Con la humedad del suelo todavía alta por las lluvias de la semana pasada, en las últimas horas las cosechadoras trabajaron a toda máquina en gran parte del país para aprovechar la ventana de buen tiempo y achicar el atraso que arrastra la cosecha de maíz tardío. El temor a que vuelva a llover en los próximos días llevó a productores y contratistas a extremar el ritmo de trabajo, aunque las estimaciones indican que todavía resta levantar entre un 40% y un 50% del maíz tardío a nivel nacional, muy por encima de lo habitual para esta altura del año.
Cristian Russo, jefe de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), explicó que la cosecha lleva cerca de un mes de atraso, porque durante julio hubo muchos días nublados, temperaturas más altas de lo normal y una humedad que no permitió que los granos se secaran, a lo que se sumó que en muchos campos no había piso para que entraran las máquinas.
“Le falta el mes de julio. Fueron condiciones muy nubosas, con mucha humedad y mucha temperatura”, resumió. El panorama comenzó a cambiar el viernes pasado, cuando el viento ayudó a secar los cultivos y algunos caminos, lo que permitió que las cosechadoras regresaran a los lotes y trabajaran con fuerza durante los últimos días.
“Eso destrabó la cosecha. A partir del viernes fue muy fuerte la actividad para tratar de avanzar todo lo que se podía”, contó Russo, quien señaló que el movimiento también comenzó a verse en los accesos a Rosario. “Están llegando muchos camiones. Están al costado de la autopista porque están trayendo todo lo que se recolectó en los últimos días”, agregó.
La humedad de los granos y la falta de piso frenaron durante varias semanas la cosecha del maíz tardío
Luis “Fredy” Simone, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), coincidió en que la demora alcanza a buena parte del país. Según estimó, entre un 45% y un 50% del cereal tardío todavía no fue levantado, cuando lo habitual es que a esta altura solo quede alrededor del 5%. “Hay maíz en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y Tucumán. Hay maíz por todos lados”, señaló. También explicó que, además de la falta de piso, otro de los problemas fue que la humedad del grano no bajó hasta los niveles necesarios.
Frente a esa situación, algunos productores decidieron esperar para evitar los costos del secado artificial. Sin embargo, dejar el cultivo en el campo también implica un riesgo.“Como tiene tantos gastos de secada, a veces los productores toman el riesgo de no cosecharlo. Pero el fin de semana pasado hubo mucho viento y se volcó mucho maíz. Van a ser más grandes las pérdidas que si hubiesen destinado el maíz a secarlo”, advirtió.
Los datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires también muestran demoras. Al 6 del actual, la cosecha del cereal había avanzado sobre el 73,7% del área apta, una demora de 11,5 puntos porcentuales respecto al promedio de las últimas diez campañas.
En el partido bonaerense de San Nicolás, el productor Javier Lázzari contó que los trabajos sobre los maíces sembrados en diciembre recién pudieron retomarse en los últimos días. “Prácticamente no se había cosechado nada de maíz tardío porque estaba con alta humedad en el grano. Ayer y hoy se estuvo cosechando con humedades de entre 15% y 18%”, relató. Aun así, todavía hay sectores donde no se puede trabajar. “Los terrenos están un poco blandos por la lluvia de la semana pasada. Hay lugares donde no se va a poder entrar con la cosechadora”, explicó. También observó que algunas plantas comenzaron a caerse.
En esa zona se cosechó entre un 20% y un 25% de los maíces tardíos, aunque los sembrados en septiembre ya habían sido levantados. En otros años, para esta fecha el avance de los planteos tardíos suele ubicarse entre el 50% y el 60%.
En algunas zonas todavía queda cerca de la mitad del cereal por levantar y hay temor por nuevas precipitaciones
Lázzari explicó que los productores intentan no cosechar el cereal con más del 18% de humedad porque la mayor parte pasa por plantas de acondicionamiento antes de enviarse a los puertos. Si el grano se levanta con niveles superiores, aumentan los costos de secado. “Generalmente, la fecha óptima para cosechar un maíz seco o cercano a seco es después del 20 de julio y durante todo agosto. Para esta fecha se lleva un 50% o un 60% y en agosto se termina la cosecha”, detalló.
En Pergamino, Javier Domenech describió un panorama similar y calculó que todavía falta levantar alrededor de la mitad del maíz tardío y de segunda, cuando habitualmente los trabajos terminan hacia mediados de agosto. “El clima no nos está ayudando a poder culminar con toda la cosecha. Hay zonas donde los pisos están flojos y la humedad del maíz no baja”, explicó. Además, las tormentas provocaron daños en algunos lotes. “Se cayeron bastantes plantas y ya hay pérdidas por lo que queda en el piso”, señaló.
Las fuerzas de seguridad de todo el país mantienen guardados en sus depósitos más de medio millón de chalecos antibalas fuera de servicio. Se trata de material vencido que debería haberse descartado y que, en parte, ya apareció en el mercado ilegal y en poder de bandas delictivas.
El problema arranca en la vida útil del equipamiento. Los chalecos que usan las fuerzas tienen una duración certificada de cinco años, un plazo fijado por el RENAR y garantizado por los propios fabricantes. Cumplido ese tiempo, las unidades deben retirarse porque ya no puede asegurarse el nivel de protección balística que ofrecen, pero en buena parte de las fuerzas esa baja efectiva nunca terminó de concretarse.
Una auditoría interna del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizada en 2024, puso cifras al panorama. El relevamiento detectó que Gendarmería, Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal sumaban 76.812 chalecos, de los cuales 49.159 estaban vencidos: el 64 por ciento del total.
A ese conteo hay que agregarle los inventarios de provincias y municipios. Con esos volúmenes sumados, y según estimaciones de la industria a las que accedió la agencia Noticias Argentinas, las unidades obsoletas acumuladas en el país superan las 500.000.
Un faltante que se repite en las provincias
La situación no pasó inadvertida. El entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió en septiembre de 2024 que, hasta el 10 de diciembre de 2023, “los policías usaban chalecos vencidos”, al anunciar la compra de 19.700 unidades nuevas para las fuerzas federales.
El faltante se replicó en los distritos. La Policía de la Ciudad retiró 6.147 chalecos vencidos o deteriorados, Córdoba incorporó 17.000 ante un déficit operativo y Entre Ríos repuso 1.300 tras reconocer que la mayoría de los que tenía en uso “estaban vencidos”.
El costado más delicado quedó expuesto en expedientes judiciales. En febrero de 2026, el armero de una banda de sicarios apodado “El Negro Juan” fue detenido en Córdoba con un chaleco antibalas perteneciente a la policía provincial, una ametralladora de fabricación israelí y otras armas.
El dato no es menor: los paneles balísticos conservan parte de sus propiedades protectoras aun después de vencidos, de modo que pueden reutilizarse si no se los destruye como corresponde. Especialistas advierten que, con ese material, incluso puede fabricarse de manera clandestina nuevos paneles, blindajes, escudos o chalecos.
Dos máquinas para un problema de medio millón
La normativa para evitarlo existe. La ANMaC reguló la destrucción a través del régimen de Materiales de Usos Especiales (MUEs) y habilitó a empresas privadas para el procedimiento.
De hecho, el organismo ya había ordenado en 2021 destruir 3.446 chalecos defectuosos de Fabricaciones Militares entregados a la Policía bonaerense, y en 2022 dispuso una medida similar sobre otro lote de la Policía de la Ciudad. Ninguna de las dos órdenes se concretó por falta de capacidad tecnológica.
Hoy funcionan en el país apenas dos máquinas habilitadas para destruir materiales balísticos, ambas propiedad de Tecnología Antibalas S.A. (Tecant). El proceso fragmenta paneles, etiquetas y fundas para impedir su reutilización y culmina con un certificado que garantiza la trazabilidad.
Según fuentes de la industria, la Argentina ya cuenta con la capacidad técnica, la normativa y las empresas necesarias para resolver la acumulación de chalecos obsoletos. Que eso ocurra depende ahora de las decisiones de los gobiernos nacional, provinciales y municipales.
Mariana Camino analizó los desafíos de la economía argentina en una entrevista por streaming
11 Ago, 2026 02:57 p. m. EST
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El diagnóstico de Mariana Camino, presidenta y CEO de ABC, marcó el pulso de la marcha del plan económico del Gobierno en una entrevista con Infobae en Vivo. “No va a haber legitimidad política ni social si no converge todo”, afirmó, mientras desgranaba su visión sobre la evolución reciente de la economía argentina. Camino ubicó esa advertencia en el centro de un debate sobre la heterogeneidad creciente entre sectores y regiones, al calor de las transformaciones aplicadas por la administración de Javier Milei.
La economista definió el escenario actual como uno de “cambio de régimen”, en contraste con lo que identificó como un ciclo anterior marcado por restricciones severas. “Ese es el principal logro del gobierno y es el cambio de régimen”, sostuvo Camino al analizar el paso de una economía “con inflación alta, desequilibrios fiscales, controles y trabas a las importaciones” hacia un contexto de mayor apertura y estabilización. “La macro se alcanzó”, insistió, aunque reconoció que la estabilización no resultó homogénea y que los efectos concretos en el entramado productivo siguen siendo desparejos.
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Según Camino, “no hay una sola Argentina”. La presidenta de ABC describió la coexistencia de “sectores exportadores que crecen al 24,4%” y otros, como el “consumo masivo”, que “te cae casi tres, está en menos dos coma nueve”. Para la economista, la diferencia entre la dinámica de los sectores orientados al mercado externo y los vinculados al mercado interno se profundizó tras el ajuste fiscal y la liberalización comercial. “Hoy la economía se abrió y somos parte del mundo”, subrayó, remarcando que la inserción internacional implica también mayores exigencias para competir.
El análisis de Camino abordó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como un instrumento central para atraer capitales y generar proyectos de alto impacto. “Las grandes inversiones encuentran en el régimen del RIGI previsibilidad y condiciones de competencia”, explicó, aunque aclaró que “no es solamente el RIGI” lo que determina el flujo de inversiones. Para la presidenta de ABC, el cambio de reglas y el orden macroeconómico funcionaron como señales para los inversores, mientras que la estabilidad de las cuentas públicas resultó “algo bueno”, aunque insuficiente para garantizar un crecimiento sostenido en todos los sectores.
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En ese sentido, Camino remarcó que “hoy tenés las cuentas públicas ordenadas”, pero advirtió que la agenda social se torna prioritaria. “El consumo te crece y la góndola no lo nota”, sintetizó, en referencia a la demora en la recuperación del poder adquisitivo y la persistencia de la desigualdad en la distribución de los beneficios del crecimiento. “Va a llegar en algún momento y en algunas zonas está llegando”, agregó, aunque reconoció que el proceso de derrame es lento y desigual.
El impacto de las nuevas reglas sobre las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ocupó un lugar destacado en el análisis de Camino. “El crédito es más lento, lo está traccionando ahora de distintas maneras”, indicó. La economista señaló que la presión impositiva y el acceso al financiamiento constituyen obstáculos para el desarrollo de las PYMES, ya que el gobierno priorizó la estabilidad fiscal ante la expansión del crédito. “Argentina tiene muchos problemas”, afirmó, y situó en primer plano la necesidad de una mejora en las condiciones de acceso a financiamiento para el sector privado, en especial entre los actores de menor escala.
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Camino diferenció el rol del Estado en el nuevo escenario. “La intervención del Estado es más indirecta”, señaló, distinguiendo la etapa actual de modelos previos con fuerte presencia estatal en la asignación de recursos y en la regulación de precios y salarios. Según la presidenta de ABC, el objetivo oficial se orienta a “dar condiciones generales para que el privado genere condiciones para que ese derrame llegue”.
El fenómeno de la economía a dos velocidades aparece, para Camino, tanto en la comparación entre sectores —industriales, exportadores, servicios, consumo— como entre regiones y territorios. “No llega a la góndola”, repitió, para ilustrar la falta de impacto directo en la vida cotidiana de amplios segmentos sociales. La economista sostuvo que los datos de crecimiento todavía conviven con “una Argentina enorme que va muy lento”, mientras que una “Argentina potente, chiquitita” muestra signos de dinamismo. Aunque la frase no corresponde textualmente a Camino, ella la validó y sumó su perspectiva: “Eso sería un fracaso”.
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En el plano de los datos, Camino aportó cifras para dimensionar la brecha entre sectores. “La economía que exporta crece veinticuatro coma cuatro”, enfatizó, y contrastó ese desempeño con el de las ramas orientadas al mercado interno. La presidenta de ABC insistió en que la estabilización macro no resolvió por sí sola las asimetrías, y que los efectos del crecimiento requieren tiempo para reflejarse en el conjunto del entramado productivo.
El debate sobre la legitimidad política y social ocupó un lugar relevante en la entrevista transmitida por Infobae en Vivo. Camino planteó que la sostenibilidad del esquema económico depende de que los beneficios lleguen a la mayor cantidad posible de personas y regiones. “No va a haber legitimidad política ni social si no converge todo”, reiteró, asociando el éxito del programa económico a la capacidad de “converger” sectores y territorios en una trayectoria común de crecimiento.
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La presión sobre los indicadores sociales, en particular el consumo y el empleo, motivó varias de las intervenciones de Camino. “El consumo masivo te cae casi tres”, sostuvo, y relacionó ese retroceso con la persistencia de salarios bajos y la lenta recuperación del empleo público. Al referirse a la dinámica de las inversiones, la economista destacó que “hay récord de anuncios de inversión en sectores dinámicos”, aunque matizó que “el empleo generado por esos grandes proyectos es limitado”.
Camino enfatizó que el círculo virtuoso de consumo e inversión depende de la confianza y de la estabilidad macroeconómica, pero que la velocidad de la reactivación sigue condicionada por factores estructurales. “Es un problema gravísimo”, sintetizó al referirse a la demora en el traspaso del crecimiento a la vida cotidiana de la mayoría. El mensaje de la presidenta de ABC giró en torno a la necesidad de construir mecanismos que permitan que el crecimiento sectorial se traduzca en mejoras para el conjunto.
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El régimen RIGI, según la visión de Camino, “da previsibilidad” y “condiciones de competencia”, pero no garantiza automáticamente el derrame sobre toda la economía. La economista destacó que “fuera del RIGI hay dificultades”, y que la generación de empleo masivo requiere políticas complementarias. En el análisis de Camino, el Estado debe mantener un rol de facilitador, sin intervenir de manera directa en la asignación sectorial de recursos, pero sí asegurando reglas claras y estabilidad.
Camino abordó también la cuestión fiscal y su impacto sobre la economía real. “No hay duda que normalizar la macro es algo bueno”, afirmó, aunque admitió que la consolidación fiscal plantea desafíos para la recuperación del crédito y la expansión de la demanda interna. La presidenta de ABC sostuvo que la clave reside en lograr que la estabilidad macroeconómica se transforme en crecimiento inclusivo.
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El recorrido por los principales desafíos del momento incluyó referencias a la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas, impulsar la inversión y promover la integración de los distintos sectores productivos. Camino insistió en que la apertura de la economía obliga a las empresas argentinas a competir “con el mundo”, lo que requiere eficiencia y adaptabilidad.
Durante la entrevista, la presidenta de ABC subrayó la importancia de construir un clima de negocios previsible y de fortalecer la confianza en las instituciones. “No es una mirada optimista, es una mirada de dinámicas”, aclaró, posicionando su análisis en términos de procesos y tendencias antes que de expectativas. Camino evitó juicios de valor y se centró en la exposición de datos y en la descripción de los mecanismos que, a su entender, ordenan la economía actual.
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La transmisión de Infobae en Vivo reflejó la tensión entre los logros macroeconómicos de la administración Milei y los desafíos pendientes en materia de equidad y cohesión social. Camino sintetizó esa dicotomía al señalar que “no hay una sola Argentina” y que el reto principal consiste en lograr que el crecimiento sectorial converja en beneficios para el conjunto.
La entrevista dejó planteada la pregunta sobre el camino hacia la convergencia de las distintas velocidades de la economía argentina. Camino reiteró su advertencia: “No va a haber legitimidad política ni social si no converge todo”.
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La Libertad Avanza en el Congreso busca recuperar la iniciativa. La sesión de la semana pasada en el Senado dejó heridas que se buscarán subsanar, en principio, en la reunión de la mesa política de hoy con la intención de recuperar algo del capital político que viene perdiendo en el Palacio Legislativo.
La Cámara de Diputados parece hoy el lugar más “amable” para el oficialismo. Los socios se siguen mostrando permeables a los proyectos que están trabajando y en el bloque ya están pensando en ir al recinto en los próximos días.
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La fecha estipulada es el próximo 26 de agosto pero es algo que se comenzará a definir en la reunión de la mesa política de esta tarde en la Casa Rosada.
Sin embargo, aunque se espera el visto bueno final de la mesa, en el bloque ya empezaron a activar. En las últimas horas los diputados de La Libertad Avanza recibieron el aviso para que se comiencen a organizar y tenga previsión porque en esta ocasión habrá una dificultad especial.
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“Diputados! Les comparto que durante los días martes 25 a jueves 27 de agosto, el Aeroparque Jorge Newbery estará cerrado por obras de mantenimiento. Por este motivo, solicitamos a todos que aseguren sus vuelos para esa semana. Muy probablemente iremos a sesión el miércoles 26 de agosto, por lo cual necesitamos la presencia de todos”.
Con este mensaje que circuló en los 95 celulares de los diputados de La Libertad Avanza se le avisó a los legisladores que prevean llegar a la Ciudad de Buenos Aires con antelación.
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El punto a resolver parecería ser el temario. En principio, el oficialismo podría estar en condiciones de ir al recinto con cuatro proyectos de ley. El primero sería la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, el segundo la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, el tercero el acuerdo de libre comercio con Singapur y el cuarto es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con los Estados Unidos. El acuerdo con el país asiático cuenta con media sanción del Senado y el de Patentes los diputados están esperando el OK de la cancillería argentina para avanzar.
El acuerdo de libre comercio con Singapur cuenta con media sanción del Senado, y el de Patentes los diputados están esperando el OK de la cancillería argentina para avanzar.
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Lo que deberán discutir y resolver son los riesgos de abrir el recinto teniendo en cuenta que la oposición quiere llevar adelante una agenda propio y podría llegar a cerrar algunos acuerdos parlamentarios que les permita, en principio, abrir la discusión.
Hay una agenda que está cada vez más presente en diferentes sectores que tiene que ver con, por ejemplo, el creciente endeudamiento de las familias. En los diferentes despachos se acumulan proyectos que apuntan a buscar soluciones a esta situación pero que, como tiene que pasar por comisiones que preside el oficialismo, encuentran un freno para ser discutidos.
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“Lo que tenemos que ver es que hacen algunos socios, porque ya no son solo los kirchneristas los que insisten con este tema. Si ves los informes de la Fundación Pensar -el think tank del PRO– los últimos informes hablan del tema”, explicó un diputado libertario.
“No necesariamente implica que se vayan a votar juntos, pero sí que acompañen un emplazamiento a la comisión y habiliten el tema”, agregó.
Otro punto que creció en las últimas horas y que también podría generar ruido en el recinto es lo que se refiere a los fondos para el mantenimiento de las rutas nacionales. Aunque es un reclamo que lleva tiempo de parte de las provincias, los dichos del vocero presidencial Adrián Ravier reconociendo que no usan el impuesto de asignación específica para el mantenimiento vial sino que lo utilizan para financiar el superávit, encendió las luces de alarma.
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En principio, ya ingresó un pedido de informes en Diputados del legislador de UP y presidente de la Comisión de Obras Públicas, Martín Aveiro, y una denuncia penal que presentó la diputada de UP, Victoria Tolosa Paz con el fin de que la Justicia defina si hubo malversación de fondos de parte de los funcionarios nacionales.
La jornada contará con la participación del Coro de Nogoyá, el Ballet Revolución Federal, Horacio Beades, el Ballet de Adultos Mayores de Victoria, Los Tatas del Chamamé, La Marejada y Los Rinconeros del Chamamé. La conducción y animación estará a cargo de Cheche Colman.
Además, habrá stands de emprendedores, artesanos y museos de la región, que exhibirán y compartirán parte de sus producciones y colecciones con el público.
Fogón Entrerriano forma parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual y federal que impulsa la Secretaría de Cultura de Entre Ríos en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de promover el encuentro, la participación y el acceso a propuestas culturales.
La Secretaría de Cultura invita a toda la comunidad a participar de esta jornada cultural y disfrutar de una tarde de música, danza y tradiciones entrerrianas.
El predio fue oportunamente concesionado y, desde el Puerto Ibicuy, se lleva adelante un seguimiento permanente de las tareas, con el objetivo de controlar su evolución y garantizar que el proceso avance de acuerdo con lo previsto.
La recuperación del Muelle Isla representa una oportunidad para volver a poner en funcionamiento una infraestructura que durante años no logró desarrollar todo su potencial. Su ubicación y sus características lo convierten en un activo relevante para ampliar las capacidades del Puerto Ibicuy y fortalecer su rol dentro del sistema logístico de la provincia.
La puesta en valor de infraestructura portuaria se inscribe, además, en una estrategia más amplia de fortalecimiento del Puerto Ibicuy como nodo estratégico de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Contar con infraestructura en mejores condiciones permite generar nuevas oportunidades para la producción, mejorar las condiciones logísticas, favorecer la llegada de inversiones y contribuir a la generación de empleo.
El gobernador Rogelio Frigerio ha planteado como una prioridad la recuperación y el aprovechamiento de la infraestructura estratégica de Entre Ríos, con una mirada orientada a potenciar la capacidad productiva y logística de la provincia.
Desde el Ente Autárquico Puerto Ibicuy se continua acompañando y monitoreando el desarrollo de los trabajos, así como los distintos proyectos destinados a fortalecer la infraestructura y ampliar las capacidades del puerto.
La recuperación del Muelle Isla es un paso más en el objetivo de consolidar al Puerto Ibicuy como una herramienta para el desarrollo productivo de Entre Ríos.
Recientemente me tocó participar, en representación de Maizar, de un congreso del agro, el Global Agribusiness Forum 2026, en la ciudad de Sorriso, en el estado brasileño de Mato Grosso. Todavía no salgo de mi asombro.
Situado en el centro-oeste de Brasil, a casi 1800 kilómetros de los puertos del Atlántico, Mato Grosso fue hasta la década del ’90 uno de los estados más pobres de un Brasil que, además, estaba lejos de ser la potencia que es hoy. Esa brutal distancia de los puertos, así como de los grandes centros de consumo del país, hacía poco sustentable la producción agropecuaria en la región.
Hoy, Mato Grosso tiene uno de los mayores PBI per cápita del país, solo detrás del Distrito Federal y de San Pablo, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) de 2023. Y todo gracias al desarrollo agropecuario: en menos de 30 años, el sector logró adaptarse a las circunstancias geográficas, crear un sistema de transformación local y convertir al estado en el principal productor de soja, maíz, algodón y carne bovina de Brasil. Mato Grosso produce más de 52 millones de toneladas de soja -más que la Argentina-, y casi 60 millones de toneladas de maíz -casi lo mismo que nuestro país-.
Hoy, Mato Grosso tiene uno de los mayores PBI per cápita del país, solo detrás del Distrito Federal y de San Pablo, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) de 2023Patrick Silveira – Shutterstock
Estos granos permitieron desarrollar la ganadería bovina: los más de 32 millones de cabezas que suma hoy la unidad federativa de Mato Grosso la convierten en la de mayor stock bovino del país. Además, produce más de 2,5 millones de toneladas de algodón, el 74% del total de Brasil, lo que ayudó al país a convertirse en tercer productor mundial de este cultivo, detrás de India y China, superando a Estados Unidos. Y todo este desarrollo se hizo manteniendo el 61% del territorio con vegetación nativa, con una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia ambiental.
¿Cómo hizo Mato Grosso para desarrollarse en ese aislamiento logístico? Básicamente, intensificando la producción y transformándola localmente. Organizaron un sistema productivo que tiene dos y hasta tres cosechas por año, en el que cultivan soja, maíz y poroto en la misma campaña. Y, frente a la insostenibilidad del traslado de granos a los puertos, desarrollaron la transformación del maíz y la soja en biocombustibles y carne.
A los costados de las rutas se ven desde lejos las megaplantas de etanol que aparecen como hongos gigantes. El subproducto del etanol de maíz, la burlanda, se aprovecha para engordar ganado, al punto que hoy gran parte de la hacienda de otros estados se lleva a terminar a feedlots de Mato Grosso. Y toda esta alta demanda interna de maíz y soja hace que los granos logren el mismo precio del puerto, ahorrándose enormes costos de flete.
En esta ocasión pude visitar plantas de cerdos. Una de ellas tiene 17.000 madres, está en proceso de aumentar a 40.000, utiliza todos los desechos de los animales para fertilizar mediante riego (fertirriego) los campos donde producen los granos, y tiene un frigorífico propio.
Sorriso, así como Sinop, son ciudades que no existían en la década del ’80. Hoy superan, respectivamente, los 130.000 y 220.000 habitantes, con pleno empleo; incluso, falta mano de obra para el enorme desarrollo de infraestructura, con hospitales, rutas, autopistas… Es impresionante el crecimiento y bienestar que se ve en las ciudades. Para los próximos ocho años, Mato Grosso proyecta incrementar la producción más de 35%. Todo esto, insisto, en un estado alejadísimo de los puertos y unos de los más pobres hace tres décadas.
Produce más 2,5 millones de toneladas de algodón, el 74% del total de Brasil, lo que ayudó al país convertirse en tercer productor mundial de este cultivo, detrás de India y China, superando a Estados UnidosPARALAXIS – Shutterstock
Estando frente a ese desarrollo se me hizo inevitable la comparación. Hace tres décadas, la Argentina picaba en punta con el sistema de siembra directa y la introducción de la soja RR, que permitió expandir rápidamente el cultivo que terminó salvando al país tras la profundísima crisis de 2001. Pero ese desarrollo inicial se vio “castigado” con sucesivos aumentos de retenciones hasta la famosa resolución 125, con la que el gobierno de entonces terminó de quebrar la relación con la principal fuente de divisas del país, el agro.
Otro tanto ocurrió con la carne vacuna argentina, que desde el siglo pasado contaba con un gran prestigio internacional: tras el boom de exportaciones de 2005, una conjunción de retenciones, permisos de exportación, encajes, precios máximos y demás medidas contrarias al comercio redujo la rentabilidad a un nivel insostenible: el rodeo argentino se contrajo un 20% y nunca se recuperó del todo.
Así, en las últimas dos décadas, la producción de soja y carne en la Argentina entraron en un estancamiento. Mientras tanto, Brasil, que en vez de enemigos construyó políticas públicas, triplicó su producción de soja, y aumentó su rodeo bovino en unos 40 millones de cabezas, un 20%.
No creo que lo útil sea lamentar lo perdido estos últimos años en la Argentina, sino aprender del ejemplo de Mato Grosso y que empecemos a desarrollar un modelo similar. En el congreso de Sorriso estaban presentes todos los actores: productores (todos brasileños, son ellos mismos los que invierten), técnicos, intendentes, el gobernador, alineados con un proyecto para seguir creciendo y generando arraigo. En vez de enfrascarse en discusiones, se pusieron a ver cómo adaptar el sistema productivo, y crearon otra realidad.
Mato Grosso es una potencia productiva que se ve en el desarrollo de sus ciudadesGenivaldo Nogueira – Shutterstock
Sería bueno que en la Argentina dejemos de dar vueltas sobre la importancia de la transformación en origen: sus beneficios son evidentes. Si Mato Grosso hizo semejante desarrollo a casi 2000 kilómetros de los puertos, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Ojalá abandonemos las discusiones estériles y nos dediquemos a lograr un crecimiento con arraigo similar en nuestro interior agropecuario, que haga que en los próximos 20 años el PBI de las provincias más alejadas llegue a lo más alto del país. Es posible, solo hay que abocarse en serio a lograrlo.
Aunque la incidencia de la mora en la cartera de préstamos de los bancos parece haber tocado un techo en junio, los problemas para casi 6 millones de argentinos que tuvieron dificultades para pagar sus préstamos todavía golpea. Luego de que el presidente Javier Milei planteó que nadie le puso una pistola en la cabeza a quienes sacaron un crédito que hoy no pueden pagar, el vocero presidencial, Adrián Ravier, reforzó ese mensaje sostuvo que no habrá un “plan platita” y que el aporte que se hace desde el Gobierno para esas familias es el de bajar la inflación.
En la conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial descartó de plano cualquier transferencia directa de fondos públicos a los deudores. “Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen. Esto nos ha llevado a muchos problemas en el pasado, no queremos volver ahí”, sentenció.
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La preocupación por la suba en los niveles de mora bancaria aumentó después de la publicación del último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El reporte indicó que en mayo el ratio de irregularidad del crédito al sector privado subió a 7,7% a nivel agregado, 0,4 puntos porcentuales (p.p.) más que el mes anterior y 5,1 p.p. más que el año pasado. El documento adjudicó el incremento principalmente al deterioro de los créditos familiares, que en mayo registraron una mora del 12,8%.
En ese contexto, Ravier remarcó la sensibilidad del Gobierno frente al problema, pero también impuso límites claros a la intervención estatal. “Por supuesto somos sensibles al problema; no hay duda de que es un problema”, expresó el vocero. Pero sostuvo que el regreso del crédito al mercado local puede facilitar el repunte de la mora.
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También lo vinculó con el deterioro de los indicadores a la incertidumbre económica y al aumento de tasas registrado desde mediados del año pasado, en la previa de las elecciones legislativas. “Cuando pasa lo que ocurrió a mediados del año pasado, donde hemos tenido un escenario tan complejo de incertidumbre, que impactó en la demanda de dinero y en la tasa de interés, esto ha generado una situación en donde la economía se resiente, en donde las tasas de interés se han elevado y las moras empezaron a hacerse cada vez más complejas y han ido en aumento”, puntualizó.
A la espera
En el Gobierno esperan por la publicación de un dato del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que confirme que el crecimiento de la mora se frenó y que comenzó una leve reversión. “El último dato muestra que el crecimiento se detuvo y se está empezando a revertir, y ahí viene la manifestación del presidente Milei de que este acuerdo es entre privados y, en este gobierno liberal, nosotros sí creemos en las soluciones de mercado, soluciones de privado”, afirmó.
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Sin embargo, las declaraciones de Ravier no se basan en un dato oficial sino en los adelantos de privados, como la consultora 1816 que habla de que la mora bajó de 7,7% en mayo a 7,6% en junio. Pero recién el 21 de agosto próximo el BCRA va a publicar el Informe sobre bancos y se va a confirmar o no.
El Gobierno apuesta a la disciplina fiscal y al control de la inflación como herramientas centrales. “¿De qué manera ayuda el Gobierno a resolver este problema que nos preocupa a todos? Ayuda a través de un plan de estabilización exitoso que viene bajando contundentemente la inflación y, en la manera en que esto continúe, que nosotros somos muy optimistas al respecto, la tasa de inflación decreciente va a ir haciendo que estas refinanciaciones se puedan continuar y, en todo caso, los índices de morosidad puedan bajar”, explicó Ravier.
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La estrategia oficial se basa en que los bancos y sus clientes acuerden esquemas de refinanciación, con plazos más largos y tasas más bajas, para aliviar la carga financiera de personas y empresas. “En este momento tenemos a los bancos reuniéndose con personas físicas y jurídicas, tanto empresas como familias, para tratar de dar una respuesta a este problema. ¿La respuesta cuál es? Refinanciar esas moras y créditos con plazos más largos y tasas de interés más bajas”, detalló Ravier.
El pedido de los bancos
La semana pasada, durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) del segundo trimestre, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, reforzó la postura de Milei. “Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien discrecionalmente. Para asignárselo a otros. En todos esos casos se dispara el riesgo moral”, afirmó. Bausili defendió el criterio de que la cuestión debe resolverse entre privados ya que en la historia, cuando el Estado se metió en el medio de una conversación entre privados, fue es torpe y acarreó consecuencias no deseadas.
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El titular del BCRA sostuvo que no recibieron demandas del sector privado para una intervención estatal y que la mejor alternativa es mantener el canal de diálogo entre las partes. “Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que no nos metamos en ese sentido también. No es que tenemos una serie de pedidos de solución y no los estemos atendiendo. Estamos escuchando, estamos analizando y por ahora, esta nos parece que es la mejor alternativa”, señaló Bausili.
La posición del Gobierno y del BCRA prioriza que las soluciones surjan del diálogo entre las partes involucradas, sin intervención estatal directa. Los bancos exploran esquemas de refinanciación, mientras el Ejecutivo insiste en que la baja de la inflación y la estabilidad fiscal son los principales aportes de la administración para revertir la tendencia.
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Las autoridades económicas reiteraron la importancia de no repetir experiencias pasadas en las que el Estado financió a deudores en mora, un esquema que, según el Ejecutivo, derivó en problemas adicionales en el sistema financiero. El enfoque oficial se apoya en la disciplina fiscal y la estabilidad de precios para crear un entorno en el que los acuerdos entre privados puedan prosperar.
Luego de varias idas y vueltas, finalmente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, invitó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a participar excepcionalmente de la mesa política que se lleva adelante esta tarde para ajustar la agenda legislativa a futuro y reordenar la comunicación de los proyectos prioritarios del Gobierno.
La cita se da luego de la compleja sesión del pasado jueves en la Cámara de Senadores, en la que el oficialismo conquistó la media sanción de la desguazada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. A raíz de la resistencia de varios gobernadores, incluso aliados, la administración libertaria debió dejar afuera el articulado sobre la Extranjerización de la Tierra y el del Manejo del Fuego.
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“La idea es ver cuáles son sus ideas y establecer las prioridades del Gobierno. Tenemos 13 proyectos presentados, que son de envergadura y que hacen a la agenda que diseñamos, pero tenemos que concentrarnos en los transformacionales”, expresó a Infobae uno de los integrantes del reducido círculo que designó el presidente Javier Milei.
Pese a que varios interlocutores del Poder Ejecutivo aseguran que algunos de los proyectos diseñados por Sturzenegger son “ambiciosos”, el mandatario se mostró en total defensa de su funcionario, de los pocos con los que tiene diálogo directo, sin intermediarios. En un gesto en sintonía, la menor de los Milei lo convocó a las reuniones semanales de la mesa para que pudiera brindar detalle de lo que busca enviar al Congreso.
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“Es momento de avanzar con los proyectos transformacionales. No es que los suyos no sean importantes, nadie dice eso, pero la idea es ver cuáles se pueden tratar ahora, cuáles pueden transformarse en decretos, qué consensos tenemos”, simplificó un funcionario ante este medio.
Durante el intercambio, que se inició a las 13 en el despacho de lo que solía ser el Ministerio del Interior, los principales alfiles políticos intentan ordenar la agenda para instrumentar los cambios que diseñaron para corregir los errores hasta ahora acumulados. Si bien no se confirmó la participación de Sturzenegger hasta última hora, el ministro participa de manera excepcional para definir los pasos legislativos a futuro.
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De esta forma, se dan cita junto a Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el Vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). También asisten el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; la senadora Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
En otro gesto por respaldar al funcionario, blanco de los principales señalamientos tras el traspié en el Congreso, el vocero presidencial, Adrián Ravier, se mostró elogioso de su tarea en la conferencia de prensa de esta mañana y lo calificó como “una figura clave”.
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“Gracias a Sturzenegger, y al liderazgo del Presidente, hemos podido aprobar más de 16.000 desregulaciones, en las cuales pudimos destrabar en gran parte ese Estado (…) Sturzenegger es una figura clave y que tiene el respaldo, no solo del Presidente de la Nación, sino también de todo el gobierno”, remarcó Ravier.
Sin embargo, luego de los resultados del pasado jueves, Karina Milei tomó la definición de que los proyectos en carpeta del Ministerio de Desregulación deberán ser analizados previamente por la mesa política antes de girarlos al Congreso. “La idea es que todos los proyectos pasen por la mesa para que se defina el momento de envío para su tratamiento en el Congreso”, precisó una fuente de su entorno.
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Actualmente, una de las iniciativas pendientes es la ley “Hojarasca”, que ya tiene media sanción y que busca eliminar cerca de 70 normas que el Ejecutivo considera obsoletas, pero además tiene listo otro ambicioso paquete de reformas a la espera de enviarlo al Congreso.
En línea con la necesidad de clarificar el sentido de cada normativa, el oficialismo adoptó la determinación de presentar públicamente cada proyecto, para lo que definirá interlocutores en función de la temática, antes de habilitar la discusión en el recinto. La idea es replicar la dinámica que se usó para detallar el impacto de la reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las modificaciones en el régimen de Inocencia Fiscal.
Las fuerzas de seguridad argentinas acumulan más de medio millón de chalecos antibalas obsoletos, una situación que plantea un doble problema: el riesgo de que efectivos utilicen elementos que ya no tienen garantizada su protección y la posibilidad de que los materiales retirados terminen en circuitos ilegales.
Los chalecos antibalas utilizados por las fuerzas de seguridad tienen una vida útil certificada de cinco años, de acuerdo con los parámetros establecidos por el entonces RENAR y las garantías de los fabricantes. Una vez cumplido ese plazo, deben ser retirados porque ya no puede asegurarse el nivel de protección balística para el que fueron fabricados.
Sin embargo, el recambio y la destrucción del material vencido no se resolvieron de manera uniforme en todo el país. Una auditoría interna realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2024 detectó que Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal contaban con 76.812 chalecos, de los cuales 49.159 estaban vencidos, equivalente al 64% del total relevado.
A ese universo se suman los equipos almacenados por las policías provinciales y municipales. De acuerdo con estimaciones del sector, el stock de chalecos que ya superaron su vida útil excede las 500.000 unidades en todo el país.
El recambio de chalecos en las fuerzas
La situación de los equipos vencidos también fue reconocida por el Gobierno nacional. En septiembre de 2024, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que hasta el 10 de diciembre de 2023 “los policías usaban chalecos vencidos”, al anunciar la incorporación de 19.700 chalecos nuevos destinados a las fuerzas federales.
El problema no se limita a los organismos nacionales. En la Policía de la Ciudad fueron retirados 6.147 chalecos vencidos o deteriorados, mientras que la Policía de Córdoba incorporó 17.000 unidades frente a un faltante operativo.
En Entre Ríos, se repusieron 1.300 chalecos luego de que las autoridades reconocieran que la mayoría de los equipos disponibles “estaban vencidos”.
Además del problema operativo, la permanencia de estos materiales fuera de los circuitos oficiales genera un riesgo de seguridad. En febrero de 2026, por ejemplo, fue detenido en Córdoba el armero de una banda de sicarios conocido como “El Negro Juan”. Durante el procedimiento se secuestró un chaleco antibalas perteneciente a la Policía de Córdoba, junto con una ametralladora de fabricación israelí y otras armas.
Qué ocurre con los chalecos cuando vencen
Que un chaleco haya superado su fecha de vencimiento no significa que sus materiales pierdan de manera inmediata todas sus propiedades. Los paneles balísticos pueden conservar parte de su capacidad protectora, por lo que, si no son destruidos correctamente, existe la posibilidad de que sean reutilizados.
El material puede incluso ser empleado clandestinamente para elaborar nuevos paneles balísticos, blindajes, escudos u otros elementos de protección. Por ese motivo, la destrucción controlada resulta clave para evitar que los equipos retirados vuelvan a circular.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) estableció procedimientos específicos dentro de la normativa sobre Materiales de Usos Especiales (MUEs) para regular la destrucción de estos elementos y habilitó a empresas privadas a realizarla.
En 2021, el organismo había dispuesto la destrucción de 3.446 chalecos defectuosos fabricados por Fabricaciones Militares y entregados a la Policía de la provincia de Buenos Aires. Un año después, ordenó un procedimiento similar para otro lote perteneciente a la Policía de la Ciudad.
En ambos casos, las medidas no llegaron a concretarse debido a la falta de capacidad tecnológica disponible para procesar los materiales.
Cómo se pueden destruir los chalecos antibalas
Actualmente, Argentina cuenta con dos máquinas habilitadas por la ANMaC para destruir materiales balísticos. Ambas pertenecen a la empresa Tecnología Antibalas S.A. (Tecant).
El procedimiento permite inutilizar los distintos componentes del chaleco. Los paneles balísticos, las etiquetas y las fundas son fragmentados para impedir que puedan ser reutilizados. Una vez terminado el proceso, se emite un certificado de destrucción, que permite dejar constancia del destino final de cada unidad.
De esta manera, el país cuenta actualmente con un marco regulatorio y con capacidad técnica para avanzar en la eliminación de los chalecos que ya cumplieron su vida útil, por lo que el desafío pendiente es implementar ese proceso sobre los stocks acumulados en las fuerzas nacionales, provinciales y municipales y garantizar que los materiales retirados no vuelvan a ingresar en circulación.
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