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Drones ucranianos impactaron durante la madrugada de este viernes un depósito en las cercanías de San Petersburgo. La ofensiva provocó un incendio que generó una densa columna de humo sobre la ciudad, según reportaron funcionarios locales. Kiev intensificó en las últimas semanas los bombardeos con drones de largo alcance contra instalaciones energéticas, militares y logísticas en territorio ruso, poniendo a San Petersburgo en el punto de mira.

Medios locales informaron que los almacenes afectados pertenecen a la empresa rusa de venta minorista en línea Wildberries, el equivalente ruso de Amazon. La compañía confirmó la suspensión temporal de operaciones en dos de sus depósitos de la ciudad, sin ofrecer más detalles.

Rusia informó el viernes que derribó 571 drones ucranianos durante la noche, en uno de los ataques más numerosos realizados por Ucrania en el contexto de la intensificación de operaciones de largo alcance.

En videos publicados en las redes sociales se observa una columna de humo gris elevándose sobre los edificios altos de la ciudad. El gobernador Alexander Beglov declaró en redes sociales: “San Petersburgo fue atacada por vehículos aéreos no tripulados con fines militares...”. Beglov añadió que “actualmente se están realizando esfuerzos para abordar las consecuencias”, sin precisar detalles adicionales.

Uno de los centros logísticos de Wildberries, situado en las afueras de Moscú, resultó atacado el fin de semana anterior, provocando la muerte de ocho trabajadores del turno de noche y la destrucción total de las instalaciones a causa del incendio.

Tras el primer ataque, el presidente ucraniano sostuvo que las instalaciones se empleaban para “suministrar componentes prohibidos para la producción de drones y equipos de navegación”. Kiev denomina esta ofensiva “sanciones de largo alcance” y justifica los ataques como represalia por los bombardeos nocturnos con drones y misiles que Rusia realiza contra ciudades ucranianas. Según las autoridades ucranianas, la campaña ha provocado escasez de combustible en territorio ruso y ha reducido las reservas financieras destinadas a la guerra.

Durante el ataque, el aeropuerto Pulkovo de San Petersburgo suspendió sus vuelos, reanudando operaciones alrededor de las 06:00 (03:00 GMT), con unas 50 salidas afectadas. Wildberries confirmó que dos de sus almacenes en la ciudad suspendieron temporalmente sus actividades, sin aportar más detalles.

El gobernador de Leningrado, Drozdenko, informó que 59 drones ucranianos fueron derribados. Las autoridades rusas suelen limitarse a reportar el número de drones interceptados o atribuir los incendios a la caída de escombros, rara vez admitiendo que los ataques ucranianos alcanzaron sus objetivos.

Durante la última semana, los ataques ucranianos afectaron tres centros de Wildberries, incluidas instalaciones que atienden a Moscú. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó los contraataques ucranianos como “una escalada que puede conducir a un final”.

Kiev califica a estas olas de bombardeo como “sanciones de largo alcance” y sostiene que los ataques constituyen una represalia por los bombardeos nocturnos con drones y misiles que Rusia ejecuta contra la población civil ucraniana. Según las autoridades de Kiev, la campaña ya provocó escasez de combustible en Rusia y redujo sus reservas financieras para la guerra.

Los esfuerzos de Washington por mediar en un acuerdo de paz se vieron obstaculizados por el conflicto paralelo con Irán. Moscú mantiene su exigencia de que Ucrania renuncie de forma permanente a los territorios bajo su control y al respaldo militar occidental, negándose a ceder en las negociaciones. El Kremlin advirtió que los ataques ucranianos refuerzan su determinación de continuar la guerra y amenazó con avanzar sobre más territorio en el este y sur de Ucrania.

De acuerdo con Naciones Unidas, las muertes de civiles registraron un fuerte incremento en 2026, señalando que junio fue el mes más letal desde mediados de 2022. Desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, han muerto cientos de miles de soldados y decenas de miles de civiles, aunque no existen cifras precisas debido a la falta de transparencia de ambas partes.

(Con información de AFP)

La ejecución de Vahid Baniamerian y otros cinco acusados en Irán se produjo sin previo aviso para sus familias, quienes se enteraron por noticias en medios estatales iraníes que el Tribunal Supremo revisaría la sentencia de muerte.

Un familiar cercano, que pidió anonimato por seguridad, relató su desconcierto: “No dieron ninguna advertencia. Ni siquiera el abogado lo sabía”. Para esa persona, “era completamente ilegal, incluso según sus propias leyes opresivas”.

Las autoridades iraníes mantienen una política de ejecuciones que, según organismos de derechos humanos, busca intimidar a la sociedad e impedir nuevas protestas. En lo que va del año, se dictaron decenas de ejecuciones de presos políticos, manifestantes y supuestos miembros de organizaciones prohibidas.

Irán intensificó la aplicación de la pena capital, especialmente desde el final de la primera fase de la guerra con Estados Unidos e Israel. La situación interna se tensó aún más tras la muerte del ex líder supremo Ali Khamenei y la llegada de su hijo Mojtaba, quien aún no apareció públicamente desde el deceso de su padre, el 28 de febrero de 2026.

Las ejecuciones se realizan en un contexto de fragilidad política y represión creciente. Organizaciones como Iran Human Rights (IHR) alertan del peligro de que, tras la ruptura del alto el fuego, el régimen aumente la persecución y eliminación de opositores mediante la pena de muerte.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHR, advirtió: “Con la ruptura del alto el fuego y la reanudación de la guerra, nos preocupa profundamente que las autoridades aprovechen la situación para intensificar la ejecución de presos políticos”.

El organismo calcula que cientos de detenidos por cuestiones políticas y manifestantes enfrentan cargos que podrían llevarlos a la horca. De ellos, cerca de 100 ya tienen sentencia de muerte, incluidos más de 70 reclusos en la prisión de Dastgerd, en Isfahán.

La organización exige a la comunidad internacional, y en especial a la Unión Europea, que pongan como condición central en cualquier diálogo con Irán una moratoria inmediata de las ejecuciones. “La comunidad internacional… debe convertir la moratoria inmediata sobre las ejecuciones en un tema central” de cualquier negociación, remarcó Amiry-Moghaddam.

Desde el inicio de la guerra, IHR documentó que 24 personas fueron ahorcadas por participar en protestas recientes y otras dos por movilizaciones anteriores. Además, 13 hombres fueron ejecutados por supuestos vínculos con el Muyahidines del Pueblo (MEK) y otros grupos prohibidos, mientras que 10 personas fueron ahorcadas bajo acusaciones de espionaje.

Las autoridades justifican las condenas al afirmar que los ejecutados participaron en ataques mortales contra fuerzas de seguridad o edificios públicos. Sin embargo, las ONG denuncian torturas y juicios sumarios con graves irregularidades procesales.

IHR subraya que, aunque los casos mediáticos concentran la atención internacional, la mayoría de ejecuciones en Irán no son por motivos políticos sino por delitos relacionados con drogas o asesinatos. Según Amnistía Internacional, en el último año el país volvió a ocupar el segundo lugar mundial en número de ejecuciones, solo detrás de China, con más de 2.150 personas ejecutadas.

En la prisión de Ghezel Hesar, en Karaj, los reclusos iniciaron una sentada para protestar por los ahorcamientos de compañeros acusados de narcotráfico. En videos difundidos en redes sociales, se les ve fuera de sus celdas coreando “no a la ejecución”.

Un comunicado de los propios presos, citado por la agencia AFP, preguntaba: “¿En qué otro lugar del mundo se le quita la vida a una persona por un primer error?”. Según ellos, muchos cometieron delitos “simplemente para poder cubrir sus necesidades básicas”.

De acuerdo con su familia, Vahid Baniamerian, de 34 años, era “una persona amable y humilde” desde niño. “Tenía un gran sentido de la responsabilidad. Siempre quería ayudar”, recordaron sus allegados. Incluso en prisión, intentó mantener el ánimo de sus compañeros y logró sacar clandestinamente un mensaje de audio para su madre. “Me despedí de ti sin saber lo que me deparaba el futuro”, relató en referencia a su último encuentro. Un video también sacado de la cárcel lo mostraba cantando una canción patriótica poco antes de su ejecución. En el momento de ser llevado al aislamiento, Baniamerian alentó a los demás: “No lloren delante del enemigo. Estamos orgullosos de lo que hacemos”, expresó según su familiar.

El caso de Baniamerian y los de los cientos de personas que esperan la horca en Irán reflejan el uso sistemático de la pena de muerte como herramienta de control social y político por parte del régimen, según coinciden organizaciones internacionales y familiares de las víctimas.

(Con información de AFP)

Desde el 28 de febrero de 2026, los capitanes que intentan cruzar el Estrecho de Ormuz observan en sus pantallas de navegación algo que desafía toda lógica: supertanqueros que circulan sobre tierra firme, cargueros que atraviesan aeropuertos, buques que derivan a través de una central nuclear. No se trata de fallas técnicas aleatorias. Es el resultado de operaciones de interferencia satelital desplegadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que desde el inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel convirtió ese corredor marítimo —por el que transita el 20% del petróleo y gas del mundo— en el primer escenario documentado de guerra híbrida marítima a escala masiva. Lo que ocurre allí no es una amenaza futura ni un escenario hipotético. Es el presente del ciberespacio marítimo. Y es exactamente lo que el capitán Jorge A. Frías, secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca y presidente de la Fundación Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino (FUNCESMAr), advirtió durante las Jornadas de Intereses Marítimos Argentinos celebradas en Mar del Plata: la flota pesquera argentina enfrenta las mismas vulnerabilidades, y el país carece todavía de un marco normativo que las contemple.

Los expositores organizaron el problema en torno a un marco de origen naval, hoy directamente aplicable al sector pesquero: información, tecnología y personas. La información es el activo estratégico. Las decisiones de navegación y de captura ya no dependen solo de la observación directa del capitán, sino de un flujo continuo de datos como el AIS ((Automatic Identification System, o Sistema de Identificación Automática) y entre otros, la trazabilidad blockchain.

En palabras llanas: la tecnología blockchain es una base de datos distribuida, en lugar de almacenarse en un único servidor central, la información se replica simultáneamente en miles de nodos (computadoras) conectados en red. En el sector pesquero, la trazabilidad blockchain permite registrar y verificar:

• Dónde y cuándo se capturó el pescado.
• Qué embarcación lo capturó y bajo qué licencia.
• La posición GPS del buque en el momento de la captura.
• La cadena de frío durante el transporte.
• El procesamiento en tierra y la distribución hacia los mercados.

Cada uno de esos datos queda grabado de forma permanente e inmutable en la cadena. En este punto aparece lo que el capitán Frías denominó “el problema del oráculo“: el blockchain garantiza que un dato no fue modificado después de registrado, pero no puede garantizar que ese dato fuera verdadero en el momento de ingresar. Si un buque pesca en una zona prohibida del Atlántico Sur y su GPS fue manipulado mediante spoofing (técnica de engaño digital que consiste en suplantar o falsificar una señal, una identidad o una fuente de información para que un sistema receptor la tome como legítima) para mostrar una posición falsa, ese dato falso queda registrado en la cadena con la misma solidez que uno verdadero. El certificado de origen resultante es formalmente impecable y sustancialmente fraudulento.

Es por eso que la integridad de la información satelital —y su protección frente a un engaño digital que se denomina spoofing— es la base sobre la que descansa todo el sistema de trazabilidad, por más robusto que sea tecnológicamente.

Según se advirtió en la exposición, cada sensor y cada sistema automatizado de las embarcaciones es también una puerta de entrada potencial para actores maliciosos, “los sicarios cibernéticos”, según Frías. La digitalización de puertos y buques convirtió al ecosistema pesquero en un objetivo de alto valor.

Los expositores destacaron que ante esta situación crítica, que ya es una realidad en el mundo, Argentina carece de un instrumento que articule de manera integrada la ciberseguridad, la actividad pesquera y la soberanía marítima. Y la manipulación de señales satelitales -el llamado “GNSS spoofing”- no es solo una amenaza a la navegación: es, según se planteó, una herramienta técnica para el blanqueo de pesca ilegal y el fraude en la certificación de origen, con implicancias directas sobre la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

El Estrecho de Ormuz: laboratorio de guerra híbrida marítima

Una demostración palpable sobre las advertencias y recomendaciones que se realizaron en las jornadas sobre “La ciberseguridad marítima en la cadena de valor del sector pesquero”, presentada por el Capitán Jorge A. Frías quedó al descubierto en el conflicto de Medio Oriente.

Tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán en la operación “Epic Fury”, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró el Estrecho de Ormuz “cerrado” y aplicó una estrategia de bloqueo que combina tres métodos simultáneos: ataques físicos con misiles, drones y lanchas rápidas; minado de la ruta de separación de tráfico oficial; e interferencia electrónica masiva sobre los sistemas de posicionamiento satelital. La combinación resultó más eficaz que cualquiera de esos métodos por separado.

El Institute for the Study of War calificó el mecanismo como un esquema de extorsión y advirtió que cualquier acuerdo que reconociera el control iraní sobre el estrecho constituiría un precedente con implicancias para el comercio global.

La guerra invisible a escala sin precedentes

La dimensión electrónica del bloqueo resultó tan disruptiva como la física. En las primeras 24 horas tras el inicio del conflicto, más de 1.100 buques en aguas de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán e Irán sufrieron interferencias en sus sistemas de navegación satelital, según datos de la firma de inteligencia marítima Windward.

Los analistas vinculados a esa firma identificaron 35 clústeres de jamming activos de forma simultánea en la región. Los clústeres de jamming son zonas geográficas donde se concentran múltiples equipos o fuentes que emiten interferencias electrónicas de manera deliberada para bloquear o degradar señales de radiofrecuencia, especialmente las utilizadas por sistemas de navegación y posicionamiento como el GPS/GNSS.

La firma Lloyd’s List Intelligence documentó 1.735 instancias de interferencia GPS que afectaron a 655 buques solo entre el inicio del conflicto y el 3 de marzo. Los incidentes diarios escalaron de 350 al comienzo a 672 el 3 de marzo. Para el 7 de marzo, más de 1.650 embarcaciones habían experimentado interferencias en sus sistemas GPS y AIS en toda Asia Occidental, un incremento del 55% respecto a la semana anterior, según Windward.

De Ormuz al Atlántico Sur: la misma vulnerabilidad, otro escenario

Lo que la Guardia Revolucionaria iraní aplicó en el Estrecho de Ormuz no es una capacidad exclusiva de las grandes potencias militares. Es, precisamente, la advertencia que Frías llevó a Mar del Plata: los ataques cibernéticos contra el sector marítimo mundial crecieron un 300% entre 2019 y 2024, y la totalidad de los incidentes registrados en buques durante 2023 comprometió sistemas operativos críticos de navegación. La brecha entre el escenario del Golfo Pérsico y el del Atlántico Sur no es tecnológica. Es de conciencia y de preparación.

La exposición de Frías partió de una transformación que ya está en marcha en la flota argentina: la denominada “Pesca 4.0” incorpora sensores inteligentes, conectividad satelital permanente, inteligencia artificial para optimizar rutas, blockchain para la trazabilidad de los productos y sistemas automatizados que enlazan la embarcación con puertos, organismos de control y mercados internacionales. Esa misma arquitectura digital que multiplica la eficiencia es, al mismo tiempo, una superficie de ataque en expansión constante.

Un ecosistema hiperconectado con vulnerabilidades estructurales

El núcleo del problema reside en la convergencia entre dos tipos de sistemas que históricamente operaron de forma separada. Los sistemas IT —gestión comercial, comunicaciones satelitales, reportes regulatorios, trazabilidad— se integraron progresivamente con los sistemas OT, responsables del funcionamiento operativo del buque: el GPS, el AIS, las cartas electrónicas ECDIS (el sistema de navegación digital que reemplazó a las cartas náuticas en papel en los buques modernos); el control de máquinas, la propulsión y la cadena de frío. “Esa convergencia -explicó el capitán Frías-, es lo que habilita la eficiencia de la Pesca 4.0, pero también elimina el aislamiento que durante décadas protegió a los sistemas críticos. Un correo electrónico infectado o una contraseña comprometida pueden convertirse en la puerta de entrada al sistema de navegación de una embarcación”.

A esa vulnerabilidad estructural se suma una asimetría económica notable: un ataque que puede costarle al atacante apenas unos cientos de dólares tiene capacidad para paralizar una embarcación valuada en millones.

El desarrollo de la inteligencia artificial de frontera agrega una variable nueva: según se advirtió en la exposición, sus capacidades reducen la barrera técnica que antes limitaba a los atacantes menos sofisticados.

En estos caso, reforzaron los expositores, “la tecnología funciona como una espada de doble filo”. Cuanto más sofisticada, más frágil ante ataques dirigidos. La respuesta de mayor impacto y menor costo que propuso Frías es también la más simple: segmentar las redes operativas y administrativas para evitar que una intrusión en el área de gestión comercial escale hasta los sistemas de control de la embarcación.

Las personas constituyen el eslabón más crítico y el que no admite parches de software. Entre el 82% y el 95% de los incidentes exitosos comienzan con un error humano o una manipulación, no con un ataque técnico sofisticado. La paradoja del sector pesquero es que la misma conectividad satelital que acerca al tripulante con su familia lo expone durante las 24 horas como blanco de phishing, ingeniería social y chantaje digital. La respuesta exige formación obligatoria, principio de mínimo privilegio y una cultura de seguridad sostenida.

El ciberespacio como nuevo campo de batalla marítimo

Agencias de inteligencia y organismos de seguridad occidentales atribuyeron en los últimos años campañas de espionaje, sabotaje e interferencia electrónica a grupos vinculados con Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Estos actores fueron señalados por operaciones destinadas a infiltrarse en infraestructuras críticas, interferir señales de navegación mediante técnicas de spoofing y jamming del GPS, realizar espionaje industrial, atacar puertos, empresas logísticas y redes de transporte marítimo, y obtener información estratégica sobre movimientos navales y comerciales. Ante la creciente competencia entre potencias, los buques mercantes dejaron de ser únicamente medios de transporte para convertirse también en blancos potenciales dentro de la disputa por el control de las rutas marítimas y de la información.

Para la Argentina, la amenaza más delicada es la manipulación deliberada de señales satelitales, el llamado GNSS spoofing. Esa técnica —la misma que el CGRI desplegó en el Estrecho de Ormuz— puede falsear la posición real de un buque y, además de poner en riesgo la navegación, facilitar el encubrimiento de actividades de pesca ilegal, el fraude en la certificación del origen de las capturas y afectar directamente el ejercicio de la soberanía en el Atlántico Sur.

Un llamado urgente de decisión

Uno de los mensajes centrales de la exposición apunta a desactivar una objeción previsible: la implementación de estas prácticas no requiere grandes inversiones iniciales. La higiene cibernética básica -segmentación de redes, formación del personal, protocolos mínimos de verificación de datos- genera un retorno significativo y constituye, se planteó, el punto de partida realista para la flota argentina.

Lo que sí exige la propuesta es una decisión política y gremial que integre en una única mesa de trabajo al Estado, industria y trabajadores dado que tienen un rol único e insustituible para liderar esta agenda: la oportunidad de comprometer a esa tríada en la defensa cibernética del mar argentino.

En la reunión de expertos que se realizó en Mar del Plata, se recordó que la Organización Marítima Internacional (OMI) incorporó desde enero de 2021 la gestión de riesgos cibernéticos dentro de los sistemas obligatorios de seguridad para los buques que navegan internacionalmente y una circular que aporta el marco técnico para identificar sistemas críticos y definir salvaguardias. Ambas normas son de aplicación obligatoria para los buques de bandera argentina en aguas internacionales.

Según el capitán Frías, la legislación de nuestro país, no obstante, carece de un instrumento que articule de manera integrada la ciberseguridad, la actividad pesquera y la soberanía marítima. La Ley 24.922 de Régimen Federal de Pesca no contiene disposiciones específicas de ciberseguridad para la flota ni para la cadena de valor, y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto no contempla la dimensión cibernética del monitoreo satelital de buques. El aporte normativo actual proviene de ordenanzas de la Prefectura Naval Argentina que, sugirió Frías, requerirán actualización.

Las propuestas de los especialistas

La exposición no se limitó al diagnóstico. Frías presentó una hoja de ruta con dos ejes: uno político-gremial y otro de capacitación.

La convocatoria incluye organismos nacionales como la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, los ministerios de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores, la Armada Argentina, la Prefectura Naval, el INIDEP y el Consejo Federal Pesquero, junto con organismos internacionales como la OMI, la FAO, la OEA, Interpol y la ENISA.

El eje de capacitación se traduce en una propuesta institucional concreta: desde FUNCESMAr se impulsará el Seminario Internacional de Ciberseguridad Marítima para el Sector Pesquero, de modalidad híbrida y alcance internacional, con edición inaugural prevista para la segunda mitad de 2027.

El producto final del proceso será la primera Guía de Mejores Prácticas en Ciberseguridad para el Sector Pesquero argentino, además de un curso especializado que se incorporaría a la Diplomatura de Capitán de Pesca.

Frías finalizó su ponencia con una reflexión: “La ciberseguridad no es un costo: es una inversión en la integridad del producto argentino en el mundo”, afirmó al cierre de su exposición. “El mar no se pide prestado, se defiende. Y en el siglo XXI, defenderlo significa también defender sus datos, sus señales y su soberanía digital.”

El mercado internacional del petróleo volvió a encender las alarmas. El barril de Brent, la referencia para gran parte del comercio mundial de crudo, superó nuevamente los 100 dólares. Ahora fueron nuevos atentados de rebeldes hutíes contra petroleros sauditas en el Mar Rojo, que afectaron el transporte de crudo.

A diferencia de otros ciclos alcistas impulsados por una recuperación de la demanda mundial, esta vez el detonante es el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. La escalada entre Estados Unidos e Irán, sumada a los ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo y a las amenazas sobre el Estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo que consume el planeta— volvió a instalar el temor a una interrupción del suministro global.

Los mercados reaccionaron casi de inmediato. Ante la posibilidad de que una parte significativa de la oferta quede comprometida, los operadores comenzaron a incorporar una “prima de riesgo” en el precio del crudo. El resultado fue un fuerte rally que llevó al Brent nuevamente por encima de los tres dígitos.

Para el mercado local el escenario presenta una combinación de oportunidades y desafíos.

El primer efecto positivo aparece por el lado de las exportaciones. Con un barril más caro, cada tonelada de petróleo exportada genera mayores ingresos de divisas. Esto beneficia especialmente a Vaca Muerta, cuya producción viene creciendo sostenidamente y se consolidó como uno de los principales motores de generación de dólares del país.

Según estimaciones del mercado, Un barril de petróleo a USD 100 le permite a la Argentina sumar unos USD 5.000 millones adicionales en sus exportaciones de hidrocarburo. Además, ya avanzado el segundo semestre puede implicar un ingreso adicional de divisas en épocas de mayor escasez por motivos estacionales. Es decir que ingresarán pocos dólares del campo, pero habría más oferta por la balanza energética.

Las empresas argentinas del sector que cotizan en Wall Street tuvieron ayer un impacto favorable. Vista fue la más beneficiada, con una suba en la cotización de 3%, rozando nuevamente los USD 70. YPF operó casi todo el día en alza pero terminó con una leve baja del 1%. Igual se mantuvo cerca de los USD 52, un precio muy alto para su recorrido histórico.

Además del incremento en las exportaciones, un precio internacional elevado mejora la rentabilidad de las compañías petroleras y vuelve económicamente viables proyectos que con un barril de USD 60 o USD 70 resultarían menos atractivos. En otras palabras, un petróleo caro acelera inversiones, aumenta la perforación de nuevos pozos y fortalece las perspectivas de expansión del sector energético argentino.

Sin embargo, el beneficio para las exportaciones convive con un efecto menos favorable para los consumidores. Aunque la Argentina produce petróleo, el mercado local no está completamente desconectado de las cotizaciones internacionales. Las refinerías toman como referencia el valor del crudo y también enfrentan mayores costos cuando deben importar combustibles o derivados.

Por esa razón, un Brent por encima de los USD 100 suele traducirse en una mayor presión para aumentar los precios de la nafta y el gasoil. El traslado no siempre es inmediato, ya que depende de la política económica y de las decisiones regulatorias, pero el incentivo económico para ajustar los valores internos aumenta considerablemente. Por ahora, no habría planes de YPF de volver a incrementar el valor en los surtidores, pero depender de cómo sigue la cotización internacional.

La economía más dinámica impulsada por mayores exportaciones energéticas puede favorecer el ingreso de divisas al país. Pero, al mismo tiempo, el sector agropecuario depende intensamente del gasoil para sembrar, cosechar y transportar la producción.

Si el combustible aumenta, también lo hacen los costos operativos del productor, reduciendo parte de la rentabilidad. Para Argentina, el regreso del petróleo a los USD 100 resume una de las paradojas de las economías productoras de energía.

Por un lado, significa más exportaciones, más ingreso de dólares y un fuerte incentivo para el desarrollo de Vaca Muerta. Por otro, implica una presión creciente sobre el precio de los combustibles, mayores costos para el transporte y la producción y un nuevo desafío para contener la inflación.

El otro aspecto a tener en cuenta es que el salto adicional del barril complica la baja de la inflación en Estados Unidos. Por lo tanto, se aleja la posibilidad de una rebaja de tasas por parte de la Reserva Federal. Al contrario, crecerían las temores de una próxima suba de tasas, que había quedado casi descartada.

De hecho, la tasa a diez años voló hasta 4,70% anual, lo que impactó negativamente en los mercados. Los bonos argentinos lo sufrieron y el riesgo país volvió a superar los 430 puntos básicos, lo que aleja la posibilidad de salir a buscar financiamiento a los mercados.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% para las importaciones procedentes de más de 80 países y economías, al sostener que esas naciones no cuentan con mecanismos suficientes para impedir el ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso. Las tarifas entraron en vigor a las 00:01 de este viernes y reemplazan el arancel global temporal del 10% que expiró el jueves.

La Administración estadounidense fundamentó la medida en una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite responder a prácticas comerciales consideradas injustificadas o discriminatorias. La Casa Blanca recurrió a ese instrumento después de que los tribunales limitaran parte de las tarifas globales aplicadas anteriormente bajo la Sección 122.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvo que “la tasa y el alcance de las exenciones son apropiados” para lograr la eliminación de las prácticas sancionadas por la investigación sobre trabajo forzoso.

La decisión provocó una rápida reacción de varios gobiernos, que rechazaron los argumentos utilizados por Washington y anticiparon negociaciones o medidas diplomáticas.

Uno de los primeros países en responder fue Brasil. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Estados Unidos utilizó el trabajo forzoso como argumento para reforzar una política comercial proteccionista.

En un comunicado, Brasil sostuvo que “ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista”, Estados Unidos “optó por manipular un tema tan importante” para justificar los nuevos gravámenes.

La medida representa el segundo aumento arancelario aplicado por Washington contra Brasil en menos de una semana, después del gravamen del 25% que entró en vigor el miércoles por presuntas prácticas comerciales desleales. Según un análisis de la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil), la carga acumulada sobre las exportaciones brasileñas alcanzará el 37,5%.

En contraste, México informó que evitó el impacto de las nuevas tarifas gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La Secretaría de Economía indicó que cerca del 85% de las exportaciones mexicanas continuará ingresando al mercado estadounidense con arancel cero.

El organismo explicó que el resto de los productos seguirá pagando un arancel del 10%, sin cambios respecto del régimen anterior. “Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene”, señaló la dependencia.

El Gobierno de Chile también cuestionó la decisión estadounidense y anunció que buscará quedar excluido de la lista de países alcanzados por los nuevos gravámenes.

La Cancillería chilena afirmó que el país “cuenta con una sólida institucionalidad laboral” y sostuvo que “la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, expresó preocupación porque la medida afecta “la competitividad” de las exportaciones chilenas y genera “incertidumbre para miles de productores y trabajadores”.

En Japón, el portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, calificó la decisión estadounidense de “lamentable”.

“A pesar de que la industria y el comercio de nuestro país operan de conformidad con las normas internacionales, resulta lamentable imponer aranceles a Japón con el argumento de falta de medidas de prohibición de importación de productos fabricados mediante trabajo forzado”, declaró.

Kihara agregó que Tokio y Washington mantienen vigente el acuerdo comercial bilateral alcanzado en 2025, que fijó un arancel del 15% para la mayoría de las importaciones japonesas a cambio de inversiones por 550.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Corea del Sur también pidió preservar el entendimiento comercial alcanzado con Washington. La oficina presidencial informó que el Gobierno “planea mantener estrechas consultas con Estados Unidos para garantizar que se mantenga el arancel del 15% acordado mutuamente”.

El Ministerio de Comercio surcoreano aseguró que las autoridades estadounidenses “reafirmaron su postura de que se debe cumplir el acuerdo comercial vigente”, después de conversaciones bilaterales previas al anuncio.

En Australia, el ministro de Comercio, Don Farrell, reclamó la eliminación de los nuevos gravámenes.

“Estos aranceles son injustificados, incompatibles con nuestro acuerdo de libre comercio y deben eliminarse”, afirmó. Además, sostuvo que Australia cuenta con “algunas de las medidas más sólidas del mundo” para combatir el trabajo forzoso y la esclavitud moderna.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, también rechazó la medida.

“La investigación de Estados Unidos no proporcionó pruebas significativas para respaldar las acusaciones relacionadas con el trabajo forzoso”, escribió en la red social X. Además, afirmó: “Los aranceles no son el camino; aumentan los costos y la incertidumbre para las empresas”.

En Panamá, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, celebró que el país quedara excluido de la nueva lista.

“Las relaciones de confianza también se reflejan en el comercio”, escribió en X, y agregó que la exclusión constituye “una noticia positiva que reafirma la sólida relación de amistad y cooperación entre Panamá y Estados Unidos”.

En Filipinas, la Cámara de Comercio e Industria manifestó preocupación por la nueva tarifa del 12,5%.

Su presidente, George Barcelon, declaró: “Estamos muy preocupados y sorprendidos por esta nueva imposición del 12,5%, que es muy alta”. También afirmó: “Hará que las industrias sean menos competitivas” y consideró que los argumentos sobre trabajo infantil son “muy poco claros”.

La secretaria de Comercio filipina, Christina Roque, respondió que el país mantiene “una política sólida contra el trabajo forzoso consistente con diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo”.

En Canadá, el primer ministro Mark Carney confirmó que su Gobierno intensificó las negociaciones con Washington para alcanzar un acuerdo comercial integral antes de la eventual entrada en vigor, el 19 de agosto, de un arancel estadounidense del 50% sobre diversos productos canadienses.

“Si estos aranceles, u otras medidas, entran en vigor, hay toda una gama de cosas que podemos hacer al respecto”, afirmó Carney. También sostuvo que “todo está sobre la mesa”, aunque aclaró: “No necesitamos responder por adelantado”.

El ministro canadiense de Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, señaló que la inclusión del país en la nueva lista “no es inesperada” y aseguró que Ottawa comparte el objetivo de impedir que bienes producidos con trabajo forzoso ingresen a las cadenas de suministro norteamericanas.

(Con información de AFP)

La disputa entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el caudillo Carlos Rovira, quien representó el poder real en la provincia durante las últimas dos décadas, tendrá un round en el Congreso de la Nación. Será durante la votación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado.

Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut están frente a dos planteos irreconciliables. O acompañan al mandatario, que se opone, o se mantienen en línea con el “hombre fuerte”, quien tiene un acuerdo con la Casa Rosada.

Según la última versión que se maneja en Posadas, cuando el proyecto sea tratado en la sesión del 6 de agosto, la voluntad de los senadores misioneros se manifestará en una diagonal.

Como gesto hacia los acuerdos de Rovira con Balcarce 50, bajarían al recinto y votarían a favor en general. Pero cuando se debata en particular, se expresarían en contra del capítulo 3, como guiño a Passalacqua.

El apartado en cuestión se refiere a la venta de tierras a extranjeros. Uno de los hombres de confianza del gobernador misionero, Carlos Sartori, dijo al medio local El Territorio que el capítulo representa un riesgo para la provincia. El 90% de los límites de Misiones es frontera con Brasil y Paraguay. En Posadas hay temor por la pérdida de reservas de biodiversidad y recursos hídricos estratégicos.

Arce y Rojas Decut jugarán a la escondida hasta el último minuto. Por un lado, saben que el “poroteo” está muy ajustado. Y eso preocupa al gobierno nacional, que se juega una ficha clave con la iniciativa. Pero, por otro, son conscientes de que su supervivencia política en Misiones, habida cuenta del giro gravitacional que se registró en el oficialismo, está en riesgo si no acompañan la voluntad del gobernador.

El escenario

Passalacqua pidió a los senadores nacionales de su provincia que no voten la ley que impulsa la Casa Rosada. Fue durante una reunión que mantuvo con ambos legisladores en el Instituto de Biodiversidad a mitad de semana. El título del encuentro era elocuente: “Extranjerización de tierras. Reforma a la ley 26.737”.

Hasta hace unos meses, los tres compartían el mismo espacio político: el Frente Renovador de la Concordia (FRC). Pero Rovira decidió romper para frenar las intenciones reeleccionistas de Passalacqua. Así que ahora los senadores, que son roviristas, quedaron en Encuentro Misionero (EM). Y el mandatario formó el Movimiento por lo que viene.

Rovira tiene desde siempre un pacto con el Ejecutivo nacional. El acuerdo es independiente de qué fuerza ocupe el sillón de Rivadavia. Sus legisladores nacionales han acompañado todos los proyectos que venían de Balcarce 50 en las últimas dos décadas.

Pero la ecuación de poder en Misiones cambió. El veterano caudillo está de salida. Ya adelantó que no será candidato en 2027. Y todos los días dirigentes y referentes del rovirismo buscan el sol que brilla en la vereda del gobernador.

De allí que, a esta altura, la fidelidad de Arce y Decut, que llegaron a sus bancas por el dedo del caudillo, haya entrado en la separación de bienes del divorcio Rovira-Passalacqua.

Un documento premonitorio

Viviana Rovira es prima de Carlos y esposa del gobernador. Con su pariente no se habla desde hace un tiempo. Hoy por hoy, ocupa la titularidad del Instituto de Biodiversidad y lidera la Red de Mujeres que trabaja por la reelección de su marido.

El grupo emitió hace una semana un documento. En el escrito, pidió a los tres senadores misioneros, incluyendo a Martín Goerling (PRO), que voten en contra del proyecto. El representante del macrismo, que suele estar en línea con La Libertad Avanza, fue contundente. Adelantó que acompañará la norma y que el gobierno misionero “tergiversa” el texto del proyecto en discusión.

El reclamo de la Red fue a todo o nada. “No pedimos abstenciones. No pedimos ausencias oportunas. Pedimos votos negativos, con nombre y apellido, registrados en la votación nominal”, indica el texto.

“Instamos al pueblo de la provincia de Misiones a llevar adelante todas las acciones que estén a su alcance —institucionales, comunitarias y ciudadanas— en defensa de la intangibilidad del patrimonio territorial de la provincia. La tierra no se defiende sola. La defiende un pueblo que sabe lo que le pertenece”, añade.

Luego de que el Gobierno implemente un aumento de más de 100.000% de las multas automáticas —las que se aplican ante la demora de apenas un día en la presentación de la declaración jurada—, la discusión volvió al centro de la escena. Es que el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió un proyecto para graduarlas en función del tipo de contribuyente.

En diciembre de 2025, la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal disparó el monto de las sanciones por incumplimientos formales. La multa para personas humanas saltó de $220 a $220.000, y para personas jurídicas, de $400 a 440.000 pesos. El ajuste generó preocupación en el sector privado y en especialistas tributarios, que advirtieron sobre el carácter desproporcionado de la medida. Durante el debate parlamentario, la oposición planteó la necesidad de establecer escalas diferenciadas según la capacidad contributiva, pero la bancada de La Libertad Avanza (LLA) no modificó la propuesta original.

El impacto de este esquema se volvió motivo de debate en la comunidad tributaria y en los despachos oficiales. La contadora Sonia Becherman, integrante del equipo que asesoró al ministro en el diseño del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, relató la dinámica de esos intercambios: “Si lo planteamos en las reuniones (lo de las multas automáticas). Es más, Miriam Roldan, muy voluntariosa, hizo un proyecto para explicar la situación y trata de enviar algún aporte para que sea tomado. Fue recibido en mano, pero no podemos dar ninguna cuestión positiva”.

En Economía no hubo ningún tipo de manifestación al respecto de esta iniciativa, aunque según pudo saber anteriormente Infobae, no hay intención en revertir la situación.

Letra chica

El texto presentado al equipo económico propone un “régimen de proporcionalidad, incentivo y subsanación formal”. Cuando el infractor califica como Micro, Pequeña o Mediana Empresa, o es persona humana, sucesión indivisa o entidad sin fines de lucro que no figura como gran contribuyente, las multas fijas o graduables se reducirían entre un 80% y un 20% según el segmento.

Además, contempla un “plazo de gracia” para regularizar la situación sin sanción, que puede llegar a 90 días corridos para microempresas y personas humanas. Si la omisión se subsana dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, la sanción queda condonada totalmente. El proyecto también incluye una cláusula de exclusión: si el contribuyente incurre en la falta más de seis veces en el mismo año calendario, pierde todos los beneficios y se le aplican los montos completos.

El documento explica que la actualización de valores respondió a la inflación, pero advierte que la sanción tal como está diagramada no contempló diferencias en la capacidad de pago. La autora de la iniciativa remarca que un monto uniforme puede resultar asfixiante para un pequeño contribuyente y, al mismo tiempo, insignificante para una gran empresa. Por eso el proyecto busca que la escala de sanciones guarde relación con la estructura y recursos de cada obligado. En la práctica, los contribuyentes más chicos suelen tener menos recursos administrativos y contables para cumplir al día con sus obligaciones, por lo que requieren plazos más razonables de notificación y subsanación.

Sin cumplir

El aumento de más de 100.000% de las multas automáticas y las repercusiones negativas que generó llevaron a que en su momento Caputo prometiera cambios en como las iba a implementar ARCA: cuando ocurra el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada, en vez de intimar y aplicar la multa automáticamente ARCA iba a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles y una vez transcurrido ese plazo recién ahí va a intimar y aplicar la multa, pero eso no se cumplió.

Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, sostuvo: “Hoy por hoy, ese plazo de 15 días que se había prometido no se está cumpliendo. Lo que sí está pasando es que los contribuyentes tienen un plazo de espera para poder gozar de los beneficios de la reducción de la multa del 50 por ciento. La norma, como estaba redactada, ya preveía que, si el contribuyente regularizaba la multa dentro de los 15 días en los que le llegaba la notificación, podía acceder a una reducción del 50% del valor de la misma”.

En esa misma línea, CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, detalló que si la declaración jurada vence y no se presenta, la infracción se configura en ese momento, aunque exista un plazo adicional. “Antes de la reforma, el fisco intimaba y, si dentro de los 15 días hábiles administrativos se presentaba la declaración y se abonaba la multa, la reducción del 50% era de pleno derecho. Ahora, el plazo adicional depende de la categoría del contribuyente”, aseguró.

Así, aquellos que acceden a este plazo pueden regularizar sin que se intime la sanción de inmediato. Pero si persiste la omisión, ARCA notifica y aplica la multa. Domínguez aclaró que la sanción no se ejecuta de modo automático y que, si existe una causa de fuerza mayor, no correspondería aplicar la multa. Por lo que si el contribuyente no paga, y se inicia un sumario, puede ejercer su defensa.

En el sector tributario, la preocupación por la actualización de las multas automática y la aplicación por parte del fisco nacional continúa. Es por eso que los contadores que se reunieron con el ministro le reiteraron en cada uno de los encuentros que se debe encontrar una solución al respecto sobre todo por el impacto en las pequeñas y medianas empresas (pymes) en un contexto de caída del consumo.