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El Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde, dos organizaciones ambientalistas que siguen con particular interés lo que ocurre en el Mar Argentino, lanzaron una plataforma de información sobre las embarcaciones pesqueras argentinas, con el objetivo “visibilizar” la necesidad de “contar con un registro nacional oficial, completo y actualizado”.

La información puede verse en el sitio https://registroflotapesquera.org e incluye datos sobre embarcaciones, propietarios o armadores, permisos de pesca, autorizaciones de captura, cuotas e historial de sanciones, cuando las hay.

El registro, señalaron ambas organizaciones, permite acceder a información “que el Estado se niega a publicar” y busca “contribuir a la transparencia de una actividad estratégica para el país y poner en evidencia una deuda pendiente: aunque la Subsecretaría de Pesca recopila y administra estos datos, Argentina todavía no cuenta con un registro nacional oficial, integral y actualizado de consulta pública en línea”.

Por caso, el registro informa que según la información a la que las ONGs pudieron acceder hay actualmente operando en el Mar Argentino 520 buques registrados, de los cuales 80 (15,4%) son “poteros”, autorizados exclusivamente para pescar calamar, 86 son buques “tangoneros”, con autorización exclusiva para capturar langostino, y 162 (32% del total) cuentan con “cuota individual y transferible de captura” (CITC) de merluza común. Esas tres especies explicaron en 2025 más del 85% de los poco más de USD 2.000 millones de exportaciones pesqueras de la Argentina.

Por especie y por tipo

Otro tipo de división sobre las características de las embarcaciones precisa que 270 de las mismas (52% del total) son buques “fresqueros”, aquellos cuya captura es a posteriori procesada en plantas terrestres, mientras 204 (39%) con “congeladores”, aquellos con plante de congelamiento y a menudo de procesamiento (por caso, fileteado) a bordo, lo que le permite “mareas” (salidas) de pesca más largas y más alejadas de la costa. Unos 7 buques son de tipo “mixto” y sobre otros 39 (8% del total) las organizaciones no pudieron acceder a información por parte del estado argentino.

Los buques congeladores, con más de 100 metros de eslora, son los más grandes de la flota. En promedio, precisa el registro, la flota autorizada a pescar en la Zona Económica Exclusiva conocida como “Mar Argentino” tiene 36,5 metros de eslora, que surge desde pequeñas embarcaciones de pesca casi artesanal, de 9,6 metros, hasta “buques factoría” o congeladores de casi 113 metros.

Esta información es necesaria e importante, dicen CPA y SANHV, y afirman que la Argentina “es hoy una excepción en la región: Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y otros países latinoamericanos cuentan con registros públicos en línea sobre sus flotas pesqueras. En nuestro país, acceder a esa información requiere presentar pedidos formales de acceso a la información pública que no siempre son respondidos en tiempo y forma

La falta de transparencia, subrayan, tiene consecuencias concretas: dificulta detectar vínculos entre operadores y actividades de pesca ilegal e impide que la ciudadanía, la prensa y la academia puedan hacer seguimiento independiente de un sector que exporta el 97% de su producción.

Acceso (limitado) a la información pública

La plataforma se construyó a partir de sucesivos pedidos de acceso a la información, un mecanismo con límites: respuestas parciales, demoras y datos que se desactualizan. “Es una demostración de que si la sociedad civil, con recursos limitados, pudo construir este registro, no hay razón para que el Estado —quien produce y administra estos datos— no pueda hacerlo mejor, de forma oficial, completa y actualizada”, señalaron.

“Hacer pública esta información no es solo poner datos a disposición de la ciudadanía: es distribuir la capacidad de control. Hoy el Estado administra el recurso, asigna los derechos de pesca y concentra toda la información para verificar esas decisiones. Nadie más puede controlar” enfatizó Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales.

“Exportamos más de 2.000 millones de dólares por año a partir de un recurso que es de todos los argentinos, y sin embargo nadie puede saber con facilidad quién lo explota, con qué derechos y bajo qué condiciones, lo cual hace imposible no preguntarse: ¿Quiénes se benefician con esta opacidad?” sostuvo por su parte Juan Coustet, de Sin Azul No Hay Verde.

Las organizaciones recordaron que en la Cámara de Diputados se encuentra en tratamiento el proyecto de ley Expediente 2585-D-2026, que propone modificar el artículo 41 de la Ley Federal de Pesca para que los datos del Registro de la Pesca sean de acceso público, en formatos abiertos y con actualización periódica. “El Registro de la Pesca ya existe. No le estamos pidiendo al Estado que produzca información nueva, sino que publique la que ya tiene. El proyecto está en el Congreso: falta la decisión política”, afirmó Bilbao.

Ambas organizaciones remarcaron que la plataforma no pretende reemplazar las funciones del Estado, sino demostrar que es posible reunir y publicar información relevante sobre la flota pesquera, buscando forzar que las autoridades nacionales asuman esa responsabilidad creando y manteniendo un registro oficial, público, completo, actualizado y de acceso permanente.

La desaceleración de la inflación está transformando el mapa financiero argentino. Mientras los ahorristas continúan obteniendo rendimientos por debajo de la suba de precios, las empresas comenzaron a beneficiarse con un abaratamiento del crédito en términos reales. Los consumidores, en cambio, siguen enfrentando costos elevados para financiarse mediante préstamos personales o tarjetas de crédito.

Ese escenario fue respaldado por el Banco Central en el Informe de Política Monetaria (IPOM) del tercer trimestre de 2026, donde la entidad sostuvo que las tasas pasivas continúan siendo negativas en términos reales y afirmó que esa situación “confirma que la política monetaria no restringe la expansión del crédito, del gasto doméstico ni de la actividad económica que planea el sector privado”.

La definición refleja una estrategia explícita: desalentar la inmovilización del ahorro en instrumentos tradicionales y favorecer una expansión del crédito que acompañe la recuperación económica.

“Las tasas de interés pasivas se mantuvieron negativas en términos reales”, informó el organismo. Es decir, los depósitos bancarios continúan perdiendo capacidad de compra frente a la inflación, un fenómeno que años atrás era considerado una señal de desequilibrio, pero que hoy el Gobierno interpreta como compatible con la estabilidad macroeconómica.

Tres velocidades para las tasas

El panorama completo del sistema financiero es bastante más complejo que el descripto por la evolución de los plazos fijos. En la economía conviven actualmente tres realidades bien diferenciadas:

• La de los ahorristas. Los depósitos tradicionales ofrecen rendimientos inferiores a la inflación, por lo que presentan tasas reales negativas.
• Las empresas. Las líneas comerciales vinculadas al capital de trabajo, especialmente el descuento de documentos y otros instrumentos de financiamiento corporativo, redujeron significativamente su costo real gracias a la combinación de inflación descendente y tasas nominales más estables.

• Las familias. Aunque el costo financiero de los préstamos personales y de las financiaciones con tarjeta disminuyó respecto de los máximos registrados durante la etapa de alta inflación, ambas líneas continúan exhibiendo tasas reales positivas y considerablemente superiores a las que enfrenta el sector corporativo.

Esta diferencia ayuda a explicar por qué la recuperación del crédito no avanza de manera homogénea.

El crédito empresarial lidera la recuperación

Según el IPOM, el crédito bancario bimonetario al sector privado volvió a expandirse durante el tercer trimestre y creció a una tasa promedio mensual de 0,6% real desestacionalizada.

“Los préstamos destinados a financiar actividades comerciales y los préstamos con garantía real” fueron los segmentos que mostraron una mejor evolución, mientras que “los préstamos al consumo disminuyeron durante el período”, destacó el informe que en conferencia de prensa analizaron Santiago Bausili y Vladimir Werning, presidente y vicepresidente del Banco Central de la República Argentina.

Detrás de esa dinámica aparece el impacto de las tasas reales. Para muchas compañías, financiar capital de trabajo o adelantar inversiones resulta hoy considerablemente más atractivo que meses atrás.

El Banco Central también destacó que los préstamos en moneda extranjera continúan mostrando un crecimiento sostenido y anticipó que la ampliación de los destinos habilitados para el crédito en dólares permitirá canalizar una mayor porción del ahorro privado hacia la inversión.

“La ampliación de los destinos admitidos para el crédito bancario en dólares al sector privado también contribuirá a profundizar la intermediación financiera”, sostuvo la autoridad monetaria.

El consumidor todavía no despega

La situación es diferente en los hogares. A pesar de que la inflación se desaceleró de manera significativa respecto de los niveles observados en años anteriores, los costos de financiamiento para consumo continúan siendo elevados.

Los préstamos personales y especialmente los saldos financiados con tarjetas de crédito siguen mostrando tasas de interés que superan ampliamente la inflación proyectada, lo que limita la expansión del crédito destinado a las familias.

Esa realidad aparece reflejada en los propios datos del Banco Central, que muestran una caída de los préstamos al consumo durante el tercer trimestre, incluso mientras avanzan otras líneas crediticias.

La diferencia resulta relevante porque el financiamiento al consumo suele actuar como uno de los principales motores de la demanda interna, especialmente en bienes durables.

Inflación, dólar y confianza

La apuesta oficial se apoya además en un contexto de relativa estabilidad cambiaria. A diferencia de otros períodos en los que las tasas reales negativas incentivaban una rápida dolarización de carteras, la estabilidad observada tanto en el mercado oficial como en los segmentos libres redujo esa presión. Eso permitió que el Banco Central priorizara la expansión del crédito sobre la protección del rendimiento de los depósitos.

El escenario también encuentra respaldo en otros indicadores.

Durante el tercer trimestre mejoró el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, una señal de que los hogares perciben un contexto económico más favorable.

Al mismo tiempo, los indicadores de actividad económica continuaron mostrando avances mensuales, en línea con la recuperación reflejada por el EMAE.

Para el Banco Central, esa combinación de inflación en descenso, confianza en recuperación y mayor actividad constituye el marco adecuado para sostener la expansión del crédito.

Menos mora, más préstamos

Otro dato que fortaleció el diagnóstico oficial fue la evolución de la calidad de la cartera bancaria.

“El indicador de irregularidad del crédito bancario al sector privado se estabilizó en torno al 7,7% durante los últimos tres meses y mostró indicios de haber alcanzado su pico”, destacó el informe. “Esta solución de mercado contribuyó a aliviar la carga financiera de los deudores sin restringir el acceso al crédito”, resaltó el organismo.

El nuevo esquema monetario deja una paradoja que resume buena parte de la estrategia económica actual: los ahorristas pierden contra la inflación, las empresas consiguen financiamiento cada vez más barato en términos reales y los consumidores siguen enfrentando costos relativamente elevados para endeudarse.

El Banco Central considera que ese desequilibrio es funcional al proceso de recuperación económica. La apuesta consiste en orientar el ahorro hacia la inversión y el crédito productivo antes que hacia la acumulación financiera.

La incógnita es cuánto tiempo podrá sostenerse esa brecha. Porque si bien la actividad económica y la confianza de los consumidores comenzaron a mejorar, la consolidación del crecimiento dependerá en gran medida de que el crédito barato que hoy llega a las empresas termine también alcanzando a las familias.

El IPOM concluye: “Con el propósito de contribuir a la aceleración del proceso de normalización, evitando los costos que presenta el riesgo moral, el BCRA ha impulsado diversas políticas y continúa trabajando junto con la Comisión Nacional de Valores (CNV) para reformar el sistema de pagos, de crédito bancario y de mercado de capitales. Las reformas buscan ampliar el acceso y bajar el costo del financiamiento”.

El informe trimestral de la entidad muestra el contraste entre el nivel bajo de las tasas de interés de corto plazo (negativas en términos reales) y el peso de la carga tributaria en el CFT del crédito (que representa casi el 30% del mismo): “Potenciales cambios en la política fiscal resultarían más efectivos para reducir las tasas de interés activas que potenciales cambios en la política monetaria, operando a través de la tasa de interés pasiva. El BCRA se encuentra elaborando iniciativas que expanden el crédito a individuos (ampliación del uso de códigos de descuento para empleados públicos y privados); a comercios (creación de cupones de tarjeta transferibles y negociables); y a empresas (creación de un Sistema Federal de Garantías y cambios aplicables a las SGR)”.

“No hay plata” fue el lema que el presidente Javier Milei repitió durante los primeros meses de gestión para explicar el ajuste de las cuentas públicas. Ahora, esa premisa se trasladó a la estrategia para impulsar la actividad: el equipo económico no puede y asegura que tampoco busca aplicar un “plan platita” de cara a las elecciones del próximo año, cuando buscará sostener la reelección del modelo.

En ese difícil desafío está embarcado el ministro de Economía, Luis Caputo, que esta semana avanzó con una serie de medidas dirigidas sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.

El paquete combina financiamiento para créditos hipotecarios, cambios sobre los préstamos en dólares, beneficios fiscales para inversiones vinculadas con el ahorro de energía y una propuesta dirigida a las provincias para eliminar el impuesto a los sellos. El Gobierno ya recibió respuestas de algunas de ellas, no todas positivas ni de la magnitud esperada.

Sin la respuesta deseada

El plan de medidas arrancó en agosto con la flexibilización de los créditos en dólares. La medida buscó ampliar el financiamiento en moneda extranjera, pero los datos de noviembre mostraron una expansión menor a la esperada.

Según LCG, consultora de análisis económico, los préstamos en dólares sin tarjetas crecieron USD 288 millones durante octubre, cifra que quedó por debajo del promedio mensual de 2026, ubicado en USD 840 millones. El stock total alcanzó USD 25.597 millones.

Esa medida se complementó con las licitaciones de $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para apuntalar el crédito para vivienda. Las entidades financieras mostraron interés, en especial por los depósitos de mayor duración. Ese resultado llevó al equipo económico a analizar la posibilidad de ofrecer plazos superiores a los cinco años en futuras colocaciones.

El Gobierno hizo hasta ahora dos licitaciones por $200.000 millones con fondos del FGS, que administra la Anses. El Banco Central participó como colaborador técnico y operativo en la primera convocatoria, que recibió 42 ofertas de 18 bancos por $258.640 millones.

Cambios en marcha

La demanda por el tramo más extenso abrió una discusión en el equipo económico. El viceministro de Economía, José Luis Daza, explicó que el Gobierno evalúa alargar la duración de las próximas licitaciones, aunque todavía no tomó una decisión. “El horizonte por ahora es cinco años; estamos contemplando dar más largo, pero todavía no se decidió, pero es muy posible”, afirmó Daza. La posibilidad surgió después de que las entidades financieras concentraron su interés en el segmento con vencimiento a cinco años.

El esquema actual incluyó alternativas a uno y cinco años. La evaluación oficial apunta a definir si las próximas licitaciones sumarán plazos mayores, a partir de la respuesta de los bancos en las dos convocatorias realizadas.

Beneficios impositivos

En la semana, durante la Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), Luis Caputo anunció una serie de medidas para aliviar la situación de las pyme frente al fisco nacional. Las cuales incluyen la suspensión de embargos hasta mayo de 2027, la inclusión de las deudas hasta octubre en el plan de pagos de 18 cuotas y la posibilidad de computar el 100% de los saldos a favor en impuestos aduaneros.

Además, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía aprobó el listado de bienes de alta eficiencia energética que podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). La decisión quedó establecida mediante la Resolución SE N° 311/2026.

La norma alcanza a inversiones que busquen optimizar, recuperar o reducir el consumo de energía dentro de las unidades de producción. Con esa reglamentación, el Gobierno completó las disposiciones vinculadas con las inversiones energéticas previstas en el régimen.

Antes de esta resolución, el RIMI ya contemplaba beneficios para bienes destinados a la generación, el almacenamiento y el transporte de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. La nueva lista incorporó equipos de alta eficiencia energética para procesos productivos.

Las micro, pequeñas y medianas empresas que inviertan en esos bienes durante los primeros dos años de vigencia del régimen podrán acceder a la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y a la devolución de créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En negociación

Pero en el evento de la entidad industrial, Luis Caputo llevó una propuesta a los gobernadores: eliminar el Impuesto a los Sellos, que recaudan las provincias. El ministro planteó que el Gobierno nacional compensaría el 50% de los recursos que los distritos dejen de percibir por esa decisión. Según pudo saber Infobae, el equipo económico presentará la iniciativa ante los mandatarios subnacionales y luego cada jurisdicción resolverá si adhiere o no.

Algunos gobernadores expresaron en público su malestar por la forma en que el ministro presentó la iniciativa. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó el mecanismo de discusión y pidió una conversación más amplia sobre el esquema tributario.

“Y con respecto al acuerdo fiscal hay que sentarse seriamente y no tirar una consigna y después venir a preguntarnos qué opinamos nosotros sobre la consigna que ya tiraste a la prensa”, afirmó Llaryora.

El gobernador cordobés también cuestionó que la discusión se limitara al Impuesto a los Sellos. “Porque yo te digo hoy que si tiramos la baja de sellos, tírame la baja del impuesto a los débitos y créditos bancarios y ya está, tiremos todo lo que no coparticipás tampoco y de paso hagamos una reforma en serio”, agregó.

La propuesta oficial incluyó una compensación equivalente a la mitad de la merma de ingresos que sufrirían las provincias por la eliminación del tributo.