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La economía alternó avances y retrocesos durante el año, dibujando una dinámica en forma de serrucho, pero el Gobierno sostiene que esa secuencia que intercala números en rojo y en verde no describe de manera fehaciente lo que ocurre fuera de las planillas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec). En tanto, los economistas admiten que los datos deben leerse con cautela, pero cuestionan el uso de un indicador particular que promueve la administración libertaria.

Frente a la caída de 2,9% que marcó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec en julio -última medición disponible- y a un segundo trimestre con caída del 0,6% del PBI, las más altas esferas del oficialismo pusieron en discusión la forma de leer la actividad económica: afirman que el dato mensual desestacionalizado quedó desactualizado ante el “cambio estructural” que atribuyen al modelo libertario y eligen otro índice oficial para defender que la actividad todavía crece, aunque a un menor ritmo.

El presidente Javier Milei respondió a las señales de enfriamiento con una impugnación directa a la estadística mensual. “Lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión”, afirmó al ser consultado por el retroceso de julio en diálogo con LN+.

Luego el Presidente objetó que los indicadores desestacionalizados se construyen a partir del comportamiento histórico de la economía y que esa referencia pierde capacidad de explicación frente a transformaciones profundas: “Cuando usted construye un indicador desestacionalizado, se arma en función de la historia. Si su economía está teniendo muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”.

El Presidente planteó que la Casa Rosada sigue con mayor atención la tendencia-ciclo, una serie que depura movimientos excepcionales para mostrar la dirección general de la actividad. “Por eso nosotros nos enfocamos en el indicador tendencia a ciclo porque la economía está teniendo muchos cambios estructurales. Por eso están arrojando cualquier cosa. Nosotros vamos a lograr cuatro años seguidos de crecimiento. Estamos en niveles máximos de consumo, exportaciones y PBI”, dijo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó esa mirada y describió al Estimador Mensual de Actividad Económica desestacionalizado como una medición con oscilaciones que no representan la dinámica de fondo. “Si se mira el EMAE desestacionalizado, claramente está dando un nivel de volatilidad que no refleja la realidad. Están habiendo cambios estructurales en la economía y muestra un mes que sube y otro que baja”, afirmó en el canal de streaming Carajo.

Para el ministro, la tendencia-ciclo elimina impactos puntuales —como paros, eventos deportivos o cambios estacionales— y muestra 29 meses de expansión, aunque a menor ritmo. “Ahora estamos creciendo al 0,2% mensual”, sostuvo, antes de anticipar que las señales de agosto y septiembre, la obra vial, los créditos hipotecarios y el ingreso de inversiones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) apuntalarían una recuperación.

Más allá de los reparos del elenco gobernante a las interpretaciones de las estadísticas oficiales, el Gobierno descarta la posibilidad de introducir cambios en la forma en que se mide la evolución de la actividad económica.

Las cifras, de todos modos, abren otro frente. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre consultoras y bancos, prevé una nueva caída del PBI durante el tercer trimestre. De concretarse, serían dos trimestres consecutivos de contracción y la Argentina entraría en una “recesión técnica”. Los analistas esperan un rebote en el cuarto trimestre, aunque ya redujeron su pronóstico de expansión para todo 2026: pasó de 2,1% a 1,5 por ciento.

Entre los economistas consultados por Infobae, hay consenso en que las series desestacionalizadas de la Argentina requieren una lectura cautelosa, aunque no todos comparten que el cambio de modelo invalide su utilidad.

Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, dijo que la economía local atravesó reiterados shocks que alteraron los patrones históricos sobre los que se calculan esos indicadores. Mencionó las sequías, las crisis cambiarias y otros episodios que modificaron la estructura productiva y dificultan la identificación de una estacionalidad estable.

“El desestacionalizado hay que tomarlo siempre con muchas pinzas”, afirmó Menescaldi. A su criterio, la caída de 2,9% informada para julio llamó la atención porque una variación de esa magnitud suele asociarse con eventos disruptivos, como una devaluación, una guerra o una inundación. También advirtió que las revisiones de las series pueden modificar la lectura sobre el corto plazo.

El economista cuestionó, de todos modos, que la tendencia-ciclo sea una alternativa superadora. Consideró que arrastra las mismas limitaciones de las series desestacionalizadas y que, además, “no captura los puntos de giro de la economía”. Para seguir la actividad, propuso observar los datos acumulados de tres o seis meses.

Matías Surt, director y economista jefe de Invecq, sostuvo que la discusión excede la volatilidad del EMAE desestacionalizado. A su criterio, el problema de fondo es que las cuentas nacionales se calculan con una base de 2004, una referencia que considera desactualizada frente a los cambios de la estructura productiva. “Si estamos convencidos de que el Indec quedó viejo, hay que actualizarlo y modernizarlo”, planteó. Señaló que otros países emplean bases más recientes, como Chile, con 2018; Uruguay, con 2016; y Estados Unidos, con 2017.

El economista admitió que actividades hoy más dinámicas y menos representativas dos décadas atrás podrían tener una ponderación insuficiente en las estadísticas oficiales. Pero remarcó que esa posibilidad no invalida al EMAE desestacionalizado ni justifica concentrarse en la tendencia-ciclo. También extendió la crítica al Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuyos ponderadores se apoyan en una Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004. “Todos los países tienden a modernizar y a actualizar, y Argentina no lo está haciendo”, afirmó.

Sobre la serie que prioriza el Gobierno, Surt advirtió que la tendencia-ciclo se recalcula con los nuevos datos y puede corregir hacia atrás su diagnóstico. Por eso, según explicó, tiende a detectar tarde los cambios de fase de la economía. Recordó que, durante la contracción que ubicó entre la segunda mitad de 2022 y mediados de 2024, esa serie llegó a señalar expansiones que luego fueron revisadas. Para seguir la actividad, recomendó mirar el EMAE desestacionalizado, aun con su volatilidad, y complementarlo con promedios móviles de algunos meses.

Martín Polo coincidió en que el EMAE ofrece información parcial y que su lectura exige combinar la comparación interanual de la serie con estacionalidad con la evolución mensual de la medición desestacionalizada. Según explicó, esta última permite observar qué ocurre en el margen, aunque no anticipa necesariamente la trayectoria posterior de la economía.

Polo sostuvo que las fluctuaciones mensuales no deberían evaluarse de manera aislada y recordó que no hubo una discusión equivalente cuando el EMAE registró una fuerte suba en marzo. “Las series estadísticas tienen su ruido”, resumió. Por eso, utiliza un promedio móvil de tres meses, una herramienta que, según dijo, permite atenuar las correcciones posteriores y los movimientos puntuales de cada medición.

Con esa metodología, el economista consideró que la actividad no muestra un derrumbe, pero permanece estancada desde febrero del año pasado. También descartó que la tendencia-ciclo aporte una señal anticipada: explicó que se trata de un cálculo rezagado, que se modifica cuando se incorpora cada nuevo dato. Una variación positiva en julio, señaló, puede corregirse y volverse negativa tras la publicación de las cifras de agosto.

Para Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, el cambio estructural y la antigüedad de la base de cálculo del PBI, fijada en 2004, podrían dejar aspectos de la economía actual con una representación imperfecta. Aun así, estimó que no hay motivos para suponer una diferencia tan amplia entre la situación efectiva y la que refleja el EMAE.

Tiscornia resaltó que tanto las series desestacionalizadas como la tendencia-ciclo son procedimientos matemáticos aplicados a los datos originales para descontar volatilidad, incluida la que responde a cuestiones estacionales. Por eso, afirmó que “no me parece que el seguir la tendencia-ciclo sea algo muy útil”.

La objeción más directa a la explicación oficial llegó de Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, Centro de Análisis Económico. “No le veo ninguna razón econométrica a que cambios estructurales, como dice el Gobierno, cambien la serie desestacionalizada”, sostuvo. Según su mirada, ese cálculo resta los efectos recurrentes que suelen presentarse en determinados meses, más allá de las modificaciones que atraviese la economía.

Carrera admitió que algunos factores puntuales sí pueden alterar la comparación mensual, como una menor cantidad de días hábiles por cambios en los feriados, el Mundial o paros. También remarcó que tanto la tendencia-ciclo como las series desestacionalizadas se revisan de forma continua, incluso porque el Indec recibe nueva información y recalcula las mediciones originales.

El economista de Equilibra sostuvo que el 85% del PBI, compuesto por sectores no primarios, no crece y ya comenzó a caer en la tendencia. A la vez, anticipó que la serie tendencia-ciclo “probablemente” muestre una baja desde agosto, ante comparaciones más exigentes para el agro y datos débiles en comercio y construcción.

El desarrollo económico de la Argentina se nutre de la fuerza productiva de su interior. Cuando se habla de grandes hitos de crecimiento nacional, como el impacto de Vaca Muerta, la energía y la generación de divisas, suele soslayarse el entramado territorial que lo hace posible. Nuestra región, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, forma parte indispensable de ese engranaje productivo a través de un eje vertebrador clave: la Ruta Nacional 5.

Para que el fracking funcione en la Patagonia se necesitan millones de toneladas de arena que viajan desde Entre Ríos hacia los yacimientos a bordo de miles de camiones de gran porte. La Ruta 5 es el conector estratégico e indispensable de ese corredor productivo. Sin embargo, lo que debería ser una autovía moderna y segura para acompañar la logística del país, hoy requiere medidas urgentes.

Este corredor no es solo una vía de tránsito; es una arteria productiva, social y humana. Por allí circula también la producción agropecuaria de nuestras ciudades, el comercio regional y el flujo logístico indispensable para los grandes proyectos del país, como el transporte de insumos estratégicos hacia el sur.

El verdadero perjuicio del estancamiento vial lo sufren a diario nuestros vecinos, productores, comerciantes e industrias locales: cada día de demora se traduce en mayores costos de flete, pérdidas de competitividad para nuestras PyMEs y, sobre todo, un riesgo permanente para la seguridad de miles de familias que la transitan.

Sin embargo, el fondo de la cuestión excede cualquier coyuntura presupuestaria. El reclamo por la Autovía en la Ruta 5 no es una bandera de confrontación, sino una causa justa e histórica de los municipios de la zona, que buscan desplegar todo su potencial productivo e integrarse de manera eficiente a la economía nacional.

Invertir en la Ruta 5 es apostar al desarrollo federal, a la radicación de inversiones en nuestras comunidades y a la preservación de vidas humanas. La región no puede permitirse seguir postergando una infraestructura que es el motor fundamental para el crecimiento de nuestro interior y de toda la Argentina.

La carrera por la sucesión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires ya ordena los movimientos internos del peronismo, con una certeza: no habrá una candidatura única sin una negociación política de grandes dimensiones. El gobernador no puede buscar un tercer mandato consecutivo en 2027 y, mientras sostiene su proyección nacional, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) comenzó a instalar nombres para disputar la gobernación, con una estrategia con la que busca seducir al grupo de peso de intendentes que hoy conforman La Liga.

La apuesta central de ese sector es que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sigan vigentes. No solo porque permitirían resolver una competencia amplia, sino porque ofrecen una salida para una interna que atraviesa al peronismo bonaerense, incluye a los intendentes y mantiene abierta la discusión con el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa.

En el entorno del mandatario bonaerense sostienen que el candidato del MDF debe surgir de una ecuación que combine instalación territorial, conocimiento público y capacidad para reunir votos por fuera del núcleo propio. La definición no está prevista para las próximas semanas, ni siquiera para este año. Pero los nombres existen y el objetivo es que, al momento de las decisiones, haya un solo representante del kicillofismo en una eventual primaria. Por eso miran lo que sucede en el Congreso y la posibilidad de que finalmente el Gobierno consiga los votos para suspender las PASO. “Hoy las primarias están vigentes”, dijo uno de los eventuales competidores en PBA del axelismo.

Los nombres que aparecen en esa nómina son el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el intendente de La Plata, Julio Alak; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

El MDF busca concentrar la oferta en un solo candidato

La decisión de concentrar la oferta interna en un solo candidato es una respuesta a la fragmentación que podría producirse si cada sector del peronismo lleva una postulación propia. El MDF tiene una estructura que nació y se expandió durante la gestión de Kicillof como un proceso de emancipación de la figura de Cristina Kirchner. Consiguió el respaldo de intendentes, sindicatos, funcionarios y organizaciones territoriales. Pero no tiene el monopolio de la representación peronista en la provincia e intendentes de grandes municipios y de peso electoral no responden a esta terminal política.

Katopodis anunció recientemente su “deseo de conducir los destinos de esta provincia”. También dijo, en declaraciones a Radio Brisas de Mar del Plata, sentirse “con la confianza suficiente para encarar todos los cambios que haya que hacer, pero darle continuidad a todo lo que Axel viene haciendo”. Ferraresi dejó la intendencia de Avellaneda para ampliar su presencia territorial y mostrarse como una figura con capacidad de construcción política. Todas las semanas encabeza reuniones en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Alak conserva el peso de conducir la ciudad de La Plata, la capital bonaerense. Bianco se sienta sin anunciarse en la mesa de mayor confianza del gobernador y Espinoza empezará a dar señales de que buscará pulsear una candidatura provincial, tal como sucedió en 2015. Forma parte del armado que acompaña a Kicillof, administra el distrito más poblado de la provincia y el miércoles fue reelecto presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM). Esa estructura es la que pondrá sobre la mesa a la hora de las definiciones. Durante su discurso ante los intendentes dijo que “las candidaturas no se pueden definir en una oficina”.

La lógica que promueve el gobernador es evitar que el MDF llegue a una primaria con varios candidatos que se resten votos entre sí. En ese esquema, el dirigente que quede mejor ubicado en las mediciones y reúna más acuerdos internos tendría prioridad.

La elección bonaerense de 2027 tendrá una particularidad que condiciona toda la estrategia. Kicillof pretende posicionarse para la pelea presidencial y, si esa aspiración avanza, necesitará un candidato a gobernador que garantice continuidad en la administración provincial, preservación de su armado y una relación funcional con los intendentes. La sucesión, por lo tanto, forma parte de una disputa más amplia sobre el futuro del peronismo a nivel nacional. En el Ejecutivo bonaerense buscan que esa definición que en el mejor de los escenarios terminaría con la candidatura presidencial de Kicillof no implique “entregar PBA” en la negociación con otros sectores en caso de que no hubiera PASO.

La Liga de Intendentes exige participación

En paralelo, la Liga de Intendentes Peronistas empezó a construir una identidad propia. El grupo reúne a jefes comunales de distintos puntos de la provincia y busca incidir en las decisiones que definirán las candidaturas de 2027. Su reclamo es concreto: que el próximo gobernador bonaerense surja de las administraciones municipales o, al menos, que los intendentes tengan capacidad real para intervenir en la designación. Es parte de lo que piensan también algunos que forman parte del MDF.

Hoy, la Liga tiene cuatro figuras que aparecen en la discusión: la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; el jefe comunal de Pilar, Federico Achával; y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y su par de Merlo, Gustavo Menéndez. Fernández ya manifestó su voluntad de competir por la gobernación. Achával y Otermín mantienen una posición más cauta, aunque sus nombres circulan en las conversaciones del espacio. En los últimos días, la intendenta de Moreno reconoció que “Axel es el candidato más fuerte que tenemos”, pero a la par pidió que, en caso de que sea, “tiene que ponerse al hombro la estrategia electoral”.

La construcción de la Liga no supone, por ahora, una ruptura con Kicillof. Varios de sus integrantes reconocen al gobernador como una de las principales figuras presidenciables del peronismo. La posibilidad de acompañar una candidatura nacional del mandatario está sobre la mesa, pero tiene una condición política: que el grupo tenga participación en la definición de la oferta bonaerense.

Ese planteo abre un margen de negociación con el MDF. Kicillof puede buscar el respaldo de la Liga para su armado nacional y, a cambio, ofrecer espacios en la boleta provincial, lugares legislativos o influencia en la decisión sobre la candidatura a gobernador. Además, en el MDF buscan que se plieguen de manera paralela a la instancia de sostener unas PASO. Algunos intendentes de Kicillof reconocen que en una PASO entre un candidato del MDF y uno —o una— de la Liga, este último grupo se impondría.

La existencia de una PASO facilitaría ese entendimiento. Los intendentes podrían competir dentro de una misma alianza, medir su poder electoral y negociar desde una posición más fuerte después de la primaria. Sin PASO, la discusión quedaría reducida a una mesa de dirigentes y a un reparto de candidaturas que puede dejar heridos antes del inicio formal de la campaña.

La incertidumbre también alcanza a los intendentes que no podrán buscar otro mandato en sus municipios si no se modifica el régimen de reelecciones. Esa situación atraviesa a buena parte de los jefes comunales y agrega un incentivo para disputar lugares en la Legislatura, en el Ejecutivo provincial o en las listas nacionales. La sucesión de Kicillof, así, se cruza con la supervivencia política de decenas de dirigentes territoriales.

Las PASO como mecanismo para ordenar la interna

El peronismo bonaerense coincide en que una primaria permitiría reducir la cantidad de aspirantes y ordenar una interna que, por ahora, reúne más de una decena de nombres.

La discusión se complica por la posibilidad de cambios en el sistema electoral nacional y por las dudas sobre el calendario bonaerense. Si las primarias dejan de existir o se suspenden, la provincia deberá definir si conserva una instancia propia o si las candidaturas se resolverán mediante acuerdos partidarios. En ese último escenario, la tensión aumentará. Cerca de Kicillof sostienen que si las PASO se suspenden en Nación, en PBA se caen automáticamente.

El ministro Bianco expresó en los últimos días que el espacio de Kicillof mantiene como hipótesis principal una primaria para definir las candidaturas. También admitió que, si las reglas cambian, deberán analizarse otros mecanismos, entre ellos una elección interna o un acuerdo de unidad. El viernes se le consultó si harían un acuerdo con Cristina Kirchner, algo que el ministro de Gobierno puso en duda. Una respuesta que despertó la irritación del kirchnerismo.

Una primaria permitiría que la competencia ocurra dentro del peronismo; su ausencia podría trasladar la puja a la conformación de listas separadas. Ese riesgo está presente en cada conversación que mantienen los referentes provinciales.

La aspiración de que las PASO decanten dos o tres candidatos con volumen electoral todavía convive con la idea de una síntesis previa. Si el peronismo llega a un acuerdo sobre una fórmula presidencial, una candidatura bonaerense y el reparto de lugares, la primaria podría perder atractivo. Hoy, a la luz de los hechos, esa posibilidad aparece lejana.

El kirchnerismo y otros cálculos

La otra variable es el lugar que ocupará el kirchnerismo. La Cámpora conserva representación legislativa, estructura militante, presencia territorial y capacidad para incidir en la organización partidaria. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, aparece como una de las dirigentes con posibilidades de competir por la gobernación, en especial porque no podrá buscar otro mandato municipal en 2027.

También persiste la incógnita sobre el rol de Máximo Kirchner, que mantiene peso dentro del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y en la relación con los intendentes. El acuerdo alcanzado para la conducción partidaria evitó una competencia entre Kicillof y el kirchnerismo, pero no eliminó las diferencias. La futura presidencia del Congreso del PJ bonaerense, que debería asumir Kirchner, será una instancia relevante porque ese órgano interviene en la autorización de alianzas electorales.

La relación entre el gobernador y el kirchnerismo no atraviesa un quiebre formal, aunque hay desconfianzas acumuladas. Kicillof consolidó un espacio propio y busca ampliar su despliegue fuera de la provincia. El kirchnerismo, a su vez, pretende preservar su gravitación en las decisiones electorales y evitar que el MDF defina por sí solo la estrategia de 2027.

El Frente Renovador de Massa es otro actor necesario. El exministro de Economía mantiene vínculos con dirigentes de la Liga y propone evitar una división que debilite al peronismo frente a la oposición. Su postura combina dos ideas: la necesidad de una unidad competitiva y la aceptación de una PASO si no hay acuerdo. Esa posición lo ubica como un interlocutor para todos los sectores.

La discusión bonaerense tendrá, además, un impacto nacional. Si Kicillof se transforma en candidato presidencial, necesitará que la provincia funcione como base electoral y política. Si otro dirigente del peronismo encabeza la fórmula nacional, el gobernador deberá decidir cuánto poder está dispuesto a ceder en la sucesión. La gobernación de Buenos Aires será una de las piezas de esa negociación.

La próxima reunión del Congreso del PJ bonaerense y las definiciones sobre el calendario electoral pueden aportar señales. Hasta entonces, los candidatos del MDF, la Liga de Intendentes y el kirchnerismo seguirán acumulando presencia territorial, contactos y apoyos. La disputa ya empezó, pero el mecanismo para resolverla todavía no está asegurado.

El fallo de la Corte Suprema que este viernes repuso provisoriamente los límites para la venta de tierras a extranjeros no tomó a la oposición por sorpresa y sus principales referentes aseguran que ni siquiera contemplaron levantar el llamado a sesión para derogar el mega DNU 70 la semana que viene. “Es una cautelar interina que se puede caer en cualquier momento porque no resolvieron la cuestión de fondo, por eso tenemos que voltear el mega decreto de Milei, para que la venta de tierras no dependa de una medida judicial”, explicaron a Infobae desde la bancada de Unión por la Patria.

Para la oposición fueron justamente la convocatoria a la sesión en la Cámara de Diputados y la movilización social las que obligaron al Máximo Tribunal a volver sobre sus pasos y revertir la decisión de la semana pasada que había dejado firme el artículo 154 del DNU 70 que derogaba la ley de tierras. Por eso remarcan la importancia de mantener la presión.

“La Corte solucionó el reclamo de la sociedad en su contra y de paso le dio una mano al Gobierno para voltear la sesión opositora”, analizaron desde el peronismo. Sin embargo, diputados de algunos bloques del medio reconocen que ahora será muy difícil llegar al quórum para abrir el recinto.

Los sectores más duros de la oposición eran plenamente conscientes de que los votos clave los tienen los bloques provinciales y que los gobernadores -principalmente los del norte- no tenían demasiado entusiasmo en derogar el DNU 70, que además eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario. Por eso buscaron robustecer la convocatoria incluyendo otros dos temas sensibles ante la opinión pública como el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.

El problema es que la Corte Suprema ahora volvió a limitar provisoriamente la venta de tierras a extranjeros y el oficialismo accedió a incluir nuevas limitaciones a la venta del territorio nacional dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El plan del oficialismo es dictaminar el próximo miércoles tanto este proyecto como el de Defensa de la Soberanía Nacional (Malvinas) para incluir todo en una mega sesión el 21 de octubre, donde además se tratará la nueva ley de Discapacidad y el proyecto oficialista sobre Endeudamiento y Mora. De esta forma esperan que los aliados eviten dar quórum en la sesión opositora del 15 para así tratar virtualmente los mismos temas el 21, pero en su versión oficialista.

La convocatoria opositora cuenta con el aval de Unión por la Patria (92), un sector de Provincias Unidas (8), el Frente de Izquierda (4), Primero San Luis (2), la Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Defendamos Córdoba (1) y Coherencia (1). Una base de 112 a la cual los más optimistas suman tres diputados misioneros de Argentina Federal y otros cinco cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora. Mientras que el oficialismo ronda las 120 voluntades: La Libertad Avanza (95), PRO (12), UCR (6), MID (2), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), La Neuquinidad (1) y Adelante Buenos Aires (1).

Por eso, los votos definitorios serán los de Independencia (3), que responden directamente al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, Elijo Catamarca (3), con terminal en Raúl Jalil, y Argentina Federal (5), donde pisa fuerte el salteño Gustavo Sáenz. Dado que los últimos dos participaron de la gira de Milei por París y se mostraron sonrientes junto a funcionarios del Ejecutivo, el panorma se presenta dificil para la oposición.

En las filas del peronismo algunos se mantienen escépticos y señalan que si no se consigue el quórum la derogación del DNU 70 podrá retomarse en otra oportunidad. En cambio, otros confían en que algunas novedades referidas al área de discapacidad podrían torcer las voluntades necesarias.

En principio, destacan que el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), que reúne representantes de las 24 jurisdicciones, ratificó el 8 de octubre que la mejor alternativa es la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. En la misma línea, señalan que organizaciones de personas con discapacidad como REDI, FAICA, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD.HH. de Córdoba, RALS y Andar rechazaron el dictamen del oficialismo por haberse elaborado sin la consulta que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otro lado, el Área Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social le pidió al Ministerio de Salud el 5 de octubre que sostenga la prórroga.