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La producción de autos 0 km y las exportaciones de vehículos nuevos cerraron junio de 2026 con caídas. La fabricación nacional sumó 37.029 unidades, con retrocesos del 1,9% frente a mayo y del 13,6% en comparación con el mismo mes de 2025, mientras los envíos al exterior totalizaron 22.373 unidades, un 11,3% menos que en mayo y un 1,7% por debajo del nivel interanual.

Así se desprende del último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). En el sexto mes del año, la industria automotriz produjo 37.029 vehículos y exportó 22.373, con caídas tanto en la comparación mensual como en la interanual. En el acumulado del primer semestre, la producción bajó 18,3% y las exportaciones cedieron 2,1% frente al mismo tramo de 2025.

El informe también mostró un contraste en las ventas a concesionarios. En junio alcanzaron 44.096 unidades, con una suba del 22,6% respecto de mayo, aunque quedaron 26,3% por debajo del mismo mes del año pasado.

En el balance del primer semestre, la producción nacional acumuló 204.658 unidades frente a 250.478 en igual período de 2025. En exportaciones, el subtotal llegó a 126.893 unidades contra 129.654 del año anterior. En ambos casos, arrojaron caídas.

Cómo se repartieron las exportaciones de 0 km

Los envíos al exterior mantuvieron un peso alto dentro de la actividad fabril del mes. En junio, las exportaciones equivalieron al 60,4% de la producción mensual, mientras que en el acumulado semestral esa relación se ubicó en 62 por ciento.

Brasil concentró el 65% de los despachos del semestre, con 82.486 unidades. Detrás quedaron América Central, con 16.268 unidades y 12,8% de participación, y Perú, con 8.746 unidades y 6,9 por ciento. Chile representó el 6,0% del total exportado, con 7.658 unidades. Colombia explicó el 4,6%, con 5.870 vehículos.

Más atrás aparecieron Paraguay, con 1.753 unidades y 1,4%, y Venezuela, con 1.572 y 1,2 por ciento. Ecuador sumó 838 unidades, Uruguay 725, México 360, Resto de América 523 y Asia una unidad.

Entre las variaciones absolutas frente al acumulado de 2025, Chile agregó 1.126 unidades, Perú 1.112 y Colombia 596. Brasil registró una baja de 2.638 unidades y América Central una merma de 738.

El desempeño por segmento dentro de la industria

En materia productiva, con 18 días hábiles de actividad, el retroceso de junio no se repartió de la misma forma entre segmentos. En automóviles, la baja fue del 2,6% frente a mayo y del 34% interanual, mientras que en utilitarios la variación fue de -0,4% mensual y de -0,4% frente a junio de 2025. En el acumulado semestral, los automóviles mostraron una caída del 37,2 por ciento. Los utilitarios, en cambio, registraron una baja del 2,9 por ciento.

Las exportaciones también exhibieron trayectorias distintas por tipo de vehículo. Los automóviles retrocedieron 10,9% respecto de mayo y 0,2% frente a junio del año pasado, con una baja acumulada del 5,1 por ciento. En utilitarios, la contracción fue del 12,5% mensual y del 27,6% interanual. Aun así, en el primer semestre ese segmento anotó un alza del 13,2 por ciento.

En ventas a concesionarios, los autos crecieron 10,8% frente a mayo, pero cayeron 37,9% en la comparación interanual. Su acumulado de enero a junio mostró una baja del 21,3 por ciento. Los utilitarios avanzaron 27,4% frente al mes previo y retrocedieron 21% frente a junio de 2025. En el semestre, la caída acumulada fue del 29,2 por ciento.

El contraste con las ventas mayoristas del mes

El cuadro comparativo de junio difundido por Adefa ubicó a las ventas a concesionarios como la única de las tres variables centrales con mejora mensual. Producción y exportaciones bajaron frente a mayo, mientras las ventas mayoristas crecieron hasta 44.096 unidades.

Además, ese mismo diagrama señaló que las ventas a concesionarios de vehículos nacionales pasaron de 11.882 unidades en mayo a 14.311 en junio. Aun con ese repunte mensual del 20,4%, quedaron 34,2% por debajo de junio de 2025 y acumularon una baja de 39,6% en el semestre.

El contraste más marcado apareció en los electrificados. Las ventas mayoristas de ese grupo subieron de 1.640 a 2.890 unidades entre mayo y junio, un alza del 76,2%, y frente a las 126 unidades de junio de 2025 exhibieron un salto del 2.193,7 por ciento.

Dentro del semestre, la actividad exportadora siguió como una parte alta de lo que salió de las terminales. Entre enero y junio, los despachos al exterior representaron 62,0% del total producido, y en junio esa relación fue del 60,4%, de acuerdo con el reporte.

Según Adefa, la producción local continúa en “pleno proceso de adecuación, impulsada por la renovación de la oferta hasta y la maduración de proyectos vinculados a nuevas inversiones”. A propósito de este tema, Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la entidad, señaló: “La industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda”.

En cuanto al frente externo, el directivo remarcó que “la reducción de los derechos de exportación publicada por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial ya que es una señal ‘fundamental’ para mejorar la competitividad de la industria automotriz” y agregó que “es necesario el acompañamiento de provincias y municipios en la baja de la carga impositiva para superar los desafíos estructurales que nos permitan consolidar volúmenes sostenibles en el tiempo”.

Al mismo tiempo, ponderó el repunte del 22,5% en las ventas mayoristas frente a mayo. “Sin embargo, el volumen semestral sigue en terreno contractivo (-23,7%), estimando una recuperación en el segundo semestre dependiendo principalmente de las condiciones de financiamiento”, cerró Pérez Graziano.

La negociación salarial docente en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo tras una reunión virtual de este viernes en la que el Gobierno bonaerense propuso un incremento del 2,5% para el mes de julio, a cobrarse con los haberes de agosto. La oferta fue considerada insuficiente por los gremios que forman parte del Frente de Unidad Docentes -SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y UDA-, que resolvieron no someterla a consulta de los trabajadores.

La reunión fue convocada a media mañana, de manera extraordinaria, para llevarse adelante en la tarde de hoy, tras el paro en las escuelas públicas que los gremios realizaron el martes y que, según los gremios, tuvo un 95% de acatamiento.

La protesta pegó de lleno en la gestión, ya que fue la primera vez en seis años de la gestión de Kicillof que los docentes llevaron adelante una medida de fuerza de circunscripción netamente provincial. El 1 de marzo habían realizado un paro, pero que había sido de carácter nacional y con impacto en la provincia de Buenos Aires.

El argumento de la gestión de Kicillof es que las restricciones presupuestarias se deben a las consecuencias del modelo económico impulsado por Javier Milei. “No hay manera de hacer frente al costo de vida. A eso se suma el ahogamiento financiero a la provincia, que hace cada día más difícil dar una respuesta integral como estamos acostumbrados a dar. Pero vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para mejorar la negociación”, expresaron fuentes oficiales a este medio.

El conflicto paritario se desarrolla en un clima de tensión. Los docentes bonaerenses realizaron un paro esta semana con un acatamiento del 95%, según los gremios. La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, había señalado que “el grado de adhesión demuestra que el paro docente es contundente en toda la provincia”.

En declaraciones radiales, Olivera sostenía: “Esta medida de fuerza es una demanda de todos los docentes ante los hechos de violencia y la falta de recomposición salarial”. Respecto a la cuestión salarial, afirmó durante aquella jornada: “Empatarle a la inflación es perder porque hemos tenido una inflación del 2,1%; pero el índice de alimentos fue del 2,5% y el de servicios del 2,6%”. La dirigente explicó que el objetivo de la FEB es lograr un aumento “por encima del IPC, ya que la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos los docentes golpea muy fuerte en la realidad económica de cada trabajador”.

El reclamo por la violencia en las escuelas

Olivera también reiteró el reclamo por la restitución del FONID, eliminado por el Gobierno nacional. Había pedido“una convocatoria urgente a la Paritaria Salarial con la Provincia para recomponer los salarios docentes”. Demanda que se suplió este viernes por la tarde.

La situación en las escuelas se ve agravada por la violencia. “Entran los padres, golpean a los docentes, los alumnos también. El docente no está cuidado para nada. Ningún trabajador es golpeado en su ámbito de trabajo”, advirtió Olivera. La dirigente detalló: “En las últimas dos semanas registramos seis o siete casos de violencia graves en los distritos. Es un flagelo que requiere un abordaje multisectorial”.

Olivera recordó que, aunque la provincia de Buenos Aires firmó un acuerdo de prevención, resguardo y reparación ante hechos de violencia, “no está dando resultados” y remarcó la necesidad de implementar herramientas ya acordadas y aplicar la legislación vigente para que estos delitos sean penalizados.

Uno de los puntos que remarcaron desde el Gobierno bonaerense, ante la consulta de este medio, es el impacto que la crisis económica genera en la convivencia escolar. “El tema de la violencia está cada día más complejo porque cuando apremia la situación económica, se descarga en situaciones inesperadas”, reconocieron voceros oficiales en diálogo con Infobae.

La reunión paritaria pasó a cuarto intermedio, sin fecha ni hora confirmadas para reanudarse. El Ejecutivo provincial se comprometió a continuar el diálogo y analizar alternativas que permitan acercar posiciones con los gremios.

Martín Lousteau sostuvo que las principales reformas tributarias impulsadas por el Gobierno responden a una lógica que concede beneficios permanentes a sectores específicos de la economía y las vinculó con una corriente de pensamiento libertaria que busca reducir el alcance del Estado y limitar el control democrático sobre determinadas actividades económicas. Lo hizo durante su participación en Infobae a la Tarde, en diálogo con Diego Iglesias, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Tomás Trapé y Rosendo Grobo.

El economista abrió el análisis con una pregunta: “¿Qué tienen en común el régimen especial del impuesto a los Bienes Personales, el blanqueo, la Ley de Inocencia Fiscal, el RIGI y el Super RIGI?”. Según explicó, todas esas iniciativas comparten una misma lógica: “Generan una rebaja tributaria, ya sea directa o mediante una menor capacidad de auditar, para algunos grupos específicos, que son los más privilegiados, y les dan estabilidad en el tiempo”.

Como ejemplo, señaló que el régimen especial de Bienes Personales garantiza estabilidad fiscal durante 15 años, mientras que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) la extiende por 30. “30 años equivalen a siete gobiernos y medio. Quince años son casi cuatro gobiernos”, remarcó.

Para Lousteau, esa previsibilidad no alcanza al resto de la sociedad. “Los jubilados no tienen estabilidad en su fórmula, las familias con personas con discapacidad tampoco, los docentes universitarios tampoco, ni las provincias. Hay una decisión política clara de favorecer a determinado sector en detrimento de otros”, sostuvo.

La idea de crear “zonas” con reglas especiales

A partir de ese diagnóstico, Lousteau enmarcó el fenómeno en una tendencia internacional que, según dijo, fue estudiada por el historiador Quinn Slobodian. Citó el concepto de “zonas”, espacios donde determinados actores económicos operan bajo reglas diferentes a las del resto de la sociedad.

“Es agujerear el Estado para que algunos estén privilegiados mientras los demás cumplen la regla general”, resumió.

En ese contexto repasó distintos antecedentes históricos. Mencionó a Hong Kong y Singapur como ejemplos frecuentemente reivindicados por sectores libertarios por su apertura económica, aunque señaló que “ninguno es una democracia”. También recordó los intentos de crear territorios con regulaciones propias en la Sudáfrica del apartheid, proyectos impulsados durante la guerra civil en Somalia y las zonas económicas especiales promovidas en la isla hondureña de Roatán.

Allí ubicó el rol del empresario estadounidense Peter Thiel y del economista Patri Friedman, impulsores de iniciativas que buscaban desarrollar territorios con normas independientes del resto del país. “Después la Corte Suprema de Honduras dijo que eso no era constitucional, pero el intento estuvo”, recordó.

Lousteau también mencionó el Seasteading Institute, organización financiada por Thiel que impulsó el desarrollo de ciudades flotantes en aguas internacionales. A su entender, todas esas experiencias responden a una misma lógica: construir espacios cada vez menos sujetos al control de los Estados nacionales.

El caso argentino

El economista consideró que parte de ese enfoque comienza a reflejarse en la agenda legislativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Entre los proyectos mencionó las modificaciones sobre propiedad privada, el denominado “Super RIGI” y la regulación del lobby, iniciativas que —según planteó— amplían la capacidad de influencia de grandes actores económicos sobre las decisiones públicas.

“Hay que mirar la integralidad. Si uno tiene una ideología, cada proyecto debe analizarse dentro de ese marco. Si no, terminás votando cosas contradictorias”, afirmó.

Consultado sobre si el Congreso percibe ese hilo conductor, respondió que, en su opinión, el debate suele quedar atrapado en la discusión de cada iniciativa por separado y pierde de vista el modelo general que se intenta construir.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina representa hoy un caso de interés para referentes del pensamiento libertario internacional y mencionó la cercanía de Peter Thiel con ese espacio político.

La disputa por el sentido de los impuestos

En el tramo final de la conversación, Lousteau abordó uno de los principales argumentos del discurso libertario: la crítica a la presión tributaria.

Reconoció que existe un profundo malestar social con el funcionamiento del Estado. “Durante mucho tiempo hubo gente que sintió que paga impuestos y no recibe nada”, afirmó, aunque sostuvo que esa frustración terminó favoreciendo una mirada negativa sobre la propia existencia de los tributos.

“El triunfo de ese sector liberal libertario fue haber ganado la disputa acerca de los impuestos en términos ideológicos”, sostuvo.

Para explicar su posición recurrió a una comparación: “El impuesto es como la cuota de pertenencia a un club. Vos no hiciste la pileta, no construiste las universidades, no tendiste la fibra óptica. Pero si te va bien, tenés que contribuir para sostener todo eso”.

Sobre el cierre, Lousteau planteó que la discusión excede la política tributaria y alcanza la relación entre economía y democracia. A su juicio, “la libertad económica de algunos empieza a ser incompatible con la democracia” cuando determinados actores buscan quedar al margen de las reglas que rigen para el conjunto de la sociedad.

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Más de 640.000 personas desplazadas en el Líbano han comenzado a retornar a sus comunidades, según un informe publicado el jueves por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tras el alto el fuego entre Israel y Hezbollah que entró en vigor el 21 de junio.

El enfrentamiento comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah —grupo militante respaldado por Irán— lanzó cohetes contra Israel en represalia por el asesinato del líder supremo iraní en ataques conjuntos entre Washington y Tel Aviv. Israel respondió con bombardeos aéreos y una invasión terrestre del sur del Líbano, donde sus tropas mantienen presencia hasta la fecha.

Las autoridades libanesas cifran en alrededor de 4.300 las víctimas fatales y en más de un millón los desplazados, concentrados principalmente en el sur del país y los suburbios meridionales de Beirut. De ese total, cerca de 500.000 permanecen sin poder regresar, en su mayoría porque sus hogares quedaron destruidos o son inhabitables.

Sigue siendo imposible acceder a decenas de pueblos y aldeas cercanos a la frontera sur. La ministra de Asuntos Sociales, Hanine El Sayed, señaló: “El hecho de que los demás no hayan regresado significa que su situación es mucho más difícil”.

Quienes logran volver hallan casas dañadas, cortes de electricidad y agua, negocios destruidos. Cerca de 90.000 viviendas fueron total o parcialmente demolidas, y el Estado libanés estima que necesitará miles de millones de dólares para la reconstrucción, fondos de los que actualmente carece.

El número de personas en refugios colectivos cayó de 37.000 a unas 13.000, y los habilitados se redujeron de 692 a 479. Se abrieron centros adicionales en Nabatieh —ciudad del sur del país— para quienes desean permanecer cerca de sus lugares de origen. Pese al cese de hostilidades, funcionarios israelíes anunciaron que sus fuerzas permanecerán en una “zona de seguridad” de 10 km de profundidad, lo que mantiene inaccesibles vastas zonas fronterizas.

La semana pasada, Israel y Líbano firmaron un acuerdo marco respaldado por Estados Unidos que contempla el desarme de Hezbollah, una retirada gradual israelí y el despliegue del ejército libanés en la zona, comenzando con dos áreas “piloto” donde se iniciaría la reconstrucción.

El documento, rechazado por Hezbollah, no fija un calendario para la retirada y la condiciona al desarme previo del grupo, una exigencia que los expertos consideran difícil de cumplir. El presidente libanés Joseph Aoun lo resumió: “Nuestro objetivo común es uno solo: asegurar la retirada de Israel”.

Amnistía Internacional y otras cinco organizaciones no gubernamentales advirtieron el viernes que el texto “amenaza con traicionar a las víctimas de crímenes de guerra en el Líbano”, que partes “parecen estar dirigidas a impedir que busquen justicia ante foros internacionales” y que otras secciones “parecen consentir el desplazamiento forzoso prolongado e indefinido” de decenas de miles de residentes del sur ocupado.

Aoun respondió que el artículo 13 “confirma la suspensión de los procedimientos judiciales entre los dos Estados durante el período de negociación”, pero que “no impide” que entidades privadas emprendan acciones legales.

(Con información de AFP y Reuters)