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Más de 330.000 contribuyentes adhirieron al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias desde la entrada en vigencia de la nueva normativa impulsada por la Administración de Recursos de Cargas Argentinas (ARCA).

De acuerdo con el organismo recaudatorio, la cifra refleja la magnitud de la acogida que tuvo la medida entre personas humanas desde que se habilitó el trámite en febrero de 2026.

La implementación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada permitió que, de ese total, 170.115 contribuyentes ya hayan presentado sus respectivas declaraciones juradas, mientras que 99.000 casos permanecen en estado borrador, a la espera de ser completados y presentados.

Según informó ARCA, quienes formalizan su adhesión, presentan la declaración correspondiente y regularizan su saldo obtienen los beneficios previstos por la Ley de Inocencia Fiscal. Entre esos beneficios se encuentran la presunción de exactitud, el denominado “tapón fiscal”, el efecto liberatorio del pago y la reducción de la información a declarar.

La entidad pública detalló que la adhesión al régimen se realiza mediante el servicio “Sistema Registral”, seleccionando la opción “Ganancias PH Simplificada”. Desde la publicación de la Resolución General N° 5820, la entidad observó un crecimiento sostenido en el número de inscriptos, con un marcado aumento durante el último mes.

A la vez, ARCA puso a disposición de los interesados un video tutorial con el paso a paso para completar la adhesión, disponible en la plataforma oficial de la administración tributaria.

Que es el Régimen Simplificado de Ganancias

El Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) introduce modificaciones en la forma de cumplir las obligaciones fiscales para quienes perciben rentas de fuente argentina. Este esquema permite que personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, siempre que sean contribuyentes del Impuesto a las Ganancias y obtengan únicamente ingresos locales, elijan una modalidad de declaración que prescinde de la obligación de informar el patrimonio. Esta alternativa rige para los períodos fiscales que comienzan a partir del 1° de enero de 2025 y apunta a simplificar procedimientos y disminuir la carga administrativa.

El régimen contempla dos dimensiones principales. Por un lado, la declaración jurada simplificada exime al contribuyente de informar patrimonio al inicio o al cierre del período fiscal, así como el monto consumido y las variaciones patrimoniales. Solo exige la declaración de ingresos, gastos y deducciones, sobre la cual el sistema determina el impuesto y se habilita el pago correspondiente. Esta modalidad otorga efectos como presunción de exactitud y el denominado “tapón fiscal” para los cinco períodos fiscales previos aún no prescriptos.

En este contexto, quienes adhieren acceden tanto a la declaración simplificada como al beneficio del tapón fiscal. El régimen permite, además, la utilización de dólares no declarados para adquirir bienes como inmuebles o vehículos, aunque no lo exige como condición.

El tapón fiscal implica que, si el contribuyente utiliza la declaración jurada simplificada y abona el impuesto dentro del plazo previsto —correspondiente al período fiscal base 2025, con vencimientos fijados en junio de 2026—, ARCA no podrá revisar, fiscalizar ni ajustar las declaraciones de Ganancias e IVA de los ejercicios anteriores aún no prescriptos.

La legislación plantea así un cambio de enfoque: se sustituye la presunción de evasión por la presunción de exactitud, de modo que el fisco acepta como válidas y suficientes las declaraciones efectuadas bajo este régimen.

Se prorroga la presentación de Ganancias

El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió aplazar hasta el 27 de agosto la fecha límite para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias para personas humanas del período fiscal 2025, luego de mantener un encuentro con profesionales de ciencias económicas. La fecha de pago se mantiene sin cambios y continuará siendo el 27 de julio.

ARCA precisó que la prórroga solo aplica a la presentación de las declaraciones juradas, mientras que el vencimiento para abonar el saldo de la obligación fiscal permanece inalterado. Desde el organismo señalaron: “La nueva fecha límite será el 27 de agosto de 2026. El ingreso del saldo de la obligación (Pago) se mantiene el 27/07”. Explicaron que la medida tiene como objetivo brindar mayor flexibilidad a quienes deben cumplir con este trámite tributario.

Esta es la segunda ocasión en que ARCA extiende los plazos para la presentación de declaraciones juradas. A fines de mayo, la entidad ya había dispuesto una postergación para el envío de la documentación vinculada tanto al impuesto a las Ganancias como a Bienes Personales e Impuesto Cedular.

La normativa previa había establecido, de manera excepcional, que el plazo de cumplimiento vencía el 27 de julio de 2026 para personas humanas y sucesiones indivisas, alcanzando tanto a inscriptos en el régimen general como a quienes utilizan la Declaración Jurada Simplificada. Además, las declaraciones juradas informativas previstas por las Resoluciones Generales 2.442 y 4.003 podrán presentarse hasta el 31 de julio de 2026.

El organismo recaudador fundamentó esta decisión en los pedidos realizados por entidades profesionales del sector, que solicitaron una prórroga para completar correctamente las declaraciones correspondientes al período fiscal 2025.

En cuanto a los vencimientos de Bienes Personales y el Impuesto Cedular, en principio se mantendrán sin cambios. En otras palabras, los contribuyentes se verán obligados a abonar el saldo y presentar los documentos pertinentes el 27 de julio.

Dos militares estadounidenses murieron y un tercero permanece desaparecido tras un ataque con misiles balísticos y drones atribuido al régimen de Irán contra una base utilizada por fuerzas de Estados Unidos en Jordania.

El ataque, ocurrido ayer, incrementó la tensión en la región y representó las primeras bajas estadounidenses directas en el conflicto desde la ruptura del frágil alto el fuego entre Washington y Teherán la semana pasada.

“El 17 de julio, dos miembros estadounidenses de las Fuerzas Armadas murieron en combate en Jordania mientras el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y sus fuerzas aliadas defendían el territorio jordano de ataques con misiles balísticos y drones iraníes. Además, un militar se encuentra desaparecido en combate”, posteo el Comando en X.

Además, cuatro integrantes del personal militar resultaron heridos y fueron evacuados a hospitales en Jordania, aunque después recibieron el alta médica. Otros soldados, evaluados por lesiones menores, retomaron sus funciones habituales poco después del incidente.

En base a esto, el CENTCOM llevó a cabo una firme decisión con respecto a lo que suceda en el futuro cercano: “Por respeto a las familias, el CENTCOM no divulgará información adicional, incluyendo la identidad de los militares caídos, hasta 24 horas después de que se haya notificado a sus familiares”.

Por su parte, Irán, mediante un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, reivindicó la autoría del ataque. Además, medios locales informaron que el país extendió sus acciones contra instalaciones y tropas estadounidenses en Kuwait e Irak, y que alcanzó sistemas de comunicación militar y depósitos de combustible en Azraq, además de un radar de alerta temprana en la base Ali Al Salem, en Kuwait, y una zona de concentración de tropas en Umm Qasr, Irak.

Según el relato iraní, la ofensiva respondió a recientes bombardeos estadounidenses sobre el sur de Irán y formó parte de la octava oleada de la denominada Operación Nasr 2, que incluyó la participación de fuerzas navales y aeroespaciales.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó públicamente la muerte de los militares estadounidenses a través de un mensaje publicado en la red social X. En ese espacio, despidió a los soldados y expresó que su sacrificio refuerza la determinación de las fuerzas armadas.

“¡Que Dios los acompañe, héroes! Su sacrificio no hace sino fortalecer nuestra determinación”, declaró el ministro.

El objetivo declarado fue reducir la capacidad iraní para amenazar a buques comerciales que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz, donde Irán elevó las restricciones al tránsito marítimo tras acusar a Estados Unidos de incumplir acuerdos previos.

El conflicto, que ya suma casi cinco meses, se cobró la vida de 16 militares estadounidenses desde el inicio de las hostilidades, incluidas las muertes del 1 de marzo en Kuwait y el fallecimiento posterior de un sargento herido en Arabia Saudita. Además, la Marina estadounidense suspendió días atrás la búsqueda de un militar desaparecido tras la caída de un helicóptero en el mar Arábigo, aunque descartó que la emergencia derivara de una acción hostil.

Bajo este contexto, Donald Trump elevó su tono contra Irán y advirtió que la ofensiva militar podría intensificarse pronto si el régimen iraní no vuelve a la mesa de negociaciones. “La próxima semana la situación será muy mala para ellos”, declaró durante una entrevista con Fox News.

Ante eso, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que el memorando de entendimiento vigente con Washington perdió validez tras la reimposición del bloqueo naval estadounidense.

“Un memorando de entendimiento solo tiene sentido cuando sus cláusulas son válidas y se cumplen. Si Irán no obtiene ningún beneficio del acuerdo, no tenemos motivos para respetarlo”, afirmó.

(Con información de EFE)

Más de 500 dirigentes políticos y sociales se reunieron este sábado en la “Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: de Francisco a León XIV en Tiempos de Polarización”, organizada por la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires. En un guiño hacia la Iglesia, el gobernador bonaerense Axel Kicillof pidió por un “diálogo plural” entre distintos sectores políticos.

La actividad, inspirada en el magisterio del papa Francisco y una posible visita de León XIV, exhortó a la “urgencia del diálogo social” y como “antídoto a la polarización”. Así quedó expresado en el documento final, tras una actividad en la que participaron obispos, intendentes, políticos, empresarios, sindicalistas y académicos, entre otros. El texto convoca a poner “a la política como la forma más alta de caridad”, y la importancia de ponerle freno a la polarización.

En un apartado, se menciona a León XIV, quien en su reciente gira de España cuestionó “la cultura del enfrentamiento” y “la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir”. “Esperamos que, de concretarse su visita a nuestro país, León nos ayude a dejar de lado las verdades simplistas para adentrarnos verdaderamente en los complejos problemas sociales que nos aquejan”, señala el mensaje en relación a Robert Prevost.

En ese marco, Kicillof exhortó: “En un contexto de mucha agresión y discursos vacíos, vengo a sumarme a este llamado para un diálogo plural para poner en el centro de nuestras preocupaciones la hermandad, la comunidad y el trabajo por los que más nos necesitan”.

Bajo el lema “De Francisco a León XIV en tiempos de polarización”, el encuentro se realizó en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, institución que brinda atención integral a personas con discapacidad. Entre los ejes de debate estuvieron la dignidad humana frente a la innovación tecnológica, la brecha digital, las nuevas desigualdades, la salud mental, la fragmentación social y la cultura del encuentro.

Durante la apertura, Kicillof subrayó la importancia de “generar espacios de diálogo y reflexión para los diferentes sectores de nuestra comunidad”. “Para nosotros es muy importante compartir este ámbito con quienes todos los días sostienen a nuestras comunidades con esfuerzo y solidaridad, llevando adelante trabajos en situaciones complejas y manteniendo vivo el legado del Papa Francisco”, agregó el mandatario.

“Es fundamental que en la Argentina volvamos a organizar a nuestra sociedad en torno a la producción, al trabajo y al fortalecimiento de los lazos comunitarios”, sostuvo el gobernador.

La jornada contó con la asistencia de la vicegobernadora Verónica Magario, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Mariano Cascallares, y el intendente local, Juan José Fabiani, junto con varios intendentes de la provincia.

Entre los intendentes y jefes políticos del conurbano, asistieron Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi —en uso de licencia—, Ariel Sujarchuk, Alberto Descalzo y Mariel Fernández.

También dijeron “presente” altos funcionarios judiciales como el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Skolar y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, entre muchos otros fiscales y magistrados.

En representación de las universidades, participaron Jaime Perczik (UNAHUR); Jorge Calzoni (UNDAV); representantes de la UNLa; Carlos Greco (San Martín); Pablo Domenichini (UNAB); M. Alejandra Zinni (Quilmes); Carlos Rodríguez (UNIPE) y Walter Panezzi (UNLujan).

También participaron los obispos Carlos José Tissera, Oscar Ojeda, Maximiliano Margni, Juan José Chaparro, Pedro Cannavo y Eduardo García.

Además, estuvieron presentes representantes de la CGT, ATE (estatales), UTEP (trabajadores de la economía popular), y las entidades empresarias FEBA y CAME; el presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti, organizaciones comunitarias, movimientos populares y cooperativas.

“Es una buena noticia que dirigentes de distintos sectores políticos nos acompañemos en este compromiso: necesitamos reconstruir una sociedad que contenga y abrace a todos, priorizando siempre la defensa de los derechos de nuestro pueblo”, sostuvo Kicillof sobre las heterogeneidad de la convocatoria.

Durante la actividad, el ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, resaltó la articulación entre Iglesia, Estado y las organizaciones sociales para enfrentar la situación de crisis. El funcionario sostuvo que el encuentro da continuidad a una reunión mantenida en mayo con el presidente del Episcopado Argentino, Marcelo Colombo, y tiene como objetivo “abrazar, acompañar y hacer menos duro este tiempo para nuestra gente”.

“Queremos que la visita de León XIV renueve ese compromiso y fortalezca a quienes todos los días trabajan por una Argentina con más dignidad, más trabajo y más justicia social”, concluyó Katopodis.

El documento final

Al término de la jornada, el documento esbozó como conclusión un “profundo proceso de polarización” que afecta tanto a la región metropolitana como al país en su conjunto, lo que dificulta la construcción de una identidad común y favorece el predominio de intereses sectoriales. Según el texto, esta situación ha generado “una sociedad fragmentada y dividida”.

Ante este escenario, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que depende de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), planteó que es necesario “poner a la política como la forma más alta de caridad”, en línea con las enseñanzas del papa Francisco, y recuperar su función de servicio del bien común en lugar de responder a grupos de poder”. Se cita la encíclica Fratelli Tutti, que advierte: “la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia”. Y alerta que “el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos”.

Como conclusión, el documento reafirma “la urgencia del diálogo social como herramienta para encontrar soluciones compartidas y como antídoto a la polarización”, y llama a construir un proyecto provincial y nacional que apunte a la justicia social en el área metropolitana.

“Que el poder escucharnos, el compartir reflexiones y saberes, el debate fecundo y la necesidad de organizar la esperanza nos impulsen a dejar de lado la politiquería barata, alejada muchas veces de las necesidades reales de nuestro pueblo, y nos permitan construir vínculos que nos hagan ‘poner la patria al hombro’“, concluyen en el texto.

El sector bancario continúa ajustando sus salarios de manera mensual, en el marco de un esquema paritario que busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector frente a la evolución de los precios. Este mecanismo, vigente desde hace varios meses, se sostiene a partir de acuerdos periódicos entre el sindicato que representa a los empleados bancarios y las cámaras que agrupan a las entidades empleadoras.

En ese contexto, la Asociación Bancaria informó el nuevo incremento correspondiente a junio de 2026. Según el comunicado difundido por el gremio que conduce Sergio Palazzo, el aumento pactado con las cámaras empresariales fue del 1,9 por ciento para ese mes, lo que coincide con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El acuerdo alcanzado entre las partes fijó los montos iniciales que regirán los sueldos del sector a partir de esa actualización. La medida alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye los adicionales convencionales y los no convencionales.

Cuál es el salario inicial

Con el incremento de junio ya aplicado, el salario inicial para un empleado bancario quedó establecido en 2.412.128,22 pesos. A ese monto se le suma un plus por participación en las ganancias (ROE) de $69.727,10, lo que eleva el ingreso total a 2.481.855,32 pesos.

De esta manera, el ingreso de un trabajador bancario que se incorpora al sector combina dos componentes: el salario básico inicial y el adicional vinculado a la participación en las utilidades de las entidades. La suma de ambos conceptos determina el monto final que percibe el empleado.

Por otro lado, en junio, los trabajadores del sector financiero recibieron el bono correspondiente al Día del Bancario, que quedó establecido en 2.150.328,87 pesos. Este valor, según indicó el propio gremio, estará sujeto a corrección en las próximas actualizaciones salariales que se acuerden entre las partes.

Este monto se calcula de manera diferenciada respecto del salario inicial, ya que responde a un concepto específico dentro del esquema de remuneraciones del sector y no debe confundirse con el sueldo básico ni con el ingreso total que percibe un trabajador bancario.

Sumando el salario, más el bono especial, los trabajadores bancarios cobraron un mínimo de $4.632.184,19 en junio. Claro está, que el adicional por el Día del Bancario es un monto excepcional, que se paga una sola vez al año.

A la par de la inflación

De acuerdo con lo informado por la Asociación Bancaria, la actualización de junio se suma a los aumentos ya otorgados en los meses previos. En conjunto, estos incrementos acumulan una mejora del 16,8 por ciento sobre los salarios que regían en diciembre de 2025.

Este porcentaje acumulado refleja la sumatoria de los ajustes mensuales pactados entre el sindicato y las cámaras empresariales a lo largo del primer semestre del año. De hecho, el propio comunicado del gremio remarca que la actualización de junio se enmarca dentro de ese mismo esquema aplicado mes a mes desde comienzos de 2026.

Un dato a destacar, es que las actualizaciones periódicas le han permitido al gremio mantener el poder adquisitivo de los empleados, ya que la inflación acumulada del primer semestre fue también de 16,8%, según el Indec.

Los próximos pasos de la negociación paritaria

Las partes acordaron sostener durante julio y agosto de 2026 el mismo mecanismo de actualización salarial y el mismo alcance que rigió en los acuerdos previos. Esto implica que, durante esos dos meses, los sueldos del sector bancario seguirán ajustándose siguiendo el IPC.

Asimismo, el sindicato y las cámaras empresariales se comprometieron a retomar la negociación paritaria en la segunda quincena de septiembre de 2026, instancia en la que definirán los términos de futuras actualizaciones salariales para el sector.

Desde la Asociación Bancaria remarcaron que este esquema de actualizaciones mensuales tiene como objetivo que los trabajadores del sector continúen resguardando el poder adquisitivo de sus salarios frente a la evolución de los precios de la economía.

El presidente húngaro Tamás Sulyok firmó una ley que implica su destitución este lunes, tras una semana de intensas presiones políticas y en medio de un escenario institucional marcado por el cambio de poder en Hungría.

“Tras una cuidadosa consideración de mis posibilidades legales y de mi conciencia, cumplo con mi obligación conforme a la Ley Fundamental. Mi firma es el sello definitivo de mis obligaciones como presidente de la República”, declaró el jefe del Estado en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook.

Tamás Sulyok, quien asumió la presidencia a principios de 2024, estampó su firma en la enmienda constitucional que obliga a cesar en su cargo y que fue impulsada y aprobada con mayoría absoluta por el nuevo oficialismo, bajo el liderazgo de Péter Magyar, vencedor de las últimas elecciones parlamentarias.

La enmienda constitucional dispuso que, a partir del lunes, la presidenta del Parlamento, Agnes Forsthoffer, asumirá el cargo de manera interina, mientras la cámara cuenta con un plazo máximo de 30 días para designar al nuevo jefe de Estado. La reforma justificó la medida en la “pérdida de confianza social” hacia un presidente elegido por el anterior bloque parlamentario.

La reforma, votada en el Parlamento con una ovación de pie por parte de los diputados del partido Tisza, representó el desenlace más dramático de la transición política que siguió a la derrota electoral de Viktor Orbán tras dieciséis años de gobierno. Sulyok, a quien los nuevos legisladores consideraron un aliado de la administración anterior y un obstáculo para la reorganización institucional, firmó la enmienda en el límite del plazo legal para evitar un conflicto constitucional y un posible proceso de destitución.

El propio Sulyok, en un mensaje grabado, reconoció que la firma constituía su deber formal, pero advirtió que la iniciativa supone una herida profunda para la democracia constitucional húngara, al desplazar de forma abrupta a una autoridad electa y sentar un precedente negativo sobre la separación de poderes.

La interinidad de Forsthoffer podría extenderse hasta la entrada en vigor de una nueva Constitución o, en su defecto, hasta por cinco años.

La reforma incluyó un límite de 12 años para los mandatos parlamentarios y una edad máxima de 70 años para los jueces del Tribunal Constitucional, lo que provocará el retiro inmediato del presidente de la corte, Peter Polt, otro funcionario vinculado a Orbán. Estas medidas formaron parte del programa del partido Tisza para desmontar las estructuras de poder construidas por el Fidesz y recuperar el control de instituciones estatales que, según los nuevos legisladores, quedaron cooptadas por intereses partidarios.

Péter Magyar, primer ministro y arquitecto de la reforma, defendió la urgencia de la medida como una respuesta necesaria para restaurar la confianza en las instituciones, limitar el poder personal y asegurar que el Estado represente verdaderamente a los ciudadanos. Magyar celebró la aprobación de la enmienda con un mensaje en redes sociales donde sostuvo que Hungría recupera la certeza de que el poder puede ser controlado y los recursos públicos protegidos.

El desplazamiento de Sulyok, el retiro forzado de jueces y la limitación de mandatos parlamentarios fueron interpretados por el nuevo gobierno como pasos fundamentales para romper con el modelo de concentración institucional heredado.

Desde la restauración democrática de 1989 hasta 2010, Hungría funcionó bajo reglas democráticas, pero desde la llegada de Fidesz, el sistema sufrió una transformación profunda con el copamiento de cargos clave y la erosión de contrapesos. Ahora, el oficialismo intentó desmontar ese andamiaje a través de reformas legales de amplio alcance.

(Con información de EFE)

Según los últimos datos del Banco Central de la República Argentina, en la primera semana de julio de 2026 subieron los saldos de depósitos del sector privado en cajas de ahorro y plazos fijos, tras una baja real de las imposiciones a más de 30 días durante junio.

El dato del último mes estuvo en el segmento en moneda extranjera: los depósitos privados en dólares aumentaron USD 503 millones y terminaron en USD 39.347 millones, principalmente por el pago de capital e intereses del Bopreal por USD 1.028 millones. Parte de esos fondos se retiró durante el mes, pero el saldo final quedó por encima del nivel previo, y actualmente se aproximan a USD 41.000 millones.

Según el Informe Monetario Mensual del Banco Central de la República Argentina, publicado el 7 de julio, junio combinó estacionalidad en la demanda de dinero, movimientos del Tesoro y cambios heterogéneos dentro del sistema financiero. Ese cuadro explicó tanto la presión temporaria sobre las tasas de interés cortas como la recomposición posterior de la liquidez.

La Base Monetaria se redujo 1,2% real desestacionalizado en junio y acumuló diez meses seguidos de caída. En términos del producto bruto interno, se ubicó en 3,9%, por debajo del registro de junio de 2025. En valores nominales, la base aumentó $3,7 billones. El principal impulso provino de operaciones del Tesoro Nacional, que utilizó fondos de su cuenta en pesos en el BCRA para atender vencimientos de deuda pública.

También influyó la compra neta de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina, que adquirió USD 1.418 millones durante el mes. Parte de esa expansión se esterilizó mediante Operaciones de Mercado Abierto y repos, los instrumentos habituales para administrar la liquidez.

Las tasas de corto plazo subieron al final del mes y luego bajaron

El mercado monetario registró hacia el cierre de junio un episodio de tensión que elevó de manera transitoria las tasas de interés de corto plazo. Tras la última licitación del Tesoro, la liquidez se normalizó y las tasas regresaron a niveles similares a los previos.

Entre las referencias del mes, la caución bursátil cerró en 18,4% nominal anual y las cuentas remuneradas de prestadoras de servicios financieros, en 13%. El plazo fijo mayorista TM20 terminó en 22,7% nominal anual y el plazo fijo para personas humanas, en 19,2 por ciento.

El punto central para los ahorristas fue que las tasas de interés de los plazos fijos mostraron menos volatilidad que las tasas cortas y terminaron junio en valores parecidos a los de mayo.

Ya en la primera semana de julio, el relevamiento del Banco Central mostró una baja leve del promedio general de las tasas de depósitos, de 21,61% a 21,29% nominal anual. Ese movimiento fue desigual entre segmentos:

• plazo fijo para personas humanas pasó de 19,2% a 19,27%;
• prestadoras de servicios financieros bajó de 22,53% a 22,12%;
• otras personas jurídicas, de 21,86% a 21,22%;
• Tamar (activa) de bancos privados, de 22,69% a 21,94%;
• Badlar (pasiva) de bancos privados se mantuvo en 23,13%;
• plazos fijos en dólares descendieron de 1,62% a 1,54% para personas humanas y de 1,42% a 1,37% para personas jurídicas.

El arranque de julio mostró un cambio en la composición de las colocaciones. El relevamiento oficial indicó menores saldos en depósitos a la vista y un aumento de los fondos en caja de ahorro y en plazos fijos, con mayor impulso de las colocaciones a tasa de interés que de las ajustables por cláusula CER.

La demanda de dinero desde el inicio del gobierno de Milei

En el último mes completo del gobierno de Alberto Fernández, los depósitos en pesos del sector privado no financiero representaban 12% del PBI y se desagregaban en imposiciones a la vista por el equivalente de 6,4% del PBI: 4,2% del PBI en colocaciones no remuneradas (transaccionales) y 2,2% del PBI remuneradas. Superaban al total de saldos a plazo fijo, que totalizaban 5,5% del PBI, según los informes mensuales del Banco Central de la República Argentina: 5,4% del PBI constituidos a tasa de interés y 0,1% del PBI ajustables por inflación o cláusula dólar.

Transcurridos casi más de 31 meses de la presidencia de Javier Milei, la demanda de pesos cayó a 10,8% del PBI, por la disminución de los depósitos a la vista, tanto los transaccionales (se redujeron a 3,4% del PBI) como los remunerados (descendieron a 1,2% del PBI). Las colocaciones a plazo, por el contrario, aumentaron a 6% del PBI.

En el actual Gobierno, los depósitos en dólares en bancos se elevaron del heredado 2% del PBI a 5,3% del PBI, con crecimientos en los parciales a la vista de 1,6% del PBI a 3,8% del PBI y, en términos relativos, más a plazo: de 0,4% del PBI a 1,5% del PBI.

En este período de gobierno, la tasa de interés promedio de los depósitos a plazo fijo se redujo de 251,7% nominal anual a 18,6% TNA.

El último Informe Monetario del BCRA destacó: “En un mes en que la demanda de dinero es estacionalmente elevada, los medios de pagos tradicionales, medidos a través del M2 privado transaccional, registraron un aumento de 3,2% en términos reales. Ajustando por estacionalidad, la expansión mensual fue de 0,2%, con un comportamiento heterogéneo por componente: mientras que el circulante en poder del público se expandió por segundo mes consecutivo, los depósitos a la vista transaccionales se contrajeron”.

En términos del PBI, el circulante en pesos en poder del público se redujo a 2,3% desde 2,4% de un año antes, pero aumentó una décima de punto porcentual respecto de la relación que registró en noviembre de 2023.

El segmento dolarizado fuera del sistema bancario que el Indec estimó para marzo de 2026 en USD 268.808 millones, representativo del 36,2% del PBI, fue el que más se contrajo en términos relativos: era 37,8% del PBI en el último trimestre de 2023 y 37% del PBI en junio del año pasado.

Así, la demanda agregada de dinero del sector privado en el segmento en moneda nacional (circulante en poder del público más depósitos a la vista y a plazo) fue en junio de 2026 equivalente a 13,1% del PBI; fue inferior en una décima de punto porcentual (pp) a la de un año antes y en 1,1 pp a la estimada al final del gobierno de Alberto Fernández.

Por el contrario, la demanda agregada de dinero en el tramo dolarizado, tanto en el sistema bancario como en poder del público, aumentó desde 39,8% del PBI a fines de 2023 a 41,3% en junio de 2025 y a 41,5% en la actualidad.

De este modo, en el gobierno de La Libertad Avanza, la demanda de dinero agregada, en pesos y dólares, aumentó de 54% del PBI a 54,6% del PBI, con mayor participación de la franja dolarizada en el sistema bancario y menor participación del resto de los componentes.

El programa financiero presentado por el Ministerio de Economía, que buscó responder a las inquietudes de inversores y tenedores de bonos de la Argentina y allanar el camino para reducir el riesgo país, generó reacciones positivas en el mercado y entre analistas privados, pero también dejó aspectos sin resolver.

Al respecto, un informe de la consultora Quantum señaló que la hoja de ruta presentada por el ministro Luis Caputo presenta ciertas incógnitas para 2027. Por ejemplo, al contabilizar los vencimientos en divisas del año próximo, se omiten USD 5.300 millones en Bopreales, que si bien debe afrontar el Banco Central y no el Tesoro, afectan la ecuación de financiamiento conjunto. Otros aspectos no considerados son posibles contingencias por fallos judiciales adversos y la evolución de la base monetaria y la “esterilización” de los pesos que sea necesario emitir para adquirir los dólares requeridos.

Detalles de pagos al FMI y a otros organismos

Según el análisis de Quantum, el programa oficial implica que en 2027 el gobierno de Milei reducirá en cerca de 10% el pasivo con el FMI, el mayor acreedor del Estado argentino. La deuda con el FMI, según datos del organismo al 17 de julio, es de 42.252 millones de Derechos Especiales de Giro (DEGs), equivalentes a USD 59.153 millones. El informe anticipa que en 2027 Argentina recibirá un último desembolso de USD 1.700 millones del FMI, pero pagará USD 4.400 millones en concepto de capital y USD 3.100 millones en intereses. Por lo tanto, la diferencia de USD 5.700 millones reducirá en 9,8% el pasivo con el Fondo, del que Argentina es el principal deudor, con el 34% de la cartera.

Con el resto de los organismos internacionales (principalmente Banco Mundial y BID), los vencimientos de capital e intereses suman USD 4.900 millones y la previsión es una reducción neta de USD 700 millones, aunque según Quantum existen mayores posibilidades de ampliar el crédito si la situación financiera lo requiere.

El informe se centra en vencimientos de USD 24.900 millones en divisas para 2027 (equivalentes al 3,5% del PBI), incluidos capital por USD 15.700 millones e intereses por USD 9.200 millones. El análisis excluye las necesidades en pesos, que se asume serán cubiertas con renovaciones en el mercado local. A fines de junio de este año, los vencimientos anuales en pesos ascienden al 12% del PBI.

Respecto a los vencimientos en divisas, Quantum destaca que los datos del programa no contemplan los USD 5.300 millones en Bopreales, responsabilidad del BCRA, que forman parte de las divisas necesarias para cubrir los pagos de 2027. Además, señala la importancia de considerar posibles pagos por sentencias judiciales y el manejo monetario relacionado con la adquisición de divisas.

Consideraciones adicionales y perspectivas

Quantum destaca como relevante que el gobierno no prevé emitir deuda en el mercado internacional, aspecto que generó debate recientemente.

El informe presenta cinco “consideraciones clave”:

1. El Gobierno estima finalizar 2026 con un saldo de caja de USD 3.700 millones, apoyado en acuerdos con acreedores, renovación de repos con bancos por USD 6.000 millones y nuevos préstamos por USD 3.200 millones garantizados por el BID y el Banco Mundial.
2. Se emitirían títulos de deuda en moneda extranjera en el mercado local por USD 5.000 millones en 2027 (y USD 6.000 millones en 2026), con la intención de renovar el 100% de los bonos con vencimiento en 2027.
3. El Tesoro prevé comprar al BCRA USD 4.900 millones con pesos provenientes del superávit financiero, emisiones de deuda en pesos y transferencias de utilidades del BCRA.
4. Respecto al FMI, se afrontarían vencimientos por USD 5.800 millones (USD 7.500 millones en pagos de capital e intereses, menos USD 1.700 millones de desembolsos), reduciendo la exposición al FMI, aunque en menor medida de la deseada.
5. Se estiman ingresos por privatizaciones de USD 1.500 millones, a partir de la venta de activos de empresas públicas, principalmente del sector energético, ferroviario y de aguas.

En conclusión, Quantum considera que el programa financiero oficial representa un avance en términos de claridad y si bien persisten dudas estas “se irán resolviendo en la práctica” y el programa “luce factible”. Una de las claves, insiste, será articular el programa monetario y los roles del BCRA y el Tesoro “para garantizar el acceso a las fuentes de financiamiento y avanzar en la estabilización económica”.