CÓRDOBA.− Mientras la Casa Rosada exhibe una secuencia de fotografías con gobernadores, la mayoría de ellas protagonizadas por Diego Santilli y Luis Caputo, los mandatarios provinciales quieren saber cuánto dinero recibirán el año próximo, bajo qué mecanismos llegará, qué partidas quedarán garantizadas por ley y cuáles seguirán dependiendo de una decisión discrecional.
Así lo detallaron diversas fuentes cercanas a los gobernadores en contacto con LA NACION. En las negociaciones ahora confluyen la reforma electoral (con eje en la eliminación de las PASO que impulsa el oficialismo) y el proyecto de presupuesto 2027.
En medio del incipiente tira y afloje, la mayoría de los gobernadores se reunirán el 16 de octubre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) por una cumbre de logística. El encuentro será una oportunidad para tratar de establecer un frente común sobre algunos de los puntos que se debatirán en el Congreso.
Por el momento, en el caso de la reforma electoral, los libertarios no cuentan con los votos de sus aliados habituales para eliminar las PASO. Sí tienen el número para la suspensión. Santilli −quien se muestra más optimista que Patricia Bullrich en el Senado− sigue con reuniones para convencer a otros.
La clave pasa por los acuerdos políticos de cara a las elecciones 2027. A los gobernadores dialoguistas les interesa saber cómo jugará La Libertad Avanza (LLA) en sus distritos. La prioridad de la mesa política de la Casa Rosada pasa por garantizar la reelección del presidente Javier Milei.
La presentación del presupuesto comenzó con el pie izquierdo para el oficialismo. Los gobernadores presionaron para que se retiraran los artículos que menoscaban las prestaciones de discapacidad. Esa reacción hizo que el Gobierno cambiara su posición también respecto de la ley de Discapacidad.
No solo dio marcha atrás con lo incluido para ese sector en el presupuesto, sino que mantuvo los artículos centrales de la prórroga de la emergencia, una iniciativa impulsada por los bloques más críticos. Logró sacar un dictamen de mayoría en Diputados, aunque la desconfianza sigue.
Otro tema caliente es la intención del Poder Ejecutivo de eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares que paga la Anses. Desde 2015, la Ley 27.160 vincula la movilidad de la AUH, la AUE y todas las asignaciones familiares con el índice de precios. Si el presupuesto sale como fue presentado, las eventuales mejoras pasarían a depender de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
El financiamiento universitario constituye otro frente de tensión. Está entre los temas que los gobernadores consideran de “impacto social” y no quieren aparecer votando en contra. El tucumano Osvaldo Jaldo ya pidió que esas partidas sean corregidas y adecuadas a las necesidades que vienen planteando los rectores a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Ámbito de coordinación
Si bien la cita en el CFI es por una cumbre de logística, se trata del ámbito que funciona históricamente como centro de coordinación entre las provincias para diferentes reclamos. El año pasado, allí surgieron los proyectos consensuados por todos para cambiar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y reformular la distribución de los recursos derivados del impuesto a los combustibles.
De una ronda de consultas realizada por LA NACION surgen los puntos del proyecto diseñado por el ministro Caputo que, al menos, generan inquietud en las provincias. Las transferencias automáticas a las provincias crecerían 7,5% real, pero las de capital caerían 20%. La contracara es el aumento de partidas bajo administración discrecional del Tesoro.
El proyecto contempla $1,9 billones para el Fondo de ATN (que se constituye por la coparticipación), pero no establece el mecanismo de distribución automática de ese stock, que es lo que vienen reclamando desde hace años los gobernadores.
La obra pública vuelve a ser un frente de conflicto. Desde las provincias se cuestiona que la iniciativa reduzca el peso de la inversión nacional en infraestructura −casi paralizado desde 2023− al mismo tiempo que las provincias deben hacerse cargo de buena parte de esas tareas. Las transferencias de capital a los estados subnacionales vienen mostrando una caída real: entre enero y julio de 2026 fueron aproximadamente $0,5 billones, 52% menos en términos reales que en igual período de 2025.
La iniciativa condiciona los beneficios fiscales para obras y concesiones viales a que las provincias eliminen los impuestos a los Ingresos Brutos y de Sellos. Cada gobernador debe decidir si resigna recaudación distrital a cambio de obras. Pero Ingresos Brutos es la principal fuente de recursos propios para las provincias.
A través de convenios −los hay con 21 provincias y nueve municipios bonaerenses−, la Nación transfirió obras, y quienes las reciben deben hacerse cargo de su ejecución y/o mantenimiento con sus propios recursos.
Como adelantó este diario, el proyecto habilita financiamiento y contempla avales del Tesoro para algunas jurisdicciones. No se trata de transferencias ni de recursos que ingresen directamente a las cuentas provinciales, sino de mecanismos que pueden facilitar el acceso al crédito. Por ejemplo, la toma de préstamos en mercados asiáticos suele requerir de este esquema.
Obras en el interior
El gobernador cordobés Martín Llaryora habilitó un tramo de 7,1 kilómetros que conecta las rutas Provincial 4 y Nacional 9 en Villa María. La obra demandó una inversión de $15.690 millones y permitirá desviar más de 3.300 camiones diarios de las zonas urbanas. En esa línea reclamó que los recursos provenientes de las retenciones vuelvan al interior productivo en infraestructura.
“Estas obras las tendría que hacer la Nación con las retenciones que se llevan. Tendríamos que estar llenos de obra en el interior productivo”, expresó Llaryora.
La pulseada por las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación también continúa. El proyecto asigna $503.325 millones para atender el déficit de esos sistemas previsionales: la suba respecto a este año (cuando se firmaron varios convenios) es de apenas 1,8% real interanual. Para los mandatarios que ya tienen acuerdos, la cifra es insuficiente de cara a sus prórrogas.
Sí es cierto que esta discusión no alcanza a todas las jurisdicciones; las que ya tienen convenios en marcha son Córdoba, Santa Fe, Chubut, La Pampa, Entre Ríos, Chaco, Misione, Neuquén y Corrientes.
