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Nuevo capítulo para la densa novela de la ley de propiedad privada en el Senado: el oficialismo deslizó a la oposición dialoguista un nuevo borrador que bloqueará la venta de tierra a extranjeros sin límite y que ahora propone elevar el tope vigente, de 15%, hasta un 25%. Más allá de la voltereta olímpica -tras semanas de insistencia con algo muy distinto-, lo curioso de las últimas horas es que varios aliados consultados por Infobae no saben si la propuesta que promocionó la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, cuenta con el guiño final de la Nación y le reclaman “claridad”. Durante la tarde de hoy, la porteña intentará saldar el asunto con una conferencia de prensa.

“No puede ser que nadie dé la cara”, se lamentaron desde una oficina con votos trascendentales. En otra, la alarma fue mayor: “Llaman a colegas para ver si está el apoyo a lo anterior y no a lo nuevo. Raro”. Por eso es que, si bien varios legisladores vieron en un archivo el pase del 15% a 25%, ninguno percibió con seguridad que la Casa Rosada estuviera 100% de acuerdo en este punto, que cambia por completo el objetivo inicial del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. De hecho, durante julio, la sesión pasó a cuarto intermedio -hasta pasado mañana- por desavenencias entre el Ejecutivo y su propia bancada.

“Hace más de un mes que le sugirieron a Bullrich que explicara bien todo con los presidentes de Asuntos Constitucionales y Legislación General -los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, que llevaron adelante el debate- y ni aparecieron. Ahora hay más de 16 borradores, una marcha convocada para el jueves sin saber cuán compleja será y la idea ya instalada de que se quiere regalar el país a extranjeros. Una irresponsabilidad total”, sentenció un experimentado senador a este medio.

Es importante recordar que fueron varios los gobernadores que exigieron “federalismo” y que el quite de límites para la venta de tierras quede en sus manos. No obstante, cuando germinaron las críticas, nadie miró hacia los distritos, sino a la Nación. Con el reciente borrador -y que ratifica a los anteriores, en este punto-, los mandatarios locales o las respectivas legislaturas -en caso de empujar un debate parlamentario focalizado- serán quienes podrán determinar, en caso de que avance hasta el 25%, los límites de esa porción de la torta. Lo insólito es que, hasta anoche, persistían quejas para reforzar normas ya vigentes sobre autonomías, ambiente y fronteras. Afloran colores diversos en distintos párrafos del articulado y a nada menos que 48 horas del día “D”.

El proyecto en cuestión quedó entrampado en este capítulo, aunque la iniciativa también contempla modificaciones relacionadas con expropiaciones, desalojos veloces por falta de pago y el adiós al bloqueo -por décadas- que impone para tierras la actual ley sobre manejo del fuego que fomentó en el pasado Máximo Kirchner. Sobre el último punto también hay divergencias en un puñado de aliados.

A la espera de la centralidad que acaparará Bullrich -desde las 16-, la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario riojano, Juan Carlos Pagotto, se reunirá dos horas antes para activar una audiencia pública y oír las exposiciones de 12 postulantes a cargos judiciales. La Casa Rosada ya logró la aprobación de decenas de candidaturas, junto a los complejos ascensos diplomáticos que frenaban la carrera en Cancillería y varias subas de grado en militares.

En tanto, para mañana se aguarda el comienzo de la discusión del Súper RIGI que ata, siempre según la visión del Ejecutivo, eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera. Las encargadas de llevar el trámite son las comisiones de Presupuesto y Hacienda -cabecera-; Economía Nacional; y Legislación General. La primera y la tercera son manejadas por los mileístas Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires) y Márquez, respectivamente, mientras que la segunda es por el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones).

La flexibilización del cepo cambiario de abril de 2025 le permitió a las empresas girar dividendos que se fueran generando desde inicios de ese año. Aquella decisión, que en la práctica permitió un mayor acceso al mercado cambiario para las personas jurídicas, empezó a impactar con más fuerza recientemente.

Según se desprende del balance cambiario divulgado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las empresas giraron al exterior un total de USD 1.015 millones al exterior solo en junio. Se trató de una cifra récord que no se registraba desde el 2010 y en lo que va del año la cifra supera los 2.600 millones de dólares.

Los sectores que lideraron en junio ese giro de utilidades y dividendos a sus casas matrices fueron Energía (por un total de USD 165 millones), alimentos, bebidas y tabaco (USD 135 millones), minería (USD 125 millones) y entidades financieras” (USD 112 millones).

En buena medida los dólares se obtienen directamente en el mercado cambiario oficial. Eso significa que para el giro de utilidades las empresas no tienen que acudir a otros mecanismos como la compraventa de bonos argentinos para acceder al contado con liquidación.

Esa mayor demanda de dólares es lo que en buena medida estaría explicando la suba del tipo de cambio oficial de junio, cuando subió más de 5%, pasando de $ 1.430 a 1.500 pesos. En julio la suba fue casi imperceptible, finalizando 1.520 pesos.

El año pasado las empresas habían quedado habilitadas acceder al mercado oficial de cambios para girar dividendos a accionistas no residentes, pero únicamente respecto de utilidades correspondientes a ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2025.

Para los dividendos correspondientes a ganancias de ejercicios anteriores que no quedaron liberados automáticamente, el Gobierno mantuvo mecanismos específicos, como la posibilidad de utilizar bonos BOPREAL para canalizar esas obligaciones.

Esta modificación fue considerada uno de los cambios más relevantes del relajamiento del cepo porque resolvió una de las principales preocupaciones de las empresas multinacionales que operaban en Argentina: la imposibilidad de repatriar utilidades generadas bajo el nuevo régimen.

Otro de los datos destacados del balance cambiario es que la compra de dólares por parte del público llegó a poco más de USD 2.000 millones en junio. De ese monto, USD 800 millones quedaron depositados en los bancos, es decir alrededor del 40% del total.

Los compradores fueron 1,5 millones de personas, una cifra que se mantiene relativamente estable en lo que va del año. Y el acumulado del primer semestre arroja USD 13.500 millones adquiridos para atesoramiento. Esta cifra no impidió, sin embargo, que el Central compre alrededor de USD 11.300 millones ese primer semestre, cifra que aumentó en cerca de USD 2.000 millones adicionales en julio.

Desde la consultora LCG destacaron que la cuenta corriente cambiaria arrojó superávit en junio de USD 857 millones y lo hizo por tercer mes consecutivo. “Aun cuando en la segunda mitad del año la estacionalidad (cada vez menor) de las exportaciones podría volver más modesto el resultado de la cuenta corriente, esperamos que el año cierre con un superávit menor, en torno a 0,1% del PBI”, explicaron. “La posibilidad de las empresas de remitir utilidades y dividendos y el rojo por servicios (básicamente turismo) seguirán siendo los factores que pongan un límite a la mejora”, sumaron los analistas.

Una de las principales incógnitas para los próximos meses es a qué ritmo podrá comprar dólares el Central, pero se estima que será un volumen sustancialmente menor. Ayer, en el arranque del mes fueron solo USD 18 millones, mientras que las reservas brutas llegaron a 49.376 millones de dólares.

Un proyectil de origen desconocido impactó contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz durante la madrugada del martes, en medio de la incertidumbre por la seguridad de la navegación y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya existen negociaciones con Irán para intentar poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero.

La agencia marítima británica UKMTO informó que el incidente ocurrió a unos 37 kilómetros al noreste de la ciudad omaní de Al Khasab y precisó que el carguero notificó que fue “alcanzado por un proyectil desconocido”.

La UKMTO no identificó al buque afectado ni informó sobre posibles heridos o daños materiales. En un comunicado difundido a través de la red social X, el organismo reiteró que un buque mercante recibió el impacto de un proyectil frente a las costas de Omán, aunque evitó atribuir el episodio a algún actor.

El incidente ocurrió en una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas. El estrecho de Ormuz recuperó protagonismo desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, con amenazas recurrentes contra la navegación comercial e interrupciones del tránsito marítimo.

Pocas horas antes del ataque, Trump afirmó que Washington mantiene contactos con Teherán para intentar alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto. “Las conversaciones están en marcha en este momento”, declaró el mandatario ante periodistas.

El presidente estadounidense sostuvo que el diálogo representa “la última oportunidad que tienen para firmar un buen acuerdo” y expresó su expectativa de que las negociaciones permitan restablecer la navegación por el estrecho de Ormuz y abordar las preocupaciones de Washington sobre el programa nuclear iraní.

“La primera fase es la apertura del estrecho. La segunda será la desnuclearización. Y eso llevará algo de tiempo”, afirmó Trump al explicar los objetivos que, según su versión, forman parte de las conversaciones.

El mandatario también reveló que durante el fin de semana decidió cancelar una operación militar de gran escala que ya estaba preparada. Según explicó, el plan contemplaba “el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial”, aunque finalmente optó por suspenderlo para abrir un nuevo espacio para la diplomacia.

Trump señaló que tomó esa decisión después de mantener conversaciones con aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, entre ellos el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, además de autoridades de Qatar y Emiratos Árabes Unidos. También afirmó que funcionarios iraníes solicitaron más tiempo para avanzar con las gestiones diplomáticas antes de nuevos bombardeos.

Pese a la suspensión de esa ofensiva, el presidente dejó en claro que considera limitado el margen para alcanzar un entendimiento con Teherán. “Quiero darles hasta la última oportunidad antes de decapitarlos”, declaró. Luego agregó: “Espero que entren en razón”.

Horas antes de esas declaraciones, Trump cuestionó públicamente la posición iraní en un mensaje publicado en redes sociales, donde calificó al régimen de Teherán como “increíblemente engañoso”.

La reacción del mandatario llegó después de que Irán sostuviera que las reuniones mantenidas con Omán se limitaron a analizar la creación de una ruta temporal para garantizar la navegación segura por el estrecho de Ormuz y no incluyeron conversaciones sobre el programa nuclear.

Trump rechazó esa versión y aseguró que los contactos abarcan cuestiones mucho más amplias. “Irán quiera admitirlo o no, en realidad sí estamos negociando”, afirmó.

Desde Teherán, sin embargo, las autoridades desmintieron la existencia de negociaciones con Washington. Según informó la agencia semioficial Tasnim, el gobierno iraní negó que existan diálogos con Estados Unidos, en contradicción con las declaraciones formuladas por el presidente estadounidense.

(Con información de AFP)

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, llamó a la comunidad internacional a resistir de forma colectiva la expansión autoritaria del régimen chino y a defender la democracia global durante el décimo aniversario del Foro Ketagalan, celebrado en Taipéi. En su discurso ante líderes y ex funcionarios de varios países, el mandatario cuestionó una reciente ley china y reafirmó el compromiso de su gobierno con la paz, la tecnología y la libertad.

Lai abrió su intervención con un reconocimiento a las personalidades invitadas al encuentro. Entre ellas estuvieron el primer ministro del Reino de Esuatini, Russell Dlamini; el presidente emérito del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul; la ex primera ministra de Finlandia, Sanna Marin; la ex viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland; el copresidente del Grupo Interparlamentario para China (IPAC) de Japón, Nakatani Nariaki; y el director ejecutivo de IPAC, Luke de Pulford.

El eje central del discurso fue la condena a la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico, promulgada el mes pasado por el régimen chino. Según Lai, esa norma afecta directamente a Taiwán y también extiende sus efectos fuera del territorio chino.

“Esta ley infringe la soberanía de Taiwán y persigue religiones y grupos minoritarios, pero va más allá de eso. A través de formas de represión transnacional, impone censura política en todas partes del mundo”, afirmó el presidente durante su intervención.

En el mismo sentido, el Grupo Interparlamentario para China (IPAC) emitió una declaración en la que calificó la legislación como “una flagrante violación de los derechos fundamentales básicos”.

Lai pidió una respuesta conjunta frente a esa ley y sostuvo que los países deben actuar de manera coordinada. “Toda la comunidad internacional debería unirse y oponerse firmemente a esta ley maliciosa”, subrayó.

Durante su exposición, Lai presentó tres compromisos que definió como los ejes de la política de su gobierno. El primero correspondió a la defensa de la democracia y la libertad. El presidente recordó que hace 30 años los ciudadanos de Taiwán participaron en la primera elección presidencial directa del país pese a las amenazas militares procedentes de China.

“Los votantes anunciaron al mundo que Taiwán es un país democrático y que el futuro del país será decidido por el pueblo taiwanés”, afirmó.

Lai también advirtió que su gobierno no aceptará la infiltración del Frente Unido ni el “terror rojo”. Además, señaló que construirá sistemas más sólidos para prevenir, contrarrestar y protegerse de esas amenazas.

El segundo compromiso se centró en el mantenimiento de la paz y la estabilidad regional. El mandatario citó la declaración del G7 y un informe del Parlamento Europeo, que reafirmaron su apoyo a la paz en el Estrecho de Taiwán y expresaron su oposición a cualquier intento unilateral de modificar el statu quo.

“Responderemos con acción basada en los principios de la defensa colectiva y la responsabilidad compartida”, sostuvo Lai. El presidente anticipó que su gobierno continuará fortaleciendo la defensa nacional y extendiendo la cooperación global para asegurar la estabilidad en el Indo-Pacífico.

El tercer compromiso estuvo relacionado con el desarrollo tecnológico y la prosperidad global. Lai señaló que Taiwán ocupará un papel relevante en la transición hacia la tecnología inteligente y destacó tres áreas prioritarias: la fotónica de silicio, la computación cuántica y la robótica. “Taiwán será más que un centro de infraestructura de IA. Continuaremos liderando el desarrollo tecnológico a nivel mundial”, afirmó.

El mandatario también indicó que el gobierno aprovechará la experiencia de Taiwán en inteligencia artificial, semiconductores y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para profundizar los lazos industriales y comerciales con socios democráticos. El objetivo, según explicó, consiste en construir cadenas de suministro de largo alcance.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, envió a la Legislatura provincial un proyecto para modificar la Ley de Tierras Fiscales y restringir la adjudicación de terrenos estatales exclusivamente a personas humanas o jurídicas de nacionalidad argentina. La iniciativa, difundida por el propio mandatario en sus redes sociales, establece que solo quienes tengan arraigo y vinculación efectiva con la provincia podrán acceder a esas tierras mediante compra o arrendamiento.

La propuesta llega en un momento en que el Congreso Nacional debate una reforma que apunta en sentido contrario: ampliar el porcentaje del territorio que puede ser adquirido por capitales extranjeros. Mientras el oficialismo nacional negocia elevar ese tope del 15% al 25%, el ejecutivo neuquino avanza con una norma que cierra esa puerta por completo a nivel provincial.

En efecto, mientras la senadora Patricia Bullrich prepara una conferencia de prensa para defender el texto que La Libertad Avanza (LLA) llevará al recinto, Figueroa publicó en sus redes el articulado de un proyecto que declara la tierra fiscal un instrumento de trabajo —y no un bien de renta— reservado para argentinos.

El contenido del proyecto neuquino

El texto que Figueroa remitió a la Legislatura modifica el artículo 1° de la Ley 263 de la provincia y redefine el objetivo central de la norma. Según el articulado difundido, el Poder Ejecutivo provincial deberá promover “el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal” a través de su arrendamiento y enajenación progresiva “a favor de los auténticos trabajadores del campo”.

La reforma declara como principio rector que “la tierra no debe constituir un bien de renta sino un instrumento de trabajo”. El foco, según el texto, estará en la protección del campesinado y en la reactivación productiva de los terrenos fiscales mediante proyectos vinculados a actividades ganaderas, agrícolas, forestales, turísticas, industriales o de agregado de valor.

La cláusula más determinante es la que establece que “solo podrán adjudicarse tierras fiscales en venta o arrendamiento a personas humanas o jurídicas argentinas”. Con esa redacción, el proyecto excluye de forma explícita a cualquier inversor, empresa o individuo de nacionalidad extranjera, sin excepciones ni porcentajes intermedios.

En el Senado de la Nación, en tanto, el oficialismo evidencia dificultades en su intento de reformar la legislación vigente sobre tierras rurales. El proyecto impulsado originalmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya atravesó 17 borradores y cinco intentos fallidos en el recinto.

La pretensión inicial de LLA era eliminar todo límite a la compra de tierra por parte de capitales del exterior, suprimiendo el techo del 15% del territorio nacional que fija la ley actual. Ante la falta de votos, el bloque libertario cedió posiciones y negoció una redacción que eleva ese umbral al 25%, sin eliminarlo por completo.

“La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia“, es el texto que circuló desde la presidencia del bloque libertario hacia los bloques aliados.

Hasta el fin de semana previo a la sesión prevista para el jueves, el recuento de Bullrich no superaba los 34 votos favorables, dos por debajo de los 36 necesarios para obtener la media sanción. Con el ajuste al 25%, el oficialismo aspira a cruzar ese umbral.

Figueroa enmarcó su iniciativa en términos de soberanía sobre los recursos naturales de la provincia. “La tierra de la provincia del Neuquén tiene que estar al servicio de los neuquinos, de nuestro desarrollo y de las próximas generaciones”, escribió al difundir el proyecto, según consta en su publicación en redes sociales.

El mandatario neuquino describió la tierra como “un recurso estratégico y finito” y justificó la reforma como una medida para ordenar el acceso a ese bien, priorizando a quienes tengan arraigo efectivo en el territorio provincial. Entre los objetivos declarados del proyecto figuran el impulso a la producción, el turismo, el empleo y el desarrollo sostenible.

La iniciativa deberá ser debatida y aprobada por la Legislatura de Neuquén para convertirse en ley provincial.

La Junta de Paz para Gaza, la organización creada con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impulsar la estabilización del enclave palestino, afirmó este lunes que la retirada total de las tropas israelíes más allá de la denominada “Línea Amarilla” solo comenzará una vez que Hamas complete su desarme integral.

El organismo sostuvo que ese compromiso forma parte del acuerdo alcanzado con los mediadores y reiteró que el proceso incluye la entrega de todo el arsenal del grupo terrorista, así como la eliminación de su infraestructura subterránea.

A través de un comunicado difundido en la red social X, la entidad encabezada por el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov rechazó las versiones que apuntaban a una retirada inmediata de Israel y precisó que el calendario dependerá del cumplimiento de las obligaciones asumidas por Hamas.

“Contrariamente a informaciones inexactas, la retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel más allá de la Línea Amarilla solo tendrá lugar una vez que se complete el desarme, tal como Hamas se comprometió con los mediadores. Esto se aplica tanto a las armas ligeras como a las pesadas, así como a los túneles”, señaló la Junta de Paz.

El organismo añadió que mantiene una coincidencia plena con el Gobierno israelí sobre el objetivo final del proceso.

“Compartimos una visión común y un objetivo claro e indiscutible: el desarme completo en la Franja y la transición de un régimen armado a una gobernanza civil”, indicó.

La declaración fue publicada después de una reunión celebrada este lunes entre Mladenov y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Según la Junta de Paz, el encuentro permitió abordar de manera “constructiva y exhaustiva” los próximos pasos del plan diseñado para Gaza.

El organismo explicó además que la aplicación del acuerdo estará supervisada por una Fuerza Internacional de Estabilización y por un Comité de Verificación de la Implementación, integrado por representantes de Estados Unidos y de la propia Junta de Paz. También subrayó que el avance del proceso dependerá de que todas las partes respeten los compromisos establecidos.

“El progreso continuo hacia la plena implementación depende de que cada parte cumpla con sus obligaciones conforme al marco acordado”, sostuvo el comunicado.

La aclaración llegó después de que surgieran diferencias entre Washington y Jerusalén sobre el contenido de la siguiente fase del plan para Gaza. Días atrás, la Junta de Paz había difundido un documento que planteaba un retiro gradual de las fuerzas israelíes y el cese inmediato de las operaciones militares, una propuesta que fue cuestionada por el Gobierno de Netanyahu.

Desde la oficina del primer ministro israelí señalaron que el texto divulgado públicamente no reflejaba la posición oficial de Israel y confirmaron que esas observaciones fueron transmitidas a las autoridades estadounidenses. Paralelamente, integrantes del gabinete de seguridad israelí reclamaron revisar el acuerdo impulsado por Trump al considerar que algunas disposiciones no garantizaban suficientemente la desmilitarización de Hamas.

Las autoridades israelíes insisten en que cualquier arreglo duradero exige la eliminación verificable e irreversible de la capacidad militar del grupo terrorista.

La Junta de Paz difundió su nuevo pronunciamiento pocos días después de que Trump anunciara que Hamas había aceptado un acuerdo para su “desarme total”, al que calificó como un “hito histórico”. El plan contempla que, una vez completada la entrega de armamento y el desmantelamiento de los túneles utilizados por la organización, pueda iniciarse una nueva etapa centrada en la administración civil del territorio.

Por su parte, Hamas confirmó su disposición a avanzar con el desarme, aunque reiteró que el proceso debe ir acompañado de la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza. Además, el grupo ha planteado otras condiciones, entre ellas la reconstrucción del enclave, garantías para la autodeterminación palestina y la creación de un Estado palestino independiente.