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Desde este mes, los usuarios de Edenor y Edesur comenzarán a percibir los efectos de un nuevo aumento aprobado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El organismo autorizó los valores del Costo Propio de Distribución (CPD) y los cuadros tarifarios para todas las categorías de usuarios mediante dos resoluciones publicadas en Boletín Oficial.

“La aplicación de los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES)”, confirmaron las resoluciones 243/2026 y 244/2026.

En lo que respecta a los valores del CPD para ambas distribuidoras, se aplicaron los aumentos de 4,10% para la empresa distribuidora del norte y 3,91% para el sur, respecto a abril. Los textos establecen que el Valor Agregado de Distribución (VAD) Medio también incrementará a $63.237 y $58.087, respectivamente.

La medida que impacta en los costos y luego se trasladará a las tarifas finales, establece el ajuste tanto para hogares residenciales sin subsidios como en aquellos que aún reciben asistencia estatal. El nuevo régimen tarifario también abarca a clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores, en un contexto regulatorio marcado por la continuidad de la emergencia energética y la política de segmentación de subsidios.

Durante el período mayo-julio del corriente año, la bonificación adicional extraordinaria para los usuarios de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) se fijó en 10,67 % sobre el consumo base. Esta bonificación, sumada a la general, apunta a lograr una transición gradual en el esquema de subsidios, evitando saltos abruptos en los montos facturados y dando previsibilidad a los beneficiarios.

Por último se actualizó el recargo destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), el cual quedará e $2.280 por MWh.

La resolución incluye, además, la aprobación de las tarifas de inyección para usuarios-generadores, así como los valores actualizados para el Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y el Costo de la Energía No Suministrada (CENS), que serán de aplicación a partir de mayo. Las instrucciones técnicas y los importes detallados constan en los informes anexos a la norma.

Bonificación en el consumo de gas

El Gobierno dispuso una actualización en el esquema de subsidios energéticos para el mes en curso, estableciendo una bonificación adicional del 25 % sobre el consumo de los usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Esta decisión, comunicada a través de la Resolución 111/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, modifica el porcentaje de la bonificación extraordinaria y refuerza los mecanismos de protección a los sectores de menores ingresos en un contexto de volatilidad internacional en los precios de la energía.

La medida, que se aplicará exclusivamente durante mayo, responde a la necesidad de amortiguar el impacto de los incrementos en el costo de abastecimiento del gas, consecuencia directa de los movimientos registrados en los mercados globales de hidrocarburos.

De acuerdo con la normativa, la bonificación del 25 % se adicionará a la bonificación general ya prevista en el artículo 7° del Decreto N° 943/25, en los términos del artículo 8° del mismo. De este modo, los usuarios beneficiarios del SEF verán reflejado un descuento acumulado en su factura del servicio público de gas, aplicable tanto al consumo de gas natural como de gas propano indiluido por redes.

La resolución alcanza a usuarios residenciales vulnerables, así como a Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro definidas en las Leyes N° 27.098 y N° 27.218. Para este conjunto de usuarios, la bonificación se aplicará sobre la totalidad del volumen consumido durante el mes de mayo, impactando directamente en la facturación y garantizando el acceso al consumo energético indispensable.

La decisión oficial instruye al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a tomar todas las medidas necesarias a fin de implementar la nueva bonificación en los cuadros tarifarios y los mecanismos de facturación.

El régimen de Irán advirtió este lunes que atacará a cualquier fuerza armada extranjera si ingresa al estrecho de Ormuz, en respuesta al inminente inicio del operativo “Proyecto Libertad” anunciado por Estados Unidos para escoltar buques comerciales en la zona bloqueada.

“Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera —especialmente el agresivo ejército de Estados Unidos— si intenta acercarse o entrar al estrecho de Ormuz, será objetivo de ataque”, declaró el mayor general Ali Abdollahi, del mando central iraní, en un comunicado difundido por la televisión estatal IRIB.

El jefe militar afirmó además que “la seguridad del estrecho de Ormuz está bajo el control de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán” y sostuvo que “cualquier tránsito seguro debe coordinarse con estas fuerzas”.

El pronunciamiento se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el domingo la puesta en marcha del operativo “Proyecto Libertad”, con el objetivo de garantizar la circulación de embarcaciones en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. “Les hemos dicho a estos países que guiaremos a sus barcos de forma segura fuera de estas vías marítimas restringidas, para que puedan continuar con sus negocios con libertad y sin problemas”, afirmó.

El plan prevé el despliegue de destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y unos 15.000 militares, según el Comando Central de Estados Unidos. La operación comenzará este lunes en Medio Oriente, aunque el Pentágono no detalló su modalidad.

Trump presentó la iniciativa como una respuesta a la situación de cientos de buques y unos 20.000 marineros que permanecen varados en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto. “Son víctimas de las circunstancias”, escribió. “Usaremos nuestros mejores esfuerzos para sacar a sus barcos y tripulaciones de forma segura del estrecho”, agregó.

El mandatario también advirtió: “Si de alguna manera se interfiere en este proceso humanitario, lamentablemente, habrá que actuar con firmeza contra esa interferencia”.

El estrecho permanece bloqueado de facto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero. Por esa vía circula habitualmente cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas, además de fertilizantes y otros insumos energéticos. El cierre impactó en los mercados globales y elevó los precios del crudo en torno a un 50% respecto de los niveles previos al conflicto.

En paralelo, se reportaron nuevos incidentes en la zona. Un buque de carga denunció un ataque por parte de varias embarcaciones pequeñas cerca de la costa iraní, mientras que otro fue alcanzado por “proyectiles desconocidos”, sin que se informaran heridos.

Según el observatorio marítimo del Reino Unido, también se emitieron advertencias por radio a varios buques cerca de Ras al-Khaimah para que abandonaran sus posiciones de fondeo, sin que se precisara el origen de los mensajes.

Irán negó haber participado en los ataques y aseguró que una de las embarcaciones fue detenida para una inspección de documentos en el marco de una operación de vigilancia. Las autoridades iraníes sostienen que controlan el estrecho y que permiten el tránsito de buques no vinculados a Estados Unidos o Israel mediante el pago de un peaje.

Desde el inicio del conflicto, tripulaciones de distintos países reportaron condiciones críticas a bordo, con escasez de agua potable, alimentos y suministros. Muchos de los marineros provienen del sur y sudeste asiático.

En el plano diplomático, Teherán analiza la respuesta de Washington a una propuesta de 14 puntos para poner fin a la guerra en un plazo de 30 días. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní señaló: “En esta etapa, no hay negociaciones nucleares”.

Trump aseguró que existen contactos en curso. “Soy plenamente consciente de que mis representantes están teniendo discusiones muy positivas con el país de Irán, y que estas discusiones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, afirmó, aunque expresó dudas sobre un acuerdo inmediato.

La propuesta iraní incluye el levantamiento de sanciones, el fin del bloqueo naval estadounidense y la retirada de fuerzas de la región, además del cese de hostilidades.

(Con información de AFP)

Tal como anticipó Infobae días atrás, el Gobierno oficializó la puesta en marcha del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, una iniciativa que busca fortalecer y modernizar las capacidades de defensa del país mediante un programa integral de reequipamiento, desarrollo de infraestructura estratégica y recuperación de capacidades operativas para las Fuerzas Armadas.

El decreto 314/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, estableció nuevos mecanismos de financiamiento y redistribución de ingresos estatales para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del plan.

En este sentido, dispuso la asignación de fondos provenientes tanto de la venta de inmuebles estatales como de procesos de privatización para fortalecer el equipamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas. En cuanto a los porcentajes que se destinarán, el texto indicó que el 10 % de los ingresos generados por la venta, locación, concesión, transferencia o cualquier otra forma de disposición de inmuebles del Estado será destinado al Ministerio de Defensa. En los casos en que los bienes involucrados estuvieran previamente asignados al área de Defensa, ese porcentaje se elevará al 70 % de los ingresos obtenidos.

Asimismo, establecieron que el 10 % de los recursos provenientes de la privatización de empresas y sociedades estatales (las incluidas en la Ley 27.742) también se destinará a la mencionada cartera. Esta disposición refuerza la capacidad de inversión directa en equipamiento militar y desarrollo de infraestructura, constituyendo una fuente adicional y complementaria al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). Estos recursos no sustituyen ni afectan lo previsto en dicho fondo, sino que constituyen un complemento destinado a atender necesidades de corto plazo y ampliar la capacidad de inversión en la recuperación de capacidades operativas.

En otro pasaje del texto, el Gobierno advirtió que los avances en tecnología militar, como la irrupción de la inteligencia artificial, el uso de armas robotizadas y el auge de los ciberataques, demandan la incorporación de nuevos medios y capacidades. Según el texto, para un país de la extensión y riqueza de recursos naturales del país, resulta esencial contar con un sistema de defensa con verdadera capacidad de disuasión y respuesta.

En el marco de la nueva normativa, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas deberá elevar al organismo conducido por Carlos Presti, en un plazo de noventa días, un informe detallando los requerimientos urgentes en materia de reequipamiento, modernización e infraestructura estratégica. El Ministerio deberá instrumentar los medios necesarios para responder a estas necesidades, utilizando los fondos asignados por el decreto.

La iniciativa fue impulsada por el propio ministro de Defensa, quien desde su llegada al cargo planteó la necesidad de crear mecanismos de financiamiento estables para recuperar equipamiento, infraestructura y despliegue operativo.

La nueva distribución de fondos responde también a la situación presupuestaria que afronta el área. El decreto advierte que la estructura vigente absorbía la mayor parte de los recursos en gastos de personal y funcionamiento, lo que limitaba severamente la inversión en modernización y reequipamiento. Hasta el decreto, todos los recursos obtenidos por la venta o concesiones de activos estatales estaban destinados al Tesoro Nacional.

Ahora, con esta decisión, parte de los fondos se direccionará a recuperar el instrumento militar. Con la reasignación de ingresos provenientes de las privatizaciones y de la administración y venta de inmuebles públicos, el Gobierno busca brindar una fuente adicional y permanente para sostener el funcionamiento y la actualización tecnológica de las Fuerzas Armadas.

Uno de los proyectos más relevantes dentro de esa agenda es la base integrada en Tierra del Fuego, una obra que en el Gobierno consideran de valor geoestratégico central. Su ubicación en el extremo sur le daría a la Argentina mayor capacidad logística y operativa en el Atlántico Sur y reforzaría la proyección nacional sobre la actividad antártica.

Estados Unidos pondrá en marcha este lunes el operativo “Proyecto Libertad” para guiar y escoltar barcos comerciales varados en el estrecho de Ormuz, en un contexto de alta tensión con Irán y tras nuevos ataques reportados contra embarcaciones en la zona.

El presidente Donald Trump anunció la iniciativa el domingo como un esfuerzo para garantizar el tránsito seguro en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. “Les hemos dicho a estos países que guiaremos a sus barcos de forma segura fuera de estas vías marítimas restringidas, para que puedan continuar con sus negocios con libertad y sin problemas”, afirmó.

El plan contempla el despliegue de destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y unos 15.000 militares, según el Comando Central de Estados Unidos. La operación comenzará en la mañana del lunes en Medio Oriente, aunque el Pentágono no detalló la modalidad exacta de ejecución.

Trump describió la iniciativa como un gesto humanitario ante la situación de cientos de embarcaciones y unos 20.000 marineros que permanecen varados en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto. “Son víctimas de las circunstancias”, escribió, y añadió: “Usaremos nuestros mejores esfuerzos para sacar a sus barcos y tripulaciones de forma segura del estrecho”.

El mandatario también lanzó una advertencia directa: “Si de alguna manera se interfiere en este proceso humanitario, lamentablemente, habrá que actuar con firmeza contra esa interferencia”.

El régimen de Irán rechazó el anuncio y advirtió que cualquier intervención será considerada una violación del alto el fuego vigente. El jefe de la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní señaló: “Cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego”.

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado de facto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero. Por esa vía suele circular cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas, además de fertilizantes y derivados energéticos clave. El cierre impactó en los mercados globales y elevó los precios del crudo en torno a un 50% respecto de los niveles previos al conflicto.

En paralelo al anuncio del operativo, se registraron nuevos incidentes en la zona. Un buque de carga reportó un ataque por parte de varias embarcaciones pequeñas cerca de la costa iraní, mientras que otro barco fue alcanzado por “proyectiles desconocidos”. No se informaron heridos.

Según el observatorio marítimo del Reino Unido, también se emitieron advertencias por radio a varios buques cerca de Ras al-Khaimah para que abandonaran sus posiciones de fondeo. No quedó claro el origen de los mensajes.

Irán negó haber participado en los ataques y aseguró que una de las embarcaciones fue detenida para una inspección de documentos en el marco de una operación de vigilancia. Las autoridades del régimen iraní sostiene que controlan el estrecho y que permiten el tránsito de buques no vinculados a Estados Unidos o Israel mediante el pago de un peaje.

Desde el inicio del conflicto, tripulaciones de distintos países han reportado condiciones críticas a bordo, con escasez de agua potable, alimentos y suministros. Muchos de los marineros provienen del sur y sudeste asiático.

En el plano diplomático, Teherán analiza la respuesta de Washington a una propuesta de 14 puntos orientada a poner fin a la guerra en un plazo de 30 días. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní indicó: “En esta etapa, no hay negociaciones nucleares”.

Trump sostuvo que existen contactos en curso. “Soy plenamente consciente de que mis representantes están teniendo discusiones muy positivas con el país de Irán, y que estas discusiones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, afirmó, aunque expresó dudas sobre un acuerdo inmediato.

La propuesta iraní incluye el levantamiento de sanciones, el fin del bloqueo naval estadounidense y la retirada de fuerzas de la región, además del cese de hostilidades, incluidas operaciones vinculadas a Israel.

Mientras tanto, Washington mantiene un bloqueo naval sobre puertos iraníes desde el 13 de abril. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: “Creemos que han recaudado menos de 1,3 millones de dólares en peajes, una cantidad ínfima comparada con sus ingresos petroleros diarios anteriores”. Añadió que “tendrán que empezar a cerrar pozos”.

(Con información de AFP y AP)

Tras la caída de 2,6% del nivel de actividad en febrero, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que en marzo habría un repunte y que los sectores que venían rezagados, como la industria y la construcción, emitían signos positivos.

Los niveles de actividad e inflación son los principales tests del Gobierno para este año. Y si bien algunos relevamientos de consultoras fueron en línea con las palabras de Caputo, otros brindan señales mixtas.

Durante su participación en el evento Expo EFI 2026, la semana pasada, el titular de la cartera económica sostuvo que “la recaudación ya empezó a crecer”, un tema que le preocupaba, según había reconocido meses atrás.

Lo cierto es que la mayoría de los indicadores en el tercer mes del año estuvieron en verde. El relevamiento de Analytica reportó que el Índice Líder de Actividad (ILA) creció un 0,9% mensual.

Según la consultora, la industria y el frente externo impulsaron la mejora, con la siderúrgica revirtiendo las caídas de febrero (17,2%). La molienda oleaginosa subió 21,6% y la producción de aceites avanzó 19,8%, reflejando el procesamiento récord de girasol desde fines de 2025. El consumo de electricidad de grandes usuarios aumentó 3,2%, por mayor dinamismo de la industria energo-intensiva.

A su vez, el sector automotriz mostró un desempeño positivo, con la producción de autos en alza de 5,5%, ventas a concesionarios creciendo 4,9% y patentamiento de motos en 6,3%. El patentamiento de maquinaria agrícola avanzó 8,0%. Además, el índice Construya subió 1,3% y el consumo de cemento repuntó 4,1%. Por otro lado, el sector agropecuario, medido por el IACA-BCR, cayó 2,3% mensual, aunque el nivel de marzo se ubicó entre los más altos de la serie histórica.

En el plano externo, las exportaciones de bienes aumentaron 21,8%, impulsadas por los complejos de maíz y girasol, que lograron los mayores volúmenes para un mes de marzo desde que hay registros. Aunque Analytica advirtió que el rebote no se trasladó a la demanda de los hogares: el consumo privado, el crédito a familias y la confianza del consumidor siguieron deteriorándose. El índice de confianza del consumidor UTDT descendió 5,3% y los préstamos al consumo bajaron 1,0 por ciento.

Repunte en la industria

En la consultora EconViews tuvieron otro diagnóstico sobre lo que sucedió en marzo. Su “semáforo de actividad” registró un rebote mensual en marzo, con mejoras principalmente en la industria y el sector de Oil&Gas, aunque en la construcción los resultados fueron mixtos. El relevamiento indicó que en marzo, la de autos subió 11,1% y la de acero avanzó 18,0%. La molienda de soja aumentó 27,4% y la producción de harina, 9,5%. El consumo de cemento bajó 3,1% y aunque el índice Construya aumentó 4,6%. En el sector inmobiliario, las escrituras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registraron un salto de 21% mensual. Aunque la construcción general, en cambio, retrocedió 1,3 por ciento.

EconViews también informó avances en la producción de petróleo (6,1%) y en el consumo de electricidad (4,7%). El patentamiento de autos creció 6,8%, el de motos, 2%. En el frente externo, las exportaciones FOB subieron 19,8%, mientras que las importaciones CIF lo hicieron en 0,4%. El informe de EconViews consignó que la recaudación por IVA-DGI subió 1,0%. Entre los indicadores negativos, se destacó que los préstamos en pesos al sector privado cayeron 1,0% y las ventas de nafta bajaron 0,7 por ciento.

El análisis de los datos de Analytica y EconViews dejó en evidencia que la mejora de marzo tuvo su epicentro en sectores exportadores y manufactureros, que en el caso de esta última fue una señal nueva para el programa económico. Aunque la demanda interna y el crédito continuaron siendo débiles.

Y si bien el agro retrocedió respecto a febrero, aunque se mantuvo en niveles históricamente altos. La evolución sectorial de marzo expuso un escenario dispar, con polos de crecimiento y otros rezagados, pero con cambios en quienes componen ambos grupos. El repunte ahora se apoyó en la industria y la exportación, mientras el consumo y el crédito siguieron en retroceso. La construcción presentó señales mixtas. Para EconViews, el consumo de cemento y el índice Construya subieron, aunque la construcción general bajó 1,3 por ciento.

La apuesta a la construcción

El ministro Caputo apuesta a que a mitad de año allá una reactivación mayor de la construcción. Fue en su discurso en el evento de Expo EFI en donde confesó que, por medio de la licitación de rutas nacionales, darle un impulso al sector. “Si pensamos en la construcción, para junio o julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más. También vamos a estar empezando el proceso de licitación para otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. Le estamos entregando rutas nacionales a las provincias que están empezando a hacer ellas las obras, con financiamiento propio o que le estamos consiguiendo nosotros del BID, el Banco Mundial, CAF”, afirmó.

No obstante, desde el sector de la construcción surgieron cuestionamientos sobre el verdadero alcance de la política oficial. Una fuente privada consultada por Infobae señaló que “el sector no puede mostrar signos positivos con las concesiones de las rutas porque el 70% del sector es obra privada. Las concesiones impactan sobre el 30% de la obra pública”. La misma fuente explicó que, si bien hay expectativas en torno a los anuncios referidos a los 12.000 kilómetros de rutas nacionales, no existen detalles claros sobre la modalidad de ejecución ni sobre la viabilidad de concesionar tramos donde el tránsito es escaso. “Escuchamos que el Gobierno quiere hacer una mezcla de peaje y subsidio, pero escuchamos, no tenemos detalles, por lo que no sabemos si va a cerrar”, puntualizó en off the record.

Japón y Australia acordaron una respuesta urgente para garantizar suministros energéticos estables tras el impacto “enorme” que genera la restricción del flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz sobre Asia-Pacífico, según declaró este lunes la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, luego de reunirse en Canberra con su par australiano, Anthony Albanese.

“La clausura efectiva del estrecho de Ormuz está infligiendo un impacto enorme en el Indo-Pacífico”, afirmó la jefa de Gobierno japonesa ante periodistas. En ese contexto, agregó: “Confirmamos que Japón y Australia mantendrán una comunicación estrecha para responder con sentido de urgencia”.

El estrecho de Ormuz canaliza cerca de una quinta parte del petróleo mundial. La interrupción del tránsito marítimo se produce luego de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que derivó en restricciones impuestas por Teherán en esa vía estratégica. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, alrededor del 80% del crudo que circula por esa ruta tiene como destino países de Asia.

Durante el encuentro bilateral, ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de reforzar la autonomía energética y la resiliencia frente a interrupciones del suministro. Takaichi señaló que el objetivo consiste en “fortalecer la autonomía y la resiliencia para asegurar suministros estables de energía”.

Australia ocupa un rol central en ese esquema. El país es el principal proveedor de gas natural licuado para Japón, mientras que Japón aporta cerca del siete por ciento del diésel que utiliza Australia. Esa interdependencia energética figura como uno de los pilares de la relación bilateral.

En paralelo, los dos países emitieron una serie de declaraciones conjuntas que abarcan cooperación en energía, economía, defensa y minerales críticos. El primer ministro australiano sostuvo que esos acuerdos tienen impacto directo en la población. “Estos acuerdos benefician a nuestros pueblos”, expresó Albanese. Además, remarcó: “Para los australianos, significarán una menor vulnerabilidad frente a shocks globales como los que observamos ahora por el conflicto en Medio Oriente”.

El suministro de minerales críticos constituye otro eje estratégico. Japón busca garantizar el acceso estable a insumos clave para la producción de semiconductores, baterías para vehículos eléctricos y sistemas de defensa. Australia, por su parte, promueve sus reservas de minerales como una alternativa para reducir la dependencia global de las tierras raras provenientes de China.

La cooperación bilateral también se extiende al ámbito militar. Ambos países consolidaron sus vínculos de defensa con un acuerdo por unos 10.000 millones de dólares australianos firmado el año pasado, que prevé la provisión de buques de guerra furtivos clase Mogami por parte de Japón a la marina australiana.

En el plano geopolítico, Takaichi reafirmó su compromiso con la estrategia de un Indo-Pacífico “libre y abierto”. Durante un discurso de política exterior pronunciado en Vietnam el fin de semana, la mandataria señaló que Japón intensificará sus esfuerzos en esa dirección. La iniciativa, impulsada originalmente por el ex primer ministro Shinzo Abe, cuenta con el respaldo de varios aliados de Estados Unidos en la región.

“Japón busca fortalecer su resiliencia, en particular mediante el refuerzo de las cadenas de suministro de energía y minerales críticos, y la ampliación de la cooperación en seguridad”, indicó la líder japonesa en esa intervención.

El concepto de Indo-Pacífico “libre y abierto” forma parte de una estrategia más amplia orientada a contrarrestar la influencia de China en la región. La propuesta genera tensiones con Beijing, que cuestiona ese enfoque.

(Con información de AFP)

Luego de que la Justicia fallara a favor de la reforma laboral, el Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales durante cuatro años para empleadores que contraten trabajadores sin empleo registrado.

La implementación del capítulo se hizo efectiva mediante la publicación del decreto 315/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Andrés Caputo.

De acuerdo con lo dispuesto, los empleadores comprendidos en este régimen gozarán de ciertos beneficios por cada nueva incorporación de trabajadores. Para ello, los empeados deberán cumplir con una serie de requisitos.

El régimen apunta a cuatro perfiles de trabajadores. El primero es el de quienes no contaban con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025. El segundo, quienes estuvieron desempleados durante los seis meses previos al alta laboral. Los otros dos perfiles son los ex inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes —monotributistas— que no hayan ejercido actividades en relación de dependencia en el sector privado en los últimos seis meses, y aquellos cuyo último empleo bajo dependencia fue en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El decreto aclara que la obtención de ingresos adicionales por parte del trabajador —ya sea bajo el régimen general o como monotributista— luego de iniciada la relación laboral no afecta los beneficios que le correspondan al empleador.

Para quedar comprendidos en el RIFL, los empleadores deben haber adquirido el carácter de inscriptos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del 10 de diciembre de 2025. Las relaciones laborales que habilitan el beneficio son aquellas que se inicien y registren ante ARCA entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, ambas fechas inclusive. La norma fija además un tope: las incorporaciones bajo este régimen no pueden superar el 80 % de la nómina total de trabajadores del empleador.

El beneficio consiste en una reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses contados desde el mes de alta de cada nueva relación laboral. Las alícuotas diferenciales son dos: 2 % y 3 %, según el subsistema de destino. Las calculadas sobre el 2 % se distribuyen entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, en la misma proporción que hubiera correspondido sin el RIFL. Las calculadas sobre el 3 % tienen destino exclusivo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), regido por la Ley N° 19.032. ARCA fijará el procedimiento de liquidación e ingreso de ambos componentes.

En caso de que el empleador no cumpla con los requisitos correspondientes, deberá recomponer las contribuciones no abonadas más los intereses y sanciones que correspondan. ARCA tiene a su cargo instrumentar los controles sistémicos para hacer operativas las exclusiones automáticas.

La norma también establece que la contribución mensual al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) sigue siendo obligatoria para las relaciones laborales incluidas en el RIFL, y que la reducción prevista en el artículo 76 de la ley no se aplica mientras el régimen esté vigente para esa relación. Los empleadores deben ejercer la opción de adhesión mediante los mecanismos que determine ARCA; la falta de ese ejercicio impide el goce retroactivo del beneficio por los períodos en que no se hubiera aplicado.

Para la articulación con planes y programas sociales, ARCA deberá coordinar con el Ministerio de Capital Humano los mecanismos de intercambio de información necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones correspondientes. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y ARCA quedan facultadas para dictar las normas aclaratorias y complementarias que requiera la aplicación del régimen.

Esta reglamentación llega luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocara al cautelar que frenaba la reforma laboral y reestableciera la validez de 83 artículos. Tras esto, la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitarse en ese fuero y no en los juzgados del trabajo.

De esta manera, el Gobierno consideró que la legislación está plenamente vigente, por lo que avanzó rapidamente con su implementación.

La estrategia de mentoría digital inversa, en la que los jóvenes enseñan a adultos mayores el uso de tecnologías digitales, demuestra un impacto positivo y mensurable en la alfabetización digital de las personas mayores en Macao, una Región Administrativa Especial de China ubicada en la costa sur del país.

Este proceso, que se desarrolla a través de iniciativas comunitarias e intergeneracionales en la región, contribuye al aprendizaje técnico y a modificar las percepciones sobre el envejecimiento, enfrentando estereotipos que dificultan la integración digital.

Un estudio realizado por Jierong Hu, Minzhi Ye, Haotian Wan y WengIan Leong, publicado en Innovation in Aging, respalda la efectividad de esta metodología y documenta que el avance tecnológico de la sociedad requiere estrategias que fortalezcan la inclusión digital y la percepción positiva del envejecimiento de los adultos mayores.

La investigación liderada por Hu y Ye abarcó a 402 adultos mayores de 60 años o más residentes en Macao. Del total encuestado, el 62,44% tenía entre 60 y 69 años y una proporción minoritaria correspondía a varones.

El análisis mostró que casi el 70% de los adultos mayores en Macao utilizaban internet en 2024, frente a solo el 3 % en 2001, pero aún persiste una brecha: el 30% de las personas mayores permanecían desconectadas por falta de habilidades digitales, según datos de la organización especializada Macao Association for Internet Research citados en Innovation in Aging.

La investigación analizó cómo impacta la mentoría digital inversa —un modelo en el que jóvenes enseñan tecnología a personas mayores— en la alfabetización digital de adultos mayores de Macao. Tras controlar variables como edad, género, nivel educativo, ingresos, estado de salud y acceso a internet en el hogar, los investigadores detectaron una mejora significativa en las habilidades digitales de quienes participaron de esta experiencia.

El hallazgo central fue que el aprendizaje intergeneracional no solo facilitó el manejo de herramientas tecnológicas, sino que también fortaleció la disposición de los adultos mayores a incorporarlas a su vida cotidiana. Según el estudio, el efecto de este acompañamiento fue tanto directo como indirecto: además de enseñar habilidades concretas, modificó la forma en que los participantes percibían su propio proceso de envejecimiento.

Uno de los puntos más relevantes fue el impacto sobre la autoimagen en la vejez. La investigación mostró que quienes desarrollaron una visión más positiva de su etapa de vida presentaron mayores niveles de alfabetización digital. En cambio, las percepciones negativas sobre el envejecimiento funcionaron como una barrera para aprender nuevas tecnologías.

El programa de mentoría ayudó a reforzar percepciones positivas y a reducir prejuicios internos asociados a la edad, lo que aumentó la predisposición de los adultos mayores a integrarse en entornos digitales.

En cambio, la confianza general en la propia capacidad para enfrentar desafíos mejoró con la experiencia, aunque no mostró una relación directa con el aprendizaje tecnológico. Esto sugiere que, más que la confianza general, el factor decisivo para aprender tecnología es cómo cada persona percibe su propio envejecimiento.

Este hallazgo indica que el autoconcepto debe abordarse desde dimensiones vinculadas específicamente al envejecimiento y la tecnología, y no a través de escalas genéricas de autoeficacia.

Factores demográficos y recursos: infraestructura antes que escolarización

El trabajo del equipo de Hu y Ye identificó que, una vez controlados la mentoría digital recibida y las percepciones de envejecimiento, ni el género, ni el nivel educativo, ni los ingresos resultaron relevantes en la predicción de competencias digitales entre los adultos mayores. El acceso a internet en el hogar emergió como el principal facilitador del desarrollo de habilidades digitales, reforzando la importancia de la inversión en infraestructura como estrategia de inclusión.

Entre los participantes, el 75,87% contaba con conexión a internet doméstica y solo el 12,19 % tenía ingresos mensuales superiores a USD 1.250, cifra baja incluso considerando el ingreso promedio de la población adulta mayor en Macao. El 40,55% vivía solo y más del 50 % tenía escolaridad primaria o inferior.

La edad —con un rango en la muestra centrado entre 60 y 69 años, en correspondencia con la estructura demográfica local— y el deterioro de la salud autopercibida constituyeron predictores negativos de la alfabetización digital, aunque el efecto principal se reservó al acceso a herramientas y redes.

La mentoría digital inversa, una política intergeneracional eficaz

Las iniciativas de DRM promovidas por el gobierno de Macao, como el programa “Aula Digital para Adultos Mayores”, han impulsado experiencias formales e informales de capacitación, involucrando a jóvenes voluntarios, familiares y trabajadores sociales. Estas acciones permiten que los mayores no solo adquieran competencias prácticas, sino que reconfiguren su relación con las nuevas tecnologías y superen barreras ligadas a creencias autolimitantes sobre la vejez.

El modelo propuesto por el estudio recomienda incorporar la DRM en programas sociales y políticas públicas, priorizando la participación directa y el contacto intergeneracional. Estas estrategias, según los resultados publicados en Innovation in Aging, pueden reducir un tercio del efecto limitante de los estereotipos negativos de envejecimiento sobre el aprendizaje digital y contribuir a cerrar la brecha generacional.

La evidencia recopilada por Jierong Hu, Minzhi Ye y sus colaboradores demuestra que los modelos de intervención empoderadores, donde el acceso a tecnología, la convivencia generacional y la resignificación de la experiencia de envejecer son fundamentales para lograr una inclusión digital efectiva de las personas mayores en sociedades cada vez más tecnologizadas.