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Diputados del Partido Laborista británico han iniciado la recolección de firmas para forzar la salida de Keir Starmer como líder, tras las recientes pérdidas en las elecciones locales inglesas y en los comicios regionales en Escocia y Gales. La diputada Catherine West comunicó que busca apoyos entre sus colegas parlamentarios para que Starmer establezca un calendario de elección de un nuevo líder en septiembre.

West, representante de Horsney & Fiern Barnet, indicó que el discurso de Starmer fue “bueno”, pero no compensa los resultados negativos del jueves pasado. Para desafiar el liderazgo de Starmer, West necesita 81 firmas de diputados laboristas.

“He escuchado el discurso del primer ministro esta mañana. Agradezco la energía y las ideas renovadas. Sin embargo, a mi pesar, he llegado a la conclusión de que el discurso de esta mañana fue insuficiente y tardío. Los resultados del jueves pasado demuestran que el primer ministro no ha logrado inspirar esperanza. Lo mejor para el partido y el país ahora es una transición ordenada”, señaló West en un comunicado. Añadió que recaba “nombres de diputados laboristas para solicitar al primer ministro que establezca un calendario para la elección de un nuevo líder en septiembre”.

En los comicios del jueves, el laborismo perdió 1.496 concejales y quedó con 1.068. En Escocia se quedó con 17 miembros en el Parlamento de Edimburgo, frente a los 21 anteriores, y en Gales perdió el control del parlamento galés, con nueve de 44 asientos.

La antigua viceprimera ministra laborista Angela Rayner reconoció que el gobierno de Starmer “no funciona” y pidió el retorno al parlamento del alcalde de Manchester, Andy Burnham, visto como posible sucesor al liderazgo. Burnham debe ser elegido diputado para optar al liderazgo, pero Starmer le impidió presentarse como candidato laborista en la parcial de Gorton & Denton.

El diputado Chris Curtis, por Milton Keynes North y presidente del Grupo de Crecimiento del Partido Laborista, pidió la dimisión de Starmer y un calendario para su salida. Se sumó a las declaraciones de Markus Campbell-Savours, diputado por Penrith y Solway, quien afirmó: «Sir Keir Starmer es un hombre decente, íntegro y amable. Pero su liderazgo no funciona, y lo lamento profundamente. Su posición es ahora insostenible». Campbell-Savours dijo que la lealtad está “con nuestros miembros electos en todo el país y con los 1.500 que perdieron sus escaños la semana pasada”.

La diputada Emma Lewell, por South Shields, expresó: “Este discurso fue escrito en la misma burbuja interna que nos metió en este lío. Fundamentalmente, la ciudadanía no confía en el primer ministro ni en el gobierno. Sin confianza no hay nada”.

Starmer intentó este lunes relanzar su gobierno tras el peor resultado laborista en décadas. “Sé que tengo a quienes dudan de mí”, aseguró el primero ministro del Reino Unido en su primer discurso tras los comicios regionales.

La última edición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés revela un escenario de fuerte insatisfacción social en la Argentina. El informe, correspondiente a mayo de 2026, señala que el 58% de los consultados considera que la situación del país empeoró en los últimos doce meses. Este dato se combina con una percepción negativa sobre la economía personal: el 56% afirma que su situación económica particular es peor que en mayo de 2025.

Según el estudio, “el nivel de satisfacción con la marcha general de las cosas se mantiene estable en un 29%, apenas un punto por encima de abril”, mientras que la insatisfacción neta llega al 68%. Este “humor social muy castigado”, como define el informe, se apoya sobre todo en la mirada crítica respecto de los ingresos y el trabajo. El documento ubica a los bajos salarios y a la falta de empleo como los problemas principales para el 37% de los encuestados respectivamente, seguidos muy de cerca por la corrupción con el 36%. La inflación reaparece como preocupación significativa, alcanzando al 22% de las respuestas.

La encuesta, que toma el pulso de la opinión pública en un contexto de persistente volatilidad económica, destaca que “los bajos salarios (37%) y la falta de trabajo (37%) se mantienen desde hace unos meses en el primer puesto como el principal problema del país, seguidos de cerca por la corrupción (36%)”. La inflación, que había perdido centralidad en años anteriores, recupera peso entre las inquietudes ciudadanas.

En el plano de la aprobación gubernamental, el informe indica que el gobierno de Javier Milei estabilizó sus niveles de apoyo tras varios meses en descenso. La aprobación presidencial se ubica en el 37%, mientras que la desaprobación llega al 60%. Según el relevamiento de la Universidad de San Andrés, estos valores “muestran una estabilización tras las caídas de meses anteriores, con una variación de apenas +/- 1 punto respecto a abril”. La satisfacción específica con el desempeño del Poder Ejecutivo descendió 3 puntos, bajando del 26% al 23%, y se posiciona como el poder con mayor deterioro en el mes, mientras que el Poder Legislativo permanece en mínimos históricos.

La dimensión económica tiene un peso central en la percepción sobre el rumbo del país. El informe incluye un experimento sobre la dolarización que arroja datos reveladores: “Los resultados del experimento muestran que más del 63% está de acuerdo con la decisión de no haber dolarizado la economía. Lo más interesante es que este acuerdo se mantiene alto sin importar el argumento (atribución a la gente o técnica) ni quién lo exponga, sugiriendo que la sociedad ha internalizado la inviabilidad o el riesgo de la medida en este contexto”. Al respecto, la preferencia por operar en moneda local se mantiene alta: el 47% de los encuestados prefiere cobrar su salario en pesos, frente a solo un 29% que elegiría hacerlo en dólares.

Estos datos revelan una resistencia cultural o práctica a la dolarización total del salario y una percepción extendida sobre los riesgos de dolarizar la economía argentina. El informe subraya que “la sociedad ha internalizado la inviabilidad o el riesgo de la medida en este contexto”, incluso cuando el argumento es expuesto por distintos actores o con diferentes fundamentos.

El análisis de la Universidad de San Andrés también indaga en la distribución de las emociones sociales frente a la figura presidencial. El documento señala que las emociones que genera Milei están polarizadas: entre quienes lo aprueban predominan sensaciones de esperanza, mientras que entre quienes lo desaprueban (60% de la muestra) prevalecen sentimientos de vergüenza, rechazo y asco.

Al profundizar en las expectativas a futuro, el estudio señala que el pesimismo disminuye, aunque sigue siendo mayoritario: el 44% de los consultados considera que la situación del país empeorará durante el próximo año, frente a un 26% que espera una mejora. El informe destaca: “La brecha más grande se da en los votantes de Milei, quienes evalúan muy mal el pasado pero mantienen altas expectativas de mejora”.

En el terreno político, la encuesta muestra una consolidación de referentes opositores frente a la administración actual. Entre quienes desaprueban la gestión de Milei, Axel Kicillof (49%), Cristina Kirchner (49%) y Myriam Bregman (46%) emergen como las figuras de mayor consenso. Según el documento, esto indica que “no hay un liderazgo único, sino un archipiélago de referentes que logran retener a casi la mitad de los críticos del gobierno”. Por su parte, la imagen positiva general refleja el desgaste del oficialismo: aunque Patricia Bullrich (37%) y Milei (35%) siguen liderando el ranking nacional, ambos muestran una tendencia en baja, lo que sugiere un debilitamiento del núcleo duro del gobierno. La oposición, en cambio, sostiene sus bases.

La imagen del vocero presidencial, Manuel Adorni, registra el peor desempeño del gabinete. El informe detalla que “el vocero presidencial, Manuel Adorni, continúa con una caída sostenida en su imagen. Su desaprobación alcanzó un récord del 73% y registra el diferencial de imagen más negativo de todo el gabinete (-59%)”.

La encuesta también consultó sobre la preferencia en materia salarial. El 47% de los encuestados manifestó que prefiere cobrar en pesos, mientras que solo el 29% optaría por hacerlo en dólares. Esta elección refuerza la idea de una resistencia cultural o funcional a la dolarización de los salarios, en línea con los resultados del experimento incluido en el estudio.

El informe de la Universidad de San Andrés resalta que la percepción de los problemas económicos supera a las preocupaciones estrictamente políticas. Los bajos salarios, la falta de empleo y la corrupción encabezan el ranking de inquietudes, mientras que la inflación recupera peso entre los temas que afectan la vida diaria de los ciudadanos. El pesimismo sobre la situación nacional y personal predomina, con expectativas divididas respecto a la evolución futura.

Entre los votantes oficialistas, la evaluación del pasado resulta muy negativa, pero el optimismo hacia el futuro es considerablemente superior al promedio general. La encuesta también muestra que el núcleo de apoyo al gobierno se reduce, mientras la oposición consolida sus referentes sin que emerja una figura única.

El estudio de la Universidad de San Andrés concluye que, aunque la aprobación general del gobierno se estabilizó tras meses de descenso, el malestar social persiste. La figura de los principales comunicadores oficiales, como Adorni, sufre un deterioro acelerado, mientras que el humor social permanece condicionado por la situación del empleo y los salarios.

Los legisladores filipinos votaron el lunes por amplio margen a favor de enviar al Senado los artículos de destitución contra la vicepresidenta Sara Duterte, lo que pone en duda su anunciada candidatura presidencial para 2028.

Los artículos de acusación imputan a la hija del ex presidente Rodrigo Duterte los cargos de corrupción, soborno y una supuesta amenaza de asesinato contra su antiguo aliado, el presidente Ferdinand Marcos.

Su padre, presidente entre 2016 y 2022, enfrenta acusaciones de parte de la CPI por crímenes contra la humanidad durante la “guerra contra la droga” emprendida en su mandato que dejó miles de muertos.

La Cámara de Representantes, dominada por los aliados del presidente, votó 255 a 26 con nueve abstenciones. Las dos denuncias de juicio político contra Duterte ahora pasan al Senado, que se constituirá en tribunal para su juicio.

“Esto ya no se trata solo de política. Se trata de conciencia, deber y del futuro de nuestra nación”, dijo el representante Bienvenido Abante inmediatamente después de la votación.

“Esto no tiene que ver con 2028, no tiene que ver con alianzas políticas, tiene que ver con si seguimos creyendo que nadie está por encima de la ley”.

Según la Constitución filipina, un juicio político da lugar a un proceso en el Senado. Un veredicto de culpabilidad implicaría la destitución de Duterte y su inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.

Se acusa a Sara Duterte de malversación y corrupción durante su gestión, así como de haber proferido una amenaza de muerte contra su antiguo aliado y actual presidente Ferdinand Marcos.

Se la acusa de supuesto uso indebido de al menos 612 millones de pesos filipinos (más de 10,53 millones de dólares) en fondos confidenciales.

En un comunicado emitido tras la votación del lunes, el abogado defensor de Duterte afirmó que la carga de la prueba recae ahora sobre sus acusadores.

“Estamos plenamente preparados para defender al Vicepresidente ante el Senado, que actuará como tribunal de destitución”, decía el comunicado.

El año pasado, la Cámara de Representantes también la sometió a juicio político, pero sobrevivió al intento y no fue juzgada por orden del Tribunal Supremo debido a un tecnicismo constitucional.

Duterte y Marcos han estado involucrados en una pelea política de alto riesgo que estalló pocas semanas después de su victoria en las elecciones presidenciales de 2022, cuando a la vicepresidenta se le negaron sus carteras de gabinete favoritas y en su lugar se la nombró secretaria de Educación.

Buena parte de la rivalidad –vinculados a familias otrora aliadas– bebe de la entrega al Tribunal Penal Internacional (TPI) de Rodrigo Duterte, padre de la vicepresidenta y acusado en la corte de La Haya de crímenes contra la humanidad durante su etapa como presidente, un cargo que asumió dejando en la Alcaldía de Davao a su hija mayor y hasta entonces vicealcaldesa de la ciudad.

(con información de AFP, EP y AP)

“Confío que mañana sea una marcha pacífica, multitudinaria y que la gente apoye esto. No que apoye a la UBA, sino que apoye al país”, destacó el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, en la previa de la nueva Marcha Federal Universitaria que se realizará mañana en varios puntos del país, con epicentro y un acto central en Plaza de Mayo.

En comunicación con Radio Mitre, Gelpi puntualizó que la convocatoria responde a una situación “hiperaguda”, debido al impacto de los recortes presupuestarios en el funcionamiento de las universidades nacionales.

En este sentido, el rector explicó que la movilización surge como respuesta a las limitaciones presupuestarias impuestas al sistema universitario. Además subrayó que el ajuste afecta directamente las cursadas, los salarios de docentes y no docentes, así como el funcionamiento de los hospitales universitarios. “Es de público conocimiento cómo nos han limitado con los presupuestos”, señaló.

Para el titular de la UBA, la problemática trasciende lo económico y pone en riesgo aspectos estructurales del país: “Esto pretende destruir el Estado argentino en su parte fundacional, que es afectar la educación y la ciencia”, puntualizó.

A lo largo de la entrevista, el dirigente universitario enfatizó que la restricción de fondos constituye el problema más urgente, pero alertó que el deterioro de la educación superior compromete la posibilidad de una verdadera libertad. “La libertad es cuando usted puede razonar, crear y pensar, y eso se logra con educación”, afirmó. Y planteó que la formación de criterio y pensamiento crítico depende de la fortaleza del sistema educativo y científico. “Afectar la educación y la ciencia es hipotecar el futuro”, advirtió el rector.

El impacto de la crisis presupuestaria ya se refleja en la pérdida de recursos humanos calificados: “Se está yendo la gente de las universidades y de los laboratorios, hay números”, sostuvo Gelpi. Y agregó: “Es imposible formar un docente, un investigador, un profesor, un médico de un día para el otro”.

En respuesta a las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien había acusado a los rectores de impulsar una “extorsión política”, Gelpi negó que exista tal intención y defendió la legitimidad de los reclamos. “Lo que estamos pidiendo para los estudiantes y para los hospitales es lo mismo que se pedía el año pasado”, aclaró. Además, precisó que los fondos transferidos por el Gobierno no se actualizan según la inflación, lo que implica una pérdida real del poder adquisitivo. “Estamos treinta y cinco, cuarenta por ciento por abajo”, detalló.

Frente a la convocatoria de la Marcha Federal Universitaria, expresó su expectativa de una participación masiva, similar a la registrada en movilizaciones anteriores. “Tengo la confianza de que la marcha sea grande, que sea multitudinaria. Se han movido todos los sectores”, afirmó. Asimismo, subrayó que la defensa de la educación pública no responde a intereses partidarios ni personales, sino que representa la protección del futuro del país. “No es que lo apoye a Gelpi. Nos va a apoyar el futuro del país”, concluyó.

Las universidades públicas convocaron a la nueva Marcha Federal Universitaria para mañana, desde las 17. “Es en defensa de la universidad pública para exigir que se ejecute de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición del Salario”, señalaron en un breve comunicado.

La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y prevé movilizaciones simultáneas en distintas ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y una marcha hacia la Plaza de Mayo.

El reclamo principal es que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso nacional en octubre de 2025 y luego ratificada por la Justicia. Uno de los ejes centrales es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.