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El presidente Javier Milei recorrerá este viernes la ciudad de Bahía Blanca en el marco de una jornada centrada en grandes inversiones industriales y energéticas, que incluirá recorridas por distintos proyectos encuadrados en el RIGI y un encuentro político con militantes de La Libertad Avanza.

Por el cronograma de actividades, es una visita que busca mezclar algunos efectos concretos de la política de gestión libertaria con el operativo clamor que hay para que el presidente pueda ser reelegido el año próximo. En el Gobierno quieren mostrar las inversiones privadas que llegaron a partir de la aprobación del RIGI y luego capitalizarlo con un encuentro con la militancia en la calle.

La primera parada formal está prevista para las 11:00, cuando el mandatario llegará a las instalaciones de Compañía Mega S.A., donde será recibido por el CEO de la firma, Tomás Córdoba, y por el presidente y CEO de YPF S.A., Horacio Marín. La agenda contempla una recorrida por las nuevas instalaciones, una visita a la sala de control y una charla con trabajadores, además de una reunión sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el proyecto de ampliación de la compañía.

Antes de llegar a la planta, Milei se trasladará en helicóptero desde el aeropuerto y durante el trayecto sobrevolará los terrenos vinculados con un proyecto de Pampa Energía, junto al titular de la compañía, Marcelo Mindlin. La comitiva estará integrada además por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.

Alrededor de las 12:20, la comitiva presidencial se trasladará hacia Puerto Galván para visitar las instalaciones de Louis Dreyfus Company (LDC). Allí, Milei mantendrá un encuentro con autoridades de la firma y recibirá detalles sobre las futuras obras. También recorrerá el sector donde LDC proyecta construir una nueva planta de procesamiento de soja y girasol, con una inversión anunciada cercana a los 400 millones de dólares.

La jornada tendrá además un componente político. Para las 16:30, referentes de La Libertad Avanza convocaron a militantes y seguidores del Presidente en las inmediaciones del Hotel Land Plaza, en la primera cuadra de Saavedra. La actividad se encuadra en el operativo reelección que comenzó a impulsar la cúpula del partido nacional de La Libertad Avanza. Por caso, este lunes fue Karina Milei quien encabezó un encuentro en un local partidario bonaerense y cantó por las elecciones del año próximo junto con diputados nacionales.

En paralelo, organizaciones gremiales anunciaron una concentración para las 15:30 en la Plaza Rivadavia. ATE y SUTEBA, entre otros sectores, convocaron a manifestarse por la presencia del Presidente en la ciudad.

Esta será la tercera vez que el jefe de Estado visita Bahía Blanca desde su asunción. Las dos anteriores estuvieron marcadas por tragedias climáticas: en diciembre de 2023, tras el fuerte temporal que provocó 13 muertes, y en marzo de 2025, luego de la inundación que dejó 18 víctimas fatales. Esa situación de crisis generó un vínculo de diálogo entre Milei y el intendente Federico Susbielles, del PJ.

Pese a todo, los organizadores de la jornada hicieron lo posible para que los funcionarios de la intendencia no pudieran tener contacto con el Presidente. En las últimas dos semanas se produjeron varias reuniones dentro del armado de la Sexta Sección y se acordó que Milei limitara su contacto con el oficialismo local, limitándose a las actividades vinculadas a las inversiones y al armado libertario.

Así como lo hizo en sus recientes viajes a Rosario y Misiones, los organizadores prevén que Milei salga a la puerta del hotel a saludar a los seguidores y fanáticos locales. “Se busca mostrar la palanca que tiene en los distintos puntos del país pese a ser una persona que no viaja mucho”, afirman.

La persona del entorno de Sebastián Pareja que está encargada de la coordinación en la Sexta Sección Electoral es la senadora provincial María Luz Bambaci. Bahía Blanca es uno de los pocos distritos del país donde se exhibe un acuerdo de convivencia sostenible entre el armado de Karina Milei y Las Fuerzas del Cielo, que tienen como representantes en el territorio a los concejales Franca Grippo y Felipe Ferrández.

Una fuente del esquema libertario confirmó a Infobae que habrá reuniones políticas entre los referentes y coordinadores de la Sexta con Pareja, Santilli y posiblemente Karina. “Milei no participa de estas reuniones”, avisaron desde el armado bahiense.

Y es que todavía es una incógnita quién será candidato a intendente del espacio de cara al año próximo. En el parejismo están convencidos de que La Libertad Avanza está fuerte como marca y que puede imponerse al peronismo que hoy en día comanda Susbielles. Por el momento se descartó la posibilidad de un outsider, aunque en su momento fueron varios los sondeados. Oportunamente, La Libertad Avanza tiene en la Legislatura bonaerense al exintendente Héctor Gay y al economista Oscar Liberman.

Si bien ninguno de los dos es la primera opción de la cúpula del partido, Liberman es quien tiene un contacto de particular cercanía con Milei, a quien conoce desde antes de su lanzamiento a la política. Una encuesta reciente de DC Consultores lo posicionó como el precandidato más elegido por un 30,1% de los encuestados, seguido por Federico Susbielles y Héctor Gay, con 17,8% y 3,3%, respectivamente.

La cantidad de créditos con atrasos menores a 90 días en los pagos viene decayendo desde el comienzo del año y eso anticipa que el problema de la morosidad puede comenzar a encontrar un alivio, tanto en los bancos como en otras entidades financieras. El dato de mora temprana, entendido como la porción de los préstamos que registran incumplimientos entre 30 y 90 días, alcanzó un pico del 6,6% en todo el sistema financiero en noviembre de 2025 y viene mostrando una caída hasta llegar a 4,4% en julio.

Hay diferencias en esa evolución de la mora temprana entre los distintos tipos de instituciones crediticias. Los bancos tradicionales tuvieron un desempeño similar al promedio del sistema, de 6,3% a 4,3%. Pero fue distinto en el segmento de financieras, emisoras de tarjetas y billeteras, que tuvieron un pico más alto de 8,2% en diciembre que descendió al 5,3% en julio. Los datos surgen de un informe de la Cámara Argentina Fintech.

La clave de este dato de los créditos en mora temprana (situación 2, según la clasificación del BCRA) es que su reducción de los últimos meses no es incompatible con que el porcentaje total de mora haya crecido en el mismo período. El indicador tradicional de morosidad “no cuenta toda la película”, según el informe, y puede inducir a conclusiones parciales por tres motivos. En primer lugar, una cartera que crece incorpora préstamos nuevos y puede diluir el porcentaje de atrasos; si el crédito se frena, tal como ocurrió, ese efecto se debilita. En segundo lugar, la categoría “situación 5” concentra deudas con más de un año de atraso y sin un límite de antigüedad, por lo que puede acumular saldos muy distintos. Por último, cada entidad financiera puede vender o dar de baja esos créditos en sus registros, alterando el indicador aunque los deudores no se pongan al día.

La incidencia de la situación 5 —créditos con atrasos de más de un año— modifica de manera desigual la medición de mora según el tipo de entidad. En los bancos, la tasa pasa de 10,8% al excluir esos saldos a 12,8% al incorporarlos; entre las fintech, sube de 17,4% a 24,4%; y en los otros proveedores no bancarios el salto es mayor, de 26,7% a 47,2%. El informe advierte que “la situación 5 tiene un peso distinto en cada cartera”: los bancos concentran $1,5 billones de esos saldos, frente a $0,9 billones en fintech y otros proveedores, respectivamente. Por eso, incluir o quitar esa categoría altera la comparación entre segmentos.

Una fuente del sector explica ese fenómeno con un ejemplo gráfico: “Lo que muestran los datos es que la canilla que llena el ‘balde de la mora’ cada vez aporta un caudal menor, que viene reduciéndose. Pero eso no hace que el agua que ya estaba acumulada desaparezca inmediatamente”.

Por eso también habrá que esperar a que surtan efecto los planes de refinanciación de los bancos, en especial de los estatales. A los planes del Nación y el Provincia, ayer se sumó el anuncio del Ciudad de una reducción de tasas para quienes quieren ponerse al día.

La decisión de un deudor con atraso de ingresar a uno de esos planes de refinanciación no lo quita de las estadísticas de mora de manera automática. La normativa del BCRA exige una secuencia de pagos para ir mejorando de categoría: alguien que está en situación 4 necesita como mínimo cinco meses de cumplimiento para dejar de ser considerado moroso; si está en situación 5, al menos ocho meses.

Otro relevamiento, de la Universidad Austral, analizó qué pasó con la mora operativa, la que no cuenta a los deudores de categoría 5: “En julio, la mora total por monto alcanzó el 18% del crédito, 0,5 puntos porcentuales más que en junio y 10,3 puntos más que un año atrás. Con este resultado, acumuló 21 meses consecutivos de aumento. Sin embargo, al observar la mora operativa aparece una señal de moderación. Este indicador se ubicó en 11,8% de la cartera y comenzó a mostrar una meseta.”

La mora operativa permite evitar, según el informe, los diferentes criterios de las entidades financieras en el tratamiento de los créditos en situación 5 y ofrece así una lectura complementaria sobre la evolución de la calidad de la cartera.

Con la mora, todos pierden

El informe de la Cámara Argentina Fintech explica que la mora también muestra una distribución distinta según se mire el volumen de dinero o la cantidad de personas alcanzadas. Los bancos reúnen 63,3% del monto total en mora, las fintech 16,3% y los otros proveedores 20,4%, una proporción consistente con el predominio bancario en el stock total de crédito, donde concentran 81,1% de la cartera. Medido por deudores, 5,9 millones de personas registraban atrasos superiores a 90 días a julio de 2026: 2,5 millones tenían mora en bancos, 2,6 millones en fintech y otros 2,6 millones en proveedores no financieros. Esas cifras no se suman entre sí, ya que una misma persona puede mantener deudas impagas con más de un tipo de prestamista.

Frente a los atrasos y a la actitud del gobierno de señalar que la mora “es un problema entre privados”, la Cámara propone intervenir antes de que la deuda se agrave. El esquema planteado parte de detectar señales tempranas de dificultad, contactar a la persona y ofrecer alternativas de refinanciación compatibles con cada caso. El objetivo, según el informe, es regularizar la situación y evitar que los compromisos pendientes formen una “bola de nieve”. “Nadie gana cuando una persona no puede pagar”, resume el documento.

El informe también vincula el acceso al crédito formal con la posibilidad de evitar circuitos de financiamiento sin supervisión. Mientras los préstamos formales dejan contrato, registro, canales de reclamo y construcción de historial crediticio, advierte que el crédito informal opera sin esas protecciones y puede recurrir a mecanismos de cobro ilegales. En ese sentido, plantea que, si se restringe la oferta formal para personas de mayor riesgo, “no desaparece la necesidad de crédito: cambia dónde puede buscar financiamiento la persona”.

Desde la ocupación británica de 1833, la Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas. Ahora, el Congreso analiza un proyecto de ley que podría ampliar las facultades del Poder Ejecutivo en materia de seguridad e inteligencia. La iniciativa prevé sanciones para las empresas que operen allí, pero también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y medidas sobre desinformación y financiamiento.

Mariana Altieri, politóloga especializada en geopolítica indicó que esa combinación excede el reclamo territorial argentino. El caso de Malvinas está encuadrado por las Naciones Unidas como una cuestión de descolonización e integridad territorial, mientras las posiciones británicas e isleñas sostienen la autodeterminación de los habitantes.

Para Altieri, afirmar que las islas tienen ese derecho implica una falsedad: “Si vos decís que las Malvinas tienen derecho a la autodeterminación de los pueblos, estás desinformando”.

La especialista respaldó que Argentina desarrolle una campaña propia para responder a esas narrativas, pero rechazó que el proyecto vincule la cuestión de soberanía con campañas políticas, procesos electorales, terrorismo, interferencia extranjera o desinformación masiva.

“Están mezclando dos cosas y están poniendo a Malvinas como mascarón de proa”, afirmó Altieri en Infobae A las Nueve. Su planteo es que el Congreso separe los temas y trate con tiempo una eventual reforma de la política de seguridad y defensa.

Un Consejo de Seguridad Nacional con atribuciones cuestionadas

La creación de un Consejo de Seguridad Nacional funciona, según la analista, como un posible “caballo de Troya”: el reclamo argentino por las islas permitiría incorporar una estructura estatal cuyas funciones excederían la disputa de soberanía. “Te están metiendo una especie de ley base de seguridad con un consejo de seguridad”, señaló.

Argentina estableció una separación entre la defensa nacional y la seguridad interior durante la transición democrática. La Ley de Defensa contempla agresiones de actores estatales externos, mientras la seguridad interior se ocupa de problemáticas dentro del país.

Altieri sostuvo que esa distinción debe preservarse, aunque reconoció que el país necesita abordar cuestiones complejas como el crimen organizado, el narcotráfico, la protección de infraestructuras y las funciones de las agencias estatales. El debate, remarcó, debería tramitarse mediante una norma específica y no dentro de una iniciativa sobre Malvinas.

La politóloga cuestionó que el eventual organismo concentre definiciones vinculadas con defensa, terrorismo, campañas de desinformación e injerencia externa. También alertó que el proyecto podría otorgar al Ejecutivo mecanismos de actuación sin controles legislativos suficientes.

“Voy a correr al Legislativo, vos simplemente hacé esta ley que me va a dar un montón de facultades”, resumió Altieri sobre su lectura de la propuesta. A su criterio, cualquier organismo de esas características debe incorporar participación efectiva del Congreso.

La Secretaría de Inteligencia del Estado, antes denominada Agencia Federal de Inteligencia, figura entre los organismos con competencias delimitadas. Altieri indicó que esa dependencia puede aportar información al Ejecutivo, pero no tiene autorización para espiar a civiles sin causas ni procedimientos.

La posibilidad de intervenir de oficio ante asuntos definidos como seguridad nacional también despertó reparos. La especialista advirtió que el proyecto contiene “letras pequeñas” que podrían habilitar medidas sin trámites administrativos previos.

Las definiciones amplias, añadió, podrían abarcar asuntos sin relación directa con las islas: la Patagonia, los centros de datos, las actividades de organizaciones extranjeras o tensiones asociadas con pueblos originarios. Ese marco podría facilitar acciones represivas y usos judiciales de estas herramientas durante campañas electorales.

Las sanciones empresariales y el incentivo de Vaca Muerta

Las restricciones para compañías que desarrollen actividades económicas en Malvinas reúnen el respaldo de Altieri, quien recordó que la Cancillería argentina trabaja desde hace años sobre limitaciones vinculadas con la explotación de hidrocarburos. La politóloga propuso conservar ese capítulo y excluir de la ley los artículos relacionados con el Consejo de Seguridad Nacional.

Argentina inhabilitó a Navitas para operar en territorio nacional durante 20 años en 2022 por actividades vinculadas con las islas, según explicó la especialista. La sanción forma parte de las medidas destinadas a desalentar la explotación de recursos en una zona cuya soberanía permanece en disputa con el Reino Unido.

Las multas, sin embargo, no alcanzarían para detener a las empresas, sostuvo Altieri. La herramienta de mayor peso sería el riesgo de perder oportunidades de negocios en Vaca Muerta: “Las empresas no van a dejar de operar solo por las multas o las sanciones”.

“Sino por el miedo de perderse Vaca Muerta”, agregó sobre el posible efecto de las restricciones. La analista consideró acertado incorporar a los proveedores dentro del régimen sancionatorio, porque elevaría los costos de las operaciones petroleras y dificultaría la actividad en las islas.

La estrategia debería contemplar también la logística, los servicios prestados a petroleras y la explotación de recursos vivos marinos, áreas que podrían incrementar los costos de la ocupación británica. Altieri mencionó a Rockhopper y Navitas entre las compañías presentes en el área.

Las grandes petroleras internacionales no participan en esos proyectos porque se desarrollan en un territorio disputado entre Argentina y el Reino Unido.

Una ley limitada a sanciones empresariales podría transmitir previsibilidad a las compañías, mientras que una iniciativa que sume seguridad y defensa diluye ese mensaje. “Si vos mandás eso mezclado en un montón de otras cosas”, advirtió Altieri.

La politóloga propuso que el Congreso trate la iniciativa por partes o introduzca modificaciones para conservar las sanciones y retirar el resto de las disposiciones. “Si hacemos un consejo de estas características, hagamos un consejo serio”, sostuvo, al pedir controles, intervención parlamentaria y legitimidad para su funcionamiento.

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