Esta jornada se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso de la Nación, con el objetivo de continuar con el reclamo de la aplicación “efectiva e inmediata” de la Ley de Financiamiento, ratificada cinco veces en el Poder Legislativo y que busca la recomposición de los salarios docentes, el aumento de las becas estudiantiles y el presupuesto para las casas de altos estudios.
La concentración será desde las 13:30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, que es donde iniciarán su marcha AGD-UBA, y en otras intersecciones de las inmediaciones del Congreso.
Se plegarán a la nueva Marcha Federal Universitaria contra la administración de Javier Milei las distintas organizaciones políticas y gremiales, como las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la CGT, La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), entre otros.
El operativo de seguridad vial prevé importantes interrupciones en la circulación vehicular en el área perimetral del Palacio Legislativo y el centro porteño. Los principales bloqueos de tránsito se concentran en las avenidas Callao, Entre Ríos, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.
Asimismo, la circulación se ve restringida en las arterias transversales a la zona parlamentaria, afectando a las calles Riobamba, Solís, Combate de los Pozos, Virrey Cevallos y Adolfo Alsina. Las columnas sindicales y estudiantiles también registran confluencias en la Plaza de Mayo y diversos puntos neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Los principales reclamos de la Marcha Federal Universitaria
La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) aseguró que el Gobierno “acumula una deuda salarial del 32%” con los docentes.
“El cargo testigo que tenemos, que es el de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva, percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando según la Ley de Financiamiento Universitario le corresponde haber cobrado $741.111“, señaló Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA.
“El nivel de asfixia salarial al que nos están sometiendo llegó a un límite insostenible. Nos deben un 32% de aumento salarial fijado por ley y la pérdida del poder adquisitivo destruye el ingreso de miles de docentes que todos los días sostienen las aulas y los laboratorios de la universidad pública”, completó Carboni ante la agencia NA.
La adhesión de las centrales obreras y otros sindicatos
“Nos movilizamos al Congreso por la educación, la soberanía y la democracia. Confluiremos en la plaza del Congreso las distintas expresiones y sectores de nuestra sociedad que vienen siendo blanco de las políticas de ajuste y destrucción impulsadas por la gestión de Javier Milei”, indicó la CTA de los Trabajadores.
En la misma línea, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, remarcó la importancia de la movilización porque es “fundamental para seguir dando la pelea por la derogación del DNU 70/23“, porque “es un decreto que avanza sobre derechos conquistados por nuestro pueblo”.
“Debilita la protección de los trabajadores y busca imponer un modelo de país que beneficia a los sectores concentrados de la economía mientras castiga a las mayorías populares. No podemos naturalizar que se gobierne por decreto, pasando por encima del debate democrático y de la responsabilidad del Congreso. Por el DNU 70/23, el país avanzó hacia la desregularización de la economía, la flexibilización laboral y está dejando a millones de argentinos y argentinas expuestos a los intereses del mercado”, sentenció.
Por su parte, la CGT expresó que la universidad pública “es una conquista histórica del pueblo argentino” y una herramienta “indispensable” para el desarrollo de una Nación “soberana, con igualdad de oportunidades, movilidad social ascendente y trabajo digno”.
“Defenderla es democratizar el conocimiento y sostener un proyecto de país que ponga el desarrollo nacional y la justicia social en el centro. Marchamos junto a la comunidad educativa porque la universidad pública es un derecho inapelable en la construcción de un futuro con dignidad y oportunidades para todos y todas”, indicaron desde sus redes sociales.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE, confirmó que los estatales, además de movilizarse este jueves, realizarán un paro por 24 horas porque deben “garantizar que las protestas se multipliquen en todo el país” y aseguró que habrá “expresiones de esta lucha en toda la Argentina”.
“Tenemos que ir por todo y ser capaces de voltear este DNU completo porque no es en contra de la casta, sino que es contra nosotros para que la casta se llene de guita. Este decreto se transformó en un delivery para las corporaciones y no podemos permitir que quieran seguir gobernando nuestro país a sola firma. Cuando algo no lo pueden lograr por los votos, arman un decreto“, explicó.
Multaron al gobierno por incumplimiento
Por último, debemos señalar que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick impuso ayer una multa o astreinte de 100.000 pesos por día al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, por el “incumplimiento verificado” de una medida cautelar que ordenó actualizar salarios docentes y no docentes, además de garantizar el fondo para becas en base a los parámetros que establece la Ley de Financiamiento Universitario.
Cormick fijó en una primera etapa la suma de $100.000 diarios que pagará Santilli, “pudiéndose modificar los funcionarios alcanzados y el monto”, advirtió asimismo.
La decisión judicial se tomó en el marco de una medida cautelar que sigue vigente y tras dos advertencias previas formuladas al gobierno.
Al fijar las multas, el juez hizo lugar ahora a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional, desde donde se sostuvo que “el Estado Nacional continúa sin cumplir la medida cautelar” que fue “confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026”.
La Ley de Financiamiento establece adecuar “las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025. Ello implicaría otorgar un incremento salarial del 40,25% sobre los básicos liquidados en julio de 2025”.



























