La Cámara de Casación Penal de Concordia llevará adelante el próximo 21 de mayo, a las 11:30, una audiencia clave para resolver el futuro de Juan Ruiz Orrico, el exfuncionario provincial condenado por el homicidio culposo de cuatro jóvenes en un siniestro vial.
Durante esa instancia, se analizará el recurso presentado por la defensa, integrada por los abogados Félix Pérez y Leandro Monje, quienes buscan reducir la pena impuesta por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay.
Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva, además de nueve años de inhabilitación especial para conducir vehículos. Sin embargo, continúa en libertad bajo medidas cautelares debido a que la sentencia todavía no está firme.
El hecho ocurrió el 20 de junio de 2024 en el kilómetro 223 de la ruta provincial 39. En el choque murieron Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas Izaguirre y Brian Izaguirre, quienes se dirigían a su lugar de trabajo, publicó el diario La Calle.
En la sentencia de primera instancia, el juez Darío Crespo consideró que Ruiz Orrico fue el “único y exclusivo responsable” del choque. Entre los agravantes valorados, se incluyeron el resultado positivo de alcoholemia y la cantidad de víctimas fatales.
Tras la audiencia, Casación deberá resolver si confirma la condena, introduce modificaciones o hace lugar a los planteos de la defensa, en una decisión que será determinante tanto para el futuro judicial del exfuncionario como para el reclamo de justicia de las familias de las víctimas.
Entidades rurales y productores de manera independiente fustigaron la inscripción en un registro donde deberán anotarse quienes pretendan tener algún vínculo comercial con la exportación de carne a la Unión Europea (UE). También apuntaron contra el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), que hace unos días comunicó la novedad. El Ipcva y el Consorcio de Exportadores de Carnes ABC financiaron la plataforma Visec Carne, que es la que servirá para cumplir con ese requisito impuesto por la UE a partir de 2027.
“No más ambigüedades. No más intermediarios autoproclamados. No más organismos que se arroguen potestades que nadie les confirió, como el Ipcva”, comenzó el comunicado. “La defensa del productor no puede quedar subordinada a estructuras privadas ni a unos relatos construidos para instalar obligaciones que no existen”, dijeron.
La cuestión de fondo se remonta al reglamento 1115 de la UE que limitará desde la fecha mencionada el ingreso de productos como la carne y soja, entre otros, desde regiones deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Para los productores que firmaron el documento dado a conocer hoy, ese reglamento en realidad “alcanza al importador europeo, no al productor argentino. Y exige información productiva que ya obra en poder del Estado”.
”La Argentina debe sostener mecanismos públicos, transparentes y no excluyentes, evitando cargas innecesarias y la cesión indiscriminada de información estratégica”, dijeron las entidades y productoresAsociación Argentina de Angus
“No corresponde trasladar esa responsabilidad a esquemas privados financiados, además, con recursos aportados por los propios productores”, sostuvieron.
En la visión de las entidades y productores, ”la Argentina debe sostener mecanismos públicos, transparentes y no excluyentes, evitando cargas innecesarias y la cesión indiscriminada de información estratégica”. Y sostuvieron: “El productor necesita representación clara, coherencia institucional y defensa genuina de sus intereses. No es tolerable la financiación espuria de la representación”.
Qué dijo el Ipcva
Hace unos días, el (Ipcva) recordó que los productores ganaderos deberán registrarse antes de junio en Visec Carne. El Ipcva no es el Visec Carne, pero, como se dijo, junto con el Consorcio ABC financió la plataforma. La inscripción no tiene costo para el productor.
Aunque el reglamento europeo 1115/2023 fue postergado y comenzará a aplicarse formalmente desde el 30 de diciembre de 2026, en el sector remarcaron que los tiempos para adecuarse ya empezaron a correr. La principal preocupación pasa por garantizar la trazabilidad completa de los animales, una condición que Europa exigirá para autorizar el ingreso de carne vacuna a ese mercado.
“Para que un frigorífico pueda exportar carne a la Unión Europea, deberá demostrar el recorrido de los animales y su origen productivo”, señalaron desde el Ipcva. En ese contexto, desde la cadena alertaron que si los productores no están incorporados al sistema, la información necesaria para reconstruir la trazabilidad de los animales no podrá integrarse correctamente.
Uno de los puntos que hoy genera mayor urgencia es el análisis de los polígonos de los establecimientos ganaderos. Según informó el Ipcva, durante junio el instituto realizará sin costo el análisis de los campos que ya estén registrados en el sistema. Después de ese plazo, el productor que no se haya inscripto deberá afrontar ese gasto por su cuenta. “Pasado ese plazo, el análisis ya no será financiado por el Instituto”, indicaron.
La carta de los productores:
El comunicado firmado por entidades rurales y productores de manera independiente
Con 224 asistentes, algo menos que el récord de 260 logrado por Javier Milei, había mucha expectativa este mediodía por escuchar al canciller Pablo Quirno. Invitado por el Cicyp, que cobija a las principales cámaras empresarias y preside Bettina Bulgheroni, se distribuyeron unos 24 embajadores, varios empresarios top, y los infaltables lobbistas.
Bettina Bulgheroni, que eligió una metáfora sobre las olas y el océano para invitar a reconocer este “proceso de cambio”, presentó a Quirno como “metódico, sobrio y estratégico”.
Y Quirno correspondió en un discurso de tono épico en el que recordó a Mariano Moreno al citar “prefiero una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila” para hacer un llamado al compromiso dirigiéndose a quienes toman decisiones económicas.
“¡Qué hacemos nosotros ante la libertad recuperada”, soltó. Casi no huno interrupciones con aplausos. Tal vez porque en un evento que tiene como sponsor a los laboratorios de capital nacional, Quirno destacó que después de 56 años, se aprobó en comisión que Argentina adhiera al tratado internacional de patentes, que genera resistencia en ese sector. Lo escuchó el dueño de los laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, que no abandonó su sonrisa.
El canciller profundizó acerca de la relación con Estados Unidos, al destacar “su densidad política, comercial y estratégica”, dando a entender que no es una cuestión solo de afinidad entre dos presidentes, sino una política de Estado. Realzó la relación con Israel que se tradujo, en su visión, en hechos históricos trascendentes como declarar terroristas como a la guardia revolucionaria de Irán, ademas de Hezbollah y Hamas. En su mesa, el embajador de Israel, Eyal Sela, comentaba acerca de los lazos entre ambos países ahora que se inaugura en noviembre el vuelo directo a Tel Aviv, “que demorará unas 14 horas”.
Quirno insisitó sobre la oportunidad histórica y la responsabilidad. “La ventana de oportunidad no es permanente. Hoy el país tiene ambición, escala y horizonte y depende que actúe antes que los demás”, señaló al ejemplificar lo que sucedió con la miel una vez que la Unión Europea le quitó los aranceles y tanto Entre Ríos como Córdoba agotaron velozmente el cupo.
De paso, elogió a YPF y a su jefe Horacio Marín, mencionó nuevos y próximos acuerdos con India y Canadá.
A la hora de las preguntas, una fue sobre cómo queda posicionada la Argentina en la guerra de Medio Oriente. “Hay que considerar la importancia que tiene nuestro orden macroeconómico para enfrentar un conflicto global. A diferencia de otras veces y otros conflictos, Argentina muestra fortaleza macroeconómica, con su superávit fiscal y, con su superávit energético. Eso lleva a que estemos muy bien posicionados para poder enfrentar esta tormenta. Y eso es fundamental para poder dar continuidad y previsibilidad a las inversiones. Y esa situación reconfigura el valor de los activos argentinos que están justamente alejados de conflictos. Argentina siempre tuvo los recursos y siempre tuvo el capital, pero no éramos capaces de generar las condiciones para que esa inversión mirara a la Argentina en función de las propias condiciones generadas por nosotros y también por el contexto global. Hemos pasado a ser un actor muy importante, no solo por los recursos, sino también por nuestro posicionamiento estratégico”.
El canciller también se refirió a las distintas clases de RIGI (Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones). “Es un instrumento formidable para atraer inversiones, no solo por beneficios impositivos. Tiene sus trucos, Uno es que esa previsibilidad se necesita para proyectos de largo plazo, que necesitan una inversión de capital muy grande y cuyo retorno, por lo general, excede el ciclo político. Entonces, el que invierte hoy tiene que saber que va a tener condiciones a futuro, independientemente del signo político que esté gobernando. Y que esos beneficios que nosotros estamos ofreciendo van a resultar de acá a 4, 5, 6 o 7 años. Entonces hoy no tiene costo fiscal. En el momento en que nosotros estamos consolidando nuestros números fiscales, podemos hacer la promesa de que, ordenando nuestros números, vamos a poder cumplir con esos incentivos”.
Y comentó acerca de otro “truquito”. Lo dijo así: “A medida que el RIGI sea exitoso, se genera una base de capital que está protegida contra el control de capitales. Entonces, cualquier delincuente que, a futuro, trate de poner control de capitales en Argentina, no va a poder porque va a tener un stock de capital que tendrá derecho a irse. Los futuros gobiernos van a estar, de alguna manera, encorsetados, las herramientas que utilizaron el pasado en contra de los argentinos no van a poder ser utilizadas”, soltó ante el primer aplauso bien sonoro de toda su disertación.
Ya se había probado el menú de crema de palmitos, lomo de ternera, y el postre, un biscuit de caramelo. Y los asistentes relataban distintas realidades. La gente de Frávega hablaba de un interior con algunas provincias prósperas y estancamiento en el resto, pero Juan Garibaldi de Danone, decía que estaba vendiendo yogures como nunca antes. Alberto Grimoldi coincidía con el aplanamiento en ventas y a su lado Mario Grinman de la Cámara de Comercio decía que pocas veces se vivió una realidad tan heterogénea. Mientras, el titular de la construcción, Gustavo Weiss aseguraba que la construcción está paralizada y endeudada y el jefe de la UIA, Martín Rappallini lamentaba que la industria hubiese quedado afuera de los RIGI.
Más locuaz que en otras oportunidades, Alejandro Bulgheroni invitaba a invertir con fuerza. “Nosotros lo hicimos siempre y hubo efecto imitación”, soltó e invitó mientras se retiraba el Canciller.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el lunes que Eileen Wang, alcaldesa de Arcadia, California, acordó declararse culpable de actuar como agente encubierta del régimen chino. Wang, de 58 años, renunció a su cargo el mismo día.
En su columna de Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont explicó el alcance del caso y lo que revela sobre la penetración china en las instituciones estadounidenses.
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Cómo operaba la red
Wang y su entonces prometido, Yaoning “Mike” Sun, operaban un sitio web llamado US News Center, presentado públicamente como un portal de noticias para la comunidad chino-americana. En la práctica, era un canal de propaganda del régimen.
“Empezaron a encontrar que había habido una serie de instancias en las cuales coordinaron mensajes y contenido específico para promover el accionar del gobierno chino”, explicó Serbin Pont.
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El contexto demográfico le daba al portal un alcance real. “En Arcadia, el 42% de la población es de etnia china y el 60% asiática. Ellos llevaban este portal de noticias orientado a esa comunidad”, señaló el analista.
Según el acuerdo de culpabilidad presentado ante el tribunal federal de Los Ángeles, desde fines de 2020 hasta al menos 2022, Wang y Sun recibieron y ejecutaron instrucciones directas de funcionarios del gobierno chino para publicar contenido pro-Beijing en su sitio.
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Los episodios documentados en la causa son concretos. En junio de 2021, un funcionario chino le envió artículos preescritos a Wang vía WeChat para que los publicara en su sitio. Wang le mandó el link y luego una captura mostrando 15.128 visualizaciones. El funcionario respondió “¡Genial!” y Wang contestó: “Gracias, líder”. En otro episodio, según Serbin Pont, recibieron instrucciones directas para contrarrestar una nota del Los Angeles Times sobre la minoría uigur: “Les dieron la letra exacta sobre lo que tenían que publicar”.
El prometido condenado y la trama judicial
Yaoning “Mike” Sun, entonces prometido de Wang y co-operador del sitio web, fue el primero en caer. Se declaró culpable en octubre de 2025 de actuar como agente ilegal del gobierno chino y está cumpliendo una condena de cuatro años de prisión federal.
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El Departamento de Justicia había revelado en ese momento que Sun actuó como asesor de campaña de una candidata elegida para el concejo municipal de una ciudad del sur de California. Esa candidata, que no fue identificada entonces, era Wang.
Los cargos contra Wang fueron presentados el 1 de abril pero permanecieron sellados hasta el lunes. Según NBC News, compareció ante el tribunal y quedó en libertad bajo una fianza de 25.000 dólares. Se espera que formalice su declaración de culpabilidad en las próximas semanas.
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Enfrenta una pena máxima de 10 años, aunque el acuerdo contempla reducciones. Sus abogados aclararon que la conducta estuvo relacionada con su vida personal y el sitio web, y no involucró su gestión como alcaldesa.
Lo que el caso revela
Para Serbin Pont, el caso trasciende a Arcadia. “Empieza a generar dudas sobre cómo está operando China en territorio norteamericano, no solo en el ámbito mediático sino también en cuanto al nivel de penetración que pueden terminar teniendo en estructuras estatales. Al fin y al cabo, esto es una persona que terminó llegando a ejercer el rol de alcaldesa”.
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Bloomberg calificó el caso como “el último ejemplo de un esfuerzo federal más amplio para descubrir la influencia china en ambas costas de los Estados Unidos”.
El Departamento de Justicia fue en la misma línea: “Es profundamente preocupante que alguien que recibió y ejecutó instrucciones de funcionarios del gobierno chino haya llegado a ocupar una posición de confianza pública”, dijo el Fiscal General Adjunto para Seguridad Nacional, John Eisenberg.
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La investigación continúa abierta. Según Serbin Pont, hay al menos otro implicado vinculado con tareas de difusión de mensajes oficiales del Partido Comunista Chino en territorio estadounidense.
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En la última década, la flota pesquera china ha incrementado su presencia hasta en un 50% cerca de la zona económica exclusiva (ZEE) de Argentina, lo que ha provocado preocupación tanto por la sobrepesca de calamar como por una posible recolección de información de inteligencia.
El gobierno argentino, asistido por Estados Unidos, ha intensificado la vigilancia en aguas del Atlántico Sur para prevenir incursiones ilegales, en un contexto de creciente competencia estratégica entre Washington y Pekín, según informó Reuters.
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El alcance de esta problemática quedó en evidencia el 17 de enero de 2026, cuando la NASA, mediante el servicio “Black Marble”, registró una auténtica “ciudad de luces” sobre el océano, compuesta por aproximadamente 200 embarcaciones chinas que, según declaraciones recogidas por Reuters de exfuncionarios de ambos países, operan en las inmediaciones del Mar Argentino durante meses para atender el mayor mercado de calamares del mundo.
El fenómeno tiene dimensiones inéditas: según la Prefectura Naval Argentina, la cantidad de buques chinos pasó de unas 150 embarcaciones en 2016 a un pico de alrededor de 340 en 2021, con una baja a 230 en 2026, mientras que países como Corea del Sur, Vanuatu y España nunca superaron las 40 unidades en el mismo período.
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Temor por la sobrepesca y sospechas de inteligencia en el Atlántico Sur
La expansión de la flota china marina no solo responde a necesidades pesqueras: según el centro de estudios ODI Global de Londres, la flota de pesca de altura con bandera china supera los 16.000 buques, aunque el gobierno de China reconoció en 2023 la existencia de unos 2.500.
Diversos especialistas y autoridades consultados por Reuters advierten que las actividades de estos barcos en la región han encendido alertas geopolíticas. Estados Unidos, por ejemplo, ha respaldado la adquisición argentina de aviones de vigilancia marítima P-3C Orion, como parte de una estrategia continental destinada a proteger la soberanía y evitar que Pekín afiance posiciones estratégicas en el extremo sur de América.
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Marcelo Rozas Garay, viceministro de Defensa de Argentina en 2025, detalló a Reuters que existen sospechas sobre ciertos barcos chinos que portarían antenas incompatibles con las tareas típicamente pesqueras: “Se cree que en realidad lo que buscaban es información o interceptar comunicación”.
Además, Buenos Aires ha identificado desplazamientos que sugerirían la posible cartografía de la plataforma continental argentina, un área cuya exploración y explotación está reservada exclusivamente al Estado nacional bajo el derecho internacional, según recalcó Juan Battaleme, quien se desempeñó como secretario de Defensa para Asuntos Internacionales hasta diciembre de 2025.
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Las investigaciones sobre estas operaciones no han arrojado pruebas concluyentes de actividades de cartografía sistemática: una revisión realizada por Reuters junto a la empresa Starboard Maritime Intelligence sobre los movimientos marítimos entre enero de 2025 y marzo de 2026 no detectó maniobras masivas de ese tipo, aunque los datos disponibles no descartan que se hayan realizado en pequeña escala.
La flota china utiliza técnicas avanzadas para la captura nocturna de calamar Illex argentinus, especie de gran valor comercial. Los barcos despliegan potentes luces de hasta 4.000 vatios y redes automatizadas con señuelos lumínicos que simulan el movimiento de las presas. Toda la operación ocurre fuera —pero en las inmediaciones— de la ZEE argentina, donde la Prefectura Naval monitorea mediante radar y patrullaje los límites jurisdiccionales. De 2021 a 2025, solo se registraron cuatro incidentes de presunta pesca ilegal dentro de aguas argentinas, indicando que el refuerzo tecnológico ha tenido efecto disuasorio.
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“Ahora estamos seguros de que los chinos saben que tenemos la capacidad de vigilarlos”, aseguró Battaleme a Reuters.
Rivalidad regional y diplomacia pragmática
La injerencia de China en América Latina es una preocupación constante para Estados Unidos, reforzada tras el rescate económico de USD 20.000 millones que Donald Trump otorgó a la administración del presidente argentino Javier Milei el año anterior.
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En diálogo con Reuters, funcionarios estadounidenses insistieron en que el dominio de Washington sobre el hemisferio occidental permanece como objetivo central, dada la inversión sostenida de Pekín en el área, que incluye puertos en Brasil y Perú, el desarrollo petrolero en Venezuela y la construcción de una estación espacial en Argentina.
El ministerio de Asuntos Exteriores de China desestimó las acusaciones de espionaje pesquero como “pura especulación sin fundamento fáctico”, y afirmó que Pekín mantiene una cooperación pesquera ajustada al derecho internacional. Sin embargo, el Pentágono expresó inquietud por el “doble uso” de determinadas flotas de altura y por cualquier práctica que “ponga en entredicho la capacidad de las naciones soberanas para gestionar sus propias aguas”.
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A pesar de las declaraciones previas de Milei respecto de la “invasión” de aguas argentinas por pesqueros ilegales, su gobierno evitó aludir directamente a China al abordar el tema. La actitud responde a la relevancia de Pekín como segundo socio comercial y principal comprador de soja y carne vacuna de Argentina, así como inversionista clave en litio, energías renovables e infraestructura.
El método y los riesgos de la pesca de calamar
La pesca en la región está marcada por la migración nocturna del calamar Illex argentinus hacia alta mar. Durante la noche, las embarcaciones chinas encienden filas de potentes bombillas para atraer a los calamares, que son capturados mediante señuelos llamados “jigs”, cuyas cápsulas luminosas miden de 6,5 a 12 centímetros y contienen aristas que enganchan los tentáculos del animal.
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“El calamar Illex tiene una vida corta, crece rápido y sus movimientos estacionales son predecibles, lo que lo hace especialmente vulnerable a la pesca intensiva”, explicó Marcela Ivanovic, especialista en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de Argentina, en diálogo con Reuters. La voracidad en la explotación es tal que Ivanovic sintetiza: “Se está pescando de manera salvaje en esta zona”.
Desde las patrullas nocturnas, las autoridades argentinas observan mediante radar la “pared” de luces situada justo fuera del límite de la ZEE. Bruno Cian, oficial auxiliar de la Prefectura, resumió la estrategia argentina: “La idea es generar el factor sorpresa. Para ver quién está cometiendo la infracción”.
La magnitud de la flota china y la presión que ejerce sobre el recurso pesquero se explican, en parte, porque desde hace años China agotó sus propias poblaciones en aguas jurisdiccionales, motivando la expansión global de sus embarcaciones.
La dimensión global y las tensiones persistentes
A nivel internacional, la organización Oceana, con sede en Estados Unidos, estimó el año pasado que alrededor de la mitad de toda la pesca de altura visible proviene de embarcaciones chinas, lo que consolida su posición como actor dominante en actividades extractivas de alta mar.
Juan Battaleme enfatizó que, si bien el vínculo económico con China es crucial, “a Argentina le interesa saber si China está recabando información de inteligencia utilizando la flota”, y reconoció coincidencias recientes con los intereses estadounidenses en la región.
Grupos ambientalistas y técnicos advierten que la falta de coordinación internacional abre la puerta a un deterioro irreversible de los ecosistemas marinos del Atlántico Sur. El caso argentino ilustra los desafíos de equilibrar recursos nacionales, intereses estratégicos y relaciones comerciales en un escenario global cada vez más disputado.
Alejandro “Galleguito” Álvarez saltó del peronismo a La Libertad Avanza. Es hoy el principal frontman del Gobierno en la pelea con las universidades nacionales. “La única ley que vamos a respetar será la ley de Presupuesto”, desafió a los que exigen que Javier Milei cumpla con la ley de financiamiento universitario, votada por mayoría en el Congreso tras el veto presidencial.
“Se lo nota cómodo en ese rol. Le gusta jugar esa parada”, afirma una voz cercana a Karina Milei. El día después de la masiva cuarta marcha federal por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, en lo alto del poder elogian al subsecretario de Políticas Universitarias, que está bajo la órbita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Con larga militancia en el peronismo, y a sus 55 años, Álvarez defiende con énfasis desde su despacho en el Palacio Pizzurno los postulados de “recorte”, “ajuste” y “transparencia” del gobierno libertario. Llegó a ese cargo de la mano de Santiago Santurio, uno de los celestiales cercano a Santiago Caputo, pero con el correr de la gestión se ganó la confianza de Karina Milei. En el universo oficialista, ya lo cuentan como “un karinista” más.
“Nos sirve de mucho, porque él estuvo del otro lado del mostrador. Conoce bien ese mundo”, repite un leal a Karina Milei en Balcarce 50.
La periódica confrontación directa de Álvarez con el vicerrector de la UBA y dirigente de la UCR, Emiliano Yacobitti, en torno al manejo de los fondos y la necesidad de “auditar” los gastos de esa alta casa de estudios, es uno de los hitos de la pelea mediática que más le reconocen en el Gobierno. “Si sobrevivió a pelearse con Yacobitti es porque tiene pasta de polemista” lo halagan desde el sector de Caputo, una de cuyas cabezas principales, Daniel Parisini (el Gordo Dan), suele invitarlo a su programa, “La Misa”, donde últimamente hablan de historia, sin meterse en la cruenta confrontación que divide al Gobierno por el caso de presunto enriquecimiento de Manuel Adorni.
En el Gobierno destacan que Álvarez “puso en agenda que las universidades deben ser auditadas y rendir cuenta de lo que reciben”. Lo destacan como un logro de su gestión. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue uno de quienes elogió las posturas de Álvarez, antes, durante y después de la manifestación.
Dependiente en la estructura gubernamental de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (con quien tiene una buena relación) y el secretario de Educación, Carlos Torrendel, Álvarez aprovecha los márgenes de libertad que le dieron en los últimos meses para insistir con otras iniciativas polémicas, como el cobro de un arancel a los estudiantes extranjeros de las universidades públicas, que según su visión no fue aceptada por la UBA “por cuestiones ideológicas”.
“Mientras inventan datos, bajaron el presupuesto universitario a la mitad en dos años, el 80% de los profesores cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza y no mandan los fondos para que funcionen los hospitales”, le contestó Yacobitti.
Mienten sin vergüenza @AleCiroAlvarez Mientras inventan datos, bajaron el presupuesto universitario a la mitad en dos años, el 80% de los profesores cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza y no mandan los fondos para que funcionen los hospitales. Mañana vamos a ser… https://t.co/SUufIen0qw
— Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) May 12, 2026
Cerca del ex diputado nacional y de otros rectores aseguran que hay un Álvarez público que los pelea, y otro privado, que les asegura que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, es quien le retacea los fondos que, por ley aprobada por el Congreso, deberían destinarse al funcionamiento universitario.
Otros funcionarios escucharon a Álvarez quejarse esta semana por el recorte a las universidades nacionales incluidas en el megaajuste de 2,3 billones, conocido horas antes de la marcha de ayer. “Deberían haberlo anunciado un día después”, se habría quejado en reserva. Públicamente, defendió los recortes.
El ajuste que se publicó en el Boletín Oficial tuvo muchos blancos, entre ellos, las universidades nacionales. El anexo detalló una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio. Entre las universidades más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000; Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.
“Casi no tiene diálogo con los rectores”, critican a Álvarez desde el radicalismo universitario, y lo acusan de “no tener un plan” hacia adelante, más que “destruir” el sistema universitario vigente, a tono con el espíritu presidencial. “Y eso que sigue siendo profesor en el CBC, aunque ahora pidió licencia”, agitan desde una de las universidades que sufre recortes desde la gestión libertaria. Formado en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, Álvarez también pidió licencia como profesor de historia económica en la Universidad de La Matanza. “Estuvo toda la vida en el Estado y ahora quiere destruir las universidades”, lo castigan desde otra usina universitaria.
Desde el Gobierno responden que “pronto” habrá un nuevo llamado de Álvarez al diálogo por los fondos para los seis hospitales universitarios: Hospital de Clínicas, Roffo y Lanari; el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”; el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria, que ya anunciaron que los fondos con los que cuentan para su normal funcionamiento se terminan en cuarenta y cinco días. “La pregunta es por qué la UBA quiere quedarse con el 95 por ciento del refuerzo para los hospitales universitarios”, los desafió Álvarez en un video oficial del ministerio que encabeza Pettovello.
Agregan desde el Gobierno que el presupuesto para las universidades, que alcanzó los 4,2 billones en 2025, pasó a 4,8 billones para este año. “Creció, pero no en la medida que ellos quieren”, afirman desde un despacho oficialista como modo de responder las duras críticas del sistema universitario.
A fin de mostrar que sí hay un plan a futuro, fuentes del oficialismo destacan que desde la subsecretaría habrá transferencia a las universidades de edificios cedidos por la Agencia de Bienes del Estado por unos $7000 millones para 2027.
El banco de inversión Morgan Stanley sostuvo que, pasado el aumento de los combustibles tras el alza del precio internacional del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente, el proceso de desinflación debería retomarse. No obstante, considera que será moderado.
En su último reporte a clientes, la entidad señaló que la depreciación cambiaria, los aumentos de precios regulados, el shock de la carne y el reciente shock petrolero interrumpieron el proceso de desinflación.
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“Sin embargo, la debilidad de la actividad debería limitar los efectos de segunda ronda, con registros mensuales convergiendo hacia aproximadamente 2% mensual para mediados de 2026, ayudados por la fortaleza cambiaria”, indicó.
En este marco, los analistas del banco consideraron que “la desinflación anual debería seguir siendo moderada este año y avanzar gradualmente, dada la persistente inercia y la falta de un ancla monetaria fuerte”.
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En otro tramo del informe, Morgan Stanley advirtió que la economía enfrenta riesgos vinculados al contexto internacional.
Ocurre que una recesión global impulsada por el petróleo podría descarrilar la recuperación y debilitar el financiamiento en divisas, un pilar clave de la estrategia de estabilización.
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“En un escenario de precios del petróleo estructuralmente altos, el crecimiento seguiría siendo débil y la inflación elevada, afectando el consumo y el apoyo al actual esquema de políticas”, precisaron.
A su vez, remarcaron que los riesgos internos incluyen débil crecimiento del crédito, inflación persistente, desempeño sectorial desigual e incertidumbre política.
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Identificaron algunos “riesgos alcistas”, aunque su probabilidad es baja. Un repunte de la economía estadounidense, potenciado por el desarrollo de la inteligencia artificial, podría mejorar el contexto internacional y facilitar el acceso al financiamiento externo.
En el plano local, una desinflación más acelerada representaría el principal factor positivo, ya que favorecería el consumo y un crecimiento económico más amplio.
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Sobre esto último, Morgan Stanley remarcó: “Hay poco apetito por usar la política fiscal para impulsar el crecimiento. El equilibrio fiscal sigue siendo el principal ancla. Un crecimiento más fuerte debería ayudar a cumplir las metas fiscales, aunque las pérdidas de ingresos derivadas de reformas y recortes impositivos siguen siendo un desafío de corto plazo”.
A su vez, los analistas de la entidad consideraron que la política monetaria sigue siendo algo restrictiva. “La remonetización será gradual, probablemente solo a medida que se recuperen el crédito y la actividad. La esterilización debería mantenerse, y las autoridades probablemente seguirán siendo cautelosas al expandir la oferta monetaria incluso cuando las condiciones mejoren”, proyectaron.
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Por su parte, la calificadora de riesgo Fitch Ratings, que días atrás mejoró la nota de la deuda soberana argentina, señaló: “La inflación cayó a un mínimo de 1,5% mensual en mayo de 2025, pero volvió a subir a 3,4% en marzo de 2026, impulsada por el traspaso rezagado de la depreciación del tipo de cambio de 2025, los ajustes en las tarifas de servicios públicos, el aumento de los precios de la carne vacuna y el incremento global de los precios de la energía”.
Fitch precisó: “La inercia también está dificultando la fase final de la desinflación, como se observó en programas de estabilización económica en otros países. Esperamos que el índice de precios vuelva a ubicarse por debajo del 2% mensual hacia fin de año”.
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El último informe de FocusEconomics señaló que los principales bancos y consultoras internacionales corrigieron al alza sus previsiones de inflación. Según el relevamiento, la inflación promedio cerrará 2026 en 30,4%, frente al 29% estimado hace un mes.
Al mismo tiempo, el informe mostró un fuerte ajuste en las proyecciones de inflación punta a punta: los economistas estimaron que diciembre finalizará con una suba interanual de precios del 28,2%, por encima del 25,8% previsto 30 días atrás. Para 2027, en tanto, los analistas proyectaron una desaceleración hasta un promedio anual del 20,6%.
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FocusEconomics indicó que el aumento de los precios globales de la energía explicó parte del deterioro en las perspectivas inflacionarias para América Latina, y en particular para la Argentina. Aun así, sostuvo que la reducción de las restricciones a las importaciones y el ajuste del gasto público contribuyeron a moderar parcialmente las presiones sobre los precios.
El alto representante para Gaza de la Junta de Paz creada por Donald Trump, Nikolay Mladenov, advirtió este miércoles que el desarme del grupo terrorista Hamas es “no negociable” y que sin él la reconstrucción del territorio es imposible, mientras reconoció que el alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre “no es perfecto” y registra violaciones “todos los días”.
Mladenov habló ante la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA) en una rueda de prensa en Jerusalén Este, tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Advirtió que siete meses sin avances en la implementación del acuerdo no benefician ni a Israel ni a los palestinos.
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“Tenemos un alto el fuego. Se mantiene. No es perfecto. Está lejos de serlo. Hay violaciones todos los días y algunas son muy graves”, declaró el diplomático búlgaro. Precisó que esas infracciones tienen consecuencias concretas: “Significan que todavía se mata a civiles”.
El alto representante acusó a ambas partes de vulnerar la tregua, aunque señaló que esta ha logrado contener el regreso a una guerra a gran escala. Desde que el cese de hostilidades entró en vigor, Israel y Hamas se han intercambiado acusaciones mutuas de incumplimiento, mientras grupos de ayuda humanitaria denuncian que Israel no ha permitido el volumen de asistencia prometido.
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El paso a la segunda fase del acuerdo —que contempla el desarme de Hamas y la retirada progresiva del ejército israelí, que aún controla más del 50% de la Franja— se encuentra completamente bloqueado. El grupo terrorista ha buscado diferenciar entre armas “pesadas”, como cohetes, y “ligeras”, como rifles y pistolas, según funcionarios de Hamas y mediadores citados bajo condición de anonimato.
El plan de 20 puntos del presidente Trump exige que toda la “infraestructura militar, terrorista y ofensiva” de Hamas en Gaza, incluidos túneles e instalaciones de producción de armas, sea destruida y que las armas queden “permanentemente fuera de uso”. Tanto Washington como Tel Aviv sostienen que ese lenguaje no admite interpretaciones.
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Mladenov dejó abierta la posibilidad de que Hamas tenga un papel en la Gaza de posguerra si depone las armas. “No pedimos que Hamas desaparezca como movimiento político”, afirmó. Lo que descartó de plano es que “facciones armadas o milicias con sus propias estructuras de mando militar, sus propios arsenales o redes de túneles puedan coexistir junto a una autoridad palestina de transición”.
En las zonas que aún controla, Hamas está consolidando su dominio sobre la población, según Mladenov. El grupo impone impuestos a personas “que no tienen nada que dar” e impide que trabajadores palestinos cualificados construyan refugios para los desplazados internos. Israel, por su parte, mantiene bloqueada la entrada al enclave de los 15 miembros del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), el grupo de tecnócratas designado para gestionar de forma transitoria la desmilitarización y la reconstrucción de la Franja.
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Mladenov subrayó que las condiciones de vida en Gaza siguen siendo “desesperadas y miserables” para más de 2 millones de personas, con familias viviendo en tiendas de campaña y desplazadas de sus hogares. Afirmó que lo que ocurre allí “no es lo que se les prometió a los palestinos, ni lo que merecen, ni le brinda a Israel la seguridad necesaria para avanzar”.
La magnitud de la destrucción hace que la recuperación sea una tarea de décadas. “Estamos hablando del trabajo de toda una generación para Gaza”, señaló, al referirse a las decenas de millones de toneladas de escombros por retirar y al más de un millón de personas que necesitan algún tipo de refugio permanente con acceso básico al agua y al saneamiento.
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Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía han elaborado un plan práctico de 15 puntos para implementar el acuerdo de paz y se han reunido en varias ocasiones con una delegación de Hamas en El Cairo, aunque el grupo ha rechazado hasta ahora cualquier avance en materia de desarme. La ofensiva israelí ha dejado más de 72.724 palestinos muertos, incluidos al menos 846 desde que la tregua entró en vigor.
La estafa virtual bancaria volvió a quedar en el centro del debate judicial luego de que un hombre obtuviera una sentencia favorable en Tandil tras sufrir el vaciamiento de sus cuentas mediante una maniobra de phishing. La Justicia civil condenó a la entidad financiera demandada a restituir el dinero transferido, abonar una indemnización por daño moral y pagar una multa por daño punitivo, al considerar que incumplió con su deber de seguridad frente a operaciones sospechosas.
El fallo fue dictado por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 2 de Tandil y determinó que el banco no implementó mecanismos adecuados para detectar movimientos inusuales, pese a que las transferencias se realizaron desde una dirección IP remota, a cuentas no habituales y por montos significativos. La resolución remarcó que las entidades financieras deben adoptar sistemas más sofisticados para prevenir delitos digitales cada vez más frecuentes.
La condena alcanzó los 4.074.000 pesos, suma que incluye la devolución de los fondos robados, intereses, daño moral y daño punitivo. El tribunal consideró acreditado que el cliente sufrió angustia, pérdida de confianza y trastornos personales luego del episodio, ya que el dinero sustraído estaba destinado a gastos vinculados con salud y planificación familiar.
Cómo se produjo la maniobra fraudulenta
El hecho ocurrió el 14 de marzo de 2023, cuando el usuario intentó realizar una compra con tarjeta de débito y descubrió que el plástico estaba vencido. Ante esa situación, decidió completar la operación mediante la aplicación bancaria. Poco después recibió un mensaje de WhatsApp que aparentaba pertenecer a la empresa emisora de la tarjeta.
Según consta en el expediente judicial, el hombre buscó un número de atención al cliente en internet y terminó comunicándose con una línea telefónica falsa. Durante la llamada, los delincuentes le solicitaron datos personales, claves de acceso y códigos token bajo el argumento de solucionar el problema operativo.
Con esa información, los estafadores ingresaron a la cuenta bancaria mediante home banking y concretaron cinco transferencias por un total de 574.000 pesos. Minutos después, el titular detectó los movimientos irregulares al intentar ingresar nuevamente a la plataforma digital y constató que ya no podía acceder a su cuenta. Inmediatamente denunció el episodio ante la entidad, que procedió al bloqueo preventivo.
El banco rechazó la responsabilidad
Durante el proceso judicial, la entidad financiera negó responsabilidad sobre lo sucedido y argumentó que el usuario había actuado con negligencia al compartir información sensible fuera de los canales oficiales. Además, sostuvo que cumplía con las medidas de seguridad establecidas por el Banco Central y que realizaba campañas periódicas para advertir a los clientes sobre fraudes digitales y riesgos vinculados al phishing.
Sin embargo, una perito informática concluyó que, si bien las transferencias fueron autenticadas con los datos proporcionados por el propio cliente y mediante doble factor de validación, el sistema bancario no generó alertas ni bloqueos automáticos frente a operaciones claramente inusuales.
La especialista indicó que las transferencias presentaban características atípicas: se realizaron hacia destinatarios desconocidos, desde una IP remota y por montos que escapaban al comportamiento habitual del usuario. A pesar de ello, el banco permitió que las operaciones se ejecutaran sin controles adicionales ni advertencias preventivas.
El deber de seguridad de las entidades financieras
En los fundamentos del fallo, el juez sostuvo que la entrega de claves por parte del consumidor fue una condición para concretar el fraude, pero no la causa determinante del daño. Según la resolución, el verdadero incumplimiento estuvo vinculado a la falta de herramientas efectivas de prevención y monitoreo por parte del banco.
El magistrado afirmó que la proliferación de fraudes digitales obliga a las entidades financieras a reforzar sus sistemas de seguridad mediante tecnologías más avanzadas, como validaciones contextuales, herramientas biométricas y alertas inteligentes que permitan detectar comportamientos anómalos antes de autorizar movimientos de dinero.
Asimismo, la sentencia recordó que la responsabilidad de los proveedores de servicios financieros es objetiva en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. En ese sentido, destacó que incluso cuando un cliente haya sido engañado por terceros, las entidades deben garantizar estándares razonables de protección sobre los fondos depositados.
Multa ejemplificadora y advertencia judicial
Además de ordenar la devolución del dinero, el tribunal aplicó un daño punitivo de dos millones de pesos. El juez justificó esta sanción extraordinaria en la necesidad de desalentar conductas empresariales que no se adecuen a los niveles de seguridad exigidos frente al crecimiento de las estafas virtuales.
La resolución también buscó enviar un mensaje preventivo al sistema financiero respecto de la obligación de modernizar mecanismos de control y protección de usuarios. El fallo sostuvo que las campañas informativas no resultan suficientes cuando las entidades cuentan con herramientas tecnológicas capaces de detectar operaciones sospechosas en tiempo real.
El caso de Tandil volvió a poner en discusión el avance de los delitos digitales y el alcance de la responsabilidad bancaria ante maniobras de ingeniería social que afectan cada vez con mayor frecuencia a usuarios de servicios financieros en Argentina.
Sergio Uñac confirmó que será candidato presidencial del peronismo y sacudió el escenario político del principal partido de la oposición. Con el aval de Cristina Fernández de Kirchner, el ex gobernador de San Juan saldrá ahora a buscar una pata bonaerense para darle volumen a su proyecto político de cara a una eventual primaria presidencial contra Axel Kicillof.
Los cálculos en la mesa chica de Uñac apuntan a convertirlo en un candidato competitivo en el interior del país pero en especial disputar también los votos bonaerenses que representan casi el 40% del padrón electoral del país. Mientras se debate la posible eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a nivel nacional, el sanjuanino ya prepara su plan B para celebrar una interna dentro del peronismo con el objetivo de definir al candidato presidencial del PJ a través de las urnas.
La posibilidad de que Kicillof desdoble el calendario electoral y adelante el comicio a mayo del 2026 para votar al próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, antes de las elecciones presidencial de octubre del próximo año, también abre un enorme interrogante en el peronismo. ¿Tendrán Kicillof y Uñac, en caso de ser ambos candidatos presidenciales del PJ, el mismo postulante a la gobernación o esa disputa se deberá dirimir en una interna bonaerense? ¿Dónde se ubicarían Cristina, La Cámpora y la dirigencia del kirchnerismo en ese escenario?.
Guiño del kirchnerismo
Sin provincia de Buenos Aires, no hay proyecto nacional para Uñac. Por eso el sanjuanino saldrá en las próximas semanas a mostrarse con intendentes y referentes cercanos a Cristina en el marco de su auto lanzamiento como candidato presidencial del peronismo. El vínculo con la ex presidenta es directo y se tradujo en la nota que en marzo le envió en su calidad de presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional para pedirle la convocatoria a internas dentro del peronismo con el objetivo de definir al próximo candidato presidencial. Después de esa solicitud, Cristina le devolvió un llamado telefónico para respaldar el llamado a internas.
Los tiempos se acortan. Falta menos de un mes para el Mundial de fútbol de la FIFA y ya entrado el segundo semestre de este año la mayoría de las provincias ingresará en campaña electoral a partir de lo que se preve será un cronograma de elecciones desdobladas, y adelantadas en la mayoría de los distritos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, y con la incertidumbre en relación a la posible eliminación de las PASO a nivel nacional para definir candidato presidencial en el peronismo, se suma el interrogante que plantea la candidatura de Uñac y su posicionamiento en el principal distrito electoral del país.
¿Puede haber una -otra más- interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires para elegir al candidato a gobernador ante el escenario del desdoblamiento y adelantamiento de esa elección? La pregunta perturba al peronismo ante la urgencia de ir unido a esa elección para no entregarle el resultado a La Libertad Avanza que, con Diego Santilli a la cabeza, se encamina a replicar la alianza con el PRO en territorio bonaerense. La última interna del peronismo para definir al candidato a gobernador bonaerense fue el 2015 cuando Aníbal Fernández derrotó a Julián Domínguez. El resto de la historia es conocida y culminó con María Eugenia Vidal como gobernadora.
Se mueve el peronismo
“Con Cristina inhabilitada, el PJ tiene que ir a internas”, fue la tajante definición del senador nacional por San Juan. Ese pedido de logró además el aval de otros sectores del interior del país mas cercanos al Frente Renovador de Sergio Massa como el que encabeza Guillermo Michel en Entre Ríos. Su candidatura cuenta además con el apoyo de una corriente del peronismo federal nucleada en “Primero la Patria” que el pasado 1 de mayo organizó un acto en Parque Norte.
Se trata de una expresión de peronistas de todo el país, de corriente federal, lanzado en octubre del año pasado en la sede de la UMET, en donde confluyeron figuras como Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora, con dirigentes del peronismo federal que se habían alejado del kirchnerismo como el salteño Juan Manuel Urtube y el dirigente Juan José Álvarez, armador bonaernse de Uñac . No hubo representantes del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof ni ninguna mención al mandatario bonaerense en esa oportunidad.
Sergio Uñac, bonaerense
Mientras Axel Kicillof emerge como el candidato natural en el peronismo, a cargo de la provincia con más electores del país y uno de los principales opositores a Javier Milei, el plan de Uñac apunta principalmente a lograr el apoyo de los sectores del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires para intentar partirle el distrito al actual gobernador y poder ser competitivo en una eventual interna presidencial del peronismo. La Cámpora de Máximo Kirchner cuenta con una sólida estructura política en el conurbano y gobierna distritos como Hurlingham (Damián Selci), Quilmes (Mayra Mendoza), Lanús (Julián Álavarez) pero además tiene aliados clave en municipios con un peso electoral clave como Lomas de Zamora (Federico Otermín) además de su penetración electoral en La Matanza. El sanjuanino ya estuvo además reunido con Leonadro Nardini de Malvinas Argentinas.
El calendario electoral jugará también un rol clave en la interna del peronismo. En especial la posible eliminación de las PASO pero sobre todo el eventual adelantamiento electoral de la provincia de Buenos Aires para elegir candidato a gobernador. Uñac propone que, si finalmente desaparecen las PASO, el peronismo organice una gran interna abierta propia. Y apunta a un esquema de votaciones por regiones -noreste, noroeste, centro y sur- en distintas fechas, y de manera escalonada a lo largo de seis meses. “Es la única manera de fortalecer democráticamente el partido y el liderazgo”, aseguró.
