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El secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton, dejará de integrar el equipo que encabeza el ministro Luis Caputo. En su reemplazo, el jefe del Palacio de Hacienda ya adelantó que esa función será asumida desde este lunes por Juan Ignacio Stampalija, que hasta hoy se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación.

“Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales. Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. También por tomarse el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana. Muchísimas gracias José!! @joseghamilton”, posteó en la red social X el ministro Luis Caputo. Y completó: “A partir del lunes, @juanistamp, quien hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación, asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional. ¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión”.

Stampalija llega a Economía con la reputación que le ganó el haber integrado junto a Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla el trío de espadas jurídicas que desde la Procuración del Tesoro de la Nación diseñaron y sostuvieron la estrategia legal que permitió revertir una condena de USD 16.000 millones en contra del Estado argentino en la justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF.

Salida cruenta

El nuevo cambio en el equipo de Caputo no tiene las características cruentas del anterior, ocurrido hace poco más de un mes, cuando el jefe de Economía “le aceptó la renuncia” (tal fue la versión oficial) a Carlos Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura y se supo a través de investigaciones periodísticas que tenía dos propiedades en Miami que no había incluido en su declaración jurada como secretario de Estado del ministerio de Economía.

En reemplazo de Frugoni, Caputo designó entonces al hasta entonces secretario de Transporte, el arquitecto, Fernando Herrmann, y en el cargo que ocupaba Hermann designó a Mariano Ignacio Plencovich.

A su vez, a fines de febrero había renunciado Alejandro Lew al cargo de secretario de Finanzas, lo que obligó a Caputo a mover alfiles: en su lugar designó a Federico Furiase, economista del riñón del caputismo, que se desempeñaba como director en el Banco Central. Lew, que había sido designado en noviembre de 2025, se fue porque su propuesta de emitir un bono, como había hecho Ecuador, en momentos en que el riesgo país estaba por debajo de los 500 puntos, había sido rechazada por el propio presidente de la Nación, Javier Milei.

En su momento, Lew, quien se había desempeñado previamente como jefe financiero (CFO) de YPF, había llegado al equipo de Caputo en reemplazo de Pablo Quirno, que dejó Economía no por disidencias sino por un ascenso: desde entonces es el ministro de Relaciones Exteriores (Canciller) de la República Argentina.

Un desprendimiento mucho más significativo y temprano fue la renuncia de Joaquín Cottani, el secretario de Política Económica, con que el equipo económico había iniciado su gestión tras la asunción del presidente Milei. Cottani se fue por diferencias significativas sobre la política económica, en particular sobre la política cambiaria del gobierno y, en línea con el pensamiento cavallista con el que se identifica, porque era partidario de un desmantelamiento más completo del cepo cambiario.

En reemplazo de Cottani fue designado poco después José Luis Daza, economista nacido en la Argentina pero que también tiene nacionalidad chilena y a quien Caputo conoce desde sus tiempos de operador en Wall Street. Otra incorporación, más reciente, fue la del economista uruguayo Ernesto Talvi, pero más en la función de asesor externo y gestor ante organismos internacionales, dada su reputación como excanciller y excandidato presidencial de Uruguay y su experiencia como funcionario del Banco interamericano de Desarrollo (BID):

El precio del petróleo subió más de un 2% impulsado por el aumento de las tensiones en Medio Oriente y por las señales de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo podrían extenderse más de lo previsto. A ello se sumó una nueva escalada militar entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, lo que reforzó la tendencia alcista del crudo en las primeras operaciones.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia para el mercado estadounidense, avanzó cerca de un 2,5% hasta situarse en torno a los 89,60 dólares. En paralelo, el Brent del mar del Norte, utilizado como referencia internacional, superó los 93 dólares por barril, con una ganancia superior al 2% respecto al cierre de la semana anterior.

El movimiento representó un cambio de tendencia respecto de los últimos días. Durante la semana pasada, los precios habían registrado una caída acumulada superior al 11% impulsada por las expectativas de un entendimiento entre Washington y Teherán que facilitara la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

Sin embargo, el escenario cambió durante este fin de semana. Informaciones conocidas en Estados Unidos señalaron que la administración de Donald Trump presentó a Irán una nueva propuesta de acuerdo con condiciones más exigentes que las discutidas previamente. La noticia redujo el optimismo de los inversores sobre una solución cercana al conflicto y volvió a instalar temores sobre posibles interrupciones prolongadas en el suministro energético.

A ello se sumó el deterioro de la situación en la frontera entre Israel y el Líbano. El ejército israelí ordenó ampliar sus operaciones terrestres en territorio libanés pese a la tregua anunciada semanas atrás. La decisión alimentó la percepción de que la inestabilidad regional podría extenderse y afectar aún más las perspectivas de seguridad para las rutas energéticas de Medio Oriente.

La posibilidad de una reapertura parcial o total del Estrecho de Ormuz había contribuido a la caída reciente de los precios. Sin embargo, nuevos reportes sobre actividades militares iraníes en las aguas cercanas volvieron a alterar las expectativas. Según distintas versiones, Teherán habría incrementado la colocación de minas marítimas en la zona, un factor que podría retrasar cualquier intento de normalización del tráfico comercial incluso si se alcanzara un acuerdo político.

El analista de mercados Tony Sycamore señaló que las preocupaciones sobre la seguridad en Ormuz continúan siendo determinantes para la evolución de los precios.

“Incluso si se alcanza un acuerdo, no traerá una avalancha de suministro”, afirmó. Según explicó, cualquier reapertura requerirá operaciones de seguridad y limpieza que podrían prolongarse durante semanas.

Las tensiones geopolíticas lograron eclipsar incluso los datos económicos procedentes de China. Durante el fin de semana se conocieron indicadores que mostraron un estancamiento de la actividad manufacturera en la segunda economía mundial, una señal que normalmente habría ejercido presión bajista sobre los precios del petróleo debido a las perspectivas de menor demanda.

Los inversores, sin embargo, concentraron su atención en los riesgos de oferta. La preocupación por posibles interrupciones en el flujo de crudo desde Medio Oriente terminó pesando más que las señales de desaceleración económica global.

Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, el mercado energético permanece pendiente de cualquier avance entre Estados Unidos e Irán. También sigue de cerca la evolución de los combates en el sur del Líbano y la situación en el estrecho de Ormuz. En un contexto donde una parte significativa del suministro mundial depende de la estabilidad de la región, cualquier cambio político o militar tiene capacidad inmediata para alterar los precios internacionales del petróleo.

(Con información de AFP y Reuters)

El presidente Javier Milei felicitó al ganador de la primera vuelta en las elecciones de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien disputará en la segunda vuelta con el candidato Iván Cepeda, quien fue respaldado por el actual mandatario colombiano, Gustavo Petro.

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe de Estado argentino señaló: “LA LIBERTAD AVANZA. Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”.

Y añadió: “Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”.

En tanto, destacó que “de repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”.

El líder del movimiento Defensores de la Patria obtuvo un 43,62% de los votos en la primera vuelta de los comicios que se llevaron a cabo este domingo en Colombia. En segundo lugar quedó el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien fue el elegido por Gustavo Petro y sacó el 41,13% en las urnas.

La diferencia entre ambos candidatos es de 559.791 y todo se definirá el próximo 21 de junio cuando se lleve a cabo el balotaje.

De la Espriella había llegado a la contienda electoral con un discurso de mano dura y rechazo a las “castas políticas”, al mejor estilo de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y de Donald Trump en Estados Unidos.

Su salto electoral ocurrió después de que se mudó a Florencia (Italia) en 2024 para alejarse un tiempo del derecho y allí empezó a considerar la idea de aspirar a la Casa de Nariño. Aunque había dicho en varias ocasiones que no entraría en política, dejó su hogar en Italia y volvió a Colombia para lanzar su campaña.

Es graduado en derecho en la Universidad Sergio Arboleda, para luego fundar su firma De La Espriella Lawyers en 2002 con solo un capital de 500.000 pesos; esa sociedad acumula activos por más de $39.000 millones, según información recopilada por El Espectador.

En 2004 creó la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), que defendía el acuerdo de Ralito entre el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y los paramilitares para su desmovilización. En ese proceso, fue miembro de la sociedad civil acompañante, y la fundación promovió foros universitarios con desmovilizados como Iván Roberto Duque e impulsó un referendo para prohibir la extradición en Colombia.

Fuera de los tribunales, ha construido una imagen personal de lujo y exhibición en redes sociales.

Apodado “El Tigre”, suele mostrarse en jet privado, conduciendo un Rolls-Royce Phantom y en sus casas de Miami, Bogotá y la campiña italiana. Además grabó dos álbumes musicales, publicó cinco libros y ha participado en series de televisión.

En el mercado de licores de alta gama, el abogado creó y comercializa el Ron Defensor y una línea de vinos italianos, Fratellone, orientados al segmento de lujo.

En moda masculina, fundó De La Espriella Style, una marca de ropa de lujo para hombres en la que co-diseña colecciones de prendas y accesorios con confección nacional y materiales importados.

En gastronomía, figura como socio y propietario del restaurante Místico y también incursionó en el sector cafetero con la marca Café Hope by Animal Voices.

La ‘Patria Milagro’, base de su plan de Gobierno

Bajo la propuesta Defensores de la Patria: El Milagro de los Nunca (o “Patria Milagro”), Abelardo de la Espriella presentó su plan de gobierno para la presidencia de 2026-2030, un programa de 13 propuestas cuyo eje político combina un discurso anticomunista, el rechazo a una Asamblea Constituyente y una agenda de intervención institucional inmediata.

Entre sus objetivos numéricos, el programa plantea un crecimiento económico de 7% anual, una reducción del tamaño del Estado de hasta 25% y que en 2030 el 100% de la contratación pública del país opere con tecnología blockchain.

En materia de seguridad e institucionalidad, De la Espriella plantea una “limpieza” institucional con intervención inmediata de las cabezas de las entidades públicas. El plan da prioridad a Ecopetrol con el argumento de eliminar corrupción y presuntos nexos con economías ilegales.

La propuesta también incluye un blindaje constitucional para prohibir de forma explícita “la combinación de todas las formas de lucha” como estrategia política. En la misma línea, el programa descarta de manera tajante una Asamblea Constituyente.

El capítulo de orden público prevé fortalecer el uso de inteligencia militar, el análisis financiero y la extinción de dominio exprés sobre bienes vinculados al narcotráfico y al contrabando. La violencia contra la mujer aparece en ese mismo apartado y queda definida como un problema prioritario de orden público.

La respuesta central del plan económico es una reducción del aparato estatal de hasta una cuarta parte mediante la eliminación y fusión de entidades de gasto público consideradas superfluas. Esa política de austeridad fiscal se acompaña de una rebaja de cargas tributarias para empresas y ciudadanos y de una flexibilización de trámites para incentivar la inversión privada.

El optimismo de los trabajadores argentinos respecto del futuro de sus sectores no está distribuido de manera uniforme. Según el informe Workmonitor 2026 de Randstad, hay rubros que generan una confianza notablemente alta entre quienes los integran, mientras que otros concentran las miradas más escépticas.

La fotografía que emerge del relevamiento —realizado sobre 752 trabajadores en el país— permite identificar con precisión quiénes confían en el porvenir de su actividad y quiénes no. En concreto, el 60% de los trabajadores argentinos se muestra optimista respecto de las perspectivas del sector en que trabaja. Pero ese promedio oculta diferencias significativas entre rubros, con una brecha de 45 puntos porcentuales entre el sector más optimista y el más pesimista.

Energía y Minería lidera el ranking con el 88% de sus trabajadores confiando en el futuro de la actividad, un nivel que prácticamente no tiene comparación con el resto de los sectores relevados. La expansión del sector en los últimos años, traccionada en buena medida por el desarrollo de Vaca Muerta y la creciente actividad minera en distintas provincias del país, se refleja en la percepción de quienes trabajan en él.

Le siguen “Logística y Transporte” y el rubro de “Consumo Masivo”, ambos con el 73%. Luego aparece el Agro, con un nivel de optimismo del 70%. Los cuatro superan ampliamente la media general y configuran el grupo de mayor optimismo del informe.

En un segundo escalón, con niveles de confianza por encima del promedio aunque más moderados, aparecen Educación (64%), Retail (63%), Industria Manufacturera (63%) y el sector Automotriz y Autopartista (63%). Servicios Financieros e Ingeniería comparten el 62%, mientras que Cuidado de la Salud y Laboratorios se ubican exactamente en la media, con el 60%.

Los sectores con mayor escepticismo

En el otro extremo del espectro, los trabajadores de Defensa son los menos optimistas: sólo el 43% confía en las perspectivas de su sector. Gobierno y Sector Público no está lejos, con el 46% —menos de la mitad de los trabajadores del Estado confía en el rumbo de su actividad—, seguido de Servicios Profesionales, donde el pesimismo alcanza al 52% de los encuestados. Hotelería y Turismo cierra la zona baja del ranking con el 55%, apenas por debajo de la media general.

Servicios de TI y Telecomunicaciones, con el 59%, y Construcción, con el 58%, también quedan por debajo del promedio, aunque por márgenes más estrechos.

La adaptación al cambio tecnológico, una deuda pendiente

Más allá del optimismo sectorial, el informe también indaga en cómo perciben los trabajadores la capacidad de sus empleadores y sus sectores para adaptarse a la transformación en curso. Los resultados muestran que esa confianza es considerablemente más baja que el optimismo general.

El 49% de los trabajadores argentinos afirma confiar en que su empleador se está adaptando adecuadamente a los cambios que atraviesa su sector. Y solo el 39% considera que el rubro en el que trabaja está mejor preparado que otros para afrontar el escenario de transformación tecnológica actual. Ese dato marca una tensión relevante: los trabajadores pueden ser optimistas sobre el futuro de su actividad y, al mismo tiempo, dudar de que sus organizaciones estén a la altura de los cambios que ese futuro exige.

Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, señaló al respecto que “más allá del contexto macroeconómico, los trabajadores mantienen en general una mirada mayormente positiva sobre la evolución a futuro de las industrias en las que se desempeñan, marcando que aún con la incertidumbre que genera el avance de la digitalización y la IA, predomina la confianza en las capacidades individuales y en la adaptación de las organizaciones frente a la transformación que están atravesando la gran mayoría de industrias y mercados verticales”.

Sin embargo, los números del propio informe matizan ese optimismo: apenas cuatro de cada diez trabajadores creen que su sector está genuinamente mejor posicionado que otros para enfrentar la transformación tecnológica. La brecha entre la percepción general sobre el futuro del sector y la confianza concreta en la preparación tecnológica sugiere que el optimismo convive con una cuota importante de incertidumbre sobre cómo se transitará ese camino.

El brote de ébola que azota el este de la República Democrática del Congo y se ha extendido a Uganda suma 43 muertos y 263 casos confirmados, con más de 1.100 sospechosos bajo investigación, según el balance publicado este domingo por Jean Kaseya, director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC). Kaseya difundió las cifras en el Financial Times y advirtió que la crisis constituye una prueba crucial para los países afectados, su institución y la Unión Africana.

Las cifras del Ministerio de Salud congoleño registran 42 muertos dentro del país y 3.200 contactos identificados, de los cuales 967 están en seguimiento. Ituri, epicentro de la epidemia, acumula 245 casos confirmados; Kivu Norte suma 15 y Kivu Sur tres. En Uganda se notificaron nueve casos y un fallecimiento. El 29 de mayo, de 70 muestras procesadas en un solo día, 54 resultaron positivas: una tasa del 77,1% que señala transmisión activa y sostenida.

Kaseya subrayó que los combates entre el ejército congoleño y grupos rebeldes han desplazado constantemente a la población a través de fronteras porosas con Uganda, acelerando la dispersión viral. Los sistemas sanitarios están saturados y para la cepa Bundibugyo no existe vacuna ni tratamiento aprobados.

Esa cepa fue identificada por primera vez en Uganda en 2007 y es una de las menos frecuentes del ortoebolavirus, con una tasa de letalidad de entre el 30% y el 50%. Antes de este episodio solo había causado epidemias en dos ocasiones: en Uganda ese año y en la República Democrática del Congo en 2012. La ausencia de vacuna y antiviral convierte al brote en un reto terapéutico sin respuesta farmacológica.

La Organización Mundial de la Salud lo declaró emergencia de salud pública de importancia internacional el 17 de mayo, doce días después de ser alertada del brote. Fue la primera vez que su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, activó esa categoría sin convocar previamente un Comité de Emergencias. El Comité, reunido al día siguiente, respaldó el diagnóstico: emergencia de importancia internacional, no pandemia.

Tedros llegó el sábado a Bunia, capital de Ituri, para evaluar la situación sobre el terreno. La víspera había viajado a Kinshasa, donde se reunió con la primera ministra congoleña, Judith Suminwa, y con el equipo humanitario de Naciones Unidas. Desde Bunia apeló a la colaboración comunitaria como herramienta central de la respuesta.

El ministro de Salud, Roger Kamba, que compartió con Tedros la rueda de prensa del sábado, se fijó entre cuatro y seis meses para contener la epidemia. Ituri concentra la gran mayoría de los casos, mientras Kivu Norte suma alrededor de veinte y Kivu Sur solo uno: una distribución que sugiere algún efecto contenedor fuera del epicentro.

Este es el decimoséptimo brote de ébola en la República Democrática del Congo desde que el virus fue identificado en 1976. El anterior, causado por la cepa Zaire en Kasai, se cerró en diciembre de 2025 tras 64 casos y 45 muertos. La recurrencia responde a factores estructurales: red sanitaria precaria, zonas selváticas con vigilancia mínima y un conflicto armado crónico que obstaculiza cualquier respuesta coordinada. Uganda cerró su frontera con el Congo el 27 de mayo, medida que tensa el comercio regional pero que Kampala consideró inevitable.

Sin vacuna ni antiviral, la contención depende de las herramientas que permitieron al Congo superar dieciséis brotes anteriores: rastreo de contactos, aislamiento temprano y movilización comunitaria. Esa experiencia acumulada es, por ahora, la única ventaja disponible frente a un decimoséptimo episodio que llega sin respaldo terapéutico.