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Luego de varios meses de expectativa y poco después de incluir a esta inversión dentro de los proyectos que pueden acceder al RIGI, el Gobierno autorizó a que se realice el llamado para licitar las vías del Belgrano por un periodo de 50 años, con la compra del material rodante como opción. Además, fueron incluidas las líneas San Martín y Urquiza.

A través de la publicación de la Resolución N° 1350/2026 en el Boletín Oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó que se realizara el concurso público, que estará destinado tanto a oferentes nacionales como internacionales.

Tal como había anticipado Infobae, el Gobierno autorizará a hacer uso de los recorridos y los inmuebles aledaños de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, en el marco del proceso de privatización de este ferrocarril. Además, tendrán la posibilidad de comprar el material rodante correspondiente a cada tramo.

“Hágase saber que la licitación objeto de la presente resolución será llevada a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR”, indicaron sobre la modalidad digital que adoptará el concurso. Allí, se publicarán los llamados aprobados: el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el de Especificaciones Técnicas Generales y los particulares de cada una de las tres líneas.

A pesar de que el proceso de licitación habilitará a empresas internacionales a ofertar, este miércoles se firmó la versión final del documento, en donde se incorporó una cláusula que le prohíbe participar del proceso a compañías que estén controladas por Estados extranjeros. Esta medida evitaría que se presenten firmas chinas con vínculos con el Partido Comunista.

Según el texto, el objetivo es “seleccionar a los concesionarios” para que se hagan cargo de administrar, en principio, solamente las vías e infraestructura de esos trenes, lo que incluye además las obras de mantenimiento y modernización.

De esta manera, las autoridades nacionales dieron una respuesta a los reclamos de algunas de las empresas que se mostraron interesadas en adquirir el Belgrano Cargas, pero protestaban porque el pliego estaba desintegrado.

Y es que el esquema diseñado por el Poder Ejecutivo establece que la privatización del ferrocarril se hará por partes. Mientras que la concesión de obra pública de las vías y sus inmuebles aledaños, la venta del material rodante mediante remate público se incluyó como opción, y por último el uso de los talleres.

Además, la resolución fijó un cronograma preciso. Las consultas sobre la documentación licitatoria podrán realizarse “hasta el 28/10/2026 a las 10:00 horas”. Mientras que la presentación de ofertas tendrá plazo “hasta el 11/11/2026 a las 09:59 horas”, la apertura de ofertas se llevará a cabo “por acto público a través de la plataforma CONTRAT.AR” ese mismo día, “a las 10:00 horas”.

Para evaluar las propuestas, el Gobierno dispuso “crear la Comisión Evaluadora ‘ad hoc’”, integrada por tres miembros titulares —Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García— y tres suplentes.

Respecto del destino de los fondos, la resolución que saldrá en el Boletín Oficial determina que la administración de “los recursos producidos de la venta mediante remate público del material rodante”, así como de aquel que se venda dentro de los propios contratos de concesión, “se realizará a través del fideicomiso de administración que Belgrano Cargas y Logística S.A. constituya al efecto”.

Entre los argumentos presentados por el Gobierno, indicaron que incorporar esta opción de compra “redundará en una mayor concurrencia y, en consecuencia, la oportunidad de obtener ofertas más competitivas”. Asimismo, remarcaron que se trata de un proceso que prevé que los adjudicatarios puedan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Fue tan solo hace un día que el Gobierno amplió el alcance de los beneficios previstos en el RIGI para obras de infraestructura ferroviaria y al sector tecnológico para proyectos que incorporen nuevos productos. La posibilidad de aplicar para ese programa también venía siendo uno de los reclamos de las empresas que anticiparon su deseo de competir por quedarse con el ferrocarril.

El Poder Judicial de Jujuy condenó este 19 de agosto al ex intendente de Tilcara Ricardo Romero y al ex tesorero Juan José Ortega por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en una causa por el libramiento de cheques sin respaldo que involucró 35 millones de pesos del erario municipal y que se resolvió mediante un juicio abreviado tras el reconocimiento de responsabilidad de ambos acusados.

Según informó el Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, la maniobra incluyó 46 cheques sin fondos emitidos entre enero y febrero de 2018. De acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación, esos instrumentos estaban destinados a pagos vinculados con la organización del Enero Tilcareño y alcanzaron a productores, músicos y otros proveedores.

Romero recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Ortega fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional y a la misma inhabilitación perpetua para la función pública.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado de Juicio integrado por los jueces Ana Carolina Pérez Rojas, María Margarita Nallar y Máximo Alejandro Gloss, con asistencia del actuario Ricardo Grisetti. El tribunal homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal Diego Funes y los imputados, asistidos por sus defensores, con opinión favorable de las víctimas representadas por querellantes particulares.

Los cuatro hechos se concentraron en menos de un mes

Según la requisitoria fiscal citada por el Poder Judicial, los cuatro hechos de administración fraudulenta ocurrieron cuando Romero era intendente de Tilcara y Ortega se desempeñaba como tesorero municipal. El primero fue el 11 de enero de 2018, cuando ambos libraron cuatro cheques a favor de Adolfo Enrique Pedroza por 2.500.000 pesos, sin un acto jurídico válido que justificara la emisión y sabiendo que no había fondos para cubrirlos.

Ese mismo día, siempre según la acusación, Romero y Pedroza firmaron un acuerdo que establecía que los cheques se emitían en garantía, que no podían presentarse al cobro y que debían ser restituidos antes del vencimiento. La investigación concluyó que ese documento fue confeccionado para dar apariencia de legalidad a la operación.

El segundo hecho ocurrió el 16 de enero de 2018 con 15 cheques a favor del mismo beneficiario por 5.050.000 pesos. El tercero se produjo el 22 de enero, con otros siete cheques por 2.970.000 pesos.

El cuarto episodio fue el 6 de febrero de 2018, cuando se libraron 17 cheques más a favor de Pedroza sobre la cuenta bancaria de la Municipalidad de Tilcara por 24.500.000 pesos. La suma de las cuatro operaciones llegó a los 35 millones de pesos atribuidos en la causa.

Además de los cuatro hechos de administración fraudulenta, Romero fue condenado por un hecho de abuso de autoridad. Según la acusación, el 1 de noviembre de 2017 suscribió con Pedroza un convenio que le concedía la organización, producción y explotación de los festivales de Enero y Febrero Tilcareño de 2018 y 2019, además del uso de la marca “Enero Tilcareño”.

La acusación sostuvo que ese acuerdo fijaba que el productor percibiría el 100% de los ingresos generados por el festival y que debía abonar al municipio el 10% de lo obtenido por la venta de entradas. La concesión, añadió la investigación, fue otorgada de manera directa, sin licitación previa, sin conocimiento ni autorización del Concejo Deliberante de Tilcara y en contra de las normas aplicables a contrataciones y concesiones municipales.

El ex intendente también fue condenado por un hecho ocurrido el 14 de febrero de 2018. De acuerdo con la acusación, mientras ejercía el cargo y por intermedio de Pedroza, pidió a Javier Alfredo Sánchez que depositara dinero como dádiva para acelerar el libramiento de cheques correspondientes a montos que se le adeudaban.

Para concretar esa entrega, se le facilitaron los datos de una caja de ahorro personal cuya titularidad correspondía a Romero. El Ministerio Público de la Acusación indicó además que la causa es conocida como la de los “cheques voladores”.

A ambos condenados se les impusieron reglas de conducta por dos años: fijar y mantener domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados, firmar cada 30 días el Libro de Caución y abstenerse de mantener contacto o ejercer actos perturbatorios, por sí o por terceros y por cualquier medio, contra las víctimas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzará el control sobre las 12 cooperativas que prestan el servicio de recolección de residuos reciclables en el territorio porteño. La decisión, impulsada por el Jefe de Gobierno, apunta a transformar de manera integral un esquema que, según el propio Ejecutivo, acumula fallas operativas y reclamos vecinales sin resolver.

En ese contexto, la gestión de Jorge Macri comunicó que revisarán el desempeño de las organizaciones que prestan el servicio de recolección de residuos reciclables. Aseguran que hubo reclamos de vecinos por desechos desparramados en las calles y que detectaron fallas operativas. En consecuencia informaron acerca de una serie de medidas implementadas.

Em efecto, el diagnóstico oficial da cuenta de incumplimiento de horarios, ausencia de trazabilidad, uso inadecuado de uniformes y herramientas, y residuos dispersos en veredas o bloqueando contenedores. Estas situaciones, advirtieron, afectan directamente el espacio público y son las que motivaron la intervención del Ejecutivo porteño.

El comunicado destaca además que lo que está en juego no es solo la eficiencia de un servicio, sino la coherencia de una política ambiental. El Gobierno reconoció que los vecinos y comerciantes que separan sus residuos a diario deben tener certeza de que ese esfuerzo no se vea frustrado por desorganización en la recolección. Ese argumento es el que sostiene, en términos institucionales, la decisión de avanzar hacia un modelo con reglas más estrictas.

El paquete de medidas se enmarca en el denominado Plan de Ordenamiento Urbano y abarca cuatro ejes. El primero es la trazabilidad y el monitoreo continuo: el Gobierno anunció que implementará el seguimiento en tiempo real de los recorridos, verificando el cumplimiento de horarios y el uso apropiado de las herramientas operativas por parte de las cooperativas.

El segundo eje contempla la fijación de estándares de calidad con exigencias concretas, indicadores de desempeño e identificación precisa de responsabilidades. El tercero apunta a la protección del espacio público mediante procedimientos que impidan la dispersión de desechos alrededor de los contenedores y en los frentes de los edificios. El cuarto y último eje refiere a la medición de resultados a través de indicadores transparentes que permitan evaluar la efectividad del servicio y dar respuestas ágiles a las demandas de los vecinos.

Según el comunicado oficial, el nuevo esquema busca consolidar “un servicio de reciclado controlado, eficiente y transparente, que garantice una mayor recuperación de materiales y mantenga una Ciudad más limpia y ordenada para todos”. El texto también señala que “cuando un sistema no alcanza los resultados esperados, nuestra responsabilidad como Gobierno es intervenir, corregir y fijar pautas claras”.

Los plazos de aplicación de las medidas anunciadas aún no fueron comunicados. Lo que sí queda claro en el documento es la postura del Ejecutivo frente a las deficiencias detectadas: el Gobierno porteño afirma que las situaciones de desorden en la vía pública “no van a ser toleradas” y que el reciclado, aunque es una política ambiental considerada prioritaria, “debe ejecutarse bajo estándares estrictos de higiene y responsabilidad”.

En 2025, como parte de medidas de política ambiental, el gobierno porteño presentó en Villa Soldati dos obras en el Centro de Reciclaje que ampliaron la capacidad para tratar residuos orgánicos y plásticos. Fue parte de un plan de crecimiento del predio que en 2024 incorporó una planta de residuos mixtos con capacidad para procesar alrededor de 700 toneladas diarias. Ese avance había permitido tratar materiales que no podían procesarse en las otras plantas del CRC, en los Centros Verdes ni mediante la recolección programada a partir de llamados al 147.

El comportamiento del dólar, la recuperación del crédito y el aumento de la morosidad fueron algunos de los ejes que atravesaron la entrevista a Iván Carrino en Infobae al Regreso. El economista analizó los cambios que atraviesa la economía argentina a partir de la desaceleración de la inflación y sostuvo que la apreciación del tipo de cambio puede formar parte de un proceso de estabilización más prolongado.

Durante la conversación con Gonzalo Aziz, Carrino también se refirió a la expansión del financiamiento después de años de bajo crédito y a las dificultades que comenzaron a aparecer entre algunos deudores. En ese punto, relativizó el nivel de morosidad y defendió el papel de las fintech, especialmente entre quienes históricamente tuvieron dificultades para acceder al sistema bancario.

“Nos vamos a tener que acostumbrar” a un dólar que suba menos que la inflación

Para Carrino, una de las principales características del actual escenario económico es la evolución del tipo de cambio real. “La variable que reacciona es el tipo de cambio, se aprecia, la moneda se fortalece, baja el riesgo país”, explicó al analizar el comportamiento del dólar mayorista.

En ese contexto, señaló que la cotización “pasó los $1.500 pero subió mucho menos que la inflación” y vinculó esa dinámica con el proceso de estabilización impulsado por el Gobierno.

“Me parece que nos vamos a tener que acostumbrar a tener un dólar que suba menos que la inflación”, afirmó. Su explicación parte de la experiencia de otros procesos de estabilización: después de períodos de crisis financiera, la recuperación de la confianza puede generar una apreciación del tipo de cambio real que se mantiene durante un tiempo.

“Cuando un país vive crisis financiera y empieza a tomar medidas que evitan esas crisis, el tipo de cambio real cae y eso se mantiene en el tiempo”, sostuvo. Al mismo tiempo, advirtió que todavía es temprano para determinar si el proceso actual logró consolidarse. “Falta mucho, faltan muchos años”, señaló.

El economista también cuestionó la idea de que el nivel actual del dólar responda exclusivamente a una decisión del Gobierno. “Eso de que el Gobierno está muy activo… El Banco Central compró 14 mil millones de dólares en lo que va del año, pero también el Tesoro vendió y colocó deuda atada al dólar porque el inversor valora esos instrumentos”, explicó.

A partir de esa dinámica, consideró que existe una interpretación excesivamente personalizada del mercado cambiario. “Hay un poco de antropomorfismo en pensar que el dólar está bajo porque el Gobierno quiere”, planteó.

El regreso del crédito y el fin de la licuación

La conversación pasó luego al mercado crediticio, donde Carrino puso el foco en una transformación que considera relevante para entender el aumento de los incumplimientos: Argentina comenzó a recuperar el financiamiento en un contexto en el que la inflación ya no reduce el peso real de las cuotas como lo hacía en el pasado.

“Argentina es un país que no tiene crédito y tenía mucho menos antes”, señaló. Para dimensionar esa diferencia, mencionó que el crédito doméstico al sector privado representa alrededor del 18% del producto, frente al 30% de Uruguay, el 39% de Perú, el 75% de Brasil y el 102% de Chile.

El crecimiento del financiamiento, sin embargo, modificó las condiciones a las que estaban acostumbrados los deudores argentinos. “El crédito se ha expandido, pero la característica de la Argentina era que los créditos se licuaban con la inflación. Ahora la inflación no te licúa la cuota, entonces algunas personas tomaron créditos esperando que se licuara y no ocurrió”, explicó.

Carrino señaló que el monto promedio de los créditos ronda los $4 millones, incluyendo los hipotecarios, mientras que la mitad se ubica en torno a los $1,12 millones. En cuanto a la morosidad, mencionó niveles cercanos al 12% en las familias y algo superiores al 3% en las empresas, mientras que el segmento no bancario presenta una incidencia mayor.

Esos datos abrieron uno de los principales contrapuntos de la entrevista. Gonzalo Aziz sostuvo que “nunca hubo este nivel de mora salvo en 2001”, mientras que Matías Barbería señaló que alrededor de 5,8 millones de personas presentan problemas para afrontar sus créditos y que el incumplimiento representa aproximadamente el 12,7% de la cartera medida en dinero.

Carrino planteó una lectura diferente. “Hay seis millones de personas en mora, pero hay 20 millones que tomaron alguna deuda”, sostuvo. Y agregó: “El 12% está en mora, 88% paga”.

A partir de esos números, consideró que la dimensión del fenómeno está siendo exagerada. “Me parece que está sobredimensionado”, afirmó. Su argumento es que el aumento de los incumplimientos debe ser leído junto con la expansión de un mercado crediticio que durante años permaneció reducido y no necesariamente como una señal de una crisis financiera sistémica.

Por qué las fintech cobran tasas más altas

La discusión sobre la morosidad llevó al costo del financiamiento y, particularmente, al papel de las fintech. Carrino sostuvo que las diferencias de tasas entre los bancos tradicionales y las plataformas no bancarias están relacionadas con el perfil de los clientes y el riesgo que asumen las entidades.

“Cuando me dicen que la app me cobra más tasa que el banco, es razonable: el mundo no bancario tiene más mora que el bancario, por eso cobra más tasa”, explicó.

Para ilustrar esa relación entre riesgo y costo financiero, utilizó como referencia el mercado estadounidense. “En Estados Unidos la tasa de la Fed es 3%, la de tarjeta de crédito 24%, seis veces más”, señaló.

El planteo generó un intercambio con Gustavo Lazzari, quien cuestionó el costo que las tasas pueden representar para las personas de menores ingresos. El debate puso sobre la mesa una de las tensiones que acompañan la expansión del crédito: el acceso al financiamiento puede ampliarse hacia sectores que antes quedaban afuera, pero con un costo mayor.

Carrino defendió precisamente ese aspecto. “Las fintech le dan crédito a gente que antes no tenía nada”, afirmó. A su entender, estos nuevos actores incorporaron como sujetos de crédito a personas que no cumplían con los requisitos habituales de los bancos.

También defendió el cambio hacia tasas reales positivas después de años en los que la inflación erosionaba el valor de las deudas. “Se están cobrando tasas reales positivas, por encima de la inflación. Liquidar deudas con tasas negativas destrozó el sistema financiero”, sostuvo.

En esa línea, distinguió entre los distintos productos financieros y el riesgo asociado a cada uno. “Los créditos personales y de tarjeta son más riesgosos y las fintech asumen ese riesgo”, explicó.

El límite entre acceso al crédito y sobreendeudamiento

El último tramo de la conversación puso el foco en una cuestión más difícil de medir: qué ocurre cuando acceder a un préstamo se vuelve cada vez más sencillo, pero las condiciones financieras pueden resultar difíciles de afrontar para determinados hogares.

Carrino reconoció que la digitalización modificó radicalmente la forma de acceder al financiamiento. “Antes vos ibas al banco, te entrevistaban. Hoy, con un clic, en la desesperación podés sacar un crédito a tasa alta”, planteó.

El equipo de Infobae al Regreso planteó entonces la necesidad de incorporar una dimensión social al análisis del crédito, especialmente frente a situaciones en las que una persona puede recurrir a un préstamo de muy alto costo para cubrir una necesidad inmediata.

Carrino cuestionó que esos casos extremos permitan describir el comportamiento general del mercado y puso en duda que sean representativos del conjunto de los deudores. “Habría que ver si alguien tomó un crédito al 700% para pagar alimentos. Me parece que no la vamos a encontrar. Si la encontramos, habría que invitarla”, ironizó.

El intercambio dejó planteada una de las principales tensiones del nuevo escenario financiero argentino. El crecimiento del crédito amplía las posibilidades de financiamiento para personas que durante años quedaron fuera del sistema, pero al mismo tiempo expone con mayor claridad el costo de endeudarse en una economía donde la inflación ya no reduce el peso real de las cuotas.

Para Carrino, ese proceso debe ser interpretado como parte de una normalización más amplia del sistema financiero. “Las tasas en tarjetas y personales son más altas, por supuesto. Pero la fintech le da crédito a gente que antes no tenía nada”, concluyó.

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