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Laboratorio Valmax, la empresa que en los años 80 desarrolló en la Argentina el mercado de la solución fisiológica en monodosis, frenó por completo su producción, desvinculó a 30 de sus 60 trabajadores y bloqueó el acceso a su planta de Ituzaingó. La firma, que además adeuda la mitad de los salarios del mes pasado y paga haberes de forma fraccionada desde abril, acumula 196 cheques rechazados por un total de $156.526.850.

La crisis financiera del laboratorio derivó en la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que citó a la empresa a una audiencia este lunes con la orden de presentar una propuesta concreta para destrabar el conflicto.

La historia de Valmax se remonta a 1980, cuando el austríaco Peter Ploder fundó la compañía y apostó por un producto que hasta entonces no tenía desarrollo local: la solución fisiológica en formato monodosis. Ploder no solo creó la marca, sino que impulsó un segmento completo del mercado farmacéutico argentino. Las ampollas individuales de suero, que hoy se consiguen en cualquier farmacia, fueron una innovación que la empresa llevó adelante tanto con su marca propia como a través de la fabricación para terceros.

Con los años, Valmax se consolidó también con otro producto clave: las lágrimas artificiales Valmafilo, gotas oftalmológicas que, junto a las monodosis, se convirtieron en los dos pilares comerciales del laboratorio. Aunque es de origen europeo, Ploder desarrolló toda su carrera profesional, empresarial y familiar en la Argentina. Se graduó de farmacéutico en la UBA y se radicó en la localidad de Haedo, en la Provincia de Buenos Aires, antes de fundar Laboratorios Valmax.

En 2014 cambió de manos y arrancó una estrategia comercial agresiva

Para febrero de 2014, Ploder decidió desprenderse del 66,6% de la participación que tenía en la empresa y le vendió su parte a su socio minoritario, Alfredo Delgado, quien hasta ese momento controlaba el 33,3% restante, según informó en su momento el portal especializado Pharmabiz. Con Delgado al frente, se sumaron al directorio sus hijos Cristian y Javier, y la compañía reorientó su perfil productivo hacia la fabricación de formas líquidas y semisólidas, tanto estériles como no estériles, para terceros.

Bajo la nueva conducción, el laboratorio adoptó una estrategia de expansión agresiva. Según pudo saber este medio de fuentes vinculadas a la empresa y a los trabajadores, Valmax buscó inundar el mercado con sus productos —tanto bajo su marca propia como a través de la producción tercerizada— y se lanzó de lleno a las licitaciones públicas para convertirse en proveedor del Estado. La apuesta implicó un fuerte aumento de la producción, pero siempre con la misma plantilla de entre 60 y 70 empleados.

La estrategia encontró un límite concreto. De acuerdo con las mismas fuentes, la sobreproducción generó un exceso de stock que coincidió con una caída en la demanda: los clientes —farmacias, hospitales públicos y privados, droguerías— empezaron a comprar menos. A eso se sumó un problema estructural de depender de las compras estatales, un cliente que, como es habitual, paga con demoras significativas.

El resultado fue una ecuación financiera insostenible. La empresa tendría mercadería acumulada suficiente para abastecer hasta fin de año, lo que llevó a la decisión de frenar la producción y suspender a aproximadamente la mitad de su plantilla, alrededor de 30 personas.

Salarios fraccionados desde abril y deudas sin fecha de pago

La crisis salarial quedó expuesta el 30 de abril, cuando la dirección de Valmax emitió un comunicado interno en el que argumentó que el “complejo contexto económico y la situación financiera actual” obligaba a desdoblar el pago de los haberes. El cronograma establecía un primer desembolso del 50% para el 7 de mayo y el saldo restante para el 20 de ese mes.

Sin embargo, lo que se presentó como una medida excepcional se convirtió en norma. Los trabajadores denuncian que la empresa nunca volvió a pagar los sueldos completos en una sola vez y que, con el correr de los meses, dejó incluso de respetar las fechas pactadas. Actualmente, la compañía adeuda el 50% del salario del mes pasado sin haber brindado información sobre cuándo o cómo cancelará esa deuda.

Los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman la magnitud de la crisis financiera de la empresa. Valmax acumula 196 cheques rechazados por falta de fondos, por un monto total de $156.526.850. La compañía no registra rechazos por defectos formales ni por problemas de registración, lo que indica que la totalidad de los documentos fueron devueltos por una sola razón: no había dinero en las cuentas para cubrirlos.

La Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelaciones con Competencia Penal reunió en Mendoza a magistrados de todo el país para evaluar la implementación del sistema procesal penal acusatorio y relevar las necesidades de los tribunales ante el cambio de modelo.

Las jornadas se realizaron el 15 y 16 de octubre bajo la presidencia de Javier Leal de Ibarra, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. El encuentro convocó a representantes de las distintas cámaras federales de apelaciones y de tribunales nacionales con competencia penal.

El eje de los debates estuvo enfocado en la experiencia acumulada en las jurisdicciones donde ya funciona el sistema acusatorio, así como las dificultades que surgen en su aplicación. Los participantes intercambiaron criterios sobre el funcionamiento de los órganos judiciales durante esta etapa de transición.

El modelo acusatorio modifica la dinámica del proceso penal al asignar al Ministerio Público Fiscal la investigación de los delitos y reservar a los jueces el control de garantías y la resolución de los casos. La Junta remarcó que su implementación requiere recursos humanos, infraestructura y herramientas tecnológicas suficientes.

También se abordaron aspectos de organización administrativa y la disponibilidad de medios materiales para los tribunales federales. Según se planteó durante el encuentro, la reforma no puede limitarse a cambios normativos, sino que debe tener impacto en la prestación del servicio de justicia.

La reunión puso el foco en el papel institucional de las Cámaras Federales de Apelaciones y de los restantes órganos que intervienen en el procedimiento. Los magistrados señalaron la necesidad de que las estructuras judiciales cuenten con condiciones adecuadas para ejercer las atribuciones que fija la legislación vigente.

Participaron Rocío Alcalá, de Resistencia; Aníbal Pineda, de Rosario; Silvia Mónica Fariña, de Bahía Blanca; Roberto Boico, de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal; Alejandro Castellanos, de Salta; Juan Pablo Salas, de San Martín; y Ramón Luis González, de Corrientes.

La lista se completó con Alejandro Tazza, de Mar del Plata; Roberto Hornos, de la Cámara Nacional en lo Penal Económico; Laureano Durán, de La Plata; Richar Fernando Gallego, de General Roca; Fernando Luis Poviña, de Tucumán; Abel Sánchez Torres, de Córdoba; Juan Ignacio Pérez Curci, de Mendoza; Cintia Graciela Gómez, de Paraná; Mirta Delia Tyden, de Posadas; y Diego Gustavo Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal.

Los asistentes coincidieron en la conveniencia de mantener instancias de coordinación entre los tribunales de las distintas regiones del país. El intercambio de experiencias entre jurisdicciones fue presentado como una herramienta para identificar problemas comunes y unificar criterios institucionales.

La Junta ratificó que la consolidación del sistema acusatorio depende de la asignación de recursos humanos, materiales y tecnológicos. Los encuentros federales seguirán como espacios de diálogo y cooperación para acompañar la transformación de la justicia penal federal y resguardar las garantías constitucionales.