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La Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP) realizará su décimo encuentro anual los días 5 y 6 de noviembre de 2026 en la Casa de la Cultura de Buenos Aires, con debates sobre opinión pública, elecciones, medios, consumo y comunicación política, en un año previo a las elecciones nacionales de 2027.

La actividad se desarrollará en el edificio ubicado en Avenida de Mayo 575, antigua sede del diario La Prensa, con tres salas simultáneas para paneles y conferencias de consultores, académicos, dirigentes y periodistas de Argentina y la región.

La organización reúne a más de 300 profesionales de todo el país vinculados con la consultoría política, las campañas electorales, la investigación de opinión pública, la comunicación, la gestión gubernamental y los asuntos públicos. ASACOP fue fundada en 2014 y promueve la formación e intercambio entre especialistas del sector.

El presidente de la entidad, Federico Rey Lennon, vinculó la realización del encuentro con la expansión de la asociación. “Desde su fundación en 2014, ASACOP ha recorrido un camino de crecimiento y consolidación que nos permite celebrar en 2026 nuestro 10º Encuentro Anual, con una comunidad profesional cada vez más amplia y diversa”, afirmó.

Rey Lennon sostuvo que el escenario político exige preservar ámbitos de discusión entre posiciones diferentes. “En un contexto político marcado por la polarización y las dificultades para construir acuerdos, creemos que es fundamental sostener espacios de diálogo respetuoso y plural, donde puedan convivir distintas perspectivas”, agregó.

Opinión pública, medios y consumo en la agenda del jueves

La primera jornada comenzará en el Salón Dorado con el panel “¿Un nuevo clima de época? La opinión pública en la Argentina de Milei”, integrado por Augusto Reina, Carlos Gervasoni y Analía Del Franco. El encuentro abordará las transformaciones de las percepciones sociales durante el gobierno de Javier Milei.

El mismo espacio recibirá el debate “De la rotativa al streaming: política y medios de comunicación”, con los periodistas Manu Jove, Jésica Bossi y Gabriel Ziblat, junto con el consultor en comunicación Mauro Becerra. La conversación se centrará en los cambios de la información política entre los medios gráficos, las plataformas digitales y las transmisiones en directo.

La Sala Imprenta albergará el Panel de Universidades “De la Academia a la profesión”, con Santiago Aragón, de la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad Nacional de La Matanza; Lourdes Puente, de la Universidad Católica Argentina; y Federico Rey Lennon, de la Universidad Católica Argentina y la Universidad Nacional de La Matanza.

A las 17, el Salón Dorado será sede de “Lo que vota el bolsillo”, una discusión sobre decisiones de consumo y su relación con la política. Participarán Guillermo Olivetto, Sebastián Lopes Perera y el vicepresidente de ASACOP, Pablo Pérez Paladino.

En paralelo, Maximiliano Aguiar, Julio Pizetti y Leandro Gralia analizarán el trabajo profesional fuera del área metropolitana en “Consultoría política desde el interior”. El panel se realizará en la Sala Imprenta.

Brasil, América Latina y los desafíos hacia 2027

El viernes abrirá con la conferencia “Del Compañero al algoritmo”, a cargo de Hugo Haime, en el Salón Dorado. La exposición tratará sobre los cambios en las herramientas, los mensajes y las formas de construcción política.

A las 10, Mariana Bonjour, Patrick Paraense y Celso Lamounier participarán en “Brasil después de las urnas: claves de una elección”. Los tres consultores brasileños abordarán las principales conclusiones del proceso electoral de ese país.

La agenda de política latinoamericana reunirá a socios de ASACOP con experiencia en campañas de la región: Fernando Dopazo, por su labor en Colombia; Maximiliano Aguiar, por sus trabajos en Perú; y Camilo Severino, con trayectoria en Bolivia.

Cerca del mediodía, el director de Infobae América, Laureano Pérez Izquierdo, conversará sobre la cobertura de la actualidad electoral argentina y continental en “2027: La Noticia Política”. Los consultores Daniel Ivoskus y Shila Vilker expondrán luego “12 preguntas incómodas sobre consultoría política”.

Los liderazgos ajenos a las estructuras partidarias serán parte de la exposición “¿Candidatearse o no? Dilema para ‘outsiders’”, prevista para las 15:30 con Roberto Starke. El programa también incluirá entrevistas, conferencias y paneles dedicados a gobiernos locales, conversación digital y consultoría política.

El proyecto de Ley de Competitividad Financiera que el Gobierno envió al Congreso busca cobrar el impuesto a las Ganancias a quienes inviertan certificados que se compran y venden en el mercado argentino, pero que representan una inversión en una acción u otro activo que cotiza en el exterior, conocidos como CEDEAR. La modificación alcanzaría a los certificados comprados a partir del 31 de octubre de 2026, en caso de que se apruebe la reforma.

Estos instrumentos, que se popularizaron en los últimos años en el mercado local, son certificados que se compran y venden en la Argentina y que permite invertir en acciones, bonos u otros activos que cotizan fuera del país. En lugar de abrir una cuenta en el exterior y comprar directamente una acción extranjera, una persona puede adquirir ese certificado a través de una sociedad de Bolsa local.

Cada CEDEAR representa una parte de un activo que cotiza en otro mercado. Por eso, su precio suele variar de acuerdo con la cotización de ese activo en el exterior y con el valor del dólar financiero. De esa manera, un inversor local puede seguir desde la Argentina la evolución de empresas extranjeras mediante un instrumento negociado en el mercado local.

La iniciativa oficialista, que ingresó en la Cámara de Diputados, propone reemplazar el inciso u) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Según el texto, la modificación apunta a evitar que inversores locales accedan a una exención prevista para valores negociables argentinos mediante instrumentos que, en los hechos, representan inversiones en activos extranjeros.

Qué busca modificar el proyecto en Ganancias

El artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias contiene exenciones para determinados ingresos y resultados obtenidos con valores negociables. El proyecto sostiene que la redacción vigente permite que algunos inversores utilicen certificados de depósito negociados en el mercado local para recibir un tratamiento tributario distinto del que tendrían si compraran directamente el activo del exterior.

Bajo la perspectiva del oficialismo, esa situación genera una “fisura” en el sistema. En particular, afirma que inversores locales adquieren certificados de depósito, “fundamentalmente CEDEARs”, para aplicar la exención correspondiente a valores negociables locales.

La propuesta del Gobierno considera que allí existe una diferencia de trato: quien invierte de manera directa en un activo extranjero queda alcanzado por el impuesto, mientras que quien accede al mismo activo a través de un certificado negociado en la Argentina puede recibir una exención.

Los CEDEAR pasarían a tributar según el activo que representan

El cambio central consiste en aplicar un criterio de “transparencia fiscal”, también denominado look-through. Bajo ese principio, la operación con un certificado de depósito tendrá el mismo tratamiento impositivo que hubiera correspondido al activo subyacente.

Dicho de forma sencilla, el proyecto busca que el impuesto no dependa de si una persona compra una acción, bono u otro activo extranjero de manera directa o mediante un CEDEAR. Lo relevante para determinar el tratamiento en Ganancias sería el activo que está detrás del certificado.

La iniciativa establece que “las operaciones con estos certificados quedarán sujetas al mismo tratamiento que hubiera correspondido al activo subyacente”. Por lo tanto, si el activo extranjero hubiera estado gravado en una compra directa, el certificado que lo represente también quedaría alcanzado por ese tratamiento.

El proyecto fija una fecha de corte para el nuevo sistema. La regla de transparencia fiscal se aplicaría a los certificados adquiridos “a partir del 31 de octubre de 2026”.

La propuesta presenta el cambio como una forma de reducir el llamado “arbitraje regulatorio”, es decir, la posibilidad de obtener una ventaja tributaria por utilizar un vehículo financiero distinto para invertir en el mismo activo económico.

El argumento del Gobierno

El Gobierno fundamenta la reforma en la necesidad de orientar el ahorro hacia inversiones que contribuyan a la formación de capital dentro de la economía local. A juicio del oficialismo, el régimen actual puede derivar en “ventajas fiscales espurias derivadas del vehículo jurídico utilizado para su representación”.

La iniciativa también sostiene que el cambio eliminaría “subsidios fiscales indirectos” a la tenencia de activos externos. Bajo la nueva regla propuesta, la elección entre invertir directamente en un activo extranjero o hacerlo mediante un certificado negociado en la Argentina dejaría de producir, en principio, un tratamiento diferente en Ganancias.

Desde hace largos años, el Congreso no puede dar respuestas a la hora de activar protocolos para la prevención, detección y actuación ante cualquier tipo de violencias en niños y adolescentes. Por ese motivo es que la Fundación Red por la Infancia, junto con más de 30 organizaciones de la sociedad civil y organismos de protección de derechos de distintas provincias, reclamaron al Senado que, antes que finalice el período ordinario -fin de noviembre-, se apruebe un proyecto dictaminado el miércoles pasado que, incluso, cuenta con preferencia para la próxima sesión.

La iniciativa en cuestión fue empujada, en la Cámara alta, por la legisladora chubutense Andrea Cristina (PRO), quien responde al gobernador Ignacio Torres. En el plenario de las comisiones de Legislación General; y Población y Desarrollo Humano, se obtuvo un despacho con las firmas de, entre otros, las libertarias Patricia Bullrich (Capital Federal) y Nadia Márquez (Neuquén), los justicialistas Pablo Bensusán (La Pampa) y Fernando Salino (San Luis), los kirchneristas Mariano Recalde (Capital Federal) y Jorge Capitanich (Chaco), el radical Rodolfo Suárez (Mendoza) y el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes).

Una de las firmas en disidencia parcial fue, a pesar del consenso general -y según la documentación oficial-, la macrista María Huala (La Pampa). La clave del texto se encuentra en su artículo segundo, que plantea que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social, recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, sea público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes deberá diseñar e implementar, en conjunto con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias que involucren niñas, niños y adolescentes, conforme lineamientos nacionales trabajados y aprobados en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”.

Desde Red por la Infancia señalaron: “La historia del proyecto comenzó en 2018, luego de que salieran a la luz los abusos y la explotación sexual de adolescentes de las divisiones inferiores del Club Independiente. Desde entonces, la iniciativa recibió el respaldo de diferentes fuerzas políticas, fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras en distintas instancias de su recorrido y perdió estado parlamentario en dos oportunidades, sin llegar a convertirse en ley”.

La institución además advirtió: “Durante estos ocho años, nuevos casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes volvieron a exponer las dificultades de las instituciones para detectar señales de alerta e intervenir oportunamente. Las denuncias por abusos en jardines de infantes, los casos del Instituto Próvolo, Lucio Dupuy y las nuevas denuncias de grooming vinculadas a Independiente son algunos de los hechos que forman parte de la cronología”.

Por otra parte, desde allí se señaló que “la magnitud del problema también se refleja en las estadísticas oficiales”. En ese sentido, la entidad planteó que “entre 2018 y 2025, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró 35.058 denuncias de violencia contra niñas, niños y adolescentes y, en el 56% de los casos denunciados en 2025, la violencia ocurre a diario o semanalmente”. Y se aclaró que “se trata de registros de una sola jurisdicción, que no representan la totalidad de los hechos ocurridos en el país”.

“El 80% de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes ocurre en su entorno cercano. Por eso es fundamental que las instituciones que trabajan con ellos cuenten con protocolos para prevenir estas situaciones y, cuando se detecten o reciban denuncias, tengan procedimientos claros que permitan actuar a tiempo y brindar una respuesta adecuada a las víctimas”, manifestó la directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia, Paula Wachter.

Los referidos protocolos -enfatiza la norma propuesta- “deberán contar con la especificidad requerida y diferenciada para los distintos tipos de violencias, y se procurará como mínimo, que existan protocolos específicos para abuso sexual de niñas, niños y adolescentes; violencia física; violencia entre pares”; y “otros tipos de violencias, que determine la Autoridad de Aplicación, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”.

El Gobierno nacional envió este lunes al Congreso el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, una iniciativa de 240 artículos que modifica reglas del mercado de capitales, los instrumentos de crédito, las garantías y parte de la normativa tributaria. El texto retoma la serie de reformas que el presidente Javier Milei había anunciado en julio y propone habilitar una mayor digitalización de las finanzas, ampliar los activos que pueden utilizarse como respaldo de préstamos y revisar la regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La propuesta fue remitida a la Cámara de Diputados con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El mensaje que acompaña el proyecto sostiene que el objetivo es eliminar “restricciones injustificadas que obstaculizan el acceso y el ejercicio de actividades económicas y profesionales”, promover la competencia y fortalecer la “seguridad jurídica y la libertad económica”.

El texto no se limita a una reforma bursátil. Reescribe normas sobre pagarés, cheques, tarjetas de crédito, prendas, warrants, fondos comunes de inversión, fideicomisos, obligaciones negociables, facturas de crédito electrónicas y financiamiento colectivo. También prevé cambios en la Ley del Impuesto a las Ganancias para determinados certificados de depósito de acciones.

En la presentación del proyecto, el Ejecutivo plantea que busca convertir activos que hoy tienen uso limitado como respaldo de financiamiento en garantías disponibles para crédito. En esa línea, define a los activos digitales, los derechos de propiedad intelectual, las acciones, las cuotas sociales y ciertos créditos contractuales como bienes que podrán ser objeto de prenda fija.

El proyecto habilita valores digitales y nuevos ámbitos de negociación

Uno de los ejes centrales es la modificación de la Ley de Mercado de Capitales N.º 26.831. La iniciativa incorpora de forma expresa la posibilidad de que los valores negociables sean emitidos, almacenados, transferidos y negociados mediante tecnologías de registros distribuidos, conocidas como blockchain, u otros sistemas similares.

La redacción propuesta establece que “todos los Valores Negociables” podrán circular con esas tecnologías siempre que se aseguren condiciones de seguridad, inmutabilidad, trazabilidad e identificación del emisor. A la vez, determina que esos instrumentos no necesitarán estar depositados en un agente depositario central ni ser negociados obligatoriamente en mercados autorizados, aunque quedarán sujetos a la reglamentación de la CNV.

El proyecto también crea la categoría de “Otros Ámbitos de Negociación Autorizados”. Allí podrían ingresar plataformas digitales, aplicaciones móviles y sistemas basados en registros distribuidos operados por Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que sean habilitados por la CNV. Según el texto, los valores colocados y negociados en esos espacios serán considerados, a todos los efectos legales, como si hubieran sido operados en mercados autorizados.

La iniciativa delimita además las competencias regulatorias sobre este tipo de infraestructura. El Banco Central (BCRA) conservaría sus atribuciones sobre sistemas de pago, liquidación y compensación cuando haya moneda nacional o extranjera involucrada. La CNV tendría competencia exclusiva cuando se trate de emisión, registro o negociación de valores negociables tokenizados.

El proyecto define esa división con una fórmula concreta: “el Banco Central de la República Argentina custodia el dinero y los pagos, mientras que la CNV custodia la inversión y los valores”. La frase integra los fundamentos del mensaje presidencial y resume el reparto de funciones que propone la ley.

Pagarés ajustables, garantías sobre activos digitales y cambios para las PyMEs

Otra parte relevante de la iniciativa modifica el régimen de letras de cambio y pagarés. El proyecto permitiría que estos documentos establezcan montos “determinables” mediante cláusulas de actualización, indexación o adecuación de valor basadas en índices públicos o unidades de medida reconocidas. Hasta ahora, la exigencia de una suma fija había limitado el uso de esos títulos para plazos más largos en contextos de inflación.

La propuesta aclara que la indexación no quitará fuerza ejecutiva al pagaré. El nuevo artículo 104 bis establece que “la inclusión de las cláusulas de actualización no afectará la liquidez ni la fuerza ejecutiva del título”. Para iniciar un reclamo, el acreedor deberá adjuntar una liquidación calculada según el parámetro fijado en el documento.

Además, los pagarés podrían comprometer la entrega de bienes fungibles, como productos agrarios, minerales o insumos industriales, si detallan especie, cantidad, calidad, lugar y fecha de entrega. El Ejecutivo apunta así a formalizar mecanismos de financiamiento en especie que ya se utilizan en actividades productivas.

En materia de garantías, el proyecto propone una reforma extensa del régimen de prenda con registro. Autoriza prendas sobre activos virtuales, propiedad intelectual, participaciones societarias y derechos de crédito. También habilita una prenda flotante sobre inventarios, fondos de comercio, flujos de ingresos futuros y saldos en cuentas bancarias o de proveedores de servicios de pago.

La iniciativa crea el Sistema Federal de Registro de Garantías, una red digital de entidades públicas y privadas que compartirían en tiempo real la información sobre gravámenes. El BCRA sería la autoridad de aplicación. La prioridad de cada garantía se determinaría por “fecha, hora, minuto y segundo” de inscripción en la base unificada, de acuerdo con el texto.

El proyecto prevé que las entidades financieras, plataformas tecnológicas, mercados, cámaras compensadoras y registros seccionales puedan actuar como nodos del sistema si cumplen los requisitos de habilitación. La consulta simple sobre gravámenes deberá ser de acceso público y gratuito.

Para las pequeñas y medianas empresas, la propuesta extiende de 15 a 21 días el plazo para la aceptación tácita de la Factura de Crédito Electrónica MiPyME. También elimina la posibilidad de que la falta, el error o la inexistencia del remito invalide por sí sola la vía ejecutiva de esa factura. La norma afirma que “bajo ninguna circunstancia la omisión, error, defecto, nulidad o inexistencia del remito producirá la inhabilidad cambiaria o ejecutiva” del instrumento.

El paquete incorpora, además, títulos electrónicos para créditos de comercios por ventas con tarjeta, habilita la negociación de certificados de plazo fijo de al menos 365 días en mercados registrados y actualiza el régimen de warrants. En el caso de los fondos comunes de inversión, abre la posibilidad de que inviertan en activos virtuales según las reglas que fije la CNV.

En el plano impositivo, la iniciativa establece que los certificados de depósito representativos de acciones u otros valores negociables adquiridos desde el 31 de octubre de 2026 tendrán el mismo tratamiento que habría correspondido al activo subyacente. La medida alcanzaría, entre otros instrumentos, a certificados que representen acciones extranjeras.

La ley entraría en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, aunque el nuevo Sistema Federal de Registro de Garantías tendría un cronograma de implementación. El BCRA contará con 180 días desde la promulgación para dictar sus normas técnicas y el sistema deberá alcanzar operatividad dentro de los 360 días.