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Fiel a su estilo directo y sin eufemismos, la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich volvió a protagonizar la semana pasada un enfrentamiento con algunos miembros del Gobierno tras dejar al descubierto otra falta de coordinación interna, esta vez por la presentación del Presupuesto 2027, que generó una polémica que podría continuar en los próximos días, con el presidente Javier Milei de viaje en los Estados Unidos.

El mandatario nacional partirá a las 23:00 de este lunes hacia Nueva York para asistir a la asamblea general de las Naciones Unidas y es probable que, a diferencia de casi todas las anteriores oportunidades, en la comitiva oficial no esté su hermana, la secretaria general, Karina Milei.

Hasta último momento, se estaba debatiendo si la funcionaria finalmente se subía al avión o se quedaba en Buenos Aires para seguir de cerca la gestión y poder participar, por ejemplo, del encuentro de la mesa política previsto para el martes, en este contexto de tensión creciente entre los referentes del oficialismo.

Por el contrario, ya se decidió que no se hará la reunión de Gabinete que se venía llevando adelante todos los lunes en la Casa Rosada, porque el jefe de Estado prefirió concentrarse en terminar el discurso que va a pronunciar ante las Naciones Unida, según aseguraron oficialmente.

“La idea de Patricia de hacer públicas sus críticas es para ver si cambia algo de una vez, al menos por ahora es solamente eso”, explicaron a Infobae fuentes cercanas a la ex ministra de Seguridad, que recientemente acaparó la agenda con un video.

En un gesto provocativo, Bullrich se grabó trabajando mientras escuchaba “No me importa”, uno de los temas más conocidos de Lali Espósito, que tiempo atrás fue el centro de las críticas de Milei.

Todo comenzó cuando la senadora protestó por haberse enterado por los medios que en el proyecto de Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso incluía recortes en discapacidad, un tema que ella estaba negociando con la oposición.

El texto se presentó pasadas las 23:00, sobre el final de la fecha límite para hacerlo, y la decisión también sorprendió a otros legisladores libertarios, incluido el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que será el primero en impulsarlo, ya que ingresó por ese recinto.

Aunque nunca se aclaró qué fue lo que sucedió, varios responsabilizaron por lo sucedido al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que fue quien trabajó en la norma, y a la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzábal, por ser el área revisora.

Puntualmente, el capítulo VI del proyecto, conformado por los artículos 36 a 41, introduce modificaciones permanentes al sistema de atención a personas con discapacidad, como la derogación parcial de la Ley de Emergencia en este sector y la eliminación de los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que en la práctica obliga a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de terapias y tratamientos.

Rápidamente, en la cúpula del oficialismo salieron a minimizar la interna y trascendió un mensaje escrito supuestamente por el propio Presidente, en el que asegura que “es una tontería mayúscula politizar el arte” y afirmó que, después de la controversia con la cantante, a principios del 2025, escuchó temas de la artista que le gustaron.

“Sabemos que Patricia tiene una personalidad muy fuerte, ¿qué podemos hacer al respecto? Ahora, de ahí a que haga la gran Victoria Villarruel y traicione de esa manera, me parece que hay una distancia muy grande”, sostuvo una persona muy cercana al mandatario.

En este sentido, en el entorno del jefe de Estado descreen que la senadora vaya a renunciar al partido para competir por su propia cuenta en el 2027. “¿Y dividir el voto restándole a Milei para que terminen ganando los kirchneristas? No veo que vaya a prestarse a eso“, opinaron.

Sin embargo, quienes conocen a Bullrich reconocen que hay un hartazgo en ella por diferentes situaciones que vienen pasando, como la falta de diálogo en el Gobierno y algunos modos del Presidente para solucionar los conflictos, con los que no está de acuerdo.

Ponen como ejemplo aquella reunión de Gabinete en la que el mandatario nacional la habría frenado en seco cuando cuestionó la reacción del Ejecutivo durante el caso Adorni o, más recientemente, cuando se molesta ante el pedido de alguna medida económica.

“Es simple, Patricia lo dijo de esa manera porque ya está hinchada las pelotas. Somos varios los que estamos igual que ella”, remarcó una figura de confianza de la senadora en el Congreso.

En este marco de tensión, la cúpula libertaria decidió cancelar algunas de las actividades que estaban previstas para antes del viaje de Milei a los Estados Unidos, como la reunión de Gabinete de esta semana.

Lo que sí está confirmado es el encuentro de la mesa política, a la que Bullrich hasta último momento estuvo analizando si asistir. Finalmente, decidió que participará.

“Es que si no se van a hablar de los temas importantes, ¿a qué va a ir? ¿A que Karina te diga cómo tenés que ir vestido a ver al Papa?“, protestó el dirigente bullrichista cuando aún la ex ministra pensaba en si asistiría o no, haciendo referencia a una de las órdenes que dio la secretaria general cuando juntó a los legisladores en la Casa Rosada. Uno de los mensajes fue que tenían que usar ropa sin color, preferentemente negras, si van a los actos del Sumo Pontífice en la Argentina.

En la mesa política del martes, a partir de las 13:00, la senadora podría volver a conversar en persona con la hermana del mandatario nacional, pero no verá a quien fue su principal apuntado por lo que pasó con el Presupuesto, “Toto” Caputo, que sí forma parte de la comitiva que acompañará a Milei.

Este jueves, el oficialismo buscará llevar al Senado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuya aprobación definitiva quedó pendiente en la última sesión por diferencias sobre el mecanismo de designación y remoción de las autoridades de la entidad.

El temario de la sesión también podría incluir la modificación del régimen de Zona Fría, que restringe los subsidios al gas en áreas incorporadas al beneficio en 2021, aunque la iniciativa enfrenta resistencias entre senadores de provincias patagónicas y de Mendoza.

La última ley que Bullrich consiguió aprobar en el recinto fue la de Inocencia Fiscal II, sancionada con 44 votos a favor y 23 en contra, lo que fue celebrado por Milei en las redes sociales, pero no tuvo ninguna mención por parte del ministro de Economía.

Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirán a partir de hoy con los funcionarios del Ministerio de Economía para avanzar con la tercera revisión del programa iniciado en abril del año pasado.

La revisión pasará por la meta fiscal que se fijó para este año y los desafíos para alcanzarla. Pero, tras el mal resultado de junio, en las últimas horas, el Gobierno ahora tiene para mostrar buenos datos de superavit primario acumulado hasta agosto y los pondrá sobre la mesa.

La tercera revisión se concentrará en la evolución de las cuentas públicas y en las medidas que el equipo económico deberá explicar ante los representantes del organismo. El resultado fiscal del primer semestre quedó por debajo de la meta acordada: el compromiso fijaba un superávit primario equivalente a 0,7% del producto interno bruto (PIB), pero el indicador llegó a 0,6% del PIB. La diferencia obligará a los funcionarios a detallar qué medidas prevén para alcanzar el objetivo anual. Ahí es que las cifras de agosto servirán de respaldo en el ida y vuelta con los auditores del Fondo.

El viernes, Economía comunicó que el Sector Público Nacional (SPN) registró en agosto un superávit primario de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones. Con ese resultado, durante los primeros ocho meses de 2026 se acumuló un superávit primario cercano al 1,1% del PIB y uno financiero de 0,2% del PIB. Fue una mejora respecto del resultado de julio, que había llevado a incumplir la meta semestral prevista dentro del programa de facilidades extendidas.

El buen dato

Luego del déficit de junio y del incumplimiento de la meta semestral, el Gobierno buscará mostrar que el saldo positivo del octavo mes del año permitió recomponer el acumulado fiscal. La misión del Fondo analizará las cifras del primer semestre, el desempeño registrado en junio y el resultado posterior de agosto, junto con las proyecciones que el equipo económico presentará para sostener el superávit primario hasta el cierre de 2026.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional bajaron entre julio y agosto: pasaron de $17.092.374 millones a $15.027.157 millones, una reducción de $2.065.217 millones. Pero a pesar de ello, el resultado primario volvió a terreno positivo porque los gastos también retrocedieron. Los gastos primarios totales pasaron de $14.132.041 millones en julio a $13.036.836 millones en agosto, una baja de $1.095.205 millones. Esa evolución permitió que la reducción de los ingresos no derivara en un nuevo déficit y dejó un saldo mensual de $1.990.322 millones para presentar ante los representantes del organismo durante la tercera revisión.

La mayor baja se produjo en los gastos corrientes primarios, que descendieron de $13.851.091 millones en julio a $12.632.870 millones en agosto. La diferencia fue de $1.218.221 millones. Dentro de esa categoría, los gastos de funcionamiento y otros se redujeron de $2.824.750 millones a $2.050.462 millones, una caída de $774.288 millones. Esa partida explicó la parte más amplia de la reducción mensual de las erogaciones corrientes del Estado.

Las prestaciones sociales también bajaron durante agosto. Pasaron de $8.687.144 millones en julio a $8.401.245 millones, una diferencia de $285.899 millones. Las transferencias a universidades descendieron de $697.606 millones a $499.670 millones, mientras que las transferencias corrientes a provincias pasaron de $181.357 millones a $168.060 millones. A su vez, los otros gastos corrientes se redujeron de $279.618 millones a 242.717 millones de pesos.

A contra mano de los compromisos

La disminución de esos rubros corrientes permitió contener el gasto total durante agosto, incluso con aumentos en otras partidas. Los subsidios económicos subieron de $1.180.615 millones en julio a $1.270.715 millones en agosto, un incremento de $90.100 millones. Los gastos de capital también crecieron, desde $280.951 millones hasta $403.966 millones, una suba de $123.015 millones.

Dentro de los gastos de capital, aumentaron las erogaciones destinadas a energía, transporte, vivienda, agua potable y alcantarillado, además del rubro otros. El gasto en energía pasó de $70.134 millones en julio a $127.578 millones en agosto. Transporte subió de $109.354 millones a $120.978 millones y vivienda avanzó de $7.579 millones a $12.926 millones. Agua potable y alcantarillado aumentó de $46.866 millones a $85.880 millones, mientras que otros gastos de capital pasaron de $46.325 millones a 56.088 millones de pesos.

Educación fue la única categoría dentro de los gastos de capital que registró una baja mensual. La partida descendió de $692 millones en julio a $515 millones en agosto, una reducción de $177 millones. El aumento de los subsidios económicos y de la mayor parte de las partidas de capital convivió, por lo tanto, con una reducción de los gastos de funcionamiento, las prestaciones sociales, las transferencias a universidades y las transferencias corrientes a provincias.

Esa composición tendrá relevancia en la discusión con el FMI porque el Gobierno asumió compromisos específicos durante la segunda revisión del acuerdo con el objetivo de blindar el superávit primario. Las definiciones incluyeron la postergación de iniciativas vinculadas con la reforma laboral, una mayor recaudación por impuestos específicos y una mejora en la focalización de los subsidios al transporte. Los datos de agosto permitirán al equipo económico exhibir una baja del gasto primario total y una reducción más pronunciada en los gastos corrientes, aun cuando los subsidios económicos registraron un aumento durante el mes.

Una de las medidas principales para preservar el resultado fiscal que el Gobierno ya tomó fue la postergación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). La entrada en vigencia de esa iniciativa pasó al 1° de noviembre, aunque ahora volvió a quedar bajo duda qué ocurrirá con su aplicación. Ese tema se sumará a las explicaciones que los funcionarios del Ministerio de Economía deberán dar durante la revisión, junto con la mayor recaudación por impuestos específicos y las decisiones previstas sobre los subsidios al transporte.

Próximo vencimiento

La agenda con el Fondo coincidirá con una semana de actividad internacional para la Casa Rosada. El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La superposición de esas actividades impedirá que el titular del Palacio de Hacienda asista a todos los encuentros con los representantes del organismo, mientras la misión técnica mantendrá reuniones con funcionarios argentinos.

Además de las conversaciones por la tercera revisión y del viaje a Nueva York, la semana incluirá un vencimiento de deuda de USD 800 millones que aún no está claro cómo el Gobierno lo va a afrontar. Según el último informe del Banco Central (BCRA), los depósitos en moneda extranjera del Tesoro sumaban USD 2.357 millones al 16 de septiembre. Sin embargo, en los últimos dos días sufrieron una caída de USD 401 millones ya que al 14 de septiembre se ubicaban en USD 2.758 millones.

El Gobierno incorporó un nuevo funcionario a la estructura del Ministerio de Seguridad Nacional, que ocupará un lugar clave en la lucha contra la criminalidad en todo el país.

Mediante el decreto 1044/2026, se oficializó el nombramiento del abogado Pablo Francisco Argibay Molina como subsecretario de Investigación Criminal, dentro de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.

Anteriormente, el cargo era ocupado por Marcelo Carlos Romero, quien fue designado en 2025 en el cargo. Mientras tanto, Argibay Molina se desempeñó como director nacional de Investigaciones de Delitos Federales y ocupó luego de manera transitoria la conducción de la dirección de Investigación Criminal.

En su nuevo rol, el funcionario deberá hacerse cargo de varios proyectos que impulsó el Ministerio de Seguridad, como el Consejo Federal de Delitos Económicos, mediante la publicación de la resolución 230/2026 de Boletín Oficial.

Este organismo funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal, respondiendo a la necesidad de fortalecer el abordaje integral y federal de la criminalidad económica, con participación de representantes de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas federales.

Para tal fin, el consejo cuenta con “un representante titular y un suplente del área con competencia en materia de Delitos Económicos de cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que adhieran a la presente, y por un representante de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos y un representante de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” que dependan del Ministerio de Seguridad.

La recolección y sistematización de la información proveniente de distintas fuentes, hasta el desarrollo de indicadores y elaboración de informes periódicos.

El artículo 2 de la normativa también subraya la confección de un mapa situacional a nivel nacional, regional y provincial para proponer medidas preventivas. También el intercambio de información para generar alertas tempranas y la formación de grupos de trabajo para analizar coyunturas y situaciones específicas.

No obstante, los integrantes buscan optimizar las acciones mediante la identificación de oportunidades de mejora en los procedimientos de las fuerzas policiales y de seguridad. La coordinación funcional estará a cargo de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, que también suministrará el apoyo técnico-administrativo necesario. En cuanto a las tareas conjuntas, se espera que el Consejo convoque a especialistas en distintas temáticas para ser abordadas durante los encuentros.

Pueden ser representantes de organismos gubernamentales, nacionales o internacionales, o de entidades privadas o de la sociedad civil, así como cualquier otra persona, organismo o institución, con una participación justificada. Asimismo, deberán reunirse al menos una vez por año, manteniendo comunicación permanente con las jurisdicciones adherentes “en pos de generar y mantener actualizado el estado de situación de la criminalidad económica en el territorio nacional y medidas para su afección”.

Este hecho se da en medio de compromisos internacionales que el Gobierno asumió para identificar bienes y recuperar activos de origen ilícito, en cumplimiento de tratados como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción.

Entre los argumentos esgrimidos por la cartera de seguridad, menciona a la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, cuya responsabilidad es “articular acciones con los organismos gubernamentales locales, provinciales y nacionales e internacionales que tengan vinculación con los delitos económicos investigados, en el marco de sus competencias”, entre otras.

En este sentido, subraya que este tipo de acciones “se ha convertido en una parte fundamental de toda investigación de casos de criminalidad compleja”, señalando que “la delincuencia económica es aquella dedicada a negocios legales-ilegales de significativa complejidad que puede implicar la participación de instituciones y/o funcionarios estatales, que generan beneficios económicos importantes”.

Entre los ejemplos más claros mencionados, figura el lavado de activos, como uno de los principales pilares; y de otros delitos económicos (tales como el enriquecimiento de funcionarios públicos, el soborno transnacional, la evasión fiscal, etc.). Es por eso que resaltan la bimperiosidad de un “espacio común de abordaje a la problemática delictiva con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos económicos”.

La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, ratificó sus cuestionamientos por la inclusión de recortes al área de discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 y desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien dijo ayer que fue un tema hablado durante la reunión de la mesa política el último martes.

La legisladora negó que la conducción parlamentaria hubiera sido informada sobre las modificaciones introducidas en el texto enviado al Congreso y tildó de falsa la versión oficial sobre un debate previo en la mesa política del Gobierno.

En declaraciones ante la señal LN+, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta reaccionó frente a los dichos del funcionario, quien había sugerido que las reformas al sistema asistencial habían sido conversadas en los encuentros semanales del Ejecutivo.

“Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto yo estaba, y Martín Menem tampoco sabía nada”, afirmó la referente oficialista. La senadora insistió en que el proyecto elaborado por el Ministerio de Economía ingresó de madrugada a la Cámara de Diputados sin la evaluación de los legisladores.

Bullrich advirtió que impulsar iniciativas sin consenso parlamentario previo provoca un desgaste innecesario en la figura del presidente Javier Milei y complica las negociaciones de la ley en el parlamento, lo que forzó a la Casa Rosada a entablar el diálogo con bloques aliados como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) para dar marcha atrás con el capítulo cuestionado.

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