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El debate en la Cámara de Diputados sobre el Súper RIGI concentra la atención de legisladores, empresas y cámaras empresariales. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, propone una estructura de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios inéditos para inversiones superiores a los USD 1.000 millones. La sesión convocada para este miércoles busca definir si el país adopta un modelo que prioriza la llegada de capitales extranjeros y el desarrollo de sectores emergentes mediante reglas especiales. La discusión se produce en un contexto de expectativa por parte de gobernadores, referentes industriales y actores del sector tecnológico, quienes observan el posible impacto sobre el entramado productivo local.

El texto elevado al Congreso lleva el nombre de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI. A diferencia del régimen anterior, este esquema apunta a sectores que no cuentan con antecedentes de desarrollo en el país, o que se encuentran en fases experimentales. El objetivo oficial consiste en ampliar los beneficios del RIGI original y focalizarse en industrias del futuro. El ministro de Economía, Luis Caputo, definió el nuevo régimen como una herramienta clave para promover la transformación productiva nacional y captar inversiones estratégicas.

1. Enfoque en nuevas industrias

El Súper RIGI establece que sólo podrán acceder proyectos vinculados a actividades industriales, tecnológicas y de servicios asociados a infraestructura digital estratégica que no existan en el país, o que estén en etapa experimental. Las “nuevas actividades económicas” comprenden desde inteligencia artificial, biotecnología avanzada, semiconductores y energías renovables hasta autos eléctricos y cadenas de valor relacionadas con la fabricación de baterías de litio o paneles solares.

Este criterio excluye las ampliaciones o modernizaciones de proyectos ya existentes. El régimen busca atraer inversiones que generen cadenas de valor locales y produzcan bienes y servicios con alto contenido tecnológico.

2. Monto mínimo de inversión

Para ingresar al régimen, el proyecto debe comprometer una inversión mínima de USD 1.000 millones en activos computables. Este umbral supera ampliamente el del régimen anterior, que oscilaba entre USD 200 millones y USD 600 millones según el sector. El monto elevado apunta a garantizar que sólo ingresen iniciativas de gran escala y alto impacto económico.

La exigencia de capital marca una barrera de entrada relevante, orientando el esquema hacia empresas multinacionales y conglomerados con capacidad de movilizar grandes sumas para nuevos emprendimientos industriales.

3. Ejecución inicial

El texto fija la obligación de ejecutar al menos el 20% del monto comprometido en los primeros dos años desde la fecha de adhesión. Este requisito busca que los proyectos tengan un avance tangible en el corto plazo y que los anuncios de inversión se traduzcan en desarrollos concretos.

La condición de cumplimiento temprano diferencia al Súper RIGI de otros regímenes de promoción y pretende generar un flujo temprano de obras, compras de bienes de capital y contratación de mano de obra.

4. Beneficios fiscales ampliados

Uno de los puntos destacados del Súper RIGI reside en la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), que son sociedades constituidas exclusivamente para desarrollar cada emprendimiento. Esta tasa resulta inferior a la vigente para empresas en el régimen general y también más baja que la establecida por el RIGI anterior, que fijaba el 25%.

El esquema incorpora un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, permitiendo deducir el 60% en el primer año y el 20% en cada uno de los dos siguientes. Además, habilita la deducción de quebrantos sin límite de tiempo y la posibilidad de transferir esos quebrantos a terceros luego de cinco años.

5. Reducción de cargas sobre dividendos

El proyecto define una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades distribuidas por los VPU. Este beneficio disminuye la presión fiscal sobre la rentabilidad de los proyectos y busca mejorar la competitividad frente a otras plazas de la región.

El objetivo oficial apunta a hacer más atractiva la radicación de inversiones de largo plazo y el financiamiento de capital extranjero en sectores estratégicos.

6. Incentivos aduaneros

El Súper RIGI garantiza la exención total de derechos de importación y exportación para los bienes comprendidos en el plan de inversión y los productos obtenidos bajo el proyecto. El texto elimina cualquier traba arancelaria para el ingreso de maquinaria, insumos o tecnología, y para la salida de bienes producidos por las nuevas industrias.

Esta medida promete reducir los costos de instalación y operación, facilitando el acceso a equipamiento global y la exportación de productos con valor agregado.

7. Beneficios en Seguridad Social

El proyecto establece una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales relacionadas con nuevas relaciones laborales generadas a partir del desarrollo de los emprendimientos. Este incentivo favorece la contratación de personal y la creación de empleo formal vinculado a las inversiones aprobadas en el régimen.

La previsión de un marco previsional más laxo para estos proyectos busca potenciar el atractivo para empresas de tecnología y manufactura avanzada.

8. Estabilidad normativa por 30 años

La estabilidad normativa constituye una de las garantías centrales del esquema. El régimen asegura que las condiciones en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria se mantendrán durante 30 años desde la adhesión al programa. Esta previsibilidad resulta clave para inversiones de largo plazo y alto riesgo, como las que requiere el desarrollo de nuevas industrias.

El texto también prevé mecanismos de resolución internacional de controversias para reforzar la seguridad jurídica de los inversores.

9. Flexibilización de compras locales

A diferencia del RIGI original, el Súper RIGI elimina la obligación de contratar proveedores locales por un mínimo del 20% de la inversión. El proyecto establece que las compras locales sólo podrán exigirse en condiciones equivalentes a las del mercado internacional, lo que otorga mayor flexibilidad a los inversores para elegir proveedores.

Esta medida ha generado debate entre provincias y empresas nacionales proveedoras, ya que reduce la exigencia de integración local en las nuevas cadenas productivas.

10. Límites a la presión fiscal local

El texto introduce un tope máximo del 0,5% para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias adheridas, e impide que los municipios apliquen tasas sobre ventas generadas por los proyectos. Tampoco se podrán imponer nuevos gravámenes locales ni exigir pagos previos como condición para la presentación de recursos o demandas administrativas y judiciales.

El objetivo consiste en evitar que la carga tributaria provincial o municipal neutralice los incentivos nacionales, asegurando un entorno fiscal competitivo para las inversiones de gran escala.

El contexto del debate legislativo

La presentación del Súper RIGI en la Cámara de Diputados generó expectativa en el sector empresarial y entre gobernadores de provincias con potencial para captar inversiones en tecnología y energías renovables. La discusión en el recinto incluye la evaluación de los compromisos fiscales que las provincias deberán asumir para adherir al régimen, y la posible competencia por atraer proyectos de alto impacto.

Según fuentes parlamentarias, el oficialismo busca lograr consenso para aprobar la iniciativa y garantizar la implementación del nuevo esquema antes del cierre del periodo legislativo. El tratamiento parlamentario se da en paralelo a otras discusiones de relevancia económica, como el pago a los holdouts, lo que imprime un clima de negociación intensa entre bloques políticos y representantes regionales.

El régimen vigente, sancionado en la Ley Bases y vigente hasta agosto de 2027, ya acumula 38 proyectos presentados, con 14 aprobados y un volumen comprometido de USD 107.176 millones, concentrados principalmente en energía y minería. El Súper RIGI apunta a diversificar ese perfil y atraer inversiones hacia sectores de frontera tecnológica. La expectativa de los impulsores reside en que el nuevo régimen impulse la industrialización de recursos y la generación de valor agregado.

El debate sobre el Súper RIGI se da en un escenario donde la Argentina compite con otros países por captar capitales destinados a industrias emergentes. Legisladores, empresarios y expertos observan si la Cámara baja valida un esquema que podría transformar la matriz productiva y posicionar al país en la carrera global por la innovación.

Las advertencias recurrentes sobre una inminente y exitosa invasión china de Taiwán contrastan con la realidad operativa del Ejército Popular de Liberación (EPL) y la evolución tecnológica en el Pacífico. Esta es la perspectiva que defiende el almirante retirado estadounidense Dennis Blair en un análisis publicado por la revista Foreign Affairs, titulado “El espejismo de la ventaja militar de China”. Según el experto, la atención prestada al rearme de Beijing pasa por alto que el factor tecnológico y la geografía favorecen actualmente la defensa de la isla.

“La realidad hoy es que China no es capaz de conquistar Taiwán. Tampoco es probable que obtenga esta capacidad en el corto plazo”, afirma Blair, desafiando las proyecciones más pesimistas de la inteligencia militar.

La perspectiva de Blair goza de una autoridad incontestable: fue comandante en jefe del Comando del Pacífico de Estados Unidos (1999-2002), director de Inteligencia Nacional (2009-2010) y, de 2003 a 2007, ejerció como mentor principal de los ejercicios anuales de autodefensa de Taiwán. Su diagnóstico coincide con un momento de máxima tensión, marcado por el comienzo de los ejercicios militares de Taipéi, una presión militar china sostenida y la reconfiguración de las cadenas de suministro globales tras la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Las grietas en la maquinaria de Xi Jinping

Blair desmitifica el poderío del EPL explicando que el gasto militar chino desde 1990 no se concentró exclusivamente en una fuerza de asalto directo contra Taiwán. Por el contrario, Beijing dispersó sus recursos para cumplir múltiples objetivos globales, como el desarrollo de costosos portaaviones orientados a la diplomacia de proyección y capacidades espaciales, dejando de lado la prioridad táctica fundamental para invadir una isla altamente fortificada: el transporte anfibio.

Un informe del Pentágono de diciembre de 2025 ya había encendido las alarmas sobre este déficit crítico del EPL, señalando la escasez de buques de desembarco y la falta de entrenamiento en condiciones de improvisación para los comandantes de bajo rango, una carencia fatal en operaciones donde los planes iniciales rara vez sobreviven al primer contacto.

A este escenario material se suman elementos internos de organización. Las recientes purgas en la cúpula militar ordenadas por el presidente Xi Jinping sugieren dificultades en el liderazgo de las fuerzas armadas, un ecosistema donde la corrupción masiva ha mermado el nivel operativo.

Blair señala además que la doctrina china sigue dominada por oficiales del ejército de tierra con poca experiencia naval, y donde la sumisión política pesa más que la destreza técnica: “La aptitud para el soborno y las demostraciones de lealtad personal no se traducen en el dominio de las operaciones marítimas”, sentencia el ex director de Inteligencia.

Para Beijing, además, las alternativas que no impliquen una invasión total —como un bloqueo aeronaval o ataques selectivos con misiles— conllevan riesgos elevados y un escaso sustento legal. Un bloqueo provocaría una respuesta internacional inmediata; según el análisis, los planes aliados contemplan ya el establecimiento de convoyes de escolta mercante a través de aguas territoriales japonesas y filipinas, lo que neutralizaría la efectividad de la presión económica sobre la isla.

Del mismo modo, la opción de una campaña de castigo mediante misiles se enfrenta ahora a una nueva realidad tecnológica. Blair destaca que el despliegue norteamericano de misiles hipersónicos de largo alcance en el Pacífico ha neutralizado la protección de las baterías antiaéreas chinas y puesto bajo riesgo directo toda la infraestructura de Beijing en el sureste continental. Según el almirante, esta ventaja tecnológica de Washington desactiva la capacidad de China para asegurar la superioridad aérea y marítima previa a cualquier ofensiva.

Las lecciones aprendidas en Ucrania e Irán

El contexto estratégico internacional también ha aportado valiosas lecciones en los últimos meses. El mundo acaba de evaluar el impacto de la guerra de seis semanas en Irán, que concluyó con un alto el fuego el pasado 8 de abril de 2026. Durante el conflicto, los grupos de combate de la Armada estadounidense operaron bajo la lluvia de proyectiles iraníes guiados por sistemas de rastreo ruso-chinos sin sufrir impactos significativos. Este precedente, según Blair, ha sembrado dudas razonables en Beijing sobre la efectividad real de su propia tecnología de saturación frente a las contramedidas de guerra electrónica occidentales.

Por otra parte, la resistencia de Ucrania frente a Rusia ha transformado la doctrina de defensa de Taipéi. La democratización y el uso masivo de drones comerciales y militares han demostrado que una fuerza numéricamente inferior puede congelar el avance de un gigante y replegar flotas enteras en zonas marítimas confinadas.

“Como ha demostrado Ucrania, una fuerza numéricamente inferior que emplee estos sistemas de armas puede detener a un invasor”, escribe Blair.

Tomando nota de esta asimetría, el Gobierno de Taiwán propuso en noviembre de 2025 un ambicioso presupuesto especial de defensa de 40.000 millones de dólares a ocho años, destinado casi en su totalidad a blindar la isla con enjambres de drones y misiles antibuque.

El escudo de las alianzas regionales

El último gran obstáculo para las ambiciones de Xi Jinping, según el análisis de Foreign Affairs, es la firmeza de sus vecinos. Influidos por la creciente agresividad de Pekín, los líderes de Japón han fortalecido sustancialmente sus políticas de seguridad. La primera ministra Sanae Takaichi declaró formalmente a finales del año pasado que una agresión militar contra Taiwán constituiría una “situación que amenaza la supervivencia” del territorio japonés, lo que ha llevado a Tokio a aumentar su presupuesto de defensa, adquirir armas de contraataque y fortificar militarmente las islas Ryukyu para contener la salida de fuerzas navales chinas al Pacífico.

De igual forma, en Filipinas, la administración del presidente Ferdinand Marcos Jr. ha consolidado la expansión del acceso militar de Estados Unidos a bases estratégicas bajo el Acuerdo de Cooperación Mejorada en Defensa (EDCA), cerrando el cerco operativo alrededor de los movimientos del EPL en el Mar de la China Meridional con proyectos de infraestructura financiados por Washington por unos 100 millones de dólares.

Más allá de los factores materiales, el optimismo de Blair encuentra un contrapeso escéptico en centros de estudio como la Rand Corporation o el Center for a New American Security (CNAS), donde el debate se desplaza hacia la psicología y la política: ¿Es realista asumir una resistencia unánime en un Taiwán políticamente polarizado, donde una corriente opositora prefiere el entendimiento con Beijing antes que una militarización que ya compromete los presupuestos de defensa? ¿No es un error juzgar a Xi Jinping bajo la racionalidad occidental, ignorando un imperativo histórico de reunificación por el que el régimen asumiría niveles de dolor intolerables para una democracia? Y, finalmente, ¿necesita Beijing un desembarco clásico cuando una estrategia de guerra híbrida —basada en sabotaje cibernético, operaciones psicológicas y estrangulación financiera— podría quebrar a Taipéi desde dentro?

Consciente de estas objeciones, y casi previendo que el escepticismo se trasladaría al terreno de la voluntad política, Blair afirma que, en última análisis, el mantenimiento de la paz en el estrecho de Taiwán no depende de la complacencia, sino de la confianza mutua entre los aliados y del realismo.

Si Washington mantiene su ventaja tecnológica mediante el despliegue de misiles hipersónicos de largo alcance en el Pacífico y Beijing asume los costos prohibitivos de una aventura militar, la pugna por Taiwán seguirá siendo lo que es hoy: una intensa batalla ideológica y comercial, pero firmemente alejada de las armas.

Diputados, en vivo: el oficialismo alcanzó el quórum y comenzó la sesión en la que se debatirán el Súper RIGI y el acuerdo de pago a los holdoutsEl oficialismo apuesta a una sesión clave para avanzar con su agenda económica tras haber bloqueado el intento opositor de interpelar a Manuel Adorni

La plaza financiera de Argentina se movía a la baja este miércoles, para quedar afuera de la tendencia de los mercados globales.

A las 12 horas, el índice líder S&P Merval de la Bolsa porteña cae 3,1%, en los 3.140.000 puntos, por la debilidad en el sector bancario y el retroceso de los ADR. En el exterior encabezan las bajas Satellogic (-6%), Loma Negra (-5,7%), Banco Francés (-5%) y Banco Supervielle (-4,9%).

MSCI informó el martes al cierre de la operatoria que la Argentina continuará clasificada como mercado “Standalone“ o ”aislado”, una categoría que la mantiene fuera de los principales universos de inversión global, como los mercados emergentes y frontera.

La decisión refleja que, pese a las mejoras recientes en el frente financiero, el mercado local aún enfrenta obstáculos relevantes para recuperar su lugar dentro de los índices internacionales.

“El índice Merval opera por debajo de los USD 2.200 en un contexto de toma de ganancias. Los activos bancarios, como Galicia y Supervielle, anotaron retrocesos tras alcanzar la menor probabilidad de una reclasificación por parte de MSCI. El sector petrolero siente el impacto de la baja en el precio internacional del crudo, lo cual afecta el desempeño de firmas como YPF y Vista”, consignó Rava Bursátil.

Los bonos soberanos en dólares eran negociados al medidía con una mínima baja promedio de 0,1%,mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendía cuatro unidades para la Argentina, en los 437 puntos básicos.

El Gobierno del presidente libertario Javier Milei viene de autorizar en la víspera la toma de deuda con entidades internacionales por hasta USD 5.000 millones con el objetivo de reducir el costo de financiamiento del Tesoro.

Cubiertos los vencimientos de deuda soberana para el 2026, el Gobierno busca dar señales de tranquilidad al mercado de cara a los compromisos del 2027 cuando habrá elecciones presidenciales y el oficialismo buscará una reelección.

El martes, el INDEC reportó que el PBI (Producto Interno Bruto) al primer trimestre del año tuvo un avance firme del 2,3% interanual, frente al 1,7% previsto según la mediana de un sondeo de Reuters.

Este contexto se genera mientras que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella arrojó para junio un ligero rebote, tras seis caídas mensuales consecutivas previas.

En Wall Street los principales indicadores operan con una recuperación en torno al 0,4%, mientras que la cotización del petróleo recorta más de 4%, con el crudo Brent del Mar del Norte debajo de USD 74 para los contratos con entrega en agosto. Asimismo el oro resigna un 2,9%, en los USD 4.030 la onza. Space X sube 0,8%, a USD 157 por acción.

Por otra parte, los inversores temen por medidas más agresivas desde la Fed (Reserva Federal estadounidense) para combatir la inflación y que arrastre a una mayor firmeza del dólar en el mundo.

Esto acelera la especulación para que, ante de un posible giro desde la Fed, los operadores en Buenos Aires no descarten la posibilidad de que Argentina vuelva al mercado internacional de deuda.

“Actualmente, el mercado asigna una probabilidad cercana al 70% a una subida de tasas en septiembre y mantiene abiertas las expectativas para un movimiento adicional en diciembre”, explicó Sergio Cisternas, Analista de mercados EBC Financial Group.

“La llegada de Kevin Warsh a la presidencia de la Fed también ha contribuido a modificar la percepción de los inversionistas. Sus primeras intervenciones han reforzado la idea de que la lucha contra la inflación continúa siendo la principal prioridad del banco central, incluso en un contexto donde la actividad económica comienza a mostrar señales de desaceleración”, añadió Cisternas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, concluyó este miércoles su testimonio en los tres casos de corrupción por los que es juzgado, tras comparecer durante 98 audiencias ante el Tribunal del Distrito de Tel Aviv. El proceso, iniciado en 2020, lo convirtió en el primer jefe de Gobierno en la historia de Israel en enfrentar un juicio penal en ejercicio de sus funciones.

La primera declaración de Netanyahu ante el tribunal tuvo lugar el 10 de diciembre de 2024, aunque la evolución del juicio estuvo marcada por continuos retrasos debido a problemas de salud, viajes diplomáticos y solicitudes para cancelar o reducir sesiones por motivos de seguridad nacional y compromisos internacionales. El contrainterrogatorio de la Fiscalía se extendió desde junio de 2025 hasta mediados de junio de 2026, periodo en el que el mandatario llegó a asistir al tribunal hasta tres veces por semana.

Netanyahu enfrenta cargos por fraude y abuso de confianza en los casos denominados Caso 1000 y Caso 2000, y un cargo adicional por soborno en el Caso 4000. Las acusaciones incluyen la presunta recepción de regalos de lujo por parte de empresarios y negociaciones para obtener cobertura mediática favorable a cambio de favores políticos. La Fiscalía sostiene que estas conductas constituyen delitos penales, mientras que la defensa argumenta que se trató de relaciones personales y profesionales habituales.

En concreto, el Caso 1000 involucra la supuesta recepción de regalos como puros y champán de parte del productor Arnon Milchan y el empresario James Packer. El Caso 2000 gira en torno a conversaciones con el propietario del diario Yedioth Ahronoth para acordar una cobertura periodística más positiva. El Caso 4000 es considerado el más grave, pues se investiga si Netanyahu, como ministro de Comunicación, favoreció a la empresa Bezeq, controlada por Shaul Elovich, a cambio de un trato preferente en el sitio web Walla News.

Estrategias de la acusación y la defensa

Durante el contrainterrogatorio, la Fiscalía centró su estrategia en cuestionar la credibilidad de Netanyahu, apoyándose en documentos, grabaciones y testimonios para demostrar su interés en la cobertura mediática y las relaciones con empresarios. La defensa, por su parte, calificó las acusaciones de interpretación política y defendió que todas las acciones del primer ministro respondieron al interés del Estado.

En su alegato final, Netanyahu lanzó un ataque directo contra la Fiscalía, asegurando: “Buscaron a un hombre y no un delito. Interrogaron a todos mis familiares, destruyeron familias. No estaban buscando un crimen, estaban buscando una persona y no encontraron nada”, según declaraciones difundidas por Channel 13. El mandatario insistió en que el proceso constituye una persecución política, y llegó a comparar la labor de la Fiscalía con la de la Stasi, la policía secreta de la antigua República Democrática Alemana.

El juicio ha sido uno de los más mediáticos y controvertidos de la historia reciente de Israel y su desenlace dependerá del análisis que los jueces realicen de los cientos de pruebas y testimonios recopilados durante los últimos años.

Próximos pasos en el proceso judicial y situación del indulto

Aunque Netanyahu finalizó su declaración, el juicio continuará durante varios meses más, ya que restan testigos por comparecer ante el tribunal. Las audiencias, celebradas en parte en Tel Aviv por razones de seguridad, se trasladarán de forma definitiva al Tribunal del Distrito de Jerusalén.

La solicitud de indulto presentada por Netanyahu ante el presidente de Israel, Isaac Herzog, y respaldada por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, permanece en suspenso. El argumento principal era que las comparecencias judiciales le impedían dedicarse plenamente a la gestión del país. Sin embargo, con el cierre de su testimonio, ese motivo pierde relevancia, y Herzog ha manifestado que no considerará el indulto mientras no concluyan los esfuerzos para alcanzar un acuerdo extrajudicial, proceso que aún no ha comenzado.