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La crisis industrial sigue profundizándose en 2026: el 38% de las empresas industriales registraron caídas en producción, el 45,5% en ventas internas, el 30,4% en exportaciones y el 22,4% en empleo durante abril.

Estos datos, que reflejan un deterioro abarcativo del sector en la primera parte del año, se desprenden de la última encuesta elaborada por la Unión Industrial Argentina (UIA).

De acuerdo con el relevamiento, la complejidad de la coyuntura se expresa en la persistente caída de los principales indicadores: actividad, ventas y exportaciones, junto al recorte de puestos de trabajo y al aumento de atrasos en pagos a empleados, proveedores e impuestos. Según el informe, esta situación afecta más a micro y pequeñas empresas y limita las expectativas de recuperación en todo el país.

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI), que se utiliza como un indicador que anticipa la evolución de la actividad sectorial, se ubicó en 43,5 puntos en abril de 2026, un valor que permanece por debajo del umbral de expansión. Aunque se observó una mejora técnica respecto al primer trimestre por un efecto estacional, el contexto sigue siendo negativo si se compara frente al año anterior, con predominio de resultados adversos en la mayoría de las variables consultadas.

“Al analizar las principales variables, predominaron los resultados negativos. El 38% de las empresas relevadas indicó que su nivel de producción cayó en abril en comparación al promedio del primer trimestre del año”, destacó la UIA.

En términos interanuales, aumentó la proporción de compañías con caída en la actividad industrial y el índice de difusión se mantuvo en terreno negativo. En el empleo, el 22,4% de las empresas redujo personal en abril, mientras que solo el 9,9% informó incorporaciones. Entre las que efectuaron ajustes, el 35,1% también recortó turnos, el 21,3% adelantó vacaciones y el 14,3% aplicó suspensiones.

Sectores y tamaños más perjudicados en la industria

Los resultados de la encuesta exhiben que el impacto de la crisis varía según tamaño y sector. Las microempresas y pequeñas empresas fueron las más afectadas en producción, con un 43,9% que declaró caídas y el 52,8% con retrocesos en ventas internas. Estas cifras duplican a las de las medianas y grandes, que también sintieron la crisis, pero con mayor énfasis en el empleo, donde el 30% redujo su plantilla.

Por rama industrial, todos los servicios presentan un MDI inferior a 50 puntos. Las caídas más pronunciadas se dieron en edición e impresión, y en caucho y plásticos, seguidas por confecciones y productos químicos.

Problemas de financiamiento y consecuencias financieras

A los problemas de producción y ventas se suma un panorama financiero delicado. El 44,9% de las empresas manifestó dificultades para cumplir totalmente con pagos esenciales en abril, como salarios, impuestos (33,8%) y proveedores (32,3%). El 6,1% de las firmas tuvo atrasos en todos los conceptos relevados, marcando uno de los niveles más altos en los últimos cinco años.

“Entre las principales consecuencias de los atrasos se destacaron el aumento del endeudamiento o la necesidad de financiamiento en el corto plazo (36,3%) y pago de intereses y mayores costos financieros (33,9%)”, señaló el reporte.

Principales preocupaciones de las empresas industriales

La caída de la demanda interna constituye la principal preocupación para la mitad de las empresas consultadas por la II Encuesta UIA, especialmente por la merma en el consumo de otras industrias, hogares y obra pública. En segundo lugar figura el alza persistente de los costos (21,3%), donde el costo laboral es el factor de mayor incidencia (43,1%), seguido por materias primas nacionales.

La competencia con productos importados es un desafío creciente, señalado por el 15,6% de las compañías. Aunque su incidencia descendió respecto al trimestre previo, sigue por encima de los valores observados en años anteriores y supera a otras preocupaciones como el financiamiento empresarial.

Expectativas y aprovechamiento de la capacidad instalada

El clima de negocios permanece cauteloso y predomina el escepticismo sobre una recuperación cercana. Solo el 46,2% de las firmas considera probable una mejora para su empresa en los próximos doce meses, una proporción levemente inferior al relevamiento anterior. Las expectativas optimistas a nivel sectorial y nacional superan apenas el 40% y el 46%, respectivamente.

En cuanto a recursos, la utilización promedio de la capacidad instalada fue del 61,6% en abril, con casi dos tercios de las empresas funcionando por debajo de su capacidad óptima. Solo el 7,6% alcanzó o superó el máximo teórico, y el 93,1% estima que no podrá normalizar su nivel hasta el segundo semestre del año. La inversión mantiene registros bajos: únicamente el 45,3% considera que es un buen momento para destinar fondos a bienes de capital.

Al cierre del trimestre, la II Encuesta UIA indica que una proporción creciente de empresas percibe que el escenario actual resulta más desfavorable que el del año pasado, tanto en su propia situación como en la del sector y la economía general, consolidando así el alcance persistente del deterioro industrial.

El precio que paga un pasajero al subirse a un colectivo rara vez refleja lo que cuesta mover ese vehículo. En la mayoría de las grandes ciudades de América Latina, la diferencia entre lo que abona el usuario y el costo real del servicio, la cubre el Estado a través de subsidios. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no es la excepción: es, de hecho, uno de los sistemas con mayor participación estatal de la región. Pero según las empresas del sector, ni así alcanza para cubrir los gastos operativos.

De acuerdo con un relevamiento elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), que compara once sistemas de transporte urbano de América Latina, el AMBA es el segundo con mayor subsidio estatal sobre el costo del boleto. El Estado cubre el 69% del valor del pasaje, mientras que el usuario aporta el 31% restante. Solo Ciudad de México supera ese nivel de intervención pública, con un subsidio del 70% y un boleto que en dólares es el más barato de la muestra: USD 0,43. En el AMBA, el costo del boleto según ese relevamiento es de USD 0,51 (se usó el dólar como unidad de medida para unificar criterios y poder comparar las diferentes ciudades).

Por detrás aparece Santiago de Chile, donde el Estado financia el 65% del costo, con un boleto de USD 0,81. Santo Domingo registra un subsidio del 60%, Panamá del 55% y Bogotá del 52%. En Cali, la participación es pareja: 50% el usuario, 50% el Estado, con un boleto de USD 0,92 (92 centavos de dólar).

Lima y São Paulo tienen esquemas donde el usuario ya carga con la mayor parte: 54% y 55% respectivamente. Montevideo, con un subsidio del 41%, se ubica hacia el otro extremo del espectro. Y San José de Costa Rica representa el caso más atípico del grupo: el usuario paga prácticamente la totalidad del costo, con una participación del 99%, aunque el boleto en dólares es de USD 0,82, un valor intermedio respecto al resto.

Lo que reciben las empresas y lo que dicen necesitar

El cuadro regional contrasta con la situación que describen las empresas de colectivos del AMBA. Según el Índice Bondi de Aaeta, que releva mensualmente los costos del sistema metropolitano, en abril de 2026 las empresas recibieron en promedio $1.609,11 por cada boleto vendido, entre la compensación del Estado y lo que abonan los usuarios. Sin embargo, el costo real de operar el servicio —sin IVA— asciende a $1.923,38 por pasajero. La diferencia es una pérdida de $314,27 por cada viaje realizado.

El boleto mínimo vigente en el AMBA para las líneas nacionales era en ese momento de $700 (hoy es de $714 con SUBE registrada). Si no existiera ningún tipo de subsidio, ese mismo boleto debería costar $2.125,34 con IVA incluido, según el cálculo del Índice Bondi. La brecha entre el precio que paga el pasajero y el valor sin subsidio es, entonces, de más de tres veces.

A nivel del sistema en su conjunto, la Secretaría de Transporte reconoce un costo mensual de mantenimiento de $326.608 millones, pero Aaeta estima que el costo real asciende a $389.945 millones. Esa diferencia de $63.336 millones es la que, según el sector, se traduce en déficit de calidad: menos frecuencias, menor seguridad y postergación en la renovación del parque de unidades.

Variaciones según la jurisdicción

El costo del boleto sin subsidio no es uniforme dentro del propio AMBA. Según la apertura por jurisdicción que elabora Aaeta, el valor más alto corresponde a las líneas de jurisdicción nacional: $2.357 con IVA. Le siguen las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $2.123, y el promedio general del Índice Bondi, de $2.125. Los valores más bajos corresponden a las líneas de la Provincia de Buenos Aires ($1.969) y a los municipios bonaerenses ($1.861).

Esa dispersión refleja diferencias en los costos operativos según el tipo de recorrido y la estructura de cada red. Las líneas de mayor extensión y complejidad, como las nacionales, tienen costos unitarios más elevados.

Un debate sin resolver

El financiamiento del transporte público en el AMBA lleva años en el centro de la discusión entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Las tres jurisdicciones aplican criterios distintos para actualizar las tarifas y distribuyen el peso del subsidio de manera diferente, lo que genera brechas crecientes entre los boletos según la línea que tome el pasajero.

Las empresas del sector sostienen que la compensación actual es insuficiente y plantean dos alternativas: que el Estado amplíe su aporte o que se autoricen aumentos de tarifa que acerquen el precio al costo real.

Lo que el cuadro regional de Aaeta pone en perspectiva es que subsidiar el transporte urbano es una práctica extendida en América Latina, no una particularidad de Argentina. La mayoría de las ciudades relevadas optaron por sostener tarifas por debajo del costo real para garantizar el acceso al servicio. La discusión, en cada caso, es quién paga la diferencia y cuánto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Israel e Irán a reducir la escalada militar en Medio Oriente, tras los recientes ataques del régimen persa sobre territorio israelí que han elevado el riesgo de una confrontación regional.

En diálogo con Fox News, el mandatario republicano reconoció que “el reciente ataque con misiles desde Irán hacia Israel dificulta las conversaciones en curso”, aunque se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático en los próximos días.

Según reportó Fox News, Trump expresó que la ofensiva iraní complicará los esfuerzos diplomáticos, pero confió en que ambas partes pueden retomar el diálogo. “Estamos muy cerca. Yo diría que un acuerdo podría firmarse el lunes, martes o miércoles de la próxima semana. Y ahora ocurre esto”, afirmó el mandatario antes de dirigirse directamente a las autoridades iraníes: “Ya han disparado sus misiles, es suficiente. Vuelvan a la mesa y cierren un trato”.

Por su parte, el jefe de Estado norteamericano también comentó a la cadena israelí Channel 12 que tiene previsto comunicarse con Netanyahu para pedirle que no contraataque.

Este domingo por la tarde el régimen iraní lanzó varios proyectiles hacia territorio israelí como represalia por los bombardeos israelíes contra el grupo terrorista Hezbollah en el sur de Beirut, en Líbano. Las autoridades israelíes informaron que los sistemas de defensa interceptaron todos los proyectiles, aunque se emitieron nuevas alertas ante la detección de más lanzamientos. El Mando del Frente Interior activó las alertas en teléfonos móviles de la población de las zonas afectadas, solicitando ingresar en áreas de protección y permanecer allí hasta recibir nuevas instrucciones.

Por su parte, medios iraníes indicaron que se lanzaron al menos cuatro misiles sobre el norte de Israel, mientras el ejército israelí advirtió sobre la posibilidad de nuevas oleadas. Un portavoz militar israelí destacó que “las Fuerzas Aéreas han interceptado hasta el momento todos los proyectiles lanzados desde Irán”.

En respuesta, el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria iraní, Mayid Musaví, declaró: “La promesa se ha cumplido”, y el asesor militar del líder supremo iraní, general Mohsen Rezaei, afirmó: “El ataque es una advertencia para que cesen las agresiones. Cada nueva acción tendrá una respuesta más contundente y mayores costos”. El comunicado oficial de la Guardia Revolucionaria justificó la ofensiva como represalia por los “crímenes generalizados del régimen sionista en el sur de Líbano”.

La tensión se intensificó tras los bombardeos israelíes sobre Dahiye, barrio del sur de Beirut, donde la agencia oficial libanesa NNA reportó al menos dos muertos y veinte heridos. Israel argumentó que sus ataques respondieron a agresiones previas desde territorio libanés por parte de los terroristas de Hezbollah.

El Ejército iraní advirtió que, de continuar los ataques israelíes en el sur de Líbano y en Dahiye, responderá con acciones “más fuertes y devastadoras” contra Israel y sus aliados en la región.

El clima de tensión se mantiene, mientras las autoridades israelíes refuerzan sus posiciones en el norte y advierten a la población sobre posibles ataques adicionales. El ministro de Seguridad Interior israelí, Itamar Ben Gvir, exigió una respuesta militar más severa afirmando: “Hoy Teherán tiene que arder”.

La situación sigue siendo incierta en un contexto de alta volatilidad en la región, con llamados internacionales a evitar una escalada mayor y retomar las vías diplomáticas.

El ejército israelí anunció este domingo el hallazgo de una extensa red de túneles bajo el castillo de Beaufort, fortaleza medieval del sur de Líbano, y aseguró que la infraestructura fue construida y financiada por Irán para servir como centro de operaciones de Hezbollah a apenas seis kilómetros de la frontera israelí.

El descubrimiento se produjo días después de que las tropas tomaran la posición el 31 de mayo, en lo que el propio ejército describió como la incursión terrestre más profunda en territorio libanés en 26 años.

Según el comunicado militar, uno de los túneles tiene aproximadamente un kilómetro de longitud y alberga seis pozos subterráneos, una sala de almacenamiento de armas, un lanzador de misiles antitanque, munición diversa y equipo de combate. Pero lo que más llamó la atención fue la dimensión logística del complejo: las tropas encontraron instalaciones de ducha, baños, cocinas y un quirófano, lo que indica que el espacio estaba concebido para sostener operaciones prolongadas sin apoyo externo.

Las imágenes difundidas por el ejército muestran un pasadizo estrecho con aspecto similar al de los túneles hallados bajo Gaza: camas, baúles con ropa, una silla de ruedas plegada y objetos domésticos que evidencian el uso habitual del espacio. El ejército subrayó que toda la estructura fue “construida dentro de una zona civil” y que “servía como un centro principal” de Hezbollah en la región.

La toma de Beaufort —Qal’at al-Shaqif en árabe— se enmarca en la escalada que se reanudó el 2 de marzo, cuando el grupo terrorista proiraní lanzó cohetes contra el norte de Israel dos días después de que Estados Unidos e Israel golpearan a Irán. Desde entonces, Israel lanzó una ofensiva terrestre que avanzó por decenas de localidades del sur libanés y cruzó el río Litani, que hasta entonces funcionaba como límite de facto de sus operaciones en el país.

La captura se produjo pese al alto al fuego vigente desde el 17 de abril, mediado por Washington. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó profundizar las operaciones más allá del Litani, y el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que Israel tiene intención de mantener el castillo mientras sus tropas desmantelan infraestructura militar de Hezbollah. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó el avance de política de “tierra quemada” y exigió un cese inmediato de las hostilidades.

El enclave acumula una historia militar tan antigua como densa. Construido por los cruzados en el siglo XII sobre fortines previos, pasó sucesivamente por manos de Saladino, los mamelucos, los otomanos, el mandato francés y la Organización para la Liberación de Palestina. Israel lo tomó por primera vez en 1982 —en una batalla contra combatientes palestinos que ya habían excavado galerías propias bajo la fortaleza— y lo utilizó como puesto de observación durante casi dos décadas, hasta su retirada en 2000. Desde su promontorio sobre el valle del Litani, ofrece visibilidad sobre amplias zonas del sur de Líbano y del norte de Israel.

El hallazgo de los túneles agrava la polémica sobre el patrimonio en zonas de conflicto. La UNESCO describió el castillo como “uno de los mejores ejemplos conservados de castillos medievales en Medio Oriente” y le otorgó en 2024 protección reforzada bajo la Convención de La Haya, que prohíbe tanto atacar el sitio como usarlo con fines militares. El ministro de Cultura libanés, Ghassan Salameh, envió el viernes una carta al director general de la UNESCO, Khaled al-Enany, para solicitar “intervención inmediata y urgente”. Las violaciones graves del convenio pueden acarrear responsabilidad penal individual, aunque su aplicación en conflictos activos sigue siendo históricamente excepcional.

La reivindicación política del castillo también es intensa dentro de Israel. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y representante de la extrema derecha en el gabinete, interpretó la captura como prueba de que las retiradas de Líbano en 2000 y de Gaza en 2005 fortalecieron a Hezbollah y Hamas, y reclamó “control territorial permanente”. Para muchos libaneses, en cambio, la bandera israelí sobre Beaufort evoca directamente la ocupación de 18 años que terminó en 2000. El castillo lleva casi un milenio cambiando de manos; si esta vez será distinto es la pregunta que el conflicto aún no ha respondido.

Tras las elecciones de octubre de 2025, la provincia de Buenos Aires configura uno de los territorios de disputa en los que La Libertad Avanza se ve optimista rumbo a los comicios de 2027. Para eso, su armador, el diputado Sebastián Pareja aspira a potenciar el armado territorial con una serie de actividades en las que combina la agenda legislativa con la partidaria.

“Estamos preparando equipos para ganar la Provincia y asegurar la reelección del Presidente”, definieron a Infobae desde el entorno del legislador que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El espacio bonaerense tiene en agenda la inauguración de un nuevo local partidario, que oficiará de sede central, en el barrio porteño de San Telmo, en la que se celebrará una reunión de diputados nacionales para debatir en torno a la agenda partidaria rumbo a los próximos comicios nacionales y provinciales. “Es un centro neurálgico de transporte”, argumentaron respecto a la elección del lugar geográfico ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, preparan una nueva edición del Congreso de La Libertad Avanza bonaerense cuya última edición contó con la presencia del presidente Javier Milei. Aún sin fecha designada, los organizadores aseguran que se celebrará pasado el Mundial 2026, que arranca el próximo jueves y concluye el 19 de julio. El mes de octubre parece ser el elegido para concretar la actividad que oficiará de puntapié inicial para la puesta en marcha de la campaña electoral.

Si bien el ministro del Interior, Diego Santilli, se perfila como uno de los nombres mejor posicionados para la carrera por disputarle a Axel Kicillof la gobernación, las definiciones electorales están postergadas para después del torneo internacional que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. “No hay nada definido sobre las candidaturas, pero desde el partido se está trabajando para que el que sea tenga una estructura que aporte soluciones”, explicaron ante este medio.

Mientras tanto, LLA bonaerense activa las terminales en los diversos municipios bonaerenses con intención de ampliar el alcance del sello. Bajo esta lógica, el diputado Alejandro Carrancio encabezó el Foro Provincial de Concejales. La organización estuvo dividida por tres regiones: AMBA, Centro – Norte, y Sur y apostó a la articulación de los legisladores con las autoridades del partido para centralizar las directivas. “La idea es consolidar una alternativa real en cada municipio y avanzar en la construcción de una Provincia donde las ideas de la libertad también se conviertan en gobierno”, argumentó un alfil violeta.

Con la mira puesta en las elecciones de 2027 y en el marco del Programa de Formación de Líderes Municipales de EFDAP, los diputados Sebastián Pareja y Lilia Lemoine encabezaron el pasado viernes la quinta edición de una capacitación destinada a la juventud del espacio bajo la consigna “Combatiendo el estatismo desde el Estado”. El intercambio se llevó adelante en la sede central de LLA y contó con la participación de más de 700 personas.

Tras el Cabildo Abierto del 25 de mayo, autoridades provinciales activaron una serie de mesas temáticas con la intención de discutir las principales problemáticas que atraviesan al territorio que incluyen tópicos como seguridad, educación, reforma de la Constitución, el debate por modernizar el Estado, entre otras. “No son mesas para discutir indefinidamente, sino equipos para gobernar, impulsar cambios de fondo para una Provincia que hace décadas está atrapada en la burocracia, los privilegios y la falta de resultados”, explicaron desde el parejismo.

Pese al intento de acercamiento entre los referentes, la conducción de Pareja encuentra fuerte resistencia en el sector de la administración que se referencia en el asesor presidencial, Santiago Caputo. En agosto de 2025, el vínculo entre la estructura territorial y los digitales atravesó momentos complejos por el diseño de las listas que compitieron en los comicios de septiembre en los que se impuso el peronismo por un abultado porcentaje.

Luego de la denuncia penal del legislador contra algunos usuarios de X, la relación que parecía haber desescalado volvió a tensarse. Hasta entonces no hay garantías de que los debates electorales entre las tribus en pugna no vayan a repetirse en 2027.

Entre los movimientos pendientes figura el enroque libertario en la Legislatura bonaerense entre el actual jefe de bloque de LLA, Agustín Romo, uno de los laderos de Caputo, quien pasará a encabezar la Vicepresidencia segunda para dejarle el lugar al armador Juan Osaba, que responde a Pareja. “Se concretará cuando haya sesión, pero la Legislatura se dedica a no trabajar”, explicaron desde la bancada violeta.

Aunque ambos sectores evitan una nueva escalada del conflicto, las diferencias en torno en el principal distrito electoral del país continúan sin resolverse. Con el cronograma electoral todavía distante, las diferencias que afloraron en septiembre atraviesan la dinámica interna y amenazan con reaparecer en la carrera rumbo a 2027.

YPF aprobó su ingreso al proyecto NGL de TGS, una iniciativa de USD 3.000 millones para industrializar líquidos del gas de Vaca Muerta que esta semana avanzará hacia la decisión final de inversión y presentación al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Se trata de una de las iniciativas más importantes presentadas en el país para tratar -y monetizar- el gas proveniente de la cuenca neuquina.

La planta separará los componentes licuables del gas natural —propano, butano y gasolinas naturales—, insumos con gran potencial exportador, una vez abastecido el mercado local. Así, la participación de YPF apunta a garantizar el abastecimiento de gas que procesará la nueva infraestructura y a evitar que el gas asociado a la producción de crudo limite la meta de 1,5 millones de barriles diarios.

Las estimaciones del proyecto adelantan una producción anual de 2,7 millones de toneladas de líquidos de gas natural y exportaciones por USD 1.200 millones al año, según la información suministrada por la empresa. La inversión se desplegará durante 45 meses y abarcará obras en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF, fue quien confirmó la decisión, la semana pasada durante la inauguración de la ampliación de la planta de Compañía Mega. Allí, deslizó que el directorio de la compañía había aprobado la participación: “Aprobó ingresar al proyecto, así que la semana que viene vamos a firmar con TGS la construcción de otra Mega en Bahía Blanca, una gran noticia para la ciudad y para el país. Somos los primeros que vamos a firmar, pero atrás vienen otros”, adelantó Marín en ese acto.

Según fuentes consultadas por Infobae, YPF no ingresará como accionista del proyecto, sino como productora y cargadora del fluido proveniente de sus operaciones en Vaca Muerta. Esa estructura la diferencia de su posición en Compañía Mega, donde la petrolera tiene una participación mayoritaria del 38%, mientras que sus socios, Petrobras y Dow abarcan el 34% y 27%, respectivamente.

La nueva infraestructura unirá Tratayén con Bahía Blanca

El proyecto de TGS contempla la ampliación de la planta de Tratayén, en Neuquén, y la construcción de un poliducto de 573 kilómetros y 20 pulgadas de diámetro hasta Bahía Blanca. Ese ducto permitirá trasladar los líquidos a las instalaciones de fraccionamiento y almacenamiento previstas en el sur bonaerense.

En Bahía Blanca, el plan prevé una nueva planta de fraccionamiento con capacidad para 2,7 millones de toneladas anuales de productos C3+ y una terminal marítima con tanques para C3, C4 y C5+, de acuerdo con la empresa. Las obras complementarias también incluyen nuevas instalaciones portuarias para exportar los derivados y tanques específicos para distintas fracciones de líquidos.

La iniciativa había sido presentada por Transportadora de Gas del Sur durante el Argentina Week y catalogada como la mayor de procesamiento de líquidos de gas natural en la historia argentina. También representa la primera planta de procesamiento de gran escala a construir en el país de los últimos 25 años y se sumará a los complejos existentes de Cerri, de TGS, y Compañía Mega.

El esquema comercial prevé contratos de gas por 15 años

El acuerdo vinculante compromete el abastecimiento de gas por 15 años por alrededor del 50% del volumen que podrá procesar la nueva infraestructura. El esquema comercial prevé el pago de una tarifa de procesamiento en Neuquén y la venta de los líquidos resultantes a TGS.

TGS también negocia este mismo formato con Pluspetrol, Chevron y Pampa Energía, que podrían incorporarse en condiciones similares para completar la oferta de gas natural, según los planes de la compañía y tal como deslizó Marín en su anuncio. El plan ya incluye acuerdos firmados con varias de las principales operadoras de Vaca Muerta y negociaciones avanzadas con otras empresas del sector.

TGS está integrada en partes iguales por Pampa Energía, propiedad de Marcelo Mindlin, y el Grupo Inversor Petroquímica, de la familia Sielecki. Pampa Energía, además, tiene otro proyecto previsto para asentarse en Bahía Blanca destinado a producir urea con gas de Vaca Muerta.

La lógica del emprendimiento responde a una necesidad operativa del desarrollo no convencional: procesar el gas asociado que surge junto con la extracción de petróleo. Para los productores que apuntan a elevar la producción de crudo, enfocados en una expectativa de lograr envios al exterior por, al menos, USD 30.000 millones para 2031, esa capacidad de tratamiento resulta necesaria para que el gas no se convierta en un cuello de botella.

De acuerdo con la empresa, el desarrollo forma parte de una estrategia para fortalecer la posición de Argentina como proveedor energético en los mercados regionales e internacionales. Ese objetivo se apoya en el aumento de la capacidad exportadora que aportará la industrialización de los líquidos derivados del gas extraído en Vaca Muerta.