25 Ago, 2026 12:07 p. m. EST
Este jueves a las 10 de la mañana era la fecha límite para la presentación de ofertas para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Según el cronograma oficial, se preveía que este 27 de agosto se avanzara con la apertura de los sobres con las propuestas para quedarse con el control de la empresa sanitaria que abastece de agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Sin embargo, Infobae confirmó que la apertura podría postergarse ya que hay varios pedidos de prórroga impulsados por las propias empresas que participan del proceso. “Se está evaluando”, indicaron fuentes oficiales al tanto de la situación. Y, aunque no confirmaron una nueva fecha, sería a mediados de septiembre.
Se trata de uno de los procesos de privatización de mayor envergadura que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei y, también, uno de los más complejos: el pliego fijó requisitos estrictos para los oferentes y autorizó la venta sin precio mínimo ni base pública establecida de antemano.
La apertura de sobres corresponde a la primera etapa del proceso, en la que se evaluarán las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales de los oferentes. Superada esa instancia, el proceso continuará con la etapa de precalificación, la apertura de las ofertas económicas y la adjudicación. Fuentes oficiales del Gobierno estimaron que entre la apertura de sobres y la adjudicación final transcurrirán alrededor de 45 días, tiempo que incluye el período de impugnaciones, informes e intervenciones administrativas propias de cualquier proceso licitatorio.
El objeto de la licitación es la venta y transferencia del 90% de las acciones de titularidad del Estado Nacional en AySA, mientras que el 10% restante permanece en manos de los trabajadores a través del programa de Propiedad Participada (PPP), el mismo esquema que tiene Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada para coordinar el programa de privatizaciones del Ejecutivo, tiene a su cargo la conducción del proceso.
El Gobierno espera recaudar alrededor de USD 500 millones con la operación. La cifra es parte de una estrategia más amplia que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluye la venta de activos estatales como mecanismo para obtener divisas frescas, junto a la colocación de bonos en dólares y la obtención de garantías internacionales.
La lista de candidatos combina jugadores locales y operadores internacionales. El pliego establece que el operador técnico debe contar con experiencia comprobable en la prestación de servicios públicos de agua potable y desagües cloacales, un requisito que, según fuentes de AySA, los interesados locales no reúnen por sí solos.
Por eso, tanto el Grupo Roggio como Mauricio Filiberti avanzaron en conversaciones con operadores internacionales para conformar presentaciones conjuntas. Roggio es el operador actual de Aguas Cordobesas y el jugador local con mayor trayectoria específica en el rubro. En materia de infraestructura hídrica, el grupo realizó obras como el Acueducto Gran Tulúm en San Juan, el Acueducto San Javier en Santa Fe y la Planta Potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, y tiene preadjudicada la refuncionalización del sistema de agua potable de la ciudad de Córdoba, que abastece al 70% de su población. El grupo también participa en otros sectores de servicios e infraestructura: opera el ramal Urquiza de trenes a través de Metrovías y el subte porteño a través de Emova. Filiberti, por su parte, es dueño de Transclor —proveedor de cloro para AySA— y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en la distribuidora eléctrica Edenor.
Entre los operadores internacionales que figuran como interesados se destacan dos empresas brasileñas. La primera es Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), la empresa de agua y saneamiento más grande de América Latina, que opera la red de San Pablo y abastece a unos 27 millones de personas en cientos de municipios del estado paulista. La segunda es Águas do Rio, una concesionaria de saneamiento básico operada por el grupo privado Aegea Saneamento, que presta servicios de agua potable y alcantarillado en municipios del estado de Río de Janeiro tras ganar una histórica subasta pública en 2021.
La participación de las firmas brasileñas agregó un factor de incertidumbre al proceso en el contexto del conflicto diplomático entre Argentina y Brasil de las últimas semanas. Ambas compañías analizaron presentarse junto con socios locales para competir por el control de AySA.
Otro nombre que circuló entre los potenciales interesados es el de la chilena Aguas Andinas, la empresa que controla los servicios de agua potable de Santiago de Chile y que está controlada por Aguas de Barcelona (Agbar), a su vez propiedad del grupo francés Veolia. La multinacional francesa, fundada en 1853 como Compagnie Générale des Eaux, es líder mundial en gestión del agua, tratamiento de aguas residuales y desalinización. Sin embargo, fuentes con conocimiento de las transacciones indicaron que finalmente ninguna de las dos firmas presentaría una oferta.
También estuvieron presentes en las instancias de consulta del proceso la constructora JCR, fundada por el fallecido empresario Juan Carlos Relats, y la estatal israelí Mekorot. Según trascendió en el sector, esta última no habría ingresado al proceso como operador con intenciones reales de presentar una oferta, sino que su presencia funcionaría como aval de prestigio internacional para el proceso. Al pertenecer a un Estado, la empresa queda impedida de participar debido a la “cláusula antichina” que suele agregar el Gobierno en las licitaciones.
Según pudo confirmar Infobae, hay más interesados locales que compraron el pliego. Sin embargo, fuentes oficiales insistieron en diálogo con este medio que lo importante es quiénes efectivamente realizan una propuesta económica. “Lo decisivo es que oferten”, comentaron.
Durante el proceso, una consulta publicada en el data room —el espacio al que acceden las empresas que adquirieron el pliego y manifestaron interés— preguntó si el operador técnico debía acreditar experiencia en ambos servicios o si bastaba con antecedentes en uno de ellos. La respuesta oficial aclaró que se requería experiencia en agua potable y desagües cloacales. “Lo que sí en la licitación se va a fijar es que tiene que ser una empresa que tenga experiencia en operación de servicios públicos, no necesariamente agua y saneamiento, pero sí de servicios”, precisó una fuente al tanto de la operación.
El contrato de concesión tendrá una vigencia de 30 años con opción a 10 adicionales e incorpora un esquema de planificación quinquenal: cada cinco años, la concesionaria deberá presentar un Plan de Acción con metas concretas de obras de mantenimiento, mejora y expansión del servicio. Las revisiones tarifarias también serán quinquenales, en reemplazo del esquema de actualizaciones anuales vigente hasta ahora. El cumplimiento de esas metas quedará bajo control del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA), con mecanismos de auditoría independiente y multas ante incumplimientos.
El plan de inversiones previsto es de USD 1.940 millones durante el primer quinquenio y USD 2.030 millones durante el segundo, con un total de USD 15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión. Entre los objetivos de los primeros diez años figura elevar la cobertura de agua potable del 75,3% al 78,9% y la de cloacas del 63,9% al 65,3%, con mejoras en la presión del servicio. El esquema contempla además la instalación de 100.000 medidores por año y la renovación de 500 kilómetros de redes de agua y 125 kilómetros de cloacas por ciclo.
Una de las condiciones estructurales del nuevo marco es que la concesionaria deberá garantizar el equilibrio económico-financiero sin subsidios del Tesoro. “Desde 2024, AySA cubre sus costos operativos 100% con tarifas, sin subsidios del Tesoro. El nuevo contrato convierte eso en regla permanente: la concesionaria debe garantizar el equilibrio económico-financiero. No hay vuelta atrás”, afirmó Alejo Maxit, CEO de AySA, en su cuenta de X.
AySA señaló a través de un comunicado que el nuevo esquema contractual “se basa en el cumplimiento de metas y objetivos, el equilibrio económico-financiero y un compromiso de inversiones que deberán llevarse adelante en beneficio de la mejora de los servicios prestados a los usuarios”, con “fuertes mecanismos de control, auditoría, revisión y multas”.
El pliego no fija precio mínimo ni base pública para la venta: el resultado, indica el propio documento, “dependerá de la competencia efectiva entre los oferentes”. Desde AySA explican que la principal palanca de rentabilidad para el nuevo operador estará vinculada a la generación de eficiencias operativas: mejoras de gestión y reducción de costos. Cuando la actual conducción tomó la empresa en 2024, contaba con 7.800 empleados; desde entonces, 1.500 trabajadores se retiraron mediante retiros voluntarios. La morosidad bajó del 16% al 11%, aunque la empresa reconoce que debería ubicarse en el 4 por ciento.
La privatización de AySA se enmarca en el programa económico que el Gobierno impulsa desde el inicio de la gestión de Milei, apoyado en la Ley de Bases N° 27.742 y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. El objetivo declarado es reducir la participación estatal en distintas actividades empresariales y promover la participación del sector privado.
IMPSA fue la primera empresa privatizada de la era Milei. En febrero de 2025, la emblemática metalúrgica mendocina pasó a manos del consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF), una subsidiaria de ARC Energy, con sede en Texas. La operación dejó USD 27 millones en las arcas del Estado.
Poco después, en diciembre de 2025, el Gobierno concretó la reprivatización de las cuatro principales centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados— por cerca de USD 700 millones. En abril de 2026, la venta del paquete accionario de Citelec, sociedad controlante de Transener —la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión del país, con más de 12.600 kilómetros de red—, fue adjudicada al consorcio formado por Edison Energia y Genneia por USD 356 millones, un 70% por encima de la tasación oficial.
La concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula el 80% del comercio exterior del país, también quedó resuelta con la adjudicación al consorcio Jan de Nul-Servimagnus por 25 años, con una rebaja del 13,5% en los costos logísticos. En materia vial, miles de kilómetros de rutas nacionales pasaron a operar bajo esquemas de concesión privada sin subsidios.
En contraste, la licitación de Intercargo —la empresa estatal de servicios de rampa en aeropuertos— no encontró oferentes en su primer llamado y acumuló sucesivas postergaciones; la última apertura de sobres quedó fijada para el 25 de junio. El proceso del Belgrano Cargas es el que más demoras acumuló: los pliegos, previstos para mayo, aún se encontraban en etapa de revisión al momento de publicarse esta nota, aunque el Ejecutivo aseguró que el llamado formal es inminente. Según estimaciones del Gobierno, el programa de privatizaciones y concesiones en su conjunto podría generar ingresos de entre USD 2.000 y USD 3.000 millones antes de fin de año.
