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Argelia salta a la escena mundialista como el primer obstáculo de la Selección argentina, pero detrás del equipo africano se esconde una historia económica y social que la distancia notablemente del país sudamericano. Las similitudes demográficas contrastan con diferencias profundas en desarrollo, matriz productiva y distribución del ingreso.

Con más de 2,3 millones de kilómetros cuadrados, Argelia es el país más grande de África en superficie. Buena parte de ese territorio está dominado por el desierto del Sahara, lo que limita densidad poblacional y posibilidades productivas fuera del sector energético. Aun así, el país cuenta con 47 millones de habitantes, una cifra casi idéntica a la de Argentina.

Sin embargo, la riqueza generada por ambas economías es muy distinta. El Producto Bruto Interno (PBI) de Argelia ronda los 267.000 millones de dólares, menos de la mitad del argentino. La diferencia se amplía al analizar el PBI per cápita y la calidad de vida promedio.

Según explicó la economista Lara López Calvo en Infobae a la Tarde, “cuando dividís esa torta de valor agregado sobre una cantidad de habitantes similar, te das cuenta de que el valor agregado que produce Argelia es menos de la mitad del que produce Argentina”.

La economía argelina: energía, exportaciones y concentración

El modelo argelino pivotea sobre una base muy clara: la explotación de hidrocarburos. Petróleo y gas representan la gran mayoría de las exportaciones y constituyen el principal ingreso de divisas del país.

Argelia figura entre los quince mayores exportadores de petróleo y gas del mundo y es líder absoluto en África. Este perfil le ha permitido acumular reservas internacionales superiores a 57.000 millones de dólares, un monto que supera al argentino.

La contracara de esa bonanza energética es la escasa diversificación productiva. “Exportan sobre todo una materia prima en lugar de industrializarla dentro del país”, precisó López Calvo.

El resultado es una economía vulnerable a los vaivenes internacionales del precio del crudo y una distribución del ingreso muy desigual. El índice de Gini, que mide la concentración de la riqueza, sitúa a Argelia entre los países con mayor desigualdad relativa en la región.

Comercio bilateral: lo que une y separa a Argentina y Argelia

El vínculo comercial entre ambos países ilustra bien esas diferencias. Argentina exporta principalmente maíz, leche en polvo y trigo a Argelia, productos ligados a su potencia agroindustrial.

En sentido inverso, Argelia provee fertilizantes y gas, recursos clave en momentos de restricción energética argentina. “Son grandes clientes de la Argentina en maíz y leche en polvo”, detalló López Calvo.

Mientras la matriz exportadora de Argelia es estrecha y dependiente de los hidrocarburos, la argentina es mucho más diversificada. A los productos del campo se suman manufacturas, servicios y, desde hace algunos años, energía. Esto otorga mayor capacidad de adaptación ante crisis externas.

Inflación, reservas y futuro energético

Otro elemento clave en la comparación es la inflación. Argelia mantiene una tasa anual en torno al 4%, muy por debajo del 30% que atraviesa la economía argentina. Esta estabilidad, unida al fuerte caudal de divisas por exportaciones de gas y petróleo, refuerza el colchón financiero argelino.

Sin embargo, el futuro podría modificar el mapa energético internacional. El desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos de gas natural licuado abren la posibilidad de que Argentina incremente en los próximos años su peso como exportador energético. “De cara a 2030 vamos a aumentar mucho nuestras exportaciones y ahí sí nos vamos a acercar”, anticipó López Calvo.

Dos caminos productivos, dos realidades sociales

Las diferencias entre Argentina y Argelia no solo se reflejan en los números duros. El modelo argentino, pese a sus dificultades, se apoya en una matriz productiva mucho más diversificada. Agroindustria, industria manufacturera, servicios y energía conviven en una economía que, aunque afectada por la inflación y la volatilidad, ofrece una mayor variedad de oportunidades.

Argelia, en cambio, concentra riqueza y empleo en torno al sector energético. Cuando los precios internacionales acompañan, el país crece y acumula reservas. Pero la concentración productiva y la falta de industrialización limitan el desarrollo social y la distribución equitativa del ingreso.

Así, el debut mundialista entre Argentina y Argelia pone en la cancha mucho más que dos selecciones: enfrenta dos modos de entender la economía, de distribuir la riqueza y de encarar el desarrollo.

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Un video registró el momento en que pasajeros increparon a la delegación argentina que fue expulsada de Bolivia tras intentar ingresar al país como veedores de derechos humanos. Las imágenes, publicadas por el portal boliviano El Deber, fueron tomadas a bordo del avión que trasladó al grupo desde La Paz hasta Santa Cruz de la Sierra. Allí se escucha a viajeros que gritan: “¡Fuera, bloqueadores, zurdos, nosotros queremos trabajar!”. Las expresiones dan cuenta de la polarización que atraviesa Bolivia en medio de una crisis de más de 40 días de cortes de ruta.

La delegación estaba integrada por diputados nacionales y legisladores porteños del peronismo y la izquierda, así como por dirigentes sindicales. El grupo había llegado al aeropuerto de La Paz el 15 de junio de 2026 con el propósito declarado de relevar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz. Las autoridades bolivianas les retuvieron los documentos a su arribo, los redirigieron a Santa Cruz de la Sierra y, desde allí, los enviaron de regreso a la Argentina.

La escena captada en el avión refleja la tensión que se vive en Bolivia: de un lado, los sectores que apoyan los bloqueos de caminos impulsados por campesinos del altiplano, cocaleros afines a Evo Morales y obreros sindicalizados; del otro, quienes ven en esas medidas una parálisis que los priva de alimentos, combustible y medicamentos desde hace más de cinco semanas.

El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, confirmó la situación a través de su cuenta en X: “No nos permitieron ingresar a Bolivia. Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió. Marino había sostenido que el grupo viajaba en misión humanitaria, categoría que el canciller argentino Pablo Quirno calificó de “autoproclamada”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina confirmó la expulsión mediante un comunicado oficial. Quirno explicó que las autoridades bolivianas “detectaron inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”. “En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas, decidieron no admitir el ingreso”, precisó el funcionario.

El episodio se produjo mientras Bolivia atraviesa una de sus crisis más agudas en años recientes. Los cortes de carretera, concentrados en el altiplano y el valle central de Cochabamba, han provocado desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, con mayor intensidad en La Paz, cuyas vías de acceso permanecen cortadas. Según medios oficiales del Estado, al menos un conductor de transporte pesado murió tras permanecer más de un mes varado, y los choferes han denunciado dos casos adicionales.

Según El Deber, actualmente hay 52 bloqueos de caminos distribuidos por todo Bolivia. 20 se concentran en La Paz, el departamento más afectado. Luego le siguen Cochabamba (13), Oruro (12), Potosí (6) y Santa Cruz (1). El conflicto se desató hace 47 días. Inicialmente expresaba un reclamo por la derogación de la ley de tierras y mejoras salariales para distintos sectores de la actividad económica boliviana, pero las movilizaciones recrudecieron y derivaron en un pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esa es la consigna principal por estos días.

El lunes, una caravana humanitaria impulsada por la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y Cáritas Bolivia partió desde La Paz hacia la carretera internacional que conecta con Chile para llevar alimentos y medicamentos a unos 600 transportistas varados. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a los manifestantes que permitieran el paso de la misión: “A los movilizados, ser respetuosos del ingreso y tránsito de esta caravana que solamente está buscando paliar las necesidades más básicas de los transportistas”, afirmó, citado por medios locales.

El régimen de Irán amenazó este martes a Israel con una “dura respuesta” si mantiene sus operaciones militares en el sur del Líbano, en una advertencia que llega apenas un día después de que Teherán declarara terminada la guerra tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos.

La amenaza fue difundida por el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos de las Fuerzas Armadas iraníes, después de nuevos ataques israelíes en territorio libanés que dejaron muertos y heridos.

“Si el Ejército del régimen sionista, responsable del asesinato de niños, no pone fin a la violencia en el sur de Líbano, cabe esperar una dura respuesta de las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán”, señaló el organismo militar en una declaración difundida por la televisión estatal iraní.

Aunque Irán y Estados Unidos anunciaron un entendimiento para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, los combates y bombardeos en el frente libanés continúan generando tensiones sobre el alcance real del acuerdo.

El régimen de Teherán también acusó a Israel de incumplir los compromisos asumidos respecto al Líbano.

Según el mando militar iraní, las Fuerzas de Defensa de Israel habrían violado el alto el fuego “84 veces” en las últimas dos jornadas posteriores al anuncio del acuerdo entre Washington y Teherán.

En su comunicado, el organismo sostuvo que el Ejército israelí “continúa cometiendo crímenes y masacrando al pueblo oprimido de Líbano”, al tiempo que responsabilizó a Israel por la continuidad de la violencia en la región.

La denuncia iraní coincidió con nuevos ataques registrados en el distrito de Nabatiyé, en el sur del país. De acuerdo con las autoridades libanesas, al menos cuatro personas murieron y varias más resultaron heridas durante los bombardeos de este martes.

La situación en territorio libanés se ha convertido en uno de los aspectos más sensibles de las conversaciones posteriores al entendimiento entre Washington y Teherán.

El régimen persa sostiene que el cese de las hostilidades en el Líbano forma parte integral del memorando alcanzado con Estados Unidos y consideran que cualquier operación militar israelí contradice ese compromiso.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que “el fin de la guerra en Líbano es una parte inseparable” del acuerdo y reiteró que la normalización de la situación pasa por la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas ocupadas.

En la misma línea se expresó el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien mantuvo una conversación con su homólogo libanés, Nabih Berri. Durante ese intercambio sostuvo que “la guerra debe terminar en todos los frentes, incluido Líbano”, y reclamó la salida de las tropas israelíes de los territorios que permanecen bajo su control.

Netanyahu ratificó la presencia militar israelí

La posición de Teherán contrasta con las declaraciones formuladas por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras conocerse el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El jefe de gobierno aseguró que Israel mantendrá sus despliegues militares en distintos escenarios de conflicto de la región y descartó cambios inmediatos en esa estrategia.

Netanyahu afirmó que las fuerzas israelíes permanecerán en las áreas ocupadas del sur del Líbano y extendió ese criterio a otras zonas donde opera el Ejército israelí, incluidas partes de Siria y la Franja de Gaza.

Mientras tanto, desde Washington también surgieron llamados a evitar una escalada que pueda afectar el proceso abierto con Teherán. El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a Israel actuar con “más responsabilidad respecto a Líbano” y reconoció que la situación vinculada a Hezbollah sigue siendo uno de los principales desafíos para consolidar el acuerdo alcanzado.

Con las negociaciones encaminadas hacia una etapa destinada a definir un arreglo más amplio, los acontecimientos en el sur del Líbano aparecen como una de las principales pruebas para la estabilidad del pacto anunciado esta semana. Las amenazas lanzadas por Irán y la decisión israelí de mantener sus operaciones militares reflejan que, pese al acuerdo, persisten importantes focos de tensión en la región.

La paritaria aceitera volvió a cerrarse sin acuerdo este martes. La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo a pedido de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) terminó sin resultados, luego de que los gremios aceiteros rechazaran la propuesta empresaria de actualizar los salarios mes a mes según el índice de precios al consumidor del Indec.

Semanas atrás, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro en todas las plantas del pais, medida ante la que el Ministerio de Capital Humano reaccionó casi de forma inmediata con una conculiación obligatoria que vence este jueves 18 de junio.

Frente a la falta de acuerdo paritario el bloque empresario advirtió que cada semana de paro le costaría a cada trabajador hasta $960.000 en salario no percibido.

Según el comunicado que difundió por CIARA-CEC este martes tras la reunión, la industria llegó a la mesa dispuesta a firmar en ese mismo acto el compromiso de ajustar los salarios todos los meses según el reporte del Indec, sin excepción. “La industria confirmó que está dispuesta a firmar hoy mismo que todos los meses incrementará los salarios con el reporte mensual del Indec y de esa manera no perder poder adquisitivo. Pero no obtuvo voluntad de negociar de parte de los sindicatos”, señala el texto.

La oferta empresaria se apoya en los números acumulados desde enero: Ciara-CEC asegura haber anticipado aumentos del 13,8%, mientras que la inflación del mismo período llegó al 14,7%, una brecha de menos de un punto porcentual. Desde noviembre de 2023, el salario aceitero acumuló un alza del 361%, frente al 299% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al 304% del tipo de cambio en ese lapso. Las cámaras sostienen que su propuesta “es la única viable para defender los salarios aceiteros”.

Los gremios, en cambio, reclaman un aumento del 20% retroactivo a mayo y rechazan que la indexación por IPC sea suficiente para recomponer el poder adquisitivo. El secretario general del SOEA de San Lorenzo, Daniel Succi, había anticipado antes de la reunión que las bases estaban dispuestas a dar pelea: “Siempre tenemos ganas de negociar y siempre que sea conveniente para el trabajador vamos a ver cómo se hace”, afirmó en declaraciones radiales. Los sindicatos también cuestionaron las cifras salariales que difunde el sector empresario: mientras CIARA-CEC sostiene que el promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, Succi señaló que el básico inicial es de $2.344.000 y el tope de supervisores ronda los 3.500.000 pesos.

Frente a la posibilidad de un nuevo paro, Ciara-CEC volvió a insistir en el costo concreto para los propios trabajadores: cada día de paralización representa una pérdida de $160.000 por empleado, lo que en una semana laboral completa acumularía $960.000 por trabajador.

El origen del conflicto

El conflicto tuvo su detonante a fines de mayo, cuando ambos sindicatos declararon un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país tras la oferta empresaria de un incremento del 0% para ese mes. El Ministerio de Capital Humano intervino de inmediato con la conciliación obligatoria, que detuvo las medidas de fuerza y habilitó la negociación formal.

Según anticipó CIARA en su comunicado, es probable que la Secretaría de Trabajo extienda la conciliación una semana más, hasta el 25 de junio. De confirmarse esa extensión, las plantas del principal polo agroexportador del país seguirían activas mientras continúa la negociación. Los gremios, por su parte, quedarían habilitados para retomar las medidas de fuerza si no hay acuerdo al vencimiento del nuevo plazo.

El sector arrastra tensiones desde antes del paro del 27 de mayo. Semanas atrás, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en plena cosecha gruesa, en reclamo de un aumento del 15% en el flete, consecuencia del alza del gasoil efecto de la guerra de Medio Oriente. Esa medida, según las cámaras empresariales, generó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones y afectó el cumplimiento de contratos internacionales.

El verano en Italia trae consigo una medida inesperada que ha generado debate entre locales y turistas: las autoridades han decidido restringir el uso de sombrillas en una de las playas más populares de Cerdeña, imponiendo límites inéditos para quienes buscan protegerse del sol. Esta regulación responde a una combinación de razones de seguridad y preservación ambiental, según informaron los responsables municipales. Las restricciones llegan tras episodios recientes de incendios y masificación, que complicaron los operativos de evacuación y pusieron en riesgo tanto a bañistas como al delicado entorno natural de la zona.

El anuncio ha provocado reacciones inmediatas, desde la preocupación por la salud hasta el sarcasmo en redes sociales, en un país donde el acceso y la organización de las playas forman parte de la vida cotidiana y la identidad colectiva.

Prohíben las sombrillas en playas de Italia

La prohibición de sombrillas en playas de Cerdeña ya está vigente en Punta Molentis, en la costa sureste de Italia, y se mantendrá hasta finales de octubre. Desde el 5 de junio, solo pueden llevar sombrilla las familias con niños menores de 10 años, adultos mayores de 65 y personas con discapacidad, según detallaron The Guardian y BBC. Las autoridades de Villasimius explican que la medida responde a cuestiones de seguridad y conservación ambiental.

La ordenanza que restringe el uso de sombrillas en la localidad sarda afecta a la mayoría de los bañistas entre 10 y 65 años, quienes ya no pueden instalar sombrillas, carpas ni otros sistemas de sombra. Solo quienes van con niños pequeños, personas mayores o con discapacidad documentada tienen permitido protegerse del sol con estas estructuras. Las excepciones incluyen la exención de pago de la tarifa de entrada para los grupos autorizados.

La prohibición se implementó tras un incendio forestal en 2023 que forzó la evacuación de Punta Molentis. Según CNN, el portavoz del municipio afirmó: “Básicamente, es debido a ese incendio y a la dificultad que tuvimos para evacuar la playa debido a la gran cantidad de sombrillas instaladas que el municipio ha establecido esta norma”. Las autoridades sostienen que la masificación de la playa y el exceso de estructuras de sombra complicaron la salida segura de los visitantes durante la emergencia.

Además, The Guardian agrega que Punta Molentis está en una “zona de conservación” y que la normativa busca proteger el entorno natural ante la presión turística. BBC explica que, tras los incendios, tanto las dunas como el estacionamiento sufrieron daños graves. Hay habitantes que plantean cerrar la playa durante años para permitir su recuperación ambiental.

Otro aspecto importante es la ausencia de clubes de playa privados en la zona. Esto ha llevado a que los visitantes coloquen sombrillas en exceso, bloqueando accesos y generando riesgos adicionales en caso de evacuación.

La ordenanza ha generado amplia polémica. CNN y The Guardian recogen numerosas críticas y comentarios sarcásticos de residentes y turistas, que expresan preocupación tanto por la comodidad como por los riesgos para la salud. Entre los motivos más citados están la posible insolación y el cáncer de piel, lo que ha impulsado propuestas de boicot e invitaciones a buscar otras playas.

“¿Para poner una sombrilla tengo que alquilar un niño?”, fue una de las reacciones que se hizo viral. BBC recoge opiniones de habitantes que ironizan sobre llevar a la playa a los abuelos para cumplir con las reglas y la percepción de que la norma resulta injusta para quienes desean protegerse del sol.

Algunos bañistas consideran la medida ineficaz y destacan fracasos anteriores de normativas similares. Se advierte, además, de un posible aumento de casos de quemaduras solares y visitas a los servicios de urgencias debido a la falta de sombra.

Reglas de acceso de las playas en Italia

Las restricciones en Punta Molentis se suman a un riguroso sistema de normas vigente en muchas playas italianas. Según CNN, el acceso requiere reserva previa y el pago de 10 euros por persona, con exención para menores de 10, mayores de 65 años y personas con discapacidad. The Guardian informa que el ingreso está limitado a un máximo de 150 personas al día, mientras que solo pueden acceder hasta 70 vehículos diariamente. Quienes llegan por mar pagan una tarifa inferior.

En Italia, el aumento de precios en los clubes de playa privados ha elevado la demanda de playas públicas gratuitas. Alquilar una silla y una sombrilla puede costar hasta 500 euros al día durante la temporada alta. Esto ha generado protestas y un debate sobre el acceso justo al litoral y la protección de los espacios naturales.

A nivel nacional, las autoridades han adoptado otras medidas, como la prohibición de llevarse arena, el uso obligatorio de esterillas de paja y la reducción del número de sombrillas y tumbonas en lugares como Ostia y Jesolo para evitar saturaciones peligrosas.

El nuevo reglamento para sombrillas en Punta Molentis busca reducir los riesgos durante evacuaciones de emergencia y proteger un ecosistema frágil, tras un incendio forestal que evidenció los problemas de sobresaturación y falta de acceso. La medida excluye a familias con niños pequeños, personas mayores de 65 y personas con discapacidad, mientras aumenta los controles sobre los visitantes y vehículos diarios.

Entre la población local y los turistas que cada año disfrutan del mar Mediterráneo, la inquietud persiste: existe la duda de si los nuevos límites realmente favorecerán la seguridad o solo añaden obstáculos imprevistos al deseo de pasar un día tranquilo en la playa.

El presidente Javier Milei reformó este martes el proceso de postulación de magistrados federales con la firma del Decreto 467/2026. Publicado en el Boletín Oficial, la norma modifica los Decretos 222/2003 y 588/2003 y elimina una serie de instancias administrativas previas a la nominación presidencial que, según el texto oficial, duplicaban etapas ya previstas en el procedimiento constitucional del Senado de la Nación.

El decreto, firmado también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alcanza al proceso de designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Procurador General de la Nación, del Defensor General de la Nación y de los jueces de tribunales federales inferiores, fiscales y defensores públicos.

Aun así, el timing de la medida generó suspicacias al respecto de un posible avance para llenar las dos vacantes que hay en la Corte Suprema, luego de la jubilación de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Cerca de Mahiques admiten que por el timing en el que se impulsa no se evitan este tipo de interpretaciones.

El judicial es una de las pocas esferas en las que el Presidente reconoce que no tiene un conocimiento acabado y que, en tanto, prefiere delegar las tareas en sus funcionarios de confianza. Con el recambio de autoridades que hubo en marzo de este año en el Ministerio de Justicia, la ascendencia sobre las relaciones con el Poder Judicial y los funcionarios del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura (el órgano que determina la selección y remoción de los jueces federales) quedó bajo la órbita de Karina Milei y sus colaboradores.

Esto no lo exime a mantener reuniones de alto voltaje, como la que se produjo días atrás con el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien, según afirman fuentes oficiales de la Casa Rosada, le propuso dos candidatos para que el máximo tribunal complete su integración.

El decreto publicado implica que haya una menor cantidad de requisitos burocráticos y de revisión sobre los procesos de candidaturas de diversos puestos judiciales; entre ellos el de los jueces de la Corte. Aun así, en Justicia están más interesados en que se agilicen los actuales procedimientos para llenar las vacantes de jueces, fiscales y defensores.

“Es realmente un perno el tramiterío para hacer un pliego”, justifican operadores judiciales del Gobierno, quienes agregan: “Armar uno puede tardar dos semanas. A veces anunciamos que se van a mandar pliegos y muchas veces los podemos mandar semanas después. La constancia de la declaración jurada vía ARCA puede traer demoras y ni hablar otros asuntos burocráticos. La revisión se puede hacer tranquilamente a través del proceso ya establecido por el Senado”.

Es un razonamiento con el que coincidió el asesor presidencial Santiago Caputo, quien esta mañana publicó en X su adhesión al decreto. “El método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana. Son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado. Si tienen un problema con eso lo que hay que hacer es elegir mejores senadores. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes”, argumentó.

Según pudo saber Infobae, Caputo está de acuerdo con la propuesta de llenar las vacantes de la Corte que Lorenzetti le hizo llegar a Milei, el cual marida con las facilidades que vino a traer el decreto impulsado por Mahiques.

Meses atrás se tomó la decisión política de acelerar los pliegos judiciales para aliviar la acuciante situación de las vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías. Esto no se extendió al máximo tribunal, ya que el Presidente dejó en claro semanas atrás que no iba a impulsar los dos pliegos clave. La idea de Milei era no agotar negociaciones políticas por una Corte que está funcionando acorde a lo que espera y aguardar a las elecciones del año próximo, donde el oficialismo conseguirá una cantidad de bancas en la cámara alta que le permitirá estar en una posición aun más favorable que la actual. Ante todo, el Presidente no quiere repetir la experiencia fallida de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

Sin embargo, un mes atrás se logró aprobar la extensión del cargo judicial del camarista Carlos Mahiques (padre de Juan Bautista) con una mayoría abrumadora, contando con apoyos de sectores transversales a nivel político. Esto abrió el interrogante acerca de si con una buena gestión de adhesiones se podía lograr nombrar jueces sin la necesidad de esperar casi dos años. “Los senadores se van a poner más duros con una postulación a la Corte. No tiene sentido creer que se puede negociar de la misma manera eso que la ampliación de ‘Coco’ Mahiques”, dice una fuente inobjetable del ámbito judicial-libertario.

En una sesión realizada dos semanas atrás en el Senado, el oficialismo logró aprobar 74 candidaturas y el Ejecutivo envió importante cantidad hacia el Congreso. El Consejo de la Magistratura hizo lo mismo remitiendo más de un centenar de ternas al Presidente y evalúa realizar un plenario antes de la feria de invierno.

En esta instancia se están tratando cargos de altísima sensibilidad: los que rodean a Comodoro Py. La semana pasada se aprobó el Dictamen Nº 13/26 de mayoría, en el concurso Nº 461, destinado a cubrir dos cargos de vocal en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

En la primera terna fueron seleccionados el juez tucumano Fernando Poviña; la secretaria letrada de la Procuración General de la Nación, Agustina Inés Rodríguez; y el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola. En la segunda terna figuran el juez de San Martín, Julio César Di Giorgio; la fiscal federal Cecilia Incardona; y el camarista Pablo Bertuzzi. Las chances de Yadarola y Bertuzzi de ser seleccionados no son para nada remotas.

La lógica detrás de la nueva reforma de Milei

El argumento central del Poder Ejecutivo es que el esquema vigente desde 2003 había generado una superposición de controles: la publicación de antecedentes de los candidatos y la recepción de observaciones ciudadanas se realizaban primero en el ámbito del Ministerio de Justicia y luego volvían a cumplirse, con mayor amplitud y garantías constitucionales, ante el Senado. El texto del decreto sostiene que esta duplicación “ralentiza el proceso de cobertura de vacantes” y “desnaturaliza la etapa de nominación presidencial”.

El Gobierno también señaló en los considerandos que atraviesa una crisis institucional por el elevado porcentaje de cargos judiciales vacantes, cuya demora en cobertura impacta directamente en los tiempos de tramitación de los procesos y en los derechos de los justiciables.

El cambio más sustancial del decreto atañe a la selección de jueces del máximo tribunal. Bajo el esquema anterior, el proceso incluía etapas administrativas previas —a cargo del Ministerio de Justicia— que el Ejecutivo considera innecesarias dado que el Reglamento de la Cámara de Senadores ya prevé, en sus artículos 22 bis, 22 ter y 123 bis, audiencias públicas obligatorias, publicidad de los antecedentes y recepción de observaciones ciudadanas.

Con la reforma, el proceso para la Corte Suprema queda estructurado de la siguiente manera: producida una vacante, el Ministerio de Justicia debe publicar, en un plazo máximo de 30 días, el nombre y los antecedentes curriculares del o los candidatos en consideración, tanto en el Boletín Oficial como en la página web oficial del organismo, durante 3 días. Esa publicación —que reemplaza la anterior difusión en diarios de circulación nacional y local— refleja la actualización al entorno digital que también impulsa el decreto.

Dentro de los 5 días posteriores al cierre de esa publicación, los candidatos deben presentar una declaración jurada patrimonial en los términos de la Ley de Ética de la Función Pública N° 25.188, que incluya bienes propios, del cónyuge o conviviente, de la sociedad conyugal y de los hijos menores. A esa declaración deben adjuntar otra que detalle las asociaciones civiles y sociedades a las que pertenecieron o pertenecen en los últimos 8 años, los estudios de abogados con los que trabajaron y la nómina de clientes o contratistas del mismo período, con el fin de detectar posibles incompatibilidades o conflictos de interés.

En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá 5 días desde la recepción de la solicitud para elaborar un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales del candidato, con resguardo del secreto fiscal. Cumplidas estas instancias, el Ministerio de Justicia eleva las actuaciones al Poder Ejecutivo, que decidirá si remite la propuesta al Senado para obtener el acuerdo correspondiente.

El decreto deroga los artículos 3°, 6° y 7° del Decreto 222/03, que incorporaban criterios adicionales para la valoración de candidaturas a la Corte Suprema no previstos expresamente en la Constitución Nacional, entre ellos la exigencia de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional entre los miembros del tribunal. El Ejecutivo sostiene que esas consideraciones quedan dentro del ámbito de apreciación político-institucional del Presidente, siguiendo el modelo de Estados Unidos, donde la nominación presidencial tiene amplia flexibilidad.

Lo que no se toca es la garantía de publicidad, transparencia y participación ciudadana: el decreto es explícito en que esos mecanismos se mantienen, pero concentrados en el Senado, que es el ámbito constitucional donde el pueblo —a través de sus representantes provinciales— evalúa públicamente la idoneidad de los postulantes.