El presidente húngaro Tamás Sulyok firmó una ley que implica su destitución este lunes, tras una semana de intensas presiones políticas y en medio de un escenario institucional marcado por el cambio de poder en Hungría.
“Tras una cuidadosa consideración de mis posibilidades legales y de mi conciencia, cumplo con mi obligación conforme a la Ley Fundamental. Mi firma es el sello definitivo de mis obligaciones como presidente de la República”, declaró el jefe del Estado en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook.
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Tamás Sulyok, quien asumió la presidencia a principios de 2024, estampó su firma en la enmienda constitucional que obliga a cesar en su cargo y que fue impulsada y aprobada con mayoría absoluta por el nuevo oficialismo, bajo el liderazgo de Péter Magyar, vencedor de las últimas elecciones parlamentarias.
La enmienda constitucional dispuso que, a partir del lunes, la presidenta del Parlamento, Agnes Forsthoffer, asumirá el cargo de manera interina, mientras la cámara cuenta con un plazo máximo de 30 días para designar al nuevo jefe de Estado. La reforma justificó la medida en la “pérdida de confianza social” hacia un presidente elegido por el anterior bloque parlamentario.
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La reforma, votada en el Parlamento con una ovación de pie por parte de los diputados del partido Tisza, representó el desenlace más dramático de la transición política que siguió a la derrota electoral de Viktor Orbán tras dieciséis años de gobierno. Sulyok, a quien los nuevos legisladores consideraron un aliado de la administración anterior y un obstáculo para la reorganización institucional, firmó la enmienda en el límite del plazo legal para evitar un conflicto constitucional y un posible proceso de destitución.
El propio Sulyok, en un mensaje grabado, reconoció que la firma constituía su deber formal, pero advirtió que la iniciativa supone una herida profunda para la democracia constitucional húngara, al desplazar de forma abrupta a una autoridad electa y sentar un precedente negativo sobre la separación de poderes.
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La interinidad de Forsthoffer podría extenderse hasta la entrada en vigor de una nueva Constitución o, en su defecto, hasta por cinco años.
La reforma incluyó un límite de 12 años para los mandatos parlamentarios y una edad máxima de 70 años para los jueces del Tribunal Constitucional, lo que provocará el retiro inmediato del presidente de la corte, Peter Polt, otro funcionario vinculado a Orbán. Estas medidas formaron parte del programa del partido Tisza para desmontar las estructuras de poder construidas por el Fidesz y recuperar el control de instituciones estatales que, según los nuevos legisladores, quedaron cooptadas por intereses partidarios.
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Péter Magyar, primer ministro y arquitecto de la reforma, defendió la urgencia de la medida como una respuesta necesaria para restaurar la confianza en las instituciones, limitar el poder personal y asegurar que el Estado represente verdaderamente a los ciudadanos. Magyar celebró la aprobación de la enmienda con un mensaje en redes sociales donde sostuvo que Hungría recupera la certeza de que el poder puede ser controlado y los recursos públicos protegidos.
El desplazamiento de Sulyok, el retiro forzado de jueces y la limitación de mandatos parlamentarios fueron interpretados por el nuevo gobierno como pasos fundamentales para romper con el modelo de concentración institucional heredado.
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Desde la restauración democrática de 1989 hasta 2010, Hungría funcionó bajo reglas democráticas, pero desde la llegada de Fidesz, el sistema sufrió una transformación profunda con el copamiento de cargos clave y la erosión de contrapesos. Ahora, el oficialismo intentó desmontar ese andamiaje a través de reformas legales de amplio alcance.
(Con información de EFE)















