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La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a la Secretaría de Trabajo expedir una certificación provisoria de las autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), lideradas por Luis Barrionuevo, que resultaron elegidas en las elecciones del 29 de diciembre pasado.

Esta medida cautelar, dictada este viernes, revoca una negativa previa y responde a la falta de respuesta oficial del Poder Ejecutivo, que mantenía sin reconocimiento formal a las nuevas autoridades tras una disputa interna en el sindicato entre el líder nacional de la UTHGRA, Barrionuevo, y el titular de Seccional Capital, Dante Camaño, que se extendió a la vía judicial.

Las internas sindicales en la UTHGRA alcanzaron un punto crítico desde septiembre de 2025, cuando la Sala VI de la Cámara había suspendido las elecciones que debían realizarse ese mes y luego habilitó un nuevo comicio para diciembre. Finalizada la votación, que se hizo el 29 de diciembre de 2025, la Junta Electoral Central proclamó como ganadora a la Lista Celeste 17 de Octubre, encabezada por Barrionuevo, con 121.334 votos.

Al día siguiente de las elecciones, la nómina ganadora pidió la certificación ante Trabajo, pero no tuvo respuesta.

Este contexto llevó al sindicato a presentar una acción de amparo exigiendo a la Secretaría de Trabajo la expedición de los certificados que oficializan a las nuevas autoridades. En forma paralela, otros trámites relevantes de la UTHGRA –como, por ejemplo, la rúbrica de libros y la homologación de acuerdos paritarios– quedaron inmovilizados ante la falta de reconocimiento oficial, lo que impactó tanto en la vida institucional de la entidad como en los salarios de los trabajadores involucrados.

El fallo hace especial hincapié en que la falta de constancia de autoridades vigentes es hoy un obstáculo concreto para el funcionamiento gremial y que ese perjuicio no es subsanable con posterioridad.

Según surge de la resolución, el primer juez de la causa había rechazado la solicitud de medida cautelar, argumentando que seguía pendiente un recurso de inconstitucionalidad elevado ante el Tribunal Superior de Justicia, por lo que no se cumplían los requisitos legales para autorizar una decisión provisoria.

Sin embargo, la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo entendió que ese planteo no tiene efecto suspensivo automático y que, de hecho, los comicios celebrados y sus resultados ya fueron ejecutados e incluso reconocidos por la propia Junta Electoral. Para la Cámara, “exigir que el recurso esté resuelto de modo favorable al actor importa requerir la firmeza de una decisión que ya produce efectos”, por lo cual añadir ese requisito constituye un exceso.

En su argumentación, la jueza Marina Pisacco, una de las camaristas, enfatizó que la modificación del artículo 56 de la Ley de Asociaciones Sindicales, incorporada por el decreto 342/25, no afecta la obligación del Ministerio de registrar a las autoridades electas. Sostuvo que las personas jurídicas requieren de representantes reconocidos oficialmente para operar y que la autoridad administrativa debe mantener vigente el registro de las organizaciones sindicales y sus autoridades.

La sentencia subraya dos elementos: por un lado, la existencia del “fumus bonis iuris” (presunción fundada de derecho) y, por otro, el “peligro en la demora”, dados los obstáculos actuales para la actividad de la UTHGRA y la homologación de acuerdos salariales. “El perjuicio, así, se proyecta sobre el funcionamiento institucional del sindicato y sobre los salarios de los trabajadores comprendidos en esos acuerdos, de modo que no resulta susceptible de reparación ulterior”, advierte el fallo.

La Cámara remarca también el carácter reversible de la medida cautelar: la certificación es provisional y, en caso de un eventual revés judicial, puede ser anulada sin consecuencias permanentes. “La finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia y que la fundabilidad de la pretensión… no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo, sino de un análisis de mera probabilidad”, señala.

La jueza Gabriela Vázquez, la otra integrante de la Sala VI, se sumó al fallo, aclarando que su intervención en casos sindicales previos no la inhabilita para decidir en éste, ya que no prejuzgó sobre las cuestiones de fondo y la ley de amparo impide recusaciones sin causa.

Por decisión unánime, la Cámara instruyó al Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Trabajo, a expedir en 5 días la certificación provisoria de los dirigentes de la UTHGRA elegidos en diciembre, limitando sus efectos estrictamente a ese acto y preservando el debate de fondo para otra etapa procesal.

El fuerte ajuste en el área de Discapacidad previsto en el proyecto de Presupuesto 2027 que la Casa Rosada envió esta semana al Congreso causó un cimbronazo político que avivó las tensiones con los aliados y desencadenó una serie de reproches internos que tuvieron como principal protagonista a Patricia Bullrich. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que darán marcha atrás con la propuesta del Poder Ejecutivo y adelantaron que están “muy cerca” de llegar a un texto consensuado con los bloques dialoguistas para reemplazar el capítulo de la polémica.

El dolor de cabeza para el oficialismo comenzó el martes por la noche, cuando ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027. Durante las horas de la madrugada, los bloques de la oposición revisaron el plan de gastos e ingresos para ver si había alguna novedad sobre Discapacidad.

Durante las últimas semanas la oposición impulsó la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año. Lograron emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.

Para frenar la ofensiva opositora, las espadas legislativas del oficialismo anunciaron que estaban trabajando, junto a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, en un proyecto “superador” que permitiría terminar con la Emergencia -tal como pretende el Gobierno- pero al mismo tiempo brindaría una solución definitiva que genere previsibilidad.

Sin embargo, muchos descubrieron el miércoles por la mañana que el proyecto de Presupuesto 2027 contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área que no tenían nada que ver con las conversaciones en marcha. Entre los que fueron tomados por sorpresa se destacan tanto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado.

La falta de coordinación multiplicó las especulaciones ya que ambos comparten la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.

Cerca de Menem mantuvieron el tono componedor y evitaron el pase de facturas. “El Estado es muy grande y el Presupuesto lo tocan miles de personas”, explicaron y agregaron que el texto se venía trabajando hace cuatro meses y “quedó viejo”. Pero Bullrich, fiel a su estilo confrontativo, pidió que “no la tomen de tonta”, apuntó abiertamente contra Economía y reclamó que temas sensibles como este sean discutidos con anticipación en la Mesa Política.

En concreto, el texto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, establece la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC).

Luego de que bajara un poco la espuma mediática, en la Cámara de Diputados los libertarios retomaron las negociaciones con los bloques aliados y les aseguraron que los artículos originales del Presupuesto sobre Discapacidad serán eliminados. “Lo que acordemos en el dictamen de comisión es lo que va a ir a Presupuesto”, sintetizaron.

Ante la consulta de Infobae, tanto el PRO como la UCR confirmaron que el diálogo se reencauzó, aunque todavía dan algunas señales de desconfianza. “Estamos esperando el borrador final. Vamos a ver qué mandan y terminaremos de definir”, resumieron desde el partido amarillo.

“El asunto quedó un poco revuelto. Falta una presentación clara de qué va a pasar con las compensaciones. Esperemos a la semana que viene cuando veamos todo por escrito”, coincidió un integrante del bloque UCR.

El reclamo por compensaciones hace referencia al artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó cubierto por las posteriores actualizaciones. A pesar de que el oficialismo planteaba que estaba cumpliendo con toda la ley, tanto el PRO como la UCR venían reclamando un cronograma claro de pagos para saldar lo adeudado.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, la nueva propuesta apuntará a elevar los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. “Ya no bastará con tener el CUD (Certificado de Discapacidad) para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron y señalaron que buscan aplicar la misma lógica que con los subsidios para que “cobre el que verdaderamente lo necesita”.

Por otro lado, el nomenclador se actualizará por IPC en forma bimestral (no mensualmente como dice la ley de emergencia) y será universal. Además, a pedido de los aliados, las pensiones podrán recibirse de forma complementaria a un empleo registrado.

En las próximas semanas el oficialismo buscará quedarse con el dictamen de mayoría en comisión para bloquear cualquier intento opositor de llevar el tema al recinto. Si lo logran, el texto consensuado se incluirá directamente en el Presupuesto 2027.

El proyecto de Presupuesto para el 2027 dejó más controversias al interior del Gobierno que una discusión pública sobre su contenido mismo. El Ministerio de Economía envió la versión a la cúpula del Gobierno para que se firme al filo del plazo legal para presentarlo y de un día para el otro, los negociadores libertarios en ambas cámaras del Congreso se desayunaron cambios que no estaban previstos en las tratativas que habían encaminado desde hace semanas con bloques aliados.

El clima sigue espeso al interior del Gobierno. La mayoría de los integrantes de la Mesa Política decidió bajar las armas. “Ya no tiene sentido seguir puteando al aire. Lo único que importa es llevarnos el Presupuesto”, avisan desde uno de esos despachos, reconociendo la bronca que se generó con la situación evidenciada el miércoles (el día después de la presentación del proyecto), cuando comenzaron a emerger artículos que modificarían las prestaciones por Discapacidad y la actualización de la AUH.

Ambos temas serán abordados en la próxima reunión de Gabinete a la que probablemente convoque el presidente Javier Milei para este lunes. También se tratará todo en la reunión de Mesa Política, la instancia de debate del círculo más chico del Gobierno que está siendo cuestionada por diferentes integrantes. Quien lo hizo de manera pública fue Patricia Bullrich, quien en diferentes reportajes cuestionó que los recortes en esos segmentos no fueron sincerados en la reunión que hubo horas antes de que el Ejecutivo presentara el proyecto.

Solo un puñado de funcionarios conocía la letra chica del Presupuesto 2027, lo que deja entrever que la totalidad de los legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional tampoco lo conocían. En el Gobierno marcan que tienen intenciones de subsanar esa situación hacia adelante. “Estamos planificando reuniones con legisladores nacionales con Economía para sacar dudas sobre todo lo que hace el proyecto”, confirmó una fuente de la mesa política a Infobae.

La persona a la que aluden es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que está a cargo de confeccionar y maniobrar la política fiscal del Gobierno para asegurar la política de déficit cero. Más de un integrante del Gobierno tiene intenciones de que se haga un encuentro con diputados -y en lo posible, sumándole senadores- para informarles sobre las nociones básicas del proyecto presupuestario.

La posibilidad de hacer un encuentro con el encargado de Hacienda es potencial y no algo concreto. En otros despachos afirman que no tienen esa información, aunque en otros afirman que “es probable porque el año pasado se hizo así”. Lo que es seguro es que Guberman irá al Congreso a dar su explicación oficial sobre el proyecto que confeccionó con la cúpula del Ministerio de Economía. La exposición del año pasado fue algo accidentada. Guberman fue acompañado por el entonces secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y expusieron sin responder preguntas, evidentemente molestos por las interrupciones de diferentes diputados de la oposición más dura contra el Gobierno.

El tándem compuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó a esquematizar la hoja de ruta para conseguir adhesiones de bloques aliados y gobernadores. Algunos de ellos confiesan en privado su cansancio por el mecanismo de negociación del Gobierno y la naturaleza de los proyectos que envía la Casa Rosada. “Hacen proyectos enormes y te quieren colar cambios profundos en un artículo cortito. Algunos ya nos sentimos boludeados”, afirmó un gobernador en diálogo con Infobae.

Ambos trabajan para evitar que se produzca un revés al momento de tratarlo en alguna de las dos cámaras. El antecedente más próximo es el del último presupuesto. Al momento de llevarlo a votación, Diputados rechazó el capítulo que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. En el oficialismo y la oposición dialoguista existe la voluntad de buscar una suerte de “punto medio que no rompa con el equilibrio fiscal”. “Para eso tenemos que generar un camino de confianza”, apuntan cerca de un funcionario del Gobierno.

La confianza también debe ser interna, porque el vínculo entre varios de los integrantes de la Mesa Política quedó astillado después de los sucesos de los últimos días. “Estamos armando una matriz para encarar las conversaciones”, puntualiza uno de ellos. El factor decisivo será que los dirigentes de la esfera política del Ejecutivo logren coordinar las negociaciones con el ala económica, compuesta en su estrato más alto por el mismísimo Javier Milei y el ministro Luis Caputo.