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El fenómeno llama la atención de quienes visitan el país y se convirtió en un tema recurrente entre los viajeros que recorren sus principales ciudades.

Así como un informe del Ieral mostró que el boom exportador de petróleo, gas y minería se “derrama” de forma dispar entre provincias, estudios recientes destacan el hasta ahora escaso impacto del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) sobre el nivel efectivo de inversión.

Uno del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina, que dirige el economista Jorge Colina, precisó, con base en datos del Ministerio de Economía, que entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, mientras las exportaciones crecieron 38% y el consumo privado creció 8%, la inversión productiva cayó 4 por ciento.

“Las exportaciones de combustibles y energía se duplicaron, las de productos primarios crecieron 74% y las de bienes industrializados 30%. En general, se caracterizan por ser intensivas en recursos naturales. En contraposición, las actividades urbanas, que son más empleo-intensivas, están estancadas e incluso en leve caída”, dice un pasaje.

Por esta razón, no es extraño que se destruyan empleos formales y que se compensen con empleos cuentapropistas informales que, en definitiva, son empleos de supervivencia”, subrayó Idesa.

La inversión, por debajo de las exportaciones y el consumo

Tomando datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hasta el primer trimestre de este año, Damián Falcone, profesor de Economía y Finanzas del IAE Business School y socio de la consultora Upside Risks, observó que la economía creció 2,3% interanual, impulsada por las exportaciones, que avanzaron 9,8%, y por el consumo privado, que subió 2,7 por ciento.

Pero la formación bruta de capital fijo cayó 11,6% y acumula cuatro trimestres consecutivos de retroceso en la medición desestacionalizada. “La inversión pasó de representar el 20% del PBI en el primer trimestre de 2025 al 17,2% un año después, a precios constantes”, precisó Falcone.

Más grave aún, destacó, es que 76% de la caída se debe al rubro “Maquinaria y equipo”, el componente más ligado a la ampliación de la capacidad de producción y a decisiones de mediano plazo.

Según Falcone, el RIGI es capaz de transformar la matriz exportadora, pero no hay que confundir magnitudes. Entre agosto de 2024 y abril de 2026, precisa, se presentaron 35 proyectos por USD 81.104 millones y, a junio de 2026, se habían aprobado 16 por un total de USD 29.892 millones. Para los primeros 12 proyectos aprobados, la información oficial prevé desembolsos por USD 1.920 millones durante sus dos primeros años.

“Presentar, aprobar y desembolsar no son la misma cosa”, enfatizó el economista, para agregar que eso implica unos USD 960 millones anuales: “menos del 1% de la inversión anual argentina”.

Aunque el total aprobado se ejecutara en seis años, sería un flujo de USD 5.000 millones anuales, que llevaría la inversión de 17,2% a 17,9% del PBI. Un aumento muy leve si se tiene en cuenta que The Growth Report, un informe del Banco Mundial que analizó las 13 economías que crecieron a un ritmo mayor al 7% anual durante 25 años, ubicó el umbral de inversión necesario en torno al 25% del PBI. La brecha argentina respecto de ese requerimiento es de casi ocho puntos del PBI.

“El RIGI cubre, en su mejor escenario, alrededor del 9% de esa distancia”, dijo Falcone. Además, identificó tres límites naturales: más del 95% del volumen anunciado corresponde a minería e hidrocarburos, por lo cual implica un cambio de nivel y no una trayectoria. “El capital que hoy se contabiliza pertenece a la etapa de construcción y no alcanza a las decenas de miles de empresas que nunca calificarán para un régimen especial”, explicó.

Al respecto, citó a Douglass North, Premio Nobel de Economía de 1993, quien definió las instituciones como las reglas de juego que estructuran interacciones y determinan el horizonte de inversión.

“Un régimen de excepción como el RIGI es, en el fondo, un sustituto contractual de esa previsibilidad: si resulta necesario garantizar la estabilidad de las reglas de juego por ley durante 30 años a un grupo de grandes proyectos, es porque las reglas generales aún no gozan de credibilidad plena. El instrumento es correcto para esta etapa, pero el objetivo de largo plazo debería ser volverlo innecesario”, explicó.

Empleo directo e indirecto en energía y minería

Carolina Donnelly, colaboradora científica del IAE Business School, se preguntó a su vez cuánto empleo pueden generar la energía y la minería. Citó el caso de Argentina LNG, el proyecto más grande presentado al RIGI: USD 51.000 millones de inversión, incluidos USD 15.000 millones en compras a proveedores nacionales.

El emprendimiento generaría unos 20.000 empleos directos e indirectos, con picos de hasta 40.000, durante la etapa de construcción. Pero una vez operativo sostendría “solo” 8.000 puestos, directos e indirectos. Esto arroja una relación de casi USD 6,4 millones entre inversión total y empleo permanente.

“Los sectores que hoy lideran el crecimiento en Argentina —minería, energía y agro— son intensivos en capital y generan relativamente poco empleo directo en relación con el volumen de inversión y producción. Sin embargo, medir su impacto laboral únicamente por los puestos que generan de manera directa puede ser incompleto. Su capacidad de creación de empleo depende también de los encadenamientos que desarrollan con otros bienes y servicios y del efecto multiplicador que esos vínculos generan sobre el resto de la economía”, señaló. También refirió las experiencias de Australia y Chile.

En el país oceánico, la minería pasó de representar alrededor del 5% del PBI en 1990 a cerca del 15%, con impactos geográficos sobre el empleo. Entre 1990 y 2025, Queensland y Western Australia, dos estados mineros, aumentaron su participación en el empleo nacional en 5,6 puntos porcentuales en total. New South Wales y Victoria, donde se encuentran grandes urbes como Sidney y Melbourne, perdieron 3,3 puntos.

Donnelly describió que, a partir de problemas como las distancias, las condiciones geológicas y la escala de los proyectos, empresas locales desarrollaron soluciones específicas que luego exportaron al mundo. Así surgió un ecosistema de proveedores conocido como METS, por Mining Equipment, Technology and Services, que abarca ingeniería, equipamiento y mantenimiento, además de software, automatización y servicios.

Según un cálculo de Deloitte para 2019-2020, ese ecosistema sostenía 483.000 empleos directos y 648.000 indirectos: más de 1,1 millones de puestos y cerca del 11% del total de Australia.

En Chile, siguió Donnelly, la minería empleaba directamente a más de 300.000 personas e indirectamente a otras 900.000 en 2025, para un total equivalente al 13% del empleo del país.

El trabajo cita estimaciones del Centro de Estudios de Producción (CEP XXI), que entonces dirigía Daniel Schteingart, hoy investigador de Fundar, según las cuales el petróleo y la minería están entre los sectores con mayor potencial de generación de empleo indirecto.

El sector petrolero, por caso, genera cuatro empleos indirectos por cada puesto directo. La tabla de “multiplicadores” de empleo que elaboró el CEP XXI abarca desde un efecto multiplicador nulo en el trabajo doméstico y muy bajo en la enseñanza —90,2% de empleo directo y 9,8% indirecto— hasta sectores como electrónica e instrumentos médicos, vehículos, alimentos, bebidas y tabaco, y extracción y refinación de petróleo, donde más de 75% del empleo generado es indirecto.

El desafío de construir una red de proveedores

El impacto total, concluyó la colaboradora científica del IAE, dependerá del “tejido productivo” que se forme alrededor de los grandes proyectos.

“Si estos logran traccionar proveedores, tecnología y servicios locales, su efecto sobre el empleo puede extenderse bastante más allá del yacimiento o de la mina”, dijo. Las empresas deben apuntar a qué problemas nuevos necesitarán resolver esos sectores y qué productos o servicios podrán ofrecerles. El objetivo es convertir la expansión de los recursos naturales en un impulso al desarrollo de nuevas capacidades productivas.

Infobae ya reportó en mayo último el debate mundial en torno del trabajo, intensificado por el boom de la inteligencia artificial, y el cambio de posición de Dani Rodrik, profesor de Harvard y reconocido “industrialista”, quien declaró haberse convertido en un “escéptico de la manufactura” como proveedora de empleo. Según planteó, la clave pasó a ser la ocupación en servicios, pero con capacitación y alta productividad.

José Luis Daza, tal vez el miembro más optimista del equipo económico que encabeza Luis Caputo y el principal defensor de la política económica oficial, planteó entonces el mismo argumento en una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí enfatizó que el grueso del empleo se creará de modo indirecto y florecerá en el sector de servicios.

¿Hacia la Patagonia y el NOA?

Ese optimismo también está detrás del pronóstico del secretario de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien hace unas semanas mencionó al diario británico Financial Times y el pasado viernes repitió en la Bolsa de Comercio de Córdoba que en los próximos 30 años unos cuatro millones de argentinos migrarían a la Patagonia y al Noroeste Argentino (NOA), donde estarán las oportunidades de empleo.

Esa proyección surge de un paper de siete estudiantes de la Universidad de San Andrés —Francisco Alanis, Bautista Blaiotta, Santino Boetto, Juan Cruz Menutti, Franco Salvo, Franco Tejada y Joel Vicencio—, supervisado por el propio Sturzenegger y Javier García Cicco.

El estudio calculó que, así como a mediados del siglo XX la Argentina atravesó un cambio político (el peronismo) que exacerbó un esquema económico y articulación de poder entre Estado, empresas y sindicatos (la industrialización por sustitución de importaciones) e incentivó las grandes urbanizaciones, en las próximas décadas el cambio de régimen económico, basado en la apertura y la desregulación, producirá una reasignación de recursos y una migración interna en sentido contrario, que los autores llaman “desurbanización”.

Al cabo de ese hipotético movimiento, proyecta el estudio, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) perdería cerca de 4,2 millones de habitantes, casi 24% de su población actual. De todos modos, junto a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, seguiría siendo el principal núcleo de población del país. El título del paper es: In the Long Run We Are All in the Pampas: Un modelo de transición demográfica para Argentina.

La novedad es que a la vez aumentaría el peso de provincias como Neuquén, cuya población crecería en casi 1,5 millones de personas; Catamarca, con un millón de habitantes más, un alza de 238%; San Juan, con 750.000 habitantes más, un crecimiento de 44%; Jujuy, con 780.000 nuevos pobladores, casi 80% más que ahora; y Salta, con 460.000 habitantes adicionales, un incremento de 28%, cambiando la intensidad de los colores celeste y azul, como muestran los mapas más arriba.

¿Otra economía, otra geografía poblacional, otra política, otra Argentina? Quedan muchos años y muchas elecciones, no solo legislativas o presidenciales, para dilucidarlo.

La pobreza alcanzó al 32,3% de la población en el primer semestre del año, unos 15 millones de personas, mientras que la indigencia afectó al 7,5%, equivalente a cerca de 3,5 millones. Las cifras suponen un deterioro en relación a 2025, que se explica fundamentalmente por la debilidad del mercado laboral y los ingresos, en un escenario de estancamiento de la actividad económica. Para los próximos meses, distintos especialistas anticipan cierta estabilidad en el indicador.

En comparación con el segundo semestre de 2025, la cantidad de personas en situación de pobreza se incrementó en alrededor de 1,9 millones, en tanto que unas 538.000 se sumaron al universo de quienes no logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

La consultora Equilibra estimó de manera preliminar que su medición alternativa de pobreza, que corrige por subdeclaración de ingresos y contempla canastas actualizadas de la ENGHo 2017/18, arroja una incidencia cercana al 45% de la población, 1,4 puntos porcentuales por encima del segundo semestre del año pasado.

Por otro lado, el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) calculó que, sin transferencias sociales como la AUH, la Tarjeta Alimentar, las Pensiones no Contributivas, el Progresar y los programas de empleo, la pobreza llegaría al 35,3% y la indigencia al 12 por ciento.

Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, la desmejora respondió a una combinación de factores:

• Menor dinamismo y peor calidad del empleo. La caída desestacionalizada del PBI en el segundo trimestre coincidió con destrucción de puestos registrados y expansión de ocupaciones informales y precarias. El problema no es solo la cantidad de puestos, sino también su productividad, estabilidad y remuneración.
• Menor impulso de los ingresos laborales. La recuperación del poder adquisitivo que acompañó la reducción de la pobreza perdió fuerza hacia fines de 2025. Los salarios registrados volvieron a caer en términos reales, en un contexto de mayor fragilidad del empleo.
• Reversión de los precios relativos favorables. Durante 2024 y buena parte de 2025, los alimentos y otros componentes de las canastas básicas se encarecieron por debajo de la inflación, lo que contribuyó a bajar la pobreza. Desde fines de 2025, esa dinámica se modificó: en el primer semestre, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) avanzó 21,6% y la Canasta Básica Total (CBT) 19,8%, frente a un índice de precios de 16,8 por ciento.
• Menor capacidad protectora de las transferencias sociales. La AUH, las jubilaciones y otras prestaciones siguen siendo relevantes, pero perdieron poder de compra. Las actualizaciones rezagadas y la pérdida de cobertura real de la Prestación Alimentar frente al costo de las canastas limitaron su aporte a la reducción de la indigencia.
• Más peso de tarifas, alquileres y servicios. Estos gastos son difíciles de sustituir y vienen incrementándose por encima de otros precios y de numerosos ingresos familiares. Al absorber una porción creciente del presupuesto, dejan menos recursos para alimentos y otras necesidades.

A su vez, la consultora LCG analizó: “No solo aumentó la pobreza en el semestre, sino que los pobres son ahora más pobres. El ingreso familiar promedio de los hogares en esta condición cubre un porcentaje menor de la CBT: apenas 64,1%. En términos absolutos, la brecha equivale a $569.100 mensuales por hogar a precios de agosto”.

Proyecciones para el segundo semestre

Desde el CIAS, el investigador Santiago Poy aseguró: “En el corto plazo, sin grandes cambios ni en inflación ni en la economía en general, deberíamos encontrar hacia fin de año una situación en materia de pobreza relativamente estable. Ya estamos terminando el tercer trimestre y los datos de salarios privados, jubilaciones y asignaciones van en ese sentido”.

De acuerdo con las estimaciones de Equilibra, el ingreso real registrado —deflactado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una canasta actualizada a partir de la ENGHo 2017/18— cayó 0,6% mensual en julio y 3,1% interanual. Así, se situó 10,3% por debajo del promedio correspondiente a enero-septiembre de 2023. El descenso estuvo encabezado por los salarios privados formales, que cedieron 1,2% mensual y 3,2% interanual.

El economista Gonzalo Carrera señaló: “Los ingresos probablemente se mantengan estables o recuperen algo de lo perdido si la inflación registra los mismos niveles que hasta ahora en el último tramo del año. Con las canastas sin grandes variaciones, el plano internacional un poco más calmo y la carne sin sobresaltos, es posible que este semestre deje de subir la pobreza”.

Daniel Schteingart, investigador de Fundar, coincidió: “No creo que esté mejorando ni empeorando. Con los ingresos reales medio estancados, veo estabilidad en el indicador hacia fin de año”.

Para el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), hay dos riesgos significativos que podrían sostener la pobreza al alza:

1. Aumento de las canastas: a pesar de la desaceleración de la inflación de los alimentos durante julio y agosto, que promedió 1,8% mensual, la CBA y la CBT acumularon incrementos superiores, de 5,3% y 4,8%, respectivamente, durante esos dos meses.
2. Deterioro de ingresos: a partir de los aumentos anunciados y de la inflación esperada, se proyecta una profundización de la pérdida de poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y de los planes sociales. En tanto, la Tarjeta Alimentar, pese a su actualización, continúa con una tendencia descendente. La jubilación mínima también seguirá viendo reducida su capacidad de compra debido al congelamiento del bono.

En otro orden, LCG planteó: “La dinámica de la pobreza está asociada, por definición, a la evolución de los ingresos de los deciles más bajos y a los precios de las diversas canastas de consumo. Pero los salarios informales venían mostrando, hasta el primer trimestre de la EPH, una dinámica difícil de explicar, con incrementos en términos reales muy elevados para el desempeño de la actividad económica”.

“Alrededor de eso, se fueron dando distintos debates entre economistas y especialistas en el mercado laboral, sin un veredicto claro. Hay cierto consenso, sin embargo, de que las fuertes subas recientes en este segmento de salarios estarían compensando un déficit de registro durante los años de aceleración inflacionaria (2021-2023). Los nuevos datos de pobreza evidenciarían que estos sesgos llegaron a su fin, y que, de ahora en más, los ingresos del sector informal empezarían a exhibir aumentos más acordes a la actividad”.

Las autoridades extendieron por siete días el operativo para localizar a quienes viajaban a bordo. El Virgo Transport 8 llevaba 213 pasajeros y 30 tripulantes cuando perdió contacto tras partir de Surabaya rumbo a Borneo.