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Arabia Saudí sufrió este lunes ataques coordinados con drones contra su infraestructura petrolera lanzados desde dos frentes simultáneos: los rebeldes hutíes de Yemen y milicias proiraníes con base en Irak. El Ministerio de Defensa saudí confirmó haber interceptado y destruido varios de los aparatos no tripulados antes de que alcanzaran sus objetivos en Riad y la Región Occidental.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, reivindicó los ataques desde el flanco yemení. Según declaró en sus redes sociales, las fuerzas rebeldes golpearon “varios objetivos y puntos sensibles del suministro y transporte de petróleo desde el este de Arabia Saudí hasta Yanbu”, ciudad costera a orillas del mar Rojo. Sari precisó que la ofensiva fue una respuesta directa a “la violación del espacio aéreo yemení por parte de drones enemigos saudíes”.

Desde territorio iraquí, grupos armados respaldados por Irán lanzaron una segunda oleada de drones contra instalaciones petroleras saudíes. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí los calificó de “ataques terroristas” en un comunicado oficial y exigió a Bagdad que “tome todas las medidas necesarias para impedir que su territorio sirva como punto de partida para una agresión”.

Los grupos proiraníes con base en Irak no reivindicaron públicamente la operación, pese a que Arabia Saudí y otros países del Golfo los señalaron como responsables. Este silencio contrasta con la postura abierta de los hutíes, quienes sí asumieron su participación en los ataques del lunes.

El Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen apuntó a Teherán como el cerebro detrás de ambas ofensivas. El ministro de Información yemení, Muamar al Eryani, sostuvo en X que “la coincidencia temporal entre las acciones de la milicia hutí y las de las milicias iraníes en Irak confirma que existe una única dirección, un único centro de operaciones y un único objetivo”. Según el ministro, el objetivo sería interrumpir la navegación internacional y el suministro mundial de energía, con repercusiones que trascenderían Oriente Medio.

Al Eryani describió los ataques como parte de “una estrategia iraní destinada a trasladar los focos de amenaza desde el estrecho de Ormuz hacia el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb”. Advirtió que el bloqueo hutí al mar Rojo “forma parte de un plan iraní” orientado a interrumpir las cadenas de suministro y elevar los costes del comercio y de la energía a escala global.

Los enfrentamientos entre los hutíes y Riad se reanudaron el 13 de julio, después de cuatro años de tregua. La escalada se desencadenó tras el bombardeo del aeropuerto de Saná —capital yemení bajo control rebelde—, del que los rebeldes responsabilizaron a Arabia Saudí, y al que respondieron con ataques contra el reino y con la imposición de un bloqueo marítimo en el mar Rojo, que se suma al cierre del estrecho de Ormuz.

El fin de semana previo, la coalición encabezada por Arabia Saudí había ejecutado una operación contra objetivos militares hutíes en la gobernación yemení de Hodeia, en represalia por ataques del grupo rebelde contra buques mercantes en el mar Rojo. Los hutíes, por su parte, prometieron tomar medidas contra el reino en un contexto agudizado por la reanudación de los ataques de Estados Unidos contra Irán, que derivó en bombardeos de las fuerzas iraníes contra posiciones e intereses estadounidenses en la región.

Los nuevos incidentes ocurrieron apenas dos días después de que se observara una calma relativa en las hostilidades entre Washington y Teherán, tras 13 días de enfrentamientos directos. Al Eryani concluyó que lo que ocurre “no son acontecimientos aislados en Yemen o Irak, sino capítulos simultáneos de una misma estrategia iraní, que utiliza a sus grupos aliados para intentar imponer una nueva ecuación basada en amenazar la seguridad energética y la navegación internacional cada vez que Teherán se enfrenta a presiones políticas o militares”.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)

La visita de Kristalina Georgieva a la Argentina —la primera en su rol como directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)— no es una revisión técnica de rutina. Así lo advirtió Héctor Torres, ex director ejecutivo del organismo, en una entrevista con Infobae en Vivo: el objetivo central del viaje es político, y apunta a evaluar de primera mano si el país puede garantizar continuidad macroeconómica más allá de las elecciones del año que viene. “El riesgo de 2027 es un riesgo que van a tratar de evaluar. Es una de las dudas más importantes que hay”, afirmó Torres.

La agenda de Georgieva incluye reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular del Banco Central Santiago Bausili, y referentes del mundo empresarial y académico. También contempla una visita a Vaca Muerta, donde la recibirá el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. Para Torres, esa parada es el mensaje central. “Va a la fábrica de divisas más importante del país, a mostrar que esta es una Argentina que está más cerca de la enfermedad holandesa que de una crisis recurrente de balanza de pagos”, señaló.

La referencia a la enfermedad holandesa no es menor. Torres explicó el concepto con precisión histórica: cuando Holanda descubrió grandes yacimientos de gas, el aumento de exportaciones revalorizó el florín —la moneda nacional antes del euro— y provocó la quiebra de la industria manufacturera. Una buena noticia que derivó en un problema social, político y económico. La analogía con la Argentina actual, dijo Torres, es que el país pasó de generar menos dólares de los que necesitaba su economía en cada ciclo de crecimiento, a una situación en que genera más divisas pero con escasa creación de empleo. “Eso es lo que hoy se discute, si estamos cerca o no de la enfermedad holandesa”, afirmó.

El trasfondo financiero de la visita también pesa. La Argentina le debe al FMI alrededor del 1.100% de su cuota, cuando el parámetro normal es el 200%. Es el principal deudor del organismo, bajo un programa de acceso excepcional de USD 20.000 millones acordado en 2025, cuya última revisión aprobada liberó un tramo de 1.000 millones de dólares en mayo. Con esa concentración crediticia, el FMI tiene un interés directo en que la Argentina recupere el acceso al mercado de capitales privados. “Todos los programas del Fondo tienen como objetivo principal que los países puedan volver a acceder al mercado de capitales. El Fondo tiene una concentración crediticia con nosotros y naturalmente quiere bajar esa exposición”, explicó Torres.

El riesgo país bajó, reconoció el ex director ejecutivo, pero su resistencia a perforar el piso de los 400 puntos básicos refleja una tensión que no se resuelve solo con datos macroeconómicos. “Tenemos toda una historia detrás. La Argentina es lo que es hoy, pero también lo que fue durante muchos años”, dijo Torres. A eso se suma el calendario electoral: las elecciones de medio término en los Estados Unidos de este año y los comicios presidenciales argentinos de 2027 operan como variables que el mercado aún no termina de descontar.

Dentro del marco del programa de acceso excepcional, el FMI evalúa cuatro criterios en cada revisión. El cuarto —y el más político— es la capacidad del país de sostener las reformas comprometidas, algo que depende directamente de la fortaleza política del gobierno. Torres señaló que ese es precisamente el criterio que Georgieva probablemente busca evaluar en persona a través de sus reuniones con distintos actores de la sociedad. “No sabemos cuáles van a ser los candidatos; no sabemos si va a haber un candidato además de Milei. Pero no descartaría que haya un candidato o candidata que quiera mostrarse como una garantía de continuidad económica, con la corrección de algunas cuestiones políticas”, planteó.

La lectura de Torres sobre el momento social no es complaciente. Mientras los indicadores financieros y macroeconómicos muestran solidez, los datos de empleo y la sensibilidad de la población ante las reformas configuran un escenario de transición que el organismo también monitorea. “La sociedad vive esta transformación de forma bastante dolorosa”, afirmó. Las desregulaciones, explicó, todavía no se tradujeron en una caída del costo argentino que llegue al bolsillo de la gente. Esa brecha entre el éxito de los números y la experiencia cotidiana de los ciudadanos es, para el ex director ejecutivo del FMI, el núcleo del interrogante que sobrevuela 2027.

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En Atenas, Grecia, avanza en la digitalización de la gestión del tráfico vial con el despliegue de sistemas automatizados que combinan cámaras inteligentes, inteligencia artificial y vigilancia aérea. Según informó Euronews, unas 4.000 multas de tráfico ya se aplicaron mediante cámaras con IA, mientras que en los próximos días se pondrán en funcionamiento 388 nuevas cámaras en cruces estratégicos de la ciudad.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Gobernanza Digital e Inteligencia Artificial de Grecia, integra cámaras fijas, drones y un sistema de procesamiento de datos en tiempo real. El objetivo es optimizar la detección de infracciones y permitir una gestión más eficiente de la circulación. De acuerdo con un reporte, el sistema permite enviar notificaciones electrónicas instantáneas a los infractores a través de plataformas estatales digitales.

Un despliegue tecnológico a gran escala

La Policía griega introdujo el sistema Traffic Commander, una plataforma que recopila información de 24 fuentes distintas, incluyendo patrullas, motocicletas, drones y dispositivos de supervisión de tráfico. Esta infraestructura tecnológica posibilita la visualización en tiempo real de la situación vial, la detección de incidentes y la coordinación de intervenciones, según detalló Euronews.

El ministro de Gobernanza Digital e Inteligencia Artificial, Dimitris Papastergiou afirmó que los ajustes finales del software están en marcha para conectar completamente las cámaras al sistema unificado de registro de infracciones. Las 388 cámaras se encuentran distribuidas en alrededor de 100 intersecciones del área metropolitana de Atenas y, en su primera fase, se emplearán para detectar cruces con semáforos en rojo.

Las cámaras se activan junto con los semáforos, capturan imágenes y video de los vehículos que cruzan la línea marcada mientras la luz está en rojo y remiten automáticamente el material a la Policía de Tráfico.

La diferencia principal respecto al sistema piloto reside en la capacidad de las cámaras con inteligencia artificial, que pueden identificar una gama más amplia de infracciones como excesos de velocidad, uso del teléfono móvil, ausencia de cinturón de seguridad o casco, y circulación indebida en carriles exclusivos para buses.

Supervisión humana y cifras del sistema piloto

Pese al alto grado de automatización, las multas no se emiten directamente desde el algoritmo. Todo el material recopilado por las cámaras pasa por una revisión por parte de agentes autorizados de la Policía de Tráfico, quienes confirman la existencia de la infracción antes de cursar la sanción. Este procedimiento busca garantizar la validez de las pruebas y la transparencia del proceso, explicó el medio.

Desde el inicio del sistema piloto, que comenzó el 28 de marzo de 2026, se instalaron cámaras en ocho puntos de alta peligrosidad y cámaras móviles en diez autobuses urbanos. En los dos primeros días, se impusieron 130 sanciones, principalmente por saltarse el semáforo en rojo y por no llevar casco. Para finales de mayo, las notificaciones electrónicas ya sumaban 2.453, cifra que recientemente alcanzó las 4.000, según datos estatales.

Las multas digitales llegan al buzón personal de los ciudadanos en la plataforma estatal gov.gr y a la aplicación Gov.gr Wallet. Las cámaras piloto con IA identifican la marca, modelo y color del vehículo, clasifican el tipo de infracción y, en el caso de los autobuses urbanos, controlan exclusivamente el uso indebido de los carriles reservados para el transporte público.

Hasta el 30 de mayo, se presentaron 420 recursos contra las 2.453 multas digitales emitidas, de los cuales se estimaron 52, principalmente por discrepancias en la grabación o por causas justificadas, como incidentes de salud. El funcionario aseguró que los problemas técnicos de la fase inicial ya se resolvieron y el sistema opera con normalidad.

Perspectivas de expansión y balance de seguridad vial

El plan del Gobierno griego contempla la instalación de unas 1.000 cámaras en Atenas, Tesalónica y Creta durante 2026, con una extensión progresiva en 2027 y la incorporación de 300 cámaras móviles adicionales. Las infracciones se integrarán en un sistema electrónico único para registro, notificación, gestión de recursos y pago de sanciones.

El sistema Traffic Commander gestionará diariamente alrededor de 50.000 eventos e indicios de tráfico, proporcionando una imagen operativa consolidada a los mandos policiales, según la Policía griega. La vigilancia aérea se refuerza con diez drones de especificaciones policiales, capaces de monitorear atascos, accidentes y otras incidencias desde el aire.

El ministro de Protección Ciudadana, Mihalis Chrysochoidis, estimó que el despliegue completo del sistema podría mejorar la gestión del tráfico entre un 25% y un 30%. Esta proyección se evaluará mensualmente con informes sobre la eficacia de las intervenciones.

En paralelo, el fortalecimiento digital se acompaña de un incremento en los controles tradicionales. Durante el primer semestre de 2026, se realizaron 1,57 millones de pruebas de alcoholemia, frente a 750.000 en el mismo periodo de 2025. De los conductores controlados, 13.613 superaron el límite permitido, lo que representa un 0,86%, frente al 2,11% registrado el año anterior.

Según datos preliminares de la Comisión Europea, las muertes por accidentes de tráfico en Grecia descendieron un 22% en 2025, aunque la tasa de 50 fallecidos por millón de habitantes se mantiene por encima de la media de la Unión Europea (43 por millón).

Hace unos 22.000 años, un oso pardo recorría los territorios que hoy conforman Portugal. Sus huesos, recuperados en cuevas de Cadaval, permiten estimar que ese ejemplar alcanzó alrededor de 385 kilogramos, uno de los mayores pesos documentados en el registro fósil europeo para la especie.

Los osos pardos ibéricos actuales pesan en torno a 144 kilogramos los machos y 102 kilogramos las hembras, una reducción superior al 40% respecto de sus antepasados del Pleistoceno. Un trabajo liderado por Darío Estraviz-López, paleontólogo de la NOVA School of Science and Technology de Portugal, atribuye ese cambio a transformaciones ambientales y a presión humana acumulada durante milenios.

El estudio, publicado en Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, se basa en el análisis de más de 500 fósiles procedentes de seis yacimientos portugueses: la Gruta da Furninha (Peniche), la Gruta das Fontainhas (Cadaval), Serra de Molianos (Alcobaça), la Gruta do Caldeirão (Tomar), la Gruta do Escoural (Montemor-o-Novo) y la Gruta da Oliveira (Torres Novas). A partir de mediciones morfométricas y estimaciones de masa corporal, el equipo reconstruyó cómo evolucionó la especie durante decenas de miles de años.

La ausencia del oso de las cavernas en Portugal

Cuando se estudia la fauna del Pleistoceno europeo, el oso de las cavernas (Ursus spelaeus) ocupa un lugar central: fue un animal de grandes dimensiones que pobló numerosas cuevas del continente antes de extinguirse hace unos 24.000 años. El estudio confirma que, pese a décadas de excavaciones, no existe evidencia de que esta especie llegara a establecer poblaciones estables en territorio portugués.

Según explicó Estraviz-López en declaraciones recogidas por Phys.org, los osos de las cavernas requerían cavidades mucho más amplias para hibernar y los mismos linajes maternos regresaban a las mismas cuevas durante miles de años, lo que habría impedido su expansión hacia el extremo occidental de la península.

Ante esa ausencia, los osos pardos ocuparon el espacio ecológico vacante que en otras regiones del continente estaba cubierto por esa especie. Los ejemplares de la Gruta da Furninha, con una antigüedad de alrededor de 80.000 años, presentaban una robustez ósea que recuerda a la del oso de las cavernas. Los investigadores interpretan esa convergencia morfológica como consecuencia de haber asumido ese papel sin competencia.

La reducción de tamaño y la presión humana

El trabajo identifica una tendencia: a lo largo del tiempo, el oso pardo ibérico fue perdiendo masa corporal de forma sostenida. Durante el Holoceno temprano, entre hace 12.000 y 8.000 años, los machos de la zona noroccidental de España pesaban en torno a 260 kilogramos.

El comunicado institucional de la NOVA School of Science and Technology señala que esta reducción está asociada a la presión humana y a la alteración de los hábitats. El mecanismo que proponen los investigadores no es una caza directa e intensiva, sino un proceso prolongado y difuso.

“Esta presión prolongada pudo haber eliminado desproporcionadamente a los individuos más grandes y audaces, favoreciendo a los osos más pequeños“, afirmó Ana García-Vázquez, bióloga y coautora del estudio en la Universidad de Bucarest.

El proceso habría avanzado por etapas: primero, las poblaciones humanas comenzaron a compartir cuevas con los osos; después, la agricultura y la deforestación fragmentaron sus territorios; finalmente, la caza con armas de fuego aceleró el declive.

Qué hipótesis siguen abiertas

Los autores comparan esta dinámica con el fenómeno documentado en elefantes modernos que nacen sin colmillos como respuesta evolutiva a siglos de presión cazadora. García-Vázquez añadió una cautela: los osos del Pleistoceno y los actuales podrían no pertenecer a la misma población, y la dieta también pudo influir, dado que los osos con alimentación más carnívora tienden a mayor masa corporal.

El análisis de ADN antiguo y los estudios de isótopos estables podrán aportar respuestas más precisas. El equipo también considera prioritarias nuevas dataciones radiométricas para precisar la historia evolutiva de la especie.

El aporte del estudio para la conservación

El estudio también plantea la utilidad de la paleontología para la conservación actual. Los osos pardos desempeñan funciones ecológicas de amplio alcance: regulan las poblaciones de ciervos y jabalíes, aprovechan carroñas y participan en la dispersión de semillas. “Una sola deposición de un oso puede contener más de 70.000 semillas“, precisó Estraviz-López.

El oso pardo se extinguió en Portugal en el siglo XIX a causa de la actividad humana, según el comunicado. Comprender cómo los gigantes ibéricos del Pleistoceno se transformaron en los supervivientes actuales es, según Estraviz-López, la mejor guía disponible para proteger a los que aún quedan.

Casi al mismo instante en que la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ponía en sus redes sociales que ya se encuentra en Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresaba un proyecto de ley que busca restringir la posibilidad de que el Ejecutivo firme un nuevo acuerdo con el FMI sin que pase por el Congreso.

El proyecto de ley que lleva la firma de otros 15 diputados del bloque de Unión por la Patria y que cuenta con 22 artículos, busca también declarar “nulos de nulidad absoluta” los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en la Argentina.

La iniciativa, que deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza con un régimen más amplio, llega al Palacio Legislativo en un momento en el que el gobierno de Javier Milei recibe a la titular del FMI que llega al país por primera vez en 8 años.

El proyecto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales requerirá una ley especial del Congreso con indicación del tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Asimismo, establece que queda expresamente prohibido el uso de decretos de necesidad y urgencia para estas materias.

El texto apunta directamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, con el que el gobierno de Milei instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —aproximadamente USD 20.000 millones—, sin pasar por el Congreso. Los actos dictados en violación de esa prohibición quedarán sujetos a nulidad absoluta e inoponibilidad internacional, y los funcionarios intervinientes serán personalmente responsables por los daños al Estado nacional con una acción imprescriptible.

El proyecto que es acompañado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López; se estructura en 6 principios rectores: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.

El principio de corresponsabilidad es uno de los ejes más novedosos del texto: establece que cuando el FMI haya incumplido sus propias reglas o aprobado programas con motivación política, la responsabilidad por las consecuencias del fracaso es compartida. Para sostener esta idea, cita la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que registró disidencias internas del staff sobre el cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en el caso argentino de 2018 y clasificó la deuda en “zona gris”.

El texto señala que entre mayo de 2018 y el momento de la redacción, USD 45.100 millones salieron del país como formación de activos externos del sector privado, frente a USD 44.500 millones desembolsados por el Fondo.

Los autores del proyecto sostienen que esa equivalencia no fue accidental, sino el resultado de un programa aprobado sin exigir las medidas de administración de flujos de capital que el propio Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI habilita. Sobre esa base, la ley manda al Poder Ejecutivo a promover ante la Junta de Gobernadores del organismo una enmienda que convierta en obligación —y no en mera facultad— el requerimiento de controles de capital cuando se verifique una salida considerable de divisas durante la vigencia de un programa.

La reforma del Convenio Constitutivo que el proyecto ordena impulsar tiene cuatro ejes. El primero es la sustitución de la redacción discrecional del Artículo VI por una obligación de actuar. El segundo es la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” que permita convertir el crédito que exceda los parámetros normales de acceso en financiamiento de largo plazo, con plazos de entre 20 y 30 años, período de gracia de entre 7 y 10 años y sin sobrecargos. El tercero es la habilitación de períodos de recompra diferenciados para economías con restricción externa estructural. El cuarto es el reconocimiento formal de que el caso argentino configuró una categoría de exposición excepcional con fallas sistémicas del organismo.

Para blindar esas posiciones en el plano multilateral, el artículo 6 obliga al Poder Ejecutivo a coordinar con el grupo BRICS+, el Grupo de los Veinticuatro (G24), la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Grupo de los Veinte (G20). El proyecto cita la “BRICS Rio de Janeiro Vision for IMF Quota and Governance Reform“, del 5 de julio de 2025, como antecedente compatible con los ejes de enmienda que la ley convierte en mandato.

En materia de regulación macroprudencial, el artículo 8 ratifica las facultades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer encajes sobre pasivos externos, aplicar límites a la formación de activos externos y adoptar cualquier otra medida de administración de flujos de capital. El artículo 9 va más lejos: ningún acuerdo con organismos financieros internacionales podrá contener cláusulas que obliguen a desmantelar esas regulaciones, bajo pena de nulidad absoluta en el derecho interno y de inoponibilidad ante foros internacionales, con invocación del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

El control parlamentario recae en una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales, que tendrá acceso pleno a toda la documentación de los programas sin limitaciones de confidencialidad, facultad de convocar obligatoriamente a funcionarios del Ejecutivo, del BCRA y de la Auditoría General de la Nación, y derecho a recibir informes semestrales del gobierno. El proyecto también introduce un umbral de endeudamiento externo —fijado en función de los gastos primarios corrientes— cuya superación requerirá mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras, salvo emergencia económica declarada por ley, catástrofe natural o guerra.

La disposición transitoria del artículo 20 fija un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del programa vigente con el FMI. Hasta que el Congreso se pronuncie, el gobierno no podrá acordar nuevas ampliaciones ni modificaciones sustanciales del acuerdo. En caso de rechazo, toda nueva operación requerirá aprobación previa por ley.

La ley solo podrá ser modificada o derogada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, una salvaguarda que busca dificultar su eventual reversión por un gobierno de distinto signo político.