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La mirada de los inversores está puesta en el dato de inflación que se conocerá este jueves. Agosto sería hasta ahora el mes de menor suba de precios minoristas del año y la incógnita es si quedará cerca del mejor dato en lo que va del gobierno de Javier Milei, es decir el 1,5% de mayo de 2025. Sin embargo, lo más relevante es cómo sigue este proceso y sobre todo cuál será el panorama del año próximo.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central, los analistas de mercado estiman que para los próximos doce meses la inflación bajará sustancialmente. Esto significa que al momento de ir a las elecciones, el índice interanual se ubicará en el orden del 20 por ciento. En caso de verificarse, se trataría de una disminución cercana a los 13 puntos respecto al nivel actual.

El impacto de semejante descenso resultaría muy significativo, mejorando sensiblemente las posibilidades del Gobierno desde el punto de vista electoral. Lo más significativo es que mostraría resultados bien concretos de la política de control monetario. Y que tener paciencia para conseguir el resultado de desinflación es fundamental para que ese proceso tenga lugar.

Es cierto que para este año también se proyectaba una inflación de ese nivel, pero en el medio se produjo el fuerte cimbronazo cambiario preelectoral del 2025. El fuerte salto del dólar produjo un gradual traspaso a los precios y luego de varios meses de subas continuas el IPC tuvo un inesperado pico de 3,4% en marzo pasado.

La dinámica de los próximos meses luce totalmente diferente a la del año pasado. Mientras que entre agosto y diciembre del 2025 la inflación tuvo una tendencia ascendente continua, ahora se presenta el escenario contrario. La proyección del REM arrojó una suba mensual que oscilará en un rango que va del 1,6% al 1,8% al menos hasta principios del año próximo. El 2027 finalizaría también en torno al 20 por ciento.

La gran variable a monitorear para que se dé este escenario favorable aunque con un año de demora es el comportamiento del dólar. Luis “Toto” Caputo aseguró la semana pasada en el evento organizado por el IAEF que están preparados para enfrentar un año volátil.

“El Banco Central ya compró USD 14.000 millones, pero además tenemos distintos instrumentos para actuar, junto a los swaps con China y Estados Unidos”, aseguró el ministro de Economía. Así, dejó en claro que el “poder de fuego” del Gobierno para contener subas excesivas del tipo de cambio por presión compradora es mucho más significativo que el del año pasado.

Si se confirma un índice de inflación por debajo del 2% para los meses venideros, esto a su vez redundaría en una mejora de los ingresos en términos reales. Se trata de una de las asignaturas pendientes del plan económico, que sigue mostrando caída de ventas en el mercado interno.

Los factores que mantienen la inflación anual por encima del 30% estarían mucho más atenuados en los próximos meses. Por un lado, no se ven grandes saltos cambiarios por delante. Los analistas que completaron el REM estimaron que el tipo de cambio mayorista terminará el año en $1.625, reduciendo nuevamente la estimación.

Por otra parte, los aumentos de tarifas serán menores, como ya es una realidad en septiembre. Y el precio de la nafta no aumentaría, aunque depende de lo que suceda con el conflicto bélico en el Golfo Pérsico y el precio del barril de petróleo.

Ahora el Gobierno debe manejar un delicado equilibrio: mantener la inflación debajo del 2% mensual, pero al mismo tiempo avanzar con la remonetización de la economía para reactivar.

La semana pasada hubo una señal en esa dirección, cuando el Tesoro no renovó la totalidad del vencimiento de bonos e inyectó unos 500.000 millones de pesos. Eso llevó tranquilidad sobre todo en las tasas de interés, que bajaron del 20% en el caso de la caución bursátil. A pesar de esa reducción de las tasas el dólar se mantuvo tranquilo e incluso tuvo una caída leve en el arranque de septiembre.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso este lunes la creación de tres Comandos Unificados Federales para planificar y ejecutar el operativo de seguridad que acompañará la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 en el marco del Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

Las resoluciones fueron publicadas hoy en el Boletín Oficial. Las tres resoluciones, firmadas por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, establecen comandos diferenciados para cada una de las jurisdicciones en las que estará el sumo pontífice: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las localidades bonaerenses de Luján y Claypole, y la provincia de Córdoba

Tal como adelantó Infobae, la visita durará cuatro días. León XIV arribaría el domingo 8 de noviembre. Ese día, por la tarde será recibido por el presidente Javier Milei con una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General Don José de San Martín. Luego mantendrán una reunión en la Casa Rosada y más tarde se realizará un encuentro con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El lunes 9 comenzaría Claypole, con una visita al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, institución que asiste a personas con discapacidades. Luego regresaría a Buenos Aires para un recorrido en papamóvil y una Santa Misa en el Monumento a los Españoles. Por la tarde, la agenda incluye un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), un acto ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

El martes 10, el Papa viajaría a Córdoba para recorrer la ciudad en papamóvil, celebrar una misa y reunirse con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral local. Por la tarde regresaría a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

El miércoles 11, último día, León XIV visitaría el Complejo Penitenciario Federal antes de trasladarse a Luján para una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján —el mismo lugar que recorrió Juan Pablo II en 1987— y un saludo a voluntarios en Villa Marista. Partiría hacia Perú desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini.

Policía Federal, Gendarmería y Prefectura integran el dispositivo

De acuerdo con la dipuesto en las resoluciones, los tres comandos tendrán la misma composición: representantes de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y el Servicio Penitenciario Federal. Según se acordaron durante las reuniones preparatorias a la gira, la PFA tendrá a su cargo la seguridad directa del Papa durante los desplazamientos en la ciudad, mientras que los choferes del Vaticano conducirán el papamóvil.

Las normas establecen mecanismos de enlace con la Guardia Suiza Pontificia y otros organismos de seguridad de la Santa Sede, con la aclaración expresa de que su participación no implica incorporación orgánica a las fuerzas federales ni alteración de sus cadenas de mando. La coordinación se instrumentará por vía diplomática, en articulación con la Nunciatura Apostólica en la Argentina, Cancillería, la Secretaría General de la Presidencia y la Casa Militar.

Cada comando deberá elaborar un plan operacional que contemple la gestión de multitudes y la prevención de riesgos, y permanecerá activo hasta 48 horas después de finalizado el tramo papal en su jurisdicción.

La orden judicial que frenó la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió, apenas horas después de conocerse, un cruce directo entre la Casa Rosada y la administración de Axel Kicillof.

La ofensiva la encabezó Patricia Bullrich, senadora y ex ministra de Seguridad e impulsora de la ley, quien escribió en sus redes sociales que en la Provincia “tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.

El reproche no quedó ahí. Bullrich sumó un segundo mensaje en el que apuntó contra el sistema judicial provincial: “Tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, sostuvo.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se sumó horas después con un planteo similar: “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”. El mensaje contó con el respaldo explícito del presidente Javier Milei.

El diputado nacional Luis Petri fue por el mismo camino, aunque con un dato adicional: cuestionó a la jueza que firmó la medida por su supuesta afiliación política. “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, escribió, y agregó que “aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla”. El dirigente Sebastián Pareja, por su parte, calificó la resolución como “profundamente antidemocrática” y remarcó que la norma “no fue una decisión unilateral del Ejecutivo nacional”, sino el resultado de un proceso legislativo que atravesó todas las instancias del Congreso.

El ministro de Seguridad bonaerense respondió a Santilli

La respuesta desde La Plata no tardó en llegar. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, contestó de manera directa al planteo de Santilli y le pidió que se concentre en “hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”.

Alonso introdujo un cuestionamiento de fondo sobre la aplicación de la reforma: “¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?”, preguntó.

El funcionario provincial fue más allá y calificó la reforma impulsada por Nación como “apenas una modificación en los papeles” y “un eslogan de campaña” ante la falta de recursos e inversión para su implementación.

Además, cuestionó por qué Santilli le reclamaba al Poder Ejecutivo una decisión que, según remarcó, corresponde al Poder Judicial: “¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos”, cerró en su publicación.

Los fundamentos del fallo judicial

La medida que encendió la polémica fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, apenas 48 horas después de que la Ley N° 27.801 entrara en vigencia. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de los adolescentes privados de su libertad, lo que derivó en la paralización temporal de la norma en todo el territorio bonaerense por 60 días.

El eje de la resolución no giró en torno a la constitucionalidad de la ley, sino a la falta de infraestructura y recursos materiales del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarían al sistema penal. La nueva legislación reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que habilita el procesamiento judicial de adolescentes de esa franja etaria por los delitos contemplados en el Código Penal. Pascual argumentó que esta modificación generará un aumento considerable en la cantidad de menores detenidos, tanto por el flujo de nuevos ingresos como por la mayor permanencia dentro del sistema de encierro, y puso en duda si la provincia cuenta con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para albergar a esa población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez.

En declaraciones a Now 97.9 tras la firma del fallo, la jueza defendió su postura y aclaró que no está en desacuerdo con la baja de la edad de imputabilidad. “No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, planteó. Ante las críticas de Bullrich, respondió de manera puntual: “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente”.

A diferencia de otros funcionarios nacionales, el Ministerio de Capital Humano no se refirió de manera directa contra la medida judicial. Sin embargo, compartió un posteo que retuiteó el propio Milei, en el que se señalaba que la Ley N° 27.801 establece que, desde los 14 años, los adolescentes pueden responder penalmente por los delitos que cometan, y que amenazar a una escuela, portar armas, planificar ataques, vender o distribuir sustancias ilegales o difundir imágenes íntimas son conductas tipificadas como delito.

Qué establece la reglamentación nacional

Un día antes del fallo, el Gobierno nacional había reglamentado la Ley N° 27.801 mediante el Decreto 875/2026, firmado por Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el propio Santilli. La reglamentación designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación, con la responsabilidad de coordinar el sistema, dictar normas complementarias y celebrar convenios con provincias, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

El nuevo esquema prohíbe las condenas a prisión perpetua para menores de edad y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, que deberá cumplirse exclusivamente en centros especializados y sin contacto con adultos. Incorpora también penas alternativas como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y el uso de tobilleras electrónicas. Para el seguimiento individual de cada joven, el decreto creó la figura del “supervisor especializado”, un profesional con formación en psicología, trabajo social, pedagogía o áreas afines, y dispuso un registro transitorio de habilitados con un plazo máximo de 180 días para realizar la primera convocatoria pública definitiva.

Cuál es el plazo para resolver la implementación

La jueza Pascual planteó un objetivo concreto para el período de suspensión: que en esos 60 días los poderes del Estado se pongan de acuerdo sobre quién será el supervisor de cada joven, con qué recursos contarán los centros de detención y cómo se implementarán las medidas alternativas que la propia ley contempla. “Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo y no que, si no pasa nada, sea solo encerrarlo, o que haya provincias donde están haciendo una pared y mandándolos a la cárcel común”, advirtió la magistrada.

La resolución judicial ordenó, además, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires que adopten de manera inmediata las medidas necesarias para operativizar la suspensión. Pascual convocó a una audiencia en la sede del tribunal para el 16 de septiembre, en la que las autoridades del Poder Ejecutivo provincial vinculadas a la temática deberán detallar qué acciones implementaron, cuáles tienen proyectadas y en qué plazos prevén ejecutarlas para adecuar el sistema a las exigencias de la nueva normativa.

La primera licitación de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para fondear el otorgamiento de créditos hipotecarios contó con la participación de 18 entidades financieras. Entre ellas, no estuvo el Banco de la Provincia de Buenos Aires y no por decisión propia. Un tecnicismo del Banco Central excluyó a la entidad bonaerense de la licitación, en una decisión que fuentes del sector financiero consideraron más política que técnica.

El viernes pasado, el BCRA elaboró las reglas de la colocación que se llevó a cabo este lunes. Allí se estableció cuáles eran las “entidades elegibles”, es decir, los bancos que podían participar de la subasta para quedarse con los plazos fijos de la Anses.

Según el último párrafo de ese capítulo de la norma, para poder participar los bancos “no deberán encontrarse sujetas a un plan de regularización y saneamiento en los términos del artículo 34 de la Ley 21.526, ni adeudar los cargos previstos en el artículo 35 de dicha ley, ni estar sujetas a sanciones firmes que impliquen una restricción operativa vigente”.

El único banco del sistema financiero que tiene un plan de regularización de saneamiento es el Banco Provincia. Fuentes del sistema financiero explicaron a Infobae que desde hace por lo menos dos años la entidad bonaerense solicitó al Central cerrar ese plan de regularización por haberse cumplido todos los requisitos solicitados a ese fin. Pero el levantamiento del esquema nunca se concretó. En ese escenario, ven en la inclusión de esa cláusula motivaciones políticas ya que no encuentran argumentaciones técnicas para que el Provincia no participe.

El Ministerio de Economía presentó el mecanismo de fondear a los bancos con dinero de la Anses con el objetivo de reactivar el crédito y la actividad económica. “Si el plan era ese, ¿qué sentido tiene dejar afuera a uno de los bancos más importantes del sistema?“, se preguntaron las fuentes.

Pocos días atrás, el Banco Provincia había lanzado una línea de créditos hipotecarios ajustados por UVA destinados a la construcción de viviendas. Se trata de la primera vez, desde que se reiniciaron en 2024, que la entidad bonaerense ofrece préstamos ajustados por inflación. Hasta ahora, era el único banco relevante del mercado que evitaba el sistema UVA, originado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Ese relanzamiento de su oferta de créditos hipotecarios era lo que generaba especial interés en el Provincia de participar en la licitación de los fondos de la Anses.

La primera licitación con fondos del FGS de la Anses se realizó por 200.000 millones de pesos. El Banco Central, que actuó como “colaborador técnico y operativo” de la Anses, recibió 42 ofertas de 18 bancos, por un total de 258.640 millones de pesos. De ese conjunto, 13 entidades resultaron adjudicatarias. El monto asignado representó cerca del 77% de las propuestas recibidas.

La primera licitación se estructuró en dos segmentos. El tramo de un año captó $35.570,7 millones, con una tasa equivalente a UVA más un margen promedio ponderado de 2,67 por ciento.

La porción a cinco años absorbió $164.429,3 millones, la mayor parte del total colocado. Para ese plazo, se estableció una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 4,94 por ciento. Estos fondos se destinarán a la financiación de créditos hipotecarios para vivienda.

La iniciativa anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla licitaciones por $200.000 millones hasta alcanzar un total de 2 billones de pesos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad colocará esos fondos en depósitos a plazo de larga duración dentro de los bancos. A cambio, las entidades deberán dirigirlos a préstamos hipotecarios para compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única.

Cada banco tendrá un tope de participación del 20% en cada licitación. La medida apunta a repartir los $200.000 millones de esta primera instancia entre distintas entidades. Tras la constitución de los depósitos, los bancos contarán con 90 días corridos para desembolsar nuevos créditos. En este caso, el límite vence el 1° de diciembre.

El gobierno de Javier Milei anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación se basa en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona.

Según pudo saber Infobae, la demanda se realizará en la Cámara Federal porteña y estará a cargo del canciller, Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La acción alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

El texto oficial sostiene que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion. Para la Casa Rosada, esas autorizaciones implicarían una vulneración de la normativa argentina sobre los recursos naturales situados en torno a las islas Malvinas.

La acusación no se limitará a las sociedades mencionadas. El Gobierno indicó que incluirá a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos bajo investigación.

La Ley 26.659 establece sanciones para quienes realicen exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la autorización de las autoridades nacionales.

La Oficina del Presidente afirmó que la medida busca “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina” sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El Gobierno también señaló que continuará con las acciones que considere necesarias ante posibles actividades que afecten los derechos soberanos argentinos sobre esos territorios y sus recursos.

El anuncio sobre la denuncia estuvo acompañado por una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos vinculados con la seguridad nacional.

La iniciativa presupuestaria deberá llegar al Congreso el próximo 15 de septiembre. De acuerdo con el comunicado, la decisión apunta a “asegurar la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina”.

El viernes pasado, el Gobierno había anunciado que la Cancillería abrirá procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas, entre las que se encuentran las que serán denunciadas penalmente, por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en una decisión que busca frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer la respuesta argentina frente a operaciones que considera ilegítimas en un territorio bajo disputa de soberanía.

Desde la administración libertaria indicaron que el procedimiento alcanzará “no sólo” a empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, sino también a sus accionistas y a firmas que les prestaron servicios. La misma dependencia sostuvo: “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”.

La decisión oficial parte de la presunta violación del artículo 2° de la Ley 26.659, que prohíbe actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización de la autoridad argentina competente. La administración nacional informó que investigará cada caso y que aplicará sanciones si comprueba el incumplimiento.

El anuncio se conoció horas después de la cadena nacional en la que Milei ratificó el reclamo argentino sobre las islas y cuestionó de forma directa el avance de Sea Lion, un yacimiento ubicado en la Cuenca Malvinas Norte que, si se concreta según lo previsto, sería el primero en producir crudo en aguas próximas al archipiélago. El emprendimiento es conducido por Navitas Petroleum con el 65% y por Rockhopper Exploration con el 35 por ciento.

El campo fue descubierto en 2010 y se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas, a 450 metros de profundidad en el lecho marino. A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa, un paso que en la industria implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras ya fueron completadas y que el proyecto fue considerado viable.

La Cancillería ya había rechazado en diciembre de 2025 esa decisión de inversión y había calificado a ambas firmas como licenciatarias ilegítimas por operar sin permisos nacionales. También sostuvo que toda exploración o explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa contradice las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Gobierno sigue con los avances en la construcción de la Base Naval Integrada que estará en Ushuaia y anunció que se priorizarán los fondos en el Presupuesto 2027 a fin de comenzar a desarrollar el proyecto. El presidente Javier Milei anunció la semana pasada que avanzará con la iniciativa en medio de la tensión por la soberanía de las Islas Malvinas.

En un nuevo comunicado de la Oficina del Presidente, se anunció que denunciará a cinco empresas que buscan extraer petróleo en el archipiélago disputado entre la Argentina y el Reino Unido. En esa línea, informaron de una instrucción para el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para que en la presentación del Proyecto de Presupuesto Nacional para el año que viene se tenga como prioridad los fondos para iniciar con el proyecto.

“El Presidente de la Nación firmó en el día de la fecha una instrucción presidencial dirigida al señor Ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, a fin de que se priorice, en la confección del Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2027, que deberá ser remitido al Honorable Congreso de la Nación el próximo 15 de septiembre, el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos que aseguren la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina”, señaló el comunicado.

Y añadieron: “Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”.

Así, instrucción presupuestaria firmada por Milei coloca a la Base Naval Integrada de Ushuaia en el centro de la estrategia de defensa del Gobierno. Concebido hace más de una década, el complejo tiene dos objetivos estratégicos que están estrechamente relacionados: aumentar la capacidad de presencia y control argentino en el Atlántico Sur y transformar a Ushuaia en una gran plataforma logística para proyectarse hacia la Antártida.

Ese segundo objetivo adquirió una importancia especial en la definición que hizo el Presidente durante su mensaje por cadena nacional. Milei planteó que el mundo atraviesa una acelerada reconfiguración geopolítica, advirtió que las grandes potencias competirán cada vez más por recursos estratégicos y sostuvo que “la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia”. Inmediatamente después, vinculó esa perspectiva con la necesidad de aumentar la capacidad de proyección argentina sobre el Atlántico Sur.

El Gobierno denuncia penalmente a cinco empresas por operar en Malvinas sin autorización nacional

La acción judicial estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Las firmas involucradas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Según el texto oficial, tres de ellas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en la zona, lo que, para la administración nacional, constituiría una violación de la normativa argentina vigente.

La acusación alcanza también a las personas físicas vinculadas a esas sociedades. El comunicado oficial precisó que la presentación incluirá a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos bajo investigación. La Ley 26.659 es el instrumento jurídico central: esa norma establece sanciones para quienes realicen actividades de exploración o explotación en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales competentes.

La denuncia penal se enmarca en una medida más amplia que el Gobierno había anunciado días antes. El viernes previo, la Cancillería informó que abriría procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.

Esa decisión busca frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer la respuesta argentina frente a operaciones consideradas ilegítimas en un territorio bajo disputa de soberanía. La administración libertaria indicó que el procedimiento no se limitará a las empresas con actividad directa en la zona, sino que también alcanzará a sus accionistas y a firmas que les prestaron servicios.