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El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes un amplio paquete de sanciones contra Rusia que autoriza aranceles de hasta 500% sobre las importaciones rusas y de hasta 100% sobre los bienes de los principales compradores de petróleo y gas ruso, como China e India. La legislación, impulsada por el fallecido senador republicano Lindsey Graham, obtuvo respaldo bipartidista con una votación de 86 a 11.

El proyecto lleva el nombre de Graham, quien murió el 11 de julio tras más de un año construyendo apoyo para la iniciativa. Poco antes de su deceso, el legislador por Carolina del Sur anunció haber alcanzado un acuerdo con la Casa Blanca sobre una versión revisada del texto. Su hermana Darline Graham, designada para ocupar su escaño, declaró momentos antes de la votación que la medida “golpea a Putin donde más le duele”.

La legislación apuntaría a funcionarios rusos, oligarcas, instituciones financieras y la denominada “flota fantasma” —embarcaciones utilizadas para eludir las restricciones a las exportaciones de petróleo de Moscú. El presidente Donald Trump quedaría facultado para aplicar aranceles de hasta 100% sobre los bienes de los cinco principales compradores de crudo y gas natural ruso, así como de los cinco países que más colaboren en evadir las sanciones energéticas a Rusia. La autoridad arancelaria tendría una vigencia de cinco años.

El propio presidente ruso Vladimir Putin figuraría entre los sancionados directamente, junto con otros altos funcionarios del Kremlin. El texto también extiende la Ley de Sanciones a Irán de 1996 hasta 2031, norma que impone sanciones económicas secundarias a empresas no estadounidenses que operen con Teherán y que estaba previsto que expirara este año.

La medida fue objeto de críticas desde distintos flancos. El senador republicano Rand Paul, de Kentucky, alertó que el proyecto podría ser utilizado por Trump como justificación legal para imponer amplios aranceles a socios comerciales como China e India; su enmienda para bloquear esa autoridad arancelaria fue rechazada.

Legisladores demócratas también expresaron reservas sobre la efectividad real del paquete. “Si está dispuesto a seguir legitimando y congraciándose con Vladimir Putin, las sanciones no resolverán el problema de fondo”, dijo el senador Chris Murphy, de Connecticut, a periodistas en el Capitolio la semana pasada.

La Casa Blanca negoció exenciones amplias que otorgan al presidente amplia discrecionalidad para no aplicar las penalidades. Trump ya había impuesto un arancel del 25% sobre productos indios en respuesta a las compras de energía rusa de Nueva Delhi, pero luego lo levantó para facilitar un acuerdo comercial más amplio con India. China, uno de los mayores clientes petroleros de Rusia, escapó a sanciones similares mientras Trump buscó limitar las tensiones comerciales con Pekín.

El proyecto deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes, aunque el voto no se producirá antes de principios de septiembre debido al receso estival del Congreso. La senadora demócrata Jeanne Shaheen, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, afirmó que el proyecto “golpea muy duramente los sectores energético y financiero de Rusia” y que Putin “solo entiende la fuerza y solo responde a la presión”.

La embajada rusa en Washington condenó la iniciativa, señalando que “le hace un flaco favor a la actual administración estadounidense”.

En paralelo, la Unión Europea acordó el mes pasado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el vigésimo primero desde la invasión de febrero de 2022, aunque más moderado respecto de propuestas iniciales más severas. El paquete se centró en congelar el nivel del tope al precio del petróleo ruso para impedir que Moscú se beneficie de la escalada de precios derivada de la guerra con Irán.

El acuerdo final se desbloqueó tras conceder a Grecia una exención que permite a sus empresas navieras continuar transportando gas natural licuado ruso desde el Ártico. El paquete también apunta al sector financiero ruso, a empresas de criptomonedas y amplía la lista negra de funcionarios rusos, aunque una propuesta de veto masivo de visados fue descartada.

Aeropuertos Argentina, la empresa de Eduardo Eurnekian que opera los 35 principales aeropuertos del país bajo una concesión que data de 1998, tiene listo un plan de obras que supera los USD 600 millones, pero no puede ejecutarlo. El motivo es un preacuerdo con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) que nunca terminó de concretarse y que, según pudo saber Infobae, lleva más de un año sin respuesta formal del Estado.

El documento se firmó en 2025 entre el entonces presidente del ORSNA, Facundo Leal, y representantes de Aeropuertos Argentina. El contrato preveía una prórroga de la concesión hasta 2056, con posibilidad de extenderla 10 años más, y una tasa interna de retorno del 14,45%, ligada a los índices de riesgo país. Sin ese horizonte contractual extendido, la concesionaria no tiene el respaldo para comprometer inversiones de largo plazo ni para salir a buscar financiamiento externo.

Las obras en juego abarcan los 35 aeropuertos bajo concesión e incluyen terminales nuevas, ampliación de pistas y remodelación de instalaciones, con mayor urgencia en la parte de arribos de Ezeiza, Mendoza y el sector internacional de Aeroparque.

El preacuerdo que no avanzó

El expediente quedó cajoneado mucho antes de que el escándalo de Leal —desvinculado tras un allanamiento judicial que reveló más de USD 2 millones en efectivo y un patrimonio de origen no explicado— se convirtiera en noticia pública. La salida del funcionario no fue lo que lo frenó: el acuerdo ya estaba paralizado. Recientemente, el directorio del ORSNA —ahora bajo la conducción de Noelia Ruiz— formalizó mediante un acta que el preacuerdo no tendría continuidad. La negociación deberá retomarse desde un punto más atrás, esta vez con el ORSNA y con la Secretaría de Transporte como interlocutores.

El contrato original de concesión, firmado en 1998, tenía vencimiento en 2028. Si bien la extensión se discutió durante el gobierno de Mauricio Macri, se cerró en diciembre de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se activó una cláusula de prórroga de 10 años que extendió la vigencia hasta febrero de 2038, en plena pandemia.

Esa extensión le permitió a la empresa sobrevivir a las dificultades generadas por la crisis sanitaria, salir al mercado financiero y sostener operaciones. De ahí surgió el plan de obras de USD 606 millones del que emergieron las terminales inauguradas en los últimos años: Posadas, Bariloche, Termas de Río Hondo, Formosa, Tucumán y la de Salta, próxima a inaugurar, construida de cero a un costo de USD 110 millones.

La administración anterior reconoció que, una vez superada la emergencia sanitaria, era necesario recalibrar el contrato para reflejar la nueva realidad económica: tasas de retorno no cumplidas y ganancias por debajo de las proyecciones originales. Esa recalibración nunca ocurrió, y fue ese pendiente el que derivó en el preacuerdo de 2025.

La lógica de la negociación actual, en tanto, replica la que rigió la prórroga de 2020: sin aumento de tasas aeroportuarias —lo que encarecería el pasaje en contradicción con la política de cielos abiertos del Gobierno— la ecuación se equilibra con plazo. A mayor extensión de la concesión, mayor capacidad de acceder a financiamiento de largo plazo en los mercados internacionales.

El fondo que se agota

La inversión ejecutada entre 2021 y 2026 se financió a través de un fondo alimentado por el canon que paga Aeropuertos Argentina al Estado, que genera alrededor de USD 70 millones anuales, con el 90% aportado por la propia concesionaria. Entre 2021 y 2024, la empresa volcó USD 606 millones en ese esquema. Para 2025, 2026, 2027 y 2028 hay compromisos de inversión por USD 50 millones cada año, cifra que agota el margen disponible del fondo.

El contexto le agrega urgencia al conflicto. El año pasado cerró con un récord histórico para la aviación comercial argentina: 50,6 millones de pasajeros transitaron por los aeropuertos del país, según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), un 12% más que en 2024. El tráfico internacional creció un 18% interanual y superó por primera vez el récord de 2018. La red de Aeropuertos Argentina movilizó 47,4 millones de pasajeros, un 12,6% más que el año anterior. Aeroparque rozó los 18 millones de viajeros y Ezeiza los 12 millones.

Esas cifras son el resultado combinado de la política de cielos abiertos del gobierno de Javier Milei —que sumó 57 nuevas rutas aéreas en 2025 y firmó 54 acuerdos bilaterales con países de la región, América del Norte, Europa, Asia, África y Medio Oriente— y de la infraestructura construida en los últimos años, así como de un mayor dinamismo del mercado aerocomercial. Las proyecciones de crecimiento anticipan que varios aeropuertos alcanzarán su límite de capacidad en el corto plazo si no se ejecutan obras de ampliación.

Fuentes con conocimiento del expediente indicaron a Infobae que diciembre de 2026 es el plazo que la empresa considera razonable para alcanzar una resolución. El ORSNA y la Secretaría de Transporte no respondieron a las consultas de Infobae. Cada mes sin definición implica capacidad aeroportuaria que no se amplía frente a una demanda que, por ahora, no da señales de desaceleración.

El Tribunal Superior de Kenia dictó una sentencia inesperada que ordenó adelantar las próximas elecciones presidenciales al martes 11 de agosto de 2026, una decisión que provocó una ola de confusión y sorpresa en todo el país. La noticia sorprendió a las autoridades, a la Comisión Electoral, a los partidos y a la ciudadanía, que durante años habían asumido que la cita electoral se realizaría el 10 de agosto de 2027.

El fallo sostuvo que, según una interpretación estricta de la Constitución keniana, la elección presidencial debe celebrarse el segundo martes de agosto durante el quinto año posterior a las anteriores elecciones generales, que tuvieron lugar el 9 de agosto de 2022.

La jueza Mugure Thande declaró que cualquier otra fecha para la elección violaría la Constitución y resultaría nula, y respaldó así el argumento de tres activistas y expertos legales que presentaron una demanda a finales de 2025.

“La declaración de invalidez de la elección se suspende hasta después de que se celebren las próximas elecciones generales para permitir que la Comisión Electoral corrija el defecto”, dijo Thande.

Ellos advirtieron que postergar los comicios hasta 2027 permitiría al presidente William Ruto completar seis años de mandato, en vez de convocar a los votantes durante el quinto año, como exige la ley.

Según la sentencia, el periodo presidencial comienza con la toma de juramento y concluye con la asunción del siguiente líder electo, sin referencia a una cifra exacta de años. Así, la fecha de la elección presidencial no quedaría sujeta a la discreción de la IEBC ni a la conveniencia administrativa.

Al mismo tiempo, el líder opositor Jimi Wanjigi dirigió un mensaje directo en su cuenta de X al mandatario, tras el fallo judicial, señalando: “Ruto, tu tiempo terminó. Tu mandato concluye este martes. El artículo 134 te define ahora como presidente temporal. Tu periodo no fue extendido. La IEBC debe organizar elecciones en un plazo de 60 días después del 11 de agosto de 2026.”

Según el medio local The Kenya Wall Street, Kenia atraviesa una etapa marcada por la tensión social, una economía presionada al límite y un clima político agitado mientras se acerca el próximo ciclo electoral.

En el plano económico, el país enfrenta una deuda pública que supera el 65% de su PBI y consume más de la mitad de los ingresos fiscales, lo que ha llevado al gobierno a incrementar impuestos y a elevar el costo del acceso a servicios públicos.

El gasto estatal sigue en aumento, con más de un millón de empleados distribuidos en empresas estatales, ministerios y gobiernos de condado, situación que limita el margen de maniobra para nuevas inversiones y compromete la capacidad de respuesta ante futuras crisis. El pago de la deuda representa hoy casi la mitad del gasto público total, triplicando lo que se destina a educación y dejando poco espacio para proyectos de infraestructura, salud y protección social, en un contexto donde la ayuda internacional pierde peso frente al comercio y la inversión.

A su vez, el escenario social refleja el impacto de estas limitaciones económicas. En Nairobi, decenas de madres de barrios populares se manifestaron para exigir explicaciones por las desapariciones forzadas de jóvenes, atribuidas a agentes policiales.

Las protestas, que incluyeron bloqueos en avenidas centrales y el reclamo de organizaciones de derechos humanos, surgieron tras la desaparición de varios jóvenes y la muerte de un repartidor bajo custodia policial. Los manifestantes acusan al gobierno de inacción ante estos abusos, mientras Amnistía Internacional registró un aumento del 20% en las muertes a manos de la policía y denunció obstáculos para la rendición de cuentas.

Bajo este contexto, William Ruto afirmó en X que el gobierno avanza en reformas para dignificar a los oficiales de seguridad privada y reconoció su papel esencial en la protección nacional. Además, destacó el compromiso de impulsar proyectos de desarrollo en el condado de Turkana, subrayando la importancia de la seguridad y la inclusión para aprovechar su potencial económico y mejorar la vida de sus habitantes.

Por otro lado, describió la agenda de proyectos pendientes para asegurar derechos básicos como salud, vivienda, agua, alimentación y educación para la población.

“Nuestro objetivo es dar un significado práctico a la promesa del artículo 43 de nuestra Constitución: atención médica para todas las familias, vivienda y saneamiento adecuados, erradicación del hambre, agua potable y segura, seguridad social y educación para todos los niños”, mencionó en su cuenta de X.

(Con información de EFE)

Una vez finalizada la sesión por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la senadora Patricia Bullrich habló en la puerta del Congreso y dio su opinión sobre por qué algunos apoyos con los que el oficialismo contaba para uno de los capítulos terminaron por caerse. Al hablar de los gobernadores, marcó: “Están pensando más en las elecciones que en los proyectos”.

La sesión de este jueves fue la primera que se produjo en el Palacio del Congreso luego del receso invernal. El debate de los días anteriores y lo acontecido en el recinto dejaron entrever una cuestión simple: a diferencia de otras sesiones, esta fue la primera en la que el panorama electoral del año próximo no estaba soslayado. Es decir, poco a poco, el cálculo por el 2027 se hace cada vez más presente en las consideraciones de los jefes provinciales.

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete generó buenas impresiones entre los gobernadores. Lo consideran alguien del sistema y que, por ende, tiene vínculos con muchos de ellos desde hace tiempo, lo cual implica una relativa confianza de que no habrá jugadas “por atrás”.

“Nosotros confiamos en Diego. Le está haciendo muy bien a la gestión, pero lo veo en una posición complicada. Tiene que ser el encargado de la gobernabilidad justo cuando el escenario del oficialismo parece débil”, afirmó uno de los gobernadores más importantes del país a Infobae.

Hay varios indicadores que este dirigente utiliza para justificar aquello. Hace poco se conoció que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que mide la Universidad Di Tella marcó un retroceso del 6,5 % respecto a junio. Hay encuestas observadas por el mercado, como la de Bloomberg y Atlas Intel, que muestran un crecimiento de la desaprobación al Presidente hasta el 62,4 %, muy cerca del pico histórico de los últimos dos años y medio.

“Yo no veo que vaya a mejorar en el mediano plazo. Puede mantenerse estable, pero si empeora, el Gobierno se va a ver debilitado cada vez más en las negociaciones electorales que quiera hacer”, afirma. Infobae supo de más de un mandatario provincial que están deseosos de que la Casa Rosada llame a “una gran mesa” para plasmar un frente antikirchnerista de cara al año próximo.

Quienes lo piensan, creen que debería tratarse de una suerte de demostración de principios de una parte del sistema de partidos con el fin de mostrar los aspectos en común que tienen entre ellos. Buscan dar certidumbre al mercado de cara a lo que se está percibiendo en las últimas semanas: una pérdida de confianza sobre si La Libertad Avanza tiene realmente el camino allanado en una contienda presidencial.

“Tiene que ser un llamado general, en la que no hayan grandes definiciones, pero que sirvan para plasmar lo que nosotros creemos que es un rumbo de país”, afirman.

En el Gobierno no ven que una convocatoria de ese calibre tenga sentido en esta coyuntura. Consideran que, por el momento, tienen que seguir dándose la dinámica de encuentros bilaterales de los miembros de la cúpula política con cada uno de los gobernadores.

“Todavía es más mano a mano que grupal. La reunión más general la deberíamos hacer al final de las negociaciones. ¿Para qué la vas a hacer ahora si todavía tenés que seguir cerrando acuerdos?”, afirma un miembro del oficialismo que conoce de las conversaciones que se están produciendo.

Diego Santilli y Luis Caputo viajarán la próxima semana a Catamarca para encabezar, junto a los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez, la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. La visita, reprogramada por el alerta meteorológica, se da en un contexto de negociación política en momentos en que el oficialismo busca apoyos para su agenda legislativa.

Tanto Jalil como Suárez fueron dos mandatarios que no aportaron a la masa de votos afirmativos en la sesión de ayer, en la que hubo más de una provincia aliada que se terminó oponiendo a las reformas del Gobierno.

Entre quienes se opusieron en la votación en general del proyecto estuvieron el catamarqueño Guillermo Andrada (Convicción Federal) y los santiagueños Elía Esther del Carmen Moreno y Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago). Jalil ha sido uno de los aliados más estrechos del Gobierno y su posicionamiento no pasó desapercibido, pero en el oficialismo creen que se trata de una cuestión coyuntural y que, de alguna manera u otra, se desembocará a un acuerdo electoral.

Los gobernadores aliados que se manifestaron de manera pública y contundente contra el capítulo de Tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluyeron a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta). Hugo Passalacqua (Misiones) fue uno de los que contribuyó a dar de baja el capítulo para la compra de tierras por parte de extranjeros.

¿Esto que sucedió es presagio de lo que pueda llegar a acontecer en otras votaciones venideras? No es la lectura que hacen desde los despachos políticos del Gobierno. Afirman que se trató de un caso excepcional y que estuvo signado por diferentes errores políticos por parte de varias alas del oficialismo. Aun así, marcan: “Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar”.

“Esto no cambia absolutamente en nada el vínculo con los gobernadores. Muchos estaban a favor. Sí me parece que debilita al Gobierno Nacional como actor negociador”, analizó un operador oficialista que conoce muy bien lo que sucede puertas adentro.