El segundo trimestre ya comentó a traer los dólares de la cosecha gruesa y, con ello, el momento de mayor ingreso de divisas del año. La llegada de los agrodólares aportará lo suyo al mercado de cambios pero en un escenario cambiario bien diferente al de 2025: el precio del dólar tiende a ser estable e incluso a caer mientras la inflación sigue rondando el 3% mensual, según las proyecciones conocidas esta semana. De esa forma, una oferta intensa de dólares del campo ayudar a acentuar el escenario actual y empujará la apreciación del tipo de cambio.
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central no deja dudas sobre lo que esperan los analistas. En el último año, todas las estimaciones de inflación fueron corregidas al alza en forma sistemática. En abril de 2025, los expertos espereban que la inflación interanual de diciembre de 2026 sea del 17,8%. Esta semana, el REM informó que espera un 29,4%. Por lo menos hasta julio, el índice inflacionario mensual será de 2%; sólo un mes atrás, el REM esperaba 1,7%.
Los analistas mantienen una perspectiva de una inflación sostenida para los próximos meses, en base a tarifas y otros precios relativos por corregir y a la incertidumbre que trajo la guerra en Medio Oriente. El aumento en el precio de los combustibles trae efectos directos e indirectos sobre la inflación.
En paralelo, las previsiones del REM cada vez se alejan más de la posibilidad de un salto en el dólar. Un año atrás, las proyecciones indicaban que el dólar en diciembre de 2026 costaría $1.542. En septiembre de 2025, se esperaba para esa fecha un dólar de casi $1.800. Pese a la inflación transcurrida, la última proyección del REM cayó a $1.700,10 para el final del año.
La semana que terminó dejó al dólar por debajo de los $1.400 en el Banco Nación, aún cuando el BCRA no afloja con las compras, que ya superan los USD 5.000 millones en lo que va el año. El viernes se llevó otros USD 457 millones.
Un informe de TSA Bursátil destaca que el “deterioro en las expectaitvas inflacionarias”, la proyección de un dólar a $1.700 para diciembre y de una suba del PBI del 3,3% para el año, los tres datos surgidos del REM, “sugieren un escenario de recuperación heterogénea en la actividad, combinado con una nominalidad más persistente de lo previamente anticipado”.
Los dólares del campo
Los dos grandes motores de la oferta de divisas, la deuda en dólares tomada por las empresas y el superávit comercial, recibirán ahora un impulso aún mayor con la cosecha gruesa que promete ser “igual o incluso mayor” que en los últimos años, según explicó a Infobae el consultor Javier Preciado Patiño.
Su estimación es que este segundo trimestre del año traerá entre USD 7.000 y USD 7.500 millones del agro al mercado cambiario. Preciado Patiño recordó que en 2025 fueron USD 9.200 millones, pero con la baja temporal de retenciones. En 2024, ingresaron USD 6.500 millones.
Para llegar a ese pronóstico todo juega a favor, hasta la guerra en Medio Oriente, que está empujando hacia arriba el precio de los granos. “Tenemos una supercosecha de maíz, con un saldo exportable de más de 40 millones de toneladas, con 12 ya anotadas para embarcar en marzo/abril, que se puede correr a mayo. Y una cosecha de soja que puede llegar a los 50 millones de toneladas, con exportaciones de aceite y harina registradas dentro de lo normal para abril”.
“La única duda es si el productor va a vender o va a retener. Por ahora, parece que el poder está del lado de la demanda y no de la oferta, así que deberiamos ver una liquidación normal”, señaló Preciado Patiño.
El efecto de las “retenciones cero” de septiembre, por el que los exportadores adelantaron USD 7.200 millones antes de las elecciones, ya terminó, según Preciado Patiño. Por lo tanto en abril el mercado funciona con esa medida ya neutralizada. Tampoco se espera que haya cambios en materia de retenciones ya que “hay un compromiso con EEUU de no hacer otra baja temporaria y, además, el Gobierno no parece en condiciones de resignar recaudación, ya que viene hace ocho meses en caída”.
El escenario de un dólar avanzando a un ritmo mucho más lento que el de la inflación, tal como en los últimos meses, tenderá a acentuarse en los próximos tres meses con el ingreso de más agrodólares, aún con el dólar planchado. El Gobierno conseguirá así enfrentar su próximo compromiso con los deudores privados, el 9 de julio, a la vez que intentará la acumulación de reservas.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que su país propuso a Rusia extender el alto el fuego en medio de la invasión al territorio ucraniano tras la celebración de la Pascua ortodoxa. Por este motivo, sostuvo que sus Fuerzas de Defensa solo responderán en caso de que las tropas rusas violen la tregua.
En un discurso publicado vía redes sociales, el mandatario señaló: “Ayer y hoy hablamos en detalle con el Comandante en Jefe, el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, así como con el Servicio de Seguridad de Ucrania, sobre los regímenes de silencio, ahora con motivo de la Pascua. Ucrania lo ha propuesto en repetidas ocasiones. Y es bueno que haya dado resultado. La Pascua debe ser un tiempo de seguridad, un tiempo de paz. Sería conveniente que el alto el fuego continuara. Le hicimos esta propuesta a Rusia”.
Zelensky advirtió que, si Rusia opta por continuar la guerra, “esto demostrará una vez más al mundo entero y a Estados Unidos a quién quiere realmente y qué quiere”. Añadió: “Si no hay ataques rusos, no responderemos. Recordamos lo sucedido en situaciones similares y sabemos perfectamente con quién nos enfrentamos. Si no hay misiles ni drones rusos, también guardaremos silencio en el cielo. Las tareas en el frente son similares, pero cada unidad ucraniana tiene derecho a responder”.
El presidente señaló que la propuesta de prolongar el alto el fuego ya fue transmitida a las autoridades rusas. Por su parte, el Kremlin informó que el presidente Vladimir Putin declaró una “tregua de Pascua” que permanecerá vigente desde las 16:00 horas del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril de 2026.
En contracara a la iniciativa por la pacificación de Zelensky, el mando militar de Ucrania reportó 469 violaciones del alto el fuego pocas horas después de la entrada en vigor de la tregua. El Estado Mayor del Ejército ucraniano, mediante una publicación en Facebook, detalló que desde el inicio de la tregua se registraron acciones hostiles, incluidas ofensivas terrestres, bombardeos aéreos y ataques con drones.
El cese de hostilidades comenzó a las 16:00, hora local, del sábado, tras semanas de gestiones diplomáticas y declaraciones públicas de ambas partes. Este acuerdo representa el cuarto intento formal de alto el fuego desde el inicio del conflicto a gran escala en febrero de 2022.
Las autoridades militares ucranianas advirtieron que responderían de inmediato ante cualquier violación, y Zelensky afirmó en sus redes sociales que la reacción sería “simétrica” a los ataques rusos.
Por los ataques de Rusia hubo al menos 15 heridos en la región de Donetsk: 11 se encontraban en Kramatorsk, dos en Druzhkivka, uno en Dobropillya y otro en Sloviansk. El sábado, cuatro personas murieron, tres en la región de Kherson y una más en Sumy.
Las autoridades locales informaron que personal militar ruso atacó infraestructuras críticas y civiles, dañando zonas residenciales en varios asentamientos. Los bombardeos provocaron daños en 8 edificios de gran altura y 16 casas particulares. También se reportaron daños a un edificio de hotel, locales comerciales, una gasolinera, un gasoducto, una dependencia anexa, vehículos civiles, un minibús y un trolebús.
Además, un dron ruso impactó contra un vehículo en la comunidad de Glukhiv, Sumy. ”Tres paramédicos resultaron heridos. Recibieron asistencia de inmediato. No hay peligro para la vida”, detalló Oleg Hrygorov, jefe de la administración regional de Sumy.
Una mujer de 29 años falleció en el hospital tras resultar gravemente herida a consecuencia de un bombardeo enemigo en la región de Shostka”, agregó el mandatario de la región atacada por Rusia.
El juez Carlos Mahiques fue citado el próximo jueves al Senado para defender el pliego enviado por el gobierno nacional que pretende que permanezca cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. Al ser padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, su situación no es sencilla: dos de las organizaciones más reconocidas en el ámbito judicial —la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)— impugnaron el pliego. Desde el oficialismo legislativo, en cambio, aseguran que cuenta con los votos necesarios para que el magistrado, que cumplirá 75 años en noviembre, continúe en el cargo.
Mahiques deberá presentarse el jueves a las 10 en la Comisión de Acuerdos, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto. El presidente Javier Milei envió su pliego en febrero, pocas semanas antes de que Juan Bautista Mahiques fuera designado ministro de Justicia a instancias de Karina Milei. Tanto ACIJ como INECIP presentaron de manera conjunta ante la comisión una impugnación al pliego que busca otorgar un “nuevo nombramiento” a Mahiques. Las organizaciones sostienen que la medida es inconstitucional porque, según plantearon en un escrito, Mahiques nunca fue designado para ese cargo federal mediante el procedimiento previsto por la Constitución.
En 2013, Mahiques fue designado juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires. Había sido ternado por el Consejo de la Magistratura y luego propuesto por el Poder Ejecutivo; esa postulación fue aprobada por el Senado, tal como exige el artículo 99, inciso 4, de la Constitución. Sin embargo, cuatro años después —y con la única solicitud del propio magistrado y la conformidad del Consejo— el entonces presidente Mauricio Macri ordenó su traslado a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país después de la Corte Suprema. En 2018, ese traslado fue convalidado por la Cámara alta.
Transcurridos nueve años, Mahiques está próximo a cumplir 75 años, por lo que necesita que el Poder Ejecutivo renueve su “nombramiento”. “Lo cierto es que técnicamente nunca fue designado para el cargo que actualmente ocupa en la justicia federal. Esto, por una razón simple: no cumplió las etapas del proceso constitucional para acceder a la judicatura, que exige atravesar un concurso ante el Consejo de la Magistratura, ser seleccionado por el Poder Ejecutivo y obtener un acuerdo del Senado. Las había cumplido para su primer cargo en el fuero ordinario de la Capital Federal, pero no para el federal”, señaló ACIJ en un comunicado.
Los traslados constituyen, según advierten las organizaciones, una vía irregular de selección de jueces y juezas que no está prevista ni en la Constitución ni en ninguna ley. “Por sus características, suponen un riesgo para la independencia judicial, la idoneidad y para garantías como la de juez natural, al permitir al Poder Ejecutivo la designación de magistrados en cargos para los cuales no concursaron, así como el movimiento de jueces entre tribunales según los casos que tenga cada uno”, alertaron ACIJ e INECIP.
Según las ONG, Mahiques concursó para ser designado juez nacional, pero el traslado se concretó para un cargo en la justicia federal; por eso remarcaron que se trata de jurisdicciones distintas: la justicia nacional tiene competencia ordinaria en materia penal, mientras que la federal es una jurisdicción de excepción que interviene únicamente cuando están en juego intereses federales. Además citaron el precedente “Bertuzzi” de la Corte, que sostiene que los traslados son actos provisorios que “en modo alguno pueden equipararse a los nombramientos”.
“Si Carlos Mahiques no fue nombrado, sino que apenas fue trasladado provisoriamente, no se comprende cómo podría renovarse su nombramiento. El hecho de que hayan transcurrido 9 años no altera esta conclusión. La única forma en la que podría continuar en la Cámara Federal de Casación Penal sería presentándose al concurso que el Consejo de la Magistratura inicie para cubrir la vacante y quedando ternado, para que luego continúe el procedimiento ante los poderes Ejecutivo y Legislativo”, subrayaron.
La Constitución establece que los jueces cesan en sus funciones al cumplir 75 años, salvo que el Ejecutivo los vuelva a nombrar por cinco años más con el aval del Senado. En 2024, por ejemplo, se aplicó esa prórroga a Jorge Morán, vocal de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, y a Roberto Hornos, vocal de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. En cambio, no se prorrogó el mandato del juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, que cumplió 75 años en diciembre de 2024. Tampoco se extendió el mandato de Stella Maris Martínez, la ex defensora general de la Nación, que al cumplir 75 años en febrero pasado debió dejar su cargo.
La abadía de Arbroath es uno de los monumentos medievales más visitados de Escocia y una de las atracciones históricas de Europa. Fundada en 1178 por Guillermo I de Escocia, conocido como William the Lion, este complejo monástico refleja más de 840 años de historia vinculada a la religión, la política y la identidad nacional escocesa.
Aunque hoy su estructura principal permanece en ruinas, la abadía sigue abierta al público y representa una pieza esencial del patrimonio europeo.
Ubicada en la ciudad de Arbroath, en la costa oriental de Escocia, la abadía fue establecida para una comunidad de monjes tironenses procedentes de Kelso Abbey, con el objetivo de honrar la memoria de Thomas Becket, arzobispo de Canterbury asesinado en 1170, reforzar la autoridad real en el noreste del país y consolidar el derecho de Guillermo I a gobernar el reino.
El monarca fue enterrado allí en 1214, frente al altar mayor, lo que lo consolidó como centro de poder religioso y político. Durante la Baja Edad Media, el complejo acumuló tierras e ingresos y ocupó una posición relevante, considerado uno de los monasterios más influyentes de Escocia. Sin embargo, las reformas religiosas del siglo XVI, junto con conflictos y daños materiales, marcaron su declive.
Actualmente, gran parte de la estructura original permanece en ruinas, pero su tamaño y su historia reciben a visitantes de todo el mundo.
La abadía de Arbroath se destaca por estar vinculada a eventos históricos clave de Escocia, como la Declaración de Arbroath de 1320, documento en el que nobles y clérigos solicitaron al papa el reconocimiento de la independencia del país y de Robert the Bruce como monarca legítimo, lo que convirtió al lugar en un punto central para la definición de la soberanía escocesa en el contexto europeo.
El legado arquitectónico y político
A pesar del deterioro de los siglos, las dimensiones de la iglesia y el conjunto resultan significativas para quienes la visitan. De acuerdo con informes de Historic Environment Scotland, la entidad oficial encargada de su conservación, el recinto “sigue siendo uno de los complejos monásticos mejor documentados y más influyentes de la Edad Media en Escocia”. Las ruinas permiten identificar sectores originales de la iglesia, el frente occidental y la gran ventana circular, lo que evidencia la escala original del conjunto.
La abadía también es citada por su relevancia en momentos clavea de la historia escocesa. El 6 de abril de 1320, en su interior, se firmó la famosa Declaración de Arbroath, un texto que afirma: “No luchamos por la gloria, ni por la riqueza, ni por los honores, sino solo por la libertad, que ningún hombre recto abandona salvo con la vida”.
Este pasaje, ampliamente citado por historiadores y autoridades patrimoniales, es considerado por la revista histórica History Scotland como “la más elocuente expresión medieval de la voluntad de independencia”.
La conservación del sitio está actualmente bajo la responsabilidad de Historic Environment Scotland, que ha implementado medidas preventivas y circuitos interpretativos. Según la entidad, los espacios internos permanecen cerrados temporalmente debido a inspecciones de mampostería y restricciones de seguridad, mientras que el New Scriptorium solo abre durante eventos y talleres especiales.
Pese a estas limitaciones, la visita sigue siendo posible y permite acceder a los sectores esenciales de la abadía y su entorno histórico.
Acceso y experiencia del visitante
La abadía de Arbroath es hoy un destino patrimonial destacado del país. Ubicada en pleno centro urbano, su acceso es sencillo para quienes recorren la región oriental de Escocia. El recinto dispone de un centro de visitantes, paneles informativos y recursos multimedia para contextualizar la historia del lugar dentro del marco europeo.
Según información oficial publicada por Historic Environment Scotland, el circuito de visita incluye áreas exteriores, jardines y puntos panorámicos desde los cuales se pueden observar los principales restos arquitectónicos. Las tarifas, horarios y condiciones de acceso se actualizan periódicamente en el portal oficial de la entidad, que recomienda consultar previamente antes de programar la visita.
Entre las singularidades del sitio destaca su antigüedad: han pasado más de 840 años desde su fundación y la abadía permanece abierta al público. La relación directa con la Declaración de Arbroath la convierte en un punto de interés para quienes estudian la independencia y la formación del Estado escocés.
Significado cultural y proyección
La influencia de la abadía de Arbroath va más allá del entorno local. Especialistas en patrimonio europeo, como el historiador escocés Richard Oram, explican que “la conservación de estos sitios permite comprender la articulación entre poder, religión y cultura en la Edad Media”. A su vez, la inclusión del conjunto en circuitos turísticos internacionales refuerza la visibilidad de Escocia como destino para el turismo cultural.
Autoridades locales y organizaciones patrimoniales destacan que la abadía representa “un cruce entre religión, poder, memoria política y turismo”, según detalla la guía oficial de la oficina nacional de turismo VisitScotland. Esta combinación, junto a las dimensiones de las ruinas y su ubicación estratégica, explica por qué Arbroath mantiene su relevancia en la historia de Europa.
El principal negocio que tiene la Argentina con las exportaciones de carne vacuna, esto es a China, Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y Chile, no se verá afectado por la pérdida de la condición de libre de scrapie desde ayer con la detección de esta enfermedad neurodegenerativa que, si bien registrada en ovinos, puede tener coletazos en otras actividades debido a su inclusión en protocolos y acuerdos sanitarios firmados donde se mencionaba la palabra libre. En ovinos la detección generó una mezcla de sorpresa y preocupación por el efecto para la actividad.
En 2025, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el complejo de carnes y cueros bovinos aportó exportaciones por US$4727 millones de dólares. De eso el 82% fue carne en sus diversos formatos.
Ayer, casi en paralelo a que el gobierno nacional apuraba la comunicación oficial para reconocer el resultado positivo en ovinos reproductores importados en 2021 y 2022 desde Paraguay en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos, los frigoríficos exportadores, agrupados en el Consorcio ABC, se metieron de lleno a realizar un análisis de la situación. El día anterior, el viernes por la noche, cuando ya circulaban documentos internos del Senasa sobre la pérdida de la condición de libre de scrapie, había inquietud sobre el real impacto de la enfermedad para el comercio exterior de carne vacuna. Por eso se acordó un contacto urgente entre los frigoríficos exportadores con un experto propio de muy buen entendimiento de la normativa del Senasa y cómo actuar.
El complejo de carnes y cueros bovinos aportó exportaciones por US$4727 millones de dólares. De eso el 82% fue carne en sus diversos formatos[e]MARTIN ZAVALA – XinHua
“Cero impacto en carne bovina y fuerte impacto en harina de carne”, resumió un importante empresario sobre la evaluación del efecto del scrapie para la exportación. Otro industrial del negocio fue más preciso: “Para aclarar, afecta la harina de carne y hueso a China, Vietnam y otros países. Esto es lo más afectado”. Después puso en orden de importancia en impacto la carne y la harina a Brasil y rabos a Sudáfrica.
En otro orden, luego detalló: “No afecta la carne a China, Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y Chile”. La definición es muy importante: por esos mercados circula la mayoría de los envíos argentinos de carne vacuna como tal. China, por ejemplo, es el comprador número uno en volumen con un nivel de compras en torno del 70% de las ventas al exterior. Es un destino donde la carne de la vaca que finalizó su ciclo reproductivo encontró una demanda atractiva. Ese tipo de carne no paga retenciones mientras la de novillo tributa un 5%. “Está a salvo”, se entusiasmó una fuente. “Estamos bien”, agregó otra.
Sin embargo, la lupa está puesta sobre la denominada harina de carme y de hueso, un negocio que se tornó en lucrativo para varios frigoríficos que comenzaron hace unos años a explorar esa alternativa de proveer un producto para la alimentación del ganado. En 2025 el rubro harinas, polvos, pellets de carne y despojos fue el 3,3% de las ventas al exterior en valor del complejo carne y cueros.
Ovejas DorperLGAndrade
¿Por qué una enfermedad de los ovinos puede llegar a tener algún efecto sobre la carne vacuna o algo como la harina de hueso? Según diversas fuentes consultadas, esto es así porque la condición libre de la enfermedad figuraba en los certificados sanitarios o en los protocolos donde, entre otras, se definía que el país tenía también la ventaja de no contar con scrapie.
De acuerdo con la información que obtuvo este medio, para la certificación de la exportación de harina de carne y hueso a China como cláusula se fijó que la Argentina se encuentra libre de las siguientes enfermedades: peste bovina, plerineumonía contagiosa bovina, fiebre porcina africana, Encefalopatía Espongiforme Bovina, scrapie, dermatosis nodular contagiosa, y fiebre aftosa, entre otras.
Hasta ahora, la Argentina no puede vender a Japón carne vacuna producida al norte de la Patagonia en las zonas con vacunación contra la aftosa. En cambio, sí lo puede hacer desde la Patagonia, que es libre de la enfermedad sin vacunación. En este marco, para el caso de los ovinos se fijó que los animales faenados para producir carne y demás productos con destino a exportación hacia Japón deben haber nacido y haberse criado en un rebaño que nunca haya presentado casos confirmados de tembladera. Esta última palabra es el nombre común para scrapie.
En ese contexto, según contaron, ahora viene una tarea del Senasa de hablar con diversos mercados para ver cómo resolver individualmente esa mención a scrapie. “Con Brasil se puede solucionar esta misma semana”, se entusiasmó un empresario.
En la comunicación oficial sobre la detección de la enfermedad se indicó que “el Senasa se encuentra trabajando en la adecuación de los certificados de exportación a fin de garantizar la continuidad de los mercados internacionales y evitar disrupciones en los envíos”. Dicho de otro modo, el organismo busca amortiguar y negociar cualquier impacto en el comercio exterior.
“La Argentina manifestará a los países su intención de continuar exportando productos seguros, a fin de sostener los mercados internacionales bajo condiciones sanitarias adecuadas, como embriones, cueros y pieles, gelatina, colágeno, sebo y sus derivados, así como lana y fibra ovina. En cuanto a la carne ovina y caprina, también se las considera mercancías seguras siempre que se retiren previamente los tejidos de riesgo, conforme a los estándares sanitarios internacionales”, detalló el Senasa.
El Senasa reconoció la presencia de scrapie
Según el organismo sanitario, “para el resto de los productos, como ovinos y caprinos en pie, harinas proteicas y lácteos de estas especies, se propondrá la aplicación de medidas de mitigación específicas, de acuerdo con las recomendaciones de la OMSA [Organización Mundial de la Salud Animal] para cada tipo de mercancía”.
Axel Kicillof empieza a sortear el límite bonaerense y se prepara para dar un paso más en la construcción de un posicionamiento nacional: cruzará el alambrado provincial para convertirse en una voz de referencia de un reclamo que ya no es solo del territorio que gobierna, sino de un conjunto de intendentes cada vez más asfixiados por la falta de recursos.
Este martes habrá una puesta en escena pensada para incomodar a la gestión de Javier Milei y al ministro Luis Caputo, pero también para mostrar volumen político: una convocatoria amplia de jefes comunales de distintas provincias que firmarán un documento y lo llevarán en mano hasta el Ministerio de Economía, con una foto que busca visibilizar el conflicto.
La secuencia armada llevará a los dirigentes a hacer la entrega formal en mesa de entrada de la cartera que comanda Caputo. Allí se sumará Kicillof, que dejará su sello para validar el pedido que viene planificando el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.
No es un dato menor quiénes estarán: habrá alcaldes de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Chaco, Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, Tierra del Fuego, San Luis y Jujuy. Un mapa político amplio que empieza a darle volumen nacional a un reclamo por fondos que se vuelve cada vez más desesperante para los intendentes. Kicillof se posicionará así no solo como representante de los dirigentes de la provincia que gobierna, sino también como un referente frente a otros jefes comunales que no son escuchados por sus gobernadores por ser aliados del gobierno libertario.
El documento que presentarán pone el foco en el precio de los combustibles. Según el informe que elaboró el Instituto Argentina Grande que comanda el ministro de Obras Públicas de la provincia, Gabriel Katopodis, desde la asunción de Milei la nafta aumentó un 542,7%, muy por encima de la inflación (292%) y de los salarios (288%).
En lo que va de 2026, el incremento ya alcanza el 24% y podría volver a subir en mayo. El precio pasó de $ 1.657 en febrero a más de $ 2.000 por litro en abril.
Uno de los puntos más sensibles es la estructura del precio, aproximadamente el 50%, depende de variables internas, donde el peso de los impuestos es central. En términos concretos, de un litro a $ 2.000, unos $ 400 son carga tributaria.
Por ley, el 28,5% de lo recaudado debería destinarse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, con un 50% para rutas nacionales y un 4,31% para infraestructura hídrica. Sin embargo, los intendentes denunciarán que esos fondos no se ejecutan.
El informe calcula que el Estado nacional recaudó $ 6,1 billones en dos años y cuatro meses por impuestos vinculados a infraestructura (incluyendo el ex impuesto PAIS y el ICL), sin que se traduzcan en obras.
El documento también incorpora comparaciones internacionales. Argentina aparece entre los 33 países con mayores subas de precios tras la crisis energética global, pero con aumentos superiores a los de países comparables como Brasil (+7,6%), México (+9,8%) o Colombia (-0,7%). Hoy el litro cuesta en promedio US$ 1,42, más caro que en Estados Unidos (US$ 1,09) y Brasil (US$ 1,31), pese a que Argentina es productora de petróleo.
Uno de los ejes centrales del reclamo es la infraestructura. Según el relevamiento, hay más de 2 mil obras paralizadas en el país y cerca de mil en la provincia de Buenos Aires. El informe advierte que no se construyó ni un kilómetro de ruta en más de dos años.
El trasfondo de los números tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires estima que perdió más de $ 22 billones desde diciembre de 2023 entre caída de recaudación, transferencias interrumpidas y obras paralizadas.
Solo por coparticipación, en febrero de 2026 recibió $ 100 mil millones menos que el año anterior. A nivel nacional, las provincias perdieron casi medio billón en ese mismo mes.
La caída no es puntual: la recaudación nacional lleva siete meses consecutivos en baja, con una contracción del 9,7% interanual en febrero y una caída del IVA superior al 14%. En paralelo, los municipios bonaerenses acumulan pérdidas por más de $ 1,07 billones vía coparticipación desde el inicio de la gestión.
En este contexto, Kicillof avanzó con una estrategia judicial ante la Corte Suprema de Justicia: El paquete incluye ocho demandas clave:
Fofofi: reclamo por $ 88.800 millones por la eliminación del fondo para seguridad
Fonid: unos $ 42 mil millones por el incentivo docente.
Transporte: $ 5 mil millones por subsidios al interior.
Anses: el más grande, con $ 681 mil millones por el déficit previsional.
SUBE: amparo por la quita de compensaciones.
Bosques Nativos: $ 400 millones.
Enargas: cuestionamiento a tasas en boletas de gas.
Consenso Fiscal: asciende a $ 2,2 billones actualizados.
Todas las causas están en trámite bajo competencia originaria, con pedidos de medidas cautelares, pero una de ellas se movió en las últimas semanas y podría tener novedades en diez días. Se trata del pedido por los fondos previsionales que debe transferir la Anses. La demanda que exige la restitución de los giros por el déficit de la caja jubilatoria no transferida tiene prevista una instancia clave con audiencia convocada para el 21 de abril por la Corte Suprema, en la que el gobierno provincial espera escuchar una propuesta por parte del Ejecutivo Nacional que implique la liberación de fondos.
Con ese telón de fondo y un gobierno nacional que empieza a sentir la presión ciudadana por la crisis económica ya indisimulable en la calle, Kicillof comienza a ampliar su rol provincial para convertirse en articulador de demandas territoriales. La foto del martes será uno de los primeros intentos de ordenar un frente federal frente al ajuste de la Casa Rosada.
Las ocho demandas claves que tiene la corte
◆ Reclamo por $ 88.800 millones por la eliminación del fondo para seguridad. ◆ Unos $ 42 mil millones por el incentivo docente, que fue anulado a través del FONID. ◆ Transporte: $ 5 mil millones por subsidios a los colectivos del interior. ◆ ANSES: es la controversia más grande. Llega a los 681 mil millones por el déficit previsional. ◆ SUBE: hay un amparo presentado por la quita de compensaciones ◆ Bosques Nativos: $ 400 millones para compensar- ◆ Enargas: cuestionamiento a tasas en boletas de gas. ◆ Consenso Fiscal: asciende a $ 2,2 billones actualizados.
Luego del pico alcanzado tras la victoria legislativa, el Gobierno fue perdiendo respaldo. La suba de la inflación, caída de ventas en el mercado local, aumento de la morosidad y un aumento del desempleo claramente jugaron en contra. Pero a eso se le sumaron varios escándalos que degradan el combate a la casta que pregona desde antes de la campaña presidencial Javier Milei. El Presidente optó por defender a Manuel Adorni a pesar del fuerte rechazo generado por sus conductas y la falta de respuestas adecuadas.
Marzo resultó un mes complicado para la Casa Rosada, también en lo económico. La guerra en el Golfo Pérsico pegó de rebote con una suba de 20% en la nafta. El índice de inflación, que se divulgará el martes estaría en torno al 3% (como en la ciudad de Buenos Aires), pero algunos reportes como el de Balanz y el de FMyA creen que podría estirarse incluso al 3,2%. Los salarios pierden poder adquisitivo y eso se siente en una merma de consumo.
La consultora Empiria, del ex ministro Hernán Lacunza, midió que el “ingreso disponible” cayó por quinto mes consecutivo. Esto significa que queda menos plata del sueldo para comprar lo básico.
Los salarios pierden poder adquisitivo y eso se siente en una merma de consumo
Otra historia
Abril es otra historia y la gran expectativa oficial es que aparezcan señales más claras de reactivación en la calle. Por ahora los sectores que traccionan los indicadores de actividad generan poco empleo: el campo principalmente, pero también la energía (ahora favorecida por la suba del petróleo) y la minería. El despegue en estos rubros es tan importante que alcanza para impulsar el PBI, aún cuando casi el 50% de la economía atraviesa una situación entre difícil o directamente crítica.
El mes arrancó con compras récord del Banco Central. En apenas seis jornadas hábiles ya compró más de US$ 1.000 M en tan solo seis jornadas, mientras que las reservas brutas subieron USD 1.700 millones. A medida que ingresen los dólares de la cosecha esta intervención podría incluso acelerarse.
En su viaje a Washington a mediados de esta semana para participar de la reunión de Primavera del FMI, Luis “Toto” Caputo buscará destrabar un desembolso del FMI por USD 1.000 millones, que se utilizaría para cancelar el vencimiento de Bopreales el 31 de mayo. Se trata del bono emitido por este gobierno para pagar la deuda con importadores que dejaron Alberto Fernández y Sergio Massa.
El descenso de la inflación desde abril (se calcula un 2,4%) sería clave para que los salarios empiecen a recuperar terreno perdido. De acuerdo a un relevamiento efectuado por el economista Fernando Marull las paritarias se están cerrando a un promedio de 3%. “Esto implicaría que los salarios le ganarían a la inflación por primera vez en siete meses”, agregó.
El Gobierno está jugado a conseguir un derrumbe de la inflación en los próximos meses. El dólar planchado debería ayudar para conseguir ese objetivo. Además, la tranquilidad cambiaria también es una invitación para que se ponga en marcha de una vez el plan de remonetización e la economía. Para eso, los pesos que emite el Central para comprar dólares no deberían ser reabsorbidos como hizo el Tesoro a lo largo del primer trimestre.
Los salarios podrían ganarle a la inflación por primera vez en siete meses
Otro foco de reactivación viene por el lado de la cosecha gruesa, que ya empezó a levantarse. Significa no solo un gran ingreso de dólares que ayuda a fortalecer el balance del Central. También implica más movimiento de camiones, carga de combustible y venta de neumáticos, entre otras cuestiones, que mueven la actividad.
La gran incógnita es hasta qué punto esta disponibilidad de divisas para el sector agropecuario se sentirá en las grandes ciudades. En otras palabras, hasta dónde llegará el derrame a los bolsillos. Ya hay muchas ciudades del interior que están viviendo una realidad muy diferente a la del Conurbano bonaerense, golpeado por los ingresos magros de las familias y el cierre de fábricas. Se trata de las que están en zonas cercanas a la zona agrícola núcleo o de Vaca Muerta.
Alivio de tasas
La fuerte baja de las tasas en pesos sobre todo para plazos cortos también es un alivio para las empresas que precisan descontar cheques para capital de trabajo. Esto implica que la situación de liquidez es adecuada y ya quedó atrás el súbito aumento que se produjo en la previa a las elecciones legislativas.
En aquel momento el Central subió los encajes a niveles récord, restringiendo al máximo la cantidad de dinero. Aquel apretón monetario provocó una fuerte suba de tasas y los bancos restringieron el otorgamiento de crédito.
Los niveles de atraso para el pago de los créditos ya venían aumentando en ese momento y alcanzaron un pico a principios de 2026. “La morosidad bancaria superó el 10% por primera vez en quince años y para entidades financieras no bancarias supera el 30%”, de acuerdo a un trabajo difundido por la consultora Empiria, a partir de los balances divulgados por las entidades en la web del Central.
En este caso, también se espera que haya tocado niveles máximos y que empiece a retroceder a partir de un mejor manejo de cartera por parte de las entidades, tasas un poco más accesibles y una recuperación gradual de los ingresos. La cuota de los préstamos ya representa el 25% de los ingresos familiares, según el mismo informe.
La perspectiva del fin de la guerra en el Golfo Pérsico es otra variable que debería jugar a favor de una reactivación. Lo más relevante es que aumentaría el apetito por activos de mercados emergentes y Argentina podría aprovecharlo. Crecen las chances en este escenario de una reducción del riesgo país, que podría volver sin tanto esfuerzo a la zona de los 500 puntos básicos.
Para el Gobierno las tasas siguen siendo altas para colocar deuda en el mercado internacional. Pero una mayor tranquilidad financiera permitirá que provincias como Mendoza finalmente acudan a financiarse, lo que representa otra fuente de acceso de dólares. Y lo mismo sucedería con emisiones corporativas.
Javier Milei precisa detener el deterioro de su imagen y tiene la oportunidad de lograrlo en estos meses. Según el monitor mensual de humor social que elabora la consultora Dalessio/Beresztein, las opiniones negativas sobre la gestión del gobierno subieron a un record de 57%, mientras que las positivas cayeron a 41%, la más baja desde que arrancó el gobierno libertario. Aún así se trata de niveles relativamente altos de apoyo pensando en las elecciones del año que viene.
Por eso, el principal desafío es frenar el deterioro y en lo posible impulsar una recuperación no solo en la imagen del gobierno sino además en las expectativas económicas.
Reactivación vs “riesgo kuka”
La necesidad de reactivar el consumo y de bajar el riesgo país que tiene el Gobierno choca, sin embargo, con otro escollo: ya se empezó a hablar de las elecciones presidenciales. Aunque falta casi un año y medio, el propio Caputo aseguró que serán “un paseo” para el oficialismo. Y al mismo tiempo Axel Kicillof realizó un llamado a la “unidad nacional” del peronismo.
“Me aterra lo que puede pasar en las elecciones del año que viene”, aseguró un administrador de cartera de Wall Street que pasó esta semana por Buenos Aires. La perspectiva de un regreso del kirchnerismo o de una versión no aggiornada del peronismo sigue espantando a los mercados, como quedó demostrado tras la victoria de los intendentes peronistas en septiembre pasado.
Por eso, el Gobierno se maneja con cautela extrema y ni quiere hablar de un eventual levantamiento del cepo cambiario. La batalla política del año próximo también se librará en el mercado cambiario, con el peligro de ponerle nuevamente un freno a la posible reactivación.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó que la delegación estadounidense no alcanzó un acuerdo con Irán en Islamabad para poner fin a la guerra en Medio Oriente y el régimen persa sostuvo que dicha resolución de las negociaciones fue producto de las “exigencias irrazonables” de Estados Unidos.
“La delegación iraní negoció de forma continua e intensa durante 21 horas para proteger los intereses nacionales del pueblo iraní; a pesar de las diversas iniciativas de la delegación iraní, las exigencias irrazonables de la parte estadounidense impidieron el avance de las negociaciones. Por lo tanto, las negociaciones concluyeron”, informó la cadena estatal IRIB en Telegram.
Horas antes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní sostuvo que las continuidad de las conversaciones para el domingo dependían de Estados Unidos. El vocero sostuvo que las demandas de Washington eran “excesivas” e “ilegales” para la delegación iraní.
“El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la parte contraria, de que se abstenga de hacer exigencias excesivas y peticiones ilegales, y de que acepte los derechos e intereses legítimos de Irán”, escribió Esmaeil Baqaei en X.
El portavoz también detalló cuáles fueron los puntos principales de los encuentros: “En las últimas 24 horas se han mantenido conversaciones sobre diversos aspectos de los principales temas de las negociaciones, entre ellos el estrecho de Ormuz, la cuestión nuclear, las reparaciones de guerra, el levantamiento de las sanciones y el fin definitivo de la guerra contra Irán y en la región”.
Antes de dar por concluida la ronda de negociaciones, el portavoz aseguró que Irán está “decidido a utilizar todos los medios, incluida la diplomacia, para asegurar los intereses nacionales y salvaguardar los intereses del país”.
El comunicado del vocero iraní se difundió apenas una hora antes de que el vicepresidente JD Vance anunciara la conclusión, sin acuerdo, de las conversaciones en Islamabad, subrayando que Washington presentó su “oferta final” tras un proceso de contactos intensos y múltiples reuniones entre ambas delegaciones.
Indicó que se van de Islamabad con una “propuesta muy simple”, que es la de “un método de entendimiento”, la que tildó de su “mejor y última oferta. Veremos si los iraníes la aceptan”, sin mencionar nada sobre la actual tregua de dos semanas.
Vance señaló que, pese a la duración de las negociaciones, no se lograron avances decisivos y defendió que Estados Unidos mantuvo posiciones claras durante todo el proceso, especialmente en relación a las líneas rojas sobre el programa nuclear iraní. A su vez, insistió en la necesidad de un compromiso “firme” y “a largo plazo” por parte de Teherán para renunciar al desarrollo de armas nucleares, al señalar que esa garantía aún no se produjo.
“El principal objetivo es buscar que no alcancen un arma nuclear”, sostuvo el vicepresidente norteamericano, al tiempo que aseveró que las instalaciones de enriquecimiento del régimen persa “fueron destruidas”, pero aclaró: “La pregunta es: ¿vemos un compromiso de no desarrollar un arma nuclea por un largo término?”, agregó.
El vicepresidente sostuvo que la administración estadounidense actuó con flexibilidad y de “buena fe”, aunque reconoció que la delegación iraní no aceptó las condiciones planteadas por Washington.
Previo a la conferencia de prensa de Vance, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que le resultaba “igual” si Estados Unidos e Irán alcanzaban un acuerdo de paz. “Si llegamos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es porque hemos ganado”, declaró ante periodistas. “Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente”, agregó.
Según la agencia de noticias iraní Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, la posibilidad de alcanzar un acuerdo dependió de que Estados Unidos modificara sus pedidos. El estrecho de Ormuz figuró entre los temas polémicos de las reuniones. La agencia señaló que los expertos de ambas delegaciones estuvieron trabajando para encontrar puntos en común y que el mediador pakistaní estuvo “tratando de resolver las diferencias y acercar las opiniones”.
—Usted fue el arquitecto del plan de dolarización que probablemente permitió a Javier Milei llegar a la presidencia, pero el Gobierno optó luego por fortalecer el peso. ¿Qué cambió entre aquel Milei candidato, y luego electo presidente, para abandonar la idea de la dolarización?
—Es una excelente pregunta. En realidad habría que hacérsela más a Milei que a mí. No hablé del tema con él, por lo que no puedo ofrecer una respuesta concreta y no quiero especular.
—¿Cómo hubiera sido? Por lo menos, cuéntenos como usted lo hubiera llevado adelante en ese diciembre de 2023.
—Para empezar, el plan que teníamos era gradual; no pensábamos en una dolarización inmediata. La población suele asociar la palabra “dolarización” con realidades muy distintas entre sí. Es un término genérico: como un sándwich, que puede ser de jamón y queso o de milanesa.
—Hay diferentes formas de dolarizar.
—En Ecuador no fue igual que en El Salvador; en El Salvador no fue igual que en Panamá. Y nada que ver con lo que pasó en Zimbabwe o con la adopción del euro por parte de varios países de la Unión Europea. La dolarización, en su esencia, es la adopción de una moneda extranjera como moneda de curso legal, es decir la sustitución de la moneda local por otra extranjera. Por eso el término genera confusión: existe una dolarización de jure y otra, que ya vivimos, de facto. Si uno mira las estadísticas del Indec, los argentinos tienen lo que se llama en moneda y depósito 257 mil millones de dólares. Si sumamos todos los depósitos privados en el sistema bancario argentino, hoy suman 75 mil millones de dólares, y la circulación monetaria es del orden de 18 mil millones de dólares. En conjunto, la cantidad de dólares efectiva que manejan los argentinos es varias veces la de pesos en circulación —cinco o seis veces, por dar una idea—, lo que muestra que la gente eligió al dólar como moneda, aunque no siempre esté dentro del sistema financiero formal. Esos dólares muchas veces están fuera del país, en cajas fuertes, debajo del colchón o en otro tipo de resguardos, y no integrados a la actividad productiva y comercial del país.
Lo que proponíamos era un esquema similar al de El Salvador: un sistema financiero operando íntegramente en dólares, mientras que el peso mantendría existencia para transacciones en efectivo durante un período de transición. La implementación requería varias acciones coordinadas —incluyendo conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, etc.— y todo ello quedó explicitado en un documento de trabajo de la Ucema con el proyecto de ley y las cuestiones legales desarrolladas; es material de dominio público para quien quiera revisar los detalles. Cada país tiene sus particularidades y no existe una receta única: había que estudiar lo que funcionó en otras experiencias, adaptarlo a la realidad argentina e integrar el dólar a los flujos económicos de forma abierta y conectada al mundo.
—Usted habrá leído seguramente que Milei recientemente, en un reportaje en Bloomberg, dijo que su estrategia consistía en tomar activos del Banco Central contra el Gobierno, para que luego esos títulos pasaran al mercado con la situación de hacernos de dólares para vender esos títulos. Pero dijo el Presidente: “Es probable que si hubiéramos hecho esta operación a los precios de mercado en aquel momento, creo que estaban a 16, 18, lo que hoy está a 50 y pico, la política hubiera dicho que había una estafa y nos hubiera acusado de algún negocio turbio y nos hubiera mandado a la cárcel”. ¿Es distinto lo que él plantea de lo que usted planteaba?
—Sí. De hecho, le advertí al Presidente justamente eso que él menciona. Nuestra propuesta no tenía nada que ver con la operación a la que alude. Lo que queríamos evitar era malvender activos o títulos públicos que, por el solo anuncio de una reforma, podían revalorizarse; no tenía sentido venderlos a precios bajos. Cuando se manejaron valores de ese orden —20 centavos entonces, y hoy varias veces más—, nuestra alternativa buscaba una ingeniería financiera más compleja, que demandaba cierto apoyo internacional y que hubiese creado para el mercado argentino un activo seguro, un título estructurado con garantías que permitiera al sistema financiero operar con menor riesgo. Si se quiere una analogía, la idea se parecía a la de los bonos Brady de la reestructuración de fines de los 80 y principios de los 90, aunque no era idéntica. Esa vía no prosperó, y quiero dejar claro que la propuesta de mi equipo no proponía malvender activos. Cuando el Presidente habló de “vendamos”, yo le dije: “No, este no es el camino, no nos conviene”.
LA DOLARIZACIÓN EN ARGENTINA. “La dolarización que nosotros vivimos, sin que el presidente Milei o ningún presidente la decida, es la dolarización que hemos hecho los argentinos. Esa es una dolarización de facto”. (FOTO MARCELO DUBINI)
—¿Es correcto decir que también se buscaba un apoyo de fondos del interior dispuestos a desembolsar alrededor de 30 mil millones de dólares dentro de su plan?
—No. Milei mencionó varias propuestas distintas para dolarizar; una de ellas tenía que ver con lo que usted trae, pero la que estaba en mi equipo era otra y no requería esa suma. Yo no estaba al tanto de todas las propuestas, solo de la que mi equipo venía trabajando.
—Le preguntaba porque más allá de que no era su propuesta, los 30 mil de alguna manera resuenan con los 20 mil de Bessent y lo escuché a usted en una exposición reciente decir que a lo mejor se podría haber dolarizado cuando vino Bessent a la Argentina. Me gustaría entonces, aunque sea contrafáctico, que nos contara cómo hubiera sido en el otoño del año pasado.
—La supuesta necesidad de dólares está sobredimensionada. Los países que han dolarizado no necesariamente lo hicieron con abundantes reservas en el Banco Central; el caso más citado es Ecuador, que dolarizó con el Fondo Monetario en contra y estando en default de su deuda externa, tras una crisis bancaria. Las magnitudes y las circunstancias varían, pero hay algo clave: los argentinos ya tienen muchos dólares. Es importante entender que la mayor parte del dinero que circula lo crea el sector privado a través del sistema financiero, no el Gobierno. Para poner números concretos: la circulación monetaria en términos de dólares son 18 mil millones, mientras que el M3 ronda los 120 mil millones de dólares. La diferencia la explica el multiplicador del sistema financiero, que expande créditos y depósitos. Técnicamente, la deuda directa del Gobierno en moneda relevante para este debate son esos 18 mil millones equivalentes; el resto son obligaciones del sistema bancario, es decir, depósitos.
Los sistemas financieros operan con reserva fraccionaria —una reserva que puede ser del orden del 10%, 15% o 20% de los depósitos— y funcionan habitualmente bajo esa regla sin que ello conduzca al colapso. Por eso la idea de que una dolarización necesariamente provocaría una corrida bancaria es, en mi opinión, un error. Si uno fija paridades por debajo del valor de mercado, claro que se genera demanda excedente de dólares y eso puede provocar tensiones; por eso insistí hasta el cansancio en que cualquier esquema de dolarización debía reflejar los valores de mercado. Si la paridad refleja el equilibrio de oferta y demanda, no hay motivo para una corrida generalizada.
Hay experiencias que ilustran esto: en Ecuador, cuando se estableció el plazo para canjear sucres por dólares, existía un riesgo real de que, pasado el límite, esos sucres valieran cero, lo que incentivó el canje; aun así, un tercio de los sucres no se presentó al 30 de junio y el gobierno tuvo que extender el plazo. Ese episodio desmiente el fantasma de que la gente saldría masivamente a vaciar los bancos por el solo anuncio de la dolarización. Hoy, por ejemplo, hay alrededor de 40 mil millones de dólares en los bancos; esa cifra no se traduce automáticamente en una corrida porque la economía necesita liquidez transaccional para pagar sueldos, impuestos y proveedores: si alguien retirara esos fondos y los enviara al exterior, necesitaría traerlos de vuelta para sostener la actividad.
—Siguiendo el planteo, tendrían que ser el encaje.
—En la Argentina los encajes de los depositantes son relativamente altos. El Banco Central posee hoy 14 mil millones de dólares en reservas netas según los cálculos de varios analistas, y del total de depósitos en dólares —alrededor de 38 o 39 mil millones— aproximadamente 15 mil millones están comprometidos en préstamos. Por eso, pese a que parezca que no existe respaldo completo de esos depósitos, la gente no actúa como pronosticaban los apocalípticos de noviembre de 2023. Mi idea era, en todo caso, disponer de una “vitirina” y de un martillo por si alguien intentaba provocar deliberadamente una corrida; pero eso no significa que la dolarización sea inviable. En El Salvador, el proceso que propuse tomó dos años y se hizo siempre a valores de mercado. Si se respeta el precio que fija la interacción entre oferta y demanda, no hay por qué alimentar el fantasma de la corrida.
—¿Existe todavía una ventana económica para dolarizar?
—Por supuesto. La ventana siempre estuvo abierta. El Gobierno eligió otro camino, pero la dolarización sigue siendo posible si se adapta a las circunstancias concretas. Por ejemplo, la relación con Estados Unidos hoy es mucho mejor que la que teníamos en noviembre de 2023; entonces algunas condiciones que eran inciertas en ese momento hoy ya no lo son.
—Hoy sería más fácil que en noviembre de 2023
—Mucho más fácil. Además, a la administración estadounidense actual le interesa la dolarización en el marco de su Programa de Integración de las Américas y por razones económicas: con sus déficits fiscales, a Estados Unidos le conviene una mayor demanda global por dólares. Desde una mirada geopolítica y económica, a EE. UU. le resulta conveniente que más países adopten el dólar.
—Usted sostuvo también que la viabilidad de una dolarización depende mucho más de la solidez fiscal que de las reservas del Banco Central, ¿puede ser que eso también haya contagiado a la actual administración económica respecto a que no son necesarias reservas?
—Son dos cuestiones distintas. El debate sobre si un régimen de tipo de cambio fijo o la dolarización permiten sostener déficits fiscales se ha discutido ampliamente. La evidencia muestra que algunos países han tenido flexibilidad fiscal bajo regímenes de tipo de cambio fijo; hay muchas variables en juego y resulta difícil hacer predicciones precisas. No buscaría una relación directa entre esa afirmación mía y la política actual del Gobierno: no tengo contactos con ellos, no hablo con el equipo económico y no ejerzo ninguna injerencia sobre sus decisiones.
—Usted pasó varios años como investigador asociado al Center for Strategic and International Studies de Washington, ¿cuánto la cuestión geopolítica es determinante para facilitar o dificultar un proceso de dolarización?
—Es muy importante. A fines de los 90, en Estados Unidos se discutió seriamente la dolarización para las Américas: hubo un proyecto en el Senado impulsado por el senador de Florida Connie Mack que proponía compensar a países por el señoreaje perdido si adoptaban el dólar. La discusión se interrumpió con la crisis argentina y quedó en suspenso hasta tiempos recientes, cuando volvió a cobrar fuerza en parte por Milei y otras circunstancias. La geopolítica juega: la decisión debe tomarse en función de las necesidades nacionales, no de intereses externos, pero coincidir con una visión favorable de Estados Unidos puede facilitar procesos y acuerdos internacionales.
—A ver si interpreto. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, afirmó que la dolarización que elimine una moneda argentina sería inconstitucional. ¿Su proyecto no eliminaría la moneda de Argentina?
—No necesariamente. Creo que Rosatti se equivoca en su interpretación; él conoce mucho de derecho, pero menos de las distintas formas de dolarización. Como ya dije, “dolarización” es un concepto amplio. La Argentina circuló en la segunda mitad del siglo XIX con múltiples monedas extranjeras que tenían curso legal; se podían pagar impuestos con ellas y eso nunca se consideró inconstitucional. La palabra “moneda nacional” no aparece en el texto constitucional originario. Alberdi, en su proyecto de Constitución, no contempló la figura del Banco Central como emisor exclusivo. Por eso afirmar de plano la inconstitucionalidad me parece una lectura anacrónica y poco ajustada a la práctica histórica. En un artículo en mi blog respondí con mayor extensión a la opinión de Rosatti; en esencia, creo que hablamos de cosas distintas.
—Curso legal.
—La Constitución no define expresamente el concepto de “curso legal” ni establece que deba existir una única moneda nacional. Entre 1852 y 1900 circularon en la Argentina monedas bolivianas, peruanas, españolas, etc., con curso legal fijado por ley y paridades establecidas, sin que eso fuera cuestionado como inconstitucional. Nuestra Constitución es la de 1853 con reformas; no hay en ella una prohibición tajante a esquemas distintos de moneda.
—Usted mencionaba la geopolítica y el contexto de fines de los 90 en que no solo la Argentina tenía convertibilidad. Brasil, la mayor economía latinoamericana, tenía una forma de convertibilidad con el Plan Real. En un contexto como usted decía, donde Estados Unidos miraba a América y que dejó de mirarla. ¿Por qué en Brasil se pudo salir de la paridad 1 a 1 con el dólar, que con sus diferencias podía tener alguna sensación de semidolarización, y en la Argentina no, y qué diferencia a los políticos brasileños que por lo menos hasta esa época eran tan o más irresponsables que los argentinos respecto del gasto público?
—Yo no lo atribuiría tanto al gasto público como al respeto por la ley. Una característica central de la Argentina es la anomia institucional: el Estado, cuya función es hacer cumplir la ley, suele ser el principal violador de la ley de forma impune. Un ejemplo elocuente fue la ley de intangibilidad de los depósitos aprobada en agosto de 2001 y que, pocos meses después, fue vulnerada con la pesificación asimétrica y las medidas de 2002 que implicaron la confiscación de ahorros. Ese quiebre del contrato tuvo efectos devastadores. Brasil no tuvo exactamente ese tipo de rompimiento institucional. Por eso la historia cuenta: si uno arma un modelo para explicar la prima de riesgo país con variables macroeconómicas, la historia previa de cada país pesa mucho; la trayectoria importa más que un solo indicador puntual.
—Usted recordará que era 1,40, que era el objetivo de aquella.
—40%.
—En Brasil fue mayor todavía porque fue a 1,85 y sin embargo resistió y luego llegó a 4.
—No fue una devaluación del 85% de una sola vez; hubo movimientos escalonados, pero lo central es que no se destruyeron contratos como ocurrió aquí. Ese tipo de decisiones —confiscatorias o que rompen las reglas del juego— es lo que deja secuelas profundas y explica por qué la Argentina no logró repetir la trayectoria de otros países.
—Permítame hacerle otro contrafáctico. El país logra hacer lo de Brasil, que distintos partidos de distinto signo mantengan un ordenamiento macroeconómico y respeto por las normas. Pasen 20 o 25 años y eso se instale y cambie la cultura. En ese punto, ¿es mejor tener una moneda como tiene Brasil y en ese caso la comparación a los 25 años sería mejor eso que la dolarización? ¿La dolarización es una ventaja en el corto plazo y una limitación a largo plazo?
—La dolarización es una ventaja si se plantea como libertad monetaria y no como imposición. No se trata de imponer el dólar, sino de reconocer la realidad de la dolarización de facto y permitir que la gente elija la moneda con la que quiere operar. John Stuart Mill ya criticaba la idea de la moneda como un símbolo nacional impositivo. Si estuviera en un país con estabilidad monetaria comprobada, no estaría proponiendo dolarizar; la dolarización es una respuesta a un problema concreto: en la Argentina llevamos décadas sin una moneda estable. Para nosotros la prioridad es permitir que la gente pueda elegir libremente su unidad de cuenta y que los instrumentos monetarios no dependan exclusivamente del Estado.
—Estaba planteando un contrafáctico simplemente como un análisis teórico. Si el problema no existiese, sería mejor tener moneda o adoptar la moneda de Estados Unidos. Y usted mismo me está dando la respuesta diciendo que está en contra incluso de que los Estados Unidos tenga el dólar.
—Exacto. Y recuerde que cuando existía el patrón oro, la moneda era el oro.
—¿Podríamos decir que la moneda es una cuestión geopolítica, y que por eso Europa tiene el euro, China tiene el renminbi y Estados Unidos el dólar?
—No tenemos que aspirar a un Estado utópico. Si estuviera en un país con estabilidad monetaria, donde los empresarios pueden estimar la rentabilidad de sus proyectos con relativa seguridad, no hablaría de dolarización. Pero la Argentina no es ese caso: desde la creación del Banco Nacional en 1826, han pasado 200 años de historia monetaria y en alrededor del 75% de ese tiempo hemos tenido episodios de depreciación. Esa trayectoria explica por qué estamos donde estamos hoy.
—Ahora usted pone el caso de Rivadavia, y lo escuché en una reciente conferencia suya, hablar de Ecuador, diciendo que Correa pudo hacer de todo menos traer la inflación. Ahora, desde el punto de vista de la irresponsabilidad fiscal de los políticos, podría ser lo mismo, porque pueden endeudarse, ¿no? El caso de Rivadavia.
—Pueden endeudarse y pueden hacer default. Correa, por ejemplo, hizo un default en 2008 que no era estrictamente necesario, y Ecuador también defaulteó en 2020 en circunstancias diferentes a las nuestras. Incluso administraciones subnacionales con dólar han incumplido. La ventaja de la dolarización es separar lo fiscal de lo monetario: una mala moneda mezcla ambos problemas y genera los incentivos perversos que conocemos. Aquí, diariamente la gente chequea el valor del dólar; esa realidad habla por sí misma.
—Hablemos entonces del sistema cambiario monetario del gobierno actual. Dejemos el revisionismo de lo que pasó. Cuénteme su propia visión de la economía argentina hoy.
—El Gobierno está haciendo un esfuerzo importante por desmantelar el esquema proteccionista y corporativista que ha predominado durante décadas, y en líneas generales apoyo las medidas de desregulación. No obstante, existen intereses muy poderosos que buscan preservar el statu quo. Además, el calendario electoral —con plazos cortos que obligan a gobernar y a hacer campaña alternadamente— complica la implementación y la maduración de reformas profundas: muchas transformaciones requieren tiempo para mostrar resultados, y la única reforma que se siente de inmediato es la monetaria. Por eso la estabilidad monetaria es la madre de todas las reformas: sin ella es muy difícil que la inversión privada retorne en términos sostenidos. La incertidumbre sobre el tipo de cambio futuro desalienta la inversión y fomenta la búsqueda de rentas mediante privilegios, protecciones o exenciones. El Gobierno está en el rumbo correcto en términos generales, aunque bajar una inflación mensual de 25%-30% a 3% es relativamente más fácil que pasar de 3% a 0,5% mensual; queda mucho por hacer.
—Permítame ponerlo en estos términos. Aquella idea de que el orden de los factores sí altera el producto. Por ejemplo, hay una discusión sobre que el Gobierno se equivocó al poner bandas. Así opina Arriazu por ejemplo, y que debería ir a dólar fijo. Hay quienes consideran que el Gobierno se equivocó e hizo mala praxis con un objetivo electoralista al liberar el cepo para las personas físicas y no a las jurídicas, alentando a que las personas compren mayor cantidad de dólares de lo que normalmente hubieran comprado. Le pido su evaluación técnica.
—Desde afuera siempre es más fácil opinar. Yo tengo mi posición y la he expresado públicamente: habría hecho otras cosas. Pero en el terreno técnico uno trabaja con probabilidades, no certezas. El equipo económico consideró —y considera— que el esquema de bandas puede funcionar; hay personas técnicamente sólidas y con capacidad allí. Yo prefiero darles la oportunidad de demostrar si su enfoque es acertado o no. Tengo una opinión distinta, pero respeto el marco democrático y la libertad de expresión en la discusión pública.
EL DIAGNÓSTICO MONETARIO. “Para poner los números concretos, hoy por hoy, la circulación monetaria son, en dólares equivalentes, 18 mil millones de dólares. Pero el M3 son 120 mil millones de dólares”. (FOTO MARCELO DUBINI)
—¿Qué haría?
—Hubiera dolarizado, sin duda.
—Ahora, inclusive.
—Incluso hoy, sin duda, aunque no tengo la bola de cristal. Se trata de evaluar probabilidades: hay escenarios donde este esquema puede funcionar, y la pregunta es qué probabilidad uno asigna a esos escenarios. Mis recomendaciones se basan en el estudio de la historia argentina y en la convicción de que la moneda es un elemento central para la estabilidad de largo plazo.
—¿Con qué la compara?
—Creo que el problema argentino es sistémico. Existen distintos modelos de capitalismo en el mundo; el nuestro es una mezcla que heredó rasgos corporativistas desde la época de Perón en 1945 y que condiciona la forma en que manejamos la economía. El intento más serio de reforma fue el de Menem en los 90 y lo que más contribuyó a su éxito fue la reforma monetaria. Milei intenta hoy algo parecido: abrir la economía e integrarla al mundo. Hay sectores que se benefician del proteccionismo y que resistirán los cambios; la cuestión es cómo reducir el costo de transición hacia una economía más abierta, teniendo en cuenta además el calendario electoral que obliga a gestos de corto plazo.
—Quería ir al caso de Brasil, a ver si le parece plausible esta idea, que es un gobierno de un partido aún mucho más a la izquierda del peronismo, que era el Partido de los Trabajadores, que incluso tiene en su escudo reminiscencias soviéticas, colocó al frente del Banco Central cuando asumió a una persona, podríamos decir de una concepción ortodoxa, que el equivalente en la Argentina sería el día que el peronismo pueda colocar al frente del Banco Central a una persona que transmita continuidad, ¿la dolarización no sería necesaria en ese caso?
—La anomia institucional es la otra cara de la inconsistencia temporal de la política económica. Los países tratan de resolver esto estableciendo reglas: por ejemplo, impedir la expansión monetaria para financiar déficit. Pero si las reglas se violan cuando conviene —y en la Argentina eso ha ocurrido repetidamente— la independencia formal de instituciones como el Banco Central se diluye en la práctica. Tenemos una carta orgánica del Banco Central que, aunque otorgó cierta autonomía, no ha bastado para garantizar independencia real; distintos estudios que puntúan las cartas orgánicas de bancos centrales sitúan la nuestra más cerca de un 50-60 sobre 100 en términos relativos, y de facto estamos en una situación de dependencia. Eso es anomia institucional: no respetamos nuestras propias reglas.
—Permítame hacerle otro contrafáctico. El país logra hacer lo de Brasil, que distintos partidos de distinto signo mantengan un ordenamiento macroeconómico y respeto por las normas. Pasen 20 o 25 años y eso se instale y cambie la cultura. En ese punto, ¿es mejor tener una moneda como tiene Brasil y en ese caso la comparación a los 25 años sería mejor eso que la dolarización? ¿La dolarización es una ventaja en el corto plazo y una limitación a largo plazo?
—La dolarización es una ventaja si se entiende como libertad monetaria y no como una imposición desde el Estado. Personalmente prefiero un sistema donde las personas puedan elegir su moneda. Si la Argentina llegara a consolidar durante décadas un marco institucional y macroeconómico confiable, probablemente la decisión de mantener una moneda propia sería totalmente sensata. Pero dada nuestra historia y la incapacidad recurrente de sostener reglas por largos periodos, la dolarización ofrece mayor probabilidad de estabilidad en horizontes de largo plazo.
—Sumo argumentos. En Brasil, la dictadura era dictablanda, se mantuvieron las elecciones para gobernadores e intendentes. En Brasil no se estatizaron los medios de comunicación. O sea, en Brasil, aun en la dictadura, se mantuvieron determinadas reglas.
—No soy el más indicado para hacer una comparación histórica detallada entre ambos países, pero sin duda esas diferencias institucionales que usted menciona influyen. No es casualidad que países como Chile o Perú hayan llegado donde están: es causalidad de décadas de políticas consistentes. Nosotros no hemos sido capaces de sostener ese camino; hay elementos institucionales y políticos que nos anquilosan y que dificultan replicar esas trayectorias.
El AmCham Summit, que organiza hace 8 años la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, se convirtió en uno de los eventos de negocios más importantes del país. Por peso propio y convocatoria, y en medio de la muy buena relación bilateral y el feeling personal entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, el encuentro reunirá el próximo martes a unos 1.500 líderes del sector privado, funcionarios nacionales y provinciales, referentes sindicales y del tercer sector, junto a representantes de grandes compañías como Aeropuertos Argentina, Citibank, Danone, Grupo Newsan, JP Morgan, PAE, Personal y Río Tinto Lithium entre otras.
En medio de un contexto económico global cruzado por el conflicto bélico en Irán y las tensiones de la política local, el lema de este año es “Una Argentina federal en desarrollo”.
Aunque aún no hubo confirmación oficial, los organizadores esperan que el evento sea cerrado por Milei.
En este contexto, Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, analizó en una charla con Infobae el objetivo de esta edición del encuentro empresarial, el momento económico y social del país, las condiciones para atraer inversiones y el vínculo bilateral con Estados Unidos. La cámara tiene 106 años en el país y nuclea más de 700 empresas que emplean a 420.000 personas y, afirma, aportan el 24% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 35% de las importaciones y el 45% de las exportaciones del país.
“El año pasado fue la competitividad y ahora el eje será el federalismo, porque está claro que el desarrollo argentino no se define sólo en los grandes centros urbanos. Los sectores con mayor potencial, como energía, minería y agroindustria, están distribuidos por todo el país. Hay que revisar hasta el propio fenómeno de la empleabilidad: vemos gente que viaja tres horas a un centro urbano, cuando el empleo nuevo se va a generar en provincias como Neuquén, Jujuy o Salta. Tras una estabilización macroeconómica que está parcialmente conseguida, la agenda pasa al desarrollo y a la necesidad de consensuar un modelo de país con políticas de crecimiento sectoriales y provinciales”, destacó este contador de la UBA que fue CEO de Natura y presidente de PepsiCo Argentina.
— El Gobierno parece tener muy claro cuál es ese modelo de país que quiere, aunque eso se contraste de manera muy fuerte con otras visiones.
— Sí, claro que lo tiene. Y hay contrastes visibles. Pero veníamos de una fuerte centralidad del gobierno nacional que condició desde las políticas comerciales para definir el precio de los productos de las empresas, hasta a quién se le daba el ATN.
“Hay que ver si el experimento funciona y, sobre todo, cómo lo avala la sociedad”
— ¿Cómo se compatibiliza ese rumbo con las fuertes demandas de sectores como el industrial?
— Este Gobierno decidió no involucrarse en la microeconomía, lo que implica que no habrá incentivos focalizados ni apoyo activo para sectores que necesitan reconvertirse. Eso deja la dinámica en manos del mercado, del crecimiento de la economía, que no sé si veremos en 2027 y 2028, y en muchos casos de los actores provinciales. Es un desafío.
— ¿Está bien que no se involucren en la micro?
— Si analizamos los últimos 20 años, donde no hubo crecimiento ni generación de empleo desde 2012 y se intervino en todas las decisiones empresariales y de mercado, me parece bien. Eso sí, hay que ver si el experimento funciona y, sobre todo, cómo lo avala la sociedad. El éxito dependerá de la capacidad de la sociedad para acompañar el ritmo de las transformaciones y de la aparición de consensos a largo plazo.
— ¿Qué va a pasar con esa tolerancia social?
— Dependerá de la velocidad con que llegue la recuperación y de las opciones que se ofrezcan más allá de este Gobierno. No tengo esa respuesta 100%, pero la dirección general es la correcta: la desregulación y la normalización de las políticas comerciales muestran a un país que intenta alinearse con el mundo y normalizarse. ¿La inflación a 3% es alta? Claro, ni hay que aclararlo, pero el camino es el correcto. No voy a opinar de las formas, pero está claro que el día a día muestra tensiones: el acceso a medicamentos, los problemas de movilidad por los paros de colectivos y la presión sobre los servicios sociales reflejan la profundidad del ajuste.
— ¿Cuál es su visión del escenario macroeconómico de los últimos meses, donde hay variables y cifras que comenzaron a preocupar en algunos sectores?
— Hubo una corrección importante de la política monetaria que permitió mejorar el esquema caótico de tasas de interés en pesos de los últimos meses. Hoy, hay tasas más razonables, incluso por debajo de la inflación, pero el consumo sigue segmentado. No hay mejora en los ingresos de la gente y ni señales de creación de empleo privado genuino porque las inversiones grandes están en etapas muy iniciales. Los sectores que pueden traccionar inversiones, como la minería, tienen proyectos a diez años. En AmCham tenemos 12 proyectos por USD 26.000 millones que se van a desarrollar en una década. Son procesos largos. Hoy no hay crédito para apalancar empresas y consumo y no hay muchos incentivos. Habrá crecimiento vegetativo este año y tendremos un 2026 sin grandes saltos. El Gobierno está reforzando los subsidios y los ingresos públicos en los segmentos más vulnerables, lo que contiene la conflictividad social, pero los intendentes nos cuentan que antes la gente pedía electrodomésticos y ahora pide comida.
— ¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones de las empresas de EEUU en el país?
— La carga tributaria es uno de los principales obstáculos. La presión total ronda el 26 a 28 % del PBI, pero por la alta informalidad, el peso sobre la economía formal puede superar el 50 por ciento. Además, la logística encarece los costos: el 85% de la carga se transporta en camiones, con impacto directo en la inflación y la competitividad. Vemos el efecto de eso estos días. Las limitaciones en infraestructura, junto a la carga fiscal y la dispersión normativa entre Nación, provincias y municipios, dificultan planificar inversiones de largo plazo.
— ¿Les preocupan los riesgos políticos?
— No, no es un tema. Se avanzó mucho y hubo decisiones políticas que parecían imposibles de realizar. La reforma laboral, por caso, más allá de los frenos judiciales y de que el tema seguramente terminará en la Corte Suprema. Se destrabaron y se avanzó en cuestiones estructurales que hace tres años eran impensadas. Hay señales y un acompañamiento de una oposición dialoguista que entiende que Argentina debe transformarse y valida políticas públicas en ese sentido.
— ¿Diría que hay optimismo entre las empresas de EEUU en el país?
— Sí… optimismo latino. No estamos en Escandinavia. Vamos bien. Las compañías que están hace décadas en Argentina han atravesado crisis profundas. Hay expectativa, pero también conciencia de que la transformación llevará años y que dependerá de la validación social y política.
“Lo relevante es si Argentina puede consolidar una relación institucional con Estados Unidos más allá de quién gobierne”
— ¿Cómo definiría la relación bilateral con Estados Unidos? ¿Ya se ve el impacto del acuerdo comercial anunciado?
— La relación está en un momento óptimo. Está muy bien, como nunca antes. El acuerdo de comercio e inversión recíproca avanza y es algo que hubiera sido impensado hace dos años, más allá de que la Corte Suprema de Estados Unidos frenó algunos beneficios arancelarios y ahora el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) debe revisar su política para Argentina. Como sea,los pilares del acuerdo no van a cambiar. Un ejemplo claro es la reciente modificación de la ley de Glaciares y la delegación de competencias a las provincias, algo que muestra una agenda de trabajo conjunto. El acuerdo también apunta a homologar los registros de productos con Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), para agilizar el ingreso de medicamentos y tecnologías. A nivel comercial, el país pierde competitividad si no se recuperan ventajas arancelarias, por lo que el desafío es que Estados Unidos defina un esquema global y estable de beneficios.
— ¿El resultado de las elecciones de medio término en EEUU puede alterar la agenda bilateral?
— Hay una sobrevaloración de ese proceso en EEUU. Históricamente, las elecciones de medio término no cambian los vínculos de fondo. Trump, por ejemplo, no se apalancó en el Congreso para avanzar en sus políticas. Por otro lado, no es lo mismo perder 10 representantes que 80, y habrá que ver cómo se mantiene el Senado. Hay que esperar los resultados, pero no imagino un gran impacto. Lo relevante es si Argentina puede consolidar una relación institucional con Estados Unidos más allá de quién gobierne. Es uno de los grandes desafíos que tiene el país. Estamos en la génesis del cambio, de la consolidación de un modelo de integración. Son saltos estructurales necesarios y de reconfiguración. Otra vez: se necesitan los avales de una sociedad que entienda que hay algunos precios que pagar para ser un país de largo plazo.
La agenda
La agenda del encuentro abordará la posición de Argentina en el escenario global, los desafíos de la infraestructura para la productividad, la estabilidad macroeconómica, el futuro del trabajo, la transformación sindical, la reconversión de negocios y el impacto de la inteligencia artificial, entre otros temas. Además, habrá debates entre gobernadores, senadores, diputados y referentes empresariales sobre políticas sectoriales y provinciales, con foco en los motores clave para el desarrollo: agroindustria, energía, minería y salud.
Como se dijo, se espera que en el cierre hable el presidente Milei. Entre los oradores del sector público participarán Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño; Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema; los ministros Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior); Mario Lugones (Salud); y también los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
— ¿Qué miran los inversores internacionales de este contexto local par tomar decisiones?
— La continuidad de las reformas es clave. El inversor financiero se fija en los precios de los bonos y las tasas internacionales, pero el inversor estratégico, toma decisiones con horizontes de una década. El RIGI es un parámetro monumental porque otorga previsibilidad a largo plazo. Ahora veremos qué va a pasar con el vencimiento del año que viene y está claro que, en ese contexto, varios proyectos se apuran. Alguno podrá dudar si viene otro gobierno y lo saca, pero está claro que el régimen da una base muy importante de derechos adquiridos. No por nada el cálculo de inversión extranjera directa para la próxima década es de USD 60.000 millones, sobre todo en minería y oil & gas. Por ahora, las inversiones productivas en sectores industriales están en pausa porque las capacidades instaladas rondan el 60% en promedio, la demanda es baja y, además, se pudo trabajar en la competitividad porque ya no existen los controles que había hasta hace poco. Insisto, debemos demostrar que esto es de largo plazo y que la demanda de bienes y servicios se recupera, más allá de los sectores que empujan hoy.
“Lo relevante es si Argentina puede consolidar una relación institucional con Estados Unidos más allá de quién gobierne. Es uno de los grandes desafíos que tiene el país”
— ¿Cómo avanzó el acuerdo en los sectores de laboratorios medicinales y semillas, dos reclamos históricos de AmCham?
— En farmacéuticos, la eliminación del protocolo de criterios de patentabilidad nos devuelve a la ley de Patentes de los ‘90, alineándonos con los estándares internacionales. No es retroactivo, es para todo lo que se registre luego de marzo de este año, pero no veo que eso sea algo que perjudique tanto a las empresas, la verdad.
— Los laboratorios nacionales dicen que los cambios impactarán en los precios de los medicamentos.
— No voy a meterme en esa interna de laboratorios, pero no es tan lineal. Hace unos 15 años que no tenemos productos patentables en el país. El impacto se sentirá en unos 5 o 7 años recién. Hubo una sobrerreacción por algo que pasará en tiempo y una sobreestimación de la incidencia de los productos nacionales en las políticas de precios. El mercado se irá normalizando en un modelo occidental. Por otro lado, el registro PCT, que aún falta implementar, permitirá homologar inscripciones ya realizadas en otros países, abaratando costos y acelerando el proceso.
— ¿Y en semillas?
— Faltan temas de adecuación que confiamos que se resolverán. La falta de protección para las nuevas tecnologías retrasó la llegada de cuatro o cinco generaciones de innovaciones que sí tienen países como Brasil o Paraguay. Tendrán un costo para el productor, pero que se compensa con más producción. Si se corrigen las reglas, en cuatro o cinco años la productividad agropecuaria va a mejorar. Resta trabajar, además, en la protección de datos para incentivar ensayos clínicos y la actualización del marco regulatorio de semillas.