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(Desde Washington, Estados Unidos) Impsa fue la primera empresa que privatizó Javier Milei y la primera compañía que cerró un acuerdo comercial con Delcy Rodríguez, que se hizo cargo de la transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por orden de Donald Trump.

Impsa está liderada por Jorge Salcedo y Juan Manuel Domínguez, que supieron articular un vínculo fluido con el gobierno argentino y una relación de confianza con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

La empresa que privatizó Milei estaba en ruinas y designada por la OFAC, un organismo que aplica sanciones económicas contra países que ponen en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.

Impsa tenía un contrato con el régimen venezolano por dos centrales hidroeléctricas –Tocoma y Macagua-, y la OFAC había prohibido que empresas con capitales americanos operaran bajo las decisiones políticas de Nicolás Maduro.

En abril de 2025, Salcedo y Domínguez presentaron un recurso ante la OFAC para anular las sanciones en contra de Impsa. Y seis meses más tarde, los dos viajaron a Washington para tratar de encontrar una salida al laberinto.

“Maduro tiene mucho que pensar”, fue la respuesta en clave que recibieron Salcedo y Domínguez en el Departamento de Estado.

Para esa fecha, Donald Trump ya había ordenado un despliegue militar inédito frente a las costas de Venezuela. El presidente republicano le cerraba su cerco al dictador y aguardaba paciente para ejecutar su agenda geopolítica en América Latina.

El 3 de enero de 2026, Trump cumplió su amenaza: capturó a Maduro y lo puso a disposición de los tribunales federal de New York.

La captura de Maduro aceleró los tiempos.

Salcedo y Domínguez pidieron un pronto despacho a la OFAC, que actuó en consecuencia. La Casa Blanca apoyaba a Delcy Rodriguez, que se olvidó de Maduro y se plegó a las decisiones políticas que ordenaba Trump desde el Salón Oval.

En marzo de 2026, durante un viaje relámpago a Caracas, Salcedo y Domínguez fueron recibidos por Rodríguez en su despacho de La Estancia. El clima era distendido y no había un solo retrato de Maduro.

Fue una reunión de negocios: las autoridades de Impsa explicaron a la sucesora de Maduro que la mejor opción era que su compañía se hiciera cargo de las centrales de Tocoma y Macagua “sin intermediarios”.

Delcy Rodríguez aceptó. Tiene línea directa con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Secretaría del Tesoro, y sabía con quienes estaban negociando.

Venezuela aprobó una adenda al contrato formal de 2014 -por eso no era necesaria una nueva licitación-, y la sucesora de Maduro ordenó que todo fluyera para que Impsa pudiera cumplir con sus obligaciones contractuales.

Esas obligaciones implican, en una primera fase, poner en servicio un total de 672 MW entre Tocoma y Macagua, con los primeros 160 MW en línea dentro de los próximos 90 días hasta alcanzar 2.640 MW en servicio entre las dos Centrales hidroeléctricas.

Impsa avanza en su hoja de ruta y hay satisfacción en Caracas y Washington. Delcy Rodríguez recibió dos veces más a Salcedo y Domínguez, y como ya hay confianza, los encuentros fueron en el Palacio de Miraflores.

Hace unos días, Jarrod Agen – asesor de Trump- recibió al directorio de Impsa en su despacho de la National Energy Dominance Council (NEDC), que está a pocos metros del Salón Oval.

Durante el cónclave, Salcedo y Domínguez aseguraron a Agen que Impsa “estaba cumpliendo sus obligaciones en Venezuela”.

Agen se comprometió a transmitir el mensaje al presidente de Estados Unidos. Trump sostiene a Delcy Rodríguez, y necesita que todos los días haya luz Venezuela.

El Gobierno nacional puso en marcha un esquema para reactivar el acceso al crédito hipotecario en la Argentina, con el objetivo de facilitar la compra de una vivienda propia y, de paso, darle impulso al sector de la construcción. Detrás del anuncio aparece un actor que no suele estar en el centro de la escena económica: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), más conocido como FGS. Se trata de un fondo que administra el organismo previsional y que ahora pasará a cumplir un rol activo en el financiamiento de la vivienda.

El FGS fue creado en julio de 2007 y nació con un propósito puntual: preservar los recursos que respaldan el pago de las jubilaciones y pensiones del sistema previsional argentino. Su función es la de un resguardo financiero, pensado para que el Estado cuente con una reserva a la que recurrir en caso de que el sistema previsional atraviese dificultades para cubrir sus obligaciones.

Ese patrimonio está compuesto por distintos tipos de inversiones. Entre ellas figuran títulos públicos, acciones de empresas, plazos fijos, obligaciones negociables y préstamos, tanto a provincias como a jubilados y beneficiarios de asignaciones.

La idea que guía la administración del fondo es que esos recursos generen rentabilidad, de manera que el patrimonio se mantenga y, de ser necesario, pueda usarse para sostener el pago de haberes. Con los años, el FGS también fue destinando parte de sus fondos a financiar proyectos productivos y de infraestructura, una función que ahora se amplía con la incorporación del crédito hipotecario.

Un fondeo de dos billones de pesos para los bancos

El esquema que presentó el Gobierno se llama “Programa de licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario” y prevé un monto total de $2 billones provenientes del FGS. La lógica de funcionamiento es la siguiente: el fondo constituye depósitos a plazo fijo en pesos, ajustables por UVA más un interés adicional, y son los bancos los que compiten entre sí para hacerse de esos depósitos. Los fondos que consiguen cada entidad deben destinarse, de manera exclusiva, a otorgar créditos hipotecarios a personas para la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

El programa contempla dos tramos de depósitos. Uno a un año, con una tasa mínima de UVA más 2,50%, y otro a cinco años, con una tasa mínima de UVA más 4,50 por ciento. Cada licitación pone en juego $200.000 millones, y ninguna entidad financiera puede quedarse con más del 20% del monto convocado. Una vez que el banco recibe el depósito, tiene 90 días corridos para transformarlo en créditos hipotecarios. La primera licitación bajo este esquema estaba prevista para la semana siguiente al anuncio.

Las condiciones para acceder a los créditos

El programa no solo ordena de dónde sale el dinero, también fija reglas para los préstamos que los bancos otorguen con esos fondos. La tasa que se le puede cobrar a quien pide el crédito tiene un techo de UVA más 7,50%. En cuanto a los plazos, los créditos deben tener una duración mínima de 15 años, sin un tope máximo establecido. También se definió un límite para el monto de cada préstamo, que no puede superar el equivalente a 150.000 UVA, una cifra cercana a los USD 200.000 al tipo de cambio actual, aunque en la práctica el monto promedio de los créditos hipotecarios históricamente se ubica alrededor de los 80.000 dólares.

Para dimensionar el alcance de la medida, el Ministerio de Economía difundió un ejemplo concreto. Se trata de un crédito equivalente a USD 80.000 para financiar una propiedad valuada en 106.667 dólares, con el préstamo cubriendo el 75% del valor del inmueble. Bajo un plazo de 25 años y una tasa de UVA más 7%, medio punto por debajo del techo del programa, la cuota inicial de ese crédito asciende a 865.098 pesos. Al tratarse de un préstamo ajustado por UVA, el valor de las cuotas no permanece fijo en pesos, sino que se actualiza con la inflación. El cálculo oficial tampoco incluye otros gastos de la operación, como los de escritura o trámites bancarios.

El Ministerio también precisó el ingreso familiar necesario para acceder a ese crédito. Con una relación entre cuota e ingreso del 25%, el cálculo arroja un ingreso neto mensual de $3.460.391 para el grupo familiar, lo que equivale a que cada integrante de una pareja perciba un ingreso de bolsillo cercano a 1,7 millones de pesos.

El consumo aumentó levemente en algunos de los principales indicadores privados, pero persisten señales de fragilidad. La pérdida de poder adquisitivo, el mayor cuidado de las familias al momento de comprar y el escenario que anticipan las consultoras sugieren que el repunte todavía no alcanza para esperar un cambio de tendencia.

En contexto, según la consultora Equilibra, el ingreso disponible de 14,5 millones de personas -que surge de descontar los gastos fijos- cayó 0,5% mensual en junio y 6,9% interanual, quedando 16,9% por debajo del nivel promedio de enero-septiembre de 2023. Por grupos, se observó un retroceso únicamente entre los asalariados privados, con una retracción del 1,4% en relación a mayo y del 6,6% interanual. En contraposición, los trabajadores del sector público y los jubilados tuvieron una recuperación.

En tanto, el ingreso real registrado -deflactado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la canasta actualizada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18- descendió 0,2% mensual y 4,1% interanual. De esta forma, se ubicó 10,9% por debajo de 2023. Si se calcula utilizando los ponderadores de la ENGHo de 2004/05, la caída se atenúa al 8,5 por ciento.

Aun así, en julio, el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que mide rubros como indumentaria y calzado, transporte y vehículos, recreación y cultura, alquileres y servicios, registró un incremento interanual del 2%, al tiempo que subió 0,9% en la medición desestacionalizada respecto de junio.

“El comportamiento puede vincularse a que coincidió con el tramo final del Mundial, en el que la selección argentina de fútbol compitió hasta el último partido, lo que incentivó eventos, reuniones sociales y consumo de forma excepcional respecto al mismo mes de años anteriores”, resaltó la entidad.

Según Scentia, el consumo masivo retrocedió 2,6% interanual en julio, mientras que el acumulado de los primeros siete meses del año anotó una baja de 2,9%. En la comparación mensual, en cambio, mostró una mejora de 4,2%. Esa evolución fue común a todos los canales.

Un informe de Worldpanel by Numerator resaltó que las ventas en este segmento cayeron 3,7% interanual en volumen durante el segundo trimestre. El ajuste fue generalizado: en promedio, solo 3 de cada 10 categorías por rubro lograron resistir el declive. Entre los productos con mejor desempeño se encuentran cremas corporales, jugos listos, aguas no saborizadas y yogures.

La consultora destacó que las compras “urgentes” y de reposición ganan terreno. La frecuencia con la que las personas asisten a los comercios se mantiene firme, con un avance del 1,1%, aunque con canastas más reducidas y mayor control del desembolso en cada visita, lo que refleja una dinámica marcada por la cautela, donde los consumidores reacomodan sus elecciones en función de las posibilidades de su presupuesto.

Esto también impulsa los formatos de productos pequeños, que sumaron más de dos puntos porcentuales de participación en almacenes, kioscos y autoservicios en los últimos dos años. En esta línea, de acuerdo a NielsenIQ, el 34% de las ventas en supermercados se realiza con promociones.

Qué se espera en los próximos meses

Hacia adelante, la CAC proyectó: “La continuación del sendero desinflacionario puede ser la clave para volver a empujar el crecimiento del ingreso de los hogares y, por ende, su capacidad de consumo”.

Damián Graziano, director comercial para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay de NielsenIQ, comentó: “Habrá que considerar el efecto de la base de comparación. Durante el segundo semestre de 2025, el consumo masivo comenzó a recuperarse, por lo que los datos de lo que resta del año se medirán contra niveles más elevados. Esto hace que lograr variaciones positivas sea cada vez más desafiante”.

“En ese contexto, es posible que veamos una estabilización, más que el inicio de una etapa de expansión sostenida. Por eso, de momento, no esperamos una aceleración significativa de la demanda”, agregó el especialista.

Esteban Cagnoli, director general de Worldpanel by Numerator, apuntó: “Es muy difícil prever cómo evolucionará el consumo masivo en los próximos meses, dado que la incertidumbre sigue predominando. La expectativa es que se mantenga relativamente estable, con un leve crecimiento interanual”.

Podría contribuir a la reactivación de la demanda una pauta salarial más laxa por parte del Gobierno. Una medida en esa dirección es el establecimiento de un salario mínimo garantizado que la Secretaría de Trabajo busca impulsar para los nuevos convenios colectivos. El monto previsto para agosto sería de $1.070.000. La cartera que conduce Julio Cordero ya notificó a los gremios cuyos acuerdos contemplan sueldos inferiores a ese nivel.

En el XXI Seminario Internacional de Techint, sobre “Recursos naturales, desarrollo y las nuevas dinámicas del comercio”, Leland Miller, experto norteamericano fundador y CEO de la consultora China Beige Book, investigador de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China del Congreso norteamericano, alertó sobre el riesgo que representa el llamado “China Shock.2” no solo para la economía y el comercio, sino también para la seguridad de cada país.

Ya no se trata, explicó, del “China Shock.1” de las primeras décadas de este siglo el gigante asiático, cuando tras ingresar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) el gigante asiático dominó la producción y comercio mundial de sectores de bajo valor y nivel tecnológico como juguetes, textiles, indumentaria y muebles, gracias a su mano de obra barata.

Desde 2015, cuando se publicó el libro “Made in China 2025”, el líder chino, Xi Jinping, apunta a que su país domine a nivel global industrias intensivas en capital y tecnología, muy relacionadas con la seguridad, dijo Miller.

El experto reconoció que es inviable que un país como la Argentina se desacople comercialmente de China, pero consideró que cada trato comercial, financiero o productivo con el gigante asiático debe evaluarse por sus efectos a diez, quince o veinte años.

“China Shock 2.0”: avance tecnológico y seguridad nacional

En 2030, precisó Miller, China controlará el 45% del valor agregado industrial mundial y apunta a un dominio abrumador en industrias de alta tecnología, estratégicas y vinculadas a la seguridad nacional. Un documento de fines de 2025 de la Comisión Bilateral del Congreso de EE.UU. en la que participa Miller, identificó diez industrias que el plan “MIC2025” (por Made in China 2025) impulsa expresamente porque Beijing juzgaba “estratégicamente importantes pero subdesarrolladas”, a saber:

• Industria de tecnologías de la información (TI) de próxima generación: circuitos integrados, equipos de comunicación de información y software.
• Máquinas de control numérico computarizado (CNC) y robótica de alta gama.
• Equipos de aviación y espaciales, incluidas tecnologías de drones.
• Equipos de ingeniería para plataformas marinas y buques de alta tecnología.
• Equipos avanzados para el transporte ferroviario.
• Vehículos de bajo consumo energético y de nuevas energías (VNE), incluidos los vehículos eléctricos (VE).
• Equipos eléctricos, incluyendo energía solar y eólica.
• Maquinaria y equipo de uso agrícola.
• Nuevos materiales.
• Biofarmacia y dispositivos médicos de alto rendimiento.

Un “Libro Verde” anexo a MIC2025 contiene 250 objetivos específicos en esas diez áreas. En el caso de los semiconductores o chips, donde la disputa tecnológica es más intensa y China no habría logrado aún descontar la ventaja de EE.UU. y Occidente, se detalla que hacia fines de 2025 “los fabricantes de chips chinos solo poseían una fracción del mercado global en la mayoría de las etapas de la cadena de valor, representando apenas el 11% del valor agregado total a partir de 2022”.

El sector clave, de SMIC a Huawei

China sigue rezagada tanto en “semiconductores avanzados” como en “semiconductores fundamentales”, pero en este último sector “se ha expandido a una velocidad vertiginosa”, concediendo subsidios y ayuda estatal tres veces mayores a los que movilizó la ley norteamericana “Chips y Ciencia” para fabricar esos productos en EE.UU., dice el documento del Congreso.

La empresa estatal china Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), cita, superó a GlobalFoundries, con sede en EE.UU., en el primer trimestre de 2024, y se convirtió en la tercera fundición más grande, con el 6% de los ingresos.

SMIC es ya el tercer productor mundial de chips detrás de la taiwanesa TSMC y la coreana Samsung, pero no de los más avanzados. En 2022, durante el gobierno de Joseph Biden, EE.UU. introdujo controles de exportación a China de “semiconductores de nodo avanzado y equipos de fabricación de semiconductores” y coordinó con Japón, Países Bajos y Corea del Sur limitar la exportación de equipos litográficos para fabricar chips “Sub 7 nm”, los más avanzados del mundo (nm es por nanometro, una millonésima de milímetro).

Así, dice el documento del Congreso norteamericano, SMIC, también señalada por brindar tecnología militar a Irán, adquirió tecnología de equipos más antiguos y produjo el chip “Kirin 9000S” para Huawei, basado en un proceso de 7 nm utilizando máquinas de litografía ultravioleta profunda (DUV), menos avanzadas que las de ultravioleta extrema (EUV), “llevando la tecnología DUV al límite”.

La preocupación de EE.UU.

Esto explica la preocupación de Washington, reflejada en advertencias del embajador de EE.UU. en la Argentina, Peter Lamelas, por el contrato que CALF, una cooperativa eléctrica neuquina, negocia con Huawei.

“Si Huawei controla la red de 5G en un país, el Ministerio de Seguridad del Estado de China tiene acceso completo a todo lo que tiene Huawei, porque esencialmente son lo mismo”, dijo Randy Scheunemann, vicepresidente del Instituto Republicano Internacional, a Infobae en abril de este año, advertencia que Lamelas ratificó al adelantar la posibilidad de cancelar visas de ingreso a EE.UU. a directivos de CALF.

El vínculo entre Huawei y el Estado chino es público: Ren Zhengfei, fundador y director ejecutivo de la empresa, integró el Ejército Popular de Liberación y las leyes chinas exigen que las grandes compañías incorporen a miembros del Partido Comunista Chino en sus directorios, de modo que formen parte de la estructura de poder estatal. Por eso, la penetración de Huawei en la red 5G global no es solo un salto tecnológico, sino un acceso encriptado del régimen chino a información estratégica de usuarios, empresas y gobiernos de decenas de países.

El documento de la Comisión del Congreso de EE.UU. incluye varias evaluaciones de MIC2025, incluida una de 2024 del entonces senador y hoy secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, que alertaba sobre el avance chino en sectores como ferrocarril de alta velocidad y construcción naval, y notaba su relativo retraso en maquinaria agrícola.

El rol de la ciencia y la tecnología en el desarrollo

En el seminario del grupo industrial más grande de la Argentina también expuso Ricardo Hausmann, director del Growth Lab de la Universidad de Harvard. Hausmann resaltó que la Argentina y otros países de América Latina, como México y Chile, aunque cumplieron muchos requisitos del desarrollo económico (expectativa de vida, fertilidad, participación de la mujer en el trabajo, matrícula universitaria, urbanización), no convergieron en sus resultados. Por caso, precisó, la Argentina pasó de representar el 35% al 15% del PBI por habitante de EE.UU.

La variable que explica la no convergencia es el retraso tecnológico, que el investigador vinculó a una mala articulación entre Estado, empresas, universidades e investigación científica y tecnológica.

Hausmann advirtió que si en el esquema actual las empresas invirtieran más en las universidades e investigación, no necesariamente los resultados serían mejores, porque mientras en los países avanzados la inversión en tecnología pasa por una “caja negra” que genera progreso, en países como la Argentina la inversión pasa por un “agujero negro” que consume recursos y produce magros resultados.

El experto señaló cómo podría cambiar ese panorama. Mientras países como la Argentina buscaron avanzar con la secuencia Universidad-Ciencia-Patentes, Corea del Sur hizo otro camino: Patentes-Universidad-Ciencia. “Empezaron por la investigación aplicada para resolver retos productivos, con apoyo universitario y del gobierno”, explicó. En la Argentina, en cambio, las universidades cumplen funciones casi exclusivamente docentes y las políticas de Ciencia y Tecnología apuntaron a la primera antes que a las soluciones tecnológicas.

Corea del Sur tiene hoy siete veces más investigadores por millón que la Argentina, invierte 9,4 veces más de su PBI y genera 201 veces más patentes por millón que nuestro país. En Corea, las diez primeras generadoras de patentes son empresas, mientras en la Argentina solo cuatro de los diez primeros puestos corresponden a empresas: YPF e Y-Tec en tercer lugar, Siderca-Tenaris en el octavo, Bioceres-Indear en el noveno y Biosidus en el décimo.

Hausmann incluso sugirió algunas líneas para empezar, con investigación orientada a resultados, a revertir el actual statu-quo local:

• ¿Cómo se puede hacer competitiva la extracción directa de litio?
• ¿Cómo asegurarse que el litio gane la guerra por la tecnología de baterías?
• ¿Cómo producir carne sin vacas (food tech)?
• ¿Cómo mejorar la eficiencia del fracking en Vaca Muerta?
• ¿Qué hacer con las 11.5 millones de ovejas (-20% desde el 2018, -85% desde 1895) o con las tierras donde están, dado el colapso del precio internacional de la lana?
• ¿Cómo integrar la IA a los procesos productivos en Argentina?
• ¿Cómo generar y estabilizar la red eléctrica con energías renovables?