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El entramado de negocios financieros y deportivos que Mark Walter construyó durante casi tres décadas en Wall Street sigue sumando capítulos de exposición pública. Lo que comenzó como una revisión regulatoria sobre préstamos entre compañías de seguros y firmas afiliadas ya había obligado al magnate a desprenderse de activos emblemáticos. Ahora, la misma investigación frenó además una de las operaciones de capital más ambiciosas que Walter tenía en marcha, con un socio de peso en Medio Oriente y financistas argentinos en el corazón del expediente original.

Según informó Bloomberg, un acuerdo por USD 10.000 millones entre la firma de Walter y Mubadala Capital, el brazo de gestión de activos del fondo soberano de Abu Dhabi que administra USD 430.000 millones, permanece congelado desde hace 15 meses por la investigación federal que pesa sobre las aseguradoras del magnate. Ese monto correspondía a la inversión que Mubadala Capital iba a liderar y anclar dentro de una ronda de capital mayor, de USD 15.000 millones, que TWG Global, el holding de Walter, buscaba levantar.

El acuerdo tenía una estructura de contraprestaciones cruzadas. A cambio de la inyección de capital, TWG Global le habría entregado a Mubadala una participación del 5% en su propia firma y se comprometió a reinvertir USD 2.500 millones en proyectos del fondo de Abu Dhabi. La operación, además, contemplaba que la firma de Walter ayudara a Mubadala a conseguir otros USD 20.000 millones de financiamiento adicional más adelante, y le daba a TWG Global la opción de aumentar en el futuro su participación en la compañía de Abu Dhabi. El pacto era inusual desde su concepción: Mubadala Capital rara vez permite que terceros adquieran participaciones en sus operaciones, y esta transacción iba a marcar apenas el segundo caso de ese tipo en su historia.

La irrupción de la causa judicial cambió los planes. Los investigadores federales secuestraron dispositivos de Walter mientras avanzaban sobre los problemas financieros de sus aseguradoras, y el acuerdo con Mubadala quedó en un limbo que ya lleva más de un año. En paralelo, una de esas aseguradoras, Delaware Life, va a comprarle a la firma de Walter hasta USD 6.500 millones de los activos cuestionados por los reguladores, en un intento por sanear la cartera bajo la lupa del Departamento de Justicia y de la SEC.

Pese al freno en la operación grande, Walter y Mubadala sí avanzaron en negocios de menor escala durante este período, como la reciente compra por parte de Mubadala de Clear Channel Outdoor por USD 3.000 millones.

Cómo empezó el escándalo

El caso se originó en una investigación conjunta del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC sobre los préstamos y las operaciones financieras de Walter, CEO de Guggenheim Partners, la firma que administra activos por más de USD 300.000 millones, y fundador junto a Thomas Tull de TWG Global. La pesquisa busca determinar si Walter y sus compañías incurrieron en fraude o encubrieron vínculos financieros entre las aseguradoras que controla y una serie de empresas afiliadas.

El esquema bajo revisión involucra préstamos otorgados por las aseguradoras Delaware Life, Clear Spring y EquiTrust hacia empresas relacionadas con el propio Walter, canalizados a través de una red de intermediarios. Los reguladores permiten que una aseguradora preste dinero a entidades vinculadas a su dueño, siempre que esas operaciones se informen y no superen determinados límites. Un relevamiento interno detectó entre USD 16.000 y 20.000 millones en préstamos no declarados ante los reguladores del estado de Delaware, lo que encendió las alarmas de las autoridades y llevó a Walter a acelerar la venta de activos.

La investigación tomó un giro decisivo en septiembre de 2025, cuando agentes federales interceptaron el avión privado de Walter en Chicago. El propio empresario y personas de su entorno entregaron sus dispositivos electrónicos. Según trascendió, la revelación de los préstamos surgió a partir de una denuncia interna sobre presuntas irregularidades contables en un acuerdo de financiación en Medio Oriente.

El caso no es enteramente nuevo. En 2016, un abogado de compliance de Guggenheim había detectado que algunas inversiones personales de Walter se financiaban a través de una firma llamada ABS Capital Company y reportó un entramado de sociedades anónimas. La SEC archivó esa investigación en 2019.

La conexión argentina

Uno de los nombres que aparece de manera recurrente en el expediente es el de ABS Capital Company, conocida como ABS Capco, firma fundada por exejecutivos argentinos de Guggenheim Partners que funcionó como uno de los principales canales para derivar fondos desde las aseguradoras hacia otros negocios de Walter. Los fondos circularon a través de sociedades de responsabilidad limitada cuya propiedad resultó difícil de rastrear.

El nexo argentino tiene un nombre propio en Juan Ball, co-chairman de ABS Capital Company desde 2015 y con un extenso recorrido en Wall Street: fue presidente de Guggenheim Partners Latin America y ocupó cargos directivos en Lehman Brothers, Bear Stearns y Banco Santander Central Hispano. Su hermano, Diego Ball, ya había sido objeto de revisiones regulatorias por parte de la SEC años atrás: en 2017, Bloomberg News informó que el organismo revisó los vínculos de Guggenheim con Diego Ball, cuyas compañías realizaron casi USD 1.000 millones en transacciones con la firma estadounidense, incluido un préstamo de USD 100 millones respaldado por diecisiete sociedades creadas poco antes de la operación.

Este año, la investigación sumó otro nombre argentino: la aseguradora EquiTrust prestó USD 500 millones a diez compañías establecidas por Federico Hermida, directivo de ABS Capco. La vinculación entre Walter y Juan Ball también tiene una dimensión patrimonial directa: ambos, junto al empresario Pablo Stalman, participaron en la compra conjunta de una residencia valuada en USD 85 millones en Malibú, sin utilizar fondos de Guggenheim ni de las aseguradoras, según confirmaron ambas partes ante la SEC en 2018.

Otras desinversiones en marcha

Además del freno al acuerdo con Mubadala, Walter viene desprendiéndose de otros activos de perfil alto para hacer frente a la presión regulatoria. La semana pasada acordó la venta de Los Ángeles Lakers a Bob Iger, consejero delegado de Disney, y Josh Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. La operación se cerró en USD 12.500 millones, valor récord para una franquicia deportiva profesional en Estados Unidos, menos de un año después de que Walter adquiriera la participación mayoritaria de la familia Buss. En paralelo, Walter y su socio Todd Boehly negocian vender sus participaciones en el Chelsea Football Club al accionista mayoritario, Clearlake Capital.

La presión sobre las finanzas de Walter no se limita a las desinversiones. La cotización de un préstamo de USD 1.200 millones otorgado a Guggenheim Partners cayó hasta territorio de deuda de alto riesgo, luego de que una conferencia con inversores no lograra despejar las dudas del mercado. El préstamo se negoció a 78 centavos por dólar, contra 96 centavos una semana antes.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Justicia, la SEC y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Hasta el momento no hay procesamientos ni acusaciones formales contra Walter ni contra ninguno de los financistas argentinos mencionados en el expediente.

“Las Islas Malvinas fueron, son y serán por siempre argentinas”. La publicación, que realizó en las últimas horas la cuenta oficial en X de las Fuerzas Armadas, reactualizó el histórico reclamo argentino de soberanía tras la advertencia de Estados Unidos de rechazar la postura británica sobre el archipiélago si no aumenta el gasto militar, algo que informó ayer The Telegraph.

Sin embargo, la postura del Gobierno es de “cautela y prudencia”, según supo este medio, y analizan que debe leerse en el marco de una estrategia de la administración Trump sobre los aliados de la OTAN, y no como un giro formal en la política exterior estadounidense. Washington mantiene oficialmente una postura de neutralidad sobre la soberanía, aunque reconoce la administración británica.

Según informó el medio británico, altos funcionarios del Pentágono estudian usar la cuestión de las Islas Malvinas para forzar al primer ministro Andy Burnham a elevar la inversión militar hasta el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), tal como exige la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El presupuesto que notificó el Tesoro británico generó una serie de críticas internas en Londres. Priti Patel, diputada del Partido Conservador, publicó en X que “el fracaso del Partido Laborista en comprometerse con el 3% del PBI en defensa nos ha dejado expuestos y ha dañado nuestra relación con nuestros aliados”.

El también conservador James Cartlidge fue más directo sobre la información de la advertencia norteamericana, reclamó un mayor gasto en Defensa y señaló: “Las Malvinas son británicas. Punto final”. El diputado laborista Adam Jogee coincidió en el fondo, aunque desde otro ángulo: “Seamos muy claros: las Malvinas son británicas. Así de simple”.

La ministra de la Mujer e Igualdad, Bridget Phillipson, evitó responder de manera directa respecto a la discusión que involucra a la cuestión de la soberanía sobre Malvinas durante una entrevista en LBC. “Estamos invirtiendo más que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría”, afirmó.

En abril de este año, y a modo de antecedente, Reuters difundió un correo interno del Pentágono que expuso las alternativas que Estados Unidos analizaba ante la negativa de algunos países europeos a respaldar las operaciones militares en la guerra contra Irán. Una de esas medidas, según la agencia, incluía la reconsideración del apoyo diplomático tradicional de Washington sobre la soberanía británica de las Islas Malvinas.

En aquel momento, el secretario de Estado, Marco Rubio, minimizó el episodio y lo calificó de “un mail con algunas ideas”. En tanto, el portavoz de la oficina del entonces primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, fue contundente: “El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente”.

A su vez, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, afirmó a mediados de este mes que no hubo modificación en la postura de Washington respecto a las islas Malvinas y aseguró que la Casa Blanca continúa siendo neutral. “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, señaló a TN.

Buque británico en Ushuaia

Por otro lado, el canciller Pablo Quirno rechazó este viernes las críticas de la oposición por el amarre de un buque británico en el puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego. En un largo texto publicado en X, aseguró que la presencia del buque VS Promise fue contratado por un consorcio petrolero que tiene la autorización del Ejecutivo provincial para operar en aguas argentinas.

“El buque es un petrolero contratado para transportar crudo producido en la Cuenca Marina Austral, en territorio argentino. Venía de Río Cullen (una monoboya en aguas abiertas), donde se carga el petróleo producido en los yacimientos fueguinos operados por Total Energies y sus socios. La propia provincia reconoce que fiscaliza esas operaciones: mide los volúmenes, controla la carga y certifica el origen del crudo que se exporta”, subrayó el canciller.

Desde el entorno del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, habían protestado de manera pública el lunes por la autorización de entrada del barco y alegó que existe una ley provincial que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de buques con bandera británica.

La compra de USD 3.319 millones de dólares por parte de 1,7 millones de personas durante julio llevó la suma de los primeros siete meses de 2026 a más de USD 18.000 millones. A su vez, hasta ayer viernes el BCRA lleva comprados USD 14.049 millones en lo que va del año

Según el último informe de “Evolución del Mercado de Cambios” del Banco Central, en julio la entidad compró 2.163 millones.

Por su parte, los clientes de las entidades vendieron en el mercado USD 1.166 millones, las entidades financieras USD 783 millones y el Tesoro Nacional USD 146 millones. Adicionalmente, el BCRA efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local (SML) por USD 68 millones. El “Sector Privado no Financiero” fue vendedor neto de moneda extranjera en el mercado de cambios (USD 502 millones).

Dentro de este grupo, “Oleaginosas y Cereales” fue el principal sector oferente con ventas netas por USD 3.505 millones, explicadas principalmente por su resultado en el rubro “Bienes”.

El informe del BCRA abarca las operaciones realizadas en julio. Cabe acotar que si se toman las operaciones realizadas hasta ayer la entidad hilvanó 22 jornadas consecutivas con saldo comprador de dólares tras adquirir USD 82 millones este viernes y acumula una compra de USD 14.049 millones en lo que va de 2026, aunque en agosto el ritmo se desaceleró y suma USD 722 millones quedando un solo día hábil en el mes, el próximo lunes.

En cuanto a personas humanas los datos conocidos ayer indican una aceleración de la demanda de dólares: los 1,7 millones de personas, unas 300.000 personas más de los que compraron dólares en mayo, dos meses antes.

“En julio, las ‘Personas Humanas’ realizaron compras netas de billetes sin fines específicos por USD 2.916 millones. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,7 millones de individuos compraron billetes (compras brutas por USD 3.319 millones), mientras que unos 697 mil vendieron (ventas brutas por USD 404 millones). Además, registraron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por USD 546 millones”, dice un pasaje del informe.

Evolución desde el levantamiento del cepo

En abril del año pasado, tras el alivio en las restricciones para acceder al dólar, las personas físicas adquirieron USD 2.077 millones: apenas se implementó la medida, alrededor de un millón de usuarios ingresaron al mercado formal. En los meses siguientes, la demanda de dólares mostró una tendencia ascendente: en mayo de 2025 las compras totalizaron USD 2.283 millones, en junio escalaron a USD 2.468 millones y en julio se ubicaron en 3.473 millones de dólares. Agosto reflejó una baja a USD 2.448 millones, mientras que en septiembre se observó el máximo mensual del período, con USD 5.130 millones, en un escenario influido por la proximidad de los comicios legislativos y una mayor preferencia por el dólar.

La demanda retomó impulso en diciembre, cuando cerca de 1,5 millones de personas realizaron compras por 2.186 millones de dólares. En enero de 2026, 1,6 millones de individuos sumaron adquisiciones por USD 2.613 millones; en febrero, 1,5 millones compraron 2.368 millones de dólares. En marzo, el monto operado alcanzó USD 2.363 millones, en abril subió a un máximo anual de USD 2.727 millones y en mayo descendió a 2.212 millones de dólares. En junio, retomó el alza con los USD 2.443 millones mencionados.

De este modo, desde la flexibilización del control cambiario en abril de 2025, las personas humanas sumaron compras brutas de billetes en moneda extranjera por un total de 44.437 millones de dólares. En el mismo período, las ventas brutas de dólares realizadas por argentinos totalizaron USD 6.557 millones. Así, por cada dólar vendido por una persona humana hubo otras que compraron 6,78 dólares, un valor casi siete veces superior.

Por otra parte, hasta ayer viernes, cuando compró USD 82 millones, el BCRA lleva comprados USD 14.049 millones en lo que va del año y sobrepasó en junio el piso del rango de USD 10.000 a 17.000 millones de acumulación que acordó para el año con el FMI. Cabe consignar también que en lo que va del año la entidad autorizó el envío al exterior de USD 3.400 millones en dividendos y utilidades empresarias. El titular de la entidad, Santiago Bausili, dice sentirse “cómodo” con la situación.

A la vez, las reservas internacionales brutas del Banco Central se ubicaban ayer en USD 47.791 millones, luego de un descenso diario de USD 1.069 millones debido a un movimiento técnico propio de cada fin de mes. El presidente de la entidad, Santiago Bausili dice sentirse “cómodo” con estos datos. El objetivo de acumulación de reservas para 2026 acordado con el FMI fue de un rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, cuyo piso fue superado a principios de junio.

El gobierno reposa sobre una muy positiva balanza comercial, que consultores como Ricardo Arriazu, uno de los economistas que más apoya el programa oficial, estima que cerrará el año en cerca de USD 28.000 millones. De hecho, algunas proyecciones indican que este año las exportaciones podrían superar por primera vez en la historia argentina los USD 100.000 millones.

Esos flujos positivos de divisas, apoyado en el agro, la energía y la minería y reforzado por precios internacionales muy favorable a esos sectores enjugan hasta ahora una demanda de dólares de los argentinos que, por ahora, no da signos de aflojar.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto calificó de “estúpido” el argumento del Gobierno que atribuye el endeudamiento familiar a la compra de televisores para el Mundial y sostuvo que el problema central es otro: la deuda por alimentos, en un cuadro que vinculó con pérdida de empleo, cierres de industrias y comercios y caída del poder adquisitivo.

También se refirió al escenario electoral y apuntó que Cristina Fernández de Kirchner mantiene una intención de voto “muy alta”.

La referencia al endeudamiento la hizo luego de que el presidente Javier Milei adjudicara el aumento de la morosidad de las familias a un supuesto “efecto Mundial”. Ese indicador llegó al 12,8%, una explicación que también fue respaldada por el diputado Alberto Benegas Lynch y que recibió cuestionamientos de otros sectores, entre ellos la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

En declaraciones a Radio Mitre, Pichetto dijo que cuando se analiza el nivel de endeudamiento y su impacto sobre las familias y los sectores populares, “es fundamentalmente la deuda por alimentos”. Para el legislador de Encuentro Republicano Federal, la crisis económica se profundiza en esos sectores por la combinación de menor ingreso real, destrucción de puestos de trabajo y cierre de actividades.

Pichetto cuestionó el crédito hipotecario y habló de un plan económico que “no está funcionando”

El diputado también apuntó contra el relanzamiento del crédito hipotecario impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo. “No va a alcanzar este último intento del ministro Caputo de generar un esquema de reactivación del crédito hipotecario. Está destinado a un sector de salarios altos. No va a llegar a la clase media”, afirmó.

Pichetto describió al actual rumbo económico como “un modelo insatisfactorio” y añadió: “También provoca en el propio presidente enojo y reacciones, porque está viendo o está percibiendo que su plan económico no está funcionando”. En esa línea, habló de una crisis “muy profunda” y de señales de alarma en el empleo y los ingresos.

Según su diagnóstico, el impacto más fuerte se concentra en los “centros urbanos”, donde, dijo, vive “casi el 85%” de la población argentina. Allí, sostuvo, se verifica el “deterioro más agudo” por la “caída del consumo”, la “pérdida de poder adquisitivo” y la “fragilidad del empleo formal”, en un escenario en el que además crece el “trabajo de plataformas”.

En ese mismo reportaje, el legislador vinculó parte de la tensión oficial con el funcionamiento interno del Gobierno. Dijo que observa una gravitación fuerte de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y mencionó preocupación por lo que consideró el “aislamiento del presidente en Olivos”. “Empieza a haber una gran preocupación”, añadió, sobre “quién gobierna en la Argentina”.

Pichetto también cuestionó el tono verbal del jefe de Estado y recordó su paso esta semana por la escuela secundaria ORT. Afirmó que Milei tiene “un nivel de agresividad insoportable, de violencia verbal en todos los ámbitos, incluso en una escuela el otro día de la comunidad judía”, y expresó solidaridad con periodistas “humillados, agraviados” por la administración nacional.

Defendió las PASO y dijo que Cristina Kirchner conserva una intención de voto “muy alta”

En el plano electoral, Pichetto rechazó cambios en las primarias abiertas. “Hay que tratar de mantener el sistema electoral como está, no modificarlo porque le conviene hoy al Gobierno. Vamos a ver si podemos defender la primaria, que es un método democrático”, planteó.

Para el diputado, ese mecanismo puede ordenar la competencia opositora en los próximos 11 meses. Señaló que de una primaria podría surgir un liderazgo capaz de contener una propuesta más amplia y sostuvo que ya existen diálogos con otros sectores y también con actores económicos relevantes.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner, Pichetto sostuvo que la expresidenta transita “un camino totalmente válido y legítimo” al recurrir su condena ante organismos internacionales. La exmandataria cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para impugnar la sentencia y pidió, entre otros puntos, la suspensión de su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El legislador fue explícito sobre ese punto: “La inhabilitación perpetua no es una pena de este siglo”. También sostuvo que una eventual resolución favorable en el plano internacional “obligaría a la justicia argentina a revisarla”, y consideró que esa revisión podría habilitar la posibilidad de competir electoralmente.

Pichetto agregó que mantiene diálogo con la exmandataria, en especial sobre la cuestión jurídica, y dijo que la condena es “totalmente nula”. Argumentó que el proceso no está agotado mientras existan recursos de revisión y citó como instancias posibles a la Corte Interamericana y a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Cuando se le preguntó si una centralidad política de Kirchner favorecería a Milei, respondió que tiene “serias dudas” sobre esa hipótesis. Como respaldo, mencionó una encuesta del distrito de La Matanza y aseguró: “La figura de la expresidenta está con una intención de voto muy alta”.

El valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que para agosto quedó fijado en $376.600 al cabo de la reunión del Consejo del Salario que terminó sin acuerdo entre sindicatos, empresarios y Gobierno, un aumento del 1,13% respecto de los $372.200 de julio y del 16,9% respecto de los $322.000 de agosto del año pasado.

Si bien todavía no se conoce el dato de inflación de agosto, que el Indec informará el jueves 10 de septiembre, la inflación acumulada en el último período de doce meses para los que se cuenta con datos del organismo estadístico oficial fue de 33,8% entre julio de 2025 y julio de este año. Esto es, exactamente el doble de lo que el Salario Mínimo aumentó entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Además, según los datos del Indec, entre julio del año pasado y julio de este año el aumento del rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas fue del 34,5 por ciento.

Considerando un promedio mensual de 200 horas de trabajo un estudio del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) señaló que el salario mínimo promedio implicaba una remuneración horaria de $1.610 en agosto del año pasado y de $1.833 en agosto de este año. Empresas y cámaras empresarias objetan esa forma de cálculo con el argumento que en muchos casos el salario mensual no corresponde a cargas horarias de ese tipo.

Para actualizar el piso de cara a los próximos meses, el Gobierno convocó ayer viernes a una nueva sesión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el organismo tripartito donde participan representantes del Estado, los sindicatos y las cámaras empresariales, que se desarrolló de manera virtual, en medio del reclamo sindical de que la discusión fuera presencial, y terminó en escándalo, con la salida anticipada de la CGT y las dos CTA antes de que se realizara la reunión plenaria.

El cotitular de la CGT Jorge Sola, del gremio de Seguros, calificó de insuficiente la oferta que recibieron del sector empresarial y sostuvo que lo ofrecido no alcanzaba siquiera para comprar un kilo de pan. En la misma línea se expresó Cristian Jerónimo, cotitular cegetista del sindicato de empleados del vidrio, quien anticipó que el sector sindical no convalidará la propuesta empresarial ni participará del plenario que debía darle quórum a la decisión. De hecho, el monto del aumento respecto del SMVM de julio, de $4.200, es inferior al precio del kilo de pan en muchas panaderías de CABA y en la zona norte del conurbano bonaerense.

Cómo se define el salario mínimo

Cuando no hay consenso en el Consejo del Salario ni se alcanza una definición por mayoría, la fijación del SMVM queda en manos de la Secretaría de Trabajo, que fija el aumento por una resolución. Ese fue el mecanismo utilizado en la última actualización, el 26 de noviembre pasado, cuando el Ejecutivo estableció por decreto una serie de aumentos escalonados que llevaron el salario mínimo de $334.800 en su primer tramo hasta los $376.600 actuales.

La erosión viene de lejos, de hecho en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner una manifestación en reclamo de aumentos convocó como una suerte de asistencia al “funeral del salario mínimo”.

Para superar el esquema vigente, la Secretaría de Trabajo impulsa un concepto distinto al del SMVM: un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto, que buscaría incorporarse como cláusula en los convenios colectivos de trabajo (CCT). La idea oficial es que, si un trabajador cumple una jornada completa de ocho horas y su remuneración, sumados adicionales y premios, no alcanza ese piso, la empresa deba completar la diferencia. El esquema no reemplazaría la pauta de las paritarias, que seguirían con topes de 2% mensual más bonos adicionales, y ya comenzó a transmitirse a sectores con salarios bajos como Maestranza, la UOCRA y Sanidad.

El estudio del Instituto de Economía Política de la UBA, encabezado por Luis Beccaria, quien fue director del Indec entre 2008 y 2013, entre el primer y el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con datos hasta julio, destaca que el SMVM pierde frente a la inflación mes a mes desde julio del año pasado.

Más aún, afirma “en diciembre de 2023 se inició este extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024. Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación”. Sin embargo, prosigue, “más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída de 40,5 por ciento.

Esa contracción, subraya el informe, sumada a la tendencia decreciente de los años anteriores, llevó a que el salario mínimo en términos reales de julio de 2026 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad, y acumulara al mes pasado una pérdida del poder adquisitivo del 67% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, de poco más de $1,1 millones en septiembre de 2011, calculados a valores de julio de 2026.