La abundante oferta de dólares es uno de los principales cambios estructurales que atraviesa la economía argentina. Parte de ese proceso es que en el segundo semestre también se está registrando un buen ritmo de liquidación de divisas, un contraste con las abruptas caídas que sucedían habitualmente en esta época del año.
Una presentación del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, reflejó una de las variables que juega a favor de un buen ingreso de dólares en los próximos meses. La colocación de Obligaciones Negociables por parte de las empresas sumó USD 20.200 millones, pero solo se liquidaron USD 15.800 millones. Esto significa que aún quedan por ingresar USD 4.400 millones, lo que también incrementa la oferta de divisas.
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Pero a eso hay que sumar nuevas emisiones que se concreten en las próximas semanas. Una de las más inminentes es la de la provincia de San Juan, que hará su debut en los mercados internacionales con un bono de USD 600 millones.
YPF anunció ayer que colocó un nuevo bono internacional por USD 1.200 millones, el mayor monto para una emisión corporativa argentina en los últimos 11 años.
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El bono, con un plazo de nueve años, se colocó a una tasa de interés de 7,55% y una tasa efectiva de 7,85%. Según la empresa, el spread contra bonos del Tesoro estadounidense fue de 300 puntos básicos, el nivel más bajo alcanzado por la compañía en su historial en el mercado internacional de capitales.
Por otra parte, la suba del barril de petróleo Brent por encima de los USD 100 representará un mayor valor para las exportaciones, teniendo en cuenta que ahora la balanza energética es superavitaria. Con estos valores, la proyección es que las exportaciones superarán con holgura y por primera vez en la historia los USD 100.000 millones.
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También subieron los precios de los productos agrícolas. Por ejemplo, la soja llegó a los USD 480, lo que implica una suba de 25% en lo que va del año. Esto también implica más ingreso de divisas, aunque tendrá más impacto el año próximo.
Desde el Gobierno resaltan que “hoy tenemos un equilibrio externo extraordinario. Aún hoy sigue subestimado, porque cada REM que divulga el Central está por debajo de las exportaciones efectivas que se registran. Además, las empresas siguen levantando financiamiento internacional, mientras que el campo tiene precios cada vez mejores y menores impuestos”.
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Pese a este contexto mucho más favorable, el Banco Central tiene menos espacio para intervenir en el mercado cambiario. Ayer solo compró USD 11 millones y el dólar mayorista subió levemente hasta los $ 1.513. El Gobierno se muestra cauteloso para no impulsar una suba más abrupta del tipo de cambio, que podría complicar el proceso de desinflación.
Esa prudencia oficial responde a que cualquier movimiento más marcado del dólar tendría impacto casi inmediato sobre precios sensibles de la economía. Por eso, aun con mayores compras de divisas disponibles, la prioridad sigue siendo sostener la calma cambiaria como ancla para consolidar la desaceleración inflacionaria en los próximos meses.
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Hoy hay expectativa por el dato de inflación minorista de agosto que publicará el INDEC. Se espera el menor índice del año, luego que el IPC de la ciudad de Buenos Aires arrojara un incremento de 1,7%, un fuerte descenso luego del 2,9% que se registró en el distrito en julio.
La estabilidad cambiaria es uno de los principales factores que permitieron que la inflación volviera a ubicarse por debajo del 2% mensual luego del incremento que tuvo entre mayo de 2025 y marzo de 2026.
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De hecho, el tipo de cambio sube mucho menos que la inflación en lo que va de 2026, lo cual volvió a encarecer a la Argentina en dólares. Sin embargo, el récord de exportaciones, una balanza comercial superavitaria en más de USD 25.000 millones y una cuenta corriente positiva relativizan la opinión de algunos economistas que insisten con la necesidad de corregir un supuesto atraso cambiario.
Cuando el peronismo ya había conseguido el número necesario para forzar el quórum y el emplazamiento de los proyectos de morosidad y de emergencia en discapacidad, La Libertad Avanza sorprendió con una estrategia de último minuto y decidió votar también a favor de la medida para evitar que la sesión quedara como una derrota para el oficialismo y ganar además un poco de tiempo para planificar los siguientes pasos.
Ambas iniciativas ya se encontraban en la agenda de sus respectivas comisiones, que incluso ya tenían fechas tentativas para debatirlas, por lo que el Gobierno consideró que no tenía sentido oponerse a la medida que, justamente, solo obliga a acelerar este proceso legislativo.
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Así, por unanimidad se aprobó el pedido de la oposición y se fijaron los días en los que se van a analizar cada uno de los textos, poniendo como plazo para los dictámenes la semana final de septiembre.
No solo los libertarios acompañaron, sino que también lo hicieron espacios que suelen mostrarse cercanos a la Casa Rosada, como Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, el MID e Independencia, que además colaboraron con el quórum.
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Consultados por Infobae, varios de los gobernadores que tienen influencia en esos interbloques anticiparon que están “a favor de las dos medidas“ que impulsa el PJ y que le pedirán a sus legisladores que voten a favor cuando se traten.
“Mi postura es un sí por la prórroga de la ley discapacidad y por la implementación de un sistema para atender la morosidad, en general, pero especialmente en particular de las personas de bajos recursos“, expresó un mandatario del norte del país.
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Ahora la batalla será por la votación definitiva de los proyectos, una vez que lleguen al recinto, aunque el Poder Ejecutivo sabe que falta para eso y ya tiene varios planes en carpeta.
Según pudo saber Infobae, en la reunión informativa del Plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, prevista para el miércoles que viene, el oficialismo podría presentar una propuesta alternativa que estuvo elaborando el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
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Recientemente, el jefe de la bancada de LLA, Gabriel Bornoroni, recibió en su despacho a funcionarios de esa cartera que fueron a explicarle los alcances de la nueva iniciativa, que todavía no está terminada.
Su par del PRO, Cristian Ritondo, viene reclamando que, más allá de la discusión por la ley en sí, el Gobierno “establezca un cronograma de pago a los prestadores que se les adeuda”.
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En esto coincide el líder de otro de los bloques aliados, que en diálogo con este medio señaló que la prórroga que busca el peronismo para la emergencia en discapacidad “obliga a pagar, pero no dice cuándo y entonces hoy seguís teniendo atrasos”.
“No nos dijeron nada de una alternativa, lo único que tenemos hasta ahora es la opción de la prórroga, que tampoco soluciona el problema de fondo, aunque las organizaciones hoy estén de acuerdo con eso y crean que las ayuda”, cuestionó.
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Sin embargo, a pesar de que no se trata de la mejor opción, el legislador aseguró que va a apoyar el proyecto del PJ si es que el Ejecutivo no envía su propia propuesta.
Por el contrario, el líder de otro de los espacios afines al oficialismo se muestra más cauteloso y se preguntó que, “si no hay garantías de que se haya cumplido la ley actual, por qué se debe ir por una prórroga de la emergencia por un año más”.
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“Si se demuestra que todo fue cumplido por el Gobierno, que todos los puntos sean volcados a la ley de discapacidad haciendo su modificación”, planteó.
En su momento, a pesar de que el Congreso insistió con la norma luego del veto, el presidente Javier Milei suspendió su aplicación hasta que el recinto especifique de dónde saldrían los recursos para hacer frente a ese gasto extra no previsto en el Presupuesto.
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En cuanto a la morosidad, la situación es similar entre los aliados: no hay un consenso claro respecto de si votar a favor o en contra, con el agravante de que en este caso tampoco hay un único proyecto, sino que son varios los que ingresaron a la Cámara.
“Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de unificar todas las iniciativas que presentó nuestro bloque, que son muchas. Trataremos además de poder aportar también con esos textos y ver de trabajar en algún dictamen propio”, anticipó.
En cambio, en otro de los espacios remarcan que no hay una iniciativa acordada, por lo que no pueden tomar una posición al respecto: “Las provincias llevamos programas de desendeudamiento que no implican ningún gasto para el Estado y la Nación podría implementarlos”, remarcó una diputada.
Como viene anticipando también este medio, la Casa Rosada está estudiando ordenarle al Banco Central una medida especial para desalentar el endeudamiento sin afectar el equilibrio fiscal.
Puntualmente, se estudia emitir un comunicado para modificar la norma que regula la forma en la que aparece el Costo Financiero Total (CFT), el porcentaje que refleja el monto real y completo que el cliente va a pagar al momento de adquirir un préstamo o de hacer una compra en cuotas.
No obstante esto, en Catamarca, por ejemplo, el gobernador Raúl Jalil está en conversaciones con el Banco Nación “para consolidar deudas a tasas de interés razonables”, según explicaron fuentes de su administración.
Así las cosas, mientras avanzan las conversaciones con algunos mandatarios y diputados, en la Casa Rosada prefieren esperar a ver cómo evoluciona la discusión antes de decidir qué medida tomar.
Dos camioneros protagonizaron maniobras peligrosas en la ruta que quedaron registradas en un video y terminaron con fuertes sanciones para ambos. Uno de los conductores realizó un sobrepaso indebido cruzando la doble línea amarilla, mientras que el otro filmó la secuencia con su teléfono celular mientras manejaba.
Las imágenes posteriormente fueron publicadas en redes sociales y alcanzaron una amplia difusión. A partir de la viralización de la secuencia, intervino el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que dispuso medidas contra los dos involucrados.
Según se observa en la grabación, uno de los camiones circuló por el carril contrario para superar al otro vehículo pese a la presencia de la doble línea amarilla, que establece la prohibición de realizar sobrepasos en ese sector.
El peligroso sobrepaso quedó registrado
La maniobra implicó un riesgo debido a la posibilidad de que apareciera otro vehículo circulando en sentido contrario. El conductor involucrado avanzó por el carril opuesto hasta completar el adelantamiento.
Tras analizar lo ocurrido, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial aplicó la Ley provincial 13.927 y resolvió inhabilitar para conducir al camionero que realizó el sobrepaso.
Sin embargo, las autoridades también pusieron el foco en la conducta del otro chofer. Mientras era superado, el hombre utilizó su teléfono celular para registrar toda la secuencia desde la cabina del camión.
También sancionaron al camionero que filmaba
El segundo conductor no solamente circulaba a alta velocidad, sino que apartó su atención del manejo para grabar lo que hacía el otro camionero. Posteriormente compartió las imágenes en sus redes sociales, publicó Clarín.
Las autoridades consideraron que esta conducta también representaba un riesgo para la seguridad vial, debido a que utilizar el celular mientras se conduce reduce la atención sobre las condiciones del tránsito y puede provocar un siniestro.
Por ese motivo, también resolvieron quitarle la licencia y dejarlo inhabilitado para conducir. De esta manera, ambos camioneros recibieron sanciones por las conductas registradas durante el episodio.
Qué dijeron desde el Ministerio de Transporte
Desde el Ministerio de Transporte bonaerense, conducido por Martín Marinucci, explicaron el motivo de las medidas adoptadas después de que el video tomara estado público.
Según indicaron oficialmente, “la acción busca retirar de la vía pública a quienes representan una amenaza para la vida propia y de terceros”.
Los dos conductores involucrados son oriundos de la provincia de Buenos Aires. El camionero que realizó el sobrepaso sobre la doble línea amarilla es de San Isidro, mientras que quien grabó la maniobra con su teléfono celular es de Campana.
Pese a haber fijado domicilio en Paraná, Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera y una de las piezas claves en la Legislatura provincial para el robo de fondos públicos, reside hace años en la Triple Frontera: tanto en Puerto Iguazú, Misiones, como en la localidad brasileña Foz do Iguazú. Junto a su pareja Micaela Banegas, tienen sus bienes inhibidos por la Justicia, sin embargo, realizaron importantes inversiones en negocios y empresas, que están a nombre de la mujer, como un bar con autos de colección, en lo que podría ser la ruta del dinero de los contratos y el posible lavado, según la investigación de varios meses realizada por ANÁLISIS. Este miércoles, la Justicia libró su pedido de detención por violar la orden judicial y el hombre de 41 años, tras enterarse de esta medida, se presentó espontáneamente a la noche en la sede de Gendarmería Nacional. Será trasladado a Paraná en las próximas horas y quedaría en prisión preventiva por un buen tiempo.
Alejandro Almada era un engranaje clave en el esquema de sustracción de fondos públicos que funcionó en la Legislatura provincial, entre 2008 y 2018. Ingresó a la Cámara de Diputados como empleado administrativo, mientras que su cuñado Juan Pablo Aguilera (cuñado de Sergio Urribarri) estaba en la planta del Senado. Ambos eran los recaudadores del sistema de contratos apócrifos que tenía otras piezas claves que serán juzgadas próximamente por el millonario desfalco, y autoridades políticas que ahora están comenzando a transitar por la Fiscalía. Los dos mordían una porción del botín.
Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, cuando fueron detenidos en 2018.
El dinero público tuvo diferentes destinos, aunque gran parte todavía es un misterio. La investigación del Ministerio Público Fiscal en esta causa y en otras como la de enriquecimiento ilícito del exmandatario, pudo encontrar gastos e inversiones que se podrían explicar en parte con esta defraudación. También se mencionaron en el libro La banda de los contratos, de Daniel Enz, inversiones inmobiliarias posiblemente vinculadas a esta fortuna ilícita.
Los Almada son una rama del clan que gobernó y mantuvo un poder absoluto en la provincia. Su hermana era la pareja de Aguilera (recientemente encarcelado junto al exgobernador y el exministro Pedro Báez). Este vínculo que le trajo muchos beneficios a él y su familia.
El primero fue el que recibió su padre, Héctor Luis “Pitín” Almada (ya fallecido), un comisario que fue exonerado por verse involucrado en situaciones delictivas: la más famosa fue la facilitación y la fuga del exoficial de la Policía Carlos Balla, cuando estaba detenido por el homicidio del escribano Rubén Calero. Urribarri decretó el perdón y su reingreso a la fuerza de seguridad con el máximo rango de comisario mayor, aunque no se desempeñaba en la fuerza de seguridad.
Alejandro fue nombrado por decreto como agente auxiliar de la Policía de Entre Ríos, en el año 2006, sin curso previo y sin pasar por la Escuela de Suboficiales de Rosario del Tala. Fue una orden de Urribarri, por entonces ministro de Gobierno en la última administración de Jorge Busti. En 2008, a poco de asumir como titular del Poder Ejecutivo provincial, lo trasladó a la Custodia Gubernamental donde recaudaba con viáticos. En 2012 pidió la baja de la Policía porque había otros planes más ambiciosos: era socio de su cuñado Aguilera en las dos firmas Tep y Next por las cuales se direccionaba la publicidad oficial y se desviaban fondos públicos. Dos años después, el joven ingresó a la Cámara de Diputados, donde ya venía funcionando el mecanismo de los contratos truchos.
La pareja de Alejandro Almada es Micaela Agostina Banegas, quien en esos años de prosperidad instaló un salón de belleza de lujo en la esquina de La Rioja y Uruguay de Paraná con importantes inversiones. El padre esta mujer es Eduardo Banegas, más conocido como “Pirincho” en el ambiente policial donde lo recuerdan por su pasado como asaltante, aunque no contaría con condenas en Entre Ríos, según el registro público en el sitio web del Poder Judicial.
Almada está imputado desde 2018 y, luego de estar unas semanas detenido a fines de ese año, la Justicia le dictó la prohibición de salir de Paraná sin autorización judicial. Asimismo, tanto él como su pareja Banegas y más de 20 personas (entre acusados y sus parejas) quedaron con todos sus bienes inhibidos, para asegurar parte de los bienes que eventualmente se podrían decomisar tras una condena.
Esta parte del clan familiar decidió alejarse de Entre Ríos y se mudaron a Misiones, aunque en los últimos años están radicados en Foz do Iguazú. Pese a la prohibición de salir de la ciudad de Paraná sin previa autorización judicial (mucho menos cruzar la frontera nacional), y a las limitaciones que implica la imposibilidad de utilizar recursos económicos para vender o invertir legalmente, la realidad de este grupo familiar denota una importante prosperidad.
El negocio más notorio y ostentoso se llama V8 Garagem Bar, iniciado a fines de 2023. Se trata de un terreno muy amplio en una esquina sobre Avenida Das Cataratas 3701 (una de las principales arterias de la localidad fronteriza con gran movimiento turístico) donde levantaron este emprendimiento gastronómico y de eventos, que también funciona como salón de fiestas infantiles, y al lado pusieron en marcha un lavadero de vehículos. Dentro del salón, hay numerosos autos de colección con los cuales realizan exhibiciones.
Esta empresa está a nombre de Micaela Agostina Banegas, quien además tiene otras dos firmas: una es Herma Holding Ltda., junto a su hermano Tomás Valentín Banegas. Se trata de una figura a través de la cual se pueden realizar inversiones en otras empresas. La otra es Vivra Travel Agencia de Viajes Ltda., que la mujer tiene junto a una socia brasileña, J.M.D., desde abril de este año. Esta socia se inscribió en el rubro panadería en 2012, y emprendió con una empresa de consultoría inmobiliaria en 2025. En el domicilio de la empresa de turismo no hay nada que parezca a un comercio, en una zona residencial de Foz do Iguazú, y la cuenta de Instagram tiene apenas una sola publicación.
El joven Tomás Banegas aparece a su vez como dueño de Tomás Valentín Bar Ltda., con domicilio en Avenida das Cataratas 3703, es decir, pegado al bar de autos, donde funciona un lavadero.
Además, el salón de belleza “Div boutique” que funcionaba en la capital entrerriana, iba a ser trasladado a Foz do Iguazú, según anunciaban en Instagram.
Situaciones irregulares o ilícitas
La situación de Almada es complicada si la Justicia corrobora estas acciones. Por un lado, porque al momento de iniciar las audiencias de remisión a juicio de la causa Contratos, el hombre firmó una planilla con sus datos identificatorios, donde consignó como domicilio calle Los Ceibos 1159, en el barrio San Agustín de Paraná. Es decir, para la Justicia y para el Ministerio Público Fiscal, Almada debería estar residiendo en ese lugar. Así lo dispuso la Justicia en marzo de 2019 cuando lo liberó: al igual de los otros acusados que habían sido detenidos, quedó con la tajante “prohibición absoluta de ausentarse de la ciudad de Paraná sin previo acuerdo de la Fiscalía o autorización judicial”.
Fuentes consultadas por ANÁLISIS señalaron que Almada “va y viene todo el tiempo”, de Argentina a Brasil, de Misiones a Foz do Iguazú. Es más: a través de allegados, trascendió que hace unos meses toda la familia viajó a Europa durante varias semanas, pero el registro migratorio está en el vecino país, desde donde salió el vuelo.
El registro migratorio de egresos y regresos al país confirma aquellos dichos y muestra un frenético ida y vuelta desde el año 2020, con cientos de cruces migratorios, sobre todo desde el año pasado. Hizo un surco en el puente internacional Tancredo Neves. La semana pasada, luego de haber regresado a Puerto Iguazú el 27 de agosto, Almada estuvo una semana en Argentina y volvió a viajar para Foz do Iguazú el 3 de septiembre, el mismo día en que se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó las condenas a Urribarri, Aguilera y Pedro Báez y su inminente encarcelamiento. Desde entonces, Almada no había regresado.
Almada registra cientos de cruces del puente internacional en los últimos años.
Por otro lado, la inhibición dictada por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, confirmada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones y por la Cámara de Casación Penal, abarcaría todo el patrimonio, por lo cual tendrían prohibido realizar cualquier tipo de inversión. Para la Fiscalía, esto podría configurar el delito de lavado de activos, de naturaleza federal.
En diciembre del año pasado, se ordenó la reinscripción de las inhibiciones generales de bienes oportunamente dispuestas sobre imputados y algunas de sus parejas: Alfredo Bilbao, Gustavo Pérez, Sergio Esteban Cardoso, Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Juan Domingo Orabona, Pedro Eduardo Opromolla, Jorge Enrique De Breuil, Juan Pablo Aguilera, Alejandro Luis José Almada, Roberto Ariel Faure, Verónica Caíno, Jorge Pablo Balladares, Guido Daniel Krapp, María Jazmin Mena Gioveni, Nicolás Beber, Renato Jesús Mansilla, María Victoria Álvarez, Viviana Gisell Mena Gioveni, Julia Gabriela Vainstein, Sandra Fabiana Marozzini, María Alejandra Camisassa, Micaela Agostina Banegas, Luciana María Belén Almada. En el caso de Camisassa, esposa de De Breuil, recientemente la Justicia le levantó la inhibición sobre su patrimonio que comparte con su marido.
En la resolución de inhibición de abril de 2019, sobre Almada se congelaron los siguientes bienes registrables: inmueble ubicado en calle Martín Pescador, en la localidad de Estancia Grande, una zona de quintas al sur de Concordia. Específicamente, se encuentra en el barrio privado Chacras al Río, un lugar de ensueño para gente rica (partida provincial 02 163015 7, matrícula No 6665, parcela 196; 2); el auto Ford Focus 5p 2.0 dominio AA349YX; cuotapartes correspondientes a la sociedad NEXT S.R.L.. Sobre Banegas, se inhibió el inmueble ubicado en La Picada, Departamento Paraná, el vehículo Renault Duster PH2 Privilege año 2016, y un auto Fiat Vivace.
En el mencionado Ford Focus fue el que detuvo la Policía Federal en la ruta nacional 12 el 18 de enero de 2018, donde se conducían la pareja Almada y Banegas. Les descubrieron que llevaban una caja de cartón con fajos de billetes de distinta denominación que sumaban 371.400 pesos, es decir unos 20.000 dólares en ese momento. El dinero fue secuestrado por la Justicia Federal por su dudosa procedencia. Todavía faltaban unos ocho meses para que saltara el escándalo de los contratos truchos. Para la Fiscalía, esa plata era producto de la actividad ilícita desplegada en la Legislatura, porque coincide con las anotaciones del cuaderno secuestrado a Hugo Mena, donde se leía que en esos días le realizaron entregas de dinero a Almada, un “recaudador” al igual que su cuñado Aguilera.
Detenido y audiencia de prisión preventiva
El Ministerio Público Fiscal solicitó esta semana el pedido de detención de Almada, atento a la información de su ausencia de la ciudad de Paraná. Se realizaron diferentes medidas, entre ellas se solicitó el registro de salidas y regresos al país a la Dirección Nacional de Migraciones. Con este informe, que reveló la ausencia del imputado de la ciudad de Paraná, se solicitó su detención. La jueza de Garantías Marina Barbagelata, ordenó el arresto de Almada. Aunque esta orden debía mantenerse en secreto ante un posible peligro de fuga, la información se filtró y hubo un episodio tenso en Tribunales con un familiar reclamando por el pedido de detención. El propio Almada decidió dirigirse hasta la sede Gendarmería y ponerse a disposición de la Justicia.
Se espera que en las próximas horas sea trasladado a Paraná. Podría realizarse una audiencia para evaluar la situación de Almada, donde la Fiscalía pediría la prisión preventiva hasta la finalización del juicio de la causa contratos truchos, que aún no tiene ni siquiera fecha de inicio. En la etapa de remisión, la Fiscalía anticipó una pretensión punitiva de 10 años de prisión para él.
Empresarios de la moda, el vino y la construcción naval coincidieron en un diagnóstico común sobre la economía argentina: la planificación a largo plazo y la pasión por el oficio son las herramientas para atravesar la coyuntura. El encuentro, denominado Fabricando Futuro 2026 y organizado por el Movimiento Industrial junto con La Fábrica Podcast, reunió en un mismo escenario a referentes de sectores productivos distintos que compartieron su experiencia frente a la crisis económica.
El diseñador Ricky Sarkany, entrevistado por la conductora del podcast “La Fórmula”, Milagros Hadad, relató el origen de su familia como marco para relativizar el momento económico actualm, duro para el sector industrial y de indumentaria. Sus padres escaparon de Hungría durante el régimen comunista tras la Segunda Guerra Mundial, luego de que su madre sobreviviera al campo de concentración de Auschwitz y su padre lograra escapar de un campo de exterminio. La familia perdió la fábrica que había pertenecido a su bisabuelo, su abuelo y su padre, confiscada por el Estado húngaro, y finalmente emigró en barco hacia la Argentina con apenas sesenta dólares producto de la venta de un juego de vajilla.
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“Crisis la que vivieron mis viejos”, afirmó Sarkany al comparar ese pasado familiar con las dificultades del presente. El empresario trazó un paralelismo entre la actualidad y otros episodios críticos de la historia económica argentina reciente, como la pandemia de covid-19 y el corralito de 2001, para sostener que la coyuntura actual también es transitoria.
“Hay que ver lo que todos ven y pensar lo que nadie piensa”, sostuvo Sarkany, al citar una frase que, según explicó, le repetía su padre. El diseñador señaló que la sociedad actual demanda respuestas inmediatas y tiene cada vez menos paciencia para los procesos, lo cual dificulta la capacidad de detenerse a buscar oportunidades en medio de la crisis.
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Sarkany reconoció que, por primera vez, su empresa debió trabajar sobre una reducción de costos, algo que calificó como una decisión “durísima” cuando implica afectar a los equipos de trabajo. “La gente para mí no es una variable de ajuste, pero hoy hay que subsistir”, explicó. El empresario cerró su intervención con un llamado a mantener la esperanza y a “mirar de frente y sonreír” pese a las dificultades del contexto.
La Mesa Industrial, que integraron la diseñadora María Cher, el empresario naval Vito Contessi y el enólogo Sebastián Zuccardi, profundizó sobre los tiempos de producción que exigen sus respectivos rubros. Zuccardi explicó que un viñedo demora entre cuatro y cinco años en producir desde que se planta, mientras que Contessi señaló que la industria naval requiere insumos, como motores, que pueden demorar hasta dos años en entregarse desde su compra. “La foto de mi empresa hoy es la realidad de hace dos o tres años”, indicó el empresario naval.
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María Cher, por su parte, detalló que su compañía trabaja con un año y medio de anticipación sobre sus colecciones, lo cual la obliga a proyectar el negocio en plazos que exceden la coyuntura inmediata. La empresaria remarcó que la identidad de marca y el conocimiento acumulado durante años sobre las preferencias de la clienta argentina constituyen una ventaja frente a la competencia internacional.
Por su parte, Contessi advirtió sobre la pérdida de oficios calificados en su industria, como soldadores, torneros y calderos navales, que requieren al menos un lustro de formación para alcanzar un nivel profesional. El empresario explicó que, ante las bajas del sector, buena parte de esos trabajadores migra hacia otros rubros o hacia el exterior, lo que obliga a la industria naval a formar nuevamente a su personal cuando se produce un repunte de la actividad.
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El empresario destacó también la relevancia estratégica del sector para la Argentina, un país que cuenta con 2,8 millones de kilómetros cuadrados de territorio continental y una superficie marítima de similar extensión. Mencionó como antecedente internacional la Ley Jones de Estados Unidos, una norma centenaria que exige que los buques que operan en ese país sean construidos allí, y recordó que el gobierno de Donald Trump lanzó recientemente un plan de impulso a la construcción naval estadounidense.
Zuccardi, en tanto, sostuvo que las empresas familiares cuentan con una ventaja en la toma de decisiones frente a otras estructuras corporativas, dado que la búsqueda de rentabilidad convive con un componente vocacional que permite pensar en plazos más largos. “La toma de decisiones excede a un planning de corto plazo y eso nos da sostenibilidad”, explicó el ejecutivo cuya bodega exporta a más de 70 países.
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María Cher coincidió en que la innovación constante y la diversificación de líneas de negocio, como la incorporación de ropa interior y de una división de fragancias, permiten sostener la competitividad frente a las marcas internacionales sin resignar calidad. La empresaria señaló además que su compañía divide roles con su marido, quien está a cargo del área administrativa y comercial, mientras ella conduce la dirección creativa de la firma.
Durante el encuentro, también, hubo tiempo para una conversación con el dueño de Banco Macro, Jorge Brito, quien desde el escenario reflexionó sobre la mora crediticia, además del rol de del sector financiero y del crédito en el crecimiento económico.
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Pero, más allá del sector bancario, el empresario resaltó la posibilidad de generar un crecimiento que cree empleo registrado. “Como empresarios y como país tenemos la oportunidad de generar empleo creando valor”, sostuvo.
El encuentro, además, tuvo como uno de sus momentos principales la entrega del Premio Emprendedor Industrial, que distinguió Carmelo Dezeo, un emprendedor industrial de 26 años de edad que creó Boogie’s Bakery, una empresa que produce panificados de papa.
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, lanzó una dura advertencia sobre la competencia tecnológica con China y aseguró que, si Pekín logra ganar la carrera por el desarrollo de la Inteligencia Artificial, el país norteamericano podría perder buena parte de las ventajas económicas, militares y estratégicas que hoy le permiten mantener su posición de liderazgo global.
“No habrá un pasado mañana si China se adelanta en inteligencia artificial“, afirmó Bessent, quien sostuvo que en ese escenario “nada más importará”. Según explicó, el dominio de esta tecnología podría volver irrelevantes algunas de las principales fortalezas estratégicas de Washington, incluso su enorme capacidad militar.
Durante un evento realizado en Washington, el funcionario señaló que EEUU cuenta con un presupuesto de Defensa de u$s1,5 billones, pero advirtió que ese nivel de gasto podría no ser suficiente para garantizar la seguridad del país si China consigue imponerse en el desarrollo de la IA.
El secretario del Tesoro de EEUU advirtió sobre la competencia tecnológica entre la República Popular y el país norteamericano y afirmó que podrían perder buena parte de las ventajas económicas, militares y estratégicas que hoy le permiten mantener su posición de liderazgo global.
La preocupación de Bessent parte de la importancia que la inteligencia artificial tendrá en áreas como defensa, inteligencia, ciberseguridad, producción industrial y desarrollo tecnológico. En otras palabras, el país que consiga desarrollar sistemas de IA más avanzados podría obtener una ventaja significativa sobre sus rivales en múltiples sectores al mismo tiempo.
“No podemos hacer una pausa porque los chinos no la harán“, afirmó Bessent al referirse a la competencia tecnológica entre las dos potencias.
Sin embargo, el secretario del Tesoro también sostuvo que China todavía enfrenta dificultades para superar a EEUU. Durante otra intervención en la Universidad Metodista del Sur (SMU), en Dallas, argumentó que las compañías chinas dependen en buena medida de los avances desarrollados por empresas estadounidenses.
En ese sentido, cuestionó especialmente el uso de la denominada “destilación”, una técnica utilizada para entrenar modelos de inteligencia artificial más pequeños a partir de las respuestas generadas por modelos más grandes y sofisticados.
¿Qué es la “destilación” de modelos de IA?
La destilación es una técnica legítima dentro del desarrollo de inteligencia artificial: permite que un modelo más pequeño aprenda determinados comportamientos y capacidades de otro modelo más grande. De esta manera, es posible crear sistemas que requieran menos recursos y sean más baratos y rápidos de ejecutar.
La acusación de Washington es diferente. Según las autoridades estadounidenses, algunas empresas chinas estarían utilizando esta técnica para reproducir a gran escala capacidades de modelos desarrollados por compañías estadounidenses, lo que les permitiría acelerar sus propios desarrollos sin tener que invertir el mismo tiempo y recursos en investigación.
El FBI, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y otras autoridades estadounidenses acusaron el martes a seis empresas chinas, entre ellas DeepSeek, Moonshot AI y Alibaba, de utilizar esta metodología para copiar tecnología estadounidense.
Bessent resumió su posición con una comparación: afirmó que la práctica es como “mirar por encima del hombro de alguien y copiar sus deberes”. A su juicio, una estrategia basada en copiar los avances de otro país puede permitir reducir distancias, pero no necesariamente alcanzar el liderazgo tecnológico.
La disputa tecnológica entre EEUU y China
Las declaraciones de Bessent se producen en un momento de creciente competencia entre Washington y Pekín por el liderazgo tecnológico. La inteligencia artificial se convirtió en uno de los principales escenarios de esa disputa, junto con los semiconductores, las tierras raras y otras tecnologías consideradas estratégicas.
La discusión también se da poco antes de la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Washington, prevista para finales de este mes, después de varios meses de negociaciones destinadas a reducir las tensiones entre las dos mayores economías del mundo.
Aunque ambos países mantienen una tregua comercial que permitió suspender o reducir parte de los aranceles que se habían impuesto mutuamente, continúan abiertos numerosos conflictos vinculados al comercio y la tecnología.
Entre ellos se encuentran las restricciones a empresas de ambos países, el acceso a semiconductores avanzados, el control de minerales estratégicos y el desarrollo de la inteligencia artificial.
A este escenario se sumaron además las nuevas sanciones de Washington contra Irán, que alcanzan a sociedades de Hong Kong y empresas chinas acusadas por Estados Unidos de facilitar a Teherán compras, pagos, transporte marítimo y tecnología.
El presidente del Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil, Edson Fachin, ordenó este miércoles correr al juez Alexander de Moraes de la investigación sobre las noticias falsas, iniciada hace siete años y que apunta contra el bolsonarismo, en el marco de la crisis que afecta a la Corte a raíz de las acusaciones contra el magistrado por presunto nexo con un banquero acusado por corrupción.
Fachin tomó a su cargo la causa que hasta el momento estaba bajo el ala de Moraes, quien oficiaba de magistrado relator desde los inicios del expediente en 2019, en una decisión que podría abrir la puerta a su cierre. En la misma, se investigaba la presunta difusión de información falsa por parte de actores cercanos al expresidente Jair Bolsonaro, con el fin de afectar la credibilidad del sistema de votación.
De Moraes es uno de los jueces más importantes de Brasil. Miembro del Tribunal Supremo Federal, encabezó el proceso judicial contra el expresidente Bolsonaro en el que fue hallado culpable de liderar una conspiración e intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, el Poder Legislativo y el Poder Judicial en 2022.
Quién es Alexandre de Moraes
Nacido el 13 de diciembre de 1968 en San Pablo, Moraes es especialista en derecho constitucional. Ingresó al Supremo Tribunal Federal en 2017, tras ser propuesto por el entonces presidente Michel Temer, de quien había sido ministro de Justicia.
Entre 2015 y 2016 se desempeñó como secretario de Seguridad de San Pablo, etapa en la que la izquierda lo acusó de reprimir movilizaciones sociales. Esa misma izquierda hoy lo reivindica como un defensor clave de la democracia frente a los embates de Bolsonaro durante su mandato (2019-2022).
En 2023, bajo su conducción, la justicia electoral condenó al expresidente a ocho años de inhabilitación política por difundir desinformación en la antesala de las elecciones de 2022, en las que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
La causa que involucra a Alexandre de Moraes
La decisión de Fachin se tomó luego del cimbronazo que generó la apertura de documentos judiciales que expusieron intercambios de mensajes de Moraes con Daniel Vorcaro, un empresario dueño del exBanco Master encarcelado por fraude. Los chats sugerirían una relación de confianza entre ambos y contactos.
La pesquisa policial acusa al magistrado de haber intervenido en la revisión de un contrato millonario de prestación de servicios entre el estudio jurídico de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el Banco Master.
La investigación avanzaba bajo secreto judicial, pero el juez André Mendonça, también miembro del Supremo, decidió levantar la confidencialidad, lo que habilitó a la difusión de los expedientes. La medida implicó que salieran a la luz las pesquisas de la Policía Federal.
Mendonça solicitó que el caso sea evaluado por el pleno del tribunal “de modo técnico y estrictamente jurídico” en una audiencia pública. Pero la publicación de los informes, que carecen de firma y sello oficial de la Policía Federal, generó un cimbronazo en el Tribunal Supremo Federal y una batalla judicial entre sus integrantes.
A raíz de su publicación, y debido a la presunta falta de certificación de los mismos, Moraes solicitó una investigación contra Mendonça al señalar “indicios de mala conducta”, “abuso de poder” y “mala gestión administrativa”.
El material abrió las puertas a las sospechas de que Mendonça pudo haber interferido indebidamente con la Policía Federal e influido en acuerdos de culpabilidad, los cuales, según los textos, podrían haberse realizado por intereses políticos.
La turbulencia en el seno del máximo tribunal de justicia de Brasil se intensificó en torno a la continuidad del Director General de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. Mendonça ordenó su destitución la semana pasada, pero el ministro Flávio Dino lo restituyó.
Fachin tomó cartas en el asunto y mantuvo a Rodrigues en el cargo al suspender las resoluciones de Mendonça y Dino. Declaró que las decisiones habían generado un “conflicto irreconciliable de posiciones judiciales” y ordenó que la controversia debía ser gestionada por la presidencia del Tribunal.
En ese marco, el presidente del TSF convocó a una sesión plenaria extraordinaria para el próximo martes 15, a las 10, para analizar el caso que incluye mensajes del banquero Daniel Vorcaro y del ministro de Moraes.
Brasil llega a las urnas con Lula al frente, pero con una segunda vuelta abierta y el mercado atento al frente fiscal.
Lula da Silva y Flavio Bolsonaro protagonizan una disputa pareja por la presidencia de Brasil
Las novedades entorno al Tribunal Supremo y sus consecuencias sobre causas vinculadas al bolsonarismo se dan en el medio de la campaña para los comicios presidenciales de Brasil. Las encuestas anticipan una elección muy pareja entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.
En un eventual balotaje, el actual mandatario obtendría el 46% de los votos, apenas un punto por encima de Bolsonaro, que alcanzaría el 45%. Con un margen de error de dos puntos, el resultado representa un empate técnico.
La diferencia aumenta en la primera vuelta. Según el mismo estudio, Lula reuniría el 41% de las preferencias, frente al 37% de Bolsonaro. En tercer lugar aparecería el exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, con el 5%.
El sondeo también refleja una fuerte polarización entre los votantes. Casi la mitad de los consultados mantiene una postura negativa hacia los dos principales candidatos: el 49% asegura que nunca votaría por Lula, mientras que el 48% descarta apoyar a Bolsonaro.
La evaluación del gobierno también muestra una división similar. El 48% aprueba la gestión de Lula, mientras que el 49% tiene una opinión negativa sobre su administración.
En abril del 2024, el entonces recién asumido presidente Javier Milei ordenó que la Argentina inicie por segunda vez el proceso para ser admitida como parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), comenzando así una nueva etapa en la posición geopolítica del país en lo que respecta a las alianzas militares.
La última vez que había ocurrido algo similar fue en 1999, sobre el final del mandato de Carlos Menem, cuando las relaciones con los Estados Unidos seguían estando en un buen momento y la Casa Rosada pidió ser miembro pleno de la NATO -por sus siglas en inglés- lo cual fue rechazado.
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La propia institución internacional aclara en el artículo 10 de su carta fundacional que se podrá incorporar “a cualquier Estado europeo“, por lo que deja explícitamente afuera a los que son de otros continentes.
Por esta razón, hace ya dos años que la gestión libertaria impulsó una estrategia diferente, que es la de solicitar ser “socio global” de la organización, un estatus que sí está permitido y que hasta ahora solamente ostenta Colombia dentro de América Latina.
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La alianza militar es un sistema de defensa colectiva que representa los intereses geopolíticos de las principales potencias occidentales, empezando por Washington, y tiene como némesis a Rusia, Irán y China.
Fue creada en abril de 1949 para frenar el avance de la entonces Unión Soviética por un grupo de 12 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Bélgica, Dinamarca, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Portugal.
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Con el tiempo se sumaron otras naciones europeas, hasta alcanzar en la actualidad un total de 31 integrantes que, en su conjunto, representan el 53% del gasto militar a nivel mundial.
El punto más importante del tratado es el que establece que un ataque armado contra uno o más de sus miembros plenos, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como dirigido contra todos ellos, razón por la cual son estrictos a la hora de abrirse a nuevos candidatos.
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De hecho, la posibilidad de que Ucrania se incorporara a la organización fue uno de los motivos que influyeron en el inicio de la guerra con Rusia, que consideró esas negociaciones como una amenaza.
En 2024, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, se reunió en el cuartel general de la OTAN, en Bruselas, con su secretario general adjunto, Mircea Geoana, y le presentó la carta de intención que inicia el proceso de incorporación de la Argentina.
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Desde entonces, el Gobierno inició un proceso de fuerte modernización de sus Fuerzas Armadas, renovando equipo básico que estaba obsoleto, con la adquisición de avanzados fusiles de origen israelí, por ejemplo, o haciendo importantes compras, como la de los aviones F-16 y los P-3 Orion a Noruega, o los Strykers provenientes de los Estados Unidos.
Más recientemente, Milei anunció, en el marco de un plan de fortalecimiento del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, la construcción de una base naval integrada en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.
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Esta es una iniciativa que lleva ya varios años y que alguna vez llamó la atención de la Casa Blanca, que analizó financiar el proyecto, pero que finalmente se hará enteramente con recursos nacionales.
Para esto, el Presidente le ordenó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que priorice las partidas para Defensa al momento de elaborar el Presupuesto 2027, que se enviará la próxima semana al Congreso.
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De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del Palacio de Hacienda, si bien todavía no está definido el monto final que se asignará a esa área, ”no habrá recortes en otros lados, porque el aumento saldrá del superávit“.
Los recursos que se destinan para gastos militares son un punto muy importante para el mandatario estadounidense, Donald Trump, que incluso criticó públicamente a sus aliados por no aumentar las partidas para ese sector.
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“Estados Unidos gasta mucho más dinero que cualquier otro país en la OTAN para protegerlos, sin obtener ningún beneficio a cambio”, sostuvo el republicano en julio pasado.
Por su parte, la Argentina confirmó que participará el año que viene de la Operación Nanook, que realizará la organización internacional, por lo que enviará efectivos al Ártico para participar de los ejercicios encabezados por Canadá.
Luego de imponerse con una amplia diferencia sobre Marcos Pereda y conseguir su reelección como presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino agradeció el respaldo de los socios y adelantó que uno de los principales objetivos de su nueva gestión será lograr la eliminación definitiva de los derechos de exportación. “Vamos a continuar trabajando para alcanzar un objetivo que consideramos central: retenciones cero por ley y para siempre”, afirmó el dirigente, que conducirá la entidad durante el período 2026-2028 acompañado por Carlos Odriozola como vicepresidente.
Pino consiguió 1441 votos, frente a los 592 obtenidos por Pereda, quien venía desempeñándose como vicepresidente. De acuerdo con la información difundida por la entidad, el actual presidente alcanzó el 71% de los votos.
“Agradecemos la confianza que depositaron en nosotros, en nuestro equipo y en una forma de gestionar la institución. Recibimos este resultado con alegría, pero fundamentalmente con responsabilidad, compromiso y la convicción de comenzar una nueva etapa”, señaló Pino después de conocerse el resultado.
La asamblea realizada hoy en la entidad y donde se conoció la victoria de Pino
El dirigente aseguró que buscará seguir construyendo “una Sociedad Rural Argentina cada vez más sólida, federal, representativa y cercana a los productores”. También reconoció el trabajo de quienes lo acompañaron durante los últimos años: “Esta gestión es el resultado de un esfuerzo colectivo y de muchas personas que todos los días trabajan para fortalecer la Sociedad Rural Argentina”.
Además del reclamo por las retenciones, Pino anticipó que la competitividad, la reducción de la presión tributaria y una mayor inserción internacional estarán entre los ejes de la entidad. “Impulsaremos una agenda de competitividad que contemple mejor infraestructura, mayor acceso al crédito, incorporación de tecnología, seguridad y una inserción internacional cada vez más ambiciosa para nuestra producción”, indicó.
Por su parte, Odriozola dijo que la nueva conducción buscará reforzar la presencia de la Rural en las distintas regiones productivas. “Durante estos años recorrimos el país, escuchamos, aprendimos y estuvimos junto a cada productor. Queremos que la Rural esté cada vez más presente allí donde hay un productor”, sostuvo. Y añadió: “Una institución que no representa al campo solamente desde un escritorio, sino desde el territorio”.
Tras conocerse el resultado, por su parte Pereda agradeció la participación de los socios y confirmó que su espacio seguirá trabajando dentro de la SRA. En su mensaje también retomó una de las principales discusiones que atravesaron la interna: la interpretación del estatuto sobre la cantidad de períodos consecutivos que puede ejercer un presidente.
Durante la campaña, Pereda sostuvo que Pino no estaba habilitado para competir nuevamente porque había sido elegido en 2021 y reelecto en 2022 y 2024. Según su interpretación, ya había cumplido los tres períodos consecutivos permitidos. El sector de Pino rechazó ese planteo y su candidatura fue finalmente habilitada por las autoridades de la entidad, por lo que pudo presentarse para conducir la Rural hasta 2028.
Tras la interna caliente, Marcos Pereda, que perdió las elecciones, saluda al ganador, Nicolás PinoSRA
“El resultado electoral determinó la continuidad de la actual conducción luego de haber cumplido los tres períodos consecutivos que establece el estatuto”, escribió Pereda después de la derrota en X.
Pereda aseguró que su espacio continuará activo dentro de la entidad. “Desde Renovación con Unidad seguiremos trabajando internamente por los valores de la entidad, comprometidos siempre con la defensa de la institución de la que formamos parte”, concluyó.
La elección cerró una interna que había dividido a la conducción de la entidad. Pino y Pereda compartían la presidencia y la vicepresidencia de la SRA desde 2021 y habían sido reelectos juntos en 2022 y 2024, pero las diferencias entre ambos se profundizaron durante el último período. Finalmente, cada uno presentó su propia lista para competir por la conducción.
Pino encabezó Presencia Federal, acompañado por Odriozola, mientras que Pereda se presentó por Renovación con Unidad, junto con Santos Zuberbühler. La votación electrónica había comenzado durante la Exposición Rural de Palermo y concluyó con la 162ª Asamblea General Ordinaria de Socios, realizada en la sede de la entidad.
El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, advirtió que la mora en el sistema crediticio argentino tocó el semáforo en rojo pero que, según los datos que maneja la entidad, ya comenzó a retroceder. Lo dijo en el evento “Industriales de Corazón”, organizado por La Fábrica Podcast y el Movimiento Industrial, donde también habló sobre gestión empresarial, empresa familiar y su visión del modelo económico actual.
“Yo creo que tocamos el rojo y volvimos al amarillo”, sintetizó Brito. La señal de mejora, explicó, no viene del stock de deuda en problemas sino del comportamiento de los créditos más recientes. “Cuando los bancos miramos qué ocurre con los nuevos créditos, los nuevos créditos vienen con mucho menos morosidad”, precisó. “Este problema que tenemos es un problema de stock, de créditos dados durante el segundo y tercer trimestre del año pasado”.
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Según Brito, el deterioro tuvo un origen concreto: el ajuste de tarifas y la suba de la tasa de interés —que llegó a tres dígitos en el último trimestre de 2024— comprimieron el ingreso disponible de muchas familias. “Teníamos un 20% o 25% menos de plata para gastar”, describió. Eso llevó a que quienes ya llegaban justos a fin de mes comenzaran a endeudarse y, eventualmente, a dejar de pagar las cuotas. El indicador de irregularidad del crédito a los hogares escaló hasta el 12,8% en mayo de 2026 —el nivel más alto en más de dos décadas—, antes de ceder levemente al 12,7% en junio, según datos de la Central de Deudores (Cendeu) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) procesados por la consultora 1816.
Tres millones de argentinos afectados, con las fintech como variable crítica
Brito estimó que el problema alcanza a aproximadamente 3 millones de personas en el sistema financiero no bancario y a cerca de 1,5 millones que operan únicamente con bancos. El 14% de todos los clientes bancarios registra algún nivel de incumplimiento, señaló. La distinción importa porque la mora en entidades no bancarias —billeteras virtuales y financieras— llegó al 33% en junio, casi el triple del 7,6% registrado por los bancos en el mismo período.
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Para el presidente de Macro, la solución al problema no puede venir de “proyectos con soluciones mágicas”, porque esas iniciativas “generalmente las pagamos los contribuyentes argentinos”. El riesgo que identifica es que cualquier marco regulatorio que otorgue quitas o condonaciones termine afectando la seguridad jurídica y, con ella, el acceso al crédito futuro. “Tenemos que tener mucho cuidado de que esta solución para los morosos no venga de un marco que traiga aparejado que se corra el riesgo de que no haya financiamiento para lo que necesitamos en el futuro”, remarcó.
El crédito escaso como problema más profundo que la mora
Brito planteó una paradoja que, dijo, pocos señalan: la falta de crédito es un problema más grave que la mora misma. “Cuando uno mira los países más desarrollados del mundo, son los países que tienen más relación de préstamo en función del producto. Y son los que tienen tasa de interés más baja y plazos más largos”, argumentó. En ese esquema, la salida pasa por bajar el costo del financiamiento y extender los plazos, no por restringir aún más el acceso.
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El ejecutivo también se refirió al debate en el Congreso sobre posibles medidas de alivio para los deudores, donde consideró que el foco debe estar en refinanciaciones con extensión de plazos, sin que eso implique señales que desincentiven el pago en quienes todavía pueden cumplir.
Del campo a la industria: el modelo de agregado de valor
Más allá del sistema bancario, Brito expuso el modelo de integración productiva de su grupo empresarial como ejemplo de generación de empleo. El grupo opera más de cien mil hectáreas, supera las treinta mil vacas de cría y cuenta con más de cien mil cabezas en dos feedlots en su compañía agroindustrial Inversora Juramento. El frigorífico, que representa apenas el 5% de la inversión total, concentra el cincuenta por ciento del empleo: 650 trabajadores en la planta versus 500 en toda la parte agropecuaria. “Como empresarios y como país tenemos la oportunidad de generar empleo creando valor”, sostuvo.
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Para Brito, la Argentina tiene ventajas comparativas —energía, materia prima, talento— que le dan más herramientas que a otros países para afrontar un escenario global donde la generación de empleo masivo está en discusión. “Creo que esa discusión de si va a haber trabajo para todo el mundo, yo la tengo. Pero Argentina, al tener energía y materia prima, tiene muchas más herramientas para defenderse”, concluyó.
