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Después de varios años de conflicto, deterioro y finalmente la quiebra de la empresa que la controlaba, La Suipachense volvió a producir. La planta láctea, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha, retomó sus operaciones el 1 de junio y hoy ya procesa alrededor de 100.000 litros de leche diarios, tiene 63 trabajadores y busca dar un nuevo paso: que el Senasa le restituya una habilitación internacional que le permita comenzar a exportar leche ultrapasteurizada a Uruguay.

El regreso de la actividad fue posible luego de que la Justicia autorizara el alquiler de las instalaciones fabriles, las maquinarias y las marcas comerciales de la empresa quebrada a Compañía Láctea Suipacha SA, del empresario Pablo Acsi. El contrato tiene una duración de dos años y se desarrolla mientras continúa el proceso de quiebra de la compañía.

Casi cuatro meses después de aquella resolución judicial, la fábrica logró recuperar progresivamente su actividad. El camino, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo: la planta había atravesado un largo proceso que incluyó el concurso preventivo y, posteriormente, la quiebra de Lácteos Conosur SA, la compañía venezolana que en ese momento controlaba La Suipachense.

“Estamos en 100.000 litros diarios. Nos hicimos cargo a principios de junio. Y nos encontramos con una fábrica que era un caos porque la administración anterior no había invertido un centavo en los últimos 3 años de operación y no funcionaba ninguna máquina”, contó Acsi sobre las condiciones en las que encontraron las instalaciones.

Según explicó, el deterioro alcanzaba a distintos sectores de la planta: “Ni siquiera ni la máquina de Tetra, ni la máquina de envasado de sachet, ni el secador ni todo lo que tiene que ver con la operación y la caldera, y todas las habilitaciones estaban caídas”.

Uno de los problemas estaba relacionado con la caldera, un equipo indispensable para el funcionamiento de la industria. “La caldera requiere una habilitación anual de parte de industria por seguridad y hacía cuatro años que no la habilitaban. Entonces todo era un caos”, relató el empresario.

Para volver a poner en marcha la fábrica fue necesaria una inversión significativa: “Tuvimos que invertir más de $1000 millones en reparaciones, así que de entrada fue este un sacrificio muy grande”.

En ese proceso, destacó el acompañamiento recibido de distintos sectores. “Tuvimos un apoyo de la intendencia, del juzgado, del gremio y de Tetra Pak”, afirmó. La planta comenzó a recuperar su actividad hacia fines de julio y empezaron a elaborar ya con los equipos más o menos en condiciones, en orden: “Recién ahora estamos estabilizando un poco todo”.

Con la recuperación de la producción también comenzó la reconstrucción de la estructura laboral. Actualmente trabajan 63 personas en la planta y los productos ya están en el mercado. Había 140 empleados cuando quebró.

Uno de los principales desafíos fue recuperar también el posicionamiento comercial de una marca con una larga historia en el mercado: “Una marca que tiene una historia muy grande, 80 años prácticamente en el mercado, pero que en los últimos 3 años se vio muy maltratada en cuanto a calidad también”.

El empresario afirmó que el deterioro de la calidad había afectado la imagen de la marca entre los consumidores: “Esta gente empezó a envasar cualquier cosa en lugar de leche y eso hizo que la marca vaya para atrás y el público decidiera no consumirlo”. Ahora, la empresa volvió a ofrecer distintos productos. Según Acsi, ya cuenta con una línea de leche entera y descremada en envases Tetra Pak y sachet, además de yogur bebible. “Ahora estamos por lanzar el queso crema y leche en polvo”, anticipó.

Pero el proyecto no se limita al mercado interno. La compañía se encuentra negociando un acuerdo con una empresa uruguaya para producir leche ultrapasteurizada destinada a ese mercado, aunque para concretarlo necesita recuperar las habilitaciones internacionales correspondientes.

“Estamos cerrando un acuerdo, pero necesitamos que el Senasa nos genere la habilitación del secador y de la línea de Tetra Pak internacional para poder vender a Uruguay”, explicó Acsi. Según detalló, ya hubo una visita de representantes de la empresa uruguaya a la planta.

Mientras avanza ese proyecto, la producción actual se abastece con leche proveniente de distintas zonas: “La materia prima viene de Carlos Casares y Luján, entre otros. Hoy somos una alternativa con experiencia y confiabilidad y nos están entregando”. Aclaró que el objetivo inmediato no es llevar la planta rápidamente a su máxima capacidad, sino consolidar la operación. “Tampoco es ir a dos millones de litros por día. Nos vamos a quedar en este volumen por un tiempo para asegurar que la compañía tenga buena salud y se sanee totalmente y a partir de ahí ver las posibilidades”, afirmó.

La producción ya tiene destino en distintos lugares: en la Mesopotamia, Bahía Blanca y la zona de Bariloche, además en localidades cercanas como Junín, 9 de Julio, Chivilcoy, Luján y la propia Suipacha.

El regreso de la fábrica tiene además un impacto que excede a la empresa. El intendente de Suipacha, Juan Luis Mancini, destacó el vínculo histórico entre la planta y la comunidad. Cuando la fábrica dejó de funcionar, según explicó, se perdieron unos $400 millones en sueldos, con un impacto que alcanzó a toda la actividad comercial del pueblo. “Hoy se está recuperando. Hay una relación muy estrecha entre la planta láctea y el pueblo”, afirmó Mancini.

El jefe comunal también destacó el mecanismo elegido por la Justicia para evitar que el proceso de quiebra terminara con una fábrica paralizada. “Desde el inicio del conflicto fue un proceso muy lento hasta que el juez tuvo la idea de que se alquile la marca y la planta por dos años mientras avanzaba el proceso de quiebra. Eso fue genial porque se iban a terminar vendiendo maquinarias y un predio en desuso”, dijo. Para Mancini, ese mecanismo permitió preservar el valor productivo de las instalaciones y recuperar puestos de trabajo.

Ahora, mientras la planta busca estabilizar su operación y ampliar gradualmente su producción, también continúa el proceso judicial. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA realizará la tasación de la fábrica para avanzar con el proceso de venta de la quiebra. Según explicó Mancini, cuando se liquide la empresa, se venderá una fábrica funcionando, con una preferencia de compra para quien actualmente la alquila.

Acsi, por su parte, ya piensa en esa posibilidad: “Cuando termine el contrato la idea es poder ejercer la opción a compra. Estamos en una negociación con el síndico para que esos $1000 millones de pesos sean contemplados”.

El empresario, con una extensa trayectoria en la industria láctea, explicó que decidió asumir el desafío junto con otros accionistas locales pese al complejo escenario del negocio y al bajo nivel de consumo. “Con 62 años, tengo historia muy amplia en toda la industria láctea, fui el CEO de Parmalat de Latinoamérica, del grupo Lactalis durante cuatro años y ahora somos un grupo de accionistas locales que nos pusimos esta fábrica al hombro para sacarla adelante”, contó. Con ese objetivo, Acsi destacó el impacto social de la reapertura de la planta: “Quisimos devolver algo de lo que la Argentina nos dio y dar una esperanza a todas estas familias que quedaron en la calle después de una pésima y fraudulenta administración”.

Después de 25 años de actividad vinculada con la producción y comercialización agropecuaria, el senador nacional por Formosa Francisco Paoltroni anunció el cese de las actividades de sus empresas y aseguró que tomó la decisión luego de haber llegado a una situación de “ahogo financiero” y “económico”. El legislador responsabilizó al gobierno provincial de Gildo Insfrán por lo que denunció como una sucesión de multas, embargos, controles y presiones sobre clientes. Ante una consulta de LA NACION, confirmó el cese de las actividades.

La decisión se produce en medio de una delicada situación financiera de Ganaderos de Formosa SRL, la consignataria de hacienda que Paoltroni fundó en 2010. Según una consulta al informe de la Central de Deudores del Banco Central, la firma registra 225 cheques por $1.264.604.595,68.

“Hoy tengo que transmitir una muy dolorosa noticia para mis clientes, para mis empleados, mis proveedores. Después de 25 años de trabajo, no tenemos otra alternativa que cesar las actividades”, dijo Paoltroni en un video difundido a través de sus redes sociales.

El senador señaló que la interrupción de la actividad busca darle tiempo para reordenar la situación económica de sus compañías y atender los compromisos pendientes. “La persecución política y los ataques nos han llevado al límite, al ahogo financiero, al ahogo económico, y por eso tenemos que suspender las actividades para poder poner un orden a toda la situación económica y a los compromisos que tenemos por delante”, afirmó.

Según indicaron a LA NACION fuentes cercanas al legislador, la decisión alcanzó al entramado empresarial vinculado con su actividad agropecuaria y fue tomada, según explicaron, ante lo que consideran “ataques permanentes a todo el entorno de la actividad”. En ese contexto, Paoltroni y sus socios pusieron en venta la planta de Agroindustria de Formosa SRL, el establecimiento construido en Ibarreta para la extrusión de soja y que durante años estuvo en el centro de una disputa con Recursos y Energía de Formosa SA (Refsa), por la falta de abastecimiento eléctrico.

En la rectificación de su declaración jurada, Paoltroni informó participaciones en Ganaderos de Formosa SRL, con el 98%; Los Angelitos SRL, con el 50%; y Agroindustria de Formosa SRL, con el 48%. Los Angelitos SRL tiene 5 cheques rechazados por $70 millones, según la entidad bancaria. En tanto, Agroindustria de Formosa SRA, tiene 15 cheques rechazados por $85 millones.

Esta última sociedad fue constituida para poner en marcha una planta procesadora de soja sobre la ruta nacional 81. En 2022 sus socios habían relatado a LA NACION que destinaron $100 millones en ese entonces para construir el establecimiento, pero que no podían comenzar a operar normalmente porque no conseguían la conexión a la red eléctrica de Refsa. La distribuidora había argumentado, entre otras cuestiones, que realizar la conexión exigía sacar de servicio temporalmente un alimentador de 33 kV que abastecía a distintas localidades.

La controversia se prolongó durante tres años. Los empresarios llegaron a operar parcialmente con un grupo electrógeno y, finalmente, para mantener la actividad, alquilaron una planta en General San Martín, Chaco.

Ahora, Paoltroni vinculó la crisis de sus empresas con su enfrentamiento político con el mandatario formoseño. “Las multas que nos han inventado, los embargos que nos han hecho del gobierno provincial, la persecución en los remates a los clientes vendedores, los aprietes a los clientes compradores con miles de formas de presión y de amenazas”, enumeró. Aseguró que todavía existe un cliente al que le fueron secuestrados 300 animales en marzo y que, según afirmó, no le habían sido restituidos.

En marzo, en rigor, Paoltroni denunció que el gobierno de Insfrán desplegó un operativo policial para entorpecer un remate ganadero organizado por su firma consignataria en la Sociedad Rural de Comandante Fontana. Según relató, de las 2200 cabezas previstas solo pudieron ingresar unas 1100, luego de que productores denunciaran controles y restricciones para trasladar los animales; además, señaló que 367 cabezas fueron retenidas. Paoltroni afirmó que en el predio llegaron a desplegarse cuatro móviles y 25 policías y atribuyó el procedimiento a una decisión política destinada a perjudicarlo económicamente.

“Había un operativo a nivel provincial para que toda la hacienda que fuera a nuestro remate sea perjudicada o molestada”, denunció oportunamente.

A esas dificultades para llevar adelante la actividad, según el legislador, se sumaron medidas tomadas por el organismo fiscal nacional. “También impactó tremendamente en nuestra situación siete embargos de AFIP en 30 días; jamás nos había sucedido una situación igual”, expresó, en referencia al organismo que actualmente funciona bajo la denominación de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Pese a la situación financiera, Paoltroni aseguró en el video que buscará cumplir con las obligaciones asumidas. “Quiero dar tranquilidad a todos nuestros clientes de que vamos a honrar todas nuestras deudas y poner orden en esta situación”, afirmó. El legislador cargó directamente contra Insfrán: “Insfrán logró lo que quería: destruirnos, destruir nuestras empresas. Y esto lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo”.

“En Formosa no dejan trabajar; en Formosa te matan, te asfixian. Esto es lo que sufre toda la población de mi provincia, y lo he denunciado en el Senado durante estos dos años y medio como senador”, agregó.

En medio de la controversia, Paoltroni recibió además el respaldo de integrantes de La Libertad Avanza. El senador Joaquín Benegas Lynch relacionó la situación empresarial con el enfrentamiento político entre Paoltroni e Insfrán y recordó el fallo de la Corte Suprema sobre la reelección indefinida en Formosa. “Desde el Bloque de Senadores de La Libertad Avanza respaldamos al senador, que con admirable coraje enfrenta esta situación”, afirmó Benegas Lynch.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución formoseña que permitía la reelección ilimitada del gobernador y vicegobernador, al considerar que resultaba incompatible con principios del sistema republicano establecidos por la Constitución Nacional.

En los últimos días, el presidente de la Sociedad Rural de Juan José Castelli, Chaco, Marcos Viana, señaló en Algo está pasando por VLU FM 88.5. que alrededor de 46 productores tenían pagos comprometidos por operaciones efectuadas en un remate del 24 de julio, por un monto que estimó cercano a $1800 millones, aunque aclaró que “no todos los instrumentos habían llegado todavía a su fecha de vencimiento”.