Después de dos semanas de viajes y, pese a que habrá otros senadores que sumarán millas dentro de poco, el oficialismo intentará reactivar la agenda y acelera un acuerdo con la oposición dialoguista para modificar ley de salud mental, un tema delicado que genera un constante ida y vuelta entre el Gobierno y las provincias.
Hasta la noche del jueves último, la intención de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta, que comanda la porteña Patricia Bullrich (Capital Federal), era realizar una conferencia en los próximos días para anunciar los cambios trabajados en los recientes días con aliados, según confiaron desde diversos bloques a Infobae. El texto final no está cerrado.
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Este medio obtuvo, durante el transcurso de la semana, un borrador de dictamen que fue girado a las bancadas. En particular, a los senadores que forman parte de las comisiones que trabajan el tema: Salud; y Legislación General. Ambas son presididas por mileístas: Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente.
Un primer punto a considerar es la dosis de intervención de los psicólogos -necesarios- no sólo durante el proceso de una internación -como contó semanas atrás Infobae-, sino en una casi equiparación con psiquiatras a la hora de tomar la decisión principal en una eventual internación. Desde dos despachos reconocieron, por lo bajo, la llamativa -y fuerte- presión que partió desde ministerios de salud de gran parte del interior del país. Por ahora no lograron quebrar esa barrera y los médicos primarían -con lógica- en ese sentido.
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Otro ítem a contemplar es cómo y dónde tendría que interactuar la pata judicial. “No pueden decidir sólo ellos. La idea es no judicializar, pero sí que sean notificados y formen parte del sistema”, expresaron desde un despacho a este medio. También habrá aclaraciones relacionadas con internaciones en contra de la voluntad del paciente.
Sobre esta cuestión, aparece un inciso -el “q”-, que señala que “toda persona con plena capacidad puede consentir o rechazar anticipadamente determinados tratamientos y decisiones relativas a su salud mental, así como designar a una o más personas para que expresen su consentimiento cuando no pueda hacerlo por sí misma”. En tanto, las directivas deberán “ser aceptadas por el equipo interdisciplinario interviniente, salvo aquellas que constituyeran riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros”. Además, “la declaración de voluntad puede ser revocada en todo momento”.
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Por otra parte, en la propuesta que circula -sobre la cual falta el aval final- se deja claro que “la autoridad de aplicación” impondrá “los lineamientos para que cada jurisdicción defina las características de conformación de sus equipos interdisciplinarios, según la disponibilidad de recursos humanos de cada jurisdicción, pudiendo preverse la intervención del médico psiquiatra mediante teleconsulta sincrónica cuando su presencia física no pueda garantizarse”. Esto ocurre debido a las cifras compartidas entre senadores, que mencionan la presencia de poco menos de 4.000 psiquiatras generales y 454 “infantojuveniles”, versus 100.000 psicólogos matriculados.
Además, los familiares, representantes legales y quienes ejerzan funciones de apoyo de personas con una afección o trastorno de salud mental tendrían derecho a “recibir información y contenidos psicoeducativos sobre la afección, los tratamientos disponibles y su evolución previsible”; “conocer los recursos y dispositivos de la red de salud mental disponibles en su territorio; “acceder a instancias de orientación y apoyo para el autocuidado”; y “ser escuchados en cada etapa significativa del proceso de atención”.
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En caso de cerrarse un consenso -no oficial aún-, se convocará al plenario de comisiones para dictaminar. La Libertad Avanza desearía ir al recinto el 22 del corriente mes -el mejor escenario, aunque complejo- o el 29. No obstante, la pre campaña electoral y las rencillas internas en la Cámara alta podrían dilatar, una vez más, el asunto.
Se aproximan tres semanas clave para el futuro de la política argentina. A fin de mes vence el ultimátum que los gobernadores le dieron a la Casa Rosada en las conversaciones informales de París para sellar un acuerdo global que tiene a la suspensión de las elecciones primarias (PASO) como eje principal de ese eventual entendimiento. Una semana después de la gira por Francia, el Gobierno no tuvo avances significativos, y existen discrepancias internas en torno a la urgencia para cerrar ese posible trato. Además, se acumularon nuevos interrogantes, en particular en la agenda económica, que, a pesar de su permanente pavoneo en redes sociales, tienen contrariado a Luis Caputo, “Toto”. El ministro cree que es imperioso blindar políticamente el programa económico que él mismo ideó junto al Presidente: la “bazooka de USD 75.000 millones” que mencionó a los pies de la torre Eiffel como respaldo de ese programa pareciera ser insuficiente a medida que se avecina la campaña electoral.
Cuán inquieto está Javier Milei por alcanzar ese blindaje sigue siendo aún una incógnita,pero por sus acciones pareciera mantenerse ajeno a esas preocupaciones. Las cifras de la economía real, ahora cuestionadas por el equipo económico, no tienen impacto en Olivos. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en julio cerraron casi mil empresas -948-, y en la era Milei ya son 32.290 las que bajaron la persiana, una caída del 6,3% en 32 meses. “Gran Tres Arroyos despidió a 1.250 personas: les ofrecieron un cajón de pollo para que se fueran”. Un funcionario de primera línea seguía atento esta semana la placa roja de Crónica TV en su despacho. “Nadie mira eso”, se lamentaba.
Milei vuela lejos de esos asuntos: lo suyo es la macroeconomía y la batalla cultural, tanto puertas adentro como en el exterior. Esta semana planea viajar a Estados Unidos para apoyar a Donald Trump antes de las elecciones de medio término, y luego a España, para volver a revalidar su alianza con la ultraderecha de ese país en medio de la crisis habitacional que obligó a Pedro Sánchez a adelantar los comicios. Esos dos asuntos ocupan la agenda presidencial, el resto de las áreas de la administración lo tienen sin cuidado. Hay ministros que nunca fueron a Olivos. Funcionarios estrella, como Horacio Marín, de YPF, recién lo conocieron ocho meses después de asumir, en una visita a Vaca Muerta. El Presidente, por ejemplo, no tiene relación con funcionarios sensibles como el jefe de la SIDE o el de ARCA.
Esa atención la dedica casi a tiempo completo a la economía. El lunes, después de un desayuno a solas en Olivos, Milei le pidió al economista Alberto Ades, radicado en Manhattan, que expusiera ante los ministros del Gabinete su diagnóstico sobre la economía y las transformaciones globales. El Presidente estaba exultante. “Te van a salir dólares por los dientes”, le dijo al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, eufórico por las exportaciones y los sectores estrella de la economía que explican por qué crece la actividad a pesar de que cae el empleo y el consumo no repunta. Caputo pegó el faltazo, y esa ausencia, junto a la presencia de Ades, volvieron a alimentar versiones de un potencial recambio en el Palacio de Hacienda. Para colmo, el economista egresado de la UBA y con un paso por Harvard elogió la base del programa fiscal del Gobierno, pero alertó por el atraso cambiario. Ayer, en declaraciones radiales, Ades volvió a machacar con la necesidad de no subestimar la transición entre el modelo anterior y el programa libertario, pero avisó: “Ellos ven que están haciendo las cosas que hay que hacer y que eventualmente la economía se va a recuperar, no habrá un ‘plan platita’”.
Esa certeza, que puertas adentro se traduce en desasosiego en el equipo económico y el ala política, es la que llevó al ministro de Economía a querer cerrar cuanto antes un acuerdo macro con los gobernadores. Así lo había pronunciado frente a los 13 jefes provinciales que acompañaron a la comitiva oficial en la cena de inauguración de la gira parisina en la Embajada argentina en esa capital. Caputo volvió a insistir en su regreso a Buenos Aires.
Esas negociaciones se desarrollan ahora contrarreloj.
Karina Milei mantiene una posición intermedia: vacila entre acordar cuanto antes o extender las conversaciones. Diego Santilli suele hacer lo de siempre: equilibrio entre todas las partes. Los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, “Los turcos”, están convencidos de que un entendimiento urgente podría llevar al Gobierno a “pagar caro” por esos acuerdos. Santiago Caputono participa de esas conversaciones, y espera que lo convoquen para la campaña: volvió a tener una participación más frecuente en las redes, está abocado a controlar las áreas que administra y, especialmente, a supervisar, junto a su hermano Francisco, los procesos de privatización de las empresas públicas. La última fue AySA, anteriormente fue Transener y la concesión de la Hidrovía, y en la lista de las próximas figura, por ejemplo, el ferrocarril Belgrano Cargas. A propósito, algo pasó en la licitación del predio de Tecnópolis, que se ralentizó, aunque ese proceso está a cargo de Santilli, bajo la supervisión de la hermana presidencial.
“Estas tres semanas son clave: sin PASO es un escenario, con PASO se abre otro partido”, aseguró el viernes un integrante de la mesa política.
En medio de esa urgencia del calendario, que incluye al Presupuesto y la tajada que obtenga cada gobernador, y que definirá las reglas electorales del próximo año y, por tanto, la oferta opositora, la Corte Suprema buscó cerrar este viernes una puerta que, una semana atrás, había vuelto a abrir en torno a la ley de tierras y que le propinó al Gobierno un escollo extra en esas negociaciones. Una paradoja, otra más, de esta nueva Argentina: el máximo tribunal le otorgó al Gobierno un salvoconducto con la resolución en contra del viernes a la encerrona en la que lo había llevado con el fallo anterior favorable que había avalado la derogación del artículo 145 del DNU 70. Esa decisión extraordinaria del viernes desinfló la sesión del próximo jueves en la que la oposición pretendía rechazar ese DNU fundacional de la gestión de Milei, y La Libertad Avanza convocó a otro debate para el miércoles 21, para discutir morosidad y discapacidad, y encontrar tal vez un nuevo acuerdo por la venta de tierras a extranjeros.
Pero los tiempos apremian. Cerca de Santilli siguen convencidos de que los votos para “suspender” las primarias estarían garantizados en las próximas semanas. Los gobernadores están inquietos. También un sector del Gobierno que una vez que empiece noviembre deberá involucrarse de lleno a la visita del papa León XIV, que se llevará buena parte de la agenda pública de ese mes y que provocó, en los últimos días, una serie de intercambios algo tensos entre funcionarios del Ejecutivo y la Conferencia Episcopal por las últimas declaraciones del arzobispo Jorge García Cuerva. Será en los días siguientes a la elección legislativa de Estados Unidos, que también es seguida con creciente interés por la administración local.
¿Todos unidos triunfaremos? Esas conversaciones con los gobernadores aliados son escrutadas con atención por el peronismo. En las últimas semanas, la discusión interna en torno a la conveniencia o no, y la vehemencia, en la defensa de las PASO -la herramienta que, se supone, debería servirle al peronismo para ordenarse y llegar con una oferta homogénea y competitiva al 2027-, se intensificó. Esa intensidad se explica, en buena medida, por la disputa al interior del kirchnerismo, con Cristina Kirchner y Axel Kicillof en el centro de la pelea.
Se trata de una guerra a la que el Gobierno le presta particular atención porque existe una decisión estratégica de confrontar con el gobernador bonaerense. “Lo necesitamos competitivo”, señalaron fuentes oficiales. Incluso en Casa Rosada no se descarta una gentileza propia de la casta vía aportes del Tesoro o la posibilidad de autorizarle a la administración provincial un endeudamiento para darle algo de aire de cara a la campaña en medio del ajuste brutal ejecutado desde el inicio de la gestión.
El Gobierno trata de diseñar a los tumbos la oferta opositora, seguro de que Kicillof representa el pasado y conserva un techo electoral, asociado al kirchnerismo, que le propiciaría a Milei la reelección más allá del evidente malestar social por la falta de respuestas del programa económico, y el intento recurrente del Gobierno bonaerense de despegarse del cristinismo. El último que lo hizo fue Carlos Bianco, “Carli”, mano derecha del gobernador, que desalentó la presentación de la expresidenta en la ONU: dijo que no tendría correlato, de tener un fallo favorable en Naciones Unidas, en la justicia local.
El mayor interrogante, incluso dentro del peronismo y por fuera de esa feroz pelea, es si la oposición es capaz de cara al 2027 de presentar una oferta de centro que aglutine a diversos sectores. Es el famoso proyecto de “mileísmo sin Milei” con el que fantasea el círculo rojo, y que incluye a Patricia Bullrich, que acaba de reunirse con Milei en Olivos, en la mañana del viernes, para avisarle que seguirá marcando públicamente sus diferencias con el Gobierno.
Fue una buena reunión, según las fuentes consultadas, e incluso la senadora cerró el posteo con el que publicitó el encuentro con la sigla “TMAP” -Todo Marcha Acorde al Plan-, a pesar de que ella misma cree que pocas cosas marchan bien de acuerdo al plan del Gobierno. Esa creencia que la llevó a plantear serias diferencias públicas azuzó su eventual postulación presidencial, por ahora frenada. Sería una pésima noticia para el intento de reelección de Milei. Esa especulación también está atada al futuro de las PASO. Algo similar ocurre con Victoria Villarruel, que últimamente envió emisarios a tantear a dirigentes de la provincia de Buenos Aires, donde tiene domicilio. ¿Podría postularse en ese distrito?
Esas fantasías del círculo rojo, y el vacío de una porción del electorado de centro que no quiere volver al kircherismo y está desencantado con la falta de empatía y el estilo de Milei, es la que alimenta el proyecto de algunos dirigentes. Desde Jorge Brito y Hernán Lacunza a los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, que prevén presentar oficialmente su propio proyecto nacional en las próximas semanas, asesorados por la agencia que llevó a Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York. Martín Lousteau fue más ambicioso: habló de conformar un “frente anti Milei”, de ambos lados del péndulo. Planea un evento multitudinario para fines de noviembre con dirigentes locales y del exterior.
Todos esos proyectos, personales o colectivos, con más o menos agua en la piscina, esperan por las reglas del juego electorales que terminarán por definirse en las próximas semanas. Fin de mes pareciera ser el deadline.
El apuro de esas conversaciones coincidió en estos últimos tiempos con la actividad intensa a la que volvió Sergio Massa, uno de los dirigentes con mayor influencia en el peronismo y sectores del círculo rojo. El ex ministro no lo va a develar públicamente, al menos en lo que resta del año, pero trabaja para presentarse otra vez como candidato presidencial. En tándem, por ejemplo, con Gerardo Zamora, con el que cenó la semana anterior junto a otros dirigentes: el senador también trabaja para ver si tiene una oportunidad, y acumuló una agenda de contactos envidiables con el poder, incluso con ramificaciones en el exterior.
Todos esos dirigentes especulan con la continuidad o no de las PASO. ¿A quién le conviene que se suspendan las primarias? ¿Y a quién no? Esas preguntas atraviesan al peronismo, y mantienen en estado de alerta a Kicillof: el gobernador sabe que no es lo mismo negociar con o sin esa herramienta con el kirchnerismo. Hacia adentro hay diferentes criterios. ¿Cuánto pesa la advertencia del cristinismo que, frente a un pronunciamiento favorable de la ONU, le otorgue avales políticos para presentarse en una hipotética PASO?
Pero incluso antes de esas negociaciones hay otras tratativas en el seno del territorio bonaerense que siguen sin saldarse. Por ejemplo, la limitación a la re-reelección de los intendentes y las cuatro vacantes en la Corte Suprema provincial que, en este último caso, pareciera quedar pendiente para marzo próximo o directamente para el próximo gobernador.
Kicillof no pudo liderar esa negociación, y le cuesta mucho imponer su posición respecto de los intendentes con la prohibición que rige actualmente. “Miren muchachos que si eso no sale esta Legislatura se va a llenar de intendentes”, advirtió el caudillo del conurbano Mario Ishii en una reunión reciente en el Senado provincial. Desde algunos sectores se amagó, en ese contexto, con incluir en las tratativas el cargo del subprocurador de la Provincia, por debajo del procurador Julio Conte-Grand.
Es la reedición bonaerense del pacto al que algunos sectores del peronismo y el oficialismo intentan arribar en el Senado para la elección del Procurador y completar las vacantes de una Corte que acaba de dar una nueva demostración de fuerza. Con ese pacto sueña Juan Bautista Mahiques. Difícil mientras siga corriendo el reloj y no haya mayores avances.
Los Román se perfilan como la nueva familia favorita del poder. Ochenta años después de que Alfredo Simón Román fundara la empresa de transporte y logística que lo convirtió en “El zar de las grúas”, sus herederos acaban de dar un salto de escala: Walter, uno de sus hijos, integra el consorcio que esta semana ganó la privatización de Aysa, y Leonardo, uno de sus nietos, se convirtió, en junio, en el socio local en la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Y, aunque sin contratos vinculados a la infraestructura estratégica nacional, en el establishment local tiene cada vez más presencia otra de las integrantes del clan, Karina, quien consolidó su presencia en ámbitos como el Foro Llao Llao.
En el entorno de los Román repiten que cada uno lleva adelante sus empresas y que no hay vínculos comerciales entre ellos. “El zar de las grúas” tuvo cuatro hijos: Alfredo (el padre de Karina), Ricardo (el padre de Leonardo), Oscar y Walter. En 1996, los hermanos decidieron separar sus negocios. Desde entonces, pisan cada vez más fuerte en distintos sectores como el portuario, la logística, la construcción, la infraestructura o los servicios.
Cultores de un extremo perfil bajo, en la era libertaria los Román fueron noticia por denuncias mediáticas, especulaciones y adjudicaciones millonarias. En sus entornos insisten en que los reproches públicos no son más que “operaciones” orquestadas por sus competidores y evitan las declaraciones directas con la prensa. Ninguno está cómodo con la exposición aunque es probable que puedan intuir que es inevitable: sus nombres forman parte del gran proceso privatizador de Milei.
Aysa para Walter Román El 8 de octubre se comunicó que el consorcio liderado por Rowing SA, de Walter Román, había presentado la mejor oferta económica para quedarse con el 90% del paquete accionario de Aysa. Para competir, el empresario se asoció con Mauricio Filiberti, el dueño de Transclor, y con la brasileña Arcos Saneamento e Participações SA (del Grupo Equipav). También participó el vehículo de inversión PHX AQUA AR B.V.
La oferta fue de US$340.200.000, casi un 20% más que la cifra propuesta por su competidor, el Grupo Roggio. Según el comunicado del consorcio, a partir de ahora asumirán el compromiso contractual de invertir US$1.940 millones en los primeros cinco años de la concesión, y US$15.040 millones en total a lo largo de los 30 años del contrato.
La resistencia a la privatización de Aysa comenzó en el instante en que se anunció y la apertura de sobres no calmó la situación. Al contrario. Apenas se conoció la noticia, las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich presentaron un amparo para exigir que Gobierno revele la tasación oficial de la empresa y solicitaron una medida cautelar para frenar la adjudicación.
Las sospechas alrededor de Román comenzaron mucho antes de que su apellido apareciera vinculado a Aysa. En mayo de 2025, una de sus empresas, Urbano Express, quedó en el centro de una polémica por una licitación del PAMI para distribuir panales para adultos. El tema llegó a los medios, pero nunca se radicó una denuncia formal.
La idea de que se trata de uno de los favoritos del poder está instalada y se suele vincular a Román con los hermanos Neuss, los empresarios amigos de Santiago Caputo. En concreto, no hay ningún elemento público que relacione comercialmente estos apellidos.
La simpatía más clara de Román por el mileísmo aparece en el registro público de aportantes privados de la Cámara Nacional Electoral. En septiembre de 2025, PERFIL contó que, a través de dos empresas (Direct Group y Lógico), Román aportó $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza.
Hidrovía para Leonardo Román. La presencia de Leonardo Román, el sobrino de Walter, en el proceso privatizador mileísta se conoció en marzo, cuando la empresa belga Jan de Nul resultó ganadora de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y se conoció que para participar del proceso se había asociado con la firma local Servimagnus.
Servimagnus se dedica al salvamento y desguace de buques, remoción de estructuras portuarias, izado de carga de proyecto, montaje de equipamiento portuario, balizamiento, dragado y obras hidráulicas. Aunque Ricardo se desempeña como el presidente, en la actualidad es su hijo Leonardo, el vicepresidente, quien lleva adelante los negocios.
En septiembre, Vía Navegable Argentina (VNA) inició sus operaciones al frente de la Vía Navegable Troncal (VNT) con una baja del 13,5% en la tarifa de peaje. Los ganadores de la privatización anunciaron que la medida responde a la necesidad de mejorar la navegación y reducir los costos logísticos.
Se trata de uno de los negocios más inmensos de los últimos tiempos con una infraestructura estratégica que concentra cerca de 60 terminales portuarias y por la que circula el 80% de las exportaciones del país.
Los vínculos para Karina Román. La tercera integrante de la familia Román que tiene cada vez más relevancia en el establishment local es Karina. Aunque su nombre no está asociado a ninguna licitación millonaria, su presencia es cada vez más visible.
En julio, El Economista publicó un perfil de la empresaria. “Pasó del anonimato a un rol central en el grupo que controla Exolgan, con inversiones en puerto, agro, energía e inmuebles”, escribió el periodista Beto Valdez. Y agregó: “Dejó atrás el histórico bajo perfil de su familia y comenzó a ocupar un lugar central en la conducción de las inversiones del holding a través de Puerto Asís Investments”.
Karina tiene una presencia consolidada en ámbitos como el Foro Llao Llao, la Universidad Di Tella y Endeavor, ámbitos clave para las relaciones del empresariado nacional.
Un joven de 22 años murió este sábado en un establecimiento rural de San Jaime de la Frontera, departamento Federación. La Policía intervino alrededor de las 20, luego de recibir un aviso sobre el hecho.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al joven tendido en el suelo, sin signos aparentes de vida y con lesiones en el rostro. Cerca del cuerpo había un arma de aire comprimido modificada para utilizar munición calibre .22.
Investigan las circunstancias del disparo
Según las primeras manifestaciones recabadas por la Policía, el joven se encontraba junto a otros tres hombres mayores de edad. Los cuatro habrían ingresado al establecimiento rural con la intención de realizar actividades de caza.
En circunstancias que todavía son materia de investigación, se habría producido un disparo accidental del arma, que provocó las lesiones que derivaron en la muerte del joven.
Tras el hecho, intervino la autoridad judicial competente y el fiscal a cargo de la investigación se hizo presente en el lugar. Se dispusieron distintas diligencias para establecer cómo ocurrió el episodio.
Intervino personal policial y de Criminalística
En el procedimiento trabajaron efectivos de la Comisaría de San Jaime de la Frontera y de la Comisaría de Los Conquistadores, junto con integrantes de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de Federación.
También participaron personal de Policía Científica de Chajarí y la médica policial de turno. En el lugar estuvo presente, además, el subjefe de la Jefatura Departamental Federación.
Las actuaciones continúan bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar cómo se produjo el disparo.
Karina Milei ya trazó la estrategia electoral de La Libertad Avanza para las elecciones del año próximo. En el esquema de la hermana del presidente figuran alianzas con algunos gobernadores, acuerdos con otros mandatarios a los que no se les presentará demasiados obstáculos para que logren su reelección y distritos en los que LLA están decididos a jugar fuerte. En este último pelotón se encuentra Córdoba.
El motivo de los por qué competir en esta provincia tiene varios matices. El nivel de aceptación de Javier Milei aquí es uno de los más altos del país. De hecho, algunas encuestas muestran que el presidente tiene una intención de voto por encima de su imagen. “No tiene sentido que no compitamos fuerte en Córdoba. Además, ya lo dijo (Gabriel) Bornoroni hace unos días: ganar en Córdoba será el primer espaldarazo fuerte para la reelección de Milei”, confía un dirigente libertario que se reúne seguido con Lule Menem.
En el mundo libertario reconocen que el vínculo de Córdoba con Nación pasa por un buen momento (ponderan la buena relación entre Diego Santilli y Manuel Calvo), pero también destacan que “Karina no es Javier”. El karinismo seguirá definiendo con qué gobernadores hará un acuerdo general, que redundaría en el apoyo en leyes claves para el Gobierno, el aval a la suspensión de las PASO nacionales y el compromiso concreto del mileísmo de no competir en los territorios aliados con candidatos de fuste.
“Ella sabe que en algunas provincias se puede jugar más fuerte que en otras. En Entre Ríos, Chaco, Mendoza, San Juan y Chubut seguramente va a haber acuerdos. En muchas otras se negociará, pero en Córdoba vamos a fondo, como en Tierra del Fuego y La Rioja”, aseguran en LLA. El “mapa de Karina” también contempla presentar candidatos de “baja intensidad” en algunos distritos, como Santa Cruz, Tucumán y Catamarca, a partir de la buena relación que mantienen desde hace tiempo con los mandatarios de esas provincias.
Ordenar la tropa En Buenos Aires reconocen que por ahora desde LLA no han bajado en línea en Córdoba porque es muy temprano para hablar de candidaturas, por los números que puede exhibir Milei y porque saben que tienen a un soldado que hará lo ordene Karina: Gabriel Bornoroni. “Es el candidato libertario en Córdoba, sin dudas”, es el mensaje que llega desde Buenos Aires. Inclusive, van un poco más allá de esa definición y sentencian: “es el candidato de Karina”.
El esquema prevé que Bornoroni sea quien compita con Llaryora y Luis Juez forme parte del esquema. A Rodrigo de Loredo buscarán seducirlo para que sea parte de la contienda, pero no está a la vista la posibilidad de que pueda encabezar la fórmula. En el karinismo no desdeñan de la estructura que podría aportar el radical, principalmente por la cantidad de intendentes que controla el exdiputado, pero también confían en que Bornoroni pueda sumar electoralmente a muchos de esos jefes comunales.
En LLA creen que Bornoroni no debe apartarse de su libreto: recorrer los 26 departamentos provinciales y seguir machacando con la pesada herencia que representan los casi 30 años de gobierno peronista en Córdoba, además de la poner en foco la cuestión de la seguridad y el tamaño del Estado. En ese esquema, creen que Juez puede aportar mucho, aunque Karina no tenga afinidad con el senador.
Llaryora espera tranquilo El gobernador es consciente de la movida de la hermanísima, pero desde su entorno aseguran que todo marcha de acuerdo al plan. El mensaje es el mismo aunque pasen los meses: concentrarse en la gestión, seguir analizando el contexto social del país para fijar la fecha de las elecciones y remarcar, cada vez que se pueda, alguna diferencia con el gobierno nacional. El miércoles, por caso, en la presentación de la Renault Niágara Llaryora habló de la importancia de contar con una política industrial fuerte.
En el Panal no se arrepienten de que Llaryora no haya sido parte del viaje de Milei a París junto a 12 gobernadores. En ese sentido, consideran que algunos mandatarios avanzaron en conversaciones con Santilli y Toto Caputo, pero en el difícil equilibrio que deberá mantener hasta las elecciones en Córdoba, Llaryora quiere seguir mostrándose como un “opositor sin romper”. La presencia de la vicegobernadora Myrian Pruntto sirvió para que desde el cordobesismo destacaran una vez más que hay una relación institucional correcta con Nación.
En Córdoba, las diferencias con Nación se seguirán marcando. Por caso, esta semana Llaryora jugó fuerte al otorgarle vía libre a su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, para cargar contra los municipales. “No vamos a dejar a los cordobeses indefensos frente a esta manga de inadaptados”, dijo el gobernador luego de que ordenara que la Policía de Córdoba sea la encargada de controlar el tránsito durante la visita del Papa León XIV. El duro planteo del gobernador sorprendió al Suoem: “Sorprende que el gobernador responda con agravios”.
Las diferencias con el gobierno de Milei continuarán, pero el gobernador también comenzar a lanzar algunas críticas a Juez y De Loredo, tal como sucedió esta semana. De todas maneras, en el Panal señalan que no es momento de confrontar (tanto) y mucho menos subir al ring a algunos de los tres candidatos de la oposición. “Falta mucho para la campaña, ahora estamos todos concentrados con la llegada del Papa. Cuando se vaya, nos pondremos en modo campaña”, avisan en el Centro Cívico.
A más de nueve años del femicidio de Micaela García, su familia volverá a atravesar una instancia judicial clave. El 29 de octubre empezará el segundo juicio contra Néstor Pavón, quien había sido condenado a cinco años de prisión por encubrimiento y ahora será juzgado como presunto coautor del secuestro, la violación y el asesinato.
En la previa del proceso, el padre de la joven, Néstor García, aseguró en diálogo con el programa “Cámara del crimen” (TN) que espera una condena ejemplar. “Tenemos la esperanza de que se haga justicia y de que, si hay un femicida suelto, no siga viviendo como si nada hubiera pasado”, indicó.
García también recordó que la familia siempre sostuvo que hubo dos personas involucradas en el femicidio. En ese sentido, señaló que existen pruebas y testimonios de personas que habrían visto a dos hombres cuando subieron a su hija a un auto y cuando el vehículo llegó al lugar donde después encontraron su cuerpo.
“Nosotros nunca tuvimos duda de que participaron dos personas”, afirmó.
Cómo atraviesa la familia la previa del nuevo juicio
A pocos días del inicio de las audiencias, García reconoció que la proximidad del proceso volvió a afectar su descanso y le generó ansiedad. “Hace unos días que no estoy durmiendo de corrido. Evidentemente, hay una preocupación, una ansiedad”, contó.
El padre de Micaela explicó que, junto con Andrea, la madre de la joven tomó la decisión de no profundizar en detalles sobre las horas previas al crimen. Consideró que conocerlos no les aportaría nada y les provocaría un dolor innecesario.
“Demasiado tuvimos. Saber en detalle cómo fueron esas horas en que Micaela fue violada y estrangulada nos va a generar un dolor muy fuerte”, consideró.
El juicio a Pavón comenzará el 29 de octubre y las audiencias están previstas para el 30 de ese mismo mes y el 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre, todas a partir de las 9 de la mañana.
El crimen que cambió la historia y la ley
El femicidio de Micaela García ocurrió en 2017 y conmocionó a todo el país. La joven, militante de la Agrupación Evita y del colectivo Ni Una Menos, fue vista por última vez el 1 de abril, cuando salió a bailar y nunca volvió. Después de una intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado una semana después en una zona rural de Gualeguay, publicó el portal de TN.
La investigación determinó que Sebastián Wagner, quien tenía antecedentes y estaba en libertad por decisión del entonces juez Carlos Rossi, la interceptó, la subió a un auto, la violó y la asesinó.
Varios testigos aseguraron haber visto el auto ocupado por dos hombres en el lugar donde fue encontrada la víctima, entre las 8 y las 8.15 de la mañana.
El caso impulsó la sanción de la Ley Micaela, que obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse en género y violencia de género.
Un hombre de 45 años mató a tiros a ocho personas en una vivienda de Erie, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, y luego se quitó la vida. El episodio ocurrió el viernes 9 de octubre y dejó un saldo total de nueve muertos, incluido el presunto atacante, según informaron las autoridades locales.
Siete de las víctimas eran familiares del hombre, mientras que la octava era amiga de una de las mujeres asesinadas. Entre los fallecidos había un niño de cinco años, una niña de un año y una mujer de 24 años que cursaba un embarazo de ocho meses.
El jefe de la Policía de Erie, Rick Lorah, confirmó que el sospechoso fue encontrado muerto en el segundo piso de la vivienda, ubicada sobre Perry Street. De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, habría fallecido por una herida de arma de fuego autoinfligida.
Las autoridades todavía no determinaron el motivo del ataque. Los investigadores analizan registros audiovisuales, audios y teléfonos celulares para reconstruir lo ocurrido antes y durante el tiroteo.
Cómo ocurrió el ataque en Erie
La intervención policial comenzó poco antes de las 17, hora local del viernes, después de que el sistema de detección de disparos ShotSpotter alertara sobre detonaciones en las inmediaciones de la vivienda.
Según la reconstrucción preliminar difundida por la Policía, las grabaciones de audio y video permitieron identificar disparos provenientes del interior de la casa antes de que dos mujeres llegaran al domicilio y golpearan la puerta en busca de ayuda.
Ambas mujeres, que aparentaban estar angustiadas, fueron baleadas por el atacante cuando salieron corriendo lejos de él. Los investigadores señalaron que el hombre volvió a ingresar a la vivienda después de dispararles.
Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron los cuerpos de las dos mujeres en el exterior. Ante la incertidumbre sobre lo que sucedía dentro de la propiedad, intervinieron efectivos de unidades tácticas y se utilizaron dispositivos especiales para ingresar de manera segura.
En el interior, los policías encontraron los cuerpos de los dos niños pequeños y de otras cuatro víctimas: dos mujeres y dos hombres jóvenes. El presunto tirador fue localizado en el segundo piso.
El jefe policial describió el escenario como uno de los más difíciles y dolorosos que debieron afrontar los agentes y los investigadores. También explicó que el análisis de las pruebas será fundamental para establecer qué sucedió antes de que comenzaran los disparos.
La investigación continúa y no hay una hipótesis definitiva
Las autoridades todavía no divulgaron oficialmente las identidades de todas las víctimas ni establecieron una explicación concluyente sobre las razones del ataque. La investigación incluye entrevistas con familiares y allegados, además del análisis de los teléfonos celulares de las dos mujeres que llegaron a la vivienda poco antes de ser asesinadas.
Lorah indicó que esas mujeres parecían saber que algo estaba ocurriendo dentro de la casa, por lo que los investigadores buscan determinar qué información tenían y por qué acudieron al lugar.
La fiscal del distrito, Elizabeth Hirz, pidió a la población evitar la difusión de rumores y datos sin confirmar mientras avanza la investigación.
Tras conocerse la masacre, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, expresó sus condolencias y ofreció apoyo a la alcaldesa de Erie, Daria Devlin, y a los familiares de las víctimas.
La funcionaria municipal también manifestó su acompañamiento a la comunidad y a las personas afectadas por el episodio.
Erie está ubicada en el noroeste de Pensilvania, cerca de la frontera con Ohio y Nueva York. El caso generó conmoción en la ciudad por la cantidad de víctimas, la presencia de niños entre los fallecidos y las circunstancias en las que se produjo el ataque.
Por el momento, las autoridades no informaron de la existencia de otros sospechosos y señalaron que el presunto autor murió antes de la llegada de los agentes. La prioridad de los investigadores es reconstruir la secuencia de los hechos y determinar qué desencadenó uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en la comunidad.
Un joven de 26 años fue detenido este sábado en barrio San Isidro, en Concepción del Uruguay, cuando circulaba en una motocicleta que había sido robada horas antes. Durante el procedimiento, la Policía secuestró 8,2 gramos de cocaína que llevaba entre sus pertenencias.
El operativo se inició a partir de un llamado al 101 que alertó sobre movimientos sospechosos vinculados a una motocicleta en la vía pública. Personal de Comisaría Primera acudió a la esquina de Erausquin y Las Orquídeas, donde identificó una Yamaha Crypton.
Al inspeccionar el rodado, los efectivos observaron que la numeración del motor estaba limada. Posteriormente, lograron establecer que la motocicleta había sido denunciada como sustraída horas antes.
Un policía resultó lesionado durante el procedimiento
Según informó la Policía, cuando los efectivos intentaron detener al conductor, el joven reaccionó violentamente y se resistió al procedimiento.
Durante el forcejeo, uno de los funcionarios sufrió una lesión en una mano. Además, otros dos policías fueron mordidos por un perro que se encontraba en el lugar.
Finalmente, los uniformados lograron reducir al sospechoso y avanzar con las actuaciones correspondientes.
Secuestraron 8,2 gramos de cocaína
Durante la intervención, el joven habría intentado desprenderse de su billetera. Al revisar el elemento, los efectivos encontraron dos envoltorios que contenían una sustancia que, tras las verificaciones correspondientes, fue identificada como cocaína. El peso total fue de 8,2 gramos.
Ante el hallazgo, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, que participó del procedimiento y realizó el secuestro de la sustancia.
Por disposición de las fiscalías intervinientes, el joven fue trasladado a la Jefatura Departamental Uruguay, donde quedó alojado en la Alcaidía.
La causa quedó caratulada como resistencia a la autoridad y encubrimiento, mientras continúan las actuaciones judiciales.
La iniciativa busca dejar sin efecto dos acuerdos con Chile sobre inversiones e impuestos. El diputado cuestionó la reanudación del servicio marítimo entre Punta Arenas y Puerto Argentino.
El diputado nacional Guillermo Michel, del peronismo entrerriano, presentó un proyecto para que la Argentina denuncie dos acuerdos económicos con Chile, en rechazo a la reanudación de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. La iniciativa apunta a retirar las protecciones y ventajas fiscales que esos convenios otorgan a las empresas chilenas que invierten en el país.
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El legislador cuestionó la navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de Easter Island Naviera, prevista para noviembre. Según señaló, el viaje permitirá abastecer a los habitantes de las islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino.
“El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas […] es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”, manifestó Michel.
Qué acuerdos busca dejar sin efecto el proyecto
La propuesta insta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a efectuar la denuncia de dos instrumentos bilaterales, es decir, dar los pasos para poner fin a la participación argentina en esos acuerdos.
El primero es el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, aprobado por la Ley 24.342. El segundo es el Convenio para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, aprobado por la Ley 27.274.
Según los fundamentos difundidos por el legislador, estos acuerdos conceden beneficios a las empresas chilenas que realizan inversiones y obtienen rentas en la Argentina. Entre ellos, mencionó los límites a las retenciones sobre pagos de dividendos, intereses y regalías.
La iniciativa busca que el Gobierno revise esas ventajas como respuesta a la colaboración logística que Michel atribuye a Chile en el territorio insular.
Michel cuestionó el vínculo comercial con Malvinas
“Nuestro país debe sostener la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, su territorio y recursos naturales”, sostuvo el diputado. También afirmó que la Argentina no puede ignorar el accionar de países que “prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino”.
Michel vinculó su propuesta con la necesidad de trasladar el reclamo de soberanía al plano económico.
“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse”, expresó.
El legislador aclaró que su planteo no busca interrumpir las relaciones diplomáticas entre ambos países. “No se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas”, concluyó.
Guillermo Michel, diputado nacional por el peronismo entrerriano, presentó un proyecto de ley que propone que el Poder Ejecutivo Nacional denuncie —es decir, notifique formalmente su retiro— dos acuerdos bilaterales que hoy otorgan beneficios fiscales e impositivos a las empresas chilenas que operan en suelo argentino.
La iniciativa del legislador surge a raíz de la reanudación de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas. “El retorno de esa ruta, con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino, es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”, manifestó Michel.
El proyecto insta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a denunciar dos instrumentos legales. El primero es el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones suscripto entre la República Argentina y la República de Chile, aprobado por la Ley 24.342. El segundo es el Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, aprobado por la Ley 27.274.
Denunciar un tratado es la notificación formal mediante la cual un Estado comunica su decisión de retirarse de ese acuerdo, sin que ello implique romper las relaciones diplomáticas con el otro país. Ambos acuerdos, mientras continúen en vigor, establecen topes para las retenciones aplicables al pago de ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías que las empresas chilenas obtienen en Argentina.
En los fundamentos, Michel recordó que Argentina mantiene una disputa de soberanía con el Reino Unido respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y que, pese a ello, Londres continúa promoviendo y autorizando actividades económicas y de explotación de recursos naturales en áreas sujetas a esa disputa, sin autorización argentina.
“Nuestro país debe sostener la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, su territorio y recursos naturales. Además, no puede soslayar el accionar de países que se dicen hermanos, pero que prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino”, planteó el legislador.
El proyecto señala que el país dispone de instrumentos para proteger sus derechos soberanos. En particular, la Ley 26.659 —modificada luego por la Ley 26.915— estableció un régimen de prohibiciones y sanciones para personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de la autoridad competente.
Sobre ese marco, el proyecto plantea que la reciente decisión del Gobierno Nacional de retomar la aplicación de ese régimen frente a las actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas debe ser acompañada por una política integral respecto del Reino Unido, que alcance también a los instrumentos económicos y tributarios que estructuran la relación bilateral con ese país y con otros que, según el legislador, actúen en contra de la estrategia nacional en materia de soberanía.
La denuncia de esos instrumentos implicaría que las firmas radicadas en Chile que invierten o generan rentas en territorio argentino perderían las ventajas impositivas hoy vigentes. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas”, sostuvo Michel.
