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El Gobierno nacional convocó a una reunicón de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para analizar el aumento del salario mínimo para las empleadas domésticas.

De acuerdo con lo dispuesto por la resolución 3/2026 —publicada esta madrugada en el Boletín Oficial—, el encuentro se realizará de forma virtual 30 de abril de 2026, a las 10 horas. Se desarrollará bajo el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Human.

La sesión tendrá como punto principal el análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares, de acuerdo con el Régimen especial de la Ley N° 26.844. Se espera que en este encuentro se debatan los criterios y parámetros que inciden sobre los salarios básicos de este sector, en un contexto de ajustes económicos y demandas de actualización salarial. El tratamiento de la estructura salarial de los trabajadores domésticos reviste importancia para miles de personas que desempeñan tareas en hogares de todo el país y que están amparadas por esta legislación específica.

El artículo 62 del Régimen especial para el Personal de Casas Particulares, establecido por la Ley N° 26.844, define a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) como el órgano normativo del régimen legal. La CNTCP está integrada por representantes de los trabajadores, de los empleadores, del Ministerio de Economía y de los entonces ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que ejerce la presidencia y asume las tareas de soporte legal, técnico y administrativo.

Entre las principales atribuciones de la CNTCP figura la fijación de las remuneraciones mínimas para el personal comprendido en el régimen especial, tal como dispone el inciso c) del artículo 67 de la Ley N° 26.844. La definición de estos parámetros salariales constituye una de las funciones centrales de la comisión, que debe atender tanto a la situación socioeconómica general como a las particularidades del sector de trabajo en casas particulares.

Durante la sesión plenaria convocada para el 30 de abril, la CNTCP analizará datos y propuestas relativos a la actualización de los salarios mínimos del sector, considerando los informes técnicos y la evolución de los indicadores económicos. El objetivo central será acordar eventuales modificaciones en las escalas salariales, que resultan de aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores incluidos en el régimen.

De hecho, tiene la responsabilidad de garantizar que los salarios mínimos reflejen la realidad económica y social del país, protegiendo los derechos de los trabajadores y asegurando la equidad en las relaciones laborales dentro del ámbito doméstico.

Los valores vigentes en abril son los que corresponden al último acuerdo alcanzado entre las partes, por lo que la hora de servicio doméstico en tareas generales vale:

• Con retiro: $3.348,37 por hora
• Sin retiro: $3.599,86 por hora

Durante el mes de abril, el sector dejó de percibir el bono extraordinario que se abonó previamente en los primeros meses del año. Así, la remuneración de las empleadas domésticas quedó limitada a los salarios básicos y adicionales previstos por la normativa vigente.

La formalización del vínculo laboral entre empleadores y personal de casas particulares constituye un requisito obligatorio para el sector. Todos los empleadores deben registrar a sus trabajadores en el sistema ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin distinción de cantidad de horas ni modalidad de trabajo. El trámite se realiza a través de la web de ARCA, utilizando la clave fiscal correspondiente. En caso de no disponer de clave fiscal, es necesario tramitarla previamente mediante la Solicitud de Clave Fiscal.

El proceso de inscripción en ARCA requiere la carga de los datos del empleado, a partir del número de CUIL. El sistema permite importar automáticamente los datos asociados a la persona, lo que agiliza la gestión para el empleador. La siguiente pantalla exhibe los datos básicos, tras lo cual el empleador debe completar los campos adicionales que figuran en el formulario.

Peter Magyar, recientemente electo nuevo primer ministro de Hungría, será protagonista este miércoles en su primera visita oficial a los jefes de la Unión Europea en Bruselas tras su victoria en los comicios nacionales, con el objetivo de dejar atrás el extenso periodo del nacionalista Viktor Orbán, de más de 15 años al mando del país.

El nuevo líder busca inaugurar una etapa de cooperación con las instituciones europeas, que podría comenzar con la liberación de miles de millones de euros en fondos destinados a Budapest.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el triunfo de Magyar y afirmó que su llegada hace que el bloque sea “más fuerte y más unido”. Los dirigentes de la UE destacaron que la victoria del conservador pone fin a los 16 años de un gobierno húngaro aliado de Moscú y crítico constante de Bruselas.

Aunque Magyar asumirá el cargo el próximo mes, su equipo ya mantuvo dos rondas de conversaciones con altos funcionarios europeos para reintegrar a Hungría al núcleo del bloque, tras años de disputas que paralizaron iniciativas clave, entre ellas el rechazo a desembolsos para Ucrania, que se defiende de la invasión rusa. “Nunca habíamos visto tal nivel de compromiso por parte de un gobierno que ni siquiera ha asumido el cargo”, señaló a la agencia AFP el eurodiputado Daniel Freund.

Durante la jornada, Magyar se reunirá con von der Leyen y con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en un esfuerzo por avanzar en la agenda de reformas que Bruselas exige. El nuevo gobierno húngaro busca lograr la liberación de unos 18.000 millones de euros en fondos congelados durante la gestión de Orbán debido a preocupaciones sobre el estado de derecho.

Magyar subrayó la urgencia de las reformas, ya que Hungría dispone hasta finales de agosto para concretarlas y así asegurar otros 10.000 millones de euros en fondos de recuperación, cuyo plazo expira en esa fecha.

Funcionarios de la UE consideran que la supermayoría parlamentaria obtenida por Magyar facilitará la aprobación de las leyes necesarias. “Queremos colaborar de forma muy estructurada y específica con el nuevo gobierno húngaro para asegurarnos de que, en la fase más temprana posible, se tomen todas las medidas necesarias”, declaró el portavoz comunitario Olof Gill.

Entre las primeras medidas que Bruselas podría aprobar figura un préstamo preferencial de 16.000 millones de euros para defensa, bloqueado durante el enfrentamiento con Orbán antes de las elecciones.

Mientras Bruselas define las reformas que exige a Hungría, los líderes de la Unión Europea también plantean un nuevo enfoque respecto a Ucrania. La derrota de Viktor Orbán ya permitió destrabar algunos de los principales puntos de conflicto en el bloque. La semana pasada, la UE aprobó un préstamo considerable para Ucrania y un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, medidas que Hungría había bloqueado durante meses bajo el anterior gobierno.

Ahora, los socios europeos esperan que Peter Magyar libere los fondos de la UE destinados a armar a Ucrania, que llevan años retenidos, y que retire el veto húngaro que impide a Kiev avanzar en su proceso de adhesión al bloque. Los funcionarios comunitarios sostienen que Ucrania merece progresar, aunque reconocen que las principales potencias de la UE no tienen intención de acelerar una integración completa en el corto plazo.

En Bruselas, confían en que Magyar, quien trabajó bajo la órbita de Orbán antes de distanciarse, marque el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre Hungría y la UE. Sin embargo, las autoridades insisten en la necesidad de observar hechos concretos antes de celebrar cambios profundos. “Por ahora, habrá que esperar y ver”, resumió un diplomático de la UE bajo anonimato, y agregó que esa percepción podría modificarse si se confirman las señales positivas enviadas por el nuevo gobierno húngaro.

(Con información de AFP)

Tras modificar la agenda matutina para que senadores libertarios vayan a “bancar” a Diputados el informe de gestión que dará allí el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo de la Cámara alta intentará avanzar, desde las 13, con los demorados ascensos diplomáticos de 2024 y 2025. Luego, en dos plenarios distintos -15 y 16.30-, se debatirá un acuerdo con fondos buitre y se comenzarán a analizar cambios sobre la normativa de salud mental.

Las actividades parecen depender de repentinas volteretas, a esta altura, de casi todos los bloques. Por caso, de las cuatro reuniones para conformar comisiones bicamerales previstas para ayer, una se suspendió el lunes y, las tres restantes, a horas de consumarse. Desde un par de despachos deslizaron, por lo bajo, sobre nuevas pinceladas de nombres.

Diplomáticos

La prolongada siesta para ascensos en Cancillería se revisarán en la comisión de Acuerdos, que comanda el mileísta riojano Juan Carlos Pagotto. Esto ya se cayó en varias ocasiones y el Ministerio de Relaciones Exteriores se convirtió en un hervidero.

El evento se desarrollará en medio de acusaciones sobre generosos guiños a personas “cercanas” al kirchnerismo, supuestas influencias de diplomáticos sobre senadores para frenar o retocar listas, y algunas bancadas que mienten por default para no atarse al embrollo que ayudaron a generar.

Por fuera de las simpáticas operaciones, lo más importante a mirar de todo esto es, siempre, los espacios políticos que se mantuvieron en silencio. Lo mismo corre para pliegos judiciales. En las próximas horas, algunas subas de categoría quedarían relegadas, aunque el resto de ambas listas terminaría con respectivos dictámenes de mayoría.

Fondos buitre

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión del Senado debatirán un acuerdo entre el país y fondos buitre que implicaría un pago total de u$s 171 millones. Lo curioso del proyecto en cuestión es que, en el propio mensaje del Ejecutivo, se habla del 30 de abril como fecha límite para que no se retome el litigio “bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

Ayer, oficialismo y dialoguistas mantuvieron un cónclave con el ministro de Economía, Luis Caputo, para indagar sobre el tema. Sobre el plazo del 30 de abril, quedó la impresión entre los participantes de que el mismo no sería “taxativo”, aunque se sugirió que bien vendría firmar dictamen esta tarde como gesto.

Por otra parte, todos entendieron la necesidad de cerrar los espinosos problemas económicos y legales que tuvo el país en relación con esto, aunque los aliados recordaron también las varias dificultades del primer trimestre en el plano local, tras más de dos años de ajuste. Caputo dio explicaciones similares a las que suele ofrecer en medios y reafirmó que, en el actual trimestre, habrá un repunte. Esto también equivaldría a reactivar obras que, en los últimos meses, se paralizaron casi de manera total.

Además, dos asistentes confiaron a Infobae, tras una consulta del peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), que el Gobierno consideraría la viabilidad de devolución ya no en cuatro meses, sino en seis u ocho, de los adelantos de coparticipación que la Casa Rosada otorgó a un puñado de distritos. Otros ítems con indicios de respuesta de “normalización” apuntaron hacia el PAMI y discapacidad.

Salud mental

La ley del Ejecutivo tendrá su puntapié en las comisiones de Salud; y de Legislación General, desde las 16.30. Tras la presentación del articulado, se estima que la oposición de todo color reclamará una amplia gama de invitados, por lo que la discusión seguirá en las próximas semanas. El texto, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones hoy sin suficiente amparo, se sumará a otros que ya hacen fila y se le acumulan a la Cámara alta.

El presidente Donald Trump ordenó a sus asesores preparar un bloqueo prolongado sobre Irán para aumentar la presión económica sobre Teherán y forzar concesiones sobre su programa nuclear, según informaron funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal, en una nueva fase del conflicto que mantiene paralizadas las negociaciones diplomáticas y eleva la tensión en el estrecho de Ormuz.

La decisión se consolidó en reuniones recientes, incluida una celebrada el lunes en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, donde Trump evaluó las alternativas disponibles y resolvió sostener la presión sobre la economía iraní y sus exportaciones de petróleo mediante la interrupción del transporte marítimo hacia y desde los puertos del país.

De acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses, el mandatario consideró que las otras opciones —retomar los bombardeos o retirarse del conflicto— implicaban mayores riesgos que sostener el bloqueo.

La medida profundizó un conflicto que ya impactó sobre los precios internacionales de la energía y redujo el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz a su nivel más bajo desde el inicio de la guerra.

Desde el alto el fuego del 7 de abril, que puso fin a la principal campaña de bombardeos, Trump alternó entre la presión militar y la apertura de un canal diplomático, aunque mantuvo intacta su principal exigencia: el desmantelamiento total del programa nuclear iraní.

Según informó The Wall Street Journal, el lunes Trump dijo a sus asesores que la propuesta iraní en tres fases para reabrir el estrecho de Ormuz y dejar las conversaciones nucleares para la etapa final demostraba que Teherán “no negociaba de buena fe”.

Por el momento, el presidente estadounidense avaló un bloqueo por tiempo indefinido. El martes escribió en Truth Social que la medida empuja a Irán hacia un “estado de colapso”.

Un alto funcionario estadounidense sostuvo que el bloqueo “está asfixiando visiblemente la economía iraní” y aseguró que el país enfrenta dificultades para almacenar el petróleo que no logra vender, lo que abrió nuevos contactos del régimen con Washington.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que Estados Unidos cumplió los objetivos militares de la Operación Furia Épica y remarcó que “gracias al exitoso bloqueo de los puertos iraníes, Estados Unidos tiene la máxima influencia sobre el régimen”.

Añadió que “el presidente solo aceptará un acuerdo que proteja la seguridad nacional de nuestro país”.

Sin embargo, dentro de la administración crece la percepción de que el conflicto, que ya lleva ocho semanas, podría prolongarse sin una resolución inmediata, ya sea mediante un acuerdo nuclear o una reanudación abierta de la guerra.

Trump recibe además recomendaciones contrapuestas. Algunos aliados republicanos, entre ellos el senador Lindsey Graham, impulsan mantener la presión máxima sobre Teherán.

En contraste, sectores empresariales cercanos al presidente advierten sobre el impacto económico de un cierre prolongado del estrecho de Ormuz y sobre los costos políticos que esto podría acarrear de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Pese a que la propuesta iraní del fin de semana ofrecía una posible desescalada, Trump y su equipo de seguridad nacional coincidieron en que aceptar esos términos reduciría la capacidad de Washington para obtener concesiones sobre el programa nuclear.

Según fuentes oficiales citadas por The Wall Street Journal, el mandatario no está dispuesto a ceder en su demanda de que Irán suspenda el enriquecimiento de uranio durante 20 años y acepte restricciones posteriores.

Eric Brewer, ex analista sénior especializado en Irán dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense, explicó: “No me sorprende que no haya aceptado el acuerdo, porque no aborda en absoluto el tema nuclear”.

“¿Por qué aceptar el acuerdo iraní mientras se espera ver si se pueden causar graves problemas económicos a Irán con esta apuesta por el bloqueo?”, añadió.

Las conversaciones previstas entre Estados Unidos e Irán para el fin de semana pasado no se concretaron. Según personas al tanto de las gestiones, Teherán informó a los mediadores que necesitaba varios días para consultar con el líder supremo, Mojtaba Khamenei, antes de presentar una propuesta revisada.

Aun así, mediadores regionales mantienen dudas sobre la posibilidad de un avance decisivo.

Nico Lange, director del Instituto Alemán de Análisis de Riesgos y Seguridad Internacional, resumió el actual escenario: “Ambas partes parecen creer que han calculado bien y que el tiempo está de su lado”.

En Washington también crece la preocupación por una eventual respuesta militar iraní. Funcionarios estadounidenses admiten que Teherán podría intentar atacar infraestructura energética regional o activos navales estadounidenses desplegados para sostener el bloqueo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló otra dificultad para una salida diplomática al afirmar en Fox News que “los sectores más intransigentes, con su visión apocalíptica del futuro, ostentan el poder absoluto en ese país”.

Rubio añadió que “nuestros negociadores no solo negocian con los iraníes. Estos, a su vez, tienen que negociar con otros iraníes para determinar en qué pueden ponerse de acuerdo”.

Aunque estaba todo dado para que los bonos en dólares repuntaran de manera significativa a lo largo de abril, finalmente quedaron muy a mitad de camino. Incluso la semana pasada se esperaba que el riesgo país volviera a perforar los 500 puntos básicos, pero sucedió todo lo contrario: luego de varias subas consecutivas ayer quedó en niveles de 587 puntos, subiendo otro 1% y reflejando cierto desinterés por parte de los inversores.

Las continuas compras de dólares por parte del Central también en abril se constituían como un elemento significativo para un repunte de los bonos. La entidad ya lleva adquiridos casi USD 2.400 millones en el mes y las reservas brutas quedaron a punto de superar los 46.000 millones de dólares.

El mercado venía pidiendo de manera insistente con la compra de dólares por parte del Central y al mismo tiempo transitar el camino de acumulación de reservas. Pero los esfuerzos oficiales por ahora no fueron suficientes. Aunque el BCRA lleva comprados más de USD 6.800 millones, los bonos no hay reaccionado con la fuerza que se esperaba.

Pero había otros elementos que se dieron en abril que sostenían el optimismo. Por ejemplo, un clima mucho mejor en Wall Street, ante la tregua alcanzada en el Golfo Pérsico, aún cuando sigue casi totalmente cerrado el estrecho de Ormuz. La mejora de los activos financieros, incluidos los de mercados emergentes impactó solo parcialmente en los bonos en dólares. Y en los últimos días incluso retrocedieron buena parte de lo que habían mejorado en las primeras semanas del mes.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, aseguró que “los bonos soberanos en USD volvieron a caer y llevan así 7 ruedas consecutivas de contracciones. Si bien el BCRA continua comprando dólares en el MULC, el mercado parece prestar atención también al horizonte de vencimientos remanentes en este año y en 2027”. “También da la sensación -indicó- que esperaba una emisión internacional para testear el apetito por riesgo argentino”.

La semana pasada el Gobierno anunció un acuerdo con el Banco Mundial para obtener garantías para futuros créditos a favor de Argentina. Esa noticia hizo subir la cotización de los bonos ante una mayor certeza de financiamiento de cara a los vencimientos que se presentan en 2026 y 2027. Por ahora no hubo, sin embargo, mayores avances.

De a poco el calendario electoral empieza a ser mencionado por los analistas. Desde Grupo SBS señalaron que “las variables tales como el empleo privado registrado, los salarios reales privados registrados y la heterogeneidad en la performance de los distintos sectores económicos serán clave para pensar en el humor social”. En ese sentido, los últimos datos de confianza del consumidor y en el gobierno difundidos por Universidad Di Tella mostraron nuevas caídas en abril, “y este tipo de indicadores irá ganando importancia a medida que transcurran los meses”.

Desde Criteria explicaron que “a diferencia de la compresión observada semanas atrás, esta semana predominó una corrección. Los bonos globales mostraron caídas sostenidas y los rendimientos volvieron a niveles de dos dígitos en los tramos largos, mientras que el riesgo país se desplazó hacia la zona de 580 puntos básicos”.

“Lo más relevante es que esta corrección se dio a pesar de la continuidad en la acumulación de reservas. Es decir, empieza a debilitarse la relación directa entre compras del BCRA y compresión del riesgo soberano. Parte de esta dinámica -agregaron- responde a un contexto internacional algo menos favorable para emergentes, pero también refleja factores locales: mayor volatilidad cambiaria y señales de deterioro en variables reales”.

En paralelo, el financiamiento externo, tanto soberano como sub-soberano y corporativo, siguió mostrando buen acceso. Provincias como Chubut y emisores corporativos lograron colocar deuda con niveles de demanda elevados, lo que sugiere que, más allá de la corrección en precios secundarios, el apetito por crédito argentino no desaparece. En el caso del soberano, el Tesoro continuó con su estrategia de colocación de Bonares en el mercado local, buscando ampliar montos incluso en un contexto de tasas algo más altas.

En el frente externo, los datos conocidos durante la semana confirman que el soporte sigue siendo sólido. El balance cambiario mostró un superávit de cuenta corriente en base caja cercano a USD 1.700 millones en marzo. A esto se suman ingresos financieros relevantes que generan oferta adicional en el mercado oficial. Si bien persisten egresos por utilidades y turismo, el balance neto sigue siendo favorable y consistente con la acumulación de reservas observada.

El gobierno de la La Libertad Avanza afrontará el pago de $72.384.624.000 correspondiente al Programa Volver al Trabajo, que se abonará los primeros días de mayo, a partir de una orden judicial que obliga a sostener este esquema de asistencia social suspendido en su reformulación. La medida fue dictada el 21 de abril de 2026 por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien instruyó al Ministerio de Capital Humano a mantener vigentes las transferencias económicas a los beneficiarios del programa hasta que se dicte sentencia definitiva sobre su continuidad dado que la cartera a cargo de Sandra Pettovello apeló la medida, tal como anticipó Infobae.

El impacto inmediato de la resolución se refleja en la magnitud de los fondos: el pago comprende a más de un millón de personas transferidas desde el anterior esquema “Potenciar Trabajo”, según consta en la Resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En detalle, 1.012.357 titulares pasaron al Programa Volver al Trabajo y otros 260.911 fueron transferidos al Programa de Acompañamiento Social, ambos bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. La advirtió en un comunicado que la medida judicial impide, por el momento, aplicar las políticas de capacitación laboral y la extensión de la doble jornada escolar en contextos vulnerables.

La resolución judicial dentro del expediente colectivo “LEDESMA, ANDREA LILIANA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO s/AMPARO COLECTIVO” llevó a la administración de Javier Milei a autorizar el pago directo a los beneficiarios mediante el Banco de la Nación Argentina.

Este medio ya había informado que el ministerio a cargo de Pettovello no había puesto en dudas el pago del beneficio social. “Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo”, sostuvieron las fuentes oficiales.

Esta postura implica acatar la orden judicial y al mismo tiempo promover una apelación para revertir la cautelar, que bloquea el redireccionamiento presupuestario de estos fondos.

El conflicto se originó en el proceso de transformación de los programas de asistencia. El Programa Volver al Trabajo fue creado en febrero de 2024 para reemplazar la modalidad de inclusión laboral anterior y, según el Poder Ejecutivo, su objetivo era fortalecer la capacitación y la inserción en empleos formales. La medida cautelar interrumpe este proceso, consolidando el esquema de transferencia directa sin contraprestaciones, según detallaron los funcionarios consultados por Infobae.

La descripción oficial fue tajante: “Esto es la perpetuidad del asistencialismo”, en referencia a la obligación de mantener el modelo previo, considerado un obstáculo respecto al objetivo de reemplazar los planes sociales por políticas activas de empleo y educación.

El diagnóstico de la administración de La Libertad Avanza apunta a que la continuidad de estos programas “cristaliza la pobreza”, lo que impide una transición hacia mecanismos de intervención estructurales y de largo plazo, como la extensión de escolaridad gratuita y los vouchers de formación profesional.

La gestión de Pettovello promueve una reingeniería del sistema: reasignar partidas para implementar vouchers de capacitación laboral en articulación con centros formativos provinciales y financiar la doble escolaridad en escuelas de contextos vulnerables.

A través de un comunicado oficial emitido la semana pasada, el Ministerio de Capital Humano informó que, a raíz del fallo que hacía lugar al recurso de amparo impulsado por organizaciones sociales enroladas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) , ambas políticas “no podrán llevarse a cabo”, al menos hasta que se resuelva el litigio.

La medida, dictada por el juez Adrián González Charvay, obliga al Estado nacional a mantener activas las transferencias económicas del Programa Volver al Trabajo, que beneficia a más de 900 mil personas con un ingreso mensual de $78.000 y bloqueando temporalmente el uso de esos recursos en las nuevas políticas de capacitación y educación que se habían proyectado.

Con la apelación realizada por los abogados de Capital Humano las autoridades buscan de revertir la medida y recuperar autonomía en la asignación de partidas presupuestarias para políticas sociales. En su momento, desde los despachos oficiales interpretaron que el Poder Judicial “termina haciendo política pública y nos dice cómo asignar los recursos”.

En la segunda foja de la resolución de Capital Humano, dejaron constancia de lo siguiente: “Sin perjuicio de la interposición de los recursos judiciales correspondientes por parte de esta Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Huamno, corresponde efectuar las gestiones tendientes al cumplimiento de la manda judicial conforme el ordenamiento jurídico vigente, disponiendo el pago de la prestación económica prevista en el Programa Volver al Trabajo (VAT), y sin que ello comporte una modificación del marco normativo vigente”.

Desde la perspectiva oficial, la indefinición judicial ante la apelación genera incertidumbre y frena transformaciones consideradas prioritarias por la Casa Rosada.

Para el Poder Ejecutivo nacional, el conflicto supera el debate sobre un programa específico, abriendo la discusión sobre el modelo de política social en el país: la disyuntiva entre la asistencia monetaria directa y mecanismos estructurales como la formación laboral y la intervención educativa.

Los fondos destinados serán imputados a la Jurisdicción 88, Subjurisdicción 03 – Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, bajo la partida de “Ayudas Sociales a Personas”, con financiamiento del Tesoro Nacional, según formaliza la resolución administrativa que ejecuta la orden judicial.