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Finalmente, el Gobierno anunció este miércoles 30 de septiembre el cambio que se esperaba en los precios máximos que podrán tener los autos híbridos y eléctricos en el cupo 2027, que abrirá el registro de pedidos en los próximos días, presumiblemente la próxima semana.

Con esta decisión, Tesla tiene, ahora sí, completamente allanado el camino para comenzar a vender sus autos eléctricos en el mercado argentino.

Tal como adelantó Infobae el 21 de julio pasado, la evaluación que estaba haciendo la Secretaría de Industria y Comercio era la de elevar el valor FOB máximo (precio en puerto de embarque) a más de USD 30.000, de modo tal que la oferta de vehículos eléctricos pudiera admitir otras marcas, y especialmente, otros países de procedencia que no fuera China, que en los dos primeros años de este programa acaparó el 85% del cupo.

En efecto, el decreto 1128/2026 publicado en el Boletín Oficial establece nuevos precios máximos para este tipo de vehículos, subiendo más del doble el tope para los 100% eléctricos puros que hasta hoy era de USD 16.000 y a partir de hora será de USD 35.000. Paralelamente, el mismo decreto deja en USD 16.000 el precio máximo para vehículos Mild-Hybrid o microhíbridos, y sube a USD 18.000 el de los modelos híbridos e híbridos enchufables.

Sin embargo, aunque estas medidas permitirán la llegada de más marcas y modelos que no cumplían con los requisitos de valor FOB de los cupos previos, la gran noticia que se desprende del aumento del precio máximo para los autos 100% eléctricos tiene un impacto directo en la operación que está armando Tesla en Argentina.

Con las condiciones de los cupos 2025 y 2026, incluso los dos modelos más accesibles de la marca, el Tesla Model 3 (sedán) y el Tesla Model Y (SUV), no podían entrar en el programa que les permitiera evitar el 35% de arancel de importación, porque sus autos tienen un rango de precios que lo impedía. El Model 3 cuesta entre USD 36.990 y USD 54.990 en Estados Unidos, y el Model Y tiene precios entre USD 39.990 y USD 57.990.

El Tesla Cybertruck, la pickup eléctrica de la marca, que tiene un precio de venta al público en Estados Unidos que arranca en USD 75.000 y llega hasta los USD 99.000, naturalmente tampoco podía entrar al cupo, y aún hoy, con la suba del precio FOB de USD 35.000, aunque quedaría muy justa, aunque existe la posibilidad de entrar con el beneficio en la versión más económica si la marca decide ajustar sus márgenes para hacerlo.

El precio FOB es el precio que se paga en puerto de salida de un vehículo antes de cargar los costos de traslado, seguro, gastos de puerto e impuestos argentinos y margen del importador. En el caso de Tesla, que no tiene importador argentino sino una filial local de la casa matriz, hay al menos un margen que puede ser menor y otro que desaparece.

Por concepto, Tesla es una automotriz que no vende autos en concesionarios oficiales sino que lo hace de manera directa a los usuarios en sus propios puntos de venta. De hecho, en Buenos Aires estaría abriendo un primer punto en el barrio de Nuñez como modo de iniciar su operación local.

De este modo, la marca evita el margen de ganancia de ese intermediario es el concesionario, y que suele rondar el 15%. Pero además, al ser una filial local de la compañía misma y no un importador oficial, el propio margen de la operación argentina puede ser menor también, ya que pasa a ser parte del negocio global de la marca y su política de expansión internacional. Algo similar a lo que ocurre actualmente con BYD en el mercado local.

Eso permitiría que los autos entren al mercado con un precio más competitivo aún, aunque eso ya es parte del modelo de negocio del que no se han dado todavía detalles públicamente.

Al solo efecto de establecer una ecuación simple, considerando los costos internos que tiene un importador para traer y nacionalizar sus vehículos en Argentina, un Tesla Model 3 con un precio redondeado de USD 37.000 tendría que sumar los siguientes costos:

• Flete y seguro USD 2.500: USD 39.500
• Tasa de estadística 3%: USD 40.850
• Costos de puerto: USD 1.000: USD 41.850
• Impuestos nacionales 10%: USD 46.035
• IVA 21%: USD 55.702
• Margen local mínimo 10%: USD 61.272.

Hasta esta medida del Gobierno, Tesla tenía que esperar inevitablemente que empiece a tener vigencia el acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos, para poder traer unidades desde su país de origen sin pagar arancel de importación. El problema era que ese acuerdo admite solo un cupo anual de 10.000 unidades, a repartir entre todas las marcas que, teniendo producción en Estados Unidos, quieran traer vehículos con ese beneficio arancelario.

Esas marcas no solo solo Ford, Chevrolet y Jeep-RAM, sino también Toyota, Honda, Nissan, KIA, Hyundai, e incluso algunos modelos de Volkswagen, Mercedes-Benz o BMW también. Todo depende de la integración local que tengan en su fabricación norteamericana.

Con el decreto 1128/2026, Tesla tiene ahora la posibilidad de traer más unidades, y no solamente de Estados Unidos, sino también de China (Shanghai) e incluso de Europa (Berlin) si así lo quiere hacer, ya que en el cupo de 50.000 autos exentos del 35% no hay requisitos de integración ni tampoco de procedencia.

Y al no establecerse, al menos aún, un cupo para cada tipo de tecnología, por el momento siguen siendo 50.000 entre híbridos y eléctricos, Tesla no tiene mucha competencia de autos 100% eléctricos que puedan traer mayor volumen en este programa. De todos modos, cuando se habilite la licitación del cupo 2027, el Gobierno informará si se determina algún volumen específico para cada posición arancelaria o no se mantiene igual que en 2025 y 2026.

Como referencia adecuada, la marca que más autos trajo dentro del cupo fue Ford con 10.800 unidades y las chinas BYD y Baic apenas superaron las 5.500 en la licitación 2026. Si Tesla estuviera más comprometida con la cantidad de autos que puede traer de Estados Unidos, podría sumar volumen de los otros dos destinos, especialmente de China, donde sus autos tienen un costo menor.

El endeudamiento de los hogares y las dificultades para afrontar compromisos financieros se instalaron en la agenda del Congreso, en un contexto de reclamos de familias que acumulan deudas. En ese escenario, la diputada nacional Lourdes Arrieta, que dejó el bloque de La Libertad Avanza y hoy integra las Provincias Unidas, sostuvo que la morosidad dejó de ser un asunto limitado a casos aislados y atraviesa a familias de distintos puntos del país.

La legisladora defendió, en diálogo con Infobae A las Nueve, el tratamiento de iniciativas parlamentarias que buscaron instalar el problema en la agenda y afirmó que los acuerdos alcanzados reunieron propuestas de varios sectores.

La diputada también se refirió a su salida de la bancada oficialista, que vinculó con discrepancias sobre el uso de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). A la vez, planteó críticas por la atención de los afiliados y trabajadores de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, IOSFA.

Endeudamiento familiar en el centro del reclamo parlamentario

La discusión sobre la morosidad y las familias endeudadas expuso diferencias entre los bloques en la Cámara de Diputados. Arrieta afirmó que el Gobierno demoró el reconocimiento de una problemática que, según dijo, se extiende entre personas que necesitan aumentar sus horas de trabajo para cubrir sus gastos y obligaciones.

La legisladora acompañó un dictamen surgido de proyectos de distintos espacios. Según explicó, el texto no respondió a una sola iniciativa, sino a una negociación parlamentaria que buscó reunir planteos sobre la situación de los deudores.

“Me parece que era importante declarar en su momento de interés la marcha de los endeudados”, sostuvo Arrieta. La diputada aclaró que aquella declaración no resolvía el problema de fondo, aunque la consideró una señal institucional frente al reclamo de las familias.

También señaló que el diputado Pablo Juliano tuvo una intervención para acercar posturas durante el debate. “Lo juntamos a todos y termina siendo el dictamen que se termina de resolver”, relató sobre el proceso que derivó en el acuerdo.

Al describir el efecto de las deudas en los hogares, Arrieta afirmó que “cada vez vemos más esclavitud del bolsillo”. La frase condensó su cuestionamiento a la presión que, según indicó, generan los compromisos financieros en la economía cotidiana.

La diputada recordó que había advertido sobre ese escenario antes de su alejamiento de La Libertad Avanza. “Íbamos a terminar trabajando dos, tres veces más o hasta cuatro para poder sobrevivir”, dijo al referirse a quienes deben multiplicar sus ingresos para sostenerse.

La diputada reivindicó su identidad libertaria y cuestionó al Gobierno

Aunque se distanció del oficialismo, Arrieta aseguró que mantiene su definición política. “Soy libertaria”, respondió al ser consultada por su vínculo con el espacio que llevó a Javier Milei a la Presidencia.

Su crítica se dirigió a la conducción de La Libertad Avanza y a las decisiones que, a su entender, desplazaron de la discusión a quienes acompañaron el proyecto desde sus comienzos. “Los libertarios quedamos afuera”, expresó.

Según la legisladora, el Gobierno se apartó de las ideas que ella respaldaba. “Me parece que el presidente se ha desviado del proyecto original que acompañamos”, afirmó, y planteó que espera que otro dirigente pueda retomar esa propuesta política.

Arrieta atribuyó ese cambio a intereses personales y sostuvo que el oficialismo dejó sin respuestas a sectores que, según enumeró, incluyen a jubilados, personas con discapacidad, indigentes, trabajadores y personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

“Se olvidaron del jubilado, se olvidaron del discapacitado”, afirmó. En su repaso también incluyó a empleados civiles de esas áreas y cuestionó que el Gobierno se concentre, según dijo, en acompañar y proteger a integrantes propios.

La diputada aclaró que respalda objetivos como el superávit, el déficit cero, la transparencia de las cuentas públicas, la producción y la llegada de inversiones. “Eso no se discute”, señaló al diferenciar esas metas de sus cuestionamientos a la gestión.

Consultada sobre una eventual referencia presidencial por fuera del oficialismo, evitó dar un nombre. Dijo que existe “muchísimo malestar interno” y que parte del espacio libertario busca reorganizarse, aunque agregó que no sabe cuál será el desenlace.

Arrieta sostuvo que una marcha atrás en las políticas económicas también podría perjudicar a la población. Su planteo fue que la discusión debe combinar el orden de las cuentas públicas con medidas que contemplen la situación de los sectores afectados.

El voto contra los fondos reservados de la SIDE marcó su salida del bloque

La diputada ubicó el quiebre con el oficialismo en la votación por los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Afirmó que rechazó esos recursos cuando aún formaba parte de la bancada de La Libertad Avanza porque tenía dudas sobre su destino.

“Cuando voté en contra de los fondos reservados de la SIDE”, respondió cuando le preguntaron en qué momento advirtió una diferencia irreconciliable con las decisiones del bloque. Luego de esa votación, indicó, presentó una denuncia vinculada con el tema.

Arrieta mencionó una partida cercana a $40.000 millones, aunque precisó que no recordaba la cifra exacta. De acuerdo con su relato, el rechazo generó un conflicto interno que terminó con el pedido para que dejara la bancada una semana después.

La legisladora creó entonces su monobloque. Explicó que su alejamiento tuvo dos etapas: primero, dijo, fue apartada del partido y, más tarde, del bloque parlamentario que integraba en la Cámara de Diputados.

“Tuve la oportunidad de alzar mi voz y decir las cosas que no me gustaban”, expresó. En ese contexto, incluyó sus cuestionamientos sobre organismos y áreas estatales como PAMI, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Aduana e IOSFA.

Arrieta también fue consultada por la visita a represores detenidos en el penal de Ezeiza, una controversia que involucró a legisladores de La Libertad Avanza. La diputada no definió si consideraba correcta o equivocada aquella decisión.

“Mi reflexión es: hice lo que tenía que hacer y nada más”, sostuvo. Al mismo tiempo sostuvo que confía en la Justicia argentina y que los legisladores tienen derecho a escuchar posiciones y sectores diversos.

“Cada uno como legislador tiene derecho de escuchar a todos y de ir a todos lados”, afirmó. Arrieta agregó que, en su caso, hizo las denuncias y las exposiciones que consideró correspondientes.

Problemas de los trabajadores y afiliados de IOSFA

Otro de los ejes que planteó la diputada fue la situación de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Arrieta afirmó que desde hace meses trabaja con trabajadores y afiliados para trasladar sus reclamos al Congreso.

Como integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, explicó que siguió los problemas que atraviesan los empleados y beneficiarios de la entidad. Su tarea legislativa, señaló, la llevó a recibir denuncias y pedidos vinculados con la cobertura y las condiciones laborales.

“Hay familias de trabajadores que hoy quedan prácticamente en la calle”, afirmó la legisladora. Para Arrieta, la situación de los empleados de la obra social requiere una respuesta de las autoridades.

También sostuvo que el Gobierno dejó de atender las necesidades de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. En esa observación incluyó a los trabajadores civiles del sector y a sus familias.

La diputada dijo que busca llevar esos planteos al recinto y a las comisiones. “Golpeo mucho las puertas”, expresó al describir sus gestiones, que parten de reuniones con personas afectadas y derivan en iniciativas o reclamos legislativos.

Entre otras cosas, Arriete defendió su desempeño parlamentario tras su salida del bloque oficialista y aseguró que presentó 70 proyectos propios entre iniciativas de ley y pedidos de informes. “Pueden fijarse en la Cámara de Diputados, setenta presentados”, afirmó.

Entre las propuestas que mencionó figura un proyecto de monotributo digital. La iniciativa buscaba establecer un subrégimen destinado a trabajadores que ofrecen servicios virtuales a clientes o empleadores de otros países.

Según explicó, el proyecto apuntaba a que diversos trabajadores pudieran incorporarse a un régimen con condiciones más adecuadas para su actividad. La diputada vinculó esa iniciativa con la necesidad de reconocer nuevas modalidades laborales.

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Japón abrió su mercado de carne vacuna a la Argentina por primera vez en 20 años luego de un proceso de negociación iniciado en 2024, según anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X. El acuerdo habilita el ingreso de cortes producidos en la zona libre de fiebre aftosa con vacunación.

Las autoridades de ambos países acordaron los requisitos sanitarios para las exportaciones, un punto central para el acceso al mercado japonés. La medida alcanza a la carne bovina y queda sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas en ese entendimiento.

Caputo afirmó que “Japón importa de todo el mundo carne bovina de alta calidad por más de USD 3.000 millones anuales” y sostuvo que “esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas”. El ministro agregó que el acuerdo “reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario”, antes de concluir: “Más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país”.

La proyección para las exportaciones de carne

La apertura del mercado japonés se suma a las expectativas del sector ganadero sobre una expansión de las ventas externas de carne vacuna durante 2026. El consultor ganadero y director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Andrés Costamagna, proyectó que las exportaciones argentinas de carne vacuna superarán los USD 3.000 millones en 2026. La estimación se apoya en la suba de los precios internacionales, aun cuando el volumen previsto para el año, de unas 700.000 toneladas, queda por debajo de los registros de 2022 y 2024.

Según el análisis de Costamagna, la menor disponibilidad de hacienda y el proceso de recomposición de los rodeos redujeron la producción por habitante y limitaron los volúmenes destinados a la exportación. En ese contexto, los mayores precios internacionales adquieren un peso central en la facturación del sector.

Otro punto de relevancia para el sector es el hecho de que la Argentina completó en nueve meses el cupo de 100.000 toneladas de carne vacuna con acceso preferencial a Estados Unidos, antes del cierre de 2026. El presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, informó que el volumen asignado por ese mercado fue cubierto antes de lo previsto.

El desempeño ya se reflejaba en las estadísticas de los primeros siete meses del año. De acuerdo con la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), los embarques hacia Estados Unidos alcanzaron 65.500 toneladas, el 19,5% del total de carne vacuna exportada en ese período, con un aumento interanual de 211,5%. El precio promedio llegó a USD 8.257 por tonelada, un 13,1% más que un año antes.

En julio, Estados Unidos fue el segundo destino de la carne vacuna argentina, con una participación de 20,8% y ventas por USD 92,8 millones. Tras el cumplimiento anticipado del cupo, el sector espera que la demanda de importadores estadounidenses respalde una eventual ampliación de la cuota para 2027.

Los datos del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) muestran que las ventas externas de carne bovina hacia todos los destinos alcanzaron USD 2.768 millones entre enero y julio de 2026. En ese lapso se despacharon cerca de 403.100 toneladas peso producto, con una suba interanual de 6,7% en volumen y de 41,8% en valor.

La diferencia entre ambas variaciones refleja el aumento de los precios internacionales. En julio, el valor promedio de exportación de carne vacuna refrigerada y congelada llegó a USD 7.123 por tonelada, 27,5% por encima del nivel de igual mes de 2025. El indicador también superó en 1,3% al de junio.

China concentró el 59,8% de los embarques acumulados durante los primeros siete meses del año y se mantuvo como el principal destino de la carne argentina. En julio, las ventas de carne deshuesada al mercado chino sumaron 21.000 toneladas por USD 126,3 millones, con un precio medio de USD 6.010 por tonelada.

El informe también registró una evolución dispar entre otros mercados. Los envíos a Israel crecieron 25% en el acumulado anual y totalizaron 35.200 toneladas, mientras que los despachos a Chile cayeron 17%, hasta 9.100 toneladas. En tanto, las exportaciones de menudencias y preparaciones bovinas sumaron 9.500 toneladas y USD 26,5 millones en julio.