Rusia lanzó una oleada de misiles balísticos y drones contra Kiev en la madrugada del jueves, provocando incendios, destruyendo un edificio residencial y dejando al menos cinco heridos, entre ellos un trabajador sanitario en estado grave, según informó el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, a través de Telegram.
El presidente ucraniano Volodimir Zelensky había advertido horas antes, desde Dublín, que el Kremlin preparaba un “ataque masivo” y acortó su visita a Irlanda para regresar a Ucrania. “Putin lleva tiempo preparando este ataque masivo contra Ucrania”, afirmó Zelensky en una conferencia de prensa, donde también instó a la población a refugiarse y a seguir las alertas antiaéreas.
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La fuerza aérea ucraniana alertó sobre el avance de misiles balísticos hacia la capital antes del impacto. Periodistas de AFP en el centro y el este de Kiev registraron más de una docena de explosiones y observaron a residentes —algunos con niños y mascotas— corriendo hacia las estaciones de metro habilitadas como refugios.
El jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko, informó en Telegram que los ataques destruyeron un edificio residencial y dañaron un centro médico. Los cinco trabajadores de salud heridos pertenecen al distrito de Shevchenkivskyi, según precisó Klitschko en una publicación posterior.
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Un periodista de AFP fue testigo de una primera explosión en el centro de la ciudad durante una alerta aérea, seguida de una columna de humo y llamas que atrajo a bomberos y ambulancias al lugar. Unos 50 minutos después, una segunda detonación ocurrió cerca del mismo punto e impulsó escombros al aire.
La invasión rusa de Ucrania, que se extiende por más de cuatro años, ha generado más de dos millones de bajas militares, con las fuerzas de Moscú absorbiendo la mayor parte de las pérdidas, de acuerdo con un estudio publicado el miércoles por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), un grupo de análisis con sede en Estados Unidos.
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Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus propios ataques de largo alcance con drones dentro de territorio ruso, apuntando a infraestructura energética y objetivos militares. Autoridades rusas han reportado impactos repetidos en regiones fronterizas, mientras que Moscú asegura haber interceptado cientos de drones ucranianos en los últimos días. Los esfuerzos de Washington para mediar un cese del conflicto no han prosperado.
Gabriel Sánchez Zinny presentó este miércoles el informe semestral de gestión del gobierno porteño ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una Sesión Especial presidida. El Jefe de Gabinete expuso los avances del Plan General de Gobierno impulsado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y colocó el orden público como eje vertebrador de la administración durante los primeros seis meses del año.
La convocatoria reunió a legisladores y a buena parte del Gabinete. Desde el inicio de su alocución, Sánchez Zinny trazó con precisión el rumbo que, según afirmó, guía a la administración: “orden público, prioridad y cuidado para los porteños, previsibilidad e incentivos para el sector privado y obras en infraestructura y movilidad”. Sostuvo que Buenos Aires alcanzó “la tasa de delitos más baja de los últimos 30 años” y que las transformaciones del semestre responden a una planificación orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
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El primer bloque del informe estuvo dedicado al orden urbano. El funcionario aseguró que la capital argentina es hoy “una ciudad donde el espacio público volvió a tener reglas claras. Una ciudad sin piquetes, sin manteros y sin ranchadas”. Para respaldar esa afirmación, detalló que entre enero y abril se realizaron cerca de 6.000 secuestros vinculados a la venta ilegal, más de 19.000 intervenciones sobre ranchadas y 97 operativos integrales en villas y asentamientos. Desde 2024, además, se concretaron 844 desalojos de inmuebles usurpados, acompañados de dispositivos de asistencia social para las personas afectadas.
En ese mismo eje, Sánchez Zinny destacó la reciente reforma del Código Contravencional, que endurece las sanciones contra los denominados “trapitos”. La medida, describió, forma parte de una estrategia más amplia orientada a brindar nuevas herramientas de protección a los vecinos y a consolidar reglas de convivencia en el espacio público.
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En materia de seguridad, el Jefe de Gabinete señaló que se incorporaron 650 nuevos oficiales egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública, lo que elevó el plantel de la Policía de la Ciudad a más de 28.000 efectivos. Durante el primer semestre se llevaron a cabo más de 900 operativos de saturación, con detenciones por robos, hurtos, comercialización de drogas y portación ilegal de armas. “Tenemos la decisión de garantizar el orden y el cumplimiento de la ley en cada metro cuadrado de la Ciudad, sin excepciones”, afirmó.
Uno de los dispositivos presentados fue la Operación Muro, un esquema de prevención y control que cubre 24 kilómetros sobre la avenida General Paz y el Riachuelo, con 27 pasos peatonales, 48 cruces vehiculares y 16 puntos estratégicos. El operativo se apoya en el Anillo Digital, compuesto por 814 pórticos lectores de patentes en 74 accesos, que monitorean en tiempo real más de tres millones de vehículos por día. El fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria también integró este capítulo: se mencionó la finalización del nuevo Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, con capacidad para 2.240 internos, y el avance de la futura Unidad Penitenciaria del predio 27 de Febrero.
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Sobre la modernización del Estado, Sánchez Zinny sostuvo que “un Estado moderno es un Estado que deja de ser una carga burocrática para convertirse en un aliado del desarrollo de sus ciudadanos”. En esa línea, repasó medidas como la bonificación del 100% de Ingresos Brutos para 150.000 trabajadores no profesionales, el Monotributo Unificado, la eliminación del Impuesto de Sellos sobre el financiamiento de tarjetas de crédito y una moratoria fiscal que permitió regularizar obligaciones a más de 300.000 vecinos y comerciantes. También destacó la incorporación de inteligencia artificial para agilizar trámites y el lanzamiento de BAX, la plataforma digital que integra servicios para los ciudadanos.
Entre los anuncios de mayor alcance figuró la aprobación del financiamiento para la Línea F de Subte: operaciones de crédito público por hasta USD 1.350 millones destinadas a construir una nueva línea de aproximadamente 9,8 kilómetros y 12 estaciones, que conectará Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, Balvanera, Recoleta y Palermo, con integración a las seis líneas existentes y a los ferrocarriles Roca y San Martín.
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Tras la exposición, los parlamentarios formularon preguntas y observaciones sobre los distintos aspectos de la gestión, que el Jefe de Gabinete respondió durante la segunda parte de la sesión.
El suceso ocurrió pese a los reiterados llamados de León XIV quien, en una carta enviada dos días antes, suplicó a la comunidad que desistiera y advirtió sobre las consecuencias canónicas y eclesiales de proceder sin mandato pontificio.
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“Con este espíritu, y colmado de afecto cristiano, les ruego y les pido de todo corazón: ¡Den marcha atrás!. Les exhorto a considerar atentamente el bien espiritual de los fieles, pues el acto cismático que cometerían les privaría de la recepción lícita y, en algunos casos, incluso válida, de los sacramentos que aman y buscan para su propia santificación”, exigió.
La ceremonia de la consagración se celebró al aire libre, en una pradera junto al seminario de Écône, con la presencia de miles de fieles y la participación de más de mil sacerdotes, religiosos y religiosas, además de cerca de 15.000 laicos.
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El evento se retransmitió en directo en seis idiomas y fue presentado por la Fraternidad como un momento “histórico” que, según su superior, Davide Pagliarani, respondía a una “circunstancia totalmente excepcional”. Pagliarani declaró durante la liturgia: “Estamos dispuestos a pagar cualquier precio para salvar a la Iglesia”.
El líder lefebvriano justificó la decisión por lo que consideró una actitud contraria a la fe por parte de las autoridades eclesiásticas desde el Concilio Vaticano II y sostuvo que era un “gravísimo deber” transmitir la gracia del episcopado. “Consideramos que las posibles sanciones o censuras contra este acto no tienen ningún valor”, afirmó, y proclamó el día como “una fiesta” para la comunidad.
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Los nuevos obispos consagrados fueron Pascal Schreiber, suizo; Michael Goldade, estadounidense; Michel Poinsinet de Sivry y Marc Happier, ambos franceses. La imposición de manos estuvo a cargo de Alfonso de Galarreta y Bernard Fellay, obispos de la Fraternidad, en un acto que, de acuerdo con las normas canónicas, conlleva la excomunión automática conocida como latae sententiae.
La Fraternidad, fundada por Marcel Lefebvre en 1970, ya había protagonizado un cisma en 1988, cuando consagró obispos sin la autorización papal. Ese episodio derivó en una excomunión que Benedicto XVI levantó en 2009, en un intento de reconciliación.
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Durante la ceremonia, los fieles asistentes manifestaron su apoyo a la decisión de la Fraternidad. Luz Dussan, una fiel colombiana residente en Estados Unidos, expresó: “Pensé que nunca en la vida viviría esto, pero mira, Dios me trajo acá”.
Luego, Foucault Leroux, secretario general de la Fraternidad, aseguró al inicio de la ceremonia que “todas las penas y censuras (…) son nulas y sin efecto” para la comunidad. Por su parte, el sacerdote Michel Rion, profesor de Teología en el seminario de Écône, sostuvo que no existía “nada cismático o contrario a la Iglesia” en sus acciones y expresó: “Preferiríamos morir a ser cismáticos”.
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La Fraternidad San Pío X, que se opone a los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II y mantiene una visión tradicionalista y estricta de la liturgia y la doctrina, se presenta como una comunidad minoritaria dentro de la Iglesia católica, aunque cuenta con presencia en 77 países, más de 750 sacerdotes y cerca de 800 lugares de culto. A pesar de su influencia en ciertos círculos conservadores, representa una pequeña fracción entre los más de 1.300 millones de católicos en el mundo.
La interna en la Sociedad Rural Argentina(SRA), que tiene enfrentados al presidente de la entidad, Nicolás Pino, y a su vicepresidente, Marcos Pereda, que competirán en las elecciones de septiembre próximo, sumó otro duro capítulo. La controversia tiene que ver con un sistema contratado para registros genealógicos que presentó fallas. La interna escaló así a 15 días del inicio de una nueva edición de la Exposición Rural de Palermo.
En un documento publicado en su sitio web, titulado “La situación del área de Sistemas de la SRA y la responsabilidad del actual vicepresidente, Marcos Pereda Born”, la entidad comenzó señalando: “Con relación a los inconvenientes registrados en el desarrollo e implementación del proyecto del área de Sistemas de la entidad, la Sociedad Rural Argentina reafirma la posición institucional que hizo pública mediante el comunicado dirigido a los socios el pasado 24 de abril, dejando constancia que la evaluación de los hechos y las acciones impulsadas por la entidad han mantenido, desde entonces, una línea de actuación coherente, consistente y transparente”.
Según la organización, “desde hace meses se encuentra en ejecución un plan de contingencia destinado a paliar la situación, asegurar la continuidad operativa durante la transición, minimizar los inconvenientes para los socios y alcanzar una mejora progresiva del sistema”.
En este contexto, apuntó que “durante este proceso se han constatado, tanto a través de los registros propios de la entidad como de la auditoría independiente realizada, numerosas deficiencias atribuibles al proveedor del software, Mobile Computing S.A. (actualmente Grid Dynamics Holdings Inc.), reflejadas en múltiples errores, fallas de funcionamiento, incumplimientos de los desarrollos comprometidos y reiteradas demoras respecto de los plazos originalmente previstos”.
De acuerdo con el escrito, “más allá del desempeño del proveedor, durante todo este proceso también ha quedado expuesta la activa participación de diversas personas en la toma de decisiones vinculadas con la contratación, supervisión y control del proyecto, quienes respondían y contaban con el respaldo de quien aún se desempeña como vicepresidente de nuestra entidad”.
Nicolás Pino, presidente de la SRA
Ricardo Pristupluk
Después apuntó contra Marcos Pereda, de quien dijo que “ha sido un partícipe necesario y responsable, tanto por el nivel de conocimiento que tuvo de todo el proceso como por las responsabilidades inherentes a su función y por el aval y respaldo —directos e indirectos— brindados a las personas que ocuparon posiciones clave durante las gestiones con el proveedor, seleccionado y recomendado por ese mismo equipo”.
La situación del área de Sistemas de la SRA y la responsabilidad del actual vicepresidente, Marcos Pereda Born Con relación a los inconvenientes registrados en el desarrollo e implementación del proyecto del área de Sistemas de la entidad, la Sociedad Rural Argentina reafirma la…
— Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) July 1, 2026
En otro tramo indicó: “Se cometieron errores y uno de ellos fue haber confiado en las decisiones del actual vicepresidente —quien hoy pretende presentarse como ajeno a los hechos mediante alegatos infundados— y en el equipo de profesionales que oportunamente impulsó y respaldó“.
Y precisó que los asesores legales tienen bajo análisis la situación. Sobre esto dijo: “Todas las irregularidades e incumplimientos detectados que pudieran resultar constitutivos de conductas ilícitas se encuentran actualmente bajo análisis de los asesores legales de la entidad, con el objeto de impulsar todas las acciones que resulten pertinentes para la defensa de los intereses de la institución y del conjunto de sus socios”.
La entidad recordó que en diciembre de 2021 se lanzó el Plan Estratégico, “liderado por el vicepresidente Marcos Pereda Born y por su asesor y persona de confianza, el Sr. Gustavo Papini. Dicho plan contemplaba la modernización de los sistemas de la entidad e incluía el desarrollo de un nuevo software y la conformación del equipo responsable de llevar adelante ese proyecto”.
En un apartado sobre la cronología de los hechos indicó: “El 8 de junio de 2023, Fernando Mosquera y el CEO de Mobile Computing S.A., Sebastián Wainztein, suscribieron el contrato, estableciendo un plazo de ejecución de nueve meses para la finalización del proyecto, pese a que el Estudio Cassagne —asesor legal externo de la entidad— había formulado observaciones críticas y advertencias sustanciales sobre su contenido, las cuales no fueron consideradas al momento de la firma”.
Respuesta
En este marco, Marcos Pereda envió una carta a los socios donde realizó diversas apreciaciones.
“Dice el mensaje recibido por todos los socios de la SRA el 30 de junio de 2026: ‘El 8 de junio de 2023, Fernando Mosquera y el CEO de Mobile Computing S.A., Sebastián Wainztein, suscribieron el contrato, estableciendo un plazo de ejecución de nueve meses para la finalización del proyecto, pese a que el Estudio Cassagne —asesor legal externo de la entidad— había formulado observaciones críticas y advertencias sustanciales sobre su contenido, las cuales no fueron consideradas al momento de la firma’”.
Marcos Pereda: “Quienes tomaron las decisiones que provocaron este fracaso carecen de autoridad y de credibilidad para conducir la solución”
Tras esa cita, indicó que “nuevamente Nicolás Pino y sus seguidores omiten decir maliciosamente que el Sr Fernando Mosquera era el gerente general de la SRA, es decir un empleado designado y contratado por Nicolás Pino con aprobación de la Comisión Directiva”.
“El gerente general (como en cualquier otra institución) solo suscribe documentación que obligue a la SRA -si y solo si -tiene poderes suficientes otorgados por la SRA y siguiendo instrucciones de sus empleadores”, señaló.
— Renovacion con Unidad (@Renovconunidad) July 1, 2026
Agregó: “Resulta muy extraño que si el gerente general hubiera firmado sin tener poder otorgado y en contradicción con lo indicado por los asesores legales de la SRA, el Presidente haya dado validez a ese contrato y no lo haya invalidado inmediatamente. Además de que hubiera debido tomar medidas disciplinarias por el uso indebido de la firma social”.
“Más extraño aún es que estos hechos hayan sido comunicados a los asociados tres años después de haberse firmado el contrato. Por último, es extrañísimo que después de tres años y luego de haberse gastado alrededor de US$4.500.000, cuando el contrato firmado era por US$900.000, nos den cuenta de que ese contrato no debió nunca haberse firmado”, remarcó.
En su mensaje Pereda amplió: “Una vez firmado el contrato, la conducción de la SRA implementó el cambio de sistemas sin preocuparse en absoluto por la preparación necesaria de los equipos técnicos de la institución y sin llevar a cabo los controles indispensables en cada etapa del proceso. En septiembre de 2025 decidieron poner en marcha el nuevo sistema de manera intempestiva sin realizar las pruebas técnicas mínimas que son indispensables en cualquier migración de sistemas. Aprobaron todos los pagos mientras el proyecto fracasaba. Hoy la institución carga con una deuda millonaria, un juicio y un sistema que sigue perjudicando a los socios”.
Con otro mensaje dirigido a los socios, Pereda, que retrucó con la frase de una supuesta “falta de honestidad”, cerró: “Quienes tomaron las decisiones que provocaron este fracaso carecen de autoridad y de credibilidad para conducir la solución. Quienes le mienten en la cara a los socios no tienen los valores indispensables para conducir a la institución. La Sociedad Rural Argentina necesita una gestión profesional, transparente, responsable y, sobre todo, honesta. Todo lo contrario de lo que está ocurriendo ahora”.
El aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón dejó otra foto del momento actual que transita el peronismo, con epicentro en la provincia de Buenos Aires. Es que los distintos sectores del peronismo optaron por recordar al líder justicialista por separado. Una decisión que se da en paralelo a los cruces dirigenciales y en la antesala de lo que será la compleja negociación interna por la estrategia electoral para el año que viene.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que además es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires (PJ), encabezó un encuentro de carácter reservado en la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de quien fuera presidente del país entre 1946 y 1955 y desde el 12 de octubre de 1972 al 1 de julio de 1974. Por eso, el 1 de julio se convirtió en una fecha significativa en la historia del peronismo. De hecho, en años anteriores, el propio Kicillof ha llevado adelante actos políticos de considerable despliegue. Esta vez se optó por algo de menor densidad.
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Kicillof aprovechó las recorridas de gestión que llevó adelante en San Vicente y que incluyeron terminar la jornada en la Quinta que fuera espacio de descanso de Juan y Eva Perón, hoy convertida en museo. Estuvo escoltado por algunos intendentes de la región como el propio Nicolás Mantegazza, que hizo de anfitrión; Federico Otermín (Lomas de Zamora, que además es vicepresidente del PJ bonaerense), Andrés Watson (Florencio Varela), Marisa Fassi (Cañuelas), Gastón Granados (Ezeiza), Fernando Espinoza (La Matanza), Blanca Cantero (Presidente Perón) y David Angueira (Punta Indio). Al mandatario también lo acompañó la vicegobernadora, Verónica Magario, quien también ocupa una de las vicepresidencias del PJ provincial, y entre los ministros de Gobierno se destacaron Walter Correa (Trabajo), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Carlos Bianco (Gobierno), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Javier Alonso (Seguridad), la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila y la Asesora General de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez.
La ausencia de grandes referencias de la órbita de Cristina Kirchner volvió a exponer el cuadro de situación actual que atraviesa el peronismo. Ante la consulta de este medio, en un distrito gobernado por La Cámpora, aseguraron no haber recibido invitación al evento que Kicillof desarrolló en la Quinta de San Vicente.
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Las redes oficiales de La Cámpora hicieron mención a la fecha en sí y, encuadrado en la estrategia de “Cristina Libre”, postearon: “Ayer por Perón. Hoy por Cristina”. La frase resume el marco de discusión que en este tiempo buscan instalar los satélites de CFK. Para el kirchnerismo no habrá estrategia electoral posible ni candidaturas posibles el año que viene si la expresidenta se encuentra imposibilitada para competir electoralmente. La condena por la causa Vialidad obtura, de momento, cualquier posibilidad de que la expresidenta compita el año que viene.
“Vamos a seguir honrando el legado de Perón de la única forma que podemos hacerlo: trabajando para darle dignidad a nuestro pueblo y para construir una alternativa que vuelva a levantar en la Argentina las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía”, dijo Kicillof en la Quinta de San Vicente, donde además dejaron un arreglo floral en el mausoleo.
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Ni el diputado nacional Máximo Kirchner ni distintos consejeros del PJ bonaerense que se encuadran en La Cámpora estuvieron presentes este miércoles en San Vicente. Están en ese lote Iván Villagrán (intendente de Carmen de Areco y consejero por la Segunda sección), Mayra Mendoza (diputada provincial y consejera por la Tercera sección), Cecilia Comerio (presidenta del Consorcio del Puerto San Nicolás y consejera suplenta por la Segunda sección), Avelino Zurro, Constanza Alonso y Malena Daffunchio (consejeros por la Cuarta sección electoral), Fernanda Raverta (consejera por la Quinta sección electoral), Ayelén Durán (consejera por la Sexta sección electoral), Ariel Archanco y Florencia Saintout (consejeros por la Octava sección electoral), entre otros.
En la previa, desde el entorno político del gobernador se encargaron de remarcar que el evento homenaje a Perón no era una reunión del consejo partidario ni un acto político. El objetivo fue disipar cualquier suspicacia en el marco de la interna del peronismo. Sin embargo, la tensión sigue sobrevolando.
El conflicto en Unión Bat sumó un nuevo episodio este miércoles, luego de que la empresa impidiera el ingreso de los trabajadores del turno tarde, apenas horas después de que la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dictara la conciliación obligatoria por 15 días. Desde el gremio de Químicos y Petroquímicos denunciaron que la firma incumplió la resolución oficial y adelantaron que presentarán una denuncia formal ante la autoridad laboral.
La medida de conciliación había sido dispuesta durante la mañana como una instancia para descomprimir el conflicto generado por el despido de 100 trabajadores. Entre sus alcances, establecía el reingreso del personal a la planta mientras se desarrollaran las negociaciones entre las partes.
Sin embargo, según denunciaron desde el sindicato, cuando los empleados se presentaron para cumplir con su jornada laboral a las 14, se encontraron con que la empresa no les permitió ingresar a las instalaciones ubicadas en el Parque Industrial de Gualeguaychú.
Denuncian que la empresa desoyó la resolución oficial
El responsable gremial de Químicos y Petroquímicos, Martín Gómez, afirmó que la empresa incumplió la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.
“No los dejaron ingresar. La empresa no acató la conciliación y los operarios permanecen fuera de la planta del Parque Industrial Gualeguaychú“, expresó el dirigente sindical al describir la situación ocurrida durante la tarde.
Frente a este escenario, el gremio anunció que realizará una presentación formal para denunciar el incumplimiento de la resolución administrativa y solicitar la intervención de la autoridad laboral.
Habrá una audiencia este jueves en Paraná
Como parte del procedimiento previsto tras la conciliación obligatoria, este jueves a las 12 se desarrollará una audiencia en la sede de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, en Paraná, donde participarán representantes de la empresa y del sindicato.
“Vamos a denunciar este incumplimiento y veremos qué exige la Secretaría de Trabajo a la empresa”, sostuvo Gómez a R2820 al confirmar la estrategia que llevará adelante la organización sindical.
El conflicto laboral continúa abierto y mantiene en incertidumbre a un centenar de familias afectadas por los despidos. La audiencia prevista para este jueves será una instancia clave para determinar los pasos a seguir y evaluar las consecuencias del presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria por parte de la empresa.
La conducción fundadora del Ferroclub Central Entrerriano formalizó denuncia contra la municipalidad de Villa Elisa (departamento Colón), encabezada por la intendenta Susana Lambert (Juntos), debido a una serie de intervenciones en terrenos ferroviarios que consideran ilegales y altamente perjudiciales. La controversia se centra en una carta elevada tanto a la intendenta como al Concejo Deliberante en septiembre de 2025 y que derivó en denuncia judicial en junio de este año, donde se detallan los hechos que motivaron el reclamo.
El eje central de la denuncia es la realización de un zanjón de 150 metros de largo y 5 metros de profundidad en el predio de la estación Elisa. Según los denunciantes, esta obra fue ejecutada por maquinaria municipal bajo órdenes de la intendencia en mayo de 2022. Los firmantes de la misiva, entre ellos los fundadores Francisco Rafael Pirolla y José Guex, califican este acto como un delito de usurpación de un espacio federal.
Además de la supuesta invasión de jurisdicción federal, la denuncia sostiene que la municipalidad violó sus propias normas, específicamente las ordenanzas 1712 y 2012, las cuales están destinadas a proteger las instalaciones y terrenos del ferrocarril.
Según los denunciantes, los daños son significativos y han afectado directamente la actividad del Ferroclub:
-Inutilización del terreno: Se estima que el daño consumado dejó inservible un espacio de dos hectáreas.
-Afectación operativa: Debido a los socavones producidos por los zanjones, la locomotora no puede ingresar al “triángulo” de las vías, lo que le impide invertir su dirección.
-Limitación turística: La institución se ha visto obligada a reducir sus trayectos solo a la zona de la vía principal, perdiendo el atractivo de llegar hasta Los Bretes debido al estrago ocasionado en las vías.
Ante lo que consideran una falta de soluciones y disculpas por parte del Ejecutivo municipal, el Ferroclub planteó una serie de exigencias para evitar avanzar a mayores instancias judiciales. Entre los puntos principales solicitan que se tape el zanjón de inmediato, se desista de colocar tubos de desagüe en el predio y se retrotraiga el estado del terreno a su condición original.
En términos económicos, la entidad reclama una indemnización de 360 mil dólares (calculada a razón de 120 mil dólares por año transcurrido) en concepto de daños materiales, morales, lucro cesante y la usurpación propiamente dicha. Los fondos, afirmaron, serían destinados a la reparación de las vías hacia Caseros, San Salvador y el sector de Los Bretes para restablecer la operatividad total del ramal.
La denuncia no se ha limitado al ámbito administrativo local. El 16 de junio de este año, Francisco Pirolla, miembro fundados del club, se presentó ante la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay y la Policía Federal para denunciar formalmente a la municipalidad por “usurpación y daños al terreno ferroviario”.
La venta de autos electrificados se sigue expandiendo en el mercado automotor argentino, y tras conocerse los números de junio, se alcanzó el mejor semestre de la historia para la comercialización de unidades 0 km con esta tecnología.
Si bien, como generalidad, se suele hablar de autos eléctricos, el verdadero motor de este crecimiento se dio por parte de los híbridos en todas sus diferentes configuraciones, la mayoría de los cuales entró al país entre diciembre y enero pasados, dentro del programa de exención arancelaria del Gobierno para un cupo de 50.000 unidades por año.
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En junio particularmente se vendieron 6.479 autos híbridos, es decir un 14% del total de patentamientos del período que fue de 25.995 unidades, mientras que apenas fueron 865 vehículos eléctricos puros, que equivalen a una cuota del 1,8%. En el total del semestre, ese porcentaje fue similar en el caso de los híbridos, pero levemente menor en los 100% eléctricos que quedaron con un 1,4% del mercado total.
Las cifras de junio
Este mes, además, por la particular situación de BYD de agotar anticipadamente su stock de vehículos nacionalizados a principios de año, Toyota volvió a ser la marca que más autos híbridos vendió en el mercado, al alcanzar las 1.342 unidades entre Corolla Cross, Yaris Cross y Corolla, mientras la marca china quedó con 1.136 patentamientos de sus modelos Song Pro, Atto 2 y Shark.
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Ford quedó tercero con 850 unidades porque tiene un solo modelo de gran volumen, el Ford Territory, que, de hecho, quedó primera entre todos los modelos, pero con otros vehículos híbridos de menos demanda como las pickup Maverick y F150 Lariat.
En cuarto lugar quedó Chery con 643 unidades, quinta fue Baic con 382, sexta Haval con 366, séptima MG y sus 340 vehículos, y cerraron las diez marcas que más autos vendieron Chevrolet (327), Mercedes-Benz (204) y Changan (193).
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Los modelos más vendidos
En el detalle de los modelos por separado, el Ford Territory se afirmó como el auto híbrido más vendido del mes con 836 unidades, seguido por el Toyota Corolla Cross con 558 y por el BYD Atto 2 con 523. Luego entran en el ranking de los modelos con más demanda el Toyota Yaris Cross con 512, el BYD Song Pro con 472, el Chery Tiggo 7 con 411, Baic BJ30 con 378, Chevrolet Captiva PHEV con 327, Haval Jolión 216 y Chery Tiggo 4 con 208 unidades.
En la suma de los primeros seis meses del año, el auto híbrido más vendido en Argentina es también el Ford Territory, que alcanzó las 4.885 unidades, seguido por el Toyota Corolla Cross con 4.079 y el Baic BJ30 con 3.691 patentamientos.
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A continuación aparecen el BYD Atto 2 con 2.545 ventas, su “primo” BYD Song Pro con 2.498 y el Toyota Yaris Cross con 2.225 unidades. Los diez modelos híbridos más vendidos del semestre se completan con el Chevrolet Captiva con 1.817, el Chery Tiggo 7 con 1.762, el Haval H6 con 1.271, Haval Jolión con 1.215, MG ZS con 1.048 y Changan CS55 con 1.013 unidades. El resto de los autos híbridos tuvieron menos de 1.000 operaciones entre enero y junio.
Si se hace una clasificación separada por la tecnología de hibridación, con 6 meses de ventas computados, el SUV Ford Territory es el híbrido autorecargable más vendido seguido por el Toyota Corolla Cross y el Baic BJ30. Entre los híbridos enchufables, el modelo que lidera es el BYD Atto 2, escoltado por el Song Pro y el Chevrolet Captiva. En tanto, dentro de la categoría de los microhíbridos, el modelo que lidera las ventas es el Chery Tiggo 7, el segundo es el Renault Arkana y el tercero es el Fiat 600 Hybrid.
ROSARIO.- Con plantas prácticamente paralizadas, inversiones millonarias sin aprovechar y una capacidad instalada para producir unas 4,4 millones de toneladas de biodiésel por año que permanece mayormente ociosa, la industria aceitera volvió a advertir que la Argentina está perdiendo terreno en un negocio que el resto del mundo convirtió en estratégico. Mientras Brasil, Estados Unidos, Indonesia e incluso Paraguayexpanden el uso de biocombustibles mediante mayores porcentajes de mezcla obligatoria con la nafta y el gasoil e incentivos para impulsar la demanda interna, empresarios del sector sostienen que el país resigna competitividad, mercados y agregado de valor por no desarrollar ese mercado.
Ese fue uno de los principales mensajes que dejaron directivos de Aceitera General Deheza (AGD), Louis Dreyfus Company (LDC) y COFCO Internacional durante el panel sobre agregado de valor del Seminario Acsoja 2026 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Aunque destacaron que el contexto macroeconómico mejoró y reconocieron señales positivas para invertir, coincidieron en que los biocombustibles siguen siendo una de las grandes cuentas pendientes para recuperar competitividad. Recientemente, en un video en sus redes, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), que preside Gustavo Idígoras, alertó sobre plantas paralizadas.
Luis Fontán, Head of Trading at Aceitera General Deheza SA, sostuvo que el problema no pasa por la falta de capacidad industrial sino por las reglas bajo las que funciona hoy el mercado. “Tenemos unas plantas con un nivel tecnológico, de escala y de eficiencia fantástico que están paradas o parcialmente paradas”, afirmó. También cuestionó el esquema vigente: “La Argentina hoy tiene una ley de biocombustibles, tiene precios regulados, tiene cuotas y tiene un mandato pequeño que no se cumple”.
Fernando Correa Urquiza, de LDCACSOJA
Actualmente, el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil es del 7,5%, mientras que el bioetanol representa el 12% de las naftas. Para la industria, ese mandato resulta insuficiente para generar una demanda que permita aprovechar toda la capacidad instalada. En el Congreso existen distintas iniciativas para modificar ese esquema. Entre ellas figura un proyecto presentado por la senadora Patricia Bullrich que propone elevar el corte de biodiésel al 10% y el de bioetanol al 15%, además de habilitar mayores porcentajes de mezcla y la comercialización de vehículos flex fuel.
Para Fontán, la diferencia con los países vecinos refleja el atraso argentino. “Brasil tiene 15% y va a 16%. Paraguay acaba de sacar una normativa para ir a 20%. En la Argentina estamos en 7,5%”, remarcó.
Fernando Correa Urquiza, director de la plataforma de Oleaginosas para la región Latinoamérica Sur y Oeste en LDC, sostuvo que esa diferencia ya está modificando el mapa mundial de la industria aceitera. “Tenemos industria norteamericana y brasileña expandiéndose hace dos o tres años, con una cantidad de inversiones que realmente asustan, alentadas por mandatos alrededor de los biocombustibles y con un mercado doméstico inmenso. La Argentina tiene que salir a luchar esa batalla”, afirmó. Y advirtió: “Si no lo hacemos, vamos a ver cómo el resto del mundo sigue creciendo y la Argentina sigue quedándose estancada”.
Alfonso Romero, de COFCOACSOJA
Ese cambio, explicó Fontán, ya transformó la lógica del negocio mundial de la soja. Consultado sobre el crecimiento del HVO (aceite vegetal hidrotratado) en Estados Unidos, sostuvo que el fenómeno ya impactó de lleno en la industria. “Eso ya impactó, eso ya está”, afirmó. Explicó que la expansión de la capacidad de molienda en Estados Unidos y Brasil respondió principalmente a la mayor demanda de aceite para biocombustibles, lo que incrementó la oferta global de harina y modificó la relación histórica entre ambos productos. “Hoy en el mundo se muele soja por el aceite”, resumió.
Para Correa Urquiza, ese proceso también modificó la economía de toda la cadena sojera. Hace quince años el aceite representaba entre el 30% y el 35% del valor del poroto. Hoy supera el 50%, impulsado por la creciente demanda de aceites vegetales para producir energía.
En países como Brasil y Estados Unidos buena parte del aceite encuentra un comprador asegurado dentro del propio mercado para transformarse en biodiésel. Esa demanda permanente sostiene su precio y fortalece toda la cadena. En la Argentina, en cambio, el mercado interno es mucho más reducido y una mayor proporción de la producción debe exportarse sin ese diferencial. El país es el principal exportador mundial tanto de harina como de aceite.
“Cuando uno mira el valor al cual el aceite argentino tiene que salir a paridad respecto de lo que el aceite brasileño o el americano consiguen por sus demandas domésticas, es realmente un diferencial enorme. Y eso se traduce, obviamente, en la capacidad de pagar al productor”, explicó Correa Urquiza. Como ejemplo de esa pérdida de valor agregó: “Hoy el aceite argentino se exporta a Canadá, se transforma en biocombustible y desciende a Estados Unidos y es competitivo contra el biodiésel americano. Imagínense el costo logístico que implica ese movimiento. Todo ese valor que queda en el camino no va al productor”.
Alfonso Romero, CEO de COFCO International Argentina, coincidió en que desarrollar un mercado interno dejó de ser una discusión exclusivamente energética para convertirse en una herramienta de competitividad. Recordó que el mercado internacional del biodiésel se fue cerrando progresivamente para la Argentina —primero en Estados Unidos y ahora con crecientes incertidumbres en Europa— y sostuvo que los principales competidores compensaron esa situación fortaleciendo el consumo interno.
“Estados Unidos tiene el suyo, Europa tiene el suyo, Brasil tiene el suyo, Indonesia tiene el suyo”, enumeró. “Es como estar con un motor aspirado compitiendo con motores turbo como tienen Brasil y Estados Unidos. Es muy difícil correr a la misma velocidad”, agregó.
Luis Fontán, de AGDACSOJA
Los empresarios coincidieron, además, en que esa tendencia empieza a abrir nuevas oportunidades para otros cultivos oleaginosos, como el girasol, la camelina y la canola, y remarcaron que la Argentina cuenta con condiciones industriales, logísticas y de infraestructura para aprovechar ese escenario. Sin embargo, insistieron en que el desafío inmediato pasa por recuperar competitividad y evitar que la brecha con los principales competidores continúe ampliándose.
Recientemente, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que el país cuenta con instalaciones capaces de producir alrededor de 3,8 millones de toneladas anuales de biodiésel. Frente a esa capacidad, la actividad efectiva tiene nivel ocioso muy alto. “Los volúmenes producidos dejan una capacidad ociosa anual en torno al 75%”, destacó la entidad rosarina.
En la sesión del 25 de junio pasado de la Cámara de Diputados de la Nación, me referí, haciendo uso de una cuestión de privilegio, a la decisión del gobierno nacional de privatizar el río Paraná por 25 años. Sin dudas, eso implica la entrega de un recurso estratégico a intereses no sólo privados sino fundamentalmente extranjeros, con una incidencia muy particular de Estados Unidos en la trayectoria que ha tenido todo el proceso privatizador.
Especialistas en hidrología advierten que la profundización del dragado de 34 a 44 pies alterará la dinámica del río, acelerará la erosión de las costas y afectará la biodiversidad, el acceso al agua y las economías regionales, como ya ocurrió en Victoria (Entre Ríos).
También señalan que la desregulación y privatización del sistema fluvial impactaría negativamente en el cabotaje nacional y pondría en riesgo puestos de trabajo. En ese sentido, remarcan que las principales potencias del mundo, como Estados Unidos y China, mantienen control estatal sobre sus ríos por su valor estratégico en la logística, el comercio y la seguridad.
La reciente decisión de Milei y el proceso que culminó en la adjudicación están plagados de irregularidades y de intereses económicos que nada tienen que ver con el desarrollo de la región en el plano nacional e internacional, sino con nichos corporativos cuyo propósito principal es incrementar su tasa de ganancia.
La primera convocatoria de la llamada Vía Navegable Troncal del Río Paraná de diciembre de 2024 quedó sin efecto en medio de sospechas, denuncias y tironeos espurios. A eso se sumó la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar, mediante el Decreto 699/24, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable – ECOVINA, único espacio de participación de las provincias del litoral fluvial: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires quedaron afuera. Las declaraciones de Frigerio, además de inconsistentes, sólo expusieron la ausencia de compromiso en la defensa real de los intereses locales.
El 3 de noviembre de 2025 se llevó a cabo por plataforma la Audiencia Pública, convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, en la que estuve presente. Los funcionarios del Gobierno de Entre Ríos inscriptos no participaron. En la audiencia, el 90% de las exposiciones rechazó las condiciones de los pliegos, señalando la falta de estudios de impacto ambiental, cuestionamientos a la profundidad del dragado y el incumplimiento del Acuerdo de Escazú, entre otras críticas.
Blanca Osuna, diputada nacional de UxP y autora de esta nota.
Foto: Prensa Diputados
Sin embargo, pese a lo expresado en noviembre, el Gobierno convocó una nueva licitación el 18 de diciembre del mismo año.
Previa a la adjudicación, que ya se evidenciaba con marcada preferencia a favor de la La PIA emitió en mayo un dictamen[1] que advirtió graves irregularidades en la licitación vinculada a la empresa Jan De Nul, señalando posibles consecuencias penales.
Entre los puntos observados se incluyen la falta de Evaluación de Impacto Ambiental Integral, incumplimientos normativos, desigualdad entre oferentes, restricciones a impugnaciones y ausencia de criterios objetivos de evaluación. También cuestionó la debilidad del control del organismo licitante.
El informe advirtió además posibles conflictos de interés y señaló que lo actuado podría derivar en responsabilidades administrativas y judiciales, aún en análisis.
El Día de la Bandera, el 20 de junio, fue publicada en el BO la adjudicación de este negociado al consorcio Jan De Nul – ServiMagnus, difícil imaginar un gesto más oprobioso ante la entrega de la cuenca hídrica más grande de Sudamérica.
Antecedentes
En mi intervención en el recinto cité antecedentes jurisprudenciales relevantes que fundamentan el valor del federalismo en la defensa del Paraná como recurso estratégico.
El Túnel Subfluvial, acordado en 1960 entre Entre Ríos y Santa Fe ante la falta de financiamiento nacional, se inauguró en 1969 y dio origen a un modelo de gestión interprovincial del río, basado en el dominio compartido de sus recursos.
La Ley de Libertad de los Ríos (1997), fruto de la movilización popular y con rango constitucional en Entre Ríos, fue clave para frenar el proyecto de la represa Paraná Medio, consolidando una defensa del territorio frente a decisiones centralizadas.
Por último, los incendios en las islas en 2008 derivaron en fallos judiciales que obligaron a la coordinación interprovincial mediante el PIECAS-DP, un acuerdo para la protección del Delta del Paraná cuya continuidad, sin embargo, ha sido débil en los últimos años.
¿Qué dejan en claro estos antecedentes? El valor del sentido federal, el desafío democrático que implican algunas decisiones, el poder de convocatoria que sostienen la defensa de los bienes naturales cuando están en riesgo.
Y frente al afán oficial de dilapidar soberanía a intereses corporativos, esa convocatoria se justifica.
Estas razones fundan nuestro rechazo a la pretensión de instituir un Consejo de Control integrado por «usuarios», donde prevalezcan la Bolsa de Rosario y las cámaras portuarias, priorizando sus finanzas y de espaldas al bien común.
La envergadura y el impacto de esta privatización exigen que el Congreso de la Nación y las provincias participen formalmente.
Aún tienen vigencia parlamentaria el proyecto que presenté de creación de la Comisión Administradora del Río Paraná (4053-D-2025)[2], como ente público interjurisdiccional con representación de las provincias ribereñas e instituciones. Y asimismo el proyecto de Comisión de Seguimiento y Control de la Licitación VNT (105-D-2026), de la diputada Propato[3].
Una premisa irrefutable: el río Paraná no es mercancía.
Y no lo será, pese a que el agua dulce comenzó a cotizarse desde 2020, vía contratos de futuro, en la Bolsa de Wall Street de Nueva York como bien transable.
El Paraná es eje vertebrador de una región de riqueza social, ambiental, económica y de gran dimensión geopolítica.
Delegar el control estatal es resignar capacidad de decisión sobre nuestros recursos y nuestro desarrollo.
Sostener la defensa de los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay y los cursos de agua que atraviesan nuestra provincia es parte de la identidad entrerriana, y es una materia que está en juego todos los días. Por eso decimos no al dragado a 44 pies. Por eso no resignaremos postura y exigiremos el cumplimiento de normas vigentes y la participación de los sectores implicados. El control y la preservación de la principal vía fluvial del país es un desafío cuya resolución política es el gran interrogante que requiere respuestas para el tiempo que viene.
Defender el Paraná frente a esta brutal entrega es defender la soberanía, el trabajo, la producción y la vida.
