El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó ante el Congreso una propuesta de reforma constitucional que busca limitar el acceso a determinadas prestaciones financiadas por el Estado para personas condenadas por delitos de crimen organizado y terrorismo. La iniciativa forma parte de la estrategia de su gobierno para endurecer las medidas contra la delincuencia.
De acuerdo con el texto ingresado al Senado, las restricciones se aplicarían durante el cumplimiento de la condena y se mantendrían por otros 15 años una vez que esta termine. El proyecto contempla que los condenados puedan quedar “inhabilitados para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos”, entre ellas servicios vinculados con la salud, la educación y la jubilación.
La propuesta llega en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Chile. Si bien el país mantiene niveles de violencia inferiores a los de buena parte de América Latina, durante los últimos años enfrentó un incremento de homicidios y secuestros, además de la expansión de organizaciones criminales transnacionales como el venezolano Tren de Aragua.
Kast llegó a La Moneda con la promesa de aplicar una política más estricta frente al crimen. A comienzos de agosto, su administración presentó además un conjunto de iniciativas para reforzar las sanciones contra las organizaciones criminales y terroristas.
Reforma de Kast enfrenta críticas y busca apoyo en el Congreso
La propuesta sobre las prestaciones públicas ya había generado diferencias dentro del propio gobierno. En una primera versión, el Ejecutivo planteaba impedir completamente el acceso de estos condenados a la salud pública. La ministra de Salud, May Chomali, cuestionó entonces esa posibilidad y señaló que el proyecto “podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos”.
Esta iniciativa finalmente fue modificada. El ministro a cargo de la agenda legislativa, José García Ruminot, explicó que el texto aprobado por el Ejecutivo deja en manos del Congreso la definición de cuáles serán las prestaciones que podrán ser restringidas. Según el funcionario, esta fórmula permitiría contar con “todo el respaldo del sistema político y, por supuesto, del sistema parlamentario”.
Aun con estos cambios, la reforma enfrenta un proceso complejo en el Parlamento. Aunque el oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras, cualquier modificación de la Constitución necesita el respaldo de cuatro séptimos de los integrantes del Congreso, por lo que el gobierno deberá conseguir apoyo de sectores de la oposición.
Al mismo tiempo, mientras el Ejecutivo impulsa estas medidas, sus adversarios sostienen que algunas de sus propuestas pueden aplicarse sin necesidad de modificar la Constitución o aprobar nuevas leyes.
