Ante un pedido de acceso a la información pública de ANÁLISIS, la Procuración General de la Nación se negó a informar el presupuesto asignado a sus dependencias en la provincia entre 2023 y 2026. En el mismo expediente detalló, año por año, las causas por narcotráfico, contrabando, lavado de activos, trata y corrupción, tramitadas en el fuero federal entrerriano. Y aunque admitió seis fiscalías federales vacantes, este 8 de julio la Procuración convocó a concurso para tres de ellas, mientras las dos de mayor jerarquía siguen sin llamado.
Hay una pregunta que el Estado argentino, a esta altura del siglo, debería poder responder sin demasiado esfuerzo: cuánto dinero destina a sostener el funcionamiento de la Justicia Federal en una provincia. ANÁLISIS la formuló por la vía formal, mediante un pedido de acceso a la información pública amparado en la Ley 27.275, y la respuesta del Ministerio Público Fiscal de la Nación fue tan breve como elocuente. No puede decirlo.
La solicitud, registrada bajo el número AIP N° 792 y cursado a través de la Agencia de Acceso a la Información Pública del organismo, reclamaba entre otros puntos el detalle del presupuesto y los recursos asignados a las dependencias del Ministerio Público Fiscal con asiento en Entre Ríos durante los ejercicios 2023 a 2026. La contestación, con la firma del secretario general de Administración Esteban Ubieta, planteó sin rodeos una imposibilidad de origen: las fiscalías, unidades fiscales, áreas y dependencias del Ministerio no cuentan con una asignación específica de gastos dentro del presupuesto. Sus erogaciones, se explica, se atienden con el presupuesto general del organismo. Por eso, concluye el escrito, “no es posible desagregar los rubros de manera exclusiva para cada dependencia ni para cada jurisdicción”.
El funcionario aclaró que la situación no implica que los gastos de las dependencias entrerrianas hayan quedado desatendidos, sino únicamente que no poseen una partida propia dentro del Presupuesto Nacional. En consecuencia, sostiene, resulta “dificultoso y prácticamente imposible discriminar los gastos exclusivos de cada jurisdicción”, dado que existen gastos comunes y compartidos.
El pedido de ANÁLISIS no se agotaba en la cuestión presupuestaria. Reclamaba también la nómina de fiscalías y unidades fiscales con asiento en Entre Ríos, la dotación de personal de cada una, el estado de las vacantes y una serie de indicadores sobre la actividad penal del fuero federal en la provincia. A esos puntos el Ministerio sí respondió: remitió al Mapa de Fiscalías y a la sección de Transparencia Activa de su sitio institucional para la nómina y el personal, y aportó datos concretos sobre concursos y causas. La única negativa lisa y llana recayó sobre el dinero.
La explicación tiene una lógica administrativa atendible. También tiene un problema. Y el problema no lo introduce este medio: lo introduce el propio expediente. Porque en el mismo pedido, y al responder otros puntos, el Ministerio Público Fiscal sí desagregó por jurisdicción. Y lo hizo con una precisión notable. La Dirección General de Desempeño Institucional elaboró una planilla con la cantidad de causas tramitadas en el fuero federal de la provincia, discriminadas por tipo de delito, por año y por estado procesal. Es decir: el mismo organismo que asegura no poder atribuir un solo peso de gasto a Entre Ríos sí puede contar, expediente por expediente, cuánta actividad penal produce en Entre Ríos.
La incongruencia es más que una curiosidad burocrática. Si el sistema de gestión permite saber cuántas causas por narcotráfico o por lavado de activos se sustancian en una jurisdicción determinada, la afirmación de que el dinero destinado a esa misma jurisdicción es indivisible, imposible de estimar, resulta cuando menos discutible. El Estado mide su trabajo por territorio, pero declara que no puede medir su gasto por territorio. La transparencia se detiene, curiosamente, justo donde empieza el dinero.
La Ley 27.275 parte, además, de un principio inverso al que invoca el Ministerio. La información pública se presume accesible, y las excepciones para denegarla deben interpretarse de manera restrictiva y estar debidamente fundadas. La imposibilidad práctica que alega la Secretaría de Administración no figura entre las causales taxativas que la norma habilita para negar información: no se trata de un dato reservado, ni de secreto fiscal, ni de una cuestión de seguridad. Se trata, según la propia respuesta, de una dificultad de contabilidad interna. Y una dificultad de contabilidad interna del Estado no puede transformarse, sin más, en un límite al derecho de la ciudadanía a saber.
El expediente reservó otra revelación, y una paradoja. Consultada por las vacantes de fiscales federales en Entre Ríos, la Secretaría de Concursos del Ministerio Público Fiscal enumeró, al 8 de julio, seis cargos sin cubrir. Y en cinco de ellos, según esa misma respuesta, ni siquiera existía un concurso convocado para llenarlos.
Estaban vacantes la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, dos de los cargos de mayor jerarquía del Ministerio Público en la provincia. A ellos se sumaban las fiscalías ante los juzgados federales de Concordia, de Victoria y de Paraná. El sexto caso, la fiscalía ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, había tramitado el Concurso N° 122, que el Procurador General de la Nación aprobó y concluyó el 27 de marzo de 2024, con la elevación de la terna al Poder Ejecutivo Nacional. Más de dos años después, la designación sigue pendiente en manos del Ejecutivo. La terna existe. El nombramiento, no.
Pero la foto que el Ministerio le entregó a ANÁLISIS quedó desactualizada casi de inmediato. Ese mismo 8 de julio, el procurador general interino Eduardo Casal convocó, mediante la Resolución PGN N° 40/26, al Concurso N° 137, que incluye vacantes en tres de las fiscalías entrerrianas que la propia respuesta daba como sin concurso: las de Concordia, Victoria y Paraná. El llamado, que abarca además cargos en Rosario, Santa Fe y Mercedes, forma parte de una convocatoria nacional por diecisiete vacantes en diez provincias. Las inscripciones se extienden hasta el 25 de septiembre y el sorteo del tribunal evaluador está previsto para el 17 de diciembre.
El movimiento, de todos modos, no cierra el mapa. Los dos cargos de mayor jerarquía, la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Paraná y la Fiscalía General ante el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay, siguen sin concurso convocado. Y Gualeguaychú continúa a la espera de que el Ejecutivo resuelva una terna que duerme desde marzo de 2024. Aun con el nuevo llamado, la cúpula del Ministerio Público Fiscal federal en Entre Ríos permanece a medio cubrir.
Detrás de cada vacante hay años de interinatos. La Fiscalía Federal de Paraná está sin titular desde 2018, cuando se jubiló Mario Silva; hoy la ocupa de manera interina Leandro Ardoy. En Concordia subroga Francisco José Bernhardt y en Victoria, Claudio Kishimoto. Son despachos que funcionan, pero que arrastran la provisionalidad como norma.
La planilla de la Dirección General de Desempeño Institucional, más allá de exhibir la contradicción presupuestaria, ofrece por sí sola una radiografía del delito federal en Entre Ríos entre 2020 y 2026. Conviene una advertencia metodológica: los datos de 2026 corresponden a un año en curso y, por lo tanto, están incompletos, sobre todo en la columna de causas finalizadas.
El narcotráfico encabeza el volumen. Entre 2020 y 2025 se registraron más de mil cien causas por narcocriminalidad en el fuero federal entrerriano. Pero el dato más elocuente no es el total sino la tendencia. Durante años, las causas en trámite se mantuvieron por debajo de las sesenta anuales. En 2025 saltaron a 129, más del doble, y por primera vez superaron a las causas finalizadas del mismo período. El indicador sugiere un fuerte incremento en el ingreso de causas, un cuello de botella en su resolución, o ambas cosas a la vez.
El contrabando aporta otra anomalía. En 2024 se finalizaron 200 causas por ese delito, una cifra que duplica o triplica la de cualquier otro año de la serie, donde los cierres oscilaban entre medio centenar y un centenar. Semejante pico invita a preguntar qué operativo, qué causa madre o qué política de gestión concentró esa actividad en un solo ejercicio.
El lavado de activos dibuja una curva ascendente y sostenida. Las causas en trámite, que entre 2020 y 2023 nunca pasaron de doce por año, treparon a 42 en 2024 y a 66 en 2025. El seguimiento del dinero de origen ilícito, al menos en cantidad de expedientes abiertos, se multiplicó en la provincia.
En el otro extremo aparece la corrupción. Los números son llamativamente magros: entre 2020 y 2025 el fuero federal entrerriano acumuló apenas 87 causas por delitos de corrupción, casi siempre en cantidades de un solo dígito por año. Para una provincia con la densidad de tramas de poder que ANÁLISIS viene documentando en los últimos 35 años, la escasez de causas federales por corrupción es, en sí misma, un dato que merece lectura.
La trata de personas, por su parte, se mantuvo estable y en volúmenes bajos a lo largo de toda la serie.
La planilla incluye además el detalle de las intervenciones de las procuradurías especializadas en la provincia. La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) concentran la mayor actividad, con más de cuarenta intervenciones cada una entre 2022 y 2026. Muy por detrás quedan la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), esta última con apenas tres intervenciones en todo el período, otro indicio de la escasa penetración de las causas por corrupción administrativa en el territorio.
La negativa a informar el presupuesto no cierra el expediente. La propia respuesta del Ministerio recuerda que quien no esté conforme puede interponer un reclamo administrativo o promover una acción de amparo dentro de los cuarenta días hábiles, conforme lo dispone la Ley 27.275. El plazo corre. Y el fundamento del rechazo, la supuesta imposibilidad material de discriminar el gasto por jurisdicción, queda seriamente debilitado por el mismo anexo estadístico que el organismo adjuntó a su respuesta, donde esa discriminación territorial sí fue posible, causa por causa.
El contraste entre ambos capítulos del expediente ordena la lectura. De un lado, un organismo que exhibe con detalle su producción penal en la provincia, causa por causa y año por año. Del otro, el mismo organismo que se declara incapaz de decir cuánto le cuesta esa producción. En el medio, seis despachos sin fiscal a cargo. La pregunta por el presupuesto, entonces, deja de ser meramente administrativa: se vuelve la llave para entender si la justicia federal en Entre Ríos cuenta con los recursos que su carga de trabajo reclama.
Queda, entonces, una pregunta de fondo. Un organismo público puede, con legitimidad, organizar su presupuesto de manera centralizada. Lo que no puede es escudarse en esa arquitectura contable para volverse opaco ante la ciudadanía. Saber cuánto cuesta la justicia federal en Entre Ríos no es una curiosidad estadística: es la condición mínima para saber si esa justicia está debidamente financiada, o si las fiscalías federales vacantes son también, en el fondo, una cuestión de plata que nadie quiere poner sobre la mesa.
