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Patricia Vásquez, diputada nacional de La Libertad Avanza, defendió la posibilidad de que ciudadanos extranjeros compren tierras en la Argentina y sostuvo que las restricciones deben responder a razones de seguridad nacional, especialmente en las zonas de frontera. En una entrevista con Infobae al Regreso, se refirió al debate legislativo que se abrirá la próxima semana y anticipó que el oficialismo buscará sostener su propuesta original, aunque reconoció que el texto definitivo dependerá de las negociaciones parlamentarias.

El Gobierno convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para el miércoles 14, en el marco del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluirá un capítulo sobre tierras rurales. La reunión se realizará un día antes de la sesión impulsada por la oposición para debatir el DNU 70/23, cuyo artículo 154 derogó la Ley de Tierras.

Uno de los puntos en discusión es la posibilidad de recuperar el límite del 15% por provincia para la titularidad extranjera de tierras rurales, establecido por la Ley 26.737. Vásquez reconoció que todavía no conoce la redacción definitiva de la iniciativa que llegará a Diputados. “No sé cómo va a proponerse actualmente, porque lo que se votó en contra en el Senado no sé cómo llega a Diputados”, afirmó.

La compra de tierras y la discusión sobre la soberanía

Durante la entrevista, Vásquez rechazó que la derogación de las restricciones anteriores implique una cesión de soberanía nacional. Según planteó, la iniciativa oficialista apunta a garantizar la propiedad privada y ampliar las posibilidades de inversión, sin que eso suponga renunciar al control estatal sobre el territorio argentino.

“La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que siempre sostuvo el Gobierno, apuntaba a determinados temas. Uno de ellos era el tema de la mal llamada extranjerización. En realidad, era de protección de la propiedad privada en todos los articulados”, sostuvo.

La legisladora cuestionó las críticas de la oposición y afirmó que el Gobierno nunca manifestó la intención de entregar soberanía. “Nunca dijo el Gobierno querer o pretender ceder soberanía, porque esto se manejó con un relato muy eficiente del lado de la oposición”, expresó.

Para fundamentar su postura, distinguió la compra de un inmueble por parte de un particular extranjero de la presencia de instalaciones bajo control de otros Estados. En ese contexto, mencionó la base china de 200 hectáreas en el sur argentino y sostuvo que se trata de una situación diferente.

Vásquez también recordó la llegada de inmigrantes europeos durante el siglo XIX y su participación en el desarrollo de actividades productivas. “Vinieron, compraron tierra, produjeron, crecieron, desarrollaron, fueron agropecuarios. Bueno, y acá estamos nosotros”, señaló.

Consultada sobre la posibilidad de restablecer el límite del 15%, insistió en que las restricciones deben estar vinculadas con la seguridad nacional, especialmente en las zonas fronterizas. La definición sobre el alcance de esas condiciones quedará sujeta al debate legislativo.

“Lo que seguramente se quiere sostener es la idea original de darle la posibilidad al extranjero que compre tierras igual que el argentino”, afirmó. Sin embargo, admitió que la propuesta deberá adaptarse a los acuerdos que puedan alcanzarse en el Congreso. “Uno no llega a la ley ideal o por lo menos a la que uno quiere proponer. Llega a la posible, a la negociada, a la escuchada, a la debatida”, agregó.

Inmigración y acceso a los servicios públicos

La conversación también derivó en un intercambio sobre las condiciones de acceso de los extranjeros a la salud y la educación públicas. Vásquez sostuvo que el contexto actual de la Argentina es diferente del que existía durante las grandes corrientes migratorias y defendió la aplicación de criterios de reciprocidad.

“Estábamos hablando de una situación totalmente diferente porque éramos ocho millones de habitantes en todo el país. Ahora somos casi 50”, afirmó.

La diputada reclamó controles migratorios y cuestionó el ingreso de personas que, según dijo, llegan al país para cometer delitos. También planteó que las políticas públicas deben contemplar las condiciones económicas y fiscales antes de ampliar las prestaciones disponibles para quienes no son ciudadanos argentinos.

El economista y exdiputado Martín Tetaz planteó durante la entrevista una tensión entre las ideas liberales que reivindica el Gobierno y las posiciones nacionalistas que, a su entender, aparecen en algunas de sus propuestas. Vásquez respondió con un argumento basado en la reciprocidad entre países.

“Vas a Estados Unidos y vos te comprás el departamento que quieras, el terreno que quieras y el campo que quieras y nadie te va a decir nada. Ahora, andá a Estados Unidos y pretendé que te paguen la salud gratis”, sostuvo.

El respaldo a Milei y las diferencias con Bullrich

En otro tramo de la entrevista, Vásquez se refirió al vínculo entre Patricia Bullrich y Javier Milei. La diputada, que fue secretaria de Estado en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Bullrich al frente de esa cartera, consideró que la actual senadora continuará acompañando al Gobierno, aunque mantenga posiciones propias.

“Ella siempre va a decir lo que piensa, esté donde esté, y va a seguir acompañando este rumbo de país en el cual está convencida, porque es el mismo que ella proponía”, afirmó.

Vásquez defendió la posibilidad de expresar desacuerdos dentro de La Libertad Avanza y señaló que ella misma plantea diferencias ante funcionarios de distintas áreas. “Porque somos liberales no somos manada, lo dice el presidente y yo lo comparto”, sostuvo.

Consultada sobre una eventual candidatura presidencial de Bullrich, la legisladora manifestó su respaldo a la continuidad del actual mandatario. “En lo personal, quiero que Javier Milei reelija”, dijo. Para justificar esa posición, sostuvo que los procesos de estabilización económica requieren tiempo y afirmó que, históricamente, otros países necesitaron entre 15 y 20 años para superar crisis profundas.

Por último, se refirió al estilo confrontativo de Milei y a sus agravios contra periodistas, empresarios y dirigentes políticos. Vásquez reconoció que esa forma de expresarse no coincide con la suya, aunque diferenció el tono de las intervenciones presidenciales del contenido de sus decisiones.

“No es mi estilo, claramente. Y a Patricia obviamente le pasa lo mismo. No es su forma, pero es una cuestión de forma, no de fondo”, concluyó.

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YPF acordó comprar el 24,99% de YPF Luz que pertenece a BNR Power Investments B.V. por USD 430 millones, una operación que, una vez completada, le permitirá alcanzar el 100% del capital de su empresa de generación eléctrica.

El Directorio de YPF aprobó la transacción este 8 de octubre. El cierre quedó sujeto a las condiciones habituales para este tipo de acuerdos, según informó la compañía en un comunicado oficial.

Con la adquisición, YPF podrá consolidar los resultados de YPF Luz, que cuenta con 3,8 GW de capacidad instalada y presencia operativa en ocho provincias. La empresa genera un volumen equivalente a cerca del 10% de la electricidad abastecida en la Argentina.

“YPF continúa creciendo para convertirse en una compañía energética de clase mundial y esta operación es un paso más en ese camino”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

El ejecutivo sostuvo que la compra permitirá que YPF Luz “acelere el crecimiento y potencie sus capacidades”, al tiempo que mantendrá “su foco y especialización en el sector eléctrico” y sumará valor a la propuesta energética integral de la petrolera.

YPF pasará a controlar la totalidad de YPF Luz

YPF creó YPF Luz en 2013 con el objetivo de desarrollar una compañía especializada en el sector eléctrico. En 2018, General Electric (GE) ingresó como accionista para acompañar su expansión.

Ese respaldo continuó luego a través de GE Vernova (GEV), surgida de la escisión de GE en 2024, mediante el fondo BNR. Con la venta de su participación, YPF pasará a ser la única accionista de YPF Luz cuando se cumplan las condiciones previstas para concretar la operación.

La compañía eléctrica informó un EBITDA de USD 479 millones en los últimos 12 meses finalizados en junio de 2026. Su cartera incluye activos y clientes de distintos segmentos, con una posición en el mercado de energías renovables.

El proceso para cotizar en Wall Street

En julio de este año, YPF Luz presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) una declaración de registro en el Formulario F-1, correspondiente a una propuesta de oferta pública inicial de acciones ordinarias de Clase B. La compañía, cuya razón social es YPF Energía Eléctrica S.A., cotizaría de manera separada de su empresa madre, que está presente en la Bolsa de Nueva York (NYSE) desde hace más de 30 años, bajo el símbolo “YLUZ”.

Tras la colocación, la empresa tendrá dos clases de acciones ordinarias, aunque solo YPF y sus subsidiarias podrán poseer las de Clase A, que no serán listadas en ningún mercado. YPF Luz se definió como “compañía en etapa de crecimiento emergente” según la Ley de Valores de Estados Unidos y anticipó que, luego de la oferta global, quedará categorizada como “compañía controlada” conforme a las reglas de gobierno corporativo de la NYSE. En su comunicado, indicó que continuará evaluando el proceso en función de las condiciones del mercado y los requisitos regulatorios aplicables.

La participación en el RIGI

Entre los desarrollos renovables de la empresa figura el Parque Solar Fotovoltaico El Quemado, que en agosto de 2025 fue presentado como el mayor proyecto de su tipo del país y el primer desarrollo renovable bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa es impulsada por YPF Luz junto con la Empresa Mendocina de Energía (Emesa), contempla una inversión de USD 211 millones y se ubica en el departamento de Las Heras, a 13 kilómetros de Jocolí y a unos 54 kilómetros del centro de la ciudad de Mendoza.

El parque tendrá una capacidad instalada de 305 MW sobre más de 600 hectáreas, en una zona con elevada radiación solar. El diseño prevé dos etapas, una de 200 MW y otra de 105 MW, y utilizará más de 500.000 paneles, que captan tanto la luz directa como la reflejada por el suelo. La propuesta inicial contemplaba dos etapas de 200 MW cada una, pero el ingreso al RIGI permitió unificar la obra para alcanzar los 305 MW finales.

Según explicó Gonzalo Seijo, gerente de ingeniería y obras de YPF Luz, el proyecto incluye una nueva estación transformadora de 220/33 kV que lo conectará con el Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI). El volumen proyectado equivale al consumo de más de 233.000 hogares, de acuerdo con Mariana Iribarne, gerente de relaciones institucionales de la compañía.

El parque tiene un factor de capacidad estimado del 31,4% y un ahorro previsto de 385.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. Su operación se supervisa desde el Centro de Operación Remota de YPF Luz, en Puerto Madero, las 24 horas. El proyecto se enmarca en la meta de la compañía de alcanzar un gigavatio de potencia renovable instalada en 2026, junto con el parque eólico Casa.

La protesta estudiantil en el Palacio Pizzurno sumó un nuevo capítulo al conflicto universitario. Agostina Olivera, consejera de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y militante de La Mella, explicó en diálogo con Infobae al Regreso por qué decidieron ingresar a la sede de la Secretaría de Educación y defendió la sentada como una forma de reclamar respuestas al Gobierno.

La manifestación ocurrió un día después de que la Justicia ordenara al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declarara inconstitucional el decreto que había frenado su implementación. El Ministerio de Capital Humano calificó la protesta como una “toma violenta” y anticipó una denuncia judicial.

El encuentro con Carlos Torrendell y la llamada de Sandra Pettovello

Olivera sostuvo que la protesta permitió concretar una reunión que, según afirmó, los estudiantes no habían conseguido desde el inicio de la actual gestión. “Lo que logramos ayer fue que por primera vez desde que asumió este gobierno, el secretario Carlos Torrendell nos reciba a los estudiantes. No había sucedido nunca”, señaló.

De acuerdo con su relato, los manifestantes realizaron una sentada y, tras conversar con integrantes de la Policía Federal y funcionarios de la dependencia, aceptaron trasladarse a una sala para dialogar con el secretario. Sin embargo, el encuentro no avanzó como esperaban.

La estudiante aseguró que Pettovello llamó por teléfono a Torrendell y le pidió que interrumpiera la reunión. “Le dijo que no podía negociar con nosotras, que no podía hablar con nosotras, que si no nos echaba en cinco minutos, él era el que iba a terminar echado del gobierno”, relató.

Según Olivera, la conversación se desarrollaba mientras los estudiantes planteaban sus reclamos. Uno de los temas abordados fue el monto de las Becas Progresar, que consideró insuficiente frente a las necesidades de quienes cursan en la universidad pública. “Ellos dicen en 35 mil pesos, pero son 28 mil los que les llegan a los estudiantes hoy en día, a los pocos que les llega esa beca”, afirmó.

También cuestionó la falta de información sobre un petitorio presentado semanas antes. Según contó, cuando consultaron por el trámite, les dijeron que el expediente ya no figuraba en la Secretaría de Educación. Además, acusó al subsecretario de Políticas Universitarias de increpar a los manifestantes y grabar un video antes de retirarse.

Olivera agregó que, después de la reunión, los estudiantes tuvieron dificultades para comunicarse porque les habían pedido dejar sus teléfonos antes de ingresar. “Nos estaban dejando básicamente privar de nuestra libertad dentro de una Secretaría de Educación”, denunció.

La discusión por la modalidad de la protesta

Durante la entrevista, los periodistas cuestionaron el ingreso de los manifestantes al edificio público y advirtieron que las imágenes de los incidentes podían desplazar del centro de la discusión el reclamo por los fondos universitarios.

Consultada por la rotura de un blindex que aparecía en los registros audiovisuales, Olivera dijo que no podía precisar qué había ocurrido porque había ingresado por otra puerta. “Yo lo que sucedió con esa puerta no lo sé”, respondió.

La estudiante defendió el comportamiento de quienes participaron de la sentada y aseguró que la medida se desarrolló sin agresiones. Según su versión, los manifestantes permanecieron sentados, leyeron apuntes y confeccionaron carteles, mientras que los trabajadores que querían salir pudieron hacerlo.

Frente al planteo de que la protesta podía perjudicar la legitimidad del reclamo, Olivera insistió en que el objetivo era conseguir una instancia de diálogo. “Fuimos al Congreso, nos dio la razón. Vamos a la Justicia, nos da la razón. Vamos a la calle, la sociedad acompaña. ¿Qué más uno puede hacer que ir a tocarle la puerta?”, sostuvo.

Otro contrapunto surgió en torno a la representación estudiantil. El economista Martín Tetaz cuestionó que un grupo autoconvocado pudiera representar al conjunto de los universitarios y defendió el papel de las federaciones y las organizaciones institucionales.

Olivera respondió que su participación también tenía respaldo institucional, ya que fue elegida consejera directiva por el claustro estudiantil de Ciencias Sociales. Al mismo tiempo, señaló que la convocatoria reunió a alumnos de distintas facultades de la UBA y del conurbano bonaerense. “Lo autoconvocado existe y funciona”, afirmó.

Qué reclaman los estudiantes y cómo seguirá el conflicto

Olivera enumeró los principales reclamos que buscaban plantear ante las autoridades: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las Becas Progresar, recursos para comedores y residencias, políticas de salud mental y medidas vinculadas con el boleto educativo y el transporte.

También se refirió a la situación salarial de docentes y no docentes. Aunque respaldó sus demandas, reconoció que las medidas de fuerza afectan las cursadas y las trayectorias académicas. “Los paros docentes para nosotros son un problema”, afirmó. Además, aseguró que 11.000 docentes habían dejado el sistema universitario público.

Olivera estudia Trabajo Social en la UBA. Comenzó la carrera en 2022 y, según contó, le faltan seis materias y la tesis para recibirse. Desde esa experiencia, cuestionó las dificultades que enfrentan los alumnos para sostener sus estudios en un contexto de conflicto presupuestario y pérdida de poder adquisitivo.

La estudiante también criticó a las distintas administraciones nacionales por la falta de soluciones al problema universitario. “Desde que yo tengo memoria, hasta el día de hoy, ninguna dirigencia política nos pudo dar respuestas”, expresó.

La continuidad del conflicto dependerá de la implementación de la ley, la respuesta oficial a los reclamos presupuestarios y salariales y las próximas medidas de las organizaciones universitarias. Mientras el Gobierno cuestionó la modalidad de la protesta y anticipó acciones judiciales, los estudiantes sostienen que la falta de avances los llevó a intensificar sus reclamos.

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