima, suspender las PASO próximas“, anticipó uno de los funcionarios que integra la cúpula libertaria y participa de estos habituales encuentros.
La discusión está frenada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que se reunió apenas dos veces en los últimos cuatro meses y la última cita, realizada el 14 de septiembre pasado, no duró más de una hora, sin que se lograra ningún acercamiento entre los bloques.
La propia jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, admitió recientemente que todavía no reúne los votos necesarios para avanzar, ni siquiera con una versión más limitada del proyecto.
Durante su estadía en París, el propio Milei tiene previsto conversar con gobernadores, aunque en ese caso sería para hablar exclusivamente sobre inversiones y no estaba en agenda que se sumara a la reunión del jefe de Gabinete.
La presión por acelerar con esta iniciativa creció después de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) le advirtiera al Congreso que cualquier modificación de las reglas para los comicios de 2027 debe resolverse con anticipación suficiente y no una vez iniciado el año electoral.
A través de la Acordada Extraordinaria 155, los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas señalaron que existen varios proyectos de reforma electoral, de partidos y de financiamiento de campañas en condiciones de ser tratados, pero remarcaron que los cambios requieren tiempo para que la Justicia y las fuerzas políticas adapten sus procedimientos.
El tribunal no se pronunció sobre la conveniencia de eliminar, suspender o mantener las PASO, una decisión que corresponde al Poder Legislativo. Sin embargo, citó estándares internacionales que recomiendan introducir modificaciones entre seis y tres meses antes del inicio formal de los comicios y recordó que los elementos centrales del sistema no deberían alterarse a menos de un año del proceso.
El aumento del riesgo país, que ayer terminó a 628 puntos básicos, generó un cambio de estrategia del Gobierno. Por tercera vez, el Tesoro refinanció ayer los vencimientos de deuda exclusivamente con bonos en pesos o ajustados al tipo de cambio oficial. En cambio, optó por no salir con nuevos títulos en dólares para no convalidar tasas de dos dígitos.
El nivel de riesgo país tocó ayer un máximo en seis meses y en promedio los bonos dolarizados cayeron 1 por ciento. En la práctica, esto significa que para el Gobierno resulta imposible colocar deuda en moneda extranjera con tasas inferiores al 10% anual.
PUBLICIDAD
Para evitar endeudarse a tasas muy caras, la opción elegida en este momento es salir con bonos que venzan dentro del actual período de gobierno. Así, al menos por el momento se dejó de lado la estrategia de estirar vencimientos más allá del actual mandato presidencial.
Las dudas respecto al resultado de las elecciones presidenciales del año que viene volvieron a los inversores mucho más conservadores. Eso generó una caída de las cotizaciones de la deuda en dólares que vence desde 2028 en adelante. El reflejo es la suba del riesgo país desde niveles de 400 puntos de fines de julio a los 626 que marcó ayer.
PUBLICIDAD
La imposibilidad de colocar deuda en dólares plantea interrogantes sobre el plan financiero que el propio equipo económico presentó de cara al 2027. El más claro tiene que ver con la emisión de deuda en dólares por USD 5.000 millones a través del Bonar 2029.
Al menos con el cuadro actual esta opción parece inviable, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado se pondrá todavía más nervioso y volátil de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.
Para volver a emitir deuda al 2029, el riesgo país tendría que bajar nuevamente a niveles de 400 puntos básicos o incluso un poco menos. Es un escenario que hoy luce improbable, aunque no imposible.
PUBLICIDAD
Otra de las preguntas que surge está relacionada con las compras previstas del Central por 10.000 millones de dólares. Esta suma le permitiría al Tesoro hacer frente al pago de vencimientos el año que viene.
Pero tampoco queda claro si el mercado cambiario dejará tanto espacio para que el BCRA pueda comprar como lo venía haciendo hasta ahora. Si se produce un aumento de la demanda minorista en 2027 por las dudas electorales, entonces es posible que haya menos espacio para que el Central pueda comprar.
En lo que va de 2026, el BCRA adquirió más de USD 14.000 millones, pero en septiembre pudo comprar menos de USD 300 millones, la cifra más baja del año. Además, el dólar mostró leve tendencia alcista: el oficial trepó 5 pesos hasta $ 1.545, mientras que el contado con liquidación se fue a 1.620 pesos.
PUBLICIDAD
La Secretaría de Finanzas informó que adjudicó $8,62 billones en la licitación de deuda en pesos, tras recibir ofertas por un total de $9,77 billones, lo que representó un rollover de 100,08 por ciento. Esto significa que, por cada peso que vencía, el Tesoro logró renovarlo y quedó apenas un pequeño excedente de financiamiento fresco.
“100% de roll en un contexto internacional sumamente adverso y a tasas en torno a las del mercado secundario”, destacó Felipe Núñez, uno de los funcionarios más cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo.
El primer instrumento en volumen fue un título atado a la tasa TAMAR, con vencimiento el 30 de julio de 2027 y código TML27. Este bono recibió adjudicaciones por $2,92 billones, con un margen de 3,63% sobre la tasa TAMAR, la referencia que sigue la evolución de las tasas mayoristas del sistema financiero.
Un pedido de ayuda por redes sociales en Concordia realizado por una joven de 20 años activó una intervención de la Justicia y la Policía que permitió localizarla, constatar su situación y posteriormente detener a su expareja, un hombre de la misma edad sobre quien pesaba una orden judicial.
Según se informó, el periodista Juan Segovia tomó conocimiento de la publicación realizada por la joven y comunicó la situación a la fiscal Agustina Solé. A partir de ello, se dio intervención a personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Concordia.
Los efectivos recibieron la indicación de localizar a la mujer, constatar su estado y determinar la veracidad de lo que había manifestado públicamente. Las tareas permitieron encontrar a la joven, quien confirmó lo expuesto a través de las redes y posteriormente formalizó una denuncia por violencia de género.
Denunció episodios de violencia desde 2024
De acuerdo con su relato ante las autoridades, la joven habría atravesado desde 2024 diferentes situaciones de violencia física y psicológica atribuidas a su expareja. Incluso denunció episodios en los que habría sido privada de su libertad.
La mujer también manifestó que durante la jornada del lunes mantuvo una nueva discusión con el joven. En ese contexto, siempre según la denuncia, habría sido agredida físicamente y amenazada de muerte.
Frente a la gravedad de las acusaciones, se dio intervención a los organismos correspondientes y se dispusieron medidas judiciales de protección, además de las diligencias necesarias para resguardar a la denunciante.
Detuvieron a la expareja de la joven
Mientras avanzaban las actuaciones, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal comenzaron las tareas destinadas a localizar al presunto agresor.
Finalmente, el hombre, también de 20 años, fue localizado por los investigadores. Sobre él ya recaía una orden judicial de búsqueda y detención, por lo que los efectivos procedieron a su aprehensión.
El joven quedó alojado en la Alcaidía de la Jefatura Departamental Concordia y a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias de los hechos denunciados.
La crisis de la vivienda en Berlín ya tiene consecuencias políticas. El partido de izquierda Die Linke ganó por primera vez unas elecciones regionales enAlemania poniendo el foco en la política habitacional ante el malestar que hay en la capital alemana por el aumento de los alquileres. En ese marco, propuso expropiar 200 mil departamentos en manos de grandes inmobiliarias para hacer frente a la problemática.
En apenas tres años, el partido de izquierda pasó del 13% de los votos en 2023 al 25% y dejó a la CDU en segundo lugar, con 18%. Ahora tiene la posibilidad de gobernar la capital, también por primera vez.
Nacionalizar, la promesa central
La campaña de Die Linke giró en torno a la vivienda, con una propuesta de máxima: expropiar más de 200.000 departamentos en manos de grandes inmobiliarias o, en su defecto, que la Administración tome el control de esas compañías. “Si Die Linke gobierna en Berlín, nacionalizaremos”, afirmó la candidata Elif Eralp la misma noche del triunfo. Eralp lleva un collar con la palabra Mietendeckel, que significa “tope del alquiler”.
Según datos del Gobierno federal, alquilar un departamento en Berlín se encareció 69% entre 2016 y 2026. En paralelo, y según la oficina de estadísticas de la ciudad, el ingreso per cápita subió 33% entre 2015 y 2025. El problema es aún más extendido si se considera que el 83% de los berlineses vive de alquiler.
Berlín ya aplica límites: las renovaciones de un contrato de tres años no pueden subir más de 15% y solo si no superan el promedio del barrio, y los contratos nuevos no pueden exceder en más de 10% ese promedio. Para Die Linke no alcanza, porque existen múltiples maneras de esquivar los topes.
Un camino con obstáculos políticos y legales
Para gobernar, el partido necesitará el respaldo de Los Verdes y del SPD. Los Verdes están dispuestos a negociar y sus posiciones en materia de vivienda no están lejos. El SPD, en cambio, mantiene una postura muy distante.
Además, el canciller Friedrich Merz reiteró que el Gobierno federal actuará por la vía legal para frenar cualquier expropiación o nacionalización. La Constitución alemana habilita ese tipo de medidas, tanto a nivel federal como de los estados, pero nunca se aplicaron.
El costo fiscal
La CDU y el SPD ponen el foco en el costo. El Tribunal de Cuentas de Berlín calculó que el estado debería desembolsar casi 40.000 millones de euros para indemnizar o nacionalizar a las empresas alcanzadas. La cifra es muy elevada frente a un presupuesto 2026 de 46.000 millones de euros y una deuda de 68.000 millones.
En la mira están, en primer lugar, el grupo alemán Vonovia y su filial Deutsche Wohnen, que suman más de 138.000 viviendas en la ciudad y activos valuados en más de 30.000 millones de euros según sus propios balances. También podrían verse afectadas Adler Group (Alemania), Grand City Properties (Luxemburgo) y Heimstaden (Suecia).
Los estudios académicos llegan a conclusiones opuestas. Uno difundido el 25 de septiembre por la Fundación Hans Böckler, vinculada al sindicato DGB, sostiene que las expropiaciones ayudarían claramente a contener los alquileres. Otro del instituto Empirica estima que solo se beneficiaría el 12% de la población. Lo que ambos coinciden en señalar es que el gran interrogante es cómo financiar la operación.
En su tradicional cena anual, y con escasa presencia de representantes del oficialismo, Poder Ciudadano apuntó este lunes en duros términos contra el Gobierno al destacar que “la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica” y que “en los últimos años no sólo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad”.
Así lo dijo en su discurso el presidente de la organización, Martín D’Alessandro, quien remarcó que es “imperioso ocuparse en serio de la corrupción de una buena vez”, ya que, puntualizó,“en las encuestas sigue en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía y en el Índice de Percepción de la Corrupción que confecciona anualmente Transparencia Internacional para 182 países, Argentina se ubica recién en el puesto 104, con apenas 36 puntos sobre 100″. “Es el peor resultado de los últimos 10 años, consolidando la tendencia declinante de los últimos 6 años”, afirmó el titular de Poder Ciudadano.
En un salón del hotel Sheraton, en Retiro, lo escuchó un variado auditorio en el que se destacó la presencia de dirigentes de la oposición, miembros del Poder Judicial, empresarios y pocos referentes libertarios: estuvieron Luis Petri, Sebastián Pareja y Nicolás Mayoraz, por ejemplo, pero no concurrió ningún miembro del Gabinete nacional ni las máximas autoridades de los bloques legislativos de La Libertad Avanza.
Entre los representantes de la oposición estuvieron, entre otros, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Martín Lousteau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez, Carolina Losada, Laura Alonso, Nicolás Massot, Luis Naidenoff, Mario Negri, Gabriel Katopodis, Germán Martínez, Juan Manuel Abal Medina, Diego Bossio, José Octavio Bordón, Karina Banfi, Ricardo Gil Lavedra, Daniel Arroyo y Marcelo Stubrin. Además, hubo empresarios como Martín Rappallini, Jorge Brito, Gustavo Weiss y Cristiano Ratazzi, y economistas como Hernán Lacunza, Carlos Melconian, Alfonso Prat Gay y Marina Dal Poggetto.
Además, concurrió una nutrida representación dejueces y fiscales: Julián Ercolini, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, Diego Luciani, Diego Barroetaveña, Inés Weinberg de Roca, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Sergio Mola Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Eduardo Taiano y Alejandra Mángano, entre otros.
En su discurso, D’Alessandro consideró que la corrupción tiene dimensiones morales, colectivas, estatales, republicanas, democráticas y económicas, al tiempo que señaló que afecta la igualdad ante la ley, debilita la confianza en las instituciones, perjudica las políticas públicas y distorsiona la asignación de bienes públicos.
El titular de Poder Ciudadano cuestionó que desde el Gobierno no se hayan implementado políticas específicas para elevar la transparencia y denunció intentos del oficialismo de reducir la cantidad de juzgados con capacidad para investigar hechos de corrupción cometidos por funcionarios. También criticó el proyecto de inocencia fisca”, enviado al Congreso durante este año, porque inicialmente permitía a funcionarios blanquear dinero no declarado sin dar explicaciones.
El proyecto oficial de reforma política fue otro de los puntos objetados por D’Alessandro: sostuvo que la iniciativa contempla liberar los límites a las donaciones privadas para campañas electorales y habilitar campañas paralelas sin controles, en sentido contrario a las prácticas internacionales en la materia.
También cuestionó el incremento del gasto en agencias de inteligencia sin rendición de cuentas y las demoras o versiones contradictorias que, según dijo, buscaron ocultar enriquecimientos sospechosos de funcionarios. Describió esos episodios como una combinación de “arrogancia y tozudez, de tragedia y de comedia”.
Tras mencionar que la Argentina quedó en el último lugar de América Latina en recepción de inversiones extranjeras, de acuerdo con el último relevamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el presidente de Poder Ciudadano vinculó ese retroceso con el deterioro institucional y sostuvo que las reglas estables, la Justicia independiente, la transparencia y la integridad reducen la incertidumbre económica.
D’Alessandro mencionó estimaciones según las cuales la corrupción le hace perder al país entre 8% y 10% del PBI cada año. A partir de esa cifra, planteó que combatirla podría tener un efecto económico rentable.
Por otra parte, rechazó la idea de que la corrupción desaparecería solamente con la reducción del Estado. Admitió que las regulaciones excesivas pueden generar oportunidades de corrupción, pero advirtió que una desregulación sin controles también facilita el aprovechamiento de la debilidad estatal.
Como ejemplo, recordó una denuncia presentada por la organización que dirige ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en diciembre del año anterior luego de descubrir que, tras la eliminación de trámites y controles, ingresaban al país autos de lujo declarados como vehículos de colección, una maniobra que permitía evadir millones de pesos en impuestos.
La denuncia derivó en la detección de un posible delito de contrabando agravado, sanciones a funcionarios, cambios normativos y la elevación del caso a la Justicia Penal Económica. Para D’Alessandro, ese episodio mostró la necesidad de instituciones sólidas y de una sociedad civil que controle las decisiones públicas.
El presidente de Poder Ciudadano aseguró que la democracia no puede depender del crecimiento económico. Recordó que ningún país que sufrió golpes de Estado tuvo ingresos superiores a los de Argentina en 1976, al referirse a la relación entre desarrollo, estabilidad democrática e instituciones.
La participación de organizaciones y ciudadanos debe ser considerada un aporte al control de los gobiernos y no una interferencia, enfatizó D’Alessandro. Sin embargo, denunció que el Gobierno avanza en una dirección opuesta mediante decretos y proyectos legislativos que limitarían la intervención de la sociedad civil.
Entre esas medidas mencionó un decreto que restringió el acceso ciudadano a la información pública y otro que eliminó la participación y la consulta ciudadana en el proceso de designación de jueces. Según expuso, ambas decisiones contradicen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
También objetó el proyecto de regulación del lobby, que, según describió, busca someter a miles de organizaciones no gubernamentales a un régimen de vigilancia que las obligaría a informar al Estado prácticamente todos sus movimientos. El proyecto de defensa de la soberanía nacional, agregó, pretende limitar la libertad de opinión.
Ambas iniciativas prevén delitos de prisión formulados de manera ambigua, señaló. D’Alessandro consideró que ese tipo de disposiciones acerca al país a modelos como los de Venezuela, Hungría y Nicaragua, en lugar de aproximarlo a Estados Unidos o a Europa.
“Los políticos no se dejan ayudar por los ciudadanos”, resumió el presidente de Poder Ciudadano. A partir de esa premisa, se preguntó cómo podría recuperarse la confianza en la política y en las instituciones si el Estado desconfía de su propia ciudadanía.
Recordó que la fundadora de la organización, Marta Oyhanarte, había definido ese objetivo durante la primera convocatoria pública de Poder Ciudadano, en abril de 1989: “Hemos iniciado un camino que pretende reavivar nuestra conciencia cívica -dijo-. Esto implica un cambio de modalidad en nuestra forma de pensar y de actuar, porque somos copropietarios de esta democracia”.
Oyhanarte agregó entonces: “Intentamos ser promotores de participación para vivir en un país normal, con un sistema de normas claras que sean cumplidas por gobernantes y gobernados”. También sostuvo que el espíritu de la entidad era “la suma de muchos que hacen poquito y no a la inversa”.
D’Alessandro afirmó que esa definición continúa orientando las convicciones y la propuesta de Poder Ciudadano. La organización que preside, según precisó, configuró la corrupción como un problema público y promovió el activismo social como complemento de los controles y las sanciones estatales.
D’Alessandro sostuvo que la organización “no adoptó una posición antipolítica ni alentó escándalos, fanatismo punitivo o la idea de que algunas personas son moralmente inferiores por sus opiniones partidarias”. En cambio, salió en defensa de una visión pluralista basada en la transparencia, los controles, la rendición de cuentas y la calidad institucional.
Cuando los ciudadanos se repliegan en la vida privada, la esfera pública se debilita y aumenta la vulnerabilidad frente al autoritarismo, advirtió. Según D’Alessandro, una sociedad organizada que exige explicaciones fortalece la confianza entre la población y el Estado, reduce las probabilidades de autocratización y mejora las condiciones para el desarrollo.
Los seis brasileños detenidos con drogas sintéticas tras el operativo que permitió secuestrar 38.615 kilos de metanfetamina y 7.258 kilos de pastillas de éxtasis fueron imputados por la Justicia Federal por el delito de transporte agravado de estupefacientes por la intervención organizada de tres o más personas.
Los acusados participaron de una audiencia durante el cierre de la última semana ante la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi. Luego de la imputación se dispuso que continuaran detenidos, mientras la Justicia deberá resolver en los próximos días la situación procesal de cada uno.
Los seis involucrados fueron identificados como Christian Thiery Rodrigues, Cesar Henrique Garcia Sgarbi, Maria Izabela Coelho, Raiane Proenca Dos Santos, Vitor Dos Santos Bezerra Moretti y Yuri Belo Massaroni, todos ciudadanos brasileños.
Un cargamento valuado en unos $2.500 millones
El procedimiento permitió incautar un cargamento de drogas sintéticas que, según las estimaciones realizadas en el marco de la investigación, tendría un valor aproximado de 2.500 millones de pesos.
En total, fueron secuestrados 38.615 kilos de metanfetamina y 7.258 kilos de pastillas de éxtasis. Por el volumen de sustancias incautadas, el procedimiento quedó entre los mayores decomisos de drogas sintéticas registrados en Argentina.
El operativo tuvo lugar pocos días después de otro importante procedimiento concretado el 16 de septiembre en Zárate, provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad se incautaron 52 kilos de MDMA de máxima pureza, un decomiso que el Gobierno nacional presentó entonces como el mayor secuestro de drogas sintéticas registrado en el país.
Cómo comenzó el operativo en Entre Ríos
La investigación que terminó con los seis brasileños detenidos comenzó minutos antes de las 9 del martes 22 de septiembre, cuando efectivos del Puesto Caminero Paso Cerrito, ubicado al norte del departamento Federación, detuvieron la marcha de un Hyundai HB20 con patente brasileña.
Después del control de la documentación, los funcionarios se disponían a realizar una inspección con un perro detector de drogas. Sin embargo, al advertir la presencia del can, el conductor aceleró y escapó del lugar.
A unos dos kilómetros del puesto caminero, el Hyundai fue localizado abandonado. El conductor había ingresado a una zona de campo y permaneció prófugo durante varias horas, por lo que se desplegó un operativo para intentar localizarlo.
Las sospechas sobre un segundo vehículo
Paralelamente, los investigadores relacionaron el Hyundai con otro automóvil brasileño que había pasado previamente por el mismo puesto. Se trataba de un Chevrolet Onix gris en el que viajaban dos hombres.
Uno de sus ocupantes fue identificado como Vitor Dos Santos Bezerra Moretti, de 30 años y oriundo de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina. Un dato llamó particularmente la atención de los investigadores: el hombre se había retirado del puesto sin solicitar que le devolvieran su licencia de conducir.
El Chevrolet fue encontrado posteriormente en una estación de servicio YPF ubicada en el acceso a Federación. Estaba cerrado y no había personas en su interior. Al revisar las cámaras de seguridad, los investigadores detectaron que sus dos ocupantes habían subido posteriormente a un Ford Fiesta blanco.
Cinco detenidos en otro puesto caminero
El Ford Fiesta fue interceptado horas más tarde en el puesto caminero de Bella Vista, en el departamento Uruguay. En el vehículo viajaban cinco ciudadanos brasileños.
Los ocupantes fueron identificados como Vitor Dos Santos Bezerra Moretti, Cesar Henrique Garcia Sgarbi, Christian Thiery Rodrigues, Maria Izabela Coelho y Raiane Proenca Dos Santos.
Los tres vehículos involucrados fueron sometidos a requisas. Durante las inspecciones, los investigadores encontraron sustancias ocultas en diferentes sectores de los rodados, entre ellos paneles, asientos y una rueda de auxilio. El pesaje final arrojó 38.615 kilos de metanfetamina y 7.258 kilos de pastillas de éxtasis.
El sexto sospechoso estuvo varias horas prófugo
Mientras se desarrollaban esos procedimientos, continuaba la búsqueda del conductor del Hyundai que había escapado desde Paso Cerrito y abandonado el automóvil a pocos kilómetros del control policial.
Finalmente, alrededor de las 18 de aquel martes, el hombre fue localizado sobre la Ruta Nacional 14. Según se estableció, había permanecido durante varias horas en una zona de monte y se encontraba desorientado.
Fue identificado como Yuri Belo Massaroni, de 29 años y domiciliado en Río de Janeiro. Con su detención se completó el grupo de seis ciudadanos brasileños que ahora quedaron imputados por transporte agravado de estupefacientes y continuarán privados de su libertad mientras avanza la causa federal, publicó Diario El Sol.
El antecedente del cargamento incautado en Zárate
El procedimiento entrerriano se produjo menos de una semana después de la incautación de 52 kilos de MDMA de máxima pureza en Zárate. Aquel cargamento había sido encontrado oculto en distintos compartimentos de una camioneta proveniente del puerto de Amberes, Bélgica.
La investigación fue desarrollada por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, junto con la Dirección General de Aduanas de ARCA y con intervención de la Justicia Penal Económica y la PROCUNAR. El expediente se había iniciado en marzo a partir de información proporcionada por la DEA de Estados Unidos sobre una organización criminal transnacional.
Durante aquel procedimiento fueron encontrados inicialmente 20 kilos de MDMA y, después de desmontar otros sectores del vehículo, otros 32 kilos. Según estimaciones oficiales difundidas tras el operativo, esa cantidad habría permitido elaborar alrededor de un millón de pastillas de éxtasis.
La diputada Fernanda Miño denunció el allanamiento de su vivienda durante las investigaciones posteriores al cambio de gobierno
28 Sep, 2026 08:13 p. m. EST
Guardar
Fernanda Miño cuestionó al Gobierno por haber interrumpido las políticas de integración de los barrios populares y defendió un proyecto que busca extender por diez años la emergencia sociourbana. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 140 legisladores y plantea recuperar el financiamiento para obras de infraestructura.
En diálogo con Infobae al Regreso, la diputada nacional de Unión por la Patria sostuvo que el problema alcanza a miles de familias que todavía viven sin servicios básicos y aseguró que existen recursos que podrían destinarse a retomar los trabajos.
PUBLICIDAD
“Este proyecto nace de la Mesa Nacional de Barrios, pero hablar solamente de este proyecto sin tener en cuenta la historia que venimos trabajando desde el 2016, quienes vivimos en barrios populares”, señaló Miño, quien nació y vive en la villa La Cava, en San Isidro.
La exsecretaria de Integración Socio Urbana recordó que las políticas destinadas a los barrios populares comenzaron a tomar una forma institucional con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares y la sanción de la Ley 27.453. Según explicó, el proceso involucró a organizaciones sociales, Techo y Cáritas y terminó reuniendo el apoyo de distintos sectores políticos.
PUBLICIDAD
“Convencimos a todos los diputados y senadores de que era una política que teníamos que desarrollar como política pública”, afirmó.
Uno de los instrumentos que destacó fueron los certificados de vivienda, que permiten acreditar la residencia de las familias que viven en los barrios registrados. “Obtuvimos certificados de vivienda, que son como un título posesorio”, explicó.
Para Miño, la discusión actual no debería centrarse únicamente en la construcción de viviendas. El objetivo, planteó, es intervenir sobre los barrios existentes para garantizar infraestructura y servicios.
“Hay familias que por ahí quieren una vivienda, es decir, hay familias que hay que integrarlas ya”, sostuvo.
El déficit de infraestructura en los barrios populares
Miño aseguró que existen más de 6.400 barrios populares en el país y describió las principales carencias que todavía persisten en buena parte de ellos.
PUBLICIDAD
“Están con necesidades básicas de los servicios: agua potable, energía, accesos, falta de luminarias, espacios de encontrarse, salones de usos múltiples”, enumeró.
También mencionó problemas derivados de la falta de infraestructura adecuada, como inundaciones y accidentes vinculados con las instalaciones eléctricas: “Barrios que se inundan, barrios que se incendian por malas conexiones eléctricas”.
La diputada sostuvo que durante su gestión se buscó modificar el enfoque de las políticas habitacionales y priorizar la urbanización de los barrios ya existentes. “Cambiamos ese paradigma llevando los servicios básicos a los barrios populares de la Argentina”, señaló.
En ese contexto, mencionó el programa Mi Pieza, que otorgaba asistencia económica para ampliar o mejorar viviendas de mujeres que viven en barrios populares. Según Miño, la iniciativa alcanzó a unas 250.000 familias.
PUBLICIDAD
El reclamo por los fondos
Uno de los principales argumentos de Miño para impulsar la extensión de la emergencia es que, según afirmó, todavía existen recursos que habían sido destinados a financiar obras de integración urbana.
“Tiene dinero, tiene más de 260 mil millones de pesos”, aseguró al referirse al fideicomiso utilizado para financiar las obras.
La diputada explicó que esos recursos habían sido alimentados, entre otras fuentes, por el Impuesto PAIS y el aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas.
“Ese dinero era del Impuesto PAIS, que ellos lo sacan, y es del aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas”, sostuvo.
Para Miño, la disponibilidad de esos fondos permite retomar una política que, según su planteo, quedó interrumpida con el cambio de administración.
Cómo se asignaban y controlaban las obras
Durante la entrevista, Gustavo Lazzari planteó además quién debía administrar los recursos y cómo se garantizaba que llegaran efectivamente a los barrios.
Miño rechazó que durante su gestión los fondos fueran asignados directamente a organizaciones sociales o a determinados sectores políticos.
“No se direccionaba a una organización social, ni a un solo partido político, ni a un gobernador, ni a una intendencia”, afirmó.
Según explicó, los proyectos debían llegar a la Secretaría de Integración Socio Urbana para ser evaluados antes de recibir financiamiento. Además, aseguró que existían equipos técnicos encargados de supervisar las obras y que también participaron universidades.
PUBLICIDAD
“Personalmente teníamos un equipo que lo hacía desde el ministerio, desde la secretaría y universidades trabajando en pos de que esas obras se hagan en los barrios populares”, señaló.
Como ejemplo de la articulación con gobiernos de otros espacios políticos, mencionó a Jujuy durante la administración de Gerardo Morales. “Con el gobierno mismo de Morales celebramos proyectos que llegaron a barrios populares”, recordó.
La transición con el gobierno de Milei
Miño también habló sobre el traspaso de la Secretaría de Integración Socio Urbana al gobierno de Javier Milei y aseguró que intentó mantener una transición ordenada con Sebastián Pareja.
Según su relato, puso a disposición de las nuevas autoridades información sobre los programas, los proyectos y los recursos disponibles. Sin embargo, después del cambio de gobierno quedó involucrada en investigaciones vinculadas con su gestión. “Hubo una persecución, de hecho, allanaron mi casa”, sostuvo.
PUBLICIDAD
La diputada también mencionó una auditoría realizada durante la gestión de Pareja y aseguró que el actual legislador de La Libertad Avanza había reconocido resultados positivos de la política de integración urbana.
El proyecto que impulsa la Mesa Nacional de Barrios Populares busca ahora extender por diez años la emergencia sociourbana y garantizar recursos para continuar con las obras. Para Miño, el desafío pasa por recuperar una política que permita llevar infraestructura y servicios a los barrios que todavía permanecen al margen de la ciudad formal.
–
Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.
• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.
• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.
• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.
PUBLICIDAD
• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
