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La llegada de Lumumba Vea a Guadalajara marca uno de los momentos más esperados por los seguidores de la selección nacional de la República Democrática del Congo en el Mundial. Michel Kuka Mboladinga, así se llama el hincha, arribó a México después de cumplir las restricciones sanitarias impuestas por el brote de ébola en su país. El partido clave se juega este miércoles, y Mboladinga estará en las gradas para alentar a su equipo contra Colombia.

Este seguidor, de 49 años, se convirtió en una figura reconocida por su peculiar forma de animar a los Leopardos, como se conoce popularmente al equipo congoleño. Videos publicados en sus redes sociales confirmaron su arribo a México a última hora del lunes.

El impacto de su figura se consolidó durante la Copa Africana de Naciones de 2025, celebrada en Marruecos, donde su actitud y presencia llamaron la atención internacional. La polémica se desató cuando el delantero Mohamed Amoura, del equipo argelino, se burló de él tras la eliminación congoleña, hecho que llevó a la Federación Argelina de Fútbol a presentar disculpas públicas a Mboladinga.

El hincha faltó al debut del Congo debido a la exigencia de cuarentena en un tercer país, una medida adoptada por las autoridades estadounidenses para quienes llegan desde regiones afectadas. La ausencia de Mboladinga resultó notoria durante el empate (1-1) de la selección congoleña ante Portugal.

Durante los partidos, Mboladinga se distingue por su vestimenta formal, trajes de colores, corbatas y gafas. Permanece inmóvil durante los 90 minutos de juego con el brazo derecho elevado, emulando la imagen de la estatua de Patrice Lumumba, líder de la independencia congoleña y primer jefe de Gobierno tras el fin del dominio colonial belga en 1960. Muchos aficionados y medios lo describen como la “estatua humana” de la República Democrática del Congo.

Lumumba Vea, figura central de la hinchada congoleña

A diferencia de otros seguidores, Michel Kuka Mboladinga opta por permanecer absolutamente quieto durante los partidos. Mantiene el brazo elevado y muestra una expresión seria, sin celebrar ni reaccionar ante goles, penales o jugadas decisivas. Esta conducta generó una imagen viral y lo convirtió en referencia obligada al hablar de la hinchada del Congo.

El propio Mboladinga explicó que su actitud busca transmitir fuerza y energía al equipo. Los jugadores solicitaron su inclusión en la delegación oficial para el Mundial, después de su protagonismo en la Copa Africana de 2025. La federación accedió a este pedido, lo que refuerza el vínculo entre el hincha y el plantel nacional.

Contexto del partido entre Congo y Colombia

La selección congoleña se mide ante Colombia en un encuentro decisivo para sus aspiraciones en el Mundial. El equipo llega con un punto tras empatar frente a Portugal y busca avanzar a la siguiente ronda, un objetivo que los jugadores consideran histórico para la República Democrática del Congo.

La presencia de Lumumba Vea en el estadio de Guadalajara suma un elemento particular al ambiente del partido. Su imagen, viralizada en redes y medios internacionales, acompaña el esfuerzo del equipo en un contexto marcado por desafíos sanitarios y deportivos. La expectativa por su actitud en las tribunas crece entre los seguidores y la delegación.

Michel Kuka Mboladinga, con su conducta distintiva y su fuerte identificación con la historia del país, acompaña a los Leopardos en uno de los momentos más relevantes del fútbol congoleño reciente.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunirá en tres tandas distintas con senadores de La Libertad Avanza en su despacho de la Casa Rosada. Fue una decisión que tomó este fin de semana junto al círculo de confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El objetivo es explicarles sus argumentos respecto de su situación política, que se encuentra comprometida por la embestida que impulsan senadores de la oposición a través de un pedido de interpelación.

Serán tres reuniones con diferentes legisladores: a las 11.30, a las 13 y a las 16 horas. Todas se desarrollarán antes de la reunión de Labor Parlamentaria que está prevista para las 18 en el Palacio del Congreso, donde la intención del bloque oficialista que preside Patricia Bullrich es modificar lo acordado en el mismo encuentro celebrado la semana pasada, cuando se acordó ir al recinto con un organigrama que comprendía que la interpelación a Adorni se resolviera por mayoría absoluta. Ahora buscan que esto sea a través de dos tercios de los presentes.

En ese contexto, Bullrich confirmó que no asistirá a ninguno de los encuentros en Casa Rosada porque tiene que trabajar en la estrategia parlamentaria para poder seguir mejorando la posición del jefe de Gabinete en el Senado.

La convocatoria tiene varias subtramas: por un lado, no hay un convencimiento absoluto de los senadores convocados por ir a la Casa Rosada. “No sé qué pretende. Yo no tengo nada que escuchar, sinceramente. Iré, escucharé y me volveré al Senado”, manifestó una importante voz del bloque que tenía previsto ir a ver al jefe de Gabinete.

El tenor del encuentro no es menor. Adorni también pretende ver cómo sigue la agenda legislativa del Senado, la cual está paralizada por la avanzada opositora sobre su figura. En esa situación se encuentran los pliegos judiciales que quiere acelerar el ministro Juan Bautista Mahiques, y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que redactó el ministerio a cargo de Federico Sturzenegger. La reforma electoral que pidió priorizar el presidente Javier Milei también se encuentra en un limbo debido a que la interpelación al jefe de Gabinete está en la agenda pública más urgente.

Por este último proyecto pujan operadores políticos del oficialismo como el ministro del Interior, Diego Santilli, y el estratega nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem. Incluso, senadores de la oposición los vieron más activos que de costumbre en las últimas dos semanas, en lo que refiere a la interlocución con bloques opositores.

Esto fue interpretado como una suerte de intromisión a la esfera de influencia que tiene Bullrich sobre el Senado. Al establecerse los roles de coordinación política una vez establecida la mesa política a fines del año pasado, se determinó que la exministra iba a tener la competencia sobre la Cámara alta. En el último tiempo, el karinismo comenzó a dar muestras de injerencia en esa área sin haber sido coordinadas con la jefa de bancada.

“Están el Colo y Lule teniendo más manejo”, admiten en el círculo de la hermana presidencial, desde donde no ocultan ya su intención de quitar el monopolio de las negociaciones del Senado. Desde el sector de la senadora nacional ven estos manejos y marcan: “Están nerviosos en el Equipo Rocket, pero nosotros estamos muy ocupados en seguir trabajando todo el día”. La denominación es marca registrada de usuarios de redes sociales vinculados a Las Fuerzas del Cielo, que comparan así al karinismo con el grupo de villanos de Pokémon.

No sólo en el ala de Bullrich no entienden la jugada de Adorni y compañía de llamar a reuniones con senadores nacionales. Desde un importante despacho oficial manifestaban: “No se va a interpretar como una reunión de trabajo positiva. Lo único que va a interpretar la gente es que sólo se va a buscar blindar a Manuel. Y ciertamente es una provocación a Patricia cuando no estás en posición de hacerlo. Le estás regalando una devolución. O sea, que te vaya a mear en la próxima”.

El punto central de la controversia es cómo tratar el proyecto de resolución impulsado por el jefe del bloque kirchnerista José Mayans para avanzar con una interpelación a Manuel Adorni. La discusión gira sobre si, al no tener dictamen, necesita una mayoría de dos tercios para ser habilitado en el recinto. Ese asunto ya había sido conversado durante horas y parecía claro para Bullrich y para el resto de los presentes en la reunión del miércoles pasado. Aun así, la ex ministra sostuvo la reinterpretación que fue acompañada por Mayans, mientras los representantes oficialistas en esa mesa mantuvieron una actitud pasiva.

Ese entendimiento entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo detonó el malestar de los aliados. La tensión llegó a tal punto que la propia Bullrich debió improvisar una breve reunión con integrantes de su bloque que objetaron la posición adoptada en Labor Parlamentaria.

Durante el fin de semana anterior y luego en la reunión del miércoles, Bullrich se reunió con sectores dialoguistas para fijar la sesión el 25 de junio y anticiparse al pedido que ya impulsaba Mayans para votar la interpelación al jefe de Gabinete. Si esa iniciativa se activara, Adorni tendría que presentarse ante el recinto siete días después. En caso de superar esa instancia, también debería brindar un informe de gestión el 2 de julio.

Si el oficialismo resolviera retroceder y llevar la discusión al recinto sobre la necesidad de una habilitación por dos tercios, ganaría tiempo y mantendría a Adorni en funciones, una situación que, de acuerdo con la nota, también favorece al kirchnerismo. Para lograrlo, La Libertad Avanza debería sentar a sus 21 senadores y convencer a tres o cuatro ajenos para llegar a 24 o 25 bancas.

Ese número le permitiría trabar un intento opositor, aunque no cerraría el conflicto. Para avanzar más allá de esa instancia, sería necesario reunir a la comisión de Asuntos Constitucionales. La comisión está presidida por el oficialista Agustín Coto, senador por Tierra del Fuego. Coto ya había enviado al cajón la reforma política para evitar que los sectores aliados separaran el tratamiento de Ficha Limpia.

El Gobierno nacional modificó el régimen que regula la importación de líneas de producción usadas con el objetivo de impulsar la modernización del entramado productivo y facilitar el acceso de las empresas a equipamiento industrial. La decisión quedó plasmada en el Decreto 483/2026, que introdujo cambios en el esquema vigente desde 2016 y redefinió distintos aspectos vinculados con los requisitos, los plazos, los controles y las condiciones para acceder a los beneficios.

Según informó la Secretaría de Comercio, la actualización buscó convertir al régimen en una herramienta más eficiente para mejorar la competitividad de los productos industriales. Entre las principales modificaciones figuraron la reducción de la exigencia de compra de bienes nacionales, la ampliación de los tipos de proyectos alcanzados y la flexibilización de las condiciones para importar equipos usados.

El régimen está destinado a empresas que cuenten con un proyecto de mejoramiento de su competitividad aprobado por la autoridad de aplicación. A partir de la nueva normativa, las líneas de producción usadas quedaron definidas como aquellas que incluyan maquinaria usada importada y formen parte de un proyecto de inversión industrial.

Cuáles son los cambios

Uno de los cambios más relevantes consistió en la redefinición del concepto de línea de producción. La nueva regulación eliminó la exigencia de que el componente principal de la línea fuera usado. Además, habilitó que las líneas puedan completarse con bienes nuevos sin uso, tanto importados como nacionales, así como también con bienes usados de origen nacional o importado.

La norma estableció que los bienes usados deberán integrar una línea de producción completa y autónoma destinada a ser instalada por la empresa solicitante dentro de su predio productivo. También deberán resultar imprescindibles para el proceso productivo involucrado en la solicitud.

Asimismo, el decreto amplió el universo de actividades alcanzadas por el régimen. Además de los proyectos industriales tradicionales, incluyó líneas destinadas a la generación de energía eléctrica. También incorporó los llamados almacenes inteligentes, definidos como sistemas automatizados de almacenamiento que combinan máquinas, equipos y software para organizar y ubicar productos de manera sistemática.

La actualización también contempló la posibilidad de importar bienes usados destinados al tratamiento o eliminación de sustancias contaminantes del aire, el suelo o el agua, siempre que se integren a plantas productoras de bienes tangibles o de energía y resulten imprescindibles para cumplir con esa función.

En materia de antigüedad de los equipos, la normativa fijó como regla general un límite máximo de 20 años para los bienes usados importados. Sin embargo, introdujo una excepción para aquellos equipos que fueron sometidos a procesos de reconstrucción o actualización destinados a extender su vida útil. En esos casos, la antigüedad máxima admitida se elevó a 30 años, una modificación que amplió las posibilidades de incorporación de equipamiento industrial dentro del régimen.

Exigencia de compra de bienes nacionales

Otro de los puntos centrales de la reforma estuvo vinculado a la exigencia de compra de bienes nacionales. El esquema original establecía que las empresas beneficiarias debían realizar adquisiciones de producción local equivalentes al 30% del valor FOB de los bienes usados importados.

Con la entrada en vigencia de las modificaciones, ese requisito se redujo al 10%. De acuerdo con el texto oficial, la obligación deberá cumplirse mediante la compra de bienes nuevos de origen nacional por un monto igual o superior a ese porcentaje.

La normativa también amplió el destino posible de esas adquisiciones. Los bienes nacionales podrán aplicarse tanto a la línea de producción vinculada al proyecto como a otras actividades de la empresa beneficiaria. Además, en determinados casos podrán destinarse a proveedores directos relacionados con el proyecto de inversión.

La Secretaría de Comercio destacó que la modificación redujo los costos asociados al cumplimiento del régimen y simplificó el acceso a los beneficios previstos para quienes invierten en equipamiento productivo.

Reducción de aranceles

Entre esos beneficios, figura un tratamiento arancelario especial para los bienes importados al amparo del régimen. Según explicó la dependencia oficial, los equipos usados alcanzados por el esquema tributarán únicamente el 25% de los aranceles que corresponderían en condiciones normales al momento de la importación.

A su vez, esos bienes quedarán exceptuados del pago de la tasa de comprobación de destino, equivalente al 2%, y de la tasa de estadística, del 3%.

La reforma también introdujo modificaciones en los procedimientos administrativos. El Gobierno argumentó en los considerandos del decreto que resultaba necesario replantear exigencias, plazos y mecanismos de control para evitar demoras y brindar mayor previsibilidad a los usuarios del régimen.

En esa línea, la normativa fijó plazos más precisos tanto para los administrados como para la administración pública. También incorporó mecanismos destinados a evitar que los expedientes permanezcan abiertos durante períodos prolongados.

Las autorizaciones de importación otorgadas bajo este esquema tendrán una vigencia de un año. La autoridad de aplicación podrá extender ese plazo por única vez cuando existan fundamentos técnicos que acrediten la imposibilidad de completar el proyecto dentro del período originalmente previsto.

El decreto dispuso además que el plazo para la concreción y puesta en marcha de los proyectos no podrá superar un año desde su aprobación. La autoridad de aplicación podrá otorgar una única prórroga considerando factores como la magnitud de la inversión, la complejidad del desarrollo y la relevancia del proyecto para la competitividad industrial.

Otro aspecto relevante de la reforma estuvo relacionado con los mecanismos de control y seguimiento. Según destacó la Secretaría de Comercio, la actualización reemplazó el esquema tradicional de auditorías por un sistema basado en la presentación de rendiciones de cuentas realizadas por profesionales certificados. De acuerdo con la normativa, una vez vencido el plazo previsto para la importación de los bienes y la puesta en marcha del proyecto, la empresa dispondrá de hasta seis meses para presentar la rendición correspondiente.

La documentación deberá ser elaborada por profesionales idóneos debidamente matriculados. A partir de su presentación, la autoridad de aplicación contará con otros seis meses para analizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el régimen. El organismo podrá aprobar la rendición y ordenar la liberación de garantías, solicitar aclaraciones adicionales o disponer la ejecución de las garantías cuando detecte incumplimientos.

Más allá de ese esquema, el decreto mantuvo facultades para que la autoridad de aplicación realice inspecciones o solicite certificaciones e informes técnicos cuando lo considere necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas.

La ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, aseguró que la situación de derechos humanos en Irán es “preocupante” ya que solo en junio se han registrado 127 ejecuciones de pena de muerte y más de 800 detenciones relacionadas con la libertad de expresión, según su último informe.

Esta ONG reporta una “elevada tasa de ejecuciones, arrestos y condenas severas por diversos cargos” y asegura que en algunos casos de pena de muerte no se han respetado los procesos judiciales.

“El volumen de casos registrados refleja una situación preocupante y pone de manifiesto la necesidad de una respuesta urgente tanto por parte de las autoridades iraníes como de la comunidad internacional”, concluye el informe de esta ONG de activistas de derechos humanos iraníes publicado hoy y realizado con “pruebas fidedignas e información precisa”, según se lee.

En total, esta ONG de derechos humanos documentó 127 casos de ejecuciones, 19 condenas y 12 confirmaciones de condenas, entre ellos personas que participaron en las protestas de enero contra el gobierno, que han sido acusados de crímenes de guerra y asesinato.

Además, el informe mensual recoge también la “represión generalizada” de la libertad de expresión y habla de un total de 809 detenciones “arbitrarias” y también de 766 latigazos contra 80 ciudadanos, casi 5.000 meses de prisión impuestos y casi 700 confiscaciones de viviendas y bienes.

Y también un “alarmante” aumento de la violencia contra las mujeres, con 12 feminicidios este mes, además de 2 asesinatos de menores de edad.

Por ello la ONG pide “acción internacional y nacional urgente y eficaz para abordar estas violaciones y proteger a las víctimas” y para “mejorar la situación de los derechos humanos en Irán”.

En medio de todo esto, el estrecho de Ormuz está “completamente abierto para embarcaciones comerciales”, en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos para extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo definitivo en 60 días.

Así lo señaló el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, quien precisó que los barcos no tendrán que hacer ningún pago para utilizar esta vía marítima, al menos durante esos sesenta días.

Lo que ocurra después, incluido el tránsito de embarcaciones militares, dependerá del resultado de las negociaciones, agregó.

El diplomático anticipó, sin embargo, que “la situación no será la misma que antes de la guerra” en el estrecho de Ormuz puesto que Irán ahora entiende que “nuestros enemigos lo utilizaron para equipar sus bases en el Golfo Pérsico y atacar a nuestro país”.

“Y no permitiremos que se sigan preparando para atacar a nuestro país en el futuro”, recalcó, sin precisar si el Gobierno iraní tiene una idea concreta para restringir o controlar de algún modo el cruce del estrecho.

Lo que sí dijo es que Irán discutirá con Omán -país con el que comparte la soberanía de este paso- “qué disposiciones se necesitan para el estrecho”.

Aseguró que Irán no ve el estrecho de Ormuz como una potencial fuente de ingresos.

Por otra parte, el embajador desmintió en nombre de su gobierno que Irán haya aceptado que expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) realicen inspecciones en las instalaciones nucleares en este país.

“No ha habido negociaciones serias en relación a este asunto, así que cualquier información que se haya dado sobre permitir que los inspectores vayan a Irán es incorrecta”.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Bahreini dijo que su país será el único que decidirá sobre el uso de sus activos en el extranjero que serán descongelados, conforme a la decisión anunciada en la víspera por Estados Unidos.

“No habrá ninguna entidad u otra parte (en las negociaciones) que tengan algo que decir sobre cómo se usan”, dijo a propósito de las declaraciones del presidente Donald Trump que aseguró que esos fondos serán fiscalizados por su país y Catar, y servirán para comprar “maíz, soja y trigo” a los granjeros estadounidenses.

Precisó que serán 12.000 millones de dólares descongelados en dos tramos de 6.000 millones de dólares, el primero de los cuales “o ya está hecho o está en proceso de completarse”.

El diplomático señaló también que su país negocia con EE.UU. “con mucha prudencia porque no hay razón para confiar” y que si se ha sentado en la mesa de negociaciones ha sido en respuesta al pedido de países que considera “amigos” y porque no quería seguir perjudicando la economía mundial.

Sobre la continuación de las negociaciones, indicó que todavía queda formar dos grupos de trabajo que se dedicarán en paralelo a la cuestión de la anulación de las sanciones y a las actividades nucleares de Irán.

(Con información de EFE)

La OTAN aceleró en Letonia sus preparativos para un posible conflicto en el mar Báltico, donde unidades de la Armada de Estados Unidos construyeron rampas de desembarco y refugios temporales durante el ejercicio Baltops con la mira puesta en una eventual agresión de Rusia, informó The Telegraph.

La importancia militar de ese espacio aumentó desde que Finlandia y Suecia ingresaron en la alianza en 2023 y 2024, una ampliación que, según el teniente comandante Cody Robertson citado por el diario, volvió aún más urgente la defensa colectiva y el conocimiento operativo del terreno. El Báltico quedó rodeado por ocho países de la OTAN y Rusia, y pasó a concentrar una parte central de la defensa del flanco oriental.

Para la alianza, la velocidad para mover refuerzos, munición y equipos hacia el este puede definir la fase inicial de una guerra. Ese cálculo explica por qué los Seabees de la marina estadounidense levantaron infraestructura para desembarcar tropas, embarcaciones y vehículos militares en la costa letona.

El Báltico concentró la defensa del flanco oriental

El mar Báltico alberga 200 puertos y transporta 15% del tráfico mundial de carga. En sus aguas navegan hasta 2.000 buques al mismo tiempo, un dato que explica por qué la región es vista como la ruta logística clave para sostener a la OTAN y también para Rusia.

Moscú depende de ese corredor para acceder al Atlántico con su flota en la sombra de petroleros y para conectar con Kaliningrado, el enclave ruso entre Polonia y Lituania. Ese territorio alberga la Flota del Báltico y hasta 100 ojivas nucleares tácticas, según el texto.

Suecia advirtió que Rusia elaboró planes para ocupar la isla de Gotland y poner a prueba la respuesta de la OTAN. Expertos citados en la publicación también señalaron que la isla danesa de Bornholm podría convertirse en objetivo de ataques híbridos destinados a interrumpir las líneas de suministro.

Letonia elevó su gasto militar a 4,9%

La respuesta militar en Letonia se apoyó en una percepción de amenaza que se agravó tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. El gobierno llevó el gasto en defensa al 4,9% del PBI anual por temor a que el país quedara entre los siguientes blancos de Moscú.

Robertson dijo al diario que las fuerzas estadounidenses se entrenaron para llegar a un entorno de combate, establecer un campamento y usarlo como base para proyectar poder militar. Añadió que los Seabees podían sostener una operación “de principio a fin”, desde alojamiento y almacenamiento hasta puestos de mando.

A unos 64 kilómetros al este, una unidad de demolición de marines estadounidenses abrió rutas con explosivos C4 para destruir obstáculos, una capacidad pensada para una defensa en la región báltica. La demostración se produjo mientras Moscú seguía con atención el ejercicio, en medio de sus expectativas de una menor implicación de Washington en Europa oriental por las críticas constantes de Donald Trump a la OTAN.

La señal política que buscó transmitir el operativo fue directa: Estados Unidos mantuvo sobre el terreno una preparación militar visible en el Báltico y Letonia la leyó como una garantía de respaldo inmediato ante Rusia. Baiba Braže, la ministra de Exteriores letona, dijo a The Telegraph que Washington “ha sido y sigue siendo un aliado indispensable para Letonia y para la seguridad europea”.

Braže sostuvo además que la magnitud de Baltops 26 mostró que la cooperación transatlántica siguió siendo la base de la defensa colectiva de la alianza. Trump, según el texto, también anunció el traslado de 5.000 soldados adicionales de Estados Unidos a Polonia pocos días después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth cancelara el despliegue de 4.000 efectivos al país.

La inquietud en el Báltico no se limitó a una invasión convencional. En los últimos años, el mar se convirtió en un foco de presuntos sabotajes rusos contra cables submarinos y otras infraestructuras críticas que sostienen internet y servicios esenciales de los miembros de la OTAN.

Jānis Kažociņš, ex director del servicio de inteligencia SAB de Letonia, advirtió en una entrevista con la publicación que los países bálticos son “mucho más vulnerables que Ucrania” a ese tipo de ataques. Dijo que el riesgo mayor para Letonia era un sabotaje grave contra la infraestructura energética que quedara justo por debajo del umbral necesario para activar el artículo 5 de la OTAN.

Kažociņš también se mostró escéptico ante la idea de que Rusia pueda lanzar ahora una ofensiva militar a gran escala en el Báltico mientras sus fuerzas siguen atadas a la guerra en Ucrania. Su planteo fue otro: reforzar la disuasión para impedir que Moscú vea a la región como un objetivo viable.

El trasfondo político y social de esa cautela en Letonia es profundo. El país obtuvo su independencia de la Rusia soviética en la década de 1920, volvió a ser ocupado por el Ejército Rojo en 1940 y recién tras su ingreso en la Unión Europea en 2004 vio triplicarse con creces su PBI anual, desde USD 11.000 millones hasta USD 53.000 millones, en una población de apenas 1,8 millones de personas.

Esa memoria convive con miradas opuestas dentro del país. Daiga Klavina, trabajadora administrativa del Parlamento, celebró los ejercicios de la OTAN en Liepāja y dijo que cuanto más sepan los letones, mejor preparados estarán.

Renars, empleado gastronómico de 39 años y parte de los 600.000 rusoparlantes del país, afirmó en cambio que Rusia es demonizada de manera injusta en Letonia. Al cierre de Baltops, los Seabees remataron la jornada con la voladura de una barricada vial simulada mediante 1 libra y 4 onzas de explosivo plástico C4.

Dos ex funcionarios provinciales del radicalismo de Río Negro fueron detenidos y alojados en una dependencia penitenciaria regional tras ser condenados por cobrar sobresueldos entre los años 2004 y 2010, mientras que a otros ex integrantes del mismo gabinete les impusieron penas en suspenso. Todos cumplieron funciones durante la gestión del gobernador Miguel Saiz.

Los ex ministros de Educación y Coordinación, César Barbeito y Francisco González, fueron alojados en una dependencia penitenciaria de la localidad de Pomona, luego del fallo confirmatorio de la Corte Suprema de Justicia, con la imposición de penas de cumplimiento efectivo para ambos funcionarios.

Barbeito fue interceptado el domingo a media tarde en el aeropuerto internacional de Bariloche por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuando regresaba de vacacionar en Brasil junto a su familia. De inmediato fue abordado a un móvil de la Policía rionegrina, que lo trasladó la unidad carcelaria donde cumplirá la condena. González, por su parte, se entregó de forma voluntaria tras conocer el revés judicial dispuesto por la Corte.

Ambos deberán cumplir 3 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que otros cinco integrantes del gabinete fueron condenados a penas de 2 años y seis meses. Entre ellos están el ex titular de la cartera de Turismo, Omar Contreras, Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno). La medida de la Corte también alcanza al extesorero provincial José Ongaro.

La investigación determinó que, entre los años 2004 y 2010, se montó un sistema para utilizar fondos públicos en el pago de adicionales salariales a funcionarios. Estos recursos se distribuían de manera discrecional, sin criterios transparentes de asignación y utilizando un mecanismo que operaba por fuera de los circuitos administrativos y de controles habituales del Estado.

En 2018, la Cámara Criminal de Viedma condenó a los implicados por el delito de peculado y las penas fueron confirmadas dos años más tarde por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Ahora fue la Corte Suprema la que confirmó las condenas, luego de rechazar los recursos apelativos que presentó la defensa.

La investigación surgió a partir de una investigación periodística que describía el desvío sistemático de fondos públicos a los funcionarios condenados. “Mes a mes y desde hace siete años, el secretario General de la Gobernación y los ministros del gobierno de Miguel Saiz vienen percibiendo un sobresueldo por encima de los haberes que les han sido estipulados. Lo hacen ilegalmente —aunque bajo una apariencia reglamentaria—, burlando los órganos de control y a espaldas de los rionegrinos”, advertía la nota que dio pie a la denuncia judicial.

A partir de esa publicación se abrió una investigación que terminó por reconstruir un sistema de pagos adicionales destinado a funcionarios de primera línea durante los dos mandatos de Saiz. Según la acusación, los fondos eran retirados mediante cheques emitidos a nombre de funcionarios y cobrados por ventanilla bancaria, un mecanismo que permitía eludir los controles habituales aplicados a la liquidación de haberes.

La Corte Suprema demoró seis años en resolver el expediente, al que acudió la defensa para intentar revertir lo que había dispuesto la Justicia rionegrina.

Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas al considerar que no lograban desvirtuar los fundamentos de las sentencias previas. De esta manera, quedaron firmes las condenas que habían sido ratificadas por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en 2020.