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Así como la economía se mueve “a dos velocidades”, con segmentos ganadores y otros que quedan rezagados por el cambio de modelo económico, una dinámica similar se observa en el mercado de crédito, uno de los motores clave para que repunte la actividad. Mientras el financiamiento en pesos se mantiene prácticamente estancado, los préstamos en dólares muestran un crecimiento sostenido.

Por un lado, el estancamiento del crédito en pesos se explica por el impacto de la inflación, el deterioro del poder adquisitivo de la población, la suba de la morosidad y las tasas de interés activas elevadas.

Desde mediados de 2025, el financiamiento a las familias sufrió una contracción en valores reales (ajustados por inflación) acumulada de 10,9%, con una caída más profunda en las tarjetas de crédito (13%) que en los préstamos personales (8,5%), detalló la consultora Qualy.

Sólo en julio de 2026, el saldo prestable dirigido a los hogares fue de $42.994 mil millones, representando un retroceso intermensual del 2,8% y un descenso interanual del 6,8 por ciento. Esta contracción, según el citado informe, se origina en “altos niveles de endeudamiento, costos financieros elevados, mayor prudencia de los bancos y menor capacidad de repago de los consumidores”.

En contraste, los préstamos en dólares otorgados por el sistema financiero local experimentan una aceleración, impulsados por la demanda de sectores exportadores como la minería, el agro y la energía. Estos tres segmentos primarios son los que traccionan a la actividad económica, mientras rubros como industria y comercio, que concentran la mayor parte del empleo junto a construcción, no logran hacer pie.

Un informe de Banco Provincia subrayó que el financiamiento en moneda extranjera a empresas superó al crédito en pesos por primera vez desde 2019: los primeros crecieron 8% en el año, mientras que los segundos disminuyeron 5 por ciento.

“Los préstamos en pesos tienen dos problemas que sortear hoy en día: los altos niveles de mora y la competencia de las licitaciones del Tesoro. La irregularidad aumentó las exigencias para dar financiamiento, reduciendo los sujetos pasibles de crédito”, resaltó el reporte. Además, la oferta de títulos públicos que pagan el máximo entre inflación y tasa de interés de depósitos restringe la liquidez y reduce los fondos disponibles para préstamos en moneda local.

El mejor desempeño del crédito en dólares responde al desempeño de los sectores exportadores, que demandan financiamiento para expandir la producción.

“Los créditos en dólares se concentran en el segmento exportador: sector agropecuario, minería y energía. Su aumento de la producción, principalmente en los dos últimos, aumentó sus necesidades de financiamiento. La liquidez en dólares permite llevarlo a cabo”, destacó el análisis de la entidad bonaerense.

Esta tendencia refuerza la dinámica de una economía donde la producción orientada al mercado interno enfrenta financiamiento limitado y costoso en pesos, mientras que la producción para el mercado externo accede a fondeo más abundante y barato en dólares.

El deterioro en la calidad crediticia del segmento familiar agravó el escenario para el financiamiento en moneda local. Qualy advirtió sobre la “expansión de la irregularidad financiera en los hogares”, donde el índice de mora en los créditos personales llegó al 15,9% en mayo de 2026 y el saldo impago de tarjetas de crédito alcanzó el 13,1 por ciento. “Frente a ingresos reales comprimidos, los recursos se reasignan de manera excluyente hacia la satisfacción de necesidades básicas, relegando los compromisos financieros”, señalaron los analistas. Esta situación limita el apalancamiento privado y reduce la capacidad del consumo interno para dinamizar la economía.

En el segmento corporativo, las empresas argentinas también aprovecharon la ventana de acceso a los mercados internacionales, donde colocaron títulos por más de USD 14.000 millones desde las elecciones de octubre de 2025. Este incremento del endeudamiento en el exterior responde al desplome del índice de riesgo país desde 1.100 puntos básicos en la previa electoral hasta 430 unidades actuales.

El flujo resultante de estas operaciones, sumado al crecimiento del crédito en dólares en el sistema local y las liquidaciones provenientes del agro y la energía, permitió que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) obtuviera más de USD 13.200 millones en lo que va del año.

Según el análisis de LCG, “el sensible crecimiento de los préstamos en dólares, con obligación de ser liquidados en el mercado de cambios, viene siendo parte de la oferta que habilita las compras del BCRA en el MLC sin generar presiones sobre el tipo de cambio”.

El stock de préstamos en moneda extranjera aumentó USD 5.600 millones y alcanzó un máximo histórico de 24.000 millones de dólares.

La consultora precisó que, tras el blanqueo de 2024, el incremento de los depósitos en dólares alimentó la expansión del crédito en esa moneda. Actualmente, los depósitos privados rondan USD 40.000 millones, con un crecimiento de USD 3.330 millones en el año, aunque la brecha con el stock de préstamos se acorta.

“Esta brecha de crecimiento podría explicar el marcado interés del Gobierno en promover una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal que empuje aún más los depósitos y no frene el crédito y la oferta asociada de divisas en el MLC”, destacaron desde LCG. Las compras del BCRA sólo impactan en las reservas netas, ya que el otorgamiento de préstamos supone una caída de los saldos encajados en la autoridad monetaria, mientras las reservas brutas no se modifican.

En el plano regulatorio, el Banco Central impulsó una flexibilización clave para el otorgamiento de créditos en dólares por parte de los bancos, más allá de las empresas exportadoras tradicionales.

El ente monetario autorizó a las entidades bancarias a ofrecer préstamos en moneda extranjera a compañías que no exportan, siempre y cuando cuenten con la garantía de una firma exportadora.

La medida, establecida a través de la Comunicación “A” 8446, modifica la normativa vigente, que reservaba este tipo de créditos principalmente para empresas con ingresos en divisas por exportaciones.

La garantía debe ser en moneda extranjera y la empresa exportadora que la brinde debe tener capacidad de pago reconocida, según lo dispuesto en la normativa. Además, el exportador que actúe como garante asume el rol de principal responsable del pago y renuncia a los beneficios legales que le permitirían postergar el cumplimiento de la deuda, lo que habilita al banco a exigirle el pago si la empresa deudora no lo realiza.

No obstante, todavía permanecen las reglas macroprudenciales que fueron introducidas tras la crisis del 2001 y la salida de la Convertibilidad que impiden a los bancos prestarle dólares a agentes económicos no generadores de divisas.

Aunque se mantiene levemente por encima del nivel de diciembre de 2025, el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) que elabora el Centro de Investigaciones sobre el Ciclo Económico tuvo una disminución del 0,1% en junio. Así, si bien el saldo del primer semestre del año dio positivo, teniendo en cuenta que el pico previo había sido en febrero del año pasado, la recesión actual lleva ya 16 meses de extensión, convirtiéndose de ese modo en la cuarta más extensa de los últimos 32 años y medio.

La primera recesión desde 1994 se inició en octubre de ese año y, empalmada con el “efecto Tequila” de diciembre de ese año, se prolongó hasta septiembre de 1995.

Por extensión, la más larga fue la iniciada en agosto de 1998: se prolongó hasta agosto de 2002, exactamente cuatro años, extensión que en el siglo XX soportaron muy pocas economías nacionales. Al cabo de la misma el ingreso por habitante de la Argentina había caído cerca del 20%, un empobrecimiento con muy pocos antecedentes en economías no afectadas por desastres naturales o conflictos bélicos.

La segunda recesión más extendida fue la que se inició en diciembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y que si bien a fines de 2019 y principios de 2020 tuvo un leve amago de salida, se hundió en un desplome del nivel de actividad marcado por el inicio de la pandemia de Covid y la extensa cuarentena decidida por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

La tercera recesión más larga del arco histórico cubierto por la el Centro de Investigaciones sobre el Ciclo Económico que sostienen las Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe empezó en mayo de 2022 y duró hasta marzo de 2024, abarcando la política económica con que las gestiones de Martín Guzmán y Sergio Massa buscaron impulsar la actividad pero solo lograron avivar las llamas de la inflación, que cerró en 2024 al 211% anual.

La quinta recesión más extensa se inició en mayo de 2015, ocho meses antes del final del segundo mandato de CFK, y se extendió hasta agosto de 2016, bien entrado el primer año del gobierno macrista. Al igual que entonces, voces oficiales hablan ahora de “brotes verdes” y de “segundo semestre”, en referencia a una recuperación que si bien hizo algunos amagos en el primero, no logra afirmarse y muestra una “economía de dos velocidades”: crecimiento en sectores como actividad financiera, campo, minería y energía, y retrocesos en los demás, en particular en construcción, comercio e industria manufacturera.

Sectores y reflejos

El ICA-ARG incluye datos sectoriales y manifestaciones de esa configuración económica. De diez indicadores, en junio solo uno, Avance mensual de labores agrícolas, mostró una variación mensual claramente positiva (4,1%). Otras, como Importaciones totales de bienes (+0,8%), Ventas minoristas (+0,5) y Remuneración bruta total del sector privado formal (+0,01) crecieron muy tímidamente. Del lado opuesto, la Actividad de la construcción y la Recaudación total nacional mostraron retrocesos del 3,6 y 2,6% respectivamente, con lo que la variación total del nivel de actividad retrocedió un leve 0,06% respecto de mayo.

Las variaciones interanuales muestran en cambio un paisaje desolador: un solo sector (otra vez, Avance mensual de Labores Agrícolas) muestra un avance de dos dígitos (14,3%) y caen indicadores como el patentamiento de vehículos (-15,3%), la recaudación nacional total (-4,9%), la Actividad de la Construcción y las Ventas minoristas (-2,2% en ambos casos) y muestran retrocesos más leves las importaciones totales, el número de trabajadores privados formales y la remuneración bruta total de los mismos

El informe precisa que la buena producción de maíz y el sólido avance de la cosecha de soja promovieron el avance mensual de labores agrícolas con el que el agro siguió superando sus registros históricos. Hay allí un claro contraste con la producción industrial, que arrastra dos meses de merma, “con caídas o estancamiento en la mayoría de las ramas industriales”.

También la Construcción lleva dos meses de un retroceso que -subraya el informe- “recorta casi toda la recuperación que mostró en el inicio del 2026”. De modo similar, prosigue, “las importaciones totales de bienes continúan en un entorno de estancamiento desde mediados de 2025, alternando meses positivos y negativos”. De hecho, se marca, “en junio el ingreso de bienes desde el exterior creció un 0,8%, mientras que la comparación contra igual mes del año pasado evidencia una leve caída del 1,4 por ciento”. Además, en junio se observa un aumento puntual en las importaciones de Combustibles y Lubricantes y de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital, “ambos desde niveles históricamente deprimidos”.

¿Brotes verdes?

Donde sí se observa un repunte en los últimos tres meses es en las ventas minoristas, con una variación mensual estimada para junio de 0,5%, aunque la variación interanual sigue en terreno negativo (- 2,2%), pero con algunos datos esperanzadores: “en las últimas mediciones se observan repuntes en las categorías relacionadas al consumo masivo –Ventas en Supermercados y en Autoservicios Mayoristas– que son las que se encuentran más relegadas con relación a su desempeño histórico”, dice el ICA-ARG. En cambio, los patentamientos de vehículos nuevos acumulan tres meses sin resultados positivos: aunque casi sin variación en junio (-0,02%), ese indicador acumula la mayor caída de los diez indicadores relevados, – 15,3% por debajo de los valores registrados en junio del año pasado.

Los datos fiscales reflejan el mix de datos y desempeños de sectores y factores, con una recaudación total del gobierno nacional que volvió a caer, un 2,3%,, en junio, “borrando la leve recuperación de los meses previos”. La tasa de cambio interanual también sigue en terreno negativo y se aceleró al -4,9% en la última medición.

El ICA-ARG destaca que en el número de asalariados privados registrados se estiman dos meses de pausa en la contracción, pero sin exhibir una recuperación visible, que a tasa de entrada al mercado laboral presenta dos meses de leve baja, luego de cinco consecutivos de recuperación, con una variación estimada para el sexto mes del año del -0,1%, pero con una suba del 6,4% en la comparación interanual, “que representa un incremento de 0,12 puntos porcentuales en la tasa (fue 1,95 en mayo de 2025 y 2,07 el último mes”, y estima un leve repunte (0,1%) en la remuneración bruta total del empleo privado formal, pero sin salir de un sendero de deterioro que en la evolución anual exhibe una caída del 1,5 por ciento.

A la hora de la “Síntesis y perspectivas”, el informe afirma que el ICA-ARG acumula un segundo mes de desempeño levemente negativo, luego de haber registrado tasas mensuales positivas entre diciembre y abril y que en junio sólo cuatro de los diez indicadores que lo conforman mostraron un desempeño positivo. En consonancia, concluye, “el Índice de Difusión de Series Coincidentes se ubica en torno al 40%, a pesar de haber recuperado 25 puntos porcentuales desde noviembre pasado”. Este nivel de difusión, explica, “pone de manifiesto la heterogeneidad sectorial que ha caracterizado a la economía nacional en el último tiempo, con dinámicas dispares entre las distintas ramas de actividad”.

En medio de la incertidumbre sobre posibles nuevos ataques de Estados Unidos contra objetivos del régimen iraní, Mohammad Marandi, figura cercana a la República Islámica y exasesor del líder supremo Ali Khamenei, amenazó este sábado con ataques devastadores contra Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, y añadió que también podrían verse afectados Omán, Israel y quizá Jordania si se golpea la infraestructura civil de Teherán. Además, llamó a la población de esos países a prepararse para evacuar de inmediato.

“A juzgar por las declaraciones de la Administración Trump, parece totalmente posible que, tras meses de amenazas bárbaras, esta noche sea la última noche de normalidad en Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos y quizá también en Omán”, escribió Marandi en X.

Y agregó: “Si se llevan a cabo ataques contra la infraestructura civil de Irán, la infraestructura crítica de estos regímenes aliados, junto con la del régimen sionista y quizás también la de Jordania, quedará destruida (…) La población de estos regímenes debe prepararse inmediatamente para la evacuación”.

En paralelo, el general de división Ali Abdolahi, comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, advirtió que los países musulmanes deben revisar su cooperación militar con Estados Unidos. También afirmó que cualquier país que se convierta en escudo de Washington “arderá en el fuego de la guerra”.

E tanto, en este clima de creciente incertidumbre, la Embajada de Estados Unidos en Israel actualizó durante el día su alerta de viaje y recomendó a los ciudadanos estadounidenses considerar la salida del país por el aumento de la tensión, o estar preparados para marcharse si se produce una escalada.

Las embajadas de Estados Unidos en Jordania, Egipto, Qatar, Arabia Saudí e Irak emitieron avisos similares. Al mismo tiempo, un funcionario israelí dijo a CBS que Israel no conoce una decisión para reanudar por completo la actividad militar y que no ha recibido ninguna petición para sumarse a una acción militar contra Irán.

Abdolahi acusó a Washington de avanzar a un ritmo creciente hacia una escalada generalizada de la guerra en Medio Oriente. Según su declaración, Estados Unidos utiliza el capital, la riqueza, las infraestructuras vitales y los recursos estratégicos de los países de la zona como escudo para su ejército y para reforzar a Israel.

El militar iraní aseguró además que Teherán y el llamado Eje de la Resistencia han alterado el equilibrio de poder regional. A su juicio, la incapacidad de Washington para imponer sus objetivos contra Irán llevó a Estados Unidos e Israel a librar la guerra desde detrás de las trincheras de los países musulmanes.

En ese mismo contexto, el Ejército de Kuwait afirmó este viernes que interceptó ataques iraníes con drones. El texto añade que Teherán no había anunciado esa ofensiva.

Donald Trump dijo el viernes en Camp David, Maryland, que está perdiendo la fe en los negociadores iraníes. “Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten y tergiversan”, afirmó, antes de añadir: “Los estaremos golpeando muy fuerte”.

El presidente situó el detonante inmediato en un ataque con misiles lanzado por Irán esta semana contra fuerzas estadounidenses en Jordania. Según sus palabras, ese hecho puso fin a varios días de pausa en los combates y ocurrió cuando había contactos en marcha a través de intermediarios.

Trump sostuvo que esas gestiones continúan con la participación del vicepresidente JD Vance, Steve Witkoff, Jared Kushner y Marco Rubio. Pese a ello, dejó claro que espera nuevos choques y que da por posible un empeoramiento del conflicto.

El mensaje iraní cerró cualquier sensación de normalidad en los países mencionados. La advertencia dibuja un escenario en el que un ataque contra instalaciones civiles de Irán obligaría a sus vecinos a prepararse para una evacuación inmediata.

Sergio Uñac ratificó su decisión de competir por la presidencia de Argentina y defendió la necesidad de definir el liderazgo del peronismo a través del voto popular. El ex gobernador de San Juan y actual senador nacional planteó que la construcción de la candidatura no puede depender de acuerdos de cúpula, sino que debe legitimarse en elecciones internas abiertas y transparentes.

Uñac remarcó que es “el único dirigente del peronismo que expresó públicamente su intención de postularse a la presidencia”. Señaló que otros referentes, como Axel Kicillof, también tienen aspiraciones, pero no lo han manifestado con claridad. “La construcción de un liderazgo es solamente con el voto popular. Lo otro es producto de un acuerdo, y los últimos intentos de acuerdos de cúpula no han dado los mejores resultados”, afirmó Uñac.

El senador por San Juan sostuvo que el peronismo atraviesa una crisis de representatividad y advirtió sobre el riesgo de que la definición de la próxima candidatura quede supeditada a negociaciones entre pocos dirigentes. Propuso, en ese sentido, que el proceso de selección contemple internas abiertas y regionalizadas, “para que el interior también tenga un rol protagónico y no quede relegado ante las decisiones de la Capital y la provincia de Buenos Aires”. Uñac detalló que su propuesta consiste en dividir el proceso en cuatro regiones del país y realizar votaciones por etapas, con el objetivo de que todos los sectores y realidades estén representados.

El debate sobre la modalidad de selección del candidato presidencial se intensificó en los últimos meses dentro del peronismo. La posibilidad de eliminar las elecciones primarias abiertas (PASO) generó incertidumbre y profundizó las diferencias internas, especialmente entre los gobernadores, los sectores alineados con Cristina Kirchner y los llamados referentes del peronismo “federal”. La discusión se hizo visible tanto en la agenda pública como en encuentros privados de la dirigencia. Mientras Uñac y otros dirigentes insisten en la vía electoral para definir liderazgos, otros sectores analizan alternativas ante la eventual suspensión de las PASO y la presión por una candidatura de consenso.

En paralelo, figuras como Axel Kicillof avanzan en la construcción de su propio espacio y sostienen la necesidad de una alternativa opositora amplia. El gobernador bonaerense, al igual que Uñac, profundizó en las últimas semanas su estrategia electoral y sumó gestos hacia sectores del peronismo no alineados con el kirchnerismo. El escenario se complejiza por la influencia de Cristina Kirchner, quien mantiene un rol central en las definiciones del espacio, y por la irrupción de candidaturas que buscan capitalizar el descontento de los mandatarios del norte y el interior del país.

Consultado por el peso de Cristina Kirchner en la definición, Uñac reconoció durante una entrevista en Laca Stream que “nadie puede minimizar el peso específico que tiene ella dentro del partido”, pero aclaró que su estrategia se basa en recorrer el país y dialogar con todos los sectores. Sostuvo que su candidatura no depende de un aval puntual de la ex presidenta. “Si yo me quedo esperando eso, no estaría caminando el interior. Lo importante es sumar volumen político y estar cerca de los problemas reales”, señaló.

En relación a la situación económica, Uñac advirtió que el próximo gobierno enfrentará “tres grandes problemas: crisis económica en las familias y empresas, falta de infraestructura y desempleo”. Propuso un programa de desendeudamiento social, reactivación de obras públicas prioritarias e incentivos para la generación de empleo privado. “Es necesario que el peronismo ofrezca una agenda clara y realista, porque la sociedad no tiene poder adquisitivo y las empresas están en crisis”, resumió.

Sobre la percepción de los mercados frente a una eventual victoria del peronismo, Uñac rechazó que el espacio sea un factor de desconfianza automática. “Cada vez que gané una elección en San Juan, hubo empresarios que ampliaron sus inversiones. El estigma no se corresponde con la realidad de nuestro espacio cuando gobierna con responsabilidad”, aseguró el senador.

Finalmente, Uñac remarcó que la definición de las candidaturas debe estar legitimada por el voto y no por acuerdos entre dirigentes. “El peronismo tiene que resolver su liderazgo a través del voto popular. La mejor manera es revitalizar una interna abierta, con mecanismos claros para que nadie quede excluido del proceso”, concluyó.

La exposición de las finanzas públicas mejoró sustancialmente en los primeros dos años y medio de presidencia de Javier Milei, y con ello la relación con las autoridades del FMI, como lo manifestó en la semana la directora gerente, Kristalina Georgieva, en su visita protocolar a Argentina, por invitación del Gobierno.

Sin embargo, el costo del crédito multilateral aumentó en los últimos meses por el cambio del contexto internacional, que llevó a la suba de las tasas de interés en las grandes economías desarrolladas, y por su impacto sobre el cargo total de servicio de la deuda del acuerdo de Facilidades Extendidas vigente con el FMI desde abril de 2025.

La tasa marginal de interés que devenga la deuda de la Argentina con el FMI -que incluye un componente variable determinado por el que semanalmente el organismo informa para su unidad de cuenta, los derechos especiales de giro (DEG)– sigue siendo elevada por el nivel de deuda pendiente, aunque el Fondo aplicó en octubre de 2024 la mayor reforma de cargos en dos décadas.

Esa decisión redujo la tasa efectiva que enfrenta el país en 0,4 puntos porcentuales, de 100 a 60 puntos básicos, y elevó el umbral para aplicar sobrecargos por nivel de 187,5% a 300% de la cuota de cada país en el organismo.

El alivio fiscal, sin embargo, no es automático: depende de la tasa del DEG, del margen que fija el organismo y del nivel de acceso excepcional que mantiene la Argentina. Actualmente, la cuota del país es de USD 4.100 millones y el umbral, de USD 12.300 millones, por lo que la Argentina seguirá dentro del régimen de recargos. El Gobierno calcula que con eso el país tendrá un ahorro de USD 3.200 millones en el repago del actual programa.

El punto de partida de 0,25% anual se multiplicó por poco más de 11 en apenas 52 meses, y todo indica que ese proceso aún no se detendrá, dado el escenario internacional de alta volatilidad en los mercados desde que se inició la invasión de Rusia a Ucrania en abril de 2022 y persiste hasta la actualidad, y el agregado de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Esa tasa de interés del DEG -se actualiza semanalmente según los niveles vigentes en los mayores socios del FMI: Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Reino Unido y China (expresada en dólares sobre las divisas de esos Estados miembros)- es la base del cargo final, que incluye un nivel base y eventuales sobrecargos fijos, que aplican cuando el saldo deudor excede ciertos límites.

Adicionalmente, existen comisiones que aplican sobre los desembolsos: la comisión de compromiso y el cargo por servicio.

A fines de julio de 2026, el componente fijo del sobre cargo del acuerdo de Facilidades Extendidas se ubicó en 3,6% anual y, sumado a la tasa de interés en DEG de 2,927% anual, determinó un costo total de 6,527% anual (2,23 veces la tasa base).

En junio de 2026, la deuda con el organismo ascendió a USD 57.705 millones, desde USD 41.546 millones en junio de 2024 cuando el equipo económico de Luis Caputo comenzó a gestionar una revisión de los términos pactados con Martín Guzmán, ministro de Economía de Alberto Fernández, y su ampliación, según informó la Secretaría de Finanzas. Al parecer, gravitaron en el aumento los desembolsos que estaban pendientes del acuerdo y la suba de la valoración de los DEG.

Recargos por endeudamiento y plazo

Los sobrecargos aplican cuando el saldo deudor supera el límite equivalente a 187,5% de la cuota del país en el FMI, que es el aporte de cada miembro al organismo. Inicialmente es de 200 puntos básicos (pb) y aplica sobre el saldo deudor que excede dicho límite. Y si el saldo se mantiene por encima del límite durante un cierto período de tiempo (36 meses para los stand-by (SBA) y 51 meses para los Acuerdos de Facilidades Extendidas (EFF), el sobrecargo se incrementa otros 100 pb, hasta 300 puntos básicos.

En un informe de 2022 de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se destacaba: “Los sobrecargos se pusieron en práctica por primera vez en 1997, en un contexto de crisis financiera global en el que muchos países acudieron al FMI para solicitar financiamiento. Buscó proteger la capacidad crediticia del organismo, generando incentivos al repago anticipado de los préstamos de mayor monto y plazos más largos”.

Y resaltaba el estudio especial de la OPC: “En el caso de Argentina, desde el primer desembolso del SBA 2018 aplicaron sobrecargos por 200 pb, dado que el saldo deudor superó el 187,5% de la cuota. A partir de noviembre de 2021 la tasa de sobrecargos se incrementó a 300 p.b., tras cumplirse 36 meses en esa situación”.

La decisión sobre cualquier eventual modificación recae sobre el Directorio Ejecutivo, integrado por 24 directores que representan a los 190 países miembros del FMI.

De ahí surge que desde un punto de partida en marzo de 2022 de un pago de intereses neto de 4,25% anual, donde la tasa DEG representaba apenas 6% del total, se pasó en la actualidad a 6,527% anual, con una incidencia del componente variable del 44,8 por ciento.

De todas formas, frente a la sostenibilidad de un índice de riesgo país por debajo de 500 puntos básicos, el cargo total del crédito Stand-by del FMI resulta, por lejos, el financiamiento más ventajoso para Argentina: bajó 6 pb desde que el ministro Luis Caputo renovó el acuerdo de 2022 en abril de 2025.

La próxima revisión de los cargos del FMI está prevista para 2029, salvo que el Directorio decida adelantarla o establecer algún criterio de excepción, dado que la directora gerente, Kristalina Georgieva, resaltó en su visita a Buenos Aires “la sostenibilidad de los logros fiscales, financieros y de acumulación de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina”.

Qué tendría que hacer Argentina para acceder al cargo mínimo

El cargo mínimo del FMI es: tasa de interés del DEG más margen de 60 puntos básicos.

Para llegar a ese nivel, Argentina debería cumplir dos condiciones oficiales:

1. Reducir su deuda con el FMI por debajo del 300% de su cuota, manteniendo un sendero de pagos sostenido; y

2. Mantener ese nivel por más de 36 meses.

En términos prácticos, Argentina debería cancelar una parte sustancial del programa del Acuerdo de Facilidades Extendidas y evitar nuevos desembolsos que eleven el nivel de acceso.

En 2027, en pleno año electoral, el Gobierno deberá cancelar unos USD 7.700 millones con el organismo, una cifra récord desde que Argentina volvió al paraguas del Fondo hace ya más de ocho años, de los cuales USD 4.400 millones corresponden a devolución de capital y USD 3.300 millones al estimado pago de intereses -el monto varía según la cotización en dólares del DEG-. En tanto, el organismo hará desembolsos a favor de la Argentina por USD 1.700 millones. Por lo tanto, los pagos netos totalizarán USD 5.800 millones.

Según el cronograma de vencimientos de capital, la deuda de Argentina alcanzará el equivalente a tres cuotas en el FMI hacia 2033, y terminaría de pagar el saldo seis años después.

Además, los analistas estiman que el Gobierno deberá superar el obstáculo que representan las elecciones de 2027, y ser reelecto, porque la continuidad macroeconómica es lo que más le preocupa al organismo y a los inversores internacionales.

Una explosión ocurrió el sábado cerca de un café de verano en Moscú y causó al menos tres muertos y 15 heridos. La policía local informó que el incidente ocurrió alrededor de las 20:10, hora local, en la plaza Kudrinskaya.

Las autoridades no especificaron la causa de la explosión. En esa zona se encuentra un rascacielos emblemático de la ciudad, diseñado por Mijail Posokhin en la época estalinista.

Los heridos presentaban distintos niveles de gravedad. La policía confirmó la información a la agencia de noticias estatal Ria Novosti.

El Ministerio de Salud de Rusia informó que los servicios de emergencia y agentes del Ministerio del Interior se encuentran en el lugar, y que las personas afectadas están recibiendo atención médica.

Bajo este contexto, algunos medios rusos informaron que el tráfico en la zona cercana a la plaza fue bloqueado de forma temporal y las entradas a la estación de metro Barrikadnaya permanecen cerradas.

Noticia en desarrollo…

El paro nacional docente de este lunes 3 de agosto quedará bajo supervisión del Ministerio de Capital Humano de la República Argentina, que anunció una inspección muestral en escuelas de todo el país para verificar si las entidades gremiales que convocan a la huelga garantizan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, como establece la Ley 27.802.

Ante la medida de fuerza convocada para ese día, el Gobierno argentino informó que controlará en escuelas de todo el país si los gremios respetan ese piso de prestación y advirtió que, si detecta incumplimientos, activará protocolos para aplicar sanciones, según el comunicado oficial del ministerio.

La cartera indicó que la supervisión se realizará en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En un comunicado oficial que difundió este sábado a través de X, señaló: “En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”.

La medida se realizará a partir del paro nacional docente convocado por CTERA en medio del conflicto con el Gobierno por la paritaria nacional docente y los reclamos salariales. Como informó Infobae, el sueldo mínimo docente quedó en 500 mil pesos durante el último año.

Qué reclaman los gremios docentes

CTERA reclama la convocatoria a la paritaria, aumentos salariales y la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). También pide una nueva ley de financiamiento educativo y objeta una posible reforma jubilatoria y un proyecto de “Ley de Libertad Educativa”.

El artículo también menciona reclamos por inversión en infraestructura, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos. Además, señala que durante agosto habrá otras medidas para dar visibilidad al reclamo.

Los gremios docentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), en cambio, anunciaron un plan de lucha sin huelgas. Entre las medidas figuran trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa y una movilización cuyo destino se definirá entre el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación.

Según el mismo medio, esos gremios convocaron a una conferencia de prensa para el lunes a las 14:00 en Azopardo 802. Esa actividad se desarrollará el mismo día del paro nacional convocado por CTERA.

La ley invocada por el Gobierno y la discusión judicial

En el comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano recordó que el artículo 101 de la Ley 27.802 declara a la educación servicio esencial. Bajo ese criterio, durante una medida de fuerza los gremios deben asegurar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo.

A la vez, Infobae informó sobre una disputa judicial en torno a esa disposición. Una medida cautelar del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 74 suspendió de forma temporal la declaración de esencialidad mientras avanza una demanda.

El mismo artículo sostuvo que, tras la apelación del Gobierno, el límite vinculado al derecho de huelga sigue vigente hasta que exista una resolución de fondo. Esa tensión entre la cautelar y la posición oficial enmarca la inspección anunciada para el 3 de agosto.

El argumento oficial sobre el derecho a la educación

En su comunicado, el Ministerio sostuvo que la administración de las escuelas corresponde en primer término a las jurisdicciones, pero remarcó el papel del Estado nacional en la garantía del derecho a la educación. “La gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de la jurisdicciones y, a la vez , el gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución”, señaló.

La cartera enmarcó la decisión en la necesidad de resguardar la continuidad educativa y de sostener previsibilidad para las familias argentinas. También exhortó a los actores del sistema a cumplir la normativa vigente sobre la esencialidad de la educación.