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Los Metrodelegados irán a elecciones con 3 listas el 26 de noviembre próximo, en una contienda de resultado incierto ante un cuadro atomizado: tras el cierre del plazo para la presentación de las nóminas, en la medianoche de este viernes, se confirmó la ruptura del sector oficialista que lidera el sindicato desde 2008, pero también se fisuró la oposición de izquierda.

De esta forma, como anticipó Infobae, la renovación de autoridades de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados, refleja el shock interno que produjo el fallecimiento en enero pasado de Beto Pianelli, uno de los fundadores del sindicato y su líder durante 18 años.

Las listas que competirán en los comicios estarán encabezadas por dos fracciones del oficialismo: la Verde, del actual secretario adjunto del sindicato, Néstor Segovia; la Colorada-Violeta, de Virginia Bouvet, secretaria de Organización y referente del pianellismo; y la Bordó-Azul, de Claudio Dellecarbonara, única opositora, que representa a la izquierda.

La ruptura entre los dos grupos oficialistas modifica el escenario de un sindicato de 1.500 afiliados con influencia decisiva en la actividad de los subtes, en donde la división interna que ya existía se profundizó tras la muerte de Pianelli, quien compartió durante años la conducción con Segovia pese a sus diferencias políticas.

Pianelli y Segovia lideraron el gremio desde su creación, tras la ruptura de delegados del subte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El primero provenía del Movimiento al Socialismo (MAS), trotskista, mientras que Segovia siempre se reconoció peronista.

El sector más cercano al dirigente fallecido no considera que Segovia deba ser el heredero natural para ocupar la secretaría general. Bouvet, una de las delegadas que en los años 90 se rebeló junto a Pianelli contra la conducción de la UTA, quedó como referente de esa corriente.

Segovia propuso una nómina de unidad, incluso con sectores de izquierda, ante lo que interpreta como riesgos para los trabajadores en la etapa que viene. Sus allegados sostienen que el rechazo del pianellismo se explica por diferencias ideológicas y por el perfil “peronista y evangélico” del actual secretario adjunto.

“Sería un error que se rompa un sector que está desde hace tanto tiempo y con tantos resultados al frente del sindicato”, afirmaron cerca de Segovia. Desde el pianellismo habían reclamado construir “la mayor unidad posible” ante la reforma laboral y la persecución judicial contra los sindicatos”, aunque las negociaciones no avanzaron y se confirmó la ruptura interna.

La izquierda llegará con una lista piloteada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) a través de Dellecarbonara, más otras agrupaciones combativas, pero quedaron afuera el Partido Obrero (PO) y sectores que tienen menos inserción en las bases de los subtes.

En las elecciones de Metrodelegados realizadas en 2022, todas las variantes de izquierda compitieron unidas en la Lista Multicolor y reunieron el 40,9% de los votos frente a la fórmula Pianelli-Segovia, que ganó con el 59,1%.

Dellecarbonara, vocal del gremio por la minoría y delegado de la Línea B, había intentado en sintonía con Segovia un acuerdo entre todos los sectores internos para armar una lista unificada, pero el PO rechazó esa posibilidad y el pianellismo tampoco quiso avanzar en esa dirección.

El PTS de Metrodelegados propuso que la lista de unidad se hiciera a partir de un programa consensuado, ya que cuestiona el funcionamiento interno del sindicato y la reelección indefinida de sus principales autoridades, una cláusula que Pianelli y Segovia incorporaron al estatuto. También consideran que la discusión debía centrarse en un gremio “democrático, participativo y combativo”.

La ruptura del oficialismo y las fisuras en la izquierda representan una atomización interna en Metrodelegados que torna muy difícil predecir lo que pasará en las urnas cuando los afiliados voten el 26 de noviembre la primera conducción sindical sin el liderazgo de Pianelli.

El Gobierno del Reino Unido confirmó este jueves que cualquier nueva licencia de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con el consentimiento del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, un dato que ubica a Londres como autoridad final sobre los permisos petroleros futuros en momentos de renovada tensión con la Argentina por la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

La definición había sido adelantada el 15 de septiembre ante la Cámara de los Comunes y se formalizó ahora en una respuesta parlamentaria ante la Cámara de los Lores.

La respuesta oficial del 1 de octubre precisa que, aunque el gobierno de las islas conserva la responsabilidad sobre el marco regulatorio y ambiental, ninguna licencia nueva puede emitirse sin la aprobación final del secretario de Estado británico, un requisito que Londres ya había mencionado ante la Cámara de los Comunes el 15 de septiembre. Lo que en la superficie podía leerse como un respaldo diplomático a lo que resuelven los isleños se confirma, en los hechos, como una supervisión directa del Gobierno central, que se erige en filtro último de cualquier autorización futura.

Una pregunta en los Lores destapó el mecanismo

La aclaración llegó como respuesta a una consulta formal del conservador Lord Moynihan, integrante de la Cámara de los Lores, presentada el 17 de septiembre y registrada en el sistema de preguntas parlamentarias del Reino Unido bajo el identificador HL3722. El legislador había pedido precisiones sobre las evaluaciones de impacto ambiental de los nuevos yacimientos y sobre el respaldo del Gobierno británico al desarrollo de esos proyectos. El planteo, dirigido en un primer momento al Ministerio para la Seguridad Energética, terminó derivado al Foreign Office.

La respuesta estuvo a cargo de Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario de Estado para Europa, Europa del Este, Seguridad Internacional y Crecimiento. “El Gobierno del Reino Unido mantiene una postura coherente respecto al derecho de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales. Este derecho es fundamental para su autodeterminación, que este Gobierno defenderá con firmeza”, sostuvo el funcionario, según consta en el sitio oficial del Parlamento británico. A continuación, formalizó el punto central: “Cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del secretario de Estado, quien actúa de conformidad con la legislación aplicable de las Islas Malvinas; no emitimos comentarios sobre licencias individuales”.

El mensaje que Londres envía a la Argentina

Al elevar la decisión sobre nuevas licencias al nivel del secretario de Estado para Asuntos Exteriores, cargo que ocupa Ed Miliband, el Reino Unido institucionaliza su rol de autoridad final en la materia y envía una señal política precisa hacia Buenos Aires: cualquier cuestionamiento legal o económico a los permisos petroleros ya no se dirige contra el gobierno local de las islas, sino contra el Ejecutivo de Londres. La jugada se produce en paralelo a la ofensiva judicial y diplomática que impulsa la Argentina contra las compañías que operan en la zona.

El Gobierno de Javier Milei denunció penalmente a esas empresas y promovió procedimientos administrativos para sancionarlas. La Justicia Federal de Río Grande, a través de la jueza Mariel Borruto, ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas al proyecto, una medida cautelar que alcanzó perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial. El 3 de septiembre, Milei había anunciado un decreto para endurecer las sanciones contra las compañías que operen en las islas sin autorización argentina, además de un proyecto de ley de defensa de la soberanía y fondos para una base naval en Tierra del Fuego. “Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay debate”, afirmó entonces el Presidente.

Sea Lion, el proyecto que queda bajo la lupa

El desarrollo de Sea Lion, el mayor emprendimiento petrolero previsto en aguas próximas al archipiélago, opera bajo licencias ya existentes y no bajo un permiso nuevo. Por esa razón, Londres evitó precisar si el secretario de Estado intervino en la aprobación de su programa de producción, informó Mercopress. La administración de las islas había aprobado en diciembre de 2025 las fases uno y dos del Northern Development Area, el área septentrional del proyecto, aunque un documento posterior de su Consejo Ejecutivo reconoció que aún restaban “numerosos” permisos y consentimientos regulatorios antes de alcanzar el primer petróleo.

Navitas Petroleum, la operadora israelí del emprendimiento, posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration conserva el 35% restante. La primera etapa contempla 11 pozos submarinos conectados al buque flotante de producción, almacenamiento y descarga Aoka Mizu, a los que se sumarían otros 12 en una segunda fase. La producción está prevista para el primer trimestre de 2028, con una estimación oficial de USD 2.000 millones en regalías durante 30 años, según había informado Infobae.

Autodeterminación contra soberanía bilateral

El Reino Unido sostiene que los habitantes de las Islas Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales bajo el principio de autodeterminación, una posición que reafirmó Wood of Anfield en su respuesta a Moynihan. La Argentina rechaza que ese principio sea aplicable al caso y sostiene que existe una disputa bilateral de soberanía reconocida por la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965 a partir del Alegato Ruda, que calificó la situación del archipiélago como colonial y llamó a resolverla mediante negociaciones entre ambos países. Con la centralización del mecanismo de licencias en el Foreign Office, ese litigio diplomático suma ahora un frente adicional: el de la autoridad administrativa directa de Londres sobre cada nuevo permiso de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

Los departamentos que se construyen hoy en la Ciudad de Buenos Aires miden la mitad que los de hace casi 100 años y tienen dos ambientes menos. Así lo indica un informe de Mirando.ai, una empresa de inteligencia de mercado inmobiliario, que reconstruyó la evolución del tamaño de las unidades porteñas desde la década de 1930 hasta la actualidad.

Según el relevamiento, la superficie cubierta mediana de los departamentos en venta construidos en los años 30 era de 102 metros cuadrados. Entre los edificados en la década de 2020, la superficie es de 46 m2. La caída es de 55% de punta a punta, lo que significa que en el camino se “perdieron” 56 m2 de superficie. En paralelo, el departamento mediano pasó de tener cuatro ambientes a tener dos.

El peso de las unidades grandes siguió el mismo camino. En los años 30, uno de cada dos departamentos tenía 100 metros cuadrados o más (53,2 por ciento). Entre los construidos desde 2020 hasta hoy, esa proporción es de uno de cada once (9,4 por ciento). En sentido inverso, los monoambientes pasaron de representar 1,9% de lo construido en los años 30 a 35% en la actualidad, más de un tercio del total.

Para llegar a estos resultados, el informe analizó 53.424 avisos activos de venta de departamentos y PH en la Ciudad, agrupados por año de construcción. La Argentina no tiene un catastro público consultable, por lo que la pregunta sobre qué se construyó y cuándo no podía responderse con registros oficiales. “En Argentina, como en el resto de Latam, el sector inmobiliario opera de forma fragmentada. Las agencias trabajan con un nivel de información sorprendentemente bajo para la magnitud de las decisiones que toman”, explican desde la compañía.

Los ambientes no se achicaron: hay menos

De acuerdo con el informe, los metros cuadrados por ambiente se mantuvieron casi constantes durante el último siglo -entre 20 y 26 metros cuadrados-. Un ambiente de 2026 mide, en promedio, lo mismo que uno de 1950. La cuenta reparte la superficie total entre todos los ambientes, incluidos el living y la cocina. Lo que cambió no fue el tamaño de los ambientes sino la cantidad: el departamento mediano pasó de cuatro ambientes a dos.

La serie muestra un quiebre en 2010. La superficie bajó de forma sostenida hasta los años 70, se mantuvo en una meseta de entre 60 y 62 metros cuadrados durante cuatro décadas, en las unidades construidas entre 1970 y 2000, y volvió a caer a partir de 2010, cuando la mediana llegó a 46 m2.

De acuerdo con el estudio, el fenómeno combina la suba del valor del suelo, el cambio en los tipos de hogares —cada vez más unipersonales— y una lógica de desarrollo orientada a maximizar la cantidad de unidades por metro cuadrado construido. El documento señala que la variable que cambió no está en el diseño sino en el suelo: cuanto más vale el terreno, más unidades hay que sacarle, y el ajuste se hace sacando ambientes.

Los barrios que más se achicaron

El achicamiento no fue parejo. Al comparar lo construido antes de 1980 con lo construido desde 2010, se encuentra que Recoleta registra la mayor caída: 50%, de 90 a 45 metros cuadrados. Le siguen Monserrat, con 41%, y Palermo, con 40 por ciento. Otros seis barrios, entre ellos Balvanera, Belgrano y Villa Crespo, tienen bajas superiores a 30%.

En el otro extremo aparecen Villa Devoto, con una baja de apenas 6%, Villa del Parque, con 8,5%, y Villa Urquiza, con 9,6 por ciento. Ignacio de Haedo, fundador de Mirando.ai, atribuye la diferencia al punto de partida de cada zona: “Villa Urquiza construía departamentos de 52 m2 antes de 1980, Recoleta construía de 90. El que tenía margen para achicarse era el que construía grande”.

Cocheras y piletas: otros cambios en los edificios

El estudio también analizó otros rasgos de los edificios. Entre los construidos hasta 1985, sólo 2% tenía pileta. Entre los que se construyeron en la década de 1990, la proporción subió a 4,6% y desde los 2000 ascendió a 23,4 por ciento. Si se toman en consideración los edificios de departamentos construidos desde el 2003 en adelante, la cantidad de unidades con pileta subió a 36,1 por ciento.

En relación a las cocheras, los avisos de departamentos nuevos muestran una caída: la proporción de unidades cuyo precio incluye cochera pasó de 41,4% entre las construidas entre 2010 y 2014 a 13,9% entre las de 2025 y 2026. Sin embargo, la oferta de cochera de manera opcional o por separado pasó de 2% a 14% en esos mismos períodos. En otras palabras, la cochera no desapareció: dejó de estar incluida en el precio.

En el entorno del presidente Javier Milei afirman que el escenario más probable para las elecciones de Brasil de este domingo es que el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sea el candidato más votado. Ese resultado, sin embargo, no le alcanzaría para poder imponerse en primera vuelta, lo que implicaría una segunda vuelta con su más inmediato competidor, Flávio Bolsonaro. Aunque el panorama para esa instancia sigue sin ser claro, en la Casa Rosada creen que la inercia que lleva el postulante opositor podría ser determinante.

“Nosotros vemos a un Lula claro ganador en primera vuelta, pero a Bolsonaro con mayores probabilidades de poder ganar una segunda”, afirman en la Casa de Gobierno. Quedó lejos el escenario que se evidenciaba dos meses atrás, cuando viajó personalmente a Brasil para asistir al acto de lanzamiento de Flávio. En ese entonces, el presidente brasileño parecía tener un panorama completamente favorable para ambas instancias; pero la diferencia se redujo de manera considerable con el pasar de las semanas.

En la Casa Rosada evitan hacer una proyección de números y prefieren hablar de tendencias. A diferencia de otras semanas, diversos funcionarios del Ejecutivo y dirigentes del entorno libertario optaron por no emitir demasiados comentarios respecto al desarrollo de los comicios.

Quien sí realizó comentarios fue el propio Milei durante una entrevisa con el medio francés Le Point, el cual fue publicado este martes, horas antes de que arribara a París para participar del Argentina Week. Allí volvió a calificar al mandatario brasileño de “ladrón” y lo acusó de haber salido de prisión “por un tecnicismo administrativo orquestado por un juez cómplice [en alusión al juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes]”.

En el reportaje, Milei también volvió a acusar al gobierno de Lula de haber realizado una interferencia en la campaña presidencial del 2023 y de haber querido perjudicarlo. “Durante mi campaña envió a varios comunicadores y psicólogos a Buenos Aires para montar operaciones sucias contra mí”, sostuvo el mandatario. Hasta el momento, las denuncias han sido todas declamatorias y ninguna se realizó en el plano judicial.

Infobae pudo saber que estas declaraciones no cayeron bien en el Palacio do Planalto, la sede del Ejecutivo brasileño. “La situación dista de ser ideal. De nuestra parte existe una intención de resguardar el vínculo”, marcó una fuente gubernamental del país vecino. Es por ese motivo que han tomado la decisión de que el embajador en la Argentina, Julio Bitelli, no vuelva a nuestro territorio, de mínima, hasta después de las elecciones.

En la Casa Rosada tienen la misma postura. El embajador en Brasil, Daniel Raimondi, no tiene fecha prevista para retornar a la sede diplomática en Brasilia. “El estatus que se va a mantener entre ambos países va a ser como el que se mantuvo en el último tiempo, a nivel de Encargados de Negocios”, respondieron en el Gobierno.

El Ministerio de Seguridad Nacional que comanda la ministra Alejandra Monteoliva ordenó un refuerzo de la cobertura sobre las sedes diplomáticas que tiene Brasil en Argentina. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que hay 13.138 personas habilitadas en el país para votar este domingo: 11.873 en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, 926 en el Consulado General en Córdoba, 236 en el Consulado General en Mendoza, 62 en el Consulado General en Puerto Iguazú y 41 en el Consulado en Paso de los Libres. El horario de votación en la sede de la Capital Federal será entre las 08:00 y las 17:00.

Se prevé que mañana hable el canciller Pablo Quirno y dé su lectura sobre el desarrollo de los comicios. A diferencia de lo que hicieron países como Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido, Argentina no realizó ningún alerta sobre potenciales riesgos a la seguridad de sus sedes consulares.

“Si Estados Unidos recibió alguna amenaza puede estar relacionado a que Lula decidió enfatizar como uno de los ejes del último tramo de su campaña una supuesta injerencia externa en el proceso electoral”, analizó una importante fuente del Ejecutivo Nacional. Y agregó: “Hay cierta apatía de los brasileños en estas elecciones; no vemos riesgo de hechos violentos en las próximas semanas”.

Muy por lo bajo, en la Casa Rosada se ha escuchado a importantes despachos decir que prefieren que gane Lula por sobre Bolsonaro. Es un deseo que no se corresponde con lo que quiere Milei, pero que se funda en la lectura de que una victoria del candidato del Partido Liberal podría opacar el rol del mandatario argentino como líder regional, así como la relación preferencial con Estados Unidos. En particular, quienes miran esto último ven que la economía de Brasil podría tener serias dificultades el año próximo y que podría haber una cierta disputa con el país vecino para recibir algún fondo de contingencia en caso de ser necesario.

Todas estas lecturas podrían ser, cuanto menos, relativizadas. Hay un posicionamiento transversal en el establishment de Estados Unidos de apoyar a la administración de Milei pese a cualquier viraje de gestión en otros países de la región. El interés de Washington sobre la circulación bioceánica sobre la zona de Tierra del Fuego se mira en clave de la disputa geopolítica con China. Es decir, la centralidad va a seguir existiendo de cualquier manera.

Si bien Flavio Bolsonaro tendría una afinidad mucho mayor con la administración Trump, las distancias ideológicas no le han impedido a Lula de tener encuentros de magnitudes. Un mandato del dirigente del PL tampoco podrá relegar de su vínculo con China: no ha propuesto romper su pertenencia al BRICS y una parte significativa de sus exportaciones de productos primarios se envían a la potencia asiática.

En relación al apoyo económico, la economía brasileña tiene una dimensión que sería prácticamente imposible pensar en un apoyo económico que pudiera ser realista y que no sea cuestionado en la política interna estadounidense. Los eventuales montos que precisaría Argentina son ostensiblemente menores.

Desde París, Francia – El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del gobierno de Javier Milei en el marco de la Argentina Week que terminó ayer en esta ciudad y atribuyó la persistencia del riesgo país, en torno a los 650 puntos básicos, a una combinación de shocks externos y factores electorales, al tiempo que reivindicó la confianza que el país genera hoy entre inversores de todo el mundo.

“Veníamos de un riesgo financiero de entre 2.500 y 3.000 puntos, depende del momento, y ahora estamos en niveles de 600. Es verdad que estuvo en 400, pero una parte de la suba se debe a lo que está pasando en el mundo”, señaló el ministro en declaraciones a Infobae y otros medios durante el evento celebrado en esta capital.

Caputo encuadró el comportamiento del índice dentro de una tendencia regional. Señaló que Chile revisó a la baja su proyección de crecimiento —de 2,5% a 0,5%— y Uruguay pasó de una estimación del 2,5% a apenas un 0,25%, como consecuencia del impacto del encarecimiento energético y el alza de tasas de interés en los mercados internacionales. “Para volver a ver los niveles de las tasas a 10 y 30 años que hay hoy, casi tenemos que remontarnos más de 20 años atrás”, afirmó. “Todos los países estamos viendo retracción en el nivel de crecimiento, producto del shock energético y también de las tasas”, dijo.

– El riesgo electoral, ¿tuvo impacto en la suba del riesgo país?

– Las dos cosas tuvieron impacto. No se puede decir cuánto, la gente no puede cuantificarlo. Pero sí, eso tuvo impacto y lo electoral, también. Surgió en las reuniones de la semana pasada, en reuniones en Nueva York.

El ministro aclaró que la preocupación por un eventual regreso del kirchnerismo aparece con mayor frecuencia entre inversores financieros que entre aquellos orientados a la economía real. “Lo que más quiere el mundo es que Argentina no vuelva al pasado”, sostuvo. Y añadió: “Yo puedo pensar que el riesgo electoral es bajísimo o cero, pero me tengo que preparar como si no fuera a serlo. Yo pienso que el ‘riesgo kuka’ es cero, pero mi tarea es prepararme para lo que puede llegar a pensar el resto de la gente, no para lo que pienso yo”.

Menor ritmo

Consultado sobre la contracción registrada por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en mayo, Caputo cuestionó la lectura del indicador desestacionalizado y remitió a la tendencia-ciclo como métrica más representativa en el contexto actual de mucha volatilidad.

“Estamos creciendo desde hace 29 meses, ahora a un nivel más bajo. Ahora la tendencia-ciclo da 0,2% mensual, más baja que antes”, indicó. “No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes por los shocks externos y un poco también por la política. La gente ve al kirchnerismo y se retrae: nadie quiere volver a una inflación de 1% diario, cepo, desabastecimiento, importación de energía y suba de impuestos”. Proyectó que agosto y septiembre mostrarán mejor desempeño, con respaldo en la recaudación de septiembre, que calificó como “particularmente mejor”. “Crecemos, solo que a un ritmo más bajo, como pasa en otros países”, enfatizó.

Anunció que en octubre comenzará la construcción de 9.000 kilómetros de concesiones viales, lo que impulsaría el sector de la construcción, al que atribuyó un efecto multiplicador sobre el resto de la economía. También mencionó el crédito hipotecario como otro factor de tracción y aseguró que la mora “ya está bajando y se empieza a ver el crédito otra vez, se vio en la venta de autos del mes pasado. El crédito es el motor del crecimiento en todos lados” .

Caputo describió las reuniones bilaterales de los dos días como maratónicas pero productivas. Indicó que en los encuentros con grandes inversores el punto más subrayado fue que Argentina “transmite confianza” y que la seguridad jurídica para inversiones de largo plazo es el factor determinante a la hora de comprometer capital. “Hoy tenemos anuncios de 10.000, de 6.000 millones de dólares. Antes, un anuncio de mil parecía una cosa enorme. Hoy casi parece normal”, graficó.

Subrayó además la presencia de gobernadores provinciales como un elemento de previsibilidad de cara a los inversores extranjeros. “Para los inversores es muy importante ver a los gobernadores que ratifican el rumbo. Yo a eso le doy una importancia enorme”, señaló.

Salarios, crédito y pobreza

Sobre la evolución del poder adquisitivo, Caputo indicó que el salario real se recuperó en cuatro de los últimos cinco meses y proyectó que agosto seguirá la misma tendencia. “En la medida en que mantengamos estas políticas, la desinflación se va a seguir dando y el salario real va a seguir recuperándose”, afirmó.

Respecto de la pobreza, el ministro se abstuvo de anticipar resultados, aunque recordó que el Gobierno contabiliza la salida de 12 millones de personas de esa condición desde el inicio de la gestión. “Los números de ahora tienen que ver con el impacto de la suba de tasas. Son números que siguen siendo altos, es un proceso. El camino es este, lo vimos acá. Estamos trabajando y asegurando inversiones para todos los mandatos que vengan, incluso más allá de 2031. Argentina no tuvo nunca esa visión de largo plazo, por eso el ‘plan platita’ y ese tipo de cosas”, dijo.

Finalmente, sobre el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Caputo afirmó que la confianza que el organismo tiene hoy en Argentina es “inédito” y que la relación es “muy fluida a todo nivel”, desde la directora gerente, Kristalina Georgieva, hasta los equipos técnicos. “Nosotros hemos dado sobradas pruebas estos dos años y medio”, concluyó.