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  • “Alternativa drástica”: industriales citrícolas advierten por las restricciones de gas y podrían frenar operaciones

    “Alternativa drástica”: industriales citrícolas advierten por las restricciones de gas y podrían frenar operaciones

    CÓRDOBA.- Hay problemas, por la baja de las temperaturas, con el servicio de gas natural en el norte del país. Desde la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) advirtieron su “preocupación” por “la falta de suministro de gas natural y la escalada desproporcionada de los costos energéticos” que ponen “en riesgo inminente la continuidad de la zafra y la campaña productiva 2026 en toda la región”.

    También el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, le envió una nota a la Secretaría de Energía, en la que plantea que, aunque todavía “no se han registrado temperaturas extremas que justifiquen una situación de emergencia, resulta nuevamente el norte el principal damnificado”.

    LA NACION consultó a la Secretaría a nivel nacional, a cargo de María Carmen Tettamanti, pero todavía no obtuvo respuesta. Abad sostuvo en la nota que le envió que la puesta en marcha de “cualquier medida vinculada” al abastecimiento energético debe contemplar “criterios de equidad federal y no profundizar “las asimetrías existentes entre las distintas regiones del país”.

    La comisión directiva de Acnoa señala que, después de las gestiones “de urgencia” impulsadas junto a la Provincia en mayo, “los compromisos de abastecimiento previstos para la zona norte del país se han visto gravemente resentidos por el nuevo reordenamiento energético nacional”. El comunicado añade que las industrias de Tucumán enfrentan “restricciones severas, habiendo ingresado las plantas procesadoras en un esquema de ‘rampa 0’, hasta nuevo aviso”.

    En ese contexto, subrayan que la situación “obliga” a las industrias citrícolas a evaluar “la alternativa drástica de detener por completo sus operaciones, ya que la disponibilidad de Gas de Cuenca Norte, que se pudo conseguir en mayo” no es suficiente para sostener los procesos productivos”.

    Los productores citrícolas añaden que “la actual política del país obliga hoy al sector productivo a volcarse al mercado internacional para adquirir Gas Natural Licuado (GNL)”, lo que representa “un impacto económico inviable: el precio internacional del GNL escaló hasta los US$24 por millón de BTU, cuadruplicando e incluso quintuplicando los costos del gas de red competitivo necesarios para sostener la actividad”.

    El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad
    El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel AbadGobierno de Tucumán

    En esa línea sostienen que, para el sector citrícola, procesar bajo estos precios internacionales de crisis representa “una pérdida pura que destruye la competitividad y resulta imposible de trasladar al precio final de nuestros productos de exportación. El freno total o parcial de la industria del limón paralizará las exportaciones y el ingreso de divisas en el momento más crítico de una zafra que es netamente estacional”.

    Advierten que el impacto social será “inmediato y devastador, ya que afectará de manera directa a 50.000 trabajadores directos e indirectos; al tratarse de una actividad de temporada, la pérdida de la cosecha actual representa un daño económico que ya no podrá recuperarse en el resto del año”.

    Acnoa solicita, “con extrema urgencia, la intervención efectiva de las autoridades nacionales, provinciales y de las distribuidoras energéticas para restablecer la capacidad firme asignada y asegurar tarifas razonables que impidan el cese de una actividad que es el motor económico del noroeste argentino”.

    Otro pedido

    A ese reclamo se sumó el cuestionamiento de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), que precisó su “profunda preocupación por las restricciones” y consideró que se trata de “una decisión que compromete la producción, el empleo y la competitividad de las economías regionales”.

    La Unión Industrial de Tucumán (UIT), que precisó su “profunda preocupación por las restricciones” y consideró que se trata de “una decisión que compromete la producción, el empleo y la competitividad de las economías regionales”
    La Unión Industrial de Tucumán (UIT), que precisó su “profunda preocupación por las restricciones” y consideró que se trata de “una decisión que compromete la producción, el empleo y la competitividad de las economías regionales”fernando-font-18792

    “Esta situación obliga a numerosas empresas a afrontar costos extraordinarios, llegando incluso a pagar por gas importado valores cercanos a los U$S27 por millón de BTU, mientras en otras regiones del país ese mismo insumo ronda los U$S3″, añade la entidad.

    El ministro Abad detalló que, según la información de la empresa Naturgy, Tucumán “se encuentra con restricción del 70% a la industria” y el miércoles se pasa “a ‘rampa 0′ que no es corte inmediato, sino que en un par de días estaremos en 0 gas, tiempo para evitar que se afecten equipos. La defensa de la industria tucumana, del empleo y del desarrollo productivo regional constituye una prioridad indeclinable para este Gobierno”.

  • Autoridades recorrieron las viviendas que se construyen en Piedras Blancas

    Autoridades recorrieron las viviendas que se construyen en Piedras Blancas

    En la oportunidad, se explicó el nuevo procedimiento para la adjudicación y venta de las unidades, que presentan un importante grado de avance y se encuentran próximas a ser entregadas con financiamiento del programa Ahora Tu Hogar.

    Durante la recorrida, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, estuvo acompañado por el intendente Fabricio Mesquida y el director de Desarrollo Humano y Hábitat de la repartición, Julián Burzaco. Las autoridades observaron el desarrollo de los trabajos y dialogaron sobre el progreso de la obra, así como también sobre la metodología de adjudicación y venta de las viviendas.

     

    El titular del organismo señaló que esta visita “va en concordancia con lo que el gobernador Rogelio Frigerio nos pide, que es gobernar desde el territorio, y nos pone frente a los problemas que debemos ir resolviendo durante la gestión”.

     

    Asimismo, indicó que “cada unidad habitacional que construimos implica no solo que una familia tenga un hogar, sino también que se active la economía local mediante la compra de materiales y la generación de mano de obra”. Y agregó: “Estas obras son las que nos permitirán cambiar la vida de muchas familias que esperan acceder a su casa propia y brindarles a sus hijos un futuro con mayor bienestar”.

     

    Finalmente, Schönhals destacó que “las 18 viviendas que la provincia construye en Piedras Blancas con fondos provinciales, en el marco del programa Ahora Tu Hogar, cuentan con más del 90 por ciento de avance”, por lo que se encuentran próximas a su finalización y posterior entrega.

  • "Exceso". La justicia anuló un DNU de Milei que dio facultades a Migraciones para otorgar la ciudadanía argentina

    "Exceso". La justicia anuló un DNU de Milei que dio facultades a Migraciones para otorgar la ciudadanía argentina

    La Cámara Nacional Electoral anuló el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 366/2025, que había asignado a la Dirección Nacional de Migraciones la competencia para otorgar la ciudadanía argentina. La medida considera que dicha norma fue dictada en exceso de las atribuciones que la Constitución Nacional confiere al Poder Ejecutivo Nacional.

    El tribunal sostuvo que, como la ciudadanía involucra el otorgamiento de derechos políticos a los solicitantes, la norma anulada regula aspectos que alteran cuestiones electorales que le están vedadas al Poder Ejecutivo.

    Entre sus puntos centrales, el decreto de Javier Milei reforzó el control migratorio, exigió seguro de salud para extranjeros, limitó el acceso gratuito a la salud y a la educación universitaria para quienes no fueran residentes permanentes y estableció impedimentos más estrictos para el ingreso y la permanencia de extranjeros con antecedentes.

    El artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo y que el artículo 99, inciso 3°, en particular, le prohíbe expresamente dictar decretos de necesidad y urgencia en materia electoral, “bajo pena de nulidad absoluta e insanable”.

    Por otra parte, la Cámara señaló que no hay razones de “rigurosa excepcionalidad y urgencia” que tornaran imposible seguir el trámite legislativo ordinario, que es el único supuesto que habilita constitucionalmente el dictado de este tipo de normas.

    Los tribunales deben resguardar el principio de jerarquía normativa, dice el fallo, que les impone aplicar la ley frente a un decreto que la modifica con exceso de facultades constitucionales.

    Así, el Tribunal resolvió declarar la nulidad del decreto 366/2025, revocar la sentencia de primera instancia que había rechazado la solicitud de ciudadanía de un comerciante chino y resolvió otorgársela.

    Además, los jueces resolvieron comunicar lo decidido al Ministerio de Seguridad para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones e informe del fallo a los jueces federales con competencia electoral de todo el país.

    El decreto fue dictado el 28 de mayo de 2025 y fue firmado por Javier Milei. La norma trasladó a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina por naturalización, una atribución que desde 1869 estuvo en manos de los jueces federales.

    El origen del fallo

    El fallo, firmado por los jueces Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, fue motivado por la apelación de Liping Yang, un comerciante chino radicado desde hace once años en Oro Verde, Entre Ríos, a quien un juzgado federal le había rechazado la carta de ciudadanía por tener una orden de expulsión dictada por la Corte Suprema que, sin embargo, nunca se efectivizó.

    El DNU 366/2025 modificó también la Ley de Migraciones, la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Nacional.

    En materia de ciudadanía, trasladó la facultad de otorgar la nacionalidad de los jueces federales a la Dirección Nacional de Migraciones y exigió que los dos años de residencia previa fueran no solo continuos, sino también legales y sin salidas del país.

    La Cámara entendió que, al modificar quién decide sobre la ciudadanía -condición que habilita el ejercicio de los derechos políticos-, el decreto invadió esa zona vedada.

    El fallo fue más allá: examinó los propios fundamentos del DNU y concluyó que las razones esgrimidas por el Gobierno —la sobrecarga de recursos judiciales, la necesidad de mayor control— constituían argumentos de “oportunidad, mérito o conveniencia” propios de una decisión legislativa ordinaria, no la situación de urgencia excepcional que la Constitución exige para saltear al Congreso.

    En ese sentido, citó antecedentes de la propia Corte Suprema sobre los límites a las facultades legislativas del Ejecutivo.

    El tribunal también recordó que esta era la primera vez que se le planteaba la cuestión, y que jueces de primera instancia ya habían declarado la inconstitucionalidad del decreto en casos similares, lo que tornaba necesario unificar el criterio para todo el fuero electoral del país.

    Con el aval del dictamen fiscal, la Cámara tuvo por acreditado que Yang ingresó al país en septiembre de 2015, no registra antecedentes penales aquí ni en China, abrió un supermercado, tributa en Argentina y vive en Oro Verde junto a su esposa e hijos.

  • El dólar subió 5% en junio y le ganó a la inflación por primera vez desde octubre de 2025

    El dólar subió 5% en junio y le ganó a la inflación por primera vez desde octubre de 2025

    En junio se reactivó la demanda de divisas.

    El cierre del mes volvió a registrar un muy importante monto de operaciones por USD 836,4 millones en el segmento de contado de la plaza mayorista, con una ganancia marginal de 50 centavos, a 1.482 pesos. El dólar oficial anotó en junio una suba de 74 pesos o 5,3 por ciento.

    El Banco Central fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.806,92: el tipo de cambio oficial quedó negociado a 324,92 pesos o 21,9% de ese límite para la flotación administrada.

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    El billete al público subió cinco pesos o 0,3% en el Banco Nación, a $1.500 para la venta, el precio más alto desde el 24 de octubre, con lo que acumuló un incremento de 70 pesos o 4,9% en junio. En el primer semestre el dólar minorista avanza 20 pesos o 1,4%, muy lejos de la inflación del período, en torno a 16% acumulado.

    La suba de la cotización de la moneda de Estados Unidos este martes estuvo en línea con el sendero ratificado a lo largo todo el mes, en el que acumuló una ganancia que superó a la inflación por primera vez desde octubre, cuando la escalada cambiaria que se produjo durante las elecciones de medio término exigió la intervención directa del Tesoro de EEUU en el mercado de cambios doméstico.

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    La cotización informal del dólar ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.515 para la venta. En el mes de junio el dólar blue extendió la ganancia de 85 pesos o 5,9 por ciento.

    “El fin del carry trade que señalamos a principios de junio fue tomando forma durante el mes. Pese a la mayor liquidación del agro, el BCRA moderó el ritmo de compras y el tipo de cambio aceleró su marcha. En ese contexto, el mercado en pesos absorbió el movimiento sin grandes sobresaltos, aunque esperamos presión al alza sobre las tasas”, afirmó Justina Gedikian, analista senior de Renta Fija de Cohen Aliados Financieros.

    “La presión sobre el dólar observada en junio tiene raíces en un proceso que lleva meses. El tipo de cambio real acumula una caída superior al 9% en lo que va del año, y la suba del oficial entre mayo y junio apenas recuperó 1,8% de ese movimiento. También influye el contexto internacional, dado que el dólar comenzó a fortalecerse frente a todas las monedas. Con el tipo de cambio real todavía lejos del nivel de inicio de año, la liquidación del agro moderándose hacia el segundo semestre y la demanda importadora dando señales de reactivación, el dólar tiene margen para seguir corrigiendo”, consideró Gedikian.

    Un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia precisó que “la menor oferta del sector agropecuario y la desaceleración de la emisión de obligaciones negociables explicaron buena parte de la suba. Asimismo, la depreciación del Real brasileño (+3,3% en junio), en un escenario adverso para las monedas emergentes a nivel global (+2,6% el Dollar Index), también contribuyó a la depreciación del peso. En contraste, la moderación de las compras del Banco Central, que tuvo su segundo peor mes del año -solo detrás de enero- atenuó las presiones alcistas”.

    “El último staff report del FMI deslizó que las reservas deberían crecer USD 50.000 millones en los próximos dos años y medio para alcanzar el 85% de la métrica ARA (Assessing Reserve Adequacy, por sus siglas en inglés). En este caso, las reservas pasarían a representar 14,1% del PBI, ubicándose en línea con la media regional (+14,6%)“, enfatizaron desde el Banco Provincia.

    “Después que su posición vendida cayera fuertemente, el banco central argentino habría vuelto a intervenir en el mercado de futuros”, expresó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero. “Así, junto a la venta de bonos dollar linked, la idea es ofrecer cobertura cambiara para contener al dólar. La clave será encontrar un equilibrio entre un dólar no muy atrasado que impida acumular reservas ni muy adelantado que impida la desinflación”, añadió.

    “Los compromisos externos totales del Gobierno hasta fines del 2027 ascienden a unos 30.000 millones de dólares y se están encaminando medidas para financiarlo. Por ejemplo, garantías de entidades multilaterales para créditos privados por unos 5.000 millones de dólares, como otros bonos en danza”, dijo la consultora VatNet.

    “La gran duda es el grado de confianza local; la Formación de Activos Externos podría insumir otro tanto si continúa al ritmo actual y por los vaivenes políticos podría acentuarse”, recalcó el informe de VatNet.

  • Australia aumentará las sanciones a las plataformas que permitan el acceso de menores a redes socialesEl Gobierno anunció un endurecimiento del marco regulatorio y nuevas exigencias para las empresas tecnológicas, en medio del debate sobre la protección de niños y adolescentes en internet

    Australia aumentará las sanciones a las plataformas que permitan el acceso de menores a redes socialesEl Gobierno anunció un endurecimiento del marco regulatorio y nuevas exigencias para las empresas tecnológicas, en medio del debate sobre la protección de niños y adolescentes en internet

    El gobierno de Australia anunció una duplicación de las multas para las plataformas digitales que permitan que menores de 16 años abran cuentas en redes sociales, junto a un refuerzo del marco regulatorio y mayores atribuciones para el comisionado de Seguridad en Internet (eSafety). Según publicó WIRED, la sanción máxima alcanzará los AUD 99 millones.

    La decisión responde a la persistencia del acceso de menores a servicios como Facebook, Instagram y TikTok, un fenómeno que, de acuerdo con un estudio publicado por el British Medical Journal, sigue extendido pese a la prohibición en vigor desde diciembre de 2025.

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    El informe reveló que la mayoría de los menores continúa presente en plataformas digitales mediante el uso de cuentas falsas, identidades ficticias o perfiles abiertos a nombre de adultos. Las plataformas tecnológicas informaron el bloqueo de 4,7 millones de cuentas pertenecientes a menores en su esfuerzo por cumplir la ley.

    El primer ministro Anthony Albanese afirmó en declaraciones recogidas por WIRED que Australia lidera los intentos de protección en línea para niños y adolescentes, aunque reconoció: “Está claro que las grandes empresas tecnológicas no están haciendo lo suficiente para cumplir con la ley”.

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    El gobierno de Australia reforzó la regulación sobre redes sociales y amplió las atribuciones de eSafety para exigir informes y documentos a empresas, verificadores de edad y tiendas de aplicaciones (REUTERS/Hollie Adams)

    Por su parte, la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, sostuvo que las compañías utilizan tácticas para minimizar su responsabilidad y solo cumplen lo indispensable. “El regulador necesita más herramientas para exigir responsabilidades”, declaró Wells al mismo medio.

    El endurecimiento regulatorio incluye la ampliación de las facultades de eSafety, que podrá exigir informes y documentos a empresas, verificadores de edad y tiendas de aplicaciones para verificar las medidas aplicadas y confrontar las declaraciones de las compañías.

    El gobierno también identificó mecanismos de evasión utilizados por adolescentes australianos, como el uso de redes privadas virtuales (VPN), la suplantación de identidad y la apertura de cuentas con datos de adultos.

    Qué muestran los estudios sobre la prohibición

    Investigaciones citadas por el medio sobre el impacto de la prohibición demostraron que los cambios en los hábitos digitales de los jóvenes han sido marginales. El análisis, que evaluó a más de 400 adolescentes, señaló que “la exposición a la ley no generó efectos sustanciales en el uso de las redes sociales entre los menores de 16 años”.

    Las plataformas tecnológicas informaron el bloqueo de 4,7 millones de cuentas de menores, mientras el gobierno australiano estima que 5 millones de cuentas fueron desactivadas o limitadas (REUTERS/Hollie Adams)

    El informe señaló que la facilidad de acceso a dispositivos y la colaboración de adultos cercanos, como padres o hermanos, dificultan el cumplimiento estricto de la normativa. La presión social y la necesidad de permanecer conectados impulsan a los menores a buscar alternativas para no quedar fuera de los entornos digitales.

    Las autoridades australianas mantienen investigaciones activas sobre Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube por posibles incumplimientos de la legislación. El gobierno estima que, tras la entrada en vigor de la restricción, 5 millones de cuentas de menores fueron desactivadas o limitadas. A pesar de este dato, la ministra Wells enfatizó que el resultado es insuficiente y que las empresas tecnológicas deben rendir cuentas ante el regulador.

    El impacto internacional del modelo australiano

    El caso australiano ya tuvo efecto en la agenda internacional. Países como Reino Unido, Canadá, Francia, España, Dinamarca, Malasia, Noruega, India y Egipto discuten o implementan medidas inspiradas en la experiencia australiana, mientras que gobiernos estatales de México y Estados Unidos analizan propuestas similares.

    Los estudios sobre la prohibición en Australia indicaron que el impacto en el uso de redes sociales por menores de 16 años fue marginal y no produjo cambios sustanciales en sus hábitos digitales (REUTERS/Hollie Adams)

    El debate sobre la eficacia y los riesgos de la prohibición sigue abierto. WIRED recogió la postura de más de 370 especialistas de 30 países, quienes advirtieron que los sistemas de verificación de edad pueden fallar y comprometer la privacidad de los usuarios.

    El estudio citado concluyó que la capacidad de los adolescentes para sortear los controles técnicos y legales sigue alta, lo que limita el alcance de estas iniciativas regulatorias.

  • La Procuración le pidió a la Corte que le quite la pensión vitalicia a Cristina Kirchner por su condena en Vialidad

    La Procuración le pidió a la Corte que le quite la pensión vitalicia a Cristina Kirchner por su condena en Vialidad

    Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111, donde cumple la condena por el caso Vialidad

    El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó este martes que la Corte Suprema debería revocar el fallo que permitió a Cristina Kirchner volver a cobrar de manera provisoria la pensión vitalicia que percibe como viuda del ex presidente Néstor Kirchner. En un pronunciamiento de 13 páginas, el jefe del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la Cámara Federal de la Seguridad Social incurrió en una contradicción jurídica “insalvable” al restituir el beneficio y cuestionó que esa decisión desconociera los efectos de la condena firme por corrupción dictada contra la ex presidenta en la causa Vialidad.

    El dictamen se emitió en el expediente “Recurso de Queja N° 2 – Fernández, Cristina Elisabet c/ ANSES s/ nulidad de acto administrativo”, abierto luego de que la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenara devolver cautelarmente la pensión mientras continuó el juicio principal sobre la legalidad de la decisión de la ANSES de dar de baja ese beneficio. Aunque la opinión de Casal no es vinculante para los jueces del máximo tribunal, constituyó el último paso antes de que el máximo tribunal resuelva uno de los expedientes derivados de la condena contra la ex mandataria.

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    El texto de Casal adoptó los argumentos del fiscal general ante la Cámara Federal de la Seguridad Social y concluyó que la resolución cuestionada “encierra un insalvable antagonismo en su razonamiento, que impide sostenerla como acto judicial válido”.

    Para el procurador, la principal contradicción del fallo radicó en que los propios camaristas reconocieron que corresponde al juez de ejecución penal determinar el alcance de la condena y de la inhabilitación absoluta prevista en el artículo 19 del Código Penal, pero inmediatamente después resolvieron suspender la baja de la pensión mediante una medida cautelar dictada por otro fuero. A su criterio, esos dos razonamientos resultaron incompatibles entre sí y privaron a la sentencia de la “unidad lógico jurídica” que debe caracterizar a toda decisión judicial.

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    El procurador general Eduardo Casal

    Casal también sostuvo que la Cámara omitió analizar un aspecto central del planteo formulado por el Estado: el alcance del artículo 19 del Código Penal, que establece que las condenas a prisión superiores a tres años llevan aparejada la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, la cual importa “la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar”.

    Según el procurador, los camaristas no ofrecieron fundamentos suficientes para dejar de lado ese argumento y privilegiaron únicamente el carácter alimentario de la prestación. En cambio, afirmó que el fallo “pretende desconocer las consecuencias jurídicas de una sentencia penal firme, que impone a la actora la inhabilitación absoluta”. Agregó que una decisión de ese tipo “atenta contra el adecuado respeto que merecen las decisiones judiciales”, ya que impide que sus efectos sean obstaculizados mediante medidas cautelares dictadas en procesos diferentes.

    En el tramo final de su pronunciamiento, Casal amplió el alcance del planteo y sostuvo que la sentencia de la Cámara no solo presentó una contradicción interna sino que “suscita un grave conflicto institucional”, porque invadió la competencia de otro juez y desconoció los alcances de una sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada. Con esos argumentos, mantuvo el recurso de hecho presentado por el fiscal general y pidió a la Corte Suprema que revoque la cautelar que permitió a Cristina Kirchner volver a cobrar la pensión.

    El trasfondo del reclamo y la baja de la ANSES

    La discusión excedió el plano estrictamente previsional. Desde que decidió quitarle las prestaciones especiales a Cristina Kirchner, el Gobierno sostuvo que una condena firme por corrupción resulta incompatible con la percepción de beneficios creados para quienes ejercieron la Presidencia de la Nación y para los derechohabientes de los ex mandatarios. La defensa de la ex presidenta, en cambio, sostiene que la decisión de la ANSES -que depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello- carece de sustento legal suficiente y que la pensión mantiene naturaleza alimentaria, por lo que debe preservarse hasta que exista una sentencia definitiva.

    El origen de la controversia se remonta a noviembre de 2024. Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la ANSES resolvió dar de baja los dos beneficios especiales que percibía: la asignación mensual vitalicia por haber ejercido la Presidencia y la pensión vitalicia derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner, ambas comprendidas dentro del régimen especial previsto por la Ley 24.018.

    La decisión administrativa se adoptó bajo el argumento de que la condena por delitos de corrupción cometidos durante el ejercicio de la función pública hacía incompatible la continuidad de esas prestaciones. Posteriormente, la Corte Suprema dejó firme esa condena, circunstancia que el dictamen de Casal consideró determinante para analizar el alcance del artículo 19 del Código Penal.

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    Cristina Kirchner promovió una demanda para que se declarara la nulidad de la resolución administrativa de la ANSES. Mientras ese proceso avanzó, pidió una medida cautelar para recuperar provisoriamente la pensión como viuda de Néstor Kirchner.

    En una primera instancia, el planteo se rechazó en el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1. Sin embargo, en febrero de este año la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó esa decisión y ordenó restituir cautelarmente el beneficio. Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque entendieron que debía prevalecer el carácter alimentario de la prestación y que su suspensión podía ocasionar un perjuicio de difícil reparación mientras se resolvía el juicio principal. También sostuvieron que el alcance de la condena penal debía ser evaluado por el juez competente en materia de ejecución penal.

    Esa última afirmación fue uno de los puntos que el procurador cuestionó con mayor dureza. Según Casal, la Cámara incurrió en una contradicción al reconocer que la interpretación del artículo 19 del Código Penal corresponde al juez de ejecución y, al mismo tiempo, disponer una medida cautelar que, en los hechos, alteró provisoriamente las consecuencias de esa condena.

    Tras el fallo favorable a la ex presidenta, el Ministerio de Capital Humano anunció que recurriría la decisión. La ANSES presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revisara la cautelar. En abril, la propia Sala III rechazó ese planteo. La mayoría integrada por Russo y Fantini entendió que las resoluciones sobre medidas cautelares, como regla general, no constituyen sentencias definitivas que habiliten la instancia extraordinaria. La jueza Nora Dorado votó en disidencia y sostuvo que el recurso del Estado debía ser concedido.

    Ese rechazo dio origen al recurso de queja que se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema y sobre el cual dictaminó Casal.

    Con la opinión del procurador incorporada al expediente, la definición quedó ahora en manos del máximo tribunal. Los jueces deberán resolver si mantienen el criterio de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que restituyó provisoriamente la pensión mientras se sustancia el juicio principal, o si hacen lugar al planteo del Estado y del Ministerio Público Fiscal, que sostienen que la condena firme por corrupción y la inhabilitación absoluta impiden que Cristina Kirchner continúe percibiendo ese beneficio.

    La decisión de la Corte tendrá impacto más allá del caso particular de la ex presidenta. También fijará un criterio sobre el alcance de las consecuencias que una condena penal firme puede producir sobre las prestaciones especiales previstas para ex mandatarios y sus derechohabientes y sobre los límites que tienen otros fueros para adoptar medidas cautelares cuando esas decisiones pueden interferir con la ejecución de una sentencia penal firme.

  • Buques contra camiones, cambios en códigos y nueva ley de seguros: la apuesta para retomar la agenda de los “desreguladores” de Milei

    Buques contra camiones, cambios en códigos y nueva ley de seguros: la apuesta para retomar la agenda de los “desreguladores” de Milei

    Manejar la agenda, un objetivo de todos los gobiernos, se había convertido en una quimera para la administración de Javier Milei desde hace tres meses, cuando estalló y escaló el caso de Manuel Adorni. Se trata, ni más ni menos, de controlar con temas propios la conversación pública.

    Para amenizar el temario, los “desreguladores de Milei” preparan un paquete de proyectos que van desde cambios en el mercado de capitales, una profunda reestructuración de la ley de seguros, avance en las licitaciones de rutas y el inicio de una pelea de fondo. ¿De qué se trata? Pues de la modificación del esquema de transporte de cabotaje en barcos, algo así como la desregulación del transporte fluvial y marítimo entre puertos argentinos.

    Por estas horas, pese a que nunca se interrumpió el trabajo en el interior de los ministerios, varios proyectos de los desreguladores argentinos empiezan a tomar forma para avanzar. “Algunos por decreto, otros al Congreso, pero se avanzará rápido”, dicen en un despacho oficial que a diario pasa sus horas entre unas normas a derogar y otras a modernizar.

    Entre los ministerios de Desregulación y Transformación del Estado y el de Economía hay varias de esas iniciativas que empezarán a ver la luz. Por caso, el ministro Federico Sturzenegger ya anunció que se viene la desregulación del transporte comercial por barco entre puertos argentinos.

    Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del EstadoCRA

    “Se trata de una manera de fomentar el transporte a granel por agua, para bajar el desmedido costo logístico que tiene la Argentina”, dice uno de los desreguladores de Milei.

    El proyecto no es menor, ya que de un plumazo va contra los intereses de las empresas de navegación argentinas, los sindicatos, algunas profesiones como los prácticos y, como si fuera poco, a los camioneros, dueños y choferes. Pero si algo ha demostrado Stursenegger es que igual avanza pese a los adversarios, más allá de que después muchas de sus reformas son “amparadas” por la Justicia.

    Congestion de camiones por la cosecha en la zona del Gran RosarioMarcelo Manera

    El proyecto, que será enviado al Congreso, obviamente marcha hacia una desregulación y apertura de la navegación comercial marítima y fluvial. Los desreguladores tienen antecedentes en el mercado aerocomercial y es definitivo para entender qué es lo que viene. Si es posible volar entre dos ciudades argentinas en un avión con matrícula extranjera, dicen, ¿por qué no va a suceder lo mismo con los barcos? Es decir, permitir que un buque con bandera y tripulación de otro país una dos puertos locales, sean marítimos o a la vera del Paraná.

    Ese es el corazón del asunto, además de promover cambios en el régimen de los prácticos, una profesión de idóneos que suben a los barcos cuando llegan cerca de los puertos argentinos y le dan al capitán de la embarcación el asesoramiento necesario para entrar y salir de las terminales argentinas. Ese sistema está absolutamente regulado y tiene el contralor de la Prefectura Naval.

    Se vienen cambios en el sistema de la marina mercante argentinaMARCELO MANERA

    Respecto de la bandera, uno de los puntos neurálgicos, el intento del Gobierno de permitir el ingreso y la operación comercial entre dos puertos locales tiene, principalmente, una consecuencia: el régimen jurídico aplicable, sea para registración, para la ley laboral o para cuestiones impositivas, será el de la bandera de matrícula.

    Los gremios, claro está, miran estas iniciativas con ferocidad de león. Claro que suele haber dos discursos marcados entre los hombres de los sindicatos: el público y el que corre en voz baja con los funcionarios. De otra manera no se entendería cómo es posible que los combativos gremios aeronáuticos convivan casi con dulzura con los aviones matriculados fuera del país desde hace más de un año y que no haya habido más que algún chisporroteo mediático.

    En el Gobierno ponen ejemplos. Además de petróleo y alguna que otra cosa que pueda ir y venir desde Tierra del Fuego, sobresale la Hidrovía, desde el puerto de Rosario hacia arriba. Allí baja la producción de granos de Paraguay, el hierro de Brasil que va al puerto uruguayo de Nueva Palmira y, de acuerdo al nivel de los ríos, algo de soja de Bolivia. Las barcazas no llevan prácticamente nada de producción de la Argentina aguas abajo del Paraná.

    En ese punto, Sturzenegger y los suyos empezarán a pelear con los camiones. Menudo problema, ya que no solo el gremio no quiere saber nada de estos cambios, sino que tampoco las cámaras empresarias que representan a los dueños de los camiones. Se achica el negocio.

    Ni hablar de Vaca Muerta y uno de sus principales insumos. Por la Argentina, a diario, circulan centenares de camiones desde Entre Ríos a Neuquén con varias toneladas de arena. Además de detonar el asfalto con su peso, los coches con los acoplados batea son una pesadilla en las deterioradas rutas, como por caso la 14, la incómoda nacional 5, la “del desierto” y las de la cuenca neuquina.

    La idea de Sturzenegger es que parte de ese negocio se haga por agua, por el Paraná al Río de la Plata y por mar hasta algún puerto de la Patagonia. Desde ahí, sí, en camión.

    Cambios en seguros

    Otra de las iniciativas es avanzar con una reforma profunda en el sistema de contralor del mundo del seguro. Puntualmente, intentan cambiar el foco de la poderosa Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), un organismo que controla y autoriza toda la actividad.

    Si bien ahora algunos trámites son más ágiles que en otras épocas, las compañías de seguros prácticamente tienen que pedir autorización para todo. “Hasta para cambiar un potus de lugar le tienen que pedir permiso”, graficaba con ironía uno de los reguladores que trabaja en el asunto.

    Se busca cambiar el foco de la poderosa Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), un organismo que controla y autoriza toda la actividad.

    La fórmula que persigue el Gobierno es enfocar las funciones en las cuestiones más importantes que debería tener el sistema: la solvencia de las empresas que ofrecen contratos de seguros. Es decir, correr el foco en la aprobación de cuanto producto se quiera presentar al mercado para concentrarse en controlar los números de las compañías y flexibilizar todo lo que tenga que ver con nuevas ofertas de productos.

    Por ahora, la reforma del mercado de capitales es un tema que se maneja entre pocos en el Ministerio de Economía que maneja Luis Caputo, mientras que en Legal y Técnica, que está en la órbita del Poder Ejecutivo, está en marcha una iniciativa para modificar algunos artículos del Código Civil y Comercial, especialmente si se aprueba el proyecto de ley de Propiedad Privada.

    Finalmente, las rutas. En estas semanas estiman terminar con la concesión de mantenimiento de las rutas nacionales. La iniciativa de entregar rutas por peajes que está en marcha prácticamente no prevé obras de ampliación de la infraestructura vial, sino que se proyecta apenas con el mantenimiento de los corredores nacionales.

    Se vendrá, ni bien termine el proceso de privatización en marcha, otra serie de licitaciones con alrededor de 6000 kilómetros en los que sí se licitarán obras para sumar uno o dos carriles, algunos de ellos dentro de las concesiones que se licitan estos días.

    ¿Hay más? Seguramente empezarán a llegar los proyectos anunciados por Milei en el discurso del 1° de marzo, cuando inauguró el período ordinario de sesiones en el Congreso. Se trataba de diez proyectos de ley reformistas por ministerio.

    Pero esa vía legislativa se taponó por el caso Adorni y se llegó al punto en que el oficialismo no podía sentar el quórum porque en ese momento habilitaba, además de la discusión que se pretendía, la posibilidad de una moción de censura para el exjefe de Gabinete. En una palabra, se perdió la posibilidad de sacar alguna ley y, con ello, la posibilidad de imponer temas de agenda. Esa es una de las peleas de estos días.



  • La otra cara del Mundial: campaña de la ONU busca prevenir la violencia familiar durante la justaLa iniciativa, impulsada por ONU Mujeres, busca aprovechar el alcance del Mundial para visibilizar un problema que suele permanecer fuera de la conversación pública

    La otra cara del Mundial: campaña de la ONU busca prevenir la violencia familiar durante la justaLa iniciativa, impulsada por ONU Mujeres, busca aprovechar el alcance del Mundial para visibilizar un problema que suele permanecer fuera de la conversación pública

    La campaña “En equipo contra la violencia familiar”, impulsada por ONU Mujeres, UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Gobierno de México, busca aprovechar la visibilidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para sensibilizar sobre el posible aumento de la violencia familiar contra mujeres, niñas, niños y adolescentes durante los grandes eventos deportivos.

    En entrevista con Infobae, Andrea Cházaro, Oficial Nacional de Programas de ONU Mujeres en México, explicó que la iniciativa nació a partir de evidencia internacional que muestra que este tipo de competencias pueden reunir diversos factores de riesgo que favorecen la violencia dentro de los hogares.

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    La especialista señaló que el consumo excesivo de alcohol, la presión emocional y las normas sociales vinculadas con masculinidades nocivas son algunos de esos factores. Por ello, las agencias de Naciones Unidas decidieron utilizar el alcance del Mundial para impulsar acciones preventivas.

    Durante el mundial puede aumentar la violencia hacia las mujeres.

    “La inspiración detrás de esta campaña es utilizar un momento de fiesta colectiva para abrir una conversación que normalmente permanece fuera del espacio público”, afirmó.

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    Cházaro reconoció que uno de los principales retos durante el desarrollo del proyecto fue el tiempo disponible para su implementación. Aun así, destacó que lograron fortalecer alianzas con autoridades, voceras y embajadores, además de generar una respuesta positiva entre distintos sectores de la sociedad.

    Como parte de la estrategia participan figuras públicas como Ximena Sariñana, Karla Souza, Eréndira Ibarra, Mabel Cadena y Marion Reimers, quienes colaboran con ONU Mujeres desde hace varios años.

    A ellas se suman aliados de UNICEF, como Tania Rincón, las conductoras de Se Regalan Dudas y jugadores del Club Universidad Nacional.

    “Todas se han unido con el firme propósito de recordar que ninguna celebración debe traducirse en violencia dentro del hogar”, expresó.

    Ximena Sariñana es una de las embajadoras de la ONU que apoya esta iniciativa.

    Respecto a la evidencia estadística, la representante de ONU Mujeres aclaró que actualmente no existen metodologías homologadas que permitan comparar el comportamiento de la violencia familiar durante las Copas del Mundo de 2018 y 2022. Sin embargo, aseguró que este vacío representa una oportunidad para fortalecer la investigación en la materia.

    Explicó además que diversos estudios internacionales sí muestran un patrón consistente de incremento en los reportes de violencia familiar durante megaeventos deportivos.

    Es así que Andrea Cházaro citó como ejemplo una investigación realizada en Inglaterra, donde se documentó un aumento del 26% cuando el equipo de la persona agresora ganaba o empataba, y del 38% cuando perdía.

    “Esta evidencia nos permite identificar patrones de riesgo y fortalecer las acciones preventivas”, señaló.

    Una mujer con cabello oscuro y rasgos latinos se cubre el rostro con las manos mientras un puño cerrado impacta una mesa de madera oscura.

    Asimismo, indicó que no existe una clasificación internacional que permita identificar qué país registra más casos de violencia asociados a competencias deportivas, debido a que los estudios disponibles utilizan metodologías distintas.

    Aun así, enfatizó que el fenómeno ya ha sido documentado en diversos contextos y merece atención independientemente del lugar donde ocurra.

    Uno de los hallazgos que más llamó la atención de ONU Mujeres fue que el incremento de la violencia no depende exclusivamente del resultado del partido.

    No estamos hablando del fútbol como generador de violencia, sino de factores sociales y emocionales que intensifican violencias preexistentes”, puntualizó.

    También mencionó otra investigación que encontró que, cuando existe consumo de alcohol, los casos de violencia familiar aumentan hasta un 47% durante los días de partido e incluso pueden extenderse hasta el día siguiente.

    Interior de un bar deportivo con muchos aficionados brindando y celebrando con vasos de cerveza alrededor de una Copa del Mundo. Pantallas muestran fútbol al fondo.

    Sobre las consecuencias para niñas, niños y adolescentes, Cházaro explicó que crecer en un entorno violento afecta su bienestar emocional, la sensación de seguridad y la forma en que se relacionan con otras personas, incluso cuando no son víctimas directas de las agresiones.

    “Garantizar hogares libres de violencia es una responsabilidad compartida”, sostuvo.

    La funcionaria también habló sobre algunas señales que pueden alertar a familiares o vecinos sobre una posible situación de violencia, entre ellas escuchar gritos, golpes o discusiones constantes, detectar cambios de comportamiento en niñas, niños y adolescentes, así como observar aislamiento, miedo o un control excesivo dentro del hogar.

    “Mucha gente que vive violencia no puede pedir ayuda. Por eso la atención a estas señales y el acompañamiento responsable pueden incluso salvar vidas”, advirtió.

    Ante las personas que dudan en denunciar por no contar con pruebas suficientes, Andrea Cházaro subrayó que no es necesario esperar a tener evidencia concluyente para activar mecanismos de protección. “La sospecha razonable es suficiente para activar los mecanismos de protección”, afirmó.

    Una mujer de cabello oscuro, sentada en una silla, tiene las manos unidas sobre sus rodillas en una habitación con poca luz y una pared deteriorada.

    Explicó que quienes requieran orientación pueden comunicarse a la Línea de las Mujeres, marcando 079, opción 1, donde reciben atención psicológica y jurídica las 24 horas. En caso de que exista un riesgo inmediato para la vida o la integridad de una persona, recomendó llamar al 911.

    Finalmente, hizo un llamado para que la Copa Mundial sea una oportunidad para fortalecer la convivencia familiar. “Ningún resultado deportivo, ninguna emoción y ninguna frustración justifican la violencia”, concluyó, al recordar que “la violencia familiar no es parte del juego”.

  • La Cámara Electoral anuló el DNU de Milei que transfería a Migraciones el otorgamiento de la ciudadanía argentina

    La Cámara Electoral anuló el DNU de Milei que transfería a Migraciones el otorgamiento de la ciudadanía argentina

    La Cámara Nacional Electoral anuló el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei que había transferido a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina, una competencia que históricamente ejercieron los jueces federales. El tribunal concluyó que esa modificación avanzó sobre una materia expresamente vedada por la Constitución para los decretos de necesidad y urgencia y, además, sostuvo que el Poder Ejecutivo no acreditó la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran eludir el trámite legislativo ordinario.

    La decisión fue adoptada al resolver el caso de Liping Yang, un ciudadano chino cuya solicitud de carta de ciudadanía había sido rechazada por el juez federal con competencia electoral de Entre Ríos. Al revisar ese expediente, la Cámara no solo revocó esa resolución, sino que aprovechó el caso para pronunciarse sobre la validez constitucional de las modificaciones introducidas por el DNU 366/2025 en el régimen de ciudadanía.

    El fallo también dispuso comunicar la sentencia al Ministerio de Seguridad Nacional para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones sobre lo resuelto y ponerla en conocimiento de todos los jueces federales con competencia electoral del país, con el objetivo de unificar criterios respecto de la aplicación del decreto.

    Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Javier Milei votando

    Uno de los ejes centrales de la sentencia fue que el otorgamiento de la ciudadanía no constituye una cuestión exclusivamente migratoria, sino que mantiene una relación directa con el ejercicio de los derechos políticos.

    Según explicó el tribunal, modificar quién tiene la atribución de conceder la ciudadanía implica alterar el régimen previsto por el Congreso para el acceso a esos derechos.

    “Al modificar la atribución de los juzgados para decidir respecto del otorgamiento o no de la ciudadanía argentina altera el régimen establecido por el legislador para la adquisición de los derechos políticos”, sostuvieron los jueces.

    A partir de ese razonamiento, la Cámara recordó que la Constitución Nacional establece límites expresos a la utilización de los decretos de necesidad y urgencia.

    En particular, señaló que el artículo 76 prohíbe la delegación legislativa fuera de los casos autorizados por la propia Constitución y que el artículo 99, inciso 3°, impide al Poder Ejecutivo dictar DNU en materia electoral.

    En uno de los párrafos más contundentes de la sentencia, el tribunal sostuvo que la supresión por decreto de la competencia judicial para otorgar la ciudadanía “encuadra en el supuesto vedado por el artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional, en cuanto establece que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.

    La Cámara también desarrolló un extenso análisis sobre el concepto jurídico de ciudadanía y su vínculo con el sistema democrático.

    Para ello citó a constitucionalistas como Segundo V. Linares Quintana, Germán Bidart Campos y Gregorio Badeni, además de textos de Juan Bautista Alberdi y José Manuel Estrada, para concluir que la ciudadanía constituye el vínculo jurídico-político que habilita a una persona a ejercer los derechos políticos.

    En ese marco, el fallo afirmó que la ciudadanía es una condición indispensable para participar en el proceso democrático y recordó que las normas electorales ocupan un lugar especialmente protegido dentro del ordenamiento constitucional.

    Elecciones bonaerenses 2025 genericas votacion urnas padrones mesas

    Los jueces señalaron que el artículo 77 de la Constitución exige mayorías especiales para aprobar leyes electorales y que el artículo 99, inciso 3°, excluye expresamente esa materia del régimen de decretos de necesidad y urgencia.

    Esa jerarquía normativa se fundamenta en que las normas electorales regulan lo referente a la expresión de la voluntad popular a través del sufragio”, afirmó la sentencia, al destacar que allí descansan principios como la soberanía popular y la forma republicana de gobierno.

    Otro de los aspectos centrales del pronunciamiento fue el examen de las razones invocadas por el Gobierno para justificar el dictado del DNU 366/2025.

    En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo había sostenido que la Dirección Nacional de Migraciones era el organismo más adecuado para verificar la pertinencia del otorgamiento de la ciudadanía y que resultaba irrazonable que ese trámite continuara en la órbita del Poder Judicial.

    Sin embargo, la Cámara consideró que esos argumentos respondían a criterios de oportunidad administrativa y no a una verdadera situación de emergencia constitucional.

    Como se advierte, tales consideraciones expresan razones de oportunidad, mérito o conveniencia que incumben a la decisión del Poder Legislativo”, sostuvo el tribunal.

    Y agregó que esos fundamentos “no alcanzan para poner en evidencia que el dictado del decreto en cuestión haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia”.

    Por el contrario, la Cámara concluyó que el objetivo perseguido era modificar de manera permanente el régimen de otorgamiento de la ciudadanía sin pasar por el Congreso.

    En ese sentido, afirmó que las razones expuestas por el Poder Ejecutivo “traducen la decisión de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé”.

    Elecciones bonaerenses 2025 genericas votacion urnas padrones mesas

    El tribunal recordó además la doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el alcance de los decretos de necesidad y urgencia.

    Citó precedentes del máximo tribunal que establecen que el Poder Ejecutivo solo puede ejercer facultades legislativas cuando resulte imposible que el Congreso sancione una ley por el procedimiento ordinario o cuando exista una urgencia incompatible con los tiempos propios del trámite parlamentario.

    En el caso analizado, los jueces concluyeron que ninguna de esas condiciones estaba presente.

    “No concurren circunstancias de rigurosa excepcionalidad y urgencia que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes”, señalaron.

    Además de anular el DNU en ese aspecto, la Cámara revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la solicitud de ciudadanía presentada por Yang y ordenó que el trámite continúe conforme al régimen previsto por la ley 346 y su decreto reglamentario, que asignan esa competencia a los jueces federales.

    En el tramo final de la resolución, el tribunal destacó que se trató de la primera oportunidad en que debía pronunciarse sobre la vigencia del DNU 366/2025 y sostuvo que resultaba “imprescindible” ejercer su función como órgano unificador de criterios para evitar decisiones contradictorias en los distintos juzgados federales con competencia electoral del país. Por esa razón, dispuso notificar formalmente el contenido de la sentencia a todos los magistrados del fuero.

  • “Estamos en la gatera”: la bandera de largada que, según la Mesa de Enlace, aguarda el campo

    “Estamos en la gatera”: la bandera de largada que, según la Mesa de Enlace, aguarda el campo

    ROSARIO.- Con un diagnóstico compartido sobre los problemas que enfrenta el sector, integrantes de la Mesa de Enlace volvieron a reclamar una reducción de la presión impositiva y pidieron avanzar hacia la eliminación de las retenciones. En el Seminario Acsoja 2026, de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, dirigentes de las cuatro entidades rurales coincidieron en que recuperar la rentabilidad del productor es indispensable para aumentar la producción, incorporar más tecnología y mejorar la competitividad. También cuestionaron las tasas provinciales y municipales, reclamaron inversiones en infraestructura y rechazaron la regulación ambiental de la Unión Europea por considerarla una barrera comercial. El seminario de Acsoja se realiza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

    “Las retenciones siguen siendo el peor de los impuestos. Es un impuesto distorsivo, es regresivo y es de uso discrecional por el Estado nacional”, sostuvo Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA). Explicó que ese tributo limita la capacidad de reinversión porque “al final del día la rentabilidad es mínima o nula y, sin embargo, las retenciones las seguimos pagando”. Además, remarcó que “el desafío no es solo crecer en volumen de producción; el desafío es hacerlo con más productores y que los productores podamos seguir estando en el campo trabajando”.

    Carlos Uranga, directivo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), coincidió en que la estabilidad macroeconómica abre una oportunidad para el agro, aunque advirtió que ahora el desafío pasa por recuperar superficie sembrada con soja, aumentar la inversión, incorporar más tecnología y mejorar la productividad mediante una mayor reposición de nutrientes y el cuidado de los suelos. “Este tema de los derechos de exportación nos quita competitividad y nos transforma en los subsidiarios, si quieren, de países como Brasil”, afirmó.

    Ángeles Naveyra, moderadora por la Fundación Barbechando; Carlos Uranga (SRA), Andrea Sarnari (FAA), Lucas Magnano (Coninagro) y Carlos Castagnani (CRA)
    Ángeles Naveyra, moderadora por la Fundación Barbechando; Carlos Uranga (SRA), Andrea Sarnari (FAA), Lucas Magnano (Coninagro) y Carlos Castagnani (CRA)Marcelo Manera – LA NACION

    Los dirigentes también coincidieron en que la presión fiscal no se agota en las retenciones. Señalaron que existen otros impuestos nacionales, provinciales y municipales que también afectan la rentabilidad y frenan la inversión.

    Uranga enumeró el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, el inmobiliario rural y las tasas municipales. Para mostrar esa realidad, Sarnari contó su caso: “Yo pago más de tasa vial que de impuesto inmobiliario. Y no tengo camino. No hicieron un camino en 30 años”.

    Lucas Magnano, presidente de Coninagro, sostuvo que los problemas de competitividad van más allá de las retenciones y aseguró que la infraestructura y la logística siguen siendo una deuda pendiente. “La Argentina es un país demasiado extenso. Hay lugares alejados del puerto que producen mucho volumen y sinceramente es un despropósito transportarlo por sobre las rutas”, señaló. También pidió avanzar con un sistema ferroviario que permita bajar costos y sostuvo que el productor debería volver a recibir “el precio lleno de todos los granos y de todos los productos que produce”, porque eso se traduciría en más fertilización, incorporación de tecnología e inversiones.

    Para Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la baja de impuestos debe ir acompañada por mejoras en infraestructura y menos burocracia. “Los trámites burocráticos a veces son impuestos encubiertos, porque demorarse en realizar una gestión también tiene un costo innecesario”, sostuvo.

    Consideró que el mal estado de los caminos rurales no solo aumenta los costos de producción, sino que también complica la vida cotidiana de quienes viven en el interior. Como síntesis del ánimo que perciben en el sector, Castagnani aseguró que los productores están listos para responder con más producción si se generan las condiciones adecuadas. “Estamos en la gatera; necesitamos que le pongan la bandera de largada”, expresó.

    Los dirigentes también remarcaron la necesidad de avanzar con una nueva ley de biocombustibles, al considerar que permitiría agregar valor a la producción agropecuaria, generar nuevas inversiones y ampliar la demanda de granos. Uranga sostuvo que “la bioeconomía y los biocombustibles son una enorme oportunidad para la Argentina” y consideró que el país “tiene que dejar de exportar solamente granos para transformar cada vez más esa producción en origen”. Según señaló, avanzar en ese camino permitiría generar más empleo, inversiones y desarrollo en el interior.

    Otro de los temas en los que hubo coincidencias fue el reglamento europeo sobre deforestación (EUDR). Los cuatro dirigentes consideraron que se trata de una barrera comercial y advirtieron que la Argentina deberá seguir negociando para evitar que afecte las exportaciones.

    El encuentro se realiza en la Bolsa de Comercio de Rosario
    El encuentro se realiza en la Bolsa de Comercio de Rosario@alegomezfoto – ACSOJA

    “Consideramos que es una medida paraarancelaria”, afirmó Sarnari. Recordó que las entidades trabajaron junto con la Cancillería para conseguir la prórroga de la norma y sostuvo que ese trabajo debe continuar. “Podemos optar por quedarnos afuera del mercado o podemos optar por buscar los canales para ingresar al mismo”, dijo.

    Uranga también cuestionó la normativa y aseguró que las entidades siguen trabajando para lograr una nueva postergación. “Nos oponemos a la 1115 [por el reglamento antideforestación], que nos parece que es un despropósito”, afirmó. Agregó que, si finalmente entra en vigencia, “el costo de cumplir con esa normativa no lo puede pagar el productor”.

    Castagnani sostuvo que la Unión Europea busca imponer requisitos que muchas veces no reflejan la realidad productiva argentina. Magnano coincidió en que esas exigencias terminarán funcionando como una condición adicional para acceder a ese mercado, aunque remarcó: “No podemos permitir que nos impongan condiciones que después no les exigen a otros países competidores. La Argentina está en condiciones de demostrar cómo produce y la sustentabilidad de sus sistemas productivos”.