El precio del petróleo cayó más de 1% este viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró su amenaza de nuevos ataques contra Irán y afirmó que un acuerdo entre ambos países podría firmarse en los próximos días, una señal que alivió las preocupaciones de los mercados sobre una posible escalada en Medio Oriente.
El crudo Brent del Mar del Norte, referencia internacional, retrocedió 1,45%, hasta los 89,07 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) perdió 1,35% y cerró en 86,53 dólares por barril.
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La baja se produjo después de que Trump descartó, por el momento, nuevas acciones militares contra Irán y sostuvo que un entendimiento entre Washington y Teherán podría concretarse en breve. No obstante, las autoridades iraníes evitaron confirmar avances definitivos en las negociaciones.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que “Irán no ha tomado todavía una decisión final sobre un posible acuerdo con Estados Unidos” y remarcó que la República Islámica no está dispuesta a ceder en sus “líneas rojas“, término que utiliza para definir cuestiones consideradas innegociables.
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El funcionario también rechazó las versiones sobre una inminente ceremonia de firma y advirtió que aún no existe información oficial sobre el asunto. “Los informes sobre el momento y el lugar de la firma siguen siendo especulativos“, señaló.
Las declaraciones reflejan que, pese al alivio inicial de los mercados, persisten interrogantes sobre la posibilidad de que ambas partes alcancen un acuerdo en el corto plazo.
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Los comentarios del mandatario estadounidense impulsaron una fuerte reacción en los mercados financieros. El jueves, Wall Street cerró con ganancias y el índice S&P 500 avanzó 1,8%.
Stephen Innes, de SPI Asset Management, señaló que “la retórica de Donald Trump cambió durante la jornada desde el riesgo de ataques y un lenguaje militar duro hacia la ausencia de un ataque inmediato, una diplomacia de alto nivel con Irán y la posibilidad de que un acuerdo esté lo suficientemente cerca como para firmarse este fin de semana en Europa“.
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En Asia, los principales mercados bursátiles registraron fuertes subas. El índice Nikkei 225 de Tokio avanzó 3,47%, hasta los 66.442,94 puntos. En Corea del Sur, el Kospi ganó cerca de 8%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió 1,72% y el índice compuesto de Shanghái trepó 1,73%.
Los inversores también siguieron de cerca las perspectivas de política monetaria. El Banco Central Europeo elevó las tasas de interés por primera vez desde 2023 después del fuerte aumento de los precios de la energía derivado de la guerra con Irán.
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El mercado también evalúa la posibilidad de nuevos incrementos de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. En ese contexto, el Banco de Japón celebrará su próxima reunión de política monetaria la semana próxima.
Abhijit Surya, de Capital Economics, afirmó que “con las presiones inflacionarias que continúan aumentando, casi con seguridad seguirá existiendo una mayoría a favor de una subida de tasas del Banco de Japón“.
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En paralelo, los operadores también aguardan el debut bursátil de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, prevista para este viernes y considerada la mayor oferta pública inicial de la historia.
Luego de la sesión del jueves pasado donde elSenado aprobó el pliego de 74 jueces, en Boletín Oficial comenzaron a aparecer los primeros nombramientos firmados por el presidente Javier Milei.
Los decretos 445/2026, 446/2026 y 447/2026 se publicaron este viernes y argumentaron las formalidades a partir del “acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional“.
De esta manera, Rosatti —cuya postulación llegó al Senado con la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, luego de que el plenario del Consejo de la Magistratura aprobara la terna por unanimidad sobre un quorum de 19 consejeros— quedó como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.
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También se publicaron las designaciones de Walter Alberto Rodríguez frente al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de la misma jurisdicción, y Santiago Joaquín Saux, quien ocupará el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela.
Rosatti acumula casi dos décadas de carrera dentro del Poder Judicial federal. Su trayectoria arrancó en 2007 como auxiliar en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe y avanzó de forma progresiva por distintas funciones: escribiente, prosecretario y secretario electoral en ese mismo tribunal. Desde el entorno del titular de la Suprema Corte de Justicia sostienen que su hijo ingresó al Poder Judicial casi diez años antes que él. La terna que lo incluyó se votó sin su intervención en el proceso.
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La sesión del 4 de junio en la Cámara alta estuvo marcada por el caos tras la inesperada discusión por la postulación de la jueza Verónica Michelli, que comenzó a debatirse públicamente una semana antes. La situación con la magistrada despertó críticas hacia la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, por oponerse a la decisión de la Casa Rosada de retirar su pliego del temario. Incluso días antes de que se realizara la sesión, puso a disposición su renuncia y adelantó que se abstendría en la votación respectiva.
En la reunión de labor parlamentaria, se había acordado tratar 50 nombramientos de magistrados, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones. Cuando se inició el debate, el oficialismo introdujo en el recinto 70 designaciones judiciales, un número que no estaba pactado y que encendió al peronismo y a algunos aliados.
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La sesión estuvo al borde de caerse y se convocó a un cuarto intermedio en el que se reunieron los jefes de bloque. Al regresar, la ex ministra de Seguridad Nacional anunció que había consenso con dos tercios de los presentes para incorporar 74 pliegos judiciales, entre ellos el de Michelli. El debate fue breve y la votación se dividió en cinco tramos: todos los nombramientos fueron aprobados, aunque con distintos niveles de respaldo.
Finalmente, en el recinto se aprobaron todos los acuerdos. “Hoy es un verdadero hito”, escribió Milei desde su cuenta de X y añadió: “El inicio de la reconstrucción de la Justicia”. Las palabras fueron en respuesta al posteo del titular de Justicia quien destacó: “Gracias, Presidente @JMilei por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial! Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante, como así también a los Senadores y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron incansablemente para hacer esto posible”.
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“Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”, agregó. Y completó: “Un reconocimiento especial al Secretario de Justicia, Santiago Viola, por su enorme labor y compromiso para lograrlo. Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”.
El Gobierno nacional difirió la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal para la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
De acuerdo con lo dispuesto mediante la disposición 274/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, la implementación se postergó hasta las 00:00 horas del 8 de marzo de 2027.
La decisión responde a la necesidad de consolidar las condiciones materiales, operativas y tecnológicas que permitan asegurar una transición ordenada y sostenible en una de las jurisdicciones federales de mayor complejidad institucional del país.
La postergación se comunicará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y al Ministerio de Seguridad Nacional, conforme lo establece la resolución. El cronograma de implementación, definido por el Ministerio de Justicia, prevé una puesta en marcha gradual del Código en los distintos distritos federales del país, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 27.150 y sus modificatorias.
Desde la reanudación del proceso de reforma procesal penal federal, el Ministerio de Justicia impulsó la vigencia del sistema acusatorio en varias jurisdicciones, priorizando la consolidación paulatina y la articulación interinstitucional.
Hasta el momento, el nuevo modelo se instaló en nueve distritos federales —incluyendo provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego— y en regiones de la provincia de Buenos Aires, tales como Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.
Y aún resta implementar el sistema acusatorio en nueve jurisdicciones federales, entre ellas Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y Misiones, además de zonas de la provincia de Buenos Aires yla Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de Córdoba, la extensión territorial, la densidad poblacional, la dispersión geográfica de las sedes judiciales y el volumen de litigiosidad penal federal han sido señalados como factores determinantes para requerir un análisis específico de las condiciones necesarias para la transición.
La magnitud y complejidad estructural de la Justicia Federal en Córdoba obliga a contemplar una evaluación detallada de los recursos humanos, la infraestructura disponible, la tecnología y la operatividad de los organismos involucrados. El distrito concentra investigaciones vinculadas a delitos complejos, como narcotráfico, criminalidad económica y contrabando, lo que demanda un despliegue técnico y profesional adicional para garantizar la eficacia del sistema acusatorio.
En el proceso de adecuación, se realizaron aportes específicos al Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, con el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento y garantizar estándares homogéneos en la operatividad del sistema. Entre las acciones desarrolladas, la cartera de Justicia proporcionó herramientas tecnológicas orientadas a fortalecer el análisis forense digital, mediante la entrega de sistemas UFED y equipamiento especializado que optimizan el tratamiento de evidencia digital y la preservación de la cadena de custodia.
Además, se inició el relevamiento de las estructuras edilicias del Poder Judicial para avanzar en la adecuación y equipamiento de las salas de audiencias requeridas por el modelo acusatorio, incluyendo sistemas audiovisuales, conectividad y registración digital. Paralelamente, se impulsaron instancias de formación y capacitación para magistrados, funcionarios y equipos técnicos, a través de talleres, actividades académicas e intercambios institucionales con distritos donde el sistema ya está vigente.
La decisión de diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en Córdoba surge tras evaluaciones técnicas y diagnósticos institucionales que coinciden en la necesidad de profundizar la adecuación edilicia, fortalecer la disponibilidad de espacios y asegurar la operatividad de las salas de audiencias bajo el nuevo modelo.
El proceso fue acompañado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba—que solicitó formalmente el aplazamiento mediante la Acordada N° 34/2026— y por la Procuración General de la Nación, que presentó un informe de diagnóstico en abril de 2026 destacando diversas necesidades operativas, tecnológicas y de infraestructura.
El relevamiento realizado por las instituciones intervinientes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, ratifica la importancia de garantizar condiciones materiales y operativas óptimas para la implementación. Se estima que la entrada en vigencia del Código solo será efectiva cuando las salas de audiencias se encuentren plenamente operativas y se hayan completado las acciones de capacitación, incluyendo simulacros y talleres de estandarización dirigidos a todos los operadores judiciales.
El riesgo país consiguió ayer perforar los 450 puntos y finalizó en el nivel más bajo en lo que va del gobierno de Javier Milei. La respuesta muy favorable de los mercados a la decisión deStandard and Poor’s de subirle la calificación a la deuda argentina, siguiendo los pasos de Fitch. La suba de los bonos en dólares dejó a la Argentina un poco más cerca de regresar a los mercados internacionales para conseguir financiamiento, algo que no sucede desde 2018.
Con este nuevo impulso, el país podría colocar deuda a diez años a una tasa de entre 8,5% y 9% anual en dólares. Hasta hace unos días todavía tenía que pagar rendimientos de dos dígitos.
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Por ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, se viene resistiendo a colocar bonos en el mercado internacional. El argumento del titular del Palacio de Hacienda es que las tasas son muy altas y no tiene sentido tomar deuda cara en el mercado internacional, cuando hay fuentes más baratas de financiamiento.
Pero esta nueva disminución del riesgo país, que ayer finalizó a 443 puntos básicos, cambia el panorama. Ahora ya queda más accesible el ingreso al mercado internacional, que resultaría clave para blindar los pagos de deuda del año próximo.
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Hay otro evento que le puede dar otro impulso a los bonos en dólares, que es el pago de los vencimientos de deuda de julio, por un total de 4.300 millones de dólares. Si, como es esperable, parte de esos fondos son reinvertidos en bonos argentinos entonces las cotizaciones pueden subir otro escalón.
En ese caso, y con algo de ayuda de un mejor clima en los mercados internacionales, el riesgo país podría caer a niveles de entre 350 y 400 puntos. En ese caso, la tasa de un bono en dólares emitido por el Gobierno perforaría el 8% anual en dólares.
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La suba de los bonos argentinos también contagió a las acciones locales. Los ADR de los bancos volaron ayer, registrando por lejos las subas más importantes del año. Por primera vez, además, la cotización en lo que va del año de las entidades quedó positiva, luego de haber mostrado caídas de hasta 30% en la primera parte del año.
El ADR de Banco Macro subió 11,7% en Wall Street y ya acumula 10% de suba en 2026. Galicia trepó casi lo mismo y Supervielle otro 12,7 por ciento.
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El índice S&P Merval medido en dólares también mantiene un sólido recorrido y ya se ubica en niveles de 2.240 dólares (tomando como referencia el tipo de cambio del contado con liquidación), por lejos el nivel más alto del año. El máximo que había tocado había sido de 2.400 dólares a fines de 2024.
Mientras tanto, los mercados globales acompañan esta gran recuperación. Los principales índices de Wall Street cerraron este jueves con importantes ganancias, recuperando parte del terreno perdido en la sesión anterior gracias al fuerte desempeño del sector tecnológico y a una mejora en el ánimo de los inversores frente a las tensiones geopolíticas internacionales.
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El índice Dow Jones avanzó alrededor de 1,8%, mientras que el S&Pganó 1,7% y el tecnológico Nasdaq Composite lideró las subas con un salto cercano al 2,5 por ciento.
El mercado encontró apoyo en señales de una posible distensión en Medio Oriente, luego de que trascendieran avances diplomáticos que redujeron los temores a una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La moderación de esos riesgos contribuyó a una caída en los precios del petróleo y favoreció una mayor predisposición de los inversores hacia activos de riesgo.
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Las compañías tecnológicas y vinculadas a la inteligencia artificial encabezaron la recuperación, tras haber registrado fuertes correcciones en jornadas previas. El renovado interés por el sector impulsó especialmente al Nasdaq, que volvió a ubicarse entre los principales motores del mercado estadounidense.
El jefe de la administración regional de Mykolaiv, Vitaliy Kim, informó que tres personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas tras un bombardeo con drones Shahed, de fabricación iraní, en la ciudad.
Un ataque nocturno con drones lanzado por las fuerzas rusas provocó la muerte de una mujer en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, según informaron las autoridades este viernes.
“El enemigo lanzó un ataque masivo con drones contra una infraestructura civil” en la ciudad de Chostka, reportó en Telegram el jefe de la administración regional, Oleg Grigorov.Una mujer de 44 años falleció como consecuencia del ataque, mientras que otra ciudadana, de 33 años, resultó gravemente herida, añadió el funcionario.
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El ataque también causó daños en un edificio no residencial de tres pisos, según la descripción de Grigorov, quien no brindó más detalles sobre la infraestructura afectada.
A su vez, el jefe de la administración regional de Mykolaiv, Vitaliy Kim, informó que tres personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas tras un bombardeo con drones Shahed, de fabricación iraní, en la ciudad. El impacto provocó daños en viviendas y automóviles particulares, detalló Kim.
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“Los servicios de emergencia rescataron a un hombre nacido en 1985 con heridas de metralla y a dos mujeres nacidas en 1986 y 2008 del edificio dañado”, comunicó el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano y agregaron: “Como consecuencia de la caída de escombros y el impacto de la onda expansiva, dos automóviles y catorce viviendas resultaron dañados, dos de las cuales quedaron destruidas”.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, informó el jueves que 11 regiones del país fueron atacadas desde el inicio de la semana. En menos de tres días, las fuerzas rusas emplearon casi 530 drones y dos misiles guiados lanzados desde el aire contra territorio ucraniano.
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Rusia sumó a su lista de objetivos un buque portacontenedores de bandera panameña, empresas agrícolas, infraestructuras ferroviarias y energéticas, así como edificios residenciales, según detalló el mandatario, quien añadió que decenas de personas resultaron heridas.
Zelensky subrayó que los esfuerzos diplomáticos de Ucrania deben centrarse en fortalecer la protección del espacio aéreo nacional. En ese sentido, destacó que recientemente se produjeron numerosas reuniones y negociaciones internacionales sobre defensa aérea y señaló la importancia de implementar todos los acuerdos alcanzados, en particular los relativos a sistemas de defensa antiaérea PURL.
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El mandatario ucraniano señaló que las próximas cumbres del G7 y la OTAN podrían ser decisivas para avanzar en esta materia. “Ucrania necesita protección: esta es una premisa para que la diplomacia funcione. Agradezco a todos los socios que están ayudando”, afirmó Zelensky.
El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el jueves la captura de las aldeas de Rozkishne, en la región oriental de Donetsk, y Okhrimivka, en Kharkov , intensificando la presión sobre el flanco nordeste de Ucrania.
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Las autoridades de Kiev no confirmaron la pérdida de ninguno de los dos asentamientos, aunque admitieron la existencia de combates activos en ambas zonas, una situación que refleja la habitual divergencia en los partes de guerra desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.
Rozkishne se localiza a unos 30 kilómetros al oeste de Kostiantynivka, ciudad que Moscú intenta controlar desde hace meses como parte de su avance en el Donbás. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber ocupado completamente la aldea tras una operación combinada de inteligencia, artillería y drones. Por su parte, el Estado Mayor ucraniano reportó enfrentamientos en la dirección de Kostiantynivka y en localidades cercanas, pero no mencionó oficialmente la pérdida de territorio.
Posadas es un hervidero. Todos los días se esperan las novedades de la pelea entre el gobernador Hugo Passalacqua y el caudillo Carlos Rovira que, en los papeles, es solo un legislador provincial. El mandatario detenta el poder formal, pero la estructura política responde al “hombre fuerte”.
Desde las últimas horas del miércoles corrió la versión de que este jueves caería “una bomba”. Todas las miradas se dirigieron a la Legislatura, donde antes de cada sesión Rovira hace un encuentro político. De esos cónclaves, denominados “previas”, surgieron las principales novedades de la pelea en las últimas semanas.
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Sin embargo, la detonación se escuchó en “La Rosadita”, como se conoce a la Casa de Gobierno misionera. A las 14.30, Passalacqua publicó en su cuenta de X un posteo en el que anunciaba una reducción de gabinete.
Cuáles serán los cambios
“Instruí al Ministerio de Hacienda para que, a través de la Dirección de Presupuesto, avance en la reestructuración y reorganización de los ministerios y áreas de Gobierno de cara al Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio del 2027”, expresó el gobernador. El gabinete tiene, ahora, 13 carteras.
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Passalacqua, concluyó: “Tenemos la responsabilidad de consolidar un Estado cada vez más cercano, austero y eficiente, que optimice los recursos públicos, eliminando superposiciones y garantizando un mejor servicio a la gente”.
El posteo fue el corolario de un relevamiento previo. Desde el primer círculo de la gobernación hubo un punteo del funcionariado. “Vos, ¿de qué lado estás?”, fue, palabras más o menos, la consulta.
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En uno de los despachos de “La Rosadita” comentaron a Infobae que aún “no hay una definición certera”. “Son tres o cuatro ministerios cuyas funciones pueden seguir operativas como subsecretarías, bajo la órbita de otras carteras – paraguas”, detallaron.
“No es un número cerrado. Puede haber algunas subsecretarías involucradas también”, agregó.
Medios locales indicaron que las áreas que serán reestructuradas son el Ministerio de Acción Cooperativa, a cargo de Liliana Mabel Rodríguez, y las secretarías de Estado de Agricultura Familiar (Marta Ferreira) y Cambio Climático (Gervasio Malagrida). La intención sería que esas áreas queden en la órbita de los ministerios de Industria, Agro y Producción y Ecología, en forma respectiva.
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Todos los funcionarios en la mira están en la órbita de Rovira.
Un funcionario de primera línea confirmó a este medio que la reestructuración “va por ahí”. Antes de volver a sus ocupaciones, soltó: “Todo está en veremos. Faltaría Energía, que podría pasar a Hacienda”.
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“Está todo roto”
En Misiones hay un doble comando. Desde la Legislatura, Rovira impulsa proyectos y medidas de gestión sin consultar con el Ejecutivo. Entre ellas, una reforma política y la emisión de deuda. Hoy adelantó que modificará el Código Procesal Penal misionero.
Además, “El Conductor” (como lo llaman sus acólitos) borró el sello partidario que cofundó con Passalacqua en 2003: el Frente Renovador de la Concordia. “Caducó”, fue el término elegido para dejar la vieja piel. Casi de inmediato, se hizo el trámite ante la Justicia Electoral a fin de modificar la denominación por el nuevo Encuentro Misionero.
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El gobernador tiene el apoyo de 67 intendentes sobre un total de 78. Y hoy sumó a su cruzada a un exmandatario al que Rovira le había bajado el pulgar: Maurice Closs. El dirigente reposteó el tuit de Passalacqua de hoy y comentó: “Bien ahí. Pleno consenso tendrá esta medida”.
El quiebre tendrá consecuencias. Ante la consulta de Infobae, un alto funcionario, de los que no tiene en riesgo su sillón, confesó: “La relación entre Passalacqua y Rovira está rota y sin retorno”.
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Un dirigente de primera línea del oficialismo, con diálogo con ambos, reconoció que la disputa puede poner en riesgo el gobierno en las elecciones del año próximo.
“No hay lugar para divisiones Este experimento era antes. Ahora tenés fuerzas que están mejor que nosotros en la consideración” de la gente, se quejó.
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En los comicios legislativos del 2025, al FRC no le fue bien. En los provinciales de junio ganó por muy poco. Rovira apuntó contra los intendentes. Los acusó de no haber movido lo suficiente la estructura. Por esos días fue el último diálogo franco entre el hombre fuerte y Passalacqua. En las nacionales de octubre, La Libertad Avanza confirmó que su elección provincial no fue casual y se alzó con el triunfo.
En el campamento libertario miran con atención lo que ocurre en el oficialismo. Siguen al pie de la letra el adagio que reza “si ves a tu enemigo cometiendo un error, no lo interrumpas”.
Las primeras evaluaciones en LLA son que se trata de “una pelea de egos y poder que se va a resolver”, y que los misioneros “están cansados de ver siempre las mismas caras y que no le solucionan los problemas”.
Una mujer fue rescatada por Bomberos Voluntarios en la noche del jueves tras un incendio ocurrido en una vivienda de la ciudad de Gualeguay.
Según conoció Elonce, el incendio de gran magnitud ocurrió pasada las 23 horas y, al ingresar en el interior de la casa, encontraron a la mujer desvanecida.
Foto: Bomberos Voluntarios de Gualeguay.
Tras rescatar a la propietaria, una ambulancia se hizo presente en el lugar y derivaron a la mujer a un hospital local. Por el momento, se desconoce su estado de salud.
La princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia, abogada y primogénita del rey Maha Vajiralongkorn, murió a los 47 años, según comunicó la Oficina de la Casa Real. El deceso se produjo el jueves por la noche en un hospital de Bangkok, donde permanecía internada desde hacía tres años tras perder el conocimiento a causa de una enfermedad.
Bajrakitiyabha destacó por su labor en la reforma judicial y por el impulso del proyecto Kamlangjai (“Inspirar”), orientado a la rehabilitación de mujeres encarceladas en Tailandia antes de su liberación. La princesa fue hospitalizada en diciembre de 2022 tras desvanecerse mientras entrenaba perros para una exhibición militar. El palacio informó que padecía una infección por micoplasma, bacteria asociada habitualmente a la neumonía.
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La tarjeta de Año Nuevo de su padre para 2023, donde el rey Maha Vajiralongkorn y la reina Suthida aparecían vestidos de negro, fue interpretada por muchos tailandeses como un indicio de la gravedad del estado de salud de la princesa. La información sobre su evolución fue limitada y los escasos comunicados oficiales sugerían un deterioro progresivo.
Bajrakitiyabha nació el 7 de diciembre de 1978, hija del entonces príncipe heredero y de la princesa Soamsawali. En actos de Estado, también era conocida como Bajrakitiyabha Narendira Debyavati. El príncipe Dipangkorn Rasmijoti, hijo menor del rey, es el heredero presunto, dado que la legislación tailandesa otorga prioridad a los varones en la sucesión al trono. La sólida trayectoria de Bajrakitiyabha en el servicio público alimentó, no obstante, especulaciones sobre un eventual papel relevante en el futuro, incluso como posible regente.
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Estudió derecho en la Universidad de Thammasat y obtuvo una maestría y un doctorado en derecho en la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, donde presentó una tesis sobre la protección de los derechos de los acusados. En su honor, se crearon becas y un programa de intercambio académico entre Tailandia y Cornell.
Tras un breve paso por la Misión de Tailandia ante la ONU en Nueva York, regresó a su país para ejercer como fiscal y, más tarde, fue diplomática, desempeñándose como embajadora en Austria entre 2012 y 2014. De regreso en Tailandia, se abocó a cuestiones de justicia penal y, en 2017, fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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Además de su trabajo en la rehabilitación de mujeres privadas de libertad, desarrolló campañas para mejorar sus condiciones de vida y para prevenir la violencia contra las mujeres, como embajadora honoraria de la ONU Mujeres. Gracias a su impulso, la Asamblea General de la ONU adoptó las “Reglas de Bangkok” sobre el trato a mujeres reclusas.
“La sociedad no puede crecer si hay inestabilidad e injusticia”, declaró Bajrakitiyabha en una entrevista con Associated Press en 2013. “Sin el estado de derecho, sin un buen sistema de justicia, siempre reina el caos. Creo que el estado de derecho es un pilar fundamental para el desarrollo, el crecimiento económico y, por supuesto, los derechos humanos”, agregó.
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Como princesa, Bajrakitiyabha ocupó un papel ceremonial de relevancia en la sociedad tailandesa, donde la familia real se sitúa en la cúspide institucional. Se la consideraba especialmente cercana a su padre y, un año antes de su hospitalización, fue designada para un alto cargo en la unidad de guardaespaldas reales.
El rey Maha Vajiralongkorn tiene siete hijos de cuatro matrimonios distintos y aún no anunció de manera oficial a su heredero, aunque las normas de sucesión en Tailandia otorgan preferencia a los varones.
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La familia real tailandesa está protegida por estrictas leyes de lesa majestad, que establecen penas de hasta 15 años de prisión por cada cargo y regulan de forma rígida lo que puede decirse públicamente sobre los miembros de la monarquía.
Nuevas auditorías ordenadas por el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, revelaron graves inconsistencias en las prestaciones de médicos de cabecera en varias jurisdicciones del país que derivarían en un fraude millonario contra la obra social de los jubilados. Infobae tuvo acceso a los expedientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que documentan facturas que superan la capacidad horaria posible de atención y órdenes médicas emitidas a nombre de afiliados fallecidos, entre otras irregularidades. Como consecuencia de ello, la mayor obra social de América Latina realizó denuncias penales y, en algunos expedientes, se resolvió la retención preventiva de liquidaciones a los profesionales mientras continúan las investigaciones.
Los principales casos se registraron en Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Hay al menos siete profesionales de distintas jurisdicciones comprometidos, entre ellos un cardiólogo que prestaba servicio en Rosario y que ayer fue allanado por la Justicia.
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El patrón detectado es sistemático: en todos los expedientes analizados, las prestaciones facturadas exceden con amplitud la cantidad máxima de consultas que cada profesional podría realizar según las horas de atención que él mismo declaró en el sistema institucional del organismo. Cuando esa brecha resulta significativa, el INSSJP dispone débitos o retenciones preventivas de pagos, y en los casos más graves, rescisiones de contrato y denuncias penales.
Allanamientos y fraude
Uno de los casos más extremo involucra a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal, que el jueves fue allanado por la Policía Federal Argentina (PFA).
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La maniobra que se investiga radica en la intervención del especialista M. G. A. El mismo afirmó haber atendido a más de 5000 afiliados de PAMI y haberles realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre los años 2023 y 2025, resultando llamativo que la mayor parte de esos afiliados residen en otras provincias.
El total de la defraudación rondaría los $700.000.000 de los cuales, aproximadamente, $580.000.000 fueron efectivamente abonados por PAMI al cardiólogo.
La investigación judicial determinó que el especialista “registraba en el sistema de la obra social múltiples atenciones a decenas de pacientes día a día, que incluían tanto la consulta inicial como una serie de estudios (electrocardiogramas, holter, etc.)”.
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Los allanamientos —que alcanzaron los consultorios y el domicilio particular del médico— fueron autorizados por el juez de garantías Carlos Vera Barros a pedido de los fiscales Andrés Montefeltro y Virginia Sosa. La Oficina de Criminalidad Económica, a cargo del fiscal general interino Javier Arzubi Calvo, conduce la causa junto a los fiscales coadyuvantes Soledad García, Montefeltro y Sosa, todos de la Unidad Fiscal Rosario. La investigación tuvo su origen en una actuación preliminar de la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-PAMI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, luego de que se detectara un grupo de afiliados que desconocían las consultas y prácticas que supuestamente les había realizado el médico.
Los casos detectados por las auditorías
En todos los expedientes analizados, las auditorías aplicaron el mismo criterio: calcular la cantidad máxima de consultas que un profesional podría realizar según las horas de atención que él mismo declaró en el sistema institucional, y contrastar ese número con las prestaciones efectivamente facturadas.
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Lo que sigue son los expedientes relevados por este medio:
Caso 1 M.G.A. UGL Rosario
La primera auditoría sobre este cardiólogo de Acebal se realizó en enero de 2025. El contrato fue dado de baja el 24 de julio de 2025. La revisión verificó que 10 afiliados con órdenes médicas electrónicas (OME) emitidas a su nombre desconocieron haber sido atendidos por el profesional.
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Un informe adicional documentó prácticas supuestamente realizadas y facturadas durante julio de 2024 a afiliados que captaban en otras jurisdicciones. Entre las irregularidades más graves figura la emisión de órdenes médicas electrónicas a nombre de afiliados fallecidos.
Caso 2, M.A.C. UGL III Córdoba
Se registraron órdenes médicas electrónicas realizadas y aceptadas el 14 de noviembre de 2024, pese a que había sido dado de baja por fallecimiento el 8 de ese mismo mes.
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Caso 3, J.R.C.
La auditoría detectó desvíos en las prestaciones del período mayo de 2025. La observación surge de la comparación entre las consultas facturadas y la capacidad máxima de atención calculada a partir de las horas que el propio prestador declaró en el sistema oficial. Como resultado, se dispuso un débito sobre las liquidaciones del período auditado.
Caso 4 M.A.D.C.
Las auditorías determinaron inconsistencias que derivaron en un débito sobre las prestaciones del período analizado. La validación tomó como referencia las horas de atención informadas por el profesional y la cantidad máxima de consultas compatibles con esa disponibilidad.
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Caso 5 G.M.M.
Las verificaciones sobre la facturación del período auditado derivaron en la instrucción de aplicar un débito. La medida forma parte del proceso de revisión que contrasta las consultas registradas con la capacidad operativa declarada por cada médico de cabecera.
Caso 6 A.R.S.
Las auditorías detectaron desvíos en las prestaciones presentadas por la profesional. Se ordenó un débito correspondiente a la liquidación del período analizado, tras el cruce entre las horas de atención declaradas y el volumen de consultas efectivamente facturadas.
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Caso 7 L.B.S.
A diferencia de los casos anteriores, el organismo dispuso una retención preventiva de pagos sin avanzar con la liquidación correspondiente mientras se desarrolla el proceso de auditoría.
La medida abarca prestaciones en tres agencias: Lanús, San Justo y Quilmes y los pagos quedaron suspendidos hasta la finalización de las revisiones.
Cada uno de los ejemplos anteriores se inscriben en un proceso de control más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo.
En mayo de 2026, el INSSJP informó la baja de más de 1.500 prestadores en todo el país por cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones que no cumplían los protocolos de higiene y seguridad. Según aclararon desde la obra social de los jubilados, el organismo “garantizó que esas medidas no interrumpirían los tratamientos de los afiliados”.
En noviembre de 2025, el INSSJP había denunciado ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados, lo que dio lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones.
En febrero pasado, auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar: uno de los casos documentados mostró a un prestador que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto ante una consulta de Infobae, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional.
El caso Tucumán
Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un poli consultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.
Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.
La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.
Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.
El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal
El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J. C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.
Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.
El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.
Un robo en calle Bevilacqua, de la ciudad de Paraná logró ser esclarecido en las últimas horas gracias al trabajo de investigación realizado por efectivos policiales, quienes consiguieron recuperar todos los bienes sustraídos de una vivienda particular y avanzar en la identificación de los presuntos autores del hecho.
La investigación se inició a partir de una denuncia radicada por la propietaria del inmueble afectado, quien alertó sobre la sustracción de diversos elementos de valor de su domicilio. A partir de ese momento, personal policial comenzó una serie de tareas investigativas destinadas a reconstruir los movimientos de los responsables y determinar el destino de los objetos robados.
Como parte de las diligencias realizadas, los agentes analizaron registros fílmicos de cámaras de seguridad y llevaron adelante distintas tareas de campo que permitieron reunir información clave para el avance de la causa. Gracias a esas actuaciones, se logró identificar a tres personas señaladas como presuntas autoras del ilícito.
Hallazgo de los elementos en una zona de monte
Con los datos obtenidos durante la investigación, los efectivos siguieron el rastro de los sospechosos hasta la intersección de las calles Nasta y Moisés Lebensohn. En ese sector, se desplegó un operativo de búsqueda y rastrillaje en una zona de monte donde se presumía que podrían encontrarse ocultos los objetos sustraídos.
La hipótesis fue confirmada poco después, cuando los uniformados localizaron una importante cantidad de elementos escondidos entre la vegetación. Entre los bienes recuperados se encontraban dos equipos de aire acondicionado con sus respectivos motores, cinco juegos de grifería, aproximadamente 300 metros de cableado, una pileta de baño, un motor de montacargas, una mochila de baño y diversos insumos eléctricos.
El hallazgo representó un avance significativo para la investigación, ya que permitió recuperar la totalidad de los bienes denunciados como robados. Posteriormente, la damnificada fue convocada para reconocer los elementos encontrados.
La Justicia ordenó la restitución de los bienes
Tras observar los objetos secuestrados, la propietaria confirmó que todos pertenecían a su vivienda.
Una vez concretada la recuperación de los elementos, se informó de inmediato al fiscal interviniente en la causa, quien dispuso el secuestro formal de los bienes hallados para incorporarlos al expediente judicial como evidencia.
Finalmente, la autoridad judicial ordenó que, una vez cumplidos los trámites correspondientes, los objetos fueran restituidos a su propietaria. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar las responsabilidades penales de las tres personas identificadas como presuntos autores del robo y avanzar con las medidas procesales que correspondan.