Blog

La volatilidad y la incertidumbre marcan la agenda de los bancos centrales del mundo, incluido el de la Argentina, al que un proyecto del gobierno de Javier Milei que recibió en la semana media sanción en Diputados pretende dotar de independencia.

El proyecto oficial, que tuvo 144 votos a favor y 102 en contra, busca garantizar la independencia del Banco Central e impedir que financie al Tesoro endureciendo las condiciones de remoción de sus autoridades, para de ese modo erradicar “el robo de la alta política”, como planteó expresamente Milei en la cadena nacional en la que anunció el envío del proyecto al Congreso.

Un novísimo documento del FMI, sin embargo, agregó que la calidad de la comunicación de los bancos centrales es clave para su eficacia. En una “nota” difundida este jueves, Tobias Adrian, consejero financiero del Fondo, sostiene que un Banco Central debe explicar claramente la lógica detrás de sus decisiones, en vez de prometer trayectorias fijas —por ejemplo— para las tasas de interés. Sus mensajes institucionales, subraya, deben adaptarse a un entorno en que los shocks económicos se suceden con rapidez.

Independencia, comunicación y desafíos

Según Adrian, la comunicación de los bancos centrales enfrenta desafíos inéditos. La reacción instantánea de los mercados y un alto grado de incertidumbre los obligan a ser cada vez más transparentes, a explicar cómo funciona su política monetaria y cómo influyen riesgos e incertidumbres en diferentes escenarios alternativos.

Durante un largo período de baja inflación posterior a la crisis financiera de 2008 predominó el uso de la llamada forward guidance (traducible como guía orientadora), según la cual los bancos centrales se comprometían públicamente con un rumbo futuro de tasas de interés, algo efectivo en momentos de estancamiento y expectativas desancladas, cuando nadie sabía a qué atenerse.

Giro a la transparencia y “función de reacción”

El nuevo titular de la Reserva Federal de EEUU, Kevin Warsh, dejó de lado ese compromiso que, según el documento del Fondo, “puede volverse oneroso ante sorpresas inflacionarias, shocks de oferta o cambios súbitos en el balance de riesgos”.

La nueva tendencia es hacia una comunicación centrada en explicar cómo responderá un Banco Central a medida que evolucionen las condiciones macroeconómicas. El foco ya no es prometer acciones futuras, sino detallar reglas y criterios para decidir. En palabras de Adrian, la tarea central es “comunicar la función de reacción”: cómo el Banco Central interpreta los datos, pondera los riesgos y gestiona los dilemas entre diferentes objetivos institucionales.

Si bien el proyecto que recibió media sanción del Congreso dice que el objetivo del BCRA será, de aprobarse la ley y de modo excluyente, “la estabilidad de la moneda” (esto es, combatir la inflación), no especifica, por caso, cuál debe ser la política cambiaria, algo que debe decidir el directorio de la entidad.

El documento del FMI dice que la fortaleza de la inflación “subyacente”, las expectativas de precios y el modo de transmisión de la política monetaria son elementos esenciales para decidir. Y agrega que la “dependencia de los datos” aumentó. Los bancos centrales, dice, deben explicar qué datos consideran relevantes, cómo influyen en sus decisiones y qué implicaciones pueden tener los futuros escenarios, de modo que la opinión pública comprenda la lógica de sus movimientos.

Sin embargo, los pronósticos y escenarios económicos no deben interpretarse como promesas. “En un entorno propenso a shocks, las previsiones están sujetas a una enorme incertidumbre”, precisa el Fondo. Si un Banco Central formula previsiones demasiado precisas o sus proyecciones de tasas se perciben como compromisos, cualquier revisión puede verse como un cambio de rumbo inesperado.

Por eso, dice el documento, “la presentación de escenarios alternativos ayuda a ilustrar cómo respondería la política monetaria ante diferentes desenlaces, reforzando la idea de que las decisiones futuras dependerán de la información disponible y de la evolución de las condiciones”.

El FMI recomienda que los pronósticos de los bancos centrales se acompañen de una explicación clara de los riesgos y que la comunicación de lo que llama “función de reacción” (es decir, su lógica decisoria) sea el eje para que el público comprenda cómo puede variar su política bajo distintos resultados.

“Solo en casos excepcionales y bajo condiciones explícitas deberían las autoridades comprometerse con una senda de tasas, y siempre subordinando cualquier promesa condicional al mandato de estabilidad de precios”, dice el documento.

Adrian, el consejero financiero del FMI, aclara que la meta de la comunicación del Central no es eliminar la volatilidad de los mercados, sino que ante la nueva información que surja sobre inflación o crecimiento, los mercados cumplan su función de “descubrimiento” de precios. Esas fluctuaciones, dice, no son una amenaza, sino información valiosa para un Banco Central.

El éxito en la comunicación es que el público comprenda el marco de acción, los objetivos y la “función de reacción” del Banco Central. Ante la incertidumbre global, concluye el FMI, las autoridades deben ser explícitas sobre los riesgos y reflejar con precisión el grado de incertidumbre macroeconómica, de modo de sostener la confianza en su accionar, no por el ajuste a promesas rígidas, sino por la claridad y honestidad del proceso decisorio.

La CGT, las CTA y el Gobierno quedaron enredados en un nuevo conflicto luego de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que define el sueldo mínimo en todo el país. Las centrales pegaron el portazo y vaciaron esa instancia, ante la negativa del Poder Ejecutivo de realizar el encuentro de forma presencial y la intención de fijar un nuevo ingreso lejos de las pretensiones del sindicalismo.

El salario mínimo está hoy en $376.600, luego de haber sido fijado por decreto en noviembre de 2025. Las tres centrales obreras habían llegado a una propuesta unificada: incrementarlo a $911.000 de manera inmediata y a $993 mil en diciembre. Sin embargo, decidieron de antemano no asistir, porque sabían cuál sería el resultado del encuentro.

La previa ya había entrado en un terreno pantanoso, porque la CGT solicitó formalmente que el intercambio “sea de manera presencial, porque creíamos que ya no se puede sostener la virtualidad”, explicó hoy Jerónimo, al puntualizar sobre uno de los motivo de la discordia. “No hay ninguna excusa para no juntarse presencialmente y verse la cara, y construir un debate y una discusión mucho más transparente y con un grado de credibilidad que refleje lo que realmente demanda el sector del trabajo”, sostuvo el jefe gremial en declaraciones al programa Futuro Imperfecto en radio Con Vos.

Y agregó: “Porque, si no, seguimos aportando a un show que quiere construir el Gobierno, en el que realmente no se discute ni se debate nada. Solamente uno va a terminar de darle la conformación para que ellos terminen unilateralmente decidiendo cuál es el número que mejor les cierre”.

En ese marco de negociación tripartita, encabezada por la secretaría de Trabajo, la propuesta de las cámaras empresarias planteó subas de 1,8% en septiembre y 1,7% en octubre, con continuidad de ese esquema hasta abril del año próximo.

El pedido de la CGT, la CTA de los Trabajadores (CTA-T) y la CTA Autónoma (CTA-A) apuntaba a llevar el salario mínimo de $911.202 para julio y a $993.300 para diciembre “mínimamente, para que no sigamos debajo de la indigencia”. Sin embargo, el ajuste propuesto por las empresas apenas llegaba a $468.000 en abril del año próximo. La parte sindical consideró ese ajuste como “irrisorio”.

“Y es ahí cuando nosotros planteamos que no íbamos a convalidar esto y que nos retirábamos”, reveló.

El dirigente, que integra el triunvirato cegetista junto a Jorge Sola y Octavio Argüello, también rechazó las versiones sobre una supuesta intención oficial de llevar el salario mínimo a 1.000.000 de pesos brutos, en el marco de las negociaciones paritarias. Según planteó, esa cifra “no es la realidad de lo que ellos fueron a plantear” en el Consejo del Salario.

Según Jerónimo, esa versión se trata de una maniobra para “distorsionar la cuestión” y señaló que si el Ejecutivo busca construir un piso para las discusiones salariales, las negociaciones deberían partir de una canasta básica de $1.560.000, y no de 1.070.000 pesos.

La CGT evaluará el plan de acción

Tras el fracaso de la reunión del Consejo del Salario, el dirigente sindical anticipó que la semana próxima la central obrera se reunirá para definir los pasos a seguir.

“Seguiremos con nuestro plan de acción, que viene marcando distintos puntos de agenda, como fue la movilización por los endeudados”, indicó Jerónimo.

Consultado sobre la posibilidad de convocar a un paro, respondió que esa medida “nunca se descarta”. De todos modos, insistió que una decisión de ese tipo requiere una construcción previa y un nivel alto de consenso. “Si todos los problemas que tiene la Argentina los resolviéramos con un paro, hubiésemos hecho todos los paros que fueran necesarios. Me parece que no es la salida tampoco”, remarcó.

Y concluyó: “La salida de las resoluciones de los problemas que tiene la Argentina y el mundo del trabajo termina siendo política. Nosotros tenemos un rol institucional que es representar los derechos y los intereses de los trabajadores. Seguimos apelando a la responsabilidad que tiene este Gobierno para construir un ámbito, dialogar y disentir también para resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina”.

Ante el abandono de la parte sindical, lo previsible es que los funcionarios libertarios vuelvan a fijar por decreto el aumento del salario mínimo.

El SMVyM en las últimas décadas fue un valor de referencia importante para la economía, pero en el último tiempo se convirtió en un valor que define apenas los montos de los programas de ayuda social que el Estado otorga a personas en situación de pobreza extrema, o por subsidio de desempleo.

Según una investigación del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el salario mínimo perdió el 40,3 % de su valor entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

Estados Unidos está implementando diferentes medidas para bajar el precio de la carne y una de las movidas principales de Trump, llegó acompañada de un dato que sacudió el tablero regional. Washington habilitó un cupo extraordinario para importar carne vacuna sin aranceles, pero dejó afuera a Argentina, pese a ser el principal socio de la región para la administración de Javier Milei. En cambio, el beneficio directo recayó sobre Brasil, gobernado por Luiz Inácio Lula da Silva, con quien la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más tensos.

En concreto, la administración de Donald Trump oficializó un cupo temporal de importación de carne vacuna magra sin aranceles por un total de 300.000 toneladas, con el objetivo de incrementar la oferta destinada a la producción de carne molida y contener los precios al consumidor local.

La medida entrará en vigor el 1° de septiembre de 2026 y tendrá una vigencia de 90 días, durante los cuales ingresarán hasta 100.000 toneladas por mes bajo un régimen arancelario preferencial. El mecanismo de asignación funcionará bajo el criterio de “primero llegado, primero servido”, en tres tramos de 100.000 toneladas: el primero, entre el 1° y el 30 de septiembre; el segundo, entre el 1° y el 30 de octubre; y el tercero, a partir del 31 de octubre y hasta completar el volumen o hasta el 30 de noviembre.

El esquema establece que la carne importada deberá corresponder a recortes magros destinados exclusivamente a la elaboración de carne molida, que luego se mezclará con producto estadounidense. Según la proclamación presidencial, la iniciativa busca que estos cortes se comercialicen con un descuento aproximado del 25% respecto de los valores habituales de importación. L

Por qué Argentina quedó afuera

La exclusión de Argentina del nuevo contingente temporal se fundamentó en la existencia de cupos propios ya asignados a ciertos países exportadores. De acuerdo con la información del Consejo de Importación de Carne de América (MICA), el volumen adicional de 300.000 toneladas corresponde únicamente al contingente arancelario denominado “otros países o áreas”, que se utiliza principalmente por naciones como Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y los Países Bajos.

En cambio, aquellos países que cuentan con una cuota específica dentro del sistema de contingentes arancelarios, como Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y el Reino Unido, no resultan elegibles para acceder a esta ampliación.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Argentina dispone actualmente de una cuota de 100.000 toneladas anuales para ingresar carne vacuna a Estados Unidos con arancel preferencial: 20.000 toneladas correspondientes a la cuota establecida por tratado comercial y otras 80.000 toneladas autorizadas para 2026 por decisión de la administración Trump. De acuerdo con los datos informados a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), al 31 de julio Argentina había certificado 61.050 toneladas, equivalente al 61% de la cuota total.

Si se consideran exclusivamente las 20.000 toneladas del tratado comercial, las estadísticas de la Aduana estadounidense mostraban, al 3 de agosto, un nivel de ejecución del 72,5%, con 14.500 toneladas utilizadas. De esta manera, sobre las 61.050 toneladas certificadas, 14.500 corresponderían a la cuota de 20.000 toneladas, mientras que las 46.550 restantes se encuadrarían dentro del cupo adicional de 80.000 toneladas, habilitado en tramos trimestrales de 20.000 toneladas.

La BCR precisa que los dos primeros tramos adicionales ya fueron ejecutados en su totalidad, mientras que el tercero alcanzó casi un 33%. En consecuencia, quedarían unas 13.450 toneladas por ejecutar durante agosto y septiembre. Durante los primeros siete meses del año, Argentina exportó 67.118 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos, frente a las 22.183 toneladas embarcadas en el mismo período de 2025, un incremento del 202,6% interanual que consolidó a ese mercado como el segundo destino en importancia para la carne nacional, detrás de China. Según la BCR, la participación de Estados Unidos sobre el volumen total exportado por Argentina pasó del 6% al 17% en apenas un año.

La oportunidad para Brasil

El beneficio principal de la nueva ventana recae en Brasil, país que no dispone de un cupo preferencial propio y podrá aprovechar el esquema de “otros países o áreas” para ingresar carne vacuna al mercado estadounidense sin las restricciones que sí enfrenta Argentina. La BCR explica que, más allá de los acuerdos vigentes con Australia y Nueva Zelanda, que en conjunto disponen de una cuota preferencial superior al millón de toneladas, y de la cuota de 20.000 toneladas de Uruguay, Brasil y Paraguay comparten una cuota para terceros países de apenas 52.000 toneladas, prácticamente agotada en los primeros meses del año.

La situación comercial de Brasil ayuda a entender por qué la decisión estadounidense adquiere especial relevancia para ese país. Actualmente se encuentra virtualmente fuera de China, tras haber agotado su cupo anual de 1.106.000 toneladas bajo el régimen de salvaguardia, lo que lo deja expuesto, para lo que resta del año, a ingresar con un arancel de casi el 76,5%. Al mismo tiempo, enfrenta dificultades para sostener el acceso a la Unión Europea: si nada cambia en lo inmediato, a partir del próximo mes podría quedar restringido su ingreso al bloque, luego de observaciones sobre los controles vinculados al uso de productos antimicrobianos en su ganadería.

En ese contexto, según la BCR, una apertura extraordinaria del mercado estadounidense representa una alternativa especialmente atractiva y oportuna para la industria brasileña, mientras que para Argentina el anuncio puede terminar generando un efecto paradójico: mientras el país busca consolidar su presencia en Estados Unidos y negociar la renovación del cupo adicional de 80.000 toneladas, una apertura más amplia del mercado podría favorecer a competidores con mayor capacidad exportadora.

Consultado por Infobae, el consultor ganadero Víctor Tonelli sostuvo que la medida “está casi hecha a medida de Brasil” y que “la va a disfrutar también Paraguay, y seguramente algunos países de Centroamérica que exportan sin cuota directa”. Según el consultor, la exclusión argentina no representa un perjuicio: “A Brasil le sirve, a Paraguay le sirve, a nosotros no estar no nos va a afectar en nada. Si hubiera venido, bienvenido, algo hubiéramos metido por ese lado, pero tenemos cuota todavía de las 80.000, y también de las 20.000. Así que no nos cambia mucho”.

Un anuncio con resistencias internas

La iniciativa de Trump no está exenta de cuestionamientos dentro de Estados Unidos. El jefe de la Casa Blanca prometió autorizar a ganaderos y agricultores de EEUU a procesar sus propios alimentos, en respuesta al rechazo que provocó su anuncio de suspender temporalmente aranceles más altos a la carne vacuna importada para contener los precios internos. La medida comercial permitiría el ingreso de hasta 300.000 toneladas métricas de carne vacuna extranjera sin esos recargos y fue criticada por el sector agropecuario e incluso por legisladores republicanos, quienes sostuvieron que inundar las góndolas con carne importada es una medida de corto plazo y desalienta la recomposición del rodeo bovino de EEUU, hoy el más bajo en 75 años.

Trump apuntó contra los grandes procesadores, a los que definió como “un monopolio desagradable”. La secretaria de Agricultura Brooke Rollins adelantó que la próxima semana habrá “grandes anuncios” y definió la capacidad de EEUU para alimentarse y abastecerse por cuenta propia como “una cuestión de seguridad nacional”. Pero no está clara la autoridad legal de la Casa Blanca para aplicar los cambios anunciados. Por caso, el congresista republicano de Kentucky, Thomas Massie, dijo que la iniciativa de Trump es “excelente”, pero advirtió que debería hacerse por ley, no por orden ejecutiva”.

No todas las opiniones van en la misma línea. Para Nevil Speer, un consultor en temas cárnicos de EEUU, en caso de instrumentarse, la medida sería poco efectiva en su objetiva de reducir los precios de la carne al consumidor. En una columna en Beef Magazine, señaló que 300.000 toneladas equivalen a poco más de dos semanas de la producción local de carne. Además, agregó, el aumento neto de volumen será inferior a las 300.000 toneladas anunciadas, pues desplazará importaciones desde otras fuentes, el tipo de efectos que más podría perjudicar a la Argentina.

El trasfondo de la escasez y los precios

Detrás de todas estas medidas hay un dato que explica en gran parte la urgencia de la Casa Blanca: La carne picada vacuna en Estados Unidos se encuentra en niveles históricamente elevados y continúa encareciéndose, aun cuando el movimiento mensual no sea abrupto.

Estados Unidos atraviesa una de las caídas más pronunciadas en su stock ganadero en décadas. Según la proclamación presidencial, el rodeo se encuentra en su nivel más bajo en 75 años, aunque los datos del Departamento de Agricultura (USDA) indican que en julio ya comenzaron a registrarse señales de recuperación. El propio organismo prevé que la producción de carne vacuna del país se reducirá alrededor de un 4% durante 2026 respecto de los niveles de 2025. Entre los factores que incidieron sobre la oferta local, la Casa Blanca mencionó las restricciones a la importación de ganado vivo desde México para evitar la propagación de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo, la sequía que afectó la disponibilidad de pasturas y los incendios forestales en las regiones productoras.

Justamente sobre ese frente, en las últimas semanas se registró un movimiento adicional. Según el sitio especializado Valor Carne, Estados Unidos reabrió un paso fronterizo en Arizona para el ingreso de ganado mexicano, luego de las restricciones sanitarias vigentes. La reapertura comenzará con unos 700 animales diarios y aumentará gradualmente hasta alrededor de 1.300. El USDA prevé además habilitar otros dos pasos en Nuevo México, aunque por ahora descarta reabrir los de Texas ante el riesgo de gusano barrenador. Con este esquema, las importaciones de ganado mexicano podrían alcanzar 150.000 cabezas hasta fin de 2026, un volumen muy por debajo del promedio histórico anual de 1,17 millones de animales.

La agenda de la carne argentina en EE.UU.

En medio de este escenario, la industria argentina tiene por delante una nueva instancia de acercamiento comercial con el mercado estadounidense. Se trata de la segunda edición del Argentina Beef Week, que se realizará en Houston el 14 de septiembre de 2026, en articulación con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). El encuentro contempla una jornada de reuniones B2B entre exportadores argentinos e importadores, distribuidores y empresas de foodservice de Texas y otras regiones del país, además de una presentación sobre la industria cárnica argentina y un almuerzo de networking con degustación de carne y vinos.

El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, llegó este sábado a Esquel para acompañar el proceso de renovación de autoridades del radicalismo chubutense. En el marco de una recorrida por el sur, planteó como objetivo “construir una alternativa nacional”, con un guiño a que el partido incida en las elecciones presidenciales de 2027.

“La UCR está de pie, está marchando. Estamos construyendo un proyecto político que más temprano que tarde le va a dar a la Argentina un próximo presidente de la República Argentina”, afirmó en un intercambio con la prensa, en el que aclaró que hablar de posibles candidaturas un año antes del período electoral “es poner el carro adelante del caballo”.

El dirigente participó del Congreso y la convención provincial del radicalismo de Chubut en Esquel, donde 66 delegados eligieron a la nueva conducción partidaria, encabezada por el intendente de Trelew, Gerardo Merino. Durante el encuentro participaron el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, y la senadora nacional Edith Terenzi.

“Ser radical es generar transformaciones como lo hacen nuestros gobernadores, nuestros quinientos intendentes o nuestros vicegobernadores y ministros en gobiernos como el de Chubut”, consideró durante el acto proselitista.

Chiarella llegó ayer a Bariloche para iniciar una gira por la Patagonia andina que incluye Río Negro y Chubut. Por la mañana, se reunió con la diputada provincial Lorena Matzen y el ex intendente Marcelo Cascón, y por la tarde, estuvo en El Bolsón para visitar la Municipalidad y mantener una reunión de trabajo con funcionarios locales, empresarios y vecinos.

Con un telón de fondo partidario, Chiarella subrayó este sábado el hecho de integrar el gobierno de la provincia y llamó a “seguir construyendo este partido centenario y nunca perder protagonismo”. También destacó la presencia de delegados de todos los distritos y la elección de la nueva presidenta de la Juventud Radical, Agustina Barletta.

Según lo informado, con esta agenda el jefe radical e intendente de Venado Tuerto alcanzará 16 provincias recorridas desde que fue electo presidente de la UCR en diciembre pasado.

En una publicación de redes sociales, Chiarella volvió a lanzar un llamado político: “Queremos una UCR presente en cada provincia, con una mirada federal, cerca de cada comunidad y con vocación de construir una alternativa para la Argentina”.

En busca del perfil partidario

Para el presidente de la UCR Nacional, la principal fortaleza del partido está en su experiencia de gestión y en la presencia territorial. Por eso busca apoyar a los dirigentes radicales que actualmente tienen responsabilidades de gestión. “Nosotros venimos trabajando mucho en esto de poder acompañar a nuestros más de 500 intendentes, a nuestros 5 gobernadores, a las provincias en donde formamos parte del gobierno, como en el caso de Chubut”, señaló.

“El radicalismo tiene una capacidad instalada muy grande, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, y es desde la gestión, es desde el territorio, en donde nosotros podemos demostrarle a cada argentino, a cada vecino de cada localidad, cómo es el radicalismo cuando se gobierna”, agregó.

En ese marco, el titular de la UCR mencionó la agenda de seguridad y dijo que ese “coraje” es el que permite “enfrentamos al narcotráfico como lo hacemos en Santa Fe con el liderazgo del gobernador (Maximiliano) Pullaro”. Otro de los puntos fue el de la corrupción entre los principales problemas que debe enfrentar la Argentina. “Si no atacamos el problema de la corrupción, muchos de los problemas que tiene la Argentina no van a ser resueltos”, sostuvo.

Y concluyó: “Cuándo no se roba y no hay corrupción en el Estado, las cosas pueden ser mucho mejor y eso lo demostramos en cada una de nuestras gestiones con honestidad y coraje como nos enseñó Arturo Illia y Raúl Alfonsín. Por eso, Argentina necesita que construyamos una propuesta alternativa a la grieta”.

El entramado de negocios financieros y deportivos que Mark Walter construyó durante casi tres décadas en Wall Street sigue sumando capítulos de exposición pública. Lo que comenzó como una revisión regulatoria sobre préstamos entre compañías de seguros y firmas afiliadas ya había obligado al magnate a desprenderse de activos emblemáticos. Ahora, la misma investigación frenó además una de las operaciones de capital más ambiciosas que Walter tenía en marcha, con un socio de peso en Medio Oriente y financistas argentinos en el corazón del expediente original.

Según informó Bloomberg, un acuerdo por USD 10.000 millones entre la firma de Walter y Mubadala Capital, el brazo de gestión de activos del fondo soberano de Abu Dhabi que administra USD 430.000 millones, permanece congelado desde hace 15 meses por la investigación federal que pesa sobre las aseguradoras del magnate. Ese monto correspondía a la inversión que Mubadala Capital iba a liderar y anclar dentro de una ronda de capital mayor, de USD 15.000 millones, que TWG Global, el holding de Walter, buscaba levantar.

El acuerdo tenía una estructura de contraprestaciones cruzadas. A cambio de la inyección de capital, TWG Global le habría entregado a Mubadala una participación del 5% en su propia firma y se comprometió a reinvertir USD 2.500 millones en proyectos del fondo de Abu Dhabi. La operación, además, contemplaba que la firma de Walter ayudara a Mubadala a conseguir otros USD 20.000 millones de financiamiento adicional más adelante, y le daba a TWG Global la opción de aumentar en el futuro su participación en la compañía de Abu Dhabi. El pacto era inusual desde su concepción: Mubadala Capital rara vez permite que terceros adquieran participaciones en sus operaciones, y esta transacción iba a marcar apenas el segundo caso de ese tipo en su historia.

La irrupción de la causa judicial cambió los planes. Los investigadores federales secuestraron dispositivos de Walter mientras avanzaban sobre los problemas financieros de sus aseguradoras, y el acuerdo con Mubadala quedó en un limbo que ya lleva más de un año. En paralelo, una de esas aseguradoras, Delaware Life, va a comprarle a la firma de Walter hasta USD 6.500 millones de los activos cuestionados por los reguladores, en un intento por sanear la cartera bajo la lupa del Departamento de Justicia y de la SEC.

Pese al freno en la operación grande, Walter y Mubadala sí avanzaron en negocios de menor escala durante este período, como la reciente compra por parte de Mubadala de Clear Channel Outdoor por USD 3.000 millones.

Cómo empezó el escándalo

El caso se originó en una investigación conjunta del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC sobre los préstamos y las operaciones financieras de Walter, CEO de Guggenheim Partners, la firma que administra activos por más de USD 300.000 millones, y fundador junto a Thomas Tull de TWG Global. La pesquisa busca determinar si Walter y sus compañías incurrieron en fraude o encubrieron vínculos financieros entre las aseguradoras que controla y una serie de empresas afiliadas.

El esquema bajo revisión involucra préstamos otorgados por las aseguradoras Delaware Life, Clear Spring y EquiTrust hacia empresas relacionadas con el propio Walter, canalizados a través de una red de intermediarios. Los reguladores permiten que una aseguradora preste dinero a entidades vinculadas a su dueño, siempre que esas operaciones se informen y no superen determinados límites. Un relevamiento interno detectó entre USD 16.000 y 20.000 millones en préstamos no declarados ante los reguladores del estado de Delaware, lo que encendió las alarmas de las autoridades y llevó a Walter a acelerar la venta de activos.

La investigación tomó un giro decisivo en septiembre de 2025, cuando agentes federales interceptaron el avión privado de Walter en Chicago. El propio empresario y personas de su entorno entregaron sus dispositivos electrónicos. Según trascendió, la revelación de los préstamos surgió a partir de una denuncia interna sobre presuntas irregularidades contables en un acuerdo de financiación en Medio Oriente.

El caso no es enteramente nuevo. En 2016, un abogado de compliance de Guggenheim había detectado que algunas inversiones personales de Walter se financiaban a través de una firma llamada ABS Capital Company y reportó un entramado de sociedades anónimas. La SEC archivó esa investigación en 2019.

La conexión argentina

Uno de los nombres que aparece de manera recurrente en el expediente es el de ABS Capital Company, conocida como ABS Capco, firma fundada por exejecutivos argentinos de Guggenheim Partners que funcionó como uno de los principales canales para derivar fondos desde las aseguradoras hacia otros negocios de Walter. Los fondos circularon a través de sociedades de responsabilidad limitada cuya propiedad resultó difícil de rastrear.

El nexo argentino tiene un nombre propio en Juan Ball, co-chairman de ABS Capital Company desde 2015 y con un extenso recorrido en Wall Street: fue presidente de Guggenheim Partners Latin America y ocupó cargos directivos en Lehman Brothers, Bear Stearns y Banco Santander Central Hispano. Su hermano, Diego Ball, ya había sido objeto de revisiones regulatorias por parte de la SEC años atrás: en 2017, Bloomberg News informó que el organismo revisó los vínculos de Guggenheim con Diego Ball, cuyas compañías realizaron casi USD 1.000 millones en transacciones con la firma estadounidense, incluido un préstamo de USD 100 millones respaldado por diecisiete sociedades creadas poco antes de la operación.

Este año, la investigación sumó otro nombre argentino: la aseguradora EquiTrust prestó USD 500 millones a diez compañías establecidas por Federico Hermida, directivo de ABS Capco. La vinculación entre Walter y Juan Ball también tiene una dimensión patrimonial directa: ambos, junto al empresario Pablo Stalman, participaron en la compra conjunta de una residencia valuada en USD 85 millones en Malibú, sin utilizar fondos de Guggenheim ni de las aseguradoras, según confirmaron ambas partes ante la SEC en 2018.

Otras desinversiones en marcha

Además del freno al acuerdo con Mubadala, Walter viene desprendiéndose de otros activos de perfil alto para hacer frente a la presión regulatoria. La semana pasada acordó la venta de Los Ángeles Lakers a Bob Iger, consejero delegado de Disney, y Josh Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. La operación se cerró en USD 12.500 millones, valor récord para una franquicia deportiva profesional en Estados Unidos, menos de un año después de que Walter adquiriera la participación mayoritaria de la familia Buss. En paralelo, Walter y su socio Todd Boehly negocian vender sus participaciones en el Chelsea Football Club al accionista mayoritario, Clearlake Capital.

La presión sobre las finanzas de Walter no se limita a las desinversiones. La cotización de un préstamo de USD 1.200 millones otorgado a Guggenheim Partners cayó hasta territorio de deuda de alto riesgo, luego de que una conferencia con inversores no lograra despejar las dudas del mercado. El préstamo se negoció a 78 centavos por dólar, contra 96 centavos una semana antes.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Justicia, la SEC y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Hasta el momento no hay procesamientos ni acusaciones formales contra Walter ni contra ninguno de los financistas argentinos mencionados en el expediente.