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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anticipó este sábado que la provincia decretará la emergencia meteorológica por seis meses ante la previsión de tormentas intensas y un aumento de las precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño.

En este sentido, el mandatario indicó que la administración provincial destinará recursos a obras pluvioaluvionales y reforzará la asistencia y las medidas preventivas en las localidades que podrían quedar expuestas a contingencias climáticas.

Al señalar que las precipitaciones previstas presentaron características extraordinarias, explicó que estas afectaron a sectores que no registraban semejante caudal de agua desde hace décadas. “Se están llenando cañadones que hace 70 años no recibían esta cantidad de agua”, afirmó Figueroa.

Según planteó, la infraestructura disponible puede colapsar ante lluvias de esa magnitud, por lo que el Estado debe priorizar la asistencia a la población y las acciones preventivas. De acuerdo con la información obtenida por LMNeuquén, el gobernador recorrió distintos puntos del territorio para estudiar el fenómeno.

“Es muy complejo y no hay infraestructura que soporte las abundantes precipitaciones que produce”, afirmó el mandatario. De la misma manera, se refirió a la crecida del río Neuquén y consideró necesaria la construcción de una represa de gran escala sobre ese cauce.

No obstante, Figueroa aclaró que se trata de un proyecto de alto costo y de ejecución prolongada. “Hace 20 años que no se hace una represa en nuestro país”, recordó. Así, la posible obra se sumaría a las medidas que la administración neuquina evalúa para reducir los efectos de eventos extremos, que podrían desarrollarse en los próximos meses.

Por este motivo, el Gobierno de Neuquén reunió el miércoles a un comité integrado por equipos técnicos, científicos y organismos especializados para identificar las áreas vulnerables y organizar la respuesta ante los efectos que podría provocar El Niño.

Tras esta reunión, el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, afirmó que la planificación anticipada resulta central para definir medidas frente a los pronósticos meteorológicos. “La única manera de tomar decisiones acertadas es con tiempo, planificación y equipos técnicos al servicio de la ciudadanía”, sostuvo.

De esta manera, el comité articulará tareas entre la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, Vialidad Provincial, las fuerzas de seguridad y equipos técnicos, con la participación de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y Recursos Hídricos.

Asimismo, Ousset indicó que el impacto no será uniforme en toda la provincia y que las acciones se organizarán según las necesidades de cada zona. “No hay infraestructura capaz de absorber situaciones meteorológicas de estas características, pero hay que estar preparado”, concluyó.

En paralelo, este sábado la provincia atravesó una jornada marcada por anegamientos, cortes de rutas y localidades aisladas, con Rincón de los Sauces como el sector de mayor complejidad por la interrupción de sus accesos terrestres.

Aunque la circulación comenzó a normalizarse después de los cortes preventivos dispuestos durante la noche del viernes 23 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas amarillas y naranjas. Frente a esto, las autoridades advirtieron que los próximos cinco a siete días requieren especial atención ante las condiciones previstas por El Niño.

De acuerdo con El Chorrillero, las rutas provinciales 5 y 8 quedaron intransitables de manera simultánea, lo que interrumpió el ingreso y la salida por vía terrestre de Rincón de los Sauces, localidad ubicada en el área de Vaca Muerta.

El punto más afectado fue la ruta provincial 5, a la altura del arroyo Carranza. Una crecida arrastró materiales y estructuras de la obra de un nuevo puente, destruyó los desvíos montados en el sector y alcanzó a varios vehículos.

La situación también generó preocupación en el hospital local por la disminución de insumos para sectores como Oncología, Laboratorio y Enfermería. Frente a ese escenario, la provincia organizó puentes aéreos con aviones y helicópteros para trasladar medicamentos, reactivos y pacientes que requerían atención urgente.

Entre los operativos se incluyó la derivación de una persona con fractura de pelvis. Además, se coordinaron alojamientos y traslados preventivos hacia la ciudad de Neuquén para pacientes que necesitan tratamientos de diálisis. El esquema involucró al hospital público, la clínica del Sindicato de Petroleros y el Gobierno provincial.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, definió a Rincón de los Sauces como “el punto crítico, el punto rojo” de Neuquén. La funcionaria explicó que la saturación de los suelos hizo que el agua buscara sus cauces naturales.

En consonancia con los demás funcionarios, Ortiz Luna indicó que una meteoróloga anticipó una probabilidad de afectación del 100 % en el territorio provincial durante los próximos cuatro a seis meses.

El temporal también dejó consecuencias en otras localidades. En Añelo, cuatro familias fueron evacuadas y otras 32 recibieron asistencia. En Puente Picún y Bajada de los Molles, cerca de 20 familias quedaron aisladas por las lluvias y las crecidas.

En el paraje Sañico hubo evacuados que fueron alojados en una escuela. En tanto, varios vecinos de Aluminé debieron dejar sus viviendas por una fuga de gas, mientras continuaban los relevamientos aéreos y la identificación de pobladores que viven cerca de cursos de agua ante posibles evacuaciones preventivas.

Próximo a cumplirse el tercer año de gobierno de Javier Milei, los economistas y analistas de bancos internacionales se preguntan y algunos afirman “el plan económico está agotado”, porque advierten no solo puntos de resistencia en el ritmo de desaceleración de la inflación, sino también porque observan que se profundiza la brecha entre los sectores más dinámicos de la actividad económica —energético, minero y agro— que contribuyen muy poco a la generación de empleos y están focalizados en las exportaciones, y los que se contraen porque dependen de un mercado interno debilitado en su poder de compra para consumos cotidianos, excluidos los servicios básicos de luz, gas, agua y transporte, principalmente.

Para que dé su visión de la coyuntura económica y expectativas para el corto plazo, Infobae entrevistó a Camilo Tiscornia, economista, máster en Economía por la UTDT, director de C&T Asesores Económicos, profesor de Economía Monetaria y de Economía Argentina en la UCA, y consultor de empresas y organismos internacionales.

— El FMI destacó en su último informe la resiliencia de la mayoría de las economías. ¿Argentina muestra esa resiliencia o predomina la impaciencia social por los resultados?

— La resiliencia a la que se refiere el FMI en su informe es la capacidad que viene mostrando la economía internacional frente al shock del conflicto entre Estados Unidos e Irán, con la consiguiente suba del precio del petróleo, mayor inflación y una tendencia al alza de las tasas de interés.

Argentina también muestra una resiliencia importante en este contexto, probablemente mayor que la que hubiera podido mostrar ante un evento similar en el pasado. En primer lugar, porque hoy está mucho más ordenada macroeconómicamente que en el pasado. Pero, además, y esto es crítico, porque ahora es un país exportador neto de energía, por lo que un petróleo más caro la favorece.

— El PBI cayó 2,9% en julio frente a junio, pero hay datos preliminares de recuperación en agosto y septiembre, y el REM proyecta un repunte en el último trimestre. Aun así, algunos analistas hablan de “recesión técnica” o de un “modelo agotado” ¿Coincide con ese diagnóstico?

— Efectivamente, la caída de julio va a hacer que Argentina acumule dos trimestres consecutivos de baja del PBI, con lo cual técnicamente entraría en recesión. Pero también se observa una recuperación a partir de agosto que, aunque tenue, nuestro indicador de nowcasting estima que se consolidará en septiembre y muy probablemente en octubre.

Eso dejaría el dato de julio como algo puntual. Las dos caídas trimestrales consecutivas serían más bien producto de ese mes que de una tendencia de fondo de la actividad. Dicho esto, a la actividad económica indudablemente le falta más dinamismo.

— ¿La desinflación llegó a un punto de resistencia, o los últimos datos responden a factores puntuales como el petróleo, las tarifas y la estacionalidad?

— En los países que deciden no fijar el tipo de cambio, los procesos de desinflación son más lentos, y ese es el caso de Argentina. De todos modos, sostener el equilibrio fiscal y el control monetario es la garantía de que la inflación va a seguir bajando, aunque el ritmo pueda ser lento.

En 2026 el proceso se vio interrumpido por la suba del precio internacional del petróleo, que impactó especialmente en la inflación de marzo y abril, y luego por el alza de otras materias primas en los meses siguientes.

Por eso es probable que este año la inflación cierre algo por debajo de la de 2025, pero no tanto como podría haberlo hecho sin ese shock internacional.

— A un año de las elecciones presidenciales de 2027, ¿hoy pesa más la política que la economía en la decisión del votante, o es una lectura exagerada de encuestas que ya fallaron antes?

— Por ahora, al votante promedio no le preocupan tanto las elecciones. Le preocupan mucho más la evolución de su salario real y del empleo, variables que han tenido un desempeño algo flojo en los últimos meses.

Eso, a su vez, alimentó entre los inversores el temor de que el presidente Milei no sea reelecto. En ese caso, la alternativa que hoy aparece como más probable es una vuelta al pasado, con todo lo que eso implica.

Esa incertidumbre frena a los inversores y termina complicando la actividad en el corto plazo, lo que golpea a su vez la situación de las familias. Se arma así un círculo vicioso.

— En una economía libre, sin discrecionalidad, se puede hacer política de ingresos?

— En países que acumulan mucho tiempo en un régimen de alta inflación, la indexación es una práctica habitual que complica significativamente la reducción de la inflación cuando se implementa un plan de estabilización, incluso cuando ese plan hace los deberes fiscales y monetarios. La persistencia de esas prácticas una vez iniciado ese plan, en parte, es reflejo de desconfianza e incertidumbre acerca de si el plan perdurará en el tiempo, y atenta contra el éxito mismo del plan.

Por eso, soluciones extremas, como la convertibilidad suelen dar resultados más veloces para bajar la inflación, ya que resuelven mejor esa desconfianza. Una alternativa es que el plan incorpore elementos heterodoxos, como fijación de precios o acuerdos para los mismos, algo que se vio en diversos planes de estabilización.

En el caso particular argentino, el Gobierno no optó por ninguna de las dos alternativas y personalmente creo que fue adecuado: no creo que haya que ir a un régimen cambiario extremo y, dado el contexto del que veníamos, en que los controles de precios eran la norma, introducir componentes heterodoxos hubiera ido en contra de la impronta que el gobierno quiso darle a su gestión. Pero, lamentablemente, esto hace que el proceso de baja de la inflación sea más lento, y obliga al Gobierno a más dureza fiscal y monetaria para convencer de que se está en un régimen nuevo, con un potencial costo en materia de actividad económica.

— ¿Cuál es hoy el principal riesgo que podría descarrilar el programa económico: el frente externo, el político o el fiscal?

— El mayor riesgo es el político, y de él se derivan las demás consecuencias. La incertidumbre política complica el escenario financiero: eleva el índice de riesgo país y eso complica el financiamiento del gobierno el año que viene, lo que a su vez es un riesgo en sí mismo que realimenta la suba del riesgo país.

Al mismo tiempo, como mencioné antes, esa incertidumbre hoy condiciona la actividad y perjudica la percepción de las familias, lo que genera más dudas sobre el rumbo político después de las elecciones del año que viene.

— ¿El salario real ya recuperó lo perdido en la devaluación de 2023, o todavía falta camino?

— El salario real, y en general los ingresos de las familias, incluso el ingreso disponible después de los gastos fijos, se encuentran hoy en niveles superiores a los de la mayor parte del gobierno anterior.

Hubo una caída inicial por los ajustes que el Gobierno actual tuvo que hacer para sincerar precios que la administración anterior había mantenido pisados, lo que generó una pérdida de poder adquisitivo. Pero después hubo una recuperación muy fuerte, sobre todo durante 2024.

En 2026 se observó una tendencia a la baja, sobre todo en la primera parte del año, por subas de precios muy ligadas a la canasta básica, en particular la carne. Los datos de agosto y septiembre comienzan a mostrar una incipiente mejora, tanto por aceleración de ingresos como por una moderación de los precios.

— ¿Ve un cierre de empresas por millares, como advierten las cámaras empresariales, o se trata más bien de atrasos en el pago de aportes y contribuciones a la Anses?

— No es de extrañar que en un proceso de cambio tan importante como el actual haya cierres de empresas. Tal vez las estadísticas sean poco representativas de la realidad. Tampoco puede descartarse un movimiento hacia una mayor informalidad.

— El BCRA alterna meses de baja compra de dólares, que alimentan la idea de un “modelo agotado”, con meses de mayor acumulación. Pero los mercados dudan del “poder de fuego” para enfrentar una corrida como la de 2025. ¿Cuál es su lectura?

— Para que el Banco Central pueda sostener la compra de reservas, la clave es que haya un buen ingreso de dólares. Los notables datos de comercio exterior, gracias a los elevados precios internacionales, la cosecha récord y el nuevo perfil exportador de energía y minería del país, son lo que permite que ese proceso continúe. Pero la oferta fluctúa y, lógicamente, el Banco Central adapta sus compras a ello, buscando además que la emisión que genera al comprar las divisas se ajuste a la demanda de dinero.

Que eso alcance para evitar tensiones financieras el año que viene es otra cuestión. La fuga de capitales ante un pico de incertidumbre política puede ser realmente muy grande (el año pasado rondó el equivalente a USD 35.000 millones), lo que demuestra una vez más el peso que tiene esa incertidumbre.

De todos modos, el Gobierno ya aclaró que, más allá de las mayores reservas del Banco Central, cuenta con otras fuentes de financiamiento en dólares para enfrentar una eventual suba de la demanda de divisas cerca de las elecciones.

— La directora gerente del FMI dijo que Argentina podría cancelar anticipadamente el préstamo de Facilidades Extendidas, y el ministro Luis Caputo le dijo que “se va a sorprender”. ¿Es un exceso de optimismo del organismo y de Economía que los mercados no comparten?

— Hoy, pensar en cancelar anticipadamente el acuerdo con el FMI luce excesivamente optimista. Pero si la incertidumbre política se reduce, no es improbable que Argentina pueda volver a los mercados. En la medida en que se mantenga el rumbo de orden fiscal y monetario, y no se vuelva a las políticas que tanto daño macroeconómico le causaron al país, el acceso a los mercados va a llegar y eventualmente cancelar la deuda con el FMI podría ser una opción.

— Las finanzas públicas muestran superávit financiero mes a mes, la inflación interanual sigue en baja y la actividad parece dejar atrás el riesgo de recesión. ¿Por qué entonces el índice de riesgo país sube a un ritmo mayor que el de los países vecinos?

— En las últimas proyecciones del FMI, Argentina es de los pocos países que en los próximos cinco años mantendría el equilibrio fiscal, o incluso un leve superávit. Y cuando se analizan las proyecciones de deuda pública sobre PBI, es también de los pocos donde esa relación tiende a bajar. Eso habla de una solidez fiscal que no se condice con la suba del riesgo país.

Esa suba obedece claramente a un factor que va más allá del resultado actual de las cuentas públicas: el riesgo político, es decir, la posibilidad de que un cambio de rumbo termine en un nuevo incumplimiento de los compromisos de deuda.

— Si tuviera que poner una fecha, ¿Cuándo cree que Argentina podría salir por completo del cepo cambiario?

— Creo que Argentina podría haber salido del cepo este mismo año; el orden fiscal y monetario y el buen ingreso de divisas eran una gran oportunidad, pero es entendible que el Gobierno quiera enfrentar el año electoral con más herramientas de política a mano. Si Javier Milei es reelecto, creo que hay altas chances de que el cepo termine definitivamente en el nuevo período presidencial.

— ¿El Gobierno debería retomar su objetivo de campaña de avanzar hacia la dolarización, o hacia la institucionalidad de un sistema bimonetario?

— La dolarización siempre es un tema complejo. Tiene beneficios indudables en el corto plazo, como la virtual eliminación de la inflación y una rápida convergencia de las tasas de interés locales a las internacionales, que podrían favorecer una recuperación más rápida de la inversión y la actividad. Pero la experiencia de la convertibilidad muestra que, ante un deterioro del escenario internacional, esquemas cambiarios tan rígidos terminan provocando costos muy importantes en términos de actividad.

Por eso considero que, en principio, Argentina no debería ir hacia una dolarización, sino intentar mantener su moneda. Creo que es posible si se persiste en el orden fiscal y monetario, pero eso requiere mucho tiempo y que el rumbo se sostenga a través de las alternancias del ciclo político. Ese es el desafío para un país que tantas veces incumplió sus reglas y cambió de rumbo.

Sin duda la dolarización sería un seguro frente a esa volatilidad, pero creo que a la larga terminaría generando costos. Por eso tenemos que persistir en el camino actual y lograr, como sociedad, sostenerlo más allá de las transiciones políticas.

Fotos: Maximiliano Luna

En la CGT se prendieron las luces rojas: la crisis de las obras sociales se agudiza semana tras semana, con cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero esa decisión está complicando el funcionamiento de los sindicatos.

Hace un mes, el dirigente que advirtió públicamente sobre este cuadro crítico fue Luis Barrionuevo, líder del Sindicato de Gastronómicos, quien, en el programa de Carlos Pagni en LN+, comparó este momento con lo sucedido en los años 90, antes de la asunción de Carlos Menem, cuando “todos los gremios estaban en convocatoria y las obras sociales se fundieron porque sacaron la plata del sindicato para poner en la obra social, con lo cual la crisis se llevó puesto a los dos”.

“Todos están sacando plata del sindicato, por lo que vamos camino a tener problemas en las estructuras sindicales, donde tenemos las escuelas, campings, vacaciones, cooperadoras -describió-. Hay un montón de elementos alrededor del sindicato que también representan plata y que hoy no te alcanzan”.

El dirigente gremial dijo que, ante ese cuadro, hay que plantearle al Gobierno: “O resuelven el problema o hay que decirle a Mario Lugones, el ministro de Salud: ‘Acá tenés las llaves, manejá vos la obra social’”.

Se trata de una solución extrema, que nadie contempla seriamente, pero que revela la dificultad para salir del laberinto en el que se están los sindicalistas: al cabo de tres reuniones reservadas que mantuvo con la CGT, realizadas en la sede de la UOCRA, dicen que el ministro sigue sin responder a las propuestas que le efectuaron para superar una crisis de las obras sociales que los expertos cegetistas califican de “casi terminal”.

Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes de la CGT, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.

Las prestaciones por discapacidad representan desde hace años el mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales: en 2017 equivalía al 22% del FDS; en 2019, al 37%; en 2019, al 50% y hoy, casi al 90%.

Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.

Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y director de la obra social de Obras Sanitarias, es un sanitarista que asesora a la CGT y dijo a Infobae: “Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión”.

Si las obras sociales están al borde del colapso se debe a diversos factores, como se detalla en un informe elaborado por la CGT: allí se alertó que más de 11 millones de beneficiarios, equivalentes al 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales, no generan recursos suficientes para financiar las prestaciones exigidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO) y que el sistema destina 9% del salario al financiamiento de la cobertura médica, pero la pérdida de poder adquisitivo ronda el 30%. A esa caída se suma el aumento de los servicios asistenciales, que, según la CGT, superó ampliamente los índices del costo de vida.

“La situación económica financiera general del sistema de obras sociales está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, advirtió la central obrera en su informe.

Como la mayor parte de las obras sociales necesita asistencia de sus sindicatos para evitar la cesación de pagos, sostuvo la CGT, esa dependencia financiera repercute sobre la cadena de pagos a los prestadores, con efectos sobre la calidad de la atención, los tiempos de espera para acceder a prácticas médicas y el malestar de los afiliados, mientras la capacidad de compra de medicamentos se redujo, en promedio, un 40%.

La incorporación de monotributistas representa otro déficit para las obras sociales. Sus aportes mensuales, de acuerdo con el informe cegetista, rondan cifras que son un 78% inferior al costo estimado del PMO.

La CGT señaló que una parte de quienes se incorporan mediante el régimen de monotributo presenta una carga de enfermedad superior a la de los afiliados provenientes de la actividad laboral. “Utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”, sostuvo la central obrera.

Los jubilados que permanecen afiliados a las obras sociales también agravan las cuentas del sistema sindical de salud. Más del 80% de los jubilados y pensionados que derivan sus aportes se ubica en la franja de mayores de 65 años y de este grupo la transferencia fija por cápita está establecida en 53.277,38 pesos, mientras la recaudación por persona es de unos 159 mil pesos.

La diferencia entre ambos valores no tiene, según el informe de la CGT, una contraprestación de servicios. El documento calificó esa situación como “ampliamente negativa y discriminatoria” para las obras sociales que mantienen la cobertura para jubilados.

Los hospitales públicos suman otra fuente de tensión financiera para las obras sociales. La CGT cuestionó que, en algunos distritos, como en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, los nomencladores para facturar prestaciones contemplan valores que pueden superar los de los prestadores privados.

La central obrera también objetó que no se solicite autorización previa para prácticas programadas y que las internaciones de urgencia se informen de forma irregular o tardía, lo que impide realizar auditorías en el lugar. Como resultado, remarcó el informe, las facturas hospitalarias pueden convertirse en cosa juzgada y su cobro termina, en ocasiones, judicializado.

La industria viene de mal en peor desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Los números son alarmantes y la dirigencia del sector navega entre la tensión con el Gobierno, la ola de agresiones a popes del rubro desde la cúpula del Gobierno y perspectivas futuras que no parecen mostrar signos de despegue.

La actividad manufacturera acumula una caída de 2,7% en los primeros ocho meses del año, según el Indec. Si bien el dato mensual de agosto tuvo una mejora de 1,9% luego de la fuerte caída de 5,1% de julio, la cifra interanual muestra una baja de 3,2 por ciento. Otra estadística más actual, de la última semana, reveló que la utilización de la capacidad instalada de un subsector clave, la industria metalúrgica, tocó en septiembre su piso más bajo para ese mes desde 2016, con 40,2 por ciento.

Después de la caída de julio, en tanto, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) avanzó 0,1% en agosto, tuvo una variación interanual negativa de 1,7% y acumula un alza de 1,2% en el año.

De todo esto seguramente se hablará la semana que viene en la 32 Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se realizará el 3 de noviembre en el Golden Center bajo el lema “Talento argentino: la fuerza que transforma”. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, repasó en una entrevista con Infobae los objetivos del encuentro, el termómetro de la relación con el Gobierno y el panorama para un sector que atraviesa un evidente escenario de contracción. También habló del dólar, el impacto extra que podría sumar el contexto electoral y de sus negocios personales.

Rappallini adelantó que la UIA presentará en la conferencia una propuesta de pacto fiscal federal industrial, una suerte de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) orientado a las pymes, y confirmó la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el cierre del evento. Milei no irá, está claro.

“Estamos en una transición. Tenemos que trabajar para acompañar a las empresas a transitar este camino de la mejor manera para llegar al momento en el que la Argentina empiece a crecer de verdad. Hay que acompañar al sector industrial, que es el más golpeado”, resumió el dueño de Cerámica Alberdi, quien durante años presidió la Unión Industrial bonaerense y está al frente de la central fabril nacional desde 2025.

— ¿Esperaban que ese acompañamiento, que en Día de la Industria usted definió como “un puente”, hubiese llegado antes?

— Había expectativa de un rebote más importante en la economía, que este año iba a crecer en torno al 4 por ciento. Con un rebote con más consumo y actividad quizás no hubiese sido necesario ese pacto de acompañamiento. Con el dato de la semana pasada, el año no crecerá: vamos a estar en torno a un 1%, y hay que ver cuánto de eso es arrastre estadístico. Venimos pidiendo hace dos años medidas de reactivación e igualdad de condiciones: nivelar la cancha y bajar los impuestos. El puente está más relacionado con la economía de los últimos ocho meses donde no hubo reactivación fuerte y el crecimiento se aplanó.

— ¿Cómo explicaría el RIGI industrial que reclaman?

— Tiene la misma lógica que el RIGI vigente: igualar las condiciones con los países de la región. Es sectorial, para el segmento transable pyme, el que sufre más fuerte la competencia y al que todavía no llegó la reforma impositiva total. Es empezar por los que más sufren la apertura. Desde que arrancó este gobierno, los servicios subieron 400%, la inflación total debe estar en en torno al 200% y la industrial en 140 por ciento. Somos el sector que más esfuerzo hizo en precios porque tenemos que competir y seguimos con una presión fiscal altísima.

— Dígame algunos puntos concretos de la propuesta.

— Tomar a cuenta del IVA las cargas patronales, un acuerdo para reducir del impuesto al cheque, un límite o una baja del impuesto a las Ganancias de 35% a 25%, como en el RIGI, y la amortización acelerada para las inversiones. En esta etapa de reacomodamiento no solo hay que bajar impuestos, las empresas tiene que poder invertir y transformarse, deben tener un recupero rápido.

— Se habla de que el Gobierno sí tiene un plan industrial, que es el propio RIGI. Además, se busca sumar un Súper RIGI. ¿Qué les dicen los funcionarios ante el pedido de la UIA?

— No dicen que no. Se discute la implementación, el universo de empresas y el costo fiscal. Las formas: en el concepto hay acuerdo. La idea es generar una ventana de unos cinco años de aplicación y que el sector más perjudicado, el pyme transable y de mano de obra intensiva, sea el primero en recibir los beneficios.

— ¿Y qué les responden?

— Repito, no dicen que no. El diálogo está abierto. Estamos trabajando desde los lineamientos gruesos hasta los más finos: costo fiscal, recupero, instrumentación, redacción. Hay coincidencia en la filosofía del RIGI y en el objetivo del Gobierno de mantener el equilibrio fiscal. Se está viendo de qué manera impacta menos en la recaudación. Uno de nuestros objetivos es formalizar la economía: si ponemos todos los impuestos a cuenta del IVA, se paga el IVA y se puede pagar el resto. Así se les saca a las pymes el incentivo de no pagarlo y se logra una gran formalización con un IVA efectivo de 8 y 12 por ciento.

— ¿Cómo definiría hoy la relación Gobierno-UIA?

— Esta semana nos visitó la secretaria de Energía [María Tettamanti] y hay reuniones permanentes con los distintos niveles de gobierno. Una cosa son los medios y otra el relacionamiento real. Con Guberman [Carlos, secretario de Hacienda] me reuní cuatro o cinco meses y con el ministro Caputo nos juntamos en reuniones de intercambio. Hay diferencias, pero nunca dejó de haber diálogo con los funcionarios. No estamos de acuerdo en todo, pero más allá de lo que sale en las noticias, trabajamos de manera permanente en temas como crédito, contrabando, dumping y otros.

— Este fue un año que comenzó con máxima tensión, con apodos como “Don Chatarrín” y señalamientos personales a empresarios de peso del sector. ¿Bajó la espuma?

— Trabajamos más allá del ruido político. Pero es cierto que la relación con los funcionarios sin ese ruido siempre es mucho mejor.

— Pero el “ruido” en este caso lo genera el propio Presidente. No pareció un tema menor ni algo solo mediático.

— Independientemente de sus declaraciones, fuimos muy claros en nuestros comunicados. Cuando se habló de “Don Chatarrín” y de distintos industriales, dijimos que no era el camino. Cuando Caputo hizo declaraciones con las que no estábamos de acuerdo, también contestamos.

— No son pocos los que creen que esas respuestas no son lo contundentes que deberían ser.

— Si nos sentimos agraviados, respondemos. No ayuda tener conflictos abiertos que no cambian nada, que no suman a que las empresas generen más empleo ni a que haya más previsibilidad. Mi función no es alentar polémicas. Trato de bajarlas y de centrarme en la agenda de los industriales. Manifesté mi desacuerdo , pero después hay que seguir trabajando.

En esta edición, la Conferencia Industrial tendrá una agenda que combina coyuntura económica y agenda de futuro. Su presidente será Silvio Zurzolo, tesorero de la UIA, presidente del Departamento de Educación, Tecnología e Innovación Productiva y presidente de Adiba.

La apertura contará con Caputo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y habrá un panel en el que los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén) debatirán sobre la importancia de integrar las cadenas de valor regionales para potenciar el desarrollo federal que posibilitan sectores como la minería y la energía.

También se entregará el premio Industria Inspira y habrá un panel macroeconómico con el economista Esteban Domecq. La agenda incluye además un bloque sobre competitividad con casos sectoriales de cine, citrus y textiles y la presentación formal del Pacto Fiscal Industrial Federal a cargo de Carlos Abeledo, presidente del Departamento de Política Tributaria de la UIA. Según un estudio de la entidad, la presión fiscal sobre el sector formal de la economía argentina alcanza el 56%, la más alta entre los 30 países analizados y seis puntos porcentuales por encima del registro de 2023.

Habrá dos paneles sobre inteligencia artificial y productividad, uno de ellos con el neurocientífico Mariano Sigman, y el acto de cierre con Santilli y Rappallini.

— ¿Le preocupa el contexto económico y político?

— Me preocupa que caiga la actividad, porque genera menor recaudación, menor empleo y es un espiral negativo que a todos nos impacta. Por supuesto que estoy preocupado.

— ¿Cómo cree que va a evolucionar?

— Argentina todavía tiene una debilidad financiera importante. El proceso de desinflación es muy complejo, pero hay que tener en cuenta también la actividad y el empleo. Si se baja sólo la inflación y hay una caída grande de actividad y empleo, se entra en un espiral de caída generalizada de la economía. Ya lo vivimos en otros momentos y es muy duro. Hay que tomar medidas para sostener la actividad.

— El país ya está en medio de un contexto electoral, aunque falta un año para las elecciones. ¿Qué cree que debería y no debería pasar?

— Ojalá que en el año electoral se puedan discutir los problemas de la Argentina en profundidad. Sin ataques sin fundamento ni golpes bajos. Esta campaña debería ser importante para debatir qué país queremos. Me parece importante que, desde el empresariado, nos pongamos de acuerdo con el Consejo Económico y Social, las distintas entidades y la CGT, para enumerar los puntos que le pedimos a la política.

— ¿Qué debería pasar según la UIA?

— Hay que seguir bajando la inflación y tener seguridad jurídica. Que se cumplan los contratos, un sistema financiero para el crédito y el crecimiento, integración con el mundo, defender la competencia leal y luchar contra la informalidad. Son las reglas básicas para que una sociedad democrática y capitalista funcione, crezca y le genere soluciones a la mayor parte de la población, como pasó en muchos países occidentales.

— ¿Cree que el ruido electoral puede generar tensión cambiaria?

—La UIA siempre es señalada como la que pide la devaluación… Tenemos una inflación que sube los precios y el dólar no la acompaña, entonces se genera un atraso si la productividad no alcanza a compensar esa diferencia. Pero la verdad, prefiero no hablar de “atraso si, atraso no”. Está claro que el Gobierno no quiere riesgo financiero. Hay que mirar todas las variables, y el objetivo no puede ser bajar la inflación a costa de descapitalizar otras áreas porque se convierte en algo sistémico.

— ¿Están preocupados por el contrabando?

— Por supuesto. Es una de las grandes preocupaciones, junto con la competencia desleal y la subfacturación. Si entra un pantalón declarado a ocho centavos, directamente no paga impuestos: hay competencia desleal. Este lunes estaremos firmando un acuerdo que venimos trabajando con el Gobierno para que se declare quién es el importador de los productos. En las plataformas se vende mucho importando sin tanto control en ese sentido, como tiene cualquiera que vende.

— Dijo en algún momento que, más allá de los nombres, lo importante es no volver atrás. ¿A qué se refiere, en concreto?

— Lo importante es no volver a procesos inflacionarios ni a déficit fiscal. Estuvimos en la Argentina Week y me reuní con alguien que trabajó en el CIADI: la Argentina fue número uno en reclamos ante ese tribunal, con 15 casos por USD 15.000 millones, y también número uno en incumplimientos. Después nos superó Venezuela. Hay que respetar las obligaciones, tener un Estado ordenado y volver a integrarnos. con el mundo. Son los puntos básicos hacia donde tiene que ir el país.

— En el Día de la Industria hubo voces disonantes dentro de la UIA, con un vicepresidente de la entidad, Guillermo Moretti, que hizo declaraciones polémicas. ¿Qué puede decir de eso?

— Se hicieron las aclaraciones del caso. El vicepresidente planteó que no era su intención marcar una diferencia con la UIA. Explicó que no buscaba afectar el mensaje que habíamos consensuado en comisión directiva y quedó claro para adelante que la voz de la UIA la lleva su presidente. Más allá de eso, cada uno puede opinar lo que quiera en nombre de su institución de base o a título personal.

— La semana pasada escribió en Infobae sobre la idea de que la próxima revolución industrial será la del conocimiento. Habló de que no hay que producir más de lo mismo, sino hacerlo de manera distinta, y del rol revitalizado que tendría la industria en medio del impacto de la IA.

— Quien escribe esos conceptos es un premio Nobel de Química, Demis Hassabis. Plantea que con la IA se pueden generar infinidad de combinaciones que transformarán las industrias, desde la captación de energía solar hasta los conductores de energía o el cobre. Los dos sectores más importantes de la Argentina, energía y minería, podrían ser reemplazados por otros productos en cinco o diez años. Dice que la energía es un problema de conocimiento, y que la IA va a acelerar la investigación y producir un reemplazo fuerte de materiales en todas las industrias: construcción, alimentación, farmacéutica. En una de sus charlas dice: “Mantenete vivo los próximos diez años, porque después vas a poder vivir treinta o cuarenta más”. El conocimiento va a permitir encontrar nuevos remedios para extender la vida. Lo interesante es que el conocimiento pasa a ser el centro y no los recursos naturales, que hoy son escasos. Eso también es un mensaje: la industria vuelve a ser protagonista, apalancada por el conocimiento.

— ¿Cómo le va a su empresa Cerámica Alberdi?

— El sector de los materiales para la construcción tuvo un repunte, impactado por el tema estacional, porque en general septiembre, octubre y noviembre son meses en que sube un poco la venta. Pero está amesetado, en un escalón por debajo de 2022. El sector debería reaccionar, pero al no haber crédito hay mucho stock que se vende a valores bajos. Además, el costo de la construcción sigue alto y no se convalidan nuevos precios. La obra pública tampoco reaccionó, lo que impacta en el cemento y en otros materiales. Es una economía en meseta, en general, respecto de comienzos de año: los sectores que habían recuperado algo siguen ese camino; los que estaban abajo siguen abajo. No hay cambio de tendencia.

— Tiene también negocios mineros y lo criticaron por haberse presentado al RIGI.

— Sí, soy accionista de un proyecto minero. Grupo Alberdi, a través de Alberdi Mining, participa con el 25% en el proyecto PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata, Mendoza, en asociación con capitales internacionales. Es uno de los proyectos estratégicos para el desarrollo de la minería de cobre y cuenta con la aprobación de su adhesión al RIGI. Contempla una inversión total de unos USD 891 millones para explotación minera de cobre y oro, con infraestructura de procesamiento y las instalaciones necesarias para su operación. Somos una empresa con vínculo con la minería desde hace 50 años, porque consumimos minerales no metalíferos y tenemos una estructura de geólogos como parte de nuestra cadena de valor. Es algo que debería verse bien. También estamos desarrollando dos parques industriales nuevos en Ezeiza. Sigo apostando al país.

— Algunos señalan que entró al RIGI mientras las pymes industriales siguen afuera y sin una política equivalente.

— Es lo que queremos que haya, lo que venimos pidiendo: un RIGI para las pymes y medianas industriales. Vamos por eso.

A un año de las elecciones de 2027, el gobernador Axel Kicillof buscará que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires restablezca las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. La discusión alcanza a más de 80 jefes comunales que, si no hay una modificación de la ley vigente, no podrán competir por un nuevo mandato consecutivo en sus distritos.

El objetivo del mandatario es que el debate se active antes del cierre del período ordinario. Sin embargo, el proyecto promovido por el oficialismo no tiene hoy los votos necesarios para avanzar. La estrategia de la Gobernación será abrir una negociación que incluya a los distintos sectores de Fuerza Patria y a bloques opositores, con una agenda más amplia que contempla la cobertura de las cuatro vacantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la discusión interna sobre el calendario electoral, la estrategia a abordar para las elecciones y la reforma de la Ley de Seguridad Pública.

En ámbitos reservados, Kicillof insiste en un argumento político que también repiten los intendentes que respaldan la iniciativa: si los vecinos desean volver a votar a un jefe comunal, no debería existir una prohibición legal que lo impida. El razonamiento tiene además un componente electoral. En La Plata entienden que los intendentes conservan estructuras territoriales capaces de ordenar campañas y garantizar volumen de votos en cada sección.

Esa fortaleza quedó expuesta durante los comicios legislativos de 2025, cuando 13 intendentes compitieron en las listas seccionales para la Legislatura. Siete de ellos lo hicieron dentro de Fuerza Patria, una decisión que permitió trasladar peso territorial a las boletas provinciales y reforzar la presencia del oficialismo en ambas cámaras.

En términos numéricos, el escenario menos complejo para Kicillof pareciera ser el Senado. La lectura política es otra. Fuerza Patria cuenta con 24 de las 46 bancas, una mayoría propia que le permitiría garantizar el quórum y aprobar leyes por mayoría simple si mantiene cohesionada a su bancada.

Esa condición, sin embargo, no asegura la sanción de la iniciativa. El bloque que preside Sergio Berni está atravesado por diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sector alineado con Kicillof; el espacio referenciado en Cristina Kirchner; y el Frente Renovador de Sergio Massa.

El massismo tiene tres senadores dentro de Fuerza Patria y ya expresó su rechazo a derogar la ley que en 2016 limitó a dos los mandatos consecutivos de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. La norma fue impulsada durante la administración de María Eugenia Vidal con respaldo del Frente Renovador.

En el entorno de Massa plantean que no buscarán bloquear el tratamiento si el resto de los sectores consigue las adhesiones necesarias. Pero tampoco prevén colaborar con la construcción de una mayoría para restablecer los mandatos sin límite. Esa posición obliga al kicillofismo a reunir apoyos fuera de su núcleo propio.

El cristinismo y sus aliados reúnen 14 de los 24 integrantes de Fuerza Patria en el Senado. El sector no rechaza de plano la posibilidad de modificar el régimen de reelecciones, aunque pretende que la discusión forme parte de una negociación política más extensa. La cobertura de la Suprema Corte, el calendario electoral de 2027 y la estrategia del peronismo bonaerense aparecen entre los asuntos que el kirchnerismo busca incorporar a esa conversación.

Más allá de los representantes del MDF, en el bloque también hay presencia de un dirigente de Juan Grabois —el senador Federico Faggioli— que en las últimas semanas aceitó su relación con el gobernador.

La tensión quedó expuesta en otras discusiones legislativas. Berni cuestionó iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo y mantuvo cruces con la vicegobernadora Verónica Magario, presidenta del Senado. También anticipó reparos sobre el proyecto de reforma integral de la Ley de Seguridad Pública, otra de las prioridades que Kicillof pretende llevar al recinto.

La herramienta parlamentaria para habilitar las reelecciones es el proyecto de la senadora Ayelén Durán, dirigente del MDF. El expediente propone derogar las restricciones vigentes desde 2016 y permanece en la Comisión de Legislación General, que conduce el senador Germán Lago, intendente de Alberti en uso de licencia. Sin una orden política clara de la Gobernación y un acuerdo previo sobre los votos, el proyecto no avanzará hacia el recinto.

Otro cálculo difícil se da en la Cámara de Diputados bonaerense. Fuerza Patria es la primera minoría con 39 de las 92 bancas, siete menos de las necesarias para alcanzar el quórum de 47 legisladores. Para sancionar una ley, además, se necesita mayoría simple entre los presentes.

En la práctica, si los 39 diputados de Fuerza Patria acompañaran la derogación y el recinto estuviera completo, el oficialismo requeriría al menos ocho votos externos para aprobarla. Pero ese escenario no es hoy el más probable, porque el Frente Renovador cuenta con nueve diputados dentro de la bancada peronista y sostiene la misma posición contraria que expresa en el Senado.

Con el massismo afuera de la iniciativa, la cuenta cambia. El espacio que responde a Kicillof y el sector vinculado a Cristina Kirchner deberían primero garantizar un acuerdo interno. Luego, necesitarían reunir alrededor de 8 votos de otras bancadas para llegar a los 47 respaldos que exige una votación con asistencia plena. Ese número también sería necesario para asegurar el quórum si el Frente Renovador decidiera no aportar sus legisladores para abrir la sesión.

El bloque referenciado en Cristina Kirchner tiene una presencia decisiva en Diputados. Está conducido por Facundo Tignanelli, dirigente de La Cámpora y presidente de la bancada de Fuerza Patria. El kirchnerismo y el MDF cuentan con fuerzas similares dentro del bloque oficialista, mientras que el massismo posee una representación propia que puede inclinar el resultado de cada negociación.

La oposición reúne 53 bancas, aunque no actúa como un bloque único. La Libertad Avanza y el PRO, que concentran 31 diputados, mantienen una posición contraria a las reelecciones indefinidas. El bloque UCR Cambio Federal tiene tres integrantes y el bloque UCR Radicalismo rechazarían la posibilidad de derogar la ley de 2016; pero en el Ejecutivo bonaerense apuestan a que los intendentes del radicalismo intervengan sobre los bloques. En las últimas semanas, dirigentes libertarios reforzaron públicamente la postura de rechazo y plantearon que el límite de mandatos debe mantenerse.

El escenario deja poco margen para un acuerdo amplio con los principales espacios opositores. El oficialismo necesitaría buscar votos entre bloques más pequeños, legisladores con base municipal y sectores dispuestos a negociar otros temas de la agenda bonaerense. Unión y Libertad, con cinco integrantes, y Nuevos Aires, con tres, aparecen como uno de los espacios que podrían tener una postura menos rígida, con antecedentes de acompañamiento a iniciativas del Ejecutivo

También deberán definirse las posiciones de Hechos, la Coalición Cívica, los bloques de izquierda y los monobloques. La clave estará en una combinación de adhesiones que permita alcanzar quórum y mayoría sin depender de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR.

La discusión por las reelecciones se cruza con otra cuestión pendiente: la integración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que funciona con tres de sus siete miembros. Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan integran hoy el tribunal, mientras que las cuatro vacantes continúan sin cubrir.

La última salida fue la del ministro Luis Genoud, en junio de 2024. Desde entonces, la Corte reclamó al Poder Ejecutivo y al Senado que aceleren el proceso de designación. La Constitución provincial establece que el gobernador debe proponer los pliegos y que la Cámara alta debe prestar acuerdo para los nombramientos.

Fuerza Patria cuenta con los 24 votos que necesita en el Senado para aprobar las designaciones. Sin embargo, la posibilidad de cubrir los cuatro lugares sin participación opositora no aparece como el escenario preferido por el Gobierno. La intención de construir una negociación política más amplia incluye la eventual distribución de lugares entre los distintos sectores del peronismo y, eventualmente, la oposición.

En ámbitos legislativos circula una hipótesis: Kicillof podría retener la iniciativa sobre una parte de las vacantes, mientras que el kirchnerismo, el massismo y sectores opositores buscarían participar de la definición del resto de los nombres. Hasta ahora, el gobernador no ha enviado pliegos a la Cámara alta y las diferencias dentro del oficialismo han demorado cualquier avance.

El reclamo de la Corte sumó presión. El tribunal pidió además que la Legislatura avance con su planteo de autarquía económico-financiera y con la creación de órganos judiciales, cargos y estructuras para reducir las vacantes que todavía existen en distintos departamentos judiciales de la provincia.

El paquete de negociaciones también incluye la ley de Seguridad Pública. El Ejecutivo busca una reforma integral, mientras que el Frente Renovador impulsó en Diputados un proyecto para regular el uso de pistolas Taser y otros dispositivos menos letales. La iniciativa obtuvo despacho con votos de legisladores massistas y opositores. En esa agenda está también el reconocimiento pleno de parte de la Provincia a las policías locales. El kirchnerismo también tiene sus demandas, como por ejemplo el proyecto de ley de Tignanelli y la diputada Micaela Olivetto que interviene con una regulación fuerte sobre las apuestas online en la provincia de Buenos Aires. Una iniciativa que La Cámpora buscará aprobar en las próximas sesiones en la Cámara baja.

La definición sobre las reelecciones dependerá de esa trama. Kicillof necesita ordenar a Fuerza Patria, asegurar que el cristinismo acompañe el proyecto de Durán y encontrar una porción de la oposición dispuesta a habilitar el debate. Sin esa combinación, los intendentes alcanzados por el límite de dos mandatos deberán avanzar con planes de sucesión o buscar un lugar en las listas legislativas de 2027.