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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender la nueva línea de créditos UVA del Banco Nación para la compra de autos luego de los cuestionamientos por la tasa y sostuvo que el esquema puede ampliar la oferta de financiamiento para el mercado automotor. En una publicación en redes sociales, el funcionario afirmó que “Siempre más oferta es algo bueno” y dijo que “lo que hace el @BancoNacion no solo está muy bien, sino que puede mejorar radicalmente el acceso a los automotores en Argentina”.

La discusión se abrió después del lanzamiento de una línea para comprar vehículos 0 km y usados que combina una alternativa ajustada por UVA con otra a tasa fija. A partir de ese anuncio, circularon análisis críticos por el nivel de las tasas y por el costo que el préstamo podría tener a lo largo del tiempo, sobre todo en el caso del financiamiento indexado por inflación.

Sturzenegger dijo que el crédito debe leerse como una oferta abierta y no como una referencia obligatoria

En su mensaje, Sturzenegger sostuvo que la tasa ofrecida por el banco estatal no impone condiciones al resto del sistema financiero y defendió la existencia de nuevas opciones de crédito. “Clarifiquemos algo: cualquier banco puede ofrecer la tasa que quiera”, escribió. A continuación, agregó: “Que el @BancoNacion ofrezca esta tasa no implica que nadie esté obligado a tomarlo, ni que la competencia no pueda poner sobre la mesa un producto superador”.

Sobre ese punto, el funcionario insistió en que la discusión debe quedar abierta a la competencia entre entidades. “Si no te gusta, pasás”, señaló. En la misma línea, añadió: “Si otro banco quiero ofrecer más barato, bienvenidos”.

La línea del Banco Nación combina préstamos UVA y créditos a tasa fija

Los datos difundidos para esta línea muestran diferencias según el vínculo del cliente con la entidad. Para quienes cobran haberes o jubilaciones en el Banco Nación, la alternativa en UVA fue anunciada con una tasa de UVA + 19% TNA, mientras que la opción a tasa fija quedó en 36% TNA.

Para el resto de los clientes, en cambio, el esquema sube a UVA + 25% TNA en la línea ajustable por inflación y a 46% TNA en la financiación a tasa fija. A partir de esos valores surgieron buena parte de las críticas, centradas en el nivel de la tasa, en la relación entre cuota e ingresos exigidos y en el costo final del endeudamiento.

El funcionario puso el foco en que el plazo de cinco años baja la cuota más que una rebaja moderada de tasa

Uno de los argumentos centrales de Federico Sturzenegger fue que la novedad principal del producto no está tanto en el nivel de la tasa como en la extensión del plazo. “Pero hay dos cosas que me parecen muy positivas del producto. Primero, el plazo de cinco años”, escribió. Y agregó: “Hoy muchas terminales que solo ofrecen financiamiento a tres años. Demostrar que hay demanda para endeudarse a 5 años para comprar un auto ya en sí es un aporte importante”.

Para reforzar esa idea, el ministro incluyó una comparación entre distintos escenarios de financiamiento. “Porque fíjense que bajar la tasa al 12% impacta poco en cuota”, afirmó, antes de precisar que “pasa a 222.000, ya que en plazos tan cortos lo grueso de la cuota es la amortización y no el interés”. Luego contrapuso esa situación con un préstamo más corto: “Entonces la extensión del plazo es lo revolucionario aquí”.

Las críticas se concentraron en la tasa, el ajuste por inflación y el costo total del préstamo

La línea quedó bajo análisis desde el momento de su presentación por dos razones principales. Por un lado, porque varios comentarios apuntaron a que las tasas anunciadas siguen siendo elevadas incluso dentro del contexto local. Por otro, porque en el caso del crédito en UVA, la cuota queda atada a la evolución de la inflación, un punto que suele generar reparos cada vez que reaparecen este tipo de instrumentos.

En ese marco, la comparación entre la opción indexada y la alternativa a tasa fija pasó a ser uno de los ejes del debate. La línea para clientes con acreditación de haberes o jubilaciones parte de UVA + 19% TNA frente a 36% TNA fija, mientras que para el resto de los usuarios la relación es de UVA + 25% TNA frente a 46% TNA fija. Esa estructura llevó a que buena parte de las objeciones se concentraran en cuánto terminará pagando el tomador según el comportamiento de los precios durante los próximos años.

Sturzenegger también defendió la transparencia del esquema y su posible efecto sobre el mercado de crédito

Además del plazo, Sturzenegger destacó que el nuevo esquema separa el costo del financiamiento del valor del vehículo. “También la transparencia”, escribió. Y desarrolló esa idea con otra crítica al sistema de promociones comerciales: “Muchas concesionarias te dicen que te financian al 0%. Pero hay que ser medio boludo para pensar que en Argentina eso existe. Obviamente el costo financiero se carga en el costo del 0km”.

En el mismo tramo de su mensaje, sostuvo: “separar el costo del financiamiento del costo del auto me parece también algo muy positivo”. Después avanzó sobre un argumento más amplio vinculado al sistema financiero y al mercado de capitales. Según explicó, “si el @BancoNacion demuestra que hay demanda para este crédito, sería facilísimo para el mercado de capitales darse vuelta y ofrecerle a los ‘ahorristas’ un instrumento” que permita canalizar fondos hacia este tipo de préstamos.

El funcionario cerró esa idea con una defensa del experimento de mercado que, a su juicio, representa la nueva línea. “esta exploración que hace el @BancoNacion, socialmente, vale el doble”, afirmó. En otro pasaje, sumó que “un precio alto en un mercado competitivo es exactamente el tipo de cosas que están bien” y que “este tipo de iniciativas son las que permiten desarrollar un mercado sustentable”.

Abel Furlán, el desplazado titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), presentó dos escritos en expedientes que tramitan ante juzgados distintos para pedir su sobreseimiento, rechazar las acusaciones sobre la contratación de USEM, una empresa vinculada con La Cámpora, y brindar aclaraciones sobre la militante kirchnerista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner.

Una de las presentaciones está firmada por el abogado Alejandro Rúa, con patrocinio conjunto de Graciana Peñafort—, donde se pide el sobreseimiento del sindicalista, mientras que en la otra, del abogado Pablo Slonimsqui, se formulan aclaraciones en el expediente 798/2026, radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, Secretaría 24.

Los escritos sostienen que no existió una cesión del control de los fondos sindicales a USEM, aseguran que el servicio contratado fue efectivamente prestado y que las decisiones fueron tomadas por los órganos internos de la UOM. También cuestionan lo que definen como una campaña político-mediática vinculada a la disputa sindical interna del gremio metalúrgico.

Rúa pidió que se dicte el sobreseimiento en los términos del artículo 336 del Código Procesal Penal, bajo el argumento de que “el hecho investigado no se cometió”.

La investigación judicial busca determinar si las autoridades de la UOM, en su carácter de administradoras de los fondos sindicales, habrían celebrado un contrato perjudicial para los afiliados al ceder el control financiero de los recursos a una firma privada.

Frente a esa hipótesis, la defensa afirmó que no hubo irregularidad ni delito por parte de ninguno de los dirigentes de la UOM y que la contratación fue analizada y aprobada en diferentes instancias de la estructura sindical: el Consejo Directivo, el Secretariado Nacional y, posteriormente, el Congreso Nacional de Delegados, integrado por representantes de las seccionales.

La defensa destacó que el Secretariado Nacional del sindicato, presidido por Furlán, resolvió no renovar los contratos que durante dos décadas habían vinculado a la UOM con el Banco Nación y Donington S.A., firma que administraba el fideicomiso anterior. Después, se habría celebrado un nuevo convenio de fideicomiso con el Banco Nación y se contrató a USEM S.A. para la gestión bancaria requerida por ese esquema.

Uno de los ejes de ambas presentaciones es la distinción entre administración de fondos y gestión bancaria.

Rúa planteó que “contra lo que se denuncia, la UOM no ha cedido su administración sino sólo la gestión bancaria”. Slonimsqui, por su lado, afirmó que la empresa “no cedió a USEM S.A. la conducción económica de la UOMRA ni le permitió disponer libremente de su patrimonio”.

De acuerdo con el segundo escrito, la UOM conservaba la decisión sobre el destino de sus recursos y generaba las órdenes de pago; USEM revisaba la documentación y realizaba tareas técnicas de procesamiento; el Banco Nación ejecutaba los pagos como fiduciario y las autoridades de cada seccional operaban sus cuentas a través de poderes bancarios.

“USEM no reemplazó a los órganos estatutarios de la UOM, no decidió la política de gastos, no eligió proveedores, no determinó beneficiarios y no podía disponer por sí sola de los fondos”, remarcó Slonimsqui.

La defensa detalló que entre las tareas de USEM figuraban la apertura de cuentas para seccionales y el Secretariado Nacional, la actualización de poderes y permisos bancarios, la revisión de libranzas, la precarga de archivos de pago, el archivo de comprobantes y la elaboración de informes mensuales sobre origen y aplicación de fondos.

La defensa sostuvo que los acuerdos incluyeron mecanismos de auditoría, rendición de cuentas y resguardo patrimonial. En ese sentido, señaló que “no se ha eliminado ninguna auditoría y los controles externos permanecen inalterados y fortalecidos”.

También se acompañó documentación sobre la certificación ISO 9001:2015 obtenida para los procesos de recaudación y pagos del Secretariado Nacional de la UOM. Según Rúa, esa certificación constituye una “validación externa e independiente” de que los procesos internos “cumplen con los estándares internacionales de gestión de calidad”. Además, afirmó que el sistema implementado cuenta con procedimientos documentados, roles definidos, controles cruzados e indicadores para la supervisión continua.

El pedido de sobreseimiento incorpora una extensa referencia a balances y estados contables de la UOM entre 2021 y 2025. La defensa afirma que la gestión de Furlán recuperó USD 17.657.800 que, según su planteo, permanecían bajo titularidad de Donington S.A. y no de la organización sindical. Ese monto, indicó, fue recibido por el fideicomiso UOMRA-BNA en septiembre de 2023 y destinado a un “Fondo Anticíclico en Dólares” y a un “Fondo Anticíclico en Pesos”.

La presentación sostiene que, al 31 de diciembre de 2025, los balances registraban $13.540.772.075,86 en inversiones financieras —equivalentes, según el escrito, a USD 9.469.071— y $37.895.549.560,85 en plazos fijos, cifra equivalente a USD 24.718.156.

La defensa comparó esos datos con los estados contables de 2021 y afirmó que los ahorros en moneda dura pasaron de USD 17.657.800 a USD 34.187.227. “Los números expresan de manera indubitable que, en cuatro años de gestión, se obtuvieron ahorros por USD 16.529.427, además de lo recuperado de la administradora anterior”, sostuvo Rúa.

Asimismo, señaló que ese crecimiento se habría producido “sin vender activos del Secretariado Nacional de la UOM, realizando obras y mejoras en los inmuebles, y disminuyendo pasivos”.

En el escrito ante el Juzgado Federal N°12, Slonimsqui respondió a los cuestionamientos sobre el porcentaje de honorarios previsto en el contrato de locación de servicios firmado el 27 de febrero de 2023, que, según trascendió, equivalían al 0,5% de todo lo recaudado mensualmente por la cuota sindical, unos 100 millones de pesos.

La defensa planteó que no es posible evaluar la razonabilidad del acuerdo “a partir de un porcentaje aislado” ni multiplicándolo por cifras de recaudación “difundidas sin respaldo y fuera de todo contexto”.

Según el escrito, la retribución cubría una operatoria permanente y federal que incluía la apertura y mantenimiento de cuentas, la gestión de poderes bancarios, el procesamiento de libranzas, la interacción con el Banco Nación, el archivo documental, los informes mensuales, los circuitos extraordinarios de pago, el personal, la infraestructura y las obligaciones impositivas de la firma.

“USEM S.A. nunca cobró por servicios inexistentes o no prestados”, afirmó la presentación, que enumera como respaldo contratos, facturas, movimientos bancarios, libranzas, poderes, informes y comprobantes.

Además, la defensa sostuvo que no existe “el menor indicio” de que el contrato haya generado un perjuicio patrimonial para la UOM.

El segundo escrito dedica varios apartados a María Soledad Calle, directora suplente de USEM S.A. y ex empleada de la UOM. La presentación rechaza que su vínculo laboral con el sindicato y su participación societaria constituyan una incompatibilidad.

Slonimsqui sostiene que la UOM es una asociación regida por la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y no forma parte de la Administración Pública ni del Sector Público Nacional. Por lo tanto, argumenta que no corresponde aplicar automáticamente las reglas de incompatibilidades previstas para funcionarios estatales.

La defensa señaló que Calle ingresó laboralmente a la UOM el 1° de abril de 2021 y que sus tareas estaban vinculadas principalmente con relaciones internacionales, en especial con IndustriALL Global Union. Según el escrito, no integraba el Secretariado Nacional ni el Consejo Directivo, no ejercía funciones en Tesorería o Secretaría Administrativa y no tenía atribuciones para contratar, ordenar pagos, administrar recursos o seleccionar proveedores.

También remarcó que Calle no firmó el contrato entre USEM y la UOM, que fue suscripto por Adalberto Raúl Braconi, presidente de la empresa.

“No existió, en definitiva, autocontratación, decisión sobre intereses contrapuestos ni intervención de Calle desde ambos lados de la relación jurídica”, sostuvo Slonimsqui.

La defensa vinculó la denuncia penal con una disputa político-sindical y cuestionó la cobertura de distintos medios de comunicación. En particular, rechazó versiones que atribuyeron a Calle una relación sentimental con Furlán. El escrito afirma que Calle “no era ni es pareja de Furlán” y que su relación fue “exclusivamente laboral, institucional y sindical”. También señala que la mujer promovió una demanda por la difusión de esa información.

La presentación denuncia una “construcción mediática” basada en estereotipos de género y sostiene que se difundieron datos falsos sobre su vida privada, bienes, viajes y situación laboral.

Entre otras aclaraciones, la defensa señala que el despido de Calle, posterior a la intervención judicial de la UOM, no obedeció a una incompatibilidad, sino que se produjo junto con desvinculaciones de trabajadores de distintas áreas. Añade que la intervención de la UOM le abonó una indemnización por despido sin causa.

Sobre su patrimonio, el escrito sostiene que los bienes mencionados públicamente fueron adquiridos, en lo sustancial, antes de la constitución de USEM y de la firma del contrato bajo análisis. Con respecto a la adquisición del inmueble ubicado en San José 1111, asegura que “fue realizada con recursos propios y tuvo como proyecto su afectación a un espacio destinado a una fundación de estudios para el desarrollo argentino”.

El descargo sobre el patrimonio vehicular de Calle sostuvo que su auto de uso personal es una camioneta Peugeot 3008, comprada en 2023 tras la venta de dos vehículos que ya integraban su patrimonio: una Nissan Kicks y un Toyota Etios 1.5 Platinum. También indicó que el BMW M135 xDrive mencionado en los medios fue adquirido por su pareja conviviente, quien compartió con ella la titularidad registral, aunque es él quien lo utiliza de manera personal y ambos están autorizados a conducir los vehículos familiares.

También afirma que la empresa Grupo Vértice Global S.A., una sociedad que fue constituida por Calle y su pareja, no tuvo actividad comercial ni facturación y no guarda relación con la UOM ni con USEM.

Los dos escritos coinciden en que la contratación de USEM por parte del gremio metalúrgico fue institucional, que esta empresa tenía actividad real y capacidad operativa, que existieron controles y rendiciones de cuentas y que no se configuró perjuicio para el sindicato.

“La investigación penal debe fundarse en hechos y prueba, no en sospechas construidas por acumulación de titulares”, sostuvo Slonimsqui.

Rúa, en tanto, concluyó en su escrito que tanto la documentación sobre el funcionamiento bancario como los balances, las rendiciones, las resoluciones internas y la certificación de calidad respaldan la legalidad de lo actuado por la UOM y por su obra social.

La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% en agosto y mostró una desaceleración marcada frente al 2,9% registrado en julio. Con ese resultado, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) acumuló una suba de 21,5% en los primeros ocho meses de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,3%.

El dato porteño se conoció dos días antes de la publicación del índice nacional de agosto, prevista para el 10 de septiembre. En ese contexto, el mercado espera una moderación respecto del mes anterior. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (BCRA), la mediana de las proyecciones ubicó la inflación de agosto en 1,7% mensual, en línea con el registro informado para Buenos Aires.

En julio, el Índice de Precios al Consumidor nacional había mostrado una suba de 2,1%, con un acumulado de 19,3% en el año y una variación interanual de 33,8%. De todos modos, la comparación entre ambos indicadores requiere cautela, ya que la canasta de la Ciudad asigna un peso mayor a los servicios que la medición nacional.

Vivienda, alimentos, salud y transporte explicaron la mayor parte del aumento mensual

La evolución del índice en agosto respondió principalmente a las subas de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Transporte. En conjunto, esas cuatro divisiones aportaron 1,16 puntos porcentuales a la variación del Nivel General.

Entre los rubros de mayor incidencia se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 2,6% y explicó 0,53 puntos porcentuales del total. El movimiento estuvo asociado a los aumentos en los gastos comunes por la vivienda y en los alquileres.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un alza de 1,8% y aportó 0,32 puntos porcentuales. Dentro de esa división sobresalieron las subas de Frutas, con 12,5%, junto con Pan y cereales, que aumentó 2,3%, y Leche, productos lácteos y huevos, con 1,6%.

La división Salud promedió una suba de 1,9% y tuvo una incidencia de 0,17 puntos porcentuales, impulsada sobre todo por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. Transporte, en tanto, subió 1,2% y aportó 0,14 puntos porcentuales por los incrementos en los boletos de colectivo urbano y de subte, además de los aumentos en los valores de los automóviles.

La baja de hoteles, turismo y pasajes aéreos ayudó a moderar el índice

Parte de la desaceleración de agosto se explicó por el retroceso de algunos componentes estacionales que en julio habían presionado al alza. En sentido contrario al resto de las divisiones principales, Prendas de vestir y calzado anotó una caída de 0,7%, mientras que Restaurantes y hoteles mostró una variación de -0,1%.

Dentro de ese último rubro incidió la baja de los servicios de alojamiento, que retrocedieron 12,7% después del pico asociado al receso invernal. También cayeron los paquetes turísticos, con -6,5%, y los pasajes aéreos, con -4,5%, factores que contribuyeron a quitar presión al indicador general.

En la comparación interanual, las divisiones que más incidieron en la suba de precios fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Transporte; y Restaurantes y hoteles. En conjunto, explicaron 62,6% de la variación de los precios minoristas en los últimos doce meses.

Los servicios volvieron a subir por encima de los bienes

El comportamiento de agosto volvió a mostrar diferencias entre Bienes y Servicios. Los bienes aumentaron 1,6%, mientras que los servicios avanzaron 1,8%. En el acumulado de 2026, los bienes subieron 17,2% y los servicios 24 por ciento.

La dinámica mensual de los bienes estuvo vinculada sobre todo con los aumentos en alimentos y en artículos para el cuidado personal, aunque la baja de las prendas de vestir actuó como contrapeso. En los servicios, en cambio, incidieron principalmente las expensas, los precios de restaurantes y bares, los alquileres, la medicina prepaga y las remuneraciones del servicio doméstico.

En términos interanuales, los bienes alcanzaron una variación de 28,5%, mientras que los servicios llegaron a 36,2%. Esa diferencia volvió a reflejar el mayor peso de los ajustes en rubros asociados al consumo de servicios dentro de la canasta porteña.

La inflación núcleo siguió por encima del nivel general

Si se observa la desagregación por subíndices, el Resto IPCBA, que funciona como referencia de la inflación núcleo, trepó 2,1% en agosto. En términos interanuales, esa agrupación se ubicó en 32,3%, con una leve aceleración respecto del mes previo.

Los Regulados avanzaron 1,8%, impulsados por las actualizaciones en las cuotas de medicina prepaga, las tarifas residenciales de agua y gas y el boleto de colectivo urbano. En la comparación con agosto del año pasado, este agregado alcanzó una suba de 41,6%.

Por el contrario, los bienes y servicios Estacionales promediaron una caída de 2,9%, arrastrados por las bajas en alojamiento turístico y paquetes vacacionales. En la medición interanual, esa agrupación marcó 20,2%.

Con este resultado, el IPC de la Ciudad ofreció una señal de desaceleración de cara al dato nacional que publicará el Indec pasado mañana. El último antecedente del mercado, medido por el REM del BCRA, también apuntó a una inflación de 1,7% para agosto.