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El Gobierno de Javier Milei amplió las denuncias penales por las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas e identificó a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados con las compañías que participan de los proyectos petroleros. Los nuevos escritos a los que accedió Infobae incorporan a la investigación a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited, y profundizan la pesquisa sobre personas relacionadas con Navitas Petroleum Limited Partnership, Navitas Petroleum Development & Production Limited y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Las presentaciones fueron impulsadas por el canciller Pablo Quirno, en su condición de autoridad de aplicación de la Ley 26.659, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Sebastián Amerio. Una de ellas amplía la causa CFP 4437/2026, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, para incorporar nuevos hechos, sociedades y personas vinculadas principalmente con el proyecto Sea Lion.

Las nuevas acciones constituyen la continuación de una ofensiva administrativa y judicial que Infobae viene anticipando desde principios de septiembre. Primero, el Gobierno puso en marcha procedimientos sancionatorios contra 45 personas y compañías vinculadas con las actividades petroleras en las islas. Luego agregó otros 15 sujetos, llevando el universo administrativo a 60 personas físicas y jurídicas.

En paralelo, avanzó una primera denuncia penal contra sociedades relacionadas con Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic por las operaciones vinculadas con Sea Lion. Después, el Gobierno anunció una nueva tanda contra empresas de Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum.

Infobae también había anticipado los nombres de varios empresarios alcanzados por los procedimientos administrativos y reconstruido sus posiciones dentro de las compañías. Entre ellos figuraban Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll y Gadi Levin, de Eco Atlantic, además de David Harry Williamson Dobson, vinculado con Borders & Southern.

Los documentos judiciales conocidos ahora permiten avanzar un paso más. Los seis integrantes de Eco Atlantic aparecen expresamente individualizados en la ampliación de la causa penal y Dobson figura en el escrito correspondiente a Borders & Southern. Pero las presentaciones incorporan además a otros ejecutivos con responsabilidades financieras, jurídicas, técnicas, operativas y de conducción que hasta ahora no habían aparecido en las nóminas administrativas difundidas.

En total, los escritos identifican a 27 personas físicas. Al cruzar esos nombres con los 60 sujetos incluidos en las dos tandas de procedimientos administrativos, 16 no figuraban en aquellas listas conocidas.

La diferencia es sustancial: la nueva etapa ya no busca solamente determinar qué empresas, accionistas o proveedores participan de los emprendimientos petroleros, sino establecer quién tomó las decisiones, quién estructuró el financiamiento, quién intervino en la contratación, quién asesoró jurídicamente y quién dirigió o ejecutó las operaciones.

Los ejecutivos de Navitas y Eco bajo la lupa

En la estructura de Navitas Petroleum Limited Partnership, la ampliación individualiza a Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Tamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim y Jonathan Akiva Sternberg.

La documentación utilizada en la presentación identifica a Tadmor como chairman; a Katz como vice chairman; a Kornhauser como CEO; a Rosenberg como CFO; a Abramov como Vice President General Counsel; a Sorek como Vice President Subsurface & Operations; y a Bernheim como Chief Commercial and M&A Officer. Sternberg aparece relacionado con Navitas USA.

Para el Gobierno, la importancia de esas posiciones radica en que abarcan actividades directamente asociadas con las decisiones necesarias para poner en marcha un proyecto de la magnitud de Sea Lion: dirección general, desarrollo de negocios, financiamiento, asesoramiento jurídico, operaciones, subsuelo, gestión comercial y fusiones y adquisiciones.

La Justicia deberá determinar, si prospera la denuncia presentada por el Gobierno argentino, si esas personas tuvieron una intervención jurídicamente relevante en las decisiones o actos relacionados con las actividades investigadas.

La presentación agrega otras cinco personas de Navitas Petroleum Development & Production Limited: Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura y Charles Taylor.

El escrito considera a esa subsidiaria una pieza central de la estructura operativa de Sea Lion. Ramsey aparece como CEO y Bamford como COO, con responsabilidad sobre la ejecución y operación del proyecto. Armstrong está asociado al área de subsuelo y exploración; Gvura, a las finanzas; y Taylor figura como Asset Director de Sea Lion, con funciones relacionadas con el desarrollo del activo y el cumplimiento regulatorio y operativo.

En uno de los pasajes más relevantes de la ampliación, el Gobierno sostiene que esos ejecutivos ocupan posiciones vinculadas con “decisiones adoptadas, instrucciones impartidas, documentación suscripta y comunicaciones mantenidas” en relación con las actividades de exploración, desarrollo y futura explotación hidrocarburífera.

La ampliación incluye además a siete integrantes de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y Emily Ferguson.

Los seis primeros ya habían sido identificados por Infobae entre las personas alcanzadas por los procedimientos administrativos. La novedad es que ahora aparecen expresamente incorporados al objeto de una investigación penal. A ellos se agrega Emily Ferguson, cuyo nombre no figuraba en aquella nómina.

Holzman aparece como presidente y CEO y Levin como CFO. Los demás son mencionados como integrantes del órgano de administración con distintas funciones ejecutivas y no ejecutivas.

El documento explica que su individualización busca determinar “quiénes fueron las personas físicas que efectivamente adoptaron, ejecutaron, autorizaron, financiaron, instrumentaron o supervisan las decisiones” vinculadas con las actividades petroleras investigadas.

Esa frase resume el cambio de profundidad en la estrategia judicial.

El Gobierno sostiene que la pesquisa debe ir más allá de identificar las sociedades que participan de los proyectos para reconstruir “la cadena concreta de decisiones” mediante la cual esas compañías habrían resuelto avanzar con la exploración, el desarrollo y la eventual explotación.

Borders & Southern, Rockhopper y Desire Petroleum

La presentación referida a Borders & Southern Falkland Islands Limited y Borders & Southern Petroleum PLC individualiza a otras siete personas: Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris, David Harry Williamson Dobson y Sean Guest.

Dobson ya había aparecido entre los nombres difundidos en la ofensiva administrativa. Los otros seis amplían el universo de ejecutivos y técnicos que el Estado pretende investigar.

La particularidad de este escrito es que también ensancha geográficamente la ofensiva. El foco ya no queda restringido a Sea Lion.

Borders & Southern está vinculada con la licencia PL018, donde se encuentra Darwin East-1, otro descubrimiento hidrocarburífero ubicado en el área de Malvinas. Según la documentación incorporada por el Gobierno, Borders & Southern Falkland Islands Limited aparece como operador con una participación del 100% en esa licencia.

La presentación plantea investigar cómo se organiza la estructura empresaria, qué sociedades participan y cuál fue el papel de las personas que adoptaron o ejecutaron las decisiones vinculadas con las actividades de exploración y eventual explotación.

De las 27 personas físicas individualizadas en los escritos penales, 16 no figuraban entre los 60 sujetos alcanzados por los procedimientos administrativos conocidos hasta ahora.

Se trata de Tamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim, Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura, Charles Taylor, Emily Ferguson, Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris y Sean Guest.

Los otros once ya habían quedado alcanzados por alguno de los procedimientos anteriores: Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Jonathan Akiva Sternberg, Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y David Harry Williamson Dobson.

Los propios escritos establecen, sin embargo, una cautela jurídica. La aparición de los nombres no equivale a una imputación automática ni supone que exista responsabilidad penal por el solo hecho de ocupar un cargo societario.

La investigación deberá determinar cuál fue la intervención concreta de cada uno en la “planificación, autorización, financiación, contratación, dirección, ejecución, asesoramiento o supervisión” de las actividades.

La ampliación que tramita ante el juzgado de Ercolini incorpora específicamente a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited.

La presentación sostiene que el avance reciente de Sea Lion modificó sustancialmente el escenario que había dado lugar a investigaciones argentinas hace más de una década.

“La evolución posterior de los acontecimientos permite advertir que aquella situación no solo no habría cesado, sino que habría avanzado hacia una etapa de desarrollo y explotación comercial del proyecto ‘Sea Lion’”, afirma el escrito.

Sobre esa base, el Gobierno considera necesario actualizar el objeto de la investigación e identificar a las personas físicas y jurídicas que intervienen actualmente en la estructuración, administración, desarrollo y eventual puesta en producción del proyecto.

Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited aparece relacionada con las licencias PL032 y PL033 y con el área de descubrimiento Sea Lion. Rockhopper Exploration (Oil) Limited está vinculada con PL003a, PL003b, PL004a, PL004b Área 1 y PL004c Área 2.

La presentación incorpora además elementos financieros obtenidos del registro societario británico. En relación con Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited menciona un instrumento de garantía constituido en abril de 2015 vinculado con el denominado Falkland Islands Government y otro charge registrado en diciembre de 2025 a favor de Macquarie Bank Limited.

La Justicia deberá determinar la naturaleza de esas relaciones contractuales y financieras y su posible conexión con la estructura económica de Sea Lion.

Otro de los escritos está dirigido contra Desire Petroleum Limited, anteriormente denominada Desire Petroleum Public Limited Company.

La empresa tiene antecedentes en la Argentina que se remontan a 2012. Ese año, la Secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades en la Plataforma Continental Argentina y la calificó como clandestina por realizar operaciones hidrocarburíferas sin habilitación de las autoridades nacionales.

En 2013, el Estado volvió a considerar acreditado que Desire desarrollaba actividades sin autorización argentina y sostuvo que la compañía “usufructúa una ilegítima licencia para explorar hidrocarburos en zonas próximas a las Islas Malvinas”.

Como consecuencia de esos antecedentes, fue inhabilitada durante veinte años para desarrollar actividades en la Argentina.

El nuevo escrito sostiene que la compañía continuó vinculada con licencias petroleras. Según la documentación incorporada, a marzo de 2026 registraba una participación del 32% en PL003a y PL003b; del 30% en PL004a, PL004b Área 1 y PL004c Área 2; y del 35% en PL005.

A diferencia de las presentaciones relacionadas con Navitas, Eco y Borders, la denuncia contra Desire no ofrece todavía una nómina nominal de ejecutivos. Solicita que la Justicia determine quiénes participaron en la planificación, autorización, financiación, coordinación, dirección o ejecución de las actividades investigadas.

Qué responsabilidades penales busca establecer la Justicia

Las denuncias se apoyan principalmente en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 26.659, que sanciona las actividades hidrocarburíferas realizadas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de las autoridades nacionales.

El artículo 7 prevé penas de cinco a diez años de prisión, además de multa e inhabilitación, para quien encargue o realice actividades de exploración sin autorización argentina. Para los casos de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la escala se eleva a diez a quince años de prisión.

El artículo 8 permite avanzar sobre la eventual responsabilidad de las personas humanas que actuaron dentro de las empresas. Allí se incluyen directores, gerentes, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hayan intervenido en los hechos.

El artículo 9 contempla, a su vez, consecuencias para las propias personas jurídicas.

Los escritos dejan abierta además la posibilidad de investigar eventuales infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y al Código Aduanero, y mencionan como hipótesis sujetas al resultado de la pesquisa los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

El Gobierno también solicita medidas de cooperación internacional para obtener información societaria, registral, bancaria, financiera, contractual y operativa y plantea la eventual aplicación de medidas cautelares patrimoniales si el avance de las causas reúne los requisitos legales.

La nueva etapa de la ofensiva por Malvinas intenta, de ese modo, avanzar desde el mapa de compañías, accionistas y proveedores hacia el interior de las estructuras empresariales. El objetivo que surge de los escritos es determinar quién tomó las decisiones, quién organizó el financiamiento, quién asesoró jurídicamente, quién dirigió las operaciones y quién intervino en su ejecución, para establecer si dentro de Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, Eco Atlantic, Borders & Southern y Desire Petroleum existen responsabilidades penales individuales por las actividades hidrocarburíferas desarrolladas alrededor de las Islas Malvinas.

Las economías regionales muestran señales dispares. Mientras algunos sectores sostienen sus precios y mantienen márgenes por encima de la inflación, otros se encuentran en situación crítica. Un nuevo informe de Coninagro, la entidad que reúne a las cooperativas agropecuarias del país, actualizó el Semáforo de Economías Regionales correspondiente a julio.

De acuerdo con el relevamiento, durante julio el semáforo registró “cuatro actividades en verde, seis en amarillo y nueve en rojo”. En comparación con el mes anterior, se produjeron dos pasajes de amarillo a rojo, correspondientes a las actividades “citrícola y forestal”.

El indicador es una herramienta que permite monitorear la situación de 19 economías regionales del país. Según explica la entidad, “el semáforo analiza tres componentes: negocio, producción y mercado”. El primero de ellos “evalúa la evolución del precio y el costo, tanto mensual como interanual”. El segundo “mide el área o stock, según corresponda, y la producción”. Y el tercero da cuenta de “la evolución de las exportaciones y las importaciones de las producciones, así como el consumo interno”. La combinación de estos tres factores es la que determina si una actividad queda en verde, amarillo o rojo.

Los sectores en rojo

El color rojo, asociado por supuesto con los sectores en condiciones críticas, agrupa a la mayoría de las economías regionales relevadas por Coninagro. Según el informe, “entre las actividades en rojo se mantienen yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, leche y mandioca, a las que se suman este mes forestales y cítricos dulces”.

El documento explica que, “en la mayoría de estos sectores, el principal factor de deterioro se encuentra en el componente de negocio”, ya que “los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación” y ese fenómeno, combinado con el aumento de los costos operativos, genera un deterioro de los márgenes en términos reales.

Coninagro explica que la persistencia de esta brecha entre precios y costos no solo afecta la rentabilidad, sino que también genera efectos sobre las decisiones productivas y restantes componentes. Según la entidad, la dinámica de precios responde a diferentes factores según la actividad: en algunos casos predomina una contracción o falta de dinamismo de la demanda, vinculada a cambios en los patrones de consumo o a una menor capacidad de compra, mientras que en otros las presiones provienen de la oferta, ya sea por sobreoferta o por una estructura de costos creciente que comprime los márgenes del productor.

Las economías en amarillo

En una posición intermedia, Coninagro ubicó en amarillo a “tabaco, peras y manzanas, aves, porcinos, papa y maní”, un grupo que refleja, según la entidad, “una situación de mayor heterogeneidad”. Estos sectores presentan una combinación de precios que no logran recomponer completamente su poder de compra frente a la inflación, costos aún elevados y una demanda con escaso dinamismo. El informe aclara que, si bien “no se observa un deterioro generalizado de los indicadores, tampoco se consolidan condiciones suficientes para una recuperación sostenida de los márgenes y de la actividad”, motivo por el cual estas economías “permanecen en una situación intermedia, con señales mixtas”.

Entre estos casos, se destaca el de peras y manzanas, que mostró una recuperación de precios, con un salto mensual de 40%, y acumuló un incremento interanual del 50%, evolucionando por encima de la inflación. Sin embargo, la producción de los últimos doce meses sumó 718 mil toneladas, con una caída interanual del 10%.

En el caso avícola la situación es muy diferente. El precio de la carne de pollo mostró una caída mensual del 2% y un incremento interanual de apenas 10%”, mientras que el de los huevos “acumuló una caída del 28%”.

Los rubros en verde

Del otro lado del semáforo, apenas cuatro actividades lograron mantenerse en pleno crecimiento. Según Coninagro, “las actividades en verde incluyen bovinos, ovinos, granos y miel”. Estos sectores presentan, de acuerdo con el informe, “como principal fortaleza un componente de negocio favorable, con precios que evolucionaron por encima de la inflación, permitiendo una mejora de los precios relativos y de los márgenes”.

A esto se suma “un desempeño favorable de los mercados y una dinámica productiva que acompañó, en términos generales, la evolución de la actividad”. La entidad remarca que, en estos casos, “la fortaleza de la demanda constituye uno de los principales determinantes de la mejora de los precios y de la valorización de las producciones”.

Entre los cuatro rubros, se destacó el complejo granario. En julio, los precios promedio de los principales granos “registraron una suba del 5% respecto del mes anterior y un crecimiento interanual del 34%, ubicándose levemente por encima de la inflación del período”. En materia productiva, se proyecta una superficie implantada de 35,1 millones de hectáreas y una producción estimada de 151,3 millones de toneladas.

Comercio exterior de las economías regionales

El informe de Coninagro también repasó el desempeño del comercio exterior de las economías regionales durante los primeros siete meses de 2026. Según los datos analizados, “las 19 actividades relevadas exportaron por USD 37.725 millones, lo que representa un incremento del 17% respecto del mismo período de 2025” y un aumento del 12% frente al promedio de los últimos cinco años para igual período.

El complejo granario continúa siendo el principal protagonista de las ventas externas, con exportaciones por USD 29.583 millones, “equivalentes al 78% del total exportado”. Dentro de ese complejo, “la soja explicó el 51% del valor” y el maíz aportó “el 20,5%”. En segundo lugar se ubicó la cadena bovina, con exportaciones por USD 3.459 millones, equivalentes al 9% del total, seguida por la lechería, con USD 1.047 millones, y la actividad manisera, con USD 745 millones.

En cuanto a las importaciones, el informe señala que las 19 economías regionales acumularon compras externas por USD 2.987 millones en el período, “un monto muy inferior al valor exportado”. En términos agregados, Coninagro remarca que “por cada dólar importado se exportaron aproximadamente 13 dólares”. Al igual que en las exportaciones, el complejo granario concentró la mayor parte de las compras al exterior, con el 83% del total, seguido por las cadenas forestal, porcina y bovina.

Con una votación que reunió a la oposición y a La Libertad Avanza, la Cámara de Diputados abrió el camino para discutir proyectos sobre morosidad y emergencia en discapacidad. El diputado nacional Esteban Paulón, de Provincias Unidas, sostuvo que el respaldo expuso el reconocimiento parlamentario de problemas que afectan a familias endeudadas y a personas con discapacidad.

El diputado nacional Esteban Paulón, de Provincias Unidas, interpretó que el acompañamiento oficialista reconoció dos problemas que afectan a sectores de la población. “El libertarianismo parlamentario reconoce que con discapacidad y endeudamiento hay problemas”, afirmó en diálogo con Infobae Al Amanecer.

Qué aprobó Diputados y por qué todavía no hay una ley nueva

La Cámara de Diputados no aprobó una ayuda para quienes tienen problemas para pagar créditos, tarjetas o préstamos. Tampoco aprobó la extensión de la emergencia en discapacidad durante 2027. En esta oportunidad votaron para que las comisiones comiencen a discutir esos proyectos. Esa etapa resulta necesaria antes de que cualquier iniciativa vuelva al recinto para una votación general.

La comisión reúne a legisladores de distintos bloques. Allí analizan los proyectos, proponen cambios y buscan acuerdos sobre un texto común. Después de ese debate, las comisiones elaboran un dictamen. Ese documento deja el proyecto listo para que la Cámara de Diputados lo discuta en una nueva sesión.

El dictamen tampoco convierte una propuesta en ley. Los diputados deben votar el proyecto en el recinto y, si lo aprueban, el Senado deberá hacer lo mismo.

La discusión sobre morosidad y endeudamiento incluye cerca de 50 proyectos. Esas iniciativas buscan ofrecer alternativas a las familias y personas que no pueden cumplir con sus pagos.

El debate sobre la emergencia en discapacidad apunta a definir si el Congreso extiende por un año la norma vigente. Paulón sostuvo que las provincias afrontan prestaciones que la Nación no paga. “Con discapacidad pasa lo mismo. Es un tema donde hoy las provincias se están haciendo cargo con los magros recursos que tienen”, dijo el diputado nacional.

Paulón relacionó esa situación con la baja de la recaudación y de los fondos de coparticipación. También afirmó que el endeudamiento afecta a “millones de personas y familias en Argentina”.

Paulón afirmó que el oficialismo aceptó discutir dos problemas

El legislador de Provincias Unidas afirmó que la oposición contaba con entre 137 y 138 diputados dispuestos a sostener la sesión. Con 129 presentes, el recinto alcanzaba el quórum.

Según Paulón, La Libertad Avanza intentó evitar la sesión hasta último momento. Después, el oficialismo acompañó el tratamiento al advertir que la oposición tenía los votos necesarios. “Si no puedes con tu enemigo, únete”, expresó al describir la decisión del oficialismo. Y consideró que la votación mostró un cambio en la dinámica parlamentaria.

También señaló una diferencia entre la postura de diputados libertarios y las declaraciones públicas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía. Afirmó que el Parlamento adoptó una mirada más cercana a los problemas cotidianos. “La política va por otro lado”, sostuvo. “En el Parlamento, los libertarios y las libertarias saben que para aprobar otras leyes necesitan ir manteniendo un cierto funcionamiento del Congreso”, precisó.

Al mismo tiempo afirmó que diputados oficialistas le solicitaron los proyectos sobre endeudamiento. Según relató, algunos legisladores preguntaron por las propuestas y las alternativas para las familias en mora. “Todos preguntan: ‘Che, pasame el proyecto, ¿qué estás pensando? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se podría hacer?’”, contó. El diputado indicó que los bloques opositores ya trabajan en posibles acuerdos.

Asimismohizo referencia a medidas provinciales frente al endeudamiento. Para Paulón, esas decisiones reflejan un problema que atraviesa a gobiernos de distintos espacios políticos. “Si no se interviene, este problema, que hoy es de millones, puede ser incluso de todo el sistema”, advirtió.

Los proyectos sobre deudas buscan facilitar acuerdos de pago

Paulón sostuvo que la oposición acordó que los proyectos no impliquen costo fiscal. El diputado explicó que ese criterio intenta evitar un veto del Poder Ejecutivo por un eventual gasto estatal. “El primer consenso que tuvimos los bloques de la oposición fue proyecto sin costo fiscal”, afirmó. También aclaró que no buscan rescatar bancos ni comprar deudas privadas con recursos públicos.

El diputado planteó que las personas endeudadas necesitan mejores condiciones para regularizar sus pagos. La propuesta no busca eliminar obligaciones, sino permitir una renegociación entre deudores y acreedores.

Paulón mencionó como alternativa el pequeño concurso. Según explicó, ese mecanismo permite que una persona se reúna con todos sus acreedores para revisar las condiciones de pago.

El esquema contempla un informe del Banco Central de la República Argentina y una intervención administrativa. De acuerdo con el legislador, el Estado puede actuar como árbitro sin reemplazar a las partes involucradas.

“El Estado como un árbitro, te diría, poniendo ciertas condiciones, equilibrando la cancha”, señaló. También sostuvo que el Gobierno debe participar cuando decisiones económicas afectan el nivel de endeudamiento.

Paulón se refirió a los préstamos ofrecidos por billeteras digitales y empresas de tecnología financiera. Reconoció que esos servicios ampliaron el acceso al crédito para sectores sin vínculos con bancos tradicionales.

A la vez, pidió reglas para evitar que las condiciones profundicen la mora. “Tiene que haber algún tipo de regulación, algún tipo de orden”, afirmó.

El diputado cuestionó las declaraciones que dejan el debate sobre tasas y costos financieros en manos del sector privado. “El ministro no es comentarista de la realidad, no es panelista en un programa de televisión, es el ministro de Economía”, expresó.

Las comisiones tienen fechas para tratar discapacidad y endeudamiento

Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto tratarán la prórroga de la emergencia el 16 de septiembre. El cronograma prevé que firmen un dictamen el 23 de septiembre.

Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor analizarán los proyectos sobre morosidad y endeudamiento el 15 y el 22 de septiembre. El programa prevé un dictamen para el 29 de septiembre.

Paulón estimó que la Cámara de Diputados podría llevar ambos temas al recinto durante los primeros días de octubre. Ese paso dependerá de los acuerdos que alcancen las comisiones y los bloques. “Hay que sentarse, hay que discutirlo”, sostuvo el diputado. Y afirmó que el objetivo consiste en permitir que las familias regularicen sus deudas y recuperen acceso al crédito.

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