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La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) destacó el Paro Nacional Docente que se llevó a cabo este lunes en todo el país y habló de un alto acatamiento en los establecimientos educativos de todo el país. Sin embargo, el Gobierno realiza un relevamiento a nivel nacional y cruzó a las provincias que son lideradas por peronistas.

En ese marco, durante la mañana de este lunes, el gremio realizó una movilización frente al Ministerio de Economía de la Nación, donde también se leyó un documento con fuertes críticas al Poder Ejecutivo. Participaron otras organizaciones como CONADU, CONADU Histórica y ATE.

La delegación de CTERA estuvo encabezada por su secretaria general, Sonia Alesso, y el secretario adjunto, Roberto Baradel, junto a integrantes de la Junta Ejecutiva Nacional y representantes de las entidades de base de todo el país. También participó Hugo Yasky, secretario general de la CTA de las y los Trabajadores y diputado nacional.

Durante el acto central, Alesso sostuvo que los docentes perciben “salarios de hambre” y que están “endeudados” debido a que sus ingresos continúan “congelados” y “no llegan a fin de mes”. Exigió además “de forma urgente” la apertura de la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal, que actualmente se ubica en 500 mil pesos y se encuentra por debajo de la inflación acumulada.

La dirigente también reclamó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno Nacional en 2024 por razones de equilibrio fiscal, y criticó la falta de inversión en infraestructura escolar. “El Poder Ejecutivo no construyó ni una sola escuela en lo que va de su gestión”, afirmó. Aseguró además que la crisis educativa actual es “peor que la de los años 90”, en referencia al período en que el Estado nacional “también se había desresponsabilizado” del financiamiento escolar.

Para cerrar su intervención, repudió los intentos oficiales de declarar la educación como “servicio esencial” con el fin de “bloquear los paros” y acusó al oficialismo de “intimidar” mediante multas y amenazas a los gremios en lugar de convocar a una mesa de diálogo. También ratificó la oposición de CTERA al proyecto de Ley de Libertad Educativa, al que calificó como un ataque a la gratuidad y al rol del Estado en la educación.

En paralelo, el Gobierno avanzó con el relevamiento nacional para verificar el nivel de acatamiento al paro. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, justificó la medida en declaraciones a Radio La Red: “La huelga existe, es un derecho, pero se encuentra moderada por la Ley de Modernización. Por eso, se pide que se cumpla con el 75% de la actividad, porque del otro lado hay ciudadanos”. La disposición está contemplada en el artículo 24 de la ley 27.802, que establece ese porcentaje mínimo de cobertura para los servicios declarados esenciales.

Ante la detección de incumplimientos, las sanciones recaerán sobre los gremios y no sobre los docentes individualmente, aclararon desde el ministerio. Una fuente del Gobierno advirtió a Infobae que la medida podría llegar hasta la quita de la personería gremial: “A Sandra no le va a temblar el pulso porque la educación es un tema muy importante”.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sostuvo a través de su cuenta de X que la medida busca “resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas”. Pese a que la declaración de esencialidad fue judicializada por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que conduce Sergio Romero, el Gobierno apeló el fallo del juzgado laboral N° 74 que la había suspendido en primera instancia y logró mantener su vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Desde el oficialismo señalaron a Infobae que registraron un alto nivel de adhesión al paro en las provincias gobernadas por dirigentes peronistas, como Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego. Una fuente del Gabinete responsabilizó al gobernador bonaerense Axel Kicillof de haber circulado un comunicado interno incitando a los docentes a plegarse a la protesta, aunque desde la gobernación aseguraron no tener información al respecto. “Estamos dando una batalla cultural enorme porque el culpable de que los docentes de la provincia ganen lo que ganen es Kicillof”, afirmó la misma fuente ante este medio.

En contraste, las provincias de San Luis y Mendoza dictaron clases con normalidad, mientras que Santa Fe cumplió con los mínimos establecidos por la ley y Chaco registró un bajo nivel de acatamiento, según datos preliminares relevados por la cartera.

Asimismo, desde el gobierno porteño indicaron a este medio que “la adhesión es menos del 10%” y que “funciona todo con normalidad”, con descuento de haberes para quienes adhirieron a la medida. Al cierre de esta nota, la Secretaría de Trabajo aún no contaba con los datos completos del operativo desplegado a través de las agencias territoriales en todo el país. Desde el Gobierno nacional denunciaron además que la provincia de Buenos Aires no permitió realizar los controles impulsados desde primera hora de la mañana.

Los niveles de agua en el río Rin, que han alcanzado mínimos históricos, podrían frenar el crecimiento alemán, dijeron analistas el lunes, lo que podría volver a sumir a la mayor economía de Europa en el estancamiento, justo cuando empieza a mostrar los primeros indicios de una recuperación tan esperada.

Alemania, al igual que gran parte de Europa, ha sufrido sucesivas olas de calor con escasas precipitaciones este verano boreal, lo que ha provocado bajos niveles de agua en vías fluviales como el Rin, una importante ruta de transporte para cereales, minerales, carbón y productos petrolíferos refinados.

La escasa profundidad del agua hace que los buques de carga a menudo solo puedan navegar con una carga de alrededor del 20%, lo que obliga a repartir los envíos entre varios buques y genera más gastos para la industria alemana.

El Producto Interno Bruto alemán creció más de lo esperado en el segundo trimestre, según datos de la semana pasada, y los economistas habían previsto un ligero crecimiento de no más del 0,2% para los meses de verano.

Sin embargo, los bajos niveles de agua por sí solos podrían reducir el crecimiento del PIB del tercer trimestre entre un 0,1% y un 0,2%, dijo el economista Stefan Kooths, del Instituto de Economía Mundial de Kiel, quien advirtió de que era poco probable que volvieran a situarse rápidamente sobre del umbral crítico.

“Es probable que la capacidad de transporte siga viéndose afectada por los bajos niveles de agua durante algún tiempo en el próximo mes”, dijo.

La falta de precipitaciones este verano boreal ha agravado una tendencia a largo plazo en Alemania, que ha perdido 60.000 millones de metros cúbicos de agua en los últimos 25 años debido al cambio climático, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Si no se toman medidas, la escasez de agua podría costarle a Alemania 625.000 millones de euros (714.000 millones de dólares) para 2050, es decir, unos 25.000 millones de euros al año, advirtió el ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider, que mencionó varios estudios.

Las condiciones de este verano boreal están suscitando preocupación por la economía a corto plazo, dijo Carsten Brzeski, director global de macroeconomía de ING.

“El tiempo cálido y seco del verano ha hecho que los niveles de agua en las principales vías navegables alcancen mínimos históricos, lo que podría afectar a las cadenas de suministro industriales y a la actividad del sector de la construcción”, señaló.

Se prevé que el nivel del agua en el estrecho de Kaub, en el río Rin, caiga el viernes a un mínimo histórico de 18 centímetros, según datos publicados el lunes por la Administración Federal Alemana de Vías Navegables y Transporte Marítimo.

Marc Schattenberg, economista de Deutsche Bank Research, señaló que el hecho de que la situación frene significativamente la producción económica dependerá de cuánto tiempo persistan los altos costos de transporte y de si hay interrupciones prolongadas en el transporte marítimo en lugares como Kaub.

Ya el mes pasado, Thyssenkrupp Steel suspendió el envío de materias primas a la ciudad occidental de Duisburgo con sus propios buques.

Por su parte, la empresa química alemana BASF BASFn.DE dijo el lunes que, aunque hasta la fecha había mantenido el transporte por vías navegables, podrían producirse cuellos de botella aislados en el suministro si persisten las condiciones meteorológicas actuales.

“Si la sequía continúa, supondría una mayor carga para la economía alemana, que ya se encuentra en una situación muy precaria”, dijo Dirk Binding, experto de la Cámara de Comercio e Industria de Alemania (DIHK).

(Reuters)

El martes pasado, el mercado financiero argentino detectó movimientos inusuales y surgieron sospechas de una posible intervención del Tesoro en la plaza cambiaria, nunca confirmada de manera oficial. Según fuentes del sector, ese día aparecieron señales de que el Gobierno habría salido a vender dólares con el objetivo de impedir que el tipo de cambio mayorista superará los $1.500.

Esta percepción se extendió entre operadores y analistas, quienes observaron una dinámica diferente en la operatoria habitual. Y días más tarde, con la publicación del balance diario del Banco Central (BCRA) se agregó un elemento que respalda las hipótesis de que el Gobierno jugó fuerte para frenar al billete: ese día los depósitos del Tesoro en moneda extranjera cayeron USD 145 millones, un indicio de que podría haber vendido ese cifra.

La información del balance diario del BCRA mostró que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro bajaron de USD 3.330 millones a USD 3.185 millones entre el 28 y el 29 de julio. Esta variación de USD 145 millones coincidió con el día en el que el dólar mayorista estuvo a punto de superar la barrera de los $1.500.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía sobre las causas de esta baja, no existió respuesta al cierre de la nota. El silencio oficial contribuyó a que se consolidara la sospecha de que el Tesoro utilizó parte de sus depósitos en dólares para intervenir y evitar una suba abrupta de la cotización.

La sospecha de la intervención del Tesoro en el mercado se generó el mismo día en que el BCRA rompió la racha de compra de reservas internacionales. Hasta el lunes, la entidad que conduce Santiago Bausili llevaba 135 jornadas de compra consecutivas y el día después a la declaración de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sobre que siga comprando se frenó.

En la imagen que sigue se puede ver el contraste. En el gráfico de arriba, se ven los movimientos de un día normal en el Mercal Único y Libre de Cambios (MULC). En el gráfico de abajo, mientras tanto, se ve el movimiento del 29 de julio pasado, día en que según operadores las ventas oficiales le pusieron un techo en $1.500 al dólar mayorista.

La comparación de la manera en que se mueven las curvas de oferta y demanda en un día normal, sin líneas rectas antinaturales, y la manera en que se operó el dólar mayorista el martes de la semana pasada -con una clara línea recta que impide que el precio se asiente encima de los $1.500- sugiere, también, que una entidad pública se encargó de vender todos los dólares que sean necesario para impedir una suba de la divisa. Hoy se conoció una caída en la tenencia de dólares de la cuenta del Tesoro en el BCRA, lo que indicaría que el que salió a vender fue el propio ministerio de Economía.

Para el mercado, el Gobierno habría establecido un techo interno dentro de las bandas cambiarias: el dólar mayorista no puede superar los $1.500. Después del martes, el tipo de cambio bajó en las días siguientes y el viernes cerró en $1.485. Este lunes, hasta el mediodía, la cotización presentó un leve salto a 1.493 pesos.

Dollar-linked

La principal explicación del por qué de la intervención cambiaria que dan en las mesas es que el ministro de Economía, Luis Caputo, tenía un particular interés en controlar el tipo de cambio aquél día. El martes pasado era la jornada predeterminada para la fijación del tipo de cambio a partir del cual se pagaría una Lelink -letra dollar-linked- emitida por el Tesoro. El tipo de cambio que se cerrara ese día, entonces, iba a ser determinante para los costos que debía pagar Hacienda por esa letra.

“El BCRA interrumpió su racha de compra. Ayer la autoridad monetaria no adquirió dólares en el mercado oficial por primera vez desde el 2 de enero. Sin embargo, la ausencia de compras no fue casual ya que coincidió con el fixing de la D31L6, la Lelink que vence el viernes y que llegaba al ajuste con un outstanding de USD 2.247 millones, el mayor de todos los instrumentos dólar-Linked que se fijaron este año”, destacaron el informe de PPI.

Poder de fuego para las elecciones

En las últimas horas, el presidente Javier Milei se refirió al panorama cambiario y a los riesgos de un salto del dólar en una entrevista con LN+. Consultado sobre la posibilidad de una suba abrupta, Milei reconoció la existencia de riesgos, pero describió una estrategia oficial basada en la acumulación de reservas y el cierre de líneas de financiamiento.

“Los riesgos existen, pero ¿Qué es lo que hace usted respecto al riesgo? Nosotros teníamos un plan pactado con el Fondo de acumulación de reservas, un mínimo de USD 7.000 millones hasta un máximo de USD 10.000 millones. Llevamos acumulados casi USD 14.000 millones, esto quiere decir que de acá a fin de año nosotros habremos acumulado USD 20.000 millones por si tenemos un evento complicado”, afirmó Milei.

El presidente agregó que el Gobierno ya tenía cerrado el financiamiento necesario, lo que permitía reducir la presión sobre el mercado de cambios. Además, precisó que el país disponía del swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y que estaban en gestiones para cerrar un swap adicional con China. “Cuando usted quiera darse cuenta, se va a encontrar que con una cosa y la otra, más lo que teníamos, tenemos USD 60.000-70.000 millones y además que ya cerramos el financiamiento. Nosotros estamos tomando todas las medidas macroprudenciales y si es necesario apretar clavijas, lo vamos a hacer”, detalló Milei.

El problema está en que si el Tesoro esta interviniendo en el mercado para control al tipo de cambio y que no supere los $1.500, el Gobierno esta haciendo uso de los dólares que se consiguen en el mercado de capitales y que tienen como destino cubrir los vencimientos en moneda extranjera de este año, según el programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante años, la lógica de la defensa antiaérea fue relativamente sencilla: frente a cualquier amenaza, la prioridad era desplegar el interceptor más capaz, sin importar demasiado su costo. Pero la expansión de drones baratos y municiones de bajo precio alteró por completo esa ecuación. Hoy, para Estados Unidos, el problema ya no es únicamente destruir el blanco, sino hacerlo sin gastar varias veces más de lo que cuesta el propio objetivo.

Ese cambio está empujando al Pentágono a revisar tanto su estrategia militar como su manera de contratar tecnología. El mejor ejemplo es la competencia que protagonizan Raytheon, uno de los gigantes históricos de la industria de defensa, y Anduril, una startup nacida en Silicon Valley que busca desafiar el modelo tradicional con una propuesta completamente distinta. Sobre ese fenómeno giró la columna de Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, donde analizó cómo la irrupción de nuevos actores está modificando uno de los negocios más conservadores del mundo.

“Una cosa que hemos discutido acá en profundidad tiene que ver con los costos de los conflictos armados modernos”, explicó el especialista. “Más de dos terceras partes del stock de misiles interceptores de Estados Unidos se ha utilizado muchas veces para derribar drones pequeños y baratos”, señaló, al describir una realidad que se volvió evidente en los últimos años: amenazas relativamente económicas obligan a utilizar armamento mucho más sofisticado y costoso, una asimetría que termina desgastando incluso a la mayor potencia militar del planeta.

Cuando el problema ya no es derribar el blanco, sino cuánto cuesta hacerlo

Frente a ese escenario, el Pentágono comenzó hace algunos años a buscar una alternativa. El primer paso fue recurrir a uno de sus proveedores tradicionales y encargarle a Raytheon el desarrollo del Coyote, un interceptor pensado específicamente para enfrentar drones y otros blancos de bajo costo sin recurrir a los misiles más caros del arsenal estadounidense.

Sin embargo, mientras ese proyecto avanzaba, apareció un competidor inesperado. “Apareció una empresa muy disruptiva”, resumió Serbin Pont. Se trata de Anduril, que decidió cuestionar la lógica desde el principio. “Dijeron: ‘No vamos a necesitar un misil, porque un dron Shahed no vuela tan rápido. No hace falta’”.

La empresa desarrolló un interceptor propulsado por un motor a reacción que busca romper con una de las principales desventajas de los sistemas actuales: la imposibilidad de recuperar el armamento una vez lanzado. “La idea es que se dirija contra el blanco y que, si a mitad de camino se dan cuenta de que no vale la pena interceptarlo o que por alguna razón ya no hace falta hacerlo, el interceptor pueda volver a su base, ser repostado y quedar listo para volver a utilizarse”, explicó.

La startup que desafía al complejo militar-industrial

La innovación, sin embargo, no termina en el producto. Para Serbin Pont, la verdadera ruptura está en el modelo de negocios que propone Anduril. Mientras las grandes contratistas históricas suelen desarrollar nuevos sistemas a partir de contratos financiados por el Estado, la startup adoptó una lógica mucho más cercana a las empresas tecnológicas.

“Anduril hizo la de la startup”, resumió el analista. “Golpeó la puerta del Pentágono y le dijo: ‘Te vendo 150 de estos por 500 millones de dólares. Ya los tengo listos para que los uses’”. En otras palabras, la compañía asumió previamente el costo del desarrollo con capital privado y recién después salió a ofrecer un producto terminado.

Ese cambio, sostuvo, podría anticipar una transformación mucho más profunda en la industria de defensa. “Se espera que se empiece a convertir en la norma con muchas de estas nuevas empresas que están surgiendo. Asumen los costos a través de los inversores, hacen el desarrollo in house y salen a ofrecer un producto listo para que compre el Pentágono”, explicó.

Aunque los contratos de Anduril ya suman miles de millones de dólares, Serbin Pont recordó que todavía se trata de cifras modestas frente al volumen histórico de empresas como Raytheon, Lockheed Martin o Boeing. Sin embargo, el crecimiento de estas nuevas compañías ya está obligando a los grandes fabricantes a acelerar sus propios procesos de innovación.

Una carrera que todavía no tiene ganador

La competencia ya empezó a mostrar sus efectos. Mientras la Armada estadounidense continúa evaluando ambos sistemas, Raytheon respondió incorporando capacidades similares a las de su rival y desarrolló una nueva versión del Coyote capaz de regresar tras una misión, una característica que hasta hace poco distinguía exclusivamente a la propuesta de Anduril.

“Claramente Anduril encontró una faceta en la cual podían mejorar el producto”, señaló el especialista, al destacar que la irrupción de nuevos jugadores está empujando a toda la industria hacia soluciones más flexibles y económicas.

Más allá del guiño a los nombres inspirados en los clásicos personajes de dibujos animados, Serbin Pont explicó que su elección responde a la capacidad de Anduril para romper con las reglas tradicionales de la industria.

“Me parece mucho más innovadora la propuesta de Anduril. Aun si después encuentra limitaciones técnicas, parte de una lógica que rompe con los esquemas tradicionales de la defensa antiaérea y creo que tiene mucho más potencial para evolucionar”.

La disputa entre ambas compañías, concluyó el analista, trasciende la competencia por un contrato puntual. Refleja un cambio más profundo dentro del Pentágono: en un escenario donde las amenazas son cada vez más numerosas, baratas y fáciles de producir, la ventaja ya no pasa solamente por construir el interceptor más sofisticado, sino por desarrollar sistemas que también sean sostenibles desde el punto de vista económico y por encontrar nuevas formas de incorporar innovación al aparato militar estadounidense.

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Las exportaciones argentinas apuntan este año a los USD 100.000 millones, un umbral que el país nunca alcanzó, con hidrocarburos, minería y agroindustria como motores del salto. Doce provincias registraron incrementos de ventas al exterior de entre el 14% y el 110% desde enero.

El superávit comercial acumula USD 13.923 millones hasta julio. Y, aun así, de las 24 provincias del país, solo tres muestran un aumento en el número de asalariados privados formales: Neuquén, Río Negro y San Juan —las mismas que concentran buena parte de la producción de hidrocarburos y minerales metálicos—. Esa es la paradoja que define la economía argentina de 2026: un boom exportador que genera divisas, pero no empleo.

Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) cataloga esta paradoja como “crecimiento desbalanceado“ y se refiere a una expansión apoyada en sectores de alto valor exportador y baja intensidad laboral, que coexiste con el estancamiento de las ramas que concentran la mayor parte del empleo del país.

Según el análisis de Ieral sobre datos del EMAE, la actividad del comercio creció a una tasa anualizada del 3,3% en el primer semestre, la de la industria al 2,6% y la del transporte y las comunicaciones al 1,9% -crecimientos que, además, no se tradujeron en nuevos puestos de trabajo-. Esos tres sectores, rezagados frente al dinamismo de la energía y los recursos naturales, explican el 34% del empleo total del país.

El límite de los recursos naturales

Por caso, los sectores que lideran el crecimiento -hidrocarburos, minería metalífera y agroindustria- tienen en común una característica puntual, y es que generan mucho valor por trabajador, pero pocos puestos de trabajo por dólar exportado. El agro emplea a 324.300 trabajadores registrados, el 5,2% del empleo privado formal. La minería, a menos de 90.000. Juntos, dos de los tres pilares del boom exportador concentran menos del 7% del total de asalariados privados del país, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) publicados por la Secretaría de Trabajo en junio.

El empleo minero refleja este problema. El rubro metalífero -oro, plata, cobre- sumó 13.026 puestos en marzo, con un crecimiento interanual del 6,6%. Pero esa expansión se posa sobre un universo acotado: de las 59 empresas del sector, apenas 12 concentran el 82% del empleo, con una nómina promedio de 891 trabajadores cada una. El 90% de los montos comprometidos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) todavía no pasó del anuncio al desembolso, lo que significa que el empleo minero actual no es producto de la nueva inversión, sino de un núcleo reducido de operaciones consolidadas, varias de ellas en fase de cierre o extensión de vida útil.

El sector energético, por su parte, proyecta un salto mayor, pero también en el futuro. YPF prevé que el desarrollo de Vaca Muerta generará hasta 90.000 puestos de trabajo para 2029, entre directos, indirectos y los vinculados a obras de infraestructura.

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, estimó una demanda de alrededor de 40.000 trabajadores adicionales en el núcleo oil & gas en los próximos cuatro años.

Esos números son relevantes, pero no resuelven el problema del presente: hoy, la cuenca neuquina emplea a poco más de 30.000 trabajadores directos en el sector de hidrocarburos, una cifra que contrasta con los miles de millones de dólares que Vaca Muerta ya aporta al superávit comercial.

El riesgo del crecimiento sin empleo

El caso de Chile ofrece un antecedente que los economistas argentinos miran con atención. El cobre representa en promedio el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) chileno y llegó a superar el 56% de las exportaciones totales durante el boom de 2010-2011. Sin embargo, el empleo directo en minería nunca superó el 3% del empleo total del país.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) documentó que los efectos del precio del cobre sobre el empleo nacional son marginales, y que el sector funciona como un “enclave” con su propia fuerza laboral concentrada en regiones del norte.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en un análisis de 2017, encontró que los derrames de la minería hacia la manufactura y la construcción existen, pero son modestos. La Argentina enfrenta una pregunta similar: ¿cuánto de la riqueza que genera Vaca Muerta, la franja cuprífera de San Juan y La Rioja, o la soja del centro del país, se traduce en empleo fuera de esos enclaves?

Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por el presidente Javier Milei, se refirió a esa pregunta esta semana durante el Webinar de BlackTORO. La apertura comercial, explicó, debilitará a sectores industriales concentrados en el Gran Buenos Aires mientras otras actividades ligadas a los recursos naturales ganan participación.

El problema, advirtió Arriazu, es que ese desplazamiento productivo no arrastra personas. “La gente no se mueve”, dijo, y agregó que “tarda mucho en moverse, lo cual te plantea un desafío”.

Para Arriazu, esa inercia demográfica es el corazón del problema: “Esto va a generar bolsones de descontento, bolsones de desempleo y de pobreza, justo en la zona políticamente más intensa”.

La apuesta a la infraestructura

Desde el arranque del gobierno de Milei, el sector agropecuario y pesquero fue uno de los pocos que sumó trabajadores: 28.059 puestos registrados entre noviembre de 2023 y abril de 2026, un alza del 8,3% en su plantel. Pero ese número equivale a menos del 10% del empleo perdido en otras ramas de actividad en el mismo período. El empleo privado registrado total cayó un 3,46%, con 341.396 puestos menos, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El informe de Ieral apunta a una salida posible, aunque no inmediata. Los sectores en expansión -con alto sesgo exportador y limitada propensión a importar- empiezan a justificar inversiones en infraestructura largamente postergadas.

El Índice Construya registró un crecimiento del 6,3% desde diciembre, y el sector construcción mostró un alza anualizada del 25,3% en el primer semestre, la más alta entre todas las ramas. Ese sector participa con el 9% del empleo total y tiene mayor capacidad de derrame territorial que la minería o los hidrocarburos.

Empresas con inversiones activas en Vaca Muerta ya convocan a 800 proveedores locales. El gas natural a industrias en Argentina cuesta un tercio de lo que vale en Francia o Alemania, y la mitad que en Brasil o China, una ventaja competitiva que empieza a atraer industrias de fertilizantes y químicos. La pregunta que queda abierta es si esos efectos multiplicadores llegarán a tiempo para aliviar la presión sobre el mercado laboral en las regiones que el boom exportador todavía no alcanza.