Blog

La empresa Vicuña, la empresa a cargo del que se considera el mayor proyecto minero del país, avanza en la consolidación de su marco normativo en San Juan a partir de una serie de definiciones vinculadas con las obligaciones ambientales y financieras que rigen su operación.

En ese marco, Vicuña y el gobierno local firmaron un acuerdo de compromiso relativo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. Según informó la compañía a través de un comunicado, el entendimiento incluye un aporte de USD 250 millones por parte de la minera para que el Estado sanjuanino realice obras de infraestructura.

En concreto, el documento establece un mecanismo para cumplir con las obligaciones financieras previstas en la DIA y para apoyar el desarrollo de infraestructura en San Juan. Al mismo tiempo, según remarcó Vicuña, “brinda mayor certeza sobre aspectos clave del desarrollo del proyecto”.

Qué dice el acuerdo

Entre los aspectos centrales del entendimiento se encuentra la estabilización de las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del proyecto, aplicable a las propiedades mineras actuales y futuras de Vicuña dentro del alcance establecido en el convenio.

El acuerdo también dispone la creación de un fideicomiso a través del cual se gestionarán de manera transparente las contribuciones estipuladas en la DIA para financiar obras previamente acordadas. En ese marco, se estableció un pago anticipado de USD 250 millones a ese fideicomiso, con el objetivo de proveer fondos a la provincia de San Juan destinados a infraestructura.

A ese desembolso se suma una contribución del 1,5% de las ventas brutas, conforme a lo establecido en la DIA, cuyo pago comenzará en el sexto año de operaciones. Esta contribución funcionará como una fuente anual de financiamiento para infraestructura y otras iniciativas, adicional a los fondos de regalías que se abonan cada año.

El acuerdo consolida, además, las obligaciones financieras establecidas en la DIA en un único mecanismo contractual, lo que según la compañía aporta mayor previsibilidad al desarrollo del proyecto. A esto se agrega el compromiso de la provincia de no imponer a Vicuña contribuciones adicionales de naturaleza análoga a la contribución de la DIA por ningún concepto relacionado con el proyecto, lo que brinda certeza de que el marco acordado representa la obligación definitiva y final derivada de esa declaración.

Sobre el alcance del entendimiento, el CEO de Vicuña Corp, Ron Hochstein, señaló: “Proyectos de esta magnitud requieren reglas claras y previsibilidad a largo plazo. Este acuerdo representa un paso importante para seguir creando las condiciones necesarias para el desarrollo del Proyecto Vicuña, brindando mayor certeza tanto para la inversión como para el cumplimiento de los compromisos asumidos con la provincia”.

Plazos y próximos pasos

De acuerdo con la compañía, la firma de este entendimiento marca la primera etapa de un proceso de acuerdos que continuará abordando otros aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto. El convenio queda sujeto a la aprobación de la Legislatura provincial para convertirse en ley, y se prevé que el pago anticipado se complete a finales del cuarto trimestre de 2026.

Vicuña indicó que continuará trabajando junto al Gobierno de San Juan y las diversas partes interesadas para seguir desarrollando los acuerdos e iniciativas que respaldan el desarrollo del proyecto.

El gobierno de San Juan, por su parte, precisó que el acuerdo pone fin a una controversia administrativa iniciada en 2022 en torno al aporte previsto en la DIA, que hasta ahora permanecía objetado en sede administrativa. El convenio será enviado a la Cámara de Diputados provincial para su ratificación por ley.

Desde la gobernación destacaron que los fondos se destinarán a la ejecución de obras viales, hídricas, de saneamiento y de infraestructura pública antes de que la provincia comience a percibir regalías mineras.

El proyecto Vicuña

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining formada para el desarrollo del depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre ubicado en la provincia de San Juan. La compañía impulsa además el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol, ubicado también en San Juan y en la III Región adyacente, en Chile.

El proyecto prevé una inversión inicial de USD 9.700 millones, con un potencial de expansión hasta USD 18.000 millones, y fue incorporada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Su desarrollo se realizará en tres etapas, con el inicio de la construcción previsto para 2027.

El proyecto se estructura en tres fases centradas en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en el límite cordillerano de San Juan con Chile, y prevé una producción anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata una vez en plena operación.

Durante el pico de construcción, entre 2027 y 2030, el proyecto demandará alrededor de 12.000 puestos de trabajo directos. En la etapa operativa sostendrá unos 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos, con la expectativa de que cerca del 90% de la mano de obra sea local. Cuando alcance su producción plena, el proyecto proyecta exportaciones por aproximadamente USD 6.000 millones anuales, un monto que, según el Gobierno provincial, equivale al total de las exportaciones mineras argentinas registradas en 2025.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, afirmó este miércoles durante una visita a la Franja de Gaza que el ejército continuará operando “por iniciativa propia” contra objetivos de Hamas, pese al alto el fuego acordado el 11 de octubre de 2025 en el marco del plan de paz impulsado por Estados Unidos. “No permitiremos que se produzca una amenaza a nuestras fronteras como la que sufrimos el 7 de octubre”, declaró ante las tropas, según un comunicado militar.

Zamir se reunió con el comandante del Mando Sur, Yaniv Asor, y otros altos mandos al frente de las operaciones en el enclave. Aseguró que las fuerzas israelíes han debilitado “significativamente” a Hamas y “cambiado la realidad” operativa sobre el terreno. “El frente de Gaza forma parte de una campaña multiescenario”, añadió, estableciendo un paralelo con las operaciones en el sur del Líbano.

El primer ministro Benjamin Netanyahu reconoció el martes por la noche, en un vídeo difundido en sus redes sociales, que Israel no ha aceptado el borrador del plan de paz respaldado por Washington. “Nos enviaron un borrador; no lo aprobamos, no es nuestro borrador. Enviamos nuestros comentarios”, señaló. La propuesta, publicada la semana pasada por el Consejo de Paz del presidente Donald Trump, contempla el desarme de Hamas y la retirada israelí de Gaza.

Tras las objeciones de Israel, el Consejo de Paz se reunió el lunes con Netanyahu y le garantizó que las fuerzas israelíes solo deberán abandonar sus posiciones actuales en Gaza una vez que Hamas complete su desarme. A pesar de esa concesión, dos ministros de la ultraderecha de la coalición gobernante solicitaron una nueva votación para rechazar el plan, argumentando que no refleja lo aprobado por el gabinete.

El investigador Tal Elovits, del centro de estudios israelí Molad, advirtió que Netanyahu tiene escaso margen para rechazar el plan auspiciado por Washington. “Netanyahu no tiene otra opción más que escuchar a su único amigo que le queda en la comunidad diplomática”, dijo en referencia a Trump. El propio Netanyahu, que enfrenta unas elecciones en octubre, describió al mandatario estadounidense como “nuestro mayor amigo, uno de los más grandes que hemos tenido en la Casa Blanca”.

Medios israelíes informaron además de un cambio en los protocolos de autorización de ataques: las tropas deben ahora solicitar aprobación directamente al jefe del Estado Mayor para ejecutar operaciones en Gaza, salvo en situaciones de “peligro inmediato”. Anteriormente, bastaba con la autorización del comandante del mando regional. El ejército israelí derivó las consultas al respecto al “escalón político”, mientras que un portavoz de Netanyahu declinó hacer comentarios.

El portavoz de Hamas, Hazem Qassem, reiteró este miércoles el “compromiso” del grupo con lo acordado con los mediadores y el Consejo de Paz, e instó a Washington y al alto representante para Gaza, Nickolay Mladenov, a presionar a Israel para que cumpla el acuerdo “de modo que podamos ver pasos serios y prácticos”.

Las autoridades sanitarias de Gaza —cuyas cifras son consideradas fiables por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)— elevaron este miércoles a 73.381 el número de muertos y a 174.231 el de heridos desde el inicio de la campaña militar israelí. El conflicto se desencadenó tras el ataque de Hamas y otras milicias palestinas del 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.221 personas en Israel, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes. En esa misma ofensiva, 251 personas fueron tomadas como rehenes y trasladadas a Gaza.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este miércoles que mantener comunicación con el líder supremo Mojtaba Khamenei se ha vuelto “muy difícil” en las actuales circunstancias, después de que el dirigente resultara herido durante el ataque estadounidense-israelí que provocó una nueva escalada militar en Medio Oriente.

Khamenei, quien asumió como máxima autoridad religiosa y política iraní tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, en ese mismo episodio, no ha realizado apariciones públicas desde entonces. Su ausencia ha generado dudas sobre su estado de salud y sobre el funcionamiento de la cúpula del poder iraní durante una etapa marcada por el enfrentamiento con Washington.

“Es muy difícil comunicarse con él en este momento, pero, en cualquier caso, su presencia es una fuente de fuerza muy grande para nosotros que nos permite seguir adelante”, declaró Pezeshkian durante un discurso transmitido por televisión estatal.

El mandatario iraní aseguró que, pese a las limitaciones actuales, ha mantenido encuentros con el líder supremo y defendió su capacidad para dirigir el país. Según Pezeshkian, las conversaciones que ha sostenido con Khamenei han sido productivas y destacó que sus posiciones responden a una “lógica muy sólida”.

“Lamentablemente, la situación actual lleva a algunas personas malintencionadas a presentarlo bajo una luz diferente y a transmitir una imagen distorsionada de él”, afirmó el presidente iraní.

Desde que asumió el cargo, Mojtaba Khamanei se ha mantenido alejado de las apariciones públicas y sus mensajes han sido difundidos principalmente a través de comunicados escritos. Tampoco estuvo presente en los actos oficiales realizados tras la muerte de su padre, una situación que aumentó las especulaciones sobre su estado físico y su capacidad para ejercer plenamente sus funciones.

La llegada de Mojtaba Khamenei al liderazgo supremo ocurrió en un momento de máxima tensión para Irán. El nuevo dirigente heredó una estructura de poder que enfrenta simultáneamente presiones militares, económicas y diplomáticas, mientras el país continúa su disputa con Estados Unidos y sus aliados.

El liderazgo supremo es la máxima autoridad política y religiosa de Irán y tiene influencia directa sobre áreas estratégicas como las Fuerzas Armadas, la política exterior y los principales organismos de seguridad. Por esa razón, la falta de apariciones públicas del sucesor de Alí Khamenei ha adquirido una relevancia especial dentro y fuera del país.

Diálogo con Estados Unidos

Mientras el régimen intenta mostrar continuidad en la conducción del Estado, Teherán también mantiene abiertas conversaciones indirectas relacionadas con la posibilidad de reducir las tensiones con Washington.

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, indicó que el régimen recibió mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa disposición a retomar compromisos asumidos previamente, aunque señaló que todavía no existe una decisión definitiva sobre volver a la mesa de negociaciones.

“Hemos recibido mensajes de Estados Unidos que indican que está plenamente dispuesto a volver a cumplir sus compromisos”, explicó Gharibabadi.

El funcionario señaló que las autoridades iraníes están revisando esas comunicaciones para determinar si existen garantías suficientes de que cualquier nuevo proceso diplomático pueda mantenerse en el tiempo.

“Todos los mensajes deben ser analizados. Debemos mirar también hacia el futuro para no volver a entrar en un círculo vicioso en el que, dos o tres semanas después, nos encontremos otra vez ante nuevos enfrentamientos militares”, agregó.

Las conversaciones se producen en paralelo a las negociaciones de Irán con Omán para establecer un mecanismo temporal de navegación en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el transporte mundial de energía y que se convirtió en uno de los principales puntos de tensión durante la escalada militar.

El debate por la reforma de la Ley de Tierras expuso una de las discusiones más sensibles del paquete legislativo impulsado por el oficialismo. Tras la fuerte controversia pública y política que generó el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros, el Gobierno decidió retirarlo antes de la votación. Sin embargo, la discusión dejó al descubierto tres miradas distintas sobre el alcance de la norma, el federalismo y la protección de los recursos estratégicos.

En diálogo con Infobae al Regreso, los senadores Mariano Recalde (Unión por la Patria), Eduardo Vischi (UCR) y Martín Goerling (PRO) defendieron posiciones contrapuestas sobre el proyecto y explicaron por qué consideran que el país necesita —o no— modificar la legislación vigente.

Recalde: “Eliminaban las protecciones que tenía la ley”

El senador de Unión por la Patria sostuvo que la iniciativa implicaba desmantelar resguardos que consideró fundamentales para preservar recursos naturales y evitar la concentración de tierras.

“La modificación que querían hacer era realmente muy grosera”, afirmó. Y agregó: “Lo más preocupante para nosotros era que eliminaban las restricciones o las protecciones que tenía la ley. Se protegían los acuíferos, las zonas estratégicas y se evitaba la gran concentración de tierras”.

Para Recalde, detrás de la reforma existían intereses económicos concretos. “Hay grupos interesados en venir a llevarse rápido, antes de que cambie el Gobierno el año que viene, recursos que son escasos en el mundo”, aseguró.

También rechazó el argumento de que una mayor apertura permitiría atraer inversiones. “Desde que está Milei la inversión extranjera directa es negativa. Y dicen que para que vengan las inversiones hay que flexibilizar la protección ambiental, destruir los glaciares y entregar los acuíferos”, cuestionó.

Vischi: “Que las provincias decidan”

Desde la UCR, Eduardo Vischi defendió una postura distinta. Si bien reconoció que el proyecto original fue modificado en numerosas oportunidades, sostuvo que la versión que finalmente iba a debatirse buscaba fortalecer el federalismo y permitir que cada provincia definiera su política territorial.

“Lo que estamos planteando es que las provincias puedan tener la plena potestad de llevar adelante la planificación estratégica de su territorio”, sostuvo. Y resumió la posición radical: “Las provincias que decidan si quieren poner cinco, siete o quince” como límite a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Vischi rechazó además la idea de que toda inversión extranjera represente un riesgo para la soberanía. “El problema no es si es extranjero o no; el problema es qué hace con la tierra”, afirmó, y sostuvo que la defensa de las fronteras corresponde al Estado nacional, no a la ley de tierras.

El senador correntino también atribuyó buena parte de la polémica a una falla comunicacional. “Se discutió mucho sobre temas que no están en la ley” y consideró que “no se explicó bien lo que se estaba planteando”.

Goerling: “La ley devolvía facultades a las provincias”

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, coincidió en que la discusión debía centrarse en la autonomía provincial y aseguró que trabajó en las modificaciones introducidas al proyecto original.

“Era una ley para votarla. La fuimos mejorando y cambiando desde una mirada federal”, afirmó. Según explicó, el objetivo era que “las provincias fijaran qué quieren hacer con su suelo”, porque “cada provincia es muy diferente en la Argentina”.

Como ejemplo, mencionó el caso de Misiones, donde sostuvo que la legislación vigente limita la posibilidad de recibir nuevas inversiones. “Yo quiero recibir una inversión fuerte y no lo puedo hacer. Me está limitando un techo nacional a mi realidad”, señaló.

Goerling también cuestionó que durante la discusión pública se instalara la idea de que un comprador extranjero podría disponer libremente de los recursos naturales. “Cualquiera que compre una tierra, sea argentino o extranjero, no puede hacer lo que quiera en territorio argentino. Tiene que cumplir las leyes nacionales, locales y municipales”, sostuvo.

Al igual que Vischi, atribuyó la caída del proyecto a un problema de comunicación. “Hubo un error comunicacional muy grave del Gobierno. Se empezó a discutir sobre un dictamen original que sufrió dieciséis modificaciones y se terminó debatiendo sobre cuestiones que no eran las que se iban a votar”, concluyó.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Este jueves, desde las 14, comenzará la sesión en el Senado pactada luego del cuarto intermedio del mes pasado. Sin embargo, a un día del inicio, el oficialismo se vio obligado a modificar el contenido del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. eliminando del paquete de reformas la modificación a la Ley de Tierras, que promovía facilidades para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Ante la falta de consenso, finalmente los líderes libertarios del Senado decidieron eliminar ese apartado que ponía en riesgo la sesión misma.

El cuestionado capítulo desató la polémica al mejorar las condiciones para que capitales extranjeros se queden con extensiones de tierras en el país y provocó manifestaciones en redes sociales, y el anuncio de una movilización prevista para la hora de la sesión en la zona del Congreso. En ese marco fue que los cambios a la Ley de Tierras quedaron fuera del proyecto.

Ya sin ese punto de discordia, habrá un temario que sí se debatirá en la Cámara Alta, a pesar de que varios dialoguistas le solicitaron a la jefa libertaria, Patricia Bullrich, que directamente no se realice la sesión de mañana.

En efecto, el resto del texto contempla modificaciones de peso sobre expropiaciones, desalojos y la ley de fuego que Máximo Kirchner presentó y logró aprobar años atrás. Hoy La Libertad Avanza se muestra dispuesta a eliminar la prohibición por décadas de vender tierras afectadas por incendios.

Además, durante esta próxima sesión, en el recinto se espera un foco de conflicto desde el primer minuto, tras los pedidos de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y el radical Flavio Fama (Catamarca) para participar de forma virtual.

Sagasti, con un embarazo avanzado y recomendación médica de reposo, obtuvo ayer el aval de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con la condición de que el pleno —soberano en esas resoluciones y con la palabra final— le dé su visto bueno.

Esta mañana Villarruel también habilitó a Fama a participar de forma virtual, por una operación en su rodilla hace pocos días (tendrá que lograr el pleno también en este caso). La decisión provocó bronca en varios bloques.

Desde el oficialismo, al no lograr las voluntades necesarias en las horas previas a la sesión, creyeron que lo mejor fue dar de baja las modificaciones a la Ley de Tierras que estaban en el paquete.

“Tuvimos muy mala suerte. A nivel político, esa parte del proyecto comenzó a ser más inviable con el pasar de las semanas”, admitió una figura de la estrategia comunicacional libertaria a Infobae. Para algunos referentes oficialistas, “el aleteo de la mariposa” que terminó por dar forma a ese contexto sin salida fue la “oleada nacionalista” que se desató a partir del Mundial.

Durante este miércoles, en medio de las declaraciones, empezaba a quedar claro en el panorama que las gestiones de los operadores del oficialismo en el Congreso no lograban reunir las adhesiones necesarias para aprobar ese segmento de la ley. La lectura era que ningún gobernador aliado estaba en condiciones de sumar su respaldo ni dispuesto a pagar el costo político de habilitar la media sanción.

Tras las 15, el Gobierno tuvo que dar por caído ese capítulo, creado por el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien venía insistiendo en la aprobación de ese proyecto desde comienzos de año.

La marcha atrás que decidió el bloque de La Libertad Avanza en el Senado se suma a otras que el espacio debió asumir en el marco de este paquete. La más reciente había quedado confirmada el día anterior, cuando la jefa de bancada, Patricia Bullrich, anunció en una rueda de prensa que se impulsaría la posibilidad de que ciudadanos extranjeros adquieran hasta el 25% de los terrenos por provincia. La cifra implicaba un incremento de 10 puntos frente a la regulación vigente. Aún así, la iniciativa de Sturzenegger no prosperó.