CÓRDOBA.- Con la comisión del Senado a punto de sacar un despacho de mayoría para el marco regulatorio de biocombustibles, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), que agrupa a las pymes de la actividad, está en alerta. La iniciativa de Patricia Bullrich propone elevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del actual 7,5% al 10% y avanzar hacia un mercado más competitivo. El planteo de la Cepreb es que, como está diseñado, el cambio podría provocar una mayor concentración de la producción y poner en riesgo la continuidad de 25 plantas del interior.
A través de un comunicado, la entidad asegura que alrededor de 10.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos dependen de esas empresas. El entramado productivo tiene, además, una facturación anual cercana a los US$1000 millones.
“No es desregulación: es beneficiar a Santa Fe y destruir la industria federal de biodiésel”, señala el texto. La cámara sostiene que el proyecto actualmente en tratamiento podría trasladar una parte creciente del mercado desde las plantas regionales hacia “las grandes empresas concentradas en el polo agroexportador del Gran Rosario”.
Según la entidad, si la iniciativa se aprueba sin modificaciones, compañías que invirtieron durante años en La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires podrían quedar “condenadas a la quiebra”.
Las 25 plantas pymes involucradas están distribuidas en esos distritos y, en conjunto, cuentan con un cupo anualizado de 873.588 toneladas de biodiésel para abastecer el mercado interno.
La producción del sector Pyme ronda las 900.000 toneladas anuales destinadas al corte obligatorio. Santa Fe concentra unas 360.000 toneladas; Buenos Aires, 355.000; La Pampa, 85.000; Entre Ríos, 55.000, y San Luis, 45.000 toneladas.
Por detrás de las plantas -consigna la Cepreb- hay unas 400 extrusoras de aceite vinculadas al abastecimiento de materia prima para la producción de biodiésel.
El punto central de la discusión es cómo se organizará ese mercado si avanza una nueva ley. Para las pymes, el problema no es el incremento del porcentaje ni la idea de avanzar hacia un sistema más competitivo. Cepreb, incluso, presentó una propuesta alternativa para elevar el corte hasta el 12,5%.
Según los cálculos presentados por la entidad, pasar del actual nivel a un corte del 12,5% permitiría generar una demanda adicional de unas 600.000 toneladas anuales de biodiésel. Esa expansión, sostienen, permitiría incorporar nuevos competidores sin desplazar a las plantas que actualmente abastecen el mercado interno.
La propuesta es dividir ese 12,5% en tres segmentos: un 5% para las 17 plantas Pymes regionales, un 2,5% para ocho compañías no integradas y el 5% restante para las grandes plantas aceiteras integradas. El objetivo, explica la entidad, no es conservar los actuales cupos individuales ni reclamar precios garantizados por el Estado, sino permitir que la competencia se produzca entre empresas con condiciones estructurales similares.
El principal cuestionamiento al proyecto del oficialismo nacional apunta a las diferencias estructurales. “Para una planta ubicada en el interior del país, competir con las grandes compañías del Gran Rosario implica enfrentar costos de logística, acceso a materia prima y escala industrial diferentes”, describe el comunicado.
Las empresas concentradas alrededor del principal complejo aceitero-exportador tienen cercanía a la molienda, mayor disponibilidad de aceite, infraestructura logística y proximidad a los puertos.
“La geografía no se puede cambiar por ley”, enfatiza la Cepreb. En esa línea reclama que la nueva normativa reconozca la regionalidad como una diferencia estructural relevante.
La discusión también involucra la segmentación que propone el proyecto entre empresas “integradas” y “no integradas”. Para la cámara, esa clasificación no alcanza para reflejar las diferencias del mercado. Una compañía puede no tener molienda propia y, sin embargo, estar instalada dentro del mismo complejo aceitero, con acceso inmediato a materia prima, infraestructura y logística.
“Libre competencia, sí; pero entre empresas con condiciones comparables”, es la síntesis del planteo.
El otro punto de conflicto es la seguridad jurídica. La Ley 27.640, actualmente vigente, estableció un marco regulatorio con vigencia hasta 2030. Desde Cepreb indican que, bajo esas reglas, las empresas realizaron inversiones, contrataron personal y asumieron compromisos financieros. Una modificación anticipada “genera incertidumbre sobre la continuidad de proyectos industriales”.
