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El mercado internacional del petróleo volvió a encender las alarmas. El barril de Brent, la referencia para gran parte del comercio mundial de crudo, superó nuevamente los 100 dólares. Ahora fueron nuevos atentados de rebeldes hutíes contra petroleros sauditas en el Mar Rojo, que afectaron el transporte de crudo.

A diferencia de otros ciclos alcistas impulsados por una recuperación de la demanda mundial, esta vez el detonante es el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. La escalada entre Estados Unidos e Irán, sumada a los ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo y a las amenazas sobre el Estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo que consume el planeta— volvió a instalar el temor a una interrupción del suministro global.

Los mercados reaccionaron casi de inmediato. Ante la posibilidad de que una parte significativa de la oferta quede comprometida, los operadores comenzaron a incorporar una “prima de riesgo” en el precio del crudo. El resultado fue un fuerte rally que llevó al Brent nuevamente por encima de los tres dígitos.

Para el mercado local el escenario presenta una combinación de oportunidades y desafíos.

El primer efecto positivo aparece por el lado de las exportaciones. Con un barril más caro, cada tonelada de petróleo exportada genera mayores ingresos de divisas. Esto beneficia especialmente a Vaca Muerta, cuya producción viene creciendo sostenidamente y se consolidó como uno de los principales motores de generación de dólares del país.

Según estimaciones del mercado, Un barril de petróleo a USD 100 le permite a la Argentina sumar unos USD 5.000 millones adicionales en sus exportaciones de hidrocarburo. Además, ya avanzado el segundo semestre puede implicar un ingreso adicional de divisas en épocas de mayor escasez por motivos estacionales. Es decir que ingresarán pocos dólares del campo, pero habría más oferta por la balanza energética.

Las empresas argentinas del sector que cotizan en Wall Street tuvieron ayer un impacto favorable. Vista fue la más beneficiada, con una suba en la cotización de 3%, rozando nuevamente los USD 70. YPF operó casi todo el día en alza pero terminó con una leve baja del 1%. Igual se mantuvo cerca de los USD 52, un precio muy alto para su recorrido histórico.

Además del incremento en las exportaciones, un precio internacional elevado mejora la rentabilidad de las compañías petroleras y vuelve económicamente viables proyectos que con un barril de USD 60 o USD 70 resultarían menos atractivos. En otras palabras, un petróleo caro acelera inversiones, aumenta la perforación de nuevos pozos y fortalece las perspectivas de expansión del sector energético argentino.

Sin embargo, el beneficio para las exportaciones convive con un efecto menos favorable para los consumidores. Aunque la Argentina produce petróleo, el mercado local no está completamente desconectado de las cotizaciones internacionales. Las refinerías toman como referencia el valor del crudo y también enfrentan mayores costos cuando deben importar combustibles o derivados.

Por esa razón, un Brent por encima de los USD 100 suele traducirse en una mayor presión para aumentar los precios de la nafta y el gasoil. El traslado no siempre es inmediato, ya que depende de la política económica y de las decisiones regulatorias, pero el incentivo económico para ajustar los valores internos aumenta considerablemente. Por ahora, no habría planes de YPF de volver a incrementar el valor en los surtidores, pero depender de cómo sigue la cotización internacional.

La economía más dinámica impulsada por mayores exportaciones energéticas puede favorecer el ingreso de divisas al país. Pero, al mismo tiempo, el sector agropecuario depende intensamente del gasoil para sembrar, cosechar y transportar la producción.

Si el combustible aumenta, también lo hacen los costos operativos del productor, reduciendo parte de la rentabilidad. Para Argentina, el regreso del petróleo a los USD 100 resume una de las paradojas de las economías productoras de energía.

Por un lado, significa más exportaciones, más ingreso de dólares y un fuerte incentivo para el desarrollo de Vaca Muerta. Por otro, implica una presión creciente sobre el precio de los combustibles, mayores costos para el transporte y la producción y un nuevo desafío para contener la inflación.

El otro aspecto a tener en cuenta es que el salto adicional del barril complica la baja de la inflación en Estados Unidos. Por lo tanto, se aleja la posibilidad de una rebaja de tasas por parte de la Reserva Federal. Al contrario, crecerían las temores de una próxima suba de tasas, que había quedado casi descartada.

De hecho, la tasa a diez años voló hasta 4,70% anual, lo que impactó negativamente en los mercados. Los bonos argentinos lo sufrieron y el riesgo país volvió a superar los 430 puntos básicos, lo que aleja la posibilidad de salir a buscar financiamiento a los mercados.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% para las importaciones procedentes de más de 80 países y economías, al sostener que esas naciones no cuentan con mecanismos suficientes para impedir el ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso. Las tarifas entraron en vigor a las 00:01 de este viernes y reemplazan el arancel global temporal del 10% que expiró el jueves.

La Administración estadounidense fundamentó la medida en una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite responder a prácticas comerciales consideradas injustificadas o discriminatorias. La Casa Blanca recurrió a ese instrumento después de que los tribunales limitaran parte de las tarifas globales aplicadas anteriormente bajo la Sección 122.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvo que “la tasa y el alcance de las exenciones son apropiados” para lograr la eliminación de las prácticas sancionadas por la investigación sobre trabajo forzoso.

La decisión provocó una rápida reacción de varios gobiernos, que rechazaron los argumentos utilizados por Washington y anticiparon negociaciones o medidas diplomáticas.

Uno de los primeros países en responder fue Brasil. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Estados Unidos utilizó el trabajo forzoso como argumento para reforzar una política comercial proteccionista.

En un comunicado, Brasil sostuvo que “ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista”, Estados Unidos “optó por manipular un tema tan importante” para justificar los nuevos gravámenes.

La medida representa el segundo aumento arancelario aplicado por Washington contra Brasil en menos de una semana, después del gravamen del 25% que entró en vigor el miércoles por presuntas prácticas comerciales desleales. Según un análisis de la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil), la carga acumulada sobre las exportaciones brasileñas alcanzará el 37,5%.

En contraste, México informó que evitó el impacto de las nuevas tarifas gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La Secretaría de Economía indicó que cerca del 85% de las exportaciones mexicanas continuará ingresando al mercado estadounidense con arancel cero.

El organismo explicó que el resto de los productos seguirá pagando un arancel del 10%, sin cambios respecto del régimen anterior. “Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene”, señaló la dependencia.

El Gobierno de Chile también cuestionó la decisión estadounidense y anunció que buscará quedar excluido de la lista de países alcanzados por los nuevos gravámenes.

La Cancillería chilena afirmó que el país “cuenta con una sólida institucionalidad laboral” y sostuvo que “la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, expresó preocupación porque la medida afecta “la competitividad” de las exportaciones chilenas y genera “incertidumbre para miles de productores y trabajadores”.

En Japón, el portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, calificó la decisión estadounidense de “lamentable”.

“A pesar de que la industria y el comercio de nuestro país operan de conformidad con las normas internacionales, resulta lamentable imponer aranceles a Japón con el argumento de falta de medidas de prohibición de importación de productos fabricados mediante trabajo forzado”, declaró.

Kihara agregó que Tokio y Washington mantienen vigente el acuerdo comercial bilateral alcanzado en 2025, que fijó un arancel del 15% para la mayoría de las importaciones japonesas a cambio de inversiones por 550.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Corea del Sur también pidió preservar el entendimiento comercial alcanzado con Washington. La oficina presidencial informó que el Gobierno “planea mantener estrechas consultas con Estados Unidos para garantizar que se mantenga el arancel del 15% acordado mutuamente”.

El Ministerio de Comercio surcoreano aseguró que las autoridades estadounidenses “reafirmaron su postura de que se debe cumplir el acuerdo comercial vigente”, después de conversaciones bilaterales previas al anuncio.

En Australia, el ministro de Comercio, Don Farrell, reclamó la eliminación de los nuevos gravámenes.

“Estos aranceles son injustificados, incompatibles con nuestro acuerdo de libre comercio y deben eliminarse”, afirmó. Además, sostuvo que Australia cuenta con “algunas de las medidas más sólidas del mundo” para combatir el trabajo forzoso y la esclavitud moderna.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, también rechazó la medida.

“La investigación de Estados Unidos no proporcionó pruebas significativas para respaldar las acusaciones relacionadas con el trabajo forzoso”, escribió en la red social X. Además, afirmó: “Los aranceles no son el camino; aumentan los costos y la incertidumbre para las empresas”.

En Panamá, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, celebró que el país quedara excluido de la nueva lista.

“Las relaciones de confianza también se reflejan en el comercio”, escribió en X, y agregó que la exclusión constituye “una noticia positiva que reafirma la sólida relación de amistad y cooperación entre Panamá y Estados Unidos”.

En Filipinas, la Cámara de Comercio e Industria manifestó preocupación por la nueva tarifa del 12,5%.

Su presidente, George Barcelon, declaró: “Estamos muy preocupados y sorprendidos por esta nueva imposición del 12,5%, que es muy alta”. También afirmó: “Hará que las industrias sean menos competitivas” y consideró que los argumentos sobre trabajo infantil son “muy poco claros”.

La secretaria de Comercio filipina, Christina Roque, respondió que el país mantiene “una política sólida contra el trabajo forzoso consistente con diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo”.

En Canadá, el primer ministro Mark Carney confirmó que su Gobierno intensificó las negociaciones con Washington para alcanzar un acuerdo comercial integral antes de la eventual entrada en vigor, el 19 de agosto, de un arancel estadounidense del 50% sobre diversos productos canadienses.

“Si estos aranceles, u otras medidas, entran en vigor, hay toda una gama de cosas que podemos hacer al respecto”, afirmó Carney. También sostuvo que “todo está sobre la mesa”, aunque aclaró: “No necesitamos responder por adelantado”.

El ministro canadiense de Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, señaló que la inclusión del país en la nueva lista “no es inesperada” y aseguró que Ottawa comparte el objetivo de impedir que bienes producidos con trabajo forzoso ingresen a las cadenas de suministro norteamericanas.

(Con información de AFP)

La disputa entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el caudillo Carlos Rovira, quien representó el poder real en la provincia durante las últimas dos décadas, tendrá un round en el Congreso de la Nación. Será durante la votación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado.

Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut están frente a dos planteos irreconciliables. O acompañan al mandatario, que se opone, o se mantienen en línea con el “hombre fuerte”, quien tiene un acuerdo con la Casa Rosada.

Según la última versión que se maneja en Posadas, cuando el proyecto sea tratado en la sesión del 6 de agosto, la voluntad de los senadores misioneros se manifestará en una diagonal.

Como gesto hacia los acuerdos de Rovira con Balcarce 50, bajarían al recinto y votarían a favor en general. Pero cuando se debata en particular, se expresarían en contra del capítulo 3, como guiño a Passalacqua.

El apartado en cuestión se refiere a la venta de tierras a extranjeros. Uno de los hombres de confianza del gobernador misionero, Carlos Sartori, dijo al medio local El Territorio que el capítulo representa un riesgo para la provincia. El 90% de los límites de Misiones es frontera con Brasil y Paraguay. En Posadas hay temor por la pérdida de reservas de biodiversidad y recursos hídricos estratégicos.

Arce y Rojas Decut jugarán a la escondida hasta el último minuto. Por un lado, saben que el “poroteo” está muy ajustado. Y eso preocupa al gobierno nacional, que se juega una ficha clave con la iniciativa. Pero, por otro, son conscientes de que su supervivencia política en Misiones, habida cuenta del giro gravitacional que se registró en el oficialismo, está en riesgo si no acompañan la voluntad del gobernador.

El escenario

Passalacqua pidió a los senadores nacionales de su provincia que no voten la ley que impulsa la Casa Rosada. Fue durante una reunión que mantuvo con ambos legisladores en el Instituto de Biodiversidad a mitad de semana. El título del encuentro era elocuente: “Extranjerización de tierras. Reforma a la ley 26.737”.

Hasta hace unos meses, los tres compartían el mismo espacio político: el Frente Renovador de la Concordia (FRC). Pero Rovira decidió romper para frenar las intenciones reeleccionistas de Passalacqua. Así que ahora los senadores, que son roviristas, quedaron en Encuentro Misionero (EM). Y el mandatario formó el Movimiento por lo que viene.

Rovira tiene desde siempre un pacto con el Ejecutivo nacional. El acuerdo es independiente de qué fuerza ocupe el sillón de Rivadavia. Sus legisladores nacionales han acompañado todos los proyectos que venían de Balcarce 50 en las últimas dos décadas.

Pero la ecuación de poder en Misiones cambió. El veterano caudillo está de salida. Ya adelantó que no será candidato en 2027. Y todos los días dirigentes y referentes del rovirismo buscan el sol que brilla en la vereda del gobernador.

De allí que, a esta altura, la fidelidad de Arce y Decut, que llegaron a sus bancas por el dedo del caudillo, haya entrado en la separación de bienes del divorcio Rovira-Passalacqua.

Un documento premonitorio

Viviana Rovira es prima de Carlos y esposa del gobernador. Con su pariente no se habla desde hace un tiempo. Hoy por hoy, ocupa la titularidad del Instituto de Biodiversidad y lidera la Red de Mujeres que trabaja por la reelección de su marido.

El grupo emitió hace una semana un documento. En el escrito, pidió a los tres senadores misioneros, incluyendo a Martín Goerling (PRO), que voten en contra del proyecto. El representante del macrismo, que suele estar en línea con La Libertad Avanza, fue contundente. Adelantó que acompañará la norma y que el gobierno misionero “tergiversa” el texto del proyecto en discusión.

El reclamo de la Red fue a todo o nada. “No pedimos abstenciones. No pedimos ausencias oportunas. Pedimos votos negativos, con nombre y apellido, registrados en la votación nominal”, indica el texto.

“Instamos al pueblo de la provincia de Misiones a llevar adelante todas las acciones que estén a su alcance —institucionales, comunitarias y ciudadanas— en defensa de la intangibilidad del patrimonio territorial de la provincia. La tierra no se defiende sola. La defiende un pueblo que sabe lo que le pertenece”, añade.

Luego de que el Gobierno implemente un aumento de más de 100.000% de las multas automáticas —las que se aplican ante la demora de apenas un día en la presentación de la declaración jurada—, la discusión volvió al centro de la escena. Es que el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió un proyecto para graduarlas en función del tipo de contribuyente.

En diciembre de 2025, la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal disparó el monto de las sanciones por incumplimientos formales. La multa para personas humanas saltó de $220 a $220.000, y para personas jurídicas, de $400 a 440.000 pesos. El ajuste generó preocupación en el sector privado y en especialistas tributarios, que advirtieron sobre el carácter desproporcionado de la medida. Durante el debate parlamentario, la oposición planteó la necesidad de establecer escalas diferenciadas según la capacidad contributiva, pero la bancada de La Libertad Avanza (LLA) no modificó la propuesta original.

El impacto de este esquema se volvió motivo de debate en la comunidad tributaria y en los despachos oficiales. La contadora Sonia Becherman, integrante del equipo que asesoró al ministro en el diseño del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, relató la dinámica de esos intercambios: “Si lo planteamos en las reuniones (lo de las multas automáticas). Es más, Miriam Roldan, muy voluntariosa, hizo un proyecto para explicar la situación y trata de enviar algún aporte para que sea tomado. Fue recibido en mano, pero no podemos dar ninguna cuestión positiva”.

En Economía no hubo ningún tipo de manifestación al respecto de esta iniciativa, aunque según pudo saber anteriormente Infobae, no hay intención en revertir la situación.

Letra chica

El texto presentado al equipo económico propone un “régimen de proporcionalidad, incentivo y subsanación formal”. Cuando el infractor califica como Micro, Pequeña o Mediana Empresa, o es persona humana, sucesión indivisa o entidad sin fines de lucro que no figura como gran contribuyente, las multas fijas o graduables se reducirían entre un 80% y un 20% según el segmento.

Además, contempla un “plazo de gracia” para regularizar la situación sin sanción, que puede llegar a 90 días corridos para microempresas y personas humanas. Si la omisión se subsana dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, la sanción queda condonada totalmente. El proyecto también incluye una cláusula de exclusión: si el contribuyente incurre en la falta más de seis veces en el mismo año calendario, pierde todos los beneficios y se le aplican los montos completos.

El documento explica que la actualización de valores respondió a la inflación, pero advierte que la sanción tal como está diagramada no contempló diferencias en la capacidad de pago. La autora de la iniciativa remarca que un monto uniforme puede resultar asfixiante para un pequeño contribuyente y, al mismo tiempo, insignificante para una gran empresa. Por eso el proyecto busca que la escala de sanciones guarde relación con la estructura y recursos de cada obligado. En la práctica, los contribuyentes más chicos suelen tener menos recursos administrativos y contables para cumplir al día con sus obligaciones, por lo que requieren plazos más razonables de notificación y subsanación.

Sin cumplir

El aumento de más de 100.000% de las multas automáticas y las repercusiones negativas que generó llevaron a que en su momento Caputo prometiera cambios en como las iba a implementar ARCA: cuando ocurra el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada, en vez de intimar y aplicar la multa automáticamente ARCA iba a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles y una vez transcurrido ese plazo recién ahí va a intimar y aplicar la multa, pero eso no se cumplió.

Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, sostuvo: “Hoy por hoy, ese plazo de 15 días que se había prometido no se está cumpliendo. Lo que sí está pasando es que los contribuyentes tienen un plazo de espera para poder gozar de los beneficios de la reducción de la multa del 50 por ciento. La norma, como estaba redactada, ya preveía que, si el contribuyente regularizaba la multa dentro de los 15 días en los que le llegaba la notificación, podía acceder a una reducción del 50% del valor de la misma”.

En esa misma línea, CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, detalló que si la declaración jurada vence y no se presenta, la infracción se configura en ese momento, aunque exista un plazo adicional. “Antes de la reforma, el fisco intimaba y, si dentro de los 15 días hábiles administrativos se presentaba la declaración y se abonaba la multa, la reducción del 50% era de pleno derecho. Ahora, el plazo adicional depende de la categoría del contribuyente”, aseguró.

Así, aquellos que acceden a este plazo pueden regularizar sin que se intime la sanción de inmediato. Pero si persiste la omisión, ARCA notifica y aplica la multa. Domínguez aclaró que la sanción no se ejecuta de modo automático y que, si existe una causa de fuerza mayor, no correspondería aplicar la multa. Por lo que si el contribuyente no paga, y se inicia un sumario, puede ejercer su defensa.

En el sector tributario, la preocupación por la actualización de las multas automática y la aplicación por parte del fisco nacional continúa. Es por eso que los contadores que se reunieron con el ministro le reiteraron en cada uno de los encuentros que se debe encontrar una solución al respecto sobre todo por el impacto en las pequeñas y medianas empresas (pymes) en un contexto de caída del consumo.

Donald Trump amenazó este jueves con utilizar activos iraníes bajo control estadounidense para cubrir los daños sufridos por buques, cargamentos u otros bienes en el marco del conflicto con Irán, y declaró que evalúa lanzar un nuevo ataque militar contra Teherán “más grande que nunca”. Las dos advertencias, lanzadas el mismo día desde Washington, marcan una nueva escalada en un enfrentamiento que acumula ya 13 días de combates desde que Trump declaró el fin de la tregua a comienzos de julio.

“A partir de ahora, todos los daños ocasionados a buques, carga o cualquier otro bien relacionado serán pagados con dinero iraní que Estados Unidos tenga en su poder y controle”, publicó el presidente en Truth Social. Trump calificó la medida de “justa y equitativa” y reconoció que los daños podrían ser considerables, aunque no precisó qué activos específicos utilizaría ni qué procedimiento legal se aplicaría para hacerlo.

En paralelo, en una breve entrevista telefónica con el medio digital Axios, Trump afirmó que contempla una acción militar de mayor envergadura que la emprendida el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica contra instalaciones iraníes, desencadenando el conflicto en curso. “Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”, declaró el mandatario, aunque aclaró que no ha adoptado una resolución definitiva.

El conflicto se inició a finales de febrero de 2026 con esa ofensiva conjunta. Tras semanas de escalada y sucesivos ultimátums, ambas partes alcanzaron un alto el fuego a mediados de abril que se mantuvo de forma precaria durante meses. La tregua colapsó el 8 de julio, cuando Trump anunció su ruptura tras la reanudación de los ataques iraníes contra la navegación mercante en el estrecho de Ormuz. Desde entonces, los dos países han intercambiado ataques de forma casi ininterrumpida, con el Pentágono reconociendo bajas militares y el Comando Central de EEUU (CENTCOM) confirmando sucesivas rondas de bombardeos contra sistemas de defensa iraníes.

El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% de la producción mundial de petróleo y gas, constituye el eje central del enfrentamiento. Irán bloqueó esta vía marítima estratégica —entre la península arábiga y la costa sur iraní— como mecanismo de presión sobre Washington, mientras Estados Unidos ha sostenido que su objetivo es reducir las capacidades ofensivas iraníes contra la navegación comercial.

La amenaza de Trump sobre los activos iraníes se inscribe en una larga trayectoria de sanciones que se remonta a la revolución islámica de 1979 y se intensificó con el programa nuclear iraní. Washington mantiene bloqueados fondos vinculados al gobierno de Teherán como parte de su régimen de sanciones, y las restricciones han limitado el acceso de Irán a decenas de miles de millones de dólares en ingresos, según el Departamento del Tesoro. En el marco del memorando de entendimiento alcanzado previamente entre ambos países, el eventual desbloqueo de esos fondos figuraba como un incentivo central para Teherán. Semanas atrás, Trump había anunciado que cualquier monto liberado iría a un fideicomiso bajo control estadounidense, destinado exclusivamente a la compra de alimentos y suministros médicos.

La nueva advertencia invierte esa lógica: en lugar de liberar fondos como parte de un acuerdo, Trump plantea usarlos para compensar daños de guerra. La medida carece de un marco legal explícito y el presidente no detalló cómo se determinarían los montos elegibles.

Qatar y Pakistán intentaron en días recientes abrir un espacio de negociación con una propuesta de tregua de diez días que tanto Washington como Teherán rechazaron. Con las vías diplomáticas bloqueadas y el presidente estadounidense evaluando una ampliación de la operación militar, el conflicto avanza hacia una fase en la que cada declaración desde la Casa Blanca acorta la distancia entre la presión máxima y una nueva escalada de gran escala.

Irán trasladó este mes a Yemen a comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), asesores militares y equipos relacionados con misiles y drones, según cuatro fuentes, en una maniobra que sugiere que Teherán pretende reforzar la capacidad de sus aliados hutíes para amenazar la navegación en el mar Rojo.

Cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, entre ellas dos iraníes, el ministro de Información de Yemen y un analista de seguridad regional, dijeron que Irán trasladó al personal del CGRI y el equipo militar en un vuelo de Teherán a Yemen el 13 de julio, un hecho del que no se había informado antes.

Las dos fuentes iraníes comunicaron a Reuters que entre 10 y 21 miembros del CGRI, incluidos altos mandos, viajaban en el vuelo de Mahan Air.

El avión tenía como destino inicial Saná, la capital controlada por los hutíes, pero se desvió hacia la ciudad portuaria de Hodeida, en el mar Rojo, después de que el aeropuerto fue atacado por el Gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita.

“Los comandantes del CGRI viajaron hasta allí para apoyar las operaciones hutíes e impartir formación sobre nuevos sistemas de misiles”, dijo una de las fuentes, que añadió que Irán también envió oro en el avión para financiar las actividades hutíes.

Las dos fuentes iraníes hablaron bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

El despliegue ofrece nuevas pruebas de los esfuerzos de Irán por reforzar a los hutíes, que llevan más de una década enzarzados en una guerra civil contra el Gobierno yemení, reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita, y han atacado a sus vecinos del golfo Pérsico con misiles y drones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Teherán ha negado en repetidas ocasiones haber proporcionado capacidad de misiles al movimiento hutí en Yemen.

Abdel Rahman al-Ahnomi, un responsable de comunicación hutí que dijo encontrarse a bordo del avión, calificó las acusaciones de que Irán haya enviado expertos militares a Yemen de “mentiras e invenciones”, y añadió que todos los pasajeros del avión eran civiles.

Los hutíes han negado antes ser un títere de Irán y han dicho que desarrollan sus propias armas.

Moammar al-Iryani, ministro de Información del Gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita, confirmó el miércoles, en una entrevista telefónica con Reuters, el traslado de personal del CGRI y equipamiento, citando fuentes de inteligencia.

“Su misión es reforzar las capacidades militares de las milicias y prepararlas para amenazar la seguridad marítima internacional en el mar Rojo y el estrecho de Mandeb”, dijo.

Mzahem Alsaloum, analista de seguridad e inteligencia que lleva años siguiendo de cerca a los hutíes y a otros grupos respaldados por Irán, también confirmó la llegada.

(Reuters)