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La empresa aeronáutica SpaceX comunicó este lunes que puso a la venta acciones adicionales tras la alta demanda de su salida a bolsa y elevó los ingresos de su oferta pública de venta (OPV) a unos 85.700 millones de dólares, según informó la compañía.

La empresa de Elon Musk anunció el cierre de su OPV tras colocar un total de 638.888.888 acciones ordinarias, incluida la sobreasignación de los suscriptores para adquirir 83.333.333 títulos adicionales.

La sobreasignación, conocida comúnmente como greenshoe, en la jerga financiera de Wall Street, permite a los bancos colocadores vender un paquete de acciones adicional cuando la demanda supera las previsiones iniciales.

Entre las entidades colocadoras figuran Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y J.P. Morgan; mientras que Santander, ING o Societe Generale actúan como cogestoras.

Según explicó SpaceX, la emisión de todos los títulos, cerrada este lunes, situó en unos 85.700 millones de dólares los ingresos brutos obtenidos de la operación.

A las 13:30 horas, las acciones de SpaceX sumaban un 10% respecto al cierre del viernes, hasta superar los 177 dólares por acción. Desde un precio inicial objetivo en los USD 135 en su debut el viernes 12, la acción SpaceX anota una suba de 31 por ciento.

“Este lunes es el primer día completo de operaciones de la compañía después de hacer historia en términos de recaudación en una salida a bolsa, al captar más de 75.000 millones de dólares, por encima de los 25.600 millones obtenidos por la petrolera saudí Aramco en 2019, que marcaban hasta ahora el récord”, precisó EFE en un reporte.

SpaceX cerró el viernes su primer día de cotización en el índice Nasdaq de Wall Street con una subida del 19,3 por ciento.

La empresa supera los 2,2 billones de dólares y se sitúa como la séptima mayor cotizada del mundo, por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon y TSMC.

“La atención internacional se centró en el debut bursátil de SpaceX y la habilitación de su Cedear en la plaza local. En Estados Unidos, las empresas tecnológicas retomaron la senda alcista, mientras el sector energético retrocedió ante la caída en el precio del petróleo. Adobe presentó resultados trimestrales favorables, pero sufrió una corrección por la salida de su CFO y la incertidumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial en su modelo de negocios. Las declaraciones de Trump sobre un posible fin del conflicto en Medio Oriente también alimentaron el optimismo”, detallaron los expertos de Rava Bursátil.

Un mercado nuevamente alcista

Las acciones estadounidenses subieron durante la sesión de Nueva York, antes de la entrada en vigor del un acuerdo de paz en Oriente Medio. Los precios del petróleo cayeron después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz tras meses de conflicto.

Estados Unidos e Irán han confirmado que se ha alcanzado un marco de paz para poner fin a la guerra, lo que supondrá la reapertura del estrecho de Ormuz tras más de 16 semanas de cierre.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado. ¡Enhorabuena a todos!”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump el domingo en una publicación en Truth Social.

El presidente norteamericano -que está cumpliendo 80 años, añadió que el Estrecho de Ormuz quedaría abierto y que “el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense” permitiría el paso de los buques por estas vías marítimas cruciales. “¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!”, exclamó.

En otra publicación, Trump dijo que el Estrecho se abriría el viernes tras la firma del acuerdo.

“Este gran acuerdo traerá paz y seguridad a toda la región. Muchos presidentes han intentado lograr la paz con Irán, y todos han fracasado antes que yo. Los líderes de la región han encontrado, por primera vez, un presidente que puede ayudarlos a alcanzar una paz verdadera. Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, para la remoción de minas, el petróleo volverá a fluir en ambos extremos para la región y el mundo”, afirmó un histriónico mandatario de los EEUU.

A fines de mayo del 2025, desde el entorno de Manuel Adorni se jactaban de haber sido los únicos en ganarle a un oficialismo en las elecciones legislativas, luego de que venciera al PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

Poco más de un año después, el funcionario podría sumar una nueva cucarda al transformarse en el primer jefe de Gabinete en quedar expuesto a una moción de censura, incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, a partir de la ofensiva opositora para impulsar su tratamiento en el Congreso.

Si bien existen distintas interpretaciones sobre el alcance del artículo 101 de la Constitución Nacional, cuatro abogados constitucionalistas consultados por Infobae explicaron el mecanismo previsto para una eventual remoción del jefe de Gabinete. Entre los puntos en discusión aparece la posibilidad de que el presidente Javier Milei vuelva a designarlo en el cargo en caso de que el Congreso avance con su destitución, una facultad que, según la Secretaría Parlamentaria, se encuentra contemplada por la normativa vigente.

Lo cierto es que el procedimiento es extenso y requiere de la sanción de la Cámara de Diputados y de la de Senadores para su concreción. Según precisaron especialistas a este medio, el primer paso consiste en la aprobación del pedido de interpelación que habilita posteriormente el tratamiento de la moción de censura. Para eso, cualquiera de las dos cámaras debe aprobar por mayoría absoluta la solicitud.

Aprobado el pedido, el funcionario debe concurrir al Congreso, y se habilita una segunda instancia, la de ejecución, en la que se da tratamiento a la moción de censura propiamente dicha. Tanto el Senado como Diputados deben votar favorablemente la moción por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, lo que daría lugar a la remoción inmediata del funcionario.

Con la firma de varios diputados, la oposición convocó a una sesión especial en Diputados para el martes 23 de junio que incluirá en su temario seis pedidos de interpelación. En paralelo, el Partido Justicialista apura una sesión única en la Cámara Alta para interpelar a Adorni y votar su destitución.

Al respecto, el legislador del Partido Socialista Esteban Paulón denunció que el ministro coordinador “le mintió al Congreso”, y sostuvo que “entró en una serie de contradicciones que hacen muy difícil la continuidad de su rol”. “El Jefe de Gabinete es el funcionario que hace de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y para llevar adelante esa tarea se necesita que haya un vínculo de confianza. Cuando viene a una sesión informativa a brindar informe de gestión, miente abiertamente y semanas después lo reconoce en televisión nacional. “No hay esa tal confianza del parlamento para con el Jefe de Gabinete por eso está prevista la moción”, completó ante Infobae.

Por su parte, el jefe de bloque de Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez, quien presentó el primer proyecto de moción de censura contra el ministro coordinador, argumentó: “Hace 100 días que el gobierno está enredado en esta novela del jefe de Gabinete. Vino al Congreso y todo lo que dijo fue desmentido por sus acciones anteriores. Le mintió al Congreso, la prensa y a los 47 millones de argentinos”.

“El día que fue al Congreso dijimos que íbamos a insistir en el mecanismo que es el que establece la Constitución. No es un capricho ni un arrebato: que venga a dar explicaciones y para eso debe ser interpelado. Los aspectos penales deberá dilucidarlo la justicia. Desde el punto de vista político, Adorni no cuenta con la confianza del pueblo argentino y mucho menos de la Cámara de Diputados y del Senado”, desarrolló además el diputado ante este medio.

Con conocimiento del procedimiento, el oficialismo anunció la asistencia de Adorni en la Cámara de Senadores con motivo del informe de gestión que brindará a principios del mes de julio. “La moción no debería suceder porque Manuel va a presentarse al Senado a dar el Informe de Gestión de Gobierno como corresponde al Jefe de Gabinete”, contrapuso un integrante de la mesa política.

Distintos abogados constitucionalistas explicaron el alcance de la moción y coincidieron en que se trata de “una herramienta de control parlamentario con efectos limitados”. “Es una forma de control parlamentario. Se lo evalúa políticamente y se exige su remoción. Se activa cuando hay crisis política, pero es un procedimiento larguísimo”, explicó Daniel Sabsay, quien habló de una moción “fragmentada” debido a las facultades del Presidente de restituirlo en el cargo en caso de que el Poder Legislativo avance en el corrimiento del funcionario.

No obstante, Sabsay aclaró que la habilitación de la interpelación contra Adorni tiene “un costo político alto”, más allá de si el Congreso concreta o no su remoción.

Por su parte, el abogado especialista en derecho constitucional Félix Lonigro expuso los límites de la misma al sostener que el artículo tiene inconsistencias que dan lugar a diversas interpretaciones. “Es un mamarracho. El jefe de Gabinete es un cadete de lujo. Un rol burocratizado y el artículo está muy mal redactado”, expresó, y agregó: “Se va a ir haciendo camino al andar porque nunca se utilizó”.

Pese a las coincidencias en el procedimiento, hay algunas discrepancias en torno a la facultad del Presidente en caso de querer volver a nombrar al ministro coordinador.

El abogado constitucionalista Gustavo Ferreyra planteó que restituirlo nuevamente durante la misma gestión implicaría una “causal de destitución” por “mal desempeño”. “La decisión del parlamentaria, en caso de que el Congreso logre su remoción, comporta el ejercicio de una competencia constitucional exclusiva, motivo por el cual, volver a designar al funcionario removido alteraría las bases propias del control ejercido y su desnaturalización”, argumentó.

En la misma línea se expresó Andrés Gil Domínguez, quien abona a la interpretación que establece que la designación no puede volver a darse hasta que no cambie la composición del Congreso o mientras dure el mandato del Presidente dado que supone “una pérdida de confianza del Congreso irreversible”.

En una tercera opinión, Lonigro tomó distancia y aseguró que el mandatario tiene la potestad de insistir en caso de requerirlo. “No hay nada escrito por eso la moción es variable a la interpretación, pero el Presidente podría emitir un decreto y volver a designarlo. No ocurre eso con el juicio político”, discrepó Lonigro.

Los principales indicadores de las bolsas de Nueva York avanzan este lunes en un rango de 1,1% a 2,4% a las 11:50 horas, con los valores tecnológicos al frente.

El progreso de las negociaciones de paz en Oriente Medio durante el fin de semana inyectaron optimismo a la operatoria, que se contagia a la vez a los activos argentinos, a pesar del feriado en el mercado local.

De acuerdo al calendario oficial dado a conocer por el Ministerio del Interior, en junio habrá dos feriados; el primero de ellos es este 15 de junio. Esta fecha corresponde al Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que cada año ocurre el 17 de junio pero al ser trasladable el Gobierno decidió adelantarlo dos días.

Asimismo hay que recordar que Asimismo, el 20 de junio también será feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Este último día cae sábado dentro de la lista de feriados nacionales 2020 y es inamovible. Por lo tanto se prevé que no se modifique ni se genere un fin de semana largo extra en junio.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en las bolsas de Nueva York predominan las alzas, encabezadas por Corporación América (+4,9%), Mercado Libre (+3,6%) y Satellogic (+3,2%).

Del lado perdedor, ante un escenario de amplia caída de las cotizaciones del petróleo crudo en torno al 5% en el día, ceden los títulos vinculados al rubro energía, como YPF (-4,5%) y Vista (-3,4%). También destaca el descenso de Adecoagro (-4,1%).

En los EEUU, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cae este lunes un 5,3%, hasta USD 80,38 el barril con entrega en julio, después de que país norteamericano e Irán alcanzaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el Estrecho de Ormuz.

Los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 4,50 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

El acuerdo de paz será rubricado oficialmente el viernes 19 de junio en Suiza, según anunciaron ambos países este fin de semana.

El trato, del que se desconocen los detalles concretos, busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Durante esta guerra, los ojos de los inversores han estado puestos en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del crudo mundial, ya que Irán, que nombró como sucesor al hijo del difunto líder, Mojtaba Jamenei, respondió con el cierre del enclave y con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses.

El analista Tom Essaye destacó esta mañana en el informe The Sevens Report que el WTI cerró el viernes con una pérdida semanal del 6,6 por ciento.

“Una vez acordada la paz, un cierre del WTI por debajo de los 84 dólares por barril cambiaría el panorama técnico a una postura tácticamente bajista para el petróleo y para el sector energético en su conjunto”, aseguró Essaye, en declaraciones reproducidas por EFE.

“Los mercados internacionales reaccionaron a la formalización de un Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán, cuya probabilidad de éxito fue estimada entre 80% y 85% por los mediadores involucrados, con una firma prevista para el 19 de junio en Suiza. El borrador contempla la liberación de USD 24.000 millones en activos iraníes congelados, un programa de reconstrucción valorado en al menos USD 300.000 millones y la reapertura coordinada del Estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días. En paralelo, los inversionistas mantienen la atención sobre la próxima reunión de la Reserva Federal del 17 de junio, la primera bajo la presidencia de Kevin Warsh“, puntualizó Felipe Mendoza, analista de mercados de América latina de EBC Financial Group.

China lo sabe, pero no hace nada. Días atrás, una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos dejó en evidencia la magnitud y sofisticación de las redes chinas de lavado de dinero que operan en América y su papel central en las finanzas de los carteles narcos mexicanos. El testimonio, presentado ante la Subcomisión de Servicios Financieros sobre Supervisión e Investigaciones, describe con detalle cómo estos esquemas permiten a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación mover capitales ilícitos de manera ágil, barata y casi imposible de rastrear, fortaleciendo su capacidad para traficar drogas, armas y personas.

En palabras de Leland Lazarus, fundador de Lazarus Consulting y experto en temas relacionados al régimen de Beijing, “las redes chinas de lavado de dinero se han convertido en un habilitador financiero central para los carteles de la droga de México y organizaciones criminales aliadas. Estas redes ayudan a los carteles a mover rápidamente grandes sumas de efectivo provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos, transformándolas en valor utilizable en México y más allá”. Lazarus subrayó ante el Congreso norteamericano que el fortalecimiento de esta arquitectura financiera ha incrementado la capacidad de los carteles para traficar fentanilo, cocaína, metanfetamina y armas a través de la frontera, con consecuencias directas para la seguridad en ambos países.

El informe presentado el pasado 9 de junio ante esa comisión señala que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó entre 2020 y 2024 operaciones sospechosas vinculadas a redes chinas por un valor total de unos 312.000 millones de dólares. Estos movimientos, registrados en más de 137.000 reportes de la Ley de Secreto Bancario, han llevado a las autoridades financieras a considerar estos esquemas como un “riesgo mayor” para el sistema de control antilavado de la región.

El sistema “flying money”: el corazón del lavado

La modalidad más utilizada por estas redes es conocida como “flying money” o transacciones espejo, una práctica con raíces históricas en comunidades chinas desde la dinastía Tang. El mecanismo, descripto por Lazarus en su informe, funciona así: “Un operador del cartel en Estados Unidos entrega grandes sumas de efectivo provenientes de la venta de drogas a un intermediario vinculado a la banca subterránea china. El socio de ese intermediario, en México, se encarga de entregar el equivalente en pesos a los operadores del cartel en ese país, a menudo en cuestión de horas. Los dólares nunca cruzan físicamente la frontera”.

Este sistema permite a los carteles evitar transferencias bancarias directas y aprovechar la demanda de dólares por parte de ciudadanos chinos que buscan acceder a divisas fuera de los estrictos controles de capital impuestos por la República Popular China. “Las redes prosperan porque se sitúan en la intersección de dos incentivos poderosos: la demanda de los carteles de liquidar rápidamente pesos en México y la demanda china de acceso no registrado a dólares estadounidenses fuera del alcance de los controles de capital de Pekín”, agregó Lazarus.

Globalización del fenómeno

A lo largo de su exposición, Lazarus detalló que estos esquemas dependen de una arquitectura financiera compleja, que incluye depósitos estructurados en ventanillas y cajeros automáticos, uso de cheques de caja, empresas fantasma, lavado basado en comercio, negocios de servicios financieros, compras de bienes de lujo y propiedades, transferencias informales de valor y, en algunos casos, criptomonedas. En Los Ángeles, por ejemplo, “operadores vinculados al Cártel de Sinaloa utilizaron documentos falsos y empresas fantasma para abrir cuentas, realizar depósitos repetidos en efectivo y convertir fondos en cheques de caja o criptomonedas, mientras las fuerzas del orden rastreaban cientos de movimientos de efectivo por el sur de California”.

El fenómeno ha trascendido la frontera entre Estados Unidos y México. La investigación presentada en el Congreso documenta casos similares en Brasil, Canadá, Chile, Paraguay y el Caribe. En Brasil, por ejemplo, la policía desmanteló en 2026 una red de distribución de electrónicos gestionada por ciudadanos chinos, presuntamente vinculada al Primer Comando Capital (PCC), acusada de lavar más de 190 millones de dólares en solo siete meses. En Chile, la operación “Hora Zero” permitió allanar 53 oficinas y casas de cambio en la zona franca de Iquique, donde se investiga el uso de 112 empresas fantasma para lavar fondos ilícitos.

En Canadá, el Proyecto Athena de la agencia FINTRAC analizó casi 48.000 transacciones vinculadas a esquemas de banca clandestina, hallando una dinámica similar: transferencias desde China —especialmente Hong Kong— seguidas de movimientos rápidos de fondos a través de instituciones financieras y sectores de alto valor, utilizando compradores ficticios, compras de lujo y transacciones inmobiliarias.

Métodos de operación

Entre los casos más emblemáticos presentados ante el Congreso destaca la “Operación Fortune Runner”, desmantelada en 2024. El Departamento de Justicia norteamericano acusó a 24 personas de formar parte de un grupo californiano asociado con la banca subterránea china, que habría lavado más de 50 millones de dólares en ganancias del Cártel de Sinaloa. Las autoridades de México y China colaboraron en la detención de fugitivos, lo que refuerza la dimensión internacional de estos esquemas.

Otro caso relevante es el de Zhi Dong Zhang, conocido como “Brother Wang”, extraditado a Estados Unidos tras ser arrestado en México, escapar de arresto domiciliario y ser recapturado en Cuba. Su red habría lavado más de 77 millones de dólares a través de más de 100 empresas fantasma en EstadosUnidos y mantenía vínculos con el tráfico de precursores de fentanilo, cocaína y metanfetamina para ambos carteles principales de México.

La investigación también menciona la designación en 2025 de bancos mexicanos como CIBanco, IntercamBanco y Vector Casa de Bolsa como instituciones preocupantes por facilitar transacciones vinculadas tanto a carteles como a pagos de precursores químicos desde China, lo que demuestra la capacidad de estos canales para penetrar instituciones financieras formales.

Cooperación internacional

El testimonio de Lazarus matiza que “el registro público no establece de manera concluyente un control directo del Partido Comunista Chino sobre las operaciones de lavado asociadas a los carteles”. Las redes actúan esquivando los controles de capital chinos, lo que implica que no son simples instrumentos formales del régimen. Sin embargo, “el Estado chino posee una capacidad significativa de aplicación de la ley y vigilancia para desmantelar estas redes de manera efectiva”. Como ejemplo, en junio de 2024, la policía china abrió una investigación sobre una operación de lavado tras recibir una alerta de Estados Unidos relacionada con el Cártel de Sinaloa, lo que demuestra que “Beijing puede actuar sobre estas redes cuando lo decide”.

Lazarus recomendó elevar estas denuncias a niveles más altos de decisión. “El lavado de dinero chino y las actividades criminales globales chinas deben tratarse con la misma urgencia que el comercio, los aranceles, los minerales críticos y la inteligencia artificial”. Recomendó exigir resultados medibles a China en la persecución de banquerosclandestinos, corredores de divisas ilegales y facilitadorescomerciales vinculados al financiamiento de los carteles. “Las redes de lavado suelen depender de intermediarios sociales y lingüísticos de confianza. Analistas, investigadores y traductores con dominio del mandarín y el fujianés son críticos para la misión”, advirtió Lazarus en el informe al que tuvo acceso Infobae.

Destacó además el desarrollo de Dragon Tracker, una plataforma de inteligenciaartificial que permite mapear la actividad criminal vinculada a China, identificar rutas y patrones, y fusionar datos de inteligencia financiera y policial a escala internacional. “Una herramienta como Dragon Tracker puede multiplicar la eficacia de los investigadores, fiscales y equipos de cumplimiento bancario”, señaló Lazarus.

Una amenaza sistémica

La comparecencia concluyó con una advertencia sobre el riesgo sistémico que representa esta convergencia para la integridad financiera y la seguridad regional. “Nuestra nación enfrenta una nueva y peligrosa convergencia: carteles mexicanos que envenenan comunidades estadounidenses y redes chinas de lavado de dinero que explotan nuestros bancos, corredores de comercio, zonas francas, empresas fantasma y redes de confianza de la diáspora más rápido de lo que nuestras instituciones pueden responder”.

Añadió que “cada pastilla de fentanilo que llega a un adolescente estadounidense, cada envío de carteles que cruza nuestra frontera, cada traficante que puede convertir instantáneamente dólares sucios en valor utilizable y cada empresa fantasma que oculta al verdadero dueño de las ganancias criminales forma parte del mismo ecosistema. Los carteles generan la violencia. Las redes chinas mueven el dinero. La debilidad de las normas de transparencia, la fragmentación de la aplicación de la ley y la falta de recursos permiten que el sistema siga operando”.

Frente a este escenario, Lazarus pidió al Congreso exigir reportes regulares de amenaza, restaurar la transparencia sobre los beneficiarios reales, reforzar el control de los corredores comerciales y financieros de alto riesgo y apoyar el desarrollo de capacidades tecnológicas y de inteligencia para desmantelar estas redes a gran escala. Recalcó que “el costo de la inacción se medirá en muertes por fentanilo, violencia de carteles, instituciones corruptas, integridad financiera debilitada y comunidades de todo el hemisferio expuestas a la depredación criminal”.

El presidente Javier Milei decidió avanzar con una reforma del proceso de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un decreto que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, según pudo confirmar Infobae. La norma, elaborada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, modificó el régimen establecido por el Decreto 222/03 —y sus modificaciones posteriores, entre ellas el Decreto 267/2024— y apuntó a eliminar duplicaciones administrativas, reducir plazos y modernizar el sistema de publicación de antecedentes de los candidatos. El objetivo declarado fue agilizar el proceso de cobertura de vacantes. El Ministerio de Justicia continuará siendo la autoridad de aplicación en todos los casos.

El movimiento se produjo en un momento particular: la Corte Suprema funciona con tres de sus cinco integrantes previstos por ley. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti condujeron el tribunal desde que dos lugares quedaron vacantes —el de Elena Highton de Nolasco, en 2021, y el de Juan Carlos Maqueda, a fines de 2024—. El año pasado, el Gobierno intentó cubrir esas vacantes con el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla, pero no logró reunir los dos tercios del Senado que exige la Constitución. Lijo fue sometido a votación y no alcanzó los votos necesarios. García-Mansilla fue nombrado en comisión, asumió y ejerció durante algunas semanas, hasta que presentó su renuncia. Milei fue claro al respecto: solo avanzará en la integración del tribunal cuando el equilibrio de poder le permita hacerlo sin negociar con el kirchnerismo.

Con ese escenario de fondo, el decreto que se publicará en las próximas horas reorganiza el proceso en varios planos.

Qué establece el régimen vigente

Para entender el alcance de los cambios, es necesario repasar qué dice la normativa actual. El Decreto 222/03 estableció un procedimiento administrativo interno en el Poder Ejecutivo que funcionaba como filtro previo a la nominación presidencial. Producida una vacante, el Ministerio de Justicia tenía un plazo máximo de 30 días para publicar en el Boletín Oficial y en al menos dos diarios de circulación nacional —durante un mínimo de tres días— el nombre y los antecedentes del candidato propuesto. Durante los 15 días posteriores a esa publicación, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales podían presentar ante el Ministerio observaciones o impugnaciones fundadas sobre el postulante.

Solo después de cumplido ese proceso administrativo dentro de la órbita del Ejecutivo, el Presidente elevaba el pliego al Senado. Allí, el candidato enfrentaba una nueva ronda de audiencias públicas, impugnaciones y, finalmente, la votación: para ser confirmado, necesita el voto afirmativo de dos tercios de los miembros presentes de la Cámara alta, en sesión pública, tal como establece el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional. Ese procedimiento constitucional y reglamentario del Senado no se modifica.

El decreto también recomendaba al Presidente tener en cuenta, al momento de la nominación, la composición general del tribunal en términos de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional de los candidatos.

La reforma introduce modificaciones en varios niveles del proceso administrativo previo a la nominación presidencial.

El cambio central es la eliminación de la instancia de publicación de antecedentes y recepción de observaciones ciudadanas dentro de la órbita del Ministerio de Justicia. Esa etapa “guarda similitud” con el procedimiento que ya contempla el reglamento del Senado y mantenerla implica una duplicación de instancias administrativas que solo demora el trámite sin agregar valor sustantivo, confirmaron a Infobae fuentes oficiales. En los hechos, la participación ciudadana y las impugnaciones seguirán siendo posibles, pero ocurrirán directamente en el Senado, no antes de que el pliego llegue a esa cámara.

En paralelo, el sistema de publicación se moderniza. La difusión de los antecedentes del candidato ya no se realizará en el Boletín Oficial ni en diarios de circulación nacional, sino en la página web oficial del Ministerio de Justicia, con plazos más cortos. El Gobierno sostiene que esta adecuación responde a la dinámica actual de comunicación y a las tecnologías disponibles, y que la reducción de los plazos de publicación contribuye a hacer el trámite más expedito.

En materia de información patrimonial y fiscal, el decreto introduce un régimen uniforme que aplica de manera homogénea a los candidatos de las diferentes instituciones e instancias. Se establece un plazo de cinco días para que los postulantes presenten sus declaraciones juradas patrimoniales bajo la Ley de Ética Pública 25.188. Además, se fija por primera vez un plazo específico para que la ARCA —el organismo recaudador— informe el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales del candidato, requisito que en la normativa anterior carecía de término establecido y que en la práctica podía convertirse en un cuello de botella burocrático.

Finalmente, el decreto suprime la recomendación de que el Presidente contemple la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de la nominación. Se trata de un punto sensible: durante el proceso fallido de Lijo y García-Mansilla, la oposición utilizó esa cláusula como argumento para cuestionar las postulaciones y señaló que la normativa vigente orientaba al Ejecutivo a proponer mujeres y candidatos del interior del país. La reforma remueve ese requisito de la norma. Eso no implica necesariamente que el Gobierno vaya a insistir con perfiles similares a los anteriores, pero sí que la próxima vez no tendrá que responder a ese cuestionamiento.

Qué no cambia y el antecedente que explica la reforma

La reforma no toca el procedimiento constitucional ni el reglamentario del Senado. Las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la votación por dos tercios de los miembros presentes permanecen intactas. Los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana “no se suprimen” porque están garantizados en esa instancia, dijeron a Infobae fuentes con acceso al proceso. La diferencia sustantiva es que esa participación ya no tendrá una ventana administrativa previa en el Ejecutivo: ocurrirá directamente en el Senado, con el pliego ya elevado.

No todas las voces del arco político aliado comparten esa lectura. Jimena de la Torre, integrante del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura, cuestionó la medida en sus redes sociales. “No retrocedamos en calidad institucional. La transparencia, la participación ciudadana y el control público no son trabas: son garantías republicanas. El Ejecutivo todavía estaría a tiempo de evitar una mala señal. La independencia judicial empieza por cómo se eligen los jueces de la Corte”, escribió.

El trámite fallido de Lijo y García-Mansilla dejó una marca. El período de observaciones en el Ministerio de Justicia extendió el proceso durante semanas antes de que los pliegos llegaran al Senado, donde el procedimiento se repitió en sus aspectos sustanciales. Impugnaciones, audiencias y cuestionamientos públicos ocurrieron dos veces: primero ante el Ministerio de Justicia y luego ante el Senado. La reforma apunta precisamente a eso: evitar que dos instancias con características similares se superpongan y demoren una designación que la Corte necesita para funcionar con su composición completa.

Con el proceso reformado, si el Gobierno decidiera avanzar con nuevas nominaciones, lo haría con un trámite más corto, una única ventana de participación ciudadana —la del Senado— y sin la obligación de justificar la composición del tribunal en términos de género, especialidad o geografía. Cuándo —y si— eso ocurre depende de una variable que Milei ya explicitó: los votos en el Senado.