El RIGI volvió a quedar en el centro de la discusión presupuestaria. No por una partida de gasto tradicional, sino por los impuestos que el Estado dejaría de cobrar cuando los proyectos entren en plena ejecución. Según un informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel, el gasto tributario asociado a los 23 proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones alcanzaría u$s3.359 millones anuales, equivalente a 0,49 puntos del PBI.
El cálculo toma como base las inversiones ya autorizadas desde la implementación del régimen. De acuerdo con el documento, esos proyectos suman u$s49.766 millones y podrían generar 108.450 puestos de trabajo directos e indirectos.
La estimación apunta a un punto sensible del Presupuesto 2027: el costo fiscal del RIGI no aparece necesariamente como una erogación directa, sino como beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios otorgados a los vehículos de propósito único que ingresan al régimen.
El costo fiscal del régimen
El informe sostiene que, en un año normal de funcionamiento de los proyectos, el gasto tributario proyectado llegaría a u$s3.359 millones anuales. La cifra surge de considerar la inversión comprometida, los empleos previstos y el flujo de exportaciones estimado por los propios sectores involucrados.
Michel advierte además que el cálculo aplica cuando los proyectos estén en “plena ejecución”. Ese punto es relevante porque el impacto fiscal no se produce todo de inmediato: según el informe, 47% de la inversión total se desembolsaría hasta 2028 inclusive.
El trabajo también hace una proyección de escala. Bajo supuestos similares a los proyectos ya aprobados, por cada u$s100.000 millones de inversión, el gasto tributario asociado al RIGI sería equivalente a 0,99 puntos del PBI.
Ganancias, retenciones e importaciones
El mayor componente del gasto tributario estimado está vinculado con los derechos de exportación. Según el informe, la alícuota 0% a partir del tercer año explicaría 0,40 puntos del PBI por cada u$s100.000 millones de inversión.
Otro componente importante aparece en el Impuesto a las Ganancias. El RIGI establece para los vehículos de propósito único una tasa de 25%, frente al 35% del régimen general para sociedades. También contempla la transferencia y actualización de quebrantos.
El documento incluye además beneficios sobre importaciones. Entre ellos, la exención de aranceles para bienes de capital, repuestos e insumos, en contraste con aranceles extrazona que pueden ubicarse entre 10% y 35%, según la partida arancelaria.
A eso se suman los certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, el cómputo del 100% del impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios como pago a cuenta de Ganancias y la reducción de la alícuota sobre dividendos distribuidos a accionistas no residentes.
El Súper RIGI, con mayor impacto
El informe también proyecta el costo fiscal que tendría el llamado Súper RIGI, según el texto con media sanción de Diputados. En ese caso, considerando una alícuota de Ganancias de 15% y contribuciones patronales al 10%, el gasto tributario estimado subiría a 1,27 puntos del PBI por cada u$s100.000 millones de inversión.
La diferencia se explica principalmente por una reducción más agresiva del Impuesto a las Ganancias. Bajo ese esquema, la tasa para los vehículos de propósito único bajaría a 15%, frente al 35% del régimen general para sociedades.
El Súper RIGI también incorporaría un tope de contribuciones sociales del 10% para nuevos puestos de trabajo. El informe aclara que esa estimación considera salarios del sector petrolero y el tope de remuneración para el cálculo de contribuciones.
La discusión detrás de las inversiones
El punto de fondo no es si el RIGI genera o no inversiones, sino cuánto cuesta fiscalmente atraerlas y cómo se mide ese costo dentro del Presupuesto.
El informe parte de proyectos ya aprobados, en gran medida vinculados a energía y minería. Son sectores de alta intensidad de capital, con potencial exportador, necesidad de infraestructura y horizontes largos de maduración.
La contracara es que los beneficios tributarios reducen ingresos futuros del Estado. El documento estima exportaciones proyectadas por u$s38.419 millones para los proyectos considerados, pero advierte que esas cifras surgen de proyecciones de inversores o publicaciones oficiales y están sujetas a volatilidad de precios internacionales y riesgos ajenos a cada iniciativa.
Ahí se concentra la discusión presupuestaria. El Gobierno presenta al RIGI como una herramienta para atraer capitales, acelerar obras, ampliar exportaciones y generar empleo. El informe de Michel pone el foco en otra dimensión: el costo fiscal anual de los beneficios otorgados para que esas inversiones se concreten.
En términos políticos y económicos, la pregunta que abre el Presupuesto 2027 es cómo balancear ambos objetivos: atraer grandes proyectos en energía, minería e infraestructura, y al mismo tiempo mostrar con claridad cuál será el costo tributario de esos incentivos cuando las inversiones estén plenamente operativas.
