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El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) registró el mayor número de casos confirmados durante el primer mes de cualquier episodio de la enfermedad, dijo el martes un alto cargo de la Organización Mundial de la Salud, atribuyendo este aumento a su rápida propagación a las zonas urbanas.

El brote de la cepa Bundibugyo en la RDC, que ha contagiado a más de 1.000 personas y ha causado 267 muertes, se detectó tarde y, según los expertos, el virus ya llevaba meses circulando antes de que se declarara oficialmente el 15 de mayo.

Abdirahman Mahamud, de la OMS, explicó en una rueda de prensa en Ginebra que parte de la razón de la magnitud del brote radica en que algunos de los primeros casos confirmados se produjeron en centros urbanos, como Bunia y la ciudad minera de Mongbwalu.

Muchos brotes anteriores se identificaron primero en zonas rurales y, a menudo, se extinguieron rápidamente, señaló.

“Lo importante es que tenemos que intensificar la respuesta, ya que este brote avanza más rápido que nosotros”, declaró a la prensa tras regresar de Bunia la semana pasada.

Señaló algunos indicios de esperanza, destacando el rápido aumento del número de camas para pacientes de ébola hasta superar las 500 en las últimas dos semanas, así como los indicios de que la resistencia de la comunidad y la hostilidad hacia el personal de respuesta al ébola estaban empezando a remitir.

“Cada vez más comunidades son conscientes del riesgo que supone el ébola y solicitan recursos para protegerse y hacer frente a la situación”, indicó.

Los dos brotes de ébola más grandes registrados hasta ahora fueron uno en África Occidental —en Guinea, Sierra Leona y Liberia—, que se cobró la vida de 11.000 personas entre 2014 y 2016, y otro menos mortal en el Congo en 2018.

La República Democrática de Congo (RDC) elevó a 1.048 los casos confirmados en el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este del país, incluyendo 267 muertos, mientras se mantiene “una transmisión continua” de la enfermedad en las comunidades.

Según el último boletín difundido la pasada noche por el Ministerio congoleño de la Comunicación, que cubre los datos recogidos hasta el día 21, la tasa de letalidad se sitúa en un 25,5 % y se han detectado contagios en 34 del total de 104 zonas de salud que componen las tres provincias congoleñas afectadas.

Al menos 371 personas se encuentran “hospitalizadas o en aislamiento” y la tasa de rastreo de contactos alcanza el 70,8 %.

Asimismo, un total de 112 personas se han recuperado hasta ahora de la enfermedad, mientras “los esfuerzos de vigilancia se están reforzando”.

“Observamos un número creciente de casos confirmados de una semana a otra, lo que se traduce en una transmisión continua de la enfermedad en la comunidad. Sigue siendo posible una rápida expansión geográfica de la epidemia si no se ponen en marcha rápidamente las medidas de salud pública”, reiteró en su propio informe el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia (con un 91 % de los casos y un 80,9 % de las muertes), pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se propagó a Uganda, donde se han detectado 19 contagios confirmados, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

(Con información de Reuters y EFE)

El oficialismo movió sus fichas y logró que se cayera la sesión de este martes en la que se buscaba emplazar a las comisiones para debatir y dictaminar la interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sin embargo, en la previa a la reunión de Labor Parlamentaria prevista para sesionar hoy, desde la presidencia de la Cámara tomaron una nueva decisión: La Libertad Avanza acordó con el PRO y la UCR abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el próximo 30 de junio. Esto evitó la presión sobre los bloques que acompañan al oficialismo para que den quórum, algo para lo que se mostraban reacios.

Sin embargo, el oficialismo tuvo que ceder algo en el camino y a minutos de que comenzara la reunión con los presidentes de los bloques en Diputados, llegó una nueva comunicación de la Comisión de Asuntos Constitucionales en donde se amplía el temario incorporando un nuevo proyecto y, además, se cambia el carácter del encuentro aclarando que se tratarán todos los expedientes y que la reunión no reviste el carácter de “informativo”, es decir, que se podrá dictaminar ese mismo día.

Como estas comisiones son presididas por el oficialismo -Nicolás Mayoraz la de Asuntos Constitucionales y Giselle Castelnuovo la de Peticiones, Poderes y Reglamento, ambos libertarios- la oposición no lograba avanzar con el tratamiento. Esta apertura que parece un gesto de voluntad para debatir el tema esconde una “trampa”, ya que el oficialismo y sus aliados tienen mayoría en ambas comisiones por lo que será dificultoso lograr un dictamen que habilite el tratamiento en el recinto.

“Esto se hizo para que el Senado sea quien avance primero y para salvar al PRO y la UCR, pero hay que ver cómo hacen ellos -por los ex Juntos por el Cambio– para no dictaminar. Qué excusa ponen en ese momento”, dijo un diputado que acompañó en algunas ocasiones al oficialismo en la previa a la reunión de Labor. “Mucho más si el Senado avanza y si aparece algo nuevo de Adorni”, agregó.

La mirada del oficialismo es que con mayoría propia junto a sus aliados en las comisiones puede dilatar el debate “por lo menos hasta que pasen las vacaciones de invierno”.

En la reunión de Labor Parlamentario de una sesión que ya se sabía caída el oficialismo planteó un plan de Labor en donde deja en claro la postura: el pedido de interpelación y una posible moción de censura necesitan dictamen.

Este punto no es menor porque en la oposición señalan que este trámite corresponde al artículo 101 de la Constitución que es el capítulo del Jefe de Gabinete y no al Capítulo de las leyes de la Carta Magna, por lo que con una mayoría de 129 diputados se podría avanzar.

Mayoraz fue el diputado de LLA que estableció la posición del oficialismo respecto de este punto. Según el diputado que, además, es constitucionalista, el artículo 67 de la CN reconoce a los reglamentos de las Cámaras con rango constitucionales y el reglamento establece que sin dictamen se necesitan los dos tercios”.

“No es una norma operativa. la Constitución se aplica, lo que no se puede confundir la obtención de una mayoría con el proceso de una norma y esto último está en el reglamento. Como no hay una norma específica se aplica la norma general que es la necesidad de los dos tercios”,. culminó el diputado de La Libertad Avanza por Santa Fe.

Respecto a la Comisión y al cambio de informativa dijo que “si la oposición consigue las firmas puede dictaminar ese mismo día”. Y añadió, quizás con la confianza del número, que “también puede haber un dictamen de rechazo” a los pedidos de interpelación al Jefe de Gabinete Adorni.

Las escrituras de compraventa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) totalizaron 5.435 actos en mayo de 2026, lo que representa una baja del 3,1% frente a los 5.610 registros del mismo mes del año anterior, según informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El monto total de las transacciones, en cambio, trepó un 8,5%, hasta los $848.932 millones.

El valor medio de cada operación se ubicó en $156.197.247, equivalente a USD 110.080 al tipo de cambio oficial promedio. En términos nominales, ese monto creció un 12% en 12 meses, aunque medido en moneda estadounidense acusó una caída del 7,7%, una brecha que refleja el efecto del tipo de cambio sobre el poder adquisitivo en dólares de los compradores locales.

Si se compara contra abril de 2026, la actividad retrocedió un 0,7%, cuando se registraron 5.572 escrituras. Si bien la variación es marginal, consolida una tendencia de estabilización en torno a las 5.400-5.500 operaciones mensuales que se observa desde el inicio del año. En el acumulado de los primeros cinco meses, las operaciones sumaron 23.487 compraventas, un 1,2% por debajo del mismo período de 2025, que había cerrado con 23.765 actos.

La serie histórica de compraventas acumuladas en los primeros cinco meses del año, que se extiende desde 1998, ubica a los 23.487 actos de 2026 en un nivel intermedio dentro del rango histórico. Lejos quedan el pico de 28.789 operaciones de 1998 y las 26.702 del boom UVA de 2018, pero también del mínimo de 4.896 registrado durante el aislamiento de 2020. El mercado porteño de bienes raíces transita, según los datos del Colegio de Escribanos, una fase de actividad sostenida pero sin el impulso del crédito que caracterizó los períodos de mayor dinamismo.

Cae la participación de los créditos hipotecarios

El dato que más preocupa al sector es el del crédito hipotecario. En mayo se formalizaron unas 587 escrituras con hipoteca, un derrumbe del 54,8% respecto al mismo mes del año pasado. En el acumulado enero-mayo, las hipotecas totalizan 3.387, contra 5.394 del mismo periodo de 2025 —una caída del 37,2%—. La participación del crédito sobre el total de compraventas cayó al 10,8%, frente al 22,7% que representaba en igual período del año anterior.

La serie histórica expone la magnitud del retroceso: en los primeros cinco meses de 2018, durante el auge de los créditos UVA, se habían formalizado 9.387 hipotecas en CABA, casi el triple de las registradas en el mismo período de 2026. Aquel pico contrasta también con los mínimos alcanzados durante la pandemia en 2020, cuando las restricciones redujeron las hipotecas acumuladas a apenas 350 actos. El nivel actual, si bien muy por encima de ese piso, se aleja de los volúmenes que el mercado inmobiliario necesita para sostener un ciclo de expansión.

Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, atribuyó la desaceleración del crédito a factores que el sector anticipaba. “Mayo confirma una tendencia que venimos observando desde enero: el mercado de compraventas se sostiene con solidez, pero el crédito hipotecario se desacelera respecto a 2025 por todo lo que adelantamos”, afirmó e insistió: “Llevamos cinco meses con más de 37% menos de hipotecas que en el mismo período de 2025.”

Para Tato, la demanda de vivienda no está ausente —“lo demuestran las más de 23.000 escrituras acumuladas en el año”—, pero enfrenta una barrera de acceso al financiamiento. “La demanda de vivienda existe, pero necesita financiamiento accesible para convertirse en operaciones concretas. Es el desafío central del segundo semestre y de los tiempos que vengan, buscando nuevas herramientas para generar ese círculo multiplicador que generan los préstamos para la vivienda”, completó la presidenta de la entidad.

La baja del desempleo en la Argentina no logra ocultar el avance de la informalidad laboral. Según datos oficiales, el primer trimestre de 2026 registró un 7,8% de desempleo, apenas 0,1% menos que el mismo período de 2025, pero con un crecimiento sostenido del trabajo informal. Las cifras muestran que 1,7 millones de personas no consiguieron trabajo y casi la mitad de los ocupados lo hacen sin protección legal ni beneficios formales.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la cantidad de personas desocupadas aumentó en 81.074 durante el trimestre y en 15.343 en la comparación interanual. La proporción de trabajadores informales alcanzó el 44,2%, con un crecimiento interanual del 2,2%. El empleo registrado cayó en 32.211 puestos respecto a 2025, mientras que las ocupaciones informales sumaron 403.758 nuevas personas.

El fenómeno afecta a todo el país, pero se concentra en los principales conglomerados urbanos y en regiones con fuerte presencia de actividades industriales y petroleras. El mapa laboral muestra que Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz lideran la desocupación. Varias provincias de la Patagonia viven el impacto de la transición de yacimientos convencionales a la explotación de Vaca Muerta, con una pérdida de empleos formales en la industria petrolera.

Salarios insuficientes y pluriempleo

Eliana Bracciaforte, emprendedora y cofundadora de Workana, advirtió en Infobae Al Mediodía que muchas personas ya no logran cubrir sus necesidades básicas con un solo empleo formal. “El salario promedio privado formal ronda $1.800.000. Hay mucha gente que cobra $600.000 por ocho o nueve horas de trabajo”, detalló Bracciaforte.

La especialista explicó que el pluriempleo se volvió habitual. “Salgo a la tarde con el auto, si tengo la suerte de tener uno, y hago unos pesos extra porque no me alcanza”, ejemplificó. La búsqueda de ingresos adicionales se repite tanto en el sector formal como en el informal, donde los salarios son incluso más bajos.

Bracciaforte remarcó que la reciente reforma laboral no logró revertir la tendencia de deterioro. “No veo que, hablando con empresarios y emprendedores, digan: ‘Ahora me animo a contratar’. La reforma no está cumpliendo la promesa que venía a cumplir”, sostuvo.

Evolución del empleo y distribución regional

El INDEC registró que, a pesar de la estabilidad en el número total de ocupados, muchas familias sumaron integrantes al mercado laboral. La presión sobre los hogares creció por la insuficiencia de los salarios.

El criterio estadístico oficial considera como ocupada a toda persona que haya trabajado al menos una hora en la última semana. Este umbral refleja el impacto de las aplicaciones de transporte y reparto, que permiten a miles de personas acceder a “changas” o trabajos eventuales y sumar ingresos. El crecimiento de la informalidad laboral mantiene la tasa de desempleo estable, pero esconde la precarización de las condiciones de trabajo.

En la Patagonia, la transición hacia la explotación no convencional en Neuquén y la caída de los yacimientos maduros en Santa Cruz y Chubut provocaron una merma de empleos formales. Las provincias tradicionalmente petroleras no lograron compensar la destrucción de puestos con nuevas incorporaciones.

Plataformas digitales y nuevas formas de empleo

El avance de las plataformas digitales modificó el mercado laboral. Bracciaforte explicó que muchas personas eligen trabajar de forma independiente, atraídas por la flexibilidad, aunque las condiciones no siempre resultan mejores. “Las plataformas permiten una salida superrápida: aplicás, te das de alta y empezás a trabajar”, indicó.

La diferencia entre trabajo informal tradicional y el trabajo a través de plataformas se vuelve relevante. Bracciaforte distinguió entre quienes trabajan en la informalidad sin derechos y quienes ingresan como monotributistas.

“Las plataformas grandes te obligan a darte de alta como monotributista para poder trabajar”, aclaró. Sin embargo, la responsabilidad de facturar y cumplir con la normativa queda en manos de cada trabajador.

En general, quienes ingresan al universo informal cobran menos que los asalariados formales. “No terminan cobrando más. En general, está demostrado que cobran menos”, agregó la especialista.

Impacto de la inteligencia artificial y automatización

La inteligencia artificial influye en la dinámica de contratación, aunque su efecto pleno aún no se refleja en el mercado argentino. “Todavía no hay impacto de la IA en el mercado laboral. Lo que sí vemos es la tendencia a la informalidad y a buscar empleo en plataformas”, afirmó Bracciaforte.

Empresas tecnológicas y nuevos emprendimientos retrasan las contrataciones por la posibilidad de automatizar tareas. “Estoy empezando un emprendimiento y hoy somos mi socia, yo y agentes de IA. Cuando facture, recién ahí pensaré en contratar”, relató Bracciaforte.

El avance de la automatización genera incertidumbre sobre el futuro del empleo. La especialista advirtió que la velocidad del cambio supera la capacidad de adaptación de la sociedad y de las políticas públicas.

Desigualdad, profesionalización y futuro del trabajo

Las condiciones de acceso al empleo formal y calificado no son iguales para todos. Bracciaforte señaló que solo una porción menor del mercado laboral puede elegir trabajos acordes a su formación y expectativas. “Quienes pueden titularse o terminar una carrera con salida laboral representan un porcentaje menor”, consideró.

La brecha de género también se refleja en los datos oficiales. “Las mujeres son quienes más desempleadas están en este momento, 8,3 para mujeres y 7,4 para varones”, precisó Bracciaforte. El impacto de la caída en la calidad del empleo es mayor en los sectores más vulnerables.

La falta de políticas estratégicas para vincular la generación de divisas con la creación de empleo limita las oportunidades de desarrollo. La discusión sobre el rol de la inteligencia artificial y la automatización en el futuro del trabajo aún no ocupa un lugar central en la agenda pública argentina.

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Japón aplicará desde el 1 de julio de 2026 la primera revisión significativa de sus tasas de visado desde 1978, decisión formalizada en una reunión del gabinete del gobierno, según informó la agencia de noticias internacional Euronews. El aumento afecta de manera directa a turistas y personas de negocios procedentes de países que requieren visado para ingresar al país.

El visado de entrada única subirá de 3.000 a 15.000 yenes, (USD 18,57 a 92,84) mientras que el de entradas múltiples pasará de 6.000 a 30.000 yenes (USD 37,14 a 185,68), lo que equivale aproximadamente a 87 euros y 175 euros respectivamente. El ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi, explicó que la revisión responde a la necesidad de ajustar el sistema a la inflación acumulada y a los cambios en los tipos de cambio registrados durante casi cinco décadas.

El funcionario señaló que el esquema vigente ya no se corresponde con el coste real de la gestión administrativa de los visados y de los trámites migratorios. El artículo publicado destacó que esta subida no solo busca equilibrar las cuentas del sistema, sino también enviar una señal de ajuste acorde a los estándares internacionales.

Comparaciones internacionales y proyecciones turísticas

El gobierno de Japón sostiene que, a pesar del incremento, las nuevas tasas mantienen la competitividad frente a los sistemas migratorios de países occidentales. Según declaraciones recogidas por Euronews, las autoridades compararon las tarifas con las de Estados Unidos y Alemania, que históricamente aplicaron costes superiores a los turistas extranjeros.

Las proyecciones oficiales descartan una caída significativa en el turismo entrante. En los últimos años, el país asiático experimentó un récord de visitantes internacionales, motivado en parte por la debilidad del yen y la popularidad de destinos como Tokio, Kioto y Osaka.

Las autoridades confían en que la demanda turística seguirá siendo robusta a pesar del encarecimiento de los visados. El portal de noticias recordó que la nueva política solo constituye una parte del paquete de reformas migratorias en marcha.

Cambios legislativos y nuevas tasas para residentes

El 29 de mayo de 2026, la Cámara Alta japonesa aprobó modificaciones en la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados, lo que otorga al gobierno la capacidad de aumentar de manera considerable otras tasas vinculadas a la inmigración. La normativa eleva el techo legal para los cambios de estatus de residencia y renovaciones de visado de 10.000 yenes (USD 61,90) a 100.000 yenes (USD 619,00). Además, la tasa máxima permitida para las solicitudes de residencia permanente sube de 10.000 yenes a 300.000 yenes (USD 1.857,00).

Las tasas efectivas serán establecidas en una fase posterior mediante órdenes del gabinete y procesos de consulta pública. De acuerdo con los planes gubernamentales, los residentes de larga duración podrían llegar a abonar entre 10.000 yenes (USD 61,90) y 70.000 yenes (USD 433,30), dependiendo del tiempo de renovación de su estatus.

Para quienes soliciten la residencia permanente, la propuesta contempla una tasa de 200.000 yenes (USD 1.238,00), cifra muy superior a los 10.000 yenes actuales. Estos cambios están previstos para aplicarse antes del 31 de marzo de 2027.

Crecimiento de la población extranjera y controles tecnológicos

El aumento de tasas responde también a la necesidad de financiar la gestión de una población extranjera en constante crecimiento. Las cifras oficiales muestran que Japón alcanzó un máximo histórico de 4,13 millones de residentes extranjeros a finales de 2025. El sistema de inmigración requerirá más personal, tecnología e infraestructuras para atender la creciente demanda.

Parte de los nuevos fondos se destinará a programas de enseñanza de japonés para residentes extranjeros, así como al fortalecimiento de medidas contra las estancias irregulares y la optimización de los sistemas de control migratorio.

Entre las novedades legislativas figura la introducción del Japan Electronic System for Travel Authorization (JESTA), un programa de autorización electrónica de viaje similar a los utilizados por Estados Unidos y Reino Unido. El sistema exigirá a los viajeros de 74 países exentos de visado que proporcionen información previa al embarque, como identidad, motivo de viaje y destino. Se proyecta la entrada en funcionamiento para el ejercicio fiscal de 2028.

La agencia de noticias internacional subrayó que estas reformas buscan dotar al sistema migratorio japonés de mayor capacidad operativa y tecnológica, en línea con la evolución de los flujos migratorios y turísticos globales.