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En la previa de la marcha federal universitaria, el Gobierno defendió el reclamo de mayor transparencia en los gastos por parte de las casas de estudio, ratificó que no se puede aplicar la ley de financiamiento por irregularidades en la norma y aseguró que se va a reunir en los próximos días con un grupo de rectores para debatir el reparto de dinero para los hospitales educativos que hasta el momento se venía haciendo de forma discrecional.

Todas estas medidas tiene en carpeta la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien a través de su subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, también planea crear una página web específica para que cualquier persona pueda consultar el destino final de los recursos que el Poder Ejecutivo dispone exclusivamente para ese sector.

“Muchos de estos datos no los tiene casi nadie porque la administración del Sistema de Información Universitaria está en manos exclusivamente del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Se hacía muy difícil la publicación de datos. El sistema estaba funcionando sin depurarse. Todo se basaba solamente en un anuario estadístico en el que hay que trabajar y no es amigable”, cuestionó el funcionario.

En una reunión de prensa de la que participó Infobae, Álvarez señaló, además, que “hace muchos años no se analizaba cuál era el costo por alumno y por graduado, indicadores necesarios para saber en el estado en que están realmente” los centros de formación.

“Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra la universidad pública y todas esas mentiras que se dicen. Lo que nosotros queremos es hacer gasto eficiente, inteligente, y que la gente tenga acceso a la información de cada universidad. Porque es la inversión que se hace en cada alumno, son impuestos, que la gente, que todos nosotros pagamos”, agregó Pettovello.

En este sentido, el subsecretario consideró que hay espacios que “buscan cambiar un poco el eje de la discusión”, lo cual “se va a ver mañana en la marcha, donde van a estar todos los partidos políticos opositores participando”.

Sobre este punto, el funcionario también criticó el pedido de que el Gobierno efectúe los aumentos establecidos en la norma de financiamiento que aprobó el Congreso el año pasado, que el presidente Javier Milei luego vetó y que ahora se está discutiendo en la Justicia.

“La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando vos aprobá una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”, remarcó Álvarez.

El referente del oficialismo recordó que el amparo que se impuso en primera instancia y que ahora está siendo analizado por la Corte Suprema “es solo sobre dos artículos, el cinco y el seis, que son los artículos de becas y salarios”.

“Es el 50% de aumento de salario, lo que implicaría un gasto que el Estado no está en capacidad hoy económica de afrontar. Por eso nosotros decimos que incluso antes de que se votara el Presupuesto, también la norma estaba mal, porque inclumplía la Ley de Administración Financiera, la cual dice que vos, para aprobar cualquier gasto, tenés que decir de dónde sale”, subrayó.

De acuerdo con los datos del Ejecutivo, actualmente hay 1.980.136 alumnos en las universidades de todo el país, de los cuales solo poco menos de la mitad está en caracter de “regular”, es decir, que aprueba dos o más materias por año. El resto tiene un rendimiento más bajo o ni siquiera se anotó en ninguna cátedra, sino que solamente se inscribió.

El costo para cada graduado, para toda su carrera, varía dependiendo de la casa de estudio, pero en la Universidad de las Artes (ex IUNA), que lidera el ránking, es de $423.830.487, seguida por la Universidad de Tierra del Fuego, que demanda un gasto de 176.202.583 pesos.

Por otra parte, el Gobierno también se queja de que “al día de hoy ninguna de las instituciones les ha cobrado matrícula” a aquellos estudiantes que no sean argentinos o residentes, a pesar de que hay un decreto que las habilitó para eso.

“¿A ustedes les parece que no es relevante el 50 % de la matrícula de la Facultad de Medicina de La Plata, que le pertece a extranjeros. Cincuenta por ciento. Siendo una de las carreras más caras. Hicieron una manifestación que no salió a ningún lado, exigiendo que las cátedras fueran en portugués. Esto me lo cuentan las autoridades a mí, no es que yo lo inventé“, argumentó Álvarez.

En cuanto a los hospitales universitarios, que también denunciaron presuntos vaciamientos, el funcionario explicó que hay una parte que el Estado recauda y “se le transfiere lo que está en la planilla presupuestaria” a cada casa de altos estudios, y luego “hay un refuerzo” que se venía ejecutando de manera discrecional.

“¿Cómo se administró toda la vida eso? De manera arbitraria, de acuerdo a ningún parámetro, al lobby político. Y ustedes me van a decir: ‘Y bueno, pero vos los otros dos presupuestos hiciste lo mismo’. No, yo los otros dos presupuestos tenía el presupuesto reconducido. O sea, nosotros nos manejábamos con un presupuesto que no era nuestro. Este es el primer presupuesto nuestro y vamos a aplicar nuestro criterio. Esa partida nosotros la vamos a consensuar con todas las universidades que tienen hospitales. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo se distribuía en más o menos el setenta por ciento para la UBA“, detalló.

En este sentido, los funcionarios aseguran que en abril se enviaron los $150.388.873 correspondientes para el funcionamiento de los hospitales universitarios (y cifras parecidas los meses anteriores), pero no se enviaron los más de 79 millones de pesos del refuerzo.

“Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Crear una comisión de hospitales universitarios para reunirnos con todos los rectores cuyas universidades tengan hospitales, para ponernos de acuerdo y ver cómo se reparte ese fondo, con criterios objetivos, porque ese dinero es para todos”, adelantó el subsecretario.

De acuerdo con Álvarez, este grupo de trabajo todavía no se conformó porque “hay sectores que se resisten, naturalmente, aunque se iba a armar hace algunas semanas, antes de que escala el conflicto.

“Mirá, nosotros lo íbamos a convocar antes, pero yo cuando vi la nota y todo el lío y de que me sacaran los médicos a la calle, dije: ‘Van a decir que lo hicimos en contra de ellos’. Entonces, lo vamos a hacer inmediatamente después de la marcha, que no es porque ellos hicieron nada”, prometió.

Por último, las autoridades nacionales remarcaron la necesidad de “que la gente pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”

“Me parece que es importante la batalla cultural en ese aspecto para que la ciudadanía entienda, primero, que nosotros no estamos en contra de la educación pública y no queremos cerrar las universidades, y, segundo, que hay otro trasfondo que la gente no tiene por qué saber si nosotros no se lo explicamos”, cerró Pettovello.

Las relaciones entre Francia y África toman un nuevo impulso tras el anuncio del presidente Emmanuel Macron de una inversión de 23.000 millones de euros (27.000 millones de dólares) destinada a impulsar sectores estratégicos en el continente. El compromiso fue presentado durante la cumbre Africa Forward, celebrada en Nairobi, que reunió a jefes de Estado africanos y líderes empresariales de ambos continentes.

Del monto anunciado, 14.000 millones de euros corresponden a fondos públicos y privados franceses, mientras que 9.000 millones de euros provienen de inversores africanos. Los recursos se destinarán a áreas como transición energética, digitalización, inteligencia artificial, economía marítima y agricultura.

Durante su intervención en Nairobi, el presidente francés sostuvo que esta estrategia permitirá la creación de 250.000 empleos directos en África y Francia. Dirigiéndose a los empresarios presentes, propuso: “No estamos aquí simplemente para invertir en el continente africano junto a ustedes; necesitamos que los grandes líderes empresariales africanos vengan a invertir en Francia”.

La cumbre marcó el tono de una nueva etapa en el vínculo bilateral, según remarcó el jefe de Estado francés al plantear la necesidad de dejar atrás los obstáculos para construir una cooperación basada en intereses y responsabilidad compartidos. “Ahora completamente libre de obstáculos”, aseguró. Instó, además, a mirar hacia adelante y fortalecer el trabajo conjunto entre ambos continentes.

En entrevistas previas al encuentro, Macron recalcó que los desafíos actuales no pueden atribuirse solo al pasado colonial y subrayó la importancia de que los líderes africanos asuman un papel activo en la mejora de la gobernanza. “No debemos eximir de toda responsabilidad a las siete décadas que siguieron a la independencia”, afirmó. El mandatario defendió que el futuro del continente debe construirse desde la corresponsabilidad y el compromiso regional.

En ese sentido, el presidente destacó la voluntad de Francia de avanzar en la restitución de obras de arte saqueadas durante la época colonial y describió el proceso de devolución como “imparable”, recordando que el Parlamento francés aprobó recientemente una ley que facilita la repatriación de artefactos culturales africanos.

El industrial nigeriano Aliko Dangote, considerado el hombre más rico de África, participó en el encuentro junto a más de treinta mandatarios africanos y representantes de grandes compañías francesas como la multinacional energética francesa Total Energies y el grupo naviero francés CMA CGM. La compañía anunció una inversión de 700 millones de euros (822 millones de dólares) para modernizar una terminal en el puerto de Mombasa, mientras que se anticiparon nuevos acuerdos en energías limpias, tecnología e infraestructura.

Francia busca posicionarse como un aliado estable para África en comparación con potencias como China y Estados Unidos. Durante la cumbre, Macron resaltó que Europa defiende el orden internacional, el multilateralismo y el libre comercio. Además, insistió en la necesidad de reformar el sistema financiero global para incentivar la llegada de capital privado al continente: “Hoy en día no hay razón para que haya tan poca inversión privada en un continente tan lleno de energía y juventud como el suyo”.

El contexto internacional de la cumbre estuvo marcado por la inestabilidad en el Sahel. Desde 2020, una serie de golpes de Estado en Mali, Burkina Faso y Níger llevó al poder a gobiernos militares que exigieron la salida de las tropas francesas. Macron explicó que la retirada respondió a la nueva situación política y sostuvo que no implicó una humillación para Francia, sino “una respuesta lógica a la situación”. Expresó su esperanza en que la región pueda recuperar la gobernanza democrática.

Por su parte, el presidente de Kenia, William Ruto, consideró que el encuentro es una oportunidad para atraer inversiones y plantear ante el G7 la necesidad de una arquitectura financiera global más justa para los países africanos.

(Con información de AFP y Reuters)

Tras publicar el dato de inflación porteña de abril pasado, un 2,5% que llevó a la inflación interanual en la Ciudad de Buenos Aires al 32,4%, el Instituto de Estadísticas y Censos de CABA (Idecba) dio a conocer su informe de “Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires”, que permite conocer detalles de la estratificación social en el distrito. El dato, mostró que una familia tipo necesitó más de $2.300.000 al mes para alcanzar un nivel de ingreso compatible con la clase media.

Así, para una pareja de 35 años, ambos activos laboralmente y dueños de su vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años, el ingreso familiar mínimo para pertenecer a la clase media en la Ciudad de Buenos Aires es de $2.384.515 por mes. Ese es el piso que fijó para abril de 2026 el Idecba, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad, en su informe mensual sobre líneas de pobreza y canastas de consumo.

El dato surge de multiplicar por 1,25 la Canasta Total (CT), que en abril alcanzó $1.907.612 para ese grupo familiar. Esa operación, establecida en la metodología que el IDECBA diseñó en 2008, define el umbral inferior del estrato denominado “sector medio – clase media”. El techo del mismo estrato equivale a cuatro veces la CT, es decir, $7.630.448. Por encima de ese valor, el hogar pasa a clasificarse dentro de los sectores acomodados.

Entre ambos extremos se extiende una escala de seis estratos que va desde la indigencia hasta los sectores de mayores ingresos. Un hogar de esas características cae en situación de indigencia si sus ingresos no superan los $821.208 mensuales —el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia—. Si supera ese piso pero no llega a $1.513.033, se ubica en situación de pobreza no indigente, ya que ese segundo umbral corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), o línea de pobreza. Entre $1.513.033 y $1.907.612 se sitúan los llamados no pobres vulnerables, y entre $1.907.612 y $2.384.515 se encuentra el sector medio frágil.

La variación interanual del piso de clase media para ese grupo familiar fue de 29,6%: en abril de 2025, el umbral mínimo era de $1.840.530. Esa suba queda por debajo de la inflación que registró la Ciudad de Buenos Aires en los últimos doce meses, que acumula 32,4%. La diferencia implica que, en términos reales, ese umbral se abarató: para ser de clase media en la Ciudad se requiere hoy relativamente menos poder adquisitivo que hace un año.

El informe del IDECBA también permite comparar ese piso entre distintas composiciones de hogar. La metodología no habla de situaciones genéricas sino que construye perfiles concretos para hacer los cálculos. Para una pareja de adultos mayores, ambos económicamente inactivos y propietarios de su vivienda, el ingreso mínimo para alcanzar la clase media es de $1.241.518. Para un adulto varón solo de 25 años, propietario y activo laboralmente, el piso baja a $860.770.

Una pareja joven de 25 años, ambos activos y propietarios, necesita al menos $1.398.976 para ubicarse en ese estrato. Ese mismo perfil de pareja, pero sin vivienda propia —es decir, con el costo del alquiler incorporado a la canasta—, requiere $1.765.950 para acceder a la clase media. La diferencia entre ambos casos, de $366.974, refleja el peso que tiene el alquiler sobre el presupuesto familiar en la Ciudad.

La CT, que es la base del cálculo del umbral de clase media, incluye tanto los bienes alimentarios como el resto de los bienes y servicios que el IDECBA considera compatibles con el estándar de vida de la población porteña. Desde marzo de 2022, esa canasta —al igual que las líneas de indigencia y pobreza— se valoriza con el índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), con base en el año 2021. El informe correspondiente a abril de 2026 tuvo fecha de publicación el 11 de mayo de 2026.

Brasil logró esta semana un hito tecnológico al entregar el primer lote de misiles antitanque fabricados localmente, según detalló el analista internacional Andrei Serbin Pont, en pleno escenario de alerta militar por la frontera con Venezuela.

En una columna con el equipo de Infobae al Mediodía —integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan—, Serbin Pont trazó la historia de un proceso que condensó décadas de desafíos industriales, crisis económicas y escándalos políticos para la industria de defensa de Brasil.

Brasil invierte en defensa ante la amenaza de Venezuela

“El ejército estaba convencido de que había chances de que Venezuela decidiera anexar ese territorio guyanés y lo hiciera a través de territorio brasileño”, explicó Serbin Pont. Esa hipótesis aceleró una movilización inédita de recursos militares hacia una región sin conexión terrestre, dominada por ríos y selva.

La necesidad de “tener algo con qué combatir al ejército venezolano, que sí contaba con muchos tanques y artillería”, impulsó a las fuerzas armadas a buscar opciones tecnológicas y acelerar el desarrollo local de misiles.

Serbin Pont subrayó: “Necesitábamos misiles antitanque y salimos a evaluar un montón de opciones, incluso internacionales, como los Spike. Pero el desarrollo propio llevaba ya treinta años”.

A lo largo de ese camino, la industria local enfrentó obstáculos que incluyeron la quiebra de Engesa, el escándalo Odebrecht —“Mectron estaba controlada por Odebrecht. Así que eso detona el avance del misil”, recordó— y la migración de talento técnico a otras firmas. Solo la llegada de capitales de Emiratos Árabes Unidos permitió reactivar la producción y entregar 120 misiles antiblindados al ejército brasileño este mes.

La larga marcha industrial: de OTO Melara a SIATT

Serbin Pont reconstruyó la genealogía del proyecto: “Esto nace de un proyecto que se da ya por los años noventa, proyecto italiano que no tuvo éxito, desarrollado por la gran OTO Melara. Eventualmente busca socios internacionales y se encuentra con Engesa, que fabricaba vehículos blindados en Brasil para tratar de desarrollar este misil antitanques”.

El recorrido incluyó una década de retrasos: “En 1996 recién logran conseguir un contrato por cuarenta prototipos y en 2004 se termina probando el prototipo. Los modelos preserie se entregan en 2013-2014”.

Pero la crisis y la corrupción truncaron el avance, forzando la transferencia a SIATT en 2017. “Esa empresa asume el proyecto, pero todavía muy complicada la situación. Recién, unos años después, lograrían avanzar porque llegan capitales extranjeros y logran empezar la producción”, sintetizó.

La relevancia geopolítica fue clave: “Las condiciones geopolíticas obligaron a Brasil a tomar medidas para proteger su frontera ante una posible conflictividad y a partir de ahí terminar de consolidar lo que fueron 30 años tratando de desarrollar esta tecnología”.

Argentina y Brasil: el espejo industrial de la defensa regional

El analista aprovechó el caso brasileño para analizar los desafíos compartidos en la región. “Estos son los desafíos que tenemos cuando hablamos de la industria nacional. A veces los proyectos caen y esos ingenieros terminan yendo a empresas en el exterior. No solo perdés la empresa, perdés sobre todo el recurso humano capacitado”, sostuvo.

Comparó el presente con el pasado de la industria argentina: “Hace 50 años Brasil miraba la industria de defensa argentina y decía: ‘Ojalá tuviésemos ese nivel de industria y pudiésemos desarrollarnos de esa manera’. Ahora nosotros los miramos a ellos y decimos: ‘Che, ¿qué hicimos mal?’”.

También ponderó el rol de las empresas de exportación: “Embraer se consolida a nivel internacional y le permite abarcar proyectos de una magnitud que antes quizás no le eran factibles. Son dos cosas que van de la mano, la industria civil y la de defensa”.

El caso brasileño, concluyó, demuestra que “ese motor de inversión en el ámbito de la defensa es lo que permite que se desarrolle esta industria, finalmente logrando consolidarse porque las condiciones geopolíticas lo obligaron a tomar medidas”.

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El activista mapuche Facundo Jones Huala, que en junio próximo cumplirá un año de prisión preventiva en la cárcel de Rawson, lleva dos semanas de huelga de hambre líquida como medida de fuerza para exigir su traslado a la unidad penitenciaria de Esquel, con el objeto de estar más cerca de su familia.

Su mamá, Isabel Huala, anunció en un mensaje grabado que se acoplará a esa medida de fuerza en los próximos días con el mismo objetivo.

La mujer, que vive en Bariloche, afirmó que no pudo acompañar a su hijo Facundo en su cumpleaños número 40, debido a la distancia entre la ciudad donde reside y Rawson, donde el mapuche permanece detenido desde hace 11 meses, bajo el régimen de prisión preventiva.

“Cada día me preocupa más la situación, y la huelga de hambre que lleva adelante, porque su salud se deteriora”, declaró. Y en el mismo mensaje anunció que iniciará una medida de fuerza similar.

A su vez, denunció que las condiciones de detención son penosas y pidió a la Justicia Federal que autorice a su hijo a cumplir con reclusión domiciliaria en su casa de Bariloche, mientras se extienda la investigación por el supuesto delito de asociación ilícita calificada por la que permanece detenido.

Isabel Huala señaló que el juez Gustavo Zapata “se burla de lo que sucede” con su hijo Facundo. Y acusó a la fiscal Angela Pagano Mata de no lograr avances en la investigación”.

“Es una realidad que cansa y duele”, criticó la mujer, quien pidió apoyo de la ciudadanía porque “la lucha de Facundo no es personal, es por el pueblo mapuche, por los antepasados y por toda la gente que está entre nosotros”.

Este lunes, el activista llegó a la segunda semana sin ingerir alimentos sólidos. Días atrás, denunció que su medida de fuerza fue notificada por escrito al Juzgado Federal, aunque la nota no llegó al magistrado que interviene en su causa.

A partir de ese reclamo y del planteo de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que lo defiende, Zapata ordenó una investigación para determinar si las autoridades penitenciarias incurrieron en el presunto delito de incumplimiento de deberes como funcionarios públicos.

La investigación recayó en la Fiscalía Federal con asiento en Rawson aunque, por el momento, no hubo avances en el expediente.

La madre denunció que su hijo es “víctima de persecución política, y no sólo él, sino todo el pueblo mapuche”. A través de las redes sociales, la mujer, conmovida, pidió ayuda a la sociedad para poder costear el viaje que la trasladará a Rawson, donde planifica permanecer algunos días para estar cerca del “lonko”.

Jones Huala y la organización que conduce son investigados por presunta asociación ilícita calificada. En este sentido, fue denunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la fiscalía de Estado de Río Negro, luego de arengar al pueblo mapuche a cometer sabotajes y ataques incendiarios “para defender lo que nos pertenece”.

En junio de 2025, fue capturado cuando se trasladaba en colectivo desde Bariloche hacia el sur. Sin embargo, la captura fue blanco de críticas debido a que cuando se concretó no había orden para detenerlo.

La autorización del juez fue rubricada cuando el mapuche ya estaba detenido e incluso su captura fue anunciada a través de las redes sociales por la senadora Patricia Bullrich, cuando comandaba la cartera de seguridad nacional.