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Unas 1.500 personas participaron de una jornada de debate sanitario en La Plata, como antesala del 13° Encuentro Nacional de Salud, previsto para el 28 de noviembre en el campus de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Córdoba.

La actividad se realizó en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata y reunió a trabajadores de la salud, investigadores, profesionales, estudiantes, organizaciones sociales y sindicales, además de referentes de distintas provincias. Durante la jornada funcionaron 23 mesas de trabajo sobre los desafíos del sistema público.

El cierre estuvo encabezado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el diputado nacional Juan Grabois, quienes plantearon la necesidad de elaborar una propuesta sanitaria federal frente a los recortes nacionales.

En este sentido, Kreplak sostuvo que el sistema público enfrenta una mayor demanda en un contexto de reducción de programas nacionales y transferencia de responsabilidades a las provincias y los municipios.

“Tenemos que hacer el esfuerzo necesario para sacar a Milei del lugar donde está y construir una Argentina en donde vivir sea orgullo”, afirmó el ministro durante su intervención. También convocó a que la dirigencia política, las organizaciones y la ciudadanía impulsen una agenda que asegure la salud como derecho. “Que lo hagan con el ejemplo que estamos dando desde la salud, con generosidad, con trabajo, sin mezquindades”, expresó.

Por su parte, Juan Grabois vinculó la discusión sanitaria con la construcción de un programa de gobierno. El diputado afirmó que, tras una eventual salida de Javier Milei de la Presidencia, será necesario contar con una planificación de largo plazo.

“Hay un plan quinquenal de salud y un plan quinquenal de gobierno”, sostuvo Grabois, quien planteó que esa herramienta permitiría ordenar prioridades y reconstruir capacidades estatales.

Entre los datos expuestos durante el encuentro, se indicó que el presupuesto real del programa Remediar cayó 72% entre 2023 y 2026, mientras que la cantidad de tratamientos entregados descendió 52% entre 2022 y 2025.

Los temas del debate

La discusión abarcó la provisión de medicamentos, el financiamiento del sistema, la atención primaria, la salud mental, la situación laboral, la enfermería, las residencias y la gestión hospitalaria.

También se abordaron la seguridad social, la salud digital, la investigación científica y la producción nacional de medicamentos y tecnologías. Uno de los planteos centrales fue avanzar hacia una mayor soberanía sanitaria, con capacidades estatales para planificar políticas y reducir la dependencia de insumos externos.

Desde la organización señalaron que las propuestas que surgieron en La Plata formarán parte de un proceso federal que tendrá su próxima instancia en Córdoba. El 13° Encuentro Nacional de Salud buscará reunir el 28 de noviembre las experiencias de equipos sanitarios, organizaciones y especialistas de todo el país para debatir una agenda común sobre financiamiento, acceso a tratamientos, formación profesional y políticas públicas.

El deterioro en el mercado crediticio comenzó a descelerarse pero seguirá en un nivel elevado por bastante tiempo hasta que los planes de refinanciación comiencen a surtir efecto sobre la morosidad en los préstamos bancarios y no bancarios. “Los niveles de irregularidad permanecen elevados y todavía no existen elementos suficientes para concluir que el proceso de normalización se encuentre consolidado”, señaló el Informe Económico publicado por el Banco Nación.

A diferencia de otras visiones sobre la mora surgidas desde el sector público, para el Nación la morosidad no proviene de errores de las entidades financieras a la hora de prestar ni de los ciudadanos al decidir cómo endeudarse. La irregularidad proviene de factores vinculados a cuestiones macro.

“La evidencia indica que el deterioro crediticio observado desde mediados de 2024 se encuentra asociado a la convergencia de tres factores principales: un proceso de expansión crediticia de elevada intensidad, un incremento de la carga financiera de hogares y empresas y un contexto de tasas de interés más exigente”, explicó el reporte del Nación a la hora de establecer las causas de la mora.

En coincidencia con ese diagnóstico, el Nación también observa las causas de que el avance de la mora se está ralentizando: “La evolución de la frecuencia de empeoramiento de las financiaciones, la estabilización de algunos indicadores asociados a la carga financiera de los hogares y el crecimiento de las refinanciaciones son elementos consistentes” con el escenario de desaceleración en la velocidad del deterioro crediticio.

No obstante, también deja alertas sobre la situación: “El deterioro continúa concentrándose principalmente en los hogares, especialmente entre los deudores más jóvenes, los clientes con múltiples relaciones crediticias y los usuarios de proveedores no financieros de crédito. Asimismo, persisten diferencias significativas entre la incidencia de la mora medida por cantidad de clientes y por monto de deuda, lo que refleja una mayor difusión del fenómeno en términos sociales que patrimoniales”.

En ese sentido, el informe del Nación destaca cinco cuestiones que estarán en el centro del “monitoreo de riesgos” de la entidad en lo que queda de 2026, que son:

• La carga de la deuda sobre el ingreso de las familias: El informe analiza la relación entre los pagos mensuales de las deudas con entidades financieras y la masa salarial de los hogares como un indicador para anticipar cambios en la calidad de la cartera. Los datos del Banco Central muestran que los aumentos de esa carga suelen anteceder a una suba de los préstamos irregulares de las familias. El informe vincula esa presión con la evolución del ingreso disponible: aunque los salarios reales tuvieron una recuperación parcial, los gastos fijos crecieron a mayor velocidad entre 2024 y 2026. “El ingreso disponible de las familias avanzó con menor intensidad debido al incremento de otros gastos relativamente inflexibles”, precisó el documento. Así, el punto no es cuánto cobran los hogares, sino cuánto dinero les queda después de afrontar gastos esenciales. Esa diferencia ayuda a explicar por qué el sistema puede registrar dificultades de pago incluso sin una caída generalizada de los ingresos nominales.
• Los créditos de proveedores no financieros: El crédito no bancario concentra una mora más elevada que el sistema bancario, pero el informe del Nación destaca además la diferencia entre cantidad de personas afectadas y el monto de dinero adeudado. A julio, estas entidades registraban una cartera irregular de 32,5%, frente al 7,7% de la banca tradicional. Sin embargo, manejaban una cartera total de $16,3 billones, muy por debajo de los $161,5 billones del sistema bancario. “Mientras las primeras concentran créditos de mayor monto, los proveedores no financieros se especializan en financiamientos de menor cuantía”, apuntó el documento. La brecha también se refleja en las medianas de deuda: $300.000 en proveedores no financieros, frente a $1 millón en el resto del sistema financiero. El foco, por lo tanto, está puesto en un fenómeno extendido entre más deudores, pero con menor peso relativo en los saldos totales. Esa composición condiciona el impacto patrimonial del deterioro y, al mismo tiempo, amplía su alcance sobre los hogares.

• La situación de los deudores jóvenes: La edad aparece como uno de los factores que permite distinguir dónde se concentra la mayor fragilidad dentro de la cartera de consumo. Entre los clientes de 18 a 25 años de las entidades financieras, la mora por cantidad de personas llegó al 33,4% en julio. En el grupo de más de 60 años, en cambio, fue de 10%. La diferencia se mantiene al mirar los montos: los jóvenes registraron una irregularidad de 27,1%, frente al 9,3% de los mayores. El Nación remarcó que los saldos de los deudores más jóvenes son más reducidos y señaló que “el patrón se replica en la consolidación de ambos sistemas”. Esto implica que el problema tiene menor dimensión medido en dinero que en número de personas. En los proveedores no financieros, donde se concentra una parte importante del financiamiento de consumo, la proporción de jóvenes con mora supera el 40%. Este segmento etario es clave ya que combina menor antigüedad laboral, menor nivel de ingresos y una elevada exposición al crédito de corto plazo.

• Los clientes con deudas en muchas entidades a la vez: El ratio de préstamos irregulares entre los clientes que operaban con una sola entidad fue de 21,9% a julio. La proporción subió a 34% para quienes tenían deudas con cinco entidades, a 45,1% con siete y alcanzó 57,6% entre los que se financiaban con diez o más. “Se observa una relación directa entre el nivel de endeudamiento y la mora: la probabilidad de incumplimiento aumenta sistemáticamente a medida que crece la cantidad de entidades con las que opera cada cliente. El ratio pasa del 21,9% para quienes mantienen una única relación crediticia al 57,6% entre quienes operan con diez o más entidades”, detalló el Nación. El reporte aclara que la mayoría de los deudores se concentra en los tramos de una o dos entidades, de modo que los clientes más expuestos son una porción limitada del universo total. Sin embargo, la progresión de los porcentajes muestra que el riesgo aumenta a medida que se superponen cuotas, saldos y vencimientos.
• La evolución de las refinanciaciones: Se trata de otro indicador esencial porque su crecimiento puede postergar o suavizar el pase de los créditos a las categorías más riesgosas. El programa del Banco Nación acumuló en 2026 un total de 114.232 operaciones por $523.203 millones y alcanzó a 99.956 clientes, aunque una misma persona pudo utilizar más de una línea. El 64,2% del monto refinanciado correspondió a casos de mora y el 35,8% a clientes en premora. El informe advierte que esos acuerdos no equivalen a una normalización inmediata: “La regularización efectiva de los deudores refinanciados requiere períodos prolongados de cumplimiento”. Las líneas incluyen refinanciaciones de tarjetas, consolidación de deudas propias y de otras entidades, con plazos que llegan hasta 120 meses según el producto. Parte de las operaciones alcanzan a obligaciones con atrasos superiores a 90 días, incluso deudas castigadas o judicializadas. Por esa razón, el Nación advierte que una porción relevante de esos préstamos continúa dentro de las categorías de mayor riesgo y que el efecto sobre los indicadores irregularidad del sistema puede aparecer con demora.

Cristina Fernández volvió a cobrar la pensión vitalicia como viuda del ex presidente Néstor Kirchner, luego de que la Justicia ordenara restablecer de manera cautelar el beneficio que el Gobierno había suspendido. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abonó en septiembre el primer haber restituido, correspondiente a agosto de 2026, por $16.090.877,01 brutos, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

El pago permitió establecer cuándo comenzó a cumplirse la decisión judicial. El 8 de julio, ANSES había comunicado al expediente que restituiría la prestación en la liquidación de agosto de 2026. El organismo habilitó esa liquidación y el dinero se acreditó en septiembre.

Así, el haber de agosto fue el primero que percibió Cristina Kirchner desde que la Justicia dispuso la restitución provisoria de la prestación. El cumplimiento de la resolución no alteró la postura del Gobierno sobre el beneficio.

El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello y tiene a ANSES bajo su órbita, mantendrá los recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es revertir el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social y volver a suspender el pago.

El Gobierno mantiene el reclamo ante la Corte Suprema

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la estrategia judicial continuará. ANSES acata la resolución vigente, pero el Gobierno busca agotar las instancias disponibles para impedir que la ex presidenta siga cobrando la pensión vitalicia.

La disputa se inició en noviembre de 2024, cuando ANSES dispuso la baja de los beneficios que percibía Kirchner bajo la Ley 24.018. La decisión alcanzó tanto a la asignación vitalicia por su condición de ex presidenta como a la pensión derivada de la muerte de Néstor Kirchner.

La ex mandataria acudió a la Justicia para cuestionar esa medida. En el expediente sobre la pensión como viuda del ex presidente, el Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1 rechazó inicialmente la cautelar, pero la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó esa decisión.

Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque ordenaron suspender de manera cautelar la decisión administrativa de ANSES y restituir la prestación mientras avanza el juicio sobre la cuestión de fondo.

Para decidirlo, los camaristas consideraron, entre otros argumentos, el carácter alimentario del beneficio y las consecuencias de mantenerlo suspendido hasta que exista una sentencia definitiva.

El Gobierno llevó el caso a la Corte Suprema. ANSES presentó un recurso extraordinario federal, aunque la Cámara lo rechazó por mayoría al entender que el fallo impugnado se dictó en el marco de una cautelar y no era una sentencia definitiva que habilitara esa instancia.

La jueza Nora Dorado votó en disidencia y sostuvo que el recurso debía concederse. Tras ese rechazo, ANSES presentó una queja directamente ante la Corte para que el máximo tribunal revise la decisión que permitió a Kirchner recuperar la pensión.

Ese recurso es uno de los ejes de la estrategia de Capital Humano para dejar sin efecto el pago.

La postura oficial también recibió el respaldo del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, quien dictaminó que la Corte debería revocar la cautelar de la Cámara. Su opinión no es vinculante y los jueces del máximo tribunal deberán resolver el expediente.

Casal cuestionó el restablecimiento de la prestación y puso el foco en las consecuencias jurídicas de la condena firme contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. La ex presidenta recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en la denominada Causa Vialidad.

Uno de los puntos en debate es el alcance de esa inhabilitación y su posible impacto sobre el derecho a cobrar una prestación prevista en la Ley 24.018. El Gobierno sostiene que estos beneficios se diferencian de una jubilación contributiva ordinaria y que su otorgamiento se vincula con el ejercicio de los máximos cargos institucionales.

La Justicia previsional deberá determinar en el expediente principal si la baja dispuesta por ANSES se ajustó a derecho. Ese debate continúa abierto y avanza en paralelo con el reclamo ante la Corte por la medida cautelar.

Mientras la resolución de la Cámara siga vigente, ANSES debe cumplirla. Por eso, el organismo liquidó el haber correspondiente a agosto de 2026, por $16.090.877,01 brutos, que Cristina Kirchner cobró en septiembre.

La próxima definición quedará en manos de la Corte Suprema. Capital Humano sostendrá sus recursos para que el tribunal revoque la cautelar y permita suspender nuevamente la pensión. Hasta que una decisión judicial modifique el escenario, ANSES deberá continuar con los pagos.