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Mediante un decreto que lleva su firma y la del presidente Javier Milei, el flamante jefe de Gabinete Diego Santilli apuntó a terminar de ordenar el esquema de comunicación del Gobierno, luego de la salida de Manuel Adorni. La publicación se hizo en Boletín Oficial esta madrugada donde transfirió unidades que estaban bajo la Jefatura que conduce a la Secretaria de Vocería Presidencial y a la de Comunicación y Medios.

Este cambio deviene de la publicación del decreto 571/26 hace dos semanas, que suprimió el Ministerio del Interior -al que antiguamente representaba Santilli- y redistribuyó sus competencias en la Jefatura de Gabinete. La reciente normativa definió su arquitectura interna y los recursos que recibirán ambas secretarías dependientes ahora de la Presidencia.

“Corresponde transferir diversas unidades dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, estableció el texto oficial. De esta manera, la Secretaría de Vocería Presidencial quedó estructurada con una Unidad Gabinete de Asesores y una Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, para la cual también designaron una representante. Para su funcionamiento, la Secretaría General de la Presidencia le brindará apoyo administrativo, financiero, presupuestario y de recursos humanos.

Asimismo, la Secretaría de Comunicación y Medios absorbió cuatro subsecretarías: la de Coordinación Administrativa y Legal, la de Prensa y Actos de Gobierno, la de Comunicación y Medios Públicos y la de Análisis y Planificación de Gobierno. Esta última proviene de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. También se le transfirió la Dirección de Dictámenes de Comunicación y Prensa, que dependía de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la misma Jefatura. Por su parte, la Subsecretaría legal también intervendrá “como enlace de acceso a la información pública”.

Las transferencias incluyen créditos presupuestarios, bienes, unidades organizativas y personal con sus cargos y dotaciones vigentes.

El decreto también actualizó el organigrama del cargo ministerial con la incorporación de dos nuevas figuras con jerarquía de Secretario: la Vicejefatura de Gabinete, con competencias en proyectos estratégicos, relaciones parlamentarias, innovación, ciencia, tecnología, turismo, ambiente y deportes; y la Vicejefatura de Gabinete del Interior, cuyo fin es gestionar los vínculos con las provincias, los municipios y los asuntos políticos.

En paralelo el Gobierno completó la puesta en marcha de la Secretaría de Vocería Presidencial con la designación de las dos funcionarias que ocuparán sus cargos de conducción. El decreto 586/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, nombró a la licenciada Pamela Fernanda Morales Jourdan al frente de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, y a Alexia Carolina Sagemuller como titular de la Unidad Gabinete de Asesores de esa secretaría.

Con estos nombramientos, la reorganización del área de comunicación de la Presidencia queda formalmente operativa en su nivel de conducción superior.

Mediante el decreto 571/26 Santilli pasó a tener a cargo dos vicejefaturas: una de Gabinete y otra que corresponderá a las tareas abordadas por Interior. Ignacio Devitt, por su parte, quedó al frente de la vicejefatura de Gabinete y Gustavo Coria lo hizo al frente de la Vicejefatura del Interior. Ambos son funcionarios de confianza de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario.

El Decreto 574/2026 formalizó el pase de Devitt desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos a su nuevo cargo, mientras que el Decreto 575/2026 actualizó el estatus de Coria desde secretario a vicejefe del Interior. Según voceros de la Casa Rosada, la reorganización apunta a una mayor eficiencia y coordinación entre áreas, y replica el esquema que aplicó Guillermo Francos cuando asumió la titularidad de la Jefatura de Gabinete.

Con estos movimientos, la Presidencia de la Nación amplió su órbita directa al absorber las áreas de comunicación del Poder Ejecutivo.

El reciente quiebre de la tregua entre Estados Unidos e Irán reactivó la volatilidad en los mercados internacionales y provocó un repunte tanto en los precios del petróleo como en los de la soja. El cierre temporal del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos para el comercio global de crudo, volvió a instalar una prima de riesgo, impulsando las cotizaciones en las principales plazas de futuros.

La soja no tardó en reflejar este impacto. En Chicago, el aceite de soja encontró un nuevo piso y empezó a aumentar, hasta alcanzar valores cercanos a USD 1.600 por tonelada, una suba de más del 5% en la semana. El aumento contagió al poroto, cuyo precio se fortaleció en un contexto del que el conflicto geopolítico no es el único motor alcista: el “climático norteamericano” con pronósticos de olas de calor en las zonas sojeras de EEUU sumó incertidumbre sobre la oferta de la próxima campaña.

Además, al inicio de julio la demanda china reapareció con fuerza en el mercado norteamericano y reforzó la idea de que el país asiático comprará unas 25 millones de toneladas anuales de soja de EEUU. Este escenario fue terreno fértil para la vuelta de los fondos especulativos, que duplicaron sus posiciones compradas en soja, sumando 10 millones de toneladas entre futuros y opciones en apenas una semana.

Un informe de Ana Rubicondi, Franco Pennino, Matías Contardi y Bruno Ferrari, de la Bolsa de Comercio de Rosario, destaca que el futuro más cercano de la soja llegó a cotizar a USD 441 la tonelada, el valor más alto desde mayo. Aunque luego hubo una corrección y el precio cerró la semana en 334 dólares por tonelada, justo antes de la publicación del informe mensual del USDA.

En el mercado interno argentino, el rally de Chicago sostuvo las pizarras locales y la soja se pagó hasta 325 dólares por tonelada. Ajustado por inflación, el precio disponible alcanzó niveles máximos desde mediados de mayo. La mejora incentivó la fijación de precios, aunque la comercialización aún es inferior al ritmo de campañas anteriores.

Despacito

A tres meses del inicio de la campaña 2025/26, solo se comprometieron 21,8 millones de toneladas en el mercado interno, 19% menos que el promedio de la última década (excluyendo la atípica 2022/23). Con una producción estimada en 51,5 millones de toneladas, apenas el 42% de la cosecha tiene contrato y solo al 27% se le fijó precio, precisa el informe.

Ese porcentaje representa la menor cobertura física desde al menos la campaña 1994/95. El contraste con el año anterior es notorio: en este mismo momento había 20 millones de toneladas con precio, un 50% más que el nivel actual, pese a que hoy el precio de la soja ajustado por inflación es un 8% superior y en dólares, un 21% más alto.

La abundante oferta interna de cereales y girasol, junto con una demanda externa dinámica, canalizó la liquidez hacia estos granos y postergó los compromisos sobre la soja, tanto en la oferta como en la demanda.

Trigo: siembra pareja, comercialización lenta

En el caso del trigo 2026/27, la siembra avanza y ya cubre el 82% de las 6,6 millones de hectáreas proyectadas por SAGyP, luego de superar demoras iniciales por lluvias. No obstante, la comercialización no acompaña este ritmo. Hasta el cierre de la semana analizada, se vendió apenas el 10,5% de la producción estimada para el país, por debajo del promedio del 16,6% de los últimos cinco años en igual fecha.

En términos acumulados, se comercializaron 2 millones de toneladas, de las cuales 0,69 millones no tienen precio firme. El porcentaje de trigo con precio firme cayó en las últimas semanas, tendencia asociada a la baja en las cotizaciones: el precio del contrato a diciembre retrocedió desde máximos de 231 dólares por tonelada en mayo hasta 206 dólares a principios de julio. Así, la oferta prefirió demorar la fijación de precios, reduciendo el ritmo comercial respecto a principios de mayo.

Por el lado de la exportación, las ventas externas suman 14,56 millones de toneladas y las compras domésticas del sector, 16 millones, cifras históricamente elevadas. La inserción internacional del trigo argentino se mantiene firme, aunque comienza a perder competitividad en mercados lejanos: el precio FOB actual se ubica en 227 dólares por tonelada, nivel similar al de sus competidores, cuando a principios de año era el más bajo, con 208 dólares por tonelada.

Maíz: repunte comercial por la entrada del tardío

La comercialización semanal de maíz 2025/26 repuntó en las últimas dos semanas, con 800.000 toneladas negociadas en la semana finalizada el 8 de julio, el registro más alto desde mayo. Este aumento responde al ingreso del maíz tardío, actualmente en plena trilla. El total comprometido para la campaña suma 31,42 millones de toneladas, equivalente al 46% de la producción, levemente por debajo del promedio de los últimos cinco años.

El precio del maíz, en dólares, se ubica en mínimos desde el inicio de la cosecha, con la pizarra rondando los 180 dólares por tonelada. Las primas FOB se debilitaron tras los máximos de junio, presionando a la baja el precio de exportación. Este nivel de precios se explica por la abundante oferta derivada tanto del maíz tardío argentino como de la safrinha brasileña, cuya cosecha avanza en ambos países.

En cuanto a la exportación, entre marzo y junio se despacharon 17,1 millones de toneladas, un 39,3% del programa exportador previsto, en línea con los promedios de las últimas cinco campañas. La producción encuentra demanda, a pesar de la amplia oferta global.

Al igual que ocurre en el Gobierno, en el interior de La Libertad Avanza también hay un proceso de reordenamiento, aunque menos drástico, con nuevas figuras ocupando lugares de poder y discusiones que recién están empezando y que serán claves de cara a las elecciones del año próximo.

Esta semana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibirá el jueves en la Casa Rosada a los referentes del espacio en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires para conversar sobre las agendas en esos distritos.

Por el lado porteño, la encargada de conversar con la funcionaria es Pilar Ramírez, una de las dirigentes de su mayor confianza y que viene estando a cargo del armado local sin ningún tipo de competencia desde la salida de Ramiro Marra, expulsado a principios de 2025.

La legisladora, como anticipó este medio, está todavía buscando todavía a un candidato para competir en el distrito que hace casi dos décadas gobierna el PRO.

Recientemente, encabezó un almuerzo con el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y los diputados nacionales Andrés Leone y Patricia Holzman.

En el territorio bonaerense, en cambio, hay dos figuras fuertes: el diputado nacional Sebastián Pareja, del círculo íntimo de la secretaria general, y el legislador Agustín Romo, que surgió de “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo.

A ellos se les suman otros actores importantes, como Alejandro Carrancio, Juan Esteban “Juanes” Osaba, Carlos Curestis y Diego Valenzuela, entre otros.

De hecho, cuando el encuentro en Balcarce 50 se lleve adelante, es probable que quien asista como jefe del bloque de diputados provinciales ya sea Osaba.

Para este lunes está convocada una sesión en el recinto, en la que se van a votar las nuevas autoridades y Romo, que hasta el momento encabeza la bancada, pasaría a ser vicepresidente de la Cámara.

El referente de “Las Fuerzas del Cielo“ estaba por estas horas negociando con el resto de los espacios para conseguir ese cargo, luego de que Karina Milei decidiera que ya no estará al frente de La Libertad Avanza.

Además, está intentando lograr que se caiga el proyecto presentado por el Frente Renovador que busca obligar a las petroleras a informar los aumentos en el precio de los combustibles. Quiere que el fracaso de esa iniciativa sea su última victoria personal.

En su carácter de Presidente del partido a nivel bonaerense, Pareja venía intentando desde el año pasado desplazar a Romo de la Jefatura del bloque de Diputados.

Sin embargo, y a pesar de las visibles diferencias políticas, en el entorno de ambos aseguran que la relación es muy cordial y que no hay ninguna pelea.

Incluso, días atrás, posaron para que los periodistas los fotografíen abrazados en el Salón Blanco de la Casa Rosada, durante el acto de asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

“Agustín se lleva bien con Javier, Karina y Sebastián, que son los que le importan. Si hay un enojo será en la tercera o cuarta línea, pero no le preocupa”, remarcó a Infobae una persona que lo conoce bien.

Los dos estarán también el jueves, cuando la secretaria general los reúna nuevamente para analizar la situación en la provincia de Buenos Aires y comenzar a planificar la estrategia electoral.

En el 2025 hubo un fuerte malestar en “Las Fuerzas del Cielo” por la falta de lugares en las listas para los militantes de su agrupación, pero ahora sus referentes niegan que esto pueda volver a suceder.

“Romo tiene diálogo todo el tiempo con todos, así que no tiene que esperar a una reunión en Casa Rosada para hacer ningún planteo que, además, no hace falta, porque ahora está todo bien”, sostuvo un integrante de ese sector.

Por otra parte, ahora también empezó a entrar en escena Patricia Bullrich, que también tiene un armado propio y dirigentes que deben renovar sus bancas el próximo año.

La jefa del bloque libertario en el Senado dejó el PRO para pasarse al oficialismo junto a todos los legisladores que le responden, pero todavía no sabe el papel que jugará en el 2027.

Independientemente del lugar que termine ocupando -ya sea como aspirante a Vicepresidenta o jefa de Gobierno porteña-, buscará que le den buenos casilleros en las boletas para su gente.

Por caso, se les vence el mandato a los diputados Damián Arabia, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni, que en mayor o menor medida son leales a la senadora.

Además de ellos, Bullrich tiene el respaldo de los legisladores porteños Juan Pablo Arenaza y Silvia Imas, para los cuales podría también reclamar algún lugar, especialmente si compite finalmente en la ciudad de Buenos Aires.

En la provincia, no obstante, también tiene presencia con Diego Valenzuela, ex intendente de Tres de Febrero, y el concejal de La Plata Juan Pablo Allan.

Así las cosas, Karina Milei comienza a organizar a La Libertad Avanza en dos de los distritos más importantes importantes del país, con la sombra de una vieja interna que no terminó de sanar completamente y la amenaza de una nueva que podría aparecer.

“No veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al tratamiento de la nueva Ley de Inocencia Fiscal en el Congreso. Pero el tiempo corre, y el vencimiento para la presentación jurada del Impuesto a las Ganancias se acerca. Ante la mora en el envío del nuevo proyecto al Congreso, se especula con que nuevamente se prorrogue la fecha, aunque sería con un sexto anticipo o pago a cuenta para no afectar la recaudación y la relación con las provincias.

La discusión sobre el futuro del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y la regularización de dólares no declarados se trasladó al plano de la urgencia fiscal y la coordinación política. El propio Caputo, en conferencia de prensa por el programa financiero hasta 2027, destacó la importancia de que se apruebe la nueva versión.

“La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque es ese ahorro que está abajo de los colchones donde la gente está perdiendo poder de compra y, a su vez, el país no se beneficia porque ese es el ahorro que debería estar capitalizándose o convirtiéndose en inversión. Y ese es el ahorro que bancos y ALyCs podrían destinar para poder financiar proyectos de infraestructura, pymes”, sostuvo.

La cuestión es que a fines de julio vence el plazo de presentación de la declaración jurada de Ganancias y el Gobierno todavía no envió la nueva Ley de Inocencia Fiscal. Según pudo saber Infobae, giraría el proyecto en la semana del 20 de julio. Los tiempos no alcanzan para que se apruebe antes de la fecha limite para presentar la declaración jurada. Por eso los contadores creen que podría haber una nueva prorroga.

El CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin, analizó el escenario ante Infobae. “Inocencia Fiscal tiene que pasar por el Congreso, no se sabe cuánto tiempo va a demorar ese trámite, pero es inminente que prorroguen el plazo de vencimiento de Ganancias, por lo menos para los que se van a adherir al Régimen Simplificado de Ganancias“, explictó. Hoy hay muchos contribuyentes que quieren estar en el RSG, pero por los parámetros impuestos por la ley vigente no pueden ingresar y están esperando el proyecto que reforma para poder incluirse en el régimen.

Litvin también identificó la tensión entre la urgencia de recaudar del Gobierno y la de ofrecer alternativas a los contribuyentes. “Acá se produce una disyuntiva desde el punto de vista de que la recaudación de julio tiene que ser mejor que la de junio, hay necesidad de que ingrese el dinero de Ganancias y, por otro lado, hay necesidad de prorrogar el vencimiento porque el Congreso se demoró en tratar este tema”, marcó.

Entre las opciones, el tributarista sugirió que lo más conveniente, como ha ocurrido en otras ocasiones, podría ser establecer un anticipo nuevo o pago a cuenta para que no se haya una baja de la recaudación, el Gobierno pueda obtener algo y, por el otro lado, dar más tiempo para que los contribuyentes puedan optar por el RSG y esterilizar dólares del colchón originados en actividad lícitas.

Ante la consulta de Infobae, fuentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), no habían respondido sobre la posibilidad de postergar el vencimiento.

El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, aportó su visión: “Si bien se conoció el anteproyecto de Inocencia Fiscal II, esto se ha ido dilatando por cuestiones políticas: no está presentado en el Congreso y lo harán antes del 20 de julio, según dijeron. La intención está, pero no se sabe si va a ser posible su aprobación o no”.

Según Domínguez, lo ideal, dado que el Gobierno quiere modificar la Ley, es establecer una prórroga. Al respecto, advirtió que la recaudación de Ganancias no sólo impacta en el Estado nacional, sino también en las provincias y en CABA, por su carácter coparticipable.

El especialista explicó que para lograr una postergación suelen realizarse conversaciones con los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). “Hay que ver si están dispuestos a una nueva postergación”, sostuvo.

¿Importa para 2025?

Domínguez también analizó los resultados esperados y los límites del régimen: “El objetivo del Gobierno es la utilización de dólares no declarados, el Régimen, como está, tiene falencias y muy pocos contribuyentes están dispuestos a usar los dólares del colchón. Pero difícilmente lo haya usando en 2025 cuando la ley no existía. Entonces, que no haya prórroga no afecta la utilización de dólares del colchón, pero sí afecta a la cantidad de gente que se adhiera al RSG, aunque el Gobierno quiere mostrar un número alto”, sostuvo.

Pero además del inconveniente del tiempo entre el envío de la nueva Ley de Inocencia fiscal, la aprobación en el Congreso y la fecha para la presentación de la declaración jurada de Ganancias, está la cuestión política. Por más de Caputo aseguró que no ve razón para que los diputados y senadores no vuelvan a acompañar el proyecto ya que se trata de una versión mejorada. La discusión en el reciento estará cruzada por lo que sucedió con el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está siendo investigado presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas y se adhirió al RSG. Aunque ello no implique necesariamente que lo hizo para sacar dólares del colchón.

En el primer cuatrimestre del año, el gobernador Axel Kicillof giró a los 135 municipios bonaerenses casi $1,8 billones por coparticipación provincial y distintos fondos para educación, el fortalecimiento de los recursos municipales, inversión local, políticas sociales y ambientales.

La masa total de transferencias que envió el Ejecutivo bonaerense a los intendentes, de enero a abril de este año, no varió sustancialmente de la que giró el año pasado, considerando el ajuste por inflación. En el mismo período en 2025, los giros habían sumado $1,34 billones que, ajustados por inflación, equivalen a $1,78 billones de abril último contra 1,77 billones de este año.

Sin bien la cifra total fue similar, para compensar la caída en los fondos que la Provincia venía recibiendo de Nación y que se cortaron bajo la gestión de Javier Milei, cambiaron los montos de los distintos conceptos transferidos.

Así, los envíos por la Coparticipación a los municipios – que representaron el 75% de las transferencias totales – cayeron un 9,5% en el primer cuatrimestre de este año respecto del 2025, en términos reales. Sumaron $1,32 billones en 2026 vs $1,46 billones en 2025, a valores actualizados por la inflación a abril último, según el análisis realizado por Infobae de los datos publicados en la web por la Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo del Ministerio de Economía bonaerense.

El gobierno bonaerense envía en forma automática a los municipios solo el 16,14% de sus ingresos tributarios coparticipables. Se trata de una partida anual estimada inicialmente para 2026 en $5,25 billones.

Los giros por coparticipación se realizan según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), un indicador que se actualiza todos los años según distintos parámetros y que se publica a principios de cada período, y es el principal determinante de la distribución de transferencias a municipios.

El CUD está conformado en función de tres grandes componentes: el 58% entre todos los municipios, según un régimen general que contempla la población (62%), la superficie del distrito (15%), y su capacidad de recaudación tributaria per cápita (15%) para compensar a los distritos con menos ingresos. Otro 37% del CUD se asigna según la cantidad de establecimientos oficiales para la atención de la salud, con o sin internación. Y el restante 5% del coeficiente, se reparte entre los distritos brindan servicios sociales transferidos (excepto salud).

La discusión sobre el la conformación del CUD viene siendo reclamada por varios intendentes, aunque como el 100% de la “torta” a repartir es la misma, lo que ganan algunos distritos por la coparticipación según el CUD fijado para este año siempre es en detrimento de otros.

Intendentes de la oposición – pero también del oficialismo – advierten que si bien algunos de estos indicadores son objetivos – como la superficie o la población-, hay otros que pueden ser “dibujados”.

“Históricamente, el CUD baja o sube muy poco. Pero como es un coeficiente polinómico, tienen muchas variables, algunas de las cuales se pueden tocar. Los municipios pueden inflar las camas ocupadas o las prestaciones brindadas, por ejemplo. Debería darse una discusión seria y transparente. Diez camas más o menos son millones de pesos, que si van a un municipio, no van a otro”, le dijo a Infobae un jefe comunal del Conurbano bonaerense.

Diego Valenzuela, ex intendente de Tres de Febrero y actual senador provincial de La Libertad Avanza (LLA), advierte a su vez que “el porcentaje del CUD que recibe cada municipio no tiene vinculación con lo que aporta o recauda

Pero la Coparticipación no fue el único concepto que cayó en los primeros cuatro meses del año. Según el análisis de los datos oficiales, los otros giros que registraron una merma en 2026 respecto del mismo período de 2025, fueron los del Fondo de Saneamiento Ambiental (tratamiento de residuos), que tuvieron una reducción de 21,4%, y los correspondientes a Juegos de Azar (-3,7%).

Esa baja fue compensada con un aumento del 112% de los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo, que representaron un 11% del total de las transferencias en el primer cuatrimestre de 2026. Pasaron de $96,606 millones, siempre a valores actualizados a abril pasado, a $195.566 millones en ese mismo período.

Estos fondos también se giran en forma automática según el CUD y, según el Presupuesto bonaerense 2026, tenían una partida prevista para todo el año de $276.425 millones, una cifra que – por lo girado hasta ahora a los municipios- deberá ser aumentada por Kicillof.

A su vez, aumentaron un 53,7% los giros por la Descentralización Tributaria, una compensación económica que reciben los municipios a cambio de gestionar, fiscalizar y recaudar ciertos impuestos provinciales. Abarca parte del Impuesto Inmobiliario Rural y los Ingresos Brutos de pequeños contribuyentes. En el primer cuatrimestre fueron $45.947 millones, contra $29.895 millones en 2025, ajustados por la inflación anual a abril, según el cálculo realizado por Infobae.

También subieron, aunque levemente, las transferencias para el Fortalecimiento de los Recursos Municipales, que representan el 4% del total: los municipios recibieron en el primer cuatrimestre $80.211 millones, un 3,3% más en términos reales que en el mismo período de 2025.

También tuvieron una ligera suba el Fondo de Inclusión Social que implicó transferencias por $60.452 millones, un 3,5% más que en el primer cuatrimestres de 2025; y el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales, por el que los intendentes bonaerenses recibieron, en total, $24.256 millones, un 6,8% más que en el mismo período hace un año.

Nuevos fondos “liberados”

Kicillof giró, además, a los 135 municipios otros $20.000 millones, al cierre del primer cuatrimestre de este año, del nuevo Fondo Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) que se implementó a partir de este año por reclamo de los intendentes. Son recursos no reintegrables y de libre disponibilidad previstos en la Ley de Financiamiento aprobada por la Legislatura en diciembre último, y que autorizó a Kicillof a endeudarse por USD 3.000 millones.

La norma contempla un fondo para municipios por el equivalente a $350.000 millones, a ser distribuidos en un 70% a través del CUD y el otro 30% por programas provinciales para proyectos de infraestructura. Fue parte de la negociación con los intendentes para conseguir los votos en la Legislatura.

“Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación. Aún en ese contexto de extrema dificultad financiera, el Gobierno de la Provincia cumple con sus obligaciones y trabaja en conjunto con los 135 municipios para dar respuestas a las y los bonaerenses”, sostuvo la gestión de Kicillof en un comunicado al informar el primer desembolso de esa suma ($13.000 millones), que se concretó a principios de abril pasado. ”

Los municipios que más perdieron

De los 135 municipios, 52 de ellos perdieron recursos en las transferencias totales de la Provincia, en términos reales, en el primer cuatrimestre 2026 con relación al mismo período en 2025.

Si se analiza el color político de esos 52 distritos, 35 (el 67%) son de Unión por la Patria (UP); 9 están gobernados por la UCR (el 17%); 5 por el PRO; 2 por intendentes vecinales; y uno por un jefe comunal de La Libertad Avanza (Tres de Febrero).

San Isidro (9,7%), Pinamar (9%) y Vicente López (8%), todos en manos del PRO, son los tres que más perdieron en términos porcentuales en la variación interanual, siempre a valores reales.

En el ranking siguen distritos en manos de intendentes del peronismo: Villa Gesell (7%), Monte Hermoso (6,5%), Malvinas Argentinas (6,5%), San Martín (6,2%) y La Costa (5,4%).

Con la flecha, avanzar para ver el listado completo de municipios

De los restantes 83 que tuvieron un incremento, siempre considerando la inflación interanual, 50 son de UP (el 60%); 17 de la UCR (el 20%); 9 del PRO (el 11%); 5 vecinales; uno de Hechos; y uno de LLA.

Los mayores aumentos porcentuales los tuvieron Carmen de Areco con un 16,2%, y Chacabuco con 13,12%, ambos de UP; Lobería, de la UCR, con 12,1%; Capitán Sarmiento, de LLA, con el 11,9%; Monte, de la UCR, con 11,5%; y Pergamino, en manos del PRO, con el 11%.

Qué pasó respecto de 2023

Si se analiza el primer cuatrimestre de 2026, con relación al mismo período de 2023, el último año del gobierno de Alberto Fernández en el que los fondos desde la Nación a la Provincia fluyeron generosos, la caída en estos tres años fue de 0,98%.

Ese primer cuatrimestre de 2023, el mandatario provincial había transferido a los municipios $1,79 billones, a valores actualizados a abril pasado, contra $1,77 en el primer cuatrimestre de este año

Al comparar el primer cuatrimestre de 2026 vs 2023, 72 municipios perdieron recursos en términos porcentuales en los primeros cuatro meses del año. De este número, 44 (el 61%) son de UxP; 13 de la UCR (el 18%); 9 del PRO (11%), 4 vecinales; y 2 de LLA.

Al tope de los que tuvieron mayores recortes figura, nuevamente, San Isidro (-12%) cuyo intendente, Ramón Lanús, fue electo por el PRO pero se acercó a las filas libertarias en la gestión de Milei.

Le siguen Luján, de UP, con una reducción del 11,4% respecto de 2023; Saavedra, en manos de un partido vecinal, con una baja de 11,3%; Leandro Alem, de UP, con una caída de 11%; Lezama, de la UCR, con 10,8% menos; Morón con -10,7% y La Matanza con -10,1%, ambos conducidos por jefes comunales de UP; Vicente Lopez, gobernado por el PRO, con -9,6%; y Carlos Tejedor, de UP, con 9,3% menos respecto del primer cuatrimestre de 2023.

Los restantes 63 aumentaron en los primeros cuatro meses del 2026 las transferencias recibidas desde el Ejecutivo bonaerense respecto del mismo período de 2023. De esos, 41 son de UxP (65%); 13 de la UCR (21%); 5 del PRO (8%); 3 vecinales (5%); y 1 de Hechos (2%), San Nicolás.

Fondos discrecionales

Más allá de estas transferencias, el Ejecutivo bonaerense dispone de otros recursos para los distritos, que no se reparten según el CUD sino en forma discrecional.

Entre ellos figura el fondo para obras financiadas por la Provincia, en función de las prioridades y negociaciones con el Ministerio de Obras Públicas provincial a cargo de Gabriel Katopodis, y la Asistencia del Tesoro Provincial (ATP) para reforzar las arcas de los municipios.

Autonomía municipal

Esta semana que pasó Valenzuela encabezó una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales en el Senado provincial para empezar a debatir una posible reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades.

El objetivo es reducir la tutela provincial sobre los distritos y darles más autonomía administrativa, facultades tributarias y fondos permanentes para funciones que, según el ex intendente de Tres de Febrero, los municipios ya asumieron sin recursos suficientes.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

El precio del petróleo se disparó más de un 3% este domingo tras la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y el anuncio de Teherán de cerrar el estrecho de Ormuz, el paso marítimo por donde circula aproximadamente el 20% del comercio mundial de crudo y gas natural licuado. El Brent para entrega en septiembre subió un 3,75%, a USD 78,86, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en agosto escaló un 3,65%, hasta USD 74,02 al momento de cierre de esta nota.

La escalada se produce apenas semanas después de que los mercados habían celebrado un principio de acuerdo entre las partes que llevó al Brent a su piso más bajo en tres meses —USD 70,38 el 2 de julio— y que generó expectativas de una distensión duradera.

Ese escenario, sin embargo, se derrumbó este fin de semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en su red Truth Social que el alto el fuego acordado el mes pasado “ha terminado”, aunque aclaró que su país accedió a continuar las conversaciones diplomáticas a pedido de Irán. “Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado“, escribió Trump.

El final del cese del fuego

Los movimientos en el precio del petróleo reaccionaron a la quinta ronda de ataques ordenados por Trump contra Irán, en el marco de una escalada por el control del estrecho de Ormuz. Según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la ofensiva buscó degradar la capacidad iraní de atacar a marineros civiles y buques comerciales que transitan esa vía estratégica.

La agencia estatal iraní reportó explosiones en Bandar Abbas, Sirik, Jask y Qeshm, localidades distribuidas a lo largo del corredor marítimo. Centcom sostuvo que los ataques fueron una respuesta directa a acciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra un buque comercial, y afirmó que aviones estadounidenses derribaron un misil de crucero iraní y un dron de ataque.

Según un funcionario estadounidense citado por el Financial Times, la jornada incluyó una segunda tanda de bombardeos luego de que más temprano se atacaran sistemas de misiles y de defensa aérea iraníes, además de pequeñas embarcaciones del IRGC en puntos cercanos al estrecho. Ambas ofensivas del domingo siguieron a una serie intensa de acciones del sábado por la noche, en las que Washington afirmó haber golpeado cerca de 140 objetivos, lo que confirmó el colapso del frágil cese del fuego que mantenían ambas partes.

A pesar de la intensidad de los bombardeos, Washington descartó este domingo que el estrecho esté bloqueado. “Irán no controla el estrecho. El tráfico está fluyendo“, señaló Centcom, que afirmó tener fuerzas posicionadas para mantener esa situación. Trump fue más directo en declaraciones a la cadena NBC: “El estrecho está abierto. Anoche los bombardeamos hasta el cansancio. Son personas muy, muy malvadas y enfermas”.

Ormuz, cuello de botella del mercado energético global

El estrecho de Ormuz, ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, es el cuello de botella más sensible del sistema energético mundial. Antes del conflicto, por ese canal transitaba una quinta parte del suministro global de petróleo y gas natural licuado. Su cierre —o la amenaza latente de cierre— es suficiente para mover los mercados de forma inmediata.

Al momento del cierre de esta nota, el Brent cotizaba a USD 78,38 y el WTI, a USD 73,63. Ambas referencias acumulan una suba de más del 10% respecto de un año atrás, aunque en el último mes habían retrocedido un 8,46%, de acuerdo con datos de contratos por diferencia (CFD) que rastrean el mercado de referencia para este commodity.

Durante la etapa más intensa de las hostilidades previas, el Brent llegó a promediar cerca de USD 120 por barril, un 70% por encima de los valores anteriores al inicio de la crisis.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que el precio promedio del petróleo durante 2026 podría ubicarse entre un 20% y un 25% por encima del registrado en 2025. El organismo advirtió además que los efectos sobre fertilizantes —la urea, por ejemplo, subió un 82%— y sobre combustibles para hogares, empresas y sectores estratégicos podrían tardar meses en trasladarse plenamente a los precios finales de los alimentos y el transporte.

El lado argentino de la ecuación

Para Argentina, la reanudación del conflicto tiene una lectura diferente a la del resto de la región. Si bien el país importa parte del crudo que luego procesa, la dependencia es cada vez menor por la producción local en Vaca Muerta. A su vez, cuenta con un saldo exportador, por lo que la suba de los precios internacionales mejora directamente el valor de sus exportaciones energéticas.

Según los últimos datos disponibles, la balanza energética argentina cerró el primer semestre de 2026 con un superávit de USD 6.987 millones, el mayor registrado en la historia del país para ese período. Tal como consignó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el número casi duplica el resultado del mismo período de 2025, cuando el saldo positivo había sido de USD 3.736 millones. El salto interanual fue del 87 por ciento.

Las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron más de USD 8.118 millones en la primera mitad del año, un crecimiento del 52% frente a los USD 5.345 millones del mismo período de 2025. La energía representó más del 15% del total exportado por Argentina en lo que va del año, una participación máxima en dos décadas. Por el lado de las importaciones, la caída fue del 29% en dólares, con niveles mínimos desde 2007.

Sin embargo, hay un dato del informe de la BCR matiza el rol de los precios internacionales en ese resultado: el 79% del crecimiento del superávit corresponde a un aumento en las cantidades exportadas, no en los precios. Solo el 21% restante se explica por la suba de las cotizaciones internacionales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Vaca Muerta produce más, y eso es lo que mueve el negocio.

Con precios internacionales nuevamente en alza, las proyecciones del sector se recalibran. Antes de la primera fase del conflicto, el sector esperaba exportaciones energéticas por más de USD 11.100 millones para todo 2026, con importaciones de unos USD 3.000 millones. Con el Brent promediando en torno a USD 82, la estimación subió a USD 11.300 millones, unos USD 3.100 millones más de lo previsto a principios de año, según datos de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) relevados en una nota anterior de Infobae.