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La reunión de los principales dirigentes del peronismo generó una brisa de aire fresco dentro de la fuerza política. Pero, sobre todo, se convirtió en una señal positiva para la dirigencia en su conjunto, que hace tiempo esperaba un gesto de unidad para acercar las partes de un rompecabezas difícil de unir.

Del encuentro en el que participaron Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Gerardo Zamora, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, José Mayans y Germán Martínez, salió una postura uniforme sobre hacer los esfuerzos necesarios para sostener las PASO. Pero, sobre todo, salió un mensaje hacia el interior del peronismo: existe la posibilidad de sentarse en una misma mesa en el medio de las guerras internas.

Ni la reunión ni el peso de sus protagonistas disolvieron las peleas de entrecasa de un día para el otro. La tensión y la desconfianza se mantienen en el vínculo entre el gobernador bonaerense y el líder de La Cámpora, los enemigos íntimos de esa cumbre, aunque ambos hayan tenido el pragmatismo suficiente para volver a discutir un posicionamiento político después de diez meses de no verse las caras.

Entre la noche de ayer, que Infobae reveló el encuentro, y la tarde de este jueves, las reacciones en el peronismo fueron muy positivas. En distintas vertientes del espacio se mostraron sorprendidos y aliviados por el cónclave, que fue considerado como un hecho importante para empezar a discutir una estrategia conjunta de cara al año electoral.

“Es lo que tenemos que hacer. Hay que sentar las bases para que haya PASO, en el caso de que existan, o internas, si las llegan a sacar”, reflexionó un legislador nacional de una provincia cuyana. El acuerdo para afrontar unas elecciones primarias mantiene a las distintas vertientes adentro de un esquema conjunto. Si todos saben que hay reglas claras, entonces las fricciones bajan. El problema a resolver cómo dirimir las diferencias si las PASO son suspendidas o eliminadas, tal como quiere el Gobierno.

Un intendente del conurbano expresó su felicidad entremezclada con el fastidio acumulado. “Era hora de que se sienten, como gente adulta, y vean cómo diagraman el camino para enfrentar a Milei el año que viene”, sostuvo, apuntando, sobre todo, a Kicillof y Kirchner, protagonistas de una interna inagotable.

En varias terminales del peronismo percibieron que la reunión fue una buena noticia en si misma y que tuvo un doble mensaje: la posibilidad de unidad hacia adentro, con una tregua incluida, y una señal de alerta para la Casa Rosada respecto al enfrentamiento del año que viene. En el Gobierno gira la hipótesis de que el peronismo no va a poder resolver su interna y eso generará una fractura, más temprano que tarde.

“No hay forma de no leer el encuentro como algo positivo. Lo es por todos lados desde donde lo veas. Pero es una señal, un punto de partida, hay que trabajar mucho más. Lo mejor es que todos estén sentados en la misma mesa”, indicó a este medio un diputado del centro del país. El agotamiento que existe sobre las peleas internas fue aplastado, al menos por un día, por la satisfacción de que la discusión para lograr una postura común es viable.

Para llegar a esta instancia tuvo que ver el encuentro que se desarrolló en La Rioja, al que viajó Máximo Kirchner. Allí, con Quintela como un promotor del reunionismo, se avanzó en la idea de que había que construir un punto de encuentro con todos los sectores. “El encuentro del martes es la conclusión de un trabajo importante en el que participaron muchos dirigentes. Y es el comienzo de algo más importante aún”, precisaron cerca del gobernador riojano.

Parte de la reacción de la dirigencia está enfocada en los movimientos de Kicillof, hoy principal precandidato presidencial. Porque el Gobernador mantiene distancia del resto de las vertientes, trabaja con una estrategia diseñada en La Plata y mantiene la cautela frente a la efervesencia que generó la cumbre justicialista.

El mandatario bonaerense no cambiará nada del accionar que lo trajo hasta acá. “El acuerdo es que el que se quiera presentar, vaya a unas PASO. Es positivo haber llegado a ese consenso. Que cada sector acumule y haga su camino, sin agredir al otro”, le aseguró a Infobae uno de los principales funcionarios del gabinete de la provincia.

Kicillof ya había dejado saber hace tiempo que él estaba dispuesto a reunirse si existía un tema para tratar que atravesara a todo el peronismo. Ese tema fue las PASO, que son el salvoconducto para legitimar la candidatura del año que viene. Por eso de esa reunión salió una idea compartida que se transformó un misil hacia los peronistas disidentes. El gobernador o legislador justicialista que avale la eliminación de las PASO, será responsable de la continuidad de Milei por cuatro años más.

Esa idea expone la importancia que tiene para el peronismo conservar las elecciones primarias a nivel nacional. Porque en esa herramienta está escondida la clave para mantener la unidad de la estructura política. Sin consenso de cúpula, sin dedo todopoderoso y con las facturas del pasado arriba de la mesa, la única forma de mantenerse todos dentro de los límites es compitiendo para legitimar una candidatura.

La reunión no tuvo un solo gestor. El dato relevante es que todos los protagonistas entendieron que era importante que los dos bloques del Congreso contaran con una postura unificada respecto a temas de peso para el último semestre. Y que para eso debían sentarse todos en la misma mesa, achicar las grietas internas, y madurar una postura uniforme, como cualquier fuerza política que precie de ser la oposición principal del gobierno de turno.

Mientras que Wall Street sondeó nuevos niveles máximos, los activos argentinos permanecieron negociados sin rumbo concreto y, en general, con escasas oscilaciones, para seguir el recorrido de otras mercados de la región. Además, un elevado dato de inflación en el plano local volvió a acaparar la atención y mantener la cautela en la operatoria.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió la inercia inicial y terminó con alza marginal de 0,04% en pesos, en los 3.000.582 puntos, aún cerca de su nivel mínimo desde finales de mayo. De todos modos, el comportamiento de la Bolsa local estuvo en sintonía con el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo (-0,2%), el S&P IPSA de la Bolsa de Santiago (+0,2%) y el MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (+0,1%).

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York hubo un cierre mixto. Del lado ganador resaltaron Bioceres (+13,2%), Globant (+6,3%) y Edenor (+5,9%).

Los indicadores de Wall Street retomaron las subas este jueves y el promedio S&P 500 (+0,7%) anotó un nuevo récord histórico en los 7.799 puntos. El panel tecnológico Nasdaq progresó 0,8%, mientras que el Dow Jones de Industriales subió 0,1 por ciento.

“La jornada en Wall Street concluyó bajo un marcado sesgo de apetito por riesgo, con los operadores impulsando al alza las acciones y presionando a la baja los rendimientos de los bonos tras confirmarse señales de moderación inflacionaria que refuerzan la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá sin cambios los tipos de interés”, afirmó Laura Torres, directora de Inversión Capital Quants.

Los precios del crudo bajaron más de 2% este jueves, mientras los inversores evaluaban las perspectivas de una menor demanda mundial este año y el aumento de existencias en Estados Unidos, aunque los precios encontraron apoyo en la falta de avances en las negociaciones sobre el Estrecho de Ormuz y las interrupciones en el suministro.

Los futuros del Brent del Norte restaron 2,3%, a USD 86,96 el barril para entregar en octubre, para recortar las ganancias acumuladas en las seis sesiones previas. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos perdió 2,5%, a USD 81,21 en los contratos a septiembre, tras haber subido en las últimas cinco sesiones.

En este rubro, el ADR de YPF ganó 1,2%, a USD 49,47, mientras que Vista Energy avanzó 0,2 por ciento.

Por otra parte, los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- también revirtieron una ganancia inicial finalizaron mixtos, con un riesgo país de JP Morgan que avanzó dos unidades, a 472 puntos básicos.

La inflación de julio se ubicó en 2,1%, de acuerdo con lo informado por el Indec. De esta manera se interrumpió la racha de caída del nivel de inflación que se había registrado en abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%). En los primeros siete meses, acumula un incremento de 19,3%, y que la inflación interanual alcanzó el 33,8 por ciento.

Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics, comentó que “la estacionalidad juega un papel importante en la dinámica mensual de los precios y julio lo volvió a demostrar: los precios estacionales aumentaron 4,5% en el mes, impulsados principalmente por ‘Recreación y Cultura’ -efecto vacaciones de invierno-“, mientras que “las canastas básicas tuvieron un desempeño algo peor. La canasta básica alimentaria se encareció 2,6% en el mes, mientras que la canasta básica total, que marca la línea de pobreza, aumentó 2,2%”.

Eric Ritondale, economista jefe de Puente, señaló que “lo más relevante del reporte fue que la inflación núcleo (Core) se ubicó nuevamente por debajo del umbral del 2%, registrando un 1,8% mensual -frente al 1,6% de junio-. Que el componente subyacente se mantenga en estos niveles resulta una señal positiva que valida una desaceleración inflacionaria de fondo respecto al segundo semestre de 2025 y al primer trimestre de 2026, señalando la incidencia de los anclajes monetarios y fiscales”.

“La buena noticia es que se confirma que este aumento fue principalmente estacional. Ya en la última semana de julio nuestros relevamientos mostraron una desaceleración de la inflación, una tendencia que continuó hasta ahora”, observó Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.

El mercado de cambios exhibió nuevamente alto volumen de USD 618,4 millones en el segmento de contado, con un tipo de cambio estabilizado debajo de los 1.500 pesos. El dólar mayorista avanzó solo 50 centavos, a $1.492, para mantener en agosto una exigua alza de siete pesos o 0,5%, otra vez detrás del ritmo inflacionario.

“Nuevamente se operó de manera estable dentro de una banda entre $1.490,50 y $1.493. Durante toda la jornada logró mantenerse en equilibrio y sin sobresaltos”, resumió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El BCRA estableció para la fecha un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.859,49 pesos. El dólar mayorista amplió a 367,49 pesos o 24,6% la distancia o brecha de ese límite oficial para la flotación.

El dólar al público quedó sin variantes a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.515,66 para la venta y $1.464,59 para la compra.

El dólar blue rebotó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta. en agosto el dólar informal registra un descenso de 20 pesos o 1,3 por ciento.

La calma cambiaria se trasladó también al mercado de dólar futuro, donde las distintas posturas exhibieron bajas marginales de hasta 0,2% con un monto poco relevante, equivalente a USD 771,3 millones, según datos de A3 Mercados. La postura que concentró los negocios, para el cierre de agosto, cedió 1,50 peso, a $1.504,50, frente a una banda superior prevista en $1.879,92 para fin de mes.

El Banco Central compró USD 56 millones en el mercado, el 9,1% de la oferta de contado, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 80 millones, a USD 49.546 millones, frente a una caída de 1,4% en la cotización del oro, a USD 4.406,10 la onza.

La Justicia rechazó una demanda contra el Estado Nacional que buscaba declarar la inconstitucionalidad del decreto presidencial que derogó mecanismos de participación ciudadana y ciertos criterios para la selección de candidatos a la Corte Suprema y otros cargos judiciales.

La decisión a la que tuvo acceso Infobae fue adoptada por el juez federal Santiago Carrillo, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3, quien desestimó in limine la acción por falta de legitimación procesal. El magistrado concluyó que el demandante no acreditó un perjuicio concreto, directo y diferenciado respecto del resto de los ciudadanos y que, por lo tanto, no existía un “caso o controversia” que habilitara la intervención judicial.

La acción había sido promovida por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Con ese criterio, Carrillo no ingresó en el análisis de fondo sobre la validez constitucional del decreto 467/2026, sino que resolvió que el actor carecía de aptitud procesal suficiente para impulsar el planteo.

Gil Domínguez presentó una acción meramente declarativa contra el Estado Nacional para pedir la inconstitucionalidad del artículo 11 del decreto 467/26. Esa disposición derogó artículos de los decretos 222/03 y 588/03, que regulaban procedimientos y criterios para la selección de candidatos a la Corte Suprema, al cargo de procurador general, defensor general y jueces de tribunales federales inferiores.

Entre los puntos alcanzados por la reforma figuraba el artículo 3° del decreto 222/03, que establecía que al evaluar propuestas para integrar la Corte debía considerarse, “en la medida de lo posible”, la composición general del tribunal para procurar que la incorporación de nuevos miembros reflejara diversidades de género, especialidad y procedencia regional, dentro del ideal de representación de un país federal.

También quedó derogado el artículo 6° del mismo decreto, que habilitaba a ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y organismos de derechos humanos a presentar durante 15 días observaciones fundadas y documentadas sobre los candidatos incluidos en el proceso de preselección.

El decreto 467/26 también eliminó disposiciones del decreto 588/03, que regulaba mecanismos similares para otros nombramientos judiciales y permitía a particulares y entidades formular objeciones u observaciones respecto de los candidatos propuestos.

Sobre esa base, Gil Domínguez sostuvo que la nueva norma afectaba su derecho a participar, deliberar y peticionar en relación con las propuestas de candidatos a integrar la Corte. Argumentó que durante más de dos décadas el régimen anterior había reconocido a los ciudadanos una situación jurídica concreta y que su derogación suprimió una vía reglada de intervención ciudadana en un procedimiento de alta relevancia institucional.

También cuestionó la eliminación de los criterios vinculados con igualdad, diversidad de género, especialidad y representación federal. Según afirmó, la modificación implicó una reducción de los estándares de “participación, publicidad, deliberación democrática, igualdad real, especialidad y representación federal” vigentes hasta entonces en el procedimiento de selección de candidatos al máximo tribunal.

En su presentación inicial, el constitucionalista pidió además una medida cautelar para suspender la aplicación del decreto hasta que se dictara sentencia definitiva. Sostuvo que, mientras se tramitaba la causa, el Poder Ejecutivo podía avanzar en la selección o propuesta de candidatos bajo el nuevo régimen y sin observar los estándares del decreto 222/03.

El Estado Nacional respondió con un planteo de falta de legitimación activa y ausencia de caso judicial. Sostuvo que el demandante no había acreditado una afectación real de sus derechos y remarcó que la existencia de un caso o controversia es condición indispensable para la intervención de los tribunales.

La representación estatal defendió además las atribuciones del Poder Ejecutivo para modificar el régimen. Señaló que el decreto 222/03 había sido una autolimitación presidencial en el ejercicio de la facultad constitucional de proponer candidatos a la Corte y que, por lo tanto, la misma potestad que permitió establecer ese procedimiento habilitaba también a modificarlo o extinguirlo por razones de oportunidad, mérito y conveniencia institucional.

El Gobierno agregó que la reforma no impedía que los ciudadanos hicieran presentaciones por iniciativa propia y recordó que el Senado contempla audiencias públicas en el trámite de acuerdo para los candidatos. Según sostuvo, el objetivo del nuevo régimen era acelerar las designaciones ante el alto porcentaje de vacantes en la Justicia.

Carrillo resolvió el expediente a partir de una cuestión previa: si Gil Domínguez tenía legitimación suficiente para promover el planteo.

En su fallo, el juez recordó que una acción declarativa no puede tener carácter meramente consultivo y que su admisibilidad depende de la existencia de un caso concreto. Explicó que, aunque no es necesario que el daño ya se haya consumado, sí deben verificarse consecuencias perjudiciales concretas y una afectación suficientemente directa.

“Es el actor quien debe hacer manifiesta la existencia de una actividad o un contexto normativo que, en forma actual, ponga en peligro el o los derechos invocados o le cause lesión con concreción suficiente para justificar la actuación del Poder Judicial”, señaló Carrillo al citar jurisprudencia de la Corte Suprema.

A partir de ese criterio, analizó la legitimación invocada por Gil Domínguez en su condición de ciudadano y concluyó que esa sola calidad no alcanzaba para habilitar un control judicial de constitucionalidad sobre actos de otro poder del Estado.

“En casos como el aquí analizado, en donde se propone un escrutinio constitucional de los actos de uno de los poderes del Estado y la legitimación procesal se funda en la calidad de ciudadano, es necesario recordar que dicha invocación, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”, afirmó.

El magistrado agregó que la noción de “ciudadano” tiene una generalidad que, en la mayoría de los casos, no permite demostrar un interés especial, directo, inmediato, concreto o sustancial. En esa línea, sostuvo que no alcanza con un interés general en que los actos estatales se ajusten a la ley, sino que hace falta un interés calificado.

Carrillo citó además precedentes de la Corte Suprema según los cuales el daño resulta abstracto cuando el actor no puede expresar un agravio diferenciado respecto de la situación del resto de los ciudadanos ni fundar su legitimación en el interés general por el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Gil Domínguez había intentado justificar su intervención también en el artículo 6° del decreto 222/03, que durante más de veinte años reconoció expresamente la posibilidad de presentar observaciones sobre candidatos a la Corte. Sostuvo que, al reclamar por la afectación de ese derecho, no actuaba como un tercero extraño, sino como titular directo de una posición jurídica previamente reconocida por una norma estatal.

Pero el juez rechazó también ese argumento. Consideró que la norma derogada regulaba un procedimiento administrativo vinculado con la facultad presidencial de proponer candidatos a la Corte y que esa posibilidad de formular observaciones dentro de ese trámite no podía trasladarse automáticamente al plano judicial para reconocer legitimación procesal.

“Esa singular situación en el trámite ante la administración no resulta aplicable ni extensiva para justificar la legitimación procesal exigida por el ordenamiento jurídico para accionar ante un tribunal de justicia”, sostuvo.

Para Carrillo, el planteo buscaba en los hechos obtener un control abstracto de legalidad sobre una decisión del Poder Ejecutivo sin demostrar una afectación concreta y particular del demandante. “No basta cualquier interés; concretamente, no alcanza el interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”, afirmó.

Durante el trámite, Gil Domínguez informó además que el 18 de junio de 2026 el Ministerio de Justicia publicó una propuesta para cubrir vacantes en el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público aplicando el decreto 467/26. Más adelante desistió de la medida cautelar solicitada.

Ese desistimiento no impidió que el juez avanzara sobre la procedencia de la demanda. Recordó que el Código Procesal habilita a rechazar de oficio presentaciones que no se ajusten a las reglas procesales y entendió que correspondía resolver la cuestión en esa instancia para evitar “un dispendio jurisdiccional inútil”.

Finalmente, Carrillo rechazó in limine la acción declarativa por ausencia de aptitud procesal de la parte actora, sin especial imposición de costas. De ese modo, la resolución quedó limitada a la falta de legitimación de quien promovió la demanda y no incluyó un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto 467/26 ni sobre la validez de las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo.