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El exministro de Economía Martín Guzmán escribió junto a Joseph Stiglitz, su mentor académico y premio Nobel de Economía 2001, un artículo en Project Syndicate, un portal de opinión internacional, con tres consejos para “rediseñar” al FMI a partir de tres ejes: 1) revisar sus criterios de “condicionalidad”, 2) no limitarse sus programas a un “escenario base”, sino prever “contingencias” y ser más sensible a la preservación de la democracia, y 3) asegurar que los programas tengan un sustento político que trascienda al gobierno que los suscribe.

Este domingo, entrevistado en radio Splendid, Guzmán dijo que el presidente Javier Milei hizo bien al asumir en priorizar la lucha contra la inflación. “Haber puesto a la inflación como principal preocupación de la política macro en diciembre de 2023 está bien, es lo que había que hacer. Sí o sí tenía que haber un ordenamiento de las cuentas públicas, si no, era imposible bajar la inflación”, señaló quien renunció al Palacio de Hacienda el 2 de julio de 2022, mientras la vicepresidente Cristina Kirchner encabezaba un acto en Ensenada (días después se informó que la inflación de junio había sido del 5,3%, anualizada de 86%).

Pero si bien la inflación se redujo “significativamente”, reconoció Guzmán, la forma en que se la atacó generó desequilibrio en la producción. “Está muy mal la actividad urbana. Cuando se ve el crecimiento es porque lo impulsan el agro, la minería y la energía, la industria financiera, pero eso no crea empleo”, observó, y amén de citar datos recientes de la fuerte caída (en julio) de la industria y la construcción. Eso, dijo, afecta la “sostenibilidad del esquema económico y fiscal, pues la caída de la actividad urbana está generando una caída real en la recaudación, con lo cual al gobierno le cuesta mantener el superávit fiscal. “Es un problema serio”, señaló.

El combo de la morosidad

El exministro señaló además que la caída de los ingresos de la gente y “tasas de interés que se fueron a cualquier lado” llevó a niveles de morosidad récord. “Se celebra la caída de la inflación pero la situación de los ingresos es bien complicada, subrayó, amén de recordar que “hace muy poco” Milei anticipó un boom de consumo y recuperación de actividad. “Y uno decía ¿de dónde? Porque para que aumente el consumo tiene que aumentar el ingreso de la gente o la disponibilidad para gastar y eso viene de aumentar el salario o aumentar el crédito. Debería aumentar la inversión privada pero ¿quién va a invertir en áreas urbanas si no se vende?”, planteó Guzmán.

Y a continuación describió una suerte de trampa sin salida. “Que aumente la inversión en energía, señaló, “no va a redundar en un aumento inmediato de la demanda por el trabajo y el salario. Del lado de la inversión difícil que veamos un aumento del salario real. ¿Por qué habría de aumentar el crédito en una economía donde tenés récord de morosidad de las personas? Tampoco la veo por ahí”.

Si bien reconoció que Economía “empezó a hacer otras cosas” (como el intento de movilizar el crédito hipotecario), las mismas no tienen “carácter macroeconómico”.

“Esto no va a andar solo por un impulso privado. Lo que podría cambiar la situación de la actividad urbana es que en primer lugar el Estado le de un impulso, pero para que el Estado pueda invertir más hay que contar con recursos para que no aumente el déficit y eso es complicado porque se tendrían que meter con temas impositivos que ha sido una bandera de este gobierno”.

Según Guzmán, el gobierno sobreestimó la velocidad en la que iba a bajar la inflación y subestimó el impacto sobre la actividad económica. “La forma en la que se hizo el ajuste, donde le bajas el impuesto a los que mayor capacidad contributiva tienen en Argentina y recortas gastos claves en inversión pública genera lo que estamos viendo ahora”, marcó. “El haber apuntado al tipo de cambio como un ancla para atacar la inflación; hay sectores a los que eso les afectó al mismo tiempo que se les caía la demanda”.

La combinación de política económica, enfatizó “ha sido muy, muy maña para los sectores que más empleo generan en la Argentina”. Además, matizó, “no es que siempre hay que tener superávit o déficit, hay que tener sostenibilidad fiscal. Se tuvo en el peronismo en cierto momento, durante el gobierno de Kirchner, después se perdió y no pudimos ni siquiera establecer el camino hacia eso de forma firme en el gobierno del que fui parte”. En la pandemia, se justificó, “sí o sí tenías que aumentar el déficit, no había manera”.

Cómo reactivar la economía

En cuanto a la situación actual dijo que para reactivar la economía y mejorar la productividad “va a hacer falta aumentar la inversión pública de capital” en un quantum que estimó medio y un punto del PBI, pero sin aumentar el déficit. Los periodistas del programa No Vale Arrugar le preguntaron cómo sería eso posible. Guzmán mencionó que hay sectores que están muy “y se les han bajado los impuestos”.

Al gobierno en cambio, prosiguió, le conviene hablar de “riesgo kuka”, pero hay un temor del mercado “de que la gente no se banque esto. Y si no se banca esto, no queda claro cómo se reordena. El riesgo real es que no se sostenga social y políticamente el actual esquema oficial. Según Guzmán, el gobierno “tortura los datos” para decir lo que dice, “pero hay estancamiento en varios sectores y una caída q está teniendo consecuencias sobre la demanda y el consumo. Hay una mishiadura importante”.

También consideró “importante” la elección legislativa del 3 de noviembre en EE.UU. “porque hoy hay una dependencia importante del apoyo del Tesoro de EEUU con el Banco Central. En el mercado está instalada la percepción que detrás de la estabilidad cambiaria está EE.UU. Si la cosa el año que viene fuese como ahora tendría más visos de estabilidad la situación cambiaria, pero si la situación fuese diferente estaríamos en otro escenario”.

Además, el exministro cuestionó las facilidades fiscales que el gobierno dio a través del RIGI y dijo que muchas de las inversiones que se están haciendo bajo ese esquema “hubieran ocurrido igual, son sectores con nivel de productividad muy alto”, pero que “no derraman, porque para que derrame tiene que haber un programa de industrialización”. En cambio el RIGI, subrayó, “es anti industrial para la Argentina, es una pena, debilita al Estado”.

También explicó la morosidad financiera como consecuencia de una combinación de dos factores “fatales”: cayeron los ingresos reales y “se desestructuraron” las tasas de interés.

“Las tasas de interés para las personas que toman de un banco, 66% más o menos. Las billeteras virtuales es cualquier cosa arriba de 100%. Esa combinación es fatal. Las tasas se desestructuraron mucho en el 2025. Todo esto repercutió en todas las tasas a las que la gente tomó crédito. Ahí se armó un zafarrancho importante. La gente entonces entra en una bola de nieve porque te vence la deuda, no la podés pagar, la refinanciás a una tasa mucho más alta y menos chance de pagarla y así es como fue subiendo la mora. En cuanto a la posible solución, Guzmán dijo no verla “por el lado de limitar el crédito”, pero sí aconsejó “una política que mire las tasas y que implemente ciertas regulaciones. La usura tiene que estar prohibida. Está prohibida, llo que pasa es que hay que definirla en términos prácticos, no puede un banco cobrarle 66% de interés a una persona en una economía donde la inflación es 30%. Es un disparate. Y no pueden las billeteras actuar como intermediarios financieros y no ser reguladas como tal y cobrar tasas de 200%. Eso no debería ser posible en ningún lado”. Sin embargo, acotó, “al Banco Central lo único que parece importarle es la estabilidad bancaria”. Es un tema, concluyó, “en el cual el Estado tiene que tener un rol, solo no se va a resolver”.

Cristian Jerónimo, cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), advirtió que la central obrera no descarta una medida de fuerza si el Gobierno no abre un canal de diálogo ante el deterioro del empleo, el endeudamiento de los hogares y el congelamiento de las jubilaciones. Las declaraciones las formuló este domingo, un día después de participar en la audiencia en el Vaticano con el papa León XIV que cerró el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti.

El encuentro, celebrado en el Palacio Apostólico Vaticano al cabo de tres jornadas de debate en Roma, reunió a dirigentes sindicales, empresarios, académicos y referentes de movimientos populares de todo el continente. La delegación argentina incluyó a Jerónimo y a Gerardo Martínez, también de la CGT y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros referentes gremiales y sociales.

Antes de la audiencia papal, la delegación cegetista entregó al Pontífice un documento con un diagnóstico sobre la realidad argentina: pérdida de puestos de trabajo, endeudamiento familiar y deterioro de los ingresos previsionales. Jerónimo explicó que el formato protocolar de las audiencias con el Papa no permite abordar en profundidad situaciones nacionales particulares, por lo que optaron por trasladar el planteo por escrito.

El dirigente sindical destacó que el mensaje de León XIV estuvo centrado en la construcción del diálogo y la negociación entre sectores con intereses distintos. “En la medida en que el Gobierno no escuche, va a escalar la conflictividad”, sostuvo Jerónimo en diálogo con Radio Con Vos desde Roma. Según el gremialista, la preocupación más extendida entre la población es la pérdida del empleo y el temor a quedar sin trabajo.

Jerónimo vinculó el endeudamiento familiar con el programa económico oficial

El dirigente también cuestionó la postura del Gobierno respecto de los hogares endeudados. Para Jerónimo, atribuir ese problema a relaciones entre privados implica desconocer la responsabilidad de las decisiones económicas oficiales. En ese marco, sostuvo que la agenda sindical mantendrá una doble línea: resistencia frente a las políticas que afectan al mundo laboral y búsqueda de instancias de negociación para discutir soluciones.

El Papa, por su parte, instó en su discurso a cultivar una “cultura de la negociación” y convocó a que el progreso de la época “no deje nuevas ruinas a su paso”, según recogió Vatican News. León XIV subrayó que los grandes desafíos sociales “requieren responsabilidad compartida” y que el diálogo forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, no de una actividad secundaria.

La visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, tendrá un capítulo sindical concreto: la reunión con la CGT quedó fijada para el lunes 9 de noviembre en el campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), con participación también de representantes del empresariado y los movimientos sociales.

Fue precisamente en el encuentro en el Vaticano este sábado donde los líderes cegetistas Jerónimo y Martínez plantearon al Pontífice la solicitud de ese encuentro institucional en suelo argentino. La agenda papal también incluye actividades en Luján y Córdoba, además de una misa central en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Jerónimo también fue consultado sobre una posible medida de fuerza antes de que finalice el año: “Es algo que nunca descartamos”, afirmó, aunque aclaró que no es la salida que la central considera prioritaria. “Ojalá que no tengamos que llegar a eso”, dijo, y planteó que la respuesta debe surgir de un acuerdo para resolver los problemas estructurales y generar empleo.

La conducción de la CGT prevé reunirse durante la próxima semana para definir los pasos a seguir. La evolución del conflicto dependerá, según anticipó Jerónimo, de si el Gobierno habilita una instancia para abordar los reclamos sindicales.

En una semana complicada para el Gobierno, en donde se conocieron datos de caída de la industria y construcción en julio, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirieron a un video de Avenida Corrientes que mostraba una importante presencia de personas pese a una temperatura de 7 °C.

La grabación circuló en la red social X con el mensaje “7 de grados centígrados y esto esta lleno de gente”. A partir de esa publicación, Milei y Caputo cuestionaron las interpretaciones sobre las dificultades que distintos sectores señalan en relación con el consumo. Las intervenciones de ambos funcionarios se produjeron además luego de las críticas de integrantes del oficialismo al informe de ventas minoristas de la Cámara Argentina de Mediana Empresa (CAME), que informó una caída de 3,8% en julio frente al mismo mes de 2025.

Caputo respondió directamente al usuario que difundió el video. “Tipito, avivate! Todavía no es ‘fin de mes’ y Calle Corrientes es un ‘consumo de primera necesidad’”, escribió en X. El titular del Ministerio de Economía cuestionó con ironía así el sentido que el autor de la publicación dio al movimiento de personas en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, vinculada con la oferta de teatros, locales gastronómicos y comercios.

El ministro sumó luego una referencia a las actividades que registran un mejor desempeño económico. “Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería”, expresó. En el mismo mensaje, agregó entre paréntesis: “Acordate que son solo dos los sectores que andan bien”. La publicación terminó con otra observación irónica: “Así que tu vídeo es totalmente sesgado!”.

Milei también respondió frente al mismo contenido en la red social X y utilizó la frase “la gente no llega a fin de mes”. El presidente sostuvo que esa mirada partía de una interpretación equivocada sobre la realidad económica y agregó que persistir en ese error resultaba peor. Su mensaje cerró con la expresión “CIAO!”.

Dos velocidades

La discusión sobre el consumo ocurrió en una semana en la que también se difundieron los datos de actividad de la industria y la construcción. Antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara importantes variaciones negativas de ambos sectores en julio frente a junio, Caputo sostuvo que, en los procesos de reconversión económica, existen actividades que avanzan a una velocidad diferente de otras.

El ministro realizó esas declaraciones el lunes por la tarde durante un encuentro con estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), organizado por el Club de Finanzas. Durante su exposición, afirmó que ese comportamiento forma parte de un proceso en el que determinados sectores cuentan con condiciones para mostrar una evolución más rápida.

“Lo primero que hay que entender es que es natural que haya sectores que piquen en punta”, afirmó Caputo. Según explicó, esa situación surge cuando algunas industrias tienen una capacidad productiva amplia y dejan atrás restricciones que, desde su perspectiva, limitaban sus posibilidades de desarrollo. El funcionario vinculó esa explicación con el proceso de reconversión económica que atraviesa el país.

Las declaraciones se conocieron antes de que el Indec difundiera una nueva caída de la industria y la construcción durante julio, frente a junio. Con ese último dato, la industria acumuló una baja de 2,6% en los primeros seis meses del año. La construcción, en cambio, registró un repunte de 1,7% contra los mismos meses de 2025.

Esas cifras se difundieron en un momento en el que se esperaba el período de “mejores 18 meses” mencionado por el ministro. Caputo sostuvo ante los estudiantes que el desempeño favorable de ciertos sectores puede generar cuestionamientos, pero rechazó que esa situación deba interpretarse como un resultado negativo para el conjunto de la economía.

Para explicar su postura, el ministro utilizó un ejemplo futbolístico y mencionó a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández. Planteó el caso de un equipo que dispone de esos jugadores, pero los deja entre los suplentes. Según su argumento, el rendimiento colectivo mejora cuando los futbolistas con mayores capacidades juegan desde el inicio.

“Que a esos sectores les vaya bien contribuye al equilibrio general”, expresó Caputo. El funcionario señaló que algunos economistas no analizan ese efecto de manera adecuada y sostuvo que Milei también cuestiona ese enfoque. De acuerdo con su explicación, existe una tendencia a responsabilizar a las actividades que consiguen mejores resultados dentro de la economía. “Hoy se quiere culpar a esos sectores porque les va bien, no, es todo lo contrario”, afirmó el ministro durante el encuentro en la UTDT. Caputo agregó que las actividades con un desempeño más favorable permiten enfrentar shocks externos desde una posición distinta a la que, según su planteo, tuvo la economía argentina en otros momentos.

El cruce por CAME

Las respuestas de Milei y Caputo se dieron luego de las críticas de Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre a los relevamientos de ventas minoristas de CAME que marcaban una caída de 3,8% en julio. El empresario cuestionó el indicador de ventas minoristas difundido por la cámara y planteó que debía compararse el volumen que releva la entidad con el nivel de transacciones de Mercado Libre Argentina.

“Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimestre”, escribió Galperin a través de su cuenta de X. El empresario sostuvo que el volumen de operaciones de la compañía podía superar al universo que cubre la medición de la entidad pyme y señaló que ese aspecto no aparecía en las discusiones sobre el estado del consumo.

En otra parte de su publicación, Galperin afirmó: “Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo”. Su mensaje puso el foco en el crecimiento de las transacciones de la plataforma durante el último trimestre y en la diferencia entre ese registro y el resultado del relevamiento de ventas minoristas.

Desde CAME respondieron que los datos de la cámara y los de Mercado Libre no se podían comparar de manera directa, ya que abarcan universos de actividad distintos. La entidad señaló que su estudio no busca medir la totalidad del comercio, sino la facturación real del sector pyme, según la clasificación de tamaño empresarial establecida por la Resolución 19/2021 de la Secretaría Pyme, que va desde micro hasta medianas empresas.

Dato por dato

“Estamos confundiendo la base de cálculo. Que crezca un 38% la base de lo que vende Mercado Libre no significa que nuestro indicador no pueda caer”, explicaron desde la entidad. La cámara remarcó que el crecimiento de las operaciones en una plataforma digital no impide que exista una baja en el índice que elabora sobre los comercios relevados.

CAME precisó que su indicador se concentra en actividades y productos determinados. “El nuestro cae porque estamos midiendo comercios de cercanía y consumos básicos”, detallaron desde la organización. Esa explicación apuntó a diferenciar el alcance del relevamiento de la entidad de las operaciones que Mercado Libre Argentina registra en su plataforma, con rubros y modalidades de comercialización que no necesariamente coinciden con los comercios que integran la muestra.

La cámara agregó que el informe se construye a partir de datos de más de 1.000 comercios ubicados en distintas zonas del país. Según explicó, el resultado reúne información de alcance federal y pasa por un proceso de promedio, ponderación y deflactación, con el objetivo de evitar que las variaciones de precios alteren el resultado final de la medición. “También incluimos lo que esos mismos comercios venden a través de canales electrónicos”, indicaron desde CAME. Con esa aclaración, la entidad señaló que el informe contempla operaciones digitales de los negocios consultados, aunque sostuvo que el indicador se refiere de forma específica a la facturación del sector pyme relevado y no al total de las transacciones que se realizan en el comercio electrónico.

En medio de los avances en la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, se refirió a la visita que realizó en los últimos días a Ushuaia y habló sobre los dichos de Donald Trump sobre un potencial conflicto por Malvinas.

El mandatario norteamericano advirtió en las últimas horas que un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por el archipiélago sería “un desastre potencial”. En esa línea, el titular de la cartera de Defensa sostuvo: “Lo veo en realidad como una declaración que hace el presidente de Estados Unidos referente a esta situación, que para mi punto de vista, no es en contra de nadie, sino a favor de buscar una solución pacífica a todo este tema”.

“Acá en el Gobierno se lo trabaja de manera muy integrada y muy articulada. Seguramente el presidente Milei, con el canciller, que son los responsables de toda la política exterior de la República, estarán ya pensándolo y analizándolo todas las declaraciones hechas por el presidente de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos hechos concretos que demuestran la presencia argentina en el Atlántico Sur. Y al mismo tiempo, tenemos esta alianza estratégica con los Estados Unidos en materia de defensa, que nos permite, obviamente, equiparnos y posicionarnos a nivel hemisférico”, agregó en diálogo con Radio Mitre.

Para Presti, el reclamo sobre las islas tiene un encuadre constitucional y una única vía posible. “Todos los argentinos sabemos que es una causa nacional y, así como también está en nuestra Constitución, sabemos que la única manera de recuperar la soberanía plena sobre las islas es de manera pacífica”, afirmó.

En ese marco, el ministro de Defensa encuadró la relación con Estados Unidos como un factor de posicionamiento regional, no como una modificación del reclamo soberano. Describió que Washington tiene “una preeminencia estratégica internacional” y que la Argentina busca consolidarse como el referente norteamericano en el Atlántico Sur. La alianza en materia de defensa, según el funcionario, permite al país equiparse y ganar capacidad operativa a escala hemisférica.

Sobre ese punto, Presti respondió también a las críticas del expresidente Alberto Fernández, quien aseguró que las Fuerzas Armadas están desarmadas. El ministro fue directo: “Ha sido totalmente desacertada esa apreciación, más viniendo de un expresidente que debe conocer a sus Fuerzas Armadas”. Sostuvo que los F-35 “no son obsoletos” y que 30 países en el mundo operan esa plataforma. “Por fin tenemos aviones supersónicos. Desde 2015 no contábamos con ellos, y ese deterioro del material viene de hace veinte, treinta, cuarenta años”, remarcó.

En cuanto a la Base Naval Integrada de Ushuaia, Presti confirmó que las obras comenzarán en enero de 2027. “Esta es una obra estratégica que estaba pensada hace muchísimos años. Nunca se había invertido ni siquiera dado el contexto estratégico como para llevarla a cabo. El momento llegó después de cuarenta, cincuenta años”, afirmó. El proyecto contempla una inversión de USD 450 millones distribuida en cuatro etapas a lo largo de cuatro años, financiada íntegramente con fondos del Estado argentino, sin participación de organismos multilaterales ni de otros países.

Los recursos iniciales fueron asignados mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado la misma noche de la cadena nacional presidencial. Esa partida habilita las licitaciones que se lanzarán antes de fin de año y cubre el arranque de obras tanto en Ushuaia como en la Antártida. El financiamiento restante quedará sujeto al Presupuesto 2027, cuya aprobación depende del Congreso y en el que el Ejecutivo proyecta incluir más de 300.000 millones de pesos adicionales para el proyecto.

La infraestructura contempla seis frentes de construcción: un muelle de 585 metros —el componente central—, obradores para el período invernal, un edificio de servicios marítimos, la urbanización del predio, instalaciones de logística antártica y la relocalización de la base naval actual con viviendas para el personal. Los primeros 240 metros del muelle, suficientes para recibir embarcaciones de la División Patrulla Austral, se proyectan en un plazo de 18 meses desde el inicio efectivo. La finalización del conjunto se estima para 2029.

El objetivo declarado es que Ushuaia funcione como polo logístico del Atlántico Sur y puerta de entrada al continente antártico, articulado con la Base Antártica Conjunta Petrel. “El presidente me ha indicado expresamente poner máximo empeño en levantar nuestra base naval en Ushuaia. Esto nos va a permitir tener una mayor presencia y fortaleza en el Atlántico Sur, integrar todos los medios y crear un polo logístico comercial para la proyección antártica e internacional”, explicó Presti.

Durante la visita a la capital fueguina, el ministro estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y mantuvo una reunión de una hora con el gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza. Presti describió el encuentro como de “buena recepción” y destacó que la necesidad de consolidar a Ushuaia como referente en el Atlántico Sur es “de interés de Tierra del Fuego, más allá de cuestiones partidarias”. Las autoridades provinciales respaldaron el proyecto y confirmaron su participación en el proceso de construcción. El Ministerio de Defensa ya recibió los pliegos y los derivó a la Armada Argentina, que tiene previsto lanzar cinco licitaciones en simultáneo para los distintos componentes.

Más de 18,5 millones de ciberataques al año ponen a prueba las defensas digitales de América Latina, una región donde gobiernos, empresas y servicios públicos dependen cada vez más de sistemas conectados, mientras avanzan nuevas formas de intrusiones vinculadas al uso de inteligencia artificial de las que la Argentina no escapa.

El dato surge de un informe de Digi Americas al que accedió Infobae y que ubicó a la ciberseguridad entre los desafíos centrales de la transformación digital regional. El documento señaló que la frecuencia y la complejidad de los ataques crecen al mismo tiempo que los países amplían sus servicios virtuales, modernizan áreas del Estado e incorporan infraestructura de nube e inteligencia artificial.

La situación combina riesgos y oportunidades. La región todavía presenta diferencias en materia de conectividad, infraestructura, regulación y formación de especialistas. A la vez, buena parte de sus ecosistemas digitales se encuentra en expansión, lo que abre la posibilidad de incorporar desde el inicio herramientas de seguridad, sistemas interoperables y planes de respuesta ante incidentes.

El reporte advirtió que solo siete de los 32 países de América Latina cuentan con marcos regulatorios para proteger sus servicios esenciales. Además, apenas 20 conformaron Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, conocidos como CSIRT.

La diferencia entre la cantidad de ataques y las capacidades disponibles para responder expone una de las principales brechas de la región. Un incidente informático no se limita a una computadora bloqueada o a una base de datos inaccesible. Puede retrasar pagos, trabar trámites, interrumpir comunicaciones, afectar la atención sanitaria o generar dificultades en sectores vinculados con la energía y el comercio exterior. Esa es una de las razones por las que la protección de la infraestructura crítica se convirtió en una prioridad para los gobiernos de la región.

El ransomware, las filtraciones de datos, los fraudes digitales y la actividad patrocinada por Estados forman parte de un escenario que alcanza tanto al sector público como al privado. El análisis sostuvo que estas amenazas ganan frecuencia y complejidad, con una demanda creciente de infraestructura segura, capacidades técnicas y alianzas confiables.

Los antecedentes

Dos antecedentes recientes permiten dimensionar el impacto de este tipo de incidentes. El caso de Costa Rica expuso hasta dónde puede escalar una intrusión contra sistemas públicos. El ataque de ransomware de 2022 afectó organismos estatales y obligó a suspender o limitar plataformas vinculadas con impuestos, aduanas y otros trámites. Este tipo de programas maliciosos bloquea o cifra sistemas y archivos para exigir un pago a cambio de recuperarlos o evitar la difusión de datos robados. La disrupción llevó al país a declarar una emergencia nacional.

El 17 de abril de 2022, Costa Rica sufrió un ataque digital que alcanzó el corazón de su administración pública. El grupo Conti irrumpió en los servidores del Ministerio de Hacienda, dejó fuera de servicio la plataforma tributaria virtual y el sistema aduanero, y luego extendió la ofensiva a otros organismos. La información fiscal de ciudadanos y empresas quedó en riesgo. Los atacantes exigieron 20 millones de dólares para no divulgar los archivos robados.

La crisis se agravó el 31 de mayo, cuando el grupo Hive atacó a la Caja Costarricense de Seguro Social. La institución apagó sus sistemas críticos para contener la intrusión: quedaron suspendidos el Expediente Digital Único en Salud y la plataforma central de recaudación. Médicos perdieron acceso a historiales clínicos, docentes no pudieron cobrar sus salarios y los trámites fiscales, aduaneros y sanitarios quedaron paralizados. En las primeras 48 horas, el impacto económico se estimó en 125 millones de dólares.

El Gobierno rechazó los rescates y calificó a los grupos como “terroristas”. El 8 de mayo, el presidente decretó la emergencia nacional y afirmó que el país se encontraba en un “estado de guerra”. La recuperación demandó meses y requirió apoyo técnico de empresas y distintos países. Washington ofreció 10 millones de dólares por información sobre los líderes de Conti, mientras que Hive fue desarticulado en enero de 2023 tras una operación coordinada entre Europol y autoridades de Alemania, Países Bajos y Estados Unidos.

La recuperación requirió restablecer procesos, sostener mecanismos manuales mientras permanecían fuera de línea algunos sistemas y destinar recursos a la reconstrucción tecnológica. El episodio dejó una señal para el resto de América Latina: la respuesta ante un ataque depende de la capacidad de mantener servicios activos, recuperar información y coordinar a los organismos involucrados.

En 2023, un ataque contra IFX Networks afectó a 78 entidades públicas y a más de 760 empresas privadas de la región. El episodio dejó en evidencia que una vulnerabilidad en la infraestructura tecnológica puede extenderse más allá de una organización o de un país.

Los dos casos reforzaron la necesidad de contar con redes preparadas para sostener servicios y equipos capaces de coordinar una respuesta rápida. Para Digi Americas, la resiliencia digital depende de combinar conocimientos locales, información global sobre amenazas, herramientas tecnológicas y cooperación entre actores públicos y privados.

Los nuevos desafíos

La expansión de la inteligencia artificial incorpora una variable adicional. La tecnología ya transforma las tareas de ciberseguridad: permite detectar señales de riesgo, analizar amenazas en tiempo real y automatizar parte de las respuestas frente a incidentes.

Estas capacidades pueden ayudar a proteger sistemas estratégicos y servicios digitales. Sin embargo, desde Digi Americas plantearon que los gobiernos y las empresas también deben adaptar sus políticas y operaciones a las amenazas vinculadas con la IA, además de resguardar la información sensible y definir reglas para el uso de datos y modelos.

El acceso a capacidad de cómputo, servicios de nube, especialistas y sistemas de seguridad avanzados será un factor relevante para los países que busquen adoptar estas herramientas. Varios gobiernos latinoamericanos ya desarrollan o evalúan estrategias nacionales de inteligencia artificial.

La importancia de la cooperación

Una respuesta efectiva depende de que los países intercambien alertas, datos técnicos y mecanismos de acción frente a incidentes. Los atacantes operan a través de las fronteras, por lo que una señal detectada en un país puede ayudar a prevenir daños en otro. Para Digi Americas, esa cooperación puede mejorar tanto la detección como la capacidad de reacción.

El reporte advirtió que la concentración de sistemas críticos o datos sensibles en un único lugar puede crear un punto de falla y aumentar la exposición a ataques, espionaje, sabotajes o interrupciones de servicios. En esa línea, propuso reforzar el cifrado, la gestión de identidades y accesos, la seguridad desde el diseño, la gobernanza de datos y la diversificación de proveedores y plataformas.

Cómo es el caso argentino

En la Argentina, el Gobierno avanza con un plan para reforzar la protección del sector público nacional y de las infraestructuras críticas ante robos de datos, fraudes, ransomware e interrupciones de servicios. La estrategia incluye la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) nacional, que concentrará alertas de organismos públicos y compartirá información sobre amenazas detectadas.

El proyecto, a cargo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), también contempla la compra de inteligencia sobre amenazas, servidores, programas y otros equipos. La previsión oficial es que el centro comience a funcionar a principios de 2027, aunque el cronograma depende de procesos de compra y de la disponibilidad internacional de infraestructura tecnológica.

El otro problema es que el Estado todavía no tiene una fotografía completa de lo que ocurre. CERT.ar recibió entre 200 y 400 incidentes por año en períodos recientes y ya superó los 700 casos en 2026. Desde el CNC aclaran que el aumento no alcanza para concluir que hubo más ataques: también puede reflejar una mayor detección o notificación. Lo que sí persiste es un subregistro que dificulta dimensionar el riesgo.

Para mejorar esa capacidad de detección, en febrero el CNC dispuso que las agencias de la administración pública nacional designen responsables de ciberseguridad, elaboren planes de recuperación ante desastres e inventaríen sus sistemas de acuerdo con su nivel de criticidad. Cada organismo deberá definir, además, cuánto tiempo puede sostener una interrupción y qué volumen de información podría perder ante un incidente.

El plan prevé un modelo de madurez para que las dependencias identifiquen vulnerabilidades, establezcan prioridades y presenten planes de mejora. También incluye oficiales de enlace del CNC en organismos estatales e infraestructuras críticas, con el objetivo de acompañar la aplicación de estándares y los diagnósticos internos.

Otra de las herramientas proyectadas es una “ciberarena”, una plataforma para recrear ataques y fallas en entornos similares a los reales. Allí podrán simularse redes, centros de monitoreo, equipos de seguridad y controles industriales vinculados con áreas como energía y salud, para evaluar las respuestas de los equipos técnicos.

La capacitación tendrá dos niveles: uno destinado al conjunto de los empleados públicos, centrado en la prevención de estafas y campañas de phishing, y otro dirigido a autoridades, desarrolladores y especialistas. El CNC tiene competencia sobre el sector público nacional y las infraestructuras críticas; con provincias, municipios y empresas privadas, busca establecer mecanismos de colaboración y acuerdos con entes reguladores.