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Luego de dos años de retroceso, el turismo internacional comenzó a mostrar señales de recuperación. El movimiento registrado en lo que va de 2026 responde a una combinación de elementos que modificó la dinámica del sector, con cambios en el origen y el perfil de quienes eligen el país como destino.

En julio, la llegada de viajeros no residentes aumentó un 9% interanual, con Brasil como emisor más relevante, mientras que en los primeros siete meses del año el incremento acumulado fue del 8%. De esta manera, ya son 3,4 millones los turistas extranjeros que ingresaron a la Argentina en dicho período.

La relación entre turismo emisivo y receptivo muestra que, por cada visitante internacional que arribó al país, 2,1 argentinos viajaron al exterior. Este desequilibrio es similar al observado en 2018, aunque bastante menor que el de 2025, año en que ese cociente había tocado un máximo de 2,6.

Además, según datos oficiales, Argentina registró una afluencia récord de turistas de países no limítrofes durante el primer semestre de 2026, con 1.434.001 visitantes. Esta cifra representa el mejor resultado de los últimos 25 años y supera la marca alcanzada en 2019.

Como posibles causas del fenómeno, Marcos Cohen Arazi, investigador del Ieral, destacó la fuerte mejora en la conectividad, una mayor simplicidad en materia cambiaria y avances en algunos aspectos vinculados con la seguridad.

Gabriela Ferucci, presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), remarcó el auge de los viajes de larga distancia, debido al aumento de la oferta de asientos desde el exterior hacia la Argentina, y la devaluación del real, que incentivó la demanda brasileña.

Paula Cristi, gerenta general de Despegar, dijo a este medio: “Entendemos que ese crecimiento responde a la convergencia de varios factores. En primer lugar, la mayor conectividad aérea internacional, con nuevas rutas y aerolíneas y el incremento de frecuencias, amplió las alternativas para viajar desde Europa, Estados Unidos y otros mercados de larga distancia″.

Por otro lado, consideró que el país “reúne atributos muy valorados a nivel global, como su diversidad de paisajes, la gastronomía, el enoturismo, las propuestas de naturaleza y aventura, y la posibilidad de combinar distintas regiones”.

Fuentes del rubro advierten que el perfil del turista mutó: ya no se trata principalmente de visitantes regionales atraídos por la conveniencia del tipo de cambio, sino de personas provenientes de Europa, Estados Unidos y Asia, con un mayor poder adquisitivo, menos sensibles a las variaciones en la cotización del dólar y que suelen tener estadías más prolongadas.

Cohen Arazi coincidió: “El tipo de cambio, relativamente bajo, hace que el turismo que venía esencialmente por una ventaja de precios se contraiga. Esto se refleja especialmente en la caída de los viajes terrestres (-4%)”. En contraposición, el ingreso por vía aérea subió 19% interanual en los primeros 7 meses del año.

Pese al aumento en el flujo de extranjeros y la retracción de los residentes que vacacionan en el exterior, el saldo de la balanza turística volvería a ser deficitario, con un rojo proyectado de entre USD 5.700 y USD 6.200 millones para 2026. De todos modos, representa una mejora en relación con 2025, cuando ascendió a USD 7.200 millones.

“La capacidad instalada del país tiene potencial para generar más divisas y seguir reduciendo el déficit, pero para ello resulta necesario continuar fortaleciendo la competitividad de manera estructural. La oferta privada viene adaptándose al nuevo contexto y el atractivo natural de Argentina se vuelve muy propicio para la expansión de la actividad”, subrayó el Ieral.

“La desregulación y la reducción de la inflación contribuyen al funcionamiento del sector, aunque la política cambiaria no ayuda a consolidar su posición competitiva, debido a la fuerte apreciación de la moneda derivada del plan de estabilización. En ese marco, es necesario mejorar la infraestructura, la conectividad y el funcionamiento de los pasos fronterizos”, agregó.

Asimismo, el estudio apuntó que es fundamental ampliar el crédito para estimular la inversión y eliminar las distorsiones del sistema tributario.

La industria manufacturera argentina enfrenta un proceso de transformación, marcado en gran medida por los cambios registrados a nivel macroeconómico desde la llegada de Javier Milei al gobierno.

Algunos rubros, como el petróleo, la minería y la industria alimenticia, han logrado aprovechar el nuevo escenario y vienen creciendo con fuerza, pero muchos se encuentran en una situación que los propios actores consideran “crítica”. Empresarios y cámaras alertan por la caída del empleo, aumento de importaciones y la pérdida de competitividad.

La actividad fabril acumuló una caída interanual de 1,9% en el primer semestre de 2026 y de 11,8% frente a enero-junio de 2023.

El uso de la capacidad instalada, otro indicador central para medir el desempeño fabril, alcanzó en junio 59,1%, es decir que 4 de cada 10 máquinas de la industria permanecen sin utilizarse. El guarismo se ubica 9,5 puntos porcentuales por debajo del nivel de junio de 2023.

La dinámica laboral acompañó ese proceso. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 97.312 puestos de trabajo registrados en unidades productivas industriales, una caída de 8%. En ese período, la cantidad de empresas manufactureras con trabajadores registrados pasó de 49.622 a 45.602, una reducción de 4.020 firmas.

La mirada de las pyme

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), advirtió sobre las consecuencias de esta situación: “La crisis en el consumo masivo y la caída en los ingresos de los trabajadores se seguirán agravando si no le ponemos un freno a la ola de embargos y concursos preventivos que ya azota al entramado pyme. Tenemos que llevar a la Argentina hacia una estrategia en conjunto para encontrar un camino sostenible que nos saque de la recesión y recupere a la clase media de la mejor manera: consensuando y sin que esto signifique generar más inflación”.

“El dumping es ilegal. Hoy ingresan productos declarados a un menor precio de su valor real porque no hay precios de referencia en la Aduana. Que quede claro: para un industrial pyme argentino que cumple con todas sus obligaciones, el dumping importador es lisa y llanamente evasión de impuestos”, comentó.

El aluvión importador

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) hizo un análisis del impacto que la apertura comercial está teniendo para la industria, por considerar que es “acelerada y sin planificación”.

En los primeros seis meses de 2026, el ingreso de manufacturas alcanzó USD 5.362 millones, el nivel más alto para ese período desde que existe registro. El máximo histórico correspondía a 2018, cuando las importaciones de bienes de consumo habían llegado a USD 4.443 millones.

Diez actividades económicas explicaron el 84,7% del total importado en la primera mitad del año. Los mayores incrementos, respecto del mismo período de 2023, se registraron en electrodomésticos, baterías y lámparas (109,2%), prendas de vestir (86,3%), motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte (67,6%), productos alimenticios (51,9%) y farmacéuticos (27%). Entre esos cinco rubros concentraron el 45,5% del total del segmento.

¿Cuáles fueron las consecuencias? Varias empresas tuvieron problemas para competir. Por citar un ejemplo, el Indec informó que en junio la producción de aparatos de uso doméstico sufrió una baja interanual de 22,9%, debido, principalmente, a la menor producción de heladeras y freezers y de lavarropas.

También la industria textil, que en los primeros seis meses de este año cayó 10,8%, ha expresado que tiene dificultades para competir con los productos importados.

“El Gobierno debe tomar medidas contundentes que pasen por recuperar el equilibrio de las importaciones, a través de controles estrictos y de una estrategia integral que transparente los flujos de comercio. El verdadero respeto por la producción nacional se demuestra en la práctica, y se basa en controlar la ilegalidad que hoy existe en los procesos de importación”, dijo el presidente del IPA.

Competitividad y productividad

El 2 de septiembre se conmemoró el Día de la Industria, fecha que utilizó Emiliano Bonfiglio, CEO de Anclaflex, para plantear la necesidad de que las empresas revisen permanentemente su forma de producir.

Según explicó, el escenario actual llevó a que los márgenes se ajusten y a que las compañías deban repensar sus costos y estructuras: “Frente a esa realidad, producir más ya no alcanza. El desafío ahora es hacerlo mejor, con mayor productividad y principalmente sin resignar calidad”.

Bonfiglio explicó qué hace falta para dar ese salto: “La competitividad se construye, en buena medida, puertas adentro: en la capacidad de innovar, adaptarse y encontrar nuevas formas de hacer las cosas sin perder aquello que distingue al producto”.

“Medirse con productos y compañías de otros países obliga a revisar nuestros propios estándares de calidad, precio, productividad y eficiencia. También demuestra que las empresas argentinas que logran desarrollar esas capacidades pueden competir más allá del mercado local”.

Oliver Maltz, presidente del Movimiento Industrial, dijo a Infobae al Regreso que uno de los principales problemas para las empresas es la combinación de costos crecientes, menor consumo y pérdida de rentabilidad. “Hay sectores como energía, minería que están reaccionando y sectores más castigados que dependen más del consumo interno como el textil, el calzado, los metalúrgicos”, explicó.

Las medidas más relevantes del Gobierno de Milei

El CEPA repasó algunas de las medidas de política económica que impactaron sobre el entramado productivo desde diciembre de 2023. Entre ellas aparece la suba del Impuesto PAIS del 7,5% al 17,5% al inicio de 2024. “Eso tuvo un impacto directo y significativo en los costos de importación de insumos esenciales para la producción, afectando especialmente al sector pyme industrial”. Sin embargo, el 22 de diciembre de 2024 se eliminó.

CEPA también se refirió a la derogación de la Ley de Compre Nacional a través del DNU 70/2023, una normativa que, según su criterio, “generaba una preferencia por los productores locales por sobre los extranjeros”, además de la baja de aranceles de importación para productos de línea blanca, neumáticos e insumos plásticos, y la posterior reducción al 12,6% de los aranceles para 29 bienes de capital.

Asimismo, el CEPA aseguró que hubo un “aumento de tarifas de luz y gas de forma indiscriminada al inicio de la actual administración, y sin un abordaje estratégico considerando el mundo pyme industrial”.

La expectativa por la minería

Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), planteó durante una conferencia titulada “Minería e Industria Nacional: proveedores, tecnología y valor agregado” la oportunidad que representa el sector para la generación de empleo en la industria: “La minería no va a resolver todos los problemas de empleo, pero puede ser importante para que las personas que están fuera del sistema se incorporen”.

Cacciola remarcó que la actividad minera no se limita a la extracción de recursos: “El extractivismo es la primera fase, pero es una industria. Es algo que transforma la piedra en algo comercializable a través de un proceso industrial. Y esto significa que de alguna manera hay mucha gente involucrada en los proyectos mineros”.

El presidente de CAEM sostuvo que las inversiones anunciadas en los últimos meses pueden traccionar a otros sectores productivos: “Se cree que el proceso minero termina en una extracción, pero no. Es terminar un producto que puede generar valor importante al país. La industria nacional, y es para lo que trabajamos, tiene que ser un actor fundamental”.

“Se calcula que, por lo menos, por cada operario que hay en un yacimiento, hay cuatro trabajando indirectamente para la minería. Entonces, sí; la minería está siendo una actividad que genera empleo sistemáticamente también”, contó Cacciola.

Por supuesto, dentro de la ecuación entre minería e industria, aparece en escena el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que concentra proyectos multimillonarios en minería, petróleo y gas y promete movilizar nuevos desembolsos durante los próximos años. Sin embargo, una encuesta de la Fundación Observatorio PyME reveló que apenas 4,7% de las pequeñas y medianas empresas participa como proveedora directa o indirecta de iniciativas vinculadas con el régimen.

Las importaciones vinculadas a los proyectos adheridos al RIGI acumularon cerca de USD 460 millones hasta agosto y registraron un salto de unos USD 140 millones en ese mes, según una compilación de datos realizada por Federico Bernini, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA).

La aceleración aparece en un momento de creciente tensión entre el Gobierno y la industria, que reclama alivio frente al costo argentino, mejoras de competitividad y reglas que preserven el desarrollo de proveedores locales.

El cruce entre ambas dinámicas quedó expuesto en la última semana durante el Día de la Industria. En la celebración organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), empresarios de distintos sectores respaldaron tanto el RIGI como el rumbo macroeconómico del Gobierno, pero advirtieron que la baja de la inflación y el orden fiscal no alcanzan para recomponer la actividad, el crédito ni el consumo.

En ese marco, el avance de las compras externas asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) empezó a sumar un nuevo eje a la discusión, porque fueron en agosto más del doble del récord mensual previo y el equivalente a una porción sustancial de todo lo importado desde enero de 2025.

Aun con esa aceleración, el volumen importado todavía luce acotado frente a la magnitud total del régimen. Los USD 462 millones acumulados hasta agosto equivalen a casi 1% de los USD 47.073 millones de inversión comprometida por los 22 proyectos aprobados. Detrás de los anuncios y las aprobaciones, distintos análisis privados sostienen que el impacto sobre la economía real sigue siendo incipiente y que la discusión de fondo pasa por cuánto de ese despliegue podrá traducirse en obra, producción y proveedores locales.

La serie también deja ver que el proceso tuvo un arranque lento. Durante los primeros meses de 2025 los montos fueron reducidos y estuvieron concentrados en pocos proyectos. La curva empezó a empinarse desde septiembre del año pasado y mostró una aceleración más marcada en el segundo trimestre de 2026, cuando se amplió la cantidad de iniciativas que comenzaron a registrar compras al exterior.

VMOS encabeza el ranking y concentra la mayor parte de las compras

En el detalle por proyecto, VMOS aparece como el principal importador dentro del universo RIGI. Según la compilación de Bernini, el desarrollo vinculado al oleoducto de Vaca Muerta acumulaba hacia agosto alrededor de USD 175 millones en bienes importados. Detrás se ubicaban Rincón Mining, con una cifra cercana a USD 63 millones, y GEAR, con alrededor de USD 68 millones.

Más atrás figuraban Luz del Campo, con un acumulado del orden de USD 40 millones; Sidersa, en torno de USD 34 millones; y TGS, con una cifra próxima a USD 30 millones. El grupo de “Otros” reunía importaciones por alrededor de USD 55 millones, lo que muestra que el mapa comenzó a diversificarse a medida que avanzó la ejecución de los proyectos aprobados.

El peso de VMOS -actualmente en el tramo final de la obra que ya está al 80%- en la serie ayuda a explicar parte del perfil sectorial de las importaciones del régimen.

Hasta ahora, la mayor parte de las compras externas estuvo ligada a proyectos de energía, minería y, en menor medida, siderurgia. Se trata de actividades intensivas en bienes de capital, equipamiento y componentes de alto valor unitario, con una demanda que muchas veces no encuentra oferta local suficiente en escala, plazo o especificaciones técnicas.

La industria discute el lugar de los proveedores locales

En el acto por el Día de la Industria, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, planteó que el sector necesita un puente entre la estabilización macroeconómica y la recuperación de la economía real, con foco en actividad, crédito, infraestructura, energía y competencia desleal.

En los pasillos del encuentro, varios empresarios también insistieron con el impacto del contrabando y de la mercadería subfacturada sobre los precios internos.

Según publicó Infobae en la cobertura del evento, el propio Rappallini advirtió que en algunos rubros los productos que ingresan por circuitos irregulares representan entre 30% y 50% del mercado, y sostuvo que esa situación no puede considerarse libre competencia, sino una forma de competencia desleal. En ese clima, el despliegue de importaciones asociadas al RIGI añadió preocupación en ramas que buscan resguardar producción y empleo local.

La tensión, de todos modos, no pasa sólo por el volumen importado. Entre empresarios y especialistas aparece una pregunta más amplia sobre qué parte de esos grandes desembolsos puede canalizarse hacia fabricantes nacionales de equipos, bienes intermedios, servicios de ingeniería o montaje.

En otras palabras, el foco está puesto en cuánto derrame productivo puede quedar en la Argentina a medida que los proyectos aceleran.

Discusión sobre competitividad estructural

La evolución de las compras externas también funciona como una medida indirecta de la competitividad local.

Cuando un proyecto de gran escala opta por abastecerse fuera del país, la decisión puede responder a razones tecnológicas, a exigencias de plazo o a la inexistencia de producción nacional equivalente.

Pero también puede reflejar brechas de costos, financiamiento, presión tributaria o escala que limitan la capacidad de la industria argentina para integrarse a esas inversiones.

Por eso, el debate sobre el compre local no se agota en una defensa cerrada del mercado interno ni en una discusión ideológica sobre importaciones. En muchos casos, remite a condiciones concretas de productividad, logística, infraestructura, acceso al crédito y régimen impositivo.

La pregunta de fondo es si la Argentina puede capturar una porción mayor del negocio que generan los proyectos del RIGI o si la mayor parte de esa demanda se canalizará hacia proveedores externos.

El presidente Javier Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete este lunes a las 10 en la Casa Rosada, en el inicio de una semana que tendrá como ejes el seguimiento de las medidas anunciadas por la cuestión Malvinas, la definición del Presupuesto 2027 y la estrategia parlamentaria del oficialismo para los próximos días.

La convocatoria se inscribe en la decisión de Milei de darle mayor frecuencia a los encuentros con su equipo y convertirlos en una instancia semanal de seguimiento político y de gestión. En la Casa Rosada prevén una dinámica centrada en el repaso de áreas, la evaluación de temas puntuales y la fijación de prioridades para la semana.

Según pudo confirmar Infobae, será la tercera reunión consecutiva en tres semanas. El Presidente había reunido a sus ministros el lunes 24 de agosto y repitió el encuentro el martes pasado, cuando uno de los asuntos centrales fue la situación vinculada con Malvinas.

Balance de las medidas por la cuestión Malvinas

En aquella reunión, el canciller Pablo Quirno expuso sobre el escenario diplomático y sobre los movimientos en torno del reclamo argentino de soberanía. De esa discusión surgió luego la decisión presidencial de hablar por cadena nacional el jueves para anunciar una batería de medidas frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion en las aguas que rodean a las islas.

Entre las decisiones comunicadas por el Gobierno figuró el endurecimiento del régimen de sanciones para las compañías que participen de la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. También se anunció el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y mecanismos orientados a la protección de infraestructura crítica y de los espacios marítimos y aeroespaciales.

En el oficialismo hicieron en las últimas horas un balance favorable del impacto inicial de esas medidas, después de que grandes compañías internacionales de servicios petroleros informaran que no participarán de actividades ligadas a la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

El Presupuesto 2027, en etapa clave

Además del frente abierto por la cuestión de las islas, el Gobierno entró en días decisivos para terminar de definir el Presupuesto 2027, que debe ser remitido al Congreso antes del 15 de septiembre.

La iniciativa aparece como uno de los principales desafíos políticos del oficialismo para el último tramo del año. En la Casa Rosada anticipan una negociación compleja con gobernadores y bloques dialoguistas, sobre todo por la discusión en torno de los fondos para las provincias y las obras públicas.

El Ejecutivo busca que el proyecto preserve como criterio central el equilibrio fiscal, uno de los ejes que el Presidente considera innegociables dentro de su programa económico. En el oficialismo esperan que el debate presupuestario vuelva a medir la capacidad de negociación de la administración libertaria en el plano legislativo.

La estrategia parlamentaria

En ese esquema tendrá un lugar relevante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado del vínculo político con los gobernadores. A la vez, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, conserva una influencia determinante en las decisiones políticas del oficialismo.

La agenda parlamentaria será otro de los puntos que sobrevolarán el encuentro. La mesa política del Gobierno viene trabajando sobre los proyectos que pretende impulsar durante septiembre, entre ellos la reforma electoral, en paralelo con la discusión presupuestaria.

La reunión llegará además después de una semana de alta exposición presidencial, marcada por el viaje de Milei a Chile, la cadena nacional dedicada a Malvinas y una nueva centralidad del Presidente y de sus ministros en la comunicación de la gestión.

La nueva modalidad de encuentros semanales apunta a reforzar el control político y el seguimiento más frecuente de cada área por parte del Presidente. La cita será este lunes a las 10 en la Casa Rosada, con asistencia de los ministros y de los funcionarios que habitualmente integran las reuniones ampliadas del Gabinete.