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A instancias del legislador bonaerense Maximiliano Abad (UCR), el Senado entregó esta tarde la mención de honor “Domingo Faustino Sarmiento” a la Fundación Universitaria del Río de La Plata (FURP), en “reconocimiento por su destacada trayectoria en la formación de jóvenes dirigentes y la contribución al fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas”.

La máxima distinción que otorga la Cámara alta fue para una entidad que, según consta en su propia web, “ha incorporado más de 2200 miembros de casi todas las provincias del país” a través de “programas de estudio en países extranjeros” y actividades en la Argentina que se llevan a cabo “gracias al apoyo de diversas empresas y personalidades que posibilitan su concreción”, ya que “no recibe ayuda del Gobierno nacional ni de partidos políticos”.

Antes de la entrega formal, Abad señaló que la FURP no sólo “forma y capacita” hace “más de 40 años” a “dirigentes políticos, gremiales y empresariales”, sino que además “viene educando en la cultura de respeto irrestricto” y de la pluralidad ideológica”, entre otros “pilares” que -mencionó- “deben tener todos los países del siglo XXI”.

“Este premio, a la familia ‘furpiana’, nos tiene que llenar de orgullo. Este premio se llama Domingo Faustino Sarmiento, quien generó conciencia en la Argentina de la necesidad de que tengamos una sociedad que ascienda socialmente a partir de la educación. Y esto es lo que hace la FURP: educa, capacita, forma y te prepara para muchísimos desafíos que existe en un mundo que cada vez más competitivo”, añadió el senador radical.

Acompañado por sus colegas de bancada Gabriela Valenzuela (Corrientes) y Flavio Fama (Catamarca), en un acto que se realizó en el salón Azul de la Cámara alta, Abad manifestó que el “legado de formar y capacitar” implicó un premio “más que merecido” para una institución que “merece esto y mucho más”. También sumó una nota de adhesión al evento la libertaria Ivanna Arrascaeta (San Luis).

Por su parte, el ex compañero becario de FURP de Abad y actuar titular del consejo ejecutivo del organismo, el ex legislador y reciente designado secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Francisco Quintana, apuntó a “la formación y la promoción de jóvenes en ámbitos de hospitalidad y en ámbitos también federales”.

Quintana resaltó el “vínculo, la historia y la conexión con la fundación” debido a que “a todos, de alguna manera, nos ha atravesado en nuestra trayectoria”. En ese sentido, sumó: “A muchos nos ha definido vocacionalmente y, seguramente, a la gran mayoría nos ha permitido construir lazos que perduran en el tiempo, en un punto y en una Argentina en donde a veces el diálogo parece complejo, en donde el encuentro y los puntos en común a veces parecen distantes”.

El referente de FURP direccionó la mira hacia la idea de “generar espacios de conversación, generar ámbitos transversales, pero donde prioricemos las coincidencias a pesar de las diferencias” ya que “tiene un enorme valor y eso es lo que hemos intentado a través de más de medio siglo en distintos ámbitos, pero siempre en este objetivo común”.

“Hoy somos una comunidad de más de 3000 becarios en todo el país y también a nivel internacional”, dijo Quintana, y “lo que buscamos es precisamente sacar a los jóvenes de una mirada exclusivamente local, formarse y aprender en el exterior, conocer otras instituciones y, en definitiva, mejorar ese aprendizaje”.

En cuanto a Sarmiento, el funcionario porteño recordó que “promovió el debate de ideas y la construcción de un proyecto de país integrando las provincias, pero también conectando a la Argentina con el mundo”. Por ese motivo es que la FURP, según sus palabras, “pretende seguir estando para enseñarnos a tender puentes, a construir desde el respeto por las diferencias y a valorar cada una esas diferencias para aprender en comunidad”.

Antes de saltar más de 8% este lunes, y llegar a 765 puntos básicos por el impacto de la victoria de Lula da Silva en las presidenciales de Brasil, el riesgo país argentino rondó los 700 puntos básicos tras acumular una suba de cerca de 100 puntos en diez días, un deterioro que Fundación Capital atribuyó principalmente a factores internos: el enfriamiento de la actividad económica y las dudas sobre el cumplimiento del programa financiero.

“La reciente suba del riesgo país argentino, de mayor magnitud que la observada en otros países de la región, parece responder principalmente a factores internos, en un contexto de debilitamiento de la actividad económica y crecientes interrogantes sobre el cumplimiento del programa financiero”, remarcó el informe de la consultora que fundó Martín Redrado.

Hasta el viernes pasado, el indicador había acumulado un alza superior al 20% durante el mes y de 75% desde el mínimo anual de 403 puntos registrado en julio. El aumento contrasta con las variaciones de Perú, donde el riesgo país creció un 12%, y Colombia, con un avance de 9%, mientras Brasil no registró alzas en medio de su proceso electoral, según la entidad, con datos al 21 de octubre.

“Se observa cierto movimiento de búsqueda de activos seguros (flight to quality), aunque los rendimientos se mantienen en niveles elevados, en un contexto de presiones inflacionarias y expectativas de nuevas subas de tasas por parte de la Fed antes de fin de año”, destacó el trabajo.

El escenario externo también limitó el apetito por activos de mayor riesgo. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años mostraron volatilidad en los últimos 30 días, aunque su rendimiento bajó de 5,3% a 4,95%, en un contexto de presiones inflacionarias, tensiones geopolíticas y expectativas de nuevas alzas de tasas de la Reserva Federal.

Sin embargo, según el informe de Fundación Capital, ese entorno internacional no explica por sí solo el salto del indicador local: la percepción de riesgo sigue ligada a la confianza en el programa económico, a la acumulación de reservas internacionales y a la capacidad de pago de los compromisos de deuda.

Actividad económica e incertidumbre electoral

La incertidumbre electoral incide sobre los rendimientos de los títulos públicos, según el análisis de la entidad. La diferencia entre los bonos AO27, con vencimiento en octubre de 2027, y AO28, con vencimiento en octubre de 2028, implica un riesgo inferior a 100 puntos básicos hasta los comicios y superior a 1.000 puntos en los 12 meses posteriores.

Esa brecha, cercana a 1.000 puntos, refleja las dudas sobre el futuro programa económico después de las elecciones, pero ya se observaba desde meses atrás. Por eso, el informe concluyó que la aceleración reciente del riesgo país también responde a variables económicas internas.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 1,7% interanual en agosto y avanzó apenas 0,1% frente al mes anterior, después del retroceso de julio. A la pérdida de dinamismo se sumaron una caída interanual de 2,9% en los salarios reales del sector privado registrado y la eliminación de 12.700 puestos asalariados privados en julio.

La debilidad del consumo y de la demanda interna podría afectar las expectativas sobre la continuidad del programa económico, sostuvo el informe. Energía, minería y agro conservan dinamismo, pero no compensan las limitaciones de la actividad para impulsar un crecimiento más extendido.

Las dudas sobre el financiamiento de la deuda

El Tesoro argentino dejó de emitir títulos en dólares en el mercado local ante el elevado riesgo país. Después de colocar más de USD 1.000 millones mensuales en abril y mayo, redujo esas emisiones a USD 100 millones en agosto y dejó de ofrecer esos instrumentos en las licitaciones de septiembre y octubre.

Las autoridades proyectaban llegar al próximo año con un remanente de USD 3.700 millones, pero los depósitos del Tesoro en moneda extranjera en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) rondan USD 900 millones. Aún podría ingresar cerca de USD 860 millones tras la aprobación de la tercera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque en noviembre deben abonarse más de USD 1.000 millones al organismo.

Sin nuevos ingresos o egresos de peso, Fundación Capital calculó un desvío de entre USD 2.000 millones y USD 3.000 millones frente al programa financiero previsto. La diferencia podría ampliarse a entre USD 7.000 millones y USD 8.000 millones si persisten las dificultades para colocar el próximo año los USD 5.000 millones de títulos en dólares que se proyectaban.

El Gobierno también contempló ingresos por USD 1.500 millones en privatizaciones y unos USD 2.000 millones en préstamos bilaterales, pero el informe indicó que no se conocen detalles sobre esas fuentes. Ante eventuales dificultades para renovar los bonos Bonares, las autoridades mencionaron la posibilidad de recurrir al swap con China.

La entidad estimó que el Tesoro podrá atender sus compromisos en moneda extranjera mediante operaciones de financiamiento garantizado —como préstamos respaldados por activos— o con divisas que compre con pesos.

“Si bien prevemos que podría haber cierta tensión cambiaria el próximo año, seguimos considerando que el Tesoro logrará afrontar sus compromisos en moneda extranjera, ya sea mediante operaciones de financiamiento garantizado (repo), y/o con dólares de las reservas que compre el Tesoro con pesos. En este sentido, cabe recordar que el proyecto de reforma de la Carta Orgánica (CO) del Banco Central preserva la posibilidad que figuraba en el artículo 28 de integrar parcialmente los encajes bancarios con títulos públicos, manteniendo cierto margen para facilitar el financiamiento indirecto al Tesoro”, dijo Fundación Capital.

La última licitación en pesos ofreció una señal favorable: se adjudicaron $6,61 billones frente a ofertas por $9,49 billones. La Lecap con vencimiento en enero de 2027 concentró el 40,9% de lo adjudicado y registró una tasa interna de retorno efectiva anual de 27,47%, mientras el 60% restante se colocó más allá de octubre de 2027, en su mayor parte con tasa variable o mecanismos de cobertura.

“En definitiva, se advierte un círculo vicioso en el que el aumento del riesgo país dificulta el cumplimiento del programa financiero, lo que a su vez, presiona nuevamente sobre el spread soberano. Por su parte, la economía se encuentra estancada y con escasos motores de crecimiento”, destacaron

Las medidas propuestas para reducir la incertidumbre

El informe planteó acelerar las compras de divisas del Banco Central para fortalecer las reservas, después de que la autoridad monetaria acumulara adquisiciones por unos USD 1.200 millones en octubre, más del doble de lo registrado durante todo septiembre. También propuso actualizar el programa financiero para incorporar los desvíos y precisar cómo se cubrirán.

Fundación Capital pidió además aclarar las fuentes de respaldo, incluidas las condiciones y los montos disponibles de los swaps con Estados Unidos y China. La agenda sugerida incluye una reforma tributaria, ampliación de mercados, infraestructura física y digital, cambios en el crédito y mayor capacidad de las administraciones subnacionales para definir sus estrategias de desarrollo.

La presión sobre la deuda y la falta de crecimiento se retroalimentan: un mayor riesgo país estrecha las opciones financieras, mientras las dudas sobre el financiamiento vuelven a elevar el diferencial de riesgo soberano. Reducir esa dinámica dependerá, según el diagnóstico, de fortalecer reservas y despejar las incógnitas sobre el programa económico.

El gobierno de Javier Milei incorporó una serie de modificaciones al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, tras las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que las sanciones originales podían tener sobre sus empresas, y en un intento por conseguir las firmas necesarias para avanzar con un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal fue convocado para este martes 27 de octubre a las 16, aunque existen versiones de que podría modificarse porque al oficialismo aún le cuesta reunir las firmas necesarias.

La negociación quedó a cargo de la diputada libertaria Silvana Giudici, quien mantuvo conversaciones con los bloques cercanos al oficialismo para acercar posiciones antes del encuentro. “En cada reunión de comisiones, nosotros tenemos la intención de firmar los dictámenes”, señaló una de las autoridades del plenario en declaraciones a un medio nacional. Desde el Congreso y la Casa Rosada sostuvieron que el tratamiento del proyecto sigue activo y que el oficialismo trabaja para consensuar los cambios con los bloques dialoguistas, que ya presentaron sus propias propuestas.

El texto original, que según aseguran fue impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, preveía un esquema de sanciones para empresas y Estados extranjeros que exploten de forma ilegal recursos argentinos en las Islas Malvinas. El viernes previo al plenario, el presidente Milei recibió en la Casa Rosada al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Durante ese encuentro, la administración estadounidense advirtió sobre las posibles consecuencias que las sanciones del primer capítulo del proyecto podían generar para sus empresas.

Ese apartado apunta contra las compañías vinculadas al proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y alcanza también a firmas asociadas con ellas en otros emprendimientos. En ese contexto, también tuvo un papel relevante el embajador Peter Lamelas.

Como resultado de esas gestiones, el Gobierno aceptó limitar las sanciones a quienes ejecuten negocios ilegales dentro del territorio argentino en carácter de operadoras directas, licenciatarias, proveedores de estas y accionistas directos de los proyectos. De esta forma, quedan eximidos de responsabilidad los fondos de inversión indirectos que tengan algún tipo de participación en las empresas explotadoras. “Había que poner un corte, porque si no el proceso jurídico iba a ser eterno y hasta podía llegar a complicar intereses de empresas nacionales”, justificó un funcionario al tanto de los cambios.

Pese al acotamiento de las sanciones, el proyecto mantiene la creación del Consejo de Seguridad Nacional, el órgano que busca coordinar de manera unificada la estrategia de defensa, inteligencia y seguridad interior, presidido por el jefe de Estado. Ese organismo tendrá la facultad de controlar, aceptar o rechazar las inversiones impulsadas por Estados extranjeros y empresas con capitales del mismo origen en sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.

Para garantizar el respaldo de los bloques aliados, el Ejecutivo aceptó conformar una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso, facultada para auditar las decisiones y procesos del Consejo, de manera similar a la bicameral que controla a la Secretaría de Inteligencia de Estado. La propuesta había sido impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), para garantizar la participación del Parlamento en el control del nuevo organismo, que estará integrado únicamente por miembros del Poder Ejecutivo. Según el cambio anunciado, el Ejecutivo deberá informar a la bicameral, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.

Otro de los puntos modificados es el artículo que sanciona con penas de cinco a doce años de prisión a quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. La nueva redacción excluye de manera expresa al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.

El cambio respondió a los pedidos de sectores cercanos al Gobierno, como la Unión Cívica Radical (UCR), y a los cuestionamientos de Unión por la Patria, entre ellos los planteados por la diputada bonaerense Agustina Propato. A su vez, se incorporó al Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional, y se precisaron las competencias de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo, aunque sin establecer una regla de intervención primaria y subsidiaria entre ambas fuerzas.

Dividir el proyecto

Pese a las concesiones, persiste el reclamo de Unión por la Patria y de legisladores de Provincias Unidas, que vienen pidiendo separar el proyecto en dos tramos: por un lado, las disposiciones vinculadas con Malvinas y la defensa de la soberanía; por otro, las reformas a los sistemas de inteligencia, defensa, seguridad interior, protección de infraestructura crítica y los delitos de desinformación. El oficialismo, en cambio, defiende su tratamiento conjunto bajo el expediente 0010-PE-2026.

El plenario de este martes será la instancia decisiva para determinar si La Libertad Avanza reúne las firmas necesarias para un dictamen de mayoría y avanzar hacia el recinto, o si el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, debe convocar a un nuevo encuentro, lo que implicaría una nueva pérdida de impulso político para la iniciativa.