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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó una nueva modalidad de préstamos en dólares para empresas no exportadoras, transformando las condiciones que regían para el financiamiento en moneda extranjera dentro del sistema financiero local. La decisión, formalizada a través de la Comunicación “A” 8446, permite a las entidades bancarias otorgar créditos en dólares a empresas que operan en el mercado interno siempre que presenten como garantía el respaldo de una compañía exportadora. Esta modificación desplazó la histórica restricción que limitaba el acceso a este tipo de financiamiento únicamente a firmas con ingresos comprobables en divisas extranjeras.

El texto oficial del BCRA estableció que las financiaciones alcanzan a clientes que cuenten con garantías en moneda extranjera otorgadas por aquellas empresas que ya figuran en la normativa como sujetos habilitados, es decir, exportadores con capacidad de pago reconocida. El exportador que actúa como garante debe asumir el compromiso de principal pagador, además de renunciar expresamente a los beneficios de excusión y división. Esto implica que el banco podrá exigir el pago directamente a la empresa exportadora en caso de incumplimiento por parte de la firma deudora.

Hasta la entrada en vigencia de esta disposición, la normativa exigía que los bancos verificaran que los solicitantes de créditos en dólares contaran con ingresos futuros en esa moneda y una facturación acorde durante el año previo. Esta exigencia excluía a la mayor parte de las empresas que operan únicamente en el mercado doméstico. Con la nueva reglamentación, la posibilidad de presentar una garantía de una empresa exportadora habilitó a un amplio universo de compañías a solicitar financiación bajo condiciones que antes no estaban disponibles.

En términos operativos, la garantía debe estar constituida en dólares y ser otorgada por una firma exportadora reconocida por la normativa vigente. El exportador que asume el rol de garante debe comprometerse como principal pagador y aceptar la renuncia explícita a los beneficios de excusión y división, lo que habilita a la entidad financiera a reclamarle el pago en caso de que la deudora no cumpla con sus obligaciones.

La Comunicación “A” 8446 determinó que el deudor queda exceptuado del requisito de que los vencimientos de la operación guarden relación con el flujo de ingresos previsto en la moneda del crédito. Eso significa que la empresa no exportadora no necesita demostrar ingresos en dólares para acceder al financiamiento, siempre que cuente con el respaldo de una exportadora con flujo de divisas. De esta manera, el abanico de empresas elegibles para solicitar créditos en dólares se amplió de manera significativa.

El esquema de garantías previsto por la nueva norma obliga a las entidades financieras a evaluar la capacidad de pago tanto de la empresa que recibe el crédito como del exportador que figura como garante. Para el otorgamiento del crédito, los bancos mantienen la obligación de comprobar que el garante cuenta con la capacidad de pago suficiente y que podrá hacerse cargo de la deuda si el deudor incurre en incumplimiento. Además, el cronograma de vencimientos y el financiamiento deben estar alineados con los ingresos en moneda extranjera del garante y no del deudor principal.

La disposición no modifica los criterios asociados a la clasificación de los deudores ni los mecanismos de prevención de riesgos. Por ejemplo, las financiaciones a deudores que figuran como irrecuperables y que ya están totalmente previsionadas no podrán computarse dentro de la capacidad de préstamo de los depósitos en moneda extranjera.

Desde la perspectiva de Moody’s, el informe advierte: “El deudor primario sin ingresos en moneda extranjera queda expuesto a un deterioro en su capacidad de repago ante movimientos adversos del tipo de cambio, y la calidad crediticia de la operación pasa a depender de la solidez financiera del exportador garante”. Además, la calificadora señala: “Esperamos que los principales beneficiarios de estos créditos sean empresas de las cadenas de valor de exportadores con sólidos fundamentos crediticios cuya garantía mitigue altamente este riesgo. Sin embargo, en escenarios de fuerte estrés macroeconómico, podría haber correlación entre el deterioro del deudor y las dificultades del garante”.

El análisis de Moody’s destaca también: “La estructura de la garantía exigida constituye un mitigante crediticio robusto y limita el riesgo incremental de la medida. La normativa requiere que el garante exportador se constituya como principal pagador con renuncia a los beneficios de excusión y división, lo que implica que el banco puede reclamar directamente al garante ante un incumplimiento”. La agencia agrega que “el riesgo incremental se encuentra limitado por: (i) la solidez jurídica de la garantía exigida y (ii) la obligación de realizar análisis de la capacidad de pago del deudor bajo al menos dos escenarios de estrés cambiario”.

Según el documento, “el impacto efectivo sobre el perfil crediticio de los bancos dependerá del volumen de originación bajo esta modalidad y de la evolución del tipo de cambio. Si la adopción es gradual y concentrada en bancos con capacidad de evaluación de estructuras garantizadas, el riesgo incremental será acotado. Sin embargo, un crecimiento acelerado de esta cartera en un contexto de estabilidad cambiaria podría generar una acumulación de riesgo procíclico con consecuencias ante un eventual cambio de escenario”.

Moody’s realiza una comparación con antecedentes recientes al afirmar: “Al igual que sucedió en la anterior flexibilización de febrero 2025, no esperamos un aumento exponencial de préstamos a no generadores de divisas en el corto plazo”.

El informe de la agencia también advierte: “La ampliación del universo de deudores elegibles en moneda extranjera podría presionar la calidad de activos ante un escenario de corrección cambiaria”. Moody’s subraya que “el deudor primario sin ingresos en moneda extranjera queda expuesto a un deterioro en su capacidad de repago ante movimientos adversos del tipo de cambio, y la calidad crediticia de la operación pasa a depender de la solidez financiera del exportador garante”.

La calificadora sostiene que “la medida canaliza la elevada liquidez ociosa en moneda extranjera del sistema bancario hacia el crédito al sector productivo”. Además, señala que “la nueva normativa habilita por primera vez desde 2002 el uso de depósitos de ahorristas en dólares para fondear préstamos a empresas sin ingresos en divisas” y que este contexto “ocurre en un contexto de fuerte crecimiento de los depósitos en dólares del sector privado”.

El informe recomienda que “el impacto efectivo sobre el perfil crediticio de los bancos dependerá del volumen de originación bajo esta modalidad y de la evolución del tipo de cambio” y advierte que “si la adopción es gradual y concentrada en bancos con capacidad de evaluación de estructuras garantizadas, el riesgo incremental será acotado”.

Moody’s concluye que “la estructura de la garantía exigida constituye un mitigante crediticio robusto y limita el riesgo incremental de la medida”. Sin embargo, reitera que, “en escenarios de fuerte estrés macroeconómico, podría haber correlación entre el deterioro del deudor y las dificultades del garante”.

La Comunicación “A” 8446 del BCRA consolidó un cambio relevante en la regulación del crédito en dólares para empresas, ampliando el universo de compañías elegibles y trasladando parte del riesgo a los garantes exportadores. Según las fuentes consultadas, los bancos seguirán obligados a cumplir con los criterios de análisis y documentación establecidos por la regulación vigente, y deberán prestar especial atención a la evaluación de los exportadores que respalden las operaciones.

Luego de largos meses de estar recluido por la pelea con su padre, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, reapareció este martes en una conferencia de prensa en la que criticó a la CGT por ”dos estrategias que fallaron” para frenar la reforma laboral del Gobierno y advirtió: “Algo tiene que haber en la calle. Si no, vamos a estar tres meses hablando de (Manuel) Adorni y un mes viendo el Mundial, mientras la gente sigue perjudicada todos los días”.

El hijo mayor de Hugo Moyano habló durante una conferencia de prensa que brindó la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), de la que es vicepresidente, en la sede de La Fraternidad, Hipólito Yrigoyen al 1900, donde denunciaron al Gobierno por la “critica situación de los trabajadores ante el ataque por la reglamentación de la reforma laboral, el deterioro social y la persecución y las multas al sindicato ferroviario que aplica la actual gestión gubernamental”.

Al referirse a la intimación oficial a renegociar 446 convenios colectivos de trabajo, Pablo Moyano resaltó que “cada organización gremial fue modernizando su convenio” y al mencionar su actividad mencionó: “En la logística incorporamos nuevas tecnologías, como así los camiones de larga distancia, cada vez más modernos”.

Enseguida, apuntó contra los cambios laborales promovidos por Javier Milei, a los que calificó como “una imposición más del Fondo Monetario Internacional, de los que escribieron la reforma laboral, como (Marcos) Galperin, Techint, de los bancos, que son los que han impulsado esta reforma laboral que fue votada por los traidores, senadores y diputados del peronismo”.

“Miren el quilombo que han dejado a los trabajadores los diputados de Córdoba, de Tucumán, de Salta, de Catamarca, de Misiones, que llegaron con el voto del peronismo y después nos cagaron -señaló-. Miren el presente y el futuro que les van a dejar a los trabajadores. Indemnización en 12 cuotas, el banco de horas, todo lo que se ha aprobado, aunque igual hay muchos artículos que están todavía en la justicia”.

Al ser consultado sobre la postura de la CGT, el dirigente de Camioneros consideró “ha tenido tres estrategias, dos le fallaron, que es la justicia y charlar con los gobernadores, y nos queda la calle”. Agregó: “Creo que van a sacar una movilización, algún plan de lucha. Algo tiene que haber en la calle, ¿no? Si no vamos a estar 3 meses hablando de Adorni y un mes viendo el Mundial, mientras la gente sigue perjudicada todos los días”.

Cuando le preguntaron si viene otro paro general, Pablo Moyano sostuvo: “No lo sé. Decidirán ellos (en alusión a la CGT). Nosotros vamos a acompañar o vamos a exigir, pero algo tenemos que hacer. Está todo muy bien los que fueron a la OIT, se denunció muy bien, pero también algo hay que hacer en la calle”.

Acerca de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Pablo Moyano contestó con otro exabrupto: “¡Saben la patada en el orto que le tendrían que haber pegado hace tiempo! Nos están entreteniendo, tres meses entreteniéndonos con Adorni y ya aumentaron los colectivos, los combustibles. Seguimos en ese limbo que nos tiene atrapado el Gobierno. Se la pasan todo el día hablando de ese chanta y nos siguen entreteniendo y siguen aumentando las cosas”.

Luego de que un periodista le preguntó si el caso Adorni es una cortina de humo, el dirigente “puntualizó que ”más que una cortina es una montaña de humo porque es un asco prender la tele y ver el tipo justificándose”.

Enseguida, enfatizó: “Yo creo en un gobierno normal, y en este gobierno, desde el que lo conduce para abajo ninguno es normal”, y afirmó que “cuando vemos la foto de la mesa política, la Bullrich, Sturzenegger, (Luis Caputo), todos los que nos endeudaron, desde la Alianza hasta la fecha, están en esa cueva de ratas que hoy se ha convertido la Casa de Gobierno”.

Ante la pregunta sobre el malestar de la gente por la economía, el sindicalista aseguró que “ustedes lo ven” y habló de los responsables: “No hay representación ni gremial ni mucho menos política. Si dentro del peronismo todavía estamos peleándonos entre nosotros, si Kicillof, Máximo, Cristina o Massa. Hoy la gente no se ve representada por ningún candidato del peronismo”.

Luego, cuando periodista le preguntó si él se hacía alguna autocrítica por la situación actual del país, Pablo Moyano reconoció: “Por supuesto. No fui parte, pero también hemos acompañado el gobierno anterior del peronismo y sabemos cómo terminó”.

“¿Qué tiene que cambiar? -contestó enseguida a otra pregunta-. Primero, un gran debate interno, que se maten entre ellos y después que salgan candidatos y ver qué alternativa le vamos a dar a la sociedad. Hoy, más allá de Axel (Kicillof), no hay todavía alguien que tenga la posibilidad de representar toda esa bronca y esa angustia que hay acumulada en la gente”.

Respecto de qué dirigente del PJ le gusta, destacó que “siempre es lo mismo, pero hoy el que tiene más representatividad y está caminando es Axel; no sé qué hará Sergio (Massa) y si surgirá algún otro candidato”.

El tránsito de barcos por el Estrecho de Hormuz continúa casi detenido, pese al acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir la vía. Solo cuatro embarcaciones lograron atravesar este corredor estratégico el martes, una cifra mínima comparada con los más de 100 cruces diarios que se registraban antes del conflicto. El anuncio no modificó de inmediato la situación en una de las rutas más importantes para el transporte de petróleo y gas.

Cientos de barcos, en su mayoría petroleros y cargueros, permanecieron anclados en el Golfo Pérsico, a la espera de garantías de seguridad y de la remoción de minas. Las compañías navieras y los capitanes evitaron cruzar la zona, pese a los mensajes optimistas de Washington y Teherán sobre la reapertura total, prevista una vez que se firme el pacto el viernes.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el paso quedaría completamente habilitado, pero la actividad marítima no reflejó ese pronóstico. Analistas señalaron que la señal de normalización sería el éxodo masivo de los barcos retenidos dentro del Golfo, pero ese movimiento aún no ocurrió.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peajes del estrecho de Ormuz. Autorizo al mismo tiempo la eliminación inmediata del bloqueo naval de Estados Unidos“, escribió en sus redes.

Por otra parte, el ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, y su par iraní, Abás Araqchí, reiteraron su apoyo a la libre navegación en el estrecho de Ormuz durante una conversación telefónica, en vísperas de la formalización del acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán.

Ambos países manifestaron su compromiso de respetar las normas internacionales que garantizan el tránsito seguro y libre por esta vía marítima fundamental y expresaron su expectativa de que todas las partes colaboren para crear un ambiente favorable a la estabilidad y la seguridad regional.

La inseguridad dominó la escena. El régimen de Irán disparó contra barcos que intentaron cruzar sin autorización y Estados Unidos mantuvo durante semanas un bloqueo naval sobre los puertos iraníes. Tras el anuncio del acuerdo, la mayoría de los buques optó por no moverse.

El riesgo de minas marítimas instaladas por Irán desde el inicio del conflicto obligó a esperar la limpieza de la zona. Autoridades internacionales alertaron sobre objetos sospechosos y la necesidad de desminar el estrecho. Especialistas advirtieron que el proceso podría extenderse por semanas o meses.

Además, el Reino Unido y Francia enviaron buques para colaborar con las tareas de limpieza, mientras las aseguradoras mantuvieron restricciones sobre las cargas y las tripulaciones. La reapertura operativa quedó condicionada por la reducción del riesgo y por el restablecimiento de condiciones mínimas de cobertura para el transporte marítimo.

El acuerdo bilateral incluyó la liberación de activos iraníes congelados y promesas de compensaciones económicas. Se fijó un periodo de dos meses para negociar cuestiones clave como el programa nuclear iraní y la seguridad regional. Por ahora, la reanudación plena del comercio marítimo depende del avance en la limpieza de minas, la resolución de disputas sobre tarifas y el restablecimiento de la confianza de las navieras.

(Con información de AFP y EFE)

El Gobierno aprobó este martes el ingreso del proyecto minero Vicuña, el mayor emprendimiento de la historia del sector en Argentina, con una inversión inicial de USD 9.700 millones que podría escalar hasta los USD 18.000 millones a lo largo de una década. El anuncio lo realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X.

El proyecto es desarrollado por Vicuña, la sociedad conformada por la minera australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, y tiene como eje la explotación de los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, ambos ubicados en la provincia de San Juan, en el límite con Chile.

“Se trata del mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo”, escribió Caputo en la red social. El ministro subrayó que la aprobación representa “más inversión productiva, más trabajo y más crecimiento para los argentinos”.

La admisión al RIGI se da bajo la categoría PEELP (Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo), una figura que otorga beneficios impositivos y legales de largo alcance: reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones desde el segundo año, levantamiento de controles de capital a partir del tercero y estabilidad fiscal y legal por 40 años. La compañía había solicitado esa adhesión en diciembre de 2025.

“La aprobación del RIGI constituye un paso importante para acompañar el desarrollo de largo plazo de Vicuña. Más allá de las implicancias para las próximas etapas del proyecto, Vicuña ya genera hoy empleo, contratación de servicios y actividad económica en San Juan y la región”, resaltaron fuentes de la compañía frente a la aprobación del proyecto en el marco del régimen.

Producción récord y tres etapas de desarrollo

El proyecto se estructura en tres fases. La primera, con una inversión de USD 7.100 millones entre 2027 y 2030, se concentra en el depósito Josemaría con el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora. La segunda etapa incorpora los recursos de óxidos de Filo del Sol para ampliar la capacidad productiva. La tercera prevé la expansión de la planta concentradora y el desarrollo de los sulfuros de Filo del Sol, con infraestructura estratégica que incluye una planta desalinizadora de agua y un sistema de transporte de concentrado.

Una vez en plena operación, Vicuña proyecta una producción promedio anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata. Las exportaciones esperadas durante la fase operativa ascienden a USD 6.000 millones anuales, un monto equivalente a la totalidad de lo que exportó la industria minera argentina en 2025, cuando el sector marcó un récord de USD 6.037 millones.

En materia de empleo, la etapa de construcción demandará 12.000 puestos de trabajo directos, mientras que la fase operativa sostendrá unos 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos.

La empresa estima que el 90% de esa mano de obra será de origen local. Según fuentes cercanas a la compañía, Vicuña emplea en la actualidad a 2.615 trabajadores a nivel global, de los cuales 2.421 se desempeñan en la operación argentina: 580 empleados directos y 1.841 personas a través de empresas contratistas. El 92,6% de la nómina global es de nacionalidad argentina y, entre los empleados directos, más del 81% son oriundos de San Juan.

El RIGI como condición de viabilidad

A comienzos de febrero, en un encuentro con periodistas del que participó Infobae, referentes de Vicuña fueron explícitos sobre el papel del régimen en la decisión de radicar el proyecto en Argentina. “El RIGI es crítico, sin esa herramienta no habría proyecto. Es una gran inversión y es a muy largo plazo. Y, justamente, lo que brinda la normativa es estabilidad de largo plazo para el régimen fiscal, completamente necesario para inversiones de esta magnitud”, afirmaron. Y agregaron: “Los países tienen que crear las condiciones para que las mineras quieran venir a explotar los minerales. El oro no tiene valor cuando está enterrado”.

Ron Hochstein, CEO de Vicuña, había definido al proyecto como “una oportunidad transformacional para la Argentina” y señaló que, como uno de los distritos de cobre sin desarrollar más relevantes del mundo, “tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de largo plazo a través de inversión extranjera, empleo y mayores ingresos por exportaciones”. La concreción del plan, precisó entonces, dependería de una decisión final de los accionistas antes de fin de año.

Actualmente, el volumen de extracción de cobre en la Argentina es marginal. Sin embargo, el país cuenta con reservas de clase mundial que la posicionan como uno de los territorios con mayor potencial en un contexto de demanda creciente del metal para la electrificación global. De hecho, se espera que el país alcance una producción de 1 millón de toneladas anuales hacia la próxima década gracias a la reactivación y desarrollo de proyectos como el de Vicuña.

La polémica del campamento chino

La aprobación del RIGI llega días después de que Vicuña protagonizara una controversia en la industria local. La adjudicación del campamento Batidero —un complejo habitacional de alta montaña destinado a albergar a miles de trabajadores— a un consorcio encabezado por la empresa china PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., desató el rechazo de sectores empresariales argentinos.

El consorcio asiático se impuso con una oferta de USD 52 millones frente a los USD 70 millones cotizados por la empresa nacional Modular Homes. La diferencia de USD 18 millones representa apenas el 0,1% del total de la inversión proyectada para Vicuña. La ventaja del proveedor extranjero se apoyó, en parte, en la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital e insumos que el propio RIGI habilita: los módulos prefabricados de acero ingresan al país sin pagar arancel.

El complejo prevé una capacidad inicial de 2.500 camas, con posibilidad de escalar hasta 6.000 plazas a medida que avance el proyecto y la demanda de mano de obra trepe hasta los 12.000 trabajadores. El debate instalado gira en torno a los costos para la industria nacional en uno de los proyectos de inversión más grandes de la historia del país.