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La inflación mayorista mostró una suba de 0,8% en julio de 2026, una variación interanual de 31,1% y un aumento acumulado de 16,6% según el informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El indicador experimentó un retroceso de 0,3 puntos porcentuales respecto a junio. El incremento mensual reflejó el comportamiento de los productos nacionales, que también avanzaron 0,8%, y de los productos importados, que registraron una variación de 0,5% respecto al mes anterior.

De acuerdo con el documento difundido por el Indec, las divisiones de productos nacionales con mayor impacto positivo sobre el IPIM fueron “productos agropecuarios”, aportando 0,39 puntos porcentuales al índice general, seguidos por “sustancias y productos químicos”, con 0,19 puntos, “vehículos automotores, carrocerías y repuestos” con 0,17 puntos, y “alimentos y bebidas”, con0,16 puntos. El rubro “petróleo crudo y gas” restó 0,91 puntos porcentuales, lo que compensó en parte el aumento de otras categorías.

A través de su cuenta oficial de X, el presidente Javier Milei celebró la estadística oficial. “Y al final julio empezó con cero… Inflación mayorista = 0,8%. Ciao!”, escribió el jefe de Estado en sus redes.

En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el dato del séptimo mes del año evidenció “la variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019″.

“La variación interanual del IPIM fue de 31,1%, desagregada en un incremento de 38,6% en los Productos Primarios, 29,5% en los Productos Manufacturados, 45% en la Energía Eléctrica y 21,3% en los Productos Importados”, añadió en un posteo difundido en la misma red social.

Noticia en desarrollo…

La Justicia federal habilitó el trámite de un amparo colectivo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Buenos Aires, financiados con fondos del fideicomiso creado por el decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT. El fallo, firmado por el juez federal Ernesto Kreplak del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata, ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes urgentes a tres organismos del Estado.

La causa, identificada bajo el número 35671/2026, fue promovida por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz contra el Ministerio de Economía de la Nación, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Banco de la Nación Argentina. La acción busca que esos organismos adopten “de manera inmediata y coordinada todas las medidas necesarias” para cumplir con las obligaciones contractuales ya asumidas en materia de infraestructura vial dentro del territorio bonaerense.

El amparo no apunta a un tramo específico de ruta ni a una obra puntual, sino al conjunto de la red vial nacional en la provincia. El colectivo de afectados que la presentación pretende proteger abarca a los usuarios efectivos y potenciales de esas vías, lo que le otorga al caso una dimensión que trasciende a cualquier damnificado individual y lo encuadra como un proceso de alcance general.

Kreplak dispuso, como primer paso procesal, la inscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo exige la Acordada 12/2016. La consulta previa a ese registro arrojó resultado negativo, lo que habilitó al magistrado a avanzar con el trámite sin que exista superposición con otro expediente de igual naturaleza.

En paralelo, el juez requirió a la DNV y al Ministerio de Economía que presenten, en el plazo de tres días, el informe previsto en el artículo 4, inciso 1, de la ley 26.854, que regula las medidas cautelares en causas en las que el Estado es parte. Por igual término, extendió ese requerimiento al Banco Nación, en atención a las particularidades del expediente. A los tres organismos también les fijó un plazo de diez días para responder el informe del artículo 8 de la ley 16.986, que rige el procedimiento de amparo.

El sustento de la denuncia radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos. Tolosa Paz sostuvo públicamente que tres de cada cuatro pesos del fondo habrían sido derivados a instrumentos financieros —bonos, títulos y acciones— en lugar de aplicarse a obras viales. La legisladora cifró en $1,5 billones el monto que, según su presentación, debería haberse destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia.

“El Gobierno cobra un impuesto a los combustibles para mantener nuestras rutas y, en lugar de destinarlos a obras, tres de cada cuatro pesos del SISVIAL fueron a la timba financiera”, explicó la legisladora peronista en sus redes sociales.

La diputada acompañó la acción judicial con una denuncia contra los funcionarios responsables de esa administración. En su comunicación pública al respecto, afirmó: “Para este Gobierno, la plata de los argentinos es negocio financiero”, al tiempo que reclamó que esos fondos se orienten hacia “trabajo, producción y un Estado que cuide”.

El expediente quedó radicado en la Secretaría N° 5 del Juzgado Federal de La Plata. Kreplak instruyó a la parte actora para que acompañe los proyectos de oficio dirigidos a cada uno de los organismos demandados, a fin de que Secretaría los confronte antes de su libramiento formal. La causa aguarda ahora las respuestas de Economía, Vialidad y el Banco Nación dentro de los plazos fijados por el magistrado.

Como cada martes, la mesa política se reúne en la planta baja de Casa Rosada para intentar -una vez más- ordenar la agenda legislativa que le permita avanzar con las reformas que descansan en el Congreso y luego del primer acercamiento en clave electoral con el PRO. Desde las 13, los integrantes del reducido círculo designado por el presidente Javier Milei se dan cita con la idea de preparar las próximas sesiones legislativas.

Luego de haber definido avanzar con los proyectos de índole económico, los denominados como “transformacionales”, el oficialismo intentará sesionar el próximo jueves 26 en la Cámara de Diputados con intención de tratar el proyecto que califican como “el más importante del semestre”, que incluye cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, la nueva ley de Inocencia Fiscal, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado el 7 de diciembre de 2023.

No obstante, tras la autocrítica interna a raíz del traspié con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, “la idea de La Libertad Avanza es discutir la Ley General de Sociedades, el Súper RIGI —si consigue dictamen la próxima semana— y una serie de pliegos judiciales”. Según precisó uno de sus integrantes, tras la media sanción en la Cámara Baja, el proyecto redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quedará para “una segunda tanda”.

La dinámica del conocido “bloque de los 44″, consolidado por la senadora Patricia Bullrich, parece haber sufrido algunas fugas, con la salida de los santacruceños, y en la administración libertaria aseguran que funciona “ley por ley”. Incluso, algunas voces aseguran que el vínculo con las provincias se resintió a raíz del envío “anticipado” de la reforma electoral.

En carpeta, también figura el envío del Presupuesto 2027, que -hasta ahora- no será presentado por el mandatario antes del 15 de septiembre, fecha límite para cumplir con este trámite. Otra de las normativas clave cuyo tratamiento fue postergado es la reforma electoral, estimada para “antes de fin de año”, pero aún pendiente de los respaldos necesarios para su aprobación.

Como contó este medio, en la administración libertaria vaticinan tres posibilidades: la primera, la eliminación de las PASO; una segunda alternativa, que implicaría suspender las primarias el próximo año, como ocurrió en las legislativas de 2025; y por último, la chance de habilitar una PAS, es decir, erradicar la obligatoriedad de la interna.

Pese a la decisión de sumar invitados excepcionales a los intercambios, como lo fue Sturzenegger el pasado martes, en esta oportunidad el diálogo reúne al plantel habitual. La invitada era la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien debió postergar su asistencia al martes próximo por cuestiones de agenda.

Por estas horas, es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la que encabeza el intercambio escoltada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. También asisten el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la líder del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La reunión de este martes está marcada por el primer acercamiento entre los libertarios y los referentes del PRO, que tuvo lugar el pasado jueves, luego del llamado entre la menor de los Milei y el titular del sello amarillo, Mauricio Macri. “Recién empezamos a hablar. Hay determinados temas, como la Ciudad, que como no sabemos con quién abordarlos los evitamos”, sostuvo un funcionario ante Infobae respecto a la tensión existente entre Jorge y Mauricio Macri.

La semana próxima la mesa técnica que incluye a Diego Santilli y Lule Menem en representación del Poder Ejecutivo, y a los diputados Fernando De Andreis y Cristian Ritondo por el PRO volverá a reunirse para intentar avanzar en un entendimiento electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Asimismo, se da en la previa a la reunión que encabezará Luis Caputo y Santilli con algunos gobernadores y equipos técnicos del Norte Grande en las oficinas del Palacio de Hacienda. La instancia surgió del Consejo del Norte Grande, que tuvo lugar el pasado miércoles, y abordará el proyecto de zonas cálidas.

Las autoridades federales de Estados Unidos lanzaron una investigación sobre los préstamos y operaciones financieras de Mark Walter, dueño de Los Angeles Dodgers y líder de TWG Global, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos provenientes de compañías de seguros bajo su control. Según reportó The Wall Street Journal, el epicentro de la pesquisa se encuentra en la relación entre las aseguradoras Delaware Life y Clear Spring, ambas ubicadas en Delaware, además de la aseguradora EquiTrust y diversos negocios controlados por Walter, quien hasta hace pocos meses también fue dueño de Los Ángeles Lakers, la famosa franquicia de la NBA.

Según la publicación estadounidense, hay argentinos que podrían estar involucrados en la maniobra. Son financistas conocidos, tiburones de Wall Street, y uno de ellos fue dueño de la mansión que compró el magnate tech Peter Thiel en Barrio Parque, en Buenos Aires.

El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) buscan determinar si Walter y sus empresas cometieron fraude o encubrieron conexiones financieras. Los investigadores detallaron que el esquema bajo revisión involucra préstamos de las aseguradoras a empresas afiliadas, a través de una red de intermediarios. El propio Walter y empleados de su entorno entregaron sus dispositivos electrónicos ante requerimiento de los agentes federales, luego de que estos interceptaran su avión privado en Chicago en septiembre de 2025.

Según información publicada hoy , los reguladores permiten la concesión de préstamos a entidades vinculadas al dueño de la aseguradora siempre que se informen y no excedan ciertos límites. Un relevamiento interno de las aseguradoras de Walter identificó alrededor de entre 16.000 y 20.000 millones de dólares en préstamos no declarados ante los reguladores de Delaware, lo que encendió alarmas entre las autoridades y provocó la reacción del empresario, quien inició la venta de activos para evitar una rebaja en la calificación crediticia de sus aseguradoras.

En el entramado resalta también el rol de ABS Capital Company LLC (ABS Capco). Esta firma, fundada por exejecutivos de Guggenheim Partners, una de las empresas de las que Walker es cofundador y CEO, funcionó como una de las intermediarias para canalizar fondos desde las aseguradoras hacia otros negocios controlados por el magnate. Este año, según WSJ, la aseguradora EquiTrust le prestó USD 500 millones a 10 compañías establecidas por el argentino Federico Hermida, un directivo de ABS. Investigadores federales también pusieron bajo la lupa a otras empresas como Amistad Financial, Bradford Allen y Hudson Trading, que recibieron o distribuyeron préstamos de origen similar. Los fondos circularon a través de una serie de sociedades de responsabilidad limitada (LLC), cuya propiedad y beneficiarios resultaron difíciles de rastrear.

En 2016, un abogado de compliance de Guggenheim Partners detectó que algunas inversiones personales de Walter se financiaban a través de ABS Capco y reportó un complejo entramado de sociedades anónimas. La SEC recibió denuncias de empleados y exempleados, quienes señalaron operaciones de “autopréstamo” y transferencias entre las aseguradoras bajo condiciones poco claras. Si bien en 2019 la SEC archivó una investigación previa, la reciente aparición de préstamos no informados reactivó el interés de los reguladores.

The Wall Street Journal informó que la revelación de los préstamos no declarados surgió tras una denuncia interna sobre posibles irregularidades contables en un acuerdo de financiación en Medio Oriente. Esta pista llevó a los investigadores a examinar los vínculos entre ABS Capco y otras firmas que canalizaron préstamos a empresas de Walter, intensificando el escrutinio.

El futuro de las aseguradoras Delaware Life y Clear Spring depende de la capacidad de TWG Global para remover de sus balances una porción significativa de estos préstamos afiliados antes de fin de año, evitando así posibles acciones civiles y demandas de los titulares de pólizas. Hasta el momento, ni Mark Walter ni sus empresas enfrentan cargos penales o sanciones civiles. TWG Global defendió la legalidad de sus operaciones y negó cualquier intento de eludir obligaciones regulatorias.

Lazos en la Argentina

En 2017, Bloomberg News informó que la SEC inició una revisión sobre los vínculos de Guggenheim Partners con el empresario argentino Diego Ball, cuyas compañías realizaron casi USD 1.000 millones en transacciones con la firma estadounidense. Los documentos obtenidos por el medio revelaron que Ball, a través de entidades controladas de manera indirecta, accedió a préstamos significativos, incluido uno de 100 millones de dólares respaldado por intereses en diecisiete sociedades de responsabilidad limitada creadas poco antes de la operación. La relación entre Ball y Mark Walter generó cuestionamientos internos en Guggenheim, especialmente en torno a la transparencia y la documentación de respaldo, aunque el área de compliance determinó que no existía beneficio económico directo ni indirecto para personal vinculado a la empresa.

Bloomberg News también detalló que la complejidad de las transacciones y el uso de múltiples intermediarios alimentaron las dudas sobre posibles conflictos de interés y la suficiencia de los controles internos. En ese contexto, la SEC buscó verificar si se habían divulgado adecuadamente los potenciales conflictos y si los inversores recibieron un trato justo. Además, la nota destacó la participación de ABS Capco, firma vinculada a Juan Ball y Pablo Stalman, en la compra conjunta de una costosa residencia en Malibú con Walter, sin que se utilizaran fondos de Guggenheim ni de aseguradoras.

En su Linkedin, Juan Ball se define como co-chairman de ABS Capital Company desde 2015 (registros lo vinculan en el pasado a subsidiarias o vinculadas en Inglaterra y Uruguay). Según su perfil en el sitio de la Fundación de la Universidad de San Andrés, de la que es vocal, lo define de esta manera: “Cofundador de ABS Holdings LLC, una plataforma para inversiones inmobiliarias y financieras. También es Co-Founnders del Grupo LJ, ex Co-Chairman de Guggenheim Partners Latin America y Fundador de Guggenheim Investment Advisors Suisse, entre otros negocios. Lideró Lehman Brothers y más tarde Bear Stearns, manejando activos en representación de importantes inversores de banca privada. En Santander Securities y Banco Santander Central Hispano, en su calidad de Global Chief Trader y Director, estuvo a cargo de los productos internacionales para varios países. Desde el año 2010 es Presidente de la Fundación Germinare y Miembro del Board de la Fundación MALBA”. Es uno de los socios de The Colette Group, una firma que construyó Colette, uno de los principales edificios de lujo de Punta del Este, y también fue accionista de la aerolínea Flybondi.

Infobae se comunicó hoy con la sede de ABS Capco en Miami, en la Avenida Brickell, pero Ball no se encontraba en ese momento, según detalló la persona que atendió la llamada, quién tomó el mensaje para el empresario.

En 2018, por otra parte, The Wall Street Journal reveló que la Comisión de Bolsa y Valores amplió su investigación hacia la unidad de gestión de activos de Guggenheim Partners, poniendo especial atención en la compra de la casa valuada en USD 85 millones en Malibú, propiedad compartida entre Walter y ABS Capital. La SEC solicitó la conservación de documentos sobre esa operación y otras transacciones relacionadas con ABS Capital, además de requerir información directamente a la firma de Miami. Tanto ABS como Walter confirmaron la co-inversión, aunque negaron que los fondos provinieran de Guggenheim.

The Wall Street Journal agregó que, en ese momento, la SEC también mostró interés por un préstamo otorgado por ABS Capco a la firma BCBG Max Azria Group, poco antes de la quiebra de la empresa de moda. La situación motivó reclamos internos y denuncias de exempleados sobre la gestión y los controles en las operaciones, aunque Guggenheim ratificó su cooperación con la investigación y sostuvo que no existían irregularidades. La SEC, por su parte, mantuvo la confidencialidad sobre el avance y el alcance de la pesquisa.