El oficialismo intentó acelerar en Diputados el tratamiento de la nueva ley de biocombustibles, pero las diferencias entre las provincias productoras terminaron por postergar el dictamen. La discusión atraviesa a distintos bloques, incluidos los aliados del Gobierno y Unión por la Patria (UP), donde conviven posiciones diferentes según los intereses industriales de cada distrito.
Mientras legisladores de Córdoba, Santa Fe y las provincias del norte impulsan la aprobación de la media sanción del Senado, los bonaerenses reclaman mayores protecciones para las pequeñas y medianas empresas de biodiésel.
El desacuerdo quedó expuesto durante el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería, presidido por el libertario Facundo Correa Llano. El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, llegó al Congreso con un mensaje categórico: “Consideramos que no hay espacio para nuevos cambios”.
Sin embargo, los planteos de legisladores de Pro, el MID, la UCR y UP evidenciaron que el consenso alcanzado en el Senado no garantiza el respaldo de Diputados, donde los legisladores bonaerenses tienen un peso mayor que en la Cámara alta.
La iniciativa, que establece un nuevo régimen por 15 años, propone elevar los cortes obligatorios de biocombustibles.
El porcentaje de biodiésel mezclado con gasoil pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el de bioetanol incorporado a las naftas subiría del 12% al 15%. Ambos incrementos deberían concretarse dentro de los 12 meses posteriores a la sanción.
El principal conflicto está en cómo se repartirá el mercado del biodiésel entre las grandes aceiteras y las pequeñas empresas independientes, conocidas como “no integradas”.
Hoy, estas pymes tienen reservado todo el mercado correspondiente al corte obligatorio del 7,5% de biodiésel en el gasoil. El proyecto propone elevar ese porcentaje al 10%, pero permitir que las grandes aceiteras también participen del negocio.
En una primera etapa, las pequeñas empresas conservarían una porción exclusiva del 6,5%, mientras que el 3,5% restante quedaría abierto a la competencia. Esa protección se reduciría gradualmente hasta el 4% en 2031 y desaparecería por completo en 2036.
Para las pymes, el cambio supone competir directamente con grandes grupos aceiteros que producen su propia materia prima y cuentan con mayores economías de escala. Los legisladores que reclaman modificaciones advierten que esa apertura podría comprometer la continuidad de unas 25 plantas distribuidas entre Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.
Reclaman cambios
La resistencia más concreta surgió de los aliados bonaerenses del oficialismo.
Desde Pro acercaron una propuesta para aumentar un punto el corte obligatorio de biodiésel, elevar al 6% la participación reservada a las pymes y extender dos años el período de transición, de 2036 a 2038.
“La media sanción arruina las pymes de biodiésel de la provincia de Buenos Aires”, advirtieron desde el espacio, donde sostienen que las modificaciones permitirían preservar la industria regional sin frustrar la sanción de la ley.
El diputado Eduardo Falcone, del MID, también reclamó revisar algunos artículos incorporados durante el tratamiento en el Senado. “Hay 25 pymes que deberían competir con multinacionales que encima les tienen que proveer la materia prima”, cuestionó. Y resumió el problema con un ejemplo: “Una pyme de Saladillo no puede competir con Dreyfus o con Cargill”.
La radical bonaerense Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, se sumó al pedido de negociación. Advirtió que la nueva regulación podría afectar fuentes de trabajo y empresas estratégicas para la provincia, y convocó a alcanzar un acuerdo que contemple los intereses de todos los sectores.
Se trata de dirigentes que habitualmente acompañan al oficialismo en votaciones relevantes, pero que esta vez condicionan su respaldo a la incorporación de cambios para proteger a los productores bonaerenses.
Las provincias defensoras de la media sanción
Del otro lado, la santafesina Gisela Scaglia (Provincias Unidas) defendió la aprobación del proyecto tal como llegó del Senado y cuestionó que las demandas de las empresas no integradas demoren su tratamiento.
“Hoy quiero ratificar mi apoyo a este proyecto como está”, sostuvo. Recordó que la propuesta original contemplaba un corte de biodiésel del 15%, pero que el porcentaje finalmente acordado fue resultado de varios meses de negociaciones. “Prefiero esta ley a quedarnos en nada”, sentenció.
Scaglia -en línea con Maximiliano Pullaro– advirtió que en Santa Fe hay plantas paralizadas por las restricciones de la legislación vigente y sostuvo que aumentar los cortes permitiría incrementar la producción y el empleo. Los cordobeses aliados al gobernador Martín Llaryora avalan esta postura.
El respaldo al proyecto también se hizo escuchar desde Tucumán. Gladys Medina, del bloque Independencia y aliada del Gobierno, defendió el impacto de la iniciativa sobre la industria azucarera del norte argentino. “Defendemos la caña de azúcar. Defendemos nuestra industria. Defendemos el trabajo”, afirmó.
Mientras las grandes aceiteras y los productores de bioetanol ven oportunidades de expansión con el nuevo régimen, las pymes independientes de biodiésel reclaman garantías para afrontar la apertura de la competencia.
El peronismo
La discusión también genera diferencias dentro de UP. Legisladores de provincias vinculadas con la producción de bioetanol y biodiésel estarían dispuestos a acompañar la iniciativa, mientras que representantes bonaerenses reclaman cambios para proteger a las pequeñas empresas.
Victoria Tolosa Paz, de Buenos Aires, planteó una alternativa concreta: elevar del 10% al 12,5% el corte obligatorio de biodiésel, con el objetivo de ampliar el mercado y mejorar las condiciones de competencia de las empresas no integradas.
“¿Qué pasa si en lugar del corte de 10% lleváramos el corte a 12,5?”, preguntó la diputada bonaerense. Y advirtió: “Lo peor que nos puede pasar en la Argentina es sancionar una ley que deje capacidad instalada ociosa sin producción y, mucho más grave aún, trabajadores despedidos”.
El aumento del corte también introduce en la discusión los intereses de las provincias petroleras, ya que implica incrementar la proporción de biocombustibles incorporados al gasoil. Sin embargo, el neuquino Pablo Todero, de UP, respaldó la propuesta de Tolosa Paz y sostuvo que las diferencias todavía pueden resolverse mediante una negociación.
El jefe del bloque, Germán Martínez, también santafesino, buscó un punto de equilibrio entre las demandas de los distintos sectores. Defendió la posibilidad de modificar la media sanción del Senado, pero pidió que las negociaciones no demoren el tratamiento del proyecto.
“Es probable que los acuerdos alcanzados en la Cámara de Senadores no alcancen para terminar de incorporar a todos los actores productivos”, sostuvo. Y convocó a buscar una salida que contemple tanto a la industria del bioetanol como a las grandes productoras de biodiésel y las pymes no integradas. “Yo creo que podemos conciliar los cuatro intereses”, afirmó.
Martínez también advirtió que cualquier modificación deberá contar con el respaldo del Senado para garantizar la sanción definitiva.
El Gobierno quiere evitar otra negociación
Frente a las diferencias entre los bloques, el Poder Ejecutivo insistió en preservar el acuerdo alcanzado en el Senado. Veller reconoció que el Gobierno aceptó modificaciones que no comparte, entre ellas la ampliación de tres a diez años del período de transición para las empresas de biodiésel.
“El Poder Ejecutivo no se siente cómodo con estos cambios”, admitió el funcionario, aunque reconoció que las concesiones fueron necesarias para alcanzar un consenso en la Cámara alta.
Según explicó, el objetivo central de la iniciativa es eliminar progresivamente los cupos, abrir el mercado a nuevos competidores y reemplazar la fijación administrativa de precios por mecanismos de oferta y demanda.
El oficialismo enfrenta así una negociación que excede la división tradicional entre sus aliados y la oposición. Los intereses productivos de las provincias atraviesan a las bancadas y dificultan los consensos.
Cualquier modificación obligaría a devolver el proyecto al Senado para su ratificación, un escenario que el Gobierno busca evitar para acelerar la sanción definitiva.
