Mientras la causa gruesa por los contratos truchos legislativos marcha hacia el juicio oral con 18 imputados, la parte II muestra los primeros movimientos, aunque todavía hay cierta incertidumbre sobre su futuro respecto de las responsabilidades políticas del mayor desfalco de las cuentas públicas, según pudo averiguar Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) a través de distintas fuentes judiciales.
Los señalados (por ahora ni siquiera imputados) son las autoridades de ambas Cámaras durante el período investigado: los expresidentes del Senado (exvicegobernadores) José Eduardo Lauritto, José Cáceres y Adán Bahl, y los expresidentes de Diputados, Sergio Urribarri y José Ángel Allende, y el exvicepresidente primero del senado, Aldo Ballestena.
A diferencia de la causa Contratos I, donde se comprobó mediante una enorme cantidad de documentación, testimonios y comunicaciones entre los involucrados, el aceitado esquema de desvío de fondos públicos, en este caso la prueba es la función pública misma de cada sospechado, su potestad sobre el funcionamiento de uno de los poderes del Estado y, en algunos casos, la firma de contratos.
Desde ese punto de partida, y ocho años después de que se descubriera el mecanismo de corrupción, la Fiscalía debe demostrar que las autoridades legislativas tenían participación o, al menos, conocimiento del mismo, o que no podían no saber ni observar cómo millones y millones de pesos del presupuesto de cada Cámara se escurría sin que se encontrara en algún lado su contraprestación.
En segunda instancia, o como premio consuelo, se debería demostrar la imprudencia de estos dirigentes políticos al no controlar lo que sucedía en la administración a su cargo. Si no lo sabían, deberían haberlo hecho.
Para la primera hipótesis, la Fiscalía podrá trazar los vínculos entre las autoridades de las Cámaras con los imputados que serán juzgados próximamente por el desfalco: Aguilera, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lázzaro, Gustavo Hernán Pérez y Sergio Cardoso. Tenían el control total de los fondos públicos en un ámbito institucional verticalista, sin cabos sueltos ni independientes del esquema del poder. La Justicia dirá si esto alcanza o no.
Si hay una causa Contratos II con estos funcionarios y exfuncionarios acusados, es porque en la I no aparecieron indicios directos (mensajes, correos, testigos, transferencias, etc.) que los involucren en aquella maniobra. Se podría decir, por ejemplo, en el caso de Sergio Urribarri, que su cuñado Juan Pablo Aguilera no era un cuentapropista de la mafia. Pero esto tampoco fue suficiente para involucrarlo al exgobernador en la primera parte de la investigación.
Cabe recordar que en la causa Vialidad por la cual se condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los tribunales hicieron una valoración integral de indicios y pruebas documentales, administrativas y contextuales que consideraron convergentes para sostener su rol en la maniobra que durante muchos años favoreció a las empresas de Lázaro Báez. No hubo una prueba directa irrefutable.
El caso Bahl
El primero que se movió en la causa fue Adán Bahl, defendido por el abogado Marcos Rodríguez Allende.
Durante su período como presidente del Senado, entre el 11 de diciembre de 2015 y octubre de 2018, cuando salta el escándalo, apunta que se firmaron en esta Cámara un total de 48 contratos. Según las entrevistas a muchos de estos contratados, habría surgido que 47 eran contratos auténticamente truchos. Pero señala que a todos estos los firmó quien era vicepresidente primero de la Cámara alta, Aldo Ballestena.
El único que firmó Bahl, según sostiene, es de una persona que afirma que trabajaba para él.
En tal situación, Bahl busca sacarse de encima la responsabilidad directa sobre la administración de los contratos y quedará solo a merced de la acusación por la responsabilidad política: que los fiscales demuestren que sabía lo que pasaba a su alrededor, sin un elemento adicional que observar. Y quedará sobre Ballestena la tarea de explicar por qué firmó tantos contratos truchos.
El hombre del PJ de La Paz fue uno de los que visitó a Juan Pablo Aguilera cuando estuvo detenido en la Unidad Penal de Paraná, aunque luego intentó desmentirlo En la investigación surge que entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018 fue a cobrar personalmente al Banco de Entre Ríos un total de 6.970.000 pesos, a través de 445 cheques del Senado. Y varios de sus familiares directos también se vieron favorecidos. Su mujer, Silvia Flores, cobró en ese mismo período 5.800.000 pesos en contratos y su hija Virginia Ballestena, 2.200.000 pesos, publicó Daniel Enz en el libro La Banda de los Contratos.
Ballestena, quien fue presidente del Ente Portuario de La Paz durante la segunda gestión de gobierno de Gustavo Bordet, tiene además una causa en trámite por enriquecimiento ilícito originada tras una publicación de la revista ANÁLISIS en 2018, cuando recién comenzaba a realizarse la pericia contable.
En este marco, Bahl pidió declarar para argumentar esto y eventualmente solicitar el sobreseimiento. No se descarta que de aquí a fin de año se produzca esta primera indagatoria. Pero ni siquiera está formulado el hecho que le imputan a cada uno de esos exfuncionarios, del cual deberían defenderse en esa instancia. La apertura de causa tiene una descripción genérica que orienta la investigación, pero no hay nada concreto. Tampoco hay un juez de Garantías: si sigue Marina Barbagelatta de la causa Contratos I o si se designa otro magistrado o magistrada, lo debería definir la OGA oportunamente.
Los demás acusados, José Cáceres que es defendido por Rodríguez Allende, Urribarri, asistido por Miguel Ángel Cullen, Lauritto y Allende, defendidos por Leopoldo Lambruschini, se mantienen expectantes a esta situación, bajo el mismo postulado: nadie sabía lo que ocurría en las cámaras que presidían.
¿Y la Fiscalía de Estado?
La Fiscalía de Estado de la provincia, a cargo del resguardo y la tutela de los bienes, el patrimonio y los recursos de los entrerrianos, es actor civil en la causa Contratos I. En esta segunda causa de la misma investigación aún no se presentó como tal, pero lo hará luego de los últimos trámites pendientes para que la primera llegue finalmente a juicio. Por ejemplo, este miércoles hubo una audiencia de apelación donde el excamarista Hugo González Elías pidió que se levante el embargo sobre los bienes de la esposa de Jorge De Breuil, María Alejandra Camisassa, por no estar imputada en la causa, tal como publicó ANÁLISIS. Se trata de tres departamentos ubicados en calle Alsina de Paraná. La vocal Carolina Castagno deberá resolver al respecto.
El fiscal de Estado sostiene que esto favorece los tiempos, ya que esperar a que concluya un proceso penal de muchos años para luego comenzar una demanda civil, los plazos para recuperar el dinero se estiran demasiado. Sobre todo es causas de esta complejidad y montos sustraídos al erario público, la idea es aprovechar la investigación penal para luego, con todas las discusiones terminadas en una sentencia, ir a la instancia civil.
