Desde el año pasado, cada vez que la Policía allanaba domicilios y derrumbaban el búnker de venta de drogas que construían en uno de los pasillos del barrio Lomas del Mirador II de Paraná, terminaban detenidos los soldaditos que el dueño del negocio ponía a trabajar en esas taperas con sistemas de vigilancia por cámaras. Sabían que el que estaba atrás era Brian Páez, conocido narco de la ciudad que nunca se acercaba al lugar de venta ni trataba con sus empleados: se manejaba con intermediarios para bajar órdenes, distribuir la droga y recibir las bolsas llenas de plata. Son los trucos del negocio que, como tantos otros, fue aprendiendo con los años, desde cuando era más chico, un pistolero intratable vinculado a otros jefes narcos de Paraná. Hasta que, en una ocasión, los investigadores de la Dirección Drogas Peligrosas y el fiscal Santiago Alfieri pudieron reunir indicios que lo vincularían con el negocio que funcionaba todos los días, a toda hora, en el barrio de la zona este de la capital provincial.
La investigación comenzó hace más de un año. En este periodo hubo al menos dos procedimientos, principalmente en el búnker que el “Puti” Páez, como lo conocen todos, levantaba en uno de los pasillos cerca de calle Quirós. Eran construcciones de ladrillo, cemento y puertas de hierro que levantaban a la vista de todos en un espacio público: un pasillo sobre calle Cesáreo Quirós, entre Celia Torrá y Longo. El año pasado lo derrumbaron a mazazos y lo volvieron a levantar. En marzo de este año, nuevamente lo allanaron y en abril lo derribaron otra vez, en un acto oficial con el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia y la vicegobernadora, Alicia Aluani.
Con una gran cantidad de jóvenes consumidores, sin oportunidades de nada, librados a la buena de Dios en los pasillos del barrio, y una enorme clientela, Páez sabía que siempre iba a tener mano de obra disponible para continuar el negocio. Pocos días después, un albañil empezó a trabajar nuevamente con bolsas de portland, metros de arena, ladrillos, aberturas y todo lo necesario en un espacio pegado al anterior búnker.
Páez estaba viviendo desde hace bastante tiempo en una casa de calle Hernandarias y Bonell, donde tiene el drugstore llamado Tercer Tiempo, cerca de un complejo de canchas de fútbol, a unas cuadras de calle Sallelas y el Parque Industrial. En el Lomas sigue viviendo su familia: sus padres y sus hermanos. Se trata de un grupo familiar desde siempre afectado por el consumo de drogas y, en el caso de uno de los hermanos, también a la venta (tiene una condena).
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La causa ya tiene a otras personas detenidas e imputadas de tener algún rol en la estructura que, según la Fiscalía, organizó Páez. El sábado pasado en horas de la tarde se hicieron nuevamente allanamientos y esta vez lo detuvieron al presunto dueño del búnker. Secuestraron la camioneta Ford Ranger que utilizaba, aunque en ese momento la conducía por calle Almirante Brown otra persona a quien se la había dado para llevarla al mecánico. No está a su nombre, sino de un tal Martínez.
El “administrador remoto”
El lunes 25 de mayo el fiscal imputó formalmente a Páez, quien es defendido por el abogado Augusto Lafferriere. Cerca del mediodía se realizó la audiencia de medidas cautelares ante el juez de Garantías Eduardo Ruhl.
En esa instancia, Alfieri describió el hecho imputado y los pormenores de la investigación con las pruebas que sostiene que incriminan a Páez. Lo describe como el coordinador de la actividad que se desarrollaba en una construcción ubicada en un pasillo peatonal del barrio Loma del Mirador II. Allí, personas como Oscar Rodríguez González y Eduardo Santiago Schonfeld vendían dosis fraccionadas directamente a los consumidores.
El fiscal sostiene que esta comercialización se realizaba bajo la directiva y coordinación de Brian Páez y para ello, contaba con la colaboración de Isaías Leonel Berlo, quien se encargaba del abastecimiento de los estupefacientes y de la recaudación del dinero.
Alfieri describió el rol de Páez dentro de la organización como uno de carácter “remoto e intermediado”, lo que dificultaba poder vincularlo al negocio ilegal en lo que era su rol de administrador del búnker.
El 11 de marzo pasado fueron los allanamientos donde encontraron a González dentro del búnker con cocaína y marihuana. Páez no fue encontrado en su casa porque estaba en un viaje familiar. No obstante, no se libró el pedido de captura y detención. “Entendimos que debíamos profundizar la investigación dado el rol remoto, intermediado que le asignamos en esta investigación y que le seguimos asignando hoy, entendemos, con mayor fortaleza en términos de evidencia”, dijo Alfieri. En este sentido, destacó que Páez ya fue sobreseído en dos ocasiones previas por falta de pruebas, pero esta vez no es la misma situación.
Luego, señaló los episodios registrados en la causa que lo vinculan a la actividad delictiva: el 28 de septiembre, el 8 y 9 de octubre, el 25 de noviembre, el 9 de diciembre (del año pasado) y el 20 de enero último, por ejemplo, “fue visto y reportado por personal de Drogas Peligrosas a Páez en un vehículo VW Bora secuestrado desde marzo y en la Ford Ranger secuestrada el sábado, en inmediaciones del barrio Lomas del Mirador II, no en cualquier bloque, sino del pasillo sobre calle Quiros, entre Torrá y Longo. La familia de Páez vive en ese barrio, pero no le achacamos ira visitar a sus padres”, indició.
En la primera ocasión, “llegó en el vehículo Bora hacia inmediaciones de Quiros, se aproximan dos personas y se efectúa un intercambio y vuelven al pasillo donde está el punto de venta”, refirió Alfieri.
“Luego el 25 de noviembre el Bora se encuentra en Quiros, dos personas se aproximan al vehículo con un bulto, suben y se retiran los tres”, agregó.
“El 9 de noviembre de 2025 Isaías Berlo, quien se encuentra detenido con domiciliaria e imputado por su rol de recaudador y por abastecer en forma continua al búnker, llega con una persona que no había sido identificada hasta el momento, con un conjunto de Boca, ingresa, se suspenden las ventas en ese tiempo, luego se retiran, ingresa una persona vestida de negro y blanco, hoy está identificada y estamos en su búsqueda”, dijo, por Schonfeld.
“Ese mismo día, cuando Berlo sale del punto de venta, van a Hernandarias y Bonell, a la vivienda del señor Páez, inmediatamente después de retirarse, y así se evidencia la vinculación en la triangulación Berlo-González-Schonfeld, que son los vendedores, y Páez como el administrador del lugar”, relató el fiscal.
Mensajes y transferencias
“Así llegamos con esa información al primer allanamiento del 11 de marzo. Posteriormente uno de los teléfonos que obtuvimos fue de adentro del punto de venta, se hizo el informe de la copia forense”, explicó y luego detalló lo que encontraron: “El teléfono que corresponde al que emplea Oscar Rodrigo González, quien tiene agendado a una persona agendada como Rusito, donde conversan de distintas cosas del turno, hablan del jefe, que el jefe los está convocando, en un momento Rusito le dice, por unos procedimientos en el barrio Lomas del Mirador II, ‘te asustaste’, y González le responde ‘si tengamos miedo o no tenemos que seguir ahí adentro’”.
En los celulares también se observaron los movimientos de dinero: “Eduardo Schonfeld en un momento recibe por transferencia un dinero. Particularmente González en su teléfono tiene la transferencia por 20.000 y 10.000 pesos (entre muchas otras de 2.000, 3.000, 5.000 pesos) nada más ni nada menos que de parte de la madre del señor Páez. Elemento que vuelve a confirmar el triángulo Berlo-González-Schonfeld, el intercambio de turno y la ida a la casa de Páez luego de que Berlo se retira del punto de venta”.
“¿Por qué no lo agarran al Puti”
Otro elemento fuerte de la acusación es una testigo cuya identidad permanece preservada para resguardar su integridad: “Reconoce ir a comprar, reconoce a González como ‘Piti’, apodo que usa en el WhatsApp, y, visiblemente incómoda con la situación, nos cuestiona por qué no lo agarramos a ‘Puti’. Si él está en libertad, están los otros dos presos y la venimos a molestar a ella. Como manifestación espontánea para nosotros también es sustancial”, destacó el fiscal.
Mientras profundizaban la investigación, obtuvieron otro indicio más que vincularía al acusado con el búnker narco: “El señor Páez va dos días seguidos a las inmediaciones del pasillo de calle Cesáreo Quirós. Lo hace en la camioneta Ranger, saliendo dos personas de un inmueble que sería lindero al lugar de punto de venta que se abordó el 11 de marzo y fue destruido por el IAPV y el Ministerio de Justicia, al lado se vislumbran actividades de obra. Baja de la camioneta el señor Páez. Ese lugar es el que habíamos allanado anteriormente cuando condenamos al señor Prado, cuñado de Páez, donde este fue sobreseído. En la requisa de ese lugar encontramos gramos de marihuana, una persona que estaba adentro en situación de calle, y una puerta de acero macizo, lista para ser colocada. Una edificación de este estilo bunker que ya había sido derrumbado”, narró Alfieri.
Con estas pruebas en el legajo se ordenó la detención del imputado y la Fiscalía solicitó 90 días de prisión preventiva teniendo en cuenta el riesgo para la investigación en caso de que quede libre: “El mensaje es total para el barrio”, afirmó.
“No hay nada”
El defensor Lafferriere cuestionó que las pruebas sean suficientes para acreditar la vinculación de Páez a la venta de drogas. Afirmó que solo se lo registró llegando al barrio donde viven sus padres y que no le encontraron en su poder nada relacionado a la actividad ilícita.
“No hay absolutamente ninguna prueba contra Páez. El fiscal narra hechos de terceros donde no aparece la figura de Páez”, afirmó el abogado y cuestionó que “lo vinculan solo por tener una pena por drogas de hace muchos años y está tratando de rehacer su vida, tuvo hijos, tiene una pareja estable, tiene un comercio con un perfil público en Instagram”.
Lafferriere pidió la prisión domiciliaria con habilitación para salir a trabajar a un negocio ubicado en calle Rondeu 625, teniendo en cuenta que tiene hijos pequeños a su cargo y además su pareja está cursando un embarazo.
El juez Ruhl rechazó los argumentos de la defensa y coincidió con el fiscal. Le explicó en la audiencia a Páez la gravedad el hecho que se investiga y las pruebas que por ahora lo señalan como posible responsable de la venta de drogas. El imputado se mantuvo serio y sereno durante toda la audiencia y apenas asintió para demostrar su entendimiento con lo que le informaba el magistrado, quien resolvió imponerle 60 días de prisión preventiva que Páez ya cumple en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.
Vecinos del Lomas II se lamentaban de que, luego de los derrumbes del búnker el año pasado y en abril, el negocio de la venta de drogas seguía funcionando en el barrio a toda hora, pero se ejercía a cielo abierto o en las escaleras del barrio, lo cual generaba un enorme malestar. Luego de la detención de Páez, cuentan que “no anda ni el loro” y aquellas escenas no se ven más. No obstante, teniendo en cuenta la historia de este territorio afectado hace muchos años por la venta y consumo de drogas, saben que deben permanecer alertas porque siempre que cayó un narco, lo reemplazó otro. Es una plaza comercial que todos los narcos miran con codicia.
Los antecedentes
Brian Páez es un muchacho muy conocido en el Lomas II, porque nació y se crio en esas calles, pasillos y escaleras. En marzo de 2018 fue condenado por integrar la banda narco que dirigía Germán Ernesto Herlein, más conocido como “Morrón”, un hombre de la zona oeste de Paraná que fue asesinado a tiros en el resonante triple crimen ocurrido el 15 de noviembre de 2020 en calle Las Camelias y Ovidio Lagos de Paraná. Herlein se encontraba junto a los hermanos Cristian y Víctor Barreto y a Laureano Morales. Solo Víctor sobrevivió al ataque de los sicarios.
Páez no era un mero soldadito, sino la mano derecha de Herlein en el negocio, con quien coordinaban todas las acciones. Ambos acordaron la pena de seis años de prisión en un juicio abreviado.
Además, Páez tiene condenas en la Justicia provincial por hechos violentos: era un joven que tenía a maltraer a los vecinos de la zona del Lomas II por las balaceras, lo que le valió causas por abuso de arma, amenazas e intento de homicidio. En 2015 lo condenaron a dos años y tres meses de prisión condicional. En 2017 lo sentenciaron a cinco años y cuatro meses de prisión efectiva por intentar matar a balazos a Enzo Cabrera en calle Gobernador Crespo al final en el año 2014, una época infernal por la violencia en esa zona de la ciudad.
