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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 dio lugar a la medida cautelar que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó que el Gobierno nacional cumpla con lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario.

El reclamo de los gremios de las universidades nacionales se sostiene en que el Poder Ejecutivo aplique la recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la administración de Javier Milei. Además, que se actualicen las partidas para las becas destinadas a los alumnos.

La medida firmada por el juez Martín Cormick señaló que el Gobierno tiene un plazo de cinco días para cumplir con la normativa, “bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”.

Los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 —que la cautelar ordena aplicar— regulan dos aspectos centrales del sistema universitario público: la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y la recomposición de todos los programas estudiantiles.

La disputa tiene un recorrido judicial extenso. El juez Cormick dictó la cautelar original en diciembre de 2025, tras el amparo colectivo que impulsaron representantes del CIN y de distintas casas de estudio nacionales. El planteo central busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa medida al entender que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por los representantes universitarios. El tribunal de alzada también advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender, y señaló que el ahorro derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.

El Gobierno intentó frenar el proceso por distintas vías: recusó a los jueces intervinientes y solicitó la excusación de los integrantes de la Corte Suprema bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria. Ambos planteos fueron rechazados. El 25 de junio, los tres ministros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— desestimaron el recurso extraordinario del Ejecutivo por falta de sentencia definitiva y dejaron firme la cautelar. Aunque la resolución no tuvo efectos económicos inmediatos —dado que para esa fecha ya existía un acuerdo firmado—, representó un aval implícito a la vigencia de la ley.

Ese acuerdo había tomado forma el 10 de junio, cuando la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron un acta en la que el Estado se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios de $50.000.000.000. El texto también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano a partir de junio y fijó un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias. Para el Ejecutivo, ese convenio satisfacía “en lo sustancial” los artículos 5 y 6 de la ley y eliminaba el riesgo que había motivado la medida cautelar original. Sin embargo, las universidades recordaron que el propio Estado había aclarado al firmar que el acta no implicaba abandonar su postura en el proceso judicial. Desde el CIN calificaron el acuerdo como “una gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo” y argumentaron que el convenio no cubría todos los requisitos que la norma establece.

Con ese telón de fondo, el Gobierno solicitó formalmente el levantamiento de la cautelar. El 1 de septiembre, Cormick rechazó el pedido. En su resolución, el magistrado concluyó que “el Estado Nacional no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente” de los acuerdos “en relación a los perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, ni que exista “una definición efectiva y final” sobre el deterioro de ingresos y la pérdida salarial del colectivo afectado. El juez sostuvo que, ante la situación planteada por los actores, “mal puede considerarse superado el peligro en la demora” y aclaró que el rechazo no implica adelantar criterio sobre el fondo del litigio.

El conflicto encontró un nuevo punto de quiebre el 17 de septiembre, cuando fracasó la ronda paritaria convocada por la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno. La cartera ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta que todos los sindicatos rechazaron de forma unánime. La oferta fue idéntica a la presentada a comienzos de mes. Ante ese resultado, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) confirmaron un paro escalonado de 23 días con actividades de visibilización en cada repartición y unidad académica, que comenzó el lunes 21 de septiembre en el Rectorado y se extenderá hasta el 22 de octubre.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, fue directo al caracterizar la situación: “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial”, declaró.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) también tomó posición. Su secretario general, Daniel Ricci, afirmó: “Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”.

Como punto de confluencia del plan de acción, el 15 de octubre se realizará frente al Palacio de Tribunales la quinta edición de la Marcha Federal Universitaria, la segunda en lo que va del año.

Las compañías aceleraron la emisión de deuda durante agosto: concretaron 41 colocaciones de Obligaciones Negociables (ON), la cifra más alta de los últimos 12 meses, según PwC. Sin embargo, el monto total emitido fue de $1,7 billones, un 34% menos que en julio. A la par, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) monitorea lo que aún no se liquido en el mercado para seguir comprando reservas internacionales como un “colchón” ante una eventual corrida cambiaria en las elecciones del 2027.

El informe de PwC mostró que agosto alcanzó el máximo de emisiones en cantidad dentro de la serie que va desde agosto de 2025 hasta agosto de 2026. Las 41 colocaciones superaron las 40 de diciembre de 2025, las 37 de mayo y junio de este año, y las 32 de marzo y julio.

En julio, el mercado registró 32 colocaciones por $2,3 billones. En agosto, las emisiones subieron a 41, pero el monto descendió en casi $580.000 millones. La diferencia se explicó, en gran medida, por el comportamiento del segmento en dólares, donde aumentó el número de operaciones, aunque cayó el volumen colocado.

PwC indicó que las colocaciones en ese segmento aumentaron en cantidad, aunque el monto total emitido descendió 34% en comparación con julio. El número total de operaciones creció, pero el tamaño de las emisiones no acompañó ese avance. El resultado fue un récord de colocaciones con un descenso en los recursos totales obtenidos por las empresas. La tasa promedio de las ON en USD Hard fue de 5,1% TNA, luego de una baja de 30 puntos básicos (p.b.) mensual. La reducción de ese indicador coincidió con el retroceso de los montos colocados dentro de ese segmento.

La serie comenzó en agosto de 2025 con 22 emisiones por $1,1 billones. En septiembre, el número de operaciones bajó a nueve y el monto fue de $176.065 millones. Octubre registró 27 colocaciones por $2,9 billones, mientras que noviembre mantuvo 27 operaciones, con un monto de $4,3 billones. Ese valor de noviembre fue el mayor de la serie en términos nominales.

La cifra quedó muy por encima del total informado en agosto de este año, a pesar de que ambos meses registraron un número elevado de operaciones. El contraste mostró que la cantidad de colocaciones no siempre se trasladó a un aumento equivalente en los fondos captados.

En diciembre de 2025, el mercado concretó 40 emisiones por $1,8 billones. Durante enero de 2026 hubo 17 operaciones por $3,3 billones. Febrero sumó 29 colocaciones por $1,4 billones y marzo contabilizó 32 por $735.965 millones. En abril se realizaron 21 emisiones por $2,2 billones. Mayo cerró con 37 operaciones y $2,6 billones. En junio se mantuvieron las 37 colocaciones, con un monto de $2,9 billones.

Lo que mira el Banco Central

La evolución de las ON se convirtió en un dato relevante para el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que sigue las emisiones de compañías y provincias como una fuente potencial de dólares para el mercado libre de cambios. La entidad mantiene bajo observación los fondos que aún no se liquidaron, a pesar de que ya cumplió la meta de compra de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de USD 10.000 millones para este año.

A mediados de agosto, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, informó que existían más de USD 4.400 millones pendientes de ingreso al mercado cambiario. La cifra surgió de la diferencia entre las colocaciones de deuda de empresas y gobiernos provinciales, que sumaron USD 20.200 millones, y los USD 15.800 millones que ingresaron al mercado libre de cambios.

El universo de emisiones corporativas incorporó, a posteriori, la colocación internacional anunciada por YPF, que emitió bonos por USD 1.200 millones con vencimiento en junio de 2035. La operación fue la mayor lograda por una empresa argentina en los últimos 11 años.

El bono tuvo un plazo de nueve años y se colocó a una tasa de interés de 7,55%. La tasa efectiva fue de 7,85%. Los fondos tendrán dos destinos: una parte se usará para la precancelación de dos ON internacionales con vencimientos entre 2027 y 2029, y el resto financiará el Plan 4×4 de la compañía.

La emisión de YPF amplía el conjunto de colocaciones corporativas que pueden aportar dólares al mercado libre de cambios. Sin embargo, la empresa todavía debe concluir el proceso de recompra de las obligaciones negociables previstas para la precancelación. “Primero tienen que cerrar la recompra de ONs”, señalaron fuentes de YPF a Infobae ante la consulta sobre el momento en que se liquidarán los dólares restantes. Esa instancia definirá el ingreso de una parte de los recursos al mercado cambiario.

Próximas emisiones

El mercado también espera la salida internacional de la provincia de San Juan, que prepara un bono con el que pretender conseguir USD 600 millones. La operación será el debut de la provincia en los mercados externos y no integró el acumulado que mostró el gráfico del BCRA. Según las expectativas del mercado, San Juan saldrá este jueves a colocar deuda. La emisión se proyecta en un contexto de aumento del riesgo país, que cerró ayer en 533 puntos básicos (p.b), el nivel más alto desde mayo.

La colocación provincial se agregará a los bonos emitidos por YPF y a las operaciones de empresas y gobiernos subnacionales que el Banco Central incorpora a su seguimiento. El monto de USD 600 millones puede modificar el flujo potencial de divisas hacia el mercado libre de cambios.

Y si bien el BCRA ya alcanzó la meta de compra de reservas internacionales de este año -las compras del BCRA superaron los USD 14.200 millones y las reservas internacionales brutas se acercan a superar los USD 50.000 millones-, sigue con atención las colocaciones que aún no se liquidaron para acelerar con el ritmo de compra y no generar presiones sobre el tipo de cambio.

Es que en el equipo económico ven a la compra de reservas por parte del BCRA como un poder de fuego ante una eventual corrida en las elecciones presidenciales del próximo año. “Para el 2027, el primer colchón que fuimos construyendo este año es tener un banco central que compró casi USD 15.000 millones, ese es un colchón muy fuerte”, afirmó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, en un canal de streaming junto con Guillermo Laborda. A la que se le debe sumar el swap con Estados Unidos y China ambos por USD 20.000 millones.

El Gobierno trabaja contra reloj para conseguir adhesiones para un proyecto de ley que reemplace la actual emergencia en discapacidad, abandonando ese estatus por una normativa con lineamientos permanentes y que se puedan encuadrar dentro de los objetivos fiscales y presupuestarios de la Casa Rosada. La fecha límite es este miércoles, cuando las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara de Diputados deben dictaminar los proyectos en danza.

Tal como adelantó Infobae, se mantendrá el nomenclador de prestaciones y los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad, aunque con condiciones más estrictas. Las variaciones ya venían siendo negociadas entre el oficialismo de La Libertad Avanza y los bloques de la oposición dialoguista, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Las negociaciones están encabezadas principalmente por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la diputada de LLA que lidera el tratamiento del proyecto en los pasillos legislativos, Laura Rodríguez Machado.

Según pudo confirmar este medio, esta tarde habrá un encuentro cerca de las 16:00 en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados -con Rodríguez Machado y la diputada Silvana Giudici a la cabeza del bloque libertario- para destrabar la redacción del dictamen, con el objetivo de que se firme mañana y se trate posteriormente en sesión. Se espera que asistan Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Karina Maureira (La Neuquinidad), Nancy Picón (Producción y Trabajo), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y los representantes de Elijo Catamarca, MID y Unidos.

“Está todo especialmente entre algodones. Hay bastante hermetismo porque cualquier cosa que salte es pasible de hacer saltar la térmica de las negociaciones”, cuentan en el oficialismo. La propuesta final que se conversará esta tarde en el Palacio del Congreso será tratada en la reunión de Mesa Política de esta tarde, a realizarse a las 13:00 en Casa Rosada.

La única persona que suele integrar ese círculo de altos funcionarios y que no podrá estar presente es el ministro de Economía, Luis Caputo. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, lo culpó como uno de los responsables de haber insertado “cambios inconsultos” en el proyecto de Presupuesto para el 2027 y que desataron un escándalo por contener retrocesos importantes en materia de discapacidad. Aun así, a lo largo de la última semana se reactivaron canales informales entre los negociadores del ala política y los referentes de la mesa económica para arribar a un punto medio.

El saldo que dejó la revelación del proyecto presupuestario de la semana pasada fue la renuncia presentada este lunes por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches. Alegando “razones estrictamente personales”, el funcionario envió una carta en horas de la tarde al ministro de Salud, Mario Lugones, comunicándole su corrimiento del cargo que asumió hace más de un año, cuando reemplazó a Diego Spagnuolo en medio del escándalo de la causa por un presunto esquema de corrupción, cobro de coimas y direccionamiento de contratos en el organismo.

Pese a todo, en el Gobierno afirman que su renuncia todavía no está efectivizada. “Para que se materialice debería estar Javier Milei en el país”, indican. Vilches habría tomado la decisión de renunciar luego de meses de desgaste y de estar pensando en dar un paso al costado. Los cambios sobre el nomenclador y criterios de asignación para los programas que dependen de ANDIS que se vieron reflejados en el Presupuesto habrían sido la gota que colmó el vaso. Aun así, resulta curioso que en más de un despacho del Gobierno se esgrime que Vilches seguirá en funciones y que no se le aceptará que renuncie al cargo. “Le están diciendo que se va a tener que quedar igual”, confiesa una fuente del Gobierno en estricta reserva.

Los cambios que apura el Gobierno

En la Casa Rosada quieren resolver la cuestión de discapacidad lo antes posible debido a la cercanía de la visita al país del papa León XIV. Una de las primeras actividades que tendrá en suelo argentino será una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, la institución que trabaja con miles de personas con discapacidad en todo el país y que actualmente sufre problemas en la cadena de pagos.

En diálogo con El Destape Radio, el director del Servicio de Discapacidad del Cottolengo, Fernando Montero, contó que la institución enfrenta diez meses consecutivos de desabastecimiento de insumos esenciales como medicamentos, pañales y apósitos producto de la interrupción de ciertos programas nacionales. A esto le sumó que “durante el 2024 y 2025 se congelaron los aranceles, o sea, se licuaron en relación a la inflación y luego de la ley de emergencia ahora se dan aumentos por IPC, pero de un arancel que está devaluado en un 30 a 35%”.

Uno de los ejes del proyecto es la restitución del nomenclador de prestaciones, el instrumento que fija los precios que deben cobrar los prestadores de servicios y obliga a obras sociales y prepagas a pagar ese piso mínimo. Su eliminación en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 había encendido las alarmas del sector y fue catalogada como una “bomba” por Bullrich.

La discusión no es solo si se repone el nomenclador, sino bajo qué condiciones se actualizará: el Presupuesto proponía un ajuste trimestral a discreción de la Secretaría de Discapacidad, mientras que el proyecto en elaboración apunta a una actualización bimestral atada a la inflación, frente al esquema vigente de revisión mensual ligada al IPC.

El otro cambio de peso es el endurecimiento de los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. El texto aún no está cerrado en uno de sus puntos más sensibles: si una persona que recibe el beneficio puede conservarlo al conseguir un trabajo registrado o si, como plantea el Presupuesto, ambos beneficios serían incompatibles. Los aliados dejaron en claro en la última reunión que solo acompañarán si el gobierno regulariza la deuda acumulada con los prestadores desde diciembre de 2024. Mientras tanto, la oposición, encabezada por el bloque de Unión por la Patria, impulsó que las comisiones traten por unanimidad este miércoles la prórroga de la emergencia vigente. El oficialismo, en tanto, apuesta a presentar su alternativa “superadora” como la salida definitiva al conflicto.

Asesores del presidente Javier Milei en Argentina dijeron a la administración Trump que no cuentan con los votos necesarios en el Congreso para ratificar el acuerdo comercial bilateral firmado en febrero, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El gobierno de Milei busca renegociar los términos del pacto tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles globales del presidente Donald Trump, señalaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son confidenciales.

Aunque Trump ha llamado a Milei “mi presidente favorito”, funcionarios de su administración viajaron a Buenos Aires en las últimas semanas con un mensaje claro: la renegociación está descartada porque sentaría un precedente para que otros países buscaran condiciones más favorables. Washington está instando a Argentina a ratificar el acuerdo y considera que el gobierno de Milei carece de una estrategia legislativa y un calendario coherentes, según fuentes al tanto de la situación.

El tiempo se agota, ya que el año legislativo de Argentina termina en noviembre. Milei está priorizando otras leyes de gran importancia y su campaña por la reelección en 2027 probablemente hará que reformas ambiciosas como esta sean demasiado arriesgadas para ser aprobadas.

La Cancillería argentina y la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. no respondieron a solicitudes de comentarios.

Fuentes familiarizadas con el asunto en Washington y Buenos Aires señalaron que la demora no está generando tensiones en la relación bilateral en general y que, si Trump y Milei llegan a conversar en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York esta semana, un diálogo entre ambos podría volver a encarrilar el acuerdo.

Por ahora, el desacuerdo sobre cómo avanzar contrasta con su afinidad ideológica y se produce después de que EE.UU. otorgara a Argentina un swap de divisas por USD 20.000 millones hace un año para contener una venta masiva en los mercados antes de las elecciones legislativas del país. Ambas partes también celebraron el acuerdo comercial en febrero como un logro histórico que consolidaba unos vínculos bilaterales en expansión, marcados por más de una decena de viajes de Milei a EE.UU. para reunirse con Trump, Elon Musk y otros.

También refleja cómo se ha desvanecido el impulso de Milei. La ayuda de Trump contribuyó a que el partido del libertario repuntara y más que duplicara su representación en el Congreso en las elecciones legislativas. Esa fortaleza política ayudó a Milei a firmar el acuerdo comercial y aprobar una importante reforma laboral, al tiempo que alimentó el optimismo de que Argentina se encaminaba hacia un fuerte crecimiento. En ese momento, funcionarios estadounidenses consideraban que la ratificación sería una formalidad, no un verdadero obstáculo, según las fuentes.

Desde entonces, sin embargo, un escándalo de corrupción y el débil crecimiento han causado una caída de la aprobación de Milei hasta cerca de los niveles más bajos de su presidencia. Su agenda de reformas ha sufrido reveses en el Congreso, un panorama que ha reavivado las preocupaciones de EE.UU. sobre cómo y cuándo ratificará el acuerdo comercial.

Funcionarios estadounidenses sostienen que ya han otorgado a Milei importantes beneficios comerciales —incluido un aumento de 80.000 toneladas en la cuota argentina de exportación de carne vacuna, además de más de 1.600 exenciones arancelarias incluidas en el acuerdo— y que ahora su gobierno debe cumplir su parte del pacto, señalaron las fuentes.

Jeff Goettman, representante adjunto de comercio de Estados Unidos, visitó Buenos Aires en agosto y se reunió con el canciller Pablo Quirno.

“El embajador Goettman también subrayó la importancia de ratificar el Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), concluido a comienzos de este año, para cumplir nuestra visión económica compartida”, publicó la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. en X.

Funcionarios argentinos apuntan al fallo de la Corte Suprema de EE.UU. que anuló los aranceles globales de Trump para justificar el pedido de nuevos términos, dado que el acuerdo se firmó apenas unas semanas antes de la decisión. Sostienen que no pueden ratificar un pacto basado en un marco jurídico obsoleto.

Sin embargo, el gobierno de Milei ha comenzado a implementar algunos de los compromisos regulatorios y de propiedad intelectual incluidos en el acuerdo, pese a que las principales disposiciones arancelarias siguen estancadas. En marzo, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) derogó normas de 2012 que limitaban su capacidad de evaluar de forma autónoma las solicitudes de patentes de medicamentos. Argentina también liberalizó algunas importaciones.

Más allá de la oposición política en un país históricamente proteccionista, las empresas farmacéuticas argentinas están presionando fuertemente al gobierno contra la implementación de otros aspectos de las normas de patentes incluidas en el acuerdo, según varias fuentes.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) sigue a la espera de aprobación en el Senado después de que la Cámara de Diputados lo aprobara con modificaciones.

Como señal de cuán sensible se ha vuelto el asunto, el pacto no fue mencionado durante un evento sobre comercio bilateral celebrado la semana pasada en la Embajada de EE.UU. con Quirno, según varias personas presentes en la reunión, que se mostraron sorprendidas por el hecho.