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En el final de una semana realmente complicada para el Gobierno, Javier Milei buscó modificar el foco explotando una noticia esperada en Olivos: su sobreseimiento en el caso $LIBRA, una medida del juez Marcelo Martínez de Giorgi extendida a Karina Milei y demás involucrados en la causa. Aprovechó entonces para repetir sus cargas contra “intentos golpistas”, en la misma línea de la andanada ruidosa que dejó el viaje a España, insostenible incluso como cálculo personal. El punto es que el resultado nunca es neutro y el discurso parece desinflarse como recurso frente a cuadros como el de los últimos días, dominado por una sucesión de datos económicos preocupantes y forzados virajes políticos del oficialismo en el Congreso.

Las señales políticas, en paralelo con estadísticas y relevamientos de la economía, exponen problemas originados en el circuito estrecho del poder. Un ejemplo de alto impacto acaba de producirse en Diputados: el oficialismo debió afrontar un costo elevado en negociaciones casi al borde de la derrota para cerrar el tema de discapacidad, después de meses de desgaste por la cerrazón en una posición insensible. En otra escala, el Gobierno exhibió también el resultado del viaje presidencial a Madrid.

La breve estada de Milei en España resultó de mínima injustificada, además de pobre en resultados individuales. Es sabido que en la lógica mileista pesa más la ideologización básica que las estrategias de Estado para la política exterior. Pero esta vez, ni siquiera funcionó en sentido sectario. El Presidente tuvo como actividad central participar de un foro de su misma platea, algo que podría haber resuelto por videoconferencia. Finalmente, el contacto con Santiago Abascal fue por videollamada, lo cual tampoco requería volar a Madrid. Sumó sí un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, en medio de recelos expuestos del PP. Dejó una renovada carga contra Pedro Sánchez y quedó descolocado frente al insólito intento de agendar un saludo al rey Felipe VI, algo que generó una respuesta negativa expresada, y difundida de hecho, por la Casa Real.

De todos modos, los dos renglones de mayor repercusión fueron escritos por informes del INDEC y por la sesión que motorizó el propio oficialismo en la Cámara baja.

Los datos económicos volvieron a encender alarmas por su proyección. El Estimador Mensual de Actividad Económica, de agosto, anotó un muy módico crecimiento de 0,1% respecto del mes anterior, que había registrado una caída de 2,9 puntos porcentuales. La comparación interanual fue negativa (-1,7%) y tampoco fue alentador el número de tendencia ciclo, tomado en general por el ministro Luis Caputo frente a otros indicadores inquietantes.

De inmediato, se instaló entre economistas las consideraciones sobre la caída en recesión técnica con las proyecciones de septiembre, es decir, al sumar dos trimestres consecutivos. Pero además, y fuera de las especulaciones en el interior del Gobierno sobre una recuperación a partir de octubre, la cuestión de fondo es que la actividad terminaría el año lejos de los pronósticos oficiales. El Presupuesto 2026 incluyó un crecimiento del 5% del PBI y el último recálculo -al enviar el proyecto presupuestario para el 2027- lo bajó al 3%. Estimaciones de economistas y de algunos organismos lo proyectan por debajo de los 2 puntos.

También esta semana, entre otras publicaciones del INDEC, fueron publicados los resultados de agosto sobre ventas en supermercados, mayoristas de venta al público y shoppings. Sólo en esos últimos centros comerciales fueron anotadas cifras positivas contra el mes anterior (3,3%), aunque en el acumulado de este año resultó negativo (-1,2%). En cambio, los súper terminaron con bajas intermensual (-0,8%), interanual (-3.7%) y acumulada (-2,8%). También los mayoristas, en las tres comparaciones: -1,2%, -3,6% y -2,9%.

En esta línea, septiembre no ofrecería un panorama de repunte. El trabajo de la consultora Scentia sobre consumo masivo indica una baja del 1% respecto de agosto. El descenso se nota en supermercados de cadena, autoservicios de barrio y mayoristas.

El cuadro fue aceptado en parte por Milei. El Presidente dijo en una entrevista que los indicadores “no estarían evolucionando tan positivamente” como el Gobierno esperaba, pero lo adjudicó especialmente al shock externo. No parece un comentario aislado. El oficialismo modificó las fechas de sus promesas sobre un salto espectacular de la economía: las trasladó al 2028, atadas además al plan reeleccionista.

En un terreno complicado -entre otras razones, por las lecturas que puedan ser hechas en el mundo empresarial y en el de las finanzas-, aumentan las exigencias en el frente político, y por supuesto eso lo siente el oficialismo y lo advierte el heterogéneo paño que integran desde aliados del Gobierno hasta opositores duros. El Congreso lo refleja.

Diputados trató esta semana temas densos, en la sesión motorizada por el oficialismo para desarmar la ofensiva opositora. En rigor, los libertarios y sus socios se movieron con letra propia pero con títulos impuestos desde la otra vereda: una salida para ley de Tierras, discapacidad y morosidad en el endeudamiento familiar. Lo que terminó ocurriendo en el recinto fue significativo.

El oficialismo logró la aprobación de su proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que sumó como novedad la restitución de la ley de Tierras que antes buscaba derogar. El texto anula un artículo del DNU 79/2023. Y en la práctica, fue la coronación de la jugada libertaria que cedió en este punto para salvar aquel decreto inaugural de Milei, repuesto en la mira por la oposición.

Con todo, el giro más impactante de LLA fue expuesto en las negociaciones de los últimos días, prolongadas en el recinto, para cerrar el tema de discapacidad. En medio de las presiones opositoras y los reclamos de aliados, el oficialismo ofreció finalmente un texto que en buena medida mantiene los puntos de la emergencia en discapacidad. De ese modo, Diputados mostró un tablero muy pocas veces visto: 237 votos a favor. El cambio fue acompañado por promesas libertarias sobre el aval del Gobierno en materia presupuestaria. En cualquier caso, el volumen de la votación dejaría escaso margen para el incumplimiento una vez que sea ley. Se verá.

Para completar y exhibir lo cambiante o voluble del tablero legislativo en estas horas, el último tramo de la sesión fue para morosidad. El oficialismo advirtió que no le daban los números para aprobar su propuesta y, con apoyo de aliados, hizo una jugada de manual: consiguió que el proyecto vuelva a las comisiones. Abre así otro capítulo de negociaciones.

El texto sobre discapacidad debe ser refrendado ahora por el Senado, que por segunda vez tiene que tratar también la cuestión de la ley de Tierras. Arrastra además su lista: sobresale la reforma electoral, a la espera de lo que ocurra con las extensas tratativas para bajar las PASO. La Cámara alta concentra además la atención interna del oficialsimo. Allí juega Patricia Bullrich. Historia abierta.

El Gobierno asegura que dispone de una “bazuca” de USD 75.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria el año próximo, pero los cálculos de consultores privados sobre los pesos que podrían migrar hacia el dólar sugieren que la presión potencial supera, al menos en términos teóricos, esa cifra.

La discusión gana relevancia por el calendario político. Las elecciones presidenciales de 2027 se celebrarán en un contexto en el que la administración de Javier Milei busca sostener el esquema de bandas cambiarias, recomponer reservas y afrontar vencimientos de deuda. La experiencia de 2025 dejó una señal: en la previa de las legislativas hubo turbulencias en el mercado que coincidieron con un salto en la demanda privada de divisas y requirieron asistencia de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

El Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentaron la capacidad de respuesta oficial como una señal para desalentar una dolarización masiva de carteras. El cálculo parte de una referencia acotada: la base monetaria, que el Gobierno ubicó cerca de $45 billones, equivalentes a unos 30.000 millones de dólares.

En ese sentido, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, subrayó que el férreo control sobre la cantidad de dinero circulante hace que no haya suficientes pesos para “correr” contra el dólar: “Hay poca munición para correr contra el dólar en el año electoral”.

Durante su presentación en la 3ª Cumbre Aseguradora Argentina, el funcionario atribuyó la calma del mercado cambiario al volumen acotado de los pasivos monetarios del Banco Central. Afirmó que la liquidez en pesos de la economía ronda los USD 30.000 millones, una cifra reducida frente a otros períodos.

Desde la perspectiva de Furiase, ese nivel limita la posibilidad de que los tenedores de moneda local compren dólares en gran escala y provoquen tensiones sobre la cotización. Pero ese enfoque deja fuera otros instrumentos en pesos que, ante un cambio abrupto de expectativas, podrían transformarse en demanda de dólares.

La “bazuca” del Gobierno

La primera “bazuca” que difundió el Gobierno reúne cuatro componentes de USD 15.000 millones o USD 20.000 millones cada uno:

1. USD 20.000 millones de compras de reservas que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyecta acumular desde las elecciones de 2025.
2. Un eventual swap de monedas con Estados Unidos por otros USD 20.000 millones.
3. Una línea similar con China, también por USD 20.000 millones.
4. La capacidad de intervenir en el mercado de futuros, que la Casa Rosada estimó en USD 15.000 millones. Esa herramienta no implica dólares líquidos para vender en el mercado contado, pero puede influir sobre las expectativas de devaluación y sobre las cotizaciones de los contratos a término.

La suma da los USD 75.000 millones que Milei presentó como poder de fuego para atravesar episodios de tensión antes de los comicios de 2027. Y, en los últimos días, esa cifra ascendió a USD 125.000 millones al sumarle el superávit comercial proyectado para el año que viene y otros USD 25.000 millones en financiamiento que provendría de organismos internacionales para cubrir compromisos de deuda.

El interrogante pasa por la disponibilidad efectiva de cada recurso. Las reservas que compre el BCRA pueden reducirse por pagos de deuda, ventas al Tesoro u otras operaciones. Los swaps con Estados Unidos y China dependen de condiciones financieras y decisiones políticas de las contrapartes.

En el caso del mercado de futuros, la intervención tiene límites dentro del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y solo podrían utilizarse hasta 9.000 millones de dólares.

La asistencia estadounidense de 2025 aportó una referencia para ese debate. El Tesoro norteamericano compró pesos con dólares en medio de la volatilidad previa a las elecciones legislativas y acompañó un mecanismo de intercambio de monedas entre los bancos centrales. La ayuda contuvo un episodio puntual, aunque no garantiza que exista una disponibilidad automática de recursos ni que un eventual respaldo futuro tenga el mismo monto.

Cuántos pesos hay con capacidad de buscar cobertura

La plataforma Clave Bursátil propuso ampliar el universo de pesos que podría presionar sobre el mercado cambiario. Se trata de un ejercicio teórico basado en cifras oficiales al cierre del segundo trimestre de 2026, no de una proyección sobre una corrida ni de una estimación de salida efectiva de todos esos fondos.

“El cálculo con la base monetaria actual implica omitir que el mercado puede rescatar plazos fijos o vender o dejar de comprar títulos públicos en pesos”, destacó el análisis. En ese escenario, “grandes masas de pesos que hoy no están en la base monetaria” podrían aparecer de forma repentina en busca de cobertura cambiaria.

La cuenta incluye $65,3 billones de plazos fijos del sector privado y $133,4 billones de deuda del Tesoro en manos privadas. Para evitar duplicaciones, el informe resta $58,3 billones en bonos en pesos que pertenecen a bancos, dado que Finanzas los contabiliza dentro de las tenencias privadas, aunque esas entidades ya aparecen del lado de los depósitos a plazo.

Tras esa corrección, la deuda del Tesoro en poder de privados no bancarios llega a $75,1 billones. Sumada a los plazos fijos, la masa potencial asciende a $140,4 billones, equivalentes a unos USD 92.600 millones al tipo de cambio utilizado en el cálculo.

“La pregunta es: ¿Cuántos pesos pueden correr contra el dólar?”, planteó Clave Bursátil. La cifra supera a la “bazuca” oficial de USD 75.000 millones y también excede con amplitud a la base monetaria que el Gobierno tomó como referencia.

El resultado no supone que todos los depositantes cancelarán sus colocaciones ni que todos los tenedores de bonos venderán sus posiciones. Tampoco implica que cada peso liberado termine en el mercado de cambios.

Los depósitos y los títulos públicos tienen plazos, rendimientos y perfiles de tenedores distintos. El planteo apunta a medir el volumen de liquidez en moneda local que podría buscar cobertura si se deterioraran las expectativas.

La dolarización sigue, aunque debajo de los picos de 2025

En paralelo, la demanda de dólares de las personas físicas continuó durante 2026, pese a que se mantuvo por debajo de los máximos registrados en los meses electorales de 2025.

Desde la flexibilización del cepo, en abril de 2025, los argentinos compraron USD 47.290 millones en forma bruta. Si se agregan las transferencias de moneda extranjera sin destino declarado del sector privado no financiero, el acumulado llega a USD 51.644 millones. Descontadas las ventas de divisas, la demanda neta asciende a 40.343 millones de dólares.

Durante 2026, las compras brutas informadas por el BCRA fueron de USD 2.613 millones en enero, USD 2.368 millones en febrero, USD 2.363 millones en marzo, USD 2.727 millones en abril, USD 2.212 millones en mayo y USD 2.443 millones en junio.

En julio se registró el máximo del año, con USD 3.319 millones. En agosto, la cifra bajó a USD 2.853 millones, el segundo monto más elevado de 2026. En los primeros ocho meses del año, las adquisiciones brutas totalizaron USD 20.898 millones.

El contraste aparece al mirar la secuencia de 2025. En julio de ese año, las compras habían llegado a USD 3.473 millones. La demanda subió a USD 5.130 millones en septiembre, en la antesala de las legislativas, y permaneció alta en octubre, con USD 4.731 millones. Después del triunfo oficialista, bajó a USD 1.597 millones en noviembre.

La dinámica de agosto también mostró que no todos los dólares adquiridos salen del circuito formal. De los cerca de USD 2.600 millones que egresaron ese mes en billetes y divisas sin finalidad específica, alrededor de USD 1.100 millones permanecieron depositados en bancos locales. Otros USD 700 millones se dirigieron a activos externos y unos USD 900 millones se usaron para pagos con tarjeta, turismo, servicios y otros consumos.

El Gobierno sostiene que esa permanencia dentro del sistema, a la que define como dolarización onshore, reduce la presión inmediata sobre las reservas. Los depósitos en dólares superan los 42.000 millones, un nivel récord, y forman parte de la liquidez en moneda extranjera que permanece en entidades bancarias.

Las reservas líquidas y el financiamiento definirán el margen de acción

La capacidad de respuesta ante una presión sobre el dólar dependerá de cuántos recursos de la “bazuca” estén disponibles al mismo tiempo. El BCRA necesitará sostener las reservas, mientras el Tesoro deberá cubrir vencimientos de deuda y buscar financiamiento en el mercado.

Los swaps ocupan un lugar central en esa discusión. Un acuerdo de intercambio de monedas puede ampliar el margen financiero, pero su uso para intervenir en el mercado cambiario requiere que la contraparte habilite la operación. En el caso de Estados Unidos, además, una nueva asistencia estará atravesada por la política interna de ese país y por las condiciones que pueda fijar la administración de Donald Trump.

También queda por definir el papel del mercado de futuros. La utilización de contratos puede moderar las expectativas de devaluación, pero tiene un alcance distinto al de una venta de dólares y está sujeta a los topes acordados con el FMI.

Así, la cuenta de los pesos potencialmente dolarizables y la de los dólares disponibles no se miden solo por su volumen nominal. El punto será la velocidad con la que se muevan los depósitos, los títulos y las expectativas, frente a una capacidad de intervención que combina recursos líquidos, líneas sujetas a activación y herramientas financieras de alcance limitado.

Hay una unidad endeble, pero unidad al fin. Unidad atada con alambre que multiplica las especulaciones hacia afuera y hacia adentro de peronismo. ¿Puede romperse la coalición justicialista y presentarse con dos listas el año que viene? La respuesta es que sí. ¿Puede lograr un acuerdo amplio, con o sin PASO, y competir con un proyecto unificado el año que viene? La respuesta también es que sí.

Si hay un mensaje que dejó la cumbre peronista que se realizó el último jueves en la Casa de La Pampa es que el peronismo no está totalmente roto, ni tampoco está completamente unido. Ese híbrido es leído de diferentes formas en las filas oficialistas. Puede unirse, como siempre lo han hecho, de cara al año electoral y pueden dividirse porque la interna entre la familia Kirchner y Axel Kicillof es tan profunda que ya no tiene retorno.

Por eso la continuidad de las PASO sigue siendo un tema central para la oposición. Una elección, organizada y controlada por el Estado, es la única forma que el peronismo tiene de poder legitimar un candidato a través de los votos. Y, aún así, realizando esa competencia, nadie garantiza que el final de ese proceso electoral pueda terminar siendo fructífero. “¿Si Axel gana, La Cámpora lo va apoyar? ¿De verdad?“, se preguntó esta semana un importante funcionario del gobierno bonaerense.

Del otro lado del mostrador también tienen sus conclusiones. “¿Es normal que Axel no hable con Cristina y que nadie de su entorno hable con alguien del entorno de ella? Si CFK y Máximo hablan con dirigentes de todos los sectores, como seguramente hace Axel. Es raro que no pueda hacerlo con ella”, aseguró un importante dirigente de La Cámpora. La interna sigue existiendo y las grietas, que no se ven, son aún más profundas que las que puede divisar cualquier persona que siga los acontecimientos de la política nacional.

Tal vez por esa dificultad para lograr consensos sólidos y porque realmente ven que una interna partidaria es muy difícil de organizar, en la cumbre justicialista se acordó concentrar esfuerzos en abroquelarse para evitar que se suspendan las PASO, más que en buscar alternativas para dirimir las diferencias a través del voto de los afiliados. “Si empezamos a explotar alternativas, se debilita la posición”, le aseguró a Infobae uno de los presentes.

Cada vez son más los dirigentes que ven poco viable la posibilidad de organizar una interna partidaria. No encuentran la forma de sostenerla, hacerla legítima y organizarla para que salga bien y no deja heridas abiertas. “No hay recursos ni capacidad operativa si no lo garantiza la Justicia”, explicó a este medio uno de los dirigentes que estuvo en la Casa de la La Pampa.

El nudo central de las internas que tiene todo el peronismo a nivel nacional está en Buenos Aires. El encuentro del jueves no cambia en nada esa guerrilla que se mantiene en el tiempo y que parece no poder resolverse hasta que no exista un acuerdo o una ruptura en la relación entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Sin claridad sobre ese vínculo a futuro, tampoco hay claridad sobre la estrategia final del peronismo.

Los mensajes de Mayra Mendoza y Sergio Berni contra Axel Kicillof en los últimos días mantienen altos los niveles de tensión. La legisladora de Quilmes apuntó contra el Gobernador luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata frenara una cautelar que suspendía los aumentos en el servicio de luz en la provincia. El reclamo para que lo haga fue del gobierno bonaerense, lo que llevó a Mendoza a preguntarse, en forma irónica, si era real la noticia o no.

El ex ministro de Seguridad bonaerense planteó en los últimos días que “Kicillof está generando un enfrentamiento innecesario en el peronismo” y que las “divisiones son su culpa”. En declaraciones al streaming Carnaval consideró que el Gobernador está “cada vez más cerrado en si mismo” y que tiene “toda la runfla que va colgada de la política” en su entorno. Con esa lógica de criticas incesantes se vuelve muy difícil lograr un clima de armonía.

“No van a dejar de hacerlo. No van a parar”, asume un kicillofista puro. En La Plata entienden que esas críticas van a sobrevivir hasta que se resuelva el proceso electoral. Es decir, que descartan una tregua o algún acuerdo que se sostenga en el tiempo para dar, de cara a la sociedad, una muestra de equilibrio.

En La Plata no se asumen como partícipes de una pelea. “Pela es de a dos. Y nosotros no respondemos. Son ellos los que atacan”, suelen decir cerca del Gobernador. Kicillof, mientras tanto, empieza a elevar, lentamente, el tono de sus discursos. “Si queremos que cambien las condiciones de vida de nuestro pueblo hay que cambiar el rumbo de la política económica ”, aseguró durante un congreso productivo organizado por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) al que asistió en la mañana de ayer.

En paralelo, y cada vez con más asiduidad, Sergio Massa le da forma a su perfil público modelo 2026. Ayer el legislador bonaerense Alexis Guerrera subió a sus redes sociales un video en el que se ve al líder del Frente Renovador dando una definición política sobre lo que considera debe hacerse. “Lo más importante es construir la alternativa al Gobierno para ganar el año que viene. Me imagino trabajando en esa articulación”, planteó en la mesa que compartió con rectores de universidades nacionales.

El ex ministro de Economía también dejó una frase que puede vincularse a su futuro electoral. “El rol personal es secundario. Si uno es el mejor para ganar, es el mejor y compite. Si uno no es mejor para ganar y hay otro que está mejor, ayuda a que otro compita para ganar”, precisó. Massa sigue siendo uno de los posibles precandidatos a presidente que aparecen en el universo peronista en esta etapa del año.

La reunión en sí misma fue un mensaje de unidad dentro de los márgenes de desconfianza que existen en el peronismo. Porque existe una vocación de jugar bajo el mismo techo. O, al menos, hacerlo hasta último momento. Nadie sabe hasta dónde esta dispuesto a ir Kicillof, ni que carta electoral tiene guardada CFK para jugar cuando llegue el momento exacto de hacerlo. Pero, sin embargo, todos están de acuerdo en que la amplitud es lo que puede consolidar una alternativa a la gestión libertaria.

La cumbre es un gesto de acercamiento. Es el intento de construcción de una dinámica que permita discutir una estrategia común y comprometerse a trabajar en conjunto para edificar una opción electoral. Pero las heridas profundas que hay en el kirchnerismo no se sanan con reuniones ni fotos. Y eso, más temprano que tarde, pondrá en jaque la decisión electoral del conjunto.

El Banco Nación colocó la totalidad de los $32.000 millones que obtuvo en la primera licitación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para ampliar el financiamiento de créditos hipotecarios en unidades de valor adquisitivo (UVA). Con esos recursos, la entidad indicó que otorgó más de 210 préstamos para primera vivienda, por un monto promedio de 147 millones de pesos.

La colocación corresponde al primer llamado del programa impulsado por el Gobierno, que distribuyó $200.000 millones entre bancos para constituir plazos fijos UVA y destinarlos a nuevas líneas de financiamiento hipotecario. Banco Nación recibió el 16% del total adjudicado en esa instancia.

Los créditos se otorgaron a familias de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Chubut y Entre Ríos. Según el comunicado, los préstamos se canalizaron a través de la línea +Hogares, que concentra la oferta hipotecaria de la entidad.

La información difundida por el banco permite medir el uso de los recursos obtenidos en la primera subasta, que estableció un plazo de 90 días corridos para que las entidades adjudicatarias transformaran los depósitos del FGS en nuevos créditos destinados a vivienda.

El programa busca sumar hasta $2 billones para el mercado hipotecario

El esquema se sostiene con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El organismo coloca depósitos a plazo fijo UVA en los bancos participantes y exige que esos fondos se apliquen a préstamos para la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas.

La primera licitación, realizada en septiembre, recibió ofertas de 18 entidades financieras por $258.640 millones. Finalmente, 13 bancos accedieron a los $200.000 millones disponibles. La mayor parte de los depósitos se constituyó a cinco años, un plazo que apunta a dar mayor previsibilidad a las entidades para financiar préstamos de largo alcance.

La convocatoria fijó un límite: ningún banco podía recibir más del 20% de cada licitación. En ese marco, Banco Nación obtuvo $32.000 millones, por debajo del máximo de $40.000 millones que habilitaba el reglamento.

El Ministerio de Economía proyectó que el programa podría reunir hasta $2 billones mediante 10 licitaciones de $200.000 millones. La estimación oficial tomó como referencia un crédito promedio de $114 millones y calculó que, si el esquema completa el monto previsto, podría alcanzar a entre 17.000 y 18.000 familias.

El tope de financiamiento para los préstamos vinculados al programa se fijó en 150.000 UVA, una cifra que, según las estimaciones difundidas durante la presentación de la medida, equivale a cerca de USD 200.000. Cada banco, de todos modos, mantiene la facultad de definir las condiciones de acceso, las tasas, los plazos y la documentación necesaria para sus clientes.

Banco Nación recibió otros $40.000 millones en la segunda subasta

Luego de completar la primera colocación, Banco Nación recibió otros $40.000 millones en la segunda licitación del programa. De ese modo, el financiamiento del FGS destinado a la línea +Hogares pasó a sumar $72.000 millones.

La segunda convocatoria también distribuyó $200.000 millones, esta vez entre 12 bancos. La demanda superó la oferta disponible: las entidades presentaron propuestas por $246.000 millones, según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La nueva subasta incorporó una modificación en los criterios para los solicitantes. Mientras que la primera etapa estaba enfocada en créditos para primera vivienda, la segunda habilitó el acceso para la compra, construcción, ampliación o refacción de una vivienda única o de ocupación permanente.

Ese cambio amplió el universo de potenciales beneficiarios, ya que incluye a personas que tengan otra propiedad pero no puedan habitarla, por ejemplo porque está alquilada, cedida a terceros o afectada por un usufructo. La normativa dejó en manos de cada banco la definición de la documentación y los mecanismos de verificación para esas situaciones.

Los fondos adjudicados en esta segunda etapa también deberán convertirse en nuevos créditos hipotecarios dentro de los 90 días posteriores a la acreditación. Si los bancos no colocan el dinero en préstamos durante ese período, el FGS puede aplicar una cancelación anticipada sobre los depósitos.

La línea +Hogares acumula 36.000 préstamos por $4 billones

De acuerdo con los datos del Banco Nación, la línea +Hogares ya acumuló 36.000 créditos hipotecarios por $4 billones. La entidad afirmó que el nuevo fondeo permite “canalizar recursos hacia el crédito y ampliar las alternativas disponibles para el acceso a la vivienda”.

El promedio de $147 millones de los préstamos informados para la primera licitación se ubicó por encima de los $114 millones que el Gobierno utilizó como referencia inicial para proyectar el alcance del programa. La diferencia muestra que el monto requerido por los solicitantes depende de la ubicación de la vivienda, su valor y las condiciones que ofrezca cada banco.

Con los $72.000 millones que recibió en las dos primeras licitaciones, Banco Nación quedó entre las entidades con mayor participación en el mecanismo diseñado para sumar fondos de largo plazo al crédito hipotecario UVA.

Invitado a hablar a la Fundación Faro, think tank que comanda Agustín Laje, Javier Milei aprovechó el inicio de su discurso para referirse de manera contundente a la decisión de la Justicia de sobreseerlo a él y a su hermana Karina en la causa $LIBRA por inexistencia de delito.

“¿Ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor? La justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines golpistas”, comenzó el mandatario.

Y remató: “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron, ¡porque somos honestos, porque estamos limpios! Por ende, celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre”.

La decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi alcanzó también a los traders Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, al creador de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Davis, a Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino porque los sucesos “no encuadran en una figura legal”.

Entre los presentes al evento están Peter Lamelas (embajador de Estados Unidos en la Argentina), Alec Oxenford (embajador argentino en Estados Unidos), Rubén Cherñajovsky (fundador y presidente de Newsan), Martín Migoya (cofundador y CEO de Globant), Horacio Marín (presidente y CEO de YPF), Diego Santilli (jefe de Gabinete de Ministros), Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Patricia Bullrich (senadora nacional y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado), Juan Bautista Mahiques (ministro de Justicia), Luis “Toto” Caputo (ministro de Economía), Mario Lugones (ministro de Salud), Pablo Quirno (canciller argentino), Adrián Ravier (vocero presidencial), Carlos Alberto Presti (ministro de Defensa), Alejandra Monteoliva (ministra de Seguridad Nacional), Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), María Ibarzabal Murphy (secretaria Legal y Técnica de la Presidencia), Santiago Caputo (asesor presidencial), Joshua “Josh” Temblador (consejero político de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina).

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