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El consumo de nafta en la Argentina cayó 5,36% desde 2023 y el litro ya cuesta más en dólares que en Estados Unidos y Brasil, en un mercado donde los precios acumulan subas pronunciadas pero empiezan a encontrar su límite frente a una demanda que se retrae mes tras mes. En ese contexto, las petroleras Shell, Axion y Puma aumentaron la semana pasada el precio de sus combustibles entre 2% y 5%, mientras que YPF —que concentra el 55% del mercado minorista— comunicó al día siguiente un incremento de apenas 1%, el primero desde mayo.

El movimiento diferenciado de la empresa de mayoría estatal no fue casual. Con siete meses consecutivos de caída en las ventas, subir más agresivamente los precios implicaría perder aún más volumen en un mercado que ya acumula una contracción interanual del 2,19% solo en agosto. Al mismo tiempo, si YPF se queda quieta mientras las otras suben, puede captar más demanda —los consumidores migran hacia sus surtidores—, pero vende más volumen a un precio inferior al del mercado, lo que deteriora su ecuación económica. Ese equilibrio entre cuota de mercado y rentabilidad condicionó la decisión.

Los límites para aumentar

Desde el miércoles 24 de septiembre, Shell elevó 2,4% la nafta súper, 4,7% la premium y 5% el gasoil de mayor calidad. Axion aplicó incrementos de entre 2,3% y 4,2% según el combustible, y Puma, de entre 2% y 5%. YPF esperó hasta el fin de semana para confirmar su suba del 1% promedio en todo el país.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, encuadró los movimientos del mercado dentro del esquema de amortiguación de precios —denominado buffer— que las compañías del sector sostienen de forma voluntaria. “Cualquier aumento que estén haciendo está dentro de un programa de buffer, porque el aumento sería muy grande”, afirmó en declaraciones a Infobae en Vivo. El mecanismo permite absorber parte del impacto de las fluctuaciones del barril sin trasladarlas de forma inmediata al surtidor.

El contexto internacional explica la presión: el barril de Brent cotizó en torno a los USD 105 en el momento de los aumentos, muy por encima del precio de referencia interno, que refleja un valor de entre USD 80 y USD 85. Marín fue directo sobre las implicancias: “Si el precio se mantiene alrededor de los USD 100 por mucho tiempo, Argentina va a pagar a USD 100”.

El litro de nafta en Argentina es 14,8% más caro que en EEUU

Según un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), el litro de nafta súper en la Argentina alcanzó USD 1,35 en septiembre de 2026, por encima del promedio de Estados Unidos (USD 1,18) y de Brasil (USD 1,26). El litro argentino es hoy 14,8% más caro en dólares que el estadounidense, una brecha que se amplió desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, cuando la nafta acumuló una suba del 20,7% en moneda extranjera.

En pesos, el encarecimiento también fue significativo. En la Ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta súper pasó de $ 1.566 en enero a $ 2.059 en septiembre, un incremento del 31,4% en nueve meses. Ese ritmo de aumentos, sostenido a lo largo del año, es señalado por distintos actores del sector como uno de los factores que explican la retracción del consumo.

Ventas en baja

Los datos de la consultora Surtidores mostraron que en agosto se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos de combustibles en todo el país, frente a los 1.420.350 metros cúbicos de agosto de 2025, una caída del 2,19% interanual. Fue el séptimo mes consecutivo con retroceso, aunque la contracción resultó menor a la de julio, cuando el descenso había sido del 5,53 por ciento.

Por producto, la nafta súper —la de mayor peso en el mercado, con el 41% del total vendido— registró la mayor caída interanual: 3,66%. Le siguieron el gasoil común (-3,02%) y la nafta premium (-2,16%), que acumuló su cuarto mes consecutivo en baja. El único segmento que creció fue el gasoil premium, con un alza del 2,75 por ciento.

Ninguna de las siete principales compañías que operan en el país logró mejorar sus ventas en agosto respecto del mismo mes del año anterior. YPF vendió 765.835 metros cúbicos frente a los 782.089 de agosto de 2025, una baja del 2,08%. Shell, segunda en el mercado con el 22,7% de participación, retrocedió 2,06 por ciento.

El informe del IAG revela una paradoja de fondo: mientras el consumo acumulado de enero a agosto de 2026 fue de 6.477,5 millones de litros —5,36% menos que los 6.845,2 millones del mismo período de 2023—, el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) aumentó 240% en términos reales desde noviembre de 2023, más que triplicándose. Como resultado, el peso del ICL en el precio final de la nafta pasó del 8,9% en noviembre de 2023 al 19,8% en septiembre de 2026.

Pese a ese crecimiento, el Gobierno volvió a postergar la aplicación de las actualizaciones pendientes del impuesto. A través del Decreto N° 1126, publicado el 30 de septiembre en el Boletín Oficial, extendió hasta el 1° de noviembre el cronograma de actualización que había fijado a fines de agosto. La medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

La decisión se tomó días después de que las petroleras aplicaran sus incrementos en los surtidores, con el objetivo de evitar que la actualización tributaria se sumara a los ajustes ya resueltos por las empresas. El Ejecutivo apunta a consolidar la desaceleración de la inflación tras el 1,7% registrado en agosto, en un mes en que las proyecciones anticipan un posible rebote hacia el 2 por ciento.

Los incrementos diferidos corresponden a las actualizaciones acumuladas de 2024, 2025 y del primer y segundo trimestre de 2026. Por ley, esos montos se ajustan cada tres meses a partir de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque el Ejecutivo los ha diferido en distintas oportunidades a lo largo del año.

La estrategia tiene, sin embargo, un límite temporal. El economista de Analytica, Claudio Caprarulo, señaló que el impacto de los aumentos de septiembre se trasladará principalmente a octubre. Y advirtió que para 2027, un tercio del incremento en la presión tributaria previsto provendrá de la actualización del impuesto a los combustibles.

Cuando era chico, Juan Manuel Culotta quería jugar al fútbol. Su padre, Jorge Culotta, ingeniero y jugador de Pucará, el equipo que venció a Irlanda en 1952, lo convenció de probar con el rugby. Dice que allí aprendió lo que todavía aplica en su trabajo: soportar golpes, volver a empezar y trabajar para que otro se luzca.

En una lógica similar, comenzó a estudiar Agronomía, atraído por el campo y la vida al aire libre, pero la participación en el centro de estudiantes y el regreso de la democracia despertaron su interés por la cosa pública. En 1984 se pasó a Derecho y, dos años después, entró como meritorio a Tribunales. Recorrió los distintos escalones de la carrera judicial hasta asumir, en 2006, al frente del Juzgado Federal de Tres de Febrero.

En esta nueva entrega de Sr. Juez, un ciclo dedicado a explorar las experiencias, pasiones y dilemas que moldean el pensamiento de los jueces más importantes del país, Culotta repasa ese recorrido y habla de la disputa por el rumbo del Poder Judicial. Candidato al Consejo de la Magistratura por Compromiso Judicial, cuestiona las denuncias que se utilizan como herramienta de presión sobre los jueces, reclama concursos más ágiles y plantea reducir el peso de la política en el organismo.

—Cuando uno hace una búsqueda de su apellido, entre los resultados aparece una figura muy ligada a la historia del deporte argentino. ¿Quién fue Jorge Culotta?

—Jorge Culotta, además de mi padre, fue un ingeniero que fue nieto de inmigrantes, con orígenes en Burzaco, en el sur del conurbano, con el padre ferroviario, que tuvo que empezar a trabajar a los doce años. Mi abuelo, Horacio, logró tener dos hijos profesionales: mi viejo, ingeniero. En ese interín, mientras estudiaba ingeniería, jugó al rugby en el Club Pucará, un club clásico de la zona sur, y fue el primer equipo que le ganó en el año ’52 a Irlanda, un equipo de las Cinco Naciones. O sea, fue el primer equipo argentino y fue todo un festejo porque era histórico el resultado y haber logrado esta victoria. Yo me acuerdo desde chico haber escuchado todos los festejos de todos los aniversarios que había, diez años, veinte años. Él vivió hasta hace poco, hasta el 2001, así que siguió siendo casi uno de los últimos sobrevivientes de aquella época, de aquella gesta.

—¿Le inculcó esa pasión por el rugby?

—Sí. Yo al principio, cuando era chico, muy chico, cinco años, quería jugar al fútbol y él me decía: “No, no, jugá al rugby que vas a ser mejor”. Y yo al final le hice caso. Le hice caso y la verdad que lo disfruté mucho porque es un juego de equipo, me hice muchos amigos. Es un juego de esfuerzo, donde vos tenés que pasar momentos difíciles, jugás con lluvia, abajo del agua. Creo, no sé ahora cómo será, pero en mi época, si la pelota no flotaba, jugabas igual. Eso también creo que te forma como persona, te ayuda a soportar momentos difíciles físicamente y mentalmente. Así que creo que es un gran deporte. Yo lo disfruté mucho hasta los 23. Después empecé con mi trabajo y me costó seguir las dos cosas, porque el entrenamiento y todo eso lleva tiempo. Hice muy buenos amigos que seguí teniendo y creo que dejó muchas lecciones. A veces cuando uno tiene distintas cuestiones en la vida que enfrentar, creo que eso ayuda, el rugby es un deporte resiliente, donde uno cae y tiene que volver a empezar, se golpea… y además el deporte de equipo, que es fundamental para el futuro, uno aprende a distribuir roles. El rugby tiene la ventaja de que hay puestos para todos, hay puestos para los hábiles y para los brutos. Yo era un poco de los brutos. El trabajo nuestro era conseguir la pelota para que otros se luzcan. Eso es lo lindo del rugby.

—Deja el deporte cuando empieza a trabajar en el Poder Judicial. ¿Cómo fueron esos inicios?

—En el ’86.

—A la vuelta de la democracia.

—Claro, a la vuelta de la democracia. Yo en realidad estudiaba Agronomía, una carrera que no tenía nada que ver con esta, con Derecho. Y porque me gustaba el campo, me gustaba la vida al aire libre. Yo empecé Agronomía en el ’81, cuando estaba terminando la dictadura militar, y me enganché con el centro de estudiantes, con la actividad política estudiantil en ese entonces. Y también con la democracia que venía, con la primavera alfonsinista, como dicen algunos. Y la verdad que se me generó una cuestión de servicio. Yo me acuerdo que iba a comprar cuadernos al Once con mi auto, los cargaba todos y los vendíamos casi al costo en el centro de estudiantes. Uno quería dar algún servicio y a partir de ahí empecé a tener un poco más de inquietudes sociales y políticas. Y eso me inclinó en algún momento por decir: “Esto no es lo mío”, y entré a estudiar Derecho. Por supuesto que en mi casa fue un poco una crisis, porque: “¿Cómo, cómo vas a dejar la carrera?”. Y dije: “Voy a hacer las dos”. Y mi mamá no me creía. Dice: “No, no vas a poder hacer las dos”, me decía. Al final terminé enganchado en Derecho en el ’84. Y a partir de ahí empecé con los estudios y antes de terminar la carrera logré entrar a Tribunales, en el ’86.

—En ese entonces empieza esta inquietud por la cosa pública y elige hacer la carrera judicial. ¿Por qué no eligió el camino de la política partidaria?

—Me atraía más la política en su momento estudiantil, en el centro de estudiantes. Y la política partidaria no es que no me atrajo, sino que de a poco, a partir de que entré en el Poder Judicial, me fue gustando el trabajo, ir creciendo, ir aprendiendo, porque cuando uno estudia Derecho, la carrera es muy árida si no la ve en la práctica. Yo entré a un Juzgado de Instrucción de Menores, como todo el mundo de meritorio, en el ’86, y me empecé a enganchar con eso. Y ahí, de alguna forma, dejé de lado la parte política y entré en lo que se llama la carrera judicial. Pasé por todos los cargos y en el año ’90, ’91, yo trabajaba en el Juzgado de Instrucción de Menores en Capital y, salió la oportunidad de ir a trabajar al Juzgado Federal de Morón 2, que se creaba. Uno de los jueces que iba ahí había sido secretario mío y me ofreció ir a Morón. Para mí, Morón era lejísimos, yo vivía en Capital. Y a partir de ahí, siguiendo como empleado y después como secretario en el año ’91. Creo que tenía veintiocho años, bastante joven de secretario. Seguí mi carrera en la jurisdicción de San Martín, Morón, que es donde estoy ahora. O sea, ya hace como treinta años que estoy ahí.

—¿Y cómo llega al cargo de juez?

—Después de ser secretario varios años en Morón, pasé a la Cámara Federal de San Martín, también como secretario, y se abrieron los concursos. En el ’99, 2000, empezaron los concursos. Y claro, antes te enterabas que había una vacante de juez y ya estaba cubierta, porque la designación era a dedo, política. Y yo tenía un secretario, Carlos Compairet, que después fue juez federal también en La Plata, que fue el que me incentivó: “Dale, vamos a meternos en concursos, nos anotamos en todos los concursos”. Yo me anoté en concursos hasta de Ushuaia, de Mendoza, de todo el país. Tenía hijas chicas en ese momento y por ahí podía darme el lujo, hoy creo que no podría. Y ahí empezamos a concursar, quedamos bien en algunos concursos y se dio esto del Juzgado de 3 de Febrero, que por suerte fue en mi jurisdicción, así que no tuve que cambiar de destino, porque imaginate, te vas a Ushuaia, tenés que cambiar de colegio a tus hijos, tenés que hacer otra vida. Así que empecé a concursar en el 2000, 2001, 2002, y en 2003 ya me presenté a este concurso donde quedé bien y empecé un juzgado de cero, porque el juzgado no existía. Y a partir de ahí ya llevo veinte años.

—Me detengo en el proceso de selección de jueces. Usted ahora es candidato al Consejo de la Magistratura. Si fuera electo, en su primer día, ¿qué cambios haría a cómo se eligen los jueces?

—Creo que en el proceso en sí, los exámenes, por ejemplo, hay que mejorarlos en cuanto a los jurados. ¿Qué pasa? Los jurados traían un tema, el examen es anónimo, y los jurados son docentes de la universidad, de universidades nacionales. Y a veces no son especialistas en la materia. A veces un docente de Filosofía del Derecho tiene que preparar un tema de un juez penal económico y obviamente le pedirá a otro. Y a veces uno abre el sobre del examen y ve que es un tema que no es competencia de lo que se tiene que tomar ahora. Entonces creo que hay que capacitar más a los jurados para que los temas sean más acordes a la vacante que se va a cubrir. Y después se hablaba de un banco de datos de exámenes…también podría ser, exámenes bien preparados por profesionales, reservados, por supuesto, y que se abran en cada caso. Y después, los puntajes. Creo que la entrevista personal, que es por ahí lo más cuestionado a veces, ha subido puntajes en algunos casos, por ahí cuestionables, para que alguna gente esté en mejores posiciones. Entonces, si eso se tasara y se dijera, “hasta cinco, diez puntos más por la entrevista personal”, sería más justo. Eso en primer lugar.

Y después está todo el tema acusatorio ahora, donde la actividad del juez es más oral, más verbal, el juez se sienta y decide con todas las partes presentes. Entonces, ¿cómo armar un examen escrito de algo que es oral? Eso es todo un desafío. Se ha hecho en algunos lugares donde ya está el Código Procesal Penal Federal implementado, algunas veces con éxito y otras veces sin que los postulantes puedan entender cómo resolver el caso.

—En los concursos, ¿los que vienen de la carrera judicial tienen más ventaja que los que están del otro lado del mostrador?

—Yo creo que tienen ventaja por el oficio, porque uno aprende con el tiempo a redactar una sentencia, a valorar la prueba, cosa que por ahí el abogado no lo tiene. Los puntajes son equiparables, o sea, no hay ventajas de un lado o de otro. Yo creo que la diferencia se hace en la práctica diaria, en el oficio, que la mayoría de los que quedan es del Poder Judicial, o funcionarios o lo que sea, pero por eso, por el oficio, que es fundamental a la hora de hacer una sentencia, de resolver un caso. Quizás el abogado de la matrícula está acostumbrado a estar del otro lado litigando y no adentro, digamos, en la cocina.

—¿Y qué pasa con los tiempos de los concursos? ¿Qué se podría hacer para que la elección de un juez no tarde años?

—Yo creo que se pueden acortar términos. A veces algunos términos son…hay impugnaciones que resolver muchas veces, hay que darle la posibilidad de que los postulantes, si fueron mal calificados, se defiendan, o digan que otros fueron mejor calificados. Eso por ahí lleva un tiempo. Quizás se puede agilizar toda la cuestión de evaluación de antecedentes, porque todo eso va a cada consejero, se reparte y dar un término que sea más bien perentorio. A veces hay consejeros que se toman más tiempo, y después para agilizarlo también lo importante es la segunda etapa, porque muchas veces el concurso tarda, no sé, nueve meses en el consejo, que es un tiempo razonable, y después está en el Ejecutivo años hasta que el Ejecutivo decide elegir uno y mandarle el pliego al Senado. Entonces, todo el proceso a veces, a mí me pasó, que yo fui elegido bastante rápido después del proceso mío, porque di el examen en el 2003 para el Juzgado Federal de 3 de febrero y en nueve meses estaba el concurso, y fue al Ejecutivo. Y después en el Ejecutivo, simplemente para mandar el pliego al Senado, tardaron casi un año. Y es un proceso relativamente simple valorar los antecedentes. Entonces, todo ese proceso, que está compuesto por varias etapas, debería agilizarse. El Senado en general es ágil, el Senado, cuando llegan los pliegos al Senado, el Senado pone fecha y en general, si hay acuerdos, por supuesto, los trata rápidamente.

—Pasando de nombramiento a remoción. Son los dos extremos de la vida judicial. ¿De qué manera cree que puede agilizarse, por ejemplo, el proceso en caso de una denuncia hacia un juez? ¿Cómo evalúa el proceso de remoción de jueces?

—Lo que hay es dos procedimientos, el disciplinario y el de la acusación, ¿no? La mayoría de las denuncias contra jueces van a la Comisión de Disciplina, porque pueden ser pasibles de una sanción que no significa la remoción, de un llamado de atención, de una multa, de acuerdo a la falta imputada. Pero lo que advertimos con bastante preocupación los jueces es la cantidad de denuncias. O sea, primero que hay mucha facilidad ahora para hacer una denuncia, cualquiera la puede hacer, manda un mail y ya está. Y la cantidad de denuncias que hay, pero vinculadas al contenido de la sentencia. O sea, los jueces, resolvemos de acuerdo a derecho, la parte tiene el derecho a recurrir si no está conforme, la Cámara en su caso resuelve, confirma o no, o puede revocar, pero son cuestiones de opinión, muchas veces de interpretación de la ley. Entonces, mientras un juez resuelva conforme al derecho y a la Constitución no habría razón para hacer una denuncia en el Consejo. A veces se usa como una cuarta instancia, se usa como un método, como una presión: “Vos me resolvés así, yo te denuncio”. O para recusar a los jueces: “No me gusta un juez, entonces lo denuncié en el Consejo, entonces lo recuso en la causa”. Por supuesto que hay una jurisprudencia que dice que la denuncia tiene que ser anterior al hecho, a la causa, porque si no cualquiera recusaría diciendo “lo denuncié”. Entonces, creo que por ahí esos informes que hablan de que solamente un porcentaje muy bajo de las denuncias llegan a tener alguna respuesta sancionatoria para los jueces, es un informe que por ahí no tiene en cuenta la cantidad de denuncias que hay con gente disconforme con los fallos. O sea, habría que hacer un filtro en todo eso. Y para eso había una herramienta que tenía el Consejo antes, que ahora no la está aplicando por decisión del presidente de la comisión, que es el rechazo in limine. O sea, cuando algo era totalmente insustancial digamos, el cuerpo del Consejo rechazaba in limine la denuncia y el juez, porque el juez tiene que estar tranquilo también, para garantizar la independencia del juez. A ningún juez le gusta tener cuatro procesos disciplinarios abiertos, aunque sean sencillos, porque no deja de ser una molestia.

Entonces, creo que hay que agilizar todo eso y desechar lo que es insustancial, que no tiene sentido, o que tiene que ver con contenido de sentencias y quedarse con lo otro que que es muy poco. Dicen que el 80% de las denuncias tienen que ver con contenido de sentencias. Entonces queda poco y con eso poco hay que ver qué hay, si hay algún caso en el que haya que avanzar, ya sea en una sanción disciplinaria o en un jury, quedarse con esos casos y avanzar en eso.

—Lo que está diciendo es que muchas veces se usa el proceso de denuncia, o de intento de remoción de un juez, para en algún punto limitar la independencia de los jueces, del Poder Judicial.

—Sí, como una forma de presión. Como una forma de presión que a veces puede ser mediática o puede ser justamente a partir de algún abogado disconforme con la sentencia y decir “mirá, si vas a seguir fallando de esta forma, yo te denuncio”.

—¿Cuáles cree que deberían ser las prioridades presupuestarias del Consejo de la Magistratura?

—Para mí, hoy en día, las prioridades presupuestarias, además de infraestructura que tenga que ver con la parte edilicia, que el Poder Judicial tiene muchas falencias en ese sentido, hoy para mí es la tecnológica. Todo lo que tenga que ver con sistemas, con la inteligencia artificial. O sea, son herramientas que para los jueces son invaluables. Yo creo que hay que darle prioridad a todo lo que es tecnología para que los jueces tengan herramientas para resolver. Y después la infraestructura. Un juez que está en un juzgado que se le cae el techo encima, como ha pasado, tampoco está en las mejores condiciones para resolver y para actuar independientemente. Entonces, hay que atender a las cuestiones de infraestructura y a las tecnológicas, que es lo principal. El mejor ejemplo es lo que me pasó a mí. El edificio del juzgado se crea en el 2006, empieza a funcionar en una casita en Sáenz Peña, que era lo que se consiguió. Se compró un edificio en el 2007, en Caseros. Hubo distintos llamados a licitación, hubo un comienzo de ejecución de obra de una empresa que quedó trunco. ¿Qué pasó? ¿Cuándo nos mudamos? ¿Cuándo terminaron? 2024. O sea, estuvimos dieciocho años con un edificio comprado sin poder mudarnos y ahora estamos en un lugar espectacular, todos los juzgados deberían ser así pero son procesos que a veces se hacen demasiado largos. Yo probablemente, con el tiempo, con el tiempo que estuve en el edificio viejo, me jubile con el nuevo, no pueda estar el mismo tiempo que estuve en el nuevo por mi edad.

—¿Cree que la incorporación de nuevas tecnologías ayudaría a resolver uno de los grandes cuestionamientos que tiene la justicia, que son los plazos, la duración de los procesos?

—Sí, yo creo que sí, que con la ayuda bien empleada y bien instruida de la inteligencia artificial se podrían abreviar muchos plazos, resolver muchas cuestiones que por ahí requieren…o sea, la inteligencia artificial es un auxilio importantísimo. Por supuesto que hay que saber cómo usarlo. Hemos visto a veces gente que no la sabe usar tanto y ha leído la última de lo que a veces la inteligencia artificial te pregunta: “¿Querés que te dé más información o algo así?” Hasta han leído eso, ha quedado muy en evidencia que no han corregido ni actuado porque la inteligencia artificial a veces se equivoca. Entonces, eso ayudado del conocimiento y de la formación, puede ser una muy buena herramienta para agilizar los procesos.

—¿Para qué sirve la feria judicial? ¿La cambiaría?

—La feria judicial, digamos, no solamente es un receso para los que trabajan en tribunales y para los jueces, sino que también lo es para los abogados. Los abogados tienen permanentemente términos que les corren. Si no hubiera feria judicial, ellos no podrían tener un momento para descansar. No es un privilegio del Poder Judicial, sino que también tiene un sentido práctico. El horario de tribunales, que en un momento era más tarde, empezaba más tarde y se hizo desde las siete y media hasta la una y media para que los abogados pudieran atender a la tarde en sus estudios. Entonces, lo mismo pasa con la feria judicial. En la feria judicial no corren los términos, no hay audiencias fijadas, entonces sirve también para el profesional para que tenga un momento de poder tomarse vacaciones, sobre todo en los estudios chicos, porque en los estudios grandes se pueden reemplazar. Pero el profesional que tiene un estudio chico y atiende él solo con alguno más, si no estaría pendiente, le vence un término en julio o en enero y debería estar presente, contestar. Así que no es solamente para mí una cuestión de privilegio. Lo que sí, también podría ser pasible de alguna corrección si hace falta, en cuanto a que la persona que recién entra ya tiene un mes y medio de vacaciones. Quizás con la antigüedad, más allá de la feria, en la feria se queda mucha gente, se quedan guardias, entonces que aquellas personas que por ahí no tienen la antigüedad suficiente por ahí no tengan todos esos días de vacaciones.

—Estamos a pocos días de las elecciones en el Consejo y como cualquier elección tiene sus internas. Hay una escisión en la lista Celeste. Desde su lista, ¿esa división adentro de la lista Celeste puede terminar teniendo algún impacto positivo para Compromiso Judicial?

—Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue una pena la escisión, porque hay gente, nosotros nos conocemos todos, hay gente muy querida en todos lados. Y creo que la escisión tuvo que ver con la política partidaria que se metió en la interna, que eso es lo que para mí hace daño. Es una opinión personal, por supuesto. Entonces, esa escisión tuvo que ver con sectores que tenían alguna orientación política distinta y no se pusieron de acuerdo con el candidato y creo que es perjudicial para ellos. Sacaron una nueva lista y están compitiendo entre ellos. Los dos se llaman lista Celeste, así que ninguno quiso resignar el nombre. Pero creo que evidentemente esto abre un panorama nuevo, porque los votos de ellos se van a dividir, y nosotros, que en general entramos en un tercer lugar, tenemos muchas posibilidades de entrar en un segundo lugar y a eso vamos. No solamente a eso, sino que queremos que también, por supuesto, si la gente nos acompaña, podamos ingresar dos consejeros, en este caso Maggie Laiño, que es jueza de la Cámara del Crimen acá de Capital, que es la que me acompaña en la fórmula, por decirlo, de los dos primeros consejeros que pueden entrar. Si logramos un número importante de votos, podemos tener dos consejeros.

—¿Dónde reside el equilibrio entre este Consejo más politizado y un Consejo más corporativo?

—En realidad el Consejo no es corporativo en sí, porque tiene muchas corporaciones adentro. Tiene el estamento de los abogados, el estamento de los políticos y el de los jueces. El de los jueces, en realidad, es bastante reducido en función de lo que pasa en otros consejos del mundo. La ley del Consejo habla de que tiene que ser proporcional la representación y hay más políticos que jueces. Tiene mucho peso la parte política todavía en el Consejo. Entonces, lo ideal sería que el Consejo funcione con una representación bien igualitaria y bien paritaria entre jueces, políticos y abogados. De esa forma creo que se despolitizaría más.

También está el tema de si la Corte integró al Consejo. Ahora la está integrando. Yo viví los dos Consejos, el Consejo de trece y el Consejo de veinte, porque el cambio fue cuando yo estaba de consejero antes. Hay que adaptarse a que también si la Corte preside el Consejo es algo totalmente distinto, porque la Corte tiene una autoridad mucho mayor que la que podría tener un consejero que ocasionalmente es elegido presidente.

—Vuelvo al inicio de su carrera. Hablamos de esta negativa inicial a pensar en una carrera vinculada a la política partidaria. Encontró en su rol de juez y en este rol en el Consejo una veta un poco política. Está cursando en este momento una elección. ¿Le parece que se conectaron algunos puntos ahí?

—Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pensándolo de esa forma, esa cuestión política que yo tuve en los ‘80, cuando era muy joven me volvió ahora con esta especie de representación de los jueces, esta representación que asumimos para hacer lo que se llama política judicial: no es política partidaria, sino política judicial. Nosotros somos representantes y la voz de los jueces en el Consejo. Entonces, para mí es un honor que me elijan mis colegas para representarlos. Es una responsabilidad, porque también nos llaman por teléfono y nos dicen: “¿Qué pasa con esto?”. Tratamos de atender todos los llamados de la gente que tiene algún problema disciplinario o que tiene algún problema de infraestructura, que nos ha pasado con los juzgados federales del interior. Y la verdad que sí, que yo me siento otra vez cumpliendo un servicio, como cuando en su momento empecé a estar en actividad en el centro de estudiantes hace varios años.

Así que sí, de alguna forma se conectan. Yo siempre tuve esa inquietud y ahora ya con esta función que he ejercido y que me puede llegar a tocar de vuelta siento que uno puede brindar un servicio a sus colegas. Y es una cuestión que es casi parte de satisfacción personal, porque yo no logro nada a cambio de eso. O sea, yo logro estar en el Consejo, representarlos, yo en lo personal me llevo el beneplácito de poder estar ayudando a mis colegas. Pero en lo personal es eso, no tengo ninguna ventaja particular de eso, más tratar de resolver estos problemas. Y creo que eso tiene que ver con alguna vocación de servicio que me habrá quedado de aquel entonces.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica desde octubre una suba de 1,66% en los haberes previsionales, según la actualización mensual vinculada a la inflación. El incremento también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyos titulares recibirán el bono previsional extraordinario según el cronograma de pagos del organismo.

La actualización fue formalizada a través de la resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida también alcanza a las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, además de modificar las bases imponibles que se utilizan para los aportes al sistema de seguridad social.

De cuánto es la PUAM en octubre 2026

Los titulares de la PUAM de ANSES cobran un haber mensual de $348.598,81. Como la prestación se ubica por debajo de la jubilación mínima, reciben el bono extraordinario completo de $70.000, por lo que el ingreso total de octubre asciende a $418.598,81.

El Gobierno confirmó el pago del bono previsional extraordinario mediante el Decreto 1108/2026. El adicional alcanza a jubilados, pensionados, titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de la PUAM; tiene carácter no remunerativo, se acredita junto con el haber mensual y no está sujeto a descuentos.

La prestación está prevista en la Ley 27.260 y se dirige a personas de 65 años o más que no reúnen los años de aportes necesarios para jubilarse. Equivale al 80% de la jubilación mínima y permite acceder a la cobertura de salud de PAMI y al cobro de asignaciones familiares, cuando correspondan.

De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026

La actualización de octubre lleva la jubilación mínima a $435.748,51, mientras que el haber máximo es de $2.932.174,85. Los montos corresponden al aumento de 1,66% dispuesto para este mes.

Con el bono extraordinario de $70.000 ya oficializado, quienes perciben la mínima cobran un total de $505.748,51. Para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, el refuerzo es proporcional: se paga la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance ese tope.

La resolución 284/2026 también actualizó la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes que integran el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general. Desde octubre, su valor es de $199.335,05.

Por otra parte, se elevaron las remuneraciones mínima y máxima sujetas a aportes previsionales. Desde el período devengado de octubre, la base mínima es de $146.759,98, mientras que la máxima asciende a $4.769.631,49.

El aumento alcanza asimismo a las pensiones no contributivas y a las asignaciones familiares. En este último caso, se fijó que los grupos familiares con ingresos superiores a $3.209.863 quedarán excluidos del cobro de las asignaciones familiares.

La actualización de los haberes se vincula con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El incremento previsional de octubre corresponde a la inflación tomada como referencia para la fórmula vigente.

Cuándo cobro la PUAM de ANSES en octubre 2026

Los pagos de la PUAM seguirán el calendario de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo. Las acreditaciones comenzarán el jueves 8 de octubre y se ordenarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma previsto para octubre de 2026 es el siguiente:

• DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.
• DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.
• DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.
• DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
• DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.
• DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.
• DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.
• DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.
• DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.
• DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

El esquema contempla el feriado nacional del lunes 12 de octubre, por lo que los pagos que debían continuar luego del viernes 9 se trasladan al martes 13.

Los titulares pueden verificar la fecha y el lugar de cobro desde la plataforma Mi ANSES, con CUIL y clave de la seguridad social, o a través del calendario publicado por el organismo.