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  • El RENAR autorizó la destrucción de más de 13 mil chalecos antibalas vencidos: todavía hay 300 mil en depósitos de todo el país

    El RENAR autorizó la destrucción de más de 13 mil chalecos antibalas vencidos: todavía hay 300 mil en depósitos de todo el país

    El Registro Nacional de Armas (RENAR) autorizó la destrucción completa de 13.446 chalecos antibalas vencidos de la Policía de la provincia de Santa Fe, un procedimiento que, según los expedientes generados por el propio organismo, constituye el primero de este tipo que se concreta entre todas las fuerzas de seguridad del país.

    La medida expone un problema que el Estado arrastra desde hace más de una década: la acumulación, sin destrucción efectiva, de entre 300.000 y 500.000 chalecos vencidos en depósitos de organismos públicos de toda la Argentina.

    La cifra no es arbitraria. Es el cálculo estimativo que circula en el organismo a cargo de Jua Pablo Allan. El número exacto de chalecos en esas condiciones, y que se acumulan en depósitos de los organismos de seguridad se desconoce porque no todas las fuerzas y agencias de seguridad privada lo han reportado ante el organismo regulador.

    Parte de ese material dado de baja ya fue hallado en circuitos ilegales, en manos de organizaciones criminales.

    Una auditoría interna del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizada en 2024 detecto que las fuerzas federales contaban con 76.812 chalecos, de los cuales 49.159 estaban vencidos, el 64% del total REUTERS/Stringer

    El RENAR, que hasta julio de 2025 se llamaba Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), tiene la potestad exclusiva y excluyente en todo el territorio nacional para autorizar y fiscalizar la destrucción de materiales controlados, conforme lo establece el artículo 5° inciso 3° de la Ley 27.192, sancionada el 22 de octubre de 2015. Sin embargo, durante más de nueve años esa función no se reglamentó de manera efectiva, según indicaron fuentes del organismo a Infobae.

    Los chalecos antibalas que utilizan las fuerzas de seguridad tienen una duración certificada de cinco años, plazo fijado por el RENAR y garantizado por los propios fabricantes. Cumplido ese período, las unidades deben retirarse porque ya no puede asegurarse el nivel de protección original, aunque en buena parte de las fuerzas esa baja efectiva no llega a concretarse. Una auditoría interna del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizada en 2024 cuando Patricia Bullrich encabezaba la cartera, detectó que Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina sumaban 76.812 chalecos, de los cuales 49.159 estaban vencidos, el 64% del total.

    Infografía con texto, cifras numéricas e ilustraciones sobre el almacenamiento y la destrucción de chalecos antibalas en Argentina.

    Hasta ahora no existía una norma que permitía a los legítimos usuarios, como las jurisdicciones de las que dependen las fuerzas de seguridad de todo el país tramitar la destrucción de los denominados material de usos especiales (M.U.E), como Chalecos antibalas y otras protecciones corporales; Cascos antibalas y, entre otros transparente antibalas. Por esa razón, se acumulaban cientos de miles de estos materiales en galpones y depósitos que, muchas veces, por no estar bien resguardados, terminaban en manos de los delincuentes.

    También se creó un registro especial para las plantas para destrucción de M.U.Es. Estas deben cumplir una serie de requisitos y estar habilitadas y supervisadas por el RENAR y deben utilizar alguno/s de los siguientes métodos:

    A. Corte: las tiras resultantes del mismo no podrán ser mayores a 10 cm de ancho por el largo del M.U.Es. para los opacos, transparentes, placas para incrementar nivel en chalecos antibalas y cascos. Respecto de los chalecos antibalas se podrán cortar los paneles balísticos y fundas por la mitad.

    B. Deshilado: se debe garantizar que la totalidad del panel sometido a este proceso quede en forma de vellón o hilos separados de su confección original.

    C. Triturado: el residuo resultante no debe superar los 25 cm2.

    D. Fundición: La totalidad del material sometido a este proceso debe quedar disuelto.

    E. En caso de proponer otro método el mismo debe ser superador a los anteriores, adecuado a la normativa vigente respecto del medio ambiente y será evaluado por el área técnica competente para su aprobación.

    En todos los casos se deberá garantizar que las etiquetas identificatorias del M.U.E. queden destruidas.

    El proceso de destrucción de M.U.Es. deberá contar con el aval de un profesional independiente habilitado por los organismos de protección ambiental competentes, que certifique que el mismo se realizará para proceder a la disposición final de los materiales controlados.

    Destrucción chalecos antibala

    Antes del caso santafesino, el organismo había dispuesto otras dos destrucciones que quedaron truncas. En 2021, la disposición DI-2021-59-APN-ANMAC#MJ ordenó eliminar 3.446 chalecos defectuosos elaborados por Fabricaciones Militares y entregados a la Policía de la provincia de Buenos Aires. Un año después, la disposición DI-2022-129-APN-DNAAJYM#ANMAC alcanzó a un nuevo lote, esta vez de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En ambos casos las órdenes no llegaron a ejecutarse porque el país no contaba con la capacidad tecnológica necesaria.

    El faltante de equipamiento en condiciones no se limita a las fuerzas federales. La Policía de la Ciudad retiró 6.147 chalecos vencidos o deteriorados; la provincia de Córdoba incorporó 17.000 unidades nuevas ante un faltante operativo y Entre Ríos repuso 1.300 después de admitir que la mayoría de los chalecos en uso ya había cumplido su vida útil. El entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció en septiembre de 2024 que, hasta el 10 de diciembre de 2023, “los policías usaban chalecos vencidos”, al anunciar la incorporación de 19.700 unidades nuevas para las fuerzas federales.

    El primer paso normativo lo dio la entonces ANMAC con la Resolución 135/2019, publicada en el Boletín Oficial el 6 de agosto de 2019, que creó el Registro de Plantas de Disposición Final de Chalecos Antibalas y exigió que solo pudieran inscribirse en él empresas con tecnología adecuada y experiencia comprobable en la fabricación de estos materiales.

    El propio texto reconoció que, hasta ese momento, los usuarios legítimos debían acumular chalecos vencidos sin poder destruirlos, lo que generaba “un perjuicio al tenedor legítimo” y aumentaba “el riesgo potencial de sustracción debido a la acumulación de tales elementos”.

    Cinco años más tarde, la Resolución 145/2024 reglamentó los métodos técnicos admitidos para la destrucción: corte, deshilado, triturado y fundición, todos orientados a impedir la reutilización de paneles, etiquetas y fundas, con la obligación de garantizar la trazabilidad del proceso mediante un certificado final.

    La norma habilitó, además, un registro único de Usuarios Comerciales (UCOM) en el que hoy figuran inscriptas diez firmas y organismos: Metalúrgica Oliva Hnos. SA, Interservit SRL y FC Group SRL, las tres con sede en la provincia de Buenos Aires; ASP Blindaje SA, radicada en Entre Ríos; Tecnología Antibalas SA, también en Buenos Aires; Flash Importaciones SRL, igualmente bonaerense; Indram SA, única inscripta en San Juan; y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de su Facultad Regional Buenos Aires, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Dibujo en cuatro paneles sobre la inspección de chalecos antibalas con etiquetas de fecha de vencimiento dentro de un camión y un almacén.

    La autorización para destruir los chalecos de la Policía de Santa Fe se construyó a partir de trece expedientes electrónicos caratulados por la Dirección Nacional de Registro y Delegaciones del RENAR bajo la sigla ANMAC, identificados entre el EX-2026-72238301 y el EX-2026-72959824. Once de esos trámites corresponden a notas sucesivas, de la primera a la undécima, sobre la destrucción del lote original, mientras que los dos últimos formalizan una ampliación del 20% sobre el volumen inicial. La sucesión de notas remitidas en un lapso breve, todas caratuladas bajo la fórmula genérica “destrucción de chalecos de protección balística”, da cuenta de un trámite fragmentado en tandas hasta completar el total de 13.446 unidades.

    Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad y Juan Pablo Allan, el director del RENAR antes ANMaC REUTERS/Agustin Marcarian

    Chalecos vencidos en manos de bandas criminales

    La acumulación de chalecos antibalas vencidos sin destrucción efectiva ya derivó en episodios de sustracción documentados en causas judiciales. En febrero de 2026, el armero de una banda de sicarios conocido como “El Negro Juan” fue detenido en Córdoba con un chaleco antibalas de la Policía provincial, una ametralladora de fabricación israelí y otras armas.

    Especialistas consultados por Infobae advirtieron que los paneles balísticos conservan parte de sus propiedades protectoras después del vencimiento, por lo que pueden reutilizarse o emplearse de manera clandestina para fabricar nuevos paneles, blindajes, escudos o chalecos si no son destruidos con el método adecuado.

    Consultado por Infobae, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva lo explicaron así: “Al inicio de la actual gestión se le encomendó al Director Ejecutivo del RENAR, Juan Pablo Allan, resolver un problema de décadas, la destrucción de chalecos antibalas vencidos. De acuerdo con la ley 27.192 (Ley de Creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados – ANMaC), art. 5º inc. 3º son funciones y atribuciones de dicho organismo, con carácter exclusivo y excluyente, la destrucción de materiales controlados, entre los que se encuentran los chalecos antibalas. En los más de 9 años que habían transcurrido desde su publicación en el Boletín Oficial (22/10/15) no se había regulado la destrucción de materiales de usos controlados, lo que generó una acumulación especialmente de chalecos antibalas vencidos del orden de entre los 300.000 a 500.000 (parámetros estimados por falta de información consolidada de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, policías y usuarios comerciales, que se fueron acumulando). Es importante destacar que el único organismo que puede autorizar y fiscalizar la destrucción de materiales de usos especiales es el RENAR”.

    Desde la cartera de Seguridad también se recordó que: “Finalmente, en octubre de 2024 se sancionó la Resolución 145/2024 de la entonces ANMAC, hoy RENAR, que regula todo lo vinculado con la destrucción de chalecos antibalas y demás materiales controlados como cascos, placas balísticas, etc. A raíz del dictado de la misma, han iniciado trámites para la autorización de destrucción de chalecos antibalas la Policía de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Pilar y tres usuarios colectivos (agencias de seguridad), y para la destrucción de vehículos blindados han iniciado trámite el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y un usuario colectivo”.

    Hombres y mujeres en sala de reuniones alrededor de una mesa. Un hombre gesticula al hablar, con una pantalla al fondo que muestra información sobre la Policía de Escobar

    Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, confirmaron a este medio la magnitud del stock acumulado en la jurisdicción que concentra la mayor cantidad de efectivos policiales del país y el inicio de un proceso propio de destrucción. La respuesta textual fue la siguiente:

    “El Ministerio de Seguridad posee 207.000 chalecos anti balas vencidos en situación de guarda desde el año 2015, hasta la fecha. El RENAR estableció normas y habilito empresas para la destrucción de chalecos, las cuales se encuentran descriptas en las normativas del RENAR que describe el procedimiento y las entidades autorizadas a la disposición final de chalecos antibalas vencidos”.

    Los funcionarios de Axel Kicillof consultados por este medio precisaron que: “El Ministerio de Seguridad firmó un convenio con la UTN, para la destrucción progresiva de los chalecos vencidos generando un hito en la historia de la gestión de rezagos de materiales especiales controlado”. Y adelantaron que “el proceso administrativo y operativo se inició el 2 de agosto de 2026 y se va a extender hasta la destrucción del último material controlado”.

    Oficiales de Prefectura Naval Argentina en uniforme antidisturbios con cascos y escudos. Están en una zona de puestos de feria con edificios de ciudad al fondo

    La cartera de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Horacio Alberto Giménez, ofreció su lectura sobre el proceso en su jurisdicción. Según explicaron a Infobae: “Los chalecos antibalas vencidos en la Ciudad se encuentran a resguardo en depósitos policiales, por lo que hoy no es una prioridad iniciar ese proceso. En la Ciudad no hay chalecos vencidos en circulación en la calle”. No se informó el número de chalecos vencidos y dónde están depositados por “una cuestión de seguridad”. También dijeron que cada chaleco tiene un número único para “seguir la trazabilidad”.

    Una de las empresas habilitadas por el RENAR para la destrucción del material de usos especiales se hará cargo de la destrucción de los chalecos antibalas de la provincia de Santa Fe.

    Con la normativa vigente, la capacidad técnica instalada y el precedente de Santa Fe en marcha, la eliminación de los stocks acumulados en fuerzas federales, provinciales y municipales queda condicionada a que cada jurisdicción inicie su propio trámite ante el RENAR, organismo que mantiene la potestad exclusiva y excluyente en todo el territorio nacional para autorizar y fiscalizar este tipo de procedimientos.

    Fuentes de la cartera de Seguridad de la Nación consultadas por Infobae remarcaron que una política de seguridad resulta efectiva cuando contempla ese ciclo completo. Según indicaron, un gobierno que adquiere chalecos de alta calidad, pero no planifica su descarte y destrucción segura deja el trabajo a medias: “Acumula material que se degrada, incurre en costos de almacenamiento, aumenta el riesgo de desvíos y contribuye, de manera involuntaria, a alimentar circuitos delictivos”.

  • La victoria de Cavalieri en Comercio abrió una tanda de elecciones en sindicatos clave: fuerte disputa en la UTA y posible unidad en Metrodelegados

    La victoria de Cavalieri en Comercio abrió una tanda de elecciones en sindicatos clave: fuerte disputa en la UTA y posible unidad en Metrodelegados

    Armando Cavalieri, Roberto Fernández (UTA), Néstor Segovia, José Luis Lingeri y Abel Furlán
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    Luego de la reelección de Armando Cavalieri en el Sindicato de Comercio de Capital, otros líderes de gremios importantes como Roberto Fernández, Néstor Segovia, José Luis Lingeri y Abel Furlán pondrán en juego su liderazgo en la segunda tanda de elecciones sindicales que se extenderá hasta diciembre próximo. Aunque se mantiene la tendencia a la continuidad de los máximos dirigentes, hay un caso en el que habrá una fuerte disputa interna y otro donde se perfilan acercamientos entre el oficialismo y la izquierda.

    Este jueves, como anticipó Infobae, Cavalieri logró su undécima reelección al frente del gremio mercantil porteño, en unos comicios en los que la lista que encabezó, secundado nuevamente por Carlos Pérez,será fue la única que se presentó luego de que la Justicia dejó sin efecto la oficialización de la nómina opositora.

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    Más de 16.200 afiliados participaron de la votación, según informó el sindicato, que permitirá que Cavalieri, que asumió como secretario general de Comercio Capital en 1985, permanezca otros cuatro años, hasta 2030.

    Armando Cavalieri y Carlos Pérez, del Sindicato de Comercio

    El líder sindical no tuvo competencia interna tras una decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que revocó la oficialización de la opositora Lista Celeste-Verde, encabezada por Sabrina Paredes, a partir de peritajes caligráficos que detectaron irregularidades en 1.238 firmas, lo que le impidió cumplir los requisitos reglamentarios de la convocatoria.

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    Tras el triunfo, Cavalieri sostuvo: “La gran participación de nuestros afiliados es una clara demostración de la consolidación y unidad del Sindicato de Comercio. En una coyuntura donde las políticas del gobierno nacional plantean grandes desafíos para el mundo laboral, la fortaleza de nuestra organización es la herramienta principal para defender con firmeza la dignidad, el salario y las conquistas de cada trabajador mercantil”.

    El reelegido dirigente agregó: “Frente al escenario nacional actual, un gremio unido y consolidado es indispensable para actuar con representatividad y peso estratégico. Iniciamos este nuevo período reafirmando el compromiso inquebrantable de estar al frente de las discusiones nacionales, al lado de la familia mercantil y en constante protección de sus derechos”.

    Sonia Alesso y Roberto Baradel, líderes de CTERA

    Aunque Paredes hubiera podido competir contra Cavalieri, se consideraba que tenía pocas chances de ganar los comicios contra la tradicional Lista Azul de Cavalieri. Esta vez no se presentaba un opositor fuerte como Ramón Muerza, quien, pese a haber sido apadrinado por Hugo Moyano, fue derrotado en las elecciones en 2022: obtuvo 6482 votos contra 14.547 de Cavalieri, que se impuso con el 70% de los sufragios en una elección con una participación récord del 45,5% del total de afiliados.

    El oficialismo de Cavalieri profundizó su inserción en las bases y los cuerpos de delegados y le sacó aliados a su ex adversario: sumó en su lista a Pablo Buffone, delegado de Coto, donde Muerza tenía un importante fuerza propia, como nuevo secretario Gremial del sindicato.

    Un día antes de la votación en Comercio, Sonia Alesso y Roberto Baradel fueron reelegidos como secretaria general y secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en los comicios que se hicieron este miércoles, donde se impusieron con el 76% de los votos.

    Roberto Fernández, de la UTA

    Otra elección clave, pero con probabilidades de recambio, se dará el 7 y 8 de octubre en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), donde Roberto Fernández buscará ser reelegido y, en lo que constituye un dato inédito, competirá contra 3 listas: la Marrón, que encabeza Alberto Patiño, actual secretario de Organización del gremio; la Negra, que postula a Maximiliano Escriba, apadrinado por Miguel Angel Bustinduy, ex opositor a Fernández, y la Bordó, que encabeza Claudio Gómez, auspiciada por el trotskista Rubén “Pollo” Sobrero.

    La UTA tiene el estatuto más restrictivo del sindicalismo argentino ya que sólo puede presentarse como candidato a secretario general quien logre presentar listas en todas las seccionales del gremio del país (algo casi imposible y que es una de las claves de la supervivencia de Fernández desde 2008), pero esta vez un fallo judicial derogó esa limitación y permitió que haya nóminas opositoras aunque sólo se presentarán en pocas seccionales. Por eso crece la expectativa de que Patiño, a quien le adjudican un creciente predicamento en las bases de choferes de colectivos, pueda desplazar al líder de la UTA.

    Para colmo, Fernández tendrá varias pérdidas de dirigentes afines: además de la ruptura de Patiño, Mario Calegari, histórico secretario de Prensa del gremio y decisivo en la estructura del oficialismo, decidió retirarse del sindicalismo luego de 45 años de actividad.

    Alberto Patiño, de la UTA

    Una elección también decisiva se dará el 26 de noviembre en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados, que será la primera en realizarse tras el fallecimiento de Roberto “Beto” Pianelli, el líder del gremio que fue creado a partir de una ruptura de trabajadores del subte con la UTA y que desde 2011 conducía en sociedad con Néstor Segovia como secretario adjunto.

    No era un secreto que Pianelli y Segovia tenían diferencias políticas, pero nunca afectaron de manera significativa su gestión sindical. Pero la ausencia del primero dejó a sus dirigentes más fieles en un estado de debate interno sobre si presentarse en las elecciones con un candidato propio o seguir aliados con Segovia.

    Si finalmente se divide el oficialismo de los Metrodelegados sería un escenario beneficioso para la izquierda, que en las elecciones de 2022, en una lista que unificó al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y al Partido Obrero (PO), llegó al 40,9% de los votos contra el 59,1% de la dupla Pianelli-Segovia. Se trata de un sector fuerte en las bases de los subtes, con dirigentes como Claudio Dellecarbonara, del PTS y fuerte inserción en la Línea B, o David Carballo, de la Agrupación Trabajadores de Metrovías (ATM), alineada con el PO.

    Beto Pianelli y Néstor Segovia, la dupla que lideró los Metrodelegados desde 2011

    Una fuente del pianellismo, sin embargo, afirmó a Infobae: “Recién se conoció el cronograma electoral y aún no mantuvimos todas las conversaciones entre los distintos espacios. Pero frente a la ofensiva del Gobierno, la reforma laboral y la persecución judicial que pretende criminalizar a las organizaciones gremiales, la respuesta debe ser construir la mayor unidad posible”.

    Desde el sector de Segovia también advirtieron que sería “un error que se rompa un sector que está desde hace tanto tiempo y con tantos resultados al frente del gremio”, mientras en estos días hubo dirigentes de izquierda que plantearon al oficialismo la posibilidad de compartir una lista de unidad en los comicios.

    Algunos referentes del trotskismo en los subtes creen que hay una situación política “muy complicada”, con ”persecución contra las organizaciones sindicales, sobre todo las combativas”, por parte del gobierno de Javier Milei que pone “en riesgo el sindicato”.

    Claudio Dellecarbonara, referente del PTS en los Metrodelegados(Foto: NA)

    Por eso un sector de izquierda de los Metrodelegados, vinculado con el PTS, propone acordar un programa con el oficialismo como condición para ir juntos a las elecciones del 26 de noviembre en el que se replantee “cómo viene funcionando el sindicato y cómo se toman las decisiones”, además de incluir la derogación de la reelección indefinida de sus líderes.

    Todas las charlas al respecto están en estado embrionario, pero se estima que no será fácil llegar a un acuerdo integral: de por sí, el PO advirtió que no apoyará una nómina con Segovia y el pianellismo.

    Mientras, antes de fines de año también habrá elecciones en otros dos importantes sindicatos. En diciembre se votará en el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), donde José Luis Lingeri, referente del sector dialoguista de la CGT, conseguirá una nueva reelección al frente de una única lista en medio de los avances del gobierno de Javier Milei para privatizar la empresa estatal AYSA.

    José Luis Lingeri

    Además, en estos días deberán ponerle fecha a los comicios en la Seccional Zárate-Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), intervenida por la Justicia luego de comprobarse irregularidades en la votación que se hizo en marzo y en la que se proclamó ganador a Abel Furlán. Ahora, en un proceso controlado por la ONG Transparencia Electoral, el desplazado líder metalúrgico volverá a enfrentarse al opositor Angel Derosso.

    Una elección que también definirá al jefe de la UOM a nivel nacional y que se dará en coincidencia con la investigación judicial del polémico acuerdo del sindicato con la empresa USEM, donde figura como una de sus dueñas la militante camporista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner.

  • En agosto volvió a profundizarse el ajuste a las provincias

    En agosto volvió a profundizarse el ajuste a las provincias

    Los envíos discrecionales de fondos nacionales a las provincias sumaron $68.288 millones en agosto, el peor registro para ese mes desde 2005, con una caída de 66,4% en términos reales. El dato surge de un informe de la consultora Politikón Chaco, que remarcó que se trata del “peor agosto desde, por lo menos, el año 2005”, en un contexto de recorte sostenido que ya lleva varios meses.

    La contracción golpeó de lleno a partidas destinadas a programas educativos, obras de infraestructura y previsión social. Según el desglose, los envíos por Universalización de la Jornada Extendida ($30.455 millones) explicaron el 45% del total pagado, mientras que las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales ($15.000 millones) concentraron otro 22%. Entre ambos rubros sumaron el 67% de lo girado en el mes. En agosto, además, no hubo reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la principal herramienta discrecional del Ejecutivo para asistir a las provincias.

    El reparto territorial mostró una fuerte concentración: Buenos Aires se llevó el 23,7% del total ($16.190 millones, aunque con una caída interanual real del 72,5%), seguida por Entre Ríos (12,9%) y Santa Fe (10,4%). En el otro extremo, Tierra del Fuego, Río Negro, Formosa y Santa Cruz recibieron participaciones inferiores al 0,3%, con esta última prácticamente sin fondos: apenas $24 millones y una baja interanual del 99,7%.

    El dato de agosto no es un hecho aislado, sino la continuidad de una tendencia que viene marcando la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores desde el inicio de la gestión. En junio, las transferencias no automáticas ya habían caído 87,7% interanual real, tocando el piso más bajo para ese mes desde 2005, según el mismo relevamiento de Politikón Chaco. En julio, la baja fue del 68,6%, también un récord negativo para el mes. Ese estudio ubicó a julio de 2026 como el peor registro para ese mes en las últimas dos décadas.

    Los ATN, que a diferencia de la coparticipación no se distribuyen por una fórmula automática sino por decisión discrecional del Poder Ejecutivo, estuvieron directamente congelados durante varios tramos del año: no hubo giros en mayo ni en junio, y volvieron a interrumpirse en agosto. El Gobierno defiende esta política como parte de su estrategia de sostenimiento del superávit fiscal, mientras que los gobernadores –incluso varios alineados con la Casa Rosada– vienen reclamando desde hace meses una distribución más automática y menos sujeta a la negociación política, al punto de impulsar proyectos en el Congreso para modificar el mecanismo de reparto.

    La disputa por estos fondos volvió a instalarse como uno de los ejes de tensión entre Nación y las provincias en el marco de la discusión presupuestaria, en momentos en que el oficialismo busca sostener apoyos legislativos clave.

    Este esquema de ajuste llega en un momento sensible: con el Presupuesto 2026 todavía en discusión, el oficialismo necesita votos provinciales para destrabar reformas clave en el Congreso. La discrecionalidad de los ATN, lejos de licuarse, sigue siendo la principal moneda de negociación de la Casa Rosada con los gobernadores, que reclaman previsibilidad antes que gestos puntuales de fin de año. Un debate que promete extenderse en las próximas semanas y que tendrá epicentro el próximo 16 de septiembre.

  • Qué pasará con el dólar en septiembre: los factores que podrían ayudar al Gobierno a mantener la estabilidad cambiaria

    Qué pasará con el dólar en septiembre: los factores que podrían ayudar al Gobierno a mantener la estabilidad cambiaria

    El dólar mayorista se consolidó en torno a los $1.500 en las últimas jornadas. (Foto: Reuters)
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    Septiembre inició con varios factores que podrían sostener la estabilidad cambiaria durante el mes, en un contexto en el que buena parte de los analistas privados observa condiciones más favorables para que el tipo de cambio transite las próximas semanas sin sobresaltos. La combinación incluye una menor demanda de divisas para importar energía, un flujo todavía relevante del agro, una mayor oferta vinculada a emisiones de deuda y una baja de algunas fuentes de presión que habían pesado sobre el mercado en meses previos.

    En ese esquema, uno de los cambios más visibles aparece por el lado de la estacionalidad. Con el final de los meses de mayor consumo de gas natural licuado y combustibles, septiembre abre una etapa de menor necesidad de dólares para abastecer la demanda energética. Esa reducción importa porque quita presión sobre el Mercado Libre de Cambios (MLC) y mejora el equilibrio entre oferta y demanda en un momento clave del calendario financiero.

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    A la vez, el frente exportador suma señales que el mercado sigue de cerca. La mejora reciente de las cotizaciones internacionales de la soja y otros granos refuerza la expectativa de que el sector agropecuario mantenga un nivel de liquidación significativo, aún si la comparación interanual de septiembre aparece condicionada por una base exigente. Para el equipo económico, ese ingreso de divisas resulta central porque amplía el colchón de oferta en un mes en el que cada flujo adicional ayuda a sostener la calma cambiaria.

    Las colocaciones de deuda de empresas y provincias vienen aportando dólares al mercado y todo indica que ese canal podría intensificarse en las próximas semanas

    También juega a favor la dinámica financiera. Las colocaciones de deuda de empresas y provincias vienen aportando dólares al mercado y todo indica que ese canal podría intensificarse en las próximas semanas.

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    Si a eso se suma una menor salida por dividendos, pagos ya realizados de deuda pública provincial y una probable desaceleración de la demanda privada de divisas asociada al turismo, el panorama que describen las fuentes relevadas es el de un septiembre con mejores condiciones para preservar la estabilidad del tipo de cambio.

    Menos importaciones de energía

    Un informe del equipo de Research del Banco Galicia sostuvo que septiembre arranca con una “menor presión cambiaria” apoyada, entre otros factores, en “menores importaciones de energía por la estacionalidad de la demanda de GNL”. El informe también señaló que la provincia de Buenos Aires ya canceló USD 390 millones de intereses y capital de sus bonos en dólares, un dato que, según la firma, reduce una fuente de demanda en el mercado.

    La misma lectura apareció en IEB Research, que sostuvo que el frente externo “se mantiene sólido” luego de que el balance cambiario de julio mostrara una cuenta corriente superavitaria de USD 413 millones por cuarto mes consecutivo. Según esa visión, la dinámica podría continuar en septiembre favorecida por las liquidaciones pendientes del agro, el fin de la estacionalidad negativa de la energía y una reducción de los giros de dividendos.

    El frente externo “se mantiene sólido” luego de que el balance cambiario de julio mostrara una cuenta corriente superavitaria de USD 413 millones por cuarto mes consecutivo (IEB Research)

    En la misma línea, Outlier planteó que “la demanda de divisas para importación de gas y combustibles cae significativamente” con la llegada de la primavera, lo que reduce la presión sobre el mercado oficial. La consultora ubicó ese cambio estacional como uno de los primeros factores que pueden apuntalar la estabilidad cambiaria en el arranque del mes.

    Las buenas perspectivas del agro

    El segundo sostén que repiten las fuentes está vinculado con el complejo agroexportador. Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal y Cía., indicó que “la liquidación de divisas del agro totalizó USD 2.750 millones en agosto”, una cifra que quedó levemente por debajo de julio, pero se ubicó 51% por encima del mismo mes del año pasado.

    El economista agregó que la liquidación acumulada en lo que va del año trepó a USD 19.048 millones y remarcó que, con buenos rindes en la campaña 2025/2026 y una tendencia alcista en los precios internacionales de los granos, esperan que el campo continúe liquidando montos elevados en lo que resta del año. Al mismo tiempo, aclaró que en septiembre podría observarse una caída interanual por la base de comparación que dejó la reducción temporaria de retenciones del año pasado.

    Desde Galicia añadieron que, a esta altura del año, el agro liquidó unos USD 2.300 millones menos que en 2025, pese a que las proyecciones de ingreso al mercado oficial para todo 2026 se ubican casi USD 800 millones por encima del año previo. El informe sumó además una mejora de 10% en los términos de intercambio desde los mínimos de junio y de 21% en lo que va del año.

    Con los valores internacionales en los actuales niveles, crece el incentivo a vender al menos una parte de la producción para capturar mejores cotizaciones (Outlier)

    Para Outlier, todavía queda mercadería con capacidad de aportar oferta. La consultora sostuvo que la liquidación pendiente llega con un stock valorizado en torno a los USD 18.000 millones y resaltó que ese remanente está respaldado por precios de la soja en máximos de 26 meses. En ese marco, resaltó que, con los valores internacionales en los actuales niveles, crece el incentivo a vender al menos una parte de la producción para capturar mejores cotizaciones.

    Emisiones corporativas y provinciales

    Otro de los ejes destacados por las fuentes es el aporte del financiamiento privado y subsoberano. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), empresas y provincias emitieron deuda en dólares por USD 20.200 millones desde octubre de 2025 y liquidaron en el mercado local unos USD 15.800 millones hasta fines de agosto. Eso deja todavía USD 4.400 millones por liquidar, un remanente que, de concretarse, implicará mayor oferta para el mercado cambiario.

    Desde Banco Galicia incluyeron entre sus factores un “flujo creciente de obligaciones negociables en las próximas semanas”, mientras que Outlier puso el foco en una posible reactivación del flujo financiero. Según la consultora, “los corporativos tratarán de adelantarse a la volatilidad” y al posible ruido que podría traer más adelante el calendario electoral, una estrategia que podría traducirse en oferta adicional de divisas en los próximos meses.

    A esa dinámica se suma el calendario de emisiones provinciales. Se espera que en las próximas semanas la provincia de San Juan emita hasta USD 600 millones en los mercados internacionales. Se trataría de bonos con un plazo de nueve años y amortización de capital en cuotas iguales durante los últimos tres años.

    Dividendos, turismo y vencimientos

    Septiembre también podría encontrar una demanda más contenida por otros canales. Uno de esos ejes es el stock de dividendos retenidos, que se desaceleró en julio a USD 450 millones, frente a USD 1.015 millones en junio. IEB Research mostró una secuencia similar al señalar que los giros de dividendos bajaron de USD 1.030 millones a USD 470 millones entre esos dos meses.

    Por fuera de las empresas, BlackToro observó que en julio la demanda neta de activos externos del sector privado no financiero fue de USD 3.143 millones, el mayor registro del año, aunque recordó que durante el primer semestre el promedio había sido de 2.160 millones de dólares. Según la firma, parte de ese salto respondió a una demanda estacional ligada al turismo, por lo que en los próximos meses esa presión podría moderarse.

    Con menos importaciones de energía, un flujo agroexportador todavía relevante, más colocaciones de deuda y una reducción de varias fuentes de demanda, septiembre se perfila como un mes en el que el Gobierno buscará sostener el orden cambiario con mejores condiciones que las que enfrentó en los meses previos.

  • Milei aprovechó el viaje a Misiones para consolidar LLA como opción para el 2027 pero tuvo que esquivar una protesta

    Milei aprovechó el viaje a Misiones para consolidar LLA como opción para el 2027 pero tuvo que esquivar una protesta

    Ante los empresarios, Javier Milei defendió los resultados de su gestión (Foto AP/Esteban Félix)
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    El presidente Javier Milei cerró la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). También concretó un encuentro con libertarios misioneros. Hubo protestas contra su visita, pero sin consecuencias.

    La exposición del Presidente se realizó en un hotel cinco estrellas ubicado en Puerto Iguazú. El discurso comenzó un poco más tarde de las 18:30, la hora prevista en un principio.

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    Al terminar, el mandatario brindó una clase magistral en la escuela de dirigentes de LLA misionera. La conferencia, con estricta selección de participantes, se concretó en otro hotel, ubicado a 600 metros del primero. La organización estimó que se dieron cita unos 800 referentes libertarios.

    Tras los buenos resultados en las elecciones de 2025, hay grandes chances de que la provincia se pinte de violeta el año próximo. El actual mandatario, Hugo Passalacqua, buscará la reelección. El presidente de LLA Misiones, Adrián Núñez, aparece como el principal oponente. El diputado nacional libertario, Diego Hartfield, es otra opción para competir contra el oficialismo provincial.

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    Javier Milei en Misiones

    El Presidente no tuvo contacto formal con Passalacqua, quien también habló en el encuentro. A la convocatoria del IAEF se sumaron a su vez los mandatarios de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Catamarca, Raúl Jalil.

    Passalacqua se ubicó con sus pares en la primera fila. En la continuidad de la hilera se sentaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.

    El mandatario misionero aplaudió en varias oportunidades al Presidente, incluso cuando reivindicó políticas que Passalacqua cuestiona en público, como la restricción monetaria.

    Durante su exposición en la Convención del IAEF, Milei repasó conceptos de la doctrina libertaria y reivindicó logros de su gestión de gobierno. En las afueras del complejo, un grupo de productores yerbateros protestó contra sus políticas. Fueron contenidos por un cordón de Gendarmería. El reclamo central fue que el Estado reasuma la función de regulador y fije un precio mínimo para la materia prima.

    El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expuso antes que el Presidente en el encuentro y descartó de plano esa posibilidad. “No podemos ponerle a la yerba un precio que no tiene”, definió. Luego, subrayó que la exportación es la principal chance de crecimiento del producto.

    Un lugar de acceso difícil

    La protesta incluyó la movilización de camiones y tractores hasta el acceso al lugar donde Milei expondría. La caravana circuló con un altavoz que reproducía el himno nacional a todo volumen. Los vehículos eran, en su mayoría, viejos Mercedes Benz 1114 de la década del ‘80 que trasladaban en el acoplado los tractores y bolsas con hojas de yerba mate. También hubo presencia de camionetas 4×4.

    Javier Milei en Misiones

    A los costados de la ruta se pudieron ver banderas de la CTA, Encuentro Patriótico, Cartoneros y del Movimiento Evita. Hubo otras con las inscripciones “Milei Vendepatria”, “Milei sos la dictadura” y “Milei persona no grata en Misiones”. Varios manifestantes tenían las pecheras de organizaciones de izquierda.

    El Gobierno provincial informó que no se produjeron refriegas, incidentes ni detenciones producto de la manifestación en contra del mandatario nacional.

    El Presidente atravesó la zona de protestas en medio de la burbuja de seguridad que montó la Casa Militar con el apoyo de Gendarmería y de la Policía de Misiones. La gente que se agolpó en las banquinas lo recibió con cantos subidos de tono. El lugar donde dio la conferencia fue la Reserva Iryapú. Se trata de 600 hectáreas ubicadas dentro del Parque Nacional Iguazú.

    El predio presenta accesos limitados y una configuración vial que dificulta el desplazamiento masivo hacia el establecimiento. Esta circunstancia favoreció el control de los accesos y el perímetro de seguridad del Presidente.

  • Compró electrodomésticos por más de $2 millones con cheques robados y quedó detenido

    Compró electrodomésticos por más de $2 millones con cheques robados y quedó detenido

    Un hombre fue detenido este viernes en Concepción del Uruguay, en el marco de una investigación por una presunta estafa realizada mediante el uso de cheques robados.



     

    El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en un trabajo coordinado con el Comando Radioeléctrico, luego de que el sospechoso regresara a un comercio para concretar una nueva compra.



     

    La investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por un empleado de 48 años de un comercio de venta de electrodomésticos ubicado en la intersección de Urquiza y Posadas.



    Compró electrodomésticos por más de dos millones de pesos

     

    Según la denuncia, el pasado miércoles un cliente adquirió diversos artículos, entre ellos una heladera, un freezer, una cocina, calzado y un juego de mesa con sillas.



     

    La compra fue abonada mediante un cheque de pago diferido por un monto superior a los dos millones de pesos.



     

    Posteriormente, la mercadería fue enviada mediante un servicio de flete hasta una vivienda ubicada en el sector noroeste de Concepción del Uruguay.



     

    Sin embargo, este viernes el comercio tomó conocimiento, a través de alertas emitidas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (CECOM), de que el cheque utilizado para realizar el pago pertenecía a un lote de valores que registraban pedido de secuestro por robo.



     

    Además, los cheques corresponderían a una cuenta bancaria que se encontraba cerrada.

     

    El sospechoso volvió al comercio para realizar otra compra

     

    Tras advertir la presunta maniobra, el comerciante constató que el mismo comprador se había comunicado nuevamente con el local para coordinar una segunda operación comercial durante la tarde.

     

    Ante esta situación, personal de la División Investigaciones montó un operativo de vigilancia discreta en el comercio.



     

    Cuando el hombre se presentó en el local con intenciones de concretar la nueva compra, los efectivos procedieron a interceptarlo y detenerlo. El sospechoso fue trasladado a una dependencia policial para su correcta identificación y quedó a disposición de la Justicia interviniente.

     

    Buscan recuperar la mercadería adquirida con los cheques

     

    En paralelo, las autoridades policiales y judiciales solicitaron un mandamiento de registro y allanamiento para la vivienda donde habían sido entregados los electrodomésticos.

     

    El objetivo es lograr el recupero de la totalidad de la mercadería que habría sido adquirida mediante los cheques denunciados como robados.

    La investigación continúa y se llevan adelante las actuaciones sumariales correspondientes para esclarecer completamente la presunta maniobra y determinar el destino de los artículos adquiridos.

  • La Justicia de Entre Ríos ordenó que el exgobernador Sergio Urribarri sea detenido esta noche y trasladado a la cárcel

    La Justicia de Entre Ríos ordenó que el exgobernador Sergio Urribarri sea detenido esta noche y trasladado a la cárcel

    “Los están yendo a buscar a todos ahora, viernes por la noche”, confirmó a Infobae una fuente con acceso directo al expediente. Además de Urribarri, la orden de detención alcanza a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y a Pedro Báez, exministro de Comunicación de su gobierno. Ambos recibieron una pena de seis años y medio de prisión en la misma causa.

    El Tribunal de Juicio que los condenó en su momento por delitos contra la administración pública tomó la decisión de que los tres comiencen a cumplir la pena en la Unidad Penal de Paraná (UP1).

    Esto implica que la Policía tendrá que ir a buscar a Urribarri a su domicilio en Concordia y trasladarlo a la capital provincial. Entre ambas ciudades hay 280 km. El viaje, por el estado de la Ruta Nacional 18, demora casi 4 horas. Eso implica que el exgobernador ingresará a la UP1 en la madrugada.

    Vista frontal de la entrada principal de la Unidad Penal N°1 Dr. Juan J. O'Connor, con su arco blanco y grandes portones grises, y una persona a la izquierda

    Urribarri fue condenado a 8 años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado en abril de 2022. La cárcel de Paraná era una de las tres opciones que se barajaban para su alojamiento una vez que la Corte Suprema rechazó el último recurso que le quedaba a fin de revertir la sentencia en su contra. La UP3 de Concordia y la colonia penal de Gualeguaychú eran las otras tres.

    Con el fallo firme, la defensa de Urribarri intentó una maniobra de último momento para evitar que el exgobernador fuera tras las rejas. Invocó razones de salud a fin de que se suspenda la ejecución de la condena y se le otorgue la prisión domiciliaria.

    El planteo, hecho por el abogado Leopoldo Cappa, requirió que se lo deje en su casa con control electrónico. El argumento fue el “estado de salud mental del condenado y en la necesidad de preservar su integridad psicofísica y seguridad personal”.

    Según la presentación hecha por su defensa, Urribarri “se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico desde el 18 de diciembre de 2025”. Además, Cappa presentó una certificación médica en la que consta que padece “un cuadro de trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos de despersonalización y expresión retardada”.

    “De ahí que su alojamiento en un establecimiento penitenciario común resultaría incompatible con su cuadro de salud y podría generar un agravamiento de su condición, con riesgo para su vida e integridad psicofísica”, señaló el letrado en su presentación ante el Tribunal de Juicio.

    Sergio Urribarri diplomático Israel

    La Fiscalía se opuso. Los acusadores públicos Patricia Yedro y Gonzalo Badano rebatieron el planteo con razones formales. El primero fue que la suspensión de la ejecución de la condena es un instituto “inexistente”. El segundo, que con una sentencia firme no es el Tribunal de Juicio sino el Juzgado de Ejecución de Penas quien debe definir el modo en que se cumple la detención.

    El Tribunal de Juicio resolvió que el pedido de la defensa del exgobernador era “improcedente”. Y le dio la razón a la Fiscalía: quien debe decidir cómo se cumple la sentencia es la Justicia de Ejecución.

    “Al tratarse de una condena firme, la prisión domiciliaria deja de ser una medida cautelar y pasa a considerarse una modalidad de cumplimiento de la pena, siendo el Juez de Ejecución, en el ámbito de su competencia, quien debe evaluar la petición”, sostuvo el Tribunal, integrado por los jueces Carolina Castagno; Elvio Garzón y Julián Vergara.

    La defensa del exministro Baez también hizo un planteo similar que corrió la misma suerte.

    Los magistrados dispusieron a su vez que el área de Sanidad del Servicio Penitenciario realice un “exhaustivo examen de los condenados” al momento de su ingreso a la unidad carcelaria. El control es a los fines de que se adopten “todas las medidas sanitarias necesarias para su adecuado tratamiento intramuros”. El Tribunal planteó además que deberá garantizarse “la continuidad de los tratamientos y provisión de la medicación prescripta y su traslado a centros hospitalarios en caso de ser necesario”.

  • Se ordenó la detención de Urribarri, Aguilera y Báez en la UP1 pero pasarán la noche en la Alcaidía de Paraná

    Se ordenó la detención de Urribarri, Aguilera y Báez en la UP1 pero pasarán la noche en la Alcaidía de Paraná

    La justicia impartió esta noche la orden a la Policía de Entre Ríos para proceder a la detención del ex gobernador Sergio Daniel Urribarri; de su cuñado Juan Pablo Aguilera; y de su ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez; quienes quedarán alojados momentáneamente en la Alcaidía de Paraná y mañana serán derivados a la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial. Báez fue el primero ingresar: lo hizo a las 21.40, después de llegar en un camión penitenciario, por calle Córdoba. Urribarri y Aguilera son esperados en las primeras horas de la madrugada, según confirmó ANALISIS.

    La medida fue ordenada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones y está enmarcada luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó -fue el jueves 3 de septiembre- los recursos extraordinarios que habían presentado el exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y el cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera, y dejó firme la condena que la Justicia entrerriana les impuso en la Megacausa por delitos de corrupción. En la misma resolución, dictada en el expediente CSJ 2226/2024, el máximo tribunal rechazó también los planteos de Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada, con lo que la totalidad de las condenas del megajuicio quedó firme. Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la “detención inmediata” de los tres condenados por “posible peligro de fuga”.

    Ahora, los tres retornarán a la misma celda en que estaban y luego la jueza de Ejecución y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, tendrá que resolver cada uno de los planteos que hagan los abogados defensores, si es que requieren un beneficio de prisión domiciliaria, como ya han gestionado en otras instancias. Las celdas de la Alcaidía son individuales y tienen una dimensión de 2 x 3 metros, con una cucheta de madera. En tanto, la celda especial en la UP1 tiene una habitación de escasas dimensiones, donde se ubicará una cama cucheta para dos personas y una cama individual. Además de un baño hay una sala de visitas con una mesa y tres sillas, al igual que un patiecito interno de 3 x 3 metros. El lugar está distante del resto de los pabellones. La vez que estuvieron detenidos los 3, Urribarri ocupó la cama individual y Baez y Aguilera se ubicaron en la cama cucheta.

    Báez ingresó aproximadamente 21.40 a la Alcaidía de Tribunales, por calle Córdoba, en un camión de “Unidad de traslado”, como reza en el vehículo penitenciario. Aguilera se notificó casi una hora después en la Jefatura Departamental de San Salvador (aunque estaba con domicilio en General Campos) y desde allí fue derivado a Paraná. Urribarri fue notificado en su casa de Garat de calle Concordia por el propio jefe departamental, comisario José María Rosatelli (hermano del abogado y oficial que se encuentra detenido en la UP1 en una causa federal). El comisario Rosatelli ya lo había acompañado a Urribarri la vez que estuvo detenido.

    En principio, los tres condenados quedarían cumpliendo la condena en la cárcel de Paraná. Baez solamente tiene su familia en la capital entrerriana. Los familiares directos de Urribarri y Aguilera se encuentran en Concordia y General Campos, pero la Unidad Penal de Concordia no estaría en condiciones de contar con una cárcel especial para alojarlos. La única con esas características -además de la de Paraná-, puede ser la Unidad Penal de Gualeguaychú, que sería la única cárcel más abierta y amplia y con posibilidades de instalar un sector vip dentro de la unidad. En algún momento se llegó a pensar, en ámbitos del Ministerio de Seguridad de la provincia, la posibilidad de instalar lo más parecido a un contenedor, especialmente acondicionado para los condenados por delitos de corrupción, pero ello nunca se terminó de concretar.

    Los abogados defensores de Urribarri -Leopoldo Cappa- y Báez -Ignacio Díaz y José Velázquez- habían pedido al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná (que preside la vocal María Carolina Castagno) que sus defendidos no sean enviados a la Unidad Penal y en cambio se les aplique prisión domiciliaria. Por el contrario, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron formalmente que se disponga “la inmediata detención y traslado a la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná”.

    La defensa de Urribarri había planteado que nunca eludió la acción de la justicia y siempre estuvo a disposición del debido proceso. Además, aportaron un diagnóstico médico, donde constatan que “se encuentra cursando un cuadro de trastorno de estrés postraumático” y, en consecuencia, piden la morigeración de la ejecución penal en su domicilio y “bajo la custodia permanente y atenta de sus familiares y médicos de cabecera”.

    En el caso de Báez, sus defensores también pidieron morigerar la pena porque “padece un cuadro crónico con dolor abdominal y pérdida de peso importante”, y arrastra “molestias digestivas desde 2008, pero en el último año los síntomas empeoraron significativamente”. Señalaron que la Unidad Penal de Paraná no garantiza condiciones de encarcelamiento que permitan tratar su enfermedad. “Las cárceles y, en particular la de Paraná, se caracterizan por el hacinamiento y malas condiciones edilicias. Por lo que, en este caso, entiendo que se aplica la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la ley 27360 del 2017, que viene a incorporar una perspectiva axiológica condicionante de las decisiones judiciales”, señalaron.

    De no acceder el tribunal a la domiciliaria, pidieron también como alternativa se disponga de un “régimen de semidetención” para Báez. “Esta modalidad -plantearon- permitiría al Sr. Pedro Ángel Báez permanecer en su domicilio fijado durante las horas del día a fin de procurarse el tratamiento médico, la dieta estricta sin contaminación cruzada, la medicación adecuada y los controles de salud requeridos para evitar la degradación irrecuperable de su organismo, pernoctando en el establecimiento penitenciario”.

    Urribarri al momento de su detención estaba domiciliado en la ciudad de Concordia; Juan Pablo Aguilera, en General Campos (Departamento San Salvador); y Pedro Ángel Báez domiciliado en Paraná. Los tres fueron trasladados primero a la Alcaidía donde pasarán la noche y mañana ingresarán a la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

    Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 a 8 años de cárcel. Báez y Aguilera, a 6 años y 6 meses de cárcel cada uno.

     

    Celda 1
    En noviembre de 2024 el lugar había sido acondicionado especialmente para alojar a los tres: Urribarri, Aguilera y Báez. Ahora se estima que esa será nuevamente su celda.

     

    El lugar de detención

    La celda destinada a Urribarri, Báez y Aguilera en la Unidad Penal N° 1 de Paraná se caracteriza por ser un espacio de 3 por 4 metros que originalmente funcionaba como un depósito y antiguamente se destinaba para los funcionarios del sistema penitenciario que eran de otras localidades de la provincia.

     

     

    De acuerdo con los detalles publicados en su momento por ANÁLISIS, las características y equipamiento del lugar permitirán que los tres se encuentren en la misma celda, con una cama de una plaza y una cucheta instalada especialmente.

    Las autoridades penitenciarias de Entre Ríos reacondicionaron ese espacio cuando los tres ingresaron por primera vez -en noviembre de 2024- con el objetivo de brindar condiciones básicas de habitabilidad y, al mismo tiempo, mantenerlos alejados del resto de la población carcelaria por cuestiones de seguridad.

  • La fama de la carne argentina llevó a Trump a cometer un curioso equívoco

    La fama de la carne argentina llevó a Trump a cometer un curioso equívoco

    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una curiosa mención, que en rigor reflejó una confusión, a la carne argentina cuando fue consultado por la prensa en un acto con productores ganaderos en el Salón Oval de la Casa Blanca. Dijo que la Argentina era uno de los orígenes desde los cuales iba a llegar, junto con Brasil y otras naciones que no especificó, parte de las 300.000 toneladas de carne picada sin aranceles por 90 días, una medida pensada para contener la suba de precios en ese país tras una fuerte baja del stock. Estados Unidos es uno de los principales productores, exportadores y, a la vez, importadores de carne.

    Hace unas semanas, el gobierno norteamericano anunció la importación de 300.000 toneladas de carne picada sin aranceles. En un primer momento la expectativa era que ese cupo iba a incluir a la Argentina. Sin embargo, días después se conoció que, por ya tener una cuota, de 100.000 toneladas, el país no iba a poder participar de ese nuevo beneficio. Tampoco Australia, Uruguay y Nueva Zelanda, que también tiene cuotas. La situación sí es una oportunidad para Brasil.

    La mención de Trump a la carne argentina 
    La mención de Trump a la carne argentina 

    Este viernes, mientras estaba en el Salón Oval, a Trump lo consultaron por el origen de la carne que iba a ingresar en el marco de las 300.000 toneladas. “¿De dónde viene esa carne?“, lo interrogaron. El jefe de Estado respondió: ”Viene de diferentes lugares”. Luego, ante una repregunta, agregó: “Viene de Argentina, viene de Brasil, viene de un par de lugares más”. Acotó que la carne de estas naciones “está muy limpia, es muy buena”.

    Trump fustigó a su antecesor en el cargo, Joe Biden, a quien le atribuyó una importante merma en el stock ganadero de ese país. Ahora, en cambio, los ganaderos norteamericanos estarían buscando incrementar sus existencias.

    En otro tramo del intercambio en el Salón Oval, a Trump le recordaron que se había anunciado que la carne picada se vendería un 25% por debajo de los precios de mercado. En ese momento otra vez lo consultaron sobre si esos países son solo la Argentina y Brasil, o hay otros.

    “Podría haber otros países. Pero en este momento es principalmente la Argentina, Brasil, aunque podría haber otros países. Y lo estamos haciendo de una manera muy limitada porque nuestros rancheros [productores ganaderos] no pueden manejarlo todo. Pero nuestros rancheros realmente necesitaban un poco de ayuda, y nuestros rancheros también quieren que los precios bajen. Ellos quieren ver que los precios bajen”, indicó.

    Sorpresa

    Las palabras de Trump sobre la Argentina generaron una pregunta: ¿cambió algo respecto a la medida?, ¿El país ahora sí puede participar de la cuota de 300.000 toneladas? Ante una consulta de LA NACION, en ámbitos privados y gubernamentales explicaron que nada se modificó. “Las 300.000 toneladas excluyen a países que gozan de contingentes, como es el caso de la Argentina, Australia, Nueva Zelanda”, detallaron.

    Este viernes, Trump anunció diversas medidas adicionales para los ganaderos estadounidenses. Entre otras, ordenó al Departamento del Interior y el Departamento de Agricultura que actualicen sus normas para compensar a los ganaderos por las pérdidas causadas por los depredadores y que faciliten la autorización para la eliminación letal cuando sea necesario.

    También dispuso que el Departamento de Agricultura, en consulta con el Representante Comercial de los Estados Unidos, “revise sus competencias en relación con el etiquetado obligatorio del país de origen de los productos cárnicos mediante nuevas regulaciones y recomendaciones legislativas”.

    “La Orden Ejecutiva ordena al Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del USDA que amplíe los programas de Envío Interestatal Cooperativo y Talmadge-Aiken para que más carne inspeccionada por el estado pueda cruzar las fronteras estatales”, informó en otro tramo el gobierno norteamericano.

    Estos aspectos se suman a otras medidas anteriores, como dar prioridad a la carne estadounidense de producción local en el gasto federal en instalaciones estatales y federales, “trabajando en colaboración con otros departamentos, incluidos el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos”.

  • El desafío de invertir en infraestructura

    El desafío de invertir en infraestructura


    Para que un país latinoamericano logre estándares de desarrollo, debe invertir entre 5 y 6 por ciento de su PBI en infraestructura, estiman el BID y la CEPAL. La Argentina enfrenta el desafío de alcanzar esos objetivos, sin afectar el equilibrio fiscal, mientras se despliegan herramientas como el RIGI y las concesiones privadas de rutas, ferrocarriles y la Hidrovía. Este será el eje central del tercer encuentro de la séptima edición del ciclo Democracia y Desarrollo (DyD), organizado por Clarín, que se llevará a cabo el próximo martes 8 de septiembre a las 9:00 en el Museo Malba.

    Transportar granos desde Salta hasta los puertos del Gran Rosario puede costar hasta 20 veces más que enviarla desde allí a China, según la Bolsa de Comercio de Rosario. Es sólo un ejemplo de cómo las inversiones en infraestructura pueden afectar la competitividad de la producción.

    Según datos del CIPPEC, entre 2015 y 2022, el promedio de inversiones en obras públicas como porcentaje del PBI fue de 1,74%. Este año, según el Presupuesto nacional, serían del 0,4%. La fuerte reducción, impulsada por la búsqueda del equilibrio fiscal, debería ser compensada por las inversiones de los privados, según el plan del gobierno.

    “Ampliando fronteras competitivas” es el título de la edición 2026 del ciclo Democracia y Desarrollo que organiza Clarín. La del próximo martes 8 será la tercera y última fecha del año, se titulará “Infraestructura para el Desarrollo” y reunirá a destacados referentes del ámbito político, institucional y empresarial.

    Entre los oradores confirmados figuran el Jefe de Gabinete de la Nación Diego Santilli, los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Sáenz (Salta), además de los empresarios Roberto Murchison, Roberto Nobile, Carlos Bacher, Martín Eurnekian y Rodolfo Freyre, así como los expertos Fernando Lagos, Christian Asinelli e Ignacio Lamothe, el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis, y los dirigentes Martín Rappallini (UIA), Gustavo Weiss (Construcción) y Nicolás Pino (SRA).

    Más allá de consolidarse como un espacio de debate, el ciclo Democracia y Desarrollo —que cuenta con el auspicio de Techint, Personal, Pan American Energy y Banco Macro— busca trazar un diagnóstico preciso y elevar propuestas concretas para impulsar el progreso nacional. El evento contará con la conducción de los periodistas Carolina Amoroso, Ignacio Miri, Horacio Riggi, Pablo De León, Santiago Spaltro y Ezequiel Burgo.

    Una deuda pendiente

    “La falta de mantenimiento, la paralización de obras y la ausencia de un plan integral han generado una deuda de infraestructura que compromete la seguridad vial, la competitividad logística y la calidad de vida de la población. Argentina pierde 25 mil millones de dólares al año por la falta de mantenimiento adecuado. Sin infraestructura, no habrá crecimiento ni desarrollo sostenible”, señala CAMARCO, la cámara que reúne a las principales constructoras del país.

    El nivel de inversiones en infraestructura está ligado a las tendencias de la economía, que se vio atada a ciclos de crecimiento y recesión en los últimos años, así como a una fuerte restricción externa. Por esa razón, el financiamiento externo de organismos multilaterales y de países a través de convenios bilaterales viene asumiendo un rol creciente: mientras que en 2015 representaban el 9% de la masa de inversiones, en 2023 llegó al 24%.

    Si se analiza el destino de las inversiones, entre 2015 y 2023 el 33% fueron en transporte; el 17%, en vivienda y urbanismo; el 12%, en agua y saneamiento, y el 12%, en energía, mientras que hay un 27% repartido en el rubro otros.

    El Presupuesto Nacional de este año contempla que la inversión pública alcance el 0,4 % del PBI. Los principales sectores de inversión serán: energía, combustibles y minería (23%), transporte no vial (17%), defensa (16%), vialidad (12%), agua potable y alcantarillado (6%) y ciencia, tecnología e innovación (4%). Respecto de la financiación, el 82% provendrá de fuentes internas y el 18% de fuentes externas.

    Pero el Gobierno lanzó un ambicioso proyecto de promoción de las inversiones privadas. El RIGI ya suma proyectos por más de US$ 100.000, parte de los cuales será destinada a infraestructura, como es el caso de gasoductos, generación de energía, infraestructura industrial. En la licitación de 9.000 kilómetros de rutas nacionales se prevé que los concesionarios puedan adherir a ese sistema para promover sus inversiones. También están en proceso de privatización los ramales de cargas de los ferrocarriles Belgrano, San Martín y Urquiza, que abarcan 7.594 kilómetros de vías. Y ya se concesionó la Hidrovía, con inversiones comprometidas por US$ 10.000 millones en 25 años.

    Las mesas del evento

    La sesión se dividirá en cinco rondas de diálogo:

    El rol del Gobierno nacional. El Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, analizará el desafío que representa para la máxima autoridad política del país compatibilizar los requerimientos de inversión en infraestructura con la necesidad de mantener el equilibrio fiscal.

    La gestión de las empresas. Se concentrará en el desafío que enfrenta el sector privado, y contará con la participación de Roberto Murchison (Presidente Ejecutivo del Grupo Murchison), Roberto Nobile (CEO de Personal), Carlos Bacher (Chairman de Techint Ingeniería y Construcciones), Martín Eurnekian (presidente de Aeropuertos Argentina y CEO de Corporación América Airports) y Roberto Freyre (CEO de Southern Energy).

    Las obras necesarias. Los representantes de los principales sectores productivos analizarán las necesidades en infraestructura, sumando las voces de Martín Rappallini (UIA), Gustavo Weiss (CAMARCO), Nicolás Pino (Sociedad Rural) y Fernando Lago (CPI, una organización que reúne las cámaras empresarias del G6, la CGT y la UOCRA).

    La financiación de los proyectos. Con restricciones presupuestarias, cómo concretar las inversiones necesarias es un gran desafío. Sobre el tema dialogarán el Ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis; el vicepresidente del CAF, Christian Asinelli, y el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

    Desafíos y oportunidades de las provincias. Gran parte de los requerimientos de infraestructura recaen sobre los gobiernos provinciales. Es el eje que tratarán los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Sáenz (Salta)