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El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su Informe sobre el Clima de Inversión 2026 (ICS, por sus siglas en inglés), un documento que evalúa las condiciones para los negocios y las inversiones extranjeras en distintos países del mundo. El capítulo dedicado a la Argentina describe una economía en transición, marcada por reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023, pero también por desafíos que persisten pese a los avances registrados.

El texto sostiene que, desde su llegada al poder, la administración libertaria “ha revertido políticas intervencionistas y ha impulsado reformas estructurales para posicionar a Argentina como una economía de mercado”.

Sin embargo, el propio reporte advierte que los problemas de fondo no están resueltos: “Sus desafíos más apremiantes incluyen la sostenibilidad de la deuda, la inflación persistente y el desmantelamiento total de los controles de capital”.

La baja de la inflación

Uno de los datos más destacados del análisis del gobierno de EE.UU. es la trayectoria de los precios. Allí se detalla que la reducción de la inflación fue “una prioridad principal” del Gobierno: “en 2025, el gobierno redujo la inflación al 31,5%, desde el 117,8% en 2024 y el 211,4% en 2023”. La cifra representa, según el propio Departamento de Estado, “el nivel más bajo en ocho años” para la economía argentina.

Ese proceso de desaceleración estuvo acompañado por un ajuste fiscal que el organismo estadounidense destaca como un hito histórico. Tras recortar el gasto, “el Gobierno acumuló un superávit primario del 1,4% y cerró el año con un presupuesto equilibrado por segundo año consecutivo, un hito no visto desde 2007-2008”. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) además introdujo en 2026 un esquema de flotación cambiaria dentro de una banda predeterminada, cuyos límites se ajustan conforme a la inflación pasada.

El FMI avaló el rumbo

El informe repasa en detalle el vínculo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el organismo aprobó un Servicio Ampliado de 48 meses por USD 20.000 millones, con un desembolso inicial de 12.000 millones de dólares. En mayo de 2026, tras completar la segunda revisión del acuerdo, el FMI habilitó un giro adicional de 1.000 millones de dólares. Según el documento, el organismo “señaló el sólido progreso en el fortalecimiento de la disciplina fiscal, la reconstrucción de reservas internacionales y el avance de reformas económicas clave”.

A partir de 2026, el programa pasa a revisiones semestrales hasta 2029, con desembolsos de aproximadamente USD 700 millones en cada una de las siete instancias restantes. Entre los pilares del acuerdo, el reporte menciona mantener un ancla fiscal sólida, transitar hacia un régimen monetario y cambiario más flexible, y aplicar reformas estructurales que promuevan “una economía más dinámica y orientada al mercado”.

El cepo cambiario

El desmantelamiento del cepo cambiario ocupa un lugar central en el análisis. El reporte recuerda que en 2019 el Gobierno de entonces reimplantó los controles cambiarios “en respuesta a un deterioro de la situación financiera y económica”, y que las restricciones se ampliaron durante 2022 y 2023, lo que “contribuyó a distorsiones económicas y a un aumento de la incertidumbre para los inversores”.

Con la asunción de Milei, el Departamento de Estado documenta un giro: en abril de 2025 el BCRA anunció “el fin de la mayoría de los controles de capital y de cambio para individuos, que habían estado vigentes desde septiembre de 2019”. Las personas físicas obtuvieron acceso irrestricto al mercado cambiario oficial, sin el límite mensual de 200 dólares que regía antes.

No obstante, el informe aclara que “algunas restricciones permanecen para las empresas que buscan acceso al mercado cambiario para pagar deuda comercial y financiera heredada, así como dividendos”. El objetivo declarado del oficialismo libertario es “eliminar los controles de capital restantes para fines de 2026, aunque el momento y el alcance siguen sujetos a las condiciones económicas”.

Una reforma laboral clave quedó parcialmente frenada por la Justicia

El informe también documenta un revés para la agenda de reformas. En febrero de 2026, el Congreso aprobó la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), vigente desde el 6 de marzo, que introdujo “reducciones en ciertas obligaciones de indemnización, la creación de un Fondo de Cese Laboral y modificaciones a las regulaciones sobre horas de trabajo y relaciones laborales”.

Sin embargo, el propio Departamento de Estado señala el contragolpe judicial: “el 30 de marzo de 2026, los tribunales laborales suspendieron 82 disposiciones de la ley en respuesta a impugnaciones legales presentadas por los sindicatos, lo que generó incertidumbre respecto del alcance y el momento de implementación de varias reformas clave”.

Cabe destacar que, semanas más tarde, la Justicia argentina revocó las medidas cautelares que frenaban parte del articulado de la ley de Modernización Laboral, que se encuentra en plena vigencia.

El reporte agrega que “empresas domésticas y extranjeras continúan citando la elevada carga tributaria y las rígidas leyes laborales de Argentina como obstáculos clave para la inversión”.

El acuerdo comercial con EEUU y el “Super RIGI”

Entre los avances más recientes, el reporte destaca la firma, el 5 de febrero de 2026, del Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversión entre ambos países (ARTI), que “busca reducir aranceles, expandir la aceptación de estándares internacionales, proteger los derechos de propiedad intelectual y profundizar la cooperación económica”.

Como parte de ese compromiso, en marzo de 2026 Argentina derogó sus criterios restrictivos de patentabilidad farmacéutica, lo que permitió su salida de la Lista de Observación Prioritaria del Informe Especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

En materia de incentivos a la inversión, el reporte detalla el lanzamiento, el 8 de mayo de 2026, de un “Super RIGI” anunciado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, diseñado para atraer proyectos de entre USD 20.000 y USD 30.000 millones en sectores como cobre, litio, energía nuclear, gas natural licuado y centros de datos de inteligencia artificial.

El régimen ampliado “reduce el impuesto a las ganancias corporativas para los megaproyectos que califiquen del 25% al 15%” y elimina aranceles de exportación e importación desde el primer día, aunque la propuesta aguarda aún aprobación del Congreso.

La corrupción y la debilidad institucional siguen preocupando

El capítulo dedicado a la lucha contra la corrupción reconoce avances normativos, pero también persistencia de fallas estructurales. Según el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe de marzo de 2026, Argentina necesita “una aplicación más firme, mejores protecciones para denunciantes, procesamiento oportuno, plena implementación del código penal federal y menos vacantes judiciales”.

Además, el informe cita a los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial para advertir que “la corrupción continúa siendo un área de preocupación en Argentina” y que “instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado dificultan los esfuerzos sistemáticos para frenar la corrupción”.

En ese sentido, también apunta directamente al funcionamiento de los tribunales: “En la práctica, persisten instancias de interferencia política en el proceso judicial. Las empresas han reportado preocupaciones sobre la falta de transparencia y confiabilidad en los tribunales y alegan que el gobierno ha utilizado el sistema judicial para ejercer presión sobre el sector privado”.

El gasto en protestas bajó, aunque persiste la conflictividad social

A la vez, el Departamento de Estado norteamericano dedica un apartado a la situación política y de seguridad, donde subraya que las manifestaciones son habituales en Buenos Aires y otras ciudades, pero “generalmente no se consideran un impedimento significativo para el clima de inversión en Argentina”.

Con todo, documenta huelgas generales el 9 y 10 de abril de 2025 y el 19 de febrero de 2026, esta última con “enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que derivaron en heridos y detenciones” durante las protestas contra la reforma laboral.

Un dato que el propio Departamento de Estado resalta como positivo: “Según datos del gobierno, la cantidad de protestas que interrumpieron las redes de transporte en 2025 cayó a su nivel más bajo en 25 años”.

El proceso de privatizaciones

El reporte también repasa el avance del programa de privatizaciones amparado en la Ley de Bases (Ley 27.742 de 2024). No todos los intentos prosperaron: en marzo de 2026 el Gobierno lanzó una licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de Intercargo S.A.U., pero en julio de 2026 el Ministerio de Economía “declaró desierta la licitación tras no recibir ofertas válidas”.

En contraste, en enero de 2025 el Estado transfirió su participación en la metalúrgica IMPSA a la firma estadounidense Arc Energy por 27 millones de dólares, dentro de la política de “déficit cero”.

(Envíado especial a Córdoba) “Ahora vamos a ir a recibir a papi que ya está llegando”, le dijo una mujer a su pequeño hijo, de unos 4 años, al bajar del avión de la Fuerza Aérea Argentina que los llevó desde Buenos Aires hasta el Área Material Río IV, en la provincia de Córdoba, para reencontrarse con el piloto que venía en uno de los seis nuevos F-16 que recibió este martes el país, completando así la mitad del paquete que le compró a Dinamarca.

Ya había comenzado a caer el sol cuando, pasadas las 16:00, los cazas surcaron el cielo e hicieron algunas pasadas de exhibición para el público que estaba en el lugar, antes de aterrizar finalmente en suelo nacional.

Las aeronaves las esperaron el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti; los jefes del Estado Mayor Conjunto, almirante Marcelo Dalle Nogare, de la Fuerza Aérea, brigadier Gustavo Valverde, del Ejército, teniente general Oscar Zarich, y de la Armada, almirante Juan Carlos Romay; el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y los diputados libertarios Carlos Zapata y Laura Soldano.

El arribo se retrasó unos minutos por algunos problemas meteorológicos que sorprendieron a los pilotos en el sur de Brasil, donde hicieron escala, y norte de la Argentina. A esto se le sumó que uno de los tanqueros se retrasó por falta de documentación, lo que impidió que se aprovechara una ventana de vuelo y los seis F-16 tuvieron que aguardar a la siguiente.

“De todas formas, en el plan original estaba previsto que pudrieran pasar este tipo de cosas y por eso es que se manejaba un espacio de tiempo de llegada y no un horario exacto”, explicó uno de los pilotos que vino desde Dinamarca.

Con esta entrega, el país ya cuenta con 12 de las 24 aeronaves adquiridas por poco más de 300 millones de dólares y el Gobierno analiza la posibilidad de adelantar los dos lotes restantes para completar el programa durante 2027, en pleno año electoral.

Los cazas partieron el 22 de septiembre pasado desde la base aérea de Skrydstrup, en Dinamarca, e hicieron escalas en Zaragoza y Gran Canaria, España, y la ciudad brasileña de Natal, antes de completar el último tramo hacia Río Cuarto.

Durante la etapa más exigente del recorrido, entre las Islas Canarias y el nordeste del país vecino, la formación contó con apoyo de tres aviones cisterna KC-135R de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El segundo lote está compuesto por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza. Los aviones viajaron junto con un Boeing 737 T-99 Islas Malvinas, encargado de transportar técnicos, mecánicos, repuestos y herramientas, y un KC-130H de la Fuerza Aérea Argentina, que participó en las tareas de respaldo logístico y contingencia.

Algunos de estos aviones estuvieron durante parte del trayecto al mando de pilotos argentinos que ya cumplieron con el entrenamiento, mientras que los otros fueron operados por el personal de la empresa norteamericana Top Aces, que es la que se encarga de la logística y de brindar las capacitaciones y elementos complementarios de este sistema de armas.

Entre los primeros, estuvo el vicecomodoro Guillermo Gustavo Llana, el segundo al frente del programa nacional F-16 Peace Condor, a las órdenes del comodoro Juan Manuel Sosa.

De hecho, este último fue el encargado de presentarle formalmente a Romay las unidades que llegaron en este segundo Ferry, completando así la misión de la que estuvo a cargo.

Al llegar, los pilotos bajaron de los cazas, se quitaron los cascos y se dirigieron a saludar a las autoridades militares y políticas, veteranos e invitados especiales.

El niño, que minutos antes aterrizó en el Área Materias proveniente de Buenos Aires, corrió a recibir a su padre, con quien se fundió en un abrazo al que luego se le sumó la madre.

Por su parte, Presti y Valverde firmaron el “libro de oro” que se guarda en el establecimiento y que tiene las rúbricas de las personas más importantes que visitaron el lugar.

Durante su discurso, el ministro destacó la importancia de esta adquisición para la Argentina y les remarcó a los pilotos que ellos ”tienen en sus espaldas la responsabilidad, no solo de operar estas aeronaves, sino también la de instruir a los que vendrán en el futuro”.

“Ustedes, que día a día llenan de orgullo a la República Argentina, con todo lo que hacen y les puedo asegurar que día a día van a seguir haciendo más y vamos a seguir avanzando. Esto es una carrera de largo aliento. Estamos dando recién los primeros pasos, pero estamos dando pasos firmes, concretos y con una visión claria clara hacia dónde va la fuerza de la Argentina”, agregó Valverde.

Previamente, tanto Presti como Lamelas se subieron a algunos de los cazas para conocerlos por dentro, acompañados por sus respectivos pilotos, que les explicaron los controles básicos.

En la ciudad, que por la mañana tuvo algunas lloviznas que hicieron peligrar el acto, ya había un cielo despejado y con poco viento, un ambiente ideal para el arribo de los aviones.

Si bien el destino final de los aviones será la Base Aérea de Tandil, permanecerán en Córdoba hasta que esa otra dependencia esté en condiciones para recibirlos, cuando finalicen las obras de modernización.

La presencia de la causa Malvinas

El arribo se dio en medio de la escalada diplomática por las islas Malvinas. Días atrás, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que la Argentina “no tiene capacidad” para tomar el control del archipiélago y aseguró que Reino Unido tiene condiciones para defenderlo.

Las declaraciones llegaron después de que el presidente Javier Milei volviera a reclamar la soberanía argentina sobre las islas durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El tema sobrevoló el evento, no solo por la presencia de veteranos de la guerra en el Atlántico Sur, sino también por la banda musical de la Fuerza Aérea, que en la previo del arribo de las aeronaves interpretó en varias oportunidades la Marcha de las Islas Malvinas Argentinas.

Asimismo, Presti mencionó en su discurso “las enseñanzas que dejó” la guerra en el Atlántico Sur y que fueron el puntapié para el crecimiento y modernización: “Nuestra historia ofrece una prueba extraordinaria. En Malvinas, la Fuerza Aérea demostró profesionalismo, innovación, capacidad de adaptación y coraje. Sus hombres llevaron los medios disponibles hasta límites que sorprendieron al mundo y dejaron una marca permanente en la cultura militar. Ese legado atravesó generaciones, se sostuvo durante décadas. Y gracias a ese patrimonio profesional, hoy podemos recibir medios de esta complejidad, comprenderlos, dominarlos y hacerlos propio”, expresó.

La incorporación de los F-16 forma parte del plan de reequipamiento que la Casa Rosada vincula con la recuperación de capacidades militares y con las medidas anunciadas recientemente para reforzar el reclamo sobre Malvinas.

El Gobierno ya dispuso partidas para la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia, mientras impulsa el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago sin autorización argentina.

Las seis aeronaves permanecerán en Río Cuarto mientras avanzan las tareas de adaptación y mantenimiento. El destino definitivo de la flota será la VI Brigada Aérea de Tandil, donde el Ministerio de Defensa realiza obras para adecuar hangares, sistemas de apoyo y otras instalaciones necesarias para operar los cazas.

El cronograma inicial establecía que estas unidades debían arribar en diciembre, pero la entrega se adelantó tres meses. Ese cambio abrió la posibilidad de acelerar también los dos grupos que todavía permanecen en Dinamarca.

El programa original contempla una tercera tanda y una última entrega a comienzos de 2028. Sin embargo, fuentes vinculadas con el proceso de incorporación reconocieron durante el evento que analizan concentrar las 12 aeronaves restantes durante 2027. Si esa alternativa se concreta, la Argentina podría completar la recepción de los 24 F-16 antes de que termine el año de las elecciones presidenciales.

La compra fue acordada con Dinamarca en abril de 2024 e incluyó aviones, motores adicionales, repuestos, simuladores, capacitación y equipamiento asociado. La operación requirió el aval de Estados Unidos, debido a que se trata de un sistema de armas de origen norteamericano.

La llegada de la segunda tanda permitirá ampliar el entrenamiento de pilotos y técnicos argentinos, un proceso que se realiza en paralelo con las obras en Tandil y la incorporación gradual de capacidades operativas.

Con los seis nuevos aviones ya en Córdoba, el Gobierno deberá definir ahora el calendario de las entregas pendientes y las condiciones para que la flota alcance su despliegue pleno.

La distribuidora de golosinas Potigian despidió al menos a 53 trabajadores afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio en su centro de distribución de la localidad de 9 de Abril, en Esteban Echeverría, según confirmaron fuentes sindicales. Los telegramas fueron recibidos el lunes, durante el feriado Día del Empleado de Comercio, y el gremio realizó una protesta para pedir las reincorporaciones. Otros 42 despidos no pudieron ser confirmados por este medio, pero personas con conocimiento de los problemas de la empresa estimaron ese número.

Potigian es parte del Grupo Goldfarb, el conglomerado empresario que incluye al mayorista Diarco. La situación de los despidos fue tratada este martes en una audiencia ante la Delegación Lomas de Zamora del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Según informó Carlos Rodríguez, dirigente del sindicato mercantil de Lomas de Zamora, la cartera laboral podría dictar la conciliación obligatoria.

Protesta en Esteban Echeverría

Los 53 cesanteados son afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio. El gremio rechazó las notificaciones de despido y se movilizó frente al establecimiento situado en San Juan 1820, en la localidad de 9 de Abril.

La protesta tuvo como eje el pedido de que la empresa deje sin efecto las desvinculaciones. La cifra de 53 despidos de trabajadores mercantiles fue confirmada por el sindicato, mientras que no hubo confirmación sobre otras posibles cesantías que podrían alcanzar a afiliados de Camioneros. Se estima que fueron 42 desvinculaciones más.

La eventual aplicación de la conciliación obligatoria abriría una instancia de negociación entre la compañía y la organización gremial, con el objetivo de discutir la continuidad laboral de los empleados afectados.

La empresa vinculó las cesantías con la pérdida de un contrato

Durante la audiencia, representantes de Potigian justificaron los despidos por la caída de un contrato de distribución destinado a cadenas de estaciones de servicio, según se trató en el encuentro ante la autoridad laboral. Ese servicio forma parte de una de las áreas de actividad que la empresa identifica en su presentación corporativa.

La explicación empresaria se dio en el marco del reclamo gremial para que se reviertan las desvinculaciones. El Sindicato de Empleados de Comercio rechazó los telegramas y sostuvo su pedido de reincorporación de los trabajadores afectados, cuya situación quedó bajo discusión en la instancia administrativa.

La posible conciliación obligatoria es una herramienta prevista para conflictos laborales que puede suspender las medidas de fuerza y las decisiones patronales mientras las partes negocian. Hasta el momento, no se informó públicamente si el Ministerio de Trabajo bonaerense ya formalizó esa medida ni cuáles serán los próximos plazos del expediente.

La empresa desarrolla tareas de distribución y logística para comercios y estaciones de servicio de distintas marcas. De acuerdo con la información que publica la compañía, su red alcanza a más de 2.000 estaciones de servicio, 2.900 kioscos, 1.700 autoservicios orientales y otros 1.000 comercios. En ese contexto, la pérdida del contrato fue el argumento presentado por la firma para explicar las 53 cesantías confirmadas.

Un gigante del consumo

Potigian, que forma parte del Grupo Goldfarb, se dedica a la distribución mayorista de golosinas, cigarrillos, alimentos y otros productos. La compañía informa que opera como proveedor y operador logístico de las cadenas de estaciones de servicio Full YPF, Shell, Axion y Puma en todo el país.

La empresa también señala que abastece de manera semanal a más de 2.000 estaciones de servicio, además de kioscos, autoservicios y otros comercios. Su centro de distribución funciona en el predio de Esteban Echeverría donde se produjo el conflicto.

La firma informa, además, que cuenta con 60 vehículos de reparto y 14.500 posiciones de depósito. Esos datos permiten dimensionar la escala de las operaciones que realiza desde su estructura logística, que incluye el establecimiento donde se concentró el reclamo de los empleados despedidos.

Infobae contactó a ejecutivos del grupo empresario para conocer su posición sobre las desvinculaciones, pero no quisieron hacer declaraciones.

Juan Pablo Allan, concejal de La Libertad Avanza en el Consejo Deliberante de La Plata y director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), fue demorado durante un control de tránsito realizado el último fin de semana en la rotonda principal de Pinamar luego de que un test de alcoholemia arrojara resultado positivo.

Según confirmaron fuentes vinculadas al operativo, el dirigente circulaba al volante de un Toyota Yaris gris cuando fue detenido en el marco de un control de rutina. La prueba realizada en el lugar marcó 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando en toda la provincia de Buenos Aires rige el régimen de tolerancia cero.

Las actuaciones fueron realizadas por el Ministerio de Tránsito bonaerense, que compartió el video del momento en sus redes sociales. En las imágenes se ve cómo sopla el dispositivo y también que no contaba con la licencia de conducir física, algo que la agente encargada del operativo también le remarcó como obligatorio.

El propio Allan reconoció la infracción en declaraciones al sitio 0221, aunque discrepó con la cifra del operativo. “Una sola copa había tomado y me dio 0,25 y ahora es cero tolerancia. Antes era 0,50”, explicó ante el medio platense.

El concejal además justificó su decisión de conducir: afirmó que tomó el volante porque su esposa se sentía mal y no estaba en condiciones de manejar. “Manejé porque mi esposa estaba descompuesta”, señaló. El vehículo no fue incautado; la mujer se hizo cargo del automóvil y retiró a su marido del lugar. Allan también aclaró a 0221 que no le retuvieron la licencia de conducir y que la multa correspondiente ya fue abonada.

Sin embargo, del acta labrada durante el operativo se desprenden otros detalles que complican el cuadro. Allí figura que el dirigente presentó la licencia de conducir en formato digital, pese a que la normativa provincial exige el carnet físico para circular. Además, el acta consigna que la infracción corresponde al artículo 38, inciso M de la ley 13.927, que prevé la inhabilitación para conducir por 90 días.

Un dato que cobra relevancia en este contexto: durante su paso por el Senado bonaerense, Allan votó a favor de la ley de Alcohol Cero sancionada en 2022, norma que redujo a cero el límite permitido de alcohol en sangre en todo el territorio provincial.

La trayectoria de Allan es extensa en el tablero político del conurbano bonaerense. Fue senador de Juntos por el Cambio (JxC) por La Plata durante ocho años —entre 2015 y 2023—, integró el Consejo de la Magistratura bonaerense y, en 2023, se midió en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) contra Julio Garro en la carrera por la intendencia local, contienda que perdió.

Desde diciembre de 2025 ocupa una banca en el Concejo Deliberante por el bloque libertario, en paralelo a su rol al frente del RENAR. En su cuenta de Instagram, además, se presenta como escribano público.

Un funcionario de Mendoza también dio positivo en alcoholemia

En julio pasado, el funcionario del Gobierno de Mendoza y coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael, Diego Silvestre, dio positivo en un control de alcoholemia y luego presentó su renuncia a raíz de la trascendencia del caso. El abogado tenía 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra más de cuatro veces superior al límite permitido en la provincia, y circulaba sin licencia de conducir, cédula del vehículo ni seguro obligatorio.

Mientras se desplazaba en una camioneta Fiat Strada por las inmediaciones de San Rafael, Silvestre fue detenido durante un operativo de control vial. Luego del resultado positivo, los efectivos retuvieron el vehículo y lo demoraron. Según la información oficial, el funcionario estuvo detenido durante 48 horas.

El caso derivó en su dimisión como coordinador del ETI de San Rafael, organismo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y de la Dirección General de Escuelas (DGE). También renunció a la reciente designación que tenía como representante de los abogados en el Consejo de Minería de Mendoza.