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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó el límite de valor FOB para las exportaciones realizadas a través del régimen de courier, una restricción que durante años actuó como un techo para empresas, emprendedores y pequeños exportadores que vendían productos argentinos al mundo por esa vía. La medida quedó formalizada este martes mediante la Resolución General 5883/2026, publicada en el Boletín Oficial, y entró en vigencia el miércoles 30 de julio.

Hasta la publicación de la norma, el régimen de courier imponía un tope de USD 3.000 por envío. Quien superaba ese monto quedaba automáticamente excluido del sistema simplificado y debía tramitar una exportación formal, con despacho aduanero, mayores costos operativos y tiempos más largos de gestión. En la práctica, ese umbral golpeaba con más fuerza a quienes más dependían del canal: las pymes que exportan productos de bajo volumen físico pero de alto valor agregado, como vinos, alfajores, dulce de leche, libros o frutas frescas.

El régimen de courier funciona como una vía de exportación abreviada. En lugar de tramitar una destinación de exportación formal —con despacho aduanero y una cadena de trámites burocráticos—, el exportador entrega el paquete al prestador del servicio, que lo despacha con un procedimiento estandarizado. Esa modalidad resultó especialmente atractiva para pequeñas y medianas empresas que no realizan operaciones tradicionales de comercio exterior o que exportan en volúmenes reducidos, y también para particulares que envían mercadería al exterior de forma ocasional.

El negocio detrás de esos envíos tiene un motor que va más allá de la logística. La alta concentración de argentinos radicados en el exterior generó un mercado sostenido por la nostalgia: comunidades dispersas por Europa, Estados Unidos y otros destinos que demandan productos locales con regularidad, desde alimentos típicos hasta vino, uno de los segmentos de mayor rotación en el sistema por la demanda consolidada que tiene el vino argentino en los mercados internacionales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida con una crítica directa al historial regulatorio del país. “Durante años el régimen de exportación por courier tuvo un techo que terminaba frenando el crecimiento de quienes empezaban a vender al exterior. Si un envío superaba los USD 3.000, dejaba de acceder al sistema simplificado y debía pasar a una exportación formal, con mayores costos y trámites”, señaló el funcionario. Sturzenegger fue más lejos en sus redes sociales, donde escribió que “este país odiaba a las exportaciones” y que el tope funcionaba en la práctica como “una pared invisible que frenaba el crecimiento de las empresas argentinas que empezaban a exportar”.

La resolución de ARCA no se limita a la eliminación del tope. Introduce también modificaciones al régimen de importación: simplifica los requisitos documentales para pequeños envíos alcanzados por beneficios fiscales y adecua procedimientos para agilizar la gestión aduanera.

Además, para los envíos tramitados bajo el régimen de pequeños envíos que estén alcanzados por la exención de derechos de importación y tasa de estadística prevista en el Decreto 1.065/2024, la norma establece que no será exigible la consignación de la posición arancelaria. También los Prestadores de Servicios Postales (PSP/Courier) deberán conservar las constancias digitalizadas de entrega por un plazo de cinco años después de operada la prescripción de la acción del fisco, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad de las operaciones sin incrementar las cargas para los usuarios.

La Resolución General 5883/2026 modifica la Resolución General N° 5.608, que regulaba hasta ahora el régimen de importación y exportación simplificada por PSP/Courier. La reforma fue impulsada por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que le encomendó a la Dirección General de Aduanas las adecuaciones normativas necesarias para suprimir los límites de valor FOB, en línea con el proceso de apertura y simplificación comercial que impulsa el Gobierno.

Chile movilizó a unos cinco mil militares antes de que el temporal alcanzara su punto más crítico y dejara 13 muertos, cuatro desaparecidos y cerca de 100.000 personas aisladas. Para Andrei Serbin Pont, esa decisión fue uno de los factores que permitió acelerar los rescates y sostener la asistencia en las zonas más afectadas, en un operativo que combinó helicópteros, aviones de transporte, hospitales de campaña y vehículos anfibios para llegar a comunidades que habían quedado completamente incomunicadas.

Durante su columna en Infobae al Mediodía, el especialista explicó que las autoridades chilenas comenzaron a preparar la respuesta antes de que se produjeran los principales desbordes, deslizamientos de tierra y cortes de rutas que afectaron especialmente a las regiones de Coquimbo y Atacama. Según señaló, el acuartelamiento preventivo de miles de efectivos y la movilización de personal de reserva permitieron que los recursos estuvieran listos para actuar desde las primeras horas de la emergencia. “La principal diferencia fue la preparación”, resumió al analizar la estrategia adoptada por el país tras conocerse los pronósticos meteorológicos.

La magnitud del fenómeno obligó a desplegar capacidades poco habituales incluso para un país acostumbrado a enfrentar catástrofes naturales. “Hubo zonas en las cuales llovió en una hora lo que normalmente llovería en un mes”, explicó Serbin Pont al describir un escenario que dejó poblaciones enteras aisladas y obligó a coordinar recursos terrestres, aéreos y sanitarios para garantizar la asistencia.

Uno de los ejes del operativo fue el puente aéreo organizado por la Brigada de Aviación del Ejército. Diez helicópteros participaron de las tareas de rescate y abastecimiento, lo que permitió evacuar a más de 120 personas que permanecían aisladas hasta el 20 de julio y mantener el traslado de personal, alimentos e insumos hacia sectores donde los caminos habían quedado destruidos o resultaban intransitables.

La Fuerza Aérea complementó ese despliegue mediante vuelos de aviones Hércules C-130, que transportaron 183 toneladas de ayuda humanitaria hacia las regiones afectadas. Cuando ni siquiera era posible acceder por vía terrestre o aérea mediante aterrizajes convencionales, un avión CASA 212 lanzó alimentos, medicamentos y otros suministros mediante paracaídas para abastecer a comunidades completamente incomunicadas. “Ese lanzamiento de ayuda humanitaria fue clave”, destacó el analista al describir una de las operaciones más complejas del dispositivo logístico.

La asistencia también incluyó la instalación de un hospital modular de campaña en Ovalle y puestos de atención médica especializada para reforzar un sistema sanitario exigido por la emergencia. Al mismo tiempo, vehículos blindados con capacidad anfibia ingresaron en sectores anegados donde otros medios no podían operar, mientras unidades de ingenieros despejaban caminos, reparaban infraestructura crítica y trabajaban para restablecer la conectividad entre las localidades afectadas.

Para Serbin Pont, la rapidez de la respuesta no fue producto de la improvisación, sino de una planificación sostenida y de la experiencia acumulada por Chile frente a terremotos, tsunamis e inundaciones. A diferencia de otros desastres naturales, explicó, las lluvias extremas permitían anticipar escenarios de riesgo y comenzar el despliegue antes de que la situación se agravara. “El terremoto es impredecible, pero cuando existe la posibilidad de desbordes empezaban a tomar medidas de precaución para iniciar el despliegue en caso de ser necesario. Eso demuestra un nivel de preparación de fondo que entiende cuáles pueden ser las circunstancias”, afirmó.

El especialista sostuvo que, en ese contexto, las Fuerzas Armadas aportaron capacidades logísticas difíciles de reemplazar por otros organismos del Estado. Redes de comunicaciones, patrullas de auxilio, unidades de emergencia, equipos de ingenieros y medios de transporte permitieron sostener la asistencia incluso cuando buena parte de la infraestructura había colapsado. A su juicio, esa capacidad refleja el valor del uso dual del equipamiento militar. “Es muy positivo cómo han reaccionado las Fuerzas Armadas chilenas a este tipo de emergencias. Contribuyen mucho a pensar a las Fuerzas Armadas como una herramienta que facilita las condiciones necesarias para enfrentar incertidumbre”, sostuvo.

Al ampliar la mirada hacia el plano regional, Serbin Pont señaló que no todos los países cuentan con el mismo nivel de preparación para enfrentar emergencias de esta magnitud. Como ejemplo mencionó el caso de Venezuela, donde, según indicó, distintos desastres naturales dejaron al descubierto limitaciones operativas que comprometieron la capacidad de respuesta del Estado frente a situaciones de crisis.

Consultado por Maru Duffard y Fede Mayol sobre la experiencia argentina, el analista consideró que las Fuerzas Armadas locales también han demostrado una buena capacidad de despliegue territorial y de reacción ante emergencias, aunque advirtió que esas fortalezas conviven con restricciones materiales vinculadas al mantenimiento del equipamiento y la disponibilidad de recursos.

Como ejemplo recordó la intervención durante las inundaciones de La Plata en 2013, el temporal que afectó a Bahía Blanca y las tareas logísticas desarrolladas durante la pandemia de COVID-19, cuando participaron en la distribución de alimentos, insumos sanitarios y vacunas en distintos puntos del país. A su entender, la presencia territorial y la capacidad de movilizar personal siguen siendo activos importantes, aunque preservar ese nivel de respuesta exige inversiones sostenidas para mantener el material y retener personal especializado.

Finalmente, Serbin Pont sostuvo que la eficacia de este tipo de operativos también depende de un factor menos visible: la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de intervenir durante las emergencias. En ese sentido, consideró que, en términos generales, los argentinos mantienen una percepción positiva sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en tareas de asistencia, un aspecto que facilita su despliegue cuando el Estado necesita movilizar rápidamente sus capacidades para responder a una catástrofe.

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El Senado de la Nación ya tiene fecha para volver a la actividad. Mientras el oficialismo sigue buscando votos de cara a la sesión del próximo 6 de agosto en donde pretende darle media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada -conocida como ley de tierras-, un día antes abrirá las comisiones para debatir el Súper RIGI.

El oficialismo llamó para el miércoles 5 de agosto a un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General para debatir el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El encuentro será a partir de las 15.30, en el Salón Azul de la Cámara Alta.

El proyecto que se debatirá en el plenario de las tres comisiones -todas presididas por el oficialismo- obtuvo media sanción en la Cámara Baja el pasado 24 de junio. En ese momento obtuvo 130 votos positivos, 106 negativos y 7 abstenciones.

En ese caso, el bloque de La Libertad Avanza obtuvo el acompañamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales. De repetirse el mismo esquema de acompañamientos, el oficialismo podría obtener dictamen el miércoles en el plenario pero no podrá llevarlo al recinto el día siguiente, ya que el reglamento establece que deben pasar 7 días entre ambos hechos.

El “Súper RIGI” propone incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para nuevas actividades económicas. Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Además, garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

En esta reversión del RIGI que se introdujo con la ley Bases, se establece que los proyectos que ingresen deberán destinar una inversión por un monto mínimo de 1.000 millones de dólares -para el RIGI, el umbral oscila entre US$200 y US$600 millones según el sector-.

Pero para poder ingresar al sistema de beneficios por 30 años, deberán ejecutar un mínimo de 200.000 millones en los primeros dos años desde que es aprobado.

Además, los proyectos tienen que estar dirigidos a sectores de la economía que hoy no tengan presencia en la Argentina. Son los sectores que el Gobierno denomina “industrias del futuro”, como inteligencia artificial, data centers, fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y desarrollos vinculados a la cadena de valor del uranio. Esto es con el objetivo declarado de modificar la estructura productiva nacional e incorporar tecnología de punta.

Un dato no menor es en lo referido a lo que se conoce como “compre nacional”. En el debate en Diputados, los socios de LLA empujaron cambios respecto a este punto. Aunque el oficialismo quería que no hubiese una obligación de proveedores locales, cedió y habilitó un “plan de desarrollo de proveedores locales” y la contratación de proveedores locales por “el 20% del monto destinado a proveedores”. El “pero” que contiene es que para que esa cláusula sea válida tiene que existir proveedores con capacidad, disponibilidad y competitivos en cuanto a precio y calidad.

Por último, en lo referido al acceso a las divisas, el Súper RIGI mantiene el esquema de su predecesor, siguiendo con el esquema de disponibilidad progresiva para exportaciones: 20% en el primer año, 40% en el segundo y acceso total en el tercero. A esto se suman exenciones completas de derechos de importación y exportación, beneficios respecto al impuesto a los débitos y créditos bancarios y una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales asociadas a la creación de empleo.

El gobierno de Irak condenó el ataque de Estados Unidos y Arabia Saudita contra posiciones de milicias proiraníes en varias provincias del país, rechazó cualquier acto de agresión sobre su territorio y exigió el respeto a su soberanía nacional, en medio de una escalada de violencia que dejó al menos 20 muertos y decenas de heridos.

El Consejo de Seguridad Nacional, bajo el liderazgo del primer ministro Ali al Zaidi, convocó una reunión de emergencia tras los bombardeos y afirmó que los ataques estadounidenses y saudíes constituyeron una violación de la ley internacional. También destacó que solo el Estado iraquí puede gestionar la respuesta ante hechos de esta naturaleza, sin injerencias externas ni autorización para que actores foráneos intervengan en asuntos internos.

El ataque aéreo, ejecutado durante la noche por fuerzas estadounidenses y saudíes, apuntó contra instalaciones logísticas y de armamento utilizadas por las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de milicias chiíes que responde al régimen iraní y que en los últimos días lanzó más de 30 drones contra infraestructuras energéticas saudíes.

La reacción militar de Washington y Riad ocurrió mientras Bagdad mantenía contactos diplomáticos con ambas capitales, a raíz de las denuncias de Arabia Saudita por los ataques atribuidos a grupos armados respaldados por Teherán.

Las operaciones aéreas alcanzaron instalaciones en Bagdad, Wasit, Nínive, Basora, Kirkuk, Karbala y Diyala, según informaron las propias milicias, que reportaron bajas entre sus integrantes, además de víctimas civiles y daños materiales.

Bajo este contexto, en un comunicado difundido tras la reunión de emergencia, el Ejecutivo instruyó al Ministerio de Asuntos Exteriores a realizar gestiones ante organismos internacionales y a documentar el incidente conforme al Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas, con el objetivo de salvaguardar los derechos de Irak y exigir responsabilidades por el ataque.

Las autoridades remarcaron que buscan mantener al país al margen de los conflictos regionales y reiteraron que, si bien las Fuerzas de Movilización Popular forman parte del aparato de seguridad, la gestión de cualquier respuesta militar corresponde a Bagdad.

En paralelo, el Gobierno avanzó en la elaboración de un plan de seguridad para impedir futuras violaciones territoriales y acelerar el proceso de desarme de las milicias, con el objetivo de consolidar el monopolio estatal del uso de la fuerza antes de la retirada total de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, prevista para finales de septiembre.

El ataque de Estados Unidos y Arabia Saudita se produjo en respuesta a las acciones de las milicias proiraníes, que en jornadas previas lanzaron repetidos ataques con drones contra el golfo Pérsico, lo que intensificó la tensión entre Teherán y las monarquías del Golfo.

Las Fuerzas de Movilización Popular, pese a estar integradas formalmente en el sistema de defensa iraquí, mantienen autonomía operativa y estructura propia, lo que complicó los intentos del Gobierno de centralizar el control militar y limitar la influencia de actores vinculados al régimen iraní dentro del territorio nacional.

(Con información de Europa Press, EFE y DPA)

Apple lanzó este 28 de julio una nueva versión de Apple Upgrade que permite alquilar iPhone, Mac, iPad y Apple Watch en lugar de comprarlos, un cambio con el que la compañía busca reemplazar parte de sus planes de financiación por una suscripción con cuotas mensuales más bajas en Estados Unidos.

Según Bloomberg, que había anticipado el lanzamiento la semana pasada, el nuevo esquema tendrá contratos de 24 meses para iPhone y Apple Watch, y de 36 meses para Mac e iPad. El acceso al servicio requerirá una verificación de crédito previa.

El nuevo formato funciona como una suscripción. Una vez dentro del programa, el usuario podrá cambiar su dispositivo por un modelo nuevo, conservarlo al terminar el contrato o devolverlo cuando venza el plazo.

La firma de Cupertino se asoció con Klarna para ofrecer el servicio, un programa que facilita el acceso a dispositivos de última generación, más caros, a cambio de un pago mensual establecido en planes de distinta duración.

Apple Upgrade permite conseguir un iPhone y un Apple Watch con planes de doce y 24 meses, y un Mac y un iPad de 24 y 36 meses. El precio de la mensualidad depende del tipo de dispositivo: iPhone desde 17,99 dólares, Apple Watch desde 11,99 dólares, Mac desde 24,99 dólares e iPad desde 11,99 dólares.

Apple reemplaza parte de su financiación por alquileres con cuotas más bajas

La compañía presenta Apple Upgrade como una alternativa de acceso con pagos mensuales inferiores a los de sus actuales planes de financiación. En paralelo, dejará de aceptar nuevos usuarios en los programas vigentes de financiación para iPhone con el objetivo de sustituirlos por esta modalidad.

El alcance del servicio no cubrirá todo el catálogo. Quedarán excluidos el Apple Watch SE, el iPad de entrada de gama, el iPhone 16 y la MacBook Neo.

El programa tampoco incluirá la cobertura AppleCare, a diferencia del actual iPhone Upgrade Program. Además, no podrá usarse para compras realizadas por empresas o instituciones educativas.

La nueva propuesta estará disponible en principio solo en Estados Unidos. Apple había trabajado antes en un programa propio de suscripción para sus dispositivos, pero ese proyecto fue cancelado en 2024.

Apple optó por asociarse con Klarna tras cancelar su proyecto propio

En lugar de asumir el riesgo financiero de un modelo de suscripción desarrollado por cuenta propia, la empresa optó ahora por asociarse con Klarna. Ese cambio redefine el esquema comercial con el que ofrecerá acceso a parte de sus productos.

Los anuncios llegan pocas semanas después de que Apple aumentara el precio de sus computadoras y tabletas cerca de 20%, en respuesta al alza de dos componentes clave: la memoria RAM y el almacenamiento.

Otra noticia de las últimas horas que involucró a la empresa que fundó Steve Jobs es que se en la compañía más valiosa entre sus pares cotizantes, y en la segunda empresa negociada en bolsa en la historia en alcanzar una capitalización de mercado de 5 billones de dólares. Así, ayer superó en valor a los USD 4,8 billones de Nvidia.

El gigante tecnológico comandado por Tim Cook alcanzó este hito menos de un año después de superar los 4 billones de dólares en octubre de 2025. Las acciones de Apple subieron aproximadamente un 24% en lo que va del año y casi un 60% en los últimos doce meses, impulsadas por las sólidas ventas del iPhone.

En los últimos años, los inversores fueron críticos a la dirección tomada por Apple, preocupados por el retraso de la compañía en la carrera de la IA. Si bien Apple presentó inicialmente su plataforma Apple Intelligence en 2024, retrasó componentes clave del software, incluida una versión mejorada de Siri.

Los sindicatos docentes reanudarán las protestas desde la semana que viene y durante todo el mes de agosto: el lunes 3 habrá un paro nacional de 24 horas en todas las escuelas dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), mientras que los gremios educativos de la CGT comenzarán ese mismo día un plan de lucha sin huelgas que consistirá en trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa a los alumnos y, como cierre, una movilización ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.

El conflicto no es nuevo, pero se agudizó luego de la tregua que impuso el Mundial de Fútbol a partir de la negativa del Gobierno en convocar a la Paritaria Nacional Docente, lo que mantiene el sueldo mínimo del sector en 500 mil pesos desde hace un año.

El paro nacional de CTERA, que lideran Sonia Alesso y Roberto Baradel, fue votado este miércoles por un congreso del gremio para protestar contra “el ajuste en la educación que impulsa el gobierno nacional”.

Además de la negativa a convocar a la Paritaria Nacional Docente, que CTERA definió como “el ámbito previsto por la legislación vigente para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, el sindicato denunció “el desfinanciamiento del sistema educativo, la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos y el incumplimiento en la restitución del FONID y de fondos nacionales destinados a educación”.

Entre sus reclamos, exigió la convocatoria urgente a la paritaria, un aumento salarial, la restitución y pago inmediato del FONID y la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo. Además, rechazó una eventual reforma jubilatoria y el proyecto de ley de Libertad Educativa que promueve el Gobierno, y reclamó más inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

Por su parte, la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), avanzará desde el lunes con un plan de lucha que no incluirá paros y que contemplará medidas de fuerza “distintas”.

Entre las protestas previstas para todo el mes de agosto por UDA y CEA (Confederación de Educadores Argentinos), entre otros gremios, figuran el trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa a los alumnos, “semaforazos” en las esquinas para visibilizar sus reclamos, volanteadas en distintos puntos del país y, como cierre, una movilización ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.

El detalle de las acciones de los sindicatos docentes agrupados en la CGT se anunciará en una conferencia de prensa que tendrá lugar el próximo lunes, a las 14, en la sede cegetista de Azopardo 802, donde Sergio Romero explicará los motivos que llevaron al plan de lucha.

De todas formas, trascendió que los gremios docentes de la CGT evaluaron que sería un riesgo para los maestros ir a un paro nacional ya que rige la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que obliga a la educación, como servicio esencial, a mantener un 75% de actividades mínimos en caso de huelga y desobedecer la norma permitiría a las autoridades aplicar duras sanciones.

Si bien la aplicación de esa disposición respecto del sector docente fue frenada cautelarmente por el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 74, que suspendió la declaración de esencialidad de la educación mientras se tramita el proceso judicial promovido por sindicatos docentes, la apelación efectuada por el gobierno nacional mantuvo la vigencia del límite al derecho de huelga.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Eyal Zamir, afirmó este martes que el ejército mantiene la capacidad de intensificar su operación en el sur del Líbano si las condiciones sobre el terreno así lo requieren. Durante una visita a las tropas desplegadas en la frontera norte, el máximo comandante militar señaló que el conflicto aún no ha concluido y advirtió que las fuerzas israelíes están listas para actuar frente a distintos escenarios.

En declaraciones difundidas por las FDI, Zamir sostuvo que la situación regional sigue siendo inestable y que las tropas deben mantenerse preparadas.

“La campaña en todos los frentes aún no ha terminado y deben estar preparados para que continúe”, manifestó ante oficiales desplegados en el sur del Líbano.

El comandante añadió que el ejército israelí se encuentra listo para responder a cualquier modificación del contexto de seguridad.

“Estamos preparados para cualquier cambio en la situación y listos para una amplia gama de escenarios”, afirmó.

Respecto al frente libanés, Zamir advirtió sobre la posibilidad de ampliar la presencia militar israelí más allá de las zonas donde actualmente operan las tropas.

“Si es necesario, avanzaremos más profundamente y llegaremos a otras áreas”, declaró.

Las afirmaciones del jefe militar israelí llegan pocos días antes de una nueva ronda de conversaciones directas entre representantes de Israel y el Líbano prevista para la próxima semana en Roma. El encuentro cuenta con el respaldo de Estados Unidos, que impulsa un mecanismo para ampliar las denominadas zonas piloto donde el ejército libanés asumiría el control una vez que Israel complete la retirada gradual de sus efectivos.

El proceso busca consolidar el acuerdo de seguridad alcanzado recientemente entre ambas partes y reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos a lo largo de la frontera.

El marco vigente fue impulsado por Estados Unidos con el objetivo de reducir la violencia en la frontera y establecer un proceso gradual de reemplazo de las tropas israelíes por efectivos del ejército libanés en determinadas áreas del sur del país.

Como parte del entendimiento, las autoridades libanesas asumieron el compromiso de avanzar en el desarme de Hezbollah, mientras que Israel aceptó retirar progresivamente sus fuerzas de las denominadas zonas piloto para facilitar el despliegue del ejército del Líbano.

El acuerdo fue alcanzado después de varios meses de enfrentamientos que comenzaron cuando Hezbollah abrió un frente contra Israel mediante el lanzamiento de cohetes en apoyo a Irán, una escalada que derivó posteriormente en intensos bombardeos israelíes y una ofensiva terrestre.

Aunque desde la firma de los entendimientos la violencia disminuyó de manera significativa, ambos países continúan denunciando incidentes en la frontera. Las autoridades libanesas han acusado a Israel de mantener ataques y bombardeos esporádicos en el sur del país, mientras que el ejército israelí sostiene que continuará actuando para impedir que Hezbollah restablezca capacidades militares cerca de la línea fronteriza. Desde el 20 de junio, Hezbollah no ha reivindicado públicamente nuevas operaciones militares contra Israel.

Un incidente con un dron volvió a elevar la tensión

Las declaraciones del jefe del Estado Mayor israelí se producen en un contexto de renovadas acusaciones contra Hezbollah por presuntas violaciones del alto el fuego vigente.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que un vehículo de ingeniería militar fue blanco de un dron cargado con explosivos lanzado por Hezbollah en la zona de Ali al-Taher Ridge, un sector ubicado dentro de la franja de seguridad donde continúan operando tropas israelíes en el sur del Líbano.

Según el comunicado militar, el hecho ocurrió dentro del área de aproximadamente diez kilómetros de profundidad que Israel mantiene junto a la frontera. Las FDI calificaron el ataque como una “violación flagrante del alto el fuego”.

El ejército israelí indicó que no se registraron soldados heridos durante el incidente y aseguró que sus unidades seguirán desarrollando operaciones para impedir que integrantes de Hezbollah recuperen posiciones o preparen nuevos ataques contra las fuerzas desplegadas en la zona.

El Ministerio de Economía publicó este miércoles en el Boletín Oficial un llamado a licitación para la adjudicación de un cupo remante de autos híbridos y eléctricos no utilizado en el ejercicio 2025.

Lo hizo a través de la Disposición 340/2026, por medio de la cuál tanto fabricantes como representantes oficiales de marcas sin operaciones industriales locales, podrán requerir a partes iguales la habilitación para importar un total de 865 unidades que no fueron nacionalizadas por quienes habían sido adjudicatarios originales, tanto por incumplimiento o por renuncia.

El plazo para hacerlo venció el pasado 31 de enero de este año, ya que la reglamentación de los 50.000 vehículos que cada año pueden importarse sin pagar el arancel extrazona admite que las unidades puedan llegar incluso durante todo el primer mes siguiente al del año al que corresponde el cupo.

Por ese motivo, el cupo de 2025 tenía plazo máximo hasta finalizar enero de 2026, y los autos del cupo actual pueden llegar a Argentina hasta el 31 de enero de 2027.

Aunque resulta llamativo que ese remanente se haya habilitado recién seis meses después de vencido el plazo, especialmente si se tiene en cuenta que los tiempos de producción, embarque y viaje desde China (el país del que proviene el 80% de los vehículos) a Argentina, demanda normalmente cerca de seis meses, hay una razón para que haya ocurrido de ese modo.

A comienzos de este año, la ex Secretaría de Comercio modificó el artículo 11 de la Resolución original que reglamentó este programa de incentivo a la electromovilidad, incluyendo la posibilidad de habilitar prórrogas para casos en los que se comprueben razones justificables por las que no se haya podido respetar el plazo máximo de nacionalización de los vehículos.

Esa prórroga vence este 31 de julio, y es el motivo por el cual, a sólo 48 horas del plazo, y con la certeza del remanente que no se podrá subsanar, se decidió habilitar una licitación extra para asignar a nuevos oferentes.

La nueva convocatoria abierta hoy se mantendrá hasta el 7 de agosto de 2026. Una vez cerrado, el Ministerio de Economía evaluará los pedidos y asignará el cupo dando prioridad a aquellos importadores que declaren la fecha más próxima de nacionalización de las unidades y el menor precio de venta al público. También tendrán prioridad quienes hicieron el proceso sin alteraciones ni prórrogas por sobre quienes no cumplieron la totalidad de las condiciones del pliego original.

El plazo para que los importadores que reciban asignación de cupo puedan renunciar total o parcialmente para evitar una penalidad por incumplimiento será hasta el 30 de septiembre de 2026. Esto implica que el resultado de esta licitación probablemente se publique recién a partir del 1 de octubre. El plazo máximo para nacionalizar estos 865 vehículos que surgieron como remanente del cupo 2025, es el 31 de diciembre de 2026.

La licitación 2027

Paralelamente, el Gobierno planea abrir la licitación del cupo 2027 en el mes de septiembre próximo, con lo cual es probable que haya dos licitaciones en paralelo, aunque la primera con vencimiento este mismo año y la segunda, la de 50.000 unidades, con vencimiento el 31 de enero de 2028.

Para la licitación del cupo 2027, existe la inquietud de varios importadores y fabricantes, de permitir que se aumente el precio máximo actual de USD 16.000 FOB (en puerto de embarque), de modo de permitir que este programa incluya a marcas y modelos que actualmente no pueden cumplir las condiciones para participar de estas licitaciones.

Una de las empresas que podría entrar al cupo 2027 si esta condición de precio máximo se eleva es Tesla, que recientemente comenzó sus operaciones comerciales en Argentina y Uruguay, con la apertura de una oficina y el nombramiento de un CEO local, Joaquín Lizarralde, la venta de sus autos eléctricos en el mercado uruguayo.

De aumentar el precio máximo admitido para el cupo de autos híbridos y eléctricos, Tesla podría licitar para 2027 y de ese modo comenzar la comercialización de sus dos modelos masivos, Model 3 y Model Y, en el mercado local, dependiendo del nuevo tope que disponga el Gobierno si accede a aumentar el valor actual admitido.

La otra alternativa que tiene Tesla es apostar por el cupo de 10.000 autos que podrán ingresar a Argentina sin pagar el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E) del 35%, que está acordado pero aún sin ejecución (se espera que ocurra entre agosto y septiembre), en el acuerdo comercial firmado entre los Gobiernos de Argentina y Estados Unidos.