Cada 16 horas una persona muere en una cárcel, en una comisaría o durante un operativo con intervención de las fuerzas de seguridad. El dato se desprende del Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Por primera vez se integraron datos de las 24 jurisdicciones del país y se concluyó que, entre 2022 y 2024, hubo al menos 1.716 fallecimientos en estas condiciones.
El 94% de las personas fallecidas fueron varones, el 4% mujeres y el 0,5% personas trans. En el ámbito penitenciario, la edad promedio de las personas fallecidas fue de 47 años, aunque el 36% tenía menos de 40 años. Esa proporción contrasta con la población general: en el mismo período, las personas fallecidas de ese rango etario representaron apenas el 4% del total de muertes.
“Con los datos pudimos advertir que la tasa muerte, tanto por enfermedad como por suicidios y agresiones, es mucho más elevada dentro de las cárceles y comisarías que fuera de las mismas, a pesar de que debería existir mucho más control y seguimiento en el contexto de encierro”, explicó a PERFIL Gustavo Palmieri, comisionado del CNPT.
En el caso de enfermedades infecciosas, la tasa de personas fallecidas bajo custodia es del doble y de casi 10 veces más si se trata de tuberculosis. En suicidios y agresiones, la tasa se multiplica por cinco.
La diferencia también aparece entre los distintos lugares de encierro. En 2024, la tasa de mortalidad en dependencias policiales alcanzó las 6,4 muertes cada mil personas detenidas, frente a 3,4 cada mil en establecimientos penitenciarios. Es decir, el indicador en comisarías y otros espacios de alojamiento policial fue prácticamente el doble.
El CNPT advierte que la población alojada bajo custodia policial se mantuvo relativamente estable durante el período, mientras la tasa de mortalidad aumentó. Las intervenciones de las fuerzas de seguridad en la vía pública constituyen un tercer universo: allí se registraron al menos 389 muertes entre 2022 y 2024.
“En línea con estándares internacionales de derechos humanos (como el Protocolo de Minnesota y las Reglas Mandela), estas muertes deben ser consideradas potencialmente ilícitas y requieren investigaciones diligentes, independientes y exhaustivas”, sostuvo el informe.
El registro se elaboró con datos de organismos ejecutivos y judiciales, con organizaciones locales de prevención de la tortura, registros administrativos, expedientes judiciales, certificados de defunción, así como información aportada por familiares, personas detenidas y monitoreos de medios. Además, se incluyeron todos los fallecimientos ocurridos bajo custodia, tanto dentro de establecimientos como luego de traslados a centros de salud, y aquellos producidos en el marco de la fuerza estatal en la vía pública.
Mortalidad penitenciaria: alerta en Tucumán
La mortalidad penitenciaria presenta fuertes diferencias entre las jurisdicciones. La tasa nacional promedio para el período 2022-2024 fue de 3,3 muertes cada mil personas privadas de libertad. Tucumán se ubicó muy por encima del promedio, con 8,7 muertes cada mil, seguida por Misiones, con 5; La Rioja, con 4,8; Formosa, con 4,5; Corrientes, con 4,1; y Chaco y Entre Ríos, con 4 cada mil. En el otro extremo, Chubut registró 0,7 muertes cada mil personas privadas de libertad, Catamarca 1,4 y Salta 1,6.
En términos absolutos, Buenos Aires concentró la mayor cantidad de fallecimientos penitenciarios, con 562 casos durante el trienio. De ese total, 461 fueron muertes por enfermedades, 85 por causas externas y 16 quedaron clasificadas como desconocidas. Córdoba registró 87 fallecimientos, con 41 por enfermedades y 32 por causas externas, mientras que Santa Fe también contabilizó 87, aunque con un patrón diferente: allí las causas externas, con 47 casos, superaron a las enfermedades, que fueron 31. En el ámbito federal se registraron 111 muertes, de las cuales 68 fueron por enfermedades y 42 por causas externas.
La diferencia entre provincias también se observa al analizar las tasas según el tipo de muerte. Buenos Aires tuvo la tasa más elevada de mortalidad por enfermedades, con 3 muertes cada mil personas privadas de libertad. Tucumán, en cambio, combinó una de las tasas más altas por enfermedad, 2,7 cada mil, con la mayor tasa de mortalidad por causas externas de todo el país: 4,2 cada mil. También fueron elevadas las tasas por causas externas en La Rioja, con 2,8; Neuquén, con 2,4; San Luis, con 2,1; y Misiones, con 1.
El informe destaca que en Neuquén y San Luis más del 60% de las muertes penitenciarias fueron por causas externas. También superaron la mitad de los fallecimientos en Jujuy, La Rioja, Mendoza y Santa Fe.
Enfermedades, suicidios y agresiones: las causas
Las enfermedades fueron la principal causa de muerte en los contextos de encierro. El registro contabilizó 731 fallecimientos por enfermedades entre 2022 y 2024, la mayoría en establecimientos penitenciarios. Cerca de la mitad de estos casos, 338, fueron clasificados como enfermedades no especificadas.
Entre las patologías que sí pudieron identificarse aparecen las enfermedades infecciosas y parasitarias, con 112 muertes; las circulatorias, con 85; los distintos tipos de cáncer, con 65; y las enfermedades respiratorias, con 64. El informe advierte que la calidad de la información limita la posibilidad de determinar con precisión qué enfermedad provocó cada fallecimiento y señala especialmente la presencia de enfermedades infecciosas, como tuberculosis y VIH.
Las causas externas reunieron 805 fallecimientos durante el trienio y ocurrieron, sobre todo, en comisarías y en el marco de intervenciones de las fuerzas de seguridad. Las agresiones fueron la principal categoría, con 413 casos, el 51,3% del total. Le siguieron los suicidios, con 205 muertes, equivalentes al 25,5%; las causas no determinadas, con 134 casos; y los siniestros, con 53. En el caso de las intervenciones de las fuerzas de seguridad, ocho de cada diez fallecimientos involucraron armas de fuego.
Los suicidios sumaron 65 casos en 2022, 62 en 2023 y 78 en 2024. El informe señala que las muertes por esta causa se concentran especialmente entre personas jóvenes y advierte sobre situaciones vinculadas con los primeros momentos de la detención, el aislamiento y las crisis de salud mental.
A su vez, se identificaron 134 muertes cuya causa no pudo ser determinada: 63 ocurrieron en establecimientos penitenciarios, 48 en dependencias policiales y 23 durante intervenciones de las fuerzas de seguridad. Hubo casos de este tipo en 22 de las 25 jurisdicciones.
Entre los fallecimientos ocurridos en lugares de encierro con información parcial o no concluyente, el CNPT identificó 17 muertes por asfixia por ahorcamiento, en su mayoría en dependencias policiales y durante los primeros días de detención.
Intervención de agentes policiales
Uno de los datos que surge del análisis de las muertes por agresiones es la participación de agentes que no se encontraban cumpliendo funciones. De los 337 fallecimientos por agresiones registrados durante intervenciones en la vía pública, en al menos el 81% se informó participación directa de agentes de las fuerzas policiales y de seguridad. En 103 de esos casos, el episodio ocurrió cuando el agente policial estaba fuera de servicio e intervino ante situaciones sospechadas como delictivas.
El uso de armas de fuego aparece estrechamente vinculado con estos episodios. De las 337 muertes por agresiones registradas en la vía pública, 307 involucraron armas de fuego. Si se toma específicamente el universo de muertes por uso de armas de fuego, en 133 casos, equivalentes al 43%, se pudo establecer que el agente interviniente estaba fuera de servicio.
También se identificaron al menos 38 fallecimientos producidos durante persecuciones en la vía pública. La mayor cantidad de muertes por agresiones con participación de agentes correspondió a la Policía de la provincia de Buenos Aires, con 168 casos, seguida por las fuerzas federales, con 62; la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con 54; y la Policía de Córdoba, con 10.
El CNPT advierte que el fenómeno puede estar subregistrado. La información disponible sobre las investigaciones judiciales no siempre permite reconstruir las circunstancias de los hechos y algunas jurisdicciones no cuentan con relevamientos permanentes. Por eso, el organismo considera que los datos constituyen una primera aproximación a la letalidad vinculada con las intervenciones de las fuerzas de seguridad.
“Los datos que presentamos son fundamentales para poder trabajar tanto la prevención de estas muertes en el escenario de encierro como sobre estos fenómenos de prevención de enfermedades, suicidios y violencia a nivel general”, concluyó Palmieri.
ML
