Desde la cadena nacional en la que Javier Milei anunció medidas y sanciones específicas para las empresas extranjeras que operan ilegalmente en las Malvinas, la agenda del gobierno está completamente atravesada por el reclamo de la soberanía nacional en el territorio usurpado por el imperio británico. Este martes, la mesa política del oficialismo se reunió en Casa Rosada y, pese a tener en agenda el avance de la discusión de la Reforma Política, el único tema que se trató en profundidad fueron los proyectos con los que el Ejecutivo pretende levantar la bandera del nacionalismo y la caída de su imagen.
El encuentro comenzó a las 13 en la oficina que Diego Santilli ocupa en la planta baja de Balcarce 50. Además de los nueve integrantes fijos del órgano, esta semana se sumaron al cónclave el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, quienes llevaron a la mesa los detalles sobre las políticas que el presidente les ordenó poner en marcha para impedir el avance de los proyectos de explotación hidrocarburífera que se están desarrollando desde hace una década en el archipiélago. En este marco, desde el oficialismo confirmaron que la próxima semana enviarán el proyecto con el que buscarán endurecer las penas previstas en la ya vigente Ley 26.659, que tendrá a Diputados como cámara de origen.
Horas después de la mesa, en tanto, la Oficina del Presidente confirmó que otras quince empresas fueron sancionadas por el estado nacional por operar dentro de las islas. Éstas se suman a las cuarenta y cinco ya denunciadas el pasado viernes y a la denuncia penal que, tal como adelantó este medio, la Procuración del Tesoro, a cargo del ex viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, presentó este lunes contra las compañías Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc. que contarían con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación alcanza, también, a sus accionistas Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Además de las penalidades, el Ejecutivo planea retomar la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego que el propio gobierno de Javier Milei frenó en 2024 como parte del plan motosierra. En este marco, dentro de la mesa política definieron que tanto Presti como Quirno viajarán este viernes a la península para recorrer la zona donde se volverán a poner en marcha las obras para concretar el obrador. Según estimaciones, la misma podría tardar aproximadamente tres años en concretarse. De no haber sido frenada, el oficialismo podría haber inaugurado la obra a mediados del 2027.
Pese a las versiones que indicaron una posible colaboración de Estados Unidos en la construcción de la base y el polo logístico, que tiene un costo aproximado de USD 300.000 millones, desde el gobierno se encargaron con énfasis de negar todo tipo de involucramiento de inversión extranjera y juraron que las construcciones se concretarán sólo con fondos argentinos. Con esta decisión, el presidente instruyó a Luis Caputo para que integre dentro del Presupuesto 2027 -que será ingresado el próximo 15 de septiembre en el Congreso- los montos necesarios para el inicio del desarrollo de la obra.
Si bien el tema Malvinas capitalizó la agenda oficial, lo cierto es que en el gobierno aún deben definir varios puntos que en esta reunión, confiaron integrantes de la mesa política, no se trataron. Uno de ellos es la negociación por la Reforma política con la que el oficialismo pretende avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del calendario electoral del próximo año. Ya resignados con la idea de aceptar sólo la suspensión de las mismas y pese a las negociaciones que las espadas legislativas están llevando adelante con gobernadores y legisladores aliados, lo cierto es que por el momento La Libertad Avanza no cuenta con los apoyos necesarios para avanzar con la discusión.
El freno del tratamiento en el recinto encendió las alarmas en la Cámara Nacional Electoral, que este martes emitió una acordada, firmada por los camaristas Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, en la que advierten sobre los riesgos de posible incumplimiento de los lapsos para la implementación de la reforma que el gobierno pretende llevar adelante. En este marco, la justicia hizo hincapié en advertir sobre las dificultades que se sucedieron durante la última experiencia de suspensión y marcó una fuerte postura.
“Aun habiéndose adoptado esa previsión, diligente y anticipada, la realidad fáctica del proceso electoral del último año demostró que la totalidad de las agrupaciones políticas contendientes (con la única excepción de una alianza, sobre 626 partidos intervinientes) recurrió a mecanismos de designación de candidatos sin el voto directo de los afiliados”, reza el texto judicial.
Dentro del gobierno, por su parte, no se hicieron eco de las exigencias de la justicia y sólo dejan saber que continúan con las negociaciones con gobernadores. Además de dar por descontado el apoyo del PRO y el radicalismo, en el oficialismo ya suman los votos de Leandro Zdero (Chaco), quien la semana pasada aprobó la eliminación de las Primarias en su provincia; Marcelo Orrego (San Juan); Rolando Figueroa (Neuquén); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). El hueso más duro de roer, sin embargo, son los mandatarios que ya anticiparon su negativa.
En este grupo están Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quienes descartan apoyar la iniciativa oficial. A ellos se suman los opositores Axel Kicillof (Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Zillioto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja). El único de los gobernadores peronistas que aún está en duda sobre su postura es Gustavo Melella (Tierra del Fuego) quien en las últimas horas tuvo importantes guiños con el gobierno nacional por la causa Malvinas. La interna a cielo abierto que mantiene en su provincia, en tanto, podría servirle como excusa al gobernador para plegarse a la gestión nacional y apoyar la eliminación. Por ahora, todo está en veremos.
