En septiembre de 2001, el Congreso votó la ley de “Intangibilidad de los depósitos”. En enero de 2002, apenas cuatro meses después, corralito mediante, esa ley quedó vacía de contenido. Es tal vez uno de los ejemplos más dolorosos y más recordados de que, en la Argentina, una ley no necesariamente es garantía de perdurabilidad. Pero, por desgracia, no es el único. Algunos de los mismos diputados que votaron en sus años mozos la privatización de YPF, años después argumentaban con sapiencia la conveniencia de su estatización; lo mismo sucedió con los fondos de pensión privados, las AFJP. Nadie duda de la necesidad de un Banco Central (BCRA) independiente, pero para que sea sostenible en el largo plazo, hará falta mucho más que una ley. Hacen falta consensos y más.
Hoy, si bien el BCRA institucionalmente avanzó y, mucho, con respecto a administraciones anteriores, está lejos de ser independiente del Tesoro. No lo son sus autoridades, tampoco lo es la entidad del Ejecutivo. El propio presidente, Javier Milei, admitió públicamente que no estaba de acuerdo, por ejemplo, con la política de compra de reservas por parte del BCRA. De hecho, pese a los pedidos del FMI y la insistencia del mercado, el Gobierno en un primer momento fue reticente a avanzar en la adquisición de dólares. “Que no se vaya a la inflación, por favor. O sea, cuidado cómo los comprás. Ya saben que si fuera por mí….”, deslizó Milei en marzo pasado, en la Argentina Week. Aun un libertario tiene problemas para contenerse de inmiscuirse en la política del BCRA.
Pero no es el único caso; el Tesoro, con sus emisiones de deuda, por momentos hasta cumple funciones de política monetaria, que en cualquier país que se tome como modelo no parecen habituales. El año pasado, en tanto, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el BCRA aportó al Tesoro utilidades por $12 billones, que fueron fundamentales para que la administración nacional cerrara el periodo con un superávit financiero del 1,3% del PBI. Sin la emisión de esos pesos por parte del BCRA, la administración nacional hubiera cerrado con un rojo de 0,1% del PBI. Necesidad mata dogma.
Es cierto que la economía argentina fue, hasta ahora, de todo menos normal y que en un proceso de estabilización es imposible avanzar sin pragmatismo. Pero no parecen prácticas que puedan sostenerse si el BCRA realmente apunta a funcionar de forma autónoma. En Perú, sin ir más lejos, el Banco Central que dirige Julio Velarde desde 2006 —hace 20 años, y ahora acaba de ser confirmado por la flamante presidenta, Keiko Fujimori— no tiene ningún tipo de injerencia sobre la política financiera del Tesoro. Tampoco puede adquirir bonos directamente del Estado, sino solo en el mercado secundario, y con un límite muy claro establecido por año.
En Perú, la independencia del Banco Central está sellada a fuego en la Constitución. Pero es exitosa sobre todo porque goza de un activo intangible que solo se acrecienta con el tiempo: la buena reputación. La política no se le anima. Pero porque el mandato social es firme. Según una encuesta de Ipsos publicada por La Tercera en abril pasado, el 96% de los empresarios aprobaba la gestión de la autoridad monetaria peruana; en 2025, Ipsos y Semana Económica eligieron a Velarde, por quinto año consecutivo, como la persona más influyente en el ámbito económico y, un tiempo antes, otra encuesta de Ipsos para Perú21 mencionó al Banco Central como la segunda institución de mejor reputación del país andino. “Acá se entiende que el Banco Central es sano y sagrado; por más que los ciudadanos no entienden tanto su función, sí saben que no hay que tocarlo”, reconoce desde Perú un economista que participa de la vida pública.
Para que algo similar suceda en la Argentina, el Gobierno necesita que la economía empiece a arrojar resultados para toda la sociedad. La tolerancia social a un proceso de estabilización se sostiene, pero nadie sabe hasta cuándo. Es un interrogante eterno. Se sabe que todos los procesos de transformación económica que transitaron países como Israel, Uruguay o el propio Perú demoraron años. Pero los fenómenos sociales (y el bolsillo) muchas veces le escapan a la razón. Los índices de confianza en el Gobierno, como el que publica la Universidad Torcuato Di Tella junto con Poliarquía, mostraron el último mes un deterioro del 6,5%, pero siguen siendo favorables al oficialismo. Quienes frecuentan al Presidente admiten que cuando surge la pregunta de cuándo arranca la economía, la respuesta que reciben tiene altas cuotas de irascibilidad. “No se siente comprendido -explica un interlocutor frecuente del mandatario libertario-. Nos responde: ‘¿Y qué querés, que vuele la inflación?’. Es un callejón sin salida”, admite. “Hay propuestas de bajar encajes para bajar el costo del financiamiento bancario, pero Milei no cree en eso”, asevera.
En el equipo económico creen que, a medida que avance el segundo semestre, empezará a verse la mejora. “Hay brotes verdes”, dijo hace algunos días el viceministro, José Luis Daza. Tal vez, porque vivió gran parte de su carrera en el extranjero y transitó el colapso del macrismo desde Nueva York, no dimensionó la connotación de su expresión. Cualquiera que sea el caso, es de esperar que los planes de los bancos para refinanciar deudas de morosos empiecen a surtir efecto. Solo en el Banco Nación, la principal entidad del país, ya se hicieron este mes 60.000 operaciones de refinanciaciones de créditos, por aproximadamente $310.000 millones, incluyendo acciones de premora y mora. El nuevo sistema de “botón de cobro” para clientes con mora en la tarjeta de crédito registró 7500 refinanciaciones en las primeras 24 horas.
Los bancos, sin embargo, escarmentaron y es posible que no traccionen con nuevos créditos como lo hicieron en el primer semestre de 2025. Siguen pidiendo que sea el Estado el que, de alguna manera, colabore para tutorear el crédito de mediano plazo. Es en tiempos como estos cuando pesa el no tener un inversor de largo plazo en el mercado, como lo fueron las AFJP. Si tan solo la ley las hubiera protegido…
La recuperación económica podría ser la mejor herramienta de marketing de la campaña libertaria. La baja de la inflación es una bandera loable, pero el espacio sería imbatible si además se diera que el consumo mejora. La economía promete ser, por ahora, tema de conversación en toda la campaña. Tanto que distintos espacios suben al ring a economistas como candidatos: al presidente Milei le quiere competir el gobernador Axel Kicillof, Carlos Melconian y, ahora, el PRO acaba de lanzar a la arena al exministro macrista Hernán Lacunza. Incluso el banquero Jorge Brito, a quien apuesta a posicionar un sector del peronismo y del desaparecido Juntos por el Cambio, se siente cómodo cuando el debate gira en torno a la economía. “Es una guerra de economistas”, se sonríe un armador de uno de los espacios.
En el sector privado, entretanto, muchos siguen con atención algunos de los procesos de fusiones y adquisiciones que podrían cambiar el mapa de algunas industrias. En el Gobierno insisten en que la salida de los pliegos del Belgrano Cargas es inminente. Incluso, le informaron a la Embajada de Estados Unidos, que monitorea el proceso con el mismo celo con que siguió el de la Hidrovía, que podría ser entre el 5 y el 14 de agosto. El 10 del mismo mes, el directorio de YPF tiene previsto definir la venta del 70% de Metrogas, participación para la cual recibió ya ofertas económicas la semana pasada.
El conflicto diplomático que se generó con el gobierno brasileño luego del viaje de Milei a San Pablo, en el que calificó (sin nombrarlo) al presidente Lula da Silva de “ladrón”, tuvo más impacto en otras sedes diplomáticas que en el empresariado local. Alguno, otrora cercano al sciolismo, incluso le bajó el tono al enfrentamiento, recordando los tiempos en que Milei hacía de economista de un Daniel Scioli candidato presidencial, con todo el apoyo del líder del PT brasileño. Todo puede cambiar. Acostumbrados ya a los exabruptos del líder libertario, muchos empresarios hace tiempo que prefieren no exponer sus pensamientos en público.
Se sabe que la atención de Milei está concentrada sobre todo en el vínculo con los Estados Unidos. Aunque ahora pareciera que está cambiando de interlocutores, al menos, formalmente. En junio pasado, la unidad de FARA del Departamento de Justicia de Estados Unidos recibió un formulario de trámite que puso punto final a uno de los vínculos más comentados de la era libertaria: el que unía a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con Tactic Global, la empresa de lobby que lidera el empresario Leonardo Scatturice, el sindicado exagente de inteligencia, ahora dueño de Flybondi.
Tactic, según consta en el documento -en los EE.UU. el lobby es una actividad regulada y debe informarse- dio de baja su representación de la SIDE. El mismo día cesó la del Ministerio de Integración Europea y Cooperación Internacional de la República Srpska —la entidad serbobosnia alineada con Moscú— y, unos meses antes, la de una agencia estatal de Kirguistán.
Pero, dice el documento, la Argentina jamás pagó un dólar por la consultoría de Tactic. En seis meses, Tactic declaró un solo ingreso de US$100.000, de la República Srpska. Con lo cual el enlace entre la SIDE argentina y la Casa Blanca se pactó, se anunció, escandalizó —pero nunca generó una factura. Los tres operadores que le daban espesor a la firma —Caroline Wren, Barry Bennett y Ryan Coyne, nombres que circulan por los pasillos de la CPAC y de las campañas republicanas— cesaron su conexión el mismo 1° de mayo. Antes ya se había ido María Soledad Cedro, la socia que en febrero de 2025 había estampado su firma, junto a la de Sergio Neiffert, en el contrato que lo empezó todo.
En su momento, Tactic había declarado que sus honorarios por representar a la SIDE ante Washington serían de US$10.000 por mes. Queda, como siempre, la pregunta que ningún casillero del formulario contesta: ¿qué obtuvo la Argentina de un contrato que no pagó y que, por lo tanto —según reconoce la propia contratista—, nunca se ejecutó? Un enlace low-cost, sin escalas y sin factura.
