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En la previa a la marcha universitaria por la falta de cumplimiento de la Ley de financiamiento aprobada en el Congreso, el Gobierno decidió un recorte de $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación y dejó sin efecto las transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales.

Así fue oficializado a través de la Decisión Administrativa 20/2026. La mayor reducción recayó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713, con impacto directo en las transferencias a las provincias para su ejecución.

El Ejecutivo también suprimió el “Fondo de Compensación Salarial Docente”, destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales, con una quita de $8.929.835.294.

En materia de infraestructura escolar y equipamiento, el ajuste sumó $21.686.636.818. El programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” tuvo una baja de $6.649.536.538, dentro de la cual las becas estudiantiles perdieron más de $559 millones.

La empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una retracción de transferencias por $48.000.000.000.

El recorte también alcanzó a las universidades nacionales: el anexo de la medida registró una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, con obras suspendidas en trece casas de estudio.

La Universidad Nacional de La Plata fue la más perjudicada, con $1.043.000.000 menos. Le siguieron la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con recortes de $700.000.000 cada una; Río Cuarto, con $680.500.000; y Entre Ríos, con $540.000.000.

Vale mencionar, en el marco del reclamo universitario que, según estimó el CEPA; el presupuesto del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”, que agrupa a las universidades nacionales, acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025 bajo la gestión de Javier Milei.

Proyectado en pesos constantes a diciembre de 2026 —según la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central—, el crédito vigente asciende a $4,87 billones, lo que profundiza esa brecha hasta una retracción acumulada del 41,6% frente a 2023.

La comparación con la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el Poder Ejecutivo y luego reimpulsada por el Congreso, amplía la dimensión del recorte. De haberse aplicado esa norma, el presupuesto de las universidades nacionales habría llegado a $8,49 billones a valores de 2026, con un crecimiento real del 33,8% respecto del nivel vigente en 2025 y apenas 1,9% por encima del de 2023, lo que equivalía a una recuperación casi plena del terreno perdido.

El proyecto del Gobierno apunta en otra dirección. El incremento propuesto del 13,1% elevaría el crédito a $5,51 billones a valores de 2026, pero en términos reales eso representa una caída del 2,1% frente a 2025 y del 33,9% respecto de 2023.

“Por lo tanto, mientras la Ley insistida permitía prácticamente recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste realizado por el Gobierno, el proyecto del Ejecutivo consolida ese recorte en términos reales, lo que implica un presupuesto de universidades nacionales 35,1% inferior al que hubiera correspondido bajo la ley aprobada en el Congreso”, señaló el CEPA.

Mientras tanto, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, dijo: “La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando vos aprobás una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”.

“Es el 50% de aumento de salario, lo que implicaría un gasto que el Estado no está en capacidad hoy económica de afrontar. Por eso nosotros decimos que incluso antes de que se votara el Presupuesto, también la norma estaba mal, porque incumplía la Ley de Administración Financiera, la cual dice que vos, para aprobar cualquier gasto, tenés que decir de dónde sale”, subrayó.

Con información de NA

El ejército israelí afirmó este martes haber eliminado a más de 350 “terroristas” y atacado más de 1.100 objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano desde el inicio del alto el fuego el 17 de abril, en un comunicado en el que defendió sus operaciones como una forma de hacer cumplir la tregua vigente. El mismo día, un bombardeo israelí mató a seis personas en una vivienda en Kfar Dounin, en el sur del país.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que entre los objetivos atacados figuran “estructuras utilizadas para propósitos militares”, depósitos de armas y lanzamisiles listos para disparar.

Por su parte, el Ministerio de Salud libanés informó a AFP que 380 personas, entre ellas 22 niños y 39 mujeres, han muerto en ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, sobre un total de aproximadamente 2.900 muertos desde el inicio del conflicto el 2 de marzo. La cifra global asciende a 2.869 muertos según el último balance del ministerio, actualizado el lunes.

Qassem amenaza con convertir el frente en “un infierno”

En ese contexto, el líder del grupo terrorista libanés, Naim Qassem, advirtió este martes que sus combatientes convertirán el campo de batalla en “un infierno” para las fuerzas israelíes y rechazó de plano que las armas del grupo sean parte de las negociaciones en curso entre Líbano e Israel.

“Nadie fuera del Líbano tiene nada que ver con las armas, la resistencia… esto es un asunto interno libanés y no forma parte de las negociaciones con el enemigo”, afirmó Qassem en un comunicado dirigido a sus combatientes y difundido por el canal Al-Manar.

Qassem llamó además a retirarse de las “negociaciones directas, que son ganancias puras para Israel y concesiones gratuitas de las autoridades libanesas”. “No nos rendiremos y seguiremos defendiendo al Líbano y a su pueblo, por mucho tiempo que lleve y por grandes que sean los sacrificios”, agregó.

Una tercera ronda de conversaciones entre representantes libaneses e israelíes está prevista para el jueves y el viernes en Washington, tras el primer encuentro directo en décadas celebrado el mes pasado. El presidente Donald Trump anunció el alto el fuego días después de esa primera reunión.

La semana pasada, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que “un acuerdo de paz entre el Líbano e Israel es absolutamente alcanzable”, señalando que el problema era Hezbollah. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, subrayó que Washington considera que “la paz integral depende del pleno restablecimiento de la autoridad estatal libanesa y el desarme completo de Hezbollah”.

El contexto

Hezbollah arrastró al Líbano a una nueva guerra el 2 de marzo al atacar a Israel con cohetes para vengar la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, fallecido el primer día de la ofensiva israeloestadounidense contra Teherán. Israel respondió con ataques masivos y una incursión terrestre en el sur del país, donde sus tropas siguen operando dentro de una llamada “línea amarilla” trazada unos diez kilómetros al norte de la frontera.

Bajo los términos de la tregua difundidos por Washington, Israel se reserva el derecho de actuar contra “ataques planificados, inminentes o en curso”. Hezbollah, por su parte, ha mantenido ataques contra objetivos israelíes en el sur del Líbano y en ocasiones al otro lado de la frontera, alegando que responden a violaciones israelíes del alto el fuego.

El Ministerio de Defensa oficializó mediante la resolución 311/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial la designación del General de Brigada Pablo Guillermo Plaza como nuevo presidente del Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

La medida se produjo tras la renuncia del titular anterior, Sergio Maldonado, por lo que el ministro de Defensa, Carlos Presti, avanzó con el nombramiento de Plaza dentro del sistema de salud para el personal militar y civil vinculado a las fuerzas. La decisión, que tuvo lugar el 6 de mayo, se enmarcó dentro de las disposiciones del DNU N° 88/26, que creó a la obra social como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con el objetivo de brindar cobertura en todo el territorio argentino y asegurar la fiscalización estatal.

De esta manera, OSFA se configuró como un organismo con personería jurídica propia y legitimación procesal, lo que le permite actuar tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. Esta cualidad le otorga autonomía para la gestión de sus recursos y la definición de políticas internas, bajo la supervisión directa de la cartera ministerial.

El Directorio de la obra social está compuesto por cinco miembros titulares y cinco suplentes, los cuales fueron designados por el titular de Defensa. El mandato es por el período de dos años, con posibilidad de reelección por una sola vez. La normativa prevé que los suplentes puedan asumir las funciones de los titulares en caso de dimisión o ausencia justificada, garantizando así la continuidad operativa de la conducción del organismo.

Entre los requisitos exigidos para integrar el Directorio figuran condiciones de idoneidad técnica, experiencia en gestión de servicios de salud, seguridad social, administración pública y financiera, o dirección de grandes organizaciones. De este modo, se busca asegurar la capacidad de los responsables para enfrentar los desafíos de la administración de la obra social.

A principios de marzo, el Gobierno oficializó dichos nombramientos para la entidad encargada de la cobertura médica del personal militar en el país. La medida concretó la reestructuración del antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que fue dividido tras atravesar una severa crisis financiera a partir de la publicación en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el decreto, la integración del directorio contempló dos representantes propuestos por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, uno por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, otro por el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina y un representante del personal civil de las Fuerzas Armadas o de la propia OSFA, según la futura reglamentación. La presidencia y vicepresidencia son rotativas, elegidas entre los miembros titulares y definidas por el Ministerio de Defensa.

El directorio quedó conformado por el general de brigada retirado Sergio Maldonado como presidente y el general de brigada retirado Omar Horacio Domínguez como vicepresidente. Los acompañan como titulares el capitán de navío retirado Gustavo Rubén Rivas y el comodoro retirado Juan Carlos Ruiz Pringles. Como suplentes fueron designados el coronel auditor retirado Juan José Collins, el coronel ingeniero retirado Darío Gabriel Banchio, el capitán de navío retirado Miguel Ángel Alonso y el comodoro mayor Sergio Luis Busdrago.

La OSFA y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) deberán destinar al menos el 80 % de sus recursos a prestaciones de salud, mientras que los gastos administrativos no podrán superar el 8 %. Si existiera excedente, hasta un 12 % podrá aplicarse a otras prestaciones sociales. Los aportes a la obra social se calcularán sobre todas las retribuciones remunerativas y no remunerativas, excluyendo asignaciones familiares, gastos y viáticos.

El riesgo país, que surge de los rendimientos de los bonos argentinos, perforó ayer los 500 puntos básicos por primera vez desde febrero. La mejora de la calificación de deuda por parte de Fitch y el anuncio de Moody’s sobre una próxima revisión apuntalaron a los bonos argentinos. Sin embargo, ayer también influyó una leve suba en la tasa de los títulos norteamericanos, que hizo comprimir la diferencia con los bonos argentinos.

Desde Adcap Grupo Financiero consideraron que la mejora de la nota para Argentina desde CCC+ a B- podría haber activado un “círculo virtuoso”. Por lo pronto, esta calificación aún se encuentra un escalón por debajo de la mejor nota que llegó a conseguir el gobierno de Mauricio Macri. Luego, la crisis cambiaria y el salvataje del FMI echaron todo por la borda y la Argentina terminó en default.

La baja del riesgo país está ligada a su vez a la posibilidad de conseguir financiamiento externo. En ese sentido, Ecuador emitió la semana pasada bonos por USD 1.000 millones en el mercado internacional, con un rendimiento del 8,5% anual en dólares. La noticia es relevante porque se trata de un país que al menos para Fitch tiene la misma calificación que Argentina, aunque hace más tiempo.

Los bonos tuvieron una demanda siete veces superior al monto ofertado, al alcanzar los USD 7.000 millones para los bonos que vencen en 2034 y 2039. Esto significa que muchos inversores buscan estas opciones para conseguir un mayor rendimiento en sus carteras, aún apostando por alternativas de más riesgo.

Salir de los países calificados en el grupo de las “C” y pasar a los de la “B” no es trivial. Implica la posibilidad de acceder a un grupo mucho mayor de fondos de inversión, que no pueden posicionarse en activos super especulativos. Por lo tanto, una mejora de la calificación significa la posibilidad de captar fondos frescos de un grupo mayor de inversores internacionales.

Aún con la baja del riesgo país de los últimos días, la deuda argentina sigue rindiendo en niveles que oscilan entre el 9% y el 10% anual en dólares. El equipo económico espera conseguir tasas inferiores para financiarse en los mercados.

Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s y a cargo de la calificación argentina, consideró positiva la decisión del Gobierno de no apurar una colocación de deuda en el mercado internacional: “Si la tasa sigue muy alta para Argentina, lo más sensato es buscar alternativas de financiamiento más baratas como a través de garantías de organismos internacionales. A nosotros nos parece adecuada esa decisión”.

En tanto, la Ciudad de Buenos Aires consiguió la semana pasada una emisión histórica, al colocar una nueva serie del bono Tango en el mercado internacional a una tasa de 7,3% anual en dólares, por diez años de plazo. Fueron USD 500 millones aunque la demanda superó los USD 3.000 millones, dejando en claro que hay apetito por estas colocaciones.

Aunque el Gobierno por ahora prefiere no endeudarse a tasas altas, se beneficia con las colocaciones que realizan provincias, bancos y empresas en el exterior. Sucede que luego deben ingresar los dólares de estas emisiones lo que aumenta la oferta de divisas y permite que el Central intervenga. En lo que va del año, las compras ya superan los USD 7.500 millones y se acercan a los USD 10.000 millones, que fue el piso definido por el propio Gobierno al lanzar la fase 4 del plan monetario.

Ahora la expectativa está puesta en si se podrá perforar el piso de enero, cuando el riesgo país rozó los 480 puntos básicos.

Por un lado, el fuerte ingreso de dólares de la cosecha y las próximas compras del Central podrían darle un impulso adicional a los bonos para bajar el riesgo incluso por debajo de los 450 puntos básicos.

Pero del otro lado, el ruido político y la ansiedad por las elecciones del año próximo mantienen a los inversores alertas. Es difícil en ese contexto, que las cotizaciones suban de manera significativa, pensando en los interrogantes que se plantean a partir de quién triunfe en las elecciones del 2027.

Emiratos Árabes Unidos ejecutó ataques militares contra Irán y se convirtió en un actor activo de la guerra en Medio Oriente, según afirmaron fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el diario The Wall Street Journal.

De acuerdo con esas fuentes, los ataques incluyeron un bombardeo contra una refinería situada en la isla iraní de Lavan, en el Golfo Pérsico. La ofensiva ocurrió a principios de abril, en paralelo al anuncio del alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump tras cinco semanas de campaña aérea. El ataque provocó un incendio que dejó fuera de servicio gran parte de la planta durante meses.

Los Emiratos Árabes Unidos no reconocieron públicamente la operación. El Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí evitó realizar comentarios sobre los ataques, aunque remitió a declaraciones previas en las que defendió el derecho del país a responder “incluso militarmente” frente a actos hostiles.

El régimen de Irán sostuvo en aquel momento que la refinería había sido atacada “por el enemigo” y respondió con una oleada de misiles y drones contra Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Según una de las fuentes citadas por The Wall Street Journal, Estados Unidos no expresó malestar por el ataque porque el alto el fuego todavía no se encontraba consolidado. La misma fuente indicó además que Washington recibió con satisfacción la participación de Emiratos Árabes Unidos y de otros estados del Golfo que deseen sumarse a la confrontación.

El Pentágono declinó realizar comentarios sobre el asunto. La Casa Blanca tampoco respondió preguntas específicas sobre la participación militar emiratí, aunque sostuvo que Trump “tiene todas las opciones a su disposición” y que Estados Unidos mantiene “la máxima presión sobre el régimen iraní”.

Antes de la guerra, los países del Golfo habían declarado que no permitirían que su espacio aéreo ni sus bases se utilizaran para ataques. Sin embargo, una vez iniciado el conflicto, Irán respondió con ataques con misiles y drones contra centros de población, infraestructura energética y aeropuertos del Golfo.

Según la información publicada por The Wall Street Journal, Irán concentró gran parte de esos ataques sobre Emiratos Árabes Unidos, al lanzar más de 2.800 misiles y drones contra el país, más que contra cualquier otro estado, incluido Israel.

Los ataques afectaron el tráfico aéreo, el turismo y el mercado inmobiliario de Emiratos Árabes Unidos y provocaron suspensiones temporales de empleo y despidos. Funcionarios del Golfo afirmaron además que el país ahora considera a Irán un actor hostil que busca socavar su modelo económico y social.

Desde entonces, Emiratos Árabes Unidos adoptó la postura más beligerante entre las monarquías del Golfo y mantuvo una estrecha cooperación militar con Estados Unidos durante la guerra, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Desde mediados de marzo circularon especulaciones sobre la posible participación emiratí en la guerra después de que se filmara sobre Irán un avión de combate que no parecía pertenecer ni a Israel ni a Estados Unidos.

Investigadores que analizan imágenes e información disponible públicamente señalaron fotografías que supuestamente muestran cazas franceses Mirage y drones chinos Wing Loong, ambos utilizados por Emiratos Árabes Unidos, en operaciones sobre Irán. Militarmente, Emiratos Árabes Unidos cuenta con aviones Mirage y cazas F-16, además de aeronaves de reabastecimiento en vuelo, sistemas de mando y control y drones de vigilancia.

La estrategia iraní de involucrar a los países del Golfo en la guerra profundizó las divisiones políticas entre las monarquías árabes y las obligó a buscar nuevos acuerdos de seguridad.

Mientras los estados del Golfo enfrentan crecientes riesgos de seguridad y dudas sobre la fiabilidad de Estados Unidos como aliado, Emiratos Árabes Unidos reforzó su relación con Washington, según declaró Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente emiratí, ante periodistas en abril.

Además de los ataques, Emiratos respaldó borradores de resolución en Naciones Unidas que autorizaban el uso de la fuerza para romper el control iraní sobre el estrecho de Ormuz. Las autoridades emiratíes también clausuraron escuelas y clubes en Dubái vinculados a Teherán y restringieron visados y derechos de tránsito a ciudadanos iraníes.

Irán respondió acusando repetidamente a Emiratos Árabes Unidos de sumarse a la campaña militar estadounidense e israelí.

Las fuerzas rusas retomaron durante la madrugada del martes los ataques con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania, pocas horas después del vencimiento de la tregua temporal de tres días entre Moscú y Kiev, según informaron autoridades ucranianas. Los bombardeos alcanzaron edificios residenciales, una guardería y otras infraestructuras civiles, mientras las defensas aéreas ucranianas volvieron a activarse en la capital.

“Los UAV enemigos se encuentran actualmente sobre Kiev. Por favor, permanezcan a salvo hasta que se levante la alerta”, escribió en Telegram Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev.

Las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en Kiev por primera vez desde el viernes, antes de la entrada en vigor del alto el fuego temporal. La administración militar regional pidió a los residentes permanecer en refugios y advirtió sobre operaciones de defensa aérea en distintos puntos de la ciudad.

Según un periodista del medio local Kyiv Independent presente en la capital ucraniana, las primeras explosiones se escucharon alrededor de las 3:35 de la madrugada (hora local). Minutos después, Tkachenko informó que restos de un dron impactaron sobre el tejado de un edificio residencial de 16 plantas en el distrito de Obolon.

Las autoridades también reportaron daños en zonas cercanas a Kiev. El gobernador regional, Mykola Kalashnyk, afirmó que drones rusos atacaron asentamientos civiles durante la noche. “Durante la noche, el enemigo volvió a atacar asentamientos pacíficos en la región. Edificios residenciales, instituciones educativas y la vida cotidiana de nuestra gente fueron alcanzados por ataques con drones”, escribió Kalashnyk en Telegram.

En el distrito de Fastiv, una guardería sufrió daños tras un ataque que provocó un incendio en el tejado del edificio. Además, las ventanas de un bloque residencial de cuatro plantas resultaron destruidas y dos viviendas particulares sufrieron daños materiales. “No se han registrado víctimas mortales entre la población”, indicó el funcionario regional.

Kalashnyk añadió que “todos los servicios operativos están trabajando sobre el terreno” y sostuvo que las autoridades continúan con las tareas para eliminar las consecuencias del ataque y registrar los daños ocasionados.

La región de Dnipropetrovsk también sufrió una nueva ola de ataques rusos. El jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganzha, informó que una persona murió y otras cuatro resultaron heridas tras bombardeos registrados desde la noche del 11 de mayo.

Según Ganzha, las fuerzas rusas atacaron más de 20 veces cinco distritos de la región mediante drones, artillería y bombardeos aéreos.

Los nuevos ataques ocurrieron tras el vencimiento de la tregua temporal que se extendió del 9 al 11 de mayo. Durante esos días, Ucrania y Rusia intercambiaron acusaciones sobre ataques contra civiles y supuestas violaciones del cese de hostilidades.

Durante el período de tregua no se registraron ataques aéreos a gran escala, aunque la Fuerza Aérea ucraniana informó sobre lanzamientos de drones rusos y el disparo de un misil balístico Iskander-M desde Crimea ocupada.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró el 11 de mayo que Ucrania suspendería los ataques de “sanciones de largo alcance” contra objetivos militares rusos si Moscú evitaba nuevos ataques masivos.

Según el Kyiv Independent, Estados Unidos intenta nuevamente mediar para alcanzar un alto el fuego temporal entre Rusia y Ucrania a cambio de un eventual levantamiento de sanciones contra Moscú, luego de varios meses sin negociaciones directas entre ambas partes.

(Con información de AFP)

Ruido. Mucho ruido. Y desazón. Y enojo. Mucho enojo. Eso fue lo que generó la declaración que emitió Teresa García, el último viernes, en la que aseguró que lo ideal sería, según su mirada, que el próximo presidente que pueda poner el peronismo en la Casa Rosada sea similar al ex mandatario Héctor Cámpora, quien fue, en los hechos, un delegado en el gobierno de Juan Domingo Perón. De allí aquella histórica frase que sintetiza ese fragmento de la historia: Cámpora al gobierno, Perón al poder.

La definición de García, que es actual senadora provincial y una de las dirigentes más cercanas a Cristina Kirchner, además de una militante ferviente de la campaña “Cristina libre”, tuvo un eco en todas las terminales del peronismo por dos motivos concretos: su lugar en el círculo político del cristinismo y el contenido de su mensaje. “¿La idea para vos es que se consiga a un nuevo Cámpora?“, le preguntó la periodista Nancy Pazos. ”Sí. Es lo que va a pasar”, respondió García.

La expresión no dejó lugar a múltiples interpretaciones. En su cabeza, el próximo presidente del peronismo tiene que ser un delegado de la ex presidenta, a la que considera injustamente presa, y la debe indultar. Y esa fue lo que entendió la mayoría dentro de la fortaleza justicialista. “Necesitamos que Cristina esté libre. No hay posibilidad, para alguien que vaya a gobernar este país desde el peronismo, de que no tenga en cuenta los dos períodos de Cristina y las razones por las que está detenida, que es la pelea con el poder real”, precisó en una entrevista con C5N.

La idea expresada por Teresa García fue tomada como una falta de autocrítica dentro del kirchnerismo respecto al último gobierno del Frente de Todos, donde Alberto Fernández fue designado por Cristina Kirchner como el candidato a presidente del peronismo. Esa delegación de poder generó una convivencia inviable entre las distintas tribus y el fracaso de la gestión, atravesada por una fuerte interna política.

“Lo que dijo Teresa sincera lo que esperaban de Alberto. Esa fue la eterna tensión que destruyó al gobierno del Frente de Todos. Querían que fuera un delegado y acate órdenes”, sostuvo un ex funcionario de primera línea del último gobierno peronista. En ese sentido, reflexionó: “Hace 20 años que el peronismo terceriza la política en CFK, mientras se acertaba tenía sentido, el punto es que ese método nos hace perder una tras otra”.

“Ya no saben qué hacer. Está terminado ese debate”, aseguró un importante intendente del conurbano bonaerense, que está en las filas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Otro, que es parte del cristinismo, fue crítico y afirmó: “Teresa hizo una declaración para la tribuna, para no quedar mal con los que estaban por encima. Pero ella sabe que no va a ser así. Es una locura”.

Lo que planteó García, entienden en distintas vertientes peronistas, es lo que piensan en el sector más duro del cristinismo. Es una representación del concepto que tienen en el mundo K respecto a cómo se debe organizar el peronismo y el rol que debe tener CFK. Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, dos dirigentes camporistas del círculo más chico de Cristina y Máximo Kirchner, defendieron y respaldaron en las redes sociales el discurso de la legisladora provincial. Hubo cierre de filas.

“Está muy bien lo que dijo Teresa. Los argentinos necesitan saber. Ahora ya sabemos que el candidato de Cristina gana para indultarla y renunciar. Se llame Kicillof, Uñac, Pichetto o Juan Manuel Olmos. Es un buen punto de partida”, sentenció, con un alto grado de ironía, un referente importante del kicillofismo. El malestar quedó impreso en cada palabra.

En la gobernación hace tiempo que explican que, la decisión de Kicillof de discutir poder con CFK, tiene que ver, entre tantos argumentos existentes, con la decisión de no ser un delegado de su dedo. Kicillof no quiere ser el candidato de Cristina, sino que apela a ser el candidato del peronismo. Buscó condicionar el dedo todopoderoso y no repetir la historia de Alberto Fernández. Ese argumento calzó a la perfección con lo que dijo García.

“El planteo que hacen es el de una minoría. No quieren ser una mayoría en el país. Es un delirio”, explicó un importante dirigente del peronismo federal presentado en Parque Norte. Un dirigente sindical de mucho peso en la CGT siguió el mismo camino. “Se autoflagelan. Se van a ir achicando cada vez más así. Quieren construir una épica y no pueden. Lo único que les interesa es Cristina”, indicó.

García planteó también sus diferencias con Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense, quien aseguró que CFK está proscripta pero el peronismo, no. “Está proscripta Cristina pero el peronismo no está libre. Si la gente no puede elegir a la dirigente que más le gusta…”, explicó.

Existe una diferencia clara entre aquellos que quieren poner en foco la libertad de Cristina Kirchner, los que tratan de evitarla y los que le dan una identidad relativa. Las diferencias empezaron a generar tensiones internas cada vez más fuertes. El cristinismo pide memoria respecto al pasado y condescendencia con la figura de la líder peronista. El resto de las tribus, sigue adelante en búsqueda de un nuevo horizonte. La quieren contener electoralmente, pero no militarán su causa como una prioridad de la agenda política.