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Luego de más de seis años de investigación judicial, la Justicia de Corrientes dictó un fallo que podría marcar un precedente en los delitos económicos vinculados al sector ganadero: declaró culpable al productor Rómulo Augusto Bobbio por administración fraudulenta tras comprobarse la desaparición de casi 2000 cabezas de ganado pertenecientes a la firma Landver SA. El perjuicio económico, actualizado a valores de mercado, asciende hoy al equivalente de US$1,7 millones.

La resolución fue adoptada por el Tribunal Oral Penal de Mercedes, integrado por Jorge Alberto Troncoso, presidente, y Juan Manuel Muschietti y Ramón Alberto Ríos, vocales. Encontró penalmente responsable al acusado y habilitó, además, el reclamo civil por daños. Hoy, en una nueva audiencia se empezó a debatir la pena que se le impondrá y la cuantificación final del resarcimiento [juicio de cesura]. Allí, la Fiscalía presentó un testigo para acreditar que Bobbio incumplió una prohibición de comercializar hacienda, lo que llevó al defensor oficial Gustavo Grinberg a quejarse. Por lo que el tribunal le dio 48 horas para que prepare sus preguntas. LA NACION intentó tener una posición de la defensa, pero no lo consiguió hasta el cierre de esta nota.

El caso gira en torno a la desaparición de 1966 bovinos que habían sido entregados en consignación por la empresa Landver SA a la firma Balboa y Bobbio SRL, representada por Bobbio, para su guarda, administración y posterior venta.

Según tuvo por acreditado la fiscalía, la hacienda estaba originalmente en el establecimiento Buena Vista, pero tras la venta del campo fue trasladada a Santa Ana del Trébol, en el departamento correntino de Curuzú Cuatiá, propiedad del acusado, donde permanecería hasta su comercialización.

La relación comercial entre las partes se mantuvo durante un tiempo bajo contratos de consignación que fueron renovados en dos oportunidades. Sin embargo, al vencerse el último acuerdo comenzaron los incumplimientos y las evasivas respecto del destino de la hacienda.

La empresa intimó en reiteradas ocasiones a Bobbio para que restituyera los animales o entregara el dinero correspondiente por la venta, pero nunca obtuvo respuestas satisfactorias. Esa situación derivó en inspecciones y posteriormente en una denuncia penal.

En una primera visita al establecimiento rural, representantes de Landver acompañados por un escribano intentaron verificar la hacienda, pero Bobbio impidió el retiro de los animales, hecho que quedó asentado en un acta notarial. Más tarde, mediante allanamientos realizados por la Unidad de Policía Rural, se comprobó que casi la totalidad del rodeo había desaparecido. Solo fueron hallados siete toros con la marca de la empresa damnificada.

Para los jueces, la prueba reunida durante el proceso permitió acreditar que el productor aprovechó la confianza depositada por la empresa para disponer de bienes ajenos y perjudicar patrimonialmente a la firma. Según la sentencia, “el contrato de consignación y sus prórrogas firmado entre las partes, constituyó el acto por el que Bobbio se hizo con el cuidado de los bienes ajenos, para luego perjudicar los intereses confiados de la firma Landver SA”.

Los magistrados descartaron además, la hipótesis defensiva que intentó presentar el acusado, quien había sostenido que la operatoria comercial era simulada. El tribunal entendió que los actos previos y posteriores demostraron la existencia real del contrato y de la obligación de rendir cuentas. En la resolución se valoraron especialmente las declaraciones de los socios de la empresa damnificada, así como las actas notariales, registros sanitarios, documentación de vacunación y testimonios de personal policial, vacunadores y gestores vinculados al establecimiento rural.

Ese conjunto probatorio permitió acreditar “la indudable relación de Bobbio con el establecimiento rural y los animales que allí se encontraban, pertenecientes a Landver SA”, según explicó el Poder Judicial correntino.

La abogada de la empresa damnificada, Silvia Piaggio, consideró que la decisión judicial constituye un antecedente de gran importancia para el sector. “El Tribunal Oral Interviniente dictó un fallo ejemplar, reconociendo la responsabilidad penal y civil del procesado que, mediante ardid y engaño, defraudó a quienes le habían confiado una gran cantidad de hacienda para su administración y venta”, afirmó a LA NACION.

La letrada destacó que los jueces no solo declararon la responsabilidad penal, sino que también “hicieron lugar a la acción civil, condenándolo a responder por los daños y perjuicios generados”.

En ese sentido, explicó que el resarcimiento económico deberá contemplar “el pago del valor actual de la hacienda, teniendo en cuenta el valor que surge del informe del Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas para las categorías que fueron objeto del fraude”.

Piaggio remarcó el impacto institucional del fallo: “Fallos como este son señeros, tanto por su función preventiva como resarcitoria, y constituyen un precedente de singular relevancia por proyectar un claro mensaje disuasivo, contribuyendo a la prevención general del delito”.

Proceso

La causa había comenzado en 2020 a partir de la denuncia de Landver SA, a través del abogado Matías Mosca Tressens, apoderado de la firma, por supuesta administración fraudulenta y retención indebida, luego de que la empresa detectara inconsistencias en la administración de su hacienda y la imposibilidad de verificar físicamente la existencia del rodeo.

Durante la investigación surgieron indicios de maniobras irregulares, entre ellas documentación presuntamente falsa vinculada a movimientos de animales y operaciones comerciales que nunca se concretaron.

Vale recordar que, antes del juicio, Bobbio intentó acceder a una probation ofreciendo una compensación económica que representaba apenas una fracción del daño denunciado. Esa salida fue rechazada por la Justicia y posteriormente ratificada por la Cámara de Apelaciones.

Con esta sentencia, la Justicia correntina envió, interpretaron en el sector, una señal contundente sobre la responsabilidad penal en la administración de hacienda ajena, en un sector donde la confianza comercial suele ser la base de muchas operaciones. Por último, para Piaggio, el fallo no solo reconoce el perjuicio económico sufrido por la empresa, sino que refuerza la idea de que las maniobras fraudulentas en la actividad ganadera pueden tener consecuencias penales y patrimoniales severas.

El nuevo esquema de fiscalización en semillas que presentó ayer el Gobierno a los representantes del agro sumó una primera reacción favorable, aunque con matices, por parte de las entidades del agro y la industria semillera. Destacaron el ámbito de diálogo, pero advirtieron que aún resta analizar la “letra chica” antes de definir un respaldo pleno. La iniciativa, que no modifica la ley vigente y se aplicará solo a las nuevas variedades, apunta a fortalecer el control de la identidad varietal con participación público-privada.

Desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), su director ejecutivo, Alfredo Paseyro, valoró el espíritu de la propuesta y la convocatoria oficial, aunque remarcó que el sector todavía se encuentra en etapa de evaluación. “Cada una de las instituciones se fue con el compromiso de analizar, hacer sus aportes y ver si esto sirve”, dijo. La iniciativa busca ordenar el uso de semillas y mejorar la calidad de los cultivares mediante un esquema de transición.

Paseyro también subrayó que el planteo oficial no entra en contradicción con los sistemas ya vigentes en el ámbito privado, como Bolsatech o Sembrá Evolución, que funcionan sobre la base de acuerdos contractuales entre productores y proveedores. “Creemos que todo lo que contribuya a esa relación entre privados es bienvenido”, afirmó, aunque insistió en que el impacto concreto dependerá de cómo se reglamente el sistema y de los costos asociados.

En ese sentido, puso el foco en la necesidad de previsibilidad para fomentar inversiones en genética y volvió a mencionar el debate pendiente sobre marcos internacionales de propiedad intelectual, como Upov-91. Recordó que el esquema oficial apunta a mejorar el rol del Instituto Nacional de Semillas (Inase) con apoyo de privados, pero “no reemplaza una discusión más amplia sobre derechos de obtentor”.

El directivo habló de la centralidad de los contratos como base del vínculo entre productores y proveedores de tecnología. Señaló que “el respeto por los acuerdos es clave” para ordenar el sistema y generar confianza: “El productor con un proveedor, con un contrato, con previsibilidad, con reglas claras de lo que uno ofrece y es lo que hay que cumplir las partes”.

En ese sector consideran que el cumplimiento debe ser mutuo, por ejemplo, desde la industria, garantizando calidad y rendimiento de la semilla, y desde el productor, haciendo un uso adecuado de la tecnología incorporada. Hizo hincapié en que el funcionamiento operativo del sistema será un punto clave a evaluar, ya que implica tareas técnicas y logísticas que requieren tiempo y coordinación. “Ese trabajo lleva tiempo porque lo tienen que ver los abogados, la parte operativa y luego sacar muestras, trasladarlas, analizarlas”, explicó.

Remarcó que mecanismos similares ya vienen siendo implementados por el sector privado desde hace años, con resultados positivos, por lo que consideró importante que cualquier nueva herramienta se articule con esas experiencias existentes.

Para el directivo antes de avanzar con esta propuesta será necesario entender con precisión qué tipo de cobertura en materia de propiedad intelectual ofrece el esquema propuesto y cuáles serían sus implicancias. “Antes de financiarlo hay que entender la letra chica de esta propuesta, ver qué es lo que nos estaría dando como propiedad intelectual y analizar los números”, señaló. Según planteó, cualquier cambio en este sentido conlleva también un “costo social” que debe ser contemplado, en un contexto donde el equilibrio entre incentivos a la innovación y condiciones para los productores resulta determinante.

“El Gobierno nos compartió un borrador de trabajo para análisis de todos”, indicó, y explicó que cada entidad deberá revisar en detalle la propuesta desde lo técnico, legal y operativo antes de fijar una posición definitiva. En ese marco, remarcó que ASA hará su propio análisis interno, aunque adelantó que existe una mirada positiva respecto del “espíritu” de la iniciativa.

En tanto, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), explicó que el Gobierno presentó “un reglamento que se empezaría a aplicar de haber un acuerdo de ahora en más”. Recordó que esto “no modificaría la actualidad” y sería “una medida que se toma no retroactiva de acá en más para las variedades nuevas”.

Detalló que para las nuevas variedades “habría una fiscalización”, con toma de muestras en acopios que “se informaría al Inase”. El análisis “lo harían en un principio las bolsas” y luego “aquel laboratorio que esté habilitado estará encargado de decir: esta muestra es tal variedad”. Además, indicó que “hay una propuesta de 60 días para si hay algún reclamo o alguna oposición”, tras lo cual “quedaría sin efecto”. Se trata de un esquema preliminar que “hay que trasladarlo a cada entidad” y que luego “se va a definir en una reunión de la Comisión Nacional de Semillas (Conase)”.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) asistió a la reunión representada por su vicepresidenta segunda, Eloísa Frederking, y el director Tomás Palazón. “Ponderamos este espacio de diálogo, entendiendo que se transita el camino correcto y se respeta el compromiso de la Secretaría de Agricultura de trabajar en la jerarquización del Inase. La entidad se compromete a seguir trabajando para estudiar el alcance de este proyecto, analizando su practicidad y el impacto real que tendrá sobre el productor agropecuario”.

En esa línea, Marcelo Torres, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), destacó que se trata de “una propuesta viable”.

“A priori se centra en un aspecto de lo que estamos intercambiando, que es la fiscalización, que todos coincidimos que es importante para el cuidado de la propiedad intelectual. También hay consenso que el Inase tenga un fuerte rol en esa fiscalización. Monta toda una estrategia de fiscalización en base al circuito de muestras comerciales que ya se sacan y apoyada en la tecnología que nos permite detectar cultivares e inclusive mezcla de cultivares”, dijo.

Sostuvo que esta es una opción viable, pero que se debe analizar. “Tenemos que evaluar para que haya buena rentabilidad para el productor, buena genética, disponibilidad de eventos, pero es importante, con una solución que parece viable. Se sostiene en un circuito de muestras comerciales que hoy ya existe. La idea es ir incrementando y ampliando este circuito a otros cultivos también”, resumió.