El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su gobierno dejará de entregar los fondos anuales destinados a Israel a partir de finales de 2026. Según explicó, la decisión fue acordada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de mantener conversaciones durante los últimos años. De todos modos, aseguró que Washington continuará dispuesto a asistir a su aliado si fuera necesario.
Durante una entrevista telefónica con el programa Fox and Friends, de Fox News, el mandatario se refirió al esquema de financiamiento que Estados Unidos mantiene con el país de Medio Oriente y confirmó que los dos gobiernos resolvieron ponerle fin. Hasta ahora, el acuerdo contemplaba desembolsos por u$s4.000 millones anuales.
“En cuanto a los pagos a Israel, ‘Bibi’ Netanyahu y yo habíamos acordado que le daríamos 4.000 millones de dólares al año, pero hace meses acordamos que íbamos a dejar de hacerlo”, declaró Trump durante la comunicación.
El nuevo esquema de asistencia militar que propuso Trump
El presidente estadounidense sostuvo que Israel ya no necesita recibir ese volumen de recursos y planteó que el mecanismo de cooperación puede modificarse. En lugar de continuar con las transferencias anuales de dinero y equipamiento, Washington pasaría a ofrecerle armamento mediante operaciones comerciales.
Benjamin Netanyahu habría acordado con el mandatario poner fin a las transferencias anuales.
@whitehouse
“Ya hemos acordado que, a finales de este año, dejaremos de pagar a Israel. Ahora bien, ayudaremos a Israel si lo necesita”, señaló el mandatario. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de mantener el respaldo estadounidense ante eventuales necesidades militares, aunque sin sostener el mismo esquema de financiamiento.
En otra parte de la entrevista, Trump insistió en que el monto destinado a Israel representa un gasto elevado para Estados Unidos y aseguró que el país aliado cuenta con recursos suficientes para afrontar sus necesidades de defensa.
“Pueden considerarlo un trueque. Pueden considerarlo ayuda militar o efectivo”, comentó. Y agregó: “Miren, les damos 4.000 millones de dólares en cosas y dinero, y no lo necesitan. Y Bibi Netanyahu se me acercó, y hemos estado hablando de ello desde hace un par de años porque es mucho dinero”.
La ayuda a Israel, en el centro de la discusión política estadounidense
El anuncio también se produce en medio de una discusión interna sobre el financiamiento estadounidense a Israel. Según consignó Associated Press, Trump consideró que la asistencia económica se convirtió en un argumento de campaña para candidatos demócratas, entre ellos Abdul El-Sayed, que compite por un lugar en el Senado por Michigan.
La decisión supone un cambio en la modalidad de respaldo entre ambos países. Aunque Trump planteó que Estados Unidos dejará de realizar los pagos anuales, no descartó mantener la cooperación militar mediante la provisión de armamento y asistencia ante situaciones que lo requieran.
Martín Llaryora apuntó contra el Gobierno por el cierre de Pymes en el evento de la UIA.
03 Nov, 2026 10:24 a. m. EST
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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reclamó al Gobierno que adopte medidas para atender la situación de la industria y advirtió sobre el impacto de la crisis en las Pymes. Lo hizo durante el panel que compartió con su par santafesino, Maximiliano Pullaro, en la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se desarrolló este martes en el Golden Center porteño.
“El Gobierno nacional no puede mirar para otro lado frente a lo que está pasando con el cierre de 33 mil pymes y 300 mil puestos de trabajo que se han caído”, afirmó
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El mandatario compartió un panel con Pullaro, en el que debatieron sobre la integración de las cadenas de valor regionales y las posibilidades de desarrollo industrial a partir de las inversiones en minería y energía. En ese contexto, Llaryora planteó que la expansión de esos sectores no puede avanzar en detrimento de las actividades que sostuvieron durante décadas la economía argentina.
“Estamos potenciando y motorizando los nuevos motores de la Argentina, pero tenemos otros motores a los cuales hay que asistir. No se puede mirar para otro lado”, sostuvo. Como ejemplos de las dificultades que atraviesan las empresas, mencionó a Metalfor y Pauny, dos firmas vinculadas a la maquinaria agrícola.
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“Estas empresas estaban bien gerenciadas, llegaron a ser las número uno de la Argentina. Acá claramente hay que tener una política para motorizar estas nuevas industrias que nosotros estamos ayudando, pero el Gobierno nacional tiene que tener una mirada”, señaló.
Llaryora consideró que la Argentina necesita una estrategia nacional de desarrollo industrial que contemple tanto las nuevas actividades como las empresas que ya cuentan con una estructura productiva consolidada. En ese sentido, destacó el peso de la agroindustria en Córdoba, Santa Fe y el interior de la provincia de Buenos Aires, donde identificó más de 470 grandes empresas vinculadas a esa actividad.
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“Nosotros estamos acompañando, pero tenés que tener una estrategia para ayudar también a conservar estos niveles de desarrollo. Lo hacen todos los países del mundo”, afirmó.
El gobernador también describió el impacto que la situación de las grandes compañías puede generar sobre sus proveedores. Al referirse a Pauny, indicó que sus trabajadores estaban en la calle y que otras empresas suspendían turnos. Advirtió que las dificultades no afectan solamente a las firmas principales, sino también al segundo, tercer y cuarto cordón de proveedores que dependen de su actividad.
“Esto va a pasar a ser un nivel de desempleo altísimo en los pueblos del interior”, alertó. Y planteó: “La inteligencia es desarrollar nuevos motores para que no se te apaguen otros. Ahora, desarrollar un nuevo motor para apagar el otro no es inteligente”.
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La discusión por el pacto federal fiscal
Durante el intercambio, Llaryora también respondió sobre la posibilidad de avanzar en un pacto federal fiscal con la Nación. El mandatario se mostró dispuesto a sentarse a discutir una reforma tributaria, aunque cuestionó que se anuncien propuestas sin una negociación previa con las provincias.
“Hay que sentarse seriamente. No tirar una consigna y después venir a preguntarnos qué opinamos nosotros sobre la consigna que ya tiraste a la prensa”, expresó.
En esa línea, planteó que una eventual reducción de impuestos debe contemplar los tributos nacionales que no se coparticipan. “Si tiramos la baja de Sellos, tirame la baja de los impuestos al débito y ya está. Y tiremos todo lo que no coparticipa tampoco”, sostuvo.
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El gobernador pidió que la discusión incluya a los sectores productivos, los mandatarios provinciales, los intendentes y el Gobierno nacional. “No necesitamos que nos den. Si vamos a sacar impuestos, saquemos impuestos que se queda la Nación sola y hagamos una reforma en serio”, insistió.
Pullaro coincidió con la necesidad de discutir el sistema tributario federal y recordó que Santa Fe transfirió a los sectores productivos un alivio fiscal de 80 mil millones de pesos mediante la ley tributaria de 2026. El gobernador santafesino sostuvo que las administraciones provinciales deben aplicar políticas contracíclicas en momentos de dificultades económicas y manifestó su disposición a debatir cambios en los impuestos que afectan al campo y a la industria.
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En el mismo evento también participaron los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; Catamarca, Raúl Jalil; y San Juan, Marcelo Orrego, quienes expusieron sobre las oportunidades de desarrollo vinculadas a la minería y la energía, y el impacto de esas actividades en las economías provinciales.
Figueroa destacó la integración de las cadenas de proveedores y sostuvo que las provincias no deben competir entre sí, sino complementarse. Según explicó, cerca de 5.000 empresas de distintos puntos del país trabajan para Vaca Muerta y la industria neuquina. También detalló cómo se distribuyen los ingresos de un barril de petróleo de exportación y remarcó que una parte de esos recursos llega al conjunto de las provincias.
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Por su parte, Jalil consideró que el RIGI aceleró inversiones mineras que ya estaban previstas y permitió avanzar en la formación de trabajadores y proveedores locales. De cara al crecimiento de la actividad del cobre, sostuvo que Catamarca y otras provincias de la región están mejor preparadas para aprovechar las oportunidades. “La minería no va a solucionar todos los problemas, pero nos va a ayudar, junto con el petróleo y el gas, a seguir estabilizando la economía”, afirmó.
Orrego, en tanto, puso el foco en la infraestructura necesaria para acompañar las inversiones. Contó que San Juan acordó con la empresa Vicuña un aporte de USD 250 millones para obras vinculadas con la actividad minera y que consiguió financiamiento internacional para desarrollar proyectos viales y energéticos. Según precisó, la provincia también colocó un bono en los mercados internacionales y obtuvo un crédito de USD 160 millones de la CAF.
Hasenkamp: detuvieron a un prófugo por una causa de narcotráfico. Un prófugo vinculado al secuestro de 1.300 kilos de marihuana en Entre Ríos fue detenido en un establecimiento rural de Hasenkamp, departamento Paraná, después de permanecer aproximadamente dos meses oculto y con un pedido de captura vigente. El hombre intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue interceptado por los efectivos.
El procedimiento se concretó el sábado 31 de octubre en el establecimiento denominado “Doña Inés”, ubicado sobre la Ruta Nacional 127. La detención fue resultado de una investigación desarrollada durante unos 60 días por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos.
(PER)
Según informaron fuentes policiales, el sospechoso estaría vinculado con una causa federal iniciada en febrero de este año, cuando fueron secuestrados aproximadamente 1.300 kilogramos de marihuana que eran transportados en una camioneta Renault Jumper en la ciudad de La Paz.
(PER)
La investigación por narcotráfico y el comisario detenido
La causa judicial tiene además a un funcionario de la Policía de Entre Ríos detenido, quien reviste la jerarquía de comisario. Su situación forma parte de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal para determinar las responsabilidades vinculadas con el cargamento de droga.
Las tareas para localizar al prófugo estuvieron a cargo de la Sección Narcotráfico de la División Operaciones, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional 23.737.
Tras distintas diligencias, los investigadores establecieron que el hombre permanecía oculto en un campo de Hasenkamp. Cuando los efectivos ingresaron al establecimiento, el sospechoso advirtió el operativo e intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente reducido y detenido.
(PER)
Secuestraron dinero, un arma y un automóvil adulterado
Durante el allanamiento, los policías encontraron numerosos elementos considerados de interés para la investigación. Entre ellos, un Toyota Corolla que presentaba adulteraciones en las numeraciones de chasis y motor, además de seis teléfonos celulares y documentación vehicular.
(PER)
También secuestraron una carabina, 19 cartuchos calibre .22 sin percutir y dinero en efectivo de distintas monedas: aproximadamente dos millones de pesos argentinos, más de 240 dólares estadounidenses, 60.000 guaraníes y una suma menor de reales brasileños.
Desde la fuerza aclararon que no se encontraron sustancias estupefacientes durante el procedimiento. En el establecimiento fueron identificadas cinco personas y, por disposición judicial, el sospechoso quedó detenido e incomunicado.
(PER)
La Justicia Federal continúa con la investigación
El operativo contó con la colaboración de la Compañía de Operaciones Especiales (COE), dependiente de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública de la Policía provincial.
Las actuaciones se desarrollaron con intervención del Juzgado Federal de Paraná Nº 1, a cargo del juez Leandro Ríos, y de la Secretaría Criminal y Correccional Nº 1, encabezada por María Silvia González.
La investigación continúa bajo las directivas de la Justicia Federal, que buscará profundizar las diligencias para determinar el alcance de las responsabilidades penales y esclarecer las posibles conexiones del detenido con la causa por narcotráfico iniciada en La Paz.
En medio de la incertidumbre por el futuro de Algodonera Avellaneda, cuya quiebra fue declarada el pasado 14 de octubre, cinco empresas se presentaron como interesadas en los activos de la compañía. Según informó la sindicatura a la Justicia, entre las firmas figuran Algoservicios SA, Vicentin Cereales SA, Tipoiti SATIC, ENOD SA y Bolton SA.Algodonera Avellaneda cayó en la quiebra con una deuda de más de US$260 millones. Y debe de luz más de 4600 millones de pesos: registra una amenaza de corte de servicio por esto.
Ante esta situación, el juez Fabián Lorenzini autorizó visitas a las plantas para que los posibles compradores puedan conocer las instalaciones y evaluar su estado. La decisión forma parte del proceso judicial que busca determinar si los establecimientos pueden continuar como unidades productivas en marcha.
La novedad surge de una resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, firmada este martes 3 de noviembre por Lorenzini, a la que tuvo acceso LA NACION. En el documento, el magistrado tomó conocimiento de las cinco firmas que informó la sindicatura en el marco de la preinscripción de interesados, que había sido dispuesta el pasado 23 de octubre.
La aparición de estas empresas representa un avance en la búsqueda de posibles compradores, aunque todavía no significa que se hayan presentado ofertas económicas concretas ni que exista un acuerdo para adquirir los activos. Por el momento, las firmas podrán acceder a información técnica y recorrer las instalaciones para determinar su estado y evaluar las posibilidades de una eventual operación.
El edificio ubicado en Luis Sáenz Peña 1074, en la ciudad de Buenos Aires, forma parte de los activos de Algodonera Avellaneda que la Justicia busca vender en el marco de la quiebra de la compañíaGoogle Maps
En ese sentido, el juez dispuso: “A los fines que los oferentes puedan acceder a información técnica y evaluar el estado de los activos, autorízase las visitas a las plantas correspondientes”. Además, estableció que la coordinación de los recorridos deberá realizarse bajo el control y la supervisión de la sindicatura y sus encargados.
La decisión se conoce después de que la Justicia abriera un proceso de preinscripción para identificar interesados en adquirir los activos de Algodonera Avellaneda. El plazo para anotarse vence el próximo 11 de noviembre, a las 12.45, según lo establecido en la resolución anterior. La intención es evaluar alternativas para los establecimientos industriales y determinar si existe la posibilidad de que continúen en funcionamiento bajo nuevos operadores.
En paralelo, Lorenzini concedió una prórroga extraordinaria de cinco días hábiles judiciales para profundizar el análisis de la situación de las plantas. La medida se fundamentó en la complejidad que presenta la empresa y en la necesidad de contar con una evaluación adecuada antes de avanzar con las próximas decisiones.
En la resolución, el magistrado hizo referencia a la “complejidad técnica, operativa y económica de las diversas plantas de la fallida” y señaló que la extensión del plazo busca asegurar una evaluación de la continuidad de los establecimientos y de su eventual liquidación como unidades productivas en marcha.
El nuevo escenario se produce a menos de tres semanas de que la Justicia decretara la quiebra de la compañía, después de que fracasara el proceso de salvataje. En aquella instancia no se presentaron interesados para rescatar a la firma, por lo que el juez resolvió avanzar con la quiebra y abrir una nueva etapa para definir el destino de sus bienes.
Cinco empresas manifestaron interés en adquirir activos de Algodonera Avellaneda, según informó la sindicatura a la Justicia
Hace dos semanas, durante una audiencia con trabajadores, representantes sindicales y acreedores, Lorenzini había adelantado que buscaba identificar posibles compradores antes de fin de año. “Vamos a tratar de invitar a los que estén interesados en comprar los activos, la empresa, en darle continuidad, lo que sea productivo antes de fin de año”, había señalado. La intención era mantener las instalaciones en funcionamiento y preservar los puestos de trabajo mientras se avanzaba con la venta.
A las dificultades económicas se sumó la semana pasada un reclamo de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe por una deuda superior a los $4600 millones, con la advertencia de un posible corte del suministro eléctrico. El plazo de la intimación se cumpliría el próximo 5 de noviembre, dado que la empresa recibió la notificación el 26 de octubre. Ante esta situación, el juez Fabián Lorenzini solicitó a la sindicatura que informe qué consecuencias tendría una eventual interrupción del servicio para el funcionamiento de la fábrica.
Los mercados internacionales operan este martes pendientes de las elecciones de medio término en los EEUU, que van a definir no solo la composición del Congreso norteamericano, sino que también van a dar una pauta del sustento político de los próximos dos años de presidencia de Donald Trump.
Los índices de Wall Street exhibían a las 10:40 horas cifras mixtas en el pre-market, donde el panel tecnológico Nasdaq gana 0,3% y el Dow Jones de industriales cede un 0,3 por ciento.
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Los bonos soberanos de Argentina caen 0,2% en promedio, según la referencia de los Globales -en dólares con ley extranjera- que son negociados en Wall Street. La tendencia se acopla a otras emisiones emergentes, como los bonos de Brasil, que también caen un 0,2 por ciento.
El riesgo país de JP Morgan marca 804 puntos básicos para la Argentina, con alza de tres unidades. Este indicador tocó el lunes los 808 untos básicos, su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado.
El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires pierde 0,9%, en los 88.249 puntos.
En el mercado de cambios, el dólar mayorista sube a $1.549, mientras que al público permanece a $1.565 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue también opera sin variantes a 1.565 pesos.
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En Brasil el dólar asciende 1%, a 5,49 reales por unidad. El índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo resta 1,6%, en los 165.182 puntos, en la séptima baja consecutiva.
Este martes se abren las urnas en todo Estados Unidos con motivo de las elecciones de mitad de legislatura, que servirán como referéndum sobre los dos primeros años del presidente Donald Trump de nuevo en el cargo, en las que la frustración de los votantes por la guerra con Irán y la consiguiente subida de los precios del combustible se perfilan como un tema clave.
Los precios del petróleo repuntaban menos de 1% tras una fuerte caída en la sesión anterior, después de que un responsable iraní afirmara que Teherán y Washington seguían muy lejos de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra y de que Estados Unidos lanzara un ataque contra la isla iraní de Qeshm.
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Los contratos futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en enero suben 0,4%, a USD 105,20 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI (West Texas Intermediate) para diciembre ganaba 0,9%, a 97,35 dólares.
Ambos índices de referencia cayeron más de un 7% el lunes, cuando las conversaciones entre funcionarios iraníes y qataríes avivaron las esperanzas de que se pusiera fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Un funcionario estadounidense declaró el lunes que Estados Unidos había atacado la isla iraní de Qeshm. Algunos funcionarios calificaron los ataques de defensivos y destinados a impedir que Irán atacara buques comerciales en el Estrecho de Ormuz.
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El martes, un alto funcionario iraní declaró a Reuters que ambas partes estaban lejos de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, y que Teherán no aceptaría las “exigencias excesivas” de Washington.
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó que Teherán había dado a Washington una “respuesta firme y racional”, y añadió que “la pelota está en el tejado de Estados Unidos”, según los medios estatales.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar afirmó el martes que Estados Unidos e Irán siguen comprometidos con los esfuerzos de mediación y están revisando propuestas destinadas a salvar sus diferencias. Las conversaciones con ambas partes han mostrado avances y continúan los esfuerzos para reducir las diferencias restantes, añadió el portavoz.
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El Brent cerró el mes de octubre en su nivel más alto de los últimos seis meses, ante el temor de que el conflicto pudiera recrudecerse de nuevo tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.
Mientras el Gobierno ultima detalles del operativo para los recorridos y misas multitudinarias del papa León XIV, el esquema de seguridad oficial evidenció un punto ciego: la ciberseguridad. Ninguna de las normas publicadas convocó a los organismos especializados, en una arquitectura estatal donde el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) nunca comenzó a funcionar y el Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) permanece inoperativo. Una omisión crítica para un país que acumula hackeos masivos.
Del 8 al 11 de noviembre, el 267° pontífice de la Iglesia Católica mantendrá un encuentro oficial con el presidente Milei en la Casa Rosada y participará de un evento en el Palacio Libertad. Además, visitará la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján; encabezará misas multitudinarias, un recorrido en papamóvil por el barrio porteño de Palermo, encuentros con el clero y una visita social al Cottolengo Don Orione y al penal de Devoto.
Por la visita del jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, el gobierno creó estructuras especiales de coordinación para la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Las medidas fueron oficializadas mediante las resoluciones 898/2026, 899/2026 y 900/2026, del Ministerio de Seguridad Nacional, publicadas el lunes 8 de septiembre en el Boletín Oficial.
Sin embargo, en la arquitectura pública del operativo no aparecen convocados expresamente los organismos especializados en ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa. La inteligencia debe advertir, la ciberseguridad civil debe proteger y responder, y la ciberdefensa se centra en la protección de la operación del instrumento militar.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado el 28 de septiembre, declaró de interés nacional la visita del Papa y creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘visita de su santidad el papa León XIV’ (UEET), en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Las disposiciones identifican organismos de seguridad, fuerzas federales, autoridades de inteligencia criminal y mecanismos de enlace con la Santa Sede. También contemplan alertas tempranas, intercambio de información y respuesta ante contingencias. Pero no mencionan a los organismos especializados en ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa.
Es cierto que las normas expresan la posibilidad de que la UEET convoque a otros organismos nacionales a requerimiento y necesidad. Pero la ausencia en los textos publicados reveló que no se hizo explícita una responsabilidad cibernética dentro de la estructura formal del operativo.
Por consiguiente, el Estado Nacional asume una serie de riesgos importantes: la intervención de infraestructuras críticas, como los sistemas de navegación aérea, los ferrocarriles, el subte, la energía y las telecomunicaciones; hackeo de información gubernamental, organizativa o sensible; operaciones de ciberespionaje; acciones de grupos hacktivistas y campañas de desinformación orientadas a propagar, por ejemplo, falsas amenazas para generar confusión y desconfianza pública. Y esto toma mayor dimensión cuando no se trata solo del Estado Nacional, sino también de estados provinciales, municipales y proveedores involucrados.
La información disponible no permite afirmar o negar que exista una amenaza concreta. El problema es que el Estado Nacional, a través de la UEET, debería poder demostrar que dispone de capacidades suficientes para anticipar cualquiera de estos escenarios.
La Argentina cuenta con dependencias con competencias diferenciadas para enfrentar esas amenazas: el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y el Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD); tres organismos que deberían complementarse, pero que funcionan como compartimientos estancos, de acuerdo con fuentes consultadas en el ministerio de Seguridad, Defensa y del ámbito. Y la situación toma mayor magnitud cuando se examina la situación de cada una de las instituciones.
El Centro Nacional de Ciberseguridad no comenzó a funcionar
El Decreto reformuló el rol de la SIDE y creó de manera formal el nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como un organismo descentralizado. Este organismo es el rector de la protección del ciberespacio de interés nacional y su misión es elaborar políticas para el sector público, coordinar respuestas ante incidentes, identificar vulnerabilidades y proteger infraestructuras críticas.
El Decreto 269/2026 modificó de manera directa la estructura organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros y se establecieron nuevas competencias para coordinar las políticas tecnológicas y de control administrativo. Sin embargo, la puesta en funcionamiento del CNC quedó envuelta en cuestionamientos que adquirieron particular gravedad durante este mes.
El 20 de octubre estaba previsto el primer gran evento público del CNC, junto a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, denominado: “Ciberseguridad en Argentina: del desafío a la solución”, en el Centro Cultural de la Ciencia. El evento, con sponsors y ponentes confirmados, fue cancelado la noche anterior, sin explicación, sin comunicado oficial y su sitio web dejó de estar disponible.
Al día siguiente, se divulgaron a nivel mundial dos vulnerabilidades críticas en PHP (lenguaje de programación interpretado, de código abierto y de uso general, diseñado principalmente para el desarrollo de sitios web, pero del lado del servidor), capaces de permitir ejecución remota de código sin autenticación en servidores afectados. Según datos públicos más del 70% de los sitios utiliza este lenguaje de servidor.
Mientras organismos internacionales difundían advertencias urgentes y recomendaciones de actualización, el CNC no publicó nada en sus canales públicos. Tampoco se identificó una directiva general del Gobierno para coordinar la revisión y mitigación de los sistemas potencialmente afectados. Algunas dependencias habrían implementado correcciones por iniciativa propia.
Un día después, el 22 de octubre, trascendió la salida del director ejecutivo, Ariel “Wata” Waissbein, y del subdirector, Ezequiel David Gutesman. Las versiones periodísticas señalaron que ambos habían presentado sus renuncias, aunque también surgieron diferencias sobre las circunstancias de la salida del director.
Su gestión transcurrió en medio de cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del Estado frente a los ataques informáticos y las vulnerabilidades de sus sistemas; aunque también trascendieron supuestas reticencias a compartir información con sus pares, con los superiores y más con los escalafones inferiores, como Contrainteligencia.
En paralelo, hubo versiones que adjudicaban la salida de Waissbein y Gutesman a destratos provenientes de la conducción política. Waissbein, quien era cercano a Rodrigo Lugones, y al asesor presidencial Santiago Caputo, y por el otro lado Diego Santilli, el Jefe de Gabinete que efectuó cambios significativos en la conducción en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Hasta la fecha, no hubo una versión oficial sobre el tema.
La situación resulta especialmente contradictoria si se considera lo que sucedió ese mismo día. El 22 de octubre, el canciller Pablo Quirno y el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, anunciaron un aporte no reembolsable de 15 millones de dólares para la creación del Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad, para monitorear y proteger las redes informáticas del Estado Nacional y evaluar la seguridad de la red troncal de Internet. Además, el reemplazo progresivo de equipamiento de origen chino, particularmente Huawei. Argentina deberá afrontar principalmente la adquisición de hardware, licencias de software y los costos de operación.
La parálisis del CNC cobra un dramatismo singular ante la inminente llegada del papa León XIV a la Argentina. Mientras el Vaticano exige rigurosos protocolos de protección técnica e infraestructuras críticas blindadas, el organismo encargado de coordinar esa defensa permanece sin funcionar.
No habrá ciberdefensa operativa durante la visita papal
El Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD), dependiente del Estado Mayor Conjunto, es otro organismo de la misma arquitectura, encargado de proteger los activos y capacidades digitales vinculados con la defensa nacional y transformar sus advertencias en acciones preventivas. Sin embargo, enfrenta problemas igualmente o más graves que el CNC.
A través del Decreto 1112/2024, se reconoce expresamente al ciberespacio como ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas y se establece la existencia permanente de una estructura militar para operar en él. A su vez, el Decreto 1107/2024 incorpora mecanismos de protección de los Objetivos de Valor Estratégico, cuya seguridad también depende de sistemas digitales y tecnologías operacionales.
Pero las normas contrastan con la capacidad de cumplirlas. En agosto de 2026, el traslado de su sede desde Puerto Madero hacia instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, provocó el desmontaje del nodo de conectividad y la desconexión de herramientas esenciales. De acuerdo con fuentes del ministerio de Defensa, hasta ahora no se restituyó la capacidad integral del CCCD.
La visita del papa León XIV se encontrará con que el CCCD no cuenta con un edificio operativo y, por consiguiente, con infraestructura, personal especializado y herramientas que permitan detectar y responder ante amenazas que comprometan los intereses de la Defensa Nacional, por lo tanto no está en condiciones y capacidad para asistir en la detección temprana y al análisis de posibles incidentes. A esto hay que sumarle que, desde diciembre de 2025, la Subsecretaría de Ciberdefensa está acéfala.
La Agencia de Ciberinteligencia no rinde cuentas
La Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), dependiente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), tiene como función identificar riesgos, amenazas y oportunidades que afectan la soberanía, la integridad territorial y los intereses vitales del país y fortalecer la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.
La visita papal prevista para noviembre expone amenazas digitales concretas: intrusiones en infraestructuras drones no autorizados e interferencias críticas, desinformación, estafas con alojamientos y accesos falsos, entre otros; pero la AFC las enfrenta sin un marco de rendición de cuentas. El Decreto 941/2025 aplicó a toda actividad de inteligencia carácter encubierto, de modo que la agencia que debe anticipar riesgos para el operativo no está obligada a explicar cómo, sobre quiénes ni con qué límites produce la información que eleva al Poder Ejecutivo. La opacidad, presentada como protección del evento, también protege a la agencia de cualquier control.
La responsabilidad de la AFC de “fortalecer la toma de decisiones” del Ejecutivo choca con un diseño que la faculta a recolectar y cruzar datos personales junto a más de quince organismos públicos, sin procedimientos claros, ni controles judiciales efectivos. En un operativo que movilizará a millones de fieles, esa potestad se presenta como protección al Sumo Pontífice, pero también habilita la vigilancia de quienes lo reciben.
La agencia no rinde cuentas sobre sus alcances, fuentes y procedimientos. La protección de León XIV y de sus fieles exige inteligencia, pero también de planificación, articulación y controles democráticos que hoy brillan por su ausencia.
Las autoridades de la SIDE, encabezada por Cristian Auguadra, y en la que participó el director de la AFC, Héctor Casas, expusieron ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, a fines de agosto de 2026. La “rendición” de gastos de los 8.000 millones de pesos ilustran el problema: la vista del papa se invoca para justificar erogaciones que no se detallan y tampoco la coartada para ampliar una posible caja negra.
Argentina sufrió más de 20 grandes ciberataques desde 2024
Durante la presidencia de Milei, el Estado Nacional, sus dependencias y sociedades recibieron, por lo menos, veinte grandes hackeos: seis en 2024; nueve en 2025 y cinco en lo que va de 2026.
En abril de 2024, se robaron los datos de 5.7 millones de ciudadanos del Registro Nacional de las Personas. En Navidad de ese año, un ciberataque masivo afectó el sitio oficial (www.argentina.gob.ar), la plataforma “Mi Argentina”, el sistema “SUBE” y la Gendarmería Nacional; se vieron alterados accesos a servicios y se exhibieron mensajes políticos en sitios webs.
Durante mayo y junio de 2025, se detectaron filtraciones y ataques que comprometieron datos de miles de agentes del Ejército (unos 50.000), personal nucleado en Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) (alrededor de 31.000) y un ataque directo a casi 13.000 usuarios de la plataforma “Mi Argentina”. Y en agosto de 2025, una ola de hackeos expuso bases de datos sensibles pertenecientes a organismos como la Armada y el Ministerio de Salud, además de otros incidentes menores y sustracciones de datos en distintas áreas del Estado Nacional.
A fines de marzo de 2026, el grupo Chronus Team realizó un ataque coordinado contra diversos organismos y es considerado uno de los incidentes de ciberseguridad de mayor magnitud en la historia argentina. El impacto de esta ofensiva masiva se debió principalmente a la sincronización de las filtraciones y a que golpeó la administración pública nacional y carteras e instituciones provinciales. En total 28 entidades fueron afectadas, entre las más importantes: Jefatura de Gabinete de Ministros, Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) Ministerios de Salud de la provincia de Buenos Aires, Salta y Misiones, Policías de la provincias de Salta, Córdoba, Entre Ríos, Misiones y Tucumán, Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; entre tantos otros.
A finales de julio y comienzos de agosto de 2026, Oleoductos del Valle (Oldelval) reportó formalmente ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) un ciberataque, que afectó a sus sistemas administrativos internos y redes locales, pero no comprometió el transporte operativo de petróleo desde Vaca Muerta. El grupo “The Gentlemen” se adjudicó el ataque a través de redes sociales.
El historial de ataques demuestra que la vulnerabilidad digital del Estado no es una hipótesis, sino una realidad documentada. Ignorar estos antecedentes equivale a dar por sentado que el peligro no volverá a suceder. Frente a la inminente visita papal, la brecha de seguridad ya está abierta y no hay margen para improvisar.
Enviado especial a Roma – El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, adelantó que la visita del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú responde al deseo del propio pontífice de encontrarse con esos pueblos.
Durante una reunión con los periodistas que acompañarán al Papa, entre ellos enviados de Infobae, Bruni definió la próxima gira como una experiencia con un sentido personal para León XIV. “Lo concibo casi como volver a casa en América Latina”, afirmó.
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La visita incluirá actividades oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con comunidades locales. En Uruguay, el Papa llegará a Montevideo, viajará a Paysandú y mantendrá una reunión privada con integrantes de la Orden de San Agustín, además de visitar Casavalle.
Bruni señaló que la gira será el sexto viaje internacional del pontífice y el séptimo si se cuenta la visita a San Marino. El recorrido abarcará tres países sudamericanos que, según explicó, esperaban desde hace años la llegada de un Papa.
El director de la Oficina de Prensa indicó que Uruguay y Argentina no reciben a un pontífice desde las visitas de Juan Pablo II. El papa polaco estuvo dos veces en Argentina, en 1982 y 1987, y también viajó dos veces a Uruguay: en 1987 y 1988.
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En Perú, Francisco realizó una visita en 2018. Bruni sostuvo que esa escala tendrá una dimensión particular para León XIV, por su vínculo con lugares donde residió durante un período prolongado. “La etapa de Perú es ciertamente vivida, bajo ciertos aspectos, como un regreso a casa”, dijo.
El portavoz añadió que Argentina y Uruguay son países que el Papa conoce y cuyos pueblos cristianos esperan su llegada. Según Bruni, los desplazamientos pontificios permiten al Santo Padre encontrarse con la fe, la historia y la vida de las comunidades locales.
“Para el Papa, este viaje es un tiempo de escucha, de encuentro, un tiempo bendecido que halla su realización más profunda en la vida de los pueblos”, expresó Bruni ante los comunicadores.
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Lemas y agenda
Cada país tendrá un lema propio durante la visita. Uruguay recibirá al pontífice con la frase “Les anuncio una gran alegría”; Argentina utilizará “Bienvenidos todos y vayan y anuncien”, mientras que Perú tendrá como consigna “Abramos el corazón”.
Bruni explicó que el hilo del recorrido será “la llamada personal a la santidad, a la responsabilidad cristiana” y al compromiso individual. También anticipó que los discursos harán referencia a figuras religiosas de cada nación, como el beato Jacinto Vera en Uruguay; el venerable Enrique Shaw, el Cura Brochero, Mamá Antula y san Héctor Valdivielso en Argentina; y santa Rosa de Lima, san Martín de Porres, san Francisco Solano, san Juan Macías, los mártires de Chimbote y santo Toribio de Mogrovejo en Perú.
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León XIV partirá de Roma hacia Montevideo a las 07.00 del jueves 6 de noviembre, en un vuelo de unas 13 horas y media. Su llegada al Aeropuerto de Montevideo está prevista para las 16.30, donde recibirá una bienvenida oficial del presidente de la República.
La agenda de esa jornada contempla un traslado a la Plaza Independencia, una ceremonia frente a la Torre Ejecutiva y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Luego realizará una visita de cortesía al presidente en el Edificio José Artigas.
El Papa continuará hacia la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y Santos Felipe y Santiago, donde celebrará vísperas con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas. Allí rezará ante la tumba del beato Jacinto Vera antes de trasladarse a la Nunciatura Apostólica.
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El viernes 7 de noviembre, León XIV viajará a Paysandú. Tras un recorrido en papamóvil abierto por el Parque París Londres, celebrará una misa a las 10.00 y escuchará el saludo del obispo local. Más tarde regresará a Montevideo, se reunirá en privado con miembros de la Orden de San Agustín y visitará la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Casavalle, junto con viviendas construidas para familias necesitadas.
La tentativa de homicidio del domingo 25 de octubre en barrio Macarone de Paraná sumó novedades judiciales luego de que la defensa de los dos imputados negara cualquier vinculación de sus representados con el narcotráfico y con las 11 armas de fuego secuestradas durante procedimientos posteriores al ataque. El abogado Claudio Berón sostuvo que el episodio en el que resultó baleado Oscar Cuello, de 42 años, se originó en un conflicto familiar y vecinal.
Los acusados fueron identificados como Aaron Gómez, de 20 años, y Javier Cuello, de 45, este último hermano de la víctima. Ambos fueron imputados inicialmente como coautores de tentativa de homicidio, aunque la defensa cuestionó esa calificación y solicitó que se revisara la participación atribuida a cada uno.
En declaraciones a Códigos, Berón explicó que la jueza Marina Barbagelata hizo lugar parcialmente a los planteos defensivos. Como resultado, Javier Cuello recuperó la libertad con una restricción de ingreso al barrio, mientras que Gómez quedó sujeto a una medida de alojamiento preventivo en una unidad penal durante 15 días, seguida de arresto domiciliario.
La defensa cuestionó la acusación por tentativa de homicidio
El abogado sostuvo que, después de analizar las pruebas incorporadas al expediente, consideró que solamente uno de sus defendidos había efectuado los disparos registrados en un video que circuló por redes sociales.
“Nosotros luego de analizar la prueba entendemos que solamente uno de ellos fue el autor de los disparos que se observan en el video”, manifestó Berón.
En relación con el segundo imputado, indicó que la defensa planteó la inexistencia de elementos suficientes para vincularlo directamente con la agresión.
También cuestionó la calificación legal establecida inicialmente por la investigación. Según su interpretación, las circunstancias del ataque permitirían encuadrar el hecho como lesiones graves y no como tentativa de homicidio.
“Entendemos y cuestionamos la calificación legal por entender que no era una tentativa de homicidio, porque el disparo se da a una distancia muy cercana y entendemos que debería calificarse en lesiones graves”, argumentó.
La postura del abogado constituye un planteo de la defensa y no implica que la acusación original haya sido modificada definitivamente.
Detenidos por intento de homicidio en barrio Macarone (archivo)
Qué medidas dispuso la Justicia para los imputados
Durante la audiencia, la jueza Marina Barbagelata resolvió la situación procesal de los dos hombres, teniendo en cuenta los planteos formulados y el contexto de conflictividad existente en el barrio.
Respecto de Javier Cuello, la magistrada dispuso su libertad con una medida de exclusión territorial, que le impide ingresar al sector donde se produjo el enfrentamiento.
“En el caso del señor de apellido Cuello, la libertad con una exclusión del barrio, atento a esta problemática barrial que existe”, explicó el defensor.
En cuanto a Aaron Gómez, la resolución estableció su alojamiento preventivo durante 15 días en una unidad penal y, posteriormente, el cumplimiento de arresto domiciliario.
Mientras tanto, Oscar Cuello, de 42 años, permanecía internado en el Hospital San Martín de Paraná como consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque.
Claudio Berón, abogado defensor (archivo Elonce)
El conflicto familiar que habría originado los disparos
Berón explicó que, de acuerdo con la reconstrucción realizada por la defensa, el enfrentamiento comenzó con una discusión entre menores de edad que pertenecían al mismo entorno familiar o vecinal.
Posteriormente, una persona habría intervenido en represalia por una agresión sufrida por uno de los adolescentes. Esa situación derivó en un nuevo altercado que terminó con disparos de arma de fuego.
“En el caso de este puntual fue que también se ve en el video de una disputa familiar, si se quiere, o de vecindario”, señaló el abogado.
Además, explicó que las personas involucradas se conocían y residían a poca distancia unas de otras, circunstancia que, según su interpretación, permitió identificar un conflicto previo de convivencia.
“En este caso puntual no responde a otras cuestiones, sino que son netamente familiares o de vecindario”, afirmó.
El defensor insistió en que, hasta el momento, no surgieron elementos que permitieran relacionar el ataque investigado con disputas vinculadas al comercio de estupefacientes.
Qué relación existe con las 11 armas secuestradas
El ataque a Oscar Cuello estuvo seguido por nuevos episodios de violencia en barrio Macarone. Durante esa misma noche se registraron otras balaceras y la Policía realizó procedimientos que permitieron secuestrar al menos 11 armas de fuego.
La coincidencia temporal y territorial entre ambos acontecimientos generó interrogantes sobre una posible conexión entre los hechos.
Sin embargo, Berón aseguró que ninguno de sus dos defendidos fue vinculado, hasta el momento, con la investigación relacionada con el armamento incautado durante la mañana del lunes 26 de octubre.
“Por el momento ninguno de mis dos asistidos fueron requeridos en esa causa donde se secuestraron 11 armas de fuego que serán peritadas lógicamente y lo tendrán que vincular con distintos hechos”, explicó.
El abogado aclaró que su intervención profesional se limita al expediente por el ataque a Oscar Cuello y que desconoce los detalles de las otras investigaciones desarrolladas en el barrio.
En ese sentido, sostuvo que la coincidencia de los procedimientos en una misma zona no constituye, por sí sola, una prueba de conexión entre las causas.
Las armas incautadas en barrio Macarone (archivo Elonce)
Negaron vínculos con causas por narcotráfico
Consultado sobre los antecedentes de Gómez y Cuello, Berón negó que sus representados estuvieran involucrados en investigaciones relacionadas con la venta de drogas.
El defensor precisó que uno de ellos registraba un antecedente por abuso de arma, mientras que el otro carecía de antecedentes penales. “Ninguno de los dos tiene antecedentes ni causa abierta con respecto a comercio de estupefacientes”, aseguró.
Asimismo, reiteró que los procedimientos donde se encontraron las armas de fuego corresponden, hasta donde conoce, a una investigación diferente de la causa en la que interviene. “Se da en este mismo enclave barrial, en la misma cuadra, pero no tiene ningún tipo de relación con el hecho concreto”, sostuvo.
De esta manera, la investigación por el ataque a Oscar Cuello continuó con medidas judiciales diferenciadas para los dos imputados, mientras permaneció pendiente la determinación de las responsabilidades penales y el análisis de las armas secuestradas en los procedimientos posteriores.
El Gobierno anunció cuatro medidas para aliviar la presión financiera sobre las pymes y las empresas, con cambios en los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los planes de pago, la compensación de créditos fiscales y el acceso al financiamiento para la industria automotriz.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el paquete durante un discurso ante la Unión Industrial Argentina (UIA) que se desarrollo este martes en el Golden Center porteño. Las iniciativas apuntan a mejorar la liquidez de las firmas en un contexto de tasas elevadas y plazos de financiamiento acotados.
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Las cuatro medidas anunciadas por el Gobierno
Suspensión de embargos de ARCA para pymes hasta mayo de 2027. La medida busca darles margen para ordenar sus cuentas y aliviar las restricciones financieras de corto plazo.
Ampliación del plan de pagos en 18 cuotas para deudas con ARCA. El esquema incorporará obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre, en lugar del límite previo, que alcanzaba a las deudas con vencimiento hasta el 30 de junio.
Uso de saldos a favor para cancelar deudas aduaneras. Las pymes podrán aplicar el 100 % de sus créditos por IVA de exportación o reintegros. Las grandes empresas accederán inicialmente a una parte de esos saldos y el porcentaje aumentará de forma gradual.
Créditos del Banco Nación para la industria automotriz. La línea tendrá una tasa fija cercana al 20 % y plazos de tres, cuatro y cinco años.
Alivio via ARCA
Las dos primeras medidas que anuncio Caputo apuntan a darle un alivio a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a través del fisco nacional. Al suspender los embargos hasta mayo del 2027 y extender el plan de pagos hasta el 31 de octubre, el ministro pretende dar un margen para que ordenen las cuentas.
“Vamos a extender (el plan de pago) las deudas hasta el 31 de octubre y les vamos a dar también 18 meses de plazo para que tengan también más holgura financiera, porque obviamente entendemos el costo financiero para las pymes es un problemón y no es necesariamente algo que se va a solucionar en un mes o dos”, sostuvo el ministro durante su discurso.
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Y remarcó que es el margen de maniobra que tienen el equipo económico dentro de la condición fiscal en la que se encuentra. Pese a ello, consideró que son de un “enorme beneficio”.
Caputo afirmó que las dificultades para ampliar el crédito no responden únicamente a la disponibilidad de pesos, sino a la incertidumbre y al descalce entre depósitos de corto plazo y préstamos de mayor duración. En ese sentido, sostuvo que el objetivo oficial es dar mayor previsibilidad al sistema financiero y mejorar las condiciones de financiamiento para las empresas.
El ministro también señaló que las pymes enfrentan costos elevados para financiar capital de trabajo. Sobre ese punto, destacó la posibilidad de descontar facturas de grandes compañías una vez que estas hayan sido conformadas, una herramienta que permitiría a los proveedores acceder a tasas menores que las bancarias.
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Las medidas anunciadas se suman a la intención oficial de reducir costos tributarios, regulatorios y financieros para el sector privado.
Metalfor, una de las empresas más importantes de la maquinaria agrícola argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores. Señaló que tomó esa decisión para proteger la continuidad de la firma y ordenar sus obligaciones.
La empresa, oriunda de Marcos Juárez, Córdoba, es referente en la fabricación de pulverizadoras autopropulsadas. Hace meses viene atravesando una situación financiera difícil que la obligó a tomar distintas medidas de ajuste. Una de las causas del declive estuvo en el golpe que causó en el mercado en 2023/2024 el default con pagarés de firmas del agro como Surcos y Los Grobo Agropecuario, momento que tensionó ese financiamiento. En agosto pasado, Metalfor había reconocido ante la Comisión Nacional de Valores (CNV)que en el primer semestre del año perdió $26.484 millones. El número negativo contrastó con los $11.870 millones ganados en igual período de 2025.
La presentación del pedido de apertura del concurso preventivo fue realizada ante la Justicia cordobesa, en Marcos Juárez. “Metalfor SA ha solicitado la apertura de su concurso preventivo ante los tribunales de la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. La decisión tiene como objetivo central proteger la continuidad de la compañía, ordenar sus obligaciones dentro del marco previsto por la ley y evitar que acciones individuales continúen afectando el patrimonio y la capacidad operativa de una empresa que sigue produciendo, vendiendo, entregando equipos y atendiendo a sus clientes”, dijo la empresa.
La pulverizadora autopropulsada, uno de los productos de Metalfor
En este tiempo hubo acciones judiciales que ordenaron embargos sobre cuentas de la firma. Uno de los últimos fue por más de US$700.000, tras un pedido de AIR SRL. En agosto se conoció que la fabricante de pulverizadoras redujo un 78% la producción de equipos nuevos.
En agosto se conoció que la fabricante de pulverizadoras redujo un 78% la producción de equipos nuevosMetalfor
