La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención del exgobernador Sergio Urribarri, luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara su condena a ocho años de cárcel por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas que tramitaron los tribunales provinciales.
La Corte dejó este jueves firme la condena a ocho años de prisión para Urribarri, quien fue dos veces gobernador de Entre Ríos y embajador en Israel. Además, la condena lleva aparejada, además, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario de la defensa del exgobernador por considerarlo inadmisible. La misma suerte corrieron los planteos de los otros condenados en el expediente.
El exgobernador Sergio Daniel Urribarr, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, pasaron la noche en la Alcaidía de Paraná y esta mañana serán derivados a la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial. Báez fue el primero ingresar: lo hizo a las 21.40, después de llegar en un camión penitenciario. Luego ingresó Aguilera y cerca de las 2 de la madrugada llegó Urribarri, según confirmó ANALISIS. Báez ingresó por calle Córdoba. Urribarri y Aguilera, por su parte, llegaron en diferentes patrulleros. El primero en un patrullero de San Salvador -cerca de la 1 de la madrugada- y Urribarri desde Concordia, acompañado por el jefe departamental, comisario José María Rosatelli. Estos dos patrulleros ingresaron por el por el portón del garage que tienen los miembros del Superior Tribunal de Justicia, en calle Santa Fe (al lado de la playa de estacionamiento del Colegio de Abogados). Ese lugar tiene acceso a la Alcaidía, hasta donde fue trasladado cada uno a medida que iban ingresando.
La medida fue ordenada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones y está enmarcada luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó -fue el jueves 3 de septiembre- los recursos extraordinarios que habían presentado el exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y el cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera, y dejó firme la condena que la Justicia entrerriana les impuso en la Megacausa por delitos de corrupción. En la misma resolución, dictada en el expediente CSJ 2226/2024, el máximo tribunal rechazó también los planteos de Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada, con lo que la totalidad de las condenas del megajuicio quedó firme. Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la “detención inmediata” de los tres condenados por “posible peligro de fuga”.
Los tres detenidos serán derivados a la UP1 en horas de la mañana y luego la jueza de Ejecución y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, tendrá que resolver cada uno de los planteos que hagan los abogados defensores, si es que requieren un beneficio de prisión domiciliaria, como ya han gestionado en otras instancias. Las celdas de la Alcaidía son individuales y tienen una dimensión de 2 x 3 metros, con una cucheta de madera. El punto en cuestión ahora es que el sector especial donde estuvieron alojados antes en la UP1 ya no existe como tal y está en refacciones para ser destinado a Enfermería, según se confió a ANALISIS. Por ende, hasta anoche a última hora se estaba debatiendo en ámbitos de la UP1 si los sumaban al denominado Pabellón de Seguridad -donde se encuentran condenados provenientes de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas- o bien se los deriva a la cárcel de Gualeguaychú, que tiene espacio para sumarlos.
Báez ingresó aproximadamente 21.40 a la Alcaidía de Tribunales, por calle Córdoba, en un camión de “Unidad de traslado”, como reza en el vehículo penitenciario. Aguilera se notificó casi una hora después en la Jefatura Departamental de San Salvador (aunque estaba con domicilio en General Campos) y desde allí fue derivado a Paraná. Urribarri fue notificado en su casa de Garat de calle Concordia por el propio jefe departamental, comisario José María Rosatelli (hermano del abogado y oficial que se encuentra detenido en la UP1 en una causa federal). El comisario Rosatelli ya lo había acompañado a Urribarri la vez que estuvo detenido.
En principio, los tres condenados quedarían cumpliendo la condena en Paraná. Baez solamente tiene su familia en la capital entrerriana. Los familiares directos de Urribarri y Aguilera se encuentran en Concordia y General Campos, pero la Unidad Penal de Concordia no estaría en condiciones de contar con una cárcel especial para alojarlos. La única con esas características -además de la de Paraná-, puede ser la Unidad Penal de Gualeguaychú, que sería la única cárcel más abierta y amplia y con posibilidades de instalar un sector vip dentro de la unidad. En algún momento se llegó a pensar, en ámbitos del Ministerio de Seguridad de la provincia, la posibilidad de instalar lo más parecido a un contenedor, especialmente acondicionado para los condenados por delitos de corrupción, pero ello nunca se terminó de concretar.
Los abogados defensores de Urribarri -Leopoldo Cappa- y Báez -Ignacio Díaz y José Velázquez- habían pedido al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná (que preside la vocal María Carolina Castagno) que sus defendidos no sean enviados a la Unidad Penal y en cambio se les aplique prisión domiciliaria. Por el contrario, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron formalmente que se disponga “la inmediata detención y traslado a la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná”.
La defensa de Urribarri había planteado que nunca eludió la acción de la justicia y siempre estuvo a disposición del debido proceso. Además, aportaron un diagnóstico médico, donde constatan que “se encuentra cursando un cuadro de trastorno de estrés postraumático” y, en consecuencia, piden la morigeración de la ejecución penal en su domicilio y “bajo la custodia permanente y atenta de sus familiares y médicos de cabecera”.
En el caso de Báez, sus defensores también pidieron morigerar la pena porque “padece un cuadro crónico con dolor abdominal y pérdida de peso importante”, y arrastra “molestias digestivas desde 2008, pero en el último año los síntomas empeoraron significativamente”. Señalaron que la Unidad Penal de Paraná no garantiza condiciones de encarcelamiento que permitan tratar su enfermedad. “Las cárceles y, en particular la de Paraná, se caracterizan por el hacinamiento y malas condiciones edilicias. Por lo que, en este caso, entiendo que se aplica la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la ley 27360 del 2017, que viene a incorporar una perspectiva axiológica condicionante de las decisiones judiciales”, señalaron.
De no acceder el tribunal a la domiciliaria, pidieron también como alternativa se disponga de un “régimen de semidetención” para Báez. “Esta modalidad -plantearon- permitiría al Sr. Pedro Ángel Báez permanecer en su domicilio fijado durante las horas del día a fin de procurarse el tratamiento médico, la dieta estricta sin contaminación cruzada, la medicación adecuada y los controles de salud requeridos para evitar la degradación irrecuperable de su organismo, pernoctando en el establecimiento penitenciario”.
Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 a 8 años de cárcel. Báez y Aguilera, a 6 años y 6 meses de cárcel cada uno.
En noviembre de 2024 el lugar había sido acondicionado especialmente para alojar a los tres: Urribarri, Aguilera y Báez. Ahora se estima que esa será nuevamente su celda.
El mundo se enfrenta a un mercado de “demanda”, donde los compradores necesitan comprar sus granos, y la “oferta” de los productores que se resisten a vender, pues ven cómo se afirman los precios, y es muy sabido que los productores casi nunca venden en suba. Piensan que los mercados van a seguir subiendo, retienen sus granos y no venden, y esto retroalimenta la suba, hasta que la suba se termina. Veamos cómo se ha comportado el mercado de Chicago desde el 11 de agosto, piso de baja, hasta la fecha. El trigo duro rojo de invierno acumuló una suba de 32 US$/ton, de 263 a 296 US$/ton en su posición futura diciembre. El maíz acumuló una suba de 27 US$/ton, pasando de 181 a 208 US$/ton en la posición diciembre. Por último, la soja acumuló subas de 46 US$/ton, de 429 a 475 US$/ton. Hay que destacar que en la jornada del jueves pasado todos los precios sobre Chicago reaccionaron en baja ante la toma de ganancias de los fondos. No obstante ello, el actual nivel de los precios es el más alto de los últimos tres años.
En el caso de la dinámica de los precios del trigo y del maíz hay un factor de común denominador: la crisis del Mar Negro y el rechazo de los rusos a pactar una tregua con Ucrania para liberar el transporte de granos y retomar el ritmo normal de sus exportaciones. Sucede que Rusia y Ucrania son los principales exportadores de trigo, con un total de 60 millones de toneladas, cifra equivalente al 28 % de las exportaciones mundiales. En segundo lugar, la Unión Europea, con 31 millones de toneladas; le sigue Canadá, con 28,5 millones; Australia, 22 millones; Estados Unidos, 21 millones; y finalmente la Argentina, con 15 millones de toneladas. El conflicto del Mar Negro dejó de tener objetivos bélicos y ahora los drones rusos atacan objetivos comerciales de Ucrania: terminales portuarias, plantas de acopio, acondicionamiento y las industrias aceiteras. En represalia, Ucrania ataca los mismos objetivos comerciales de Rusia. El resultado de este conflicto es la caída y las interrupciones de las exportaciones de trigo del Mar Negro, y la incertidumbre que genera entre los importadores al no tener certeza del cumplimiento de los contratos. Esta incertidumbre se refleja en el mercado en Argentina, donde el precio del trigo en los futuros A3 está cotizando a 245 US$/ton en la posición septiembre, para bajar a 239,5 US$/ton y 238,6 US$/ton para noviembre y diciembre. Y aquí lo más importante: el mercado retoma su tendencia alcista para enero a 241,5 US$/ton y para marzo a 246,6 US$/ton, toda una señal.
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Soldados de la dotación de un obús autopropulsado CAESAR de la 148.ª Brigada de Artillería Independiente Zhytomyr de las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan a cabo una misión de combate en el sector de Oleksandrivka, región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 23 de junio de 2026. (Foto de Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto vía Getty Images)Dmytro Smolienko – Getty Images
En el caso del maíz, Ucrania es el principal exportador del Mar Negro con 22 millones de toneladas, cifra equivalente al 10 % del comercio global. Rusia solo exporta 3,8 millones de toneladas, el 2 % del total mundial. En este caso son los Estados Unidos, con 83 millones de toneladas; Brasil, con 44 millones; y la Argentina, con 38 millones, los principales exportadores del mundo. Entre los tres exportan un total de 165 millones de toneladas, cifra equivalente al 78 % del comercio mundial. En un año donde la producción de maíz americano se vio afectada por las excesivas lluvias sobre el cinturón maicero, el último estimado de ProFarmer Crop Tour confirmó pérdidas de 17 millones de toneladas, encendiendo las alarmas de los operadores al verse afectadas las exportaciones del primer país exportador del mundo. La continua reacción alcista del maíz en Chicago responde a esta situación y a la incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos por parte de Ucrania. Los precios del maíz futuro A3 reflejan también esta incertidumbre, con un mercado en “carry” (suba): noviembre a 203 US$/ton, marzo y abril, cosecha nueva, a 208 US$/ton, toda una señal alcista del mercado.
Los últimos datos disponibles muestran que, en los siete primeros meses de 2026, la faena de hacienda vacuna resultó 10% inferior a la del año pasado en el mismo período; además, la tendencia indica que 2026 cerrará con una matanza de 12,2 millones de cabezas, es decir, 1,4 millones de animales menos que el año pasado. El peso medio de faena, en cambio, ha tenido un fuerte incremento y en julio alcanzó 244 kilos por animal, unos 12 kilos más que en igual mes del año pasado y 14 kilos más que en julio del 2024. “Como consecuencia del incremento del peso medio de faena, la oferta de carne caería solo 7% este año y alcanzaría 2,9 millones de toneladas, unas 240.000 toneladas menos que el año pasado”, afirma Ignacio Iriarte, director de Informe Ganadero. Es decir, el mayor peso de los novillos compensará, hasta cierto punto, el menor ingreso a los mercados. El mayor peso de faena tiene su razón de ser en la abundancia de pasto en los campos, en la excelente relación carne/maíz y en la compleja relación de compraventa entre terneros y novillos, que obligan a extender las recrías y los tiempos de estadía en los corrales.
Por otro lado, en agosto se notó que hubo menos faena de vacas, una vez que pasó la época de mayor oferta estacional, y también que se va reduciendo la disponibilidad de terneros para invernada. Mientras tanto, “el consumo se mueve con una ingesta per capita de 42-44 kilos de carne vacuna, con precios o estables o en caída en el mostrador”, advierte Iriarte. Los valores de la exportación han sufrido algunas correcciones pero siguen entonados por la persistencia del incremento sostenido de la demanda global, que enfrenta una fuerte declinación de la oferta exportable. Por esa razón,“los precios FOB de julio de 2026 son 28% superiores a los de igual mes de 2025”, compara el consultor. En esta actividad se vislumbran mejores perspectivas para los últimos meses del año en Europa, por la salida de Brasil, y en China, por el agotamiento de la cuota asignada al país vecino. En Estados Unidos, el reciente anuncio de importación de 300.000 toneladas de carne libre de aranceles puede provocar una baja en los precios internos que, indirectamente, perjudique a futuros embarques de la Argentina.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) distribuye los pagos de septiembre de 2026 a lo largo de todo el mes mediante un cronograma escalonado que organiza las acreditaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. El sistema permite ordenar el flujo de millones de cobros y garantiza que cada prestación siga su propia secuencia, sin superposiciones que puedan afectar la operatoria bancaria.
Particularmente para los titulares con documento terminado en 4, el calendario de septiembre comienza el 10 de septiembre y se extiende hasta el 24 de septiembre, según la prestación y el esquema de acreditación previsto en cada caso. Algunas prestaciones, como la Asignación por Maternidad o las Asignaciones de pago único, no distinguen por terminación de DNI y están disponibles para todos los beneficiarios durante ventanas más amplias del mes.
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Los haberes del período se actualizaron conforme al Decreto 274/2024, que fija un mecanismo de ajuste mensual atado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. El porcentaje de incremento aplicado en septiembre es del 2,1%, calculado sobre el dato de julio registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los beneficiarios que perciben haberes mínimos reciben además un bono extraordinario de $70.000 adicional al haber actualizado.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciban el haber mínimo tendrán el pago acreditado el lunes 14 de septiembre. El monto total para este período es de $498.633,20: $428.633,20 en concepto de haber con el aumento mensual aplicado y $70.000 del bono extraordinario. La transferencia se realiza de forma automática en la cuenta bancaria registrada por el titular.
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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
Los beneficiarios del SIPA con haberes superiores al mínimo vigente deberán aguardar hasta el jueves 24 de septiembre para ver el dinero disponible en su cuenta, una fecha que comparten con los titulares de DNI terminado en 5. La jubilación máxima fijada para septiembre asciende a $2.884.295,54, de acuerdo con los valores establecidos por la normativa vigente.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cobrarán el lunes 14 de septiembre. El valor de la AUH es de $154.031 por hijo, en tanto la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $77.025 en el primer tramo de ingresos. Para los casos de hijo con discapacidad, el monto de la AUH asciende a $501.537.
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Asignación Universal por Embarazo
Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) percibirán el pago el miércoles 16 de septiembre. El monto vigente para el período es de $154.016. Las titulares que residan en zonas geográficas desfavorables —denominadas zona 1, que incluyen la Patagonia y otras áreas con mayores costos de vida— perciben un valor diferencial de $200.221, en reconocimiento de esa disparidad regional.
Asignación Prenatal
Para la Asignación Prenatal, los titulares con DNI terminado en 4 cobrarán el lunes 14 de septiembre, fecha compartida con quienes tienen el dígito 5. El monto base, correspondiente a familias con ingresos de hasta $1.170.269, es de $77.025, con valores decrecientes según los tramos de ingresos superiores.
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Asignación por Maternidad
La Asignación por Maternidad no sigue el esquema de terminación de DNI: se abona desde el 10 de septiembre para la totalidad de las beneficiarias, sin distinción por dígito final del documento. Su valor equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.
Asignaciones de pago único
Las asignaciones de pago único —que comprenden los beneficios por nacimiento, matrimonio y adopción— están disponibles para todos los titulares sin distinción de terminación de DNI en el período comprendido entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre. Los montos dependen del tipo de prestación y de la composición del grupo familiar, de acuerdo con los valores actualizados por ANSES para el período vigente.
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Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) —por invalidez o vejez— con DNI terminado en 4 cobrarán el jueves 10 de septiembre, fecha compartida con quienes tienen el dígito 5. El haber para este mes es de $370.043,24: $300.043,24 en concepto de haber con el ajuste mensual y $70.000 del bono extraordinario.
Las Asignaciones Familiares de PNC, en tanto, se encuentran disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre. Sus montos no son fijos: varían según el tipo de asignación —por hijo, por hijo con discapacidad, por ayuda escolar anual, entre otras— y según el nivel de ingresos del grupo familiar, por lo que cada beneficiario debe consultar el valor que le corresponde a través de Mi ANSES.
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Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo se abona bajo dos modalidades. El Plan 1 se acredita el jueves 24 de septiembre para los beneficiarios con DNI terminado en 4, junto con quienes tienen el dígito 5. El Plan 2, en cambio, no distingue por terminación de documento y está disponible entre el 1 de octubre y el 9 de octubre para todos los titulares.
Más de cinco millones de personas viven en los 6.467barrios populares relevados en la Argentina. Sobre esa base, la Iglesia, la fundación TECHO y organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron un proyecto de ley acompañado por 11 bloques legislativos de 10 provincias para garantizar por ley el financiamiento de obras de integración socio-urbana hasta 2036. “Para eso es necesario el diálogo”, resumió Gustavo Carrara, Arzobispo de La Plata, al reclamar que los recursos dejen de depender de la voluntad política de cada gestión.
La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Grabois, busca fijar un piso presupuestario vinculado al Producto Bruto Interno (PBI) y responde a un fallo judicial que exhortó al Congreso a garantizar recursos tras la disolución del fondo que sostenía esas obras.
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Monseñor Gustavo Carrara reclamó protagonismo
Carrara destacó la necesidad de comprender a los barrios populares desde la organización de quienes los habitan. “El concepto de integración socio urbana busca destacar el protagonismo de las vecinas y vecinos; que no solo dan que pensar, sino que piensan; no solo despiertan sentimientos, sino que sienten; y no solo padecen las injusticias, sino que se organizan de modo creativo en la lucha por vivir mejor”, sostuvo el religioso.
“Los vecinos trabajan con laboriosidad con la ilusión de pasar del techo de chapa a la losa para después poder cobijar a sus hijos y nietos; para eso es necesario el diálogo”, agregó el Arzobispo de La Plata.
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Los razones del proyecto de ley
Según los fundamentos del proyecto, la iniciativa tiene por objeto “dotar de un financiamiento adecuado, sostenible y permanente a la política de integración socio urbana de los barrios populares de la República Argentina, conforme a lo establecido por la ley 27.453, sus modificatorias y normas complementarias”. Esa norma, sancionada en 2018 con amplio consenso legislativo, reconoce la vulnerabilidad habitacional de millones de argentinos y establece el marco legal para su integración socio-urbana.
El texto sostiene que el derecho a la integración sociourbana, consagrado en el artículo 1° de la Ley 27.453, “es un derecho cuya efectividad depende de la existencia de recursos concretos que le otorguen previsibilidad presupuestaria”. En ese sentido, los fundamentos citan a los tratados internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), que imponen al Estado “el deber de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales” y le prohíben “retroceder sin una justificación estricta y debidamente fundada en los niveles de protección ya alcanzados”.
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Un fallo judicial que exhorta al Congreso a garantizar el financiamiento
“La iniciativa legislativa responde de manera directa a una decisión judicial”, le recuerda a este medio el diputado Juan Grabois. En mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó, en el marco de un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones, hizo lugar a una medida cautelar interina que suspendió el Decreto 312/2025 —que disponía la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)— por considerar que la ausencia de financiamiento implicaba “una regresividad inadmisible en términos constitucionales”, que comprometía “el goce efectivo de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, el hábitat y el ambiente sano”.
El juez Andrés Heim, a cargo del juzgado, exhortó de manera expresa al Congreso de la Nación a arbitrar los mecanismos necesarios para establecer un financiamiento adecuado y sostenible. El proyecto que hoy impulsan los 11 bloques constituye la respuesta directa a ese exhorto.
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El FISU fue creado por el Decreto 819/2019 como instrumento clave para financiar obras de infraestructura en los barrios registrados en el Renabap. Fue dotado de recursos provenientes, entre otras fuentes, del 9% de la recaudación del Impuesto PAIS, conforme a la ley 27.541 y el decreto 184/2020, lo que le permitió desplegar, según los fundamentos, “una de las políticas de infraestructura social más importantes de las últimas décadas”.
Entre los logros de esa política, el proyecto destaca más de 1.300 obras aprobadas de infraestructura urbana —apertura y mejoramiento de calles, equipamiento urbano, redes de agua, cloaca y electricidad, y lotes con servicios— y más de 250.000 mujeres beneficiadas a través del programa Mi Pieza, orientado a mejoras habitacionales.
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Ese esquema se derrumbó con el Decreto 193/2024, que redujo la participación del FISU en el Impuesto PAIS del 9% al 0,3%, “impuesto que luego dejó de existir a fines del año 2024”.
Los fundamentos precisan que esa primera decisión implicó una caída del 96,7% en los recursos disponibles para continuar con las obras en marcha o iniciar nuevas, y que tras la eliminación del impuesto “los recursos para esta política pública se extinguieron”. Como consecuencia, según el informe 145 de la Jefatura de Gabinete, la ejecución de obras se desplomó un 98% entre 2023 y 2026, de 171.863 millones de pesos a apenas 3.336 millones de pesos, y 671 de las 1.322 obras en curso —el 84,3%— quedaron paralizadas en 21 provincias y en laCiudad de Buenos Aires.
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La fórmula para el financiamiento
El artículo 3° del proyecto establece la fórmula que sostiene el financiamiento: un piso presupuestario equivalente al 0,0375% del PBI para el período 2027-2029, con incrementos progresivos hasta alcanzar el 0,1125% en el tramo 2034-2036. Los fundamentos aclaran que la iniciativa no crea un nuevo impuesto ni una fuente de financiamiento adicional, sino que establece, dentro del conjunto de los recursos públicos de renta general, una prioridad presupuestaria para la integración socio-urbana.
“El monto inicial de 0,0375% del PBI es equivalente al nivel de inversión efectiva alcanzado por el FISU durante el año 2021 —año en que la política dio comienzo a su despliegue territorial e impacto social— y representa el mínimo necesario para garantizar la sostenibilidad de las obras en ejecución, evitar su paralización y planificar con horizonte estratégico la integración de los más de 6.000 barrios populares registrados en el ReNaBap”, según el texto presentado ante la Cámara de Diputados.
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La iniciativa agrega que los recursos destinados a esta política no podrán ser inferiores a los del año anterior, incluso en caso de una eventual prórroga del Presupuesto Nacional, y propone prorrogar por diez años la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares.
Gisella Gazzotti, directora nacional de Incidencia en TECHO-Argentina, explicó los alcances de la iniciativa. “Impulsamos este proyecto que busca garantizar fondos del Presupuesto para los sectores más pobres de Argentina. Hoy en los barrios populares viven cerca de 1,7 millones de niños y niñas que se inundan cuando llueve, que crecen sobre un piso de tierra y que no hay manera de que puedan progresar sin invertir en su futuro. Buscamos que este proyecto de ley permita transformar la vida de todos ellos”, afirmó.
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El último relevamiento del ReNaBap
La Mesa Nacional de Barrios Populares —integrada por Cáritas, TECHO y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)— retoma con este proyecto el espíritu de consenso transversal que en 2018 permitió sancionar la Ley de Barrios Populares.
Según el ReNaBap, con datos actualizados a diciembre de 2025, existen 6.467 barrios populares identificados en todo el país, que ocupan una superficie de 684.201.855 metros cuadrados y donde viven aproximadamente 1.287.942 familias, en 1.170.397 viviendas.
El relevamiento del organismo, dependiente de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, clasifica al 81,24% de esos barrios como asentamientos, al 17,41% como villas y al 1,35% como conjuntos habitacionales unifamiliares. En cuanto a su antigüedad, el 26,83% se conformó durante la década de 2010 y el 24,80% durante la de 2000, mientras que un 3,74% de los barrios populares corresponde mayoritariamente a comunidades originarias, entre las que predominan las etnias qom, wichí y guaraní.
Con financiamiento sostenido, la política llegó a ejecutar 1.322 obras en 1.164 barrios populares de las 23 provincias, generó 23.909 lotes con servicios y alcanzó a más de 1.300.000 personas. Casi 859.000 familias cuentan hoy con Certificado de Vivienda Familiar, y el programa Mi Pieza redujo el hacinamiento del 43% al 21% en los hogares beneficiados. La política fue auditada sin observaciones por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
El relevamiento del Instituto Periferias exhibe la magnitud de la crisis social
Un informe elaborado por el Instituto Periferias, que conduce Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, aporta datos sobre la situación social en las zonas más vulnerables de la provincia de Buenos Aires durante 2026. Según ese relevamiento, el 57,5% de los consultados mencionó al hambre y la pobreza como el principal problema del país, con un 32,2% que citó específicamente el hambre y un 25,3% la pobreza.
El estudio también registró que el 44,1% de los hogares sufrió la pérdida del trabajo principal, propio o de algún integrante de la familia, y que el 74,4% de los hogares no llega a cubrir los gastos mínimos con sus ingresos; solo el 11,1% respondió que sí le alcanzan. Un 52,3% de los consultados dijo sentir ansiedad o tristeza por la situación económica de manera frecuente o permanente.
En materia alimentaria, el 68,3% no pudo acceder a alimentos saludables y nutritivos, y el 49,2% se quedó sin alimentos en el hogar en algún momento. El relevamiento detectó además que el 42,3% de los hogares tuvo que pedir dinero prestado o endeudarse para comprar comida, que el 59,8% tiene algún tipo de deuda financiera y que el tipo de deuda más mencionado, con el 37,8%, corresponde a la tarjeta de crédito.
¿Quiénes firmaron el proyecto?
El proyecto lleva la firma de los diputados Maximiliano Ferraro, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Martín Lousteau, Sebastián Nóblega, Fernanda Miño, Javier Noguera, Natalia De la Sota, Diógenes Ignacio González, Yolanda Vega, Esteban Paulón, Oscar Zago, Claudio Álvarez y Marcela Marina Pagano. Como cofirmantes figuran Lourdes Arrieta, Itai Hagman, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Pablo Juliano y Jorge Fernández.
Entre los espacios políticos que acompañan la iniciativa se encuentran Coalición Cívica, Argentina Federal, Encuentro Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Independencia, Defendamos Córdoba, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Coherencia.
Falta de servicios básicos
A menos de 15 días de que el Gobierno nacional presente el Presupuesto 2027, los datos del ReNaBap dimensionan el problema que busca resolver el proyecto de ley. Según el organismo, el 91,57% de los barrios populares no tiene acceso formal al agua corriente, el 66,18% carece de acceso formal a la energía eléctrica, el 97,42% no cuenta con conexión formal a la red cloacal, el 98,56% no tiene acceso formal a la red de gas y el 98,89% no dispone de un sistema de calefacción formal. El 100% de los barrios relevados está amparado por la Ley 27.453, que otorga seguridad en la tenencia de la tierra, de acuerdo con el mismo registro.
El Registro Nacional de Armas (RENAR) autorizó la destrucción completa de 13.446 chalecos antibalas vencidos de la Policía de la provincia de Santa Fe, un procedimiento que, según los expedientes generados por el propio organismo, constituye el primero de este tipo que se concreta entre todas las fuerzas de seguridad del país.
La medida expone un problema que el Estado arrastra desde hace más de una década: la acumulación, sin destrucción efectiva, de entre 300.000 y 500.000 chalecos vencidos en depósitos de organismos públicos de toda la Argentina.
La cifra no es arbitraria. Es el cálculo estimativo que circula en el organismo a cargo de Jua Pablo Allan. El número exacto de chalecos en esas condiciones, y que se acumulan en depósitos de los organismos de seguridad se desconoce porque no todas las fuerzas y agencias de seguridad privada lo han reportado ante el organismo regulador.
Parte de ese material dado de baja ya fue hallado en circuitos ilegales, en manos de organizaciones criminales.
El RENAR, que hasta julio de 2025 se llamaba Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), tiene la potestad exclusiva y excluyente en todo el territorio nacional para autorizar y fiscalizar la destrucción de materiales controlados, conforme lo establece el artículo 5° inciso 3° de la Ley 27.192, sancionada el 22 de octubre de 2015. Sin embargo, durante más de nueve años esa función no se reglamentó de manera efectiva, según indicaron fuentes del organismo a Infobae.
Los chalecos antibalas que utilizan las fuerzas de seguridad tienen una duración certificada de cinco años, plazo fijado por el RENAR y garantizado por los propios fabricantes. Cumplido ese período, las unidades deben retirarse porque ya no puede asegurarse el nivel de protección original, aunque en buena parte de las fuerzas esa baja efectiva no llega a concretarse. Una auditoría interna del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizada en 2024 cuando Patricia Bullrich encabezaba la cartera, detectó que Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina sumaban 76.812 chalecos, de los cuales 49.159 estaban vencidos, el 64% del total.
Hasta ahora no existía una norma que permitía a los legítimos usuarios, como las jurisdicciones de las que dependen las fuerzas de seguridad de todo el país tramitar la destrucción de los denominados material de usos especiales (M.U.E), como Chalecos antibalas y otras protecciones corporales; Cascos antibalas y, entre otros transparente antibalas. Por esa razón, se acumulaban cientos de miles de estos materiales en galpones y depósitos que, muchas veces, por no estar bien resguardados, terminaban en manos de los delincuentes.
También se creó un registro especial para las plantas para destrucción de M.U.Es. Estas deben cumplir una serie de requisitos y estar habilitadas y supervisadas por el RENAR y deben utilizar alguno/s de los siguientes métodos:
A. Corte: las tiras resultantes del mismo no podrán ser mayores a 10 cm de ancho por el largo del M.U.Es. para los opacos, transparentes, placas para incrementar nivel en chalecos antibalas y cascos. Respecto de los chalecos antibalas se podrán cortar los paneles balísticos y fundas por la mitad.
B. Deshilado: se debe garantizar que la totalidad del panel sometido a este proceso quede en forma de vellón o hilos separados de su confección original.
C. Triturado: el residuo resultante no debe superar los 25 cm2.
D. Fundición: La totalidad del material sometido a este proceso debe quedar disuelto.
E. En caso de proponer otro método el mismo debe ser superador a los anteriores, adecuado a la normativa vigente respecto del medio ambiente y será evaluado por el área técnica competente para su aprobación.
En todos los casos se deberá garantizar que las etiquetas identificatorias del M.U.E. queden destruidas.
El proceso de destrucción de M.U.Es. deberá contar con el aval de un profesional independiente habilitado por los organismos de protección ambiental competentes, que certifique que el mismo se realizará para proceder a la disposición final de los materiales controlados.
Antes del caso santafesino, el organismo había dispuesto otras dos destrucciones que quedaron truncas. En 2021, la disposición DI-2021-59-APN-ANMAC#MJ ordenó eliminar 3.446 chalecos defectuosos elaborados por Fabricaciones Militares y entregados a la Policía de la provincia de Buenos Aires. Un año después, la disposición DI-2022-129-APN-DNAAJYM#ANMAC alcanzó a un nuevo lote, esta vez de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En ambos casos las órdenes no llegaron a ejecutarse porque el país no contaba con la capacidad tecnológica necesaria.
El faltante de equipamiento en condiciones no se limita a las fuerzas federales. La Policía de la Ciudad retiró 6.147 chalecos vencidos o deteriorados; la provincia de Córdoba incorporó 17.000 unidades nuevas ante un faltante operativo y Entre Ríos repuso 1.300 después de admitir que la mayoría de los chalecos en uso ya había cumplido su vida útil. El entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció en septiembre de 2024 que, hasta el 10 de diciembre de 2023, “los policías usaban chalecos vencidos”, al anunciar la incorporación de 19.700 unidades nuevas para las fuerzas federales.
El primer paso normativo lo dio la entonces ANMAC con la Resolución 135/2019, publicada en el Boletín Oficial el 6 de agosto de 2019, que creó el Registro de Plantas de Disposición Final de Chalecos Antibalas y exigió que solo pudieran inscribirse en él empresas con tecnología adecuada y experiencia comprobable en la fabricación de estos materiales.
El propio texto reconoció que, hasta ese momento, los usuarios legítimos debían acumular chalecos vencidos sin poder destruirlos, lo que generaba “un perjuicio al tenedor legítimo” y aumentaba “el riesgo potencial de sustracción debido a la acumulación de tales elementos”.
Cinco años más tarde, la Resolución 145/2024 reglamentó los métodos técnicos admitidos para la destrucción: corte, deshilado, triturado y fundición, todos orientados a impedir la reutilización de paneles, etiquetas y fundas, con la obligación de garantizar la trazabilidad del proceso mediante un certificado final.
La norma habilitó, además, un registro único de Usuarios Comerciales (UCOM) en el que hoy figuran inscriptas diez firmas y organismos: Metalúrgica Oliva Hnos. SA, Interservit SRL y FC Group SRL, las tres con sede en la provincia de Buenos Aires; ASP Blindaje SA, radicada en Entre Ríos; Tecnología Antibalas SA, también en Buenos Aires; Flash Importaciones SRL, igualmente bonaerense; Indram SA, única inscripta en San Juan; y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de su Facultad Regional Buenos Aires, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La autorización para destruir los chalecos de la Policía de Santa Fe se construyó a partir de trece expedientes electrónicos caratulados por la Dirección Nacional de Registro y Delegaciones del RENAR bajo la sigla ANMAC, identificados entre el EX-2026-72238301 y el EX-2026-72959824. Once de esos trámites corresponden a notas sucesivas, de la primera a la undécima, sobre la destrucción del lote original, mientras que los dos últimos formalizan una ampliación del 20% sobre el volumen inicial. La sucesión de notas remitidas en un lapso breve, todas caratuladas bajo la fórmula genérica “destrucción de chalecos de protección balística”, da cuenta de un trámite fragmentado en tandas hasta completar el total de 13.446 unidades.
Chalecos vencidos en manos de bandas criminales
La acumulación de chalecos antibalas vencidos sin destrucción efectiva ya derivó en episodios de sustracción documentados en causas judiciales. En febrero de 2026, el armero de una banda de sicarios conocido como “El Negro Juan” fue detenido en Córdoba con un chaleco antibalas de la Policía provincial, una ametralladora de fabricación israelí y otras armas.
Especialistas consultados por Infobae advirtieron que los paneles balísticos conservan parte de sus propiedades protectoras después del vencimiento, por lo que pueden reutilizarse o emplearse de manera clandestina para fabricar nuevos paneles, blindajes, escudos o chalecos si no son destruidos con el método adecuado.
Consultado por Infobae, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva lo explicaron así: “Al inicio de la actual gestión se le encomendó al Director Ejecutivo del RENAR, Juan Pablo Allan, resolver un problema de décadas, la destrucción de chalecos antibalas vencidos. De acuerdo con la ley 27.192 (Ley de Creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados – ANMaC), art. 5º inc. 3º son funciones y atribuciones de dicho organismo, con carácter exclusivo y excluyente, la destrucción de materiales controlados, entre los que se encuentran los chalecos antibalas. En los más de 9 años que habían transcurrido desde su publicación en el Boletín Oficial (22/10/15) no se había regulado la destrucción de materiales de usos controlados, lo que generó una acumulación especialmente de chalecos antibalas vencidos del orden de entre los 300.000 a 500.000 (parámetros estimados por falta de información consolidada de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, policías y usuarios comerciales, que se fueron acumulando). Es importante destacar que el único organismo que puede autorizar y fiscalizar la destrucción de materiales de usos especiales es el RENAR”.
Desde la cartera de Seguridad también se recordó que: “Finalmente, en octubre de 2024 se sancionó la Resolución 145/2024 de la entonces ANMAC, hoy RENAR, que regula todo lo vinculado con la destrucción de chalecos antibalas y demás materiales controlados como cascos, placas balísticas, etc. A raíz del dictado de la misma, han iniciado trámites para la autorización de destrucción de chalecos antibalas la Policía de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Pilar y tres usuarios colectivos (agencias de seguridad), y para la destrucción de vehículos blindados han iniciado trámite el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y un usuario colectivo”.
Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, confirmaron a este medio la magnitud del stock acumulado en la jurisdicción que concentra la mayor cantidad de efectivos policiales del país y el inicio de un proceso propio de destrucción. La respuesta textual fue la siguiente:
“El Ministerio de Seguridad posee 207.000 chalecos anti balas vencidos en situación de guarda desde el año 2015, hasta la fecha. El RENAR estableció normas y habilito empresas para la destrucción de chalecos, las cuales se encuentran descriptas en las normativas del RENAR que describe el procedimiento y las entidades autorizadas a la disposición final de chalecos antibalas vencidos”.
Los funcionarios de Axel Kicillof consultados por este medio precisaron que: “El Ministerio de Seguridad firmó un convenio con la UTN, para la destrucción progresiva de los chalecos vencidos generando un hito en la historia de la gestión de rezagos de materiales especiales controlado”. Y adelantaron que “el proceso administrativo y operativo se inició el 2 de agosto de 2026 y se va a extender hasta la destrucción del último material controlado”.
La cartera de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Horacio Alberto Giménez, ofreció su lectura sobre el proceso en su jurisdicción. Según explicaron a Infobae: “Los chalecos antibalas vencidos en la Ciudad se encuentran a resguardo en depósitos policiales, por lo que hoy no es una prioridad iniciar ese proceso. En la Ciudad no hay chalecos vencidos en circulación en la calle”. No se informó el número de chalecos vencidos y dónde están depositados por “una cuestión de seguridad”. También dijeron que cada chaleco tiene un número único para “seguir la trazabilidad”.
Una de las empresas habilitadas por el RENAR para la destrucción del material de usos especiales se hará cargo de la destrucción de los chalecos antibalas de la provincia de Santa Fe.
Con la normativa vigente, la capacidad técnica instalada y el precedente de Santa Fe en marcha, la eliminación de los stocks acumulados en fuerzas federales, provinciales y municipales queda condicionada a que cada jurisdicción inicie su propio trámite ante el RENAR, organismo que mantiene la potestad exclusiva y excluyente en todo el territorio nacional para autorizar y fiscalizar este tipo de procedimientos.
Fuentes de la cartera de Seguridad de la Nación consultadas por Infobae remarcaron que una política de seguridad resulta efectiva cuando contempla ese ciclo completo. Según indicaron, un gobierno que adquiere chalecos de alta calidad, pero no planifica su descarte y destrucción segura deja el trabajo a medias: “Acumula material que se degrada, incurre en costos de almacenamiento, aumenta el riesgo de desvíos y contribuye, de manera involuntaria, a alimentar circuitos delictivos”.
Luego de la reelección de Armando Cavalieri en el Sindicato de Comercio de Capital, otros líderes de gremios importantes como Roberto Fernández, Néstor Segovia, José Luis Lingeri y Abel Furlán pondrán en juego su liderazgo en la segunda tanda de elecciones sindicales que se extenderá hasta diciembre próximo. Aunque se mantiene la tendencia a la continuidad de los máximos dirigentes, hay un caso en el que habrá una fuerte disputa interna y otro donde se perfilan acercamientos entre el oficialismo y la izquierda.
Este jueves, como anticipó Infobae, Cavalieri logró su undécima reelección al frente del gremio mercantil porteño, en unos comicios en los que la lista que encabezó, secundado nuevamente por Carlos Pérez,será fue la única que se presentó luego de que la Justicia dejó sin efecto la oficialización de la nómina opositora.
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Más de 16.200afiliados participaron de la votación, según informó el sindicato, que permitirá que Cavalieri, que asumió como secretario general de Comercio Capital en 1985, permanezca otros cuatro años, hasta 2030.
El líder sindical no tuvo competencia interna tras una decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que revocó la oficialización de la opositora Lista Celeste-Verde, encabezada por Sabrina Paredes, a partir de peritajes caligráficos que detectaron irregularidades en 1.238firmas, lo que le impidió cumplir los requisitos reglamentarios de la convocatoria.
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Tras el triunfo, Cavalieri sostuvo: “La gran participación de nuestros afiliados es una clara demostración de la consolidación y unidad del Sindicato de Comercio. En una coyuntura donde las políticas del gobierno nacional plantean grandes desafíos para el mundo laboral, la fortaleza de nuestra organización es la herramienta principal para defender con firmeza la dignidad, el salario y las conquistas de cada trabajador mercantil”.
El reelegido dirigente agregó: “Frente al escenario nacional actual, un gremio unido y consolidado es indispensable para actuar con representatividad y peso estratégico. Iniciamos este nuevo período reafirmando el compromiso inquebrantable de estar al frente de las discusiones nacionales, al lado de la familia mercantil y en constante protección de sus derechos”.
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Aunque Paredes hubiera podido competir contra Cavalieri, se consideraba que tenía pocas chances de ganar los comicios contra la tradicional Lista Azul de Cavalieri. Esta vez no se presentaba un opositor fuerte como Ramón Muerza, quien, pese a haber sido apadrinado por Hugo Moyano, fue derrotado en las elecciones en 2022: obtuvo 6482 votos contra 14.547 de Cavalieri, que se impuso con el 70% de los sufragios en una elección con una participación récord del 45,5% del total de afiliados.
El oficialismo de Cavalieri profundizó su inserción en las bases y los cuerpos de delegados y le sacó aliados a su ex adversario: sumó en su lista a Pablo Buffone, delegado de Coto, donde Muerza tenía un importante fuerza propia, como nuevo secretario Gremial del sindicato.
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Un día antes de la votación en Comercio, Sonia Alesso y Roberto Baradel fueron reelegidos como secretaria general y secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en los comicios que se hicieron este miércoles, donde se impusieron con el 76% de los votos.
Otra elección clave, pero con probabilidades de recambio, se dará el 7 y 8 de octubre en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), donde Roberto Fernández buscará ser reelegido y, en lo que constituye un dato inédito, competirá contra 3 listas: la Marrón, que encabeza Alberto Patiño, actual secretario de Organización del gremio; la Negra, que postula a Maximiliano Escriba, apadrinado por Miguel Angel Bustinduy, ex opositor a Fernández, y la Bordó, que encabeza Claudio Gómez, auspiciada por el trotskista Rubén “Pollo” Sobrero.
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La UTA tiene el estatuto más restrictivo del sindicalismo argentino ya que sólo puede presentarse como candidato a secretario general quien logre presentar listas en todas las seccionales del gremio del país (algo casi imposible y que es una de las claves de la supervivencia de Fernández desde 2008), pero esta vez un fallo judicial derogó esa limitación y permitió que haya nóminas opositoras aunque sólo se presentarán en pocas seccionales. Por eso crece la expectativa de que Patiño, a quien le adjudican un creciente predicamento en las bases de choferes de colectivos, pueda desplazar al líder de la UTA.
Para colmo, Fernández tendrá varias pérdidas de dirigentes afines: además de la ruptura de Patiño, Mario Calegari, histórico secretario de Prensa del gremio y decisivo en la estructura del oficialismo, decidió retirarse del sindicalismo luego de 45 años de actividad.
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Una elección también decisiva se dará el 26 de noviembre en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados, que será la primera en realizarse tras el fallecimiento de Roberto “Beto” Pianelli, el líder del gremio que fue creado a partir de una ruptura de trabajadores del subte con la UTA y que desde 2011 conducía en sociedad con Néstor Segovia como secretario adjunto.
No era un secreto que Pianelli y Segovia tenían diferencias políticas, pero nunca afectaron de manera significativa su gestión sindical. Pero la ausencia del primero dejó a sus dirigentes más fieles en un estado de debate interno sobre si presentarse en las elecciones con un candidato propio o seguir aliados con Segovia.
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Si finalmente se divide el oficialismo de los Metrodelegados sería un escenario beneficioso para la izquierda, que en las elecciones de 2022, en una lista que unificó al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y al Partido Obrero (PO), llegó al 40,9% de los votos contra el 59,1% de la dupla Pianelli-Segovia. Se trata de un sector fuerte en las bases de los subtes, con dirigentes como Claudio Dellecarbonara, del PTS y fuerte inserción en la Línea B, o David Carballo, de la Agrupación Trabajadores de Metrovías (ATM), alineada con el PO.
Una fuente del pianellismo, sin embargo, afirmó a Infobae: “Recién se conoció el cronograma electoral y aún no mantuvimos todas las conversaciones entre los distintos espacios. Pero frente a la ofensiva del Gobierno, la reforma laboral y la persecución judicial que pretende criminalizar a las organizaciones gremiales, la respuesta debe ser construir la mayor unidad posible”.
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Desde el sector de Segovia también advirtieron que sería “un error que se rompa un sector que está desde hace tanto tiempo y con tantos resultados al frente del gremio”, mientras en estos días hubo dirigentes de izquierda que plantearon al oficialismo la posibilidad de compartir una lista de unidad en los comicios.
Algunos referentes del trotskismo en los subtes creen que hay una situación política “muy complicada”, con ”persecución contra las organizaciones sindicales, sobre todo las combativas”, por parte del gobierno de Javier Milei que pone “en riesgo el sindicato”.
Por eso un sector de izquierda de los Metrodelegados, vinculado con el PTS, propone acordar un programa con el oficialismo como condición para ir juntos a las elecciones del 26 de noviembre en el que se replantee “cómo viene funcionando el sindicato y cómo se toman las decisiones”, además de incluir la derogación de la reelección indefinida de sus líderes.
Todas las charlas al respecto están en estado embrionario, pero se estima que no será fácil llegar a un acuerdo integral: de por sí,el PO advirtió que no apoyará una nómina con Segovia y el pianellismo.
Mientras, antes de fines de año también habrá elecciones en otros dos importantes sindicatos.En diciembre se votará en el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), donde José Luis Lingeri, referente del sector dialoguista de la CGT, conseguirá una nueva reelección al frente de una única lista en medio de los avances del gobierno de Javier Milei para privatizar la empresa estatal AYSA.
Además, en estos días deberán ponerle fecha a los comicios en la Seccional Zárate-Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), intervenida por la Justicia luego de comprobarse irregularidades en la votación que se hizo en marzo y en la que se proclamó ganador a Abel Furlán. Ahora, en un proceso controlado por la ONG Transparencia Electoral, el desplazado líder metalúrgico volverá a enfrentarse al opositor Angel Derosso.
Una elección que también definirá al jefe de la UOM a nivel nacional y que se dará en coincidencia con la investigación judicial del polémico acuerdo del sindicato con la empresa USEM, donde figura como una de sus dueñas la militante camporista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner.
Los envíos discrecionales de fondos nacionales a las provincias sumaron $68.288 millones en agosto, el peor registro para ese mes desde 2005, con una caída de 66,4% en términos reales. El dato surge de un informe de la consultora Politikón Chaco, que remarcó que se trata del “peor agosto desde, por lo menos, el año 2005”, en un contexto de recorte sostenido que ya lleva varios meses.
La contracción golpeó de lleno a partidas destinadas a programas educativos, obras de infraestructura y previsión social. Según el desglose, los envíos por Universalización de la Jornada Extendida ($30.455 millones) explicaron el 45% del total pagado, mientras que las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales ($15.000 millones) concentraron otro 22%. Entre ambos rubros sumaron el 67% de lo girado en el mes. En agosto, además, no hubo reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la principal herramienta discrecional del Ejecutivo para asistir a las provincias.
El reparto territorial mostró una fuerte concentración: Buenos Aires se llevó el 23,7% del total ($16.190 millones, aunque con una caída interanual real del 72,5%), seguida por Entre Ríos (12,9%) y Santa Fe (10,4%). En el otro extremo, Tierra del Fuego, Río Negro, Formosa y Santa Cruz recibieron participaciones inferiores al 0,3%, con esta última prácticamente sin fondos: apenas $24 millones y una baja interanual del 99,7%.
El dato de agosto no es un hecho aislado, sino la continuidad de una tendencia que viene marcando la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores desde el inicio de la gestión. En junio, las transferencias no automáticas ya habían caído 87,7% interanual real, tocando el piso más bajo para ese mes desde 2005, según el mismo relevamiento de Politikón Chaco. En julio, la baja fue del 68,6%, también un récord negativo para el mes. Ese estudio ubicó a julio de 2026 como el peor registro para ese mes en las últimas dos décadas.
Los ATN, que a diferencia de la coparticipación no se distribuyen por una fórmula automática sino por decisión discrecional del Poder Ejecutivo, estuvieron directamente congelados durante varios tramos del año: no hubo giros en mayo ni en junio, y volvieron a interrumpirse en agosto. El Gobierno defiende esta política como parte de su estrategia de sostenimiento del superávit fiscal, mientras que los gobernadores –incluso varios alineados con la Casa Rosada– vienen reclamando desde hace meses una distribución más automática y menos sujeta a la negociación política, al punto de impulsar proyectos en el Congreso para modificar el mecanismo de reparto.
La disputa por estos fondos volvió a instalarse como uno de los ejes de tensión entre Nación y las provincias en el marco de la discusión presupuestaria, en momentos en que el oficialismo busca sostener apoyos legislativos clave.
Este esquema de ajuste llega en un momento sensible: con el Presupuesto 2026 todavía en discusión, el oficialismo necesita votos provinciales para destrabar reformas clave en el Congreso. La discrecionalidad de los ATN, lejos de licuarse, sigue siendo la principal moneda de negociación de la Casa Rosada con los gobernadores, que reclaman previsibilidad antes que gestos puntuales de fin de año. Un debate que promete extenderse en las próximas semanas y que tendrá epicentro el próximo 16 de septiembre.
Septiembre inició con varios factores que podrían sostener la estabilidad cambiaria durante el mes, en un contexto en el que buena parte de los analistas privados observa condiciones más favorables para que el tipo de cambio transite las próximas semanas sin sobresaltos. La combinación incluye una menor demanda de divisas para importar energía, un flujo todavía relevante del agro, una mayor oferta vinculada a emisiones de deuda y una baja de algunas fuentes de presión que habían pesado sobre el mercado en meses previos.
En ese esquema, uno de los cambios más visibles aparece por el lado de la estacionalidad. Con el final de los meses de mayor consumo de gas natural licuado y combustibles, septiembre abre una etapa de menor necesidad de dólares para abastecer la demanda energética. Esa reducción importa porque quita presión sobre el Mercado Libre de Cambios (MLC) y mejora el equilibrio entre oferta y demanda en un momento clave del calendario financiero.
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A la vez, el frente exportador suma señales que el mercado sigue de cerca. La mejora reciente de las cotizaciones internacionales de la soja y otros granos refuerza la expectativa de que el sector agropecuario mantenga un nivel de liquidación significativo, aún si la comparación interanual de septiembre aparece condicionada por una base exigente. Para el equipo económico, ese ingreso de divisas resulta central porque amplía el colchón de oferta en un mes en el que cada flujo adicional ayuda a sostener la calma cambiaria.
Las colocaciones de deuda de empresas y provincias vienen aportando dólares al mercado y todo indica que ese canal podría intensificarse en las próximas semanas
También juega a favor la dinámica financiera. Las colocaciones de deuda de empresas y provincias vienen aportando dólares al mercado y todo indica que ese canal podría intensificarse en las próximas semanas.
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Si a eso se suma una menor salida por dividendos, pagos ya realizados de deuda pública provincial y una probable desaceleración de la demanda privada de divisas asociada al turismo, el panorama que describen las fuentes relevadas es el de un septiembre con mejores condiciones para preservar la estabilidad del tipo de cambio.
Menos importaciones de energía
Un informe del equipo de Research del Banco Galicia sostuvo que septiembre arranca con una “menor presión cambiaria” apoyada, entre otros factores, en “menores importaciones de energía por la estacionalidad de la demanda de GNL”. El informe también señaló que la provincia de Buenos Aires ya canceló USD 390 millones de intereses y capital de sus bonos en dólares, un dato que, según la firma, reduce una fuente de demanda en el mercado.
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La misma lectura apareció en IEB Research, que sostuvo que el frente externo “se mantiene sólido” luego de que el balance cambiario de julio mostrara una cuenta corriente superavitaria de USD 413 millones por cuarto mes consecutivo. Según esa visión, la dinámica podría continuar en septiembre favorecida por las liquidaciones pendientes del agro, el fin de la estacionalidad negativa de la energía y una reducción de los giros de dividendos.
El frente externo “se mantiene sólido” luego de que el balance cambiario de julio mostrara una cuenta corriente superavitaria de USD 413 millones por cuarto mes consecutivo (IEB Research)
En la misma línea, Outlier planteó que “la demanda de divisas para importación de gas y combustibles cae significativamente” con la llegada de la primavera, lo que reduce la presión sobre el mercado oficial. La consultora ubicó ese cambio estacional como uno de los primeros factores que pueden apuntalar la estabilidad cambiaria en el arranque del mes.
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Las buenas perspectivas del agro
El segundo sostén que repiten las fuentes está vinculado con el complejo agroexportador. Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal y Cía., indicó que “la liquidación de divisas del agro totalizó USD 2.750 millones en agosto”, una cifra que quedó levemente por debajo de julio, pero se ubicó 51% por encima del mismo mes del año pasado.
El economista agregó que la liquidación acumulada en lo que va del año trepó a USD 19.048 millones y remarcó que, con buenos rindes en la campaña 2025/2026 y una tendencia alcista en los precios internacionales de los granos, esperan que el campo continúe liquidando montos elevados en lo que resta del año. Al mismo tiempo, aclaró que en septiembre podría observarse una caída interanual por la base de comparación que dejó la reducción temporaria de retenciones del año pasado.
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Desde Galicia añadieron que, a esta altura del año, el agro liquidó unos USD 2.300 millones menos que en 2025, pese a que las proyecciones de ingreso al mercado oficial para todo 2026 se ubican casi USD 800 millones por encima del año previo. El informe sumó además una mejora de 10% en los términos de intercambio desde los mínimos de junio y de 21% en lo que va del año.
Con los valores internacionales en los actuales niveles, crece el incentivo a vender al menos una parte de la producción para capturar mejores cotizaciones (Outlier)
Para Outlier, todavía queda mercadería con capacidad de aportar oferta. La consultora sostuvo que la liquidación pendiente llega con un stock valorizado en torno a los USD 18.000 millones y resaltó que ese remanente está respaldado por precios de la soja en máximos de 26 meses. En ese marco, resaltó que, con los valores internacionales en los actuales niveles, crece el incentivo a vender al menos una parte de la producción para capturar mejores cotizaciones.
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Emisiones corporativas y provinciales
Otro de los ejes destacados por las fuentes es el aporte del financiamiento privado y subsoberano. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), empresas y provincias emitieron deuda en dólares por USD 20.200 millones desde octubre de 2025 y liquidaron en el mercado local unos USD 15.800 millones hasta fines de agosto. Eso deja todavía USD 4.400 millones por liquidar, un remanente que, de concretarse, implicará mayor oferta para el mercado cambiario.
Desde Banco Galicia incluyeron entre sus factores un “flujo creciente de obligaciones negociables en las próximas semanas”, mientras que Outlier puso el foco en una posible reactivación del flujo financiero. Según la consultora, “los corporativos tratarán de adelantarse a la volatilidad” y al posible ruido que podría traer más adelante el calendario electoral, una estrategia que podría traducirse en oferta adicional de divisas en los próximos meses.
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A esa dinámica se suma el calendario de emisiones provinciales. Se espera que en las próximas semanas la provincia de San Juan emita hasta USD 600 millones en los mercados internacionales. Se trataría de bonos con un plazo de nueve años y amortización de capital en cuotas iguales durante los últimos tres años.
Dividendos, turismo y vencimientos
Septiembre también podría encontrar una demanda más contenida por otros canales. Uno de esos ejes es el stock de dividendos retenidos, que se desaceleró en julio a USD 450 millones, frente a USD 1.015 millones en junio. IEB Research mostró una secuencia similar al señalar que los giros de dividendos bajaron de USD 1.030 millones a USD 470 millones entre esos dos meses.
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Por fuera de las empresas, BlackToro observó que en julio la demanda neta de activos externos del sector privado no financiero fue de USD 3.143 millones, el mayor registro del año, aunque recordó que durante el primer semestre el promedio había sido de 2.160 millones de dólares. Según la firma, parte de ese salto respondió a una demanda estacional ligada al turismo, por lo que en los próximos meses esa presión podría moderarse.
Con menos importaciones de energía, un flujo agroexportador todavía relevante, más colocaciones de deuda y una reducción de varias fuentes de demanda, septiembre se perfila como un mes en el que el Gobierno buscará sostener el orden cambiario con mejores condiciones que las que enfrentó en los meses previos.
