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Los cambios de último momento en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo sistema para que las empresas afronten las indemnizaciones por despido incluido en la reforma laboral, dejó satisfechas a todas las partes involucradas. Por el lado del sector financiero, porque tendrá más tiempo para implementarlo y para acumular fondos bajo el nuevo régimen. Del lado del Gobierno, se suma un objetivo superior: el nuevo diseño del FAL impedirá que las facilidades del nuevo sistema se utilicen para despedir trabajadores durante la campaña electoral, en medio de un escenario de caída en el empleo formal.

Un decreto firmado por el ministro de Economía Luis Caputo dispuso dos cambios sobre la reglamentación del FAL, consensuados con los bancos. El primero, que el sistema empiece a regir el 1° de diciembre en lugar del 1° de noviembre. A la postergación, se sumó una segunda modificación clave: el período de carencia, originalmente de 6 meses, pasará a ser de un año. Se trata del plazo inicial en el que las empresas deberán aportar a su Fondo pero no lo podrán utilizar para financiar el pago de indemnizaciones. Se espera que con ese plazo de inversión sin tocar el dinero, cada empleador empiece a formar una masa crítica para indemnizar en el futuro .

Uno de los principales temores de quienes se oponen al FAL es que incentivará los despidos entre los sectores “perdedores” de la economía. Para las empresas, grandes o pymes, el FAL no implica mayores costos: lo que antes aportaban a Anses, ahora lo harán al FAL que elijan. Por ello, el costo de despedir a un trabajador comienza a diluirse, ya que el aporte se hace de todas maneras.

Antes de los cambios, las empresas iban a disponer del fondo para pagar indemnizaciones por despido a partir del 1° de mayo de 2027. Con las dos modificaciones del decreto sancionado esta semana, la nueva fecha en que las empresas podrán despedir utilizando el FAL se corre hasta el 1° de diciembre del año próximo, es decir, con la campaña electoral donde se decidirá la suerte de la reelección de Javier Milei ya finalizada.

Como adicional, explicaron fuentes al tanto de la negociación entre el Gobierno y el sistema financiero que posibilitó los cambios, también habrá un beneficio fiscal. Caputo conservará la recaudación de noviembre y empezará a cederla para el FAL recién a partir de diciembre. Con el nuevo sistema, las grandes empresas destinarán el 1% de sus cargas sociales al Fondo; las pymes, el 2,5%. Ese dinero, que antes recaudaba Anses y ahora se invertirá en el mercado de capitales, se estima entre $250.000 millones y $300.000 millones mensuales.

“Cerró muy bien para todos”, señaló a Infobae una de esas fuentes. Para el gobierno, hay un mes más de recaudación y un riesgo menos de despidos masivos durante el año electoral. Para los bancos y las sociedades de Bolsa, el decreto otorga un mes más de plazo para implementar el complejo entramado operativo del nuevo sistema. Pero también duplica el fondo inicial: durante un año, ese aporte que mes a mes sumarán los empleadores no se puede tocar. Seguirá rindiendo en el mercado hasta consolidar una dinero que será del doble de lo previsto inicialmente.

Economía suma además otro beneficio: se asegura un fuerte nivel de demanda para los títulos públicos nacionales durante 2027. Aquí también jugó la letra chica de la reglamentación. El dinero del FAL puede destinarse únicamente a 4 activos: bonos nacionales, bonos provinciales o de CABA, obligaciones negociables privadas y depósitos bancarios. Para los bonos provinciales o privados hay un límite máximo y, además, un requisito casi insalvable: calificación AAA otorgada por dos calificadoras. Eso deja afuera a casi todos los bonos provinciales (a excepción de los de CABA) y limita los bonos privados a un puñado de grandes empresas.

Para los bonos nacionales no hay ningún requisito ni límite. Si lo desearan, los fondos del FAL podrían colocar todo su dinero en títulos públicos en pesos, con la única exigencia de no tener más de un 10% en bonos dollar linked. Con ello, queda claro el sesgo de la reglamentación que buscó Caputo para que los FAL demanden los títulos en cada licitación de deuda pública, tal como en la actualidad lo hace la Anses.

Cómo sigue el FAL

Con el nuevo cronograma, el sistema entra en su recta final. En el sistema financiero hubo alivio por el tiempo extra para trabajar en dos terrenos: lo operativo, con una implementación compleja para un negocio nuevo, y también lo comercial, con una dura pelea para conquistar a un universo de 550.000 empleadores privados. Fueron justamente las cámaras que reúnen a las sociedades gerentes de los fondos comunes de inversión, a los agentes de bolsa y a los fideicomisos las que impulsaron la gestión para conseguir un plazo mayor.

Hasta el 1° de diciembre, los bancos y las sociedades de bolsa seguirán la competencia. Hay muchas entidades ofreciendo bonificaciones de la comisión (que no puede superar el 1%) y otros beneficios. A la vez, los agentes de Bolsa apuntan a ofrecer un FAL específico para una empresa en particular, que se administre en forma individual y personalizada. Del más de medio millón de empleadores, se estima que hay 10.000 empresas con mucho personal que serán las más disputadas.

Un punto clave de la reglamentación es que los FAL, sean multiempresa o exclusivos de una sola compañía, deben administrarse en forma separada de los FCI que ya existen en el mercado. Según datos privados, en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya se registraron más de 100 nuevos fondos para el FAL. Cada banco que quiera jugar creó 2 o 3 nuevos fondos para que sus clientes puedan elegir dónde derivar sus aportes.

Una vez pasado el 1° de diciembre, la pelea tendrá un capítulo más: cómo se distribuirán las empresas que no eligieron ningún FAL. La reglamentación indica que la CNV les adjudicará “de oficio” un fondo para que deriven sus aportes a la hora de pagar los salarios. El mecanismo de asignación, a desarrollar entre la CNV y ARCA, aún no fue determinado en detalle. Los bancos no podrán rechazar a ningún empleador, por pequeño que sea.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acredita este jueves 22 de octubre con el calendario de pagos del mes. Para titulares con determinadas terminaciones de DNI, la jornada contempla el pago de jubilaciones mínimas y asignaciones.

En octubre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la ANSES aumentan 1,66%, de acuerdo con la variación del índice de inflación. La actualización fue establecida por las resoluciones 284/2026, para los haberes previsionales, y 283/2026, para las asignaciones familiares.

Quiénes cobran hoy, 22 de octubre de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Este jueves cobran sus haberes los jubilados y pensionados cuyos documentos terminan en 9 y que perciben hasta un haber mínimo. Vale destacar que la jubilación mínima es de $435.662,86 y que, con el bono extraordinario de $70.000, alcanza los $505.662,86.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

También cobran hoy los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 9. Es la última fecha prevista para estas prestaciones dentro del cronograma de octubre.

El valor general de la AUH asciende a $156.588. Sin embargo, ANSES retiene el 20 % mensual hasta que los titulares presenten la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores a cargo. Por ese motivo, el importe acreditado cada mes es menor al valor total de la prestación.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, los montos dependen del ingreso del grupo familiar y de la zona de residencia. Para el primer tramo de ingresos, el beneficio llega a $78.304 por hijo.

Asignación por Embarazo

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) se acredita este jueves para las beneficiarias cuyos DNI finalizan en 8. El monto general de la prestación es de $156.588. Al igual que ocurre con la AUH, ANSES liquida mensualmente el 80 % y reserva el 20 % restante hasta que la titular cumpla con los requisitos documentales y sanitarios exigidos para percibir la totalidad del beneficio.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con documentos terminados en 0 y 1 cobran este 22 de octubre. La prestación tiene un piso de $ 191.900 y un tope de $383.800, aunque el importe final se determina en forma individual según los salarios previos y los aportes registrados antes de la desvinculación laboral.

Asignación por Maternidad y pagos únicos

La Asignación por Maternidad se encuentra disponible para todas las terminaciones de DNI desde el 14 de octubre y hasta el 10 de noviembre. El importe equivale a la remuneración de la trabajadora durante la licencia, por lo que varía según cada caso.

A su vez, las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, adopción y matrimonio tienen un período de cobro abierto. La primera quincena se abona desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre, mientras que la segunda estará disponible desde el 22 de octubre hasta la misma fecha de noviembre, sin distinción por el número de documento.

De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $505.748,51.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.932.174,85 para octubre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para una jubilación ordinaria, quedó en $ 348.598,81.

Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $ 199.335,05. Este componente integra el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general.

De cuánto son las asignaciones en octubre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $156.588 por hijo menor de 18 años durante octubre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante —$31.317,60— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $509.863 por cada hijo durante octubre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $156.588, con un pago directo mensual de $125.270,40 y una retención de $31.317,60.

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.212.301 es de $78.304. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $78.304 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $195.600 y el máximo de $391.200, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

Este jueves por la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Discapacidad. Tras una maratónica sesión, la iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, producto de los cambios que La Libertad Avanza (LLA) incorporó por pedido de la oposición.

La propuesta, impulsada por el oficialismo, busca reemplazar el esquema transitorio de la emergencia por un régimen permanente. El dictamen aprobado conservó los beneficios previstos en la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellos la compatibilidad de la pensión no contributiva con el empleo formal, bajo determinadas condiciones, y previsiones para prestaciones y coberturas de salud.

Luego de que el texto obtuviera un apoyo mayoritario, los diputados de diversos bloques celebraron el consenso logrado. Uno de los primeros fue el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien celebró la media sanción y sostuvo que la ley brindará “una respuesta clara y permanente” a las personas con discapacidad y sus familias, sin depender de “emergencias ni leyes temporales”.

Aunque el diputado cordobés resaltó que hubo un “consenso amplio” entre bloques, cuestionó a los legisladores vinculados al gobernador Martín Llaryora. “No aportaron. No acercaron propuestas. Y votaron en contra de la nueva ley en un intento de hacer política barata con el tema”, apuntó.

Tras celebrar la aprobación de la ley, la diputada Patricia Vásquez (LLA) destacó que “cuando se dejan de lado ideologías y se logran los consensos que la gente necesita”. Y concluyó: ”No más emergencias, ahora tenemos certezas”.

En la misma línea, Gerardo Huesen (LLA) exigió: “Basta de usar la discapacidad como herramienta de manipulación política”. Asimismo, aseguró que las personas necesitan “respuestas concretas y derechos permanentes”.

Por su parte, la también libertaria Karen Reichardt definió al proyecto como un régimen estable de protección. “Pensiones, prestaciones y controles transparentes para dar previsibilidad a quienes lo necesitan y a sus familias”, señaló en su publicación.

Desde Unión por la Patria (UP), la diputada Victoria Tolosa Paz sostuvo que la oposición logró modificar un dictamen que, a su criterio, “estaba incompleto y dejaba afuera derechos fundamentales”.

Según detalló, las modificaciones incluyeron garantías de cobertura de salud para ambas pensiones, protección de asignaciones familiares, requisitos para acceder a las pensiones y la compatibilidad con el trabajo formal. También mencionó cambios vinculados al financiamiento, la participación provincial, mecanismos ante bajas de prestaciones y pagos a prestadores.

“Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha, la negociación y el compromiso de quienes defendemos los derechos de las personas con discapacidad”, publicó Tolosa Paz. Además, advirtió que continuará el reclamo por recursos: “Los derechos no se garantizan solamente con una ley: se garantizan con presupuesto y con la decisión política de cumplirla”.

Frente a esto, el ex ministro de Defensa y diputado de UP Jorge Taiana atribuyó el resultado a la movilización del sector. “La lucha inclaudicable del colectivo de personas con discapacidad logró que el oficialismo incorporara al dictamen de mayoría buena parte de los reclamos de las organizaciones”, valoró. Y reclamó: “Milei cumplí la Ley”.

Del mismo modo, Cecilia Moreau (UP) vinculó la media sanción de la Ley de Discapacidad con otros reclamos sanitarios y aseguró que su bloque insistirá en “la plena garantía del derecho a la salud de los más chiquitos” ante el vencimiento de la emergencia pediátrica.

También reclamó la restitución del programa Remediar y la aplicación efectiva de la norma sobre discapacidad, al tiempo que cuestionó que el Gobierno “siga jugando cruelmente con la salud de millones de argentinos y argentinas”.

Mientras que la diputada Karina Banfi, de la Unión Cívica Radical (UCR), se limitó a destacar que la Cámara Baja dio media sanción “con mayoría absoluta”, el jefe de bloque de Provincias Unidas, Pablo Juliano, sostuvo que se aprobó “una mejor ley para ayudar a las personas con discapacidad”.

En este sentido, Juliano afirmó que el oficialismo debió retroceder respecto del proyecto de Presupuesto 2027, que —según señaló— contemplaba recortes de fondos para el área. “Gracias a la movilización de la sociedad, desde la oposición logramos que LLA aceptara dejar de lado el plan de Milei y Caputo”, indicó al anticipar que su espacio seguirá de cerca el cumplimiento de la futura norma.

Sin embargo, la diputada cordobesa Alejandra Torres, también de Provincias Unidas, cuestionó la decisión de no extender la emergencia. Tras reunirse con organizaciones de la Iglesia que trabajan con personas con discapacidad, afirmó que el texto aprobado “no fue consultado con el sector y genera incertidumbre”.

“No podemos avanzar con una ley que no preserve todos los resguardos que merecen las personas con discapacidad”, sostuvo Torres. A su vez, el diputado de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, también puso el foco en el reclamo de las familias y las organizaciones al señalar que “esta ley es una conquista de todos ellos. Ahora vamos a exigir que se cumpla”.

Pese al acuerdo mayoritario, el proyecto deberá ser analizado por el Senado antes de convertirse en ley. Hasta entonces, las disposiciones aprobadas por Diputados no entrarán en vigencia.

El Gobierno nacional declaró como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros de México, Colombia y Ecuador: el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, las FARC-EP, el ELN y Los Tiguerones. La decisión fue comunicada la noche del miércoles por la Oficina del Presidente y se formalizó con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.

A través de un comunicado, el Ejecutivo argumentó que el Cártel de Sinaloa “es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos, saldando una deuda de la República Argentina en su compromiso con la lucha contra el narcoterrorismo”.

Sobre La Nueva Familia Michoacana, el Gobierno indicó que mantiene actividades vinculadas al tráfico internacional de drogas y a la minería ilegal, y advirtió sobre una expansión regional. La organización tiene presencia principalmente en los estados mexicanos de Guerrero, Michoacán, Morelos y Estado de México, de acuerdo con evaluaciones de autoridades de Estados Unidos.

En el caso de Los Tiguerones, la Casa Rosada los definió como un grupo de origen ecuatoriano dedicado al narcotráfico y al sicariato. “Este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, agrupación que también fue designada como organización terrorista en agosto de este año por la República Argentina”, indicaron en el comunicado.

Respecto de las FARC-EP y el ELN, desde la Oficina de Prensa de la Presidencia, sostuvieron que son organizaciones insurgentes de izquierda que desarrollaron estructuras con capacidad de actuación regional. El texto oficial afirmó que esas redes podrían proyectar sus actividades hacia la Argentina y representar un riesgo para la seguridad nacional.

“Sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina, con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos. Su capacidad operativa y su expansión regional con estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia nuestro país configuran un riesgo que trasciende la criminalidad estrictamente doméstica colombiana y compromete la seguridad nacional argentina”, sostuvo Presidencia.

El presidente Javier Milei reafirmó, según el comunicado, el compromiso de su administración con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional. La Presidencia afirmó que el objetivo es “identificar y combatir hasta las últimas consecuencias” a las organizaciones que emplean “la violencia, la extorsión y el terror como herramientas de acción criminal”.

La incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET, fue coordinada por la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

La resolución publicada en el Boletín Oficial formaliza la incorporación de las cinco organizaciones al RePET, el registro estatal destinado a identificar a personas y entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento.

El sistema tiene por objetivo facilitar tanto el acceso a la información como el intercambio de información sobre personas y organizaciones que están vinculadas con actos de terrorismo o con su financiamiento. También busca fortalecer la cooperación, tanto interna como internacional, en esa misma materia.

Para incorporar a una entidad por una amenaza externa, la normativa exige que los ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores evalúen la existencia de riesgos reales o potenciales para la seguridad interior, la población o los bienes del país. En 2025, el Gobierno ya había utilizado este mecanismo para inscribir en el registro al Tren de Aragua y a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

El municipio de Villa La Angostura acelera la recuperación del camping Quila Hue, ubicado sobre la costa del lago Correntoso y usurpado por la comunidad mapuche Paichil Antriao desde 2011. Para ello, pedirá a la Justicia que ejecute la sentencia firme que ordena la restitución del predio y, si no hay un retiro voluntario, disponga el desalojo de los ocupantes.

La comunidad mapuche Paichil Antriao agotó las instancias recursivas para mantener el control del espacio. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el municipio busca retomar la administración del predio y acondicionarlo para la próxima temporada de verano.

El conflicto se originó en 2011, cuando integrantes de la comunidad Paichil Antriao se instalaron en el camping luego de que venciera la concesión municipal del predio. En 2012, la Municipalidad inició una demanda civil para recuperarlo. En diciembre de 2019, la Justicia de primera instancia ordenó la restitución del inmueble y en abril de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén confirmó esa decisión al rechazar el planteo de ancestralidad de la comunidad.

Tras sucesivos recursos, la Corte Suprema dejó firme en agosto de 2026 la sentencia que obliga a devolver el camping al municipio, habilitando la etapa de ejecución y, de no mediar un retiro voluntario, un eventual desalojo.

Según publicó La Angostura Digital, el municipio solicitará al juez civil y comercial Francisco Astoul Bonorino que ejecute la sentencia. La comunidad, en cambio, anticipó que no abandonará el predio y que resistirá un eventual operativo de desalojo.

La posición del municipio

El intendente Javier Murer anticipó que el municipio trabajará con el juez para pedir la restitución y un plazo para una devolución pacífica del predio.

“Seguramente esto se va a trabajar con el juez para pedir la restitución del lugar y se les otorgue un plazo para la restitución del lugar en forma pacífica”, indicó Murer tras la confirmación del fallo. El intendente sostuvo que el municipio buscará evitar un desalojo por la fuerza, aunque remarcó que el predio deberá volver a la administración comunal.

En el gobierno comunal coinciden en que la instancia de negociación está cerrada y que la solución definitiva al conflicto pasa por la recuperación del control del camping.

Juan Pablo Naretti, jefe de Gabinete municipal, afirmó que el Ejecutivo “aguarda que el expediente regrese al fuero local”. El último intento para revertir el desalojo fue presentado el 5 de octubre, aunque el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de la comunidad.

El reclamo de la comunidad

Para los demandados, integrantes de la comunidad Paichil Antriao, no se trata de una usurpación. Las dos personas mencionadas en el expediente fueron concesionarias del camping y, al vencer el contrato, decidieron permanecer en el lugar en lugar de restituirlo al municipio.

La comunidad sostiene que el predio forma parte de un territorio ancestral y cuestiona que no se haya completado el relevamiento territorial del INAI. La Justicia, en cambio, entendió que no se acreditó esa ocupación ancestral y reconoció el derecho del municipio a recuperar el espacio.

El municipio alega la titularidad del inmueble, la caducidad de la concesión y el cumplimiento de una sentencia firme. Por eso busca retomar la administración del camping o volver a concesionarlo.