Blog

La pobreza suele resumirse en un porcentaje, pero detrás de ese número existe una metodología que combina dos variables centrales: el valor de una canasta de bienes y servicios y los ingresos declarados por los hogares. Martín Lousteau puso el foco sobre ese mecanismo y planteó que algunas diferencias en la forma de medir ambos componentes pueden modificar la lectura sobre la evolución de la pobreza en Argentina.

Durante una columna en Infobae a la Tarde, el diputado nacional explicó que el indicador depende de la línea que establece cuánto necesita una familia para cubrir una canasta determinada y de los ingresos que ese hogar declara. “Si medís más mal alguna de las dos, tu indicador de pobreza está distorsionado con respecto a la realidad”, afirmó.

Cómo se mide la pobreza en Argentina

La medición parte de dos canastas. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) establece el umbral de indigencia, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) incorpora, además de los alimentos, otros bienes y servicios necesarios para determinar la línea de pobreza.

El cálculo se realiza comparando ese valor con los ingresos de los hogares relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Si los ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total, el hogar queda por debajo de la línea de pobreza.

Para Lousteau, uno de los puntos centrales de la discusión está justamente en la información sobre ingresos. “La medición de cuánto gana la gente es una pregunta que se le hace a la gente: ‘¿Cuánto ganaste?’”, explicó.

En algunos casos, las respuestas pueden compararse con registros administrativos. Esto sucede con asalariados privados registrados, empleados públicos y jubilados. La verificación resulta más compleja entre trabajadores informales, independientes y cuentapropistas.

El economista sostuvo que existen diferencias entre los ingresos declarados en la EPH y los que aparecen en registros disponibles. Según su exposición, la encuesta muestra, por ejemplo, aumentos de ingresos entre asalariados registrados que no coinciden con la evolución de las fuentes administrativas.

Para Lousteau, esa diferencia puede afectar directamente el indicador: “Si vos captás ingresos que son más altos que los reales, estás subestimando la pobreza. Y si te suben mucho esos ingresos, estás sobreestimando cuán rápido está bajando la pobreza”.

Una canasta construida con consumos de hace dos décadas

El segundo punto de su planteo está relacionado con la composición de la canasta utilizada para establecer la línea de pobreza.

Lousteau cuestionó que la estructura de consumo de referencia corresponda a la encuesta realizada en 2004-2005, cuando posteriormente se llevó a cabo otra, en 2017-2018. El argumento es que los hábitos de consumo de los hogares cambiaron y que algunos rubros tienen hoy un peso distinto dentro del presupuesto familiar.

“Ahora los servicios públicos pesan mucho más”, señaló. Desde esa perspectiva, si determinados gastos representan actualmente una porción mayor de los ingresos pero no tienen el mismo peso en la estructura de referencia, la línea de pobreza puede no reflejar completamente esos cambios.

Lousteau vinculó esta discusión con los trabajos realizados para actualizar la canasta y con la salida de Marco Lavagna del INDEC. También citó un estudio del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), de la Universidad Nacional de La Plata, según el cual una estructura de consumo actualizada modificaría el nivel estimado de pobreza.

El desfasaje entre los ingresos y los precios

El tercer factor señalado por el diputado es temporal. La información sobre ingresos relevada por la EPH y el valor de la canasta no necesariamente corresponden al mismo momento.

“La canasta es la de hoy, pero tu plata es la del mes anterior”, explicó Lousteau. Según su planteo, en períodos de inflación elevada esa diferencia puede tener un impacto significativo porque los precios y los ingresos evolucionan a distinta velocidad.

También mencionó otro posible efecto vinculado con la declaración de ingresos. De acuerdo con una hipótesis analizada por el CEDLAS, en contextos de inflación elevada las personas pueden tener mayores dificultades para recordar y declarar correctamente cuánto ganaron.

“Cuando hay mucha inflación, la gente no se acuerda bien cuánto gana y generalmente subreporta”, sostuvo. De todos modos, el propio Lousteau reconoció que existen interrogantes entre los especialistas sobre las causas y la magnitud de esas diferencias.

Qué cambia cuando se ajusta la medición

La discusión adquiere relevancia al comparar la evolución oficial con las estimaciones que incorporan estos factores.

Lousteau señaló que, según la serie oficial, la pobreza pasó de 41,7% al comienzo de la gestión de Javier Milei a 31,6% en el primer semestre de 2025, una reducción de 10,1 puntos porcentuales.

Sin embargo, al incorporar las correcciones analizadas por el CEDLAS, el punto de partida cambia. “En realidad partimos de 43,1”, sostuvo. A partir de esa serie corregida, planteó que la pobreza habría aumentado con fuerza después de la devaluación y la aceleración inflacionaria de fines de 2023 y luego habría descendido hasta quedar en niveles similares a los iniciales.

El planteo de Lousteau también se vincula con la evolución de los ingresos y el empleo. “Si perdés fuente de trabajo, si el salario pierde con respecto a la inflación, tenés más pobres”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la desaceleración de la inflación no alcanza por sí sola para explicar una mejora social. Para que los hogares abandonen de manera sostenida la pobreza, planteó, también debe recuperarse el poder adquisitivo y mejorar el mercado laboral.

El diputado cuestionó además la evolución de la actividad económica y sostuvo que, después de una recuperación inicial asociada a la recomposición salarial, el blanqueo y el crecimiento del crédito, la economía volvió a mostrar un escenario de estancamiento.

“El termómetro está mal y te mide la fiebre mal. Y yo qué sé si te estoy curando la infección o no”, concluyó.

La discusión, así, excede la disputa por un porcentaje puntual. El debate está en cómo se construye ese número: qué consumos se consideran, cómo se actualiza su valor, qué ingresos se toman y con qué precisión pueden ser relevados. Para Lousteau, esas decisiones metodológicas son determinantes para interpretar qué está ocurriendo con la pobreza y cuánto de una variación estadística responde efectivamente a un cambio en las condiciones de vida de los hogares.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires reunió este viernes a un plenario de las comisiones de Legislación General y Derechos del Usuario y Consumidor para tratar una serie de proyectos de ley que interceden ante la morosidad familiar, que en territorio bonaerense –según el Mapa de la Deuda– se ubica en una tasa del 20,17%. En ese marco, distintos expedientes, que fueron aprobados por mayoría y serán tratados en la sesión del próximo martes, pero en la votación sorprendió la abstención de los legisladores que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a una iniciativa impulsada por el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, y cuya coautora es Mayra Mendoza.

El texto propone crear un régimen para prevenir y tratar el sobreendeudamiento de consumidores, con una negociación obligatoria y gratuita ante la Defensoría del Pueblo antes de iniciar reclamos judiciales.

Al momento de su votación, el diputado del bloque Nuevos Aires, Gustavo Cuervo, presentó algunas disidencias al proyecto y lo propio hicieron Ana Luz Balor, Diego Nanni y José Galván, que optaron por abstenerse cuando se trató esa iniciativa. Estos últimos forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que comanda Kicillof.

Tignanelli, que es autor, no se conectó de manera virtual a participar del encuentro. El proyecto también lleva la firma de Mendoza. Las disidencias y dudas que surgieron de la iniciativa se refieren a la potestad otorgada a la Defensoría. Galván, Cuervo y Balor, se basaron en que el artículo 55 de la Constitución Provincial remarca que la Defensoría del Pueblo tiene poder de intervención “frente a los hechos u omisiones de la Administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones” y que darle más atribuciones puede abrir un planteo de inconstitucionalidad.

Balor, que presentó distintas iniciativas al respecto, también remarcó que la autoridad de aplicación tiene que ser la de las dependencias municipales, ya que la Defensoría “tiene otras facultades”. Las diferencias también fueron leídas por algunos legisladores como parte de la discusión interna que atraviesa el peronismo.

Fue entonces cuando el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado massista, Rubén Eslaiman —que coordinaba el encuentro— planteó que existía la posibilidad de que el próximo lunes Tignanelli reciba a los legisladores para saldar las deudas que se presentaban y que, en caso de modificaciones al proyecto, se pongan a consideración en misma sesión que será el día martes. Pese a todo, el proyecto se aprobó por mayoría. Lo rechazó el bloque de La Libertad Avanza. También se abstuvieron los diputados que forman parte de las comisiones e integran las bancadas del PRO y de la UCR.

El rol de la Defensoría del Pueblo, que preside Guido Lorenzino, en este proyecto es clave. Será la autoridad de la instancia prejudicial obligatoria. La persona endeudada, un acreedor que pretenda comenzar una acción de cobro o la propia Defensoría, con conformidad del consumidor, podrán iniciar el trámite.

Una vez admitida la solicitud, el organismo deberá identificar a todos los acreedores y procurar que las obligaciones sean tratadas en un único procedimiento. El objetivo es impedir que una refinanciación individual haga imposible afrontar las deudas restantes.

Además de esta iniciativa, se unificaron en tres proyectos todos los expedientes presentados sobre la agenda de endeudamiento. Los legisladores de La Libertad Avanza rechazaron todas las iniciativas.

La UCR + Cambio Federal y el PRO se abstuvieron en cada votación porque consideraron que hubo demasiadas propuestas en poco tiempo para analizarlas en detalle, aunque expresaron su respaldo al objetivo de las normas. El FIT aprobó el expediente que reunió cuatro proyectos y se abstuvo en los restantes, mientras que Nuevos Aires acompañó tres y se abstuvo en el presentado por Tignanelli.

El primer expediente unificó iniciativas de Ana Luz Balor, Noelia Saavedra, Ariel Archanco y Juan Malpeli (todos de Fuerza Patria) sobre hostigamiento en cobranzas extrajudiciales, protección frente al endeudamiento y las cobranzas abusivas, derechos de los usuarios de servicios financieros y reestructuración judicial de deudas de consumo.

Otro reunió un proyecto de Balor con uno de la diputada Silvina Vacarezza (UCR+Cambio Federal) que combina el trato digno a personas sobreendeudadas con la propuesta de incorporar políticas de información y capacitación financiera en favor de los consumidores

Mientras que un tercero integró propuestas de Leonardo Moreno y Malpeli para reforzar la protección de consumidores sobreendeudados y de quienes acceden a créditos y financiaciones. Todos los proyectos serán aprobados en la sesión del martes 29 de septiembre y seguirán su curso en el Senado bonaerense, donde las diferencias internas dentro del peronismo también gravitarán.

Los diputados buscarán cerrar los consensos durante la próxima semana. El debate también reflejó la tensión que atraviesa al peronismo en la provincia de Buenos Aires.

La pobreza alcanzó al 32,3% de la población en los principales centros urbanos del país durante el primer semestre del año, lo que, al extrapolar el indicador al total nacional, equivale a unos 15,56 millones de personas. Sin embargo, la incidencia fue significativamente mayor entre los menores de 14 años, grupo en el que llegó al 44,5%, 3,2 puntos porcentuales por encima del segundo semestre de 2025. De ese total, el 10,8% se encuentra en situación de indigencia.

Siguiendo la tendencia histórica, los niños de 0 a 14 años fueron el grupo con mayor incidencia de la pobreza, seguidos por las personas de 15 a 29 años, con 36,9%; de 30 a 64 años, con 28,8%; y de 65 años y más, con 14,8%.

“Los niños de 0 a 14 años registraron el menor aumento relativo (+4% o 165.000 personas más), pero un aumento importante en indigencia (+21% o 175.000 personas más), posiblemente por el fuerte aumento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA)”, señaló el IERAL.

En este sentido, según el Indec, el ingreso per cápita familiar creció en promedio un 11,5% durante el período, mientras que la CBA subió un 21,4% y la Canasta Básica Total (CBT), un 19,6 por ciento. Esa brecha redujo el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables.

De todos modos, el centro de estudios de la Fundación Mediterránea indicó que el aumento de la pobreza se concentró principalmente en edades con fuerte participación en el mercado de trabajo. Casi la mitad de las nuevas personas en situación de pobreza (919.000) tiene entre 30 y 64 años. Le siguen los jóvenes de 15 a 29 años, con 481.000 personas más. En conjunto, ambos grupos suman cerca de un 1,4 millones de personas, unas 7 de cada 10 del incremento del último semestre.

En términos relativos, el mayor aumento se produjo entre los mayores de 65 años. “La cantidad de personas pobres en este grupo creció 55% en un semestre y la de indigentes, 60%. Son variaciones elevadas sobre una base baja, ya que históricamente se trata del grupo con menor incidencia de pobreza dada la amplia cobertura previsional. Aun así, el deterioro constituye una señal de alerta sobre la evolución de los ingresos previsionales frente a las canastas”, remarcó el IERAL.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA señaló: “La política social sigue evitando un deterioro mucho mayor. Las simulaciones del ODSA muestran que, al descontar del ingreso de los hogares la AUH, otros programas de transferencias y pensiones no contributivas, la indigencia prácticamente se duplica”.

“Según nuestras estimaciones, en el escenario actual, en ausencia de esas transferencias el orden de magnitud contrafactual se ubicaría aproximadamente entre 14%-15%. Esto muestra la fuerte contribución de la política social para contener la pobreza extrema, aun cuando su capacidad protectora haya perdido intensidad durante 2025-2026″, agregó.

Por aglomerado, Concordia registró la tasa de pobreza más alta, con el 56,2%, seguida por Gran Resistencia (48,6%), Posadas (42,2%) y Corrientes (41,0%). En el extremo opuesto, CABA presentó la menor incidencia, con 11,1%, seguida por Neuquén-Plottier (19,6%) y Mar del Plata (20,4%). Gran Córdoba, en tanto, se ubicó en 31,1%, ligeramente por debajo del promedio de los aglomerados relevados.

La comparación interanual muestra una heterogeneidad aún mayor. Mientras algunos aglomerados registraron incrementos significativos, como Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (+10,3 puntos porcentuales), Concordia (+7,0 p.p.), Viedma-Carmen de Patagones (+6,5 p.p.), Santiago del Estero-La Banda y La Rioja (+6,0 p.p. en ambos casos), otros exhibieron descensos importantes.

Entre estos se destacan Mar del Plata (-7,1 p.p.), Río Gallegos (-6,7 p.p.), Neuquén-Plottier (-6,4 p.p.) y Gran Rosario (-5,0 p.p.). Gran Córdoba, por su parte, registró un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2025.

La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires revocó por unanimidad el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis que había declarado inconstitucional la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y sobreseído a un adolescente acusado de tentativa de robo. Los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca cuestionaron los fundamentos utilizados por la magistrada para dejar sin efecto la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, ordenaron continuar la investigación y dispusieron su apartamiento del expediente.

El pronunciamiento, al que accedió Infobae, constituye una de las primeras decisiones de una Cámara sobre la aplicación de la Ley 27.801, vigente desde el 5 de septiembre. El tribunal consideró que De Marinis había cuestionado una decisión de política criminal adoptada por el Congreso sin demostrar que la reducción de la edad de punibilidad contradijera una disposición de la Constitución Nacional o de los tratados internacionales de derechos humanos.

“El control judicial, sin embargo, no autoriza a sustituir una opción legislativa por otra sólo porque la segunda parezca más conveniente, menos punitiva o preferible desde una determinada concepción de política criminal”, sostuvo Mahiques en su voto, al que adhirió íntegramente Larocca. Franza desarrolló sus propios argumentos y coincidió con la decisión de revocar la sentencia y apartar a De Marinis.

El fallo responde a la apelación presentada por los fiscales Mauro Andrés Tereszko y Paula Raffa Pirra contra la resolución del 21 de septiembre, que había declarado inconstitucional el artículo 1° de la nueva legislación respecto de un adolescente identificado con las iniciales M.I.A., de 14 años, acusado de participar en un intento de robo ocurrido en Palermo.

Los argumentos para revocar la inconstitucionalidad

La Cámara dedicó buena parte de sus fundamentos a examinar las razones utilizadas por De Marinis para considerar que la reducción de la edad de punibilidad vulneraba los derechos de los adolescentes.

Mahiques sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad constituye una herramienta excepcional y recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema, que la considera la última alternativa del orden jurídico cuando una disposición legal resulta incompatible con una garantía constitucional.

En ese sentido, el camarista advirtió que la jueza había desarrollado extensamente los principios de protección integral de la infancia, pero no explicó de qué manera el límite de 14 años establecido por el Congreso resultaba contrario a una obligación constitucional o convencional concreta.

Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que habían sido utilizadas por De Marinis para justificar su decisión.

La Cámara recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño exige establecer una edad mínima de responsabilidad penal, pero no determina expresamente cuál debe ser. También señaló que la Observación General N° 24 del Comité reconoce los 14 años como estándar mínimo general aceptable, aunque recomienda mantener edades superiores cuando los Estados ya las tienen establecidas.

Para el tribunal, esas recomendaciones constituyen pautas interpretativas relevantes, pero no equivalen por sí mismas a una prohibición jurídica de modificar la legislación nacional.

El fallo también cuestionó que De Marinis hubiera utilizado las circunstancias particulares del adolescente y las características del intento de robo para declarar inconstitucional una disposición que establece una regla general sobre la edad de responsabilidad penal.

La magistrada había valorado la situación de vulnerabilidad social del joven, la ausencia de lesiones físicas a la víctima y que el robo había quedado en grado de tentativa.

Mahiques señaló que esos aspectos pueden resultar relevantes para determinar la responsabilidad individual, evaluar eventuales salidas alternativas o establecer una sanción proporcional, pero no permiten concluir que la edad mínima establecida por el Congreso sea inconstitucional.

En otro tramo, la Cámara advirtió que el nuevo Régimen Penal Juvenil contempla respuestas alternativas a la privación de la libertad, entre ellas medidas socioeducativas, mediación y suspensión del proceso a prueba. Por lo tanto, cuestionó que la sentencia original hubiera considerado la posibilidad de una pena de prisión como consecuencia necesaria de la aplicación de la ley.

El apartamiento de De Marinis

La decisión también incluyó el apartamiento del caso de la titular del Juzgado Penal Juvenil N° 3, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

Los camaristas consideraron que De Marinis había adelantado valoraciones sobre la relevancia penal del hecho, su grado de ejecución y la afectación concreta del bien jurídico, cuestiones que deberán volver a examinarse durante la investigación.

Mahiques sostuvo que esas circunstancias justificaban su apartamiento para preservar la imparcialidad del procedimiento. Franza coincidió y fue particularmente crítico respecto de la actuación de la magistrada.

En su voto, consideró que la jueza había incurrido en un “claro supuesto de arbitrariedad y extrema gravedad institucional” y cuestionó la insuficiente consideración de los derechos de la víctima en la resolución original.

El tribunal dispuso que el expediente regrese al juzgado de origen y sea remitido a la Oficina de Sorteos y Asignación de Causas para designar a un nuevo magistrado.

El intento de robo que originó la controversia

La investigación comenzó el 10 de septiembre, cuando un grupo de adolescentes fue detenido después de un intento de robo contra un hombre de 47 años en Godoy Cruz al 2500, en Palermo.

Uno de los acusados, identificado como M.I.A., tenía 14 años y quedó comprendido en el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, que había entrado en vigencia cinco días antes.

Su defensa planteó la inconstitucionalidad de la reducción de la edad de punibilidad y obtuvo una resolución favorable de De Marinis, quien consideró que correspondía aplicar el límite de 16 años previsto por la legislación anterior y dispuso su sobreseimiento.

La Fiscalía apeló inmediatamente la decisión, mientras que el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, presentó una denuncia contra la magistrada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad para que se investigara su actuación.

Con la resolución conocida este viernes, el sobreseimiento quedó sin efecto y la investigación deberá continuar bajo las disposiciones del nuevo Régimen Penal Juvenil. La Cámara no anticipó una decisión sobre la responsabilidad del adolescente ni sobre las medidas que eventualmente podrían corresponderle, cuestiones que quedarán a cargo del nuevo juez que resulte sorteado.