Blog

Desde el 1° de junio de 2026, rige en Argentina la obligación de utilizar un nuevo modelo de recibo de sueldo. El cambio surge a partir del Decreto 407/2026 y afecta a todos los empleadores, sin distinción de tamaño. Sin embargo, en el cierre del mes de junio, numerosas empresas continúan entregando recibos con el formato previo, mientras otras ya incorporaron las novedades que exige la reglamentación. Esta diferencia genera inquietud y consultas entre trabajadores y empleadores, quienes buscan entender el alcance y los motivos detrás de la implementación dispar.

El modelo de recibo actualizado presenta cambios relevantes en la estructura y en la información que se debe brindar. Según la reglamentación, ahora el documento incluye, antes de detallar el sueldo bruto y la liquidación, una sección específica que muestra el costo total del empleador. Luego sigue la liquidación habitual, con los conceptos remunerativos, no remunerativos, deducciones y sueldo neto. Como novedad principal, al final del recibo aparece un resumen de la composición del costo laboral y un gráfico de torta, que representa visualmente cómo se distribuyen los costos entre los distintos conceptos.

La incorporación de este gráfico y de datos adicionales busca ofrecer mayor transparencia sobre los componentes del salario y el costo laboral total. Sin embargo, especialistas advierten que el exceso de detalles podría dificultar la comprensión. “El objetivo es que el empleado vea el costo total, cuánto se queda y cuánto se quedan los organismos y todo. Pero no se contempló que el impuesto a las ganancias, en el gráfico de torta, se informe por separado”, explica Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios. El consultor señala que la información extra puede resultar compleja para quienes no están familiarizados con conceptos técnicos y que “el recibo es bastante, con muchos datos”.

El decreto no otorga un plazo adicional para la adaptación. La obligación de usar el nuevo formato comenzó a regir el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial. “El decreto, claro, acá dice en artículo 23 que entra en vigencia el día de su publicación en el oficial. Cuando dijo, ahí reglamentó cómo tiene que ser el recibo que sacó el anexo, a partir de ese momento de la publicación están, pasó a estar vigente y la obligación de emitir conforme ese modelo”, detalla Domínguez. Frente a esta exigencia inmediata, muchas empresas encontraron dificultades para adecuar sus sistemas de liquidación.

El proceso de adaptación requiere modificar el software utilizado para la liquidación de sueldos, parametrizar nuevos conceptos y sumar controles para evitar errores. “Obviamente, es imposible que salga un día y, a partir de los recibos ese día, se puedan emitir de esa manera, porque había que adecuar los sistemas”, comenta Domínguez. Algunas empresas lograron completar los cambios en pocos días, mientras otras necesitaron más tiempo.

Las empresas de mayor tamaño, con equipos internos o proveedores tecnológicos, pudieron avanzar más rápido. Sin embargo, las firmas pequeñas o aquellas que liquidan sueldos de forma manual, por ejemplo usando Excel, enfrentan mayores complicaciones. “El tema es que hay empresas muy chicas que liquidan los sueldos en Excel, ponele, y tienen los recibos en Excel. Bueno, ahí tienen que rearmar todo. El Excel, que es un poco más complejo que un sistema puesto más manual, rearmarlo, generarlos con ese gráfico de torta, contemplar todos los casos. Bueno, eso es más complejo, parece. O sea, los más perjudicados son así las empresas pequeñas, que liquidan manualmente, con sistemas así de ese tipo”, describe Domínguez.

El nuevo modelo detalla conceptos como contribuciones patronales individualizadas, conceptos convencionales a cargo del empleador, prorrateos y la composición gráfica del costo. Para muchos empleadores, el principal desafío es que el recibo tradicional ya no resulta suficiente y deben adaptar los sistemas para cumplir con el nivel de detalle exigido. Un ejemplo citado en la explicación oficial utiliza una liquidación de Empleados de Comercio y describe cómo se deben informar porcentajes y montos de distintas cargas, además de los valores fijos o variables correspondientes a cada convenio.

El formato incorpora una primera parte con los datos de identificación del empleador y del trabajador, que no cambia respecto de los recibos tradicionales. El cambio aparece después, con la información sobre el costo total para el empleador, antes del detalle habitual de la liquidación. Al final, se suma el gráfico de torta, que visualiza cómo se distribuye el costo laboral entre los diferentes conceptos.

En cuanto a la vigencia, el Decreto 407/2026 no establece un plazo diferido ni un período especial de adecuación para los recibos de sueldo. Algunos medios mencionaron la existencia de un plazo de 120 días, pero ese plazo se refiere a la instrucción dada a ARCA para adecuar sus sistemas y no al recibo de sueldo que deben entregar las empresas. Por eso, desde el 1° de junio, todos los recibos deberían contemplar las modificaciones.

Domínguez aclara que, aunque la norma ya está vigente y obliga a emitir los recibos bajo el nuevo formato, “no deberían aplicar sanciones. Si aplican alguna sanción, cosa muy poco probable, pero si lo hicieran en algún caso, se podría recurrir, ¿no? Y discutir, porque se necesita un tiempo para adecuar los sistemas”. Según el especialista, lo razonable hubiera sido que la autoridad estableciera un cronograma de implementación diferenciado, considerando la realidad de cada empresa, pero la reglamentación dispuso la vigencia inmediata.

El experto sugiere que, en caso de no haber podido emitir los recibos con el nuevo formato, las empresas pueden entregar el recibo anterior de manera provisoria y, una vez actualizado el sistema, reemplazarlo por el recibo adecuado, dejando constancia de ambos documentos. “Lo que se podría decir es que el que no pudo cumplir hasta ahora porque no lo tiene ajustado los recibos, que entregue como el recibo provisoriamente, digamos, con el esquema anterior, y cuando lo tenga, lo reimprima y lo reemplace, y que todo eso quede documentado como para, se le da un recibo que después se reemplaza por otro”, indica Domínguez.

El especialista estima que, dadas las dificultades técnicas y administrativas, muchas empresas que no lograron adecuarse en junio lo harán en julio. “Yo creo que ya en julio ya hubo 30 días, ya en julio tiene que estar, este, tienen que estar implementado”, asegura. Por esto, los empleados que no recibieron el nuevo recibo en junio probablemente lo reciban el mes siguiente, una vez que las empresas hayan completado las adaptaciones necesarias en sus sistemas de liquidación.

El nuevo modelo, además de transparentar el costo laboral total, incorpora detalles como contribuciones patronales, bases de cálculo, porcentajes, resúmenes de costos y gráficos. Algunos especialistas advierten que esto puede transformar el recibo de sueldo en un informe técnico difícil de interpretar para muchos trabajadores. El objetivo declarado es brindar mayor información y transparencia, pero la acumulación de datos puede afectar la simplicidad y la función principal del recibo, que es identificar con claridad los conceptos liquidados, los descuentos aplicados y el importe neto a cobrar.

Para el especialista Ignacio Barrios, incorporar el costo patronal es relevante, pero debe hacerse sin desnaturalizar la función principal del recibo. El diseño actual, según su visión, recarga el documento y puede oscurecer la información más importante para el trabajador: qué se liquida, qué se descuenta y cuánto cobra.

Por ahora, el Gobierno aclaró que no aplicará sanciones a las empresas que no hayan podido adecuar sus sistemas a tiempo. La posibilidad de reemplazar los recibos entregados en junio por versiones actualizadas permite a las empresas cumplir con la normativa, aun si no han completado el proceso técnico necesario. En este contexto, tanto empleadores como empleados deben prestar atención a los recibos emitidos en los próximos meses, ya que los cambios continuarán implementándose hasta que todos los sistemas se encuentren ajustados a la nueva reglamentación.

Israel anunció que su ejército permanecerá “indefinidamente” en las denominadas zonas de seguridad establecidas dentro de Líbano, Siria y la Franja de Gaza, según declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, durante una ceremonia militar el miércoles. Katz afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel mantendrán su presencia en estos territorios con el objetivo de proteger a la población israelí de amenazas yihadistas.

El ministro detalló que el ejército no se retirará de las zonas de seguridad en la frontera norte y sur, subrayando que “las Fuerzas de Defensa de Israel permanecerán en las zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza por un período indefinido con el fin de proteger a nuestros habitantes y nuestras comunidades de los elementos yihadistas”. Katz reiteró que cualquier ataque de la república islámica de Irán sería respondido con “toda la fuerza”.

Las declaraciones de Katz tienen lugar mientras representantes de Estados Unidos e Irán mantienen discusiones indirectas en Qatar, mediadas por diplomáticos, para implementar un acuerdo alcanzado a mediados de junio que busca poner fin a la guerra en Oriente Medio, incluyendo el conflicto en Líbano. Un diplomático citado por AFP indicó que las conversaciones técnicas entre las delegaciones estaban programadas para el miércoles en Doha.

El martes, el ejército israelí informó la eliminación de un miembro del grupo terrorista Hezbollah en la localidad de Manzala, en el sur de Líbano, cerca de la zona de seguridad establecida por Israel. Un portavoz militar detalló que el individuo representaba “una amenaza para las fuerzas” y que, tras identificarlo, fue atacado y eliminado.

Las Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron que continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza proveniente del grupo terrorista libanés y no permitirán que atenten contra la seguridad de los ciudadanos israelíes. La ofensiva se produce tras declaraciones del primer ministro Netanyahu, quien sostuvo que Israel no se retirará del sur de Líbano mientras Hezbollah mantenga presencia armada en la región.

Durante una visita a las tropas desplegadas en el sur del Líbano, Netanyahu, acompañado por el ministro Katz y altos mandos militares, insistió: “No abandonaremos el sur de Líbano hasta que la amenaza haya sido eliminada. Y mientras Hezbolá permanezca aquí, armado y amenazándonos, nosotros también permaneceremos aquí”.

Estrategia de zonas de amortiguamiento y balance militar

Israel estableció una zona de amortiguamiento de aproximadamente 10 kilómetros dentro de territorio libanés, desalojando a la población civil y realizando operaciones contra infraestructuras y túneles empleados por Hezbolá, según información castrense. Las autoridades consideran que esta franja es esencial para proteger a las comunidades del norte frente a ataques.

Netanyahu comparó la estrategia en el sur de Líbano con la aplicada en Gaza, afirmando que se han creado zonas de seguridad fuera del territorio israelí. Ante los soldados, manifestó: “Lo principal que hicimos —y esto es lo que ustedes están haciendo aquí— es crear zonas de seguridad, no de nuestro lado de la frontera, sino del suyo”.

Según Netanyahu, desde marzo, Israel ha neutralizado a 9.000 combatientes de Hezbollah y la milicia conserva unos 12.000 cohetes y misiles, cifra que representa cerca del 8% de un arsenal estimado originalmente en 150.000 proyectiles.

La policía de Mónaco continuaba este miércoles en la búsqueda del sospechoso de haber colocado una bomba en un paquete que hirió gravemente a un multimillonario de origen ucraniano y a otras dos personas, en un ataque sin precedentes que sacudió al principado, uno de los territorios más seguros del mundo.

Según fuentes citadas por medios locales, el objetivo del atentado fue Vadym Yermolaiev, empresario nacido en Ucrania, residente permanente de Mónaco desde al menos 2021 y ciudadano de Chipre. El hombre de 58 años es un multimillonario sancionado por Kiev que, según trascendió, acumula una larga lista de enemigos en su país de origen.

Fortuna hecha en Dnipro

Yermolaiev construyó su fortuna en el sector de la construcción en Dnipro, ciudad industrial ucraniana, donde se convirtió en uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios a través de su conglomerado Alef. Es uno de tantos empresarios post-soviéticos que aprovecharon el caos posterior a la disolución de la URSS en 1991 para amasar riqueza rápidamente, muchas veces por medios cuestionados.

Un empresario de Dnipro que habló con la AFP bajo condición de anonimato lo describió como una persona “ambiciosa” que “empezó de cero” y “cambió la cara de la ciudad”, aunque aclaró que no se caracterizaba por mantener buenas relaciones. “Se hizo tantos enemigos que podrían estar haciendo fila para dispararle”, señaló la misma fuente, sin dar más precisiones.

En 2021, la edición ucraniana de la revista Forbes estimó su fortuna en 220 millones de dólares, lo que lo ubicaba como la persona número 45 más rica del país.

Sancionado por su vínculo con Crimea

Yermolaiev mantiene una relación compleja con Ucrania. Condenó públicamente la invasión rusa y expresó su respaldo al ejército, pero en 2017 explicó a Forbes que había optado por la ciudadanía chipriota en busca de “protección internacional”, cuestionando la imparcialidad de la justicia y el sistema tributario ucraniano.

En diciembre de 2023, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, le impuso sanciones por diez años tras acusarlo de comerciar vinos y bebidas espirituosas en la Crimea anexada por Rusia. El empresario negó las acusaciones, asegurando en 2024 que no posee ni administra ninguna empresa en la península. También afirmó haber donado unos 2 millones de dólares al esfuerzo bélico ucraniano desde el inicio de la invasión rusa.

Pese a esas donaciones, en 2022 fue señalado por medios locales como parte de un grupo de oligarcas y empresarios que habrían abandonado el país antes de la invasión, apodado sarcásticamente el “Batallón de Mónaco”. Un ataque con misiles rusos contra el aeropuerto de Dnipro destruyó posteriormente su jet privado.

Padre de cuatro hijos y uno de los benefactores de la comunidad judía de Dnipro, su hijo Artur Yermolaiev fue condenado este año en Estonia por fraude, tras declararse culpable de operar un esquema de estafas telefónicas que robó unos 100 millones de euros a víctimas de distintos países europeos.

El ataque

La explosión ocurrió el lunes alrededor de las 21:00 (hora local) en un edificio residencial cercano a la frontera con Francia, y dejó a un hombre y una mujer gravemente heridos, además de un adolescente de 13 años con heridas leves. La esposa de Yermolaiev declaró el martes al canal público ucraniano Suspilne que no se encontraba en la vivienda al momento del ataque y que no resultó herida, por lo que la identidad de la mujer hospitalizada continúa sin confirmarse

El fiscal de Mónaco, Stéphane Thibault, indicó que el caso se investiga como “intento de homicidio”, aunque descartó que se trate de un acto “terrorista”.

El dispositivo, descrito como una bomba trampa, contenía tornillos y perdigones, según el ministro de Estado monegasco, Christophe Mirmand, quien remarcó que no existían indicios previos de amenazas contra la familia. Un sospechoso fue captado por cámaras de seguridad huyendo hacia el municipio francés de Beausoleil. El príncipe Alberto II calificó el hecho como un “crimen atroz” que “conmocionó a toda la comunidad monegasca”.

La interna del Partido Justicialista en 1988 enfrentó a dos gobernadores con poder real en Argentina. Carlos Menem, junto a Eduardo Duhalde, compitió contra Antonio Cafiero y José Manuel de la Sota, en una contienda que movilizó al peronismo y definió el rumbo político posterior. Menem se impuso con el 54% de los votos, resultado que lo habilitó para enfrentar más tarde a Eduardo Angeloz en la elección presidencial. El proceso dejó huellas en la dinámica interna y en las estrategias del movimiento peronista.

Iván Orbuch, doctor en Educación y autor del libro La interna que paralizó al país, destacó en Infobae en Vivo que el contexto carecía de un liderazgo peronista indiscutido tras la muerte de Juan Domingo Perón. La ausencia de una figura dominante abrió la puerta a enfrentamientos directos, en los que la renovación y el estilo de los candidatos cobraron protagonismo.

Menem, catalogado como “outsider” por su estilo histriónico y diferente, logró capitalizar el descontento mediante una campaña artesanal y una presencia mediática singular.

La interna Menem-Cafiero

Carlos Menem construyó su candidatura a partir de un perfil distinto al de Antonio Cafiero. Mientras Cafiero representaba una línea moderada y mantenía lazos estrechos con Raúl Alfonsín, Menem criticó abiertamente al gobierno radical y se mostró cercano tanto al peronismo tradicional como a sectores populares y del espectáculo. Orbuch remarcó que esta diferencia en el discurso y la estética política resultó central en el resultado de la interna.

La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical argentina, desempeñó un papel relevante. Cafiero eligió excluir a los grandes gremios de su estructura interna, mientras Menem los sumó a su espacio, un hecho que, según Orbuch, fue determinante para sumar apoyos y votos.

Al mismo tiempo, la interna se desarrolló sin un líder indiscutido en el peronismo, situación inédita desde la vuelta de la democracia, lo que favoreció la competencia abierta entre ambos sectores.

La campaña de Menem se caracterizó por gestos de cercanía y una construcción simbólica del “outsider”. Esto no implicaba venir de fuera de la política, sino ejercerla de un modo inesperado y diferente.

En provincias como La Rioja y Catamarca, Menem logró cerca del 98% de los votos, una cifra que, aunque irrelevante en términos cuantitativos frente a Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, reflejó la fuerza de su mensaje en el interior.

Variables de disputa interna: del pasado al presente

La comparación con los mecanismos de disputa actuales muestra importantes diferencias. Orbuch sostuvo que la interna de 1988 se desarrolló sin campañas negativas en el sentido moderno. No se utilizó información privada ni hubo ataques personales a través de redes sociales, herramientas inexistentes en ese momento. Los búnkers de ambos candidatos estaban a escasas cuadras, pero la relación se mantuvo cordial y sin episodios de carpetazos.

Los medios de comunicación jugaron un papel relevante, aunque limitado a la televisión, radio y prensa gráfica. La confrontación discursiva se canalizó a través de solicitadas y entrevistas cruzadas. Menem acusó a Cafiero de querer transformar al peronismo en un partido socialdemócrata, mientras Cafiero apostó por una línea moderada y democrática. No existió el nivel de polarización mediática que caracteriza las campañas recientes.

En cuanto a la presencia de voceros o terceros, Orbuch identificó algunas figuras que operaron en la periferia de la disputa, como José Manuel de la Sota y Eduardo Duhalde. Sin embargo, estos actores no alcanzaron el protagonismo ni la capacidad de influencia que hoy ostentan ciertos diputados o intendentes cercanos a los principales líderes del peronismo.

Épica, artistas y movilización

La campaña de Menem introdujo una fuerte carga épica. El candidato realizó caravanas, actos masivos, y gestos simbólicos como la célebre “ñoqueada” en La Boca, donde reunió a diversos sectores sociales afectados por la hiperinflación. Un ejemplo significativo fue un acto en Laferrere, partido de La Matanza, que congregó a cerca de medio millón de personas un sábado por la tarde. Este tipo de movilizaciones resultaron clave para consolidar la imagen y el apoyo popular de Menem.

En el plano cultural, la mayoría de los artistas y referentes de la cultura apoyaron abiertamente la fórmula Cafiero-De la Sota. Menem contó con escasos apoyos en ese ambiente, aunque la tendencia se modificó durante su presidencia. Orbuch aclara que el respaldo masivo de músicos y figuras del espectáculo a candidatos peronistas se consolidó en elecciones posteriores, especialmente a partir de la década de 2000.

La campaña transcurrió sin hechos de violencia política. El intercambio entre los candidatos se limitó a declaraciones públicas y solicitadas. Antonio Cafiero reconoció rápidamente su derrota y destacó el tamaño del Partido Justicialista, que por entonces contaba con cerca de cuatro millones de afiliados.

—

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

El Gobierno nacional redujo a cero los derechos de exportación para cerca de 1000 de productos industriales, tal como había anunciado el Presidente Javier Milei en mayo pasado. El Decreto 566/2026, que entró en vigencia este miércoles, abarca bienes de la industria química, petroquímica, siderúrgica, automotriz y metalúrgica, entre otros sectores. Además, establece nuevas posiciones que, si bien no quedan exentas de forma inmediata, llegarán a alícuota cero antes del 1° de junio de 2027.

El decreto, que tiene la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el nuevo Jefe de Gabinete Diego Santilli, fija tres esquemas diferenciados.

El primero elimina de forma inmediata las retenciones para un amplio universo de bienes con valor agregado. El segundo establece una reducción escalonada para posiciones que hoy tributan entre 3% y 4,5%, con vencimiento del cronograma en junio del año próximo. El tercer esquema aplica un calendario específico para aceites de petróleo y derivados —entre ellos naftas y ciertos hidrocarburos—, que parten de una alícuota de 7,3% en julio y convergerán también a cero en 12 meses.

Entre los sectores con eliminación inmediata figuran la industria química y petroquímica, los plásticos y resinas, los fertilizantes, el caucho, la siderurgia, el aluminio, el cobre y otros metales industriales. En este capítulo, la industria automotriz recibió un tratamiento especial: el propio texto del decreto subraya que el sector representa el 10% de la producción industrial del país y que la Argentina ocupa el cuarto lugar mundial en el segmento de pick-ups, lo que justifica la inclusión de vehículos de transporte y carrocerías en el esquema de reducción gradual.

De acuerdo con el texto oficial, la decisión busca “fortalecer la posición competitiva de la producción nacional”, fomentar el empleo y promover el agregado de valor, al tiempo que el Gobierno asegura que la medida “no compromete los niveles de recaudación tributaria” ni el equilibrio fiscal. Para verificar si un producto queda alcanzado, las empresas deberán revisar su posición arancelaria en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) y contrastarla con los anexos del decreto, publicados en la edición web del Boletín Oficial.

La actualidad del sector automotor

En materia de ventas, producción y exportaciones, el sector automotor atraviesa un momento complejo. En primer lugar, según Acara, las ventas de autos 0 km aumentaron en junio, pero el semestre cerró 10% por debajo de 2025. El informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores, informó que en el sexto mes del año se patentaron 45.995 unidades entre todas las categorías, lo que representó una suba del 7,2% sobre los 42.920 registrados en mayo, pero un 12,8% por debajo del mismo mes del año pasado, cuando se había patentado 52.730 vehículos.

En tanto, en mayo, -los datos de junio salen durante la primera semana de julio- la producción nacional de autos registró un total de 37.762 vehículos, cifra que superó levemente al volumen de autos producidos en el mes previo que había sido de 35.521 unidades. Así lo informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) en su informe industrial correspondiente al quinto mes del año. A pesar de que se trata de la segunda mejor cifra del año después de marzo, en términos de producción diaria promedio, el resultado implicó una caída del 4,9%, ya que mayo tuvo 18 días hábiles frente a los 17 de abril.

Respecto a los envíos al exterior, según Adefa, las exportaciones de autos argentinos volvieron a arrojar un saldo negativo en mayo, ya que alcanzaron las 25.237 unidades, es decir una baja del 6,1% respecto al mes previo y una caída menos significativa, del 4,2% negativo, en la comparación con mayo de 2025.

Referentes del sector y CEOs de compañías se habían reunido con Caputo previamente para buscar una solución a la carga impositiva que afronta la industria automotriz local. Sobre todo porque la mayor parte de la producción argentina está destinada a la exportación, por lo que la eliminación de los derechos de exportación contribuye a la mejora de la competitividad de los productos argentinos.

Antecedentes de eliminación de retenciones

La medida se encuadra en una política más amplia de eliminación de impuestos. En mayo de 2025, el Ejecutivo ya había eliminado los derechos de exportación para 4.411 productos, con un beneficio directo para unas 3.580 empresas —cerca del 40% de las compañías exportadoras del país—, en su mayoría, pymes. A esa decisión se sumó, a comienzos del mismo año, la eliminación de retenciones para actividades agroindustriales de las economías regionales, que abarcó la cadena textil algodonera, papel, cartón, alimentos y bebidas.

El proceso se extendió también al agro. En junio de 2026, mediante el Decreto 423/2026, el Gobierno oficializó una reducción escalonada para los principales complejos agrícolas —soja, girasol, maíz, sorgo, trigo y cebada— y fijó alícuota cero para ciertos biocombustibles a partir de 2027. En ese decreto, el Ejecutivo reconoció que los derechos de exportación “constituyen un impuesto distorsivo que debería eliminarse” y comprometió su eliminación gradual en la medida en que el superávit fiscal lo permita.

El martes 30 de junio de 2026, Finlandia realizó la última llamada a través de una línea fija analógica, marcando el cierre de un ciclo que se extendió por casi 150 años. El evento, registrado en Helsinki, simboliza el fin de una era en la que la red de cobre fue el pilar de las telecomunicaciones nacionales y el paso definitivo hacia la digitalización.

Según reportaron las agencias de noticias Euronews y AFP, el momento final estuvo protagonizado por Jarkko Saarimaki, jefe de la agencia nacional de comunicaciones y transporte Traficom, quien atendió la última llamada realizada por Topi Manner, director ejecutivo de Elisa, el principal operador de telecomunicaciones del país. La conversación, desarrollada en un tono nostálgico y distendido, sirvió para recordar anécdotas personales y reflexionar sobre el futuro tecnológico.

El fin de una tecnología centenaria

La red de telefonía fija de Finlandia comenzó su operación en la década de 1880. Durante generaciones, los cables de cobre permitieron la comunicación entre hogares, empresas e instituciones, transportando la voz como una señal eléctrica analógica. Este sistema, aunque fiable, presentaba limitaciones en la cantidad de datos que podía transmitir.

El portal de noticias señaló que la transición hacia tecnologías digitales responde a la necesidad de conexiones más rápidas y estables. Los cables de fibra óptica, que ahora predominan en el país, utilizan hebras de vidrio para transportar información mediante pulsos de luz, lo que permite no solo llamadas telefónicas de alta calidad, sino también acceso a internet de alta velocidad y otros servicios digitales.

Una llamada simbólica: despedida y mirada al futuro

La llamada entre Manner y Saarimaki marcó el cierre oficial del servicio analógico de Elisa. Ambos intercambiaron recuerdos sobre la importancia del teléfono fijo en sus vidas. Manner evocó su adolescencia en Londres durante los años ochenta, cuando establecía una comunicación semanal con su familia en Finlandia a una hora pactada, un hábito común antes de la expansión de la telefonía móvil.

Durante la conversación, los protagonistas debatieron sobre la evolución de las tecnologías móviles y el impacto que estas han tenido en el día a día de los ciudadanos finlandeses. La despedida incluyó un “kuulemiin”, término finés que puede traducirse como “hablamos luego”, resaltando el carácter personal y social que definió el uso del teléfono fijo durante más de un siglo.

Euronews detalló que Elisa fue el último gran operador en mantener una red de cobre en Finlandia. Al anunciar la decisión de desconexión en enero, la empresa precisó que quedaban apenas “unos pocos miles” de contratos exclusivos de telefonía fija, y que hacía años que no se ofrecían nuevos. La mayoría de los usuarios ya había migrado a servicios móviles o de fibra óptica.

Un proceso global y las excepciones locales

El país nórdico se suma así a la lista de países europeos, como Estonia, Países Bajos, Noruega y España, que ya desmantelaron sus redes de telefonía fija analógica. El avance de la digitalización y la instalación de fibra óptica transformaron el panorama mundial de las comunicaciones, reduciendo la dependencia de las infraestructuras tradicionales basadas en cobre.

Según la radiotelevisión pública Yle, desde ahora solo algunos operadores locales seguirán ofreciendo líneas fijas en el país, destinadas a un reducido grupo de usuarios que requieren el servicio para llamadas locales. Se estima que ese segmento representa actualmente solo un pequeño porcentaje del total de clientes de telecomunicaciones en el país.

El país, cuna de la pionera Nokia, consolidó su liderazgo en la adopción de tecnologías móviles. El cambio también responde a una tendencia global en la que la conectividad y la velocidad tomaron protagonismo, relegando a la infraestructura analógica a un papel testimonial en la historia de las comunicaciones.

El informe señala que el cierre de la telefonía fija analógica en Finlandia ilustra el ritmo acelerado de transformación tecnológica que caracteriza a las sociedades contemporáneas. La última llamada, más allá de su valor simbólico, representa el inicio de una nueva etapa en la que las conexiones digitales serán la norma.

Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) volvieron a manifestarse este miércoles frente a la sede central del organismo, ubicada sobre la avenida del Libertador al 8200, a la altura de Ramallo, en el barrio porteño de Núñez. La convocatoria, prevista para las 9 de la mañana, se realizó en rechazo a las desvinculaciones informadas por el Gobierno y en repudio al operativo de Gendarmería Nacional que desalojó el edificio durante la protesta del martes.

Según pudo reconstruir Infobae, la manifestación se desarrollaba sobre la vereda, sin corte de tránsito. En el lugar también permanecían efectivos de las fuerzas de seguridad apostados frente al ingreso de la sede.

La nueva concentración se produjo un día después de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tomara el edificio de la CNEA para denunciar el despido de casi un centenar de empleados del organismo. La medida derivó en un operativo de Gendarmería Nacional y en el desalojo de los manifestantes.

Tras esos hechos, el Gobierno salió a responder las denuncias sindicales y aseguró que no se trató de despidos, sino de la no renovación de 61 contratos de plazo fijo firmados durante 2023, bajo la gestión anterior de la CNEA.

De acuerdo con la información oficial, 42 de los 61 contratos correspondieron a trabajadores con nivel educativo primario o secundario, sin formación terciaria ni universitaria. El Ejecutivo sostuvo además que no hubo bajas entre ingenieros nucleares ni entre el personal técnico especializado que desarrolla las tareas centrales del organismo.

La postura oficial buscó responder a la denuncia realizada por ATE, que sostuvo que las desvinculaciones alcanzaron a “profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, difundió la convocatoria y las medidas de fuerza a través de sus redes sociales. El martes había anunciado una permanencia en el edificio hasta obtener respuestas de las autoridades y aseguró que el presidente de la CNEA, Martín Porro, “está atrincherado por decisión propia”.

El gremio calificó las bajas como una “canallada” e invocó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la estabilidad laboral en el Estado. Además, sostuvo que existe un intento de desmantelar el organismo para facilitar una futura privatización.

Durante la jornada del martes también se registraron incidentes en el edificio de la CNEA. Según fuentes de las fuerzas de seguridad, el personal desvinculado ingresó de manera irregular a la sede, lo que motivó el despliegue de refuerzos de Gendarmería Nacional, que custodia el predio por tratarse de una institución estratégica. De acuerdo con esa versión, un efectivo sufrió lesiones leves en la boca y dos escudos resultaron dañados durante el operativo.

Horas antes de la ocupación del edificio, el vocero presidencial, Adrián Ravier, había informado que la estructura de la CNEA se redujo un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos. En ese contexto, explicó que el Gobierno retomó un promedio de alrededor de 3.000 bajas mensuales en la administración pública nacional como parte del proceso de revisión de estructuras y dotaciones.

Ravier también precisó que, además de las desvinculaciones, 3.983 trabajadores se acogieron a planes de retiro voluntario en distintos organismos nacionales, entre ellos Belgrano Cargas, Casa de la Moneda, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), Radio y Televisión Argentina (RTA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI). Además, señaló que las autoridades superiores del Estado se redujeron un 36% respecto de la gestión anterior, con una disminución del 50% en ministerios, 39% en secretarías, 32% en subsecretarías y 45% en cargos de asesores.