El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmará para fines de septiembre o principios de octubre que las elecciones provinciales se desdoblarán y se adelantarán respecto a los comicios nacionales, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. En principio, las fechas que se están barajando son de abril a mayo.
La última elección a gobernador se realizó el 7 de mayo de 2023. El actual mandatario resultó electo con el 64% de los votos. La anterior se concretó el 2 de junio de 2019 y en esa oportunidad, Oscar Herrera Ahuad se impuso con el 72,4% de los sufragios. La excepción de estos últimos años fue 2015. En aquel entonces, Misiones votó en forma simultánea con la Nación. Fue el primer mandato de Passalacqua que se impuso con el 63,8%. Maurice Closs ganó en 2011 con el 75% de los votos en una elección hecha el 26 de junio.
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En la provincia no hay primarias. Cada fuerza determina su oferta electoral. De allí que reste poco margen para completar todos los pasos institucionales que permiten armar una lista y presentarla. Además, se deben confeccionar los padrones y cumplir con otros pasos formales.
Hasta ahora, son nueve las provincias que han dejado en claro su determinación de desdoblar su elección de los comicios nacionales. Tucumán votará el 9 de mayo. Salta haría lo mismo entre el 16 y el 23 de ese mes. Chubut evalúa ir a las urnas entre julio y agosto, mes en que podría convocar Neuquén.
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Santa Fe, en tanto, estudia aún una fecha entre el 13 de junio y el 5 de septiembre. Chaco realizará sus comicios en la segunda quincena de septiembre. Tierra del Fuego tiene mandato constitucional de votar en forma separada 90 días antes de la culminación del actual período. Mendoza anticipó que desdoblará, pero no fijó fecha aún.
El escenario
En Misiones hay dos espacios bien definidos. Uno es el Movimiento de Passalacqua, donde está el 95% de la estructura de lo que fue el Frente Renovador de la Concordia, hegemónico desde principios de siglo hasta su disolución hace unos meses. La otra es La Libertad Avanza, que quedó como segunda fuerza en la elección legislativa provincial y ganó la nacional del año pasado.
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El escenario se completa con emprendimientos personales o alianzas transitorias que cumplen su rol opositor, pero no están en condiciones de discutir el poder.
La decisión va de la mano con la estrategia electoral que sigue el gobernador Passalacqua desde la ruptura con Carlos Rovira, quien fuera el hombre fuerte de Misiones durante 20 años. El mandatario provincial quiere ser reelecto, pero viene de una mala experiencia en las legislativas de 2025.
Ahora juega con el tiempo a su favor. Con el sostén de una red de intendentes que también quieren repetir y tras haberse quedado con el 95% de la estructura del oficialismo, cuanto antes se vote, menos margen tendrá la oposición para armarse.
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LLA lanzó hace un mes su escuela de dirigentes. El presidente Javier Milei la apoyó en persona. Habrá que ver si el movimiento alcanza para juntar nombres que permitan jugar con las reglas misioneras. En la tierra colorada, gran parte de la elección se define en las intendencias donde se sufraga con ley de lemas.
En este sistema, el sublema que sume más votos de un lema acumula los de los demás. Los libertarios saben que deben presentar al menos dos propuestas en cada ciudad importante para enfrentar al aparato provincial. En cuanto a alianzas con otros espacios, la evaluación que hacen en LLA Misiones es que todavía es “muy prematuro”. Hubo y hay reuniones, pero nada cerrado.
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¿Quién enfrentará a Passalacqua? El nombre saldrá de los referentes con mayor relevancia en la provincia. Uno es el legislador provincial Adrián Núñez, presidente del partido misionero. El otro es el extenista Diego Hartfield, actual diputado nacional.
A lo largo de 2026, el Gobierno se benefició del fuerte aumento de los precios internacionales de productos que exporta. La guerra en el Golfo Pérsico generó un fuerte salto del petróleo, que siete meses después del inicio volvió a ubicarse arriba de los 100 dólares el barril. La soja también operó en alza y subió más de 20%, llegando hasta los USD 480 por tonelada.
La consecuencia es que los términos de intercambio de la Argentina subieron al mayor nivel de la historia. Las exportaciones superarán este año por primera vez los USD 100.000 millones y la balanza comercial podría arrojar un superávit inédito que según las últimas estimaciones del sector privado podría llegar a los 28.000 millones de dólares.
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Este viento de cola que tuvo la economía local también se reflejó en fuertes compras del Banco Central. La entidad ya lleva adquiridos USD 14.200 millones, aunque en septiembre aflojó sustancialmente.
La oferta de dólares permitió no solo abastecer a los importadores, al público que quiere atesorar y a las empresas que giran dividendos al exterior, sino también al propio BCRA para fortalecer el balance de la entidad.
Los precios internacionales están fuera del alcance del Gobierno, que se benefició de esta situación particular. De todas maneras, resultaron claves las inversiones en energía para que Argentina pasara de ser neto importador hace tres años a un exportador neto cada vez más relevante. Se espera que el complejo de energía y minería genere un superávit cercano a los USD 30.000 millones, del mismo orden que el sector agropecuario.
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Este fuerte ingreso de dólares y la mayor robustez del Central también ayudaron para que el riesgo país descienda hasta los 400 puntos básicos a fines de julio pasado. Muchas empresas, bancos y provincias aprovecharon para colocar deuda en el exterior, sumando cerca de USD 22.000 millones a la oferta de divisas en lo que va de 2026.
Sin embargo, lo mismo que beneficio a la Argentina este año ahora también está generando dificultades. La suba del petróleo por encima de los USD 100 sumó inflación a la economía norteamericana, manteniéndose en niveles cercanos a 3,5% anual.
La Reserva Federal norteamericano decidió ayer la primera suba de tasas en tres años. Fue una respuesta a un fuerte aumento además de los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo. Los de 10 años pasaron a rendir 5% anual, niveles que no se veían hace muchos años.
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Este aumento de los rendimientos perjudicó a los activos de riesgo e impactó negativamente sobre los mercados emergentes. Hubo consecuencias directas también para los bonos argentinos, que cayeron luego de haber alcanzado un pico de precios a mediados de julio.
La consecuencia directa de esta situación fue el aumento del riesgo país a los 500 puntos básicos. Si se agrega a la tasa de 5% anual que pagan los bonos norteamericanos, la consecuencia es que si Argentina quisiera financiarse en los mercados internacionales debería pagar una tasa superior al 10% anual en dólares.
Este viento de frente que empezó a soplar desde Estados Unidos está pasando factura a la política de endeudamiento del Tesoro argentino. En las dos últimas licitaciones no se colocaron bonos en dólares en el mercado local para no convalidar un incremento de las tasas. Y se optó por deuda en pesos de corto plazo, que vence en su totalidad durante la gestión de Javier Milei.
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Se dan así dos situaciones simultáneas. Argentina se beneficia del viento de cola del fuerte alza de las materias primas que exporta, pero al mismo tiempo también sopla viento de frente por el aumento de tasas norteamericanas, que aumenta la aversión al riesgo de los inversores internacionales.
Organizaciones políticas de izquierda, movimientos piqueteros, sectores sindicales independientes y combativos, agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, asambleas ambientales y territoriales y colectivos de artistas convocaron para este sábado 19 de septiembre a la Marcha de la Bronca, una jornada de protesta nacional contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei que tendrá epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en más de 30 ciudades del país. La concentración porteña arrancará a las 15.30 en Plaza Congreso, con la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”.
La concentración de los partidos de izquierda y las organizaciones está prevista para las 15.30 en Plaza Congreso. A las 16, las columnas se desplazarán por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo.
Desde las 15 la cabecera de la columna concentrará en Avenida de Mayo y San José, desde donde marcharán por Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo. Estará integrada por organismos de derechos humanos, entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, seguidos por agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles, hasta cerrar con las organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes.
La Coordinadora Sindical Clasista, concentra a partir de las 15 en Avenida de Mayo y Callao y desde allí marcha por Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo. En caso de ser necesario, algunas columnas marcharán hacia Plaza de Mayo desde Diagonal Norte y Sur.
Frente a la casa Rosada, está prevista la lectura de un documento unitario y un cierre musical con artistas todavía sin confirmar, aunque ya adhirieron el cantante Miguel Cantilo, autor de la canción “La marcha de la bronca” que da nombre a la protesta, los actores Carlos Belloso, Mirta Busnelli y Katja Alemán, y las bandas La Bersuit y Los Gardelitos, entre otros músicos, poetas y colectivos culturales.
El Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que aplicará el protocolo antipiquete en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo, con vallados reforzados en ambos puntos. La Resolución 943/2023, habilita a las fuerzas federales a intervenir sin orden judicial ante cortes de tránsito. En marchas y protestas anteriores la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva advirtió: “Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia, no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”. Para la funcionaria de Javier Milei, “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias” y agregó: “Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”.
Entre los principales dirigentes que llamaron a movilizar se encuentra la diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), quien aparece como una de las impulsoras iniciales de la protesta. “Proponemos transformar la bronca en organización y movilización para que los sindicatos dejen su pasividad y organicen un verdadero plan de lucha hasta terminar con todo el nefasto plan de Milei y sus cómplices”, afirmó la legisladora al convocar a la jornada.
También llamó a participar de la jornada de protesta el diputado nacional Nicolás del Caño, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e integrante del FIT-U, quien situó la marcha como continuidad de protestas recientes: “La jornada de lucha se organiza después del logro que tuvimos cuando derrotamos en las calles la ley de Extranjerización de las Tierras, y cada día se suman más organizaciones en todo el país”. Del Caño enumeró entre los motivos “los salarios y jubilaciones que no alcanzan, los despidos, el endeudamiento y los tarifazos” y agregó: “¿Cuánto están ganando los bancos y Mercado Libre a costa de millones de personas endeudadas para sobrevivir?”.
Los referentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda, Celeste Fierro y Alejandro Bodart, también se pronunciaron sobre la movilización. La diputada del MST en el FIT-U afirmó: “Así como el Gobierno se debilita y es cada vez más repudiado por su brutal ajuste que hace imposible la vida de millones, al mismo tiempo, en respuesta a esa realidad, toda esa bronca e indignación se está organizando y cada vez más sectores se suman a la Marcha de la Bronca que estamos convocando”. “No tenemos dudas de que vamos a llenar Plaza de Mayo y todas las plazas políticas centrales y calles del país”, agregó Fierro.
La legisladora sostuvo que la del sábado “será una gran jornada en unidad contra Milei, su plan y todos sus cómplices” y opinó: “No se puede esperar al 2027, a Milei hay que frenarlo ahora y en la calle”.
Por su parte, Bodart, diputado con mandato cumplido y dirigente del MST y el Frente de Izquierda, señaló ante una consulta de este medio que la convocatoria “sigue creciendo” y recordó el origen de la iniciativa: “Cuando al inicio desde el MST y junto a Myriam Bregman y Nicolás del Caño del PTS dimos los primeros pasos y llamamos a una reunión abierta para organizarla, esperábamos precisamente esto, que se fueran sumando ampliamente muchos sectores”. El dirigente explicó que la autoconvocatoria busca ocupar “el lugar que las viejas y burocráticas direcciones sindicales y políticas dejan vacío, al no hacer nada contra el Gobierno”. Bodart vinculó además la protesta con un proyecto político de mayor alcance: “A la vez vamos construyendo una alternativa política diferente y desde la izquierda, porque hace falta cambiar todo y alentar algo nuevo para que alguna vez las y los trabajadores gobernemos”.
Desde el sector piquetero, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, le dijo a Infobae:“El próximo sábado miles de piqueteros independientes marcharemos junto a trabajadores, jubilados, jóvenes, mujeres y familias endeudadas porque la bronca no se aguanta más. Marchamos por la devolución de los alimentos, la restitución del programa Volver al Trabajo, la huelga general y por fuera Milei”, agregó Belliboni. El Partido Obrero también se sumó como convocante y planteó en un comunicado la continuidad de las medidas de fuerza hasta que la CGT llame a una huelga general contra el Gobierno.
Los reclamos que reúne la Marcha de la Bronca incluyen:
Salarios y jubilaciones que no alcanzan para cubrir necesidades básicas.
Despidos en distintos sectores productivos y estatales.
El endeudamiento de familias con tasas de interés consideradas usurarias.
Los aumentos de tarifas de servicios públicos.
La negativa oficial a aplicar leyes ya votadas en el Congreso, como las de emergencia en salud pediátrica, discapacidad y financiamiento universitario.
El cierre del programa social Volver al Trabajo, que reemplazó al ex Potenciar Trabajo y afectó a 900.000 beneficiarios.
El reclamo de una huelga general y un plan de lucha sostenido contra la gestión del gobierno de La Libertad Avanza.
Críticas al rol de la CGT y las centrales obreras por lo que los organizadores calificaron de pasividad frente al ajuste.
El documento que se leerá en Plaza de Mayo, todavía en elaboración, denunciará el plan de gobierno “en el plano económico, político y social” y sus consecuencias en materia de desigualdad y pobreza, además de señalar lo que los organizadores llamaron “industricidio”.
La convocatoria se extiende a más de 30 ciudades del país. En Jujuy, la marcha se concentra a las 17 en Plaza Belgrano; en Salta, a las 17 en Plaza 9 de Julio; en Santiago del Estero, a las 17 en Alvear y Belgrano; en Formosa, a las 17.30 en 25 de Mayo y Peatonal; en Catamarca, a las 17 en Plaza La Alameda de San Fernando del Valle de Catamarca; en Tucumán, a las 17.30 en Plaza Hipólito Yrigoyen; en Misiones, la concentración en Posadas será a las 9 en Plaza San Martín, con otro punto en El Dorado.
En Chaco, la marcha se realiza a las 17 en Plaza 25 de Mayo; en La Rioja, a las 18 en Plaza Caudillos Federales, Chilecito; en San Juan, a las 17 en Plaza España; en Córdoba, a las 17 en Colón y General Paz; en Rosario, a las 16 en Plaza San Martín; en Entre Ríos, Concepción del Uruguay concentra a las 17 en Plaza Ramírez y Concordia, a las 11, en Plaza Urquiza; en Mendoza, a las 17 en el Km 0.
En Neuquén capital, la concentración es a las 16.30 en el Monumento al General San Martín, con más puntos en la provincia. En Río Negro, Fiske Menuco marcha a las 17 en Plaza San Martín, además de convocatorias en Bariloche y Caleta Olivia, esta última a las 17 en Plaza 20 de Noviembre. En Santa Cruz, Río Gallegos concentra a las 16 en Plaza San Martín. En Chubut, Puerto Madryn marcha a las 17 en Plaza San Martín, con más puntos en la provincia. En Tierra del Fuego, Ushuaia concentra a las 15 en Plaza Piedrabuena y Río Grande, a las 15, en San Martín y Belgrano.
En la provincia de Buenos Aires, entre otras localidades, marchan Coronel Suárez, a las 17 en Plaza San Martín; San Nicolás, a las 13 en Plaza Lote 24; Bahía Blanca, a las 15.30 en Plaza Rivadavia; Mar del Plata, a las 16 en Plaza San Martín; Pergamino, a las 17 en Plaza de la Merced; Olavarría, a las 15.30 en Plaza Central; y Miramar, a las 15.30 en la Plazoleta Lombardo.
Al ser consultado sobre la protesta del sábado, Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, expresó: “Sobra la bronca para marchar este sábado. Por eso en las 24 provincias con más, de 39 convocatorias de Jujuy a Tierra del Fuego se va a llevar adelante la Marcha de la Bronca. Mientras Milei dice que la economía mejora, los salarios y las jubilaciones no alcanzan, crecen los despidos, millones de familias se endeudan para llegar a fin de mes y siguen los ataques contra la salud, la educación y las personas con discapacidad. Del otro lado, los bancos, los grandes empresarios y los especuladores son los beneficiarios de una política hecha a su medida”.
El nombre elegido por los organizadores para la movilización del 19 de septiembre no fue al azar. Hace 56 años, el 13 de octubre de 1970, Pedro y Pablo, en su álbum debut Yo vivo en esta ciudad interpretaron la canción compuesta por Miguel Cantilo “La marcha de la bronca”. Sus estrofas se transformaron en una de las expresiones culturales más conocidas de la época. La la Argentina aún estaba bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía y el rock nacional comenzaba a construir su propio lenguaje. La canción se convirtió en un emblema de la música de protesta y atravesó los años de censura que siguieron. La primera estrofa de la canción, que se recitará en la movilización dice:
El Gobierno decidió modificar el procedimiento para acreditar los controles de salud y escolaridad vinculados con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con el nuevo sistema, la información será enviada desde ahora en forma directa a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por los organismos estatales que cuentan con esos registros, para automatizar el trámite que habilita el cobro del 20% retenido de la prestación.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, fue publicada hoy en el Boletín Oficial, y alcanzará a los titulares con hijos de entre 5 y 17 años. El cambio busca reemplazar, en la mayoría de las situaciones, la acreditación presencial en papel por un intercambio directo de datos entre organismos públicos.
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En concreto, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación enviarán a ANSES la información sobre el cumplimiento de los controles sanitarios y la escolaridad. El traspaso se realizará mediante un sistema de intercambio seguro entre organismos. Con esos datos, el organismo previsional podrá verificar si se cumplieron las condiciones necesarias para habilitar el cobro del porcentaje retenido de la AUH.
La modificación apunta a simplificar una gestión que hasta ahora podía exigir que el titular reuniera la documentación correspondiente y la presentara ante ANSES. Con el esquema que impulsa Capital Humano, la comprobación deberá resolverse automáticamente cuando la información requerida figure en las bases oficiales de Salud y Educación.
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El eje de la medida está puesto en el 20% retenido de la AUH. Para cobrar ese monto, los beneficiarios deben acreditar el cumplimiento de las condiciones vinculadas con la salud y, en las edades correspondientes, con la escolaridad. El Gobierno busca que esa verificación deje de depender, como regla general, de los certificados aportados por las familias y pase a realizarse con registros que el Estado ya posee.
Precisiones del cambio de ANSES
El funcionamiento previsto parte de que cada organismo aportará los datos que produce y administra. La Secretaría de Educación informará sobre la condición de escolaridad y el Ministerio de Salud hará lo propio con los controles sanitarios. ANSES recibirá esa información y realizará el cruce necesario para determinar si los requisitos quedan acreditados.
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De esa manera, cuando los datos estén correctamente registrados y puedan asociarse al titular correspondiente, la persona no tendrá que acercarse a una oficina de ANSES para presentar documentación. El trámite quedará resuelto a partir de la comunicación entre las distintas dependencias de la administración nacional.
Capital Humano presentó el cambio como parte de una política de modernización administrativa. La cartera que encabeza Pettovello sostiene que el mecanismo permitirá simplificar las gestiones de los titulares de la AUH, reducir los pasos presenciales y evitar que los ciudadanos entreguen al Estado documentación que ya obra en poder de organismos públicos.
Otro de los objetivos planteados por el Ministerio es mejorar la calidad de la información utilizada para validar el cumplimiento de los requisitos. Al tomar los datos directamente de las fuentes oficiales, el sistema busca reducir errores durante la certificación o la carga manual y limitar el margen para posibles irregularidades.
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La eliminación del trámite en papel, sin embargo, no será absoluta. El Gobierno dejó prevista una vía alternativa para los casos en los que el cruce automático no permita comprobar el cumplimiento de las condiciones. Si la información no aparece en las bases, es incompleta o el sistema no logra validarla, el titular conservará la posibilidad de presentar la documentación de manera presencial ante ANSES.
Ese mecanismo funcionará como respaldo para evitar que una falla en el intercambio de datos o la ausencia de un registro impida completar el trámite. En esas situaciones, el beneficiario podrá utilizar el procedimiento habitual y acreditar personalmente la información necesaria.
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Por lo tanto, el nuevo esquema tendrá dos vías. La principal será automática y se basará en el intercambio de información entre Salud, Educación y ANSES. La segunda continuará siendo presencial y quedará disponible para los casos en los que el sistema no pueda verificar los datos de manera directa.
La medida se concentra en los titulares con hijos de entre 5 y 17 años, la franja etaria señalada por Capital Humano para este procedimiento. Allí se cruzarán las dos condiciones contempladas en el anuncio: los controles de salud y la escolaridad. El cambio no modifica la vigencia de esos requisitos, sino la forma en que se acreditarán ante ANSES para completar el cobro del monto retenido.
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Desde el punto de vista administrativo, la decisión traslada una parte del trámite desde el ciudadano hacia el Estado. La persona dejará de actuar como intermediaria entre organismos cuando la información pueda obtenerse de manera directa a través de los sistemas oficiales. La expectativa del Gobierno es que esa integración reduzca tiempos, evite traslados y elimine presentaciones innecesarias.
La puesta en marcha del sistema dependerá de que los datos puedan compartirse e identificarse correctamente entre los organismos. Cuando el cruce sea exitoso, el cumplimiento de las condiciones quedará acreditado de forma automática. Cuando no lo sea, seguirá disponible la presentación tradicional ante ANSES.
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Con esta modificación, el Ministerio de Capital Humano busca que el cobro del 20% retenido de la AUH se apoye cada vez más en el intercambio interno de información estatal. La intención es que Salud, Educación y ANSES integren un mismo circuito de validación, con menos intervención del beneficiario, menos documentación en papel y una comprobación directa sobre los registros oficiales.
Los diputados de La Libertad Avanza amanecieron este miércoles con un disgusto inesperado. Luego de haber asegurado públicamente que el oficialismo estaba trabajando en un texto “superador” para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, recibieron con asombro un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área de discapacidad y detonaba las negociaciones en curso con los aliados. Ahora, los libertarios desestiman los artículos de la polémica y buscan retomar el diálogo con los dialoguistas, pero persisten las dudas sobre las reales intenciones del presidente Milei.
Si bien voces dentro del oficialismo intentaron explicar que todo fue parte de una estrategia, que implicaba una propuesta de máxima (eliminar de raíz la Emergencia en Discapacidad) para luego tener margen de negociación y avanzar con un texto consensuado, durante el transcurso del día diferentes fuentes reconocieron que en realidad no estaban al tanto de las propuestas de la Casa Rosada.
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“Nadie sabía nada. Fue una descoordinación un poco responsabilidad del Ministerio de Salud y otro poco de Legal y Técnica”, explicaron a Infobae. Pero incluso admitieron que el presidente de la Cámara de Diputados y hombre fuerte del karinismo, Martín Menem, tampoco estaba al tanto, lo cual multiplica las especulaciones, ya que comparte la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.
El texto que el Gobierno envió al Congreso introduce una reforma profunda al sistema de discapacidad que tanto la oposición política como las organizaciones del sector consideran un retroceso respecto de la actual. Entre sus puntos más destacados, la iniciativa retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.
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Por otro lado, figura la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC)
Ante la consulta de Infobae, desde el bloque libertario reconocieron que el capítulo VI no tiene posibilidades de ser aprobado tal como lo envió el Palacio de Hacienda y aseguraron que en la versión definitiva quedará el proyecto “superador” que se estaba negociando con los aliados, como el PRO, la UCR, Provincias Unidas (Córdoba y Santa Fe) y Argentina Federal (Salta y Misiones). No obstante, hasta el momento no ha trascendido ningún detalle sobre esta propuesta. “Así como está, no va a salir”, resumieron.
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La falta de coordinación generó un fuerte malestar entre los diputados que se habían puesto al frente de la discusión. Hasta el presidente de la Cámara, Martín Menem, tuvo que reunirse en persona con varios de ellos para “contenerlos”.
“El Presupuesto quedó viejo”, intentó explicar otro integrante del bloque, que atribuyó el traspié a que el texto había sido redactado antes de que comenzaran las negociaciones con los aliados.
Sin embargo, la misma fuente rescató que a pesar de las “desprolijidades” se terminó adelantando un paso. “Es mejor que esto explotó ahora porque simplifica la negociación, hubiera sido peor llegar a un dictamen de consenso y que después cuando lo viera Economía, lo diera de baja”, sintetizaron.
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Por lo pronto, las negociaciones con los aliados volvieron a foja cero pero desde el oficialismo confían en poder llegar a un dictamen antes de fin de mes.
La Justicia Federal de Río Grande suspendió las perforaciones, las instalaciones submarinas y la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en Malvinas hasta una evaluación de impacto ambiental
16 Sep, 2026 08:02 p. m. EST
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La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender las perforaciones, las instalaciones submarinas y el inicio de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental. La medida cautelar, dictada por la jueza Mariel Borruto, alcanza a las compañías Rockhopper y Navitas. En paralelo, Comodoro Py abrió una investigación sobre Desire Petroleum y el grupo Rockhopper.
En Infobae al Regreso, el abogado ambientalista Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, explicó la estrategia judicial impulsada junto al Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) y anticipó que buscarán avanzar sobre la estructura financiera que sostiene el proyecto.
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El planteo combina cuestiones ambientales y de soberanía. “Presentamos esta acción de tutela ambiental, que junta las dos cosas: soberanía y ambiente”, explicó Viale al describir una presentación que, según señaló, fue preparada durante varios meses.
El proyecto Sea Lion tiene previsto comenzar a producir en 2028, con una capacidad estimada de entre 120.000 y 130.000 barriles diarios. El desarrollo contempla además la perforación de 23 pozos y la instalación de infraestructura submarina.
Para Viale, la escala del emprendimiento hace que la discusión no se limite a las compañías petroleras. “Las empresas petroleras no lo hacen solas, tienen bancos, aseguradoras, etcétera”, sostuvo. Desde esa perspectiva, la estrategia apunta a identificar a los distintos actores que intervienen en el esquema económico del proyecto. “Sin financiamiento no hay proyecto”, resumió.
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La cautelar que frenó el avance de Sea Lion
La resolución de Borruto suspendió las tareas vinculadas con el desarrollo del proyecto hasta que exista una evaluación de impacto ambiental. Para Viale, esa decisión permite avanzar sobre el fondo de la controversia porque impide que las compañías continúen con las operaciones mientras se define si cumplen con las exigencias ambientales.
El abogado también defendió la competencia del Juzgado Federal de Río Grande y vinculó la presentación con la jurisdicción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según explicó, uno de los objetivos iniciales era obtener una declaración judicial sobre la legalidad de las operaciones.
“Lo primero que necesitábamos era esta declaración de ilegalidad”, afirmó. A su entender, la propia medida cautelar anticipa esa discusión al impedir que el proyecto avance sin una evaluación ambiental.
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La presentación también busca que las empresas sean notificadas formalmente de la decisión y que pueda reconstruirse el entramado societario y financiero detrás de Sea Lion.
Embargos, bancos y mercados internacionales
El siguiente paso de la estrategia, según anticipó Viale, será avanzar sobre los activos vinculados con las compañías si se incumple la orden judicial. “Lo que nosotros estamos preparando es el camino de los embargos”, señaló.
El abogado explicó que una eventual ejecución de esas medidas debería contemplar que buena parte de la estructura empresarial se encuentra fuera de la Argentina. En ese sentido, destacó que la jueza dispuso la notificación de las empresas por vía postal, de acuerdo con los mecanismos previstos por la Convención de La Haya.
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La estrategia también apunta a los mercados financieros. Rockhopper tiene presencia en Londres y Viale sostuvo que el planteo podría extenderse a otras plazas donde existan valores vinculados con las empresas. “Después nosotros vamos a pedir que se ordene a bolsas del mundo”, anticipó.
Según explicó, la intención es que las entidades financieras conozcan la existencia de la resolución argentina y puedan evaluar sus efectos sobre las operaciones relacionadas con el proyecto.
La organización, agregó, cuenta con cooperación internacional de entidades especializadas en rastrear estructuras societarias, accionistas y fuentes de financiamiento.
El rol de Navitas y la dimensión económica del proyecto
Durante la entrevista, Viale señaló que Navitas concentra el 65% de la participación vinculada con Sea Lion. También diferenció a la empresa del Estado de Israel, aunque sostuvo que existen vínculos entre algunos de sus ejecutivos y el gobierno de Benjamin Netanyahu.
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Más allá de esa discusión, el abogado puso el foco en la dimensión económica del emprendimiento. Según planteó, una explotación de la escala prevista para Sea Lion puede modificar la situación financiera de las islas y generar incentivos para profundizar su desarrollo hidrocarburífero.
“Haría que las islas por primera vez sean superavitarias. Hasta ahora son, entre comillas, deficitarias del Reino Unido”, afirmó.
Viale también señaló que la actividad petrolera no es el único frente que analizan. Mencionó permisos de pesca otorgados a empresas españolas y sostuvo que podrían impulsarse acciones judiciales similares sobre esa actividad.
El impacto ambiental y el antecedente de Mar del Plata
Uno de los principales argumentos de la presentación es el posible impacto de una explotación offshore sobre el ecosistema marino. Viale advirtió que un eventual derrame podría trascender el área específica de perforación y afectar tanto la pesca como distintos ecosistemas de la costa argentina.
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“Un derrame como los hay en todos los offshore del mundo podría afectar incluso la costa argentina, la pesca argentina o los ecosistemas de la ballena franca austral”, sostuvo.
El abogado recordó además la experiencia de su organización contra un proyecto de exploración offshore frente a Mar del Plata, donde, según señaló, consiguieron una medida cautelar que mantuvo paralizado el desarrollo durante dos años.
Ese antecedente forma parte del marco desde el cual plantearon la acción contra Sea Lion, aunque en este caso la discusión incorpora desde el inicio la cuestión de soberanía junto con los argumentos ambientales.
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Para Viale, el expediente también se inscribe en una discusión más amplia sobre la continuidad de los proyectos de combustibles fósiles. “El mundo tiene que salir de los combustibles fósiles y además está yendo para ahí”, sostuvo.
Mientras avanzan la causa de Río Grande y la investigación abierta en Comodoro Py, la estrategia judicial apunta ahora a determinar quiénes integran la estructura económica del proyecto y hasta dónde pueden extenderse las consecuencias de la cautelar sobre las empresas, sus activos y quienes participan de su financiamiento.
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Un auto cayó al río Uruguay cuando intentaba subir a una balsa internacional que conecta la provincia de Misiones con Brasil. El accidente ocurrió este miércoles, cerca del mediodía, y el conductor pudo ser rescatado antes de que el vehículo quedara completamente bajo el agua.
El episodio se registró en la cabecera brasileña del cruce entre Alba Posse y Porto Mauá, mientras el automóvil, con patente de Brasil, realizaba la maniobra para ingresar a una balsa de bandera argentina.
Según las primeras informaciones, el conductor habría continuado avanzando cuando debía detenerse. De esa manera, sobrepasó el límite del carril destinado a la carga y cayó directamente a las aguas del río.
El rescate del conductor
Al menos una persona se encontraba dentro del vehículo en el momento del accidente. Los trabajadores de la balsa y algunos testigos reaccionaron y consiguieron retirar al hombre antes de que el auto se hundiera completamente.
Una de las hipótesis apuntó a una posible distracción. Según consignó el diario El Territorio, el conductor llevaba un teléfono celular en la mano, tenía las ventanillas cerradas y el aire acondicionado encendido.
Por esas circunstancias, no habría escuchado los gritos de los operarios que intentaban advertirle que debía detener la marcha.
Investigan las causas del accidente
Las autoridades fluviales y las fuerzas de seguridad de ambos países iniciaron actuaciones para determinar cómo se produjo el accidente. Los investigadores buscaban establecer si se trató de una falla humana o de algún desperfecto mecánico.
También se esperaba un informe oficial sobre el estado de salud del conductor, quien recibió asistencia después del rescate.
En medio del debate abierto en los últimos meses sobre cómo lograr un reconocimiento a la propiedad intelectual en semillas que permita la llegada de nuevas tecnologías, la Mesa de Trabajo Técnico sobre la ley de semillas, donde están sentadas entidades de la Mesa de Enlace y la industria semillera, acordaron continuar la discusión sobre qué productores quedarán exceptuados del pago por el uso propio que hoy es gratuito por ley.
Si bien, según pudo reconstruir LA NACION, todavía no hay un acuerdo que permita decir que las partes han convenido llegar a un entendimiento total para resolver este conflicto que en los hechos viene de los últimos 20 años, el paso dado hoy refleja esa voluntad. En rigor, la ley actual es de 1973, cuando la soja apenas despuntaba y ni siquiera había biotecnología agrícola.
“Se realizaron ejercicios concretos sobre las diferentes posturas y escenarios, evaluando alternativas para el uso propio gratuito en el marco de una ley de semillas reformada. Se acuerda continuar trabajando en torno a la figura, las características y los detalles del productor exceptuado del pago por el uso propio”, expresó en un comunicado la Mesa de Enlace tras una reunión de sus técnicos en la materia con la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).
En la mesa: referentes de la industria semillera y técnicos de la Mesa de Enlace en una nueva reuniónMesa de Enlace
Detrás de esa frase, que en realidad quedó en el último párrafo del comunicado, hay varias cosas más. Por un lado, que el modelo original de las 500 hectáreas de libre disponibilidad o libre cobro como tal para los productores que proponía la Mesa de Enlace ya no rige más. La dirigencia rural busca igual algo justo y equilibrado. El primer acuerdo está en avanzar, a través del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), que funciona en la órbita de ARCA, para usar ese sistema como método de trabajo, no de cálculo. En SISA están los deciles de superficie. Ahora lo que se está pensando con ello es en cuántas hectáreas por cultivo van a ser para la excepción.
La discusión tiene a la soja en el centro de la escena, pero también a cultivos de economías regionales como las legumbres. Y es un tema que no solo tiene relevancia para multinacionales de la actividad como Bayer o BASF, sino también para firmas locales como GDM e incluso para el mismo Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que ha trabajado en mejoramiento genético. Sin una actualización de la ley, los programas de mejoramiento en soja en la Argentina se quedaron atrás respecto de Brasil, donde incluso ya hay varias generaciones de una misma tecnología, como Intacta, que combina amplia resistencia para insectos y malezas. También hay otras tecnologías en la oleaginosa a nivel mundial que requerirán un nuevo marco regulatorio.
Negociación
En el sector se insiste en que, por el momento, el único entendimiento pleno es usar los deciles del SISA como modo de cálculo, un acuerdo de método de trabajo. No hay acuerdo global aún y falta para ello. “Paciencia”, es la palabra que resuena en ambas partes. En esa palabra también está el reconocimiento de que después de años de idas y vueltas e intentos fallidos la negociación ahora es más sólida. Nadie quiere dejar la negociación sabiendo que se trata de un punto clave para la llegada de nuevas inversiones. Hace unos días, por ejemplo, LA NACION contó el interés de la alemana BASF para evaluar nuevas inversiones en su negocio de semillas de soja en el país justamente si se resuelve este tema.
La discusión va más allá de la soja Getty Images
En ese marco se juegan la moderación y las palabras, como las del comunicado de la Mesa de Enlace que no son concluyentes porque las mismas entidades tienen que consultar a sus representados. “Hoy tuvo lugar la tercera reunión de la Mesa de Trabajo Técnico sobre la Ley de Semillas, en la sede de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), con la presencia de representantes de la producción y de la industria semillera. Se han construido avances y se valora especialmente lo trabajado en tan poco tiempo”, dijo la agrupación donde están la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina y Coninagro.
“Además, se destaca que la construcción de consensos se construye progresivamente y requiere un serio y profundo trabajo profesional e institucional, dada la complejidad del tema y la amplia diversidad de intereses y tipos de actores privados y productivos representados en esta Mesa. Cada avance y discusión requiere validación y consulta con las bases y las empresas involucradas”, concluyó. La negociación seguirá. También espera su resultado el Gobierno, que se comprometió ante los Estados Unidos a enviar al Congreso un proyecto para la aprobación de la adhesión a Upov-91, un tratado internacional que le otorga un mayor reconocimiento a los obtentores por sus derechos en el germoplasma.
Este miércoles se realizó una audiencia ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata, en el marco de la causa de contratos truchos de la Legislatura, en la cual se prorrogaron las medidas de coerción contra los 18 imputados que serán llevados a juicio oral y público por un desfalco estimado por la fiscalía en 53 millones de dólares.
La fiscal Patricia Yedro solicitó la imposición de estas medidas coercitivas con el objetivo de “asegurar los fines del proceso”, “evitar la obstaculización de la causa” y garantizar «la comparecencia de los imputados” durante el debate. Se trata de restricciones vigentes que fueron calificadas como de “mínima injerencia” en su vida, dictadas para quienes en su gran mayoría siguen el proceso en libertad con condiciones como no contactar a testigos de la causa, avisar en caso de cambiar de domicilio o solicitar autorización para salir del país.
En la audiencia intervinieron los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry; y Gustavo Acosta, por la Fiscalía de Estado. Por la defensa, participaron los abogados Emilio Fouces (por Schneider, Cardoso y Lázzaro), Iván Vernengo (por Bilbao), Miguel Ángel Cullen (por Marta Pérez, Degani, Díaz, De Breuil, Almada y Aguilera), Victoria Halle (por Speroni y Pagnoni), Tomás Vírgala (por Faure), Leopoldo Lambruschini (por Orabona), Pablo Hawlena Gianotti (por De Breuil), Agustín Fontana y José Velázquez (por Beckman y Mena).
Mientras la mayoría asistió presencialmente, los imputados Orabona y De Breuil comparecieron de manera virtual.La nómina completa de imputados que serán llevados a juicio alcanzados abarca a Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Alfredo Bilbao, Gustavo Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Alejandro Luis José Almada, Juan Pablo Aguilera, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani, Pedro Eduardo Opromolla, Juan Domingo Orabona, Jorge Enrique De Breuil, Jorge Lázzaro y José Javier Schneider. Cabe recordar que la causa tenía 32 imputados, pero muchos accedieron a salidas alternativas, como probation o juicios abreviados.
La fiscalía aclaró que las medidas también aplican a dos imputados que se encuentran en prisión: el cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, alojado en la cárcel de Gualeguaychú tras quedar firme su condena a seis años de prisión en la causa del Megajuicio; y Alejandro Almada (a la vez cuñado de Aguilera), con arresto preventivo en la Unidad Penal de Paraná desde el sábado pasado.
Para ambos rige específicamente la prohibición de mantener contacto con testigos o realizar actos molestos que obstruyan el desarrollo del proceso.
Tras el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y las defensas, la jueza Barbagelata dispuso la prórroga de las restricciones hasta la finalización del debate oral y público o hasta que la sentencia quede firme. Entre las obligaciones impuestas figura mantener el domicilio fijado e informar cualquier modificación previa al tribunal y a la fiscalía.
En caso de viajes al exterior, se exigirá acuerdo previo de la fiscalía o autorización judicial, detallando tiempo de permanencia, itinerario, alojamiento y números de contacto.
Finalmente, para los imputados con pedido de prisión efectiva (Pérez, Orabona, Lázzaro, Cardoso, Almada, Bilbao, Mena, Beckman, Opromolla y De Breuil), se acordó que sus defensas envíen del 1 al 10 de cada mes una declaración jurada por correo electrónico dirigido a la Fiscalía confirmando la permanencia en sus domicilios denunciados.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tendrá menos presupuesto, cargos y actividades en 2027. Según el proyecto de presupuesto que el Gobierno envió al Congreso, los gastos del organismo caerían un 12,4% y tendría 837 cargos menos, con los distintos retiros voluntarios ya realizados. En tanto,en el proyecto para 2027, los derechos de importación desaparecen de los ingresos del instituto y solo queda la Tasa de Estadística, al margen de los aportes generales.
De acuerdo con las planillas oficiales, los gastos del INTA pasarían de $360.124 millones en 2026 a $315.538 millones en 2027. Son $44.586 millones menos en términos nominales, sin descontar la inflación prevista para el próximo año. En cuanto al personal, el organismo contaría con 6308 cargos, frente a los 7145 que figuran para 2026, una baja del 11,7%.
El dato se conoce en medio de la reestructuración que el Gobierno lleva adelante en el instituto desde principios de 2025. Durante este tiempo hubo cambios en las agencias de extensión, se eliminaron cargos jerárquicos y programas, se avanzó con la venta o desafectación de bienes y se abrieron planes de retiros voluntarios.
El Gobierno también intentó quitarle al INTA su autarquía. Esa medida fue frenada en 2025 por el Congreso y la Justicia, pero los cambios internos y la reducción de su estructura continuaron. Las planillas de personal muestran ahora el alcance de ese achique. Para 2027 aparecen 6308 cargos, frente a los 7145 previstos para 2026. La diferencia es de 837 puestos, un 11,7%. El documento no aclara si todos esos cargos corresponden a nuevas bajas o si una parte refleja retiros y cambios que ya se concretaron.
El organismo tendría 6308 cargos durante el próximo año, 837 menos que los 7145 previstos para 2026
La mayor reducción se concentra en un área clave para la relación del INTA con los productores. Se trata del programa de Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural. Allí figuran 696 cargos menos, el 83% de toda la baja. Conocida dentro del organismo como AITTE, esa área es la encargada de llevar al territorio los conocimientos y las tecnologías que genera el instituto. Sus profesionales asesoran a productores, brindan capacitaciones y trabajan en las distintas regiones productivas del país.
Los 141 cargos restantes se distribuyen entre otras dos áreas. En Actividades Centrales aparecen 71 puestos menos y en el programa de Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas, otros 70 menos.
La menor dotación coincide con una baja en las tareas previstas para el año próximo. La cantidad de actividades dentro de los proyectos nacionales y regionales pasaría de 3000 a 1500. Es decir, se reduciría a la mitad. También habría menos respuestas para quienes recurren al instituto en busca de asesoramiento. En la categoría “Atención de Consultas de Actores del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial”, que incluye a productores, técnicos y otros integrantes del sector, la meta baja de 4933 consultas en 2026 a 3074 en 2027, un 37,7% menos.
La asistencia técnica, las capacitaciones para productores y el acceso a sistemas de información también caerían, aunque en menor medida. En esos casos, las reducciones previstas van del 7% al 11%.
Cambio
Otro cambio importante está en la forma de financiar el organismo. Hasta 2026, el INTA recibía dinero de la Tasa de Estadística que se cobra sobre el comercio exterior y de una parte de los derechos de importación. Esta última fuente representaba $513.034 millones el año pasado. En el proyecto para 2027, los derechos de importación desaparecen de los ingresos del instituto y solo queda la Tasa de Estadística, al margen de los aportes generales. Por ese cambio, los recursos totales pasarían de $905.711 millones a $546.874 millones. La diferencia es de $358.837 millones, un 39,6%.
Desde el inicio de la gestión, el Gobierno avanza con una reorganización del INTA que incluye cambios en su estructura, sus programas y su planta de personalNicolás Suárez – LA NACION
No todo ese dinero quedaría disponible para las actividades del INTA. De los $546.874 millones que ingresarían el año próximo, $315.538 millones se usarían para cubrir sus gastos. Los otros $231.337 millones, cerca del 42% del total, aparecen como una “aplicación financiera”. En las planillas no figuran destinados al funcionamiento ni a las tareas del organismo.
Entre los objetivos del INTA para el período 2027-2029 el Gobierno señala que buscará “optimizar funciones de la administración central” y “eficientizar gastos en todas las unidades”. También prevé inversiones en equipos e infraestructura para los campos experimentales y las incubadoras del INTA.
LA NACION consultó en el INTA sobre el presupuesto 2027, pero hasta el momento no tuvo respuestas.
