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Las empresas de colectivos del AMBA que operan 104 líneas de jurisdicción nacional informaron que restringirán progresivamente las frecuencias, a modo de protesta porque no se actualizan los costos y compensaciones del sistema. La medida podría afectar los servicios que conectan la provincia de Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires, ante un desfasaje de $ 40.000 millones en la recaudación proyectada entre junio y octubre, según indicaron.

La reducción alcanzaría primero al servicio nocturno, el de menor demanda. Marcelo Paciutto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), indicó en declaraciones Somos Radio AM 530 que las compañías recortarán “en principio” 50% de las frecuencias entre las 22:00 y las 05:00.

El sistema transportó 200,9 millones de pasajeros en septiembre, frente a 225,379 millones en el mismo mes de 2025: una caída de 10,88%. La flota activa también se redujo de 17.310 a 16.700 unidades, una baja de 3,52%, de acuerdo con los datos incluidos en el relevamiento sectorial.

Cuatro cámaras empresarias —CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA— reclamaron una recomposición de los ingresos para evitar una paralización total de los servicios. Las entidades sostuvieron que las autoridades nacionales aún no definieron mecanismos concretos para actualizar la estructura de costos ni las compensaciones.

El comunicado conjunto plantea que la restricción sería gradual y administraría los recursos disponibles de las compañías. Las empresas vincularon esa posibilidad con el pago próximo de aguinaldos, nuevas negociaciones paritarias y el aumento de los costos operativos.

La diferencia entre la estimación oficial de ingresos y la recaudación efectiva concentró una parte del reclamo. Paciutto afirmó que los funcionarios calcularon una recaudación de $ 280.000 millones, pero las empresas percibieron $ 240.000 millones, una brecha que atribuyó a una menor cantidad de viajes o a errores en la elaboración de las proyecciones.

El dirigente cuestionó que la deuda se arrastre desde junio sin un cronograma de pago. “Cuando uno se sienta a preguntar y dice: ‘Bueno, vamos a ver si la pagamos en ocho cuotas’, no tenemos fecha”, expresó.

Las cámaras empresarias también señalaron que los costos insuficientemente reconocidos incluyen la compra de unidades, el gerenciamiento y otros gastos necesarios para operar. A eso sumaron cuestionamientos a los indicadores de operatividad, que, según plantearon, sancionan a las compañías por la antigüedad de los vehículos aun cuando las condiciones económicas dificultan la renovación de la flota.

El costo real del boleto y la caída de la cobertura tarifaria

El Índice Bondi de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) estimó que el costo real del sistema en septiembre fue de $ 453.495,79 millones. Las estructuras oficiales reconocieron $ 361.692,50 millones, por lo que la diferencia mensual ascendió a $ 91.803,29 millones.

Según el cálculo de Aaeta, un boleto sin subsidios debería costar $ 2.494,13. La cobertura tarifaria llegó a 33,91%, mientras que el déficit por cada pasajero fue de $ 456,92.

Paciutto contrastó el valor mínimo del pasaje nacional, de $ 742, con los $ 1.215 de la provincia de Buenos Aires y los $ 920 de la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo que las líneas nacionales mantienen una tarifa congelada y subsidios sin actualización, pese a que recorren zonas y transportan pasajeros similares a los de otras jurisdicciones.

El director de CETUBA pidió equiparar la tarifa nacional con la provincial y cuestionó que el sostenimiento de una tarifa menor recaiga sobre las 7.500 unidades de jurisdicción nacional. “El financiamiento del Estado para que no haya inflación no lo pueden pagar los 7.500 colectivos”, afirmó.

Las empresas reconocieron que una reducción de los servicios afectaría a los millones de usuarios que viajan a diario en transporte público. “Somos conscientes de las dificultades que esta situación ocasionará a los millones de pasajeros que diariamente utilizan el transporte público y les pedimos sinceras disculpas por los inconvenientes que puedan generarse”, señalaron las cámaras.

La senadora nacional por Salta Flavia Royón propuso evaluar un sistema de participación voluntaria en las PASO, en medio de las dificultades del Gobierno para avanzar con la reforma electoral. “Hay que analizar un mecanismo voluntario para ir a las PASO, que eso también abarataría el costo”, sostuvo en una entrevista con Infobae al Regreso.

La legisladora advirtió que el oficialismo todavía no cuenta con los respaldos necesarios para eliminar las primarias de cara a las elecciones de 2027. “Hoy no están los votos para tratar la eliminación de la PASO”, afirmó.

El proyecto impulsado por el Gobierno también contempla modificaciones vinculadas con el financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, las negociaciones parlamentarias continúan abiertas y la iniciativa todavía no reúne el consenso necesario para avanzar en el Senado.

Royón propuso revisar el funcionamiento de las PASO

La senadora consideró que la utilidad de las primarias depende de la existencia de competencia real entre candidatos de un mismo espacio político. “Yo creo que es un tema que hay que discutirlo más en profundidad”, señaló.

En ese sentido, cuestionó que la instancia electoral se convierta en una medición anticipada cuando no hay alternativas para los votantes. “Terminó siendo una encuesta cuando no hay oferta”, sostuvo.

Royón también defendió el propósito original del sistema, orientado a ampliar la participación ciudadana en la selección de candidaturas y evitar que las conducciones partidarias resuelvan las postulaciones sin competencia interna.

“Lo que vino a resolver las PASO [fue] que los partidos políticos no decidan en un escritorio quiénes son los candidatos”, explicó. Por eso, planteó la necesidad de perfeccionar el mecanismo antes que descartarlo definitivamente.

Consultada sobre una eventual suspensión temporal, la legisladora no descartó esa posibilidad. “La suspensión se podría ver, se podría analizar”, respondió.

Como alternativa, propuso estudiar una modalidad voluntaria que permita reducir los costos de organización. También consideró necesario elevar las exigencias para la conformación de partidos y la presentación de candidaturas. “Me parece que hay que levantar el piso”, afirmó.

La senadora reclamó que el Senado trate Ficha Limpia

Royón cuestionó la falta de acuerdos sobre la reforma electoral y criticó la dificultad para introducir modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo durante su tratamiento parlamentario.

“Cuando te mandan una ley y no se acepta ningún tipo de modificaciones, es muy difícil”, señaló. A su entender, la construcción de mayorías requiere negociación entre el Gobierno y las distintas fuerzas políticas.

En paralelo, reclamó que el Senado avance con Ficha Limpia, una iniciativa que busca establecer restricciones para que determinadas personas con condenas por delitos puedan presentarse como candidatas a cargos electivos, según las condiciones que determine la legislación.

“Ficha limpia sí”, afirmó al expresar su respaldo. Además, calificó el tema como “una deuda pendiente del Senado”.

La senadora recordó que, durante las conversaciones sobre la reforma electoral, existía el compromiso de tratar primero esa iniciativa. “Uno de los compromisos para trabajar en reforma electoral es que íbamos a tratar antes Ficha Limpia. Y esto no se ha cumplido”, sostuvo.

Royón también remarcó que hay distintos proyectos presentados por integrantes de la Cámara alta y pidió que la discusión no quede supeditada al resto de los cambios electorales. “No puede ser que te manden un proyecto de ley y sea todo o nada”, afirmó.

Royón planteó una tercera vía con foco en el empleo

La legisladora también se refirió al escenario político de cara a 2027 y planteó la necesidad de construir una alternativa que combine estabilidad macroeconómica y desarrollo productivo.

“Argentina tiene que tener una tercera vía”, sostuvo. Según explicó, ese espacio debería reconocer los avances en el equilibrio de las cuentas públicas y la desaceleración de la inflación, pero incorporar propuestas para ampliar la producción y generar puestos de trabajo.

“Que ponga en valor los logros de las cuentas públicas, de la estabilidad fiscal, de bajar la inflación”, enumeró. Sin embargo, advirtió que la economía no puede depender exclusivamente de los sectores energético y minero. “No todo es energía y minería”, remarcó.

Royón reclamó una estrategia que contemple las particularidades de las economías regionales e incluya debates sobre la reforma tributaria, el sistema previsional y la coparticipación federal.

Al referirse a Salta, destacó el potencial de la energía solar y la minería para atraer inversiones y generar exportaciones. No obstante, advirtió que ambas actividades requieren grandes inversiones de capital y tienen una capacidad limitada para absorber mano de obra en relación con los recursos que movilizan.

“Energía y minería son muy intensivos en capital, pero eso no es sinónimo de que sean intensivos en generar mano de obra”, explicó.

Por ese motivo, defendió el desarrollo del turismo, el comercio, la agroindustria y la ganadería. También señaló que la infraestructura es determinante para mejorar la competitividad de esas actividades y reducir los costos logísticos.

En particular, mencionó los ramales ferroviarios C14 y C15, vinculados con la conexión de Salta con Chile y Bolivia, y cuestionó la falta de avances en las obras. “Las obras para el ramal C14 y C15 que nos conectan con Chile y con Bolivia son optativas o no están”, concluyó.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes el acto de apertura de las finales de los Juegos Bonaerenses 2026, que se llevan a cabo en la ciudad de Mar del Plata. El evento, que se desarrollará entre el 19 y 23 de octubre, contará con la presencia de más de 30.000 deportistas en diferentes disciplinas.

Con críticas por la falta de inversión en el deporte, el mandatario provincial participó del inicio de las actividades junto a gran parte de su gabinete e, incluso, la convocatoria del intendente local, Guillermo Montenegro.

En la 35° edición del certamen, la provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo récord con más de 504.000 inscriptos, un 12% por encima de la cifra registrada en 2025. En ese sentido, Kicillof expresó: “Estamos muy felices de ver la alegría de los pibes y pibas que llegaron de toda la provincia para participar de esta etapa final de los Juegos Bonaerenses: este año alcanzamos un nuevo récord, con 504 mil inscriptos, un 12% más que el año pasado”. Además, el gobernador señaló que el resultado es producto de “un enorme esfuerzo de la Provincia y de los municipios, con una inversión muy importante para sostener y ampliar una política pública que promueve el deporte y la cultura”.

La competencia demandó una inversión de $21.000 millones por parte del gobierno bonaerense, cifra que contrasta con lo que, según el mandatario, ocurre a nivel nacional. Kicillof apuntó contra la administración de Javier Milei al sostener que “el Gobierno nacional abandona el deporte, recorta un 70% los recursos destinados al sector y prácticamente hace desaparecer los Juegos Evita”. En esa línea, el gobernador remarcó: “Nosotros seguimos invirtiendo para que cada vez más chicos y chicas puedan participar de estas actividades”.

El funcionario también hizo referencia al complejo panorama económico que atraviesan las familias bonaerenses y al papel que, a su entender, debe cumplir el Estado en ese contexto. “A muchas familias les cuesta cada vez más acceder a propuestas deportivas y culturales”, advirtió, y agregó que “es fundamental que exista un Estado que acompañe y garantice estas oportunidades”. De esta manera, el mandatario buscó posicionar a los Juegos Bonaerenses como una herramienta de inclusión social frente a un escenario de restricción presupuestaria a nivel federal.

Las finales de esta edición contemplan más de 100 disciplinas deportivas y culturales, con categorías destinadas a jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y adultos mayores. Los participantes provienen de 135 municipios de toda la provincia, lo que convierte al certamen en uno de los encuentros multideportivos más amplios del territorio bonaerense. La sede elegida, Mar del Plata, recibirá a las delegaciones hasta el próximo 23 de octubre.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, destacó la dimensión del evento al calificarlo como “la fiesta deportiva más grande del país que comparten personas con discapacidad, trasplantadas, jóvenes y adultos mayores de distintos puntos de la Provincia”. El funcionario también subrayó el impacto económico que genera la competencia en la ciudad anfitriona: “En este contexto económico tan complejo, este evento es además un impulso para el turismo, el comercio y la economía de la ciudad de Mar del Plata”, afirmó.

Los Juegos Bonaerenses constituyen la política pública deportiva de mayor continuidad en el país, con 35 ediciones ininterrumpidas dedicadas a promover el acceso a la actividad física y la expresión cultural. A lo largo de su historia, más de 20 millones de bonaerenses participaron del certamen, que también busca fomentar la identidad local y provincial entre sus competidores.

Hacia el cierre del acto, Kicillof volvió a tomar la palabra para referirse al valor que representan los juegos para la juventud: “Se habla mucho de los problemas de la juventud, pero acá vemos lo que pasa cuando hay inversión, organización y alternativas reales: miles de pibes y pibas que están felices, compitiendo y haciendo lo que más les gusta”. El gobernador concluyó: “Para nosotros es fundamental defender y fortalecer esta política pública: los Juegos Bonaerenses representan para miles de jóvenes una experiencia que los acompaña toda la vida”.

Del acto también participaron la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; el senador bonaerense Jorge Paredi; el concejal de General Pueyrredón Gustavo Pulti; y diversos intendentes e intendentas de la provincia.