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A casi 1.000 días del inicio del gobierno de Javier Milei, los economistas Antonio Aracre y Sergio Chouza protagonizaron un contrapunto en Infobae en Vivo sobre los resultados de la política económica y las perspectivas para los próximos años. Mientras Aracre defendió el orden fiscal, la baja de la inflación y el cambio en la estructura productiva como condiciones para una mejora social sostenible, Chouza cuestionó el desempeño de la actividad, el empleo y los salarios y advirtió sobre la sostenibilidad del actual esquema macroeconómico.

Uno de los principales puntos de discusión fue el impacto social del programa del Gobierno. Aracre, que se definió como liberal, sostuvo que la baja de la inflación puede funcionar como una herramienta de movilidad social. Para fundamentarlo, tomó como referencia un análisis reciente de Guillermo Olivetto sobre la composición de las clases sociales.

Según explicó, mientras los porcentajes correspondientes a los sectores de mayores ingresos permanecieron relativamente estables, el segmento de clase baja se redujo del 26% al 22% en el último año, mientras que la diferencia se trasladó hacia la clase media baja, que llegó al 30%. Para Aracre, ese movimiento muestra que el ajuste y la reducción de la inflación pueden generar condiciones para el ascenso social.

Chouza cuestionó esa interpretación y sostuvo que el resultado económico de la gestión es “mediocre”. Señaló que la principal variable sobre la que trabajó el Gobierno fue la inflación y consideró que, después de casi tres años, el país volvió a niveles elevados en términos históricos.

Según planteó, la inflación anual se ubicará este año alrededor del 30%, frente a un nivel cercano al 25% registrado en 2015. A su entender, esa reducción no compensa el deterioro que se produjo durante el proceso de estabilización.

Chouza mencionó una caída acumulada de alrededor de 10% en la actividad industrial, una baja del 15% en la construcción, el cierre de unas 30.000 empresas, la pérdida de 330.000 puestos de trabajo registrados y una disminución cercana al 5% del salario real.

“Me cuesta mucho ver eso como algo meritorio”, resumió. Y agregó que, si bien los niveles actuales de inflación son inferiores a los que dejó la administración anterior, otros procesos de estabilización macroeconómica ya habían mostrado resultados más contundentes a esta altura.

El debate por la clase media baja

Aracre reconoció que la clase media baja es uno de los sectores que más sufrió durante la actual administración. La describió como un segmento que llega “justito” a fin de mes y que se encuentra cerca de la línea de pobreza, pero que todavía no es considerado pobre.

En particular, señaló que ese grupo vio reducido su ingreso disponible por el impacto de las tarifas de transporte, electricidad y gas, a partir de la reducción de subsidios.

Sin embargo, defendió el rumbo general del Gobierno y sostuvo que existe una parte importante de la sociedad que no quiere regresar a las políticas económicas del pasado. En ese sentido, estimó que “el 60% o 70% de la gente no quiere volver atrás” y que existe una demanda por mantener la disciplina fiscal y financiera.

Para Aracre, el desafío consiste en sostener un programa que permita que la Argentina se convierta en un país “viable y confiable”, independientemente de quién gobierne.

El economista también planteó qué podría ocurrir si el peronismo regresara al poder en 2027. En su opinión, una parte del mercado teme que un eventual cambio de gobierno implique desandar las medidas de disciplina fiscal y financiera implementadas durante la gestión de Milei.

Crecimiento: dos lecturas sobre la recuperación

Otro de los ejes del debate fue el crecimiento económico. Aracre sostuvo que la economía efectivamente está creciendo, aunque reconoció que la recuperación es heterogénea.

Explicó que mientras los sectores vinculados a las exportaciones muestran una evolución positiva, actividades más asociadas al mercado interno, como la construcción, la industria y el comercio, se encuentran estancadas o presentan leves caídas.

Para el economista, esa diferencia forma parte de un cambio estructural de la economía argentina. Durante décadas, argumentó, los sectores exportadores estuvieron limitados por impuestos, retenciones y restricciones que impedían que desarrollaran plenamente su potencial.

“Primero reconozcamos que la economía crece, porque si no falseamos los datos”, sostuvo.

En ese proceso, destacó especialmente el potencial de la minería, además de la energía y el agro. También señaló que los servicios tendrán un papel creciente en la generación de empleo y actividad. Según su visión, la industria se concentrará cada vez más en países asiáticos altamente competitivos, mientras que economías como la argentina podrán encontrar oportunidades en el desarrollo de servicios.

Chouza coincidió en que existen sectores que están creciendo, pero cuestionó que la evolución del PBI pueda utilizarse como una síntesis del desempeño de toda la economía.

“Se ve mucho la heterogeneidad en términos de crecimiento”, señaló. Para el economista, la evolución positiva del PBI “simplifica realidades muy diversas”, ya que los sectores ganadores están principalmente vinculados con actividades extractivas y exportadoras.

Chouza consideró positivo que la Argentina aproveche sus recursos naturales —hidrocarburos, gas, minería y agro—, pero advirtió que ese crecimiento no alcanza por sí solo para absorber la demanda de empleo del país.

La discusión por las inversiones

La inversión fue otro de los puntos de desacuerdo. Aracre sostuvo que existen proyectos relevantes, especialmente en sectores vinculados con los recursos naturales, aunque admitió que todavía no se produjo una llegada masiva de capitales.

“Ya llevamos dos años y medio de Milei y no hay una inundación de inversiones”, reconoció. A su entender, esto demuestra que no alcanza con esperar que las inversiones lleguen automáticamente: el Gobierno debe generar condiciones suficientemente atractivas para que los capitales confíen en el país.

Para Aracre, la mejora de los salarios también depende de ese proceso. “El salario real solo mejora con mayor productividad o con inversiones”, sostuvo.

Chouza, en cambio, consideró excesivos los beneficios que otorga el RIGI y que posiblemente las inversiones hubieran llegado de todas formas.

El economista también puso el foco en la sostenibilidad del esquema macroeconómico. Consideró que una de las principales dudas del mercado pasa por determinar si la baja de la inflación es genuina y sostenible o si responde a un esquema de inflación contenida.

En particular, cuestionó el uso del ancla salarial y del ancla cambiaria. Según sostuvo, ambas herramientas generan distorsiones que pueden contener los precios en el corto plazo, pero terminan afectando el funcionamiento de la economía.

Inflación, pobreza y el reclamo por un cambio de rumbo

Chouza sostuvo que el actual programa no necesariamente desembocará en una crisis como la de 2001, pero sí describió una economía “mediocre”, sin un impulso sostenible que permita mejorar las condiciones de vida de una parte mayoritaria de la población.

También relativizó los datos de pobreza. Consideró que las mediciones están “un poquito infladas” por cuestiones metodológicas, aunque reconoció que la reducción de la inflación desde niveles cercanos al 200% hacia la zona del 30% genera un alivio sobre una pobreza estructural que la Argentina arrastra desde comienzos de siglo.

Aracre respondió poniendo el foco en el resultado de la última gestión del peronismo. Recordó que el gobierno anterior terminó su mandato con una pobreza del 43% en el segundo semestre de 2023, después de haber comenzado con un nivel de entre 25% y 30%.

Para el economista, el desafío de mejorar los ingresos requiere aumentar la productividad y las inversiones. En ese punto, advirtió que las empresas no pueden incrementar la productividad ni mejorar los salarios si enfrentan una carga impositiva elevada.

Hacia el final del debate, Chouza planteó la necesidad de modificar varios de los pilares operativos del programa económico. En particular, reclamó al Gobierno flexibilizar el ancla fiscal, tarifaria, salarial y cambiaria.

A su entender, esas herramientas permitieron contener determinadas variables en el corto plazo, pero generan costos y distorsiones que terminan limitando la capacidad de crecimiento de la economía.

El contrapunto dejó así expuestas dos interpretaciones sobre el rumbo de la Argentina: mientras Aracre defendió la estabilización, la disciplina fiscal y el cambio hacia una economía más orientada a las exportaciones y los servicios como bases para un crecimiento futuro, Chouza cuestionó que esa transformación esté generando todavía un crecimiento suficientemente amplio y sostenible, y advirtió sobre los costos sociales y macroeconómicos del esquema actual.

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La Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” de la República Argentina respaldó los anuncios oficiales vinculados con la cuestión Malvinas y reclamó que los ex combatientes formen parte de la discusión legislativa sobre el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El comunicado difundido este viernes está dirigido a la opinión pública, a los veteranos de guerra de todo el país y a la población argentina. La organización fijó posición luego del discurso del presidente de la Nación sobre la causa Malvinas y la soberanía en el Atlántico Sur.

“Como veteranos de guerra que pusimos el cuerpo en defensa de la Patria en 1982, sostenemos de manera inalterable que la causa de Malvinas es y debe ser siempre una política de Estado central, permanente e irrenunciable, que trasciende cualquier coyuntura política o partidaria”, señalaron.

La entidad ratificó “en forma categórica” los derechos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. En ese punto, expresó su respaldo a “todo mensaje que reafirme este mandato constitucional”.

La Federación tomó nota del anuncio sobre el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y de la modificación de la Ley 26.659, vinculada con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

En el comunicado, la organización sostuvo que resulta “indispensable y urgente” agravar las sanciones legales, penales y administrativas contra “empresas, buques u organismos extranjeros” que participen de la explotación que calificó de ilegítima e ilegal de recursos pesqueros e hidrocarburíferos en aguas argentinas.

“La defensa del Atlántico Sur exige herramientas jurídicas severas y de cumplimiento efectivo”, afirmó la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril”.

El texto también valoró la decisión de reforzar la presencia logística, científica y militar argentina en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según la organización, la defensa de la soberanía demanda custodia y despliegue territorial en las fronteras marítimas del país.

La entidad planteó que el debate parlamentario debe contemplar la participación de quienes combatieron durante la guerra de 1982. “Solicitamos formalmente que el debate parlamentario del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y las comisiones de trabajo correspondientes incluyan la participación, testimonio y asesoramiento de los combatientes de 1982”, indicó.

La Federación consideró necesaria la consolidación de “un frente nacional unido” para defender la soberanía argentina. En ese marco, pidió que la experiencia de los veteranos tenga un lugar en las instancias legislativas y en la elaboración de políticas de defensa.

“El aporte de los veteranos de guerra y su experiencia en el Atlántico Sur debe ser parte viva de la construcción de las políticas de defensa del siglo XXI”, expresó el documento.

El comunicado sumó un planteo sobre las condiciones de vida de los ex combatientes y sus familias. La organización sostuvo que cualquier medida relacionada con el Atlántico Sur debe contemplar la memoria de los caídos, la atención integral de los veteranos y su protección institucional en todo el país.

“La defensa de nuestro territorio nacional es inseparable de la dignidad de quienes lucharon por él”, afirmó la entidad. También pidió un “compromiso invariable” con la salud integral de los ex combatientes y con sus familias.

La Federación cerró su pronunciamiento con una definición sobre la causa de soberanía: “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. La Patria no se negocia; la memoria se honra y la soberanía se defiende”.

Opinión. Con los caminos rurales no alcanza con recaudar, hay que gestionar

Los mercados inmobiliarios porteño y bonaerense sigue mostrando comportamientos dispares según la zona, el tipo de propiedad y la cantidad de ambientes. El relevamiento mensual que elaboran en conjunto la Universidad de San Andrés (UdeSA) y Mercado Libre, a partir del stock de publicaciones activas en la plataforma, permite trazar un mapa detallado de cuánto cuesta hoy comprar una propiedad, metro cuadrado por metro cuadrado, tanto en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) como en los municipios que integran el Gran Buenos Aires (GBA).

Según los datos correspondientes a agosto de 2026, el precio de venta de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se ubicó en una mediana de USD 2.630 por m2, el valor más alto entre las cuatro zonas relevadas. Le siguieron GBA Norte, con USD 2.208 por m2; GBA Sur, con USD 1.629, y GBA Oeste, con USD 1.538, la zona más económica del área metropolitana.

En la comparación con julio, los precios de los departamentos retrocedieron 0,7% en CABA, 0,5% en GBA Norte y 0,4% en GBA Oeste, mientras que en GBA Sur subieron apenas 0,1%. En términos interanuales, en cambio, los valores se mantuvieron prácticamente estables o con leves subas: 1,4% en CABA, 1,8% en GBA Norte, 1,3% en GBA Oeste y 2,7% en GBA Sur.

Los barrios porteños más caros y más baratos

Al analizar los barrios de la Ciudad, Núñez encabeza el ranking de los departamentos más caros, con una mediana de USD 3.436 por m2, seguido de cerca por Palermo (USD 3.421) y Belgrano (USD 3.319). Devoto, Villa Urquiza, Recoleta, Villa Crespo y Caballito también figuran entre los de mayor valor, con precios que van de USD 2.525 a USD 2.820 por m2.

En el extremo opuesto, Balvanera es el barrio más económico para comprar un departamento, con una mediana de USD 1.667 por m2. Le siguen San Nicolás (USD 1.759), Monserrat (USD 1.881) y Flores (USD 1.925), los únicos que se ubican por debajo de los USD 2.000.

Los municipios del GBA, de punta a punta

En GBA Norte, Vicente López se consolida como el municipio más caro para comprar un departamento, con una mediana de USD 2.970 por m2, seguido por San Isidro (USD 2.727) y Tigre (USD 2.702). En el otro extremo de esa zona, José C. Paz es el más económico, con USD 1.100 por m2, muy por debajo de General San Martín (USD 1.646) y San Miguel (USD 1.568).

Hacia el oeste del conurbano, Ituzaingó lidera los valores con USD 2.067 por m2, mientras que Moreno cierra la tabla con USD 1.190. En GBA Sur, el municipio más caro es Ezeiza, con USD 2.024 por m2, apenas por delante de Lomas de Zamora (USD 1.993), en tanto que La Plata resulta el más accesible de la zona, con USD 1.475 por m2.

Una demanda que se enfría

El relevamiento también destaca los movimientos más pronunciados del último año. Entre los municipios del GBA, Ezeiza fue el que más subió entre los departamentos, con una variación del 8,8%. Dentro de la Ciudad, el barrio con el mayor aumento interanual en el valor de los departamentos fue Chacarita, con una suba del 10,2 por ciento.

Además de los precios, el informe advierte sobre un cambio en el ritmo de la demanda. De acuerdo con el documento, “la recuperación de la actividad del sector se interrumpió, con caídas tanto respecto del mes previo como en la comparación interanual”. En julio de 2026, la cantidad de contactos generados por publicaciones de departamentos en venta en CABA cayó 12,6% frente a julio de 2025 y 12,1% respecto de junio de este año, lo que representa la primera baja interanual después de cuatro meses consecutivos de crecimiento.

Ese cambio de tendencia, según el relevamiento, “resulta consistente con la evolución del financiamiento hipotecario”, ya que las condiciones efectivas de acceso al crédito se endurecieron a lo largo de 2026, aun cuando las tasas se mantienen por debajo de los máximos registrados a fines de 2025. El informe señala que “habrá que esperar los próximos relevamientos para confirmar si esta contracción de la demanda se consolida, en un contexto en el que las medidas anunciadas a fines de agosto para ampliar el fondeo de largo plazo de los bancos podrían modificar las condiciones de oferta de crédito hacia el último trimestre del año”.

El reclamo de Javier Milei sobre la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los anuncios para impedir la explotación de recursos en las inmediaciones del archipiélago generó fuertes críticas entre distintos sectores de la oposición. Dirigentes peronistas, de izquierda y de la Unión Cívica Radical cuestionaron el giro del Gobierno, señalaron que varias de las medidas anunciadas ya contaban con antecedentes legales o administrativos y apuntaron contra la política exterior de la actual gestión.

Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde la provincia de Buenos Aires. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof, sostuvo que el Presidente demoró la aplicación de herramientas que ya estaban disponibles.

“267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista”, afirmó Bianco. Según explicó, ese período transcurrió desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación de Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.

Bianco sostuvo que durante ese tiempo el proyecto “avanzó sin obstáculos” con una inversión prevista de US$1.800 millones, financiamiento cerrado, obras iniciadas en las islas y la preparación del buque destinado a la producción. También recordó que la Ley 26.659 prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina y permite inhabilitar a quienes la infrinjan.

“En todo este tiempo, Milei no adoptó ninguna medida efectiva para afectar los intereses vinculados con este proyecto, ni frente al Reino Unido ni frente a Israel”, cuestionó.

“En 33 meses Milei no aportó nada significativo por la cuestión Malvinas; gobernó en contra de la soberanía nacional; e impidió todo tipo de consenso en el rumbo de la política exterior y la defensa nacional”, opinó Germán Martínez y agregó: “¿Por qué Milei no hizo el mismísimo 10 de diciembre de 2023 lo que hoy anunció? Tenía todos los elementos normativos disponibles y antecedentes concretos sobre todos los temas”.

Sebastián Galmarini, diputado nacional, también apuntó contra el Presidente. “Del admirador de Thatcher… Milei nacionalista y utilizando las Islas Malvinas es un chiste de mal gusto que no resiste una conversación adulta”, escribió. Y agregó: “Da ajena”.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman cuestionó además el anuncio de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y el pedido de facultades especiales. “Es muy peligroso porque obviamente no será para perseguir a Netanyahu y los que mandaron a Navitas a Malvinas”, sostuvo. Su mensaje terminó con una consigna: “¡fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina!”.

El ex canciller Jorge Taiana afirmó que las nuevas medidas llegaron después de una política que, según su interpretación, facilitó el avance británico. “Tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses”, señaló.

Taiana sostuvo que el Presidente busca “galtierizar” su figura y calificó como “peligroso” utilizar la Causa Malvinas para crear un Consejo de Seguridad en el marco de la estrategia del “Escudo de las Américas”. También recordó que las actividades de exploración y explotación en Malvinas ya cuentan con sanciones previstas en las leyes 26.659 y 26.915.

Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, planteó una posición similar. “Bienvenido, Milei, a la Causa Malvinas”, escribió, antes de enumerar sus cuestionamientos. Señaló que el Presidente decidió aplicar una ley sancionada en 2011 y enviar fondos para una Base Naval en Ushuaia cuya construcción comenzó en 2022.

“Por primera vez Milei reconoce que los isleños son una población implantada”, destacó Rossi, aunque luego cuestionó que el mandatario hablara de soberanía y, al mismo tiempo, justificara sus acciones a partir de su alianza con Donald Trump.

“Si el Presidente finalmente adopta una posición que acerca a la Argentina a su política histórica de defensa de la soberanía sobre Malvinas, es un paso positivo”, admitió. Pero advirtió: “La política exterior no puede cambiar según el humor presidencial: necesita coherencia, previsibilidad y acciones concretas”.

Matías Kulfas, ex ministro de Producción, también marcó una contradicción entre los anuncios y el avance de Sea Lion. Citó declaraciones de Amit Kornhauser, directivo de Navitas, quien afirmó que la decisión de inversión se completó “sin ninguna interferencia del Gobierno argentino”.

Según Kulfas, el empresario sostuvo además que “se puede entender que Milei apoya el derecho de autodeterminación de los habitantes de las Falklands y que no ve esto como una cuestión política a tratar”.

Victoria Tolosa Paz calificó el anuncio como “puro oportunismo” y preguntó: “¿Por qué no hizo cumplir la Ley en su momento en lugar de flexibilizar las normas?”. También sostuvo que la Base Naval Integrada anunciada por el Gobierno comenzó a construirse en 2022.

“Milei es capaz de cualquier cosa con tal de capitalizar electoralmente el auge que tiene hoy la causa Malvinas en el pueblo gracias a la selección nacional. En unos días pasaron de libertarios admiradores de Thatcher y defensores de la autodeterminación de los kelpers, a manosear la causa Malvinas con la estrategia demagógica electoral más berreta de la historia. Mientras permiten el amarre de barcos petroleros británicos en el puerto de Ushuaia declaman soberanía con este discurso demagógico que no va a tener ningún efecto real”, agregó César Milani, ex jefe del Ejército.

Santiago Cafiero, ex canciller, resumió su crítica en una frase: “El admirador de Thatcher tuvo que recular en chancletas retomando el trabajo diplomático y político realizado por el peronismo hasta 2023”.

Malena Galmarini también cuestionó el giro. “¿Recién se entera? ¡Aplauso! Le costó unos años y un trapo en un partido de fútbol”, escribió. Y preguntó: “¿Quiere recuperar las Malvinas para ofrendarlas a Trump???”.

Pablo Avelluto fue todavía más directo: “Prefiero a los jugadores de la selección con su bandera a este irresponsable haciendo uso de la demagogia nacionalista berreta”.

Desde la UCR, Pablo Juliano reclamó que se convoque al Consejo Nacional de Malvinas y pidió revertir decisiones vinculadas con instalaciones militares y defensa. “Una política de Estado exige acuerdos amplios y duraderos”, afirmó.

Ricardo Alfonsín, por su parte, escribió: “Es increíble. Todo, absolutamente todo lo que dijo recién Milei, es lo que desde que asumió le reclamaba la oposición y él se negaba a hacer”.

Daniel Filmus, ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex ministro de Educación, marcó una diferencia con el resto de las críticas y valoró parte del discurso. “Por supuesto que sí. Poner a Malvinas como una causa nacional, invitar a la oposición a trabajar en conjunto respecto a este tema es algo para celebrar”, dijo en TN.

Sin embargo, también señaló contradicciones. “Está diciendo todo lo contrario de lo que hizo”, afirmó, y cuestionó que las leyes que mencionó el Presidente no se aplicaran durante los últimos años. “Ahora, si va a aplicar esas leyes, ¿por qué no las aplicó estos dos años y medio, si las leyes están?”, preguntó.