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  • Alfonso Monasterio: “Siento la obligación de honrar todos los días la empresa que fundó mi abuelo hace 75 años”

    Alfonso Monasterio: “Siento la obligación de honrar todos los días la empresa que fundó mi abuelo hace 75 años”

    Hay empresas que nacen como un negocio y otras que terminan convirtiéndose en una forma de vida. Corría 1951 cuando Alfonso Pablo Monasterio comenzó a recorrer los caminos rurales del oeste bonaerense para organizar remates de hacienda. Difícilmente imaginó que aquel emprendimiento familiar trascendería tres generaciones, atravesaría algunas de las mayores transformaciones de la ganadería argentina y llegaría hasta la actualidad con un sello que, según quienes la conducen, nunca cambió: el valor de la palabra. Alfonso P. Monasterio celebra sus 75 años convertida en una de las consignatarias referentes del país. Detrás de ese recorrido hay una historia de esfuerzo, miles de kilómetros recorridos, madrugadas en el Mercado de Liniers, discusiones entre padre e hijo, decisiones empresariales que marcaron épocas y un legado que Alfonso Monasterio, tercera generación de la familia, procura sostener todos los días.

    “Mi abuelo era un tipo muy habilidoso y capaz”, recuerda al comenzar la charla con LA NACION sobre Alfonso Pablo Monasterio, fundador de la empresa. Todo empezó en Daireaux, aunque antes había trabajado como representante de Adolfo Bullrich SA. Con el tiempo decidió independizarse y construir su propio camino organizando remates en localidades como Pirovano, Bonifacio, La Larga y Arboledas, en un radio de apenas algunos kilómetros alrededor de la ciudad bonaerense.

    Alfonso P. ( con sombrero) y Kuki Monasterio, primera y segunda generación de la firma consignataria
    Alfonso P. ( con sombrero) y Kuki Monasterio, primera y segunda generación de la firma consignatariaGza.

    Aquellos eran otros tiempos. No existían celulares, correo electrónico ni plataformas digitales. Cada remate demandaba semanas de preparación y una presencia permanente en el territorio.

    “Mi abuelo se iba cinco meses para preparar remates. Capaz que estaba 15 días en Bonifacio, que queda a 60 kilómetros. Era todo muy manual, todo de trabajo”, cuenta. Su vehículo inseparable era un Ford Falcon. “Siempre le gustaba tener los últimos modelos de Ford”, recuerda con una sonrisa.

    Mientras la empresa iba creciendo, también lo hacía la familia. Su hijo Adalberto, conocido por todos como “Kuki”, se incorporó al negocio después de estudiar y continuó la expansión iniciada por su padre. Juntos decidieron plantar bandera en Buenos Aires y comenzaron a vender en los mercados de ovinos y porcinos a través de otra firma hasta que dieron un paso decisivo: desembarcar en el histórico Mercado de Liniers, donde terminaron construyendo buena parte de su prestigio.

    En una feria, Alfonso Monasterio remata arriba del carro
    En una feria, Alfonso Monasterio remata arriba del carroGza.

    Fue allí donde Alfonso empezó a escribir su propia historia. Apenas tenía 15 años cuando comenzó a trabajar formalmente en la empresa. “Empecé en 1983”, resume, como si se tratara de un dato más, aunque detrás de esa fecha hubiera un aprendizaje cotidiano que marcaría toda su vida.

    Su adolescencia transcurrió entre corrales, camiones y remates. Las jornadas comenzaban cuando la mayoría todavía dormía. “Papá se levantaba a las tres de la mañana para ir a Mataderos. Después arrancamos con los remates de contado de los jueves y nos íbamos a las dos de la mañana para encerrar 4000 cabezas a mano. Hoy parece increíble pensar cómo trabajábamos”, recuerda.

    Aquella rutina no tenía horarios, era una forma de vivir: “Antes era arrancar a las dos, tres o cuatro de la mañana, ir en auto para acá y para allá. Era trabajar las 24 horas”. Esa cultura del esfuerzo fue una marca registrada de las tres generaciones: “Mi abuelo y mi padre eran gente muy dura, de mucho trabajo; yo aprendí eso. Después tuve que aprender también a bajar un cambio”.

    Durante varios años convivieron abuelo, padre y nieto dentro de la misma empresa. Compartían oficinas, remates y decisiones, aunque no siempre coincidían. “Yo tenía un carácter bastante particular. Era joven y quería hacer cosas nuevas. Chocaba mucho con mi padre”, admite hoy con naturalidad.

    Con el paso del tiempo comprendió que aquellas diferencias eran parte del aprendizaje: “Mi padre me fue dando espacio de a poco, mientras yo lo iba tomando. Fueron batallas, pero hoy entiendo perfectamente que hacía lo mismo que había hecho mi abuelo con él. Fue una enseñanza espectacular”.

    Mucha de esa formación llegó curiosamente fuera de la oficina. Alfonso recuerda especialmente los largos viajes en auto junto a su abuelo rumbo a Buenos Aires: “Esas cinco horas eran un aprendizaje constante. Me iba contando historias, anécdotas y experiencias. Sin darme cuenta fui incorporando toda esa sabiduría. Cuando falleció mi padre descubrí que sabía muchas cosas que nunca me había propuesto aprender; las había absorbido sin pensarlo”.

    También heredó otra pasión: el martillo. Todavía recuerda una escena que ocurrió cuando apenas tenía 10 años. Su abuelo entró a la oficina, lo miró y lanzó una frase que jamás olvidaría: “Este va a ser el que va a seguir”.

    Su debut como martillero también quedó marcado por una anécdota familiar. En su primer remate de maquinaria le pidió a un primo que comprara el primer lote para evitar que quedara desierto. “Era un alambre viejo que terminó comprando por $50”, recuerda entre risas. Antes de salir a vender, seguía el consejo que le daba su padre: “Tenía que practicar frente al espejo para aprender a rematar”.

    “Entendí cuánto había aprendido sin darme cuenta. Mi abuelo y mi padre me fueron formando inconscientemente”, recuerda Alfonso Monasterio
    “Entendí cuánto había aprendido sin darme cuenta. Mi abuelo y mi padre me fueron formando inconscientemente”, recuerda Alfonso MonasterioGza.

    Aquella necesidad permanente de innovar fue la que, años después, lo llevó a impulsar una de las decisiones más importantes en la historia de la empresa: incorporar como socio al grupo chileno Tattersall. No fue sencillo. “Papá me dijo que no quería vender. Estuvimos siete u ocho meses negociando hasta que finalmente aceptó”, recuerda. La apuesta terminó marcando un antes y un después: “Hoy, 25 años después, puedo decir que fue una relación espectacular. Nos enseñaron muchísimo”.

    Más que un cambio societario, significó una transformación en la manera de administrar el negocio, con profesionalismo. La empresa incorporó planificación, presupuestos, análisis de gestión y procesos que hasta ese momento no eran habituales en una firma familiar. Esa experiencia se complementó con viajes de capacitación a Estados Unidos, donde pudo conocer el funcionamiento de otros mercados ganaderos y ampliar su mirada empresarial.

    Acopio en Daireaux
    Acopio en Daireaux

    Con el tiempo también diversificó el negocio con un acopio de cereales en Daireaux, una apuesta que su padre miró con desconfianza: “Decía que muchas empresas se habían fundido haciendo acopios. Pero yo veía que la zona estaba cambiando y aposté igual”. La decisión dio resultado: hoy la firma cuenta con tres plantas de acopio y amplió su actividad a la comercialización de granos y a las subastas digitales de activos.

    En paralelo, la consignataria continuó creciendo dentro de la ganadería. Hoy supera los 10.000 remates realizados, cerca de 25 millones de cabezas comercializadas, cerca de 400 subastas por internet y mantiene presencia en la comercialización de hacienda, cereales, campos, caballos y activos.

    Otro de los hitos que recuerda con orgullo fue haber participado del traslado del histórico Mercado de Liniers al Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas: “Con otras tres firmas consignatarias nos cargamos al hombro esa mudanza. Fueron cuatro años de trabajo”.

    La muerte de su padre, el año pasado, terminó de darle otra dimensión al legado familiar. “Entendí cuánto había aprendido sin darme cuenta. Mi abuelo y mi padre me fueron formando inconscientemente”, recuerda.

    Esa herencia también le permitió afrontar los vaivenes del país. “La Argentina es muy complicada, pero la experiencia nos ayudó a hacer frente. Hay cosas que no se aprenden en la facultad; se aprenden en la calle y en la familia”, afirma. Y resume: “Hay que saber a quién vender y cómo defender el negocio. Eso solamente te lo da el tiempo”.

    Entre todas las enseñanzas heredadas hay una que considera innegociable: “El valor de la palabra para mi abuelo, mi padre y para mí representa el 1000%; la palabra se empeña, se da y es el sello que tiene la firma”.

    Hoy la empresa combina capitales argentinos y chilenos y continúa expandiéndose hacia nuevas regiones del país, especialmente el Litoral, acompañando el desplazamiento de la producción ganadera.

    En la casilla del viejo Mercado de Liniers, Alfonso y Kuki Monasterio
    En la casilla del viejo Mercado de Liniers, Alfonso y Kuki MonasterioGza.

    Pero cuando le preguntan qué significa cumplir 75 años, no habla de balances, facturación ni cantidad de remates, prefiere volver al origen: a aquel hombre que recorría los caminos rurales durante semanas para preparar una feria, al padre que lo obligaba a practicar frente al espejo antes de salir a martillar y a esas conversaciones interminables en los viajes en auto, donde sin proponérselo fue aprendiendo un oficio: “Siento la obligación de honrar todos los días la empresa que fundó mi abuelo hace 75 años”. Y tiene una frase que resume la historia de las tres generaciones que hicieron crecer la firma: “Es muy difícil competir con una persona que ama su trabajo porque esa persona no está compitiendo, está viviendo. Ese fue mi abuelo, fue mi padre y soy yo”.

  • La Rioja reformó su Justicia Electoral: cómo serán las nuevas competencias y el control a los partidos

    La Rioja reformó su Justicia Electoral: cómo serán las nuevas competencias y el control a los partidos

    Elecciones bonaerenses 2025 genericas votacion urnas padrones mesas
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    A partir de ahora, la Justicia Electoral de La Rioja contará con una nueva estructura institucional tras la entrada en vigencia de la Ley N° 10.898, que fue promulgada el martes 18 de agosto mediante el Decreto N° 1.278. Esta norma reemplazó el régimen que regía desde 1983, con el objetivo de reorganizar los órganos judiciales y redefinir competencias para garantizar mayor celeridad y especialización en los procesos electorales provinciales.

    El cambio central no afectará el modo en que los riojanos votan, debido a que se concentró en cambiar la estructura de la Justicia Electoral. De esta manera, se creó el cargo de juez electoral provincial permanente, con designación vinculada a la Constitución Provincial y al Consejo de la Magistratura.

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    La duración del mandato será de diez años y el salario igual al de un juez de Cámara. En línea con esto, esta figura contará con una secretaría propia, con requisitos y jerarquía equiparables a la Función Judicial. Así, se buscará dar continuidad y especialización a una función que anteriormente era transitoria y dependía de otros juzgados.

    De acuerdo con Nueva Rioja, la nueva ley establece que el Tribunal Electoral esté compuesto por tres miembros: un integrante del Tribunal Superior de Justicia, que presidirá el organismo; un juez de Cámara; y un representante del Ministerio Público de la Defensa.

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    Tribunal Superior de Justicia de La Rioja

    La incorporación de la Defensa Pública también marcó un cambio institucional relevante. Los miembros serán seleccionados mediante sorteo, tendrán mandatos de cuatro años (antes dos) y no podrán haber ocupado cargos partidarios durante los cuatro años previos a su designación.

    Por otro lado, se estableció que el Tribunal Electoral contará con autarquía financiera. Esto implica que podrá proponer su propio presupuesto de gastos ante la Función Legislativa, dotándole de mayor autonomía operativa.

    También se delimitó con claridad las funciones entre el Tribunal y el Juzgado Electoral, estableciendo una lógica de primera y segunda instancia. Mientras que el Tribunal se encargará de la organización de procesos electorales, oficialización de listas, escrutinio definitivo y proclamación de los candidatos electos, el Juzgado Electoral concentrará competencias de primera instancia y sumará nuevas tareas relacionadas con el funcionamiento de los partidos políticos.

    Entre las novedades, el Juzgado Electoral asumirá el control y fiscalización patrimonial de los partidos políticos. Además, intervendrá en registros de afiliados, nombres y símbolos partidarios y en procesos internos de las organizaciones políticas.

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    De la misma manera, la tramitación electrónica será obligatoria para todos los expedientes electorales, en concordancia con el marco legal provincial sobre tecnologías de la información y comunicaciones. Esta medida apunta a acelerar y dar mayor trazabilidad a los procesos, considerando la importancia de los plazos judiciales en el contexto electoral.

    La ley mantiene plazos procesales especialmente breves: el juez electoral dispondrá de cinco días para dictar sentencia, mientras el Tribunal Electoral tendrá diez días. Si los plazos se vencen, la norma prevé la pérdida automática de jurisdicción y el pase del expediente al subrogante, buscando evitar que eventuales demoras afecten el desarrollo de los procesos.

    Otro cambio es la instauración de un Registro Provincial de Electores, que será administrado por el Tribunal Electoral. La implementación será progresiva, debido a que durante la transición y coordinación con la Justicia Federal, se seguirá utilizando el padrón nacional.

    La entrada en vigor de la norma coincidió con la preparación del próximo ciclo electoral en La Rioja, que se realizará bajo un esquema distinto al vigente durante más de cuarenta años. Por este motivo, el desafío inmediato será implementar la nueva arquitectura, entre ellas, la designación del juez electoral, la conformación del Tribunal, la organización presupuestaria, la activación de sistemas electrónicos y la construcción del padrón provincial.

  • Trenes: el Gobierno autorizó el llamado a licitación de las líneas Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza

    Trenes: el Gobierno autorizó el llamado a licitación de las líneas Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza

    El Gobierno autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para las líneas ferroviarias Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza, mediante una resolución del Ministerio de Economía publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

    La medida aprueba la documentación correspondiente a la “concesión de vías e inmuebles aledaños de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza y venta de material rodante”.

    Con la publicación de la resolución quedó formalmente habilitado el procedimiento para seleccionar a los futuros concesionarios. El proceso también incluye la venta de locomotoras y vagones correspondientes a las líneas involucradas.

    Según había establecido el Gobierno en medidas anteriores, los fondos obtenidos por esas operaciones serán destinados a un fideicomiso orientado a financiar parte de las obras previstas en el sistema ferroviario.

    De acuerdo con información oficial difundida previamente, el esquema prevé concesiones por 50 años y contempla que la infraestructura continúe bajo propiedad estatal, mientras que los adjudicatarios asumirán tareas vinculadas a la administración y explotación de los corredores ferroviarios.

    Entre las características de la convocatoria figura además una restricción para empresas controladas directa o indirectamente por Estados extranjeros. La cláusula replica el criterio utilizado en las licitaciones de la Hidrovía y de AMBA I, la obra destinada a ampliar la red de transporte eléctrico del área metropolitana. En la práctica, limita la participación de compañías estatales extranjeras, entre ellas firmas chinas.

    Recientemente, el Ejecutivo modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para precisar que determinadas obras de infraestructura ferroviaria pueden quedar alcanzadas por el esquema destinado a promover grandes proyectos de inversión.

    La norma incorpora dentro del concepto de “construcción” del sector de infraestructura del RIGI no solo la ejecución de infraestructura nueva, sino también la “renovación, sustitución, transformación o desarrollo” de infraestructura ferroviaria existente y de aquella accesoria necesaria para el funcionamiento de la logística y el transporte ferroviario.

    Las tres líneas incluidas en la convocatoria integran una parte relevante de la red ferroviaria utilizada para el transporte de cargas. La línea Belgrano conecta regiones del NOA, NEA y centro del país con los puertos de la Hidrovía; la San Martín vincula el área metropolitana, el oeste bonaerense y la región de Cuyo con los puertos de exportación; mientras que la Urquiza conecta Buenos Aires con la región mesopotámica.

    La apertura de sobres está prevista para el próximo 11 de noviembre y la adjudicación se realizará en 2027.

  • Convocaron a una reunión para actualizar el salario mínimo, vital y móvil y las prestaciones por desempleo

    Convocaron a una reunión para actualizar el salario mínimo, vital y móvil y las prestaciones por desempleo

    La sesión se realizará el próximo viernes de manera virtual (REUTERS)
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    El Gobierno nacional convocó a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil a participar de una sesión plenaria ordinaria, con el objetivo de actualizar el piso establecido para el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) y de las prestaciones por desempleo.

    Por medio de la Resolución N° 1/2026 publicada en el Boletín Oficial, la presidente alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, Claudia Testa, informó que la reunión se realizará el 28 de agosto de 2026 a las 12:30 horas a través de una plataforma virtual.

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    “Convócase a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, a reunirse en sesión plenaria ordinaria el día 28 de agosto de 2026, a las 12:30 horas (doce treinta horas), mediante plataforma virtual”, indicaron.

    No obstante, en la citación aclararon que, en el caso de no lograrse el quórum necesario, se fijó una segunda convocatoria para las 14:00 horas del mismo día. Asimismo, se prevé la designación de dos consejeros presentes de cada sector para la firma del acta.

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    Entre los temas principales que se sumaron en el orden del día, se encuentra la determinación del nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil y la actualización de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo, conforme lo dispuesto en la Ley N° 24.013 y sus modificatorias. Ambos temas serán tratados el mismo día, a las 10 horas, por la comisión convocada.

    En junio, el salario real privado cayó 0,9% y rompió 20 meses de crecimiento

    En junio de 2026, el salario real promedio de los trabajadores en relación de dependencia del sector privado registró una baja de 0,9%, según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esta disminución representó el segundo mes consecutivo de retracción en el poder de compra, a pesar de que la inflación mostró una menor velocidad de crecimiento durante el periodo.

    La serie desestacionalizada del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indicó que la caída de junio profundizó la tendencia negativa observada en mayo, cuando la contracción había sido del 2,9%. Como resultado, el informe remarcó que, “por primera vez tras 20 meses consecutivos por encima del nivel de noviembre de 2023, el salario medio real de junio de 2026 se ubicó por debajo de dicho valor, con un descenso de 0,6%”.

    Según la Secretaría, la reciente contracción del salario real se explica porque el crecimiento del salario nominal se frenó más que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos medidos en términos desestacionalizados. Entre enero y abril de 2026, el salario nominal creció en promedio 2,1% mensual, mientras que en abril y mayo el ritmo se redujo a 1% mensual.

    Primer plano de una persona con bata blanca que alcanza una caja de medicamento en una estantería con varias cajas y frascos.

    El reporte también señaló que las remuneraciones fijadas por Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) presentaron una contracción, aunque menor a la del salario promedio general. En los últimos dos meses considerados, el salario conformado medio de los principales CCT se redujo 0,7% en términos reales en la serie sin estacionalidad.

    En línea con esto, indicaron que el análisis de convenios colectivos revela disparidad entre sectores. Así, se identificaron tres grupos: uno con incrementos reales, otro con estabilidad o variaciones acotadas y un tercero con caídas superiores al 10% interanual.

    Dentro de los sectores con aumentos reales en el poder de compra figuran Encargados de edificio (+5,9%), Camioneros (+3,1%), Construcción (+2,5%), Farmacia (+2,5%), Entidades deportivas (+1,7%), Aceiteros (+1,6%) y Seguros (+1,6%). En contraste, sectores como Textiles (-12,6%), Metalúrgicos (-12,4%), Comercio (-11,0%) y Calzado (-10,5%) registraron descensos interanuales de dos dígitos en el salario real.

    Al mismo tiempo, reveló que algunos sectores lograron sostener o mejorar el salario real mediante acuerdos por encima de la inflación, otros limitaron las pérdidas y varios sufrieron deterioros marcados. “En los últimos dos meses, el salario conformado medio de los principales CCT se redujo un 0,7% en términos reales”, precisaron.

    Asimismo, recordaron que la medición mensual del salario se basó en las declaraciones juradas empresarias presentadas al SIPA, cubriendo aproximadamente el 98% del empleo privado registrado. Esta metodología genera una proyección basada en datos parciales, por lo que no integra las series históricas del anexo estadístico del reporte.

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    A un año de su anuncio, hay fricción en el Gobierno por la demora del “pasaporte dorado” con el que Milei busca inversiones

    pasaporte argentina generica
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    El Gobierno anunció hace más de un año una profunda reforma del régimen migratorio y de ciudadanía. Entre sus diferentes segmentos, este paquete de medidas contenía una promoción de inversiones extranjeras mediante incentivos, un programa de “ciudadanía argentina por inversión” – referido en otras jurisdicciones y a nivel internacional como “pasaporte dorado”- con el que se busca captar divisas de personas de alto patrimonio del exterior, a cambio de la concesión de la ciudadanía argentina

    El mecanismo de acceso fue dado a conocer en mayo del año pasado a través del DNU 366/2025 (el cual modificó 4 leyes nacionales), y se extendió en su funcionamiento a través del Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial en julio de 2025. Este programa no está vigente porque todavía se espera la última reglamentación legal. Y hay importantes sectores del Gobierno -y empresas internacionales del sector de la “industria” de la ciudadanía por inversión que en las últimas semanas comenzaron a pujar para que la medida salga lo antes posible.

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    “Estuvo paralizado el tema”, confesó a Infobae un importante funcionario que conoce lo que está sucediendo con la reglamentación. Hay al menos tres miembros de la Mesa Política del oficialismo que están intentando destrabarlo en términos burocráticos. “Están en ese plan porque termina de avanzar la revisión, pero va a salir en algún momento”, avisan desde uno de estos tres despachos.

    Una de las áreas que está revisando el tema es el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva. Según pudo averiguar Infobae, hay un apuro para que esta área se expida sobre el tema, aunque no sería la única que tiene sus reparos por la forma de la aplicación de esta normativa. Es un reclamo que se repite en un despacho de la Casa Rosada que también quiere que salga la Agencia de Migraciones, que se había anunciado el año pasado.

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    Javier Milei, con traje oscuro y corbata azul, habla desde un podio de madera frente a una gran ventana con vista a rascacielos de Nueva York. Una audiencia atenta lo escucha

    Este medio se contactó con las áreas de prensa del Ministerio de Economía y de Seguridad Nacional, así como la Dirección Nacional de Migraciones, pero no recibió comentarios hasta la publicación de presente artículo.

    Y es que en el proceso deben intervenir las áreas legales de Presidencia de la Nación y Ministerio de Economía.

    En el artículo 6 del último decreto publicado se faculta para la aplicación del programa a un organismo ad-hoc que se creó con la reforma migratoria, la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), que depende del MECON, y hoy liderado por Aixa Granara, quien figura como funcionaria “ad honorem”.

    Infobae supo de “sugerencias” que a lo largo de estos meses hicieron importantes actores externos al Gobierno (nacionales y extranjeros) sobre el riesgo que implicaría una reglamentación “mal hecha”. “Faltan revisar algunos aspectos que den garantía de que no se te meta cualquiera y pida una ciudadanía. Hay un proyecto para su reglamentación, pero faltan pulir algunos aspectos entre diversas áreas”, marca un responsable del Ejecutivo.

    Una explicación que dio un funcionario de primera línea fue la siguiente: “Imaginate que haya un chino o un ruso que sea financiado por su propio Estado para obtener la ciudadanía. Hay un pedido de estar atentos a este tipo de habilitación de ciudadanías y que no vulneren la seguridad nacional”. Si esa fuera la lógica, el Gobierno no está habilitado a realizar discriminación por nacionalidad porque la normativa sería rápidamente judicializada.

    Aun así, al interior de la Casa Rosada emerge la crítica de que “hay funcionarios que no quieren asumir ningún riesgo”.

    Según la norma, los interesados deben presentar su solicitud ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (dependiente del MECON). Esa dependencia evaluaría si el desembolso realizado cumple con los criterios de relevancia y elevaría una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones para aprobar o rechazar el trámite. Es dable resaltar que, anterior e históricamente, el trámite de adquisición de la nacionalidad argentina por naturalización se llevaba adelante ante los juzgados federales -y que, actualmente, existe una disputa en este ámbito, pues varios jueces declararon la inconstitucionalidad del DNU 366.

    Volviendo al mecanismo, el análisis de las solicitudes incluiría informes del Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia -que depende del Ministerio de Justicia-, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), entre otros organismos. El objetivo sería determinar si el otorgamiento de la ciudadanía puede afectar la seguridad o los intereses nacionales.

    Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional

    La reglamentación también dispone que se contemplen estándares de control utilizados por terceros países, entre ellos los vinculados al programa de exención de visas con Estados Unidos. Con el informe de la Agencia ya emitido, la Dirección Nacional de Migraciones tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver, mediante un acto fundado, si concede la ciudadanía argentina o rechaza la solicitud.

    Respecto del proceso que condujo a esta modificación normativa, resulta particularmente relevante el concurso público internacional llevado adelante entre 2025 y 2026, destinado a seleccionar una firma que asistiera al Gobierno nacional en el diseño e implementación del Programa de Ciudadanía por Inversión.

    En dicho procedimiento se presentaron únicamente empresas extranjeras. Cuando el concurso se encontraba ya en una etapa avanzada, y luego de que dos de las firmas participantes formularan objeciones al informe técnico de evaluación, el procedimiento fue finalmente dejado sin efecto. Sin embargo, en una nota publicada por el Financial Times se dejó en claro que hubo empresas trabajando estrechamente en el diseño de la normativa.

    Esta circunstancia plantea un aspecto especialmente sensible desde el punto de vista de la transparencia, la imparcialidad y la prevención de conflictos de intereses. Abogados locales especializados en derecho migratorio plantean que “las mismas empresas que participaron del concurso y que actualmente estarían colaborando o asesorando al Gobierno en el diseño del programa podrían, una vez que éste se encuentre operativo, actuar como intermediarias y presentar solicitudes de ciudadanía correspondientes a sus propios clientes”.

    A ello se suma la posibilidad -también mencionada en relación con el diseño actualmente en consideración- de establecer un sistema de “licencias”, mediante el cual únicamente determinados actores o intermediarios autorizados podrían presentar solicitudes para su evaluación. Un esquema de este tipo, que encuentra antecedentes en otros países que han implementado programas de ciudadanía por inversión, podría limitar o desplazar en la práctica la intervención directa de abogados particulares.

    Pasaporte argentino azul oscuro con el escudo nacional sobre dos billetes de cien dólares estadounidenses, uno azul y otro amarillo, sobre fondo azul claro

    El Financial Times publicó una nota el pasado junio marcando que el programa contemplaría dos modalidades: un pago no reembolsable de USD 500.000 o la compra de bonos soberanos “cupón cero” por USD 1 millón. También indicó que la expectativa del Gobierno es que el esquema genere ingresos por “decenas de miles de millones” de dólares. El mecanismo de “ciudadanía por inversión” establece el acceso a la ciudadanía por naturalización para extranjeros que acrediten inversiones en el país, sin necesidad de cumplir un plazo mínimo de residencia.

    Esta se diferencia de la “residencia por inversión” establecida en la ley de migraciones, pero abogados especializados en materia migratoria indican que “no está regulada”. “Tengo 100 tipos por día de Emiratos Árabes Unidos que quieren poner negocios acá y les tengo que explicar que no hay regulación y no se sabe cuándo”, confiesa el director de una de las principales firmas nacionales.

    De concretarse en esos términos, Argentina sería uno de los países más grandes del mundo en ofrecer ciudadanía directa a cambio de una inversión. Quienes ingresen al programa obtendrían, junto con su ciudadanía, el pasaporte argentino, que, en la práctica, representa el acceso sin visa a casi 170 países, más que cualquier otro esquema vigente actualmente.

    El Financial Times señaló que el tecno-magnate Peter Thiel se instaló temporalmente en Buenos Aires como una suerte de “embajador” del programa antes de su lanzamiento oficial.

    La iniciativa no está exenta de cuestionamientos. Paula Carello, abogada y ex funcionaria de la Dirección Nacional de Migraciones (organismo a cargo del otorgamiento de las ciudadanías, tras la reforma del DNU 366) advirtió oportunamente al Financial Times que los riesgos en materia de seguridad y reputación “probablemente superan los beneficios para un país del tamaño y perfil de la Argentina”. A nivel internacional, la Unión Europea declaró ilegal en 2024 el programa de Malta por convertir “la adquisición de la nacionalidad en una mera transacción comercial”, y el Reino Unido eliminó su propio esquema en 2022 en el marco de una ofensiva contra el lavado de dinero.

  • El riesgo país sigue arriba de los 500 puntos: por qué los bonos argentinos no lograron acoplarse al mejor clima global

    El riesgo país sigue arriba de los 500 puntos: por qué los bonos argentinos no lograron acoplarse al mejor clima global

    Los bonos argentinos operaron a la baja pese al mejor humor de los inversores a nivel global.
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    El gobierno de Estados Unidos dio ayer una señal de respaldo al mercado de deuda soberana al duplicar el tamaño de sus operaciones de recompra de bonos del Tesoro de largo plazo, en un intento por contener el fuerte repunte de las tasas que en las últimas jornadas llevó al rendimiento del bono a 30 años a máximos no vistos desde 2007.

    La decisión generó alivio entre los inversores. Detuvo en seco la caída incipiente que venían mostrando los principales índices bursátiles de Wall Street. Además, logró disminuir las tasas de los bonos de 10 y 30 años, lo que a su vez impactó positivamente en los activos de mercados emergentes.

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    No fue el único efecto. Además, el techo implícito a las tasas derivados de la decisión de la Reserva Federal norteamericana generó una fuerte suba en activos alternativos al dólar. El oro subió 4% y volvió a los 4.500 dólares. Mientras que el Bitcoin trepó más de 6%, superando los USD 69.000, niveles que no tocaba desde principios de junio.

    Sin embargo, las acciones y bonos locales quedaron totalmente al margen de esta reacción favorable de los activos de riesgo. Durante toda la jornada operaron en baja, prácticamente sin mostrar reacción.

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    Como resultado, el riesgo país subió medio escalón más luego de haber superado los 500 puntos básicos en la jornada del martes. Ayer siguió en alza para finalizar a 517 puntos. Ahora los bonos en dólares ya rinden un promedio de 10% anual, aunque los de mayor plazo son los más castigados.

    La señal de los inversores por estos días parece ser bastante clara: estos rendimientos por ahora no compensan el riesgo de estar comprado cuando se acercan las elecciones presidenciales.

    Si bien es cierto que para los comicios falta más de un año, la preocupación de los inversores pasa por la caída del apoyo al Gobierno en los últimos meses. Con 35% de aprobación, hoy Javier Milei está lejos de asegurar una reelección en 2027.

    El escenario de mayor incertidumbre se hace notar especialmente en los bonos en dólares. Incluso los últimos bonos colocados por el Gobierno en el mercado local también sufrieron caídas, como el Bonar 28 y el 29.

    Los bonos en pesos también sufrieron ventas, generando un aumento de las tasas especialmente en los duales, que devuelven el capital después de las elecciones. Los rendimientos en estos papeles llegan ahora a 10% anual por encima de la tasa TAMAR, plazo fijo mayorista.

    La recompra de bonos del Tesoro de EE.UU. por parte del gobierno de Donald Trump busca reducir las tasas de interés. (REUTERS/Kylie Cooper)

    Las acciones tampoco lograron remontar. Se mantuvieron las caídas en los ADR bancarios, que acumulan un rojo cercano que supera el 15% en dólares en lo que va de agosto. El índice Merval sufrió una disminución menor de solo 0,59 por ciento.

    El panorama ofrece pocos motivos para el optimismo al menos en el corto plazo. En la medida que el consumo y los salarios no muestren una señal de repunte es muy difícil que la imagen del Gobierno muestre un rebote. Y eso solo puede generar mayor inquietud de inversores tanto locales como del exterior.

    ¿Qué anunció el titular de la FED, Kevin Warsh? La recompra de bonos pasará de USD 2.000 millones a USD 4.000 millones por operación entre el 9 de septiembre y el 4 de noviembre, estarán concentradas en títulos nominales con vencimientos de entre 10 y 30 años.

    El objetivo declarado es mejorar la liquidez y reducir las presiones en el extremo largo de la curva, donde la oferta de deuda, las expectativas de inflación y las dudas sobre la demanda han generado una creciente prima de riesgo.

    La reacción fue inmediata. El rendimiento del Treasury a 30 años, que había llegado a 5,284%, retrocedió hasta alrededor de 5,18%-5,21%, mientras el bono a 10 años descendió hacia el 4,64 por ciento. Las acciones también recibieron el anuncio con alivio: el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq avanzaron levemente durante la jornada.

  • Bullrich le marca la cancha al Gobierno por el impacto diario de la economía y en la Casa Rosada dicen que fue consensuado

    Bullrich le marca la cancha al Gobierno por el impacto diario de la economía y en la Casa Rosada dicen que fue consensuado

    Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada - Patricia Bullrich
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    “Fue un mensaje consensuado”, dijeron en la Casa Rosada sobre el llamativo tuit donde Patricia Bullrich pedía, anoche, que las mejoras en la economía de las que habla el Gobierno lleguen efectivamente a la gente.

    “Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”, dijo, exactamente, la jefa de los libertarios en el Senado.

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    Un detalle: Bullrich modificó el texto del tuit, que originariamente exigía, que ese cambio también “llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino”. La ex PRO escribió, publicó y poco después borró esas palabras, y en su entorno no explicaron el motivo de la marcha atrás. Pero en el Gobierno ambos mensajes, a pesar de que les bajó el tono, hicieron ruido.

    En la Casa Rosada, oficialmente buscaron bajarle gravedad: “No es ni más ni menos que lo que viene diciendo Patricia, que el rumbo es el correcto pero que hay situaciones que se tienen que manejar con mayor velocidad a la hora de que llegue a la gente”, dijo un funcionario cercano a Karina Milei. Y recordó que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el titular del BCRA, Santiago Bausili, también reconocieron demoras. “No hay sorpresas en ese sentido”, deslizaron.

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    Bausili admitió frente a empresarios en Mendoza que se esperaba o que les “hubiese gustado”, que el crecimiento de la economía fuese un poco más rápido, pero endilgó el hecho de que la actividad crezca a un ritmo menor al esperado al “miedo” por las crisis recurrentes, las expectativas y el “estrés postraumático”.

    Hay contradicciones en la comunicación sobre el impacto del plan económico. El tipo de mensaje que escribió Bullrich suele caerle muy mal a Javier Milei, como habitualmente lo expresa en su cuenta de X. Sin ir más lejos, esta misma semana el Presidente cuestionó (e insultó) a varios periodistas que criticaron al Gobierno por las dificultades económicas en la vida cotidiana.

    Patricia Bullrich y Karina Milei

    “El peronismo siempre propone gastar más. Y siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero. Por eso íbamos a una hiper con más de 50% de pobres, 20% de indigentes, 30% de los trabajadores formales debajo de la línea de pobreza y 70% de pobreza infantil. La receta para la esclavitud desde el impulso de la pobreza usando la asistencia como medio”, fue tan solo uno de los mensajes del jefe de Estado. A Luis Caputo tampoco le caen bien ese tipo de señalamientos sobre el “metro cuadrado”.

    En el Gobierno el planteo de Bullrich generó la misma incomodidad que otros donde “marcó la cancha” desde adentro. Después de la polémica interna por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y en especial el capítulo de tierras, la senadora viene de recortar otro proyecto de Federico Sturzenegger, la ley de Sociedades. Pero en Balcarce 50 buscaron relativizar, una vez más, el malestar con la ex candidata presidencial. Ya están acostumbrados a tragar sapos con la (autodenominada) “socia” oriunda de PRO, a quien admiten necesitar para ganar las elecciones del año que viene.

    Es que al Gobierno no le sobra nada en la carrera hacia 2027. Anteayer destacaban que la inflación mayorista empezó con 0 y se jactaban de que Milei lo había adelantado. Además de que, en rigor, el Presidente había hablado de la “inflación” únicamente, hay otros datos que inquietan al oficialismo. En términos de opinión pública, no logran recuperar el grado de la imagen perdida por el caso de Manuel Adorni; una parte de la estrategia de comunicación, en especial por Adrián Ravier, no repunta. Y algunas encuestas empezaron a mostrar una merma en la aprobación del Presidente.

    Pasado el Mundial, se aferran al bienestar que puede llegar a producir la llegada del Papa, un hito en torno al cual girará buena parte de la agenda oficial hasta noviembre. Y evalúan decretar uno o varios feriados entre el 8 y el 11 de noviembre, por la visita del Sumo Pontífice.

  • El Gobierno autorizó la licitación para privatizar las líneas Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza

    El Gobierno autorizó la licitación para privatizar las líneas Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza

    La licitación incluye la opción de compra del material rodante
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    Luego de varios meses de expectativa y poco después de incluir a esta inversión dentro de los proyectos que pueden acceder al RIGI, el Gobierno autorizó a que se realice el llamado para licitar las vías del Belgrano por un periodo de 50 años, con la compra del material rodante como opción. Además, fueron incluidas las líneas San Martín y Urquiza.

    A través de la publicación de la Resolución N° 1350/2026 en el Boletín Oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó que se realizara el concurso público, que estará destinado tanto a oferentes nacionales como internacionales.

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    Tal como había anticipado Infobae, el Gobierno autorizará a hacer uso de los recorridos y los inmuebles aledaños de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, en el marco del proceso de privatización de este ferrocarril. Además, tendrán la posibilidad de comprar el material rodante correspondiente a cada tramo.

    “Hágase saber que la licitación objeto de la presente resolución será llevada a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR”, indicaron sobre la modalidad digital que adoptará el concurso. Allí, se publicarán los llamados aprobados: el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el de Especificaciones Técnicas Generales y los particulares de cada una de las tres líneas.

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    El ministro de Economía anticipó la apertura de la licitación en redes sociales (EFE)

    A pesar de que el proceso de licitación habilitará a empresas internacionales a ofertar, este miércoles se firmó la versión final del documento, en donde se incorporó una cláusula que le prohíbe participar del proceso a compañías que estén controladas por Estados extranjeros. Esta medida evitaría que se presenten firmas chinas con vínculos con el Partido Comunista.

    Según el texto, el objetivo es “seleccionar a los concesionarios” para que se hagan cargo de administrar, en principio, solamente las vías e infraestructura de esos trenes, lo que incluye además las obras de mantenimiento y modernización.

    De esta manera, las autoridades nacionales dieron una respuesta a los reclamos de algunas de las empresas que se mostraron interesadas en adquirir el Belgrano Cargas, pero protestaban porque el pliego estaba desintegrado.

    Y es que el esquema diseñado por el Poder Ejecutivo establece que la privatización del ferrocarril se hará por partes. Mientras que la concesión de obra pública de las vías y sus inmuebles aledaños, la venta del material rodante mediante remate público se incluyó como opción, y por último el uso de los talleres.

    El Gobierno planea privatizar la red ferroviaria del Belgrano Cargas para reducir los costos de transporte e impulsar las exportaciones (REUTERS)

    Además, la resolución fijó un cronograma preciso. Las consultas sobre la documentación licitatoria podrán realizarse “hasta el 28/10/2026 a las 10:00 horas”. Mientras que la presentación de ofertas tendrá plazo “hasta el 11/11/2026 a las 09:59 horas”, la apertura de ofertas se llevará a cabo “por acto público a través de la plataforma CONTRAT.AR” ese mismo día, “a las 10:00 horas”.

    Para evaluar las propuestas, el Gobierno dispuso “crear la Comisión Evaluadora ‘ad hoc’”, integrada por tres miembros titulares —Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García— y tres suplentes.

    Respecto del destino de los fondos, la resolución que saldrá en el Boletín Oficial determina que la administración de “los recursos producidos de la venta mediante remate público del material rodante”, así como de aquel que se venda dentro de los propios contratos de concesión, “se realizará a través del fideicomiso de administración que Belgrano Cargas y Logística S.A. constituya al efecto”.

    Entre los argumentos presentados por el Gobierno, indicaron que incorporar esta opción de compra “redundará en una mayor concurrencia y, en consecuencia, la oportunidad de obtener ofertas más competitivas”. Asimismo, remarcaron que se trata de un proceso que prevé que los adjudicatarios puedan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

    Fue tan solo hace un día que el Gobierno amplió el alcance de los beneficios previstos en el RIGI para obras de infraestructura ferroviaria y al sector tecnológico para proyectos que incorporen nuevos productos. La posibilidad de aplicar para ese programa también venía siendo uno de los reclamos de las empresas que anticiparon su deseo de competir por quedarse con el ferrocarril.



    Las obras de renovación, sustitución, transformación o desarrollo de infraestructura existente —así como la incorporación de infraestructura nueva— califican para el RIGI. Al mismo tiempo que la medida enumeró los tipos de intervención admitidos, dejó afuera otras cuestiones, como el mantenimiento y la conservación de la infraestructura preexistente.

    El alcance de la privatización comprende 7.594 kilómetros operativos a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que recorren 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay).

    No obstante, el contrato no prevé cánones ni subsidios estatales, sino que el concesionario obtendrá ingresos por el cobro de peajes sobre los operadores y la explotación comercial de inmuebles linderos a la traza ferroviaria, entre ellos silos y parques logísticos. “Nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló. El sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener”, explicó el ministro de Economía.

    Por este motivo, Caputo remarcó que “esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas”.

    Si bien puede haber cambios de último momento, el plan original contemplaba inversiones por 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza, y se fijó un límite de financiamiento de 435 millones de dólares para el conjunto del proyecto.

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  • Visita con lectura política. El peronismo federal busca sumar a Passalacqua y Misiones podría salir de la órbita libertaria

    Visita con lectura política. El peronismo federal busca sumar a Passalacqua y Misiones podría salir de la órbita libertaria

    El autodenominado espacio del peronismo federal, también conocido como el “Grupo Parque Norte”, profundiza su estrategia para fijar alianzas en provincias que evalúan tomar distancia de la Casa Rosada sin integrarse a las principales terminales justicialistas.

    Los diputados nacionales Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Emir Felix junto con el armador porteño Juan Manuel Olmos y el intendente de Pilar, Federico Achával, fueron recibidos en Posadas por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

    La postal, además, adquiere especial relevancia por el profundo reordenamiento que atraviesa el oficialismo misionero tras la ruptura del mandatario local con su histórico jefe político, Carlos Rovira, que durante más de dos décadas ejerció el control territorial.

    En sus redes sociales, Tolosa Paz compartió una foto del encuentro, al que calificó como “muy bueno” y expresó que la Argentina necesita “una nueva etapa profundamente federal”, basada en “más diálogo” y “fraternidad entre quienes hacemos política”.

    Según señaló, los participantes abordaron “el pésimo estado de las rutas nacionales, el abandono del interior productivo, el impacto de una economía que golpea a la industria, el comercio y el trabajo” y la necesidad de volver a poner “en el centro a quienes producen y generan desarrollo”.

    La reunión forma parte de la estrategia que este sector comenzó a desplegar luego de su lanzamiento, a comienzos de mayo, en el complejo ubicado en la Costanera. Desde allí, busca construir “una alternativa con agenda nacional”, por fuera de la disputa por el rumbo del peronismo que mantienen La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof.

    En el espacio plantean que la interna está “cada vez más enfrascada en la provincia de Buenos Aires” y enfrenta a “dos expresiones similares”, en detrimento de una construcción política con alcance federal.

    Tras la cumbre con Passalacqua, uno de los presentes le aseguró a LA NACIÓN que “no hubo definiciones electorales, sino un diálogo para tender puentes comunes que tenga como punto de partida el Congreso”. Añadió, en su diagnóstico, que “la provincia se encuentra atravesada por una problemática cada vez más presente como el endeudamiento de las familias, hay un éxodo a Brasil por motivos de empleo y la gente yéndose a cargar nafta a Paraguay por los costos ya se convirtió en una escena habitual”.

    El desembarco de la comitiva de “Parque Norte” en Misiones suma así una lectura adicional dada la ruptura de Passalacqua con Rovira, el arquitecto del Frente Renovador de la Concordia, el sello provincialista integrado por peronistas, radicales y aliados locales que monopolizó el poder desde 2003 en adelante.

    El quiebre, que comenzó a hacerse evidente durante el primer semestre de 2026, terminó de formalizarse cuando el gobernador renunció a Encuentro Misionero, el sello creado por Rovira para renombrar al Frente Renovador.

    ¿Qué pasará en el Congreso?

    La decisión promete dejar esquirlas en el plano parlamentario para el Ejecutivo Nacional, que acumuló interrogantes con el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. “El fallido del gobierno con la Ley de Tierras es una bisagra”, fue la conclusión a la que llegó un integrante del espacio del “peronismo federal” que estuvo en Misiones, que agregó que “al oficialismo le va a costar mucho más juntar los avales que supo tener de ahora en adelante”.

    Durante los primeros meses de la gestión de Milei, el ahora extinto binomio político entre Passalacqua y Rovira funcionó como socio de la Casa Rosada en el Congreso bajo la premisa de “mutua gobernanza”. Así, Misiones se convirtió así en uno de los aliados provinciales con los que la Casa Rosada sacó adelante sus principales iniciativas en el Congreso en los primeros dos años.

    Con el paso del tiempo, sin embargo, esa sociedad comenzó a deteriorarse por el recorte de las transferencias nacionales y terminó de resquebrajarse con la interna provincial. En el Senado, en un principio, se habían dividido Sonia Elizabeth Rojas Decut y Carlos Arce, aunque este último terminó por declinar su afiliación a Rovira y reunificarse con su par bajo el paraguas de Passalacqua.

    En Diputados, los cuatro representantes de la provincia Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsikquedaron alineados detrás del gobernador y formarán un bloque propio.

    El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz
    El gobernador de Salta, Gustavo SáenzGobierno de la Provincia de Salta

    El gobernador salteño Gustavo Sáenz es otro de los mandatarios provinciales que explora entendimientos con el espacio liderado por Michel, Olmos, Tolosa Paz y Achaval, que respaldaron su control sobre el PJ local.

    Michel tiene terminal en el Frente Renovador de Sergio Massa, quien compartió fórmula presidencial en 2015 con Sáenz. En Córdoba, los “Parque Norte” también sumaron postales de acercamiento con la diputada Natalia de la Sota.

    Aunque no forma parte de la estructura, desde el espacio marcan que con el diputado Miguel Pichetto hay una hoja de ruta en común: reagrupar al peronismo y a sus expresiones satélite a escala federal, lejos de la disputa entre La Cámpora y el MDF de Kicillof.


  • Jujuy: condenaron al ex intendente de Tilcara por librar 46 cheques sin fondos

    Jujuy: condenaron al ex intendente de Tilcara por librar 46 cheques sin fondos

    Cuatro hombres sentados a una mesa de madera. Se observan documentos y teléfonos celulares sobre la mesa. Detrás hay una ventana con persianas horizontales
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    El Poder Judicial de Jujuy condenó este 19 de agosto al ex intendente de Tilcara Ricardo Romero y al ex tesorero Juan José Ortega por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en una causa por el libramiento de cheques sin respaldo que involucró 35 millones de pesos del erario municipal y que se resolvió mediante un juicio abreviado tras el reconocimiento de responsabilidad de ambos acusados.

    Según informó el Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, la maniobra incluyó 46 cheques sin fondos emitidos entre enero y febrero de 2018. De acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación, esos instrumentos estaban destinados a pagos vinculados con la organización del Enero Tilcareño y alcanzaron a productores, músicos y otros proveedores.

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    Romero recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Ortega fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional y a la misma inhabilitación perpetua para la función pública.

    La sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado de Juicio integrado por los jueces Ana Carolina Pérez Rojas, María Margarita Nallar y Máximo Alejandro Gloss, con asistencia del actuario Ricardo Grisetti. El tribunal homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal Diego Funes y los imputados, asistidos por sus defensores, con opinión favorable de las víctimas representadas por querellantes particulares.

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    Los cuatro hechos se concentraron en menos de un mes

    Según la requisitoria fiscal citada por el Poder Judicial, los cuatro hechos de administración fraudulenta ocurrieron cuando Romero era intendente de Tilcara y Ortega se desempeñaba como tesorero municipal. El primero fue el 11 de enero de 2018, cuando ambos libraron cuatro cheques a favor de Adolfo Enrique Pedroza por 2.500.000 pesos, sin un acto jurídico válido que justificara la emisión y sabiendo que no había fondos para cubrirlos.

    Ese mismo día, siempre según la acusación, Romero y Pedroza firmaron un acuerdo que establecía que los cheques se emitían en garantía, que no podían presentarse al cobro y que debían ser restituidos antes del vencimiento. La investigación concluyó que ese documento fue confeccionado para dar apariencia de legalidad a la operación.

    El segundo hecho ocurrió el 16 de enero de 2018 con 15 cheques a favor del mismo beneficiario por 5.050.000 pesos. El tercero se produjo el 22 de enero, con otros siete cheques por 2.970.000 pesos.

    La acusación sostuvo que los cuatro hechos de administración fraudulenta en Tilcara se concentraron entre el 11 de enero y el 6 de febrero de 2018. (Shutterstock)

    El cuarto episodio fue el 6 de febrero de 2018, cuando se libraron 17 cheques más a favor de Pedroza sobre la cuenta bancaria de la Municipalidad de Tilcara por 24.500.000 pesos. La suma de las cuatro operaciones llegó a los 35 millones de pesos atribuidos en la causa.

    Además de los cuatro hechos de administración fraudulenta, Romero fue condenado por un hecho de abuso de autoridad. Según la acusación, el 1 de noviembre de 2017 suscribió con Pedroza un convenio que le concedía la organización, producción y explotación de los festivales de Enero y Febrero Tilcareño de 2018 y 2019, además del uso de la marca “Enero Tilcareño”.

    La acusación sostuvo que ese acuerdo fijaba que el productor percibiría el 100% de los ingresos generados por el festival y que debía abonar al municipio el 10% de lo obtenido por la venta de entradas. La concesión, añadió la investigación, fue otorgada de manera directa, sin licitación previa, sin conocimiento ni autorización del Concejo Deliberante de Tilcara y en contra de las normas aplicables a contrataciones y concesiones municipales.

    El ex intendente también fue condenado por un hecho ocurrido el 14 de febrero de 2018. De acuerdo con la acusación, mientras ejercía el cargo y por intermedio de Pedroza, pidió a Javier Alfredo Sánchez que depositara dinero como dádiva para acelerar el libramiento de cheques correspondientes a montos que se le adeudaban.

    Para concretar esa entrega, se le facilitaron los datos de una caja de ahorro personal cuya titularidad correspondía a Romero. El Ministerio Público de la Acusación indicó además que la causa es conocida como la de los “cheques voladores”.

    A ambos condenados se les impusieron reglas de conducta por dos años: fijar y mantener domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados, firmar cada 30 días el Libro de Caución y abstenerse de mantener contacto o ejercer actos perturbatorios, por sí o por terceros y por cualquier medio, contra las víctimas.