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El resultado electoral en Brasil volvió a poner en discusión el rumbo fiscal de la principal economía de América Latina. Tras imponerse en el balotaje, Lula da Silva enfrenta el desafío de sostener sus compromisos de gasto en un escenario de deuda creciente, tasas de interés elevadas y un margen presupuestario cada vez más acotado. Sin embargo, aplicar un ajuste similar al que llevó adelante Javier Milei en la Argentina no sería una tarea sencilla.

Esa es una de las principales conclusiones del análisis del economista Alberto Ades, quién hace poco participó de una reunión de Gabinete convocado por Milei. En sus redes sociales, Ades explicó por qué la estrategia de la motosierra encuentra obstáculos estructurales en Brasil. Según su diagnóstico, las diferencias entre ambos países no se limitan a las decisiones políticas: también responden a las reglas que determinan cómo se distribuye y ejecuta el gasto público.

“La diferencia con la Argentina no es solo institucional. Milei tuvo la nafta que da una crisis: con la hiperinflación en ciernes, cortar era la opción menos mala”, planteó Ades. En cambio, Brasil cuenta con mecanismos constitucionales y legales que protegen una parte sustancial de sus erogaciones y dificultan una reducción rápida del gasto.

Uno de los principales obstáculos para replicar el programa argentino es la composición del presupuesto brasileño. De acuerdo con las cifras citadas por Ades, cerca del 92% del gasto primario federal es obligatorio, lo que limita la capacidad del Poder Ejecutivo para reducir las erogaciones mediante decisiones administrativas.

El economista señala que las jubilaciones, que representan alrededor del 37% del gasto primario, están sujetas a reglas que impiden que sus haberes sean inferiores al salario mínimo. Una proporción importante de los beneficiarios percibe precisamente ese monto. Algo similar ocurre con el Beneficio de Prestación Continuada (BPC), una asistencia destinada a adultos mayores y personas con discapacidad de bajos ingresos.

A eso se suman los pisos constitucionales de inversión en salud y educación, que están vinculados con la recaudación. Cuando los ingresos fiscales aumentan, también se incrementan los recursos mínimos que deben destinarse a esas áreas.

“En Brasil, recortar en serio exige reformar la Constitución, y eso obliga a decir qué se desindexa y a quién le toca”, advierte Ades.

La diferencia con la Argentina también pasa por el contexto económico. Según el análisis, Milei pudo avanzar durante 2024 con dos herramientas que no requerían una negociación legislativa para cada decisión: la reducción del gasto discrecional y la licuación de partidas mediante una inflación mensual de dos dígitos, que deterioró el poder adquisitivo de jubilaciones y salarios públicos.

Brasil, en cambio, tiene una inflación de un dígito y una estructura presupuestaria con un alto nivel de indexación. Además, aunque enfrenta problemas fiscales y tasas elevadas, no atraviesa una crisis comparable a la que marcó el inicio del gobierno libertario.

Las decisiones de Lula que ampliaron el gasto

Para Ades, parte de las dificultades fiscales que enfrentará Lula en su próximo mandato también se explica por las decisiones adoptadas durante su gestión anterior.

En 2016, el gobierno de Michel Temer había incorporado un techo de gasto a la Constitución que limitaba el crecimiento real de las erogaciones federales. En 2023, Lula reemplazó ese esquema por un nuevo marco fiscal, que permite un crecimiento real del gasto de hasta el 2,5% anual, restableció la vinculación de los pisos de salud y educación con la recaudación y recuperó los aumentos reales del salario mínimo.

Según el economista Samuel Pessoa, citado por Ades, la reindexación del gasto agregó unos 520.000 millones de reales durante el tercer mandato de Lula.

El problema, sostiene el análisis, es que esas decisiones ampliaron compromisos presupuestarios difíciles de revertir sin una reforma de las reglas vigentes. Al mismo tiempo, el presidente construyó buena parte de su política económica sobre la continuidad de los programas sociales y la recuperación de los ingresos.

Las proyecciones fiscales incluidas en el proyecto de directrices presupuestarias de 2026 muestran la magnitud del desafío. Una vez descontadas las enmiendas parlamentarias y los pisos de salud y educación, el margen para el resto del gasto discrecional sería negativo en 10.900 millones de reales en 2027, 87.300 millones en 2028 y 154.200 millones en 2029.

Según Ades, el gobierno comenzará a enfrentar restricciones crecientes incluso para sostener los programas actuales, antes de incorporar nuevas promesas de campaña.

El economista también plantea que, por su composición y dinámica, el Congreso podría utilizar su poder para limitar el crecimiento del gasto y elevar el costo político y presupuestario de cada acuerdo con el gobierno, antes que imponer directamente un programa de ajuste.

Cuatro caminos para la política fiscal brasileña

El análisis identifica cuatro escenarios posibles para el próximo mandato de Lula.

El primero es una repetición de la estrategia aplicada desde 2023: modificar el marco fiscal cuando sea necesario, buscar mayores ingresos y negociar con el Congreso para sostener el gasto. Es la alternativa que Ades considera más probable, aunque no resolvería los problemas proyectados para 2028.

El segundo es un ajuste forzado por la falta de recursos. En ese caso, el gobierno tendría que negociar cambios en algunas de las reglas que protegen el gasto obligatorio, una salida que podría incluir parte de las medidas asociadas con el tesouraço —el “tijeretazo” que había propuesto Flávio Bolsonaro durante la campaña—.

El tercer escenario contempla que el Congreso impulse una reforma constitucional sin el apoyo de Lula, lo que abriría un conflicto institucional.

El cuarto es que el gobierno decida sostener el gasto, modifique o suspenda el marco fiscal y cubra el déficit con más deuda, una alternativa que podría deteriorar la confianza de los mercados.

Para Ades, el principal interrogante es si el gobierno reconocerá a tiempo que las cuentas no cierran con las reglas actuales o si esperará a que la falta de financiamiento lo obligue a actuar.

La presión de los mercados como detonante

Aunque las restricciones institucionales dificultan una motosierra al estilo argentino, Ades advierte que eso no elimina la posibilidad de un ajuste. En su análisis, la presión financiera podría terminar imponiendo decisiones que el gobierno no quiere tomar voluntariamente.

Una caída del real, un aumento de las tasas de interés de largo plazo y un deterioro sostenido de los activos brasileños podrían elevar el costo de financiar la deuda y reducir todavía más el margen fiscal.

El economista recuerda que algo similar ocurrió en 2015, cuando Dilma Rousseff recurrió a Joaquim Levy para impulsar un ajuste, y a fines de 2024, cuando el dólar superó los seis reales y el Congreso avanzó con un paquete fiscal que llevaba tiempo demorado.

También señala que una señal de moderación fiscal podría contribuir a contener las turbulencias. Entre las alternativas menciona la posibilidad de reducir el límite de crecimiento real del gasto del 2,5% al 1% anual, con un programa de implementación gradual.

En ese escenario, la designación de las autoridades económicas y la presentación de un presupuesto creíble serían señales relevantes para los inversores.

“Ajustar por decisión propia” o hacerlo por obligación

La conclusión de Ades es que Brasil enfrenta una combinación de restricciones constitucionales, compromisos sociales y dificultades políticas que vuelve inviable una réplica directa del programa de Milei, al menos bajo las condiciones actuales.

“La diferencia con la Argentina no es solo institucional. Milei tuvo la nafta que da una crisis: con la hiperinflación en ciernes, cortar era la opción menos mala. Brasil se protegió de ese tipo de crisis con indexaciones y pisos constitucionales, y esa misma protección es la que hoy le quita combustible al ajuste”, señaló.

Si las proyecciones presupuestarias se cumplen, el gobierno brasileño tendrá que negociar cambios en las reglas vigentes, conseguir más ingresos o enfrentar una mayor presión de los mercados.

Ades resumió: “Lula se burló de la motosierra prestada, pero puede terminar necesitándola”. Y cerró: “Para Lula, la cuenta es sencilla aunque amarga: ajustar por decisión propia en 2027 le saldría mucho más barato que hacerlo obligado en 2028”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, definió la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil como “un enorme triunfo del pueblo brasileño y una derrota de Trump y Milei”, advirtió que el resultado representa un quiebre en la tendencia de avance de la ultraderecha en la región y analizó las consecuencias del triunfo para la Argentina.

El mandatario provincial enfatizó que la victoria del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil fue, también, un golpe directo para el gobierno argentino porque desactivó la narrativa del modelo exportable de políticas de ajuste, recorte de derechos y subordinación a intereses extranjeros.

“Fue un rechazo en el que influyó la motosierra de Milei, que pretende ser, incluso en otros países como España, un elemento de propaganda del sector de la ultraderecha para mostrarles que lo de Argentina es bárbaro, como que hay un éxito en esas políticas”, sostuvo el gobernador bonaerense en diálogo con El Destape.

En la misma línea, Kicillof destacó la capacidad de Lula para remontar una elección que muchos analistas daban por perdida. “Tomó una serie de decisiones, cambios en la campaña, en su propia forma de hablar con la sociedad. La verdad que generaron una movilización impresionante que terminó dando vuelta una elección que parecía imposible”, señaló. Para el gobernador, el triunfo no fue solo mérito de la campaña del líder del Partido de los Trabajadores (PT), sino también una decisión soberana del pueblo brasileño: “No estaban condenados a tener un presidente de ultraderecha”.

Una situación distinta para las elecciones en 2027

En otro momento de la entrevista radial, el mandatario bonaerense fue contundente al analizar el impacto geopolítico del resultado. “Si Brasil se pintaba de ultraderecha, la situación de la Argentina a partir de las elecciones del año que viene era muy distinta. Indudablemente, es un hito importantísimo que representa un quiebre”; para Kicillof, la victoria de Lula frena lo que parecía “una tendencia inexorable” del avance de la ultraderecha en el continente.

Luego, el gobernador subrayó que el resultado también constituye una derrota para la estrategia continental de Estados Unidos. “Hubo un intento de injerencia muy fuerte en la campaña electoral. A través de Milei, pero a través del propio Trump, trataron de manipular, de influir con instrumentos muy poderosos y fracasaron”, enfatizó.

Kicillof amplió sus cuestionamientos al vínculo entre el gobierno argentino y Washington. “La sumisión de Milei a la agenda norteamericana, a los intereses extranjeros, es clarísima, tanto en los votos de la ONU como en cada una de las decisiones que toma”, disparó. Mencionó la firma de acuerdos que, según su lectura, colocan a la Argentina “dentro de la agenda de Estados Unidos, de su doctrina Monroe”, con implicancias en el acceso a recursos naturales y la agenda militar.

El gobernador también recordó episodios recientes de presión externa sobre el proceso político argentino: “Tuvimos al propio Trump hablando de las elecciones, de cómo tenían que votar acá y cuáles eran las consecuencias de votar distinto. Al secretario del Tesoro comprando pesos argentinos desde Estados Unidos en una maniobra que no se vio nunca”.

De cara a las elecciones argentinas del año próximo, Kicillof no ocultó su preocupación: “Indudablemente hay una vocación, una predisposición de influir, de impactar, de incidir a través del apoyo, pero también de amenazas implícitas o hasta explícitas al votante”.

Las lecciones de Lula y el mensaje para Argentina

Consultado sobre las enseñanzas que deja la campaña de Lula para el peronismo, el gobernador destacó la convicción del líder brasileño y su capacidad de conectar con el electorado. “Lo que vimos en Lula es una voluntad arrasadora y una convicción. Un vínculo con su pueblo donde Lula decía: ‘Esto no le puede pasar a Brasil’, y Brasil comprendió que no había motosierra que le sirviera”, aseguró.

Sobre la posibilidad de construir un frente similar en la Argentina, el gobernador fue cauto: “La configuración que vaya a tener de cara al 27 la oferta electoral y luego el Gobierno es algo que todavía falta”. Sin embargo, marcó un dato que consideró relevante: “Hay muchos sectores que están empezando a exhibir una oposición a Milei y que no lo hacían hasta hace poco”, entre ellos empresarios, pymes, la construcción y el turismo.

El referente opositor también se refirió a la falta de reconocimiento del resultado electoral por parte del presidente argentino. “Milei es casi el único de los presidentes de Latinoamérica que todavía no reconoció el triunfo de Lula”, señaló, y expresó su expectativa de que ni el mandatario ni los sectores que integra opten por el camino de objetar la elección.

Kicillof cerró con un mensaje que sintetizó su lectura del momento político regional: “Por más que amenacen, por más que pongan toda la guita del mundo, por más que modifiquen los algoritmos, prevalece un pueblo que quiere ir en una dirección que no tiene nada que ver ni con el odio, ni con la guerra, ni con la sumisión”.

Luego del paso de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de compra de reservas internacionales en octubre. Pero el cambio en el comportamiento de la entidad que conduce Santiago Bausili no se refleja en las reservas netas, donde el Gobierno debe cumplir una meta con el organismo internacional a fin de año. Y el motivo se relaciona con una debilidad del programa financiero.

La aceleración de las compras se produjo después de varios meses de menor ritmo. El BCRA adquirió USD 2.162 millones en julio, una cifra que bajó a USD 768 millones en agosto y a USD 473 millones en septiembre. Pero en lo que va de octubre, la entidad ya compró más de 1.200 millones de dólares. Ese volumen superó más de dos veces el monto comprado durante todo septiembre.

Sin embargo, el dato de compras marca una diferencia con la evolución de las reservas netas. Estas acumularon USD 8.800 millones al 16 de octubre según Eco Go, una cifra inferior al total de dólares adquiridos por la autoridad monetaria en lo que va del año (más de USD 15.000 millones).

“Sin acceso al mercado de dólares desde mediados de agosto, la compra de dólares del BCRA dejó de verse reflejada en un aumento en las reservas netas, que siguen acumulando USD 8.800 millones frente a compras que ya suman USD 15.495 millones desde que arrancó el año”, destacaron en Eco Go.

En la consultora que conduce Marina Dal Poggetto identifican la falta de participación en el mercado de capitales local -como pretendía el Gobierno en el programa financiero 2026/2027- como la causa que impide que la compra de reservas internacionales se traduzca en acumulación por parte del BCRA.

El impacto de la suspensión del A029

A mediados de agosto, el equipo económico suspendió las colocaciones del Bonar 2029, conocido como AO29, ante un contexto internacional de suba de tasas. Esa medida abrió dudas sobre el programa financiero 2026/2027 que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las emisiones del AO29 representaban los últimos USD 2.000 millones que el Tesoro buscaba conseguir este año en el mercado de capitales local. La suspensión dejó pendiente ese tramo de financiamiento y concentró la atención sobre las necesidades de recursos previstas para los próximos meses.

El Bonar 2029 formaba parte de la estrategia de financiamiento del Tesoro para este año. La decisión de interrumpir sus colocaciones, para no convalidar tasas altas, impacto sobre la acumulación de reservas por parte del BCRA.

El Tesoro necesitaba además colocar USD 800 millones para completar el excedente de caja proyectado para este año. Fuentes internas del Ministerio de Economía señalaron que la falta de esos fondos no modifica por sí sola el esquema financiero previsto para 2026.

La explicación oficial incluyó la posibilidad de prescindir de ese monto si las condiciones de mercado no resultan convenientes. La evaluación quedó asociada al nivel de tasas y a una eventual baja que permita retomar las licitaciones del AO29.

“En 2026 faltarían colocar USD 800 millones para llegar al sobrante de caja proyectado. Pero si no lo hacemos, no hay problema”, afirmó una fuente del equipo económico ante una consulta de Infobae. Es que en el programa financiero de 2026 se contemplaba conformar un buffer de USD 3.700 millones para el próximo año.

La definición sobre los USD 800 millones se relaciona con el excedente de caja que el Tesoro proyectó para el año. El equipo económico consideró que esos fondos no resultan indispensables si el mercado no ofrece condiciones adecuadas para concretar nuevas emisiones.

La medida también abrió interrogantes sobre el esquema de financiamiento para 2027. El programa del Ministerio de Economía contempla la obtención de USD 5.000 millones el año próximo, pese a que será un año electoral. La posibilidad de volver a colocar deuda depende de las condiciones disponibles en el mercado.

La meta con el FMI

Si bien el BCRA ya cumplió con la meta de compra de reservas internacionales de este año de USD 10.000 millones, la que en verdad importa es la de acumulación. A fin de año, el Gobierno acordó con el FMI que las reservas internacionales netas se tiene que ubicar en -4.100 millones de dólares.

Y pese a que la aceleración en las compras del BCRA no se reflejan en las netas, el BCRA ya se encuentra muy cerca de alcanzar ese nivel. Al 16 de octubre, las reservas internacionales están en USD -3.974 millones. Que se cumpla o no con la meta estará condicionada a la dependencia que tenga el Tesoro a la entidad para afrontar los vencimientos en moneda extranjera en últimos dos meses del año.

Aún resta que impacte el desembolso de USD 1.000 millones sujeto a la tercera revisión del acuerdo con el FMI. Es que si bien finalizó la misión en el país y el ministro Caputo y la titular del organismo, Kristalina Georgieva, se reunieron en Bangkok, Tailandia, en el marco de las asambleas anuales del FMI y el Banco Mundial, no hubo novedades respecto a su aprobación.