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El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para julio de 2026 establece fechas específicas para cada prestación, según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

El programa organiza el pago de jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar y otras prestaciones. Los montos de todas las prestaciones recibieron una actualización por movilidad y se mantiene el bono extraordinario para los haberes más bajos. El calendario se reorganizó para garantizar el acceso sin demoras tras los feriados nacionales.

Quiénes cobran hoy, 14 de julio de 2026

El martes 14 de julio de 2026, la ANSES paga diversas prestaciones, organizadas según la terminación del DNI y el tipo de beneficio.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

El pago corresponde a quienes tienen DNI terminados en 3. Estas personas pueden retirar sus haberes en la red bancaria habitual. El calendario continúa el 15 de julio con los beneficiarios cuyo DNI termina en 4.

Pensiones No Contributivas

Hoy cobran los titulares de pensiones no contributivas con DNI terminados en 6 y 7. Este grupo accede a su prestación en la fecha indicada para garantizar un proceso ordenado.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

El turno de cobro es para titulares con DNI terminados en 3. El monto incluye la acreditación de la Tarjeta Alimentar, que se deposita en la misma fecha del pago principal.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias con DNI terminado en 1 pueden cobrar su prestación este martes. Las próximas fechas siguen el orden numérico hasta el día 24.

Asignación por Prenatal

El 14 de julio se acredita el pago a quienes tienen DNI terminados en 0 y 1. El cronograma para el prenatal continúa en días sucesivos para el resto de las terminaciones.

Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la asignación por maternidad reciben su cobro entre el 14 de julio y el 11 de agosto, sin distinción por terminación de DNI.

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

El pago para todas las terminaciones de documento queda habilitado desde el 13 de julio y se extiende hasta el 11 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las personas que perciben estas asignaciones pueden cobrar en cualquier fecha entre el 8 de julio y el 11 de agosto, sin importar la terminación del DNI.

De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

En julio de 2026, los montos de las jubilaciones y pensiones de ANSES se actualizaron por movilidad y suman un bono extraordinario para los haberes más bajos. La jubilación mínima asciende a $481.989,32, distribuida en $411.989,32 de haber y un bono de $70.000. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $399.591,45. Para las pensiones no contributivas por invalidez y vejez, el monto es de $358.392,52, mientras que la pensión para madres de siete hijos iguala la mínima general.

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo reciben el aumento por movilidad y, en caso de corresponder, un bono proporcional hasta completar el monto adicional. La jubilación máxima en julio se ubicó en $2.772.298,06. Todos estos valores reflejan el ajuste correspondiente al trimestre.

De cuánto son las asignaciones en julio 2026

Las asignaciones familiares y universales recibieron un aumento del 2,15% en julio, según la fórmula de movilidad. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $148.048 por menor a cargo, aunque los titulares reciben el 80% mensual ($118.438,43), ya que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto es de $482.061,17. Para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el primer rango de ingresos percibe $74.032,19, mientras que la Asignación por Hijo con Discapacidad llega a $241.040,29.

La Asignación por Embarazo para Protección Social tiene el mismo valor que la AUH, es decir, $148.049, con el 80% depositado mensualmente y el resto retenido hasta cumplir los controles médicos. La Asignación Familiar por Prenatal replica el esquema de la SUAF, con el monto máximo en $74.033 y tramos inferiores de $49.940, $30.206 y $15.586, según el ingreso familiar.

La Tarjeta Alimentar mantiene sus valores: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para quienes tienen tres o más hijos, sin modificaciones este mes.

La Jefatura de Gabinete de Ministros formalizó una decisión que impacta directamente en la administración de los recursos destinados a las provincias argentinas, con la gestión del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Mediante la Resolución 64/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, le otorgaron al vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, la facultad para asignar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, un instrumento clave para atender emergencias y desequilibrios financieros en los diferentes gobiernos provinciales. Esta medida busca optimizar la gestión y distribución de fondos, reforzando los principios de legalidad, eficacia y celeridad en los procedimientos administrativos.

El cambio responde a la dinámica institucional introducida por el Decreto N° 571/26, que modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 y transfirió al jefe de Gabinete de Ministros las competencias que hasta entonces correspondían al Ministerio del Interior.

Desde la entrada en vigencia de ese decreto, la estructura de la cartera de ministros sumó dos figuras claves: el vicejefe de Gabinete y el vicejefe de Gabinete del Interior, a quienes el titular puede delegar funciones específicas.

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional fue creado por el inciso d) del artículo 3° de la Ley 23.548 y su administración ha sido históricamente una herramienta fundamental para sostener la estabilidad económica de los gobiernos provinciales en situaciones excepcionales. Según lo dispuesto, estos recursos se asignan con el objetivo de atender emergencias y corregir desequilibrios financieros, garantizando la continuidad de los servicios públicos y la gestión provincial.

Coria llegó a la Jefatura de Gabinete, de la mano de Diego Santilli. Se trata de un dirigente de su más extrema confianza. De hecho, se había desempeñado hasta entonces como viceministro del Interior, cuando “El Colo” desembarcó en la gestión libertaria.

Anteriormente, formó parte del Gobierno porteño. Antes de finalizar su mandato como jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta designó a Coria como ministro de Seguridad y Justicia en reemplazo de Eugenio Burzaco, y en medio de la conmoción que generó en aquel momento el asesinato del ingeniero civil Mariano Barbieri en el barrio de Palermo.

Coria tejió su carrera política al lado del ex diputado nacional del PRO. Entre 2019 y 2021, fue el jefe de Gabinete de la cartera durante la gestión a cargo de Marcelo D’Alessandro. Y atravesó la pandemia de COVID-19 desde ese lugar operativo.

Nacido en General Levalle, provincia de Córdoba, Coria conoce a Santilli desde hace muchos años. Su primer cargo de exposición pública estuvo relacionado a la gestión de la basura y la temática ambiental. Entre 2016 y 2018, fue titular de la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), desde donde se vinculó con intendentes de los distintos espacios políticos que gobiernan el conurbano bonaerense. Incluso, trabó vínculos con referentes de otros sectores como el actual presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Egresado del Liceo Militar General Paz en 1986, el currículum de Coria cuenta con un título de grado como Licenciado en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba en 1991 y Estudios Intensivos de Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional. Fue miembro investigador del Instituto de Teoría del Estado y Política Económica entre 1990 y 1991. En el sector privado se desempeñó como Secretario del Directorio de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A, y entre 2002 y 2008 fue Jefe de Relaciones Institucionales de la empresa.

Más allá de sus roles de gestión, Coria también acompañó a Santilli en sus campañas bonaerenses. En los comicios provinciales, ocupó el quinto lugar en la lista de la Sexta Sección y se encaminaba a asumir como diputado provincial el 10 de diciembre. Ahora, ese lugar fue ocupado por la libertaria María Fernanda Coitinho, titular de ANSES y directora académica de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político.

La iniciativa del oficialismo que apunta a levantar las restricciones que la ley vigente impone sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros está cerca de discutirse en el Senado si el Congreso aprueba el proyecto de ley también conocido como Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante esto, la ex diputada Elisa Carrió cuestionó el proyecto que impulsa el Gobierno. “Sería una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial”, consideró.

Mediante el argumento de que sean las provincias las que decidan y pongan los límites, el Gobierno puso en el centro del debate la eliminación de la restricción nacional del 15% establecido mediante la Ley 26.737, concebida como un régimen de orden público destinado a limitar la extranjerización de tierras rurales.

Carrió expresó sus consideraciones mediante un documento que difundieron desde el espacio que conduce. Así, la Asociación Civil Voces por la Justicia, la Cultura y la Paz advirtió que la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional habilita a que estados extranjeros accedan a territorio argentino mediante decisiones discrecionales del poder político. El texto lleva la firma de otras 75 personas, entre las que se encuentran referentes de la Coalición Cívica-Ari (CC-Ari) y ex diputados nacionales y ex legisladores porteños.

En el documento titulado “La reforma de la Ley de Tierras frente a un nuevo feudalismo tecnológico”, la agrupación liderada por Carrió sostuvo que la reforma desplaza el eje del régimen vigente y añadió que pretenden “quitar todo límite objetivo a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras”.

En otras palabras, los interesados dejarían de estar sujetos a los principales límites que hoy impone la norma legal. Por un lado, el tope general mencionado del 15% de titularidad extranjera sobre tierras rurales, el límite del 30% para una misma nacionalidad y el tope individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente.

El documento también cuestiona la eliminación de las restricciones sobre inmuebles ubicados en zonas de frontera y la derogación del artículo 4° del Decreto-Ley 15.385/44, que condicionaba la adquisición de tierras en áreas de seguridad fronteriza a la nacionalidad argentina nativa del comprador. “Una vez otorgadas esas autorizaciones, desaparecen las limitaciones objetivas previstas por la normativa vigente. De este modo, la excepción política queda sin topes, sin criterios materiales, sin restricciones territoriales y sin resguardos suficientes”, resaltó la ex diputada.

El posicionamiento califica ese esquema como una violación del artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe conceder facultades extraordinarias por las cuales “la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna”. Y va más lejos al señalar que “quienes acompañen esta reforma estarán votando la entrega de una herramienta de disposición territorial sin límites sustantivos, en favor de gobernadores y del Poder Ejecutivo Nacional, frente a Estados extranjeros”.

En otro apartado del documento, la referente de la CC-Ari pidió tener en cuenta “los vínculos políticos del Gobierno Nacional con magnates tecnológicos que promueven o han financiado proyectos de salida respecto del Estado”. En sentido señaló el vínculo entre el Gobierno nacional y el empresario tecnológico Peter Thiel, cofundador de Palantir. “Pretende desde hace años crear espacios de autonomía radical frente a la política democrática”, invoca el texto.

Frente a ese escenario, los autores del documento defienden la necesidad de mantener una regulación sobre la tierra que distinga entre apertura económica y entrega de jurisdicción. “La Argentina puede abrirse al mundo sin ponerse en remate; recibir inversiones sin entregar jurisdicción; incorporar tecnología sin renunciar a la ética“, reclamaron. Y agrega que “un país que pierde capacidad de decisión sobre su territorio incrementa su vulnerabilidad política, institucional y estratégica”.

En esa misma línea, concordaron en que la tierra rural “puede ser un activo económico, pero también es soporte de jurisdicción, seguridad, infraestructura y presencia estatal”, por eso cualquier reforma de la Ley de Tierras “debe procurar un equilibrio razonable entre la promoción de inversiones y la preservación de estos bienes estratégicos, asegurando que la apertura económica no implique una disminución de la capacidad del Estado para proteger el ambiente”.

El documento de unas 13 páginas enumera gran parte del atractivo económico que tiene el país. “La frontera norte, la cordillera, la Patagonia, los cursos de agua, las reservas de litio, la energía, la producción de alimentos y la proyección antártica forman parte de una geografía que excede la dimensión puramente inmobiliaria o productiva”; y ante esa tentación exige “mirar la cuestión de la tierra desde una perspectiva más amplia que la compraventa privada”.

Sobre esa arquitectura normativa, el documento concluye que configura “una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial de la Nación” y que, en los términos del artículo 29 de la Constitución, la condena con nulidad insanable y responsabilidad para quienes la formulen, consientan o firmen. El Senado tiene previsto tratar la iniciativa en los próximos días.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sigue defendiendo la instancia de elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Cree que esa herramienta le permitirá imponerse en la discusión interna que atraviesa el peronismo desde hace tiempo. Así lo hizo saber su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, este lunes. El funcionario y vocero del Gobierno bonaerense planteó que “ante un candidato a la derecha vamos a tener que tener un candidato fuerte del campo popular, del peronismo”. Para quienes forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), ese candidato debe ser Kicillof y la mejor forma de serlo es a partir de las Primarias.

Sin embargo, todo está amañado a la suerte que tenga el Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en su cruzada para eliminar las PASO. Es una de sus misiones que están atadas, en parte, a las conveniencias de los gobernadores que aportarán los votos en el Congreso de la Nación. Como dio cuenta Infobae, el Gobierno aún no logra avanzar con su objetivo de cambiar la ley electoral. No dispone del respaldo suficiente en el Senado de la Nación ni del apoyo interno necesario para sostener con firmeza las modificaciones que propone. En las conversaciones apareció la idea de un sistema de listas colectoras como moneda de cambio con gobernadores. Serían para listas legislativas. La senadora nacional, Patricia Bullirch, admitió disidencias con esa idea. Más allá de los caminos, lo que busca el Gobierno es la reelección de Milei. En el peronismo miran la estrategia del Gobierno, pero no hay una posición unificada sobre cómo enfrentarse a este cuadro de situación.

“La derecha va a tener un solo candidato. Creo yo que será Milei o quien en el círculo rojo decida. Hoy está en las PASO. Nosotros creemos que ese es el mejor instrumento posible para definir una candidatura única del campo popular, en tanto en cuanto haya distintos sectores que quieran representar al pueblo argentino desde una mirada asociada al campo popular”, planteó este lunes Bianco.

El peronismo buscará llegar con las PASO vigentes a la definición de candidaturas. Pero la pregunta que emerge es qué pasaría si efectivamente el gobierno logra eliminar el esquema de Primarias. En ese caso, hoy contrafáctico, el peronismo cuenta en principio con dos alternativas: por un lado, buscar un esquema de consenso balanceado en el armado de las listas donde entrará fuertemente en discusión la sucesión bonaerense de Axel Kicillof y efectivamente, quién encabezará esa fórmula presidencial. Es un proceso complejo por el que ya pasó el peronismo en el armado de listas provinciales para las elecciones de 2025, que fueron separadas de las de diputados nacionales. Por el otro: ir en caminos paralelos. Algo que, a priori, creen distintos sectores resultará en una reelección de Milei en primera vuelta. Es posible también hacer una interna partidaria de afiliados, aunque es un escenario aún más complejo que alcanzar una lista de consenso electoral. “Tiene que haber un candidato único del campo popular si queremos ganar. Ahora, si queremos perder o si algún sector piensa en perder, querrá dividir al campo popular. Nosotros no queremos dividir al campo popular. Queremos mantenernos unidos, que haya un solo candidato. Sencillo.”, dijo Bianco este lunes. Cuando se le repreguntó quién creía que buscaba dividir “al campo popular”, evitó dar nombres.

La discusión del armado peronista empieza a tomar forma y entrará en una nueva fase una vez finalizado el Mundial 2026. En el kirchnerismo también hay movimientos en este plano. Máximo Kirchner y Mayra Mendoza están activos. El diputado nacional se mostró con el intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, en una charla en su distrito. Semanas atrás, Villagrán había dicho que el líder de La Cámpora podría ser un candidato presidencial del peronismo. Mayra Mendoza se mueve en clave bonaerense. En Areco, Kirchner desplegó un discurso con filtro nacional hablando sobre el acuerdo con el FMI, la relación del kirchnerismo con el mundo empresarial, Vaca Muerta y otros ítems. Todos, encuadrado en la referencia a la expresidenta, a quien volvió a postular electoralmente: “Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estemos haciendo alguna maldad. Entendemos que es la mujer más capacitada porque, aparte, les puedo asegurar que, si fuera hombre, no estaría en la situación en la que está.

La Cámpora propaga la tesis de Cristina Libre, pero a la par se prepara para disputar territorialmente en la provincia de Buenos Aires. Un objetivo es el municipio de La Matanza, el distrito de mayor peso electoral de la provincia de Buenos Aires. El diputado y jefe del bloque de Fuerza Patria en la Cámara alta, Facundo Tignanelli, buscará abrirse paso internamente en el vasto distrito que gobierna Fernando Espinoza. El jueves encabezó la jornada La Matanza con Cristina con una movilización a San José 1111. Desde allí cuestionó al intendente y a la vicegobernadora, Verónica Magario. “Es lamentable que tanto el intendente Fernando Espinoza como la vicegobernadora se hayan alejado de Cristina y no estén hoy dando desde la gestión municipal las respuestas que los vecinos necesitan”, cuestionó.

Por su parte, Mendoza habló este fin de semana en el segundo Encuentro de Mujeres Peronistas de la Octava Sección que se realizó en La Plata. Participaron dirigentas del cristinismo. Mendoza también le habló a la discusión interna: “Aquellos que hoy efectivamente se prueban el traje y creen que pueden ser candidatos del peronismo a presidentes el año que viene, entre nosotras y con la franqueza que nos caracteriza, quiero que sepamos que todos esos compañeros a los que respeto, pero les falta una condición, una cualidad básica. A esos compañeros que creen hoy que pueden ser candidatos en nombre del peronismo, les falta lo que a Cristina le sobra. A ellos les falta coraje y a Cristina le sobra coraje”. Máximo Kirchner, Mayra Mendoza y el senador nacional Eduardo De Pedro, podrían ser las cartas que empuje el kirchnerismo para una negociación por la sucesión bonaerense.

“Nos hacen un favor, que sigan hablando”, consideró un dirigente de primera línea del MDF, ante las declaraciones que distintos referentes cristinistas lanzaron este fin de semana. Kicillof bajó la línea de no responder hacia afuera. No en vano es que de momento no haya planeada ninguna actividad abierta del MDF. De momento, en La Plata, interpretan que la forma de ordenar la discusión es con unas PASO. “Están manipulando el sistema electoral con las modificaciones que están planteando para ganar la elección, para que reelija a Milei. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que oponer a eso. Queremos tener un candidato único. Después tendremos que discutir el método para definir ese candidato único. Para nosotros, el más eficiente creo que son las PASO, que justamente quiere sacar Milei”, remarcó Bianco.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a dar a conocer el dato de inflación de junio. Entre las consultoras hay consensos de que la tendencia de desaceleración de precios continuo en el sexto mes del año, la duda está en si va a lograr perforar el 2%, umbral en el que se mantiene hace nueve meses. Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, no quiso dar a conocer su proyección y solo aseguró que “la gente tiene que estar tranquila de que la inflación va a seguir a la baja”.

Tras el 2,1% que marcó en mayo, esta tarde, a las 16 horas, el Instituto que conduce Pedro Lines, dará a conocer de cuánto fue la variación de precios durante el mes anterior. Y se comprobará si el ministro tiene razón al afirmar que la inflación va a seguir bajando y que los argentinos tiene que estar tranquilos.

Las proyecciones parecen acompañan al Gobierno. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) mostró que la mediana de respuestas de las consultoras ubicó la inflación de junio en 2%. Un dato que de confirmase, implicaría una baja de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) frente a mayo.

De igual manera, ante la consulta de Infobae a privados señalaron que la inflación de junio podría ubicarse entre 1,8% y 1,9%. Entre los pronósticos más bajos figuran el de la Fundación Libertad y Progreso y Analytica, que estimaron 1,8%. Por su parte, C&T Asesores Económicos, EconViews y Eco Go proyectaron 1,9 por ciento.

Como anticipo de la tendencia, la semana pasada, se conoció que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la inflación fue de 1,8% en junio. Ese dato confirmó la continuidad de la desaceleración, ya que en mayo la suba había sido de 2,1%, lo que implicó una baja de 0,3 p.p.. El índice de CABA suele servir de adelanto de la tendencia nacional, aunque existen diferencias en la manera de medir: el IPC Nacional asigna mayor peso a los bienes, mientras que en la capital predominan los servicios.

La evolución de los precios mostró diferencias entre los principales componentes del indicador. Los bienes aumentaron 1,5% en el mes, mientras los servicios subieron 2%. Entre los bienes, los mayores aumentos se observaron en alimentos, en particular verduras, panificados y lácteos. También subieron los valores de medicamentos, automóviles, combustibles y productos de limpieza. La inflación acumulada en 2026 asciende al 16 por ciento.

Si el registro nacional ronda el 1,9%, el IPC volvería a niveles similares a los de julio y agosto de 2025, meses previos a la aceleración inflacionaria que llevó la suba de precios al 3,4% en marzo de este año. Un número en torno al 1,9% consolidaría el ciclo de desaceleración registrado en el primer semestre. Aunque lejos de lo que pretendía el Gobierno a inicios de este año de que comenzará con cero.

Los factores de la desaceleración

“De acuerdo con nuestras mediciones preliminares, la inflación de junio se ubicaría en torno al 1,9% mensual. Este registro interrumpe la tendencia observada durante los últimos nueve meses, período en el cual el indicador se mantuvo de manera sostenida por encima del umbral del 2%”, afirmaron en Eco Go. Y los factores de esta baja se explican, en gran parte, por el rubro de alimentos y bebidas, la categoría con mayor ponderación del índice, que tuvo una variación del 1,4%, donde el sector de carnes se mantuvo estable y los movimientos de frutas y verduras se compensaron mutuamente”.

La misma consultora señaló que Indumentaria contribuyó a la baja con una variación del -0,9%, por el adelantamiento estacional de las liquidaciones de invierno. Según Eco Go, Esparcimiento registró una suba acotada de 1,0%, aunque se anticipa que este componente podría acelerarse por el receso invernal. Además, los componentes más rígidos —regulados y servicios— avanzaron por encima del nivel general, y el núcleo inflacionario solo cedió una décima frente a mayo. En vivienda, el principal factor de incremento fue el ajuste en el salario de los encargados de edificio, que ascendió 2% con el adicional de un bono del 20%, impactando en las expensas y otros gastos residenciales.

La expectativa y la cautela predominan antes de la publicación oficial. El dato que informará el Indec será clave para analizar la evolución de los precios en el segundo semestre. El mercado observa si la inflación mensual rompe el piso del 2% y consolida el proceso de enfriamiento que anticiparon las consultoras.

La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar la meóida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa “Volver al Trabajo”, sucesor del Potenciar Trabajo, abriendo paso al cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. La decisión, dictada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.

El tribunal de alzada anuló la resolución original del Juzgado Federal de Campana, que había ordenado sostener los pagos del programa hasta la implementación de una política pública alternativa. Los magistrados consideraron que mantener la transferencia constituía “un adelantamiento del veredicto final en favor de los demandantes”, permitiendo al Gobierno nacional avanzar con el reemplazo del plan por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

Los beneficiarios del programa, representados, entre otros por Andrea Liliana Ledesma, solicitó la medida cautelar para que el Estado Nacional mantuviera la vigencia de las prestaciones económicas o estableciera un dispositivo equivalente, hasta que se implementara de manera efectiva una política sustitutiva que garantizara niveles de protección iguales o superiores tanto en ingresos como en inclusión socio-laboral. Argumentaron que la suspensión del programa los privaba de un ingreso mensual, lo que generaba un perjuicio actual, concreto e inminente de orden patrimonial y social.

También sostuvieron que no reclamaban un derecho individual exclusivo, sino la protección de derechos individuales homogéneos, derivados de la decisión de finalizar el programa sin prever continuidad para los beneficiarios.

El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar bajo los siguientes fundamentos principales:

• Reconoció la existencia de una causa fáctica común, es decir la extinción del programa “Volver al Trabajo”, como hecho único que afectaba a todos los incluidos en el padrón.
• Consideró que la acción colectiva era el medio idóneo para garantizar la tutela judicial efectiva, dada la dificultad para que los afectados accedieran individualmente a la justicia.
• Señaló que la finalidad del programa era promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares con mayor exclusión y vulnerabilidad social, por lo que el cese abrupto de la prestación generaba un riesgo de daño irreparable.
• Enfatizó que, ante el peligro de un daño de extrema gravedad e irreparable, los requisitos para dictar medidas cautelares pueden flexibilizarse.
• Destacó que la continuidad del programa debía mantenerse hasta que existiera una política pública sustitutiva real y comprobable, no considerándose suficiente la sola declaración de futuros reemplazos.

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, apeló esa resolución, y la Cámara de Apelaciones de san Martín le dio la razón. Entre los puntos principales los camaristas sostuvieron:

• Revocación de la medida cautelar que ordenaba al Estado Nacional continuar con los pagos del programa “Volver al Trabajo”.
• Reconocimiento de la facultad del Poder Ejecutivo para definir y concluir programas sociales, sin que exista un derecho adquirido a la continuidad por parte de los beneficiarios.
• Presunción de legitimidad de los actos estatales, lo que refuerza la autonomía del Gobierno en la gestión de fondos y políticas públicas.
• Falta de cumplimiento de los requisitos legales para la admisión de una medida cautelar en este caso, por no haberse acreditado peligro en la demora ni verosimilitud en el derecho invocado.
• Existencia de un nuevo programa alternativo presentado por el Gobierno, que sustituye al anterior esquema asistencial.
• Impacto presupuestario: la Cámara consideró que la continuidad obligatoria de los pagos afectaría recursos públicos y alteraría el diseño de políticas oficiales.

Según la resolución, el programa “Volver al Trabajo” carecía de derecho adquirido para sus beneficiarios, ya que su vigencia estaba limitada a dos años.

La Cámara remarcó que las medidas cautelares no pueden interferir en la definición y ejecución de políticas públicas adoptadas por el Poder Ejecutivo, y subrayó que los requisitos legales para dictar una tutela provisoria no se hallaban satisfechos en este caso.

La decisión, a favor del recurso presentado por el Gobierno, argumenta que la continuidad forzada del programa representaba una intromisión judicial y consolidaba la permanencia de un sistema asistencialista bajo control de organizaciones sociales. Con este fallo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, recupera la potestad presupuestaria para reorientar los fondos y avanzar con el rediseño de las políticas sociales.

El nuevo esquema diseñado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Julio Cordero, redireccionará los recursos hacia empresas, centros formativos provinciales y organizaciones responsables de los talleres profesionales, en lugar de transferencias monetarias individuales.

Ante la decisión de los jueces, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) difundió un comunicado en el que sostiene que: “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario”.

Desde la Casa Rosada afirman que los fondos liberados del programa financiarán la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias situadas en zonas de mayor vulnerabilidad social.

La resolución de la Cámara se dictó “con costas por su orden”, lo que significa que cada parte asumirá sus propios gastos judiciales, atendiendo a la complejidad y naturaleza del debate.

La anulación de la cautelar tendrá un efecto inmediato: desde agosto, los trabajadores de la economía popular empadronados dejarán de percibir la asignación mensual, impactando de manera directa en sectores informales de todo el país.

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia — intendente de San Nicolás de los Arroyos y diputado bonaerense, respectivamente— denunciaron que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires elevó más de 1.200% el costo de las licencias profesionales de conducir al implementar un nuevo esquema de tramitación. La puesta en marcha se realizó en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Sindicato de Camioneros, y señalaron que el mecanismo beneficia a la organización gremial liderada por la familia Moyano.

Según los Passaglia, el trámite para obtener la licencia profesional de conducir costaba hasta ahora $22.000 y se realizaba en las dependencias municipales. Con la nueva normativa, el valor ascendería a aproximadamente $300.000 —un incremento del 1.264%—, y los trabajadores deberán acudir a sedes de prestadores externos habilitados por la ANSV para completar las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones previas a la emisión del documento.

En este sentido, indicaron que en consecuencia “el trámite para sacar el carnet para trabajar de chofer será más caro, más lento y más lejos”. “Las licencias de conducir profesionales, que antes se hacían en el Municipio, ahora se harán únicamente en sedes dispuestas por la ANSV”, apuntaron. Y añadieron “¿Sabés cuáles son esas sedes? Las del sindicato de Camioneros”, afirmaron los Passaglia a través de sus cuentas en la red social X.

El nuevo procedimiento alcanza a las licencias de las clases C, D y E, categorías que habilitan la conducción de vehículos de carga, transporte de pasajeros y maquinaria especial. De acuerdo con el esquema comunicado por la Provincia, los aspirantes deben aprobar primero las evaluaciones psicofísicas y las instancias de capacitación ante prestadores registrados por la ANSV antes de completar la emisión en el Centro de Emisión de Licencias Municipal correspondiente.

Los referentes de la oposición bonaerense cuestionaron además que el nuevo sistema obligue a los conductores a desplazarse fuera de sus municipios de residencia. “Antes lo hacían en la Municipalidad. Ahora tienen que pagar mucho más y además viajar hasta los lugares habilitados”, sostuvieron. En el video que difundieron por sus redes, el referente del partido HECHOS enumeró los sectores afectados: colectiveros, transportistas, servicios de ambulancias, conductores de plataformas como Uber, taxistas y remiseros, entre otros.

“Colectiveros, transportistas, ambulancias, Uber, taxis y remises… Todos van a tener que pagar 300 lucas para sacar la licencia. Es una vuelta a la vieja política que no va más. En vez de despejarte el camino te ponen un peaje, en un país donde conseguir laburo cada vez cuesta más”, afirmaron los hermanos en la publicación.

La denuncia apunta a una convergencia de intereses. Los Passaglia sostienen que las sedes del sindicato serían las únicas habilitadas para realizar los trámites previos, lo que concentraría el flujo de trabajadores —y el cobro de aranceles— en la estructura gremial.

“El carnet profesional no es un trámite más, es la herramienta de trabajo de miles de bonaerenses”, remarcaron los Passaglia al referirse al impacto que la medida tendría sobre conductores que dependen de esa habilitación para ejercer su actividad. La ANSV, organismo del que depende la habilitación de los prestadores externos, no había emitido una respuesta pública a las críticas al cierre de esta nota.