Tras una reunión con parte de los integrantes de la Mesa de Enlace y sus técnicos ausentes, la discusión por una nueva ley de Semillas entró en una etapa de definición en manos del Gobierno. Después de tres mesas de trabajo entre representantes de la producción y la industria semillera, las partes expusieron ante funcionarios nacionales hasta dónde lograron acercar posiciones y cuáles son las diferencias que todavía mantienen, especialmente sobre qué productores deberían pagar por el uso propio de semillas y quiénes quedarían exceptuados. Con esa información, ahora será el Gobierno el que avanzará en la elaboración del proyecto que pretende enviar al Congreso.
Según explicó una fuente oficial a LA NACION, para los cultivos de soja, trigo y arroz, los productores proponen que el pago por el uso propio alcance a los deciles 1, 2 y 3 del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), mientras que los productores ubicados entre los deciles 4 y 10 quedarían exceptuados. La industria semillera, en cambio, plantea ampliar el universo alcanzado por el pago a los deciles 1 al 6 y exceptuar únicamente a los productores comprendidos entre los deciles 7 y 10.
En rigor, la distancia entre ambas posiciones involucra a 16.818 productores y 1.855.452 hectáreas.
La reunión había sido convocada por el Instituto Nacional de Semillas (Inase) justamente para conocer el resultado del proceso de diálogo que mantuvieron las partes durante los últimos meses. “Tal lo pactado, salió. Lo pactado era que ellos expusieran hasta dónde llegaron y que el Estado siguiera de acá en adelante”, resumió una fuente oficial luego del encuentro. Cada sector, agregó, presentó su posición respecto del uso propio.
La convocatoria tuvo una participación dispar de las entidades rurales. Federación Agraria Argentina (FAA) no estuvo presente debido a la realización de su Congreso anual. Por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) participaron de manera virtual Pablo Ginestet y Gustavo Suter Schneider; por la Sociedad Rural Argentina (SRA) estuvo Tomás Palazón y por Coninagro participó su presidente, Lucas Magnano.
“El diálogo fue constructivo y permitió avanzar en varios puntos, aunque todavía persisten diferencias”, describió Magnano. Señaló que el Gobierno evaluará la información recibida y elaborará una propuesta. “Antes de avanzar, volverá a convocar a productores y obtentores para escuchar sus observaciones. La intención es avanzar con un proyecto que reúna el mayor consenso posible, teniendo en cuenta que los tiempos legislativos requieren llegar a una definición”, describió.
El universo analizado con base en información del SISA comprende 56.065 productores y 14.582.238 hectáreas, con un promedio general de 260 hectáreas por productor.
La distribución, sin embargo, es muy desigual. Los 16.818 productores que integran los tres primeros deciles representan el 30% del total, pero concentran el 82,72% de la superficie registrada: 12.061.740 hectáreas. Ese es el universo que, según una fuente en la mesa de trabajo, la producción propone que quede alcanzado por el pago.
Bajo ese esquema, el 70% restante de los productores —39.247— quedaría exceptuado. Aunque representan siete de cada diez agricultores incluidos en la base, en conjunto trabajan solamente el 17,28% de la superficie, unas 2,52 millones de hectáreas.
La propuesta de la industria amplía considerablemente la cantidad de productores alcanzados. Los semilleros plantean, según la misma fuente, que paguen los deciles 1 al 6. En ese caso quedarían comprendidos 33.636 productores, equivalentes al 60% del universo, que concentran el 95,44% de la superficie: 13.917.192 hectáreas.
La excepción quedaría entonces reservada para los deciles 7, 8, 9 y 10: 22.429 productores, el 40% del total, que en conjunto manejan 665.046 hectáreas, apenas el 4,56% de la superficie registrada.
Así, aunque entre las propuestas existe una diferencia de 30 puntos porcentuales en la cantidad de productores que pagarían —30% frente a 60%—, la distancia en términos de superficie es de 12,72 puntos: 82,72% frente a 95,44%.
La utilización de los deciles representa además un avance respecto de las primeras conversaciones entre los sectores. En agosto, producción e industria todavía discutían cómo establecer el universo de productores que conservaría gratuitamente el uso propio.
La propuesta elaborada originalmente por las entidades rurales establecía un límite de 500 hectáreas sembradas por campaña. Durante las conversaciones comenzó a tomar forma una alternativa basada en los deciles de superficie construidos a partir de la información del SISA, con parámetros que podrían diferenciarse según los cultivos.
En el Gobierno destacaron, pese a esa diferencia, el avance conseguido durante el proceso. Una fuente oficial señaló que los ruralistas valoraron especialmente el espacio de diálogo entre las partes, que, según indicaron, no había ocurrido de esta manera anteriormente, y remarcaron que desde el comienzo de las conversaciones pudieron avanzar en distintos aspectos.
En tanto, una fuente de la industria describió el proceso como “positivo” y destacó la conformación de la mesa de trabajo a pedido del Gobierno. Sobre la discusión por el uso propio, agregó: “Le llevamos al Gobierno los puntos en los cuales habíamos acercado las partes. Hay algunos otros donde mantenemos algunas diferencias”.
La fuente de la industria destacó, además, “un proceso de mucha madurez, de mucho diálogo y una visión conjunta de entender que tenemos que salir de donde estamos”.
No obstante, persiste otro punto central de desacuerdo como la eventual adhesión de la Argentina al Acta UPOV 91, que establece un marco internacional para la protección de las obtenciones vegetales. La Argentina está adherida al Acta de 1978. Y ASA ratificó que mantienen su propuesta de adhesión al Acta de 1991 y sigue siendo “el norte”.
En tanto, que los productores, en las reuniones anteriores plantearon que la actualización de la protección intelectual se mantenga dentro del marco de Upov-78, mientras la industria impulsa Upov- 91.
Tras la reunión, la SRA indicó: “Continuaremos trabajando junto a las entidades de la producción para avanzar en una posición común y realizar los aportes correspondientes. Valoramos que exista un ámbito de diálogo y consideramos que una reforma de esta importancia debe contemplar consenso amplio, equilibrio, previsibilidad y reglas claras, compatibilizando la innovación y el desarrollo tecnológico con los derechos del agricultor y la realidad productiva. aguardaremos la propuesta que presente el Gobierno para, una vez conocida, analizarla institucionalmente y fijar posición sobre sus alcances”.
