
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su Informe sobre el Clima de Inversión 2026 (ICS, por sus siglas en inglés), un documento que evalúa las condiciones para los negocios y las inversiones extranjeras en distintos países del mundo. El capítulo dedicado a la Argentina describe una economía en transición, marcada por reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023, pero también por desafíos que persisten pese a los avances registrados.
El texto sostiene que, desde su llegada al poder, la administración libertaria “ha revertido políticas intervencionistas y ha impulsado reformas estructurales para posicionar a Argentina como una economía de mercado”.
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Sin embargo, el propio reporte advierte que los problemas de fondo no están resueltos: “Sus desafíos más apremiantes incluyen la sostenibilidad de la deuda, la inflación persistente y el desmantelamiento total de los controles de capital”.
La baja de la inflación
Uno de los datos más destacados del análisis del gobierno de EE.UU. es la trayectoria de los precios. Allí se detalla que la reducción de la inflación fue “una prioridad principal” del Gobierno: “en 2025, el gobierno redujo la inflación al 31,5%, desde el 117,8% en 2024 y el 211,4% en 2023”. La cifra representa, según el propio Departamento de Estado, “el nivel más bajo en ocho años” para la economía argentina.
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Ese proceso de desaceleración estuvo acompañado por un ajuste fiscal que el organismo estadounidense destaca como un hito histórico. Tras recortar el gasto, “el Gobierno acumuló un superávit primario del 1,4% y cerró el año con un presupuesto equilibrado por segundo año consecutivo, un hito no visto desde 2007-2008”. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) además introdujo en 2026 un esquema de flotación cambiaria dentro de una banda predeterminada, cuyos límites se ajustan conforme a la inflación pasada.
El FMI avaló el rumbo
El informe repasa en detalle el vínculo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el organismo aprobó un Servicio Ampliado de 48 meses por USD 20.000 millones, con un desembolso inicial de 12.000 millones de dólares. En mayo de 2026, tras completar la segunda revisión del acuerdo, el FMI habilitó un giro adicional de 1.000 millones de dólares. Según el documento, el organismo “señaló el sólido progreso en el fortalecimiento de la disciplina fiscal, la reconstrucción de reservas internacionales y el avance de reformas económicas clave”.
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A partir de 2026, el programa pasa a revisiones semestrales hasta 2029, con desembolsos de aproximadamente USD 700 millones en cada una de las siete instancias restantes. Entre los pilares del acuerdo, el reporte menciona mantener un ancla fiscal sólida, transitar hacia un régimen monetario y cambiario más flexible, y aplicar reformas estructurales que promuevan “una economía más dinámica y orientada al mercado”.
El cepo cambiario
El desmantelamiento del cepo cambiario ocupa un lugar central en el análisis. El reporte recuerda que en 2019 el Gobierno de entonces reimplantó los controles cambiarios “en respuesta a un deterioro de la situación financiera y económica”, y que las restricciones se ampliaron durante 2022 y 2023, lo que “contribuyó a distorsiones económicas y a un aumento de la incertidumbre para los inversores”.
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Con la asunción de Milei, el Departamento de Estado documenta un giro: en abril de 2025 el BCRA anunció “el fin de la mayoría de los controles de capital y de cambio para individuos, que habían estado vigentes desde septiembre de 2019”. Las personas físicas obtuvieron acceso irrestricto al mercado cambiario oficial, sin el límite mensual de 200 dólares que regía antes.
No obstante, el informe aclara que “algunas restricciones permanecen para las empresas que buscan acceso al mercado cambiario para pagar deuda comercial y financiera heredada, así como dividendos”. El objetivo declarado del oficialismo libertario es “eliminar los controles de capital restantes para fines de 2026, aunque el momento y el alcance siguen sujetos a las condiciones económicas”.
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Una reforma laboral clave quedó parcialmente frenada por la Justicia
El informe también documenta un revés para la agenda de reformas. En febrero de 2026, el Congreso aprobó la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), vigente desde el 6 de marzo, que introdujo “reducciones en ciertas obligaciones de indemnización, la creación de un Fondo de Cese Laboral y modificaciones a las regulaciones sobre horas de trabajo y relaciones laborales”.
Sin embargo, el propio Departamento de Estado señala el contragolpe judicial: “el 30 de marzo de 2026, los tribunales laborales suspendieron 82 disposiciones de la ley en respuesta a impugnaciones legales presentadas por los sindicatos, lo que generó incertidumbre respecto del alcance y el momento de implementación de varias reformas clave”.
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Cabe destacar que, semanas más tarde, la Justicia argentina revocó las medidas cautelares que frenaban parte del articulado de la ley de Modernización Laboral, que se encuentra en plena vigencia.
El reporte agrega que “empresas domésticas y extranjeras continúan citando la elevada carga tributaria y las rígidas leyes laborales de Argentina como obstáculos clave para la inversión”.
El acuerdo comercial con EEUU y el “Super RIGI”
Entre los avances más recientes, el reporte destaca la firma, el 5 de febrero de 2026, del Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversión entre ambos países (ARTI), que “busca reducir aranceles, expandir la aceptación de estándares internacionales, proteger los derechos de propiedad intelectual y profundizar la cooperación económica”.
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Como parte de ese compromiso, en marzo de 2026 Argentina derogó sus criterios restrictivos de patentabilidad farmacéutica, lo que permitió su salida de la Lista de Observación Prioritaria del Informe Especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
En materia de incentivos a la inversión, el reporte detalla el lanzamiento, el 8 de mayo de 2026, de un “Super RIGI” anunciado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, diseñado para atraer proyectos de entre USD 20.000 y USD 30.000 millones en sectores como cobre, litio, energía nuclear, gas natural licuado y centros de datos de inteligencia artificial.
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El régimen ampliado “reduce el impuesto a las ganancias corporativas para los megaproyectos que califiquen del 25% al 15%” y elimina aranceles de exportación e importación desde el primer día, aunque la propuesta aguarda aún aprobación del Congreso.
La corrupción y la debilidad institucional siguen preocupando
El capítulo dedicado a la lucha contra la corrupción reconoce avances normativos, pero también persistencia de fallas estructurales. Según el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe de marzo de 2026, Argentina necesita “una aplicación más firme, mejores protecciones para denunciantes, procesamiento oportuno, plena implementación del código penal federal y menos vacantes judiciales”.

Además, el informe cita a los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial para advertir que “la corrupción continúa siendo un área de preocupación en Argentina” y que “instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado dificultan los esfuerzos sistemáticos para frenar la corrupción”.
En ese sentido, también apunta directamente al funcionamiento de los tribunales: “En la práctica, persisten instancias de interferencia política en el proceso judicial. Las empresas han reportado preocupaciones sobre la falta de transparencia y confiabilidad en los tribunales y alegan que el gobierno ha utilizado el sistema judicial para ejercer presión sobre el sector privado”.
El gasto en protestas bajó, aunque persiste la conflictividad social
A la vez, el Departamento de Estado norteamericano dedica un apartado a la situación política y de seguridad, donde subraya que las manifestaciones son habituales en Buenos Aires y otras ciudades, pero “generalmente no se consideran un impedimento significativo para el clima de inversión en Argentina”.
Con todo, documenta huelgas generales el 9 y 10 de abril de 2025 y el 19 de febrero de 2026, esta última con “enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que derivaron en heridos y detenciones” durante las protestas contra la reforma laboral.
Un dato que el propio Departamento de Estado resalta como positivo: “Según datos del gobierno, la cantidad de protestas que interrumpieron las redes de transporte en 2025 cayó a su nivel más bajo en 25 años”.
El proceso de privatizaciones
El reporte también repasa el avance del programa de privatizaciones amparado en la Ley de Bases (Ley 27.742 de 2024). No todos los intentos prosperaron: en marzo de 2026 el Gobierno lanzó una licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de Intercargo S.A.U., pero en julio de 2026 el Ministerio de Economía “declaró desierta la licitación tras no recibir ofertas válidas”.
En contraste, en enero de 2025 el Estado transfirió su participación en la metalúrgica IMPSA a la firma estadounidense Arc Energy por 27 millones de dólares, dentro de la política de “déficit cero”.





















