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  • El “rey del fracking” compró una compañía clave que opera en Vaca Muerta y planea inversiones por USD 4.000 en cinco años

    El “rey del fracking” compró una compañía clave que opera en Vaca Muerta y planea inversiones por USD 4.000 en cinco años

    El magnate Harold Hamm, dueño de Continental Resources
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    La petrolera estadounidense Continental Resources, perteneciente al magnate Harold Hamm, firmó un acuerdo preliminar para adquirir una participación del 50% en Phoenix Global Resources, compañía enfocada en el desarrollo de Vaca Muerta y controlada mayoritariamente por Mercuria Energy Group.

    La operación dará lugar a una plataforma conjunta 50/50 entre Continental y Mercuria para ampliar la producción y el desarrollo de los activos de Phoenix en la formación neuquina.

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    Se prevé un despliegue de capital superior a USD 4.000 millones durante los próximos cinco años. Con esas inversiones, las compañías buscan llevar la producción actual de Phoenix, de más de 28.000 barriles equivalentes de petróleo por día (kboepd), a más de 100.000 kboepd en ese período. El objetivo es posicionar a Phoenix entre los principales operadores y productores privados de Vaca Muerta.

    Se prevé un despliegue de capital superior a USD 4.000 millones durante los próximos cinco años

    La nueva plataforma tendrá aproximadamente 163.000 acres (65.000 hectáreas) distribuidos en seis bloques de Vaca Muerta. El portafolio incluirá los activos de Phoenix en Mata Mora Norte, Mata Mora Sur, Confluencia Norte y Confluencia Sur; la participación operada de Continental en Los Toldos II Oeste; y participaciones adicionales que se incorporarán del bloque Bajo del Toro Este, actualmente propiedad de Integra.

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    La operación representa una ampliación de la presencia de Continental en la Argentina y profundiza su asociación con Mercuria. Ambas compañías ya son socias en Pecos Power Plant, una central eléctrica a gas natural de 452 megavatios que se encuentra en desarrollo en el oeste de Texas.

    La plataforma combinará la experiencia de Continental en el desarrollo de recursos no convencionales a gran escala en EEUU con la capacidad operativa y el conocimiento de Phoenix sobre Vaca Muerta y la experiencia global de Mercuria en energía e inversiones. Las compañías apuntan a mejorar la planificación y ejecución del desarrollo de los activos y acelerar el crecimiento de la producción.

    El portafolio combinado también tiene relevancia estratégica en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), bajo el cual se prevé la calificación de los activos.

    Pablo Bizzotto, Chief Executive Officer de Phoenix, dijo: “La incorporación de Continental a Phoenix como socio operativo de la plataforma conjunta, junto con Mercuria, suma décadas de experiencia en el desarrollo y la operación de recursos no convencionales, lo que fortalecerá nuestras capacidades a medida que iniciamos esta nueva etapa de crecimiento.

    La operación representa una ampliación de la presencia de Continental en la Argentina y profundiza su asociación con Mercuria. REUTERS/Andrew Cullen/File Photo

    “Al combinar la plataforma operativa consolidada y el conocimiento de Phoenix sobre Vaca Muerta con la experiencia técnica y operativa de Continental en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales a gran escala, creemos que tenemos una oportunidad excepcional. Esta alianza nos permitirá expandir el desarrollo y construir uno de los operadores independientes líderes de la cuenca”, aseguró.

    Desde Continental destacaron el atractivo de Vaca Muerta y el potencial de la Argentina. Su presidente y CEO, Doug Lawler, señaló: “Las reformas impulsadas por el presidente Milei y su administración generaron nuestro interés en la Argentina y fortalecieron nuestra confianza en su futuro, lo que en definitiva ayudó a allanar el camino para esta importante alianza. Mercuria ha sido un socio excepcional, y tenemos un enorme respeto por la sólida plataforma operativa y la trayectoria que Phoenix construyó en Vaca Muerta”.

    Vaca Muerta es un recurso de clase mundial, y creemos que la combinación del enorme potencial de la Argentina, las capacidades consolidadas de Phoenix y la experiencia de Continental en el desarrollo de recursos no convencionales puede contribuir a consolidar al país como un líder global en petróleo y gas natural”, agregó.

    REUTERS/Alexander Villegas/File Photo

    Por su parte, Brian Falik, Global Chief Investment Officer de Mercuria, sostuvo que el acuerdo constituye una extensión de la relación entre ambas compañías hacia una de las principales formaciones de shale del mundo y ratificó el compromiso de continuar invirtiendo en la Argentina.

    Vale mencionar que las operaciones principales de la Phoenix se concentran en las provincias de Neuquén y Río Negro. La firma logró multiplicar por cinco su producción neta en cinco años, pasando de cero a 25.000 barriles diarios, con apenas el 15% de su acreage desarrollado. De este modo, actualmente es la sexta mayor productora de petróleo crudo de Vaca Muerta.

    Por su parte, con sede en Oklahoma City, Continental Resources es la mayor productora privada de petróleo y gas natural del mundo y está impulsando el próximo capítulo del crecimiento energético global.

    La compañía mantiene una posición de recursos líder, sustentada en cuatro activos principales en EEUU: es productora líder en la formación Bakken de Dakota del Norte, Dakota del Sur y Montana, así como en la cuenca Anadarko de Oklahoma, y cuenta con posiciones de recursos significativas y de alta calidad en la cuenca Powder River de Wyoming y en la cuenca Pérmica de Texas.

    Quién es “rey del fracking”

    Hamm, fundador y principal accionista, es conocido como el “rey del fracking”. Según Forbes, el empresario posee actualmente una fortuna estimada en torno a USD 16.000 millones.

    La influencia de Hamm no se limita al ámbito empresarial. A lo largo de su trayectoria, desarrolló una estrecha relación con el Partido Republicano y tuvo una participación activa en la política estadounidense.

    Hamm y el presidente de EEUU, Donald Trump. REUTERS/Leah Millis/File Photo

    Fue asesor en materia energética del ex candidato presidencial Mitt Romney y uno de los principales aportantes de las campañas de Donald Trump en 2016, 2020 y 2024, de acuerdo con The New York Times.

    En 2016, durante la Convención Nacional Republicana, cuestionó las políticas energéticas impulsadas por el entonces presidente Barack Obama y manifestó su rechazo al acuerdo nuclear con Irán.

    Su respaldo a Trump también se tradujo en la organización de encuentros para recaudar fondos en Mar-a-Lago durante 2024, en el marco de una campaña que contemplaba una flexibilización de las regulaciones ambientales aplicadas al sector energético.

    Dentro de la industria petrolera, Hamm es reconocido por haber sido uno de los impulsores del desarrollo del yacimiento Bakken, cuya explotación contribuyó a modificar el mapa energético de Estados Unidos. En 1967 fundó Continental Resources y, cuatro décadas después, en 2007, la compañía comenzó a cotizar en bolsa, en pleno avance de la explotación de shale oil.

  • Se ejecutan trabajos de emergencia para mejorar instalaciones de una escuela de Federal

    Se ejecutan trabajos de emergencia para mejorar instalaciones de una escuela de Federal

    El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, avanza con una obra de emergencia en la escuela N° 44 Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en el ejido de la ciudad de Federal. La intervención tiene como objetivo atender necesidades edilicias prioritarias y garantizar mejores condiciones de seguridad, funcionamiento y habitabilidad para la comunidad educativa.

    La escuela cuenta con edificio de doble planta, nivel inicial y primario, una matrícula de 150 estudiantes y servicio de comedor. Los trabajos comprenden una superficie de 127 metros cuadrados y presentan una inversión provincial de 40 millones de pesos. Al respecto, se ejecuta la recuperación de los grupos sanitarios de ambas plantas del edificio, el cambio de cañería de gas envasado y la reparación de distintos sectores del edificio que presentan deterioros.

    “La inversión en infraestructura educativa es parte de una planificación sostenida que nos permite dar respuesta concreta a las necesidades concretas de los establecimientos del territorio provincial. En este caso, se interviene la escuela de Federal mediante una obra de emergencia para resolver situaciones edilicias que requieren atención prioritaria y garantizar que los gurises puedan aprender y desarrollarse en espacios seguros y adecuados”, destacó el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob.

    Por otro lado, en el sector de la cocina se realizan reparaciones de revoques, mesadas, bajo mesadas, pisos y contrapisos, además de trabajos en los desagües. También se intervienen sectores de galerías, aleros y cubiertas con problemas de desprendimientos y filtraciones. A esto se suman reparaciones de cielorrasos y revoques, cambio de vidrios, tratamiento de juntas de dilatación, recuperación de pisos y contrapisos en accesos y patios, y trabajos de mantenimiento en el frente del establecimiento. La obra está a cargo de la firma Juan Ignacio Ferreira Gallegos.

  • Niño que llevó droga al jardín: sus padres lo habrían utilizado para trasladar cocaína

    Niño que llevó droga al jardín: sus padres lo habrían utilizado para trasladar cocaína

    El caso del niño que llevó droga al jardín en Córdoba sumó un segundo detenido durante un allanamiento realizado este miércoles. La Fuerza Policial Antinarcotráfico arrestó al padre del menor, un joven de 22 años.

     

    El procedimiento fue ordenado por la Justicia y se desarrolló en una vivienda de barrio Ampliación Cabildo, el mismo sector donde funciona el centro de cuidado infantil al que concurre el pequeño de dos años.

     



     

    Durante el operativo, los investigadores secuestraron varias dosis de marihuana y otros elementos considerados de interés para la causa. El hombre fue trasladado a una sede judicial y quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno.

     

    El hallazgo de los 71 envoltorios

     

    La investigación comenzó el martes, cuando una docente observó que el niño tenía en sus manos un pequeño monedero rosa e intentaba abrirlo. Al revisar su contenido, encontró 71 envoltorios con una sustancia blanca.

     

    La maestra dio aviso inmediato a las autoridades y los paquetes quedaron secuestrados. Las pruebas posteriores confirmaron que la sustancia encontrada dentro del monedero era cocaína.

     



     

    Poco después, la madre del menor, de 21 años, regresó al establecimiento y habría intentado recuperar el objeto. Tras retirarse, volvió acompañada por la abuela de sus hijos, pero la Policía ya se encontraba en el lugar y procedió a detenerla.

     

    Investigan si utilizaban al menor

     

    Con el arresto efectuado durante el allanamiento, los padres del niño que llevó droga al jardín permanecen detenidos. La Justicia intenta establecer quién era responsable de los estupefacientes y cómo llegaron hasta las manos del pequeño.

     



     

    El padre fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por presuntamente servirse de un menor de edad. La acusación se encuentra en una etapa inicial y deberá ser evaluada durante el avance del proceso.

     

    La principal hipótesis apunta a determinar si los 71 envoltorios estaban destinados a la venta y si los adultos utilizaban al niño para trasladarlos. Los investigadores también buscan reconstruir el posible circuito de comercialización vinculado con la droga secuestrada.

  • El Gobierno incluyó una “cláusula anti-China” en la privatización del Belgrano Cargas: qué es y cómo funciona

    El Gobierno incluyó una “cláusula anti-China” en la privatización del Belgrano Cargas: qué es y cómo funciona

    20 de agosto 2026 – 08:58

    La gestión de Javier Milei busca avanzar con venta de activos estatales y pone el foco sobre el transporte ferroviario de cargas. Si bien la normativa no apunta solo contra el gigante asiático, es vista como un gran freno para inversiones de dicho país.

    El Gobierno incorporó una condición específica al proceso de privatización del Belgrano Cargas: las empresas que estén bajo control directo o indirecto de gobiernos extranjeros no podrán competir por la concesión de las vías ferroviarias.

    La restricción fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y dentro del proceso es conocida como la “cláusula anti-China”, aunque el pliego no menciona expresamente al gigante asiático ni establece una prohibición para las compañías chinas. El criterio alcanza, en términos generales, a sociedades controladas por Estados soberanos extranjeros.

    La red comprende actualmente 7.594 kilómetros distribuidos en 16 provincias. El esquema contempla además un modelo de “open access”, por el cual el concesionario estará a cargo de la infraestructura, mientras que otras empresas podrán utilizar las vías mediante el pago de un peaje.

    La red actual del Belgrano Cargas comprende un total de 7.594 kilómetros distribuidos en 16 provincias.

    La red actual del Belgrano Cargas comprende un total de 7.594 kilómetros distribuidos en 16 provincias.

    Cómo funciona la cláusula anti-china en la privatización del Belgrano Cargas

    La condición funciona como un filtro previo de la licitación. Quedarán excluidas las compañías cuyo control esté en manos de un gobierno extranjero, ya sea de manera directa o mediante otras sociedades. La definición también incluye organismos públicos, empresas estatales y sociedades vinculadas con esos gobiernos.

    El mismo criterio alcanza a empresas estatales argentinas, tanto nacionales como provinciales, de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria.

    El nombre surgió porque uno de los principales efectos de la medida es limitar la participación de empresas estatales chinas en la concesión de la red ferroviaria.

    Quedarán excluidas las compañías cuyo control esté en manos de un gobierno extranjero.

    Boletín Oficial

    Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la restricción tiene un alcance más amplio. No está dirigida exclusivamente contra compañías de China, sino contra cualquier empresa que se encuentre bajo control de un Estado extranjero.

    Por eso, una compañía privada extranjera podrá participar de la licitación siempre que cumpla con los requisitos del pliego. La exclusión se produce cuando detrás de esa sociedad existe control estatal, ya sea por participación directa del gobierno o mediante otras empresas.

    La administración de Javier Milei ya había aplicado un criterio similar en otros procesos vinculados con infraestructura estratégica, como la concesión de la Hidrovía y el proyecto de transporte eléctrico AMBA I.

    En este caso, la condición fue incorporada al pliego que contempla la concesión por 50 años de las vías y los inmuebles vinculados con las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

    La competencia tampoco se definirá únicamente por el monto ofrecido al Estado. Las empresas deberán presentar propuestas que combinen inversiones comprometidas y el peaje que cobrarán por el uso de las vías. En términos generales, tendrá ventaja la oferta que combine mayores inversiones con menores costos de utilización de la infraestructura.

    El Gobierno estima que el proceso podría movilizar alrededor de u$s1.000 millones en inversiones para las tres líneas y contempla que determinados proyectos puedan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

    La incorporación de la cláusula establece así un nuevo límite dentro del proceso de concesión: priorizar la participación privada y excluir a compañías bajo control estatal extranjero o argentino de la competencia por la infraestructura ferroviaria.

  • De los Patacones a los Chachos: qué son las cuasimonedas, cuál fue su rol en la crisis de 2001 y por qué volvieron en La Rioja

    De los Patacones a los Chachos: qué son las cuasimonedas, cuál fue su rol en la crisis de 2001 y por qué volvieron en La Rioja

    La decisión del gobierno de La Rioja de relanzar los “Chachos” como cuasimoneda provincial a partir del 17 de agosto se inscribe en una larga tradición argentina de emisión de monedas alternativas durante períodos de restricción fiscal. A lo largo de las últimas décadas, diversas provincias recurrieron a este tipo de instrumentos para sortear la falta de liquidez y sostener el funcionamiento económico local, en una dinámica que tuvo su punto de mayor expansión durante la crisis de 2001.

    La Rioja volverá a poner en circulación los “Chachos” esta semana. La administración de Ricardo Quintela distribuirá una ayuda extraordinaria de 50.000 de Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) alcanzando a unos 80.000 beneficiarios, lo que implicará una inyección de aproximadamente $4.000 millones al circuito económico provincial. Cabe destacar que estos billetes no son nacionales, por lo que las personas suelen utilizarlo sólo de forma local.

    La presencia de este papel en La Rioja no es nueva. Quintela los introdujo nuevamente en julio de 2024, emitiendo billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 unidades, con una paridad de uno a uno frente al peso. Durante ese periodo, hasta un 30% de los sueldos estatales podía pagarse con estos bonos, que también se aceptaban en comercios adheridos y para cancelar impuestos y servicios provinciales. Ese ciclo finalizó el 31 de diciembre de 2024.

    El nombre elegido remite a Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, líder riojano de las guerras civiles del siglo XIX y figura histórica del federalismo argentino.

    Enemistado con el gobierno de Javier Milei, Ricardo Quintela inyectará el equivalente a $4.000 millones en Chachos.

    La reaparición de los Chachos se produce en un contexto de disputa entre la provincia y la Nación por el reparto de fondos federales, junto con una merma de ingresos que, de acuerdo con las autoridades riojanas, impacta en las finanzas estatales y en la actividad privada.

    El uso de cuasimonedas no tuvo su origen en 2001, aunque en ese año se registró su mayor expansión. Los antecedentes más recientes datan de mediados de los años ochenta, cuando Tucumán emitió Bonos de Cancelación de Deuda —denominados en australes— como respuesta a la restricción de recursos desde el gobierno nacional. Estos bonos continuaron circulando, bajo distintas denominaciones según el signo monetario vigente, hasta 2003.

    Un informe especial sobre el tema de Fundación Mediterránea detalló que “si bien por preceptos constitucionales las provincias tienen prohibido emitir dinero, situaciones de emergencia ello ha ocurrido en varias ocasiones, especialmente en la década del 80 y del 90 del siglo pasado, y más masivamente durante la crisis económica de 2001 – 2002, cuando catorce provincias emitieron cuasi monedas, que fueron rescatadas por el gobierno nacional a través del Programa de Unificación Monetaria (PUM) instrumentado en el año 2003”.

    A comienzos del siglo XXI, la Argentina atravesó una de sus crisis fiscales más profundas, lo que llevó a varias provincias a emitir cuasimonedas como mecanismo de supervivencia financiera ante la escasez de fondos por la compleja coyuntura.

    patacones

    La crisis que se desató a finales de 2001 intensificó la emisión de cuasimonedas. La Ley de Convertibilidad establecía que el Banco Central no podía emitir pesos sin respaldo en dólares, lo que provocó una falta de liquidez en las provincias para cumplir con sus pagos. Frente a esta limitación, tanto el Estado nacional como quince provincias emitieron bonos al portador que coexistieron con el peso y alcanzaron, en agosto de 2002, un total de $8.535 millones en circulación. El gobierno nacional lanzó sus propias Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), distribuidas en todo el país en valores de 2, 5, 10, 20 y 50 pesos.

    El valor de estos bonos dependía de cuántos se emitían y de cuántas personas los querían usar. Por un lado, los gobiernos provinciales decidían la cantidad de bonos que ponían en circulación. Por otro, la demanda de estos bonos provenía principalmente de quienes los utilizaban para pagar impuestos y servicios al propio Estado, o de quienes los adquirían como una inversión, esperando cobrar su valor y los intereses al vencimiento.

    El uso de los bonos para pagar impuestos les dio liquidez y los hizo funcionar como si fueran dinero. El Estado los entregaba en pagos y luego los recibía nuevamente cuando las personas y empresas los usaban para cumplir con sus obligaciones fiscales. Este ciclo se repetía una y otra vez, hasta que llegaba el momento de pagarlos definitivamente, generando una dinámica similar a la de renovar constantemente préstamos de muy corto plazo.

    En paralelo, la creación de las cuasimonedas tuvo un impacto en la política monetaria nacional, ya que a comienzos del nuevo milenio se dio una situación de convivencia entre el Banco Central y algunos “mini bancos centrales” provinciales que obstaculizó el rol central del BCRA.

    En cuanto a la magnitud de las emisiones, Fundación Mediterránea aportó que la relación entre bonos emitidos (en el mes de máxima circulación) y la base monetaria de cada provincia, en aquellas experiencias de finales de la década del 90 e inicios de siglo, fue desde 107% en el caso de Corrientes (la emisión de cuasimonedas superó a la base monetaria de la provincia) hasta 12% en La Rioja o Mendoza.

    billetes del BCRA

    Al mismo tiempo, en provincias muy pobladas y de ingresos medios, como Buenos Aires y Córdoba, la emisión de este tipo de instrumentos, en su momento de máxima circulación, resultó equivalente a aproximadamente la mitad de sus bases monetarias.

    A juicio de los analistas, la circulación de estos billetes provinciales “aumentó los costos de transacción, disminuyendo la eficiencia en general en la economía, por cuanto el gobierno, las empresas y las personas debieron crear mecanismos especiales para adaptarse a las transacciones con bonos, ya sea en forma voluntaria o compulsiva”.

    Bajo esa misma lógica, la emisión de estos papeles provocó una reducción en el poder de compra de los ingresos de quienes residían en las provincias que las implementaron, como consecuencia de una inflación más elevada, diferencias de precios al utilizar bonos como medio de pago y la depreciación de estos instrumentos respecto a su valor nominal.

    patacones

    Con la recuperación de la actividad económica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió en 2002 que la renegociación de la deuda pública incluyera la recompra de estas cuasimonedas. El proceso de rescate, realizado a través de subastas, concluyó hacia fines de 2003.

    Estas fueron las denominaciones que circularon en cada provincia durante aquel período:

    • Buenos Aires: Patacones
    • Córdoba: Lecor
    • Entre Ríos: Bonos Federales (BoFe)
    • Corrientes: Cecacor
    • Mendoza: Petrom
    • Misiones: Cemis
    • Formosa: Bocanfor
    • San Juan: Huarpes
    • Chaco: Quebracho
    • Catamarca: Bono Ley 4748
    • La Rioja: Bocade
    • Tucumán: Bocade
    • Tierra del Fuego: Letras
    • Chubut: Petrobono
    • Río Negro: Petrobono

    El Patacón bonaerense se recuerda como el caso más emblemático, lanzado durante la gestión de Carlos Ruckauf desde agosto de 2001 y utilizado como equivalente al peso en la mayoría de los comercios tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires. En contraste, el Federal de Entre Ríos perdió su valor rápidamente y su cotización quedó muy por debajo de su valor nominal.

    En cuanto a La Rioja, su emisión en 2001 fue una de las más limitadas: según datos del Banco Central en agosto de 2002, alcanzó los $5 millones, muy por debajo de los $3.306 millones emitidos en Patacones y los $700 millones de la Lecor de Córdoba.

  • Negociación "ley por ley". Los gobernadores del norte se reagrupan y ponen nuevas condiciones para acompañar a Milei

    Negociación "ley por ley". Los gobernadores del norte se reagrupan y ponen nuevas condiciones para acompañar a Milei

    Los gobernadores del norte coordinan un entendimiento para ganar peso en la negociación con la Casa Rosada. Con el calendario electoral cada vez más cerca y después de dos años de acuerdos atravesados por el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), misioneros, salteños, tucumanos y catamarqueños buscan imponer una nueva lógica en el Congreso: negociar “ley por ley” y con beneficios concretos para sus provincias.

    “Vamos a discutir políticas públicas”, resumió un referente misionero en Diputados. “Ya no se negociará por ATN”, aseguró. La intención no es conformar un único bloque ni pasar a la oposición, sino coordinar posiciones y elevar el precio de sus votos frente a un gobierno cuyas promesas, aseguran, ya no alcanzan.

    La estrategia cobró fuerza a partir del reacomodamiento político en Misiones y del quiebre entre el gobernador Hugo Passalacqua y su histórico jefe político, Carlos Rovira. En la provincia le reprochan al exgobernador haber expuesto a sus legisladores nacionales para sostener el vínculo con la Casa Rosada. Uno de los episodios que todavía le facturan fue la votación de Ficha Limpia, cuando ordenó a sus senadores abandonar el recinto y contribuyó a hacer caer el proyecto. “Fue un quiebre en la provincia”, aseguró un referente local.

    Rovira y Passalacqua, hace unos años
    Rovira y Passalacqua, hace unos años

    El primer reflejo se verá en Innovación Federal, el bloque que reúne a legisladores de Misiones y Salta. El espacio cambiará de nombre y buscará marcar una nueva etapa frente al Gobierno: no se asumirá como opositor, pero reclamará concesiones concretas para acompañar sus proyectos. “Una ley por otra ley”, repiten.

    “No nos podemos seguir haciendo cargo de todo. Hace dos años y medio que no se conservan las rutas”, planteó el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, en declaraciones a Infobae. “Con el equilibrio fiscal no se come, no se cura, no se educa ni se hacen rutas”, agregó.

    Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca)
    Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca)Pilar Camacho

    El renovado bloque todavía negocia su nombre y quién lo conducirá. Uno de los nombres que suenan con más fuerza es el del exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad. Según pudo saber LA NACION, la presentación formal será el miércoles 26 de agosto, antes de la próxima sesión de Diputados, con la presencia de Passalacqua y, posiblemente, de Sáenz.

    El movimiento excede a Misiones y Salta. En la misma sintonía están los tres diputados tucumanos alineados con Osvaldo Jaldo, nucleados en Independencia, y los tres catamarqueños que responden a Raúl Jalil, de Elijo Catamarca.

    En total, suman 13 diputados nacionales que podrían ser 15 si conservan a dos exlibertarios bajo el ala de Sáenz: Gerardo González (Formosa) y Claudio Álvarez (San Luis).

    Los cuatro gobernadores evaluaron confluir en un gran bloque, pero por ahora descartaron esa alternativa para conservar sus identidades provinciales. “Sí se habló de avanzar en un esquema de coordinación”, explicó un diputado del norte. La premisa es que la conversación con el Gobierno tenga, de ahora en más, requisitos claros y resultados concretos.

    Parte de esa agenda ya empezó a tomar forma. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió el martes junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, a gobernadores del norte para avanzar con subsidios a la energía eléctrica para las denominadas “zonas cálidas”, en una negociación atada al recorte de los beneficios al gas para las zonas frías.

    Los intereses provinciales también empezarán a reflejarse en el Congreso. En la sesión del próximo miércoles se incluirá una reducción del 21% al 10,5% del IVA para la harina y la fécula de mandioca, impulsada por Herrera Ahuad. También avanzarán iniciativas reclamadas por Tucumán vinculadas al turismo y a la declaración de San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio.

    Este miércoles, además, obtuvo dictamen un proyecto que amplía los cargos judiciales en el norte: divide en dos salas la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. La diputada tucumana Elia Fernández, de Independencia, sostuvo que permitirá dar “más agilidad y mayores respuestas” a Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. El catamarqueño Sebastián Nóblega destacó que tendrá “injerencia directa” en su provincia.

    Otro frente que los gobernadores podrían reflotar es el reparto del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). El Senado ya dio media sanción a un proyecto que modifica la distribución de esos recursos entre el Tesoro, las provincias y la seguridad social. Tal como reveló LA NACION, durante casi tres años el gobierno de Javier Milei recaudó más de $1,5 billones en el fideicomiso destinado a obras viales, pero aplicó apenas una cuarta parte a ese fin.

    El peronismo sigue de cerca estos movimientos y apuesta a que el endurecimiento de los bloques provinciales pueda aportarle votos para su agenda. Los diputados Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Emir Félix, junto con Juan Manuel Olmos y Federico Achával, viajaron a Misiones para reunirse con Passalacqua y explorar una agenda común con una mirada federal.

    Una discusión sigue abierta: la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El PJ ya definió que buscará sostenerlas, pero los misioneros y el resto de los gobernadores involucrados todavía no fijaron posición. “Todavía hay reuniones pendientes”, aseguraron.

    Los referentes del PJ federal junto al gobernador Passalacqua en Misiones
    Los referentes del PJ federal junto al gobernador Passalacqua en Misiones


  • Se activó la comisión local en Colonia Elía por la presencia de Picudo Rojo

    Se activó la comisión local en Colonia Elía por la presencia de Picudo Rojo

    La comisión local se conformó en la sede del municipio de Colonia Elía y contó con la participación del intendente municipal, Ramón Barrera, y el secretario de Gobierno, Sebastián Adón. En representación del parque natural provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, dependiente de la Secretaría de Ambiente, estuvieron presentes su intendente, el profesor Alberto Zapata, y la guardaparque Marisa Frizo; mientras que por el servicio sanitario participaron la coordinadora de Protección Vegetal, Natalia Smith, y la técnica Anabel Salcedo.

    Durante el encuentro del pasado miércoles, las autoridades y especialistas articularon un plan de acción inmediato que contempla el relevamiento e identificación de todas las palmeras ubicadas en un radio de un kilómetro a la redonda a partir de la geolocalización del ejemplar afectado, con especial foco en la especie Phoenix (fénix o canaria), la más susceptible al ataque de este escarabajo.

    Asimismo, se fijaron las pautas para el control operativo, las medidas de profilaxis necesarias para evitar la dispersión del insecto y una intensa campaña de difusión comunitaria que incluirá charlas informativas para vecinos y estudiantes de las escuelas de la zona.

    El Picudo Rojo es una plaga destructiva originaria del sudeste asiático que mantiene una marcada presencia en la República Oriental del Uruguay. Frente a este escenario, la provincia de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y sus secretarías de Ambiente y Agricultura y Senasa; venía desarrollando protocolos de prevención y capacitación que permitieron activar de forma inmediata los mecanismos de respuesta local ante la detección del primer caso en la región. La participación de los actores locales es clave para el combate contra esta plaga.

  • Marcha de la CGT y los movimientos sociales contra el endeudamiento familiar: hora, convocatoria y cortes de calle

    Marcha de la CGT y los movimientos sociales contra el endeudamiento familiar: hora, convocatoria y cortes de calle

    UTEP MARCHA CGT 24 DE ENERO
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    La CGT, la UTEP y las dos CTA marcharán hoy al Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al endeudamiento familiar, en una protesta que busca poner en el centro de la agenda pública una crisis de morosidad que ya afecta a millones de hogares.

    El reclamo se apoyará en un cuadro general de fuerte deterioro crediticio. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares llegó al 12,7% en junio de 2026, contra el 2,5% de octubre de 2024, mientras que 5,8 millones de personas registran atrasos superiores a 90 días.

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    La movilización comenzará a las 14:00 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tendrá dos puntos de concentración: la esquina de Paseo Colón y Estados Unidos, y la intersección de las avenidas Independencia y Paseo Colón. Desde allí, las columnas avanzarán hacia el Palacio de Hacienda, en Hipólito Yrigoyen 250. Por eso, desde la mañana será caótico transitar por la zona.

    El eje de la convocatoria es el sobreendeudamiento de familias que, según las organizaciones, recurrieron a préstamos para pagar alimentos, medicamentos y servicios básicos. En el comunicado de convocatoria, la UTEP sostuvo: “La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar. La falta de crédito formal empuja a miles de familias a las garras de los usureros para cubrir necesidades básicas como lo es la comida. Por eso movilizamos el próximo 20 de agosto en unidad de lucha al Ministerio de Economía”.

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    Cristian Jerónimo , en el centro de la mesa de la CGT

    En una conferencia de prensa realizada en la sede de Azopardo 802, el cotitular cegetista Cristian Jerónimo dijo que “este modelo político y económico nos sigue llevando a la miseria y agudiza y profundiza la insensibilidad que tiene este gobierno ante el conjunto de nuestra población”.

    El referente sindical apuntó que hay 20 millones de endeudados en la Argentina, que 6 millones de personas atraviesan una situación crítica y que el 60% está “a punto de entrar en categoría 4 del Veraz, que prácticamente los saca del sistema financiero”.

    Además, Jerónimo enfatizó que el problema no afecta únicamente a quienes no tienen trabajo, sino también a empleados registrados que no sólo no llegan a fin de mes sino tampoco “al día 15″.

    UTEP CGT PLAZA DE MAYO

    Mora en bancos, fintech y billeteras virtuales

    El deterioro también aparece en otros relevamientos. Un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que la morosidad en fintech y billeteras virtuales alcanza al 33% de los deudores, y que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año; dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas activas.

    El CEPA precisó que la mora bancaria pasó del 2,5% al 12,1% entre noviembre de 2024 y abril de 2026. En los monederos electrónicos, en ese mismo período, saltó del 7,3% al 29,6%.

    Un sondeo de Management & Fit mostró que más del 50% de las familias argentinas tiene dificultades de ingresos y que, en más de la mitad de esos casos, no logra llegar a fin de mes. Entre esos hogares, el 71,9% recurre a alguna forma de endeudamiento, tanto en el sistema financiero formal como en el informal.

    La lectura sobre el destino de esos préstamos incluso fue reconocida desde la Fundación Pensar, usina de ideas del PRO y aliada del oficialismo. Allí se señaló que las familias no se endeudan para comprar bienes durables o financiar inversiones, sino para cubrir gastos cotidianos de supervivencia.

    El Gobierno descartó una intervención estatal

    La protesta también apunta contra la postura oficial sobre esta crisis. El presidente Javier Milei rechazó el 2 de agosto cualquier asistencia pública a los deudores: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien”.

    Al día siguiente, en Radio Mitre, el mandatario reafirmó esa posición y definió el problema como “una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados”. Más tarde, el ministro de Economía Luis Caputo coincidió en la Bolsa de Comercio de Córdoba en que se trata de “un tema entre privados”, y el vocero presidencial Adrián Ravier agregó el 11 de agosto: “Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen”.

    Desde la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof respondió con un informe titulado “La culpa es de Milei”. Allí, su ministro de Gobierno Carlos Bianco sostuvo que la mora bancaria de las familias se quintuplicó en menos de dos años, y Kicillof afirmó: “La gente que se está endeudando es porque los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas”.

    Proyectos de desendeudamiento

    La crisis también se trasladó al Congreso de la Nación, donde bloques opositores presentaron cerca de 30 iniciativas. Una de las propuestas, impulsada por los diputados Diego Giuliano y Caren Teep, plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas con créditos de $1,5 millones a través de la ANSES para trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas.

    El proyecto establece un costo financiero total limitado a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina más 10 puntos porcentuales. También fija que la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del beneficiario.

    Otra iniciativa propone una condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados, junto con planes de pago de hasta 60 meses y una tasa preferencial para personas en mora. Algunos proyectos también impulsan la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales, para identificar a quienes contrajeron deudas por alimentación, vivienda, salud, educación y servicios básicos.

    En el Senado se presentó otra propuesta con quitas de intereses y planes de pago de hasta 60 meses para familias morosas.

    En ese contexto, la marcha de hoy forma parte de un plan de acción más amplio de las organizaciones sociales y sindicales. Después de esta protesta, la UTEP prevé nuevas convocatorias durante la reunión del Consejo del Salario Mínimo, en la Semana Social de la Iglesia, en una movilización por el Día de la Industria el 2 de septiembre y en actividades vinculadas con la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre, incluida una misa en Luján convocada junto con la CGT y el pedido de una audiencia privada con el sucesor de Jorge Bergoglio.

  • Un vehículo en venta, cheques falsos y un cargamento de droga, la historia previa de la detención del abogado

    Un vehículo en venta, cheques falsos y un cargamento de droga, la historia previa de la detención del abogado

    La detención del comisario y abogado de la Policía provincial, Daniel Rosatelli, y otras personas en el marco de una causa por narcotráfico, causó inquietud y asombro en el ámbito policial y judicial. Este jueves, los acusados son indagados en el Juzgado Federal de Paraná, a cargo de Leandro Ríos. En esta instancia se conocerán fehacientemente los hechos y delitos imputados a cada uno, donde tendrán la oportunidad de defenderse.

    Según lo que pudo reconstruir ANÁLISIS al respecto, la investigación surgió a partir del hallazgo de 1345 kilos de marihuana en un vehículo en La Paz y se profundizó para hallar a los responsables del cargamento. El rastro de las personas que fueron apareciendo en esa trama son las ahora detenidas.

    La historia se remonta a noviembre de 2025, cuando Jonathan Barbieri, un excabo de la Policía exonerado por su participación en bandas delictivas, con varias causas y al menos una condena, vendió un utilitario Citroën Jumper a otro delincuente especialista en estafas: Martín Reynaldo Pelizzari, recientemente condenado. El 4 de noviembre por la mañana se reunieron en la Shell del acceso norte de Paraná, donde acordaron la transacción por 20 millones de pesos. En horas de la tarde, en la esquina de Corrientes y Nogoyá, Pelizzari le entregó una parte en efectivo (unos 2.400 dólares), dos cheques del Banco Galicia por 3 millones cada uno y le realizó dos transferencias de 1 millón cada una desde la cuenta de Claudio David Luna. Se comprometió a pagarle el saldo una semana después.

    Sin embargo, no hubo pago de la diferencia que quedaba saldar y encima los cheques fueron rechazados por apócrifos. Barbieri hizo la denuncia en la comisaría segunda y luego la amplió en la Fiscalía, por el perjuicio en unos 14 millones de pesos.

    En los relatos posteriores (no plasmados en la denuncia formal) se sostuvo que cuando Barbieri y quien sería el titular del vehículo fueron a reclamar, sufrieron un fuerte apriete y golpiza, por la cual el primero quedó bastante desfigurado. Incluso hubo uno que terminó hospitalizado. “En Paraná mandamos nosotros”, dijo el hombre que le advirtieron, a punta de pistola.

    El comisario Rosatelli es mencionado en las narraciones de esta historia desde fines del año pasado, pero no así en la denuncia formal que llegó a la Fiscalía de Paraná.

    El suceso, o al menos este relato, quedó como una anécdota sin mayor trascendencia.

    Hasta que el viernes 13 de febrero de este año, en horas de la noche, ese episodio adquirió una relevancia particular.

    Policías de Delitos Rurales de La Paz interceptaron un vehículo que transitaba por el denominado “Camino del Borello”, que en rigor es calle Los Aromos, un camino de tierra alternativo que comunica la ciudad de La Paz con la ruta nacional 12. Pensaban que esa Citroën Jumper estaba involucrada en los hechos de cuatrerismo de la zona.

    Detuvieron a una persona y otras dos se lograron fugar a campo traviesa por la oscuridad. Cuando abrieron el utilitario encontraron en su interior 61 bultos con un total de 1716 ladrillos de marihuana, cuyo pesaje total arrojó 1.345,5 kilos. Además, había un pequeño envoltorio con menos de un gramo de cocaína y otro con 16 gramos de cannabis.

    Constataron, además, que el Citroën Jumper patente GIJ 496 tenía pedido de secuestro desde el 2 de diciembre del año pasado. Era el vehículo denunciado por Barbieri, vendido a Rosatelli y que ahora aparecía en cargada de droga.

    La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Paraná a cargo de Leandro Ríos, quien indagó al único detenido, con la acusación pública del fiscal federal Leandro Ardoy, y la defensa particular del abogado Claudio Berón. El hombre se abstuvo de declarar y quedó con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1. Se trata de César Leonel Ramírez, de 34 años, de la ciudad de La Paz y con una condena cumplida por robo.

    La investigación avanzó para poder llegar al dueño del cargamento y del vehículo. Se encontraron con lo sucedido el año pasado y la denuncia de Barbieri. Hace aproximadamente un mes, los investigadores se presentaron en la División Sustracción de Automotores donde se encuentra retenida el Citroën Jumper y se llevaron la documentación correspondiente. Luego de este procedimiento, llamó la atención que un policía que era cercano a Rosatelli cambió de teléfono y de línea, informaron fuentes cercanas a ANÁLISIS.

    Paralelamente, se estaban desarrollando otras tareas, tras los pasos de los sospechosos.

    Uno de los que andaba muy inquieto en los días posteriores al secuestro del cargamento de marihuana era Claudio David Luna, y muchos en su barrio, la zona del Mariano Moreno, comentaban que estaba involucrado en ese episodio.

    Otro que fue ubicado como sospechoso es el citado Pelizzari, un conocido estafador con múltiples causas en la Justicia y se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena reciente por estos hechos delictivos. De hecho, uno de los comentarios extraoficiales apuntaba que él fue quien aportó los cheques para la compra de la camioneta.

    También apareció vinculado Esteban Siebenlist Bustos, un muchacho con un par de causas judiciales por amenazas, a quien, en el marco de uno de esos legajos, en 2024 la Policía allanó su domicilio en la zona de calle Pronunciamiento, cerca del ferrocarril, y le secuestró una camioneta Toyota Hilux 4×4.

    Por otro lado, también pudieron identificar a quienes serían los otros dos paceños involucrados en el cargamento de marihuana, los que se fugaron: se trata de los hermanos Alan y José Belén Favieri, ambos con varias causas judiciales por amenazas, abuso de armas, lesiones, entre otras. El segundo tiene una condena por narcomenudeo en La Paz.

    Allanamientos y detenciones

    De este modo, se ordenaron los allanamientos simultáneos este miércoles por la mañana. Uno fue en el domicilio particular de Rosatelli, en su departamento del edificio de calle 25 de mayo frente a la plaza triangular en la intersección con Echagüe. Allí el abogado fue detenido y trasladado a la Unidad Penal 1 de Paraná, luego de la identificación en la Delegación de la Policía Federal. No se resistió y colaboró en todo momento con el procedimiento. Ingresó a las 16 y quedó alojado en una celda del sector de Guardia del establecimiento penitenciario. Sus abogados defensores son Rubén Pagliotto y Damián Petenatti, junto a Miguel Ángel Cullen.

    También su estudio jurídico ubicado en calle Corrientes 519, y el domicilio de su padre en la ciudad de Chajarí: el exsubjefe de la Policía de Entre Ríos durante una década, desde 2005 hasta 2015.

    Además, la Policía Federal allanó la oficina de la secretaría general donde funciona asuntos jurídicos, a cargo de Rosatelli, en la Jefatura Departamental Paraná en calle Gualeguaychú y Belgrano.

    Alan Favieri fue detenido en La Paz cuando caminaba y fue identificado por policías. Luna fue arrestado por la noche, quedó alojado en la Alcaidía de Paraná e iba a ser trasladado al penal. Stiebenlist Bustos y José Favieri estaban siendo buscados para su traslado a la cárcel de la capital provincial.

    Todos irán a defenderse en las próximas horas al momento de las indagatorias en el Juzgado Federal y se conocerán más detalles de la investigación y de cada imputación.

    Lo que muchos mencionaban desde la mañana de este miércoles es que si el juez federal Leandro Ríos ordena detener a personas y enviarlas a la Unidad Penal, no va en busca de pruebas para sustentar una acusación (si hay, mejor), sino que ya tiene las suficientes para indagarlos. Desde el “Gordo Nico” Castrogiovanni hasta el Narcomunicipio de Varisco y demás acusados; desde Gonzalo Caudana hasta Leonardo Airaldi, la realidad ha sido así. Y las sentencias del Tribunal Oral Federal de Paraná terminaron corroborando esas investigaciones.

    Informe reservado

    A fines del año pasado, autoridades de la Policía habían informado a la Justicia Federal acerca de una serie de situaciones que les llamó la atención, donde aparecía un grupo policial entre los que estaba Rosatelli. Se trataba de secuestro de importantes cargamentos de droga hallados en forma “causal”, sin personas detenidas. No se puede afirmar por el momento que este informe tenga que ver con la causa judicial por las detenciones, pero sí forma parte del contexto.

    El primero fue en junio de 2024, cuando encontraron 30 kilos de marihuana durante un procedimiento en busca de armas de fuego en una vivienda deshabitada del barrio Mosconi.

    El segundo fue en marzo de 2025: en busca de una moto robada, los policías de Investigaciones de la Departamental siguieron un sendero por la zona oeste de Paraná, cerca de los bañados, que los llevó hasta un lugar en medio del descampado donde se encontraron con una casilla de chapa y lo que se informó como una “cocina de cocaína”. Había casi 40 kilos de pasta base, casi 63 kilos de una sustancia blanca en polvo, dos fuentones plásticos, seis recipientes plásticos rectangulares, tres bidones con restos de acetona, lidocaína, y una prensa metálica.

    Las características de este episodio llamaron la atención de las autoridades policiales y del propio ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, quien por su trayectoria en investigaciones por narcotráfico en la Policía Federal no se creyó aquello del descubrimiento causal. En el mencionado informe se asentó además que el lugar parecía un verdadero montaje: la casilla de chapa estaba recientemente armada, con tornillos nuevos y una prolijidad poco habitual en el ambiente narco. “Bien de milico”, definió en ese momento un exjefe policial. Además, había fuentones iguales a los utilizados en el comedor policial, evidentemente nuevos, sin uso. Alrededor el pasto se notaba pisado de esos días previos. Tampoco había nadie custodiando semejante cargamento de droga.

    Por último, el 1° de diciembre de 2025 sucedió otro hallazgo de droga: a las 13.30 de ese lunes el jefe de la comisaría séptima recibió un llamado donde un pescador anónimo dijo que observó una lancha negra con dos motores donde sus ocupantes descargaron bultos sobre la costa de un campo ubicado en calle Walter Grand al final.

    Al llegar al lugar, sobre la orilla del río Paraná encontraron los 18 bultos que tenían marihuana y pesaron algo más de 134 kilos. Otra vez un hallazgo sin responsables y sin rastro alguno. El llamado telefónico dejó muchas dudas: un punto es que no queda claro dónde estaba el pescador observando esa situación que describió. No lo dijo. Otro es que resulta muy extraño encontrar una lancha de las características a las mencionadas por el denunciante: negra con dos motores fuera de borda, algo que generalmente se utiliza para la navegación marítima. Tampoco se entendió por qué el pescador llamó al celular del jefe de la comisaría, en lugar del 911. Hoy en día muchos vecinos tienen agendado el celular de la comisaría de la jurisdicción donde viven, pero en aquella zona no pareciera ser esta situación. “Otro circo”, afirmaron investigadores de Drogas Peligrosas.

    Lo que se plasmó dicho informe es la presencia en los hallazgos de droga del abogado de la Jefatura Departamental Paraná, Daniel Rosatelli, quien pese a cumplir horario de oficina en esta sede policial para su labor técnica jurídica, aparecía en los procedimientos ajenos a su función

    “Para criterio de las personas que observaron estos casos, eso estaba armado”, dijo una fuente policial consultada.

    Por su parte, quienes estaban a cargo de esos procedimientos se quejaron luego de ser acusados cuando lograban secuestros de cocaína y marihuana para celebrar. “Tenemos más problemas por sacar droga de la calle que por otra cosa”, lamentan en ese círculo.

  • Clausura y multa millonaria por acopio ilegal de envases de fitosanitarios en Rosario del Tala

    Clausura y multa millonaria por acopio ilegal de envases de fitosanitarios en Rosario del Tala

    La medida se originó a partir de una solicitud de la Municipalidad de Rosario del Tala ante denuncias de vecinas y vecinos sobre el predio ubicado en calle Tucumán y Urquiza. Ante la continuidad de los incumplimientos severos por parte del infractor -quien se negó a notificarse formalmente, no ejerció su derecho de defensa ni presentó documentación tendiente a regularizar la situación de su inmueble-, el 9 de abril de 2026 se llevó a cabo un operativo con el auxilio de la fuerza pública.

    En dicho operativo, y por orden del Juzgado de Garantías y Transición de Rosario del Tala, se ejecutó el allanamiento del lugar, donde se contabilizaron y se retiraron un total de 2.493 envases vacíos de fitosanitarios que permanecían almacenados a la intemperie sobre el suelo y la cubierta vegetal. El material recolectado y trasladado a un CAT generaba un grave riesgo ambiental por la potencial infiltración de líquidos hacia las napas subterráneas de agua, los olores que emanaban hacia las y los vecinos y la infectación de plagas y roedores; por lo que fue retirado por la Asociación Civil Campo Limpio para su acondicionamiento y tratamiento seguro.

    Cabe destacar que en el inmueble aún permanecen almacenados otros residuos peligrosos correspondientes a categorías distintas a los envases de fitosanitarios, los cuales continúan sin ser trasladados ni regularizados por el responsable. Por este motivo, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, determinó la clausura completa del establecimiento.

    Con la finalización de este procedimiento administrativo por infracción a la ley nacional 27.279, la provincia ejecutó una importante sanción económica de 44.592.507 de pesos con un plazo de 10 días para su efectivo pago, reafirmando el rigor en el control de las normativas ambientales para resguardar la salud pública y los recursos naturales de Entre Ríos.