La interna en la Sociedad Rural Argentina (SRA) sumó en los últimos días un nuevo capítulo y, esta vez, el eje del conflicto gira en torno a un contrato millonario para modernizar el sistema de registros genealógicos, una herramienta clave para la trazabilidad y certificación genética de miles de animales. Lo que comenzó como un proyecto estratégico para actualizar la operatoria de la entidad derivó en acusaciones cruzadas entre el actual presidente Nicolás Pino y la Comisión Directiva y su vicepresidente, Marcos Pereda, que se encuentra en plena carrera electoral interna con su espacio Renovación con Unidad.
Por la red social X, el espacio opositor señaló que el desarrollo del software “costó terminarlo tres veces más” que lo presupuestado originalmente y que el sistema “funciona mal”, con impacto sobre “miles de productores, socios y no socios afectados”. Según la agrupación, el proyecto había sido estimado en un millón de dólares, debía estar listo en un año y, tres años después, ya habría superado los US$3 millones.
Esa acusación agitó todavía más la disputa política en la entidad, donde en septiembre próximo habrá elecciones. En ese escenario, el sector que impulsa la candidatura de Pereda buscó responsabilizar directamente a la conducción actual por el fracaso del proyecto y por la falta de controles sobre la empresa contratada. Pino, sin embargo, aclaró que “no está en campaña” y que su tiempo no está para contestar chicanas que consideró desafortunadas.
En diálogo con LA NACION desde Quimilí, Santiago del Estero, donde participaba de una reunión de Comisión Directiva, Pino bajó el tono del conflicto. “No estoy en una interna, no soy candidato, ahora estamos conduciendo la entidad. Ya hemos explicado a los socios cómo fueron los hechos. Hoy, no tenemos tiempo para estar dedicándole a responder denuncias sin sustento que caen por su propio peso”, afirmó.
El dirigente agregó que la prioridad de la conducción está puesta en la gestión diaria de la entidad. “La gestión me lleva y nos lleva mucho tiempo. De hecho, estamos acá en Quimilí, zona productiva de Santiago del Estero, trabajando para resolver los problemas junto a los productores”, remarcó.
La controversia tomó estado público luego de que Renovación con Unidad difundiera un mensaje en la red social X donde aseguró que “la decisión sobre el proveedor fue responsabilidad exclusiva de la presidencia actual” y que “no hubo control ni seguimiento del contrato”. Según esa versión, el resultado fue “costos multiplicados por tres, un sistema que funciona mal”.
En ese mensaje, la agrupación también señaló que el problema excede lo informático y se convirtió en un problema de administración. “No estamos hablando de cualquier software, es el sistema que gestiona los registros genealógicos de las especies productivas, la base de pedigree, la trazabilidad de la genética y el valor productivo de miles de animales”, advirtieron.
Ante esa acusación, la Sociedad Rural Argentina (SRA) envió a sus socios un extenso comunicado donde responsabilizó al proveedor tecnológico, Mobile Computing SA, hoy Grid Dynamics Holdings Inc., por “numerosos inconvenientes registrados en el desarrollo e implementación del sistema”.
Según la entidad, las “deficiencias verificadas durante el desarrollo y la ejecución del proyecto han generado un grave perjuicio a la entidad y sus socios”, debido a “múltiples errores, fallas de funcionamiento, desarrollos comprometidos no realizados” y reclamos de pago por prestaciones “no cumplidas en su debido tiempo y forma”.
El origen del proyecto, dijeron, se remonta al plan estratégico lanzado en diciembre de 2021 y apunta a que la modernización tecnológica fue impulsada bajo la órbita del propio Pereda y su asesor Gustavo Papini, quienes “concentraron la definición, dimensionamiento, presupuestación y ejecución del proyecto”.
La conducción de la entidad indicó que en abril de 2023 la elección de Mobile Computing SA se realizó “a partir de la recomendación técnica del área respectiva armada por Pereda y liderada en ese entonces por Papini”. También afirmó que el contrato fue firmado pese a observaciones críticas del estudio jurídico auditor.
De acuerdo con la versión oficial de la entidad, el contrato establecía un plazo de nueve meses, pero el sistema recién fue lanzado en septiembre de 2025, más de dos años después, y desde el inicio presentó “numerosos errores y fallas de funcionamiento, desarrollos no realizados y entregas parciales”.
A raíz de esas irregularidades, la entidad aseguró que en enero pasado contrató “una auditoría externa integral de carácter legal, contractual y técnico” para determinar responsabilidades y definir los pasos a seguir.
La SRA dijo que todo lo que se dijo en el comunicado “está documentado y respaldado”, donde cuando comenzó ese proceso “los responsables técnicos designados por Papini que estaban involucrados en el proyecto presentaron sus renuncias de manera intempestiva”, mientras que la empresa proveedora “se negó a someterse al proceso de auditoría”, lo que agravó el escenario.
Sin embargo, Pereda, que lanzó su candidatura en Expoagro, rechazó con dureza las acusaciones de la conducción actual. “Es muy penoso el espectáculo que están dando para desligarse de una responsabilidad que les corresponde. Yo no tuve absolutamente nada que ver con la elección del proveedor ni con el seguimiento del contrato; esas son funciones que no le competen al vicepresidente”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que “lo que falló fue la ejecución y el control, que son atribuciones indelegables de la presidencia”, y consideró que la propia explicación oficial “expone fallas sistemáticas que contradicen cualquier idea de una gestión responsable”.
Cuestionó que ahora se intente responsabilizarlo por el fracaso del sistema: “Avalaron todo lo que fue sucediendo y ahora intentan cargarme a mí la culpa, incluso cuando antes decían que no participaba en las decisiones”.
Para Pereda, detrás de esta ofensiva “hay una clara intención de trasladar errores propios a un adversario en plena campaña electoral interna”. Según agregó, desde hace al menos dos años las decisiones estratégicas dentro de la SRA “quedaron concentradas en un grupo muy reducido”, y remarcó que “son ellos quienes deben hacerse cargo del fracaso y explicar las pérdidas millonarias que terminaron pagando los socios”.
En este contexto, la entidad informó que actualmente se encuentra en “instancia de mediación judicial”, previa a eventuales acciones legales, al tiempo que implementó “un plan de contingencia con soluciones alternativas que aseguren el normal funcionamiento del sistema”.
La respuesta de Renovación con Unidad no tardó en llegar. En otro posteo, la agrupación sostuvo “el único responsable del fracaso del sistema de registros es Nicolás Pino”, ya que “las decisiones estratégicas, los marcos de control y la ejecución final de cualquier proyecto de esta envergadura recaen en quien conduce la institución”. La agrupación también calificó como una “responsabilidad directa de una conducción que falló en sus mecanismos de seguimiento y auditoría en tiempo real”.
En paralelo, exigieron “una auditoría independiente, con alcance completo sobre la totalidad del proceso”, incluso con acceso a “correos electrónicos, actas, contratos, movimientos económicos y comunicaciones internas”, con el objetivo de transparentar el destino de los fondos invertidos.
El episodio expone la creciente tensión política dentro de la SRA, donde las diferencias entre el actual presidente y su vicepresidente que busca disputarle el liderazgo ya dejaron de ser silenciosas y se expresan públicamente en redes.
