La causa se inició cuando la imputada, una estudiante que al momento de los hechos tenía 25 años, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en el que instaba a que alguien atentara contra el entonces presidente, en ocasión de una visita oficial a la provincia de Entre Ríos. “Por favor, que alguien le pegue un tiro en la cabeza”, fue la frase que escribió la acusada identificada como E.B.T.
A partir de esa publicación, se la investigó por el delito previsto en el artículo 209 del Código Penal, que reprime la instigación pública a cometer un delito determinado.
Una vez elevada la causa a juicio, la defensa solicitó el sobreseimiento por considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación. Sin embargo, el fiscal general José Ignacio Candioti se opuso al planteo al entender que la evidencia reunida durante la investigación permitía atribuirle la autoría del hecho.
Luego de ello, la imputada, solicitó la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba, ofreciendo la realización de tareas comunitarias gratuitas en el Club Don Bosco, de la ciudad de Paraná. Esa petición de la defensa motivó la audiencia oral realizada hoy ante el tribunal.
La audiencia y la resolución
Durante la audiencia, el fiscal general Candioti sostuvo que, si bien se había opuesto previamente al pedido de sobreseimiento por considerar que la conducta de la imputada tenía suficiente entidad lesiva como para no extinguir la acción penal sin consecuencias, en esta etapa resultaba adecuado aplicar el instituto de la denominada “probation”.
En ese sentido, valoró que la imputada era una estudiante que no posee antecedentes penales, que se trató de un hecho aislado ya que había realizado ese comentario una sola vez en el año 2019 sin reincidir en su conducta, que manifestó arrepentimiento y pidió disculpas públicamente, y que atravesó una enfermedad grave con posterioridad a los hechos.
Asimismo, previo a expedirse en favor de la salida alternativa, el fiscal Candiotti se interiorizó —en comunicación con la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, a cargo de Juan Manuel Olima Espel— acerca de la compatibilidad de ese temperamento con los criterios institucionales.
El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que a efectos de que la imputada internalice la conducta debida, debía realizar un curso para afianzar los valores de respeto al sistema democrático y a la tolerancia a las ideas ajenas, valorando el disenso sin actitudes agresivas o violentas.
Por ello, propuso como regla de conducta la realización de un curso “Derechos Humanos y Ética”, dictado en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y a cargo de la historiadora María Virginia Pisarello. La imputada aceptó las condiciones y se comprometió a cumplirlas.
Por su parte, el juez Sebastián Gallino consideró debidamente fundado el dictamen fiscal y resolvió otorgar la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. Como condiciones, dispuso que la imputada realice tareas comunitarias dos veces por semana en el club de la ciudad de Paraná propuesto por la defensa y que complete el curso de formación en derechos humanos propuesto por la fiscalía.
