El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la última resolución que creó un nuevo protocolo para el control de identidad varietal en grano y afirmó que la medida permitirá que la Argentina se acerque a la “frontera tecnológica” en producción agrícola.
A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario sostuvo que la iniciativa busca resolver un problema histórico vinculado a la protección de la propiedad intelectual en semillas y aseguró que el atraso en esa materia impactó sobre la productividad de diversos cultivos.
“La Argentina salda otra deuda histórica e implementa una gran reforma estructural: la que nos permitirá llegar a la frontera tecnológica en producción agrícola”, señaló al referirse a la resolución conjunta 3/26 de la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (Inase), firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el presidente del organismo, Martín Famulari.
Para explicar el alcance de la medida, Sturzenegger utilizó el caso del algodón. “¿Por qué una hectárea de algodón en Chaco rinde unos 600 kg de fibra cuando en Brasil los rindes son de más de 1800 kg? Porque en Argentina no se respeta el derecho de propiedad de las semillas mientras que en Brasil sí”, afirmó. Según agregó, esa situación provoca que existan semillas disponibles en Brasil que no llegan al mercado argentino.
El funcionario extendió ese diagnóstico a otros cultivos. “No es solo el algodón, el crecimiento en la productividad de nuestra soja viene siendo la mitad de la velocidad mundial hace décadas. El retraso ocurre también en el trigo, el tabaco y otros cultivos”, sostuvo.
Para el Ministro, se da el absurdo que, siendo líderes mundiales en producción de semillas, las empresas dejan la Argentina. “Los brasileños terminan usando semillas hechas por empresas argentinas y científicos argentinos que los agricultores argentinos no pueden usar. Los gráficos que adjunto muestran ese atraso tomando como referencia UPOV 91 que fue un marco en el cual se reforzaron los derechos de propiedad en semillas a nivel mundial”, destacó y aclaró que esta resolución no tiene relación alguna con UPOV-91.
Explicó las diferencias entre semillas híbridas y autógamas e indicó, en el caso de las especies autógamas, la ausencia de mecanismos de protección de la propiedad intelectual desalienta la comercialización de nuevas variedades. “Las semillas híbridas tienen la característica que no se pueden volver a sembrar, lo cual obliga al productor a comprar una semilla nueva en cada campaña”, planteó.
Recordó que el maíz es híbrido y que por este motivo la productividad en maíz viene creciendo al ritmo internacional. “Las autógamas son las especies para las cuales no hay híbridos y por ende si no hay un sistema de protección de la propiedad intelectual, son pasibles de ser reproducidas y revendidas sin control. Que es lo mismo que decir que si no existe esa protección no se venderán. Es el resto de los cultivos en los otros gráficos donde se ve claramente como nos hemos retrasado”, destacó. Según dijo, Brasil el año pasado registró 330 variedades de soja y acá solo 23.
De acuerdo con el ministro, hace años que la Argentina da vueltas a este problema de mejorar su pool de semillas sin poder encontrar la forma. Destacó que la Ley de Semillas 20.247 no es un obstáculo, porque establece el derecho de propiedad de manera “clarísima”. “El tema es que el Inase no tenía capacidad (ni voluntad) de fiscalizar. Además, como ocurre siempre, el Estado, en este caso el Inase, sobrecargaba a la cadena formal de semillas con un montón de controles y sobrecostos, mientras el segmento ilegal (que lleva el nombre de bolsa blanca) se mataba de risa“, deslizó.
Para él, resultaba difícil tener una conversación “adulta” con las partes involucradas. “Las entidades rurales estaban focalizadas en el tema retenciones (que políticamente saben que les rinde con sus bases) y pareciera que no estaban dispuestas a hablar de otra cosa que no sea eso –aun cuando lo que se discutiera fuera algo que aumentara la producción 20, 50 o 100%-. Los semilleros, a su vez, no querían ninguna acción que no fuera el reconocimiento pleno de la propiedad intelectual de todas las semillas. En esa conversación tuvimos una parálisis de 30 años”, relató.
Reveló, además, que el presidente Javier Milei les pidió resolver esto de manera inmediata, pero con una condición adicional: “No quería que ningún productor se viera perjudicado. Es decir, que el desafío era, permitir y proteger el derecho de propiedad de la comercialización de las semillas de mejor calidad, al mismo tiempo de no lesionar en nada la ecuación económica de ningún productor”. La tecnología, dijo, los ayudó a resolver el problema.
“Hoy, todas las entregas de semillas se revisan, porque hoy el testeo es con un scanner e inteligencia artificial. Con un costo casi ínfimo se puede saber la genética de la semilla que se entrega con un alto grado de precisión. Entonces, ¿cuál es la solución propuesta? Primero, pasarle el control al sector privado que ya lo hace, que sabe cómo hacerlo y que lo hace eficientemente. Se firma un convenio con Inase para garantizar un protocolo para la toma de la muestra y la conservación de las contramuestras. Cuando surge un cargamento donde no se pagó la propiedad intelectual los privados se tienen que arreglar entre ellos (esto es, el dueño de la semilla y el productor que trae el grano). Solo si no hay acuerdo pueden ir al Inase que actúa como tribunal de alzada”, contó que será la forma en que va a operar.
En principio, dicho sea de paso, agregó, no debería llegar nada al Inase. “Este sistema se implementa, pero solo para las semillas que se registran de acá en más. Esta es la manera de cumplir lo que pidió el presidente”, comentó.
Para el ministro, el caso del Chaco es central: “Si un productor quiere seguir produciendo 650 kg por hectárea puede hacerlo igual que hoy. No pasa nada y sigue igual, pero con el nuevo esquema el que tiene para ofrecer una semilla que produce 1800 kg tiene la tranquilidad que, si la vende, va a poder proteger su propiedad intelectual. La comprará un productor si le conviene. De esta manera defendemos el derecho del productor a comprar esa semilla de mayor calidad y que hoy no podía porque nadie se la ofrecía, al tiempo que el que quiera seguir como hoy puede hacerlo”, sostuvo.
Sturzenegger aclaró que el impacto de la medida no será inmediato. Según señaló, para que el esquema funcione será necesario que el sector privado adhiera al sistema mediante convenios con el Inase y que el organismo termine de definir los protocolos específicos de muestreo para cada cultivo. En ese sentido, indicó que mientras esos procedimientos ya existen para productos como soja y sorgo, en algodón aún deben desarrollarse. No obstante, sostuvo que una vez completada esa implementación, el nuevo marco podría generar mejoras significativas en la producción. “¿Permitirá que dupliquemos la producción de algodón en Chaco en un par de años? La respuesta es un contundente sí”, afirmó.
“Nuestras estimaciones indican que, simplemente, por acercarnos a la frontera -tenemos 30 años de atraso tecnológico por recuperar-, aumentaremos las exportaciones agrícolas, de mínima, en unos 4000 millones de dólares anuales. La verdad, es que no sabemos cuánto es la ganancia potencial, pero sí sabemos que, en un mundo con tanto cambio tecnológico, lo único que no podemos hacer es quedarnos atrás. Además, nuestras empresas en este sector son las mejores del mundo, las necesitamos acá por encima de todas las cosas. No que se vayan a otro país”, aseveró.
