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Luego de haber participado en la reunión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores del Norte, el mandatario salteño, Gustavo Sáenz, cuestionó al Gobierno por no brindarles apoyo en cuestiones financieras y de infraestructura. “La lealtad es una avenida de ida y de vuelta, y yo siento que venimos siempre y nunca vuelven para allá”, apuntó y advirtió: “La paciencia se va acabando”.

El encuentro se llevó adelante este miercoles, tan solo horas después de que sea enviado al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Además, del mandatario salteño participaron Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Durante más de dos horas, Santilli les explicó a los dirigentes del norte los detalles del rumbo de la economía y las proyecciones que hizo la administración libertaria para el año que viene. También escuchó los reclamos de las provincias.

De esta manera, al evaluar la relación entre el Poder Ejecutivo y las provincias, Sáenz afirmó que existe una “falta de consideración y de reciprocidad”. Incluso, para con aquellas jurisdicciones que acompañaron iniciativas oficiales en el Congreso.

“La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y esta falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos”, cuestionó el mandatario al remarcar que, al igual que Nación, cada una de las provincias también tiene los mismos problemas.

Durante una breve entrevista con A24, Sáenz apuntó: “No estamos pidiendo nada”, en referencia a los fondos nacionales para obras públicas. Luego de que el Gobierno fijara como máxima mantener el déficit fiscal equilibrado, el jefe del Estado de Salta explicó que tuvieron que buscar financiamiento internacional.

A pesar de esto, el gobernador criticó la falta de respuesta por parte de Nación, que presentaría una demora en otorgar las autorizaciones para continuar con los proyectos planificados por la provincia.

En este sentido, explicó que pidió autorización y garantía soberana nacional para refinanciar una deuda tomada durante la gestión anterior. Así, precisó que la provincia tenía un compromiso original de 640 millones de dólares y que ya canceló cerca de 500 millones.

Según relató, el ministro de Economía, Luis Caputo, le recomendó avanzar con la refinanciación por la baja del riesgo país y de las tasas de interés. Sin embargo, señaló que para concretar la operación requiere el aval nacional.

“Para eso necesitamos la autorización y la garantía soberana de Nación”, dijo Sáenz. De la misma forma, agregó que esa herramienta también es necesaria para obtener financiamiento internacional destinado a obras viales en territorio salteño.

Pese a que recordó que el mantenimiento y obras referidas a las rutas nacionales deberían estar a cargo del Ejecutivo central, indicó que la provincia resolvió asumir las tareas con fondos externos. “Son endeudamientos que tienen que ver con obras fundamentales para Salta”, planteó sobre los frenos que encontró.

Por otro lado, Sáenz vinculó sus reclamos con el comportamiento de referentes oficialistas en las legislaturas provinciales. En línea con esto, afirmó que sectores que respaldan al presidente Javier Milei en Salta, Tucumán y otros distritos votan en contra de las iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las provincias.

“Cuando nos necesitan, hablan con nosotros todos los días, a toda hora y en todo momento”, cuestionó el gobernador, tras plantear que los mandatarios provinciales acompañaron leyes nacionales, pero no reciben el mismo respaldo para resolver necesidades de índole local.

Por este motivo, afirmó que la relación con el Gobierno debe tener una lógica de reciprocidad. “Yo siempre dije que la lealtad es una avenida de ida y vuelta, y yo siento que venimos siempre y nunca vuelven para allá”, expresó.

En la misma sintonía del reclamo, sostuvo que en encuentros anteriores hubo compromisos que no se concretaron y pidió que los acuerdos alcanzados con funcionarios nacionales se cumplan antes de abrir nuevas discusiones.

Por otro lado, el mandatario salteño diferenció los reclamos financieros de la posición que adoptará frente a la ley de emergencia en discapacidad. Así, confirmó que no acompañará esa iniciativa al considerar que los sectores más vulnerables requieren asistencia estatal.

“El equilibrio fiscal que tanto se defiende también vaya acompañado de un equilibrio social”, afirmó. Por esto, sostuvo que las personas con discapacidad no pueden ser tratadas como “una planilla Excel” y admitió que pueden existir irregularidades, aunque señaló que deben detectarse a través de auditorías.

A pesar de esto, el gobernador pidió controles para verificar las prestaciones y beneficios. Asimismo, insistió en que ese proceso no debe derivar en la desatención de quienes tienen una discapacidad acreditada.

Durante la entrevista, Sáenz también se refirió al escenario político y económico. Si bien señaló que una parte de la sociedad rechaza un regreso al pasado, remarcó que tampoco está conforme con el presente. Además, consideró que el debate público no puede reducirse a una confrontación entre Milei y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A su entender, la falta de institucionalidad, confianza y previsibilidad afecta la llegada de inversiones y frena el impacto de la estabilidad macroeconómica en la actividad cotidiana. Mencionó el consumo, las exportaciones y la inversión como sectores que todavía no despegan.

Incluso, cuestionó los planteos de dirigentes que prometen revertir normas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) si llegan al poder. “Tienen que ser política de Estado independientemente”, sostuvo.

Finalmente, Sáenz comparó el nivel del riesgo país argentino con el de naciones vecinas y señaló que, pese a una macroeconomía que describió como estabilizada, Argentina se ubica —según sus dichos— entre 450 y 500 puntos, por encima de países como Uruguay y Chile.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmará para fines de septiembre o principios de octubre que las elecciones provinciales se desdoblarán y se adelantarán respecto a los comicios nacionales, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. En principio, las fechas que se están barajando son de abril a mayo.

La última elección a gobernador se realizó el 7 de mayo de 2023. El actual mandatario resultó electo con el 64% de los votos. La anterior se concretó el 2 de junio de 2019 y en esa oportunidad, Oscar Herrera Ahuad se impuso con el 72,4% de los sufragios. La excepción de estos últimos años fue 2015. En aquel entonces, Misiones votó en forma simultánea con la Nación. Fue el primer mandato de Passalacqua que se impuso con el 63,8%. Maurice Closs ganó en 2011 con el 75% de los votos en una elección hecha el 26 de junio.

En la provincia no hay primarias. Cada fuerza determina su oferta electoral. De allí que reste poco margen para completar todos los pasos institucionales que permiten armar una lista y presentarla. Además, se deben confeccionar los padrones y cumplir con otros pasos formales.

Hasta ahora, son nueve las provincias que han dejado en claro su determinación de desdoblar su elección de los comicios nacionales. Tucumán votará el 9 de mayo. Salta haría lo mismo entre el 16 y el 23 de ese mes. Chubut evalúa ir a las urnas entre julio y agosto, mes en que podría convocar Neuquén.

Santa Fe, en tanto, estudia aún una fecha entre el 13 de junio y el 5 de septiembre. Chaco realizará sus comicios en la segunda quincena de septiembre. Tierra del Fuego tiene mandato constitucional de votar en forma separada 90 días antes de la culminación del actual período. Mendoza anticipó que desdoblará, pero no fijó fecha aún.

El escenario

En Misiones hay dos espacios bien definidos. Uno es el Movimiento de Passalacqua, donde está el 95% de la estructura de lo que fue el Frente Renovador de la Concordia, hegemónico desde principios de siglo hasta su disolución hace unos meses. La otra es La Libertad Avanza, que quedó como segunda fuerza en la elección legislativa provincial y ganó la nacional del año pasado.

El escenario se completa con emprendimientos personales o alianzas transitorias que cumplen su rol opositor, pero no están en condiciones de discutir el poder.

La decisión va de la mano con la estrategia electoral que sigue el gobernador Passalacqua desde la ruptura con Carlos Rovira, quien fuera el hombre fuerte de Misiones durante 20 años. El mandatario provincial quiere ser reelecto, pero viene de una mala experiencia en las legislativas de 2025.

Ahora juega con el tiempo a su favor. Con el sostén de una red de intendentes que también quieren repetir y tras haberse quedado con el 95% de la estructura del oficialismo, cuanto antes se vote, menos margen tendrá la oposición para armarse.

LLA lanzó hace un mes su escuela de dirigentes. El presidente Javier Milei la apoyó en persona. Habrá que ver si el movimiento alcanza para juntar nombres que permitan jugar con las reglas misioneras. En la tierra colorada, gran parte de la elección se define en las intendencias donde se sufraga con ley de lemas.

En este sistema, el sublema que sume más votos de un lema acumula los de los demás. Los libertarios saben que deben presentar al menos dos propuestas en cada ciudad importante para enfrentar al aparato provincial. En cuanto a alianzas con otros espacios, la evaluación que hacen en LLA Misiones es que todavía es “muy prematuro”. Hubo y hay reuniones, pero nada cerrado.

¿Quién enfrentará a Passalacqua? El nombre saldrá de los referentes con mayor relevancia en la provincia. Uno es el legislador provincial Adrián Núñez, presidente del partido misionero. El otro es el extenista Diego Hartfield, actual diputado nacional.

A lo largo de 2026, el Gobierno se benefició del fuerte aumento de los precios internacionales de productos que exporta. La guerra en el Golfo Pérsico generó un fuerte salto del petróleo, que siete meses después del inicio volvió a ubicarse arriba de los 100 dólares el barril. La soja también operó en alza y subió más de 20%, llegando hasta los USD 480 por tonelada.

La consecuencia es que los términos de intercambio de la Argentina subieron al mayor nivel de la historia. Las exportaciones superarán este año por primera vez los USD 100.000 millones y la balanza comercial podría arrojar un superávit inédito que según las últimas estimaciones del sector privado podría llegar a los 28.000 millones de dólares.

Este viento de cola que tuvo la economía local también se reflejó en fuertes compras del Banco Central. La entidad ya lleva adquiridos USD 14.200 millones, aunque en septiembre aflojó sustancialmente.

La oferta de dólares permitió no solo abastecer a los importadores, al público que quiere atesorar y a las empresas que giran dividendos al exterior, sino también al propio BCRA para fortalecer el balance de la entidad.

Los precios internacionales están fuera del alcance del Gobierno, que se benefició de esta situación particular. De todas maneras, resultaron claves las inversiones en energía para que Argentina pasara de ser neto importador hace tres años a un exportador neto cada vez más relevante. Se espera que el complejo de energía y minería genere un superávit cercano a los USD 30.000 millones, del mismo orden que el sector agropecuario.

Este fuerte ingreso de dólares y la mayor robustez del Central también ayudaron para que el riesgo país descienda hasta los 400 puntos básicos a fines de julio pasado. Muchas empresas, bancos y provincias aprovecharon para colocar deuda en el exterior, sumando cerca de USD 22.000 millones a la oferta de divisas en lo que va de 2026.

Sin embargo, lo mismo que beneficio a la Argentina este año ahora también está generando dificultades. La suba del petróleo por encima de los USD 100 sumó inflación a la economía norteamericana, manteniéndose en niveles cercanos a 3,5% anual.

La Reserva Federal norteamericano decidió ayer la primera suba de tasas en tres años. Fue una respuesta a un fuerte aumento además de los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo. Los de 10 años pasaron a rendir 5% anual, niveles que no se veían hace muchos años.

Este aumento de los rendimientos perjudicó a los activos de riesgo e impactó negativamente sobre los mercados emergentes. Hubo consecuencias directas también para los bonos argentinos, que cayeron luego de haber alcanzado un pico de precios a mediados de julio.

La consecuencia directa de esta situación fue el aumento del riesgo país a los 500 puntos básicos. Si se agrega a la tasa de 5% anual que pagan los bonos norteamericanos, la consecuencia es que si Argentina quisiera financiarse en los mercados internacionales debería pagar una tasa superior al 10% anual en dólares.

Este viento de frente que empezó a soplar desde Estados Unidos está pasando factura a la política de endeudamiento del Tesoro argentino. En las dos últimas licitaciones no se colocaron bonos en dólares en el mercado local para no convalidar un incremento de las tasas. Y se optó por deuda en pesos de corto plazo, que vence en su totalidad durante la gestión de Javier Milei.

Se dan así dos situaciones simultáneas. Argentina se beneficia del viento de cola del fuerte alza de las materias primas que exporta, pero al mismo tiempo también sopla viento de frente por el aumento de tasas norteamericanas, que aumenta la aversión al riesgo de los inversores internacionales.

El Gobierno decidió modificar el procedimiento para acreditar los controles de salud y escolaridad vinculados con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con el nuevo sistema, la información será enviada desde ahora en forma directa a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por los organismos estatales que cuentan con esos registros, para automatizar el trámite que habilita el cobro del 20% retenido de la prestación.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, fue publicada hoy en el Boletín Oficial, y alcanzará a los titulares con hijos de entre 5 y 17 años. El cambio busca reemplazar, en la mayoría de las situaciones, la acreditación presencial en papel por un intercambio directo de datos entre organismos públicos.

En concreto, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación enviarán a ANSES la información sobre el cumplimiento de los controles sanitarios y la escolaridad. El traspaso se realizará mediante un sistema de intercambio seguro entre organismos. Con esos datos, el organismo previsional podrá verificar si se cumplieron las condiciones necesarias para habilitar el cobro del porcentaje retenido de la AUH.

La modificación apunta a simplificar una gestión que hasta ahora podía exigir que el titular reuniera la documentación correspondiente y la presentara ante ANSES. Con el esquema que impulsa Capital Humano, la comprobación deberá resolverse automáticamente cuando la información requerida figure en las bases oficiales de Salud y Educación.

El eje de la medida está puesto en el 20% retenido de la AUH. Para cobrar ese monto, los beneficiarios deben acreditar el cumplimiento de las condiciones vinculadas con la salud y, en las edades correspondientes, con la escolaridad. El Gobierno busca que esa verificación deje de depender, como regla general, de los certificados aportados por las familias y pase a realizarse con registros que el Estado ya posee.

Precisiones del cambio de ANSES

El funcionamiento previsto parte de que cada organismo aportará los datos que produce y administra. La Secretaría de Educación informará sobre la condición de escolaridad y el Ministerio de Salud hará lo propio con los controles sanitarios. ANSES recibirá esa información y realizará el cruce necesario para determinar si los requisitos quedan acreditados.

De esa manera, cuando los datos estén correctamente registrados y puedan asociarse al titular correspondiente, la persona no tendrá que acercarse a una oficina de ANSES para presentar documentación. El trámite quedará resuelto a partir de la comunicación entre las distintas dependencias de la administración nacional.

Capital Humano presentó el cambio como parte de una política de modernización administrativa. La cartera que encabeza Pettovello sostiene que el mecanismo permitirá simplificar las gestiones de los titulares de la AUH, reducir los pasos presenciales y evitar que los ciudadanos entreguen al Estado documentación que ya obra en poder de organismos públicos.

Otro de los objetivos planteados por el Ministerio es mejorar la calidad de la información utilizada para validar el cumplimiento de los requisitos. Al tomar los datos directamente de las fuentes oficiales, el sistema busca reducir errores durante la certificación o la carga manual y limitar el margen para posibles irregularidades.

La eliminación del trámite en papel, sin embargo, no será absoluta. El Gobierno dejó prevista una vía alternativa para los casos en los que el cruce automático no permita comprobar el cumplimiento de las condiciones. Si la información no aparece en las bases, es incompleta o el sistema no logra validarla, el titular conservará la posibilidad de presentar la documentación de manera presencial ante ANSES.

Ese mecanismo funcionará como respaldo para evitar que una falla en el intercambio de datos o la ausencia de un registro impida completar el trámite. En esas situaciones, el beneficiario podrá utilizar el procedimiento habitual y acreditar personalmente la información necesaria.

Por lo tanto, el nuevo esquema tendrá dos vías. La principal será automática y se basará en el intercambio de información entre Salud, Educación y ANSES. La segunda continuará siendo presencial y quedará disponible para los casos en los que el sistema no pueda verificar los datos de manera directa.

La medida se concentra en los titulares con hijos de entre 5 y 17 años, la franja etaria señalada por Capital Humano para este procedimiento. Allí se cruzarán las dos condiciones contempladas en el anuncio: los controles de salud y la escolaridad. El cambio no modifica la vigencia de esos requisitos, sino la forma en que se acreditarán ante ANSES para completar el cobro del monto retenido.

Desde el punto de vista administrativo, la decisión traslada una parte del trámite desde el ciudadano hacia el Estado. La persona dejará de actuar como intermediaria entre organismos cuando la información pueda obtenerse de manera directa a través de los sistemas oficiales. La expectativa del Gobierno es que esa integración reduzca tiempos, evite traslados y elimine presentaciones innecesarias.

La puesta en marcha del sistema dependerá de que los datos puedan compartirse e identificarse correctamente entre los organismos. Cuando el cruce sea exitoso, el cumplimiento de las condiciones quedará acreditado de forma automática. Cuando no lo sea, seguirá disponible la presentación tradicional ante ANSES.

Con esta modificación, el Ministerio de Capital Humano busca que el cobro del 20% retenido de la AUH se apoye cada vez más en el intercambio interno de información estatal. La intención es que Salud, Educación y ANSES integren un mismo circuito de validación, con menos intervención del beneficiario, menos documentación en papel y una comprobación directa sobre los registros oficiales.

Los diputados de La Libertad Avanza amanecieron este miércoles con un disgusto inesperado. Luego de haber asegurado públicamente que el oficialismo estaba trabajando en un texto “superador” para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, recibieron con asombro un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área de discapacidad y detonaba las negociaciones en curso con los aliados. Ahora, los libertarios desestiman los artículos de la polémica y buscan retomar el diálogo con los dialoguistas, pero persisten las dudas sobre las reales intenciones del presidente Milei.

Si bien voces dentro del oficialismo intentaron explicar que todo fue parte de una estrategia, que implicaba una propuesta de máxima (eliminar de raíz la Emergencia en Discapacidad) para luego tener margen de negociación y avanzar con un texto consensuado, durante el transcurso del día diferentes fuentes reconocieron que en realidad no estaban al tanto de las propuestas de la Casa Rosada.

“Nadie sabía nada. Fue una descoordinación un poco responsabilidad del Ministerio de Salud y otro poco de Legal y Técnica”, explicaron a Infobae. Pero incluso admitieron que el presidente de la Cámara de Diputados y hombre fuerte del karinismo, Martín Menem, tampoco estaba al tanto, lo cual multiplica las especulaciones, ya que comparte la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.

El texto que el Gobierno envió al Congreso introduce una reforma profunda al sistema de discapacidad que tanto la oposición política como las organizaciones del sector consideran un retroceso respecto de la actual. Entre sus puntos más destacados, la iniciativa retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, figura la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC)

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque libertario reconocieron que el capítulo VI no tiene posibilidades de ser aprobado tal como lo envió el Palacio de Hacienda y aseguraron que en la versión definitiva quedará el proyecto “superador” que se estaba negociando con los aliados, como el PRO, la UCR, Provincias Unidas (Córdoba y Santa Fe) y Argentina Federal (Salta y Misiones). No obstante, hasta el momento no ha trascendido ningún detalle sobre esta propuesta. “Así como está, no va a salir”, resumieron.

La falta de coordinación generó un fuerte malestar entre los diputados que se habían puesto al frente de la discusión. Hasta el presidente de la Cámara, Martín Menem, tuvo que reunirse en persona con varios de ellos para “contenerlos”.

“El Presupuesto quedó viejo”, intentó explicar otro integrante del bloque, que atribuyó el traspié a que el texto había sido redactado antes de que comenzaran las negociaciones con los aliados.

Sin embargo, la misma fuente rescató que a pesar de las “desprolijidades” se terminó adelantando un paso. “Es mejor que esto explotó ahora porque simplifica la negociación, hubiera sido peor llegar a un dictamen de consenso y que después cuando lo viera Economía, lo diera de baja”, sintetizaron.

Por lo pronto, las negociaciones con los aliados volvieron a foja cero pero desde el oficialismo confían en poder llegar a un dictamen antes de fin de mes.

La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender las perforaciones, las instalaciones submarinas y el inicio de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental. La medida cautelar, dictada por la jueza Mariel Borruto, alcanza a las compañías Rockhopper y Navitas. En paralelo, Comodoro Py abrió una investigación sobre Desire Petroleum y el grupo Rockhopper.

En Infobae al Regreso, el abogado ambientalista Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, explicó la estrategia judicial impulsada junto al Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) y anticipó que buscarán avanzar sobre la estructura financiera que sostiene el proyecto.

El planteo combina cuestiones ambientales y de soberanía. “Presentamos esta acción de tutela ambiental, que junta las dos cosas: soberanía y ambiente”, explicó Viale al describir una presentación que, según señaló, fue preparada durante varios meses.

El proyecto Sea Lion tiene previsto comenzar a producir en 2028, con una capacidad estimada de entre 120.000 y 130.000 barriles diarios. El desarrollo contempla además la perforación de 23 pozos y la instalación de infraestructura submarina.

Para Viale, la escala del emprendimiento hace que la discusión no se limite a las compañías petroleras. “Las empresas petroleras no lo hacen solas, tienen bancos, aseguradoras, etcétera”, sostuvo. Desde esa perspectiva, la estrategia apunta a identificar a los distintos actores que intervienen en el esquema económico del proyecto. “Sin financiamiento no hay proyecto”, resumió.

La cautelar que frenó el avance de Sea Lion

La resolución de Borruto suspendió las tareas vinculadas con el desarrollo del proyecto hasta que exista una evaluación de impacto ambiental. Para Viale, esa decisión permite avanzar sobre el fondo de la controversia porque impide que las compañías continúen con las operaciones mientras se define si cumplen con las exigencias ambientales.

El abogado también defendió la competencia del Juzgado Federal de Río Grande y vinculó la presentación con la jurisdicción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según explicó, uno de los objetivos iniciales era obtener una declaración judicial sobre la legalidad de las operaciones.

“Lo primero que necesitábamos era esta declaración de ilegalidad”, afirmó. A su entender, la propia medida cautelar anticipa esa discusión al impedir que el proyecto avance sin una evaluación ambiental.

La presentación también busca que las empresas sean notificadas formalmente de la decisión y que pueda reconstruirse el entramado societario y financiero detrás de Sea Lion.

Embargos, bancos y mercados internacionales

El siguiente paso de la estrategia, según anticipó Viale, será avanzar sobre los activos vinculados con las compañías si se incumple la orden judicial. “Lo que nosotros estamos preparando es el camino de los embargos”, señaló.

El abogado explicó que una eventual ejecución de esas medidas debería contemplar que buena parte de la estructura empresarial se encuentra fuera de la Argentina. En ese sentido, destacó que la jueza dispuso la notificación de las empresas por vía postal, de acuerdo con los mecanismos previstos por la Convención de La Haya.

La estrategia también apunta a los mercados financieros. Rockhopper tiene presencia en Londres y Viale sostuvo que el planteo podría extenderse a otras plazas donde existan valores vinculados con las empresas. “Después nosotros vamos a pedir que se ordene a bolsas del mundo”, anticipó.

Según explicó, la intención es que las entidades financieras conozcan la existencia de la resolución argentina y puedan evaluar sus efectos sobre las operaciones relacionadas con el proyecto.

La organización, agregó, cuenta con cooperación internacional de entidades especializadas en rastrear estructuras societarias, accionistas y fuentes de financiamiento.

El rol de Navitas y la dimensión económica del proyecto

Durante la entrevista, Viale señaló que Navitas concentra el 65% de la participación vinculada con Sea Lion. También diferenció a la empresa del Estado de Israel, aunque sostuvo que existen vínculos entre algunos de sus ejecutivos y el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Más allá de esa discusión, el abogado puso el foco en la dimensión económica del emprendimiento. Según planteó, una explotación de la escala prevista para Sea Lion puede modificar la situación financiera de las islas y generar incentivos para profundizar su desarrollo hidrocarburífero.

“Haría que las islas por primera vez sean superavitarias. Hasta ahora son, entre comillas, deficitarias del Reino Unido”, afirmó.

Viale también señaló que la actividad petrolera no es el único frente que analizan. Mencionó permisos de pesca otorgados a empresas españolas y sostuvo que podrían impulsarse acciones judiciales similares sobre esa actividad.

El impacto ambiental y el antecedente de Mar del Plata

Uno de los principales argumentos de la presentación es el posible impacto de una explotación offshore sobre el ecosistema marino. Viale advirtió que un eventual derrame podría trascender el área específica de perforación y afectar tanto la pesca como distintos ecosistemas de la costa argentina.

“Un derrame como los hay en todos los offshore del mundo podría afectar incluso la costa argentina, la pesca argentina o los ecosistemas de la ballena franca austral”, sostuvo.

El abogado recordó además la experiencia de su organización contra un proyecto de exploración offshore frente a Mar del Plata, donde, según señaló, consiguieron una medida cautelar que mantuvo paralizado el desarrollo durante dos años.

Ese antecedente forma parte del marco desde el cual plantearon la acción contra Sea Lion, aunque en este caso la discusión incorpora desde el inicio la cuestión de soberanía junto con los argumentos ambientales.

Para Viale, el expediente también se inscribe en una discusión más amplia sobre la continuidad de los proyectos de combustibles fósiles. “El mundo tiene que salir de los combustibles fósiles y además está yendo para ahí”, sostuvo.

Mientras avanzan la causa de Río Grande y la investigación abierta en Comodoro Py, la estrategia judicial apunta ahora a determinar quiénes integran la estructura económica del proyecto y hasta dónde pueden extenderse las consecuencias de la cautelar sobre las empresas, sus activos y quienes participan de su financiamiento.

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