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Por primera vez desde el inicio de la guerra en la vecina Ucrania en febrero de 2022, un caza de la Fuerza Aérea de Rumania derribó un dron de origen desconocido sobre territorio rumano, según informaron las autoridades.

“El dron se encontraba en una zona deshabitada. Ésta es también la razón por la que pudo ser derribado desde el aire”, afirmó el presidente Nicusor Dan mediante un comunicado, indicando que el incidente tuvo lugar aproximadamente a las 11:00 hora local (08:00 GMT).

El caza F-16 de la Fuerza Aérea Rumana detectó el dron en torno a las 09:30 hora local (06:30 GMT), mientras realizaba una misión de vigilancia y seguimiento. El dron había ingresado en el espacio aéreo rumano, país que comparte una extensa frontera con Ucrania.

Posteriormente, el avión interceptó el dron utilizando un misil y lo derribó sobre una zona despoblada cerca de la localidad de Padina, en el sureste de Rumania.

En la operación participaron también dos cazas Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea Italiana y dos cazas F-16 rumanos, que estuvieron en el aire para supervisar la situación.

Las instituciones rumanas se encuentran investigando el incidente con el objetivo de esclarecer todos los detalles.

Las autoridades de Rumania han denunciado reiteradas violaciones del espacio aéreo por parte de drones rusos desde el inicio del conflicto armado.

Ucrania lanzó un ataque con drones contra San Petersburgo

En otro orden, drones ucranianos impactaron durante la madrugada de este viernes un depósito en las cercanías de San Petersburgo. La ofensiva provocó un incendio que generó una densa columna de humo sobre la ciudad, según reportaron funcionarios locales. Kiev intensificó en las últimas semanas los bombardeos con drones de largo alcance contra instalaciones energéticas, militares y logísticas en territorio ruso, poniendo a San Petersburgo en el punto de mira.

Medios locales informaron que los almacenes afectados pertenecen a la empresa rusa de venta minorista en línea Wildberries, el equivalente ruso de Amazon. La compañía confirmó la suspensión temporal de operaciones en dos de sus depósitos de la ciudad, sin ofrecer más detalles.

Rusia informó el viernes que derribó 571 drones ucranianos durante la noche, en uno de los ataques más numerosos realizados por Ucrania en el contexto de la intensificación de operaciones de largo alcance.

En videos publicados en las redes sociales se observa una columna de humo gris elevándose sobre los edificios altos de la ciudad. El gobernador Alexander Beglov declaró en redes sociales: “San Petersburgo fue atacada por vehículos aéreos no tripulados con fines militares…”. Beglov añadió que “actualmente se están realizando esfuerzos para abordar las consecuencias”, sin precisar detalles adicionales.

Uno de los centros logísticos de Wildberries, situado en las afueras de Moscú, resultó atacado el fin de semana anterior, provocando la muerte de ocho trabajadores del turno de noche y la destrucción total de las instalaciones a causa del incendio.

El mercado de créditos hipotecarios argentino tiene más de una decena de ofertas a disposición de los clientes. Dentro de ese universo, las líneas indexadas por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) se posicionaron como una de las alternativas más consultadas por quienes buscan acceder a una propiedad.

Los préstamos UVA se actualizan en función del valor de la Unidad de Valor Adquisitivo, un índice que se ajusta según la inflación, al que se le suma una Tasa Nominal Anual (TNA) fijada por cada banco. Esto significa que tanto el capital adeudado como la cuota mensual varían con el tiempo, ya que se calculan multiplicando la cantidad de UVA por su valor actualizado, mientras que la tasa determina el costo financiero adicional que cobra cada entidad.

Para identificar cuáles son las propuestas de cada entidad financiera, Infobae consultó un relevamiento del economista Andrés Salinas, que comparó las condiciones vigentes en catorce bancos para un crédito hipotecario UVA de USD 75.000 a devolver en 20 años. En la mayoría de los casos, un monto de USD 75.000 permite acceder a una propiedad de USD 100.000, siempre que el solicitante cuente con un anticipo de USD 25.000 ahorrado de manera previa.

Las tasas más bajas del mercado

Hay múltiples variables a considerar al momento de evaluar qué crédito conviene tomar. En este caso, se mencionarán únicamente la tasa y la cuota inicial de cada caso, considerando siempre el escenario para un solicitante que es cliente de la entidad y cobra su salario en ese banco.

Entre las entidades relevadas, el Banco Nación ofrece la Tasa Nominal Anual más baja, con un 6,00%. Bajo esas condiciones, la cuota inicial del crédito de USD 75.000 a 20 años se ubica en $821.980. Le sigue el ICBC, con una TNA de 6,90% y una cuota de $881.892.

Más atrás se ubican el Banco Ciudad y el BBVA, ambos con una tasa de 7,50%. En el caso de Ciudad, la cuota inicial asciende a $923.005, mientras que en BBVA se calcula en $923.012. La diferencia entre ambas cuotas, pese a compartir la misma tasa, responde a variaciones menores en las condiciones particulares de cada línea.

El resto de las entidades

En un rango intermedio se encuentran Credicoop, con una TNA de 8,00% y una cuota de $957.968, y Macro, con una tasa de 8,50% que deriva en una cuota de $993.524.

Luego se ubican Banco del Sol, con una tasa de 9,00% y una cuota de $1.029.678, y Patagonia, con una TNA de 9,25% y una cuota de $1.047.965. En la gran mayoría de las líneas relevadas, la relación entre la cuota y el ingreso del solicitante debe respetar un límite del 30%, es decir que el pago mensual no puede superar ese porcentaje de los ingresos declarados por el aplicante.

Un grupo de cuatro entidades comparte la misma Tasa Nominal Anual, del 9,50%, aunque con cuotas que presentan ligeras diferencias entre sí. Se trata del Banco Hipotecario, tiene una cuota de $1.066.384; Santander, con $1.066.390; Galicia, con $1.066.393; y Comafi, con $1.066.397. Las variaciones entre estos montos, de apenas algunos pesos, se explican por particularidades en el cálculo de cada entidad, aunque la tasa nominal aplicada sea idéntica.

Por encima de ese grupo se ubica Brubank, con una TNA de 12,00% y una cuota que trepa a $1.257.830. En el extremo superior del relevamiento aparece Supervielle, con la tasa más alta del conjunto analizado, del 15,00%, lo que se traduce en una cuota inicial de $1.502.242, la más elevada entre las catorce entidades relevadas.

Diferencias entre la tasa más baja y la más alta

La comparación entre los extremos del relevamiento permite dimensionar el impacto que tiene la tasa nominal anual sobre el costo final del crédito. Mientras que Nación exige una cuota inicial de $821.980 con su TNA de 6,00%, Supervielle, con una tasa de 15,00%, ubica su cuota en $1.502.242. La diferencia entre ambos valores supera los $680.000 mensuales, pese a tratarse del mismo monto de crédito y del mismo plazo de devolución de 20 años.

Este contraste refleja cómo, en los préstamos UVA, la TNA que fija cada banco resulta un factor determinante a la hora de calcular el costo mensual del financiamiento.

Cabe recordar que, tratándose de créditos indexados por UVA, tanto el capital como las cuotas mencionadas corresponden a un valor inicial de referencia, que se va actualizando mes a mes según la evolución del índice, además del componente fijo que representa la tasa nominal anual establecida por cada banco al momento de otorgar el préstamo.

(Desde Washington, Estados Unidos) La alianza estratégica que protagonizan Javier Milei y Donald Trump determinó que Estados Unidos imponga el arancel más bajo a las exportaciones que recibe de la Argentina, tras lanzar la administración republicana una nueva ofensiva comercial contra China.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) fijó el 10 por ciento de arancel para la mayoria de las exportaciones argentinas, un barrera impositiva que se basa en la decisión del Gobierno de haber aprobado normas que prohiben la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

La medida de la USTR está basada en investigaciones sobre la falta de aplicación efectiva de prohibiciones contra bienes fabricados mediante trabajo forzoso.

Para implementar las nuevas tarifas, Estados Unidos recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta jurídica que permite imponer restricciones económicas contra países considerados responsables de prácticas comerciales injustificadas, irrazonables o discriminatorias.

“Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, sostuvo Jamieson Greer, titular de la USTR

Como la Argentina adecúa su legislación vigente, el arancel impuesto fue del 10 por ciento, en lugar del 12,5% que Estados Unidos aplicará a bienes producidos en la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza, por ejemplo.

Es distinta la situación del acero y el aluminio que se exporta a los Estados Unidos.

Trump considera que la fabricación del aluminio y el acero es estratégica para la economía americana, y esa mirada geopolítica implica que -por ahora- los aranceles a esos productos quedarán en un 50 por ciento.

Junto a la decisión geopolítica de Washington de imponer el 10% a las exportaciones nacionales, Argentina también se benefició por el acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproco, que firmaron el canciller Pablo Quirno y Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos.

Ese acuerdo bilateral establece que Estados Unidos suprimirá aranceles para 1.675 productos de origen argentino pertenecientes a diversos sectores, una medida que posibilitará la reactivación de exportaciones por un valor de 1.013 millones de dólares.

Ahora, en esta nueva etapa de ofensiva comercial contra Beijing, la Casa Blanca mantendrá intacto ese beneficio a las exportaciones de la Argentina.

A su vez, Balcarce 50 suprimirá los aranceles para 221 posiciones arancelarias que incluyen maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos. Y reducirá al 2% las tasas para otras 20 posiciones, en su mayoría autopartes, y establecerá cuotas para vehículos, carne y distintos productos agrícolas.

Hay un aspecto importantes que continúa vigente en la relación bilateral, al margen de las decisiones comerciales anunciadas ayer por la administración Trump.

Argentina mantiene para este año una alicuota de exportación de carne bovina de 100.000 toneladas: 20.000 del cupo tradicional, mas las 80.000 que Trump le anunció a Milei durante el almuerzo oficial que compartieron en la Casa Blanca.

Esto permitirá incrementar en cerca de 800 millones de dólares las exportaciones de carne bovina a los Estados Unidos. Fue una decisión política de Trump, que privilegia su alianza regional con la Argentina.

Al mismo tiempo, Cancillería argentina remarcó queEstados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinosen una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por1.013 millones de dólares

La medida fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y está basada en investigaciones sobre la falta de aplicación efectiva de prohibiciones contra bienes fabricados mediante trabajo forzoso. Los países afectados concentran cerca del 99,4% de las importaciones estadounidenses.

Drones ucranianos impactaron durante la madrugada de este viernes un depósito en las cercanías de San Petersburgo. La ofensiva provocó un incendio que generó una densa columna de humo sobre la ciudad, según reportaron funcionarios locales. Kiev intensificó en las últimas semanas los bombardeos con drones de largo alcance contra instalaciones energéticas, militares y logísticas en territorio ruso, poniendo a San Petersburgo en el punto de mira.

Medios locales informaron que los almacenes afectados pertenecen a la empresa rusa de venta minorista en línea Wildberries, el equivalente ruso de Amazon. La compañía confirmó la suspensión temporal de operaciones en dos de sus depósitos de la ciudad, sin ofrecer más detalles.

Rusia informó el viernes que derribó 571 drones ucranianos durante la noche, en uno de los ataques más numerosos realizados por Ucrania en el contexto de la intensificación de operaciones de largo alcance.

En videos publicados en las redes sociales se observa una columna de humo gris elevándose sobre los edificios altos de la ciudad. El gobernador Alexander Beglov declaró en redes sociales: “San Petersburgo fue atacada por vehículos aéreos no tripulados con fines militares...”. Beglov añadió que “actualmente se están realizando esfuerzos para abordar las consecuencias”, sin precisar detalles adicionales.

Uno de los centros logísticos de Wildberries, situado en las afueras de Moscú, resultó atacado el fin de semana anterior, provocando la muerte de ocho trabajadores del turno de noche y la destrucción total de las instalaciones a causa del incendio.

Tras el primer ataque, el presidente ucraniano sostuvo que las instalaciones se empleaban para “suministrar componentes prohibidos para la producción de drones y equipos de navegación”. Kiev denomina esta ofensiva “sanciones de largo alcance” y justifica los ataques como represalia por los bombardeos nocturnos con drones y misiles que Rusia realiza contra ciudades ucranianas. Según las autoridades ucranianas, la campaña ha provocado escasez de combustible en territorio ruso y ha reducido las reservas financieras destinadas a la guerra.

Durante el ataque, el aeropuerto Pulkovo de San Petersburgo suspendió sus vuelos, reanudando operaciones alrededor de las 06:00 (03:00 GMT), con unas 50 salidas afectadas. Wildberries confirmó que dos de sus almacenes en la ciudad suspendieron temporalmente sus actividades, sin aportar más detalles.

El gobernador de Leningrado, Drozdenko, informó que 59 drones ucranianos fueron derribados. Las autoridades rusas suelen limitarse a reportar el número de drones interceptados o atribuir los incendios a la caída de escombros, rara vez admitiendo que los ataques ucranianos alcanzaron sus objetivos.

Durante la última semana, los ataques ucranianos afectaron tres centros de Wildberries, incluidas instalaciones que atienden a Moscú. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó los contraataques ucranianos como “una escalada que puede conducir a un final”.

Kiev califica a estas olas de bombardeo como “sanciones de largo alcance” y sostiene que los ataques constituyen una represalia por los bombardeos nocturnos con drones y misiles que Rusia ejecuta contra la población civil ucraniana. Según las autoridades de Kiev, la campaña ya provocó escasez de combustible en Rusia y redujo sus reservas financieras para la guerra.

Los esfuerzos de Washington por mediar en un acuerdo de paz se vieron obstaculizados por el conflicto paralelo con Irán. Moscú mantiene su exigencia de que Ucrania renuncie de forma permanente a los territorios bajo su control y al respaldo militar occidental, negándose a ceder en las negociaciones. El Kremlin advirtió que los ataques ucranianos refuerzan su determinación de continuar la guerra y amenazó con avanzar sobre más territorio en el este y sur de Ucrania.

De acuerdo con Naciones Unidas, las muertes de civiles registraron un fuerte incremento en 2026, señalando que junio fue el mes más letal desde mediados de 2022. Desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, han muerto cientos de miles de soldados y decenas de miles de civiles, aunque no existen cifras precisas debido a la falta de transparencia de ambas partes.

(Con información de AFP)

La ejecución de Vahid Baniamerian y otros cinco acusados en Irán se produjo sin previo aviso para sus familias, quienes se enteraron por noticias en medios estatales iraníes que el Tribunal Supremo revisaría la sentencia de muerte.

Un familiar cercano, que pidió anonimato por seguridad, relató su desconcierto: “No dieron ninguna advertencia. Ni siquiera el abogado lo sabía”. Para esa persona, “era completamente ilegal, incluso según sus propias leyes opresivas”.

Las autoridades iraníes mantienen una política de ejecuciones que, según organismos de derechos humanos, busca intimidar a la sociedad e impedir nuevas protestas. En lo que va del año, se dictaron decenas de ejecuciones de presos políticos, manifestantes y supuestos miembros de organizaciones prohibidas.

Irán intensificó la aplicación de la pena capital, especialmente desde el final de la primera fase de la guerra con Estados Unidos e Israel. La situación interna se tensó aún más tras la muerte del ex líder supremo Ali Khamenei y la llegada de su hijo Mojtaba, quien aún no apareció públicamente desde el deceso de su padre, el 28 de febrero de 2026.

Las ejecuciones se realizan en un contexto de fragilidad política y represión creciente. Organizaciones como Iran Human Rights (IHR) alertan del peligro de que, tras la ruptura del alto el fuego, el régimen aumente la persecución y eliminación de opositores mediante la pena de muerte.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHR, advirtió: “Con la ruptura del alto el fuego y la reanudación de la guerra, nos preocupa profundamente que las autoridades aprovechen la situación para intensificar la ejecución de presos políticos”.

El organismo calcula que cientos de detenidos por cuestiones políticas y manifestantes enfrentan cargos que podrían llevarlos a la horca. De ellos, cerca de 100 ya tienen sentencia de muerte, incluidos más de 70 reclusos en la prisión de Dastgerd, en Isfahán.

La organización exige a la comunidad internacional, y en especial a la Unión Europea, que pongan como condición central en cualquier diálogo con Irán una moratoria inmediata de las ejecuciones. “La comunidad internacional… debe convertir la moratoria inmediata sobre las ejecuciones en un tema central” de cualquier negociación, remarcó Amiry-Moghaddam.

Desde el inicio de la guerra, IHR documentó que 24 personas fueron ahorcadas por participar en protestas recientes y otras dos por movilizaciones anteriores. Además, 13 hombres fueron ejecutados por supuestos vínculos con el Muyahidines del Pueblo (MEK) y otros grupos prohibidos, mientras que 10 personas fueron ahorcadas bajo acusaciones de espionaje.

Las autoridades justifican las condenas al afirmar que los ejecutados participaron en ataques mortales contra fuerzas de seguridad o edificios públicos. Sin embargo, las ONG denuncian torturas y juicios sumarios con graves irregularidades procesales.

IHR subraya que, aunque los casos mediáticos concentran la atención internacional, la mayoría de ejecuciones en Irán no son por motivos políticos sino por delitos relacionados con drogas o asesinatos. Según Amnistía Internacional, en el último año el país volvió a ocupar el segundo lugar mundial en número de ejecuciones, solo detrás de China, con más de 2.150 personas ejecutadas.

En la prisión de Ghezel Hesar, en Karaj, los reclusos iniciaron una sentada para protestar por los ahorcamientos de compañeros acusados de narcotráfico. En videos difundidos en redes sociales, se les ve fuera de sus celdas coreando “no a la ejecución”.

Un comunicado de los propios presos, citado por la agencia AFP, preguntaba: “¿En qué otro lugar del mundo se le quita la vida a una persona por un primer error?”. Según ellos, muchos cometieron delitos “simplemente para poder cubrir sus necesidades básicas”.

De acuerdo con su familia, Vahid Baniamerian, de 34 años, era “una persona amable y humilde” desde niño. “Tenía un gran sentido de la responsabilidad. Siempre quería ayudar”, recordaron sus allegados. Incluso en prisión, intentó mantener el ánimo de sus compañeros y logró sacar clandestinamente un mensaje de audio para su madre. “Me despedí de ti sin saber lo que me deparaba el futuro”, relató en referencia a su último encuentro. Un video también sacado de la cárcel lo mostraba cantando una canción patriótica poco antes de su ejecución. En el momento de ser llevado al aislamiento, Baniamerian alentó a los demás: “No lloren delante del enemigo. Estamos orgullosos de lo que hacemos”, expresó según su familiar.

El caso de Baniamerian y los de los cientos de personas que esperan la horca en Irán reflejan el uso sistemático de la pena de muerte como herramienta de control social y político por parte del régimen, según coinciden organizaciones internacionales y familiares de las víctimas.

(Con información de AFP)

Desde el 28 de febrero de 2026, los capitanes que intentan cruzar el Estrecho de Ormuz observan en sus pantallas de navegación algo que desafía toda lógica: supertanqueros que circulan sobre tierra firme, cargueros que atraviesan aeropuertos, buques que derivan a través de una central nuclear. No se trata de fallas técnicas aleatorias. Es el resultado de operaciones de interferencia satelital desplegadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que desde el inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel convirtió ese corredor marítimo —por el que transita el 20% del petróleo y gas del mundo— en el primer escenario documentado de guerra híbrida marítima a escala masiva. Lo que ocurre allí no es una amenaza futura ni un escenario hipotético. Es el presente del ciberespacio marítimo. Y es exactamente lo que el capitán Jorge A. Frías, secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca y presidente de la Fundación Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino (FUNCESMAr), advirtió durante las Jornadas de Intereses Marítimos Argentinos celebradas en Mar del Plata: la flota pesquera argentina enfrenta las mismas vulnerabilidades, y el país carece todavía de un marco normativo que las contemple.

Los expositores organizaron el problema en torno a un marco de origen naval, hoy directamente aplicable al sector pesquero: información, tecnología y personas. La información es el activo estratégico. Las decisiones de navegación y de captura ya no dependen solo de la observación directa del capitán, sino de un flujo continuo de datos como el AIS ((Automatic Identification System, o Sistema de Identificación Automática) y entre otros, la trazabilidad blockchain.

En palabras llanas: la tecnología blockchain es una base de datos distribuida, en lugar de almacenarse en un único servidor central, la información se replica simultáneamente en miles de nodos (computadoras) conectados en red. En el sector pesquero, la trazabilidad blockchain permite registrar y verificar:

• Dónde y cuándo se capturó el pescado.
• Qué embarcación lo capturó y bajo qué licencia.
• La posición GPS del buque en el momento de la captura.
• La cadena de frío durante el transporte.
• El procesamiento en tierra y la distribución hacia los mercados.

Cada uno de esos datos queda grabado de forma permanente e inmutable en la cadena. En este punto aparece lo que el capitán Frías denominó “el problema del oráculo“: el blockchain garantiza que un dato no fue modificado después de registrado, pero no puede garantizar que ese dato fuera verdadero en el momento de ingresar. Si un buque pesca en una zona prohibida del Atlántico Sur y su GPS fue manipulado mediante spoofing (técnica de engaño digital que consiste en suplantar o falsificar una señal, una identidad o una fuente de información para que un sistema receptor la tome como legítima) para mostrar una posición falsa, ese dato falso queda registrado en la cadena con la misma solidez que uno verdadero. El certificado de origen resultante es formalmente impecable y sustancialmente fraudulento.

Es por eso que la integridad de la información satelital —y su protección frente a un engaño digital que se denomina spoofing— es la base sobre la que descansa todo el sistema de trazabilidad, por más robusto que sea tecnológicamente.

Según se advirtió en la exposición, cada sensor y cada sistema automatizado de las embarcaciones es también una puerta de entrada potencial para actores maliciosos, “los sicarios cibernéticos”, según Frías. La digitalización de puertos y buques convirtió al ecosistema pesquero en un objetivo de alto valor.

Los expositores destacaron que ante esta situación crítica, que ya es una realidad en el mundo, Argentina carece de un instrumento que articule de manera integrada la ciberseguridad, la actividad pesquera y la soberanía marítima. Y la manipulación de señales satelitales -el llamado “GNSS spoofing”- no es solo una amenaza a la navegación: es, según se planteó, una herramienta técnica para el blanqueo de pesca ilegal y el fraude en la certificación de origen, con implicancias directas sobre la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

El Estrecho de Ormuz: laboratorio de guerra híbrida marítima

Una demostración palpable sobre las advertencias y recomendaciones que se realizaron en las jornadas sobre “La ciberseguridad marítima en la cadena de valor del sector pesquero”, presentada por el Capitán Jorge A. Frías quedó al descubierto en el conflicto de Medio Oriente.

Tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán en la operación “Epic Fury”, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró el Estrecho de Ormuz “cerrado” y aplicó una estrategia de bloqueo que combina tres métodos simultáneos: ataques físicos con misiles, drones y lanchas rápidas; minado de la ruta de separación de tráfico oficial; e interferencia electrónica masiva sobre los sistemas de posicionamiento satelital. La combinación resultó más eficaz que cualquiera de esos métodos por separado.

El Institute for the Study of War calificó el mecanismo como un esquema de extorsión y advirtió que cualquier acuerdo que reconociera el control iraní sobre el estrecho constituiría un precedente con implicancias para el comercio global.

La guerra invisible a escala sin precedentes

La dimensión electrónica del bloqueo resultó tan disruptiva como la física. En las primeras 24 horas tras el inicio del conflicto, más de 1.100 buques en aguas de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán e Irán sufrieron interferencias en sus sistemas de navegación satelital, según datos de la firma de inteligencia marítima Windward.

Los analistas vinculados a esa firma identificaron 35 clústeres de jamming activos de forma simultánea en la región. Los clústeres de jamming son zonas geográficas donde se concentran múltiples equipos o fuentes que emiten interferencias electrónicas de manera deliberada para bloquear o degradar señales de radiofrecuencia, especialmente las utilizadas por sistemas de navegación y posicionamiento como el GPS/GNSS.

La firma Lloyd’s List Intelligence documentó 1.735 instancias de interferencia GPS que afectaron a 655 buques solo entre el inicio del conflicto y el 3 de marzo. Los incidentes diarios escalaron de 350 al comienzo a 672 el 3 de marzo. Para el 7 de marzo, más de 1.650 embarcaciones habían experimentado interferencias en sus sistemas GPS y AIS en toda Asia Occidental, un incremento del 55% respecto a la semana anterior, según Windward.

De Ormuz al Atlántico Sur: la misma vulnerabilidad, otro escenario

Lo que la Guardia Revolucionaria iraní aplicó en el Estrecho de Ormuz no es una capacidad exclusiva de las grandes potencias militares. Es, precisamente, la advertencia que Frías llevó a Mar del Plata: los ataques cibernéticos contra el sector marítimo mundial crecieron un 300% entre 2019 y 2024, y la totalidad de los incidentes registrados en buques durante 2023 comprometió sistemas operativos críticos de navegación. La brecha entre el escenario del Golfo Pérsico y el del Atlántico Sur no es tecnológica. Es de conciencia y de preparación.

La exposición de Frías partió de una transformación que ya está en marcha en la flota argentina: la denominada “Pesca 4.0” incorpora sensores inteligentes, conectividad satelital permanente, inteligencia artificial para optimizar rutas, blockchain para la trazabilidad de los productos y sistemas automatizados que enlazan la embarcación con puertos, organismos de control y mercados internacionales. Esa misma arquitectura digital que multiplica la eficiencia es, al mismo tiempo, una superficie de ataque en expansión constante.

Un ecosistema hiperconectado con vulnerabilidades estructurales

El núcleo del problema reside en la convergencia entre dos tipos de sistemas que históricamente operaron de forma separada. Los sistemas IT —gestión comercial, comunicaciones satelitales, reportes regulatorios, trazabilidad— se integraron progresivamente con los sistemas OT, responsables del funcionamiento operativo del buque: el GPS, el AIS, las cartas electrónicas ECDIS (el sistema de navegación digital que reemplazó a las cartas náuticas en papel en los buques modernos); el control de máquinas, la propulsión y la cadena de frío. “Esa convergencia -explicó el capitán Frías-, es lo que habilita la eficiencia de la Pesca 4.0, pero también elimina el aislamiento que durante décadas protegió a los sistemas críticos. Un correo electrónico infectado o una contraseña comprometida pueden convertirse en la puerta de entrada al sistema de navegación de una embarcación”.

A esa vulnerabilidad estructural se suma una asimetría económica notable: un ataque que puede costarle al atacante apenas unos cientos de dólares tiene capacidad para paralizar una embarcación valuada en millones.

El desarrollo de la inteligencia artificial de frontera agrega una variable nueva: según se advirtió en la exposición, sus capacidades reducen la barrera técnica que antes limitaba a los atacantes menos sofisticados.

En estos caso, reforzaron los expositores, “la tecnología funciona como una espada de doble filo”. Cuanto más sofisticada, más frágil ante ataques dirigidos. La respuesta de mayor impacto y menor costo que propuso Frías es también la más simple: segmentar las redes operativas y administrativas para evitar que una intrusión en el área de gestión comercial escale hasta los sistemas de control de la embarcación.

Las personas constituyen el eslabón más crítico y el que no admite parches de software. Entre el 82% y el 95% de los incidentes exitosos comienzan con un error humano o una manipulación, no con un ataque técnico sofisticado. La paradoja del sector pesquero es que la misma conectividad satelital que acerca al tripulante con su familia lo expone durante las 24 horas como blanco de phishing, ingeniería social y chantaje digital. La respuesta exige formación obligatoria, principio de mínimo privilegio y una cultura de seguridad sostenida.

El ciberespacio como nuevo campo de batalla marítimo

Agencias de inteligencia y organismos de seguridad occidentales atribuyeron en los últimos años campañas de espionaje, sabotaje e interferencia electrónica a grupos vinculados con Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Estos actores fueron señalados por operaciones destinadas a infiltrarse en infraestructuras críticas, interferir señales de navegación mediante técnicas de spoofing y jamming del GPS, realizar espionaje industrial, atacar puertos, empresas logísticas y redes de transporte marítimo, y obtener información estratégica sobre movimientos navales y comerciales. Ante la creciente competencia entre potencias, los buques mercantes dejaron de ser únicamente medios de transporte para convertirse también en blancos potenciales dentro de la disputa por el control de las rutas marítimas y de la información.

Para la Argentina, la amenaza más delicada es la manipulación deliberada de señales satelitales, el llamado GNSS spoofing. Esa técnica —la misma que el CGRI desplegó en el Estrecho de Ormuz— puede falsear la posición real de un buque y, además de poner en riesgo la navegación, facilitar el encubrimiento de actividades de pesca ilegal, el fraude en la certificación del origen de las capturas y afectar directamente el ejercicio de la soberanía en el Atlántico Sur.

Un llamado urgente de decisión

Uno de los mensajes centrales de la exposición apunta a desactivar una objeción previsible: la implementación de estas prácticas no requiere grandes inversiones iniciales. La higiene cibernética básica -segmentación de redes, formación del personal, protocolos mínimos de verificación de datos- genera un retorno significativo y constituye, se planteó, el punto de partida realista para la flota argentina.

Lo que sí exige la propuesta es una decisión política y gremial que integre en una única mesa de trabajo al Estado, industria y trabajadores dado que tienen un rol único e insustituible para liderar esta agenda: la oportunidad de comprometer a esa tríada en la defensa cibernética del mar argentino.

En la reunión de expertos que se realizó en Mar del Plata, se recordó que la Organización Marítima Internacional (OMI) incorporó desde enero de 2021 la gestión de riesgos cibernéticos dentro de los sistemas obligatorios de seguridad para los buques que navegan internacionalmente y una circular que aporta el marco técnico para identificar sistemas críticos y definir salvaguardias. Ambas normas son de aplicación obligatoria para los buques de bandera argentina en aguas internacionales.

Según el capitán Frías, la legislación de nuestro país, no obstante, carece de un instrumento que articule de manera integrada la ciberseguridad, la actividad pesquera y la soberanía marítima. La Ley 24.922 de Régimen Federal de Pesca no contiene disposiciones específicas de ciberseguridad para la flota ni para la cadena de valor, y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto no contempla la dimensión cibernética del monitoreo satelital de buques. El aporte normativo actual proviene de ordenanzas de la Prefectura Naval Argentina que, sugirió Frías, requerirán actualización.

Las propuestas de los especialistas

La exposición no se limitó al diagnóstico. Frías presentó una hoja de ruta con dos ejes: uno político-gremial y otro de capacitación.

La convocatoria incluye organismos nacionales como la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, los ministerios de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores, la Armada Argentina, la Prefectura Naval, el INIDEP y el Consejo Federal Pesquero, junto con organismos internacionales como la OMI, la FAO, la OEA, Interpol y la ENISA.

El eje de capacitación se traduce en una propuesta institucional concreta: desde FUNCESMAr se impulsará el Seminario Internacional de Ciberseguridad Marítima para el Sector Pesquero, de modalidad híbrida y alcance internacional, con edición inaugural prevista para la segunda mitad de 2027.

El producto final del proceso será la primera Guía de Mejores Prácticas en Ciberseguridad para el Sector Pesquero argentino, además de un curso especializado que se incorporaría a la Diplomatura de Capitán de Pesca.

Frías finalizó su ponencia con una reflexión: “La ciberseguridad no es un costo: es una inversión en la integridad del producto argentino en el mundo”, afirmó al cierre de su exposición. “El mar no se pide prestado, se defiende. Y en el siglo XXI, defenderlo significa también defender sus datos, sus señales y su soberanía digital.”

El mercado internacional del petróleo volvió a encender las alarmas. El barril de Brent, la referencia para gran parte del comercio mundial de crudo, superó nuevamente los 100 dólares. Ahora fueron nuevos atentados de rebeldes hutíes contra petroleros sauditas en el Mar Rojo, que afectaron el transporte de crudo.

A diferencia de otros ciclos alcistas impulsados por una recuperación de la demanda mundial, esta vez el detonante es el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. La escalada entre Estados Unidos e Irán, sumada a los ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo y a las amenazas sobre el Estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo que consume el planeta— volvió a instalar el temor a una interrupción del suministro global.

Los mercados reaccionaron casi de inmediato. Ante la posibilidad de que una parte significativa de la oferta quede comprometida, los operadores comenzaron a incorporar una “prima de riesgo” en el precio del crudo. El resultado fue un fuerte rally que llevó al Brent nuevamente por encima de los tres dígitos.

Para el mercado local el escenario presenta una combinación de oportunidades y desafíos.

El primer efecto positivo aparece por el lado de las exportaciones. Con un barril más caro, cada tonelada de petróleo exportada genera mayores ingresos de divisas. Esto beneficia especialmente a Vaca Muerta, cuya producción viene creciendo sostenidamente y se consolidó como uno de los principales motores de generación de dólares del país.

Según estimaciones del mercado, Un barril de petróleo a USD 100 le permite a la Argentina sumar unos USD 5.000 millones adicionales en sus exportaciones de hidrocarburo. Además, ya avanzado el segundo semestre puede implicar un ingreso adicional de divisas en épocas de mayor escasez por motivos estacionales. Es decir que ingresarán pocos dólares del campo, pero habría más oferta por la balanza energética.

Las empresas argentinas del sector que cotizan en Wall Street tuvieron ayer un impacto favorable. Vista fue la más beneficiada, con una suba en la cotización de 3%, rozando nuevamente los USD 70. YPF operó casi todo el día en alza pero terminó con una leve baja del 1%. Igual se mantuvo cerca de los USD 52, un precio muy alto para su recorrido histórico.

Además del incremento en las exportaciones, un precio internacional elevado mejora la rentabilidad de las compañías petroleras y vuelve económicamente viables proyectos que con un barril de USD 60 o USD 70 resultarían menos atractivos. En otras palabras, un petróleo caro acelera inversiones, aumenta la perforación de nuevos pozos y fortalece las perspectivas de expansión del sector energético argentino.

Sin embargo, el beneficio para las exportaciones convive con un efecto menos favorable para los consumidores. Aunque la Argentina produce petróleo, el mercado local no está completamente desconectado de las cotizaciones internacionales. Las refinerías toman como referencia el valor del crudo y también enfrentan mayores costos cuando deben importar combustibles o derivados.

Por esa razón, un Brent por encima de los USD 100 suele traducirse en una mayor presión para aumentar los precios de la nafta y el gasoil. El traslado no siempre es inmediato, ya que depende de la política económica y de las decisiones regulatorias, pero el incentivo económico para ajustar los valores internos aumenta considerablemente. Por ahora, no habría planes de YPF de volver a incrementar el valor en los surtidores, pero depender de cómo sigue la cotización internacional.

La economía más dinámica impulsada por mayores exportaciones energéticas puede favorecer el ingreso de divisas al país. Pero, al mismo tiempo, el sector agropecuario depende intensamente del gasoil para sembrar, cosechar y transportar la producción.

Si el combustible aumenta, también lo hacen los costos operativos del productor, reduciendo parte de la rentabilidad. Para Argentina, el regreso del petróleo a los USD 100 resume una de las paradojas de las economías productoras de energía.

Por un lado, significa más exportaciones, más ingreso de dólares y un fuerte incentivo para el desarrollo de Vaca Muerta. Por otro, implica una presión creciente sobre el precio de los combustibles, mayores costos para el transporte y la producción y un nuevo desafío para contener la inflación.

El otro aspecto a tener en cuenta es que el salto adicional del barril complica la baja de la inflación en Estados Unidos. Por lo tanto, se aleja la posibilidad de una rebaja de tasas por parte de la Reserva Federal. Al contrario, crecerían las temores de una próxima suba de tasas, que había quedado casi descartada.

De hecho, la tasa a diez años voló hasta 4,70% anual, lo que impactó negativamente en los mercados. Los bonos argentinos lo sufrieron y el riesgo país volvió a superar los 430 puntos básicos, lo que aleja la posibilidad de salir a buscar financiamiento a los mercados.