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Con motivo de las lluvias e inundaciones que afectaron a varios departamentos de Santa Fe, el Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las regiones que resultaron afectadas. La medida amparará a los productores agropecuarios y hortícolas entre el 1° de abril y el 30 de septiembre de 2026.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 819/2026 en el Boletín Oficial, el ministro Luis Caputo anunció que “todas las explotaciones agropecuarias afectadas por excesos de precipitaciones y desbordes de ríos, arroyos y cursos de agua” podrán acceder a la ayuda social.

El estado de emergencia y/o desastre agropecuario regirá en las localidades de Fortín Olmos, Garabato, Los Amores, Golondrina, Intiyaco, Cañada Ombú y Los Tábanos, ubicadas en el departamento de Vera; Gato Colorado, Villa Minetti, San Bernardo, Pozo Borrado, Tostado, Gregoria Pérez de Denis, Santa Margarita y Logroño, pertenecientes al departamento 9 de Julio; y Villa Guillermina en el departamento General Obligado.

De la misma manera, la normativa declaró la emergencia para explotaciones hortícolas de los distritos Recreo, Monte Vera y Santa Fe del departamento La Capital. No obstante, aclararon que la ayuda no estará disponible para el subdistrito de San José del Rincón.

Según explicaron las autoridades, el fin del estado de desastre culminará el 30 de septiembre de este año, debido a que se tomó como referencia el ciclo productivo de las explotaciones comprendidas, según lo estipulado en los artículos 22 y 23 del decreto reglamentario 1712/2009.

Para acceder a los beneficios de la Ley de Emergencia Agropecuaria N° 26.509, los productores deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial competente, donde conste que sus predios están incluidos en los casos previstos.

En línea con esta normativa, el Gobierno de Santa Fe deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de productores afectados, junto con copia de los certificados emitidos.

Mientras que las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberán garantizar el acceso a los beneficios establecidos para los productores afectados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía fue instruida para celebrar convenios y actos que garanticen la ejecución de la resolución.

El Gobierno de Estados Unidos anunció el martes nuevas sanciones contra miembros de la cúpula de los grupos armados Movimiento 23 de Marzo (M23) y Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), con el objetivo de abordar las amenazas a la estabilidad y la violencia étnica en el este de la República Democrática del Congo (RDC), país sumido recientemente en una crisis humanitaria por una cepa específica de ébola que ya causó más de 40 muertes.

En un comunicado firmado por el portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, se detalló la designación de altos mandos de ambas organizaciones, previamente incluidas en la lista de grupos sancionados por Washington.

El Departamento de Estado identificó a Gustave Kubwayo como “comandante de una unidad de inteligencia y operaciones especiales de las FDLR”, grupo formado en el año 2000 por refugiados hutu y milicias ruandesas tras el genocidio de 1994.

La cartera estadounidense sostuvo que las FDLR “han perpetrado violencia étnica contra civiles, utilizado niños soldados, cometido violencia sexual y lanzado ataques transfronterizos que siguen amenazando la seguridad de Ruanda”.

Por otra parte, Washington sancionó a John Imani Nzenze, descrito como “jefe de inteligencia del M23”, grupo armado respaldado por Ruanda y señalado por asesinatos, graves violaciones de derechos humanos y ataques contra civiles en el este de la RDC, donde mantiene el control de la ciudad de Goma y zonas de la provincia de Kivu Sur.

Según el comunicado, la administración del presidente Donald Trump está “firmemente comprometida a garantizar que todas las partes cumplan sus compromisos en virtud de los históricos Acuerdos de Washington para la Paz y la Prosperidad y el Marco de Doha”, y afirmó que continuará “utilizando todos los instrumentos disponibles para promover una estabilidad duradera en la región”.

El Departamento del Tesoro también se pronunció sobre las sanciones. Su titular, Scott Bessent, afirmó: “La violencia persistente de los grupos armados está exacerbando una crisis humanitaria ya de por sí grave y representa una amenaza para los intereses de Estados Unidos en la región. Las sanciones impuestas hoy respaldan una resolución pacífica y el fin del derramamiento de sangre”.

La nota, difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), subraya que “Estados Unidos espera que RDC neutralice a las FDLR y a los grupos afiliados” y que “Ruanda retire sus tropas y equipo militar de RDC y cese todo apoyo al M23, de conformidad con los compromisos establecidos” en los acuerdos alcanzados en Estados Unidos y Qatar.

Un episodio de violencia extrema impactó el este de la República Democrática del Congo (RDC) durante julio de 2025, cuando el grupo armado M23, respaldado por el gobierno de Ruanda, ejecutó a civiles en al menos 14 aldeas y zonas agrícolas ubicadas principalmente en el territorio de Rutshuru, en la provincia de Kivu del Norte.

Un informe de Human Rights Watch (HRW) denunció el asesinato de más de 140 personas, en su mayoría pertenecientes a la etnia hutu, durante una ola de ataques perpetrados por el M23. Estimaciones de la ONU advierten que el número real de víctimas podría superar las 300, en uno de los episodios más graves atribuidos al grupo desde 2021.

El este de RDC permanece como uno de los escenarios más complejos de África. Según Naciones Unidas, la región alberga valiosos recursos minerales y es disputada por más de cien grupos armados, entre ellos el M23, compuesto principalmente por tutsis congoleños y directamente vinculado a Kigali. Desde el resurgimiento del M23 en 2021, la zona registra desplazamientos masivos y abusos recurrentes a los derechos humanos.

(Con información de Europa Press)

La tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y la Legislatura bonaerense volverá a materializarse en las próximas horas cuando en la Cámara de Diputados provincial se discuta en comisión un proyecto de ley que interviene en la transferencia de recursos a los municipios, producto de la deuda que tome el Poder Ejecutivo. Como dio cuenta este medio, los intendentes instaron a que los fondos que llegarán a los distritos a partir del endeudamiento que se le aprobó a Kicillof sean en su totalidad de libre disponibilidad. Actualmente la ley aprobada establece que un 70% será bajo esta condición, mientras que el 30% restante será ejecutado a través de tres áreas específicas: el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el de Transporte o el Instituto Cultural. Pero la coyuntura económica, según los intendentes, obliga a cambiar los planes.

En este marco, hay dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados bonaerense. Ambos, impulsados por dos sectores del radicalismo, les otorgan a los intendentes la potestad de decidir libremente para qué usar los fondos que vayan a percibir, aunque uno de ellos faculta a una comisión bicameral para que autorice el pago. Esa iniciativa, que lleva la firma del diputado UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, es la que corre con ventaja dentro de la Legislatura y se discutirá este miércoles en la reunión de comisión de Presupuesto.

Pero Kicillof quiere otra cosa. “Se puede hacer más simple”, planteó el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. El funcionario explicó: “La ley tenía previsto que el 70% de los fondos que iban a los municipios fueran de libre disponibilidad y un 30% se asociara a distintos proyectos de algunos ministerios de la provincia de Buenos Aires. Entiendo que lo que plantea el proyecto es que van a ser de libre disponibilidad, pero que van a estar definidos por una bicameral”. Y sentenció: “Que los fondos sean 100% de libre disponibilidad y por el CUD”.

Bianco apunta a que sean sin la intervención de la comisión bicameral que solo se atañará a monitorear el nivel de deuda del Poder Ejecutivo. El CUD es el Coeficiente Único de Distribución, un índice matemático oficial que utiliza la provincia de Buenos Aires para determinar qué proporción de los fondos de coparticipación recibe cada uno de sus 135 municipios. Es un cálculo anual basado en la población de cada distrito, la superficie territorial, el nivel de prestación de salud, la capacidad de recaudación tributaria y la vulnerabilidad social del mismo, entre otros factores.

“Me parece que esa es la forma más razonable para que los fondos lleguen de manera más equitativa”, consideró Bianco en una conferencia de prensa. Es decir, mediante el CUD y sin participación de legisladores, aclarando —además— que esa es “la posición del Poder Ejecutivo”.

La situación actual vuelve a poner énfasis en la diferencia de criterios entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires y en la tensión con la que transita la relación interpodere, atravesada, además, por la interna del peronismo. Cuando, a fines del año pasado, Kicillof giró el proyecto de ley para solicitar endeudamiento por una suma nominalizada en dólares de USD 3.685 millones, la negociación política derivó en la creación de un fondo destinado a los municipios y la conformación de una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda.

Se acordó que el fondo fuera el equivalente al 8% del total obtenido mediante el endeudamiento, garantizando, además, un monto fijo de $250.000 millones. En lo que respecta a la bicameral, Diputados designó a sus integrantes una vez aprobada la ley. Se nombró a los peronistas Mariano Cascallares, Mayra Mendoza, Carlos Puglielli, Juan De Jesús, Rubén Eslaiman; mientras que de la oposición los elegidos fueron el radical Garciarena y el jefe del bloque PRO, Alejandro Rabinovich. En el Senado aún no hay novedades sobre quiénes integrarán dicha bicameral. La mayoría de ellos, junto a las autoridades de la Cámara baja, Alejandro Dichiara (presidente) y Alexis Guerrera (vicepresidente), recibió a una comitiva de intendentes que fueron a pedirle que los fondos a percibir sean de libre disponibilidad.

El rol que vaya a tener ese ámbito, es decir, la comisión bicameral, es el que se discutirá este miércoles. Los movimientos legislativos son seguidos con atención por los intendentes. Además del proyecto de Garciarena para darle libre disponibilidad a los recursos pero autorizados por la bicameral en cuestión, se suma otra iniciativa de similares características, pero donde la bicameral no interviene en la ejecución de recursos y solo se ata al seguimiento de la deuda y al pedido de información al Ejecutivo referido al endeudamiento. Propone —como quiere el Ejecutivo— que la transferencia de fondos sea automática y mediante el CUD. Lleva las firmas de las diputadas del bloque UCR Radicalismo, Alejandra Lordén, Priscilia Mineaard y su compañero de bancada, Valentín Miranda.

En Diputados responsabilizan a Kicillof de la actual situación y la falta de certezas que tienen los intendentes. Los jefes comunales reconocen que, si bien la creación de un fondo específico fue una demanda sectorial, cuando el proyecto se debatió, “estaba bien” la caracterización que se le dio, solo que “la coyuntura económica cambió en seis meses. Ahora hay muchos distritos que no pueden pagar sueldos ni aguinaldos. Por eso necesitamos darle celeridad”. Un grueso de intendentes aboga por el proyecto que no le da facultad a la bicameral para la autorización en el giro de fondos; sin embargo, y probablemente, la iniciativa que avance este miércoles tiene otras características. Lo explicita su artículo 2 que detalla las atribuciones de la comisión bicameral y remarca una de ellas será “autorizar el pago a cada municipio de los fondos estipulados en el inciso b) del artículo 3 de la ley 15.561″

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presentó al Consejo de Seguridad tres opciones para mantener la vigilancia militar y apoyar la aplicación de la resolución que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah, ante la finalización prevista de la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el sur del Líbano el próximo 31 de diciembre.

Las tres alternativas contemplan la continuidad de la supervisión militar de la ONU en la frontera entre Israel y el Líbano, el respaldo a las Fuerzas Armadas Libanesas en su despliegue por todo el territorio y el fortalecimiento de los esfuerzos políticos destinados a poner fin a las hostilidades entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, apoyado por Irán.

La propuesta surge después de que el Consejo de Seguridad aprobara por unanimidad en agosto de 2025 el cierre de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL), una decisión impulsada por Estados Unidos e Israel. En esa resolución, el organismo solicitó a Guterres que presentara alternativas para aplicar la resolución adoptada en 2006 tras la guerra de un mes entre Israel y Hezbollah.

La resolución de 2006 establece el desarme de Hezbollah, la retirada de las fuerzas israelíes y el despliegue del ejército libanés como única fuerza militar en todo el país. Según el informe remitido por el secretario general, ninguno de esos objetivos se concretó.

En una carta enviada el lunes al Consejo de Seguridad, Guterres sostuvo que las reiteradas confrontaciones entre Israel y Hezbollah ponen de manifiesto la necesidad de aplicar plenamente la resolución.

“Las hostilidades recurrentes entre Israel y Hezbollah demuestran la imperiosa necesidad de aplicar” la resolución de 2006, señaló el secretario general, quien la definió como el marco establecido para alcanzar la paz.

Guterres destacó además la importancia de mantener la vigilancia sobre la llamada Línea Azul, la demarcación establecida por las Naciones Unidas entre Israel y el Líbano. Según explicó, en cualquiera de los escenarios planteados, “sería necesaria una presencia uniformada de las Naciones Unidas que trabajara para facilitar la desescalada, el diálogo, el enlace y la coordinación, así como el apoyo a las Fuerzas Armadas Libanesas”.

El funcionario indicó que ese componente militar actuaría de forma complementaria al coordinador especial de la ONU para el Líbano, quien continuaría al frente de las gestiones diplomáticas y políticas para implementar la resolución de 2006.

Las tres propuestas difieren principalmente en el tamaño de la futura presencia militar de la ONU. Guterres planteó fuerzas con efectivos que oscilan entre 5.525 y 1.980 integrantes. Algunas de las opciones incluyen observadores militares desarmados.

El secretario general señaló que la alternativa con mayor número de efectivos ofrecería una capacidad superior para supervisar la situación sobre el terreno. Según escribió en su informe, la fuerza más numerosa podría “observar con mayor credibilidad los acontecimientos a lo largo de la Línea Azul”.

La UNIFIL mantuvo durante décadas una presencia permanente en el sur del Líbano, una región considerada bastión de Hezbollah. Sus efectivos desempeñaron tareas de observación, enlace y supervisión de la situación de seguridad en una de las fronteras más sensibles de Medio Oriente.

La misión también sufrió bajas durante los últimos meses. De acuerdo con la información presentada por Naciones Unidas, seis integrantes de los cascos azules murieron en ese período.

La decisión sobre el futuro mecanismo de supervisión ahora queda en manos de los quince miembros del Consejo de Seguridad. El organismo deberá elegir una de las opciones propuestas por Guterres antes de la expiración formal del mandato de la UNIFIL a fines de diciembre.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, informó el martes que el secretario general espera una definición rápida por parte del Consejo de Seguridad para garantizar la continuidad de las tareas de supervisión y apoyo previstas en la frontera entre Israel y el Líbano.

(Con información de AP)

El gobierno de Javier Milei anunció que, a partir del miércoles 3 de junio, se abrirá un registro para que talleres mecánicos particulares puedan inscribirse para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos, tras el levantamiento de una cautelar judicial que frenaba la medida.

Desde esta semana, los establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos podrán anotarse en un registro nacional digital y público. El Ejecutivo apunta a descentralizar el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), ampliar la oferta de servicios y permitir a los usuarios elegir dónde realizar la revisión técnica de sus vehículos.

“A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV”, comunicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial de X.

Desde la Secretaría de Transporte confirmaron a Infobae que se levantó la cautelar judicial que, hasta el momento, había frenado la implementación del nuevo esquema. Se espera que en las próximas horas la medida sea publicada en el Boletín Oficial.

Los cambios, incluidos en el Decreto 196/2025 que introdujo modificaciones en la Ley de Tránsito, apunta a modernizar el sistema de RTO y crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. “A partir de ahora, cualquier taller, que cumpla con los requisitos técnicos exigidos podrá inscribirse para realizar revisiones técnicas vehiculares”, detallaron desde la administración libertaria.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos operará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, con carácter público, gratuito y digital. Las inspecciones podrán llevarse a cabo en cualquier taller inscripto en el registro nacional y que cumpla los requisitos técnicos establecidos por la normativa.

Las personas usuarias tendrán la posibilidad de elegir el taller de su preferencia, siempre que esté habilitado y registrado. Los establecimientos autorizados estarán facultados para revisar vehículos particulares, comerciales, de transporte de pasajeros y de carga, así como unidades antiguas o especiales.

La normativa mantiene todos los criterios técnicos y de seguridad vial vigentes. Los talleres deberán respetar los procedimientos de inspección, contar con un Director Técnico responsable y acreditar la capacidad técnica, el equipamiento necesario y las condiciones exigidas. La inscripción en el registro se realizará mediante declaración jurada.

En cuanto a los plazos, los vehículos particulares 0 km deberán pasar la primera inspección a los cinco años de su patentamiento. Para aquellos de hasta diez años de antigüedad, la revisión será obligatoria cada veinticuatro meses, mientras que los que superen esa antigüedad deberán realizarla de forma anual. La primera revisión deberá realizarse dentro de los doce meses posteriores al patentamiento y luego renovarse cada doce meses.

“Los usuarios contarán con más opciones para realizar la revisión técnica, podrán elegir libremente dónde efectuarla y dispondrán de un sistema más ágil, accesible, transparente y previsible”, aseguraron desde Casa Rosada.

El 10 de marzo, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, había informado la resolución del conflicto que impedía aplicar los cambios previstos por la nueva Ley Nacional de Tránsito en relación a la RTO, conocida hasta ahora como VTV.

Entre las novedades se encuentran la autorización para habilitar nuevos centros donde realizar la revisión, la desregulación de aranceles para promover la competencia y la inclusión de automóviles particulares al sistema nacional de control, que hasta ahora se aplicaba principalmente al transporte de cargas.

Sin embargo, el Ejecutivo enfrenta el desafío de que cada provincia acepte poner en marcha el nuevo esquema de VTV. Si las jurisdicciones no adhieren, sus ciudadanos no podrán acceder a servicios mejorados ni a la opción de realizar la verificación técnica en talleres cercanos o en concesionarias oficiales. La provincia Buenos Aires fue el primer provincia en anunciar que no acompañará el nuevo sistema.

Por otro lado, aún resta definir un protocolo específico de revisión para vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, que requieren controles adaptados a su tecnología.

Australia se consolida como un laboratorio de AgeTech en residencias geriátricas y cuidado domiciliario, con robots, realidad virtual, sensores e inteligencia artificial que buscan reducir la soledad, apoyar a cuidadores y ayudar a que más personas mayores permanezcan en sus casas, aunque especialistas y académicos advierten que esa tecnología no debe sustituir el vínculo humano ni ocultar los problemas estructurales del sector.

La discusión aparece en un contexto de envejecimiento poblacional y escasez de personal en el cuidado de mayores. A escala global, para 2050 habrá más de 2.000 millones de personas mayores de 60 años, de acuerdo con los informes industriales citados en el texto fuente.

La investigadora Wendy Moyle, directora del laboratorio de robótica social de la Universidad Griffith de Queensland, dijo que estas herramientas deben servir de apoyo e impulsar tecnologías que permitan a las personas seguir viviendo en sus hogares o liberar tiempo del personal en residencias para aumentar la interacción humana con los residentes, según declaró a The Guardian.

La realidad virtual ya se usa para reducir aburrimiento, dolor y aislamiento

En la ciudad regional de Toowoomba, en Queensland, los residentes de St Vincent’s Care pueden hacer un recorrido virtual por los Alpes suizos, según The Guardian. La experiencia combina una réplica física de la estación francesa de Lourdes, vagones ambientados y pantallas que muestran paisajes reales mientras los usuarios comparten un té de la tarde.

La gerente de servicios de atención residencial Elzette Lategan explicó al medio The Guardian el propósito de esa propuesta: “Quitamos el aburrimiento, quitamos la soledad, el aislamiento, y traemos esperanza”.

La organización Aged Care Research and Industry Innovation Australia, con sede en Adelaida, sostuvo que la realidad virtual puede utilizarse para distraer del dolor, guiar ejercicios de relajación, ofrecer juegos, mostrar paisajes, recrear recuerdos y acontecimientos como apoyo a terapias de reminiscencia para personas con demencia, y que puede mejorar el estado de ánimo, la cognición, la memoria, la capacidad de resolver problemas y la orientación espacial, además de ayudar a reducir el dolor, la ansiedad y el aislamiento social, según The Guardian.

El texto fuente añade que en Australia varias residencias comenzaron a incorporar experiencias de realidad virtual y realidad mixta para combatir la soledad y estimular la memoria. Entre las empresas especializadas en población mayor aparecen Rendever y MyndVR.

Los robots sociales y los sensores apuntan tanto al hogar como a las residencias

Otra línea de desarrollo son los robots de compañía. The Guardian menciona a Abi, un robot de colores fabricado por Andromeda Robotics, cuya empresa afirma que usa inteligencia artificial y aprendizaje automático para reconocer rostros, entender emociones y recordar conversaciones.

La compañía sostiene además que el robot puede comunicarse en 90 idiomas, lo que le permite interactuar con personas de orígenes diversos en su lengua preferida. El texto fuente agrega que Abi ya se prueba en residencias australianas.

Moyle valoró ese tipo de herramientas, pero pidió ampliar el foco más allá del entretenimiento. “La realidad virtual, los robots… es excelente, sobre todo porque las personas mayores en cuidados residenciales están bastante solas”, dijo a The Guardian. Luego añadió: “Australia necesita pensar de una forma distinta”.

La investigadora señaló al mismo medio que muchas personas terminan en una residencia no por elección sino porque ya no pueden ducharse o vestirse solas, o porque padecen incontinencia. Por eso insistió en priorizar tecnología que ayude a permanecer en casa.

Según The Guardian, existen dispositivos portátiles que controlan la frecuencia cardíaca y la temperatura y detectan caídas. También hay sensores que emiten una alerta si una cocina queda encendida sin supervisión y altavoces inteligentes que permiten a familiares enviar mensajes y recordatorios programados.

En el hogar o en una residencia, añadió Moyle a The Guardian, hay sillas de ruedas electrónicas que pueden ayudar a levantar a una persona y llevarla a una ducha que se activa automáticamente. También existen camas que giran al usuario para facilitar el cambio postural y colchones capaces de detectar si una persona con demencia está a punto de levantarse.

El texto fuente incorpora otros ejemplos del mercado: ElliQ, de Intuition Robotics, se utiliza en programas estatales de el estado de Nueva York para combatir la soledad; Sensi.AI trabaja con sensores de audio e inteligencia artificial para detectar cambios de conducta asociados a deterioro cognitivo, depresión, aislamiento o riesgo de caídas; CarePredict monitorea movimiento, sueño, alimentación y actividad diaria mediante dispositivos portátiles y sensores; y Diligent Robotics desarrolló a Moxi para tareas logísticas y apoyo al personal.

El debate ético se centra en si la tecnología complementa o desplaza el cuidado humano

Moyle advirtió a The Guardian que ingenieros y desarrolladores a menudo avanzan con inventos sin involucrar a profesionales de la salud ni a las personas que después deberán usarlos. Citó el caso de una máquina diseñada para levantar personas de la cama, del suelo o de una silla: “Nadie quería entrar: tenían miedo. Miedo por el tamaño, por ser elevados a esa altura”.

La profesora también planteó que un dispositivo para ayudar a alimentar con cuchara puede generar rechazo, aunque podría liberar a un trabajador para conversar con la persona sobre su vida, según The Guardian. En su visión, la utilidad depende de si la automatización gana tiempo para el cuidado o lo reemplaza.

Ese es también el eje de las críticas académicas. Un grupo de investigadores de la Universidad de Sídney analizó a empresas de AgeTech que venden inteligencia artificial para el cuidado de mayores y concluyó que los relatos de la industria y de los gobiernos sobre un “rescate tecnológico” desvían la atención de los problemas estructurales y refuerzan el edadismo, según escribieron en The Conversation y citó The Guardian.

“Según las empresas, las personas mayores son incidentes a la espera de ocurrir y fuentes de datos para explotar”, escribrieron esos investigadores en The Conversation, de acuerdo con The Guardian. También sostuvieron que la inteligencia artificial se apoya en ideas estereotipadas sobre personas mayores como pasivas o temerosas de la tecnología, y que presenta al sector como un sistema roto cuyo remedio sería el producto comercial.

La función de la inteligencia artificial, escribieron los académicos en The Conversation, es “apoyar prácticas de cuidado que incluyan y empoderen a las personas mayores y al personal, centrando sus voces y experiencias”.

Moyle coincidió con ese criterio y descartó que la tecnología deba reemplazar el componente humano del cuidado. “Los robots no tienen respuestas emocionales”, dijo a The Guardian. Sobre uno de los desarrollos en curso, añadió: “Estamos trabajando en uno con piel suave que te dará un abrazo. Pero la mayoría de los robots no dan mucha respuesta emocional”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el martes a Nobitex, la mayor plataforma de activos digitales de Irán, y a otras tres bolsas de criptomonedas del país —Bitpin, Ramzinex y Wallex— como entidades sancionadas, en la acción más directa emprendida hasta ahora contra la infraestructura financiera digital del régimen de Teherán. La medida también alcanza a cuatro ciudadanos iraníes, entre ellos los dos cofundadores de Nobitex y su director ejecutivo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro determinó que Nobitex procesó más del 50% de todas las entradas de activos digitales en Irán durante 2025. La plataforma, con más de 11 millones de usuarios registrados, manejó transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), a operadores de ransomware afiliados a esa organización y a esfuerzos del banco central iraní por acceder a cientos de millones de dólares en stablecoins para sostener el rial. Según la firma de analítica blockchain TRM Labs, Nobitex procesó cerca de 5.000 millones de dólares entre 2025 y marzo de 2026. Bloomberg estimó el mercado cripto total de Irán en unos 7.800 millones de dólares en marzo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la decisión con un argumento directo: el régimen iraní se apropió de las tecnologías de activos digitales para sus propios fines corruptos, incluida la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza al extranjero, mientras su economía colapsa. Sus declaraciones se enmarcan en la campaña de “presión máxima” de la administración Trump, que desde febrero de 2025 sancionó a cerca de 1.000 personas, buques y aeronaves vinculados a Irán, según datos del propio OFAC.

Las sanciones llegan un mes después de que Reuters publicara una investigación que identificó a los fundadores de Nobitex como los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, miembros de una de las familias más influyentes de la República Islámica. Ambos registraron la empresa bajo el apellido alternativo Aghamir, que usaron en los documentos corporativos, la vida universitaria y materiales de marketing, mientras otros parientes usaban públicamente el apellido Kharrazi. Su abuelo formó parte de la Asamblea de Expertos —el órgano que designa al líder supremo— y fue tutor de Mojtaba Khamenei, quien sucedió a su padre Ali Khamenei como líder supremo. Su padre, el ayatolá Bagher Kharrazi, fundó la organización política iraní Hezbollah y participó en la formación del CGRI tras la revolución de 1979. El tercer individuo sancionado es Amir Hossein Rad, director ejecutivo de la plataforma.

El auge de Nobitex es inseparable del bloqueo financiero que sufre Irán. El país lleva décadas excluido del sistema bancario internacional por sanciones de Estados Unidos y Europa, agravadas desde el inicio del conflicto armado con Washington y Tel Aviv en febrero. Sin acceso a SWIFT ni a la banca corresponsal, las criptomonedas se convirtieron en un canal alternativo tanto para ciudadanos que buscan protegerse de una inflación desbocada como para entidades estatales que intentan eludir el cerco occidental.

La investigación de Reuters también reveló que Nobitex siguió operando durante el apagón de internet decretado por el gobierno iraní, procesando más de 100 millones de dólares en transacciones durante la guerra, con salidas significativas de capital hacia el exterior. En abril, la empresa de stablecoins Tether congeló 344 millones de dólares en dos carteras atribuidas al banco central iraní con vínculos documentados al CGRI y a Hezbollah, en lo que TRM Labs describió como el mayor bloqueo en cadena de reservas criptográficas soberanas iraníes registrado hasta la fecha.

Las sanciones convierten a las cuatro plataformas en entidades vetadas para cualquier institución financiera o individuo con exposición al sistema estadounidense. Quienes operen con ellas quedan en riesgo de ser designados. La medida profundiza la presión sobre Teherán en un momento en que el colapso del rial y las operaciones militares en curso sitúan al régimen en su punto de mayor fragilidad económica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que enviará en los próximos días un proyecto al Congreso de la Nación para modificar la ley de Inocencia Fiscal de forma tal que incentive la canalización de ahorros en dólares hacia la inversión productiva.

“Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda durante su intervención en el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

La lógica detrás del proyecto es clara para el ministro: si los contribuyentes tienen mayor seguridad jurídica, más ahorros en dólares que hoy permanecen fuera del sistema financiero se canalizarán hacia la inversión productiva. Y esa inversión, en su visión, activa un círculo virtuoso. “Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar mayor crecimiento”, afirmó Caputo en el IAEF. “A mayor crecimiento, habrá mayor formalidad. Entonces, manteniendo el gasto constante, eso nos dará un mayor nivel de superávit que nos va a permitir seguir bajando impuestos”, completó.

El ministro también puso en perspectiva la trayectoria fiscal del Gobierno: “Ya hemos bajado tres puntos de impuestos, más o menos veinte mil millones de dólares por año”, señaló, subrayando que la meta no es solo bajar el déficit sino habilitar una reducción sostenida de la presión tributaria.

Los tres cambios clave

El proyecto que llegará al Congreso apuntaría a modificar el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) en al menos tres puntos. El primero tiene que ver con la posibilidad de rectificar declaraciones juradas en más supuestos que los hoy previstos. En la normativa vigente, si la diferencia en el saldo a favor del fisco supera el 15%, el contribuyente pierde la presunción de exactitud en sus declaraciones y queda expuesto a que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) revise ejercicios anteriores. Con la modificación proyectada, la ARCA podría detectar una discrepancia y darle al contribuyente la posibilidad de corregir la declaración. Si regulariza y paga la diferencia, mantiene la presunción de exactitud y el efecto liberatorio sobre los períodos fiscales 2022, 2023 y 2024.

El segundo cambio apuntaría a eliminar los límites de acceso al RSG. Actualmente, el régimen excluye a quienes superan $1.000 millones anuales de ingresos o $10.000 millones de patrimonio. El proyecto busca suprimir esos topes para ampliar el universo de contribuyentes que pueden adherirse y, con ello, formalizar ahorros en moneda extranjera que hoy permanecen fuera del sistema.

El tercer punto contemplaría elevar el monto mínimo para litigar, que hoy se ubica en 25.000 pesos. La actualización busca adecuar ese umbral a los valores actuales y reducir la litigiosidad por montos bajos, permitiendo que tanto la ARCA como la Justicia concentren sus esfuerzos en casos de mayor impacto económico.

El contexto: una ley que necesitaba ajustes

La Ley de Inocencia Fiscal fue enviada al Congreso junto con la ley de modernización laboral, y Caputo destacó ese vínculo en su exposición ante el IAEF. “No es una casualidad que hayan ido juntos al Congreso la ley de modernización laboral y la ley de inocencia fiscal”, afirmó el ministro, para quien ambas iniciativas forman parte de una misma estrategia de reactivación.

Sin embargo, los profesionales del sector detectaron debilidades en la redacción original que, en la práctica, podían desincentivar las adhesiones. Fue esa presión la que derivó en la reunión entre Caputo y un grupo de contadores, y en el compromiso posterior de enviar un proyecto con correcciones. El propio ministro reconoció el resultado del encuentro en la red social X: “Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo Régimen.”

El cambio de postura implicó reconocer que la ley original no ofrecía, por sí sola, las garantías suficientes para que los contribuyentes se animaran a exteriorizar sus tenencias en dólares. La extensión del plazo para presentar la declaración jurada hasta fines de julio le dio al Gobierno un margen adicional para avanzar con las modificaciones legislativas antes de que venza la ventana de adhesión al RSG.

Más de 80.000 adherentes, pero con reservas

Hasta el momento, según los últimos datos difundidos por la ARCA, más de 80.000 contribuyentes se adhirieron al RSG. Sin embargo, esa cifra no implica necesariamente que hayan sacado los dólares del colchón: según los contadores, una parte significativa de los adherentes lo hizo con el objetivo de obtener el “tapón fiscal” frente al fisco nacional, es decir, protegerse de eventuales revisiones de períodos anteriores, sin por eso ingresar divisas al sistema.

Es precisamente esa brecha —entre quienes adhirieron al régimen y quienes efectivamente formalizaron sus ahorros en dólares— la que el Gobierno busca cerrar con las modificaciones anunciadas. La apuesta es que una mayor seguridad jurídica, con menos riesgo de perder los beneficios por errores formales en las declaraciones, se traduzca en un mayor flujo de divisas hacia la economía formal.

Caputo identificó el éxito de Inocencia Fiscal como uno de los pilares del crecimiento económico en el segundo semestre, junto con la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y la implementación de la reforma laboral. En este último caso, sin embargo, el Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a postergar la iniciativa si fuera necesario para garantizar un superávit fiscal de alrededor del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026.