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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, ordenó este jueves una serie de operaciones especiales dirigidas contra la industria de armamento de Rusia, según informó la agencia alemana DPA. La instrucción fue comunicada durante una reunión con la cúpula militar y política del país y apunta, según el propio mandatario, contra “empresas específicas que ya hemos identificado”.

Zelensky detalló en un mensaje publicado en Facebook que todos los presentes en el encuentro recibieron tareas concretas. “Espero que se cumplan en su totalidad”, advirtió, sin precisar cuántas compañías integran la lista ni en qué sectores operan.

El presidente ucraniano sostuvo que la industria militar rusa debe ser “significativamente reducida” y cuestionó que Moscú continúe recibiendo apoyo y componentes clave del extranjero para sostener su esfuerzo bélico. “Podemos ver que cada misil ruso, cada dron y otras armas contienen componentes críticos de otros países, sin los cuales esas armas simplemente no podrían existir”, afirmó, de acuerdo con dpa.

La dependencia rusa de piezas importadas para su producción armamentística ha sido documentada de forma reiterada por Kiev en los últimos meses. Funcionarios ucranianos, entre ellos el comisionado presidencial para políticas de sanciones, Vladyslav Vlasiuk, han advertido en distintas ocasiones que Moscú continúa abasteciéndose de componentes electrónicos y tecnología de origen occidental pese a las restricciones vigentes. Un ataque ruso con misiles y drones ejecutado a comienzos de julio incorporó cerca de 35.000 piezas de fabricación extranjera, un dato que ilustra las limitaciones de los controles internacionales a la exportación de tecnología sensible.

El anuncio se produce en un momento de creciente presión occidental sobre el aparato productivo militar del Kremlin. A mediados de julio, la Unión Europea cerró su vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia, que incluyó restricciones adicionales sobre empresas y personas vinculadas al esfuerzo de guerra, endureció las medidas contra el sector financiero ruso y fijó un tope de 44 dólares por barril para las exportaciones de crudo. Ese marco sancionatorio europeo constituye el telón de fondo en el que se inscribe la nueva orden de Zelensky, aunque el mandatario ucraniano no vinculó explícitamente sus instrucciones con el paquete comunitario.

Las operaciones especiales anunciadas este jueves se suman a una serie de medidas similares aprobadas por Zelensky en los meses recientes. El 25 de junio, el presidente había autorizado una operación de 40 días a cargo del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), orientada a presionar a Rusia hacia el fin de la guerra, cuyos resultados concretos no fueron detallados públicamente. A comienzos de agosto, Zelensky reconoció “resultados sólidos” de ese organismo sin precisar cifras ni objetivos alcanzados, y anunció además una purga interna para apartar a funcionarios que, según sus palabras, “trabajan para sí mismos y no para Ucrania”.

En paralelo a esta ofensiva contra la cadena de suministro industrial, Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus ataques con drones de largo alcance contra infraestructura energética y militar rusa, con incursiones que han llegado a alcanzar instalaciones en Siberia, a varios miles de kilómetros de la frontera ucraniana. Esa estrategia ha dañado refinerías de petróleo y plantas vinculadas a la producción de armamento, en lo que Kiev describe como un intento de erosionar la capacidad rusa de sostener el esfuerzo de guerra a mediano plazo.

La combinación de presión diplomática, sanciones económicas y ataques directos contra la infraestructura productiva rusa refleja un cambio de énfasis en la estrategia ucraniana, que ya no se limita al frente de batalla sino que busca golpear la base industrial que sostiene la maquinaria bélica del Kremlin. La eficacia real de estas operaciones especiales, sin embargo, dependerá de la capacidad de Kiev y sus aliados para cerrar las rutas de suministro de componentes extranjeros que, según el propio Zelensky, siguen llegando a Rusia pese a años de sanciones internacionales.

La toma de ganancias en Wall Street, donde los índices alcanzaron niveles máximos en las últimas sesiones, dio marco a un resultado negativo para los activos bursátiles argentinos, con un salto del riesgo país a máximos desde junio.

En el plano cambiario, la intervención indirecta del Tesoro y el BCRA a través de la venta de contratos de dólar futuro y también de títulos dollar linked en el mercado secundario, limitaron el avance del dólar mayorista, que tocó la resistencia de los $1.500 y finalizó en un récord nominal. Incluso la semana pasada fue el Tesoro el que intervino con ventas puntuales en el mercado spot con la intención de fijar un hito para el movimiento del dólar.

En el mercado de cambios se operó un importante volumen de USD 692,4 millones en el segmento de contado. El dólar mayorista avanzó tres pesos o 0,2%, a un nuevo récord nominal de cierre de 1.499,50 pesos.

“Con la suba de hoy, la cuarta consecutiva en la semana, el dólar mayorista alcanza nuevos máximos y quedó a un paso de superar los 1.500 pesos por unidad. Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 14,50 pesos, muy por encima de la baja de 12 pesos registrada en la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, afirmó que “en el último tramo de la jornada logró quebrar el equilibrio y avanzar levemente hasta un máximo de $1.500, nivel que volvió a actuar como resistencia y contuvo la suba, para finalmente cerrar en $1.499,50. Todo indica que esta zona se ha convertido en una fuerte resistencia, dificultando por el momento una consolidación por encima de ese nivel”.

El Banco Central compró USD 41 millones en el mercado de cambios, el 5,9% de la oferta, para acumular en las cuatro primeras ruedas de agosto un saldo a favor de USD 95 millones por la intervención.

Las reservas internacionales brutas de la entidad cayeron USD 1.224 millones, a USD 48.835 millones, debido principalmente a un pago efectuado al Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de USD 850 millones, además de un descenso marginal en la cotización de activos, según detallaron fuentes del BCRA a Infobae.

El dólar al público permaneció invariable, a $1.520 para la venta en el Banco Nación, igualmente un récord nominal. El BCRA indicó que en as entidades financieras el dólar minorista promedió $1.518,24 para la venta y $1.467,44 para la compra.

La cotización blue del dólar restó diez pesos o 0,6% y terminó pactada a $1.530 para la venta, después de seis ruedas operativas seguidas con baja. Para la compra, las agencias informales toman al billete verde a 1.510 pesos.

Todos los contratos de dólar futuro concluyeron con alzas en un rango de 0,2% a 0,4%, con un monto operado equivalente a USD 1.441,2 millones, según datos de A3 Mercados. La posición más operada -concentró más de la mitad del volumen- fue la del cierre de agosto, que ganó 5,5 pesos (+0,4%), a 1.517 pesos.

Cayeron las acciones y subió el riesgo país

Las acciones y los bonos de Argentina terminaron negociados con amplias pérdidas, afectados por la volatilidad externa, junto con un tenso ambiente político doméstico, que tuvieron una repercusión directa en las expectativas del mercado.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 1,8%, en los 3.100.731 puntos. Los indicadores de Wall Street descontaron alzas iniciales y cerraron con baja de 0,9% para el Dow Jones de Industriales, y de 0,1% para el panel tecnológico Nasdaq.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- descontaron un fuerte 1,5% en promedio, con caídas de hasta 4%, como el caso del Global 2030 (GD30), mientras que el riesgo país de JP Morgan subió 19 unidades para la Argentina, en los 446 puntos básicos, su nivel más alto desde el 10 de junio.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hubo mayoría de pérdidas. Destacaron Mercado Libre (-5,4% tras presentar balance trimestral), Tenaris (-6,8%) y Globant (-2,9%).

“Tras el rally de inicio de mes que llevó a los principales índices a máximos históricos, las bolsas globales entraron en una fase de consolidación. Los inversores operaron con cautela ante la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU -la tasa a 10 años escaló a 4,67%- y la expectativa por el informe oficial de empleo (Nonfarm Payrolls-NFP o nóminas no agrícolas) que se difundirá este viernes. En el plano corporativo, las empresas de almacenamiento de datos como Sandisk (-4,7%) y Western Digital (-12,2%) sufrieron tomas de ganancias tras sus balances”, precisó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

En el ámbito local, Vlassich atribuyó “un sesgo negativo” a “la cautela internacional”, a la que “se sumó la incertidumbre por la menor liquidez de pesos en el mercado monetario, lo que empujó a la deuda soberana a la baja y llevó al riesgo país a superar la barrera de los 440 puntos básicos”.

Los precios del petróleo subieron nuevamente ya que los inversores se mantenían cautelosos ante el resultado de las conversaciones Irán-Omán y la incertidumbre de si restablecerán el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, mientras que las noticias sobre ataques a petroleros sauditas en el Mar Rojo y el Golfo de Adén reavivaban las tensiones.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en octubre avanzaron 5%, a USD 83,43 el barril. Los futuros del WTI (West Texas Intermediate) estadounidense ganaron 3,9%, a USD 78,12 para septiembre. YPF subió 2,5%, a USD 49,90 la acción en Wall Street, y Vista Energy avanzó 3,5 por ciento.

“El comportamiento de la sesión confirma que los operadores prefirieron aligerar posiciones de riesgo antes del dato crucial de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos”, explicó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants. “La combinación de una resiliencia macroeconómica con la escalada en los precios de los energéticos vuelve a reavivar incertidumbre condicionando el margen de maniobra de los bancos centrales”, agregó.

El Gobierno de Yemen anunció este jueves que tomará represalias contra los rebeldes hutíes luego de una serie de ataques con misiles y drones que provocaron la muerte de al menos 58 soldados, según fuentes médicas. Se trata del golpe más mortífero sufrido por las fuerzas oficiales desde la entrada en vigor de la tregua de 2022, un acuerdo que redujo considerablemente los enfrentamientos a gran escala, aunque nunca puso fin al conflicto.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa yemení aseguró que las Fuerzas Armadas responderán a la ofensiva insurgente. La cartera no precisó cuándo ni cómo se llevará a cabo esa reacción, aunque dejó claro que habrá una contestación militar.

“Nuestras Fuerzas Armadas responderán a estos ataques con misiles y drones en el lugar y el momento apropiados”, señaló el Ministerio de Defensa en su declaración oficial.

La advertencia del gobierno llega después de una jornada marcada por ataques simultáneos contra posiciones militares en distintas zonas del país. Las autoridades consideran que la ofensiva representa una nueva escalada del conflicto interno y un desafío directo al frágil equilibrio alcanzado tras el cese de hostilidades de hace cuatro años.

Los rebeldes hutíes reivindicaron la operación. Su portavoz militar, el general de brigada Yahya Saree, afirmó que los bombardeos estuvieron dirigidos contra concentraciones de tropas respaldadas por Arabia Saudita en el este de Yemen y sostuvo que fueron ejecutados mediante misiles balísticos y drones.

Según Saree, la ofensiva dejó “cientos de mercenarios enemigos saudíes” muertos o heridos y destruyó instalaciones militares, depósitos de armas y vehículos utilizados por las fuerzas gubernamentales. Esa versión, sin embargo, no ha sido confirmada por las autoridades yemeníes.

El dirigente hutí también lanzó una advertencia ante la posibilidad de una respuesta militar del gobierno y sus aliados.

“Llamamos a todo nuestro pueblo a permanecer vigilante y enfrentar cualquier agresión saudí y a atacar las concentraciones de tropas saudíes dondequiera que estén”, declaró Saree.

Mientras tanto, la misión diplomática de Estados Unidos para Yemen expresó sus condolencias por la muerte de los militares y condenó la ofensiva insurgente.

En un mensaje difundido en la red social X, la representación estadounidense afirmó que los ataques hutíes “representan otro ejemplo más de su terrorismo contra el pueblo yemení”, al tiempo que transmitió su solidaridad con las familias de los soldados fallecidos.

La ofensiva insurgente impactó campamentos pertenecientes al ejército del gobierno reconocido internacionalmente en las provincias de Marib y Hadramut, dos zonas estratégicas donde permanecen desplegadas fuerzas leales al Ejecutivo.

Funcionarios yemeníes informaron que los bombardeos causaron al menos 58 muertos y alrededor de 50 heridos. El ejército confirmó públicamente la existencia de bajas entre sus efectivos, pero evitó divulgar un balance oficial de víctimas.

Yemen permanece inmerso en un conflicto desde 2014, cuando los rebeldes hutíes tomaron el control de Saná, la capital del país, obligando al gobierno reconocido internacionalmente a instalarse en el exilio en Arabia Saudí.

Un año después, una coalición militar liderada por Riad intervino para respaldar al gobierno y recuperar los territorios ocupados por los insurgentes. Sin embargo, tras más de una década de enfrentamientos, ninguno de los dos bandos ha logrado imponerse de manera definitiva.

En los últimos meses, los hutíes han intensificado además sus acciones contra Arabia Saudita y el tráfico marítimo en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. El movimiento sostiene que esas operaciones responden al bloqueo aéreo y naval impuesto por el reino saudí sobre Yemen desde 2015, mientras el gobierno y sus aliados las consideran una amenaza para la estabilidad regional.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender la modificación a la Ley de Tierras que el bloque oficialista se vio forzado a retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada horas antes de la sesión del Senado. Lo hizo a través de un tuit en el que enmarcó la iniciativa como una disyuntiva entre dos caminos: “Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad”, escribió.

El mensaje del ministro fue una respuesta directa a una publicación del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien anunció la firma de un acuerdo con la empresa Vicuña por USD 250 millones —un aporte no reembolsable ni compensable— destinado a obras de infraestructura y empleo en la provincia. Sturzenegger felicitó a Orrego y utilizó el convenio como argumento para ilustrar el potencial que, según su postura, habría tenido la reforma que el Senado no llegó a votar.

“Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derrama prosperidad”, escribió el funcionario, en referencia a las modificaciones a esa norma que habilitaron inversiones mineras en San Juan. A continuación trazó un paralelo directo: “Quizás no hay conciencia de que el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país”. La comparación buscaba presentar la resistencia al capítulo eliminado como un error equivalente al que, en su lectura, rodeó en su momento a los cambios en la normativa glaciar.

El capítulo que finalmente quedó fuera del proyecto promovía facilidades para que capitales extranjeros adquirieran tierras en Argentina. La jefa de bancada del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, había anunciado que la propuesta contemplaba permitir que ciudadanos extranjeros adquirieran hasta el 25% de los terrenos por provincia, diez puntos por encima del límite establecido por la regulación vigente. Aun con esa concesión, la iniciativa no reunió los apoyos necesarios.

La decisión de retirar el apartado se tomó el miércoles por la tarde, tras constatar que las gestiones del oficialismo en el Congreso no lograban sumar las adhesiones requeridas para garantizar su aprobación. Ningún gobernador aliado estaba dispuesto a respaldar esa sección ni a asumir el costo político que implicaba habilitar la media sanción. “Tuvimos muy mala suerte. A nivel político, esa parte del proyecto comenzó a ser más inviable con el pasar de las semanas”, admitió ante ese medio una figura de la estrategia comunicacional libertaria.

El capítulo había generado controversia desde su presentación. Su contenido desató manifestaciones en redes sociales y una movilización convocada para la hora de la sesión en las inmediaciones del Congreso. Algunos referentes del oficialismo atribuyeron ese clima adverso a la “oleada nacionalista” que, según su diagnóstico, se intensificó a partir del Mundial, y que habría operado como un factor determinante en el rechazo político al proyecto.

Sturzenegger era el principal impulsor de la iniciativa. El equipo del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado fue el que diseñó el capítulo, y el funcionario venía insistiendo en su aprobación desde comienzos de año. La marcha atrás en la Ley de Tierras se sumó a otros retrocesos que el bloque de La Libertad Avanza debió asumir en el marco del mismo paquete legislativo.

La sesión en el Senado quedó convocada para este jueves desde las 14 horas, luego del cuarto intermedio del mes anterior. El temario que sí se debatirá incluye modificaciones sobre expropiaciones, desalojos y la llamada ley de fuego —impulsada en su momento por Máximo Kirchner—, cuya derogación habilitaría la venta de tierras afectadas por incendios. El acuerdo entre Orrego y Vicuña, que el ministro tomó como ejemplo de lo que la reforma podría haber replicado a escala nacional, fue firmado tras más de un año y medio de gestiones, según indicó el propio gobernador sanjuanino en su publicación.