26 Ago, 2026 07:43 a. m. EST
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, avanza con su proyecto de reforma constitucional que desarticula la reelección indefinida de los mandatos, vigente desde 1987 en tiempos de la hegemonía de los Rodríguez Saá. Entre los cambios, elimina las elecciones de medio término, incorpora garantías a la Inteligencia Artificial (IA) y establece topes para la edad de 75 años para el cargo de los jueces.
El martes 18 de agosto, el Senado provincial dio media sanción al proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial. La iniciativa, que obtuvo 6 votos a favor y 3 en contra, apunta a modificar aspectos estructurales del sistema político puntano, a partir de cambios en 23 artículos, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro capítulos nuevos.
El corazón de la reforma apunta a limitar el mandato del gobernador a dos períodos, sean consecutivos o alternados. Es decir, está inspirado en el modelo de la constitución de Estados Unidos, que impide al Presidente ejercer el poder más de dos veces desde la Casa Blanca. Es un punto que desmonta la arquitectura institucional diseñada por los hermanos Rodríguez Saá en 1987, que legalizó la vocación hegemónica de la familia que gravitó durante décadas el poder de la provincia cuyana.
Ahora bien, Poggi incluyó una cláusula para que su primer mandato se compute a partir de 2023, por lo que podrá aspirar a una reelección. De ganar los comicios el año que viene, sería su tercer mandato. “Soy el único ciudadano de San Luis que no podrá ser gobernador durante dos períodos más”, deslizó, ante la agencia provincial de noticias.
La reforma también elimina la elección de medio término para renovar la Legislatura local, integrada por nueve senadores y 43 diputados. Se trata de un cambio político que, desde hace años, crece en el peronismo -se mostró a favor la expresidenta Cristina Kirchner-, y en otros sectores del sistema político para que se implemente a escala nacional.
Lo cierto es que, con los legisladores elegidos en 2023, que debían finalizar sus mandatos en 2029, extenderán su período hasta 2031 de manera excepcional para empalmar con el nuevo sistema.
El exdiputado radical José Luis Riccardo calificó la extensión de mandatos como un “fraude a la Constitución” y una “traición al voto popular”, en alusión a que los legisladores fueron elegidos por cuatro años y no para extender su mandato. Sin embargo, constitucionalistas consideran que este tipo de validación ad hoc es una práctica habitual en reformas de este tipo. Además, esta reforma implica que San Luis se sume a otras 10 provincias que eligen a sus legisladores en la misma fecha que al gobernador.
La reforma también amplía el período de sesiones de la Legislatura, que pasará de ocho meses, del 1 de abril al 30 de noviembre, a nueve meses y medio, del 15 de marzo al 31 de diciembre.
Otros cambios apuntan a otorgarle jerarquía constitucional al agua, al declararla como derecho humano y recurso estratégico. El déficit hídrico es un problema recurrente de una provincia seca como San Luis. La iniciativa también crea un organismo específico para su gestión, dirigido por un funcionario técnico designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado y mandato de cinco años.
En respuesta al pedido del obispo Gabriel Bernardo Barba, se incluye también un artículo sobre inteligencia artificial inspirado en la encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV, que aborda la protección de la persona ante el avance de la IA. El texto incorpora principios sobre identidad digital, uso ético de tecnologías, protección de la dignidad humana, resguardo de datos ante algoritmos y acceso universal a la conectividad.
La Iglesia solicitó que se asegure el control humano sobre la IA. La reforma también propone incorporar el hábeas data como mecanismo de protección de los datos personales.
En el ámbito judicial, la reforma establece el límite de 75 años para que los jueces permanezcan en sus cargos, en línea con la Constitución Nacional. También crea el Ministerio Público de la Defensa y mantiene el Ministerio Público Fiscal bajo el sistema acusatorio.
Para la selección de jueces, fiscales y defensores se introduce el “orden de mérito”, elaborado por el Consejo de la Magistratura provincial sobre la base de concursos de antecedentes. El Poder Ejecutivo deberá proponer al candidato mejor calificado, salvo causa fundada y explícita que justifique otra elección.
El proyecto amplía el alcance del juicio político e incorpora a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el defensor general, el procurador general, el fiscal de Estado, el contador general y el responsable técnico del área de Agua.
Durante el debate en el recinto, el senador Martín Olivero remarcó que la sanción de la ley no implica la modificación directa de la Carta Magna. El texto que se discute apunta a definir la habilitación de los temas que posteriormente podrá tratar una Convención Constituyente.
“Nosotros no hacemos la reforma constitucional. Lo único que hacemos es declarar legislativamente la necesidad y la conveniencia de la reforma y los puntos que va a tratar la Asamblea Constituyente, que se va a formar de acuerdo al voto popular, que seguramente el año que viene lo va a determinar la ciudadanía. Son ellos los que van a modificar la Constitución provincial”, advirtió durante la sesión que se aprobó la media sanción.
