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La disputa entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof por la conducción del peronismo y el control de las candidaturas expone una interna de menor escala que otros choques históricos del movimiento, en un escenario argentino dominado por el gobierno de Javier Milei, la centralidad del dólar y los cambios en el mundo del trabajo. Así lo afirmó en Infobae en Vivo el analista político y escritor Martín Rodríguez.

Según detalló, la pelea se da dentro de un cuadro más amplio: el oficialismo, sostuvo, atraviesa crisis políticas sin pagar costos inmediatos porque conserva una herramienta de gobernabilidad en el control del dólar. A eso sumó la baja de la inflación, aunque aclaró que ese dato no describe una mejora general de la economía.

La confrontación entre Kirchner y Kicillof no responde al modelo clásico de interna peronista. La definió como una disputa más reducida, concentrada dentro del kirchnerismo y atravesada sobre todo por diferencias personales y por el control de las decisiones.

Para Rodríguez, ambos dirigentes comparten buena parte de su recorrido político. Por eso, sostuvo, las diferencias no remiten a programas de fondo ni a proyectos claramente contrapuestos, sino a quién conduce y quién define los acuerdos.

La disputa se concentra en el control partidario y las candidaturas

El escritor comparó el conflicto actual con enfrentamientos previos del peronismo entre renovadores y verticalistas, entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde, o entre Néstor Kirchner y Duhalde. A su juicio, aquellas internas tenían otra densidad porque involucraban modelos de país, liderazgos territoriales y programas económicos.

También señaló que esas disputas históricas discutían asuntos nacionales desde el interior del peronismo y movilizaban sectores con presencia en distintas provincias. La pelea actual, en cambio, tiene menos territorio, menos ideología y menor espesor político.

Rodríguez sostuvo que Kicillof ganó peso durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Lo describió como una figura que intervino en la discusión económica y que mantuvo influencia durante la gestión de Alberto Fernández, en especial sobre decisiones de Martín Guzmán.

Sobre Máximo Kirchner, afirmó que busca apoyos doctrinarios en dirigentes identificados con el kirchnerismo original. Aun así, consideró que esa búsqueda no altera la naturaleza del conflicto porque no aparecen diferencias políticas de fondo entre los sectores enfrentados.

El punto central de la disputa, según el analista, es la relación con Cristina Fernández de Kirchner. En su lectura, la expresidenta busca conservar su papel de electora dentro del peronismo y mantener la capacidad de definir candidaturas y ordenar la estructura política desde su espacio de referencia.

Rodríguez mencionó al Instituto Patria y a San José 1111 como lugares asociados a esa centralidad. Para él, la discusión sobre “la lapicera” resume el conflicto por la selección de candidatos y por el control de los acuerdos internos.

También recordó que Cristina Fernández de Kirchner participó de manera directa en las elecciones de 2017 y 2019. Contrastó ese antecedente con la situación de Máximo Kirchner, cuyo liderazgo, señaló, no pasó por una competencia electoral propia.

Massa como la última disidencia bonaerense con peso propio

En ese mapa interno, Rodríguez ubicó a Sergio Massa como la última figura que expresó una disidencia peronista con volumen propio en la provincia de Buenos Aires. Recordó su irrupción electoral de 2013, cuando el Frente Renovador puso en agenda temas como la seguridad y cambios en el impuesto a las ganancias.

Según su análisis, Massa representó entonces a sectores medios y populares del área metropolitana. Ese movimiento también reflejó, dijo, una concentración territorial del peronismo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con menos gravitación de liderazgos provinciales.

Con el tiempo, agregó, Massa redujo su margen de acción y pasó a cumplir un papel de articulador político. Lo describió como un dirigente dispuesto a dialogar con otros sectores y a intervenir en negociaciones que el resto del peronismo evita exponer.

Rodríguez vinculó esa autonomía con un esquema interno atravesado por el temor y el control político dentro del kirchnerismo. Según planteó, muchos dirigentes limitan sus movimientos para no entrar en conflicto con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner.

Una eventual candidatura competitiva de Massa, precisó, dependería de cómo evolucione la interna y del respaldo directo de la expresidenta. Si el conflicto escala, advirtió, el peronismo puede perder capacidad para ordenar una alternativa electoral.

Malvinas, el dólar y el trabajo por aplicaciones ordenan el escenario político

Rodríguez definió a Malvinas como uno de los pocos consensos sociales y políticos de la Argentina. Señaló que la Constitución Nacional incorporó esa cuestión en 1994 y que el reclamo de soberanía reúne adhesiones incluso entre sectores que suelen mantener diferencias profundas.

A la vez, distinguió ese consenso de una ventaja electoral automática para el Gobierno. Sostuvo que una posición favorable al reclamo argentino sobre las islas no garantiza votos, aunque sí dificulta que sectores opositores rechacen una política estatal sobre el tema.

Como antecedente, recordó una convocatoria de Cristina Fernández de Kirchner en 2012 vinculada a la reimpresión del informe Rattenbach. Según relató, en ese acto participaron dirigentes de distintos espacios, entre ellos Patricia Bullrich.

Sobre Javier Milei, el analista afirmó que el Gobierno atraviesa crisis políticas sin costos inmediatos porque controla el dólar. Esa variable, insistió, se combina con una baja de la inflación que ayuda a sostener la situación política.

Rodríguez agregó que la expansión del trabajo por aplicaciones modificó la forma en que se atraviesan las crisis sociales. Comparó ese fenómeno con los movimientos de desocupados de 2001 y señaló que muchas personas hoy combinan tareas, horarios y empleos sin una relación laboral estable.

Ese cambio, en su lectura, alteró también la relación entre dirigencia y sociedad. El escritor sostuvo que la política argentina perdió parte de su carácter federal, aunque el país conserve esa estructura institucional.

Como prueba de esa distancia, recordó que Milei ganó en provincias donde no contaba con una organización electoral amplia. Atribuyó ese resultado a una dirigencia cada vez más alejada de la realidad social y a un peronismo que, según su planteo, necesita volver a discutir los problemas de la sociedad y no solo los conflictos entre sus dirigentes.

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El empresario Eduardo Elsztain explicó en Linkedin los motivos por los que es accionista minoritario de Falkland Islands Company (FIC), una firma de importancia estratégica para las islas debido a la amplia variedad de servicios que brinda y a su relevancia en la economía local. La compañía se dedica a actividades inmobiliarias, comerciales, logísticas, agropecuarias y hoteleras, entre otras.

Elsztain quiso quedarse por medio de Dolphin Fund, uno de sus fondos de inversión, con la totalidad de la empresa en 2017, pero el gobierno inglés no lo autorizó. Desde entonces mantiene el 2,5% del paquete accionario de la compañía.

Allegados al empresario detallaron que en principio va a mantener esa participación, que definieron como “muy baja”. No creen que venda por el momento, aunque podría hacerlo si el contexto local así lo requiere. Es conocido su vínculo y cercanía con el presidente Javier Milei. Es más, ese medio pudo saber que estaría dispuesto a intentar otra vez quedarse con el 100% de la empresa isleña, como hizo hace 10 años, aunque está convencido que Inglaterra no lo autorizará.

Ante una tendencia en X que asociaba la noticia a la palabra “traidor”, el canciller Pablo Quirno salió a defender a Elsztain. “Todo lo contrario a traidor…”, escribió el ministro de Milei en la misma red social.

“Pensé que una causa así podía contagiar a cientos de empresarios y ciudadanos argentinos que me acompañarían en la oportunidad de transformar nuestra relación con las Islas a partir del desarrollo económico y social. Al contrario de la cultura liberal de la bolsa inglesa, la propuesta fue bloqueada y prohibida por las autoridades británicas. Inclusive”, detalló.

Su participación en la compañía volvió a mencionarse en los medios el domingo –en La Nación, y antes en varios medios en 2017– luego de los anuncios del presidente Javier Milei sobre un endurecimiento de las sanciones a las empresas proveedoras del archipiélago, y en el marco del inminente inicio de la explotación del yacimiento petrolero Sea Lion.

En ese contexto, Elsztain sostuvo que su intención era contribuir al reclamo de soberanía argentina.

La carta del empresario

“Mi abuelo Isaac siempre me decía que si Argentina se hubiera involucrado económicamente en la vida de las Islas Malvinas durante todo el siglo XX, probablemente hubiéramos evitado la guerra. No fue el único que pensaba eso: Perón intentó comprar la Falkland Islands Company (FIC) más de una vez y también lo intentó el empresario metalúrgico César Cao Saravia en el ‘77. La idea, que coincide con la estrategia diplomática de nuestro país desde hace décadas, era que estrechar los lazos sociales, económicos, culturales y productivos con las Islas Malvinas a través de una empresa argentina podía ayudar en el reclamo de soberanía.

Con eso en mente, desde 2005/06 fui comprando acciones de la Falkland Islands Company (FIC), una compañía de enorme relevancia estratégica y económica en las Islas Malvinas que tiene a cargo temas inmobiliarios, agropecuarios, hoteleros, entre otros. En el 2017 se abrió una oportunidad mayor, cuando los propios empleados de FIC hicieron una oferta para comprarla. La bolsa de Inglaterra es la cuna del liberalismo económico y, si una empresa recibe una oferta pública de compra, otra empresa puede ofertar más para quedarse con la compañía en cuestión. Pensé que esa era nuestra oportunidad, así que oferté para quedarme con el control mayoritario de la empresa más importante de las Islas Malvinas. Además de ampararme en la lógica del derecho inglés, pensé que una causa así podía contagiar a cientos de empresarios y ciudadanos argentinos que me acompañarían en la oportunidad de transformar nuestra relación con las Islas a partir del desarrollo económico y social.

Al contrario de la cultura liberal de la bolsa inglesa, la propuesta fue bloqueada y prohibida por las autoridades británicas. Inclusive, Theresa May, primera ministra británica de la época, hizo declaraciones en contra de la compra de FIC (hoy FIH Group) por una empresa argentina. Mi empresa solo pudo mantener la participación minoritaria que había comprado a través del mercado -cercana al 2%- que tiene hoy, y la mayoría accionaria terminó en manos de Staunton Holdings Ltd. Todo esto fue público y cubierto por medios como Clarín y Página 12 en el 2017. Hoy volvió a surgir el tema en un artículo de La Nación y por eso hago estas aclaraciones. Porque nuevamente veo aparecer en redes sociales teorías conspirativas y antisemitas sobre mi persona, que distan tanto de la realidad concreta de los acontecimientos que a veces me parece hasta ridículo. Por lo general no hago intervenciones de este tipo, pero la causa Malvinas es tan importante para todos los argentinos, que me parece que no hay que quedarse callado.

Por mi edad, desde mis años de formación en el Colegio Nacional Buenos Aires y mi paso por la colimba, la causa Malvinas ha atravesado tanto mi vida privada como la del país. Pensar que podría haber aportado algo desde mi rol empresarial en este tema valió la pena, aunque haya fracasado. Si pudiera, no dudaría en volver a intentarlo -y quién dice, quizás vuelva a pasar”.

El Gobierno de Javier Milei anunció que las empresas vinculadas al proyecto Sea Lion no podrán participar en Vaca Muerta y anticipó sanciones para quienes intervengan en ese desarrollo petrolero al norte de las islas Malvinas, una decisión que busca encarecer la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur y que ahora depende de un proyecto que el Poder Ejecutivo analiza enviar al Congreso.

Miguel Rodríguez, diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, afirmó que la continuidad de la base naval puede generar trabajo para empresas y trabajadores locales. Sostuvo que la obra busca reforzar la presencia argentina en Ushuaia y acompañar las tareas en la Antártida. “No va a afectar solamente a Ushuaia o a las Fuerzas Armadas”, dijo sobre el proyecto.

Rodríguez indicó, en diálogo con Infobae en Vivo, que el presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia para reasignar partidas destinadas a la base naval y a la base Petrel, en la Antártida. El legislador afirmó que el proyecto de Ushuaia tuvo avances limitados desde 2022. “En 2022 se anunció, en 2023 se inició”, señaló Rodríguez. Y sostuvo que la obra no avanzó más allá de esa etapa.

La base naval de Ushuaia y el impacto en Tierra del Fuego

La construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia forma parte de la nueva agenda oficial sobre Malvinas. La iniciativa también se relaciona con la actividad antártica y el rol de Tierra del Fuego.

Rodríguez afirmó que el anuncio produjo “un antes y un después” para la provincia. Explicó que las Malvinas forman parte del nombre oficial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El diputado nacional señaló que la promesa de una base naval en Ushuaia tiene más de 50 años. También afirmó que los trabajos iniciados en 2023 dejaron una platea destinada a un obrador.

Según Rodríguez, la obra no solo alcanzará a Ushuaia y a las Fuerzas Armadas. El legislador sostuvo que requerirá mano de obra local y servicios de empresas fueguinas.

El dirigente de La Libertad Avanza señaló que Río Grande también podría recibir parte de ese impacto económico. Dijo que esa ciudad atraviesa una situación más compleja que Ushuaia, cuya economía cuenta con actividad turística.

Rodríguez afirmó que varios sectores respaldaron el anuncio presidencial. También reconoció que otros cuestionaron la medida y la definieron como una decisión de oportunidad política.

Al mismo tiempo celebró la posición favorable del gobernador de Tierra del Fuego. Aclaró que no existe un diálogo fluido entre el Gobierno provincial y la administración nacional.

También recordó que presentó un proyecto de ley sobre la enseñanza de Malvinas en las escuelas. La iniciativa propone contenidos obligatorios desde el nivel inicial hasta el secundario.

El diputado sostuvo que la ley actual incluye contenidos sobre Malvinas, aunque los consideró básicos. Su propuesta fija contenidos mínimos para las aulas de todo el país.

Las sanciones anunciadas por Javier Milei sobre Sea Lion

El conflicto sobre la base naval se sumó a la ofensiva oficial contra Sea Lion. Ese proyecto petrolero se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas.

Milei anunció por cadena nacional que las empresas que participen en Sea Lion quedarán fuera de Vaca Muerta. El Presidente también anticipó sanciones de distinta magnitud para las firmas involucradas.

La medida apunta a las compañías que operen o brinden servicios en el yacimiento. El Gobierno prepara un proyecto para definir las restricciones y enviarlo al Congreso, según se indicó durante el programa.

El objetivo oficial consiste en limitar la participación de esas firmas en la actividad energética argentina. La discusión ahora se centra en qué compañías alcanzarán las sanciones y bajo qué condiciones.

El yacimiento Sea Lion podría iniciar la producción en 2028, según se expuso en el programa. El proyecto podría llegar a una extracción de 50 mil barriles diarios.

Rockhopper y Navitas encabezan el desarrollo del yacimiento. Las dos empresas afirmaron que el proyecto mantiene su curso pese al anuncio del Gobierno argentino.

SLB, Halliburton y Baker Hughes descartan operar en Malvinas

Tres empresas internacionales de servicios petroleros comunicaron que no tienen planes para trabajar en Malvinas. Las firmas son SLB, Halliburton y Baker Hughes.

Estas compañías prestan servicios a proyectos de extracción de petróleo y gas. No operan como petroleras, pero participan en distintas etapas técnicas de los desarrollos.

SLB afirmó que no tiene planes de proporcionar servicios a proyectos en las islas Malvinas. En tanto, Halliburton informó que no presta servicios ni planea hacerlo en proyectos ubicados en las islas.

Baker Hughes expresó una posición similar. Las tres compañías descartaron su participación después de las advertencias formuladas por Milei.

Las decisiones abrieron una discusión sobre otros actores de la industria. El principal punto se relaciona con las compañías británicas que tienen vínculos societarios con firmas presentes en Vaca Muerta.

El caso mencionado durante el programa fue el de Pan American Energy, vinculada a la familia Bulgheroni. British Petroleum figura entre las socias de esa compañía.

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