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La expansión de la demanda global de litio, impulsada por el auge de la electromovilidad y la transición energética, ubicó a Argentina como uno de los actores con mayor potencial del planeta. La nación sudamericana forma parte del “Triángulo del Litio”, junto a Bolivia y Chile, y concentra cerca de un quinto de los recursos mundiales de este mineral, según la U.S. Geological Survey 2024.

Sin embargo, la industria litífera argentina opera en una “zona gris” legal, una condición donde la ausencia de un marco regulatorio específico, la superposición de normas provinciales y nacionales, y los vacíos fiscales generan incertidumbre tanto para inversores como para el propio Estado.

El litio se posicionó como un recurso estratégico, ya que el 83% de la producción mundial se destinó a baterías en 2022, con la electromovilidad dominando el 65% de la demanda total. La oportunidad para el país va más allá de la mera extracción: el desafío reside en cómo transformar ese recurso en desarrollo sostenible e inserción en cadenas globales de valor. De acuerdo con la investigación de la Fundación Libertad y el Center for International Private Enterprise, el contexto regulatorio argentino muestra vacíos estructurales y una fragmentación institucional que limitan la capacidad de aprovechar el auge del “oro blanco”.

El diseño institucional de la minería en Argentina asigna a las provincias la titularidad de los recursos minerales. Esta distribución, establecida por la reforma constitucional de 1994, favoreció la proliferación de normativas dispares.

La mayoría de los proyectos litíferos se localizan en Jujuy, Salta y Catamarca, provincias que avanzaron en la creación de empresas estatales mineras y esquemas propios de participación y regalías. Por ejemplo, la Ley N.º 5.789 de Jujuy impone la incorporación de la estatal JEMSE con un mínimo de 8,5% de participación en cada emprendimiento. Catamarca y Salta también establecieron sus propias empresas provinciales, como CAMYEN y REMSa.

Esta discrecionalidad provincial generó asimetrías y dificultades para planificar inversiones a largo plazo. Las diferencias en regalías, licencias y fideicomisos crean incertidumbre para las compañías, que encuentran reglas cambiantes y procedimientos poco homogéneos al operar en distintas jurisdicciones. Aunque para contrarrestar esa fragmentación, surgió la Mesa del Litio, un espacio de coordinación entre Jujuy, Catamarca y Salta que intentó armonizar criterios, aunque su alcance sigue siendo limitado y no reemplaza la falta de una estrategia federal concertada.

La ausencia de una legislación nacional específica para el litio representa una de las principales trabas para el desarrollo del sector. Este vacío impidió el diseño de mecanismos regulatorios que promuevan valor agregado local, encadenamientos productivos y una gobernanza más eficaz de las rentas generadas por el recurso. Más allá de la regulación minera general, el litio presenta dinámicas propias de mercado, volatilidad de precios y exigencias ambientales y sociales crecientes, lo que demanda soluciones diferenciadas.

Regalías y precios de transferencias

A nivel fiscal, el régimen actual también muestra debilidades. La legislación nacional establece un límite máximo de 3% para la recaudación de regalías, pero la negociación de aportes adicionales quedó en manos de las provincias. Esto evidenció la necesidad de mecanismos transparentes y eficientes para que esos recursos se traduzcan efectivamente en desarrollo regional. Además, los esquemas fiscales que no contemplan el ciclo de precios pueden amplificar la volatilidad: cargas rígidas en contextos de precios bajos deterioran la inversión y frenan el escalamiento de los proyectos.

El control sobre los precios de transferencia es otro punto crítico. La normativa vigente presenta deficiencias para fiscalizar operaciones entre empresas vinculadas, lo que abrió la puerta a la subfacturación de exportaciones y a la erosión de la renta minera estatal.

La volatilidad de los precios internacionales del litio introdujo una dinámica de inversión marcada por picos y retracciones. Las compañías tienden a acelerar o frenar decisiones de desembolso según el contexto internacional, y la puesta a punto de las plantas suele demandar más tiempo de lo previsto. Esto produce “ramp-up” irregulares y afecta la cadena de proveedores, que experimenta picos de demanda en la construcción y luego ajustes cuando los proyectos se estabilizan o reprograman.

Radiografía del mercado

Actualmente, unas 40 empresas —de origen canadiense, australiano, chino, británico, francés, estadounidense, coreano y nacional— operan en el país en distintas etapas, desde prospección hasta producción. Sólo ocho son argentinas y una, YPF, es estatal.

La presencia de firmas globales como Río Tinto, la francesa Eramet y asociaciones como la de Toyota Tsusho con JEMSE refleja el atractivo del litio argentino, pero también la necesidad de un marco regulatorio robusto que garantice transparencia. El caso del proyecto Centenario-Ratones, operado por Eramet en Salta, involucró una inversión estimada de USD 595 millones y una capacidad de producción de 24.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. Por su parte, Río Tinto destinó más de USD 110 millones al desarrollo inicial del proyecto Fénix y proyecta una expansión a 60.000 toneladas anuales para 2030.

El ciclo del litio impone exigencias de planificación e institucionalidad. Cuando el precio internacional varía, la inversión responde de inmediato y la calidad del marco normativo se vuelve un diferencial para sostener proyectos a largo plazo. Además, la “fiebre del litio” dejó de jugarse solo en volumen y pasó a depender de la reputación y del acceso a cadenas globales que exigen trazabilidad, certificaciones ambientales y producción ética.

Las recomendaciones de la Fundación Libertad incluyen modernizar el marco fiscal y aduanero, fortalecer la coordinación a través de la Mesa del Litio, formalizar criterios mínimos para la participación estatal provincial y avanzar en la adhesión a la EITI con criterios específicos para el litio. También sugieren el desarrollo de proveedores nacionales, la financiación de infraestructura minera mediante esquemas público-privados y la incorporación de estándares internacionales de transparencia.

Regalías

La gestión de las regalías permanece como un eje de discusión. La legislación nacional fija un techo, pero la experiencia muestra que la negociación provincial y la falta de esquemas transparentes generan volatilidad y debilitan el desarrollo regional. La previsibilidad y la transparencia en la captura y el uso de rentas funcionan como filtros para orientar inversiones de largo plazo, desalentar estrategias de corto plazo y promover una minería con estándares ambientales y sociales reconocidos internacionalmente.

El capital que llega al país también varía en su calidad. El capital “constructivo” apuesta al largo plazo y cumple estándares rigurosos, mientras que el “corrosivo” prioriza el corto plazo y la mera extracción de renta. La credibilidad de las reglas de juego marca la diferencia entre ambos. Alteraciones en condiciones garantizadas, como cambios tributarios sobre proyectos ya en marcha, afectaron la confianza y elevaron la prima de riesgo país.

Entre las propuestas para fortalecer el sector se destacan la implementación de auditorías conjuntas entre organismos fiscales y aduaneros, la creación de registros nacionales de ingresos fiscales del litio, la profesionalización de equipos técnicos provinciales y nacionales, y la articulación con organismos internacionales como el CIAT y la OMA para mejorar la trazabilidad y la fiscalización de exportaciones.

La industria del litio en Argentina muestra un crecimiento acelerado en términos de inversiones, diversidad de actores y expansión de proyectos, pero convive con fragilidades institucionales y productivas. El país permanece en una “zona gris” de alta incertidumbre legal y bajo impacto duradero, mientras los actores del sector debaten el rumbo y las condiciones para transformar el “oro blanco” en desarrollo tangible.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mencionó hoy su disposición a concretar una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, pero aclaró que sólo se llevaría a cabo bajo ciertas condiciones. Además, afirmó que la guerra “se acerca a su fin”.

“Sería posible reunirse en un tercer país, pero solo si se alcanza un acuerdo definitivo sobre un tratado de paz, que debería estar diseñado con una perspectiva a largo plazo”, declaró el líder ruso, quien aprovechó para criticar a los países occidentales por ayudar a Kiev.

“Empezaron a intensificar la confrontación con Rusia, que continúa hasta hoy. Creo que se acerca a su fin, pero sigue siendo un asunto serio”, agregó en declaraciones a periodistas.

En la misma jornada en la que Putin manifestó esta propuesta, Rusia lanzó un ataque con un misil balístico Iskander y 43 drones contra distintas regiones de Ucrania, violando la tregua de tres días previamente anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El bombardeo alcanzó especialmente las zonas de Sumy y Odesa, provocó la muerte de tres personas, entre ellas un padre y su hijo y dejó al menos un herido.

El Servicio de Emergencia ucraniano informó que los incendios en muchas viviendas particulares fueron extinguidos, pero ante la amenaza de nuevos bombardeos, el personal fue reubicado en zonas seguras.

Las fotos publicadas por los equipos de emergencia exhibieron los daños y la destrucción causados por el reciente ataque ruso en Ucrania.

El fuego también afectó una granja en la región de Cherníhiv, donde fallecieron dos civiles y resultó herido un tercero.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania nueve proyectiles impactaron en seis ubicaciones distintas y los sistemas de defensa lograron derribar 34 de los 43 drones lanzados por Moscú.

Esta ofensiva coincidió con las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú, que este año se realizaron sin exhibiciones militares y con limitaciones en las comunicaciones.

Al mismo tiempo de esa conmemoración, la policía detuvo en San Petersburgo, a una sobreviviente del Bloqueo de Leningrado por protestar contra los crímenes del Kremlin, con ocasión a esa conmemoración.

Liudmila Vasílieva, de 85, portaba una pancarta con la frase “No ocultes tus crímenes tras la Victoria popular” y dejó flores y una vela en el memorial dedicado a las víctimas de los campos de trabajo soviéticos.

Tras su arresto, los agentes la trasladaron a una comisaría, aunque la liberaron poco después sin formular cargos. Vasílieva, conocida entre los opositores por su activismo y por haber sido detenida en otras ocasiones, se negó a declarar amparándose en la Constitución rusa. Anteriormente, la multaron por manifestarse contra la invasión de Ucrania y en 2024 intentó postularse para las elecciones a gobernador, pero no consiguió las firmas necesarias.

Con respecto al pedido de la reunión, el asesor presidencial ucraniano Serguí Leshchenko indicó que Zelensky aceptaría reunirse con Putin en cualquier lugar, excepto en la capital rusa, por considerarla la sede del Estado agresor.

En paralelo a las declaraciones cruzadas, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, mantuvo una conversación con Putin para informarle sobre su reciente encuentro con Zelensky en Armenia, aunque aclaró que no transmitió ningún mensaje directo del presidente ucraniano.

Fico expresó su apoyo al ingreso de Ucrania en la Unión Europea y destacó la reanudación del bombeo de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, elemento que facilitó el respaldo de Eslovaquia y Hungría a un préstamo comunitario para Kiev.

Además, António Costa, presidente del Consejo Europeo, sostuvo en esta jornada, que la Unión Europea deberá dialogar con Rusia sobre seguridad cuando se alcance la paz en Ucrania, mientras Vladimir Putin propuso a Gerhard Schroder como posible mediador y advirtió sobre los riesgos para Europa al apoyar a Kiev.

Los líderes de Europa celebraron este sábado el Día de Europa, recordando el origen de la Unión Europea en 1950 con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. En la jornada destacaron más de siete décadas de unión, resaltando el valor de la cooperación y la continuidad del proyecto europeo frente a los desafíos y crisis internacionales actuales.

Volodímir Zelensky aseguró que Ucrania celebra el Día de Europa convencida de ser una parte “inseparable” de la familia europea y destacó el respaldo recibido desde los primeros días de la guerra con Rusia.

“Hoy es el Día de Europa. Y Ucrania lo celebra no de manera formal ni con eslóganes, sino plenamente consciente de que ya somos una parte inseparable de la familia europea”, dijo.

“Estamos defendiendo Ucrania, nuestra independencia, nuestro futuro; y al hacerlo, en Ucrania estamos defendiendo nuestra Europa. Una Europa de la que Ucrania ha formado y seguirá formando parte”, agregó.

Zelensky subrayó también que Europa eligió “estar del lado de los valientes y los fuertes, de los ucranianos que luchan hoy por la paz y por una verdadera protección contra la tiranía, no sólo para ellos mismos, sino para todo el continente”.

Por su parte, Vladimir Putin encabezó el desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza Roja esta jornada y centró su discurso en la ofensiva rusa en Ucrania.

“Pese a que combaten contra una fuerza agresiva que es apoyada por todo el bloque de la OTAN, nuestros héroes siguen avanzando”, sostuvo el mandatario.

Luego, remarcó: “La consolidación del pueblo ruso, su fuerza moral y la capacidad de superar cualquier desafío son la clave del éxito”. Finalmente, Putin subrayó: “Estoy firmemente convencido de que nuestra causa es justa. Estamos juntos, el triunfo fue y siempre será nuestro”.

Con respecto al intercambio de prisioneros, Putin sostuvo: “La reacción fue que debíamos examinar con detenimiento, tal vez no a 500, sino a 200. Luego desaparecieron por completo y dijeron abiertamente que no estaban preparados para este intercambio. No lo querían”.

Rusia sostiene su campaña militar y muestra firmeza en sus posiciones, tanto en el terreno bélico como en las negociaciones. Los ataques no cesan y se suman a las restricciones internas, en un escenario que sigue dejando impacto en la vida cotidiana de Ucrania y en la dinámica social rusa.

(Con información de Europa Press y EFE)

El secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, lanzó una ofensiva contra Hernán Doval, titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), tras el pedido público de este último de avanzar en la municipalización total del servicio de recolección de residuos y barrido manual de calles en toda la provincia de Buenos Aires. En un video difundido en redes sociales, Moyano equiparó a Doval con funcionarios del Gobierno nacional y lo acusó de promover la precarización laboral de los trabajadores del sector.

“¿Qué diferencia hay entre el ministro Caputo, Sturzenegger, Adorni, Jorge Macri y este señor Doval?”, preguntó el dirigente camionero, al trazar una línea directa entre la posición del líder municipal y las políticas de ajuste que atribuye al oficialismo. Moyano fue categórico: “Este señor actúa como jefe de prensa de sus patrones, que son los intendentes municipales”.

La disputa tiene un trasfondo económico concreto. Moyano advirtió que la municipalización implicaría una reducción salarial de casi el 50% para los trabajadores de recolección, ya que los empleados municipales perciben ingresos notoriamente inferiores a los encuadrados bajo el convenio colectivo de Camioneros. “Muchos municipales no llegan a cubrir la canasta básica con su salario. Y este señor quiere llevarnos a la pobreza, a la miseria”, afirmó.

La tensión entre el gremio camionero y los municipios bonaerenses no es nueva. A fines de marzo, Camioneros protagonizó un conflicto en Villa Gesell luego de que el intendente Gustavo Barrera rescindiera parcialmente el contrato con la empresa Santa Elena, prestadora del servicio de recolección, lo que dejó sin trabajo a más de 40 empleados de recolección y barrido. Moyano encabezó una protesta frente al municipio y calificó la decisión de Barrera como una “traición” hacia los trabajadores. La intervención del gobierno provincial, a través de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, logró suspender los despidos y restablecer las tareas de barrido y recolección. El dirigente invocó ese episodio en su video: “Venimos de un conflicto muy grande en Villa Gesell, en donde hemos defendido con huevo y con lucha 45 puestos de trabajo”.

El reclamo de Doval, que Moyano interpreta como un aval a la política de los jefes comunales, se produce en un contexto de presión financiera sobre los municipios bonaerenses. La caída en la recaudación y en los fondos de coparticipación empujó a varios intendentes a revisar contratos con empresas concesionarias de recolección, uno de los servicios más costosos para las administraciones locales. Esa tendencia es la que el gremio camionero busca frenar con movilizaciones y, si fuera necesario, con un paro provincial.

Moyano también apuntó contra la coherencia del dirigente municipal. Lo acusó de marchar públicamente contra la reforma laboral mientras, al mismo tiempo, impulsaba una medida que —según el camionero— implica exactamente eso para los trabajadores del sector: “Lo vemos a este señor marchando contra la reforma laboral y hoy pide la reforma laboral para los trabajadores camioneros”.

El dirigente de Camioneros convocó a trabajadores y delegados de las regionales bonaerenses a presionar a sus representantes municipales para bloquear cualquier avance en la municipalización. “Se acerquen a las regionales de los municipales y le digan a su dirigente que no vamos a permitir que se municipalice ni un servicio de la recolección”, indicó. La amenaza fue directa: el sindicato defenderá el convenio colectivo del sector, que Moyano describió como una conquista histórica obtenida con “compañeros detenidos, desaparecidos, compañeros muertos”.

En la noche del viernes Burford Capital, el “financiador de litigios” que entabló una batalla legal contra la Argentina por la expropiación en 2012 del 51% de las acciones de YPF a la español Repsol, solicitó a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, la misma que hace más de un mes revirtió el fallo de la juez de primera instancia, Loretta Preska, y favoreció a la Argentina, que revise su fallo.

“Los demandantes en el caso por la expropiación de YPF presentaron formalmente un pedido de revisión “en banc” ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, buscando revertir el reciente fallo dividido 2-1 que anuló la sentencia de USD 16.100 millones contra la República Argentina”, explicó esta mañana en un posteo en la red X el experto Sebastián Maril, que sigue muy de cerca esta peripecia judicial internacional.

Maril explicó que una revisión “en banc” generalmente solo se concede si el fallo entra en conflicto con precedentes previos del mismo circuito, o el caso involucra una cuestión de “importancia excepcional”, algo que sucede muy excepcionalmente.

“Muy raramente”

De hecho, Sebastián Soler, otro experto en el litigio, coincidió que la revisión (en bank rehearing) “es un remedio que se concede muy raramente y solo si la parte que lo pide convence a la Corte de que su sentencia contradice sentencias previas. La defensa argentina, agregó, ni siquiera necesita interponer una respuesta al pedido de Burford, a menos que la Cámara de Apelaciones se lo solicite.

Típicamente, precisó, “la Corte se toma una Semanas para decidir sobre esta clase de petición. Si la rechaza, Burford tendrá un período de 90 días para apelar a la Corte Suprama de Justicia de EEUU, en lo que sería “su última chance” para intentar revertir lo que es hasta hoy una clara victoria legal de la Argentina.

Soler señaló incluso que en la presentación de su balance del primer trimestre del año el propio demandante, Burford Capital, admitió además de que sus chances de que la Corte Suprema de EEUU revierta el fallo de la Cámara de Apelaciones a favor de la Argentina son “bajas”, aunque en verdad -aclaró el experto- las chances de éxito de Burford son más bien “infinitesimales”.

En la presentación de su balance Burford también reiteró que intentará llevar su reclamo al Ciadi, un tribunal del Banco Mundial ante el cual se dirimen diferendos entre firmas y países que firmaron Tratados Bilaterales de Inversión, como sería el caso del tratado bilateral Argentina-España en el caso de la demanda del Grupo Petersen y del tratado bilateral Argentina-EEUU en el caso de Eton Park, los dos reclamos que financia y lleva adelante Burford. Soler recordó también que uno de los varios obstáculos que el eventual reclamo de Burford ante el Ciadi tendría es que el Tratado Bilateral de Inversiones entre Argentina y España solo protege a inversores españoles.

En su recapitulación del caso y del reclamo, Maril explica varios otros aspectos del nuevo recurso de Burford:

• Los demandantes sostienen que el fallo reciente contradice decisiones previas de la propia Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en este mismo litigio, donde se concluyó que la conducta de Argentina fue comercial y no soberana.
• La petición argumenta que un panel de jueces de esta corte no puede dejar sin efecto precedentes vinculantes establecidos previamente por otro panel sin revisión del pleno. • El fallo 2-1 eliminó la sentencia más grande en la historia del Segundo Circuito tras más de una década de litigio, testimonios de expertos, discovery y juicio.
• Los demandantes afirman que la decisión deja a los inversores sin remedio judicial pese a que cortes anteriores concluyeron que Argentina incurrió en una “violación consciente y flagrante” de los estatutos de YPF.
• La petición advierte que el fallo podría afectar la confianza en los mercados de capitales norteamericanos al transmitir que un soberano extranjero puede captar fondos en el NYSE con protecciones contractuales para inversores que luego resultan inexigibles.
• También remarcan que los inversores jamás habrían comprado acciones de YPF si hubiesen entendido que la única vía para exigir cumplimiento era acudir a tribunales argentinos.
• No existe un plazo establecido para que el Segundo Circuito decida si concede la revisión “en banc”. El proceso podría demorar varias semanas o incluso meses.

El grupo terrorista libanés Hezbollah informó este sábado que atacó el norte de Israel, a pesar de la tregua vigente entre ambos países.

En un comunicado, el grupo afirmó que “atacó con un dron una concentración de soldados del ejército israelí cerca de Misgav Am” en respuesta a “la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí”.

Asimismo, los medios oficiales libaneses informaron el sábado de tres ataques israelíes al sur de Beirut, a pesar del alto el fuego vigente desde hace tres semanas entre Israel y Hezbollah, respaldado por el régimen de Irán.

Las fuerzas israelíes y el grupo terrorista han intercambiado disparos diariamente, principalmente en el sur del Líbano, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 17 de abril.

“El enemigo israelí lanzó dos ataques en la carretera de Saadiyat”, informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA), de propiedad estatal, refiriéndose a una ubicación a unos 20 kilómetros al sur de Beirut, fuera de los bastiones tradicionales de Hezbollah.

Posteriormente, informó de un tercer ataque en las cercanías.

La NNA también informó de una serie de ataques israelíes en el sur, incluyendo uno en la ciudad sureña de Saksakiyeh, indicando que hubo víctimas, pero sin proporcionar más información. El ejército israelí había pedido a los residentes de nueve aldeas que evacuaran, advirtiendo que actuaría con contundencia contra Hezbollah tras su violación del acuerdo de alto el fuego.

El Ministerio de Salud libanés informó que un ataque israelí contra una motocicleta en la ciudad de Nabatieh, fuera de las zonas de evacuación, alcanzó a un ciudadano sirio y a su hija de 12 años.

‘Una nueva fase’

Según los términos del alto el fuego anunciado por Washington, Israel se reserva el derecho de actuar contra ataques planeados, inminentes o en curso.

Las tropas israelíes también operan dentro de la “línea amarilla” declarada por Israel, que se extiende unos 10 kilómetros (seis millas) dentro del territorio libanés a lo largo de la frontera, donde se ha advertido a los residentes que no regresen.

El diputado de Hezbollah, Hassan Fadlallah, advirtió el sábado sobre “una nueva fase, en la que la resistencia (Hezbollah) no aceptará un retorno a la situación anterior al 2 de marzo”.

Hezbollah involucró al Líbano en el conflicto de Oriente Medio el 2 de marzo al lanzar cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel.

“Cuando ataca nuestros pueblos y suburbios, el enemigo debe esperar una respuesta, y eso es lo que está haciendo la resistencia”, declaró Fadlallah, aludiendo a un ataque israelí esta semana contra los suburbios del sur de Beirut, que, según afirmó, iba dirigido contra un comandante de Hezbollah.

Tras el alto el fuego de 2024, que siguió a una guerra anterior entre Israel y Hezbollah, Israel mantuvo los ataques contra el Líbano, mientras que el grupo respaldado por Irán se abstuvo de responder al fuego.

“Cueste lo que cueste, la resistencia no permitirá un retorno a la fase anterior”, declaró Fadlallah.

También afirmó que las conversaciones directas con Israel equivalían a un “camino de concesiones”, reiterando el llamado de su partido al gobierno para que se retire y opte por conversaciones indirectas.

Representantes libaneses e israelíes se preparan para la reunión. Se celebrará una tercera ronda de conversaciones directas en Washington la próxima semana.

La primera reunión tuvo lugar días antes de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un alto el fuego en el Líbano, y la segunda ronda coincidió con el anuncio de una prórroga de tres semanas de la tregua.

El sábado por la mañana, el ejército israelí informó haber atacado más de 85 instalaciones de infraestructura de Hezbolá “desde el aire y en tierra” en las últimas 24 horas, incluyendo depósitos de armas y lanzadores.

(Con información de AFP)

La Fundación PENSAR, el think tank del PRO, publicó el informe de mayo que traza una línea divisoria entre los fundamentos macroeconómicos del gobierno de Javier Milei y su impacto en el bolsillo de las familias argentinas. En línea con el posicionamiento político del partido, defiende el superávit fiscal y el superávit comercial récord como pilares del plan económico, aunque alerta que el ingreso disponible de los hogares cayó 5,4 % desde el inicio de la gestión y que solo 1 de cada 10 argentinos cree que el gobierno está resolviendo los problemas económicos.

El documento, titulado Sobreviviendo y fechado en mayo de 2026, fue elaborado por la fundación que preside la exdiputada María Eugenia Vidal, con datos de la consultora Poliarquía, la encuestadora Casa Tres, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El diagnóstico se aparta del discurso oficial: el Gobierno insiste en hablar de “récords históricos” de crecimiento del consumo privado.

El informe reconoce que el consumo privado agregado creció 7,9 % en 2025 —el nivel más alto desde que el INDEC inició la serie en 2004— y que, incluso en términos per cápita, se ubica entre los más altos de la historia reciente. Pero advierte que ese dato es engañoso: el rebote se concentra en bienes durables y turismo, con alzas del 60 % en turismo emisivo, 54 % en escrituras en la Provincia de Buenos Aires y 44 % en ventas de autos. Al mismo tiempo, los canales de consumo cotidiano registran caídas: indumentaria bajó 40 %, celulares 29 %, mayoristas 21 % y supermercados 9 %.

En el apartado sobre ingresos, se señala que el ingreso disponible —lo que queda en el hogar después de impuestos y gastos fijos como tarifas y expensas— cayó 2,1 % en febrero de 2026, su mayor descenso desde marzo de 2024, y acumula un deterioro continuo desde septiembre de 2025. Los gastos fijos pasaron de representar el 16 % del ingreso familiar a fines de 2023 al 24 % actual, con aumentos de electricidad y gas del 8,9 % y de expensas del 4,5 % solo en febrero.

La caída -advirte- no se distribuyó de forma pareja. Según el análisis por segmento, el ingreso disponible retrocedió 1,4 % en los hogares de mayores recursos, pero 5,8 % en los de menores ingresos. Los jubilados acumulan una pérdida del 24 % en términos reales desde el inicio de la gestión —30 % para quienes cobran la jubilación mínima— y el salario mínimo registró un deterioro del 39 %, su nivel más bajo en dos décadas.

El INDEC confirma una caída generalizada de los salarios registrados: el sector privado formal perdió 3,5 % y el sector público, 18,3 %. Desde el inicio de la gestión, un empleado estatal nacional perdió el equivalente a 10 salarios mensuales, según estimaciones del propio informe.

En relación al mercado laboral, se asegura que en dos años de gestión se crearon 113.000 puestos de trabajo netos, pero la apertura del dato revela que se perdieron 266.000 puestos registrados —privados y públicos— mientras que los puestos no asalariados o no registrados sumaron 379.000. En 2026, siete de los trece sectores económicos registraron caídas de empleo; la industria lideró las pérdidas con 73.000 puestos, seguida por el comercio y la construcción. El empleo privado retrocedió en 14 provincias.

Ese deterioro se refleja en la opinión pública: el 45 % de los argentinos declara tener miedo de perder su empleo, frente al 43 % que dice no tenerlo. El 64 % considera que evitar la pérdida de empleo es más urgente que bajar la inflación.

“Nuestros números muestran que en los últimos meses la cantidad de familias que acceden al consumo perdió dinamismo. También muestran que ese nivel sigue siendo más alto que antes de la llegada de este gobierno. Pero esa evolución ocurre en un contexto mucho más complejo que el de una simple recuperación o caída: se da en medio de un cambio de modelo económico, con una dinámica más favorable en el interior, donde las industrias ganadoras vinculadas a la exportación de recursos naturales se imponen, que en el AMBA, y atravesada además por una transformación profunda en los usos y costumbres de consumo. Entender la Argentina que viene exige mirar todo eso al mismo tiempo”, remarcó Alejandro Catterberg, titular de Poliarquía.

La defensa de los cimientos

Por otro lado, Pensar adopta en el documento una posición que distingue entre el malestar social y la solidez del esquema fiscal. “Los cimientos macroeconómicos del plan económico del gobierno aún siguen sólidos y tenemos que seguir defendiéndolos”, afirma el informe, y agrega que representan “una condición necesaria, pero no suficiente para lograr el bienestar social”.

En el primer trimestre de 2026, el gobierno acumuló un superávit financiero de 0,2 % del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario de 0,5 %, con una caída del gasto primario del 5,7 %. El Sector Público Nacional registró superávit gemelos —primario y financiero— en 25 de los 27 meses de la gestión. Las exportaciones crecieron 30 % interanual en marzo y el superávit comercial del primer trimestre alcanzó USD 5.500 millones, frente a USD 1.100 millones del mismo período de 2025, impulsado por la producción petrolera, que subió 15,8 % interanual hasta los 874.000 barriles diarios. El Banco Central de la República Argentina superó el 70 % de la meta de reservas del FMI para 2026 tras acumular USD 7.155 millones.

La inflación, en tanto, repuntó a 3,4 % mensual en marzo de 2026, tras haber tocado un piso de 1,5 % en mayo de 2025. El informe atribuye la suba a factores transitorios y anticipa que “en los próximos meses retomará la dirección correcta”.

El humor social

Según la encuestadora Casa Tres, el 64 % de los argentinos tiene sentimientos negativos sobre el futuro del país, mientras que la esperanza cayó del 45 % en diciembre de 2025 al 31 % en abril de 2026. El 58 % cree que el país va por el camino equivocado y el 57 % sostiene que el gobierno no tiene capacidad para resolver los problemas económicos.

La inflación y el costo de vida desplazaron en marzo a los problemas institucionales como principal preocupación: los problemas macroeconómicos llegaron al 31 % y los de costo de vida al 27 %. El 55 % de los argentinos atribuye el deterioro económico a las políticas de Milei, mientras que el 38 % lo sigue adjudicando a la herencia del gobierno anterior —uno de los porcentajes más bajos desde el inicio de la gestión—.

El Indicador de Consumo Familiar (ICF) de la consultora Poliarquía, que mide conductas concretas de compra en electrodomésticos e indumentaria, cayó 10 % interanual en el primer trimestre de 2026 y retrocedió en tres de los últimos cuatro trimestres. El deterioro reciente se concentra en el Gran Buenos Aires, mientras que el interior del país exhibe una dinámica más favorable, con una brecha récord entre ambas regiones que, según el informe, también se traslada al mapa político.