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Aunque el gobierno se atiene al discurso de que su prioridad sigue siendo bajar la inflación a partir del equilibrio fiscal y la no emisión monetaria, la debilidad de los indicadores de actividad económica, puntuados por anuncios de cierres de empresas, suspensiones y despidos, lo ha ido llevando a anunciar medidas para intentar revertir el clima negativo y hasta de desesperanza que se cierne sobre vastos sectores de la economía.

Milei ha dicho por un lado que no tomaría medidas que vayan en contra de la teoría económica, pero por otro destacó la experiencia internacional de su ministro de Economia, Luis Caputo, como “trader” sometido a la presión de los resultados y que por lo tanto “no se come ni una”, basado en una orientación práctica, basada en resultados, y no en alguna teoría o escuela en particular.

Lo cierto es que en economía argentina hoy conviven sectores con coyunturas y perspectivas muy diversas.

De un lado, aquellos en crecimiento como el campo y la agroindustria, el sector energético y producción de petróleo y gas “no convencional” con epicentro en Vaca Muerta, e inversiones mineras que se acelerarán en los próximos meses tanto por las exigencias normativas en el caso de los proyectos ya aprobados para el RIGI (deben concretar el 20% de la inversión comprometida en el primer año de su ingreso al régimen) como por la aceleración de decisiones a partir de los cambios a la Ley de Glaciares.

Del otro, la mayoría de los sectores industriales, la construcción, el comercio y hasta el turismo, que generan la mayor parte del empleo privado, enfrentan una demanda débil, costos que no ceden y una competitividad cada vez más recortada entre un tipo de cambio que marchó a la zaga de la inflación, encareciendo en dólares a Argentina, y la apertura de la economía.

En este contexto, el anuncio del Súper RIGI es al menos el octavo anuncio o medida oficial para contrarrestar las malas noticias del frente productivo, del consumo. el empleo y los ingresos, a saber:

1.Baja de las tasas de interés

Como señaló en un reciente análisis Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, desde marzo rige una suerte de “corredor de tasas” de interés, en que el BCRA define piso y techo entre 20 y el 25% anual para las operaciones de cortísimo plazo, por ahora sin mayores resultados.

“El crédito al sector privado todavía no ha reaccionado, con variaciones negativas en términos reales tanto en marzo como abril”, señaló Vasconcelos. El “corredor”, dijo, debería mantenerse en el tiempo y “para que no sea una expresión de voluntarismo, es clave que el mercado de futuros del dólar no desafíe el rumbo de esta política”.

Por ahora los indicadores de ventas de bienes de consumo no salieron de la meseta en la que se instalaron a mediados de 2025 y la recaudación impositiva, su reflejo, podría “llevar la política fiscal a terreno procíclico, con recorte de gastos discrecionales y complicaciones financieras para las empresas proveedoras del estado, por la creciente masa de deuda flotante”, advirtió el economista.

2.Reducción de encajes bancarios

A mediados de abril el BCRA flexibilizó una norma sobre los encajes bancarios para permitir una baja de tasas. Lo hizo mediante una adecuación de las normas de efectivo mínimo (concretamente, redujo el límite de integración diaria al 65% y eliminó restricciones de plazos para los bonos utilizados como encajes) con el objetivo de generar mayor liquidez, estimada en unos $2,8 billones (equivalentes a unos USD 2.000 millones) a través de los bancos comerciales.

3. Créditos del Banco Nación para el campo

En marzo, en la apertura de la edición aniversario de Expoagro 2026 edición YPF Agro, el BNA lanzó una línea de financiamiento integral orientada a renovar el parque de maquinaria, adquirir insumos estratégicos e invertir en capital de trabajo. Ni bien inaugurada ExpoAgro, el BNA anunció allí su nueva línea de créditos a tasa 0% en dólares y 19% en pesos, destinada a la compra de maquinaria nueva y usada, utilitarios, insumos estratégicos y la renovación tecnológica. La propuesta fue presentada por el propio titular del Nación, Darío Wasserman y el gerente general, Gastón Álvarez.

El esquema de financiamiento para la compra de maquinaria agroindustrial nueva prevé líneas con desembolso único, plazos de hasta 60 meses y hasta el 100% de financiamiento del valor del bien, con una tasa nominal del 19% en pesos (menor a la inflación esperada por la población y el consenso del merado) y del 0% en dólares. Solo en el primer día, la entidad recibió solicitudes de crédito por $30 billones

4. Créditos del Banco Nación para Pymes

A partir del 6 de abril y con el objetivo de reactivar la actividad y facilitar el acceso al crédito en un contexto marcado por las dificultades financieras para las empresas, el Banco Nación puso en marcha nuevas líneas de financiamiento para pymes con tasas reducidas.

La tasa nominal anual de estos préstamos es del 25%, varios puntos por debajo del actual ritmo de inflación anual y una reducción muy significativa respecto del 38% que regía previamente. Además, la entidad ofrece la posibilidad de descontar cheques a 30 días a una tasa del 23%, dos puntos menos que la anterior. Ambas iniciativas cuentan con un cupo de $1 billón y buscan fortalecer la capacidad productiva y la inversión de este segmento clave para la economía nacional.

5. Se postergó la importación privada de GNL para prevenir gas más caro en invierno

En línea con su decisión de desregular y privatizar acciones antes cumplidas por el Estado que pudieran ser asumidas presumiblemente con mayor eficiencia y asumiendo riesgos por parte del sector privado, el gobierno había anunciado que a partir de este año la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para paliar la insuficiencia de gas durante los meses de consumo residencial pico del invierno dejaría de estar en manos de Enarsa, una ingente consumidora de subsidios del Estado, para pasar a manos privadas.

Sin embargo , ante la paridad de ofertas de Naturgy y Trafigura para hacerse cargo de la operación y en medio de una coyuntura internacional marcada por precios elevados y menor disponibilidad, debido a la Guerra en Medio Oriente, finalmente decidió que este año la operación siga a cargo de Enarsa. Fuentes oficiales señalaron a Infobae que la decisión obedeió “a la suba y volatilidad del precio internacional” y a que “no es momento de convalidar condiciones que puedan sumar costos al sistema, justo cuando Argentina está bajando el uso de GNL”.

6. Bonificación extra del 25% a usuarios de “Subsidios Energéticos Focalizados” de gas

La medida, oficializada mediante la Resolución 111/2026 del área energética, busca ofrecer previsibilidad frente a condiciones energéticas cambiantes por el conflicto en Medio Oriente, aún cuando Argentina registró en el primer trimestre del año un superávit energético de USD 2.405 millones, el mayor del que se tenga registro para ese período. El alivio se suma al descuento general del 50% que ya estaba vigente. Así, durante mayo los hogares beneficiarios recibirán una reducción total del 75% sobre su consumo base (50% base + 25% extraordinario).

7. Virtual congelamiento del precio de las naftas por 45 días

El primero de abril, a un mes del inicio de la Guerra en Medio Oriente y cuando los precios locales de los combustibles ya habían aumentado en promedio un 23%, pero los precios internacionales seguían sin estabilizarse, alcanzando incluso nuevos récords, YPF anunció su decisión de no trasladar al surtidor por 45 días el aumento del precio actuando así como una suerte de “amortiguador”, en reacción a la baja del consumo que tuvo lugar, en particular, en el interior del país.

Tras este período, que expira el próximo viernes, 15 de mayo, la empresa encabezada por Horacio Marín decidirá la política de precios a seguir. Uno de los insumos de esa decisión será una reunión que el titular de la petrolera de mayoría estatal mantendrá este lunes con otros referentes del sector petrolero.

8. Súper RIGI

Desde Los Ángeles, donde participó de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, el miércoles el presidente Javier Milei anunció que el gobierno trabaja en un proyecto de Super RIGI (en referencia al vigente Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones) y ya de regreso a la Argentina escribió que enviará al Congreso “una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”. A posteriori, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en rueda de prensa que la Argentina compite con países que le llevan “décadas de ventaja en términos de instituciones y composición impositiva” y que el proyecto buscará generar condiciones favorables a la instalación y desarrollo de industrias que hoy no existen o existen muy limitadamente en el país, como la fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena del valor del uranio, amén de -a partir de la abundancia de gas- aumentar la producción local de fertilizantes.

El Súper RIGI, adelantó Caputo, tendrá diferencias concretas con el sistema vigente: la tasa del Impuesto a las Ganancias para las empresas beneficiadas será del 15%, frente al 25% del RIGI actual y se permitirá deducir el 60% de la inversión en el primer año, el 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero, esto es un ritmo más rápido que el RIGI ya vigente, por el que —entre iniciativas aprobadas y en evaluación— ya aprobó planes de inversión por más de USD 27.000 millones y tiene 22 proyectos pendientes de aprobación por casi USD 68.000 millones más.

Habrá que ver si las empresas ya acogidas al RIGI hacen fila para pedir el mismo trato. Además, según el rango de inversión al que apunte, podría dejar sin incentivos a los planes de inversión de entre USD 9 y USD 200 millones, pues entre USD 150.000 y 9 millones ya existe el Mini RIGI y para los auperiores a USD 200 millones el RIGI a secas.

Descubrir el ferrocarril panorámico Centovalli entre Italia y Suiza puede transformar un viaje corriente por Europa en una experiencia memorable. Esta histórica línea férrea conecta ambos países mediante valles alpinos, estaciones tradicionales y aldeas remotas, como documentó Travel + Leisure.

Viajar por este ferrocarril significa recorrer poco más de 50 kilómetros entre Domodossola (Italia) y Locarno (Suiza), cruzando tres decenas de estaciones que permiten subir y bajar con gran libertad. El trayecto ofrece vistas de los Alpes, acceso a pueblos donde apenas circulan vehículos y el descubrimiento de costumbres locales en cada escala. Todo ello en un ritmo propicio para el slow travel.

Quienes viajan en el Centovalli disfrutan de paisajes alpinos, trenes de distintas épocas, la opción de parar donde deseen y múltiples oportunidades para disfrutar de senderos, festivales y gastronomía local.

El recorrido es ideal para quienes buscan combinar naturaleza, historia y flexibilidad en una ruta poco conocida que se adapta tanto a aventureros como a quienes prefieren explorar con calma, según Travel + Leisure.

El viaje comienza en la monumental estación de Domodossola, al norte de Italia. A bordo de trenes compactos, los pasajeros se dirigen hacia el corazón de los Alpes Lepontinos. El trayecto alterna entre túneles—en total son 31—y puentes de acero, superando ríos y desfiladeros.

Desde su inauguración oficial como ferrocarril Vigezzina-Centovalli hace casi un siglo, la vía ha utilizado distintos modelos de trenes, incluida una unidad restaurada para celebrar el centenario en 2023, informó Travel + Leisure.

La flexibilidad del servicio es uno de sus mayores atractivos. Con aproximadamente 15 salidas diarias y 33 paradas, la ruta permite a los viajeros adaptar su itinerario y explorar a su ritmo. El tren mantiene una velocidad promedio de 27 km/h, brindando tiempo suficiente para observar viñedos, casas de piedra y el día a día de pueblos apartados.

Paisajes y estaciones inolvidables en el Centovalli

Cada viaje puede deparar una experiencia distinta debido a la variada flota de trenes. Hay convoyes modernos con grandes ventanas y espacio para bicicletas, así como vagones antiguos, incluida una pieza que circula desde 1959, con tapizados que evocan otra época.

Desde cualquier asiento junto a la ventanilla es posible admirar cascadas, profundos viaductos y barrancos, mientras el clásico sonido metálico acompaña la travesía.

Entre las paradas más célebres destaca Santa Maria Maggiore, el punto más alto de la línea, con 836 metros sobre el nivel del mar. Allí, las fachadas muestran huellas negras en homenaje a la “fiesta de deshollinadores”, un evento emblemático que recuerda la antigua profesión local. En el museo dedicado a este oficio, visitantes descubren cómo muchos niños emigraron en el pasado para limpiar chimeneas por toda Europa, relató Travel + Leisure.

El siguiente tramo conduce hasta Malesco, famosa por sus tejados tradicionales de piedra, siguiendo el curso del río Melezza, principal enlace natural entre los valles italianos y suizos. El lecho del río está flanqueado por laderas abruptas, y algunos refugios de pastores se conectan mediante cables y poleas para transportar provisiones.

A la altura del pequeño pueblo de Camedo, el tren cruza la frontera. El cambio solo se percibe en el color de los edificios de la estación. Más adelante se encuentra Verdasio, donde una telecabina lleva a la aldea de Rasa, típica por ser un pueblo sin coches, ubicado a casi 915 metros en la montaña.

El acceso solo es posible mediante funicular, y la localidad conserva tradiciones como el horno comunal, senderos arbolados y la tranquilidad que solo interrumpen campanas de iglesia. Según Travel + Leisure, llegar a Rasa es como viajar en el tiempo.

Experiencias auténticas: pueblos, festivales y gastronomía regional

El Centovalli es también un retrato fiel de la vida alpina y sus costumbres. Cada año, en Santa Maria Maggiore se celebra la fiesta de los deshollinadores, donde las palmas marcadas en fachadas homenajean este trabajo ancestral. El museo explica cómo los jóvenes del valle partían antaño a limpiar chimeneas, una tradición extendida por Europa.

En los senderos, no es raro cruzarse con recolectores de setas mostrando boletus dorados (especies de hongos) de gran tamaño. Caminar desde Rasa exige esfuerzo, pues los caminos escarpados nacieron para pastores y mulas, no para turistas. Si llueve, la travesía acentúa el carácter auténtico de estas montañas y refuerza la sensación de aventura, detalla Travel + Leisure.

Al llegar a Intragna, el viaje brinda una pausa culinaria. El pueblo está situado en la confluencia de dos ríos, cuenta con un viaducto de 80 metros y presume de una iglesia con la torre más alta del cantón de Tesino.

Justo frente a la estación se encuentra el Ristorante della Stazione. Aquí se pueden degustar especialidades locales como carne de venado, quesos alpinos, pescado de lago y setas frescas. El restaurante acoge, además, un pequeño hotel donde pasar la noche tras recorrer la región.

Al finalizar la línea en Locarno, el ambiente cambia notablemente. La estación subterránea da paso a una ciudad animada y abierta al clima benigno del lago Mayor, donde palmeras bordean el paseo marítimo y los helados bajo el sol se convierten en parte de la experiencia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la competencia directa para tratar la demanda presentada por la Provincia de La Pampa contra el Estado Nacional. La causa se tramitará en Buenos Aires, tras la decisión firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti el pasado jueves 7 de mayo.

La decisión también ordenó “correr traslado” al Estado Nacional: se le otorgó un plazo de 60 días para presentar su respuesta formal a la demanda, tal como establece el procedimiento en estos casos.

El reclamo de La Pampa apunta a una parte de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y busca que el 1% de los fondos actualmente asignados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sea repartido diariamente y de manera automática entre las provincias.

La decisión representa un nuevo capítulo en la discusión entre gobiernos provinciales y nacionales por la distribución de recursos, y podría impactar en la administración de fondos que superan varios miles de millones de pesos.

El reclamo de La Pampa

La demanda está representada por el gobernador Sergio Ziliotto y la fiscal de Estado Romina Schmidt, con el patrocinio de los abogados Andrés Gil Domínguez, Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand.

Según el escrito presentado ante la Corte Suprema, La Pampa solicita que se declare inconstitucionales dos artículos de la Ley 23.548. Sostiene que esas normas “son contrarias” a tres artículos de la Constitución Nacional porque afectan los derechos y recursos de las provincias.

La principal exigencia de la provincia es que los recursos reservados hasta ahora para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional —equivalentes al 1% de la masa coparticipable— pasen a ser distribuidos diariamente y de forma automática entre todas las jurisdicciones provinciales.

El reclamo explica que estos fondos, en lugar de ser distribuidos con discrecionalidad por el gobierno central, deberían integrarse al sistema de reparto automático que rige para el resto de los fondos coparticipables.

La provincia también pidió que se cite a una audiencia informativa y de conciliación, basándose en antecedentes de otros pleitos similares, como los llevados adelante por Santa Fe y por la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, quienes también habían cuestionado recortes o distribución discrecional de recursos federales.

Los argumentos de la Corte

En el plenario de esta semana, el máximo tribunal resolvió que la presentación corresponde a su “competencia originaria”: la causa empieza y termina en sus estrados, sin pasar por tribunales inferiores. Este mecanismo se activa cuando una provincia demanda a la Nación, en aplicación del artículo 117 de la Constitución Nacional.

El fallo señala: “La presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación”, y ordena notificar tanto al Ministerio de Economía de la Nación como a la Procuración General de la Nación.

La procuradora fiscal Laura Mercedes Monti sostuvo que corresponde que sea la Corte y no un juzgado inferior el que analice la cuestión, ya que están en juego prerrogativas y derechos constitucionales de una provincia frente al Estado Nacional.

Qué artículos se cuestionan y por qué

El escrito presentado por La Pampa apunta contra los artículos 3 inciso d y 5 de la Ley 23.548, que establecen cómo se reparte el dinero de los impuestos recaudados entre la Nación y las provincias.

La Pampa argumenta que el esquema permite al Estado Nacional manejar de forma discrecional una parte del monto que, según la provincia, debería estar sujeta al reparto automático fijado por la Constitución. Así, denuncia que el 1% reservado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional nunca pasa por el sistema de coparticipación automática y se destina según decisión del Ejecutivo nacional.

El reclamo provincial se apoya en los artículos 75 (inciso 2º), 18 y 19 de la Constitución Nacional, que definen los alcances de los derechos provinciales sobre los recursos coparticipables y establecen restricciones al manejo unilateral por parte del gobierno federal.

Antecedentes y contexto

Para reforzar su posición, La Pampa citó antecedentes recientes de la propia Corte Suprema, especialmente las sentencias en los casos Santa Fe contra el Estado Nacional y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, en los cuales se aceptó la competencia de la Corte y se falló a favor de las jurisdicciones reclamantes en materia de transferencias de fondos.

En esos expedientes, la Corte determinó que el Estado Nacional debía devolver sumas retenidas indebidamente y ajustar los mecanismos de transferencia a favor de las provincias o la Ciudad Autónoma, según corresponda.

En esta nueva causa, el planteo es “original”: no se discute una suma retenida en un caso puntual, sino el funcionamiento estructural del mecanismo de coparticipación respecto a un porcentaje específico. De avanzar el reclamo, podría significar una redistribución automática de recursos hacia todas las provincias a partir del 1% que hoy controla la Nación.

El Ministerio de Economía y la Procuración General ya fueron notificados y, de acuerdo con el procedimiento, podrán contestar la demanda o buscar una instancia de conciliación previa, como solicitó La Pampa.

La expansión de la demanda global de litio, impulsada por el auge de la electromovilidad y la transición energética, ubicó a Argentina como uno de los actores con mayor potencial del planeta. La nación sudamericana forma parte del “Triángulo del Litio”, junto a Bolivia y Chile, y concentra cerca de un quinto de los recursos mundiales de este mineral, según la U.S. Geological Survey 2024.

Sin embargo, la industria litífera argentina opera en una “zona gris” legal, una condición donde la ausencia de un marco regulatorio específico, la superposición de normas provinciales y nacionales, y los vacíos fiscales generan incertidumbre tanto para inversores como para el propio Estado.

El litio se posicionó como un recurso estratégico, ya que el 83% de la producción mundial se destinó a baterías en 2022, con la electromovilidad dominando el 65% de la demanda total. La oportunidad para el país va más allá de la mera extracción: el desafío reside en cómo transformar ese recurso en desarrollo sostenible e inserción en cadenas globales de valor. De acuerdo con la investigación de la Fundación Libertad y el Center for International Private Enterprise, el contexto regulatorio argentino muestra vacíos estructurales y una fragmentación institucional que limitan la capacidad de aprovechar el auge del “oro blanco”.

El diseño institucional de la minería en Argentina asigna a las provincias la titularidad de los recursos minerales. Esta distribución, establecida por la reforma constitucional de 1994, favoreció la proliferación de normativas dispares.

La mayoría de los proyectos litíferos se localizan en Jujuy, Salta y Catamarca, provincias que avanzaron en la creación de empresas estatales mineras y esquemas propios de participación y regalías. Por ejemplo, la Ley N.º 5.789 de Jujuy impone la incorporación de la estatal JEMSE con un mínimo de 8,5% de participación en cada emprendimiento. Catamarca y Salta también establecieron sus propias empresas provinciales, como CAMYEN y REMSa.

Esta discrecionalidad provincial generó asimetrías y dificultades para planificar inversiones a largo plazo. Las diferencias en regalías, licencias y fideicomisos crean incertidumbre para las compañías, que encuentran reglas cambiantes y procedimientos poco homogéneos al operar en distintas jurisdicciones. Aunque para contrarrestar esa fragmentación, surgió la Mesa del Litio, un espacio de coordinación entre Jujuy, Catamarca y Salta que intentó armonizar criterios, aunque su alcance sigue siendo limitado y no reemplaza la falta de una estrategia federal concertada.

La ausencia de una legislación nacional específica para el litio representa una de las principales trabas para el desarrollo del sector. Este vacío impidió el diseño de mecanismos regulatorios que promuevan valor agregado local, encadenamientos productivos y una gobernanza más eficaz de las rentas generadas por el recurso. Más allá de la regulación minera general, el litio presenta dinámicas propias de mercado, volatilidad de precios y exigencias ambientales y sociales crecientes, lo que demanda soluciones diferenciadas.

Regalías y precios de transferencias

A nivel fiscal, el régimen actual también muestra debilidades. La legislación nacional establece un límite máximo de 3% para la recaudación de regalías, pero la negociación de aportes adicionales quedó en manos de las provincias. Esto evidenció la necesidad de mecanismos transparentes y eficientes para que esos recursos se traduzcan efectivamente en desarrollo regional. Además, los esquemas fiscales que no contemplan el ciclo de precios pueden amplificar la volatilidad: cargas rígidas en contextos de precios bajos deterioran la inversión y frenan el escalamiento de los proyectos.

El control sobre los precios de transferencia es otro punto crítico. La normativa vigente presenta deficiencias para fiscalizar operaciones entre empresas vinculadas, lo que abrió la puerta a la subfacturación de exportaciones y a la erosión de la renta minera estatal.

La volatilidad de los precios internacionales del litio introdujo una dinámica de inversión marcada por picos y retracciones. Las compañías tienden a acelerar o frenar decisiones de desembolso según el contexto internacional, y la puesta a punto de las plantas suele demandar más tiempo de lo previsto. Esto produce “ramp-up” irregulares y afecta la cadena de proveedores, que experimenta picos de demanda en la construcción y luego ajustes cuando los proyectos se estabilizan o reprograman.

Radiografía del mercado

Actualmente, unas 40 empresas —de origen canadiense, australiano, chino, británico, francés, estadounidense, coreano y nacional— operan en el país en distintas etapas, desde prospección hasta producción. Sólo ocho son argentinas y una, YPF, es estatal.

La presencia de firmas globales como Río Tinto, la francesa Eramet y asociaciones como la de Toyota Tsusho con JEMSE refleja el atractivo del litio argentino, pero también la necesidad de un marco regulatorio robusto que garantice transparencia. El caso del proyecto Centenario-Ratones, operado por Eramet en Salta, involucró una inversión estimada de USD 595 millones y una capacidad de producción de 24.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. Por su parte, Río Tinto destinó más de USD 110 millones al desarrollo inicial del proyecto Fénix y proyecta una expansión a 60.000 toneladas anuales para 2030.

El ciclo del litio impone exigencias de planificación e institucionalidad. Cuando el precio internacional varía, la inversión responde de inmediato y la calidad del marco normativo se vuelve un diferencial para sostener proyectos a largo plazo. Además, la “fiebre del litio” dejó de jugarse solo en volumen y pasó a depender de la reputación y del acceso a cadenas globales que exigen trazabilidad, certificaciones ambientales y producción ética.

Las recomendaciones de la Fundación Libertad incluyen modernizar el marco fiscal y aduanero, fortalecer la coordinación a través de la Mesa del Litio, formalizar criterios mínimos para la participación estatal provincial y avanzar en la adhesión a la EITI con criterios específicos para el litio. También sugieren el desarrollo de proveedores nacionales, la financiación de infraestructura minera mediante esquemas público-privados y la incorporación de estándares internacionales de transparencia.

Regalías

La gestión de las regalías permanece como un eje de discusión. La legislación nacional fija un techo, pero la experiencia muestra que la negociación provincial y la falta de esquemas transparentes generan volatilidad y debilitan el desarrollo regional. La previsibilidad y la transparencia en la captura y el uso de rentas funcionan como filtros para orientar inversiones de largo plazo, desalentar estrategias de corto plazo y promover una minería con estándares ambientales y sociales reconocidos internacionalmente.

El capital que llega al país también varía en su calidad. El capital “constructivo” apuesta al largo plazo y cumple estándares rigurosos, mientras que el “corrosivo” prioriza el corto plazo y la mera extracción de renta. La credibilidad de las reglas de juego marca la diferencia entre ambos. Alteraciones en condiciones garantizadas, como cambios tributarios sobre proyectos ya en marcha, afectaron la confianza y elevaron la prima de riesgo país.

Entre las propuestas para fortalecer el sector se destacan la implementación de auditorías conjuntas entre organismos fiscales y aduaneros, la creación de registros nacionales de ingresos fiscales del litio, la profesionalización de equipos técnicos provinciales y nacionales, y la articulación con organismos internacionales como el CIAT y la OMA para mejorar la trazabilidad y la fiscalización de exportaciones.

La industria del litio en Argentina muestra un crecimiento acelerado en términos de inversiones, diversidad de actores y expansión de proyectos, pero convive con fragilidades institucionales y productivas. El país permanece en una “zona gris” de alta incertidumbre legal y bajo impacto duradero, mientras los actores del sector debaten el rumbo y las condiciones para transformar el “oro blanco” en desarrollo tangible.