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Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), le solicitó al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ampliar su declaración indagatoria en la causa en la que se investiga la muerte de 90 pacientes, vinculadas al suministro de fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma propiedad de Ariel García Furfaro. El pedido lo realizó horas antes de que se le venciera el primer plazo que tenía el magistrado para resolver su situación procesal y la de Gabriela Mantecón Fumado, ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Kreplak hizo lugar a la medida y la audiencia se desarrollará el próximo lunes. Por esa lógica razón, la situación procesal de las ex máximas responsables de los organismos de control sobre los laboratorios que elaboran y producen medicamentos en el país se dilatará unos días más.

El 6 de agosto el juez y la fiscal María Laura Roteta indagaron a las ex funcionarias, pero cada una opto por una estrategia defensiva diferente: Bisio se negó a responder preguntas y presentó un escrito ¿lo hará ahora? Su subordinada, Mantecon Fumado se sometió al escrutinio. A lo largo del interrogatorio, expresó 33 veces “no lo recuerdo” en todas sus variantes.

A pedido de la Fiscalía, ambas fueron detenidas el 3 de agosto y recuperaron la libertad después de ser indagadas, depositar una caución real de $75.000.000 y cumplir con varias restricciones, como la prohibición de salir del país.

La causa investiga la elaboración y comercialización de fentanilo contaminado con las bacterias klebsiella y ralstonia, producido en Laboratorios Ramallo S.A. para la firma HLB Pharma Group SA. Los lotes 31.202 y 31.244 —con aproximadamente 154.530 y 151.430 ampollas respectivamente— fueron liberados al mercado a partir del mes de enero de 2025 y suministrados a pacientes en hospitales de todo el país.

La Fiscalía, a cargo de María Laura Roteta y del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Leonardo Rodríguez, sostiene que Bisio y Mantecón Fumado, como máximas autoridades de ANMAT e INAME, “realizaron diversas conductas —acciones y omisiones— cuyo norte no fue aquella misión sino una cobertura estatal a los laboratorios que les permitió continuar con su actividad productiva, hasta que finalmente tuvo lugar la elaboración del fentanilo contaminado”.

“Es un montón de guita”

Uno de los ejes de la investigación es la reunión que el 14 de enero de 2025 mantuvieron, de manera no habitual, en la sede de ANMAT, ubicada en Avenida de Mayo 869, junto a cuatro directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: Ariel García, su hermano Diego, Javier Tchukran, director de manofactura y María Victoria García, gerente de gestión de calidad. La reunión fue solicitada a Bisio por parte de Mantecón Fumado a instancias de los empresarios.

El motivo: los dos proyectos de carta de advertencia al Laboratorio Ramallo -elaborador de HLB Pharma- por las graves irregularidades detectadas a lo largo de una auditoría que comenzó físicamente el 28 de noviembre de 2024. Los inspectores a cargo fueron Sandra Chico y Sandra Berndt. Ambas pertenecían al Departamento de Inspectorado del INAME, dependiente de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos (DFYGR), a cargo de Ana Laura Canil.

Según consta en el expediente, una de las cartas era para prohibir la producción en Ramallo y otro para prohibir la comercialización de los productos HLB Pharma. Esto llevaba implícito el retiro de decenas de lotes de medicamentos elaborados en Laboratorios Ramallo. La auditoría había revelado que en las instalaciones no se cumplían el requisito indispensable de las Buenas Prácticas de Fabricación.

De hecho, en la causa hay un intercambio de mensajes entre una funcionaria del INAME -no identificada con su nombre- y Mantecón Fumado que deja expuesta esta situación:

Funcionaria INAME: “Hola Gabriela, buen día. Llegaron varias consultas sobre si los hospitales pueden dispensar y usar los productos de RAMALLO. También, si las droguerías pueden venderlos. Te reenvié los correos electrónicos porque tenemos que dar una respuesta. No te quiero molestar, pero no sé cómo se resuelve esto desde la parte jurídica.”

Gabriela: “Déjame verlos. Si tenemos identificados los lotes que no se pueden comercializar bien”

Funcionaria INAME: “Serían todos los lotes de todos los productos elaborados por RAMALLO para HLB. Porque los procesos productivos no se realizaron bajo BPF (Buenas Prácticas de Fabricación).”

Funcionaria INAME: “Gracias!”

Gabriela: “Es un montón de guita que está en la calle”

Funcionaria INAME: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera, es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta.”

Gabriela: “Sí lo sé. Déjame ver los mail”.

En su resolución, la Fiscalía señaló que este intercambio demuestra que la propia funcionaria del INAME advirtió a Mantecón Fumado sobre el riesgo sanitario y la responsabilidad institucional si no se actuaba con urgencia. La respuesta de Mantecón Fumado, destaca el Ministerio Público Fiscal, revela que su preocupación central era el impacto económico sobre los laboratorios, no la salud pública.

Las versiones de ambas funcionarias en el expediente sobre lo ocurrido en esa reunión difieren de manera sustancial. Bisio, en su ampliación de declaración testimonial, es decir antes de ser imputada en la causa, afirmó que asistió a pedido de Mantecón Fumado. La ex titular de la ANMAT dijo que ella “se mantuvo callada, no habiendo nunca emitido opinión” y que el intercambio “fue acalorado”, con la directora del INAME “defendiendo la tarea llevada adelante por los inspectores”. Describió la reunión como la “primera y única” que mantuvo con personas vinculadas a HLB.

Mantecón Fumado, en cambio, ofreció en su indagatoria una versión que reconoce un contenido negociador. Relató que la convocatoria respondió a que el laboratorio “ya sabía que la carta estaba” y que la idea era “citar a una reunión para que el expediente quede cerrado y para firmarla”. Según su relato, los representantes del laboratorio “vinieron con los botines de punta”, argumentaron que no se les había dado posibilidad de presentar documentación y prometieron levantar las no conformidades detectadas en la inspección. Ante eso, dijo: “Coincidimos con Agustina en darles este espacio para que presentaran la documentación”.

La Fiscalía atribuye a esa reunión un alcance mayor. Con base en conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos extraídos de los teléfonos secuestrados, el Ministerio Público Fiscal sostiene que en ese encuentro las funcionarias habrían acordado no firmar la carta de advertencia en ese momento y que se comprometieron a ayudar al laboratorio a conseguir rótulos y prospectos de especialidades medicinales —entre ellos Propofol y Diazepam— que HLB y Ramallo elaboraban sin contar con la aprobación del ente regulador. Un hecho remarcado como grave por parte de los inspectores.

Un chat del 15 de enero de 2025 entre Antonio Maiorano, director técnico de HLB, y Victoria García, gerenta de calidad de Ramallo, recoge la versión de los propios representantes del laboratorio: “Estuvimos hablando con ella de los prospectos y los rótulos, que no tenemos, que no podemos conseguir, que no figuran en ANMAT, ella va a intentar por otro lado también conseguirnos. Estuvimos hablando un rato, la verdad que re bien predispuestas ambas, las dos”.

La carta de advertencia que prohibió la producción en Laboratorios Ramallo recién fue firmada por Bisio y Mantecón Fumado el 10 de febrero de 2025, 38 días después de que los equipos técnicos la elevaran. La normativa vigente —Disposición ANMAT 1340/2020— establece un plazo de dos días para expedirse. La carta de advertencia que prohibía la comercialización de los productos HLB, en tanto, nunca fue firmada.

Los avisos claves de las funcionarias

La investigación contra las ex funcionarias también pivotea en haber hecho caso omiso a otras advertencias que pesaban sobre los laboratorios de la familia García y los avisos que desde el INAME se le realizaba a los empresarios sobre los días en que se los iba a inspeccionar. De hecho, el dictamen de la Fiscalía a través del cual se solicitó la detención de las jefas de la ANMAT y el INAME, señala que se encontró la conversación del 27 de noviembre de 2024 -un día antes de la inspección- en el teléfono de Ana Laura Canil, la titular de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo del INAME le informa a Javier Tchukran que al día siguiente se realizaría una inspección en Ramallo. Esta advertencia le permitió al personal adoptar medidas tendientes a subsanar los numerosos incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).

La conversación transcripta en el dictamen es la siguiente:

Javier: “¿Ana Laura cómo estas? Me comentó Antonio (por Maiorano, el director técnico del laboratorio) que mañana van a ir a Ramallo, ¿tenés idea el motivo? Un abrazo grande. Soy Javier Tchukran, el director de HLB.”

Ana: “Hola Javier, sí, es una inspección que deviene de reportes de productos. Saludos”.

En su resolución, la Fiscalía sostiene: “En definitiva, lo que queremos resaltar es que en función del conocimiento previo sobre la inspección, Javier Tchukrán dirigió un operativo inmediato con el equipo de Ramallo (así incluso se denomina dicho grupo de WhatsApp), que habría durado hasta la madrugada, tendiente a corregir las falencias más notorias. En este contexto, se produjo la inspección al día siguiente del aviso.”

Y, sobre el resultado de ese operativo, el dictamen plantea: “El nivel de incumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPFC) verificado en la inspección era tan grotesco, que siquiera con el aviso previo recibido pudieron subsanar todas las deficiencias críticas existentes. En otras palabras, estas fueron las irregularidades encontradas por INAME pese a que el equipo del laboratorio estuvo trabajando hasta altas horas de la madrugada, según revelan las conversaciones, para subsanar los defectos que ellos entendían más palmarios. Imaginemos, entonces, el estado en que se encontraba el laboratorio antes de la inspección que encontró, pese a las raudas actividades de maquillaje realizadas, fallas críticas”.

El dictamen fiscal también cita una conversación del mismo 27 de noviembre de 2024 entre Adriana Iudica (subjefa de control de calidad de Laboratorios Ramallo) y Rocío Garay (supervisora de fisicoquímica de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo), en la que organizaban el descarte de desechos tóxicos y reactivos vencidos:

Adriana Iudica: “Rocío mañana viene el ANMAT, yo sé que mañana vos no venís, mañana y pasado era… cualquier cosa te vamos a estar molestando para preguntarte por las dudas, porque no sé si alguna de las chicas sabe, pero no sé si todo, algunas cosas por ahí se les pasa si te acordás de algo que hay que tener en cuenta. Yo ahora la voy a llamar a [nombre] a ver si puede sacar eso que dejaron ahí de productos, de reactivos que hay llevar al depósito”.

También figura un mensaje de Victoria García ,enviado a las 2:35 am:

“A lo mejor ya lo repararon les aviso por las dudas, en el transfer de acceso a planta por el vestuario de mujeres hay 2 huecos en el techo porque les faltan las luces y la puerta queda abierta”.

En la declaración indagatoria del 6 de agosto Mantecón Fumado no negó que se avisara al laboratorio de las inspecciones. Su argumento fue que avisar con poca antelación era una práctica habitual en ciertos tipos de inspecciones —para que el laboratorio “tenga lo que uno va a mirar”— y que la escasez de recursos del INAME y las largas distancias, como la localidad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, lo justificaban. No hizo referencia específica al aviso del 27 de noviembre de 2024 dado por Canil a Tchukran.

Expectativa por la declaración de Biso

El Ministerio Público Fiscal propuso encuadrar las conductas atribuidas a ambas ex funcionarias, en relación con el lote N°31.202 de fentanilo marca HLB Pharma, en el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal y, respecto del lote N°31.244 del mismo producto, en el artículo 200, en concurso real (artículo 55). Esto es “envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales, con el propósito de causar un peligro para la salud pública. Es un delito de peligro: no requiere que haya víctimas concretas, sino que la conducta genere un riesgo para la población”. En la primera de las imputaciones la pena oscila entre 10 a 25 años de prisión, una calificación similar que pesa sobre los hasta ahora 13 procesados, todos vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La Fiscalía deja la puerta abierta a otro tipo de calificaciones “que pudieran surgir con el avance del proceso, en particular en relación con la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal (homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común)”.

Es muy probable que el juez de la causa y la fiscal que impulsa la investigación sobre la peor tragedia sanitaria del país estén expectantes por lo que la ex responsable de la ANMAT pueda decir. Hasta el momento, a través de sus escritos, y a pesar de ser la superior de Mantecón Fumado repartió responsabilidades hacia abajo.

Por ejemplo, sobre la firma de la Carta de Advertencia al laboratorio que elaboró el fentanilo contaminado dijo que esa no era su función y que Mantecón Fumado la involucró al pedirle que la firmara, al igual que lo hizo al pedirle que asista a la reunión del 14 de enero en su propio despacho.

Sobre la firma de la carta refrendada por ambas, Bisio expresó: “Nuevamente, por más que no era mi tarea, sino una función propia de la Directora Nacional del INAME, me pidió que la suscribiera junto con ella, porque temía represalias contra su persona, a lo que accedí, nuevamente, a pesar de que se trataba de algo excepcional”.

“Hoy, tras todo lo sucedido, advierto que también fue posible que, con esos pedidos, la Dra. Mantecón Fumado intentara involucrarme en cuestiones en las que ella era la única responsable, por sus facultades, para intervenir”, admitió.

El lunes la ex responsable de la ANMAT se juega ante el juez Kreplak y la fiscal Roteta su última carta.

La decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de anunciar la apertura de las inscripciones para que los talleres particulares y concesionarias puedan prestar el servicio de Verificación Técnica Obligatoria (VTO), es el verdadero primer paso que se da en Argentina hacia la desregulación de este polémico trámite.

Aunque se produce dos meses después que el Gobierno nacional publicara la reglamentación para inscribir talleres particulares en el territorio argentino, la judicialización de la reforma obligó a suspenderla, incluso pese a haber publicado dos decretos y la reglamentación correspondiente.

La diferencia entre un caso y el otro radica en dos ejes esenciales. El primero es que la Ciudad aplicó el cambio por medio de una ley propia, sancionada en la Legislatura porteña por una mayoría en una votación de todas las fuerzas políticas, lo que le da sustento real de aplicación. El Gobierno nacional, en cambio, lo hizo por medio de un decreto (el nro 196/2025) que modifica la Ley Nacional de Tránsito Nro 24.449.

El otro eje es que Nación no tiene poder sobre la autonomía de las jurisdicciones, tanto sean provincias o municipios, que son libres de reglamentar temas relacionados con tránsito, y por lo tanto, el decreto 196/2025, solo traza una “hoja de ruta” a la que cada jurisdicción se puede adherir o no.

En todo caso, reformar el sistema de Revisiones Técnicas Obligatorias (RTO) solo podía ser una propuesta de Nación y tener efecto real únicamente sobre las plantas de transporte pesado, que son de jurisdicción nacional.

Por esos motivos, una medida cautelar como la que la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal aplicó suspendiendo el decreto del Gobierno nacional, impide que las provincias se puedan adherir si así quisieran hacerlo, pero no invalida la reforma que aplicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por ese motivo, el Gobierno porteño siguió adelante con su reforma y desregulación, incluso aplicando un cambio de denominación, ya que en la Ley 6.963 promulgada el pasado 15 de julio, no se hace mención a la Verificación Técnica Vehicular (VTV), sino a la Verificación Técnica Obligatoria (RTO).

Reglamentación de la ley

Después de haber promulgado la ley, la segunda instancia que se debe cumplir es la de la reglamentación de la misma en el apartado de la habilitación de talleres particulares o concesionarias (que son eso mismo, talleres particulares).

Esa reglamentación debe definir parámetros tales como, la superficie debe tener el taller, el equipamiento técnico mínimo, el instrumental que se debe utilizar, el tipo de calibrado del equipamiento, las condiciones edilicias, la documentación que se debe presentar, el procedimiento concreto de inscripción y habilitación, los organismos de control que auditarán la Certificación de Aptitud Técnica y del establecimiento.

Según pudo saber Infobae, esa reglamentación sería publicada en las próximas horas, incluso este mismo viernes podría ocurrir, pero al momento del anuncio referido a la apertura de las inscripciones todavía no está publicado.

Plataforma y habilitación de talleres

Es el modo en el que se podrán inscribir los solicitantes. Lo harán en la Plataforma simplificada en la página oficial del Gobierno de la Ciudad, donde se podrán hacer los trámites de inscripción de los talleres particulares que deseen obtener la habilitación. Eso ocurrirá a partir del 1 de septiembre y no el 20 de agosto como se puede inferir en el comunicado de prensa publicado este jueves.

Mientras se reciben las solicitudes y se evalúa cada caso con la documentación respaldatoria, se desarrollará la última etapa, la de la habilitación de los establecimientos que podrán implementar el nuevo modo de verificar técnicamente los automóviles en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, eso no será inmediato ya que hay un período de tiempo de transición establecido en la norma.

El texto de la ley indica en el apartado de Disposiciones Transitorias, que “la habilitación de los nuevos talleres para realizar la VTO, se aplicará de manera progresiva en función del vencimiento de los contratos actualmente vigentes que posee el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las empresas que brindan el servicio, todo ello a fin de garantizar la efectiva prestación del mismo”.

Dicho de otro modo, esto significa que mientras estén vigentes esos contratos, la decisión sería no habilitar nuevas locaciones de modo tal de no afectar los intereses de las empresas que tienen la concesión actual.

Sin embargo, teniendo en cuenta que las 7 plantas oficiales que operan actualmente en CABA tienen contrato vigente hasta el 1 de octubre de 2026, hacerlo de manera progresiva podría entenderse como una habilitación de pocos talleres particulares antes de octubre.

Esos establecimientos que actualmente están en funcionamiento hasta el 1 de octubre son:

• 9 de Julio Sur, Herrera 1995
• Vélez Sarsfield, Av. Vélez Sarsfield 566
• Santa María del Buen Aire, Santa María del Buen Aire 1001
• Paternal, Tronador 115
• Barracas, Osvaldo Cruz 1711
• Pompeya, Av. 27 de febrero 5483
• Villa Ortúzar, Donado 943

Además, la nueva reglamentación indica en el artículo 29 que, una vez abierto el nuevo esquema, el Gobierno no podrá poner un límite numérico a la cantidad de estaciones, con lo cual, aunque parezca una contradicción con la apertura progresiva a medida que vayan venciendo los contratos actuales, queda claro que la intención de esa disposición transitoria es el de evitar un conflicto de intereses entre las actuales concesiones y los nuevos talleres.

Precios y nuevos plazos

Otro dato importante es la libre competencia de precios. El artículo 27 de la ley dice que “el precio de la Verificación Técnica Obligatoria (VTO) será estipulado por las Estaciones de Verificación, contemplado el costo de la Oblea Identificatoria y del Certificado de Verificación Técnica (CAVT), con las excepciones previstas en el artículo 28 Bonificaciones Tarifarias, respecto a la exención de pago para jubilados, pensionados, mayores de 65 años, personas con discapacidad y su núcleo cercano, en los términos allí establecidos”.

De este modo, las tarifas de las VTO serán establecidas libremente por los prestadores del servicio conforme a las condiciones de libre competencia. Además, se deja expresamente escrito que las reverificaciones que se realicen a causa de una desaprobación original, dentro de los sesenta (60) días hábiles de efectuada la verificación seguirán siendo sin costo.

Por último, otro ítem destacado de la nueva ley que regula las Verificaciones Técnicas Obligatorias es el de la periodicidad de las inspecciones, que se extienden a 60 meses (5 años) desde la fecha de patentamiento original de un vehículo en el caso de la primera inspección, a 24 meses (2 años) entre los 5 y los 10 años, y de 12 meses (anual) para los automóviles y motocicletas de más de 10 años de antigüedad.

Sin embargo, y aunque la ley 6.963 está promulgada y vigente, ese cambio de plazos se hará efectivo desde el 1 de octubre, cuando hayan vencido los contratos de las actuales plantas verificadoras oficiales, entendiéndose que, al extender los plazos, el universo de usuarios que harán las verificaciones sería menor y eso cambiaría en forma de perjuicio, las condiciones bajo las cuales operan las 7 plantas desde octubre de 2016, en el marco de un contrato de concesión con un plazo de diez años.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, analizó la crisis interna del peronismo, la derrota electoral del último gobierno nacional y las dificultades para proyectar a nivel país el modelo que impulsa Axel Kicillof en territorio bonaerense, durante una entrevista con Infobae al Regreso.

En diálogo con Gonzalo Aziz, Bianco defendió la construcción política en torno al gobernador bonaerense y rechazó la idea de que Kicillof busque desarrollar un proyecto individual. “No es que Axel quiera hacer algo individualmente, sino que nosotros tenemos un proyecto político que lo estamos implementando en la provincia y que nos gustaría implementar en la Argentina”, sostuvo.

La discusión sobre el futuro del peronismo estuvo atravesada, además, por una autocrítica sobre la gestión que precedió al gobierno de Javier Milei. Bianco reconoció que las expectativas de los votantes son diferentes cuando gobierna una fuerza que tiene a la justicia social como una de sus principales banderas.

“Nadie espera ni de Milei ni de Macri que mejore el salario real. Nadie lo espera, realmente. Cuando gobierna un gobierno peronista, todos esperan eso. Y si no se logra es un fracaso”, afirmó. Y fue más allá: “Si vos sos un gobierno peronista que tiene como bandera la justicia social y no lo lograste, fracasaste”.

Bianco y la autocrítica tras la derrota: “Un poquito de esa responsabilidad la tuvimos todos”

Para explicar el escenario que atraviesa al peronismo, Bianco recurrió a una comparación futbolística. Describió la situación posterior a una derrota como el momento en que un equipo vuelve al vestuario y aparecen los reproches entre sus integrantes.

“Es como cuando perdés una final y después vas al vestuario y no está todo bien con tus compañeros. En el vestuario te echás en cara que pateaste mal el córner, que el arquero se comió el gol. Eso es normal, máxime en una fuerza política como el peronismo, donde se está procesando todo eso”, explicó.

En ese marco, asumió una responsabilidad colectiva por el resultado de la última experiencia de gobierno. “En ese equipo del peronismo participaron todos los sectores. Por lo tanto, fue un fracaso de todos. Alguno tendrá más responsabilidad, otro menos, pero un poquito, una cuota aparte de esa responsabilidad en el mal gobierno la tuvimos todos”, reconoció.

El ministro también cuestionó la interpretación de que Kicillof esté concentrado en una carrera personal dentro del peronismo. “No es que el gobernador quiera crecer en su carrera política. Yo lo que creo es que uno tiene un proyecto político, participa de un proyecto político. Participa de equipos, de construcciones”, planteó.

Según su visión, el desafío pasa por transformar esa construcción en una alternativa nacional. “En ese marco, no es que Axel quiera hacer algo individualmente”, insistió.

PASO, unidad y una conducción más clara para el peronismo

La discusión sobre el futuro partidario también ocupó un lugar central en la entrevista. Bianco valoró que los principales referentes del peronismo hayan logrado sentarse en una misma mesa y alcanzar acuerdos, al menos en torno a la defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Los principales referentes, aquellos que tienen más responsabilidades políticas, se pudieron poner de acuerdo, por lo menos en defender un instrumento que fortalece el sistema de partidos y fortalece la democracia en Argentina: el sistema de las PASO”, señaló.

Para el funcionario bonaerense, la eventual competencia interna debe canalizarse dentro de las reglas democráticas. “Cada sector generará una referencia, eventualmente una candidatura, y después el pueblo argentino definirá quién mejor lo representa”, sostuvo.

Al mismo tiempo, consideró que una de las principales lecciones de la última experiencia de gobierno es la necesidad de evitar una estructura excesivamente fragmentada. “Probablemente tenga que ser un equipo más homogéneo, menos loteado. Obviamente tienen que participar los sectores, pero tiene que haber una conducción clara”, afirmó.

Y utilizó nuevamente una referencia futbolística para explicar su planteo: “No puede haber dos técnicos. El que sea el próximo presidente del peronismo tiene que conducir ese gabinete”.

La crítica al modelo económico de Milei y el RIGI

Bianco también cuestionó algunas de las premisas del programa económico del gobierno de Javier Milei. Consultado sobre un análisis de Moody’s que proyecta una continuidad de determinadas políticas económicas después de 2027, el ministro relativizó esa posibilidad y puso el foco en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias.

“Hay cosas que no son tan ciertas. Tener superávit fiscal sobre la base de cortar todos los fondos a las provincias… El superávit fiscal que muestra el gobierno equivale exactamente a lo que el gobierno le sacó a las provincias”, afirmó.

Respecto del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), Bianco reconoció que es necesario generar condiciones para atraer inversiones, pero cuestionó la ausencia de exigencias a las empresas beneficiadas.

“Estoy de acuerdo en generar incentivos para que se desarrollen ciertos sectores. El RIGI hace eso. Lo que no hace es pedirle nada a cambio”, sostuvo. Según explicó, una política industrial debería contemplar compromisos vinculados con “valor agregado local, empleo local, que las divisas se queden en el país”. “Eso es lo que no hace el gobierno de Milei”, concluyó.

La deuda con el FMI y las diferencias con el gobierno anterior

Bianco también realizó una autocrítica sobre la relación que mantuvo el último gobierno peronista con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque se diferenció de quienes plantean dejar de pagar la deuda con el organismo.

“Durante el gobierno peronista se encaró mal la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Haberse sentado en términos amistosos con el FMI fue un error”, afirmó.

Sin embargo, rechazó la posibilidad de incumplir los compromisos con el organismo. “No estoy de acuerdo en no pagarle al FMI, porque nunca nadie lo hizo y porque no pagarle implica defaultear. Defaultear con el FMI te transforma en un paria de la economía mundial”, sostuvo.

El funcionario también explicó por qué considera difícil trasladar de manera automática las políticas implementadas por la administración de Kicillof en la provincia de Buenos Aires al ámbito nacional. “Vos generás el 40% de los impuestos totales de la Argentina, se recibe el 22% de los coparticipables y en realidad recibís el 7% de los totales. Es otro nivel de recursos el que maneja un gobierno nacional respecto de una provincia”, argumentó.

En ese punto, volvió a cuestionar el impacto que tuvieron los recortes de fondos nacionales sobre la administración bonaerense y aseguró que la provincia dejó de recibir “26,7 billones de pesos en obra pública y transferencias no automáticas”.

Cristina Kirchner y el desafío de volver a poner la agenda social en el centro

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y el lugar que debería ocupar la expresidenta en una futura campaña electoral del peronismo.

Bianco defendió su inocencia y reclamó su libertad, aunque consideró que la situación judicial de la exmandataria no debería convertirse en el principal eje de una campaña.

“Creemos en la inocencia de Cristina y creemos que tiene que estar en libertad. Ahora, lo que creo es que no puede ser el eje principal de una campaña política”, afirmó.

En su opinión, la discusión electoral debería concentrarse en las dificultades cotidianas de los argentinos. “Hay que discutir otros temas, porque los argentinos lo que te están planteando hoy es: ¿cómo llego a fin de mes? ¿Cómo pago la deuda que no puedo pagar? El pibe se quedó sin laburo”, enumeró.

Sobre un eventual indulto, señaló que personas cercanas a Cristina Kirchner ya manifestaron públicamente que ella no quiere esa alternativa. “Porque es como validar la culpabilidad”, explicó.

Bianco también describió un cambio en las demandas que recibe la administración bonaerense y vinculó esa situación con el deterioro de la situación económica y laboral. “Hoy la gente me pide que la atiendan en un hospital porque se quedó sin obra social o porque no puede pagar la prepaga. No me había pasado, empezó a pasar los últimos 15 días”, relató.

Banco Central: “Tenés que tener determinadas herramientas para hacer política monetaria”

En otro tramo de la conversación, Bianco se refirió al debate sobre la independencia del Banco Central y el financiamiento monetario del Tesoro.

El ministro defendió la autonomía de la autoridad monetaria, pero sostuvo que esa independencia no debería implicar renunciar a las herramientas de política económica. “El Banco Central es independiente hace mucho tiempo. Vos tenés que tener determinadas herramientas para hacer política monetaria. ¿Querés renunciar a la política monetaria? No. Quiero que desde el Banco Central se haga política monetaria independiente”, afirmó.

Consultado específicamente sobre el cierre del canal de financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, consideró que no representa un problema mientras se preserve la independencia de la institución. “Como está ahora, no le veo problema, siempre que sea independiente el Banco Central, como es ahora”, sostuvo.

El futuro político de Bianco

Hacia el final de la entrevista, Bianco se refirió a su propio futuro político y dejó claro que, por el momento, su tarea está vinculada a la construcción del espacio de Kicillof dentro de la provincia de Buenos Aires.

“Yo voy a hacer lo que me diga Axel. Este año me dio una instrucción: ocuparme de la construcción del movimiento Derecho al Futuro en la provincia de Buenos Aires”, explicó.

Sobre el escenario electoral del próximo año, evitó anticipar definiciones y aseguró que dependerán de las reglas que finalmente se establezcan. “El año que viene se verá con la herramienta que esté: si está en las PASO, será una PASO, si no, será una discusión”, concluyó.

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