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El oficialismo de La Libertad Avanza en el Senado convocó a continuar con la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales que está tratando la Reforma Política con la que el Gobierno busca eliminar o suspender las PASO. El encuentro anterior había sido pausado a través de un cuarto intermedio y se reanudará el martes 15 de septiembre a las 15.30 horas.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Comisión, el senador fueguino de La Libertad Avanza, Agustín Coto, que emitió esta tarde una comunicación a los senadores para invitarlos a la continuación del cuarto intermedio. La fecha de la nueva cita se corresponde con lo que había acordado la Mesa Política este martes, cuando acordaron reanudar las negociaciones formales por la iniciativa que impulsa el oficialismo, denominada formalmente como Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral.

La convocatoria a comisión no implica necesariamente que La Libertad Avanza consiga dictamen ese mismo día. “Vamos a continuar el tratamiento. Se supone que el llamado de acá a las próximas dos semanas va a hacer que en ese interín se puedan seguir negociando aspectos para mejorar nuestra posición”, consignó una importante fuente del oficialismo.

Karina Milei presidió este martes una nueva reunión de la mesa política del Ejecutivo en Casa Rosada, donde la reforma electoral acaparó el debate central junto con otros proyectos de la agenda legislativa. El encuentro de poco más de dos horas marcó el inicio formal de la estrategia para avanzar con los cambios antes de fin de año.

Según una fuente que participó del encuentro, el círculo íntimo del Gobierno definió impulsar el tratamiento de la reforma electoral en la Cámara de Senadores a partir del 15 de septiembre, en una reunión de comisión. La fecha coincide con la presentación del Presupuesto 2027 ante la Cámara de Diputados. No obstante, otra fuente de Balcarce 50 dejó abierta la posibilidad de que el debate se anticipe: “Quizás arranca antes”, deslizó.

La propuesta abarca la eliminación de las elecciones PASO, un punto que el Gobierno considera estratégico de cara a los comicios de 2027. En Balcarce 50 entienden que prescindir de esas primarias le quitaría al peronismo una herramienta para ordenar su interna. El proyecto también contempla la incorporación de la Ficha Limpia y modificaciones al sistema de financiamiento de los partidos políticos.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, había anticipado días atrás el regreso de la iniciativa al Congreso y ratificó el alcance de los cambios que busca impulsar el Poder Ejecutivo. “Vamos a discutir toda la cantidad de partidos políticos, cómo se va a afiliar, qué va a ser digital. Queremos terminar con los partidos truchos, no usar tanto dinero público, no usar tantos espacios cedidos que terminan siendo un desastre porque no los ve nadie”, detalló la legisladora, en declaraciones recogidas por Infobae.

Además de la reforma electoral, los asistentes al encuentro abordaron la estrategia frente a una convocatoria impulsada por la oposición en Diputados para el 9 de septiembre, que pone sobre la mesa dos temas sensibles para la gestión: la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y los niveles récord de mora en el endeudamiento familiar. Una fuente cercana al despacho presidencial restó importancia a los movimientos opositores: “Eso es humo”, resumió.

La convocatoria se da después de una semana con ciertos reveses para el Gobierno. El dictamen del Súper RIGI naufragó este miércoles en el Senado antes de llegar a plasmarse en papel. Senadores aliados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el peronismo disidente bloquearon la firma del despacho al exigir una protección más amplia para los insumos nacionales, en un traspié que dejó expuesta la fragilidad de la coalición legislativa que sostiene al oficialismo.

Los legisladores Maximiliano Abad (UCR, Buenos Aires), Carlos Espínola (peronismo no kirchnerista, Corrientes) y Martín Goerling (PRO, Misiones) fueron los protagonistas del freno. Los tres reclaman ampliar el alcance del concepto “precio/calidad” para que el régimen no favorezca automáticamente a los proveedores extranjeros por sobre los locales. Además, proponen que una oferta nacional se considere competitiva cuando su precio no supere en más de un 15% el valor comparable de la oferta de origen extranjero, siempre que cumpla condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega.

Sin luz verde del Ejecutivo para aceptar los cambios adicionales, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, solo convalidó dos modificaciones que ya venían anticipadas: el beneficio del 20% a favor de bienes de producción local y la exigencia de que las inversiones superiores a 1.000 millones de dólares garanticen capacidad de conexión al sistema eléctrico y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima sin comprometer la seguridad energética.

Ante la resistencia de sus propios aliados, Bullrich fue tajante frente a la prensa acreditada en el Congreso: “Si tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”, advirtió, en referencia al régimen de incentivos ya vigente.

El gobierno de Javier Milei comenzará a licitar los plazos fijos UVA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para que los bancos se fondeen y otorguen nuevos créditos hipotecarios a partir del próximo lunes 7 de septiembre, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales.

En un principio, la primera colocación de los recursos del FGS estaba pautada para esta semana. Sin embargo, por motivos operativos terminó trasladándose al 7 de septiembre. Se espera que en las próximas horas el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunique los detalles de la licitación.

La subasta será por $200.000 millones y buscará que las entidades financieras amplíen la oferta de créditos hipotecarios. Los bancos dispondrán de 90 días corridos para colocar ese dinero en préstamos, con una tasa máxima de UVA más 7,5% anual.

La iniciativa, que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé convocatorias sucesivas por el mismo importe hasta completar un total de 2 billones de pesos. El FGS invertirá los fondos en plazos fijos UVA de largo término constituidos en los bancos que resulten seleccionados. A cambio, esas entidades deberán destinar el financiamiento a la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

Ningún participante podrá quedarse con más del 20% de cada licitación. En esta primera instancia, eso implica que una entidad podrá solicitar como máximo $40.000 millones de los $200.000 millones disponibles. Después de constituir el depósito, tendrá plazo hasta el 1° de diciembre para transformar esos recursos en nuevos préstamos hipotecarios.

El esquema ofrecerá dos plazos de depósito ajustados por UVA y una tasa adicional. El primer tramo será a un año, con un rendimiento mínimo de UVA más 2,50 por ciento. El segundo tendrá una duración de cinco años y una tasa mínima de UVA más 4,50 por ciento.

Los créditos financiados con esta línea tendrán condiciones predefinidas: la tasa no podrá exceder UVA más 7,50% anual, el plazo deberá ser de al menos 15 años y el monto máximo será de 150.000 UVA, equivalente a poco más de USD 200.000. Los préstamos solo podrán aplicarse a operaciones vinculadas con una primera vivienda.

La letra chica

La Comunicación “A” 8475 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó que el organismo monetario actuará como colaborador técnico y operativo de la Anses, que administra el FGS. Los fondos adjudicados deberán dirigirse en forma exclusiva a créditos para la compra, construcción o mejora de primera vivienda de personas humanas.

La licitación se instrumentará a través del sistema SIOPEL de A3 Mercados, en la rueda LIC2. El mecanismo será de precio múltiple: las entidades financieras presentarán sus posturas con una tasa de interés y las ofertas se ordenarán de mayor a menor tasa nominal anual.

Si hubiera más de un tramo, el BCRA distribuirá el monto de la licitación según la participación de las ofertas recibidas en cada uno. Luego, dentro de cada segmento, aceptará las propuestas en orden descendente de tasa. Si varias entidades ofertan la tasa de corte y los montos superan el cupo disponible, la asignación será proporcional entre los adjudicatarios.

El programa contempla dos alternativas. El primer tramo será a un año, a una tasa de UVA más un spread mínimo de 2,50 por ciento. El segundo será a cinco años, con UVA más un spread mínimo de 4,50 por ciento.

Cada propuesta deberá ser de al menos 1.000 millones de pesos. A la vez, ningún banco podrá ofertar, en conjunto, más del 20% del monto que se licite.

La norma impone límites sobre los créditos que cada banco podrá otorgar con el financiamiento adjudicado. La tasa no podrá superar UVA más 7,50% de tasa nominal anual, cada préstamo tendrá un máximo de 150.000 UVA y el plazo no podrá ser inferior a 15 años.

Además, el monto asignado a cada entidad estará sujeto a tres restricciones: no podrá superar el equivalente al 2% de su Responsabilidad Patrimonial Computable; tampoco podrá exceder el 20% de su cartera vigente de créditos hipotecarios al momento de la licitación; y deberá respetar la línea máxima de crédito que le haya asignado el FGS.

A quiénes apunta el esquema

El programa está diseñado para financiar créditos hipotecarios de familias con capacidad de afrontar cuotas cercanas a $865.000 mensuales. Durante la presentación oficial del plan, Caputo, señaló que el préstamo promedio ronda los $114 millones y estimó que, con un fondeo total de $2 billones, la iniciativa podría alcanzar a entre 17.000 y 18.000 hogares.

Para ejemplificar el perfil de los potenciales beneficiarios, el funcionario tomó como referencia una vivienda valuada en USD 106.000. Bajo el supuesto de que los bancos financian hasta el 75% del precio, el crédito sería de unos USD 80.000, equivalentes a alrededor de 114 millones de pesos.

El titular del Palacio de Hacienda explicó que, con una tasa de UVA más 7% y un plazo de 25 años, la cuota inicial ascendería a 865.000 pesos. Si ese pago representara el 25% de los ingresos netos del hogar, la familia debería percibir $3.460.000 mensuales.

Con un ingreso neto promedio de $1.800.000 por persona, el esquema apunta, según la estimación expuesta por el ministro, a parejas jóvenes que puedan reunir dos salarios para acceder al financiamiento destinado a primera vivienda.

El canciller Pablo Quirno afirmó que el Gobierno notificó a un universo de 180 empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y les planteó la necesidad de optar entre continuar con esas operaciones o afrontar sanciones en la Argentina. El funcionario sostuvo que la decisión forma parte de una estrategia para sancionar a compañías que operen en Malvinas y a sus proveedores, durante su exposición en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, Misiones.

Quirno ubicó esas definiciones dentro de las medidas que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional. “La ley 26.659, que ahora va a ser un poquito más famosa a partir de anoche, lo que hacía era sancionar a las empresas petroleras que operen en Malvinas, prohibiéndoles operar en la Argentina”, señaló. Según planteó, el escenario cambió respecto de los años en que se dictó esa norma, porque “cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir”.

El canciller dijo que la política oficial busca modificar ese cálculo para las compañías. “Hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios”, afirmó. Luego insistió: “Van a tener que elegir, lo mismo que nuestros países y nuestros vecinos”.

Quirno explicó que el decreto reglamentario apunta a acelerar las sanciones y amplía el alcance sobre una red de firmas vinculadas con la actividad petrolera. “Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera”, detalló. A continuación, precisó que el alcance previsto incluye “todo un universo de hoy 180 compañías”.

“Ya fueron anoticiadas la semana pasada de que cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado”, expresó Quirno. El funcionario agregó que el decreto reglamentario ya se resolvió y lo presentó como el primero de los instrumentos anunciados por el Poder Ejecutivo para intervenir ante proyectos de exploración y explotación de recursos en las aguas que rodean al archipiélago.

El Gobierno también prevé enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.659. Quirno sostuvo que la iniciativa buscará otorgar “mayor amplitud sancionatoria” y, a la vez, establecer mecanismos para que las compañías puedan dejar de operar en Malvinas sin quedar excluidas de forma definitiva de actividades dentro de la Argentina. “Hoy, cuando las sancionamos, quedaste encerrada, ya no tenés manera de volver al sistema normal”, explicó.

Sobre ese punto, desarrolló el razonamiento oficial con un ejemplo. “Estás sancionada, te saqué del sistema, no tenés ningún incentivo. Me quedé en Malvinas. Bueno, yo me quedé en Malvinas porque me sancionaste”, planteó. Para Quirno, el esquema debe ofrecer una alternativa para las empresas que abandonen esas actividades: “Nosotros tenemos que generar los mecanismos bajo los cuales podamos entrar y salir de ese proceso, una vez que desestimaste”.

Dentro de las nuevas exigencias, el canciller mencionó una declaración jurada para quienes busquen acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Hemos incluido en el decreto reglamentario que salió hoy justamente una declaración jurada de los aspirantes a los beneficios del RIGI, que tengan que decir ellos que no están en violación de la Ley 26.659”, indicó. La condición también alcanzará, según dijo, a la norma que el Congreso modifique en los próximos meses.

Quirno relacionó estas herramientas con el desarrollo energético local y con la posibilidad de atraer inversiones al país. Afirmó que los activos estratégicos argentinos permiten adoptar una posición distinta frente al Reino Unido, otros países y los socios regionales. “Esta valorización de los activos estratégicos que nos hace parar de manera diferente ante el mundo es clave en lo que estamos haciendo, porque nos permite poder cubrir nuestros intereses vis-à-vis el Reino Unido y las protestas y las acciones que estábamos tomando”, declaró.

El funcionario también se refirió a la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, otro de los anuncios de Milei. “Hoy nos compramos el espacio fiscal para tomar la decisión de poner recursos directamente en una base naval estratégica en Tierra del Fuego”, sostuvo. Según Quirno, el proyecto de Ushuaia permitirá reforzar “nuestra presencia en el Atlántico Sur”, la logística para la Antártida, la prestación de servicios en esa región y la custodia del Mar Argentino.

Al abordar el impacto de las medidas, Quirno hizo referencia a la cotización de las petroleras involucradas en el proyecto Sea Lion. “Ya empezamos a ver justamente el impacto que ha tenido hoy, y lo podemos decir porque estamos acá en el IAEF, en la valorización de las acciones de estas compañías”, afirmó. En la jornada, las acciones de Rockhopper Exploration retrocedieron 6,3% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas Petroleum perdieron 2,3% en Tel Aviv.

Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera offshore impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas controla el 65% de la iniciativa y Rockhopper posee el 35% restante. Las empresas comunicaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para una primera fase del desarrollo, que prevé una inversión total de USD 1.800 millones, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el inicio de las extracciones en 2028.

Quirno calificó la caída de los papeles de ambas firmas como parte de la respuesta oficial. “Ese es, si querés, el ejercicio de una diplomacia ejecutiva y una diplomacia económica, donde además de ejercer nuestros derechos en la diplomacia, los legales, los económicos y financieros, hacemos esta estrategia total que lleva a tener un impacto en el valor de las acciones que quieren hacer ilegítimamente en Malvinas”, manifestó.

El canciller sostuvo que las medidas no responden a una decisión aislada. “Estas no son medidas a la marchanta y medidas para cubrir un tema que es muy caro al corazón nuestro. Estas son una estrategia absolutamente integrada, coordinada, para que tenga el mayor impacto posible”, dijo. También señaló que la Cancillería mantiene conversaciones con el sector privado y que varias cámaras empresariales expresaron su respaldo al respecto.

“Estamos en conversaciones con el sector privado para que se entienda hacia dónde vamos y por qué estamos haciendo eso. Contamos ya con el respaldo de varias cámaras empresariales”, afirmó. Quirno sumó que Milei convocó a la dirigencia política a acompañar la iniciativa legislativa y sostuvo que “la causa Malvinas está en el corazón de todos los argentinos”.

El canciller también aludió a las conversaciones con Chile sobre la asistencia logística para las actividades de hidrocarburos y pesca en el área. “Quedó muy claro en el comunicado que sacamos luego de la visita, donde Chile también reconoce que va a intentar la valorización que hacemos nosotros de lo que es la asistencia logística en hidrocarburos y pesca”, señaló. Añadió que la posición chilena resultó “primariamente” coincidente con el planteo argentino de que esos servicios no se realicen.

El proyecto de reforma de la Ley 26.659 deberá tratarse en el Congreso. La iniciativa busca endurecer las sanciones y extender sus consecuencias a empresas que presten servicios a quienes realicen explotaciones hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización argentina.

El presidente Javier Milei brindó ayer una cadena nacional en la que volvió a reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y anunció una serie de medidas vinculadas a ese tema, las cuales se traducen en un proyecto a enviarse en los próximos días al Congreso de la Nación y una serie de acciones del propio Poder Ejecutivo para incrementar capacidades militares.

En el mensaje transmitido este jueves, Milei firmó un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659 contra empresas que participen en extracciones de petróleo en el archipiélago bajo ocupación británica, lo que dejará a esas compañías inhabilitadas para operar en Argentina. A mediano plazo, el mandatario anunció el envío urgente al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurecería las penas contra operaciones no autorizadas y crearía el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo de aplicación transversal que articularía Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Además, el Gobierno destinará fondos adicionales al Ministerio de Defensa para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego, con el objetivo de convertir a la zona en el principal polo logístico del Atlántico Sur.

Las bases a las que apunta el Gobierno

Hay avances que ya se conocieron esta misma jornada con la publicación del Boletín Oficial a través de tres medidas. Uno de los decretos reglamentó sanciones y excluirá del RIGI a empresas vinculadas con explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas como las que implementan las compañías británica Rockhopper e israelí Navitas a través del proyecto Sea Lion. En paralelo, Milei firmó un DNU que modifica ciertas partidas presupuestarias, que también se materializaron a través de una Decisión Administrativa rubricada por el jefe de Gabinete Diego Santilli.

Esta última decisión había sido adelantada ayer por la noche en A24 por Pablo Quirno, quien afirmó que uno de los segmentos “otorga partidas para el comienzo de la construcción de la Base Naval Integrada”. A través de una modificación de los créditos que tiene el Ministerio de Defensa, la cúpula de la Casa Rosada dispuso de “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo” de $ 114.732 millones que se destinarán mayoritariamente para las obras que ratificó ayer el canciller.

Fue la misma administración libertaria la que decidió recortar el envío de fondos destinados para la construcción de esa base, que se trata de una iniciativa comenzada en marzo de 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Jorge Taiana como ministro de Defensa.

Aun así, fuentes gubernamentales ya decían a Infobae a comienzos de año que estaba la intención de volver a retomar esas obras. En las altas esferas de la Casa Rosada se evaluó apelar a un fondeo por parte de Estados Unidos, debido a que la inversión aproximada para su construcción excedía las pretensiones propias del gobierno argentino: altísimas fuentes del Ministerio de Defensa estimaban que terminar la base naval podría implicar entre 400 y 500 millones de dólares.

Hoy esa posibilidad está desestimada. Al menos por ahora. “En un momento tuvimos un pequeño y austero ofrecimiento de Estados Unidos con algunos de estos fondos que manejan, pero era muy chico”, afirma una inobjetable fuente del gobierno argentino.

Al ser consultado esta mañana por Radio Mitre acerca de si habrá una presencia concreta de Estados Unidos en la Base Naval Integrada, Quirno negó esa posibilidad y marcó: “Nosotros tomamos las decisiones por nuestro propio interés y defendiendo los intereses argentinos”. “Nosotros consideramos que Tierra del Fuego es el punto neurálgico del Atlántico Sur y, en ese sentido, tiene muchísimas funciones como ser el acceso más corto y accesible a la Antártida. Ahí hay una cuestión de servicios políticos… Servicios logísticos, perdón, que se pueden dar a los países que también están actuando en Antártida. También nos sirve para el monitoreo de nuestro propio Mar Argentino que es muy muy extenso”, agregó.

La prioridad de los fondos que se desembolsarán en los próximos años es para la construcción de la Base Naval Integral, pero también está previsto que se aumenten fondos para la Base Antártica Conjunta Petrel.

“Los dos están previstos como máxima prioridad dentro de lo que es el Plan ARMA, que es aquel dinero que nos va a estar viniendo por la venta del 70% de inmuebles del ámbito de la defensa o el 10% de la venta o el alquiler de inmuebles. El binomio es la Base Naval Integrada y Petrel. Vemos un crecimiento de ambas en paralelo con diferentes etapas”, agregan. A los funcionarios del ámbito de la Defensa les interesa la idea de conectar la Base Naval con la Base Petrel, la única que tiene entradas tanto para embarcaciones como para aeronaves.

En abril de este año, el astillero TANDANOR completó la estructura del Módulo I para avanzar en la construcción del Módulo II. Si quieren incrementar capacidades, el Gobierno deberá mejorar los envíos de fondos para esa empresa pública, ya que la variación interanual real de fondos enviados por la Administración Nacional fue de -63,24%, según informa el Monitor de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En la hoja de ruta de los funcionarios libertarios se habla de un proceso de cuatro años como mínimo. Se habla de una inversión de entre 100 y 150 millones de dólares por año. “Creo que entre el Plan ARMA, el FONDEF [El Fondo Nacional de Defensa] y otras partidas que le escuché al Presidente ayer en cadena nacional, lo podremos hacer”, concluyen. Cabe aclarar que ese fondo presupuestario se vació por completo en el diseño de la Ley de Presupuesto 2026, por lo que esa declaración sugeriría que puede llegar a contemplarse una restitución para el proyecto para el período 2027.

Incremento de fondos para desarrollo satelital

En las modificaciones presupuestarias que se dieron a conocer a través del DNU 867/2026 también figuran un incremento de los gastos figurativos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) por $ 117.000 millones. Fuentes de la Casa Rosada aseguraron a Infobae que una buena parte de estos fondos buscan estar direccionados para el desarrollo de satélites.

Como última novedad, el Gobierno anunció que la próxima misión satelital de la CONAE se encuentra en etapa final de integración y ensayos en las instalaciones de INVAP. Se trata del SABIA-Mar, que incorporó una actualización tecnológica que amplió sus capacidades para generar información estratégica destinada a la producción, la seguridad, la investigación científica y la gestión ambiental; la puesta en órbita está prevista para el primer semestre de 2027.

El próximo proyecto libertario

El eje legislativo del anuncio es el envío urgente al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con dos componentes centrales. El primero endurecería la Ley 26.659: las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas en las islas quedarían inhabilitadas para contratar en el territorio argentino, tanto con el sector público como con el privado, y quedaría habilitada, cuando corresponda, la figura del juicio en ausencia para los infractores.

El segundo componente crearía el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo de aplicación transversal y obligatoria para todo el Estado, con el mandato de articular las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. “Le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional”, sostuvo Milei. Se trata de un isomorfismo del National Security Council de Estados Unidos. Altísimas fuentes de la Cámara de Diputados de la Nación confirmaron a Infobae que aquel proyecto “está al caer”. Seguramente entrará formalmente la semana próxima, aunque todavía no está decidido cómo será la urgencia para su tratamiento. El oficialismo que lidera desde la Presidencia del recinto Martín Menem no tiene mayores proyectos para tratar en el recinto, ya que la mayoría se encuentran en el Senado. Dado el desgaste que el Gobierno sufrió con los bloques aliados en el último año, el oficialismo podría aprovechar el proyecto vinculado a Malvinas para conseguir insertar otros temas en sesión.

Aun así, Menem estaría particularmente interesado en tratar el proyecto con cierta celeridad. Su padre Eduardo Menem fue uno de los ideólogos de que en 1994 se incorporara una cláusula constitucional que estableciera que la recuperación de Malvinas es un objetivo permanente e irrenunciable; asimismo, en 1998 impulsó en el Senado un proyecto para sancionar e inhabilitar a las empresas que explotaran recursos en las islas, pero sin autorización argentina. Ese proyecto no llegó a convertirse en ley, pero anticipó parte de la lógica que después quedó plasmada en la Ley 26.659, impulsada y sancionada durante la primera administración de Cristina Fernández de Kirchner.