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El precio del petróleo Brent cerró este miércoles con una subida del 5,21%, hasta 78,02 dólares el barril, tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunció el fin del alto el fuego con Irán y advirtió sobre nuevos ataques contra el país persa. Durante la sesión, el crudo del mar del Norte llegó a superar los 80 dólares, nivel que no alcanzaba desde hacía más de dos semanas.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, cerró con una ganancia del 4,37%, a 73,52 dólares el barril para entrega en agosto, tras tocar los 76 dólares en el punto álgido de la jornada. Los contratos de futuros sumaron 3,08 dólares respecto al cierre del martes.

Trump realizó sus declaraciones en los márgenes de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ankara, Turquía, donde calificó el acuerdo de alto el fuego de “acabado” y tachó de “pérdida de tiempo” negociar con los emisarios iraníes. El mandatario divulgó que fuerzas estadounidenses bombardearon la isla de Kharg, en el Golfo Pérsico, y afirmó que los ataques contra numerosos objetivos iraníes tuvieron un “impacto tremendo”.

Según Trump, la ofensiva se produjo después de que Washington garantizara a Teherán un periodo de calma por el funeral del líder supremo, Alí Khamenéi, quien murió durante los primeros ataques de la guerra iniciada el 28 de febrero pasado. “Creo que cualquier cosa que pase terminará muy rápido y solo hará que todo sea más seguro, incluso para el petróleo”, declaró el presidente estadounidense, según recogió la AFP.

La escalada se desencadenó tras los ataques iraníes a tres embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, lo que llevó al Departamento del Tesoro a revocar el martes la licencia temporal de venta de crudo que había concedido a Irán tres semanas atrás. Irán, por su parte, amenazó con bloquear el estrecho y responder militarmente, de acuerdo con el medio estatal iraní PressTV.

El estrecho de Ormuz concentra el tránsito habitual del 20% del petróleo y del gas natural licuado mundial, según expertos consultados por la AFP. El alto el fuego alcanzado el mes pasado había reabierto esa vía al transporte marítimo comercial tras meses de interrupción; su nuevo cierre de facto agrava los temores sobre el abastecimiento global.

“El tráfico de cargueros a través del estrecho de Ormuz esencialmente se ha parado, lo que dice mucho más sobre la percepción del riesgo ahora mismo que cualquier declaración de Washington o Teherán”, señaló Jorge León, analista de Rystad Energy, en una nota difundida este miércoles. Los ataques contra buques reportados a comienzos de semana “han elevado el nivel de riesgo a un grado inaceptable para los transportistas y las aseguradoras”, agregó John Kilduff, de Again Capital, en declaraciones a la AFP.

León advirtió que los enfrentamientos “erosionan seriamente la confianza en que la actual tregua de 60 días pueda desembocar aún en un acuerdo de paz permanente”, y señaló que los precios del crudo han reaccionado en consecuencia. Para el analista de mercados de Forex.com Fawad Razaqzada, las declaraciones de Trump “aumentan el riesgo” de una nueva escalada y de mayor presión sobre la oferta si Irán decide volver a cerrar el paso estratégico.

Kilduff matizó que, pese a la tensión, el ciclo podría ser breve: “Es cierto que circula mucha retórica belicista, pero con el presidente Trump, la tensión en este tipo de situaciones se dispara y puede caer igual de rápido”. Trump, aunque afirmó que ya no quería “tener trato” con los dirigentes iraníes, indicó que sus emisarios podían continuar sus conversaciones, y descartó que el conflicto derive en una guerra total.

Un nuevo caso de adoctrinamiento en una escuela se registró en una secundaria de la localidad bonaerense de Loma Hermosa durante el acto por el Día de la Independencia, cuando una inspectora del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio un discurso contra las políticas en educación a nivel nacional.

Según el video al que tuvo acceso Infobae, todo tuvo lugar en la Escuela Secundaria 32 de Loma Hermosa, en el partido de Tres de Febrero. Allí, la inspectora regional de la provincia, María Escobar, tomó la palabra durante el acto por el 9 de julio que se llevó a cabo durante el mediodía de este miércoles.

De acuerdo a lo que explicaron a este medio, para esta oportunidad no pudo asistir la referente distrital, por ende, se hizo presente la funcionaria que abarca las escuelas de San Martín, Hurlingham y Tres de Febrero.

“Yo vengo hoy aquí a traer la palabra de la provincia de Buenos Aires, a traer la palabra del gobernador. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo llegamos ciento diez años después a este momento? Nosotros entendemos que es muy difícil hablar de libertad, de soberanía y de independencia en estos tiempos sin una reflexión crítica“, comenzó el discurso de la inspectora.

Y continuó: “Creemos que puede ser un poco ficticio hablar de ello, sin nuestros jubilados protegidos y percibiendo salarios justos, sin nuestros médicos valorados acorde a su entrega cotidiana, sin nuestros artistas creando el alma de la cultura, sin la inclusión plena de la discapacidad y reconociendo sus derechos”.

En esa línea, se refirió a la situación de los docentes: “Sin escuelas y maestros enseñando en condiciones dignas de trabajo cuando no se aumentan los salarios, cuando hay desfinanciamiento de la educación. Por eso hoy nosotros entendemos que no hay independencia, por ejemplo, cuando estamos regalando los recursos naturales. Ahí construimos independencia, cuando reflexionamos, cuando nos comprometemos con una idea o con otra”.

“Lo que no podemos ser es neutrales, porque no existe la neutralidad, muchachos. Los que trabajamos en las escuelas decimos que no existe la escuela neutral. Por San Martín, Belgrano, por Güemes, por Alfredo Palacios, por Ricardo Baldín, por Alfonsín, por Juan Domingo Perón, por Eva Duarte, por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, añadió la inspectora en otro pasaje de su discurso.

Posteriormente, señaló que “Argentina se va a recuperar de este momento gris que está atravesando, porque es parte de la historia y está bien reconocerlo”. Y completó: “Quien no reconoce su contexto no puede mejorarlo. Y eso no significa, otra vez, no significa que pensemos todos igual. Significa, otra vez, que de las diferencias surja lo más lindo, lo mejor que nosotros tenemos, que es el futuro de nuestra nación”.

Justamente, la secretaria de Capital Humano del distrito de Tres de Febrero, Daniela Reich, describió el momento como “desagradable, inoportuno y desubicado“. Además, señaló que se trató de una “bajada de línea”, que no se respetaron las instituciones ni a la comunidad educativa y calificó como “una falta de respeto al presidente que eligieron todos los argentinos”.

“Fue irrespetuoso lo que se vivió en la vereda de la escuela. Hago responsable al gobernador de la provincia de Buenos Aires por esta situación”, agregó la funcionaria del municipio que dirige Rodrigo Aybar, quien está reemplazando a Diego Valenzuela.

En tanto, relató que estuvo presente y disparó: “Las familias decían que no habían ido a escuchar política. Había familias que estaban esperando a que sus hijos participaran del acto. Estaban muy molestos”.

“Vamos a expresar el descontento ante las autoridades de la política educativa provincial, que de esta manera no corresponde proceder ante los alumnos”, completó la funcionaria municipal.

Tal como lo había adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo, en la previa del pago a los bonistas, este miércoles se oficializaron los préstamos por USD 3.200 millones base a la garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y a pesar de la baja del riesgo país, en la Secretaría de Finanzas insistieron en destacar que no se trata de deuda nueva, sino de refinanciamiento en condiciones más favorables que una colocación en el mercado internacional.

Por medio del Boletín Oficial, este miércoles se confirmó un préstamo de USD 2.000 millones otorgado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y el Banco Santander S.A., ambos sucursales de Nueva York, bajo garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Al que se sumó un segundo préstamo por USD 1.200 millones con el Deutsche Bank AG, London Branch, respaldado parcialmente por el BID con una garantía de USD 550 millones.

Fuentes del Ministerio de Economía explicaron a Infobae que Deutsche prestó USD 1.200 millones a Argentina y arregló una garantía de USD 550 millones con el BID. “El préstamo es de los bancos y ellos tienen esas garantías”, sostuvieron. De esta manera, los bancos internacionales ofrecieron el financiamiento y los organismos multilaterales brindaron el respaldo necesario para concretar la operación.

Estas operaciones ya habían sido confirmadas por el ministro de Economía, Caputo durante la conferencia de prensa del lunes. “Nosotros trabajamos para que el riesgo país baje, claramente no controlamos los mercados. Tratamos de dar las mayores certezas posibles para que entiendan que vamos a seguir siempre por esta línea de ir reduciendo riesgos y de no salir de la ortodoxia fiscal y monetaria. La reacción la veremos. El pago de ahora, USD 3.900 millones, está en la cuenta y va a entrar la plata de las garantías antes del pago. Va a haber exceso de reservas”, sostuvo ante la consulta de este medio.

Lo que explicó la suba que tuvieron las reservas internacionales brutas el martes a USD 49.536 millones. En la jornada se incrementaron más USD 1.200 millones cuando la entidad que conduce Santiago Bausili apenas compró USD 25 millones. Como adelantó Infobae la suba se debió al impacto de los prestamos en base a las garantías del BID.

El equipo económico necesitaba que se concreten los prestamos con garantías antes del vencimiento del 9 de julio. Es que si bien los depósitos del Tesoro en el Banco Central (BCRA) sumaban cerca de USD 3.900 millones al inicio de esta semana y prácticamente el pago con bonistas estaba garantizado, las tenencias de Economía iban a bajar a cero.

Más conveniente

A pesar de la baja que tuvo el riesgo país en las últimas jornadas, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, resaltó que estos préstamos constituyen una fuente de refinanciamiento a costo y plazo más convenientes para el estado argentino. Y que no implican nueva deuda ya que los fondos obtenidos servirán para refinanciar parte de los vencimientos de capital de 2027, en línea con la política de mantener un perfil de deuda ordenado y evitar un incremento en el stock total de pasivos públicos.

El programa financiero 2026 contempla préstamos con garantía de organismos internacionales por hasta USD 4.000 millones. Esta herramienta, junto a otras fuentes de financiamiento relevadas por el Ministerio, permitirá formar un colchón de USD 3.700 millones que se utilizará para afrontar las necesidades del año próximo. De acuerdo con lo informado oficialmente, hasta el momento se aseguraron las garantías del BID y del Banco Mundial, y resta la aprobación de la garantía del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que el directorio debatirá el 22 de julio.

La Secretaría de Finanzas subrayó que la estrategia financiera mantiene como ejes la extensión de plazos, la reducción del costo de la deuda y la preservación de la solvencia fiscal. “Esta fuente de refinanciamiento será utilizada para refinanciar parte de los vencimientos de capital del año 2027, por lo que no constituye un incremento de la deuda”, precisó Furiase.

Según el secretario de Finanzas, en base a dato del Ministerio de Economía, el stock de deuda pública consolidada con privados y organismos internacionales, neta de depósitos del Tesoro en el Banco Central (BCRA), bajó de 56% del PIB en noviembre de 2023 (99% del PIB en diciembre de 2023) a un nivel actual de 39,7% del PIB.

La agenda financiera del Ministerio de Economía prevé sumar nuevos avales multilaterales, como el de la CAF, para completar el esquema de financiamiento diseñado para 2026 y 2027. La expectativa también esta en la evolución del riesgo país, que el martes alcanzó un nuevo mínimo en la gestión de Javier Milei al ubicarse en 405 puntos básicos (p.b.). Es que si bien el programa financiero que presentó Caputo un monto por una salida al mercado internacional, no la descartan como una opción en caso de que las condiciones sean favorables.

La Argentina mantiene desde hace cuatro décadas una deuda pendiente en materia de defensa. Si bien la Ley de Defensa Nacional reconoce la existencia de reservistas militares, el país nunca avanzó con la legislación que debía establecer cómo movilizarlos y organizarlos frente a una situación de emergencia.

Esa omisión, advirtió Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, responde a una combinación de falta de decisión política, demoras burocráticas y ausencia de consensos sobre una herramienta que, según explicó, forma parte del funcionamiento habitual de las Fuerzas Armadas en numerosos países.

“Es una deuda que lleva ni más ni menos que cuarenta años”, resumió el especialista, al señalar que el problema es “burocrático, legislativo” y refleja la falta de interés para avanzar sobre decisiones “claves para que el Estado pueda cumplir algunas de sus funciones fundamentales, como asegurar el resguardo de la soberanía y de los intereses nacionales”.

Una ley incompleta

Serbin Pont explicó que la figura del reservista no está ausente del marco jurídico argentino. El problema, sostuvo, es que nunca se completó el esquema previsto por la propia Ley de Defensa Nacional.

Según detalló, la normativa vigente establece la existencia de elementos de reserva, pero ordena además que el Consejo de Defensa Nacional impulse una ley específica de movilización nacional para definir el procedimiento mediante el cual esos ciudadanos pueden ser convocados en caso de necesidad. “Eso nunca ocurrió”, sintetizó, y esa ausencia impide contar con un sistema institucionalizado para incorporar personal cuando las circunstancias lo requieren.

Como consecuencia, explicó, las Fuerzas Armadas no disponen de un mecanismo transparente, permanente y accesible para organizar, capacitar y movilizar reservistas.

En ese contexto, señaló que actualmente existen grupos de reservistas distribuidos en distintas unidades del Ejército, aunque funcionan principalmente gracias a la iniciativa de sus propios integrantes. “Hoy hay unidades de reservistas en diferentes puntos, pero son, en buena parte, a pulmón, por el esfuerzo de los propios reservistas que deciden organizarse y coordinar con el Ejército”, describió.

Para el analista, eso implica depender de un recurso humano voluntario sin que exista una política pública que ordene su incorporación, capacitación y eventual convocatoria.

Una herramienta habitual en el mundo

Lejos de tratarse de una excepción, Serbin Pont remarcó que los sistemas de reservas constituyen uno de los pilares sobre los que se organizan muchas Fuerzas Armadas modernas.

“Esto existe en un montón de países. No es un invento argentino; al contrario, es la base con la que funcionan muchas fuerzas armadas alrededor del mundo, porque sostener un ejército permanente es caro”, explicó.

Para ilustrarlo, recordó el caso de Israel durante la guerra de Yom Kipur. Allí, señaló, el país logró movilizar en apenas 72 horas a unos 400.000 ciudadanos que no integraban el plantel profesional de las Fuerzas Armadas, sino que desarrollaban normalmente sus actividades civiles y fueron convocados cuando estalló el conflicto.

También mencionó el modelo suizo, donde el Estado entrega a los reservistas su uniforme y equipamiento básico una vez finalizada la instrucción militar. De esa manera, explicó, permanecen disponibles para ser convocados con rapidez cuando las circunstancias lo exigen.

Como ejemplo más reciente, Serbin Pont recordó lo ocurrido en Ucrania al comienzo de la invasión rusa en 2022. Según indicó, el gobierno movilizó a miles de reservistas que ya contaban con entrenamiento previo, mientras que otros ciudadanos recibieron instrucción acelerada para cumplir funciones de apoyo. “Los puntos de combate de alta intensidad los llevan los militares profesionales, pero los reservistas cumplen funciones complementarias”, explicó, al destacar que este tipo de esquemas permite ampliar rápidamente las capacidades del Estado sin depender exclusivamente del personal permanente.

Más efectivos y una mayor integración con la sociedad

Durante la columna, el especialista sostuvo que un sistema de reservas no solo incrementa la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, sino que también fortalece el vínculo entre la institución militar y la sociedad civil.

A modo de ejemplo, explicó que si el Estado conoce con precisión cuántos efectivos permanentes posee y cuántos reservistas capacitados puede convocar, dispone de una base mucho más sólida para planificar distintos escenarios. “Si las Fuerzas Armadas saben que tienen 80 mil efectivos, pero pueden movilizar otros 80 mil, entonces los planes de contingencia se elaboran sobre una capacidad potencial de 160 mil personas y no únicamente sobre la dotación permanente”, señaló.

Consultado acerca de si existe disposición de la ciudadanía para integrar un sistema de estas características, Serbin Pont respondió que el país ya cuenta con antecedentes de voluntariado que demuestran ese compromiso. Mencionó el caso de los cerca de 40.000 bomberos voluntarios que funcionan en la Argentina y sostuvo que miles de personas dedican tiempo y recursos propios para prestar un servicio a la comunidad. “La voluntad existe; lo que falta es un Estado que la organice”, afirmó.

En ese intercambio, la periodista Maru Duffard reconoció que desconocía que cualquier ciudadano pudiera acercarse voluntariamente a una unidad militar para integrar la reserva. La observación dio pie a una aclaración del especialista, quien explicó que pueden formar parte de ese sistema quienes pasaron por las Fuerzas Armadas, desde soldados voluntarios hasta oficiales retirados. Sin embargo, consideró que el esquema podría ampliarse para incorporar también a personas sin experiencia militar previa, siempre que reciban una instrucción básica que les permita integrarse de manera ordenada.

Para Serbin Pont, completar finalmente el marco legal pendiente desde hace cuarenta años no implica únicamente resolver una cuestión administrativa. Significa, sostuvo, dotar al Estado de una herramienta estratégica para responder ante situaciones excepcionales, aprovechar capacidades que hoy permanecen dispersas y fortalecer el vínculo entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. Esa discusión, concluyó, continúa pendiente pese a que la propia legislación la contempló hace ya cuatro décadas.

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Molinos Agro, la empresa agroindustrial de la familia Pérez Companc anunció este miércoles una inversión de más de USD 500 millones para construir y operar una nueva planta de molienda de soja en Timbúes, Santa Fe. La iniciativa, que se hará en sociedad con la Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada (ACA), elevará en un 50% la capacidad de procesamiento de la empresa y deja en suspenso su plan propio de USD 800 millones en el mismo distrito.

La nueva planta tendrá una capacidad de 15.000 toneladas diarias. Molinos Agro operará inicialmente el 65% —unas 10.000 toneladas por día—, volumen que se sumará a las 20.000 toneladas que la compañía ya procesa en su planta de San Lorenzo, también en territorio santafesino.

La empresa informó el acuerdo ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y A3 Mercados. La decisión de avanzar en terrenos de ACA y no en los propios tiene una lógica operativa: el predio de la cooperativa ya cuenta con puerto sobre el río Paraná, instalaciones de descarga de materia prima y servicios centrales, una base que permite capturar sinergias económicas y logísticas frente a la alternativa de desarrollar desde cero un complejo propio.

Otro plan

La alianza reemplaza por ahora el plan de expansión que la firma de la familia Pérez Companc había trazado sobre sus propios terrenos en la misma localidad. En mayo, Infobae informó que la compañía había obtenido autorización comunal para avanzar con un complejo portuario y de molienda de USD 800 millones sobre un predio de más de 150 hectáreas.

Ese proyecto contemplaba tres líneas de molienda con capacidad para procesar 45.000 toneladas diarias, un sistema de acopio para hasta un millón de toneladas de granos, dos muelles para buques Panamax y Neopanamax, otro para barcazas y una central de cogeneración eléctrica de 55 MW. La decisión de inversión todavía no era definitiva, aunque ya contaba con el marco legal y la aprobación comunal. En un documento difundido por la empresa, la definición actual es que los terrenos propios de Timbúes “quedan disponibles para futuras expansiones y/o destinos”.

La empresa prevé que la planta conjunta con ACA sea la Etapa 1 de un plan maestro con un plazo de construcción de aproximadamente tres años. Si las condiciones económicas, financieras y agronómicas acompañan, el predio podría sumar nuevas líneas de crushing, un segundo muelle sobre el Paraná, más capacidad de almacenamiento, ampliación de la playa de camiones y un segundo módulo de plataformas volcables.

Mayor oferta de soja y demanda global de harinas y aceites

Molinos Agro explicó que el proyecto se sustenta en factores normativos, comerciales y estratégicos. Entre ellos, el anuncio del Gobierno nacional de una baja progresiva en los derechos de exportación de la soja y sus subproductos a partir de enero de 2027, una medida que la compañía estima impulsará la superficie sembrada y la oferta disponible para industrializar.

La empresa también apoyó su decisión en la evolución de la demanda internacional: crece de manera sostenida la producción de proteínas de cerdo, pollos y pescados, al tiempo que aumenta el consumo de aceite tanto para alimentación humana como para la elaboración de biocombustibles renovables.

La asociación agrega además una dimensión de abastecimiento de largo plazo. ACA tiene 100 años de historia, 60 centros de desarrollo cooperativo distribuidos en varias provincias y comercializa 26 millones de toneladas anuales entre cereales y oleaginosas, una red que amplía el origen de materia prima para Molinos Agro. La compañía facturó USD 2.660 millones en el ejercicio fiscal que cerró el 31 de marzo de 2025 y embarca el 4% del comercio mundial de harina y aceite de soja desde el Puerto San Benito, según los datos a los que accedió Infobae.

Bajo la premisa de fortalecer la sostenibilidad sin imponer una carga obligatoria a los visitantes, el Gobierno de Canarias presentó un mecanismo novedoso: una tasa turística voluntaria orientada a financiar proyectos ambientales y sociales en las islas. La medida, resultado de un acuerdo entre autoridades locales y representantes del sector turístico, apunta a canalizar recursos hacia la restauración de hábitats, la reducción de emisiones y la recuperación de especies, según informó el portal de noticias Euronews.

Canarias, conocida por su clima templado, la variedad de sus paisajes y su atractivo internacional, registró en 2025 la llegada de 18,4 millones de turistas, quienes permanecieron en el archipiélago una media de nueve días.

A diferencia de destinos españoles como Barcelona o Cataluña, la región no había establecido hasta ahora ningún impuesto turístico. Con la nueva iniciativa, los visitantes tienen la posibilidad de realizar una contribución voluntaria, lo que permite reinvertir parte del valor generado por el turismo en el desarrollo local.

Un modelo alternativo de financiación para la sostenibilidad

El sistema introduce un esquema voluntario, trazable y transparente para financiar intervenciones ambientales y sociales. La primera fase contempla la selección de cinco proyectos piloto: uno en cada una de las islas con mayor presión turística y un proyecto transversal de alcance social para todo el archipiélago. Según detalló Turismo de Islas Canarias, el objetivo es consolidar el sitio como un referente en turismo regenerativo y laboratorio de sostenibilidad.

La Comisión de la Alianza para el Turismo Regenerativo será la encargada de diseñar y supervisar el sistema de aportaciones, garantizando que las donaciones lleguen de manera directa a los proyectos seleccionados.

El operador turístico británico easyJet holidays calificó la medida como “un gran avance para el turismo regenerativo” y subrayó, en palabras recogidas por Euronews, que “canalizará el valor del turismo hacia la restauración de la naturaleza, la resiliencia climática y el beneficio para las comunidades de todas las islas”.

Evaluación por resultados y trazabilidad de los fondos

Una de las principales características del fondo RegNext es la evaluación rigurosa de los proyectos financiados. Según el Gobierno de Canarias, cada iniciativa se seguirá y evaluará en función de resultados concretos, incluyendo la reducción de emisiones contaminantes, la restauración de hábitats, la recuperación de especies autóctonas, la mejora del paisaje y la creación de empleos verdes.

El mecanismo de trazabilidad permitirá a los donantes conocer el destino de sus aportaciones y el impacto generado. El modelo pretende ofrecer transparencia tanto a los turistas como a las empresas del sector, alineando los intereses de sostenibilidad con la experiencia de los visitantes.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por el portal de noticias, el turismo contribuyó a la reducción del desempleo en el archipiélago, con 280.534 personas empleadas directamente en el sector. El nuevo fondo aspira a profundizar ese impacto positivo a través de la creación de empleos vinculados a la sostenibilidad y la regeneración ambiental.

Colaboración público-privada y respaldo internacional

La iniciativa cuenta con la colaboración de actores destacados del sector turístico internacional y con el apoyo institucional de organismos públicos. En tanto, easyJet holidays, junto a otros operadores líderes, firmó un memorando de entendimiento para respaldar el fondo y facilitar la participación de sus clientes en la financiación de proyectos locales.

El respaldo de UN Tourism y la coordinación con la Oficina Española de Turismo en el Reino Unido refuerzan el posicionamiento de Canarias como espacio de referencia para el desarrollo de modelos innovadores de turismo responsable. Los responsables de easyJet holidays insistieron en que “los destinos prosperan cuando el turismo apoya de forma activa los lugares y las comunidades que hacen posibles las vacaciones”.

La política de contribución voluntaria se aplicará inicialmente en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, con vistas a extenderse más allá de los proyectos piloto si los resultados son positivos.

La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo al reclamo de la CGT de suspender la aplicación de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral por supuesta inconstitucionalidad: el fallo sostiene que no se cumplen los requisitos legales para dictar esa medida provisional.

La sentencia, firmada por los jueces Rogelio Vincenti y Jorge Eduardo Morán, representa otro duro revés de la CGT en la Justicia y permitirá que la ley permanezca en vigencia mientras continúe la demanda colectiva.

Una jueza de primera instancia había dejado sin efecto la suspensión temporaria de los artículos, al considerar que los pedidos de la CGT superan lo que puede analizarse en una medida urgente. La Cámara Contencioso Administrativo Federal ahora respaldó este criterio.

Según el fallo, la complejidad del caso exige un debate más amplio, con análisis de pruebas y argumentos que sólo pueden resolverse cuando se estudie el fondo de la cuestión. Por ejemplo, la CGT cuestiona la afectación de derechos como el de huelga, la negociación colectiva y la protección de los representantes sindicales, así como el cambio en licencias, vacaciones y salarios.

El tribunal explicó que un incidente cautelar —es decir, una medida pedida para proteger derechos provisoriamente mientras sigue el juicio— no es el ámbito para debatir si la ley es inconstitucional o no.

Los camaristas también remarcaron que la ley impugnada fue sancionada por el Congreso Nacional bajo los procedimientos previstos en la Constitución Nacional por lo que “examinar el pedido de inconstitucionalidad para decidir una suspensión provisional significaría adelantar una decisión sobre el fondo del asunto”.

En el fallo se subraya: “Otorgar una medida como la solicitada por la CGT sólo corresponde cuando existen indicios serios y graves sobre la ilegitimidad de una norma. En este caso, tales indicios no se pudieron demostrar en esta etapa preliminar”.

Uno de los focos centrales en la disputa judicial entre el Gobierno y la CGT fue el llamado “peligro en la demora”, es decir, si esperar hasta la sentencia definitiva podría producir daños irreparables a trabajadores o sindicatos.

La presentación cegetista planteó que la aplicación inmediata de los cambios causa perjuicios “graves e irreversibles” y afirmó que se vulneran derechos básicos, desde la huelga hasta la estabilidad y la protección salarial, por lo que esos daños “no podrán ser reparados por la sentencia definitiva” si se continúa aplicando la ley. También sostuvo que, en cambio, “la suspensión provisional no genera efectos jurídicos irreversibles”, ya que sería sólo hasta que haya una resolución final.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal entendió otro criterio: tras citar los plazos breves que rigen para este tipo de juicios, señaló que la inmediatez de la sentencia reduce el riesgo de daño actual. “La razonable proximidad del dictado de la sentencia definitiva evidencia la falta de configuración del requisito de peligro en la demora”, afirma el fallo de la Sala IV.

De todas formas, enfatizó que aquellos trabajadores que consideren afectados sus derechos pueden iniciar acciones individuales durante el proceso colectivo.

El Estado Nacional, junto con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Sociedad Rural pidieron rechazar el recurso de la CGT, al sostener que convertir la discusión provisional en un fallo sobre el fondo sería adelantar la decisión final antes del debido debate judicial.

Otra objeción fue que la demanda busca controlar si la ley es constitucional en abstracto, algo que los tribunales sólo admiten en casos concretos y no de manera general.

En el fallo, el tribunal mencionó: “La parte recurrente no logra rebatir los fundamentos expuestos en la resolución apelada, cuyos términos impiden desplazar la carga de inercia del status quo que el legislador ha puesto en cabeza de quien pretenda desvirtuar la presunción de legitimidad de una ley del Congreso”.

Los camaristas sostuvieron que la acción colectiva de la CGT, que pide una suspensión general de la ley con efecto sobre toda la población (erga omnes), impacta en la división de poderes y que anular una ley de manera provisoria requiere criterios “especialmente estrictos”, en línea con precedentes de la Corte Suprema.

En el fallo se enfatiza: “Debe existir una verosimilitud calificada para desplazar la presunción de legitimidad de una ley”. También remarca que la jueza no se pronunció aún sobre la inconstitucionalidad de la ley, sino sólo sobre la pertinencia de la medida provisoria solicitada.

La discusión de fondo sobre si la Ley 27.802 es constitucional continúa abierta. El juicio colectivo sigue y tendrá sentencia en plazos cortos, según remarca la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El tribunal dejó en claro que “la protección de los derechos puede canalizarse por acciones individuales mientras tanto”.