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El mercado laboral argentino atraviesa una transformación que, para Agustín Salvia, excede los indicadores tradicionales de empleo. Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) afirmó que en la última década se consolidó un proceso marcado por la pérdida de puestos asalariados, el crecimiento del autoempleo informal y una creciente división entre los sectores más dinámicos de la economía y quienes subsisten en actividades precarias.

En diálogo con Gonzalo Aziz, el sociólogo sostuvo que el deterioro del empleo registrado constituye uno de los principales cambios del mercado laboral argentino. “Estamos viendo un proceso de deterioro del mercado de trabajo en donde se perdió trabajo asalariado y se generó mayor trabajo de autoempleo, cuenta propia, emprendimientos de distinta naturaleza”, afirmó. En ese sentido, precisó que “aproximadamente casi un millón de puestos de trabajo asalariados se perdieron durante estos últimos diez años” y estimó que cerca de la mitad de esa caída ocurrió en los últimos dos o tres años.

Del desempleo al “rebusque”

Según explicó Salvia, la pérdida de empleo formal empujó a una parte creciente de la población hacia formas de trabajo independientes e informales. Para el investigador, ese fenómeno refleja la falta de oportunidades dentro del mercado registrado y explica por qué muchas personas recurren a actividades de subsistencia apenas quedan desocupadas. “En situación de desempleo, la opción disponible es pasar a un autoempleo informal. No tenés un empleo formal asalariado disponible, entonces la primera reacción que tenés es pasar a un rebusque”, describió.

De acuerdo con un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina, el 29% de las personas que pierde su empleo termina incorporándose a ese tipo de ocupaciones, una tendencia que, aseguró, ya existía entre 2011 y 2013, pero que en la actualidad “se agravó notablemente”.

El especialista aclaró, sin embargo, que no todo el autoempleo responde a la misma lógica. Explicó que existe un segmento de trabajadores técnicos y profesionales que opta por independizarse para desarrollar actividades vinculadas con la economía del conocimiento y los servicios digitales. “Hay una parte de la mano de obra técnico profesional que va al autoempleo, pero formal. Trabajadores que son productores digitales, de contenidos digitales. Esos trabajadores prefieren dejar un trabajo asalariado y constituirse en un trabajo independiente. Pero ese es un segmento minoritario también de la población”, señaló.

Dos mercados laborales que conviven

Para Salvia, la expansión del trabajo independiente está dominada por ocupaciones de baja productividad y escasa protección social. A diferencia del reducido universo de profesionales independientes, sostuvo que la mayor parte del crecimiento se concentra en servicios personales, tareas de mantenimiento, producción domiciliaria y distintas modalidades de comercialización informal. “Esos sectores crecieron mucho más que el trabajo en plataformas”, explicó al describir un fenómeno que, según su análisis, profundiza la precarización laboral.

En esa línea, relativizó el peso que suelen tener las aplicaciones dentro del debate público. Si bien reconoció que ese tipo de empleos creció en los últimos años, indicó que representa apenas entre el 6% y el 7% de la fuerza laboral. Además, advirtió que buena parte de esos trabajadores tampoco cuenta con protección social. “En Argentina, el nivel de subregistración o no registración es el más alto. Esos empleos la gente trabaja y no quiere hacer su aporte. Eventualmente, en el mejor de los escenarios, le hacen algún aporte a la Seguridad Social, pero en general lo dejan a voluntad del trabajador”, explicó.

El director del Observatorio sostuvo que la situación más crítica continúa concentrándose en quienes desarrollan changas o actividades informales tradicionales. A su entender, ese universo representa un porcentaje muy superior al de los trabajadores de plataformas y constituye uno de los principales núcleos de pobreza estructural del país. “El vendedor ambulante, el limpiavidrios, el trabajador que hace changas constituye el 25, 30% de la fuerza de trabajo en Argentina, el trabajador marginal. Esa Argentina sigue produciendo pobreza estructural”, resumió.

Endeudamiento y expectativas frustradas

Otro de los aspectos que destacó durante la entrevista fue el creciente nivel de endeudamiento entre quienes dependen de trabajos informales para sostener sus ingresos. Como ejemplo, mencionó el caso de los repartidores de aplicaciones, que en muchos casos financian la compra o reparación de sus herramientas de trabajo mediante créditos vinculados a las propias plataformas. “Los trabajadores de aplicaciones en promedio están endeudados en novecientos mil pesos con su propia aplicación, para comprar o arreglar motos y bicicletas para seguir trabajando”, detalló.

Salvia atribuyó esa situación a las expectativas de recuperación económica que se habían generado hacia fines de 2024. Según explicó, muchas familias asumieron deudas convencidas de que la actividad mejoraría durante 2025, aunque ese escenario finalmente no se consolidó. “La gente se endeudó porque pensó que 2025 iba a ser un año extraordinario. Pero lo que vino después se fue para abajo”, afirmó al describir el impacto que tuvo ese cambio de expectativas sobre los ingresos de numerosos trabajadores.

El desafío de la productividad

Más allá del crecimiento del empleo informal, Salvia consideró que el principal problema del mercado laboral argentino es su creciente fragmentación. Según explicó, mientras un sector reducido logra insertarse en actividades de alta productividad y mejores salarios, una porción mucho más amplia permanece atrapada en ocupaciones precarias con escasas posibilidades de movilidad social. “Mientras en el sector más dinámico de la economía vas observando un proceso de movilidad social ascendente, la pequeña y mediana empresa no crea empleo y los empleos que crea son más precarios”, sostuvo.

El investigador remarcó que esa mejora alcanza únicamente a una parte de la población. “Hay movilidad social ascendente en el segmento técnico profesional, en los segmentos dinámicos. Nada más que esa es la Argentina para 10, 15 millones de habitantes”, señaló, al advertir que el resto enfrenta un mercado laboral caracterizado por la baja productividad y la informalidad.

Finalmente, comparó la evolución argentina con la de otros países de la región y sostuvo que, a diferencia de Chile, las transiciones laborales fueron mucho menos bruscas. En ese marco, cuestionó que el análisis público se concentre exclusivamente en la tasa oficial de desocupación y propuso observar también el peso de las ocupaciones de muy baja productividad. “La desocupación no es del 6%. Si sumás los trabajos de changa de distinta naturaleza, el desempleo en Argentina se acerca al 28 o 30%”, afirmó.

A modo de síntesis, concluyó que el país enfrenta un problema estructural que excede la creación de empleo: “Hoy tenés un 30% de la fuerza de trabajo en Argentina de alta productividad, pero un 70% de subproductividad”.

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YPF Energía Eléctrica S.A., conocida como YPF Luz, la empresa de energía eléctrica de la petrolera de bandera, inició los trámites para comenzar a cotizar en Wall Street.

Se trata de una subsidiaria que cotizaría aparte de su empresa madre, presente en el NYSE de Nueva York desde hace más de 30 años, bajo el símbolo “YLUZ”.

Hace 190 días, otra empresa del sector, Genneia, especializada en energías renovables, realizó una anuncio similar.

“YPF Luz anuncia que ha presentado públicamente una declaración de registro en el Formulario F-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (“SEC”) relativa a una propuesta de oferta pública inicial de sus acciones ordinarias de Clase B de uno de sus accionistas. YPF Luz continuará evaluando el proceso en función de las condiciones del mercado y los requisitos regulatorios aplicables”, destacó la empresa en un comunicado.

En el documento oficial, la compañía informó que el accionista vendedor “está ofreciendo acciones ordinarias Clase B en una oferta global, que consiste en una oferta internacional de acciones ordinarias Clase B, que pueden estar representadas por American Depositary Shares (‘ADSs’), en Estados Unidos y otros países fuera de Argentina, y una oferta pública concurrente registrada ante la Comisión Nacional de Valores (‘CNV’) en Argentina”. Cada ADS representa diez acciones ordinarias Clase B. Según el prospecto, YPF Luz no recibirá ingresos provenientes de la venta de estas acciones ni de los ADSs en la operación internacional.

El número total de acciones ofertadas podrá reasignarse entre el tramo internacional y el argentino, y ambos cierres están condicionados entre sí. El documento aclara que, tras esta colocación, YPF Luz tendrá dos clases de acciones ordinarias, pero solo YPF y sus subsidiarias podrán poseer acciones Clase A, que no serán listadas en ningún mercado. Además, la empresa se definió como una “compañía en etapa de crecimiento emergente” según la Ley de Valores de EEUU y anticipó que, tras la oferta global, quedará categorizada como “compañía controlada” conforme a las reglas de gobierno corporativo de la NYSE.

La empresa tiene 12 años en el negocio de la generación de energía eléctrica. “Hoy generamos 10% de la energía eléctrica del país, desde 17 activos y proyectos en construcción que están diversificados en 8 provincias, demostrando nuestro liderazgo y compromiso federal. Esto nos permite alcanzar una capacidad instalada total de 3,4 GW, destaca en su web.

“Este crecimiento exponencial nos posiciona líderes del sector energético y nos permite destacarnos en generación, liderando el market share de venta de energía renovable a grandes usuarios. En un mercado cada vez más competitivo, YPF Luz se posiciona como viabilizador energético de diferentes industrias, con la capacidad de adaptarse a las nuevas demandas y las necesidades de cada cliente”, agregaron.

Mercado y potencia generadora

La presentación ante el regulador bursátil estadounidense incluyó una descripción detallada de su posición en el mercado argentino. Según el prospecto, la compañía afirmó ser “la principal compañía de generación eléctrica ‘pure-play’ en Argentina en términos de capacidad instalada. “Contamos con un portafolio estratégicamente diversificado con múltiples tecnologías, lo que nos permite aprovechar la complementariedad de nuestros activos al ofrecer energía térmica y renovable eficiente”, sostuvo.

El documento remarcó que la operatoria de YPF Luz incluye 2.740 megavatios en activos térmicos y 1.024 megavatios en renovables, lo que corresponde al 73% y 27% de la capacidad instalada de la firma, respectivamente. “Nuestra cartera de generación renovable comprende parques eólicos y solares, ubicados estratégicamente en sitios con condiciones óptimas de viento y radiación solar, lo que resulta en factores de carga notablemente superiores a los promedios del sector”, se lee en el prospecto. La empresa indicó que espera un crecimiento en la participación de la energía renovable sobre el total generado, a partir de la puesta en marcha de nuevas plantas.

Como parte de su expansión, la compañía informó que está construyendo su primer proyecto BESS de almacenamiento, con 90 MW, que elevará la capacidad total instalada a 3.854 MW una vez finalizado.

En cuanto a resultados, la empresa reportó ingresos por USD 640,8 millones y un Ebitda Ajustado de USD 427,5 millones para el año finalizado en diciembre de 2025. El margen Editda Ajustado fue del 66,7 por ciento. En el mismo período del año anterior, los ingresos alcanzaron los USD 524,2 millones. Para el primer trimestre de 2026, la compañía informó ingresos por USD 217,2 millones y un EBITDA Ajustado de USD 125,7 millones, con un margen del 57,9 por ciento. El prospecto explicó que la reducción del margen en el primer trimestre de 2026 se debió a la “internalización de los costos de combustible”, tras la descentralización del régimen de compra implementada por la Resolución N° 400/2025.

Además, el documento describe un escenario de transformación para el sector eléctrico argentino. Según el prospecto, el marco normativo “atraviesa cambios significativos y una transición hacia un modelo de mercado más desregulado y competitivo”. Desde el 1 de noviembre de 2025, la Resolución N° 400/2025 introdujo un nuevo esquema que, según la compañía, promueve “la competencia dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la libre contratación entre los participantes del mercado y la descentralización de la gestión de combustibles”.

La empresa sostuvo que el nuevo marco “implementa un sistema de remuneración basado en el costo marginal para el suministro eléctrico” y busca “reducir la intervención estatal en el esquema de remuneración y el sistema de contratación del sector”. En este contexto, YPF Luz anticipa un escenario de mayor apertura para acuerdos privados y expansión comercial. “Esperamos que este nuevo marco regulatorio brinde mayores oportunidades para celebrar contratos con clientes privados y genere otras oportunidades de crecimiento”, aseguró la compañía en su presentación.

También señaló que existen “potencial para captar una demanda incremental de electricidad proveniente de diversos segmentos de consumo existentes y emergentes, como la minería, el desarrollo de petróleo y gas, los centros de datos y la movilidad eléctrica”. De acuerdo con la empresa, se evalúan “de manera continua alternativas estratégicas para atender la nueva demanda, incluyendo iniciativas de crecimiento orgánico y posibles adquisiciones, sujetas a las condiciones del mercado, consideraciones regulatorias y prioridades de asignación de capital”.

Presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la urbanización del barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, ex villa 1-11-14. Esta iniciativa, surgida de un largo trabajo conjunto entre vecinos, vecinas, organizaciones e instituciones barriales junto a la parroquia Madre del Pueblo -que a través de su párroco Martín Durán Christian formalizó la presentación del proyecto- fue tomada como propia e impulsada por la legisladora y arquitecta Bárbara Rossen.

“Es un proyecto de los vecinos y para los vecinos, que impacta positivamente y mejora las condiciones de vida de los habitantes del barrio, del entorno inmediato, como así también de toda la Ciudad, dado que contribuye también a una mayor seguridad para los habitantes del barrio y sus alrededores”, explicó Rossen.

En diálogo con Infobae, el párroco señaló que “es una deuda histórica del barrio” y que en esta oportunidad se llevaron a cabo reuniones con los vecinos para tener sugerencias que se puedan aplicar a esta iniciativa. “El mismo proyecto que estaba formulado, se le fueron haciendo algunos cambios”, aclaró.

Un detalle no menor es que esta zona está comprendida por la ex Villa 1-11-14 y otros sectores que lo transformaron en uno de los barrios de emergencia más grandes que hay en la ciudad. Es más, según un censo de 2018 realizado por el gobierno porteño, viven más de 12 mil familias en apenas 4 mil viviendas. Sin embargo, el párroco de la Iglesia Madre del Pueblo señaló que en la actualidad manejan cifras superiores: “Tenemos que actualizar los datos a través de otras fuentes de información”.

El barrio comprende la zona que está delimitada por las avenidas Varela, límite del Club Daom, Coronel Esteban Bonorino, Riestra, Presidente Torres y Tenorio, las calles José Barros Pazos, Agustín de Vedia, Coronel Martiniano Chilavert, deslinde entre la parcela 20 y la Fracción A con la Fracción 34 c de la Manzana 2T Sección 44 y las avenidas Gral. Francisco Fernández de la Cruz y Perito Moreno.

El nombre del padre Rodolfo Ricciardelli no es menor, ya que se trata de un cura que misionó entre los más pobres de esa zona desde el año 1968 y luego fue designado párroco de la iglesia “Santa María Madre del Pueblo”, la primera fundada en una villa de emergencia por Monseñor Jorge Vernazza.

Justamente, Durán Christian explicó que decidieron presentarlo este 13 de julio, ya que es la fecha en la que falleció el cura. Se trató de un clérigo que eligió esa comunidad para vivir y se comprometió con sus causas reivindicativas de dignidad y justicia desde el 1 de abril de 1999, cuando por entonces integraba el Equipo Pastoral en las villas de emergencia. Junto a Vernazza y un grupo que los ayudaba, formaron la cooperativa de viviendas “Madre del Pueblo” con la que asistieron a la construcción de varios barrios en el gran Buenos Aires, posibilitando el acceso a una vivienda digna a muchas familias.

Cuando murió, el entonces Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio —después Papa Francisco— presidió la misa exequial. El féretro fue trasladado a pie hasta el cementerio y sus amigos, compañeros y vecinos el 13 de julio de 2010 lo exhumaron para depositarlo en el templo desde donde realizó su servicio pastoral.

Según pudo saber este medio, la intención es realizar un plan de integración socio-urbana con la creación de viviendas nuevas, mejorar las casas que ya están construidas y fortalecer la infraestructura como los equipamientos.

El proyecto, que estaría a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), incluye el diagnóstico, diseño y obras de infraestructura básica como agua, luz, cloacas y pluviales para las soluciones habitacionales definitivas. Para llevarlo adelante se conformarán una Mesa Técnica de Suelo y Hábitat y una Mesa de Gestión Participativa (MGP), dos órganos fundamentales que funcionarán en el barrio para que cada obra y norma urbanística se decida de manera consensuada.

“Construir vivienda es una obligación del Estado y un derecho constitucional para todos los habitantes de la Ciudad. Las soluciones sostenibles tienen que incluir a todos y para eso hay que tener en cuenta las distintas necesidades”, aseguró la legisladora y agregó: “Así como presenté diferentes proyectos atendiendo a las demandas de los vecinos de barrios como Floresta, Flores, Coghlan, Villa Urquiza, Colegiales, Palermo y Devoto, con necesidades de reformas al código urbanístico, la incorporación de espacios públicos o de protección patrimonial, hoy impulsamos este proyecto en el Bajo Flores, donde se brindarán créditos para que cada familia también pueda acceder a su vivienda”.

Entre las soluciones habitacionales definitivas se contemplarán viviendas nuevas dentro del mismo barrio o créditos de compra, computando el valor de su vivienda actual como aporte económico. Todo el plan se complementa con un fuerte esquema de regularización dominial para facilitar el acceso a la primera escritura y la gestión de tarifas sociales con reducciones graduales, además de plazos de gracia para amortiguar el impacto en cada hogar, respaldado por partidas específicas en el presupuesto anual de la Ciudad.

“Las ciudades más ricas, más saludables y más justas invierten en políticas de vivienda, infraestructura y espacios públicos. El rol y desafío del Estado es regular las tensiones propias entre la demanda de mercado y la de quienes viven en la Ciudad. En una Ciudad justa nadie debe quedar afuera”, completó Rossen.

En tanto, durante su discurso en la última sesión en la Legislatura porteña, sostuvo: “No hay política de vivienda. Construir viviendas es obligación del Estado y es un derecho constitucional. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es la política? ¿Qué están pensando hacer para resolver la situación angustiante de los inquilinos? No alcanza con empapelar una ciudad de cielo que somos la ciudad más linda del mundo. Tenemos que ser una ciudad más justa del mundo y estamos cada vez más lejos“.

El proyecto establece que las obras de infraestructura deberán planificarse con un horizonte de veinte años, contemplando estudios demográficos y proyecciones poblacionales. La iniciativa prohíbe expresamente los desalojos forzosos y establece que cualquier relocalización debe ser adecuada y consensuada. Además, fija un cupo mínimo del 30% de trabajadores y trabajadoras residentes del barrio para las obras que se emprendan, como mecanismo de promoción del empleo local.

En materia de soluciones habitacionales, la iniciativa define que toda solución será única y definitiva, y deberá cumplir condiciones mínimas: servicios de infraestructura sanitaria y eléctrica en funcionamiento, dimensiones acordes a la cantidad de ocupantes, condiciones adecuadas de iluminación y ventilación, y tenencia segura del inmueble. Las modalidades contempladas incluyen la adjudicación de viviendas nuevas dentro o en las inmediaciones del barrio, el mejoramiento de la vivienda existente, créditos para la compra fuera del barrio y permutas entre titulares de derecho. La normativa excluye expresamente la locación o las transferencias monetarias como soluciones válidas, salvo en el caso específico de los créditos de compra.

El proyecto incorpora también criterios ambientales: todas las obras del Proyecto Integral de Reurbanización (PIRU) deberán contar con el Certificado de Aptitud Ambiental conforme a la Ley N° 123 de la Ciudad. Asimismo, promueve la futura vinculación del barrio con la estación fluvial del Riachuelo a través de las avenidas Bonorino y Varela, como parte de las estrategias de integración urbana y turística de la zona, una vez que las condiciones ambientales del curso de agua lo permitan. El IVC quedará obligado a remitir un informe anual a la Legislatura sobre el avance del proceso, con rendiciones de cuentas trimestrales en el marco de la MGP.

Para determinar quiénes serán los beneficiarios del proceso, la autoridad de aplicación deberá cruzar la información del censo de 2018 con el Registro de Inquilinos No Censados y datos provenientes de organismos educativos, centros de salud, programas sociales y otras bases de datos públicas vinculadas a la residencia efectiva en el barrio. El IVC tendrá derecho de preferencia en caso de que algún grupo familiar exprese su voluntad de vender la vivienda adjudicada, y deberá destinar las unidades adquiridas a familias del barrio registradas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 125 días seguidos con saldo positivo en sus operaciones cambiarias, luego de superar el objetivo anual de compras de divisas. Este lunes, la entidad sumó USD 280 millones, el mayor nivel en un mes y medio y el quinto más elevado del año, y el total acumulado en 2026 ya sobrepasa los 11.700 millones de dólares.

Desde la implementación del actual esquema monetario en enero, el BCRA compró USD 11.735 millones tanto dentro como fuera del mercado de cambios. Solo el 2 de enero cerró con resultado negativo; el resto de las jornadas el saldo fue favorable. La mayor adquisición diaria ocurrió el 10 de abril, con 457 millones de dólares.

Las proyecciones oficiales para 2026 situaban el saldo neto de compras entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, considerando tanto la oferta de divisas como la demanda de pesos. El titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el comportamiento de estas variables será determinante para cumplir las metas anuales.

En junio, la autoridad monetaria redujo su intervención para evitar una mayor presión sobre el dólar. Ese mes se incrementó la demanda de la divisa, lo que provocó un aumento superior al 5% en su cotización, superando el ritmo de la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

Durante ese período, las compras sumaron USD 1.418 millones, cifra inferior a los USD 2.596 millones de mayo y el segundo registro más bajo del año, solo por encima de enero. En lo que va de julio, las adquisiciones ascienden a 570 millones de dólares.

La autoridad monetaria ya alcanzó la meta de acumulación de reservas fijada para 2026. En el primer trimestre, el crecimiento de las reservas netas estuvo influido por las necesidades de financiamiento del Tesoro. Para mantener el ritmo de compras, el BCRA emitió pesos sin esterilizarlos y el Tesoro absorbió parte de ese excedente mediante la colocación de deuda en moneda local, con el objetivo de estabilizar el dólar y la inflación.

El flujo de divisas provenientes de las exportaciones del sector agrícola continúa siendo clave para reforzar las reservas internacionales. En el último mes, el ritmo de liquidación del agro se incrementó y se consolidó como la principal fuente de recursos para las compras del Central.

De acuerdo con datos oficiales, el stock de reservas del BCRA cerró en USD 48.205 millones, lo que representa una caída de USD 517 millones en la jornada. Este descenso se explica por la salida de divisas tras el pago de un abultado vencimiento de deuda en moneda extranjera.

El dólar volvió a bajar

Este lunes, el volumen negociado en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó USD 497,9 millones. El dólar bajó seis pesos, equivalente al 0,4%, y cerró a $1.482, el valor más bajo desde el 30 de junio.

Con este movimiento, el tipo de cambio oficial acumula un aumento de solo 27 pesos o 1,9% en lo que va de 2026. El Banco Central estableció el tope de las bandas cambiarias en $1.822,74, por lo que el dólar mayorista dispone de un margen de 340,74 pesos, es decir, un 23% de recorrido hasta alcanzar ese límite, dentro de los parámetros oficiales. Esta diferencia representa la brecha más amplia desde el 18 de junio.

En el segmento minorista, el dólar al público retrocedió cinco pesos, o 0,3%, y se ubicó en $1.505 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue subió 15 pesos, o 1,1%, y terminó en $1.525.

Según datos del BCRA, el dólar minorista promedió $1.508,83 para la venta y $1.457,27 para la compra en las entidades financieras.