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Los brotes verdes que se esperaban para los sectores más rezagados siguen sin aparecer. Los datos de julio de industria y construcción resultaron preocupantes no solo porque siguen retrocediendo, sino además se aceleró la velocidad de la caída.

El resultado es que la fuerte mejora de los sectores más dinámicos como agro, energía y minería ya no resultan suficientes para sostener el proceso de crecimiento. Por eso, en la última estimación de los analistas consultados por el Banco Central en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) surgió un recálculo a la baja para el PBI, que solo crecería 2,1% este año. Hace apenas un par de meses, el FMI insistía con una expansión del orden del 3,5% y muchos economistas aseguraban que no bajaría del 3 por ciento.

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) cayó 4,9% interanual en julio, mientras que en la medición desestacionalizada mostró una baja de 5% respecto de junio, siempre de acuerdo a la medición del Indec. De esta manera, la industria acumuló una contracción de 2,6% en los primeros siete meses del año.

El retroceso tuvo un alcance amplio: 12 de las 16 divisiones industriales relevadas registraron bajas interanuales. Entre las ramas más afectadas, se destacaron otros equipos, aparatos e instrumentos; maquinaria y equipo; prendas de vestir, cuero y calzado; y productos textiles.

La construcción tampoco pudo sostener el ritmo de recuperación. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una caída de 4,5% interanual en julio y de 4,6% frente a junio, en términos desestacionalizados. La tendencia-ciclo también mostró una baja mensual, de 1,1 por ciento.

A diferencia de la industria, la construcción todavía presenta un saldo positivo en el acumulado del año: entre enero y julio registra un crecimiento de 1,7% interanual. Sin embargo, el resultado de julio marca un freno significativo y vuelve a plantear dudas sobre la capacidad del sector para consolidar la recuperación.

En conjunto, los números muestran que la recuperación de la actividad perdió fuerza durante julio. La combinación de una industria que profundiza su contracción y una construcción que vuelve a caer configura una señal de alerta para el nivel de actividad del segundo semestre.

El dato de agosto será clave para determinar si el retroceso de julio fue un traspié puntual o si, por el contrario, refleja un proceso de enfriamiento más persistente.

Un informe elaborado por el economista Diego Coatz, ex director de la UIA y ahora al frente de su nueva consultora I+D (Industria+Desarrollo), señaló que el serrucho a la baja es “la nueva normalidad en una economía estructuralmente estancada“.

Entre los motivos de la debilidad del sector, indicó que las empresas “enfrentan tasas reales positivas para financiarse, mientras sus precios siguen aumentando por debajo de sus costos (1,7% en precios industriales vs. 3,1% el IPC de servicios)”. En el último año y medio -advirtió- la mora de las empresas industriales se multiplicó por cinco: subió de 0,7% a 3,8%.

En mayo se perdieron 420 empresas industriales. “Si esta dinámica continúa, y con 4.000 industrias en mora, 2026 podría cerrar con unas 3.300 empresas industriales menos: 9 cierres por día. No es una destrucción creativa. Es destrucción y punto”, continuó Coatz.

El especialista en el sector productivo también se refirió a la posibilidad de un derrame de sectores que mejor están hacia los menos favorecidos: “Para convertir energía, minería y agro en empleo de calidad, proveedores locales, tecnología e innovación, hay que liberar a las pymes del torniquete actual e impulsarlas para que se inserten en las cadenas dinámicas y compitan en igualdad de condiciones”.

“Hoy, por ejemplo, el rubro Maquinaria y Equipos está 47,6% por debajo de su máximo, en julio de 2022. Sin eso, Argentina deja de ser un país de clase media: crece sin empleo de calidad, equivalente a paz macro en un cementerio micro”, sumó.

Otro economista referente del sector, Federico Poli, ahora al frente de su consultora Sistémica, también hizo un análisis crudo de la situación de la industria con una descripción dura: “La recuperación económica sigue siendo divergente. Mientras siguen en alza los sectores intensivos en recursos naturales, aquellos vinculados con el mercado interno, el consumo y los intensivos en empleo, mantienen indicadores recesivos”. En ese sentido, se trata de “un modelo que va a contramano de cómo ha funcionado históricamente bien la economía argentina: con un tipo de cambio real competitivo y tasas de interés que favorezcan la producción”, concluyó.

A pesar de que un sector de la oposición le pidió no organizar jornadas tan apretadas, con legisladores que saltan de un salón a otro, el oficialismo organizó un Supermiércoles de comisiones para las próximas horas en el Senado, donde se discutirán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II -libertarios buscarían dictaminar ambas o, al menos, una-, iniciativas relacionadas con la obra pública, y se reanudará el debate de un texto de radicales sobre beneficios para inversiones por más de USD 12 millones.

En medio de todo esto se realizará -14- la cumbre de Labor Parlamentaria, que comandará la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, para definir una casi segura sesión de cara a mañana. Ayer, la bancada mileísta, que lidera Patricia Bullrich (Capital Federal), mantuvo un encuentro informal con aliados y cerró una agenda que incluye cambios en cortes de biocombustibles y más transferencias de competencias penales de Nación a la Ciudad.

A partir de las 10.30, las comisiones de Economía Nacional e Inversión; y de Presupuesto y Hacienda escucharán las exposiciones del titular y vice del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, respectivamente, sobre la norma para reformar la Carta Orgánica, que ya fue avalada por Diputados y da marcha atrás con la que empujó el cristinismo en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Si el Gobierno lograra la sanción en el Senado, el único fin será preservar el valor de la moneda. También se destaca un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en ambas Cámaras.

Una hora más tarde -11.30-, la comisión de Infraestructura analizará un combo de propuestas. Allí aparece una del libertario Enzo Fullone (Río Negro) que sigue de cerca Balcarce 50 e impone un Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública, para darle un cierre definitivo a contratos de proyectos paralizados desde hace largos años.

Ya por la tarde -15-, las de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Economías Regionales intentarán avanzar con la iniciativa de radicales que promueve un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas. Por un lado, la amortización en Ganancias estaría direccionada, “para inversiones en bienes muebles amortizables”, en “dos cuotas anuales, iguales y consecutivas”.

En tanto, en cuanto a obras, será “como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida, al sesenta por ciento (60%) de la estimada”; y en “equipos de riego agrícola y/o equipos de alta eficiencia energética, una cuota”, al igual que en “bienes semovientes amortizables” y “mallas anti granizo”. También se contempla la devolución de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La pregunta a hacerse aquí es si guiño a esto ablandaría la resistencia para obtener un despacho relacionado con el RIGI que desea la Casa Rosada, que habla de inversiones -e importantes beneficios, como pago del 15% en Ganancias- por más de USD 1.000 millones en sectores que el Ejecutivo considera “industrias del futuro”. Hasta anoche, nadie visualizaba un sendero de intercambio.

Desde las 17.30, un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y Presupuesto y Hacienda discutirán la ampliación de la Inocencia Fiscal vigente, a partir de la eliminación de los topes de ingresos -$1.000 millones- y patrimonio -$10.000 millones- que, hasta ahora, limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. A través de esto, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida.

Los barilochenses volverán a las urnas antes de fin de año para elegir a los 15 convencionales que durante 60 días tendrán la responsabilidad de revisar y, eventualmente, modificar la Carta Orgánica de la ciudad. Se trata de un proceso institucional previsto cada 20 años que, esta vez, quedó atravesado por la política y por las estrategias que los principales espacios ya diseñan con vistas a 2027.

La elección es estrictamente municipal, pero su impacto político excede los límites de la ciudad. Los partidos mayoritarios decidieron involucrarse en la contienda, cerraron acuerdos, armaron coaliciones y pusieron nombres propios sobre la mesa. El objetivo inmediato es conseguir representación en la Convención, pero la disputa también será leída como una primera fotografía del escenario electoral que viene.

Bariloche concentra el padrón más numeroso de Río Negro, con unos 110.000 ciudadanos habilitados para votar. Los 13 armados que competirán anticipan una elección fragmentada, en la que cada espacio buscará capitalizar el resultado para fortalecer su posición en la negociación política que se abrirá de cara al año próximo.

Más allá de la relevancia institucional de la reforma de la Carta Orgánica, la elección puede convertirse en un test electoral de cara a 2027. Ese año se pondrán en juego la Gobernación de Río Negro y el poder municipal, aunque todavía resta definir el calendario de los comicios provinciales.

LLA y el PRO: una alianza con fecha de vencimiento

Con esa mirada, La Libertad Avanza y el PRO, junto con otras dos fuerzas, resolvieron competir con una lista de unidad. El candidato que encabezará la propuesta será Martín Govetto, ex fiscal de Río Negro y abogado del foro local, acompañado por dirigentes y extrapartidarios con distintos niveles de inserción territorial.

El armado tuvo como principal articulador al senador Enzo Fullone, uno de los principales referentes de la Casa Rosada en Río Negro y mencionado como eventual candidato a gobernador en 2027.

Sin embargo, la sociedad entre libertarios y macristas aparece, al menos por ahora, como una alianza electoral de alcance limitado. El acuerdo tiene fecha de vencimiento y no necesariamente se trasladará a las elecciones del próximo año. El antecedente inmediato es la relación entre ambos espacios durante las últimas elecciones de medio término, cuando un entendimiento inicial terminó derivando en una ruptura.

La elección de Bariloche funcionará así como una primera prueba de convivencia entre dos sectores que comparten parte del electorado y que, al mismo tiempo, podrían terminar enfrentados por el liderazgo de la oposición al oficialismo provincial.

Cortés-Weretilneck: el oficialismo busca capitalizar el poder territorial

El oficialismo municipal, representado por el intendente Walter Cortés, selló un acuerdo con el gobernador , de Juntos Somos Río Negro, y presentó la lista Estamos Haciendo Bariloche.

El entendimiento reúne a referentes sociales y dirigentes políticos vinculados a ambos sectores y constituye, además, una señal del vínculo entre el poder municipal y el provincial.

Cortés atraviesa el proceso con una posición privilegiada: gobierna la ciudad con respaldo mayoritario de los locales y buscará trasladar su nivel de respaldo a una lista que combina dirigentes propios con nombres cercanos al mandatario provincial.

La jugada tiene una lectura que excede la reforma de la Carta Orgánica. Weretilneck buscará en 2027 la reelección y necesita preservar el despliegue territorial de Juntos Somos Río Negro. Bariloche, por su peso electoral, aparece como una pieza central de esa estrategia.

Para Cortés, en tanto, la elección puede servir para consolidar su liderazgo local y convertirse en un punto de partida para una eventual proyección política más allá de su actual mandato.

El peronismo llega dividido

El peronismo, reunido detrás de la coalición Fuerza Bariloche, intentó alcanzar una lista de unidad, pero el armado terminó exhibiendo fisuras. Dirigentes con peso propio decidieron competir por afuera, una fragmentación que podría tener impacto directo en el reparto de bancas.

La disputa también expone las dificultades del peronismo rionegrino para ordenar sus diferentes sectores detrás de una estrategia común de cara a 2027.

La intendenta de General Roca y anunciada candidata a la gobernación, Emilia Soria, decidió no involucrarse de manera directa en la elección barilochense y por ahora mantiene distancia del armado. En el sector confían, sin embargo, en que podría expresar su respaldo en las semanas previas a los comicios.

Su posicionamiento será seguido de cerca: Bariloche constituye uno de los principales territorios electorales de la provincia y cualquier dirigente con aspiraciones a la gobernación necesita construir allí volumen político.

El Frente Renovador y la UCR también buscan posicionarse

El Frente Renovador llevará como candidato al ex legislador y concejal Alejandro Ramos Mejía, quien compartirá la lista con referentes de partidos locales y contará con el respaldo del sindicalista de ATE Rodolfo Aguiar.

El radicalismo, por su parte, competirá acompañado por una fracción del ARI y llevará al ex intendente Marcelo Cascón como cabeza de lista de la Coalición Cívica por Bariloche.

A ellos se sumarán distintas propuestas de izquierda y sectores socialistas, que buscarán mejorar la performance obtenida en las últimas elecciones y aprovechar la dispersión del voto para conseguir representación en la Convención.

En un escenario de alta fragmentación, incluso espacios con menor caudal electoral pueden terminar siendo determinantes para la conformación de la Convención.

Una reforma que puede modificar las reglas del poder

La elección tendrá un costo estimado de $120 millones y se realizará mediante el sistema de Boleta Única de Papel. Estarán en juego 15 bancas titulares y otras tantas suplentes, que se distribuirán mediante el sistema D’Hondt, con un piso del 5%.

La Convención deberá comenzar sus sesiones antes del 1 de enero de 2027 y tendrá 60 días para trabajar sobre la Carta Orgánica municipal.

Entre los temas que podrían quedar bajo discusión aparecen cuestiones centrales para el funcionamiento político de la ciudad: la posibilidad de reelección del intendente, la cantidad de concejales y distintos mecanismos de participación ciudadana.

Por eso, aunque formalmente se trata de una elección municipal y de una reforma institucional que ocurre cada dos décadas, la campaña ya está atravesada por la política de 2027.

Los resultados permitirán medir el peso territorial de los principales espacios, exhibirán quiénes llegan con mayor capacidad de armado y, sobre todo, empezarán a delinear las alianzas y rupturas que podrían marcar la próxima disputa por el poder en Río Negro.

En Bariloche, la elección de convencionales será también la primera gran prueba del tablero político que viene.

La discusión sobre el endeudamiento tiene una segunda escena que suele quedar fuera de las estadísticas: el momento en que una persona deja de pagar y comienza a recibir llamadas, mensajes y reclamos para cancelar la deuda. En la Legislatura porteña, ese circuito quedó bajo la lupa después de que un grupo de deudores relatara situaciones de hostigamiento y cuestionara las condiciones en las que algunas empresas intentan recuperar el dinero.

A partir de esos testimonios, Leandro Santoro presentó una iniciativa para regular la cobranza extrajudicial y establecer responsabilidades concretas para quienes participan de ella.

El legislador porteño, que preside la Comisión de Defensa del Consumidor, explicó en Infobae al Regreso que el objetivo es crear un registro para las firmas dedicadas a esa actividad y fijar reglas que permitan identificar quién está realizando un reclamo, en representación de quién y bajo qué condiciones.

Según detalló, existen 275 sociedades inscriptas ante ARCA cuyo objeto principal es la cobranza extrajudicial, aunque el universo incluye también estudios jurídicos y áreas de cobranzas de bancos, comercios de electrodomésticos y billeteras virtuales.

El proyecto, que tiene más de 50 artículos, propone que esas estructuras queden alcanzadas por un régimen específico de inscripción y control. Uno de los puntos centrales establece que cada área de cobranzas deberá contar con un abogado matriculado como responsable, tanto dentro de una empresa como en las agencias que actúan en nombre de terceros. “Mercado Pago, el Banco Galicia, el Banco Ciudad, tiene que tener un responsable en el área de cobro que ponga su matrícula”, sostuvo Santoro.

La iniciativa también apunta a modificar el esquema de sanciones. El legislador cuestionó que determinadas conductas estén prohibidas, pero que las herramientas disponibles para castigarlas resulten insuficientes, y mencionó entre ellas el contacto con familiares del deudor, los llamados en horarios indebidos, la simulación de notificaciones judiciales y el envío de cartas documento falsas. Su propuesta contempla multas y la posibilidad de suspender o inhabilitar a las empresas cuando se comprueben incumplimientos. “Primero, que hay que penalizar. Lo primero que hay que hacer”, afirmó.

El problema que busca abordar la iniciativa aparece con particular claridad cuando las deudas cambian de manos. Santoro explicó que los bancos pueden desprenderse de determinadas carteras cuando las obligaciones acumulan un período prolongado de incumplimiento y venderlas a terceros por una fracción de su valor. “Se desprenden de esas carteras y las venden más o menos al cinco por ciento de su valor”, señaló. En ese proceso, la persona que recibió originalmente el crédito puede encontrarse luego frente a una agencia o empresa distinta, con la necesidad de determinar quién es el nuevo acreedor y cuál es el origen del reclamo.

Durante la entrevista, Mica Mendelevich aportó un caso que expone otra dimensión del conflicto. La conductora contó que terminó pagando $200.000 por una deuda que atribuía a una tarjeta del banco Santander que nunca había activado. Según relató, los llamados no se limitaron a ella, sino que también llegaron reiteradamente a sus padres. La presión terminó cuando su madre decidió transferir el dinero ante la insistencia de los reclamos. Para Santoro, situaciones de ese tipo deberían quedar expresamente contempladas por la regulación, de modo que el deudor pueda conocer qué empresa está autorizada para reclamar y cuál es la obligación que se le atribuye.

Pero el proyecto no se limita a establecer límites sobre las formas de contacto. También incorpora instancias de mediación para facilitar acuerdos y planes de pago, a partir de una de las situaciones que, según Santoro, aparece con mayor frecuencia en los testimonios: personas que aseguran estar dispuestas a cancelar sus obligaciones, pero no pueden afrontar las condiciones que les ofrecen. “El problema es que yo tengo voluntad de pago y las condiciones que me dan no me permiten”, resumió el legislador.

En esa línea, Santoro planteó que la discusión tampoco puede reducirse a la educación financiera. Se mostró a favor de que los consumidores puedan conocer con mayor claridad las tasas de interés, los impuestos y el costo financiero total de los créditos, pero cuestionó que esa responsabilidad recaiga exclusivamente sobre quien tomó el préstamo cuando existen prácticas de cobranza que considera abusivas. “Echarle la culpa a la persona que está siendo víctima de la usura es un problema”, sostuvo.

La evolución tecnológica agregó además una nueva dificultad. El legislador señaló que las billeteras virtuales y los sistemas automatizados de otorgamiento y cobro de créditos introdujeron mecanismos capaces de acceder a información de los dispositivos de los usuarios, que puede terminar siendo utilizada para contactar a personas de su entorno. Frente a ese escenario, planteó que la incorporación de inteligencia artificial no puede convertirse en una forma de diluir responsabilidades: “Cuando la que cobra es la inteligencia artificial, tiene que ser un instrumento, no puede ser un agente en sí. Tiene que haber alguien que ponga la matrícula, un abogado que ponga la matrícula, que sea el responsable final”.

El proyecto deberá ahora atravesar el recorrido legislativo y pasar por distintas comisiones, entre ellas la de Justicia, presidida por La Libertad Avanza. Santoro señaló que había enviado el borrador a Pilar Ramírez y que esperaba que la iniciativa pudiera ser discutida entre los distintos bloques, luego de una primera reunión en la que, según afirmó, participaron sectores diversos de la Legislatura.

El debate se inscribe, además, en un contexto que el propio legislador vinculó con el crecimiento de la morosidad, la expansión del crédito y el aumento de préstamos otorgados sin una evaluación suficiente del riesgo. Según su diagnóstico, el deterioro de la capacidad de pago de algunos consumidores terminó generando un mercado alrededor de la recuperación de esas deudas. “Hay mucha gente que le dieron crédito sin medir el riesgo crediticio. Ahora esa gente no puede pagar, se plancharon los salarios, aumentaron los costos fijos y entonces hay un nicho de negocio”, concluyó.

La propuesta de Santoro busca intervenir precisamente en ese punto: no impedir que una deuda sea reclamada, sino establecer quién puede hacerlo, de qué manera y bajo qué responsabilidad, para que la cobranza extrajudicial deje de depender de prácticas difíciles de controlar y quede sujeta a reglas y sanciones concretas.

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El mandatario sostuvo que defender la independencia brasileña significa velar por su soberanía y su democracia.

Gentileza Infonews.ca

En ese sentido, el mandatario precisó que Brasil deberá luchar más que nunca por lo que le “pertenece” al citar las reservas petroleras y la nueva ley de minerales críticos.

“Son recursos naturales que, como nuestro petróleo, deben utilizarse para el desarrollo de tecnología de vanguardia y la generación de empleos de calidad en Brasil”, aseguró.

El gobierno de EEUU aplicó este año el segundo tarifazo a ciertos productos de Brasil luego de que Donald Trump, recibiera al senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato del opositor Partido Liberal que defiende un alineamiento con el actual jefe de la Casa Blanca.

Brasil reafirmó su apoyo a la Argentina por Malvinas pese a la tensión diplomática

La causa Malvinas sumó el respaldo de Brasil al reclamo argentino por la soberanía de las islas, pese a las diferencias políticas entre los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei.

El apoyo fue expresado por Eduardo Uziel, encargado de Negocios de Brasil en Argentina, durante la celebración del Día Nacional de la República Federativa de Brasil, realizada en el Salón Dorado del Teatro Colón. Del encuentro participaron políticos, legisladores, empresarios y representantes diplomáticos, entre ellos el embajador británico David Cairns y el representante chino Wang Wei.

“Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, afirmó Uziel durante su discurso, en una referencia a los vínculos históricos entre ambos países y a las diferencias que mantienen actualmente sus gobiernos.

El diplomático destacó además que la relación bilateral y el respaldo brasileño a la Argentina trascienden las administraciones de turno. “La muestra de amistad es independiente de los gobiernos, del fútbol, que es mayor que cualquier fantasía, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, sostuvo.

En ese marco, Uziel remarcó la posición histórica de Brasil sobre la cuestión Malvinas y aseguró: “El apoyo brasileño se mantuvo invariable desde 1833 a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Política de Estado siempre por convicción”.