En otro paso de la construcción de su candidatura presidencial, Axel Kicillof encabezó el lanzamiento de la vertiente de salud del Movimiento Derecho al Futuro y apuntó con dureza contra Javier Milei. “Este es un modelo que le dice al enfermo ‘jodete si no tenés plata’. Nosotros decimos jodete Milei. Al pueblo argentino se lo defiende”, levantó la voz con tono de campaña, más allá de que insiste en que este año no confirmará su postulación, en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata.
“Cuando dicen que la economía está creciendo se nota que no pisaron un hospital. Sólo crece en la imaginación de Milei, que está peleado con la realidad. No sirve un presidente que se la pasa dándole la espalda a la gente y a sus necesidades”, aseguró Kicillof en otro tramo, acompañado en el escenario por la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente platense Julio Alak, el ex ministro Daniel Gollán y referentes del área de la salud.
“Nuestra tarea es organizar una alternativa real y potente. Nos quieren convencer de que no hay otro camino. Que si es Milei será otro que siga en la misma senda. Tenemos una tradición, una historia, una Patria y un futuro con justicia social y para todos los argentinos”, arengó al final, y cerró: “Les vengo a pedir que salgamos a recorrer, a escuchar, a convocar. Que luchemos contra el individualismo, la resignación y la soledad para tener otro gobierno dentro de dos años”.
Antes de que hablara Kicillof, Alak había rechazado la “motosierra” para el área de la salud y las prestaciones por discapacidad, el corte del plan Remediar y la demora en la entrega de vacunas. También cuestionaron al Gobierno Alicia Stolkiner -especialista en salud mental- sindicalistas y Agustina Perrota, secretaria general de la Juventud Universitaria Peronista.
En el inicio del acto, el locutor nombró especialmente las presencias de integrantes del MDF de Entre Ríos, Córdoba, Salta, Tucumán, Catamarca, Corrientes, Tierra del Fuego y otras provincias, con el propósito de mostrar el incipiente armado territorial de cara a la disputa electoral del próximo año. Kicillof encabezó actos en la Ciudad y en Córdoba, como arranque de sus movimientos más allá del distrito en el que gobierna.
Roly Santacroce, actual intendente de la ciudad de Funes, en la provincia de Santa Fe, solicitó licencia por 17 días con el propósito de viajar a Estados Unidos para presenciar los partidos de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026. El funcionario argumentó el pedido de licencia en la necesidad de acompañar a la Scaloneta junto a un grupo de amigos, con quienes mantiene la tradición de asistir a cada cita mundialista desde hace varios años.
La historia de Rolvider “Roly” Santacroce está marcada por una larga trayectoria en la función pública local. Nacido en la provincia de Buenos Aires en 1967, se radicó en Funes hace más de treinta años. Su camino en la política comenzó en 2002.
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Antes de asumir la intendencia, se desempeñó dos veces como concejal, rol desde el que construyó su base de apoyo en la ciudad. En 2019, el voto popular lo llevó al cargo máximo del municipio y, tras finalizar ese primer mandato, fue reelegido en 2023.
Santacroce se identifica con el peronismo y trazó alianzas con el espacio Provincias Unidas, donde confluyen dirigentes y gobernadores del interior, entre ellos el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro.
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El jefe comunal no escondió en ningún momento las razones de su viaje. “Tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días”, explicó en diálogo con Cadena 3.
La edición de 2026 marcará su séptima presencia consecutiva en una Copa del Mundo: “A seis mundiales fui: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como todos los mundiales”, afirmó categórico. El itinerario incluye los tres partidos de Argentina en la Zona J: el primero, el 16 de junio ante Argelia en Kansas City; el segundo, el 22 de junio frente a Austria en Dallas; y el último, el 28 de junio contra Jordania nuevamente en Kansas City. De acuerdo con las fuentes consultadas, uno de sus amigos ya lo espera en territorio estadounidense.
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La licencia solicitada por Santacroce responde al reglamento municipal que exige autorización del Concejo para ausencias superiores a cinco días e involucra la delegación del mando al presidente del Concejo Deliberante, Carlos Olmedo. “Pido licencia, como hice cuatro años atrás, cuando fui a Qatar y también era intendente. Voy a la primera ronda, a los primeros tres partidos. Pido una licencia, como hago siempre”, explicó Santacroce. Durante ese período, será Olmedo quien ocupe el despacho principal del municipio.
La medida generó cuestionamientos en la política local, en particular desde la oposición, que señaló la oportunidad del viaje en un contexto económico adverso y con desafíos para la gestión municipal. Santacroce, lejos de evitar el tema, justificó su decisión con una frase que rápidamente se viralizó: “Son unos días nada más, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente. Trabajo mucho. No tuve vacaciones”, sostuvo.
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La relación de Santacroce con el fútbol trasciende el plano personal. En Funes residen figuras como Lionel Messi y Ángel Di María, quienes mantienen vínculos con la ciudad.
El intendente compartió en redes sociales imágenes junto a Messi, a quien declaró ciudadano ilustre de Funes y visitó en su domicilio de la localidad. “Tu humildad y tu grandeza nos hace muy bien a los argentinos. Gracias por darnos tanta felicidad y por ser ejemplo dentro y fuera de la cancha”, publicó el funcionario junto a una fotografía de sus hijos con el capitán de la Selección.
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El perfil de Santacroce se completa con su integración a distintos espacios políticos. Originalmente identificado con el Frente de Todos, el intendente recalculó su posición en los últimos años, alineándose con Provincias Unidas y generando acuerdos con referentes peronistas del interior. El mandatario de Funes sostiene que este tipo de viajes forman parte de sus costumbres y que el procedimiento institucional para delegar su cargo durante la ausencia está resuelto: “Es lo que corresponde”.
Mientras la ciudad continúa con su agenda local, Santacroce prepara su valija con la logística definida. El 16 de junio, con la bandera argentina en mano, se sumará a los hinchas que acompañarán al equipo en su debut mundialista. La licencia ya fue aprobada y el relevo está en marcha, según detallaron los medios nacionales.
La jornada del juicio contra Leonardo Airaldi y otros ocho imputados por comercio de drogas, continuó este jueves con dos declaraciones testimoniales: una exempleada del terrateniente en una cabaña en Las Cuevas, y un investigador de Prefectura que estuvo en los primeros años de la causa judicial.
Ana Beber trabajó durante 2022 en la cabaña para alquiler turístico a la vera del río en la zona donde Airaldi tiene la estancia El Mirador y la isla El Pillo. Contó cómo fue contratada por la expareja del acusado, Gisel Kravevitter, y trataba diariamente con quien era secretaria y hoy también está imputada en la causa, Soledad Touzet. Beber pasó a encargarse de la limpieza, la organización de horarios, el desayuno de los turistas y “todo lo que era el mantenimiento de las cabañas”.
“La cabaña está en la costa, sobre el río. Cuenta con tres portones automáticos, comedor, un parrillero afuera y una churrasquera, que se trae leña del campo, adentro el comedor, una habitación para unas seis personas que tenía tres cuchetas, y en la otra una cama de dos plazas. El baño, agua caliente, fría, termotanques, internet, televisor, DirecTv. Se podían alojar ocho personas. Tiene acceso al río”, describió la testigo.
Luego narró una situación extraña que le tocó vivir: un día que supuestamente no había nadie, ingresó a buscar unas cosas: “Cuando entro, veo que hay bolsos de ropa con botines de trabajo, guantes de goma, de varias personas. La llamo a Gisel en seguida y le informo eso, porque no se me había avisado que había gente en la cabaña. Me dijo que desconocía totalmente eso, que se iba a comunicar con Leo y Sole. Y después encerré en seguida, sacamos la tabla. Me dice Gisel que era gente que venía a trabajar al campo, nunca vi cómo ingresaron. Obviamente había otras llaves circulando”.
En esta línea, se refirió a los conocidos de Airaldi de Rosario que ya han sido nombrados en varias ocasiones durante el juicio: “Sole me cancelaba reservas, venían amigos de Rosario. Hacía reservas a familias, y al otro día me llamaba Sole para cancelar porque me decía que venía ‘Javi’”, a quien describió como “morocho, alto, era de Central porque venia con la camiseta de Rosario Central. Venía con amigos los fines de semana largo”.
“La última vez que fui a cobrar fue cuando Leo salió de la cárcel, porque decidí quedarme en casa con mi hija. Fue en septiembre porque me acuerdo que fui a cobrar a Diamante, me atiende Soledad afuera de la casa de Leo, baja a pagarme, y me dice “esto es un infierno, es un desastre, Leo y Gisel están empastillados, como que no la estaba pasando bien ahí. Sole no quería verlo y quería irse pero se sentía en la obligación de estar ahí hasta que se solucionara eso.”, recordó
“A Leo lo conozco desde 2012 porque vivía en ese entonces me había casado con Acosta, vivíamos en las Cuatro Bocas y Leo manejaba el tema de la comisaría flotante que habían inaugurado para el tema del cuatrerismo en la isla”, dijo la mujer, quien a su vez respondió negativamente cuando le preguntaron si se hablaba de Airaldi vinculado a droga y narcotráfico.
El exmarido de la testigo trabajó un par de meses como puestero en la isla El Pillo. En esa época trabajaba también como puestero, pero en otro sector, Diego “Pete” Torres, el hombre de Puerto Gaboto a quien la Policía le encontró casi 30 kilos de cocaína en su casa, que le adjudican a Airaldi su almacenamiento. Beber lo conoció en esas instancias: “Un hombre común, de campo, humilde. Vivía en Gaboto con su familia, creo que tenía ocho hijos, vivía con su señora”, recordó.
“Venía a comer con nosotros, yo cocinaba para todos. En ese entonces mis hijos no tenían clases, fue en enero, febrero de 2021”, dijo la mujer, y señaló episodios llamativos: “Salía mucho de noche con la lancha, porque lo llamaba Leo, tenía órdenes de Leo, le decía a mi marido ‘agarro la lancha porque tengo que salir’. Se iba a Gaboto”.
“Cuando lo detuvieron (a Airaldi) en julio de 2022, me enteré porque empecé a ver las noticias, la llamé a Gisel preguntándole si era cierto, y me cuenta que sí, que iba a ver cómo lo solucionaba, que no era cierto lo que decían los medios, que distorsionaban la situación, que me quedara tranquila si no quería estar más en la cabaña”, recordó.
A su vez, la mujer afirmó que nunca vio en la cabaña ninguna situación relacionada a drogas ni movimientos sospechosos, y narró otra situación: “Cuando Leo había salido de la cárcel me llama Sole y me dice van a ir dos familias en situación de calle, Leo se hizo amigo de los maridos, van a estar en la cabaña unos días hasta ubicarlos. Fueron dos mujeres con hijitos, Sole compró dos desayunos en el lugar, que se lo mandaban sus maridos”.
“Yo no tengo nada malo para decir de él -afirmó Beber-, no puedo decir que me trató mal, que me levantó la voz, nunca tuve una mala relación. Ni siquiera me tuteaba. Lo he visto tratando así a otras mujeres, educadamente, porque es educado”.
Consultada nuevamente por el tal Javi rosarino, la mujer amplió: “Lo recibía en la cabaña, habrán sido tres o cuatro veces. Un hombre joven, más o menos 43 años. Llegaba vestido deportivo, con cuatro o cinco amigos, a veces en un auto azul y otras veces en dos autos. Fue para fines de semana en el período que yo estuve. Fue un fin de semana largo que se canceló una de las reservas, en esa época, de mayo a septiembre de 2022”.
Además, contó que Torres se movilizaba en la zona en una lancha Elefant, de gran tamaño y alta velocidad: “No es habitual esas lanchas ni que los empleados las tengan, eran comodidades que daba Leo, porque era más rápido, es re lejos el puesto, en una lancha de esas estábamos en 25 o 30 minutos. No es lo que se pueda comprar uno, no es habitual que el puestero tenga la lancha del patrón. Canoa plástica es lo más común que hoy tiene un puestero, estaría en llegar una hora y media”, dijo y agregó: “Mi marido siempre estuvo conforme con Leonardo”.
En este sentido, también afirmó: “En el barrio donde yo estoy es donde Leo se crio. Estoy a media cuadra de su casa. Los vecinos lo conocen todos desde chiquito, la gente del barrio lo quiere. Hacen comparaciones con su hermano, que son diferentes, pero no comentarios malos”.
La semana pasada, Touzet declaró durante dos horas quebrada en llanto sobre la violencia que afirmó sufrir de parte de Airaldi. Al respecto, Beber dijo: “Lo de Sole me entero todo ahora, no sabía lo que pasaba en el trabajo. Después que Leo cayó preso la crucé fuera del supermercado en Diamante, estaba muy flaca, le empezó a sangrar la nariz, me contó lo que estaba viviendo, que tenía que pagar lo que le costaba el juicio, que renunció porque no la estaba pasando bien, porque estaba en un ambiente donde sufría violencia verbal, de Leo cuando discutían. Que estaba sola con su nena”.
Airaldi tomó la palabra y le preguntó a la testigo: “¿Vos lo escuchaste que yo llamaba a Torres?”, en relación a esos viajes nocturnos. “No, él decía eso”, dijo la mujer.
Luego, el imputado la interrogó sobre varias personas que usurpan campos y roban animales en Las Cuevas y Beber coincidió en algunos de esos nombres sobre esos hechos delictivos. Así como sobre personas de la zona de Las Cuevas que tienen o tenían lanchas como las de Airaldi que usaba Torres.
Los inicios de la investigación
Mauro Fernando Brumatti fue el segundo testigo del día. Es integrante de la Delegación Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina. Se dio una situación rara: el funcionario pidió declarar sin la presencia de los imputados, porque él vive en Diamante y no quería que supieran quién es debido al trabajo de investigador. Cuando estaban por disponer esta medida, el abogado defensor de Touzet, Nelson Schlotauer, dijo que no entendía la situación porque todos lo conocen a Brumatti por vivir en la ciudad, incluso uno de los acusados fue su compañero de trabajo en el hospital 9 de julio de Diamante. Finalmente, declaró sin restricciones para nadie.
La causa comenzó a instruirse en el año 2018 en el Juzgado Federal de Paraná, hasta que en 2021 la continuó la Policía de Entre Ríos. En esos primeros años, Brumatti realizó varias medidas y sobre eso fue interrogado, aunque se acordaba de pocas cosas.
“La causa fue iniciada por Prefectura, en la cual se tuvo participación en su momento por la Delegación de Inteligencia Criminal de Prefectura Paraná, trabajamos en conjunto con otras delegaciones como Santa Fe, Diamante, San Lorenzo, Paraná, por ahí en distintas causas se pide colaboración (…) Hace muchísimos años que fue esto, en este lapso de tiempo tanto yo como mis compañeros hemos tenido muchísimas investigaciones”, dijo el testigo, quien no recordaba si comenzó la pesquisa en 2018 o 2019.
“Una fuente humana brinda la información, no estoy 100% seguro, que se podría estar realizando comercialización de estupefacientes, no lo recuerdo bien. Siempre sucede que las personas que brindan información piden que no se revelen sus datos para no sufrir represalias. Uno como funcionario público debe cuidar el derecho que tiene la persona que no se revele su identidad”, agregó.
Ante las preguntas de la defensora de Airaldi, Mariana Barbitta, el testigo respondía con prieta síntesis:
¿A dónde se trasladó a investigar? “A la Zona de islas, Las Cuevas, Diamante”. ¿Quiénes hablaban en las escuchas telefónicas? “No lo recuerdo”. ¿Era gente de Diamante? “Sí”. ¿Quiénes eran? “Leonardo Airaldi y otras personas que no recuerdo. Solo se transcribe lo que uno considera que podría ser información de relevancia para la causa. De Airaldi transcribí, no recuerdo cuántas”. ¿Sabía quién era Airaldi? “Sí”. ¿Qué concepto le merecía? “Solo lo conocía de vista”. ¿Sabía a qué se dedicaba? “Sí. Vivimos en una ciudad chica y sabía que era productor agropecuario, ganadero. Lo conocía al hermano, Valentín”. ¿Sabe si Airaldi hizo donaciones a Prefectura? “Desconozco”.
¿Hablaron con personas en islas? ¿Todas eran fuentes humanas? “De la parte investigativa se entrevistaba con mucha gente de manera discreta, no andamos uniformados, sino que andamos de manera encubierta y se habló con muchísima gente”.
El testigo tampoco recordaba bien los puesteros de las islas que recorrieron en esa investigación, ni los buques que registraban, por ejemplo. En realidad, explicó que su desmemoria se debía a que las actividades de investigación realizadas en esta causa son las mismas que realizan diariamente para conocer los movimientos en el río Paraná, entonces le resultaba difícil especificar si lo que recordaba era de esta causa específica o por otra o por la tarea diaria de investigación.
Un dato que se conoció en la audiencia es que, en aquellos años, la Prefectura también sospechaba de un tal Javier Fernández: “Siempre se lo nombró como que posiblemente podría estar ligado al narcotráfico. Era de la ciudad de Diamante”.
Le preguntaron si estaría vinculado a una lancha como La Fiore II: “Sí. Hay información plasmada en la causa”. ¿Pudieron contactar con otras personas que hablaban de Javier Fernández? “Sí”. ¿Se investigó qué tipo de banderas tenían estas lanchas?, preguntó Barbitta. “Las lanchas no tienen banderas, sino que están registradas en el caso este en un REY (Registro Especial de Yates) y estaba a nombre de Javier F.”. ¿Se investigó si esta droga venía de alguna zona en particular? “Nunca se obtuvo una prueba concreta de esta hipótesis, que era que se descargaba estupefaciente de los barcos que venían en la Hidrovía desde Paraguay. Nunca se pudo obtener una prueba de esto”, reconoció.
¿Se lo mencionaba a Airaldi? “Sí. Se lo relacionaba que podía estar ligado al mismo método que utilizaría Fernández, que se descargaban estupefaciente de barcos y luego a las lanchas y después podía ir a Diamante o a la provincia de Santa Fe”. ¿La Fiore II qué tipo de lancha era? “Amarilla y blanca, un REY que es un yate con un motor que creo que era 90”.
Otra persona que también fue vinculada en ese tiempo a este tipo de actividades de narcotráfico por el río, era un tal Cristian J.: “Una persona de Diamante que se dedicaba a la comercialización de pescado y se lo encargaba igual que Airaldi y Javier F.”. ¿Se corroboró? “Nada”, respondió.
¿Escuchó algo de avionetas? “Por dichos de personas, sí. Que en la zona de Las Cuevas e islas se veían avionetas”. ¿Ustedes pudo ver avionetas? “Sí, pero no recuerdo si en esta causa o en otras”. ¿Le mencionaron el apellido Airaldi? “No lo recuerdo”. ¿Le mencionaron que había venta de drogas o narcotráfico? “No lo recuerdo”.
Sobre el bar Mandela cuyo dueño era Juan Andrés Erbes, imputado en el juicio, dijo: “Sí lo conozco porque nos conocemos todos en Diamante”. ¿Surge que en el bar se haya vendido droga?, preguntó el defensor Leopoldo Meresman: “No recuerdo si en esta investigación”, dijo Brumatti.
Otra pregunta se orientó hacia la ciudad donde vivía el puestero Diego Torres: ¿En puerto Gaboto era la posible llegada de mercadería y que en Las Cuevas también era vinculado a la mercadería ilícita?, le preguntaron. “Era la hipótesis que se manejaba”. ¿Recuerda que hayan labrado informes donde vinculaban a Diego Torres con Airaldi, inclusive acompañado vistas fotográficas con Torres manejando una lancha de Airaldi? “Sí. En tareas investigativas se lo pudo observar a Torres que era puestero en ese momento de la isla El Pillo, se acerco a una parte de la costa de Diamante y luego se levantó en una camioneta Toyota que era de Airaldi”.
También reconoció las vistas fotográficas sobre supuestas pistas de aterrizaje de Airaldi en su estancia y que en una ocasión observaron una avioneta blanca.
La imagen del expediente fue expuesta en el juicio durante el testimonio de Brumatti.
Barbitta preguntó si en los años 2018 y 2019 tuvo alguna injerencia en la investigación Néstor Roncaglia, actual ministro de Seguridad de Entre Ríos quien por entonces era jefe de la Policía Federal Argentina: “No, para nada, no lo conocía”, dijo Brumatti.
Airaldi también lo interrogó al testigo, quien le respondió en forma negativa si pudo corroborar que en algún campo o isla del acusado se bajaban estupefacientes, ni que lo hayan visto a él vender o trasladar drogas, ni tener avionetas.
Planteos
Antes de finalizar la audiencia de este jueves, Barbitta realizó varios planteos, principalmente insistiendo nuevamente en que lo saquen a Airaldi del régimen de Alto Perfil que lo mantiene confinado en el penal federal de Ezeiza: “Fue un pedido casi entre lágrimas de Arialid para que lo saquen de alto perfil porque es un espacio de detención bajo tortura, así ha sido calificado también por el propio Airaldi. Es ambiguo y desconocido el procedimiento por el cual el SFP quién ingresa o no, es oscuro y hermético porque ni el poder judicial ni la defensa podemos conocer esa información”, afirmó la abogada, quien tras analizar la resolución ministerial que creó ese ámbito carcelario pidió una “reevaluación” para poder sacarlo de allí.
La defensora también pidió, tal como lo solicitó Airaldi la semana pasada en su ampliación indagatoria, que el Tribunal y las partes se constituyan en el campo “para corroborar si había o no una pista, para tomar conciencia de las dimensiones, del espacio, para saber si en ese lugar puede o no bajar una avioneta, las medidas del terreno, las distancias las eventuales marcas, No alcanzan para Airladi ni las fotos ni los testigos”, dijo. El Tribunal ya lo había rechazado, pero lo analizará nuevamente y resolverá este viernes.
Por otro lado, Barbitta también solicitó la exclusión de un testigo de identidad reservada que fue convocado para la semana que viene, ofrecido por la defensa anterior. El fiscal general José Ignacio Candioti se opuso porque también era solicitado por la Fiscalía. El Tribunal confirmó la presencia del testigo para el martes.
Walter Barbará es uno de los 950 empleados afectados por el cierre por tiempo indeterminado de la planta “La China” de la empresa avícola Granja Tres Arroyos, situada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en medio de una crisis financiera y un conflicto sindical.
“A veces me encierro solo a llorar para que no me vean mis hijos“, contó a Futurock el obrero que trabaja desde hace 30 años en esa compañía.
Cómo impacta la crisis de Granja Tres Arroyos
“El problema con Granja empezó a fines del 2024 por el corte de subsidios que el dio el Gobierno a las empresas. Arrancó primero con la quita del 9% y parte del presentismo, de forma totalmente arbitraria. Hicimos manifestaciones para no perder eso y terminaron firmando ese preventivo de crisis que nos sacaron eso”, relató.
Y luego completó: “De ahí en más empezaron los problemas, atrasos, a pagar en dos cuotas, después en 3, 5 cuotas. Y ahora la propuesta de la empresa fue que no podía pagar y que iba a pagar en 10 cuotas. Y ahí fue donde la gente se cansó y dijo basta porque de hecho todas las cosas que ellos prometen jamás se cumplen”.
Además señaló que “básicamente les pagarían por día” y que “no sabe adónde quieren llegar porque al no pagarnos a nosotros tampoco hay producción porque la gente obviamente gratis no trabaja”.
Barbará precisó que en los últimos tiempos “se notaba un desabastecimiento de materia prima, no había insumos, empezaron a haber faltantes de todo eso”.
“A veces me encierro solo a llorar”
También manifestó que él está sacando plata de algunos ahorros para comer. “Hay compañeros que han terminado con meterse con las tarjetas de crédito porque no les alcanza el dinero”, puntualizó.
“Nos culpan a nosotros de un problema que no es nuestro. Es muy triste. Llegamos a matar 200 mil pollos por día y hoy en día están matando 140 mil. Bajó la producción”, detalló al cuestionar el comunicado de la empresa.
“Hace 30 años que estoy ahí. Es un trabajo muy duro. En total tengo 11 operaciones. Duele un montón después de tanto esfuerzo durante tantos años estar en esta situación. Es muy triste terminar de esta manera. Jamás en mi vida imaginé esto”, dijo angustiado.
“A veces me encierro solo a llorar para que no me vean mis hijos“, concluyó Barbará.
La actividad manufacturera volvió a mostrar señales de debilidad en abril. Según las estimaciones difundidas por la Unión Industrial Argentina (UIA), la producción industrial registró una caída interanual de 0,7% durante el cuarto mes del año y una baja de 0,4% frente a marzo en la medición desestacionalizada. El dato es un anticipo y forma parte de un informe de coyuntura elaborado por el Centro de Estudios de la entidad (CEU), que relevó indicadores de consumo de energía, producción sectorial y comercio exterior.
El documento sostuvo que “los primeros datos disponibles de abril indicaron mayoritariamente una baja respecto al mes anterior”. La UIA elaboró esa estimación a partir de datos de cámaras empresariales, organismos públicos y privados y consultas a referentes industriales.
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Entre los sectores con peores resultados apareció nuevamente la industria automotriz. La producción de autos cayó 3,9% mensual, afectada por una menor dinámica de ventas al mercado interno. El sector automotor también mostró un desempeño negativo en el acumulado del primer cuatrimestre frente al año anterior, con una caída de 18,6%, mientras quedó 12,1% por debajo de los niveles de 2022.
El informe también mostró una retracción en la demanda de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales. Ese indicador cayó 2,9% frente a marzo, aunque en la comparación acumulada del primer cuatrimestre mostró una mejora de 5,5% frente a 2025. Sin embargo, el consumo energético industrial todavía se ubicó 4,6% por debajo de 2022.
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La actividad vinculada a la construcción presentó resultados dispares. Los despachos de cemento registraron una baja mensual de 5,7%, mientras que el Índice Construya mostró una suba de 5% frente a marzo. Pese a ese rebote, ambos indicadores continuaron muy rezagados respecto de años anteriores. Los despachos de cemento quedaron 22,5% por debajo de 2022 y el Índice Construya acumuló una caída de 30,3% frente a ese mismo año.
En el segmento de alimentos y bebidas también aparecieron caídas durante abril. La producción láctea retrocedió 5,3% mensual, la faena vacuna cayó 4,5% y la producción de bebidas disminuyó 1,7%. La UIA incluyó esos datos entre los indicadores que reflejaron una desaceleración de la actividad industrial durante el cuarto mes del año.
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El patentamiento de maquinaria industrial mostró un comportamiento diferente. Ese indicador avanzó 5,6% mensual en abril, aunque acumuló una caída de 3,8% en el primer cuatrimestre frente al mismo período de 2025. La metalmecánica también registró una baja de 1,3% mensual y acumuló un retroceso de 6,2% en el año.
En el frente externo, el informe destacó una mejora en las exportaciones hacia Brasil. Las ventas al principal socio comercial de la Argentina crecieron 13,2% mensual, impulsadas por mayores exportaciones relacionadas con la cosecha y también por envíos del sector automotor. En cambio, la liquidación de divisas del complejo agroindustrial cayó 7,9% desestacionalizado frente a marzo, en gran parte por la elevada base de comparación del mes previo.
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Los buenos datos de marzo
Además de las estimaciones de abril, el documento de la UIA repasó los datos oficiales de marzo publicados por el Indec. Según el informe, la producción industrial registró en marzo una suba interanual de 5% respecto del mismo mes de 2025 y un crecimiento de 3,2% frente a febrero en términos desestacionalizados.
A pesar de esa mejora mensual, la actividad industrial acumuló una caída de 2,3% en el primer trimestre del año frente al mismo período de 2025. La UIA también señaló que el nivel general de producción quedó alrededor de 9% por debajo de 2022.
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El relevamiento mostró un comportamiento heterogéneo entre sectores. Diez de las dieciséis ramas industriales que integran el índice crecieron en comparación con marzo del año pasado y catorce mostraron mejoras frente a febrero.
Entre los sectores con mayores subas interanuales aparecieron la producción de sustancias y productos químicos, con un crecimiento de 15,9%; la refinación de petróleo, coque y combustible nuclear, con un avance de 13,5%; y madera, papel, edición e impresión, con una mejora de 12,8%.
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También crecieron la producción de vehículos automotores, carrocerías y autopartes, con un avance de 7,6%; los productos de metal, con una mejora de 9,2%; y los productos minerales no metálicos, con un incremento de 6,9%.
En contraste, varios rubros continuaron con caídas pronunciadas. La producción de productos textiles retrocedió 23,3% interanual en marzo y acumuló una baja de 27,1% en el primer trimestre. La fabricación de maquinaria y equipo cayó 11,3% interanual y acumuló un retroceso de 19,7% en el año.
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Las industrias metálicas básicas también registraron una caída de 10,1% interanual, mientras que prendas de vestir, cuero y calzado retrocedieron 8,9% frente a marzo de 2025.
La UIA diferenció además entre sectores que crecieron y ramas que continuaron afectadas por la caída de la demanda o por problemas de competitividad. Entre los sectores con mejor desempeño mencionó a las actividades vinculadas con la cosecha, la refinación de petróleo impulsada por el sector hidrocarburífero, algunos segmentos de alimentos y bebidas, la producción farmacéutica y la fabricación de motos.
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Según el informe, esos sectores recibieron impulso por una mayor facilidad para importar insumos, mejores ventas internas o una comparación estadística más favorable respecto del año anterior.
Los sectores con caída
En cambio, entre las ramas con caídas aparecieron los materiales para la construcción, el sector siderúrgico, la petroquímica, caucho y plástico y varios segmentos de consumo masivo. La entidad también incluyó en ese grupo a los sectores textil, confecciones y calzado, electrónicos, maquinaria y bebidas.
El documento sostuvo que varios de esos rubros enfrentaron una caída de la demanda final y una mayor competencia de importaciones.
Falta de competitividad, alta presión impositiva, falta de infraestructura, dificultades para acceder a mercados y mayores costosaparecen entre los principales cuellos de botella que hoy enfrenta la Argentina para transformar más maíz en proteína animal y crecer como exportador de carnes, huevos y alimentos con mayor valor agregado. Ese fue uno de los diagnósticos que dejaron las cadenas porcina, avícola, láctea y de huevos durante el Congreso Maizar 2026, en el Goldencenter.
En ese contexto, durante el debate también apareció una frase que resumió buena parte de la discusión sobre el modelo productivo local. “Nosotros deberíamos ser un país exportador de proteína animal y no de maíz”, sostuvo Juan Kútulas, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas e Industrializadores (Capia). Este año el país tiene una cosecha récord de maíz estimada por el sector privado en 68 millones de toneladas y en 70 millones por el Gobierno.
Del panel participaron Lisandro Culasso, vicepresidente de la Federación Porcina Argentina y director de Isowean SA; Francisco Santángelo, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) y titular de Soychú; Cristian Chiavassa, director del Grupo Chiavassa, y el propio Kútulas. La moderación estuvo a cargo de Sebastián Dates, gerente general de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA).
Santangelo, presidente de CEPA y titular de SoychúMaizar
En el encuentro los empresarios coincidieron en que la Argentina tiene disponibilidad de granos, escala productiva y conocimiento técnico para crecer mucho más en proteína animal, aunque remarcaron que persisten problemas estructurales que frenan inversiones y exportaciones.
En ese sentido, lamentaron que no se termine de aprovechar el potencial del maíz como base para generar más valor agregado dentro del país: el país es uno de los principales productores y exportadores mundiales del cereal, pero gran parte de esa producción sale sin transformar. “La Argentina debería estar desbordando de productos que dependan del maíz y de la soja para exportarlo al mundo y no lo estamos porque hay mucho impuesto y problema en logística”, remarcó Kútulas.
Uno de los mayores problemas en los que coincidieron los empresarios fue la presión impositiva. Chiavassa lo ejemplificó con el caso de la lechería y señaló que el sector exporta “más o menos un 7% del valor del producto de impuestos internos como ingresos brutos e impuesto al cheque”, sin contar reintegros a la exportación. Según advirtió, si esa situación no se corrige con reintegros, la Argentina termina trasladando impuestos a otros mercados. En la misma línea, Kútulas sostuvo que la producción de huevos enfrenta una cadena impositiva que termina afectando al exportador.
Lisandro Culasso, vicepresidente de la Federación Porcina Argentina y director de Isowean SAMaizar
También hubo advertencias sobre las dificultades que enfrenta la Argentina para competir con otros países exportadores. Santangelo puso como ejemplo el caso de Brasil y señaló que el país tiene costos laborales más altos y una mayor carga impositiva, con tributos como el impuesto al cheque e ingresos brutos que terminan encareciendo el movimiento interno de toda la industria. “Comparado contra Brasil tenemos un costo laboral más alto y en la parte impositiva el impuesto al cheque, ingresos brutos. Hay mucho impuesto en el movimiento interno que es un problema de todas las industrias”, sostuvo.
Otro de los puntos que plantearon fue la dificultad para colocar determinados subproductos en el exterior. Culasso explicó que en la cadena porcina gran parte del problema pasa por no poder exportar cortes o productos que en el mercado interno tienen poco consumo. “Hoy solamente el 40% de los cortes que se desarma valen más que el animal en pie. Con ese 40% se tiene que defender el precio y la ganancia. ¿Qué pasa con el resto del 60%? Acá no hay mercado y sí hay mercado en el sudeste asiático”, explicó. Según señaló, abrir esos destinos permitiría mejorar la competitividad general de la actividad. “Si nosotros pudiéramos exportar eso, de cierta forma se ubicaría el resto de los cortes y podemos bajar el precio y competir en el mundo”, agregó.
Juan Kútulas, presidente de CapiaMaizar
El acceso a mercados internacionales también ocupó buena parte del intercambio. Tanto Culasso como Santangelo remarcaron la importancia de China para las cadenas animales y señalaron que existen negociaciones demoradas por cuestiones políticas. “Está todo listo para la firma del protocolo [por menudencias], pero es una decisión política”, dijo Culasso. Santangelo coincidió y sostuvo que, tras la influenza aviar, todavía esperan una señal política para avanzar nuevamente con China.
Chiavassa, por su parte, señaló que la lechería necesita diversificar mercados. “Exportamos a 50 países pero tenemos gran foco en Brasil y Argelia. Necesitamos abrir el juego, no estar tan vulnerables a solo dos mercados”, indicó.
En avicultura, Santangelo planteó que el otro desafío que tienen a largo plazo es la renovación de granjas y el acceso al financiamiento para pequeños y medianos productores. “Las granjas son el gran desafío que tenemos. La financiación para modernizarlas y ampliarlas no es fácil, sobre todo para productores más chicos o de mayor edad, a quienes muchas veces les cuesta acceder al crédito. Es el gran desafío para el futuro”, afirmó.
En la misma línea resaltaron la necesidad de contar con más herramientas financieras para manejar la volatilidad del precio del maíz. Chiavassa consideró que una ley de warrant más accesible podría ayudar especialmente a empresas chicas. “Con una ley de warrant bien hecha y con un warrant bien gestionado, la verdad que sería fundamental para la empresa avícola pequeña sobre todo”, señaló. Según explicó, hoy ese instrumento existe, pero “es carísimo, no sale conveniente hacerlo”
La polémica se instaló en el municipio de Avellaneda, que gobierna el intendente peronista Jorge Ferraresi, tras la denuncia pública de un concejal de Pro que advirtió que el jefe comunal le entregó una vivienda de un plan gubernamental a un funcionario de su organigrama en la intendencia.
El edil Lucas Yacob difundió el caso de Patricio Gonzalo Pavón, subsecretario de Administración de Avellaneda, que accedió a una vivienda del plan Casa Propia-Construir Futuro, creado durante el paso de Ferraresi como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, durante el gobierno de Alberto Fernández.
El actual funcionario municipal resultó adjudicatario de una vivienda en la localidad de Piñeiro, en un predio que se ubica en las calles Catamarca y Entre Ríos, en un proceso que entregó un total de ocho unidades funcionales. El 6 de mayo de 2024, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó junto a Ferraresi de la entrega de la propiedad al subsecretario, que ejerce su cargo en la órbita de la Jefatura de Gabinete municipal, que conduce Magdalena Sierra, la esposa de Ferraresi.
Ferraresi, junto a Magdalena Sierra, su esposa y jefa de Gabinete
“La gente nos comenta que es imposible acceder a viviendas que entrega la municipalidad y que siempre viven funcionarios o militantes que hasta las suelen alquilar. Presentamos un pedido de informe en el Concejo Deliberante. Entregan viviendas a funcionarios y militantes, hacen actos políticos en edificios públicos y persiguen opositores. Manejan la ciudad como el patio de su casa. Patricio Pavón siempre fue secretario privado de Magdalena Sierra, y hace tiempo está nombrado subsecretario”, reprochó Yacob, en diálogo con LA NACION.
Fuentes confiables del distrito aclararon a LA NACION que “estas viviendas no se regalan, se cobran por mes”. Las mismas fuentes añadieron que se trató de un programa “segmentado para la clase media”, y puntualizaron: “Al trabajador municipal, se le descuenta del sueldo [la cuota de la vivienda]. Hubo un subprograma para trabajadores municipales. Cuando le adjudicaron la vivienda, él [por Pavón] era un trabajador más; hoy es funcionario”.
La adjudicación de la vivienda al funcionario municipal (y a otros empleados del municipio) fue observada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. En su informe del 9 de abril, en el que analizó las cuentas municipales del año 2024, el tribunal formuló observaciones sobre la entrega de las viviendas. Entre otras, indicó que se verificó “la aplicación de la Ordenanza N° 29.967 y nunca se mencionó la N° 29.561″. La primera de esas ordenanzas es la que se aprobó para ejecutar el programa nacional de viviendas en cuestión; con la segunda, se creó el programa Vivienda Única, que cuenta con un decreto complementario para el caso de los empleados municipales.
“Los fondos nacionales están destinados a beneficiar a la comunidad en general o a grupos específicos con necesidades habitacionales, pero no puede establecerse como beneficiarios el grupo de empleados municipales por sobre la comunidad general. Concluyó que en dicha ordenanza [29.561] no se establece que se puedan adjudicar las viviendas en forma directa ni tampoco a empleados municipales”, se concluyó en el informe del Tribunal de Cuentas, un organismo que controla los números de los 135 municipios y preside Federico Thea, un dirigente de extrema confianza de Kicillof.
Desde Avellaneda, indicaron a LA NACION que “las observaciones del Tribunal de Cuentas fueron resueltas” y no se aplicaron sanciones contra la intendencia.
Mauricio Macri llegó a la sede del PRO, en Balcarce 412, con una frase breve, ambigua y calculada. Consultado por el incipiente operativo clamor de un sector de su partido para que vuelva a competir por la Presidencia en 2027, respondió con una ironía: “¿Clamor? Para que cante de vuelta. Voy a volver a cantar“.
La definición, dicha antes de ingresar a una reunión con legisladores y dirigentes provinciales del PRO de todo el país, quedó como la señal política más fuerte de la jornada. El encuentro buscó ordenar al partido después de la derrota electoral de 2023 y del reacomodamiento interno que dejó a figuras centrales fuera de la estructura partidaria.
Macri encabezó la reunión junto al diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis. También participaron la vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La convocatoria apuntó a reflotar el Foro Federal de Legisladores Provinciales y a construir una mesa de coordinación legislativa nacional.
Una frase para 2027
La ironía de Macri se leyó en diálogo con el tablero electoral que el propio Javier Milei empezó a ordenar en público. El Presidente había afirmado en Radio Mitre que compite contra sí mismo en su intento de acceder a un segundo mandato. “Si nosotros hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección. Y si hacemos un gobierno que no merece ser reelecto, no seremos reelectos“, sostuvo.
Macri no confirmó una candidatura, pero tampoco cerró la puerta. La frase “voy a volver a cantar” condensó el clima que rodea al PRO desde que el expresidente retomó las giras políticas bajo el lema “Próximo Paso”, con actos en Vicente López, Mendoza y Santa Fe, y conversaciones con dirigentes radicales y peronistas de cara a 2027.
En los últimos 37 días, el exmandatario se reunió con los gobernadores Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Alfredo Cornejo, de Mendoza; y Martín Llaryora, de Córdoba. Salvo el encuentro con el mandatario peronista cordobés, Macri se trasladó a provincias gobernadas por radicales.
La reunión con Llaryora, que no se anunció y de la que no hubo foto, abrió interrogantes sobre una eventual construcción electoral con una pata peronista. En el entorno del expresidente sostienen que Macri “puede hablar con todos salvo el kirchnerismo, que es el enemigo”.
El PRO busca volver a tener estructura
El encuentro en la sede partidaria tuvo un objetivo operativo: recomponer la articulación nacional del PRO. La jornada empezó el miércoles a la noche con una cena de bienvenida para los dirigentes que llegaron a Buenos Aires, aunque sin la presencia de Macri. La reunión formal se extendió hasta el mediodía.
El Foro Federal de Legisladores Provinciales había sido presidido por el diputado rionegrino Juan Martín y se mantuvo activo hasta 2023. Ese año registró sus últimas publicaciones en redes, todavía con mensajes vinculados a Patricia Bullrich, entonces presidenta del PRO. La interna posterior a la derrota electoral desarticuló el espacio, en paralelo con la salida de Bullrich hacia La Libertad Avanza y el corrimiento de Horacio Rodríguez Larreta de la estructura partidaria.
Soledad Martínez planteó ante los legisladores que el partido debe llegar fortalecido al próximo turno electoral. “Independientemente de lo que suceda en términos electorales en 2027, el PRO tiene que llegar mucho más fortalecido como partido a ese momento, de lo que hemos llegado al proceso electoral de 2025″, sostuvo.
Durante la apertura también hablaron el dirigente santiagueño Facundo Pérez Carletti y la diputada bonaerense María Sotolano, quienes destacaron la necesidad de volver a generar espacios de coordinación política e intercambio entre legisladores y dirigentes de todo el país.
El PRO busca ordenar su armado
Macri hizo un análisis de la situación política nacional, de los desafíos de gestión y del rol del PRO en las provincias. También habló del “Próximo Paso”, la iniciativa con la que el partido busca reposicionarse de cara a 2027.
El planteo quedó ligado a una discusión más amplia sobre alianzas. Macri mantiene conversaciones con dirigentes de distintos espacios, mientras el PRO intenta recuperar volumen territorial y definir qué lugar ocupará frente a La Libertad Avanza.
Las definiciones electorales, según el esquema que transmiten en la sede de Balcarce 412, llegarán recién a fin de año, después del Mundial de Fútbol, y dependerán de la fortaleza o debilidad del Gobierno en ese momento.
Bullrich, Milei y el lugar del partido
Macri también fue consultado por Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de su gobierno, excandidata presidencial del PRO y actual senadora nacional por La Libertad Avanza. Su respuesta fue seca: “Ella está en La Libertad Avanza”.
La frase marcó una frontera política dentro de un partido que todavía discute su relación con el oficialismo. En Buenos Aires, los referentes encabezados por Cristian Ritondo apuestan a mantener la sociedad con La Libertad Avanza en el distrito más poblado del país. Otros sectores impulsan una identidad más diferenciada, con Macri como ordenador nacional.
Esa discusión convive con las críticas recientes del expresidente al Gobierno. Durante su participación en el Foro de Presidentes sobre Política y Democracia de la Universidad Austral, Macri reivindicó los liderazgos tecnocráticos, dijo que Milei se sentía un “profeta” y aseguró que el Gobierno “es intolerante” a la crítica.
La semana próxima, Macri tiene previsto viajar a Santa Fe, dentro de la gira “Próximo Paso”, donde se verá con el gobernador Maximiliano Pullaro. Hasta esa provincia también se trasladará el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El objetivo inmediato del PRO es tener candidatos propios en las 150 ciudades más grandes de Argentina para las elecciones de 2027, con una meta de 180 postulantes a intendente para cubrir más del 70% del electorado nacional.
“El cambio sea indestructible”
Antes de ingresar al encuentro, Macri también habló sobre la declaración de Sergio Schoklender en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos. El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo pidió ampliar su indagatoria y habló de un supuesto subsidio a la Universidad de las Madres para hacer denuncias contra el PRO.
Macri dijo que le daba “todo el crédito” a esas declaraciones. “Fueron años muy duros en la Ciudad y después en la Nación, con ese ejército de demolición trabajando para que el cambio no avanzara. Por suerte, el cambio volvió a avanzar a partir de 2023 y hay que lograr que, esta vez, sea indestructible, y que el populismo no lo pueda volver a parar”, sostuvo.
Consultado sobre si Milei enfrenta una situación similar a la que atravesó Cambiemos, respondió que el kirchnerismo está en una posición más débil. “Están mucho más débiles, están desarmados. La Justicia actuó en tiempo tal vez un poco largo, pero finalmente actuó y eso hace que no estén articulados. Están peleados. No es el mismo kirchnerismo del 2015 y del 2019″, afirmó.
La lectura de Macri colocó al kirchnerismo como adversario principal, pero también dejó entrever otra disputa: la del lugar que ocupará el PRO dentro o fuera del dispositivo libertario. La cumbre de Balcarce no resolvió esa tensión. La dejó condensada en una frase que no confirma candidatura, pero ya empezó a circular como señal interna.
A lo Bukele: Pullaro endurece su política para aislar a criminales peligrosos en complejos penitenciarios
En plena guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico, la provincia de Santa Fe avanza con su plan de endurecimiento penitenciario.
Ese proyecto tiene como puntapié la construcción de “El Infierno”, una nueva cárcel de máxima seguridad destinada a presos de alto perfil que funcionará dentro de la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero.
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El complejo, que demandó una inversión superior a los $143.000 millones, se espera que esté terminado en los próximos meses y alojará a más de 1.150 internos, entre ellos narcotraficantes, sicarios y detenidos considerados de extrema peligrosidad.
La obra se enmarca dentro del Plan Director de Infraestructura Penitenciaria impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro, que contempla ampliar la capacidad del sistema carcelario santafesino, descomprimir comisarías y reforzar los controles sobre los detenidos vinculados a organizaciones criminales.
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Según detalló el gobierno provincial, el nuevo penal contará con 1.152 celdas individuales distribuidas en cuatro módulos. Cada pabellón tendrá estructuras de hormigón premoldeado y estará diseñado para limitar al máximo el contacto entre los internos. El complejo incluirá además un edificio central de administración, doble muro perimetral de 1.800 metros de extensión y 10 metros de altura, circulación vehicular interna y pasarelas superiores para vigilancia.
También dispondrá de 24 torres de vigilancia, torreones cada 70 metros y una torre principal de 36 metros de altura con visión panorámica de 360 grados. El penal incorporará boxes individuales para visitas y comunicaciones mediante mamparas, sin contacto físico directo entre los presos y quienes ingresen al establecimiento.
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“El control efectivo de la población detenida es fundamental. Cuando más control hay de las cárceles, más control hay de las calles”, sostuvo Pullaro al referirse al proyecto.
El gobernador remarcó que la política de seguridad provincial no se limita al despliegue policial o tecnológico y vinculó la construcción de cárceles con la estrategia para reducir la violencia y desarticular bandas criminales.
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En ese sentido, explicó que cada detenido alojado en “El Infierno” permanecerá en una celda individual bajo supervisión permanente del Servicio Penitenciario y solo podrá compartir espacios comunes con grupos reducidos de hasta 12 personas cuando las autoridades lo dispongan.
El mandatario provincial indicó además que cerca de 500 presos considerados de mayor peligrosidad serán trasladados al nuevo complejo. Según precisó, se trata de 70 internos clasificados en el nivel 1, 176 del nivel 2 y casi 300 del nivel 3. “Esto nos permitirá seguir separando a los detenidos más violentos y conflictivos de la provincia para romper sus vínculos con el exterior”, afirmó.
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La construcción de “El Infierno” forma parte de una expansión más amplia del sistema penitenciario santafesino. En el mismo predio de Piñero también se levantan otras dos cárceles con capacidad aproximada para 1.950 detenidos cada una. Además, el plan oficial prevé la construcción de siete módulos adicionales en distintas unidades penitenciarias provinciales.
Entre las obras proyectadas figuran nuevas instalaciones en la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario, donde se construyen cuatro módulos con 160 celdas para alojar hasta 320 reclusos; la ampliación de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo, con espacio para 880 detenidos; y trabajos de infraestructura en las cárceles de Las Flores, Coronda y Santa Felicia.
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En Coronda, por ejemplo, se ejecuta la construcción de cuatro pabellones de aislamiento con 18 celdas cada uno, mientras que en Santa Felicia se levantarán pabellones específicos para ofensores sexuales.
Por la construcción de este penal de máxima seguridad, las requisas que se realizan semanalmente en el Penal de Piñero y otras medidas adoptadas como el aislamiento de líderes criminales, al gobernador se lo ha comparado públicamente con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
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El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, definió la obra de Piñero como “un punto de inflexión en la arquitectura penitenciaria moderna” y sostuvo que no encontraron antecedentes similares en la región. “En unos años otras provincias y países podrían tomar esta infraestructura como referencia, porque el fenómeno de los presos de alto perfil es un problema extendido en América Latina”, señaló.
El funcionario agregó que Santa Fe impulsa “un nuevo paradigma penitenciario” preparado no solo para impedir fugas, sino también para resistir ataques externos y enfrentar amenazas complejas vinculadas al crimen organizado.
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Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que el complejo fue diseñado específicamente para responder a los niveles de violencia registrados en la provincia. Según sostuvo, el objetivo central es evitar que los líderes criminales continúen organizando delitos desde el interior de las cárceles.
“El establecimiento fue concebido a medida de los problemas de violencia que atravesó la provincia”, indicó la funcionaria al describir el sistema de aislamiento y control previsto para los internos de alto perfil.
El secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, señaló que varias empresas trabajan de manera simultánea en la construcción del penal para acelerar los plazos de ejecución. Según explicó, la coordinación técnica representa uno de los principales desafíos de la obra debido a la necesidad de unificar materiales y sistemas en todos los pabellones.
El Gobierno santafesino sostuvo que el plan penitenciario permitirá incorporar unas 2.460 celdas nuevas en toda la provincia, con capacidad para alojar a 3.632 reclusos en una superficie cubierta de más de 92.000 metros cuadrados.
Cambios en el Código Procesal Penal y facultades policiales
Recientemente, el gobierno envió a la legislatura local once reformas al Código Procesal Penal y leyes relacionadas con el sistema de seguridad. Entre los puntos más relevantes se encuentra la habilitación del juicio penal en ausencia, la aceleración de los procesos judiciales y el endurecimiento de los regímenes penitenciarios para internos de alto perfil. Se prevé, además, un aislamiento especial para estos internos, con el objetivo de limitar su capacidad de operar desde prisión.
El plan otorga nuevas atribuciones de investigación tanto a la Policía como al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Esto se traduce en la posibilidad de realizar interrogatorios policiales en los primeros tramos de la investigación, eliminando la obligatoriedad de la presencia del defensor en la declaración inicial del imputado. También se contempla que los fiscales puedan ordenar la inactivación inmediata de propiedades usadas para el microtráfico u otros delitos, en casos de “extrema obviedad”, sin requerir la intervención judicial previa.
Quienes se preguntan por qué Santa Fe promueve estas reformas deben saber que el objetivo es dotar a las autoridades de herramientas ágiles y efectivas para frenar la violencia y desarticular bandas criminales. El enfoque del gobierno provincial destaca la necesidad de mayor poder policial, procedimientos judiciales más veloces y un control penitenciario más estricto.
Empezó el control de prueba colectada en el marco de la investigación por la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura. Así estaba previsto para este jueves, según había adelantado la jueza de Garantías, Marina Barbagelata. Se mencionaron numerosas personas para llamar a declarar, pero resaltaron los nombres del ex vicegobernador, Adán Bahl; los ex senadores nacionales Sigrid Kuntah y Pedro Guastavino; el ex presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas; los ex secretarios de las dos cámaras legislativas, Natalio Gerdau y Nicolás Piernini; el ex contador General de la provincia, Aurelio Miraglio; la contadora Adjunta del Gobierno, Claudia Kelly; y el actual contador General de la provincia, Rodrigo Andrés Zabala.
Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, encargados de la investigación, enumeraron actas de allanamientos, secuestros y requisas de distintas personas, inmuebles y vehículos, además de informes telefónicos, redes sociales y elementos informáticos. De este modo, se ordenaron testimoniales de numerosos oficiales de policía, peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal, delegados judiciales, funcionarios empresariales, dirigentes políticos, funcionarios legislativos y testigos civiles, entre otros. En algunos casos puntuales, las defensas hicieron reservas o advirtieron que, determinada evidencia, se encuentra controvertida a la espera de resoluciones judiciales en instancias superiores.
Entre los testigos que se citarán en un futuro juicio, se mencionó a:
Blanca Ramírez;
Cinthia Criscione Londero;
Clarisa Aiello;
Fernando Ariel Villaverde;
Fabián Edgardo Candapay;
Constanza Bessa;
Fernando Ferrari (ingeniero del Gabinete de Informática del MPF);
Diego Alberto Almada;
Héctor Rubén Aguiar;
Martín Pablo;
Juan Eduardo Lederhos;
Sofía Patat;
Alejandro Vitas (Gerente de Asuntos Legales del Banco de Entre Ríos);
Sigrid Kunath (ex senadora nacional 2013-2019);
Pedro Guastavino (ex senador nacional 2007-20199;
Federico Tomas (ex presidente interino del Tribunal de Cuentas 2016-2020);
Natalio Gerdau (ex secretario de la Cámara de Senadores de Entre Ríos 2015-2020);
Nicolás Piernini (ex secretario de la Cámara de Diputados de la provincia 2011-2019);
Zulma Argañaráz;
Walter Gabriel González;
María del Huerto Felgueres;
Fernando Villaverde;
Mariela Romero;
María Florencia Baigorria;
María de las Mercedes Nin; Eduardo Martín Tórtul;
Carlos De Angeli (Escribano);
Aurelio Miraglio (ex contador General de la provincia 2011-2023);
Claudia Kelly (miembro de la Contaduría General de Entre Ríos);
Rodrigo Andrés Zabala (Contador General de Entre Ríos);
León Albornoz (jefe de Asuntos Legales de Enersa);
Consuelo Vigo (apoderada de la empresa Pilay);
Roberto Oscar Actis (jefe de División Jurídica de la Regional Paraná de AFIP –actualmente ARCA);
Adán Bahl (ex Vicegobernador 2015-2019).
(NdR: por decisión editorial, no se nombraron testigos civiles. Sí a quienes son policías, delegados judiciales, tienen algún cargo jerárquico o función en la administración pública o empresarial).
Durante la jornada se llegó a ofrecer la mitad de la evidencia documental y testimonial. La audiencia de remisión a juicio del legajo continuará este viernes. Está previsto que se avance con el resto de la prueba que guardan los fiscales para sostener las acusaciones.
Investigan una asociación ilícita
En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Todos constituyeron, según la hipótesis de la acusación pública, una asociación ilícita. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
La instancia de elevación a juicio comenzó en abril pasado y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
