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El portacontenedores GFS Pride sufrió daños, se incendió y terminó hundiéndose tras un presunto ataque con proyectiles de origen desconocido, según informó este miércoles la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA). Sus 21 tripulantes fueron evacuados sin inconvenientes.

Otro barco registrado en Singapur, el GFS Giselle, también fue alcanzado y sufrió daños en el casco, aunque consiguió desplazarse hasta un fondeadero seguro. Sus 22 tripulantes resultaron ilesos. Los episodios ocurrieron entre el martes y el miércoles, mientras ambas embarcaciones navegaban por el estratégico paso marítimo.

La MPA indicó que mantiene contacto con las compañías responsables de los buques y expresó su preocupación por los ataques reiterados contra embarcaciones comerciales en la zona. Por su parte, la Marina de la Guardia Revolucionaria de Irán informó que un portacontenedores se hundió en el sur del estrecho tras chocar contra una mina naval e incendiarse, aunque no identificó a la embarcación.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido había advertido un día antes sobre ataques con proyectiles de origen desconocido contra un portacontenedores y un petrolero.

El hundimiento de otro buque y el aumento de los incidentes

A estos episodios se sumó la confirmación del hundimiento del Cape Dao, un buque de carga seca a granel con bandera de Antigua y Barbuda. La Organización Marítima Internacional (OMI), organismo de las Naciones Unidas encargado de la seguridad y la regulación del transporte marítimo, informó que la embarcación se perdió cerca de Ormuz tras recibir el impacto de un proyectil el 23 de septiembre.

La confirmación llegó menos de 24 horas después del hundimiento del GFS Pride. Se trata de incidentes distintos, ya que el Cape Dao no tiene relación con los dos portacontenedores registrados en Singapur.

Desde el domingo, al menos diez embarcaciones fueron atacadas en el estrecho o sus alrededores. Además, durante octubre se reportaron 23 ataques, una cifra que casi duplica el promedio mensual registrado desde el comienzo de la guerra.

La sucesión de incidentes aumenta los riesgos para las compañías navieras y mantiene bajo presión una de las rutas más importantes para el comercio mundial de hidrocarburos.

La ofensiva hutí y las exportaciones del Golfo

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, atacaron un edificio administrativo de Aramco en Dhahran, Arabia Saudita. El Ministerio de Energía saudita informó que el impacto provocó un incendio de alcance limitado.

Durante la última semana, el grupo también lanzó misiles balísticos y drones contra territorio saudita en represalia por el apoyo del reino a las fuerzas gubernamentales yemeníes. El aeropuerto internacional de Riad fue alcanzado en cuatro ocasiones y uno de los ataques, ocurrido el sábado, dejó 13 muertos.

En cuanto al abastecimiento, los flujos petroleros del Golfo, excluido Irán, superaron en septiembre el 81% de los niveles previos a la guerra, impulsados por la recuperación de las exportaciones de Arabia Saudita. En contraste, las exportaciones iraníes cayeron a cero debido al bloqueo estadounidense.

La disputa por Malvinas entra en una fase en la que el tiempo puede convertirse en una ventaja estratégica para el Reino Unido. Mientras Argentina intenta frenar por la vía judicial el proyecto petrolero Sea Lion, Londres busca sostener las inversiones, reafirma su capacidad militar y prepara la conmemoración de los 45 años de la guerra. El problema ya no es solamente quién reclama la soberanía, sino qué hechos económicos y estratégicos se habrán consolidado cuando llegue el momento de negociar.

La diferencia entre ambos países es concreta. Naciones Unidas reconoció en 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, pero Londres conserva el control efectivo de las islas. Ahora, el desarrollo petrolero amenaza con profundizar esa asimetría: cuanto más avance la explotación, mayores podrían ser los costos económicos y políticos de revertirla.

El punto de inflexión es Sea Lion. El proyecto, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, tiene su primera producción prevista para el primer trimestre de 2028. La inversión inicial ronda los 2.200 millones de dólares y la capacidad proyectada de la primera fase alcanza unos 55.000 barriles diarios. Las empresas sostienen que el desarrollo sigue adelante pese a la presión argentina.

Para las islas, cuya economía depende en gran medida de la pesca, el petróleo podría cambiar la escala de sus ingresos y su relación económica con el exterior. Para las compañías, representa una inversión de largo plazo respaldada por las autoridades isleñas y británicas. Para Londres, significa algo más que una actividad comercial: la posibilidad de consolidar la explotación de recursos en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina.

Ese es el núcleo del problema. La inversión no resuelve la controversia jurídica, pero puede transformar las condiciones materiales en las que se desarrolla. Una vez instalada la infraestructura y comprometido el capital, detener el proyecto podría resultar más costoso. El avance económico no equivale a una legitimación internacional de la posición británica, aunque sí puede fortalecer su control práctico.

La respuesta argentina busca impedir que ese proceso se vuelva irreversible. El 13 de octubre, el Gobierno acudió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar y solicitó medidas provisionales para frenar las actividades hidrocarburíferas, preservar el medio marino y evitar nuevas decisiones que agraven la disputa. Londres respondió que las licencias siguen vigentes y que la presentación argentina no altera los derechos que reconoce a las empresas.

La vía judicial abre un frente relevante, pero sus resultados no están garantizados. El tribunal deberá evaluar su competencia y las condiciones necesarias para ordenar medidas urgentes. Además, la controversia sobre la soberanía territorial no se resuelve automáticamente mediante un procedimiento sobre el derecho del mar. La apuesta argentina consiste en limitar las consecuencias de una explotación que considera ilegítima. En tanto, la británica, en evitar que el conflicto jurídico interrumpa el calendario económico.

La dimensión militar también forma parte de esta disputa. En el ejercicio Cape Upholder participaron unos 150 efectivos del Regimiento de Paracaidistas británico y alrededor de 100 reservistas locales. Las maniobras incluyeron un desembarco anfibio, marchas nocturnas y simulaciones de combate. Según la prensa británica, hacía años que no se realizaba un desembarco de esas características. Una fuente de Defensa aclaró, sin embargo, que el ejercicio estaba planificado y no respondía a las recientes declaraciones argentinas.

El Reino Unido cuenta con una guarnición permanente, una base aérea y medios navales en el Atlántico Sur. Las maniobras permiten observar cómo mantiene actualizadas sus capacidades defensivas en un territorio cuyo valor económico podría aumentar con el desarrollo petrolero. El componente militar no explica por sí solo la reafirmación británica, pero respalda su control efectivo y las condiciones de seguridad necesarias para avanzar con la explotación de los recursos.

A esto se suma que este 13 de octubre, ante la Cámara de los Comunes, el Gobierno británico anunció que organizará actos conmemorativos tanto en las islas como en el Reino Unido. La declaración no se limitó a recordar a los caídos: habló de celebrar la liberación y defender el derecho de autodeterminación de los isleños frente a las amenazas argentinas. Londres convirtió así una fecha histórica en una reafirmación de su posición política actual.

La elección de las palabras importa. Para el Reino Unido, la victoria de 1982 legitimó la recuperación del control del territorio y la defensa de sus habitantes. Para la Argentina, la guerra no extinguió el reclamo de soberanía ni resolvió una controversia que Naciones Unidas reconoció en 1965. La conmemoración no modifica el estatus jurídico de la disputa, pero sí proyecta una interpretación del pasado sobre el presente. La memoria funciona como instrumento de legitimación: cada Estado procura que su relato sostenga su posición ante la población y la comunidad internacional.

En el entorno regional también aparecen movimientos que pueden tener consecuencias prácticas. La empresa chilena Easter Island Naviera y la Corporación de Desarrollo de las Islas Falklands (Malvinas) impulsan la reactivación de la ruta marítima entre Punta Arenas y Puerto Stanley, suspendida desde 2011. El primer viaje está previsto para noviembre. Para el sur de Chile, la conexión ofrece una oportunidad comercial, y para las islas, una vía adicional de abastecimiento.

En cambio, para la Argentina, la reapertura plantea un interrogante estratégico: una mayor conectividad podría facilitar el abastecimiento de las islas y, a futuro, acompañar las necesidades logísticas de una economía que busca incorporar la actividad petrolera. Si Sea Lion avanza, la infraestructura de transporte y los vínculos comerciales regionales podrían adquirir una relevancia mayor. Sin embargo, no hay pruebas de que la ruta haya sido concebida específicamente para abastecer al proyecto ni de que el acuerdo comercial implique un cambio en la posición oficial chilena sobre la soberanía de Malvinas.

En este contexto apareció una controversia inesperada en la política británica. El líder de Reform UK, Nigel Farage, figura central de la campaña por el Brexit, propuso ofrecer a Estados Unidos el uso permanente de la base militar de Diego García, en Chagos, a cambio de que Donald Trump dejara de cuestionar la posición británica sobre Malvinas. Tras las críticas, Farage aclaró que se refería al uso de la base y no a entregar la soberanía de todo Chagos. La Casa Blanca respaldó esa interpretación. Aunque no fue una propuesta oficial del Gobierno británico ni demuestra un cambio formal en la posición estadounidense.

El episodio importa por lo que revela, no porque altere por sí solo el escenario. La defensa británica de su soberanía convive con la necesidad de sostener una alianza militar decisiva con Washington. Diego García y Malvinas tienen historias y situaciones jurídicas distintas, pero el planteo de Farage expone hasta qué punto las prioridades estratégicas de Estados Unidos pueden entrar en la discusión política británica. Para Buenos Aires, sería prematuro interpretar esa polémica como una oportunidad diplomática concreta.

El desafío argentino consiste en evitar que la disputa quede reducida a una sucesión de declaraciones y respuestas. La vía judicial puede preservar derechos. La diplomacia, disputar respaldos. La cooperación regional, defender intereses concretos en el Atlántico Sur. Ninguno de esos instrumentos garantiza por separado un cambio en la relación de fuerzas. Su eficacia dependerá de que formen parte de una estrategia sostenida, capaz de ir más allá de la coyuntura.

Una discusión por la ocupación de un asiento desencadenó una pelea con agresiones físicas y el uso de gas pimienta en una sala del cine, ubicado en el Shopping Paso del Paraná. El episodio ocurrió este miércoles, alrededor de las 23, y obligó a evacuar el lugar e interrumpir la función. Dos mujeres, madre e hija, fueron detenidas y permanecen a disposición de la Justicia.

 

El comisario principal Guillermo González, segundo jefe de la División 911 y Videovigilancia de la Policía de Entre Ríos, confirmó a Elonce que el enfrentamiento comenzó por una butaca y que una de las involucradas utilizó un aerosol de gas pimienta dentro de la sala.

 

El funcionario policial precisó que menos de cinco personas necesitaron asistencia médica por los efectos de la sustancia irritante, aunque ninguna debió ser trasladada a un hospital.

La pelea comenzó por la ocupación de un asiento

 

González explicó que la Policía tomó conocimiento del incidente cuando se desarrollaba una función cinematográfica en el complejo ubicado en la intersección de calles Corrientes y San Lorenzo.

 

Según indicó, el enfrentamiento comenzó por una diferencia relacionada con la ubicación de los espectadores. “En una de las salas donde se estaba dando una función se produce un altercado entre mujeres producto de la ocupación de un asiento”, explicó el comisario.

 

La discusión derivó en agresiones físicas y, en medio del conflicto, una de las participantes utilizó gas pimienta. “Se dan agresiones físicas y una de las partes utiliza un gas pimienta dentro del recinto, lo cual provoca que el resto de las personas deban evacuar el lugar”, detalló.

 

La situación generó momentos de tensión entre quienes habían concurrido al cine para disfrutar de la película.

El gas pimienta obligó a evacuar la sala

 

El uso del aerosol irritante dentro de un espacio cerrado provocó que otras personas, ajenas al enfrentamiento, también resultaran afectadas.

 

González explicó que las características del lugar agravaron las consecuencias de la utilización de la sustancia. “Era un lugar cerrado”, señaló, y agregó que el gas fue lanzado a corta distancia.

 

En ese sentido, consideró que el aerosol fue “utilizado de una manera indebida y desproporcionada”, lo que provocó la necesidad de evacuar el recinto.

 

La función cinematográfica debió interrumpirse mientras se desarrollaba el procedimiento y se asistía a los espectadores afectados.

 

Ante la exposición al gas pimienta, la Policía solicitó la presencia de una ambulancia para atender a quienes presentaban molestias.

 

El comisario confirmó que el personal de salud asistió a los afectados en el mismo establecimiento. “Fueron menos de cinco personas las que recibieron asistencia por parte de personal de salud en el lugar. Ninguna fue trasladada al hospital”, afirmó.

 

Según explicó, los principales afectados fueron quienes se encontraban más cerca del lugar donde se produjo el enfrentamiento y recibieron directamente el gas.

Madre e hija fueron detenidas en el estacionamiento

 

Tras el incidente, personal motorizado de la División 911, en colaboración con efectivos de la comisaría octava, logró interceptar a dos mujeres señaladas como involucradas en el enfrentamiento.

 

Se trata de una mujer de 51 años y su hija de 27, quienes fueron localizadas en el estacionamiento del centro comercial.

 

González detalló que ambas se encontraban junto a un hombre y estaban por retirarse del lugar en un automóvil. “Estas personas fueron demoradas antes de que se retiren. Estaban abordando un Honda Civic, en la zona del estacionamiento, saliendo para calle San Juan, con otra persona, que estaba en compañía de ellas”, explicó.

 

Las mujeres fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales, donde permanecían alojadas a la espera de una resolución judicial por parte del fiscal Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación.

 

 

Qué dice la normativa sobre el uso del gas pimienta

 

Durante la entrevista, González fue consultado sobre la posibilidad de portar aerosoles de gas pimienta y las condiciones en las que pueden utilizarse.

 

El comisario explicó que estos productos pueden comercializarse libremente bajo determinadas condiciones. “Es un producto de venta libre, según la Ley Nacional de Armas y Explosivos, si el envase es menor a 500 centímetros cúbicos”, manifestó.

 

En este caso, la Policía procedió al secuestro del aerosol utilizado durante el incidente. “Se secuestró este gas pimienta y era de un contenido de 60 centímetros cúbicos”, precisó.

 

Sin embargo, aclaró que la posibilidad de adquirir el producto no implica que pueda utilizarse ante cualquier conflicto. “Lo que sí establece la ley es que debe ser utilizado para legítima defensa y de una forma proporcional”, explicó.

 

Respecto de lo ocurrido en el cine, González sostuvo que la situación no justificaba el uso del aerosol. “En este caso, la situación no ameritaba el uso y tampoco en un lugar cerrado”, afirmó.

Hubo denuncias formales y continúa la investigación

 

El comisario confirmó que, después del procedimiento, se radicaron denuncias formales por el episodio. “Una de las partes radicó la formal denuncia en comisaría octava, como así también la encargada del shopping”, señaló.

 

González explicó que la Policía reunió los elementos probatorios y los puso a disposición del Ministerio Público Fiscal. “Nosotros como personal policial instruimos las actuaciones, aportamos todos los elementos probatorios a la Fiscalía y es quien se encarga de determinar las responsabilidades y el delito correspondiente”, manifestó.

 

Por el momento, la investigación deberá establecer las responsabilidades individuales de las personas involucradas en las agresiones y en la utilización del aerosol.