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El juicio oral contra el productor rural Leonardo Airaldi se convirtió en uno de los procesos judiciales más trascendentes que afrontó la Justicia Federal entrerriana en materia de narcocriminalidad. Así lo definió el fiscal general federal de Entre Ríos, Juan Ignacio Candioti, quien, en una extensa entrevista concedida al programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral), sostuvo que la investigación reunió durante años pruebas provenientes de distintas Fuerzas de Seguridad, fiscales y magistrados -incluso de Santa Fe-, defendió el pedido de 14 años de prisión para el principal acusado y afirmó que el verdadero desafío frente al crimen organizado consiste en desarticular sus estructuras económicas y actuar coordinadamente entre todos los organismos del Estado.

“Es una causa muy importante por múltiples circunstancias y razones”, resumió el fiscal al explicar la complejidad del expediente. Enumeró la pluralidad de imputados, la acumulación de dos investigaciones de gran magnitud -la desarrollada en Paraná y la vinculada al secuestro de 29 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, Santa Fe- y la enorme cantidad de prueba producida durante más de cuatro meses de debate oral.

Candioti recordó que la investigación sobre Airaldi comenzó en 2019 y atravesó distintas etapas procesales bajo el control de diversos operadores judiciales. Intervinieron la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Entre Ríos y posteriormente la Policía Federal Argentina, mientras que jueces y fiscales de distintas jurisdicciones fueron confirmando, sucesivamente, la consistencia de la investigación.

“Fíjense todos los operadores judiciales que pasaron y vieron de una misma manera esta cuestión”, destacó. En ese recorrido mencionó al juez federal Leandro Ríos, a los fiscales Carlos García Escalada, Leandro Ardoy, Ricardo Álvarez y Walter Rodríguez, además del trabajo desarrollado por las tres Fuerzas de Seguridad. Incluso rechazó las versiones sobre una supuesta protección policial al imputado y resaltó que, cuando surgieron sospechas sobre un efectivo, “la Policía de Entre Ríos lo puso en consideración del juez, y esa persona hoy está sometida a proceso”.

Uno de los aspectos que más valoró durante la entrevista realizada por Daniel Enz fue el desempeño de los testigos y de los investigadores especializados. Recordó especialmente la declaración del testigo de identidad reservada, cuya protección fue garantizada por el Tribunal debido al riesgo de represalias. En ese marco, ponderó como “muy sólido” el testimonio del comisario de la Policía Federal, Eduardo Guillermo Sidre, quien explicó por qué la investigación ubicó a Airaldi como presunto organizador de la estructura criminal.

El Tribunal Oral Federal dará a conocer su veredicto el 13 de agosto. La Fiscalía solicitó 14 años de prisión, al considerar que Airaldi ocupó “el eslabón más alto en la cadena del narcotráfico”. Y agregó Candioti: “Para nosotros es una pena justa, adecuada al principio de proporcionalidad”.

Pero, el fiscal extendió el análisis mucho más allá del caso concreto. Alertó sobre el impacto social que produce el narcotráfico en los barrios y describió un fenómeno que, a su juicio, se profundizó durante los últimos años. “No nos podemos abstraer del flagelo del narcotráfico y del daño que está generando desde hace muchos años”, expresó. Luego dejó una de las definiciones más contundentes y sensibles de toda la entrevista: “Los chicos son utilizados como ‘soldaditos’ y cada vez con menos edad”. Añadió que muchos niños terminan siendo también víctimas del consumo porque “los narcotraficantes les venden el estupefaciente en el barrio”.

Respecto de la Hidrovía Paraná-Paraguay, Candioti sostuvo que la investigación Airaldi volvió a poner de manifiesto la importancia estratégica del corredor fluvial para el transporte de drogas y consideró imprescindible reforzar los controles tanto sobre la navegación como sobre el espacio aéreo. Aunque definió a Entre Ríos principalmente como “un lugar de paso o de tránsito”, aclaró que la provincia también registra producción y comercialización de estupefacientes, por lo que reclamó mantener investigaciones orientadas hacia las organizaciones de mayor envergadura.

Otro de los ejes centrales de la entrevista en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) fue la necesidad de golpear el patrimonio económico de las bandas criminales. “Si no le sacamos los bienes, si no le decomisamos los bienes, nos vamos a quedar cortos”, afirmó al defender el pedido de decomiso de la estancia El Mirador como presunto instrumento del delito. Esa estrategia, explicó, es compartida por la Procuración General de la Nación y por especialistas de Naciones Unidas con quienes participó recientemente de jornadas internacionales sobre crimen organizado.

Finalmente, Candioti también se refirió, por primera vez en profundidad, a las amenazas que recibió antes del inicio del juicio. Admitió que afectaron a su familia, aunque prefirió mantener silencio mientras la investigación continúa en trámite. “Nos afectó, lógicamente. A mí, a mi señora y a mi madre. Pero lo dejo en manos de la Justicia”, señaló. Lejos de presentar el episodio como un caso aislado, recordó otras amenazas sufridas por magistrados federales entrerrianos y advirtió que la protección de jueces y fiscales constituye hoy otro frente imprescindible en la lucha contra las organizaciones criminales.

 

 

– ¿Se puede entender que el juicio al productor rural Leonardo Airaldi, acusado de organizar y financiar maniobras de narcotráfico tiene que estar entre los 5 juicios más complejos que tuvo usted en su historia?

-Sí, sí, puede ser. La verdad que nosotros lo dijimos en el alegato: es una causa muy importante por múltiples circunstancias y razones. Una de ellas es la pluralidad de imputados, otra de ellas es la complejidad de las actuaciones, otra es lo voluminoso del expediente, y también un tema que fue debatido y cuestionado por la defensa: y que es la acumulación. ¿En qué sentido? Para que la gente lo entienda. Acá lo que se estaba investigando primeramente era la causa denominada Paraná, donde el Juzgado Federal de Paraná, a cargo del doctor Leandro Ríos, había considerado que había una organización, un grupo de personas dedicados a la comercialización de estupefacientes, y por eso había que ir a debate. El fiscal (Leandro Aníbal) Ardoy hizo el requerimiento de elevación. Pero, a su vez se sumó la causa denominada de Santa Fe, que se habían encontrado 29 kilos de cocaína en Puerto Gaboto. La Justicia Federal se lo atribuía también a Airaldi, entonces, por haber conexidad objetiva y conexidad subjetiva, o sea, por tratarse los dos casos de narcotráfico y conexidad subjetiva sobre la misma persona, se decidió la acumulación y que tramite ante el Tribunal en un juicio único. Entonces, esto también nos da la pauta de la magnitud de la causa y de las dos investigaciones. A nuestro criterio, la verdad que tanto una causa como la otra, tenían una entidad importante. Nosotros resaltamos en alegato varias circunstancias. Pero, una era el hecho de que hubo una investigación primero de la Prefectura Naval Argentina determinó que estos hechos de comercio de estupefacientes presuntivamente…

-Disculpe la interrupción. ¿Durante cuánto tiempo se investigó a Airaldi?

-Se le investigó durante varios años. Desde el año 2019, como le decía el juez federal de Paraná, comenzó la investigación, primero con la Fuerza Federal, la Prefectura. La Prefectura elevaba informes y esos informes eran evaluados por la judicatura, por la Fiscalía Federal. Estaba el fiscal federal García Escalada en aquel entonces, que tuvo también un papel activo en la investigación. En un momento determinado, comienza también a investigar la Policía de Entre Ríos, porque también la Policía de Entre Ríos consideró -al igual que la Prefectura- que había motivos razonables para atribuirle a Airaldi la comisión de delitos. Y en eso había tareas de campo, había el informe de vecinos que se manifestaban preocupados por estas cuestiones. Hasta que el juez Federal -intervenciones telefónicas mediante- reunió los elementos para solicitar allanamientos, posteriormente citar a indagatoria a los imputados y decretar el procesamiento. Y esto también creo que es importante decirlo. Porque cuando el juez Federal establece el procesamiento, para que la gente lo entienda, es cuando hay probabilidad en cuanto a la comisión del delito. Para indagar se necesita una sospecha razonable. Entonces, el juez consideró que de esa sospecha razonable se había pasado el grado de probabilidad. Y la defensa recurre ante la Cámara Federal de Paraná, y también a eso lo puse de relieve en el alegato, porque la Cámara Federal podría no haber confirmado el procesamiento, y lo hizo. Y en la Cámara Federal, a su vez previamente, hay un fiscal que actuó en su momento, que era el fiscal Ricardo Álvarez, que yo dije, más allá de ser un estimado amigo, es un fiscal muy reconocido. Y también el doctor Álvarez pidió la confirmación del procesamiento. Y después hubo otro fiscal, porque todos sabemos, desgraciadamente, lo que sucedió con Carlos García Escalada y entonces, actuó el fiscal Ardoy, quien consideró que había elementos para elevar las actuaciones a juicio. Entonces, digo: fíjense todos los operadores judiciales que pasaron y vieron de una misma manera esta cuestión. Fíjense que actuó, por un lado, la Prefectura Naval Argentina, por otro lado, la Policía de Entre Ríos, que actuó, y creo que actuó correctamente. Y eso también lo quiero poner de resalto, porque se decía que Airaldi actuaba con protección policial. Cuando la Policía de Entre Ríos tuvo el dato de quién era supuestamente la persona que brindaba esa protección, lo puso en consideración del juez, y esa persona hoy está sometida a proceso. Creo que también esto es de destacar. Pero a la par, en Santa Fe, ¿quién investigaba? ¡Un juez Federal distinto a Ríos! ¡Un fiscal federal distinto a Ardoy! Y era el fiscal Walter Rodríguez, que hizo una buena investigación, y eso hay que decirlo. Hoy Walter Rodríguez es juez federal, juró hace poco, pero en ese entonces estaba como fiscal Federal de Santa Fe e hizo una buena investigación. Y también llevó a su criterio, con intermedio de la Policía Federal Argentina, aparece, digamos, una tercer Fuerza distinta a la Prefectura y a la Policía de Entre Ríos. Y también la Policía Federal Argentina, asistiendo al fiscal Federal Rodríguez, da todos los elementos para considerar que había responsabilidad de Airaldi y que habría ligazón entre Airaldi y los 29 kilos de cocaína encontrados en Puerto Gaboto. Por eso, nosotros decíamos la solidez de la investigación. Y después, lo que se plasmó durante estos 4 meses de juicio oral y público, donde declararon una pluralidad de testigos. La verdad que testigos tanto de las Fuerzas de Seguridad como uno de ellos, por ejemplo, el testigo de identidad reservada. El testigo de identidad reservada… nosotros pusimos mucho énfasis en particular. Se le reservó la identidad por el Tribunal, justamente por el temor que tenía a represalias. Pero, declaró bajo juramento. Lo había hecho en la instrucción, lo hizo en el juicio oral, aportando datos concretos.

– ¿Qué pasa con esos testigos en el día después? ¿Se acogen a un régimen de identidad reservada como ha pasado en otros casos?

– Está bien la pregunta, es a elección de ellos. En este caso, lo que el Tribunal presidido por la doctora (Noemí) Berros -y los dos jueces restantes también coincidieron-, es ponerle al alcance toda la protección posible; que la Policía lo custodie, que el testigo, si llega a haber cualquier circunstancia que vaya en contra de su tranquilidad o que crea que es una amenaza o una perturbación, al libre desarrollo de su vida, que lo ponga en conocimiento.

-Perdón, doctor. El sistema que estaba en hasta el anterior gobierno sigue estando hoy. Es decir, una persona en esa condición puede acogerse a ese régimen e irse de la ciudad.

– Sí, lo que pasa es que como le decía, también eso tiene que ser consultado.

– Sí, sí, porque es difícil para una persona.

-Es claro. Imagínese que es cambiar de su vida, dejar su círculo familiar, dejar sus efectos. Pero, bueno, en este caso, creo que el Tribunal actuó correctamente y le dio esa protección. Más allá de este testigo de identidad reservada, que dio una declaración muy importante, el testimonio de tanto los funcionarios de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, como el de Brumatti de la Prefectura y la Policía Federal. Mire, recuerdo, por ejemplo, dos testimonios nada más, porque no me voy a explayar… El comisario (Eduardo Guillermo) Sidre de la Policía Federal Argentina dio un testimonio muy solvente, indicando por qué consideraba la Policía Federal a través de todos los informes labrados, que había responsabilidad de Airaldi. Y no solamente responsabilidad, sino que era el organizador, y dando razón de sus dichos, de por qué era esta figura, digamos, tan gravosa de la ley de estupefacientes, era porque daba las órdenes, digamos, porque impartía las directivas. Tal es así, que en un momento la defensa le preguntó si tenía experiencia en un narcotráfico. Está bien, es la tarea de la defensa. Pero, digo, eran de esos testigos que nosotros siempre decimos, no se le podía entrar por ningún lado porque estaba relatando con veracidad lo que había sido su investigación. Y Sidre termina diciendo que, efectivamente, tenía más de 35 años de experiencia en la narcocriminalidad en Argentina. Empezó diciendo los procedimientos en los cuales había intervenido. Un testimonio muy sólido, muy claro. Pero, no solamente ese, sino, por ejemplo, (subcomisario Jesús) Luna de la Policía de Entre Ríos.

– ¿Cuándo tomará una resolución el Tribunal?

-El 13 de agosto.

 

 

-Hasta acá, ¿cuánto considera usted que le sirve como mensaje a las organizaciones narcos, teniendo en cuenta que Airaldi era uno de sus emblemas “como peso pesado”, y seguramente tendrá una condena. ¿Cuánto les sirve a los investigadores policiales? ¿Cuánto les sirve a personas como la del testigo reservado, que tuvo una actitud valiente?

– Perfecto. Se lo voy a responder por partes. Y muy bien la pregunta de vuelta. Al testigo de identidad reservada y a la ciudadanía en general, creo que le sirve para que confíe en las Fuerzas de Seguridad y confíe en la Justicia de dar a conocer cuando hay un delito, un hecho delictivo, y de la importancia de éste, porque va a tener el respaldo que se merece. A la Fuerza de Seguridad, y por eso destaco el trabajo de la Policía de Entre Ríos, destaco el trabajo de la Policía Federal de Argentina, porque creo que, en caso de haber una condena, me parece que, justamente, les va a dar más fuerzas para seguir con estas investigaciones penales en un tema que tanto perjuicio le trae a la sociedad. Miren: lo dije en el alegato, pero ya es algo que lo he hablado con ustedes. Puse de manifiesto el tema del narcotráfico, y hace poco me invitaron desde (la ONG) Suma de Voluntades para participar en una charla. Y les dije en esa charla con Anabella Albornoz -pero lo volví a repetir en el alegato-, es que no nos podemos abstraer como operadores judiciales, ni los jueces, ni los fiscales, justamente del flagelo del narcotráfico y del daño que está generando de hace muchos años, no es una cuestión de ahora, es de muchos años en los barrios, en los cuales los chicos son utilizados como “soldaditos” a veces, y cada vez con menos edad. La verdad que es totalmente preocupante. ¡Totalmente preocupante! No solo la utilización como “soldaditos” de los chicos, como instrumento de los narcotraficantes, sino también de que los niños, y lo hablábamos con la gente de Suma de Voluntades, en vez de estar estudiando, en vez de estar en el club o jugando al fútbol, ahora que está el mundial o a otro deporte en la plaza del barrio, lo cierto es que están captados por estos narcotraficantes, o están siendo víctimas de los narcotraficantes, porque los narcotraficantes le venden en el barrio el estupefaciente y los pobres chicos son víctimas como consumidores. Entonces, digo, esto no nos podemos abstraer ni podemos mirar para otro lado. Y con respecto a las organizaciones criminales, que vendría a ser la tercera pregunta que usted me hizo, creo que, en caso de haber una condena, hoy, por ejemplo, la defensora decía que la pena que había pedido el doctor (Martín) Uriona (fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad PROCUNAR), porque yo actué con el doctor (fiscal auxiliar Juan) Podhainy y con el doctor Diego Iglesias (titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad -PROCUNAR). La verdad que fue un equipo de fiscales, que esto también me quiero referir en un momento después… Pero, digo… la pena que pidió el doctor Uriona, decía la defensora que era (una pena) alta. Para nosotros era una pena justa, adecuada al principio de proporcionalidad.

-Recuérdele a la audiencia el pedido de pena…

-Catorce años de prisión. Consideramos que era lo que correspondía, como le digo, la figura del organizador del artículo 7 es la figura más severamente castigada, porque justamente es el rol más importante de una persona. No es lo mismo, un simple partícipe de comercio que uno que es justamente quien da todas las directrices, y tiene a su cargo la estructuración del grupo de personas, y que es el eslabón más alto en la cadena del narcotráfico. Y le decía por qué quiero resaltar los fiscales con los que participé, porque creo que esto también es importante: porque acá no valen los arrestos individuales. Acá es importante el trabajar en grupo. Por eso, digo, pongo en relevancia, y terminé el alegato de esta manera, diciendo, hace poco también tuve el honor de ser invitado por Naciones Unidas hace tres semanas a una jornada sobre el crimen organizado en Buenos Aires, fueron dos días: lunes y martes, con otros jueces y fiscales federales. Y la verdad que mientras hablaba la gente de Naciones Unidas, las dos personas eran colombianas, las dos habían trabajado en el crimen organizado en Colombia, y ahora estaban capacitando a fiscales, a funcionarios de las Fuerzas de Seguridad y a jueces en toda América. Y ellas decían también que, justamente, ¿qué hace el narcotráfico? ¡Actúa organizadamente! ¡Actúa organizadamente! Entonces, la respuesta por parte de los operadores judiciales y por parte de las Fuerzas de Seguridad también tiene que ser coordinada. Por eso, le decía, no valen los arrestos individuales. Entonces, decía, que celebraba que la Procuración General de la Nación, en esta causa, haya dispuesto la intervención de la PROCUNAR. Porque, entonces, digamos, era mostrar un punto de vista institucional ante este problema del narcotráfico y ante esta causa tan importante. Por eso, digo que la actuación de cuatro fiscales, de este equipo de fiscales, me parece muy importante. Y no se ha replicado solamente acá. Ya he utilizado, como fiscal a cargo, soy el que lo tengo que solicitar, luego el Procurador dirá sí o no, pero en juicio de criminalidad organizada ya hemos actuado varios fiscales. En otros juicios importantes, como la causa Weigel (Nota de la Redacción: es considerada una de las mayores estafas financieras y quiebra fraudulenta en la historia de Entre Ríos, originada por el vaciamiento de la empresa constructora “Miguel Waigel y Compañía SA” de la ciudad de Crespo), también hemos actuado un equipo de fiscales. Ahora, por ejemplo, con el caso de Loan (por Loan Peña, el niño correntino que permanece desaparecido desde junio de 2024), también está actuando un equipo de fiscales. Entonces, creo que también es importante no solo desde el punto de vista de la Justicia, les decía, de la Fuerza de Seguridad, por ejemplo, que las Fuerzas provinciales trabajen en conjunto con las Fuerzas Federales. Eso me parece importante.

-Volvamos a su alegato en el caso Airaldi. Ustedes pidieron el decomiso de la estancia El Mirador como instrumento del delito. ¿Por qué es central atacar el patrimonio y no solo la persona?

-Eso es algo que siempre insisto, y lo decía también la gente de Naciones Unidas. Es importante la condena penal, lógicamente, pero afectar, siempre digo, el núcleo económico del delito es muy importante. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes por ahí son fungibles, o sea, van cambiando. Pero, si no le sacamos los bienes, si no le decomisamos los bienes, nos vamos a quedar cortos. No solamente con el narcotráfico, sino que también insisto esto con la trata de personas. Con la trata de personas también me parece importante. Se ha dado en Entre Ríos hace poco también una sentencia con decomiso de bienes. Entonces, por eso digo, sea crimen organizado, sea narcotráfico, sea trata de personas, nos parece -y vuelvo a decir-, no solamente a mí le parece a la Procuración General de la Nación, le parece a la gente de Naciones Unidas, el decomiso de los bienes, y, bueno, por eso es por eso que lo solicitamos, por eso lo argumentamos. Está a decisión del Tribunal. Siempre digo también, nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de la Justicia. En esto quiero ser claro en un sentido, porque cuando se da una sentencia, por ejemplo, y es condenatoria, decimos qué bien los jueces. Pero, también, hay que entender que si pedimos una medida y los jueces no hacen lugar, no por eso la judicatura va a ser mal. En eso también quiero ser criterioso.

 

 

El fenómeno narco

 

-Este juicio expuso pistas clandestinas, avionetas y lanchas preparadas sobre el Paraná. ¿Qué enseña el caso Airaldi sobre el uso de la Hidrovía como corredor en esta región?

– Justamente esta causa, cuando la Prefectura empezó investigando, había toda la hipótesis de que, justamente, el estupefaciente venía desde Paraguay por la Hidrovía. Es más, no solamente estaba el tema de la Prefectura, sino que había también una presentación a la PROCUNAR de diputados y diputadas nacionales preocupados por este tema de la Hidrovía. Más allá de este caso Airaldi, tuve reunión con la gente de la Aduana el año pasado, a raíz de que asumí como fiscal general subrogante en la Cámara Federal. Entonces la visión que tenía que tener era como cuando era fiscal del Tribunal de Paraná y había un solo Tribunal para toda la provincia, y nosotros teníamos todos los casos -en este caso-, de narcotráfico en el Tribunal. Ahora en la Cámara Federal, como también tenemos la visión sobre todos los Juzgados Federales, me pareció importante reunirme con todos los jefes de la Aduana. Y les planteé justamente este tema de la Hidrovía y cómo poder hacer mejores controles. Los noté a todos muy receptivos, a todos los jefes que vinieron a ver individualmente. Estuve hablando en Buenos Aires también de esto, con la Jefatura de la Aduana. Yo creo que hay una voluntad de que las investigaciones sean buenas, sean correctas, y de que haya un control sobre la Hidrovía. Y así que es menester seguir trabajando, como hay también hay una necesidad de controlar el espacio aéreo. No solo porque el estupefaciente, y no hablando de este caso en particular, sino yendo un poco más a otros casos de narcotráfico en la provincia de Entre Ríos, que la verdad que por la buena actuación de los fiscales Federales en la provincia y de los jueces y juezas Federales. La verdad, ustedes lo han podido dar a conocimiento… hay muchas causas, inclusive con secuestros también de avionetas. Causas importantes de narcotráfico que se han dado, pero, bueno, hay que seguir trabajando.

-Por su experiencia, en qué etapa del problema estamos en la provincia: tránsito, acopio, distribución, todas a la vez.

-Creo que hay una gran cantidad de causas donde hay un traslado de estupefacientes por la provincia. Y lo vemos porque, por ejemplo, la doctora (Analía) Ramponi (Juzgado Federal de Concordia), que no tengo el gusto de conocerla personalmente, siempre lo aclaro porque la pondero, y aclaro que no soy amigo ni siquiera la conozco personalmente, pero, la verdad, veo las actuaciones y actúa muy bien. (La doctora Ramponi) hace el procedimiento de entrega vigilada, que es algo que yo siempre humildemente insistía antes, digamos, no cortar los procedimientos con los secuestros del estupefaciente en la ruta, sino seguir y ver dónde va el estupefaciente. Bueno, y ahí se ve justamente que el estupefaciente va muchas veces a Buenos Aires, la mayor de las veces. Por eso, le digo que (Entre Ríos) es un lugar de paso. Pero, también hay lugar, acá se comercia estupefacientes, lógicamente. Hemos tenido causas de “cocina de cocaína” también muy importantes. Entonces tampoco tenemos que descuidar ese aspecto. Y no lo hacen tampoco -vuelvo a decirlo- los otros jueces federales, que también actúan muy bien, y los fiscales federales.

 

 

– ¿Y qué le falta hoy a la Justicia Federal y a las Fuerzas de Seguridad para no ir siempre un paso atrás de estas estructuras narco?

-Y, bueno, yo creo que más que lo que le falta, creo que hay que seguir actuando coordinadamente. Miren: hace unos años, yo recuerdo que usted le hizo una entrevista al doctor (Roberto Manuel) López Arango, que ahora se jubiló, y él ponía énfasis en esto de que veía que a veces las Fuerzas de Seguridad no actuaban coordinadamente. Lo recuerda patente, porque era un juez del Tribunal, al cual uno siempre lo escuchaba, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que ahora eso ha mejorado. Creo que hay investigaciones en los cuales, digamos, no existe este celo de decir a ver qué Fuerza va a ser el procedimiento. La verdad que veo que hay una coordinación. Y, mire, en relación a esto, Diego Iglesias, que es el titular de la PROCUNAR y que tiene justamente la coordinación de todas las causas más importantes del país; el otro día me decía -cuando vino acá en Entre Ríos, y a su vez estuvimos hablando también del tema del narcomenudeo, porque él quiere hacer unas mesas de trabajo -que las vamos a hacer-, y yo le ponía de relieve, y él también porque había hablado con el ministro (de Seguridad y Justicia, Néstor) Roncaglia, con el cual Diego Iglesia tiene una relación de muchos años-, y decía que veía realmente que acá en la provincia se trabajaba bien coordinadamente las Fuerzas de Seguridad provinciales con la nacionales. Así que creo que hay que seguir por ese camino, que no quiere decir – siempre lo digo-, no hay que dormirnos en los laureles. Los desafíos son muchos, no solo en trabajar coordinadamente, sino en trabajar en el decomiso de los bienes, en trabajar en tratar de, justamente, desbaratar organizaciones, que es algo que también siempre pongo de relieve. No quiere decir que las causas menores, digamos, no haya que investigarlas y no haya que perseguir y tratar de castigar a quien comercia estupefacientes. Pero, digo, lo principal es dedicarnos a las grandes organizaciones, que son justamente los eslabones más elevados en la cadena del narcotráfico.

-Doctor, para cerrar, ¿usted no ha hablado, nunca dijo ni una palabra sobre las amenazas que recibió antes que se iniciara el juicio contra Airaldi. ¿Cómo convive con esa situación desde lo personal y familiar? Porque, no son cosas menores. Quienes lo conocemos desde hace mucho tiempo sabemos de su énfasis y de su trabajo y su compromiso. Pero, uno es una persona y tiene familia, esposa, hijos. ¿Cómo convivió usted con todo esto?

-Bien, la verdad que no quise hablar. En su momento me hablaron de muchos medios, inclusive nacionales, que les agradecía la preocupación, pero preferí no hacerlo. La verdad que nos afectó, lógicamente, uno no puede abstraerse de eso. A mí, a mi señora y a mi madre. Pero, bueno, lo dejo en manos de la Justicia. El otro día vino la Asociación de Magistrados de la Justicia Federal a Paraná a hablar justamente sobre la seguridad de los jueces y fiscales. Hablábamos con el juez federal Leandro Ríos, le preguntó Andrés Fabián Basso -el presidente de la Asociación-, cómo estaba y él dijo, al igual que yo, que había preferido mantenerse al margen de la investigación que está en Gualeguaychú. Yo, adopté el mismo criterio. Es más, con Leandro mantenemos comunicación constante sobre esto. Pero, bueno, lógicamente, a uno lo ha afectado. Creo que hay que seguir. Creo que también, para no hablar solo del tema personal, creo que la Asociación de Magistrados habló de seguridad de jueces y de fiscales, porque se han dado otros casos en el país. Es más, miren, hace 2 o 3 días salió una sentencia que, si mi memoria no me falla, de la Cámara de Casación Penal, que rubricó una condena que hay acá en Paraná por amenazas a jueces. Un imputado de trata con nombre y apellido, (Carlos Darío Antonio) Montiel, cuando fue el alegato, me acuerdo que fue octubre del 2012, era mi primer alegato por trata de persona. ¿Qué pasó? Yo alego un viernes, le pido condena por explotación sexual. El sábado agarra el teléfono, amenaza a la doctora (Noemí) Berros, amenaza a la doctora (Liliana) Carnero, amenaza al doctor López Arango con quitarles la vida, diciéndole que él era el dueño y señor del lugar. Bueno, por supuesto, Montiel lo negaba. Su defensor, siempre digo respeto a la defensa, lo negaba. Pidieron pericia de voz. Se hizo la pericia de voz: era Montiel, lo condenamos en el Tribunal Oral en primera instancia por coacciones a los jueces. La defensa recurrió, y Casación -la semana pasada- confirmó la condena. Entonces, dijo, como lo habíamos sostenido en el alegato, que era un hecho de suma gravedad amenazar a juez. Entonces, digo, para sacarlo del tema personal. No es solo mi caso ni del doctor Ríos. Acá fueron amenazados la doctora Berros, el doctor López Arango, la doctora Carnero, y hay otras amenazas en todo el país. Entonces, digo, es un tema, lógicamente, que nos preocupa a todos.

 

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 1° de julio de 2026