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Estados Unidos afirmó este lunes que está cerca de cerrar un acuerdo “bastante sólido” con Irán para abrir el estrecho de Ormuz y avanzar en negociaciones con Teherán, aunque el presidente Donald Trump moderó las expectativas sobre un anuncio inmediato y aseguró que no apurará un pacto definitivo.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo desde Nueva Delhi que Washington tiene sobre la mesa una propuesta concreta, aunque evitó poner plazos para su concreción y aclaró que las conversaciones aún requieren definiciones políticas y técnicas.

“Tenemos sobre la mesa algo que, en mi opinión, es bastante sólido en cuanto a su capacidad para abrir el estrecho de Ormuz, pero también para entablar negociaciones sobre el programa nuclear iraní”, declaró Rubio durante su visita oficial a India.

El funcionario estadounidense explicó que la Casa Blanca esperaba novedades en las últimas horas, aunque relativizó la posibilidad de un anuncio inmediato. “Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche (domingo), o quizá hoy (lunes), pero yo no le daría demasiada importancia”, afirmó.

Las declaraciones de Rubio llegaron después de que Trump bajara el tono de las expectativas sobre un acuerdo inminente, a pesar de las señales de avance que trascendieron desde ambas partes en los últimos días.

“He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (…) porque el tiempo está de nuestro lado”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

Trump también sostuvo que el bloqueo a los puertos iraníes “seguirá en pleno vigor” hasta la firma de un acuerdo definitivo con Teherán, en una señal de que Washington mantiene la presión mientras continúan las conversaciones.

Rubio respaldó esa postura y remarcó que la administración republicana no avanzará hacia un acuerdo apresurado. “Como dijo el presidente, él no tiene prisa, no va a hacer un mal trato, el presidente no va a firmar un mal acuerdo”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Según un alto funcionario estadounidense citado por Axios, un eventual anuncio todavía podría demorar varios días porque el entendimiento requiere la aprobación de las autoridades iraníes, incluido el líder supremo Mojtaba Khamenei.

De acuerdo con medios estadounidenses, el acuerdo en discusión entre Washington y Teherán permitiría la reapertura del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que antes del conflicto circulaba una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.

Las expectativas de una distensión impactaron de inmediato en los mercados energéticos. Impulsados por la posibilidad de un acuerdo, los precios internacionales del petróleo retrocedían este lunes por la mañana en Asia, con caídas superiores al 5% tanto para el barril de Brent del mar del Norte como para el WTI estadounidense poco después de las 04H00 GMT.

Sin embargo, el eventual entendimiento todavía deja abierta la cuestión nuclear, uno de los puntos centrales del conflicto entre Irán y Occidente.

La cadena CBS News, que citó fuentes cercanas a las conversaciones, informó que la propuesta incluye el desbloqueo de algunos activos iraníes retenidos en bancos en el extranjero y una prolongación de las negociaciones durante 30 días adicionales, un plazo que también mencionó The Wall Street Journal.

Desde Irán, la agencia Tasnim reportó que Estados Unidos todavía mantiene objeciones en algunos puntos y citó entre ellos la cuestión de los bienes iraníes congelados.

Por su parte, la agencia iraní Fars informó que las sanciones dirigidas contra el petróleo, el gas y otros productos petroquímicos podrían ser levantadas mientras continúen las negociaciones, con el objetivo de permitir a Irán exportar esos productos, claves para su economía.

Rubio aclaró que el acuerdo en discusión no resuelve el capítulo nuclear y remarcó que se trata de una negociación mucho más compleja. “Las negociaciones nucleares son asuntos muy técnicos. No se puede resolver un asunto nuclear en 72 horas en la parte de atrás de una servilleta”, afirmó más temprano en una entrevista con The New York Times.

Estados Unidos e Israel sostienen que el programa nuclear iraní busca desarrollar armamento atómico, mientras Teherán insiste en que su programa tiene fines civiles.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que él y Trump coinciden en que un acuerdo definitivo con Irán debe eliminar “la amenaza nuclear”. “Esto implica desmantelar las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y retirar el material nuclear enriquecido de su territorio”, señaló Netanyahu en un comunicado, al reportar el contenido de una conversación telefónica con Trump mantenida el sábado por la noche.

En paralelo, el conflicto regional siguió con episodios de violencia en el frente libanés pese a la tregua vigente desde el 17 de abril. El Ministerio de Salud libanés informó que dos personas murieron el domingo por ataques israelíes, un día después de un bombardeo que dejó 11 muertos.

El ejército israelí, por su parte, anunció este lunes la muerte de uno de sus soldados el día anterior en el sur del Líbano.

Netanyahu afirmó además que Trump reiteró durante la conversación telefónica “el derecho” de Israel a defenderse en todos los frentes, en especial en el Líbano. Rubio expresó la misma posición desde Nueva Delhi. “Israel siempre tiene derecho a defenderse. Todo país en el mundo tiene ese derecho”, aseguró el secretario de Estado estadounidense.

(Con información de AFP)

El papa León XIV publicará este lunes su primera encíclica, Magnifica Humanitas (“Magnífica Humanidad”), un documento centrado en las cuestiones éticas que plantea la inteligencia artificial, en línea con una larga tradición de pontífices que fijaron posición ante transformaciones científicas, sociales y tecnológicas.

La encíclica será la primera de su pontificado, una suerte de manifiesto con el que los papas suelen pronunciarse sobre grandes temas de su tiempo.

Con este texto, León XIV se sumará a una tradición que atraviesa más de un siglo y en la que distintos pontífices intervinieron frente a cambios de gran impacto, desde la Revolución Industrial hasta la expansión de internet y las redes sociales.

La primera gran respuesta estructurada de la Iglesia ante una transformación tecnológica llegó a fines del siglo XIX. En 1891, en plena Revolución Industrial, León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum (“De las cosas nuevas”).

Frente a la urbanización acelerada, el crecimiento de las fábricas y la precariedad creciente del proletariado, el papa buscó proponer un camino entre el capitalismo liberal y el socialismo revolucionario. El documento defendió tanto la propiedad privada como los derechos de los trabajadores, en particular su capacidad de organizarse colectivamente. La encíclica sentó además las bases de una doctrina social católica construida sobre principios como la dignidad de la persona, la solidaridad y el bien común.

Poco después de su elección en mayo de 2025, León XIV explicó que eligió su nombre en referencia a León XIII y a esa doctrina. Su nueva encíclica, además, fue firmada el 15 de mayo, exactamente 135 años después de Rerum Novarum.

En el siglo XX, la Iglesia enfrentó otra revolución: el auge de los medios de comunicación masivos. A mediados del siglo pasado, la expansión de la prensa, la radio, el cine y la televisión transformó profundamente la circulación de la información.

En ese contexto, el Concilio Vaticano II (1962-1965), una etapa de reformas y apertura dentro de la Iglesia, adoptó en 1963 el decreto Inter Mirifica (“Entre las cosas maravillosas”). Por primera vez, esos nuevos medios fueron considerados una cuestión central de la vida social y cultural. La Iglesia reconoció su papel en la formación de la opinión pública y reclamó un uso responsable, tanto por parte de quienes producen contenidos como de las audiencias.

El texto insistió además en la necesidad de contar con información confiable y completa, y pidió evitar cualquier “daño espiritual”.

Ese documento marcó un cambio importante dentro del Vaticano: en lugar de mantenerse a distancia, la Iglesia optó por involucrarse en esos nuevos espacios y alentó, entre otras iniciativas, la creación de medios católicos.

Ese mismo año, otro escenario de crisis global llevó al papado a pronunciarse sobre la amenaza nuclear.

Publicada en abril de 1963, pocos meses después de la Crisis de los Misiles en Cuba de octubre de 1962, la encíclica Pacem in Terris (“Paz en la Tierra”), de Juan XXIII, apareció en un momento en que el mundo estaba al borde de una guerra nuclear.

En nombre de la “justicia… la recta razón y la consideración de la dignidad y de la vida humanas”, el pontífice pidió el fin de la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El documento sostuvo además que “las armas nucleares deben ser prohibidas. Debe alcanzarse un acuerdo general sobre un programa adecuado de desarme, con un sistema eficaz de control mutuo”.

Décadas más tarde, la informática e internet abrieron una nueva etapa de transformación.

Desde la década de 1990, la digitalización de los intercambios y la aparición de una esfera pública global marcaron una nueva fase, en la que el Vaticano volvió a intervenir. Juan Pablo II consideró internet un medio inédito de comunicación y difusión. La Iglesia alentó una presencia activa en línea, aunque al mismo tiempo pidió un uso responsable.

Benedicto XVI profundizó esa reflexión y subrayó riesgos propios del mundo digital, como la fragmentación de las relaciones, el predominio de la inmediatez y la dificultad para distinguir información confiable.

Con el auge de las redes sociales, el Vaticano también advirtió sobre la polarización del debate y la difusión de contenidos engañosos, especialmente durante el pontificado de Francisco (2013-2025).

Con la encíclica Laudato Si’ (“Alabado seas”), publicada en 2015, el papa argentino también criticó los excesos de un modelo tecnocrático y económico considerado responsable de la crisis ecológica.

Con Magnifica Humanitas, León XIV volverá a fijar posición sobre una transformación tecnológica de alcance global, esta vez centrada en las cuestiones éticas que plantea la inteligencia artificial, en continuidad con una tradición papal de intervención ante los grandes cambios de cada época.

(Con información de AFP)

La semana corta y el viaje de un puñado de senadores se convertirán en un alivio para el oficialismo y la oposición en la Cámara alta, con una sesión ya postergada días atrás que quedará, de no mediar conflictos, para el jueves 4 de junio. Esto ocurre ante diversas tensiones dentro de las bancadas, por lo que el nivel de actividad -casi testimonial- servirá para calmar las aguas.

“El ritmo que impuso La Libertad Avanza en los dos períodos de extraordinarias – diciembre y febrero pasados, respectivamente- no iba a ser eterno. Lo avisamos en ese momento. Hay semanas en las que, de repente, quieren hacer de todo. Después, dudan. U operan. Pero si ni siquiera vas a tener a los tuyos, mejor no hagas nada. Algunas olas no se ven bien hacia dónde van y, mejor, ser prudente”, manifestó a Infobae un experimentado parlamentario.

Los primeros síntomas se percibieron el miércoles pasado, con ausentes en debates clave para Javier Milei, como el del proyecto que “blinda” la propiedad privada, uno de los “chiches” del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: el oficialismo llegó justo con las firmas de un dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. La cabecera pertenecía al “mileísta” Agustín Coto (Tierra del Fuego). No se presentó: se encontraba en los Estados Unidos.

En dicho plenario, la jefa de LLA, Patricia Bullrich, ya dio a entender un corrimiento de la sesión para junio. La estocada final fue que, tras el aval en Diputados de las leyes “Hojarasca” y de reformuladas zonas frías -y, ahora, calientes-, nadie se mostró apurado.

Lo que sí apremia en el Senado, por la nueva fecha límite del 30-6, es el acuerdo del Estado argentino, por USD 171 millones, para cerrar un litigio con dos holdouts derivado de la crisis 2001. Como la Casa Rosada envió el articulado a esta Cámara, tendrá que ser empujado y girado rápido a Diputados para su sanción definitiva.

Otro tema pendiente fue convocado y, a las pocas horas, eliminado de la agenda. Se trata de diversos textos que apuntan al cierre de minas, que son analizados por un plenario de las comisiones de Energía; y de Ambiente. Está avanzado un consenso, aunque el mismo suma constantes idas y vueltas.

Para la cumbre en el recinto deberá resolverse, además de las iniciativas sobre propiedad privada y fondos buitre, si pasarán el filtro las decenas de pliegos judiciales con despachos de mayoría listos para ser votados. Los dialoguistas siguen de cerca los movimientos y las órdenes de Balcarce 50. Los nuevos lotes -que interesan más a aliados- aún se hallan en la etapa de avales e impugnaciones.

La resolución que aún no se adopta es si se aguardará a las nuevas audiencias públicas de la comisión de Acuerdos, y así aprobar todas las propuestas en un solo paquete -antes del receso de julio-, o si se dividirán. A medida que pasa el tiempo, se revisan y renuevan las tolerancias. El mejor ejemplo son los ascensos diplomáticos de 2024 y 2025 -ya cuentan con dictamen-, aun en siesta. Derivaron en un fuerte dolor de cabeza para el Canciller, Pablo Quirno. El Gobierno perdió, por no prestarle atención a esto, una chance inmejorable de remodelar el ministerio de Relaciones Exteriores.

Una espina para la Casa Rosada y Bullrich es el obligatorio informe de gestión que tiene que dar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Senado. Según la Constitución -artículo 101-, el supuesto controlador de los ministerios debe asistir una vez por mes al Congreso. Ya reclamó su presencia el líder kirchnerista, José Mayans. Su tropa está abollada no solo por el reciente quiebre en la votación por cinco años extra de Carlos Mahiques como camarista federal, sino también por una cumbre de bancada en la que ocurrieron penosos y repudiables malos tratos entre pares, con un collage de lágrimas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció días atrás que el ajuste del gasto público había encontrado un límite y que era necesario empezar a recaudar más a partir de ahora para el superávit fiscal. Esta dificultad que enfrentan para mantener el pilar del programa económico quedó de manifiesto en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde el Gobierno se comprometió, en caso de ser necesario, a tomar medidas adicionales para alcanzar el objetivo primario, entre ellas posponer la entrada en vigencia de la reforma laboral.

El aplazamiento se inscribió en el marco de los compromisos asumidos por Caputo frente al FMI. En el staff report, el organismo dejó en claro que para alcanzar el objetivo fiscal de un superávit primario de cerca de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, resultará necesario sostener una política de disciplina de gasto estricta y continua. En una coyuntura de desafíos que fueron señalados por el FMI con el impacto de la reducción de impuestos legales sobre las exportaciones agrícolas y los efectos de las iniciativas de gasto aprobadas por el Congreso a finales de 2025, que alcanzaron 0,35% del PIB, junto con las nuevas medidas tributarias incluidas en la ley laboral (0,15% del PIB).

En el informe, el FMI reveló que las autoridades argentinas se comprometieron a reducir subsidios a la energía, mejorar la orientación de las transferencias sociales y racionalizar el gasto discrecional tanto corriente como de capital. Pero también a adoptar medidas adicionales si los pagos de intereses de la deuda superan lo previsto, con el fin de resguardar el ancla fiscal. Entre ellas, demorar la entrada en vigencia de la reforma laboral, lo que permitiría ahorrar 0,15%/PBI; fortalecer impuestos especiales, 0,10%/PBI; y mejorar la focalización de subsidios al transporte, 0,10%/PBI.

Por hace semanas, Infobae realizó consultas frecuentes tanto a fuentes oficiales del Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre los avances en la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). En cada una de las oportunidades aseguraban que dependían primero de la publicación del decreto reglamentario de presidencia. Pero los tiempos corrían y la Ley de 27.802 fijaba que la iniciativa debía entrar en vigencia a partir del 1° de junio.

Fue en el contexto de la publicación del informe del FMI cuando fuentes del Gobierno reconocieron a Infobae que FAL no entrará en vigencia en junio, siendo una posibilidad que se encuentra habilitada la Ley por un plazo máximo de seis meses (hasta el 1° de diciembre de 2026). Sin embargo, se trata de una encerrona para el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que si bien la entrada en vigencia del FAL tiene un costo fiscal para el Estado (porque las contribuciones al fondo por despido se restaban de las que se hacen a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)), por medio de esta iniciativa se busca desarrollar el mercado de capitales.

Pero el compromiso de mejorar la focalización de subsidios de transporte es otro punto de tensión para el ministro que podría su vez presionar sobre la inflación. La tensión que hay entre Gobierno y las empresas de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedo de manifiesta en los últimos meses en donde por el aumento del precio del combustible, los empresarios reclamaban que se actualice la estructura de costos y con ello se otorguen mayores subsidios o un aumento del boleto.

Lo que derivo en las reducciones de frecuencia de líneas de colectivo que afectaron a miles de usuarios. Un problema, al que la Secretaría de Transporte resolvió de manera transitoria y sin dejar conforme a los empresarios con un aumento del boleto del 2% por tres meses desde mayo hasta julio, ya que sostiene estar por debajo de la inflación y guarda distancia con el de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad que todos los meses aumentan dos puntos más inflación.

Pero fue en esa conversación que entablaron los empresarios de colectivos del AMBA con las autoridades de Transporte en donde se puso sobre la mesa que el Gobierno trabaja para que los subsidios vayan a los usuarios en lugar de las empresas de colectivos para lo que esperan tener avances en julio según pudo saber Infobae con fuentes que participaron de las reuniones.

Caputo quiere recaudar más

El contexto fiscal presenta tensiones, hace nueve meses que la recaudación viene en caída. Y si bien el propio Caputo reconoció que la gestión económica buscó avanzar en la reducción de impuestos para estimular la competitividad, advirtió recientemente que el margen para ajustar el gasto público se encuentra agotado. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó el ministro durante su participación en el programa Economía de quincho.

El Staff Report del FMI remarcó la importancia de mantener la disciplina del gasto público y advirtió que, ante eventuales desvíos, las autoridades deberán implementar acciones adicionales para proteger el objetivo fiscal. El Gobierno reiteró su compromiso con la reducción de subsidios energéticos y el fortalecimiento de los programas sociales focalizados, al tiempo que siguió evaluando alternativas para la racionalización del gasto corriente y de capital.

En este escenario, las prioridades del equipo económico se concentraron en sostener el equilibrio fiscal, promover una mayor eficiencia en el gasto y evitar medidas que incrementen el déficit. El diálogo con el FMI se mantuvo como un pilar central de la estrategia oficial, mientras las definiciones sobre la reforma laboral y el Fondo de Asistencia Laboral continuaron pendientes de resolución.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el domingo a más de 900 los casos sospechosos de ébola en República Democrática del Congo (RDC) y confirmó más de un centenar de contagios en el noreste del país, donde el brote se expande en medio de un conflicto armado, desplazamientos internos y una crisis sanitaria agravada por otras enfermedades.

Las cifras difundidas por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, coincidieron con el último balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad de República Democrática del Congo, que informó que la epidemia acumula 101 casos confirmados y 904 sospechosos en once zonas sanitarias hasta el 23 de mayo.

Según las autoridades congoleñas, el brote permanece activo en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, ubicadas en el noreste del país y próximas a la frontera oriental. El Ministerio de Sanidad indicó además que se registraron 119 muertes sospechosas de haber sido causadas por ébola, mientras que diez fallecimientos fueron confirmados mediante pruebas diagnósticas.

El reporte del gobierno congoleño señaló en redes sociales que la “epidemia de ébola” sigue activa en estas regiones y mantiene bajo vigilancia a varias zonas sanitarias, en un contexto de alta vulnerabilidad sanitaria y de seguridad.

Las cifras sobre contagios coinciden con las divulgadas por Tedros, aunque los datos sobre fallecimientos difieren de los difundidos por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), organismo de salud pública de la Unión Africana. Según esa agencia, las muertes sospechosas vinculadas al brote ascienden a 204 entre República Democrática del Congo y Uganda, aunque el país vecino registra una afectación considerablemente menor.

Tedros advirtió que el brote no ocurre en un contexto sanitario aislado, sino en medio de un escenario de conflicto y crisis humanitaria en el noreste congoleño, particularmente en Ituri, considerada el epicentro de la epidemia.

“En la provincia de Ituri, epicentro del brote, casi cinco millones de personas viven en medio de un conflicto persistente. Actualmente, uno de cada cuatro personas necesita asistencia humanitaria y uno de cada cinco se encuentra desplazada internamente”, alertó el director general de la OMS.

El funcionario también explicó que la violencia dificulta las tareas de contención epidemiológica y afecta directamente el trabajo del personal de salud y de los equipos humanitarios desplegados en la zona.

“La violencia está obligando a la población a huir, incluidos trabajadores sanitarios y humanitarios”, señaló Tedros, antes de advertir que esta situación “dificulta gravemente los esfuerzos para ampliar el rastreo de contactos del ébola e identificar las infecciones con la suficiente antelación para brindar atención de apoyo”.

El director de la OMS agregó que “la inseguridad y el miedo persistentes también alimentan la desconfianza en las comunidades”, un factor que puede obstaculizar la detección temprana de casos y la respuesta sanitaria en áreas afectadas.

Pese a estas dificultades, Tedros sostuvo que los equipos de la OMS continúan desplegados en el terreno junto a otros actores humanitarios. “La OMS y sus socios humanitarios en materia de salud mantienen presencia en toda la provincia de Ituri, incluso en algunas de las zonas más inaccesibles e inseguras”, afirmó.

El funcionario subrayó además que la población afectada enfrenta no solo la amenaza del ébola, sino también otras enfermedades y carencias estructurales del sistema sanitario.

Ante este escenario, defendió la necesidad de reforzar una respuesta integral en salud. “Brindar un paquete integral de servicios de salud” es, según Tedros, “esencial, no solo para atender las necesidades urgentes de salud, sino también para generar la confianza fundamental para una respuesta eficaz al ébola”.

El brote que mantiene en alerta a organismos sanitarios africanos e internacionales está provocado por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, una variante poco frecuente para la que no existen vacunas aprobadas ni tratamientos con anticuerpos autorizados.

Las autoridades sanitarias consideran además que el virus pudo haber circulado durante meses sin ser detectado en la provincia de Ituri antes de que se reconociera la magnitud del brote.

(Con información de Europa Press)

El gobierno argentino emitió en las últimas semanas varias señales que apuntan a estrechar el monitoreo del Mar Argentino y de la llamada “Milla 201”, donde pescan sin control ni limitaciones legales cientos de buques extranjeros, mayormente chinos.

El presidente Javier Milei estuvo cuatro horas en un portaaviones del Comando Sur de EEUU, la Armada Argentina firmó un acuerdo de “protección de bienes globales comunes” con la Cuarta Flota del país del Norte, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) completó el primer relevamiento del lecho marino, y la Prefectura Naval, fuerza a cargo del control del Mar Argentino, presentó SIGU, un agente de Inteligencia Artificial que se integrará al Sistema Guardacostas.

Con todo, la principal carencia para poder controlar la pesca y evitar la depredación por parte de buques extranjeros en el Atlántico Sur sigue siendo la falta de una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP) que regule la actividad más allá de la Milla 200, debido a la presencia británica en Malvinas.

IA agéntica contra la pesca ilegal

El jueves pasado, en la Feria de Aeroterra, la “ciencia del dónde”, Mario Herlein, jefe de la División del Sistema de Información Geográfica de la Prefectura Naval Argentina (PNA), presentó una “capa” de IA en etapa de prueba que se integrará al Sistema Guardacostas 4.0 como asistente virtual operativo, interactuando con otras herramientas mediante lenguaje natural, como si conversara con un colega.

Se busca así eliminar la fricción técnica y reducir drásticamente la curva de aprendizaje; con esta tecnología, cualquier efectivo de PNA puede operar el sistema de inmediato” dijo Herlein, quien señaló que herramientas como ChatGPT no son viables para la seguridad nacional por razones que SIGU sí resuelve.

• Cuando se usa un chat público, la información viaja a servidores en el extranjero, mientras SIGU se diseñó bajo un modelo de “soberanía tecnológica”: los datos operativos sensibles y de posicionamiento no salen de la infraestructura interna de la fuerza, garantizando la seguridad nacional
• Un agente de IA comercial común solo puede responder con texto o sugerencias teóricas, mientras que SIGU usa un protocolo puente (MCP) que no solo “habla” con el usuario sino que “actúa” sobre la diferente información del Sistema: cruza datos vivos y dibuja en pantalla posiciones y derrota (trayectoria de navegación) en tiempo real. “Es un desarrollo 100% propio, diseñado la Dirección de Informática y Comunicaciones de la Prefectura, afirmó el oficial.

Cabe recordar que Prefectura tiene a su cargo la protección de los recursos y la seguridad en los espacios marítimos, fluviales y lacustres, entre los que se destaca el “Mar Argentino”, el área marítima hasta 200 millas marinas de pesca exclusiva para los buques de bandera nacional.

Soberanía sobre el lecho marino

En el caso del lecho marino, la jurisdicción se extiende hasta la Milla 350. Científicos argentinos. a bordo del Buque de Investigación Pesquera Oceanográfica Víctor Angelescu recolectaron durante 23 días de navegación evidencia del daño que produce al lecho y subsuelo marino la flota extranjera que pesca en la llamada “Milla 201”.

Se trata de la primera vez que el Inidep, en respuesta a una resolución de la Subsecretaría de Pesca, hizo una campaña para estudiar específicamente la conexión biológica entre la ZEE y el talud continental. evaluar la salud del ecosistema y cuantificar el impacto de las flotas extranjeras que realizan pesca no reglamentada en el sector, afectando recursos transzonales como la merluza y el calamar (a esta última apunta específicamente la flota china).Se trata, dice un comunicado, “de defender nuestros recursos pesqueros y salvaguardar hábitats o especies sensibles al impacto humano”.

La campaña alcanzó profundidades de hasta 2.291 metros e integró disciplinas para obtener una radiografía completa del área. Entre los hallazgos científicos, se confirmó el predominio de especies clave (merluza, calamar y nototenia) y se estudiaron los “peces linterna” (mictófidos), esenciales en la transferencia de energía entre la superficie y las profundidades. Específicamente, se identificaron 180 tipos de organismos en el lecho marino, con presencia de corales y esponjas.

“Mediante muestreos con rastra y cámaras submarinas, se registraron hábitats frágiles que requieren protección especial (EMV). Asimismo, los datos revelan que el 76,2% de los lances de pesca de fondo contenían basura, principalmente restos de redes y equipos de flotas extranjeras, vinculando directamente la Pesca No Reglamentada con la degradación del fondo marino, sobre el cual nuestro país presenta derechos de soberanía. Más allá del valor biológico, esta campaña representa un ejercicio de soberanía. Los datos recolectados permiten a la Argentina sustentar reclamos internacionales por la conservación de sus recursos, denunciar el perjuicio transfronterizo de terceras flotas y fortalecer la posición nacional en foros globales”, expresaron desde el Inidep y la Subsecretaría de Pesca.

EEUU denuncia el daño de la flota china

El desarrollo del SIGU y la prospección del lecho marino como medios técnico y científico coinciden con el cada vez más fuerte alineamiento político del gobierno argentino con EEUU, algo que difícilmente pase inadvertido para China. Al respecto, informó Infobae, un informe de una Comisión Bipartidaria del Congreso de EEUU acusó al gigante asiático de ser “la única nación que utiliza su flota de pesca de aguas distantes como extensión de sus fuerzas de seguridad marítima oficiales”, citando un análisis de la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos (ONI) que calculó que la flota china —estimada entre 2.000 y 16.000 embarcaciones si se incluyen naves vinculadas a milicias y con banderas extranjeras— entre 2022 y 2024 registró más de 110 millones de horas de actividad en aguas de 90 países.

Según estimó el comité legislativo norteamericano la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) generó en los países de Sudamérica y América Central y del Sur un daño económico de hasta USD 2.300 millones anuales, incluyendo pérdida de recursos de pesca y recaudación fiscal no percibida.

Acuerdos contra la depredación pesquera

Con todo, la principal dificultad para limitar el daño que los barcos chinos y extranjeros en general producen en la “Millla 201” sigue siendo que, a diferencia de aguas internacionales de otras regiones, el “Área 41” con el que la FAO identifica un enorme espacio marítimo del Atlántico Sur, no cuenta con un acuerdo de estados ribereños para regular la actividad (por caso, con cuotas, especies protegidas, controles, regulación de sistemas de pesca, etc). Cualquier acuerdo en ese sentido no podría ignorar la presencia británica en Malvinas y arriesgaría ser interpretado como un reconocimiento implícito de soberanía, aunque algunos expertos discrepan al respecto.

Dos acuerdos internacionales que sí podrían limitar la depredación pesquera en la “Milla 201” son uno la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra los subsidios con los que algunas naciones (notoriamente, China) sostienen la actividad de flotas pesqueras de ultramar, y otro en el marco de Naciones Unidas sobre Biodiversidad “más allá de Jurisdicciones Nacionales” (BBNJ, por su sigla en inglés), para regular la pesca en alta mar.

Argentina firmó ambos convenios, pero el Gobierno aún no envió al Congreso el proyecto para ratificar el segundo, vigente desde el 17 de enero pasado.

Una paradoja de este último acuerdo es que China, que detenta la mayor y más rapaz flota pesquera “de aguas distantes” del mundo, presiona para ser sede del organismo mundial para aplicarlo, a lo que ya se habían postulado Bélgica y Chile. A principios de abril, en Nueva York, en una reunión preparatoria de una Cumbre que se hará en 2027 para designar sede, Beijing ofreció inmunidad diplomática a ciudadanos de cualquier país que trabajen en la futura sede, a condición de que sea en China. Además, ofreció un generoso aporte presupuestario.

Según algunos expertos, que el país asiático controle la organización de preservación de la biodiversidad en alta mar, que abarca 43% de la superficie de la tierra, sería como poner el zorro a cargo del gallinero.

El precio del petróleo registró una caída superior al 5% en las primeras operaciones de este lunes en Asia, en medio de un repunte del optimismo financiero por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar encaminar un entendimiento que reduzca la tensión en Oriente Medio y permita reabrir el estrecho de Ormuz, una vía por la que transita cerca de una quinta parte del suministro global de energía.

El barril de Brent del mar del Norte retrocedió hasta los 98,22 dólares, lo que implicó un descenso del 5,14%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se ubicó en 91,57 dólares, con una baja del 5,21%. Ambos contratos alcanzaron sus niveles más bajos en aproximadamente dos semanas durante la jornada, reflejando la sensibilidad del mercado a cualquier señal de distensión geopolítica en la región.

El movimiento se produjo después de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que las conversaciones con Irán habían avanzado hacia un posible entendimiento preliminar. En un mensaje difundido el fin de semana, el mandatario sostuvo que las partes habían “en gran medida negociado” un memorando de entendimiento, aunque insistió en que no se debe acelerar el proceso.

“He informado a mis representantes que no se apresuren a llegar a un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado”, escribió Trump en redes sociales.

El presidente estadounidense también señaló que cualquier acuerdo tendría como eje la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula una parte sustancial del comercio global de petróleo y gas natural licuado. Sin embargo, matizó el alcance inmediato de un eventual pacto y evitó confirmar plazos concretos para una resolución.

A pesar del tono más constructivo, las partes siguen enfrentando desacuerdos en temas sensibles vinculados a la seguridad marítima y las restricciones en la zona del Golfo. La situación se ha visto agravada por el bloqueo impuesto a la navegación en el estrecho, que ha obligado a los buques a solicitar autorización para transitar o exponerse a posibles ataques.

Analistas del mercado señalaron que la reacción de los precios refleja una combinación de expectativas y cautela. “

“Ahora hay algo de luz al final del túnel, lo que traerá cierto alivio en el precio del petróleo en el corto plazo”, señaló el analista Saul Kavonic, quien advirtió que, pese a las señales positivas, los riesgos sobre el acuerdo aún no han desaparecido.

El conflicto regional se intensificó tras una serie de ataques en Oriente Medio que derivaron en represalias con misiles y drones, lo que elevó la volatilidad en los mercados energéticos desde finales de febrero. Desde entonces, el crudo ha experimentado movimientos bruscos vinculados a cada avance o retroceso en las negociaciones diplomáticas.

En paralelo, el mercado también sigue atento a las restricciones impuestas a la navegación en el Golfo, un factor que continúa limitando el suministro. Aunque existe un alto el fuego parcial desde abril, la normalización del flujo energético dependerá de la implementación efectiva de cualquier acuerdo y de la eventual reapertura del estrecho de Ormuz, considerado uno de los cuellos de botella más importantes del comercio mundial de energía.

Según estimaciones del mercado, cualquier solución definitiva podría tardar meses en estabilizar los flujos de petróleo y gas, debido tanto a las tensiones políticas como a la necesidad de reparar infraestructura afectada en la región. Mientras tanto, los operadores mantienen una postura de vigilancia ante nuevos anuncios que puedan alterar nuevamente el equilibrio de precios.

(Con información de Reuters y AFP)