SpaceX entra este jueves en la recta final antes de su esperada salida a bolsa en Wall Street, como parte de la mayor oferta pública inicial de la historia, que podría catapultar a su co-fundador, Elon Musk, al estatus de trillonario.
La compañía será la primera en salir a bolsa entre los gigantes tecnológicos y de IA que buscan cotizar en bolsa, y se espera que OpenAI y Anthropic le sigan, ya que ambas han presentado sus solicitudes ante los reguladores para su debut en el mercado.
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Si todo sale según lo previsto, la compañía espacial y de cohetes cofundada por Musk en 2002 comenzará a cotizar en la bolsa Nasdaq el viernes por la mañana, y todas las miradas estarán puestas en cómo Wall Street asimilará la exitosa salida a bolsa que podría provocar conmociones en los mercados mundiales.
Para las empresas de gran renombre, tradicionalmente el primer día de cotización los ejecutivos hacen sonar la campana de apertura para marcar el inicio de la sesión; en este caso, en Times Square, Nueva York, sede del Nasdaq.
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La salida a bolsa es la mayor apuesta financiera de Musk hasta la fecha, ya que su empresa xAI y la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter) también están incluidas en la oferta de SpaceX después de que el multimillonario las integrara en la compañía a principios de este año.
La compañía ofrecerá más de 555 millones de acciones a un precio estimado de 135 dólares, lo que sitúa a SpaceX entre las empresas más selectas de Wall Street, con una valoración de alrededor de 1,8 billones de dólares.
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La operación se hará oficial este jueves, incluyendo el precio, en medio de interrogantes sobre si la compañía aumentará el precio de su oferta, según informes que indican que atrajo más de cuatro veces las acciones disponibles, según Bloomberg.
El treinta por ciento de las acciones se reservará para inversores minoristas, el triple de la cantidad que se suele asignar en las OPV, lo que dará a los seguidores de Musk la oportunidad de adquirir una parte de la empresa.
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Centros de datos en el espacio
El éxito de la salida a bolsa depende directamente de la confianza que los inversores depositan en Musk como emprendedor visionario. El multimillonario del sector tecnológico ocupará los cargos de director ejecutivo, director de tecnología y presidente del consejo de administración de la empresa que cotiza en bolsa.
Se espera que la salida a bolsa cree miles de nuevos millonarios y muchos multimillonarios, ya que antiguos y actuales empleados, así como una larga lista de inversores, de los casi veinticinco años de historia de la empresa, buscan sacar provecho.
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Las cifras financieras de la compañía están generando dudas en algunos sectores de Wall Street, ya que su valoración depende en gran medida de que Musk cumpla promesas propias de la ciencia ficción, como la instalación de centros de datos en el espacio y el envío de personas a Marte utilizando tecnología aún no probada.
Si bien la empresa está creciendo rápidamente (sus ingresos alcanzaron los 18.700 millones de dólares en 2025), también está perdiendo dinero, lo que se traduce en una pérdida neta de 4.900 millones de dólares.
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En una predicción extraordinaria, la documentación presentada por SpaceX afirma que puede obtener más de 28,5 billones de dólares en ingresos de sus diversos mercados. Esta oferta superará con creces el debut de Saudi Aramco en los mercados públicos en 2019, que alcanzó los 29.400 millones de dólares y fue el mayor de la historia.
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, no logra el avance de la reforma constitucional que presentó en la Legislatura provincial. En la enmienda propuesta por el mandatario, figuran medidas pensadas para proteger a inversores de aumentos impositivos.
“Presentaremos un proyecto de reforma constitucional para dar protección y seguridad jurídica” a las inversiones en Chaco, anunció Zdero el pasado 1° de marzo durante su mensaje a la Legislatura.
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La intención era cuidar a inversores “de cualquier tipo de expropiación”. A su vez, vedaba ”la creación de nuevos impuestos provinciales y municipales que las afecten”.
Un mes y medio más tarde, la iniciativa tomaba estado parlamentario. Al tratarse de una enmienda, requiere unanimidad de votos en la Legislatura unicameral de la provincia. Ahí fue donde el peronismo, que responde a Jorge Capitanich, jugó su carta y puso reparos al proyecto.
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La iniciativa quedó empantanada desde entonces.
“Está muy lento el tema, la verdad”, reconoció a Infobae con cierto fastidio uno de los principales alfiles de Zdero en el cuerpo legislativo. Que el proyecto avance, que se pueda discutir en el plenario y se concrete la sanción es algo “muy difícil”, agregó.
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Chaco es una provincia aliada de la Casa Rosada. Zdero logró acuerdos electorales para los comicios provinciales y nacionales con La Libertad Avanza durante 2025. Así, logró vencer a Capitanich en ambas disputas. Fue uno de los primeros distritos en adherirse al RIGI. La reforma para proteger a inversiones va en ese mismo sentido.
La otra campana
Para aprobar una enmienda, la Constitución provincial de 1994 estableció el criterio de que se necesita la unanimidad de los 32 integrantes de la Legislatura chaqueña.
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Llegar a ese número requiere la anuencia del bloque peronista con el proyecto. Pero la oposición no está dispuesta a darle esa carta a Zdero.
En la bancada del PJ explicaron a este medio que el oficialismo “sacó el tema de agenda”. “No lo están tratando ni charlando más”, manifestaron.
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Además, evaluaron que el anuncio de una medida de esta naturaleza fue una movida pensada a fin de “tener algo qué decir”. “Lo tiran para tapar otras cosas”, cuestionaron desde el espacio.
En este sentido, desde allí se explicó que del proyecto “no se habló más”. “Ni siquiera insistieron”, destacaron.
“Nosotros tampoco planteamos nuestras iniciativas de reforma constitucional”, agregó la fuente consultada. Y expuso: “La verdad, se apagó”.
Por otro lado, marcó que la agenda legislativa del oficialismo, integrado por el radicalismo y La Libertad Avanza, está centrada ahora en una iniciativa de licencias gremiales.
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¿Qué dice el proyecto?
El primer párrafo de la enmienda propuesta establece: “La Provincia del Chaco garantiza estabilidad y protección jurídica a la radicación, realización y desarrollo de inversiones productivas en su territorio, en especial aquellas comprendidas en regímenes nacionales o provinciales de promoción de inversiones”.
Asimismo, fija como mandato constitucional la promoción activa de inversiones productivas “garantizando previsibilidad normativa, seguridad jurídica, igualdad ante la ley y protección frente a medidas arbitrarias”.
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Este esquema se desenvolverá “en un marco de desarrollo sostenible y respeto al interés público”. La propuesta reconoce a la inversión privada como “instrumento esencial para el desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación”.
En sintonía con estos ejes, el proyecto contempla una serie de prohibiciones. Entre ellas, “la creación de nuevos tributos provinciales o municipales”. En el mismo sentido, clausura la posibilidad de incrementar alícuotas o modificar de bases imponibles existentes. El impedimento alcanza a los gravámenes que recaigan de forma directa o indirecta “sobre las inversiones alcanzadas por esta cláusula”.
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Sin embargo, hay algunas excepciones. Quedan fuera de esta veda “aquellos tributos cuya potestad tributaria sea delegada, transferida o restituida por la Nación a la Provincia con posterioridad a la vigencia de esta cláusula”. Pero para ello se requerirá ”que su aplicación no implique una duplicación de la carga tributaria preexistente sobre el mismo hecho imponible”.
Entre los fundamentos de la iniciativa, el Ejecutivo aclaró este punto. “Se establece expresamente que ante un eventual proceso de descentralización fiscal nacional, la Provincia del Chaco no renuncia a percibir tributos que la Nación le transfiera o restituya”.
“La condición de ‘no duplicación de la carga’ garantiza que el inversor no vea incrementada su erogación total. Se consagra así un principio de sustitución jurisdiccional: el Estado Chaqueño captura la renta fiscal que la Nación libera, manteniendo la estabilidad para el contribuyente”, agregó.
Garantías y nulidades
Una vez incorporados estos mandatos a la Constitución provincial, la creación de tributos que no respeten la regla será nula de pleno derecho. El nuevo artículo que se busca incorporar “obliga a la administración a la devolución inmediata de lo percibido” de forma indebida. Así, se elimina “la necesidad de largos procesos judiciales de repetición”. Y también se otorga “una herramienta de defensa sumaria al inversor”, explicó el Poder Ejecutivo en el mensaje a la Legislatura.
El último apartado del proyecto de reforma establece que las nuevas disposiciones deberán interpretarse “de manera armónica con la Constitución Nacional, los tratados internacionales vigentes y el régimen federal de distribución de competencias”.
En la fundamentación, el Gobierno aclaró que la iniciativa “reconoce la autonomía municipal”. Sin embargo, la subordina al orden constitucional superior ”en materia de promoción de inversiones”.
“Al prohibir que los gravámenes municipales afecten indirectamente las inversiones protegidas, se termina con la incertidumbre que generan las tasas locales sin contraprestación efectiva, alineando a toda la Provincia tras un único objetivo de crecimiento”, concluyó.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el dato de inflación de mayo, un indicador que concentra la atención del Gobierno y de analistas privados tras la desaceleración que mostró el índice en abril, cuando se ubicó en 2,6 por ciento. El equipo económico apuesta a que la tendencia de menor ritmo se haya sostenido durante el quinto mes del año y lo acompañan las estimaciones de consultoras privadas que lo ubican en un rango de entre 2,1% y 2,5 por ciento.
Entre las proyecciones, la consultora C&T Asesores Económicos informó que su relevamiento de precios para el Gran Buenos Aires arrojó un incremento mensual de 2,2% en mayo, el registro más bajo desde octubre pasado. Si los datos oficiales reflejan esta misma variación, la inflación interanual alcanzaría el 33,3%, por encima del 32,4% de abril, debido a una menor base de comparación correspondiente a hace un año. El informe de la consultora detalló que dos sectores mostraron aumentos superiores al promedio: salud, y alimentos y bebidas.
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En el caso de salud, los principales componentes (medicamentos y prepagas) aceleraron sus subas. El rubro alimentos y bebidas experimentó un aumento de 2,7% mensual, con una aceleración significativa respecto de abril y marcada heterogeneidad entre sus componentes. El precio de las verduras, de comportamiento estacional, se incrementó 27%, mientras que los panificados subieron en torno a 2,5%. Por su parte, la carne volvió a moderar su avance y aumentó 1 por ciento.
La consultora indicó que el rubro vivienda subió en torno al promedio general, con ajustes moderados en los servicios públicos. El sector educación, que había mostrado saltos importantes en marzo y abril, perdió impulso, una dinámica habitual según la época del año. Transporte, afectado en los meses previos por aumentos en combustibles, se moderó y subió por debajo del promedio, con mayor incidencia de los incrementos en transporte público. Equipamiento y mantenimiento del hogar, junto a indumentaria, también mostraron subas moderadas, influenciadas por la campaña de descuentos Hot Sale.
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Más optimista es la proyección de Fundación Libertad y Progreso. Para el quinto mes del año estimó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será 2,1%, lo que sugiere una nueva desaceleración de 0,5 puntos porcentuales (p.p) respecto a abril y la acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%, con un leve ascenso respecto de abril.
Iván Cachanosky, el economista jefe de la entidad, sostuvo: “El IPC de mayo estaría dando alrededor de 2,1% retornando al sendero de la desinflación. Luego de varios meses complicados, la demanda de pesos se normalizó parcialmente y el apretón monetario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) empieza a surtir efecto. Juega a favor un mercado cambiario calmado que, sin vencimientos de deuda sustanciales cerca, deja un mes de junio sencillo para extender la paz cambiaria. En lo que resta del año, la inflación seguirá bajando y probablemente cerrando el año en torno al 26% anual”.
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La proyección más pesimista pertenece a la consultora Analytica. Luego de haber registrado en la cuarta semana de una variación de 0,3% en los precios de alimentos y bebidas, para el nivel general proyectaron una suba mensual de 2,5% durante mayo. Pese a ello, en caso de confirmarse implicaría una desaceleración respecto abril, aunque de menor magnitud.
La expectativa oficial
En el plano oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso su perspectiva durante una presentación en el IAE Business School. “¿Qué ha pasado desde que cambiamos de modelo? La economía ha comenzado a recuperarse; las exportaciones están en récord, el salario todavía tiene que recuperar. Pero lo que cayó fuertemente fue la inflación y la pobreza. Ustedes lo ven al consumir, hoy hay mucha mayor variedad de productos a mucho mejor precio. Este es un modelo que favorece a la gente y, además, derriba mitos sobre la restricción externa”, declaró y marcó que tras el salto de marzo se retomó el sendero a la baja.
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Esta semana el Gobierno ya tuvo un adelanto con la publicación del dato de inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) que se ubicó en 2,1% e implicó una desaceleración de 0,4 p.p. respecto a abril cuando se ubicó en 2,5 por ciento. Y si bien no se trata de la misma canasta, ya que el índice porteño tiene una mayor ponderación de servicios, sirve para anticipar la tendencia general de los precios.
Durante las últimas semanas, en la previa a la publicación del dato oficial, las consultoras y el Gobierno coincidieron en que la inflación de mayo mantuvo la tendencia descendente, aunque con matices en la evolución de los diferentes rubros. Entre los principales factores, sobresalieron las alzas en salud y en alimentos y bebidas, así como la moderación en transporte, vivienda y educación. El contexto macroeconómico y la política monetaria implementada por el BCRA aparecen como elementos centrales para explicar el comportamiento reciente de los precios.
La vicepresidenta, Victoria Villarruel, emitió una dura crítica en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que asegurara haber obtenido ganancias de 300 mil dólares producto de haber invertido 200 mil dólares en Bitcoin. Se trata de una información volcada en la declaración jurada de bienes que presentó a la Justicia en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
“Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, afirmó la titular de la Cámara de Senadores, luego de que un usuario en la red social X, identificado como @GabrielAlfie15, le preguntara su opinión respecto a las recientes declaraciones que el funcionario brindó en una entrevista para La Nación +.
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El debate se desencadenó minutos después de que el jefe de Gabinete justificara el origen de su patrimonio y la demora en la presentación de su declaración jurada. Durante un diálogo con José Del Rio, explicó que las ganancias informadas provienen de inversiones realizadas entre 2013 y 2018 por un monto inicial de 200 mil dólares que, finalmente, habrían alcanzado los 513 mil dólares a partir de operaciones con Bitcoin.
“Invertimos 200 mil dólares en Bitcoin y ganamos unos 300 mil”, aseveró el funcionario público al describir cómo realizó la transacción en el mercado financiero. Además, sobre el origen de los fondos iniciales aseguró que se trataba de un dinero que tenía guardado “para la educación y el futuro de sus hijos”.
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Como parte de la explicación que brindó, Adorni reconoció que esa suma fue producto de los ahorros que pudo generar tras haber trabajado toda una vida en el sector privado. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, explicó.
“No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro, no se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco, menos en esos años”, sumó el jefe de Gabinete, a modo de responder a los cuestionamientos sobre la falta de declaración previa.
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A pesar de que admitió que no haber declarado la suma, remarcó que estuvo trabajando junto a su abogado para poder reconstruir el origen de su dinero. En este sentido, sostuvo que el patrimonio era producto neto de las inversiones que realizó a lo largo de los años.
“Empiezo a invertir fuerte en el 2014. En agosto 2017, compré 13 Bitcoin a 3.356 USD; un día después compro 1 BTC más a 3 mil USD, después compro 1 bitcoin más por 7.233 USD y después liquido 10 en 5 meses después, en marzo de 2018, a 8.224 USD y liquido el total de la billetera por 6 mil USD”, enumeró.
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Según las fuentes a las que tuvo acceso Infobae, la declaración jurada también incluyó modificaciones vinculadas al patrimonio de su esposa,Bettina Angeletti, debido a que se trataría de una reconstrucción integral de la evolución de la situación económica de la familia.
Además de exponerse el dinero obtenido a través de los servicios brindados en la función pública, fuentes de la Jefatura de Gabinete indicaron que el documento también hizo un raconto de los bienes heredados, los movimientos patrimoniales y operaciones económicas realizadas aún cuando el jefe de los ministros trabajaba en el sector privado.
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Por este motivo, Adorni se defendió respecto a las acusaciones que recibió desde que comenzó a ser investigado por la Justicia. “No soy un chorro y todo lo hice en la actividad y jamás en mi vida tuve un cargo público, hasta el 10 de diciembre de 2023, ni mi mujer ni yo”, aseveró.
“Desde el primer día, el aparato mediático me condenó y me tildó de ‘chorro’”, respondió al ser consultado sobre su razón para no dar explicaciones antes. Asimismo, remarcó que su intención siempre fue respetar el accionar de la Justicia.
Un documento reservado que analizó en detalle la licitación por la Hidrovía, confeccionado por un comité de expertos en el exterior, concluyó que el pliego y todo el proceso de la privatización más grande de la era Milei está atravesado por múltiples irregularidades ejecutadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), lo que habilita la sospecha de direccionamiento sobre el ganador.
Ámbito tuvo acceso, en exclusiva, al documento completo que fue girado a uno de los consorcios participantes, que no solo integra la belga DEME NV, sino el fondo de inversión Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), Clear Street y Great Lakes Dredge & Dock Company (GLDD), la mayor proveedora de servicios de dragado de Estados Unidos. Circuló por despachos internacionales y tiene exacta sintonía con la ampliación judicial que formalizó el martes por la mañana otra de las empresas que quedó en el camino, la brasileña DTA Engenharia, ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que tiene un expediente abierto sobre la concesión de la Vía Navegable Troncal del Paraná.
La justicia recibió el martes algo que adelantó este diario: con la fijación de un precio mínimo para el peaje, no solo se indujo una paridad entre los competidores, sino que –ahora- se sospecha que podría haber un sobreprecio en el contrato preadjudicado por la Anpyn del 17%. La ampliación de la denuncia considera “inadmisible” establecer un costo mínimo por el dragado y balizamiento porque atenta contra la naturaleza de una licitación. Hay una faceta política: las dudas empiezan a merodear el despacho de un Caputo. Pero no Santiago, sino Luis Caputo. El ministro de Economía tiene que estampar su firma como máxima autoridad en la privatización bajo sospecha.
Apuro en cerrar el análisis en dos semanas, un funcionario que jugó a los dos lados del mostrador, u$s10 millones para desalentar impugnaciones, valoraciones distintas para el mismo rubro, sospechas de costos inflados para el dragado y una tarifa de peaje artificialmente establecida por el pliego diseñado por los funcionarios del Ejecutivo. Un combo letal para la transparencia.
El documento reservado
En cuatro carillas y en inglés, el escrito formulado por especialistas internacionales advierte cronológicamente los hechos que tiñeron a la licitación, con detalle en cada una de las etapas de apertura de sobres. Y destaca que el cronograma fijado por el pliego fue exprés para un proceso de esta magnitud: 48 días hábiles, algo que jugó a favor de Jan de Nul. Se desestimaron, sin más, las solicitudes de prórroga que presentaron tres empresas competidoras.
En el aspecto técnico, que resultó desequilibrante al inducir un empate en el valor del peaje, se mencionó que “la Anpyn descalificó la totalidad de la experiencia internacional en dragado de DEME (ocho de los nueve proyectos presentados) y parte de su experiencia en guías a la navegación, a pesar de que el informe del comité técnico de las Naciones Unidas (informe que la Anpyn utiliza para reforzar la credibilidad de su proceso licitatorio) reconoce a DEME como una de las empresas de dragado líderes en el mundo. Los proyectos presentados por DEME como referencias son proyectos de clase mundial, algunos de los cuales fueron incluso ejecutados en Unión Transitoria (Joint Venture) con Jan de Nul”.
Pero pone de relieve también que “varias de las certificaciones presentadas por JDN-Servimagnus –del Grupo Román- para acreditar la experiencia técnica necesaria fueron emitidas por el Sr. Cristian Rigueiro, miembro del comité que evalúa la licitación: conflicto de intereses”, concluye.
Rigueiro fue jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Puertos durante el gobierno de Alberto Fernández y se convirtió en funcionario clave del gobierno de Javier Milei y hasta fue elogiado por Federico Sturzenegger por la elaboración del Decreto 340/2025 que desregula a la Marina Mercante. Lo que ahora se denuncia es que certificó trabajos a la empresa a la cual favoreció en el puntaje que él mismo puntuó dentro de la Comisión Evaluadora de la licitación.
Leonardo Román es el sobrino del “zar de las grúas” Alfredo Román y quien dirigió las negociaciones por la Hidrovía para conformar el consorcio de Servimagnus con Jan de Nul
Informe lapidario
“La evaluación técnica, realizada por un comité de tres miembros sin experiencia previa en concesiones, se completó en solo dos semanas para casi 5.000 páginas de material técnico, un plazo inconsistente con la diligencia aplicada en el Sobre 1 (que tomó seis semanas) y que da indicios de una urgencia indebida por cerrar el proceso”, subrayó el informe.
“La evaluación parece ser en gran medida subjetiva y orientada a un resultado predeterminado, específicamente tras la descalificación previa de las referencias de experiencia de DEME. Las aceptadas fueron apenas suficientes para permitir que DEME aprobara el Sobre 1 (y no fuera descalificado como oferente), de modo que la ANPYN pudiera promover una sensación de “competencia” bajo el Sobre 2”, concluye. Si no se hubiese realizado este simulacro, hubiese quedado desierta la licitación.
A su vez, los técnicos objetaron que se exijan u$s10 millones a la empresa que presente impugnación al resultado, cuyo destino queda bajo exclusiva decisión arbitraria de la Agencia de Puertos que puede rechazarla y dar por perdido el depósito. Esa garantía aplica a cada etapa por lo que la desalentadora barrera de entrada para oponerse es de u$s30 millones. Boskalis y Vanoord ni siquiera lo intentaron.
El documento destaca otro hecho de gravedad: “La Anpyn aceptó la experiencia en señalización de JDN-Servimagnus obtenida a través de Hidrovía S.A. (la empresa operadora de la anterior concesión), a pesar de que JDN poseía solo el 50% de la participación accionaria y las obras fueron ejecutadas por EMEPA S.A”. Si se hubiese aplicado el mismo criterio que luego se aplicó a las competidoras, Jan de Nul no habría cumplido con los requisitos. Hubo filtraciones a la prensa lo que salpicó la confidencialidad de una licitación internacional.
El Comité de Evaluación se tomó seis semanas para evaluar el Sobre 1, para luego descalificar la experiencia internacional de DEME, “debilitando sustancialmente la equidad competitiva”, pero eso les impidió “ser tomadas en cuenta para la evaluación técnica y de experiencia en el Sobre 2”. Este punto es clave porque permitió lo que reveló Ámbito: que Jan de Nul-Servimagnus se alzara con la máxima puntuación en experiencia (20) y dejara atrás a DEME con 5, obteniendo una ventaja de 15 puntos sobre los 24 con los que logró la preadjudicación.
Otras irregularidades
El informe detalla que:
“La oferta de JDN-Servimagnus evidencia múltiples deficiencias sustanciales, incluyendo, entre otras: la reducción de la duración de la Etapa 0 obligatoria de doce meses en infracción a los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación, una subestimación sistemática de los volúmenes de dragado que socava la capacidad técnica y la fijación de precios, un plan de trabajo insuficientemente detallado que carece de volúmenes y producciones definidos, lo que hace que su rendimiento declarado sea inverificable, y debilidad ambiental debido a la ausencia de cualquier propuesta que considere medidas de mitigación para las obras ofrecidas, limitándose únicamente a los criterios mínimos o básicos de cumplimiento”. A pesar de esto, el Comité Evaluador le volvió a dar ventaja de 8 puntos sobre la competencia.
“La oferta de JDN-Servimagnus proporciona un respaldo documental limitado respecto a la dotación de personal operativo en áreas técnicas críticas, lo que reduce la verificabilidad de su capacidad de ejecución”, alertó.
Gestión Ambiental y Social, un punto clave: “La oferta de JDN-Servimagnus presentó vacíos significativos en su alcance, careciendo de: (i) detalles de implementación, (ii) personal ambiental creíble, y (iii) medidas creíbles de transición energética a largo plazo. La metodología propuesta fue básica y, en general, las medidas ambientales comprometidas por JDN-Servimagnus fueron muy limitadas”.
Las inconsistencias del “peaje”
El informe concluye que la oferta económica –de acuerdo al pliego- fue blindada, tal como adelantó Ámbito, “por una tarifa piso, lo que lleva a los contratistas a presentar ofertas al nivel de la tarifa mínima”. Y el ejemplo más claro fue otro: la licitación del año pasado que fue cancelada por el propio Gobierno tuvo una oferta de DEME que era más económica que el mínimo del pliego de este año. “El proceso de adjudicación parece haber estado condicionado por un enfoque direccionado, basado en una evaluación injusta e incorrecta, aparentemente diseñada para favorecer a Jan De Nul”, concluye.
Y lanza otra advertencia de cara a la preadjudicación: “Es probable que existan márgenes de ganancia adicionales ocultos dentro de los costos de dragado, combinados con una expectativa de futuros mecanismos de reequilibrio que afecten a otros componentes a lo largo de los 25 años de la concesión”. Es decir, o bien se inflaron costos de dragado (hay discrepancias entre el 15% y el 50% en algunos ítems de la composición), o existe una promesa de aumento del peaje que obtuvieron del Gobierno.
Neuss
Los hermanos Juan y Patricio Neuss emergen detrás de los socios locales que participaron para ser beneficiarios del 50% del contrato de Jan de Nul
Otras conclusiones:
“Además, se han incorporado costos operativos artificialmente incrementados (actividades de relevamiento) y categorías de costos genéricas denominadas “otros”, lo que da como resultado márgenes injustificadamente altos”.
Estas discrepancias dieron lugar a un aumento global del 26% del costo total de dragado, lo que representa u$s1.693 millones a lo largo de las etapas.
“Se han adoptado valores más bajos que los reales, distorsionando aún más la confiabilidad y sustentabilidad del modelo”.
“Cuando los eventos de sedimentación (El Niño) se incorporan en el modelo financiero de JDN-Servimagnus conforme a los registros históricos, las desviaciones identificadas aumentan hasta un 41% del costo total de dragado, lo que representa un total global de u$s2.288 millones”.
En síntesis, todo el proceso arrastra múltiples irregularidades para una privatización de esta magnitud que nacía con la promesa de transparencia absoluta y aval internacional. “La implementación de una tarifa piso, combinada con un proceso de evaluación injusto y direccionado, conduce a una adjudicación a favor de la propuesta de Jan De Nul-Servimagnus, la cual; con la misma tarifa mínima, JDN-Servimagnus propone dragar menos volumen a una tarifa más alta”. Todo esto no solo será insumo de la causa que investiga la adjudicación, sino que puede acarrear al país una nueva mácula de credibilidad.
Ahora se combinan denuncias cruzadas, aparición de socios locales como Román y el Grupo Neuss, por debajo del radar y con beneficios por cercanía con el poder, y falencias técnicas cuyas consecuencias podrían evidenciarse a lo largo de los próximos 30 años.
Durante 2025 se iniciaron 520 causas por venta de drogas en la Justicia provincial, según un relevamiento realizado por la Oficina de Gestión de Audiencias provincial del Poder Judicial, donde además se observa que Concordia concentra la mayor cantidad de casos. En Paraná, según los datos de los procedimientos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas, hubo 162 detenidos el año pasado. En toda la provincia fueron condenadas más de 200 personas. Más allá de las cifras que en este informe se detallan, el perfil de los detenidos por narcomenudeo se amplió a diferentes clases sociales y a cualquier edad.
Los jueces de Garantías de Paraná, Pablo Zoff y Mariano Budasoff, dialogaron con Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) sobre la realidad de la Ley de Narcomenudeo en la Justicia.
—¿Cuál es el panorama que se viene observando en la implementación de la Ley de Narcomenudeo y qué es lo que se está discutiendo en la Justicia?
Pablo Zoff: —El narcomenudeo tiene una vigencia de aproximadamente ocho años. Para ponerlo en contexto, la competencia pasó a la provincia en lo que hace a la investigación de los llamados kioscos de venta al consumidor, es decir, la comercialización directa al consumidor. Todo el resto de la organización de la droga, por supuesto, mantiene la competencia a nivel federal. Se viene trabajando muy bien. Nosotros somos jueces de garantía, así que intervenimos en las medidas de coerción, primero en los allanamientos. Para eso la Fiscalía suele armar un estado de sospecha durante un tiempo y hace tareas de vigilancia de un modo muy serio. Nos piden los allanamientos y luego, si el resultado es el que esperaba la Fiscalía, o si se encuentra material estupefaciente o cuestiones vinculadas al fraccionamiento y a la venta de estupefacientes, suelen pedir alguna medida de coerción: una prisión preventiva en la unidad penal o una prisión domiciliaria. Después de eso, intervenimos una vez que la investigación se agota, en la discusión acerca de si la causa debe o no remitirse a juicio. En general, en esta materia hay un alto porcentaje de juicios abreviados. Como son investigaciones tan consolidadas, suele ser poco lo que queda para discutir en un juicio. Entonces, en general, la defensa considera más conveniente llegar a acuerdos de juicio abreviado, donde no se hace propiamente el juicio ni se produce la prueba, sino que se omite esa producción y se discuten nada más las responsabilidades y la pena que se pide. Eso ya no lo trabajamos nosotros: se remite y lo ven los jueces de juicio.
Pablo Zoff, juez de Garantías de Paraná.
—Ustedes antes de ser jueces eran fiscales, ¿Qué perfil se está observando hoy en las personas con las que ustedes se encuentran en las audiencias? ¿Qué observan y qué ha cambiado en los últimos años?
Mariano Budasoff: —En lo personal, la diferencia que noto en relación con cuando era fiscal es que entonces, esporádicamente, uno veía a mujeres involucradas con el tema de los estupefacientes y el narcomenudeo. Además, había una franja etaria que no superaba los 40 años; inclusive un poco menos, entre 30 y treinta y tantos. Hoy, en cambio, esa franja etaria está rota. Arranca en 18 años, hay algunos casos de menos edad, y no hablo solo de soldaditos, sino de lo que vemos, o al menos de las atribuciones que hacen los fiscales en los hechos: personas ya vendiendo. También aparece gente mayor. Me ha llamado la atención, en alguna que otra causa, encontrar a algún abuelo o alguna abuela vendiendo. Y muchas mujeres. Obviamente, los varones siguen siendo mayoría, pero veo que se han roto en general esas estadísticas que teníamos antes. Inclusive, antes uno veía el perfil del vendedor y, más allá de la vulnerabilidad que le era propia, podía advertir que generalmente era de clase humilde. Hoy, en cambio, uno los ve bien vestidos en las audiencias; no en todos los casos podemos intuir que sean consumidores. En general, ya hay algo de clase media. No quiero sectorizarlo específicamente porque hay de todo, pero es más variado en la actualidad. Pienso que se ha extendido en general. Es como si lo estuvieran tomando como una forma de vida o una forma de ingreso.
Mariano Budasoff, juez de Garantías de Paraná.
—¿Hay conciencia del riesgo que conlleva esta actividad ilegal? Cuando ustedes les explican en las audiencias los hechos que se les imputan ¿ven una conciencia previa del riesgo de terminar en la cárcel?
Pablo Zoff: —Efectivamente, esto que decía Mariano, se ven a veces personas con muy pocos antecedentes o que no tienen ninguno. Tampoco es para estigmatizar ni generalizar, porque no todos los casos son iguales, pero mucho tiempo atrás, incluso antes de esta ley, uno asociaba la idea de que la persona que se dedicaba a esto ya estaba en una organización criminal, tenía armas y disputaba territorios. Hoy eso se ve más aislado. Aparece gente que pareciera no dedicarse a esto, que no tiene antecedentes de nada, y de golpe empieza a involucrarse. Yo creo que no dimensionan que las penas son realmente muy severas. Salvo la tenencia simple, que es una figura residual y muy excepcional, la comercialización tiene una pena mínima que impide una condena condicional. Es decir, necesariamente, si es condenado, va a ir preso muchos años. Creo que no se toma conciencia de eso. En las audiencias, en algunos casos uno ve que lo aceptan con más resignación, por ejemplo, una prisión preventiva, que es lo que nosotros imponemos. En otros casos, en cambio, se los ve realmente muy asustados por lo que implica. Pareciera que no habían dimensionado la gravedad de lo que estaban haciendo.
Mariano Budasoff: —Creo que también hay un tema de desconocimiento de la ley, y de la ley penal en general, por parte de la sociedad, que obviamente no tiene por qué conocerla. A veces sale en los medios de comunicación que una persona está en prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria o que está en su casa. Entonces la gente asume que cometió un ilícito, en este caso venta de estupefacientes al menudeo, y que está libre. Se puede pensar que la Justicia es permisiva, cuando en realidad esa persona está en un estadio avanzado de la investigación penal preparatoria, en general cuando el fiscal ya está por remitir la causa a juicio, cuando ya no hay peligros procesales y se ha comportado bien dentro del proceso. Entonces sigue el juicio en libertad y la gente piensa: “Bueno, ya está, estuvo preso tres meses, seis meses, nueve meses”. Esa falta de conocimiento sobre la norma hace que, cuando están en las audiencias, sentados, y ven el pedido de pena que va a hacer el fiscal al solicitar la remisión de la causa a juicio o eventualmente una prórroga de la prisión preventiva, ahí se les ve la cara. Ahí ves cómo cambia: las caras caídas, la preocupación. Creo que ahí toman dimensión. Sin perjuicio de eso, nosotros en las audiencias siempre les explicamos: esto es un proceso, esto es prisión preventiva, esto no es la condena; nosotros no los estamos condenando, estamos valorando que el fiscal tiene evidencias y que los va a llevar a juicio. Creo que va por ese lado.
—¿Cómo es hoy la realidad del sistema carcelario, teniendo en cuenta la cantidad de condenas a casi ocho años de la implementación?
Mariano Budasoff: —En general, como dice Pablo, una de las figuras residuales que puede haber es la tenencia simple, que aparece cuando el fiscal considera o nos explica que no tiene suficientes evidencias como para probar que la persona tenía la droga para venderla. Entonces cae en esta figura residual, que tiene una pena sensiblemente menor: ya no son de cuatro a quince años como en la venta, sino de uno a seis años, y eso da otras posibilidades. ¿Qué pasa? En algunos casos tienen antecedentes condenatorios y en otros no. Y el antecedente condenatorio puede ser por delitos contra la propiedad o también vinculado a la droga en el pasado. Hemos visto causas de hace muchos años, incluso de la Justicia Federal, y esas personas inexorablemente van a la unidad penal. Eso va incrementando la población carcelaria. El tema es que son penas cortas, entonces hay una saturación en poco tiempo y el flujo no acompaña. La cantidad de gente que egresa y la que ingresa a la unidad penal no se equilibra.
—En la relación con la Justicia Federal ¿se están viendo más o menos resoluciones de incompetencia cuando se encuentran con algo más grande, ya sea por la cantidad de droga o por el nivel de organización de la banda?
Pablo Zoff: —No se ven tantos casos como yo creía cuando se hablaba de la ley. Pensé que iban a ser muchos más. Primero, porque ya cuando se hacen las investigaciones, es decir, cuando se toma conocimiento o se sospecha de un hecho y empieza el período de sospecha con las vigilancias y demás, hay una coordinación entre fuerzas para no estar pisando una investigación federal. Entonces lo único que queda es si hay un hallazgo fortuito: que el material que aparece sea muchísimo más importante del que se esperaba. Ahí uno dice: “Bueno, esto no era para comercialización al menudeo; acá estamos hablando de distribución o de otro tipo de delitos que son competencia federal”. Por eso, realmente no son muchos los casos de incompetencia. Además, en general los fiscales tienden a mantener su competencia. Salvo que sea muy evidente, prefieren no entrar en esa discusión y avanzar en la investigación para buscar eventualmente una condena, sin ir a estas discusiones intermedias que en definitiva no benefician a nadie. Entonces, salvo casos muy groseros, no se discute.
Mariano Budasoff: —La discusión también puede darse al revés, que la investigación se inicie en la Justicia Federal, con la Fiscalía Federal, y que el resultado sea más magro de lo esperado. En ese caso, la Justicia Federal puede considerar que pensaba estar investigando una organización y descubre en realidad pequeñas personas vinculadas al menudeo, y ahí la competencia pasa de la Justicia Federal a la justicia ordinaria. Depende del caso. Son situaciones muy aisladas en las que el fiscal advierte que en realidad sí hay una organización detrás, o que la investigación cierra como una investigación compleja, con mucha prueba previa al allanamiento. En esos casos, el allanamiento no sería la coronación de la investigación y se decide sostener que no hay competencia provincial, sino que sigue siendo competencia federal. Hay además un problema con la ley 26.052, del año 2005, porque la ley de desfederalización es de ese año y después las provincias se fueron adhiriendo con matices a lo largo del tiempo. Cuando esa ley establece qué artículos van a ser considerados para la desfederalización, son muy pocos. Habla del artículo 5, es decir, lo vinculado con la tenencia para fines de comercialización, la comercialización en general o el transporte chico, dentro de lo sencillo, y también de la tenencia simple.
Esto después generó otro problema, que es el tema de las multas. La ley 23.737, en una de sus actualizaciones, incorpora la actualización de los montos de las multas. Antes eran montos fijos. Pero si van a un abreviado, a una suspensión del juicio a prueba, o si son condenados, las multas aparecen: en los casos de condena, como pena accesoria; en los otros, como condición para poder acceder al beneficio de una salida alternativa. Eso ocurre inexorablemente, al menos en los términos en que está planteado en la ley. Con muy buen criterio, en una de las últimas reformas se les ponen unidades fijas a las multas. Son unidades que se toman según los formularios del Sedronar. Creo que el mínimo estaba en 45 y el máximo en 900 unidades. Para una causa de narcotráfico de la Justicia Federal, los montos no son nada, o son montos que tienen cierto justificativo en el ilícito y en la gravedad que ese ilícito tiene. En la justicia provincial, en cambio, esos montos no cierran, porque estamos pensando en condenas por narcomenudeo de gente que tiene 100 o 200 gramos fraccionados y respecto de la cual se probó la comercialización. Las multas han quedado totalmente excesivas en ese caso. Pero en otros delitos, por ejemplo en la tenencia simple, el legislador no dijo nada y nunca actualizó los montos. Si hoy hicieras el cálculo de cuánto sería la multa por tenencia simple de estupefacientes, con suerte llegarías a 225 pesos. Imponer una multa en este momento por tenencia simple, ya sea en una condena o para acceder a una probation, implica una erogación en trámite, recurso humano y tiempo que termina siendo más costosa que cobrar esos 225 pesos.
—En numerosas causas de la Justicia Federal hasta hace un tiempo se notó el involucramiento de integrantes de fuerzas de seguridad con las bandas, ya sea por complicidad directa o por protección. ¿Ha surgido esto en causas por narcomenudeo?
Pablo Zoff: —Yo no he tenido ningún caso que involucre a la fuerza. Sinceramente, eso no quiere decir que no pueda pasar, pero en los casos que tuve siempre se trató de personas particulares. Como dice Mariano, tengamos en cuenta que son cantidades chicas, del último eslabón, gente que vende. En ese marco, yo no tuve ninguno.
Mariano Budasoff: —Como juez no tuve ninguno. Sí tuve alguna investigación y alguna sospecha que quedó allá en los anales cuando estaba como fiscal. Además, está bien lo que dice Pablo, porque la diferencia entre una causa o una investigación fiscal de narcomenudeo y una de narcotráfico es que el fiscal de narcomenudeo investiga dos o tres meses como mucho. Así se genera lo que se llama el estado de sospecha, y las fuerzas policiales provinciales, por lo que hemos visto en todo este tiempo, se han profesionalizado muchísimo. También las fuerzas nacionales, porque vale aclarar que las causas de narcomenudeo no solo se investigan con las fuerzas provinciales, sino también con fuerzas nacionales: Prefectura, Gendarmería y Policía Federal. Ya saben lo que buscan. En la forma de investigación y en los pedidos, podría decir que ya hay protocolos: está bastante estandarizado tanto para las fuerzas como para los fiscales. Pero son investigaciones muy cortas, porque se busca la efectividad y en definitiva no se está buscando la organización, no tienen que ir más arriba ni profundizar. No hay meses de escuchas telefónicas, de seguimientos o de trazabilidad como sí ocurre en la Justicia Federal.
Narcomenudeo en cifras
La OGA provincial, en base a las consultas de las oficinas de cada jurisdicción, realizó un informe estadístico donde se detallan las causas por narcomenudeo iniciadas y concluidas en la instancia de Juzgados de Garantías, así como los tipos de delitos dentro de la Ley de drogas que se imputaron a los acusados. También se referencian los datos de las causas tramitadas y las condenas dictadas por los cinco Tribunales de Juicio de la provincia.
En cuanto a las causas iniciadas en Garantía durante el año pasado, se explica que el “conteo no incluye aquellos casos iniciados ante el Ministerio Público que no fueron judicializados”.
Departamento
Causas Iniciadas
Concordia y San Salvador
261
Gualeguaychú e Islas
85
Paraná
30
Federación
22
La Paz
22
Nogoyá
22
Uruguay
21
Victoria
19
Colón
11
Chajarí
9
Federal
7
Gualeguay
6
Diamante
2
Tala
2
Villaguay
1
TOTAL
520
Causas iniciadas en Garantías según tipo de delito dentro de la Ley de Narcomenudeo, donde se comprueba que la mayor cantidad es por “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, es decir cuando se encuentra a una persona con droga y pruebas suficientes para sospechar que la tenía para la venta. Le sigue la Tenencia simple, que es una zona gris donde no hay pruebas para comprobar que la droga era para la venta, pero tampoco para el consumo personal. Luego, el comercio de estupefacientes, que es aquella causa donde se comprobó la actividad ejercida en el tiempo de venta de drogas al menudeo previamente a los allanamientos.
Tipo de Proceso
Cantidad de Causas
Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
217
Tenencia simple de estupefacientes
111
Comercio de estupefacientes
88
Delitos de Estupefacientes (Carátulas genéricas utilizadas predominantemente por OGAs como La Paz, Gualeguay y Colón)
40
Tenencia de estupefacientes para consumo personal
39
Suministro gratuito de estupefacientes para consumo personal
10
Narcomenudeo (Causas registradas bajo el nombre genérico de la ley en Federal y Uruguay)
4
Comercio de estupefacientes agravado (Casos específicos registrados en Colón y Federación)
2
El informe también refiere las causas resueltas en Garantía, y explica al respecto que “los actos conclusivos que determinan su resolución pueden consistir en remisión a juicio, sobreseimiento, sentencia en juicio abreviado o archivo”.
Departamento
Cantidad de Causas Resueltas
San Salvador
76
Concordia
50
Paraná
46
Gualeguaychú
36
Victoria
22
Federación
21
Uruguay
14
Chajarí
13
Nogoyá
11
Colón
11
Tala
9
Federal
7
Diamante
6
La Paz
5
Gualeguay
4
Feliciano
1
Villaguay
0
El total a nivel provincial es de 332 causas resueltas en etapa de Garantías en 2025. Sobre este punto, también se puede diferenciar el “tipo de acto conclusivo” de las causas en esta instancia, donde se observa que la mayoría van a juicio. Al respecto, desde la Fiscalía se ha señalado que esperan que los jueces acompañen las condenas con penas más elevadas, lo cual permitiría un mayor margen de negociación para un juicio abreviado donde se impone una sanción menor: si un acusado sabe que en un juicio le impondrán la misma pena que en un abreviado, pateará para adelante la resolución de su causa y esto terminaría saturando el sistema.
Tipo de Acto Conclusivo
Cantidad de Causas
%
Remisión a juicio
166
39,43%
Archivo
144
34,20%
Juicio abreviado
74
17,58%
Sobreseimiento
15
3,56%
Incompetencia
14
3,33%
Suspensión de juicio a prueba
8
1,90%
TOTAL PROVINCIAL
421
100%
En la instancia de Tribunal de Juicio, las estadísticas de la OGA arrojan también la mayoría de las sentencias se dictan en Concordia, y en cuanto al tipo de delito, la tenencia con fines de comercialización
Circunscripción Judicial
Cantidad de Causas Resueltas
%
Concordia
50
42,02%
Paraná
33
27,73%
Gualeguaychú
20
16,81%
Uruguay
12
10,08%
Gualeguay
4
3,36%
TOTAL
119
100%
A su vez, se observa que las sentencias de los tribunales durante el año pasado también son principalmente por el delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, seguidas por Comercio que, en algunos casos, se aplican agravantes, que puede ser por la cantidad de personas que intervienen (si son tres o más), el lugar donde se lleva adelante el delito (cerca de una escuela o un club, por ejemplo), la participación de menores, entre otras.
Tipo de Proceso
Cantidad de Causas Resueltas
%
Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
(Incluye variantes en concurso con tenencia de armas)
70
49,30%
Comercio de estupefacientes
37
26,06%
Tenencia simple de estupefacientes
29
20,42%
Comercio de estupefacientes agravado
(Casos con agravantes por el lugar o participación de menores)
4
2,82%
Tenencia de estupefacientes para consumo personal
(Sentencias excepcionales que llegaron a esta instancia)
El régimen de Irán lanzó ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin después de que Washington completara una nueva oleada de bombardeos sobre territorio iraní, en una escalada que amplió el conflicto en Medio Oriente y elevó la tensión en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó este jueves que sus fuerzas atacaron objetivos militares estadounidenses en ambos países como respuesta a las operaciones ordenadas por Washington.
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“Durante dos oleadas de operaciones, dieciocho objetivos importantes pertenecientes al Ejército de Estados Unidos en las bases aéreas Ali y Ahmad fueron alcanzados”, señaló la Guardia Revolucionaria en una declaración difundida por la agencia estatal iraní IRNA.
El comunicado agregó que las fuerzas iraníes también “alcanzaron y destruyeron las bases aéreas Sheikh Isa”, ubicadas en Baréin.
Previamente, medios iraníes habían informado sobre ataques contra instalaciones vinculadas a la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin. Según esos reportes, los objetivos incluyeron antenas de comunicaciones y radares asociados al sistema de defensa antimisiles Patriot.
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La ofensiva iraní llegó horas después de que Estados Unidos anunciara una nueva serie de ataques contra objetivos en territorio iraní.
Las fuerzas de CENTCOM lanzaron ataques contra capacidades de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación y sitios de defensa aérea en todo Irán
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó que las operaciones tuvieron como objetivo neutralizar amenazas contra fuerzas estadounidenses y embarcaciones comerciales que navegan en la región.
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“Miembros del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos realizaron disparos de precisión contra objetivos iraníes que suponían una amenaza para las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales”, indicó el mando militar en la red social X.
En un mensaje previo, el CENTCOM justificó las acciones bajo el argumento de la “legítima defensa”.
La nueva ronda de hostilidades se produjo después de que medios iraníes reportaran explosiones en la costa sur del país, cerca del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos. En esa misma zona, las fuerzas estadounidenses habían atacado el martes instalaciones de defensa aérea, radares y otras infraestructuras militares iraníes.
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Tras los bombardeos estadounidenses, las autoridades iraníes anunciaron un endurecimiento de su postura en Ormuz.
El ejército iraní declaró que atacará cualquier embarcación que atraviese el estrecho y sostuvo que la ruta marítima quedó “completamente cerrada a cualquier tipo de barco, incluidos los petroleros y los buques mercantes”. La Armada iraní aseguró además que “dos buques que intentaban cruzar ilegalmente” la zona fueron “atacados”.
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Washington rechazó esa versión y sostuvo que el tráfico marítimo continúa activo. “REALIDAD: Los buques comerciales continúan transitando por el estrecho esta noche”, afirmó el mando estadounidense.
La confrontación también alcanzó a otros países de la región el miércoles. Irán reivindicó ataques nocturnos contra una base estadounidense en Jordania, mientras que las autoridades jordanas informaron la destrucción de cinco misiles que se dirigían hacia una instalación militar de Estados Unidos.
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En Kuwait, el ejército declaró que enfrentó “objetivos aéreos hostiles”, aunque no precisó su origen. Por su parte, Baréin informó que interceptó varios ataques dirigidos contra su territorio.
La actual escalada tiene como antecedente inmediato el derribo de un helicóptero estadounidense ocurrido el lunes cerca del estrecho de Ormuz, un incidente que Washington atribuyó a Teherán y que desencadenó las posteriores represalias militares.
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En medio de la crisis, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que altos funcionarios iraníes intentaron comunicarse con él para solicitar el fin de los bombardeos. “Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles”, declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval al referirse a las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.
La afirmación del mandatario sobre supuestos contactos telefónicos fue rechazada por la Guardia Revolucionaria iraní.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló luego de la presentación de su declaración jurada en medio de la investigación que avanza en su contra por enriquecimiento ilícito. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, aseguró el funcionario.
“Invertimos 200 mil dólares en Bitcoin y ganamos unos 300 mil”, reveló y luego contó que se trata de un dinero que tenía “para la educación y el futuro de sus hijos”.
Con respecto a este dinero, Adorni explicó en un diálogo con LN+, que se tratan de ahorros que pudo acumular durante toda su vida, trabajando en el sector privado. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, explicó y luego sumó: “No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro, no se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco, menos en esos años”.
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Tras reconocer su accionar, planteó que, cuando comenzó la denuncia por enriquecimiento ilícito, se reunió con su abogado para reconstruir el recorrido de su dinero y poder demostrar que se trata de ahorros que produjo gracias a sus inversiones. “Empiezo a invertir fuerte en el 2014. En agosto 2017, compré 13 Bitcoin a 3.356 USD; un día después compro 1 BTC más a 3 mil USD, después compro 1 bitcoin más por 7.233 USD y después liquido 10 en 5 meses después, en marzo de 2018, a 8.224 USD y liquido el total de la billetera por 6 mil USD”, narró.
“No soy un chorro y todo lo hice en la actividad y jamás en mi vida tuve un cargo público, hasta el 10 de diciembre de 2023, ni mi mujer ni yo”, sostuvo.
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Al ser consultado sobre el porqué no dio estas explicaciones anteriormente, el funcionario señaló que no habló antes, debido a que prefirió respetar a la Justicia. “Desde el primer día, el aparato mediático me condenó y me tildó de ‘chorro’”, sostuvo.
Sobre su vivienda en Indio Cuá, contó que tomó la decisión de mudarse tras sufrir agresiones en diferentes espacios públicos. “Yo no puedo permitir que me agredan delante de mis hijos. Y ahí me di cuenta de que era un lugar donde yo indefectiblemente tenía que pasar los fines de semana”, recordó.
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Según sus declaraciones, la casa de Indio Cuá había sido dedclarada. “Yo no la incluí, porque esa casa estaba escriturada 100% a nombre de mi mujero, siempre estuvo declarada, estaba en su declaración. Son formalismos”, precisó.
Otros de los puntos clave de la investigación, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, es la deuda que contrajo el jefe de Gabinete con dos jubiladas al adquirir su departamento en Caballito.
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Según la explicación brindada, la operación se realizó mediante un acuerdo con Pablo Feijoó, a quien describen como amigo personal del funcionario.
Las fuentes oficiales sostienen que la compra no implicó una operación tradicional por el valor total del inmueble. De acuerdo con esa versión, Adorni desembolsó únicamente USD 30.000 en concepto de anticipo. El resto de la estructura financiera de la operación se habría apoyado en mecanismos de financiamiento e hipotecas que, según la explicación presentada, rondaron en conjunto los USD 100.000.
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Al respecto, el titular de la cartera de ministros señaló: “Esa operación la hice con un amigo, no sé por qué las rotularon como jubiladas, una es la mamá de un amigo, es una operación que yo dentro de mis problemas de seguridad, y los temores que empecé a tener con mis hijos, mi amigo me dijo: ‘Mudate, después ves, cuando vendés, me pagás’, y lo que hicimos fue formalizarlo todo con un instrumento y no fue más que eso”.
“El mea culpa lo hago de arrastrar un error, que fue involuntario, pero que tengo que pagar y hacerme cargo”, cerró.
En diálogo con Gustavo Sylvestre, por C5N, el hijo de la ex presidenta sostuvo que “esa situación de querer humillar, del abuso y la tobillera” y apuntó contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti: “Lo que uno termina viendo es que nuestro pueblo, cuando suceden estas cosas siente ese desamparo”.
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“La verdad, si hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de una Cristina caminando y no que esté reducida, sería diferente. Estos días no pude ir a verla. Desde el día viernes fui a verla poco, hoy sí me fui y estuve más tiempo y me decía lo complejo y difícil que se vuelve. Aparte para una persona que ha hecho de la vida pública, de la discusión, del debate, de hablar, de leer, de su vida. Y ella misma expresó en algún momento que se puede morir presa“, señaló.
Y agregó: “Me parece que hay gente que está jugando con cosas que no tienen repuesto y que no imaginan después la magnitud de las respuestas populares. Lo podemos ver hace unos días en todo esto que viene sucediendo en nuestro país”.
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Kirchner trazó un paralelo entre el trato que recibe su madre y el de otros condenados. “Tiene, en las condiciones de lo que es la prisión domiciliaria para cualquiera, las peores condiciones, peores que narcotraficantes y genocidas, que torturaron, que mataron, que se apropiaron de bebés, que dejaron el país prendido fuego con inflación y multiplicando por cinco o seis veces la deuda externa”, afirmó.
El legislador también cuestionó al poder judicial en términos amplios. “Esa mafia que se ha instalado en el sistema judicial argentino mira para otro lado”, sostuvo, y recordó como antecedente que “la Corte Suprema menemista cayó con la convertibilidad”, sugiriendo que el actual modelo económico podría arrastrar consecuencias similares para el tribunal.
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En ese marco, señaló que la ex presidenta aparece “primera o segunda en todas las encuestas” pese a lo que describió como una proscripción, y advirtió que el sistema judicial debería prestar atención a ese dato.
Sobre el primer aniversario de la detención, el diputado afirmó: “A un año de la detención de Cristina, se ve lo que se ha ido construyendo. Cuando vino acá y anunció que iba a ser candidata por la tercera sección electoral, de allí en más ya ni siquiera se sonrojaron, sino que avanzaron de una manera descarada”.
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El diputado extendió su diagnóstico más allá de la situación judicial y describió un cuadro de degradación social que, a su juicio, agrava el clima político. “Desde aquel día a hoy ha empeorado enormemente la calidad de vida de la gente. El transporte público cuesta más caro y funciona peor”, señaló, y añadió que los servicios públicos —luz, agua— subieron pese a las promesas de campaña de reducir impuestos.
Además, apuntó al pluriempleo como uno de los fenómenos más extendidos. “Hoy hay situaciones de dos, tres, cuatro trabajos”, lo que, según describió, desintegra el núcleo familiar: “Una parte se la pasa trabajando y casi prácticamente no puede ver a su familia. No tiene registro de lo que es el descanso propio. No se puede permitir soñar con unas pequeñas vacaciones”.
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Por otro lado, se refirió a la muerte del músico Carlos “Indio” Solari y reveló detalles de la organización del velatorio. Contó cómo se forjó su vínculo con el artista: “Un día llamó, nos invitó a comer a mí y a un par de compañeros y se fue generando en el tiempo algo bueno”.
Kirchner relató que el bloque oficialista en la Cámara de Diputados, a través de los legisladores Germán Martínez, solicitó al presidente del cuerpo autorización para realizar el velatorio en el Congreso Nacional. Sin embargo, comentó que el Ministerio de Seguridad rechazó el pedido argumentando que no estaban dadas las condiciones. “A la luz de los hechos, queda claro que se podía hacer”, afirmó el diputado.
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Describió que una de las condiciones que el entorno de la familia priorizó fue que la policía permaneciera retirada en la mayor medida posible. Contó que Virginia, la compañera del músico, le expresó durante el viernes previo al velatorio que quería que la gente pudiera estar “como en un último show, si se quiere, como una última misa”.
“Mi cabeza funcionó de esa manera”, dijo Kirchner. “Después, a quién tenía que llamar o no para que eso saliera, había que hacerlo”. Y completó: “Salió bien porque la gente estuvo hiperpredispuesta a eso”.
Una verdad tremenda: el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se ensaña con las mujeres. Su proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones, que envío al Senado provincial, declara la emergencia previsional. Dice que busca sanear el déficit del sistema sin afectar los haberes de los jubilados actuales, pero desconoce uno de los avances sociales y culturales más importantes de las últimas décadas: el impacto de las tareas de “cuidado” y su valor económico.
Al aumentar la edad de acceso a la jubilación e igualar las condiciones de edad entre hombres y mujeres, las mujeres retroceden. Frigerio está negando las desigualdades reales existentes y, de este modo, se profundizan inequidades históricas (se nota mucho el espíritu machista que sostiene el texto del proyecto).
La igualdad de género que históricamente reclamamos cuenta con normas nacionales y provinciales y está en las antípodas de esta decisión, por lo cual es de absoluto cinismo invocarla.
Especialistas y organizaciones internacionales y locales en seguridad social advierten que elevar la edad jubilatoria sin considerar las brechas de género profundiza la desigualdad económica y previsional.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
Foto: Mariano Martino
Las mujeres tienen mayores niveles de informalidad laboral, menores salarios y más responsabilidades en labores de cuidado durante toda su vida activa.
Está demostrado que enfrentan mayores dificultades para acceder y permanecer en empleos formales, y registran trayectorias laborales interrumpidas. Además, sostienen una doble jornada entre el trabajo remunerado y las tareas de cuidado no remuneradas. A esto se suman las reconocidas desigualdades para acceder a cargos jerárquicos.
¿Sabe Frigerio lo que son y qué implican las tareas de cuidado? ¿Acaso conoce cómo y cuánto agotan, y el tiempo que demanda ese trabajo impago?
Se lo pueden explicar muy bien las enfermeras y médicas, las docentes, las cocineras, las mujeres de servicios auxiliares, las empleadas públicas provinciales y municipales y las jubiladas.
Para ilustrar al respecto, ANSES informó que, sobre la densidad de aportes previsionales entre quienes alcanzaron la edad jubilatoria en 2024, el 64 % de los varones contaba con los aportes necesarios para acceder a la jubilación, mientras que entre mujeres ese porcentaje se reducía drásticamente al 37 %.
Por lo tanto, miles de mujeres quedaron excluidas del beneficio jubilatorio, ya que Milei eliminó en 2025 la posibilidad de acceder a la moratoria para completar aportes. Solo en Entre Ríos se vieron afectadas 6800 mujeres de esa franja etaria por la decisión oficial.
¿Alguien puede honestamente afirmar que esas mujeres no trabajaron?
Lejos de reparar esa desigualdad, Frigerio la profundiza. El aumento de la edad jubilatoria y la dificultad adicional para cumplir requisitos más exigentes constituyen una definitiva postergación que despoja de derechos.
El déficit de la Caja es usado como razón principal del proyecto de ley, aunque sólo constituye una parte de la realidad de las finanzas del Estado provincial, que se evita considerar integralmente, mientras se difunde información imprecisa.
Sin embargo, es empleado para tomar decisiones con consecuencias nefastas para grandes mayorías de entrerrianos. Y peor aún, desde el gobierno se alientan contradicciones entre sectores, estatales o no, que buscan ocultar las consecuencias del ajuste que inexorablemente sobrevendrá de aprobarse esta norma.
Vemos que, para resolver la situación previsional de quienes hacen funcionar las diversas reparticiones del Estado —organismo central, organismos descentralizados, el Poder Judicial, personas que atienden múltiples obligaciones, responsabilidades y servicios—, no se consideren diversas fuentes de financiamiento y solo se defina poner todo el peso del ajuste en el propio personal.
Por citar algunos ejemplos: el juego en línea, que ha tenido crecimiento exponencial; los impuestos a embarcaciones y autos de alta gama; la renta minera extractiva sobre arenas silíceas, áridos y arcillas; la transmisión de patrimonios por vía de herencias, legados o donaciones; o el Convenio Multilateral, donde Entre Ríos es la provincia de la Región Centro con menor índice (3,5 %), en relación con Córdoba (4,7 %).
El debate tributario debe sincerarse si es que la situación es grave.
Del mismo modo, la mentada solución del déficit de la Caja debería incluir la revisión de la vigencia del Decreto 1 de los primeros minutos de 2025 y del Decreto 77/25, firmados por el gobernador para asegurar el aumento constante y actualizado de su propio sueldo y el de sus funcionarios, a través de las llamadas UCES (Unidades de Compensación Económica), que se engrosan automáticamente mes a mes y tienen carácter remunerativo y bonificable; mientras que, en contrario, no hay aumento ni paritarias para empleados y educadores. Por ello, Entre Ríos integra desde marzo de 2026 el grupo de las cuatro provincias argentinas peor calificadas en materia de salarios docentes.
También debiera revisarse la ampliación injustificada de la estructura del gobierno provincial, con la creación de nuevos ministerios, secretarías y coordinaciones que suman varias decenas de altos cargos nuevos, a lo que se agregan todos los gastos adicionales de funcionamiento, servicios, viáticos, etc.
Cuando nos preguntamos qué esconde Frigerio en su proyecto de reforma previsional, aparecen respuestas que no pueden permanecer ocultas:
Discriminación de género y afectación de los intereses de las mujeres.
Su íntima relación política con Milei, que impide reclamos por fondos nacionales adeudados.
Concentración del ajuste en entrerrianos/as de sectores mayormente medios y bajos, como docentes, empleados del Estado y jubilados.
Declaración de emergencia en un solo organismo, la Caja de Jubilaciones, sin clara justificación presupuestaria y financiera integral.
Incremento apreciable de nuevos gastos y muestras palpables de injusticia tributaria que deben revisarse.
Atribución excepcional e inconstitucional para extender la emergencia sin aprobación legislativa.
Denunciamos que la ley jubilatoria no puede modificarse desde una acotada planilla de cálculo.
No hay equilibrio fiscal posible sin equilibrio social. Menos aún si, como se ve, al gobierno de Frigerio no le importa afectar a trabajadores y jubilados y pisotea derechos y conquistas de las mujeres.
