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El fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, Juan Podhainy, habló en el programa El Séptimo Día (Radio Plaza 94.7) de este domingo sobre el juicio que terminó con la condena a seis años y diez meses de prisión para el empresario maderero de Federación José Luis Machado por narcotráfico. Contó que la investigación comenzó en febrero de 2024 y detalló las pruebas reunidas: escuchas, vigilancia, secuestro de celulares y una planilla de Excel con las deudas de los revendedores. Destacó cómo esta investigación permitió llegar hasta el proveedor de numerosos puntos de venta de drogas en la región de Salto Grande.

—¿Cómo se inició la investigación contra Machado?

—Este caso se inicia en febrero de 2024, con una información que le llega a la policía de Toxicología de Federación. El dato era que se estaba comercializando droga en Federación y Concordia y que esa droga, posiblemente, según la información que llegaba a través de distintas denuncias, podría haber sido proveída por José Luis Machado, que hasta ese momento era empresario, tenía dos aserraderos y una paletera en la provincia de Buenos Aires. Además, habían advertido cierto crecimiento económico: se había comprado varios vehículos, algún Audi TT, varias Amarok, Toyota Hilux. En función de eso se pide la apertura de la investigación, lo cual autoriza la jueza, previa vista de la fiscal.

—¿Qué fue surgiendo a medida que avanzaron las tareas de investigación?

—Surge de los movimientos migratorios que Machado y otro de los imputados, Acevedo, que era su secuaz, viajaban seguido a Paraguay los dos juntos. También hubo un informe de antenas de telefonía que daba cuenta de que Machado utilizaba su celular en distintas zonas: Concordia, Federación, San Jaime y también en Misiones, lo cual luego se determinó que parte del material estupefaciente lo adquiría de una persona puntual en Misiones. Después se pidieron escuchas telefónicas y se empezó a identificar que Machado tenía distintos revendedores y distribuidores, no solamente en Concordia y Federación, como era la hipótesis inicial, sino también en San Jaime, San Salvador y Mocoretá, en Corrientes. Traía cocaína y traía marihuana.

—¿Qué se encontró en los allanamientos?

—Una vez madurada la investigación, identificados distintos distribuidores y su secuaz, Acevedo, se disponen los allanamientos. Se encuentran estupefacientes, pero también celulares y elementos de corte, por ejemplo, fragmentos de paquetes. Puntualmente, la prevención advertía que se habían encontrado determinados stickers o calcomanías de Chuck Norris, del actor estadounidense. Eso les llamaba la atención a los investigadores porque Machado se hacía llamar “Chuck Norris”. Gracias a las escuchas telefónicas, el personal de la Policía de Entre Ríos, de Toxicología (actual Drogas Peligrosas) de Federación, iba entrelazando lo que pasaba. Por ejemplo, Machado hablaba con determinada persona que le debía dinero, y esa persona, luego por narcomenudeo, era allanada, le encontraban cocaína, le secuestraban el celular y tenía conversaciones incriminantes con Machado, lógicamente. Es una causa en la que se fue recabando la información de distintas fuentes. No es que solamente tenemos las escuchas, como muchas veces los defensores dicen que es una causa “narcofónica”, no. Acá se hizo también un trabajo de vigilancia que da cuenta de que Machado se reunía con uno de los imputados, se veían pasamanos en la casa de esos imputados, y Machado iba y les cobraba.

—O sea que Machado no solo tenía proveedores en Misiones y Paraguay, sino que se involucraba en el cobro directo a los narcomenudeantes.

—Así es, y el cobro directo es lo que más llamó la atención, no solamente en la instrucción, sino a nosotros en el juicio. Cuando abrieron los celulares de Machado, concretamente dos celulares, y los de los otros imputados, se encontró un archivo Excel, una planilla que se llamaba “Extra”, en la que tenía todos y cada uno de los distintos revendedores. De varios de ellos se pudieron determinar escuchas y mensajes incriminantes; por ejemplo, varios tienen causas paralelas ante el Juzgado Federal de Concordia o ante la justicia provincial por infracción a la ley de drogas. Y en ese Excel tenía todas las distintas deudas que tenían con él. Y era solamente lo que se pudo encontrar del mes de octubre.

—¿De qué montos estamos hablando?

—Una escucha nos llamó mucho la atención, previa a los allanamientos, en la que Machado habla con una suerte de contador o asistente del contador que él tenía, quien le decía: “Mirá, José Luis, ustedes venían facturando, creo que en marzo de 2024, si no me equivoco, 30 millones por mes. Pero ahora, en abril y mayo de 2024, ingresaron dinero por 150 millones y 175 millones”. Estamos hablando de mucha plata, y ese contador decía: “¿Cómo justifico esto? ¿Qué hicieron ustedes?”. Y Machado le decía: “Bueno, no sé, vemos, decí que fue el dinero que ingresó de la paletera que tenía en la provincia de Buenos Aires o decí que vendimos un tractor”.

—¿Qué mostraban los celulares sobre las calcomanías de Chuck Norris?

—Un dato más que surge de los mensajes de texto, de las imágenes, del contenido de los celulares: a la cocaína que le vendía a sus revendedores le ponía el sello de él, una calcomanía de Chuck Norris. Él mismo tenía esa foto en WhatsApp, en los distintos teléfonos. La verdad que fue una causa con muchos condimentos.

—¿Cómo terminó el juicio y cuál fue la pena?

—Luego del debate, en el que intervine junto a la doctora Valeria Esponda, se valoró toda esta prueba, se pidió una pena y el tribunal efectivamente tomó la teoría de la fiscalía y terminó condenando. La fiscalía pidió una pena de siete años y el tribunal condenó por seis años y 10 meses y le impuso una multa de 100 unidades fijas, que son 15 millones de pesos. El otro imputado que llegó a juicio también fue condenado, obviamente con menor responsabilidad, eso ya lo habíamos marcado nosotros en la acusación, pero también se lo condenó. Los otros imputados fueron a abreviados: eran ocho imputados, a juicio fueron dos. Con los otros seis firmamos un acuerdo de juicio abreviado. Todavía está por salir esa sentencia homologatoria, pero resultarían todos condenados, en las expectativas nuestras.

—¿Se pudo atacar el andamiaje económico?

—Está en trámite. Lo único que les puedo decir es que todos los vehículos que mencionaba, las camionetas, un Audi TT y otros vehículos, están a disposición de la jueza (Analía) Ramponi por otra investigación de esta índole.

—¿Cómo se defendió Machado?

—Planteó una nulidad de la investigación inicial de la policía. Cuestionó básicamente que la policía de Entre Ríos, en pleno uso de sus facultades, hizo una pseudoinvestigación, pidiendo informes de dominio de los vehículos que había comprado y entrando a Facebook, mostrando a qué se dedicaba. Pretendieron invalidar la incorporación de esa información y, lógicamente, nosotros nos opusimos, y el tribunal lo rechazó. La defensa se centró básicamente en una cuestión procedimental o formal. No esgrimieron otro argumento. Durante las audiencias cuestionaban a los funcionarios de la prevención que interpretaban las escuchas en determinado sentido por su experiencia, y además de eso se corroboró por los allanamientos y por el resultado de las pruebas de los celulares. Entonces, mucho no les quedaba para decir.

—La sociedad reclama causas contra los “peces gordos” del narcotráfico ¿Es este uno de esos casos?

—Con este tipo de investigaciones se logra romper el techo. Muchas veces se pregunta: “Che, ¿dónde está el proveedor? ¿Quién provee toda esta droga que se comercializa acá en Paraná?”, incluso en investigaciones tanto del fuero federal como del provincial. Acá se encontró el proveedor y era una persona de mucha injerencia económica. También por el impacto geográfico que tenía: este tipo llenó de drogas Federación, Concordia, distintos departamentos, San Salvador. Y tenía sus revendedores ahí, personas a las que exigía constantemente el cumplimiento de sus deudas, haciéndoles capturas de pantalla de esta planilla de Excel: “Si te di tanto, vos me debés tanto”. Bastante organizado para lo ilícito, Machado. Y en ese sentido se rompió ese techo.

—¿Se pudo determinar si hubo complicidad de algún profesional, como el contador?

—De lo que llegó a juicio, no. Justamente esta escucha da cuenta de que esta persona no sabía; incluso se había ofrecido como testigo la contadora, pero no vino a declarar. Ignoro sinceramente respecto a esta otra investigación a la que les hacía referencia, de todo este costado más económico.

—¿La defensa pidió la domiciliaria?

—Lo plantearon, creo que a principios de este año o el año pasado, y en ese caso dictaminó el doctor Candiotti que no correspondía, porque no hay ninguna situación que lo ampare para poder acceder a la domiciliaria: personas enfermas, con hijos, etcétera, ni tampoco ninguna cuestión cautelar que hoy en día se pueda plantear, como decir «no hay tanto riesgo de fuga». Estamos hablando de un tipo que, como ya describí, tiene posibilidades, sobre todo económicas, de entorpecer la investigación o de profugarse, más allá de los vínculos con Paraguay, la posibilidad de extrañarse del país.

El gran cambio que se avecina en la Justicia Federal

—Hubo capacitaciones para la implementación del sistema acusatorio federal en Entre Ríos. ¿Qué va a cambiar en la instancia de juicio?

—En lo que hace a la instancia de juicio, la principal modificación es que se hacen dos juicios: un juicio por la responsabilidad y, por otro lado, a las 48 horas de que se declare la responsabilidad de la persona, un juicio por la pena. Vamos a discutir en dos momentos distintos y no en uno solo. Por un lado, la materialidad de los hechos y la responsabilidad de los procesados. Hoy hacemos todo junto; ahora se va a declarar la responsabilidad y después vamos a discutir la pena, y tenemos que ofrecer prueba para uno y otro juicio.

—¿Qué otro cambio destaca?

—Para mí es fundamental, y es muy importante también para que lo sepa la sociedad, que el fiscal que investigó es el fiscal que va a juicio. Es el fiscal que considera que tenía una teoría del caso apta como para someterla a juicio. Acá es el mismo fiscal el que va a defender su teoría del caso, el que hizo las primeras medidas de investigación. Ya no tiene más la investigación el juez, y eso hace todo más pulcro en el sentido constitucional. La Constitución nos dice que tiene que haber separación de poderes y que el juez no puede investigar. Ahora este sistema se condice con lo que nos dijo el legislador de la Constitución.

—¿Habrá una reorganización dentro del Ministerio Público Fiscal?

—Entendemos que sí. Por eso la unidad de implementación de la Procuración General está trabajando muchísimo, no solamente en la capacitación, sino en determinar cómo administrar esos recursos: qué persona tiene más experiencia en determinado costado de una investigación, del juicio o del manejo de evidencia, o en cuestiones no penales, porque también es competencia del MPF intervenir en cuestiones que no necesariamente sean penales. De eso se encarga la Procuración General a través de la unidad de implementación, que va a ver cómo se administran mejor los recursos humanos. Todavía eso, lógicamente, está armándose.

A más de un año de la condena contra la expresidenta, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti afirmó que el tribunal no analizó la constitucionalidad de la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y reclamó cubrir las dos vacantes que mantienen al máximo tribunal con tres integrantes.

El magistrado se refirió al expediente contra la expresidenta, al funcionamiento de la Corte y a los límites de los pedidos de juicio político contra magistrados. También explicó el alcance de la decisión vinculada con la Ley de Tierras.

Al ser consultado en el programa Cata de noticias, en radio Con Vos, sobre la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y las discusiones sobre su inhabilitación para ejercer cargos públicos, Lorenzetti evitó emitir opinión sobre una decisión del propio tribunal. Sin embargo, precisó cuál fue el alcance de la intervención de la Corte en ese expediente.

Según explicó, la causa llegó al máximo tribunal mediante una queja luego del rechazo de un recurso extraordinario. La Corte desestimó esa presentación por falta de fundamentación y, por ese motivo, no avanzó en una revisión de fondo.

“El tribunal oral resolvió, en el tema de Vialidad, tomó una decisión. Esa decisión después fue respaldada por la Cámara de Casación. Ahí está el doble conforme que se requiere y la Corte recibió un recurso denegado, o sea, solo una queja”, señaló Lorenzetti en el programa Cata de noticias, en radio Con Vos.

El magistrado remarcó que la decisión de la Corte se limitó a esa presentación. “En esa queja, que es un modo muy estrecho, es decir, no analizamos el fondo, la Corte lo resolvió por falta de fundamentación, es decir, no estaba bien fundado. Eso lo puede leer cualquier persona y hasta ahí llegamos”, sostuvo.

También indicó que la Corte no trató la cuestión de la inhabilitación perpetua, una pena prevista en el Código Penal que fue dispuesta junto con la condena de prisión. “En esas sentencias, lo que llega a la Corte no está planteado ese tema”, afirmó al referirse a la posibilidad de que Fernández de Kirchner compita en elecciones.

Sobre el debate jurídico alrededor de una eventual inconstitucionalidad de la sanción, agregó: “Lo que se habla es si se plantea la inconstitucionalidad o no de esa inhabilitación perpetua en relación a una pena de prisión más acotada, que no es perpetua. Ese es un tema, pero en la Corte no se trató ese tema”, señaló en el programa Cata de noticias, en radio Con Vos.

Asimismo, frente a las expresiones políticas que definen a la expresidenta como proscripta, Lorenzetti separó el plano político del jurídico. “No me parecen mal las discusiones políticas. Que cada sector tenga sus argumentos y los use y luche por lo que cree que es bueno. Eso está bien en una democracia”, planteó. Sin embargo, aclaró: “Jurídicamente es otra cuestión. Nosotros nos ajustamos a la ley, al derecho, a la Constitución”.

Las vacantes en el máximo tribunal

En la misma entrevista en el programa Cata de noticias, en radio Con Vos, Lorenzetti reclamó completar la integración de la Corte. La ley fija cinco miembros, pero el tribunal funciona con tres luego de las vacantes que dejaron Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

“El presidente tiene que enviar esos pliegos, tomar esa decisión y después tiene que haber un Senado con dos tercios que lo apruebe”, dijo. Consideró que la falta de acuerdos para cubrir los cargos es un déficit que se mantuvo durante distintos gobiernos.

El ministro planteó que la actual conformación exige mayor esfuerzo para alcanzar decisiones, dado que la mayoría requerida también es de tres votos. Aclaró que su preocupación central no está en el volumen de trabajo, sino en la concentración de atribuciones.

“Tres personas que decidimos de todo es demasiado poder para tres personas y tiene que haber diversidad también”, señaló. “Yo nunca me quejo de trabajo porque siempre trabajé y los temas salen. Pero tres personas que decidimos de todo, es demasiado poder para tres personas”, agregó.

Lorenzetti consideró positiva la incorporación de mujeres a la Corte. “Dentro de esa diversidad, la diversidad de género es buena. Por supuesto que sería bueno que incorporen mujeres”, afirmó, aunque aclaró que la decisión sobre las candidaturas corresponde al Poder Ejecutivo y su aprobación al Senado.

El juez se mostró cauto ante la posibilidad de ampliar el número de integrantes del tribunal. Advirtió que una modificación de ese tipo podría generar incertidumbre sobre los criterios judiciales. “Si la Corte fija un criterio y se dicta una ley para ampliarla y después demora lo que está demorando para cumplirlo, vamos a estar un año, dos años, tres años sin saber cuál es la jurisprudencia de la Corte”, sostuvo.

La Ley de Tierras y el límite de los juicios políticos por sentencias

Sobre la decisión vinculada con la Ley de Tierras, Lorenzetti rechazó que la Corte se haya pronunciado sobre la validez de esa norma, sobre el decreto de necesidad y urgencia cuestionado o sobre la venta de recursos naturales.

Explicó que el expediente llegó al tribunal dentro de procesos colectivos que discutían medidas cautelares. En una de las causas, la Corte rechazó una presentación de excombatientes de Malvinas por falta de legitimación, al concluir que no habían acreditado una representación jurídica directa para impulsar el reclamo.

“Primero, la Corte no opinó sobre la Ley de Tierras”, afirmó. “Acá todo es precario. No estamos hablando ni de la Ley de Tierras, que no llegó a la Corte, no estamos hablando del DNU ni de una ley. Estamos hablando de una medida cautelar, que es algo muy precario, y de un DNU, que también lo es”, indicó en el programa Cata de noticias, en radio Con Vos.

El juez explicó que el tribunal resolvió primero la situación de la asociación de excombatientes. “Nosotros tenemos mucho respeto por los excombatientes de Malvinas, porque toda la sociedad los respeta. Pero en este caso dijimos que no tiene una relación directa de representación jurídica respecto a este tema. Entonces, se rechazó por falta de legitimación. Punto, ninguna otra valoración”, sostuvo.

Lorenzetti indicó que luego se trató una segunda causa, que había quedado sin resolución de fondo porque se había acumulado al primer expediente. En ese caso, él y Horacio Rosatti votaron por dictar una cautelar, con el argumento de que existía una cuestión ambiental y que la acción no había tenido tratamiento previo. Carlos Rosenkrantz mantuvo una posición distinta.

“La Corte nunca puede ser pensada como alguien que vende tierras o que está en contra de los recursos naturales, porque nosotros hemos defendido los recursos naturales siempre”, afirmó. Como antecedentes, mencionó las decisiones sobre el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Ley de Glaciares y otros fallos ambientales.

Por otra parte, Lorenzetti cuestionó los pedidos de juicio político contra jueces que se originan en desacuerdos con el contenido de sus sentencias. El planteo surgió al hablar del debate por la baja de la edad de imputabilidad y de los reclamos contra una magistrada que cuestionó una norma.

“La ley prohíbe hacer un juicio político a un juez por la sentencia”, afirmó. “Si hay otras conductas, sí, pero por la sentencia, no. Porque además la sentencia de un tribunal se apela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se apela y otro tribunal la corrige, que es lo que pasó”.

Para el ministro, utilizar el juicio político como respuesta a una decisión jurisdiccional afecta la independencia judicial y la división de poderes. “No es que cada cosa que no nos parece bien tenemos que tumbar el sistema”, sostuvo.