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La economía mantiene un sendero de serrucho, con meses en los que sube y otros en lo que baja, tanto en lo que respecta a los indicadores macroeconómicos, de actividad productiva y comercial, como a la percepción de la sociedad sobre la situación personal, mientras que en el frente externo se consolida el superávit de la balanza comercial y la acumulación de reservas en el Banco Central de la República Argentina.

En este contexto, Infobae entrevistó a Fausto Spotorno, economista y director del Centro de Estudios Económicos de OJ Ferreres y del Instituto de Economía de la UADE, además de profesor en UADE y Ucema y miembro de la Fundación Norte y Sur, para analizar la coyuntura y sus expectativas para los próximos meses.

— Si la macro mejora, ¿por qué tanta gente siente que está peor?

— Cuando hablamos de la macroeconomía estamos hablando de las condiciones que generan el Gobierno, las instituciones y las leyes de un país para que se desarrolle la economía. En ese sentido, las condiciones que tenía la economía argentina antes de 2024 no eran compatibles con el desarrollo económico ni con la prosperidad.

No se puede crecer ni invertir con alta inflación, caída del ahorro, baja inversión o inversión distorsionada, y caída en la productividad. Como resultado de eso, las exportaciones estaban completamente estancadas medidas en volumen físico, el estancamiento económico duró más de una década, incluso en la industria, y los niveles de pobreza llegaron a tocar el 50% de la población.

O sea, no es solo que la macro estaba mal, la micro también. Por eso, en la medida en que se fue ordenando el Banco Central, el Estado, la deuda pública, el sistema bancario y se redujeron las distorsiones como los múltiples tipos de cambio y los precios relativos, etcétera, nos encontramos con una microeconomía que también estaba profundamente distorsionada.

Para peor, en estos años en los que Argentina se “desconectó” parcialmente de lo que sucedía en el mundo, nos fuimos apartando de los cambios en los negocios que sucedían en el resto del planeta. Todo ello provoca la necesidad de una transformación importante en la economía a nivel de empresas, empleo y sectores económicos.

No es de extrañar que mucha gente no solamente perciba que está en una situación peor, sino que efectivamente lo está, y es difícil explicar por qué hoy se puede estar peor que inicialmente, porque cualquier cambio de esquema económico va a generar ganadores y perdedores. Lo importante es si el esquema económico que se está desarrollando en Argentina a la larga va a hacer que todos sean ganadores en mayor o menor medida.

— ¿Hoy pesa más el humor social que los datos de la economía?

— Algo de eso hay. En primer lugar, lo que sucede es que los datos de la economía muestran mucha heterogeneidad entre sectores y regiones distintas. Para colmo, e incluso cuando uno mira dentro de cada sector, se va a encontrar con diferentes realidades. Así que la realidad no es igual para todos: más allá de que los grandes números como el PBI puedan mostrar una mejora, hay mucha dispersión en las realidades económicas.

Por otra parte, es cierto que cuando se miran los gastos de las familias, sobre todo en la clase media, con trabajos formales, se ve que hay un aumento de la proporción del ingreso que va a pagar servicios públicos, servicios de salud, educación y todo lo que sea gasto fijo. Ello reduce la capacidad de gasto en consumo masivo. Al principio, esto se vio compensado por una recuperación del salario real y una expansión del crédito que se llevó a cabo entre la segunda mitad de 2024 y 2025.

Pero a partir del segundo semestre del año pasado, la volatilidad financiera de las elecciones tuvo un impacto negativo en algunas variables como el crédito, las tasas de interés y la morosidad bancaria. Además, en los primeros meses de este año se observó una aceleración inflacionaria que no fue del todo anticipada en los acuerdos laborales y ello provocó una caída del salario real, a lo que se le sumó una suba de tarifas.

Todo ello provocó un freno en la absorción doméstica (consumo privado más consumo público más inversión) en el primer trimestre de este año, medida en forma desestacionalizada.

— ¿El Gobierno está mostrando mejores números que percepción de mejora real?

— En este contexto que le conté, se observó una caída de la confianza del consumidor que mide la UTDT, que pasó de promediar más de 45 puntos en el primer semestre de 2025 a algo más de 40 puntos en el último dato de agosto.

Sin embargo, cuando se ven los datos de actividad se observa que, según el EMAE del Indec (Estimador Mensual de Actividad Económica), la actividad económica creció 1,5% en ese período. Lo que pasa es que se observa una clara prevalencia de sectores y empresas exportadoras por sobre los sectores y empresas orientadas al mercado local, y eso podría explicar esa discrepancia.

— Los sectores liberales que antes pedían menos Estado hoy reclaman más contención. ¿Cambió la realidad o cambió el discurso?

— Creo que no son temas ideológicos, sino más bien recomendaciones de pragmatismo económico, en un contexto de reordenamiento económico. El proceso de apertura, desregulación y liberación de la economía no es homogéneo y los resultados, tampoco. En especial en una economía tan volátil. Creo que el debate dentro del propio liberalismo no es de fondo, sobre si el Estado debe o no intervenir en estos casos. O, por lo menos, no es el debate actual. Creo que se trata más bien de un debate sobre cómo controlar el proceso de liberalización.

En este caso en particular del crecimiento de la mora, básicamente es esto. Después de años de creciente inflación, la mora siempre terminaba licuándose. Esto implicaba que no había casi historias crediticias en condiciones razonables. La baja de la inflación, junto con la rápida expansión del crédito y la irrupción de la tecnología, puso un gran estrés sobre el sistema de riesgo crediticio en un período muy breve.

A eso hay que sumarle la fuerte volatilidad financiera experimentada el año pasado, justo luego de que el gobierno eliminara las Lefi y unificara el tipo de cambio. Por eso hay una visión de que la suba de la morosidad en parte es el resultado de un cambio en las condiciones que se multiplicó violentamente por la percepción de riesgo electoral.

— ¿La suba de la morosidad crediticia fue un costo inevitable del ajuste o una señal de que algo no está cerrando?

— Un poco y un poco. Un breve estudio que hicimos nos indicó que muchos -por no decir todos- los planes de estabilización pasan por un proceso de incremento de la mora. Por ejemplo, en Brasil, con el Plan Real, la morosidad subió de niveles del 8% al 13%. En México, a finales de los 80, se duplicó, pasando del 7% al 15% (incluso llegó en algunos puntos al 20%); en Israel, el plan de estabilización de mediados de los 80 también mostró un aumento en la mora, más pequeño, de 3 puntos porcentuales. Pero en casi todos se observa un incremento de la morosidad, en algunos casos muy bajo, como el de Israel, y en otros mucho más fuerte, como el de Turquía, de 20 puntos.

Esto es bastante lógico, porque, como decía antes, la inflación licua la volatilidad. Pero además, los programas de estabilización también implican una transformación profunda de la economía. En esa transformación habrá, al inicio, ganadores y perdedores. Los perdedores pueden tener problemas para pagar su deuda.

—El Gobierno y los bancos dicen que la morosidad ya fue contenida. ¿Está resuelto el problema o se lo está minimizando?

— Parecería que está contenida. No sé si resuelta. Pero lo que vemos es que ya no crece y todo hace pensar que, si el proceso de desinflación continúa, las tasas de interés podrían bajar en este segundo semestre y, con ello, empezar a bajar la mora.

— ¿Le preocupa más el desgaste social o el adelantamiento de la pelea política por 2027?

— Creo que una cosa habilita a la otra. Hay cierto desgaste social, porque no todos están pudiendo recibir los beneficios de los cambios económicos. Es cierto que el propio Presidente ha dicho que iba a costar y que esta transformación era para mejorar las posibilidades futuras. Pero claramente empieza a haber algún desgaste social y es más difícil seguir pidiendo un esfuerzo, como se ve en algunos números. Ello creo que habilita a que empiece a adelantarse algo de la pelea política.

Pero lo que más me preocupa es que se puedan poner en riesgo ciertos fundamentos clave de la economía, como la responsabilidad en el manejo fiscal, la responsabilidad en el manejo monetario y cambiario y el funcionamiento libre de los mercados.

— Cuando algunos reclaman una política más “social” y un tipo de cambio más alto, ¿están planteando una salida o una ilusión?

— Política social creo que hay. Argentina tiene una estructura de políticas sociales bastante sólida, desde la educación y la salud gratuitas hasta programas de asistencia. Además, la baja de la inflación y sobre todo la baja de los precios relativos de los alimentos ha permitido una baja sustancial de la pobreza.

Cuando hablamos de tipo de cambio alto o bajo estamos hablando del tipo de cambio real, que es el tipo de cambio ajustado por inflación. Por lo tanto, aquellos que piden un tipo de cambio más alto se encuentran con un problema: no lo define el Estado, lo define el mercado. Si quiero tener un tipo de cambio más alto y devalúo para lograrlo, es posible que la inflación posterior se coma toda la mejora del tipo de cambio. Entonces hay dos opciones: o devalúa de nuevo o controla los precios, algo que nunca funciona.

Tal vez la discusión más realista es si no conviene liberar lo que queda del cepo y de restricciones cambiarias para que el tipo de cambio termine de encontrar su nivel. Pero ojo, puede pasar que no se mueva mucho, sobre todo porque ya a un año de la unificación cambiaria es posible que el mercado ya le haya encontrado la vuelta para saltar esas barreras.

— ¿Pedir un dólar más alto sin hablar del efecto sobre inflación y pobreza es una forma de irresponsabilidad política?

— Bueno, depende de quién sea el que lo pide. Un industrial puede pedirlo sin mirar las consecuencias, o bien puede hacerlo, así como un empleado puede pedir un aumento de sueldo sin saber si se puede pagar. Ahora, si es una propuesta de política económica, entonces hay que explicar la política que se propone. Porque si se trata de devaluar y esperar lo mejor, claramente no funciona.

Solo basta ver lo que pasó en los últimos 12 meses. Tras la unificación cambiaria en abril del año pasado, el dólar subió un 22% hasta diciembre de 2025, por todo el ruido político. En ese período la inflación fue del 18%. Con lo cual, alguien que apoya el mecanismo de devaluación podría cantar “¡Victoria!” y mostrar cómo se logró levantar el tipo de cambio real cerca del 4%.

— ¿Qué pasó este año?

— Tras la devaluación de finales de 2025, se aceleró la inflación, que acumuló 17% en el primer semestre, y el dólar solo se movió un 2%, perdiendo toda la depreciación e incluso más.

— ¿Por qué?

— Porque fue más importante el impacto en los precios de las materias primas y la apreciación de las monedas latinoamericanas que lo que haya pasado en el mercado local. Sinceramente, cuando se habla solo de un tipo de cambio más alto, hay que plantear bien cómo se logra y cuál es el programa real que se quiere aplicar. Porque el tipo de cambio más alto es un resultado de un programa y no una herramienta.

— ¿El ruido político ya puede empezar a frenar inversiones y recuperación?

— No sé si es la única causa de que esto esté pasando, pero sin lugar a dudas tiene un impacto. Hay tres tipos de inversiones: la reinversión de las empresas establecidas localmente con utilidades o deuda, sean de capitales locales o extranjeros; las fusiones y adquisiciones; y el “greenfield”, que es traer plata y poner una empresa.

Lo que estamos viendo es que las inversiones en sectores petroleros con deuda y capital propio vienen bien, pero no tanto en otros rubros. Hemos visto cierta mejora en las fusiones y adquisiciones en general y los greenfield están muy dominados por el RIGI, que todavía no se ejecutó del todo o está en los primeros pasos.

Ejemplos de ellos son los proyectos mineros. En este último caso, claramente el ruido político afecta. Porque son inversiones largas y que llevan tiempo, así que esperar un poco más no cambia mucho las cosas. En los casos en que no se trate de minería o inversiones donde la localización sea clave, competimos con países que no tienen inflación, que no tienen control de capitales, que vienen invirtiendo en infraestructura y que están completamente normalizados, cosa que Argentina todavía no ha logrado.

Algo parecido pasa en otro tipo de operaciones. En gran medida parece ser que el sector petrolero está un poco aparte, porque ya demostró Argentina con tres gobiernos diferentes (Macri, Fernández y Milei) que tiene el objetivo de desarrollar este sector, más allá de que algunas políticas hayan sido mejores que otras.

Pero en el resto de los casos creo que, además de las dificultades naturales que tiene la economía argentina, el ruido político juega un papel importante. Porque en las elecciones locales no discutimos si vamos a hacer más obra pública, cómo la vamos a financiar o cómo debe ser el sistema tributario, sino que discutimos si el modelo es Cuba o es Irlanda.

— ¿Cuál es hoy la principal fragilidad del programa económico?

— Yo lo que más miro es la inversión. Mayores niveles de inversión garantizan un crecimiento económico más rápido y, por lo tanto, que los beneficios que promete el programa económico lleguen más rápido a la sociedad. La verdad es que los números de inversión no están siendo todo lo buenos que me gustaría. De hecho, en junio registramos una caída de la inversión de 6,2% interanual, medida en términos de volumen físico (sin contar el efecto de la inflación), acumulando para el primer semestre del año una baja de 7,6 por ciento.

Pero los datos de anuncios de inversión vienen bien, al igual que los anuncios de fusiones y adquisiciones. De hecho, los anuncios de inversiones en los últimos 12 meses fueron por un monto que triplicó los anuncios hechos en los 12 meses anteriores, pasando de USD 46.000 millones a más de USD 150.000 millones. Sin embargo, al parecer eso no se traduce todavía en inversiones concretas.

— ¿Qué puede salir mal en esta etapa, incluso si el Gobierno mantiene el orden fiscal y monetario?

— Es muy difícil que con equilibrio fiscal y orden monetario algo salga muy mal. Porque esas dos cosas le dan orden financiero a la economía. Como a cualquier persona que tiene bien cuidadas sus finanzas, le puede ir mejor o peor en sus negocios, pero mientras tenga sus cuentas ordenadas, las cosas no pueden salir del todo mal.

Pero sí es cierto que cuanto más se tarde en ver aumentos generalizados de sueldos y aumentos de la demanda de trabajadores, más atractivo puede ser el canto de las sirenas de “poner plata en el bolsillo” artificialmente. Por eso creo que es cada vez más importante enfocarse en el crecimiento de la inversión, de la infraestructura y de todo aquello que pueda potenciar el crecimiento económico y el empleo.

— La economía formal sigue débil y la informal resiste mejor. ¿Se está ordenando la economía o se está precarizando? ¿Cuánto puede ser consecuencia de la judicialización de la reforma laboral?

— Creo que el efecto que uno está viendo, de mejora de los salarios informales y de crecimiento del empleo independiente, pero con caída del empleo formal, es el resultado de la transformación económica, un paso intermedio, si se quiere. Aquellas empresas que competían con importaciones y que tenían como destino el mercado interno probablemente necesiten reestructurarse y eso genera cambios en la planta laboral.

Con la tecnología actual, sumado al monotributo y a esquemas recaudatorios simplificados, muchas de las personas que dejaron el sector formal empezaron a trabajar como independientes, más que como informales. Lo lógico sería que, en la medida en que la economía argentina termine de reordenarse y modifique su perfil productivo, mucha de esa gente vuelva al mercado formal.

— Hace casi un año usted dijo que la economía había salido de terapia intensiva. ¿Hoy sigue en recuperación o todavía no salió de peligro?

— Yo creo que seguimos en recuperación, pero estamos empezando a pensar qué hay después de haber salido del hospital.

— De cara a 2027, ¿va a pesar más el bolsillo o el clima político?

— El bolsillo domina sin lugar a duda. Pero el problema es que no sabemos si el bolsillo efectivamente tendrá la fuerza necesaria para determinar las decisiones políticas, porque la dificultad de esta heterogeneidad es que no queda claro qué domina: si las perspectivas de futuro o la dificultad para afrontar las dificultades actuales, que son diversas.

En marzo, el Banco Central anunció la implementación del “cobro con transferencia (CCT)”, un nuevo sistema que regulaba el pago de las cuotas de los préstamos mediante el débito directo mes a mes, incluso en una cuenta de una entidad diferente a la que otorgó el crédito. La medida prometió ”una solución superadora” para el cobro “en forma segura y transparente para las personas” que se pondría en marcha el próximo 31 de agosto.

A pocos días de esas fecha, diversas fuentes del sector financiero coincidieron ante este medio en que muchas entidades no podrán implementar el CCT para la fecha prevista y en que, aún cuando lo hagan, el nuevo sistema tendrá un uso muy limitado. Ni bancos ni fintech muestran entusiasmo con la solución hallada por el Central a punto de entrar en marcha, aún cuando se supone que es una herramienta para mejorar el cobro.

Con el alza de la morosidad como uno de sus problemas centrales en la actualidad, las vías para cobrar las cuotas resultan un tema crucial. Si bien el nuevo sistema no es retroactivo y funcionará para los nuevos créditos que se otorguen, el CCT podría aplicarse a todas las refinanciaciones que las entidades están preparando para los morosos.

Pero nada de eso parece estar en marcha aunque la norma dispone que “el cobro con transferencia deberá estar disponible a partir del 31/08/26 para el cobro de cualquier concepto vinculado a préstamo”.

Voceros del Banco Central no respondieron a las reiteradas consultas de Infobae sobre la implementación del “cobro con transferencia”, a pocos días de su puesta en funcionamiento.

Débito directo

El débito directo de cuotas, muy reclamado por el sector financiero, fue anunciado por el BCRA en noviembre del año pasado y lanzado en marzo para aplicarse a partir del 31 de agosto. El CCT vino a reemplazar el “debito directo interbancario” que existió hasta 2020 y fue derogado por el Gobierno de Alberto Fernández en el pico de la pandemia. Permitía a bancos y fintech debitar en forma reiterada el importe de las cuotas hasta que el cliente tuviese los fondos suficientes para cancelarlas. La modificación incorporó la autorización expresa del cliente para el cobro de cada cuota, lo que incrementó los impagos. En el crítico momento financiero de la cuarentena, muchos no pudieron pagar sus cuotas, sobre todo en los préstamos de consumo, el mismo segmento que hoy muestra una morosidad elevada.

En aquel entonces, muchos gobernadores habían hecho llegar sus quejas ya que la acreditación de sus planes sociales, en muchos casos, era absorbida en forma inmediata por el cobro de cuotas pendientes de los préstamos bancarios y extrabancarios.

El nuevo cobro con transferencia dispone limitaciones para el débito, para evitar los excesos del sistema anterior. Según la norma anunciada en marzo, puede aplicarse únicamente en préstamos de cuotas fijas e iguales; si en el primer débito no hay fondos, solo pueden hacerse dos reintentos, a las 48 y 96 horas; incluye un consentimiento “explícito y por única vez” por parte del cliente, que puede revertirse. También dispone que la cuota no debe exceder el 30% de los ingresos al momento de la originación del crédito, entre otros requisitos.

Hasta hace pocos días, bancos y fintech seguían pidiendo aclaraciones sobre todos estos puntos de la reglamentación al Central para implementar el mecanismo. En particular, hay cuestionamientos sobre cómo se establecerá el consentimiento del cliente, ya que no se permite que sea por reconocimiento facial, el método más difundido entre las apps financieras. “Sin comprometer la seguridad ni la prevención de fraudes, se podría haber elegido un sistema mejor”, explicaron en una entidad líder.

La reglamentación de la entidad que preside Santiago Bausili también crea la figura del “originante” y el “receptor” para permitir que, si existe autorización del cliente, una entidad debite su cuota en una cuenta de otra, sea banco o fintech en cualquier de los dos casos.

En el sistema financiero aseguran que esa “cobranza cruzada” es extremadamente limitada. La norma exige que para que, por caso, un banco pueda cobrarse las cuotas debitando en cuentas de otro del mismo cliente, debe depositar el total del préstamo en la otra entidad. “Es algo inviable. Ningún banco grande ni Mercado Pago va a aceptar depositarle el monto del crédito propio a un competidor para poder debitarle las cuotas”, explicó un ejecutivo de un banco líder.

En el sector también explican que, aunque la norma lo permita, tampoco es factible que un banco pueda debitar las cuotas de una cuenta CVU, como las de Mercado Pago u otras fintech: “La mayoría de las cuentas virtuales, al estar remuneradas, tienen saldo 0, porque el dinero está en un fondo común de inversión”.

La única oportunidad, en este aspecto del sistema, estaría en alguna financiera o fintech pequeña que elija delegar el débito de las cuotas en un banco en el que el cliente tenga cuenta, algo que en general ya ocurre con las entidades que no ofrecen cuentas de pago pero sí dan préstamos. Por ese motivo, hay coincidencia en el sector financiero que el uso de esta característica del CCT, que entre otros objetivos impulsa la interoperabilidad entre entidades, no será muy extendido con la reglamentación actual.

Otras voces del sector destacan aspectos de la reglamentación que no conforman o que, hasta el momento, siguen generando dudas. Entre otros interrogantes, hay cuestionamientos a la limitación a que las cuotas a debitar sean “fijas e iguales”, ya que impide el cobro de punitorios o de cuotas ajustadas a lo largo del préstamo. También el punto de que el cliente puede autorizar el débito solamente en una cuenta distinta de la entidad que le dio el préstamo, en un sistema en el que cada argentino tiene en promedio 8 cuentas (CBU o CVU) a su nombre, según Coelsa.