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La corrupción es el abuso de poder, cargo o confianza para obtener un beneficio privado, generalmente económico, en detrimento del interés público o de terceros. Se manifiesta en distintos ámbitos —político, judicial, empresarial, policial— y adopta múltiples formas: soborno, malversación de fondos, tráfico de influencias, nepotismo o extorsión. Organismos internacionales como Transparencia Internacional la definen como “el abuso del poder encomendado para beneficio propio”, una formulación que abarca tanto al sector público como al privado.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, publicado en febrero de 2026, reveló que Sudán del Sur, Somalia, Venezuela, Haití y Nicaragua, integran el quinteto de países más corruptos del mundo. En el otro extremo, Dinamarca, Finlandia y Singapur, ocupan el podio de los menos corruptos.

Para llegar a esa exitosa meta, desde el Estado, se aplicaron estrictas fórmulas de controles preventivos como:

Mapeo de riesgos en cada área de la administración pública para identificar zonas vulnerables antes de que ocurran actos corruptos.

Códigos de conducta obligatorios para funcionarios y miembros del gobierno.

Declaraciones patrimoniales periódicas y verificables de todos los servidores públicos.

Sistemas de cumplimiento anticorrupción (compliance) exigidos también a empresas que contraten con el Estado.

Auditorías externas e independientes a partidos políticos y sus fundaciones cuando reciben financiamiento público.

Control en la contratación pública:

• Plataformas digitales de contratación con inteligencia artificial para detectar irregularidades.
• Registros públicos de empresas inhabilitadas para contratar con el Estado por condenas por corrupción.
• Extensión de metodologías de prevención de fraude a toda la administración.

<b>Control financiero y patrimonial;</b>

• Confiscación preventiva o administrativa de bienes vinculados a actividades corruptas, incluso sin condena firme previa.
• Fortalecimiento de las oficinas de recuperación de activos con más recursos humanos y presupuesto.
• Monitoreo de flujos financieros sospechosos a través de unidades de inteligencia económica.

<b>Control judicial y penal:</b>

• Creación de fiscalías anticorrupción especializadas con mayor capacidad investigativa.
• Unidades judiciales especializadas en delitos contra la administración pública.
• Endurecimiento de penas y ampliación de plazos de prescripción para que los casos no queden impunes.
• Procedimientos judiciales más ágiles para casos que involucren funcionarios públicos.

<b>Control sobre denunciantes (</b><i><b>whistleblowers</b></i><b>):</b>

• Canales internos de denuncia obligatorios en empresas y organismos públicos.
• Garantías de confidencialidad, protección y asistencia legal para quien denuncia.
• Extensión de la protección a quienes reportan directamente ante fiscales, policía o jueces.

<b>Control de transparencia y rendición de cuentas</b>

• Publicación periódica de informes de gestión por parte de todas las entidades del Estado.
• Libre acceso ciudadano a la información pública.
• Campañas de formación e integridad para empleados públicos y para la sociedad en general.
• Encuestas de percepción para medir el avance de las políticas anticorrupción.
• Registros públicos de empresas inhabilitadas para contratar con el Estado por condenas por corrupción.
• Extensión de metodologías de prevención de fraude a toda la administración.

La Argentina está embarcada desde Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a cargo de Alejandro Díaz, en llegar a ese grado de excelencia. Es una de las razones abrió una convocatoria para la presentación de trabajos técnicos y ponencias que formarán parte del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, que se realizará entre el 21 y el 23 de septiembre en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. La prevención de la corrupción será uno de los items centrales.

La propuesta está dirigida a especialistas, académicos, funcionarios y profesionales interesados en compartir investigaciones, experiencias y herramientas vinculadas al fortalecimiento de los mecanismos de control y la mejora de la gestión pública.

Los interesados tendrán tiempo hasta el 15 de junio para presentar un resumen preliminar de sus trabajos. Los trabajos seleccionados serán expuestas durante el congreso, que reunirá a más de 30 conferencistas de 15 países de América y Europa y contará con la participación de más de 1.000 asistentes.

Un debate abierto

La transparencia y la integridad en la gestión pública, la prevención de la corrupción, el impacto de la transformación digital y la inteligencia artificial en los procesos de auditoría, la gestión de riesgos y la evaluación de políticas públicas formarán parte de la agenda de debate.

Detrás de esos temas subyace una discusión cada vez más presente en las administraciones públicas de todo el mundo: cómo construir sistemas de control capaces de detectar problemas antes de que se transformen en crisis.

Durante años, la tarea de los organismos de auditoría estuvo asociada principalmente a la revisión posterior de actos administrativos, contrataciones o programas estatales. Sin embargo, la creciente complejidad de la gestión pública y el avance de las tecnologías de información impulsaron nuevos enfoques orientados a la prevención.

La idea es sencilla: no esperar a que aparezca un problema para intervenir. En lugar de limitarse a verificar lo ocurrido una vez finalizada una política pública, los organismos de control buscan cada vez más desarrollar herramientas que permitan identificar riesgos, monitorear objetivos y generar alertas tempranas cuando los resultados comienzan a desviarse de las metas previstas.

La posibilidad de procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones o inconsistencias permite fortalecer los controles y mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones estatales.

La SIGEN es el organismo encargado de ejercer el control interno del Poder Ejecutivo Nacional. Entre sus funciones se encuentran la supervisión de ministerios, organismos descentralizados, empresas públicas y distintos entes estatales, a través de auditorías, evaluaciones y acciones de seguimiento destinadas a verificar el cumplimiento de procedimientos, normas y objetivos de gestión.

Pero la actividad de control no se limita a la detección de irregularidades. En los últimos años, tanto en Argentina como en otros países, comenzó a ganar relevancia una visión que incorpora también el acompañamiento técnico a los organismos públicos para mejorar procesos, fortalecer mecanismos de prevención y optimizar la utilización de recursos. La premisa es que un sistema de control eficiente no solo identifica problemas, sino que también contribuye a evitarlos.

La relevancia de estas discusiones quedó expuesta en distintos episodios recientes que pusieron el foco sobre la necesidad de contar con mecanismos de supervisión más eficaces y oportunos. En ese contexto, especialistas coinciden en que la capacidad para detectar señales de alerta durante la ejecución de una política pública puede resultar tan importante como la auditoría posterior de sus resultados.

“La premisa es que un sistema de control eficiente no solo identifica problemas, sino que también contribuye a evitarlos.”

El Congreso buscará precisamente reunir experiencias nacionales e internacionales que permitan intercambiar conocimientos sobre estos desafíos. La participación de representantes de distintos países apunta a mostrar cómo evolucionan los sistemas de control en un escenario atravesado por la digitalización de los procesos administrativos, la demanda de mayor transparencia y la necesidad de mejorar la calidad de las políticas públicas.

La convocatoria para la presentación de trabajos preliminares –también mencionados abstracts– permanecerá abierta hasta el 15 de junio. Las bases y condiciones para participar, junto con los requisitos para la presentación de trabajos, se encuentran disponibles en www.sigen.gob.ar/congreso.

Europa experimenta una transformación estructural impulsada por la participación digital de su población envejecida, cambio que redefine el acceso a servicios públicos, el perfil del consumo digital y las pautas del desarrollo económico, según detalla un estudio de Frontiers in Public Health en veintinueve países europeos. El avance tecnológico y el envejecimiento demográfico replantean la forma en que las personas mayores interactúan con la economía.

La mayor integración digital de los adultos entre 55 y 74 años en Europa muestra una relación directa con indicadores económicos. La aplicación de tecnologías digitales en actividades productivas, particularmente en comercio electrónico y formación continua, se vincula con el aumento del PIB per cápita, mientras que el uso principal de redes sociales o la búsqueda de información sanitaria en internet suelen asociarse con menores niveles de desarrollo. Por tanto, el impacto económico depende más del objetivo de la interacción digital que de la simple frecuencia del uso.

Este fenómeno se refleja especialmente en la capacidad de los adultos mayores de acceder y aprovechar recursos digitales, lo que contribuye tanto a la economía como a la eficiencia de los servicios públicos. El estudio —basado en datos entre 2011 y 2024— indica que actividades orientadas a la transacción, como la compra en línea, y a la formación, como los cursos digitales, permiten a los países maximizar los beneficios económicos asociados a la digitalización de una sociedad envejecida.

Impacto de las actividades digitales en la economía

Frontiers in Public Health señala que no todas las actividades digitales producen efectos equivalentes sobre la prosperidad nacional. Los resultados muestran que un porcentaje mayor de adultos mayores involucrados en compras por internet impulsa el PIB y la Renta Nacional Bruta per cápita. En el análisis de regresión, la compra en línea presenta el coeficiente más alto (0,770), consolidándose como el principal motor de la madurez digital a nivel nacional.

De igual modo, la participación en cursos digitales se asocia positivamente con el crecimiento económico, con un coeficiente de 0,447 para el PIB per cápita. Estos datos sugieren que los países donde los adultos mayores acceden a formación digital y plataformas educativas tienen ventajas en modernización y prosperidad. La investigación resalta que la mera frecuencia de uso de internet, sin considerar el objetivo, aporta poco valor explicativo comparado con las actividades transaccionales o formativas.

Por otra parte, la búsqueda de información sanitaria y la participación activa en redes sociales muestran asociaciones negativas con el PIB. El coeficiente para búsqueda de salud en línea es −0,461, y para redes sociales, −0,221. Esto sugiere que, en contextos donde la digitalización no se orienta a la productividad, el efecto puede ser neutro o incluso desfavorable para la economía.

Cambio en los servicios públicos y el consumo

El envejecimiento de la población redefine el diseño de los servicios públicos y modifica las tendencias de consumo digital en la región. Según Frontiers in Public Health, la llamada “economía asociada al envejecimiento” implica no solo desafíos fiscales, sino también oportunidades para el mercado y la innovación. La adopción de sistemas como la administración electrónica y la telemedicina agiliza los trámites y promueve la autonomía de los mayores.

El informe destaca que la variabilidad en habilidades digitales y el acceso a infraestructura profundizan una brecha digital de múltiples causas. Esta va desde la desigualdad en la banda ancha hasta aspectos como la confianza, la seguridad y la adaptabilidad de las plataformas. Los Estados que han logrado desarrollar mercados digitales estables y un mayor capital humano digital transforman el envejecimiento en un factor de progreso económico, impulsando una participación activa en servicios digitales.

Desafíos y recomendaciones para la inclusión digital y económica

El estudio identifica dos desafíos. Por un lado, la inclusión digital debe superar el simple acceso a internet y enfocarse en competencias productivas, como la formación continua y el comercio electrónico. Por otro, persisten barreras de habilidades entre los mayores, lo que exige programas de capacitación adaptados y un diseño accesible en los servicios digitales.

Entre las recomendaciones, se destaca la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para desarrollar entornos digitales inclusivos, mejorar la protección al consumidor en el contexto virtual y fomentar la confianza en la administración electrónica.

El informe precisa que “el principal determinante económico es la utilización de tecnologías digitales para transacciones y aprendizaje, no el simple acceso a internet”, de modo que las políticas públicas deben priorizar iniciativas orientadas a estas actividades.

A pesar del sólido vínculo entre digitalización y desarrollo económico en adultos mayores, el análisis aclara que se trata de correlaciones a nivel de país, no de relaciones causales individuales. Factores estructurales, como los casos de Luxemburgo, Irlanda o Noruega, explican desviaciones en el modelo, y las crisis macroeconómicas recientes afectan la precisión de las previsiones en periodos de alto impacto.

El estudio publicado por Frontiers in Public Health concluye que solo la inclusión digital orientada a actividades productivas, como el comercio electrónico y la formación continua, contribuye a los beneficios económicos tangibles en las sociedades europeas envejecidas. La expansión del acceso a internet sin un propósito definido tiene un efecto limitado sobre la prosperidad nacional.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, compartió en Infobae en Vivo un diagnóstico sobre el momento que atraviesa el sector manufacturero: apoyó el rumbo macroeconómico del Gobierno, pero con una advertencia clara sobre los costos de la transición. La industria, dijo, está en un período de ajuste sin que los motores que deberían reemplazar al modelo anterior hayan encendido todavía.

La inversión que aún no llega

Rappallini planteó que el orden fiscal y la baja de la inflación son pasos necesarios, pero no suficientes para que la actividad industrial se recupere. “El país de las inversiones todavía no llegó”, afirmó. “Todo lo que se está planificando, con la llegada de inversiones por USD 80.000 millones, todavía no está impactando en la economía.”

Esa brecha entre lo que se proyecta y lo que se percibe en los balances y en los puestos de trabajo es, según el titular de la UIA, el núcleo del problema actual. No se trata, aclaró, de una economía partida en dos, sino de una transición que genera tensiones muy concretas sobre sectores que no pueden esperar. “En esta transición, tenemos una situación muy compleja para una gran cantidad de sectores de la industria”, señaló, y mencionó a la construcción como uno de los casos más críticos.

Rappallini reconoció que la entidad que conduce llevó esa preocupación directamente al gabinete económico. “Estuvimos estos días con el ministro Caputo y le planteamos la preocupación por el nivel de actividad”, indicó.

Quince años sin crecer

Para entender el presente, Rappallini apela a una perspectiva de largo plazo. La industria argentina no enfrenta solo un problema coyuntural, sino el resultado acumulado de más de una década de estancamiento. “La economía hace quince años que no crece”, afirmó. “A nivel industrial, por habitante, somos la mitad que Brasil”, agregó.

Para el referente de la industria, el rezago estructural se combina con un doble efecto que complica la recuperación: la diferencia de precios y de cantidades. Los consumidores ajustaron su demanda ante la caída del poder adquisitivo, y los industriales deben adaptarse a una nueva estructura de costos que todavía no terminó de acomodarse.

Sin embargo, Rappallini no ve ese horizonte como inalcanzable. “Cuando realmente se enciendan los motores, vamos a tener el nivel de consumo por lo menos de 2022”, estimó. Ese nivel, aclaró, no representa un pico histórico, pero sería una señal concreta de reactivación. “Volver a los niveles de 2022 no es una locura”, insistió.

Las distorsiones heredadas

Parte del diagnóstico de Rappallini apunta a explicar por qué la industria llegó a este punto de fragilidad. Durante años, señaló, el sector manufacturero fue protegido en los precios mientras se lo castigaba por otras vías. “El sector industrial tuvo 120% de inflación en un período en el que los servicios subieron 300%”, describió. “Mientras se protegía a la industria, al mismo tiempo duplicaban los impuestos y las empresas tenían mayores costos financieros.”

El resultado fue una economía que Rappallini define como “distorsionada”, donde la protección arancelaria encubría una pérdida sostenida de competitividad. Esa lógica, sostiene, terminó perjudicando al sector que decía defender. “Muchos defienden el industrialismo y es un error pensar que defendés la industria cuando estás subiendo los impuestos. Cuando perdés tu capacidad de competir globalmente, no estás ayudando a la industria.”

Lo que pide la UIA

La posición de la entidad no es de oposición al Gobierno, sino de interlocución activa. Rappallini es explícito al respecto: “A nivel general, el rumbo del Gobierno es correcto.” Apoya la baja de la inflación, la reducción de impuestos a las exportaciones y la estabilidad macroeconómica. Pero sostiene que la corrección de distorsiones no está siendo pareja.

“Estamos planteando que hay que nivelar la cancha”, resumió. El sector más golpeado, según su análisis, es el que emplea más mano de obra: la industria tradicional que compite con el exterior y cuyos precios no se fijan localmente. “El problema del transable es que los precios y calidades no se deciden internamente, sino a nivel global”, explicó.

Desde esa lectura, la UIA impulsa dos propuestas concretas. La primera es permitir tomar a cuenta del IVA los aportes patronales, como mecanismo para reducir costos laborales y formalizar empleo. La segunda es extender el régimen RIGI -pensado hasta ahora para sectores como la energía y la minería- a la industria manufacturera. “Queremos un RIGI industrial, para que el sector tradicional transable tenga el mismo régimen del RIGI y el super RIGI”, planteó.

La riqueza que no es solo commodities

Rappallini cerró su argumento con una reflexión sobre el modelo de país que, desde la UIA, consideran necesario discutir. La Argentina, dijo, no puede apostar todo su desarrollo a los recursos naturales. “La riqueza del país no es sólo la energía y la minería, es también el tejido empresario y el tener gente que sabe hacer cosas.”

Esa capacidad instalada, advirtió, se destruye si no se la defiende. “Lo que hace diferentes a los países es la capacidad de sus empresas”, afirmó. Y subrayó que el empresariado industrial está en condiciones de competir, si se le dan las reglas para hacerlo: “Hay un empresariado muy preparado que quiere competir.”

China construye en el desierto del noroeste del país una extensa red de infraestructura militar diseñada para proteger su arsenal nuclear de un posible primer ataque de Estados Unidos, según imágenes satelitales revisadas por Reuters. El complejo incluye más de 80 plataformas de lanzamiento, búnkeres y nodos de comunicaciones próximos a los silos nucleares que albergan los misiles de mayor alcance del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Las imágenes muestran plataformas de concreto destinadas al despliegue de lanzadores móviles de misiles y baterías de defensa aérea, junto con instalaciones que podrían cumplir funciones de guerra electrónica, comunicaciones satelitales y mando de operaciones. Tres analistas de seguridad evaluaron el material para Reuters y coincidieron en ese diagnóstico. La escala de la construcción no había sido reportada con anterioridad.

“Podemos ver que esta infraestructura se está construyendo a gran escala, cubriendo miles de kilómetros cuadrados de desierto más allá de los campos de silos”, afirmó Alexander Neill, investigador adjunto del Pacific Forum de Hawái. Neill agregó que, dependiendo de las capacidades precisas, se trata de “una mejora y diversificación muy considerable del disuasor nuclear estratégico de China”.

Los octágonos del desierto de Xinjiang

En el núcleo de la red se encuentran dos instalaciones de forma octagonal construidas en los últimos seis años en el este de Xinjiang, al suroeste del campo de silos nucleares de Hami: una a unos 140 kilómetros de distancia y la otra a aproximadamente 230 kilómetros. Las imágenes satelitales revelan que ambas estructuras contienen alojamiento para personal y vehículos militares de gran tamaño, además de áreas de almacenamiento reforzadas, aeródromos y conexiones ferroviarias que las vinculan con los silos de Hami.

Durante este mes y en abril se registraron ejercicios con vehículos militares de gran porte en torno al octágono norte. Las imágenes más recientes también muestran carpas de gran tamaño y lo que dos analistas describieron como posibles sitios de lanzamiento camuflados excavados en el desierto, algunos con baterías de misiles antiaéreos.

Una tercera instalación octogonal, ubicada al sur de las instalaciones de pruebas nucleares de Lop Nur, está menos desarrollada y parece funcionar como campo de tiro: el terreno muestra marcas de impactos, edificios dañados y réplicas de aviones de combate occidentales, según analistas de Vantor, proveedor comercial de imágenes satelitales.

Red de caminos y posibles cables de fibra óptica

Cada octágono es el centro de una red de caminos de tierra y conductos que se extienden hacia el interior del desierto y conectan con las plataformas de concreto, ubicadas entre afloramientos rocosos y lechos secos. Esas plataformas podrían usarse para desplegar misiles móviles de defensa aérea, nodos de guerra electrónica o, en las de mayor tamaño, lanzadores de misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en inglés) de transporte por carretera, según tres especialistas en seguridad.

Hans Kristensen, director del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos Americanos, señaló que los conductos que unen las plataformas con los octógonos podrían contener cables de fibra óptica para comunicaciones. En el octágono más al norte, tres analistas identificaron además una posible instalación de comunicaciones espaciales o por microondas, con antenas parabólicas y dos grandes torres en construcción.

“Existe una posibilidad real de que las estructuras octogonales y las extrañas torres estén vinculadas al C3 —mando, control y comunicaciones—, así como a actividades de mantenimiento y almacenamiento relacionadas con las operaciones nucleares chinas en el sitio de silos ICBM de Hami”, sostuvo Tong Zhao, investigador principal en política nuclear del Carnegie Endowment for International Peace.

La carrera nuclear de China frente a Estados Unidos y Rusia

La capacidad para proteger sus silos en el desierto es central para el objetivo declarado de Beijing de forjar un disuasor nuclear mínimo pero creíble, basado en la capacidad de represalia ante un primer ataque. Si bien el EPL puede lanzar armas nucleares desde submarinos y aeronaves, los campos de silos en Xinjiang y la provincia de Gansu constituyen el núcleo de sus fuerzas nucleares.

Funcionarios estadounidenses y analistas de control de armas señalan que China amplía y mejora sus capacidades nucleares más rápido que cualquier otra nación. El último informe del Pentágono sobre la modernización militar china estima que el país podría contar con 1.000 ojivas para 2030 y que probablemente ya ha cargado 100 ICBM en sus tres principales campos de silos. China también ha reforzado su sistema de alerta temprana mediante los satélites Huoyan-1, capaces de detectar un ICBM entrante en 90 segundos y alertar a un centro de mando en tres a cuatro minutos.

A diferencia de Estados Unidos y Rusia —cuyos arsenales superan ampliamente al chino—, que dependen de la cantidad de silos, su aislamiento y la solidez de su construcción para disuadir un primer ataque, China apuesta por una defensa activa a gran escala. Kristensen, quien calificó la situación como “un esfuerzo extraordinario”, afirmó: “Nunca he visto nada parecido”.

En diálogo exclusivo con Infobae al Regreso, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, sostuvo que el impacto de las inversiones prometidas aún no se refleja en la economía, mientras la actividad industrial cayó 0,5% en abril.

Durante la charla, Rappallini detalló: “Esta transición que vos planteás, en la que cuando hablamos del país de las inversiones todavía no llegó. O sea, todo lo que se está planificando, los 80 mil millones, todavía no están impactando en la economía”.

El dirigente remarcó que la industria enfrenta “una situación muy compleja para una gran cantidad de sectores”, especialmente los de mano de obra intensiva, y que “la construcción está con una caída de actividad importante”.

La industria profundiza su caída y reclama condiciones de competitividad global

Según el índice OJF, la actividad industrial cayó 0,5% en abril respecto de marzo, con caídas marcadas del 17,5% interanual en automotrices, 13,1% en despachos de cemento y 15,2% en faena bovina.

Rappallini advirtió: “No es que la economía está partida. Todavía el funcionamiento depende de la economía histórica”. Añadió que “la industria debe adaptarse a nuevos precios de la economía”, insistiendo en que “con motores como la inversión, cuando realmente se enciendan los motores, vamos a tener los consumos, por lo menos, del 2022”.

El presidente de la UIA planteó que “la economía no estaba anabolizada. Hace 15 años que no crece”, y subrayó que el país tiene “niveles de producción industrial por habitante la mitad que Brasil”. Relacionó la crítica situación sectorial con el peso de los impuestos: “En el caso de los autos, 60% son impuestos. Ahí tenés todo el Estado adentro, toda la improductividad”.

Consultado sobre el impacto de las importaciones y las distorsiones, explicó: “Las importaciones impactan en el sector transable, solamente el 25% de la economía. Vos no podés corregir todos los precios relativos poniendo presión a un sector solo”. Insistió en que “la industria argentina debe adaptarse a los precios internacionales, pero también hay que corregir asimetrías y distorsiones”.

El desafío de la competitividad y la agenda para la recuperación

Rappallini enfatizó la necesidad de “nivelar la cancha” para los sectores tradicionales: “En la próxima reducción de impuestos tiene que estar el sector transable, que es el sector que más impactado está en los últimos dos años”.

Defendió que las condiciones de competitividad global deben alcanzar a toda la industria: “El Súper RIGI está bien, porque lo que yo te quiero decir es que cuando vos hacés un Súper RIGI, lo que estás definiendo conceptualmente es que este sector necesita condiciones globales para competir. Pero eso mismo que pasa en estos sectores está pasando en los sectores tradicionales”.

Sobre la relación con el Gobierno, Rappallini sostuvo: “Nosotros de la UIA hemos permanentemente planteado los problemas, todo el tiempo: de pérdida de empleo, de pérdida de actividad, todos los informes. Ahora también estamos de acuerdo con el orden macroeconómico, estamos de acuerdo con bajar la inflación, estamos de acuerdo con bajar los impuestos”.

Consultado por las medidas concretas, el dirigente repasó: “Fuimos protagonistas de la ley laboral. Es muy importante también toda la baja retención. Tenemos toda una agenda de trabajo que es bajar los impuestos al trabajo”. En ese sentido, propuso “tomar a cuenta el IVA, los aportes, porque son sectores que tienen una informalidad del 60%”.

Mano de obra intensiva y el futuro del tejido industrial

El titular de la UIA remarcó que los sectores más afectados “son los de mano de obra intensiva: textil, calzado, metalmecánica”. Reconoció que “ha habido despidos”, y que la propuesta del sector apunta a “formalizar la economía y bajar el costo laboral”.

Rappallini insistió en la importancia de defender el tejido empresarial nacional: “La riqueza de un país no es solamente la energía, la minería, es también el tejido empresario, la capacidad, el tener gente que sabe hacer cosas y que lo sabe hacer bien y a nivel internacional”. Propuso que “el sector tradicional transable tenga el mismo régimen que tiene el RIGI y el Súper RIGI”.

Sobre la posibilidad de más cierres de empresas, expresó: “Esperemos que haya una reactivación de la economía y que podamos… Si yo me hubiera rendido frente a los obstáculos, no hubiera podido progresar”. Subrayó que “hoy por hoy los sectores de mano de obra intensiva están muy complicados. Y están muy complicados por el problema de competitividad y también de actividad”.

Desde su rol en la Unión Industrial, Rappallini concluyó: “Tenemos que dialogar más y que se entienda sistémicamente cómo se mejora un país”. Sostuvo que el diálogo con funcionarios “es excelente” y que el objetivo es “llevar soluciones, encontrar caminos”.

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