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A través del Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera (UIF) fijó un nuevo marco regulatorio que alcanza a todos los Registros de la Propiedad Inmueble del país y se orienta a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La disposición quedó asentada mediante la resolución 93/2026 que lleva la firma del actual jefe del organismo, Matías Gabriel Álvarez, designado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, en abril. La misma comenzará a regir 90 días después de su publicación.

Los cambios se hicieron sobre dos resoluciones que databan de 2011. La N° 41/2011 fue reemplazada, mientras que sobre la resolución 70/2011 se derogó el artículo 12. De esta manera, los registros de todo el país deberán adoptar un sistema de prevención con enfoque basado en riesgo que implica que cada organismo debe identificarlos, evaluarlos y mitigarlos, según sus propias características y la operatoria que registra.

Otra de las novedades recae sobre el régimen de reportes mensuales. Hasta ahora, los registros debían informar a la UIF las inscripciones de compraventa de inmuebles por montos superiores a 750 salarios mínimos, vitales y móviles, y las inscripciones de usufructo vitalicio en inmuebles con valuaciones superiores a 200 salarios mínimos. Con la nueva norma, desaparece la obligación de reportar el usufructo vitalicio y se agregan dos categorías nuevas: las inscripciones de donaciones y los actos sobre inmuebles otorgados en el extranjero.

Los reportes deberán presentarse antes del día 15 de cada mes y en formato digital. En el caso específico de la referencia a los actos otorgados en el extranjero, significa que los registros deben reportar todas las inscripciones que correspondan a la constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles cuando el acto jurídico que les da origen fue realizado fuera de Argentina. Esas operaciones que monitorean y controlan operaciones internacionales, que puedan tener impacto en el sistema registral argentino, deben ser informadas a la UIF.

La resolución también elimina la exigencia de que los sujetos obligados presenten una declaración jurada sobre el cumplimiento de las normas de prevención. El organismo justificó la supresión de ese requisito en que la información puede verificarse directamente a través de fuentes y registros oficiales, por lo que mantenerlo implicaría una duplicación de trámites innecesaria.

En cuanto a las obligaciones estructurales, cada registro de la propiedad inmueble de cada jurisdicción deberá designar un Oficial de Cumplimiento titular y uno suplente, registrados ante el organismo. Ese funcionario será responsable de proponer políticas internas, elaborar un manual de prevención, analizar operaciones inusuales y reportar operaciones sospechosas al organismo. La norma fija plazos estrictos: 24 horas para reportar operaciones sospechosas vinculadas a lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas, con un tope de 90 días corridos desde que la operación fue realizada en los casos de lavado.

Los registros también deberán implementar herramientas tecnológicas para monitorear su operatoria, dado que su rol implica inscribir y dar publicidad a los actos y derechos reales sobre inmuebles, como compraventas, hipotecas, donaciones, embargos y otras operaciones.

La norma enumera señales de alerta que deben tenerse especialmente en cuenta, como inscripciones sucesivas sobre un mismo inmueble en las que el precio varía más del 30% en un año, la concentración de múltiples operaciones en cabeza de una misma persona o inconsistencias en los datos de identificación de los intervinientes.

Además, cada sujeto obligado deberá contar con un Manual de Prevención de los mencionados delitos y un Código de Conducta que contemple sanciones internas ante incumplimientos.

Los registros están obligados a conservar la documentación de las operaciones y de las operaciones inusuales por un plazo de 10 años. Tendrán 240 días corridos desde la publicación para adecuar el manual, aprobar el código de conducta y ajustar sus herramientas tecnológicas, y la nueva modalidad de reportes regirá a partir de noviembre de 2026.

Tras la sesión que finalizó en la madrugada del viernes pasado, que dejó como saldo una ley de propiedad privada fileteada con anticipación y trifulcas en las afueras del Congreso -salvo para las cuentas de Patricia Bullrich y de la Casa Rosada-, el oficialismo senatorial buscará dejar atrás la abultada cadena de errores de las últimas semanas e intentará reordenar la agenda en la Cámara alta: habrá dos audiencias públicas por pliegos judiciales y otras dos reuniones para continuar con el análisis de una nueva norma sobre Sociedades y el Súper RIGI.

El desafío no es menor. Ya hace tiempo, sin Manuel Adorni como excusa principal y una oposición ya no tan dialoguista, que se hartó de ser tratada como empleada y no como par -correlato en gobernadores y un ramillete de promesas incumplidas, más clásicas picardías peronistas para arañar protagonismo-, La Libertad Avanza tendrá que hacer frente a una serie de proyectos que aguardan desde hace meses en el Senado, a 45 días del aterrizaje del Presupuesto 2027 en Diputados. Una vez que dicho texto ingrese en la Cámara baja, nadie asegura un debate fácil para el resto de las iniciativas.

Con el reloj de arena dado vuelta por los propios “aliados”, que vieron abierta la ventana para dejar de estar agazapados y mostrar sus verdaderas cartas, los libertarios no tuvieron mejor idea que aplicar una de las máximas que se pregona desde Balcarce 50: ganar aún en la derrota. No salió como lo esperado: las operaciones cruzadas para quedar libre de culpa embadurnaron aún más el escenario y ya no interesan, ni siquiera, en la base de votantes mileístas.

El ejemplo más contundente fue la enjabonada olímpica de Bullrich y otros para que el peso de lo ocurrido con propiedad privada cayera, en un 100%, en el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien -por supuesto- formó parte de la cadena de responsabilidad y fue quien hizo posponer la sesión de julio a agosto. No así lo del jueves pasado. Con lo ocurrido en las últimas horas, solo faltó un coro para cantar la jugada, que se vio a 1.000 kilómetros de distancia. Entonces, bajo esa perspectiva, y si el funcionario fuese el diablo, ¿por qué se sostiene el convite de mañana para la ley de Sociedades? Curioso.

Durante la misma jornada, la comisión de Acuerdos continuará con los pliegos judiciales, uno de los pocos senderos donde se logra mostrar un avance concreto y donde todos ganan algo, sin tanta pelea. Esto se repetirá el miércoles, día en el que también se seguirá la discusión sobre el Súper RIGI, que viene de Diputados y espera la sanción definitiva antes que finalice el corriente mes.

Un detalle que pasó desapercibido y se conoció el fin de semana. Según confiaron fuentes legislativas a Infobae, durante la sesión en la Cámara alta y mientras se desarrollaba el operativo policial en las afueras del Congreso, la vicepresidenta entonces a cargo del Ejecutivo -por el viaje al exterior de Javier Milei-, Victoria Villarruel, en el punto más álgido de la batalla callejera, solicitó hablar con los responsables e, incluso, con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Fueron minutos de tensión, con un grupo muy reducido de personas -de máxima confianza de la titular del Senado- que sirvió de enlace con un puñado de jefes policiales. Todo fue bajo absoluta discreción y con un objetivo: que volviera el orden y no se desmadrara la violencia. Al poco tiempo, reapareció la calma. Son agentes con caras no conocidas -como ocurre con su poco contemplado equipo parlamentario-, que no buscan fama y cuidan más a Villarruel que sus entornos político y comunicacional.

Pocas horas antes de este episodio, en el recinto se blanqueaba, desde el propio bloque libertario, la penosa realidad de un alfil de la vice que, en vez de ayudarla, la hunde con estrategias minúsculas -muy infladas, de forma artificial- y de estricto corte personal, aunque con insólitas promociones mediáticas según la época.

Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, afrontará al menos dos desafíos: la publicación del dato de inflación de julio, del que las consultoras y el anticipo de la inflación minorista de julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) adelantan una aceleración, y habrá una nueva licitación del Bonar 2029 (AO29), con el que el Tesoro busca hacerse de más dólares en pos de cumplir con el programa financiero.

Mientras, se debate de qué modo se puede dotar al sistema bancario con un mayor margen de liquidez de modo que el crédito vuelva a estimular un nivel de actividad decaído. Más allá de los cambios que impulsa el gobierno a la ley de “inocencia fiscal”, que apunta también a ese objetivo, los bancos insisten en que el gobierno podría apuntalar una expansión del crédito mediante el expediente de aflojar los encajes y los requisitos para prestar los abundantes depósitos en dólares de que disponen las entidades financieras.

El jueves, 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la mediana de las respuestas de las consultoras arrojó un guarismo del 2 por ciento. Un dato así o superior marcaría una aceleración respecto al 1,9% de junio. Tal vez leve, pero que cortaría la tendencia descendiente que se observó desde abril.

El Gobierno ya tuvo un mal adelanto el viernes, cuando el dato de inflación el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) mostró un aumento del 2,9% en julio, nada menos que 1,1 puntos porcentuales más que en junio. La variación interanual fue de 33,2% y la acumulada en siete meses de 19,4 por ciento.

La evolución mensual de la inflación en CABA respondió principalmente a aumentos en Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y cultura. En conjunto, estas divisiones aportaron 2,11 p.p. a la variación del nivel general del IPCBA en julio.

El mayor aumento correspondió a Restaurantes y hoteles, con un incremento promedio de 5,3% en gran medida por las subas en las tarifas de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y, en menor, de los precios de alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

A la par de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 2,7% y aportó 0,54 p.p. al nivel general. Esta suba se vinculó con incrementos en los gastos comunes de vivienda, alquileres y tarifas residenciales de electricidad. El mes de las vacaciones de invierno suele mostrar una mayor demanda en el sector turístico y recreativo, lo que se trasladó en los precios de hoteles y servicios asociados.

Y si bien, las canastas con las que se mide la inflación en CABA y la Nacional no son las mismas, ya que la de Ciudad pondera en mayor medida los servicios sobre bienes -a la inversa de la del Indec-, siempre sirve para marcar la tendencia general a la que corrieron los precios en el mes.

Aunque sea por factores estacionales como las vacaciones de invierno, un salto en la inflación por mínimo, es un mal dato para el Gobierno porque pone en duda la capacidad de poder perforar el piso mensual en torno al 2% en que se ubica la inflación desde septiembre del año pasado con picos de hasta 3,4% en marzo.

En búsqueda de dólares

El otro desafío de Economía es financiero. El miércoles tendrá lugar una nueva colocación del Bonar 2029 (AO29), un título en dólares cuyo vencimiento está previsto para mediados del próximo gobierno.

En la última licitación, la Secretaría de Finanzas tuvo menores ofertas y mayores dificultades para completar el cupo. Hace 15 días, Finanzas logró colocar USD 309 millones en la primera vuelta, con ofertas por USD 366 millones, a una Tasa Nominal Anual (TNA) de 8,02%, por encima del 7,99% de la anterior licitación. En la segunda vuelta, la colocación sumó otros USD 150 millones. Del cupo de USD 2.000 millones del AO29, Finanzas ya logró colocar USD 1.126 millones por lo que le restan conseguir USD 874 millones.

El accionar de la Secretaría de Finanzas en las últimas licitaciones reveló la estrategia oficial: priorizar una tasa de financiamiento más baja, aunque esto implique reunir dólares a un ritmo más lento. Sin embargo, en la última colocación las ofertas resultaron menores y la TNA ya se ubicó por encima del 8%. Este escenario siembra dudas de cara al próximo año y los supuestos del programa financiero, ya que para 2027, año electoral, Economía pretende conseguir en el mercado de capitales local unos 5.000 millones dólares.

El dato nacional de inflación y la licitación del Bonar 2029 definirán el pulso de los mercados a corto plazo. Y la publicación del IPC nacional y el resultado de la colocación de deuda en dólares delinearán el escenario financiero y la capacidad de respuesta del equipo liderado por Caputo.

El ejército de Taiwán simuló el lunes el rechazo de un ataque aéreo del régimen chino en las islas Penghu, un enclave de importancia estratégica en el estrecho de Taiwán, como parte del ejercicio militar Han Kuang, mientras el Gobierno prepara para ese mismo día una prueba que limitará por primera vez la velocidad de internet móvil durante los simulacros anuales de defensa civil.

El ejercicio Han Kuang tiene una duración de diez días y comenzó la semana pasada con distintos escenarios ante una eventual acción militar de China contra Taiwán. Beijing considera a la isla, gobernada de forma democrática, parte de su territorio y mantiene la posibilidad de recurrir a la fuerza para lograr su control.

En las horas previas al amanecer, tropas del Primer Comando de Teatro abrieron fuego en una playa de Penghu con tanques M60A3, piezas de artillería y cañones antiaéreos. Las fuerzas desplegadas formaron una defensa que los militares definieron como “multicapa” frente a un enemigo simulado que intentaba ejecutar un desembarco rápido en la costa.

Penghu está situada en el estrecho de Taiwán y se encuentra más cerca de la isla principal que de China. Los estrategas taiwaneses consideran que las islas podrían constituir un primer objetivo para Beijing en un eventual conflicto, con la posibilidad de que China intente utilizarlas como base para ataques con misiles y drones contra Taiwán.

Los reservistas de Penghu también participaron en las maniobras como parte de su programa de entrenamiento de 14 días. El ejército taiwanés busca con estos ejercicios una mayor integración de las fuerzas de reserva en su planificación operativa y una preparación que refleje de forma más realista los escenarios de conflicto.

Primera prueba de limitación de internet móvil

Más tarde el lunes, en el centro de Taiwán, el Gobierno reducirá de forma deliberada la velocidad de internet móvil durante la fase de defensa civil de los ejercicios. La prueba busca evaluar cómo podrían comunicarse los ciudadanos si el ancho de banda disponible disminuyera durante una emergencia.

El escenario contempla situaciones que van desde desastres hasta una eventual invasión china. La medida constituye la primera prueba de este tipo durante los ejercicios militares anuales de Taiwán.

Los servicios considerados esenciales no quedarán afectados por la reducción de velocidad. Entre ellos figuran los cajeros automáticos, los semáforos y las llamadas de ambulancia de emergencia. Las líneas telefónicas fijas y los servicios de internet fijo tampoco sufrirán restricciones.

El Gobierno difundió información sobre el ejercicio antes de su puesta en marcha. El viernes por la tarde envió una alerta por mensaje de texto a los teléfonos móviles de todo Taiwán, tanto en chino como en inglés. Durante el fin de semana también publicó un mensaje de vídeo en redes sociales para informar sobre el simulacro.

La capital, Taipéi, y otras zonas del norte de Taiwán serán escenario del mismo ejercicio el jueves.

El Gobierno taiwanés rechaza las reivindicaciones de soberanía de Beijing sobre la isla y sostiene que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.

Los ejercicios Han Kuang forman parte de la preparación militar de Taiwán ante distintos escenarios de conflicto. Las maniobras de este año incluyen la participación de tropas regulares y reservistas, así como pruebas destinadas a evaluar la respuesta militar y civil ante situaciones de emergencia.

(Con información de REUTERS)

Estados Unidos desvió 55 buques comerciales, inhabilitó dos embarcaciones y abordó otras dos desde el inicio del bloqueo naval contra los puertos y las costas de Irán, mientras más de 20 buques de guerra estadounidenses permanecen desplegados en Medio Oriente para apoyar las misiones destinadas a hacer cumplir la medida.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el domingo que sus fuerzas desviaron 55 buques comerciales, inhabilitaron dos y abordaron otros dos como parte de las operaciones para hacer cumplir el bloqueo contra Teherán.

“Hasta el 9 de agosto, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha desviado 55 buques comerciales, inhabilitado dos y abordado dos”, señaló la autoridad castrense.

CENTCOM también informó que más de 20 buques de guerra estadounidenses permanecen desplegados en Medio Oriente para “apoyar misiones militares entre las cuales se incluye la aplicación estricta del bloqueo” contra Irán.

Las operaciones de las fuerzas estadounidenses se producen mientras Irán mantiene su posición sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán reiteró el sábado que Teherán solo reabrirá el estrecho cuando constate el final de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak.

El organismo iraní también condicionó la reapertura del estrecho al levantamiento de las sanciones contra la economía iraní y al pago de indemnizaciones por daños de guerra.

La posición de Teherán se conoció después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, informara la pasada semana sobre un principio de acuerdo con Omán para gestionar de forma conjunta una nueva ruta marítima a través del estrecho de Ormuz.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo que las negociaciones con Omán sobre el tránsito y la administración del paso marítimo “se acercan a su etapa final”.

La reapertura del estrecho todavía no tiene fecha y permanece sujeta a las condiciones planteadas por Teherán. Entre ellas figuran el final de las operaciones militares contra Irán y sus aliados, el levantamiento de las sanciones económicas, la liberación de activos congelados y una compensación por los daños causados por la guerra.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán ratificaron el domingo que el estrecho permanecerá bloqueado hasta que Estados Unidos acepte “todas nuestras condiciones”. La fuerza iraní también afirmó que “el estrecho es ahora para nosotros un verdadero escenario de guerra”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las negociaciones con Teherán y afirmó: “Nos lo estamos tomando con calma”. En la misma entrevista con Axios, Trump agregó: “Solo estamos negociando a medias con ellos”.

El mandatario también vinculó la presión sobre Teherán con la situación económica interna de Irán y mencionó la inflación y las limitaciones de financiamiento del país.

El precio del petróleo abrió al alza

Los precios del petróleo abrieron la semana con alzas por la falta de certezas sobre el futuro del estrecho de Ormuz, según la información proporcionada.

En la sesión asiática de este lunes, el Brent avanzó 1,44% hasta 84,79 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI) subió 1,08% y se ubicó en 79,29 dólares.

(Con información de Reuters y EP)

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, defendió este domingo el accionar de la Policía de la Ciudad en los operativos frente al Congreso durante la marcha del jueves último y vinculó esa política con su ofensiva contra las usurpaciones en Buenos Aires: dijo que no permitirá que “transformen a la Ciudad en lo peor del Conurbano”, sostuvo que la actuación policial fue “legítima” y afirmó que la clave no está en nuevas normas de propiedad privada sino en la decisión política para hacer cumplir la ley, aunque admitió que una nueva legislación es “bienvenida”.

En el plano partidario, en una entrevista con La Nación+, Macri dijo que el PRO adoptará una postura común porque es “un partido nacional” y advirtió que no hay que “dejarse engañar por el peronismo”. También pidió evitar divisiones entre los sectores que buscan frenar un regreso del kirchnerismo.

Sobre la posibilidad de que Patricia Bullrich le dispute la Jefatura de Gobierno porteño el año próximo, respondió: “Está buenísimo. La competencia saca lo mejor de cada uno de nosotros”.

Al profundizar acerca del trabajo de la Ciudad en el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente, el jefe de Gobierno sumó un dato concreto: aseguró que la Ciudad recuperó 901 propiedades usurpadas y señaló que la última intervención fue en una vivienda ocupada por una familia boliviana que, según describió, alquilaba habitaciones y había montado un taller ilegal con trabajo esclavo.

Macri extendió esa idea a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado. Dijo que, a su juicio, esa garantía “ya está” en la Constitución, aunque consideró “bienvenida” la nueva norma y respaldó la posibilidad de avanzar con desalojos exprés.

El planteo del jefe de Gobierno unificó dos escenas que en su diagnóstico responden a la misma lógica: la violencia en la calle y la ocupación ilegal de inmuebles. En ambos casos, atribuyó el resultado a la firmeza del Estado, a la coordinación con la Justicia y a una decisión oficial de intervenir donde antes, según sostuvo, se toleraba el deterioro.

Al describir la política de desalojos, Macri dijo que la recuperación de inmuebles no se explica por un cambio de leyes ni de jueces, sino por una conducta distinta del Gobierno porteño. “Cuando hay decisión política, se puede combatir la usurpación. La ley nacional ayudará sin duda, pero si no hay decisión política después de cada actor involucrado, no alcanza”, afirmó.

En ese tramo, agregó que la ocupación de viviendas no se limita a la vulneración de la propiedad privada, sino que arrastra otros delitos. “En cada lugar que se usurpa se instala el mal. Desde ahí se vende droga, hay trabajo esclavo, se instalan los que roban, los que salen y aprietan gente”, dijo.

Macri también describió el impacto barrial de esas ocupaciones. “Vivir al lado de una vivienda usurpada es una catástrofe. Vivir en la misma cuadra es un problema. Son violentos, son agresivos”, sostuvo.

Según explicó, en cada procedimiento participan la Policía, la Justicia, equipos de desarrollo humano, guardia de auxilio y áreas de rescate animal. Dijo que esa estructura busca actuar frente a eventuales resistencias, proteger a niños y atender riesgos de derrumbe o incendio en propiedades que, de acuerdo con su descripción, suelen estar muy deterioradas.

En esa misma argumentación, insistió en que antes existían las mismas herramientas legales. “Son las mismas leyes, los mismos jueces, lo que cambió es la decisión política”, dijo. Luego, detalló que, cuando el Gobierno muestra voluntad de avanzar, fiscales y jueces acompañan más activamente los desalojos.

Sobre los incidentes del jueves frente al Congreso durante la sesión del Senado por la ley de tierras, Macri dijo que hubo “plena coordinación” entre las fuerzas de seguridad de la Ciudad y las nacionales. Precisó que la administración nacional se ocupa de los “objetivos federales”, como Plaza de Mayo, Casa Rosada, Plaza de los Dos Congresos y el Congreso, mientras la Ciudad toma el segundo y el tercer anillo de seguridad.

En ese marco, rechazó que lo ocurrido pueda leerse como una manifestación pacífica. “Acá estamos enfrentando a delincuentes. Esto no es una marcha pacífica. No se confundan”, afirmó.

Macri sostuvo que las ideas se discuten “dentro del Congreso” y que, si alguien quiere manifestarse afuera, debe hacerlo de manera pacífica. También señaló que varios de los detenidos cuentan con antecedentes. “No es que a los que agarrás son pibes, que es la primera vez que hacen algo de esto. Veinte, treinta, cuarenta antecedentes”, aseguró.

Frente a las críticas de la oposición, el jefe de Gobierno defendió la respuesta estatal y respaldó a la Policía de la Ciudad. “El accionar de la policía es legítimo”, dijo, y añadió que los operativos se realizan con fiscales, centros de comando, cámaras y registros filmados que luego permiten detener y procesar a los involucrados.

En la formulación política más dura de la entrevista, conectó esos hechos con su disputa por el orden urbano. “Nosotros no vamos a dejar que transformen a la Ciudad en lo peor del conurbano”, afirmó. Luego acusó a sectores políticos y sociales de querer “romper la Ciudad” porque “no logran que sus municipios estén bien” ni que “la provincia esté bien”.

Pese a esa reserva, respaldó la iniciativa por su posible efecto práctico. Dijo que garantizar la propiedad privada puede traducirse en “más inversión”, “más desarrollo” y “más acceso a la vivienda”, y vinculó ese razonamiento con su crítica a la derogada ley de alquileres, que, según su lectura, redujo la oferta y empujó los precios hacia arriba.

En la misma respuesta, calificó la media sanción como “un avance” y remarcó que resulta positivo que pueda haber desalojos exprés. De todos modos, volvió a subordinar la eficacia de cualquier norma a la capacidad del poder político para aplicarla.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gobierno sostuvo que la Ciudad pasó de recaudar USD 10 millones por año a proyectar USD 140 millones este año por el cobro de prestaciones de salud a extranjeros, obras sociales y prepagas. Afirmó que todo ese dinero se invierte en el sistema sanitario.

Sobre educación superior, dijo que la universidad pública debe dar un debate “con profundidad” sobre los aranceles y que cada institución puede fijar su postura. Recordó que hay posgrados que ya se cobran y defendió el criterio de reciprocidad para estudiantes extranjeros: “Si un extranjero va a estudiar a otro país y tiene que pagar por los estudios en la universidad, ¿por qué alguien que viene de ese país y estudia en el nuestro tiene que ser gratuito?”.