El vocal de la Sala I de la Cámara Tercera del Trabajo de Paraná, Santiago Alberto Morande, ordenó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos (CJPPER), el pago de reajustes adeudados a un beneficiario que se cansó de reclamar administrativamente. La disposición salió a través de un amparo que se resolvió este 2 de noviembre. La decisión final está en manos del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Un jubilado de Tesorería de la provincia interpuso la acción de amparo para que se ordene a la Caja de Jubilaciones el “pago íntegro e inmediato de las diferencias retroactivas adeudadas al actor, derivadas del reajuste de su haber previsional, reconocido mediante Decreto 221/26, con deducción de la/s suma/s que hubiere/n sido efectivamente abonada/s”.
El recurso judicial fue presentado tras un extenso derrotero administrativo y judicial, una sucesión de reclamos que el amparista debió promover “para obtener, primero, el reconocimiento de su derecho previsional, y luego, el efectivo cumplimiento de lo resuelto a su favor, motivando esto último el presente amparo”.
Según se lee en la resolución del amparo a la que accedió ANÁLISIS, el reclamo comenzó el 2 de marzo de 2023. Fue la piedra angular que sedimentó capas y capas de quejas para que la Caja de Jubilaciones cumpla con su deber. El 15 de octubre de 2024 la Caja rechazo el pedido de reajuste del jubilado. El 29 de octubre del mismo año se presentó la apelación al rechazo. El 29 de octubre de 2025, un año después y tras haber presentado varios pronto despacho, se presentó un amparo por mora.
El 6 de febrero de este año, mediante Decreto 2026-221, el Poder Ejecutivo hizo lugar parcialmente al recurso jerárquico del jubilado y dispuso “la adecuación de sus haberes jubilatorios conforme a las previsiones de la Ley 10.466, debiendo computarse las diferencias retroactivas correspondientes a los dos años anteriores al reclamo administrativo efectuado el 02/03/2023, pero que, remitidas las actuaciones a la CJPPER para su cumplimiento, el expediente volvió a registrar prolongadas demoras”.
El 23 de abril se presentó un Recurso de queja. El 20 de mayo, mediante Decreto 2026-1384, el Gobierno de la provincia declaró abstracto el recurso porque había registrado un movimiento interno del expediente. Sin embargo, las demoras continuaron.
El 1 de junio de este año, se presentó un nuevo Recurso de queja. El 12 de junio, mediante Decreto 2026-1745, el Poder Ejecutivo intimó expresamente a la Caja de Jubilaciones a imprimir a las actuaciones dentro del plazo de diez días hábiles administrativos.
El 3 de julio de 2026, la Caja dictó la Resolución 2927/26 mediante la cual “reconoció su derecho a reajustar el haber de pasividad conforme a la Ley 10.466 y dispuso el pago de las diferencias retroactivas, remitiendo las actuaciones al Área Liquidaciones para su cumplimiento”. Pero todo volvió a demorarse.
El 12 de agosto de 2026 se presentó un nuevo amparo por mora. Entonces la Caja de Jubilaciones informó al Tribunal que “el Área Liquidaciones había practicado con posterioridad a la interposición del amparo (el 13-08-26) la liquidación correspondiente al reajuste del haber, consignando además que las diferencias emergentes se liquidaban con los haberes de agosto de 2026 y que el importe resultante sería abonado efectivamente en el mes de septiembre de 2026, conjuntamente con el pago de dichos haberes, por lo que la acción fue declarada abstracta el 18-08-26, aunque la Caja fue condenada en costas”.
Pero algo volvió a fallar. En septiembre los haberes del jubilado fueron liquidados con el reajuste, pero nunca percibió las diferencias retroactivas. Desde la entidad previsional comenzaron a cometer errores tales como, al querer notificar una resolución, lo hicieron a un correo electrónico erróneo: “Pusieron una ‘d’ al mail cuando en el expediente ya habían notificado resoluciones al mail correcto. Las actuaciones no contenían determinación alguna del monto total del retroactivo adeudado, ni la fecha de pago y modalidad”.
Pero lejos de concluir, los malos entendidos por parte de la entidad pública continuaron: “Dice además que la liquidación confeccionada por el Área Liquidaciones fijaba la retroactividad desde el 07-06-22, en contradicción con el Decreto 221/26, que expresamente reconoció las diferencias correspondientes a los 2 años anteriores al reclamo administrativo efectuado el 02-03-23, esto es, desde el 02-03-21”.
Entonces, el 24 de septiembre de 2026, se tuvo que intimar a la Caja para que dentro del plazo de 7 días hábiles, notifiquen la liquidación íntegra del crédito -corrigiendo previamente la fecha del período de inicio del retroactivo-, determine concretamente su modalidad y pague como se había obligado, todo ello bajo apercibimiento de promover las acciones judiciales pertinentes.
Con un aparente ánimo inquebrantable para incumplir con su deber, la Caja de Jubilaciones de la provincia dejó correr el plazo íntegramente y no cumplió.
El 7 de octubre de 2026 (fecha de pago al jubilado) los haberes correspondientes al período septiembre de 2.026, apareció por primera vez en el recibo el concepto “Retroactivo Haberes” -código 545- por la suma de $ 210.219,10, mientras que el haber previsional mensual ascendió a $ 2.102.191,02.
La Caja “no sólo omitió determinar y notificar el capital total adeudado, sino que efectuó unilateralmente un pago parcial equivalente exactamente a la irrisoria suma del 10 % del haber previsional mensual, lo que equivale a decir que la C.J.P.E.R. se atribuye, de hecho y en su condición de deudora, la facultad de determinar unilateralmente cuánto abona -sin posibilidad de contralor alguno por esta parte- y en qué momento lo hace, sin siquiera exteriorizar una decisión fundada que justifique semejante modalidad”, se quejó el amparista.
“Tal proceder vulnera en forma actual y manifiesta el derecho de propiedad sobre un crédito definitivamente reconocido, y el carácter alimentario propio de las prestaciones previsionales”, alegó después. “Aquí no se trata de obtener el reconocimiento de un derecho discutido ni de dilucidar una cuestión que requiera mayor debate o prueba: el derecho al reajuste y a las diferencias retroactivas ya fue reconocido por la propia Administración, destacando que lo que permanece incumplido es su determinación y su pago íntegro, o, cuanto menos, su cancelación mediante una modalidad razonable que no desnaturalice, cercene ni torne ilusorio el derecho ya reconocido”.
¿Y los derechos humanos de los adultos mayores?
El amparo que dio la razón al jubilado está, ahora, en manos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia. Será allí donde darán un veredicto final, evaluando no sólo la jurisprudencia local sobre el tema, sino también, considerando el derecho humano de una persona frente a los riesgos de subsistencia y ancianidad, el tiempo transcurrido desde que inició su reclamo, el carácter alimentario, y el trasladando al jubilado las consecuencias de una demora administrativa que le es enteramente ajena.
“Todo ello se agrava en este caso concreto porque el reclamante es un adulto mayor que padece hernia hiatal y gastritis, artrosis bilateral de rodilla y trastornos venosos en los miembros inferiores -várices-, patologías por las cuales se encuentra bajo tratamiento y medicación”, se lee en el recurso.
Existen cuerpos normativos que protegerían sus derechos, tales como la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 27.360, dotada de jerarquía constitucional por Ley 27.700); Constitución de Entre Ríos, en sus artículos 18 y 19.
Con las extensas actuaciones a la vista, un trámite larguísimo, tedioso y desgastante, el vocal de sala hizo lugar al amparo contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos. “Hacer lugar a la acción de amparo promovida por OSB contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, y en consecuencia condenar a esta última para que, en el plazo de 3 días a contar desde la notificación de la presente, efectúe el pago íntegro e inmediato de las diferencias retroactivas adeudadas al actor, derivadas del reajuste de su haber previsional reconocido mediante Decreto 221/26 con deducción de las sumas que hubieren sido efectivamente abonadas”.
