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La marca Movistar comenzará a desaparecer del mercado argentino de telefonía móvil a partir del traspaso de parte de sus clientes a Tuenti, la enseña que utilizará Metrotel para ingresar al negocio masivo. El cambio forma parte de la desinversión exigida a Telecom Argentina para recibir la aprobación definitiva de la compra de Telefónica de Argentina.

La operación prevé que cerca de 6 millones de usuarios de telefonía celular dejen de pertenecer a Movistar y pasen a la nueva compañía. También abarca unos 200.000 clientes de internet fija. El directorio de Telecom aceptó la propuesta de Metrotel, valuada en USD 450 millones, y las partes deberán completar los contratos definitivos e instrumentar el acuerdo ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).

Parte de los usuarios de Movistar, mientras tanto, quedarán dentro del ecosistema de Telecom Argentina, que controla la red de Personal, y se manejarán con sus propias marcas.

El proceso tendrá una consecuencia visible para millones de personas. Quienes sean incluidos en la cartera transferida recibirán primero una comunicación de Movistar y, más adelante, otra de Tuenti, según indicaron fuentes de Telecom. El cambio será gradual y comenzará en los próximos días, con la expectativa de que la nueva marca tenga operación propia antes de que termine el año.

Tuenti será la marca con la que Metrotel buscará operar en telefonía móvil

La salida de Movistar del segmento móvil se vincula con la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom. La empresa adquirió la filial local por USD 1.245 millones, una transacción que involucró una compañía con alrededor de 20 millones de clientes entre servicios móviles y banda ancha.

Para evitar una mayor concentración del mercado, Telecom debía desprenderse de una porción de esos activos y usuarios. La ANC ya había aprobado a Metrotel como adquirente. Con la aceptación de la oferta, resta la presentación formal del acuerdo definitivo ante el organismo para ejecutar la transferencia.

La marca elegida será Tuenti, que volverá a tener presencia en la Argentina bajo una estructura distinta. Metrotel aportará la infraestructura y los servicios requeridos para atender a los usuarios que reciba. El objetivo es consolidar un tercer competidor de escala en un mercado donde Personal, de Telecom, y Claro concentran una parte relevante de las líneas móviles.

La transición no implica que todos los clientes de Movistar se mudarán a Tuenti. Telecom conservará una porción de los usuarios y activos que compró con Telefónica. La operación de desinversión alcanza la cartera definida en la propuesta de Metrotel, que reúne aproximadamente seis millones de líneas móviles y 200.000 accesos de internet fija.

El acuerdo incluye espectro, fibra óptica y uso compartido de redes

Los USD 450 millones no corresponden solo a la cartera de clientes. El acuerdo contempla derechos de uso de espectro radioeléctrico, elementos de infraestructura física y la transferencia de determinados contratos necesarios para el funcionamiento del negocio.

Entre los activos figura el núcleo de red, conocido en la industria como core, y componentes de la red de fibra óptica hasta el hogar desplegada en la Ciudad de Buenos Aires. Esos recursos son centrales para brindar conectividad y administrar el tráfico de datos y llamadas de los usuarios que migrarán desde Movistar.

Telecom y Metrotel también prevén firmar un acuerdo marco para compartir infraestructura. Ese entendimiento incluirá mecanismos de uso conjunto de redes de acceso radioeléctrico, servicios de roaming y coubicación de infraestructura pasiva, como torres, sitios técnicos y otros soportes físicos. Además, Telecom prestará servicios transitorios durante la puesta en marcha de la nueva operación.

La transacción considera asimismo un convenio para el uso de la marca Tuenti en la Argentina. De ese modo, Metrotel tendrá una identidad comercial para captar y conservar clientes en el negocio móvil, mientras avanza con la integración de los servicios y los activos adquiridos.

El cambio accionario de Metrotel no modifica la autorización de competencia

La empresa que recibirá los activos también atravesó modificaciones en su estructura de propiedad. El 51 % de Metrotel quedó en manos de Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, a través de Nippur Fiber Holding. El 49 % restante fue adquirido por Beacon, cuyo principal accionista individual es Ralph Booth.

Los fondos estadounidenses Blackstone y Riverwood Capital, que participaban en la compañía, dejaron de ser accionistas. Según fuentes al tanto del proceso, ese cambio no altera lo definido por la autoridad de competencia porque los nuevos compradores no tendrían participación en el mercado argentino de telefonía móvil.

Booth preside Booth American Company, una firma de inversión enfocada en banda ancha, medios y telecomunicaciones. En su trayectoria figura la creación de una división europea de banda ancha en el Reino Unido y su participación, junto con Goldman Sachs, en European Cable Capital Partner, vinculada a Diamond Cable Communications, luego conocida como Virgin Media.

Hasta ahora, Metrotel se enfocaba en una red propia de fibra óptica y una cartera orientada principalmente a grandes compañías y clientes corporativos. La incorporación de millones de líneas móviles y de accesos de internet fija modifica la escala de su actividad y la ubica frente al desafío de atender al público masivo bajo la marca Tuenti.

La gestión de la empresa continuará a cargo de su CEO, Sebastián Bardengo, quien ocupa el puesto desde 2023. El próximo paso será completar la documentación final con Telecom y formalizarla ante la ANC, mientras comienza el contacto con los clientes alcanzados por el traspaso.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) le envió una carta a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y al conjunto de los senadores para reclamar que la Cámara alta retome de manera urgente el tratamiento del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea. La misiva fue difundida bajo una consigna directa: “Es tiempo de cuidar. Es tiempo de legislar. Es tiempo de actuar”.

El organismo eclesiástico advirtió que la iniciativa legislativa se encuentra ante “el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”, lo que implicaría el archivo definitivo de un texto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Frente a ese escenario, la CEPAS pidió a los legisladores que generen los acuerdos necesarios y hagan todo lo que esté a su alcance para que el proyecto pueda convertirse en ley antes de que venza el plazo.

La entidad sostuvo que el problema ya no puede ser considerado una advertencia a futuro, sino una realidad instalada que provoca consecuencias visibles en distintos ámbitos de la vida cotidiana. “Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros clubes y nuestras comunidades”, expresó la comisión episcopal en el documento dirigido a la presidenta del Senado y a la totalidad de sus integrantes.

El reclamo no es nuevo. La Iglesia católica viene pronunciándose sobre la problemática de las apuestas en línea desde hace más de dos años, con intervenciones cada vez más firmes ante la falta de respuestas del Congreso de la Nación. En julio de 2024, las pastorales sociales de todo el país lanzaron una primera advertencia con un mensaje contundente: “Apostar no es un juego”. Aquella campaña buscó poner el foco en el crecimiento acelerado de las plataformas de juego virtual y su impacto sobre niños, adolescentes y jóvenes.

En noviembre de ese mismo año, la CEPAS solicitó formalmente a la Cámara de Diputados el tratamiento urgente del proyecto. Tres meses después, en febrero de 2025, trasladó el pedido al Senado, donde señaló que el fenómeno estaba consolidando una “cultura de la timba y del azar” que afectaba incluso la libertad de quienes quedaban atrapados por la adicción. El reclamo escaló en octubre de 2025, cuando la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en nombre de todos los obispos del país, definió la situación con una frase que no dejó margen a la ambigüedad: “La ludopatía es un atentado contra la vida”. En aquel pronunciamiento, los obispos también alertaron que, sin regulaciones y controles adecuados, cada teléfono celular podía transformarse en un verdadero “casino”.

La carta enviada a Villarruel plantea que la discusión legislativa ya no debería centrarse en reconocer la existencia del problema, sino en asumir una responsabilidad política e institucional frente a sus consecuencias. En ese sentido, la CEPAS advirtió que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, y cuestionó que los intereses económicos del sector del juego sigan avanzando mientras miles de personas padecen los efectos de la adicción.

La comisión episcopal incluyó en su documento una referencia a las palabras del Papa León XIV, quien en su encíclica Magnífica Humanitas instó a evitar “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. La cita fue utilizada para reforzar el argumento de que la inacción legislativa favorece a una minoría que lucra con la actividad, mientras los costos recaen sobre el resto de la sociedad.

En esa línea, la CEPAS fue categórica al señalar que “no hacer nada” también constituye una decisión y que, en este caso, resultaría “profundamente lamentable”. Según el organismo, la ausencia de una respuesta adecuada hoy puede traducirse mañana en daños mucho más difíciles de reparar en el tejido social. A su vez, remarcó que los perjuicios que produce la ludopatía —humanos, familiares, sociales y sanitarios— no serán asumidos por quienes se benefician del negocio, sino que terminarán recayendo sobre las personas, las familias y la comunidad en general.

Para respaldar su posición, la comisión episcopal citó investigaciones de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, que aportan evidencia concreta sobre la magnitud del fenómeno y los riesgos que implica para la salud mental y el desarrollo integral de la población. Ambos organismos han documentado el impacto particularmente grave de las apuestas online en los menores de edad y en quienes atraviesan situaciones de mayor desprotección.

En el tramo final de la misiva, la Comisión Episcopal de Pastoral Social les pidió a los senadores que asuman la responsabilidad que el pueblo argentino les confió, que retomen de inmediato el debate y que construyan los consensos políticos necesarios para sancionar la norma antes de que pierda estado parlamentario. “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”, concluyó la entidad eclesiástica, al reiterar su llamado a legislar sobre una problemática que, según advierte, ya atraviesa a toda la sociedad.

El prototipo que Peugeot presentó en el Salón de París 2026 toma el nombre E-T16 y adelanta rasgos de la próxima generación del E-208. Su referencia histórica, sin embargo, es el Peugeot 205 T16, el modelo con el que la marca conquistó los títulos mundiales de rally con los potentes autos del Grupo B en los años 1985 y 1986.

La similitud con aquel auto es total e inconfundible, y representa también un cambio estético significativo para el actual 208, virando a la actual tendencia europea de usar los íconos de otras épocas para fortalecer su oferta de modelos eléctricos para los próximos años. Es algo que comenzó con Renault al reinterpretar el R5, el R4 y el Twingo (que probablemente llegue a Argentina en 2027), y que Stellantis también aplicó en este mismo Salón de París con el Citroën 2CV eléctrico.

Pero si aquel auto tan exitoso en las carreras se destacaba por su bajo peso y gran potencia, cercana a los 600 CV, el modelo que Peugeot llevó al Salón de París 2026, llamado Peugeot E-T16 Concept, es más potente aún, ya que al ser un vehículo con propulsión únicamente eléctrica, ofrece nada menos que 816 CV a través de tres motores. La marca lo define como un adelanto de tecnologías, diseño e interfaces que podrán llegar al futuro Peugeot E-208, el modelo eléctrico actual.

Una base para la transformación

El concept adopta una configuración con un motor eléctrico en el eje delantero y dos en el trasero. El sistema permite administrar de forma independiente el par de cada rueda posterior y repartir la potencia entre ambos ejes según las condiciones de conducción.

Según los datos preliminares de la marca, el E-T16 acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanza los 300 km/h desde parado en 16 segundos. Con esas cifras, pasa a ser el Peugeot de producción conceptual más potente de su historia, y solo desplazado por la versión real del 208 T16 Pikes Peak que estableció el récord de la subida estadounidense del mismo nombre en 2013.

La tracción integral eléctrica es uno de los ejes del proyecto desarrollado junto con Peugeot Sport. Los dos propulsores traseros permiten una vectorización de par que regula la entrega de fuerza a cada rueda, una solución pensada para mejorar la motricidad y el comportamiento en curva.

El vehículo incorpora también varios programas de conducción que modifican la respuesta de los motores, el reparto de par y el funcionamiento de la suspensión. Entre ellos figuran un modo Track, orientado al uso en circuito, y otro que el conductor puede configurar.

Gran autonomía y rendimiento

Peugeot informó que la batería cuenta con un sistema de refrigeración derivado de la competición. El mecanismo enfría las celdas a través de sus paredes laterales, lo que le permite completar tres vueltas al Nürburgring Nordschleife a máximo rendimiento sin una reducción de potencia causada por alta temperatura.

Aunque su planteo visual y sus prestaciones lo acercan a un hiperdeportivo, el E-T16 Concept está equipado con una batería de 85 kWh en arquitectura eléctrica de 800 voltios. Peugeot estima una autonomía de hasta 400 kilómetros y anuncia que la recarga del 10% al 80% puede completarse en menos de 15 minutos.

A nivel estético, el vehículo tiene varios guiños con el 205 T16. El color gris, la línea roja iluminada que recorre el perfil y las proporciones anchas buscan conectar al concept con el coche de rally de los años ochenta. También hay grandes entradas de aire, pasos de rueda ensanchados, un difusor posterior de dos niveles y un alerón de grandes dimensiones como en la última evolución del histórico auto de competición.

Otro de los homenajes aparece en la parte trasera: el conjunto puede abrirse para exponer componentes mecánicos. En lugar del motor turboalimentado de cuatro cilindros que llevaba el 205 T16, quedan a la vista los dos propulsores eléctricos posteriores y elementos de la suspensión.

Nueva firma luminosa y el volante del futuro

El E-T16 estrena una interpretación horizontal de las tres garras luminosas que identifican a Peugeot. Tres barras finas iluminadas aparecen tanto en el frontal como en la zaga y enmarcan el emblema de la marca. Este lenguaje, denominado “Futuro Felino”, está previsto para los próximos lanzamientos de la compañía y tendrá presencia en la siguiente generación del E-208.

En el habitáculo, el prototipo presenta una evolución del Peugeot i-Cockpit con una pantalla panorámica curva de 21 pulgadas. El elemento central es el sistema de dirección electrónica Hypersquare, que reemplaza al volante convencional por un mando de forma rectangular inspirado en los controles de competición.

Durante el evento de presentación en el Salón de Paris, el CEO de Peugeot, Alain Favey, dijo que la marca deberá competir con los fabricantes chinos mediante diseño, identidad e innovación tecnológica, antes que por precio, algo en lo que se parece al concepto aplicado por Renault y Volkswagen, las otras dos marcas europeas que apelaron a autos icónicos del pasado reconvertidos en modelos eléctricos.

El contexto local

Para los argentinos, el Peugeot 208 es, además, un modelo de vital importancia en la industria automotriz, ya que es el único auto compacto de dos volúmenes que se fabrica a nivel nacional, en la planta de Stellantis en Palomar, provincia de Buenos Aires, y que está atravesando una época difícil, con una caída de ventas del 38% en el acumulado de los primeros 9 meses del año, pero aún mayor, superior al 40% en las ventas en Brasil, principal mercado de exportación del vehículo.

Días atrás, el presidente de Stellantis Sudamérica, Herlander Zola, se refirió a la situación particular de la planta argentina de Palomar con conceptos preocupantes, ya que dejó abierta la posibilidad de cerrar una planta de las dos que tiene la automotriz en Argentina, cerrar una o continuar sin modificaciones. “Todo puede ocurrir”, señaló.

“El libre mercado en Argentina nos ha dejado fuera de juego, y cualquier cosa puede pasar. Podríamos cerrar una o ambas fábricas, o podríamos mantenerlas. Pero el costo de producción es muy alto allí; el costo de la mano de obra, por ejemplo, duplica el de Brasil. Además, la cadena de suministro es corta; la mayoría de las piezas provienen de Brasil”, dijo el ejecutivo.

Aunque desde la filial argentina confirmaron que la producción de Peugeot 208 y 2007 está asegurada para todo 2026 y 2027 inclusive, el futuro de estos dos modelos enfrenta un desafío mayúsculo ya que una planta automotriz funcionando con menos del 50% de su capacidad productiva no es eficiente y esa es la realidad actual de Palomar.

Entre las alternativas que podrían surgir, y que no fueron confirmadas por la marca, están la de separar la producción de ambos modelos llevando uno a la planta de Ferreyra y otro a Brasil, o seguir produciendo localmente uno de ellos e importar el restante, siempre y cuando las ventas no recuperen el nivel necesario para sostener una producción local de ambos vehículos.

Abrir un comercio, instalar una fábrica o poner en marcha un emprendimiento puede resultar mucho más sencillo en algunas ciudades que en otras. Mientras ciertos municipios permiten iniciar las habilitaciones por internet, consultar los requisitos y pagar las tasas de manera digital, en otros todavía es necesario concurrir a oficinas públicas, presentar documentación en papel y realizar distintas gestiones antes de obtener la autorización correspondiente. Un ranking de 30 municipios argentinos muestra las diferencias en las facilidades y los obstáculos para abrir negocios, con una marcada distancia entre las jurisdicciones mejor y peor posicionadas.

El diagnóstico surge del Índice FÁCIL Productivo 2026, desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El trabajo compara los procesos de habilitación de distintas actividades económicas y ordena a los municipios según las facilidades administrativas que ofrecen a quienes buscan iniciar una actividad productiva.

Tres de Febrero encabeza el ranking, con 60,90 puntos, seguido por la ciudad de Córdoba, con 59,03; Santa Fe capital, con 53,97; Luján, con 53,86; y Río Cuarto, con 52,70. Son las cinco jurisdicciones que superan los 50 puntos dentro de la muestra analizada. En el extremo opuesto aparecen Lanús, con 28,04 puntos; Quilmes, con 28,01; Avellaneda, con 25,86; y Pilar, con 20,93, que ocupa el último lugar entre los municipios evaluados.

La diferencia entre Tres de Febrero y Pilar alcanza casi 40 puntos. Sin embargo, el indicador no mide directamente cuánto tarda una persona en conseguir una habilitación ni cuánto dinero termina gastando, sino las condiciones administrativas que encuentra para realizar el trámite.

Cuáles son los municipios con más facilidades

El informe vincula los mejores resultados con la digitalización de las habilitaciones comerciales, la organización de la información y la disponibilidad de herramientas que permiten anticipar los pasos necesarios para comenzar una actividad.

En el caso de Tres de Febrero, el estudio destaca la plataforma MI3F, la posibilidad de obtener una habilitación instantánea online para determinados rubros y una guía digital que permite conocer los requisitos, los pasos y las condiciones del procedimiento. Estas herramientas facilitan el acceso a la información y permiten realizar gestiones sin necesidad de concurrir a una oficina municipal.

“Desde la gestión que inició Diego Valenzuela venimos tomando medidas para simplificar trámites, eliminar burocracia y hacer más accesible el inicio de un emprendimiento. Hoy seguimos profundizando esa transformación, porque es el camino para generar oportunidades, trabajo y progreso económico”, afirmó Rodrigo Aybar, intendente de Tres de Febrero, a través de un comunicado. Por su parte, Diego Valenzuela, actual senador e intendente en uso de licencia, celebró el resultado en sus redes sociales y destacó la importancia de simplificar los procedimientos y no cobrar por las habilitaciones.

En Córdoba también es posible iniciar la habilitación comercial de manera online. Tanto esa ciudad como Tres de Febrero cuentan con guías de trámites, alternativas de pago digital y canales de asistencia para los solicitantes. Santa Fe capital presenta características similares: permite realizar gestiones por internet, dispone de medios de pago digitales y ofrece canales de comunicación rápidos, entre ellos un chat de asistencia.

Estas herramientas no necesariamente eliminan todos los requisitos, pero permiten que los interesados conozcan con mayor claridad qué documentación deben presentar, cómo comenzar el procedimiento y cuáles son las instancias previstas.

Más abajo, dentro de un grupo intermedio alto, aparecen otros dos municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires. San Isidro obtiene 47,83 puntos y General San Martín, 46,34. Según el relevamiento, ambos cuentan con plataformas y guías digitales desarrolladas, aunque todavía mantienen procedimientos híbridos o instancias de validación que obligan a realizar pasos adicionales antes de completar una habilitación.

La presencia de herramientas digitales, por lo tanto, no implica necesariamente que todo el proceso pueda resolverse a distancia. Una solicitud puede comenzar por internet y requerir después documentación física, verificaciones presenciales u otras intervenciones administrativas.

Dónde aparecen las mayores trabas

Los municipios ubicados en la parte inferior del ranking presentan problemas vinculados con la dependencia de trámites presenciales, la cantidad de requisitos y la falta de información pública.

El estudio identifica procedimientos en los que no existe una vía clara para comenzar la habilitación por internet o en los que se exige completar varias gestiones previas. También señala dificultades para conocer de antemano los costos, los plazos y la documentación necesaria.

El caso de Pilar, penúltimo entre los 30 municipios evaluados recibe una mención específica en el informe.

Allí, la información pública disponible sobre la habilitación comercial resulta insuficiente para conocer aspectos centrales del procedimiento, como los requisitos, la documentación exigida, la modalidad de gestión, los plazos o los costos. Aunque el trámite de zonificación puede iniciarse online, tampoco ofrece información completa sobre los medios de pago, los tiempos de resolución y el seguimiento del expediente.

De acuerdo con el documento, estas limitaciones dificultan que quien quiere abrir un negocio pueda anticipar el recorrido administrativo necesario y conocer las condiciones que deberá cumplir.

Lanús, Quilmes y Avellaneda también integran el grupo de menor puntuación. El informe identifica entre las debilidades comunes de estas jurisdicciones los circuitos presenciales o mixtos, los trámites previos y las exigencias de documentación física.

La burocracia que enfrentan los emprendedores

Más allá de las posiciones individuales, uno de los datos más relevantes del trabajo aparece en el análisis de los requisitos exigidos.

En el 85% de los trámites relevados se solicita información que el propio municipio ya podría tener o conseguir mediante otros organismos públicos, tanto provinciales como nacionales.

Esto significa que, en una proporción muy elevada de procedimientos, el emprendedor debe presentar documentación que ya se encuentra dentro de la administración pública o que podría obtenerse mediante el intercambio de información entre dependencias.

La situación se repite en distintas actividades y jurisdicciones, y representa uno de los principales obstáculos administrativos identificados por Idesa.

Otro resultado está relacionado con la cantidad de gestiones que deben completarse antes de obtener una habilitación. En el 70% de los municipios se exige, en promedio, realizar más de tres trámites previos, mientras que en el 30% se solicitan, también en promedio, más de siete requisitos por trámite.

Estos pasos se suman al procedimiento de habilitación propiamente dicho y pueden involucrar distintas oficinas o áreas de un mismo gobierno local.

La falta de información pública agrega otra dificultad. El relevamiento muestra que en el 38% de los trámites no fue posible determinar el costo de realizar la gestión, ya fuera mediante un monto publicado o una referencia normativa que permitiera conocerlo. En el 62% restante sí se encontró información sobre el importe correspondiente o se identificó que el trámite era gratuito.

La disponibilidad de datos también presenta diferencias respecto de las normas aplicables. En 22 localidades, las guías de habilitación incluyen información sobre el marco legal que regula los procedimientos. En las otras ocho no se logró identificar esa información en las guías consultadas.

Trámites presenciales y dificultades para seguir los expedientes

La digitalización es otro de los aspectos en los que aparecen diferencias importantes.

Solo 10 de los 30 municipios analizados cuentan con trámites que pueden realizarse completamente online. En las otras 20 jurisdicciones existe al menos un procedimiento que debe gestionarse de forma totalmente presencial.

La posibilidad de pagar las tasas por internet está más extendida. En 20 localidades, todas las tasas correspondientes a los trámites analizados pueden abonarse online o son gratuitas. En las diez restantes, al menos uno de los pagos exige concurrir personalmente.

El seguimiento de los expedientes también presenta limitaciones. En el 57% de los municipios existe al menos un trámite que requiere una consulta presencial para conocer su estado, mientras que el 43% dispone de modalidades digitales de comunicación para las gestiones evaluadas.

Entre los canales identificados figuran WhatsApp, correo electrónico y comunicaciones telefónicas, utilizados para informar sobre el avance de una solicitud, pedir documentación adicional o comunicar su aprobación o rechazo.

El informe también analiza la posibilidad de que los emprendedores evalúen la atención recibida. Solo cuatro localidades cuentan con encuestas de satisfacción y apenas dos ofrecen ese mecanismo específicamente al finalizar el trámite de habilitación.

Las diferencias según el tipo de negocio

Las dificultades administrativas no son iguales para todas las actividades. El estudio contempla 12 tipos de negocios, desde comercios pequeños y establecimientos gastronómicos hasta clínicas privadas, estaciones de servicio e industrias.

Entre las actividades de menor complejidad figuran kioscos, supermercados, farmacias, carnicerías, verdulerías, restaurantes, locales de indumentaria y estudios de servicios profesionales. Los rubros más complejos incluyen hipermercados, clínicas, estaciones de servicio e industrias metalúrgicas y alimenticias.

En promedio, los comercios simples obtienen 40,2 puntos, frente a 38,3 puntos de las actividades complejas. En 17 de las 30 jurisdicciones, los primeros presentan mejores resultados.

Las diferencias son particularmente marcadas en San Miguel de Tucumán, donde los comercios simples alcanzan 50,2 puntos y los complejos, 28. En Tigre, los valores son de 44 y 31,7 puntos, respectivamente.

El relevamiento señala que las actividades industriales, sanitarias y de mayor escala suelen necesitar documentación técnica, controles ambientales, certificados de bomberos y autorizaciones de otros organismos. La diferencia que analiza el índice no se limita a la cantidad de exigencias, sino también a la posibilidad de gestionarlas digitalmente y acceder a información clara sobre cada paso.

En los municipios que lideran el ranking, las diferencias entre actividades simples y complejas son menores. En Tres de Febrero, por ejemplo, los puntajes son de 63,7 y 57,2, respectivamente; en Córdoba, de 59,9 y 57,6; y en Santa Fe capital, de 54,8 y 51,9.

Qué municipios incluye el relevamiento

El universo original comprendía 31 jurisdicciones, seleccionadas por su relevancia económica, peso demográfico y diversidad de condiciones administrativas.

La muestra incluyó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 municipios bonaerenses y nueve ciudades del interior. Sin embargo, José C. Paz quedó fuera del ranking final porque no se encontró información pública suficiente para reconstruir y evaluar sus procedimientos de habilitación.

Por eso, el ordenamiento definitivo corresponde a 30 jurisdicciones y no representa a la totalidad de los municipios argentinos.

El documento también incorpora una comparación con tres ciudades latinoamericanas. Santiago de Chile obtiene 84,4 puntos; Montevideo, 78,1; y Bogotá, 77,6. Las tres se ubican por encima de Tres de Febrero, que registra el puntaje más alto de la muestra argentina.

El relevamiento refleja las condiciones administrativas y la información disponible al 30 de mayo de 2026. Los cambios normativos, las nuevas plataformas o las modificaciones de los procedimientos posteriores a esa fecha no forman parte de los resultados.