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El joven teniente ucraniano contestó demasiado, así que sus carceleros rusos le dieron una paliza. Según Alexei (apodo ficticio), un antiguo médico de la enfermería de la prisión rusa donde acabó ingresado, le quedaron “heridas extensas y hematomas que se le infectaron en las nalgas y la parte posterior de los muslos”.

Tras negársele la atención médica adecuada, falleció en octubre de 2022. Su cuerpo gangrenoso probablemente fue enterrado en una tumba sin nombre. Alexei nunca pudo averiguar su nombre.

Miles de soldados y civiles ucranianos han sido sometidos a violencia física y psicológica en centros de detención en Rusia y en la Ucrania ocupada, según nueve testimonios recogidos por la AFP —entre ellos, de funcionarios de prisiones rusos como Alexei— e informes de ONG y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de la que Rusia es miembro.

Antiguos presos y familiares de detenidos han descrito cómo hombres fuertes fueron “quebrantados como perros”.

Tres ex funcionarios de prisiones, que desde entonces han huido de Rusia, confirmaron la violencia y los abusos, y uno de ellos afirmó que sus superiores les habían dado “carta blanca” para cometerlos.

La AFP pudo hablar directamente con uno de ellos y Gulagu.net, que documenta los abusos en el sistema penitenciario ruso, le dio acceso a los testimonios de otros dos. Sus declaraciones no solo ponen de manifiesto la magnitud de la violencia, sino también los esfuerzos sistemáticos de Moscú por ocultarla.

Utilizando documentos oficiales, la AFP pudo verificar la identidad de los oficiales —cuyos nombres hemos cambiado por razones de seguridad— y las prisiones en las que prestaron servicio.

El activista ruso Vladimir Osechkin, director de Gulagu.net —que significa “No al Gulag”—, afirmó que el “sistema de tortura y crueldad” está controlado conjuntamente por el todopoderoso servicio de seguridad FSB y las autoridades penitenciarias, con la complicidad de los órganos judiciales.

Nueve de cada diez prisioneros ucranianos afirmaron haber sido maltratados, y el 42% declaró haber sido víctima de violencia sexual, según un informe de la OSCE de octubre que cita a funcionarios ucranianos.

Muchos ucranianos también aparecen demacrados al ser liberados tras los intercambios de prisioneros. Y, al igual que en los gulags de Stalin, la mayoría se ven privados de todo contacto con el mundo exterior.

Más de 22.000 detenidos

“Te quitan todo”, dijo Yaroslav Rumyantsev, de 30 años, un ex soldado ucraniano que sobrevivió tres años y tres meses en cautiverio. “Consiguen cambiar tu forma de pensar y hacerte creer que ya nadie te espera”.

Al menos 143 ucranianos, entre ellos seis civiles, han muerto en cárceles rusas en los últimos cuatro años, según informó la Fiscalía de Ucrania a la AFP.

La violencia contra los prisioneros ha sido común desde que estalló la guerra entre Kiev y los separatistas respaldados por Moscú en el este en 2014. Pero aumentó enormemente después de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, según Ucrania.

Según el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, en febrero había unos 7.000 prisioneros de guerra ucranianos en manos rusas. Otros 15.378 civiles han sido “detenidos ilegalmente”, según datos enviados a la AFP por la oficina ucraniana de derechos humanos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, insistió el año pasado en que Moscú trataba a los prisioneros “humanamente”. La administración penitenciaria rusa no respondió a las preguntas que la AFP formuló a sus funcionarios.

Carta blanca

Sergei era miembro de las fuerzas especiales penitenciarias rusas “Spetsnaz”, asignadas a las cárceles donde se retenía a ucranianos tras la invasión.

“Antes de la primera misión, el jefe de nuestro grupo territorial reunió al personal y les comunicó que las normas vigentes ya no se aplicarían en el trato con los prisioneros de guerra. En otras palabras, nos dio carta blanca para usar la fuerza física sin restricciones. Y nadie sería responsabilizado”, declaró Sergei a la AFP. “El jefe nos dijo: ‘Sean severos, no teman a nada más’”.

Opuesto a la guerra, Sergei afirmó que se negaba a participar en la violencia y renunció al servicio militar ese mismo año, abandonando Rusia. “No habría podido vivir con eso y mirar a mis hijos a los ojos”, declaró.

Pero muchos de sus colegas estaban encantados de tener la oportunidad de usar “toda la violencia que quisieran”, añadió.

La Fiscalía ucraniana afirma haber localizado a presos ucranianos en al menos 201 centros de detención repartidos por 49 regiones rusas, algunas tan lejanas como el Lejano Oriente. Muchos otros se encuentran detenidos en 116 lugares del este de Ucrania, territorio ocupado.

Los destruyen

El infante de marina ucraniano Yaroslav Rumyantsev fue hecho prisionero en Mariúpol en mayo de 2022 cuando, tras una de las batallas más feroces de la guerra, las tropas atrincheradas en la planta de Azovstal se vieron obligadas a rendirse.

En un principio, estuvo recluido brevemente en la prisión de Olenivka, en la región de Donetsk, donde una explosión mató al menos a 50 prisioneros ucranianos e hirió a decenas más en julio de 2022.

Posteriormente fue trasladado junto con unos 250 prisioneros al Centro de Detención Preventiva Número 2 en Taganrog, en el suroeste de Rusia, un lugar considerado uno de los peores centros de tortura.

Atados y con los ojos vendados, fueron recibidos por un “comité de recepción” de carceleros que los golpearon por todos lados con porras al entrar, una forma tristemente célebre de abuso utilizada en los “campos de filtración” de Chechenia durante la última guerra en la pequeña república del Cáucaso.

La violencia nunca cesó. Rumyantsev afirmó que los prisioneros quedaron reducidos a acobardarse como animales “golpeados”. “Hombres que defendían su tierra, que iban al gimnasio —hombres fuertes— fueron quebrantados como perros. Los destruyeron”.

Comer cucarachas y ratones

Según un informe de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE, publicado en septiembre y basado en el testimonio de antiguos prisioneros ucranianos, los métodos de tortura incluían violaciones, simulacros de ejecución, ahorcamientos simulados y descargas eléctricas, incluso en los genitales.

Según informaron, los presos también fueron obligados a permanecer en posiciones dolorosas y a someterse a intensos ejercicios físicos.

El ex funcionario de prisiones Vitali afirmó que se animaba a los reclusos rusos comunes a participar en la violencia, cuyo objetivo era obtener confesiones falsas. El activista ruso Osechkin afirmó que la tortura también se utilizaba para obtener información militar y obligar a los detenidos ucranianos a colaborar.

La comida también se utiliza para doblegar y deshumanizar a los prisioneros. Rumyantsev contó que, en ocasiones, le daban “exactamente dos minutos” para engullir la comida como un animal, bajo la amenaza de recibir más palizas.

Un ex prisionero declaró a Human Rights Watch que tenía tanta hambre que acabó comiendo cucarachas que atrapaba en su celda. Otros presos devoraban ratones crudos.

A esto se sumaban los castigos constantes y las numerosas normas destinadas a someter a los prisioneros, como la prohibición de mirar a los guardias a los ojos.

Rumyantsev recuerda haber tenido que permanecer de pie en grupo durante 16 horas seguidas sin poder ir al baño. “Los chicos se orinaban en los pantalones”, dijo. Luego vinieron los “experimentos”, como cuando sus carceleros les ordenaron que se tomaran de las manos y les aplicaron electricidad para ver “cuántas personas sentirían el dolor”.

Invisible

El activista ruso de derechos humanos Osechkin, de 44 años, que vive en Francia bajo protección policial, afirmó que a menudo se hace “invisible” a los presos ucranianos dentro del sistema penitenciario, e incluso ha documentado casos en los que se les cambian los nombres.

Además, con frecuencia los mantienen separados. Alexei, ex médico de prisiones, afirmó conocer el caso de una cárcel entera que había sido vaciada para poder recluir a ucranianos sin testigos de los malos tratos que sufrían.

También se han implementado prácticas para ocultar la identidad de los torturadores. Sergei, el oficial de las fuerzas especiales “Spetsnaz”, afirmó que los miembros de su unidad no llevaban números de identificación ni cámaras corporales cuando estaban con prisioneros de guerra ucranianos.

Según él, tampoco se rellenaban los registros de intervención. “No había ningún informe sobre el uso de la fuerza física después de las misiones. Hacían lo que les daba la gana, dando rienda suelta a sus impulsos sádicos“.

Incomunicado

Privar a los presos de comunicación con el mundo exterior también supone un castigo para sus familias.

Artem Kravtsova, hijo de Natalia Kravtsova y miembro de la brigada nacionalista ucraniana Azov, fue hecho prisionero en Mariúpol en mayo de 2022. Un año después, la Cruz Roja confirmó que estaba detenido. Desde entonces, este hombre de 52 años no ha vuelto a saber nada de él. Ella no está segura de que Artem, de 33 años, siga vivo. Con cada anuncio de un intercambio de prisioneros, Kravtsova siente una esperanza que luego se desvanece. “Aunque por fuera parezcas tranquila, por dentro ardes”, dijo.

Los intercambios se han convertido en acontecimientos importantes para las familias de los desaparecidos. Muchas viajan para recibir a los prisioneros que regresan con la esperanza de obtener información sobre sus seres queridos.

Cuando se localiza a un detenido, a veces es posible utilizar la plataforma en línea de la administración penitenciaria rusa para escribirle.

Pero para ello se necesita un número de teléfono en Rusia. Una activista rusa declaró a la AFP que ha permitido que diez ucranianos utilicen su número para escribir a sus familiares.

Ella se cartea con presos políticos rusos, quienes le transmitieron información sobre 15 ucranianos cuyas familias no tenían noticias de ellos.

Roumyantsev, el infante de marina, recibió solo una carta poco antes de su intercambio. Fue la única vez que lloró en prisión. “Vi esas primeras palabras de cariño… y se me llenaron los ojos de lágrimas. Estaba temblando y mi amigo me puso la mano en el hombro y me dijo: ‘Eso significa que sigues siendo un ser humano’”.

Tortura y esclavitud

La maestra Olga Baranevska, de 62 años, desapareció en la ciudad ocupada de Melitopol en mayo de 2024 tras negarse a cooperar con las autoridades rusas. Su hija Aksinia Bobruiko, refugiada en Alemania, tardó dos meses en enterarse de que su madre, que padece graves problemas de salud, estaba en prisión. Fue condenada a seis años de cárcel en noviembre de 2024 por “posesión” de explosivos, cargos que, según su familia, fueron inventados. Su hija pudo averiguar por medio de la gente que estaba allí que seguía viva, pero poco más.

Bobruiko ahora ayuda a documentar las penurias de otros civiles detenidos a través del proyecto “Tsyvilni v Poloni”, que significa “Civiles en cautiverio”, y trabaja con una ONG llamada “Numo, Sestry!” o “¡Vamos, hermanas!”.

Fue creada por la ex prisionera Liudmyla Guseynova, quien vivió un infierno a manos de sus carceleros durante tres años y 13 días. La mujer de 64 años dirigía un albergue infantil en la Donetsk ocupada cuando fue arrestada en 2019 por separatistas prorrusos por apoyar a Kiev. Tras su detención en una tristemente célebre prisión de la ciudad de Izolyatsia, Guseynova permaneció recluida en un calabozo en aislamiento durante 50 días. La filmaban constantemente y tenía que permanecer de pie todo el día bajo amenaza de castigo. Sus guardias le ponían una bolsa de tela en la cabeza y la sometían a diversas humillaciones, según relató.

Los presos, tanto hombres como mujeres, eran obligados regularmente a “entretener” a los soldados que estaban de permiso.

Posteriormente fue trasladada al Centro de Detención Preventiva Número 5 en Donetsk, donde compartió una celda pequeña y sucia con alrededor de 20 presos comunes.

Según ella, las condiciones eran “espantosas”, con un simple agujero en el inodoro y colchones sucios “llenos de insectos”. Muchos detenidos padecían VIH, tuberculosis y dermatitis.

Un día la llevaron ante un investigador que “se tapó la nariz con un pañuelo porque mi cuerpo apestaba muchísimo. Le dijo a otro investigador: ‘No te acerques a ella, ¿acaso no ves que está llena de chinches?’”

Los responsables de este “sistema de tortura y esclavitud” deben rendir cuentas ante un tribunal internacional, declaró el activista de derechos humanos Vladimir Osechkin.

“Los encontraremos y los castigaremos a todos”, prometió Sergei, el oficial de las fuerzas especiales penitenciarias rusas convertido en denunciante.

(AFP)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, llegó este miércoles a Corea del Sur para mantener negociaciones económicas y comerciales con una delegación china encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng, en la antesala de la cumbre que mantendrán en Beijing el presidente Donald Trump y el líder Xi Jinping.

Según informó la agencia surcoreana Yonhap, Bessent aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Incheon, ubicado al oeste de Seúl, tras concluir una visita oficial a Japón. Allí se reunió con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y miembros de su gabinete antes de viajar a Corea del Sur y posteriormente a China.

La agencia estatal china Xinhua confirmó que las delegaciones de China y Estados Unidos iniciaron conversaciones comerciales en el aeropuerto internacional de Incheon, aunque no difundió detalles adicionales sobre la agenda ni sobre la duración de los encuentros.

Bessent y He acordaron celebrar consultas sobre “asuntos económicos y comerciales de interés común” en Seúl como preparación para la reunión entre Trump y Xi prevista en Beijing. Ambas partes tomarán como referencia “los importantes consensos” alcanzados por los mandatarios durante el encuentro que mantuvieron en octubre de 2025 en la ciudad surcoreana de Busan.

En aquella cumbre, Trump y Xi pactaron una tregua comercial de un año que puso fin a meses de guerra arancelaria entre las dos mayores economías del mundo. Washington y Beijing habían impuesto aranceles recíprocos que superaron el 100% sobre exportaciones de ambos países.

El entendimiento alcanzado en Busan abrió un proceso de negociaciones centrado en aranceles, exportaciones de tierras raras, compras chinas de productos estadounidenses, acceso a mercados y restricciones tecnológicas.

Las conversaciones actuales en Seúl continúan una serie de contactos bilaterales iniciados tras la tregua comercial. En marzo pasado, He y Bessent encabezaron en París una ronda de negociaciones de dos días en la que también participó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Tras aquellas reuniones, ambas partes calificaron las conversaciones de “constructivas”. Las delegaciones discutieron entonces mecanismos para reducir el déficit comercial estadounidense mediante mayores compras chinas de productos agrícolas, energía y aviones fabricados en Estados Unidos.

También analizaron la posibilidad de crear una especie de “junta de comercio” destinada a administrar los intercambios bilaterales entre Washington y Beijing, en un contexto marcado por disputas comerciales y tecnológicas que escalaron durante los últimos años.

Antes de iniciar su gira asiática, Bessent destacó la importancia estratégica de las negociaciones económicas con China. “La seguridad económica es seguridad nacional”, escribió el funcionario estadounidense en redes sociales al anunciar su viaje a Corea del Sur.

El secretario del Tesoro acompañará luego a Trump en Beijing para la cumbre bilateral con Xi, un encuentro que ambas potencias consideran clave para consolidar la tregua comercial y avanzar en acuerdos pendientes.

La visita presidencial estadounidense también incluirá una amplia delegación empresarial. Más de una docena de ejecutivos de grandes compañías tecnológicas e industriales viajarán a China junto a Trump. Entre los empresarios figuran el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el fundador de Tesla, Elon Musk.

(Con información de AFP y EFE)

Mientras las distintas vertientes del peronismo nacional tratan de ordenarse y construir un nuevo programa económico, en los PJ del interior los enfrentamientos florecen y exponen la división en mitades que hay en el justicialismo. De un lado los federales, del otro el kirchnerismo. En este tiempo la síntesis es una utopía y el enfrentamiento una realidad. Pero siempre hay márgen para los acuerdos.

Por estas horas el PJ Mendoza, que preside Emir Félix, es un hervidero. “Nos estamos matando”, acepta un dirigente local ante la consulta de Infobae. La tensión se exacerbó luego de que el Tribunal de Disciplina partidario sancionara a diez dirigentes que fueron candidatos por afuera del partido en las elecciones municipales del 22 de febrero. Algunos de ellos son parte de la línea interna que lidera la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

El tribunal los inhabilitó para ser candidatos a cargos públicos en representación del PJ mendocino durante tres años y les prohibió ocupar cargos partidarios durante la misma cantidad de tiempo. La dura sanción fue aplicada sobre los candidatos que compitieron en la lista de Frente Patria, apadrinada por el cristinismo, por fuera del esquema del partido. Resolución a la que llegaron por la falta de acuerdo respecto a las candidaturas.

El cristinismo compitió con una lista paralela a la del partido en San Rafael, Rivadavia y Luján de Cuyo. En las tres, perdió. En todas, ganó el PJ local. Es decir, la división no benefició al sector K para volverse más competitivos, ni debilitó al justicialismo para hacerlo encontrar con la derrota. Solo generó más ruido y más peleas, de las que ya existen en el peronismo nacional y en el mendocino, en particular. Y, sobre todo, fracturó el espacio político en el quinto distrito electoral más importantes del país.

Lo ilógico de la pelea interna del peronismo es que atravesó una estrategia de los intendentes, que desdoblaron las elecciones municipales de la nacional y provincial, para evitar que el efecto arrastre de Javier Milei, que tenía otra espalda política a fin de año pasado, los lleve puestos a ellos. Sobre todo, teniendo en cuenta que el gobernador de la provincia, el radical Alfredo Cornejo, tiene una sociedad electoral muy potente con La Libertad Avanza (LLA).

Los diez sancionados fueron Paloma Scalco, Bruno Ceschín, Nadir Yassuf, Gisela Flores, Daniel Mazurenco, Hipólito Martínez, Facundo Martín, Mariela Herrera, Katherina Hidalgo y Sebastián Videla. Todos participaron de las elecciones de concejales departamentales que se realizaron en febrero de este año.

El caso más paradigmático es el de Scalco, que es concejal en Luján de Cuyo y, al mismo tiempo, es la vicepresidenta del PJ mendocino. En la última elección fue como candidata para el concejo deliberante de su ciudad en una lista por fuera del partido. Una muestra del nivel de agrietamiento que hay en el peronismo de la provincia y también el recuerdo de que, tiempo atrás, hubo capacidad de generar un acuerdo entre las partes para conducir el partido con una lista de unidad.

“Están pasando cosas muy graves en nuestro país y en nuestra provincia como para estar en el peronismo dando este tipo de discusiones. Podemos ver lo alejada que está la conducción de la realidad y de los problemas que tenemos los mendocinos y los argentinos”, sostuvo Scalco.

Además, agregó, en una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM, que “hay un intento de dejar afuera a un sector que lo único que hace es considerar que tenemos que estar en contacto con la ciudadanía y que no podemos ser cómplices del gobierno de Milei y de Cornejo, como ellos quieren serlo”.

En diálogo con Infobae, el diputado provincial Lucas Ilardo, referente local del kirchnerismo, describió la situación con mucha crudeza. “Hay un grupo de dirigentes del PJ en Mendoza, como en todo el país, que creen que es necesario tener al kirchnerismo calladito, amordazado, invisible y sin discutir mucho”, precisó, al tiempo que remarcó: “Eso es incompatible con la esencia de nuestro espacio político. Somos rebeldes, tenemos ideas, convicción y vocación”.

Ilardo aseguró también que “frente a la incapacidad de ese grupo de dirigentes de intentar conducirnos, prefirieron separarse y expulsarnos”, en referencia a la decisión del PJ Mendoza de sancionarlos y prohibirles representar al partido, electoralmente, en los próximos tres años. “Nos expulsaron de los bloques y del PJ. Nosotros creíamos necesario estar unidos para frenar el modelo de Milei y Cornejo. Ellos eligieron esta fragmentación que dejó al peronismo en minoría”, explicó.

En el entorno de Félix son contundentes. “Nadie los echó. Se fueron ellos solos cuando decidieron competir por lista propia. El tribunal funciona y lo hace en forma institucional. Se aplicó la carta orgánica, que es lo normal. No se puede expulsar a alguien que se fue por su cuenta”, planteó un dirigente cercano al diputado nacional.

En el PJ mendocino resaltan que el kirchnerismo se queja de la misma decisión que tomó el PJ Nacional, controlado por CFK, en PJ Jujuy, con la senadora Carolina Moisés, que fue sancionada junto a 300 dirigentes por haber competido por afuera del partido y acompañado algunos proyectos del gobierno nacional.

“Son infantiles y caprichosos. El método que ellos implementan, de hago lo que quiero o me voy, ya no funciona más en el peronismo de Mendoza. Eso se terminó”, sentenció un dirigente muy cercano a Félix. En ese sentido, agregó: “Si no se dan cuenta que la sociedad le dijo basta a esas formas, a ese sistema y a ese comportamiento, entonces están en problemas”.

En el medio de toda la pelea, y tras la asunción de diputados y senadores provinciales en sus bancas nuevas, el bloque peronista se rompió en ambas cámaras. Quedaron conformados dos bloques. Uno de línea justicialista y con el respaldo de la mayoría de los intendentes, y otro del kirchnerismo, con fuerte influencia del cristinismo. En el mundo K dicen que fueron expulsados del bloque porque no quieren escuchar su voz. En el PJ aseguran que ellos quisieron imponer condiciones en la elección de autoridades y que no tienen volumen político, ni peso específico, para el nivel de exigencias que propinaron.

La tensión entre ambos sectores viene desde hace, por los menos, diez años. Con el pasar de las elecciones, la imposibilidad de volverse competitivos y las fracturas del justicialismo en todo el país, con epicentro en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner primero, y después en la provincia de Buenos Aires alrededor de la figura de Axel Kicillof, fueron detonando la posibilidad de generar una alianza sólida. El escenario nacional fue un caldo de cultivo para que se potencien las diferencias provinciales.

En el PJ mendocino recalcan que la conducción de Félix le hizo recuperar el piso histórico al peronismo en las elecciones provinciales, aunque reconocen que no ha sido suficiente para ser realmente competitivos contra el oficialismo local. Es decir, consideran que han logrado una mejor performance que el kirchnerismo y que tienen capacidad de seguir creciendo, pero que sigue sin alcanzar. Entonces, las fracturas, generan un mayor condicionamiento sobre el futuro del justicialismo en la provincia.

La interna tiene un correlato por fuera de las fronteras mendocinas, aunque sin la conflictividad que existe en la provincia. Félix es parte del armado del peronismo federal que se presentó en Parque Norte el 1 de mayo, que no tiene dirigentes cristinistas en sus filas, y que impulsa un debate profundo del plan económico de Milei, pero también del que llevó a cabo el gobierno del Frente de Todos.

Fernández Sagasti está en las filas cristinistas y milita el pedido de libertad de CFK como una bandera inexpugnable. Es parte de un esquema que pide un mayor reconocimiento del peronismo para con las gestiones de la ex presidenta, frente a lo que creen que es una falta de reconocimiento de sus gobiernos. La senadora nacional tiene peso específico en el armado de su provincia y mantiene una cuota de poder importante para negociar.

El conflicto latente en Mendoza tendrá otro capítulo en unos meses. En diciembre se vence el mandato de Emir Félix en la presidencia del PJ local, motivo por el que se proyecta realizar elecciones en octubre. Esos comicios van a derivar, inevitablemente, en tensiones internas. Como sucede también en otros PJ del país, como los de Salta y Jujuy, donde habrá elecciones el 25 de octubre. Será un mes marcado por los cambios en la conducción de los partidos provinciales. En paralelo, y hasta ese momento, el peronismo, en su conjunto, seguirá haciendo esfuerzos para encontrar un camino de encuentro para enfrentar a Milei el año que viene.

El barril de petróleo volvió a pegar un fuerte salto en los últimos días, que podría trasladarse al menos parcialmente a los surtidores en la Argentina. Sin embargo, este incremento difícilmente impacte en el proceso de baja de inflación que arrancó en abril y que todo indica se prolongará en mayo.

El crudo Brent, que es el que usan de referencia las compañías como YPF, volvió a subir ayer más de 3% hasta los 107,6 dólares. De esta forma, se alejó de los niveles de USD 90 a los que había caído cuando parecía que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán era inminente.

Las dificultades para navegar el estrecho de Ormuz, el bloqueo sobre los puertos iraníes y los problemas para llegar a un entendimiento entre ambos países le volvieron a poner presión al petróleo, que permanece alto por más tiempo que el pronosticado por la mayoría de los analistas.

En Estados Unidos esta fuerte suba en el precio de la nafta impactó muy fuerte en marzo con un incremento de 0,9% en el índice de precios minoristas de marzo. Ayer se conoció el dato de abril que arrojó un 0,6%, es decir inferior al mes anterior pero todavía muy alto. Sorprendió además que la inflación interanual ya está en niveles de 3,8%, prácticamente un punto más que antes del inicio de la guerra.

En la Argentina, la suba en los surtidores cercana al 25% impactó especialmente en la inflación de marzo, que llegó a un pico de 3,4 por ciento. La decisión de YPF de congelar los precios a principios de abril por 45 días ayudaría para que el índice del mes pasado presente una baja significativa. La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% y se espera que a nivel nacional se ubique en niveles similares.

La incógnita es qué pasará en mayo. Todo hace suponer que el proceso de desinflación continuará este mes. Es posible que a partir de los próximos días las petroleras avancen con aumentos en los surtidores, pero no serían significativos.

El economista Fernando Marull consideró que “es difícil saber cómo impacta exactamente la suba del barril en la ecuación de YPF, pero en todo caso el atraso en los precios de la nafta serían inferiores al 10%, no es significativo. Por lo tanto, aún cuando se produzca un incremento gradual no va a tener un impacto importante en el índice”.

El economista se mantiene optimista respecto a cómo se daría el proceso de desinflación y espera un nivel cercano al 2% en mayo. La menor estacionalidad del mes, la estabilidad en el precio de los alimentos registrado en la primera semana y un tipo de cambio que se mantiene muy estable serían las variables más importantes para justificar ese optimismo.

De todas formas, los analistas que participaron del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Central son más cautos: esperan un 2,7% para el dato de abril y luego una baja a 2,3% para este mes. La inflación caería a menos de 2% recién en agosto.

En donde sí hay un consenso importante es en el dato de inflación para todo el 2026, que se mantendría levemente arriba del 30%, muy parecida a la del 2025 (31,5%).

La desaceleración inflacionaria es considerada fundamental para el Gobierno porque a partir de allí se puede esperar una recuperación del poder adquisitivo del salario, que viene cayendo en los últimos meses.

La caída de ventas en consumo masivo siguen mostrando un impacto negativo en el ingreso disponible. Aunque la situación es más compleja para los trabajadores del sector público, en los últimos meses también sufrieron los empleados del sector privado. No solo se registró una merma del salario real, sino además un aumento de los despidos especialmente en fábricas pero también en comercio.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó el martes que las recientes declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, muestran una posición de debilidad y consideró que podría existir una oportunidad para poner fin a la guerra en Ucrania. Las declaraciones ocurrieron tras una reunión con ministros de Defensa de la UE.

“Lo que su declaración demuestra realmente es que no se encuentra en una posición sólida”, sostuvo Kallas después de que Putin señalara durante el fin de semana que la guerra en Ucrania “se encamina a su fin”. “Por lo tanto, creo que existe una oportunidad para poner fin a esta guerra”, agregó la funcionaria estonia.

Funcionarios occidentales y ucranianos sostienen que la situación del conflicto comenzó a modificarse tras un período especialmente difícil para Kiev el año pasado. Según esas evaluaciones, Rusia enfrenta un número récord de bajas mientras Ucrania intensifica ataques contra instalaciones petroleras rusas.

Kallas, quien anteriormente afirmó que Putin no parece interesado en terminar la guerra, también señaló en otras oportunidades que Moscú dilata los intentos impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump, para alcanzar un acuerdo que detenga los combates.

Los esfuerzos diplomáticos de Washington perdieron fuerza en las últimas semanas, mientras Estados Unidos concentró su atención en la guerra con Irán.

En los últimos días, Rusia logró convencer a Ucrania de sumarse a una tregua de tres días vinculada a las celebraciones por la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Según funcionarios europeos, esa decisión, junto con la reducción del desfile militar en la Plaza Roja, reflejó preocupación en Moscú ante posibles ataques ucranianos.

Putin también sugirió al ex canciller alemán Gerhard Schröder como posible mediador entre Rusia y Europa en la guerra de Ucrania. Sin embargo, Kallas y otros funcionarios europeos rechazaron esa posibilidad.

El lunes, durante otra reunión ministerial en Bruselas, Kallas sostuvo que el equilibrio de la guerra comenzó a inclinarse a favor de Kiev debido a las crecientes pérdidas rusas y a los ataques ucranianos dentro del territorio controlado por Moscú.

“Las pérdidas récord de Moscú en el campo de batalla, los ataques profundos de Ucrania dentro de Rusia y el desfile militar cada vez más reducido son señales claras de que las dinámicas de la guerra están cambiando”, declaró la funcionaria.

Kallas afirmó además que Ucrania “está en una posición mucho mejor que hace un año”, aunque aclaró que el escenario continúa siendo delicado. “No hay tiempo para la autocomplacencia”, señaló.

Durante la reunión del lunes, la Unión Europea aprobó nuevas medidas destinadas a reforzar la capacidad ucraniana tanto en el plano militar como institucional. Entre las decisiones figura la ampliación del mandato de la misión europea de asesoramiento en Ucrania, que ahora podrá intervenir frente a amenazas híbridas y colaborar en programas de reintegración de veteranos de guerra.

Bruselas también decidió fortalecer el centro satelital comunitario con el objetivo de mejorar la supervisión de un eventual alto el fuego y aumentar el control sobre posibles maniobras de evasión de sanciones por parte de Rusia.

Kallas confirmó además que la Unión Europea se incorporará formalmente al tribunal especial que investigará el crimen de agresión contra Ucrania y que el bloque participará en la Comisión Internacional de Reclamaciones creada para documentar daños y abusos vinculados con la invasión rusa.

Otro de los temas abordados durante la reunión ministerial fue el futuro ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Kallas destacó los avances políticos e institucionales alcanzados por Kiev pese al contexto bélico. “Ucrania ha conseguido progresos notables en circunstancias extremadamente difíciles”, afirmó.

La funcionaria pidió acelerar la apertura de todos los capítulos de negociación antes del verano europeo y defendió la eventual adhesión ucraniana como una cuestión estratégica para la seguridad del bloque. “La adhesión de Ucrania no es un acto de caridad. Es una inversión en nuestra propia seguridad”, sostuvo.

(Con información de AFP y EFE)

Mientras la cuarta Marcha Federal Universitaria colmaba Plaza de Mayo en la tarde del martes, el PRO atravesó la jornada sin un comunicado oficial sobre el conflicto y con sus dirigentes divididos entre quienes tomaron posición pública a favor del reclamo y quienes guardaron silencio.

La fractura quedó expuesta en las redes sociales. La diputada nacional Silvia Lospennato fue la primera en pronunciarse: “En una República las leyes se cumplen y los fallos de la Justicia también. Yo marcho”, publicó en X horas antes del inicio de la concentración. El diputado nacional Álvaro González, cercano al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, pero integrante del bloque amarillo, siguió la misma línea: “La educación pública es una de las herramientas más importantes para igualar oportunidades y construir futuro.” Defenderla, agregó, no debería ser una discusión partidaria, sino un compromiso de todos. “Hoy acompaño el reclamo de estudiantes, docentes y universidades”, sostuvo. No es la primera vez que González tiene una postura crítica a LLA.

La diputada nacional Gisela Scaglia también defendió el financiamiento universitario con argumentos que apuntaron a las casas de estudio de su provincia —la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rafaela y la UTN Santa Fe— como motores del desarrollo regional. Aunque preside la bancada de Provincias Unidas, la ex vicegobernadora de Santa Fe preside el PRO provincial.

Sergio Siciliano, legislador porteño de Vamos por Más, se mostró igualmente crítico hacia el Ejecutivo: “Hay una ley vigente que se debe cumplir, eso también es seguridad jurídica que atraerá futuras inversiones. La ley no es buena, debió debatirse más, pero hoy es la reglamentación vigente y ratificada por el Congreso y por la Justicia”, escribió. Y advirtió: “Lamentablemente, esta disputa hace que los docentes no cobren salarios dignos” y eso atenta contra la calidad educativa.

La ex diputada nacional y también legisladora por CABA, Laura Alonso, optó por una posición intermedia. Reivindicó la universidad pública desde lo personal y anticipó que la jornada tendría politización, pidió no dejar que eso opacara el reclamo: “Que el árbol no tape el bosque. Muchos asistirán porque quieren y creen en una educación superior pública de calidad”.

En el extremo opuesto del arco interno, el ex senador Federico Pinedo publicó un mensaje que contradijo el argumento central de los manifestantes: “En una república, como tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la iniciativa de gasto público corresponde al Poder Ejecutivo y se discute en el Presupuesto”, escribió en respuesta directa al tuit de Lospennato, en un gesto de alineamiento con la postura del Gobierno nacional. Pinedo, sherpa argentino para el G20, ya manifestó de manera publica sus diferencias con Mauricio Macri.

El exmandatario (que se encuentra fuera del país) y los principales dirigentes del PRO se llamaron a silencio. No hubo comunicado institucional sobre el conflicto. La única publicación oficial en la jornada fue un mensaje de tono político general, sin mención alguna a las universidades: “El próximo paso no es un partido político. Ni un dirigente, por mejor que sea. El próximo paso sos vos, el argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera”. El texto llegó horas después de que las columnas de docentes, estudiantes y gremios ocuparan la plaza frente a la Casa Rosada.

El silencio institucional del PRO contrasta con el clima interno que el partido atraviesa desde el fin de semana. El domingo previo, el expresidente avaló la difusión del “Manifiesto próximo paso”, en el que apuntó contra quienes “frenan el cambio desde adentro, con soberbia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, en una referencia interpretada en pasillos libertarios como una crítica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En las últimas horas, desde el PRO bonaerense informaron sobre la actividad del próximo viernes en Vicente López que encabezarán Macri y la intendenta Soledad Martínez. “Nos reunimos para lanzar una nueva plataforma de inteligencia ciudadana, pensada para que la militancia, los consejeros escolares, concejales y vecinos de toda la Provincia podamos construir datos propios desde el territorio. Porque hay equipo en la Provincia. Y porque lo que Kicillof no muestra, lo mostramos nosotros”, señalaron.

El presidente Javier Milei siguió la movilización desde la Quinta de Olivos y retuiteó un mensaje de Camila Manfredi, dirigente de la Juventud del PRO, referenciada en el ministro del Interior, Diego Santilli, quien cuestionó los reclamos: “A la educación hay que defenderla siempre, el tema es de quién”.

La marcha, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, organizaciones representativas del sector universitario, fue la cuarta movilización federal del sector desde la asunción de Milei.

El documento final, leído por estudiantes frente al escenario en Plaza de Mayo, exigió al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso y validada en dos instancias judiciales, mientras la resolución definitiva aguarda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 85 jornadas consecutivas de saldo favorable en el mercado de cambios, a partir de acuerdos y operaciones con el sector privado y organismos públicos. Este martes sumó USD 70 millones y acumula compras por casi USD 7.700 millones en lo que va del año.

Desde el inicio del nuevo régimen monetario en enero, el BCRA incorporó USD 7.691 millones, con abril como el mes de mayor actividad, al anotar 2.769 millones de dólares y hubo una sola rueda en la que no adquirió divisas: el 2 de enero. En los dos días hábiles previos, la entidad había intensificado las compras, superando el ritmo moderado de la primera semana de mayo, cuando no alcanzó los USD 100 millones diarios.

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que todavía no ingresó el grueso de los dólares provenientes de la cosecha agrícola, lo que se espera incremente la disponibilidad en el Mercado Libre de Cambios en el corto plazo y amplíe la capacidad de compra del Central.

El avance hacia la meta anual de compras representa un 76,91 por ciento. Sin embargo, la adquisición de dólares del propio Central por parte del Tesoro para afrontar pagos de deuda limitó el crecimiento neto de reservas en el primer trimestre.

Para mantener el ritmo comprador, el BCRA emitió pesos y evitó esterilizarlos, mientras que el Tesoro absorbió liquidez a través de colocaciones de deuda en moneda local, buscando reducir la presión sobre el tipo de cambio y la inflación.

Las estimaciones oficiales para 2026 proyectan un saldo neto de compras entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, condicionado por el flujo de divisas y la demanda interna de pesos. Santiago Bausili, presidente del BCRA, remarcó que estos elementos serán clave para el resultado anual.

La liquidación de la cosecha gruesa aportará una suma relevante de dólares, fortaleciendo las reservas. Al mismo tiempo, nuevas emisiones de deuda corporativa en el exterior podrían aportar más de USD 3.200 millones, según proyecciones de la autoridad monetaria, reforzando la capacidad de intervención y la estabilidad cambiaria.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales llegaron a USD 46.185 millones, tras un incremento diario de USD 42 millones gracias a las compras de divisas, superando las salidas brutas del Central.

El nivel más alto de reservas bajo la actual gestión se observó en febrero, con USD 46.905 millones, cifra no vista desde 2018. El descenso posterior respondió a pagos de deuda externa y a la volatilidad de los mercados, que afectaron el valor de activos como el oro y los bonos soberanos.

¿Se acelera la compra de divisas?

El BCRA registró una desaceleración en la compra de divisas en lo que va de mayo. De hecho, realizó compras de divisas que se distribuyeron en USD 71 millones el lunes de la semana anterior, USD 69 millones el martes, USD 45 millones el miércoles, USD 35 millones el jueves, USD 110 millones el viernes, USD 136 millones el lunes 11 de mayo y USD 70 millones este martes. Este detalle permite evaluar la dinámica semanal y contrastarla con los meses previos, así como observar el efecto de la política cambiaria.

Al sumar los primeros siete días hábiles del mes, las adquisiciones totalizan USD 536 millones, mientras que en igual lapso de abril se habían alcanzado 1.151 millones de dólares. La diferencia es notoria: en mayo el promedio diario ronda los USD 76,6 millones, frente a los USD 138 millones diarios registrados en abril.

“Más allá del arranque más lento, seguimos proyectando que el BCRA podría igualar (o incluso superar) el ritmo de compras de abril (USD 2.770 millones)”, destacó un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

En tal sentido, el reporte remarcó que “aún resta que la cosecha gruesa impacte de lleno en el mercado de cambios, lo que debería fortalecer los flujos del agro”. “Por otro, desde el propio equipo económico reforzaron esta visión: el secretario de Política Económica, José Luis Daza, señaló la semana pasada que ‘se viene una avalancha de dólares’, anticipando mayores presiones a la baja sobre el tipo de cambio”.

La Unión Europea y el Reino Unido avanzan en planes para desplegar una misión naval internacional en el estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por donde circula cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo y que permanece afectado por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Bruselas confirmó que evalúa ampliar la operación europea “Aspides” hacia esa zona estratégica, mientras Londres anunció nuevos recursos militares para una futura fuerza multinacional destinada a garantizar la navegación comercial.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sostuvo que la misión comunitaria ya desplegada en el mar Rojo podría extender sus funciones hacia Ormuz una vez que las condiciones de seguridad lo permitan.

“Las actividades podrían ampliarse al estrecho”, afirmó tras una reunión de ministros de Defensa de la UE en Bruselas.

La operación “Aspides” fue creada en 2024 para escoltar embarcaciones mercantes frente a los ataques de los rebeldes hutíes en el mar Rojo. Actualmente cuenta con tres buques militares europeos, pero Bruselas considera que podría transformarse en la contribución oficial del bloque a una coalición internacional más amplia liderada por Francia y Reino Unido.

Kallas explicó que no sería necesario crear una estructura completamente nueva. “Bastaría con cambiar el plan operativo”, declaró, aunque reconoció que para ello se necesitaría un aumento de barcos y capacidades militares aportadas por los Estados miembros.

Según indicó, varios gobiernos europeos ya manifestaron disposición para reforzar la misión.

El proyecto surge en medio de la presión internacional por la situación en Ormuz, bloqueado desde el inicio de la guerra regional iniciada tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. El cierre parcial de esa vía marítima generó fuertes tensiones en los mercados energéticos y disparó las preocupaciones por el suministro global de petróleo y gas natural.

Francia y Reino Unido impulsan una “coalición de voluntarios” integrada por más de 40 países para custodiar el estrecho una vez que disminuyan los combates. La intención es coordinar esa futura fuerza con la estructura naval europea ya existente para acelerar su despliegue y evitar duplicación de recursos.

El ministro británico de Defensa, John Healey, anunció que Londres destinará 115 millones de libras esterlinas adicionales para contribuir a la futura misión. El paquete incluye drones detectores de minas, sistemas antidrones, aviones de combate Typhoon y el destructor HMS Dragon, considerado uno de los buques más avanzados de la Marina británica.

“Será una misión defensiva, independiente y creíble”, afirmó Healey durante una cumbre virtual organizada junto a Francia con ministros de Defensa de decenas de países. El funcionario aclaró que la operación comenzará únicamente “cuando las condiciones lo permitan”.

El Ministerio de Defensa británico detalló además que Londres desplegará el sistema “Beehive” de embarcaciones no tripuladas y especialistas militares en operaciones de desminado. Otras naciones participantes también anunciaron contribuciones, aunque todavía no trascendieron detalles oficiales sobre sus aportes.

Pese al fortalecimiento militar, el gobierno británico insiste en que no participa directamente en los ataques contra Irán. Londres, sin embargo, permitió a Washington utilizar instalaciones militares británicas y reforzó su presencia en Medio Oriente desde el inicio de la crisis.

La iniciativa europea y británica aparece además en un contexto de creciente inquietud dentro de la OTAN y la UE por la vulnerabilidad de las rutas marítimas internacionales. El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y es clave para las exportaciones energéticas de Arabia Saudita, Irak, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Mientras continúan las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar sostener la frágil tregua vigente desde abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió esta semana que el alto el fuego es “increíblemente frágil”.

En paralelo, Kallas expresó frustración por la lentitud de la industria militar europea para responder al aumento de la demanda de armamento desde el comienzo de la guerra en Ucrania y ahora también por la crisis en Medio Oriente.

“La industria no ha estado a la altura de nuestras expectativas en términos de producción”, reconoció la funcionaria estonia.

Las potencias occidentales consideran prioritario evitar que Irán mantenga capacidad de presión sobre el tránsito marítimo en Ormuz, un punto cuya estabilidad impacta directamente en la economía global, los precios de la energía y las cadenas internacionales de suministro.

(Con información de EFE, Europa Press, Reuters y AFP)