La vicepresidenta, Victoria Villarruel, emitió una dura crítica en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que asegurara haber obtenido ganancias de 300 mil dólares producto de haber invertido 200 mil dólares en Bitcoin. Se trata de una información volcada en la declaración jurada de bienes que presentó a la Justicia en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
“Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, afirmó la titular de la Cámara de Senadores, luego de que un usuario en la red social X, identificado como @GabrielAlfie15, le preguntara su opinión respecto a las recientes declaraciones que el funcionario brindó en una entrevista para La Nación +.
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El debate se desencadenó minutos después de que el jefe de Gabinete justificara el origen de su patrimonio y la demora en la presentación de su declaración jurada. Durante un diálogo con José Del Rio, explicó que las ganancias informadas provienen de inversiones realizadas entre 2013 y 2018 por un monto inicial de 200 mil dólares que, finalmente, habrían alcanzado los 513 mil dólares a partir de operaciones con Bitcoin.
“Invertimos 200 mil dólares en Bitcoin y ganamos unos 300 mil”, aseveró el funcionario público al describir cómo realizó la transacción en el mercado financiero. Además, sobre el origen de los fondos iniciales aseguró que se trataba de un dinero que tenía guardado “para la educación y el futuro de sus hijos”.
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Como parte de la explicación que brindó, Adorni reconoció que esa suma fue producto de los ahorros que pudo generar tras haber trabajado toda una vida en el sector privado. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, explicó.
“No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro, no se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco, menos en esos años”, sumó el jefe de Gabinete, a modo de responder a los cuestionamientos sobre la falta de declaración previa.
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A pesar de que admitió que no haber declarado la suma, remarcó que estuvo trabajando junto a su abogado para poder reconstruir el origen de su dinero. En este sentido, sostuvo que el patrimonio era producto neto de las inversiones que realizó a lo largo de los años.
“Empiezo a invertir fuerte en el 2014. En agosto 2017, compré 13 Bitcoin a 3.356 USD; un día después compro 1 BTC más a 3 mil USD, después compro 1 bitcoin más por 7.233 USD y después liquido 10 en 5 meses después, en marzo de 2018, a 8.224 USD y liquido el total de la billetera por 6 mil USD”, enumeró.
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Según las fuentes a las que tuvo acceso Infobae, la declaración jurada también incluyó modificaciones vinculadas al patrimonio de su esposa,Bettina Angeletti, debido a que se trataría de una reconstrucción integral de la evolución de la situación económica de la familia.
Además de exponerse el dinero obtenido a través de los servicios brindados en la función pública, fuentes de la Jefatura de Gabinete indicaron que el documento también hizo un raconto de los bienes heredados, los movimientos patrimoniales y operaciones económicas realizadas aún cuando el jefe de los ministros trabajaba en el sector privado.
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Por este motivo, Adorni se defendió respecto a las acusaciones que recibió desde que comenzó a ser investigado por la Justicia. “No soy un chorro y todo lo hice en la actividad y jamás en mi vida tuve un cargo público, hasta el 10 de diciembre de 2023, ni mi mujer ni yo”, aseveró.
“Desde el primer día, el aparato mediático me condenó y me tildó de ‘chorro’”, respondió al ser consultado sobre su razón para no dar explicaciones antes. Asimismo, remarcó que su intención siempre fue respetar el accionar de la Justicia.
Un documento reservado que analizó en detalle la licitación por la Hidrovía, confeccionado por un comité de expertos en el exterior, concluyó que el pliego y todo el proceso de la privatización más grande de la era Milei está atravesado por múltiples irregularidades ejecutadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), lo que habilita la sospecha de direccionamiento sobre el ganador.
Ámbito tuvo acceso, en exclusiva, al documento completo que fue girado a uno de los consorcios participantes, que no solo integra la belga DEME NV, sino el fondo de inversión Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), Clear Street y Great Lakes Dredge & Dock Company (GLDD), la mayor proveedora de servicios de dragado de Estados Unidos. Circuló por despachos internacionales y tiene exacta sintonía con la ampliación judicial que formalizó el martes por la mañana otra de las empresas que quedó en el camino, la brasileña DTA Engenharia, ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que tiene un expediente abierto sobre la concesión de la Vía Navegable Troncal del Paraná.
La justicia recibió el martes algo que adelantó este diario: con la fijación de un precio mínimo para el peaje, no solo se indujo una paridad entre los competidores, sino que –ahora- se sospecha que podría haber un sobreprecio en el contrato preadjudicado por la Anpyn del 17%. La ampliación de la denuncia considera “inadmisible” establecer un costo mínimo por el dragado y balizamiento porque atenta contra la naturaleza de una licitación. Hay una faceta política: las dudas empiezan a merodear el despacho de un Caputo. Pero no Santiago, sino Luis Caputo. El ministro de Economía tiene que estampar su firma como máxima autoridad en la privatización bajo sospecha.
Apuro en cerrar el análisis en dos semanas, un funcionario que jugó a los dos lados del mostrador, u$s10 millones para desalentar impugnaciones, valoraciones distintas para el mismo rubro, sospechas de costos inflados para el dragado y una tarifa de peaje artificialmente establecida por el pliego diseñado por los funcionarios del Ejecutivo. Un combo letal para la transparencia.
El documento reservado
En cuatro carillas y en inglés, el escrito formulado por especialistas internacionales advierte cronológicamente los hechos que tiñeron a la licitación, con detalle en cada una de las etapas de apertura de sobres. Y destaca que el cronograma fijado por el pliego fue exprés para un proceso de esta magnitud: 48 días hábiles, algo que jugó a favor de Jan de Nul. Se desestimaron, sin más, las solicitudes de prórroga que presentaron tres empresas competidoras.
En el aspecto técnico, que resultó desequilibrante al inducir un empate en el valor del peaje, se mencionó que “la Anpyn descalificó la totalidad de la experiencia internacional en dragado de DEME (ocho de los nueve proyectos presentados) y parte de su experiencia en guías a la navegación, a pesar de que el informe del comité técnico de las Naciones Unidas (informe que la Anpyn utiliza para reforzar la credibilidad de su proceso licitatorio) reconoce a DEME como una de las empresas de dragado líderes en el mundo. Los proyectos presentados por DEME como referencias son proyectos de clase mundial, algunos de los cuales fueron incluso ejecutados en Unión Transitoria (Joint Venture) con Jan de Nul”.
Pero pone de relieve también que “varias de las certificaciones presentadas por JDN-Servimagnus –del Grupo Román- para acreditar la experiencia técnica necesaria fueron emitidas por el Sr. Cristian Rigueiro, miembro del comité que evalúa la licitación: conflicto de intereses”, concluye.
Rigueiro fue jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Puertos durante el gobierno de Alberto Fernández y se convirtió en funcionario clave del gobierno de Javier Milei y hasta fue elogiado por Federico Sturzenegger por la elaboración del Decreto 340/2025 que desregula a la Marina Mercante. Lo que ahora se denuncia es que certificó trabajos a la empresa a la cual favoreció en el puntaje que él mismo puntuó dentro de la Comisión Evaluadora de la licitación.
Leonardo Román es el sobrino del “zar de las grúas” Alfredo Román y quien dirigió las negociaciones por la Hidrovía para conformar el consorcio de Servimagnus con Jan de Nul
Informe lapidario
“La evaluación técnica, realizada por un comité de tres miembros sin experiencia previa en concesiones, se completó en solo dos semanas para casi 5.000 páginas de material técnico, un plazo inconsistente con la diligencia aplicada en el Sobre 1 (que tomó seis semanas) y que da indicios de una urgencia indebida por cerrar el proceso”, subrayó el informe.
“La evaluación parece ser en gran medida subjetiva y orientada a un resultado predeterminado, específicamente tras la descalificación previa de las referencias de experiencia de DEME. Las aceptadas fueron apenas suficientes para permitir que DEME aprobara el Sobre 1 (y no fuera descalificado como oferente), de modo que la ANPYN pudiera promover una sensación de “competencia” bajo el Sobre 2”, concluye. Si no se hubiese realizado este simulacro, hubiese quedado desierta la licitación.
A su vez, los técnicos objetaron que se exijan u$s10 millones a la empresa que presente impugnación al resultado, cuyo destino queda bajo exclusiva decisión arbitraria de la Agencia de Puertos que puede rechazarla y dar por perdido el depósito. Esa garantía aplica a cada etapa por lo que la desalentadora barrera de entrada para oponerse es de u$s30 millones. Boskalis y Vanoord ni siquiera lo intentaron.
El documento destaca otro hecho de gravedad: “La Anpyn aceptó la experiencia en señalización de JDN-Servimagnus obtenida a través de Hidrovía S.A. (la empresa operadora de la anterior concesión), a pesar de que JDN poseía solo el 50% de la participación accionaria y las obras fueron ejecutadas por EMEPA S.A”. Si se hubiese aplicado el mismo criterio que luego se aplicó a las competidoras, Jan de Nul no habría cumplido con los requisitos. Hubo filtraciones a la prensa lo que salpicó la confidencialidad de una licitación internacional.
El Comité de Evaluación se tomó seis semanas para evaluar el Sobre 1, para luego descalificar la experiencia internacional de DEME, “debilitando sustancialmente la equidad competitiva”, pero eso les impidió “ser tomadas en cuenta para la evaluación técnica y de experiencia en el Sobre 2”. Este punto es clave porque permitió lo que reveló Ámbito: que Jan de Nul-Servimagnus se alzara con la máxima puntuación en experiencia (20) y dejara atrás a DEME con 5, obteniendo una ventaja de 15 puntos sobre los 24 con los que logró la preadjudicación.
Otras irregularidades
El informe detalla que:
“La oferta de JDN-Servimagnus evidencia múltiples deficiencias sustanciales, incluyendo, entre otras: la reducción de la duración de la Etapa 0 obligatoria de doce meses en infracción a los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación, una subestimación sistemática de los volúmenes de dragado que socava la capacidad técnica y la fijación de precios, un plan de trabajo insuficientemente detallado que carece de volúmenes y producciones definidos, lo que hace que su rendimiento declarado sea inverificable, y debilidad ambiental debido a la ausencia de cualquier propuesta que considere medidas de mitigación para las obras ofrecidas, limitándose únicamente a los criterios mínimos o básicos de cumplimiento”. A pesar de esto, el Comité Evaluador le volvió a dar ventaja de 8 puntos sobre la competencia.
“La oferta de JDN-Servimagnus proporciona un respaldo documental limitado respecto a la dotación de personal operativo en áreas técnicas críticas, lo que reduce la verificabilidad de su capacidad de ejecución”, alertó.
Gestión Ambiental y Social, un punto clave: “La oferta de JDN-Servimagnus presentó vacíos significativos en su alcance, careciendo de: (i) detalles de implementación, (ii) personal ambiental creíble, y (iii) medidas creíbles de transición energética a largo plazo. La metodología propuesta fue básica y, en general, las medidas ambientales comprometidas por JDN-Servimagnus fueron muy limitadas”.
Las inconsistencias del “peaje”
El informe concluye que la oferta económica –de acuerdo al pliego- fue blindada, tal como adelantó Ámbito, “por una tarifa piso, lo que lleva a los contratistas a presentar ofertas al nivel de la tarifa mínima”. Y el ejemplo más claro fue otro: la licitación del año pasado que fue cancelada por el propio Gobierno tuvo una oferta de DEME que era más económica que el mínimo del pliego de este año. “El proceso de adjudicación parece haber estado condicionado por un enfoque direccionado, basado en una evaluación injusta e incorrecta, aparentemente diseñada para favorecer a Jan De Nul”, concluye.
Y lanza otra advertencia de cara a la preadjudicación: “Es probable que existan márgenes de ganancia adicionales ocultos dentro de los costos de dragado, combinados con una expectativa de futuros mecanismos de reequilibrio que afecten a otros componentes a lo largo de los 25 años de la concesión”. Es decir, o bien se inflaron costos de dragado (hay discrepancias entre el 15% y el 50% en algunos ítems de la composición), o existe una promesa de aumento del peaje que obtuvieron del Gobierno.
Neuss
Los hermanos Juan y Patricio Neuss emergen detrás de los socios locales que participaron para ser beneficiarios del 50% del contrato de Jan de Nul
Otras conclusiones:
“Además, se han incorporado costos operativos artificialmente incrementados (actividades de relevamiento) y categorías de costos genéricas denominadas “otros”, lo que da como resultado márgenes injustificadamente altos”.
Estas discrepancias dieron lugar a un aumento global del 26% del costo total de dragado, lo que representa u$s1.693 millones a lo largo de las etapas.
“Se han adoptado valores más bajos que los reales, distorsionando aún más la confiabilidad y sustentabilidad del modelo”.
“Cuando los eventos de sedimentación (El Niño) se incorporan en el modelo financiero de JDN-Servimagnus conforme a los registros históricos, las desviaciones identificadas aumentan hasta un 41% del costo total de dragado, lo que representa un total global de u$s2.288 millones”.
En síntesis, todo el proceso arrastra múltiples irregularidades para una privatización de esta magnitud que nacía con la promesa de transparencia absoluta y aval internacional. “La implementación de una tarifa piso, combinada con un proceso de evaluación injusto y direccionado, conduce a una adjudicación a favor de la propuesta de Jan De Nul-Servimagnus, la cual; con la misma tarifa mínima, JDN-Servimagnus propone dragar menos volumen a una tarifa más alta”. Todo esto no solo será insumo de la causa que investiga la adjudicación, sino que puede acarrear al país una nueva mácula de credibilidad.
Ahora se combinan denuncias cruzadas, aparición de socios locales como Román y el Grupo Neuss, por debajo del radar y con beneficios por cercanía con el poder, y falencias técnicas cuyas consecuencias podrían evidenciarse a lo largo de los próximos 30 años.
Durante 2025 se iniciaron 520 causas por venta de drogas en la Justicia provincial, según un relevamiento realizado por la Oficina de Gestión de Audiencias provincial del Poder Judicial, donde además se observa que Concordia concentra la mayor cantidad de casos. En Paraná, según los datos de los procedimientos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas, hubo 162 detenidos el año pasado. En toda la provincia fueron condenadas más de 200 personas. Más allá de las cifras que en este informe se detallan, el perfil de los detenidos por narcomenudeo se amplió a diferentes clases sociales y a cualquier edad.
Los jueces de Garantías de Paraná, Pablo Zoff y Mariano Budasoff, dialogaron con Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) sobre la realidad de la Ley de Narcomenudeo en la Justicia.
—¿Cuál es el panorama que se viene observando en la implementación de la Ley de Narcomenudeo y qué es lo que se está discutiendo en la Justicia?
Pablo Zoff: —El narcomenudeo tiene una vigencia de aproximadamente ocho años. Para ponerlo en contexto, la competencia pasó a la provincia en lo que hace a la investigación de los llamados kioscos de venta al consumidor, es decir, la comercialización directa al consumidor. Todo el resto de la organización de la droga, por supuesto, mantiene la competencia a nivel federal. Se viene trabajando muy bien. Nosotros somos jueces de garantía, así que intervenimos en las medidas de coerción, primero en los allanamientos. Para eso la Fiscalía suele armar un estado de sospecha durante un tiempo y hace tareas de vigilancia de un modo muy serio. Nos piden los allanamientos y luego, si el resultado es el que esperaba la Fiscalía, o si se encuentra material estupefaciente o cuestiones vinculadas al fraccionamiento y a la venta de estupefacientes, suelen pedir alguna medida de coerción: una prisión preventiva en la unidad penal o una prisión domiciliaria. Después de eso, intervenimos una vez que la investigación se agota, en la discusión acerca de si la causa debe o no remitirse a juicio. En general, en esta materia hay un alto porcentaje de juicios abreviados. Como son investigaciones tan consolidadas, suele ser poco lo que queda para discutir en un juicio. Entonces, en general, la defensa considera más conveniente llegar a acuerdos de juicio abreviado, donde no se hace propiamente el juicio ni se produce la prueba, sino que se omite esa producción y se discuten nada más las responsabilidades y la pena que se pide. Eso ya no lo trabajamos nosotros: se remite y lo ven los jueces de juicio.
Pablo Zoff, juez de Garantías de Paraná.
—Ustedes antes de ser jueces eran fiscales, ¿Qué perfil se está observando hoy en las personas con las que ustedes se encuentran en las audiencias? ¿Qué observan y qué ha cambiado en los últimos años?
Mariano Budasoff: —En lo personal, la diferencia que noto en relación con cuando era fiscal es que entonces, esporádicamente, uno veía a mujeres involucradas con el tema de los estupefacientes y el narcomenudeo. Además, había una franja etaria que no superaba los 40 años; inclusive un poco menos, entre 30 y treinta y tantos. Hoy, en cambio, esa franja etaria está rota. Arranca en 18 años, hay algunos casos de menos edad, y no hablo solo de soldaditos, sino de lo que vemos, o al menos de las atribuciones que hacen los fiscales en los hechos: personas ya vendiendo. También aparece gente mayor. Me ha llamado la atención, en alguna que otra causa, encontrar a algún abuelo o alguna abuela vendiendo. Y muchas mujeres. Obviamente, los varones siguen siendo mayoría, pero veo que se han roto en general esas estadísticas que teníamos antes. Inclusive, antes uno veía el perfil del vendedor y, más allá de la vulnerabilidad que le era propia, podía advertir que generalmente era de clase humilde. Hoy, en cambio, uno los ve bien vestidos en las audiencias; no en todos los casos podemos intuir que sean consumidores. En general, ya hay algo de clase media. No quiero sectorizarlo específicamente porque hay de todo, pero es más variado en la actualidad. Pienso que se ha extendido en general. Es como si lo estuvieran tomando como una forma de vida o una forma de ingreso.
Mariano Budasoff, juez de Garantías de Paraná.
—¿Hay conciencia del riesgo que conlleva esta actividad ilegal? Cuando ustedes les explican en las audiencias los hechos que se les imputan ¿ven una conciencia previa del riesgo de terminar en la cárcel?
Pablo Zoff: —Efectivamente, esto que decía Mariano, se ven a veces personas con muy pocos antecedentes o que no tienen ninguno. Tampoco es para estigmatizar ni generalizar, porque no todos los casos son iguales, pero mucho tiempo atrás, incluso antes de esta ley, uno asociaba la idea de que la persona que se dedicaba a esto ya estaba en una organización criminal, tenía armas y disputaba territorios. Hoy eso se ve más aislado. Aparece gente que pareciera no dedicarse a esto, que no tiene antecedentes de nada, y de golpe empieza a involucrarse. Yo creo que no dimensionan que las penas son realmente muy severas. Salvo la tenencia simple, que es una figura residual y muy excepcional, la comercialización tiene una pena mínima que impide una condena condicional. Es decir, necesariamente, si es condenado, va a ir preso muchos años. Creo que no se toma conciencia de eso. En las audiencias, en algunos casos uno ve que lo aceptan con más resignación, por ejemplo, una prisión preventiva, que es lo que nosotros imponemos. En otros casos, en cambio, se los ve realmente muy asustados por lo que implica. Pareciera que no habían dimensionado la gravedad de lo que estaban haciendo.
Mariano Budasoff: —Creo que también hay un tema de desconocimiento de la ley, y de la ley penal en general, por parte de la sociedad, que obviamente no tiene por qué conocerla. A veces sale en los medios de comunicación que una persona está en prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria o que está en su casa. Entonces la gente asume que cometió un ilícito, en este caso venta de estupefacientes al menudeo, y que está libre. Se puede pensar que la Justicia es permisiva, cuando en realidad esa persona está en un estadio avanzado de la investigación penal preparatoria, en general cuando el fiscal ya está por remitir la causa a juicio, cuando ya no hay peligros procesales y se ha comportado bien dentro del proceso. Entonces sigue el juicio en libertad y la gente piensa: “Bueno, ya está, estuvo preso tres meses, seis meses, nueve meses”. Esa falta de conocimiento sobre la norma hace que, cuando están en las audiencias, sentados, y ven el pedido de pena que va a hacer el fiscal al solicitar la remisión de la causa a juicio o eventualmente una prórroga de la prisión preventiva, ahí se les ve la cara. Ahí ves cómo cambia: las caras caídas, la preocupación. Creo que ahí toman dimensión. Sin perjuicio de eso, nosotros en las audiencias siempre les explicamos: esto es un proceso, esto es prisión preventiva, esto no es la condena; nosotros no los estamos condenando, estamos valorando que el fiscal tiene evidencias y que los va a llevar a juicio. Creo que va por ese lado.
—¿Cómo es hoy la realidad del sistema carcelario, teniendo en cuenta la cantidad de condenas a casi ocho años de la implementación?
Mariano Budasoff: —En general, como dice Pablo, una de las figuras residuales que puede haber es la tenencia simple, que aparece cuando el fiscal considera o nos explica que no tiene suficientes evidencias como para probar que la persona tenía la droga para venderla. Entonces cae en esta figura residual, que tiene una pena sensiblemente menor: ya no son de cuatro a quince años como en la venta, sino de uno a seis años, y eso da otras posibilidades. ¿Qué pasa? En algunos casos tienen antecedentes condenatorios y en otros no. Y el antecedente condenatorio puede ser por delitos contra la propiedad o también vinculado a la droga en el pasado. Hemos visto causas de hace muchos años, incluso de la Justicia Federal, y esas personas inexorablemente van a la unidad penal. Eso va incrementando la población carcelaria. El tema es que son penas cortas, entonces hay una saturación en poco tiempo y el flujo no acompaña. La cantidad de gente que egresa y la que ingresa a la unidad penal no se equilibra.
—En la relación con la Justicia Federal ¿se están viendo más o menos resoluciones de incompetencia cuando se encuentran con algo más grande, ya sea por la cantidad de droga o por el nivel de organización de la banda?
Pablo Zoff: —No se ven tantos casos como yo creía cuando se hablaba de la ley. Pensé que iban a ser muchos más. Primero, porque ya cuando se hacen las investigaciones, es decir, cuando se toma conocimiento o se sospecha de un hecho y empieza el período de sospecha con las vigilancias y demás, hay una coordinación entre fuerzas para no estar pisando una investigación federal. Entonces lo único que queda es si hay un hallazgo fortuito: que el material que aparece sea muchísimo más importante del que se esperaba. Ahí uno dice: “Bueno, esto no era para comercialización al menudeo; acá estamos hablando de distribución o de otro tipo de delitos que son competencia federal”. Por eso, realmente no son muchos los casos de incompetencia. Además, en general los fiscales tienden a mantener su competencia. Salvo que sea muy evidente, prefieren no entrar en esa discusión y avanzar en la investigación para buscar eventualmente una condena, sin ir a estas discusiones intermedias que en definitiva no benefician a nadie. Entonces, salvo casos muy groseros, no se discute.
Mariano Budasoff: —La discusión también puede darse al revés, que la investigación se inicie en la Justicia Federal, con la Fiscalía Federal, y que el resultado sea más magro de lo esperado. En ese caso, la Justicia Federal puede considerar que pensaba estar investigando una organización y descubre en realidad pequeñas personas vinculadas al menudeo, y ahí la competencia pasa de la Justicia Federal a la justicia ordinaria. Depende del caso. Son situaciones muy aisladas en las que el fiscal advierte que en realidad sí hay una organización detrás, o que la investigación cierra como una investigación compleja, con mucha prueba previa al allanamiento. En esos casos, el allanamiento no sería la coronación de la investigación y se decide sostener que no hay competencia provincial, sino que sigue siendo competencia federal. Hay además un problema con la ley 26.052, del año 2005, porque la ley de desfederalización es de ese año y después las provincias se fueron adhiriendo con matices a lo largo del tiempo. Cuando esa ley establece qué artículos van a ser considerados para la desfederalización, son muy pocos. Habla del artículo 5, es decir, lo vinculado con la tenencia para fines de comercialización, la comercialización en general o el transporte chico, dentro de lo sencillo, y también de la tenencia simple.
Esto después generó otro problema, que es el tema de las multas. La ley 23.737, en una de sus actualizaciones, incorpora la actualización de los montos de las multas. Antes eran montos fijos. Pero si van a un abreviado, a una suspensión del juicio a prueba, o si son condenados, las multas aparecen: en los casos de condena, como pena accesoria; en los otros, como condición para poder acceder al beneficio de una salida alternativa. Eso ocurre inexorablemente, al menos en los términos en que está planteado en la ley. Con muy buen criterio, en una de las últimas reformas se les ponen unidades fijas a las multas. Son unidades que se toman según los formularios del Sedronar. Creo que el mínimo estaba en 45 y el máximo en 900 unidades. Para una causa de narcotráfico de la Justicia Federal, los montos no son nada, o son montos que tienen cierto justificativo en el ilícito y en la gravedad que ese ilícito tiene. En la justicia provincial, en cambio, esos montos no cierran, porque estamos pensando en condenas por narcomenudeo de gente que tiene 100 o 200 gramos fraccionados y respecto de la cual se probó la comercialización. Las multas han quedado totalmente excesivas en ese caso. Pero en otros delitos, por ejemplo en la tenencia simple, el legislador no dijo nada y nunca actualizó los montos. Si hoy hicieras el cálculo de cuánto sería la multa por tenencia simple de estupefacientes, con suerte llegarías a 225 pesos. Imponer una multa en este momento por tenencia simple, ya sea en una condena o para acceder a una probation, implica una erogación en trámite, recurso humano y tiempo que termina siendo más costosa que cobrar esos 225 pesos.
—En numerosas causas de la Justicia Federal hasta hace un tiempo se notó el involucramiento de integrantes de fuerzas de seguridad con las bandas, ya sea por complicidad directa o por protección. ¿Ha surgido esto en causas por narcomenudeo?
Pablo Zoff: —Yo no he tenido ningún caso que involucre a la fuerza. Sinceramente, eso no quiere decir que no pueda pasar, pero en los casos que tuve siempre se trató de personas particulares. Como dice Mariano, tengamos en cuenta que son cantidades chicas, del último eslabón, gente que vende. En ese marco, yo no tuve ninguno.
Mariano Budasoff: —Como juez no tuve ninguno. Sí tuve alguna investigación y alguna sospecha que quedó allá en los anales cuando estaba como fiscal. Además, está bien lo que dice Pablo, porque la diferencia entre una causa o una investigación fiscal de narcomenudeo y una de narcotráfico es que el fiscal de narcomenudeo investiga dos o tres meses como mucho. Así se genera lo que se llama el estado de sospecha, y las fuerzas policiales provinciales, por lo que hemos visto en todo este tiempo, se han profesionalizado muchísimo. También las fuerzas nacionales, porque vale aclarar que las causas de narcomenudeo no solo se investigan con las fuerzas provinciales, sino también con fuerzas nacionales: Prefectura, Gendarmería y Policía Federal. Ya saben lo que buscan. En la forma de investigación y en los pedidos, podría decir que ya hay protocolos: está bastante estandarizado tanto para las fuerzas como para los fiscales. Pero son investigaciones muy cortas, porque se busca la efectividad y en definitiva no se está buscando la organización, no tienen que ir más arriba ni profundizar. No hay meses de escuchas telefónicas, de seguimientos o de trazabilidad como sí ocurre en la Justicia Federal.
Narcomenudeo en cifras
La OGA provincial, en base a las consultas de las oficinas de cada jurisdicción, realizó un informe estadístico donde se detallan las causas por narcomenudeo iniciadas y concluidas en la instancia de Juzgados de Garantías, así como los tipos de delitos dentro de la Ley de drogas que se imputaron a los acusados. También se referencian los datos de las causas tramitadas y las condenas dictadas por los cinco Tribunales de Juicio de la provincia.
En cuanto a las causas iniciadas en Garantía durante el año pasado, se explica que el “conteo no incluye aquellos casos iniciados ante el Ministerio Público que no fueron judicializados”.
Departamento
Causas Iniciadas
Concordia y San Salvador
261
Gualeguaychú e Islas
85
Paraná
30
Federación
22
La Paz
22
Nogoyá
22
Uruguay
21
Victoria
19
Colón
11
Chajarí
9
Federal
7
Gualeguay
6
Diamante
2
Tala
2
Villaguay
1
TOTAL
520
Causas iniciadas en Garantías según tipo de delito dentro de la Ley de Narcomenudeo, donde se comprueba que la mayor cantidad es por “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, es decir cuando se encuentra a una persona con droga y pruebas suficientes para sospechar que la tenía para la venta. Le sigue la Tenencia simple, que es una zona gris donde no hay pruebas para comprobar que la droga era para la venta, pero tampoco para el consumo personal. Luego, el comercio de estupefacientes, que es aquella causa donde se comprobó la actividad ejercida en el tiempo de venta de drogas al menudeo previamente a los allanamientos.
Tipo de Proceso
Cantidad de Causas
Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
217
Tenencia simple de estupefacientes
111
Comercio de estupefacientes
88
Delitos de Estupefacientes (Carátulas genéricas utilizadas predominantemente por OGAs como La Paz, Gualeguay y Colón)
40
Tenencia de estupefacientes para consumo personal
39
Suministro gratuito de estupefacientes para consumo personal
10
Narcomenudeo (Causas registradas bajo el nombre genérico de la ley en Federal y Uruguay)
4
Comercio de estupefacientes agravado (Casos específicos registrados en Colón y Federación)
2
El informe también refiere las causas resueltas en Garantía, y explica al respecto que “los actos conclusivos que determinan su resolución pueden consistir en remisión a juicio, sobreseimiento, sentencia en juicio abreviado o archivo”.
Departamento
Cantidad de Causas Resueltas
San Salvador
76
Concordia
50
Paraná
46
Gualeguaychú
36
Victoria
22
Federación
21
Uruguay
14
Chajarí
13
Nogoyá
11
Colón
11
Tala
9
Federal
7
Diamante
6
La Paz
5
Gualeguay
4
Feliciano
1
Villaguay
0
El total a nivel provincial es de 332 causas resueltas en etapa de Garantías en 2025. Sobre este punto, también se puede diferenciar el “tipo de acto conclusivo” de las causas en esta instancia, donde se observa que la mayoría van a juicio. Al respecto, desde la Fiscalía se ha señalado que esperan que los jueces acompañen las condenas con penas más elevadas, lo cual permitiría un mayor margen de negociación para un juicio abreviado donde se impone una sanción menor: si un acusado sabe que en un juicio le impondrán la misma pena que en un abreviado, pateará para adelante la resolución de su causa y esto terminaría saturando el sistema.
Tipo de Acto Conclusivo
Cantidad de Causas
%
Remisión a juicio
166
39,43%
Archivo
144
34,20%
Juicio abreviado
74
17,58%
Sobreseimiento
15
3,56%
Incompetencia
14
3,33%
Suspensión de juicio a prueba
8
1,90%
TOTAL PROVINCIAL
421
100%
En la instancia de Tribunal de Juicio, las estadísticas de la OGA arrojan también la mayoría de las sentencias se dictan en Concordia, y en cuanto al tipo de delito, la tenencia con fines de comercialización
Circunscripción Judicial
Cantidad de Causas Resueltas
%
Concordia
50
42,02%
Paraná
33
27,73%
Gualeguaychú
20
16,81%
Uruguay
12
10,08%
Gualeguay
4
3,36%
TOTAL
119
100%
A su vez, se observa que las sentencias de los tribunales durante el año pasado también son principalmente por el delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, seguidas por Comercio que, en algunos casos, se aplican agravantes, que puede ser por la cantidad de personas que intervienen (si son tres o más), el lugar donde se lleva adelante el delito (cerca de una escuela o un club, por ejemplo), la participación de menores, entre otras.
Tipo de Proceso
Cantidad de Causas Resueltas
%
Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
(Incluye variantes en concurso con tenencia de armas)
70
49,30%
Comercio de estupefacientes
37
26,06%
Tenencia simple de estupefacientes
29
20,42%
Comercio de estupefacientes agravado
(Casos con agravantes por el lugar o participación de menores)
4
2,82%
Tenencia de estupefacientes para consumo personal
(Sentencias excepcionales que llegaron a esta instancia)
El régimen de Irán lanzó ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin después de que Washington completara una nueva oleada de bombardeos sobre territorio iraní, en una escalada que amplió el conflicto en Medio Oriente y elevó la tensión en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó este jueves que sus fuerzas atacaron objetivos militares estadounidenses en ambos países como respuesta a las operaciones ordenadas por Washington.
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“Durante dos oleadas de operaciones, dieciocho objetivos importantes pertenecientes al Ejército de Estados Unidos en las bases aéreas Ali y Ahmad fueron alcanzados”, señaló la Guardia Revolucionaria en una declaración difundida por la agencia estatal iraní IRNA.
El comunicado agregó que las fuerzas iraníes también “alcanzaron y destruyeron las bases aéreas Sheikh Isa”, ubicadas en Baréin.
Previamente, medios iraníes habían informado sobre ataques contra instalaciones vinculadas a la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin. Según esos reportes, los objetivos incluyeron antenas de comunicaciones y radares asociados al sistema de defensa antimisiles Patriot.
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La ofensiva iraní llegó horas después de que Estados Unidos anunciara una nueva serie de ataques contra objetivos en territorio iraní.
Las fuerzas de CENTCOM lanzaron ataques contra capacidades de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación y sitios de defensa aérea en todo Irán
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó que las operaciones tuvieron como objetivo neutralizar amenazas contra fuerzas estadounidenses y embarcaciones comerciales que navegan en la región.
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“Miembros del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos realizaron disparos de precisión contra objetivos iraníes que suponían una amenaza para las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales”, indicó el mando militar en la red social X.
En un mensaje previo, el CENTCOM justificó las acciones bajo el argumento de la “legítima defensa”.
La nueva ronda de hostilidades se produjo después de que medios iraníes reportaran explosiones en la costa sur del país, cerca del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos. En esa misma zona, las fuerzas estadounidenses habían atacado el martes instalaciones de defensa aérea, radares y otras infraestructuras militares iraníes.
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Tras los bombardeos estadounidenses, las autoridades iraníes anunciaron un endurecimiento de su postura en Ormuz.
El ejército iraní declaró que atacará cualquier embarcación que atraviese el estrecho y sostuvo que la ruta marítima quedó “completamente cerrada a cualquier tipo de barco, incluidos los petroleros y los buques mercantes”. La Armada iraní aseguró además que “dos buques que intentaban cruzar ilegalmente” la zona fueron “atacados”.
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Washington rechazó esa versión y sostuvo que el tráfico marítimo continúa activo. “REALIDAD: Los buques comerciales continúan transitando por el estrecho esta noche”, afirmó el mando estadounidense.
La confrontación también alcanzó a otros países de la región el miércoles. Irán reivindicó ataques nocturnos contra una base estadounidense en Jordania, mientras que las autoridades jordanas informaron la destrucción de cinco misiles que se dirigían hacia una instalación militar de Estados Unidos.
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En Kuwait, el ejército declaró que enfrentó “objetivos aéreos hostiles”, aunque no precisó su origen. Por su parte, Baréin informó que interceptó varios ataques dirigidos contra su territorio.
La actual escalada tiene como antecedente inmediato el derribo de un helicóptero estadounidense ocurrido el lunes cerca del estrecho de Ormuz, un incidente que Washington atribuyó a Teherán y que desencadenó las posteriores represalias militares.
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En medio de la crisis, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que altos funcionarios iraníes intentaron comunicarse con él para solicitar el fin de los bombardeos. “Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles”, declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval al referirse a las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.
La afirmación del mandatario sobre supuestos contactos telefónicos fue rechazada por la Guardia Revolucionaria iraní.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló luego de la presentación de su declaración jurada en medio de la investigación que avanza en su contra por enriquecimiento ilícito. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, aseguró el funcionario.
“Invertimos 200 mil dólares en Bitcoin y ganamos unos 300 mil”, reveló y luego contó que se trata de un dinero que tenía “para la educación y el futuro de sus hijos”.
Con respecto a este dinero, Adorni explicó en un diálogo con LN+, que se tratan de ahorros que pudo acumular durante toda su vida, trabajando en el sector privado. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, explicó y luego sumó: “No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro, no se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco, menos en esos años”.
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Tras reconocer su accionar, planteó que, cuando comenzó la denuncia por enriquecimiento ilícito, se reunió con su abogado para reconstruir el recorrido de su dinero y poder demostrar que se trata de ahorros que produjo gracias a sus inversiones. “Empiezo a invertir fuerte en el 2014. En agosto 2017, compré 13 Bitcoin a 3.356 USD; un día después compro 1 BTC más a 3 mil USD, después compro 1 bitcoin más por 7.233 USD y después liquido 10 en 5 meses después, en marzo de 2018, a 8.224 USD y liquido el total de la billetera por 6 mil USD”, narró.
“No soy un chorro y todo lo hice en la actividad y jamás en mi vida tuve un cargo público, hasta el 10 de diciembre de 2023, ni mi mujer ni yo”, sostuvo.
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Al ser consultado sobre el porqué no dio estas explicaciones anteriormente, el funcionario señaló que no habló antes, debido a que prefirió respetar a la Justicia. “Desde el primer día, el aparato mediático me condenó y me tildó de ‘chorro’”, sostuvo.
Sobre su vivienda en Indio Cuá, contó que tomó la decisión de mudarse tras sufrir agresiones en diferentes espacios públicos. “Yo no puedo permitir que me agredan delante de mis hijos. Y ahí me di cuenta de que era un lugar donde yo indefectiblemente tenía que pasar los fines de semana”, recordó.
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Según sus declaraciones, la casa de Indio Cuá había sido dedclarada. “Yo no la incluí, porque esa casa estaba escriturada 100% a nombre de mi mujero, siempre estuvo declarada, estaba en su declaración. Son formalismos”, precisó.
Otros de los puntos clave de la investigación, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, es la deuda que contrajo el jefe de Gabinete con dos jubiladas al adquirir su departamento en Caballito.
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Según la explicación brindada, la operación se realizó mediante un acuerdo con Pablo Feijoó, a quien describen como amigo personal del funcionario.
Las fuentes oficiales sostienen que la compra no implicó una operación tradicional por el valor total del inmueble. De acuerdo con esa versión, Adorni desembolsó únicamente USD 30.000 en concepto de anticipo. El resto de la estructura financiera de la operación se habría apoyado en mecanismos de financiamiento e hipotecas que, según la explicación presentada, rondaron en conjunto los USD 100.000.
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Al respecto, el titular de la cartera de ministros señaló: “Esa operación la hice con un amigo, no sé por qué las rotularon como jubiladas, una es la mamá de un amigo, es una operación que yo dentro de mis problemas de seguridad, y los temores que empecé a tener con mis hijos, mi amigo me dijo: ‘Mudate, después ves, cuando vendés, me pagás’, y lo que hicimos fue formalizarlo todo con un instrumento y no fue más que eso”.
“El mea culpa lo hago de arrastrar un error, que fue involuntario, pero que tengo que pagar y hacerme cargo”, cerró.
En diálogo con Gustavo Sylvestre, por C5N, el hijo de la ex presidenta sostuvo que “esa situación de querer humillar, del abuso y la tobillera” y apuntó contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti: “Lo que uno termina viendo es que nuestro pueblo, cuando suceden estas cosas siente ese desamparo”.
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“La verdad, si hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de una Cristina caminando y no que esté reducida, sería diferente. Estos días no pude ir a verla. Desde el día viernes fui a verla poco, hoy sí me fui y estuve más tiempo y me decía lo complejo y difícil que se vuelve. Aparte para una persona que ha hecho de la vida pública, de la discusión, del debate, de hablar, de leer, de su vida. Y ella misma expresó en algún momento que se puede morir presa“, señaló.
Y agregó: “Me parece que hay gente que está jugando con cosas que no tienen repuesto y que no imaginan después la magnitud de las respuestas populares. Lo podemos ver hace unos días en todo esto que viene sucediendo en nuestro país”.
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Kirchner trazó un paralelo entre el trato que recibe su madre y el de otros condenados. “Tiene, en las condiciones de lo que es la prisión domiciliaria para cualquiera, las peores condiciones, peores que narcotraficantes y genocidas, que torturaron, que mataron, que se apropiaron de bebés, que dejaron el país prendido fuego con inflación y multiplicando por cinco o seis veces la deuda externa”, afirmó.
El legislador también cuestionó al poder judicial en términos amplios. “Esa mafia que se ha instalado en el sistema judicial argentino mira para otro lado”, sostuvo, y recordó como antecedente que “la Corte Suprema menemista cayó con la convertibilidad”, sugiriendo que el actual modelo económico podría arrastrar consecuencias similares para el tribunal.
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En ese marco, señaló que la ex presidenta aparece “primera o segunda en todas las encuestas” pese a lo que describió como una proscripción, y advirtió que el sistema judicial debería prestar atención a ese dato.
Sobre el primer aniversario de la detención, el diputado afirmó: “A un año de la detención de Cristina, se ve lo que se ha ido construyendo. Cuando vino acá y anunció que iba a ser candidata por la tercera sección electoral, de allí en más ya ni siquiera se sonrojaron, sino que avanzaron de una manera descarada”.
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El diputado extendió su diagnóstico más allá de la situación judicial y describió un cuadro de degradación social que, a su juicio, agrava el clima político. “Desde aquel día a hoy ha empeorado enormemente la calidad de vida de la gente. El transporte público cuesta más caro y funciona peor”, señaló, y añadió que los servicios públicos —luz, agua— subieron pese a las promesas de campaña de reducir impuestos.
Además, apuntó al pluriempleo como uno de los fenómenos más extendidos. “Hoy hay situaciones de dos, tres, cuatro trabajos”, lo que, según describió, desintegra el núcleo familiar: “Una parte se la pasa trabajando y casi prácticamente no puede ver a su familia. No tiene registro de lo que es el descanso propio. No se puede permitir soñar con unas pequeñas vacaciones”.
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Por otro lado, se refirió a la muerte del músico Carlos “Indio” Solari y reveló detalles de la organización del velatorio. Contó cómo se forjó su vínculo con el artista: “Un día llamó, nos invitó a comer a mí y a un par de compañeros y se fue generando en el tiempo algo bueno”.
Kirchner relató que el bloque oficialista en la Cámara de Diputados, a través de los legisladores Germán Martínez, solicitó al presidente del cuerpo autorización para realizar el velatorio en el Congreso Nacional. Sin embargo, comentó que el Ministerio de Seguridad rechazó el pedido argumentando que no estaban dadas las condiciones. “A la luz de los hechos, queda claro que se podía hacer”, afirmó el diputado.
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Describió que una de las condiciones que el entorno de la familia priorizó fue que la policía permaneciera retirada en la mayor medida posible. Contó que Virginia, la compañera del músico, le expresó durante el viernes previo al velatorio que quería que la gente pudiera estar “como en un último show, si se quiere, como una última misa”.
“Mi cabeza funcionó de esa manera”, dijo Kirchner. “Después, a quién tenía que llamar o no para que eso saliera, había que hacerlo”. Y completó: “Salió bien porque la gente estuvo hiperpredispuesta a eso”.
Una verdad tremenda: el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se ensaña con las mujeres. Su proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones, que envío al Senado provincial, declara la emergencia previsional. Dice que busca sanear el déficit del sistema sin afectar los haberes de los jubilados actuales, pero desconoce uno de los avances sociales y culturales más importantes de las últimas décadas: el impacto de las tareas de “cuidado” y su valor económico.
Al aumentar la edad de acceso a la jubilación e igualar las condiciones de edad entre hombres y mujeres, las mujeres retroceden. Frigerio está negando las desigualdades reales existentes y, de este modo, se profundizan inequidades históricas (se nota mucho el espíritu machista que sostiene el texto del proyecto).
La igualdad de género que históricamente reclamamos cuenta con normas nacionales y provinciales y está en las antípodas de esta decisión, por lo cual es de absoluto cinismo invocarla.
Especialistas y organizaciones internacionales y locales en seguridad social advierten que elevar la edad jubilatoria sin considerar las brechas de género profundiza la desigualdad económica y previsional.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
Foto: Mariano Martino
Las mujeres tienen mayores niveles de informalidad laboral, menores salarios y más responsabilidades en labores de cuidado durante toda su vida activa.
Está demostrado que enfrentan mayores dificultades para acceder y permanecer en empleos formales, y registran trayectorias laborales interrumpidas. Además, sostienen una doble jornada entre el trabajo remunerado y las tareas de cuidado no remuneradas. A esto se suman las reconocidas desigualdades para acceder a cargos jerárquicos.
¿Sabe Frigerio lo que son y qué implican las tareas de cuidado? ¿Acaso conoce cómo y cuánto agotan, y el tiempo que demanda ese trabajo impago?
Se lo pueden explicar muy bien las enfermeras y médicas, las docentes, las cocineras, las mujeres de servicios auxiliares, las empleadas públicas provinciales y municipales y las jubiladas.
Para ilustrar al respecto, ANSES informó que, sobre la densidad de aportes previsionales entre quienes alcanzaron la edad jubilatoria en 2024, el 64 % de los varones contaba con los aportes necesarios para acceder a la jubilación, mientras que entre mujeres ese porcentaje se reducía drásticamente al 37 %.
Por lo tanto, miles de mujeres quedaron excluidas del beneficio jubilatorio, ya que Milei eliminó en 2025 la posibilidad de acceder a la moratoria para completar aportes. Solo en Entre Ríos se vieron afectadas 6800 mujeres de esa franja etaria por la decisión oficial.
¿Alguien puede honestamente afirmar que esas mujeres no trabajaron?
Lejos de reparar esa desigualdad, Frigerio la profundiza. El aumento de la edad jubilatoria y la dificultad adicional para cumplir requisitos más exigentes constituyen una definitiva postergación que despoja de derechos.
El déficit de la Caja es usado como razón principal del proyecto de ley, aunque sólo constituye una parte de la realidad de las finanzas del Estado provincial, que se evita considerar integralmente, mientras se difunde información imprecisa.
Sin embargo, es empleado para tomar decisiones con consecuencias nefastas para grandes mayorías de entrerrianos. Y peor aún, desde el gobierno se alientan contradicciones entre sectores, estatales o no, que buscan ocultar las consecuencias del ajuste que inexorablemente sobrevendrá de aprobarse esta norma.
Vemos que, para resolver la situación previsional de quienes hacen funcionar las diversas reparticiones del Estado —organismo central, organismos descentralizados, el Poder Judicial, personas que atienden múltiples obligaciones, responsabilidades y servicios—, no se consideren diversas fuentes de financiamiento y solo se defina poner todo el peso del ajuste en el propio personal.
Por citar algunos ejemplos: el juego en línea, que ha tenido crecimiento exponencial; los impuestos a embarcaciones y autos de alta gama; la renta minera extractiva sobre arenas silíceas, áridos y arcillas; la transmisión de patrimonios por vía de herencias, legados o donaciones; o el Convenio Multilateral, donde Entre Ríos es la provincia de la Región Centro con menor índice (3,5 %), en relación con Córdoba (4,7 %).
El debate tributario debe sincerarse si es que la situación es grave.
Del mismo modo, la mentada solución del déficit de la Caja debería incluir la revisión de la vigencia del Decreto 1 de los primeros minutos de 2025 y del Decreto 77/25, firmados por el gobernador para asegurar el aumento constante y actualizado de su propio sueldo y el de sus funcionarios, a través de las llamadas UCES (Unidades de Compensación Económica), que se engrosan automáticamente mes a mes y tienen carácter remunerativo y bonificable; mientras que, en contrario, no hay aumento ni paritarias para empleados y educadores. Por ello, Entre Ríos integra desde marzo de 2026 el grupo de las cuatro provincias argentinas peor calificadas en materia de salarios docentes.
También debiera revisarse la ampliación injustificada de la estructura del gobierno provincial, con la creación de nuevos ministerios, secretarías y coordinaciones que suman varias decenas de altos cargos nuevos, a lo que se agregan todos los gastos adicionales de funcionamiento, servicios, viáticos, etc.
Cuando nos preguntamos qué esconde Frigerio en su proyecto de reforma previsional, aparecen respuestas que no pueden permanecer ocultas:
Discriminación de género y afectación de los intereses de las mujeres.
Su íntima relación política con Milei, que impide reclamos por fondos nacionales adeudados.
Concentración del ajuste en entrerrianos/as de sectores mayormente medios y bajos, como docentes, empleados del Estado y jubilados.
Declaración de emergencia en un solo organismo, la Caja de Jubilaciones, sin clara justificación presupuestaria y financiera integral.
Incremento apreciable de nuevos gastos y muestras palpables de injusticia tributaria que deben revisarse.
Atribución excepcional e inconstitucional para extender la emergencia sin aprobación legislativa.
Denunciamos que la ley jubilatoria no puede modificarse desde una acotada planilla de cálculo.
No hay equilibrio fiscal posible sin equilibrio social. Menos aún si, como se ve, al gobierno de Frigerio no le importa afectar a trabajadores y jubilados y pisotea derechos y conquistas de las mujeres.
El régimen de Irán afirmó en horas de la noche de este miércoles que atacó dos embarcaciones que intentaron atravesar el estrecho de Ormuz después de anunciar el cierre total de esa ruta marítima, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.
La Guardia Revolucionaria advirtió además que cualquier barco que intente navegar por la zona será considerado un objetivo, en una nueva escalada de la crisis regional que enfrenta a Teherán con Estados Unidos.
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El anuncio fue realizado por el Cuartel General Jatam al Anbiya, el principal mando conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes. Según el comunicado difundido por medios estatales, la prohibición alcanza tanto a petroleros como a embarcaciones comerciales.
“El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones”, señaló el mando militar iraní. La misma declaración agregó que cualquier nave que intente cruzar esa vía marítima “será un objetivo”.
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Poco después, medios oficiales iraníes informaron que ya se habían producido las primeras acciones militares tras la entrada en vigor de la medida. De acuerdo con la versión difundida por el régimen y la televisión estatal, dos barcos que intentaban atravesar el estrecho fueron alcanzados por disparos iraníes.
La armada iraní sostuvo que “dos buques que intentaban pasar ilegalmente por el estrecho de Ormuz fueron alcanzados”. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron detalles sobre la identidad de las embarcaciones, los daños sufridos ni posibles víctimas.
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Tampoco hubo confirmación independiente de esos ataques. Analistas especializados en transporte marítimo y autoridades estadounidenses no reportaron incidentes que respaldaran la versión difundida por Teherán.
Estados Unidos desmintió la versión de Irán
Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) desmintió el anuncio iraní. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, aseguró que la navegación comercial continuaba desarrollándose con normalidad.
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“Los buques comerciales continúan entrando y saliendo del estrecho de Ormuz esta noche”, indicó el CENTCOM. El organismo también rechazó la afirmación de la Guardia Revolucionaria sobre un supuesto cierre efectivo de la ruta marítima.
El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y constituye uno de los puntos más sensibles para el comercio internacional de energía. Por allí circula habitualmente cerca de una quinta parte del petróleo consumido en el mundo, además de importantes volúmenes de gas natural licuado.
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Las amenazas iraníes llegan en medio de una nueva fase del conflicto con Estados Unidos. Durante las últimas horas, fuerzas estadounidenses lanzaron una nueva serie de bombardeos contra objetivos ubicados en territorio iraní.
El Comando Central informó que las operaciones fueron ejecutadas como respuesta a lo que calificó como una “agresión continua e injustificada” por parte de Teherán. Los ataques alcanzaron múltiples posiciones en distintas regiones del país.
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Más temprano, el presidente Donald Trump confirmó la ofensiva y anticipó nuevas acciones militares. “Los golpeamos con fuerza ayer. Vamos a golpearlos nuevamente con fuerza hoy”, declaró el mandatario estadounidense.
Las explosiones fueron reportadas en varios puntos del sur de Irán, precisamente en áreas cercanas al estrecho de Ormuz. Medios iraníes informaron impactos en localidades como Qeshm, Kargan y Sirik.
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La situación en Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación internacional desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán a finales de febrero.
El conflicto provocó fuertes tensiones en los mercados energéticos debido a la importancia estratégica de esa ruta marítima. Cualquier interrupción prolongada del tráfico comercial puede afectar el suministro mundial de petróleo y provocar aumentos en los precios internacionales de la energía.
Donald Trump reveló este miércoles que en mayo ordenó una operación militar encubierta para garantizar el tránsito de buques comerciales y petroleros por el estrecho de Ormuz, que Irán mantiene bloqueado desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. Según el presidente, el operativo permitió que más de 100 millones de barriles de crudo llegaran al mercado internacional y que más de 200 embarcaciones cruzaran el paso marítimo sin incidentes.
“El mes pasado, ordené a nuestras magníficas Fuerzas Armadas que llevaran a cabo una misión secreta para apoyar a petroleros y otros buques comerciales en su tránsito por el estrecho de Ormuz”, escribió Trump en Truth Social. En declaraciones en el Despacho Oval, detalló las maniobras: “Llevábamos sacando millones de barriles cada noche, sin luces, porque no tienen radar, porque les destruimos todo”. Trump atribuyó a ese flujo clandestino haber contenido el precio del crudo, que, según sus palabras, habría alcanzado los 250 dólares sin esa intervención.
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“Más de 200 buques comerciales han navegado con seguridad por el estrecho. Este esfuerzo, que ha sido un éxito rotundo, es posible porque los Estados Unidos de América controlan el estrecho de Ormuz”, concluyó el mandatario en el breve mensaje.
El republicano no ofreció más datos acerca del operativo para asegurar el paso de buques por la vía marítima, bloqueada por Irán desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.
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Por el estrecho de Ormuz pasa aproximadamente el 20 por ciento del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado. Irán cerró el paso el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la denominada Operación Furia Épica. El cierre dejó atrapados en el Golfo Pérsico a más de 1.500 buques y unos 23.000 marineros. El precio del crudo acumuló un alza del 35 por ciento entre marzo y abril, aunque desde entonces se estabilizó ante las expectativas de negociación, según EFE.
El Proyecto Libertad fue lanzado el 4 de mayo con destructores lanzamisiles, más de cien aeronaves y 15.000 efectivos. Duró apenas 36 horas: Trump lo suspendió el 5 de mayo alegando presiones diplomáticas y avances con Teherán. Durante el operativo, fuerzas estadounidenses hundieron siete embarcaciones iraníes y un buque de la francesa CMA CGM fue incendiado cuando intentaba cruzar sin autorización iraní.
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La tregua vigente fue mediada por Pakistán el 8 de abril y se ha extendido en varias ocasiones. A finales de mayo, ambas partes alcanzaron un entendimiento provisional para ampliarla 60 días más e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní, sanciones y libertad de navegación, según Al Jazeera. Irán posee 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60 por ciento, a un paso técnico de los niveles de uso armamentístico, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.
La decisión de Trump de revelar ahora el operativo sugiere un cálculo deliberado: afirmar dominio simbólico sobre Ormuz en un momento en que las negociaciones muestran fisuras y la tregua no ha logrado reabrir el paso de forma estable. Si el estrecho no recupera su plena operatividad, los organismos económicos advierten que el impacto sobre los precios al consumidor podría agudizarse en los próximos meses.
El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y el senador bonaerense Carlos Kikuchi encabezaron este miércoles en La Plata el encuentro “Argentina Productiva”, una jornada de debate político y económico que reunió a economistas, empresarios y referentes de distintos sectores bajo el lema “Producción, trabajo y futuro”. El evento, realizado en el Hotel Brizo, se inscribió en la construcción de un nuevo espacio político de centro y convocó a actores públicos y privados en torno a una agenda común orientada al desarrollo de largo plazo.
La elección de La Plata como sede no fue casual. La ciudad, corazón administrativo de la provincia de Buenos Aires, concentra una densidad de poder político y económico que la convierte en escenario natural para este tipo de iniciativas. El encuentro buscó trascender las disputas coyunturales y poner el foco en lo que sus organizadores describieron como los pilares de una estrategia de crecimiento sostenida: inversión, competitividad y generación de oportunidades en todo el territorio nacional. El diálogo entre legisladores nacionales, provinciales, técnicos y actores del sector productivo marcó el tono de una jornada que se presentó como una apuesta al consenso por encima de las diferencias partidarias.
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Pichetto, diputado nacional por Encuentro Federal, y Kikuchi, presidente del bloque Unión y Libertad en el Senado bonaerense, coincidieron en el diagnóstico: la Argentina atraviesa un momento de tensión entre las señales macroeconómicas del gobierno nacional y las condiciones reales que enfrentan las familias y las empresas. Esa brecha entre los datos agregados y la experiencia cotidiana de la mayoría de la población fue el eje sobre el que giró gran parte del debate.
Pichetto trazó un cuadro preciso del estado de la economía popular. “La Argentina masiva, la de los grandes centros urbanos, no logra subirse al modelo libertario. No toma crédito para expandirse, no invierte agresivamente, no incorpora personal ni apuesta al mercado interno”, señaló el legislador. Fue más lejos al describir el vínculo de las familias con el sistema financiero: “Las familias ya no piensan en el crédito para crecer o progresar socialmente, sino como un medio para administrar supervivencia”. El diagnóstico apuntó a una economía con indicadores macroeconómicos que no se traducen en mejoras concretas para amplios sectores de la sociedad.
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Kikuchi, por su parte, planteó el encuentro como una expresión del tipo de política que, a su juicio, requiere el país. “Para que la Argentina crezca se necesitan acuerdos que trascienden las diferencias políticas. Requiere mirar los datos con honestidad, escuchar a quienes producen y diseñar políticas con criterio técnico y visión de largo plazo”, afirmó el senador provincial. En ese marco, presentó la jornada como una muestra del compromiso legislativo con la construcción de “una Argentina con mayor capacidad productiva, más empleo de calidad y mejores condiciones de vida para su población”.
El economista Eduardo Setti aportó el análisis técnico más directo de la tarde. Ante los presentes, cuestionó la estructura del modelo económico vigente y advirtió sobre sus límites: “Es un modelo con ganadores y perdedores. La Argentina no puede ser un país orientado solo a la minería, energía y el campo. Hay que ocuparse también del sector industria y el comercio, que son los grandes generadores de empleo”.
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Setti también apuntó contra la política cambiaria: “Es un modelo de atraso cambiario sostenido en base a endeudamiento. Ya tuvimos un blanqueo, FMI, el Tesoro de Estados Unidos y ahora deuda privada, ingreso de dólares por ON emitidas”. El economista trazó un paralelo con la gestión anterior del ministro Luis Caputo y advirtió que en “el 2027 se espera un año con fuerte tensión cambiaria”, con lo que proyectó un escenario de presión sobre el tipo de cambio en el mediano plazo.
Ante ese diagnóstico, Pichetto anunció dos proyectos de ley que presentará en el Congreso Nacional. El primero, es la Ley de Salvataje para las MiPyMES, justificada en que “las pymes son el 98% de las firmas empleadoras del país y sostienen la mitad del empleo registrado”. El segundo, es el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, orientado a aliviar la carga financiera de los hogares. “No hay mercado interno posible si los hogares destinan cada vez más ingreso a pagar deudas cada vez menos sostenibles”, fundamentó el diputado nacional.
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El panel fue moderado por el senador bonaerense Sergio Vargas, quien sintetizó el espíritu de la convocatoria: “Es fundamental promover una agenda de consenso centrada en los desafíos que enfrenta la Argentina para recuperar competitividad, impulsar la inversión y fortalecer el entramado productivo nacional”.
