La selección de los ejemplos tuvo destinatarios reconocibles. Santilli mencionó a Neuquén y Río Negro por su desarrollo energético, a Córdoba por las retenciones, a Santa Fe por el narcotráfico y a San Juan y Salta por la minería.
Su planteo puede leerse como un mensaje a los mandatarios con los que la Casa Rosada busca cerrar acuerdos: preservar lo conseguido en sus provincias exigiría evitar un regreso del kirchnerismo.
Horas después, Kicillof cuestionó la política nacional de infraestructura en el encuentro organizado por el Consejo Federal de Inversiones. Compartió el panel de apertura con Llaryora, el entrerriano Rogelio Frigerio y el santiagueño Elías Suárez. El diagnóstico común fue que los problemas de infraestructura encarecen el traslado de productos y restan competitividad.
La coincidencia entre Buenos Aires y Córdoba tiene relevancia política porque reúne al gobernador más enfrentado con el Presidente Javier Milei, con un mandatario que mantiene canales de negociación con la Casa Rosada. Sus diferencias siguen vigentes, pero ambos plantean un límite a la capacidad de las provincias para cubrir el espacio que deja la Nación.
Llaryora resumió su crítica con una frase: “Nación no construye ni un bicicletero”. Reclamó un plan federal que acompañe el esfuerzo de provincias y municipios y cuestionó las retenciones, un planteo que también compartió Frigerio. El entrerriano pidió discutir una reforma tributaria que involucre a los distintos niveles del Estado.
La posición del cordobés apunta a cómo transformar el orden económico en actividad y empleo. Llaryora defiende la necesidad de una economía ordenada, pero reclama también infraestructura y una estrategia industrial. Para una provincia productora, las rutas, los ferrocarriles y las conexiones entre regiones son condiciones para que las inversiones se traduzcan en crecimiento.
Kicillof puso el acento en una planificación nacional que articule al Estado con las empresas. La logística “requiere de la articulación virtuosa y comprometida de todos los actores”, sostuvo. Su planteo ofrece un terreno de coincidencia con mandatarios que tienen posiciones diferentes frente al Gobierno: cómo desarrollar sus economías cuando las necesidades de infraestructura exceden las posibilidades de cada provincia.
La agenda tiene una dimensión concreta. La Estrategia Federal de Logística del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y las provincias comprende 1.200 proyectos vinculados con infraestructura, regulación, gestión e información; 187 corresponden a Buenos Aires. Se trata de iniciativas desarrolladas dentro de esa estrategia, cuya ejecución requiere definir financiamiento y responsabilidades.
El reclamo compartido también alcanzó al financiamiento universitario. “Todos queremos que se resuelva el problema, que se cumpla la ley”, sostuvo Llaryora durante la cumbre. La definición sumó otra coincidencia con Kicillof frente a una política que genera cuestionamientos más allá de los sectores enfrentados abiertamente con Milei.
El gobernador bonaerense había participado el jueves de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para exigir al Ejecutivo la aplicación de la norma. El reclamo tiene respaldo judicial: la Corte Suprema rechazó en junio el recurso del Gobierno y dejó firme la medida cautelar que obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles.
La discusión presupuestaria muestra la distancia entre las posiciones. Una presentación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA ubicó las partidas propuestas para 2027 en $7,5 billones, frente a los $11 billones estimados por el Consejo Interuniversitario Nacional para garantizar el funcionamiento del sistema. La brecha ronda los $3,5 billones.
Así, la coincidencia entre Buenos Aires y Córdoba comprende dos demandas concretas: una estrategia nacional de obras y el cumplimiento de las obligaciones con las universidades. Para la Casa Rosada, esa convergencia plantea una dificultad política: los cuestionamientos también llegan desde gobernadores con los que necesita negociar.
Los recursos, además, conviven con otra discusión: las condiciones de la competencia electoral. Las tratativas incluyen la suspensión de las PASO y posibles entendimientos para 2027.
Entre las alternativas en negociación aparece el respaldo legislativo de gobernadores a cambio de una competencia de menor intensidad de La Libertad Avanza en sus distritos. Son conversaciones abiertas, cuyo alcance todavía debe definirse.
Ese contexto permite interpretar mejor la advertencia de Santilli. El jefe de Gabinete busca mantener a los mandatarios cerca del Gobierno mediante un adversario compartido. Los reclamos de Kicillof y Llaryora colocan sobre la mesa una agenda que atraviesa esos alineamientos: qué papel tendrá la Nación en el desarrollo de las provincias y cómo cumplirá sus obligaciones.
La coincidencia no alcanza para hablar de una alianza electoral. Sí muestra que la Casa Rosada puede conseguir acompañamiento en el Congreso y seguir enfrentando cuestionamientos a su política económica. Con el Presupuesto y los acuerdos para 2027 en discusión, los gobernadores buscan que la negociación produzca obras y recursos. Santilli apuesta a que el temor al regreso del kirchnerismo ayude a conservar sus apoyos.
