Luego de semanas de planificar la estrategia y negociar con diferentes aliados, el Gobierno consiguió un primer triunfo parlamentario con la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II, y se encaminaba esta madrugada a obtener el resto de las iniciativas que impulsa, en el marco del objetivo de recuperar la agenda en el Congreso y también de cara a la sociedad.
Antes de la maratónica sesión, fue el propio presidente Javier Milei el que convocó a la Casa Rosada a los legisladores de La Libertad Avanza para explicarles personalmente los argumentos con los que defiende no solo los proyectos de ley, sino también el rumbo general de la economía y de su administración.
El mandatario nacional ya había anticipado un día antes, en la reunión de Gabinete, que no iba a modificar ni un poco el camino de sus políticas, a pesar de las críticas por parte de la oposición.
En ese momento apareció la discusión por el aumento de la morosidad, que en el último tiempo ocupó buena parte del debate público, pero el jefe de Estado insistió con que tomar cualquier medida para solucionar ese problema significaría “hacer populismo“, y no estaba dispuesto a eso.
”Es cierto eso de que hay gente que compró televisores para ver el Mundial, pero hay un montón de factores también. Ha aumentado la posición crediticia del 3 al 12 por ciento, y eso influye. Hay personas que compran en el supermercado con tarjeta de crédito, que lo hacemos todos, y eso cuenta como crédito. Todo eso es lo que pasa y quieren instalar como un conflicto para hacernos quedar como poco sensibles y empáticos”, sostuvo a Infobae una fuente que estuvo en la presentación de Milei y que encarna el discurso oficial.
Al respecto, en la cúpula libertaria remarcan que ”es una cuestión de los privados” y que se generó “por las apuestas, los electrodomésticos, todo un poco”, pero consideran que “no hay ni siquiera que entrar en ese debate, porque es una locura”.
Durante la sesión de este miércoles, la oposición intentó forzar el tratamiento en el recinto de los proyectos sobre morosidad familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad.
Aunque la iniciativa no prosperó, obtuvo 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones, por lo que el peronismo demostró que podría reunir el quorum necesarios para obligar a que el texto sea tratado en otra sesión, que podría ser convocada para principios de septiembre.
”Hicieron esa jugada. Sabían que iban a perder, pero lograron 133 votos, por lo que es un empate para ellos, porque podrían pedir un emplazamiento. En las comisiones de Finanzas y Economía hay varios de esos proyectos. Veremos qué es lo que va a pasar, pero podrían”, lamentó un diputado libertario.
A pesar de este tropezón, unas horas más tarde el oficialismo logró una victoria con la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, con 144 votos a favor y 102 en contra, a partir de la cual se prohibió la emisión sin respaldo, una de las principales críticas de Milei hacia las anteriores administraciones.
Esta era una de las medidas más importantes en la agenda del Presidente, que rápidamente salió en las redes sociales a agradecerles a los legisladores que acompañaron la propuesta.
“!!!Es paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien…!!! Ahora a pelearla en el Senado”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.
Aunque ya tenían desde hace días la confianza de que iba a salir, en la mesa política del Gobierno reconocieron que todo se logró porque “sorpresivamente” convencieron a dirigentes de otros espacios
“Teníamos 136, se nos sumaron los dos del MID; Lourdes Arrieta; el chubutense Jorge “Loma” Ávila; Maximiliano Ferraro, y los cordobeses Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo”, destacó uno de los miembros de ese grupo reducido del Poder Ejecutivo.
Las negociaciones con las provincias fueron clave para esto y, de hecho, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que este miércoles estuvo en el Congreso participando de las conversaciones de último minuto, este jueves recibirá a los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Córdoba, Martín Llaryora, y Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Si bien las autoridades nacionales aseguraron que será para conversar sobre “temas de gestión, infraestructura y energía”, durante estos encuentros se habla también sobre las reformas que quiere aprobar Milei en el Congreso.
En los papeles, la Casa Rosada evalúa avanzar con un esquema de refinanciación de deudas vinculadas al costo de la energía eléctrica para grandes usuarios, que beneficiaria a esas provincias.
En esta misma línea, por la tarde ”El Colo” también recibirá a CristianRitondo y Fernando de Andreis para una nueva reunión de la mesa de trabajo con el PRO, que se inauguró a mediados de este mes.
La nueva etapa de cercanía con estos aliados ya dio sus primeros frutos con las victorias en la Cámara de Diputados y este jueves se pondrá nuevamente a prueba en el Senado, donde La Libertad Avanza, de la mano de la ex macrista Patricia Bullrich, buscará aprobar un lote de más de 50 pliegos judiciales y varios convenios internacionales.
Ya en la madrugada se estaba poniendo a consideración en la Cámara baja un tratado que también generaba mucha expectativa, sobre todo en un conjunto importante de inversores, que es el de las patentes (PCT, por sus siglas en inglés).
El proyecto, que llevaba décadas congelado, fue resucitado en los últimos meses por el interés de algunos sectores y todo indicaba que se iba a homologar, aunque debido a algunos cambios tendría que volver al Senado para su sanción definitiva.
“La innovación y el desarrollo tecnológico son componentes centrales para el crecimiento y la competitividad de un país. Contar con un marco que facilite la protección de las inversiones realizadas en estos ámbitos resulta relevante tanto para el sector privado como para el sistema científico- tecnológico y para la capacidad de la Argentina de integrarse a las cadenas globales de innovación y conocimiento”, aseguraron a este medio fuentes del ámbito empresarial que seguían de cerca la votación.
Aunque quienes promueven la adhesión del país a ese régimen reconocen que es difícil saber “aún cómo cuantificar el crecimiento” que traerá incorporarse al PCT, remarcan que es “algo progresivo de acuerdo a la investigación”, pero podría convertir al país “en un actor clave a nivel mundial”.
El equipo económico viene dando muestras de pragmatismo para reactivar sectores que vienen sufriendo el giro de política económica que impuso el propio Gobierno desde que asumió a fines de 2023. Luego de anunciar una flexibilización de los préstamos en dólares para empresas, ahora fue el turno del crédito hipotecario.
Luis “Toto” Caputo hizo referencia ni bien arrancó la presentación a la “justicia social” de la medida, al promover el acceso a la vivienda propia para miles de familias. El ministro de Economía buscó así apropiarse de un concepto históricamente utilizado por el peronismo, ni bien arrancó con los detalles de los anuncios.
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Además, también se refirió al “efecto multiplicador” que generaría en la actividad el otorgamiento de créditos hipotecarios. Se refería así no solo a la propia actividad inmobiliaria, sino también un posible derrame en la construcción si crece la venta de inmuebles. Y a su vez esto generaría más empleo en el sector, que tiene un comportamiento muy cíclico.
No es casual que el plazo que tienen los bancos que liciten para recibir los depósitos de largo plazo del FGS se haya fijado en solo 90 días. El impacto de colocar unos 18.000 créditos hipotecarios en un plazo tan corto debería ser significativo, teniendo en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires apenas se compraron 5.000 viviendas con hipoteca en los primeros siete meses del año.
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Sin esta medida del Gobierno, el crédito para la vivienda seguiría languideciendo, ante la falta de fondeo de los bancos pero además un contexto que estará marcado por la incertidumbre electoral.
Por otra parte, se trata de una medida que apunta a la clase media, la más golpeada por la reducción del poder adquisitivo. En el ejemplo que brindó el propio Gobierno, una familia primero precisa un ahorro de USD25.000 para comprar una vivienda de 100.000 dólares. Y el ingreso familiar para pagar la cuota debe superar los $3,4 millones mensuales.
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El crédito es uno de los motores que debe volver a encenderse para que se reactiven los sectores que vienen más postergados. La construcción es uno de ellos, pero también la venta de bienes durables, que sufrió el efecto de la retracción del financiamiento desde mediados de 2025.
Mantener las tasas bajas es otra de las claves para apuntar a una reactivación. Cuando la caución bursátil estuvo a punto de superar el 30% anual en pesos apareció el Tesoro inyectando liquidez, a través de la compra de bonos. Y en la licitación de ayer se colocaron títulos cortos justamente para no convalidar el aumento de tasas que se dio en los bonos más largos.
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Las pymes que descuentan cheques avalados, por ejemplo, acceden a financiamiento a tasas de entre 25% y 30% anual, es decir negativas en términos reales. El problema, en todo caso, es la falta de ventas.
Además, la refinanciación de la deuda morosa también requiere que se mantengan tasas relativamente bajas. Incluso el Gobierno optó por mantenerlas sin cambios pese a la leve suba que tuvo el dólar en los últimos días. Se trató de una señal quizás sutil pero no por eso menos importante respecto a la decisión de no impulsar un incremento de tasas en pesos que podría desalentar la reactivación.
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La desinflación en marcha es el otro componente clave del objetivo de impulsar los niveles de actividad sin recurrir a un “Plan Platita”. La buena noticia es que en agosto el índice volverá a estar debajo de 2%, luego de la leve suba al 2,1% en julio. No se trata de un dato menor, ya que quedaría claro que el repunte del mes anterior tuvo más que ver en realidad con factores estacionales (como esparcimiento por las vacaciones de invierno).
El rango de las distintos consultoras va del 1,6% al 1,9% y el otro dato positivo es que la suba de alimentos también habría sido mucho menor respecto al mes anterior, lo que genera menos presión sobre la canasta básica.
Luego del desalojo parcial de dos predios ubicados en cercanías de Villa La Angostura, la semana pasada, la defensa de las comunidades acusadas de usurpar los predios afirmó que tras la ejecución frustrada quedó suspendido el desalojo, aunque fuentes conacceso al expediente confirmaron que el operativo podrá concretarse próximamente.
A través de las redes sociales, las comunidades difundieron imágenes celebrando la supuesta suspensión de la medida.
“Orden de desalojo suspendida, más no anulada. Momentos para festejar y descansar” [sic], difundieron las comunidades a través de las redes.
El abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, aseguró en diálogo con medios locales que “la Justicia suspendió el desalojo” del predio que ocupa la comunidad Quintriqueo (también identificada como Kinxikew).
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Según explicó el letrado, el desalojo no puede considerarse concretado parcialmente. Por el contrario, al no haberse podido completar la diligencia, “el procedimiento quedó frustrado y deberá analizarse cómo continuar”.
Sin embargo, luego de sus declaraciones, fuentes vinculadas a la defensa de los querellantes confirmaron a Infobae que “la medida no se suspende, sino que se debe librar un nuevo mandamiento”.
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El operativo se realizó a mediados de la semana pasada, cuando efectivos de la Policía de Neuquén, funcionarios judiciales y representantes de distintos organismos ingresaron a un predio ocupado por la lof Melo, con el objetivo de desalojar a las comunidades que residían allí, efectivizando una orden dispuesta por el juez Francisco Astoul Bonorino.
La medida se cumplimentó en uno de los lotes usurpados, situado en la costa del lago Nahuel Huapi.
Sin embargo, cuando debían avanzar sobre otra fracción del predio en conflicto —ubicada frente al sitio recuperado—, los oficiales de Justicia no lograron avanzar, debido a la ausencia de funcionarios de minoridad.
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Sánchez hizo referencia a la Guía de Intervención en Desalojos, Desahucios y Mandamientos, aprobada mediante el Acuerdo 5843, y aseguró que “si el desalojo no puede concretarse, corresponde dar por frustrada la diligencia y solicitar un nuevo mandamiento, en caso de que se pretenda avanzar nuevamente con la medida”.
Interpretó entonces que el desalojo fue suspendido y afirmó que el proceso actual “no define la situación de las tierras”, aunque consideró posible la instauración de un espacio de diálogo para avanzar en la resolución del conflicto.
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Para la contraparte, la medida sigue vigente y solo deberá emitirse un nuevo mandamiento. Fuentes vinculadas a la defensa de los querellantes contrastaron la interpretación del abogado de las comunidades y afirmaron que “la resolución no suspendió el desalojo, sino que dispone un nuevo paso procesal para poder continuar con la ejecución de la misma”.
De acuerdo con esa explicación, el juez Francisco Astoul Bonorino resolvió que, al no haberse podido completar el procedimiento en algunos sectores del predio, corresponde emitir un nuevo mandamiento de desalojo.
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Conflicto histórico
El litigio territorial es histórico. El conflicto entre las comunidades Melo y Quintriqueo y la propietaria del predio privado de 624 hectáreas en Bahía Huemul, cerca de Villa La Angostura, comenzó a fines de 2011, cuando integrantes de la familia Melo ocuparon el lugar y luego se sumó la comunidad Quintriqueo.
Las comunidades reivindican el territorio como ancestral y sostienen que sus familias tenían presencia allí desde 1928, mientras que la propietaria presentó documentación registral y obtuvo fallos judiciales favorables.
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La Justicia ordenó el desalojo en 2016 y la sentencia quedó firme tras sucesivas apelaciones, pero su ejecución se demoró hasta agosto de 2026, cuando se recuperó parcialmente una fracción del predio. El caso reavivó la tensión entre las comunidades mapuches y el Gobierno de Neuquén, que sostiene que se trata de un conflicto entre privados y que actuó únicamente en cumplimiento de una orden judicial.
LaLibertad Avanza consiguió aprobar este miércoles, en la Cámara de Diputados, la nueva ley deInocencia Fiscal con la que el Gobierno busca expandir el universo de contribuyentes que podrán sumarse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La media sanción de esta iniciativa tuvo 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones.
Al oficialismo lo ayudaron sus aliados del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo; en contra votó Unión por la Patria, la izquierda y legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
Cómo votaron los diputados la ley de Inocencia Fiscal II
Luego de una extensa sesión en Diputados, el oficialismo logró este miércoles cerca de la medianoche la media sanción del proyecto que extiende el régimen deInocencia Fiscal II. La iniciativa busca estimular que los ahorros que permanecen fuera del sistema ingresen a la economía formal y se orienten hacia la inversión, con el objetivo de impulsar la actividad económica.
El proyecto reunió 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones. Lo respaldaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas —en forma parcial—, el MID, Independencia (Tucumán), Argentina Federal (Salta y Misiones), Producción y Trabajo (San Juan), Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Por Santa Cruz.
Agüero, Guillermo César (UCR – Unión Cívica Radical, Chaco)
Ajmechet, Sabrina (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)
Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza, San Luis)
Almirón, Lisandro (La Libertad Avanza, Corrientes)
Alvarez, Claudio (Argentina Federal, San Luis)
Andreussi, Barbara (La Libertad Avanza, Jujuy)
Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
Arabia, Damian (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)
Ardohain, Martin (Pro, La Pampa)
Arrua, Alberto (Argentina Federal, Misiones)
Avico, Belen (La Libertad Avanza, Córdoba)
Avila, Fernanda (Elijo Catamarca, Catamarca)
Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires, Buenos Aires)
Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza, Formosa)
Becerra, Monica (La Libertad Avanza, San Luis)
Benedit, Beltran (La Libertad Avanza, Entre Ríos)
Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
Bianchetti, Emmanuel (Pro, Misiones)
Biella, Bernardo (Argentina Federal, Salta)
Bonacci, Rocio (La Libertad Avanza, Santa Fe)
Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza, Santa Fe)
Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza, Córdoba)
Brizuela, Adrian (La Libertad Avanza, Catamarca)
Bruno, Eliana (La Libertad Avanza, Salta)
Campero, Mariano (La Libertad Avanza, Tucumán)
Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas, Rio Negro)
Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
Chiconi, Abel (La Libertad Avanza, San Juan)
Cipolini, Gerardo (UCR – Unión Cívica Radical, Chaco)
Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza, Mendoza)
De Andreis, Fernando (Pro, C.A.B.A.)
De Sensi, Maria Florencia (Pro, Buenos Aires)
Diez, Romina (La Libertad Avanza, Santa Fe)
Emma, Nicolas (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)
Falcone, Eduardo (MID – Movimiento de Integración y Desarrollo, Buenos Aires)
Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)
Fernandez, Elia Marina (Independencia, Tucumán)
Fernandez Molero, Daiana (Pro, C.A.B.A.)
Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)
Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
Finocchiaro, Alejandro (Pro, Buenos Aires)
Flores, Maria Gabriela (La Libertad Avanza, Salta)
Fregonese, Alicia (Pro, Entre Ríos)
Frias, Maira (La Libertad Avanza, Chubut)
Gallardo, Maria Virginia (La Libertad Avanza, Corrientes)
Garcia, Alvaro (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
Garcia, Carlos (La Libertad Avanza, Chaco)
Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz, Santa Cruz)
Giampieri, Antonela (Pro, C.A.B.A.)
Giudici, Silvana (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)
Goitia, Rosario (La Libertad Avanza, Chaco)
Gonzales, Alfredo (La Libertad Avanza, Jujuy)
Gonzalez, Alvaro (Pro, C.A.B.A.)
Gonzalez, Diogenes Ignacio (UCR – Unión Cívica Radical, Corrientes)
La fiscal federal Fabiana León, la procuradora adjunta de Entre Ríos Cecilia Goyeneche y la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico, analizaron en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) las dificultades para investigar la corrupción, las demoras judiciales, la influencia del poder político sobre los organismos de control y el desafío de recuperar los fondos públicos desviados.
Conducida por Daniel Enz, la entrevista reunió tres trayectorias atravesadas, desde distintos lugares institucionales, por investigaciones que involucraron a funcionarios y estructuras de poder tanto políticas como económicas y empresariales.
León sostuvo que las demoras no podían explicarse a partir de una sola causa. Recordó que muchas investigaciones dependían de información que permanecía en manos de los mismos organismos vinculados con los hechos bajo análisis. “Los tiempos políticos determinan que podamos acceder a lo que necesitamos o no”, afirmó. También relativizó la idea de que la Justicia siempre actuaba con lentitud y mencionó investigaciones que avanzaron con rapidez, entre ellas la tragedia ferroviaria de Once y la instrucción inicial de la causa de los Cuadernos de la Corrupción.
Talerico fue más enfática al referirse a las resistencias internas. “También pasa esto: tenemos jueces que están al servicio, muchas veces, de los investigados”, advirtió al analizar algunos episodios judiciales que, según su interpretación, afectaron el desarrollo de grandes expedientes por corrupción.
Goyeneche puso el foco en un mecanismo que, a su juicio, atravesó numerosas causas: el uso del tiempo como estrategia de defensa. “La investigación del poderoso, mientras ese poderoso todavía tiene poder, naturalmente tiene que atravesar o tiene que soportar una estrategia”, explicó. Esa estrategia, resumió, “es el tiempo”. Planteos sucesivos, recursos y demoras podían terminar produciendo un efecto paradójico: que, después de años de proceso, una investigación perdiera eficacia o incluso concluyera sin una respuesta proporcional a la gravedad de los hechos.
La procuradora entrerriana también subrayó la importancia de la opinión pública y del periodismo. Consideró necesario que dejar transcurrir el tiempo debe tener un costo institucional y social, especialmente frente a investigaciones que involucran a personas con capacidad de influir sobre las estructuras del Estado.
La entrevista con Daniel Enz avanzó luego sobre el recupero de los activos. Para Goyeneche, se trataba de “la cuestión probablemente más difícil”. La circulación global del dinero, la falta de fronteras efectivas para determinados movimientos financieros y las limitaciones de recursos complican la tarea de seguir el destino de los fondos. “Estamos tratando de probar la responsabilidad por lo que pasó, pero a la vez tenemos que hacer una investigación en paralelo, para demostrar qué pasó con ese dinero”, señaló.
Las tres coincidieron -con distintos matices- en la necesidad de fortalecer la independencia de quienes investigan y de limitar las posibilidades de ocultamiento dentro de la administración pública. León propuso ampliar los mecanismos de trazabilidad y acceso a la información. “La sociedad tiene derecho a ver en qué se gasta su dinero”, afirmó, antes de cuestionar la persistencia de una lógica de tolerancia frente a la corrupción: “La sociedad no puede seguir tolerando ´el roban, pero hacen´”.
Talerico, por su parte, advirtió sobre una “corrupción sistémica, estructural” y sobre la fragilidad de organismos que, según sostuvo, podían convertirse en “apéndices del poder político”.
Goyeneche volvió sobre una cuestión central: investigar a quienes conservan poder, resulta materialmente más difícil porque ese poder puede extenderse sobre las fuentes de información y los mecanismos institucionales.
Hacia el final de la entrevista en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), y pese a las diferencias en sus diagnósticos sobre algunos actores y gobiernos, las tres entrevistadas dejaron una idea común: la lucha contra la corrupción no depende exclusivamente de fiscales, jueces u organismos especializados. León habló de “la persistencia en el ejemplo”; Talerico reivindicó la necesidad de sostener valores y convicciones aun frente al desánimo; Goyeneche apostó por un cambio cultural y advirtió que “la desesperanza, creo que en esto no es un buen mensaje, porque retrae las posibilidades de participación”.
La discusión, en definitiva, excedió el expediente judicial. Puso en el centro una pregunta de alcance político e institucional: cuánto puede investigar una democracia cuando quienes deben ser investigados todavía conservan poder, recursos e influencia sobre los mecanismos destinados a controlarlos.
-En la Argentina muchas grandes causas de corrupción terminan demorándose durante años. ¿El problema es la complejidad de investigar la corrupción o hay también decisiones y mecanismos dentro de la Justicia y la política que terminan favoreciendo esa demora?
-Fabiana León: Hay muchas causas. Una de las cuestiones principales es que, para hacer una investigación de corrupción, como se refieren generalmente a movimientos, documentos, expedientes que están en organismos oficiales, durante el gobierno X pedimos a los organismos los expedientes para la investigación del gobierno X, imagínense que no los tenemos disponibles. No podemos acceder. Muchas veces se nos cuestiona a la Justicia Federal de Buenos Aires, se nos llama que somos “tiempistas”, “los tiempos políticos”. Pero, los tiempos políticos determinan que podamos acceder a lo que necesitamos o no. Eso es una realidad. Más allá que a veces las cosas no salen como uno quiere. Pero, hay causas muy grandes que tuvieron sus decisiones finales en forma muy rápida. Hoy recordábamos… fui como segundo fiscal, en el choque del tren de Once, donde murieron un montón de personas, se lesionaron un montón de personas, y, además, estaba atravesado por un tema de corrupción. En menos de un año se hizo la investigación y la causa estuvo en juicio. Y en un año exacto se tuvo la sentencia. ¡Es un muy buen tiempo! La causa de los Cuadernos. En un año se hizo toda la investigación y la instrucción. Se tardó en esta etapa de juicio. Pero, no en ese momento. Entonces, son muchos factores. No todos están dispuestos, además, a hacer grandes esfuerzos para ir más rápidamente.
-María Eugenia Talerico: Creo que un poco, como dice la doctora León, la prueba que uno va a buscar, generalmente, está dentro de las oficinas donde está la prueba. Pero, también creo que cuando hay voluntad de investigar están las órdenes de presentación, los allanamientos, las intervenciones de teléfono, y un montón de cosas que tienen que ver con jueces bastante laxos a la hora de investigar. La demostración en la causa de los Cuadernos, que es una de las causas más complejas de corrupción, porque, además, están los dos lados del mostrador en esa causa… Imagínese todo lo que se organizaba para que esa causa no llegue a ningún lado. Y en un año se hizo una instrucción, se verificó los cuadernos, se hicieron las pruebas necesarias para elevar esa causa a juicio. Después tuvieron 6-7 años, hasta que se pudo iniciar el juicio oral, incluso con un traspié en la investigación, que me acuerdo en ese momento cuando la Cámara de Casación, incluso con los doctores (Carlos) Mahiques, (Diego) Barroetaveña y (Daniel) Petrone, tratan de sacar y extraer de la causa de los cuadernos a (Ángelo) Calcaterra como una prueba, diciendo que eran aportes de campaña (electoral), una resolución inédita que destruía las posibilidades del juicio oral. Entonces, también pasa esto: tenemos jueces que están al servicio, muchas veces de los investigados. Se pidió el juicio político de esos tres jueces por lo que había sucedido en Cuadernos, y, entonces, también existen estos traspiés, porque hay jueces que están dispuestos para trabajar para que esas causas no lleguen a ningún lado. Entonces, es un poquito de todo.
-Uno lo que nota es que hay un sistema perverso. Por un lado, dicen, sí, tenemos que avanzar, pero, son los mismos que tratan de impedir que haya presupuesto para las pericias. En Entre Ríos lo vivimos muchas veces: hay dos contadores para no sé cuántas causas.
-Cecilia Goyeneche: es uno de los factores, digamos. Creo que la investigación del poderoso, mientras ese poderoso todavía tiene poder, naturalmente tiene que atravesar o tiene que soportar una estrategia… que es una estrategia que está presente siempre: y es el tiempo. El tiempo… nosotros lo hemos visto en las causas más importantes de la provincia, que las defensas se organizan para ganar tiempo. Entonces, planteos absurdos, recursos hasta el infinito y más allá, y algún sector del poder judicial que es permeable a esto; no necesariamente todos ellos porque estén en consonancia con estas personas, sino que muchas veces porque es más más fácil o es más cómodo ceder a esas presiones. Entonces, en la medida en que no haya… Por eso es tan importante -y aclaro, que esto es uno de los temas centrales que vamos a tratar mañana en el Congreso Anticorrupción-, así que vamos a dejar algunas cosas sin decirles. Pero, quiero decir: es tan importante que haya una mirada de la sociedad en general sobre esto y presión del periodismo para que eso no ocurra. Porque también es necesario que el esto se vea como un costo. Cuando no se ve como un costo dejar que pase el tiempo, nos encontramos con que pasados X cantidad de años resulta que incluso nuestra Corte Suprema dispone de un sobrecimiento o de una absolución por excesiva duración del proceso. Entonces, hemos visto gente condenada por hechos de corrupción que, de pasado una cantidad X de años, el año pasado ocurrió en la causa de venta de armas a Ecuador donde sobreseyeron al exministro (Domingo Felipe) Cavallo después de la Corte tuvo 7 años el expediente.
María Eugenia Talerico es exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF).
– ¡En Entre Ríos hay causas por enriquecimiento ilícito que llevan más de 10 años! O casos como la “causa contratos truchos” de septiembre de 2018, y recién, el juicio quizá, no sé si se va a realizar el año que viene. Supuestamente se debería hacer, pero, estamos hablando de septiembre de 2018.
-María Eugenia Talerico: Eso es el poder. El otro caso, por ejemplo, paradigmático, que es Hotesur y Los Sauces, es uno de los desprendimientos de las tres grandes causas del kirchnerismo, ¡no sé qué están haciendo que no fijan fecha de juicio oral! Ahora, un caso más reciente, el caso (Manuel) Adorni… pidió prórroga, 15 días más para explicar su enriquecimiento ilícito. Escúchame… hace mucho que venimos presenciando, o sea, sabemos más nosotros que el propio Adorni lo que tiene que explicar. Y le dan la prórroga. El otro caso que se ve de AFA, por ejemplo. El financista había mandado a su secretaria a limpiar los galpones, a esconder la prueba. ¡Y el tipo está libre! Entonces, la verdad que también hay una cuestión que tiene que ver con los corruptos y los poderosos, que no se les animan, porque tienen que estar todos resguardados en prisión. Miren, la causa de los Cuadernos creo que tuvo esto: un juez que se animó a disponer las prisiones o las detenciones simultáneas ¿Para qué? Para que no coordinen, para que no borren pruebas, para un montón de situaciones que permitió descubrir la verdad. Hay mucha tibieza y mucho miedo. Algunos para no tocar la cola al león y otros porque realmente son parte del problema. Obviamente, estoy mirando mucho a la Justicia Federal de la Capital Federal, y ahí hay muchísimos que son parte del problema.
-Doctora León, ¿la causa Cuadernos fue lo más complejo que le tocó atravesar como investigación?
-Fabiana León: No. Justamente, la que se mencionó: la de contrabando de armas. Tuve muchas causas grandes. En estos momentos estoy haciendo, junto con la causa de los Cuadernos, otra causa de corrupción que es muy importante, que está pasando por debajo del radar de la prensa y de todo el mundo.
– ¿La puede mencionar?
-Fabiana León: Sí, por supuesto. Es la causa Odebrecht. Es lo que ocurrió en la Argentina y lo que en Brasil se llamó el Lava Jato… la parte Argentina. La empresa obtuvo condena desde Estados Unidos hasta casi todo el continente. Se suicidaron Presidentes. Sí, Odebrecht realmente está tremendo.
-María Eugenia Talerico: Y presidentes presos como en Panamá. Hay muchos problemas.
-Fabiana León: Tremendo. Y ahora la estamos haciendo… estamos esperando tener una finalización dentro de poco.
– ¿Y por qué considera que pasa por abajo de todos? Porque fue una causa internacional muy fuerte en toda esta región. Hemos hablado mucho con los periodistas brasileños…
-Fabiana León: Claro. Espero… nos falta poco para terminar el debate, que, como les digo, nadie lo está siguiendo con la atención que merece el tema. Porque el tema es realmente importante. Hace poco también, el año pasado, terminamos el juicio de unas presuntas importaciones de gas natural licuado, que fue otro tema de corrupción muy importante, donde obtuvimos las condenas de todos los imputados. Entonces, el delito que se imputa en la causa Cuaderno son dos delitos: uno es el cohecho, que es lo que la gente llama las coimas. El que da las coimas es la parte empresaria, y el que las recibió, es la parte de los funcionarios. Y el delito de asociación ilícita, de una parte de ellos. Entonces, como delitos, no son delitos complicadísimos. Lo que es complicado es la prueba. Por ejemplo, en una audiencia, una abogada defensora le preguntaba a un testigo si había tenido un recibo. O sea, el que entrega una coima no espera que alguien le dé un recibo, una factura, que lo deje anotado, asentado, no sé… en la declaración de Ganancias. Esa es la dificultad: no se puede investigar, juzgar, en estos delitos como en otros delitos que tienen una prueba más franca, o sea, por testigos. Acá no hay testigos.
-María Eugenia Talerico: Menos mal que hubo un señor que escribió Cuadernos, de todos modos. Y una cuestión muy interesante, porque yo fui cuando se inició ese juicio, como Unidad de Información Financiera hemos participado en muchos de los grandes temas de corrupción. Y quería destacar algo que pasa cuando hace tantos años pasó el proceso, que es la soledad de las personas que van a declarar a estos juicios después de tanto tiempo y que hicieron un trabajo. Fui a la declaración del periodista Diego Cabot, que se la vio bastante complicada, porque denunciar a los principales empresarios de este país, te cierran las puertas. Literalmente, en todos lados. Y fueron 11-13 horas, no sé cuánto, de declaración y fue un momento de decir: me voy a Tribunales a ver a este periodista y a apoyar, porque es muy importante el periodismo de investigación. Y después de tantos años lo que sentís es que estás solo. Entonces, esto pasa mucho en los casos de corrupción, después de muchos años en los que se investigan, y después el costo, ¿no? Tengo a mi lado a una persona (por Cecilia Goyeneche) que padeció en primera persona el costo de investigar a los corruptos, porque generalmente quedas como desubicado vos. He pedido el juicio político de algunos jueces que se portan muy mal, y ese día entraba a Comodoro Py con la sensación de decir: ¿qué me van a decir? Y, en realidad, al problema lo tienen ellos.
-Cecilia Goyeneche, el recupero de los fondos públicos desviados sigue siendo una cuestión pendiente en toda esta historia?
-Cecilia Goyeneche: Absolutamente, absolutamente. Y la cuestión probablemente más difícil, ¿no? O, al menos, dentro del sistema de investigación penal nos cuesta muchísimo acceder a esa información. Esencialmente, porque nosotros administramos recursos sumamente escasos y sentimos que estamos siempre por detrás de la información necesaria. Por detrás de las posibilidades de acceder a la información. Imaginen que es un problema que tiene toda la delincuencia económica que tiene que ver con la universalización de la circulación del dinero. No hay fronteras, no hay soberanía, no hay límites de los Estados. Hoy el dinero no pertenece a una emisión estatal: es un token o un numerito en una cuenta X que no se sabe ni dónde está depositado. Entonces, hace falta mucha inversión del Estado en generar, poner plata y poner cabeza en cómo nos vamos a ocupar de esto. Para los fiscales, esto nos genera una angustia adicional, podríamos decir, en las investigaciones, porque estamos tratando de probar la responsabilidad por lo que pasó, pero a la vez tenemos que hacer una investigación en paralelo, para demostrar qué pasó con ese dinero, a dónde fue. Tratar de encontrarlo, conseguir que nos contestan en los lugares, que trabajan con otros idiomas.
-Fabiana León: Y no todos los países colaboran.
-Cecilia Goyeneche: No todos colaboran. Claro.
-Siempre discutimos con los colegas de otras provincias cuando nos preguntaban el tema de cómo se manejó la cuestión de la corrupción en Entre Ríos. Siempre les remarcamos que más allá de que uno puede ser crítico de muchas situaciones, Entre Ríos está muchos pasos adelante de otras provincias donde no se meten con el poder por miedo, porque hay pactos de poder existentes desde hace décadas, donde nadie se mete con el empresario, con el político, con nadie de la Iglesia, con nadie de los gremios. Insistimos, más allá de críticas que podemos hacer…
-María Eugenia Talerico: Acá por lo menos se ven los casos que saltan.
-Claro, acá (en Entre Ríos) hay condenas. ¿Nos sabemos cuánto tiempo tienen ustedes para mirar lo que pasa en otras provincias? ¿Y cómo ven en Entre Ríos respecto de las provincias con relación a esto que estamos remarcando?
-Fabiana León: Tengo una causa desde hace un montón de años. No puedo lograr el juicio porque, materialmente, no nos alcanzan los días de la semana. Necesitamos más horas, más días, más todo. Es una causa que, en su momento, imputa a los tres jefes de Gabinete desde el 2008 hasta el 2015, y a una enorme cantidad de intendentes de todo el país. Por supuesto, tenemos de Entre Ríos también. Se les dio un plan para el manejo de la basura, un dinero, y ese dinero no se usó para el manejo de la basura. Por ejemplo, alguno compró una ambulancia, y cuando se lo interrogó, dijeron: bueno, es que necesitábamos más de una ambulancia. Claro. Bueno, pero te dieron la plata para la basura, no para la ambulancia. Otros, directamente, el dinero se encontró en las cuentas de la hermana de un intendente, que se hacían depositar entre ellos. Otro hizo un quincho más grande en la casa. Bueno, esta investigación tengo a los tres jefes de Gabinete de la Nación imputados y 112 intendentes de todo el país. Entonces, claro, vemos también lo que pasa en las provincias. Y más lo vemos en temas de narcotráfico, que también son de la competencia que tengo. Pero, en el tema de corrupción, recién veníamos hablando con Cecilia, la corrupción es como una mancha venenosa, que donde toca, estropea, degrada, deteriora. Por eso es tan importante… le decía Cecilia que la causa Cuadernos, prácticamente, es descubierta por una investigación periodística. La causa Odebrecht en parte ahora, también va a venir a declarar (Hugo) Alconada Mon que tuvo un rol importante en esta investigación con los Panamá Papers. Pero, no alcanza. Realmente, es necesario que haya un compromiso de toda la sociedad, porque cuando hay corrupción, la sociedad no se puede desarrollar, no se pueden desarrollar sus hijos.
-Es plata que no llega a los hospitales, a las escuelas, a las rutas…
-Fabiana León: Exactamente.
-María Eugenia Talerico: Yo creo que lo que pasa también es que el poder político ha tomado control de los lugares donde se investiga a los distintos lugares de corrupción a nivel local. Están todos desesperados para ver cómo se designan a los jueces, cómo se los remueven, quiénes son los controlados, y también los lugares donde hay que ir a buscar la prueba. Entonces, otra vez lo mismo, es ese sistema del político que controla al juez o a los jueces que se corrompen. En la provincia de Santa Fe, todos los temas de narcotráfico que hay con un montón de jueces ahora involucrados en este problema. Entonces, me parece que tiene que ver con eso: la corrupción sistémica, estructural que se metió como costumbre y práctica en un montón de lugares, y que hace que, entonces, exista impunidad. No puede ser que casi que no escuchemos escándalos de corrupción en muchas provincias. En Entre Ríos ha habido, de hecho, tenemos hace poquito un señor (Edgardo) Kueider, que era el senador (nacional) por la provincia, cruzando la frontera. Eso se descubre y salta a nivel más nacional, quizá en la investigación, ¿no? Pero, en las provincias es como que no hay corrupción, sabiendo que es un problema sistémico, estructural, y que se ponen en el supermercado los pliegos de los jueces para que los gobernadores vayan y elijan a sus jueces. Me parece que el problema que tenemos es ese: es un problema de la Justicia ante la impunidad y un desesperado control de parte del poder político para no ser juzgado.
Fabiana León es fiscal federal.
– ¿Cuándo ustedes consideran que se va a romper esa cuestión de que investiguemos al funcionario, que ya no es funcionario? Pero no nos metamos, con los que están gobernando, que tienen denuncias o que cometen delitos. No debería ser así, pero ocurre…
-Fabiana León: Nosotras, en particular, nunca tuvimos ese prejuicio.
-Cecilia Goyeneche: Lo que llaman deflexión estratégica, ¿no? Un poco, Fabiana, lo que decía al principio, es que es muy difícil investigar materialmente al que está en el poder. Sobre todo, cuando tiene muchos años en el gobierno, genera que en todos los organismos públicos ha tenido tiempo de meter algún dependiente que le responda. Y entonces, la información llega a cuentagotas. Eso es un problema. Y, por otro lado, es creo que el objetivo es cambiar eso. El objetivo es que eso se modifique, pero para eso nosotros tenemos que garantizar independencia de los funcionarios, tenemos que estar atento los concursos, quienes llegan al lugar, tenemos que estar atento a que los procesos de destitución no sean un mamarracho, como para que tenga el miedo a perder el trabajo cualquiera que investigue a un político. Todo eso es parte del mismo problema. No es solamente que la Justicia espera el momento en que se pierda el poder. Bueno, a veces es también comprensible, y hay un sistema trabajando para que eso ocurra. Para que nadie que está con el poder sea juzgado.
-Y a eso tenemos que sumarle el rol de los organismos de control. Aquí hay organismos de control que son cómplices totales y todo el tiempo…
-María Eugenia Talerico: Lo que ahora las designaciones y los procesos de remoción de los organismos de control tienen la misma debilidad institucional que el resto. O sea, son apéndices del poder político y no son personas independientes, autónomas que, obviamente, puedan estar cumpliendo su labor. Y, después también creo que se complejizó otra cosa. Antes, por ahí era esto… la cronoterapia, el investigar… pero, ahora, realmente, a veces tenés unos aprietes, unos carpetazos y toda una situación extorsiva a través del uso de inteligencia o de la parainteligencia. Debe ser difícil trabajar en un país donde ya el poder político, en algunas estructuras mafiosas, se transformó en eso: se transformó en mafia que aprieta y te aprieta a vos y a tu familia. Más allá de la opinión que tengo respecto del doctor (Eduardo) Taiano, cuando firma o no firma la apelación en el enriquecimiento ilícito de los Kirchner, era porque le habían secuestrado o demorado a un hijo en algún lugar. Entonces, pasaron un montón de cosas en este país a esta altura, con la degradación que ha habido y la sofisticación de las mafias y de este entramado de dinero, poder político y Justicia.
-Fabiana León: Yo creo que se puede establecer nuevos mecanismos. Lo principal -según la experiencia que tengo de muchos años en esto-, es establecer mecanismos en la administración pública que dificulten que se puedan encubrir estos problemas. Por ejemplo, que toda la información relacionada con el manejo de dinero tiene que estar en línea y tiene que ser algo permanente. No puede existir el expediente papel y el giro del expediente por no sabemos cómo. Tiene que estar en línea todo, quién intervino, quién lo tocó. De la misma manera, cada funcionario que habilita un pago o habilita una obra o habilita una licitación. En eso tiene que intervenir la menor cantidad de gente. No puede ser que intervengan 20 personas, porque se diluye toda la responsabilidad: alguien se tiene que hacer responsable. Y todo tiene que estar y tiene que ser de fácil acceso, de acceso inmediato para nosotros y para la sociedad toda. La sociedad tiene derecho a ver en qué se gasta su dinero. La sociedad no puede seguir tolerando “el roban, pero hacen”. Va a robar, pero me va a hacer el puente acá en la esquina de mi casa. ¡No!
-María Eugenia Talerico: Mientras el bolsillo esté más o menos bien… Se tolera… Y, además, porque la ciudadanía tiene para mí la gran desazón de que al final terminan siendo todos lo mismo. Esa sensación es muy profunda. Y, entonces “el roban, pero hacen” es casi darles ese voto de confianza. Pero, la digitalización del expediente, lo electrónico ¡es transparencia! Y por eso avanzan, retroceden… porque, obviamente, eso da mucha transparencia. La ley de Acceso a la Información Pública en todos los estamentos, porque son todos avances, por lo menos tener la ley.
-Se queja mucho la dirigencia política, pero hay una ley y tienen que responder y tienen una estructura para responder.
-María Eugenia Talerico: Absolutamente. Escuché la discusión en Entre Ríos de la Ley de Ficha Limpia y la Ley de Ética Pública… Es increíble que a esta altura no tengamos eso en muchísimos lugares. Me alegro que se esté avanzando. Y el mensaje es: no es condena firme, porque el gobernador (Sergio) Urribarri que ahora está en su casa y debería estar preso, el gobernador Urribarri podría, si tenemos esta Ficha Limpia que pretenden que sea con condena firme… nunca más terminan. Y la verdad es que doble conforme y estás afuera. Aclará tu cuenta y volvé eventualmente a disputar un puesto político. Pero, lo mínimo indispensable es que una persona que tiene un proceso penal porque delinquió en la función pública que esté afuera. Entonces, todas estas cosas que también son avances que vienen de parte de alguna demanda ciudadana, más allá de estándares internacionales y un montón de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el control de las declaraciones juradas en las Oficinas Anticorrupción. Otros organismos donde sería tan fácil detectar si hay intereses contrapuestos: ¿qué pasa con la declaración jurada de inicio? Nadie ni las mira. Entonces, para qué tenemos tanta Oficina Anticorrupción si después nadie va a mirar la declaración jurada de inicio… la de fin… la de durante los años… Todo esto funciona deficientemente, por eso lo importante también es tener las leyes, pero tener los presupuestos y tener los organismos organizados para poder cumplir. Estos son todos procesos de transparencia, la verdad.
-Cecilia Goyeneche: Comprendamos que los procesos inflacionarios que hemos vivido son funcionales a la opacidad de la administración pública. Porque no hay forma de poder valorar cuánto se llevaron, si la declaración jurada de inicio coincide con la de salida, porque en esos cuatro años hubo una inflación galopante que nadie puede -si no tiene un doctorado en Economía- controlar.
Cecilia Goyeneche es procuradora Adjunta de Entre Ríos.
-Además, la opinión pública deja de mirar esas cuestiones para ver cómo consigue plata para darle de comer a sus hijos.
-Cecilia Goyeneche: Ni hablar. Pero, además, el puente que se contrata por 10 se termina pagando 1.000, y no sabemos si es porque se llevaron 990 o porque la inflación lo justifica. Entonces, eso es un problema… El problema para esto que dice María Eugenia: el control ciudadano con esos parámetros es casi nulo.
-Aquí han existido muchas causas, muchas de ellas con condena… de gobiernos de Carlos Saúl Menen, de Fernando De La Rúa, aunque hubo menos…
-María Eugenia Talerico: Al primer juez que destituyen es porque un señor investigó, hizo un placar. No sé si se acuerdan: el doctor (Francisco) Trovato. El juez se había hecho un placar. Ahora estamos hablando de un nivel entre los aviones y la fiesta, que ni eso le cierran para después explicar los viajes que hacen, además.
-Peor, después llega el kirchnerismo con los hechos ya conocidos, tanto de Néstor como de Cristina; Alberto Fernández. ¿Cambió algo con Javier Milei? Porque Milei hizo campaña hablando de la casta…
-María Eugenia Talerico: Está escribiendo un libro. ¿Saben cómo se llama? “La moral como política de Estado”. A mí ya siento que me está tomando el pelo. Porque la moral como política de Estado, y más allá de las personas que lo rodean, que tienen una historia política, como pueden ser los Menem y sus familias o lo que sea, los escándalos. José Luis Espert, que querrá aclarar lo que quiere aclarar, pero se tomó más de un avión con el señor que está condenado por lavado de dinero en los Estados Unidos. No explicó bien su contrato, porque, además, ahora todos se creen unos campeones mundiales que nos explican cosas, pero siempre, espontáneamente, no te pueden explicar nada, porque, obviamente, había cobrado dinero. El caso Adorn… el caso $Libra no lo entiende nadie, pero son unas personas que, con cripto y demás, estaban haciendo negocios, accedían al presidente (por Milei), y el presidente tuitea un código para hacer un negocio que queda clarísimo lo que es, pero pongan que no sabemos muy bien. Bueno, … la cascada de Adorni sí la vemos. A la cascada de Adorni sí la vemos. A los placares de (Fernado Gabriel) Cerimedo, este señor que tan cerca del presidente estuvo y que últimamente encima se le dio por retuitear el apoyo a Cerimedo, esos dineros en efectivos en los placares, eso es gente que rodea al presidente de la Nación. Y al y jefe de gabinete, él lo banca. El doctor (Ariel) Lijo es un señor muy corrupto, de los peores jueces que pueda tener el sistema judicial argentino, y fue el primer juez propuesto para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y uno podía pensar que era un outsider. Pero, empiezan a pasar muchas cosas porque (Diego Spagnuolo) era el abogado del presidente y el jefe de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), donde, supuestamente, se pedía coimas. Ponele que los audios se anulen. El entramado de negocios que había ahí era espantoso. Y, si el abogado del presidente no participaba, destripaba un entramado que viene desde hace muchos años. La causa del fentanilo. El esquema de descontrol que hay con Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), y lo que nos pasó, porque se murió gente con el fentanilo. Ahí, a lo mejor, el gobierno, ¿no? … son estructuras viejas, igual que los señores estos que pusieran en el ONSRA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos), en transporte, el señor al que te allanaron, plata, drogas, armas. O sea, hay lugares donde decís, bueno, puede llevar un tiempo descubrirlos. En otros lugares, a personas que el presidente banca, a mí que no me vengan con el cuento de la moral como política de Estado.
-Usted estuvo en la UIF en tiempos de Mauricio Macri, que no lo mencionamos. Esa esa fuerte relación de Macri con mucha gente de la Justicia conspiró de alguna manera en su trabajo o notó que de alguna manera hubo acuerdos. Podemos recordar ese encuentro de jueces y fiscales en el Sur en Lago Escondido, en lo de Lewis.
-María Eugenia Talerico: No tuve ningún problema, no participé en ningún lugar donde se haga nada que fuera indebido. Y no te voy a decir, no por el presidente Macri en particular, pero uno como funcionario tiene que hacerle aprender al sistema que uno no va a participar de ninguna cuestión que tenga que ver, por ejemplo, con el uso de la información que tiene la Unidad de Información Financiera, para hacer compaña política en contra de alguien. Entonces, trabajamos con muchísima tranquilidad. Incluso, hemos cooperado con Panamá Papers y con causas como parques eólicos, que me acuerdo, con causas que pueden haber surgido en ese momento y que podían tener a personas del gobierno del presidente Macri involucradas en esquema de corrupción.
-Fabiana León: Sí, creo que, por ejemplo, no estaba nada feliz Macri, con la investigación de Cuadernos. Una de las razones era que los contratos de obra pública que estábamos detectando como indebidos, tenían no estaban ejecutados. Entonces, había que seguir o parar las obras. Había que tomar decisiones políticas y decisiones económicas. También había una cuestión económica, no relacionada con la corrupción, sino con el desarrollo económico del presupuesto. Pero sí, sabemos que no estaba nada feliz. Ahora, nunca hizo ningún tipo de presión, al menos yo nunca me sentí particularmente presionada porque me da igual.
-María Eugenia Talerico: Igual creo que las acusaciones del lawfare (o guerra jurídica) del kirchnerismo son absolutamente falsas. Acá nadie persiguió nada. Las pruebas y los expedientes desparraman, se pesan, para decirlo de alguna manera, con lo cual esa persecución del lawfare y decir que las agencias del macrismo los perseguían es absolutamente falso.
-Fabiana León: Lo estamos demostrando, incluso en el juicio.
-Cecilia Goyeneche: Es que cualquiera que se sienta, o sea, este argumento del lawfare es un argumento que, al que se echa mano con mucha facilidad, ha pegado en la Argentina y en otros países del mundo también. Contando con que la gente, el que oye ese argumento, o el bien lo cree políticamente, porque ideológicamente le sirve, o bien no va a tener tiempo de sentarse a ver una audiencia como la que está llevando adelante ahora la doctora León. Entonces, quien se sienta con tiempo a ver, escuchar alguna parte nomás, no tenés que verlo entero… alguna parte de las testimonios que se están brindando en la causa de los Cuadernos se dará cuenta de todo el disparate que se dijo al principio, sobre sobre, el cómo se había construido esta causa… no tienen sustento. Entonces, el tiempo, un poco, en esto va poniendo las cosas en su lugar y va demostrando qué puede ser una causa que se trató de impulsar, no desde el poder judicial, sino desde la política, porque sí sabemos que se tiran con cuestiones penales, se tiran con afirmaciones, o que se denuncian o generan denuncias políticamente.Ahora, cuando nosotros vemos que una causa prospera, cuando vemos que un fiscal lleva, acusa o decide llevar una causa a juicio, generalmente, no es nadie… lo empezamos a ver y nos encontramos con que la prueba está y que la prueba lo dice todo. Por eso, el problema es con el tiempo también. Y volviendo a lo que decíamos al principio: para nosotros, la gente tiene la sensación de que no pasa la investigación, de que no se está haciendo nada, y el que trabajó desde el primer día en la causa y sabe que la prueba está, lo que más quiere es que llegue el juicio y poder mostrarla.
-Ustedes tres tienen ya varios años trabajando contra la corrupción. Décadas, se podría decir. ¿Cómo miran o cómo ven de acá a 5 o 10 años con las nuevas generaciones de fiscales o de dirigentes que se involucran en esto? ¿Cuánto les preocupa saber qué compromiso van a tener las generaciones que vienen? ¿Estarán preparados? ¿La tecnología -como la Inteligencia Artificial- los ayudará o los a perjudicará?
-Fabiana León: Lo hacés con el ejemplo. Lo hacés con el ejemplo. Yo tengo un grupo de trabajo excelente, que los cuido mucho. Pero, todo el tiempo tengo conciencia de que tengo que ser un ejemplo para ellos y para mis compañeros, que no les puedo fallar. Y eso se construye todos los días: el respeto entre colegas, entre nosotros, los fiscales, de tener una conducta, una forma, incluso, a veces tenemos discusiones entre nosotros, pero tener valores que sean inclaudicables. No hay otra forma de hacerlo sino es a través del ejemplo, de la persistencia en el ejemplo. Yo voy a trabajar todos los días. Cuando nos encerraron en el 2020 (por la pandemia del Covid-19), en mi fiscalía estábamos todos trabajando dentro de la Fiscalía… de trabajar… de trabajar, de no obtener ventajas de nuestro trabajo. Y tengo la enorme satisfacción de que toda la gente que ha trabajado conmigo en estos más de 30 años, en este momento han concursado y han ganado cargos y los están ejerciendo. Y hoy son jueces, son defensores oficiales, son fiscales, son jueces de Casación, incluso. Y eso para mí es una enorme satisfacción. Cuando me toca ser jurado de un concurso, que me toca con mucha frecuencia, porque, lamentablemente, está mi bolilla por ser mujer y no por ser fiscal -cosa que me molesta bastante-, es tremendo lo que una se esfuerza sabiendo que esa persona que está concursando se está jugando su carrera. Y nosotros estamos eligiendo a los que van a desempeñar la función, y les ponemos la vara altísima.
-María Eugenia Talerico: Yo venía al Congreso (Anticorrupción)… fui invitada a este Congreso, creo que es la tercera o cuarta vez que vengo, y lo primero que miro es el panel judicial. Porque hay mucha hipocresía. Y no hubiera venido a un Congreso si yo sé que alguno de esos invitados a mí me genera una irritación porque los conozco. Porque la gente no conoce a todos. Pero, yo sé tanto de esa hipocresía. Y la verdad que es un lujo, porque no solamente tener a Cecilia o a la doctora León, está el doctor (Ricardo) Toranzo también, y mañana viene Mario Villar, que es un fiscal de la Casación ejemplar. Y, realmente, no podés decir mucho, de muchos de estos. Lamentablemente, esto es así. Yo creo que la ejemplaridad… estuve en un sillón importante de la función pública, no solamente me educaron a mí para esto, para ser una persona honesta, sino que me irrita la injusticia que provoca la corrupción y la hipocresía. O sea, cada vez más me irrita. En realidad, los conozco. Entonces, es el ejemplo, es haber estado en un lugar a prueba, saber que, obviamente, mis valores y mis convicciones siguen ahí. Y después este sentimiento que a mí me genera la corrupción. Ahora, en este gobierno -como yo me creí que venían a combatir a la casta corrupta-, porque, ¿qué es la casta? Son los corruptos. Son los que usan privilegios, abusan del poder, por ahí se enriquecen, por ahí hacen negocios. Y casi a los poquitos meses ya me di cuenta que no pasaba eso, y con la nominación del último ministro de Justicia siento una profunda desilusión. Ustedes sabés que es un funcionario que conozco desde muy chico, Juan Mahiques. Igual que su padre, hasta que empezó a patinar con una resolución en Cuaderno, a mí me rompió la cabeza lo que hizo Mahiques padre. Y ahora este chico, que yo sé su ámbito de pertenencia y que cuando empezó a conocer a (Daniel) “Tano” Angelici y qué sé yo, empezó a progresar. Porque otro problema que te pasa en este país es que los que conocen a los equivocados de “la rosca” ¡progresan! Llegó a ser fiscal general de la Ciudad, hoy está en un puesto muy importante, le prorrogó el cargo a su padre, está nombrando jueces, o sea, la cuñada de Hugo Alconado Mon ha sido postergada (como jueza). Entonces, una arbitrariedad en la selección. Sacando un juez como fue el doctor (Martín) Irurzun, que le debemos la doctrina Irurzun, que fue un juez muy valiente para pelear contra la corrupción, y dijo: prisión preventiva, los hechos son muy graves… prisión preventiva, andaban presos durante el proceso. Y toda esa gente está siendo desplazada, cubriendo muy estratégicamente los lugares y con maniobras muy evidentes, porque también sé por conocerlos que lo conoce a (Pablo) Toviggino (tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino -AFA- y mano derecha del presidente de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia), y todo lo que se despliega a partir de esas maniobras espantosas que sucedieron en la Asociación de Fútbol Argentina para cubrirlos. A veces siento un gran desánimo. Porque la verdad que parecería que van ganando todo el tiempo la batalla. Pero, mantenerte en la lucha también te mantiene animado. Y mis hijas me ven todos los días con esto. A veces me dicen: mamá, estás muy “hater”. ¿Por qué tú es muy “hater”? No te cae bien ni uno. Esto a veces digo, “pucha”, no sé qué están viendo los jóvenes.
-Cecilia Goyeneche: Particularmente, mi experiencia personal, estuve cuarto años afuera y siento que volví a un lugar donde hay gente que estuvo estos cuatro años trabajando en esto y está queriendo seguir trabajando en esto. Y a la Fiscalía Anticorrupción, los chicos que entran como pasantes o que quieren meterse ahí porque, quieren investigar y les gusta. Por supuesto, que esto -como todo-, tiene altibajos. Pero, también creo que este fenómeno y la decepción que decía María Eugenia con el gobierno de Milei tiene una explicación. Hubo una gran masa de la sociedad que los votó porque los representaba ese discurso anticasta. Y ese discurso anticasta es un discurso anticorrupción. Entonces, siempre pienso que el cambio cultural, obviamente, no va a ser de un día para otro. Pero, tiene que empezar a ocurrir. Y mi esperanza es que empiece a ocurrir. Y hace 100 años, en Argentina, las mujeres no votábamos. Y ahora, acá hay tres mujeres que estamos trabajando en esto. Entonces, hay cambios culturales que han ocurrido. En el transcurso de 60-70-80 años, para atrás vemos un cambio cultural enorme en esto. Y creo que también que podemos ver un cambio cultural. Si no ocurre ese cambio cultural, lamentablemente, lo que pensamos para el futuro de Argentina va a ser lamentable, desastroso, de crisis en crisis, cada vez peor y más pobre. Pero, bueno, la esperanza es que ocurra. Y estamos haciendo este Congreso, y se vinieron desde Buenos Aires -hicieron los 500 kilómetros para estar en esto-, porque pensamos que es posible. La desesperanza, creo que en esto no es un buen mensaje, porque retrae las posibilidades de participación, que es lo que más necesitamos.
Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 26 de agosto de 2026
Javier Milei celebró la aprobación de Inocencia Fiscal II en la Cámara de Diputados con un mensaje en su cuenta de X: “INOCENCIA FISCAL II Adentro…!!! Muchas gracias Diputados Nacionales por este nuevo paso en el camino hacia la LIBERTAD. VLLC!”. De esa manera, el mandatario agradeció el respaldo legislativo y destacó el avance de la iniciativa como parte de su agenda económica.
La Cámara de Diputados dio media sanción a Inocencia Fiscal II en una sesión maratónica, en la que también se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto de Inocencia Fiscal II amplía el régimen simplificado de Ganancias, elimina límites de ingresos y patrimonio para ingresar al esquema y modifica las condiciones bajo las cuales la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) puede cuestionar una declaración, según se informó.
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Esta normativa busca fomentar la regularización de activos, especialmente dólares no declarados, mediante la reducción de multas por incumplimientos formales y la simplificación tributaria.
La votación contó con el apoyo de 139 diputados y 110 en contra. Por tal motivo, el texto será girado al Senado para su sanción definitiva.
Tras una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, en la que también se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo obtuvo la media sanción del proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal implementado en diciembre del año pasado. La reforma apuesta a incentivar la formalización de ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema, cerca de USD 179 mil millones que, según los libertarios, podrían volcarse a la inversión para dinamizar la economía.
Tal como señalaron durante la sesión, el objetivo del régimen era establecer “una relación diferente entre el Estado y quienes trabajan, producen, invierten y generan empleo”. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía consideraron que la versión original no había sido exitosa y, por lo tanto, decidieron impulsar una ampliación del universo de personas que puedan adherir y algunas aclaraciones técnicas para reforzar la “seguridad jurídica”.
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Al momento de la votación, el proyecto del oficialismo obtuvo 139 votos positivos, 110 en contra y 2 abstenciones. Contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el PRO, parte de Provincias Unidas, el MID, Independencia (Tucumán), Argentina Federal (Salta y Misiones), Producción y Trabajo (San Juan), Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad y Por Santa Cruz.
La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que la nueva ley apuesta a “confiar más en el contribuyente y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haber protegido su ahorros”. En esa línea, afirmó que “la fiscalización debe perseguir la evasión, pero no puede convertir al contribuyente que cumple en un sospechoso permanente”. También aclaró que si bien se presume la inocencia de los contribuyentes, “no se perdonan los delitos y ni se prohíbe investigar”.
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El nuevo proyecto apunta a ampliar el régimen a partir de la eliminación de los topes de ingresos ($1.000 millones) y patrimonio ($10.000 millones) que hasta ahora limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. Con ese cambio, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida.
Uno de los puntos centrales del proyecto es precisar bajo qué condiciones ARCA puede impugnar una declaración simplificada. La iniciativa establece que el organismo sólo podrá formular observaciones cuando detecte una diferencia de al menos el 15% sobre el “impuesto determinado” —y no sobre el saldo final a pagar, como ocurría antes—. Además, introduce una regla de razonabilidad: no habrá discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia es igual o inferior al 5% del umbral del Régimen Penal Tributario, equivalente a $5.000.000. También se habilita una ventana de subsanación de 15 días hábiles para que el contribuyente rectifique e ingrese el saldo adeudado sin que se configure la causal de impugnación.
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Por otro lado, el proyecto estipula que la carga probatoria recae de forma exclusiva sobre ARCA, que solo podrá fundar sus impugnaciones en datos declarados, registros sistémicos o información aportada por terceros. Al mismo tiempo, amplía el bloqueo al uso de presunciones: además de la inoponibilidad del incremento patrimonial no justificado, se veda hasta el 31 de diciembre de 2027 la presunción por depósitos bancarios. Las demás presunciones requerirán respaldo probatorio externo y no podrán sustentar ajustes de forma aislada, lo que reduce la discrecionalidad del organismo recaudador frente a los contribuyentes adheridos.
Además, la reforma incorpora un alivio directo para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.
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Durante el debate en comisión, La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado solo para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a ninguna otra protección tributaria. En cuanto a los dólares no declarados, el proyecto no establece una amnistía general, sino que modifica el marco bajo el cual ARCA podrá investigar el patrimonio, con el objetivo de incentivar la incorporación de esos activos al circuito formal.
Desde la oposición denunciaron que se trata de un blanqueo que será aprovechado por los evasores seriales. “Detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”, argumentó el diputado Martín Lousteau.
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Y agregó: “La verdad que podríamos llamarla ley contra la persecución de evasores seriales, narcos y corruptos. Si quieren otro nombre más corto, ley de facilitación e impunidad de la evasión. Si quieren uno todavía más corto, ley Adorni y Espert”.
Por su parte, el diputado Ariel Rauschenberger (UxP) advirtió el proyecto del Gobierno “se le aproxima a un blanqueo” porque “facilita la incorporación de fondos no declarados al circuito formal y limita la revisión”.
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“Nosotros no rechazamos la simplificación tributaria. No rechazamos la incorporación de recursos al circuito formal. No rechazamos la garantía del contribuyente frente a la arbitrariedad del Estado. Sí rechazamos que esos objetivos sean utilizados para justificar menos control, menos trazabilidad y mayores beneficios para quienes poseen mayor capacidad económica”, sintetizó.
La Policía confirmó la identidad del hombre que murió atropellado por un colectivo en Villaguay durante la jornada de este miércoles 26 de agosto. Se trataba de Hugo César Anchordoqui, de 72 años, quien había sido embestido por un transporte de larga distancia y posteriormente falleció en el Hospital Santa Rosa.
El fatal siniestro vial se produjo alrededor de las 13:20 en calle Retamar, entre Buenos Aires y Güemes. Por circunstancias que permanecían bajo investigación, un colectivo Mercedes-Benz de larga distancia, perteneciente a una empresa identificada como “R.U.”, colisionó con el peatón.
Tras el impacto, Anchordoqui recibió asistencia y fue trasladado al Hospital Santa Rosa, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Inicialmente, las autoridades no habían logrado establecer su identidad y solicitaron colaboración a la comunidad para obtener información que permitiera localizar a sus familiares.
La difusión permitió identificar a la víctima
Horas después del hecho, la Jefatura Departamental Villaguay comunicó que finalmente pudo determinarse que el hombre fallecido era Hugo César Anchordoqui, de 72 años. La identificación se produjo luego de la difusión de imágenes y características físicas de la víctima.
Desde la Policía de Entre Ríos agradecieron a los medios de comunicación, instituciones y vecinos que colaboraron con la búsqueda. Según se indicó oficialmente, la difusión resultó fundamental para poder establecer la identidad del hombre y avanzar en el contacto con sus familiares.
Mientras tanto, la investigación del siniestro continuaba bajo las directivas de la Fiscalía interviniente. En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y se dispusieron diferentes medidas y pericias para reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el impacto.
El chofer dio positivo de alcoholemia
Uno de los datos relevantes surgidos durante las primeras actuaciones estuvo relacionado con el conductor del colectivo. El chofer, de 38 años, fue sometido a un control de alcoholemia que registró 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre.
Ante el resultado del test y por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre quedó aprehendido mientras avanzaban las medidas judiciales destinadas a establecer las responsabilidades en el fatal episodio.
Al momento del siniestro, el colectivo de larga distancia no transportaba pasajeros. Luego de las primeras actuaciones, la unidad quedó retenida por personal de Tránsito Municipal para la realización de las pericias correspondientes. La causa continuaba en investigación para determinar la mecánica del hecho.
Un peatón murió atropellado por un colectivo en Villaguay
Representantes de la Mesa de Enlace y de la industria semillera lograron un nuevo acercamiento en la discusión por la modificación de la ley de semillas, que está vigente desde hace más de 50 años. Acordaron una posición común sobre tres puntos: la necesidad de modernizar la normativa vigente, continuar trabajando sobre alternativas para el uso propio gratuito y oneroso —incluidas las excepciones para determinados productores— y fortalecer la confianza entre los distintos actores de la cadena.
El entendimiento se alcanzó hoy durante una nueva reunión entre representantes y técnicos de las entidades de productores y de la industria semillera, representada por la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), en el marco de las conversaciones que ambas partes vienen manteniendo para intentar construir un consenso antes de avanzar con una modificación de la legislación.
Del encuentro participaron, entre otros, Alfredo Paseyro, de ASA; Gustavo Gaich, consejero y técnico de Coninagro; Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA); Pablo Ginestet, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), y Pablo Vaquero, de Gensus.
Según coincidieron las partes al finalizar la reunión, producción e industria acordaron comunicar tres puntos sobre el trabajo realizado. “Desde el sector de la producción y la industria reafirmamos la necesidad de mejorar la situación actual y de generar un cambio normativo que modernice y mejore la ley de semillas”, señalaron.
Además, indicaron: “Trabajamos e hicimos ejercicios referidos al uso propio gratuito y oneroso, incluyendo excepciones de productores, buscando puntos de encuentro aplicables a la realidad argentina”. Como tercer punto, expresaron: “Buscamos fortalecer la confianza dentro de la cadena y en esta mesa de trabajo”.
El encuentro se realizó esta tarde en Coninagro
El avance, sin embargo, no implica que ya exista una definición final sobre cómo funcionará el uso propio ni sobre qué productores quedarán exceptuados de pagar. Según confió uno de los asistentes, todavía estaban analizando “cómo definir los exceptuados y forma de implementar”. Lo que se logró en esta instancia fue avanzar sobre distintos ejercicios y alternativas con el objetivo de identificar un esquema que pueda ser aceptado tanto por la producción como por la industria.
En el encuentro anterior entre ambos sectores, uno de los principales puntos de discusión había sido cómo establecer las excepciones al pago por el uso propio. La propuesta originalmente elaborada por las cuatro entidades rurales establecía un límite de 500 hectáreas sembradas por campaña, mientras que durante las conversaciones comenzó a analizarse también una alternativa basada en deciles de superficie y con parámetros diferenciados según los cultivos.
En aquella instancia también se había trabajado sobre la distinción entre una “superficie base”, correspondiente a las hectáreas que pueden sembrarse con la semilla original adquirida legalmente, y el denominado “uso incremental”, que aparece cuando el productor utiliza semilla reservada para sembrar por encima de esa superficie.
El gobierno espera que los actores de la cadena puedan llegar a un acuerdo antes de avanzar en un proyecto de ley Gentileza
En rigor, esta discusión se desarrolla en un momento en que, de alguna forma, existe coincidencia entre productores, industria y Gobierno sobre la necesidad deactualizar la ley de semillas 20.247, vigente desde 1973, aunque todavía subsisten diferencias sobre distintos aspectos del futuro régimen, particularmente en torno al alcance del uso propio, la propiedad intelectual y la eventual adhesión de la Argentina al convenioUpov-91.
En los últimos meses, la Mesa de Enlace y la industria fueron acercando posiciones en algunos aspectos. Uno de los puntos sobre los que comenzó a construirse una coincidencia es que un nuevo sistema debería contemplaralgún mecanismo de excepción para determinados productores, aunque todavía resta establecer bajo qué parámetros y con qué alcance.
La nueva reunión buscó justamente profundizar ese trabajo que están llevando en conjunto los representantes de los productores con los de la industria semillera. Si bien todavía quedan aspectos por resolver, que podrían tener un punto de cierre en un próximo encuentro en 15 días, en primera instancia, el comunicado acordado entre ambos sectores implica un paso adicional en el intento de que la producción y la industria lleguen con una posición más cercana sobre la futura ley de semillas que busca el gobierno de Milei.