La avioneta Cessna 402A tenía una base de 50.000.000 de pesos. No tenía llaves, no volaba desde 2019 y su historia judicial arrastraba semanas de polémica. Pero cuando el martillero abrió la puja en el Salón Metropolitano de esta ciudad, las ofertas subieron rápido y la aeronave se vendió por $70.000.000.
Su venta selló la quinta subasta de bienes decomisados al delito organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), un mecanismo que Santa Fe usa para golpear donde más les duele a las organizaciones criminales: en el bolsillo.
El remate reunió a 5411 inscriptos de todo el país, un récord absoluto. En total se ofrecieron 150 lotes: 72 autos, 74 motos, dos cuatriciclos, el mobiliario completo de una cafetería rosarina —la primera vez que se remata un fondo de comercio— y la avioneta.
Los precios de base iban desde los 45.000 pesos pedidos por una motocicleta Zanella de 50cc hasta los 50 millones de pesos como propuesta inicial por el Cessna. En el medio, una Ford Ranger Raptor 2020 que arrancó en 16 millones de pesos se fue a 51 millones en el calor de la puja, mientras que un Audi A7 Sportback de 2018 saltó de 16 a 42 millones de pesos y las ofertas por un Toyota Corolla Cross modelo 2021 cerraron en 36 millones de pesos tras comenzar en la base de 14 millones. Los números hablan de un mercado que se consolida: los compradores confían en el mecanismo y pujan fuerte, publicó el diario La Nación.
Detrás de cada lote hay una causa penal. Y detrás de cada causa, una organización que perdió algo más que un vehículo: perdió capacidad operativa. “Casi todos los bienes están vinculados con el narcotráfico”, indicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza. La frase es clave porque define la naturaleza de la subasta: no se trata de un remate judicial más, sino de una estrategia de asfixia patrimonial contra el crimen organizado.
Santa Fe es la única provincia que cuenta con una ley de decomiso para habilitar esta clase de subastas. Ese marco legal, impulsado durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, le permite al Estado tomar posesión de bienes incluso antes de que exista una condena firme, siempre que medie una orden judicial. Es un mecanismo agresivo que se diferencia de la extinción de dominio —una herramienta que existe en otros países de la región, pero que Argentina todavía no sancionó a nivel nacional— aunque comparte su filosofía: quitarle al delito los activos que necesita para reproducirse.
Desde abril de 2024, cuando se realizó la primera subasta, la Aprad lleva recaudados más de 3500 millones de pesos en cuatro remates previos. La primera ronda juntó 451 millones; la segunda, 700 millones; la tercera, 1200 millones; y la cuarta, en septiembre de 2025, marcó el récord con 1238 millones. La quinta, realizada ayer, con lotes premium que alcanzaron altos valores superó otra vez el techo para esta clase de remates. “El Gobierno de Santa Fe recaudó $ 1.564.070.000. Los fondos serán destinados a la reparación de víctimas, al fortalecimiento de políticas sociales y al autofinanciamiento de la Aprad”, informó la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, resaltó el diario La Nación.
La avioneta Cessna 402A fue, por lejos, la pieza que más atención mediática irradió en la subasta. El gobierno provincial tomó posesión de la aeronave en octubre de 2025, tras un operativo en un campo de María Grande, Entre Ríos. No proviene de una causa de narcotráfico en sentido estricto. Estaba vinculada a Daniel Casanovas, un agente de bolsa rosarino detenido con prisión preventiva por estafas financieras. La avioneta figuraba a nombre de Cereales del Sur, una empresa de Casanovas que se encuentra concursada.
Esa situación jurídica generó un conflicto que dominó la previa. La defensa de Casanovas pidió en el Centro de Justicia Penal la suspensión del remate, con el respaldo de los acreedores de la empresa, que argumentaban que la aeronave debía servir para saldar los pasivos del concurso preventivo. El juez civil Nicolás Villanueva, del Juzgado Nº 4, primero confirmó la inhibición del bien y después, en un giro, resolvió que la subasta podía avanzar porque la sindicatura había omitido diligenciar esa inhibición. El juez penal Alejandro Negroni terminó de despejar el camino al validar que la Aprad había actuado dentro del marco de la ley provincial.
La defensa insistió con un argumento que no es menor: los bienes de Casanovas no tienen vinculación con el narcotráfico, sino con delitos económicos, y fueron secuestrados en causas en las que no hay dictadas condenas firmes. “Llama la atención que no se hayan decomisado bienes 50 veces más caros”, deslizaron los abogados del financista, en referencia a que la provincia subastaba la avioneta y dos Audis como piezas emblemáticas de un remate que, en rigor, mezcla los bienes del crimen organizado con los de la delincuencia económica.
El dinero recaudado tiene tres destinos definidos: reparación a las víctimas de los delitos de los que provienen los bienes, autofinanciamiento de la Aprad —que no recibe presupuesto provincial— y políticas públicas, como el programa “Mi Frente Encendido”, que pintó locales y puso luminarias en cien comercios barriales, además de aportes a escuelas, clubes de barrio y centros de jubilados. Según Figueroa Escauriza, hasta el momento se han destinado más de 300.000.000 de pesos a indemnizar víctimas.
El mecanismo también contempla medidas de seguridad para los compradores: los vehículos salen con patentes nuevas que eliminan la trazabilidad con el propietario original, y los datos de quienes compran se mantienen confidenciales, consignó el diario La Nación.
La Aprad además cruza la información de los inscriptos para detectar vínculos con las organizaciones a las que se les quitaron los bienes. En la primera subasta, de hecho, el anterior dueño de una moto Honda de alta cilindrada se presentó en la exhibición, llave en mano, para negociar por su cuenta con los interesados. Desde entonces, los controles se reforzaron.
“Vendemos la moto del motochorro que le robó la cartera a mi mamá y también los bienes de los narcotraficantes más importantes. No hay impunidad para nadie”, dijo Figueroa Escauriza al abrir el acto. Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, fue más sintético: “Se persigue, se condena y se desapodera”.
