El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habló este jueves ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en medio de una protesta dentro del recinto: numerosas delegaciones abandonaron la sala cuando comenzó su intervención. Desde el estrado, respondió a quienes se retiraban y los llamó “cobardes”.
Netanyahu dedicó buena parte de su discurso a defender la actuación de Israel en Gaza y a rechazar las acusaciones de genocidio. También apuntó contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con quien mantiene un enfrentamiento público desde antes de su llegada a la ciudad.
Netanyahu rechazó las acusaciones por la guerra en Gaza
“Israel no cometió genocidio. Israel evitó el genocidio”, sostuvo el primer ministro. La afirmación contradice las conclusiones de una comisión internacional independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en 2025 determinó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, algo que el gobierno israelí rechaza.
Netanyahu también volvió sobre el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Comparó su impacto proporcional sobre la población israelí con el de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y afirmó que equivaldría a “16 ataques del 11-S”.
En otro tramo, cuestionó las críticas de países europeos a Israel por supuesto colonialismo. “¿Y quién nos acusa? Entre otros, gente de Reino Unido y Francia. Ellos inventaron el concepto: sus colonias se extendían por todo el mundo”, expresó.
El mandatario defendió además la ofensiva israelí contra Irán y agradeció el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump. Durante la exposición mostró un dispositivo de comunicación satelital Starlink y afirmó que quería dejárselo a la delegación iraní.
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, mantuvo un cruce público con Benjamín Netanyahu antes del discurso del primer ministro israelí ante la ONU.
@NYCMayor
El cruce con Zohran Mamdani
Netanyahu dirigió algunas de sus críticas más duras al alcalde de Nueva York. Lo acusó de distorsionar los hechos sobre la guerra en Gaza y afirmó que, desde su elección, muchos judíos ya no se sienten seguros en la ciudad. “¡Qué vergüenza por escupirle a la verdad, señor Mamdani!”, dijo durante el discurso.
El enfrentamiento se había intensificado en los días previos. Mamdani calificó a Netanyahu de criminal de guerra y lo describió como el “arquitecto de un horrendo genocidio contra los palestinos”. También reconoció que, como alcalde, no tiene autoridad para detenerlo durante su visita a Nueva York, pese a haber planteado esa posibilidad en su campaña. La Corte Penal Internacional emitió en 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad; el primer ministro rechaza las acusaciones.
Antes del discurso, Mamdani difundió un video en el que aparece plantando un olivo en la residencia oficial de la alcaldía junto a familias palestinas provenientes de Gaza.
¿Una nueva movilización de la CGT y de las CTA contra el gobierno de Javier Milei en octubre próximo? Es una alternativa que se discutiría el martes próximo cuando se reúna la versión ampliada de la mesa chica cegetista, en la sede de la UOCRA, en medio de las presiones de distintos sectores para que defina la continuidad del plan de lucha iniciado por las tres centrales obreras.
El encuentro, que comenzará a las 16, fue convocado para realizar “un debate de reflexión y encuadramiento para mantener las estrategias y provocar algo en octubre”, dijo a Infobae uno de los jefes sindicales.
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El triunvirato de la CGT, que integran Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), hace malabares para contener a las fracciones más duras que buscan endurecer el plan de lucha iniciado el 22 de julio y, a la vez, conformar a los dirigentes dialoguistas, que prefieren esperar el clima social más propicio para la realización del quinto paro general contra Milei.
Por ahora, la CGT y las dos CTA sostienen un esquema de protestas contra las políticas libertarias, pero la cúpula cegetista mantiene una estrategia moderada y contempla un paro general si no se abre una instancia de diálogo por el deterioro del empleo, el endeudamiento de los hogares y las jubilaciones congeladas.
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La semana pasada, en una reunión reservada que anticipó Infobae, los líderes cegetistas y los titulares de las CTA hicieron un balance positivo del plan de lucha conjunto contra el Gobierno y acordaron definir en estos días de qué forma seguirán las medidas de fuerza.
Con la presencia del triunvirato de la CGT, el líder de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy (ATE); el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el secretario de Relaciones Internacionales de esa central, Roberto Baradel (CTERA), se coincidió en que fueron exitosas las protestas conjuntas que comenzaron el 22 de julio con el acompañamiento a la marcha de jubilados frente al Congreso. En este caso, concluyeron, la participación de las centrales obreras amplió la adhesión a las concentraciones que se realizan cada miércoles.
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La movilización del 20 de agosto contra el endeudamiento familiar, además, fue evaluada como una instancia para instalar el reclamo y exigir respuestas oficiales.
Las tres centrales obreras habían anunciado protestas “a la francesa”, con paros sectoriales y alternados para aumentar su efecto frente a medidas de fuerza esporádicas. Sin embargo, las movilizaciones posteriores tuvieron una presencia limitada de laCGT.
La dirigencia cegetista tuvo una participación casi testimonial en las marchas al Congreso contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el 6 de agosto; en la movilización por San Cayetano, el 7 de agosto, e incluso en la protesta por las familias y las pymes endeudadas, el 20 de agosto.
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La marcha prevista para el 28 de agosto, cuando se reunió el Consejo del Salario Mínimo, fue suspendida porque el encuentro se hizo de forma virtual. Las dos CTA querían concentrarse de todos modos frente a la Secretaría de Trabajo, pero la CGT impuso su negativa con el argumento de que la deliberación sería por Zoom.
Las fracciones de la CTA privilegiaron la unidad con la central cegetista y desistieron de salir a la calle.
La CGT tampoco marchó el 2 de septiembre por el Día de la Industria, aunque esa posibilidad había sido discutida entre las tres centrales. En cambio, en la sede de Azopardo 802 se realizó un acto para debatir “el futuro estratégico de nuestra industria nacional”, con la participación de dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), presidida por Ricardo Pignanelli (SMATA).
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Los gremios educativos agrupados en la CGT, por su parte, hicieron protestas sin paros para reclamar una actualización del salario mínimo docente, congelado desde el año pasado en $500 mil. Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), había anunciado clases públicas sobre la crisis del sector, “semaforazos”, volanteadas y una marcha al Palacio Pizzurno.
La decisión de no interrumpir las clases responde a la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que reglamenta el derecho de huelga y exige sostener servicios mínimos del 75% en actividades esenciales, como la educación. No es el mismo criterio aplicado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), alineada con la CTA de los Trabajadores, que realizó un paro docente el 3 de agosto por mejoras salariales y contra el desfinanciamiento educativo.
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Ahora, tanto los sindicatos educativos de la CGT como la CTERA y otras organizaciones gremiales del sector convocaron a un paro de 48 horas (el 18 y el 22 de septiembre) y a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 23 de octubre, además de 23 días de protestas en todo el país, en defensa de la universidad pública y en contra del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno libertario.
¿La CGT y las dos CTA analizarán sumarse el 23 de octubre a la Marcha Federal Universitaria y tratar de concretar una demostración de fuerza callejera con distintos sectores afectados por las políticas de Milei?
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Es una de las posibilidades antes de que comience noviembre, cuando los sindicalistas harán una tregua porque estarán con la mirada puesta en la visita del Papa León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de ese mes, que ya tiene una cita programada, como anticipó Infobae: el lunes 9 de noviembre, en el campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), el sumo pontífice tendrá una reunión con la CGT, las dos CTA, el empresariado y los movimientos sociales.
La agenda papal también contempla actividades en Luján y Córdoba, además de una misa central en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el sindicalismo movilizará a sus afiliados.
Este jueves por la mañana se realizaron las audiencias de conocimiento, donde la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, entrevistó a los penados Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera. Se realizaron por videoconferencia desde la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. El exgobernador manifestó que se encuentra aquejado por los insultos y agresiones verbales de los demás internos cada vez que camina desde su pabellón hasta el lugar de visitas. El exministro se refirió a las complicaciones por problemas de salud. Aguilera es a quien mejor se lo notó: de buen ánimo y concentrado en continuar con sus estudios universitarios. La magistrada describió que se encuentran en una situación inmejorable: en un pabellón de 14 habitaciones para ellos tres solos, cuatro baños (dos no están funcionando), climatización centralizada frío/calor, entre otras características del espacio que se había construido para el área Sanidad.
La jueza Cecilia Bértora, con el abogado defensor Miguel Ángel Cullen y la fiscal Fernanda Ruffatti.
Tanto la jueza como los abogados defensores (Miguel Ángel Cullen por Urribarri y Aguilera, y José Velázquez por Báez) aclararon que no se trataba de una instancia para realizar alguna petición, sino para tener una primera instancia de conocimiento entre quienes comienzan a cumplir las condenas y quien las debe supervisar y hacer cumplir de acuerdo a la Ley. También participó de la audiencia e interrogó a los internos la fiscal Fernanda Ruffatti.
Cabe recordar, como ha informado ANÁLISIS, que el Servicio Penitenciario de Entre Ríos debió trasladar al mencionado módulo a los tres internos condenados por delitos de corrupción debido a que se encontraban presionados e insultados por el resto de los presos. Una situación que se repitió en Gualeguaychú tal como había sucedido inicialmente en la Unidad Penal de Paraná, donde debían trasladar a Urribarri de un sector a otro custodiado dentro de un móvil penitenciario.
En la audiencia, el exmandatario se refirió a su situación actual: “Ahora me encuentro alojado en un lugar mucho mejor del que estaba la primera semana”. Sobre ese período inicial, aseguró: “La primera semana compartía un espacio común de puertas abiertas con 14 condenados por violación y abusos, y con dos homicidas, uno de los cuales había matado a cuatro personas y era mi vecino de celda. Dormía de día algunas horas porque era imposible conciliar el sueño de noche. El otro homicida había asesinado de 21 puñaladas a un vecino. Fueron siete días horribles hasta que me trasladaron a un pabellón distinto”.
Señaló que ahora permanece junto a su cuñado y que evita circular por sectores compartidos. “No puedo compartir ningún espacio común. A un exgobernador que tomó decisiones que afectaron a familiares o a ellos mismos, no les resulta grato verme. Me es imposible estar en una biblioteca, en una cancha de fútbol o en cualquier espacio común”, expresó.
Urribarri lamentó que no exista un régimen especial en el Servicio Penitenciario para alojar a un exgobernador.
También describió el espacio en el que transcurre sus días: “Estoy en ese reducto donde voy al baño, me cocino y duermo”. Aunque remarcó las dificultades, reconoció la actuación penitenciaria tras el traslado: “No puedo adjudicarle nada negativo. Al contrario, creo que han hecho un esfuerzo en estas horas para darme la seguridad que evaluaron que no tenía al acceder al cambio de pabellón”.
Al respecto, Bértora le respondió que la situación no era excepcional: “Quiero comentarle que lo que usted está viviendo lo viven muchas otras personas de otra manera. Esto sucede con un porcentaje alto de la población penal: internos que no pueden salir por miedo a ser agredidos o que deben volver al confinamiento”, en general por conflictos barriales o delictivos con otros presos. “Este confinamiento no es exclusivo de usted ni de esta situación que atribuye a su trabajo. En la Unidad Penal Nº 1 es de lo más frecuente”, agregó
La magistrada explicó que el Servicio Penitenciario debe adoptar recaudos para evitar cruces entre personas con conflictos y sostuvo que la adaptación será gradual. “Entiendo que la privación de la libertad es lo más doloroso para un ser humano, pero quiero decirle que no es la única persona en esta situación”, concluyó.
El diálogo sobre este punto continuó y Urribarri dijo: “Sinceramente no conozco el detalle de las condiciones en que están otros internos del penal. Lo que sí estoy seguro es que el Servicio Penitenciario Provincial tiene unidades carcelarias con distintos regímenes. No sé si tienen un régimen previsto para un exgobernador”. La jueza respondió: “No, la verdad que no, porque no creo que en ninguna provincia ni lugar del mundo se haya previsto la posibilidad de tener privadas de la libertad a personas que vienen de un sector político o social muy diferente del resto de la población. Se toma en consideración la media, es decir, el promedio de la población”.
Acerca de la cuestión educativa, el exgobernador dijo que estudió hasta quinto año de Ciencias Económicas, pero abandonó la carrera al momento de asumir como intendente de General Campos. Consultado por la jueza, dijo que no es de su interés incorporarse a alguna de las ofertas educativas del penal.
Bértora le dijo a Urribarri, al igual que a Báez y Aguilera: “Vea la posibilidad de hacer tratamiento psicológico. Tenga en consideración que en unos años va a pedir salidas sociofamiliares o sociolaborales, y se evalúa no solo el comportamiento, sino también la parte subjetiva. Cuando cumpla cuatro años de detención estará en condiciones de pedir salidas. Haga tratamiento psicológico con la gente del penal o con otros profesionales para trabajar sobre la razón por la cual está condenado. Es una sugerencia para que sepa qué se espera de usted en esta situación”. “Gracias”, respondió el exmandatario.
Báez: estudios, rutina y condiciones de encierro
En su audiencia de conocimiento, el exministro de Comunicación y Cultura Pedro Báez repasó su formación, la rutina que comenzó a organizar dentro de la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú y las condiciones del sector al que fue trasladado junto con Urribarri y Aguilera.
Al ser consultado por sus estudios, Báez indicó que completó la escuela primaria y secundaria y que cursó hasta quinto año de Ingeniería de Alimentos. Aunque abandonó la carrera, obtuvo el título intermedio de Técnico Superior en Tecnología de Alimentos. Cuando Bértora le preguntó si evaluaba retomarla, respondió: “No, doctora, ya pasaron muchos años de eso. Dejé de estudiar con quinto año aprobado en el año 1987 y además no ejercí. Hay etapas para cada cosa en la vida y eso ya se me pasó”.
Báez se explayó sobre los problemas de la “contaminación cruzada” de gluten por su celiaquía.
La jueza le planteó entonces la posibilidad de incorporarse a alguna propuesta disponible en la cárcel. “Seguramente hay alguna oferta educativa en la Unidad Penal Nº 9 que pueda interesarle”, señaló. Báez contestó que ya había dialogado con el área correspondiente: “Quedamos el otro día en la entrevista con la gente de educación en que este año están todos terminando, pero veremos el año que viene”.
Sobre sus actividades cotidianas, el exfuncionario explicó: “Estoy construyendo una rutina que incluye limpieza, ordenamiento, cocina, lavado de ropa, actividad física y lectura”. También dijo que cuenta con libros y que le autorizaron el ingreso de un dispositivo de lectura (Kindle) con una biblioteca digital.
En relación con su salud, Báez concentró su planteo en la necesidad de sostener una dieta específica y evitar la contaminación cruzada al preparar alimentos por el diagnóstico de celiaquía. Explicó que los tres internos comparten utensilios y el espacio de cocina, por lo que él mismo organiza su alimentación. Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal indicó que solicitaría a la Dirección de la cárcel que se resguardara esa dieta cuando fuera requerida.
Al describir el nuevo alojamiento, Báez afirmó: “Nos sentimos más seguros y con más comodidad”. Añadió que la incorporación de una mesa resultó importante para ordenar sus actividades diarias.
El exministro agregó que se encuentra en un proceso de lectura y reflexión sobre su condena. “En noviembre voy a cumplir dos años de pérdida de la libertad. He leído y reflexionado mucho. Siento una gran responsabilidad en poder transmitirle a los jóvenes nuestra experiencia, nuestros aciertos y errores”, manifestó.
Aguilera gestiona continuar sus estudios universitarios
Juan Pablo Aguilera también participó de una audiencia de conocimiento con la jueza Cecilia Bértora, ante quien explicó las gestiones que inició para continuar sus estudios y describió cómo atraviesa sus primeras semanas en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú.
Al ser consultado por su formación, Aguilera indicó que tiene estudios universitarios incompletos y que, después del secundario, cursó Derecho y Administración de Empresas. Sobre su intención de avanzar con esta última carrera, afirmó: “Sí, la estoy estudiando y gestionando con la gente de Educación para poder continuar. Ayer fue un día muy interesante porque pudimos estar con todas las áreas, y me vine con mucha expectativa para continuar la carrera”.
El detenido, que denotaba un buen ánimo, explicó que cursaba a distancia en la Universidad Siglo 21 y que ya había conversado con el área de Educación acerca de horarios de conexión y mecanismos para acceder a archivos y apuntes. “Entendiendo la situación en la que estoy, buscarle la vuelta a la virtualidad sería muy beneficioso”, sostuvo. La representante del Ministerio Público Fiscal agregó que el Servicio Penitenciario había solicitado autorización para el ingreso de una computadora que permanecería en el área educativa y sería utilizada para descargar el material de estudio.
Aguilera dijo que continuará sus estudios universitarios, dijo que trabajó en construcción en seco y en un emprendimiento rural en los últimos años, pero omitió que seguía siendo empleado del Senado.
Bértora manifestó la disposición del juzgado para facilitar la continuidad académica. “Nosotros estamos interesados en que pueda realizar lo que haga falta para avanzar en los estudios. Dentro de la oferta universitaria de la unidad penal, le brindaremos el apoyo que necesite”, señaló. También indicó que, si el acompañamiento institucional no resultara suficiente, la defensa podría comunicarlo para gestionar el acceso a la educación.
Respecto de su situación dentro de la cárcel, Aguilera dijo que se encuentra en un proceso de adaptación apoyado en la lectura y en una rutina tranquila. “Vivo una realidad difícil, pero convivo bastante bien con lo que está pasando, transcurriendo estos primeros tiempos con mucha lectura y tranquilidad”, expresó al ser consultado por su alojamiento actual.
Algo que pasó desapercibido en la audiencia de Aguilera fue cuando se refirió a su situación laboral durante los últimos años: “Tuve un emprendimiento de construcción en seco con un amigo, que terminó hace dos años y medio o tres. En este último tiempo mi hermano y un amigo iniciaron un emprendimiento de granja en General Campos, en el cual participaba de modo informal para ocupar mi tiempo”. Sin embargo, no mencionó que continuaba siendo empleado de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, por lo que habría percibido el sueldo incluso hasta ser detenido. Teóricamente se cumplía funciones de forma virtual o a distancia, pero esto no fue mencionado en la audiencia.
Cabe recordar que en estas instancias se evalúa el cumplimiento de las penas por el Megajuicio que concluyó con las condenas en abril de 2022. Los tres mantienen causas en trámite por enriquecimiento ilícito y corrupción que, en caso de nuevas condenas, alargarían sus penas.
La provincia de San Juan concretó con éxito su regreso al mercado internacional de capitales con la emisión de un bono por USD 600 millones bajo legislación de Nueva York, destinado a financiar obras de infraestructura, en una operación que representa un hito para la provincia que vuelve a acceder al financiamiento internacional después de aproximadamente dos décadas.
La emisión, que se realizó a un plazo de nueve años y con una tasa en torno al 9,875 por ciento.
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Desde la provincia destacaron que el regreso a los mercados internacionales se da después de 27 años: la última colocación externa había sido en 1999. Además, definieron la cifra como “de una escala inédita”.
Según se detalló, los fondos tendrán un destino productivo: irán a infraestructura y obra pública, acompañando el crecimiento y el desarrollo minero de la jurisdicción.
El plazo y la tasa conseguidos, dijeron fuentes del sector financiero, reflejan el renovado interés de los inversores por las oportunidades que ofrece Argentina y, especialmente, por el potencial de crecimiento y desarrollo del sector minero.
Desde allí también remarcaron que la emisión del bono se apoya en fundamentos fiscales sólidos. De acuerdo con los análisis de mercado difundidos en los últimos días, San Juan presenta cuentas fiscales ordenadas, una sólida posición de liquidez y un nivel de endeudamiento históricamente bajo. Los datos correspondientes al segundo trimestre de 2026 muestran un superávit primario acumulado equivalente al 0,9% de los ingresos totales y un superávit financiero del 0,3 por ciento.
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Estos indicadores adquieren relevancia en un escenario en el que distintas jurisdicciones provinciales enfrentaron un deterioro de sus cuentas fiscales. “La fortaleza de las finanzas provinciales constituye así uno de los principales atributos que acompañan el regreso de San Juan a los mercados internacionales”, dijeron las fuentes financieras.
Desde la provincia remarcaron también el contexto de solidez fiscal e hicieron foco en el bajo nivel de endeudamiento y el respaldo al potencial minero.
“La licitación fue muy buena. En un contexto bastante complejo se recibieron muchísimas órdenes” (Cohen)
“Antes de esta emisión, la deuda provincial representaba aproximadamente el 10% de sus ingresos anuales. El mercado valora las perspectivas de crecimiento, inversión y generación de divisas de los grandes proyectos mineros de San Juan”, dijeron y aseguraron que hubo consultas de fondos del exterior y otros inversores interesados en participar de la colocación. “Es una muy buena señal de confianza: después de casi tres décadas, San Juan vuelve a presentarse ante los mercados internacionales respaldada por orden fiscal, bajo endeudamiento y perspectivas de crecimiento”, cerraron.
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“La licitación fue muy buena. En un contexto bastante complejo se recibieron muchísimas órdenes. Eso muestra el interés que hay por Argentina y por la provincia de San Juan en particular”, dijo Matías Salcedo, responsable de Financiamiento en Cohen Aliados Financieros.
“El mercado está experimentando una suba de tasas general. En ese contexto, San Juan logró comprimir la primera indicación que se dio, gracias a lo sobredemandado que resultó el bono. Este punto es, la cantidad de manda, es muy importante destacar. Porque la tasa se mueve según el mercado, pero la cantidad de órdenes tanto locales como internacionales demuestra la solidez de la provincia”, agregó.
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Cuando se liquiden en el mercado, los dólares que consiguió la provincia aumentarán la oferta de divisas, lo que resulta favorable para el Banco Central de la República Argentina (BCRA): la entidad tendrá mayor margen para acelerar la compra de reservas internacionales —que en los últimos meses bajó el ritmo— sin generar presiones sobre el tipo de cambio.
Hasta mediados de agosto, en el BCRA calculaban que aún restaban por liquidarse más de USD 4.400 millones de colocaciones, un colchón de dólares para el mercado a partir del cual la entidad podría acelerar el ritmo de compras, aunque ya superó ampliamente la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Durante una caravana electoral enBrasilia, un simpatizante de izquierda lanzó gritos contra Michelle Bolsonaro. La candidata al Senado respondió: “Tú eres de Lula, yo soy de Jair Bolsonaro y con respeto todo sale bien”. La escena expuso el perfil que la esposa del expresidente intenta construir dentro de la derecha brasileña.
Michelle avanza así en la disputa por el legado político de su marido, hasta ahora principal referente del conservadurismo brasileño. Aunque evita pronunciarse sobre sus aspiraciones futuras, su figura comienza a proyectarse como una alternativa presidencial para 2030.
“Esta candidatura al Senado es apenas el principio: hoy Michelle es el mayor nombre político femenino de Brasil”, afirmó a la AFP su hermano y asesor, Eduardo Torres.
La exprimera dama brasileña se proyecta para 2030.
Foto: Reuters
La apuesta de Michelle Bolsonaro por el Senado
La ex primera dama aparece como favorita para conseguir una banca por Brasilia en las elecciones legislativas del 4 de octubre, que se realizarán simultáneamente con las presidenciales.
Su campaña tuvo hasta ahora una actividad limitada y esta semana incluso debió ser hospitalizada brevemente por una jaqueca. Antes de que Jair Bolsonaro eligiera a Flávio como candidato presidencial, Michelle había aparecido entre los nombres considerados dentro de la derecha para competir por la Presidencia.
Si consigue ingresar al Senado, será el primer cargo electivo de su trayectoria política. Hasta el momento, su principal función partidaria fue conducir la rama femenina del Partido Liberal (PL), espacio de Jair Bolsonaro.
La ex primera dama construyó buena parte de su capital político entre las mujeres evangélicas, un sector de importante peso electoral en Brasil. Protestante practicante y cercana a pastores conservadores, suele incorporar símbolos religiosos en sus apariciones públicas.
“Michelle es una interlocutora clave” con las madres y amas de casa evangélicas, “más esquivas que los hombres al bolsonarismo”, explicó Graziella Testa, politóloga de la Universidad Federal de Paraná.
Las diferencias con Flávio Bolsonaro
Pese a respaldar la candidatura presidencial de Flávio, la relación política entre ambos atravesó momentos de tensión. En junio, Michelle acusó públicamente a su hijastro de “faltarle al respeto” y tratarla “como si fuera idiota” durante una discusión política. Flávio posteriormente le pidió disculpas públicas y la ex primera dama aceptó el gesto.
Sin embargo, Michelle todavía no participó de actos de campaña del senador. Explicó su ausencia por la necesidad de cuidar a Jair Bolsonaro, de 71 años.
En paralelo, candidatos de diferentes puntos del país viajan hasta Brasilia para grabar piezas electorales junto con ella, una señal del peso que adquirió su figura dentro del espacio.
La ex primera dama salió “fortalecida” y aunque “falta mucho” para 2030, “Michelle ya tiene un papel de liderazgo en la derecha”, aseguró a la AFP una fuente del PL. Flávio, por su parte, aseguró que si gana las elecciones presidenciales de octubre no buscará un segundo mandato.
“Las críticas de algunos en la derecha vienen porque Michelle no se quedó dentro del cuadradito diseñado por hombres”, sostuvo la senadora Damares Alves, amiga y aliada de la candidata, frente a las acusaciones difundidas en redes sociales sobre un supuesto distanciamiento de la campaña presidencial.
Religión, conservadurismo y un perfil propio
Durante su etapa como primera dama, Michelle cultivó una imagen asociada con la sobriedad, la discreción y un modelo tradicional de familia.
En diferentes intervenciones sostuvo que “hacer comidita” no degrada a la mujer y afirmó que una mujer de derecha es “bonita y perfumada“.
Durante la asunción presidencial de Bolsonaro en 2019, pronunció un discurso en lengua de señas, disciplina en la que se desempeña como intérprete, y convirtió las políticas vinculadas con las personas con discapacidad en una de sus principales causas dentro del Gobierno.
A diferencia de su marido, Michelle mantiene una relación distante con buena parte de la prensa y concentra su comunicación principalmente en las redes sociales.
También mantiene posiciones conservadoras sobre cuestiones sociales. Es militante contra el aborto y en 2025 aseguró a la AFP que el feminismo persigue los “objetivos dudosos de la agenda woke”.
La historia de Michelle Bolsonaro
Michelle de Paula Firmo Reinaldo nació en 1982 en Ceilandia, Brasilia, y relató en distintas oportunidades las dificultades que atravesó durante su infancia y adolescencia.
“Crecí en medio de traficantes, vi amigos morir” de adolescente, contó sobre sus primeros años. También describió su entorno como una “familia disfuncional”, con varios familiares que terminaron detenidos.
Es hija de un matrimonio interracial formado por un chofer de colectivo y una empleada doméstica. A los 10 años vendía naranjas en un semáforo y, posteriormente, trabajó como promotora de supermercado.
Más adelante se desempeñó como secretaria de un legislador progresista. Su oficina estaba ubicada junto a la de Jair Bolsonaro, quien entonces era diputado. Él tenía 52 años, cuatro hijos y había atravesado dos divorcios; ella tenía 25 años y era madre soltera de una niña.
Ambos se casaron pocos meses después de conocerse y Bolsonaro posteriormente la incorporó a su gabinete. A pedido de Michelle, el entonces diputado revirtió una vasectomía y la pareja tuvo posteriormente una hija.
Ahora, con su candidatura al Senado, Michelle Bolsonaro busca transformar el protagonismo adquirido como primera dama y referente del electorado evangélico en capital político propio, mientras comienza a disputar un lugar central en el futuro de la derecha brasileña.
En la jornada de hoy se llevaron a cabo los actos de apertura de ofertas para la puesta en valor de la histórica Escuela Normal de Concordia y la ampliación de la Escuela N° 54 Carlos Souriques de San José, con una importante participación de empresas oferentes y autoridades provinciales y locales.
El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que “la cantidad de empresas que se presentaron en estas dos licitaciones demuestra el nivel de confianza en la Provincia, en la transparencia de nuestros procesos y en la decisión del Gobierno de sostener la obra pública. Estamos generando las condiciones para que la inversión llegue a cada comunidad y se traduzca en infraestructura que mejore la vida de los entrerrianos, especialmente en nuestras escuelas”.
Por su parte, el presidente de Cafesg, Carlos Cecco, expresó: “Es una satisfacción continuar avanzando con el Plan de mejoramiento de infraestructura escolar y hospitalaria en la región, en dos meses ya licitamos tres obras y el mes que viene vamos a licitar tres más, que se suman a las más de 20 obras que tenemos en ejecución en este momento”.
Puesta en valor de la Escuela Normal de Concordia
En primer término, se concretó la apertura de sobres para la obra de refacción, restauración y puesta en valor de la emblemática Escuela N° 15 Domingo Faustino Sarmiento (Escuela Normal) de Concordia, un proyecto largamente esperado por toda la comunidad educativa local que cuenta con un presupuesto oficial superior a los 1.498 millones de pesos.
Para este llamado se presentaron ocho empresas oferentes, reflejando el interés del sector privado en ejecutar los trabajos. Esta nueva convocatoria surge tras la desestimación del anterior llamado a licitación -Licitación Pública N° 6/2026-, que quedó sin efecto luego del análisis técnico, legal y económico de las propuestas presentadas, en el que se constató que ninguna cumplía en su totalidad con los requisitos formales establecidos en los pliegos de bases y condiciones ni con las especificaciones técnicas de la obra.
El acto contó con la presencia del presidente de Cafesg, Carlos Cecco, acompañado por los vocales del organismo, Pablo Canali, Martín Dri y Marcelo Bisogni. Asimismo, participaron de la convocatoria el diputado provincial Marcelo López, el director departamental de escuelas de Concordia, Alejandro Ramírez y la directora de la institución, Carina Schanfeld.
Ampliación de escuela en San José
Por otra parte, se avanzó con la apertura de ofertas para la tan esperada obra de ampliación de la Escuela N° 54 Carlos Souriques del barrio Perucho de la ciudad de San José, un edificio cuya comunidad aguardaba la culminación de sus etapas constructivas para dar respuesta a la demanda escolar de la zona. Esta licitación cuenta con un presupuesto oficial de más de 508 millones de pesos y contó con la presentación de seis empresas oferentes.
Del acto licitatorio, participaron el presidente de Cafesg, Carlos Cecco, junto a los vocales Pablo Canali y Martín Dri, el diputado provincial Mauro Godein y el concejal por la ciudad de San José, Gabriel Truffa, además de las empresas oferentes y vecinos de la comunidad educativa.
Con estas iniciativas, la Cafesg y el gobierno provincial ratifican su firme decisión política de sostener la inversión en infraestructura escolar, garantizando procesos transparentes que aseguren la correcta ejecución de obras de gran envergadura destinadas a mejorar las condiciones educativas de estudiantes y docentes entrerrianos.
El presidente palestino, Mahmud Abás, se dirigió este jueves a la Asamblea General de las Naciones Unidas desde su oficina en Ramala, luego de que Estados Unidos le negara, por segundo año consecutivo, la visa para asistir personalmente a la reunión junto con otros altos funcionarios palestinos. “El pueblo palestino permanecerá en sus tierras”, afirmó en su discurso.
Al referirse a la ocupación militar israelí en Cisjordania y Gaza, Abás denunció que el pueblo palestino “enfrenta uno de los momentos más peligrosos de su historia”. Según sostuvo, Israel “ha atacado todas las necesidades básicas de la vida”.
El discurso del presidente palestino ante la ONU
En su discurso, el mandatario describió la situación en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental como “una guerra genocida” y afirmó que los ataques destruyeron hogares, escuelas, hospitales y mezquitas. También advirtió sobre un supuesto plan colonial destinado a expulsar a los palestinos de sus tierras: “No permitan una nueva Nakba“, pidió Abás a la comunidad internacional, al mismo tiempo que reclamó el fin de la ocupación y la aplicación plena de la solución de los dos Estados.
Se conoce como “Nabka” al desplazamiento masivo, la desposesión y la expulsión de cientos de miles de palestinos ocurrida durante la creación del Estado de Israel entre 1947 y 1949.
Archivo. Abás calificó el avance de Israel como una “guerra genocida”.
Sobre la situación actual, el mandatario denunció que los “ataques continuos de Israel contra las sedes de las Naciones Unidas y sus instituciones en Jerusalén y en Cisjordania”, y sostuvo que esas acciones afectan la capacidad de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) para brindar asistencia.
Además, acusó además a Israel de retener más de u$s6.000 millones pertenecientes al pueblo palestino y cuestionó la expansión de los asentamientos, especialmente el plan E1, que, según señaló, separaría el norte y el sur de Cisjordania.
El respaldo al plan de Trump
Pese a sus críticas – y a la nueva denegación de la visa por parte de EEUU –Abás valoró el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump y la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, lamentó que “nada de esto se ha materializado sobre el terreno“, un discurso presente durante la Asamblea General de este año, donde diversos mandatarios denunciaron la pasividad del organismo multilateral.
Durante su intervención, aseguró que la Autoridad Palestina cumplió con su Programa Nacional de Reforma, con avances en transparencia, rendición de cuentas y gobernanza. También anunció elecciones legislativas para el próximo 28 de noviembre.
Abás reiteró su rechazo al terrorismo y al antisemitismo y defendió la creación de un Estado palestino desmilitarizado que conviva en paz con Israel.
El discurso terminó con un llamado a los países que todavía no reconocen al Estado palestino y con un pedido de plena membresía en Naciones Unidas. Según Abás, 160 países ya reconocen al Estado palestino. “No aceptaremos el desplazamiento y no permitiremos que nadie decida nuestro futuro en nuestro nombre”, concluyó.
El rol de Abás y la Autoridad Palestina
Abás, de 90 años, asumió su rol al frente de la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente como representante del pueblo palestino, en 2005. Su respaldo entre los palestinos, sin embargo, se debilitó durante años de corrupción y por los ataques de colonos israelíes en la Cisjordania ocupada.
Durante su liderazgo, Palestina fue reconocida como país por la mayoría de los Estados miembros de la ONU. Sin embargo, esas decisiones no modificaron sobre el terreno la ocupación militar israelí en Cisjordania. Al día de hoy, Estados Unidos sigue sin reconocer a Palestina como un Estado.
A lo largo de la guerra en Gaza, Abás y la Autoridad Palestina quedaron en gran medida al margen de las negociaciones sobre el futuro del territorio, desplazados por un proceso de transición encabezado por la Junta de Paz del presidente Donald Trump.
La Autoridad Palestina fue creada a partir de una serie de acuerdos de paz con Israel durante la década de 1990 y administra zonas semiautónomas de Cisjordania, con una fuerte dependencia de la ayuda extranjera.
En Gaza, la Autoridad fue expulsada después de que Hamás ganara las elecciones parlamentarias de 2006 y tomara el control del territorio por la fuerza. Abás había sido elegido en 2005 para un mandato de cuatro años, pero desde 2006 no se celebran elecciones presidenciales ni legislativas.
Israel capturó Cisjordania y Jerusalén Oriental durante la Guerra de los Seis Días, en 1967. Los palestinos reclaman ambos territorios como parte de su futuro Estado, mientras que los palestinos y gran parte de la comunidad internacional consideran ilegales los asentamientos israelíes y los señalan como un obstáculo para la creación de un Estado palestino viable y territorialmente contiguo.
La ONU, a la espera del discurso de Benjamín Netanyahu
A la par, este jueves también se presentará el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quién arribó a la ciudad de Nueva York por la mañana. El mandatario tiene previsto participar en la Asamblea General a partir de las 15:00 hora argentina, pocas horas después del discurso de Abás.
Durante su breve estadía en la ciudad, Netanyahu tiene previsto reunirse con el presidente argentino, Javier Milei. Posteriormente, mantendrá un encuentro conjunto con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; y el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano.
El primer ministro israelí viajó a Nueva York por unas horas, en una visita atravesada además por el pedido del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, para que se ejecute la orden de arresto emitida contra Netanyahu por la Corte Penal Internacional (CPI). La orden está vinculada a presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza.
Mamdani afirmó que había estudiado las vías legales disponibles para determinar si la ciudad podía ejecutar la orden de arresto, aunque señaló que “como es evidente” la cuestión depende de las fuerzas federales, bajo control de la Administración de Trump.
A la espera del discurso, ciudadanos de Nueva York convocaron a una movilización en repudio de la presencia de Netanyahu que tendrá lugar ante la sede de las Naciones Unidas.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió este jueves hacer lugar parcialmente al recurso presentado por un grupo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Fundación CAUCE, y precisó que la obligación del Estado provincial respecto de la alimentación escolar no se limita a excluir productos con sellos de advertencia.
El fallo -dictado por las vocales Susana Medina y Claudia Mizawak y el vocal Leonardo Portela-, confirmó la sentencia de primera instancia que había ordenado a la Provincia abstenerse de ofrecer, servir o distribuir en establecimientos educativos públicos productos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias en los términos de la Ley Nacional 27.642.
Sin embargo, el máximo tribunal entrerriano consideró necesario precisar el alcance de esa condena. Estableció que la obligación estatal también comprende el deber de ajustar la prestación alimentaria escolar a los estándares de alimentación saludable establecidos por la Ley Provincial 10.594.
De esta manera, el STJ sostuvo que la ausencia de sellos de advertencia no puede ser interpretada como el único requisito para determinar si los alimentos que reciben los estudiantes cumplen con las obligaciones legales. Según el pronunciamiento, la exclusión de productos alcanzados por el artículo 12 de la Ley 27.642 constituye una exigencia que integra, pero no agota, el deber de garantizar una alimentación adecuada.
La resolución tomó como referencia el artículo 8 de la Ley Provincial 10.594, que establece que los establecimientos educativos con servicio de comedor deben adecuar sus menús a la Guía de Alimentos Saludables y someterlos a homologación por parte de la autoridad de aplicación.
Al mismo tiempo, el Tribunal aclaró que esta decisión no implica que el Poder Judicial deba definir qué productos deben integrar los menús ni reemplazar al Poder Ejecutivo en las decisiones técnicas u organizativas necesarias para implementar el sistema. El control judicial, sostuvo, debe limitarse a verificar el cumplimiento de las obligaciones legales.
El origen del conflicto
La causa se inició a partir de la decisión del Gobierno entrerriano de modificar el sistema de desayunos y meriendas escolares. El esquema anterior, basado en compras descentralizadas y alimentos frescos elaborados en las escuelas, fue reemplazado por un sistema centralizado de productos industrializados no perecederos, provistos por la empresa Teknofood SA a partir de una licitación pública.
Ante ese cambio, un grupo de padres, AGMER y la Fundación CAUCE presentó una acción de amparo colectivo. Entre otros puntos, reclamó que no se distribuyeran alimentos alcanzados por los sellos de advertencia previstos en la legislación nacional y que se garantizara la adecuación nutricional integral de la nueva prestación.
El Gobierno provincial, en tanto, sostuvo que Entre Ríos no había adherido a la Ley Nacional 27.642 y que la alimentación escolar se encontraba regulada por la legislación provincial. También defendió el nuevo esquema de provisión y señaló que los mecanismos contractuales contemplaban la posibilidad de observar, rechazar y sustituir productos que no cumplieran con las condiciones establecidas.
Qué había resuelto la primera instancia
El 21 de agosto de 2026, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná había hecho lugar al amparo y ordenado a la Provincia abstenerse de distribuir productos con sellos de advertencia o leyendas precautorias en los desayunos y meriendas escolares.
El juez Juan Francisco Malvasio consideró que la falta de adhesión provincial a la Ley 27.642 no impedía aplicar la prohibición prevista en su artículo 12. También entendió que las normas nacionales y provinciales podían aplicarse de manera complementaria.
Los amparistas apelaron porque consideraron que la sentencia no había llevado esa interpretación hasta la parte resolutiva. Sostuvieron que la tutela debía contemplar no solamente la presencia o ausencia de sellos, sino también la composición nutricional de los alimentos y el cumplimiento integral de los estándares previstos por la normativa vigente.
La precisión del Superior Tribunal
Al analizar el recurso, el STJ entendió que la sentencia de primera instancia debía mantenerse, pero que era necesario precisar su alcance para evitar una interpretación meramente formal de la obligación.
En ese sentido, el Tribunal advirtió que una lectura limitada a la ausencia física de los sellos podría permitir que un producto fuera presentado sin esas advertencias sin que ello significara, por sí mismo, que cumpliera con los estándares de alimentación saludable exigidos por la legislación provincial.
Por eso, incorporó expresamente a la condena que el Estado debe ajustar la prestación alimentaria escolar a los estándares establecidos por la Ley 10.594.
El Tribunal, no obstante, rechazó otros pedidos de los amparistas. Consideró que los requerimientos de información sobre los menús y documentación debían canalizarse mediante el régimen específico de acceso a la información pública. También descartó establecer una condena genérica sobre eventuales incumplimientos futuros, al considerar que cualquier controversia concreta podrá plantearse durante la etapa de ejecución de la sentencia.
Respecto del planteo sobre la falta de apertura a prueba, el STJ entendió que el proceso de amparo tiene un marco de conocimiento acotado y que los elementos reunidos habían sido suficientes para resolver el caso. También rechazó revisar los honorarios de primera instancia porque, según señaló, no se había utilizado la vía recursiva específica prevista por la legislación arancelaria.
Una obligación que deberá cumplirse durante la ejecución
Con su decisión, el máximo tribunal provincial confirmó la prohibición de distribuir productos alcanzados por los sellos de advertencia y, a la vez, dejó establecido que la prestación alimentaria debe cumplir con los estándares de alimentación saludable fijados por la legislación entrerriana.
La sentencia mantiene, en consecuencia, la facultad del Poder Ejecutivo para determinar los mecanismos concretos mediante los cuales implementará el sistema alimentario escolar, pero establece que esas decisiones deben ajustarse a las obligaciones legales vigentes.
El STJ dispuso además que las costas de la instancia de apelación sean afrontadas en el orden causado y reguló los honorarios correspondientes a la intervención de los abogados ante el Tribunal.
Durante la gira del presidente Javier Milei por Nueva York, la Argentina y Estados Unidos presentaron el “Corredor Andes-Atlántico”, un entendimiento que promete conectar las zonas mineras del noroeste argentino y la cuenca de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico y, desde ahí, con los mercados internacionales.
El esquema anunciado contempla herramientas de financiamiento por hasta USD 7.000 millones hacia 2027, aunque casi seis de cada siete dólares comprometidos corresponden a una sola propuesta de crédito que el Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) calificó como “indicativa y no vinculante”.
El resto del paquete se reparte entre gasoductos, tendido eléctrico, ferrocarriles de carga, hidrovía y telecomunicaciones, con montos mucho más acotados y, en algunos casos, todavía sin definir.
El proyecto que concentra casi todo el dinero
Ese proyecto es Argentina LNG, la iniciativa de exportación de gas natural licuado que desarrollan YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG a partir de la producción de Vaca Muerta.
El Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) presentó una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta USD 6.000 millones, destinados a la compra de bienes y servicios estadounidenses para desarrollar la infraestructura y la producción del proyecto.
Esa propuesta todavía no es un crédito aprobado: requiere el visto bueno final del directorio de EXIM, y hasta entonces sigue siendo, según los propios términos del acuerdo, una oferta indicativa.
La primera etapa de Argentina LNG contempla dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro, con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales, y un inicio de operaciones proyectado para 2031.
Para llegar a esa fecha, los socios calculan una inversión de USD 29.000 millones: unos USD 24.000 millones en ductos, instalaciones portuarias, plantas de procesamiento y unidades de licuefacción, y otros USD 5.000 millones para desarrollar el gas que alimentará el proyecto. A lo largo de toda su vida útil, la cuenta total del proyecto trepa a USD 51.000 millones.
Dentro de ese desarrollo aparece también el sistema de ductos que trasladará el gas hasta las instalaciones de exportación: el acuerdo menciona la adjudicación de un contrato superior a USD 1.000 millones a un consorcio integrado por la estadounidense Pumpco, la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos.
Esa obra, sin embargo, queda sujeta a que el proyecto de GNL reciba finalmente luz verde para la inversión.
Energía y rieles, la otra mitad del corredor
El resto del corredor combina un proyecto eléctrico y una batería de líneas ferroviarias pensadas para bajar hidrocarburos y minerales hasta la costa.
La concesión de AMBA I, una nueva línea de alta tensión para el transporte de energía eléctrica, tiene una inversión estimada de USD 800 millones y cuenta con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); forma parte del componente energético del corredor, pensado para acompañar el crecimiento de la producción de petróleo y gas.
En materia ferroviaria, el acuerdo incorpora proyectos para rehabilitar y ampliar el Belgrano Cargas, el San Martín y el Urquiza, en un contexto en el que el Gobierno avanza con la privatización de esas líneas.
El objetivo declarado es mejorar la conexión entre las zonas productivas y los puertos, sobre todo para facilitar el traslado de minerales, hidrocarburos y otros productos de exportación.
Entre esos proyectos ferroviarios figura además una posible conexión de cargas entre Vaca Muerta y Bahía Blanca, que tendría un peso estratégico para sacar la producción de hidrocarburos de la cuenca neuquina hacia uno de los principales polos portuarios del país. A diferencia de otras obras del corredor, todavía no se informó un monto de inversión específico para esta traza.
Puertos, fibra óptica y un mercado de telefonía que cambia de manos
La Hidrovía también entró en el paquete de obras y concesiones: el entendimiento contempla inversiones para mejorar vías navegables y puertos, de modo de facilitar la salida de la producción hacia los mercados externos.
El corredor suma, además, un capítulo de conectividad digital. El documento menciona la próxima concesión para ampliar y modernizar la red de fibra óptica de Arsat, cuya primera etapa contará con un préstamo del BID por USD 49 millones, y deja abierta la puerta a futuras inversiones en cables submarinos, centros de datos y conectividad satelital.
En el plano de las telecomunicaciones, el acuerdo señala la adquisición de seis millones de usuarios de servicios móviles en la Argentina por parte de la estadounidense Metrotel, una operación que se enmarca en la fusión entre Telecom y Telefónica.
Litio, cobre y un objetivo que todavía es una promesa
Detrás de las obras puntuales, el Gobierno y Washington plantean un objetivo más amplio: fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, promover nuevas inversiones y conectar las regiones mineras del noroeste argentino -con el litio y el cobre como protagonistas- con los puertos del Atlántico. Es, en los papeles, la columna vertebral que le da nombre al corredor.
Entre los proyectos con financiamiento ya ofrecido y los que todavía no tienen un número asociado, el “Corredor Andes-Atlántico” funciona hoy más como un mapa de intenciones que como una obra en marcha: su pieza más grande, el crédito de US$6.000 millones para Argentina LNG, sigue esperando la firma final del directorio de EXIM.
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que, durante el primer semestre de 2026, la pobreza se ubicó en 32,3% y la indigencia en 7,5% en los principales centros urbanos del país. Al extrapolar estos porcentajes al total de la población, la cifra equivale a unos 15,56 millones de argentinos pobres y 3,61 millones indigentes.
El dato implica un aumento de 4,1 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza se ubicó en 28,2 por ciento. Esto implica que hay 2,05 millones de pobres más que hacia fines del año previo. A la vez, se mantuvo por encima del nivel del primer semestre de 2025, cuando el indicador se posicionó en31,6 por ciento.
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En cuanto a la indigencia, también experimentó un alza de 1,2 puntos porcentuales en relación al 6,3% que había arrojado en los seis meses anteriores, lo que se traduce en 595.300 nuevos indigentes. Si se la compara con el primer semestre 2025, la suba fue de 0,6 puntos porcentuales.
La pobreza afectó al 44,5% de los chicos y adolescentes de hasta 14 años. En el segmento de 15 a 29 años, la incidencia fue de 36,9%; entre las personas de 30 a 64 años, de 28,8%; y en la población de 65 años o más, de 14,8 por ciento.
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Al poner la lupa sobre las regiones, el Noreste registró la mayor proporción de personas bajo la línea de pobreza, con 41,5%, seguido por Cuyo, con 36,7 por ciento. La indigencia también tuvo su mayor incidencia en el Noreste, con 10,5%, mientras que Gran Buenos Aires alcanzó 8,4% y la región Pampeana, 7,2 por ciento.
En paralelo, el Indec informó que el ingreso per cápita familiar creció en promedio 11,5% durante el período analizado, por debajo de los aumentos registrados en las canastas básicas: la canasta básica alimentaria (CBA) subió 21,4% y la canasta básica total (CBT), 19,6 por ciento.
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Esta diferencia redujo la capacidad de compra de los hogares y elevó las tasas de pobreza e indigencia frente al semestre anterior. Entre los hogares pobres, la brecha de pobreza alcanzó 35,9%: el ingreso total familiar promedio fue de $922.755, mientras que la CBT necesaria para ese mismo grupo llegó a $1.440.395.
En tanto, la Canasta Básica Total (CBT) amplía esa cobertura e incorpora, además de los alimentos, otros bienes y servicios esenciales, como vestimenta, transporte, educación y salud, y se utiliza para establecer la línea de pobreza. En junio, ascendió a $1.531.473 para el mismo hogar de referencia.
Algunos de los factores que, según distintos especialistas, explican la desmejora en la tasa de pobreza durante los primeros seis meses del año son:
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Se frenó la recuperación del ingreso real que había comenzado en los primeros meses de 2024. Los ingresos de los ocupados perdieron dinamismo en un contexto de estancamiento económico.
Las canastas básicas volvieron a aumentar por encima de la inflación. El factor de “precios relativos” que antes favorecía la reducción de la pobreza se revirtió desde el último trimestre de 2025.
El poder adquisitivo de los hogares cayó: en los primeros seis meses del año, la CBT subió 34,7% interanual, frente a un aumento de 25% en el ingreso familiar total.
Se redujo el empleo formal y avanzaron formas laborales precarias. El crecimiento de puestos se concentró en cuentapropistas informales y asalariados informales, con remuneraciones más bajas que las del empleo registrado.
Las transferencias sociales perdieron capacidad de compensación. La Asignación Universal por Hijo (AUH) no registró mejoras significativas en términos reales.
Algunos programas sociales perdieron cobertura, entre ellos Progresar, Acompañamiento Social y Volver al Trabajo.
La medición oficial puede subestimar el deterioro efectivo de los hogares por los cambios en la subdeclaración de ingresos en la EPH y el atraso en la actualización de ponderadores de la Canasta Básica Total.
