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La crisis de Lácteos Verónica sumó un nuevo capítulo con la presentación de la empresa en concurso preventivo de acreedores, después de meses marcados por la parálisis productiva, la falta de pago de salarios y el crecimiento de las deudas. La histórica compañía, que cuenta con tres plantas de procesamiento en Santa Fe, declaró un pasivo de $15.945 millones y recurrió a la Justicia comercial con el objetivo de evitar la quiebra.

La presentación tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17, Secretaría N° 34, en la ciudad de Buenos Aires, con el patrocinio del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo. La firma, administrada por la familia Espiñeira, expuso un cuadro financiero que incluye obligaciones bancarias por $4.745 millones y más de 2.900 cheques rechazados por un saldo superior a $11.200 millones.

Los compromisos con entidades financieras involucran a Catalinas Cooperativa de Crédito, Credibel, Banco Galicia, Banco Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Industrial, Banco Nación y Banco Macro. A esa deuda se agregó el volumen de documentos rechazados, que creció durante el conflicto y alcanzó a una extensa red de proveedores y acreedores vinculados con la operatoria de la compañía.

El deterioro financiero se desarrolló en paralelo con una crisis productiva y laboral que afectó a las tres plantas que Lácteos Verónica posee en territorio santafesino: Clason, Lehmann y Suardi. La empresa cesó la producción y dejó de pagar salarios, mientras los trabajadores reclamaron respuestas sobre la continuidad de las fuentes laborales y el cobro de los haberes adeudados.

La situación también impactó sobre unos 150 productores tamberos que suministraron materia prima a la compañía y reclamaron acreencias acumuladas. Las estimaciones ubicaron esa deuda en alrededor de USD 60 millones. De esta manera, la crisis alcanzó no sólo al personal de las fábricas, sino también a una parte de la cadena de proveedores que abastecía de leche a la empresa.

Antes de recurrir al concurso preventivo, Verónica intentó avanzar con un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que contemplaba la desvinculación de alrededor de 200 empleados. La iniciativa no logró resolver el conflicto y la situación continuó con dificultades financieras, interrupciones en la actividad y reclamos de trabajadores y proveedores.

El escenario laboral se agravó con el cese del pago de salarios. Frente a esa situación, el gobierno de Santa Fe otorgó asistencia económica y alimentaria a las familias afectadas y la Municipalidad de Suardi continuó durante un período con el aporte de alimentos. Los trabajadores de las tres plantas también acudieron a legisladores provinciales cuando aumentó el conflicto y persistió la falta de respuestas empresarias.

La presentación judicial no sorprendió a las autoridades santafesinas. Desde el Ministerio de Trabajo provincial, que encabeza Roald Báscolo, señalaron que “era sabido que podría ocurrir”. La provincia siguió la evolución del conflicto durante los meses de parálisis y participó en la asistencia destinada a los operarios afectados por la falta de haberes.

En Lehmann, el delegado del gremio Atilra, Domingo Possetto, describió la incertidumbre que atravesaron los empleados ante la ausencia de definiciones de la empresa. “No sabemos qué puede ocurrir. Los trabajadores no quieren confrontar sino trabajar y cobrar, algo que hace mucho tiempo no pueden hacer”, expresó. La falta de respuestas directas del directorio se mantuvo mientras avanzó la instancia judicial.

El concurso preventivo constituye una instancia con la que la empresa busca evitar la quiebra definitiva en medio de un pasivo que se acercó a los $16.000 millones. La presentación concentró un cuadro de obligaciones compuesto principalmente por deuda bancaria y cheques rechazados, además de los reclamos vinculados con productores tamberos y trabajadores.

En paralelo con el proceso judicial, surgió una alternativa para recuperar parcialmente la actividad en una de las tres instalaciones. La cooperativa cordobesa Copalac, radicada en Morteros e integrada por productores tamberos, acordó con Verónica operar a fasón la planta de Suardi, ubicada en el departamento San Cristóbal.

El esquema contempla el ingreso de leche cruda a la planta para realizar el secado y la posterior elaboración de leche en polvo. La operatoria permite una ocupación provisoria para alrededor de 30 trabajadores, aunque el alcance es parcial frente a la dimensión del conflicto que atraviesa la compañía y a la situación de las otras instalaciones.

Atilra precisó las condiciones laborales vinculadas con esa operatoria. “Copalac asumirá la responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social de los empleados que se incorporen a prestar tareas en el marco de este acuerdo”, señaló el gremio al referirse al entendimiento para utilizar las instalaciones de Suardi.

El acuerdo interrumpió de manera parcial la parálisis de una compañía con una extensa trayectoria en la industria láctea. Históricamente, la producción de Verónica se orientó a quesos, manteca y leche en polvo, con una parte de sus productos destinada a mercados internacionales. La empresa exportó a Argelia y a otros destinos de África y Medio Oriente.

Entre enero de 2020 y abril de 2025, las ventas externas de la firma superaron los USD 102 millones. Ese antecedente exportador precedió al período en el que la empresa cesó operaciones bajo el argumento de insolvencia financiera y económica, dejó de abonar salarios y otros beneficios y enfrentó protestas en las localidades santafesinas donde funcionan sus plantas.

En medio de la decisión del Gobierno de sostener el equilibrio fiscal y no recurrir a la obra pública como herramienta para impulsar la actividad, el economista Daniel Artana planteó este sábado una diferencia con la estrategia oficial: consideró que la Argentina necesita un programa de infraestructura y advirtió que existen proyectos cuyo costo no puede recaer exclusivamente sobre quienes los utilizan.

“Yo creo que Argentina necesita tener un programa de infraestructura y no todo se puede pagar con cargo al usuario”, afirmó Artana. Su planteo surgió al analizar la decisión del presidente Javier Milei de mantener el rumbo fiscal y evitar medidas que impliquen un aumento del gasto para estimular la economía.

El economista jefe de FIEL señaló que una alternativa sería avanzar con más obra pública para generar empleo y movimiento económico, especialmente en la construcción, aunque remarcó que esa opción no forma parte de la visión presidencial. “Vos podrías decir: ‘Hagan un poco más de obra pública, eso te generaría algún poco más de empleo y un poco más de actividad, sobre todo en la construcción’. Pero, bueno, no cree en eso”, expresó.

En ese punto, recurrió al caso de Chile para explicar su posición. “Chile, que es el campeón en la región de las PPP, de las participaciones público-privadas, el Estado gasta 3,5% del PBI en inversión pública”, señaló. Según explicó, aun con una participación importante del sector privado existen proyectos que requieren recursos estatales. “Hay obras que no podés pagar, no le podés cobrar al usuario”, sostuvo.

Transición costosa

El economista también analizó los costos que genera la transformación del esquema económico. Al respecto, sostuvo que “lo ideal sería que las transiciones sean lo menos costosas posible”, aunque consideró que algunos costos resultaban esperables.

Según explicó, el país se mueve desde un modelo muy orientado al mercado interno, con restricciones y regulaciones, hacia otro con mayor orientación al mercado internacional y las exportaciones. En ese proceso destacó oportunidades que la Argentina no aprovechó históricamente, como la minería y la producción de hidrocarburos, y sostuvo que transformaciones de esa magnitud normalmente generan transiciones complejas.

Artana consideró que desde la política pública pueden pensarse instrumentos para reducir esos costos, aunque marcó que el Gobierno mostró una posición menos propensa a hacerlo en el caso de las empresas. Diferenció esa situación de las medidas destinadas a los sectores de menores recursos y destacó particularmente la Asignación Universal por Hijo (AUH).

“El Gobierno puso más plata en la gente de menores recursos”, afirmó. Según Artana, ese fue el gasto que claramente le ganó a la inflación. “No es que todo fue ‘arréglatelas’, sino que también hubo algún paliativo en la gente de menores recursos”, agregó. Para quienes se encuentran por encima de ese segmento, señaló que “no hubo mucho paliativo”.

El economista coincidió, en cambio, con la negativa de Milei a recurrir a los denominados “planes Platita”. “Yo creo que en eso tiene razón, porque el plan Platita te da alivio hoy y te genera un costo mayor a futuro. No es que es gratis”, sostuvo. Artana relacionó esa evaluación con las medidas de 2023 y recordó que hacia finales de ese año la inflación llegó a niveles de entre 10% y 12% mensual.

Otro de los puntos que abordó fue la política monetaria. Artana señaló que el Banco Central busca mantener una orientación contractiva mientras la inflación continúe elevada. Por esa razón, consideró que tampoco surgiría por esa vía un impulso inmediato para la actividad. Una mayor liquidez, explicó, podría generar cierto movimiento económico en el corto plazo, pero no forma parte de la estrategia actual.

Préstamos en dólares y RIGI, ¿los dinamizadores?

Frente a ese escenario, identificó las herramientas sobre las que apuesta la administración nacional. Mencionó la flexibilidad para los préstamos en dólares, la inversión relacionada con rutas y los grandes proyectos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La expectativa, explicó, es que los desembolsos de esas iniciativas traccionen la actividad.

La entrevista también avanzó sobre el escenario electoral de 2027. Consultado sobre si las dificultades para reactivar la economía podrían afectar las posibilidades de Milei, Artana respondió: “Pone en riesgo su reelección”. De todos modos, remarcó que todavía falta mucho para las elecciones y evitó dar por definido el panorama.

Artana recordó que después de las elecciones de octubre de 2025, tras un resultado inesperadamente favorable para el Gobierno, los datos parecían indicar que Milei tenía encaminada la reelección en primera vuelta. “Hace cuatro o cinco meses que eso dejó de ser así”, señaló.

El economista sostuvo que la incertidumbre también está vinculada con las alternativas opositoras. Cuestionó al kirchnerismo por lo que consideró una falta de autocrítica sobre sus políticas económicas y mencionó declaraciones de Axel Kicillof y Máximo Kirchner sobre expropiaciones y una eventual reestructuración de deuda. También planteó que podría aparecer una tercera vía antes de los comicios.

Para dimensionar cómo observa actualmente el mercado el escenario político, Artana recurrió al riesgo país. Según afirmó, si los inversores creyeran que un triunfo del kirchnerismo resultara un escenario cierto, el indicador estaría en 2.000 puntos y no en los 500 que mencionó durante la entrevista.

A la espera de que se produzca una nueva conversación entre los representantes de Karina Milei y de Mauricio Macri, la filial porteña de La Libertad Avanza consiguió esta semana la aprobación del dictamen para tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Ciudad, una de las medidas que el espacio libertario importó del plano nacional para imponer su agenda reformista.

Como dato no menor, el PRO dio el visto bueno para el tratamiento de este proyecto y consensuó el texto con sus pares violetas. Así lo confirmaron fuentes del bloque amarillo a Infobae, que volvieron a realizar una estrategia de acoplamiento de las iniciativas impuestas por los libertarios, tal y como pasó con la adhesión al régimen de VTV como la modificación del Código Contravencional que establece penas más duras para trapitos.

Así, la semana que viene se dará la coincidencia de que el miércoles 26 la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación va a tramitar la media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), mientras que, al día siguiente, la Legislatura porteña sesionará para conseguir la sanción definitiva de la modificación del texto fundacional del Banco Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto fue presentado en primera instancia bajo la firma de los legisladores libertarios Nicolás Pakgojz, Juan Ignacio Fernández, Rebeca Fleitas, Andrea Freguia, Silvia Imas, Marina Kienast, Pilar Ramírez (jefa de bloque), Sandra Rey y Diego Vartabedian. Este propone modificar la Carta Orgánica del Banco de la Ciudad (Ley 1779) y el punto central es la reforma del inciso “d” del artículo 45, que regula el destino de las utilidades netas del banco al cierre de cada ejercicio.

El texto vigente establece que el remanente de esas utilidades —la parte que supere lo necesario para preservar el patrimonio en valores constantes— debe distribuirse al Gobierno de la Ciudad para financiar obras nuevas con fines sociales y soluciones habitacionales. El proyecto propone dividir ese remanente entre dos destinos: líneas hipotecarias, a cargo del propio Banco Ciudad, y obras de infraestructura, a cargo del Gobierno porteño. La norma fija además un piso: al menos el 25% del remanente debe destinarse al financiamiento hipotecario.

La fundamentación del proyecto se apoya en la propia Carta Orgánica del banco, cuyo artículo 3° inciso d) ya establece como objetivo institucional facilitar el crédito personal y familiar y fomentar la adquisición, construcción y refacción de viviendas mediante el crédito hipotecario. Los autores argumentan que afectar una porción de las utilidades a líneas hipotecarias es coherente con esa misión.

La Libertad Avanza debió ceder en sus pretensiones porque el proyecto original establecía que se pueda orientar el 100% del financiamiento a crédito hipotecario. Luego de negociaciones con el PRO, esa cifra bajó a 25%. “Es la modalidad que venimos teniendo constantemente entre ambas fuerzas. Nosotros los necesitamos a ellos para sacar algunas leyes y ellos a nosotros”, afirma un legislador a Infobae.

Se trata de uno de los primeros avances que LLA pretende en el plano de la política de vivienda. Hay otros proyectos que no tienen la adhesión de sus pares del PRO. Una de ellas es la eliminación del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Fue un anuncio hecho a comienzos de año que fue respondido con una medida del jefe de Gobierno, Jorge Macri, vinculada al lanzamiento de créditos hipotecarios con tasa subsidiada orientado para la clase media.

En la sesión del 27 de agosto se van a tratar otros aspectos: el alivio burocrático a clubes de barrio, la fratuirdad en subtes para jjubilados y el paso a no-obligatoriedad del certificado de estado parcelario.

Aun así, quienes miran en clave política la Ciudad piden atención sobre el tratamiento del convenio de traspaso de los juzgados laborales a la órbita porteña. Esto implicaría disolver aquellos que funcionan a nivel nacional. Se espera que ese nuevo fuero laboral funcione a partir del año próximo, algo en lo que están trabajando el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, con el subsecretario de Trabajo, Horacio Bueno.

El primero de esos pasos ya quedó cubierto con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La expectativa en la Legislatura es aprobar el convenio marco para que esto siga movilizándose. “El traspaso es un acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad que deben ratificar el Congreso y la Legislatura. Ahora lo vamos a hacer nosotros”, dijo a Infobae la jefa de bloque de Vamos por Más (que contiene al PRO), Silvia Lospennato.

La iniciativa se aceleró en las últimas semanas luego de que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional pidiera una medida cautelar para suspender los efectos de la Ley 6.789 que habilita la implementación del fuero del Trabajo de la Ciudad. El argumento central del escrito es que el Consejo de la Magistratura porteño desacató esa orden judicial: a pesar de la cautelar vigente, el organismo remitió a la Legislatura local las propuestas para cubrir seis cargos en la Cámara de Apelaciones del Trabajo (Concurso 75/25), diez cargos de juez de Primera Instancia del Trabajo (Concurso 76/25) y también las vacantes del Ministerio Público y la Defensoría de ambas instancias del fuero laboral.

Es por ese apuro que el paquete enviado por el Ejecutivo no contemplará la modificación de la Ley 7 sobre la estructura del Poder Judicial porteño y la creación de un sistema de mediación similar al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, conocido como SECLO.

El proyecto tiene la adhesión de gran parte del bloque Fuerza por Buenos Aires, que representa al peronismo-kirchnerista porteño. La llegada de los nuevos juzgados a la órbita de la Ciudad viene a integrarse al esquema sobre el cual ya tienen amplia influencia el presidente del Congreso Metropolitano del Partido Justicialista de la Ciudad, Juan Manuel Olmos, así como el radical Daniel Angelici, uno de los principales controllers de la gestión de Jorge Macri.

Hay integrantes de ese bloque opositor que todavía no conocen cuál será el posicionamiento de los integrantes de La Cámpora, dado que Mariano Recalde, el titular del PJ porteño tiene una fuerte ascendencia sobre ese fuero. Entrevistado por Infobae, expuso que no está en desacuerdo con la medida pero sí que se produzca solo esa transferencia cuando restan los fueros Comercial, Civil y Penal.