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El caso contra Naveed Akram, acusado de asesinar a 15 personas durante una celebración de Janucá en Sídney, incluyó más de 800 declaraciones de testigos y aún restan pruebas por analizar, según informó la Fiscalía este miércoles ante el Tribunal Local de Downing Centre.

Akram, de 25 años, enfrenta 78 cargos relacionados con la masacre ocurrida el 14 de diciembre en Bondi Beach, un ataque que, según la policía, estuvo inspirado por el grupo terrorista Estado Islámico.

La fiscal Danielle New expuso la magnitud de la evidencia durante el proceso de recopilación de datos. Hasta ahora se revisaron más de 800 testimonios, junto a videos, pruebas balísticas y datos de siete dispositivos electrónicos. Falta por examinar información de otros 12 dispositivos y el informe sobre los artefactos explosivos improvisados involucrados.

De acuerdo con las acusaciones, Akram y su padre, Sajid Akram, de 50 años, iniciaron el ataque lanzando cuatro artefactos explosivos improvisados contra una multitud judía. Aunque ninguno de los dispositivos detonó, la policía los calificó como “viables”: tres bombas de tubo de aluminio y una bomba fabricada con una pelota de tenis, que contenían explosivo, pólvora y rodamientos de acero. La Policía halló un artefacto explosivo de mayor tamaño en el maletero del vehículo de Akram, cubierto con banderas del Estado Islámico.

El padre de Akram murió en un tiroteo con la policía, mientras que Naveed Akram resultó herido. El acusado no presentó declaración de culpabilidad o inocencia frente a los cargos de asesinato, intento de asesinato y comisión de un acto terrorista. La audiencia fue aplazada hasta el 28 de octubre, cuando la fiscalía deberá actualizar al tribunal sobre el avance de la investigación. Naveed está acusado de matar 15 personas durante la masacre.

El pasado 6 de mayo, se celebró una audiencia procesal en el Tribunal Local de Downing Centre para discutir una orden de silencio que impide revelar la identidad de las víctimas y sobrevivientes que no han optado por identificarse públicamente.

Desde la última comparecencia de Akram, el 15 de abril se añadieron 19 cargos más al expediente judicial, entre ellos 10 por intento de homicidio con arma de fuego y seis por disparar un arma con intención de resistirse al arresto.

La investigación policial es una de las tres pesquisas oficiales que analizan el peor presunto ataque terrorista de Australia y el tiroteo masivo más letal del país en 29 años. Otra comisión, centrada en la interacción entre las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia antes del ataque, publicó en abril un informe preliminar que recomendó endurecer el control de armas. Esta revisión forma parte de una comisión real más amplia, la máxima instancia de investigación pública de Australia, que examina la prevalencia del antisemitismo y las circunstancias del tiroteo de Bondi.

Australia promulgó leyes que reforzaron el control de armas, endurecieron los controles de antecedentes para la concesión de licencias y establecieron medidas más severas contra los delitos motivados por el odio, en respuesta al tiroteo masivo en Bondi Beach.

Dos proyectos de ley —uno para el control más estricto de armas y otro para combatir el odio— fueron aprobados por la Cámara de Representantes y el Senado en una sesión extraordinaria del Parlamento. Las reformas sobre armas contaron con el respaldo del partido de los Verdes, pese a la oposición de la coalición conservadora Liberal-Nacional, mientras que las leyes contra el odio recibieron el apoyo del partido Liberal.

El ministro del Interior, Tony Burke, presentó las reformas señalando que el ataque del 14 de diciembre de 2025, que dejó 15 víctimas fatales, fue perpetrado por personas con “odio en el corazón y armas en las manos”. “Los trágicos sucesos de Bondi exigen una respuesta global por parte del gobierno”, declaró Burke y agregó: “Como gobierno debemos hacer todo lo posible para contrarrestar tanto la motivación como el método”.

Las medidas incluyeron un programa nacional de recompra de armas, controles de antecedentes más rigurosos para otorgar licencias y sanciones más duras para los delitos de odio, en un intento por evitar nuevos episodios de violencia de esta naturaleza en Australia.

(Con información de Associated Press)

En medio de las negociaciones por los grandes proyectos del Gobierno y en la previa de los (eventuales) acuerdos electorales con el PRO, la UCR y algunos gobernadores, la Casa Rosada apuesta a rescatar iniciativas de bajo perfil pero impacto directo para cerrar heridas en la relación con los aliados tras los roces por los pliegos judiciales y el traspié con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Darle aire a los proyectos del “archivo” de los sectores opositores amigables y caciques será un guiño del oficialismo nacional luego del mal trago con la Ley de Tierras y el manejo del Fuego, y de la discusión por los pliegos judiciales.

El Ejecutivo tiene un doble objetivo: también busca priorizar iniciativas que generen un impacto tangible y rápido para la gente, antes que grandes reformas de paquete (excepto las que están en marcha).

En modo preelectoral, ademas de reorientar el foco de su agenda parlamentaria hacia temas más “tangibles“, busca reconstruir puentes con los partidos aliados.

El objetivo de fondo es aceitar las relaciones para “facilitarles” el respaldo a otras iniciativas propias que al Gobierno le interesa especialmente aprobar -empezando por la reforma del BCRA, el gran objetivo de Javier Milei para el año; oninocencia fiscal-.

Pero, en segundo término, también lo consideran como un guiño de cara al terreno de los acuerdos electorales.

Patricia Bullrich le había planteado esta idea a la Casa Rosada, pero sólo fue abrazada tras los tropiezos de la semana pasada, como forma de descomprimir la relación con los bloques dialoguistas después del último tramo tenso en el vínculo político.

El objetivo es doble: por un lado, mostrar gestión con medidas de bajo costo político y alto rédito territorial. Por el otro, sanar heridas después de los roces de las últimas semanas, que arrancó con los pliegos de jueces, cuando Bullrich tuvo que romper el acuerdo que había alcanzado con los jefes de bloque para darle impulso al pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

A esos choques silenciosos se sumó la falta de respaldo contundente, la semana pasada, al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por Federico Sturzenegger, que cayó en partes en el Senado y le mostró al Gobierno que los gobernadores no estaban en la misma página.

Entre los proyectos de bajo perfil pero con impacto directo en las economías regionales mencionan la reducción del IVA de la harina y la fécula de mandioca, del 21% al 10,5%, impulsada por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad (Encuentro Misionero). Una iniciativa que busca equiparar el tratamiento tributario con el de la harina de trigo para, dicen, beneficiar a productores de Misiones.

El otro es la llamada “ley de banquinas”, del amarillo Javier Sánchez Wrba, que apunta a modificar el régimen vigente para permitir la siembra a la vera de las rutas (y de paso congraciarse con los sectores agrícolas). También, la ley de electromovilidad, de Cristian Ritondo, tras el acuerdo YPF-Tesla. Y en el Senado creen que la ley de Salud mental atraerá buen rédito político, incluso en la controversia con la oposición dura.

En paralelo, el Gobierno redoblará esfuerzos para que los proyectos menos tangibles se “acerquen” a la sociedad con una comunicación que los baje a tierra. Será el caso de la ley de mercado de capitales, que el Ejecutivo acordó impulsar de manera prioritaria dentro del paquete desregulador que trabaja Sturzenegger y que detalló ayer en la mesa política en Casa Rosada.

Según trascendió del encuentro, la propuesta apunta a “democratizar el capital”: ampliar las alternativas de financiamiento para las empresas, en especial las pymes, para que puedan recurrir a la emisión de acciones u obligaciones negociables en lugar de depender solo del crédito bancario.

El jefe de la inteligencia militar del Ejército Nacional Libio (ENL), organización que controla el este y parte del sur de Libia, murió en un atentado con coche bomba, informó el ejército en un comunicado difundido el martes. Fawzi al-Mansouri perdió la vida el lunes cuando un artefacto explosivo adherido a su vehículo detonó tras salir de una mezquita local por la noche.

El asesinato se produjo en la ciudad de Bengasi, ubicada en el este del país. Libia permanece dividida desde el conflicto que siguió al derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, con dos administraciones rivales enfrentadas: la reconocida por la ONU en Trípoli, encabezada por el primer ministro Abdulhamid Dbeibah, y otra con sede en Bengasi apoyada por el comandante militar Khalifa Haftar.

Khaled Haftar, hijo de Khalifa Haftar, declaró a la agencia AFP que se inició una investigación y sostuvo que “todo apunta a una táctica terrorista despreciable”. El comunicado militar añadió: “El terrorismo es un proyecto que tiene como objetivo a toda la región, no solo a Libia”.

El atentado representa un revés para los esfuerzos de los Haftar de presentar una imagen de estabilidad en las áreas bajo su control. “Un ataque de esta sofisticación en un bastión del LNA supone también un duro golpe para la reputación de seguridad del grupo”, señaló al mismo medio Hamish Kinnear, analista de la consultora británica Verisk Maplecroft.

La capacidad para ejecutar un ataque contra una figura de alto perfil como Fawzi al-Mansouri revela, según el analista, que el responsable cuenta con recursos e inteligencia significativa. Las autoridades del este de Libia no identificaron a los autores del atentado.

En el comunicado, el Ejército Nacional Libio (LNA) aseguró que “no cesará en su lucha contra el terrorismo y continuará su lucha por la estabilidad y la seguridad de Libia, así como por la unificación de sus instituciones”. El asesinato de al-Mansouri coincidió con iniciativas para unificar los poderes ejecutivos bajo un plan impulsado por Washington, que el LNA apoya públicamente.

Kinnear advirtió que “nada de esto augura nada bueno para un plan estadounidense para reunificar Libia”, y estimó que, de acuerdo con la actual hoja de ruta, es poco probable que las partes se sientan conformes con sus posiciones durante mucho tiempo, lo que podría desencadenar una nueva lucha de poder desestabilizadora.

El especialista en Libia, Jalel Harchaoui, señaló que el asesinato “perturbaría, o al menos retrasaría”, el acuerdo negociado por Estados Unidos. Harchaoui explicó que el pacto se apoya en dos premisas: la prioridad de la seguridad en Bengasi y la protección de los altos mandos militares, garantizada por su lealtad a Saddam Haftar. “Una bomba que mata al jefe de la inteligencia militar cuando sale de una mezquita socava estas premisas”, sostuvo el experto.

La reunificación política en Libia “requeriría algunos gestos de apertura hacia la reforma y el cambio dentro del ejército”, señaló el experto Jalel Harchaoui. Mientras tanto, el gobierno con sede en Trípoli condenó el asesinato de Fawzi al-Mansouri en un comunicado, calificando el hecho como un “ataque terrorista” y subrayando que rechaza el crimen “independientemente de las posiciones o alianzas de cualquier partido”.

La oficina de Khaled Haftar comunicó a AFP que las autoridades habían detenido a una “célula terrorista en Bengasi que se preparaba para llevar a cabo actos de sabotaje”, aunque no precisó si existe vínculo con el asesinato de al-Mansouri.

El funeral de al-Mansouri se realizó el martes por la tarde en Bengasi, con la presencia de hombres armados vestidos con uniforme militar. Altos mandos del LNA, entre ellos Khaled y Saddam Haftar, asistieron a la ceremonia. En su homenaje, el LNA describió a al-Mansouri como un “mártir heroico”.

Al-Mansouri fue un líder militar con estrechos vínculos con la familia Haftar. Jugó un papel central en la ofensiva del Ejército Nacional Libio (LNA) contra grupos yihadistas, incluyendo al Estado Islámico, entre 2014 y 2017 en zonas del este del país. También se destacó durante la operación de Haftar, apoyada por Rusia, para tomar Trípoli en 2019, que fue repelida por fuerzas del gobierno capitalino con el apoyo de Turquía.

(Con información de AFP)

En un nuevo capítulo en el conflicto entre las universidades y el Gobierno, los gremios de docentes y nodocentes universitarios realizarán este miércoles un nuevo paro nacional para reclamar por el incumplimiento de tres puntos: la no aplicación de la ley de financiamiento universitario, así como tampoco del fallo de la Corte Suprema que obliga al Estado a aplicar la cautelar para actualizar los haberes de los profesores, y el aumento de las partidas presupuestarias para los hospitales universitarios.

La medida de fuerza se anunció la semana pasada para este 12 de agosto en el marco del reclamo que lleva casi un año tras la sanción de la normativa que aprobó el Congreso de la Nación para actualizar por inflación los gastos de funcionamiento de las facultades, hospitales universitarios y partidas para investigación. Además, habilitaba a la convocatoria a paritarias para recomponer el salario docente y no docente y aumenta las becas, entre otros puntos.

Es principalmente impulsada por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina de Gremios de Docentes Universitarios (FAGDUT) y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), entre otras organizaciones.

En ese sentido, en junio pasado, se alcanzó un acuerdo salarial entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para una actualización en los haberes de 24,33% dividida en dos tramos, un ajuste de 21,33% en julio y otro de 3% en octubre.

Sin embargo, según comentaron a Infobae, desde el sector docente señalan que el Gobierno no terminó de cumplir con lo acordado por la ley de financiamiento ni por la medida cautelar y sostuvieron que, a lo pactado en junio con el Ejecutivo, hay una diferencia de casi 30 puntos que todavía no se aplicó a los haberes.

“Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio y al que nos empujó el Gobierno. Yo como docente, al igual que nuestros compañeros y compañeras, no queremos estar reclamando en la calle ni dejando de dar clases por un paro de actividades. Queremos estar en el aula frente a los estudiantes. Queremos estar en las cátedras, haciendo investigación o enseñando y asistiendo en nuestros hospitales. Pero nos han empujado a esto, ya que aún seguimos sin cobrar lo que el Estado de derecho ya sentenció que nos corresponde. No lo vamos a permitir y tampoco nos van a hacer bajar los brazos”, afirmó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.

En ese marco, hay una convocatoria abierta para este miércoles a las 16 en la zona del Obelisco, impulsada por el área de Ciencia y Técnica de la UBA, a la que se plegarán algunos gremios docentes. No es un dato menor que a la misma hora se dé la marcha de jubilados en el Congreso de la Nación.

La situación de los hospitales universitarios es otro de los ejes del conflicto. Si bien la Universidad de Buenos Aires (UBA) recibió 20 mil millones de pesos en concepto de partidas para sus hospitales, esa cifra representa apenas un cuarto de lo recibido el año anterior.

El Gobierno se comprometió a transferir otros 20 mil millones adicionales, pero los gremios señalan que de los 50 mil millones acordados en junio junto con el aumento salarial no hay novedades. Según reclaman, esto afecta a establecimientos que atienden más de medio millón de consultas anuales, muchas de ellas por enfermedades de alta complejidad.

La situación judicial también suma presión sobre el Gobierno. La semana pasada, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto la suspensión de la cautelar, luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario que presentó el Ejecutivo. Así, el expediente regresó al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, para continuar con la ejecución de la medida.

Mientras el Gobierno sostiene que actuó “en los términos dispuestos por la Justicia”, los gremios plantean que continúa sin concretarse plenamente la aplicación de la medida cautelar referida a los artículos 5 y 6, centrados en la actualización de los salarios docentes y no docentes y al financiamiento de becas y programas estudiantiles.

Frente al paro, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, rechazó los reclamos y calificó la medida de “ilegítima” y de “carácter político”. “No existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional”, sostuvo la cartera en un comunicado difundido este lunes.

El ministerio detalló además las transferencias realizadas: $666.823.011.021 en concepto de gastos de personal e incrementos salariales correspondientes a junio, y otros $448.544.808.500 por el mes de julio. En materia de hospitales universitarios, informó que la UBA recibió dos resoluciones por 20 mil millones de pesos cada una, mientras que la Universidad Nacional de Cuyo percibe mensualmente $188.330.000 en el marco de la Resolución N° 427/26.

La próxima mesa paritaria fue convocada por el Gobierno para el 1° de septiembre, dentro del cronograma acordado. La Subsecretaría de Políticas Universitarias aseguró haber actuado “en estricto cumplimiento de la normativa vigente”. Los gremios, en cambio, sostienen que el cumplimiento del acta del 10 de junio no equivale al cumplimiento integral de la Ley 27.795, posición que es la base del paro de este miércoles.

A pesar de la medida de fuerza, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, confirmó que la institución mantendrá sus puertas abiertas durante la jornada: “La situación es muy difícil, pero la Universidad va a estar abierta. La adhesión a la medida de fuerza va a depender de cada profesor/ra y trabajador/ra no docente”, señaló.

El 19 de agosto se cumplirán 300 días desde la sanción de la ley, fecha para la que el Frente Sindical de las Universidades Nacionales también tiene prevista una jornada de visibilización. El debate tendrá además un nuevo capítulo el 4 de septiembre, cuando el CIN celebre su 96° Plenario de Rectoras y Rectores en Bariloche, donde el presupuesto universitario 2027 será uno de los ejes centrales.

El mercado local viene perdiendo atractivo para los inversores en las últimas jornadas. A la debilidad que muestran los bonos en dólares ahora también se sumaron las acciones. El índice líder S&P Merval cayó ayer casi 4% y se aleja de los máximos que había alcanzado en dólares en lo que va de 2027.

El ejemplo más claro de esta cautela que muestra el mercado con las acciones argentinas fue el comportamiento del papel de YPF. La petrolera divulgó un balance con ganancias récord correspondiente al segundo trimestre. No sorprendió tanto porque estaba claro que la suba del petróleo en ese período generaría un impacto positivo en la rentabilidad.

Pero, además, el mismo día se conoció la venta de Metrogas a Edenor, que dejará una ganancia en los estados contables de YPF del orden de los 200 millones de dólares.

Como si esto fuera poco, el barril del petróleo Brent volvió a niveles de USD 90 ante una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Pero nada de esto fue suficiente para sostener el precio. El ADR de YPF en Wall Street arrancó 3% arriba, pero luego fue perdiendo fuerza para terminar cayendo 3,5 por ciento. En cambio, el índice XLE -que agrupa a las principales petroleras que operan en Nueva York- subió 1,25 por ciento.

Un informe de Adcap dejó a la acción de la compañía con recomendación de compra, con un precio objetivo de USD 63 para los próximos doce meses.

Las acciones del sector financiero también sufrieron los efectos de un clima de mayor incertidumbre, no solo afuera sino también a nivel local. Hubo caídas fuertes, superiores a 4%, en los ADR de Galicia y Macro.

La acción de Supervielle estuvo menos perjudicada y cayó solo 1,3% luego de divulgar un balance que también arrojó buenos resultados. Ganó $12.800 millones en el segundo trimestre, contra una pérdida de $18.200 millones en el trimestre anterior. Pero si no se contabilizara el costo incurrido para avanzar en una reducción de personal del 17%, la utilidad hubiera trepado a 36.000 millones de pesos.

Por otra parte, tuvo una disminución leve de la mora, que pasó de 5,6% a 5,5% del total de la cartera. En la entidad destacaron que el nivel de morosidad se encuentra 210 puntos básicos por debajo del promedio del sistema.

Con estas últimas caídas el índice S&P Merval medido en dólares ya está por debajo de los 1.900, bastante lejos de los máximos de 2.200 que llegó a tocar en el primer semestre, sobre todo por la fortaleza de las acciones de energía.

La expectativa ahora pasa por otros balances de bancos locales que se irán conociendo la semana próxima. En particular, para observar si se consolida la tendencia de un balance positivo, luego de un par de trimestres en rojo. Esto dejaría en claro que el peor efecto que el incremento de la morosidad tuvo en los balances ya pasó a un segundo plano.

También hubo excelentes balances de empresas como Pampa Energía y particularmente Telecom, que empieza a mostrar los frutos de la compra de Telefónica de Argentina.

Los bonos en dólares también continúan flojos y el riesgo país volvió a subir hasta niveles de 467 puntos básicos. De esta manera, el rebote ya acumula más de una semana y se aleja de la zona de los 400 puntos, que estuvo a punto de perforar luego de las mejoras de la calificación de riesgo por parte de las tres principales agencias.

Sin embargo, las encuestas que marcan un deterioro del humor social, una disminución del apoyo al Presidente y el deterioro del Índice de Confianza en el Gobierno estarían generando mayor cautela entre los inversores. Ahora los principales politólogos remarcan que una victoria en primera vuelta de Javier Milei no está para nada asegurada, lo que incrementa el nivel de incertidumbre.

Hoy será un día relevante para Wall Street porque se conocerá el índice de inflación minorista de julio en Estados Unidos, un dato clave para lo que podría decidir la Reserva Federal en relación al futuro de las tasas de interés. El impacto de este dato -que se divulgará a las 9.30 horas de Argentina- tendrá efecto inmediato también sobre el mercado local, por lo que habrá que seguirlo de cerca.

El juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2, decretó la falta de mérito para procesar o sobreseer a los cuatro directivos del Club Atlético Banfield y a dos personas jurídicas vinculadas al holding Sur Finanzas, en una causa que investiga una presunta asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos. En la resolución, fechada el 11 de agosto y correspondiente al expediente FLP 29107/2025, el magistrado dejó la investigación abierta y ordenó una batería de medidas probatorias antes de definir si procesa o sobresee a los imputados. El titular de Sur Finanzas, Maximiliano Ariel Vallejo -amigo de Claudio Tapia, el mandamás de la AFA-, fue indagado en la misma causa pero su situación procesal no fue resuelta en este pronunciamiento.

Los investigados a quienes Armella dictó la falta de mérito son Eduardo Juan Spinosa, ex presidente del club; Federico José Spinosa, ex secretario; Oscar Fabián Tucker y el ex tesorero Ignacio Javier Uzquiza. También alcanzó la medida a las personas jurídicas Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña. Al mismo tiempo, el magistrado rechazó los sobreseimientos que habían pedido las defensas de los cuatro imputados por considerarlos “prematuros”.

Pero ¿qué es la falta de mérito? La falta de mérito es una figura del artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación que el juez aplica cuando, tras las indagatorias, la prueba reunida no alcanza para dictar un procesamiento —que habilitaría el camino al juicio oral— pero tampoco es suficiente para cerrar definitivamente la causa con un sobreseimiento. Es una resolución provisoria: la investigación continúa y la situación de los imputados puede cambiar.

Qué investigaba el juez

La causa tiene tres ejes de imputación. El primero es la asociación ilícita: según la acusación, la organización estuvo liderada por Eduardo Spinosa y “operó con permanencia, estabilidad en el tiempo y división de roles, al menos a partir del año 2019 y se extendió hasta el 9 de octubre de 2024”. La acusación impulsada por la fiscal Cecilia Incardona sostuvo que esa estructura se conformó “con el inequívoco objeto de cometer una pluralidad indeterminada de delitos” y que, mediante el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A., “en connivencia con el conglomerado Sur Finanzas, los coautores conformaron un circuito de financiamiento ficticio, desvío de fondos y triangulación de contratos de sponsorización y de mutuo”.

El segundo eje es la administración fraudulenta en perjuicio del Club Atlético Banfield Sociedad Civil. La acusación imputó a los directivos haber “perjudicado los intereses del Club Atlético Banfield Sociedad Civil que les habían sido confiados, a través de la celebración de contratos ruinosos con la empresa Sur Finanzas Group, representada por Maximiliano Ariel Vallejo”. Concretamente, los directivos firmaron dos contratos de mutuo: el primero el 17 de julio de 2023 por US$ 500.000, con una tasa de interés compensatorio del 3% mensual; el segundo el 9 de octubre de 2023, por otros US$ 500.000, con una tasa del 4% mensual en moneda extranjera. Ambos contratos contemplaban además “un interés punitorio del 5% mensual”. En los instrumentos, los directivos declararon haber recibido el dinero “en dinero efectivo y en la citada moneda [dólares estadounidenses] antes de la firma”, lo que —según la acusación— impidió su trazabilidad bancaria directa.

El tercer eje, el lavado de activos, fue imputado a Oscar Tucker y a Eduardo y Federico Spinosa.

La presunta maniobra de lavado

Según la hipótesis de la Fiscalía recogida en la resolución, la maniobra de lavado consistió en que “mediante la ejecución de la administración fraudulenta que se investiga en perjuicio del Club Banfield Sociedad Civil, se generó un flujo de liquidez ilícita a favor de Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa y Oscar Fabián Tucker”. Al materializarse los mutuos “simulando la recepción de sumas millonarias en moneda extranjera y en efectivo, circunstancia que impidió su trazabilidad bancaria directa hacia las arcas formales del club, sumado al desvío sistemático de los ingresos genuinos —como sponsors y las cuotas societarias— hacia el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña (integrada por Banfileños S.A.), los coautores se hicieron de una masa de dinero de origen espurio, que luego integraron a su patrimonio con la consecuencia probable de otorgarle apariencia legal”.

El Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña fue señalado como un “vehículo de opacidad societaria destinado a confundir las ganancias ilícitas con activos del Club de origen legal”. Entre los bienes que la acusación vinculó a esas maniobras figuran: una Toyota SW4 valuada en $53.745.000, adquirida por Eduardo Spinosa en junio de 2024; un Peugeot 208 valuado en $14.947.000, adquirido por el mismo imputado en febrero de 2026; y el 50% de un inmueble ubicado en la calle Ugarteche N° 3354 de la Ciudad de Buenos Aires, adquirido por Federico Spinosa en mayo de 2023 por un valor de US$ 170.000.

¿Por qué el juez no procesó ni sobreseyó?

Armella fue explícito en su razonamiento. Sostuvo que “la prueba reseñada y agregada a la fecha a su respecto y valorando sus descargos y los extremos reunidos a la fecha, no se encuentran agotadas las medidas probatorias tendentes a obtener elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos ventilados en la presente investigación”. Agregó que “restan agregarse las conclusiones del análisis de los elementos informáticos, dispositivos celulares secuestrados, amén de cualquier otras medida conducente que se disponga en el avance de la investigación” y que, por ello, “no resulta posible adoptar a esta altura, el temperamento previsto por el art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación (procesamiento), como tampoco, el estipulado en el art. 334 del mismo plexo normativo (sobreseimiento)”.

Las pruebas que faltan

El magistrado enumeró en la misma resolución las diligencias pendientes que motivaron su decisión. Pidió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Nación (DAjuDeCO) un informe técnico de entramados financieros y sociales desde 2018, “medida que se encuentra en curso”. Al Departamento de Investigaciones Federal de la Policía Federal Argentina (PFA) le encomendó un estudio integral del patrimonio del club y del Fideicomiso, con análisis de la trazabilidad de los fondos del préstamo de Auriga S.A., examen de pasivos y contratos, y una “auditoría de sponsorización: determinar si los contratos de publicidad del Club Atlético Banfield con Sur Finanzas y sus vinculadas se corresponden con prestaciones reales”.

Armella también requirió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que informe si las cuentas del club “estuvieron restringidas (bloqueadas o embargadas) desde el año 2012 en adelante”, y a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe sobre la existencia de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos respecto de todos los imputados. Además, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores el estado de un exhorto librado a la República Federal de Alemania. Según se detalla en la causa judicial, el club tenía una cuenta bancaria en Alemania, abierta porque las cuentas de Banfield en Argentina ”estaban embargadas y suspendidas”. A través de esa caja, ingresaron los fondos del préstamo de Auriga League S.A., una empresa con la que el club firmó un crédito participativo en 2019 por un total de € 2.000.000, en tres transferencias realizadas entre junio y julio de ese año.

Armella también fijó para el 29 de septiembre la declaración testimonial de Mariano Castelo, quien “se habría desempeñado como gerente financiero del Club Banfield”.

Los descargos de los imputados

Todos los imputados negaron los cargos. Uzquiza sostuvo que “su intervención se limitó al ejercicio acotado y formal del cargo de tesorero, dentro de una conducción colegiada encabezada por la presidencia, sin poder de decisión sobre las operaciones cuestionadas, sin manejo de fondos y sin haber obtenido de ellas beneficio alguno”. Su defensa argumentó que la imputación se apoyaba en “dos únicos datos, el cargo de tesorero que ejercía y su firma en la documentación de un préstamo. Ni uno ni otro, aislados o sumados acreditan el dolo de defraudar ni el acuerdo para cometer una pluralidad indeterminada de delitos”.

La defensa de Tucker planteó que no existió lavado de activos ni fraude y cuestionó que la usura pudiera operar como delito precedente del lavado. En ese sentido, señaló que “las presunciones fiscales no pueden sustituir la obligación judicial de probar plenamente el dolo y el ardid engañoso” y que las operaciones “figuran en los balances del Club, balances que son públicos y que además fueron aprobados por la asamblea de socios, máximo organismo de la institución”.

Eduardo Spinosa, en tanto, reconoció el vínculo con Vallejo pero lo circunscribió al ámbito comercial: dijo que lo conoció “para que sea sponsor del club” y que la relación financiera se limitó a los dos mutuos de 2023.

Vallejo, sin resolución procesal

Maximiliano Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas Group S.A. y figura señalada por la acusación como beneficiario directo de las maniobras —las operatorias fraudulentas se habrían llevaron adelante, según el texto de la resolución, “con el fin específico de obtener un lucro indebido para sí y para terceras personas –más precisamente, Ariel Vallejo y el holding Sur Finanzas–”—, fue indagado en el mismo expediente FLP 29107/2025 días antes que los directivos del club. Aun así, Armella no incluyó a Vallejo entre los destinatarios de la resolución del 11 de agosto: su situación procesal quedó pendiente de resolución por separado dentro de la misma causa.

El camino de Vallejo hacia la indagatoria estuvo marcado por disputas procesales. En mayo de 2026, tal como informó este medio, sus abogados explicaron que no se presentaría a declarar ante Armella por una apelación pendiente, y esgrimieron un argumento que derivaba de un fallo de la Cámara Federal de La Plata del 30 de diciembre de 2025. “Vallejo está citado a indagatoria por tres cuestiones que, según entendemos, no corresponden a lavado de dinero del Fideicomiso Banfileño”, dijeron los letrados a este medio. “La cámara ya le dijo a la fiscal Cecilia Incardona y al juez Armella que no existe lavado”, agregaron.

Sin embargo, ese fallo de la Cámara —firmado por el camarista Jorge Di Lorenzo— no fue una desestimación de la causa por lavado. Fue una resolución de competencia: el tribunal decidió que la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Sur Finanzas debía tramitar ante el juez Federico Villena y no unificarse con la causa de Armella, porque “por el momento, no se aprecia la conexidad” entre ambas investigaciones. La Cámara no se pronunció sobre el fondo del asunto ni sobre la existencia o inexistencia del delito de lavado en la causa que instruye Armella.

A pesar de la apelación de su defensa, Vallejo terminó siendo indagado por Armella en la que se lo investiga por liderar una asociación ilícita, usura y lavado de activos. En esa instancia, negó todas las acusaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el martes por la noche que cambió en secreto de aeronave durante su viaje a Turquía del pasado 8 de julio debido a una amenaza de asesinato, después de que The Washington Post revelara que el mandatario abandonó el Air Force One dentro de un camión de catering y fue trasladado a un avión más pequeño de la Fuerza Aérea estadounidense.

El operativo se produjo mientras Trump se encontraba en Turquía para participar de la cumbre de la OTAN. Según el reporte del periódico, el equipo de seguridad presidencial puso en marcha un plan para evitar una posible amenaza contra el mandatario. Un funcionario estadounidense citado por The Washington Post señaló que existía una “amenaza creíble” de origen iraní contra Trump.

El propio presidente confirmó que recibió instrucciones de su equipo de seguridad para utilizar otra aeronave. “Querían que tomara un vuelo diferente, un avión diferente, con la misma seguridad, pero querían que lo hiciera, así que lo hago. Hago lo que ellos dicen”, declaró Trump ante periodistas.

El mandatario también reconoció que conocía la existencia de una amenaza, aunque afirmó que no pidió detalles sobre su naturaleza. “Supongo que había una amenaza por ahí. Realmente no pregunté demasiado al respecto”, sostuvo.

De acuerdo con los reportes, Trump subió inicialmente al Air Force One ante las cámaras de televisión y los fotógrafos que acompañaban la cobertura del viaje.

Después, el presidente abandonó la aeronave y entró en uno de los contenedores de carga para acceder a una aeronave más pequeña de la Fuerza Aérea que se encontraba cerca. El procedimiento permitió que Trump saliera de la zona sin que su desplazamiento hacia el segundo avión quedara expuesto de forma directa.

Trump afirmó que el avión presidencial también podía representar un riesgo en esas circunstancias. “Creo que, en realidad, el avión en el que viajé estaba en mayor riesgo”, declaró. “Porque ese sería el avión que, creo, ellos elegirían probablemente como objetivo”, agregó.

El operativo generó cuestionamientos entre los periodistas que viajaban con el presidente. Una docena de reporteros permaneció en una sección separada del Air Force One y no tuvo acceso a Trump durante el cambio de aeronave. Los periodistas desconocían la modificación y finalmente abandonaron Turquía a bordo del avión presidencial, pese a la existencia de la amenaza que, según el funcionario citado por The Washington Post, estaba relacionada con Irán.

La situación provocó reclamos de parte de algunos medios, cuyos trabajadores consideraron que fueron utilizados sin conocimiento como señuelos dentro del avión presidencial. Otros periodistas cuestionaron la falta de información y comunicación por parte de la Casa Blanca sobre las medidas de seguridad adoptadas durante el traslado.

Trump restó importancia a las amenazas contra los presidentes estadounidenses y afirmó que su actitud frente a esos riesgos no cambió. “Todo presidente importante recibe muchas amenazas”, señaló.

El mandatario también sostuvo: “La verdad, no me preocupa nada. Sea lo que sea, ya conocen mi actitud: ‘Me da igual’”.

El episodio ocurrió durante un viaje que ya había generado atención por la utilización de un Boeing 747 entregado por Catar para uso presidencial. La aeronave, reacondicionada para transportar al presidente, fue utilizada durante parte del recorrido, aunque no contaba con los sistemas de seguridad antimisiles que dispone el Air Force One.

Por ese motivo, Trump recurrió al avión presidencial tradicional durante su llegada a Turquía. En una escala posterior en Reino Unido, regresó a la aeronave entregada por Catar para el vuelo de regreso a Washington.

Durante el viaje, Trump también fue consultado por la decisión de pedir a los periodistas que bajaran las persianas de las ventanas del avión durante el despegue. En ese momento, respondió: “Porque probablemente están en un vuelo peligroso debido a los sacos de inmundicia con los que tenemos que lidiar”.

En otro intercambio con los periodistas, Trump señaló: “Si yo me voy, ustedes se van. ¿Verdad?”. Luego agregó: “Quizá algún día quieran cambiar de profesión”.

El cambio secreto de aeronave durante el viaje a Turquía tiene antecedentes en otros desplazamientos presidenciales estadounidenses. En el año 2000, el entonces presidente Bill Clinton cambió de avión en el último momento durante su viaje de India a Pakistán. En aquella ocasión, una aeronave señuelo transportó a agentes del Servicio Secreto.

En 2023, el viaje del entonces presidente Joe Biden a Ucrania también estuvo rodeado de estrictas medidas de secreto. El desplazamiento incluyó un extenso trayecto por avión y tren y contó con la presencia de un reportero y un fotógrafo.

(Con información de AFP)