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El dato de actividad económica de agosto que publicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) deja poco terreno para el entusiasmo entre los funcionarios del gobierno de Javier Milei. El indicador que más siguen los especialistas, la variación mensual desestacionalizada de la actividad, mostró una casi nula expansión del 0,1% en el octavo mes del año respecto del mes anterior, lo que obliga al dato de septiembre a saltar más del 8% para que la economía no caiga en una recesión técnica, dos meses consecutivos de caída del producto. Pero también el indicador favorito del Gobierno dio malas noticias, tras una corrección de la serie histórica: la serie tendencia-ciclo muestra que la economía está frenada desde marzo, pese al fuerte aporte de los sectores de hidrocarburos, minería y hoteles y restaurantes.

La modificación de datos del pasado es muy habitual. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) es una aproximación temprana al desempeño de la economía y anticipa, con información parcial, la evolución que luego reflejan las cuentas nacionales. Por esa característica, cada informe del Indec incorpora datos que no estaban disponibles al cierre anterior y puede modificar los valores ya publicados. Las revisiones de la serie histórica son, por eso, normales y no implican por sí mismas una alteración de la metodología.

La actualización difundida con el dato de agosto dejó casi sin cambios la lectura de la serie desestacionalizada. La caída de julio pasó del 2,9% informado inicialmente a 2,8%, mientras que el retroceso de febrero se corrigió de 2,2% a 2%.

El cambio de mayor alcance ocurrió en la serie tendencia-ciclo, la serie que el Gobierno insiste en resaltar como la más relevante ante los análisis de especialistas que, en los últimos meses, marcan que la actividad está dando señales de alarma.

El cuestionamiento de Milei a los datos de actividad

El presidente Javier Milei ya explicó varias veces su posición al sostener que los indicadores desestacionalizados ya no reflejan la realidad de la actividad económica, dado que la Argentina está en un proceso de transformación estructural. “Cuando usted construye un indicador desestacionalizado, se arma en función de la historia. Si su economía está teniendo muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”, afirmó.

El mandatario planteó que, en un período de estabilización y reformas, las pautas del pasado pueden perder capacidad para describir las variaciones estacionales las decisiones de consumo, producción e inversión. Sobre esa base, defendió el uso de otro indicador: “Por eso nosotros nos enfocamos en el indicador tendencia a ciclo, porque la economía está teniendo muchos cambios estructurales”.

La discusión se volvió relevante durante 2026 por las fuertes alternancias del EMAE desestacionalizado. En febrero cayó 2%, en marzo avanzó 2,7%, en abril retrocedió 1,4%, en mayo bajó 0,6%, en junio subió 0,3%, en julio descendió 2,8% y en agosto apenas recuperó 0,1%. La sucesión dificulta inferir una dirección a partir de un solo mes y de ahí la queja de Milei.

Pero con la publicación del EMAE de agosto, ni siquiera el indicador favorito del Gobierno da buenas noticias.

Daza había picado en punta

El viceministro de Economía, José Luis Daza, había sido el primero en desarrollar la visión del Gobierno sobre lo poco representativo que es el dato desestacionalizado de actividad. En julio, el funcionario había dado la fundamentación técnica de la postura oficial en una publicación en X. Según sus cálculos, la dispersión de los datos mensuales se había elevado: la desviación estándar habia pasado de 0,9 en 2024 y 1,2 en 2025 a 2,2 en lo transcurrido de 2026.

En ese entonces, Daza había señalado que movimientos cercanos a 3% en sentidos opuestos exigirían interpretar que la economía pasa, en apenas 30 días, de una contracción anualizada muy pronunciada a una expansión también extrema. “Eso no pasa en ninguna economía real”, escribió. Su conclusión fue que “el EMAE mensual está capturando mucho ‘ruido’” en una economía que, según su interpretación, se transforma con rapidez por el programa de estabilización y las reformas. Los análisis de Daza son la base de la argumentación de Milei.

“La solución es usar la serie de tendencia-ciclo, que filtra ese ruido”, había dicho Daza. “Pueden usarse otros promedios móviles para cancelar el ruido, pero la tendencia-ciclo es la medida más útil: además de la estacionalidad, elimina los componentes irregulares como huelgas y otros”, había agregado.

Malas noticias del indicador favorito del Gobierno

Hasta la publicación anterior, la tendencia-ciclo exhibía aumentos mensuales de 0,2% desde noviembre de 2025 hasta julio de 2026, aún cuando los datos desestacionalizados mostraban contracciones fuertes. Pero con la nueva estimación, esos avances quedaron reducidos a 0,1% entre noviembre y marzo. Y desde abril hasta agosto, en cambio, la variación fue de 0,0% en cada mes. En cada uno de los cuatro meses. Es decir, un freno total.

En términos simples, la tendencia-ciclo busca separar tres componentes de una serie. El primero es la tendencia, que procura mostrar el rumbo de largo plazo. El segundo es la estacionalidad, es decir, movimientos que se repiten en meses determinados por vacaciones, cosechas, feriados u otras pautas previsibles. El tercero reúne los hechos irregulares o transitorios, como paros, una menor cantidad de días hábiles o episodios climáticos.

Al filtrar las oscilaciones mensuales, esta herramienta busca ofrecer una imagen más estable de la tendencia de la actividad. Esa es la razón por la que el Gobierno la contrapuso a la serie desestacionalizada, que elimina los efectos estacionales pero conserva otros movimientos de corto plazo. Sin embargo, la nueva revisión muestra que el filtro tampoco produce un dato positivo: el crecimiento es menor al esperado e, incluso, ya van cuatro meses de estancamiento.

Para Gabriel Caamaño, economista de Outlier, la serie de tendencia-ciclo no debe leerse como un indicador de la evolución inmediata de la actividad. “El tendencia-ciclo no es un indicador que servía para ver la marcha mes a mes de la economía”, sostuvo. Según explicó, por su propia naturaleza busca estimar una trayectoria de más largo plazo y detectar cambios de dirección. Para hacerlo, incorpora los datos de los meses posteriores y recalcula la serie histórica, por lo que su diagnóstico sobre una aceleración o una desaceleración puede modificarse una vez que ya transcurrió el período analizado.

El economista comparó ese funcionamiento con una herramienta retrospectiva: “Funciona como un espejo retrovisor, digamos, que te dice cuándo se pinchó o cuándo se arregló, se reinfló”. Caamaño remarcó que la detección de los puntos de inflexión ocurre “ex post”, es decir, después de que suceden y cuando se suma nueva información a la estimación. Por eso cuestionó el uso oficial de esa serie para afirmar que la economía mantenía una expansión mensual: “Nunca lo deberían haber utilizado para lo que lo utilizaban, que era decir que la economía estaba creciendo, porque sabían que podía reestimar para atrás mucho, en relativamente poco tiempo, y terminó pasando”.

Martín Polo, economista de Polomics, señaló que el EMAE es una medición de la actividad por el lado de la oferta. “No analizamos consumo, no analizamos inversión, sino solamente se ve qué sectores están aportando”, explicó. Según su lectura, la expansión quedó concentrada en pocos rubros, con tres sectores que crecían cerca de 10% mientras el resto retrocedía alrededor de 2%. Esa composición, advirtió, vuelve más vulnerable al nivel general de actividad cuando los motores puntuales pierden fuerza.

“Cuando afloja el agro, aflojó la pesca, más allá de que minería siga volando, bueno, no te alcanza”, afirmó Polo, al describir la debilidad del ciclo. El economista sostuvo que la economía ya ingresó en recesión y que el tercer trimestre habría profundizado la caída en lugar de mostrar la recuperación esperada. Para evitar una contracción trimestral, añadió, septiembre debería registrar una expansión mensual de entre 5% y 6%, un incremento que consideró difícil de lograr.

La caída del consumo y el avance de las importaciones siguen generando dificultades para la industria de la indumentaria argentina. Esta vez, el impacto alcanzó a RA Intertrading, una de las principales fabricantes locales de ropa deportiva, que trabaja para marcas internacionales como Adidas, Nike y Puma y participa en la producción de camisetas de algunos de los equipos de fútbol más importantes del país. La compañía, que llegó a emplear a más de 1.000 personas en sus 34 años de historia, decidió implementar suspensiones en su planta de Catamarca y adelantar vacaciones en las instalaciones que tiene en la Ciudad de Buenos Aires, ante la reducción de los pedidos.

Según explicaron fuentes cercanas a la empresa a Infobae, la firma registró una caída del 20% en sus pedidos durante los últimos tres años, una disminución que tuvo consecuencias directas sobre su estructura laboral. Mientras que en 2023 llegó a contar con 1.040 trabajadores (cuando sumó 200 en la fábrica de Catamarca), actualmente emplea a alrededor de 640 personas entre sus dos establecimientos.

La situación más delicada se presenta en la provincia del norte, donde la compañía solicitó suspensiones por dos meses para adecuar la actividad a la demanda disponible. Los 80 trabajadores alcanzados por la medida percibirán el 70% de sus salarios durante ese período, de acuerdo con la información proporcionada por las fuentes. “Hoy sobra gente para la cantidad de trabajo que hay. Esperamos que se revierta pronto”, agregaron.

En paralelo, en la planta porteña, donde trabajan las otras 560 personas, la empresa optó por adelantar vacaciones mediante un esquema rotativo, con el objetivo de reorganizar la producción mientras espera la llegada de nuevos pedidos. “Estamos a la espera de que nos salga algún otro pedido. Si no tengo trabajo, ¿qué vamos a hacer?”, señalaron desde el entorno de la compañía al describir las dificultades que enfrenta la actividad.

RA Intertrading fabrica para varias marcas. En el caso de Adidas, fabrica la camiseta de la Selección argentina y la de River y Boca, los principales clubes de fútbol del país. También produce para Puma, la de Independiente, entre tantas otras. En el caso de Nike, ya no le fabrica para los clubes de fútbol pero sí otras prendas deportivas.

Una reducción de 400 trabajadores

La evolución del empleo refleja la magnitud del ajuste que atravesó RA Intertrading. La compañía llegó a contar con 1.040 empleados en 2023, cuando amplió su capacidad productiva con una segunda etapa de inversiones en Catamarca. Pero actualmente, su plantilla se ubica en torno a los 640 trabajadores, lo que representa una reducción de 400 puestos.

La empresa inauguró su establecimiento de Catamarca en 2022, con un primer módulo que incorporó a 100 personas. Al año siguiente, sumó otro módulo y alcanzó los 200 trabajadores en esa provincia. En ese momento, no sólo las fábricas no conseguían trabajadores en Buenos Aires sino que el gobierno provincial les otorgó beneficios impositivos y les cedió los terrenos para montar las fábricas allí. Un caso fue el de RA Intertrading, cuya dueña es Daniela Rabinovich, pero hubo varios más.

Sin embargo, la evolución posterior de los pedidos obligó a reducir la estructura. Las fuentes consultadas explicaron que la compañía organiza su producción en función de los pedidos de las marcas a las que abastece. Por ese motivo, una reducción de la demanda impacta directamente sobre las necesidades de personal. La reducción del empleo no constituye el primer ajuste que atraviesa la firma. Según reconstruyeron las fuentes, al comienzo del gobierno de Mauricio Macri contaba con unos 940 trabajadores y posteriormente redujo su plantilla a 800, una pérdida de 140 puestos durante ese período.

El impacto de las importaciones y los cambios en el negocio deportivo

Uno de los factores que explican la situación de RA Intertrading es la transformación del mercado de indumentaria deportiva. La compañía trabaja para distintas marcas internacionales, pero su volumen de producción depende de los contratos que estas mantienen con los clubes y de las decisiones sobre dónde fabricar cada prenda.

La caída de los pedidos no fue uniforme en todos los segmentos. Mientras que la indumentaria deportiva en general registró una disminución importante, la ropa vinculada específicamente con el fútbol mostró una dinámica diferente.

En ese segmento, la producción local conserva algunas ventajas frente a las importaciones asiáticas. Los cambios de patrocinadores, la necesidad de incorporar publicidad en las camisetas y las tareas de acondicionamiento de las prendas generan costos adicionales que en muchos casos no se justifica la importación. “Sacar la prenda de la bolsa, pegar sponsor, volverla a empacar. A la larga, si le hacés todo, la diferencia no es mucha”, explicaron las fuentes, en referencia a los procesos necesarios para adaptar las camisetas a los requerimientos comerciales de cada equipo. Por otro lado, los sponsors suelen cambiar con frecuencia, lo que hace más fácil tener un proveedor local.

Esos cambios también pueden provocar que una fábrica pierda determinados contratos. Por ejemplo, la camiseta de Racing Club era fabricada por esta empresa hasta que el equipo cambió de marca y pasó a utilizar Nike. La producción de esas prendas quedó en manos de una fábrica del exterior y comenzó a ingresar al país mediante importaciones. Otro ejemplo mencionado por las fuentes fue el de Dass, compañía para la que RA Intertrading producía indumentaria. Con la mayor apertura de las importaciones, parte de esas prendas comenzó a llegar desde Brasil, en lugar de fabricarse localmente.

Menos consumo y dificultades para competir

A la competencia de las importaciones se suma la debilidad del consumo interno, que afecta tanto a los fabricantes nacionales como a las marcas que comercializan productos provenientes del exterior. “Hoy está difícil vender nacional e importado”, señalaron las fuentes consultadas, al tiempo que vincularon esa situación con la evolución de los ingresos y del empleo. “La gente tiene que tener un trabajo para consumir”, plantearon.

En ese contexto, RA Intertrading también buscó alternativas en los mercados externos. Según explicaron las fuentes, la compañía realiza exportaciones y durante los últimos años intentó conseguir nuevos negocios fuera de la Argentina para compensar las dificultades del mercado interno. “Se está exportando con mucho esfuerzo y hoy sin tanto margen por el tipo de cambio”, indicaron.

La historia de RA Intertrading comenzó en noviembre de 1992, inicialmente con un proyecto comercial orientado al desarrollo de colecciones y a la importación de prendas desde Asia. Entre sus primeras actividades figuró la elaboración de una colección de camperas para una marca local. Con el tiempo, su creador, Alberto Rabinovich, consolidó su actividad industrial y se convirtió en proveedor de algunas de las principales marcas internacionales de indumentaria deportiva. Hoy, a 34 años de su nacimiento, es Daniela, su hija, la que lleva adelante la compañía.

Las pequeñas y medianas empresas que recurren al mercado de capitales para financiarse enfrentaron en septiembre un leve encarecimiento de las tasas, aunque con una mejora en los plazos de las operaciones.

Según el último Índice de Financiamiento PyME (IFP), elaborado por VetaCap, la tasa promedio ponderada alcanzó el 26,84% nominal anual (TNA), mientras que el volumen nominal negociado llegó a $656.000 millones, un 7% más que en agosto.

El relevamiento contabilizó 36.862 operaciones y mostró que el plazo promedio de vencimiento se extendió a 74,3 días, 3,1 días por encima del mes anterior.

Los datos reflejan el comportamiento de las empresas que se financiaron a través de los principales instrumentos del Mercado Argentino de Valores (MAV), entre ellos cheques de pago diferido (CPD), pagarés y Facturas de Crédito Electrónicas (FCE).

La tasa de septiembre registró un incremento de 0,75 puntos porcentuales respecto del 26,09% de agosto y acumuló tres meses consecutivos de subas. Sin embargo, en la comparación interanual se ubicó 24,36 puntos porcentuales por debajo del 51,20% registrado en septiembre de 2025.

El costo del financiamiento según el tipo de operación

Las condiciones de acceso al crédito varían según el instrumento y las garantías utilizadas. En septiembre, el segmento avalado concentró el 54,3% del volumen negociado y registró una tasa promedio del 25,73% TNA, luego de una suba mensual de 1,16 puntos porcentuales.

En este segmento, las operaciones cuentan con avales de sociedades de garantía recíproca (SGR), fondos de garantía públicos u otras entidades financieras.

Los avales permiten acceder a condiciones de tasa diferentes de las que se observan en operaciones sin garantía, aunque su contratación también implica costos que deben considerarse para evaluar el costo financiero total.

Por su parte, el segmento no garantizado registró una tasa promedio del 29,23% TNA, con una baja de 0,03 puntos porcentuales frente a agosto. Este segmento representó el 33,4% del volumen total y tuvo un plazo promedio de 63,8 días, frente a los 88,2 días del segmento avalado.

La diferencia de tasas entre los cheques de pago diferido avalados y los no garantizados, para operaciones de entre 60 y 120 días, se redujo a 4,98 puntos porcentuales, el nivel más bajo desde noviembre de 2022.

No obstante, el indicador no descuenta el costo de contratar un aval y compara operaciones que pueden diferir en términos de riesgo, plazo y características de las empresas.

Otros segmentos también mostraron variaciones. Las operaciones con garantía del MAV registraron una tasa del 24,92% TNA, con un aumento de 1,22 puntos porcentuales, mientras que las Facturas de Crédito Electrónicas se negociaron a una tasa promedio del 25,29%, 0,37 puntos por encima de agosto.

Más volumen y plazos de financiamiento más largos

El aumento del volumen negociado y la extensión de los plazos fueron dos de los principales movimientos del mercado durante septiembre. Las operaciones sumaron $656.000 millones a valores nominales, frente a los $613.000 millones aproximados del mes anterior, y el plazo promedio ponderado alcanzó los 74,3 días.

Aun así, el financiamiento continuó concentrado en el corto plazo: las operaciones de hasta 90 días reunieron el 69% del volumen total. Esta composición muestra que los instrumentos de vencimiento más próximo mantienen un peso predominante en el mercado de financiamiento PyME.

En términos reales, el informe estimó un indicador de financiamiento de +3,68%, a partir de una tasa efectiva anual (TEA) del 29,95% y una inflación mensual del 1,9%, anualizada al 25,34%. Se trata de un escenario estimado que supone la repetición de la inflación mensual durante doce meses, por lo que no representa necesariamente el costo real que finalmente afrontaron las empresas.

El financiamiento en dólares, otra alternativa

Vetacap también incorporó información sobre operaciones en moneda extranjera, con tres subíndices: hard dollar, que se paga en dólares, y dólar linked, cuyos pagos se realizan en pesos según tipos de cambio de referencia.

En septiembre, los tres segmentos registraron una tasa mediana del 7% TNA para operaciones de hasta un año. En el caso del hard dollar, el indicador bajó desde el 7,25% de agosto, mientras que en las dos modalidades dólar linked se mantuvo sin cambios.

Las tasas ponderadas por monto fueron del 7,62% para hard dollar, del 6,91% para dólar linked A3500 y del 7,94% para dólar linked Banco Nación. Estas alternativas presentan condiciones de pago y exposición cambiaria diferentes, por lo que sus tasas no son directamente comparables con las de las operaciones en pesos.

El Frente Renovador logró aprobar por unanimidad el dictamen para tratar el proyecto de ley que habilite el uso de las pistolas Taser para la Policía Bonaerense. La iniciativa había sido impulsada por el massismo y provocó un debate al interior del PJ en la Legislatura provincial.

La propuesta fue impulsada por el diputado provincial Carlos Puglelli, presidente de la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, y finalmente logró que se pueda tratar en el recinto. La intención es que la fuerza provincial pueda utilizar las armas menos letales, con reglas claras de uso y mecanismos de control.

En términos concretos, el proyecto propone modificar la Ley 13.482 para incorporar la utilización de dispositivos electrónicos conductores de energía por proyectil. Según la redacción del texto, estos instrumentos son aquellos que “solo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, sin provocar la pérdida de conocimiento”. A su vez, la iniciativa prohíbe de forma expresa los dispositivos eléctricos de contacto directo cuya finalidad o efecto principal sea generar dolor mediante descargas, una distinción que busca trazar un límite preciso entre las herramientas permitidas y las vedadas.

El dictamen favorable contó con un respaldo transversal que excedió las fronteras del peronismo. Además del Frente Renovador, acompañaron la aprobación en comisión los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper.

Entre los ejes centrales de la propuesta se encuentra la exigencia de que el personal policial cuente con capacitación específica, obligatoria, acreditada y continua antes de portar estos dispositivos. El programa formativo contempla el manejo técnico del armamento, sus efectos y riesgos sobre el cuerpo humano, los protocolos de actuación, las técnicas de desescalada, los principios de uso gradual de la fuerza y nociones de primeros auxilios. La diputada Ayelén Rasquetti, también del Frente Renovador y cofirmante del proyecto, acompañó a Puglelli en la elaboración de una iniciativa que pone el acento tanto en la dotación del recurso como en la preparación profesional del agente.

El texto legislativo establece, además, cinco principios rectores para la utilización de estas armas: legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad. Su empleo quedará restringido a situaciones en las que los medios no violentos resulten ineficaces o insuficientes y exista un peligro inminente para la integridad física del efectivo policial, de terceras personas o del propio individuo involucrado en el hecho. Solo el personal activo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que haya superado exámenes técnicos y psicofísicos estará habilitado para portarlos.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia diseñada por Sergio Massa, líder del Frente Renovador, que instruyó a sus legisladores a impulsar una agenda de gestión centrada en la seguridad con impacto territorial. Según reconstruyó Infobae en marzo de este año, el exministro de Economía planteó a su tropa legislativa la necesidad de “discutir temas que le interesen a la gente y le resuelvan sus problemas”, con el objetivo de correrse de las discusiones internas de índole electoral que atraviesan al peronismo bonaerense.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto se apoya en la denominada regla de Tueller, un criterio elaborado por el sargento Dennis Tueller de la policía de Salt Lake City, en Estados Unidos. Esa regla establece que un agente tarda al menos 1,5 segundos en desenfundar su arma y disparar, lapso en el que un agresor armado con un cuchillo puede recorrer unos 6,5 metros. Los estudios citados en el expediente legislativo advierten que, a menor distancia, las probabilidades de supervivencia del policía descienden de forma drástica frente a un ataque con arma blanca. “No es darle el arma y nada más. Implica un programa que le brinde el elemento, pero también la capacitación y los estudios necesarios, que haya protocolos”, sostuvo Puglelli. El legislador agregó: “Si ya le damos armas letales a la policía, lo que implica todo un riesgo, ¿por qué no legislar sobre armas no letales?”.

El debate sobre la incorporación de pistolas Taser a las fuerzas de seguridad bonaerenses no es nuevo en la Legislatura provincial. El exministro de Seguridad Sergio Berni, hoy jefe del bloque de senadores peronistas, había impulsado la compra de estos dispositivos durante su gestión al frente de la cartera, aunque el armamento nunca llegó a la portación efectiva. En paralelo, otros sectores del peronismo plantearon posturas opuestas: la exdiputada Susana González, vinculada al intendente de Ensenada Mario Secco, presentó en su momento un proyecto que buscaba prohibir el uso de armas no letales. En el Senado, el legislador Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos UCR Identidad, también promovió expedientes en la misma línea que el Frente Renovador.