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Quienes planean esquiar en Bariloche, uno de los destinos más buscados durante las vacaciones de invierno, deben prepararse para afrontar un gasto que supera los $300.000 por día por persona si se eligen opciones de alquiler y consumo dentro del propio centro de esquí. Este monto contempla el pase diario para acceder a la montaña, el alquiler de equipos completos y las comidas habituales durante la jornada, sin incluir gastos extra o compras en locales de la zona.

El interés por los costos reales cobró fuerza a partir de un video de Guadalupe Adamovsky, que superó las 100.000 visitas en TikTok. La influencer detalló uno por uno los precios de su experiencia en la nieve. “Acabamos de sacar el pase para subir a la montaña a esquiar. Salió $160.000 por persona”, explicó en el video, y agregó que en su caso pagó por tres días de pase.

En cuanto al equipamiento, Adamovsky contó: “Les dejo los precios de las botas y los esquíes que alquilé. $76.000 por día salió el de alto nivel”. La usuaria remarcó que existen alternativas más económicas fuera del centro principal.

La gastronomía representa otro gasto significativo para quienes opten por visitar la popular ciudad de Río Negro. “Pedimos dos chocolates calientes, una pastafrola y un alfajor, todo $40.000”, relató Adamovsky, y luego sumó: “Esta pizza vale $35.000. Y la polenta barrilete vale $55.000. ¿Me zarpé? Capaz”.

La influencer también mostró compras fuera de la pista. Adquirió una tableta de frambuesa, otra de chocolate Dubái y una garrapiñada de pistacho por $19.890 con 15% de descuento en una reconocida heladería barilochense. En el shopping de Catedral, compró un abrigado cuello polar por 20.000 pesos.

Adamovsky aclaró que los precios pueden variar y que hay opciones más económicas: “Obviamente que hay diferentes opciones para todo. Podés alquilar en otro lado los equipos, podés comer abajo, en el shopping, y te sale mucho más barato o llevarte tus cosas para comer”. Sobre la experiencia, sintetizó: “Es un deporte caro, pero hermoso”.

Vacaciones de invierno

Durante las vacaciones de invierno, el movimiento turístico dentro de Argentina alcanzó cifras superiores a las del año anterior. De acuerdo con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se desplazaron por el país 4,6 millones de personas, de las cuales 4,2 millones fueron turistas nacionales y 400.000 visitantes extranjeros. Este volumen implica un aumento del 5,9% en comparación con el receso invernal previo. El gasto total de los viajeros ascendió a $2,12 billones, lo que generó un impacto económico 2,5% mayor que en 2025, siempre considerando precios constantes.

Según destacó la Secretaría de Turismo de la Nación, el turismo receptivo también marcó un primer semestre histórico en 2026. El Indec informó que 3,1 millones de turistas extranjeros ingresaron al país, el nivel más alto registrado en los últimos años. Entre ellos, 1,43 millones llegaron desde países no limítrofes, la cifra máxima de los últimos 25 años para ese segmento.

El Observatorio Argentino de Turismo (OAT), dependiente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), reportó una alta ocupación en los destinos más buscados durante el receso escolar federal. San Carlos de Bariloche, la Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Mendoza y Salta encabezaron las preferencias, mientras que varias localidades superaron el 80 % de ocupación, como Villa Carlos Paz, La Cumbrecita, Malargüe, San Rafael, Esteros del Iberá, Iguazú, Bariloche, Salta y Ushuaia.

En ese marco, los vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas sumaron 510.136 reservas, lo que representa un incremento del 9 % respecto al año anterior y contribuye a ampliar la conectividad nacional hacia los principales destinos turísticos.

El informe además evidenció que las reservas de último momento siguieron siendo una tendencia durante julio. Muchos viajeros optaron por combinar varios destinos en un solo viaje y reducir la extensión de sus estadías. La realización del Mundial de Fútbol también tuvo impacto sobre la demanda turística durante las primeras semanas del mes.

Los ministros de Exteriores de Irak y Arabia Saudita, Fuad Husein y el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, se reunieron este miércoles en Amán para abordar la necesidad de garantizar que el territorio iraquí no se convierta en plataforma de ataques contra países vecinos, en el primer encuentro bilateral de alto nivel desde que Riad y Washington bombardearan posiciones de milicias proiraníes en territorio iraquí a finales de julio.

El Ministerio de Exteriores saudí informó en un comunicado que ambos cancilleres subrayaron la necesidad de respaldar los esfuerzos que fortalezcan los intereses de Irak y sus vínculos con los países árabes e islámicos, y que aseguren que su territorio y sus recursos no se empleen como instrumento de agresión contra sus vecinos. La nota destacó además la solidez de las relaciones bilaterales entre ambos países.

El encuentro se produjo al margen de la Reunión Ministerial en Apoyo de Jerusalén y sus Lugares Santos, celebrada en Amán con representantes de 14 países islámicos.

La cita llega semanas después de que el Ministerio de Defensa saudí acusara a milicias proiraníes instaladas en Irak de lanzar drones contra instalaciones petroleras en la Provincia Oriental del reino, ataques que, según Riad, fueron interceptados en su totalidad por las defensas aéreas. En respuesta, fuerzas estadounidenses y saudíes bombardearon el 28 de julio posiciones de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en el este de Irak, en una ofensiva que, según el Mando Central de Estados Unidos, buscó frenar más de 30 ataques con drones registrados en 72 horas.

El bombardeo conjunto dejó al menos 20 muertos y decenas de heridos, según un balance preliminar difundido por las propias FMP, la estructura de seguridad iraquí que integra a las milicias señaladas. La Resistencia Islámica en Irak, alianza de facciones proiraníes, calificó la ofensiva de violación de la soberanía iraquí y amenazó con una respuesta contra intereses estadounidenses en Arabia Saudita.

Bagdad condenó inicialmente los ataques contra las instalaciones petroleras saudíes como una violación de su soberanía y anunció un plan para impedir agresiones lanzadas desde suelo iraquí. Dos días después, el Gobierno afirmó que sus propias investigaciones no habían confirmado las acusaciones de Riad, exigió pruebas y suspendió una visita prevista del primer ministro Ali al Zaidi a Arabia Saudita, aunque insistió en que buscaba rebajar la escalada por la vía diplomática.

El Ministerio de Exteriores iraquí indicó que Husein y Faisal bin Farhan abordaron en Amán los preparativos de una visita de una delegación de seguridad iraquí a Arabia Saudí, sin precisar fecha. El canciller iraquí confirmó además los planes de Bagdad para consolidar el monopolio estatal de las armas, un proceso que enfrenta resistencias crecientes dentro del propio país.

Las FMP son un paraguas de milicias creado en 2014 para combatir al Estado Islámico e integrado formalmente en el aparato de seguridad iraquí, aunque agrupa a facciones de distinto signo, varias de ellas alineadas con Irán. El Gobierno de Al Zaidi fijó el 30 de septiembre como plazo para que estos grupos entreguen sus armas al Estado, fecha que coincide con el fin previsto de la misión de la coalición internacional liderada por Washington.

La respuesta ha sido desigual. Kataeb Imam Ali y Asaib Ahl al Haq anunciaron en junio la transferencia de sus brigadas al Estado, un gesto que Al Zaidi calificó de responsable. Kataib Hezbollah, la facción más poderosa de las FMP, y Harakat Hezbollah al Nujaba rechazan en cambio el desarme y lo condicionan a la salida total de las tropas extranjeras. Esta semana, Kataib Hezbollah endureció su postura y anunció que ampliará su arsenal en respuesta a los bombardeos de julio.

El pulso entre Bagdad y las milicias más beligerantes avanza en paralelo a la retirada de tropas extranjeras acordada entre Irak y Estados Unidos en 2024, prevista para finales de septiembre. El desenlace de ese calendario, sumado a la resistencia de las facciones armadas, determinará si Bagdad logra consolidar el monopolio estatal de la fuerza que reclama ante Riad y sus demás vecinos, o si la fragmentación interna sigue marcando el rumbo de su política exterior.

El oficialismo senatorial decidió eliminar el capítulo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros y, en principio, que el resto del proyecto se debata mañana, en una sesión pactada para las 14, tras el cuarto intermedio del mes pasado. La definición se precipitó minutos antes de las 15, tras una cumbre que concentró a los sectores aliados con la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien volvió a sufrir un nuevo traspié.

La caída del capítulo más polémico de la iniciativa se consumó tras el dominó de bajas que comenzó durante la tarde de ayer. Es que, mientras Bullrich realizaba una conferencia para anunciar nuevos cambios en la venta de tierra a extranjeros -de liberar todo a actualizar el tope actual de 15% a 25%-, al menos cuatro legisladores sobre los que se presumía un voto positivo dudaban y rechazaron ante Infobae que la porteña haya insinuado, ante medios de comunicación, que los tenía cerrados.

En tanto, esta mañana, dos gobernadores cercanos -por momentos, ya que aquí se dieron vuelta- a la Casa Rosada, como el tucumano Osvaldo Jaldo y el neuquino Rolando Figueroa, anunciaron que se oponían al capítulo en cuestión. Hasta una banca del PRO optó por separarse de Bullrich cuando se enteró que un radical de su provincia iba a rechazar el capítulo. En conjunto, se generó un desorden imposible de ser salvado. Como contó este medio ayer, todo había dejado de ser técnico y la discusión se había convertido, en un 100%, en política.

Los artículos de la discordia

El texto mantenía la prohibición “para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros”. Distinto caso corría para “la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta”, que hubiesen podido hacerlo si existiera “autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Sobre el final de esa sección se aclaraba que “el Poder Ejecutivo Nacional no podrá delegar esta potestad de autorización en un funcionario con rango menor a Secretario de Estado”. Lo importante era lo siguiente a todo esto, donde aparecía que “la titularidad de tierras rurales por personas humanas o jurídicas extranjeras no podrá exceder, en conjunto, el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la superficie de las tierras rurales de cada provincia”.

Además, se agregaba : “Toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente. En el caso de las empresas con participación estatal extranjera debe adjuntarse la autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y la del Poder Ejecutivo Nacional”.

Bajo este escenario, y más allá de que varios dialoguistas le solicitaron a la jefa libertaria que no se realice la sesión de mañana, lo que queda del texto también implica cambios importantes y a considerar sobre expropiaciones, desalojos veloces, y la polémica ley de fuego impulsada años atrás por Máximo Kirchner, con una Libertad Avanza que ahora promueve borrar el cuestionado el bloqueo por décadas en tierras afectadas por incendios.

Noticia en desarrollo…

Arcor invirtió USD 3,8 millones para inaugurar su primer Parque Solar en el Complejo Industrial Recreo, Catamarca, como parte de la Estrategia de Sustentabilidad 2030, que incluye la incorporación de energías renovables para fortalecer la eficiencia de sus operaciones.

Con una potencia instalada de 6,6 MW sobre un predio de 12 hectáreas, el parque solar tendrá una generación anual estimada superior a los 11.000 MWh. Esto permitirá que la planta alcance un nivel de uso de energía renovable de hasta el 90% y reduzca aproximadamente 4.000 toneladas de CO₂ equivalente por año. En caso de que la cobertura supere el 100%, los excedentes podrán inyectarse al sistema eléctrico.

Actualmente, más del 60% de la energía utilizada por la compañía, tanto eléctrica como térmica, proviene de fuentes renovables. Así, en 2025 logró reducir un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada producida respecto de 2017.

Cabe mencionar que el complejo, que fue el primero del grupo en alcanzar la meta de basura cero, está integrado por tres plantas industriales, 14 líneas de producción, más de 700 trabajadores y una capacidad instalada de 58.000 toneladas anuales.

Allí se elaboran caramelos de goma, premezclas, gelatinas, jugos en polvo y panificados navideños para el mercado local y diversos destinos de exportación en América Latina, Asia, Europa del Este y Medio Oriente.

Por otro lado, y en el marco de la celebración de sus 75 años, Arcor anunció la ampliación y equipamiento de la Escuela Técnica N° 1 de Recreo, que incluye la construcción de un Laboratorio de Ciencias Naturales y un Taller de Electromecánica para más de 600 estudiantes.

Asimismo, presentó la Reserva Natural Urbana “Vivir Mejor”, un espacio de 6 hectáreas destinado a la conservación y regeneración del bosque nativo, la educación ambiental y el fortalecimiento del vínculo de la comunidad con su patrimonio natural.

La inauguración contó con la presencia del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto a autoridades provinciales, municipales y directivos de Grupo Arcor.

“El Parque Solar, la Escuela Técnica y la Reserva Natural Urbana reflejan una convicción que acompaña a Arcor desde sus orígenes: crecer junto a las comunidades donde estamos presentes. Comparten una visión de largo plazo y muestran el valor de la articulación público-privada para impulsar iniciativas que generan desarrollo y dejan una huella positiva. Hace casi 40 años elegimos estar en Recreo y hoy renovamos esa decisión”, afirmó Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor.

Jalil destacó: “Es una alegría estar acompañando la puesta en marcha de este parque solar de Arcor, un paso importante en el uso de energía renovable. También quiero agradecer a la empresa por el aporte realizado para la inauguración del laboratorio de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1″.

“La articulación entre los sectores público y privado es fundamental porque genera empleo y contribuye al desarrollo de la provincia. En ese sentido, Arcor es, desde hace casi cuatro décadas, una de las tres empresas que más empleo genera en nuestra provincia”, agregó.

La firma registró en 2025 ventas por $4.902.647 millones y un resultado operativo de $293.291 millones. A su vez, destinó $153.264 millones a inversiones.

En paralelo, concretó recientemente un acuerdo estratégico, junto a Danone, para adquirir el 51,32% restante de Mastellone Hermanos S.A., dueña de la marca La Serenísima, mediante Bagley Argentina S.A., consolidando así el 100% del control de la empresa.

Pagani había señalado: “Este joint venture lácteo con Danone permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales”. El ejecutivo también remarcó que la decisión “ratifica nuestro compromiso con el país y complementa nuestra propuesta de valor en consumo masivo”.

En la previa del tratamiento legislativo del proyecto que modifica la Ley de Tierras, el alcance de la propiedad extranjera sobre el territorio argentino vuelve a generar un fuerte debate. En diálogo con Infobae Al Mediodía, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que la normativa vigente protege la soberanía territorial, consideró que sus restricciones son constitucionales y cuestionó la propuesta del Gobierno por entender que flexibiliza esos límites.

“No tiene que existir ninguna ley para proteger la inviolabilidad de la propiedad, porque esto lo protege la Constitución y los tratados sobre derechos humanos”, indicó Gil Domínguez. El especialista enfatizó que “la ley que se sancionó oportunamente garantiza la soberanía territorial, la integridad territorial, uno de los elementos constitutivos del Estado”.

Según Gil Domínguez, la normativa vigente nunca fue objetada por extranjeros ante la Justicia por considerar vulnerados sus derechos. El analista señaló que la Constitución argentina establece en el artículo 20 que los extranjeros “tienen el derecho a comprar y a enajenar tierras”, equiparando sus derechos a los de cualquier ciudadano argentino.

Sin embargo, subrayó que estos derechos pueden ser limitados de forma razonable y proporcional si existe un objetivo constitucional legítimo. “Este es el principio de proporcionalidad que utiliza la Corte Suprema Argentina, la Corte Interamericana, todos los tribunales europeos, que hacen el control de constitucionalidad”, expresó.

Restricciones a la compra de tierras y soberanía nacional

Al mismo tiempo, Gil Domínguez remarcó que la ley vigente busca evitar la extranjerización del territorio, en especial en zonas de frontera. Sostuvo que si se habilita la compra indiscriminada de tierras por parte de extranjeros, “podés tener en algún momento la situación que se vio en Ucrania con Rusia”.

Advirtió que “hay un montón de extranjeros que compran tierra sin límite. En un momento se sienten chilenos, en un momento se sienten brasileños y consideran que tienen que ser anexados”.

Entre otras cosas, el analista argumentó que, por nacionalidad, un argentino no puede pedir la anexión de su tierra a otro país, mientras que un extranjero propietario podría generar conflictos sobre la titularidad nacional del territorio.

“Si vos sos argentino no te podés sentir brasilero y parte del territorio brasilero y pedir que Brasil, como vos sos brasilero y tu tierra que comprás, la tierra es tuya, Brasil o Chile, pensemos en la Patagonia, pueda reivindicar ese territorio como propio”, explicó.

Además, el abogado mencionó ejemplos internacionales para ilustrar los riesgos geopolíticos. “Lo que sucedió con Crimea, con Rusia y Ucrania, es que un conjunto de personas se sintieron más rusos que ucranianos, querían pertenecer a Rusia”, señaló. También mencionó el caso de Groenlandia y la intención de compra por parte de Estados Unidos, así como el antecedente de Alaska.

El rol del Congreso y el Poder Judicial

En el análisis institucional, Gil Domínguez criticó la postura de la Corte Suprema sobre quién puede impugnar una ley. Sostuvo que la Corte adoptó una posición “conservadora anacrónica”, lo que dificulta la posibilidad de llevar reclamos judiciales por la afectación de la soberanía territorial, incluso cuando existen derechos constitucionales en juego.

El especialista explicó que “si hay una ley que no genera una afectación directa, inmediata y exclusiva en un derecho tuyo, vos no podés ni siquiera ir a la justicia a golpearle la puerta para que revise si esa ley viola o no la Constitución”. Consideró que esto “posibilita prácticas autocráticas”, ya que se cierran caminos para impugnar medidas que impactan en la sociedad en su conjunto.

También cuestionó la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, porque requiere que ambas cámaras del Congreso los rechacen para que pierdan vigencia. Identificó que esa modificación, impulsada durante el kirchnerismo, “ha generado un grave perjuicio al sistema de derechos”.

Perspectiva constitucional y final abierto

Aemás, insistió en que la Constitución argentina protege la propiedad de nacionales y extranjeros, pero también establece la defensa de la integridad territorial. Expresó que ningún gobierno democrático anterior promovió iniciativas que pusieran en riesgo las fronteras del país.

El abogado sostuvo que la falta de defensa social y cultural de la Constitución convierte a la norma en “una mera hoja de papel”. Afirmó que, para un sector de la sociedad, “la fuerza normativa de la Constitución no es un valor fundante, no es un valor preponderante y lo que importa solamente es lo que el gobierno saque normativamente”, concluyó.

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