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Un llamado a deshora, un mensaje de WhatsApp que amenaza con un embargo o una intimación que parece provenir de un juzgado. Para una persona endeudada, distinguir entre un reclamo legítimo y una práctica de cobranza irregular puede no ser sencillo. En ese escenario, la diputada nacional por Santa Fe Caren Tepp presentó un manual de autodefensa financiera con herramientas para que los consumidores sepan cómo actuar frente a esas situaciones y, al mismo tiempo, planteó la necesidad de modificar las condiciones en las que se refinancian las deudas.

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, Tepp sostuvo que el crecimiento de la mora está directamente relacionado con la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Según explicó, cada vez más familias recurren al crédito no para financiar consumos extraordinarios, sino para afrontar gastos cotidianos que antes podían cubrir con sus ingresos.

“No es que la gente está gastando más, es que está cobrando menos y que los gastos del costo de vida ordinario que antes hacían con el salario hoy se tienen que hacer con el crédito”, afirmó.

Alimentos, alquileres, servicios y medicamentos aparecen, según la diputada, entre los motivos por los que las familias toman nuevos préstamos o refinancian obligaciones anteriores. “El mes se nos termina el día 30, pero el salario se nos termina el día 15, el día 20, y el resto es acumular deuda”, graficó.

El problema, planteó, alcanza una dimensión que requiere una respuesta legislativa. Tepp aseguró que más de 20 millones de adultos están endeudados y alrededor de seis millones se encuentran en situación de mora, y señaló que existen más de 50 proyectos en el Congreso vinculados con el sobreendeudamiento de las familias.

La oposición busca llevar el tema al recinto en una sesión prevista para el 9 de septiembre. Para Tepp, el objetivo no debería ser condonar las obligaciones, sino generar condiciones para que quienes quedaron atrapados en una deuda puedan volver a pagarla.

“No es que la gente no pague sus deudas, sino que le hagamos posible pagar las deudas”, sostuvo.

Refinanciar las deudas y limitar los intereses

La iniciativa que impulsa la diputada contempla una instancia de negociación entre deudores y acreedores. Entre las herramientas que mencionó figuran planes de refinanciación, quitas sobre el capital, eliminación de intereses punitorios y límites al porcentaje de los ingresos que puede destinarse al pago de una deuda.

Tepp también cuestionó la responsabilidad de las entidades que otorgan créditos sin evaluar adecuadamente la capacidad de pago de quienes los solicitan. En ese sentido, planteó que el Estado debería investigar aquellos mecanismos que puedan configurar situaciones de usura.

El problema, según su diagnóstico, no termina cuando una persona deja de pagar. En muchos casos, la deuda pasa a manos de estudios jurídicos o empresas de cobranza que se encargan de reclamar el dinero. Es allí donde, según denunció, aparecen algunas de las prácticas que busca abordar con el manual.

“No estamos hablando solamente de abusos en las tasas de interés, sino también en los mecanismos de intento de cobro”, explicó.

La legisladora mencionó casos de llamados fuera de horarios razonables, contactos con familiares o empleadores y comunicaciones que buscan generar la apariencia de una actuación judicial.

“Estamos hablando de estudios de cobranza que actúan y se presentan como si fueran juzgados, que te piden por WhatsApp y amenazan con embargos cuando no hay juicios en trámite”, afirmó.

Qué propone el manual de autodefensa financiera

La guía apunta a una situación habitual: una persona recibe un llamado o un mensaje reclamando el pago de una deuda y no sabe con certeza quién está cobrando, cuánto debe, cómo verificar esa información o qué consecuencias reales puede tener el incumplimiento.

Tepp advirtió que, frente a la presión, algunos consumidores terminan realizando pagos sin contar con documentación suficiente. “Muchas veces pasa que hace pagos a cuentas que ni siquiera sabe si son efectivamente, porque nunca le dan un comprobante de ese pago o de cuánto es hoy la deuda que tiene”, señaló.

El manual busca brindar herramientas para atravesar esas situaciones y evitar decisiones tomadas bajo presión. Para la diputada, conocer los mecanismos de defensa es especialmente importante en un contexto en el que el acceso al crédito se volvió inmediato.

“Nunca fue tan fácil tomar un crédito: hoy tenemos un crédito en el celular a disposición las 24 horas del día”, sostuvo.

La expansión de las billeteras virtuales y las plataformas financieras permitió que muchas familias accedieran rápidamente a dinero para cubrir gastos que no podían afrontar con sus ingresos. Pero esa misma facilidad, señaló Tepp, también puede profundizar el problema cuando los préstamos se acumulan y llega el momento de devolverlos.

“En el 2025, en el 2026 aparece la mora, porque este propio sistema de intento de supervivencia encontró su límite”, afirmó.

Para Tepp, por eso, la discusión tiene dos dimensiones: qué hacer con las personas que ya no pueden afrontar sus deudas y cómo evitar que la salida frente a una caída de ingresos sea seguir tomando crédito hasta quedar atrapadas en una cadena de refinanciaciones.

“Organizarnos para cambiar las reglas, porque este problema si no lo vamos a volver a tener”, concluyó.

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El acto que encabezó el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, este martes en la puerta de San José 111 al cumplirse cuatro años del intento de magnicidio del cual fue víctima la expresidenta Cristina Kirchner dejó algunas postales que reavivaron -fundamentalmente entre la militancia- la discusión interna del espacio; sobre todo porque antes de empezar su discurso el diputado nacional arengó a los presentes a cantar una canción que tiene al gobernador, Axel Kicillof, como uno de los destinatarios Axel Kicillof, como uno de los destinatarios. La composición -basada en la reconocida melodía de La Vecina, de la banda de cumbia Amar Azul- ratifica la conducción de Cristina Kirchner y tiene un mensaje tácito dedicado al gobernador, que tiempo atrás pidió por “nuevas canciones”, dentro del peronismo. Entonces, La Cámpora, en 2024, hizo una nueva canción que estrenó en un acto en La Plata y desató un ida y vuelta de acusaciones internas. Ahora, la historia volvió a encenderse. En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio de Kicillof quiere correrse de la subtrama y trabaja en una demostración de fuerza propia dentro de un par de semanas.

“Nosotros queremos ganarle a Milei y miramos para adelante”, fue la respuesta que se lanzó desde el entorno de Kicillof ante la consulta de este medio sobre la arenga de Máximo Kirchner del último martes durante el acto en la intersección de las calles San José y Humberto 1°. Ayer no fue un día más en la dinámica del peronismo. Todo el arco peronista se expresó al respecto. Varios partidos políticos del orden nacional firmaron un documento en solidaridad con CFK. Máximo Kirchner pidió por su candidatura y cuestionó la “proscripción” de la expresidenta y la militancia que llegó hasta San José 1111 volvió a cantar lo que para algunos es la canción de la discordia. Pese a que se buscó relativizar la performance del acto, la música se impone.

El nuevo aniversario del intento de asesinato de la expresidenta volvió a mostrar activo a quien hasta ahora es el principal sector opositor al gobierno de Javier Milei, pero que de momento no encuentra un marco de cohesión de cara a las elecciones del año que viene.

Hubo un acercamiento días atrás. Fue cuando se juntaron los gobernadores Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego); el senador por Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el propio Kirchner y los presidentes de las bancadas del PJ en el Congreso, Germán Martínez por Diputados y José Mayans por el Senado. Se acordó defender en el Congreso el esquema de las PASO. Si las elecciones fueran el próximo fin de semana, el peronismo no tendría una hoja de ruta que transitar y hoy por hoy solo las primarias parecerían ordenar esa instancia.

Construcción propia en Nación y en PBA

No a modo de respuesta, pero sí para dar una muestra de respaldo político y construcción propia, en el kicillofismo están enfocados en su plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro “Construir la esperanza”, que se llevará adelante el próximo 19 de septiembre en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Villa Domínico, Avellaneda.

El intendente (en uso de licencia) de ese distrito, Jorge Ferraresi, hoy ratificó que “la etapa que viene” es “con Kicillof”. Fue en un mensaje en el marco del Día de la Industria. Ferraresi es uno de los dirigentes de Kicillof que también se ocupa de la expansión del MDF por fuera de Buenos Aires, mientras evalúa la posibilidad de ser uno de los precandidatos a gobernador por este sector peronista. El mes pasado estuvo en la provincia de Mendoza inaugurando un local de Kicillof en San Martín, junto a Gabriel Katopodis. Este martes recibió a la intendenta de Santa Rosa, Mendoza, Florencia Destéfanis.

A la par del acto que el MDF diseña para el próximo 19 de septiembre, Kicillof seguirá con su expansión federal. Este martes, uno de los directores del Banco Provincia y armador de Kicillof, el exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, junto al diputado provincial y secretario general del PJ bonaerense, Mariano Cascallares, estuvieron en Misiones. Se llevó la invitación formal para que, la semana que viene, Kicillof realice algunas actividades en la provincia del Nordeste. Su presencia se definirá en las próximas horas.

En el tramo provincial, los intendentes y dirigentes que están en el espacio de Kicillof siguen con los plenarios seccionales. El sábado pasado se realizó el de la Quinta sección electoral. Fue en el distrito de Mar Chiquita, donde gobierna un intendente kicillofista como lo es Walter Wischnivetzky. El sábado que viene será el encuentro del MDF de la Séptima sección electoral, en la región central de la provincia. El municipio elegido fue Saladillo, un distrito históricamente radical. De esa sección, el espacio de Kicillof solo tiene un intendente propio: Gustavo Cocconi de Tapalqué, mientras que el de Olavarría, Maximiliano Wesner, y el de Azul, Nelson Sombra, responden al cristinismo. El restante por el peronismo, Eduardo “Bali” Bucca, de Bolívar, mantiene diálogo con todos los sectores.

Con los plenarios, en el MDF dejan correr que “el 70% del peronismo de cada sección está con Axel”. La hipótesis también abre una discusión sobre la sucesión de Kicillof. Los intendentes Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (en uso de licencia en Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza) y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, son los nombres que el MDF muestra como cartas. Si bien hay cierto acuerdo de que transiten de manera coordinada, algunos de estos dirigentes admiten que el nombre elegido será “el que mejor mida” para ir a una PASO. Una resolución que llegará en los primeros meses del 2027.

Transener es la principal empresa de transporte de electricidad del país. Hasta hace pocos meses, los dueños de la mitad de la eléctrica eran Pampa Energía, el gigante energético que comanda Marcelo Mindlin, y Estado nacional, por medio de Enarsa. La empresa fue uno de los activos que el gobierno de Javier Milei decidió privatizar y la porción estatal fue vendida al mejor postor en un proceso licitatorio que culminó en mayo pasado.

Así, por unos USD 356 millones, ingresó como nueva socia de Citelec, la controlante dueña de la mitad de Transener, Transmisión Argentina, una firma nueva compuesta por Genneia y Edison Transmisión. El resto de las acciones está en manos de Anses y cotiza en la bolsa.

En las últimas horas trascendieron documentos públicos, presentados ante la Comisión Nacional de Valores, que mostraron que hubo una rápida distribución de dividendos de Transener a pocos días de la adjudicación. Son, según confirmaron desde la empresa, unos 170 millones de dólares.

En medio de las críticas, los accionistas se defendieron diciendo que no hubo irregularidades en ese proceso y que es algo habitual. “No hay nada raro: lo que se cobró es poco con respecto a la inversión. El año pasado, con la composición accionaria anterior, se distribuyeron USD 100 millones”, explicó una fuente de Edison.

“Nosotros licitamos según activos, deuda, la caja y la proyección de ingresos. Y en base a un plan de negocios que trazamos. La caja estaba incluída y por eso se ofreció lo que se ofreció. Lo raro hubiese sido que entregaran una empresa distinta a la que se licitó. Es como comprar un campo sembrado y que nos critiquen por levantar la cosecha. Además, esos fondos dentro de la empresa generan impacto porque pagan Ganancia. Fue rápido, pero es absolutamente normal y legal. Somos muchos socios y hasta Anses quería los dividendos, por eso votó a favor”, explicaron desde la empresa.

¿Qué pasó?

El 30 de abril de este año, la Asamblea de Accionistas de Transener autorizó una distribución de dividendos por $522.590 millones, unos USD 373 millones. Los actuales socios aclararon rápido que “de ese monto autorizado, solo distribuyeron efectivamente USD 170 millones”.

De esa cifra, una mitad va a la oferta pública (Anses e inversores) y la otra se divide en partes iguales, de unos USD 44 millones, entre Pampa y Edison/Genneia, que a su vez distribuye USD 22 millones para cada una de las partes (la distribución accionaria de Edison no es pública).

“Esa decisión —tanto la autorización como el monto a distribuir— fue aprobada y programada con anterioridad al ingreso de Edison/Genneia como accionistas. La distribución fue votada en una Asamblea en la que también participó el resto de los accionistas de la compañía”, agregaron.

Como se dijo, las críticas surgieron por el carácter express del retiro de dividendos, sobre todo en un contexto en el que uno de los grandes cuellos de botella del sector es la falta de inversiones, sobre todo en transporte eléctrico. Allegados a los socios aseguraron que la distribución de dividendos no se hizo antes porque el Gobierno usó esos fondos para que sean parte del valor de la privatización. “No hubiese sido la misma cifra con esos fondos adentro o afuera. Pagamos USD 356 millones en total y esto representa unos USD 44 millones, o USD 22 millones para cada uno de los socios que son los nuevos accionistas”, aseguraron.

En Transener aclaran, por otro lado, que su contrato incluye sólo inversiones en obsolescencia de los equipos y que solo tiene que mantener y operar la red. “No hacemos por tarifa las ampliaciones de la red, kilómetros de línea o más transformadores. Eso lo debe hacer un tercero beneficiario, un generador o una mina, por ejemplo, previa licitación de líneas de alta tensión. Ahora está próximo el Amba 1 para ampliar estaciones transformadoras y una nueva estación que mejorará el abastecimiento en el GBA, que está en proceso de licitación. Nada de eso es responsabilidad de Transener”, dijeron en la transportadora. O sea, la mejora del sistema, que está saturado, se debe resolver con licitaciones e inversiones nuevas, no con lo que haga Transener, aunque la empresa sí podría participar de los procesos y construir las líneas.

Quién es quién

Genneia, la principal empresa de energías renovables del país, es presidida por Jorge Brito y entre sus accionistas están Delfín Carballo, Darío Lizzano y David Martínez.

Edison, en tanto, es uno de los “nuevos” del sector: en poco tiempo se quedaron con varias empresas de distribución y transmisión del interior y con dos de las hidroeléctricas del Comahue que se volvieron a licitar: Cerros Colorados y Alicurá. Sus accionistas son los hermanos Juan y Patricio Neuss, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli (dueño y presidente de Newsan) y los socios de Inverlat, el diversificado grupo inversor (dueño de Havanna y otros negocios) que integran los ex Citibank Guillermo Stanley, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli y Federico Salvai, ex funcionario de Cambiemos y yerno de Stanley.

Los hermanos Neuss entraron al negocio eléctrico en 2011, cuando le compraron a Inverlat su participación en Edersa, la empresa de energía de Río Negro. El año pasado buscaron a Inverlat para volver a hacer negocios, esta vez como socios, y crecer con las distribuidoras del interior –que había sido de un fondo perteneciente a la familia Frávega– y un plan para sumar más negocios.

Valer recordar que en el proceso de privatización de Transener hubo tres ofertas: Edenor, de los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti; con USD 230 millones; la generadora Central Puerto, con USD 301 millones; y el consorcio Edison/Genneia que ofreció USD 356 millones, resultó ganador y se quedó con el 26% de las acciones de Citelec. “La operación implicó una prima del 27% sobre el valor de mercado de la compañía a la fecha de pago (USD 1.061 millones), sobre una valuación del 100% de la compañía de USD 1.348 millones”, dijeron en su momento.

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó el debate por los proyectos de morosidad en una nueva edición de la intención de la oposición de avanzar rápidamente y la del oficialismo y sus socios de dilatarlo.

A solo una semana en la que La Libertad Avanza rechazó el tratamiento en el recinto, el bloque abrió la comisión de Finanzas que encabeza el libertario Santiago Pauli, quien recibió a los diputados con un cronograma. Pauli estableció dos reuniones informativas adicionales. La primera el martes 8/9 por la tarde, es decir un día antes de la sesión que pidió la oposición, la segunda el miércoles 16/9. Una vez concluida esta, el oficialismo dispuso dos reuniones: el 23 de septiembre y el 30 de septiembre como fecha para dictamen. Pauli señaló que se compromete a trabajar para la unificación de giros.

Este cronograma fue rechazado por la oposición que, desde diferentes bloques, ratificó la sesión del jueves que viene y volvieron a acusar a La Libertad Avanza y sus socios de dilatar el tratamiento.

“Aprendieron los peores vicios de lo que denominan casta política. Esto es una maniobra para ganar tiempo”, disparó Cecilia Moreau. “Esta cámara tiene que legislar para dar una respuesta sobre una emergencia que afecta a millones de argentinos y el gobierno lo niega sistemáticamente”, agregó.

La primera respuesta llegó de la diputada ex PRO hoy LLA, Laura Rodríguez Machado, quien señaló como necesario sumar a la jornada de oradores “a los sindicalistas y las financieras”. Esto generó el primer griterío en la sala donde se destacaron las acusaciones de “seguir dilatando” el debate.

La diputada Myriam Bregman siguió en la lista de oradores y señaló que les llamaba la atención “que arranque la comisión con un cronograma que es más largo que la Copa Libertadores. Ratificamos la sesión del 9 de septiembre y que vengan con un cronograma que llega hasta Navidad es una tomada de pelo. Pedimos suspender los pagos, es urgente declarar la emergencia y suspender los cobros”.

Por el tercer sector de la oposición que empuja la sesión del 9 de septiembre, Unidos, tomó la palabra el diputado Pablo Juliano, quien también calificó el llamado a esta comisión informativa y el cronograma como una “tomada de pelo. Hace una semana pedí tratar el tema y el oficialismo y sus socios se negaron. Y en esta discusión hay un gran ausente que es la Comisión de Defensa del Consumidor. Es un tema que no tiene una sola salida pero que es transversal”.

El diputado radical reiteró que irán al recinto. “No somos estúpidos, tenemos más de 40 proyectos. Lo que vamos a hacer el 9 de septiembre es darnos un cronograma que termine en una sesión y una sanción, no en una tomada de pelo”.

El Poder Ejecutivo arma una orgía de frases: “que nadie les puso un arma en la cabeza a los deudores”, “que compraron televisores para el Mundial”, “que hace falta educación financiera”, “que hay una operación de los 133 diputados que mocionamos la semana pasada”. ¡Que el Ejecutivo diga lo que quiera! Pero hay argentinos recontra empeñados. No se empeñaron por diversión, sino porque no llegan a fin de mes, porque pagan hoy el plato de fideos que compraron en abril.

Luego de estos primeros planteos comenzaron los oradores invitados por LLA, la UCR y el PRO que hicieron un repaso de la problemática pero no así de posibles soluciones.

Banco Macro lanzó nuevas líneas de financiamiento en dólares para desarrolladores inmobiliarios y las presentó como parte de la política oficial que permite a los bancos destinar hasta 15% de sus depósitos en moneda extranjera a empresas que no generan divisas, con el objetivo de ampliar la oferta de viviendas, acompañar la recuperación de la construcción y sostener la actividad.

La entidad vinculó la iniciativa con el nuevo margen regulatorio anunciado por el Gobierno Nacional y con una estrategia más amplia para impulsar sectores productivos con peso en el empleo y en la economía, aunque sin ingresos en dólares. Dentro de ese esquema, ubicó al desarrollo inmobiliario como una actividad con efecto multiplicador sobre la demanda de trabajo y sobre la actividad general.

La presentación se realizó en Torre Macro durante un encuentro de trabajo con representantes del sector destinado a relevar necesidades operativas y ajustar los instrumentos financieros a los proyectos en curso. Allí, el banco expuso productos para desarrolladores con esquemas de amortización estructurados según el flujo de obra de cada emprendimiento.

Créditos atados al ritmo de cada obra

Según la entidad, la nueva oferta busca adaptarse a la dinámica propia de los desarrollos privados. El esquema contempla que la devolución del financiamiento se ordene de acuerdo con el avance de cada proyecto, en un intento por acompañar el repunte de la construcción con herramientas a medida.

El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, explicó por qué el banco enfocó la propuesta en moneda extranjera: “El crédito en moneda extranjera es lo que se utiliza naturalmente para los desarrolladores de obra privada, que generalmente venden un producto en dólares, esto les permite tener cobertura y no descalzarse en moneda. Esta herramienta permitirá mejorar y aumentar la oferta de viviendas generando empleo. Por otro lado, estamos creando líneas de largo plazo, a 20 años, en pesos, para financiar la demanda”.

Ese planteo combina dos tramos del negocio inmobiliario: por un lado, el fondeo para quienes construyen; por otro, préstamos hipotecarios en moneda local para quienes compran. La entidad sostuvo que esa combinación apunta a sostener la recuperación del mercado.

Juan Parma, CEO de Macro, definió el enfoque operativo de la propuesta en estos términos: “El contacto directo con los desarrolladores nos permite cubrir el ciclo completo del negocio, desde el fondeo del proyecto hasta la escrituración de las unidades. Con esta combinación de financiamiento a desarrolladores y crédito hipotecario más accesible, Banco Macro se suma a los lineamientos anunciados por el Gobierno y trabaja junto a las cámaras para acercar el acceso a la vivienda en la Argentina”.

Financiamiento de largo plazo

En el encuentro participaron también directivos de cámaras empresarias y desarrolladoras. Estuvieron Mali Vázquez y Damián Tabakman, de CEDU; Carlos Spina, de Argencons; Andrés Brody, de BRODYFRIEDMAN; Sergio Kompel, de Folken; Edgardo Wierzba, de Wiza Desarrollos; Alejandro Furst, de Miyagi; Juan Martín Santagada, de Anchezar-Santagada; Germán Franchino, de Vizora; y Florencia Miconi, de Imasa.

Mali Vázquez, directora ejecutiva de CEDU+AEV, sostuvo que la nueva herramienta puede modificar el escenario del sector: “El crédito en dólares puede ser un punto de inflexión para el desarrollo inmobiliario. Argentina tiene proyectos, demanda y capacidad para construir; lo que falta es financiamiento de largo plazo. Si logramos canalizar los dólares disponibles hacia nuevos desarrollos, podemos convertir ahorro en inversión, inversión en viviendas y viviendas en empleo y actividad económica”.

El eje central de la iniciativa es habilitar préstamos en dólares para empresas constructoras y desarrolladoras que venden unidades en esa moneda, en un contexto en el que el Gobierno autorizó a las entidades financieras a aplicar hasta 15% de sus depósitos en dólares a compañías sin generación de divisas.

El gobernador de la provincia de Chaco, Leandro Zdero, se anticipó al resto de los mandatarios provinciales y consiguió que se suspendan las elecciones PASO en los comicios chaqueños del 2027. En esa elección, el mandatario de extracción radical y aliado de la Casa Rosada buscará su reelección.

En la Legislatura unicameral chaqueña hay paridad entre el oficialismo y la oposición. Tanto Chaco Puede (donde confluyen la UCR, LLA y el Pro) como el PJ y los demás partidos opositores tienen 16 bancas.

El número mágico es el 17. Habilita el quórum para sesionar y, llegado el caso, la mayoría simple que permite aprobar normas. El bloque oficialista lo consiguió con Katia Blanc. La legisladora tiene el monobloque Frente Renovador y respondía a Sergio Massa.

Sin embargo, en el entorno del ex ministro de Economía tomaron distancia de Blanc. “La decisión de la diputada es personal sin el aval de la conducción nacional del Frente Renovador”, indicó una alta fuente del massismo a Infobae. El voto de la legisladora se dio “en el marco de una pelea por los medicamentos e insumos de hospitales de Chaco”, agregaron.

El peronismo y el resto de los bloques que se oponían a la iniciativa contaban con que no se sentaría en su banca. De allí la sorpresa cuando la vieron tomar su lugar y habilitar el comienzo de la sesión especial convocada por Chaco Puede.

“La prioridad son los niños”

“Estoy sentada acá porque pude entender que, por una mala gestión de un gobierno, necesita (atender) prioridades de la gente. A mí no me hace bien redireccionar plata. Pero sé cuáles son las prioridades de los chaqueños”, sostuvo Blanc al exponer durante el debate.

Rodeada de bancas vacías, agregó: “Estoy totalmente convencida de que nos debemos una reforma electoral integral. La sociedad pide oxigenar la política hace mucho tiempo”.

“Quiero distinguir la cuestión nacional de la provincial. En Nación se está pidiendo la eliminación de la primaria. En Chaco las suspendemos por un año. Quiero dejar el mensaje: entendí dónde tienen que ir las prioridades de la gente”, remarcó.

Consciente de que su presencia en la sesión generaría ruido, afirmó: “No voy a ser más o menos peronista por estar sentada acá. La prioridad son los niños, la salud, que la gente no puede pagar la luz ni llega a mitad de mes. Que no me corran con el ‘peronómetro’. Acá estoy porque no me alejo de la agenda de la gente”.

Tras manifestarse en contra de las candidaturas testimoniales, reivindicó las internas partidarias. “Purifica a los partidos internamente”, consignó. Además, calificó de “sano” que quien pierda en la competencia dentro de un partido no tenga la posibilidad de presentar candidaturas con otro sello.

Luego, propuso que el ahorro que significará para la provincia la no realización de la interna abierta, estimado en $5 mil millones, se destine al Hospital Pediátrico de Resistencia.

La reacción

“Hasta las 8:55 no iba a dar quorum y menos votar el proyecto del oficialismo. Pero luego apareció en el recinto”, dijo a Infobae un legislador justicialista con visible enfado con Blanc. Más adelante, agregó: “Durante toda la semana hablamos con ella. Y esa era su postura. Algo cambió”.

Horas después de la votación, el Frente Chaqueño (donde convive el panperonismo) emitió un comunicado en el que expuso que, tras la determinación, Blanc se fue del interbloque.

“Manifestamos nuestro absoluto desacuerdo con la decisión individual de la diputada Katia Blanc de acompañar al oficialismo en la eliminación de las PASO. Su voto contradice la posición política sostenida por nuestro espacio”, expresó el escrito. “A partir de esta decisión, entendemos que la diputada tomó la determinación de irse del Interbloque”.

Más adelante, sentenció: “Nuestra prioridad seguirá siendo trabajar para dar respuestas a los chaqueños, no resolver las conveniencias electorales del Gobernador. Las decisiones individuales que se apartan de ese compromiso no representan al Interbloque Frente Chaqueño”.

“Zdero podrá cambiar las reglas y buscar aliados circunstanciales, pero no puede esconder una realidad: su gobierno no resuelve los problemas que hoy vive la provincia y sabe que así pierde las elecciones”, remató.

El texto y las razones

Al plenario llegaron dos dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El de mayoría tenía las firmas del oficialismo y recomendaba la sanción. El de minoría llevaba las rúbricas del PJ y aconsejaba que continúe el debate en comisión.

Se aprobó el primero. En los fundamentos, estableció: “La organización de un proceso electoral adicional implica un despliegue logístico, operativo y económico de gran magnitud”, se estableció en los fundamentos.

En ese marco, la suspensión se presenta como “una medida orientada a optimizar la utilización de los recursos públicos”. Esto permitirá “su reasignación a áreas prioritarias de gestión” y contribuirá “al ordenamiento de las cuentas provinciales”, evaluó.

Asimismo, consideró que la participación electoral “ha evidenciado una menor convocatoria con el paso del tiempo. En este sentido, la presente medida también tiende a simplificar el calendario electoral, evitando la reiteración de convocatorias a las urnas y facilitando la participación ciudadana”.

“La suspensión que se propicia tiene carácter excepcional y temporal”, remarcó. Por eso “no afecta el normal desarrollo del proceso electoral general ni el funcionamiento del sistema democrático”, estimó. Por el contrario, garantiza que la selección de candidaturas continúe realizándose en el ámbito de las fuerzas políticas. Esto debe hacerse conforme a sus respectivas normativas internas, completó.