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El pasado 23 de abril de 2026, un jurado en Nueva York resolvió un histórico caso de falsificación y derechos de autor que se extendió por casi una década: las obras de Robert Indiana. La Justicia obligó al editor de arte Michael McKenzie a pagar USD 102,2 millones por daños a la Morgan Art Foundation.

El veredicto incluye piezas icónicas como la serie LOVE, símbolo reconocido internacionalmente, y representa una decisión clave para la protección del legado del artista, según ARTnews.

La disputa por las obras de Robert Indiana se decidió luego de ocho años de litigio. El tribunal determinó que Michael McKenzie infringió los derechos de autor de la Morgan Art Foundation al producir y vender obras no autorizadas, incluyendo esculturas y grabados de LOVE, BRAT, The Ninth American Dream y USA FUN.

El juicio comenzó poco antes de la muerte de Indiana en 2018 y abordó el impacto que las obras falsas tuvieron tanto en el mercado como en la reputación del artista.

El jurado validó los cálculos de la Morgan Art Foundation, atribuyendo las pérdidas a McKenzie y apoyando su derecho sobre las piezas en cuestión. La abogada de McKenzie, Nicole Brenecki, anunció que apelarán la sentencia y sostuvo en la corte: “Lo que ellos buscaban proteger era su dinero”.

Durante el proceso, el jurado escuchó testimonios y examinó pruebas sobre la magnitud de la producción y venta de obras no autorizadas. Morgan Art Foundation argumentó que Michael McKenzie y su empresa, American Image Art, llegaron a mover alrededor de 2.500 piezas de Indiana antes de una inspección judicial, lo que llevó a sanciones por parte del tribunal.

El abogado de la fundación, Luke Nikas, aseguró al medio citado que la decisión del jurado “restaura la confianza en el mercado de Robert Indiana” y subraya la protección de la integridad de su legado.

Por su parte, la defensa de McKenzie sostuvo ante medios estadounidenses que las obras se trasladaron para resguardarlas en mejores condiciones y negó cualquier falsificación, afirmando que los métodos de producción contaban con la autorización previa del artista.

Repercusiones para el legado de Robert Indiana

El prolongado proceso judicial ha generado consecuencias significativas en la gestión del legado del creador. Tras el litigio, la Star of Hope Foundation —fundada por Indiana en Maine— y la Morgan Art Foundation acordaron transformar la residencia del artista en un espacio de arte abierto al público.

En 2024, Pace Gallery asumió la representación global de la Robert Indiana Legacy Initiative, creada en 2022 por el galerista Simon Salama-Caro, que funge como la principal responsable de preservar los archivos y la obra del artista. ARTnews informó que la iniciativa se posiciona como referente en la conservación y promoción del legado de Indiana.

La resolución judicial también impactó en los intereses económicos vinculados a la obra de Indiana. La Star of Hope Foundation, principal depositaria del patrimonio artístico tras la muerte del creador, percibe regalías por las ventas legítimas gestionadas por la fundación Morgan, consolidando un modelo de colaboración y apertura pública en torno a su legado.

El caso evidenció disputas internas en los últimos años de vida del artista. Al comienzo del litigio, la Morgan Art Foundation demandó también al albacea James W. Brannan y al cuidador Jamie Thomas, argumentando que aislaron a Indiana para beneficiar la comercialización de piezas no autorizadas.

En 2021, ambas partes firmaron un acuerdo, y en 2022, se abonó más de USD 2 millones al estado de Maine tras objeciones acerca de los honorarios legales del patrimonio.

El medio destacó que, tras finalizar el juicio, la administración y visibilidad de la obra de Indiana se encuentran en un escenario más vigilado, enfocado en resguardar la integridad artística y el control del mercado.

En los últimos años, la fragilidad y el aislamiento de Robert Indiana fueron elementos señalados en la corte, revelando la complejidad que puede implicar la defensa del legado de figuras icónicas.

En una entrevista durante el debate en Infobae al Regreso, la economista Anastasia Daicich advirtió que la crisis de los “deudores zombies” en Argentina refleja la combinación de caída del salario real, restricciones crediticias y tasas de interés que no acompañaron la inflación.

En el intercambio con el equipo, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Daicich explicó: “Lo que está teniendo la familia es un problema de solvencia y ese, ese problema de solvencia sí, claramente es estructural y por eso, aun refinanciando los bancos o tomando una nueva deuda para pagar, estás en una encerrona en el cual no podés salir”.

La explosión de la morosidad y el ciclo de exclusión financiera

Según el informe presentado en el programa, la situación de mora es la más grave de los últimos 25 años en Argentina. Matías Barbería detalló que “deudores zombis es un apodo que tiene que ver con los que dejan de pagar algún préstamo, estando en la base de la pirámide y en base a eso se quedan afuera por varios años de la posibilidad de tener crédito”.

El especialista subrayó que, de acuerdo a los sistemas de scoring y buró de crédito, quienes caen en mora pueden quedar excluidos del sistema financiero entre tres y cinco años.

Daicich aportó que “una vez que uno sale del sistema en este tipo de… con el scoring que te hace tanto una fintech como un banco, uno tarda mucho tiempo en volver al sistema”.

Remarcó que, para las familias que hoy quedan fuera del circuito, “no es una elección: lo que está teniendo la familia es un problema de solvencia” y advirtió que la mayor parte de la deuda en mora corresponde a montos pequeños pero extendidos en miles de personas.

Gonzalo Aziz precisó que “el 11% de la mora está en el sistema bancario y en el sistema no bancario está en el 30. Es dato objetivo”. Mica Mendelevich puntualizó que “estamos hablando de deudas bajas”, a lo que Daicich respondió: “La mayor parte, este, de trabajo lo hizo el Centro de Estudios Económicos de el Banco Provincia, con tres meses de atraso. Estaba calculando, hasta el 70% estaban en créditos de abajo del millón y medio. Es muy micro, es muy micro. Son mucha gente”.

Factores que empujan la crisis: caída del ingreso y política monetaria

Daicich atribuyó el aumento de la morosidad a la combinación de pérdida del poder adquisitivo y cambios en la política monetaria: “Desde 2024 hubo una caída del salario real importante, que aún el día de hoy, sobre todo en algunos trabajadores formales, en el caso de los trabajadores del sector público, se nota que no han recuperado todavía los niveles de noviembre del 2023”.

“El problema es que se conjugó esa cultura que veníamos teniendo, pero con tasas que no fueron a la baja del mismo modo que la inflación fue bajando, pero sí tuviste una caída importante del salario real”, detalló.

El resultado es una “bola de nieve” de deuda donde muchas familias piden créditos para pagar otros créditos y quedan atrapadas en un ciclo sin salida. Barbería añadió que “todas las condiciones se combinaron. No hay un responsable que: ‘Che, tomaste mal el crédito, diste demasiado crédito’. Fueron todas las condiciones que se combinaron. Y como dice ella, sin una mejora en el ingreso, y yo agrego, además una baja de tasa de refinanciación, porque a esta tasa no vas a refinanciar a nadie”.

Educación financiera, regulación y la urgencia de políticas públicas

El equipo del programa puso el foco en la facilidad de acceso al crédito a través de fintech y billeteras virtuales, que presentan mayores tasas de mora y menor regulación. Daicich señaló: “En este momento, si miramos nuestras cuentas… yo puedo pedir muy poco de lo que tengo, porque no funciona lo que yo conozco”, y advirtió sobre la importancia de conocer el costo financiero total y la tasa real de los créditos.

Aziz insistió en la dimensión estructural del fenómeno: “No se salvó nadie. Está bien bancos… Esto es estructural”. Daicich coincidió: “Si la actividad económica no repunta, la gente no tiene trabajo y no tiene salarios acorde o tiene tres trabajos, pero aun con tres trabajos no llega a fin de mes, va a ser muy difícil, porque ninguna, en el fondo lo financiero te termina asfixiando”.

Sobre el final del debate, se analizaron propuestas como la implementación de una política pública similar al programa “Desenrolar” en Brasil, que permite refinanciar deudas a tasas bajas, y la necesidad de que el Estado incentive el desendeudamiento y la regulación del sector.

Daicich concluyó: “Me parece que lo interesante acá es que un poco los bancos, puertas adentro lo están haciendo, empezaron una baja de tasa más abrupta para estos clientes que se dan cuenta que no pueden pagar. Pero de base es que los salarios tienen que recuperar su poder adquisitivo para poder salir de este loop en el cual no tenés un problema financiero, tenés un problema económico”.

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Una legisladora de Río Negro presentó un proyecto para eliminar los cotos de caza en la provincia patagónica y propone que los animales sean tratados como “seres sintientes”.

La propuesta fue presentada en la Legislatura de Río Negro y entidades vinculadas a la actividad deportiva salieron al cruce de lo que propone. Le sugirieron a la autora que, en la misma línea, los vegetales sean incluídos en la misma lista de seres vivos “sintientes”.

El proyecto fue elaborado por la ex senadora nacional Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante la gestión del presidente Alberto Fernández, quien ocupa una banca en el parlamento rionegrino por Vamos con Todos.

La primera reacción al proyecto fue directa: “La caza cumple un rol indispensable en el control de especies exóticas, cuya reproducción afecta de forma directa a otras autóctonas, algunas de las cuales están en peligro de extinción”.

La parlamentaria asegura en el escrito que “la tortura no es arte ni cultura”. Propone la eliminación de los establecimientos habilitados para la caza deportiva y describió a la actividad como “una matanza silvestre para obtener trofeos por cifras exorbitantes”.

“El proyecto evidencia un enfoque totalmente sesgado, equivocado y tendencioso, dando por sentado que los cazadores disfrutamos con el sufrimiento del animal de caza”, se defendieron los seguidores de la actividad.

El presidente de la Subcomisión de Caza de la Asociación de Pesca y Caza Nahuel Huapi, Clodomiro Ferreira, aseguró que la iniciativa surge desde “el desconocimiento”.

En diálogo con Infobae, aseguró que la presentación de este tipo de iniciativas “puede resultar hasta peligroso” y mencionó el caso de la “caza de control”, una medida de manejo poblacional que tiene como objetivo reducir el impacto de especies silvestres, exóticas o invasoras que causan desequilibrios ecológicos y daños económicos.

En los cotos de caza está permitida la captura de especies introducidas, aunque para Ferreira el proyecto de Odarda está cargado de “sentimentalismo” y carece de “argumentos técnicos estrictamente necesarios”.

Auguró que la iniciativa “no tienen ninguna posibilidad de ser viable ni aprobada” y mencionó que el proyecto “confronta reglamentaciones al control de especies exóticas, y para ello existen los cotos de caza”.

En la fundamentación del proyecto, Odarda aseguró que “la fauna silvestre constituye un bien natural y pertenece a toda la sociedad” y mencionó que “es una medida razonable y necesaria para garantizar la protección integral de la biodiversidad y fomentar la cultura de la paz”.

“Matar por diversión y premiar con la cabeza de un animal no humano fomenta un patrón de violencia incompatible con la sociedad actual”, profundizó.

Los detractores mencionaron que “la caza per se no es para nada una actividad inmoral ni nada que se le parezca” y afirmaron que “la principal amenaza en la actualidad para la vida silvestre nativa, son estas reglamentaciones prohibitivas por desconocimiento o por fundamentos ideológicos o pseudo morales, y la modificación y/o destrucción de los hábitats naturales”.

Concluyeron afirmando que el proyecto “tan a contramano va contra la realidad que se choca con las últimas disposiciones que tratan de fomentar la caza, todo el año y con límites grandes, de estas especies exóticas”.

Hezbollah lanzó misiles contra una base militar israelí al sur de Nahariya este viernes, en lo que constituye el primer ataque que el grupo terrorista respaldado por Irán reivindica públicamente desde que entró en vigor la tregua entre Israel y el Líbano el 17 de abril. El grupo lo calificó como respuesta a “violaciones del alto el fuego por parte del enemigo israelí”, incluyendo ataques sobre los suburbios del sur de Beirut y ofensivas contra aldeas y civiles en el sur del Líbano.

El ejército israelí informó que interceptó uno de los lanzamientos y que los restantes cayeron en zonas abiertas, sin que se registraran heridos. En un comunicado, las fuerzas armadas calificaron el episodio como “otra violación del alto el fuego” por parte de Hezbollah.

Horas antes del lanzamiento de cohetes, la Fuerza Aérea israelí ejecutó una serie de ataques en el sur del país. El Ministerio de Salud libanés informó que la ofensiva sobre la localidad de Toura, en el distrito de Tiro, mató a cuatro personas —entre ellas dos mujeres— y dejó ocho heridos en un balance preliminar.

Un quinto fallecido fue confirmado por la Defensa Civil libanesa: un paramédico de la organización murió en otro ataque israelí en el sur. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano, de gestión estatal, también reportó bombardeos cerca de la aldea suroriental de Kfar Chouba y en las proximidades de Nabi Sheet, en el este del país.

Los ataques se produjeron horas después de que el portavoz árabe del ejército israelí emitiera advertencias de evacuación para los residentes de seis aldeas en la provincia de Tiro, incluida Toura. Israel afirmó además haber matado el jueves al comandante Ahmed Balout, identificado como integrante de la Fuerza Radwan de élite de Hezbollah, junto a otros dos milicianos, sin que el grupo emitiera comentario inmediato al respecto.

La tregua, anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 16 de abril y vigente desde la medianoche del 17 de abril, fue prorrogada por tres semanas a finales de ese mismo mes. Sus términos permiten a Israel actuar contra ataques de Hezbollah que sean “planificados, inminentes o en curso”. Tanto Israel como Hezbollah se acusan mutuamente de incumplir el acuerdo, y el ejército israelí aseguró haber eliminado a más de 85 milicianos y atacado 180 posiciones del grupo en la última semana, sin aportar pruebas que lo respalden.

El presidente libanés Joseph Aoun recibió este viernes a una delegación de la Unión Europea y les pidió que presionen a Israel para que respete el alto el fuego y cese la demolición de viviendas en aldeas bajo ocupación israelí. Aoun subrayó que el Líbano mantiene su compromiso con la tregua a fin de iniciar negociaciones que pongan fin a las condiciones actuales.

La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, declaró a la prensa tras el encuentro que Israel y Hezbollah están tomando al Líbano “como rehén”. “Hezbollah debe detener sus ataques y desarmarse, e Israel debe poner límites a sus ataques aéreos que tienen como objetivo centros humanitarios”, sostuvo.

Aoun se reunió posteriormente con Simon Karam, jefe de la delegación libanesa en las conversaciones con Israel en Washington, previstas para el jueves y viernes de la próxima semana. Serían las primeras negociaciones directas entre ambos países en más de tres décadas, en un conflicto que se remonta formalmente a la fundación del Estado de Israel en 1948.

La última guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo disparó cohetes sobre el norte de Israel, dos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva contra Irán, principal patrocinador de la milicia. Desde entonces, Israel ejecutó cientos de ataques aéreos e inició una invasión terrestre del sur del Líbano, tomando control de decenas de localidades fronterizas.

(Con información de AFP y AP)