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Luego de registrar un repunte de 0,8% en junio, la actividad económica habría vuelto a caer en julio, según estimaciones privadas. El dato reforzaría la dinámica de una economía serrucho, con meses de subas y otros bajas sin una tendencia consolidada. A eso se suma una nueva señal de alerta: la recaudación de los impuestos vinculados con la actividad también mostró indicios de caída en agosto.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que las tres fuentes de ingresos tributarios, DGI, Aduana y Anses, recaudaron $20,5 billones en agosto. El monto representó una suba nominal de 33,5% frente a igual mes del año anterior, una variación que habría empardado o perdido por poco con la inflación proyectada para el mismo período.

La dinámica de los recursos tributarios no mide por sí sola la evolución de la economía, pero el comportamiento de los gravámenes ligados al consumo y a las operaciones bancarias aporta referencias sobre el movimiento de empresas y familias dentro de los circuitos formales. En agosto, tanto el impuesto a los Débitos y Créditos bancarios (conocido como impuesto al cheque) como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) registraron variaciones nominales inferiores al aumento del promedio de precios.

“Del lado débil, los tributos ligados a la actividad económica siguieron flojos: IVA DGI cayó -3,0% i.a. real (-1,6% acumulado enero-agosto), créditos y débitos profundizó la contracción a -9,1% i.a. real (-3,7% acumulado) y contribuciones patronales también dio negativo (-1,5% i.a. real y -3,2% acumulado)”, mencionó la consultora Invecq.

Por su parte, el analista de Wise Capital, Ignacio Morales, sostuvo que “el resultado igualó a la inflación proyectada para el mismo período” y “de esta forma, la recaudación interrumpió la leve mejora observada en julio”.

“La actividad fiscal acumula un estancamiento evidente. En el acumulado anual, los recursos cayeron un 3,8% en términos reales. La pérdida equivale a unos 6,5 billones de pesos según estimaciones del Iaraf. La floja performance del consumo afectó al IVA, con una baja real tras subir solo un 25,3%”, indicó Morales.

El Impuesto a los Créditos y Débitos registró una suba nominal de 21,5% y quedó por debajo de la inflación proyectada, en torno al 33 por ciento. Por su relación con las transacciones bancarias, este tributo suele seguirse como una referencia del movimiento de compañías y hogares, aunque su comportamiento también responde a cuestiones normativas y administrativas.

ARCA explicó que la comparación interanual del impuesto estuvo afectada por un día hábil menos de recaudación frente a agosto del año anterior. El fisco nacional también indicó que durante el mes estuvieron vigentes las nuevas exenciones incorporadas en el Decreto 475/2026. Ambos elementos incidieron sobre el resultado y limitaron el aumento nominal de los ingresos por créditos y débitos bancarios.

En el caso del IVA, aumentó 29,6% en términos nominales durante agosto, lo que también la ubicaría un escalón abajo de la dinámica inflacionaria. La evolución de ese tributo concentró atención porque refleja una parte de las operaciones de compra y venta que pasan por los canales alcanzados por el sistema tributario.

El organismo recaudatorio explicó que parte del resultado se debió a que los contribuyentes usaron más saldos a favor de impuestos para pagar otras deudas tributarias. Al mismo tiempo, hubo menos compensaciones de obligaciones con créditos acumulados en otros impuestos. Además, la comparación con el año anterior quedó condicionada por una diferencia: en ese período, las reafectaciones netas habían tenido un efecto positivo sobre la recaudación.

De hecho, la caída de los ingresos obligó al Gobierno a realizar un esfuerzo adicional en agosto para sostener el superávit fiscal. Según la consultora Analytica, el gasto primario devengado cayó 10,3% interanual en términos reales durante el octavo mes del año. Fue el mayor ajuste desde noviembre de 2025.

¿Caída en la actividad en agosto?

Una fuente de una importante consultora sostuvo que la información tributaria se traduce en una caída del nivel de actividad durante agosto. Bajo su perspectiva, el IVA y el impuesto al cheque permitieron observar esa señal, aunque remarcó que los números del segundo gravamen estuvieron atravesados por cambios internos, entre ellos la menor cantidad de días hábiles.

“Lo que te dice es que el nivel de actividad debería haber caído en agosto. Lo ves en el IVA, lo ves en el impuesto al cheque, pero también hay cambios internos; en este último hubo menos días hábiles”, afirmó la fuente. Si bien en agosto se diluyó el efecto de la cosecha y la minería mantuvo su actividad, la industria se vio afectada por el aumento de los costos y por la situación del sector energético. Ese escenario incentivó a las empresas a liquidar existencias y reducir la producción.

Bajo la perspectiva de la consultora LCG, los mayores recursos provenientes de Ganancias y el impuesto a los Combustibles “no fueron suficientes para más que compensar una nueva caída de la recaudación asociada directamente al consumo: IVA DGI bajó 3% anual real, en línea con el promedio de los 7 meses previos, y Créditos y Débitos se desplomó 9% anual real confirmando la caída pronunciada que había mostrado en julio (-11% a/a real)”.

Camilo Tiscronia, director de C&T Asesores Económicos, explicó que el IVA y el impuesto al cheque son los tributos que habitualmente se utilizan para obtener una imagen aproximada de lo que ocurre con la actividad. De todos modos, el analista económico aclaró que esa relación no debe interpretarse de forma lineal ya que el monto recaudado también puede modificarse por la proporción de transacciones que se realizan dentro o fuera de la economía formal.

El economista señaló que, cuando la situación se complica, una parte de las transacciones puede pasar a circuitos informales. Ese cambio afecta la percepción de IVA y también los movimientos bancarios, porque ambas variables registran operaciones que circulan por canales formales. Por eso, un menor ritmo de recaudación en esos impuestos puede convivir con transacciones que no quedan reflejadas en las estadísticas tributarias. El analista reiteró que la relación entre los impuestos y el nivel de actividad no es perfecta, pero consideró que las cifras de agosto mostraron cierta debilidad.

Luego de dos años de retroceso, el turismo internacional comenzó a mostrar señales de recuperación. El movimiento registrado en lo que va de 2026 responde a una combinación de elementos que modificó la dinámica del sector, con cambios en el origen y el perfil de quienes eligen el país como destino.

En julio, la llegada de viajeros no residentes aumentó un 9% interanual, con Brasil como emisor más relevante, mientras que en los primeros siete meses del año el incremento acumulado fue del 8%. De esta manera, ya son 3,4 millones los turistas extranjeros que ingresaron a la Argentina en dicho período.

La relación entre turismo emisivo y receptivo muestra que, por cada visitante internacional que arribó al país, 2,1 argentinos viajaron al exterior. Este desequilibrio es similar al observado en 2018, aunque bastante menor que el de 2025, año en que ese cociente había tocado un máximo de 2,6.

Además, según datos oficiales, Argentina registró una afluencia récord de turistas de países no limítrofes durante el primer semestre de 2026, con 1.434.001 visitantes. Esta cifra representa el mejor resultado de los últimos 25 años y supera la marca alcanzada en 2019.

Como posibles causas del fenómeno, Marcos Cohen Arazi, investigador del Ieral, destacó la fuerte mejora en la conectividad, una mayor simplicidad en materia cambiaria y avances en algunos aspectos vinculados con la seguridad.

Gabriela Ferucci, presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), remarcó el auge de los viajes de larga distancia, debido al aumento de la oferta de asientos desde el exterior hacia la Argentina, y la devaluación del real, que incentivó la demanda brasileña.

Paula Cristi, gerenta general de Despegar, dijo a este medio: “Entendemos que ese crecimiento responde a la convergencia de varios factores. En primer lugar, la mayor conectividad aérea internacional, con nuevas rutas y aerolíneas y el incremento de frecuencias, amplió las alternativas para viajar desde Europa, Estados Unidos y otros mercados de larga distancia″.

Por otro lado, consideró que el país “reúne atributos muy valorados a nivel global, como su diversidad de paisajes, la gastronomía, el enoturismo, las propuestas de naturaleza y aventura, y la posibilidad de combinar distintas regiones”.

Fuentes del rubro advierten que el perfil del turista mutó: ya no se trata principalmente de visitantes regionales atraídos por la conveniencia del tipo de cambio, sino de personas provenientes de Europa, Estados Unidos y Asia, con un mayor poder adquisitivo, menos sensibles a las variaciones en la cotización del dólar y que suelen tener estadías más prolongadas.

Cohen Arazi coincidió: “El tipo de cambio, relativamente bajo, hace que el turismo que venía esencialmente por una ventaja de precios se contraiga. Esto se refleja especialmente en la caída de los viajes terrestres (-4%)”. En contraposición, el ingreso por vía aérea subió 19% interanual en los primeros 7 meses del año.

Pese al aumento en el flujo de extranjeros y la retracción de los residentes que vacacionan en el exterior, el saldo de la balanza turística volvería a ser deficitario, con un rojo proyectado de entre USD 5.700 y USD 6.200 millones para 2026. De todos modos, representa una mejora en relación con 2025, cuando ascendió a USD 7.200 millones.

“La capacidad instalada del país tiene potencial para generar más divisas y seguir reduciendo el déficit, pero para ello resulta necesario continuar fortaleciendo la competitividad de manera estructural. La oferta privada viene adaptándose al nuevo contexto y el atractivo natural de Argentina se vuelve muy propicio para la expansión de la actividad”, subrayó el Ieral.

“La desregulación y la reducción de la inflación contribuyen al funcionamiento del sector, aunque la política cambiaria no ayuda a consolidar su posición competitiva, debido a la fuerte apreciación de la moneda derivada del plan de estabilización. En ese marco, es necesario mejorar la infraestructura, la conectividad y el funcionamiento de los pasos fronterizos”, agregó.

Asimismo, el estudio apuntó que es fundamental ampliar el crédito para estimular la inversión y eliminar las distorsiones del sistema tributario.

La industria manufacturera argentina enfrenta un proceso de transformación, marcado en gran medida por los cambios registrados a nivel macroeconómico desde la llegada de Javier Milei al gobierno.

Algunos rubros, como el petróleo, la minería y la industria alimenticia, han logrado aprovechar el nuevo escenario y vienen creciendo con fuerza, pero muchos se encuentran en una situación que los propios actores consideran “crítica”. Empresarios y cámaras alertan por la caída del empleo, aumento de importaciones y la pérdida de competitividad.

La actividad fabril acumuló una caída interanual de 1,9% en el primer semestre de 2026 y de 11,8% frente a enero-junio de 2023.

El uso de la capacidad instalada, otro indicador central para medir el desempeño fabril, alcanzó en junio 59,1%, es decir que 4 de cada 10 máquinas de la industria permanecen sin utilizarse. El guarismo se ubica 9,5 puntos porcentuales por debajo del nivel de junio de 2023.

La dinámica laboral acompañó ese proceso. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 97.312 puestos de trabajo registrados en unidades productivas industriales, una caída de 8%. En ese período, la cantidad de empresas manufactureras con trabajadores registrados pasó de 49.622 a 45.602, una reducción de 4.020 firmas.

La mirada de las pyme

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), advirtió sobre las consecuencias de esta situación: “La crisis en el consumo masivo y la caída en los ingresos de los trabajadores se seguirán agravando si no le ponemos un freno a la ola de embargos y concursos preventivos que ya azota al entramado pyme. Tenemos que llevar a la Argentina hacia una estrategia en conjunto para encontrar un camino sostenible que nos saque de la recesión y recupere a la clase media de la mejor manera: consensuando y sin que esto signifique generar más inflación”.

“El dumping es ilegal. Hoy ingresan productos declarados a un menor precio de su valor real porque no hay precios de referencia en la Aduana. Que quede claro: para un industrial pyme argentino que cumple con todas sus obligaciones, el dumping importador es lisa y llanamente evasión de impuestos”, comentó.

El aluvión importador

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) hizo un análisis del impacto que la apertura comercial está teniendo para la industria, por considerar que es “acelerada y sin planificación”.

En los primeros seis meses de 2026, el ingreso de manufacturas alcanzó USD 5.362 millones, el nivel más alto para ese período desde que existe registro. El máximo histórico correspondía a 2018, cuando las importaciones de bienes de consumo habían llegado a USD 4.443 millones.

Diez actividades económicas explicaron el 84,7% del total importado en la primera mitad del año. Los mayores incrementos, respecto del mismo período de 2023, se registraron en electrodomésticos, baterías y lámparas (109,2%), prendas de vestir (86,3%), motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte (67,6%), productos alimenticios (51,9%) y farmacéuticos (27%). Entre esos cinco rubros concentraron el 45,5% del total del segmento.

¿Cuáles fueron las consecuencias? Varias empresas tuvieron problemas para competir. Por citar un ejemplo, el Indec informó que en junio la producción de aparatos de uso doméstico sufrió una baja interanual de 22,9%, debido, principalmente, a la menor producción de heladeras y freezers y de lavarropas.

También la industria textil, que en los primeros seis meses de este año cayó 10,8%, ha expresado que tiene dificultades para competir con los productos importados.

“El Gobierno debe tomar medidas contundentes que pasen por recuperar el equilibrio de las importaciones, a través de controles estrictos y de una estrategia integral que transparente los flujos de comercio. El verdadero respeto por la producción nacional se demuestra en la práctica, y se basa en controlar la ilegalidad que hoy existe en los procesos de importación”, dijo el presidente del IPA.

Competitividad y productividad

El 2 de septiembre se conmemoró el Día de la Industria, fecha que utilizó Emiliano Bonfiglio, CEO de Anclaflex, para plantear la necesidad de que las empresas revisen permanentemente su forma de producir.

Según explicó, el escenario actual llevó a que los márgenes se ajusten y a que las compañías deban repensar sus costos y estructuras: “Frente a esa realidad, producir más ya no alcanza. El desafío ahora es hacerlo mejor, con mayor productividad y principalmente sin resignar calidad”.

Bonfiglio explicó qué hace falta para dar ese salto: “La competitividad se construye, en buena medida, puertas adentro: en la capacidad de innovar, adaptarse y encontrar nuevas formas de hacer las cosas sin perder aquello que distingue al producto”.

“Medirse con productos y compañías de otros países obliga a revisar nuestros propios estándares de calidad, precio, productividad y eficiencia. También demuestra que las empresas argentinas que logran desarrollar esas capacidades pueden competir más allá del mercado local”.

Oliver Maltz, presidente del Movimiento Industrial, dijo a Infobae al Regreso que uno de los principales problemas para las empresas es la combinación de costos crecientes, menor consumo y pérdida de rentabilidad. “Hay sectores como energía, minería que están reaccionando y sectores más castigados que dependen más del consumo interno como el textil, el calzado, los metalúrgicos”, explicó.

Las medidas más relevantes del Gobierno de Milei

El CEPA repasó algunas de las medidas de política económica que impactaron sobre el entramado productivo desde diciembre de 2023. Entre ellas aparece la suba del Impuesto PAIS del 7,5% al 17,5% al inicio de 2024. “Eso tuvo un impacto directo y significativo en los costos de importación de insumos esenciales para la producción, afectando especialmente al sector pyme industrial”. Sin embargo, el 22 de diciembre de 2024 se eliminó.

CEPA también se refirió a la derogación de la Ley de Compre Nacional a través del DNU 70/2023, una normativa que, según su criterio, “generaba una preferencia por los productores locales por sobre los extranjeros”, además de la baja de aranceles de importación para productos de línea blanca, neumáticos e insumos plásticos, y la posterior reducción al 12,6% de los aranceles para 29 bienes de capital.

Asimismo, el CEPA aseguró que hubo un “aumento de tarifas de luz y gas de forma indiscriminada al inicio de la actual administración, y sin un abordaje estratégico considerando el mundo pyme industrial”.

La expectativa por la minería

Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), planteó durante una conferencia titulada “Minería e Industria Nacional: proveedores, tecnología y valor agregado” la oportunidad que representa el sector para la generación de empleo en la industria: “La minería no va a resolver todos los problemas de empleo, pero puede ser importante para que las personas que están fuera del sistema se incorporen”.

Cacciola remarcó que la actividad minera no se limita a la extracción de recursos: “El extractivismo es la primera fase, pero es una industria. Es algo que transforma la piedra en algo comercializable a través de un proceso industrial. Y esto significa que de alguna manera hay mucha gente involucrada en los proyectos mineros”.

El presidente de CAEM sostuvo que las inversiones anunciadas en los últimos meses pueden traccionar a otros sectores productivos: “Se cree que el proceso minero termina en una extracción, pero no. Es terminar un producto que puede generar valor importante al país. La industria nacional, y es para lo que trabajamos, tiene que ser un actor fundamental”.

“Se calcula que, por lo menos, por cada operario que hay en un yacimiento, hay cuatro trabajando indirectamente para la minería. Entonces, sí; la minería está siendo una actividad que genera empleo sistemáticamente también”, contó Cacciola.

Por supuesto, dentro de la ecuación entre minería e industria, aparece en escena el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que concentra proyectos multimillonarios en minería, petróleo y gas y promete movilizar nuevos desembolsos durante los próximos años. Sin embargo, una encuesta de la Fundación Observatorio PyME reveló que apenas 4,7% de las pequeñas y medianas empresas participa como proveedora directa o indirecta de iniciativas vinculadas con el régimen.

Las importaciones vinculadas a los proyectos adheridos al RIGI acumularon cerca de USD 460 millones hasta agosto y registraron un salto de unos USD 140 millones en ese mes, según una compilación de datos realizada por Federico Bernini, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA).

La aceleración aparece en un momento de creciente tensión entre el Gobierno y la industria, que reclama alivio frente al costo argentino, mejoras de competitividad y reglas que preserven el desarrollo de proveedores locales.

El cruce entre ambas dinámicas quedó expuesto en la última semana durante el Día de la Industria. En la celebración organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), empresarios de distintos sectores respaldaron tanto el RIGI como el rumbo macroeconómico del Gobierno, pero advirtieron que la baja de la inflación y el orden fiscal no alcanzan para recomponer la actividad, el crédito ni el consumo.

En ese marco, el avance de las compras externas asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) empezó a sumar un nuevo eje a la discusión, porque fueron en agosto más del doble del récord mensual previo y el equivalente a una porción sustancial de todo lo importado desde enero de 2025.

Aun con esa aceleración, el volumen importado todavía luce acotado frente a la magnitud total del régimen. Los USD 462 millones acumulados hasta agosto equivalen a casi 1% de los USD 47.073 millones de inversión comprometida por los 22 proyectos aprobados. Detrás de los anuncios y las aprobaciones, distintos análisis privados sostienen que el impacto sobre la economía real sigue siendo incipiente y que la discusión de fondo pasa por cuánto de ese despliegue podrá traducirse en obra, producción y proveedores locales.

La serie también deja ver que el proceso tuvo un arranque lento. Durante los primeros meses de 2025 los montos fueron reducidos y estuvieron concentrados en pocos proyectos. La curva empezó a empinarse desde septiembre del año pasado y mostró una aceleración más marcada en el segundo trimestre de 2026, cuando se amplió la cantidad de iniciativas que comenzaron a registrar compras al exterior.

VMOS encabeza el ranking y concentra la mayor parte de las compras

En el detalle por proyecto, VMOS aparece como el principal importador dentro del universo RIGI. Según la compilación de Bernini, el desarrollo vinculado al oleoducto de Vaca Muerta acumulaba hacia agosto alrededor de USD 175 millones en bienes importados. Detrás se ubicaban Rincón Mining, con una cifra cercana a USD 63 millones, y GEAR, con alrededor de USD 68 millones.

Más atrás figuraban Luz del Campo, con un acumulado del orden de USD 40 millones; Sidersa, en torno de USD 34 millones; y TGS, con una cifra próxima a USD 30 millones. El grupo de “Otros” reunía importaciones por alrededor de USD 55 millones, lo que muestra que el mapa comenzó a diversificarse a medida que avanzó la ejecución de los proyectos aprobados.

El peso de VMOS -actualmente en el tramo final de la obra que ya está al 80%- en la serie ayuda a explicar parte del perfil sectorial de las importaciones del régimen.

Hasta ahora, la mayor parte de las compras externas estuvo ligada a proyectos de energía, minería y, en menor medida, siderurgia. Se trata de actividades intensivas en bienes de capital, equipamiento y componentes de alto valor unitario, con una demanda que muchas veces no encuentra oferta local suficiente en escala, plazo o especificaciones técnicas.

La industria discute el lugar de los proveedores locales

En el acto por el Día de la Industria, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, planteó que el sector necesita un puente entre la estabilización macroeconómica y la recuperación de la economía real, con foco en actividad, crédito, infraestructura, energía y competencia desleal.

En los pasillos del encuentro, varios empresarios también insistieron con el impacto del contrabando y de la mercadería subfacturada sobre los precios internos.

Según publicó Infobae en la cobertura del evento, el propio Rappallini advirtió que en algunos rubros los productos que ingresan por circuitos irregulares representan entre 30% y 50% del mercado, y sostuvo que esa situación no puede considerarse libre competencia, sino una forma de competencia desleal. En ese clima, el despliegue de importaciones asociadas al RIGI añadió preocupación en ramas que buscan resguardar producción y empleo local.

La tensión, de todos modos, no pasa sólo por el volumen importado. Entre empresarios y especialistas aparece una pregunta más amplia sobre qué parte de esos grandes desembolsos puede canalizarse hacia fabricantes nacionales de equipos, bienes intermedios, servicios de ingeniería o montaje.

En otras palabras, el foco está puesto en cuánto derrame productivo puede quedar en la Argentina a medida que los proyectos aceleran.

Discusión sobre competitividad estructural

La evolución de las compras externas también funciona como una medida indirecta de la competitividad local.

Cuando un proyecto de gran escala opta por abastecerse fuera del país, la decisión puede responder a razones tecnológicas, a exigencias de plazo o a la inexistencia de producción nacional equivalente.

Pero también puede reflejar brechas de costos, financiamiento, presión tributaria o escala que limitan la capacidad de la industria argentina para integrarse a esas inversiones.

Por eso, el debate sobre el compre local no se agota en una defensa cerrada del mercado interno ni en una discusión ideológica sobre importaciones. En muchos casos, remite a condiciones concretas de productividad, logística, infraestructura, acceso al crédito y régimen impositivo.

La pregunta de fondo es si la Argentina puede capturar una porción mayor del negocio que generan los proyectos del RIGI o si la mayor parte de esa demanda se canalizará hacia proveedores externos.