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  • Brasil ordenó detener al hermano de Flavio Bolsonaro en plena campaña para el balotaje

    Brasil ordenó detener al hermano de Flavio Bolsonaro en plena campaña para el balotaje

    La Justicia brasileña ordenó este jueves la detención de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano del candidato presidencial Flavio Bolsonaro. La medida llega a menos de tres semanas de la segunda vuelta del 25 de octubre, en la que el senador se enfrentará con Luiz Inácio Lula da Silva.

    El exdiputado reside en Estados Unidos desde 2025 y fue condenado en junio a cuatro años de prisión por promover sanciones contra Brasil ante el gobierno de Donald Trump, mientras avanzaba el juicio contra su padre por el intento de golpe de Estado.

    El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), dispuso que comience a cumplir la pena de inmediato y ordenó a la Policía Federal arrestarlo si vuelve al país. Además, resolvió cancelar su pasaporte brasileño.

    La decisión también alcanza a una figura que ocupa un lugar importante en los contactos de la familia Bolsonaro con Washington. Eduardo vive en Texas, tiene residencia permanente en Estados Unidos y ha intervenido en el acercamiento entre su hermano y la Casa Blanca.

    Noticia en desarrollo.-

  • “No nos quedan más opciones”: habló una de las estudiantes universitarias que participó de la sentada en el Palacio Pizzurno

    “No nos quedan más opciones”: habló una de las estudiantes universitarias que participó de la sentada en el Palacio Pizzurno

    Agostina Olivera justificó la protesta en el Palacio Pizzurno ante la falta de respuestas de las autoridades educativas
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    La protesta estudiantil en el Palacio Pizzurno sumó un nuevo capítulo al conflicto universitario. Agostina Olivera, consejera de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y militante de La Mella, explicó en diálogo con Infobae al Regreso por qué decidieron ingresar a la sede de la Secretaría de Educación y defendió la sentada como una forma de reclamar respuestas al Gobierno.

    La manifestación ocurrió un día después de que la Justicia ordenara al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declarara inconstitucional el decreto que había frenado su implementación. El Ministerio de Capital Humano calificó la protesta como una “toma violenta” y anticipó una denuncia judicial.

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    El encuentro con Carlos Torrendell y la llamada de Sandra Pettovello

    Olivera sostuvo que la protesta permitió concretar una reunión que, según afirmó, los estudiantes no habían conseguido desde el inicio de la actual gestión. “Lo que logramos ayer fue que por primera vez desde que asumió este gobierno, el secretario Carlos Torrendell nos reciba a los estudiantes. No había sucedido nunca”, señaló.

    Estudiantes universitarios realizaron una sentada en el Palacio Pizzurno para pedir por la Ley de Financiamiento y fueron desalojados

    De acuerdo con su relato, los manifestantes realizaron una sentada y, tras conversar con integrantes de la Policía Federal y funcionarios de la dependencia, aceptaron trasladarse a una sala para dialogar con el secretario. Sin embargo, el encuentro no avanzó como esperaban.

    La estudiante aseguró que Pettovello llamó por teléfono a Torrendell y le pidió que interrumpiera la reunión. “Le dijo que no podía negociar con nosotras, que no podía hablar con nosotras, que si no nos echaba en cinco minutos, él era el que iba a terminar echado del gobierno”, relató.

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    Según Olivera, la conversación se desarrollaba mientras los estudiantes planteaban sus reclamos. Uno de los temas abordados fue el monto de las Becas Progresar, que consideró insuficiente frente a las necesidades de quienes cursan en la universidad pública. “Ellos dicen en 35 mil pesos, pero son 28 mil los que les llegan a los estudiantes hoy en día, a los pocos que les llega esa beca”, afirmó.

    También cuestionó la falta de información sobre un petitorio presentado semanas antes. Según contó, cuando consultaron por el trámite, les dijeron que el expediente ya no figuraba en la Secretaría de Educación. Además, acusó al subsecretario de Políticas Universitarias de increpar a los manifestantes y grabar un video antes de retirarse.

    Olivera agregó que, después de la reunión, los estudiantes tuvieron dificultades para comunicarse porque les habían pedido dejar sus teléfonos antes de ingresar. “Nos estaban dejando básicamente privar de nuestra libertad dentro de una Secretaría de Educación”, denunció.

    (Infobae en Vivo)

    La discusión por la modalidad de la protesta

    Durante la entrevista, los periodistas cuestionaron el ingreso de los manifestantes al edificio público y advirtieron que las imágenes de los incidentes podían desplazar del centro de la discusión el reclamo por los fondos universitarios.

    Consultada por la rotura de un blindex que aparecía en los registros audiovisuales, Olivera dijo que no podía precisar qué había ocurrido porque había ingresado por otra puerta. “Yo lo que sucedió con esa puerta no lo sé”, respondió.

    La estudiante defendió el comportamiento de quienes participaron de la sentada y aseguró que la medida se desarrolló sin agresiones. Según su versión, los manifestantes permanecieron sentados, leyeron apuntes y confeccionaron carteles, mientras que los trabajadores que querían salir pudieron hacerlo.

    Frente al planteo de que la protesta podía perjudicar la legitimidad del reclamo, Olivera insistió en que el objetivo era conseguir una instancia de diálogo. “Fuimos al Congreso, nos dio la razón. Vamos a la Justicia, nos da la razón. Vamos a la calle, la sociedad acompaña. ¿Qué más uno puede hacer que ir a tocarle la puerta?”, sostuvo.

    Otro contrapunto surgió en torno a la representación estudiantil. El economista Martín Tetaz cuestionó que un grupo autoconvocado pudiera representar al conjunto de los universitarios y defendió el papel de las federaciones y las organizaciones institucionales.

    Olivera respondió que su participación también tenía respaldo institucional, ya que fue elegida consejera directiva por el claustro estudiantil de Ciencias Sociales. Al mismo tiempo, señaló que la convocatoria reunió a alumnos de distintas facultades de la UBA y del conurbano bonaerense. “Lo autoconvocado existe y funciona”, afirmó.

    El Ministerio de Capital Humano catalogó la manifestación como una toma violenta y anticipó acciones en los tribunales

    Qué reclaman los estudiantes y cómo seguirá el conflicto

    Olivera enumeró los principales reclamos que buscaban plantear ante las autoridades: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las Becas Progresar, recursos para comedores y residencias, políticas de salud mental y medidas vinculadas con el boleto educativo y el transporte.

    También se refirió a la situación salarial de docentes y no docentes. Aunque respaldó sus demandas, reconoció que las medidas de fuerza afectan las cursadas y las trayectorias académicas. “Los paros docentes para nosotros son un problema”, afirmó. Además, aseguró que 11.000 docentes habían dejado el sistema universitario público.

    Olivera estudia Trabajo Social en la UBA. Comenzó la carrera en 2022 y, según contó, le faltan seis materias y la tesis para recibirse. Desde esa experiencia, cuestionó las dificultades que enfrentan los alumnos para sostener sus estudios en un contexto de conflicto presupuestario y pérdida de poder adquisitivo.

    La estudiante también criticó a las distintas administraciones nacionales por la falta de soluciones al problema universitario. “Desde que yo tengo memoria, hasta el día de hoy, ninguna dirigencia política nos pudo dar respuestas”, expresó.

    La continuidad del conflicto dependerá de la implementación de la ley, la respuesta oficial a los reclamos presupuestarios y salariales y las próximas medidas de las organizaciones universitarias. Mientras el Gobierno cuestionó la modalidad de la protesta y anticipó acciones judiciales, los estudiantes sostienen que la falta de avances los llevó a intensificar sus reclamos.

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  • Tercer operativo en tres días en vivienda investigada por venta de drogas en Paraná: ordenaron clausurarla

    Tercer operativo en tres días en vivienda investigada por venta de drogas en Paraná: ordenaron clausurarla

    Un tercer operativo policial en tres días se desarrolló este jueves en una vivienda investigada por presunta venta de drogas, ubicada en calle Colombia, a metros de Ituzaingó, en barrio Las Flores de Paraná. La intervención se concretó después de dos procedimientos realizados el martes y miércoles, durante los cuales se secuestraron dosis de cocaína y marihuana y se detuvo a cuatro personas. Ante la reiteración de los hechos, la Justicia ordenó clausurar el inmueble.

     

    El jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González, confirmó a Elonce que el nuevo procedimiento se realizó por disposición judicial y contempló una inspección de la propiedad, donde los investigadores sospechan que podrían existir mecanismos para ocultar o descartar estupefacientes.



    “Hoy lo que se viene a hacer es la clausura del lugar bajo una directiva y un mandamiento judicial del doctor Alfieri. Pero previo a eso, hay una inspección que tiene que ver con los desagües y todo eso”, explicó González.

     

    Cuatro detenidos y droga secuestrada en dos procedimientos

     

    El primer allanamiento se realizó el martes, cuando efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas y otras unidades policiales ingresaron a la vivienda y encontraron estupefacientes preparados para su comercialización.



    Según detalló el jefe policial, en esa intervención se secuestraron más de 115 dosis de cocaína y otras dosis de marihuana. Además, se efectuaron detenciones en el marco de la investigación.



    Sin embargo, al día siguiente se produjo un nuevo episodio. Personal policial observó a un joven que, al advertir la presencia de los efectivos, adoptó una actitud evasiva, escapó por las inmediaciones y se refugió en la misma propiedad.



    Los uniformados ingresaron nuevamente al inmueble y encontraron otras dosis de marihuana. El procedimiento derivó en nuevas detenciones.



    “Hay cuatro personas detenidas entre el martes y lo que sucedió ayer”, precisó González, quien confirmó que también se dispuso el secuestro de elementos utilizados para reforzar la estructura de la vivienda.

     

    Reconstruyeron una abertura que había sido intervenida por la Policía

     

    Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que, después del primer allanamiento, se realizaron modificaciones en una abertura que había sido intervenida por los efectivos.



    Durante la cobertura de Elonce se observó que el cemento utilizado para reparar el sector todavía estaba fresco. Según lo informado en el lugar, la abertura había sido reducida y reforzada con nuevos elementos de seguridad.

     

    González indicó que, además de los estupefacientes, se secuestraron materiales utilizados para fortificar el inmueble, entre ellos pasadores y componentes de las aberturas.



    La reiteración de los procedimientos motivó una nueva intervención judicial para impedir que el lugar continuara siendo utilizado para las actividades investigadas.

     

    Inspeccionaron los desagües con cámaras especiales

     

    El subdirector de Drogas Peligrosas, Pablo Preiz Casas, señaló: “Volvieron a librar una orden de allanamiento para que podamos hacer una inspección mucho más minuciosa del inmueble”.



    Para ello, los efectivos utilizaron herramientas especiales, entre ellas un rotomartillo y un sistema de cámaras que permite examinar conductos y desagües.

     

    “Si estamos hablando de una propiedad que está acondicionada al estilo de un búnker, también tenemos que pensar en que pueden tener algún sistema de descarte y demás, que es lo que se está haciendo ahora en el relevamiento”, explicó Preiz Casas.

     

    La inspección buscaba determinar si existían espacios ocultos o mecanismos que permitieran hacer desaparecer sustancias ante la llegada de los investigadores.



    Por su parte, González informó que, al ingresar durante el tercer procedimiento, los policías encontraron a dos personas dentro de la vivienda. La situación fue comunicada a la autoridad judicial para determinar las medidas correspondientes.

     

    Cómo será la clausura de la vivienda

     

    Preiz Casas confirmó que la orden judicial establece la clausura del inmueble una vez finalizadas las tareas de inspección.

     

    “Vamos a colocar fajas de seguridad, candados, cadenas y se va a disponer una consigna periódica sobre el lugar”, detalló.


    Nuevo allanamiento en una construcción de barrio Las Flores


    El funcionario aclaró que, por el momento, no existe una disposición de demolición ni una resolución sobre otro destino para la propiedad.

     

    “Posteriormente avanzará la Justicia con alguna resolución al respecto”, indicó.

     

    De esta manera, la vivienda quedará cerrada y bajo controles policiales, mientras continúa la investigación judicial por la presunta comercialización de estupefacientes.



    Durante la cobertura también se registraron momentos de tensión con personas que cuestionaron la presencia del equipo periodístico. González aseguró que la Policía garantizaría la seguridad de los trabajadores de prensa y aclaró que la intervención estaba dirigida específicamente al inmueble investigado, sin involucrar al conjunto de los vecinos del barrio.

  • Se conocieron los argumentos legales por los cuales el Senado exoneró a Juan Pablo Aguilera

    Se conocieron los argumentos legales por los cuales el Senado exoneró a Juan Pablo Aguilera

    La Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos dispuso la destitución por exoneración del agente de planta permanente Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, mediante el Decreto N° 181, emitido el 18 de septiembre de este año y rubricado por la presidenta del cuerpo, Alicia Aluani. La medida extingue formalmente la relación laboral del empleado público tras haber quedado firme la condena penal dictada en su contra por delitos cometidos contra la administración pública. Actualmente, Aguilera cumple su condena en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, junto a Urribarri y Pedro Báez (exministro de Comunicación).

    Aguilera, cuyo legajo personal era el N° 179.924, revistaba en la categoría de Jefe de Unidad de Organización dentro del Bloque del Partido Justicialista “Más para Entre Ríos”, registrando una antigüedad en la Cámara de 18 años, 9 meses y 12 días.

    Según el decreto al que accedió ANÁLISIS, el procedimiento de expulsión se impulsó tras confirmarse, mediante informe de la Oficina de Gestión de Audiencias de Paraná, el estado procesal del Legajo Penal N° 11.808 (y sus causas acumuladas), referente a la sentencia dictada el 7 de abril de 2022 en el marco del Megajuicio.

    En dicho fallo, el Tribunal de Juicio y Apelaciones declaró a Aguilera culpable como participe necesario y responsable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículos 261 y 265 del Código Penal argentino). La pena fijada por el Poder Judicial —que se encuentra firme y ejecutoriada— consiste en 6 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa.

    Los argumentos normativos para la exoneración

    Según registró ANÁLISIS, el Decreto N° 181 encuadra la sanción en los incisos b) y c) del artículo 39 de la Ley Provincial Nº 9014 (Estatuto del Personal Legislativo), que estipulan la exoneración por condena penal por delito doloso contra la administración pública y la imposición de inhabilitación para el desempeño de funciones públicas. Adicionalmente, el organismo fundamentó la decisión mediante la aplicación analógica del artículo 72 del Marco Normativo de Empleo Público de Entre Ríos (Ley N° 9755).

    Entre los argumentos legales, constitucionales e internacionales expuestos en los considerandos del decreto se destacan:

    -Constitución de Entre Ríos (artículo 39): dictamina que todo funcionario o empleado público sobre quien recaiga condena penal firme por delitos contra la administración debe ser apartado de su cargo en forma inmediata.

    -Constitución Nacional (Art. 36): establece la inhabilitación para ocupar empleos públicos a quienes incurran en delitos dolosos graves contra el Estado que conlleven enriquecimiento.

    -Compromisos internacionales (Ley N° 26.097): se citaron los artículos 17 y 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, los cuales obligan a los Estados parte a adoptar medidas de destitución o sanción frente a hechos de malversación o peculado cometidos por agentes públicos.

    -Imposibilidad material de servicio: se remarcó que el cumplimiento efectivo de una pena privativa de la libertad resulta un impedimento insalvable para que el agente se presente a prestar servicios laborales.

    “En mérito de ello, el carácter firme de una sentencia de condena implica desvirtuar definitivamente respecto del imputado el estado jurídico de inocencia o de no-culpabilidad del que gozaba hasta ese entonces lo que, por ello mismo, explica la ejecutividad de aquélla. Que calificada doctrina se ha expresado respecto al bien jurídico que se busca proteger al sancionar este tipo de conductas delictivas, en el delito de peculado son varios bienes jurídicos afectados, en primer lugar, la sustracción del bien que afecta a la propiedad; en segundo lugar, la seguridad con que la administración trata de preservar los bienes jurídicos, la fe o confianza pública depositada en el funcionario encargado del manejo o la custodia de esos bienes y por último el normal funcionamiento de la administración en su aspecto patrimonial”, refiere el decreto.

    Y agrega: “Que la conducta propia del delito de peculado (art. 261 del Código Penal argentino) es la de apartar, separar o extraer bienes públicos, y se configura con el quebrantamiento de la esfera de custodia en la que se encuentra el bien, determinada por la ley, el reglamento o la orden emanada de autoridad competente, y cuya titularidad corresponde al funcionario autor del ilícito. Que en el caso del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, Gustavo Eduardo Aboso, citando al doctrinario Soler, explica que ‘el objeto tutelado por este delito es el interés que tiene el Estado en el fiel y debido desempeño de las funciones de la Administración en sentido amplio, de manera que la actuación de los órganos no solo sea imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad’”.

    Las razones para omitir el sumario administrativo previo

    Un punto central de la resolución fue la decisión de no instruir un sumario administrativo previo para disponer la expulsión. La Presidencia del Senado sustentó la invalidez de sustanciar un nuevo trámite interno bajo tres razones principales.

    En primer lugar, se indicó que al existir una sentencia penal condenatoria firme por delito contra la administración, la falta disciplinaria queda acreditada de pleno derecho, lo que habilita la aplicación automática de la exoneración.

    En segundo término, se subrayó que pretender juzgar administrativamente hechos que ya fueron probados judicialmente en un proceso penal con amplitud de debate podría conducir a resoluciones contradictorias. Se citó como precedente idéntico el Decreto N° 070 HCS de la Cámara de Senadores.

    En tercer lugar, se explicó que se constató que Aguilera ejerció íntegramente su derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional) a lo largo del proceso penal, habiendo tenido la oportunidad de presentar pruebas, alegar y recurrir el fallo hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    Dice el decreto de exoneración: “No resulta ocioso mencionar, y sin perjuicio de las causales legales objetivas, de moralidad y ética pública, el hecho de encontrarse el agente cumpliendo una condena de prisión efectiva resulta una causal sobradamente insalvable e impeditiva a fin de que el agente pueda presentarse a prestar servicios en favor de la administración empleadora. Que ante análoga casuística administrativa, mediante el Decreto N° 070 HCS del 137º Período Legislativo, se ha considerado que ‘no corresponde incoar Actuaciones Administrativas para juzgar las conductas de los Encartados en lo relativo al incumplimiento de sus deberes como Empleados Públicos’, ya que las mismas han sido atribuidas como contrarias a la ley, mediante proceso penal llevado a cabo por un Tribunal de Juicio Jurisdiccional, habiendo sido condenado y encontrándose firme el decisorio”.

    Y completa: “Que sin hesitación alguna en el presente, nos encontramos ante causales objetivas, cuyos presupuestos legalmente previstos se encuentran ampliamente configurados, como lo es la sentencia penal condenatoria firme y ejecutoriada sobre el agente público al acreditarse su responsabilidad penal en la comisión de delito doloso contra la administración pública con pena privativa de la libertad e inhabilitación, lo cual torna viable la aplicación automática de la máxima sanción disciplinaria administrativa de exoneración sin la necesidad de transitar el iter administrativo de la instrucción de sumario”.

    El acto administrativo concluye con las firmas de la presidenta del Senado, la vicegobernador Alicia Aluani, el secretario Sergio Gustavo Avero y el director de Despacho Fernando Dante Monge, ordenando la notificación a la Coordinación de Recursos Humanos para el registro del cese definitivo en el legajo del exagente.

  • ¿Ahora o más tarde? En línea con Caputo, Santilli acelera reuniones con los gobernadores, pero los Menem frenan el ritmo

    ¿Ahora o más tarde? En línea con Caputo, Santilli acelera reuniones con los gobernadores, pero los Menem frenan el ritmo

    Diego Santilli puso en marcha este jueves las reuniones con gobernadores post encuentro en París, para intentar concretar así su plan y el del ministro de Economía, Luis Caputo, de terminar de cerrar con las provincias que hagan falta, antes de que culmine octubre. Y llevarse el acompañamiento, claro, para la anulación de las PASO en 2027.

    Pero dentro del Gobierno no todos los actores están con la misma urgencia. Los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, principales laderos de la secretaria general, Karina Milei, muestran vocación de acuerdo pero, según voces que hablaron con LA NACION, no pretenden pactar a cualquier costo con los aliados y menos poner en riesgo la estructura territorial propia de La Libertad Avanza (LLA).

    “El Colo y Toto están más impacientes; los Menem, sin tanto apuro”, resume una alta fuente a LA NACION. Karina Milei abrevaría en la línea de sus lugartenientes riojanos.

    Dicen los que saben que Santilli se entusiasma con terminar el mes con los entendimientos listos, tal como les dijeron él y Caputo a los gobernadores en Francia. El ministro de Economía es el más interesado en que se selle el dilatado pacto, para darle un plafón político al Gobierno que imprima estabilidad en los indicadores económicos. Sobre todo el riesgo país, que la semana pasada superó los 650 puntos y que esta dio un respiro tras el triunfo en Brasil de Flavio Bolsonaro (una victoria que envalentonó las vibras triunfalistas en los más obsecuentes mileístas).

    Javier Milei y Flavio Bolsonaro durante la campaña de Brasil
    Javier Milei y Flavio Bolsonaro durante la campaña de BrasilEttore Chiereguini – AP

    Sin embargo, quienes observan las diferencias de la mesa política, pero no se involucran en el barro, analizan que a las charlas todavía les queda hilo en el carretel. Ven poco probable una convergencia inmediata.

    Los gobernadores aliados perciben la buena voluntad de la dupla Santilli-Caputo, pero todavía no terminan de desentrañar qué quieren Karina Milei y los Menem. De momento, la secretaria general les dijo en París a los jefes provinciales que esto tiene que ser un doble conforme: que su hermano reelija y que ellos también. Pero, al no estar el detalle de cómo se instrumentará ese posible pacto en cada distrito, los gobernadores desconfían. Los socios dicen no estar dispuestos a votar la eliminación de las PASO si no hay una garantía de que LLA no los pondrá a ellos en juego. Los avala la experiencia previa, cargada de incumplimientos.

    Las diferencias de timing e intereses entre las terminales políticas del Gobierno son evidentes en los planteos de sus representantes.

    El ministro Caputo, que el lunes no participó de la reunión de Gabinete, fue horas después al streaming del Gordo Dan y en medio de la jocosidad ultraoficialista dijo: “El riesgo kuka para mí es cero, no hay ninguna posibilidad de que eso pase. Ahora, ¿es lo que piensa el 100% de los inversores, del mercado? No. Tengo que actuar en consecuencia a eso, no me voy a quedar con el view (mirada) mío. Me voy a preparar por si alguno piensa que las cosas no van a ser así“. De esa forma justificó la compra de reservas, los swaps y, por lo bajo, su insistencia acuerdista.

    El ministro de Economía, Luis Caputo
    El ministro de Economía, Luis CaputoFabián Marelli

    Los gobernadores que fueron a Francia esperan el llamado desde Balcarce 50 porque el acuerdo todavía sigue verde. Hoy Santilli retomó las gestiones. Mientras garuaba en la tarde de esta extraña primavera porteña, recibió en la Casa Rosada al gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo. Mañana verá al de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

    Para la semana que viene todavía no hay agenda confirmada, pero se harán en Capital tres eventos que traerán hasta acá a los jefes provinciales: el Congreso de Federalismo Fiscal, que organiza la Comisión Federal de Impuestos (CFI) para el miércoles 14 y jueves 15; la 2° Cumbre Federal de Logística montada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) el viernes 16; y otro mitin de la Red de Acción Política. Santilli vislumbra, acompasado por la llegada de mandatarios a la Capital, un nuevo raid.

    En el ala negociadora del Gobierno sueñan con cerrar un frente político con al menos once provincias: Chubut, Mendoza, la Ciudad, Entre Ríos, San Juan, Catamarca, Jujuy, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Neuquén entran en la baraja. “No hay una definición absoluta sobre este tema hacia adentro”, admiten, no obstante, fuentes oficialistas. Con otras provincias podrían hacerse otro tipo de acuerdos; no de confluencia.

    A esta altura incluso en esos sectores más conciliadores dan por descontado que en la mayoría de las provincias del país, LLA va a competir con candidatos propios. Está por verse la intensidad de esas postulaciones. Fuentes que saben lo que piensan los Menem dicen que de ninguna manera van a “desdibujar” el partido.

    Afirman, asimismo, que Martín Menem está a favor de negociar alianzas, pero no a entregar toda la estructura provincial que montó junto a su primo Lule y a Karina Milei.

    Voces que conocen la diaria oficialista refieren que en el menemismo hay actores que todavía ponen sobre la mesa la posibilidad de cerrar un acuerdo por las PASO diferenciado del pacto que se selle para competir el año que viene; un escenario improbable para los gobernadores, que pujan por el combo. En esas terminales deslizan que los entendimientos para 2027 se podrían estirar hasta diciembre, y por qué no más. Los que abrevan esta posición tienen además una fe ciega en el plan de Milei. Afirman que el Presidente es “el ancho de espadas” y el elector de más arrastre, por lo que buscan condicionar desde ahí la negociación. Creen que más cerca de la elección tendrán más poder de fuego, porque ven un panorama económico de mejora.

    Lule Menem y Martín Menem
    Lule Menem y Martín MenemPilar Camacho

    Además de las gobernaciones, un aspecto clave del toma y daca será cómo repartir los lugares en las listas nacionales al Congreso. Los libertarios quieren teñir los listados de violeta; el kari-menemismo se envalentona con lograr la mayoría propia que le permita un segundo mandato de Milei full propio. Pero los gobernadores no están dispuestos a entregar todo. Es que tanto los senadores como los diputados que les responden son los que los dotan de poder de negociación (sobre todo por fondos) con el Ejecutivo central.

    “LLA va a querer que la gran mayoría de los diputados que entraron en 2023 al Congreso reelijan. Entonces, ya de por sí habrá lugares ocupados en las listas; no va a haber tanto para repartir”, avisan desde los entornos más duros a la confluencia.

  • Fuerte retroceso: la faena vacuna cayó en más de un millón de animales en los primeros nueve meses del año y bajó la producción de carne

    Fuerte retroceso: la faena vacuna cayó en más de un millón de animales en los primeros nueve meses del año y bajó la producción de carne

    La faena vacuna acumuló una caída del 10% en los primeros nueve meses de 2026, con más de un millón de animales menos procesados que en el mismo período del año pasado. Según el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, entre enero y septiembre se faenaron 9,18 millones de bovinos, frente a los 10,20 millones de igual período de 2025. En septiembre, la actividad retrocedió un 11% interanual y el promedio diario se ubicó en el nivel más bajo desde enero de 2022.

    Durante septiembre se procesaron aproximadamente 1,045 millones de cabezas, unas 129.200 menos que un año atrás. Frente a agosto, el total aumentó un 3,3%, equivalente a unos 33.600 animales. Sin embargo, al ajustar por la cantidad de días hábiles —22 en septiembre y 20 en agosto—, la faena diaria cayó un 6,1%, de 50.600 a 47.500 cabezas. En rigor, entre enero y septiembre se faenaron 1.020.760 bovinos menos que en igual período de 2025.

    Las mayores reducciones en la faena acumulada correspondieron a las hembras de dos dientes, con unas 244.300 cabezas menos, y a las de ocho o más dientes, con aproximadamente 232.600 animales menos. En sentido contrario, la faena de hembras de seis dientes aumentó en unas 18.100 cabezas respecto de los primeros nueve meses de 2025.

    En total, entre enero y septiembre se remitieron a faena unas 603.100 hembras menos que en igual período del año anterior. Su participación en el total fue del 45,9%, frente al 47,2% de 2025. En septiembre, específicamente, representaron el 44,1% de los animales procesados, por debajo del 47,3% registrado un año atrás.

    Se procesaron 2,203 millones de toneladas de carne vacuna entre enero y septiembre de 2026
    Se procesaron 2,203 millones de toneladas de carne vacuna entre enero y septiembre de 2026DANIEL GARCIA – AFP

    La producción de carne bovina también disminuyó en el acumulado de los nueve meses. “En los primeros nueve meses del año 2026, se produjeron cerca de 2,203 millones de toneladas equivalente carcasa; un (-6,6%) menos que los 2,357 millones de toneladas obtenidas entre enero y septiembre de 2025”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC. La diferencia fue de aproximadamente 154.900 toneladas.

    Por categoría, la producción de carne de novillos y novillitos retrocedió un 4,4%, de 1,290 millones a 1,234 millones de toneladas. La de vacas cayó un 8,3%, de unas 445.900 a 409.000 toneladas, mientras que la de vaquillonas disminuyó un 10,7%, de aproximadamente 569.800 a 509.000 toneladas. En toros, la reducción fue del 0,4%, de unas 51.300 a 51.100 toneladas.

    El peso promedio de las carcasas durante enero-septiembre se ubicó en 240 kilos, un 3,8% por encima de los 231,2 kilos del mismo período de 2025. En septiembre alcanzó los 247 kilos, un 0,6% más que en agosto y un 6,5% por encima de los 231,9 kilos registrados en septiembre del año pasado.

    Respecto de la producción del último mes, Ravettino señaló: “La producción de carne bovina obtenida en septiembre de 2026 resultó cercana a las 258,2 mil toneladas equivalente res con hueso, que implica una suba moderada, de un 4%. con respecto al mes de agosto; y una baja moderada de un 5,2%, con respecto al mes de septiembre del año 2025”. Ese volumen representó unas 9900 toneladas más que en agosto y aproximadamente 14.100 toneladas menos que un año atrás.

    Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC
    Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC

    Las empresas asociadas al Consorcio ABC registraron un comportamiento diferente al del total nacional en el acumulado del año. Entre enero y septiembre faenaron 3,622 millones de bovinos, un 3,5% más que en igual período de 2025, y representaron el 39,5% de la faena del país, frente al 34,3% del año anterior.

    En septiembre, los frigoríficos asociados procesaron unas 418.500 cabezas, un 0,6% más que en agosto. “La faena de las empresas asociadas al Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, alcanzó las 418,5 mil cabezas en el último mes de septiembre, representando el 40,0% de la faena total”, indicó Ravettino. Esa participación fue inferior al 41,1% de agosto, pero superior al 34,7% de septiembre de 2025.

    Según el informe, septiembre presentó restricciones en el volumen de oferta de novillos y vacas destinados a exportación similares a las observadas durante los meses anteriores. La entidad señaló que esa situación llevó a “una relativa estabilidad en el nivel de utilización de la capacidad instalada de faena de las empresas asociadas”.

    Por otra parte, los establecimientos de engorde a corral tenían, al 30 de septiembre, existencias cercanas a los 2,098 millones de bovinos, según datos del Senasa. El volumen fue un 9% superior a los 1,916 millones contabilizados al cierre del tercer trimestre de 2025.

  • El economista que Milei invitó a una reunión de Gabinete se hizo tres preguntas clave sobre el futuro del plan libertario

    El economista que Milei invitó a una reunión de Gabinete se hizo tres preguntas clave sobre el futuro del plan libertario

    El economista Alberto Ades disertó en la última reunión de Gabinete.
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    Tras haber sido convocado por el presidente Javier Milei para participar de una reunión de Gabinete, el economista Alberto Ades publicó un análisis sobre la economía argentina en el que combinó elogios a la gestión oficial con una advertencia: la transformación que impulsa el Gobierno puede resultar necesaria para crecer, pero también deja dilemas abiertos en materia de política monetaria, tipo de cambio y financiamiento.

    El economista argentino radicado en Estados Unidos valoró el ordenamiento fiscal, la desinflación y la reducción de la pobreza que atribuyó a la gestión de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el resto del equipo económico. “Ha encarado una tarea verdaderamente titánica, con logros que me parecen ya notables”, escribió.

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    A la vez, Ades puso el foco sobre los costos de la apertura comercial y de la expansión de sectores como la energía, la minería y el agro. Su diagnóstico es que ambos procesos están modificando los precios relativos y la distribución de capital, empleo y otros recursos entre las distintas actividades.

    La apertura comercial

    El análisis de Ades parte de una idea: una economía que se abre al comercio internacional mientras crecen sectores históricamente relegados por las políticas públicas atraviesa una transformación de su estructura productiva.

    Alberto Ades

    La apertura expone a las actividades que estuvieron protegidas a una competencia mayor. A su vez, el avance de la energía, la minería y el agro puede impulsar una apreciación del tipo de cambio real, con consecuencias sobre la rentabilidad de otras ramas productivas.

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    Ades advirtió que observar sólo a los sectores afectados puede llevar a conclusiones parciales. “El riesgo de analizar estos procesos en equilibrio parcial, concentrándose en los sectores perjudicados, es perder de vista lo que ocurre en equilibrio general”, planteó.

    En esa lógica, algunas empresas pueden contraerse o desaparecer sin que eso suponga necesariamente una destrucción de riqueza para el conjunto de la economía. El resultado puede ser una reasignación de recursos hacia áreas donde el país cuenta con mayores ventajas comparativas y productividad.

    El economista sostuvo que esa transición es indispensable para que la Argentina pueda crecer de manera sostenida. Pero remarcó que no ocurre sin costos: hay inversiones que no pueden reconvertirse de un día para otro, trabajadores que necesitan adquirir nuevas capacidades, restricciones para acceder al crédito y empresas que pueden no resistir hasta que las nuevas condiciones se consoliden.

    “Detrás de cada empresa que cierra hay trabajadores, familias e historias que merecen nuestra atención”, escribió.

    El primer interrogante: la política monetaria

    El primer gran debate que propuso Ades se concentra en la política monetaria. El economista se preguntó si, sin abandonar los objetivos de baja de la inflación, existe margen para aliviar las condiciones financieras que enfrentan las empresas y los proyectos de inversión.

    Fotografía en blanco y negro de Alberto Ades con anteojos, traje oscuro, camisa clara y corbata a rayas

    “¿Es demasiado restrictiva la política monetaria?”, planteó. La cuestión, según explicó, consiste en definir si una recalibración permitiría que empresas potencialmente viables superen la transición hacia una economía más abierta y competitiva.

    Ese cambio, de todos modos, presenta riesgos. Una política monetaria menos restrictiva puede facilitar el crédito y reducir el costo financiero para las compañías. Pero también puede introducir presiones sobre la desinflación y la estabilidad cambiaria.

    Ades no ofreció una respuesta concluyente. Señaló que la Argentina todavía enfrenta desequilibrios importantes, una restricción fiscal exigente, dificultades políticas para alcanzar acuerdos y un año electoral próximo. En ese contexto, sugirió que el debate debería concentrarse en encontrar instrumentos que reduzcan los costos de la transición sin poner en riesgo el equilibrio fiscal.

    Descartó, de ese modo, que la respuesta deba pasar por aumentar el gasto público, otorgar subsidios, reducir impuestos sin una compensación fiscal o postergar la apertura. En cambio, mencionó la eliminación de regulaciones, la reducción de distorsiones tributarias sin pérdida de recursos, la mejora de la competencia, la movilidad laboral, la logística y el acceso al financiamiento privado.

    El ahorro en dólares y el crédito privado, el segundo desafío

    El segundo interrogante se vincula con la capacidad del sistema financiero para movilizar el ahorro privado. Ades estimó que los argentinos mantienen fuera de los bancos locales moneda y depósitos por un volumen cercano a USD 300.000 millones.

    El economista preguntó qué condiciones, además de la Inocencia Fiscal, permitirían que una porción mayor de esos recursos ingrese al sistema bancario o al mercado de capitales. La meta sería ampliar la oferta de crédito bancario y no bancario para financiar inversiones, consumo y actividad productiva.

    Para Ades, una transformación profunda de la estructura productiva difícilmente pueda avanzar sin un crecimiento significativo del crédito privado. El desafío consiste en generar confianza, previsibilidad y mecanismos financieros que acerquen esos recursos al circuito formal sin comprometer los objetivos fiscales y monetarios.

    Un tipo de cambio real más alto puede tener beneficios y costos

    El tercer debate que propuso Ades se refiere al tipo de cambio real. El economista se preguntó si una depreciación real del peso podría aliviar a sectores que afrontan una competencia externa más intensa, favorecer al turismo receptivo e impulsar, por distintos canales, actividades como la construcción.

    “¿Ayudaría un tipo de cambio real más alto?”, escribió. Su respuesta no fue categórica porque, según describió, una depreciación real tendría efectos opuestos sobre distintos sectores y variables.

    Un dólar más alto en términos reales puede dar aire a empresas expuestas a las importaciones o que exportan bienes y servicios. También puede favorecer la llegada de turistas extranjeros. Pero, al mismo tiempo, puede reducir los salarios reales, encarecer los insumos importados y deprimir el consumo interno.

    Ades añadió una pregunta adicional: cuánto de la apreciación cambiaria responde a desequilibrios que podrían revertirse y cuánto surge de un cambio genuino en las ventajas comparativas de la Argentina, a partir del crecimiento de sectores como la energía, la minería y el agro.

    Si esa apreciación refleja una transformación productiva sostenible, forzar una corrección podría tener límites. “Importa el efecto neto en equilibrio general, no solamente lo que sucede con algunos sectores”, señaló.

    Elogios a Milei y una propuesta para debatir medidas concretas

    El mensaje de Ades combina respaldo al rumbo general con advertencias sobre sus dificultades. Por un lado, destacó los avances que observa en la estabilización macroeconómica. Por otro, señaló que las empresas y los trabajadores que quedan expuestos a la transición necesitan condiciones que les permitan adaptarse.

    El economista sostuvo que el Gobierno trabaja sobre varias de esas cuestiones y reconoció la complejidad del escenario. También pidió que los economistas, aun desde posiciones políticas y tradiciones distintas, aporten medidas aplicables.

    “La crítica es indispensable, por supuesto. Pero quizás podríamos dedicar un poco menos de energía a marcar diferencias y un poco más a explorar soluciones”, afirmó.

    Su planteo final fue que la discusión sobre tasas de interés, financiamiento privado y tipo de cambio no debería limitarse a la situación de los sectores que pierden rentabilidad. Para el analista financiero, el desafío consiste en preservar el programa de estabilización y, a la vez, encontrar mecanismos que hagan menos costosa la transición hacia una economía con una estructura productiva diferente.

  • La cárcel de Devoto pasó a manos del Gobierno nacional y avanza el traslado de los presos al penal de Marcos Paz

    La cárcel de Devoto pasó a manos del Gobierno nacional y avanza el traslado de los presos al penal de Marcos Paz

    Nueve personas vistiendo trajes formales posan frente a una pared azul con el escudo del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina
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    La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmaron el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El documento habilita una nueva etapa para trasladar a los detenidos alojados en la cárcel de Devoto y desocupar el establecimiento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

    La nueva unidad penitenciaria, construida en territorio bonaerense, quedará bajo la órbita nacional una vez finalizada. El Ministerio de Seguridad Nacional tendrá a su cargo la preparación de las instalaciones y la organización del operativo para movilizar a la población carcelaria, junto con los equipos necesarios para el funcionamiento del nuevo destino.

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    La mudanza todavía no tiene fechas definidas, pero el Gobierno ordenó que las fuerzas involucradas elaboren un plan operativo conjunto. La planificación deberá contemplar el perfil criminológico de cada detenido, los recorridos terrestres, la custodia de los inmuebles y la prevención de incidentes durante todo el desplazamiento.

    El acuerdo para dejar sin detenidos el penal de Devoto forma parte de un convenio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. La entrega del complejo de Marcos Paz permitirá trasladar a la totalidad de las personas privadas de la libertad alojadas en el establecimiento porteño y avanzar en el cierre de esa prisión.

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    Funcionarios sentados en una mesa intercambian carpetas con documentos en una oficina con banderas y un cartel del Ministerio de Seguridad

    El nuevo penal tendrá capacidad para 2.240 detenidos. La infraestructura incluye cuatro unidades, un edificio administrativo, un área de salud, espacios para visitas, salas de videoconferencia para internos y profesionales, un gimnasio y un sector educativo destinado a talleres de trabajo y capacitación laboral.

    También contará con un campus de módulos de alojamiento distribuidos en cinco sectores independientes, con canchas de fútbol y áreas para huertas. Habrá un espacio específico para la distribución de raciones alimentarias y dependencias para los programas y servicios vinculados con el comando de seguridad interna.

    Un comando para custodiar el traslado hacia Marcos Paz

    El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal para planificar, coordinar y ejecutar el traslado. La conducción general estará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, que deberá coordinar las acciones entre el personal penitenciario y las Fuerzas Federales de Seguridad.

    La estructura funcionará dentro del Comando Unificado Federal creado en mayo de 2024 mediante la Resolución N.º 403. La nueva medida fue formalizada a través de la Resolución 1018/2026 y prevé un dispositivo específico para el desplazamiento entre Devoto y el partido bonaerense de Marcos Paz.

    El penal de Villa Devoto

    La mesa de trabajo estará integrada por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y el Servicio Penitenciario Federal. También participarán la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

    El esquema habilita la convocatoria de otros organismos nacionales según sus competencias e invita a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires a designar representantes con capacidad de decisión operativa. La intervención de ambas jurisdicciones busca asegurar la cooperación en la custodia del trayecto y de los establecimientos involucrados.

    El plan deberá proteger al personal penitenciario, a las autoridades participantes, a los internos y a la población civil de las zonas alcanzadas por el operativo. También deberá establecer mecanismos de respuesta ante contingencias, con vigilancia perimetral en las dos cárceles y control de los corredores viales utilizados para el traslado.

    Funcionarios sentados alrededor de una mesa blanca firman documentos frente a las banderas de Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires

    La firma del acta reunió además a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y a la legisladora de la Ciudad, Pilar Ramírez. Participaron igualmente el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.

    Una obra reactivada tras cinco años de paralización

    La construcción del complejo de Marcos Paz comenzó hace ocho años y permaneció detenida durante cinco. Las obras fueron reactivadas en diciembre de 2024 por la gestión porteña, que avanzó con su finalización para cumplir el convenio firmado entre las jurisdicciones en 2018.

    Jorge Macri supervisó el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII cuando la obra se encontraba en su etapa final. El jefe de Gobierno sostuvo entonces que la cárcel permitiría trasladar a los detenidos de Villa Devoto y atender el reclamo vecinal por el cierre de ese establecimiento.

    “La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, afirmó Macri. El mandatario agregó que la obra posibilitaría avanzar con la desocupación de Devoto.

    El acuerdo entre Monteoliva y Giménez incluyó además la posibilidad de incorporar módulos de alojamiento en los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, ambos en Ezeiza. Esas estructuras permitirán sumar plazas permanentes para hasta 400 detenidos.

    La puesta en funcionamiento de Marcos Paz y la ampliación prevista en Ezeiza apuntan a incrementar la capacidad del Servicio Penitenciario Federal y a descomprimir las comisarías y alcaidías porteñas. El complejo fue diseñado bajo estándares nacionales e internacionales de seguridad, tratamiento penitenciario y habitabilidad, mientras el Gobierno prepara el traslado y la desocupación definitiva de Devoto.

  • La Asociación de Abogados Ambientalistas pide suspender la licitación de la “hidrovía” por irregularidades

    La Asociación de Abogados Ambientalistas pide suspender la licitación de la “hidrovía” por irregularidades

    Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) se presentó una nueva ampliación de la denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por las irregularidades en el proceso de licitación de la denominada Vía Navegable Troncal del río Paraná.

    La denuncia original fue presentada en octubre de 2025 y ampliada en diciembre de ese año, después de la audiencia pública del 3 de noviembre. En esa audiencia, más del 90% de las personas expositoras se manifestó contra el proyecto en los términos planteados. Dentro de ese rechazo, alrededor del 60% advirtió sobre el impacto en el acceso al agua potable. También hubo cuestionamientos por los efectos sobre la biodiversidad, la pesca artesanal, la apicultura, el turismo, los usos recreativos y el corredor biocultural que acompaña al Paraná.

    A inicios de octubre 2026, la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas ratificó y amplió en segunda oportunidad y en su totalidad, la denuncia penal presentada contra los funcionarios públicos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, dependientes del Ministerio de Economía, involucrados en la maniobra oportunamente descripta, como en la ampliación de la misma formulada en fecha 12 de diciembre de 2025, actualizando el estado de situación en torno a los hechos de gran relevancia que ocurrieron luego de nuestra primera y segunda presentación ante la Procuraduría.

    “Volvemos a cuestionar la fraudulenta audiencia del 3 de noviembre de 2025 bajo el título de “Informes de gestión y evaluación ambiental de la Vía Navegable Troncal”  y el avance hacia la licitación pública en el contexto de mayor artificialización de la denominada ahora, vía navegable troncal (VNT), en el río Paraná, demostrando que los funcionarios involucrados en representación del Gobierno Nacional, ejecutan la firme decisión de continuar por el camino de las manifiestas ilegalidades denunciadas, expuestas, así mismo, en el último Dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, como en los precedentes, sin dudas negados e ignorados intencionalmente por dicha autoridad (ANPyN), significativa como sostenidamente, vulnerando derechos humanos fundamentales e incurriendo en la probable comisión de los delitos que oportunamente denunciamos, todo lo cual queda finalmente expuesto con la total negación por parte de la autoridad denunciada, de todas las observaciones, críticas y análisis formulados en aquella audiencia, como en la diversidad de presentaciones realizadas ante la PIA en representación del Ministerio Público Fiscal”, desarrolló el portal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

    “En nuestra segunda presentación realizamos un resumen de las exposiciones centrales de los participantes, quienes en forma casi unánime expresaron fundadamente su repudio, oposición crítica a cualquier escenario de mayores profundizaciones y ampliaciones de los canales de navegación,  poniendo de manifiesto la falta de estudios serios para hacerlo, aportando desde todos los sectores de la sociedad civil, tanto académicos, populares, religiosos, como también desde organismos públicos de control, como la impecable presentación tanto oral como escrita por parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación, como la alarmante intervención de la Presidente Municipal la ciudad de Victoria, Entre Ríos, denunciando la grave afectación al derecho humano de acceso al agua potable que causan las obras ya ejecutadas como lo agravarían las planificadas”, consignó el portal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

    “Destacamos y reiteramos la total ausencia de la máxima autoridad ambiental nacional, como de las provincias, del PIECAS como escenario interjurisdiccional del Delta en cuanto a la gestión sustentable del mismo, la negación de todo tipo de material de investigación, estudios, dictámenes por parte de la Administración de Parques Nacionales, frente a la existencia de los mismos en aguas inmediatas arriba de toda la mega cuenca inferior intervenida y ahora convocada a su mayor y más grave artificialización, como son los parques nacionales del Pre Delta (Entre Ríos) y de Islas del Delta en Provincia de Santa Fe. Más aun siendo las mismas en un área aún mayor, SITIO RAMSAR, es decir, declarado Humedal de importancia Internacional y por lo tanto, el punto focal Nacional de la Convención RAMSAR, fue totalmente negado por las autoridades directamente intervinientes denunciadas, como por el absoluto silencio de las máximas autoridades políticas del Área Ambiente de la Nación”, resaltó el portal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

    Casi la totalidad de los expositores impugnaron en el valor de su palabra, la propuesta estatal por ausencia de estudios de impacto ambiental (E.I.A) en su versión tradicional y menos aún el desarrollo de una evaluación ambiental estratégica (EAE) como corresponde a la escala en tratamiento, visión de cuenca y su gestión democrática con los principios del derecho ambiental sobre la mesa de los políticos y técnicos ejecutores.

    “Denunciamos frente a la Procuración (PIA) el agravamiento de todo este contexto por la gestión groseramente concentrada en la ANPyN, y la brutal inexistencia de visión y gestión de Cuenca, la constitución institucional de un Comité de Cuenca y por falta de convocatoria del comité del PIECAS-DP, para integrarse desde el inicio del proceso de construcción de los términos de referencia de la Licitación”, indicaron en el portal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

    “En semejante contexto, el Estado argentino a través de la ANPyN, se arrogó múltiples facultades incompatibles, que con fin espurio estableció como marco referencial sujeto a consultas, una serie de documentos absolutamente inhábiles para la celebración de una audiencia pública de esas características. Como hemos expuesto, fue éste el grado de ilegalidad convocando a una audiencia para evaluar obras que carecen del documento técnico esencial para tal fin, es decir, carece de EIA, tal como surge objetivamente del sitio oficial de la ANPyN donde se exhibieron los documentos que integraban la Audiencia Pública”, indicó el portal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

    “No solo existe un negacionismo y exclusión de las competencias provinciales, tanto políticas como de sus autoridades ambientales, de los institutos especializados nacionales y su máxima autoridad ambiental, punto focal de las convenciones: RAMSAR, CAMBIO CLIMÁTICO, DIVERSIDAD BIOLÓGICA; como del  INA, CONICET, u órganos de control como la Defensoría del Pueblo de la Nación, etc, sino también agravada por la arrogancia y abuso en el ejercicio del poder gravemente concentrado, frente a la contundencia de los fundamentos de los  dictámenes de la propia PIA como representación especializada del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría del Pueblo de la Nación, ni más ni menos”, se enfatizó en el portal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

    “La AadeAA expone frente al Ministerio Público Fiscal, que esta conducta administrativa no se agota en una mera irregularidad sino que son una confirmación de las conductas penales que denunciamos. Los funcionarios involucrados incurren en figuras de falsedad ideológica de instrumento público (arts. 293 y 294 CP) y violación de deberes de funcionario público (art. 248 CP), al licitar una obra sin la base técnica y ambiental exigida por ley, comprometiendo la tutela del ambiente y el interés público. La omisión deliberada de la EIA, de su evaluación por la máxima autoridad ambiental concertadamente con las áreas ambientales provinciales del tramo nacional, de modo previo y la presunción administrativa de “inexistencia de riesgos” comprometen directamente la responsabilidad penal, administrativa y patrimonial de los funcionarios intervinientes”, señalaron.

    “Ahora, nos encontramos con el dictado de la Resolución 57/2026 AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN – la que convoca a un supuesto proceso participativo para la construcción de la normativa ambiental que acompañará las tareas de dragado en sus variantes en el marco de la nueva Licitación ya adjudicada, nuevamente a Jan de Nul”, resaltaron en el portal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

    “La misma ratifica la absoluta concentración de decisiones sobre el río, su cauce principal y canales alternativos con foco en dos tramos del sur de Entre Ríos, su sistema de humedales y ecosistemas asociados, a la discrecionalidad resolutiva en manos de la ANPyN, responsable política directa en el proceso previo de construcción de la Licitación y en esta nueva etapa que hemos denunciado de ilegal e inconstitucional, entre otras razones, se avanza en consolidar la misma su rol de autoridad ambiental única y por excelencia, negando las atribuciones constitucionales de las provincias ribereñas y de la máxima autoridad ambiental nacional”, indicaron.

    “Hay anclaje legal totalmente ignorado por la ANPyN. La Ley 25.675 ordena atender las causas y fuentes de los problemas ambientales de forma integrada, fija como objetivo el equilibrio y la dinámica de los sistemas ecológicos junto con la coordinación interjurisdiccional, y su artículo 4 consagra la prevención: actuar antes de que los efectos acumulados vuelvan irreversibles, o desmesuradamente costosa, la recomposición”, resaltó la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

    “Venimos requiriendo desde la AadeAA por distintas vías públicas y de acceso a la justicia, que para las decisiones de transformación estructural (profundidad, trazado, ancho, régimen de mantenimiento, nuevos canales), la realización de una evaluación ambiental estratégica o un instrumento equivalente. Su objeto son las políticas, planes, programas y decisiones de planificación, antes de que las decisiones particulares queden cristalizadas una tras otra. Debería considerar el funcionamiento hidrológico e hidrodinámico, el balance sedimentario, la calidad del agua y de los sedimentos, la biodiversidad y los humedales, las áreas protegidas, las pesquerías, las comunidades ribereñas, los efectos acumulativos, los escenarios climáticos y las alternativas de intervención”, indicó el colectivo de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Y concluyeron que: “En razón de lo denunciado hemos solicitado se formule requerimiento de instrucción penal ante el juez competente en el marco de la nueva licitación, ahora adjudicada”.

  • “Sentís impotencia”: el reclamo de un productor ante la reiteración de delitos rurales

    “Sentís impotencia”: el reclamo de un productor ante la reiteración de delitos rurales

    Los delitos rurales en Entre Ríos generaron preocupación entre los productores ganaderos, quienes advirtieron sobre la reiteración de robos de hacienda y las dificultades para esclarecerlos. Oscar Martinelli, un productor de 70 años del departamento Gualeguaychú, expresó su impotencia ante la falta de respuestas después de sufrir la desaparición de nueve novillos de aproximadamente 500 kilos cada uno, que representaron una pérdida superior a los 20 millones de pesos.

     



     

    En diálogo con el programa “Moviendo el Avispero”, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, Martinelli relató las consecuencias que estos hechos provocaron en su actividad y manifestó su preocupación por las limitaciones que enfrentan los investigadores para reunir pruebas. El ganadero, propietario de un establecimiento con unos 120 animales, aseguró que no era la primera vez que sufría un episodio de estas características.

     

    “Lo divulgo ahora porque siento impotencia y no sé a qué recurrir. Hay que asumir la pérdida”, expresó el productor, quien reconoció que decidió hacer pública su situación ante la falta de resultados en la investigación.

     



     

    Las dificultades para esclarecer los delitos rurales

     

    Martinelli explicó que, después de detectar la desaparición de los animales, realizó la denuncia correspondiente y colaboró con la Policía Rural para intentar reconstruir el recorrido que habrían realizado los responsables. Sin embargo, las huellas encontradas no permitieron determinar el destino del ganado.

     

    “Se siguieron unos rastros. En parte había muy pocos y en otra se veían bastante. Los seguimos unos tres kilómetros, en dirección al suroeste del campo”, relató. Según explicó, los animales habrían sido trasladados caminando a través de diferentes establecimientos agrícolas.

     

    El productor consideró que los efectivos policiales enfrentaron dificultades para avanzar debido a la necesidad de reunir elementos que permitieran sostener una investigación judicial. “Ellos hacen lo que pueden. Tienen que llevar pruebas muy elocuentes para que la Justicia las tome en cuenta”, manifestó.

     



     

    En ese sentido, señaló que las huellas encontradas no habrían sido consideradas suficientes para profundizar las actuaciones. “Hay rastros que ellos no consideran importantes porque van a la Justicia y eso no sirve, es poco”, sostuvo.

     

    La impotencia de trabajar durante años y perder los animales

     

    El ganadero explicó que las consecuencias económicas de estos delitos superaron ampliamente el valor comercial de los animales sustraídos. Según detalló, la crianza implicó años de inversión en alimentación, arrendamiento y mantenimiento del establecimiento.

     

    “Un animal te cuesta 25.000 pesos por mes tenerlo en arrendamiento, aproximadamente. Son animales que hace más de dos años que están pagando arrendamiento. También perdés eso”, explicó Martinelli.

     

    Además, manifestó que resultaba prácticamente imposible garantizar una vigilancia permanente sobre la hacienda. El productor trabaja junto a un empleado que lo acompaña desde hace varios años, pero reconoció que las dimensiones y características de los establecimientos rurales dificultaban las tareas de prevención.

     

    “No tenés forma, porque sentís impotencia. Podés andar toda la noche cuidando los animales, pero es imposible”, expresó al describir las dificultades para evitar nuevos robos.

     

    Advirtió que los robos se repiten entre productores

     

    Martinelli recordó que aproximadamente un año y medio antes había sufrido otro episodio de sustracción de ganado. También señaló que otros productores de la zona atravesaban situaciones similares, lo que incrementaba la preocupación dentro de la actividad.

     



    “Hay gente a la que le sacan animales periódicamente”, aseguró. Sin embargo, reconoció que organizar acciones conjuntas entre los damnificados no resultaba sencillo debido a las características de cada establecimiento y las dificultades para prevenir estos hechos.

     

    El productor también consideró que quienes trasladaron los animales conocían las características de la zona. Según relató, las huellas atravesaron campos agrícolas y sectores alejados de viviendas, hasta desaparecer después de varios kilómetros.

     

    Al comparar la situación actual con la de décadas anteriores, aseguró que los robos de ganado eran mucho menos frecuentes. “Hace 25 años atrás era muy raro”, recordó Martinelli, quien dedicó gran parte de su vida a la producción ganadera.

     

    El valor de la hacienda y la preocupación por la inseguridad

     

    Durante la entrevista, Martinelli también analizó los cambios que experimentó la actividad ganadera y destacó que el valor comercial de los animales había aumentado considerablemente, aunque los costos de producción también se incrementaron.

     

    “Hoy el precio que tiene la hacienda nunca lo tuvo, pero también tenés tus costos. Hay otras cosas que cuestan. En realidad, la hacienda hoy tiene un muy buen precio”, explicó.

     

    En ese contexto, consideró que el valor de los animales podía representar un incentivo económico para quienes cometían estos delitos. No obstante, insistió en que la principal preocupación de los productores era la dificultad para recuperar la hacienda y lograr que se identificara a los responsables.

     

    “Yo hago lo que me corresponde: hacer la denuncia cuando estoy seguro de que me faltan animales. Si veo algún rastro, lo podemos seguir, pero tampoco podés hacer mucho”, señaló.

     

    Finalmente, el productor reiteró que decidió compartir públicamente su experiencia para visibilizar una problemática que, según aseguró, afectaba a distintos establecimientos de Entre Ríos. Su testimonio puso el foco en las dificultades de las investigaciones, las pérdidas económicas y la necesidad de encontrar respuestas ante la reiteración de delitos rurales.

     


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