El líder ruso, Vladimir Putin, encabezará desde este miércoles una cumbre con líderes del Sudeste Asiático en la ciudad de Kazán, en el centro de Rusia, en un contexto marcado por la presión de las potencias occidentales para que Moscú ponga fin a su ofensiva militar en Ucrania.
El encuentro reunirá a representantes de los 11 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y conmemorará los 35 años de cooperación entre Rusia y el bloque regional, según informó el Kremlin. La principal jornada de trabajo tendrá lugar el jueves en la capital de la república rusa de Tartaristán, ubicada a unos 700 kilómetros al este de Moscú.
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La cumbre se celebra mientras los líderes del Grupo de los Siete (G7) mantienen reuniones en Francia con los conflictos de Ucrania y Medio Oriente entre los principales temas de agenda.
Desde el inicio de la ofensiva militar rusa contra Ucrania en febrero de 2022, Moscú intensificó sus esfuerzos para ampliar sus relaciones políticas y económicas con los países asiáticos. El acercamiento adquirió una importancia estratégica ante las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados occidentales.
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De acuerdo con el Kremlin, los mandatarios participantes analizarán cuestiones internacionales y regionales, además de debatir nuevas metas para la cooperación entre Rusia y la ASEAN en áreas como la seguridad, el comercio, la inversión y la cooperación humanitaria.
“La reunión permitirá intercambiar puntos de vista sobre problemas globales y regionales”, señaló Moscú al presentar los objetivos del encuentro, que también abordará nuevas iniciativas de cooperación entre ambas partes.
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Entre los asistentes figuran los primeros ministros de Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Malasia y Singapur. Filipinas estará representada por el presidente Ferdinand Marcos. También participará una delegación de Myanmar, país gobernado por una junta militar desde el golpe de Estado de 2021 y que mantiene estrechos vínculos con Rusia.
La economía rusa encontró en Asia uno de sus principales mercados alternativos desde el endurecimiento de las sanciones occidentales. Moscú reorientó especialmente sus exportaciones energéticas hacia la región, con el petróleo como uno de los productos más relevantes.
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En ese contexto, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, prevé abordar durante la cumbre la cuestión del suministro energético. Según informó la agencia nacional de noticias de su país, el dirigente busca discutir mecanismos para garantizar que “los suministros de petróleo puedan seguir llegando” a Malasia.
Los países asiáticos también enfrentaron consecuencias derivadas de las recientes tensiones en Oriente Medio, que afectaron los mercados energéticos internacionales y generaron preocupación por la estabilidad de los suministros.
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Mientras tanto, Rusia atraviesa desafíos económicos internos vinculados al esfuerzo de guerra. Tras cuatro años de una economía orientada al conflicto, el país enfrenta elevados niveles de inflación, escasez de mano de obra y altos costos de financiamiento.
En el frente militar, el avance de las fuerzas rusas en Ucrania perdió ritmo durante este año. Al mismo tiempo, Kiev incrementó los ataques sobre territorio ruso, incluidos objetivos ubicados en Tartaristán, la región que albergará la cumbre internacional.
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La reunión de Kazán coincide con nuevas presiones de Washington sobre Moscú. Durante la cumbre del G7 en Francia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al Kremlin a alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra. “Moscú debería llegar a un acuerdo”, afirmó Trump durante un encuentro con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.
El mandatario estadounidense también anticipó nuevas medidas contra las exportaciones energéticas rusas. “Pronto podremos hacerlo porque el petróleo ahora está fluyendo” a través del estrecho de Ormuz tras el acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, sostuvo.
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Estados Unidos había aplicado y posteriormente prorrogado una exención de sanciones para cargamentos de petróleo ruso que ya se encontraban en tránsito marítimo, una decisión que generó inquietud entre varios aliados europeos.
Por su parte, Putin rechazó en reiteradas ocasiones propuestas para mantener conversaciones directas con Zelensky. El líder ruso sostiene que Moscú busca tomar por la fuerza la región oriental ucraniana de Donbás, uno de los principales objetivos militares del Kremlin.
La Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó la gestión habitacional del Estado: más de $276.000 millones gastados sin diagnóstico, planificación, seguimiento y evaluación. El presunto desmanejo detectado por los auditores en los planes de vivienda se dio en un período en el cual la proliferación de villas y asentamientos siguió creciendo. El último Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), actualizado en diciembre de 2025, revela la existencia de 6.467 barrios en los que viven la población más vulnerable, y están habitados por más de cinco millones de personas. Allí, casi el 60% de las casas tienen una conexión irregular a la red eléctrica y de agua; y el 65,92% no tiene red cloacal. El 81,24% de estos barrios son considerados “asentamientos” y el 17,41% “villas”. En 2001 los barrios populares eran 1.300. En este contexto de extrema necesidad por la falta de techos y una vivienda digna con servicios se enmarca el informe de la AGN.
La auditoría ya fue elevada al Congreso de la Nación, del cual depende el organismo de control y del ministro de Economía, Luis Caputo,ya que las competencias que antes ejercían el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y el ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat fueron absorbidas por el Palacio de Hacienda después de la reorganización del Estado, dispuesta por el gobierno de Javier Milei, quien eliminó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y sus funciones quedaron bajo la órbita del Ministerio de Economía, específicamente a través de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana.
La Auditoría General de la Nación (AGN), organismo de control externo que reporta al Congreso de la Nación, no deja dudas en cuanto a la detección de “fallas estructurales en el diseño, la planificación y la evaluación de los programas de construcción de viviendas ejecutados entre 2017 y 2022″.
El informe concluye que el Estado nacional devengó más de 276.868 millones de pesos —el equivalente a aproximadamente 4.210 millones de dólares al tipo de cambio oficial de cada año— en programas habitacionales sin contar con información de calidad para orientar esas decisiones, sin planes estratégicos formalizados y sin mecanismos para medir si los objetivos se alcanzaron.
El período auditado abarca desde el 1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022 y comprende dos presidencias y dos estructuras ministeriales distintas.
Durante la gestión de Mauricio Macri, los programas estuvieron bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, conducido durante todo ese período por el entonces ministro Rogelio Frigerio. A partir del 10 de diciembre de 2019, con la asunción de Alberto Fernández, esa cartera fue dividida y se creó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que tuvo tres titulares sucesivos: María Eugenia Bielsa (diciembre de 2019 – noviembre de 2020), Jorge Ferraresi (noviembre de 2020 – noviembre de 2022) y Santiago Maggiotti (noviembre de 2022 – diciembre de 2023). Las tareas de campo de la auditoría se desarrollaron entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024.
El trabajo de los auditores se extendió a lo largo de cinco programas y junto a sus subprogramas Habitar Comunidad, Autoconstrucción de Viviendas Participativa Cáritas y Habitar la Inclusión. El gasto devengado creció de manera sostenida: de $15.164 millones en 2017 pasó a $113.261 millones en 2022, con un salto pronunciado en 2021, cuando el Programa Producción Integral y Acceso al Hábitat ejecutó $84.323 millones.
El primer hallazgo de la AGN apunta directamente al punto de partida de cualquier política pública: el diagnóstico. Los auditores constataron que “no surge evidencia de que los entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat hayan utilizado información de diagnóstico de calidad para diseñar y planificar los Programas de Construcción de Viviendas durante el periodo auditado”.
El organismo auditado respondió que el diagnóstico lo realizaban los entes ejecutores —provincias, municipios y organizaciones no gubernamentales— a través de la presentación de proyectos, y que consideraba documentos de diagnóstico los reglamentos particulares y los manuales de ejecución de los programas. Los auditores rechazaron esa interpretación: esa documentación se refiere a proyectos específicos a financiar y no constituye una instancia previa al diseño de los programas.
La situación se agravó por la desactualización estadística. El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas disponible al momento de diseñar los programas era el de 2010. El Observatorio Federal Urbano (OFU), creado en 2017 precisamente para generar, recopilar y difundir información sobre déficit habitacional e indicadores urbanos, tampoco fue utilizado para diseñar prioridades. “No surge evidencia de la articulación ni de retroalimentación alguna con el auditado durante todo el periodo bajo análisis”, señala el informe respecto de ese organismo.
Las cifras sobre el déficit habitacional que manejaban los propios ministerios eran inconsistentes entre sí. El Informe de Gestión 2016-2019 de la Secretaría de Vivienda citaba 3.500.000 hogares en déficit, mientras que el Observatorio Federal Urbano refería a 4.000.000. Ninguna de las dos cifras contaba con respaldo documental del análisis previo que las sustentara.
El el segundo tramo de análisis, los auditores destacaron la ausencia de una arquitectura de planificación. La AGN verificó que “no surge evidencia de la existencia de un Plan Estratégico Institucional ni de una Planificación Operativa de los Programas de Construcción de Viviendas” en ninguno de los dos ministerios durante el período examinado.
Ante la consulta de los auditores, tanto Frigerio como los sucesivos titulares del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat remitieron la normativa de creación y reglamentaria de los programas como respuesta a la pregunta por la planificación estratégica. Los auditores señalaron que esa documentación no equivale a un plan.
La única vinculación parcial que se detectó fue entre los objetivos de algunos programas y las metas físicas presupuestarias definidas ejercicio por ejercicio. Esa conexión, advirtió la AGN, no reemplaza una planificación que articule objetivos, acciones y recursos de manera integrada.
El tercer hallazgo describe un sistema de indicadores que existía en el papel, pero carecía de los elementos mínimos para ser utilizado. Los reglamentos particulares de los programas definían indicadores —cantidad de viviendas terminadas, proyectos ejecutados, mejoramientos concluidos—, pero “no se precisa para ninguno de ellos fuente de información, ni método de cálculo, periodicidad de medición ni línea de base”.
Los auditores advirtieron además que esos indicadores estaban orientados a la evaluación presupuestaria y no a la medición del impacto de las políticas.
El Programa Reconstruir directamente no definió ningún indicador en su Reglamento Particular, pese a que sus considerandos estimaban en 55.000 las viviendas paralizadas o en estado de abandono que debía atender.
El cuarto hallazgo es la consecuencia directa del anterior: la ausencia total de monitoreo y evaluación. El propio informe de gestión de la Secretaría de Vivienda de noviembre de 2019 reconocía que desde 2015 se había identificado la necesidad de desarrollar una estrategia de monitoreo, pero esa estrategia nunca se materializó.
En entrevistas con los auditores, funcionarios del área fueron explícitos. No hubo evaluación de por sí y los indicadores que se usaron eran aquellos vinculados al presupuesto. No existe institucionalmente un organismo que se encargue de evaluar las políticas públicas, declaró el ex Director Nacional de Gestión Operativa de Proyectos Habitacionales ante los auditores. Otro funcionario fue en la misma dirección: “No se llegó a realizar monitoreo sistemático alguno con utilización de indicadores. No se llegaron a utilizar los indicadores que estaban definidos en el Plan ni tampoco se midió el impacto”.
El sistema informático “Habitans”, citado como herramienta de seguimiento, fue descartado por los auditores como mecanismo de evaluación de programas: su función se limita al monitoreo de proyectos y obras individuales, no al análisis de los programas como política pública.
Tanto el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda como el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat eran los responsables de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles—, en particular con su Meta 11.1, que busca garantizar el acceso universal a viviendas y servicios básicos adecuados y mejorar los barrios marginales para 2030.
La AGN constató que “no se tuvo evidencia de que los entonces ministerios realizaran el proceso de vinculación con los Programas de Construcción de Viviendas conforme los principios de la Agenda 2030”. Eso impide evaluar si ese proceso fue participativo, inclusivo y si incorporó perspectiva de género.
El indicador adaptado por Argentina para medir esa meta —el porcentaje de la población que vive en viviendas deficitarias y en situación de tenencia irregular— contaba con una línea de base del 6%, según el Censo 2010 y una meta intermedia del 3% para 2019. Al cierre de ese año, el indicador no registró ejecución. En 2020 se repitió sin asignación de valor, y en 2021 y 2022 desapareció de la programación presupuestaria.
Cuando los auditores requirieron información al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) —organismo rector de la implementación de la Agenda 2030 en el país— sobre la metodología de vinculación con la meta propuesta la respuesta fue que esa información debería ser provista por el ministerio responsable. El ministerio, a su vez, no aportó documentación que describiera la metodología utilizada.
La AGN remitió el informe al organismo auditado para que formulara comentarios. Vencido el plazo inicial, se reiteró el pedido. La respuesta llegó de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Economía, que señaló que los programas identificados excedían las competencias de esa dependencia y correspondían al ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y al ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. La subsecretaría no aportó comentarios sobre los hallazgos.
Las recomendaciones de la AGN incluyen diseñar mecanismos de diagnóstico previo articulados con provincias, municipios y organismos especializados; crear indicadores medibles con línea de base; institucionalizar el monitoreo y la evaluación de los programas; documentar el proceso de vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; e incorporar categorías presupuestarias que permitan rastrear el gasto destinado.
La selección argentina selló su debut en el Mundial 2026con una sólida victoria frente a Argelia. Con un resultado de 3 a 0, producto del hat-trick del capitán Lionel Messi, la albiceleste se posiciona como uno de los candidatos a liderar el Grupo J. Frente a esto, el presidente Javier Mileino dudó en reaccionar al primer encuentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Por medio de una publicación en la red social X, el mandatario publicó un mensaje breve tras cumplirse los 90 minutos. “VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!!”, escribió desde su perfil personal para sumarse a los 47 millones de argentinos que también estuvieron pendientes del partido.
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Por el momento, se trató de la primera interacción directa que el Presidente generó con el último campeón del mundo. De igual forma, se desconoce si baraja la posibilidad de presenciar alguno de los partidos que tiene programados el seleccionado.
Según pudo confirmar Infobae, Milei tiene previsto viajar a los Estados Unidos el 4 de julio luego de que concluya con los encuentros que tiene programados en Madrid, España. Desde allí, volará hacia la ciudad de Nueva York, pero no se descartó la posibilidad de que pudiera desplazarse hacia otros lugares.
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En el caso de que la albiceleste se clasifique a los octavos de final, está previsto que ese encuentro se dispute entre el 4 y el 7 de julio. Sin embargo, tampoco está definido en qué sede se disputaría.
Hasta este momento, el resultado del partido de la Selección le valió convertirse en el primer equipo sudamericano en lograr una victoria tras las derrotas de Ecuador y Paraguay frente a Costa de Marfil y Estados Unidos, respectivamente, y los empates de Uruguay y Brasil ante Arabia Saudita y Marruecos.
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En esta oportunidad, Messi tuvo un regreso brillante en su sexto Mundial con un triplete que lo consagró como uno de los máximos goleadores históricos en Copas del Mundo. Actualmente, La Pulga anotó 16 goles en todas sus participaciones y quedó a un solo tanto de superar al alemánMiroslav Klose.
El partido comenzó con intensidad: a los cuatro minutos, el árbitro invalidó correctamente un gol de Messi por fuera de juego, y poco después, los africanos también vieron anulado un tanto por la misma infracción. Fue así que la apertura del marcador llegó a los 16 minutos, cuando Rodrigo De Paul envió un pase desde atrás de la mitad de la cancha que habilitó a Messi en el último tercio.
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En esa jugada, el capitán argentino encaró a la defensa rival, encontró el espacio y definió de zurda para batir a Luca Zidane. Messi celebró con evidente emoción, secándose las lágrimas tras el gol. Desde entonces, el delantero se hizo dueño del partido y su rendimiento se destacó como uno de los mejores desde la final de Qatar 2022.
A pesar de sus 38 años, el ocho veces ganador del Balón de Oro se mostró en excelente forma física y completamente recuperado de la lesión sufrida antes del torneo con el Inter Miami. Ya en la segunda parte, el diez amplió la ventaja a los 59 minutos tras aprovechar un rebote del arquero rival y selló su desempeño a los 75 minutos con un zurdazo esquinado.
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De acuerdo con el calendario del Mundial, la selección argentina volverá a jugar el lunes 22 de junio a las 14 (según el horario argentino) frente a Austria en el Dallas Stadium. Finalmente, el último partido que disputarán por la fase de grupos será el sábado 27 y repetirá escenario para enfrentar a Jordania a las 23 horas.
“La gente no come presos”. En la intimidad de su departamento-prisión de San José 1111, en el barrio de Constitución, Cristina Kirchner repite la frase como un mantra. Invoca así, como tantas otras veces, al expresidente y su compañero de vida, Néstor Kirchner, quien la utilizó en la primera década del siglo, cuando algunos dirigentes peronistas le sugerían activar un operativo para “meter preso a (Fernando) De la Rúa” por las muertes callejeras de 2001.
Kirchner, Néstor, volvió a parafrasear la misma consigna cuando su tropa avanzó contra el juez Jorge Urso en el Consejo de la Magistratura, allá por el año 2006, en un juego de presiones que llevaron al juez a presentar su renuncia. No es un dato menor el que trae a la memoria el círculo de confianza de Cristina: Urso fue el magistrado que dictó la prisión preventiva de Carlos Menem en el caso del tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador. En aquel entonces, la cárcel de Menem fue una quinta en Don Torcuato, por el plazo de 167 días.
Cristina Kirchner cumple este mismo miércoles 365 días, un año exacto, de prisión domiciliaria, dictada por un Tribunal Oral Federal en el caso Vialidad. Y no tiene a la vista una salida jurídica a su actual situación, como la tuvo Menem por una resolución de la Corte Suprema. Aunque mientras pasa sus días en el departamento de 260 metros cuadrados, escucha de sus abogados que existe la posibilidad de apelar una condena, incluso cuando está firme.
Una de las tantas concentraciones originadas por La Cámpora en San José 1111Fabian Marelli
La expresidenta entiende, por eso mismo, que su salida es política. De acuerdo a fuentes que tienen acceso a ella, le cayó muy bien la propuesta del diputado Miguel Pichetto para que el Congreso revise todo el proceso de su condena, en especial por el traslado de jueces y fiscales que formaron parte del juicio. También tomó de buen grado la mención a su caso que hizo el lunes el dirigente porteño Juan Manuel Olmos en un encuentro del peronismo federal en Entre Ríos.
Es decir, Cristina Kirchner valora que distintos sectores del peronismo apoyen su demanda de liberación y reclama que más dirigentes actúen en consecuencia. Es una de las condiciones, sino la principal, que le pondría al gobernador Axel Kicillof para apoyar su candidatura presidencial en 2027. La exmandataria no habla de un indulto, sino de ganar las elecciones y de generar luego las condiciones para remover a los actuales integrantes de la Corte que confirmó su condena.
El presidente brasileño Lula abraza a Cristina Kirchner en el living del departamento donde cumple prisión domiciliaria
En el entorno de Cristina Kirchner dicen que “no mastica con bronca” por su condición de recluida, pero según pudo saber LA NACION, en el último año transitó diversos estados de ánimo: lloró cuando recibió un llamado del presidente Lula (Brasil), quien también estuvo detenido por una decisión de la Corte de su país; se enojó y puteó con la interna del PJ; y se indignó con los pormenores del juicio que derivo en la condena de Fernando Sabag Montiel, el joven que la quiso matar en 2022.“A mi vieja le pusieron un fierro en la cabeza”, suele repetir Máximo Kirchner.
De acuerdo a algunas versiones, Cristina Kirchner estuvo deprimida tras su internación de urgencia a finales de 2025, cuando debió ser operada de una apendicitis que se transformó en una peritonitis y complicó su estado de salud. La expresidenta pasó las fiestas en el sanatorio Otamendi y a su salida, no fueron pocos los que la notaron más delgada y bajoneada. Tal vez el endurecimiento de sus condiciones de detención, en noviembre, había impactado en su ánimo.
Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y…
El regreso a San José 1111, tras la internación, parece haber sido un punto de inflexión para Cristina Kirchner en medio de su prisión domiciliaria. Desde enero pasado, espació notablemente sus intervenciones públicas -con mensajes más esporádicos en las redes y escasas salidas al balcón-, pero puertas adentro siguió apegada a una rutina que le conocen muy pocas personas. Por caso, su secretario privado, Mariano Cabral, un joven que llegó a su equipo de la mano de Oscar Parrilli. Y que en algunas ocasiones se lo ve en el balcón asistiendo a su jefa.
Cristina Kirchner hace cinta todos los días, mientras mira los noticieros en un plasma colgado en la pared. Antes de las restricciones que le impuso el tribunal en diciembre pasado, también hacía yoga en clases que le daba “una compañera” en el living de San José 1111, pero que debió cortar porque se achicó notoriamente la cantidad de personas que pueden ingresar al departamento, fuera de la lista de integran sus hijos, sus abogados y un médico de cabecera.
Máximo Kirchner en el ingreso del departamento que habita su madreRicardo Pristupluk
Máximo Kirchner, que vive en un departamento prestado por la familia de Wado de Pedro sobre la misma calle San José, a cinco cuadras de su madre, la visita a diario. Con su primogénito hablan de cuestiones cotidianas, pero también de política, como es lógico suponer. Y las conversaciones no son todas armoniosas. “No siempre están de acuerdo”, reconocen fuentes de La Cámpora, pero en los hechos Máximo es quien más conoce el pensamiento de Cristina.
Florencia Kirchner ya no reside en San José 1111, pero visita a su madre junto a su hija de manera frecuente. En el entorno de la familia explican que no era conveniente para Florencia permanecer en ese departamento, porque el movimiento y la intensidad emocional que le depara la situación de su madre podían afectar su “proceso de recuperación”. Cristina se desconecta de la política en contadas ocasiones y siempre lo hace cuando está con su hija y su nieta.
Carlos Beraldi, el abogado principal de Cristina, es uno de los que la visita con frecuencia en San José 1111Ricardo Pristupluk
Además de las visitas que se publicitan -ya no tanto en la cuenta de X de Cristina sino en la de los visitantes-, también tienen acceso a la expresidenta sus abogados Carlos Beraldi (su principal defensor judicial) y Juan Grabois, quien la asiste en una causa conexa. No se sabe, a ciencia cierta, si el exfuncionario del Vaticano le contó a Cristina los pormenores de su charla con Peter Thiel, el tecno-magnate que se convirtió en un nuevo residente de la ciudad de Buenos Aires. Y que parece haber inspirado la nueva encíclica del papa León XIV.
Pese a que recibió permiso judicial para salir a la terraza del edificio dos horas al día, en horario diurno, Cristina Kirchner prefiere enfrascarse en las lecturas, con especial foco en la historia, en los pormenores de la inteligencia artificial y en informes económicos que requiere a diversos especialistas. Además, como todos, mira series en las plataformas. Matiza esos ratos de ocio con quejas por el maltrato que, según ella, le dispensa la Justicia. “Por qué hacen tanta diferencia con nosotros, si estamos acá, nunca nos movimos de acá”, pregunta la expresidenta.
Oscar Parrilli, uno de los dirigentes que están más al tanto de la situación de Cristina Kirchner
En San José 1111, cada cinco minutos se escucha un bocinazo. No ocurre en los días en que hay movilizaciones, como el que motivó el último reto judicial, sino en cualquier momento. Así lo relatan quienes se sentaron a charlar con Cristina en el último año. Y que notaron, puertas adentro, cómo ella oculta la tobillera electrónica que tiene puesta en su pierna izquierda. Eso la indigna particularmente: “¡A dónde me voy a ir -exclama-, si soy una de las personas más conocidas del país!“.
“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Honorable Senado de la Nación el próximo día jueves 02 de julio”, manifestó en la nota que el jefe de ministros envió al despacho de Villarruel.
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Según el escrito al que tuvo acceso este medio, Adorni presentará “el informe N° 146, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del Gobierno”. Tal como había anticipado, la visita será concretada en julio y no en junio, como esperaban los bloques aliados y opositores.
El anuncio llegó en medio de tensiones con diferentes bloques que buscaban avanzar con una moción de censura; en ese caso, sería el primer titular del Gabinete en ser sometido a este proceso. De hecho, en la reunión de Labor Parlamentaria, prevista para este miércoles, los bloques esperaban definir si se incorporaría al temario tratar sobre tablas la interpelación del jefe de los ministros, en el caso de que se sesione el jueves.
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El pedido comenzó a tomar fuerza durante la última semana, cuando los sectores dialoguistas, Villarruel y el bloque peronista manifestaron su rechazo a que el jefe de Gabinete comparezca ante la Cámara alta recién en julio para brindar su informe de gestión. Por este motivo, legisladores de diferentes espacios presionaron para que Adorni se presente durante el corriente mes tras no haberlo hecho en mayo.
Durante la jornada del jueves, Villarruel había reiterado la solicitud a Adorni de que cumpla con su obligación constitucional y publicó en redes la carta enviada al funcionario. En su mensaje, la Vicepresidenta subrayó que Adorni no asistió al Senado desde que asumió en noviembre de 2025, por lo que exigió su presencia en junio.
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“No habiéndose usted puesto a disposición de asistir a esta Cámara desde que ha asumido tan alta responsabilidad, le solicito tenga a bien dar cumplimiento a su obligación constitucional”, apuntó la titular del Senado, tras convocar la Labor Parlamentaria para este miércoles 17 de junio a las 18:00 horas.
La fecha fue fijada luego de que el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, reclamara públicamente la convocatoria a una reunión de Labor Parlamentaria con el mismo objetivo y recordara que el último informe fue el número 143, presentado el 26 de junio de 2025 por el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos. De esta manera, mañana se definirá el cronograma y la agenda junto a los jefes de bloques oficialistas y opositores.
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No obstante, el reclamo hacia Adorni se remonta a una semana atrás, cuando el jefe del kirchnerismo, José Mayans, solicitó formalmente a Villarruel que estableciera la fecha de presentación. Según constató este medio, el 8 de mayo envió una carta a la presidenta del Senado para requerir que el jefe de Gabinete asista al recinto y se indique el plazo para la presentación de preguntas por parte de los senadores.
“El jefe de Gabinete de Ministros, que tenía que haber estado acá, en el Parlamento, en mayo, no apareció. No sean cómplices de eso. El jefe de Gabinete de Ministros, en la próxima sesión, tiene que estar acá. Lo que pasa es que, como Milei dijo que iba a hacer desaparecer el Banco Central e iba a luchar contra la corrupción, imagínense ustedes que su jefe de Gabinete no puede luchar contra la corrupción”, criticó, según consta en la versión taquigráfica.
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En ese mismo documento especificaron que, previo al informe, los legisladores pueden enviar centenares de requerimientos para que sean respondidos por escrito antes de la comparecencia. Sin embargo, hasta el día de la fecha, ninguna de estas acciones se habría concretado.
De acuerdo con la estrategia que planteó el jefe de Gabinete, la cita buscaría obligar a los legisladores a que el tradicional receso de invierno quede trunco, al menos, por 48 horas. Aunque se planteaba que el funcionario habría intentado retrasarlo por un mes y medio, solamente consiguió tener dos semanas de ventaja hasta el día de la cita.
Un incendio en una vivienda del barrio Aceitero movilizó a Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y personal policial durante la jornada del martes. El siniestro ocurrió en calle 1380 y una mujer fue asistida luego de verse afectada por la inhalación de humo.
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.
La subjefa de la Comisaría Décimo Primera, Blanca Ramírez, informó que el aviso llegó cerca de las 11:30 horas, momento en el que los equipos de emergencia se dirigieron al domicilio afectado. Al arribar al lugar, Bomberos Voluntarios ya trabajaba en la zona alta de la vivienda para controlar la situación.
Durante el operativo, los bomberos lograron rescatar a tres perros que se encontraban en el interior de la casa. Según se indicó, al momento del inicio del fuego no había personas dentro del inmueble.
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.
El origen del fuego y la intervención de los equipos de emergencia
Luego de las tareas realizadas, Bomberos Zapadores confirmó que el incendio se habría iniciado por un desperfecto eléctrico y descartó que se tratara de un hecho intencional. La propietaria de la vivienda manifestó que previamente había detectado problemas relacionados con el calentamiento de la instalación.
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.
El trabajo coordinado entre las distintas fuerzas permitió controlar rápidamente las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros sectores de la vivienda o casas cercanas.
Además del operativo de extinción, una ambulancia acudió al lugar debido a que vecinos resultaron afectados por la presencia de humo. Las personas fueron asistidas con oxígeno como medida preventiva, aunque no se informaron lesiones de gravedad.
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.
Daños materiales y una familia afectada
Como consecuencia del incendio, la vivienda registró importantes daños materiales. En el lugar residía una mujer junto a sus hijos, quienes deberán afrontar las tareas de recuperación del inmueble tras el siniestro.
Una mujer fue hospitalizada por inhalación de humo en el barrio aceitero
Estados Unidos e Irán formalizarán este viernes en Bürgenstock, una exclusiva localidad de montaña en el centro de Suiza, el acuerdo destinado a poner fin al conflicto que enfrentó a ambos países desde finales de febrero. La elección del lugar fue confirmada por la cancillería suiza y responde a una decisión consensuada entre Washington, Teherán y los países mediadores, Pakistán y Qatar.
Según lo anunciado por el régimen iraní, tras la ceremonia comenzará un período de negociaciones de 60 días orientado a alcanzar un acuerdo definitivo sobre los puntos que aún permanecen abiertos entre ambas partes.
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El entendimiento contempla el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial que permaneció fuertemente restringida durante gran parte del conflicto.
A diferencia de Ginebra, que inicialmente aparecía como la opción más probable por su tradición diplomática, los mediadores optaron por un lugar mucho más reservado.
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Bürgenstock se encuentra sobre una cresta montañosa que domina el lago de Lucerna, a unos 500 metros de altura. Rodeado de bosques y con acceso limitado, el complejo ofrece condiciones ideales para reuniones de alto nivel que requieren estrictas medidas de seguridad.
El resort ocupa unas 60 hectáreas y combina hoteles de lujo, residencias privadas, restaurantes y un amplio centro de congresos. Su ubicación dificulta el acceso masivo y permite controlar con facilidad los movimientos en la zona.
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En condiciones normales, los visitantes pueden llegar por carretera, en helicóptero o mediante una combinación de barco desde Lucerna y un histórico funicular que asciende por la montaña.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza explicó que la sede fue propuesta por Pakistán y Qatar y aceptada posteriormente por las dos partes involucradas en el acuerdo.
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Suiza actuó como facilitador durante las conversaciones que desembocaron en el entendimiento entre Washington y Teherán.
Ese papel implica proporcionar apoyo logístico, coordinación diplomática y un entorno neutral para encuentros de esta naturaleza. Además, el país mantiene desde hace décadas funciones de representación entre Estados Unidos e Irán debido a la ausencia de relaciones diplomáticas directas entre ambos Estados.
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Un lugar con historia diplomática
La elección de Bürgenstock no es casual. El complejo ha sido sede de numerosas reuniones internacionales durante las últimas décadas.
En junio de 2024 acogió la cumbre internacional sobre Ucrania organizada por Suiza, que reunió a representantes de cerca de 90 países para debatir posibles caminos hacia una solución negociada de la guerra.
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También fue escenario de conversaciones relacionadas con Sudán y Chipre, además de varias reuniones del Grupo Bilderberg, conocido por congregar a dirigentes políticos, empresarios y expertos internacionales.
La combinación de privacidad, infraestructura y seguridad convirtió al lugar en una referencia para encuentros sensibles de alcance global.
Más allá de la diplomacia, Bürgenstock posee una larga historia vinculada a figuras políticas y culturales.
Desde su apertura en el siglo XIX recibió a jefes de Estado, miembros de familias reales y personalidades del mundo del espectáculo. Entre quienes pasaron por el complejo figuran el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, el canciller alemán Konrad Adenauer, los ex primeros ministros israelíes David Ben-Gurión y Golda Meir, así como actores como Audrey Hepburn, Sophia Loren, Charlie Chaplin y Sean Connery.
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Con vistas panorámicas a los Alpes y al lago de Lucerna, el complejo se ha consolidado como uno de los destinos más exclusivos de Europa. Esta semana sumará un nuevo capítulo a su historia al convertirse en el escenario donde Estados Unidos e Irán intentarán sellar formalmente el fin de una de las crisis más importantes registradas en Oriente Medio en los últimos años.
Condenaron a hombre por explotación sexual de una adolescente. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay condenó hoy a diez años de prisión a un hombre de esta provincia por engañar, trasladar y explotar sexualmente a una adolescente en situación de vulnerabilidad, oriunda de la provincia de Chaco.
Los hechos ocurrieron en un prostíbulo ubicado en Concepción del Uruguay, al sur de la provincia, donde la víctima fue sometida mediante golpes y amenazas por parte de Rubén Alberto Cabra, alias “Petro”.
La jueza Mariela Emilce Rojas, quien integró de forma unipersonal el tribunal, consideró a Cabra como autor de los delitos de ‘promoción y facilitación de la prostitución, agravado por haber mediado engaño y amenaza y trata de personas’.
Además, en sintonía con lo solicitado por la fiscal Josefina Minatta en su alegato, dispuso una reparación de 65.292.000 pesos en concepto de indemnización integral para la damnificada y ordenó el decomiso y embargo preventivo del local comercial donde se produjo el delito.
Con respecto a ello, consideró que se debía destinar al pago de la indemnización dispuesta y, en caso de existir un remanente, ponerlo a disposición del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los hechos comenzaron en 2006 cuando la víctima, de entonces 17 años, recibió una oferta laboral engañosa en la ciudad chaqueña de Villa Ángela. Una vez trasladada a Concepción del Uruguay, fue recibida en el prostíbulo denominado Snack Bar donde fue obligada a prostituirse bajo un régimen de violencia física y amenazas que se extendió hasta octubre o noviembre de 2008.
Las entidades de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) aprobaron por unanimidad una reforma integral de su estatuto durante el LIIIº Congreso Extraordinario, con el objetivo de actualizar su normativa interna y habilitar una estructura más moderna y federal.
La última adecuación general del Estatuto se remontaba a noviembre de 2006, y la actualización busca incorporar los cambios de la industria financiera, sumar nuevos asociados y renovar los objetivos de la entidad.
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“La actualización de la normativa responde a una visión estratégica de la Presidencia, orientada a armonizar las diversas miradas, trayectorias e intereses de las instituciones miembros para construir una propuesta común que preserve los valores históricos de la Asociación e incorpore, al mismo tiempo, las transformaciones de la industria financiera actual, con la posibilidad de sumar nuevos asociados, renovar los objetivos y promover un sentido federal”, se destacó en un comunicado.
El proceso fue impulsado bajo la conducción del presidente Juan Cuattromo , también presidente de Banco Provincia, y se apoyó en instancias de diálogo y construcción de acuerdos para reflejar la diversidad territorial e institucional de la banca asociada.
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“Desde la Asociación se coordinó un intenso proceso de diálogo, escucha y construcción de acuerdos que permitió reflejar la diversidad territorial e institucional de la banca asociada. El resultado alcanzado demuestra la madurez de la entidad para anteponer una visión sectorial compartida por encima de cualquier diferencia circunstancial, ratificando el compromiso colectivo con el desarrollo regional, la inclusión financiera y el fortalecimiento de las economías locales en cada rincón del país”, se explicó.
La entidad, fundada en 1959 con la misión de promover la banca provincial en un paradigma de banca de desarrollo, sostuvo que el nuevo marco normativo ratifica el compromiso con el desarrollo regional, la inclusión financiera y el fortalecimiento de las economías locales en todo el país.
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“La aprobación unánime de este nuevo marco normativo consolida el liderazgo institucional de la Asociación y sienta las bases de una ABAPPRA más ágil, participativa y representativa, preparada para responder con eficacia a los desafíos estratégicos del sistema financiero del presente y del futuro”, cerró el comunicado.
Además, de Cuattromo, los vicepresidentes de la entidad son Raúl Paolasso, de Banco de Córdoba (1ero); Guillermo Laje, del Banco Ciudad de Buenos Aires (2do); Laura Sprovieri, del Banco de Corrientes (3era); Livio Gutiérrez, del Banco del Chaco (4to); y Claudio Bosco, del Banco Provincial del Neuquén (5to).
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La entidad
La Asociación está integrada por entidades bancarias representativas de los Estados Provinciales, los bancos municipales, sociales y de inversión de todo el país.
“Su misión contempla como objetivos guía, afianzar el federalismo, impulsar el desarrollo de dicha Banca, propiciar la cooperación entre los asociados y resolver los problemas e inquietudes que se planteen en el sector”, destaca su web. Entre su objetivos se mencionan:
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Propiciar las relaciones convergentes entre la banca pública, privada y extranjera.
Concientizar a la opinión pública respecto de la importancia de contar en todo el territorio del país con una banca pública y privada eficiente y competente, en tanto ello configure un resorte esencial del desarrollo regional.
Representar a los asociados ante los Poderes del Estado, Banco Central de la República Argentina, Ministerios y Secretarías del Estado, Organismos centralizados y descentralizados, y toda otra entidad pública o privada, nacional o extranjera.
Participar mancomunadamente con los poderes públicos y con las autoridades oficiales para resolver problemas de índole económica, financiera y monetaria de interés general.
Realizar estudios acerca de la realidad económica, financiera, monetaria y de las medidas que en ese sentido se adopten, así como también elaborar estadísticas con el fin de extraer las consecuencias prácticas que pudieran afectar a las entidades asociadas y auspiciar su difusión por los medios más adecuados.
Organizar congresos, reuniones plenarias de presidentes, gerentes generales de los asociados para el tratamiento y análisis de temas relativos al sector.
Promover contactos, vinculaciones e intercambio de experiencias con entidades similares del exterior procurando establecer un marco de solidaridad internacional, en especial con aquéllas de los países miembros del MERCOSUR, abordando tópicos afines con la actividad.
La Iglesia católica argentina cuestionó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso bajo el nombre “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada“, al que calificó como una amenaza directa a la soberanía del país sobre sus recursos naturales. La advertencia llegó mediante una carta abierta firmada por el Área de Ecología Integral de Pastoral Social, la Entidad Nacional de Defensa del Indígena (Endepa) y Cáritas Argentina, dirigida a los legisladores que deberán debatir la iniciativa.
El documento institucional señala que la propuesta oficial “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”. La carta no se limita a una condena genérica: identifica artículos concretos del proyecto que, a juicio de las organizaciones firmantes, representan riesgos para el patrimonio colectivo de los argentinos.
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Uno de los puntos que genera mayor alarma entre las entidades eclesiásticas es la eliminación de las restricciones vigentes para que personas físicas o empresas extranjeras adquieran tierras rurales, incluyendo aquellas vinculadas a reservas de agua y otros bienes naturales. Hasta ahora, la legislación limitaba esas operaciones en zonas de frontera con el objetivo de frenar la extranjerización del suelo. El nuevo esquema propuesto por el Ejecutivo solo mantendría requisitos de autorización previa para Estados extranjeros y empresas con participación estatal, igualando al resto de los inversores foráneos con los nacionales.
Las organizaciones firmantes también pusieron el foco en los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras afectadas por incendios, una posibilidad que hasta ahora estaba vedada. El comunicado califica esa disposición de “alarmante” y la vincula con la modificación que el proyecto introduce a la denominada “ley del fuego”, norma impulsada en 2020 por el diputado Máximo Kirchner.
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La legislación vigente extendía las restricciones pos-incendio a bosques implantados y tierras productivas, además de los bosques nativos. El texto enviado al Congreso acota esa prohibición exclusivamente a los bosques nativos y a las áreas definidas por el ordenamiento territorial de cada jurisdicción, lo que amplía el universo de superficies disponibles para su uso inmediato tras un siniestro.
La carta también advierte que el proyecto debilita la potestad del Estado —en sus distintos niveles— para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario frente a capitales privados, tanto locales como extranjeros. Las organizaciones sostienen que esta pérdida de capacidad regulatoria afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población.
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Para respaldar su posición, el comunicado recurre a la reciente encíclica Magnifica Humanitas del Papa León, de la que cita un pasaje central: “El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes”.
Las entidades también recuperan palabras del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si’, donde se describe a la tierra como “hermana y madre” que “nos sustenta, nos alimenta y nos cobija”. Desde esa perspectiva, el documento rechaza que el suelo sea tratado como una mercancía o un recurso meramente económico, y reivindica su dimensión cultural e identitaria para las comunidades rurales, campesinas e indígenas.
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La carta incluye además una cita de Magnifica Humanitas sobre el concepto de desarrollo: “El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes”, y agrega que no puede considerarse humano aquel que “aumenta el consumo de algunos a expensas de costos y heridas en otros, o que relega regiones enteras a roles subordinados impidiéndoles expresar sus propias potencialidades”.
El comunicado incorpora también la cuestión habitacional como un eje vinculado al proyecto. Las organizaciones reconocen que el acceso a la vivienda propia es una necesidad primaria para numerosas familias argentinas y plantean que cualquier marco jurídico en la materia debe ser “justo tanto para propietarios como para inquilinos”, sin avalar las herramientas propuestas por el Ejecutivo para resolver esa problemática.
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El Gobierno, por su parte, defiende la iniciativa con argumentos de dinamización del mercado. Según datos del Instituto de Estadística y Censos porteño las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 70% en 2025 frente a 2023, aunque la infraestructura registral no acompaña ese ritmo al operar aún mayoritariamente sobre soporte físico. El proyecto oficial incorpora la digitalización integral y la creación de una “Ventanilla Única Federal Inmobiliaria” para agilizar la gestión remota de certificados.
Pastoral Social, Endepa y Cáritas convocaron a los legisladores a que, al momento de votar, antepongan “el bien común y el futuro de las generaciones venideras” por encima de los intereses particulares, apelando a lo que definen como “la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad”.
