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Israel y Líbano concluyeron este jueves en Roma su séptima ronda de negociaciones desde que comenzó el conflicto en marzo, con la mediación de Estados Unidos, en un encuentro que Washington calificó como el más productivo hasta ahora para consolidar la retirada militar israelí del sur libanés. Un portavoz del Departamento de Estado afirmó a la prensa que las conversaciones fueron productivas a nivel técnico y que ambas partes están mucho más cerca de un acuerdo sobre los pasos necesarios para ampliar el proceso de las llamadas zonas piloto.

Las delegaciones, encabezadas por los embajadores de ambos países, llegaron el martes a la embajada de Estados Unidos en Roma para negociar la implementación del marco de seguridad firmado el 26 de junio en Washington. Ese acuerdo estableció un mecanismo de zonas piloto en el sur del Líbano, áreas de las que las fuerzas israelíes deben retirarse de forma escalonada para ceder el control al Ejército libanés, condicionado al desarme del grupo chií Hezbolá.

El proceso arrancó el 21 de julio con la retirada israelí de Zawtar al Garbiya, la primera localidad evacuada bajo el nuevo esquema, lo que permitió el regreso de sus habitantes. Según Beirut, la propuesta discutida en Roma busca extender el modelo a zonas donde todavía hay presencia de tropas israelíes, como Bint Jbeil o Khiam, un punto que el Gobierno libanés considera clave para dar credibilidad al proceso.

Las conversaciones se interrumpieron el miércoles antes de lo previsto por los últimos ataques israelíes, aunque se retomaron este jueves para cerrar la séptima ronda. El Ejército israelí intensificó en las últimas horas sus bombardeos aéreos y de artillería en el distrito de Tiro, en el sur del país, en una escalada que dejó al menos ocho civiles heridos, según informó la Agencia Nacional de Noticias de Líbano.

El conflicto se remonta al 2 de marzo, cuando Israel lanzó una ofensiva en el sur libanés en respuesta a ataques de Hezbollah vinculados al apoyo del grupo a Irán durante la guerra que enfrentó a Washington y Tel Aviv con Teherán. Según cifras oficiales libanesas, la ofensiva ha dejado más de 4.300 muertos y ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, un balance que no ha sido corroborado de forma independiente por organismos internacionales.

El principal obstáculo del proceso sigue siendo el papel de Hezbollah, que Estados Unidos exige desarmar por completo en el sur del país como condición para avanzar hacia un acuerdo de paz integral entre Líbano e Israel, formalmente en guerra desde hace décadas. El grupo, que no participa en las negociaciones, ha rechazado en varias ocasiones el marco firmado en junio.

Su líder, Naim Qassem, pidió el martes la suspensión inmediata de las negociaciones y calificó el proceso de fuente de vergüenza, humillación y concesiones sucesivas para el país. En un discurso difundido por los canales del movimiento, acusó al presidente libanés, Joseph Aoun, de actuar de forma parcial y de no cumplir su papel de árbitro entre las partes.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, defendió en cambio la vía negociadora y afirmó ante su gabinete que el objetivo sigue siendo lograr retiradas israelíes sucesivas hasta alcanzar la salida total de las tropas del territorio libanés, según trasladó el ministro de Información, Paul Morcos.

La embajadora estadounidense en Líbano, Michel Issa, advirtió que avanzar con excesiva rapidez pondría en riesgo a los civiles que el proceso pretende proteger, y defendió priorizar un despliegue ordenado de las zonas piloto por encima de los plazos. Esa cautela contrasta con la presión de Beirut para acelerar una retirada que, siete rondas después, sigue dependiendo de la voluntad política de Israel y de un actor armado que permanece al margen de la mesa de negociación.

Los violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad frente al Congreso dejaron un saldo de al menos 11 detenidos, tres agentes heridos y destrozos que se replicaron por todo el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Todo se dio mientras en el Senado se debate el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La convocatoria reunió a organizaciones de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), agrupaciones piqueteras, el peronismo bonaerense, fuerzas de izquierda, las dos CTA y gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT). Pese a que el oficialismo retiró el capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros —el punto más polémico de la iniciativa—, la movilización se mantuvo en pie.

Desde temprano, militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido Obrero (PO) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) ya ocupaban las inmediaciones del palacio legislativo, mientras las fuerzas federales colocaban vallas sobre las avenidas Rivadavia y Callao con un despliegue de aproximadamente 300 efectivos de Gendarmería y 821 de la Policía Federal.

Los primeros roces ocurrieron alrededor de las 16:40. Un grupo de manifestantes derribó una de las vallas, y el camión hidrante respondió con chorros de agua para dispersarlos. La situación parecía controlada, pero minutos después se reavivó. Botellas, piedras y otros proyectiles comenzaron a volar en dirección a los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos. En la esquina de Callao y Bartolomé Mitre, a una cuadra del Congreso, un segundo camión hidrante entró en acción.

La violencia escaló durante más de una hora. Los manifestantes rompieron veredas para extraer piedras y lanzarlas contra los efectivos. Algunos prendieron fuego a basura acumulada y también a una bandera de Estados Unidos.

Los cafés y comercios de la zona se llenaron de personas que buscaban refugio, mientras otros locales cerraron sus puertas de forma preventiva. A las 18:27, fuentes de la Policía Federal confirmaron a Infobae que un prefecto fue atendido en el lugar y un gendarme trasladado al Hospital Churruca con un piedrazo en la cabeza. Más tarde, esas mismas fuentes informaron que un tercer agente resultó herido.

Las primeras detenciones llegaron pasadas las 19:00, cuando la Policía Federal aprehendió a tres personas por atentado y resistencia. La Policía de la Ciudad, que se desplegó en las horas siguientes ante la continuidad de los conflictos, sumó siete arrestos más, elevando el total a diez. Poco después, ese número ascendió a once.

Los vidrios rotos de un patrullero y los contenedores de basura incendiados marcaron el punto de mayor tensión de los disturbios en el centro porteño.

Las fuerzas de seguridad debieron intervenir en al menos tres intersecciones: Avenida Callao y Bartolomé Mitre, Callao y Corrientes, y Avenida de Mayo con 9 de Julio. Cerca de las 19:52, la Policía de la Ciudad corrió a los manifestantes sobre la Avenida de Mayo con camiones hidrantes y agentes a pie, mientras cortaban el tránsito para desalojar la arteria. La situación se replicó simultáneamente en la zona del Congreso, donde algunos manifestantes habían regresado.

Minutos antes de las 21, la Policía Federal salió del vallado que recubría el Congreso y avanzó por la plaza con gases lacrimógenos y vainas de ruido disparadas al aire. El objetivo era liberar la zona ante la posibilidad de que los manifestantes volvieran a concentrarse. Al cierre del operativo, tanto Plaza de Mayo como la Avenida de Mayo quedaron despejadas gracias a la participación de 820 efectivos de las fuerzas de seguridad.

En medio de los gases, la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, ayudó a una mujer herida de ese municipio bonaerense a alejarse de los puntos de conflicto y la acompañó hasta un lugar donde pudiera recibir atención.

La jornada también tuvo su costado de testimonios. Fernando, excombatiente de Malvinas llegado desde La Plata, fue uno de los que se acercó con una bandera inspirada en la que los jugadores de la Selección exhibieron tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial. “Vine porque hay que defender nuestra tierra y nuestra soberanía. Se bajó el capítulo de ventas a extranjeros, pero sigue vigente la mayor facilidad para cambiar el uso de una tierra después de un incendio y la mayor facilidad para desalojar”, le dijo a Infobae.

Arturo, jubilado de 84 años, llegó desde Barracas con un cartel pintado a mano: “El que vende la patria es un traidor”. “No se puede rifar la soberanía ni hacer cualquier cosa con la tierra de nuestro país, sea porque se vende a un extranjero o porque se incendia”, sostuvo.

La sesión en el Senado comenzó a las 14 con el debate de los capítulos que permanecieron en pie tras la caída del título más polémico: modificaciones a las normas de expropiación, desalojos y cambios en la Ley de Manejo del Fuego.

La CGT redujo su presencia en la marcha luego de que el gobierno retirara el capítulo sobre tierras, y anticipó que concentrará una movilización más amplia para la marcha del viernes por San Cayetano.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en inglés) notificó este jueves a Olha Stefanishyna, hasta hace unos días embajadora en Washington, que es sospechosa de un delito de enriquecimiento ilícito. Según el organismo, la ex diplomática ocultó propiedades y otros bienes por un valor equivalente a unos 310.000 dólares, una cifra que sus ingresos oficiales no permiten justificar.

La NABU no mencionó a Stefanishyna por su nombre, como establece la legislación ucrania para los casos en investigación, sino que la identificó a través del cargo que ocupaba cuando presuntamente cometió las irregularidades: viceprimera ministra para la Integración Europea y Euroatlántica, puesto que combinó en el pasado con el de ministra de Justicia. El periodo investigado abarca desde comienzos de 2024 hasta mediados de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), que instruye la causa junto al NABU, Stefanishyna es titular de facto de dos apartamentos en el complejo residencial Faina Town, en Kiev, valorados en cerca de 11 millones de grivnas y registrados a nombre de una amistad. La investigación también identificó una vivienda en el exclusivo complejo Lvivska Ploshcha a nombre de su madre, una plaza de aparcamiento y varios locales no residenciales a nombre de su padre, y un Mercedes-Benz GLC 220 registrado a nombre de un subordinado.

Los fiscales calculan que, entre principios de 2024 y mediados de 2025, Stefanishyna percibió ingresos oficiales por unos 3,7 millones de grivnas, mientras que de sus cuentas bancarias salieron alrededor de 4,2 millones de grivnas en ese mismo periodo, una diferencia que la Fiscalía considera indicio de enriquecimiento no declarado. El NABU añadió que la ex funcionaria negociaba además la compra de una vivienda cerca de Kiev valorada en 550.000 dólares, operación de la que finalmente se retiró, presuntamente tras conocer su nombramiento como embajadora.

Un tribunal le impuso como medida cautelar una fianza de seis millones de grivnas, equivalentes a unos 134.000 dólares al tipo de cambio vigente. La Fiscalía evalúa recurrir esa cifra, que considera insuficiente dado el patrimonio atribuido a la investigada.

Stefanishyna respondió a las acusaciones en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, en el que negó cualquier irregularidad y aseguró que nunca tuvo “nada que ocultar”. La ex diplomática señaló también que no es la primera vez que su nombre aparece vinculado a una investigación de este tipo, sin dar más precisiones.

El caso se conoce dos días después de que el presidente Volodímir Zelensky aceptara la dimisión de Stefanishyna como embajadora en Estados Unidos, un cargo que ejercía desde el 27 de agosto de 2025, cuando sustituyó a Oksana Markarova. En su renuncia, presentada esta semana, la diplomática invocó “motivos personales” sin ofrecer más detalles, dos días antes de que trascendiera la investigación en su contra.

La salida de Stefanishyna se produce en medio de la mayor remodelación del Gobierno ucraniano en lo que va de guerra. Zelensky relevó también a la primera ministra Yulia Svyrydenko, sustituida por el hasta entonces director de la petrolera estatal Naftogaz, Serguí Koretski, y renovó la cúpula del Ejército, del Servicio de Inteligencia Exterior y del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. El propio Koretski deberá ahora lidiar con un aparato de Estado sacudido por sucesivos escándalos de corrupción.

La investigación sobre Stefanishyna se suma a una serie de causas abiertas contra antiguos altos cargos del entorno presidencial desde finales de 2025, cuando un escándalo de corrupción vinculado al entonces jefe de la Oficina Presidencial, Andriy Yermak, provocó una primera oleada de destituciones en enero. La reiteración de estos casos ha erosionado la confianza pública en un Ejecutivo que libra al mismo tiempo una guerra contra Rusia y negocia el respaldo financiero y militar de sus socios occidentales.

El desenlace del caso Stefanishyna será observado de cerca por la Unión Europea y Estados Unidos, que condicionan buena parte de su ayuda a Kiev al avance de las reformas anticorrupción. La independencia real del NABU y la SAPO frente a las presiones del poder político, puesta a prueba en episodios recientes, volverá a medirse en las próximas semanas.