El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, está relajado. Exhibe con orgullo que en solo cuatro meses de gestión envió 178 pliegos de nuevos jueces al Senado, un récord que nadie igualó en los últimos diez años. A pesar de la avanzada, que pretende colocar a sus candidatos en 3 de cada 10 cargos de la justicia federal, Mahiques se apura a aclarar que no pretende proteger las espaldas del presidente Javier Milei y su hermana Karina ante eventuales problemas judiciales.
“Nadie viene a blindar a nadie”, dice a LA NACION en su despacho del Ministerio de Justicia. Un escritorio repleto de papeles lo acompaña junto a un lapicero donde sobresale un muñeco violeta de Javier Milei con forma de birome. Tiene una cabeza desproporcionada y una motosierra amarilla que, cuando se activa, lanza consignas libertarias con una voz mecánica que emula al Presidente.
Mahiques se erige como el constructor del nuevo Poder Judicial para los Milei. Anticipa que analizan enviar una ley al Congreso para reducir el número de juzgados de Comodoro Py 2002 de 12 a 8, achicar la Cámara de Casación Penal de 13 a 9 integrantes y disminuir los cargos de camaristas en la justicia laboral, criminal y otras dependencias de la Justicia Nacional.
Ante las críticas que sostienen que los recientes nombramientos buscan conformar tribunales adictos al Gobierno, Mahiques rechaza la idea y asegura que las designaciones pretenden elegir a los candidatos más idóneos.
También destaca que Javier Milei podría convertirse en el mandatario que más magistrados nombró en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura.
Otra vez, y enojado, Mahiques rechaza de plano cualquier contacto o injerencia sobre las causas de la AFA. “No conozco a Claudio Tapia, no tengo ningún tipo de injerencia ni relación ni absolutamente nada con la AFA”, y argumenta que desde que asumió todos los avances en esos casos significaron un perjuicio para los imputados.
Con respecto a las vacantes en la Corte Suprema de Justicia y la designación del Procurador General de la Nación, Mahiques sostiene que los tiempos y los nombres de los candidatos dependen pura y exclusivamente del presidente Javier Milei, aunque elogia el funcionamiento del máximo tribunal con tres jueces.
—En la gestión de cuatro meses y medio envió la mitad de los pliegos para cubrir las vacantes pendientes. ¿Cuál es el objetivo? ¿La idea es terminarlo para fin de año o hacerlo antes?
—En estos cuatro meses enviamos al Senado 178 pliegos. Venimos cumpliendo a rajatabla la instrucción que me dio el Presidente y la Secretaría General de la Presidencia cuando asumí, que fue darle las herramientas a la justicia para que sea rápida, eficiente e independiente. La herramienta principal que había que darle era justamente saldar esa deuda y completar las vacantes que existen en el Poder Judicial y en los Ministerios Públicos. Vamos a seguir estudiando las ternas que nos envía el Consejo de la Magistratura; después dependerá de las fechas y audiencias que maneja el Senado, que ya no dependen de mí.
—¿Cuáles son las prioridades?
—Las prioridades que hablamos con el presidente desde el día uno fueron cubrir los juzgados de primera instancia y cámaras de todo el país. El nivel alarmante de vacancia que había, sobre todo en la justicia federal de las provincias, es tan catastrófico que tenemos, por ejemplo, a una jueza federal de La Pampa subrogando un juzgado en Tartagal, en zonas conflictivas por el narcotráfico y de frontera. Entonces, la prioridad son los juzgados de primera instancia y las cámaras.
_ ¿Y los tribunales de Comodoro Py 2002?
– Estamos analizando una posible reducción de los jueces de la Cámara Federal de Casación, que quede con menos lugares, y una reducción de los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py 2002, ya que 12 juzgados con 20 causas cada uno: es un despropósito. También reducir los cargos, que están vacantes, en la Cámara Laboral, de Casación Nacional o la Cámara del Crimen.
—Con esta cantidad de vacantes que se están cubriendo, ¿es inevitable pensar que en el criterio hay una idea de buscar una justicia más afín?
—No, el criterio es elegir a los que nosotros consideramos más idóneos y proponérselos al presidente para que los mande al Senado. No buscamos una justicia afín.
—¿Esos jueces tienen que tener una mirada acorde con la que tiene el Gobierno?
—No, no estudiamos cómo piensan o dejan de pensar. Nosotros vemos los antecedentes, el currículum y que no hayan tenido fallos contrarios a derecho. Proponemos a los que creemos que son los mejores, aunque para otra gente puedan entender que no lo son.
—Hubo controversia con respecto a la renovación de los acuerdos de algunos jueces. A su padre, Carlos Mahiques, se le extendió el mandato. También al juez Víctor Pesino, que falló a favor de la reforma laboral. Pero no al camarista Martín Irurzun. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué algunos sí y otros no?
—En primer lugar, proponer al Senado que se le den cinco años más a un magistrado es una facultad constitucional que tiene el presidente, sin obligación de dar fundamentos. En cada caso depende. El juez Pesino forma parte de una cámara con aproximadamente un 50% de vacancias, en un fuero destinado a pasar a la órbita de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La lógica indica que debemos darle cinco años más a un magistrado que ya se desempeña ahí y no generar una nueva vacante. Sobre el tema de mi padre, no fui yo quien mandó el pedido, fue la gestión anterior; pero integra una Cámara que por ley tiene trece miembros y actualmente hay nueve subrogándose entre ellos. Es ilógico llamar a un nuevo concurso y tardar años en cubrirlo. En cuanto a Irurzun, su cámara tenía a todos sus miembros y ya mandamos dos candidatos para integrar la sala uno; no veíamos la necesidad de renovarle por cinco años más.
— ¿El fallo a favor de la reforma laboral pesó en la renovación del cargo del juez Pesino?
—El trámite del expediente para renovar al doctor Pesino se originó mucho antes de que le tocara el expediente de la reforma laboral. Fue por circunstancias administrativas que coincidió en las fechas de envío al Senado, pero la voluntad de pedir un nuevo acuerdo se originó mucho tiempo antes.
—¿Cuál es la idea con la renovación de la Cámara Federal? En algún momento se hablaba de cambiar la impronta de la justicia federal.
—La Cámara Federal es sumamente relevante en términos institucionales por ser la alzada de los juzgados de Comodoro Py. Nosotros elevamos al Presidente la propuesta de enviar a los que consideramos los mejores dentro de lo que teníamos en las ternas, producto de concursos realizados por la gestión anterior en el año 2020 o 2021.
—Mi pregunta apunta a saber si se busca cambiar la Justicia Federal porque tiene una imagen negativa
—Nosotros queremos darle al Poder Judicial y al Ministerio Público las herramientas necesarias para que hagan un trabajo eficaz, eficiente, rápido y ágil. Esa es la forma de cambiar la imagen de la justicia.
—¿Tiene previsto el Gobierno enviar los pliegos para las vacantes que hay en la Corte Suprema durante este año?
—Eso es una decisión pura y exclusivamente del Presidente. Él ha sido claro en que no era prioridad. Habrá que ver si quiere mandar los nombres en este primer mandato o quedará para más adelante.
—¿Está incluida la propuesta del nombre del Procurador General en este paquete para cubrir las vacantes de la Corte? ¿Tiene vocación de ocupar ese cargo?
—Le digo lo mismo que respecto de la Corte: son nombramientos que va a decidir el Presidente. Cuando tome la decisión de cubrirlos, lo hablaremos, ya sea en este mandato o en el próximo. Hoy estoy dedicado 100% al Ministerio de Justicia.
—¿Qué perfil de juez o jueza para la Corte se piensa en el Gobierno?
—Los perfiles que él pueda llegar a buscar no los conozco. Obviamente, yo tengo algunos nombres en la cabeza, pero no es el momento todavía de hablarlo porque la decisión la tiene que tomar el Presidente.
—¿Qué evaluación están haciendo sobre el funcionamiento de la Corte con solo tres integrantes?
— Las estadísticas demuestran que están sacando más resoluciones incluso que cuando había cinco miembros. Está siendo por demás eficaz. Tenemos un diálogo institucional permanente y estamos muy satisfechos.
—¿Qué posición tienen con respecto a la reelección de los consejeros de la Magistratura?
—La verdad es que no tengo ninguna posición, no me corresponde a mí. La justicia está actuando; de hecho, se concedió una cautelar a uno de los peticionantes y el trámite seguirá su curso.
—¿Considera que en la Justicia Federal de Comodoro Py hubo un cambio real o solo de nombres en el sistema de lealtades que siempre se criticó?
—Un cambio de nombres todavía no hubo porque no llegaron los que nosotros propusimos. Creo que la renovación en algunos casos es sana, pero queda mucho por andar y cubrir.
—¿Qué influencia conservan los gobernadores sobre la elección de los jueces federales del interior y qué relación hay con los apoyos políticos en el Congreso?
—Cuando se manda un pliego al Senado, es lógico que los gobernadores y los senadores opinen, ya que son ellos quienes tienen que darle el acuerdo. Es una decisión que sale de mi esfera, pero la verdad es que el Senado está haciendo un trabajo que hay que reconocer. Si aprueban los nombramientos previstos, el presidente Milei va a ser el presidente que más magistrados nombró en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura.
—¿Y esto blinda al Gobierno ante eventuales problemas judiciales?
—No, para nada. Los jueces y fiscales son independientes. La historia ha demostrado que cuando tienen que actuar, actúan. Nadie busca blindar a nadie.
—¿Cuál es la idea del Gobierno sobre el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires y qué pasaría con el personal?
—Empezamos a cubrir los juzgados nacionales por la necesidad imperiosa ante el nivel de vacancias, pero nos comprometimos a no cubrir determinadas vacantes laborales para facilitar el traspaso. Es una deuda constitucional histórica y de a poco estamos poniendo las herramientas para solucionarlo. Ya firmamos convenios históricos para transferir delitos y la Justicia Nacional de Menores a la Ciudad. El tema de los recursos humanos lo van a tener que consensuar la Corte y los ministerios públicos; el Ministerio de Justicia está totalmente ajeno a eso, aunque sé que hay voluntad de varios empleados y magistrados de pasar a la órbita porteña.
—¿El Presidente o Karina Milei le pidieron observar las causas donde están siendo investigados? ¿Los asesora?
– En ningún momento. En ningún momento.
¿Se replica la interna del Gobierno entre Karina Milei y Santiago Caputo en el Poder Judicial?
—No, para nada. Nunca lo vi así. No es un problema. No sé de dónde lo han sacado, pero sí lo he leído. Pero no. Bueno, está demostrado en los hechos: la cantidad de reformas y de pliegos que han tenido un trámite totalmente aceitado demuestra que no hay ningún tipo de interna, ni de mi parte ni de nadie.
—Considerando que el FBI comenzó a tomar testimonios en Estados Unidos sobre operaciones financieras vinculadas a la AFA, ¿cómo evalúa el Gobierno esos avances internacionales en comparación con las causas locales?
—No hablo de causas en trámite y menos de jurisdicciones extranjeras. No conozco el tema ni las causas que tramitan acá en Argentina, por lo que no me corresponde opinar.
—A usted se le atribuye injerencia en las causas de la AFA por su relación anterior. ¿Sigue teniendo algún tipo de control o conversaciones?
—Me sorprende cómo sigo perdiendo tiempo de mi gestión contestando este tipo de preguntas. Lo vuelvo a repetir: no conozco a Claudio Tapia, no tengo ningún tipo de injerencia ni relación ni absolutamente nada con la AFA. Desde que llegué al ministerio, todas las causas avanzaron y todo lo que pasó judicialmente fue en perjuicio de los imputados: los indagaron, los procesaron y les prohibieron salir del país. Es cansador contestar siempre lo mismo, pero que quede claro que no tengo ningún vínculo.
—En los proyectos de ley vinculados con el RIGI se introdujo el reconocimiento de la jurisdicción extranjera para resolver conflictos. ¿Se debe a una desconfianza de los inversores en la justicia argentina?
—Es algo habitual en estas leyes. Hace poco estuve reunido con directivos de la International Chamber of Commerce (ICC) en Francia y me destacaron cómo había crecido la garantía de seguridad jurídica en la Argentina tras la llegada del presidente Milei.
—¿Cuándo arranca el sistema acusatorio en la Capital?
—Ya se implementó en 16 provincias. Ahora, en agosto, viene Misiones y en septiembre, La Plata, que es una zona compleja por el conurbano bonaerense. Para el año próximo quedan Entre Ríos, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
