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Un cohete chino que transportaba un satélite de comunicaciones fracasó en su lanzamiento debido a una “anomalía de vuelo”, informó la prensa estatal, después de que reportes y videos sugirieran que el aparato había explotado en pleno vuelo.

El fallido lanzamiento del lunes involucró a un cohete Larga Marcha 7A que despegó del Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang, en la provincia austral de Hainan, a las 20H02 hora de Beijing (12H02 GMT), informó la agencia estatal de noticias Xinhua. La “anomalía” ocurrió cuando el cohete, que transportaba el satélite de comunicaciones Zhongxing-4B (también identificado como ChinaSat-4B), se encontraba en pleno vuelo, según la misma agencia, que agregó que la causa del fallo está bajo investigación.

Un video registrado por testigos y publicado en redes sociales mostró el momento exacto en que el cohete estalló en llamas unos 85 segundos después del despegue, dejando atrás una nube de humo gris mientras caían los escombros. La cadena Channel NewsAsia, de Singapur, también publicó imágenes en Instagram del lugar, donde multitudes asombradas observaban una bola de fuego en el cielo.

El segundo fallo del Larga Marcha 7A en su historia

El accidente del lunes fue el segundo fracaso del Larga Marcha 7A después de su vuelo inaugural en marzo de 2020, cuando una falla en pleno vuelo también provocó que la misión fracasara, según había informado Xinhua en su momento. El cohete había vuelto a volar exitosamente un año más tarde y completó más de una docena de lanzamientos exitosos antes del incidente de este lunes, de acuerdo con los registros oficiales.

Un golpe a las ambiciones espaciales de Beijing

China ha destinado miles de millones de dólares en los últimos años a un programa que busca cristalizar lo que el presidente Xi Jinping describió como el “sueño espacial” del país.

El accidente se produce apenas semanas después de que el país lograra aterrizar con éxito un cohete reutilizable por primera vez, en julio, un hito considerado clave tanto para sus ambiciones fuera de la atmósfera terrestre como para la reducción de los costos de lanzamiento.

China apunta a llevar astronautas a la Luna antes de 2030, una meta que también persigue Estados Unidos a través de su programa Artemis.

El empresario Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, comentó el lunes en la red social X que “los cohetes son increíblemente difíciles” y deseó a los responsables del programa chino “una rápida recuperación” tras el accidente.

El Ministerio de Capital Humano ratificó el cumplimiento de los compromisos presupuestarios y salariales con el sistema universitario nacional. Además, confirmó el pago de las transferencias a los hospitales universitarios y el cumplimiento del acta paritaria firmada el 10 de junio con los gremios docentes y no docentes. La comunicación oficial se produjo a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que precisó que la cartera “continúa dando cumplimiento a las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional, tanto en materia de hospitales universitarios como en lo referido a la paritaria salarial y a los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales”.

El anuncio se realizó en el marco del paro nacional universitario de 24 horas convocado para el miércoles 12 de agosto por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina de Gremios Docentes Universitarios Tecnológicos (FAGDUT) —que representa a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)— y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que nuclea al personal no docente de 55 universidades públicas del país.

Las organizaciones reclaman la aplicación integral de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y sostienen que siguen pendientes obligaciones vinculadas a la recomposición salarial, las becas estudiantiles y las partidas para hospitales universitarios.

La cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello respondió con un comunicado en el que aseguró que “el paro anunciado para el próximo 12 de agosto constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional”. El texto agregó que la Subsecretaría de Políticas Universitarias “ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia”.

Sobre los hospitales universitarios, el Ministerio detalló el estado de las transferencias al 10 de agosto. La Universidad de Buenos Aires (UBA) recibió fondos en virtud de dos resoluciones: la N.° 420/26 por $20.000.000.000, “devengada y transferida”, y la N.° 484/26 por otros $20.000.000.000, “ya devengada y en proceso de transferencia”, según consta en el documento oficial. La Universidad Nacional de Cuyo dispone de la Resolución N.° 427/26 por $2.259.960.000, con pagos mensuales de $188.330.000. Se encuentran en trámite administrativo las asignaciones para la Universidad Nacional de Córdoba ($2.259.960.000) y la Universidad Nacional de La Rioja ($380.260.885).

En materia de paritaria salarial, el Gobierno transfirió $666.823.011.021 mediante la Resolución N.° 430/26 del 26 de junio, en concepto de gastos en personal e incrementos salariales del mes de junio y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) 2026. A través de la Resolución N.° 478/26 del 3 de agosto, se asignaron $448.544.808.500 adicionales correspondientes al mes de julio.

El Ministerio precisó que “los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente”.

El acuerdo que rige esos pagos fue suscripto el 10 de junio con los gremios docentes y no docentes y con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Estableció “una actualización salarial equivalente al 21,33% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de mayo de 2026, con vigencia a partir del 1° de junio de 2026”, según el texto de la resolución. El acuerdo total prevé un incremento del 24,33% en dos tramos: 21,33% en junio y 3% en octubre. Los gremios, sin embargo, sostienen que ese pacto no equivale al cumplimiento integral de la ley.

La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), afiliada a Conadu Histórica —que no firmó el acta del 10 de junio—, afirmó que persiste una diferencia del 28,5% para alcanzar la equiparación salarial que correspondería por la norma, y reclama además el pago retroactivo desde su entrada en vigencia, en octubre de 2025.

Los cuadros presupuestarios difundidos por Capital Humano desglosan las transferencias de julio a las universidades nacionales con un total de $473.091.450.703, distribuidos entre salarios docentes, no docentes, gastos de funcionamiento e incrementos salariales. La UBA encabeza la distribución con $18.836.747.590, seguida por la Universidad Nacional de Córdoba con $7.202.779.000, la Universidad Nacional de La Plata con $5.543.508.465 y la UTN con $1.973.249.762. La cartera también autorizó la transferencia de $132.965.000 a la Red de Interconexión Universitaria (RIU), depositados en la cuenta corriente del Banco Patagonia.

El Ministerio remarcó que “los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes, cuyo derecho a aprender se ve afectado por decisiones que atentan contra la continuidad de su educación”.

En un comunicado, la cartera a cargo de Pettovello expresó que: “Como ya hemos señalado en comunicaciones anteriores, se trata de un paro ilegítimo, que responde a motivaciones políticas y no tiene como prioridad la educación. Los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes, cuyo derecho a aprender se ve afectado por decisiones que atentan contra la continuidad de su educación”.

El conflicto podría extenderse más allá del paro del miércoles: Conadu Histórica convocó a una huelga nacional de cinco días entre el 18 y el 22 de agosto, y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales tiene prevista una “jornada de visibilización” para el 19 de ese mes, cuando se cumplirán 300 días desde la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario.

La mesa paritaria fue convocada para el martes 1° de septiembre. Tres días después, el 4 de ese mes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebrará su 96° Plenario de Rectoras y Rectores en Bariloche, donde el presupuesto universitario 2027 será uno de los ejes del debate.

La multinacional Unilever cerró su planta de vegetales deshidratados ubicada en la localidad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, y desvinculó a los 60 trabajadores que allí se desempeñaban. La decisión, comunicó la compañía que tiene más de 100 años de presencia en el país, responde a un fuerte cambio de hábitos de consumo, así como también a la búsqueda de mejoras en la eficiencia de la empresa.

La instalación era la responsable de producir los insumos que abastecían a Knorr, una de las marcas más reconocidas del portafolio de la multinacional. Según comentaron fuentes con conocimiento de las negociaciones a Infobae, el proceso de desvinculación con los trabajadores de la planta se desarrolló de forma ordenada y se abonaron las indemnizaciones. No hubo disputas gremiales ni judiciales.

La búsqueda de un negocio más rentable

La planta procesaba alrededor de 3.500 toneladas de vegetales que luego se incorporaban a productos como las sopas en sobre, categoría que durante décadas fue uno de los pilares del negocio de Knorr en la Argentina. Pero ese modelo lleva años bajo presión. El resto del insumo se terminaba de procesar en la planta de alimentos que la firma tiene en Pilar, Buenos Aires, donde se producen los caldos en cubo, sopas y paquetes de vegetales deshidratados de la marca. Según pudo saber Infobae, la materia prima que Unilever dejará de procesar en Mendoza será adquirida a proveedores externos, una decisión vinculada con la caída en los volúmenes que otrora justificaban la producción propia en un segmento que viene perdiendo peso dentro del portafolio de la compañía.

Según explicaron fuentes de Unilever, las sopas son un producto con un patrón de consumo marcadamente estacional: su demanda se concentra en los meses de invierno y cae de forma pronunciada el resto del año. Esa dependencia del calendario climático hace que la infraestructura necesaria para producirlas genere costos fijos difíciles de justificar frente al retorno que generan.

En su comunicado oficial, la empresa describió el cierre como parte de “la evolución del negocio de alimentos y de la transformación permanente del modelo operativo para seguir fortaleciendo la competitividad y adaptarse a los cambios que atraviesan los hábitos de consumo y la industria de alimentos a nivel global”. La compañía subrayó que la discontinuación del proceso de deshidratación en Guaymallén no afecta las operaciones de Unilever en Argentina ni la continuidad comercial de Knorr en el país.

El trasfondo de la decisión es un reposicionamiento de la marca hacia categorías de consumo anual. Fuentes de la empresa señalaron que los consumidores priorizan cada vez más la practicidad y la versatilidad en sus elecciones alimentarias: buscan productos que puedan incorporar a su dieta durante todo el año, sin atarse a temporadas ni a preparaciones que demanden tiempo.

En ese marco, recientemente, Knorr amplió su portafolio con lanzamientos como pastas, risottos y ramen —popular plato de sopa japonesa—, entre otros productos que, a diferencia de las sopas tradicionales, tienen rotación durante los 12 meses del año.

La reorientación del negocio implica también una revisión de la cadena productiva. Mantener una planta dedicada exclusivamente a la deshidratación de vegetales para abastecer una categoría en retroceso dejó de ser viable dentro del esquema de eficiencias que la multinacional busca consolidar. Según las mismas fuentes, la búsqueda de un modelo operativo más ágil fue uno de los factores centrales que llevaron al cierre de la instalación mendocina.

Unilever opera en Argentina desde hace más de un siglo. En su comunicado, reafirmó su compromiso con el mercado local y señaló que continuará con sus actividades en el país, con foco en construir “un negocio cada vez más ágil, competitivo y preparado para crecer de manera sostenible”. La marca Knorr, aclaró la compañía, seguirá desarrollando y comercializando sus productos en el territorio nacional.

Los ataques rusos en Ucrania causaron la muerte de al menos nueve personas y dejaron decenas de heridos durante la noche, informó Kiev el martes, acusando a Moscú de lanzar misiles norcoreanos en el ataque.

Esta acusación surge después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, advirtiera que Moscú estaba recibiendo más proyectiles balísticos y tropas de su aliado, Pyongyang.

Rusia ha recurrido a Corea del Norte en busca de apoyo durante los cuatro años y medio de su invasión.

Al inicio de la guerra, Pyongyang envió miles de soldados para ayudar a Rusia a repeler un contraataque ucraniano en la región occidental de Kursk.

Además, los servicios de inteligencia occidentales, de Kiev y Seúl, han acusado repetidamente a Corea del Norte de suministrar armas a Rusia.

La ciudad de Zaporizhzhia, en el sureste del país, fue la más afectada por el último ataque ruso nocturno, con seis muertos y 19 heridos, según Zelensky.

“La ciudad fue atacada con misiles balísticos norcoreanos, Zircon y bombas aéreas guiadas. Fue un ataque brutal, calculado para infligir el máximo daño posible, especialmente a la infraestructura civil”, declaró. Tres personas más murieron a causa de ataques con drones y misiles rusos en la región vecina de Dnipropetrovsk, según informó la administración militar local.

En la capital, Kiev, Zelensky declaró que un hospital de enfermedades infecciosas fue alcanzado, mientras que los ataques en las ciudades de Jersón y Kharkiv, en la línea del frente, provocaron cortes de electricidad.

Un hospital infantil en Kiev también fue atacado, informó el Ministerio de Salud, publicando fotos de ventanas rotas y escombros en un patio.

“Ni los niños ni el personal médico resultaron heridos, ya que se encontraban en un refugio en el momento del ataque”, indicó el ministerio.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas “llevaron a cabo un ataque conjunto con armas terrestres de alta precisión, alcanzando empresas militares e industriales y centros de transporte y logística en las ciudades de Kiev y Zaporizhzhia”.

Advertencia de Zelensky sobre Corea del Norte

Zelensky ha reiterado recientemente sus advertencias sobre la profundización de los lazos militares entre Moscú y Pyongyang, al tiempo que ha solicitado un mayor suministro de sistemas de defensa aérea occidentales.

El lunes, Zelensky afirmó que Rusia recibió “misiles balísticos adicionales de Corea del Norte”.

Durante el fin de semana, alegó que “se ha tomado la decisión de desplegar entre 30.000 y 50.000 norcoreanos en territorio ruso”.

Kiev no ha explicado cómo obtuvo estas cifras ni ha proporcionado un plazo para el despliegue.

Sin embargo, Zelensky insta a sus aliados en Asia-Pacífico a suministrar defensa aérea a Kiev para contrarrestar las capacidades de Pyongyang.

Rusia y Corea del Norte firmaron un pacto de defensa mutua en 2024, antes de que Pyongyang enviara tropas para ayudar a expulsar a las fuerzas ucranianas de la región rusa de Kursk.

En las últimas semanas, Rusia ha intensificado considerablemente sus ataques con misiles balísticos, un arma rápida y potente, difícil de interceptar.

Decenas de personas han muerto en Kiev en estos ataques.

Solo la defensa aérea más avanzada, como el sistema Patriot de fabricación estadounidense, es capaz de interceptarlos.

Ucrania ha estado reportando una grave escasez de interceptores Patriot desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

Kiev también ha intensificado sus ataques con drones de largo alcance contra Rusia, atacando infraestructura petrolera y almacenes de comercio electrónico en contraataques que, según afirma, están justificados y diseñados para perjudicar la logística y las fuentes de ingresos de Moscú.

Esta última escalada ha elevado el número de civiles muertos en Ucrania al nivel más alto desde los primeros meses de la guerra en 2022, según las Naciones Unidas.

(Con información de AFP)

El Gobierno de Javier Milei volvió a mover fichas con Diego Santilli y Luis Caputo al frente para reforzar su vínculo con gobernadores aliados, dado que varios de ellos no apoyaron al Gobierno la semana pasada en la media sanción del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El motivo del apuro es que el oficialismo busca la sanción de la ley de zonas frías y comenzar una concatenación de alianzas ante lo que serán las negociaciones para el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO.

Ese despliegue se produce después del revés oficialista en el debate de la ley de tierras, donde el Ejecutivo debió resignar dos capítulos que consideraba prioritarios para reunir votos. Uno ampliaba los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y otro eliminaba restricciones para la venta de terrenos afectados por incendios.

El movimiento central de esta semana apunta a blindar la relación con mandatarios provinciales que resultan decisivos en cada votación ajustada en Diputados y el Senado. En ese esquema, los anuncios de infraestructura y descentralización funcionan también como herramientas de negociación política.

El jueves, Santilli y Caputo viajarán a Catamarca para reunirse con Raúl Jalil y con el santiagueño Elías Suárez y poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una obra financiada con un crédito del BID que demandará $99.769 millones, tendrá un plazo de 36 meses y alcanzará a 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero.

Este lunes, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía firmaron en la Casa Rosada un convenio con el gobernador de San Juan Marcelo Orrego para delegar en la provincia la gestión integral de tramos de rutas nacionales. San Juan asumirá el financiamiento, la conservación, el mejoramiento, el mantenimiento y la ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el nudo vial de las rutas 40 y A014.

Dado el contexto político, este tipo de acuerdos se aceleraron en el último tiempo. Se trata del segundo convenio de estas características que firma la administración nacional, después del acuerdo suscripto tres semanas antes con Santa Fe por la ruta nacional A012. La firma se inscribe en la decisión del Gobierno de trasladar la obra pública a las provincias o a privados.

Orrego, Jalil y Suárez integran el grupo de gobernadores que la Casa Rosada busca sostener cerca. El Ejecutivo necesita ese vínculo para avanzar en una agenda parlamentaria que en lo inmediato tiene dos estaciones: el ingreso obligatorio del Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados el próximo 15 de septiembre y la discusión sobre la suspensión de las PASO para las elecciones presidenciales del año próximo.

La cuestión electoral debe resolverse antes de diciembre, porque el oficialismo considera difícil impulsar una reforma de ese tipo en el mismo año en que se vota. A la vez, sigue abierta otra discusión con las provincias: la reforma del esquema de zonas frías.

La ley ya obtuvo media sanción en Diputados, pero en el Senado quedó trabada por un reclamo de los gobernadores del norte. Las conversaciones se estancaron porque el Gobierno no formalizó dos compromisos asumidos durante la negociación: una compensación para las provincias cálidas por la quita de subsidios al gas y la inclusión de distribuidoras y transportistas provinciales en el esquema de regularización de deudas con Cammesa.

El proyecto fue girado a la Cámara alta el 22 de mayo y desde entonces no registró avances. Durante el debate en Diputados, el Ministerio de Economía prometió exenciones impositivas sobre la energía eléctrica para diferentes provincias aliadas, pero casi tres meses después de la media sanción esa medida sigue sin instrumentarse.

La negociación hasta ayer era la siguiente: mientras el Gobierno busca que el Senado apruebe sin cambios la ley de zonas frías y que el reclamo por una tarifa diferencial para zonas cálidas se tramite por una vía separada; los gobernadores pretenden garantías previas antes de habilitar el tratamiento.

Eso es lo que se conversará este miércoles entre Santilli y nueve gobernadores del Norte Grande para llegar con posiciones más alineadas a la cumbre prevista en Posadas, donde se reunirán Hugo Passalacqua, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés, Elías Suárez y Ricardo Quintela. El único que no irá es el formoseño Gildo Insfrán.

“El acuerdo con la mayoría de los gobernadores está sólido. Más allá de lo que sucedió en el Congreso la semana pasada, se están trabajando en varios temas de gestión de manera bilateral y en paralelo está la agenda legislativa”, afirma una fuente de la Jefatura de Gabinete a Infobae.

Los gobernadores del norte sostienen que el calor extremo genera una exigencia energética comparable a la de las zonas que necesitan calefacción intensa. Por eso impulsan una tarifa eléctrica diferenciada para provincias donde durante el verano el uso de sistemas de refrigeración pasa a formar parte del consumo residencial básico.

La 24° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino tiene cinco temas en el Orden del Día: se hablará sobre financiamiento para infraestructura, el fenómeno de “El Niño” y su impacto en la región, la Estrategia Federal Energética: nuevas rutas y tarifas de transporte en el sistema de gas (en ese nuevo punto se encuentra la discusión vinculada a Zonas Frías) y sobre la Marca institucional Norte Grande.

La petrolera bajo control estatal YPF tuvo una ganancia por 1.210 millones de dólares en el segundo trimestre, comparado con un resultado positivo de USD 58 millones en el mismo período del año anterior.

Con este balance, el ADR de la empresa, que es operado en dólares en Wall Street, sube 3,1% en el “pre market” (operaciones electrónicas previas a la apertura formal del mercado), a USD 52,50, para ampliar a más de 40% la suba de la cotización en lo que va de 2026.

Además, la capitalización bursátil de YPF -en base al valor de las acciones que se operan en los mercados bursátiles, vuelve a sobrepasar los 20.000 millones de dólares.

A través de un comunicado difundido el lunes tras el cierre de los negocios bursátiles, la petrolera presidida por Horacio Marín informó que la utilidad trimestral resultó la segunda más alta en el historial de la compañía.

Los ingresos de la mayor petrolera argentina entre abril y junio fue de USD 6.570 millones, un crecimiento del 42% interanual.

YPF presentó “los resultados del segundo trimestre del año con un EBITDA (indicador financiero que mide las ganancias de una empresa antes de pagar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ajustado de 2.804 millones de dólares, el más alto de toda su historia, y con un margen de 43% sobre los ingresos, el mejor registro en los últimos 20 años”, informó la empresa. La utilidad neta del primer semestre del 2026 sumó 2.302 millones de dólares.

“El EBITDA del trimestre creció 150% respecto al año anterior, impulsado por el continuo crecimiento de la producción de shale (hidrocarburos no convencionales), la reducción en los costos de extracción, los niveles récord de procesamiento, la continua optimización y eficiencia operativas, y la dinámica alcista de precios”, subrayó YPF.

Añadió que “durante el trimestre, YPF implementó un esquema de buffer temporal de precios de naftas y gasoil por el cual no trasladó al surtidor el impacto completo de la suba de precios internacionales”.

La producción de petróleo shale promedió 213.000 barriles diarios, con un crecimiento del 47% interanual, mientras que las inversiones alcanzaron 1.340 millones de dólares, un 16% por encima del año pasado.

YPF vendió a Edenor el 70% de Metrogas

Además, YPF brindó otra novedad resonante, que fortalece la disponibilidad de capitales para desarrollar proyectos, pues anunció la venta de su participación mayoritaria en Metrogas, la principal distribuidora de gas del país, a la distribuidora de electricidad Edenor por 780 millones de dólares.

La venta del 70% de YPF en Metrogas se realizó a través de un proceso competitivo en el que la petrolera recibió varias ofertas.

“Las distintas ofertas recibidas fueron evaluadas por la compañía y la propuesta seleccionada fue aprobada por el directorio en su reunión de hoy”, informó YPF. El pasado 24 de julio, Edenor había hecho pública la presentación de una oferta por el 70% de Metrogas.

La distribuidora de electricidad hizo su oferta en forma conjunta con la firma británica Andina PLC, accionista indirecta en Edenor y que conforma el grupo Integra Capital, fundado por el empresario argentino José Luis Manzano, un conglomerado que ya posee una participación minoritaria en Metrogas a través de la firma Integra Gas Distribution.

Metrogas, constituida en 1992, es la principal distribuidora de gas natural de Argentina y, según la propia empresa, la tercera mayor de Sudamérica. La compañía presta servicios a 2.250.000 clientes de la ciudad de Buenos Aires y de once localidades de la periferia de la capital argentina.

En Metrogas también tienen participación accionarial la firma Integra Gas Distribution (9,23%) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (8,13%), mientras que otro 12,64% se cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.

Al menos 2.000 personas murieron dentro de los casos confirmados en el brote de ébola en la República Democrática del Congo, el de crecimiento más rápido registrado hasta ahora, según los datos más recientes, mientras las autoridades sanitarias enfrentan serias dificultades para llevar ayuda a las localidades remotas debido a un conflicto con grupos rebeldes, malas carreteras e interrupciones del trabajo por problemas de pago.

Los datos publicados durante la noche hasta el martes mostraron un total de 4.381 casos confirmados, incluidos 2.011 fallecimientos. Otros 704 pacientes permanecen hospitalizados y en aislamiento. El brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo, aunque las autoridades sanitarias determinaron mediante secuenciación genética que en realidad había comenzado meses antes, en febrero.

Mientras tardó unas nueve semanas en registrar las primeras 1.000 muertes, el brote duplicó esa cifra en apenas tres semanas, una señal de que la crisis sanitaria avanza más rápido que los esfuerzos por rastrearla y contenerla.

Es ya el segundo brote más grande de la historia, solo detrás del ocurrido en África Occidental entre 2014 y 2016, que registró más de 28.000 casos y más de 11.000 muertes. El balance actual acerca además a esta epidemia a la de 2018-2020, la más mortífera hasta la fecha en el propio Congo, con cerca de 2.300 muertos sobre 3.500 casos.

Sin vacuna específica, pero con un ensayo en marcha

El brote actual, originado en la provincia nororiental de Ituri, es distinto de la mayoría de los anteriores porque el virus responsable —la variante Bundibugyo— no cuenta con vacunas ni tratamientos aprobados. Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaron el viernes evaluar en un ensayo clínico la vacuna homologada Ervebo, ante la falta de una inmunización específica contra esta cepa. Según la OMS, ya existe una cantidad considerable de datos —especialmente sobre la seguridad de la vacuna— que permiten considerar una evaluación en fase 3, una etapa que habitualmente se realiza a escala global con miles de personas.

Dosis de Ervebo provenientes de la reserva mundial de vacunas contra el ébola, creada y financiada por la Alianza Gavi, deberán estar disponibles para apoyar esos ensayos clínicos, indicó la organización en un comunicado. Esa reserva, producida por el laboratorio estadounidense Merck, cuenta con unas 500.000 dosis, algunas de las cuales permanecen en el propio Congo debido a la frecuencia con la que el país enfrenta brotes de la enfermedad. Gavi, creada en el año 2000, reúne a donantes públicos y privados para facilitar el acceso a vacunas en países en desarrollo. Según Sania Nishtar, directora de la alianza, el brote actual es susceptible de “convertirse en el mayor jamás registrado en el mundo”.

La respuesta, superada por el avance del virus

Los trabajadores humanitarios advierten que el brote sigue superando la capacidad de respuesta, que se fue ampliando en las cinco provincias orientales afectadas, donde la presencia del Estado es frágil y las instalaciones de salud carecen de recursos. Muchos trabajadores sanitarios se declararon en huelga para protestar por la falta de pago de sus salarios desde que se declaró la epidemia. La OMS señaló además que la mayoría de los nuevos casos todavía se registran fuera de los contactos que están siendo monitoreados, lo que evidencia que la transmisión continúa fuera del control de los equipos sanitarios.

Aunque la variante responsable del brote de 2014-2016 se considera la más mortífera de todas, los datos del gobierno congoleño muestran que este brote de Bundibugyo mató a un porcentaje más alto de personas, porque la atención y el apoyo no llegan a los pacientes con suficiente rapidez: muchos reportan los síntomas tarde o directamente no los reportan.

La tasa de letalidad del brote actual es de 45,9%, según las autoridades sanitarias congoleñas, por encima del 39,6% registrado en el brote de África Occidental de 2014-2016.

“En ausencia de una vacuna eficaz, el control del brote depende de identificar los casos y luego atenderlos en instalaciones seguras hasta que se recuperen o, tristemente, fallezcan”, dijo a la agencia AP Paul Hunter, profesor de medicina en la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido. En una región remota, con un conflicto en marcha y comunicaciones interrumpidas, explicó, la vigilancia rutinaria puede resultar muy difícil, e “identificar los casos lo suficientemente pronto como para prevenir la propagación puede ser imposible”.

La OMS dijo el lunes que, al inicio del brote, en una de las zonas más remotas y vulnerables del Congo, algunos casos fueron atribuidos erróneamente a la malaria y la fiebre tifoidea, y que los primeros análisis se realizaron para el tipo más común de ébola. El director regional de la OMS para África, Mohamed Yakub Janabi, resumió la situación en una conferencia de prensa: “Estamos persiguiendo al virus, el virus va por delante de nosotros”.

El primer virus del ébola fue identificado en 1976 cerca del río Ébola, en lo que hoy es el Congo. El brote actual es el 17° que enfrenta el país centroafricano, y ya es considerado el más grande de su historia.

(Con información de AP y AFP)