El conflicto en Unión Bat sumó un nuevo episodio este miércoles, luego de que la empresa impidiera el ingreso de los trabajadores del turno tarde, apenas horas después de que la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dictara la conciliación obligatoria por 15 días. Desde el gremio de Químicos y Petroquímicos denunciaron que la firma incumplió la resolución oficial y adelantaron que presentarán una denuncia formal ante la autoridad laboral.
La medida de conciliación había sido dispuesta durante la mañana como una instancia para descomprimir el conflicto generado por el despido de 100 trabajadores. Entre sus alcances, establecía el reingreso del personal a la planta mientras se desarrollaran las negociaciones entre las partes.
Sin embargo, según denunciaron desde el sindicato, cuando los empleados se presentaron para cumplir con su jornada laboral a las 14, se encontraron con que la empresa no les permitió ingresar a las instalaciones ubicadas en el Parque Industrial de Gualeguaychú.
Denuncian que la empresa desoyó la resolución oficial
El responsable gremial de Químicos y Petroquímicos, Martín Gómez, afirmó que la empresa incumplió la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.
“No los dejaron ingresar. La empresa no acató la conciliación y los operarios permanecen fuera de la planta del Parque Industrial Gualeguaychú“, expresó el dirigente sindical al describir la situación ocurrida durante la tarde.
Frente a este escenario, el gremio anunció que realizará una presentación formal para denunciar el incumplimiento de la resolución administrativa y solicitar la intervención de la autoridad laboral.
Habrá una audiencia este jueves en Paraná
Como parte del procedimiento previsto tras la conciliación obligatoria, este jueves a las 12 se desarrollará una audiencia en la sede de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, en Paraná, donde participarán representantes de la empresa y del sindicato.
“Vamos a denunciar este incumplimiento y veremos qué exige la Secretaría de Trabajo a la empresa”, sostuvo Gómez a R2820 al confirmar la estrategia que llevará adelante la organización sindical.
El conflicto laboral continúa abierto y mantiene en incertidumbre a un centenar de familias afectadas por los despidos. La audiencia prevista para este jueves será una instancia clave para determinar los pasos a seguir y evaluar las consecuencias del presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria por parte de la empresa.
La conducción fundadora del Ferroclub Central Entrerriano formalizó denuncia contra la municipalidad de Villa Elisa (departamento Colón), encabezada por la intendenta Susana Lambert (Juntos), debido a una serie de intervenciones en terrenos ferroviarios que consideran ilegales y altamente perjudiciales. La controversia se centra en una carta elevada tanto a la intendenta como al Concejo Deliberante en septiembre de 2025 y que derivó en denuncia judicial en junio de este año, donde se detallan los hechos que motivaron el reclamo.
El eje central de la denuncia es la realización de un zanjón de 150 metros de largo y 5 metros de profundidad en el predio de la estación Elisa. Según los denunciantes, esta obra fue ejecutada por maquinaria municipal bajo órdenes de la intendencia en mayo de 2022. Los firmantes de la misiva, entre ellos los fundadores Francisco Rafael Pirolla y José Guex, califican este acto como un delito de usurpación de un espacio federal.
Además de la supuesta invasión de jurisdicción federal, la denuncia sostiene que la municipalidad violó sus propias normas, específicamente las ordenanzas 1712 y 2012, las cuales están destinadas a proteger las instalaciones y terrenos del ferrocarril.
Según los denunciantes, los daños son significativos y han afectado directamente la actividad del Ferroclub:
-Inutilización del terreno: Se estima que el daño consumado dejó inservible un espacio de dos hectáreas.
-Afectación operativa: Debido a los socavones producidos por los zanjones, la locomotora no puede ingresar al “triángulo” de las vías, lo que le impide invertir su dirección.
-Limitación turística: La institución se ha visto obligada a reducir sus trayectos solo a la zona de la vía principal, perdiendo el atractivo de llegar hasta Los Bretes debido al estrago ocasionado en las vías.
Ante lo que consideran una falta de soluciones y disculpas por parte del Ejecutivo municipal, el Ferroclub planteó una serie de exigencias para evitar avanzar a mayores instancias judiciales. Entre los puntos principales solicitan que se tape el zanjón de inmediato, se desista de colocar tubos de desagüe en el predio y se retrotraiga el estado del terreno a su condición original.
En términos económicos, la entidad reclama una indemnización de 360 mil dólares (calculada a razón de 120 mil dólares por año transcurrido) en concepto de daños materiales, morales, lucro cesante y la usurpación propiamente dicha. Los fondos, afirmaron, serían destinados a la reparación de las vías hacia Caseros, San Salvador y el sector de Los Bretes para restablecer la operatividad total del ramal.
La denuncia no se ha limitado al ámbito administrativo local. El 16 de junio de este año, Francisco Pirolla, miembro fundados del club, se presentó ante la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay y la Policía Federal para denunciar formalmente a la municipalidad por “usurpación y daños al terreno ferroviario”.
La venta de autos electrificados se sigue expandiendo en el mercado automotor argentino, y tras conocerse los números de junio, se alcanzó el mejor semestre de la historia para la comercialización de unidades 0 km con esta tecnología.
Si bien, como generalidad, se suele hablar de autos eléctricos, el verdadero motor de este crecimiento se dio por parte de los híbridos en todas sus diferentes configuraciones, la mayoría de los cuales entró al país entre diciembre y enero pasados, dentro del programa de exención arancelaria del Gobierno para un cupo de 50.000 unidades por año.
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En junio particularmente se vendieron 6.479 autos híbridos, es decir un 14% del total de patentamientos del período que fue de 25.995 unidades, mientras que apenas fueron 865 vehículos eléctricos puros, que equivalen a una cuota del 1,8%. En el total del semestre, ese porcentaje fue similar en el caso de los híbridos, pero levemente menor en los 100% eléctricos que quedaron con un 1,4% del mercado total.
Las cifras de junio
Este mes, además, por la particular situación de BYD de agotar anticipadamente su stock de vehículos nacionalizados a principios de año, Toyota volvió a ser la marca que más autos híbridos vendió en el mercado, al alcanzar las 1.342 unidades entre Corolla Cross, Yaris Cross y Corolla, mientras la marca china quedó con 1.136 patentamientos de sus modelos Song Pro, Atto 2 y Shark.
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Ford quedó tercero con 850 unidades porque tiene un solo modelo de gran volumen, el Ford Territory, que, de hecho, quedó primera entre todos los modelos, pero con otros vehículos híbridos de menos demanda como las pickup Maverick y F150 Lariat.
En cuarto lugar quedó Chery con 643 unidades, quinta fue Baic con 382, sexta Haval con 366, séptima MG y sus 340 vehículos, y cerraron las diez marcas que más autos vendieron Chevrolet (327), Mercedes-Benz (204) y Changan (193).
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Los modelos más vendidos
En el detalle de los modelos por separado, el Ford Territory se afirmó como el auto híbrido más vendido del mes con 836 unidades, seguido por el Toyota Corolla Cross con 558 y por el BYD Atto 2 con 523. Luego entran en el ranking de los modelos con más demanda el Toyota Yaris Cross con 512, el BYD Song Pro con 472, el Chery Tiggo 7 con 411, Baic BJ30 con 378, Chevrolet Captiva PHEV con 327, Haval Jolión 216 y Chery Tiggo 4 con 208 unidades.
En la suma de los primeros seis meses del año, el auto híbrido más vendido en Argentina es también el Ford Territory, que alcanzó las 4.885 unidades, seguido por el Toyota Corolla Cross con 4.079 y el Baic BJ30 con 3.691 patentamientos.
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A continuación aparecen el BYD Atto 2 con 2.545 ventas, su “primo” BYD Song Pro con 2.498 y el Toyota Yaris Cross con 2.225 unidades. Los diez modelos híbridos más vendidos del semestre se completan con el Chevrolet Captiva con 1.817, el Chery Tiggo 7 con 1.762, el Haval H6 con 1.271, Haval Jolión con 1.215, MG ZS con 1.048 y Changan CS55 con 1.013 unidades. El resto de los autos híbridos tuvieron menos de 1.000 operaciones entre enero y junio.
Si se hace una clasificación separada por la tecnología de hibridación, con 6 meses de ventas computados, el SUV Ford Territory es el híbrido autorecargable más vendido seguido por el Toyota Corolla Cross y el Baic BJ30. Entre los híbridos enchufables, el modelo que lidera es el BYD Atto 2, escoltado por el Song Pro y el Chevrolet Captiva. En tanto, dentro de la categoría de los microhíbridos, el modelo que lidera las ventas es el Chery Tiggo 7, el segundo es el Renault Arkana y el tercero es el Fiat 600 Hybrid.
ROSARIO.- Con plantas prácticamente paralizadas, inversiones millonarias sin aprovechar y una capacidad instalada para producir unas 4,4 millones de toneladas de biodiésel por año que permanece mayormente ociosa, la industria aceitera volvió a advertir que la Argentina está perdiendo terreno en un negocio que el resto del mundo convirtió en estratégico. Mientras Brasil, Estados Unidos, Indonesia e incluso Paraguayexpanden el uso de biocombustibles mediante mayores porcentajes de mezcla obligatoria con la nafta y el gasoil e incentivos para impulsar la demanda interna, empresarios del sector sostienen que el país resigna competitividad, mercados y agregado de valor por no desarrollar ese mercado.
Ese fue uno de los principales mensajes que dejaron directivos de Aceitera General Deheza (AGD), Louis Dreyfus Company (LDC) y COFCO Internacional durante el panel sobre agregado de valor del Seminario Acsoja 2026 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Aunque destacaron que el contexto macroeconómico mejoró y reconocieron señales positivas para invertir, coincidieron en que los biocombustibles siguen siendo una de las grandes cuentas pendientes para recuperar competitividad. Recientemente, en un video en sus redes, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), que preside Gustavo Idígoras, alertó sobre plantas paralizadas.
Luis Fontán, Head of Trading at Aceitera General Deheza SA, sostuvo que el problema no pasa por la falta de capacidad industrial sino por las reglas bajo las que funciona hoy el mercado. “Tenemos unas plantas con un nivel tecnológico, de escala y de eficiencia fantástico que están paradas o parcialmente paradas”, afirmó. También cuestionó el esquema vigente: “La Argentina hoy tiene una ley de biocombustibles, tiene precios regulados, tiene cuotas y tiene un mandato pequeño que no se cumple”.
Fernando Correa Urquiza, de LDCACSOJA
Actualmente, el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil es del 7,5%, mientras que el bioetanol representa el 12% de las naftas. Para la industria, ese mandato resulta insuficiente para generar una demanda que permita aprovechar toda la capacidad instalada. En el Congreso existen distintas iniciativas para modificar ese esquema. Entre ellas figura un proyecto presentado por la senadora Patricia Bullrich que propone elevar el corte de biodiésel al 10% y el de bioetanol al 15%, además de habilitar mayores porcentajes de mezcla y la comercialización de vehículos flex fuel.
Para Fontán, la diferencia con los países vecinos refleja el atraso argentino. “Brasil tiene 15% y va a 16%. Paraguay acaba de sacar una normativa para ir a 20%. En la Argentina estamos en 7,5%”, remarcó.
Fernando Correa Urquiza, director de la plataforma de Oleaginosas para la región Latinoamérica Sur y Oeste en LDC, sostuvo que esa diferencia ya está modificando el mapa mundial de la industria aceitera. “Tenemos industria norteamericana y brasileña expandiéndose hace dos o tres años, con una cantidad de inversiones que realmente asustan, alentadas por mandatos alrededor de los biocombustibles y con un mercado doméstico inmenso. La Argentina tiene que salir a luchar esa batalla”, afirmó. Y advirtió: “Si no lo hacemos, vamos a ver cómo el resto del mundo sigue creciendo y la Argentina sigue quedándose estancada”.
Alfonso Romero, de COFCOACSOJA
Ese cambio, explicó Fontán, ya transformó la lógica del negocio mundial de la soja. Consultado sobre el crecimiento del HVO (aceite vegetal hidrotratado) en Estados Unidos, sostuvo que el fenómeno ya impactó de lleno en la industria. “Eso ya impactó, eso ya está”, afirmó. Explicó que la expansión de la capacidad de molienda en Estados Unidos y Brasil respondió principalmente a la mayor demanda de aceite para biocombustibles, lo que incrementó la oferta global de harina y modificó la relación histórica entre ambos productos. “Hoy en el mundo se muele soja por el aceite”, resumió.
Para Correa Urquiza, ese proceso también modificó la economía de toda la cadena sojera. Hace quince años el aceite representaba entre el 30% y el 35% del valor del poroto. Hoy supera el 50%, impulsado por la creciente demanda de aceites vegetales para producir energía.
En países como Brasil y Estados Unidos buena parte del aceite encuentra un comprador asegurado dentro del propio mercado para transformarse en biodiésel. Esa demanda permanente sostiene su precio y fortalece toda la cadena. En la Argentina, en cambio, el mercado interno es mucho más reducido y una mayor proporción de la producción debe exportarse sin ese diferencial. El país es el principal exportador mundial tanto de harina como de aceite.
“Cuando uno mira el valor al cual el aceite argentino tiene que salir a paridad respecto de lo que el aceite brasileño o el americano consiguen por sus demandas domésticas, es realmente un diferencial enorme. Y eso se traduce, obviamente, en la capacidad de pagar al productor”, explicó Correa Urquiza. Como ejemplo de esa pérdida de valor agregó: “Hoy el aceite argentino se exporta a Canadá, se transforma en biocombustible y desciende a Estados Unidos y es competitivo contra el biodiésel americano. Imagínense el costo logístico que implica ese movimiento. Todo ese valor que queda en el camino no va al productor”.
Alfonso Romero, CEO de COFCO International Argentina, coincidió en que desarrollar un mercado interno dejó de ser una discusión exclusivamente energética para convertirse en una herramienta de competitividad. Recordó que el mercado internacional del biodiésel se fue cerrando progresivamente para la Argentina —primero en Estados Unidos y ahora con crecientes incertidumbres en Europa— y sostuvo que los principales competidores compensaron esa situación fortaleciendo el consumo interno.
“Estados Unidos tiene el suyo, Europa tiene el suyo, Brasil tiene el suyo, Indonesia tiene el suyo”, enumeró. “Es como estar con un motor aspirado compitiendo con motores turbo como tienen Brasil y Estados Unidos. Es muy difícil correr a la misma velocidad”, agregó.
Luis Fontán, de AGDACSOJA
Los empresarios coincidieron, además, en que esa tendencia empieza a abrir nuevas oportunidades para otros cultivos oleaginosos, como el girasol, la camelina y la canola, y remarcaron que la Argentina cuenta con condiciones industriales, logísticas y de infraestructura para aprovechar ese escenario. Sin embargo, insistieron en que el desafío inmediato pasa por recuperar competitividad y evitar que la brecha con los principales competidores continúe ampliándose.
Recientemente, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que el país cuenta con instalaciones capaces de producir alrededor de 3,8 millones de toneladas anuales de biodiésel. Frente a esa capacidad, la actividad efectiva tiene nivel ocioso muy alto. “Los volúmenes producidos dejan una capacidad ociosa anual en torno al 75%”, destacó la entidad rosarina.
En la sesión del 25 de junio pasado de la Cámara de Diputados de la Nación, me referí, haciendo uso de una cuestión de privilegio, a la decisión del gobierno nacional de privatizar el río Paraná por 25 años. Sin dudas, eso implica la entrega de un recurso estratégico a intereses no sólo privados sino fundamentalmente extranjeros, con una incidencia muy particular de Estados Unidos en la trayectoria que ha tenido todo el proceso privatizador.
Especialistas en hidrología advierten que la profundización del dragado de 34 a 44 pies alterará la dinámica del río, acelerará la erosión de las costas y afectará la biodiversidad, el acceso al agua y las economías regionales, como ya ocurrió en Victoria (Entre Ríos).
También señalan que la desregulación y privatización del sistema fluvial impactaría negativamente en el cabotaje nacional y pondría en riesgo puestos de trabajo. En ese sentido, remarcan que las principales potencias del mundo, como Estados Unidos y China, mantienen control estatal sobre sus ríos por su valor estratégico en la logística, el comercio y la seguridad.
La reciente decisión de Milei y el proceso que culminó en la adjudicación están plagados de irregularidades y de intereses económicos que nada tienen que ver con el desarrollo de la región en el plano nacional e internacional, sino con nichos corporativos cuyo propósito principal es incrementar su tasa de ganancia.
La primera convocatoria de la llamada Vía Navegable Troncal del Río Paraná de diciembre de 2024 quedó sin efecto en medio de sospechas, denuncias y tironeos espurios. A eso se sumó la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar, mediante el Decreto 699/24, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable – ECOVINA, único espacio de participación de las provincias del litoral fluvial: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires quedaron afuera. Las declaraciones de Frigerio, además de inconsistentes, sólo expusieron la ausencia de compromiso en la defensa real de los intereses locales.
El 3 de noviembre de 2025 se llevó a cabo por plataforma la Audiencia Pública, convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, en la que estuve presente. Los funcionarios del Gobierno de Entre Ríos inscriptos no participaron. En la audiencia, el 90% de las exposiciones rechazó las condiciones de los pliegos, señalando la falta de estudios de impacto ambiental, cuestionamientos a la profundidad del dragado y el incumplimiento del Acuerdo de Escazú, entre otras críticas.
Blanca Osuna, diputada nacional de UxP y autora de esta nota.
Foto: Prensa Diputados
Sin embargo, pese a lo expresado en noviembre, el Gobierno convocó una nueva licitación el 18 de diciembre del mismo año.
Previa a la adjudicación, que ya se evidenciaba con marcada preferencia a favor de la La PIA emitió en mayo un dictamen[1] que advirtió graves irregularidades en la licitación vinculada a la empresa Jan De Nul, señalando posibles consecuencias penales.
Entre los puntos observados se incluyen la falta de Evaluación de Impacto Ambiental Integral, incumplimientos normativos, desigualdad entre oferentes, restricciones a impugnaciones y ausencia de criterios objetivos de evaluación. También cuestionó la debilidad del control del organismo licitante.
El informe advirtió además posibles conflictos de interés y señaló que lo actuado podría derivar en responsabilidades administrativas y judiciales, aún en análisis.
El Día de la Bandera, el 20 de junio, fue publicada en el BO la adjudicación de este negociado al consorcio Jan De Nul – ServiMagnus, difícil imaginar un gesto más oprobioso ante la entrega de la cuenca hídrica más grande de Sudamérica.
Antecedentes
En mi intervención en el recinto cité antecedentes jurisprudenciales relevantes que fundamentan el valor del federalismo en la defensa del Paraná como recurso estratégico.
El Túnel Subfluvial, acordado en 1960 entre Entre Ríos y Santa Fe ante la falta de financiamiento nacional, se inauguró en 1969 y dio origen a un modelo de gestión interprovincial del río, basado en el dominio compartido de sus recursos.
La Ley de Libertad de los Ríos (1997), fruto de la movilización popular y con rango constitucional en Entre Ríos, fue clave para frenar el proyecto de la represa Paraná Medio, consolidando una defensa del territorio frente a decisiones centralizadas.
Por último, los incendios en las islas en 2008 derivaron en fallos judiciales que obligaron a la coordinación interprovincial mediante el PIECAS-DP, un acuerdo para la protección del Delta del Paraná cuya continuidad, sin embargo, ha sido débil en los últimos años.
¿Qué dejan en claro estos antecedentes? El valor del sentido federal, el desafío democrático que implican algunas decisiones, el poder de convocatoria que sostienen la defensa de los bienes naturales cuando están en riesgo.
Y frente al afán oficial de dilapidar soberanía a intereses corporativos, esa convocatoria se justifica.
Estas razones fundan nuestro rechazo a la pretensión de instituir un Consejo de Control integrado por «usuarios», donde prevalezcan la Bolsa de Rosario y las cámaras portuarias, priorizando sus finanzas y de espaldas al bien común.
La envergadura y el impacto de esta privatización exigen que el Congreso de la Nación y las provincias participen formalmente.
Aún tienen vigencia parlamentaria el proyecto que presenté de creación de la Comisión Administradora del Río Paraná (4053-D-2025)[2], como ente público interjurisdiccional con representación de las provincias ribereñas e instituciones. Y asimismo el proyecto de Comisión de Seguimiento y Control de la Licitación VNT (105-D-2026), de la diputada Propato[3].
Una premisa irrefutable: el río Paraná no es mercancía.
Y no lo será, pese a que el agua dulce comenzó a cotizarse desde 2020, vía contratos de futuro, en la Bolsa de Wall Street de Nueva York como bien transable.
El Paraná es eje vertebrador de una región de riqueza social, ambiental, económica y de gran dimensión geopolítica.
Delegar el control estatal es resignar capacidad de decisión sobre nuestros recursos y nuestro desarrollo.
Sostener la defensa de los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay y los cursos de agua que atraviesan nuestra provincia es parte de la identidad entrerriana, y es una materia que está en juego todos los días. Por eso decimos no al dragado a 44 pies. Por eso no resignaremos postura y exigiremos el cumplimiento de normas vigentes y la participación de los sectores implicados. El control y la preservación de la principal vía fluvial del país es un desafío cuya resolución política es el gran interrogante que requiere respuestas para el tiempo que viene.
Defender el Paraná frente a esta brutal entrega es defender la soberanía, el trabajo, la producción y la vida.
Un informe sobre la prohibición de teléfonos inteligentesen las escuelas concluyó que los vetos totales probablemente son ineficaces, no cuentan con el respaldo de la mayoría de los alumnos y pueden debilitar la confianza con los adultos. El estudio de University College London (UCL) también sostiene que esas medidas no abordan problemas de fondo como el ciberacoso, los contenidos dañinos en internet y el diseño adictivo de las plataformas.
El estudio de UCL concluye que prohibir de forma general los teléfonos inteligentes en las escuelas no resuelve las causas de base del daño en internet y puede acarrear efectos adversos. La investigación, publicada el martes 30 de junio de 2026, recogió las opiniones de 732 estudiantes de secundaria de 11 a 18 años, 27 profesionales de la educación y 41 padres en Reino Unido.
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La investigación detectó un amplio acuerdo entre estudiantes, familias y docentes sobre las distracciones y alteraciones que pueden causar los móviles en clase. La discrepancia aparece en la respuesta: mientras los adultos apoyan las prohibiciones, la mayoría de los jóvenes las rechaza.
Según el informe, el 87% de los docentes y el 88% de los padres respaldan esos vetos. Entre los alumnos, 75% expresó su desacuerdo con una prohibición general.
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El equipo del UCL Institute of Education y Life Lessons Education señala que estas políticas dividen a generaciones con percepciones muy distintas sobre el papel del teléfono en la vida diaria. El informe añade que los adultos suelen ver ese uso con ansiedad, pese a que también dependen de esos dispositivos.
Los efectos no deseados de las prohibiciones
Los estudiantes describieron el teléfono como una herramienta cotidiana para consultar horarios de autobús, el tiempo y aplicaciones de tareas. También dijeron que les permite mantener acceso directo a redes de apoyo y que, en el caso de muchas chicas, aporta seguridad cuando viajan solas.
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La profesora Jessica Ringrose, autora principal del informe, afirmó que los alumnos ven las prohibiciones generales como medidas punitivas y no de apoyo. Añadió: “Sintieron que las prohibiciones minaban la confianza entre ellos y los adultos de sus vidas, que, según ellos, no entendían el papel integral que los teléfonos desempeñan en su rutina diaria”.
El informe advierte sobre un “efecto de desplazamiento”, por el que problemas digitales como el ciberacoso o el acoso sexual facilitado por la tecnología pierden visibilidad dentro de la escuela sin desaparecer. A la vez, esos daños pueden pasar más al ámbito doméstico y los alumnos pueden sentirse menos capaces de denunciarlos.
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Edith Rodda, investigadora doctoral del UCL Institute of Education, alertó sobre el alcance de las decisiones apresuradas. “Las políticas escolares aceleradas sobre teléfonos inteligentes que no tienen en cuenta las perspectivas de los estudiantes, por bien intencionadas que sean, corren el riesgo de crear un ciclo de castigo que al final socava los objetivos de la propia política”, señaló.
Rodda agregó que los alumnos terminan buscando formas de eludir las restricciones, como abrir fundas con cierre para guardar móviles. El estudio también indica que, cuando los estudiantes no pueden llevar el dispositivo al recinto escolar, la prohibición puede generar ansiedad y nuevos riesgos de protección.
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La alternativa que propone el informe
El trabajo se publicó en medio de una mayor presión normativa en el Reino Unido. En abril de 2026, Inglaterra introdujo una política obligatoria de escuelas sin teléfonos durante toda la jornada, con supervisión de cumplimiento por parte de Ofsted y del Department for Education.
El texto también sitúa como antecedente el anuncio del Gobierno británico en junio de 2026 de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años a comienzos de 2027. Según el informe, hay poca base empírica para sostener que vetar redes sociales o restringir móviles en la escuela corrija las causas del daño en internet.
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Los autores citan investigaciones previas en Reino Unido que no hallaron mejoras en notas o bienestar por sí solas, y un estudio en Estados Unidos que no detectó avances en rendimiento académico ni acoso escolar y sí observó más incidentes disciplinarios a corto plazo. También recogen inquietudes por privacidad, vigilancia de datos y tecnologías de verificación de edad.
Frente a ese enfoque, Life Lessons Education y UCL proponen un marco centrado en el alumnado con consulta colaborativa, desarrollo de competencias, reglas claras y revisión activa periódica. Sus recomendaciones incluyen una reducción de daños, pasar de la prohibición al acompañamiento guiado, abordar el efecto de desplazamiento y poner el foco en plataformas, conductas y tecnologías emergentes.
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La coautora Dawn Aytoun planteó que la escuela debe abrir espacio para entender mejor el entorno digital. “Las escuelas deberían alentar a los estudiantes a aprender, comprender y debatir las dimensiones éticas, relacionales y políticas del mundo digital, así como los modelos económicos que guían a las empresas tecnológicas”, afirmó.
El informe plantea que incorporar la voz de los alumnos en estas políticas no rebaja la protección, sino que orienta la respuesta hacia habilidades que seguirán siendo útiles fuera del aula. Bajo ese criterio, la prioridad pasa de retirar dispositivos a formar criterio, alfabetización digital y capacidad de decisión.
El Presidente de la Nación recibió a los legisladores libertarios y aunque buena parte de la exposición se centró en la economía y lo que Javier Milei entiende que va a pasar, bajó línea respecto del futuro parlamentario y político de la fuerza.
Según explicaron las fuentes oficiales, durante el encuentro, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señaló que los próximos tres grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.
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El problema es que si la intención del mileísmo es sacarlo rápidamente podría enfrentar varios inconvenientes. En los sectores dialoguistas entienden que el oficialismo está en un proceso de “relanzamiento” y que los ritmos hoy son otros. “Esto es como volver a prender un horno, lleva su tiempo y nosotros no tenemos apuro,” explicaba un senador que responde a fuerzas provinciales con buen diálogo con la Casa Rosada.
En el Senado de la Nación es donde se tiene que discutir zona fría, ya tiene media sanción de Diputados, y aunque el radicalismo y el PRO en la Cámara Baja acompañaron la eliminación del subsidio para varias zonas del país, en la Cámara Alta no tienen la misma postura.
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“No están los votos todavía. Hay gobernadores que entienden que no es el momento de avanzar con una ley de este tipo. Los radicales tienen posturas divididas y los amarillos están a la expectativa,” explicó un fuente oficialista.
“No creo que tengan los votos,” dijo otro senador opositor que se encaminaba al comedor exclusivo para los legisladores. “No hemos hablado nada, pero no cambió nada de ayer a hoy respecto del proyecto. Ellos quieren eliminar las PASO y nosotros no,” agregó.
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En lo que se refiere a Inocencia Fiscal, como todavía no ingresó el texto de las modificaciones, no hay ningún tipo de conversación entre los bloques al respecto.
El otro problema que enfrenta La Libertad Avanza es que, mientras en Diputados parece mantener un buen acuerdo político con los bloques dialoguistas, en el Senado esto no se ve replicado. Tampoco internamente.
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Hay legisladores de la Cámara alta que hoy estuvieron en Casa Rosada que entienden que la presencia de Manuel Adorni no complicaba el tratamiento de ningún tema y miran de reojo a la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, a quien culpan de los problemas políticos. “No cambió nada de ayer a hoy. El problema no era Manuel, no nos vamos a comer la del kirchnerismo. El problema terminó siendo político,” señalaron. Ese sector acusa a la exministra de ser una de las que empujó la salida del ahora ex Jefe de Gabinete.
Pero desde otro sector del oficialismo fueron un poco más lejos. No solo que señalaron a Bullrich como quien desorganiza el Senado porque “no cumple con la palabra, cambia los días de las reuniones, de las sesiones”. “Se acuerda algo y ella lo cambia, nunca se sabe qué va a hacer”, agregaron.
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Y la crítica continuó: aunque esta voz oficialista sí entendía que Adorni debía irse del Gobierno, no se mostró muy en línea con la llegada de Santilli.
Frente a la consulta de cómo entendía la llegada de “El Colo” al cargo de mayor responsabilidad después de la Presidente de la Nación, hizo referencia a que “es un político profesional”. Esto que en algunos círculos podría llegar a ser un halago, pero no parece serlo en el idioma libertario. “Nosotros llegamos diciendo que íbamos a combatir la casta y nos sumergimos en la mayor casta de todas. Cada vez más funcionarios del PRO, cada vez más casta.“
A lo largo de casi cuatro horas, la abogada defensora de Leonardo Airaldi, Mariana Barbitta, alegó para concluir en el pedido de absolución del productor agropecuario de Diamante acusado de organizador y financiador del narcotráfico, o al menos una pena más leve que los 14 años solicitados por la Fiscalía. La letrada repartió críticas para todos los actores judiciales a lo largo de todo el proceso de las causas investigadas en Paraná y en Santa Fe, que se acumularon en este extenso juicio; cuestionó que la acusación se centró en Airaldi a partir de “dichos periodísticos” y luego buscó rebatir las pruebas que más lo comprometieron en el juicio, tanto testimonios como audios.
Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal general José Ignacio Candioti y el fiscal adjunto Juan Podhainy, y la PROCUNAR representada por Martín Uriona, habían pedido 14 años de prisión para el imputado.
En primer lugar, Barbitta insistió en un punto que fue recurrente a lo largo de todo el debate, referido a la situación de Airaldi como preso de “alto perfil” bajo un estricto régimen en el penal federal de Ezeiza: “Hemos llegado a esta etapa final luego de un juicio en un caso complejo, sensible y en un contexto muy diferente al inicial. Usted En diciembre del 2025, cuando yo asumí la defensa de Leonardo, él estaba en prisión preventiva en la Unidad 9 de Gualeguaychú. Allí estaba cerca de su familia y allegados, con posibilidades de recibir visitas, alimentos y medicamentos, y atendido periódicamente en el hospital San Lucas. Gracias a este tribunal en aquel momento, ordenó y autorizó una reunión semanal por Zoom con la defensa durante tres horas hasta que terminara el debate. Usted fue muy clara cuando ordenó esto, y también una reunión por Zoom con sus niños una vez por semana. Hoy, al final del juicio, esta situación de Leonardo Airaldi no se cumple y es absolutamente diferente”.
En este sentido, precisó: “Se encuentra clasificado como un preso de riesgo, sobre la base de un protocolo del Poder Ejecutivo que ni siquiera ha pasado por el Congreso de la Nación. No hay una sola ley que indique cuál es el protocolo del SIGPPLAR (Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo). Es solamente una resolución ministerial. Se encuentra recluido y aislado 20 horas al día en la cárcel de Ezeiza. Se encuentra lejos de Entre Ríos, lejos de sus hijos y lejos de su familia. Está imposibilitado de recibir encomiendas y visitas, salvo en el día de ayer, que por primera vez el Servicio Penitenciario, después de más de cuatro meses, pudo autorizar el ingreso de la señora Mirta Balbi”, su madre. Dijo que también fue con Jimena, la pareja, pero a ella no le permitieron el ingreso.
“Pese a la insistencia de esta defensa y la actuación de este Tribunal, Leonardo ha transitado el juicio sin visita familiar, sin atención médica y sin reuniones con su defensa. La realidad es que más allá de que me acerque a Ezeiza y todas las herramientas que supliqué al SPF para resolver la defensa eficaz, ha sido todo infructífero. El diálogo mediante un blindex genera una defensa incompleta”, agregó.
Imputación en Paraná y principio de legalidad
La defensora realizó una “línea de tiempo” del proceso judicial, marcando los “déficits” del mismo, partiendo de fines de 2018, cuando Prefectura Naval Argentina “a raíz de denuncias anónimas” de vecinos o desconocidos sobre movimientos relativos al narcotráfico en el río Paraná y las islas de la zona de Diamante.
“En estas primeras actuaciones no se hablaba de Leonardo Airaldi. Tampoco se mencionaban las maniobras detalladas por el Ministerio Público Fiscal. Únicamente se llega a Airaldi por noticias periodísticas, y un claro sesgo investigativo”, afirmó la defensora.
“En el 2024 aparece la indagatoria. Tres días después de la detención de Airaldi, le imputan, en términos muy genéricos, vagos e imprecisos, sin tener claridad, porque se describen de manera casi ininterrumpida enormes conductas que no hacen a una descripción concreta y clara respecto de quien yo defiendo. Se hablaba de la posibilidad de comercialización de manera conjunta y organizada, entre sí y con otras personas cuya entidad y rol aún no se ha podido establecer, estupefacientes, marihuana y cocaína en diversas cantidades, garantizando el flujo comercial constante, asumiendo y ejerciendo diversas funciones de provisión, organización, distribución y logística de transporte terrestre. Toda esta descripción, claramente, ya en aquel momento comenzaba a visualizar un déficit enorme en relación al principio de legalidad. Esta exigencia de una relación clara, precisa y circunstanciada, que relacione una especie de triángulo entre la descripción del hecho, los elementos de evidencia y la calificación legal, fracasa cuando advertimos estas descripciones tan vagas”, afirmó Barbitta.
“Estas conductas, descriptas de manera imprecisa, pueden ser atribuidas a cualquier persona. Cortaron y pegaron esa descripción de la indagatoria, que podía ser factible para todos y todas los que estaban detenidos en ese momento en Diamante”, agregó.
Línea de tiempo de las causas
“En esta indagatoria no se habló de avionetas, punto importantísimo a los fines de este listado vinculado a la línea de tiempo. No se habló de una pista clandestina, no se habló de descargar estupefacientes por vía aérea, no se habló de Diego Torres y tampoco se habló de lanchas”, cuestionó la abogada, y agregó: “La maniobra y la descripción fáctica que escuchamos en el alegato fiscal no se vio reflejada de ninguna manera al momento de la indagatoria de Leonardo Airaldi. Aquí ya hubo cambios en la hipótesis fiscal, y esto afecta al principio de congruencia”.
“Entre 2020 y 2022 siguió la investigación. En 2022 se detuvo a Airaldi en Rosario, el 22 de julio, en un aparente control vehicular, Gendarmería detuvo a Airaldi junto a tres personas y les secuestraron los celulares. Acá empezamos a mezclar causas. Así sucede la causa de Rosario por armas que terminó en un juicio abreviado (en la justicia provincial). En la causa federal se dispuso la apertura de los teléfonos y la extracción de la información. Estuvo preso también por la causa provincial hasta el 19 de septiembre de 2022. También en 2022, estando preso Airaldi, aparece el allanamiento del domicilio de Diego Torres en Gaboto, a raíz de una denuncia de amenazas. Allí se encontraron 29 kilos de cocaína y se abrió la nueva causa. Torres era el puestero de Airaldi, durante pocos meses. No se ordenó la detención de Torres ni se hizo la conexión con Airaldi”.
“En el 2023 en la Justicia Federal de Rosario aparece la extracción de los teléfonos y el 21 de marzo de 2023 se remiten las actuaciones al Juzgado de Santa Fe. Hasta ahí, Airaldi no había sido indagado ni en la Justicia Federal de Paraná ni en la de Santa Fe”.
“En 2024 vienen los allanamientos simultáneos, el 8 de marzo, fue un caos en la ciudad de Diamante, fue muy grave para la población, los testigos contaron la situación de incomodidad, las personas allegadas de los imputados, se allanaron domicilios de madres, de hermanas, fue un caos. Y se produce la detención de Airaldi”.
Sobre los hechos descriptos en la indagatoria, Barbitta cuestionó: “Un déficit enorme en relación al principio de legalidad: el triángulo entre la descripción del hecho, las evidencias y la calificación legal. Fracasa cuando advertimos esta descripción tan vaga que puede ser atribuida a cualquier persona. Se cortó la misma imputación para todos y todas, inclusive a la luz de la modificación, eran cortadas y pegadas. Es fundamental saber de qué estamos defendiéndonos. Esta indagatoria, además, no se habló de avionetas, no se habló de una pista clandestina, de descargar estupefacientes por vía aérea, no se habló de Diego Torres y tampoco se habló de lanchas. La maniobra no se vio reflejada en la indagatoria de Airaldi”.
Más adelante, se refirió a la causa de Santa Fe: “Un hallazgo en el 2022 donde no había vinculación con Airaldi aparece en 2024 en la causa de Santa Fe: efectivamente el 18 de julio, en la causa de Santa Fe se llama a indagatoria a Airaldi y a Torres. Ya en ese momento se declaró la rebeldía de Torres, más allá de que testigos y la policía lo veían en el pueblo. Airaldi declaró y allí se lo imputó junto a Torres la disposición de casi 30 kilos de cocaína en la vivienda de Puerto Gaboto. No se le imputó dar órdenes a Torres, ni financiar una banda narco criminal, ni cómo se conectaba Airaldi con aquella droga, ni de avionetas, ni pistas, ni lanchas, ni de ninguna de las personas que se encuentran acusada en este juicio”.
Luego, la letrada cuestionó la acumulación de ambas causas, a raíz de la incompetencia decretada por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, aceptada por el TOF de Paraná, pese a la posición contraria en ambas provincias en distintos estamentos judiciales: “Lo que en principio aparentó ser una acumulación meramente procesal, terminó siendo una modificación de la plataforma fáctica. Se violó el principio de congruencia. Esta modificación posterior a los plazos previstos para ofrecer prueba, impide el derecho de defensa. Al no saber de la unificación se privó de ofrecer prueba en ese marco. Por ejemplo, para demostrar que jamás estuvo en Gaboto, que no tenía relación con torre, una pericia química sobre los estupefacientes. Pero esto no pudo ser posible”, afirmó Barbitta.
“Sesgo investigativo” y “visión de túnel”
Sobre estos aspectos que, según la defensa, centraron la investigación sobre Airaldi, Barbitta dijo:
-“¿Por qué se decide investigar a Airaldi? Se inician las sospechas en base a medios periodísticos y a su perfil público y político. Agradezco al derecho de la libertad de expresión, pero el poder judicial se basó en estos recortes. Se lo comenzó a investigar teniendo ya en claro preconceptos de Airaldi, basados en dichos periodísticos que tampoco conocemos la fuente de información, todo lo contrario. Estas noticias que llegaron a las fuerzas a centrarse en Airaldi, lo relacionaban en su calidad de presidente de la Sociedad Rural de Diamante, un organismo legítimo, con alta calidad institucional, con la familia Etchevehere, con Tavi Celis y con hechos delictivos con los cuales Leonardo jamás fue imputado. Como el carrito de la fiesta de disfraces. Sin embargo, a las fuerzas no les importó saber de dónde provenía la información. Tampoco le importó que los dichos de los medios hayan sido corroborados”.
-“La búsqueda en medios periodísticos puede arrojar luz, pero el problema es que las fuerzas consultaron a los medios, luego leyeron sobre Airaldi como ‘gaucho narco’, y luego comenzaron a investigarlo con esa imagen, para corroborar que Leonardo era el gaucho narco. Si Airaldi era un NN las fuerzas hubiesen investigado en forma objetiva”.
-“La acusación lo ubica como financiador por tener medios suficientes. Obviamente pareciera que en los sesgos de investigación se apunta a una persona que en general en la Justicia no encontramos, que tienen dinero, medios económicos, siempre al sector vulnerable”.
-“¿Quien es Leonardo Airaldi? Creció en una familia de trayectoria agropecuaria que le inculcó el trabajo en el campo desde muy pequeño. A raíz de la muerte del padre, continúa la actividad agropecuaria, dedicado a la ganadería, vendía carnes a varios frigoríficos como Swift en Rosario y Alberdi en Oro Verde. La familia fue reconocida por su compromiso con la sociedad en general y con la Sociedad Rural en particular. Fue director de la SR, estuvo en la discusión de la 125, fue alguien muy conocido en la zona, representante a nivel provincial y nacional por su compromiso en el rubro, donando inclusive infinidad de bienes para mejorar las prestaciones de servicio. Estos cargos exponen una relación con cargos políticos. Ha tenido reuniones con muchos sectores de la política argentina”.
En este sentido, la abogada ingresó en uno de los tramos más críticos hacia los actores judiciales y afirmó: “Airaldi fue tratado como culpable desde el primer minuto y estos sesgos se han trasladado también al Tribunal”. Y agregó: “Pese al respeto y admiración que le tengo, advertí primero un hostigamiento hacia Airladi y hacia mi persona en varias oportunidades, le dije en una audiencia hasta casi llorando que no sé por qué me maltratan. También hubo este trato hacia Leonardo, pero también una conducta a mi criterio es un accionar casi inquisitivo, realizando preguntas más la presidenta del Tribunal que las partes. Usted asumía el rol de preguntar, alejándose del modelo adversarial que todavía no tenemos. Esto deja en evidencia que incluso las preguntas de Presidencia fueron herramientas para intentar probar la acusación. Hubo preguntas que se hicieron y usted hasta casi induciendo la respuesta al testigo. Sé que esto tal vez cae mal, pero la realidad es que yo lo necesito decir”.
“Además -agregó-, el señor vocal Escobar Cello, que no ha hablado, tuvo una intervención en el TOF de Santa Fe al momento de dictar la incompetencia, es decir, estaba contaminado el vocal de este juicio. Ni siquiera dijo yo no sé si debo estar en este juicio. Nos parece que esta intervención y contacto con estos dos expedientes es una contaminación. Es más, votó a favor de que ambas causas se acumularan”.
El Tribunal está integrado por Noemí Berros (presidenta), Mariela Rojas y José María Escobar Cello.
Sobre las pruebas y testimonios
La abogada rebate los pilares de la acusación fiscal mediante los siguientes puntos:
La pista de aterrizaje: Barbitta afirmó que informes del Estado Mayor Conjunto que determinaron que el terreno de la estancia de Airaldi no era apto para el aterrizaje de aeronaves. Además, destaca que ninguno de los 39 testigos vio descender avionetas en su propiedad.
Las lanchas: aclaró que el uso de lanchas era para el traslado lícito de ganado, una práctica habitual en la zona de islas, y no para la distribución de droga.
Allanamientos: subrayó que en las 21 propiedades requisadas no se encontró acopio de droga, sino solo pequeñas dosis compatibles con el consumo personal.
Puerto Gaboto: desvinculó a Airaldi de los 30 kilos de cocaína hallados en el domicilio de Diego Torres en Santa Fe, señalando que la Fiscalía forzó una acumulación de causas para compensar la falta de pruebas en Entre Ríos.
La prueba y la Estancia El Mirador
Gran parte de las pruebas más contundentes que se observaron en el juicio fueron audios de escuchas telefónicas, otros que se encontraron en los celulares secuestrados así como imágenes muy elocuentes (como la foto de un ladrillo de cocaína) que también estaban en uno de los teléfonos de Airaldi. Para rebatirlas, la defensora cuestionó duramente las extracciones de información de esos dispositivos, alegando que se rompió la cadena de custodia y no se utilizaron códigos HASH. Al no haber copias de seguridad originales y haber sido manipulada la información entre distintas dependencias, la defensa consideró que esta prueba carece de fiabilidad.
La defensa presentó a Airaldi como un productor agropecuario legítimo cuya actividad económica es lícita y conocida en la zona. Asimismo, resaltó que en el periodo investigado padecía un grave problema de adicción a la cocaína, lo que explicaría las conversaciones sobre estupefacientes y los hallazgos mínimos en los allanamientos, orientándolos al consumo y no al tráfico.
Por otra parte, Barbitta respondió un aspecto sensible del alegato de la Fiscalía que, además de pedir la condena de 14 años de prisión para Airaldi, solicitó el decomiso de la Estancia El Mirador de Las Cuevas por haber sido el medio utilizado para el delito, donde aterrizaban las avionetas. Al respecto, la defensora manifestó que “no se ha probado que el inmueble haya sido utilizado para la comisión del delito”. Por un lado, porque la Fiscalía “no logró conectar la estancia con la comisión de un ilícito contra la Ley 23. 737. Basó su alegato sobre meros indicios. No arribó al grado de certeza que se requiere para esta etapa, y menos aún en lo que respecta a la estancia El Mirador”.
Por último, Barbitta pidió la absolución de Airaldi por beneficio de la duda, mientras que subsidiariamente solicitó una condena por una pena más leve, sin el agravante de organizador del delito de narcotráfico. También pidió la inconstitucionalidad de la norma que impide el acceso a la libertad condicional para los delitos de drogas, así como el rechazo al pedido de la acusación del decomiso de la estancia.
Los bonos argentinos mantuvieron las ganancias y cedió el riesgo país, mientras que las acciones domésticas operaron con mayoría de bajas, detrás la tendencia de Wall Street, que no consiguió avanzar hacia nuevos récord, mientras Kevin Warsh interviene en un panel internacional: las palabras del presidente de la Reserva Federal están en el punto de mira en busca de pistas sobre futuros movimientos de las tasas de interés en los Estados Unidos.
Así, entre los principales indicadores de las bolsas de Nueva York, el Dow Jones de Industriales cedió un marginal 0,03%, tras un inicio alcista en su máximo histórico por encima de los 52.400 puntos, mientras que el panel tecnológico Nasdaq descontó un 0,7%, pese al ascenso de 8,8% para las acciones de Meta.
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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,5%, en los 3.121.855 puntos, luego de haber avanzado un 4% en pesos y un 2% en dólares en el primer semestre del año.
Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo mayoría de bajas, encabezadas por Banco Supervielle (+4,2%). Del lado ganador destacó el salto de 8,7% para Globant -aún mantiene una caída de 52,8% en 2026- y la suba de 2,6% para Mercado Libre.
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Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- progresaron un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cedió tres unidades para la Argentina, en 421 puntos básicos, muy cerca del piso de 2026, de 420 puntos del 22 de junio.
En este aspecto, el equipo de Research de Puente destacó “la decisión de S&P de elevar la calificación crediticia soberana del país a B- desde CCC+, sumándose a la acción previa en el mismo sentido adoptada por la agencia Fitch. Este segundo upgrade consolida el proceso de normalización del crédito y apuntala la compresión de los spreads soberanos, que se ubicaron en mínimos de la década al alcanzar apenas 98 puntos básicos por sobre el universo de mercados emergentes, frente a los 255 puntos básicos registrados a comienzos de año”.
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“Más allá del impacto financiero, el avance de la nota crediticia representa un cambio cualitativo al destrabar las restricciones normativas de una base más amplia de fondos de inversión internacionales que exigen una calificación B- de al menos dos agencias para habilitar ciertos mandatos, abriendo el camino hacia una reapertura mas amplia al mercado voluntario de capitales”, añadieron desde Puente.
Los precios del petróleo revirtieron sus ganancias y cayeron más de 2%, con los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en septiembre en USD 71,20 por barril y el crudo WTI para agosto en 68.07 dólares.
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Durante su intervención en un foro del Banco Central Europeo celebrado en Sintra, Portugal, Kevin Warsh reafirmó su compromiso de reducir la inflación. En este sentido, Wall Street no espera que Warsh proyecte información sobre la política de la Reserva Federal. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal podría dar pistas sobre cómo evalúa la inflación y la economía, en un contexto de crecientes apuestas a favor de una suba de las tasas de interés.
“En el plano empresarial, los movimientos de hoy dejaron al descubierto la enorme brecha que existe ahora mismo en el mercado, no a todas las empresas les está yendo igual, y esa diferencia se nota cada vez más, mientras Meta se disparó más de un 10% impulsada por su visión de infraestructura para la IA, Walmart (-3,9%) sufrió un desplome significativo hasta niveles no vistos en el año”, afirmó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants. En tanto, SpaceX cayó un 7,8 por ciento.
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“Estos contrastes se suman a eventos como los planes de despidos en Microsoft (+3%), evidenciando un mercado que está premiando de forma extremadamente selectiva a los ganadores tecnológicos”, acotó Laura Torres.
Tercera suba seguida para el dólar
Por tercera rueda consecutiva el mercado mayorista negoció con muy alto monto de operaciones por encima de los USD 800 millones, volumen que a la vez coincidió con una suba del tipo de cambio, reflejo de una demanda que continúa muy activa.
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El dólar mayorista ganó siete pesos o 0,5% en el día, a $1.489, muy cerca del récord nominal de $1.492 del 24 de octubre del año pasado. En 2026 el dólar comercial sostiene una suba de 34 pesos o 2,3 por ciento. El volumen operado en el segmento de contado alcanzó 823,9 millones de dólares.
“Pasado el mediodía, la demanda comenzó a intensificarse y fue desplazando progresivamente el techo de la cotización, hasta marcar un máximo intradiario de 1.493 pesos. Recién sobre el final de la jornada apareció una mayor oferta, que permitió una leve corrección”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.
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El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.808,13, cifra que dejó al dólar mayorista a 319,13 pesos o 21,4% de ese límite teórico para la flotación.
En sintonía con el mayorista, el dólar al público subió diez pesos o 0,7%, a $1.510 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue subió también diez pesos a 1.525 pesos
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También operaron al alza los dólares financieros, con un “contado con liquidación” que tocaba los $1.577 (+0,7%), un máximo desde e 22 de octubre.
En el mercado de dólar futuro se efectuaron negocios en pesos por el equivalente a relevantes USD 1.700 millones, con cotizaciones a la baja en los contratos a plazo más corto y otros con mínima alza a partir de diciembre.
La postura para fin de julio, que concentró el volumen operado, bajó tres pesos o 0,2%, a $1.507, tendencia inversa a la de la rueda mayorista que reflejaría la intervención del Banco Central con ventas de contratos para contener este precio de referencia. Para fin de julio la banda superior del régimen oficial quedará en los $1.844,85, en función a la actualización por el 2,1% de inflación de mayo, a 337,85 pesos o 22,4% del valor del contrato en A3 Mercados.
El Banco Central absorbió USD 25 millones a través de su intervención cambiaria, apenas el 3% de la oferta spot -por debajo del 5% del objetivo oficial para esta estrategia-, mientras que las reservas internacionales crecieron en USD 2.183 millones, a USD 47.056 millones, ante la recomposición de los depósitos de bancos en cuentas de la entidad monetaria, habitual en el comienzo del mes.
Después de la sesión en la que el bloque de la UCR ayudó al oficialismo a evitar la interpelación de Manuel Adorni en Diputados, previo a la renuncia del funcionario, los cinco radicales que integran el bloque de Provincias Unidas (PU) le mandaron una carta al titular del Comité Nacional, Leonel Chiarella, y al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, para que le quiten el sello de la “UCR” al bloque presidido por la cornejista Pamela Verasay.
A la par, la militancia lanzó una juntada de firmas digitales para que “dejen de ensuciar el nombre de la UCR”.
Las cartas fueron firmadas por los porteños Martín Lousteu y Mariela Coletta; el bonaerense Pablo Juliano y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, que responden al gobernador Carlos Sadir.
En la carta a Chiarella señalan que la conducta del bloque que preside la mendocina Verasay -que responde al aliado electoral de Javier Milei, Alfredo Cornejo- “resulta incompatible con los principios históricos del radicalismo, con su Carta Orgánica y con las decisiones adoptadas por sus órganos de conducción”.
Concretamente le objetaron que no dieron quórum en la sesión pedida para interpelar a Adorni. “El comportamiento de dichos legisladores no sólo impidió que se habilitará ese mecanismo institucional, sino que además provocó que la opinión pública asociara a la UCR con la garantía de impunidad para el Jefe de Gabinete”, señalan.
Pero además, le recuerdan que en la votación del Presupuesto 2026, había un artículo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia de Discapacidad y que “en abierta contradicción con el mandato expreso de la conducción partidaria, tres diputados y diputadas de ese bloque votaron a favor de la derogación, dos se abstuvieron y solo uno votó en contra”.
A Martín Menem, por su parte, le mandaron una misiva “a fin de solicitar que se revise la utilización de la denominación “Unión Cívica Radical” (UCR)” por parte del bloque de Vesaray.
Señalan que la Cámara cuenta con otros afiliados a la UCR “que no se sienten representados por las posiciones políticas, legislativas e institucionales” de esa bancada y que la idea no es “limitar la libertad de organización de los bloques” sino “preservar institucionalmente la denominación ‘Unión Cívica Radical’ hasta tanto las autoridades partidarias resuelvan las controversias existentes”.
Desde la Cámara Baja señalaron que “no es potestad de la Presidencia” tomar este tipo de decisiones y que es un tema que “tienen que resolver políticamente ellos”.
Mientras tanto, la militancia publicó un formulario online para que otros afiliados completen con el fin de sumar presión para “que dejen de ensuciar el nombre de la UCR”.
“Exigimos que dejen de usar el nombre y el logo partidario de la Unión Cívica Radical, ya que su accionar se aparta reiteradamente de los principios del radicalismo”, señalan. El documento lleva más de 1300 firmas.
Actualmente los legisladores referenciados en el radicalismo están divididos en tres bloques en Diputados.
Así, en el bloque que lleva el nombre de Unión Cívica Radical quedaron los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri y los chaqueños Gerardo Cipolini y Guillermo Agüero; el entrerriano Darío Schneider (todos entraron por la lista de La Libertad Avanza) y el correntino Diógenes González, que responde a Gustavo Valdés, quien aunque se sumó a Provincias Unidas y compitió contra el oficialismo, sorprendió sumando a su alfil al bloque radical.
En Provincias Unidas quedaron los radicales más duros con el Gobierno: los porteños Lousteau y Mariela Coletta, el bonaerense Pablo Juliano, y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, que responden a Sadir.
Por su parte la radical bonarense, Karina Banfi, aliada del senador Maximiliano Abad, se mantuvo en un interbloque: Adelante Buenos Aires; aunque está en interbloque con la UCR, el PRO y el MID.
