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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el jueves los ataques contra zonas civiles en Ucrania y Rusia, en medio de una nueva escalada militar marcada por bombardeos de largo alcance, ataques contra infraestructura energética, víctimas civiles y advertencias sobre la seguridad de la central nuclear de Zaporizhzhia. La jornada también dejó nuevos llamados de Kiev para reforzar su defensa aérea y la confirmación de una próxima visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a Serbia.

La condena de Naciones Unidas llegó después de que Ucrania atacara durante la noche dos refinerías de petróleo en territorio ruso y Rusia respondiera con nuevos bombardeos contra infraestructura ucraniana, entre ellos una estación ferroviaria y un buque mercante que transportaba trigo por el mar Negro.

El portavoz de la ONU, Farhan Haq, advirtió que la violencia contra zonas pobladas sigue una tendencia preocupante. “Esta última serie de ataques sigue un patrón alarmante de escalada de ataques contra zonas pobladas”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Además, sostuvo que “los ataques contra civiles e infraestructuras civiles constituyen una clara violación del derecho internacional humanitario y deben cesar de inmediato”.

En los últimos meses, tanto Ucrania como Rusia incrementaron de forma significativa sus operaciones de largo alcance. Kiev lanzó una cantidad récord de drones contra territorio ruso, mientras Moscú respondió con ataques con misiles de una magnitud sin precedentes, un escenario que elevó el número de víctimas civiles en ambos países.

Zelensky confirmó que las fuerzas ucranianas alcanzaron refinerías ubicadas en las regiones rusas de Bashkortostán y Yaroslavl, situadas aproximadamente a 1.300 y 700 kilómetros de la línea del frente, respectivamente.

Tras difundir un video publicado en redes sociales rusas en el que se observó una densa columna de humo sobre una instalación petrolera, el mandatario ucraniano aseguró que “Rusia debe optar por la paz”. También sostuvo que los nuevos ataques rusos contra Ucrania “fortalecen las perspectivas de la diplomacia”.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó previamente que sus sistemas antiaéreos derribaron 605 drones ucranianos durante la noche.

Por su parte, el gobernador de la región de Yaroslavl señaló que las defensas interceptaron 92 drones y calificó el episodio como el ataque “más masivo” contra esa región desde el comienzo de la guerra.

En la región rusa de Tver, otro dron impactó contra un centro logístico perteneciente a Wildberries, la mayor empresa rusa de comercio electrónico, que durante el último mes sufrió múltiples ataques.

La nueva ofensiva se produjo un día después de un ataque ruso con misiles sobre Kiev que dejó al menos 17 muertos y destruyó depósitos pertenecientes a varios comercios minoristas. Según el contexto presentado por las autoridades ucranianas, esa acción fue interpretada como una respuesta a la campaña de Kiev contra Wildberries, conocida popularmente como “el Amazonas ruso”.

Durante la noche del jueves, nuevos bombardeos rusos provocaron la muerte de dos personas en la estación ferroviaria de Lozova, en la región nororiental de Kharkiv. Además, un buque mercante que transportaba trigo ucraniano resultó alcanzado en el mar Negro por un barco ruso. El gobernador de la región de Odesa informó que el ataque causó la muerte de una persona.

Los recientes bombardeos también dejaron en evidencia las limitaciones de la defensa aérea ucraniana. Kiev no logró interceptar ninguno de los misiles lanzados por Rusia, situación que llevó a Zelensky a reiterar sus pedidos urgentes para obtener nuevos sistemas de defensa antiaérea de sus aliados.

Mientras los enfrentamientos continúan, los esfuerzos diplomáticos permanecen bloqueados más de cuatro años después del inicio de la ofensiva militar rusa a gran escala contra Ucrania. En paralelo, ambos países profundizaron sus ataques de largo alcance, con un impacto cada vez mayor sobre la población civil.

En ese contexto, un alto funcionario ucraniano confirmó a la AFP que Zelensky viajará este fin de semana a Serbia para realizar su primera visita oficial desde el comienzo de la invasión rusa. La fuente describió el viaje como “una bofetada para los rusos”.

La oficina del presidente serbio, Aleksandar Vučić, confirmó la visita oficial y recordó que entre los temas previstos figuran las aspiraciones de ambos países para ingresar en la Unión Europea, además de la cooperación económica y energética.

Vučić reiteró la posición de Belgrado respecto del conflicto. “Serbia ha establecido su política”, afirmó durante un acto público. El mandatario agregó que, aunque Zelensky deje clara su posición durante la visita, la política serbia “seguirá siendo la misma hasta nuevo aviso”.

Serbia figura entre los pocos países europeos que no aplicaron sanciones contra Rusia desde el inicio de la guerra.

La jornada también estuvo marcada por una nueva advertencia del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre la situación en la central nuclear de Central Nuclear de Zaporizhzhia, ocupada por fuerzas rusas.

El director del organismo, Rafael Grossi, expresó su preocupación por los reiterados cortes del suministro eléctrico externo.

“Esta tendencia, con el creciente número de cortes de energía fuera de las instalaciones… es profundamente preocupante y claramente no es sostenible”, señaló en un comunicado.

El OIEA indicó además que su personal continúa escuchando actividad militar cerca de la planta, incluidas explosiones en las inmediaciones, y reiteró el llamado a la “máxima moderación militar” para evitar riesgos adicionales en una instalación que depende de sistemas eléctricos estables para mantener la refrigeración de sus reactores. La central sufrió un nuevo corte de energía el martes, aunque las causas todavía no fueron determinadas.

(Con información de AFP)

Al menos 11 civiles, entre ellos un niño de cuatro años, resultaron heridos el jueves en un ataque “indiscriminado” atribuido a los rebeldes hutíes contra la región saudita de Najrán, fronteriza con Yemen, en medio de una nueva escalada de violencia entre el grupo terrorista respaldado por Irán y Arabia Saudita. Horas antes, los hutíes reivindicaron una ofensiva con misiles balísticos y drones contra campamentos militares del Gobierno yemení en Marib y Hadramut, que dejó al menos 58 soldados y oficiales muertos, según confirmó el Ministerio de Defensa de Yemen.

El portavoz de las Fuerzas de la Coalición para el Apoyo a la Legitimidad en Yemen, el general de división Turki al Maliki, informó que entre los heridos en Najrán figuran siete ciudadanos sauditas, un yemení, dos egipcios y un ciudadano pakistaní. Además, las autoridades sauditas indicaron que entre las víctimas se encuentra un niño de cuatro años.

“La milicia terrorista hutí llevó a cabo estos ataques mediante el lanzamiento indiscriminado de proyectiles contra bienes e instalaciones civiles”, afirmó Al Maliki en un comunicado. El portavoz sostuvo que la acción constituye “una flagrante violación” del derecho internacional humanitario por atacar deliberadamente a civiles e instalaciones vitales.

Asimismo, aseguró que la coalición encabezada por Arabia Saudita “continuará adoptando las medidas disuasorias necesarias contra estos ataques terroristas para garantizar la protección de los ciudadanos”.

El portavoz saudita no precisó el lugar exacto donde impactaron los proyectiles ni informó sobre los daños materiales ocasionados. Los rebeldes hutíes tampoco emitieron un comunicado sobre el ataque contra Najrán.

De acuerdo con las autoridades sauditas, esta es la primera vez desde el inicio del intercambio de ataques entre los hutíes y Arabia Saudita, a mediados del mes pasado, que Riad informa sobre civiles heridos en un ataque contra su territorio.

Horas antes del ataque en Najrán, los hutíes reivindicaron una oleada de ataques con cohetes, misiles balísticos y drones contra campamentos militares del Gobierno reconocido internacionalmente en las gobernaciones de Marib y Hadramut.

El portavoz militar hutí, Yahya Sari, aseguró en redes sociales que “nuestras Fuerzas Armadas han llevado a cabo una operación militar cualitativa y de gran escala contra concentraciones del enemigo saudí en las zonas de Al Ruaik, Al Abr, Al Zanih y otros campamentos pertenecientes a las llamadas Primera y Tercera Divisiones de Emergencia”.

El vocero afirmó que la ofensiva causó la muerte de “cientos de mercenarios saudíes” y permitió “destruir y quemar un gran número de campamentos, almacenes y armamento del enemigo”, aunque no aportó cifras verificadas.

En paralelo, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió moderación a las partes. Su portavoz adjunto, Farhan Haq, advirtió que “la reanudación de los combates podría revertir los avances logrados con tanto esfuerzo en la reducción de la violencia en los últimos años”.

“Las partes deben priorizar el diálogo y colaborar de forma constructiva con los esfuerzos liderados por la ONU para alcanzar una solución política negociada”, agregó.

La Embajada de Estados Unidos en Yemen también condenó la ofensiva y expresó “sus más sentidas condolencias a las familias de los valientes soldados yemeníes fallecidos hoy en Hadramut y Marib”. En el mismo comunicado sostuvo que “los cobardes ataques de los hutíes, respaldados por Irán, representan un ejemplo más de su terrorismo contra el pueblo yemení” y deseó una pronta recuperación a los heridos.

(Con información de AFP, AP y EFE)

El Gobierno declaró este jueves a los Chone Killers como organización terrorista, mediante un comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei. La medida dispuso la incorporación del grupo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia, con lo que quedan habilitadas sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la capacidad de acción de la banda en territorio argentino.

El anuncio tuvo lugar en coincidencia con la visita oficial de Milei a Quito, donde fue recibido por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. La comitiva argentina incluyó a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

Según el comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina, la decisión fue adoptada en coordinación entre esa cartera y el Ministerio de Seguridad Nacional, con base en informes de carácter reservado elaborados por áreas competentes de ambas dependencias.

El texto oficial señala que los Chone Killers “representan una amenaza externa real o potencial para la seguridad nacional, con riesgo para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación”. La banda es descripta como una organización narcocriminal dedicada al narcotráfico internacional, la extorsión, el sicariato y otras actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado transnacional. El comunicado también precisa que el grupo mantiene vínculos con carteles mexicanos para el tráfico de drogas y que ha perpetrado ataques contra civiles, fuerzas de seguridad y funcionarios públicos.

La medida se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiación, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente. Su inscripción en el RePET protege, según el texto presidencial, al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.

La reacción del gobierno ecuatoriano no tardó. El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, celebró la decisión a través de su cuenta de X: “La decisión del Gobierno de Argentina de declarar a Los Chone Killers como una amenaza terrorista para la seguridad continental demuestra que la región ha decidido actuar con firmeza. El crimen organizado será perseguido de manera coordinada, sin tregua y con todo el peso del Estado”.

Reimberg afirmó además que “la lucha contra el crimen organizado ha entrado en una nueva etapa” y que “ya no habrá fronteras que protejan a los terroristas ni refugios para quienes amenazan la paz” de los ciudadanos. La cooperación internacional, dijo, es la “mayor fortaleza” en el combate a estos grupos.

No es la primera vez que Argentina actúa en este frente. En octubre de 2025, el gobierno de Milei ya había declarado como organizaciones terroristas a Los Choneros y Los Lobos, las dos bandas criminales ecuatorianas de mayor alcance. Los tres grupos —Los Choneros, Los Lobos y los Chone Killers— figuran además en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los Chone Killers fueron incorporados a esa lista el 1 de julio de 2026.

Qué son los Chone Killers

El origen del grupo se remonta a 2020, cuando operaban como brazo armado de Los Choneros bajo el liderazgo de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”. Tras el asesinato de este cabecilla en diciembre de ese año, la organización se fragmentó y los Chone Killers se separaron para operar de forma independiente, en disputa abierta por el control de rutas, puertos y economías ilegales con otras bandas.

Desde entonces, la organización expandió su presencia en la provincia del Guayas, con influencia en Durán —considerado su principal bastión—, varios sectores de Guayaquil y Daule. Su modelo de operación combina el control armado del territorio con una estructura descentralizada de células con autonomía operativa para realizar atentados, cobros extorsivos, secuestros y asesinatos, aunque bajo la coordinación de mandos superiores.

Uno de sus principales negocios es el narcotráfico internacional: según investigaciones de autoridades ecuatorianas y estadounidenses, la organización participa en el almacenamiento, transporte y envío de cargamentos de cocaína que salen por los puertos de Guayaquil con destino a Estados Unidos y Europa, a través de empresas de fachada, contaminación de contenedores y redes logísticas. Paralelamente, mantienen una red de microtráfico en los barrios bajo su influencia y el cobro de extorsiones —conocidas en Ecuador como “vacunas”— a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios.

La organización también ha sufrido golpes contra su dirigencia. Sus principales líderes, Terry Israel Camacho, alias “Trompudo”, y Antonio Benjamín Camacho, alias “Ben 10”, habrían sido asesinados en Colombia en diciembre de 2024. Antes de ello, fueron capturados otros cabecillas: Julio Alberto Martínez Alcívar, alias “Negro Tulio”, detenido en Panamá; Cristhian Pastor Valverde, alias “Gato Celi”, arrestado en Colombia; y Gutenberg Rodríguez Zambrano, alias “Bob Marley”.

Esas bajas provocaron una fragmentación interna que dio origen a subestructuras que continúan operando bajo el nombre de los Chone Killers o con vínculos con la organización principal.

En cuanto al mapa de alianzas, los Chone Killers llegaron a integrar, junto a Los Lobos y Los Tiguerones, la denominada “Nueva Generación Ecuador”, creada para enfrentar a Los Choneros. Sin embargo, entre finales de 2023 y 2024, investigaciones policiales señalaron un acercamiento entre ambas organizaciones para enfrentar a grupos rivales en Guayas y Esmeraldas.

El presidente Milei reafirmó en el comunicado “el compromiso indeclinable del Gobierno Nacional con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional”, con la convicción de identificar y combatir a las organizaciones que emplean la violencia, la intimidación y el terror como herramientas de acción. Milei y Noboa tienen previsto trasladarse a Cali para participar este viernes en la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ocasión en la que también firmarán una serie de acuerdos bilaterales entre Argentina y Ecuador.

Israel y Líbano concluyeron este jueves en Roma su séptima ronda de negociaciones desde que comenzó el conflicto en marzo, con la mediación de Estados Unidos, en un encuentro que Washington calificó como el más productivo hasta ahora para consolidar la retirada militar israelí del sur libanés. Un portavoz del Departamento de Estado afirmó a la prensa que las conversaciones fueron productivas a nivel técnico y que ambas partes están mucho más cerca de un acuerdo sobre los pasos necesarios para ampliar el proceso de las llamadas zonas piloto.

Las delegaciones, encabezadas por los embajadores de ambos países, llegaron el martes a la embajada de Estados Unidos en Roma para negociar la implementación del marco de seguridad firmado el 26 de junio en Washington. Ese acuerdo estableció un mecanismo de zonas piloto en el sur del Líbano, áreas de las que las fuerzas israelíes deben retirarse de forma escalonada para ceder el control al Ejército libanés, condicionado al desarme del grupo chií Hezbolá.

El proceso arrancó el 21 de julio con la retirada israelí de Zawtar al Garbiya, la primera localidad evacuada bajo el nuevo esquema, lo que permitió el regreso de sus habitantes. Según Beirut, la propuesta discutida en Roma busca extender el modelo a zonas donde todavía hay presencia de tropas israelíes, como Bint Jbeil o Khiam, un punto que el Gobierno libanés considera clave para dar credibilidad al proceso.

Las conversaciones se interrumpieron el miércoles antes de lo previsto por los últimos ataques israelíes, aunque se retomaron este jueves para cerrar la séptima ronda. El Ejército israelí intensificó en las últimas horas sus bombardeos aéreos y de artillería en el distrito de Tiro, en el sur del país, en una escalada que dejó al menos ocho civiles heridos, según informó la Agencia Nacional de Noticias de Líbano.

El conflicto se remonta al 2 de marzo, cuando Israel lanzó una ofensiva en el sur libanés en respuesta a ataques de Hezbollah vinculados al apoyo del grupo a Irán durante la guerra que enfrentó a Washington y Tel Aviv con Teherán. Según cifras oficiales libanesas, la ofensiva ha dejado más de 4.300 muertos y ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, un balance que no ha sido corroborado de forma independiente por organismos internacionales.

El principal obstáculo del proceso sigue siendo el papel de Hezbollah, que Estados Unidos exige desarmar por completo en el sur del país como condición para avanzar hacia un acuerdo de paz integral entre Líbano e Israel, formalmente en guerra desde hace décadas. El grupo, que no participa en las negociaciones, ha rechazado en varias ocasiones el marco firmado en junio.

Su líder, Naim Qassem, pidió el martes la suspensión inmediata de las negociaciones y calificó el proceso de fuente de vergüenza, humillación y concesiones sucesivas para el país. En un discurso difundido por los canales del movimiento, acusó al presidente libanés, Joseph Aoun, de actuar de forma parcial y de no cumplir su papel de árbitro entre las partes.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, defendió en cambio la vía negociadora y afirmó ante su gabinete que el objetivo sigue siendo lograr retiradas israelíes sucesivas hasta alcanzar la salida total de las tropas del territorio libanés, según trasladó el ministro de Información, Paul Morcos.

La embajadora estadounidense en Líbano, Michel Issa, advirtió que avanzar con excesiva rapidez pondría en riesgo a los civiles que el proceso pretende proteger, y defendió priorizar un despliegue ordenado de las zonas piloto por encima de los plazos. Esa cautela contrasta con la presión de Beirut para acelerar una retirada que, siete rondas después, sigue dependiendo de la voluntad política de Israel y de un actor armado que permanece al margen de la mesa de negociación.

Los violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad frente al Congreso dejaron un saldo de al menos 11 detenidos, tres agentes heridos y destrozos que se replicaron por todo el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Todo se dio mientras en el Senado se debate el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La convocatoria reunió a organizaciones de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), agrupaciones piqueteras, el peronismo bonaerense, fuerzas de izquierda, las dos CTA y gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT). Pese a que el oficialismo retiró el capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros —el punto más polémico de la iniciativa—, la movilización se mantuvo en pie.

Desde temprano, militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido Obrero (PO) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) ya ocupaban las inmediaciones del palacio legislativo, mientras las fuerzas federales colocaban vallas sobre las avenidas Rivadavia y Callao con un despliegue de aproximadamente 300 efectivos de Gendarmería y 821 de la Policía Federal.

Los primeros roces ocurrieron alrededor de las 16:40. Un grupo de manifestantes derribó una de las vallas, y el camión hidrante respondió con chorros de agua para dispersarlos. La situación parecía controlada, pero minutos después se reavivó. Botellas, piedras y otros proyectiles comenzaron a volar en dirección a los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos. En la esquina de Callao y Bartolomé Mitre, a una cuadra del Congreso, un segundo camión hidrante entró en acción.

La violencia escaló durante más de una hora. Los manifestantes rompieron veredas para extraer piedras y lanzarlas contra los efectivos. Algunos prendieron fuego a basura acumulada y también a una bandera de Estados Unidos.

Los cafés y comercios de la zona se llenaron de personas que buscaban refugio, mientras otros locales cerraron sus puertas de forma preventiva. A las 18:27, fuentes de la Policía Federal confirmaron a Infobae que un prefecto fue atendido en el lugar y un gendarme trasladado al Hospital Churruca con un piedrazo en la cabeza. Más tarde, esas mismas fuentes informaron que un tercer agente resultó herido.

Las primeras detenciones llegaron pasadas las 19:00, cuando la Policía Federal aprehendió a tres personas por atentado y resistencia. La Policía de la Ciudad, que se desplegó en las horas siguientes ante la continuidad de los conflictos, sumó siete arrestos más, elevando el total a diez. Poco después, ese número ascendió a once.

Los vidrios rotos de un patrullero y los contenedores de basura incendiados marcaron el punto de mayor tensión de los disturbios en el centro porteño.

Las fuerzas de seguridad debieron intervenir en al menos tres intersecciones: Avenida Callao y Bartolomé Mitre, Callao y Corrientes, y Avenida de Mayo con 9 de Julio. Cerca de las 19:52, la Policía de la Ciudad corrió a los manifestantes sobre la Avenida de Mayo con camiones hidrantes y agentes a pie, mientras cortaban el tránsito para desalojar la arteria. La situación se replicó simultáneamente en la zona del Congreso, donde algunos manifestantes habían regresado.

Minutos antes de las 21, la Policía Federal salió del vallado que recubría el Congreso y avanzó por la plaza con gases lacrimógenos y vainas de ruido disparadas al aire. El objetivo era liberar la zona ante la posibilidad de que los manifestantes volvieran a concentrarse. Al cierre del operativo, tanto Plaza de Mayo como la Avenida de Mayo quedaron despejadas gracias a la participación de 820 efectivos de las fuerzas de seguridad.

En medio de los gases, la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, ayudó a una mujer herida de ese municipio bonaerense a alejarse de los puntos de conflicto y la acompañó hasta un lugar donde pudiera recibir atención.

La jornada también tuvo su costado de testimonios. Fernando, excombatiente de Malvinas llegado desde La Plata, fue uno de los que se acercó con una bandera inspirada en la que los jugadores de la Selección exhibieron tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial. “Vine porque hay que defender nuestra tierra y nuestra soberanía. Se bajó el capítulo de ventas a extranjeros, pero sigue vigente la mayor facilidad para cambiar el uso de una tierra después de un incendio y la mayor facilidad para desalojar”, le dijo a Infobae.

Arturo, jubilado de 84 años, llegó desde Barracas con un cartel pintado a mano: “El que vende la patria es un traidor”. “No se puede rifar la soberanía ni hacer cualquier cosa con la tierra de nuestro país, sea porque se vende a un extranjero o porque se incendia”, sostuvo.

La sesión en el Senado comenzó a las 14 con el debate de los capítulos que permanecieron en pie tras la caída del título más polémico: modificaciones a las normas de expropiación, desalojos y cambios en la Ley de Manejo del Fuego.

La CGT redujo su presencia en la marcha luego de que el gobierno retirara el capítulo sobre tierras, y anticipó que concentrará una movilización más amplia para la marcha del viernes por San Cayetano.