Este martes se retomó la audiencia de remisión a juicio de la causa “contratos truchos” de la Legislatura. La Fiscalía venía remitiendo evidencia hasta el viernes pasado, cuando la audiencia pasó a un cuarto intermedio. Durante la jornada, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry puntualizaron sobre numerosos ofrecimientos de prueba colectada durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP).
En efecto, aseguraron que guardan información sobre la situación fiscal y patrimonial de los imputados y de sus parejas. Esto quiere decir que cuentan con los “datos personales, patrimonio, consumos en tarjetas de débito y crédito, relaciones con otros contribuyentes, actividades declaradas, pago de monotributo, bienes y activos registrados, inmuebles, vehículos, participación en fideicomisos y sociedades, relaciones familiares, cambio en monedas extranjeras”, entre otros. Sobre cada uno de estos aspectos ofrecieron la declaración de responsables de regionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actual ARCA.
Los defensores se opusieron a la remisión de información en relación a las esposas de los imputados. “La prueba no es pertinente”, consideró el defensor Hugo González Elías, y señaló una “cuestión de género, se pide porque es mujer de”, dijo. También se adelantó y cuestionó, de antemano, posibles pedidos de decomiso, y se aseguró que la información solicitada a AFIP es redundante. “Todos estos datos ya los tiene Fiscalía, apuntó el defensor Iván Vernengo. Los fiscales subrayaron la pertinencia, aseguraron que hay vínculos comerciales que ligaron a los imputados entre sí, y con sus parejas. “Es relevante desde este punto de viste, si existen posibilidades de decomiso, se decidirá en un juicio”.
Los representantes del MPF también ofrecieron datos fiscales de los contratados, para lo cual quieren citar a declarar a Omar Pedro Fenoglio, de la Regional Paraná de AFIP; y pretenden ventilar en el juicio informes de cuentas bancarias de los imputados y sus esposas, para lo que propondrán como testigo a Roberto Oscar Actis, de la Regional Paraná de AFIP. En este caso, los defensores volvieron a oponerse. “Si no hay cotitularidad de las cuentas, es inapropiado el pedido”, se quejó el abogado Miguel Ángel Cullen.
De igual modo se ofreció información de quienes cuentan con suspensión de juicio a prueba. Y los defensores volvieron a criticarlo. Se colectaron datos biométricos de contratistas de la Legislatura, para lo cual se requerirá a Sebastián Mundani, jefe de Juicios Universales de AFIP.
Se pidieron datos de inmuebles registrados en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) de Hugo Mena y Flavia Beckman, en Paraná y Concordia; inmuebles registrados a nombre de esposas de imputados o los mismos imputados. En este sentido, existe información sobre numerosas transacciones de compra venta de inmuebles que involucran al imputado Alfredo Bilbao, incluso, el registro de un loteo en un solo terreno, con tres matrículas. Asimismo, se registraron transacciones inmobiliarias de Gustavo Pérez y Verónica Caíno, y de Juan Domingo Orabona. Sobre este punto se ofreció la testimonial del contador Carlos Duhalde y Ariel Pantaleone Mamone, ambos de ATER.
También se pidió el testimonio de la contadora Analía Helber, directora de Impuestos de ATER, para que declare sobre compraventa y registro de automotores, y del director de Asuntos Jurídicos de ATER para que refiera a volantes catastrales correspondientes a inmuebles de Pérez y De Breuil. Y se ofreció información de la causa por presunto Enriquecimiento ilícito del ex gobernador Sergio Urribarri, sobre un inmueble que sería de Alejandro Almada. El defensor Cullen se opuso a los pedidos de información impositiva porque sostiene que se trata “datos sobreabundantes”, y en relación a los datos de la causa por presunto enriquecimiento de Urribarri que vincula a Almada, se quejó porque “es un informe que todavía no se introdujo como prueba, estamos en etapa intermedia con esa causa, en recursos, es un informe de ATER respecto de un inmueble que está registrado públicamente”, señaló y aseguró que “no prueban la titularidad”.
Del mismo modo se ofreció documentación relacionada a Juan Pablo Almada, y se solicitó numerosa documental que probaría transacciones y titularidad de vehículos e inmuebles en Paraná, Diamante y Concordia: autos, camionetas, motos y motovehículos.
Se ofreció el testimonio de León Albornoz, apoderado de la Empresa de Energía de Entre Ríos SA (Enersa) para que informe sobre la titularidad de servicios de suministro eléctrico en inmuebles de Paraná a nombre de Hugo Mena, Flavia Beckman, Julia Vainstein (esposa de Alfredo Bilbao), Gustavo Pérez, Verónica Caíno, Sergio Cardoso, y Sandra Marozzini, que no figura como titular sino cónyuge de Cardoso en suministros. Los fiscales quieren, también, que Albornoz informe que Roberto Ariel Faure no es cliente en la base de datos de la empresa de energía.
Asimismo, los fiscales ofrecieron copias certificadas de escribanos y el testimonio de jefes de Registros Públicos Notariales de Paraná, Concordia, Diamante, y el testimonio de integrantes del Registro de la Propiedad Inmueble de Capital Federal, en relación a bienes registrados a nombre de Jorge De Breuil y su esposa María Alejandra Camisassa. Asimismo, ofrecieron testimonio de una jefa de la Propiedad Inmobiliaria de Victoria; y copias certificadas de varias escrituras.
“Tenemos suministro eléctrico, escritura, folios reales, informes de AFIP respecto de fideicomisos, registros notariales, registros de propiedad”, cuestionó Miguel Ángel Cullen, y subrayó que hay “sobreabundancia” de información.
“Este control horizontal debieron hacerlo las defensas antes. La Fiscalía no puede venir a mostrar acá todo esto, para que ahora las defensas se opongan. Es un trabajo que se debió hacer, no se hizo, bueno, lo hacemos acá”, advirtió la jueza Mariana Barbagelata. Es que, en algunos casos, los abogados fueron presentando oposiciones genéricas, sin poder brindar precisiones sobre la información cuestionada.
El ofrecimiento de prueba de Fiscalía, en el marco de la remisión a juicio de la causa, continuará este miércoles desde las 9.
Detalles de la investigación
En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
La instancia de elevación a juicio comenzó en abril pasado y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.

























