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El canciller Pablo Quirno se reunió este martes con la nueva embajadora de Emiratos Árabes Unidos en la Argentina, Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Alulama, quien presentó las cartas credenciales para comenzar con su misión diplomática en el país.

La representante del poderoso país del Medio Oriente viene de una larga carrera diplomática. Fue embajadora en Montenegro, Brasil y su última experiencia fue en Alemania. Además, supo ser CEO regional del banco Citibank en el continente sudamericano.

Desde Cancillería señalaron: “Tenemos el desafío de profundizar la agenda bilateral tras el inicio formal de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral, clave para dinamizar el comercio entre nuestros países”.

Este entendimiento entre ambos países se anunció semanas atrás, con el objetivo de atraer inversiones al país para sectores como minería, minerales estratégicos, inteligencia artificial (IA), energía, agroindustria, industria aeroespacial, turismo, infraestructura y desarrollo urbano. Todo fue en el marco de la confirmación del Corredor Andes-Atlántico.

El anuncio formal se produjo en septiembre pasado, tras una reunión entre Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi en Nueva York, en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Allí, ambos países emitieron un comunicado conjunto en el que ratificaron su voluntad de profundizar los lazos comerciales y dieron inicio a las negociaciones hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés).

No fue el primer contacto del año. En julio, Al Zeyoudi había encabezado en Buenos Aires una visita oficial en el marco de los denominados “UAE Trade Days”, donde también se reunió con Quirno y representantes del sector privado de ambos países. En esa oportunidad, el funcionario emiratí consideró a la Argentina uno de los socios comerciales más relevantes de los Emiratos Árabes Unidos en América Latina y destacó la visión compartida en materia de cooperación en agricultura, seguridad alimentaria y tecnología.

Los números respaldan ese interés. El comercio no petrolero entre ambos países alcanzó USD 767,5 millones en 2025, un aumento del 42,6% respecto del año anterior, según datos oficiales emiratíes. Ese vínculo se apoya, además, en marcos institucionales ya vigentes: el Tratado Bilateral de Inversiones y el Convenio para Evitar la Doble Imposición, que operan como pilares de la cooperación económica entre los dos países.

Uno de los proyectos más concretos que ilustra esa convergencia es la alianza entre YPF y XRG, filial del grupo Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). La asociación se encuadra en el proyecto Argentina LNG, que contempla inversiones totales de aproximadamente USD 51.000 millones y el desarrollo de una planta de gas natural licuado (GNL) con una capacidad de producción inicial de 12 millones de toneladas anuales. El plan, que también involucra a la italiana Eni, prevé exportar gas de Vaca Muerta mediante dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro, con primeras exportaciones proyectadas para 2030 o 2031.

La llegada de Alulama se produce, además, en un momento de solidez política entre ambos gobiernos. El embajador saliente, Saeed Abdulla Al Qemzi, quien concluyó su misión en mayo tras cinco años en el cargo, resaltó en su despedida la posición que adoptó la Argentina ante los ataques iraníes contra territorio emiratí. Durante ese período, las defensas aéreas de los Emiratos interceptaron 551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.265 drones. La Argentina condenó los ataques tanto a través de declaraciones oficiales como en foros multilaterales, y acompañó la adopción de proyectos de resolución en su contra.

En su balance de gestión, Al Qemzi destacó que durante su mandato se suscribieron 36 acuerdos bilaterales —un tercio del total histórico entre ambos países— en áreas que van desde el comercio y la energía hasta la cultura y la educación, con un intercambio acumulado de USD 5.000 millones. La declaración conjunta firmada en septiembre no precisó fechas para las próximas instancias de negociación del CEPA.

El acceso a la casa propia enfrenta dos obstáculos centrales en la Argentina: la escasez de crédito hipotecario y las dificultades de los hogares para reunir los ahorros necesarios para comprar una propiedad. Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, planteó la necesidad de ampliar el financiamiento a largo plazo y revisar los requisitos bancarios para incluir a trabajadores cuyos ingresos no encajan en los criterios tradicionales.

En Infobae a la Tarde, el directivo comparó el mercado argentino con el de otros países de la región y advirtió que el acceso a una vivienda también condiciona las oportunidades laborales, educativas y sociales.

“Cuando hablás de vivienda no estás hablando solamente de infraestructura, estás hablando de hábitat, estás hablando del espacio que puede generar oportunidades”, afirmó.

La brecha del crédito hipotecario en la Argentina

Asinelli explicó que una de las dificultades del sistema financiero argentino es la diferencia entre el plazo de los depósitos bancarios y el tiempo que requiere un préstamo hipotecario. Mientras los ahorros suelen colocarse a 30 o 60 días, los créditos para comprar una vivienda pueden extenderse durante décadas.

“En Argentina la mayoría de los depósitos, los ahorros, son a treinta días, sesenta días, cortísimo plazo. Encajar eso con sistemas de crédito hipotecario de 15 años, 20 años, 30 años es muy difícil”, señaló.

Como referencia, presentó cifras que muestran la distancia con otros mercados de la región. Según los datos que mencionó, el crédito para la compra de viviendas representa casi el 28% del PBI de Chile, entre el 7% y el 11% en Brasil y México, y entre el 0,2% y el 0,5% en la Argentina.

La falta de financiamiento se combina con la dificultad de reunir el anticipo. Incluso si una entidad bancaria cubre entre el 70% y el 80% del valor de una propiedad, el comprador debe aportar el porcentaje restante con ahorros propios.

“¿De dónde sacás ese 20 si no tenés una familia que te acompaña o ahorros?”, planteó.

Ante esa barrera, Asinelli sostuvo que la primera vivienda no necesariamente debe ser una propiedad comprada y que el alquiler también puede funcionar como una etapa de acceso habitacional.

Cómo facilitar el acceso de monotributistas y trabajadores independientes

Otro de los problemas que identificó es la evaluación de ingresos de quienes trabajan por cuenta propia o mediante plataformas digitales. Aunque tengan capacidad de pago, sus ingresos pueden no ajustarse a los requisitos que utilizan los bancos para aprobar un crédito.

“Tenés el problema de los jóvenes y de la clase media, que también ha caído en cuestiones de monotributismo, freelancer, trabajo en plataformas, donde los ingresos no son medidos por la mayoría de los sistemas bancarios”, explicó.

Su propuesta consiste en ampliar los indicadores que se utilizan para evaluar la solvencia de los solicitantes. Además de los ingresos formalmente declarados, sugirió considerar el cumplimiento de pagos habituales, los gastos y otras fuentes de recursos.

“Ahí es cambiar la metodología de evaluación y empezar a ver cómo pagan otras cuestiones, cómo pagan los celulares, qué otro tipo de ingresos tienen, qué otro tipo de gastos tienen”, detalló.

El directivo también destacó la importancia de desarrollar instrumentos de financiamiento de largo plazo. En ese sentido, señaló el papel de los bancos de desarrollo, que pueden canalizar recursos hacia proyectos que requieren períodos extensos de maduración.

“Nosotros prestamos dinero porque no buscamos el lucro, buscamos el desarrollo a veinte años”, afirmó.

Vivienda y oportunidades: el desafío del hábitat

Para Asinelli, el problema no termina con la posibilidad de comprar o alquilar una propiedad. La ubicación de la vivienda determina los tiempos de traslado, el acceso al empleo y las oportunidades educativas, además de las condiciones de seguridad y la disponibilidad de servicios.

“Una vivienda digna depende de dónde esté localizada, depende del tipo de movilidad que vos tengas, te condiciona la vida”, sostuvo.

En ese marco, mencionó el trabajo que CAF desarrolla desde 2024 junto con el Instituto Lincoln, especializado en políticas de suelo, para reunir información sobre el déficit habitacional en América Latina y el Caribe.

También destacó el caso de Uruguay, donde CAF aprobó un financiamiento de USD 300 millones destinado a vivienda con una perspectiva que incorpora el entorno urbano. “No solamente la mirada de construir, sino de generar el hábitat para que los problemas de seguridad, iluminación, etcétera, también se puedan solucionar”, explicó.

Asinelli advirtió que las dificultades para acceder a una vivienda también afectan a países desarrollados. Como ejemplo, mencionó a España, donde los jóvenes enfrentan obstáculos para comprar una propiedad y algunos optan por compartir alquileres para reducir gastos.

Para el vicepresidente de CAF, ampliar el crédito hipotecario exige combinar financiamiento de largo plazo, criterios bancarios adaptados a las nuevas modalidades laborales y políticas habitacionales que contemplen las condiciones de vida de cada comunidad.

Al cerrar la entrevista, vinculó el problema con las expectativas de progreso de las nuevas generaciones. “Antes había como una sensación de que nuestros viejos tenían más posibilidades y que a nosotros se nos acortan. Claramente tenemos que trabajar sobre eso”, concluyó.

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Los primeros resultados técnicos sobre el descarrilamiento de la locomotora de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ocurrido el 7 de octubre en Santa Cruz, apuntan a que el hecho fue provocado de manera intencional, aunque la pericia judicial todavía no concluyó. Así lo indicaron el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el interventor de la empresa estatal, Pablo Gordillo, tras la intervención de peritos de la Justicia Federal en el tramo ferroviario donde se produjo el accidente.

El episodio afectó a la única locomotora operativa de la compañía, que trasladaba 600 toneladas de carbón con destino al puerto de Punta Loyola, y ocurre en medio de un proceso de transformación societaria que avanza hacia la incorporación de capital privado en la empresa.

Vidal recorrió el sector del siniestro, a la altura de la estación Ingeniero Cappa, junto al equipo técnico que realizó las pericias por encargo de la Justicia Federal. Tras esa recorrida, el mandatario provincial sostuvo que los datos preliminares confirman lo que se sospechaba desde el inicio.

“Según el equipo técnico, los peritos nos informan que esto fue sabotaje, que era lo que se suponía desde el primer momento”, aseveró el Gobernador, en declaraciones difundidas por medios locales de Santa Cruz.

El mandatario calificó el episodio como “triste” y “lamentable” por el riesgo al que estuvieron expuestos los trabajadores que viajaban en la formación, y reclamó que la investigación judicial avance hasta identificar a los responsables. “Ojalá que llamen a todos los que tengan que llamar a indagatoria, que se encuentre al responsable o a los responsables y que se llegue hasta las últimas consecuencias”, afirmó, al tiempo que remarcó que el Gobierno provincial respetará la independencia de la Justicia.

En tanto, el interventor de YCRT, Pablo Gordillo, confirmó a este medio que los peritos estuvieron en el lugar el domingo, pero aclaró que el proceso técnico todavía no cerró. “Aún no están terminadas las pericias, pero creen que la línea va al esquema de lo que pensábamos, que había sido intencional el descarrilamiento”, señaló el funcionario, que fue designado por el Gobierno nacional para sanear la empresa de cara a una futura privatización.

Gordillo ya había adelantado días atrás a este medio que el personal de vías y obras descartó fallas en la infraestructura o en la locomotora tras una revisión en el terreno. Según relató, el conductor de la formación reportó que la vía “se abrió” en el momento del accidente, pero esa versión fue contradicha por la inspección posterior: “La vía no se había abierto en ningún lado. O sea, la vía estaba completa, no se cortó ni se rompió en ningún lado para generar el descarrilamiento”, explicó.

Lo que alimentó las sospechas

A unos veinte metros del punto donde cayó la locomotora, los técnicos de la empresa encontraron una pieza de material ferroviario en desuso que, según la hipótesis inicial de las autoridades, no debía estar sobre el tendido. Gordillo sostuvo que, por su antigüedad y sus características, el objeto no pudo llegar al lugar por casualidad ni desprenderse de la propia formación.

“Lo que constatan es que deliberadamente alguien lo puso ahí. Y es alguien que conoce, sabe que eso provoca un descarrilamiento, porque lo puso de una manera intencional para que el tren se corra y se mueva”, afirmó el interventor horas después del accidente. También se detectaron marcas visibles en los rieles, en el punto donde la locomotora habría impactado antes de volcar, que deberán ser examinadas para establecer su relación con la causa del accidente.

El accidente paralizó el único medio de transporte de carbón de la empresa

El descarrilamiento se produjo el 7 de octubre alrededor de las 7:45, en el kilómetro 181 del Ramal Ferro Industrial Río Turbio, cuando una formación con una locomotora y cerca de 37 vagones partió desde Río Turbio con destino a Punta Loyola. La máquina, identificada como unidad 005, volcó junto con tres vagones, y los dos trabajadores que viajaban a bordo resultaron ilesos.

La locomotora había estado detenida durante seis meses y recién había sido puesta a punto tras casi dos meses de trabajo intensivo por parte de los operarios. Su inhabilitación paraliza el transporte de carbón por un período estimado de tres a cuatro meses, según estimó Gordillo, quien calculó en USD 10 millones la pérdida asociada a la interrupción del servicio. “Me pararon todo”, resumió el funcionario.

YCRT tiene vigente un contrato por 210.000 toneladas de carbón, equivalente a unos 30 viajes desde Río Turbio hasta el punto de embarque, que ahora enfrenta demoras. “Lamentablemente se siguen atrasando los cumplimientos de los contratos”, había advertido Gordillo tras el siniestro.

El trasfondo de una privatización que todavía no se definió

El sabotaje bajo sospecha se produce en medio de un proceso de transformación societaria que la empresa estatal arrastra desde 2024, cuando quedó incluida entre las compañías “sujetas a privatización” por la Ley Bases. A comienzos de este año, el Gobierno nacional dispuso la conversión de YCRT en sociedad anónima bajo la nueva denominación de Carboeléctrica Río Turbio, aunque el esquema de incorporación de capital privado todavía no se definió.

El proceso depende de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher. La empresa cuenta con 1.978 empleados, es financiada en un 92% por el Estado nacional, y hasta el momento no recibió habilitación para instrumentar retiros voluntarios ni mecanismos de reducción de personal.

Vidal señaló que sostener el funcionamiento de YCRT demandó casi tres años de gestiones y negociaciones con el Gobierno nacional, en un contexto de cierre de otras empresas públicas, y que la actividad comenzaba a tener nuevas perspectivas comerciales antes del descarrilamiento. “Si alguien pretende poner obstáculos a la recuperación de YCRT, tiene que saber que Santa Cruz va a defender su carbón, sus trabajadores y su producción”, expresó el gobernador.

YCRT presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Río Gallegos a través de su área de Asuntos Jurídicos, y solicitó un peritaje a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para establecer técnicamente las causas del accidente. La investigación deberá determinar si la pieza hallada junto a las vías fue colocada de manera deliberada, cómo llegó al lugar y si tuvo incidencia directa en el descarrilamiento.