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  • El Gobierno creó programas para combatir la ciberdelincuencia e implementar el régimen juvenil

    El Gobierno creó programas para combatir la ciberdelincuencia e implementar el régimen juvenil

    El PRONACIB promoverá la articulación con la Cancillería para aplicar los mecanismos del Convenio de Budapest.
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    El Ministerio de Justicia de la Nación creó dos programas para combatir la ciberdelincuencia y coordinar la política criminal en materia de régimen penal juvenil, a través de las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

    A partir de la Resolución N°483/2026, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). Asimismo, indicó que su implementación dependerá de la Subsecretaría de Política Criminal y que el asesor Mariano Tomás Rivas asumirá las funciones de la coordinación bajo modalidad ad honorem.

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    “Quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa, de conformidad con los objetivos y lineamientos establecidos”, aseguraron en el documento oficial.

    Entre los desafíos a abordar, enumeraron la preservación y análisis de prueba digital, la ciberseguridad aplicada a investigaciones, los activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en las modalidades delictivas.



    En este sentido, las autoridades advirtieron que “el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible utilización para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en la investigación penal”.

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    El programa podrá conformar mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores privados. También deberá adecuar el tratamiento de datos personales a la Ley 25.326 y promover la coordinación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con la Cancillería para los mecanismos de cooperación previstos en el Convenio de Budapest.

    Con la creación del PRONACIB, el Ministerio derogó las resoluciones de 2016 que habían establecido y transferido el anterior Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, además de la resolución de 2024 que creó una mesa de trabajo sobre ciberdelito. Ambas habían sido firmadas por Mahiques y publicadas en la edición del 25 de septiembre de 2026 del Boletín Oficial.

    Seis personas con sudaderas negras con capucha y vaqueros permanecen de espaldas frente a la entrada de un colegio.

    Por otro lado, en la Resolución 484/2026, se dispuso la puesta en marcha del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal. De esta manera, el área actuará como instrumento marco para organizar sus tareas como autoridad de aplicación de la Ley 27.801, que reformó el sistema de responsabilidad penal adolescente.

    “El Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil estará a cargo de un coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco”, señalaron.

    En línea con esto, comunicaron que la asesora Débora Eliana Di Girolamo fue nombrada coordinadora del programa sin remuneración. Entre sus funciones figuran la coordinación de la aplicación del régimen en la justicia nacional, ordinaria y federal; la capacitación de quienes intervienen en el fuero; la producción de estadísticas y la articulación con provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas del Poder Ejecutivo.



    Uno de los ejes será la administración del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Por esto, las autoridades aprobaron su reglamento y un Manual del Supervisor Juvenil. Así, esos profesionales deberán acompañar el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a adolescentes, bajo protocolos que el programa buscará unificar.

    También se incorporaron normas de asistencia integral para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen. De este modo, el programa coordinará esa tarea con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, con el objetivo de facilitar orientación, derivaciones, acceso a servicios y, cuando corresponda, patrocinio jurídico gratuito.

    Por otro lado, el ministro Mahiques determinó que se deberá brindar apoyo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. Asimismo, prevé mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de medidas, el desempeño institucional y la reincidencia, junto con protocolos de reserva para la sección especial que llevará el Registro Nacional de Reincidencia.

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  • Estafaban a motomandados en una localidad entrerriana con falsos envíos

    Estafaban a motomandados en una localidad entrerriana con falsos envíos

    Una investigación por estafas contra trabajadores de motomandados permitió identificar al presunto responsable de al menos dos hechos ocurridos durante septiembre en la ciudad de Concordia. La Policía realizó este jueves un allanamiento y secuestró un teléfono celular que habría sido utilizado para contactar a las víctimas.

     

    Según informó la fuerza a Elonce, la investigación estuvo a cargo de personal de Comisaría Primera y comenzó a partir de dos episodios registrados los días 13 y 19 de septiembre, en los que se habría utilizado la misma modalidad.

     

    El presunto estafador contactaba telefónicamente a trabajadores dedicados al servicio de motomandados y los citaba en diferentes puntos de la ciudad para que retiraran un supuesto paquete que posteriormente debían trasladar hasta otro domicilio.



    Cómo era la maniobra

    Cuando el trabajador llegaba al lugar acordado, recibía el bulto y el hombre le solicitaba previamente una suma de dinero. Según les aseguraba, ese importe sería reintegrado por el destinatario del paquete junto con el costo correspondiente al servicio de traslado.

     

    Sin embargo, cuando los motomandados llegaban hasta las direcciones indicadas, descubrían que ninguna persona había solicitado el envío.

     

    Al revisar los paquetes que habían recibido, las víctimas encontraron prendas deterioradas. Posteriormente intentaron comunicarse nuevamente con la persona que había solicitado el servicio, pero comprobaron que sus números habían sido bloqueados en WhatsApp.



    Allanamiento y secuestro de un celular

    A partir del análisis de registros fílmicos y otras tareas investigativas, la Policía logró individualizar al presunto autor de las maniobras y solicitó una medida judicial.

    El procedimiento fue realizado este jueves en cumplimiento de una orden de allanamiento dispuesta por el juez de Garantías Francisco R. Ledesma.

     

    Durante el operativo, los efectivos secuestraron un teléfono celular cuyo número de abonado coincidiría con el utilizado para contactar a las víctimas, además de otros elementos considerados relevantes para establecer la identidad del sospechoso.

     

    Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.

  • “Inexacto, injusto y falaz”: fuerte malestar por el estado de más de 2000 kilómetros de caminos rurales

    “Inexacto, injusto y falaz”: fuerte malestar por el estado de más de 2000 kilómetros de caminos rurales

    Hay un fuerte malestar entre los productores de Azul, en el centro bonaerense, con el municipio por el estado de los caminos rurales. La Sociedad Rural local salió al cruce de una información oficial sobre los trabajos realizados en el Camino Viejo a Tandil y aseguró que las tareas que se hicieron no solucionaron los problemas que tiene esa vía. Además, volvió a pedir un cambio en la conducción del Ente Descentralizado de Vialidad Rural. En un comunicado, la entidad calificó la información difundida por el organismo como “inexacta, injusta y falaz” y marcó una serie de problemas que, según indicó, todavía persisten en el lugar.

    “El trabajo realizado en el Camino Viejo a Tandil manifiesta la impericia técnica, no existiendo el abovedado necesario y las banquinas limpias”, sostuvo la entidad. También señaló que hay tosca acumulada desde noviembre de 2025 a lo largo de varios kilómetros y alertó por la falta de señalización y el riesgo de accidentes para quienes circulan por el lugar.

    Gabriel Palmisano, presidente de la Sociedad Rural de Azul, explicó a LA NACION que el reclamo va más allá de lo que ocurre en el Camino Viejo a Tandil y que la entidad ya llevó en varias oportunidades sus planteos al municipio. “Hemos tenido varias reuniones con el intendente del municipio de Azul (Nelson Sombra, de UxP), contándole estas problemáticas, de que no se veía una buena contraprestación de servicios hacia los caminos, cunetas, arroyos, lo que sea”, señaló.

    Según explicó, la decisión de salir públicamente surgió después de que el Ente de Vialidad Rural informara sobre las obras que viene realizando. Desde la Rural aseguraron que la situación que encuentran en el terreno es distinta. “El Camino Viejo a Tandil, de las obras que hicieron, no hay cunetas, hay una tosca sacada desde noviembre de 2025 que nunca se desparramó”, afirmó Palmisano.

    Hace unas semanas un posteo con críticas sobre la situación de los caminos
    Hace unas semanas un posteo con críticas sobre la situación de los caminos

    El dirigente señaló que el problema es especialmente complejo por la extensión de la red que debe atender el municipio. Azul tiene algo más de 2000 kilómetros de caminos rurales. “Están como tratando de estar en todo el partido de Azul, habiendo 2000 kilómetros de caminos, un poquito en cada cosa y, lamentablemente, los trabajos que hacen no alcanzan”, señaló.

    Problemas

    Palmisano aseguró que las dificultades pueden encontrarse de un extremo al otro del partido. “Desde Chillar, que es la punta del partido, hasta Cacharí, que es la otra punta, tenés problemas de pantanos y caminos inaccesibles”, afirmó. Para el dirigente, además, muchas de las intervenciones que se hacen permiten atender una situación puntual, pero no resolverla de manera definitiva. “Ellos te dicen como que se arregló tal camino, tal otro, y la verdad es que se hicieron parches como para tratar de subsanar algo y seguir para adelante”, dijo.

    Palmisano sostuvo que la situación se fue acumulando con el paso del tiempo. “Venimos de años de desidia, de años de abandono”, afirmó. A eso, agregó, se sumó la preocupación por lo que pueda ocurrir con las lluvias en los próximos meses.

    La discusión también alcanzó a las restricciones para circular por los caminos rurales cuando llueve. En su comunicado, la entidad aclaró que la ordenanza que establece la prohibición de tránsito contempla excepciones, entre ellas para los vehículos de menos de 2000 kilos.

    Sobre ese punto, la Rural local planteó que el cumplimiento de las restricciones debe ir acompañado por caminos en condiciones. “Para exigir el cumplimiento de una ordenanza, le solicitamos al intendente que primero cumpla con su responsabilidad de darnos los caminos en las condiciones técnicas que corresponden, por los cuales pagamos la tasa vial”, señaló.

    Las diferencias con el funcionamiento del Ente de Vialidad Rural tampoco son nuevas. La Sociedad Rural de Azul tenía un lugar en la Comisión Vial Rural (Covir), pero decidió no designar un representante. Palmisano explicó los motivos por los que tomaron esa decisión. “Sentíamos que estábamos calentando una silla y no podíamos tratar de fondo ni tratar de solucionar el grave problema que son los caminos rurales en el partido de Azul”, afirmó.

    Pese a las diferencias, aseguró que mantienen el contacto con las autoridades locales. “El diálogo no es que está cortado con el municipio, sino que solamente seguimos poniendo arriba de la mesa una problemática de hace un montón de años”, indicó.

    La Sociedad Rural de Azul advirtió por problemas en distintos puntos de la red de caminos rurales
    La Sociedad Rural de Azul advirtió por problemas en distintos puntos de la red de caminos rurales

    En medio de esa situación, la entidad insistió con un planteo que ya había realizado anteriormente. “Ratificamos nuestro pedido de un cambio en la dirección del Ente Descentralizado, amparados en tres años de resultados que no satisfacen de ninguna manera a la comunidad rural”, expresó.

    El nuevo reclamo se da, además, en un municipio donde la discusión por los caminos rurales y el destino de los recursos que se cobran para mantenerlos llegó a la Justicia. En marzo pasado, un fallo hizo lugar a un amparo presentado por productores agropecuarios y ordenó al municipio de Azul informar cómo se recaudaron y utilizaron los fondos de la tasa vial. La Justicia pidió, entre otros datos, balances, presupuestos, costos e información sobre trabajos realizados en los caminos rurales.

    El municipio apeló la decisión, pero en julio la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata rechazó el planteo y confirmó que debía entregar la información solicitada.


  • Reforma del régimen de Zona Fría: uno por uno, cómo voto cada senador

    Reforma del régimen de Zona Fría: uno por uno, cómo voto cada senador

    El proyecto que impulsaba el oficialismo para cambiar y recortar el régimen de subsidios de zonas frías finalmente fue aprobado en el Senado por 38 votos a favor y 8 en contra.

    Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el peronismo trató de dejar sin quórum la sesión para evitar la aprobación de la iniciativa, por este motivo, la mayoría de sus senadores no se encontraba presente al momento de realizarse la votación.

    Los votos a favor fueron de 19 legisladores de La Libertad Avanza; 3 del PRO; 3 de la UCR; 2 del Peronismo; y el resto de un grupo de legisladores de bloques provinciales. Según la Agencia Noticias Argentinas, el siguiente es el listado detallado del voto de los senadores del proyecto de reducción del régimen de zona fría:

    Votos a Favor (38):

    La Libertad Avanza (19):

    – Bartolomé Abdala (San Luis)

    – Romina Almeida (Córdoba)

    – Ezequiel Atauche (Jujuy)

    – Ivanna Arrascaeta (San Luis)

    – Yolanda Asfora (San Luis)

    – Vilma Bedia (Jujuy)

    – Andrea Cristina (Chubut)

    – Juan Cruz Godoy (Corrientes)

    – Gonzalo Guzmán Coraita (Catamarca)

    – Luis Juez (Córdoba)

    – Nadia Márquez (Neuquén)

    – María Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego)

    – Agustín Monteverde (Buenos Aires)

    – Bruno Olivera Lucero (San Juan)

    – María Emilia Orozco (Salta)

    – Juan Carlos Pagotto (La Rioja)

    – Francisco Paoltroni (Formosa)

    – Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires)

    Patricia Bullrich - Sesion Senado 24092026
    Luis Juez y Patricia Bullrich en el Senado

    PRO (3):

    – Andrea Cristina (Chubut)

    – Enrique Goerling Lara (Misiones)

    – María Victoria Huala (La Pampa)

    Unión Cívica Radical (3):

    – Flavio Fama (Catamarca)

    – Eduardo Vischi (Corrientes)

    – Mercedes Valenzuela (Corrientes)

    Bloques Provinciales (8):

    – Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Misiones – Movimiento por Misiones)

    – Julieta Corroza (Neuquén – La Neuquinidad)

    – Beatriz Ávila (Tucumán – Independencia)

    – Carolina Moisés (Jujuy – Convicción Federal)

    – Flavia Royón (Salta – Primero los Salteños)

    – Edith Terenzi (Chubut – Despierta Chubut)

    – Carlos Espínola (Corrientes – Provincias Unidas)

    Peronismo (2):

    – Guillermo Andrada (Catamarca)

    – Sandra Mendoza (Tucumán)

    Votos en Contra (8)

    Unión Cívica Radical (6):

    – Mariana Juri (Mendoza)

    – Rodolfo Suárez (Mendoza)

    – Maximiliano Abad (Buenos Aires)

    – Eduardo Galaretto (Santa Fe)

    – Carolina Losada (Santa Fe)

    – Daniel Kroneberger (La Pampa)

    El senador Daniel Kroneberger y la diputada Margarita Stolbizer, presidente y secretaria de la bicameral de la Defensoría del Pueblo
    El senador Daniel Kroneberger y Margarita Stolbizer

    Por Santa Cruz (2):

    – Natalia Gadano (Santa Cruz)

    – José Carambia (Santa Cruz)

    HM

  • Fin de septiembre complicado para la economía: el riesgo país ronda los 600 puntos y los precios de alimentos se recalientan

    Fin de septiembre complicado para la economía: el riesgo país ronda los 600 puntos y los precios de alimentos se recalientan

    Javier Milei y Luis Caputo
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    Además de los datos económicos que muestran un retroceso de la actividad y un repunte de la pobreza, el cierre del trimestre tampoco viene fácil para el Gobierno. Lejos en el tiempo quedaron las promesas de Luis Caputo respecto a la bonanza económica que sucedería en los últimos 18 meses de mandato presidencial. Ahora aparecen nuevas dificultades que incluso condicionan también lo que puede suceder en la última parte de 2026.

    El repunte del riesgo país a lo largo del mes fue notable y prácticamente no dio respiro. Ayer volvió a subir 2,2% y quedó en 578 puntos básicos. Este incremento ya tiene consecuencias concretas. Por tercera vez, el Tesoro saldrá a refinanciar deuda sin colocar nuevos títulos en dólares. La nueva operatoria está prevista para el próximo lunes.

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    El equipo económico no quiere convalidar tasas arriba del 10% y se tiene que conformar con emisiones en pesos o ajustadas al tipo de cambio oficial de corto plazo. El plan financiero de 2027, sin embargo, prevé la emisión de USD 5.000 millones en Bonar 29, algo que hoy luce muy complicado.

    La suba del riesgo país, que quedó cerca de los 600 puntos y volvió a los niveles de fines del año pasado, también provoca otros efectos secundarios. Por ejemplo, complica la emisión de nueva deuda a provincias y empresas, que este año consiguieron financiarse a tasas cercanas al 8% y plazo de hasta diez años.

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    Ayer San Juan finalmente logró colocar su primer bono internacional por USD 600 millones y pagó una tasa apenas por debajo del 10% anual. El mercado esperaba un rendimiento cercano al 9% al lanzarse la operación hace un par de semanas, pero la provincia tuvo que aceptar un rendimiento superior para conseguir el monto que había salido a buscar.

    Otro de los peligros relacionados con un aumento adicional del riesgo país es que la mayor incertidumbre se traslade al mercado cambiario. La posibilidad de un aumento de la compra de divisas o también de un desarme de posiciones en pesos para incrementar los niveles de dolarización son riesgos relacionados con un panorama más complicado desde lo político.

    El proceso de desinflación aparece como otro escollo. Por lo pronto, el 1,7% de agosto luce difícil de ser perforado en los próximos meses. Los datos de septiembre no son muy alentadores. Según un relevamiento de la consultora LCG, la inflación de alimentos y bebidas en la cuarta semana del mes aumentó 1,7% y acumula un incremento de 2,7% en las últimas cuatro semanas. Además, la consultora identificó “un incremento importante en la cantidad de productos con aumento”.

    Con esta evolución, es difícil que el índice de inflación repita y menos perfore el nivel del mes pasado. El mejor escenario es que el índice fluctúe entre 1,7% y 2% hasta fin de año. La suba de naftas que estaría definiendo YPF en las próximas horas también le pondría presión a los precios para el mes que viene. No solo por el impacto directo de los combustibles en el índice, sino además por otros sectores que se verían directamente afectados como el transporte y la logística.

    El Gobierno enfrenta así el último trimestre del año con una situación de mayor incertidumbre y pocas noticias positivas. A la suba del riesgo país y una inflación que por el momento encontró un piso, se suman un nivel de actividad en caída, aumento de los niveles de pobreza (en el primer semestre) y un Banco Central que redujo a un mínimo la compra de dólares diaria. El promedio de septiembre, de hecho, se ubica en menos de USD 10 millones diarios.

  • ¿Internas abiertas o Congreso para definir listas?: Chaco será el laboratorio del peronismo si Milei logra cancelar las PASO 2027

    ¿Internas abiertas o Congreso para definir listas?: Chaco será el laboratorio del peronismo si Milei logra cancelar las PASO 2027

    Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Jorge Milton Capitanich votando
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    A instancias del oficialismo, la Legislatura chaqueña suspendió las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año próximo. Las elecciones generales provinciales se realizarán entre mediados y fines de septiembre, con casi un mes de anticipación a las nacionales. Esto implica que en Chaco los pasos del cronograma electoral comenzarán antes.

    El problema no es del oficialismo. El proyecto de reelección del gobernador Leandro Zdero ordena todo, más allá de algún ruido menor que pueda haber en una lista donde confluirán el radicalismo y La Libertad Avanza.

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    Es el peronismo el que tendrá que encontrar la fórmula que posibilite resolver su disputa interna. Con Jorge Capitanich corrido de la escena, hay varias alternativas para conformar la fórmula que enfrentará a Zdero en las urnas. El actual senador y presidente del PJ provincial se quedará en su banca, aunque su nombre resuena como posible acompañante de Axel Kicillof.

    La fórmula con la que los justicialistas chaqueños resuelvan el acertijo interno será clave para que el PJ nacional planifique qué puede hacer en caso de que la Casa Rosada logre el objetivo de que el Congreso elimine, o al menos suspenda, las PASO nacionales.

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    Cuáles son los escenarios

    Capitanich le dijo a Infobae que baraja una serie amplia de alternativas para resolver la disputa intestina. Una posibilidad pueden ser las “internas partidarias abiertas, donde voten los afiliados y los independientes, excluyendo a los que están en padrones de otros partidos”, indicó. Esta alternativa es una de las que se podría replicar para decidir quién enfrentará a Javier Milei en octubre del año próximo.

    Axel Kicillof se reunirá con Jorge Capitanich en Chaco

    En ese sentido, deslizó que se puede aplicar el sistema de primarias norteamericanas. Allí, los candidatos son elegidos a través de procesos electorales regionales cuyos resultados confluyen en una decisión final.

    En Chaco sería una herramienta para darle fuerza a los candidatos que buscan posicionarse. En lo nacional, un esquema así, aunque complejo, reflejaría mejor el sentir del peronismo actual, que se ha convertido en una “confederación de fuerzas provinciales”, según lo definió Capitanich.

    Por otro lado, el titular del PJ chaqueño consignó que un Congreso partidario a la vieja usanza “no es lo mejor”. Hasta los ‘80, el PJ dirimía sus listas por vía indirecta a través de representantes de los distintos estamentos del movimiento. Las últimas experiencias no fueron las mejores porque terminaron con episodios de violencia que llegaron a los tiros.

    Sin embargo, esta fue la herramienta que se usó en el Chaco para determinar quiénes serían los candidatos a legisladores nacionales en las elecciones del año pasado. Se trató de una experiencia con pocos espacios para completar. Ahora es distinto: se renuevan cargos provinciales, legislativos y municipales. Lo mismo ocurre a nivel nacional.

    Otra variable que está en estudio es un sistema de selección segmentada de candidaturas. Esto implica ir eligiendo primero a los postulantes locales y luego a los provinciales, o viceversa. “Vamos a hacer una consulta amplia con todos los sectores. El sábado habrá una reunión del Consejo provincial. Estimo que recién en octubre podríamos tener una definición. No nos apura nada”, consignó.

    El contexto político y el riesgo de sacar las PASO nacionales

    (Gobierno)

    El ex gobernador evaluó que la intención del Poder Ejecutivo de evitar las primarias forma parte de un conjunto de “acciones lamentables para destruir la calidad institucional”.

    Según describió, la Administración Milei practica un sistema de cooperación transaccional con las demás fuerzas. En otras palabras: un toma y daca por votos en el Congreso. A su entender, esto “destruye la confianza mutua” porque asienta la relación política en meros “acuerdos coyunturales” que terminan siendo “factores de disociación”.

    El senador nacional consideró que esto es posible debido al “fin del bipartidismo”. El proceso comenzó con la renuncia de Raúl Alfonsín y se consolidó con la dimisión de Fernando de la Rúa, describió. El emergente fue un PJ con una hegemonía parcial que se agotó. Como resultado final de ese proceso, se registró un fenómeno de dos caras: fragmentación partidaria y polarización política, señaló.

    Como ejemplo, citó que a nivel distrital se multiplican los partidos provinciales y locales. Y en el orden nacional hay más de 40 fuerzas registradas. Sin embargo, solo cuatro tienen presencia en todo el territorio. Se trata de La Libertad Avanza, la fuerza creada en torno a la figura de Milei, el PRO y la UCR, que según entendió “tienden a disolverse en LLA”, y el PJ que hoy por hoy no tiene unidad orgánica y constituye una confederación de fuerzas provinciales.

  • Detuvieron a dos hombres armados tras un conflicto por una vivienda en Paraná

    Detuvieron a dos hombres armados tras un conflicto por una vivienda en Paraná

    Un conflicto por una vivienda en Paraná terminó este jueves por la noche con dos hombres detenidos y el secuestro de un arma de fuego. El procedimiento se realizó alrededor de las 20 en inmediaciones de avenida Laurencena y Güemes, luego de que un llamado al 911 alertara sobre una disputa entre vecinos y la posible presencia de personas armadas.

     

    Según informó la Policía de Entre Ríos, móviles de la División 911 – Video Vigilancia acudieron al sector y los efectivos ingresaron a un pasillo ubicado junto al arroyo. Allí llegaron hasta una vivienda donde localizaron a dos hombres, quienes fueron demorados durante la intervención.

     

    En el procedimiento, los uniformados secuestraron un arma de fuego de puño, tipo revólver calibre .22, marca Brenta. Además, encontraron siete cartuchos que estaban sin percutar.

     

    El conflicto se habría originado por el reclamo de una vivienda

     

    De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, los dos hombres se habrían presentado en el lugar con la intención de reclamar una vivienda en la que actualmente residía una mujer.

     



     

    En esas circunstancias se habría producido el conflicto que motivó el llamado a la línea de emergencias 911. La alerta advertía sobre una disputa entre vecinos y mencionaba la posible presencia de personas armadas, por lo que los móviles fueron enviados al lugar.

     

    Tras localizar a los involucrados y encontrar el revólver, los policías dieron intervención a la Fiscalía de Investigación y Litigación para determinar las medidas que debían adoptarse.

     

    Los hombres fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales

     

    Por disposición de la Fiscalía, los dos hombres, de 33 y 39 años, fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales de Paraná. Ambos quedaron detenidos por el supuesto delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

     

    En tanto, el revólver calibre .22 y los siete cartuchos hallados durante el procedimiento quedaron formalmente secuestrados y a disposición de la investigación judicial.

     

    Posteriormente, la mujer damnificada se presentó en la Comisaría Octava, donde formalizó la correspondiente denuncia por lo ocurrido. La investigación continuará ahora bajo las directivas de la Fiscalía interviniente para establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio.

  • Violento robo en una panadería de San Agustín: allanaron una vivienda en calle España

    Violento robo en una panadería de San Agustín: allanaron una vivienda en calle España

    Un violento robo en una panadería del barrio San Agustín de Paraná derivó en un allanamiento realizado este jueves en una vivienda ubicada sobre calle España al final. El procedimiento permitió secuestrar distintos elementos que serían de interés para la investigación.



     

    El hecho ocurrió el martes por la mañana, cuando un hombre ingresó al comercio y amenazó a la empleada con un arma de fuego para exigirle dinero. Durante el episodio se produjo un forcejeo y el delincuente finalmente escapó en una motocicleta.





     

    Ángel Palacios, subjefe de la División Robos y Hurtos, dialogó con Elonce y detalló el procedimiento y explicó cómo se logró identificar al sospechoso.

     

    “El martes a la mañana se produce un supuesto robo calificado en una panadería en barrio San Agustín, donde un hombre, aprovechando que la empleada se encontraba sola en ese momento, ingresa y aduciendo que tenía un arma de fuego, solicita el dinero”.



     

    “La empleada forcejea con este hombre, quien logra sustraer dinero en efectivo y se da a la fuga en un motovehículo”, describió el funcionario.



    El recorrido de la moto permitió identificar al sospechoso

     

    Tras el robo, personal de la División Robos y Hurtos y de la Comisaría 16ª trabajó sobre los registros de las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido realizado por el sospechoso antes y después del hecho. “Se logra establecer mediante cámara de 911 y particular el recorrido del motovehículo previo y posterior al ilícito”, detalló.



     

    El análisis de las imágenes permitió determinar características de la motocicleta y de la vestimenta utilizada durante el robo. Con esa información se elaboró el informe que posteriormente derivó en una orden de allanamiento.





    Secuestraron una moto, cartuchería y un silenciador

     

    El procedimiento se concretó durante la tarde de este jueves en una vivienda de calle España al final, donde los investigadores encontraron varios elementos vinculados a la causa.



     

    “Se realizaron un allanamiento en calle España al final donde se secuestró el motovehículo interesado, cartuchería calibre 22, un silenciador, cascos y prendas de vestir utilizada por el masculino”, dijo.



     

    Entre los elementos incautados se encuentra la motocicleta que habría sido utilizada para movilizarse durante el robo, además de prendas y un casco que fueron cotejados con las imágenes obtenidas durante la investigación.

     

    Un joven de 23 años quedó supeditado a la causa

     

    El procedimiento permitió identificar a un joven de 23 años, quien quedó supeditado a la investigación judicial. Palacios aclaró que el sospechoso no tenía antecedentes relacionados con hechos anteriores. “Es un hombre de 23 años de edad que no cuenta con antecedentes. Es el primer hecho que tenemos registrado de esta persona”, aseguró.



     

    La investigación continuará bajo intervención de la Fiscalía correspondiente, que deberá analizar las actuaciones y los elementos secuestrados durante el allanamiento.


    Violento robo en una panadería de San Agustín: allanaron una vivienda de calle España


  • Bajaron de los pasillos de ARCA los cuadros de Ricardo Echegaray y otros ex administradores generales

    Bajaron de los pasillos de ARCA los cuadros de Ricardo Echegaray y otros ex administradores generales

    ARCA cuadros de ex Administradores

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    En la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzaron a retirar los cuadros que formaban parte de la denominada “galería de administradores”, una serie de retratos que reunía a quienes ocuparon la conducción del organismo a lo largo de distintas gestiones. La medida alcanzó, entre otras imágenes, el retrato de Ricardo Echegaray, que había sido incorporado a esa colección durante su paso por la función pública.

    La galería había sido impulsada en la etapa en la que Echegaray estuvo al frente del organismo, primero desde la Aduana y luego desde la conducción de la AFIP. El retiro de los cuadros quedó registrado en un video difundido este jueves, en el que se observa el desmontaje de los retratos en los pasillos donde estaban exhibidos.

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    Además de Echegaray, también se bajaron las imágenes de Carlos Castagneto, Mercedes Marcó del Pont, Leandro Cuccioli y Alberto Abad, entre otros ex directivos de la entidad.

    La decisión de bajar los cuadros no se limita al caso de Echegaray. Desde ARCA impulsan un criterio más amplio, orientado a retirar otras referencias vinculadas a exadministradores y jefes que pasaron por el organismo a lo largo de su historia. El argumento que circula puertas adentro apunta a correr el eje de las gestiones individuales para poner el foco en la institución y en los trabajadores, más allá de quienes hayan ocupado circunstancialmente los cargos de conducción.

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    ARCA afip

    La exoneración y la causa que la originó

    Echegaray dirigió la Dirección General de Aduanas durante el gobierno de Néstor Kirchner y, más tarde, encabezó la AFIP durante la presidencia de Cristina Kirchner. En ese período también había estado al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).

    En junio pasado, ARCA formalizó la exoneración de Echegaray de la estructura estatal. La medida se adoptó luego de que quedara firme la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le impuso la Justicia en la causa por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

    La resolución fue comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo que investiga hechos de corrupción y controla la integridad dentro del Estado. Según se detalló en esa oportunidad, ARCA resolvió hacer efectiva la orden judicial de inhabilitación especial perpetua y, como consecuencia directa, dispuso la exoneración del exfuncionario.

    La causa que dio origen a esa condena estuvo vinculada al caso Oil Combustibles, la empresa del Grupo Indalo que dejó de transferir al Estado el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles que cobraba a los usuarios en cada carga. La Justicia consideró probado que desde la AFIP se habían otorgado planes de facilidades de pago irregulares que permitieron sostener ese esquema durante años. Por ese hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 condenó a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

    Esa condena fue revisada en instancias superiores. El 12 de mayo de este año, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal que había presentado la defensa de Echegaray, lo que dejó firme la inhabilitación y habilitó su ejecución administrativa dentro de ARCA.

    Ricardo Echegaray tiene inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. (NA)

    El criterio de la actual conducción

    La salida de los cuadros de los pasillos se enmarca en una política que lleva adelante la actual conducción de ARCA respecto de la simbología vinculada a exfuncionarios. El criterio que se aplica busca despersonalizar los espacios comunes del organismo y evitar que figuras vinculadas a gestiones anteriores queden asociadas de manera permanente a la identidad institucional.

    La iniciativa no se agota en el caso puntual de Echegaray. Según trascendió, desde el organismo prevén continuar con la revisión de otras menciones y elementos que remiten a exadministradores generales y jefes que ocuparon la conducción en distintos períodos, bajo el mismo criterio de poner el acento en la institución y en su personal, por encima de quienes hayan estado al frente en cada etapa.

    La decisión de exonerar a Echegaray, según se detalló en su momento, no implicó una nueva valoración sobre su conducta ni la apertura de un procedimiento disciplinario autónomo, sino la ejecución directa de la inhabilitación perpetua dispuesta por la Justicia. Ese mismo criterio de despersonalizar la gestión es el que ahora se traslada a los espacios físicos del organismo, con el retiro de los retratos que durante años formaron parte de la galería de administradores.

  • Instituto de Derecho Penal del CAER repudió el pedido de juicio político para la jueza De Marinis

    Instituto de Derecho Penal del CAER repudió el pedido de juicio político para la jueza De Marinis

    El Instituto Provincial de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), expresó preocupación ante la posibilidad de promover un juicio político contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que había declarado inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del artículo 1 de la Ley 27.801 a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y había dispuesto su sobreseimiento. La acción fue promovida ante el Consejo de la Magistratura por el Jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri.

    En un comunicado enviado a ANÁLISIS, desde el instituto se respaldó a la magistrada y se destacó que “las decisiones judiciales pueden ser objeto de revisión, crítica y debate dentro de los mecanismos previstos por nuestro ordenamiento jurídico”. Sin embargo, enfatizaron que “resulta esencial preservar la independencia de quienes ejercen la magistratura y evitar que el contenido de una resolución judicial se convierta, por sí mismo, en motivo de presión o disciplinamiento”.

    En esa línea, destacaron que “la independencia judicial y la división de poderes constituyen principios fundamentales del Estado de Derecho y garantías indispensables para que jueces y juezas puedan resolver conforme a la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes aplicables, sin condicionamientos externos”.

    En ese marco, desde el Instituto Provincial de Derecho Penal reafirmaron su “compromiso con la defensa de la independencia judicial, el respeto de las garantías constitucionales y la plena vigencia del Estado de Derecho”.

    El caso

    El lunes, la jueza porteña De Marinis fue noticia nacional ya que declaró la inconstitucionalidad de la nueva Ley Penal Juvenil para un caso particular. Fue cuando dictó el sobreseimiento de un adolescente de 14 años, identificado bajo las iniciales M.I.A., quien enfrentaba cargos por tentativa de robo.

    La resolución determinó que la baja de la edad de punibilidad establecida en la normativa resulta regresiva y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional. El expediente judicial se abrió a raíz de un episodio ocurrido el 10 de septiembre, aproximadamente a las seis de la mañana. Un ciudadano de 47 años caminaba por la vía pública cuando cinco jóvenes intentaron robarle. La víctima logró escapar corriendo y pidió auxilio a un agente policial que patrullaba la zona, lo que derivó en la aprehensión de los presuntos involucrados, entre los cuales se hallaba el menor imputado. La fiscalía calificó provisionalmente el suceso como robo simple en grado de tentativa. Ante esta situación, el Ministerio Público de la Defensa solicitó la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil.

    A partir de ese planteo, la jueza De Marinis evaluó: “Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables”. Y siguió: “No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”.

    En su fallo, la magistrada porteña subrayó las directrices del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, considerado el máximo intérprete de la convención específica sobre la materia. Este organismo internacional recomendó expresamente a la República Argentina, en 2018 y 2024, que mantuviera la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años y evitara cualquier intento de reducirla. De Marinis enfatizó que los descubrimientos científicos en neurociencia demuestran que el desarrollo de la corteza cerebral en etapas adolescentes limita la capacidad de comprender plenamente las consecuencias de las acciones y los procedimientos judiciales.

    Para este caso particular, la jueza analizó la gravedad del hecho y determinó que la conducta del adolescente imputado consistió en una tentativa “burda y torpe” que no consumó el desapoderamiento de bienes ni generó lesiones físicas en la víctima. Por tal motivo, consideró desproporcionado aplicar una sanción de carácter punitivo en lugar de activar los mecanismos de protección social previstos para la niñez.