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El dólar mayorista negoció estable este jueves, con un monto en el segmento de contado que alcanzó los USD 558 millones, en un buen nivel, aunque unos USD 260 millones por debajo del volumen diario registrado entre el lunes y el miércoles de esta semana, en máximos del año. Gustavo Quintana, operado de PR Corredores de Cambio, advirtió que el “feriado de mañana en los EEUU anticipa cierto impacto en el nivel de actividad local”, lo que explicaría esta merma.

El dólar mayorista cedió un peso, a $1.488, tras haber anotado en la sesión anterior el precio más alto desde el 24 de octubre del año pasado ($1.492, récord nominal). El tipo de cambio oficial interrumpió así una serie de tres alzas consecutivas con volumen de negocios por encima de los USD 800 millones en el spot.

El BCRA fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.809,35, cifra que dejó al dólar mayorista aún a 321,35 pesos o 21,6% de ese umbral para la intervención.

En el mercado de dólar futuro se negoció el equivalente en pesos a más de USD 1.400 millones, un importante volumen que refleja a la vez la participación del BCRA con venta de contratos para fijar la expectativa de precios, puntualmente en las posiciones de vencimiento más próximo, pues las posturas para el cierre de julio se movieron apenas un peso o 0,1%, a 1.508 pesos.

El interés abierto superó los USD 3.500 millones, pero aún deja un margen muy amplio para una eventual intervención del BCRA en esta plaza, cuyo límite se estableció en el equivalente a USD 9.000 millones -pues las operaciones de dólar futuro se pactan en pesos-.

En las últimas ruedas también había destacado el volumen operado en instrumentos dólar linked, lo que sugeriría ventas oficiales también en esta plaza, con muy relevantes montos de USD 1.137 millones el 25 de junio, USD 408 millones el 29, y USD 512 millones el 1 de julio.

“Dentro de una operatoria más elevada en las últimas ruedas, principalmente a partir de una mayor demanda privada, el dólar mayorista extiende el gradual deslizamiento, y así es que ahora testea los $1.490. Más allá del reacomodamiento reciente, incluso con algunos cierres de apuestas al carry, es de destacar que dicho proceso se viene dando con orden y sin alterar demasiado las expectativas, ya que era anticipado hacia el segundo semestre”, afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“El tipo de cambio oficial inició julio al alza, mientras los financieros cedieron y el BCRA moderó sus compras”, señalaron desde Cohen Aliados Financieros.

El dólar al público estuvo negociado sin variantes, a $1.510 para la venta en el Banco Nación, al igual que el dólar blue, que quedó estable a 1.525 pesos.

Se esperan más divisas del agro

Los analistas de Rava Bursátil aportaron que “el sector agroexportador liquidó USD 3.007 millones en junio, con un acumulado semestral de USD 13.378 millones. Esta cifra representa una baja del 13% frente al primer semestre del año anterior, aunque se deben considerar los incentivos para liquidación anticipada durante 2025. De cara a la segunda parte del año, la menor oferta estacional de divisas influye en el alza del dólar oficial y los tipos de cambio financieros”.

“El ingreso de estas divisas resultó clave para estabilizar el dólar oficial y permitir la acumulación de reservas en el Banco Central. Sin embargo, el mercado ya anticipa el fin de la temporada alta de la cosecha gruesa, factor estacional que presionó al alza a los tipos de cambio financieros en las últimas semanas. Hacia adelante, las perspectivas son optimistas debido a que la campaña 2025/26 proyecta un volumen de 149 millones de toneladas entre trigo, maíz y soja, superando ampliamente las 119 millones del ciclo previo”, refirió Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Según datos publicados por la Secretaría de Agricultura, las ventas totales de soja alcanzaban 20,4 millones de toneladas al 24 de junio, de las cuales 12,6 millones correspondían a ventas con precio fijado y 7,8 millones permanecían pendientes de fijación de precio. Utilizando la estimación de producción de 51,5 millones de toneladas de la Bolsa de Comercio de Rosario, las ventas totales representaban el 39,6% de la producción esperada al 24 de junio, frente a un promedio de 47,5% para el mismo momento de la campaña en los últimos seis años.

“Si bien las ventas pendientes de fijación de precio se encuentran en línea con el promedio histórico, las ventas con precio fijado representan apenas el 24,5% de la producción esperada, más de siete puntos porcentuales por debajo del promedio de los últimos seis años (30,7%)”, precisaron los expertos de Max Capital.

“Esto sugiere que las ventas de los productores continúan relativamente demoradas, lo que probablemente explique parte de la dinámica cambiaria observada en las últimas semanas. Como señalamos en nuestro último informe, Estrategia Argentina: Detrás de un Peso más débil, esperamos que estos ingresos de divisas finalmente se materialicen dada la fuerte cosecha, aunque los productores no parecen tener apuro por vender. Por lo tanto, el momento sigue siendo incierto, ya que podrían esperar un tipo de cambio más favorable o mayores precios internacionales antes de fijar precios”, añadieron desde Max Capital.

“En un contexto de mayor apertura comercial y competitividad todavía limitada, una proporción creciente de la demanda parece canalizarse hacia bienes y servicios producidos en el exterior. El desempeño de los sectores dinámicos (agro, minería-hidrocarburos, intermediación financiera), aunque importante, no alcanza para compensar la situación de los sectores rezagados, y configura un escenario de bajo crecimiento”, explicó Marcos Cohen Arazi, responsable de la sección Productiva del IERAL de la Fundación Mediterránea.

El artículo es claro. Explícito. Inapelable. “Las organizaciones y personas fuera del territorio de la República Popular China que lleven a cabo actos dirigidos a sabotear la unidad y el progreso étnico o a provocar la división étnica de la República Popular China serán legalmente responsables de acuerdo con la ley“. El largo brazo represor del régimen de Beijing llega hasta la esquina de cualquier ciudad, en el país que sea. Desde Japón hasta Chile. Pasando por Kenia y España.

Se trata de la “Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico” de la República Popular China, aprobada el 12 de marzo de 2026 y vigente desde el 1 de julio de 2026. Es la culminación de un proyecto que se estuvo gestando durante más de una década, desde la Conferencia Central de Trabajo Étnico de 2014.

Sus 64 artículos están divididos en seis capítulos: “Disposiciones generales”; “Construcción de un hogar espiritual compartido”; “Fomento de los intercambios y la integración”; “Promoción de la prosperidad y el desarrollo comunes”; “Salvaguardias y supervisión” y “Responsabilidad legal”.

La ley no sólo proclama principios que podría barrer con etnias milenarias, sino que obliga a un número importantes de actores de la sociedad civil a hacerla cumplir: ciudadanos; funcionarios; docentes; universidades; medios de comunicación; empresas; organizaciones civiles; plataformas de internet; organizaciones religiosas y gobiernos locales. Casi toda la estructura social es responsable del objetivo de fortalecer el (vaguísimo) concepto de “conciencia de comunidad de la nación china“, articulación que la norma no especifica de qué se trata ampliando la discrecionalidad del ente regulador: el Partido Comunista Chino (PCC).

A lo largo del texto pueden leerse conceptos y expresiones abstractas como son hablar de “fortalecimiento de la conciencia de comunidad nacional” o de una “construcción de una patria espiritual común“. Está claro que el PCC determina qué es “la patria espiritual” o “la conciencia nacional” -conceptos que retrotraen a los años 30 y 40 del siglo pasado en Italia y Alemania– pero no están descritos con detalle por lo que su ejecución quedará a criterio de un burócrata del partido dentro de China. ¿Qué acciones “dañan la unidad étnica” (artículo 58) en un país compuesto por más de 50 etnias?

La ley de “la Unidad y el Progreso” -además de ser obligatoria para los chinos fuera de China- se mete dentro de los núcleos familiares: “Los padres u otros tutores de menores deberán cumplir con sus responsabilidades de educación familiar conforme a la ley, educar y guiar a los menores para que amen al Partido Comunista de China, a la patria, al pueblo y a la nación china, y establecer el concepto de la nación china como una sola familia. No deberán inculcar en los menores ideas que sean perjudiciales para la unidad y el progreso nacionales”. Un ciudadano chino -y su familia- que viva en Barcelona o en Quito deberá amar al PCC. Caso contrario, el brazo legal del régimen podrá perseguirlo a miles de kilómetros de Beijing.

Además de ingresar a la mesa familiar, la ley del régimen también se adentra en el funcionamiento de medios y de internet, que quedan reducidas a herramientas de control de contenidos: “Los operadores de red deben reforzar la gestión de la información publicada por sus usuarios. Si detectan información que atenta contra la unidad y el progreso nacionales deben interrumpir inmediatamente su transmisión, tomar medidas como su eliminación para evitar su difusión, conservar los registros pertinentes e informar a las autoridades competentes”. ¿Es por eso que las embajadas chinas desparramadas por el mundo pasan horas monitoreando y redactando quejas a las redacciones en países donde hay libertad de expresión?

También los medios tienen que ser un canal para la identidad nacional: “El Estado apoya el uso de tecnologías modernas como Internet, macrodatos e inteligencia artificial para realizar actividades de intercambio, y alienta y guía a los proveedores de productos y servicios de red a crear y difundir obras e información que encarnen la gran unidad de la nación china, con el fin de crear un entorno de red armonioso que propicie el fortalecimiento del sentido de comunidad entre los ciudadanos chinos“. Si un ciudadano chino trabaja en un medio en Ciudad de México que cuestiona a Xi Jinping, ¿podría ser sujeto de sanciones legales?

Otro párrafo es llamativo por la intransigencia ante la crítica o el señalamiento: “La causa de la unidad y el progreso nacionales no debe ser obstaculizada por fuerzas externas. Nos oponemos firmemente a todo acto de difamación, calumnia, contención, represión, infiltración y debilitamiento de la República Popular China bajo el pretexto de etnia, religión o derechos humanos“.

Cualquier denuncia de violación a los derechos humanos podría ser considerada una violación a esta ley. Así, las minorías que se consideren oprimidas -como los uigures en la región de Xinjiang– y denunciaran sometimientos desde el gobierno central o local podrían ser denunciados como “terroristas“, como dice el Artículo 62: ”Quien organice, planifique o lleve a cabo actividades terroristas violentas, actividades separatistas étnicas o actividades extremistas religiosas, y cuyos actos constituyan un delito, será penalmente responsable de conformidad con la ley. Toda persona que incite o financie los actos descritos en el párrafo anterior y cuyas acciones constituyan un delito será penalmente responsable de conformidad con la ley“.

Condena internacional y más alarmas

El pasado 29 de abril pasado, el Parlamento Europeo encendió las alarmas. Esa entidad legislativa continental expresó su “profunda preocupación por la aprobación de la Ley de promoción de la unidad y el progreso étnicos, que fomenta abiertamente las políticas de asimilación y restringe las libertades culturales, religiosas y lingüísticas de diversos grupos dentro y fuera de China”. En la resolución, los eurodiputados condenaron “enérgicamente las políticas represivas de asimilación de China y las consiguientes violaciones de los derechos humanos universales, particularmente en el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior”.

Además, la cámara europea instó a las autoridades chinas a “derogar esta ley, cumpliendo así sus obligaciones en virtud del Derecho internacional relativas a la no discriminación y la protección y promoción de las minorías religiosas y étnicas”. El texto aprobado subraya también la preocupación por las disposiciones extraterritoriales, señalando que “constituyen represión transnacional” y llamó a los Estados miembros de la Unión a “suspender los tratados de extradición con China para proteger a las personas perseguidas que residen en la Unión frente a los riesgos de represión transnacional en virtud de esta ley”.

Hace apenas semanas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk mostró su preocupación sobre la polémica ley que podría acallar a las demás minorías que no encuadren con lo que dicta el PCC. Türk advirtió que la legislación podría profundizar las restricciones existentes sobre las comunidades minoritarias. “Estoy muy preocupado por las políticas antiterroristas y de asimilación de China, especialmente en la medida en que afectan a las minorías en las regiones de Xinjiang, Mongolia Interior y Tíbet”, señaló.

De acuerdo al funcionario de las Naciones Unidas, la ley corre el riesgo de limitar aún más las libertades relacionadas con el idioma, la educación, la práctica religiosa, la expresión cultural, la libertad de expresión y la reunión pacífica. Türk instó a las autoridades chinas a derogar la legislación y poner fin a las políticas que socavan los derechos de las minorías étnicas.

Por su parte, Kyinzom Dhongdue, Gerente de Estrategia e Incidencia en Amnistía Internacional Australia, señaló en un artículo publicado el 30 de junio: “Quizás el aspecto más inquietante de la ley es su enfoque en los niños. El artículo 15 refuerza el mandarín como idioma principal de instrucción en las escuelas e instituciones educativas, desplazando al tibetano. El idioma lleva nuestra historia, memoria, linaje espiritual e identidad. Es la forma en que los niños heredan las historias, valores y tradiciones que los conectan con sus familias y comunidades”. Pero no sólo afecta a esa etnia, sino también a las restantes 55 que son reconocidas por el régimen.

Dhongdue continuó: “En todo el Tíbet, cientos de miles de niños asisten ahora a internados estatales chinos, pasando gran parte del año separados de sus familias y sin poder hablar su propio idioma. Se cuentan historias de estos niños que regresan a casa durante las vacaciones escolares solo para comportarse como extraños ante sus familiares y haber perdido la capacidad de comunicarse con sus abuelos“.

El gobierno de Taipei también alzó la voz contra la ley que entró en vigor hace apenas horas. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que “China intenta ejercer jurisdicción extraterritorial y represión transnacional, ampliando así sus amenazas e intimidaciones contra el pueblo de Taiwán y de otros países, al tiempo que infringe gravemente la soberanía de todas las naciones y viola los derechos humanos internacionales“.

De acuerdo a las autoridades taiwanesas, la ley “otorga explícitamente jurisdicción sobre organizaciones e individuos fuera de China” y actúa como “pretexto legal” para que el régimen de Xi Jinping “expanda su jurisdicción extraterritorial y la represión transnacional“. Eso, de acuerdo al gobierno de Lai Ching-te representa “una amenaza significativa para la libertad, la democracia y los derechos humanos a nivel global. En el futuro, individuos en todo el mundo cuyas palabras o acciones sean consideradas inaceptables por China podrían ser objeto de represalias o enjuiciamiento bajo esta ley. La comunidad internacional debe unirse para condenar los repetidos intentos de China de promover el expansionismo autoritario a través de la legislación interna”.

Pero más allá de estas advertencias internacionales, existe un llamado de atención claro: la inclinación del régimen conducido por Xi Jinping a teñir de ideología nacionalista -y personalista- una cultura multiétnica que debería trascender más allá del partido único que rige desde 1949 la vida del pueblo chino. Y que pretende hacer más allá de sus fronteras geográficas.

X: @TotiPI

La primera visita de León XIV a la Argentina comenzó a tomar forma mucho antes de que existiera un anuncio oficial. Durante las últimas semanas, la Santa Sede puso en marcha un proceso silencioso de consultas y sondeos para evaluar alternativas de organización e itinerario de una eventual gira que, de concretarse, tendría lugar durante la primera semana de noviembre, como parte de un recorrido sudamericano que también incluiría Uruguay y Perú.

Como ocurre con todos los viajes apostólicos, el Vaticano activó un mecanismo reservado de evaluación de escenarios, conversaciones con las iglesias locales y análisis de las distintas opciones pastorales y logísticas. Ese trabajo preliminar comenzó a delinear un esquema de actividades que todavía permanece abierto, pero que ya exhibe una prioridad definida.

Si León XIV finalmente llega a la Argentina, el objetivo será que pueda encontrarse con la mayor cantidad posible de fieles, según pudo saber Infobae.

En la Iglesia nadie habla de un viaje confirmado. El criterio es unánime: la diplomacia vaticana no anuncia una gira hasta que cada aspecto pastoral, protocolar, institucional y de seguridad quedó completamente resuelto. Ese método explica el hermetismo que rodea cada uno de los preparativos y la cautela con la que se manejan quienes participan de las conversaciones.

A diferencia de otros viajes apostólicos, la principal discusión ya no gira alrededor de la conveniencia de incorporar a la Argentina dentro de la agenda papal. El desafío pasa por otro lado: cómo aprovechar al máximo una estadía necesariamente breve, pero que no se limite a una escala protocolar de pocas horas.

La hipótesis que hoy aparece con mayores probabilidades contempla una permanencia de alrededor de tres días. Ese plazo condiciona toda la planificación. La idea no es que el Pontífice recorra numerosas provincias, sino concentrar la agenda en pocas actividades de impacto pastoral e institucional, indicaron a este medio.

Por ese motivo, el esquema que comenzó a delinearse tiene un eje claro. La llegada sería a Buenos Aires, donde se prevé un encuentro institucional con el presidente Javier Milei y las principales autoridades nacionales. Luego aparece la posibilidad de una gran actividad pública con epicentro en la avenida 9 de Julio, una visita a la Basílica de Luján y una escala en Córdoba.

Ninguno de esos puntos integra todavía un programa definitivo. Todos forman parte de un proceso de evaluación que deberá atravesar distintas instancias antes de que la Santa Sede adopte una decisión formal sobre el itinerario.

La posibilidad de realizar un gran encuentro sobre la avenida 9 de Julio ocupa un lugar central dentro de las alternativas que hoy se analizan. Allí podría celebrarse una misa, un acto multitudinario o una recorrida en papamóvil. La lógica responde al mismo objetivo que atraviesa toda la planificación: privilegiar el contacto directo del Papa con los fieles y facilitar una convocatoria de alcance nacional.

La Basílica de Luján representa otro de los lugares que aparecen dentro de esa planificación. Allí se encuentra la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y culmina cada año la peregrinación católica más convocante del país. Considerada la capital nacional de la fe, constituye uno de los principales símbolos de la religiosidad popular argentina y una escala casi inevitable dentro de cualquier visita papal.

La otra alternativa que comenzó a ganar espacio es Córdoba. Su inclusión responde a varios factores. Además del peso histórico y eclesiástico de esa arquidiócesis, la provincia ocupa una posición estratégica en el centro del país, lo que facilitaría la llegada de fieles provenientes de distintas regiones, especialmente del centro y del norte argentino. La idea es concentrar allí una convocatoria federal sin multiplicar los traslados dentro de una agenda necesariamente ajustada.

La búsqueda de espacios capaces de albergar convocatorias multitudinarias también dio lugar, durante los últimos meses, a otras alternativas.

Entre ellas apareció una propuesta impulsada por River Plate. El club hizo llegar formalmente a la Santa Sede la disponibilidad del estadio Monumental para albergar un eventual encuentro encabezado por León XIV durante su paso por la Argentina.

La iniciativa tomó como antecedente una experiencia reciente del propio Pontífice. Durante su viaje apostólico a España, León XIV presidió un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, un escenario que demostró la posibilidad de desarrollar una celebración pastoral de gran magnitud en un estadio de fútbol.

Por ahora, esa alternativa no integra ninguna definición. Como ocurre con el resto de las opciones analizadas, cualquier decisión dependerá de la evaluación pastoral del Vaticano y de las cuestiones organizativas y de seguridad que deberán coordinarse con las autoridades argentinas.

Los sondeos realizados durante las últimas semanas no constituyen un hecho aislado. Forman parte de una secuencia de movimientos diplomáticos e institucionales que comenzó hace varios meses y que fue preparando el terreno para una eventual visita apostólica.

Uno de esos pasos se produjo en febrero, cuando el canciller Pablo Quirno entregó personalmente a León XIV una carta firmada por el presidente Javier Milei con la invitación oficial para visitar la Argentina. La Cancillería presentó aquella gestión como una expresión del buen momento que atraviesan las relaciones entre el Estado argentino y la Santa Sede.

Durante junio se produjo otro movimiento relevante. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desarrolló una agenda de actividades en el Vaticano que incluyó encuentros con León XIV y con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, además de otras autoridades de la Curia Romana, de acuerdo a fuentes consultadas por Infobae.

Más allá del contenido oficial de esas reuniones, esos contactos reforzaron un vínculo institucional que resulta relevante si se tiene en cuenta que el ministerio a cargo de Pettovello mantiene una interlocución permanente con la Iglesia en áreas como educación, asistencia social y trabajo.

Otro paso importante fue la designación del arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en la Argentina. El diplomático, que hasta ahora representaba a la Santa Sede en Hungría, ya cuenta con experiencia en la organización de una visita papal tras haber participado en la coordinación del viaje de Francisco a ese país.

La semana pasada se produjo otro movimiento dentro de ese proceso: dos de los cuatro cardenales argentinos, Vicente Bokalic Iglic, arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, y Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, viajaron a Roma para participar del consistorio extraordinario convocado por León XIV.

Oficialmente, el encuentro reunió al Colegio Cardenalicio para debatir algunos de los principales desafíos que enfrenta hoy la Iglesia Católica. Durante dos jornadas, el Papa y los purpurados reflexionaron sobre las guerras, la pobreza, la violencia, la crisis de las relaciones humanas, la familia y la necesidad de fortalecer una cultura del diálogo y de la paz.

La presencia de Bokalic Iglic y Rossi coincidió con un momento especialmente activo alrededor de la eventual gira sudamericana del Pontífice. Como ocurre habitualmente en la diplomacia vaticana, el contenido de esos intercambios permaneció bajo el tradicional hermetismo de la Santa Sede.

Mientras tanto, el resto del recorrido comienza a mostrar un mayor grado de definición.

Uruguay aparece como la primera escala de la gira y Perú como el destino final, donde León XIV mantiene un vínculo singular por haber desarrollado allí buena parte de su ministerio sacerdotal y episcopal antes de ser elegido Papa. Fue misionero agustino y luego obispo de Chiclayo, una experiencia que marcó profundamente su trayectoria pastoral.

En la Argentina, en cambio, el desafío será diferente. Si finalmente la estadía se limita a tres días, el objetivo consistirá en combinar la dimensión institucional de una visita de Estado con una agenda pastoral capaz de reunir a cientos de miles de personas en muy pocos días.

Ese desafío remite inevitablemente al último antecedente de una visita papal al país.

Juan Pablo II llegó por primera vez a la Argentina en junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas, durante un viaje extraordinario marcado por un llamado a la paz. Cinco años más tarde regresó para una extensa gira pastoral que incluyó una multitudinaria celebración sobre la avenida 9 de Julio, una de las imágenes más recordadas de la historia reciente de la Iglesia argentina.

Hace casi cuarenta años, esa avenida quedó colmada por cientos de miles de personas para recibir al pontífice polaco. Hoy, cuando el Vaticano comienza a imaginar el primer viaje de León XIV a la Argentina, aquella imagen vuelve a aparecer como una referencia inevitable.

No como un ejercicio de nostalgia ni como un modelo que deba reproducirse exactamente, sino como una referencia pastoral, según pudo saber Infobae.

La pregunta que atraviesa hoy la planificación ya no es solamente cuándo vendrá el Papa.

Es cómo lograr que, en apenas tres días, pueda encontrarse con la mayor cantidad posible de argentinos.

En el sur de Líbano, más de 700.000 personas permanecen desplazadas y sin posibilidad de regresar a sus hogares, cuatro meses después del inicio de la tregua entre Israel y el grupo terrorista libanés Hezbollah.

El último alto el fuego, alcanzado a mediados de abril y prorrogado en varias ocasiones, no devolvió la seguridad ni permitió reconstruir la vida de las familias afectadas, según informaron la organización Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y la agencia humanitaria de la ONU.

Los ataques israelíes continuaron tras el acuerdo, con bombardeos, incursiones, destrucción de viviendas y operaciones militares que se extendieron al sur del río Litani. El Ministerio de Sanidad de Líbano cifró en 4.298 las personas fallecidas desde el 2 de marzo, entre ellas 135 profesionales sanitarios, además de más de 12.000 heridos.

Las zonas ocupadas por el ejército israelí y declaradas como áreas militares obstaculizaron el retorno de la población, mientras la presencia de munición sin explotar y los escombros de los bombardeos mantuvieron el peligro latente. El NRC recalcó que “el regreso sigue sin ser un paso sencillo” para los residentes, quienes enfrentaron restricciones, falta de acceso a servicios básicos y la destrucción de sus viviendas.

La devastación resultó especialmente grave para quienes vivieron al sur del río Litani, donde la evaluación preliminar estimó en 1.380 millones de dólares los daños directos en edificios, sin contar otras infraestructuras ni el resto del país. La directora del NRC en Líbano, Maureen Philippon, destacó que la forma en que se desarrolló el conflicto incrementó el coste de la recuperación y prolongó el desplazamiento.

“La destrucción de viviendas, carreteras, sistemas de agua, centros sanitarios, escuelas e infraestructuras civiles provocó desplazamientos prolongados, pérdida de medios de vida, interrupción de la educación y un mayor endeudamiento de las familias”, señaló Philippon.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), a finales de junio permanecieron desplazadas internamente 704.445 personas en todo el país, mientras que más de 523.000 iniciaron un regreso gradual. El NRC indicó que muchas de las familias desplazadas recurrieron a sus últimos ahorros para afrontar los gastos de alquiler, adquirir ropa tras huir sin pertenencias o cubrir necesidades básicas en medio de una crisis económica y financiera nacional sin precedentes.

En este contexto, el Gobierno libanés y Siria firmaron un acuerdo para crear el Comité Superior Conjunto Libanés-Sirio, un nuevo marco de coordinación bilateral destinado a reforzar la cooperación en diferentes ámbitos, como la economía y la seguridad.

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, y el ministro sirio de Exteriores, Asaad al Shaibani, formalizaron el acuerdo en Beirut y destacaron la necesidad de fortalecer la estabilidad y el desarrollo en ambos países.

Este acercamiento institucional buscó facilitar el tránsito de personas, el desarrollo de relaciones económicas y la recuperación de infraestructuras, con el objetivo de superar el legado de años de guerra y tensiones bilaterales.

Mientras las autoridades avanzaron en acuerdos de cooperación, el sur de Líbano siguió marcado por la destrucción y la incertidumbre para cientos de miles de desplazados, en un escenario en el que la reconstrucción y el retorno seguro a los hogares continuaron dependiendo de la seguridad, la asistencia internacional y un alto el fuego duradero.

(Con información de Europa Press y EFE)

En diciembre de 2024, la Brigada 13 Khartiia de la Guardia Nacional de Ucrania ejecutó un asalto combinado terrestre y aéreo cerca de la localidad de Lyptsi sin que un solo soldado ucraniano pisara el campo de batalla. Vehículos terrestres no tripulados con torretas de ametralladora, drones aéreos equipados con granadas y fusiles de asalto, y municiones kamikaze convencionales tomaron posiciones rusas, despejaron minas y establecieron un perímetro defensivo. Fue, según describe Juan Severini en Palladium Magazine, una demostración del nuevo paradigma bélico: la guerra robotizada avanza como respuesta directa a la escasez de mano de obra humana y a los costos políticos de las bajas en combate.

El análisis de Severini —estudiante de doctorado en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Georgetown y codirector de la Iniciativa sobre Inteligencia Artificial y Ciudadanía Democrática (AIDC) de esa misma universidad— plantea que el creciente uso de sistemas autónomos no es solo una innovación táctica, sino una transformación estructural del poder político. A medida que los robots reemplazan a los soldados, el control sobre la guerra se desplaza de las instituciones públicas hacia las empresas privadas que diseñan, programan y operan esas máquinas.

Palladium Magazine detalla que Ucrania enfrenta una situación demográfica particularmente adversa: emigración masiva, envejecimiento poblacional y bajas en combate drenan su reserva humana. Frente a eso, incluso soldados robóticos de menor desempeño resultan una inversión rentable si permiten preservar trabajadores y reclutas. Rusia, en cambio, con una mayor disposición a movilizar reservas masivas y con acceso limitado a microelectrónica avanzada, opera bajo una lógica opuesta: más capital humano, menos tecnología de punta.

Esa diferencia ilustra, según el texto de Palladium, una tensión más amplia en la estrategia militar contemporánea: el equilibrio entre capital y trabajo. Los Estados con escasez de mano de obra tienden a robotizar más rápido; los que tienen abundancia de reclutas pueden permitirse postergar esa transición. Pero el análisis advierte que, a medida que la autonomía plena se vuelve técnicamente viable, la ausencia de humanos en el campo de batalla se normaliza, lo que reduce los costos políticos de iniciar o prolongar conflictos.

El caso de Palantir —empresa de software y análisis de datos— ilustra cómo funciona esta nueva dependencia. Su director ejecutivo, Alex Karp, visitó al presidente ucraniano Volodimir Zelensky poco después de la invasión rusa de 2022. Desde entonces, los algoritmos de visión artificial de la compañía ayudaron a las fuerzas ucranianas a rastrear posiciones enemigas en tiempo real durante la contraofensiva de 2023. Lo que comenzó como un contrato de 70 millones de dólares para el Proyecto Maven —originalmente desarrollado con Google y luego ampliado con Anthropic— creció hasta alcanzar 1.500 millones de dólares, de los cuales casi 800 millones fueron ejecutados por Palantir.

Palladium Magazine señala que la dependencia tecnológica también afecta a las grandes potencias. Durante el reciente conflicto con Irán, SpaceX y el Pentágono negociaron el “nivel de suscripción” para controlar municiones no tripuladas, lo que terminó duplicando el costo de cada dron en plena hostilidad. El episodio expone una paradoja: los ahorros en mano de obra que promete la guerra robótica quedan anulados si el ecosistema privado que la sostiene fija sus propios precios en tiempo de guerra.

La influencia de Elon Musk sobre el acceso a la red Starlink —disputada tanto por Ucrania como por Rusia— es otro ejemplo que cita Severini para mostrar hasta qué punto la política exterior de un CEO puede condicionar el desarrollo de un conflicto armado.

Las empresas privadas, sin las restricciones salariales ni la burocracia de contratación del sector público, compiten con ventaja por el talento especializado que demandan estas tecnologías, y esa ventaja se traduce en poder de negociación frente a los Estados.

El flamante jefe de gabinete, Diego Santilli, ya encontró el primer escollo de su gestión en el Congreso de la Nación que le implicó un cambio en los tiempos que tenía pensados en la Casa Rosada.

Ayer el funcionario mantuvo una reunión con el grupo de 44 senadores conformado por integrantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el resto de los bloques provinciales. La intención del encuentro fue avanzar con el proyecto de modificación a la ley de zonas frías y reforma política. Sin embargo, el funcionario nacional se encontró con que ninguna de las dos leyes tenían los votos necesarios y fue así que lanzó la frase que marcará el ritmo del Palacio Legislativo para las próximas.

“Nos pidió 15 días para poder organizar la discusión”, reconoció un legislador del oficialismo. “Son dos semanas para hacer una ronda de negociaciones con los gobernadores para poder destrabar los temas”, agregó.

De esta manera Santilli debutó en el mundo parlamentario como Jefe de Gabinete no con una derrota pero sí con un cronograma más extenso en el tiempo porque se encontró con un escenario más complejo.

“Los radicales no te votan zona fría y los gobernadores tampoco la reforma electoral”, agregó la misma fuente que estuvo presente en la reunión. “No hay acuerdo en ninguno de los temas y las llaves para todos están en los gobernadores, tanto es así que zona fría es poco probable que tenga una definición antes de septiembre“.

Un ejemplo de esto es lo que finalmente se definió como la próxima sesión en la Cámara Alta. Ayer al mediodía desde el despacho de la senadora Patricia Bullrich hacían saber que si Victoria Villarruel no llamaba a labor parlamentaria iban a pedir una sesión para el miércoles 8 de julio. “Queremos darle dinamismo luego de los conflictos que tuvimos por el tema Adorni”.

Pero esto se cayó por varias razones. Y a pesar de que Villarruel citó a Labor para el 8 de julio a las 12 del mediodía, la jefa del bloque del PRO se enteró que no iba a contar con los tucumanos por el acto del 9 de Julio en esa provincia. A la celebración asistirá el Presidente Javier Milei y de la Vicepresidenta Victoria Villarruel -no necesariamente compartiendo el mismo espacio-. Sumado al pedido de mayor plazo del Jefe de Gabinete, decidieron avanzar con la intención de tener una sesión el próximo 16 de julio.

En la Cámara de Diputados el escenario para estirar los plazos es más simple. No hay un temario establecido para el corto plazo porque, aunque se espera que las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal ingresen por la cámara que preside el libertario Martín Menem, el propio debate de la misma en comisión cumpliría con los plazos que solicitan desde la Casa Rosada para tener conversaciones sin nada que haga “ruido”. en el medio.

El otro punto que todos miran es el receso de vacaciones de invierno. Aunque en el mundo libertario desde que asumieron en el Gobierno nacional buscan imponer la lógica de se trabaja sin vacaciones, el resto de los trabajadores del Palacio Legislativo sí quieren tenerlas por lo que se espera que a partir del 20 de julio el Poder Legislativo entre en un receso de invierno.

“No podes no darle las vacaciones a los trabajadores. Además, si no tenemos lo que venga del Senado o no ingresa ningún proyecto de parte del Ejecutivo, no tenemos una agenda que apurar ni trabajar. En el escenario de hoy, no hay apuro por nada de parte nuestra”, señaló un diputado de LLA que forma parte de la mesa chica en la Cámara Baja.