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El riesgo país consiguió ayer perforar los 450 puntos y finalizó en el nivel más bajo en lo que va del gobierno de Javier Milei. La respuesta muy favorable de los mercados a la decisión de Standard and Poor’s de subirle la calificación a la deuda argentina, siguiendo los pasos de Fitch. La suba de los bonos en dólares dejó a la Argentina un poco más cerca de regresar a los mercados internacionales para conseguir financiamiento, algo que no sucede desde 2018.

Con este nuevo impulso, el país podría colocar deuda a diez años a una tasa de entre 8,5% y 9% anual en dólares. Hasta hace unos días todavía tenía que pagar rendimientos de dos dígitos.

Por ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, se viene resistiendo a colocar bonos en el mercado internacional. El argumento del titular del Palacio de Hacienda es que las tasas son muy altas y no tiene sentido tomar deuda cara en el mercado internacional, cuando hay fuentes más baratas de financiamiento.

Pero esta nueva disminución del riesgo país, que ayer finalizó a 443 puntos básicos, cambia el panorama. Ahora ya queda más accesible el ingreso al mercado internacional, que resultaría clave para blindar los pagos de deuda del año próximo.

Hay otro evento que le puede dar otro impulso a los bonos en dólares, que es el pago de los vencimientos de deuda de julio, por un total de 4.300 millones de dólares. Si, como es esperable, parte de esos fondos son reinvertidos en bonos argentinos entonces las cotizaciones pueden subir otro escalón.

En ese caso, y con algo de ayuda de un mejor clima en los mercados internacionales, el riesgo país podría caer a niveles de entre 350 y 400 puntos. En ese caso, la tasa de un bono en dólares emitido por el Gobierno perforaría el 8% anual en dólares.

La suba de los bonos argentinos también contagió a las acciones locales. Los ADR de los bancos volaron ayer, registrando por lejos las subas más importantes del año. Por primera vez, además, la cotización en lo que va del año de las entidades quedó positiva, luego de haber mostrado caídas de hasta 30% en la primera parte del año.

El ADR de Banco Macro subió 11,7% en Wall Street y ya acumula 10% de suba en 2026. Galicia trepó casi lo mismo y Supervielle otro 12,7 por ciento.

El índice S&P Merval medido en dólares también mantiene un sólido recorrido y ya se ubica en niveles de 2.240 dólares (tomando como referencia el tipo de cambio del contado con liquidación), por lejos el nivel más alto del año. El máximo que había tocado había sido de 2.400 dólares a fines de 2024.

Mientras tanto, los mercados globales acompañan esta gran recuperación. Los principales índices de Wall Street cerraron este jueves con importantes ganancias, recuperando parte del terreno perdido en la sesión anterior gracias al fuerte desempeño del sector tecnológico y a una mejora en el ánimo de los inversores frente a las tensiones geopolíticas internacionales.

El índice Dow Jones avanzó alrededor de 1,8%, mientras que el S&P ganó 1,7% y el tecnológico Nasdaq Composite lideró las subas con un salto cercano al 2,5 por ciento.

El mercado encontró apoyo en señales de una posible distensión en Medio Oriente, luego de que trascendieran avances diplomáticos que redujeron los temores a una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La moderación de esos riesgos contribuyó a una caída en los precios del petróleo y favoreció una mayor predisposición de los inversores hacia activos de riesgo.

Las compañías tecnológicas y vinculadas a la inteligencia artificial encabezaron la recuperación, tras haber registrado fuertes correcciones en jornadas previas. El renovado interés por el sector impulsó especialmente al Nasdaq, que volvió a ubicarse entre los principales motores del mercado estadounidense.

Un ataque nocturno con drones lanzado por las fuerzas rusas provocó la muerte de una mujer en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, según informaron las autoridades este viernes.

“El enemigo lanzó un ataque masivo con drones contra una infraestructura civil” en la ciudad de Chostka, reportó en Telegram el jefe de la administración regional, Oleg Grigorov. Una mujer de 44 años falleció como consecuencia del ataque, mientras que otra ciudadana, de 33 años, resultó gravemente herida, añadió el funcionario.

El ataque también causó daños en un edificio no residencial de tres pisos, según la descripción de Grigorov, quien no brindó más detalles sobre la infraestructura afectada.

A su vez, el jefe de la administración regional de Mykolaiv, Vitaliy Kim, informó que tres personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas tras un bombardeo con drones Shahed, de fabricación iraní, en la ciudad. El impacto provocó daños en viviendas y automóviles particulares, detalló Kim.

“Los servicios de emergencia rescataron a un hombre nacido en 1985 con heridas de metralla y a dos mujeres nacidas en 1986 y 2008 del edificio dañado”, comunicó el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano y agregaron: “Como consecuencia de la caída de escombros y el impacto de la onda expansiva, dos automóviles y catorce viviendas resultaron dañados, dos de las cuales quedaron destruidas”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, informó el jueves que 11 regiones del país fueron atacadas desde el inicio de la semana. En menos de tres días, las fuerzas rusas emplearon casi 530 drones y dos misiles guiados lanzados desde el aire contra territorio ucraniano.

Rusia sumó a su lista de objetivos un buque portacontenedores de bandera panameña, empresas agrícolas, infraestructuras ferroviarias y energéticas, así como edificios residenciales, según detalló el mandatario, quien añadió que decenas de personas resultaron heridas.

Zelensky subrayó que los esfuerzos diplomáticos de Ucrania deben centrarse en fortalecer la protección del espacio aéreo nacional. En ese sentido, destacó que recientemente se produjeron numerosas reuniones y negociaciones internacionales sobre defensa aérea y señaló la importancia de implementar todos los acuerdos alcanzados, en particular los relativos a sistemas de defensa antiaérea PURL.

El mandatario ucraniano señaló que las próximas cumbres del G7 y la OTAN podrían ser decisivas para avanzar en esta materia. “Ucrania necesita protección: esta es una premisa para que la diplomacia funcione. Agradezco a todos los socios que están ayudando”, afirmó Zelensky.

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el jueves la captura de las aldeas de Rozkishne, en la región oriental de Donetsk, y Okhrimivka, en Kharkov , intensificando la presión sobre el flanco nordeste de Ucrania.

Las autoridades de Kiev no confirmaron la pérdida de ninguno de los dos asentamientos, aunque admitieron la existencia de combates activos en ambas zonas, una situación que refleja la habitual divergencia en los partes de guerra desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

Rozkishne se localiza a unos 30 kilómetros al oeste de Kostiantynivka, ciudad que Moscú intenta controlar desde hace meses como parte de su avance en el Donbás. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber ocupado completamente la aldea tras una operación combinada de inteligencia, artillería y drones. Por su parte, el Estado Mayor ucraniano reportó enfrentamientos en la dirección de Kostiantynivka y en localidades cercanas, pero no mencionó oficialmente la pérdida de territorio.

Posadas es un hervidero. Todos los días se esperan las novedades de la pelea entre el gobernador Hugo Passalacqua y el caudillo Carlos Rovira que, en los papeles, es solo un legislador provincial. El mandatario detenta el poder formal, pero la estructura política responde al “hombre fuerte”.

Desde las últimas horas del miércoles corrió la versión de que este jueves caería “una bomba”. Todas las miradas se dirigieron a la Legislatura, donde antes de cada sesión Rovira hace un encuentro político. De esos cónclaves, denominados “previas”, surgieron las principales novedades de la pelea en las últimas semanas.

Sin embargo, la detonación se escuchó en “La Rosadita”, como se conoce a la Casa de Gobierno misionera. A las 14.30, Passalacqua publicó en su cuenta de X un posteo en el que anunciaba una reducción de gabinete.

Cuáles serán los cambios

“Instruí al Ministerio de Hacienda para que, a través de la Dirección de Presupuesto, avance en la reestructuración y reorganización de los ministerios y áreas de Gobierno de cara al Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio del 2027”, expresó el gobernador. El gabinete tiene, ahora, 13 carteras.

Passalacqua, concluyó: “Tenemos la responsabilidad de consolidar un Estado cada vez más cercano, austero y eficiente, que optimice los recursos públicos, eliminando superposiciones y garantizando un mejor servicio a la gente”.

El posteo fue el corolario de un relevamiento previo. Desde el primer círculo de la gobernación hubo un punteo del funcionariado. “Vos, ¿de qué lado estás?”, fue, palabras más o menos, la consulta.

En uno de los despachos de “La Rosadita” comentaron a Infobae que aún “no hay una definición certera”. “Son tres o cuatro ministerios cuyas funciones pueden seguir operativas como subsecretarías, bajo la órbita de otras carteras – paraguas”, detallaron.

“No es un número cerrado. Puede haber algunas subsecretarías involucradas también”, agregó.

Medios locales indicaron que las áreas que serán reestructuradas son el Ministerio de Acción Cooperativa, a cargo de Liliana Mabel Rodríguez, y las secretarías de Estado de Agricultura Familiar (Marta Ferreira) y Cambio Climático (Gervasio Malagrida). La intención sería que esas áreas queden en la órbita de los ministerios de Industria, Agro y Producción y Ecología, en forma respectiva.

Todos los funcionarios en la mira están en la órbita de Rovira.

Un funcionario de primera línea confirmó a este medio que la reestructuración “va por ahí”. Antes de volver a sus ocupaciones, soltó: “Todo está en veremos. Faltaría Energía, que podría pasar a Hacienda”.

“Está todo roto”

En Misiones hay un doble comando. Desde la Legislatura, Rovira impulsa proyectos y medidas de gestión sin consultar con el Ejecutivo. Entre ellas, una reforma política y la emisión de deuda. Hoy adelantó que modificará el Código Procesal Penal misionero.

Además, “El Conductor” (como lo llaman sus acólitos) borró el sello partidario que cofundó con Passalacqua en 2003: el Frente Renovador de la Concordia. “Caducó”, fue el término elegido para dejar la vieja piel. Casi de inmediato, se hizo el trámite ante la Justicia Electoral a fin de modificar la denominación por el nuevo Encuentro Misionero.

El gobernador tiene el apoyo de 67 intendentes sobre un total de 78. Y hoy sumó a su cruzada a un exmandatario al que Rovira le había bajado el pulgar: Maurice Closs. El dirigente reposteó el tuit de Passalacqua de hoy y comentó: “Bien ahí. Pleno consenso tendrá esta medida”.

El quiebre tendrá consecuencias. Ante la consulta de Infobae, un alto funcionario, de los que no tiene en riesgo su sillón, confesó: “La relación entre Passalacqua y Rovira está rota y sin retorno”.

Un dirigente de primera línea del oficialismo, con diálogo con ambos, reconoció que la disputa puede poner en riesgo el gobierno en las elecciones del año próximo.

“No hay lugar para divisiones Este experimento era antes. Ahora tenés fuerzas que están mejor que nosotros en la consideración” de la gente, se quejó.

En los comicios legislativos del 2025, al FRC no le fue bien. En los provinciales de junio ganó por muy poco. Rovira apuntó contra los intendentes. Los acusó de no haber movido lo suficiente la estructura. Por esos días fue el último diálogo franco entre el hombre fuerte y Passalacqua. En las nacionales de octubre, La Libertad Avanza confirmó que su elección provincial no fue casual y se alzó con el triunfo.

En el campamento libertario miran con atención lo que ocurre en el oficialismo. Siguen al pie de la letra el adagio que reza “si ves a tu enemigo cometiendo un error, no lo interrumpas”.

Las primeras evaluaciones en LLA son que se trata de “una pelea de egos y poder que se va a resolver”, y que los misioneros “están cansados de ver siempre las mismas caras y que no le solucionan los problemas”.

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia, abogada y primogénita del rey Maha Vajiralongkorn, murió a los 47 años, según comunicó la Oficina de la Casa Real. El deceso se produjo el jueves por la noche en un hospital de Bangkok, donde permanecía internada desde hacía tres años tras perder el conocimiento a causa de una enfermedad.

Bajrakitiyabha destacó por su labor en la reforma judicial y por el impulso del proyecto Kamlangjai (“Inspirar”), orientado a la rehabilitación de mujeres encarceladas en Tailandia antes de su liberación. La princesa fue hospitalizada en diciembre de 2022 tras desvanecerse mientras entrenaba perros para una exhibición militar. El palacio informó que padecía una infección por micoplasma, bacteria asociada habitualmente a la neumonía.

La tarjeta de Año Nuevo de su padre para 2023, donde el rey Maha Vajiralongkorn y la reina Suthida aparecían vestidos de negro, fue interpretada por muchos tailandeses como un indicio de la gravedad del estado de salud de la princesa. La información sobre su evolución fue limitada y los escasos comunicados oficiales sugerían un deterioro progresivo.

Bajrakitiyabha nació el 7 de diciembre de 1978, hija del entonces príncipe heredero y de la princesa Soamsawali. En actos de Estado, también era conocida como Bajrakitiyabha Narendira Debyavati. El príncipe Dipangkorn Rasmijoti, hijo menor del rey, es el heredero presunto, dado que la legislación tailandesa otorga prioridad a los varones en la sucesión al trono. La sólida trayectoria de Bajrakitiyabha en el servicio público alimentó, no obstante, especulaciones sobre un eventual papel relevante en el futuro, incluso como posible regente.

Estudió derecho en la Universidad de Thammasat y obtuvo una maestría y un doctorado en derecho en la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, donde presentó una tesis sobre la protección de los derechos de los acusados. En su honor, se crearon becas y un programa de intercambio académico entre Tailandia y Cornell.

Tras un breve paso por la Misión de Tailandia ante la ONU en Nueva York, regresó a su país para ejercer como fiscal y, más tarde, fue diplomática, desempeñándose como embajadora en Austria entre 2012 y 2014. De regreso en Tailandia, se abocó a cuestiones de justicia penal y, en 2017, fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Además de su trabajo en la rehabilitación de mujeres privadas de libertad, desarrolló campañas para mejorar sus condiciones de vida y para prevenir la violencia contra las mujeres, como embajadora honoraria de la ONU Mujeres. Gracias a su impulso, la Asamblea General de la ONU adoptó las “Reglas de Bangkok” sobre el trato a mujeres reclusas.

“La sociedad no puede crecer si hay inestabilidad e injusticia”, declaró Bajrakitiyabha en una entrevista con Associated Press en 2013. “Sin el estado de derecho, sin un buen sistema de justicia, siempre reina el caos. Creo que el estado de derecho es un pilar fundamental para el desarrollo, el crecimiento económico y, por supuesto, los derechos humanos”, agregó.

Como princesa, Bajrakitiyabha ocupó un papel ceremonial de relevancia en la sociedad tailandesa, donde la familia real se sitúa en la cúspide institucional. Se la consideraba especialmente cercana a su padre y, un año antes de su hospitalización, fue designada para un alto cargo en la unidad de guardaespaldas reales.

El rey Maha Vajiralongkorn tiene siete hijos de cuatro matrimonios distintos y aún no anunció de manera oficial a su heredero, aunque las normas de sucesión en Tailandia otorgan preferencia a los varones.

La familia real tailandesa está protegida por estrictas leyes de lesa majestad, que establecen penas de hasta 15 años de prisión por cada cargo y regulan de forma rígida lo que puede decirse públicamente sobre los miembros de la monarquía.

(Con información de Associated Press y AFP)

Nuevas auditorías ordenadas por el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, revelaron graves inconsistencias en las prestaciones de médicos de cabecera en varias jurisdicciones del país que derivarían en un fraude millonario contra la obra social de los jubilados. Infobae tuvo acceso a los expedientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que documentan facturas que superan la capacidad horaria posible de atención y órdenes médicas emitidas a nombre de afiliados fallecidos, entre otras irregularidades. Como consecuencia de ello, la mayor obra social de América Latina realizó denuncias penales y, en algunos expedientes, se resolvió la retención preventiva de liquidaciones a los profesionales mientras continúan las investigaciones.

Los principales casos se registraron en Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Hay al menos siete profesionales de distintas jurisdicciones comprometidos, entre ellos un cardiólogo que prestaba servicio en Rosario y que ayer fue allanado por la Justicia.

El patrón detectado es sistemático: en todos los expedientes analizados, las prestaciones facturadas exceden con amplitud la cantidad máxima de consultas que cada profesional podría realizar según las horas de atención que él mismo declaró en el sistema institucional del organismo. Cuando esa brecha resulta significativa, el INSSJP dispone débitos o retenciones preventivas de pagos, y en los casos más graves, rescisiones de contrato y denuncias penales.

Allanamientos y fraude

Uno de los casos más extremo involucra a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal, que el jueves fue allanado por la Policía Federal Argentina (PFA).

La maniobra que se investiga radica en la intervención del especialista M. G. A. El mismo afirmó haber atendido a más de 5000 afiliados de PAMI y haberles realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre los años 2023 y 2025, resultando llamativo que la mayor parte de esos afiliados residen en otras provincias.

El total de la defraudación rondaría los $700.000.000 de los cuales, aproximadamente, $580.000.000 fueron efectivamente abonados por PAMI al cardiólogo.

La investigación judicial determinó que el especialista “registraba en el sistema de la obra social múltiples atenciones a decenas de pacientes día a día, que incluían tanto la consulta inicial como una serie de estudios (electrocardiogramas, holter, etc.)”.

Los allanamientos —que alcanzaron los consultorios y el domicilio particular del médico— fueron autorizados por el juez de garantías Carlos Vera Barros a pedido de los fiscales Andrés Montefeltro y Virginia Sosa. La Oficina de Criminalidad Económica, a cargo del fiscal general interino Javier Arzubi Calvo, conduce la causa junto a los fiscales coadyuvantes Soledad García, Montefeltro y Sosa, todos de la Unidad Fiscal Rosario. La investigación tuvo su origen en una actuación preliminar de la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-PAMI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, luego de que se detectara un grupo de afiliados que desconocían las consultas y prácticas que supuestamente les había realizado el médico.

Los casos detectados por las auditorías

En todos los expedientes analizados, las auditorías aplicaron el mismo criterio: calcular la cantidad máxima de consultas que un profesional podría realizar según las horas de atención que él mismo declaró en el sistema institucional, y contrastar ese número con las prestaciones efectivamente facturadas.

Lo que sigue son los expedientes relevados por este medio:

• Caso 1 M.G.A. UGL Rosario

La primera auditoría sobre este cardiólogo de Acebal se realizó en enero de 2025. El contrato fue dado de baja el 24 de julio de 2025. La revisión verificó que 10 afiliados con órdenes médicas electrónicas (OME) emitidas a su nombre desconocieron haber sido atendidos por el profesional.

Un informe adicional documentó prácticas supuestamente realizadas y facturadas durante julio de 2024 a afiliados que captaban en otras jurisdicciones. Entre las irregularidades más graves figura la emisión de órdenes médicas electrónicas a nombre de afiliados fallecidos.

• Caso 2, M.A.C. UGL III Córdoba

Se registraron órdenes médicas electrónicas realizadas y aceptadas el 14 de noviembre de 2024, pese a que había sido dado de baja por fallecimiento el 8 de ese mismo mes.

• Caso 3, J.R.C.

La auditoría detectó desvíos en las prestaciones del período mayo de 2025. La observación surge de la comparación entre las consultas facturadas y la capacidad máxima de atención calculada a partir de las horas que el propio prestador declaró en el sistema oficial. Como resultado, se dispuso un débito sobre las liquidaciones del período auditado.

• Caso 4 M.A.D.C.

Las auditorías determinaron inconsistencias que derivaron en un débito sobre las prestaciones del período analizado. La validación tomó como referencia las horas de atención informadas por el profesional y la cantidad máxima de consultas compatibles con esa disponibilidad.

• Caso 5 G.M.M.

Las verificaciones sobre la facturación del período auditado derivaron en la instrucción de aplicar un débito. La medida forma parte del proceso de revisión que contrasta las consultas registradas con la capacidad operativa declarada por cada médico de cabecera.

• Caso 6 A.R.S.

Las auditorías detectaron desvíos en las prestaciones presentadas por la profesional. Se ordenó un débito correspondiente a la liquidación del período analizado, tras el cruce entre las horas de atención declaradas y el volumen de consultas efectivamente facturadas.

• Caso 7 L.B.S.

A diferencia de los casos anteriores, el organismo dispuso una retención preventiva de pagos sin avanzar con la liquidación correspondiente mientras se desarrolla el proceso de auditoría.

La medida abarca prestaciones en tres agencias: Lanús, San Justo y Quilmes y los pagos quedaron suspendidos hasta la finalización de las revisiones.

Cada uno de los ejemplos anteriores se inscriben en un proceso de control más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo.

En mayo de 2026, el INSSJP informó la baja de más de 1.500 prestadores en todo el país por cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones que no cumplían los protocolos de higiene y seguridad. Según aclararon desde la obra social de los jubilados, el organismo “garantizó que esas medidas no interrumpirían los tratamientos de los afiliados”.

En noviembre de 2025, el INSSJP había denunciado ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados, lo que dio lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones.

En febrero pasado, auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar: uno de los casos documentados mostró a un prestador que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.

“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto ante una consulta de Infobae, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional.

El caso Tucumán

Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un poli consultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.

Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.

La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.

El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal

El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J. C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.

Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este jueves que impidió el ingreso de un buque petrolero al estrecho de Ormuz y dijo que mantendrá las restricciones al tráfico marítimo en una de las rutas comerciales más importantes del mundo. El anuncio se produjo horas después de que Teherán declarara el cierre del paso marítimo y advirtiera que actuaría contra cualquier embarcación que intentara cruzarlo.

Según medios estatales iraníes, fuerzas navales del régimen interceptaron un petrolero que pretendía navegar por el estrecho sin la coordinación requerida por las autoridades iraníes. La embarcación fue descrita por funcionarios militares como una nave que incumplió las disposiciones impuestas tras la decisión de cerrar el corredor marítimo.

La versión difundida por la televisión estatal IRIB señaló que el barco fue detenido por no contar con autorización para avanzar por la zona. Las mismas fuentes afirmaron que las fuerzas iraníes continuarán patrullando el área para impedir cualquier intento de tránsito considerado irregular.

El incidente se produjo en medio de una nueva escalada regional entre Irán y Estados Unidos. Durante la madrugada de este jueves, el Cuartel General Jatam al Anbiya, uno de los principales comandos militares iraníes, anunció el cierre del estrecho de Ormuz para toda clase de embarcaciones. En ese momento, el mando militar advirtió que “cualquier barco” que intentara atravesar el paso sería considerado un objetivo.

Horas después, la Guardia Revolucionaria ratificó esa postura y aseguró que la medida permanecerá vigente “hasta nuevo aviso”. Teherán justificó la decisión argumentando que Washington habría incumplido el alto el fuego alcanzado en abril y sostuvo que la reapertura de la vía dependerá de la evolución de la situación militar.

El régimen iraní también relacionó el operativo contra el petrolero con varias explosiones registradas en el sur del país. De acuerdo con los reportes oficiales, los estallidos escuchados cerca de Sirik, en la provincia de Hormozgán, ocurrieron durante la intervención contra la embarcación.

Medios estatales informaron además sobre al menos dos explosiones en las cercanías de Bandar Abbas, uno de los puertos más importantes de Irán. En un primer momento no se precisó el origen de los incidentes ni se ofrecieron detalles sobre posibles daños o víctimas.

Posteriormente, fuentes militares iraníes indicaron que los hechos estaban vinculados a las operaciones desplegadas para controlar el acceso al estrecho. Algunas autoridades describieron al buque interceptado como un “barco pirata”, aunque no aportaron información sobre su bandera, procedencia o propietario.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye uno de los principales corredores energéticos del planeta. Una parte significativa de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural atraviesa diariamente ese paso marítimo, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento suele generar preocupación en los mercados internacionales y entre los países importadores de energía.

La decisión de Teherán llegó después de una nueva ronda de ataques estadounidenses contra objetivos ubicados en territorio iraní. Washington lanzó esta semana bombardeos adicionales que, según el Pentágono, respondieron a acciones militares previas atribuidas a Teherán.

En las últimas horas, el conflicto había elevado la tensión en toda la región. Irán había advertido que respondería a nuevas operaciones militares estadounidenses y amenazó con ampliar las consecuencias económicas del enfrentamiento. El estrecho de Ormuz se convirtió nuevamente en el centro de la disputa debido a su importancia estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos.

Mientras las autoridades iraníes insisten en que el paso permanece cerrado y bajo control militar, la situación sigue evolucionando en medio de negociaciones diplomáticas paralelas destinadas a evitar una escalada mayor entre ambos países. Por ahora, Teherán mantiene su advertencia de que cualquier embarcación que intente cruzar la zona sin autorización podría enfrentar nuevas acciones por parte de sus fuerzas navales.

(Con información de Europa Press y Reuters)