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La deuda bruta de la Administración Central aumentó en julio tras dos meses de baja. El dato cobró relevancia porque durante el mes se registró un crecimiento neto de compromisos antes de ajustes, y el impacto de las diferencias de cambio y de valuación terminó acentuando ese movimiento. Según informó la Secretaría de Finanzas, el stock subió en USD 6.064 millones respecto de junio antes del efecto contable, pero el resultado final fue un incremento de USD 10.530 millones.

Durante julio, la atención de consultoras económicas y medios especializados se concentró en las compras de reservas en dólares por parte del Tesoro nacional para fortalecer el margen financiero de cara a los vencimientos que restan del mandato del presidente Javier Milei. A ese movimiento se sumó una mayor demanda de divisas de particulares tras el cobro del medio aguinaldo de asalariados y jubilados de altos ingresos.

Ese contexto, de todos modos, no alteró de manera significativa el tipo de cambio utilizado para convertir a dólares la deuda emitida en pesos. La paridad subió 0,47% en el mes, por debajo de la inflación que ajusta los bonos con cláusula CER, que en junio resultó inferior a 2%. Esa diferencia explicó parte del efecto de valuación que terminó empujando a la baja el stock final de la deuda.

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que en julio la Administración Central hizo operaciones de deuda pública por USD 35.009 millones. Ese total incluyó financiamiento, canjes, capitalizaciones, pagos, ajustes y cancelaciones por USD 20.537 millones, además de amortizaciones, canjes y cancelaciones por USD 14.472 millones.

Antes del impacto de las diferencias de cambio y de la valuación y capitalización de los bonos soberanos, el saldo neto mostró un aumento de los compromisos por USD 6.064 millones. Una vez incorporados esos ajustes, el resultado final fue una baja del stock, que marcó el tercer descenso mensual consecutivo.

Stock según moneda y legislación

La Secretaría de Finanzas comunicó además que en julio de 2026 el stock de deuda bruta subió a USD 484.722 millones, de los cuales USD 482.204 millones se encontraron en situación de pago normal. El dato reflejó la evolución de un pasivo que en términos nominales siguió condicionado por la estructura de monedas, la legislación aplicable y el efecto de los cambios de valuación sobre los instrumentos emitidos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalló en un informe que en ese mes se registraron vencimientos de deuda por $13,7 billones, íntegramente correspondientes a capital. A eso se sumaron vencimientos por USD 4.924 millones, de los cuales USD 4.411 millones correspondieron a títulos públicos, USD 479 millones a organismos internacionales y USD 34 millones a Letras del BCRA.

Por tipo de legislación, en julio la deuda en moneda local representó el 66% del total, mientras que el 34% restante correspondió a moneda extranjera. Esa composición siguió mostrando el peso predominante de los compromisos emitidos en pesos, aunque buena parte de su valuación en dólares quedó atada al movimiento del tipo de cambio de cierre de cada período.

La Secretaría de Finanzas destacó que “la variación respecto de junio se explica por el aumento de la deuda en moneda extranjera en USD 1.932 millones y el crecimiento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de 8.598 millones”.

Evolución consolidada y movimientos con organismos internacionales

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central subió en julio a 60,8%, algo más de un punto porcentual respecto de junio. La estimación surgió del cálculo implícito del producto bruto interno equivalente en dólares elaborado por el Banco Central a partir de los agregados monetarios.

Dentro de esa cuenta, las operaciones de deuda con organismos internacionales, excluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), destinadas a recapitalizar al Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se estabilizaron en USD 38.714 millones.

El saldo del préstamo con el FMI aumentó en USD 323 millones, principalmente por el efecto de la variación de monedas frente al dólar.

Por diferencias de cambio, los adelantos del Banco Central transferidos a la Tesorería disminuyeron en USD 10 millones y se ubicaron en el equivalente a USD 2.749 millones.

A la vez, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 9.150 millones, que aumentaron en USD 373 millones, totalizó en julio de 2026 USD 475.572 millones. Ese agregado mostró una suba de USD 10.158 millones en comparación con el mes previo.

La OPC informó además que en agosto se registran vencimientos de deuda por $17,3 billones y por USD 993 millones. De ese total, USD 99 millones corresponden a intereses y USD 904 millones a capital, de los cuales USD 804 millones fueron pagados al FMI en la primera semana del mes.

Para el resto del año se prevén vencimientos por $103 billones y USD 9.100 millones en moneda extranjera.

Endeudamiento neto durante la gestión Milei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central aumentó en USD 48.899 millones hasta julio último. Esa variación, tomada de manera aislada, mostró una expansión del endeudamiento del Tesoro en la medición bruta.

Cuando se incorporan las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro realizadas en los primeros meses de 2024 y la variación de los depósitos oficiales, la lectura cambia. Bajo ese criterio, el stock consolidado en los primeros 32 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una disminución neta de USD 11.379 millones.

Ese resultado se descompuso en un aumento de USD 22.164 millones con organismos internacionales y una baja de USD 33.544 millones en el agregado del sector público y privado.

En términos de PBI, la deuda consolidada pasó del 59,1% heredado de noviembre de 2023, luego de haber trepado al 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos, a 60,8% del producto.

A comienzos de agosto, el Ministerio de Economía canceló Letras Intransferibles por USD 781 millones con el BCRA con el objetivo de mejorar el balance del ente monetario. Esos títulos, creados en 2006, se usaron para financiar el pago de deuda externa con reservas.

A eso se sumó la renovación del acuerdo bilateral de swap de monedas entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Popular de China (PBoC) por RMB 130.000 millones, equivalentes a aproximadamente USD 19.000 millones. En esta oportunidad, el plazo de vencimiento se extendió de tres a cinco años, lo que otorgó mayor previsibilidad a una herramienta que ambas instituciones sostienen desde 2009.

Finanzas recordó que “por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza el dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas. De esta forma, todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.”.

Una de las postales que dejó el nublado lunes feriado en la Ciudad de Buenos Aires fue la de un grupo de personas que se disfrazó de Gandalf, el célebre mago que es uno de los principales personajes de la saga del “Señor de los Anillos”, para manifestarse frente a la mansión de Peter Thiel en el barrio de Palermo.

Los videos que circularon en redes sociales rápidamente escalaron y el interés por conocer qué había detrás de esta movida estaba más fuerte. Los disfraces eran claros: trajes grises oscuros hasta la altura de las rodillas, sombreros, barbas y lentes; un claro homenaje que emulaba al personaje de la novela de Tolkien.

Al frente del grupo, una bandera llamó la atención por una consigna que combinaba el inglés con el español: “You shall not pass, la c… de tu madre”. La frase (“¡No pasarás!”, en español) es muy célebre y pertenece a la primera película de “La Comunidad del Anillo”. En ese film, el mago que guía al protagonista Frodo por las Minas de Moria se la grita a un Balrog, una bestia de las tinieblas. La misma proclama la utilizaron contra Thiel.

El grupo, con un origen misterioso, se autodenominó como “Lxs Gandalfs del Sur” y aparecieron con un mensaje claro en contra del empresario estadounidense: “Tenemos un súper villano viviendo en nuestra ciudad”, dijeron a Página 12.

Ahora, ¿por qué usar a un personaje de una de las sagas más leídas de la historia? La explicación está en la admiración que el magnate declaró que tenía por el universo creado por Tolkien y que llegó a tal punto que bautizó a su principal compañía como Palantir Technologies, que toma su nombre de las palantir, que en el universo del escritor significa “el que ve a lo lejos”. Justamente, se trata de las Siete Piedras Videntes que, en este mundo fantástico, son capaces de mostrar acontecimientos a gran distancia, profetizar posibles futuros y permitir a quien las utiliza observar y obtener información sobre otras personas.

Durante la concentración, los Gandalfs cantaron varias canciones “futboleras” para el magnate. Una de las que más sonó decía: “Vos tenés palantires/ Para ver el futuro/ Mirate en el espejo/ Vas a ver un bol…”.

En esa línea, otro detalle importante es que las referencias de la saga en el universo empresarial de Thiel van más allá de Palantir: otras firmas suyas llevan los nombres de Valar Ventures y Mithril Capital Management, ambos extraídos de la misma mitología. Incluso dirigentes de derecha en Estados Unidos, como el vicepresidente J. D. Vance, recurren a esa cosmología en sus discursos públicos.

Asimismo, en la Argentina, el propio Javier Milei ha utilizado el término “orcos” para referirse a los sectores que amenazaban con poner palos en la rueda de la gobernabilidad con protestas y movilizaciones en reiteradas ocasiones. En el universo literario, estos seres son soldados al servicio del mal. Siempre enojados, de aspecto desagradable, rechazan todo lo que tienen a su alrededor, incluso a ellos mismos. Esclavos y siempre comandados por un superior, no soportan la luz del sol y viven para matar a sus enemigos.

La polémica en torno a Palantir Technologies excede lo simbólico. Fundada en 2003 por Thiel y Alex Karp, la compañía se especializa en inteligencia y vigilancia de datos, con servicios valuados en más de USD 20.000 millones. Entre sus clientes figuran el Ejército de Estados Unidos, la CIA, el FBI y cuerpos policiales de ciudades como Los Ángeles y Chicago. Su expansión internacional genera controversia a raíz de denuncias sobre vigilancia extrema.

La protesta frente a la mansión porteña se produjo en un contexto de creciente presencia del magnate en el país. La concentración tuvo lugar frente a la residencia que Thiel adquirió en la calle Dardo Rocha, en la zona conocida como Palermo Chico o Barrio Parque, valuada en USD 12 millones. Según detalló Ámbito, la operación fue gestionada por la inmobiliaria JdC Propiedades y el inmueble cuenta con 1.600 m² cubiertos. La propiedad, que perteneció al financista Juan Ball, queda frente a la mansión de Susana Giménez y fue adquirida en tiempo récord dentro de uno de los segmentos inmobiliarios de mayor valor de la ciudad.

Las apuestas locales del empresario no se limitan al ladrillo. A través del fondo Thiel Macro LLC, el magnate compró el 1% de Vista Energy, operadora clave en Vaca Muerta bajo la conducción de Miguel Galuccio. La operación bursátil fue comunicada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). En abril pasado, Thiel también se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y mantuvo encuentros con funcionarios, economistas y figuras de la oposición, entre ellas el diputado nacional de Unión por la Patria y referente de Patria Grande, Juan Grabois.

Con un patrimonio estimado en USD 32.000 millones según Forbes, Thiel figura entre las 100 mayores fortunas del planeta. Su historial incluye la cofundación de PayPal, la inversión inicial en Facebook y la presidencia de Founders Fund, vehículo desde el cual respaldó a compañías como SpaceX y Stripe.

La inflación mayorista mostró una suba de 0,8% en julio de 2026, una variación interanual de 31,1% y un aumento acumulado de 16,6% según el informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El indicador experimentó un retroceso de 0,3 puntos porcentuales respecto a junio. El incremento mensual reflejó el comportamiento de los productos nacionales, que también avanzaron 0,8%, y de los productos importados, que registraron una variación de 0,5% respecto al mes anterior.

De acuerdo con el documento difundido por el Indec, las divisiones de productos nacionales con mayor impacto positivo sobre el IPIM fueron “productos agropecuarios”, aportando 0,39 puntos porcentuales al índice general, seguidos por “sustancias y productos químicos”, con 0,19 puntos, “vehículos automotores, carrocerías y repuestos” con 0,17 puntos, y “alimentos y bebidas”, con0,16 puntos. El rubro “petróleo crudo y gas” restó 0,91 puntos porcentuales, lo que compensó en parte el aumento de otras categorías.

A través de su cuenta oficial de X, el presidente Javier Milei celebró la estadística oficial. “Y al final julio empezó con cero… Inflación mayorista = 0,8%. Ciao!”, escribió el jefe de Estado en sus redes.

En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el dato del séptimo mes del año evidenció “la variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019″.

“La variación interanual del IPIM fue de 31,1%, desagregada en un incremento de 38,6% en los Productos Primarios, 29,5% en los Productos Manufacturados, 45% en la Energía Eléctrica y 21,3% en los Productos Importados”, añadió en un posteo difundido en la misma red social.

Noticia en desarrollo…

La Justicia federal habilitó el trámite de un amparo colectivo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Buenos Aires, financiados con fondos del fideicomiso creado por el decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT. El fallo, firmado por el juez federal Ernesto Kreplak del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata, ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes urgentes a tres organismos del Estado.

La causa, identificada bajo el número 35671/2026, fue promovida por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz contra el Ministerio de Economía de la Nación, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Banco de la Nación Argentina. La acción busca que esos organismos adopten “de manera inmediata y coordinada todas las medidas necesarias” para cumplir con las obligaciones contractuales ya asumidas en materia de infraestructura vial dentro del territorio bonaerense.

El amparo no apunta a un tramo específico de ruta ni a una obra puntual, sino al conjunto de la red vial nacional en la provincia. El colectivo de afectados que la presentación pretende proteger abarca a los usuarios efectivos y potenciales de esas vías, lo que le otorga al caso una dimensión que trasciende a cualquier damnificado individual y lo encuadra como un proceso de alcance general.

Kreplak dispuso, como primer paso procesal, la inscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo exige la Acordada 12/2016. La consulta previa a ese registro arrojó resultado negativo, lo que habilitó al magistrado a avanzar con el trámite sin que exista superposición con otro expediente de igual naturaleza.

En paralelo, el juez requirió a la DNV y al Ministerio de Economía que presenten, en el plazo de tres días, el informe previsto en el artículo 4, inciso 1, de la ley 26.854, que regula las medidas cautelares en causas en las que el Estado es parte. Por igual término, extendió ese requerimiento al Banco Nación, en atención a las particularidades del expediente. A los tres organismos también les fijó un plazo de diez días para responder el informe del artículo 8 de la ley 16.986, que rige el procedimiento de amparo.

El sustento de la denuncia radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos. Tolosa Paz sostuvo públicamente que tres de cada cuatro pesos del fondo habrían sido derivados a instrumentos financieros —bonos, títulos y acciones— en lugar de aplicarse a obras viales. La legisladora cifró en $1,5 billones el monto que, según su presentación, debería haberse destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia.

“El Gobierno cobra un impuesto a los combustibles para mantener nuestras rutas y, en lugar de destinarlos a obras, tres de cada cuatro pesos del SISVIAL fueron a la timba financiera”, explicó la legisladora peronista en sus redes sociales.

La diputada acompañó la acción judicial con una denuncia contra los funcionarios responsables de esa administración. En su comunicación pública al respecto, afirmó: “Para este Gobierno, la plata de los argentinos es negocio financiero”, al tiempo que reclamó que esos fondos se orienten hacia “trabajo, producción y un Estado que cuide”.

El expediente quedó radicado en la Secretaría N° 5 del Juzgado Federal de La Plata. Kreplak instruyó a la parte actora para que acompañe los proyectos de oficio dirigidos a cada uno de los organismos demandados, a fin de que Secretaría los confronte antes de su libramiento formal. La causa aguarda ahora las respuestas de Economía, Vialidad y el Banco Nación dentro de los plazos fijados por el magistrado.