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La jueza de Ejecución Penal de Paraná, Cecilia Bértora, se refirió a la situación carcelaria del exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera, y el exfuncionario Pedro Báez, condenados por corrupción y detenidos en la cárcel de Gualeguaychú.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bértora sostuvo que la complejidad por la detención del exgobernador “viene porque hay como un muy alto grado de ansiedad en relación a todos estos trámites”. “Así como el periodismo está muy interesado en saber, en conocer y siempre están tratando de comunicarse conmigo, con el Juzgado, y eso es difícil para nosotros porque nos saca un poco de eje y hay que atender ese tipo de cosas, también están los abogados que presentan miles de papeles que, en general, no se suele dar, que quieren informes y piden un montón de información un día antes de la audiencia y claramente no se puede cumplir. Nosotros obviamente lo hacemos en los tiempos del Juzgado, porque es así como se hace en todos los casos, es decir, si no hay una urgencia, una cuestión que realmente necesita atenderse con urgencia no vamos a exigir a otras instituciones que respondan en 24 horas nada más que para calmar la ansiedad de los abogados o de los interesados”, explicitó.

En este sentido, dijo que la audiencia de conocimiento que se realizó con Urribarri, Báez y Aguilera “no tuvo muchas diferencias” con las que se realizan al resto de los detenidos, pero aclaró: “Sí, es cierto, que le brindamos un mayor margen de tiempo, porque estas audiencias en general, como como un cuestionario respecto de la familia, la salud, adicciones, estudio, temas laborales, todo lo relacionado a lo previo a la incorporación a la cárcel, es decir, previo a la detención. Y esto pertenece a un periodo que se llama de observación en la ejecución de la pena, que tiene el sentido de recabar toda esa información para ver qué tratamiento penitenciario se le puede dar, qué herramientas desde lo penitenciario se le puede dar a estas personas, por ejemplo, incluirlo en la primaria, en la secundaria, en algún tipo de tratamiento de salud y demás. Es un cuestionario o una audiencia que dura entre 7 y 10 minutos, pero en este caso demoraron un poquito más de media hora porque se le dio la oportunidad de explayarse en relación a muchos temas porque en los casos de Báez y Urribarri tenían hecha la presentación en el Tribunal de Juicios y Apelaciones respecto de algunas prisiones domiciliarias y nosotros pensamos que se podían hacer planteos en relación a eso. No para resolverlo, sino que se podían profundizar temas que tuvieran que ver con esos planteos. Entonces se estableció que en vez de 10 o 15 minutos, que es lo que el rango que tenemos entre una audiencia y otra de conocimiento, se le otorgó 45 y de hecho duraron 30 o 35 minutos las audiencias. Porque en el caso del señor Báez estuvimos hablando del problema de salud y en el caso de Urribarri de todas estas cuestiones de salud mental o de orden emocional que él ya venía planteando”.

Respecto de las visitas que pueden recibir, explicó que “los detenidos solamente pueden recibir visitas de familiares directos, lo cual responde a una reglamentación del Servicio Penitenciario. Previo a la pandemia era más amplio; se verificaba que hubiera una relación de amistad o de parentesco, pero después de la pandemia quedó restringido al ámbito familiar cercano, es decir, padres, hijos, hermanos y personas muy cercanas, y quedan fuera amistades”.

Aclaró que “no es que no se le quiera brindar la opción a estas tres personas, pero en el ámbito de la Unidad Penal N°1, son 1.070 internos y si a eso lo multiplicamos por las 1.070 familias más los amigos, ¿dónde ponemos esa gente? Es una cuestión de estructura y es una cuestión de control y organización del Servicio Penitenciario”.

Al respecto, dijo no tener conocimiento de que Báez hubiera recibido la visita de un amigo de apellido Del Canto y aclaró: “Puede ser que le haya llevado algo, lo cual no quiere decir que haya tenido contacto. Porque llevar cosas, encomiendas o provisiones, lo puede llevar cualquier persona; eso se requisa, se revisa si está en condiciones y si cumple con las reglas se ingresan los elementos que se hayan acercado hasta la Unidad Penal”.

Por otra parte, indicó que para entrevistar a los detenidos “se debe tramitar la autorización por correo electrónico ante el Servicio Penitenciario”. Aclaró que respecto de los testimonios ante la prensa que pueden hacer los detenidos “la ley no dice absolutamente nada, no está prohibido, no es algo que tengamos que tramitar, no es algo de la ejecución de la pena, es algo de la persona, de lo político o de lo social, que es lo que le da contenido o valor a su testimonio, pero eso no perjudica ni cambia en nada la ejecución de la pena. Tal vez en algunos casos, si tiene que ver con alguna investigación en curso, puede restringirse un testimonio”.

“En general se autoriza. Y el Juzgado de Ejecución entiende en los casos de denegatoria. Si el Servicio Penitenciario deniega un pedido de entrevista, se debe recurrir ante el Juzgado de Ejecución que es el organismo de apelaciones respecto de lo administrativo. Entonces, no hay ningún inconveniente con eso”, agregó.

En otro orden de cuestiones, Bértora afirmó que las diferencias de tratamiento hacia el exgobernador “más que nada tienen que ver con la seguridad” y consignó que “cuando estuvo en la Unidad Penal N°1 en Paraná, en un sector que es nuevo, que tiene un patiecito con una reja en sus laterales y en la parte superior, le tiraban piedras; es decir que no podían ni siquiera salir al patio a tomar sol, a ventilarse o a colgar la ropa porque le tiraban piedras desde distintos lugares desde otros pabellones. Y eso que ni siquiera estaban a la vista, es decir, no había una vista directa a ese patio, y de todas maneras sucedía. Ese tipo de cosas sucedieron mientras estuvieron en la Unidad Penal 1 y fue una de las cosas que determinó el cambio de lugar y el traslado a la Unidad Penal N°9, donde primero estuvieron en un sector y luego en otro”.

Consideró no obstante que “todo esto va a ir mejorando, en el sentido de que va a ir habiendo una mejor convivencia entre Urribarri, Aguilera y Báez respecto del resto de la población. Creo que se van a ir integrando, pero el shock del momento inicial es bastante duro en el sentido de encontrarse en un lugar donde uno no elige, compartir lugares con quien uno no elige. Es complicado para cualquier ser humano”.

“Esto es lo que yo le expliqué a Urribarri en esa audiencia; que eso les pasa a todas las personas que ingresan a la Unidad Penal. Hay pabellones que tienen 100 personas o más de 100 personas. Entonces, imagínese usted entrar ahí, ¿qué va a dormir? Claro que no duerme, no es su espacio, no es su casa, los ruidos son distintos, las situaciones, uno no sabe con quién está compartiendo ese lugar, y la verdad es que claramente hay ladrones, hay asesinos, hay abusadores, hay de todo, pero son personas que están ahí porque delinquieron. Son distintos rubros, pero nosotros lo que hemos visto y la forma en la que se maneja el Servicio Penitenciario es que distribuye la población penal en función de la convivencia. Sí toman en cuenta si hace poco o hace mucho que están los internos cumpliendo condena, pero fundamentalmente a través de los elementos de convivencia, es decir, si son personas que son tranquilas, si son ruidosas, si son nerviosas; los clasifican y los ubican en base a eso, para que no haya conflicto”, describió.

En relación con la recomendación que les realizó a los detenidos para que realicen tratamiento psicológico, la magistrada analizó: “Esto no tiene que ver con sostener la inocencia, uno puede sostener su inocencia, pero algo lo llevó hasta la cárcel, hasta inclusive tramitar la posibilidad de que haya un proceso mal hecho, pero esa persona tiene que trabajar sobre esos aspectos. Cómo alguien hizo una denuncia falsa, cómo un tribunal lo condenó, cómo aparecieron esas pruebas o con qué pruebas se lo condenó; uno tiene que empezar a trabajar ahí porque lo que se trata es de hacer una evolución personal, es decir, de verificar que haya una evolución personal en cada uno de los internos. La evaluación psicológica va a existir siempre, porque se hace por parte de los dos equipos técnicos: el de la Unidad Penal, cuando hace la evaluación en el informe criminológico, y luego lo hace también el Juzgado de Ejecución con el equipo interdisciplinario que tiene para hacer este tipo de evaluaciones y ver cuál es el grado de evolución personal que ha habido. Si la persona queda en el mismo lugar y se reafirma en los mismos hechos y dichos y considera que todo es una tremenda injusticia y no empieza a trabajar mínimamente en qué es lo que pasó, difícilmente pueda hacer la introspección, la reflexión, la autocrítica de lo que haya hecho mal para poder entender por qué está preso. Porque si no es solamente castigo y no es la idea. La ley de ejecución no está hecha para castigar, de hecho, está en la Constitución”.

Indicó asimismo que “por ahora no hubo quejas” desde la Unidad Penal de Gualeguaychú: “Los que pueden traerme mayor información son el delegado penitenciario –que tendría que haber uno en cada una de las Unidades Penales, pero no está ocurriendo- o miembros del Comité Provincial de Prevención contra la Tortura, que hacen relevamientos en forma constante y son los que receptan las quejas o los problemas; son los que hacen visitas de cárcel atendiendo a todo tipo de situaciones, lo que es la comida, la salud, la atención y el informe integral de los internos. Por ejemplo, la cantidad de horas de recreo que tienen cada uno”.

Explicó que “de las 8 unidades penales, creo que hay 4 cárceles donde faltan delegados, y creo que debería resolverlo la Sala Penal. Esta figura del delegado penitenciario nació antes que el Juzgado de Ejecución, porque eran las personas que iban hasta la cárcel y veían cuál era la situación de los presos y se lo comunicaban al Poder Judicial. Luego nació el Juzgado de Ejecución, y se le restringió un poco el ámbito de competencia a estos delegados. De todas maneras, los delegados siguen atendiendo los temas de los procesados y también hacen relevamiento de todo lo que sucede en la cárcel. Incluso a veces con los presos federales, también le hacen saber al Juzgado Federal algunas cuestiones que tienen que ver con los presos federales o personas que están de otras provincias alojados acá”.

Por último, en relación con la situación de salud de Pedro Báez reveló que “el problema quedó zanjado porque el señor Báez se cocina y tiene todo como para cocinarse con elementos propios, que se los acercan, y, por otro lado, necesita que no haya una contaminación cruzada con otros alimentos o con otros elementos que puedan contaminar su comida, pero él lo sabe hacer porque hace años que tiene ese problema de salud, así que puede hacerlo perfectamente en donde está y como está”. “También tiene espacio para hacer ejercicio físico, y aunque no tienen acceso constante al espacio, lo tienen como cualquiera de las otras personas en determinados horarios y momentos, así que tendrá que organizarse respecto de eso”, concluyó.