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Al menos cinco personas murieron y otras 41 permanecen desaparecidas tras el incendio de un ferry con más de 200 pasajeros en aguas próximas a la isla de Madura, en la provincia de Java Oriental, a unos 700 kilómetros al este de Yakarta, informaron las autoridades indonesias. El incidente ocurrió el domingo mientras la embarcación, identificada como Mutiara Sentosa 2, cubría la ruta entre Surabaya y Makassar.

Los equipos de emergencia desplegados en la zona confirmaron que, hasta las 16.00 hora local (9.00 GMT), habían rescatado con vida a 225 personas. Las operaciones de búsqueda continúan, centradas en localizar a los desaparecidos, mientras las llamas seguían consumiendo el ferry, según imágenes divulgadas por el Ministerio de Transporte de Indonesia.

La Agencia Regional de Búsqueda y Rescate de Surabaya informó que algunos pasajeros se lanzaron al mar y fueron rescatados por barcos cercanos. En total, seis embarcaciones participaron en los operativos de auxilio, aunque el riesgo por materiales inflamables a bordo limitó las maniobras de aproximación de cuatro de ellas, de acuerdo con la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas).

El capitán del ferry alertó a la compañía sobre el incendio mientras navegaba, pero posteriormente no volvió a establecer contacto. Según Muhammad Masyhud, alto funcionario del Ministerio de Transporte, los pasajeros que permanecían a bordo aguardaban la evacuación desde las embarcaciones próximas al lugar del siniestro.

Hasta el momento, no se ha publicado el listado oficial de pasajeros del Mutiara Sentosa 2, aunque se conoció que la ruta es utilizada principalmente por residentes de Java Oriental.

Las autoridades no han determinado las causas del incendio, que se propagó rápidamente por buena parte de la embarcación y obligó a varios pasajeros a saltar al agua, según los reportes enviados a periodistas y los vídeos difundidos por los rescatistas. El Gobierno subrayó que la prioridad sigue siendo la seguridad de los pasajeros y la tripulación, con una coordinación continua entre las distintas agencias para acelerar el proceso de evacuación.

Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia, un país compuesto por más de 17.000 islas y una población superior a 270 millones de habitantes. Factores como infraestructuras precarias, sobrecarga de pasajeros y mercancías, cumplimiento laxo de las normas de seguridad y condiciones meteorológicas adversas contribuyen a la reiteración de estos incidentes.

En julio de 2025, un ferry con 580 personas a bordo se incendió en Célebes Septentrional, con saldo de tres muertos, mientras decenas de pasajeros debieron lanzarse al mar para escapar de las llamas. El mes pasado, otro ferry que transportaba a más de 70 personas se hundió cerca de la isla de Selayar, dejando al menos cuatro muertos y 14 desaparecidos al cierre de la operación de búsqueda.

El transporte marítimo sigue siendo uno de los principales medios de desplazamiento entre las islas del archipiélago indonesio, pese a los riesgos asociados señalados por las autoridades y organismos de emergencia del país.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto reclamó al peronismo que agote todas las instancias de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner para que recupere sus derechos políticos, al tiempo que construya una candidatura presidencial propia con legitimidad interna de cara a las elecciones de 2027. “El peronismo tiene que hacer todo: plantear un trabajo de unidad, de responsabilidad, de programa”, afirmó el presidente del bloque Encuentro Federal en una entrevista con radio Futurock, donde también trazó un diagnóstico severo sobre la situación social del país y el futuro del espacio opositor.

La declaración del legislador llegó días después de que el equipo jurídico de la expresidenta anunció que presentará el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), con la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim —quien integró la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato— y el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La defensa solicitó tres medidas cautelares al organismo: la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema —que funciona con solo tres miembros— y la modificación del régimen de prisión domiciliaria de Kirchner.

Valim fue categórico sobre el alcance de las decisiones del Comité: “Las decisiones del Comité son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”, sostuvo, y recordó que el Código Procesal Penal Federal argentino contempla que una resolución favorable puede ser base para la revisión de una sentencia firme. La próxima sesión del organismo está prevista para octubre.

Pichetto calificó la inhabilitación especial perpetua como “una pena retrógrada” y la equiparó a las antiguas figuras del destierro griego y romano, y a la “muerte civil” del derecho civil argentino decimonónico. Describió la condena como arbitraria —“fue condenada sin prueba, por una corte que no estaba completa, con un fiscal que no era el fiscal natural”— y trazó el paralelo con el proceso que enfrentó Lula, cuya situación se resolvió tras la aparición de pruebas que evidenciaron la parcialidad del vínculo entre el juez y el fiscal que lo condenaron. “A Lula le ha ido bien porque también le ha ido bien en Naciones Unidas, donde le reconocieron que había sido mal condenado”, recordó el legislador.

Sobre la estrategia política, Pichetto rechazó el argumento de que apoyar la causa judicial de Kirchner y construir una candidatura alternativa sean objetivos excluyentes. “Hay que contener a la principal figura que tiene el peronismo, que todavía hoy mide en un nivel importante, muy importante. Hay que agotar todas las instancias de apoyo para que esa figura pueda volver a recuperar la libertad y también sus capacidades cívicas”, planteó, y agregó que la figura alternativa debe surgir de una primaria que le otorgue legitimidad al candidato. “Eso es lo que le va a dar legitimidad al candidato que surja de esa alternativa”, precisó. En esa línea, defendió la conservación de las PASO como herramienta ordenadora de la interna.

El debate sobre la candidatura de Kirchner atraviesa al Partido Justicialista (PJ) de manera transversal. Desde el kirchnerismo, el diputado Máximo Kirchner repite que “la queremos candidata” y sostiene que la expresidenta es la única figura que puede “plantarse ante el poder económico”. Al mismo tiempo, sectores del peronismo no kirchnerista leen la situación de otra manera: en el propio oficialismo circula la lectura de que “para un sector del peronismo pareciera que les viene bien Cristina detenida”, una percepción que también comparten fuentes del Gobierno nacional. Pichetto salió al cruce de esa postura: “El que quiere ser candidato a presidente tiene que tener la capacidad, la inteligencia y la virtud de hablar con todos. Mucho más cuando se trata de una figura que fue dos veces presidenta de la Argentina”.

La Casa Rosada optó por la prescindencia formal. “Nos conviene no interferir con la justicia porque de hacerlo, especulando por una cosa u otra, quedamos involucrados directa o indirectamente”, explicó un referente territorial libertario. Internamente, el oficialismo entiende que Kirchner conserva altos niveles de rechazo y que una eventual habilitación para competir no perjudicaría a La Libertad Avanza en la carrera por la reelección de Javier Milei. “Al que peor le cae esto es a Kicillof. Ella no lo odia a Milei, lo odia a Axel”, graficó un funcionario.

La tensión en el PJ quedó en evidencia este fin de semana. El gobernador bonaerense Axel Kicillof no asistió al acto que el mandatario riojano Ricardo Quintela organizó en La Rioja para conmemorar los cincuenta años del asesinato del sacerdote Enrique Angelelli, al que sí asistió Máximo Kirchner y al que la expresidenta envió una señal de respaldo desde su domicilio. Kicillof delegó su representación en la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. Sergio Massa tampoco estuvo presente.

En paralelo, Kicillof avanza en la consolidación de su propia estructura. Su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), realizará plenarios seccionales durante agosto en los 135 municipios bonaerenses, con el objetivo de afianzar el peso de la provincia de Buenos Aires en la negociación interna del peronismo. El primer plenario está previsto para el sábado 8 de agosto en Alberti. Los armadores del gobernador planean cerrar el ciclo con un gran acto político en septiembre, que coincidiría con el primer aniversario de la victoria del peronismo en las elecciones legislativas provinciales de 2025, cuando Fuerza Patria se impuso a La Libertad Avanza por casi 14 puntos.

Pichetto descartó que exista espacio para construcciones de centro en el escenario de 2027 y pronosticó una polarización similar a la de otros procesos electorales recientes en América Latina. “Va a haber una fórmula peronista, va a haber una fórmula que integre también a otros sectores políticos, al radicalismo, que no quiere saber nada con este gobierno, demócratas cristianos y otros sectores”, anticipó. El legislador también auguró que Victoria Villarruel competirá como candidata presidencial con un electorado propio de base nacionalista, católica y militar, y descartó que haya lugar para Patricia Bullrich dentro de la oferta oficialista.

El trasfondo del debate electoral es, para Pichetto, una crisis social que describe como “explosiva”. El diputado advirtió que el modelo económico del Gobierno dejó al 70% de la sociedad fuera del sistema, con salarios “demolidos” y una situación en los conurbanos que, a su juicio, podría derivar en “eventos no queridos”. “Nadie vota a aquellos que le hacen perder todo, que pierden el trabajo”, sentenció.

La alianza de países petroleros conocida como OPEP+ acordó este domingo un aumento de la producción de petróleo en 188.000 barriles diarios a partir de septiembre. La decisión, adoptada tras una reunión virtual entre Arabia Saudita, Rusia y cinco países adicionales del grupo, se produce mientras persisten las interrupciones en el flujo de crudo a causa de la guerra en Medio Oriente.

El ajuste fue confirmado mediante un comunicado conjunto de los siete integrantes participantes: “Los siete países participantes decidieron implementar un ajuste de producción de 188 mil barriles por día”.

Analistas habían previsto este incremento, que representa la culminación de la segunda fase de desmantelamiento de los recortes voluntarios implementados por la OPEP+ durante el periodo de caída de precios entre 2022 y 2023.

De acuerdo con el analista de Rystad Energy, Jorge Leon, “la OPEP+ ha terminado de revertir sus recortes voluntarios. El próximo reto será gestionar el posible excedente que podría aparecer cuando los flujos de exportación se normalicen”. Leon advirtió a la agencia AFP que la decisión adoptada “cambia poco a corto plazo porque el estrechamiento en el Estrecho de Ormuz persiste. El impacto real en el mercado llegará cuando los envíos recuperen su ritmo habitual”.

El conflicto en la región ha afectado de modo directo a los países del Golfo Pérsico, que enfrentan obstáculos para exportar debido a la parálisis en el Estrecho de Hormuz, atribuida a acciones de Irán durante la guerra. Aunque el tráfico marítimo experimentó una ligera mejoría tras la firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán en junio, la normalidad en las exportaciones aún no se ha restablecido.

Según Giovanni Staunovo, especialista de UBS, “muchos países de la OPEP+ no logran producir tanto crudo como lo permiten sus cuotas oficiales por una reducción en su capacidad”. Esto ha restado relevancia práctica al aumento de las metas productivas.

El incremento acordado por Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán coincide con la conclusión de la segunda de tres rondas de recortes establecidas previamente. Los analistas prevén que, tras este ajuste, la OPEP+ hará una pausa en nuevas modificaciones de oferta durante el cuarto trimestre, mientras se prepara para las negociaciones de cuotas de 2027. “Ahora mismo, la geopolítica eclipsa la magnitud del aumento de la oferta. Eso se verá con más claridad cuando los envíos regresen a la normalidad”, puntualizó Leon a AFP.

A pesar de la voluntad manifestada por algunos miembros, como Irak, para elevar considerablemente su producción, persisten desafíos estructurales. Rusia enfrenta ataques constantes con drones ucranianos sobre su infraestructura petrolera, lo que ha limitado su producción a cerca de nueve millones de barriles diarios, por debajo de la cuota de 9,8 millones.

Según analistas de DNB Carnegie, la OPEP+ deberá encarar “negociaciones potencialmente complejas sobre nuevas cuotas de producción” a partir del año próximo. Entre finales de 2022 y 2023, el grupo acordó tres rondas de recortes que retiraron cerca de seis millones de barriles diarios del mercado, ante la preocupación por la caída de los precios del petróleo.

En 2025, Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia, Omán y los Emiratos Árabes Unidos (estos últimos antes de su salida de la alianza en mayo de 2026) comenzaron a modificar su estrategia al incrementar gradualmente la producción. Aunque la cohesión interna del grupo parece mantenerse, la salida de los Emiratos Árabes Unidos ha puesto de manifiesto ciertas tensiones.

Las Fuerzas Armadas ucranianas reivindicaron este domingo una serie de ataques con drones contra infraestructuras clave en territorio ruso, incluyendo un aeródromo, una refinería y un depósito de combustible, con el objetivo declarado de “reducir el potencial económico-militar” de Rusia, según informó el Estado mayor del Ejército ucraniano en redes sociales.

Entre los objetivos alcanzados figura la refinería de Sarátov, una de las mayores plantas de refinado de crudo en la región del Volga, con una capacidad de procesamiento de aproximadamente siete millones de toneladas de crudo al año. El ataque, perpetrado durante la noche del sábado 1 al domingo 2 de agosto, provocó un incendio en las instalaciones, de acuerdo con la información militar ucraniana. Esta infraestructura se encuentra a unos 700 kilómetros al sureste de Moscú.

En la misma región fue impactado el aeródromo de Engels, donde, según el mismo comunicado, también se desató un incendio. Las Fuerzas Armadas ucranianas identificaron esta base como una de las principales de la aviación estratégica rusa, que alberga bombarderos Tu-95MS y Tu-160 utilizados frecuentemente para lanzar misiles contra el territorio de Ucrania.

El Estado mayor ucraniano detalló que otro ataque se dirigió contra el depósito de Liudinovsk, en la región de Kaluga, empleado para almacenar combustibles y lubricantes destinados al ejército ruso. También se reportaron impactos sobre un punto de almacenamiento y lanzamiento de drones en Navli, región de Briansk, así como sobre puntos de manejo de drones en Kursk y en zonas bajo ocupación rusa en Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia.

Las autoridades rusas confirmaron dos víctimas mortales en la región de Sarátov, donde también comunicaron daños en una vivienda privada. El gobernador de Sarátov, Román Busarguin, precisó en redes sociales: “Dos personas murieron en un ataque con dron enemigo“. Además, canales de Telegram informaron de incendios tanto en el aeródromo como en una refinería de Rosneft.

En la región vecina de Samara, un almacén de la empresa Wildberries, conocida como la Amazon rusa, fue blanco de otro ataque que provocó un incendio, aunque la compañía aseguró que “no hay víctimas” y que los bomberos se encontraban trabajando en el lugar.

El Ministerio de Defensa ruso informó que las defensas antiaéreas derribaron un total de 635 drones ucranianos durante la noche en múltiples regiones, entre ellas Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Riazán, Sarátov, Tambov, Tula, la región de Moscú, Krasnodar y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. También se interceptaron drones sobre el mar de Azov y el mar Negro.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, priorizar el diálogo para evitar que Medio Oriente se vea arrastrado a un “conflicto más amplio”, en momentos en que Irán amenazó con represalias contra sus vecinos árabes ante un eventual ataque masivo de Washington.

El también primer ministro saudí mantuvo una llamada telefónica con Trump en la que “enfatizó la necesidad de priorizar el diálogo para reducir las tensiones y la importancia de agotar todos los esfuerzos posibles para lograr una tregua que abra el camino a soluciones diplomáticas”, informó la agencia oficial de noticias saudí, SPA.

Según el comunicado, ambos líderes “abordaron los últimos acontecimientos en la región” y sus repercusiones a distintos niveles, aunque no se detalló el contenido completo de la conversación.

Amenazas iraníes a los países del Golfo

La llamada se produjo un día después de que la Guardia Revolucionaria iraní advirtiera que Estados Unidos transita “el camino de una escalada generalizada de la guerra regional” y exigiera a los países árabes vecinos —blanco de ataques de Teherán desde el inicio del conflicto en febrero— que dejen de cooperar con Washington, bajo amenaza de sufrir represalias directas.

Arabia Saudita, uno de los países más expuestos por su cercanía al estrecho de Ormuz, ha buscado en las últimas semanas mantener canales abiertos tanto con Washington como con Teherán. El propio Trump reconoció el sábado que había hablado con el príncipe saudí antes de anunciar que pospondría un nuevo ataque contra Irán.

Trump condiciona la tregua a la reapertura de Ormuz

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump aseguró que Irán y “otros países de Medio Oriente” le pidieron frenar cualquier ofensiva ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo. “Con base en este pedido, he aceptado, para el beneficio futuro del mundo y la supervivencia de un Irán próspero, cancelar el ataque, sujeto a poder cerrar rápidamente un ACUERDO“, escribió.

El mandatario estadounidense precisó que cualquier pacto deberá incluir la “apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz” —vía clave para la exportación de petróleo y gas del Golfo— y el fin de lo que calificó como la “amenaza nuclear” de Irán. Israel, dijo, respalda ese planteo.

Sin embargo, fuentes iraníes citadas por la agencia semioficial Fars señalaron que Ormuz permanecerá cerrado “mientras Estados Unidos mantenga sus acciones hostiles”, mientras que la agencia Mehr calificó de “mentira” la versión de Trump sobre un pedido iraní de tregua y afirmó que las fuerzas armadas del país permanecen “en alerta máxima”.

Un anterior alto el fuego con condiciones similares, incluida la reapertura del estrecho, había colapsado semanas atrás, tras lo cual Irán reforzó su control sobre la navegación en la zona.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Teherán, ya lleva más de cinco meses sin resolución a la vista. La escalada se produce, además, a tres meses de las elecciones legislativas en Estados Unidos, un factor que analistas consideran clave en el cálculo político de Trump.

“Ahora se va a reanudar todo. Van a ser semanas intensas en las que vamos a acelerar con todo”, auguran desde uno de los despachos más influyentes del Gobierno. La Casa Rosada tiene previsto incrementar el ritmo de las sesiones y, de ser posible, espera que haya un paquete de reformas o normativa con media sanción por semana. No es menor. La costumbre indica que en los años electorales el ritmo legislativo merma significativamente, por lo que esta es la ventana como para impulsar los asuntos prioritarios para Javier Milei.

Es por ese motivo que el Presidente se apuró en los últimos días en presentar su reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La considera una herramienta que debe quedar a posteriori y, al mismo tiempo, la utiliza para anclar expectativas en el mercado: tanto por el contenido de esta normativa como por lo que implica en términos políticos en esta coyuntura. Y es que en la mesa política del Gobierno interpretan que es una instancia preliminar para sondear apoyos de cara a la reforma política.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene previsto reanudar su agenda con gobernadores en las primeras semanas de agosto. Comenzará este lunes en Chaco por un encuentro de seguridad y para evaluar los efectos que podría causar El Niño al que también asistirán Karina Milei y la ministra Alejandra Monteoliva. Allí los esperarán el mandatario local, Leandro Zdero, y el correntino Juan Pablo Valdés. Aunque el encuentro contemplaba la presencia de las provincias del Norte Grande, ni el formoseño Gildo Insfrán ni el misionero Hugo Passalacqua dirán presente.

No es casual que se especule con la posibilidad de que vaya el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, que planea hacer un acuerdo electoral con los dos primeros distritos y competir en los otros dos. De hecho, hubo una fuerte avanzada la semana pasada por parte del diputado Diego Hartfield sobre el oficialismo misionero y, al mismo tiempo, LLA provincial presentará su propia Escuela de Dirigentes para hacer cantera y formar cuadros para los próximos comicios.

En ese plano, Santilli se encuentra en la misión para captar adhesiones de gobernadores. Todavía no decidió si irá a encontrarse en los próximos días con los gobernadores de Santiago del Estero, Elías Suárez, y de Catamarca, Raúl Jalil, para presentar el Acueducto Albigasta. El jefe de Gabinete podría ir con el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque de ser necesario, podrían armar ese encuentro en Buenos Aires.

Son partes puntuales de un mecanismo complejo de negociaciones en las que el Gobierno decide sus objetivos presentes (las reformas) y los futuros (el cálculo electoral). Ninguno está escindido del otro. El tiempo apremia y es por ese mismo motivo que hay quienes piensan que en las próximas semanas se van a cerrar acuerdos con varias provincias. “Va a haber de todo, coaliciones en las mismas provincias, competencia controlada y hasta candidatos muletos [testimoniales] para que algunos gobernadores se queden tranquilos de que van a reelegir”, afirmó uno de los operadores libertarios que está negociando.

Hay quienes dentro del Gobierno comienzan a asegurar que las conversaciones podrían desembocar en la eliminación de la obligatoriedad, configurando las PAS (Primarias, Abiertas y Simultáneas). Los alfiles que conversan con el Presidente afirman que el pedido explícito fue que esa instancia electoral directamente no esté, tanto por el costo económico como por la incertidumbre que eso le agrega a todo el año calendario.

El renacer nacionalista y el debate clave

Mientras tanto, en el presente se vive una suerte de revival en el sentir nacionalista. En particular, a partir del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial. El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas se hizo canon tanto en redes sociales como en publicidades y en los discursos públicos realizados por la dirigencia política.

En todo este marco nacionalista que se vive, el oficialismo publicó la semana pasada un llamativo DNU para poder expulsar o no permitirle el ingreso a personas extranjeras que hayan emitido mensajes de odio contra la Argentina o sus símbolos, visto como una respuesta a la denominada “campaña antiargentina”. El comunicado que se usó para anunciar aquella medida fue el más likeado de todos los que publicó la Oficina del Presidente (OPRA).

Aun así, los mismos estrategas políticos del oficialismo afirman que el discurso nacionalista no es el principal estandarte del Gobierno. Algo que sí parece ser representativo para la vicepresidenta Victoria Villarruel. La dirigente realizó un comentario cuestionando las facultades mentales de su excompañero de fórmula, siendo respondida por Santilli, quien le pidió que renuncie a su cargo.

“Ella viaja a las provincias y la reciben de una forma que nunca pasaría con Milei o sus ministros”, aseguran cerca suyo. Lo cierto es que la titular del Senado afirma rotundamente que quiere seguir en política. Al respecto de su diferenciación de los libertarios, elaboran la siguiente línea: “Hay dos formas de ser nacionalista, amando lo nacional u odiando lo extranjero”. La referencia de esto último es al respecto del DNU sobre inmigración.

Si hay un debate que esta semana va a atravesar la discusión de lo nacional -tanto de parte del oficialismo como desde la oposición- es la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada. En el oficialismo marcan que podría haber movilizaciones similares a los que ocurrieron en el último debate de la reforma de Modernización Laboral, pero que eso no implicará algún tipo de complicación por los votos.

Si hay algo que Villarruel no apoya son algunos términos de la llamada Ley de Tierras. Por eso tratan de asegurarse que ningún apartado de la normativa salga en empate porque en el bloque de La Libertad Avanza en el Senado avisan: “De poder hacerlo, rechaza. Ya avisó”.

La ruta marítima por las Islas Malvinas que preocupa al Gobierno

Volviendo a la cuestión por la reivindicación soberana de las Islas, será cuestión de esperar si ese reclamo persistente en la agenda pública se mantiene igual de consistente como en la actualidad. También si se traduce en una mayor interiorización por parte de la población sobre la historia del conflicto y las actuales diatribas que acontecen mientras se desarrolla el reclamo soberano.

Y es que sigue habiendo movimientos inquietantes alrededor de las Islas, en ocasiones desapercibidos por el público general. Una semana atrás, el sitio Portal Portuario publicó un artículo que informaba que una empresa de Chile, Easter Island Naviera, evalúa abrir una nueva ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.

Representantes de la compañía visitaron recientemente el archipiélago, donde mantuvieron reuniones con empresas locales y la cámara de comercio del gobierno ilegítimo con la intención de establecer un servicio logístico mensual entre Punta Arenas y las islas. El gerente de proyectos estratégicos de la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), Sam Cockwell, confirmó el interés por ese proyecto.

La noticia llegó al Congreso argentino días después. El diputado nacional (Unión por la Patria-Tierra del Fuego), Jorge Neri Araujo Hernández, publicó un proyecto de Declaración para repudiar esa iniciativa y pedirle a la Cancillería Argentina gestiones con el gobierno de Chile al sostener que la apertura de una nueva conexión marítima reduciría el “costo colonial” de la ocupación británica, dado que “cuanto mayor sea la rentabilidad económica y de autosuficiencia logística del enclave implantado en las Islas Malvinas, menores serán los incentivos para que la potencia ocupante procure una solución negociada”, marcando que este hecho comercial no resulta neutro.

Se trata de un asunto que viene siendo seguido de cerca por dos fuentes de relevancia al interior del oficialismo. Uno de ellos -quien alegó estar “preocupado”- llegó a consultar con la Cancillería para entender el trasfondo del hecho y recibió como respuesta que estaban al tanto de la cuestión.

Infobae consultó con voceros oficiales de la Cancillería Argentina y con la Embajada Argentina en Chile sobre si existieron gestiones al respecto de este episodio o para dar alguna lectura sobre el hecho, pero no recibió respuestas hasta el momento de la publicación de este artículo.

“Cancillería está en tema. Pero no deja de ser una mala noticia todo este hecho que, en realidad, viene desde hace años. No es algo loco, porque hay otros episodios que para mí son insólitos, como que, desde hace décadas, hay un avión de LATAM que hace escala [una vez por mes] en Río Gallegos en la ruta Punta Arenas-Monte Agradable”, afirmó esta fuente oficialista en estricta reserva.

Uno de las interrogantes que surge es qué sucederá en el caso potencial de que esa ruta incluya un cruce por el Estrecho de Magallanes. En abril de este año apareció una controversia en Chile por las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, quien en un podcast afirmó que si bien el espacio marítimo del canal es chileno, “la boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina”.

A comienzos del mes pasado, el patrullero P-223 HMS Medway tuvo una incursión sobre espacios marítimos argentinos que no cumplió con las debidas notificaciones frente a la Prefectura Naval Argentina. Esto sucedió mientras el navío iba desde Malvinas hasta Punta Arenas, atravesando las aguas que pasan por Santa Cruz y Tierra del Fuego sin anoticiar ubicación y volviendo a aparecer cuando ingresaba al Estrecho de Magallanes. El patrullero repitió el modus operandi al volver hacia las Malvinas, lo que generó la reacción diplomática materializada en una nota formal ante la Embajada del Reino Unido el 13 de julio, difundida de manera pública dos días después.

Son inquietantes los movimientos que realiza el Reino Unido en la periferia marítima de las islas, los cuales no comenzaron en estos años, sino que vienen desarrollándose desde hace décadas. Pero el resultado de esa expansión ha llevado a que la administración ilegal lograra incrementar sus proyectos de exploración y explotación petrolíferas.

Dos semanas atrás, el vocero presidencial, Adrián Ravier, leyó un comunicado de repudio a la “inversión anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rock Hopper Exploration de origen británico y Navitas Petroleum Development and Production Limited de origen israelí para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicada en la cuenca Malvinas norte, sin contar con los permisos de autoridad competente argentina”.

Hace un año, el Gobierno había hecho trascender de manera pública que analizaba comprar submarinos para recuperar las capacidades de la Armada Argentina, dado que es el mecanismo disuasivo por excelencia que puede tener una fuerza naval. Hoy esa posibilidad de concretarse son nulas en el corto plazo y bajas en el mediano. De materializarse, el período que lleva desde la firma de un contrato hasta la entrega de las embarcaciones suele transcurrir entre cinco y ocho años.

Aunque Argentina tiene una de las extensiones marítimas más grandes del mundo, la Armada no tiene ningún submarino operativo. Solo hay dos unidades inactivas: el ARA Santa Cruz está en los talleres de Tandanor, pero sin previsiones de salir; y el ARA Salta está amarrado en Mar del Plata y solo se utiliza para adiestramiento. Ambas fueron adquiridas en el siglo pasado -también el ARA San Juan- lo que plasma que en otras administraciones tampoco hubo acciones concretas para la adquisición de este tipo de naves.