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Los precios de la gasolina en Rusia volvieron a subir tras una serie de ataques ucranianos con drones que golpearon varias refinerías, provocaron una escasez nacional de combustible, largas colas en las estaciones de servicio y renovadas preocupaciones por la inflación.

En la última semana de junio, el precio promedio del litro de gasolina aumentó 1,7% hasta 72,38 rublos (0,93 dólares) mientras que el diésel subió 2,3%, hasta 84,84 rublos (1,09 dólares) por litro. El incremento siguió al mayor salto semanal registrado en al menos dos décadas, reflejo del impacto acumulado de más de 50 ataques contra instalaciones petroleras rusas desde el inicio del año.

A raíz de los bombardeos, varias refinerías clave detuvieron operaciones y la producción de combustibles cayó de forma abrupta. Para finales de junio, alrededor del 90% de las regiones rusas reportaron racionamiento de combustible o algún tipo de interrupción en el suministro.

Las imágenes de largas filas de vehículos en estaciones de servicio circularon en redes sociales, acompañadas de testimonios de frustración e incertidumbre entre los conductores, sobre todo en Siberia, donde incluso se instalaron baños portátiles para los automovilistas en espera.

El desabastecimiento marcó un episodio sin precedentes para Rusia, uno de los mayores productores de energía del mundo, y trasladó el impacto de la guerra a la vida cotidiana. El presidente Vladimir Putin lo reconoció en público y señaló que “persistían problemas tanto para automovilistas como para empresas” y admitió la existencia de colas y dificultades para encontrar ciertos tipos de gasolina.

Aun así, minimizó la gravedad de la crisis al asegurar que era “temporal” y “no crítica”. Sin embargo, la percepción ciudadana contrastó con el discurso oficial: muchos rusos expresaron su desconfianza sobre la capacidad del gobierno para controlar la situación.

La ofensiva ucraniana sobre la infraestructura energética rusa se intensificó durante la primavera y el verano. Solo entre marzo y junio se contabilizaron más de 50 ataques a refinerías, depósitos y terminales de combustible, principalmente mediante drones.

En varios casos, las mismas instalaciones fueron alcanzadas en múltiples ocasiones. El complejo de Tuapse, en el mar Negro, fue atacado cuatro veces. Uno de los episodios más notorios se produjo en San Petersburgo, donde un ataque provocó una densa columna de humo justo cuando Putin se preparaba para inaugurar su foro económico anual. Días después, la refinería de Moscú resultó dañada y cubrió de residuos negros los alrededores de la capital.

Como resultado, la cantidad de crudo refinada en junio cayó 25% respecto al año anterior, hasta 3,95 millones de barriles diarios, el nivel más bajo en más de dos décadas. La producción de gasolina descendió 17%, hasta 850.000 barriles diarios, una cifra insuficiente para cubrir la demanda interna, ya que Rusia exporta solo una pequeña parte de su producción.

La escasez se expandió a regiones alejadas de la línea de combate, como Omsk y Zabayakalye, donde no hubo ataques directos a refinerías. En Omsk, las autoridades limitaron la venta a 40 litros por vehículo, una medida que sorprendió a los habitantes, acostumbrados a la abundancia de combustible por la presencia de una de las mayores plantas del país.

Para intentar estabilizar el mercado, el Gobierno ruso restringió la exportación de gasolina y combustible de aviación, y analizó la posibilidad de prohibir también las exportaciones de diésel. Las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar el acaparamiento y repostar solo cuando fuera necesario, mientras exploraban la importación de combustible desde países aliados.

(Con información de Bloomberg)

La Argentina enfrenta una paradoja en el sistema de riesgos del trabajo: mientras disminuyen los accidentes y las muertes en el ámbito laboral, la cantidad de juicios continúa en aumento, lo que pone en jaque la sostenibilidad financiera y operativa del sistema.

A 30 años de la sanción de la Ley 24.557, que estableció el actual sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) con el objetivo de garantizar la prevención de accidentes, la reparación integral de los daños y la cobertura universal de los trabajadores en relación de dependencia; el sector reconoce logros en prevención y reparación, pero alerta sobre el impacto de los juicios crecientes sobre el financiamiento y la eficiencia del sistema.

En este sentido, para la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), “la reforma reemplazó un círculo vicioso por un circuito virtuoso: menos opacidad, más prevención; menos litigio como primera respuesta, más prestación oportuna; menos incertidumbre de costos, más previsibilidad para invertir y emplear”.

Según datos de la UART, en marzo había 10.116.346 trabajadores y 984.973 empleadores cubiertos. El promedio anual de 2025 muestra que el sistema protegió a 10,2 millones de trabajadores. En ese año se notificaron 536.140 casos globales y 358.573 accidentes y enfermedades profesionales, sin incluir accidentes in itinere.

La UART destacó que el mayor valor del sistema reside en “accidentes evitados, enfermedades prevenidas, muertes que no se produjeron y trabajadores que pudieron regresar a su actividad”.

En paralelo, la litigiosidad no cede. En el primer cuatrimestre del año se acumularon 39.687 nuevos casos. Solo en abril se registraron 12.727 juicios y el volumen acumulado se ubica un 2,3% por encima del ingresado durante el mismo período de 2025, que ya había sido particularmente elevado. En el sector aseguran que los juicios siguieron en ascenso en los últimos meses, pero la información del semestre se conocerá a mediados de julio.

El reporte alertó: “La judicialización sigue tensionando el financiamiento, la previsibilidad y la asignación eficiente de recursos”. Y señala que la litigiosidad genera “una paradoja institucional: mientras los indicadores de accidentabilidad y mortalidad muestran una mejora histórica, el volumen de demandas se mantiene elevado y muchas veces desconectado de la existencia de incapacidad real o de diferencias técnicas sustantivas”.

La UART también subrayó el contraste respecto a países de referencia como España o Chile, donde la litigiosidad es mucho menor. En cambio, el modelo argentino combina estándares prestacionales elevados con un problema judicial severo.

“El desafío para sostener el sistema tan valorado por empleadores y trabajadores radica en preservar su capacidad preventiva y reparadora, corrigiendo los desvíos que absorben recursos y generan incentivos contrarios al interés del trabajador”, sostiene el informe.

La reforma de la seguridad social implementada en 1996 reemplazó un régimen fragmentado, donde la reparación era tardía y costosa y la prevención resultaba insuficiente.

Antes de la Ley 24.557, ante un accidente, el trabajador dependía de respuestas parciales: “la obra social, el hospital público, la capacidad económica del empleador o un juicio de resultado incierto que conllevaba muchísimo tiempo”.

La presidenta de UART, Mara Bettiol, advirtió: “La litigiosidad creciente desvía recursos que deberían financiar prevención, asistencia y reparación y menores costos”.

Las prioridades urgentes

Para el sector, aplicar con consistencia las herramientas de la ley, fortalecer criterios médicos uniformes y desalentar incentivos que premian la judicialización por encima de la solución técnica constituyen prioridades urgentes.

El sistema argentino se distingue por su integralidad. Brinda atención médica sin límite de gasto hasta el alta, prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria, indemnizaciones por incapacidad permanente, recalificación profesional y prestaciones por fallecimiento.

De acuerdo a estimaciones de la UART, la política de riesgos del trabajo salvó 20.000 vidas, evitó 5,1 millones de accidentes y proporciona más de 14 millones de prestaciones asistenciales y de seguimiento por año.

La Ley 27.348, sancionada en 2017, fortaleció la actuación de las Comisiones Médicas jurisdiccionales como instancia administrativa previa y obligatoria. El objetivo fue resolver de manera técnica y rápida casos que no requieren años de juicio.

No obstante, la entidad observa que la brecha entre el procedimiento administrativo y la sentencia judicial sigue generando incertidumbre y costos adicionales para el sistema.

Entre los desafíos futuros, el informe destacó la necesidad de reducir la litigiosidad evitable, ampliar la cobertura a trabajadores aún fuera del sistema, innovar en la salud laboral y profundizar la prevención basada en datos.

“La agenda futura también exige reconocer cambios profundos en el mundo del trabajo. La digitalización, las plataformas, el teletrabajo, la robotización, la movilidad urbana, el envejecimiento de la población activa y la transición energética modifican la forma en que se producen accidentes y enfermedades profesionales”, explicó.

“Los próximos treinta años deben encontrar a la Argentina con más trabajadores cubiertos, más prevención, mejor información, criterios médicos uniformes y una reparación cada vez más cercana, rápida y justa”, concluyó Bettiol.

El caso de Santa Fe

La provincia de Santa Fe volvió a ubicarse en el centro de la escena por el sostenido crecimiento de la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo. En abril de 2026 fue la jurisdicción de mayor incremento interanual entre las cinco provincias con mayor volumen de causas, al registrar un alza del 24,9% respecto del mismo mes de 2025.

Si bien otras jurisdicciones también exhibieron variaciones significativas —como Entre Ríos, con un incremento del 33%, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una suba del 9,4% interanual—, Santa Fe alcanzó los 2.241 nuevos juicios durante abril y acumuló 6.535 causas en el primer cuatrimestre del año, un 19,5% más que en igual período de 2025.

Este escenario de fuerte crecimiento de la litigiosidad impulsó la reciente aprobación de una reforma al Código Procesal Laboral de la provincia, una iniciativa orientada a reducir la cantidad de juicios que ingresan al sistema de ART.

Desde la UART destacaron que la modificación representa un paso importante para aportar mayor previsibilidad al empleo en Santa Fe y fortalecer la sostenibilidad del sistema. Entre los principales cambios introducidos por la reforma se encuentran:

• La reducción del plazo de caducidad para iniciar acciones judiciales a 90 días, cuando anteriormente era de dos años.
• El establecimiento de límites a los honorarios periciales.
• La creación de Cuerpos Médicos Forenses.

Para la entidad, estas medidas constituyen herramientas clave para revertir una dinámica de litigiosidad considerada desproporcionada y representan un avance decisivo para garantizar la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo en la provincia.

El tráfico comercial en el Estrecho de Ormuz ha superado los 10 millones de barriles diarios de petróleo desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un acuerdo de paz provisional con Irán, según confirmó a Bloomberg un funcionario estadounidense que solicitó el anonimato para describir el estado interno de las negociaciones. El repunte, apuntalado por el despliegue militar de Washington en la zona sur del corredor, tomó por sorpresa a Teherán, cuya capacidad real para paralizar el paso ha quedado en entredicho.

El miércoles se observaron dos grandes convoyes de buques comerciales cruzando el estrecho, en lo que el rastreo de Bloomberg describió como uno de los ejemplos más nítidos hasta la fecha de una táctica de navegación en grupo que gana terreno. Seis cargueros fueron vistos entrando al Golfo Pérsico en formación compacta por la ruta vigilada por Estados Unidos, pegada a la costa de Omán; otros cuatro salían en sentido contrario.

Entre ellos figuran buques cisterna de petróleo, gas y combustible, así como portacontenedores, varios con vínculos con los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Las fuerzas navales occidentales informaron el fin de semana que esa ruta omaní fue ampliada para permitir la entrada y salida simultánea de embarcaciones, lo que explica los movimientos en ambas direcciones registrados el miércoles.

La media móvil de siete días de tránsitos comerciales se situaba en 38 al 30 de junio, aunque una salida acelerada de naves que permanecían atrapadas desde el inicio de la guerra la elevó hasta 40 en los días más recientes, según Bloomberg. Si todos los buques del miércoles completan el trayecto, los datos de rastreo muestran que supondría un incremento respecto al día anterior.

Las naves transitan por dos vías: la gestionada por Estados Unidos, próxima a la costa omaní, y otra que atraviesa aguas iraníes. Irán ha declarado que no autoriza tránsitos sin su conocimiento, y su negociador jefe, Mohammed Bagher Ghalibaf, afirmó el martes en televisión estatal que la soberanía sobre el corredor pertenece a Irán y Omán.

El memorando de entendimiento firmado por Trump e Irán contempla tráfico libre de peajes durante un período de negociación de 60 días y deja abierto el estatus del estrecho más allá de ese plazo. Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han declarado que tanto los peajes como las tarifas de servicio marítimo serían inaceptables en un acuerdo definitivo. Irán no ha aceptado públicamente esas exigencias.

Las conversaciones indirectas de esta semana en Qatar, en las que participan los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, tienen como ejes centrales el futuro de las capacidades nucleares iraníes y el control del tráfico por Ormuz, de acuerdo con el funcionario citado. El negociador omaní señaló que los planes para el estrecho no implican la imposición de “tarifas de tránsito”, aunque el país comunicó a funcionarios europeos que algunos cobros podrían ser necesarios, según reportó Bloomberg.

La semana pasada, Irán vulneró las medidas acordadas con un ataque de dron contra un buque portacontenedores de bandera singapurense, lo que desencadenó una cadena de represalias que pusieron en riesgo la tregua. El incidente dañó el puente de mando de la nave, pero no causó víctimas y el barco pudo continuar su travesía.

La decisión de Trump de suspender más ataques y dejar avanzar las negociaciones fue interpretada como una señal de su renuencia a asumir un mayor coste económico derivado del conflicto. El mandatario ha dicho que no quiere ser recordado como Herbert Hoover, presidente durante el desplome bursátil de 1929 que desencadenó la Gran Depresión.

Analistas advirtieron que esas consideraciones económicas y políticas podrían alentar a Irán a dilatar las conversaciones, erosionando la capacidad de Trump para arrancar concesiones sustanciales a Teherán. Restablecer el tráfico por Ormuz representa una vuelta al estado previo a la guerra, no un avance nuevo, según las mismas fuentes.

La capacidad limitada de Irán para monitorear el tráfico alejado de su costa retrasó su percepción del alcance real de los flujos en el corredor sur, lo que contribuyó a su tardía reacción, indicó el funcionario. La administración estadounidense interpreta los ataques de la semana pasada como un intento de Teherán de reafirmar su control sobre el estrecho tras constatar que su poder para paralizarlo es más reducido de lo previsto.

Antes del conflicto, el Estrecho de Ormuz canalizaba cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, con aproximadamente 20 millones de barriles de crudo y combustible fluyendo a diario. Con al menos 10 millones pasando actualmente por el corredor y otros cinco millones circulando por rutas alternativas, los flujos se acercan a los niveles anteriores a la guerra.

Armadores, compañías petroleras y otros actores del sector advirtieron que cualquier tarifa —o cobro que la encubra— constituye una violación inaceptable del derecho internacional y sentaría un precedente peligroso que podría alentar cobros similares en otras vías navegables del mundo.

Pedro Di Nezio, científico con trayectoria académica en Estados Unidos y especialista en predicción climática, asumió hoy la conducción del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en reemplazo de Antonio Mauad, quien completó la primera etapa de reestructuración del organismo. La nueva gestión tendrá a su cargo la puesta en marcha de un plan de inversión para automatizar la red de estaciones meteorológicas del país.

Di Nezio es doctor en Meteorología y Oceanografía Física por la Universidad de Miami e ingeniero mecánico egresado del ITBA. Su designación formal rige desde este 1° de julio, aunque, según pudo reconstruir Infobae, ya había comenzado a trabajar antes en articulación directa con el equipo saliente, en el marco de lo que fuentes oficiales describieron como “una transición ordenada”.

La decisión la tomó el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, cartera de la que depende el SMN. Di Nezio llega con un perfil infrecuente para la conducción de un organismo estatal argentino: veinte años radicado en Estados Unidos, donde lideró programas de investigación aplicada en las universidades de Colorado, Texas y Hawái, con pasos también por NOAA y el Centro Nacional de Investigación Atmosférica.

A lo largo de su carrera, estuvo a cargo de proyectos que demandaron inversiones millonarias en el ámbito privado, con responsabilidad técnica y administrativa directa. Además, según consta en su currículum, publicó más de sesenta trabajos científicos, varios de ellos en Science y Nature. En 2017 firmó, además, uno de los primeros pronósticos de La Niña con dos años de anticipación, una capacidad especialmente valorada en el sector agropecuario por su incidencia en la planificación de campañas y en la anticipación de sequías prolongadas.

Su trayectoria incluye, además, experiencia de gestión por fuera del ámbito académico: desde 2011 integra el panel internacional de diagnóstico de El Niño/La Niña que coordina el Centro de Predicción Climática de la NOAA, y en los últimos dos años se desempeñó como consultor en riesgo climático para la red de reaseguros WTW Research Network, un antecedente que el equipo de conducción del ministerio destaca como prueba de su capacidad para articular información técnica con la toma de decisiones en sectores productivos. En 2024 fue disertante invitado en el Simposio Fronteras de la Ciencia de la Fundación Kavli, en Kyoto, uno de los encuentros científicos internacionales de mayor prestigio en su área.

Su llegada a la conducción del SMN no es una novedad completa: en octubre de 2025, la cartera de Defensa ya había confirmado que Di Nezio ocuparía el cargo, aunque aquella designación no llegó a formalizarse en el Boletín Oficial. En los meses siguientes, la conducción del organismo quedó en manos de Antonio Mauad, quien asumió el compromiso de completar una primera etapa de reestructuración antes de dar paso a la gestión que el Gobierno proyectaba desde un principio para Di Nezio.

Según pudo reconstruir este medio con fuentes con acceso directo al proceso, el esquema de recambio estuvo planificado desde el verano. Mauad solicitó en diciembre un plazo de seis meses para llevar adelante una reestructuración que consideraba necesaria, con foco en ordenar una estructura territorial que, según el diagnóstico oficial, arrastraba numerosas designaciones de origen político.

El Gobierno indicó que, de los entre 120 y 125 puntos de observación meteorológica distribuidos en el país, cada uno llegó a contar con hasta ocho personas asignadas a tareas de relevamiento, en muchos casos sin formación ni certificación como observadores meteorológicos.

En ese diagnóstico, fuentes oficiales describieron una lógica de designaciones que respondía en buena medida a pedidos de intendencias del norte y el litoral del país, más que a necesidades operativas del organismo. En ese marco, el SMN avanzó en los últimos meses en la desvinculación de alrededor de 100 agentes. En ese momento, el Ejecutivo resaltó que las medidas no habían afectado al personal científico del SMN.

Cumplida esa etapa, el Gobierno decidió dar paso a la fase de expansión y modernización que reservaba para Di Nezio desde el momento en que definió su incorporación. La nueva gestión pondrá el foco en una inversión de varios millones de dólares destinada a automatizar buena parte de la red de estaciones y reemplazar de manera progresiva el esquema de observadores humanos por tecnología de última generación, en línea con el perfil técnico y científico del nuevo director.

La estrategia oficial para el SMN y el rol del organismo

El nombramiento se enmarca, además, en una estrategia más amplia del Gobierno para el organismo. En el equipo de conducción sostienen que el SMN funciona como una de las principales vías de contacto cotidiano entre la gestión y la ciudadanía —a través de alertas y pronósticos— y le asignan también una función estratégica vinculada al sistema de defensa nacional.

La elección de un perfil científico de trayectoria internacional busca, según esa misma lectura, dotar al organismo de mayor jerarquía técnica y despegarlo de una lógica de gestión tradicional, en un ámbito que históricamente mostró resistencia a conducciones ajenas a la propia comunidad meteorológica local. También apunta a responder a reclamos que distintos sectores venían planteando en torno a la conducción del organismo.

Mauad, por su parte, continuará ligado al Ministerio de Defensa y se reincorporará a tareas vinculadas a las Islas Malvinas, área en la que ya había tenido desempeño previo y que en su momento condujo con buenos resultados, según la evaluación del propio ministerio.

Si bien no va a cumplir con aquella promesa, simbólica o no, de dinamitar el Banco Central (BCRA), el gobierno de Javier Milei se prepara para cambiar sus funciones. La Carta Orgánica de la autoridad monetaria, instrumento esencial de la política monetaria, tuvo su última reforma en 2012, en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y hacia allí apunta el gobierno, según explicó el propio Presidente durante una reunión con legisladores oficialistas en la que se repasaron las prioridades de la agenda parlamentaria.

La reforma del 2012, impulsada por la presidenta del BCRA de entonces, Mercedes Marcó del Pont, dispuso diversos cambios. El kirchnerismo puso especial énfasis en modificar el artículo 3, que establecía como “función primaria y fundamental” de la entidad “preservar el valor de la moneda”. Esa función se reemplazó por un mandato múltiple que sumó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

Con ello, se aspiraba a que el rol del Central no se limite a contener la inflación sino que tenga también obligaciones que la orienten a fomentar el crecimiento de la economía y promocionar el empleo, pese a existir otros organismos del Estado a cargo de esas tareas. Tal fue el impulso a esa idea, que Marcó del Pont mandó a cambiar el cartel montado en el ingreso al edificio de Reconquista 266 con el antiguo artículo 3 para que pudiera leerse el nuevo.

Los años posteriores no trajeron ni inflación baja ni desarrollo con equidad. Pero si fueron testigos de una consecuencia de fondo de la nueva Carta orgánica -menos anunciada pero más utilizada- que fue el cambio del artículo 20 dedicado a los adelantos transitorios. Se trata de una herramienta crucial para que el Banco Central financie al Tesoro con emisión monetaria. Antes de la reforma, los adelantos transitorios se otorgaban por un plazo de 12 meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, a lo que podía sumarse un 10% de la recaudación obtenida por el Gobierno nacional en el último año.

La reforma del kirchnerismo elevó esos topes y añadió otro 10% de la recaudación del último año con “carácter excepcional”. También eliminó la asignación específica para el pago a organismos multilaterales, permitiendo al Poder Ejecutivo utilizar los adelantos transitorios para cualquier destino.

De ese modo, siguiendo el principio impulsado por Marco del Pont de que el BCRA debía financiar al Tesoro como función primordial, en 2012 se inició un proceso de llevar al límite los fondos que el Central le giraba al Gobierno. Como contrapartida, el Banco Central debía emitir sus propios títulos para esterilizar esos fondos y atenuar el impacto inflacionario. Así comenzó el crecimiento de los pasivos remunerados del BCRA, que derivaron en consecuencias posteriores.

Otros aspectos de la reforma establecían que el Banco Central deberá actuar “en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional”, para reducir su margen de independencia.

Si bien el actual gobierno ya limitó de hecho la independencia del Central, y aún sin conocerse los detalles de la contrarreforma que propone Milei, se espera que la iniciativa busque reducir la capacidad de emisión monetaria, ampliada por la reforma de 2012 para cubrir el déficit fiscal, especialmente en contextos de restricción o ausencia de financiamiento.

En su presentación ante la Fundación Faro la semana pasada, Milei propuso volver a la Carta Orgánica previa a 2012. “¿Qué podemos pretender de alguien de un Banco Central kirchnerista?“, afirmó el Presidente.

”La bruta de Marcó del Pont a un instrumento de política económica le asignó cinco objetivos. Si uno lee la Carta Orgánica actual por cualquier motivo puede emitir dinero. Así estábamos, nos dejaron plantado una hiper. Pero, lo que quiero decir es que el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central, decía que era misión fundamental del Banco Central de la República Argentina defender el valor de la moneda. Parece que no les salió, le sacaron 13 ceros”, sentenció Milei.

La Educación Sexual Integral en Argentina volvió al centro de la agenda pública tras los cuestionamientos de Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sus declaraciones, difundidas en redes sociales, pusieron en duda la efectividad del programa en la reducción de enfermedades de transmisión sexual y generaron una ola de respuestas de referentes políticos y especialistas.

Muzzio expresó en un posteo que “la ESI tampoco redujo las enfermedades de transmisión sexual”. Citó el caso de una joven que, tras descubrir un diagnóstico de sífilis, afirmó no haber recibido información sobre la enfermedad durante su escolaridad. Y mencionó estadísticas del Boletín Epidemiológico Nacional sobre el aumento de sífilis en jóvenes de 20 a 21 años. Este enfoque generó controversia incluso dentro del PRO, partido al que pertenece la funcionaria.

Pilar Molina, secretaria general de Gestión del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires destacó en Infobae en Vivo que “la ESI no refleja un posicionamiento ideológico” y señaló que su implementación trasciende gobiernos y partidos políticos.

Datos del Ministerio de Salud de la Nación muestran una reducción de embarazos adolescentes tras la implementación de la ESI y el programa ENIA. En 2005, se registraron 107.109 embarazos en menores de 20 años. Para 2024, esa cifra descendió a 35.292, lo que representa una disminución del 67%.

Molina aportó datos del Ministerio Público Tutelar. Destacó que “entre el 70% y el 80% de los chicos y chicas de entre 12 y 14 años que pasaron por la sala de entrevistas especializadas pudieron reconocer y contar que habían sido víctimas de abuso gracias a lo aprendido en Educación Sexual Integral”.

Al mismo tiempo agregó que la actualización de esos datos en 2024 mostró que “uno de cada cuatro chicos elige el entorno escolar para develar voluntariamente situaciones traumáticas”. Según la funcionaria, la ESI permite que la escuela funcione como un refugio y espacio de confianza para niñas, niños y adolescentes.

La secretaria general explicó que la ESI “no es una asignatura” y que abarca cinco ejes: derecho y cuidado de la salud, afectividad y perspectiva de género, entre otros. “La ESI tiene una profundidad que va más allá de la currícula”, señaló la funcionaria. Molina remarcó que nunca registró intervenciones estructurales de adoctrinamiento, aunque reconoció la posibilidad de casos aislados.

La funcionaria atribuyó la resistencia social a la ESI principalmente al miedo y al desconocimiento. “Fundamentalmente es miedo y desconocimiento”, afirmó Molina, y sostuvo que la ESI busca dar respuesta a la mayoría de las preocupaciones de madres, padres y docentes sobre la infancia y la adolescencia.

Programa ENIA y políticas públicas vinculadas

Junto a la ESI, el Programa Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) fue señalado como un factor relevante en la disminución de embarazos adolescentes. El programa promovió el acceso a bienes y servicios vinculados a la salud sexual y reproductiva.

El ENIA integró programas preexistentes de educación, salud y desarrollo social, con el objetivo de coordinar esfuerzos entre Nación, provincias y municipios. Molina recordó que coordinó el ENIA en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal y que la política contó con consenso transversal.

Sobre el estado actual del programa, Molina señaló que en 2024 y 2025 se produjo un “desmantelamiento bastante intensivo” a nivel nacional, lo que generó respuestas de diversos sectores de la comunidad y la academia en defensa de la política.

La funcionaria enfatizó la importancia de actualizar y fortalecer la ESI para abordar emergentes sociales y tecnológicos. Sostuvo que “la ESI debería ser una herramienta que se actualice periódicamente” para acompañar los procesos de crecimiento y las nuevas realidades de niñas, niños y adolescentes.

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