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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un nuevo procedimiento para el reintegro del IVA a turistas extranjeros que realicen compras de bienes producidos en el país, mediante una resolución publicada hoy en Boletín Oficial. Esta normativa sustituye el régimen anterior y formaliza la validación digital como mecanismo central para la gestión de devoluciones.

La resolución general 5843/2026 establece que “a efectos de optimizar y agilizar la administración de los requisitos y formalidades existentes, se estima propicio implementar un procedimiento de validación digital que asegure la trazabilidad de la totalidad de la operación sujeta a reintegro”.

El sistema implementado exige que los comercios inscriptos en el régimen emitan comprobantes específicos —factura o tique factura clase “B”— con los datos del turista y que transmitan las operaciones en línea a empresas autorizadas para prestar el servicio de devolución. Estas empresas proveerán la tecnología necesaria para la emisión electrónica de los cheques de reintegro, garantizando que se cumplan todas las operaciones, tal como lo indica el artículo 4°. Los turistas deberán exhibir su pasaporte o documento de identidad para la solicitud, siempre que la compra sea igual o supere los 70 pesos y se trate de bienes gravados producidos acá.

Los comercios que incumplan con los requisitos, tales como no transmitir operaciones o no presentar declaraciones juradas, podrían sufrir consecuencias como la suspención de acuerdo con lo expresado en el mencionado artículo.

Pasos a seguir

Se deberá gestionar el cheque de reintegro, con los datos personales, el importe a percibir y el código de identificación unívoca. La información de la compra deberá contemplar la identificación del vendedor, la fecha de emisión del comprobante, el código del tipo de comprobante, el punto de venta y número de comprobante, entre otros datos. “El cheque de reintegro tendrá una validez de seis meses desde su fecha de emisión”, explicaron en el documento.

El circuito para el turista contempla la entrega del comprobante de compra y el cheque de reintegro. Al salir del país, deberá validar digitalmente la operación a través de terminales de autogestión, como aplicaciones móviles o kioscos de autoservicio, antes de presentarse en el puesto aduanero. El control aduanero se activa si el sistema asigna el canal de selectividad “Rojo” o si no existen terminales automáticas, en cuyo caso el personal revisa la mercadería y la documentación de respaldo. El reintegro se puede percibir en efectivo en el puesto correspondiente, o mediante acreditación en tarjeta de crédito emitida en el exterior o giro a domicilio.

Además este sistema permite que los registros de las operaciones estén disponibles en línea para su verificación electrónica antes de la salida del turista. El cheque contiene la identificación del beneficiario, los datos del comercio y el detalle del monto devuelto. Su validez es de seis meses a partir de la fecha de emisión.

Cuando el sistema de control lo determina o no existen terminales automáticas disponibles, el personal aduanero procederá a revisar la mercadería y la documentación presentada por el turista. El agente constatará que los bienes y los datos consignados en las facturas y cheques de reintegro coincidan y, ante cualquier inconsistencia o falta de algún requisito, tiene la facultad de rechazar el reintegro del IVA solicitado. El resultado de esta verificación se registra de forma electrónica en el Sistema de Aprobación Aduanera, donde la solicitud puede aprobarse, rechazarse o quedar sin efecto según corresponda. Si ocurriera una contingencia que impida la carga digital, el agente aduanero deja constancia manual en el cheque de reintegro, con sello y firma, asegurando que la información se incorpore al sistema una vez restablecida la operatividad.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que, bajo la dirección de la Brigada 226, lanzaron una nueva ofensiva contra varios edificios utilizados por la organización terrorista Hezbollah con fines militares en el sur de Líbano.

Según el comunicado difundido por redes sociales, los edificios fueron atacados mientras en su interior operaban miembros de la organización criminal, quienes promovían y ejecutaban planes terroristas contra las FDI y el Estado de Israel. En estos ataques, varios integrantes del grupo chiita fueron eliminados. Los ataques tenían como objetivo asistir a las fuerzas bajo el mando de la División 146.

Durante la última jornada, las FDI atacaron aproximadamente 25 objetivos de Hezbollah, incluyendo un almacén de material bélico, edificios con funciones militares y otras infraestructuras de la organización.

En la noche del martes y la madrugada del miércoles, la Fuerza Aérea interceptó un objetivo aéreo sospechoso en el espacio donde operan las fuerzas israelíes en el sur del Líbano. Poco después, se lanzó un interceptor hacia otro objetivo con el que se perdió el contacto, sin activación de alertas.

Las FDI comunicaron en las últimas horas que Hezbollah lanzó varios cohetes, drones explosivos y bombas de mortero que impactaron cerca de las fuerzas israelíes. Por otra parte, informaron que no hubo heridos entre sus efectivos. Minutos más tarde, emitieron avisos de evacuación para 12 localidades en el sur del Líbano ante los ataques aéreos dirigidos contra el grupo terrorista.

Los residentes de Kaouthariyet al-Saiyad, Ghassaniyeh, Mazraat al-Daoudiyeh, Bedias, Rihan, Zellaya, Bazouriye, Harouf, Habboush, Ansariyeh, Qalaouiyeh y Deir ez-Zahrani recibieron instrucciones de evacuar y desplazarse al menos a un kilómetro de distancia.

La mayoría de estas localidades se encuentran al norte del río Litani.

“Ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbollah, las FDI se ven obligadas a actuar con la fuerza contra ella y no tienen intención de hacerles daño”, advierte el portavoz del ejército, el coronel Avichay Adraee.

Los anuncios del Ejército fueron difundidos luego de que el nuevo jefe de la Fuerza Aérea israelí, general Omer Tischler, asumiera el mando el martes con una advertencia directa al régimen iraní, al declarar que el país está dispuesto a movilizar “toda la fuerza aérea hacia el este si es necesario”.

Tischler realizó esta afirmación durante la ceremonia de toma de posesión en la base aérea de Tel Nof, en un contexto de máxima tensión en el Golfo Pérsico tras el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La advertencia amplía la presión israelí sobre Teherán más allá del frente militar en el estrecho de Ormuz.

El jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir, subrayó en el mismo acto que el Ejército “permanece en alerta máxima en todos los frentes” y está preparado para “responder con fuerza a cualquier intento de dañar a Israel”.

El ministro de Defensa, Israel Katz, fue más explícito y aseguró que Israel respalda los esfuerzos diplomáticos de Washington, pero advirtió que “pronto podríamos tener que intervenir de nuevo para garantizar que se alcancen los objetivos”.

Katz celebró los ataques israelíes de 2025 contra objetivos en territorio iraní y elogió la coordinación entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Donald Trump para garantizar que Teherán “no vuelva a representar una amenaza existencial” para Tel Aviv, Washington y el mundo libre.

Este miércoles a la madrugada, el Gobierno nacional oficializó tres nombramientos clave en diferentes áreas del Gabinete, que implicaron ocupar vacantes en el Ministerio de Capital Humano, Economía y Seguridad Nacional. Según consta en el Boletín Oficial, las resoluciones llevaron la firma del presidente Javier Milei y de los ministros correspondientes.

La primera designación, registrada en el Decreto 325/2026, estableció que el doctor Atilio Rodolfo Catelli asumirá el cargo de subsecretario de Empleo y Formación Laboral, bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

Según dispusieron el presidente y la titular de la cartera, Sandra Pettovello, la medida entró en vigor el 13 de abril. De esta manera, se cubrió el puesto vacante que había dejado la ex subsecretaria Eugenia Cortona, quien dejó el cargo en febrero de este año.

Por medio de una publicación en la red social LinkedIn, Cortona se despidió con el siguiente mensaje: “Cierro esta etapa con gratitud por lo aprendido y lo construido colectivamente, y con la convicción intacta de seguir contribuyendo al diseño e implementación de iniciativas que fortalezcan el desarrollo del talento y la formación laboral en la Argentina”.

De igual manera, en el Decreto 323/2026 se oficializó la aceptación de la renuncia de Matías Javier Mana al cargo de subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales dentro de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. Así, establecieron que su injerencia en el área dejó de tener efecto a partir del 1° de mayo.

En su lugar, Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, designaron al doctor Martín Edgardo Tolivia para desempeñar esas funciones desde la misma fecha. Asimismo, destacaron que esta subsecretaría resulta estratégica para los vínculos económicos internacionales y la gestión de la deuda externa.

En el caso de Tolivia, no se trataría de una nueva incorporación al equipo económico como tal, debido a que se desempeñaba como director Nacional de Proyecto con Financiamiento Externo Bilateral desde que fue nombrado en noviembre de 2024.

Por último, en el área de Seguridad, el Decreto 324/2026 dispuso la designación “ad honorem” de la comandante bioquímica María Eugenia Nicolotti como Directora Interina del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

De acuerdo con la información oficial, Nicolotti cuenta con el cargo de comandante de la Gendarmería Nacional Argentina y desarrollará esta función sin percibir remuneración, conforme a la resolución firmada por Milei y la ministra Alejandra Susana Monteoliva.

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Ucrania acusó a Rusia de violar el alto al fuego tras lanzar un nuevo ataque el miércoles por la mañana, un día después de que bombardeos rusos causaran al menos 28 muertos y tras la entrada en vigor, a medianoche, de un cese a las hostilidades anunciado por Kiev.

Seis horas después del inicio de la tregua, las autoridades rusas no reportaron ataques ucranianos. Sin embargo, en territorio ucraniano sonaron alertas en varias regiones y las autoridades de Zaporizhzhia informaron de un ataque contra una instalación industrial durante las primeras horas del día.

A su vez, el alcalde de Kharkiv, Igor Terekhov, reportó un incendio como consecuencia del impacto de un dron contra una casa particular en el distrito de Novobavarsky.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había anunciado el lunes una tregua de duración indefinida en respuesta al cese al fuego anunciado por su homólogo ruso, Vladimir Putin, con motivo de las celebraciones del 9 de mayo por el Día de la Victoria, el aniversario de la victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial.

El mandatario advirtió que Kiev responderá “de manera recíproca” a cualquier violación de la tregua. El martes se registró una de las jornadas más sangrientas del conflicto, con 28 muertos en Ucrania, según datos actualizados de las autoridades locales.

“Necesitamos que cesen esos ataques y todos los demás del mismo tipo cada día, y no solo durante unas horas en algún lugar, en nombre de las ‘celebraciones’”, subrayó Zelensky. A su vez, denunció que “es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para realizar celebraciones propagandísticas, mientras se lanzan ataques todos los días con misiles y drones”.

Los ataques rusos del martes provocaron la deceso de 12 personas en Zaporizhzhia, seis en Kramatorsk, cuatro en Dnipro, cuatro en Poltava, una en Kharkiv y una en Nikopol.

Por otro lado, un ataque ucraniano con drones contra Crimea ocupada dejó cinco muertos el martes por la noche en la localidad de Dzhankói, según autoridades rusas.

“A solo unas horas de la entrada en vigor de la propuesta de alto el fuego de Ucrania, Rusia no muestra ninguna señal de preparación para poner fin a las hostilidades. Por el contrario, Moscú intensifica el terror”, declaró el canciller ucraniano, Andrii Sybiha, en la red social X.

Ucrania exigió reiteradamente una tregua prolongada en el frente para facilitar negociaciones y alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, desencadenada por la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, la invasión a Ucrania es en gran medida eclipsada por la agenda de Estados Unidos respecto al conflicto en Medio Oriente, y la perspectiva de conversaciones de paz se alejaron. El martes, la situación en Ucrania fue mencionada durante una llamada entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, según informó el Departamento de Estado estadounidense.

El analista político ucraniano Volodimir Fessenko consideró que el anuncio de una tregua por parte de Kiev es una maniobra táctica en los planos “informativo y político”. “Si Rusia no respeta nuestro alto el fuego, tenemos derecho a no respetar el suyo. Eso anula la iniciativa de Putin”, declaró Fessenko a la agencia AFP, quien estimó que es “casi seguro” que ninguna de las treguas será plenamente respetada.

En abril, un alto el fuego de 32 horas por la Pascua ortodoxa fue violado en varias ocasiones por parte de Rusia, aunque se respetó el cese de los ataques aéreos de largo alcance.

Moscú rechaza cualquier cese de hostilidades duradero al argumentar que dicha posición permitiría a Kiev reforzar sus defensas. Rusia exige, como condición previa a cualquier pausa en los combates, que Ucrania le ceda toda la región de Donetsk, actualmente solo controlada parcialmente por el Ejército ruso.

La situación de las fuerzas rusas se ha deteriorado: por primera vez desde el verano de 2023, el territorio bajo control ruso en Ucrania se redujo en unos 120 km² en abril, según un análisis de AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

(Con información de AFP)

Los dólares de los ahorristas depositados en los bancos se volvieron muy apetecibles no solo para el Gobierno, sino también para muchas empresas y entidades financieras. La causa principal es que la tasa de interés para captarlos es insólitamente baja. A tal punto que muchos emisores corporativos pagan una tasa parecida a la del Tesoro norteamericano cuando busca financiamiento de corto o mediano plazo.

Los argentinos mantienen alrededor de USD 39.000 millones en bancos, una cifra récord. El primer incremento fuerte vino de la mano del blanqueo sin costo que se lanzó en el primer año del gobierno de Javier Milei. Y la segunda fase de aumento vino de la mano de la dolarización sucedida el año pasado en los meses previos a las elecciones. En ese momento, parte de los dólares adquiridos tras la apertura del cepo terminaron depositados en los bancos.

El detalle es que los bancos siguen remunerando con tasas mínimas esas colocaciones. Según datos del Central, la tasa promedio por plazos fijos a 30 días en dólares es del 1,09% anual. Y hay entidades que salieron a pagar arriba del 3% pero para colocaciones a un año, con los problemas de iliquidez que eso significa para el ahorrista.

Luis “Toto” Caputo se apuró en ser de los primeros en financiarse con los dólares del denominado “colchón bank”, o sea los dólares que se mantienen en el banco como refugio pero que prácticamente no reciben un rendimiento.

Los instrumentos elegidos son el Bonar 2027 y 2028, que pagan intereses de manera mensual, apuntando a los ahorristas que buscan percibir una renta al estilo alquiler. En el primer caso el rendimiento es del 5,1% anual anual en dólares. mientras que el otro bono que tiene un año más de plazo rinde el 8,7 por ciento. El salto está relacionado con la incertidumbre que generan las elecciones presidenciales del año próximo.

Desde que comenzó hace un par de meses con estas colocaciones el resultado fue notable: ya suma USD 1.440 millones en Bonar 2027 y USD 823 millones por el Bonar 2028, lo que hace un total de 2.263 millones de dólares. La cifra seguirá aumentando, ya que en las colocaciones quincenales se captan alrededor de 350 millones de dólares. Con estos fondos, el Gobierno prácticamente se asegura el pago de los vencimientos de julio, que suman cerca de 4.300 millones de dólares.

Pero el listado no se agota en las colocaciones del Gobierno. Una de las empresas que esta semana dará la nota es Farmacity, que por primera vez sale al mercado de deuda local para financiarse en dólares. La cadena de farmacias busca aprovechar la oportunidad para fondearse a plazos largos y tasas relativamente bajas. La emisión será a tres años y la tasa rondaría el 7,5% anual.

Ayer fue el turno de BBVA, que captó USD 25 millones con una Obligación Negociable a un un año y pagó una tasa de 3,25% anual, o sea casi dos puntos porcentuales menos que los Bonar 2027 que emite el Gobierno nacional. Además, colocó otro bono a dos años a una tasa de 5% anual, captando otros 48 millones de dólares.

La lista de emisiones que habrá esta misma semana sigue con otras compañías como Profertil, líder en fertilizantes en base a urea, y Pecom, la petrolera de Pérez Companc.

Santiago Abdala, ejecutivo de PPI, explicó que “el interés de los inversores por las colocaciones de empresas y bancos es muy grande. Muchos ya compraron los Bonar que emite el Tesoro y también quieren diversificar. Pero se da un fenómeno muy peculiar en Argentina, porque el rendimiento que pagan los corporativos es mucho menor al del Estado nacional. Es algo que con el paso del tiempo debería emparejarse”.

Además de estas emisiones, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sale a emitir nueva deuda en los mercados internacionales. Se trata de un nuevo bono a diez años que será emitido con ley inglesa. Con los USD 500 millones buscan financiar obras de infraestructura y de paso asegurarse los fondos para hacer frente al último tramo de amortización del bono que vence en 2027.

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella fijó para el 26 de mayo una nueva fecha de indagatoria para Maximiliano Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, dueños del holding Sur Finanzas, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su detención inmediata si no se presentan.

La decisión llega después de que la defensa del empresario —vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia— no compareciera a la audiencia prevista y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP) rechazara los planteos recursivos del abogado defensor, Pablo Parera, y allanara el camino para que las audiencias se efectivicen sin demoras.

El magistrado fijó las audiencias para Maximiliano Ariel Vallejo a las 10 de la mañana y para Graciela Vallejo una hora más tarde, a las 11, del 26 de mayo, en la sede del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.

La resolución, dictada el 5 de mayo, señala que ante la incomparecencia de los imputados, tanto la querella —la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— como la fiscal federal Cecilia Incardona habían solicitado la detención inmediata de ambos para garantizar su presencia.

Armella no ordenó la detención de forma anticipada, pero advirtió que si los responsables de Sur Finanzas no se presentan, se declarará su rebeldía y se enviará a la fuerza pública a buscarlos.

El rechazo de la Cámara

La nueva citación se produce tras una secuencia de planteos judiciales que buscaron suspender las indagatorias. La defensa de Vallejo interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio contra el decreto del 27 de abril pasado, mediante el cual el juzgado había concedido sin efecto suspensivo la apelación de la defensa contra la resolución que dispuso la citación a indagatoria.

La defensa calificó esa decisión de “arbitraria y carente de fundamentación” y argumentó que realizar la audiencia con un planteo de nulidad pendiente generaría un riesgo de irreversibilidad.

El juez Luis Armella rechazó ese razonamiento. En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado sostuvo que supeditar el avance del proceso a la resolución de un recurso de nulidad “implicaría admitir que el mero planteo de recursos pueda paralizar el proceso”, lo que constituiría un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal”. Declaró inadmisible el recurso de apelación presentado en subsidio y condenó en costas a la defensa por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el tribunal de segunda instancia federal con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, al pronunciarse sobre el incidente, avaló la postura del juzgado.

La fiscal Incardona también refutó el argumento de la “irreversibilidad”: señaló que la indagatoria es, por definición, un acto de defensa material que permite al imputado ingresar su versión de los hechos al proceso, por lo que resultaría contradictorio alegar un agravio ante una convocatoria diseñada para garantizar el derecho de defensa.

Nuevos imputados en la causa

En paralelo, y como ya anticipó Infobae de manera exclusiva, el juez Armella dictó el 4 de mayo una resolución de mayor alcance en la causa FLP 29107/2025, que amplió el universo de imputados. A pedido de la fiscal Incardona, el magistrado convocó a declarar a cuatro dirigentes del Club Atlético Banfield: Eduardo Juan Spinosa (presidente), Federico José Spinosa (vicepresidente), Ignacio Javier Uzquiza (tesorero) y Oscar Fabián Tucker (secretario).

Las fechas quedaron fijadas del siguiente modo: Eduardo Spinosa y Federico Spinosa deberán comparecer el 18 de junio a las 10:00 y 10:30 horas, respectivamente; Uzquiza y Tucker fueron citados para el 24 de junio a las mismas horas; y los representantes legales de las personas jurídicas Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña tienen audiencias el 25 de junio. A todos se les impusieron medidas cautelares: prohibición de salida del país, presentación periódica ante el juzgado, retención de documentos de viaje, prohibición de contacto entre coimputados y restricción de alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial.

Los cargos contra Eduardo Spinosa son los más graves: asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado por habitualidad, todos en calidad de coautor.

Los restantes dirigentes enfrentan cargos similares en distintas combinaciones, según su rol dentro de la estructura investigada.

La maniobra que investiga el juez Armella

La investigación reconstruye un esquema que, según la fiscalía, combinó el vaciamiento patrimonial del Club Atlético Banfield con el reciclaje de fondos de origen espurio a través de vehículos societarios diseñados para opacar el rastro del dinero.

El andamiaje se apoyó en la superposición de roles: Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Uzquiza y Tucker ejercían simultáneamente cargos directivos en el club —presidente, vicepresidente, tesorero y secretario— y eran autoridades y accionistas de Banfileños S.A., empresa que a su vez integraba el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, constituido en 2012. Ese fideicomiso fue instrumentado para que cualquier financiamiento externo obtenido por el club quedara automáticamente canalizado hacia cuentas bajo el control de las mismas personas físicas que administraban la institución.

El primer eje de la defraudación fueron los contratos de mutuo. El 17 de julio de 2023, la dirigencia de Banfield firmó con Sur Finanzas Group S.A. —representada por Maximiliano Ariel Vallejo— un préstamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual. Apenas tres meses después, el 9 de octubre de 2023, suscribió un segundo mutuo por otros USD 500.000, esta vez al 4% mensual. El club quedó obligado a devolver un total de USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses.

Ambos contratos incluían una cláusula que declaraba la recepción del millón de dólares “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria y bloqueó el control institucional.quier trazabilidad bancaria y bloqueó el control institucional.

El segundo eje fue la triangulación de ingresos genuinos. Banfield celebró contratos de sponsoreo con Sur Finanzas Group S.A. y con Roma Inversiones S.A. —ambas del entorno de Vallejo—, pero los pagos derivados de esos convenios fueron cedidos a la orden del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña en lugar de ingresar a las cuentas formales del club. La empresa PagoTic, encargada de recaudar las cuotas sociales, también acreditaba los fondos en cuentas del fideicomiso desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023.

Los allanamientos realizados en el domicilio de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, permitieron incautar cheques de pago diferido por sumas millonarias librados a la orden del club, pero con endosos manuscritos para ser depositados en la cuenta fiduciaria.

La fase de integración del dinero ilícito se materializó, según la fiscalía, en la adquisición de bienes registrables: Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 valuada en $53.745.000 y un Peugeot 208 valuado en $14.947.000; Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en la calle Ugarteche 3354 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por USD 170.000; y Tucker registró a su nombre vehículos valuados en conjunto en más de $15 millones.

El cierre del circuito se habría completado con la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma cuyo CEO es el extesorero del club y en la que Eduardo Spinosa habría actuado como apoderado sin cargo declarado.

La estructura de Sur Finanzas no operó de forma aislada. En los allanamientos a la sede central de la empresa se secuestraron biblioratos denominados “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, que confirmaron la existencia de operaciones con al menos 16 entidades deportivas: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield. La fiscalía sostiene que la investigación patrimonial apunta a movimientos sospechosos por más de 880.000 millones de pesos.

La causa se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA por evasión de $3.327 millones en impuestos. Cuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por encubrimiento agravado tras ser sorprendidos en el retiro de computadoras y documentación de un galpón en Turdera durante los allanamientos del 1° de diciembre de 2025.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, salieron al cruce de las declaraciones del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien había insistido con la necesidad de liberar por completo las restricciones cambiarias para que caiga el riesgo país.

A través de su cuenta oficial de X, el jefe de Estado consideró que el modelo planteado por el padre de la Convertibilidad “contiene expropiaciones masivas”.

“Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001… sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada”, planteó Milei acerca de la gestión de Cavallo al frente del Ministerio de Economía en la década del 90 y principios de los 2000.

Por su parte, Caputo también cuestionó las declaraciones del su colega: “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”.

“Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy. Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos. Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor”, sentenció el jefe de la cartera económica.

A su turno, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Caputo, Felipe Núñez, cargó contra el exfuncionario mediante la misma red social: “Mingo, tu teoría era que la infla no podía bajar del 20%, después del 8% y después del 4%. Por ahí estaría bueno que cambies vos tu modelo, porque el del Ministro parece venir bastante más derecho que el tuyo”.

De esta manera, el enfrentamiento entre la administración libertaria y el economista liberal suma un nuevo capítulo. Si bien en un principio el presidente se mostraba elogioso con el accionar del ex titular del Palacio de Hacienda durante el gobierno de Carlos Menem, las reiteradas críticas de Domingo Cavallo al programa de La Libertad Avanza derivaron en un quiebre del vínculo y un enfrentamiento abierto entre las partes.

Qué había dicho Cavallo

Cavallo planteó un mensaje claro al Gobierno: la condición para que el riesgo país siga descendiendo es eliminar el cepo cambiario y habilitar la libre circulación de capitales. Así lo expresó durante una entrevista en el canal Ahora Play, donde analizó cuáles son los principales factores que, desde su perspectiva, mantienen a la Argentina en la categoría de “mercado de frontera” y le impiden alcanzar el estatus de “economía emergente”.

“El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo. Para que siga bajando tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario. Deben remover los controles de cambio y dejar que haya libre movimiento de capitales, que así como entran, puedan salir”, sostuvo.

A la vez, el analista económico fue enfático al explicar por qué la calificación crediticia del país no mejora de manera sostenida. “Vean los informes de las calificadoras de riesgo. La razón por la cual todavía somos ‘mercado de frontera’ y no pasamos a ser ‘economía emergente’ es por los controles de cambios y porque no hay libre movimiento de capitales”, advirtió el ex ministro antes de que se conozca que la calificadora de riesgo Fitch Ratings mejoró la nota sobre la deuda soberana argentina. Además, insistió: “El riesgo país se desmoronaría si hacen lo que les estoy sugiriendo y si lo hacen con convicción.”

En su análisis, Cavallo también recomendó modificar la estrategia respecto a las reservas internacionales. “Tienen que decir ‘vamos a acumular reservas’ y hacerlo, sin asustarse por el nivel que pueda tener el tipo de cambio”, indicó. En tal sentido, consideró que una baja eventual del dólar permitiría al Banco Central aumentar su stock de reservas genuinas.

Al mismo tiempo, el exfuncionario señaló que una mejora en la calificación argentina generaría efectos positivos para la gestión financiera oficial: “La baja del riesgo país va a significar que el Gobierno va a poder renovar los vencimientos, sobre todo el capital que vaya venciendo de la deuda, sin ninguna dificultad, pagando tasas moderadas de interés, como las que está pagando ya el sector privado al que le han dado un régimen cambiario de esta naturaleza”.