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Las importaciones vinculadas a los proyectos adheridos al RIGI acumularon cerca de USD 460 millones hasta agosto y registraron un salto de unos USD 140 millones en ese mes, según una compilación de datos realizada por Federico Bernini, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA).

La aceleración aparece en un momento de creciente tensión entre el Gobierno y la industria, que reclama alivio frente al costo argentino, mejoras de competitividad y reglas que preserven el desarrollo de proveedores locales.

El cruce entre ambas dinámicas quedó expuesto en la última semana durante el Día de la Industria. En la celebración organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), empresarios de distintos sectores respaldaron tanto el RIGI como el rumbo macroeconómico del Gobierno, pero advirtieron que la baja de la inflación y el orden fiscal no alcanzan para recomponer la actividad, el crédito ni el consumo.

En ese marco, el avance de las compras externas asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) empezó a sumar un nuevo eje a la discusión, porque fueron en agosto más del doble del récord mensual previo y el equivalente a una porción sustancial de todo lo importado desde enero de 2025.

Aun con esa aceleración, el volumen importado todavía luce acotado frente a la magnitud total del régimen. Los USD 462 millones acumulados hasta agosto equivalen a casi 1% de los USD 47.073 millones de inversión comprometida por los 22 proyectos aprobados. Detrás de los anuncios y las aprobaciones, distintos análisis privados sostienen que el impacto sobre la economía real sigue siendo incipiente y que la discusión de fondo pasa por cuánto de ese despliegue podrá traducirse en obra, producción y proveedores locales.

La serie también deja ver que el proceso tuvo un arranque lento. Durante los primeros meses de 2025 los montos fueron reducidos y estuvieron concentrados en pocos proyectos. La curva empezó a empinarse desde septiembre del año pasado y mostró una aceleración más marcada en el segundo trimestre de 2026, cuando se amplió la cantidad de iniciativas que comenzaron a registrar compras al exterior.

VMOS encabeza el ranking y concentra la mayor parte de las compras

En el detalle por proyecto, VMOS aparece como el principal importador dentro del universo RIGI. Según la compilación de Bernini, el desarrollo vinculado al oleoducto de Vaca Muerta acumulaba hacia agosto alrededor de USD 175 millones en bienes importados. Detrás se ubicaban Rincón Mining, con una cifra cercana a USD 63 millones, y GEAR, con alrededor de USD 68 millones.

Más atrás figuraban Luz del Campo, con un acumulado del orden de USD 40 millones; Sidersa, en torno de USD 34 millones; y TGS, con una cifra próxima a USD 30 millones. El grupo de “Otros” reunía importaciones por alrededor de USD 55 millones, lo que muestra que el mapa comenzó a diversificarse a medida que avanzó la ejecución de los proyectos aprobados.

El peso de VMOS -actualmente en el tramo final de la obra que ya está al 80%- en la serie ayuda a explicar parte del perfil sectorial de las importaciones del régimen.

Hasta ahora, la mayor parte de las compras externas estuvo ligada a proyectos de energía, minería y, en menor medida, siderurgia. Se trata de actividades intensivas en bienes de capital, equipamiento y componentes de alto valor unitario, con una demanda que muchas veces no encuentra oferta local suficiente en escala, plazo o especificaciones técnicas.

La industria discute el lugar de los proveedores locales

En el acto por el Día de la Industria, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, planteó que el sector necesita un puente entre la estabilización macroeconómica y la recuperación de la economía real, con foco en actividad, crédito, infraestructura, energía y competencia desleal.

En los pasillos del encuentro, varios empresarios también insistieron con el impacto del contrabando y de la mercadería subfacturada sobre los precios internos.

Según publicó Infobae en la cobertura del evento, el propio Rappallini advirtió que en algunos rubros los productos que ingresan por circuitos irregulares representan entre 30% y 50% del mercado, y sostuvo que esa situación no puede considerarse libre competencia, sino una forma de competencia desleal. En ese clima, el despliegue de importaciones asociadas al RIGI añadió preocupación en ramas que buscan resguardar producción y empleo local.

La tensión, de todos modos, no pasa sólo por el volumen importado. Entre empresarios y especialistas aparece una pregunta más amplia sobre qué parte de esos grandes desembolsos puede canalizarse hacia fabricantes nacionales de equipos, bienes intermedios, servicios de ingeniería o montaje.

En otras palabras, el foco está puesto en cuánto derrame productivo puede quedar en la Argentina a medida que los proyectos aceleran.

Discusión sobre competitividad estructural

La evolución de las compras externas también funciona como una medida indirecta de la competitividad local.

Cuando un proyecto de gran escala opta por abastecerse fuera del país, la decisión puede responder a razones tecnológicas, a exigencias de plazo o a la inexistencia de producción nacional equivalente.

Pero también puede reflejar brechas de costos, financiamiento, presión tributaria o escala que limitan la capacidad de la industria argentina para integrarse a esas inversiones.

Por eso, el debate sobre el compre local no se agota en una defensa cerrada del mercado interno ni en una discusión ideológica sobre importaciones. En muchos casos, remite a condiciones concretas de productividad, logística, infraestructura, acceso al crédito y régimen impositivo.

La pregunta de fondo es si la Argentina puede capturar una porción mayor del negocio que generan los proyectos del RIGI o si la mayor parte de esa demanda se canalizará hacia proveedores externos.

El presidente Javier Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete este lunes a las 10 en la Casa Rosada, en el inicio de una semana que tendrá como ejes el seguimiento de las medidas anunciadas por la cuestión Malvinas, la definición del Presupuesto 2027 y la estrategia parlamentaria del oficialismo para los próximos días.

La convocatoria se inscribe en la decisión de Milei de darle mayor frecuencia a los encuentros con su equipo y convertirlos en una instancia semanal de seguimiento político y de gestión. En la Casa Rosada prevén una dinámica centrada en el repaso de áreas, la evaluación de temas puntuales y la fijación de prioridades para la semana.

Según pudo confirmar Infobae, será la tercera reunión consecutiva en tres semanas. El Presidente había reunido a sus ministros el lunes 24 de agosto y repitió el encuentro el martes pasado, cuando uno de los asuntos centrales fue la situación vinculada con Malvinas.

Balance de las medidas por la cuestión Malvinas

En aquella reunión, el canciller Pablo Quirno expuso sobre el escenario diplomático y sobre los movimientos en torno del reclamo argentino de soberanía. De esa discusión surgió luego la decisión presidencial de hablar por cadena nacional el jueves para anunciar una batería de medidas frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion en las aguas que rodean a las islas.

Entre las decisiones comunicadas por el Gobierno figuró el endurecimiento del régimen de sanciones para las compañías que participen de la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. También se anunció el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y mecanismos orientados a la protección de infraestructura crítica y de los espacios marítimos y aeroespaciales.

En el oficialismo hicieron en las últimas horas un balance favorable del impacto inicial de esas medidas, después de que grandes compañías internacionales de servicios petroleros informaran que no participarán de actividades ligadas a la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

El Presupuesto 2027, en etapa clave

Además del frente abierto por la cuestión de las islas, el Gobierno entró en días decisivos para terminar de definir el Presupuesto 2027, que debe ser remitido al Congreso antes del 15 de septiembre.

La iniciativa aparece como uno de los principales desafíos políticos del oficialismo para el último tramo del año. En la Casa Rosada anticipan una negociación compleja con gobernadores y bloques dialoguistas, sobre todo por la discusión en torno de los fondos para las provincias y las obras públicas.

El Ejecutivo busca que el proyecto preserve como criterio central el equilibrio fiscal, uno de los ejes que el Presidente considera innegociables dentro de su programa económico. En el oficialismo esperan que el debate presupuestario vuelva a medir la capacidad de negociación de la administración libertaria en el plano legislativo.

La estrategia parlamentaria

En ese esquema tendrá un lugar relevante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado del vínculo político con los gobernadores. A la vez, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, conserva una influencia determinante en las decisiones políticas del oficialismo.

La agenda parlamentaria será otro de los puntos que sobrevolarán el encuentro. La mesa política del Gobierno viene trabajando sobre los proyectos que pretende impulsar durante septiembre, entre ellos la reforma electoral, en paralelo con la discusión presupuestaria.

La reunión llegará además después de una semana de alta exposición presidencial, marcada por el viaje de Milei a Chile, la cadena nacional dedicada a Malvinas y una nueva centralidad del Presidente y de sus ministros en la comunicación de la gestión.

La nueva modalidad de encuentros semanales apunta a reforzar el control político y el seguimiento más frecuente de cada área por parte del Presidente. La cita será este lunes a las 10 en la Casa Rosada, con asistencia de los ministros y de los funcionarios que habitualmente integran las reuniones ampliadas del Gabinete.

James Heckman, premio Nobel de Economía 2000, visitó la Argentina, donde recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad del Cema (Ucema) y participó en el evento “Vientos de Cambio”, del que también fueron parte el presidente Javier Milei y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La Ucema distinguió a Heckman como figura emblemática de la tradición de Chicago, que integra teoría, evidencia y diseño de políticas. Fundador y director del Center for the Economics of Human Development y cofundador de la Harris School of Public Policy, figura en tercer lugar del ranking mundial agregado de economistas de RePEc/IDEAS (2026) y es el segundo del mundo por número de citas.

Sus dos grandes aportes fueron la llamada “corrección de Heckman”, para eliminar el sesgo de autoselección que aparece cuando quienes participan de un programa son, desde el inicio, distintos de quienes no lo hacen, y la demostración de que la inversión en primera infancia —hasta los cinco años— genera los mayores retornos económicos, pues la estimulación cognitiva y socioemocional en entornos vulnerables reduce la desigualdad y el crimen y mejora la salud y la productividad a largo plazo. El mensaje básico es que igualar oportunidades desde el arranque es mejor y menos costoso que cualquier política redistributiva posterior.

Antes de partir de regreso a Chicago, Heckman recibió a Infobae junto a la rectora de la Ucema, Carola Pessino, quien subrayó que el economista “merecía dos premios Nobel”, por sus contribuciones teóricas y empíricas.

— Usted ha estado en contacto con Argentina durante casi 30 años. En esta visita, ¿cómo evalúa la evolución de la economía y los programas económicos actuales? Y, en ese sentido, ¿qué percibió en el evento Winds of Change?

— Me gustó el evento. Mi impresión general fue de optimismo, esperanza y planes para cambiar las regulaciones y la estructura rígida de gobernanza que sofocó a la economía y su desarrollo.

El optimismo es bueno, pero hubo menos detalles de los que me habría gustado ver. Fueron más declaraciones de principios generales que sobre políticas específicas. No vi muchas propuestas prácticas.

— ¿A qué tipo de propuestas o detalles se refiere?

— A los programas de ayuda en primera infancia, por ejemplo. Y también cosas relacionadas con cómo se financiará la seguridad social, cuál será la forma en que se organizará. Parte de esto se discutió: cómo podríamos reformarla individualmente, en conversaciones privadas o semiprivadas que tuvimos con algunos ministros del gabinete. Propusimos formas de fortalecer la escuela intermedia y contar con una fuerza laboral más capacitada, pero con foco en habilidades más allá de la educación universitaria. Habilidades prácticas de servicios, certificados y cuestiones de ese tipo.

Las reformas y la teoría del segundo mejor

— En el evento, el presidente Milei respondió frontalmente a críticas a sus políticas. ¿Cómo deben balancearse las convicciones sobre cuál es una política correcta con los resultados económicos, políticos y sociales, que suelen tardar más tiempo y tener más matices?

— Hay algo en economía que se llama la teoría del segundo mejor, que trata sobre cómo se hace una reforma desde una situación distorsionada. Supongamos que tenemos algún tipo de impuesto, una política migratoria o alguna distorsión en alguna parte.

El instinto natural de muchos economistas es decir que deberíamos eliminar esas políticas que distorsionan. Eso es bueno. Pero si hay muchas distorsiones, no necesariamente eliminar una mejora la situación. Es posible que se necesite un paquete. Si elimino una distorsión y quedan muchas otras, puede que el resultado sea incluso peor. Si alivio la presión en un lado de la economía, puedo crear una presión mucho mayor en otro. Por eso hay que pensar en todo el sistema y cómo hacer las reformas. Las de la seguridad social, el mercado laboral y la salud deben ir juntas porque afectan el presupuesto.

— ¿Deben ir todas juntas o debería haber una secuencia?

— Puede haber una secuencia, pero también puede haber un paquete. Y la razón por la que podría ser un paquete es que las personas pagan por esos servicios. Si se cambia el precio de un servicio, pero se mantienen distorsionados los otros, se podría acentuar la distorsión en los demás sectores.

Imagine que hay múltiples distorsiones impositivas y se elimina una sobre la inversión. Ahora las personas pueden invertir y colocar capital en ese sistema. Pero, si aumenta la inversión debido al impuesto más bajo, lo que puede ocurrir es que el mayor volumen de inversión atraído inicialmente ejerza una presión muy fuerte sobre los sistemas restantes: el tipo de cambio y otras partes del sistema.

— Algunos economistas dicen que es lo que está ocurriendo ahora en la Argentina. También hay una tensión sobre incluidos y excluidos en la discusión pública acerca de la política económica.

— Exacto. Es un asunto enorme dentro de la coalición. Esto es cierto en muchos Estados de bienestar. Assar Lindbeck (economista sueco) y Dennis Snower (alemán) mostraron que muchas políticas favorecen al grupo que está dentro. Por ejemplo, los sindicatos protegen el statu quo de los trabajadores individuales. Pero, si los precios —salarios— suben y la demanda baja, minorías, mujeres y otros grupos quedan excluidos del sistema. Se crea un grupo de personas protegidas y otro de excluidas.

— ¿Cómo se balancea sostener políticas basadas en convicciones, como las que tiene Milei, y los resultados económicos y políticos, que pueden condicionar el éxito o la viabilidad de esas políticas?

— Es una buena pregunta. Como respuesta, se podría decir: “Bueno, en el largo plazo estarán mejor”. Es lo que me preocupa que esté sucediendo. Las personas dicen: “Vamos a hacer todos estos recortes, vamos a cambiar la economía y tal vez los beneficios se cosechen dentro de cuatro años, después de las elecciones”. Muchas políticas públicas tienen retorno a largo plazo. Es un equilibrio muy delicado. Hay un problema similar en Estados Unidos. La Oficina de Administración y Presupuesto, la OMB, tiene un criterio según el cual los beneficios deben valorarse en un período máximo de siete años.

En este punto, Carola Pessino afirma que “en Argentina el Gobierno eliminó el déficit fiscal del 5% del PBI, la economía creció y se redujo la pobreza, en un “buen equilibrio”. En la mayoría de los países, señala, un recorte del 2% del PBI produce una gran recesión, que acá no hubo.

Se trata de un equilibrio delicado, acota Heckman, y retoma la palabra.

— Se actúa con cierta ignorancia. No es una ignorancia deliberada, sino que no conocemos realmente todos los componentes de un sistema determinado. Por eso existe el riesgo de ir demasiado lejos en una dirección y no avanzar en otra. Creo que, hasta ahora, eso no ha ocurrido con estas reformas en Argentina, pero siempre se transita un camino peligroso.

Argentina construyó muchos ferrocarriles en el siglo XIX, pero los beneficios tardaron años en llegar porque se desarrollaron los pueblos y todo el país se adaptó a la disponibilidad de ese transporte. Pero lleva tiempo.

Lo mismo ocurre con la educación. El beneficio de educar a un niño llegará 20 o 30 años después. El público debe estar informado o debe conocer esas consecuencias, comprenderlas y, de buena fe, acompañar la idea de que esto llevará a un mayor progreso. Es el equilibrio intertemporal que debe lograrse, el hecho de que los beneficios llegarán más adelante. Los políticos tienen problemas con eso. También ocurre en mi país.

— ¿Habló con funcionarios del gobierno?

— Hablé con Milei, Luis Caputo y Jose Luis Daza, del Ministerio de Economía, y con Sandra Pettovello, de Capital Humano. Milei tiene una mente muy activa, encontré muy estimulante hablar con él. Está interesado en muchas ideas. Tiene mucho entusiasmo. Es muy ambicioso y tiene ideas básicamente buenas, pero no entramos en detalles, así que no puedo comentar específicamente sobre ningún plan en particular. Lo que sí puedo decir es que el clima general es bueno.

Sí entramos en algunos detalles con Caputo, Daza y también con Pettovello sobre formas de mejorar la capacitación de trabajadores semicualificados: personas que no van a la universidad, pero necesitan habilidades, como plomería, electricidad, reparación de computadoras y capacidades técnicas asociadas con las nuevas tecnologías.

Por caso, la salud utiliza cada vez más tecnologías avanzadas y las personas podrían capacitarse en esas tecnologías en un período relativamente corto: tal vez en seis meses. Pronto saldrán nuevas máquinas de General Electric y de empresas alemanas de equipos eléctricos y electrónicos para la salud: máquinas de rayos X o de diagnóstico que requieren cierta capacitación. Mi percepción fue que en Argentina —y creo que ellos estuvieron de acuerdo— hay demasiado énfasis en la educación académica en comparación con este otro tipo de educación práctica, orientada a las habilidades, que podría promover capacidades, facilitar la adaptación y atraer a más empresas y trabajadores.

La inversión en los primeros años

— ¿Cómo llegó a la conclusión de que la ayuda más importante es la que se recibe entre el nacimiento y los cinco años de edad?

— Yo trabajé muchos años en la formación de habilidades, en programas de capacitación laboral y economía de la educación. A medida que trabajaba sobre estas cuestiones, comprendí que tener una base sólida antes de entrar a la escuela era muy importante para alcanzar resultados en la escuela o recibir capacitación laboral después.

— Usted enfatizó que el desarrollo durante la primera infancia es clave para lograr buenos resultados. Se entiende, por motivos como la nutrición y el desarrollo cognitivo, pero llama la atención porque básicamente excluye casi todos los años de formación escolar.

— El período del que hablamos llega, al menos según los conceptos de Estados Unidos, hasta algo así como el tercer grado. No es solo una cuestión de cero a cinco años. Hay mucho trabajo que sugiere flexibilidad en la formación. Hay un período, hacia los últimos años de la escuela primaria y los años previos a la escuela intermedia, en el cual el desarrollo de habilidades no se ralentiza, pero tampoco prospera con tanta rapidez. Luego hay otro en el cual vuelve a acelerarse, durante la adolescencia. Tiene que ver con fenómenos biológicos.

Las personas desarrollan entonces la corteza prefrontal, control y capacidad de decisión. Hacen cosas que, como contraparte biológica, surgen durante los años de la adolescencia. Los primeros años son muy importantes para sentar las bases, pero el aprendizaje es continuo. Siempre se aprenden nuevas habilidades. A medida que avanzamos en el ciclo de vida, estas se vuelven más sofisticadas y más profundas. Se construyen unas sobre otras, pero son distintas y tienen estructuras muy diferentes.

— El gobierno de Milei recortó algunos presupuestos sociales y educativos, pero aumentó en términos reales otros, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), orientada a la primera infancia. ¿Sería el enfoque correcto? (Carola Pessino aclara que Heckman habla de trabajar con la familia, no de dar transferencias de dinero.

— Exacto. Cuando vemos el uso de transferencias en Estados Unidos, las estudiamos. Hay todo un movimiento que fue muy popular y todavía tiene seguidores a favor de una renta básica universal o algún apoyo para los niños en sus primeros años, mediante transferencias de efectivo. Pero esas medidas son mucho menos eficaces de lo que se pensaba.

Algunos estudios recientes lo han calculado, con seguimiento de largo plazo, y concluyeron que básicamente no hay beneficios de estos programas de transferencias en efectivo para promover las habilidades que importan en la vida.

Los programas efectivos tienen mucho más que ver con la interacción directa con el niño. Y la forma en la que esa interacción se desarrolla suele ser con el padre o la madre y en entornos que generen apego o permitan que el niño experimente, pruebe ideas, falle y así sucesivamente. Eso es más eficaz que las transferencias de efectivo.

El papel de los padres y cuidadores

— ¿Y quién hace eso?

— Los padres, cuidadores sustitutos o personas relacionadas. Muchos padres o potenciales padres no entienden realmente su propia importancia para ayudar a moldear las habilidades de los niños. La subestiman. Y no tienen una buena orientación sobre cómo interactuar con sus hijos para desarrollar esas habilidades. Por fortuna, se hicieron muchos estudios que muestran, en esencia, cómo se pueden producir esas habilidades de manera eficaz.

Si estimulamos esos primeros años al incorporar a los padres, porque los padres están con los niños durante toda su vida, o a los cuidadores, eso ofrece una nueva vía de acción. No se trata de una escuela a la que los niños asisten o se inscriben. Se trata, en esencia, de que los padres interactúen con los niños, los estimulen y quizás incluso trabajen con ellos en el aprendizaje escolar. Pero la interacción es lo central.

— ¿Qué ocurre si los padres son parte del problema o no pueden brindar esa asistencia?

— Hay dos etapas en eso. Nosotros trabajamos mucho en China, por ejemplo, con la Fundación para la Investigación del Desarrollo de China. Hay un joven profesor asociado de la Universidad de Hong Kong llamado Zhou Chen y un grupo de personas de la Fundación que trabajan en esto. Hemos analizado y aplicado este enfoque en el oeste de China, y luego en todo el país.

Lo menciono porque en China muchas personas migran del oeste a la costa este, donde están las fábricas, y dejan a sus hijos atrás. Entonces las intervenciones tienen lugar con los cuidadores. Con frecuencia son los abuelos, hermanos mayores u otros familiares. Aunque es menos probable que la madre se vaya, a veces sí se va. Entonces la intervención vuelve a realizarse con el cuidador, que con el tiempo será un familiar cercano o un amigo que cuide al niño.

Es una modalidad muy extendida. ¿Es igual de eficaz? La respuesta es no. Cuando se trabaja directamente con los padres, es mucho mejor, en parte porque los cuidadores de los niños tienen menos educación. Son mayores. Muchos son los abuelos del niño y son menos ágiles, menos activos, menos involucrados; por eso obtenemos efectos menores. Pero de todos modos se logran efectos.

El peor escenario sería que el niño estuviera en un orfanato o que no tuviera a nadie que lo apoyara. En algunas sociedades occidentales, eso es un problema mucho mayor. La idea de familias que abandonan a sus hijos es bastante poco frecuente. Pero en Estados Unidos y otros países, sin dudas, es mucho más común.

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei cuestionó el avance de Sea Lion, el proyecto petrolero que prevé extraer crudo en aguas cercanas a las Islas Malvinas y, en tal sentido, anunció un paquete de medidas destinadas a impedir que empresas extranjeras exploten recursos argentinos en territorios nacionales ocupados por el gobierno británico.

En concreto, Sea Lion es una iniciativa petrolera mar adentro situado en el Atlántico sur. Si cumple el cronograma anunciado, se convertirá en el primer desarrollo de crudo en aguas próximas a las islas argentinas. Las empresas responsables aprobaron la decisión final de inversión a fines de 2025, después de concluir las evaluaciones técnicas, económicas y financieras necesarias para avanzar con la explotación.

La resolución activó el calendario de obras, perforaciones y desembolsos que definirán el desarrollo del yacimiento durante los próximos años. También volvió a colocar en el centro el reclamo argentino sobre la explotación de recursos naturales en el área bajo disputa de soberanía.

El emprendimiento pertenece a Navitas Petroleum, de Israel, y a la británica Rockhopper Exploration. Navitas ingresó en 2020 con la compra del 30% de participación y luego incrementó su presencia hasta asumir la operación del proyecto y controlar el 65%. Rockhopper conserva el 35% restante.

Rockhopper comunicó el descubrimiento de petróleo en mayo de 2010. El anuncio despertó entonces expectativas sobre la eventual generación de ingresos petroleros para los habitantes de las islas. El yacimiento pasó después por una sucesión de estudios y revisiones hasta que las dos firmas aprobaron la inversión definitiva en diciembre de 2025.

Sea Lion está ubicado a aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una zona donde el fondo marino alcanza los 450 metros de profundidad. El desarrollo abarca las licencias de producción PL032 y PL004b, dentro de la cuenca Malvinas norte.

Según información de Navitas, al 31 de julio el campo registraba reservas probadas y probables de 314 millones de barriles. La primera etapa prevé una capacidad de producción de 50.000 barriles por día y fija marzo de 2028 como fecha estimada para la extracción inicial.

El presupuesto hasta el comienzo de la producción asciende a 1.800 millones de dólares. El plan contempla además otros USD 2.100 millones para las etapas posteriores de explotación, previstas durante unos 30 años. En total, son USD 3.900 millones estimados para todo el proceso.

La ejecución se dividirá entre dos sectores y cuatro fases. El primer tramo se desarrollará en el Área de Desarrollo Norte, identificada como NDA. Allí se perforarán 11 pozos submarinos, vinculados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO por sus siglas en inglés.

La segunda fase de esa área comenzaría tres años después del inicio productivo e incorporaría 12 pozos adicionales. El programa también incluye el Área de Desarrollo Central, o CDA. Su primera fase contempla 20 perforaciones y proyecta el inicio de la extracción hacia fines de 2030. Luego se sumarían otros 18 pozos dentro de una segunda etapa.

El diseño integral prevé así dos zonas de desarrollo, cuatro etapas de perforación y más de 60 pozos submarinos a lo largo de varios años.

Los anuncios del Gobierno

Milei anunció un paquete de medidas para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y elevar las sanciones contra las empresas que exploten petróleo u otros recursos naturales nacionales sin autorización de la Argentina.

En primer lugar, el jefe de Estado adelantó la firma de un decreto para agilizar la aplicación de las penalidades previstas en la Ley 26.659. La norma apunta a las compañías que participen en proyectos de extracción de hidrocarburos en territorio argentino bajo ocupación británica. El Ejecutivo también buscará mejorar los mecanismos de detección e intercambio de información para identificar a las firmas involucradas y a sus accionistas, directores y proveedores.

La medida prevé inhabilitar para operar en la Argentina a las empresas que intervengan, de forma directa o indirecta, en desarrollos petroleros en las islas sin autorización nacional. La intención oficial es que las compañías deban optar entre continuar en esos proyectos o mantener actividades comerciales en el país.

Además, el jefe de Estado anunció un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa. Los fondos tendrán como destino prioritario la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y el fortalecimiento de las telecomunicaciones. Según el Gobierno, esa infraestructura buscará consolidar la capacidad logística argentina en el Atlántico sur.

El Ejecutivo enviará también al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. La iniciativa propone endurecer las sanciones de la Ley 26.659, extenderlas a los proveedores de las empresas involucradas y prohibir que los infractores contraten tanto con el Estado como con el sector privado argentino. El texto contempla, a la vez, la aplicación del juicio en ausencia en los casos en que corresponda y la ampliación del régimen a otras actividades que afecten recursos naturales en las islas.

La iniciativa incluye la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá la tarea de fijar una política obligatoria para las distintas áreas del Estado. Ese organismo articularía acciones entre Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y establecería criterios para proteger infraestructura crítica y los espacios aéreo, marítimo y espacial del país. El Gobierno pedirá, a su vez, facultades para responder con medidas económicas y diplomáticas ante actores estatales o privados que considere una amenaza para la seguridad nacional.