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El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto calificó de “estúpido” el argumento del Gobierno que atribuye el endeudamiento familiar a la compra de televisores para el Mundial y sostuvo que el problema central es otro: la deuda por alimentos, en un cuadro que vinculó con pérdida de empleo, cierres de industrias y comercios y caída del poder adquisitivo.

También se refirió al escenario electoral y apuntó que Cristina Fernández de Kirchner mantiene una intención de voto “muy alta”.

La referencia al endeudamiento la hizo luego de que el presidente Javier Milei adjudicara el aumento de la morosidad de las familias a un supuesto “efecto Mundial”. Ese indicador llegó al 12,8%, una explicación que también fue respaldada por el diputado Alberto Benegas Lynch y que recibió cuestionamientos de otros sectores, entre ellos la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

En declaraciones a Radio Mitre, Pichetto dijo que cuando se analiza el nivel de endeudamiento y su impacto sobre las familias y los sectores populares, “es fundamentalmente la deuda por alimentos”. Para el legislador de Encuentro Republicano Federal, la crisis económica se profundiza en esos sectores por la combinación de menor ingreso real, destrucción de puestos de trabajo y cierre de actividades.

Pichetto cuestionó el crédito hipotecario y habló de un plan económico que “no está funcionando”

El diputado también apuntó contra el relanzamiento del crédito hipotecario impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo. “No va a alcanzar este último intento del ministro Caputo de generar un esquema de reactivación del crédito hipotecario. Está destinado a un sector de salarios altos. No va a llegar a la clase media”, afirmó.

Pichetto describió al actual rumbo económico como “un modelo insatisfactorio” y añadió: “También provoca en el propio presidente enojo y reacciones, porque está viendo o está percibiendo que su plan económico no está funcionando”. En esa línea, habló de una crisis “muy profunda” y de señales de alarma en el empleo y los ingresos.

Según su diagnóstico, el impacto más fuerte se concentra en los “centros urbanos”, donde, dijo, vive “casi el 85%” de la población argentina. Allí, sostuvo, se verifica el “deterioro más agudo” por la “caída del consumo”, la “pérdida de poder adquisitivo” y la “fragilidad del empleo formal”, en un escenario en el que además crece el “trabajo de plataformas”.

En ese mismo reportaje, el legislador vinculó parte de la tensión oficial con el funcionamiento interno del Gobierno. Dijo que observa una gravitación fuerte de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y mencionó preocupación por lo que consideró el “aislamiento del presidente en Olivos”. “Empieza a haber una gran preocupación”, añadió, sobre “quién gobierna en la Argentina”.

Pichetto también cuestionó el tono verbal del jefe de Estado y recordó su paso esta semana por la escuela secundaria ORT. Afirmó que Milei tiene “un nivel de agresividad insoportable, de violencia verbal en todos los ámbitos, incluso en una escuela el otro día de la comunidad judía”, y expresó solidaridad con periodistas “humillados, agraviados” por la administración nacional.

Defendió las PASO y dijo que Cristina Kirchner conserva una intención de voto “muy alta”

En el plano electoral, Pichetto rechazó cambios en las primarias abiertas. “Hay que tratar de mantener el sistema electoral como está, no modificarlo porque le conviene hoy al Gobierno. Vamos a ver si podemos defender la primaria, que es un método democrático”, planteó.

Para el diputado, ese mecanismo puede ordenar la competencia opositora en los próximos 11 meses. Señaló que de una primaria podría surgir un liderazgo capaz de contener una propuesta más amplia y sostuvo que ya existen diálogos con otros sectores y también con actores económicos relevantes.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner, Pichetto sostuvo que la expresidenta transita “un camino totalmente válido y legítimo” al recurrir su condena ante organismos internacionales. La exmandataria cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para impugnar la sentencia y pidió, entre otros puntos, la suspensión de su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El legislador fue explícito sobre ese punto: “La inhabilitación perpetua no es una pena de este siglo”. También sostuvo que una eventual resolución favorable en el plano internacional “obligaría a la justicia argentina a revisarla”, y consideró que esa revisión podría habilitar la posibilidad de competir electoralmente.

Pichetto agregó que mantiene diálogo con la exmandataria, en especial sobre la cuestión jurídica, y dijo que la condena es “totalmente nula”. Argumentó que el proceso no está agotado mientras existan recursos de revisión y citó como instancias posibles a la Corte Interamericana y a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Cuando se le preguntó si una centralidad política de Kirchner favorecería a Milei, respondió que tiene “serias dudas” sobre esa hipótesis. Como respaldo, mencionó una encuesta del distrito de La Matanza y aseguró: “La figura de la expresidenta está con una intención de voto muy alta”.

El valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que para agosto quedó fijado en $376.600 al cabo de la reunión del Consejo del Salario que terminó sin acuerdo entre sindicatos, empresarios y Gobierno, un aumento del 1,13% respecto de los $372.200 de julio y del 16,9% respecto de los $322.000 de agosto del año pasado.

Si bien todavía no se conoce el dato de inflación de agosto, que el Indec informará el jueves 10 de septiembre, la inflación acumulada en el último período de doce meses para los que se cuenta con datos del organismo estadístico oficial fue de 33,8% entre julio de 2025 y julio de este año. Esto es, exactamente el doble de lo que el Salario Mínimo aumentó entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Además, según los datos del Indec, entre julio del año pasado y julio de este año el aumento del rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas fue del 34,5 por ciento.

Considerando un promedio mensual de 200 horas de trabajo un estudio del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) señaló que el salario mínimo promedio implicaba una remuneración horaria de $1.610 en agosto del año pasado y de $1.833 en agosto de este año. Empresas y cámaras empresarias objetan esa forma de cálculo con el argumento que en muchos casos el salario mensual no corresponde a cargas horarias de ese tipo.

Para actualizar el piso de cara a los próximos meses, el Gobierno convocó ayer viernes a una nueva sesión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el organismo tripartito donde participan representantes del Estado, los sindicatos y las cámaras empresariales, que se desarrolló de manera virtual, en medio del reclamo sindical de que la discusión fuera presencial, y terminó en escándalo, con la salida anticipada de la CGT y las dos CTA antes de que se realizara la reunión plenaria.

El cotitular de la CGT Jorge Sola, del gremio de Seguros, calificó de insuficiente la oferta que recibieron del sector empresarial y sostuvo que lo ofrecido no alcanzaba siquiera para comprar un kilo de pan. En la misma línea se expresó Cristian Jerónimo, cotitular cegetista del sindicato de empleados del vidrio, quien anticipó que el sector sindical no convalidará la propuesta empresarial ni participará del plenario que debía darle quórum a la decisión. De hecho, el monto del aumento respecto del SMVM de julio, de $4.200, es inferior al precio del kilo de pan en muchas panaderías de CABA y en la zona norte del conurbano bonaerense.

Cómo se define el salario mínimo

Cuando no hay consenso en el Consejo del Salario ni se alcanza una definición por mayoría, la fijación del SMVM queda en manos de la Secretaría de Trabajo, que fija el aumento por una resolución. Ese fue el mecanismo utilizado en la última actualización, el 26 de noviembre pasado, cuando el Ejecutivo estableció por decreto una serie de aumentos escalonados que llevaron el salario mínimo de $334.800 en su primer tramo hasta los $376.600 actuales.

La erosión viene de lejos, de hecho en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner una manifestación en reclamo de aumentos convocó como una suerte de asistencia al “funeral del salario mínimo”.

Para superar el esquema vigente, la Secretaría de Trabajo impulsa un concepto distinto al del SMVM: un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto, que buscaría incorporarse como cláusula en los convenios colectivos de trabajo (CCT). La idea oficial es que, si un trabajador cumple una jornada completa de ocho horas y su remuneración, sumados adicionales y premios, no alcanza ese piso, la empresa deba completar la diferencia. El esquema no reemplazaría la pauta de las paritarias, que seguirían con topes de 2% mensual más bonos adicionales, y ya comenzó a transmitirse a sectores con salarios bajos como Maestranza, la UOCRA y Sanidad.

El estudio del Instituto de Economía Política de la UBA, encabezado por Luis Beccaria, quien fue director del Indec entre 2008 y 2013, entre el primer y el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con datos hasta julio, destaca que el SMVM pierde frente a la inflación mes a mes desde julio del año pasado.

Más aún, afirma “en diciembre de 2023 se inició este extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024. Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación”. Sin embargo, prosigue, “más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída de 40,5 por ciento.

Esa contracción, subraya el informe, sumada a la tendencia decreciente de los años anteriores, llevó a que el salario mínimo en términos reales de julio de 2026 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad, y acumulara al mes pasado una pérdida del poder adquisitivo del 67% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, de poco más de $1,1 millones en septiembre de 2011, calculados a valores de julio de 2026.

Los responsables políticos de La Libertad Avanza (LLA) realizan los últimos ajustes en la organización partidaria con vistas a lo que serán las elecciones del año próximo. Como medida excepcional, el Comité Ejecutivo Nacional del partido resolvió intervenir la estructura del distrito de Formosa por un plazo de 18 meses, lo que implica que la decisión seguirá vigente incluso hasta después de los comicios.

La medida se tomó puertas adentro del comando nacional y se dio a conocer mediante un comunicado que emitió el mismo partido provincial. La decisión responde a una acumulación de irregularidades en el funcionamiento del espacio que las autoridades nacionales del partido consideraron insalvables sin una intervención directa. El interventor elegido es Diego Vartabedian, legislador porteño y hombre de máxima confianza de Eduardo “Lule” Menem, armador nacional del espacio.

La renuncia del anterior responsable, el diputado provincial Esteban López Tozzi, catalizó los pedidos de diferentes referentes que La Libertad Avanza tiene en ese distrito para que existiera una normalización. “Solo vamos a reorganizar internamente el partido ya que el presidente había renunciado. También había diferencias internas y se estaban adeudando presentaciones en el Juzgado. Queremos ponerlo a punto de cara a las elecciones próximas”, explicaron a Infobae desde el entorno de Vartabedian.

La designación se produjo al mismo tiempo que el Comité Ejecutivo Nacional respaldó por unanimidad el trabajo que ya venía realizando en San Luis y le extendió el mandato por un año. “Tiene perfil ejecutivo y capacidad para hacerse cargo de distritos con problemas administrativos, reclamos internos y autoridades pendientes de regularización”, explican en la cúpula del partido.

En el comunicado que sacó el espacio se esgrime que hubo incumplimientos en la presentación de balances en tiempo y forma; la recepción de denuncias sobre el funcionamiento interno; y la falta de regularización de las autoridades. A ello se suma que los integrantes de la Asamblea Provincial no convocaron nuevas elecciones ni se reunieron para dar respuesta a los problemas de conducción ni a las quejas de afiliados.

La medida fue impulsada por la conducción nacional del partido, encabezada por Karina Milei y Lule Menem. Desde LLA la presentaron como el inicio de un proceso de reorganización interna orientado a depurar al espacio provincial de lo que denominaron “gildismo” y a construir una conducción alineada con el proyecto de Javier Milei.

Al irse como presidente del partido, López Tozzi denunció que existían hombres del gobernador Gildo Insfrán en la estructura partidaria provincial. Su llegada al armado había sido impulsada por el diputado nacional Gerardo González, quien ingresó a su banca en el 2023 y años después decidió abandonar el bloque de La Libertad Avanza para pasar a formar parte de las filas de Innovación Federal. Desde el comando nacional se esgrimió que ambos “no estuvieron a la altura de las circunstancias” y que dejaron de formar parte del espacio. En paralelo, quien busca aprovechar la intervención es el diputado nacional Atilio Basualdo, quien fue electo el año pasado como diputado nacional y busca posicionarse como principal referente de cara a los comicios a gobernador del año próximo.

El timing no es menor. La reorganización interna de LLA en Formosa ocurre en un momento de alta tensión política en la provincia, donde el máximo tribunal del país abrió un proceso judicial de alcance institucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria e inició formalmente su intervención en el conflicto por la posible reelección del gobernador Gildo Insfrán para el período 2027-2031, tras una demanda presentada por la Confederación Frente Amplio Formoseño.

El planteo, firmado por los apoderados de esa coalición opositora, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Cláusula Transitoria Cuarta de la Constitución de Formosa. Esa norma, incorporada en la última reforma constitucional provincial, establece que el mandato del gobernador y del vicegobernador en ejercicio al momento de la reforma “deberá ser considerado como primer mandato”, lo que habilitaría la novena postulación de Insfrán y una tercera candidatura de Eber Solís como vicegobernador o gobernador.

El antecedente directo de este litigio es un fallo del 19 de diciembre de 2024, en el que la propia Corte declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución formoseña, que permitía la reelección indefinida. En esa sentencia, el tribunal sostuvo que “una reelección sin límites, lejos de constituir la máxima realización de la voluntad popular, permite que quien se encuentra en ejercicio del poder acumule –tras varios mandatos sucesivos– ventajas inadecuadas para una leal contienda electoral”. La provincia respondió con una reforma que formalmente limitó a una sola reelección, pero incluyó la cláusula transitoria que los demandantes califican como una maniobra para eludir ese fallo.

Con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte admitió la competencia originaria y podría tener una definición para antes de que comience el 2027. Aun así, fuentes judiciales esgrimen que “quedó atrás” el paradigma de que no se deben tomar decisiones que puedan afectar al desarrollo electoral en los años en los que habrá comicios, lo que abre una puerta a que la decisión se produzca más adelante.

En declaraciones al portal El Comercial, Atilio Basualdo afirmó que “está convencido” de que Gildo Insfrán “no va a ser candidato el año que viene” y vinculó esa expectativa con la discusión judicial en torno a la posibilidad de una nueva postulación del gobernador formoseño.

En esa línea, sostuvo que sigue el tema “con mucho optimismo” y cuestionó la reforma constitucional impulsada por el oficialismo, al asegurar que “la modificación de la Constitución no tuvo otro sentido que no sea que Insfrán tenga nuevamente con picardía una nueva oportunidad de ser candidato en las elecciones de 2027”. Incluso, al referirse al futuro político del mandatario, lanzó: “Que vaya buscando un cargo a nivel nacional o diputado nacional”.

En las elecciones locales que se disputaron el año pasado, el Partido Justicialista cosechó 67,15% de los votos para diputados provinciales. En el segundo lugar quedó el Frente Amplio Formoseño, con el 20,87% de los votos, mientras que La Libertad Avanza Formosa llegó al 11,13%. En las elecciones a diputados nacionales, el Frente para la Victoria obtuvo el 58% de los votos y LLA un 36%, lo que indica un achicamiento del margen entre ambas fuerzas, pero la solidez y vigencia del “gildismo” en el distrito.