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“Las terminales aéreas funcionan como nodos de transferencia y encuentro, lugares donde convergen trayectorias individuales y circuitos productivos, habilitando que objetivos económicos, sociales o personales puedan concretarse. Medir su impacto económico permite comprender cuánto valor producen, cómo se distribuye y qué papel cumplen en la integración territorial y la competitividad nacional”.

Así comienza el informe “Impacto económico aeroportuario”, que la consultora Futura realizó para Aeropuertos Argentina, la empresa de Corporación América, el holding que preside Eduardo Eurnekian.

La empresa gestiona la red aeroportuaria más extensa del país, con por 35 terminales en 22 provincias y CABA, y concentra el 90% del tráfico aéreo nacional e internacional.

La red de aeropuertos genera un impacto económico total de unos USD 5.200 millones por año.

Más de 40 millones de pasajeros

En 2024, la red movilizó 40,7 millones de pasajeros, procesó 207 mil toneladas de carga aérea y registró 449 mil movimientos operativos. Ese volumen de actividad se tradujo en producción, empleo e ingresos que exceden el ámbito estricto del transporte aéreo, de acuerdo con el estudio elaborado con la metodología de la International Air Transport Association (IATA), el Airports Council International, el Air Transport Action Group y la Organización de Aviación Civil Internacional.

El Producto Bruto Aeroportuario, que mide el valor bruto de bienes y servicios generados dentro y alrededor de las terminales, alcanzó USD 2.403 millones durante el año. Esa cifra incluye los servicios prestados a operadores aéreos y pasajeros, además de los efectos sobre la cadena de suministro, los salarios del personal, los impuestos y las utilidades empresariales vinculadas a la operación aeroportuaria. A ese monto se suma el turismo receptivo, valuado en USD 2.821 millones, con lo cual el impacto conjunto llega a los USD 5.224 millones mencionados.

Del total de USD 2.403 millones del PBA, USD 583 millones (24%) correspondieron a servicios aeronáuticos: aterrizaje, estacionamiento operativo, uso de terminales, seguridad, aduana y migraciones. Dentro de ese segmento, el uso de aeroestación concentró el 69% de la facturación, seguido por las tasas de migraciones y aduana.

Los servicios no aeronáuticos o comerciales representaron USD 1.820 millones, el 76% restante. Este grupo abarca estacionamiento, gastronomía, tiendas, alquiler de espacios a terceros, explotación de hangares y provisión de combustible. La mitad de ese impacto, el 51%, corresponde a servicios directamente vinculados con las aeronaves, como asistencia en tierra, catering y combustible. Le siguen las tiendas libres de impuestos, con el 15%, y el retail y la gastronomía orientados a los pasajeros.

Aeropuertos Argentina, como concesionario de las 35 terminales, aportó USD 773 millones, equivalentes al 32% del PBA total de la red.

Ezeiza y Aeroparque concentran el 91% del producto bruto

El estudio agrupó las terminales según su escala operativa y volumen de pasajeros. Ezeiza y Aeroparque, clasificados como aeropuertos hub por superar los 10 millones de pasajeros anuales, concentraron el 91% del PBA con USD 2.181 millones, tras movilizar más de 26,3 millones de pasajeros. El impacto promedio en esta categoría fue de USD 83 por pasajero y USD 11.010 por movimiento operativo.

Los aeropuertos regionales, entre ellos Córdoba, Mendoza, Salta, Bariloche e Iguazú, generaron el 7% del PBA total, con USD 174 millones, tras movilizar 10,4 millones de pasajeros. El impacto promedio fue de USD 17 por pasajero. En el extremo opuesto, los aeropuertos de alcance local, que incluyen a Tucumán, Jujuy, San Juan y otras 20 terminales con menos de un millón de pasajeros anuales, aportaron el 1% del PBA, con USD 23 millones, y un impacto promedio de USD 6 por pasajero.

Más de 236 mil puestos de trabajo en el país

La operación de la red genera más 50.000 empleos directos (50.939 eran en 2024), vinculados con la operación aérea, la asistencia a pasajeros, los servicios comerciales y la presencia de organismos públicos en las terminales. Aeropuertos Argentina concentró el 5,5% de ese empleo directo, con 2.807 trabajadores distribuidos en el sistema.

Cuando se incorporan los efectos multiplicadores sobre la cadena de suministro, el consumo de los empleados y la actividad turística asociada, el impacto total en materia laboral se eleva a 236.759 puestos de trabajo en todo el territorio argentino. El informe distingue cuatro dimensiones de análisis: el impacto directo de la operación aeroportuaria, el indirecto derivado de la cadena de suministro, el inducido por el consumo de los trabajadores y el catalítico, que mide la contribución de la conectividad aérea al turismo, el comercio exterior y la productividad de las empresas.

“La Argentina posee una oferta turística amplia y diversa, sustentada en la variedad de sus regiones —desde la Patagonia y Cuyo hasta el Noroeste y el Litoral— y en un patrimonio cultural y paisajístico que la posiciona entre los destinos más atractivos de América del Sur”, detalló el trabajo.

La discusión por la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad quedó atravesada por el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso. La iniciativa propone modificar aspectos centrales del sistema de prestaciones, entre ellos el funcionamiento del nomenclador y el régimen de pensiones.

En ese contexto, Valentina Bassi, actriz y madre de un adolescente con autismo, cuestionó los cambios durante una entrevista en Infobae al Regreso. La actriz sostuvo que la discusión excede la continuidad de la emergencia y alcanza normas que, según explicó, resultan centrales para garantizar el acceso a tratamientos, escuelas especiales, transporte y otros apoyos.

“Estamos tratando de que se prorrogue la ley de emergencia en discapacidad y en la ley de Presupuesto derogan muchísimos artículos muy importantes”, afirmó.

Uno de los principales puntos de su planteo está relacionado con la Ley 24.901, que desde 1997 establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar artículos de ese régimen y alterar el esquema mediante el cual se determinan los aranceles.

El nomenclador, el principal eje del reclamo

El Nomenclador de Prestaciones Básicas establece los valores de referencia para servicios que reciben las personas con discapacidad. El proyecto oficial plantea que deje de incluir valores universales y reemplaza ese criterio por un esquema en el que cada financiador pueda establecer condiciones y valores diferenciados.

Para Bassi, esa modificación puede generar diferencias en el acceso según la cobertura médica de cada persona.

“El nomenclador único es fundamental”, remarcó. Y planteó cuál sería, desde su perspectiva, una de las consecuencias del cambio: “Cada obra social y cada prepaga va a poder fijar qué valor y qué terapias van a querer ofrecerte y aprobarte para tu hijo”.

La actriz explicó que el nomenclador funciona como una referencia común para prestaciones como escuelas especiales, centros de atención, transporte y tratamientos. “El Estado fija qué tiene que cobrar una escuela para mantener la escuela, los sueldos, la comida de los chicos; qué tiene que cobrar el transporte, qué tienen que cobrar los terapeutas”, detalló.

Actualmente, el Gobierno sostiene que el sistema necesita una actualización y un esquema que permita garantizar las prestaciones de manera sostenible. En septiembre, funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad defendieron ante el Congreso las medidas implementadas para actualizar el nomenclador y ordenar el sistema.

El proyecto, sin embargo, propone modificar el mecanismo vigente. También elimina la referencia a valores universales y cambia la modalidad de actualización de los aranceles.

Bassi advirtió que ese escenario puede repercutir sobre los prestadores y, en consecuencia, sobre las familias. Durante la entrevista, sostuvo que los valores actuales tampoco alcanzan para cubrir los costos del sistema y reclamó una actualización de la base del nomenclador.

La preocupación por la continuidad de los servicios también alcanza al transporte. “Se están yendo a trabajar a otros rubros y las personas con discapacidad se quedan sin movilidad para ir a las terapias. Y las familias nos enloquecemos”, afirmó.

El problema del financiamiento y las demoras en los pagos ya forma parte del debate parlamentario. Un informe reciente de Infobae señaló que prestadores, transportistas y familias vienen advirtiendo por el desfasaje entre aranceles y costos, con reducción de servicios e interrupciones de tratamientos.

Qué cambios plantea el Presupuesto para las pensiones

Otro de los puntos cuestionados por Bassi está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad. El proyecto de Presupuesto propone modificar el régimen vigente y volver a un esquema denominado de pensión por invalidez laboral. Además, establece que el beneficio sea incompatible con un empleo formal o con la inscripción en determinados regímenes tributarios.

La propuesta también modifica el papel del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso al beneficio y deja parte de los requisitos en manos de la reglamentación.

Bassi cuestionó especialmente la incompatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. “Las personas con discapacidad quieren trabajar. En vez de pelear porque se cumpla el cupo laboral en trabajo del Estado o porque los privados acepten a personas con discapacidad, dice: ‘Si trabajás no tenés derecho a una pensión’”, planteó.

La actriz también vinculó el beneficio con el acceso a la atención sanitaria. “Muchas personas con discapacidad no tienen obra social ni prepaga. Entonces, con la pensión te viene el beneficio de incluir salud para que tengas acceso a los tratamientos”, sostuvo.

El proyecto también propone derogar disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad vinculadas con la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones y con el traspaso de beneficios al nuevo esquema.

Para Bassi, la discusión tiene un efecto concreto en las familias que dependen de las prestaciones para sostener tratamientos y apoyos. “Le quitan las pensiones a los niños. Muchas personas que no tienen obra social y tienen un niño con discapacidad acceden a la pensión para que ese niño tenga terapias”, afirmó.

La emergencia y el debate en el Congreso

La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad fue sancionada para establecer medidas específicas destinadas a sostener el sistema y afrontar la situación de los prestadores. La discusión actual está centrada en su prórroga, mientras el Presupuesto 2027 incorpora modificaciones que afectan distintos aspectos del régimen.

Bassi aseguró que el reclamo por la continuidad de la emergencia atraviesa distintos espacios políticos. “Hablo con muchísimos diputados, gobernadores y doy fe de que esto es completamente transversal”, afirmó.

También expresó expectativas sobre el tratamiento parlamentario de la prórroga. “Yo creo que la prórroga de la ley de emergencia va a salir. Tengo fe en eso, lucho por eso”, señaló.

Durante la entrevista, además, diferenció la vigencia temporal de la emergencia de las normas permanentes que regulan las prestaciones. “Lo que vence es la emergencia, los artículos de la ley no vencen”, sostuvo.

El Gobierno, por su parte, defendió ante el Congreso su política en materia de discapacidad y aseguró que busca garantizar las prestaciones, actualizar el nomenclador y ordenar el sistema de pensiones.

Bassi también respaldó la realización de controles sobre las pensiones y planteó que el objetivo debe ser identificar irregularidades sin afectar a quienes necesitan el beneficio. “Todos los que estamos relacionados con discapacidad queremos que cobren las personas que lo necesitan, no que cobre alguno que no”, afirmó.

Al final de la entrevista, la actriz habló además de su actividad artística. Actualmente participa de Salvajada, obra de Mauricio Kartun basada en un cuento de Horacio Quiroga, junto a Pablo Mariuzzi y bajo la dirección de Luis Rivera López. La puesta aborda cuestiones vinculadas con la discriminación y el bullying y se presenta los martes a las 20 en el Teatro Astros.

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La Reserva Federal de los Estados Unidos subió este miércoles su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, a un máximo de 4% y en línea con lo esperado por los analistas financieros. Esta fue la primera suba en los rendimientos de referencia desde julio 2023, una decisión unánime entre los miembros del comité ante una inflación que persiste muy por encima del objetivo de la entidad.

Wall Street tuvo cierre negativo una vez asimilada la novedad. El índice Dow Jones de Industriales restó 1,2%, el promedio S&P 500 resignó 0,5%, mientras que el panel tecnológico Nasdaq terminó “plano”.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,7%, en los 3.028.871 puntos, para encadenar cuatro rondas de negocios de pérdidas.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cayeron un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas entre los bonos del Tesoro de los EE.UU. y sus pares emergentes, avanzó un entero, en los 510 puntos básicos.

“La volatilidad se aceleró durante la conferencia de prensa cuando Kevin Warsh -presidente de la Fed- afirmó que la inflación ‘es demasiado alta y lo ha sido durante demasiado tiempo’, enfatizando que las condiciones financieras vigentes no resultaban suficientemente restrictivas”, observó Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL.

“Además de la decisión de tasa de política monetaria, uno de los temas centrales hoy era la actualización trimestral de los principales pronósticos económicos. Los miembros de la Fed revisaron hacia arriba las proyecciones de tasa de política monetaria a 4,1% en 2026 desde 3,8% -lo que supone una suba más de 25 puntos básicos en lo que queda del año- y 4,1% en 2027 -desde 3,6% en junio-, lo que muestra que no habría cortes en el próximo año”, detalló el equipo de Research de Balanz.

“La revisión en el sendero de política monetaria vino de un ajuste al alza en las proyecciones de crecimiento de 2026 y 2027 hacia 2,3% y 2,4%, desde 2,2% y 2,3% en junio, respectivamente. Para 2028 se sigue esperado un crecimiento de 2,2%, sin cambios respecto a junio”, añadieron desde Balanz.

“El sendero de tasas proyectado por el comité fue mayor tanto al de la reunión anterior como a las proyecciones del mercado. Esto implica que las tasas de referencia de la Reserva Federal no sólo podrían continuar subiendo, sino que además se mantendrán altas por más tiempo. Esto, sumado a la dinámica fiscal de los Estados Unidos, probablemente tendrá impacto sobre las tasas de largo, y si bien no necesariamente afectaría el riesgo país, sí podría aumentar el costo de financiamiento en una colocación internacional”, aportó el equipo de Research de Puente.

“¿Qué significa esto para Argentina? En primer lugar, implica un incremento en la tasa de interés que el país debe pagar por los repos y otros compromisos multilaterales a tasa variable. Además, encarece el costo de fondeo de nuevas emisiones de deuda en dólares, al elevarse la tasa base que debe pagar el gobierno”, subrayó Roberto Silva, analista de la Oficina de Inversiones de Cohen.

“Pese a la suba, la Fed retrasó un año su expectativa de convergencia al 2% de inflación, ahora proyectada para 2029. La decisión desafía la presión pública del presidente Trump para bajar tasas, y tensiona su relación con el chair Kevin Warsh”, señaló Alan Versalli, estratega de Cocos.

“En un discurso decididamente restrictivo, Warsh remarcó que la inflación continúa en niveles excesivamente altos de forma prolongada, enfatizando que el Comité eligió ‘eliminar una dosis de estímulo’ ante la solidez de la economía, mientras el mercado ya descuenta un 50% de probabilidad para un nuevo ajuste en octubre”, afirmó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

“Para países como Argentina, una Fed que sube la tasa corta para enfriar la economía de Estados Unidos y anclar expectativas de inflación puede ser lo mejor que pasa: lo que importa para el financiamiento internacional no es tanto el overnight de Nueva York, sino las tasas a 10, 20 y 30 años. Si esto ayuda a que esas referencias bajen o se estabilicen, el costo de capital para emergentes mejora”, expresó Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI.

Los precios del crudo cayeron 3%, ya que las noticias de que Arabia Saudita está ofreciendo cargamentos adicionales a través de Omán aliviaron las preocupaciones sobre la magnitud de las interrupciones en el suministro de Oriente Medio, mientras que los precios del gasóleo en Europa se mantenían cerca de un máximo histórico.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte cedieron 3%, a USD 105,50 el barril con entrega en noviembre, El crudo ligero de Texas cayó 3,7%, a USD 102 el barril para entregar en octubre.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se observó una caída en las cotizaciones de títulos vinculados a la producción de energía, ante el retroceso del crudo. El ADR de YPF cedió 5,2%, a USD 54,60, mientras que Vista Energy cayó también 5,2% y Pampa Energía, un 3 por ciento. También se hundieron Bioceres (-4,6%) y Globant (-4,3%).

Rebotó el dólar

Con un monto de operaciones que se moderó a USD 539 millones en el segmento de contado -unos USD 300 millones menos que el martes-, el dólar mayorista rebotó siete pesos o 0,5%, a $1.513,50, para interrumpir una racha de cuatro bajas seguidas.

“Faltando una hora para el cierre, la demanda se impuso y comenzó a empujar gradualmente la cotización al alza. La primera resistencia se ubicó en $1.510, nivel que logró quebrar después de las 14:30, para acomodarse en la zona de $1.513/$1.514, donde se mantuvo firme hasta cerrar en $1.513,50, alcanzando nuevamente el máximo del mes, registrado también el 9 de septiembre”, comentó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar mayorista anota una suba marginal de cinco pesos o 0,3% en septiembre, a la vez que en lo que transcurrió de 2026 la ganancia sumó 58,5 peos o 4 por ciento.

El BCRA elevó el techo de su régimen de bandas cambiarias a los 1.900,87 pesos. Así, el tipo de cambio oficial quedó a 387,37 pesos o 25,6% de ese límite de flotación administrada.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.531,56 para la venta y $1.480,07 para la compra.

El dólar blue continuó sin variantes, a 1.560 pesos.

En la plaza de dólar futuro todos los contratos estuvieron negociados con alzas en un rango de 0,1% a 0,4%, en un marco de negocios que totalizaron el equivalente en pesos a USD 1.697,7 millones, según consignó A3 Mercados. Las posiciones más negociadas, para fin de septiembre, subieron 3,50 pesos (+0,2%), a 1.523 pesos.

El Banco Central compró USD 9 millones en el mercado spot -el 1,7% de la oferta privada- y las reservas internacionales brutas de la entidad aumentaron en USD 47 millones, a 50.000 millones de dólares.

El suministro eléctrico es, desde hace años, una deuda pendiente con miles de vecinos del interior de la provincia de Buenos Aires. Los cortes frecuentes, la baja calidad del servicio y la falta de infraestructura adecuada afectan tanto a hogares como a unidades productivas en zonas rurales y pequeñas localidades que, lejos de las grandes urbes, padecen interrupciones que ninguna tarifa compensa. Esa realidad fue el punto de partida de una propuesta legislativa que busca atacar el problema desde la generación distribuida y las energías limpias.

El diputado provincial Valentín Miranda, de la Unión Cívica Radical (UCR), presentó ante la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear el Régimen Provincial de Fortalecimiento Energético mediante Generación Renovable y Almacenamiento. La iniciativa fue acompañada por sus compañeras de bloque Alejandra Lordén y Priscila Minnaard, y propone canalizar inversiones públicas, privadas y mixtas para instalar parques solares fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía y obras de infraestructura complementaria en aquellas áreas del territorio bonaerense con mayores restricciones de abastecimiento.

La propuesta no apunta a sustituir las obligaciones contractuales de las empresas distribuidoras, sino a crear un marco legal específico que permita planificar y ejecutar obras de generación renovable allí donde el sistema convencional no llega con la continuidad ni la calidad que las comunidades requieren. En ese sentido, el régimen diseñado por Miranda define instrumentos concretos: desde un mapa territorial de zonas críticas hasta un banco de tierras destinado a facilitar la instalación de infraestructura solar, pasando por incentivos fiscales y requisitos de empleo local.

“Buscamos brindar una solución real y sustentable a miles de vecinos y sectores productivos del interior que sufren interrupciones frecuentes en el suministro de luz”, declaró Miranda.

El legislador, agregó: “No venimos a reemplazar las obligaciones que las empresas distribuidoras tienen por contrato, sino a sumar una herramienta innovadora de planificación territorial que transforme necesidades concretas en obras reales y en más empleo para la provincia”.

El texto del proyecto establece la creación del Mapa Provincial de Áreas Prioritarias de Fortalecimiento Energético, un instrumento de diagnóstico que identificará las zonas con mayor urgencia de intervención. Para determinar cuáles son esos puntos críticos, la herramienta tomará en cuenta variables como la frecuencia de los cortes de servicio, la calidad general del suministro y la capacidad instalada en cada tramo de la red. De esta manera, las futuras inversiones tendrán una base territorial objetiva que orientará su ejecución.

Complementario al mapa, el régimen incorpora la creación del Banco Provincial de Tierras Energéticas, cuyo propósito es identificar y poner a disposición inmuebles —tanto fiscales como privados— que reúnan condiciones aptas para la instalación rápida de infraestructura solar. Para los desarrollos de origen privado, el esquema contempla la concesión gratuita del suelo durante un período de 20 años, con el fin de reducir los costos iniciales y hacer viable la radicación de proyectos en regiones históricamente poco atractivas para la inversión energética.

Con el objetivo de atraer capitales hacia las áreas más postergadas de la provincia, el proyecto habilita un paquete de incentivos fiscales vigente durante 15 años. Las empresas que adhieran al régimen podrán acceder a exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el Impuesto Inmobiliario y en el Impuesto a los Sellos, además de contar con estabilidad fiscal provincial y la posibilidad de obtener líneas de crédito preferenciales a través del Banco Provincia.

No obstante, la propuesta condiciona el acceso a esos beneficios al cumplimiento de compromisos concretos de impacto local. Las empresas inversoras deberán garantizar que al menos el 70% del personal contratado tenga domicilio real en la provincia de Buenos Aires, y destinar un mínimo del 50% de sus adquisiciones y contrataciones a proveedores radicados en territorio bonaerense. Esas exigencias buscan que el impulso económico generado por los nuevos proyectos solares se traduzca en empleo genuino y desarrollo productivo para las propias comunidades beneficiadas por la mejora en el servicio eléctrico.