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El presidente Javier Milei realizó este jueves una cadena nacional en la que, entre otros puntos, anunció que incrementará el presupuesto del Ministerio de Defensa con el objetivo de construir una base naval en la provincia de Tierra del Fuego.

En el discurso de 16 minutos, el mandatario señaló que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia con el objetivo de ampliar los recursos de la cartera que encabeza Carlos Presto: “El fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”.

El anuncio no fue aislado. En el año 2024, Milei viajó a Ushuaia junto a la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Allí, el mandatario anticipó que la base funcionaría como un gran centro logístico capaz de dar servicio a cruceros y buques comerciales que operan en el Atlántico Sur, además de constituir el punto de apoyo más cercano a la Antártida. “Estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada. Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco. Esta obra nos permitirá desarrollar la economía local, brindar un servicio logístico que permita las reparaciones y apoyo a los cruceros de buques comerciales que operan en el Atlántico Sur”, afirmó el jefe de Estado en la capital fueguina.

El proyecto conjunto con Washington era, para Milei, parte de una reorientación más amplia de la política exterior argentina. En el acto en Aeroparque, donde se firmó un convenio con el gobierno estadounidense para la entrega de un avión Hércules C-130 valuado en 30 millones de dólares a la Fuerza Aérea Argentina, el Presidente aprovechó la presencia de Richardson para hacer un anuncio de mayor alcance. “Hoy enfrentamos la ardua tarea de revertir la decadencia y quiero aprovechar, a la vista de la general Richardson, para anunciar una nueva doctrina de política exterior para la Argentina”, sostuvo.

La alianza con Estados Unidos fue presentada por el mandatario como una declaración de intenciones frente al resto del mundo. “Con nosotros se inaugura una nueva época de las relaciones de Argentina con el mundo. Nuestra alianza con los Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración para el mundo de que, luego de décadas de discursos rimbombantes y pactos espurios, la Argentina ha decidido retomar el rol protagónico que nunca debió abandonar. Esta nueva política exterior nos permitirá promover la prosperidad económica de nuestros pueblos, requisito indispensable para garantizar la soberanía de nuestra patria”, afirmó.

Ese marco de política exterior también incluyó, en la cadena nacional, medidas concretas sobre las Islas Malvinas. Milei advirtió que desde hace 50 años las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras persiste la controversia de soberanía, incluida la explotación de sus recursos naturales. En ese contexto, señaló que el proyecto petrolero Sea Lion representa “algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió.

Para hacer frente a esa situación, el jefe de Estado anunció la firma de un decreto que busca agilizar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659 contra quienes participen de iniciativas de extracción petrolera en territorio argentino bajo ocupación británica. Las empresas involucradas en ese tipo de operaciones quedarán inhabilitadas para operar en suelo argentino.

Además del decreto, Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con carácter urgente. La iniciativa contempla dos ejes principales. El primero apunta a modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra compañías vinculadas a operaciones no autorizadas: los infractores no podrán contratar en territorio argentino, ya sea con el sector público o privado, y se prevé la aplicación del juicio en ausencia cuando corresponda.

El segundo eje crea el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo con facultades para articular de forma transversal a la Cancillería, el Ministerio de Defensa, los organismos de inteligencia y el área económica. “Le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional”, precisó el mandatario.

La empresa Gestión Compartida, del Grupo Clarín, adquirirá el 60% de Gestión de Préstamos y Cobranzas S.A. (Gestión), una compañía del Grupo ST, que permanecerá con el 40% restante de la firma.

El acuerdo apunta a ampliar la oferta de servicios de tercerización de procesos de negocio, automatización y gestión de operaciones para empresas argentinas. “Para competir, ganar productividad e incorporar tecnología, necesitan invertir y desarrollar nuevas capacidades. Acompañar ese recorrido es el sentido de esta alianza”, destacan desde las firmas.

No se informó el monto de la transacción ni otras condiciones del acuerdo. Sí trascendió que Gestión de Préstamos y Cobranzas S.A. continuará como una plataforma dedicada a servicios BPO —tercerización de procesos de negocio—, automatización y administración de procesos. La compañía se especializa desde 2015 en cobranzas, ventas, atención al cliente y soluciones BPO.

Según un comunicado, la asociación reunirá dos capacidades. Gestión Compartida aportará su experiencia en la administración, optimización y transformación de procesos empresariales. Grupo ST, en tanto, sumará su recorrido en negocios y soluciones para los sectores de servicios financieros, seguros y mercado de capitales.

“Por un lado, la experiencia de Gestión Compartida en la gestión, optimización y transformación de procesos empresariales. Por otro lado, la trayectoria de más de dos décadas de Grupo ST desarrollando negocios y soluciones, principalmente en los sectores de servicios financieros, seguros y mercado de capitales”, señalaron.

El objetivo del acuerdo

La propuesta de Gestión abarca además procesos de atención al cliente, back office, procesamiento de operaciones y administración de flujos de trabajo específicos para distintas industrias. El texto oficial indicó que la firma combina personas, tecnología y conocimiento especializado para diseñar, operar y modificar esos servicios de acuerdo con las necesidades de cada organización.

El acuerdo prevé fortalecer la oferta de Gestión y acelerar el desarrollo de soluciones para procesos empresariales. El objetivo declarado es que los clientes puedan operar con mayor agilidad, eficiencia y capacidad de escala.

El comunicado vincula la operación con una expectativa de crecimiento de las empresas argentinas y con la incorporación de tecnología en sus operaciones. También sostiene que la transformación de procesos figura entre los desafíos de las organizaciones.

“Acompañar el crecimiento del país implica impulsar empresas más competitivas, tecnológicas y preparadas para capturar nuevas oportunidades”, afirma el texto.

Las carteras de clientes

Entre los clientes de Gestión figuran Banco Macro, Gasnor y Jardín de Paz, de acuerdo con la información difundida. La compañía forma parte de Grupo ST hasta la concreción de la venta anunciada y mantendrá esa vinculación a través de la participación accionaria del 40% que conservará el grupo.

Por su parte, Gestión Compartida informa una trayectoria de 25 años, un equipo de más de 500 profesionales y procesos críticos administrados para más de 400 clientes de Argentina y la región.

Grupo ST, que mantendrá una participación minoritaria en Gestión, cuenta con más de 1.200 profesionales en sus distintas organizaciones, entre ellas BST, ST Securities, FIDaval, GSTCapital, Life Seguros, Orígenes Seguros de Retiro, MEGAQM y Directo.

El trasfondo de la alianza

El comunicado describió a Grupo ST como un “motor de oportunidades para los distintos sectores que integran la matriz económica local”, una definición que la compañía utiliza para explicar su rol dentro de la operación y su vínculo con el desarrollo del sector privado en el país.

Gestión Compartida, por su parte, define su oferta como un “conjunto de soluciones integrales de outsourcing, tecnología y seguros, orientadas a que las organizaciones optimicen sus procesos, mejoren su eficiencia y acompañen el crecimiento de sus operaciones”.

La compañía sostiene que la demanda de procesos tercerizados crece de la mano de la digitalización de las empresas, un fenómeno que las compañías identifican como parte de los desafíos que atraviesan hoy las organizaciones argentinas a la hora de ganar escala.

El gobierno argentino confirmó este jueves el respaldo formal de Chile a los derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, tras el encuentro que el presidente Javier Milei mantuvo con su par chileno, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile. La reunión, que se extendió por unos 40 minutos, fue la tercera bilateral entre ambos mandatarios en el año.

El punto sobre Malvinas quedó plasmado en un comunicado conjunto difundido por la Oficina del Presidente de la República Argentina. En ese documento, Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de Argentina sobre las islas y los espacios marítimos adyacentes, y ratificó la necesidad de que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones para encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros foros regionales y multilaterales.

Por su parte, Milei agradeció al presidente chileno, en nombre del gobierno argentino, el tradicional apoyo de Chile en la cuestión Malvinas. El mandatario expresó, además, que se valorarán los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro entre ambos presidentes se produjo en un contexto particular: horas después de esa bilateral, Milei grabó una cadena nacional vinculada precisamente a la cuestión Malvinas. La misma será transmitida a las 21.

El mandatario había llegado a Santiago luego de participar como expositor principal en el Foro de Madrid, un evento de la derecha latinoamericana celebrado en la capital chilena, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Si bien las temáticas abordadas durante la reunión se mantuvieron con hermetismo desde el lado argentino —la Casa Rosada y la Cancillería no dieron respuestas precisas cuando fueron consultadas—, el comunicado conjunto detalló los principales ejes de la agenda bilateral.

Además del respaldo en la cuestión Malvinas, el comunicado abarcó otros puntos sensibles de la relación entre ambos países. Uno de los más relevantes fue el reconocimiento conjunto de que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes está determinado por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que establecen la soberanía de Chile sobre la totalidad del estrecho.

Esta declaración se produjo después de que distintos funcionarios argentinos del área de defensa hubieran cuestionado ese alcance en los meses previos, lo que había generado reacciones en Chile: el día anterior a la reunión, Kast había afirmado en Punta Arenas que “Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes”.

El comunicado también incluyó el compromiso de Argentina de materializar “a la brevedad posible” la detención y extradición de Galvarino Apablaza, prófugo acusado del asesinato del entonces senador Jaime Guzmán y de haber participado en el secuestro de Cristián Edwards.

En el plano económico, los mandatarios destacaron los avances en el marco del Tratado de Integración y Complementación Minera, la complementariedad energética entre ambos países, y acordaron modernizar el funcionamiento de los pasos fronterizos. En materia de seguridad regional, reafirmaron su compromiso con el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional y acordaron profundizar la cooperación frente al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.

Finalmente, los mandatarios reafirmaron el compromiso de tratar todos los asuntos de interés común a través de los canales institucionales establecidos entre ambos gobiernos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha un sistema de perfiles de riesgo para reforzar los controles sobre las transferencias digitales en pos de identificar cuentas asociadas a maniobras fraudulentas y al juego ilegal.

La herramienta se elaborará con información pública y estará disponible para bancos y proveedores de cuentas de pago sin costo. La medida forma parte de la estrategia del BCRA contra el fraude en los pagos electrónicos. El organismo entregará información a los administradores de transferencias inmediatas, quienes deberán utilizarla para construir un perfil de riesgo de cada persona.

Ese indicador buscará aportar una visión adicional sobre posibles comportamientos inusuales. Luego, los administradores deberán distribuirlo de forma gratuita entre las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP).

Perfiles de riesgo

Los bancos y las billeteras virtuales podrán aplicar esos perfiles en tres instancias: el monitoreo de transferencias, el registro de nuevos clientes y las revisiones periódicas exigidas por las normas de “conozca a su cliente” (KYC, por sus siglas en inglés).

El comunicado aclara que la aplicación de la medida tendrá una implementación gradual. No precisa etapas, plazos adicionales ni qué datos públicos integrarán los perfiles de riesgo.

La iniciativa apunta a complementar los mecanismos que ya emplean los participantes del sistema nacional de pagos. Según el BCRA, la nueva herramienta permitirá una “visión sistémica” para enriquecer los modelos de análisis utilizados en la detección de maniobras sospechosas.

Identificar cuentas vinculadas con fraude o juego ilegal

Uno de los objetivos expresos de la medida es facilitar la detección temprana de cuentas que podrían utilizarse para trasladar fondos hacia otras relacionadas con actividades de juego ilegal.

Para ello, el sistema buscará reconocer “patrones transaccionales inusuales”, de acuerdo con el texto oficial. El perfil de riesgo no reemplazará los controles de cada banco o proveedor de pagos, sino que funcionará como una fuente adicional para sus procesos de monitoreo.

El BCRA sostuvo que el esquema se basará en un “tratamiento confidencial y responsable de la información”. La entidad plantea que la coordinación entre información, tecnología y los distintos actores del sistema de pagos permitirá fortalecer la seguridad de las operaciones y la confianza de los usuarios de transferencias electrónicas.

Qué hacer si una persona fue víctima de una estafa

Ante una operación no reconocida —como una transferencia, compra, retiro, préstamo o acceso no autorizado al homebanking, una aplicación bancaria o una billetera digital—, el primer paso es comunicarse de inmediato con la entidad involucrada. El usuario puede pedir el bloqueo de cuentas, tarjetas o accesos y debe dejar asentado un reclamo formal.

El Banco Central interviene como segunda instancia. Si el banco, la emisora de tarjeta o el proveedor financiero no resuelve el caso, o la respuesta resulta insatisfactoria, la persona afectada podrá iniciar un trámite gratuito ante el organismo.

Para hacerlo, deben haber pasado al menos 10 días hábiles desde el reclamo ante la entidad. Será necesario conservar el número de gestión, una copia de la presentación inicial, la respuesta recibida —si la hubiera—, imágenes del Documento Nacional de Identidad (DNI) y los comprobantes de las operaciones cuestionadas.

El reclamo se presenta en línea a través del formulario del BCRA. La persona debe identificar a la entidad, el canal afectado —como homebanking, tarjeta o billetera digital— y detallar las fechas, montos y características de los movimientos que considera fraudulentos. El manual también recomienda realizar una denuncia policial o judicial, según el caso y la jurisdicción.

Si el conflicto persiste, el BCRA puede derivar el expediente a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo.

La Municipalidad de Moreno realizará este viernes la apertura de sobres prevista para renovar la concesión en el servicio de transporte que se da en el municipio. Sin embargo, esto despertó una fuerte reacción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ante las exigencias que presentó la intendencia para quedarse con la licitación y el conflicto que se abre con la empresa que históricamente se encargó de brindar el servicio.

Todo comenzó el pasado 20 de julio, cuando la intendenta Mariel Fernández impulsó el proyecto para renovar el pliego de la licitación que estaba vencido desde el 2016 y que fue aprobado por el Concejo Deliberante. Según comunicó el municipio, la iniciativa que presentó la jefa comunal apuntaba a que el nuevo sistema de transporte entrara en vigencia en enero del 2027 y así se pueda reorganizar de forma integral el transporte para acompañar el crecimiento poblacional, mejorar la conectividad territorial y responder a las necesidades de movilidad de las familias.

De esta forma, se ponía fin a la monopolización que tiene la empresa Transportes La Perlita S.A.C.I.F., que históricamente está a cargo del sistema de colectivos que recorre todo el municipio del oeste del Conurbano.

El objetivo del municipio es que con el nuevo esquema se puedan incorporar nuevas empresas prestadoras, lo que ampliará la cobertura, generará recorridos más directos entre los barrios, los centros educativos, los espacios productivos y de salud.

El nuevo pliego divide el territorio de Moreno en tres zonas geográficas con concesiones por un plazo de 10 años. El diseño apunta a descentralizar la prestación y cubrir 125 barrios que hasta ahora no recibían atención suficiente. Cada postulante puede adjudicarse como máximo una sola área, lo que impide que un único operador retenga el control total de los recorridos comunales. Además, el pliego exige la conformación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) o Sociedades de Propósito Específico, con la condición de que la compañía que acredite experiencia operativa conserve al menos el 51% de las acciones y los derechos de voto durante toda la vigencia del contrato.

En cuanto a la distribución por zonas, la primera comprende 14 recorridos y deberá contar con 75 unidades. La segunda incluye 17 servicios regulares con 86 colectivos y 3 recorridos complementarios con 11 vehículos adicionales. La tercera contempla 11 servicios regulares con 82 unidades y 3 complementarios con 13 coches más, lo que lleva el total a 267 colectivos, frente a los 243 que actualmente financia la Provincia.

Además, entre algunas de las especificaciones técnicas que elaboró la Secretaría de Tránsito y Transporte, apuntan a un cronograma exigente de renovación del parque móvil. Las empresas adjudicatarias deberán iniciar el servicio con un 10% de unidades nuevas, alcanzar el 50% a los 180 días y completar la renovación del 100% de la flota en el mes 25 de operación. A los 90 días de la puesta en marcha, ningún vehículo en circulación podrá superar los cinco años de antigüedad.

En tanto, las unidades también deberán estar equipadas con cámaras de seguridad, sistemas de geolocalización y rampas de accesibilidad, y el municipio contará con monitoreo en tiempo real a través de GPS conectado a las dependencias comunales. Las sanciones por incumplimientos se calcularán mediante unidades de módulo equivalentes a 75 litros de nafta de mayor octanaje a precio de pizarra oficial.

La advertencia de la UTA

El gremio conducido por Roberto Fernández manifestó su preocupación ante la ausencia de cláusulas de preservación laboral explícitas en las condiciones licitatorias. A través de un comunicado, el gremio advirtió que la transición no debe dejar sujetos el empleo, la antigüedad ni los derechos adquiridos de más de 800 choferes y empleados de La Perlita a las decisiones de los futuros adjudicatarios. El sindicato reclamó que “la continuidad laboral debe estar garantizada antes de cualquier adjudicación” y alertó que, de no resolverse la situación, el municipio estaría generando un escenario de conflictividad que pondría en riesgo la paz social.

El punto central del conflicto es el artículo 41 del pliego, que establece que las empresas adjudicatarias deben contratar al personal que, a la fecha de inicio de la concesión, haya adquirido estabilidad laboral en las líneas municipales explotadas actualmente por La Perlita. Esa definición excluye a los contratados de forma temporal.

Según el texto licitatorio, el personal se distribuirá entre las nuevas operadoras en base a un coeficiente de 2,83 trabajadores por cada colectivo, lo que arroja un estimado de 755 empleados a transferir. La diferencia con la cifra que menciona la UTA implica que alrededor de 50 trabajadores podrían quedar fuera del nuevo esquema, aunque el resultado final dependerá del avance del proceso.

Las empresas protestaron frente al municipio y cuestionaron las condiciones del pliego

La tensión no quedó circunscripta al ámbito sindical. Representantes de la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) movilizaron unidades frente al edificio comunal para cuestionar las condiciones establecidas en la licitación. La protesta se desarrolló sin incidentes durante el mediodía de este miércoles, y los representantes del sector entregaron un petitorio con sus objeciones, aunque inicialmente las autoridades locales se negaron a recibirlo y finalmente lo aceptaron.

Víctor Pasquini, integrante de la CTPBA, calificó al pliego como “bastante pretencioso” frente a la situación económica que atraviesan las empresas. “Los costos no están reconocidos y las exigencias cada vez son mayores”, afirmó en declaraciones al Semanario Actualidad de Moreno. Pasquini señaló también que la exigencia de renovar el 100% de la flota en dos años va en sentido contrario a la decisión del gobierno bonaerense, que extendió de 10 a 13 años la vida útil permitida para los colectivos.

Desde el sector privado también expresaron sospechas de que las condiciones económicas del pliego, entre ellas el valor de 15 millones de pesos fijado para su compra, favorecerían a grupos de gran envergadura patrimonial y dejarían fuera de competencia a compañías de menor tamaño.

Otro punto de tensión es el diseño de los recorridos. Pasquini advirtió que algunos ramales que se busca incorporar interferirían con líneas provinciales en sus trazas actuales. A eso se suma el problema del subsidio: la Provincia financia actualmente 243 unidades y el nuevo esquema prevé 267, pero el gobierno bonaerense rechazó aumentar los recursos destinados al sistema y aclaró que no quiere sentar un precedente para que otros municipios hagan lo mismo. Esa diferencia impactaría directamente en los ingresos de las operadoras, dado que la masa de dinero disponible para compensar el servicio es la misma mientras la cantidad de unidades en circulación crece.