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Luego del 1,7% que marcó la inflación en agosto, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó que espera que en los próximos meses o durante 2027 el índice logre perforar el piso del 1% a 1,5% mensual. La previsión es mucho más optimista que las previsiones de mercado, que marcan estimaciones de inflación de 1,6% hasta febrero del año próximo.

El registro de agosto abrió una discusión sobre la continuidad de la desaceleración del nivel general de precios. El Gobierno celebró el dato de agosto porque se trató del dato más bajo de los últimos 14 meses y del menor nivel para ese mes desde 2017. La cifra quedó por debajo del 2,1% de julio y la información de referencia atribuyó buena parte de esa reducción a factores estacionales vinculados con las vacaciones de invierno.

En ese marco, Furiase sostuvo que el indicador dejó atrás el piso de 2% mensual y que se mueve en una franja de entre 1,5% y 2%. “Yo soy bastante más optimista, el año que viene y en los próximos meses podemos romper el piso. El del 2% ya se rompió; ahora estamos en la zona entre 1,5% y 2%, pero acá lo importante es la secuencia de la película”, afirmó en una entrevista con A24. La expectativa del funcionario se ubica por debajo de los números que proyectan los analistas privados para el último tramo de 2026 y los primeros meses de 2027.

El secretario de Finanzas señaló que la continuidad del orden fiscal y monetario resulta central para la evolución futura de los precios. “Hay que estar tranquilos, que manteniendo el orden fiscal y monetario, es cuestión de tiempo que la inflación va a converger a niveles internacionales”, expresó. Su planteo apunta a una baja adicional de la variación mensual, hasta perforar el 1%, una meta que no figura en las previsiones mensuales disponibles en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Furiase también describió un escenario externo condicionado por las tasas de interés de Estados Unidos y de otros países desarrollados, además del aumento del petróleo por la guerra en Medio Oriente. “Hoy está habiendo una crisis internacional muy importante; las tasas en Estados Unidos y en todos los países desarrollados están en máximos históricos, el petróleo está arriba de USD 108 el barril y eso obviamente tiene un impacto”, dijo.

El funcionario relacionó ese escenario con el superávit fiscal y el superávit comercial energético. Según afirmó, ambos resultados permiten atravesar un contexto internacional adverso desde una posición distinta a la de dos años atrás, cuando el país registraba déficit fiscal y déficit comercial energético. “¿Qué pasaría en Argentina si no tuviésemos superávit fiscal, que es lo que propone el presupuesto? Si no tuviésemos superávit comercial energético, estaríamos claramente patas para arriba si nos hubiera agarrado con déficit fiscal y déficit comercial energético como teníamos hace dos años”, sostuvo.

Diferencias en las proyecciones

Sin embargo, hay diferencias dentro del propio Gobierno respecto a qué sucederá con la inflación. Es que en el proyecto de presupuesto 2027 que se giró en las últimas horas a la Cámara de Diputados estableció una pauta de inflación de 29% para el cierre de 2026 y de 18% para 2027. La previsión oficial para este año quedó cerca de la expectativa que reflejó el REM para diciembre, aunque difiere de ella por un punto porcentual.

La mediana del REM del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectó una inflación mensual de 1,8% para septiembre. Para octubre, estimó 1,7%; para noviembre, 1,6%; y para diciembre, 1,8%. De este modo, los analistas consultados no prevén que el índice mensual baje de 1,6% durante el último cuatrimestre de 2026.

Las cifras disponibles para 2027 también se ubican por encima de la expectativa expresada por Furiase. La mediana del relevamiento previó una suba de 1,6% para enero y repitió ese porcentaje para febrero. La trayectoria esperada entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 se concentra, por lo tanto, en una banda de entre 1,6% y 1,8 por ciento.

El REM incluyó además una proyección de 21% para la inflación de los próximos 12 meses, según la mediana de las respuestas. Ese valor implicó una baja de 0,80 puntos porcentuales (p.p.) frente al relevamiento anterior. Para diciembre de 2026, la proyección interanual alcanzó 30%, con un aumento de 0,21 puntos porcentuales (p.p.) respecto de la encuesta previa. Ese 30% quedó un punto por encima del 29% que figura en el presupuesto.

Qué va a pasar en septiembre

Ahora la expectativa está en que va a pasar con la inflación en septiembre. Las previsiones privadas para el índice general se ubicaron entre 1,8% y 1,9%. Esa expectativa supera el 1,7% de agosto y mantiene la incógnita sobre la posibilidad de sostener la desaceleración que el Gobierno destacó tras el último registro.

Los alimentos y bebidas aparecen entre las variables que siguen las consultoras. LCG informó una suba semanal de 3% para ese rubro durante la segunda semana de septiembre. La firma señaló que los precios dieron “un salto importante” luego de varias semanas con variaciones marginales, negativas o nulas.

Según LCG, tres categorías explicaron casi toda la suba semanal. Los panificados registraron un aumento de 9,2% frente a la semana anterior. Las verduras avanzaron 6,2% y las carnes subieron 2,7%. La concentración de los incrementos en esos rubros explicó la variación de alimentos y bebidas que registró la consultora en la segunda semana de septiembre.

Analytica difundió un resultado diferente para el mismo período. La consultora midió una variación de 0,4% durante la segunda semana, después de un aumento de 0,8% en la primera. La diferencia entre ambos relevamientos se conoció mientras las estimaciones para el índice general de septiembre se mantenían entre 1,8% y 1,9 por ciento.

La decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de modificar el circuito que utilizaban las empresas para operar con cheques electrónicos a través del mercado de capitales generó una rápida reacción entre las pequeñas y medianas empresas. La Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó formalmente este miércoles la suspensión de la medida y referentes empresarios alertaron por su efecto sobre el capital de trabajo y los estrechos márgenes de rentabilidad.

El cuestionamiento surgió a partir de la Resolución General N° 1166/2026, que modificó una operatoria que permitía a las empresas depositar eCheqs directamente en una cuenta comitente a través de un agente de liquidación y compensación (Alyc), invertir esos fondos y utilizarlos posteriormente para realizar pagos.

El mecanismo comenzó a funcionar cuatro meses atrás y, según explicaron los empresarios consultados, se convirtió en una herramienta para administrar el capital de trabajo en un escenario de dificultades para acceder al crédito. Al evitar que los fondos pasaran necesariamente por una cuenta bancaria, las operaciones no quedaban alcanzadas por el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque.

El tributo aplica una alícuota de 0,6% sobre los créditos y otro 0,6% sobre los débitos, por lo que el ahorro podía alcanzar 1,2% del monto operado. Con la nueva disposición, los ingresos y egresos de las cuentas comitentes deben realizarse mediante transferencias bancarias.

La reacción de la UIA

La reacción de la industria se formalizó a través del Departamento PyMI y Desarrollo Regional de la UIA, que envió hoy una nota al presidente de la CNV, Roberto Silva, para plantear “la preocupación del sector industrial por los efectos de la Resolución General N° 1166/2026 sobre los circuitos de cobro y pago de las empresas”.

La entidad remarcó que la decisión llegó en un contexto de “estancamiento de la actividad productiva, caída del empleo, acceso al financiamiento caro y acotado para las empresas y desafíos de competitividad a nivel internacional”. “Sus consecuencias exceden el alcance de los objetivos planteados por la normativa incrementando el costo del capital de trabajo y, en consecuencia, deteriorando la competitividad de las compañías”, sostuvo la UIA en la carta.

Por lo tanto, la central fabril solicitó “suspender la medida” y señaló que continuará trabajando en espacios de diálogo con autoridades nacionales y subnacionales para reducir los impuestos que afectan la competitividad de las empresas frente a la apertura del mercado.

El impacto sobre los márgenes de las pymes

Eduardo Maradona, presidente de la Federación Gremial de Comercio e Industria de Santa Fe y miembro del Movimiento Nacional Pyme (Monapy), que reúne a más de 50.000 Pymes, explicó cómo funcionaba la herramienta.

“Nosotros podíamos depositar cheques y eCheq en Bolsa de Valores a través de un bróker de la Bolsa. Eso iba a un fondo de la Bolsa que generaba un rendimiento, y cuando cuando necesitabas el dinero, ellos te lo devolvían o te daban el cheque. Te evitabas pagar el impuesto”, explicó. Para Maradona, esa posibilidad representó una herramienta de trabajo y financiamiento. “Te ahorrás el cheque, el 1,2%”, señaló.

El empresario sostuvo que ese porcentaje adquiere mayor importancia por la caída de la rentabilidad. “Antes ajustábamos por inflación, ahora no lo podemos hacer. Aunque no vendieras, los errores te los corregía la inflación. Hoy los precios, al tener cierta estabilidad, hacen que estés muy justo”, afirmó. A ese escenario, sumó el incremento de tasas municipales, impuestos provinciales y servicios. Según señaló, los costos de agua, electricidad y gas subieron cerca de 700% y pasaron a tener una incidencia mucho mayor sobre las empresas.

“La rentabilidad cayó mucho”, aseguró. Y agregó sobre la modificación de la CNV: “Esto hace que te quede menos, cuando habíamos logrado tener un punto de rentabilidad”. Maradona también apuntó a las dificultades para conseguir financiamiento. Según afirmó, las pymes aportan el 45% del PBI pero reciben sólo el 2% del financiamiento y muchas tampoco califican para obtener crédito, mientras las tasas continúan en niveles elevados.

A su turno, Salvador Femenia, vocero de CAME, puso el foco en el costo fiscal y en la mayor carga administrativa que, según señaló, generará la nueva operatoria. El dirigente remarcó especialmente la incidencia del 1,2% sobre empresas con márgenes reducidos. “El perjuicio más grande es el tema de carga fiscal. 1,2% dentro de todos los costos que hay y márgenes pequeños que le quedaron a cualquier comerciante y empresa industrial es mucho. Mueve la aguja porque los márgenes son muy chicos”, afirmó.

Femenia también señaló que las pequeñas compañías tienen menos posibilidades de trasladar esos mayores costos a sus precios. “El pequeño industrial o comerciante que no tiene posición dominante en el mercado no puede trasladar los costos”, explicó. Según describió, las empresas están “muy justas” y cuentan con un margen bruto reducido para absorber toda su estructura de gastos. También señaló que comercios e industrias con una extensa trayectoria atraviesan dificultades y que algunas firmas debieron reducir sus planteles.

“Comercios o industrias que tuvieron mucho recorrido hoy la están pasando mal. Se tuvieron que desprender de gente que costó mucho tiempo y para la Pyme desprenderse de una persona es complicado”, afirmó.

Reclamos por impuestos y financiamiento

La controversia por la resolución de la CNV coincidió con otros planteos que la UIA realizó por la situación de las pequeñas y medianas empresas.

Durante la reunión mensual de su Junta Directiva de este martes, representantes de diferentes sectores y regiones expresaron preocupación por la falta de recuperación de la actividad, la caída del empleo y los costos que restan competitividad. La producción industrial registró en julio una caída interanual de 4,9% y 12 de los 16 sectores que integran el Índice de Producción Industrial retrocedieron frente al mismo mes del año anterior.

Al término del encuentro, la entidad informó que remitió a la Subsecretaría PyME un documento con propuestas para aliviar la situación, entre ellas la suspensión de embargos durante 180 días, la reducción de la tasa de financiación de ARCA para Pymes, el diferimiento de vencimientos de IVA para actividades estacionales y la postergación de contribuciones patronales para economías regionales.

El financiamiento ocupó un lugar central en esos reclamos. Según la UIA, la presión tributaria sobre la intermediación financiera eleva en promedio más de 18% el costo financiero del crédito productivo: una TNA de referencia de 35% pasa a un costo financiero total de 41,4%. La entidad señaló además que el crédito bancario representa sólo 12% del PBI en la Argentina, frente a un promedio regional cercano al 60%.

Cuando se están por cumplir 9 años del trágico hundimiento del ARA San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes y una repercusión mundial, Argentina podría volver a tener próximamente una flota de submarinos. El presidente Javier Milei autorizó la compra de tres unidades que podrían comenzar a fabricarse a mediados del 2027, si es que se llega a un acuerdo con las empresas que pujan por quedarse con el negocio.

El gasto está previsto en el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió el martes por la noche al Congreso y que incluye la autorización para que el Ministerio de Defensa, que conduce el teniente general Carlos Presti, tome un préstamo de hasta USD 2.300 millones destinado a la adquisición de estos sumergibles para la Base Naval Mar del Plata.

De acuerdo con lo que explicaron a Infobae fuentes oficiales, recientemente el funcionario recibió dos ofertas concretas por parte de firmas que construyen estos navíos, la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) y la francesa Naval Group.

Las conversaciones con estas compañías se intensificaron en el último tiempo, pero comenzaron hace ya varios meses, poco antes de que el propio mandatario nacional asegurara en una entrevista que tenía una buena relación con Emmanuel Macron y que uno de los temas que ambos tenían en agenda era este.

“Hay dos empresas que nos acercaron propuestas, con diferentes precios y sistemas de armas, pero lo más probable es que se opte por la francesa”, anticipó a este medio una persona cercana al ministro Presti.

La compra figura en la planilla anexa al artículo 42 del Presupuesto 2027, referida a las operaciones de crédito público. Allí se establece que el tipo de deuda será un “préstamo”, con un “plazo mínimo de amortización” de tres años y con destino específico para la “adquisición de tres submarinos convencionales”.

El texto no identifica la entidad que otorgará el dinero, aunque en su momento Infobae pudo saber que se estaba negociando con la administración de Macron para que intervenga y algún organismo internacional participe de la transacción.

Tampoco se detalla en el documento el modelo que se buscará incorporar, el país de origen de las embarcaciones ni el plazo previsto para la firma de un eventual contrato, o si las unidades serán construidas en el exterior o si parte del proceso tendrá participación de la industria nacional.

La autorización presupuestaria, de todas formas, representa un avance concreto en una negociación que el Gobierno mantiene desde hace meses para recuperar la capacidad submarina de la Armada. Hasta ahora, una de las principales alternativas que analizaban las autoridades era la compra de unidades a la compañía Naval Group.

La empresa europea ya había mantenido conversaciones con la Argentina durante la administración de Alberto Fernández, cuando se firmó una carta de intención para avanzar en la adquisición de varios de estos barcos. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las gestiones continuaron y se concentraron especialmente en la posibilidad de incorporar submarinos de la clase Scorpene.

Por su parte, la alemana TKMS postuló a su modelo 212, también convencional (de propulsión diésel-eléctrico), de quinta generación, pero con un sistema que le da la capacidad de operar bajo el agua sin necesidad de emerger o usar el tubo de snorkel durante semanas.

No obstante, aunque estudia la oferta y la decisión final todavía no se tomó y dependerá de diferentes factores, como el armamento y las Características específicas, además del precio y la forma de pago, el Ministerio de Defensa se estaría inclinando por el Scorpene.

Cómo es el submarino francés que se analiza y qué formas de financiamiento<b> </b>se ofrecieron<b> </b>

Se trata del mismo modelo que compró Brasil en el marco del programa PROSUB, a partir de un acuerdo firmado en 2008 con Naval Group. El país vecino ya recibió cuatro unidades convencionales y trabaja, además, en el desarrollo de un quinto que será de propulsión nuclear.

En noviembre de 2025, el director de Ventas para países estratégicos, Grecia, Brasil y Latinoamérica de esta firma, Laurent Mourre, explicó a este medio en qué estado se encontraban las conversaciones: “Lo que puedo confirmar es que el gobierno argentino quiere comprar submarinos”, afirmó entonces.

El Scorpene aparece como una de las opciones que más interés generó en la Casa Rosada y en las Fuerzas Armadas. Se trata de un submarino convencional diésel-eléctrico, diseñado para operaciones de vigilancia, control marítimo, inteligencia y defensa de zonas estratégicas.

La compañía francesa también ofrece paquetes que pueden incluir mantenimiento, sistemas eléctricos, armamento y entrenamiento. No solo ofrecen los buques, sino también el mantenimiento de los mismos, los sistemas eléctricos y equipamiento, e incluso el armamento.

En esta línea, cuenta con la capacidad de fabricar misiles MU90, que es el torpedo ligero más potente del mundo, capaz de neutralizar todo tipo de submarinos y que es utilizado por 12 países.

También vende el F21, un torpedo submarino inteligente, que es de largo alcance y, por su versatilidad, puede ser implementado para atacar objetivos de varios tamaños y funciona hasta en condiciones complejas.

Además, la empresa diseñó un sistema de defensa antitorpedo llamado SINGER, que está basado en el revolucionario principio de confusión/dilución. Esta contramedida genera cientos de objetivos falsos que se renuevan constante y aleatoriamente para saturar el procesamiento de datos de los torpedos más modernos y agotar su energía.

Sin embargo, la principal dificultad para la Argentina siempre fue el financiamiento. Cada unidad de este tipo puede superar los USD 700 millones, aunque el costo final depende de las características solicitadas, la incorporación de equipamiento adicional, los sistemas de armas y el lugar de construcción.

Mourre explicó que una eventual producción local requeriría inversiones significativas en infraestructura y formación de personal. Tandanor necesitaría adecuaciones para fabricar submarinos y un programa de ese tipo demandaría cerca de diez años hasta la entrega de la primera unidad.

La otra alternativa sería adquirir los buques construidos en Francia o negociar un esquema de fabricación parcial. En estos casos, la administración europea puede intervenir mediante garantías para créditos de exportación, un mecanismo habitual en contratos de defensa de gran escala.

“Las condiciones de la financiación no dependen de Naval Group, pero el Estado francés puede tener un papel relevante, porque puede dar una garantía”, había señalado el ejecutivo de la firma. También precisó que los bancos participantes suelen conocer tanto al fabricante como al país comprador.

El Presupuesto 2027 no confirma que Naval Group sea finalmente la empresa elegida. La planilla solo habilita el endeudamiento para avanzar con la compra de tres unidades convencionales, por un monto de hasta USD 2.300 millones y con destino a la Base Naval Mar del Plata.

La decisión se suma a otras partidas destinadas a la modernización militar. El Presupuesto prevé fondos para la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano y para obras de infraestructura destinadas a la llegada de una aeronave de caza multirrol a la VI Brigada Aérea de Tandil y al Área Material Río Cuarto.

El Ministerio de Defensa tendrá en 2027 un crédito de $5.234.410 millones, según el proyecto enviado al Congreso. Dentro de esa cifra, el Estado Mayor General de la Armada Argentina recibirá $1.305.942 millones, frente a los $1.052.448 millones contemplados para 2026.

La compra de submarinos requerirá todavía la aprobación del Presupuesto, la definición del financiamiento y la firma de los contratos correspondientes. Pero por primera vez desde el hundimiento del ARA San Juan, la recuperación de una flota submarina aparece incorporada de forma explícita en la planificación financiera del Estado.