El miércoles, la Cámara de Casación realizará una audiencia para definir quién investigará la causa por la mansión de Pilar; la disputa por otros expedientes.
“No van a parar con los pedidos de incompetencia. Es el plan calesita”, vaticina una fuente judicial que participa de los procesos judiciales sobre la AFA. Efectivamente, los abogados de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia desplegaron en los últimos meses una catarata de presentaciones y lograron planchar casi todos los expedientes. La causa por la quinta de Pilar es el reflejo de esas maniobras: cuando todo parecía encaminarse, la Cámara de Casación le dio esperanza a la AFA y llamó a una audiencia, el miércoles próximo para volver a discutir la competencia. Ese día no habrá ninguna definición, pero no se dilatará demasiado. “Fin de esta semana o comienzos de la próxima”, dicen desde Tribunales ante una consulta de LA NACION. Es solo una de las batallas. La misma estrategia de dilación se desplegó en otras causas.
El expediente por la mansión de Pilar, valuada por peritos oficiales en torno a los 20 millones de dólares y cuya titularidad formal recae en Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, señalados como presuntos testaferros del tesorero Pablo Toviggino, ya pasó por cuatro jueces: Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y ahora Verónica Straccia, del fuero Penal Económico.
En el medio de la feria, Straccia, una jueza con buenos pergaminos, decidió delegar el expediente en el fiscal Claudio Navas Rial, el mismo que impulsó el caso de evasión por el que Tapia y Toviggino están procesados. En silencio, el fiscal avanzó esta semana con algunas medidas de prueba que estaban demoradas por el traspaso de juez. Ese proceso duró mucho más de lo esperado aunque la Cámara en lo Penal Económico había pedido que se haga de manera “urgente”. Ninguna de las medidas puede impactar en el curso de la investigación. “Están en modo avión, nadie quiere mover nada hasta que decida Casación”, explica uno de los abogados que monitorea todas las causas.
El tribunal -integrado en este caso por Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar- citó a una audiencia para este miércoles 12. En realidad, ese día los abogados de Pantano y el fiscal Mario Villar presentarán sus argumentos por escrito. A partir de este momento, los jueces tienen un plazo legal de veinte días, pero la definición se conocerá antes.
¿Por qué se vuelve a discutir la competencia? Los abogados de los presuntos testaferros de Toviggino plantearon un recurso de queja y contaron con el voto de Borinsky y Barroetaveña. Los tres jueces ahora deben decidir si el caso sigue en el fuero Penal Económico o si lo regresan al juez federal de Campana, que nunca tomó medidas trascedentes y hasta anuló el contenido de un pen drive con cientos de chats reveladores sobre el manejo de los fondos de los AFA. Hace dos meses, la misma Sala de Casación, con otra composición, aunque con el voto de Borinsky, le había cedido la decisión a la Cámara Penal Económico. Ese tribunal fue muy duro con el desempeño de González Charvay.
El juez de Campana utilizó la causa de la mansión como una esponja y comenzó a absorber otras causas contra la AFA. La única que no pudo sumar es la que llevan adelante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario. En ese expediente están todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos. Son más de 3000 páginas con decenas de transferencias de la empresa TourProdEnter, autorizadas por Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette.
La “calesita” de apelaciones no se detiene. En Tribunales también se libra otra batalla para quedarse con el caso iniciado en Santiago del Estero, donde el fiscal original del expediente, Pedro Simón, llegó a pedir la detención e inhibición de bienes de Tapia y Toviggino por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero. Esta semana, el juez Diego Amarante, el mismo que procesó a los dirigentes, rechazó un planteo de González Charbay, que no baja los brazos. La disputa también terminará en Casación. Amarante dijo que es una “ficción” considerar que la sede de la AFA está en Pilar, en un terreno baldío con una carpa, para justificar la competencia del juzgado federal de Campana, cuando la sede histórica de la organización se sitúa en la Capital Federal.
Los abogados de la AFA consideran que las causas locales están “controladas” y solo le prestan atención al expediente que tramita en Miami. Ese proceso es extremadamente reservado, mucho más después de la filtración de la citación a un testigo, que no se presentó. La difusión pública de la “subpoena” causó “profundo malestar” entre los fiscales, que pretendían avanzar la pesquisa por debajo de los radares públicos y requirieron “confidencialidad extrema” a las personas hasta ahora contactadas.
La pesquisa del Departamento de Justicia busca determinar si pudieron cometerse múltiples delitos bajo jurisdicción estadounidense, entre ellos lavado de activos mediante un presunto fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA hacia terceros mediante contratos presuntamente irregulares y facturación apócrifa.
El eje de la investigación es la empresa de Faroni y su mujer, constituida en Estados Unidos en agosto 2021. Cuatro meses después firmó con la AFA un contrato de representación y desde entonces administró al menos US$ 300 millones provenientes de contratos de patrocinio, partidos amistosos y premios deportivos. El contrato fue prorrogado por Tapia hasta diciembre de 2030.
En el Gobierno descartan que el proceso de Estados Unidos tiene una dinámica propia, ajena a los lobbies locales. El presidente Javier Milei criticó esta semana a la conducción de la AFA y dio por cierto que hay una investigación en Miami, algo que se sigue negando desde la AFA. “No tengo elementos para hablar de Tapia, solo puedo decir que hay cosas en el manejo de la AFA que no me gustaron”, le dijo al periodista Esteban Trebucq en una entrevista. Y agregó que el presidente de la AFA “tiene causas judiciales en el exterior y acá”. Sorprendió porque ahora el Presidente venía esquivando el tema en público.
Unas horas después, Tapia decidió dar una entrevista y se quejó de las “operaciones” durante el Mundial, sin dar detalles. No habló de las causas judiciales. Pero fue un cambio abrupto con el silencio de los últimos meses. Algo cambió. Desde el final del Mundial, desde la AFA desplegaron una maquinaria comunicacional, que incluye un ejército de trolls en las redes, para intentar cuestionar cada noticia que se publica en los medios.
El supuesto “desinterés” del Gobierno en la causa AFA contrasta con algunas designaciones sospechosas en la Justicia. Esta semana pasó por la comisión de Acuerdos del Senado el fiscal Agustín Rubiero, que hasta febrero integraba el Tribunal de Disciplina de la AFA y ahora está propuesto para la Sala D de la Cámara Civil, un lugar estratégico donde se revisan muchas de las decisiones que tienen que ver con el fútbol.
Esa misma Sala fue la que impidió hace dos meses que la Inspección General de Justicia (IGJ), que es el organismo que controla a las empresas, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, pueda analizar los balances de la AFA. El argumento fue que la entidad había mudado su domicilio a Pilar. Pero recién este viernes los dirigentes hicieron una reunión en ese predio para votar a los delegados de las categorías Primera Nacional, Primera B y Primera C. Como las obras todavía están en marcha, tuvieron que montar una carpa.
Si no hay sorpresas, Rubiero desembarcará en la Sala D. En Tribunales aseguran que no tiene antecedentes académicos ni jurídicos para ese cargo. Y que apareció de manera misteriosa porque estaba en la lista complementaria. Su principal carta de presentación es una relación con el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. En su exposición de 5 minutos 16 segundos, ante los senadores, el candidato se comprometió a “ejercer la magistratura de manera imparcial e independiente”. No hubo preguntas.
Fuente: La Nación, Nicolás Pizzi y Hernán Cappiello.
