En Rosario hay un mundo paralelo para las finanzas. Cuevas donde el dinero se mezcla, en una ensalada de billetes en la que es complejo discernir y establecer su origen que se desdibuja. Este universo oscuro es parte de la historia de una ciudad, donde convivieron el contrabando de granos y luego la necesidad del narcotráfico de invertir dinero en ese laberinto donde no quedan registros.
La city rosarina acumula un historial de fraudes financieros que no tiene equivalente en ninguna otra ciudad del país. En las últimas semanas dos nuevos capítulos se sumaron a una saga que ya lleva años y que dejó a cientos de ahorristas sin su dinero: la detención de Guido Garay, exasesor de la cueva Cofyrco, y el pedido de siete años de prisión para el agente de Bolsa Pablo Arcamone. Son los últimos nombres de una lista que incluye a operadores de larga trayectoria, corredores de granos y directivos de firmas que alguna vez fueron referencia del mercado local.
Garay fue arrestado el miércoles por orden de la fiscal Georgina Pairola, que le imputó dos estafas por un total cercano a los 130.000 dólares. El financista entró detenido a la audiencia imputativa y durmió una noche tras las rejas, pero recuperó la libertad al día siguiente tras abonar una fianza de 150.000 dólares gestionada por su abogado defensor, Carlos Varela.
Los tres hechos que le atribuye la fiscalía revelan un modus operandi basado en la construcción de confianza personal y la posterior dilación sistemática. El primero involucra a una empresaria dueña de la firma Lindor SA, que le confió un BMW para hacerle un servicio mecánico, según señaló Rosario3. Garay nunca devolvió el vehículo: se presentó ante un intermediario de autos, Jerónimo G., como apoderado de la empresa y vendió el rodado a un tercero por 28.000 dólares. Cuando los directivos de Lindor lo confrontaron, negó la existencia de la venta y persistió en las evasivas. La empresa lo denunció penalmente.
El segundo caso arrastra desde la época de Cofyrco, una cueva que funcionaba en pleno centro de Rosario y fue blanco de investigaciones que aún persisten en el fuero federal por lavado de dinero del narcotráfico.
Según consta en la causa, un inversor le había entregado a Garay 50.000 dólares para colocaciones financieras cuando la cueva aún funcionaba. Tras el estallido del escándalo, en 2021, la relación continuó en las nuevas oficinas que Garay abrió en el Palacio Minetti, a metros de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Pero los intereses pactados dejaron de llegar. Garay respondía que se capitalizaban y esquivaba cada reclamo. Presionado, firmó un pagaré por 100.000 dólares −el doble de la deuda original− que, según la fiscal Pairola, no tenía otra finalidad que dilatar el cumplimiento y que la víctima dejara de reclamar. Nunca restituyó el capital.
El tercer episodio involucra a una ahorrista que en abril de 2022 llegó a Garay por recomendación de una persona de su círculo más cercano. Le entregó sucesivamente sumas en dólares para operaciones de cambio de divisas, primero en el Palacio Minetti y luego en unas oficinas de la calle Santa Fe al 1300. Garay le ofreció incluso guardar parte del dinero en su caja de seguridad personal, al argumentar la escasez de cajas disponibles en los bancos, lo que reforzó la relación de confianza.
En 2023 reconoció tener en su poder un plazo fijo a nombre de la víctima, cuyo monto fue creciendo con nuevos aportes hasta alcanzar los 52.000 dólares. Cuando la mujer intentó retirar su dinero, recibió las mismas evasivas. En 2024, Garay firmó otro pagaré reconociendo la deuda, pero nunca devolvió un centavo. La ahorrista lo denunció con el patrocinio de los abogados Pablo Bedouret y Bárbara Reynoso.
No es la primera vez que Garay enfrenta a la Justicia. En septiembre de 2020, cuando la policía allanó las oficinas de Cofyrco en el microcentro rosarino, los investigadores encontraron 175 documentos de identidad ajenos que se usaban para comprar dólares en el mercado oficial y revenderlos en el paralelo. Un “rulo”.
Garay estaba entre los imputados por lavado de activos derivado del crimen de Marcelo “Coto” Medrano, un narcotraficante vinculado a la barra brava de Newell’s. En diciembre de 2021 esquivó la condena aceptando una suspensión de juicio a prueba: pagó una multa de 35.552 dólares y se comprometió a cumplir 400 horas de trabajo comunitario. Fuentes judiciales señalaron que nunca cumplió de forma completa la probation.
La causa Cofyrco es emblemática para explicar el funcionamiento de las cuevas rosarinas. La financiera no estaba inscripta ante el Banco Central para operar en cambio de divisas. Sus directivos −Patricio Carey, Fernando Vercesi, Teodoro Fracassi, Ignacio De Cesari y Sergio Zapata− fueron procesados en el fuero federal por intermediación financiera no autorizada. El juez Carlos Vera Barros les trabó embargos por un total de 3500 millones de pesos. Mientras los directores recibieron penas de prisión condicional, Garay salió con la probation y abrió oficina propia. Tres años después volvió a caer.
Fachada de lujo
El caso Arcamone es de otra naturaleza, pero comparte el mismo escenario: oficinas del microcentro rosarino donde se mezclan la actividad financiera legal con la clandestina. El fiscal Sebastián Narvaja pidió siete años de prisión para Arcamone y para su mano derecha, Martín Fernández.
Los acusa de 23 estafas cuyo monto acumulado supera el millón de dólares y los 240 millones de pesos. Según la acusación, Arcamone armó un entramado de empresas bajo el nombre de Grupo América que incluía una agencia de Bolsa registrada ante la Comisión Nacional de Valores, una mutual y desarrollos inmobiliarios. La fachada funcionaba para captar ahorros: oficinas lujosas en el Edificio Hermes, personal profesional, página web, publicidad.
Una vez que los clientes depositaban su confianza en él, los inducía a trasladar sus fondos a la Asociación Mutual Pedro de Mendoza con promesas de rendimientos superiores a los del mercado. Detrás de la mutual operaba una mesa de cambio clandestina. Cuando los ahorristas iban a retirar su dinero recibían excusas, promesas de pago con lotes de terrenos inexistentes o directamente el silencio.
En agosto de 2025, cuando la Policía Federal allanó las oficinas de Arcamone en Córdoba al 1300, en la Galería Hermes y en un local de Rioja al 300 que figuraba como servicio técnico, pero funcionaba como cueva, secuestró más de 90 millones de pesos, 58.800 dólares, euros, reales, una pistola calibre 9 milímetros, 270 cartuchos y billeteras de criptomonedas.
Un patrón identificable
Arcamone y Garay no son excepciones: son parte de un patrón. El caso más escandaloso es el de Luis Herrera, al que ya llaman el Madoff rosarino. Herrera era titular de la sociedad de Bolsa Fernández Soljan, fue varias veces presidente del Rofex y captó ahorros de una clientela de clase media y alta prometiendo inversiones en el mercado de futuros de Chicago.
El faltante estimado supera los 35 millones de dólares. Los damnificados son unos 350 ahorristas. La Fiscalía reconstruyó un esquema tipo Ponzi: Herrera entregaba recibos que simulaban estados de cuenta de inversiones que nunca se realizaron. Está preso desde diciembre de 2024 junto a sus hijos Ignacio y Diego. Los querellantes rechazaron un juicio abreviado que ofrecía cinco años de prisión. El caso va a juicio oral: la Justicia Civil que tramita su quiebra ordenó rastrear sus acciones en A3 Mercados para intentar recuperar algo del dinero perdido.
Y está el caso Guardati-Torti, la agrofinanciera que alguna vez figuró entre las diez principales del país. Sus titulares, Juan Carlos Guardati y Ángel Torti, usaron los fondos de 156 inversores bursátiles para ocultar el rojo de su corredora de cereales. El perjuicio documentado fue de 1.152.151 dólares y 6.768.645 pesos. Los dos empresarios terminaron presos, aceptaron un juicio abreviado y fueron condenados a tres años y ocho meses de prisión domiciliaria. El fiscal Sebastián Narvaja probó que la crisis no se debió al default de Vicentin, como alegaban los acusados: la empresa ya tenía patrimonio neto negativo antes de la caída de la cerealera.
La pregunta que se repite en la city es por qué Rosario produce tantos financistas investigados por estafa. No se trata de outsiders como Cositorto y su esquema Zoe, sino de agentes de bolsa, muchos de ellos, con décadas de trayectoria. Los nombres se acumulan: Herrera, Arcamone, Carey, Vercesi, Guardati, Torti, Garay, el corredor Sebastián Grimaldi, el agente Daniel Casanovas.
Por Germán de los Santos/La Nación
