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A los fines de no presionar sobre la inflación, el equipo económico tomó la decisión de aumentar los subsidios a las empresas de colectivos nacionales (las que entran y salen de la capital) y no autorizar subas del boleto para no presionar sobre la inflación. Mientras que el pasaje de las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la provincia de Buenos Aires aumentará con porcentajes diferentes, pero ambos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Lo que profundizará las diferencias entre jurisdicciones.

Desde el domingo 1° de noviembre, el pasaje mínimo de colectivo dentro de CABA costará $956,37, tras un ajuste de 3,9%. En la provincia de Buenos Aires, la tarifa mínima llegará a $1.276,08, luego de una suba de 5,02%. Para las líneas nacionales, que entran y salen de la capital, el valor seguirá en 742,81 pesos.

Las decisiones no serán iguales para los pasajeros según la jurisdicción de cada servicio. CABA y la provincia aplicarán actualizaciones sobre los valores vigentes, mientras la Nación mantendrá congelado el precio para las líneas bajo su órbita y compensará parte de los costos de las compañías mediante un aumento de los aportes estatales.

El nuevo esquema marca una diferencia respecto de los meses anteriores. Entre mayo y julio, la Secretaría de Transporte de la Nación autorizó subas de 2% mensuales para las líneas nacionales. Desde agosto, no aprobó nuevos incrementos de tarifa ni otorgó mayores subsidios, pese a los reclamos de las empresas.

En noviembre, la definición será otra. El Ministerio de Economía aumentará los subsidios para los colectivos nacionales, aunque no habilitará una suba del boleto. La decisión implicará un mayor gasto estatal y evitará que la actualización de costos impacte de manera directa sobre los usuarios de esos recorridos.

Diferencias en los boletos

En la Ciudad de Buenos Aires, las líneas de colectivo aumentarán 3,9% desde el domingo. El boleto mínimo para los viajes de hasta tres kilómetros pasará a costar $956,37. La actualización responde al mecanismo mensual que utiliza CABA para definir el valor del transporte público. La fórmula combina dos puntos porcentuales (p.p.) con el último dato de inflación disponible.

Con el nuevo aumento, el boleto mínimo porteño acumulará una suba de $337,89 durante 2026. En enero, el mismo tramo costaba $618,45. La tarifa mínima de CABA quedará por debajo de la que aplicará la provincia de Buenos Aires, donde el aumento de noviembre será superior tanto en porcentaje como en valor final.

Es que en el distrito que gobierna Axel Kicillof, el boleto mínimo de colectivo subirá 5,02% a partir del domingo 1° de noviembre. La tarifa para el tramo inicial llegará a $1.276,08. En enero de este año, el boleto mínimo en la provincia costaba $686,09. Con el valor previsto para noviembre, el incremento acumulado será de $590,02 en lo que va de 2026.

La diferencia entre los dos distritos se amplió en los últimos meses a partir del próximo mes. Los pasajeros de los servicios provinciales abonarán una tarifa mínima superior a la de quienes utilicen líneas que circulan únicamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Los aumentos de CABA y de la provincia formarán parte de un escenario tarifario con tres valores distintos para el tramo mínimo. A los $956,37 de la Ciudad y los $1.276,08 de la provincia se sumarán los $742,81 que mantendrán las líneas nacionales.

Cambio de estrategia

Las líneas nacionales no tendrán un aumento de boleto durante noviembre. La tarifa mínima seguirá en $742,81 para los servicios que ingresan y salen de la capital. La decisión alcanzará a los colectivos bajo jurisdicción de la Secretaría de Transporte de la Nación.

En enero, el boleto de los colectivos nacionales tenía un valor de $494,83. Así, el aumento acumulado durante 2026 es de apenas $427,98, de acuerdo con los valores vigentes y la tarifa que continuará sin cambios desde noviembre.

El mantenimiento del boleto en $742,81 colocará a las líneas nacionales por debajo de las tarifas mínimas que regirán en las otras dos jurisdicciones. La diferencia entre los valores son mel resultado de los ajustes mensuales que aplican CABA y la provincia, junto con la decisión nacional de no autorizar una suba.

La falta de un incremento para los pasajeros no implicará que el costo del sistema quede sin cambios. Durante noviembre, la Nación prevé una actualización de los subsidios para las empresas que operan esos servicios. La decisión de mantener el boleto nacional sin modificaciones y aumentar los subsidios supondrá un cambio frente a la estrategia aplicada durante parte de 2026.

En mayo, junio y julio, la Secretaría de Transporte autorizó subas de 2% en cada mes para las líneas nacionales. Esos aumentos trasladaron una parte mayor del costo a los pasajeros. Desde agosto, el Gobierno no autorizó nuevas subas tarifarias y tampoco incrementó los subsidios, pese a los pedidos de las empresas de colectivos nacionales. El escenario se mantuvo durante agosto, septiembre y octubre: durante esos tres meses, la tarifa abonada por los usuarios y los aportes estatales permanecieron sin cambios.

Para noviembre, el Ministerio de Economía aumentará los subsidios destinados a esas empresas. La medida implicará un costo mayor para el Estado, que ampliará el gasto para cubrir parte de la actualización de la estructura de costos. El objetivo será sostener la desaceleración de la inflación. Por ese motivo, el Gobierno no autorizará un incremento de boleto en las líneas nacionales durante noviembre, aunque sí modificará los recursos que reciben las compañías.

Negociaciones

Las autoridades de la Secretaría de Transporte se reunieron este jueves a las 18 horas con las empresas de colectivos nacionales. El encuentro sirvió para revisar los temas trabajados entre ambas partes y analizar los resultados de la actualización de la estructura de costos.

Fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte indicaron a Infobae que la convocatoria se definió la semana pasada. Según explicaron, uno de los puntos del encuentro fue el impacto que tendrá la actualización de la estructura de costos sobre las compañías. “Es para repasar todo lo que estuvimos trabajando con ellos. Uno de los puntos es repasar la actualización de la estructura de costos, qué resultados les trae”, señalaron las fuentes oficiales antes del encuentro.

La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó el Monitor de Actividad del Congreso, una nueva sección de Data CP que reúne y sistematiza información pública de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación para que cualquier persona pueda conocer cómo votó cada legislador, qué proyectos impulsó y cuánto utilizó los pasajes oficiales, entre otros datos.

La plataforma organiza la información en cuatro grandes dimensiones: las votaciones de cada legislador y legisladora, los proyectos que presenta o acompaña, sus intervenciones en el recinto y la utilización de pasajes oficiales. La información abarca distintos períodos legislativos y puede explorarse a través de gráficos, tablas, mapas y visualizaciones interactivas que no requieren conocimientos técnicos especializados para su uso.

Detrás del lanzamiento hay una premisa concreta: si bien los datos del Congreso son públicos, históricamente se encontraron dispersos entre expedientes, actas, versiones taquigráficas y bases de datos de ambas cámaras, en formatos que dificultaban su consulta y comparación. El Monitor apunta, precisamente, a resolver esa dispersión.

Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política de la UBA y responsable del proyecto, explicó el alcance de la iniciativa: “No alcanza con que la información pública esté disponible: también tiene que ser comprensible, comparable y reutilizable. Queremos que cualquier ciudadano pueda conocer qué hicieron sus representantes, cómo votaron y qué iniciativas impulsaron. El Monitor permite transformar información que antes estaba dispersa en una herramienta concreta para la investigación, el periodismo y el control ciudadano”.

Entre las funciones disponibles, la plataforma permite comparar el comportamiento de los bloques frente a leyes relevantes, analizar la afinidad de voto de los legisladores con el oficialismo y la oposición, identificar coincidencias entre espacios políticos y observar la cohesión interna de cada bloque.

También incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos legislativos, rankings de intervenciones en el recinto y herramientas para explorar el vocabulario utilizado por diputados y senadores.

Una de las incorporaciones que distingue al Monitor de otras iniciativas similares es «Armá tu poroteo», un simulador que permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados en el recinto y exportar imágenes para investigaciones, publicaciones periodísticas y análisis políticos. La herramienta apunta tanto al público general como a periodistas e investigadores que necesitan procesar información legislativa de manera ágil.

En cuanto al acceso a los datos, el Monitor ofrece descargas en CSV, Excel y JSON, y dispone de una API documentada para desarrollar análisis y visualizaciones propias. El acceso es gratuito y no requiere registro, lo que amplía el espectro de usuarios potenciales más allá del ámbito académico o técnico.

Nicolás Zubiria, secretario académico de la Carrera de Ciencia Política de la UBA, encuadró el lanzamiento dentro de una concepción más amplia del rol de la universidad pública: “Desde la Carrera de Ciencia Política de la UBA creemos que la universidad pública tiene un papel fundamental en la producción de conocimiento y en el desarrollo de herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del debate público. Con Data CP buscamos que información relevante para comprender el funcionamiento de nuestras instituciones esté al alcance de cualquier persona, no solamente de quienes cuentan con conocimientos técnicos especializados”.

Con esta nueva sección, Data CP amplía sus herramientas de consulta y análisis de información política argentina, sumando la actividad legislativa a su plataforma de datos electorales. El antecedente directo es la sección Elecciones Legislativas 2025, presentada el año anterior, que centraliza y visualiza información electoral y permite a ciudadanos, periodistas, docentes y estudiantes acceder a datos claros y descargables sobre los procesos electorales argentinos.

La plataforma está disponible en datacp.ar/congreso, mientras que el monitor de elecciones puede consultarse en datacp.ar/legislativas2025.

Los bonos argentinos tuvieron una saludable reacción positiva este jueves, en contra de el sesgo negativo de los índices de Wall Street y también de la Bolsa San Pablo. La tendencia internacional afectó más a las acciones domésticas, que finalizaron con cifras dispares.

El panel tecnológico Nasdaq encabezó las bajas (-1,4%) y Google destacó entre las acciones perdedoras (-12,3%) después de presentar su balance trimestral. Microsoft, que también presentó resultados, cedió 0,2 por ciento. Amazon -que presentó resultados al cierre de la presente sesión- cayó 4,3 por ciento.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no pudo defender las ganancias exhibidas desde la mañana y perdió al cierre un 1% en pesos, en los 94.530 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street presentaron cifras mixtas. Del lado ganador destacó Corporación América (+3%). YPF cayó 3,3%, a USD 47,73 por ADR, luego de presentar balance trimestral, mientras que Bioceres descontó un 7,8 por ciento.

En cuanto a la deuda soberana, los títulos públicos hard dollar exhibieron una recuperación de 0,7% en promedio para los Globales -con ley de Nueva York- y de 0,4% para los Bonares. El índice de riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencia de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU con similares emisiones emergentes, cayó 19 unidades para la Argentina, en los 741 puntos básicos.

El bono del Tesoro de los EEUU a diez años cedió cinco puntos básicos en sus rendimientos, ahora en el 4,99% anual.

El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo perdió 1,1%, en los 168.188 puntos. En Wall Street Petrobras bajó 0,6%, la minera Vale cayó 2,5%, Bradesco cedió 3,7%, Nu Holding ganó 0,7% y Banco Itaú recortó 0,5 por ciento. Los bonos soberanos en dólares de Brasil finalizaron con ligera alza de 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan marcó un ascenso de seis unidades, en los 188 puntos básicos. A su vez, el dólar en Brasil subió 0,6%, a 5,37 reales, tras alcanzar un máximo intradiario en los 5,42 reales.

Los contratos futuros del Brent del Mar del Norte subieron 0,6%, a USD 116 el barril para entregar en diciembre. El crudo intermedio de Texas en los EEUU (West Texas Intermediate) ganó un mínimo 0,1% a USD 102,80 el barril.

“En el caso de Argentina, las elecciones de Brasil dejaron como conclusión que, si las condiciones macroeconómicas no son claramente favorables para el presidente Milei, la incertidumbre electoral podría ser mayor de lo previsto. Combinadas con un beta elevado a los activos high-yield, las probabilidades implícitas de continuidad cayeron a alrededor del 65%, desde niveles cercanos al 80% a fines de julio”, indicó Max Capital.

“En consecuencia, las valuaciones resultan más atractivas y, aunque mantenemos una posición neutral, adoptamos una visión más constructiva en el corto plazo, ante posibles catalizadores positivos en el plano político: una alianza con el PRO y la suspensión de las PASO”, añadió Max Capital.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, describió que “las bolsas de Nueva York operaron en negativo condicionadas por una fuerte toma de ganancias en el sector tecnológico tras el balance de Google. El desplome reavivó los cuestionamientos sobre el retorno del masivo Capex en Inteligencia Artificial y arrastró al Nasdaq, opacando la decisión de tasas sin cambios por parte de la Reserva Federal y un dato de PBI estadounidense del tercer trimestre que superó las proyecciones”.

“En la plaza local, los títulos de deuda soberana en dólares extendieron su recuperación tras el shock inicial del balotaje en Brasil. El flujo comprador permitió que el indicador de riesgo país elaborado por el JP Morgan cediera un 2,9% hasta los 741 puntos básicos, anotando su mayor baja diaria en tres semanas. En contraste, la renta variable doméstica se desacopló del rebote y el índice MSCI Merval retrocedió, con comportamiento mixto entre los ADRs argentinos en Wall Street”, apuntó Vlassich.

En el plan cambiario hubo buen volumen de operaciones por USD 621,3 millones en el segmento de contado, donde el dólar mayorista recortó tres pesos o 0,2% este jueves, a 1.538 pesos. En octubre ajusta la suba a 22 pesos o 1,5 por ciento. Por primera vez en la semana la tendencia del tipo de cambio oficial se diferenció del desempeño del real brasileño.

El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.949,91 pesos. El dólar mayorista quedó a 410,91 pesos o 26,7% del límite máximo para la flotación administrada.

“Pasado el mediodía, el mayorista volvió a ganar terreno y alcanzó un máximo intradiario de $1.541. Sin embargo, la demanda no logró sostener esos valores y durante la última hora comenzó a observarse una mayor presencia de oferta”, consignó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

“Localmente, la concentración de deuda en instrumentos indexados y vencimientos de 2027 mantiene la sensibilidad frente a inflación, tipo de cambio y renovación futura”, aportó Vector Investments.

El dólar al público quedó invariable a $1.560 para la venta según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.560,67 para la venta y $1.507,68 para la compra. También estuvo negociado sin variantes el dólar blue, a 1.565 pesos.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos estuvieron operados con leves bajas en un rango de 0,1% a 0,3% y un importante volumen en pesos equivalentes a USD 2.007,8 millones, según datos de A3 Mercados. La posición más negociada, para fin de noviembre, subió 3,50 pesos o 0,2%, a $1.568, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto en los $1.989,12 para el cierre del próximo mes.

Además exhibieron bajas entre los cinco y ocho pesos las paridades financieras, con un “contado con liquidación” en los $1.650,62 mediante acciones, y un dólar MEP a 1.564,82 pesos.

Luego de tres ruedas consecutivas sin compras, el BCRA absorbió USD 47 millones en el mercado, el 7,7% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas descontaron USD 447 millones, a USD 50.154 millones, con el efecto de baja de 0,4% en la cotización del oro, a USD 4.033,80 la onza, y movimientos técnicos propios de fin de mes.

Pedradas contra vehículos en movimiento, robos en zonas de obra con vallas removidas, ataques desde puentes: las rutas y autopistas de la provincia de Buenos Aires acumulan antecedentes de hechos que pusieron en riesgo la vida de conductores y pasajeros. Frente a esa situación, un proyecto legislativo presentado por el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Cámara baja bonaerense propone modificar la Ley Orgánica de la Dirección de Vialidad para incorporar obligaciones concretas de seguridad en los tramos más comprometidos de la red vial provincial.

La iniciativa, impulsada por los diputados Valentín Miranda, Priscila Minnaard y Alejandra Lorden, parte de un diagnóstico que los propios legisladores identificaron en su fundamentación: la legislación vigente carece de mecanismos que obliguen al Estado y a las empresas concesionarias a prevenir delitos y proteger a los usuarios en tramos con historial de incidentes. El proyecto apunta a cubrir ese vacío con herramientas de planificación, infraestructura y control.

El eje central de la propuesta es la creación de un “Mapa de Tramos Críticos”, elaborado en forma conjunta entre la Dirección de Vialidad, el Ministerio de Seguridad y las concesionarias que operen en la red provincial. Este instrumento identificaría los sectores con antecedentes comprobados de robos, agresiones o accesos irregulares, y debería actualizarse con periodicidad. Sus datos, además, tendrían carácter público.

La determinación de un tramo como crítico traería consecuencias directas en términos de obra y equipamiento. El proyecto establece que esas zonas deberán contar con infraestructura de protección obligatoria: mallas anti-arrojo en puentes y pasarelas, cercos perimetrales, iluminación adecuada y cámaras de monitoreo conectadas a los centros de control y a las fuerzas de seguridad. Ninguna de esas instalaciones podría omitirse bajo el argumento de que hay trabajos en curso: la iniciativa prohíbe expresamente dejar sectores desprotegidos durante la ejecución de obras.

Esa última disposición responde a una situación documentada. El proyecto toma como antecedente lo ocurrido en la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde la construcción del cuarto carril a la altura del barrio El Monte, en Quilmes, implicó la remoción de vallas perimetrales que dejaron expuestos tramos de la vía a accesos no autorizados. En ese contexto, también se registraron ataques con proyectiles desde puentes, con consecuencias para quienes circulaban por la autopista.

Para que las obligaciones establecidas tengan efecto real, la iniciativa contempla sanciones económicas a las empresas o ejecutores de obras que incumplan las disposiciones de seguridad. El financiamiento de los nuevos elementos en tramos críticos quedaría a cargo del Estado provincial, con recursos provenientes de Rentas Generales. El proyecto es explícito en un punto: ninguno de esos costos podrá trasladarse a las tarifas de peaje ni recaer sobre los usuarios de la red.

Otro componente del texto legislativo aborda una inconsistencia que arrastra la normativa desde hace casi cinco décadas. La multa fijada por el artículo 29° de la Ley Orgánica de Vialidad fue establecida en 1977 en quinientos mil pesos. Tras tres cambios de moneda en el país, ese monto equivale hoy a menos de un centavo, lo que la convierte en una sanción sin efecto práctico. Para corregir esa distorsión, el proyecto propone expresar el valor de la multa en unidades fijas, con el mismo parámetro que la Provincia utiliza para las infracciones de tránsito, de modo que su actualización sea automática y no quede sujeta a sucesivas modificaciones legislativas.

“Buscamos que una mejora necesaria en la infraestructura vial no se convierta en una oportunidad para el delito. Es indispensable que el Estado prevenga estos riesgos en lugar de actuar cuando las consecuencias ya son irreparables”, sostuvieron Miranda, Minnaard y Lorden en la fundamentación del proyecto. La iniciativa aguarda su tratamiento en comisión en la Cámara de Diputados bonaerense.