El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó este jueves una adecuación en las “normas de efectivo mínimo” con el objetivo de otorgar a las entidades financieras una mayor flexibilidad en la administración de su liquidez de corto plazo a fin de reducir las tasas de interés.
La medida, oficializada mediante la Comunicación A 8423, representa un avance en el proceso de normalización de los encajes bancarios tras las distorsiones generadas por la caída de la demanda de dinero observada durante el segundo semestre del año pasado.
A través de esta resolución, la autoridad monetaria dispuso que, con vigencia a partir del 17 de abril de 2026, la integración mínima diaria en pesos no podrá ser inferior al 65%. Esta decisión profundiza el camino iniciado en noviembre de 2025, cuando dicho límite se había reducido del 95% al 75%. El objetivo central de esta flexibilización es permitir que los bancos operen con un margen más amplio en el manejo de sus recursos diarios, lo que contribuye directamente a reducir la volatilidad de la tasa de interés en el mercado mayorista.
El esquema de encajes o efectivo mínimo es el porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizados, ya sea en cuentas en el Banco Central o en activos autorizados, como resguardo de seguridad. Al permitir que la integración diaria pueda bajar hasta el 65%, las entidades cuentan con mayor libertad para volcar excedentes al mercado o cubrir necesidades puntuales de fondos sin incumplir las normas de seguridad regulatoria.
Complementariamente, el directorio de la institución resolvió modificar las condiciones de los activos que los bancos pueden utilizar para cumplir con estas obligaciones de reserva. En concreto, la norma procede a “eliminar el plazo máximo previsto en el punto 1.3.17. y el plazo mínimo previsto en el punto 1.3.18. del texto ordenado sobre Efectivo Mínimo para los títulos públicos nacionales admisibles”. Esta remoción de topes temporales aplica para aquellos instrumentos financieros que sean adquiridos mediante suscripciones primarias.
Las Fuerzas Armadas y sus representantes civiles mantienen negociaciones contrarreloj para revertir la oficialización de un decreto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que busca reducir costos y simplificar regulaciones, propone una transformación profunda del sistema de practicaje y pilotaje y le quita atribuciones y presupuesto a la Armada para derivárselos a la Prefectura Nacional.
Es decir al Ministerio de Seguridad, con el que siempre hubo interna con la Armada y por lo tanto con Defensa en torno a cuestiones como estas y sobre quién custodia el mar y a quién le dan más o menos presupuesto.
La situación encuentra a las partes involucradas en una serie de reuniones entre jueves y viernes para intentar modificar la letra del decreto que, por un lado, reduce la obligatoriedad de lo que es la tarea de practicaje para realizar una transformación integral del sistema de formación del personal superior de la Marina Mercante, retirando escuelas y demás dependencias relacionadas que hoy están en manos de la Armada para transferirlas a la Prefectura Naval, entidad policial que no tiene expertise en esa materia.
El practicaje -la asistencia para el amarre seguro de los buques- y el pilotaje -el asesoramiento en la navegación en zonas complejas- son servicios obligatorios definidos por la autoridad marítima. Su aplicación resulta clave en áreas como los accesos al puerto de Buenos Aires y la Hidrovía. Y en ese marco, especialistas advierten que cualquier modificación sin consenso podría impactar en los estándares de seguridad bien prestigiosos que tiene la Argentina.
La Armada tiene cuatro componentes fundamentales. La flota de mar, la fuerza de submarinos, la aviación naval y la infantería de marina. Tras la debacle militar de la Argentina, la fuerza de submarinos no tiene submarinos, la aviación naval no tiene aviones de combate en este momento, y la flota de mar tiene como medio de ataque entre tres y cuatro destructores y seis corbetas, de los cuales apenas sí funcionan un destructor y tres corbetas. Subsidiariamente y como tarea colateral, tiene el control del mar, que lo hace con las patrulleras, y los intereses, la protección de los intereses marítimos, que es ahí donde impacta el decreto de la polémica.
Dentro de los intereses marítimos que la Armada tutela está la formación y capacitación del personal de la prestigiosa Marina Mercante y la representación de Argentina ante la Organización Marítima Internacional. En aras de desregular la actividad y abaratar costos Sturzenegger busca, en nombre de la motosierra libertaria, implementar un decreto que provoca enormes resistencias entre los militares y los marinos mercantes, además de preocupación en las navieras. Los uniformados quieren frenar el decreto y revertirlo pero hasta este jueves son había decisiones tomadas.
Por un lado, el sistema de practicaje -en el que ya se desempeñan también mujeres- tienen una titulación superior en la Marina, lo que elimina el decreto y por eso la Armada presiona por dar marcha atrás.
Aunque desde el lado positivo el decreto también se pretende romper con el esquema corporativo de la marina mercante, del practicaje y el pilotaje, liberaliza todo el sector en el sentido de que muchos más buques extranjeros puedan entrar sin prácticos a los puertos argentinos. Por ejemplo, un buque chino que vino más de tres veces con el mismo capitán podría entrar al río Paraná sin práctico, “lo cual es una locura que no tiene antecedentes mundiales”, señaló a este diario Fernando Morales, presidente de la Liga Naval.
De la lectura del texto del decreto, Morales se quejó de que se considere al practicaje “como un factor distorsionador de precios”; que las condiciones en las que se presta el servicio “deban ser revisadas” de manera que prevalezcan los derechos económicos por sobre la seguridad de la navegación”; y que la formación de marinos mercantes se considera “excesiva” al punto que el personal superior de la Marina Mercante egresa con título universitario. Morales consideró brutal que ello se considere ahora un requisito innecesario para que solamente sean “formados por la policía en menos tiempo permitiendo más egresos sin que importe la calidad profesional.”
El esquema tarifario vigente, señalan, no responde a decisiones arbitrarias de los profesionales, sino a parámetros regulados que contemplan variables como el tamaño de la embarcación, su calado, la duración del servicio y la necesidad de permanencia a bordo. Además, el costo es afrontado por las navieras extranjeras a través de las agencias marítimas, y representa una porción marginal dentro del valor total del flete.
Siria afirmó este jueves que asumió el control de todas las bases militares que anteriormente alojaban tropas de Estados Unidos, desplegadas durante años en el país como parte de la coalición internacional contra el Estado Islámico (IS). El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria comunicó que la transferencia de las instalaciones militares se realizó “en plena coordinación entre los gobiernos sirio y estadounidense”.
Durante los últimos meses, el gobierno islamista amplió su dominio sobre zonas del noreste que estaban en manos de fuerzas kurdas respaldadas por Washington. Al mismo tiempo, el Estado sirio se incorporó formalmente a la coalición internacional anti-IS.
Damasco, capital y sede del gobierno, interpretó el retiro de Estados Unidos como resultado de una evaluación compartida sobre el cambio de situación que motivó la intervención militar de potencias occidentales. El comunicado oficial afirma que Siria se considera ahora “plenamente capaz de liderar los esfuerzos antiterroristas desde dentro, en cooperación con la comunidad internacional”.
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó: “Se completó la entrega de todas nuestras principales bases en Siria, como parte de una transición deliberada y basada en condiciones”. CENTCOM también aseguró: “Seguimos apoyando los esfuerzos antiterroristas liderados por socios, esenciales para garantizar la derrota duradera” del IS.
El Ministerio de Defensa sirio informó que el ejército asumió el control de la base aérea de Qasrak tras el repliegue de la coalición internacional. Según la institución, la instalación quedó vacía de personal norteamericano tras la salida total.
En paralelo, la agencia AFP reportó que un corresponsal cerca de Qamishli observó un convoy de vehículos militares estadounidenses desplazándose hacia la frontera con Irak. La base de Qasrak era utilizada operaciones logísticas con destino a ese país.
En febrero, antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, fuentes diplomáticas occidentales anticipaban que la retirada estadounidense de Siria se completaría en el plazo de un mes. Las fuerzas kurdas sirias cedieron territorio ante el avance gubernamental tras recientes enfrentamientos, lo que condujo a un acuerdo para la integración gradual de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y sus instituciones civiles en las estructuras estatales.
La SDF, junto con la coalición internacional, había liderado la ofensiva que logró la derrota territorial del IS en Siria en 2019.
Estados Unidos declaró este año que la alianza con las fuerzas kurdas había cumplido su principal objetivo. El mes pasado, Siria asumió el control de la base de Rmeilan en la provincia de Hasakeh tras la retirada de la coalición. También se anunció la salida de fuerzas estadounidenses de las bases de Al-Tanf en el sureste y Shadadi en el noreste del país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores sirio sostuvo que la expansión de la autoridad estatal sobre áreas antes fuera de control es resultado de “los sostenidos esfuerzos del gobierno sirio por unificar el país en el marco de un Estado único”. El comunicado subrayó “la integración exitosa de la SDF a las estructuras nacionales y la asunción por parte del Estado sirio de la responsabilidad total en la lucha contra el terrorismo y la gestión de amenazas regionales en su territorio”.
La llamada Causa Contratos II, que involucra a las principales figuras de la política entrerriana de las últimas dos décadas, comenzó a avanzar. Tal como adelantó el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos abrió formalmente, el 23 de noviembre de 2025, la segunda etapa de la investigación por contrataciones irregulares en el ámbito legislativo.
Esta semana, los cinco exfuncionarios bajo la lupa judicial fueron emplazados a designar representantes legales. Marcos Rodríguez Allende asumió la defensa de los exvicegobernadores Adán Bahl y José Cáceres. El expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, seguirá con el patrocinio de Miguel Cullen. En tanto, el exvicegobernador José Lauritto y el expresidente de la Cámara Baja José Allende eligieron a Leopoldo Lambruschini.
La causa, que abarca el período 2008-2018, se divide en dos grandes bloques: Contratos I, que está en plena remisión a juicio —con fecha de reinicio prevista para el 26 de mayo a las 9—, y la naciente Contratos II.
El conflicto de intereses
En la primera etapa de la investigación el foco se puso en empleados legislativos e intermediarios que, según la Fiscalía, desviaban fondos públicos mediante contratos de obra falsos. De los 32 imputados originales, hoy quedan 18: 12 aceptaron la probation, el contador Gustavo Falco fue sobreseído y Esteban Scialocomo optó por un juicio abreviado.
Un punto de tensión son las calificaciones legales. Mientras los responsables de las Cámaras están acusados de Peculado Culposo —un delito con penas de multa y sin inhabilitación—, los empleados afrontan pedidos de prisión efectiva. Esa asimetría abre la posibilidad de un choque de estrategias: un empleado como Sergio Cardozo enfrenta un pedido de pena muy superior al que podría recibir su jefe político por el mismo desfalco.
Sobre este punto habría algunos “cortocircuitos” entre los representantes legales de los imputados, ya que algunos letrados estarían analizando pedir que primero se determine qué tipo de responsabilidad tienen los “jefes políticos”.
Segunda etapa
Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro apuntan ahora a establecer la responsabilidad política detrás de un perjuicio al Estado estimado en más de 53 millones de dólares.
La trama —calificada como el mayor caso de corrupción en la historia provincial— comenzó casi por azar en la primavera de 2018, cuando un agente policial advirtió que una sola persona retiraba dinero de un cajero automático en Paraná utilizando múltiples tarjetas de débito. Ese hallazgo fue el hilo que permitió desovillar una estructura de “prestanombres” y empresas fantasmas.
El laberinto judicial
Tras un largo parate por planteos de competencia que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la causa recuperó impulso en 2024. Las audiencias pusieron al descubierto una red compleja que involucraría a funcionarios, estudios contables y reclutadores de firmas. La hipótesis fiscal sostiene que el dinero sustraído no solo financió la actividad política, sino que terminó en inversiones inmobiliarias y agropecuarias de carácter privado.
Luego de que ayer SanCor, concursada desde febrero de 2025, solicitara su propia quiebra ante el juez Marcelo Gelcich, volvió a quedar expuesto el abrupto deterioro de una empresa que durante décadas fue símbolo del cooperativismo exitoso en la Argentina. Con sede en Sunchales, la cooperativa supo consolidarse como un emblema de la industria láctea nacional, hasta quedar atrapada en una crisis que terminó por llevarla a esta instancia límite.
Nacida en 1938, la cooperativa llegó a convertirse en uno de los íconos de la industria láctea nacional, con miles de productores asociados, fuerte presencia en el mercado interno y exportaciones a distintos destinos. Su crecimiento la consolidó como una referencia del sector, con plantas industriales distribuidas en varias provincias y una marca de enorme penetración entre los consumidores.
En todo ese tiempo, destacó una fuente consultada, SanCor se convirtió no solo en una usina láctea, sino que fue una compañía que hizo mucho por la lechería argentina. “Desde caminos rurales, electrificación rural, desarrollo en las regiones y formación de técnicos que hoy están trabajando en todas las industrias del país. Creó una de las principales compañías de seguro del país, SanCor Seguros,yel frigorífico Uncoga. También creó el Banco Rural que ahora pertenece a Macro. Tenía una administradora de fondos de jubilación y pensiones, Unidos AFJP, entre otras cosas”, detalló una fuente que conoció de cerca a SanCor.
Pero ese liderazgo comenzó a mostrar señales de deterioro con el paso de los años. Problemas estructurales, altos costos, pérdida de competitividad, un creciente endeudamiento y la presión sindical, indicaron, fueron erosionando la solidez financiera de la cooperativa. A ello se sumaron años de volatilidad económica y dificultades para sostener inversiones en un negocio cada vez más exigente en escala y eficiencia.
Uno de los primeros grandes puntos de inflexión llegó en 2006, cuando la cooperativa estuvo cerca de cerrar un acuerdo con Adecoagro. Sin embargo, la operación se frustró por decisión política. Fue el entonces presidente Néstor Kirchner quien ordenó parar todo y en su lugar impulsó un financiamiento desde Venezuela que gobernaba Hugo Chávez por US$80 millones.
Como contraprestación, SanCor devolvería ese crédito con miles de toneladas de leche en polvo durante 15 años. La cooperativa envió el producto y cumplió.
Después hubo un convenio de abastecimiento de SanCor a ese país, pero Venezuela no terminó de pagar: adeuda unos US$18 millones.
La cooperativa envió toneladas de leche en polvo. En tanto, empresarios privados enviaron vacas HolandoArchivo LA NACION
Aquella asistencia permitió descomprimir momentáneamente la situación financiera, pero no resolvió los problemas de fondo. La empresa continuó acumulando dificultades operativas y pasivos crecientes, mientras perdía capacidad de procesamiento y terreno frente a competidores más dinámicos dentro del mercado lácteo.
La crisis tomó una dimensión crítica en 2017, cuando la compañía inició una reestructuración profunda. Según explicó la propia empresa tiempo después, “tras atravesar una profunda crisis en 2017, la cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas”. Ese plan incluyó cierres de plantas, venta de activos y reducción de personal.
Como parte de esa reestructuración, SanCor vendió plantas industriales y marcas emblemáticas para generar liquidez. En 2019, la firma transfirió instalaciones y marcas a Adecoagro por US$45 millones, en un intento por ordenar su estructura.
Aun así, la reducción de escala no logró revertir la tendencia. La empresa siguió perdiendo participación de mercado y capacidad industrial. En paralelo, varios negocios históricos fueron quedando en manos de terceros, como las líneas de yogures y postres, lo que fue achicando progresivamente la estructura comercial de la cooperativa.
La empresa que supo procesar millones de litros diarios llegó al colapso tras una larga secuencia de deudas, pérdida de mercado y frustrados intentos de salvataje
La falta de capital fresco fue otro obstáculo decisivo. Durante el gobierno de Alberto Fernández se analizó un fideicomiso privado para rescatar la empresa, pero el proyecto nunca prosperó. No se avanzó y la firma siguió con serias dificultades.
Para comienzos de 2025, la situación financiera ya era crítica. En febrero, la cooperativa se presentó formalmente a concurso preventivo de acreedores.
En ese momento, en el sector ya advertían que el concurso podía ser la antesala del colapso final. En ese tiempo, el exsecretario de Lechería de Santa Fe, Pedro Morini, sostenía que la situación era terminal y aseguraba que el concurso era “el principio de una quiebra”.
La empresa intentó entonces un nuevo salvataje judicial. En octubre pasado presentó ante la Justicia un “Plan de Crisis”, donde admitió que “el sostenimiento de la marcha del negocio de la cooperativa durante el proceso del concurso se está tornando dificultoso sin la participación de terceros”.
La compañía ya no lograba sostener su funcionamiento sin apoyo externo, en un escenario cada vez más delicado
Ese reconocimiento dejó expuesto el deterioro operativo: menor ingreso de leche, plantas paralizadas, caída en la presencia de productos y crecientes conflictos laborales. La compañía ya no lograba sostener su funcionamiento sin apoyo externo, en un escenario cada vez más delicado.
La tensión escaló con fuerza cuando comenzaron los incumplimientos salariales. Los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea Argentina (Atilra) denunciaron deudas millonarias y reclamaron judicialmente la quiebra. Según el gremio, había una deuda preconcursal de $69.000 millones y otros $14.000 millones por obligaciones laborales impagas.
Vale recordar que en sus mejores tiempos, la cooperativa había llegado a procesar más de cuatro millones de litros diarios y a tener más de 4000 empleados, pero para septiembre de 2025 solo operaba apenas unos 300.000 litros a fasón para terceros y tenía un plantel de unos 850 operarios.
Poco después, exempleados que habían acordado retiros voluntarios presentaron otro pedido de quiebra. “La empresa tiene que pagar”, advertía el abogado patrocinante de ese grupo al fundamentar la presentación judicial.
Mientras tanto, el concurso avanzaba con datos alarmantes. Se verificó un pasivo cercano a los US$120 millones.
El juez del concurso también endureció su postura. En diciembre pasado intimó a la empresa a entregar información clave bajo apercibimiento de aplicar medidas más severas previstas en la ley concursal, abriendo incluso la puerta a una intervención judicial, lo que finalmente ocurrió con la designación de una coadministradora.
En paralelo, el derrumbe de firmas vinculadas a negocios históricos de SanCor profundizó la percepción de crisis en torno a la marca. La quiebra de ARSA,que elaboraba yogures y postres con marcas adquiridas a la cooperativa, fue otro golpe simbólico en la cadena de valor vinculada a la empresa.
En paralelo, el derrumbe de firmas vinculadas a negocios históricos de SanCor profundizó la percepción de crisis en torno a la marca
Finalmente, tras años de achicamiento, intentos fallidos de rescate, venta de activos, pérdida de mercado y creciente conflictividad laboral, llegó el pedido de quiebra. Lo que alguna vez fue una de las mayores cooperativas lácteas del país terminó atrapado en una combinación de deudas, falta de financiamiento y deterioro operativo que la dejó sin margen de maniobra.
“Es la empresa láctea que más sufrió el proceso de controles de precios, cierres de importaciones, presiones sindicales, entre otros factores”, dijo la fuente.
El pedido de quiebra presentado ayer marca un punto crítico en ese proceso y deja abierto el interrogante sobre si aún queda margen para preservar parte de una estructura que supo ser central para la lechería nacional.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acogió este jueves el anuncio de un alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano con alivio y exigencia política.
“Aplaudo el alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano, mediado por el presidente Trump. Es un alivio porque este conflicto ya se ha cobrado demasiadas vidas. Ahora no necesitamos solo una pausa temporal, sino un camino hacia una paz permanente”, escribió en X.
La tregua, anunciada por Donald Trump tras sendas llamadas con Benjamin Netanyahu y el presidente libanés, Joseph Aoun, entra en vigor este jueves a las 17.00 horas, hora del este de Estados Unidos.
Trump comunicó el acuerdo en Truth Social. “Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Benjamín Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días”, escribió.
El republicano añadió que invitará a ambos mandatarios a la Casa Blanca para las primeras conversaciones directas entre Israel y el Líbano desde 1983, y encargó al vicepresidente JD Vance y al secretario Marco Rubio trabajar en un acuerdo de mayor alcance.
Von der Leyen reiteró que Europa “seguirá urgiendo al respeto pleno a la soberanía e integridad territorial del Líbano” y que continuarán enviando ayuda humanitaria. La Comisión comprometió en marzo 100 millones de dólares para el Líbano dentro de un paquete regional de 458 millones de dólares para Medio Oriente, destinados a atención médica de urgencia, refugio y escolarización de menores.
La declaración retoma las advertencias que Von der Leyen formuló días antes: “no puede haber estabilidad en Medio Oriente mientras el Líbano siga en llamas”.
El anuncio llega tras seis semanas de ofensiva israelí que han dejado 2.196 muertos, entre ellos 172 niños, y 7.185 heridos —661 también menores—, según el Ministerio de Salud Pública libanés. Más de 1,2 millones de personas han sido desplazadas desde que Israel intensificó sus operaciones el 2 de marzo, bajo el argumento de combatir a Hezbollah, grupo terrorista chií aliada de Irán. La ofensiva amenazó con hacer colapsar el cese del fuego entre Washington y Teherán, alcanzado el 8 de abril y que expira el 22 de abril.
La tregua no despeja las incógnitas sobre el terreno. El ejército israelí no tiene previsto retirar sus fuerzas del sur del Líbano durante el período de cese del fuego, según fuentes de seguridad israelíes. Las tropas operan en Bint Jbeil, considerada por Tel Aviv el principal bastión de Hezbollah en el sur, donde la División 98 completó su cerco el lunes. El jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, había ordenado convertir todo el sur libanés hasta el río Litani en zona de operaciones permanente.
Hezbollah rechazó reconocerse vinculado por los acuerdos. Wafiq Safa, miembro de alto rango de su consejo político, declaró a Associated Press que los resultados de las negociaciones entre Beirut y Tel Aviv “no nos interesan ni nos preocupan en absoluto”. La organización condiciona cualquier diálogo sobre su desarme a un alto el fuego previo y a la retirada total de las fuerzas israelíes, posición que choca con las exigencias de Netanyahu, quien reclama el desmantelamiento completo de la milicia. Aoun rechazó establecer una llamada directa con el primer ministro israelí y comunicó su negativa al secretario Rubio.
El conflicto libanés forma parte de la guerra iniciada el 28 de febrero con la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. El bloqueo del estrecho de Ormuz, paso por el que transita el 20% del petróleo mundial, costó a la UE más de 22.000 millones de dólares adicionales en importaciones energéticas, y la Agencia Internacional de la Energía documentó en marzo la mayor caída de producción global de la historia: 10,1 millones de barriles diarios menos.
El 22 de abril, cuando expire también la tregua entre Washington y Teherán, llegará el siguiente umbral crítico de un conflicto que la diplomacia europea observa sin palancas reales para moldear su desenlace.
El empleo registrado creció solo en dos provincias durante los primeros dos años de gobierno de Javier Milei, mientras que cayó en las restantes 22, que no logran recuperar el volumen respecto al cambio de Gobierno ocurrido el 10 de diciembre del 2023.
Un informe de la consultora Politikon Chaco sobre los datos de enero dio cuenta de que solo Neuquén (+5,1%) y Río Negro (+2,3%) registran un caudal mayor de empleo que antes de la asunción de Milei, impulsadas por el boom de los hidrocarburos y el fenómeno Vaca Muerta, uno de los sectores más prósperos.
En el caso neuquino, se reportan 7.306 puestos más de trabajo, mientras que en el rionegrino esa cifra exhibe 2.425 nuevos lugares.
El estudio destaca que, si se compara los volúmenes de empleo actual respecto a noviembre de 2023, a nivel país está aún 3,2% por debajo, lo que equivale a la pérdida de 206.262 empleos desde el inicio de la era libertaria.
En sentido contrario a los dos distritos patagónicos, el resto de las provincias mostró contracciones en ese ítem. Tercera en el ranking figura Mendoza (-0,9%), seguida por San Juan (-1%), Tucumán (-2,1%), Entre Ríos (-2,2) y Santa Fe (-2,4%).
Empleo era Milei
Radiografía del empleo durante la era Milei.
CABA (-2,6) y Jujuy y Córdoba, con caídas del 2,9% cada uno, completan las primeras diez ubicaciones.
En el fondo de la tabla, Santa Cruz aparece como el distrito más golpeado, con un descenso del empleo del 15,9% durante la gestión de Javier Milei.
Con caídas fuertes pero menores se ubican Tierra del Fuego, Antártidae Islas del Atlántico Sur (-13,2%), La Rioja (-12,3%), Formosa (-11,5%), Catamarca (-11,3%) y Misiones (-9,4%).
Comparación interanual y mensual
En tanto, al comparar el empleo de manera interanual, cuatro provincias mostraron mejorías en enero: Río Negro (+2,8%), Neuquén (+2,6), San Juan (+1,6%) y Santiago del Estero (+0,9%).
Por su parte, Santa Cruz (-8,9%), Tierra del Fuego (-9,8%) y Catamarca (-10,5%) fueron las más golpeadas.
Al comparar los datos de enero con los de diciembre del 2025, se observa una pérdida de 2.667 puestos de trabajo, acumulando así ocho meses consecutivos con caídas en ese nivel.
Empleo interanual
Al analizar el desempeño mensual por sectores de actividad, hubo cuatro de ellos que registraron un incremento del empleo en el mes de análisis: la Construcción (+1,1%, aportando 4.225 nuevos empleos); seguido luego por Otros servicios n.c.p (+1,0% y 3.796 nuevos empleos), Enseñanza (+0,1% y +614 empleos) y Electricidad, Gas y Agua (+0,1% y +75 empleos)
Por su parte, Servicios de Transporte y Comunicaciones y los Servicios Sociales y de Salud no tuvieron variaciones (0,0%, aunque con saldo absoluto neto de +58 empleos entre los dos); y en los otros ocho sectores se observaron bajas en diferentes magnitudes, destacándose como las más profundas de las Industria Manufacturera (-0,3% y -3.474 empleos) y Hoteles y Restaurantes (-0,7% con -1.805 empleos).
El cruce entre Donald Trump y el Papa León XIV añadió un nuevo foco de tensión internacional y empieza a incidir en la política interna de Estados Unidos.
En diálogo con Canal E, Henrik Rehbinder analizó cómo ese conflicto, junto con la situación económica, viene debilitando la imagen del expresidente de cara a las elecciones.
Un conflicto inusual con impacto global
El analista apuntó que la disputa nació por desacuerdos sobre la guerra en Medio Oriente y por las posturas morales frente al conflicto. “Hemos tenido una inusual disputa entre dos norteamericanos: el Papa y Donald Trump por el tema de la guerra”, señaló.
El conflicto escaló cuando Trump criticó públicamente al Papa durante varios días seguidos, cuestionando tanto su papel como su postura frente a la guerra.
Repercusiones políticas y pérdida de apoyo
Rehbinder subrayó que este choque provoca efectos directos en la arena política doméstica, especialmente entre un electorado clave. “Esto lo está perjudicando con el voto de los católicos, que hoy en su mayoría están en contra de Trump”, afirmó.
El analista recordó que ese sector fue decisivo en comicios pasados, pero ahora exhibe un rechazo creciente, tanto por este enfrentamiento como por la política migratoria.
Economía e impopularidad en aumento
Además del ámbito internacional, el frente económico también complica al expresidente. “Hay solo un 38% que cree que Trump está haciendo un buen trabajo”, sostuvo Rehbinder, evidenciando el deterioro de su imagen.
Según explicó, Trump intenta revertir la situación mediante declaraciones públicas y promesas económicas, pero sin lograr mejorar la percepción social.
Ventaja demócrata y clima social adverso
En ese marco, el analista anticipó un escenario electoral complicado para el oficialismo. “Todo indica que los demócratas van a ganar el Congreso”, señaló, a partir de los resultados recientes.
También describió un clima social marcado por descontento e incertidumbre. “El humor social es depresivo, no se ve una salida clara”, concluyó, subrayando el creciente desgaste político de Trump.
El gobierno de Brasil avanzó en una investigación por presunto dumpingen las importaciones de leche en polvo provenientes de la Argentina y Uruguay. El Departamento de Defensa Comercial (Decom) de ese país emitió una “nota técnica” donde expuso los “hechos esenciales” que servirán de base para una decisión final sobre la aplicación de eventuales medidas comerciales. El documento, al que accedió LA NACION, concluye de manera preliminar que existen pruebas de prácticas comerciales supuestamente desleales que causaron un daño material a los productores de leche brasileños entre 2021 y 2023.
El documento, de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC) de Brasil, determinó que las empresas exportadoras de ambos países operaroncon márgenes de dumping que oscilan entre el 3,7% y el 61,4%. Según el informe, el volumen de las importaciones provenientes de ambos países “creció un 144,5% en el período analizado”, que ingresaron al mercado brasileño con “precios por debajo de los costos de producción locales”. Aunque también aclararon que otros orígenes registraron subas aún mayores, de hasta un 240%, “proporcionalmente mayor a las investigadas”.
El Decom destacó que se identificó que esta situación impidió a la industria doméstica brasileña ajustar sus precios frente al aumento de los costos operativos. La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) presentó una denuncia en nombre de los productores. En su argumento señaló que esto resultó en una caída de la rentabilidad y un deterioro de los indicadores financieros de los tambos en Brasil.
En el caso de investigación de presunto dumping de la Argentina aparecen firmas como Mastellone Hnos. (La Serenísima), Noal SA, Gloria Argentina, L3N SA. Sin embargo,el expediente incluye a un amplio conjunto de exportadores, que forman parte del universo de compañías bajo análisis, ya sea por su participación en las exportaciones o por haber intervenido en el proceso con presentaciones propias.
El Decom sostiene que hubo daño a productores locales y valida el concepto de “producto similar”
Por el lado de Uruguay, la investigación incluye a Conaprole —la principal cooperativa láctea del país— junto con Estancias del Lago y Claldy y la exportadora Alimentos Fray Bentos.
Las compañías son mencionadas en distintos tramos del expediente, tanto en su carácter de productoras y exportadoras investigadas como en calidad de partes interesadas que aportaron información para el cálculo de precios, costos y volúmenes.
El proceso
Elproceso se inició formalmente en diciembre de 2024 “para determinar la existencia de dumping en las exportaciones de la Argentina y Uruguay a Brasil de leche en polvo entera o descremada, no fraccionada”, según se desprende del documento. Esto se dio luego de que la autoridad brasileña considerara que las importaciones “a precios con indicios de dumping contribuyeron significativamente para el daño a la industria doméstica”.
La CNA, organismo que representa a los productores de leche cruda, sostiene que las importaciones afectaron directamente a ese segmento. “Las exportaciones […] en forma de polvo […] causarían daño a los productores de leche in natura [cruda]”, se desprende del documento del Decom, donde se destaca que ambos productos “presentan características químicas semejantes, tienen los mismos usos y pueden ser sustituidos”.
En rigor, el argumento apunta a construir la idea de “producto similar”, ya que la leche en polvo puede reconstituirse, se usa para muchos de los mismos fines y compite indirectamente con la leche fluida en ciertos segmentos. Con esa base, buscan justificar que las importaciones de leche en polvo pueden presionar precios hacia abajo en toda la cadena, incluyendo a los productores de leche cruda.
El planteo es motorizado por productores brasileñosArchivo
Sin embargo, la Argentina y Uruguay rechazan esa equivalencia y afirman que se trata de productos distintos, con mercados y estructuras de costos diferentes. Ambos países advirtieron que la investigación podría violar normas del acuerdo antidumping de la OMC si no se define correctamente la “industria doméstica”.
Uruguay rechazó la existencia de un vínculo entre las importaciones y el desempeño del sector brasileño y atribuyó las dificultades a factores internos, entre ellos condiciones climáticas adversas, mayores costos y problemas estructurales de competitividad.
En febrero pasado, el gobierno argentino había solicitado “el inmediato cierre de la investigación sin la imposición de medidas antidumping”, pero no hubo caso. La Argentina representa el 3% del total de los lácteos consumidos en Brasil.
El organismo brasileño convalidó que el análisis de daño se realice sobre un sector primario altamente atomizado, lo que amplía el alcance de la investigación más allá de la industria procesadora. La definición de “producto similar” emerge como el eje del conflicto, como se dijo, ya que de ella depende si las importaciones pueden considerarse responsables del daño alegado.
En rigor, la investigación se encuentra en una etapa previa a la resolución definitiva, en la que las partes deben presentar su defensa y observaciones al expediente. Ayer se reunieron las autoridades de la Secretaría de Agricultura con los representantes de la industria nacional y sus expertos jurídicos para unificar una estrategia. La Argentina trabaja con Uruguay para exponer su defensa.De acuerdo con la Decom, el próximo 5 de mayo se emitirá el dictamen de determinación final.
El sistema financiero argentino atraviesa un momento crítico, con niveles de mora en créditos y préstamos personales que alcanzaron registros inéditos en más de dos décadas. El fenómeno afecta a millones de familias y en menor medida a empresas, y provocó respuestas dispares entre bancos públicos, privados y billeteras digitales, en un contexto signado por la caída del poder adquisitivo, el encarecimiento de servicios y la proliferación de deudas para sostener el consumo. Mientras tanto, el Congreso debate proyectos de ley para aliviar la situación de casi cinco millones de hogares.
La morosidad se disparó en los primeros meses de 2026, de acuerdo con informes del sector. Según cálculos de la consultora 1816 la irregularidad en préstamos a familias trepó al 11%, el mayor nivel desde la crisis de 2001-2002, y en el sector no bancario las cifras rondan el 27 por ciento. El impacto alcanza especialmente a jóvenes y jubilados, mientras las cámaras bancarias y las entidades ajustan sus estrategias para evitar que más personas y empresas queden fuera del sistema.
No es raro que los bancos gestionen, otorgando facilidades, a sus clientes en problemas. Pero en la situación actual el apuro es mayor porque en simultáneo la Cámara de Diputados debate seis proyectos de ley impulsados por bloques opositores, que proponen un régimen de desendeudamiento y reestructuración de deudas de consumo, la eliminación de intereses por mora y la creación de planes de pago sostenibles. El proyecto más mencionado, “Segunda Oportunidad”, prevé la mediación estatal entre deudores y entidades financieras o fintechs, con topes para que las cuotas de refinanciación no superen el 30% de los ingresos familiares. Una regulación que aterra a las entidades financieras.
En este contexto, los principales bancos del país y las billeteras digitales diseñaron mecanismos específicos para acompañar a los clientes en mora y evitar su exclusión financiera. El abordaje varía según el perfil de la entidad, el tipo de cliente y la antigüedad de la deuda, pero predomina la gestión personalizada y el uso de tecnología para anticipar situaciones de riesgo.
Banco Provincia implementó una estrategia basada en la prevención del sobreendeudamiento y la intervención temprana. La entidad priorizó el otorgamiento responsable de crédito y estableció un sistema de monitoreo activo para identificar señales de estrés financiero antes de que los atrasos se profundicen. Según explicaron voceros, el objetivo es actuar de manera ágil y personalizada para evitar que las situaciones de mora se vuelvan estructurales y expulsen a personas o empresas del sistema.
Para clientes con mora temprana, de hasta 90 días, el banco dispuso una línea general de refinanciación de préstamos personales, con plazos de hasta 72 meses y una tasa fija del 81,78% nominal anual vigente a marzo de 2026. Los clientes pueden acceder pagando un anticipo equivalente a una cuota, o sin anticipo si perciben sus haberes en la entidad. Además, para quienes perciben hasta tres salarios mínimos (es decir menos de $1.073.400), el banco puso en marcha un programa especial con tasa fija reducida al 40,89% y extensión de plazos hasta 60 meses. Frente a casos de mora tardía, de más de 90 días, se mantienen plazos de hasta 72 meses, un anticipo del 5% -o sin anticipo para quienes cobran haberes- y, para situaciones críticas, opciones de salida definitiva de la mora, como quitas de capital o cancelación por saldo contable.
En el segmento de empresas, Banco Provincia ofrece líneas de refinanciación tanto para mora temprana como tardía, con plazos de hasta 84 meses, anticipos del 2,5% o 5% y tasas variables más spread que en marzo de 2026 equivalen al 35,16% nominal anual. Estos esquemas se aplican especialmente a deudas no judicializables. Según fuentes de la entidad, “la recuperación de mora se cuadruplicó durante el primer bimestre del año respecto al mismo período de los últimos tres años”, un dato que atribuyen a la estrategia de prevención y acompañamiento.
En el caso de Banco Nación, la política se centra en la oferta de alternativas de pago y planes de refinanciación flexibles, casi individuales. Las condiciones de los acuerdos, según fuentes de la entidad, se determinan a partir de un análisis que contempla el tipo de cliente, el monto y la antigüedad de la deuda, las garantías disponibles y la capacidad de pago. Las propuestas de regularización pueden incluir bonificaciones de intereses y plazos adecuados, siempre con el objetivo de facilitar soluciones sostenibles tanto para clientes como para el banco.
Entre los principales bancos privados, mientras tanto, la gestión de la mora también se apoya en la personalización y en el uso de tecnología. Fuentes de uno de los bancos líderes, consultadas en off the record, descartaron la existencia de campañas masivas ante el aumento de la morosidad. “El monitoreo es constante, uno a uno. Hoy la tecnología permite detectar individualmente a clientes con dificultades”, explicaron. El sistema analiza el comportamiento de cada usuario y, cuando identifica señales de estrés financiero, ofrece opciones de refinanciación con condiciones diferenciadas, como tasas más bajas y extensión de plazos. Durante el proceso, se suspenden las tarjetas de crédito y la posibilidad de tomar nuevos créditos o sobregiros, hasta que el cliente regulariza su situación.
Este mecanismo, según la fuente, busca evitar que los clientes caigan en instancias judiciales o pierdan su condición de sujetos de crédito. “La idea es preservar al cliente y ayudarlo en el momento que tiene alguna dificultad. Es un sistema personalizado y bastante automatizado”, detallaron. Los clientes pueden acceder a estos planes tanto por canales digitales como telefónicos o en sucursales, y los esquemas se adaptan al segmento y capacidad de pago de cada usuario. “No se comunica masivamente porque puede generar malestar entre los clientes que no tienen problemas de pago”, admitieron.
En Banco Santander, mientras tanto, voceros explicaron que la gestión también es individual. Al detectar que la relación entre los pagos mensuales y los ingresos de un cliente se complica, la entidad ofrece planes de pago para hacer a la cancelación más accesible. Mientras el cliente paga la línea de refinanciación, se suspenden productos como tarjetas de crédito, sobregiros y nuevos préstamos, aunque mantiene su cuenta y otros servicios. Los canales habituales para solicitar ayuda incluyen el home banking, la app de la entidad, el centro de atención telefónica y las sucursales.
En el ámbito de los bancos privados, otra entidad que prefirió no ser identificada señaló que la estrategia combina medidas preventivas en la originación de créditos, gestión del recupero y refinanciación, con extensión de plazos y mejora de condiciones para facilitar a los clientes la superación de la dificultad. La entidad también puso énfasis en la gestión de la pre mora, con acciones de educación financiera y alternativas para evitar que los clientes caigan en incumplimiento.
Las billeteras digitales, como Mercado Pago, adoptaron modelos de gestión del riesgo similares pero basados en tecnología de scoring propia, que analiza más de 3.000 variables y se actualiza en tiempo real. Según voceros de la fintech, este modelo permite otorgar líneas de crédito acordes a las capacidades de pago de los usuarios y personalizar condiciones. “Este proceso nos permite realizar una gestión de riesgo mucho más precisa y dinámica que la del sistema tradicional, personalizar condiciones y otorgar líneas de crédito acordes a las capacidades de pago de los usuarios”, dijeron.
El debate legislativo en la Cámara de Diputados introduce otro factor de presión sobre el sistema. Los proyectos en discusión cuentan con el respaldo de seis bloques opositores y apuntan a crear un nuevo régimen para deudores de consumo, con la posibilidad de reestructurar deudas, eliminar intereses por mora y establecer planes de pago con cuotas que no superen el 30% de los ingresos familiares. La iniciativa “Segunda Oportunidad” plantea la intervención estatal como árbitro entre deudores y entidades financieras y fintechs. Según datos legislativos de abril de 2026, la morosidad afecta al 40% de los jóvenes y cuadruplicó su tasa en el segmento de jubilados.
Desde una de las cámaras bancarias, una fuente consultada advirtió que no existen acciones coordinadas a nivel sectorial y que cada banco define sus propios programas, algo que prefieren por sobre una línea de rescate regulada desde el poder legislativo. “Cuanto menos se meta el gobierno, mejor. Los acuerdos entre privados funcionan mejor en estos casos”, sostuvo. Además, criticó los proyectos de ley impulsados por la oposición, al considerar que “rompen contratos” y pueden tener un efecto negativo sobre el crédito futuro, al modificar condiciones de tasa y plazo, e imponer techos que restringen el acceso. “Solo van a recibir crédito los menos riesgosos, y hay segmentos de la población que se quedan afuera”, agregó.
