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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhii Tykhyi, advirtió este martes que Rusia intenta “secuestrar” la central nuclear de Zaporizhzhia al buscar reconectarla a su propia red eléctrica, una maniobra que calificó de inédita en la historia de la energía atómica, y pidió a los países de América Latina y el Caribe que alcen la voz contra lo que describió como “chantaje nuclear” de Moscú, en el marco de una conferencia de prensa virtual con medios de la región, entre ellos Infobae.

Tykhyi confirmó además que la invitación al presidente argentino, Javier Milei, para visitar Ucrania sigue en pie, aunque no hay todavía una fecha concreta. “Cuando el presidente Milei encuentre el tiempo y la oportunidad de visitar Ucrania, estaremos encantados de recibirlo aquí”, dijo el vocero, quien remarcó que la invitación fue extendida personalmente por el presidente Volodímir Zelensky.

La central de Zaporizhzhia, “secuestrada”

Consultado por Infobae sobre la situación en la planta nuclear, la más grande de Europa y ocupada por fuerzas rusas desde 2022, Tykhyi dijo que los seis reactores permanecen en modo de apagado y que Kiev trabaja para evitar que Rusia intente reconectar la instalación a su propia red eléctrica. “Es el primer precedente en la historia de la humanidad en que una central nuclear de este tamaño ha sido ocupada por una fuerza militar y convertida en una base militar”, afirmó. Tykhyi fue más allá y calificó como un “secuestro” la maniobra rusa de intentar reconectar la planta a su propia red eléctrica: “Ningún procedimiento técnico, ningún protocolo técnico avala secuestrar así una central nuclear —algo que nadie en la historia de la humanidad ha hecho jamás—”, dijo.

El vocero acusó a Rusia de violar los siete pilares de seguridad nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al estacionar equipamiento militar en el predio y disparar desde allí hacia ciudades ucranianas al otro lado del río Dniéper. Pidió a los países latinoamericanos que utilicen su autoridad moral en la materia —invocando el Tratado de Tlatelolco, que consagra a la región como zona libre de armas nucleares— para presionar a Moscú. “Esto no va a llegarle a Moscú de la misma manera si viene de Estados Unidos o de Europa, pero créanme que sí lo va a escuchar si viene de su región”, sostuvo.

Sobre el rol de Rafael Grossi, director general del OIEA y candidato de Argentina a la Secretaría General de la ONU —consulta que también planteó Infobae—, Tykhyi evitó fijar una posición oficial de Kiev. “Es un debate muy acalorado. Dejemos que permanezca por ahora detrás de escena diplomática, y no voy a limitar el margen de maniobra diplomático de Ucrania en este punto”, respondió, en referencia a que la carrera por la sucesión de António Guterres incluye a otros tres postulantes latinoamericanos.

“La rendición no es una opción”

Sobre el estado del proceso negociador, Tykhyi reiteró que Ucrania propone desde el año pasado, como parte de la mediación estadounidense, congelar la línea de combate actual como paso previo a negociaciones más amplias, una oferta que —según dijo— Rusia rechaza desde hace un año y medio mientras exige la cesión de territorios que aún controla Kiev.

Afirmó que Zelensky está dispuesto a reunirse directamente con el presidente ruso, Vladímir Putin, en un país neutral, pero descartó que Moscú sea una sede seria para ese encuentro.

Respecto de Crimea, ocupada y anexada por Rusia en 2014, el portavoz fue categórico: “Crimea siempre ha sido, es y será territorio de Ucrania”, dijo, citando el respaldo de 143 países en la Asamblea General de la ONU a la integridad territorial ucraniana. Explicó que la campaña de ataques ucranianos sobre la península busca “hacer insostenible” la presencia militar rusa allí, aunque reconoció que una reconquista total del territorio ocupado requeriría fuerzas muy superiores a las actuales.

Consultado sobre cuánto tiempo más puede resistir Ucrania, Tykhyi fue tajante: “la rendición no es una opción”. Citó las atrocidades halladas en los territorios liberados en 2022 —ejecuciones de civiles, violaciones, cámaras de tortura— como la razón por la que, dijo, la guerra es “existencial” para su país. “Queremos que Rusia vuelva a sus fronteras y viva en su propio país, y nos deje vivir en paz en el nuestro. Nunca representamos una amenaza para Rusia”, afirmó, y agregó que la realidad en el campo de batalla cambió: “Ucrania no es la Ucrania que enfrentaron en 2022”, dijo, y agregó: “estamos devolviendo la guerra a donde empezó, de vuelta a Rusia”.

Bajas rusas y una estrategia basada en presión

Tykhyi ofreció además cifras sobre el desgaste del ejército ruso en el frente. Aseguró que, desde diciembre de 2025, Rusia pierde más de 30.000 soldados por mes entre muertos y heridos —una cifra que, dijo, llega a rondar los 40.000 en los peores meses— y que ese ritmo de bajas supera la capacidad rusa de reclutamiento, lo que explicaría la desaceleración de los avances de Moscú este año. Según el portavoz, Ucrania intercepta hoy más del 90% de los drones de combate y misiles de crucero rusos, aunque reconoció que los misiles balísticos siguen siendo “el mayor problema”: la intercepción no supera el 40%, lo que —dijo— motiva el impulso de Zelensky para crear una coalición antibalística internacional.

El vocero sostuvo también que, desde marzo, Ucrania realiza más ataques de largo alcance contra blancos militares dentro de Rusia —refinerías, fábricas de defensa, logística— que los que recibe, mientras acusó a Moscú de dirigir sus ataques mayormente contra población civil. Citó datos de la ONU que registran un aumento del 40% en víctimas civiles este año, con más de 2.000 muertos y heridos solo en junio, el nivel mensual más alto desde abril de 2022.

En cuanto a la estrategia para terminar la guerra, Tykhyi la resumió en dos frentes combinados: además de la propuesta diplomática de congelar la línea de combate actual como paso previo a negociaciones más amplias, una presión sostenida sobre Moscú a través de sanciones, el debilitamiento de su industria militar y ataques que encarezcan el costo de continuar la guerra. “Es una estrategia muy simple, y creo que todos pueden identificarse con ella”, dijo.

Desinformación y armas rusas al crimen organizado regional

El funcionario también denunció las campañas de desinformación rusa dirigidas a América Latina. Ante una consulta sobre versiones difundidas por Rusia que vinculan a Ucrania con carteles del narcotráfico mexicano, Tykhyi lo calificó de manipulación deliberada y dijo que México es “uno de los principales blancos” de la propaganda rusa en la región, mencionando en particular los intentos de expansión del canal estatal RT.

Rechazó de manera categórica cualquier desvío de armamento ucraniano hacia el crimen organizado —aseguró que existe un sistema de control en tres capas sobre cada pieza de equipamiento militar— y sostuvo, a la inversa, que hay evidencia de armas rusas llegando a bandas del crimen organizado en América Latina a través de África. “Te acusan de lo que ellos mismos hacen”, resumió.

Sobre si los países de la región actúan con independencia real frente a la guerra o evitan definiciones por cálculo político, el portavoz dijo respetar la tradición de neutralidad de América Latina, pero remarcó que Kiev no pide apoyo militar sino un respaldo más activo a principios como la Carta de la ONU y a causas humanitarias puntuales, como la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, que según cifras del gobierno ucraniano contabiliza más de 20.000 menores deportados forzosamente por Rusia. “No queremos ponerlos en la situación de tener que elegir entre Ucrania y Rusia. Entendemos que tienen sus propias tradiciones”, dijo, aunque añadió que espera “más compromiso” de la región.

Tykhyi también informó que Ucrania duplicó su presencia diplomática en América Latina y el Caribe en tres años, de seis a doce embajadas, con aperturas recientes en Panamá, República Dominicana y Ecuador, una prevista este año en Uruguay y otras dos planeadas para 2027 en Guatemala y Guyana.

Tensión política interna, sin quiebre democrático

Consultado sobre la salida de Mykhailo Fedorov del Ministerio de Defensa y sobre versiones que anticipaban un posible relevo del comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi (la salida terminó produciéndose unas horas más tarde, a última hora del martes n.d. E.), en medio de protestas en Kiev, Tykhyi enmarcó los hechos como una muestra de vitalidad democrática y no de crisis institucional. “Esto demuestra que Ucrania sigue siendo un país profundamente democrático pese a la guerra: cuando el gobierno toma decisiones que a la gente no le gustan, la gente protesta y expresa su oposición”, afirmó, y aseguró que Zelensky mantiene consultas activas tanto con Fedorov como con la cúpula militar. Remarcó que la innovación tecnológica y la reforma del ejército —dijo, “algunos enfoques están desactualizados y necesitan cambiar”— continuarán más allá de cualquier recambio de funcionarios, porque las considera una cuestión de supervivencia nacional. “No somos rusos: no escondemos nuestros problemas bajo la alfombra, los discutimos abiertamente, aunque a veces sea doloroso”, dijo.

Luego de la resolución del Gobierno de Santa Cruz de firmar este lunes un aumento a la Policía provincial, aún se mantienen focos de conflicto salarial acotado a El Calafate y algunas divisiones de Río Gallegos, mientras persiste un acampe de más de 45 días frente a la Gobernación.

Esta medida, impulsada por efectivos que rechazan el esquema fijado por decreto y denuncian ingresos por debajo de la línea de pobreza, se centra en el campamento frente a la sede gubernamental provincial que ya lleva 45 días bajo el rigor del frío que llega a sensaciones térmicas cercanas a los 20 grados bajo cero.

Según el comunicado difundido por el Gobierno de Santa Cruz, la suba fue establecida por la Resolución N.º 342/26 del Ministerio de Seguridad y ratificada por el Decreto Provincial N.º 0660/2026. El bloque oficialista afirmó que esa recomposición ubica a la fuerza entre las tres mejor remuneradas del país. Pero un grupo de policías, retirados, bomberos y personal del servicio penitenciario mantiene la medida de fuerza.

El aumento por decreto y la división de la protesta

El gobernador Claudio Vidal firmó un decreto que elevó el piso salarial a $1.700.000 para los ingresantes. Los manifestantes reclaman un básico de $2.200.000 y exigen que la mejora alcance también a retirados y pensionados.

Dicha recomposición salarial, según informa el decreto, se realizó “mediante la actualización del valor punto, la creación del adicional remunerativo y no bonificable denominado “Compensador” y del adicional no remunerativo y no bonificable “Cumplimiento Efectivo del Servicio”, destinada al personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Provinciales. Y el Gobierno agregó que esto “consolida una mejora sustancial del salario del personal y fortaleciendo su poder adquisitivo”.

Pero el decreto también introduce modificaciones en la estructura de los ingresos. Según el Gobierno provincial a partir de julio de 2026, se dejan sin efecto varios suplementos no remunerativos y no bonificables que habían sido creados por los decretos N° 1542/2022 y N° 0337/2023.

Entre los adicionales eliminados se encuentran los denominados “por función policial operativa”, “por función penitenciaria de alto riesgo” y “por función operativa en siniestro”. La misma medida alcanza a los suplementos “por función en investigaciones”, “por función técnica de apoyo” y “por función de alta dedicación operativa”.

Tras esa decisión, algunas localidades como Perito Moreno, Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado levantaron las medidas; en Puerto San Julián y Piedrabuena quedaron pocos manifestantes. Pero el foco más activo continúa en Río Gallegos y El Calafate.

El bloque oficialista sostuvo que el Ejecutivo agotó el diálogo con la fuerza y recordó que hubo 15 propuestas salariales rechazadas. En la misma línea, el ministro de Seguridad Pedro Pródromos aseguró que, en más de 30 días, se realizaron ocho reuniones de negociación.

La bancada vinculó la continuidad de la protesta a motivaciones políticas. En su comunicado afirmó: “Los intereses políticos no pueden estar por encima de la seguridad de los santacruceños”.

Hoy la protesta se desarrolla con guardias mínimas, a diferencia de otros acuartelamientos policiales. Los agentes cumplen sus turnos y luego van a las carpas instaladas frente a la Gobernación, donde dos efectivos llegaron a encadenarse a una entrada lateral del edificio.

Al conflicto salarial se sumó el temor a sanciones internas. Los manifestantes piden que no haya represalias, pero el Gobierno provincial rechazó una amnistía.

En el acampe también aparece como símbolo la imagen del subcomisario Gabriel Trujillo, quien a fines de junio fue atropellado por una persona en estado de ebriedad cuando iba a realizar horas adicionales en Cañadón Seco para complementar su sueldo. Tras el hecho en la Ruta Provincial 12, agonizó durante tres días y murió.

El oficialismo sumó las deudas de los municipios

En su comunicado, el bloque Por Santa Cruz incorporó otro eje a la discusión: las deudas de municipios con organismos provinciales. Indicó que Río Gallegos mantiene una deuda con la Caja de Previsión Social de $66.944.860.951,58 y con la Caja de Servicios Sociales de $41.979.176.336,63.

Para El Calafate, el bloque consignó una deuda de $322.761.262,12 con la Caja de Previsión Social y de $5.615.829.043,26 con la Caja de Servicios Sociales. Según la bancada, esas obligaciones crecen a un ritmo cercano a $3.600 millones mensuales.

Los legisladores sostuvieron que esos recursos son de los trabajadores santacruceños y que su incumplimiento afecta el financiamiento del sistema previsional y de salud. También afirmaron que, si los fondos fueran transferidos en tiempo y forma, la provincia tendría más herramientas para mejorar salarios e invertir en salud, educación, seguridad, viviendas y obra pública.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó que este miércoles las fuerzas ucranianas alcanzaron objetivos en territorio ruso y en aguas cercanas al país, al sostener que “con toda justicia, estamos llevando la guerra de regreso a casa, a Rusia”.

Según el mandatario, “las sanciones de largo alcance de Ucrania han golpeado exitosamente objetivos importantes en las regiones rusas de Krasnodar y Stavropol, centros logísticos involucrados en el suministro del ejército ruso con componentes para drones, equipos de navegación y otros pertrechos, así como otro depósito de petróleo”.

Zelensky también aseguró que hubo impactos en el mar: “En las aguas del Mar Negro y el Mar de Azov, un petrolero y cuatro buques de carga de la flota sombra de Rusia también fueron alcanzados”.

En su mensaje, el presidente agradeció a las tropas ucranianas: “Agradecemos a todos nuestros guerreros en las Fuerzas de Defensa de Ucrania por estos resultados”.

Al referirse a una posible salida negociada, sostuvo: “Se necesita la paz, y Ucrania le ha presentado al lado ruso todas las propuestas posibles. Hay que obligarlos a recurrir a la diplomacia. ¡Gloria a Ucrania!”

Se trata del equivalente ruso de Amazon, el gigante estadounidense de ventas por internet.

“Hoy, las sanciones de largo alcance de Ucrania atacaron con éxito importantes objetivos en las regiones rusas de Krasnodar y Stávropol: centros logísticos implicados en el suministro de componentes para drones, equipamiento de navegación y otros artículos”, dijo Zelensky en su cuenta de X.

Por primera vez en la guerra, Ucrania ha atacado en varias ocasiones centros logísticos de Wildberries desde el pasado 18 de julio. Zelensky explicó en un primer momento estos ataques como una respuesta a la destrucción por parte de Rusia de centros logísticos de la empresa de correos ucraniana Nova Poshta, cuyas infraestructuras son atacadas de forma constante por las fuerzas rusas.

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+, que publica vídeos de los ataques de las fuerzas de Kiev contra la retaguardia rusa, ha difundido vídeos con testimonios de vecinos de las localidades afectadas en Krasnodar y Stávropol donde se encuentran los centros de Wildberries que fueron alcanzados por las fuerzas ucranianas esta madrugada.

El jefe de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, ha centrado su mensaje sobre los ataques ucranianos de anoche en un juego de palabras con el nombre de la empresa de ventas por internet rusa, que significa en inglés ‘bayas silvestres’.

Los ataques de este miércoles a las instalaciones de Wildberries también han sido confirmados por la propia empresa.

La decisión de una de las principales calificadoras de riesgo del mundo sobre la deuda soberana argentina volvió a poner el foco en la forma en que los mercados internacionales leen el rumbo económico del país. Detrás de ese movimiento hay un proceso de análisis que combina variables macroeconómicas, financieras y también políticas, y que la agencia explicó en detalle a través de uno de sus principales referentes para la región.

Moody’s elevó la nota crediticia de la deuda soberana de Argentina, que pasó de Caa1 a B3 para los compromisos tanto en moneda local como en moneda extranjera. Además, la calificadora modificó la perspectiva de estable a positiva. Según explicó la agencia, la mejora responde a una reducción significativa del riesgo de default, en un contexto en el que la estabilización macroeconómica avanzó hacia una mejora más sostenible de los fundamentos crediticios, algo que también refleja, a criterio de la calificadora, un fortalecimiento en la gobernanza.

En el informe, la agencia destacó que los superávits fiscales sostenidos, la baja de la inflación y la continuidad de la liberalización económica refuerzan la credibilidad de las políticas públicas y reducen la volatilidad macroeconómica. También resaltó que el panorama externo del país mejoró de manera notable, apoyado en un mejor desempeño exportador, un aumento de la inversión extranjera directa en los sectores de energía y minería, y un acceso más fluido al financiamiento internacional.

En diálogo con Infobae en Vivo, Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s Ratings, se expresó sobre los motivos que llevaron a la agencia a tomar esta decisión y sobre los factores que todavía condicionan una mejora mayor.

Qué implica la suba de la nota

Reusche explicó el significado concreto de la decisión y remarcó el punto de partida desde el que arrancó el país. “Hemos subido la calificación un peldaño a la Argentina, que estaba en la parte baja de la tabla”, señaló. Según indicó, este tipo de definiciones dan una opinión sobre cuál es el riesgo de invertir en el país. “Esto probablemente traiga más inversiones para el país y abarate bastante el costo del financiamiento, tanto al Gobierno como a las empresas, los bancos, al sector público e incluso a los individuos, en un segundo plano”, detalló.

De esta manera, el vicepresidente de la calificadora vinculó la decisión no solo con una lectura sobre el riesgo soberano, sino con un efecto que podría trasladarse a distintos actores de la economía argentina, más allá del Estado.

El ajuste macroeconómico y las cuentas externas

Consultado sobre qué fue lo que mejoró puntualmente en el país, Reusche puso el eje en el proceso de ordenamiento económico. “Vimos un proceso de ajuste macroeconómico que continúa y la economía se está empezando a asentar”, afirmó. Para el directivo, existe la posibilidad de que las políticas públicas actuales logren reequilibrar la economía en el tiempo.

Ahora bien, el funcionario de Moody’s puso especial énfasis en un aspecto que la calificadora viene siguiendo de cerca desde mediados de año. “Un punto importante que hemos estado evaluando en los últimos meses, desde que visitamos Buenos Aires en mayo, son las finanzas externas del país”, indicó. Se refirió, en concreto, a la balanza de pagos, es decir, a la evaluación de cuántas divisas entran y salen del país. En base a ese análisis, la agencia mide la posibilidad de que el Gobierno cumpla con sus compromisos externos. “Ahí hemos visto una mejora importante”, sostuvo.

Reusche también se refirió al plan financiero presentado por el Gobierno y a la relevancia que tuvo para el análisis de la calificadora. “La presentación del plan financiero ayudó mucho para dilucidar qué estaba pensando el Gobierno en cuanto a fuentes de financiamiento”, explicó. Según detalló, desde Moody’s analizaron distintos escenarios para evaluar cómo cierran las cuentas externas del país y si existen suficientes divisas disponibles.

En ese sentido, el vicepresidente de la calificadora hizo una distinción entre el panorama de este año y el que se espera para el próximo. “Si bien vemos que el ingreso de divisas este año es mayor a lo proyectado, para el próximo año las cuentas se ajustan un poco porque hay grandes repagos de deuda”, advirtió. De todos modos, consideró que, de no mediar sobresaltos, las cuentas públicas deberían encajar, en un escenario además marcado por el calendario electoral. Justamente ese fue otro de los ejes que la calificadora tuvo en cuenta: si luego de las elecciones habrá continuidad en las políticas públicas actuales.

Los motivos de la demora y la cautela de la agencia

Ante la consulta sobre por qué la mejora en la calificación llegó recién ahora, Reusche fue explícito sobre el criterio de la agencia. “Teníamos que estar muy seguros de que no se iba a revertir cualquier acción crediticia que tomáramos”, sostuvo. Y agregó: “Nunca hacemos estos ajustes a la ligera. Tenemos que evaluar muy en detalle y asegurarnos de que no vamos a cambiar de opinión”.

El vicepresidente de Moody’s marcó además en Infobae en Vivo una diferencia entre la forma de operar de la calificadora y la del mercado en general. “El mercado, en general los inversionistas, siempre están evaluando el riesgo del país todos los días. Ellos fácilmente pueden cambiar de opinión. Nosotros tratamos de ser más cautos”, indicó.

Consultado sobre si perciben en Argentina la posibilidad de que se consolide una política de Estado, Reusche fue cauto pero claro en su diagnóstico. “Creemos que hay mayor consenso de que hay ciertas políticas públicas que deben continuar y volverse políticas de Estado, pero por supuesto eso no lo vamos a saber hasta después de la elección”, afirmó. En esa línea, remarcó que existen riesgos políticos y que, precisamente por eso, la calificación no se ajustó todavía más. “Era posible que la calificación subiese más que un peldaño”, reconoció.

El directivo también se refirió al cambio de perspectiva, que pasó de estable a positiva, y explicó su significado: en un período de entre 12 y 18 meses, la calificación podría seguir mejorando. “Esa va a ser la gran confirmación, si hay continuidad de políticas públicas y si esto se vuelve una política de Estado”, agregó. Según Reusche, los ajustes que requiere la economía argentina dependen, justamente, de que esa continuidad se sostenga en el tiempo.

El riesgo político

Sobre la posibilidad de que la calificadora incorpore en su análisis una eventual vuelta del kirchnerismo al poder, Reusche fue tajante respecto del enfoque de la agencia. “Como observadores internacionales, no tenemos preferencias por un gobierno u otro. Lo que analizamos es el marco de políticas públicas”, explicó.

En ese sentido, señaló que el hecho de que en gobiernos anteriores se haya revertido la senda de ajustes muestra que es difícil que ese tipo de políticas trasciendan al gobierno de turno, motivo por el cual la calificadora mide un riesgo político importante. “Más allá de eso, creemos que los incentivos están alineados para que las políticas corrientes se mantengan”, completó.

Finalmente, Reusche se refirió a la brecha que persiste entre la calificación crediticia y el riesgo país que mide el mercado. “El mercado está diciendo que el riesgo político también existe”, explicó. Según su análisis, todavía pesa en la memoria de los inversores el intento de ajuste durante el gobierno de Mauricio Macri, que no logró sostenerse en el tiempo ni resultó tan efectivo como el actual.

“La idea de que radicalmente cambiaron las políticas luego de una elección persiste en la memoria de los inversionistas y por eso están mucho más altos”, sostuvo. Como referencia, comparó la situación argentina con la de otro país de la región: “La Argentina en este momento está calificado igual que países como El Salvador, que tiene un riesgo país un poco menor, dado que hay menor riesgo político”.

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, viajará este miércoles a la Casa Rosada para firmar junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el convenio mediante el cual la provincia asumirá por 20 años la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012. Del acto también participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según informó el Gobierno santafesino, el acuerdo permitirá que la provincia intervenga con recursos propios sobre ese corredor vial, que rodea el área metropolitana de Rosario y conecta el tránsito pesado con el complejo portuario del Gran Rosario.

Desde la administración de Pullaro destacaron que se trata de la primera vez que el Estado nacional transfiere a una provincia la administración integral de una ruta nacional para que se haga cargo de su mantenimiento, conservación, rehabilitación y de la ejecución de nuevas obras.

La Ruta Nacional A012 constituye uno de los principales corredores para el transporte de cargas del país. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario citados por la provincia, por el complejo portuario del Gran Rosario se despacha cerca del 80% de las exportaciones nacionales de granos, harinas y aceites.

El recorrido de la A012 se extiende desde la intersección con la Ruta Nacional 9, a la altura de Pueblo Esther, hasta la Ruta Nacional 11. En su trayecto atraviesa Piñero, Zavalla, Pérez, Roldán, Ricardone y San Lorenzo, además de conectarse con las rutas nacionales 33 y 34.

El Gobierno provincial sostuvo que el corredor permite desviar el tránsito pesado de las zonas urbanas y que su estado incide sobre la logística, la seguridad vial y el acceso a los puertos del cordón industrial.

El pedido para que Santa Fe pudiera asumir la administración de la ruta fue presentado por la provincia a comienzos de 2024. Según la información oficial, la iniciativa surgió ante la paralización de la obra pública nacional y el deterioro progresivo del corredor.

La administración santafesina señaló que esa situación motivó reclamos de entidades empresarias, municipios, comunas, cámaras del transporte y usuarios, mientras avanzaban las gestiones con el Gobierno nacional para obtener la autorización que permitiera intervenir sobre una infraestructura cuya conservación dependía del Estado nacional.

En distintas oportunidades, Pullaro expresó la disposición de la provincia para hacerse cargo de la ruta si eso permitía acelerar las obras y mejorar las condiciones de circulación para el transporte de cargas y para quienes utilizan diariamente ese corredor.

Uno de los avances en las negociaciones ocurrió en abril, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en la Bolsa de Comercio de Rosario la decisión del Gobierno nacional de transferir la administración de la Ruta Nacional A012 a Santa Fe.

De acuerdo con la provincia, posteriormente la Nación avanzó con los instrumentos administrativos y jurídicos necesarios para concretar la cesión. La firma prevista para este miércoles formalizará el convenio por un plazo de 20 años.

Una vez rubricado el acuerdo, el Gobierno santafesino prevé iniciar las primeras intervenciones sobre la ruta. Los trabajos contemplarán tareas de mantenimiento, recuperación de la calzada, mejoras en materia de seguridad vial y obras destinadas a optimizar la circulación del tránsito pesado.

La incorporación de la A012 al sistema vial administrado por la provincia forma parte de la estrategia impulsada por la gestión de Pullaro para fortalecer la infraestructura logística y mejorar la conectividad con los puertos del Gran Rosario.

Desde el Gobierno de Santa Fe sostuvieron que el convenio permitirá avanzar con inversiones sobre un corredor considerado estratégico para la producción y el transporte de cargas, mediante la intervención directa de la provincia con financiamiento propio.