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El Gobierno le restó importancia a la inquietud que dejaron trascender los enviados de Donald Trump en el país sobre el impacto que la ley de soberanía de Malvinas, aún en ciernes, podría tener sobre compañías estadounidenses.

El planteo de la Casa Blanca se hizo explícito ayer por la tarde, en una conferencia en el Palacio San Martín, cuando el número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, dijo ante una consulta: “Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”.

En la Casa Rosada, como única respuesta, destacaron la segunda mitad de la frase, sobre el “respeto al proceso legislativo”. Pero un importante dirigente de la cúpula violeta dio una mirada más amplia, entre risas para restarle relevancia al planteo que transmitió el número dos del secretario de Estado, Marco Rubio. “Dijo lo obvio. Estados Unidos mira los intereses de sus empresas, como cualquier país. Y también dijo que respeta el proceso legislativo argentino. ¿Qué más que eso se pretende?“, sostuvo.

El Gobierno no cree que esté siendo presionado a modificar el proyecto que Milei transformó en uno de sus caballitos de batalla. “La ley de soberanía protege recursos argentinos en Malvinas. Las empresas que quieran operar en la Argentina tienen que cumplir la ley argentina, y fin”, afirmó a este medio un alto dirigente del oficialismo, en reserva.

Poco después de la conferencia de Quirno, Santiago Caputo, autor del proyecto, escribió la sigla “TMAP” —Todo Marcha Acorde al Plan—, en alusión a la publicación con imagen con la que el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró a posteriori su propia reunión con Landau.

Excepto en los encuentros semanales de la mesa política, Santiago Caputo suele trabajar tras bambalinas, pero esta vez también se sumó también a la mesa en la sede de Economía para intercambiar con los delegados de Rubio. “Fue porque es el asesor presidencial”, fue la explicación que dieron en Gobierno. Pero evitaron precisar si se habló allí del asunto Malvinas. “No tenemos información al respecto”, dijeron. Después se tomaron una foto con la comitiva, esta vez sin Quirno.

Además del ministro y del consultor, del encuentro participaron los asistentes de Landau, Juan Pablo Segura -de origen argentino- y William Herter; la asesora Viviana Bovo; el consejero económico Matt Stokes; el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y su par estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas.

El episodio tiene un antecedente inmediato. El 15 de octubre, en la Cuarta Comisión de la ONU, Washington pidió disolver el Comité de Descolonización, el foro donde la Argentina reclama cada año por la soberanía del archipiélago. Como informó Infobae, el vocero Adrián Ravier admitió que la postura nacional estaba en revisión y no descartó cambios en la ley durante el debate parlamentario. En la conferencia de ayer, Landau encuadró la propuesta dentro de una reforma general de Naciones Unidas, mientras que Quirno calificó el reclamo como “innegociable” y sostuvo que la eventual desaparición del foro no afecta la posición argentina sobre la soberanía.

El oficialismo está sobre el borde del asiento con el tema Malvinas desde que lo transformó Malvinas en un tema central para la gestión. Milei buscó llevarlo al tope de la agenda en cadena nacional el jueves 3 de septiembre, con todo el Gabinete y una gran expectativa, y lo presentó como una “causa” nacional y sagrada, convencido de que no habría espacio para los cuestionamientos opositores.

Hace tres semanas, Santiago Caputo envió a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, de su círculo íntimo, a defender en comisión la iniciativa. Pero la firma del dictamen acaba de postergarse otra vez. El plenario de comisiones previsto para el martes fue cancelado, luego de cuatro reuniones sin acuerdo.

La iniciativa, entre otras cosas, reemplaza la ley de 2011 por un esquema más amplio, alcanza a quienes faciliten esas actividades y crea un Consejo de Seguridad Nacional.

Existe consenso en torno a las penalidades para las firmas que exploten recursos en la zona, pero la oposición por ahora sólo está dispuesta a acompañar esa primera parte de la iniciativa. Una de las controversias gira en torno al artículo 111, que contempla hasta 12 años de prisión para quienes impulsen “campañas de desinformación financiadas desde el exterior”, una medida que los opositores leen como una herramienta contra el periodismo. La otra es por el Consejo de Seguridad Nacional, que integrarían el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

En el Gobierno, como planteó Caputo en X, sospechan que el kirchnerismo pretende “meterse” en ese cuerpo que, para el oficialismo, no debería incluir representantes del Congreso. Sí admiten, en cambio, una comisión de seguimiento o, eventualmente, una bicameral. Pero por ahora los opositores duros no dieron el brazo a torcer y las negocaciones siguen.

Hoy será el turno de Javier Milei de recepcionar, en Balcarce 50, a los funcionarios del Departamento de Estado. El encuentro tendrá lugar una semana después de la conversación a distancia que tuvo por medios virtuales, desde Olivos y a poco de su regreso de Washington, con Marco Rubio. En Casa Rosada dicen que no es un problema que su principal aliado internacional -junto a Israel– muestre preocupación frente a uno de los proyectos más ambiciosos que el Presidente, además, decidió transformar en insignia de su administración.

Los mercados tuvieron ayer otro día convulsionado, que ahora se concentró en las acciones de tecnología y especialmente en aquellas que están subidas a la ola de la inteligencia artificial. Como consecuencia, el índice Nasdaq cayó 2,6%, mientras que los inversores buscaron refugio en los bonos norteamericanos para no correr riesgos.

Además, el petróleo subió otro escalón y el barril Brent tocó los USD 113, lo cual también aumento el nerviosismo de los inversores.

El otro dato de la jornada fue que la compra masiva de títulos de Estados Unidos provocó una suba de cotizaciones y por lo tanto una baja de los rendimientos. El bono que se utiliza como referencia, es decir el de diez años, pasó de un día para el otro de rendir 5,1% a 4,94% anual. Hace una semana ese rendimiento tocó el nivel de 5,3 por ciento.

Si bien la baja de los rendimientos luce como algo deseable, en realidad no lo es tanto. Sucede que en este caso el movimiento apareció como una respuesta ante el temor por la salud financiera de las empresas de IA, lo que gatilló compras de activos menos riesgosos, especialmente el bono del Tesoro americano.

La consecuencia de esta baja de tasas fue, paradójicamente, una suba del riesgo país que volvió a superar los 700 puntos básicos. Pero en este caso al menos no hubo caída de bonos locales, sino que el movimiento se explicó sobre todo por un descenso en el nivel de la tasa considerada libre de riesgo como es la norteamericana.

El clima internacional ya en las últimas semanas viene siendo desfavorable para Argentina y afecta al plan financiero que elaboró Luis “Toto” Caputo para 2027. Por lo pronto está el shock petrolero, que a su vez impulsó la inflación en todo el mundo, incluyendo a los países más desarrollados.

Como respuesta, la Reserva Federal subió la tasa de interés y habría un nuevo incremento en diciembre. El viento de frente y la suba del riesgo país retrasan el regreso de Argentina a los mercados financieros internacionales. Y ya en los últimos dos meses el Tesoro decidió tampoco colocar deuda en el mercado local.

Los interrogantes surgen porque para el año próximo el propio ministro de Economía había previsto colocar USD 5.000 millones en AO29. Sin embargo, los aumentos de los rendimientos en dólares provocaron que se suspendan estas colocaciones en los últimos dos meses y parece difícil que se puedan reanudar en 2027, en pleno proceso preelectoral.

Un informe de la consultora LCG advirtió que fuera de las fuentes “seguras” de financiamiento todavía quedaría una brecha de USD 17.000 millones por sobre los vencimientos totales de USD 25.000 millones. “Los recursos potenciales que había preparado el Gobierno ahora están en duda, mayor o menor según el caso”, advirtieron.

Además de las dificultades por conseguir fondos frescos vía el A029, el Gobierno tiene previsto compras de dólares al BCRA (USD 4.900 millones), privatizaciones y “otras fuentes” (USD 3.500 millones), y un saldo remanente del programa financiero de este año, que se estimaba más holgado de lo que está resultando.

“Todos estos recursos están teñidos de dudas, en mayor o menor medida”, agregaron desde LCG. También detallaron que el Tesoro tiene solo USD 1.200 millones en las cuentas del BCRA y aún debe hacer frente a vencimientos por USD 2.100 millones en lo que resta del año. “Parece improbable -agregaron- que queden USD 3.700 millones de saldo remanente para ser utilizado el año que viene”

El mercado descarta la posibilidad de un default por parte del Gobierno en 2027. Y la apuesta es que hará lo imposible para hacer frente al pago de vencimientos de deuda del año próximo. Caputo dio alguna pista de lo que podrían hacer, al adelantar que en caso de que el mercado local continúe cerrado para colocar a tasas razonables entonces podría recurrirse al swap de monedas que existe con China.

La falta de acuerdos para modificar la ley que restringe las reelecciones indefinidas ya empezó a reordenar la política municipal bonaerense. Más de 80 intendentes podrían quedar impedidos de competir por otro mandato en 2027, un escenario que aceleró la búsqueda de sucesores en el peronismo, el PRO y La Libertad Avanza.

La discusión abarca distritos decisivos del conurbano, como La Matanza, Avellaneda, Merlo, Moreno, Quilmes y Tigre, aunque también involucra a municipios del interior y a administraciones que no responden al oficialismo provincial. Junín, Tres de Febrero y Chascomús son ejemplos de que el límite legal atraviesa a distintos espacios políticos y no solo a Fuerza Patria.

El gobernador Axel Kicillof respalda el proyecto presentado por la senadora bonaerense Ayelén Durán, dirigente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), para restablecer las reelecciones sin límite de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. La propuesta busca derogar las restricciones vigentes desde 2016, que permiten una sola reelección consecutiva.

Sin embargo, el expediente no avanzó en la Legislatura. El Frente Renovador sostiene su rechazo a modificar una norma que impulsó junto con la administración de María Eugenia Vidal. La Cámpora pide discutir todo el paquete junto. Estas son vacantes de la Suprema Corte de Justicia, definición de las PASO en provincia de Buenos Aires; además de algunos proyectos de ley propios. Así, la discusión por las reelecciones quedó atada a una negociación mayor: la sucesión de Kicillof, las candidaturas legislativas y la distribución de poder dentro del peronismo bonaerense.

La situación de La Matanza es una de las más relevantes. Fernando Espinoza no tendría habilitada otra postulación bajo el régimen actual y su futuro político se vincula con la carrera por la gobernación. Dentro del MDF, el intendente figura entre quienes buscan posicionarse para la sucesión de Kicillof.

En el municipio más poblado de la provincia, la alternativa de continuidad es Verónica Magario. La vicegobernadora fue intendenta entre 2015 y 2019 y no podría volver a integrar una fórmula para el Ejecutivo bonaerense. Su regreso a La Matanza le permitiría al sector que encabezan Espinoza y Magario retener una estructura central de la Tercera Sección Electoral.

La definición también involucra a La Cámpora, que tiene presencia en el distrito a través del presidente del bloque de diputados bonaerenses de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli. Una eventual disputa entre esos sectores tendría impacto en la discusión provincial, en momentos en que el peronismo todavía no ha resuelto cómo definirá su candidatura a gobernador.

En Avellaneda, Jorge Ferraresi ya ordenó el recambio. Magdalena Sierra, su esposa y exjefa de Gabinete, quedó al frente de la municipalidad y aparece como la candidata prevista para continuar el proyecto local. Ferraresi conserva influencia en el distrito mientras construye su proyección provincial dentro del MDF.

La sucesión, de todos modos, no está cerrada. El senador provincial Emmanuel Santalla, ligado a La Cámpora, y la dirigente massista Mónica Litza podrían intervenir en una competencia que pondría en discusión el control del municipio. El caso expone una tensión que se replica en otros distritos: los intendentes buscan preservar sus estructuras mediante dirigentes propios, mientras los socios de Fuerza Patria intentan disputar lugares que hasta ahora quedaron bajo conducción local. Todo estará atado al acuerdo cerrado en la superestructura.

En Merlo, Gustavo Menéndez deberá definir quién lo sucederá si el proyecto de Durán no prospera. Karina Menéndez, presidenta del Concejo Deliberante y exintendenta interina, es una de las dirigentes anotadas. También tiene aspiraciones Gustavo “Lagarto” Soos, uno de los hombres con mayor peso en la estructura municipal.

En Moreno, la intendenta Mariel Fernández impulsa a Emanuel Fernández, presidente del Concejo Deliberante, como eventual sucesor. La jefa comunal integra la Liga de Intendentes Peronistas y analiza una proyección provincial.

La transición municipal pareciera estar en marcha en Quilmes. Mayra Mendoza asumió como diputada bonaerense y dejó el municipio bajo la administración de Eva Mieri, una de sus dirigentes de mayor confianza. Otro nombre de cercano para Mendoza es Cecilia Soler, actual secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública del distrito. Ambas encabezaron las listas de concejales tanto en 2023 -Mieri- como en 2025 -Soler-.

En Almirante Brown, Mariano Cascallares siguió una estrategia similar. El actual diputado bonaerense dejó a Juan Fabiani al frente de la municipalidad. Fabiani aparece como una opción para encabezar la boleta de 2027, aunque la jefa de Gabinete, Paula Eichel, también reúne volumen político luego de haber liderado la lista de concejales del oficialismo en 2025.

Otro intendente cercano a Kicillof que ya trabaja en su sucesión, pues no tendrá reelección, es Gustavo Barrera de Villa Gesell. En ese esquema, promoverá a Pedro “Lale” Ianuzzi, que actualmente está a cargo del área de Obras Públicas del distrito.

La sucesión en San Vicente combina el límite legal con la interna de Fuerza Patria. Nicolás Mantegazza cumple su segundo mandato consecutivo y no podría buscar la reelección si no cambia la normativa. Dentro del oficialismo local, la jefa de Gabinete, Daniela Lasalle, era hasta ahora la dirigente señalada como posible continuidad del intendente.

En las últimas semanas, el Frente Renovador movió fichas con la postulación del diputado bonaerense Roberto Vázquez, exfuncionario municipal. El armado massista cuenta con respaldo de la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, y de su esposo, el dirigente sindical Carlos Acuña.

La situación no es exclusiva del peronismo. En Junín, Pablo Petrecca no podría volver a ser candidato a intendente. El senador provincial y jefe del bloque PRO tiene aspiraciones de proyectarse en la competencia bonaerense, mientras el municipio es conducido por Juan Fiorini, su cuñado y referente de la continuidad local.

Fiorini evita, por ahora, confirmar una candidatura para 2027. Su presencia al frente del Ejecutivo municipal, sin embargo, lo ubica como una referencia natural del oficialismo. La definición dependerá además de cómo se ordene el PRO bonaerense y de si habrá un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

En Tres de Febrero, Diego Valenzuela tampoco podría aspirar a otro período. El dirigente de La Libertad Avanza fue elegido intendente en 2015, 2019 y 2023, y hoy se encuentra en uso de licencia mientras ocupa una banca en el Senado bonaerense. La conducción administrativa del municipio está en manos de Rodrigo Aybar.

La sucesión tiene, al menos, dos nombres dentro del oficialismo: Aybar y Daniela Reich, esposa de Valenzuela, ex senadora bonaerense y secretaria de Capital Humano municipal. No hay una candidatura formalizada, pero ambos aparecen como opciones para sostener un proyecto que lleva más de una década en el gobierno local. El desenlace también estará condicionado por la estrategia de La Libertad Avanza en la provincia y por sus eventuales acuerdos con el PRO.

En Chascomús, el intendente Javier “Chapa” Gastón tomó una decisión que lo diferencia de la mayoría de los jefes comunales alcanzados por el límite. El dirigente anticipó que no será candidato en 2027 incluso si la Legislatura modifica la normativa y vuelve a permitir reelecciones indefinidas.

Gastón gobierna el distrito desde 2015 y planteó que la continuidad de su espacio debe quedar en manos de nuevos liderazgos. Responde al Frente Renovador.

La demora en la resolución legislativa obliga a los intendentes a preparar alternativas. Jorge Ferraresi propuso que quienes no puedan competir por sus municipios ocupen lugares en las listas de diputados y senadores provinciales, además de aspirar a candidaturas nacionales.

El antecedente más cercano fue la elección bonaerense de 2025, cuando trece intendentes en ejercicio integraron boletas para la Legislatura. En el peronismo, esa experiencia es leída como una muestra de la capacidad de tracción territorial de los jefes comunales.

El proyecto de la senadora axelista Ayelén Durán, sigue sin tratamiento y la falta de consensos reduce el margen para una definición rápida. Si la ley no se modifica antes del cierre de candidaturas de 2027, la provincia atravesará una renovación obligada en decenas de municipios y cada sucesión pondrá en juego algo más que una intendencia: el poder territorial con el que cada sector llegará a la disputa por la gobernación.

La cúpula del peronismo nacional volvió a reunirse este jueves por la noche, con el foco puesto en trazar una estrategia común respecto a las PASO, en tener los temas claves consensuados para tratar de incorporar al Presupuesto 2027y también para analizar los principales puntos de conflicto de la gestión libertaria.

El encuentro fue similar al que tuvo lugar en el Hotel Emperador el 11 de agosto, que fue una primera muestra de que tenían voluntad de trabajar en conjunto pese a las múltiples grietas internas. Hubo dos diferencias. Hubo cambio de sede. Se pasó del hotel porteño a la Casa de La Pampa, ubicada en pleno microcentro. Y se agregó a la mesa el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos.

En el encuentro estuvieron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner; los presidentes de los bloques legislativos Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado); el senador santiagueño Gerardo Zamora, que es el jefe político del oficialismo de Santiago del Estero; el referente del PJ Federal, Juan Manuel Olmos y los gobernadores de la coalición Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Durante la reunión se llevó acabo un análisis sobre situación social, productiva y laboral del país en forma pormenorizada y con la mirada regional de los gobernadores. Allí se le puso especial atención al endeudamiento de las familias y la cantidad de personas que no están llegando a fin de mes. Todos coincidieron en que la situación es “gravísima”. Ese debate específico se dio con un contexto marcado por las palabras del Presidente sobre aquellos a los que no les alcanza el dinero para cerrar el mes.

Durante la reunión también se evaluó la situación de las personas con discapacidad y su financiamiento, a partir del proyecto aprobado ayer en la Cámara de Diputados. En ese orden, se agregó una mirada fina sobre el financiamiento de las universidades y la coincidencia en que hay que mantener el reclamo firme respecto al incumplimiento del Gobierno de la ley sancionada en el Congreso.

Uno de los temas centrales fue la situación de las provincias. La caída de la actividad económica, el financiamiento, el desempleo y el impacto de la política económica libertaria sobre las economías regionales. Los gobernadores resaltaron que, frente al fenómeno del niño, que ha generado una gran preocupación en las zonas productivas, ha existido “ningún acompañamiento del gobierno de Milei”.

Respecto al Presupuesto 2027, que era uno de los temas centrales de la reunión, se definió plantear propuestas concretas desde los bloques legislativos. Entre ellas destacaron la necesidad de mejorar las rutas nacionales, y la construcción de viviendas y de infraestructura social. Es decir, la reactivación de la obra pública.

También se va a proponer garantizar los recursos para las personas con discapacidad y sus prestaciones, como una continuidad del reclamo que viene haciendo la oposición, y hacer cumplir la ley de financiamiento universitario, sancionada durante este año y con un veto presidencial revertido por la mayoría especial como antecedente determinante. Un tercer tema que se pedirá incorporar en la discusión presupuestaria es el envió de recursos económicos por parte del Gobierno para que las provincias puedan afrontar los efectos del fenómeno climático del Niño.

Respecto a la reforma política que impulsa el Gobierno y que tiene como eje central la eliminación de las PASO, los participantes de la reunión mostraron una postura uniforme respecto a la estrategia del Gobierno. Creen que el Presidente solo piensa en reformar las reglas de juego para entorpecer la organización de la oposición. En ese sentido, se mostraron de acuerdo en que deben seguir unificados y haciendo esfuerzos para sostener las PASO.

Como sello final de la reunión, hubo acuerdo en que el peronismo debe mostrar una vocación de unidad y que es fundamental trabajar en la amplitud de la coalición para construir una alternativa política sólida. Fue una forma de dejar de lado, por un tiempo, los mensajes internistas que sobreviven en las redes sociales y en las palabras de muchos dirigentes del peronismo.

El gobierno nacional todavía no ha podido lograr tratar la reforma política en el Senado. “No tienen los votos y por eso no pueden avanzar”, sostuvo un dirigente de mucho peso dentro del armado peronista. La intención del oficialismo es cerrar el año sin las PASO en el escenario electoral. Aunque eso tal vez cueste que no se trate la reforma electoral en su conjunto.

Lo que aún están viendo es cómo logran avanzar, porque hay sectores como el PRO o algunos gobernadores que no avalan su eliminación. Y otros aliados que se inclinan por unas Primarias que no sean obligatorias como opción. El consenso sólido que necesita la Casa Rosada aún no existe. El problema es que el tiempo pasa y cada vez está más cerca el año electoral. Eso genera mayor reticencia en algunos sectores colaboracionistas que no quieren avalar un cambio de reglas de juego tan pegado al inicio del 2027.

En lo que respecto a la postura de Fuerza Patria, la gran mayoría de los integrantes del grupo que se reunió están a favor de conservarlas. Melella es el único que se ha manifestado en contra de sostenerlas. Los demás entienden que, aunque no las tengan en sus provincias, es importante sostenerlas para contribuir al ordenamiento de la fuerza política a nivel nacional.

Entienden que después de varios años de una interna destructiva, la falta de un liderazgo sobre la mayoría de la dirigencia y la necesidad imperiosa de un cambio de ciclo, obligan al peronismo a legitimar su candidato a través de los votos. La mejor forma de hacerlo es con unas PASO, que organiza el estado nacional y que puede llevarse a cabo en todo el país sin mayores inconvenientes.

“Sacar las PASO es lo que lo beneficia a Milei. Después podemos dar cualquier otra discusión. Hay que ver cómo nos armamos para que no puedan manipular el sistema electoral a beneficio de la reelección de Milei”, indicó Kicillof ayer en una entrevista con el canal C5N.

El peronismo intenta organizarse para que el Presidente no pueda imponer las condiciones en la disputa electoral. El Gobierno quiere generarle un problema a la oposición y sabe que si logra sacar del camino las PASO, conseguirá su objetivo. Porque la fragmentación del PJ es tan grande que la eliminación de esa herramienta electoral los obliga a organizar una interna, que muchos ven imposible de lograr, o lograr un consenso amplio para sostener a un nuevo candidato.

El viernes de la semana pasada Sergio Massa visitó a Cristina Kirchner en San José 1111 y habló con ella sobre el futuro de las PASO. La ex presidenta quería saber con exactitud adónde estaba parado el espacio político respecto a su fuerza en el Congreso y que posibilidades tenía el Gobierno de avanzar con el apoyo de los gobernadores aliados. El líder del Frente Renovador, teléfono en mano, monitorea en forma permanente el poroteo legislativo.

Si no hay PASO, la primera opción es tratar de organizar una interna justicialista. Pero, por el momento, aparecen varias trabas que ponen en duda su viabilidad. La financiación, el control, la organización, la logística, los padrones. Si no está bien ordenada, puede terminar siendo contraproducente para el espacio político.

Hasta aquí han existido muchas reuniones bilaterales entre actores de diferentes tribus con el objetivo de encontrar un orden, un punto de acuerdo y una sintonía un poco más fina en el camino a seguir. Con estas mesas de trabajo el peronismo da alguna señal de que existe un piso de consenso pese a estruendosa interna bonaerense. Una gestualidad necesaria para el resto de la dirigencia justicialista, que mira a la distancia lo que considera que puede terminar siendo un cambio de ciclo profundo dentro del PJ.

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, celebró la autorización para concesionar seis hoteles de Chapadmalal y sostuvo que la medida permitirá atraer inversiones y generar empleo. El Gobierno Nacional habilitó el concurso público para que empresas privadas administren esos establecimientos del complejo turístico.

Montenegro presentó la decisión como un cambio frente al deterioro que, según afirmó, afectó durante años a las instalaciones. En su mensaje, planteó que la recuperación del predio debe combinar inversión privada con nuevos usos vinculados con la educación y la salud.

El anuncio contempla además que otros tres hoteles sean destinados a la Universidad Nacional de Mar del Plata para una Residencia Escuela. El Municipio recibió el uso de dos inmuebles para instalar un Centro de Atención Primaria de la Salud.

La autorización fue comunicada por el intendente a través de un tuit, en el que agradeció al Gobierno Nacional por las decisiones sobre el complejo. Montenegro sostuvo que Chapadmalal atravesó un período de abandono y deterioro, y que la convocatoria a concursos abre una etapa distinta para sus edificios.

El jefe comunal resumió su posición con una definición sobre el destino de los bienes estatales: “El patrimonio público se defiende recuperándolo, atrayendo inversión privada, generando trabajo y poniéndolo al servicio de la gente”.

El intendente también vinculó el complejo con un episodio ocurrido en El Marquesado. Afirmó que en esos hoteles fueron alojadas personas que participaron de un intento de toma del barrio, al que describió como una usurpación comandada por Juan Grabois.

La nueva orientación para Chapadmalal incluye tres destinos diferenciados. Los seis hoteles que serán incluidos en el concurso quedarán bajo un esquema de concesión para atraer inversiones; los otros tres se asignarán a la Universidad Nacional de Mar del Plata; y dos inmuebles pasarán a ser utilizados por el Municipio para atención sanitaria. “La diferencia es concreta: edificios abandonados o inversión y trabajo. Inmuebles sin uso o educación y salud”, resumió.

El intendente también vinculó la iniciativa con el desarrollo de Mar del Plata y de la región. Afirmó que la recuperación de Chapadmalal puede transformar el estado actual del complejo en oportunidades para la ciudad, con emprendimientos privados, puestos de trabajo y servicios públicos en parte de sus instalaciones.

La medida recibió el respaldo de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. En otra publicación, el funcionario sostuvo que el Estado no debe asumir tareas que, según su evaluación, el sector privado puede realizar de mejor manera.

“Es exactamente como indica Guillermo Montenegro. El Estado no debe ni puede hacer lo que el privado hará mejor”, escribió Sturzenegger al referirse al anuncio. El ministro sostuvo que un desarrollo adecuado de Chapadmalal tendrá efectos sobre la costa atlántica, aunque no detalló el alcance de las futuras concesiones ni los plazos del concurso público.

El funcionario incluyó en su mensaje a la cuenta del Ministerio de Desregulación y señaló que, dentro de esa dependencia, el equipo de funcionarios sostuvo la idea de que Mar del Plata podía convertir el predio en un polo turístico de calidad internacional.

El concurso autorizado se concentrará en seis hoteles, mientras que el resto de los inmuebles tendrá funciones educativas y sanitarias. Montenegro defendió ese esquema como una forma de preservar el patrimonio público mediante su recuperación y su uso, en lugar de mantener edificios cerrados.

La administración municipal quedó así vinculada a uno de los tres destinos previstos para el complejo: el uso de dos inmuebles como Centro de Atención Primaria de la Salud. La Universidad Nacional de Mar del Plata tendrá a su cargo la utilización de otros tres hoteles para una Residencia Escuela, mientras que la concesión de los seis restantes buscará atraer inversión privada.

Tras más de dos años de gestión, Daniel González renunció este jueves a su cargo como secretario de Coordinación de Energía y Minería, un puesto desde el que articuló las políticas de dos sectores prioritarios para el Gobierno. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, no habrá reemplazos.

González, quien anunció su renuncia en el programa Las Tres Anclas, se había incorporado al Gobierno en agosto de 2024, convocado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para coordinar las áreas de Energía y Minería.

“Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería.¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!“, escribió Caputo en su cuenta oficial de X.

“El agradecido soy yo, al Presidente de la Nación por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en la Argentina. Y a Toto también. De ellos solo he recibido confianza, respeto, afecto y cariño. Lo he disfrutado mucho”, indicó el ahora exfuncionario en el canal de streaming Carajo.

Y continuó: “Es un ciclo que se acaba. Yo no soy una persona con una vocación política ni con mucha exposición. No tengo redes, soy un bicho un poco raro para esto. Creo que pude aportar mi granito de arena en áreas que tenían un potencial, tienen un potencial enorme, pero siempre era por un tiempo limitado”.

Siguiendo esa línea argumental, subrayó que “fueron casi dos años y medio y bueno creo que así como es muy difícil para el que viene del sector privado dar el paso ir al sector público, aunque parezca contradictorio, también es muy difícil irte”.

“Primero, porque sos parte de un proyecto, de una épica. Si uno está es porque lo disfruta y porque está bueno y genera adrenalina. Lo venimos hablando con Toto hace unos meses”, sumó.

“Nos pareció con el ministro que este era un buen momento. Yo se lo planteé hace unos meses y a él no le pareció un bueno momento. Por algo él es ministro y yo no. Tenía razón: teníamos varias iniciativas legislativas dando vueltas y teníamos que sacar la Ley de Zona Fría, la Ley de Combustibles -que ya tiene media sanción-, Super Rigi -que ya tiene media sanción”, enumeró.

Y prosiguió: “Teníamos que presentar el Presupuesto. Se nos venía el Argentina Week en París, con mucha participación de empresas de energía y minería. Estábamos un poco atrasados con los RIGI. Teníamos que acelerar porque nos estaban entrando mucha cantidad de proyectos y queríamos evitar el efecto bola de nieve”.

A juicio de Daniel González, la administración libertaria está “haciendo una transformación muy grande”. “Si no fuera la línea que baja del Presidente hubiera sido imposible, pero que está poniendo a la Argentina en un lugar distinto”, agregó.

Al hacer un repaso de su recorrido por la Secretaría, González aseguró que el sector energético heredado del gobierno anterior “era un desastre”. Bajo su perspectiva, con la Ley Bases se dejó de intervenir y eso “generó confianza en el sector”.

“No descubrimos Vaca Muerta, pero le cambiamos el ritmo porque los proyectos no se hacían. Ahora nos parece natural un RIGI de USD 3.500 millones, pero es fenomenal. Nos corrimos y le permitimos al sector privado florecer. Respondieron enormemente”, afirmó.

En la última jornada de Argentina Week en París, semanas atrás, González estuvo en la Agencia Internacional de Energía (IEA) junto al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; la secretaria de Energía, María Tettamanti, y más de 10 gobernadores.

Su desembarco en el Palacio de Hacienda ocurrió tras su paso por YPF, donde fue director financiero y luego director ejecutivo interino, y por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), entidad que dirigía hasta su llegada a la función pública.

Aunque su designación formal aún no se había publicado en el Boletín Oficial cuando comenzó a trabajar, la Casa Rosada lo presentó como secretario de Recursos Naturales. Desde ese lugar, asumió un papel de articulación entre la Secretaría de Energía y la de Minería.

Según pudo saber Infobae, María Tettamanti continuará al frente de la Secretaría de Energía y Lucero seguirá ocupando el cargo de secretario de Minería.

Antes de ingresar a YPF en 2012, González trabajó para Merrill Lynch y Bank of America en Buenos Aires y Nueva York. Su renuncia se conoce luego de poco más de dos años dentro de la gestión libertaria.