La investigación del Ministerio Público Fiscal sobre la denuncia formulada por las autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad, tras detectar maniobras de sobreprecios y posibles retornos entre funcionarios y empresarios, encontró indicios de más personas y empresas que deberán dar alguna explicación en la Justicia: se trata de tres firmas más del rubro de los repuestos y las maquinarias pesadas de Paraná, tal como publicó Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).
Ya se encontraban imputados (aunque no formalmente indagados) tres funcionarios y cuatro empresarios. Ahora se sumaron otras tres empresas a partir de indicios que sugieren un posible accionar ilícito en el mismo esquema de corrupción por parte de sus responsables.
La causa se originó en septiembre del año pasado, en octubre se hicieron los primeros allanamientos en los domicilios de los acusados y se secuestró documentación, computadoras, celulares y otros elementos. Del análisis de la prueba secuestrada, surgieron 18 casos de presupuestos, licitaciones y contrataciones apuntadas por sobreprecios y dádivas, con la intervención de los departamentos Suministro, Gestión de Contrataciones y Técnico de la DPV.
La última novedad se produjo el martes por la mañana con los seis nuevos allanamientos simultáneos a dos empresas y cuatro domicilios particulares. Uno fue en la firma Elmer Repuestos, en calle Churruarín y San Juan Bautista de La Salle; otro en el domicilio del socio gerente de esta SRL, Miguel Elmer, y otro en la casa de otro socio, que es el hijo del dueño, Jorge Elmer.
La empresa Entre Ríos Vial Agro SRL, de Darío Schohals, también fue objeto de allanamientos, tanto en el local de avenida Almafuerte como en el domicilio particular.
Por último, también fue allanado Hernán Acevedo, que tiene una empresa a su nombre, que funciona bajo el nombre de fantasía HA Repuestos.
El personal de la División Delitos Económicos de la Policía secuestró celulares, computadoras y documentación.
Estos nombres y empresas surgieron a partir de la pericia de la única persona entre las primeras que fueron allanadas el año pasado que no impidió que la Justicia accediera a su celular. De la extracción de información a ese teléfono se pudieron conocer comunicaciones cuyo análisis condujo a la Fiscalía a solicitar estos allanamientos, que fueron autorizados por el Juzgado de Garantías.
El fiscal Gonzalo Badano instó a las personas allanadas a designar abogados defensores y ahora seguirán el recorrido de los demás sospechados de participar de este esquema de desvío de fondos públicos.
Estas personas se suman a las que ya fueron señaladas, tal como se ha informado con las correspondientes acusaciones de la Fiscalía. Por el lado de los funcionarios públicos, están: Ignacio Difiori, jefe de Departamento I Suministro (creen que, como autoridad máxima de esa área, dio curso a las contrataciones, dando directivas sobre el trámite y estableciendo las personas invitadas); Julián Gervasoni, jefe Departamento II Gestión de Contrataciones (sospechan que participaba en las decisiones de las contrataciones y selección de oferentes); y Raúl Caraballo, jefe del Departamento II Técnico (señalado por acompañar los presupuestos mayores a los de mercado).
Por el sector privado, aparecen: Gustavo Meynet, titular de Agrovial Paraná; Diego Gómez, de la Cooperativa de Trabajo del Centro Ltda.; Horacio Fernández, presidente de Equivial Sudamericana SA; y Daniel Antonio Forlin, de una empresa de Córdoba.
El fiscal Gonzalo Badano califica el caso como un Fraude a la Administración Pública, y describe el hecho de esta manera: “En la Dirección Provincial de Vialidad se habrían tramitado distintos expedientes en violación de la normativa de contabilidad pública ley Nº 5140 y su decreto reglamentario. Se habrían omitido los pasos establecidos, direccionado las contrataciones a determinados oferentes y elaborado presupuestos oficiales con valores superiores a los de mercado. Todo ello habría facilitado que aquellos oferentes que se encontraban en connivencia con los funcionarios públicos intervinientes en las contrataciones cotizaran precios elevados que luego eran aprobados, ocasionando un perjuicio a la administración pública. Posteriormente, un porcentaje de dichas contrataciones habría sido entregado por los contratistas a los funcionarios. Estas acciones habrían dificultado que las maniobras sean detectadas”.
Un año sin poder avanzar
Este es un avance de la investigación que se pudo hacer a partir de una pericia que no fue obstaculizada por uno de los contratistas señalados en agosto del año pasado. No obstante, la causa se encuentra parcialmente estancada en cuanto a medidas claves como las pericias del resto de los celulares secuestrados debido a la oposición manifestada por abogados defensores. Por este motivo, no pudieron aun ser citados a una declaración de imputados en las cuales se pudieran defender y dar sus explicaciones del caso y nosotros informarlas como corresponde.
La discusión se dio primero en una audiencia de Garantías, donde se autorizó el ingreso a esos celulares. Las defensas recurrieron esa resolución ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones que entendió que debía hacerse lugar parcialmente al pedido de los defensores: que la extracción de datos se haga por medio de peritos que seleccionen cuál es el material relevante para la causa, una modalidad particular y novedosa. La Fiscalía dice al respecto que ningún perito puede saber cuál es el contenido relevante para su investigación penal, por lo tanto, presentó un recurso de Casación contra ese fallo. La discusión todavía se encuentra en esta etapa, aunque posiblemente podría seguir hasta la última instancia que es la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.
Pasó un año desde que se secuestraron los celulares y todavía en la Justicia no se ponen de acuerdo para que avance la investigación. Años más tarde llegarán las discusiones y planteos sobre el plazo razonable, pero entre una resolución y otra, pasan meses y meses sin que la cuestión pueda destrabarse.
