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El Ministerio de Justicia de la Nación creó dos programas para combatir la ciberdelincuencia y coordinar la política criminal en materia de régimen penal juvenil, a través de las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

A partir de la Resolución N°483/2026, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). Asimismo, indicó que su implementación dependerá de la Subsecretaría de Política Criminal y que el asesor Mariano Tomás Rivas asumirá las funciones de la coordinación bajo modalidad ad honorem.

“Quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa, de conformidad con los objetivos y lineamientos establecidos”, aseguraron en el documento oficial.

Entre los desafíos a abordar, enumeraron la preservación y análisis de prueba digital, la ciberseguridad aplicada a investigaciones, los activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en las modalidades delictivas.

En este sentido, las autoridades advirtieron que “el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible utilización para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en la investigación penal”.

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El programa podrá conformar mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores privados. También deberá adecuar el tratamiento de datos personales a la Ley 25.326 y promover la coordinación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con la Cancillería para los mecanismos de cooperación previstos en el Convenio de Budapest.

Con la creación del PRONACIB, el Ministerio derogó las resoluciones de 2016 que habían establecido y transferido el anterior Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, además de la resolución de 2024 que creó una mesa de trabajo sobre ciberdelito. Ambas habían sido firmadas por Mahiques y publicadas en la edición del 25 de septiembre de 2026 del Boletín Oficial.

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Por otro lado, en la Resolución 484/2026, se dispuso la puesta en marcha del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal. De esta manera, el área actuará como instrumento marco para organizar sus tareas como autoridad de aplicación de la Ley 27.801, que reformó el sistema de responsabilidad penal adolescente.

“El Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil estará a cargo de un coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco”, señalaron.

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En línea con esto, comunicaron que la asesora Débora Eliana Di Girolamo fue nombrada coordinadora del programa sin remuneración. Entre sus funciones figuran la coordinación de la aplicación del régimen en la justicia nacional, ordinaria y federal; la capacitación de quienes intervienen en el fuero; la producción de estadísticas y la articulación con provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas del Poder Ejecutivo.

Uno de los ejes será la administración del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Por esto, las autoridades aprobaron su reglamento y un Manual del Supervisor Juvenil. Así, esos profesionales deberán acompañar el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a adolescentes, bajo protocolos que el programa buscará unificar.

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También se incorporaron normas de asistencia integral para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen. De este modo, el programa coordinará esa tarea con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, con el objetivo de facilitar orientación, derivaciones, acceso a servicios y, cuando corresponda, patrocinio jurídico gratuito.

Por otro lado, el ministro Mahiques determinó que se deberá brindar apoyo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. Asimismo, prevé mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de medidas, el desempeño institucional y la reincidencia, junto con protocolos de reserva para la sección especial que llevará el Registro Nacional de Reincidencia.

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Además de los datos económicos que muestran un retroceso de la actividad y un repunte de la pobreza, el cierre del trimestre tampoco viene fácil para el Gobierno. Lejos en el tiempo quedaron las promesas de Luis Caputo respecto a la bonanza económica que sucedería en los últimos 18 meses de mandato presidencial. Ahora aparecen nuevas dificultades que incluso condicionan también lo que puede suceder en la última parte de 2026.

El repunte del riesgo país a lo largo del mes fue notable y prácticamente no dio respiro. Ayer volvió a subir 2,2% y quedó en 578 puntos básicos. Este incremento ya tiene consecuencias concretas. Por tercera vez, el Tesoro saldrá a refinanciar deuda sin colocar nuevos títulos en dólares. La nueva operatoria está prevista para el próximo lunes.

El equipo económico no quiere convalidar tasas arriba del 10% y se tiene que conformar con emisiones en pesos o ajustadas al tipo de cambio oficial de corto plazo. El plan financiero de 2027, sin embargo, prevé la emisión de USD 5.000 millones en Bonar 29, algo que hoy luce muy complicado.

La suba del riesgo país, que quedó cerca de los 600 puntos y volvió a los niveles de fines del año pasado, también provoca otros efectos secundarios. Por ejemplo, complica la emisión de nueva deuda a provincias y empresas, que este año consiguieron financiarse a tasas cercanas al 8% y plazo de hasta diez años.

Ayer San Juan finalmente logró colocar su primer bono internacional por USD 600 millones y pagó una tasa apenas por debajo del 10% anual. El mercado esperaba un rendimiento cercano al 9% al lanzarse la operación hace un par de semanas, pero la provincia tuvo que aceptar un rendimiento superior para conseguir el monto que había salido a buscar.

Otro de los peligros relacionados con un aumento adicional del riesgo país es que la mayor incertidumbre se traslade al mercado cambiario. La posibilidad de un aumento de la compra de divisas o también de un desarme de posiciones en pesos para incrementar los niveles de dolarización son riesgos relacionados con un panorama más complicado desde lo político.

El proceso de desinflación aparece como otro escollo. Por lo pronto, el 1,7% de agosto luce difícil de ser perforado en los próximos meses. Los datos de septiembre no son muy alentadores. Según un relevamiento de la consultora LCG, la inflación de alimentos y bebidas en la cuarta semana del mes aumentó 1,7% y acumula un incremento de 2,7% en las últimas cuatro semanas. Además, la consultora identificó “un incremento importante en la cantidad de productos con aumento”.

Con esta evolución, es difícil que el índice de inflación repita y menos perfore el nivel del mes pasado. El mejor escenario es que el índice fluctúe entre 1,7% y 2% hasta fin de año. La suba de naftas que estaría definiendo YPF en las próximas horas también le pondría presión a los precios para el mes que viene. No solo por el impacto directo de los combustibles en el índice, sino además por otros sectores que se verían directamente afectados como el transporte y la logística.

El Gobierno enfrenta así el último trimestre del año con una situación de mayor incertidumbre y pocas noticias positivas. A la suba del riesgo país y una inflación que por el momento encontró un piso, se suman un nivel de actividad en caída, aumento de los niveles de pobreza (en el primer semestre) y un Banco Central que redujo a un mínimo la compra de dólares diaria. El promedio de septiembre, de hecho, se ubica en menos de USD 10 millones diarios.

A instancias del oficialismo, la Legislatura chaqueña suspendió las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año próximo. Las elecciones generales provinciales se realizarán entre mediados y fines de septiembre, con casi un mes de anticipación a las nacionales. Esto implica que en Chaco los pasos del cronograma electoral comenzarán antes.

El problema no es del oficialismo. El proyecto de reelección del gobernador Leandro Zdero ordena todo, más allá de algún ruido menor que pueda haber en una lista donde confluirán el radicalismo y La Libertad Avanza.

Es el peronismo el que tendrá que encontrar la fórmula que posibilite resolver su disputa interna. Con Jorge Capitanich corrido de la escena, hay varias alternativas para conformar la fórmula que enfrentará a Zdero en las urnas. El actual senador y presidente del PJ provincial se quedará en su banca, aunque su nombre resuena como posible acompañante de Axel Kicillof.

La fórmula con la que los justicialistas chaqueños resuelvan el acertijo interno será clave para que el PJ nacional planifique qué puede hacer en caso de que la Casa Rosada logre el objetivo de que el Congreso elimine, o al menos suspenda, las PASO nacionales.

Cuáles son los escenarios

Capitanich le dijo a Infobae que baraja una serie amplia de alternativas para resolver la disputa intestina. Una posibilidad pueden ser las “internas partidarias abiertas, donde voten los afiliados y los independientes, excluyendo a los que están en padrones de otros partidos”, indicó. Esta alternativa es una de las que se podría replicar para decidir quién enfrentará a Javier Milei en octubre del año próximo.

En ese sentido, deslizó que se puede aplicar el sistema de primarias norteamericanas. Allí, los candidatos son elegidos a través de procesos electorales regionales cuyos resultados confluyen en una decisión final.

En Chaco sería una herramienta para darle fuerza a los candidatos que buscan posicionarse. En lo nacional, un esquema así, aunque complejo, reflejaría mejor el sentir del peronismo actual, que se ha convertido en una “confederación de fuerzas provinciales”, según lo definió Capitanich.

Por otro lado, el titular del PJ chaqueño consignó que un Congreso partidario a la vieja usanza “no es lo mejor”. Hasta los ‘80, el PJ dirimía sus listas por vía indirecta a través de representantes de los distintos estamentos del movimiento. Las últimas experiencias no fueron las mejores porque terminaron con episodios de violencia que llegaron a los tiros.

Sin embargo, esta fue la herramienta que se usó en el Chaco para determinar quiénes serían los candidatos a legisladores nacionales en las elecciones del año pasado. Se trató de una experiencia con pocos espacios para completar. Ahora es distinto: se renuevan cargos provinciales, legislativos y municipales. Lo mismo ocurre a nivel nacional.

Otra variable que está en estudio es un sistema de selección segmentada de candidaturas. Esto implica ir eligiendo primero a los postulantes locales y luego a los provinciales, o viceversa. “Vamos a hacer una consulta amplia con todos los sectores. El sábado habrá una reunión del Consejo provincial. Estimo que recién en octubre podríamos tener una definición. No nos apura nada”, consignó.

El contexto político y el riesgo de sacar las PASO nacionales

El ex gobernador evaluó que la intención del Poder Ejecutivo de evitar las primarias forma parte de un conjunto de “acciones lamentables para destruir la calidad institucional”.

Según describió, la Administración Milei practica un sistema de cooperación transaccional con las demás fuerzas. En otras palabras: un toma y daca por votos en el Congreso. A su entender, esto “destruye la confianza mutua” porque asienta la relación política en meros “acuerdos coyunturales” que terminan siendo “factores de disociación”.

El senador nacional consideró que esto es posible debido al “fin del bipartidismo”. El proceso comenzó con la renuncia de Raúl Alfonsín y se consolidó con la dimisión de Fernando de la Rúa, describió. El emergente fue un PJ con una hegemonía parcial que se agotó. Como resultado final de ese proceso, se registró un fenómeno de dos caras: fragmentación partidaria y polarización política, señaló.

Como ejemplo, citó que a nivel distrital se multiplican los partidos provinciales y locales. Y en el orden nacional hay más de 40 fuerzas registradas. Sin embargo, solo cuatro tienen presencia en todo el territorio. Se trata de La Libertad Avanza, la fuerza creada en torno a la figura de Milei, el PRO y la UCR, que según entendió “tienden a disolverse en LLA”, y el PJ que hoy por hoy no tiene unidad orgánica y constituye una confederación de fuerzas provinciales.

En la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzaron a retirar los cuadros que formaban parte de la denominada “galería de administradores”, una serie de retratos que reunía a quienes ocuparon la conducción del organismo a lo largo de distintas gestiones. La medida alcanzó, entre otras imágenes, el retrato de Ricardo Echegaray, que había sido incorporado a esa colección durante su paso por la función pública.

La galería había sido impulsada en la etapa en la que Echegaray estuvo al frente del organismo, primero desde la Aduana y luego desde la conducción de la AFIP. El retiro de los cuadros quedó registrado en un video difundido este jueves, en el que se observa el desmontaje de los retratos en los pasillos donde estaban exhibidos.

Además de Echegaray, también se bajaron las imágenes de Carlos Castagneto, Mercedes Marcó del Pont, Leandro Cuccioli y Alberto Abad, entre otros ex directivos de la entidad.

La decisión de bajar los cuadros no se limita al caso de Echegaray. Desde ARCA impulsan un criterio más amplio, orientado a retirar otras referencias vinculadas a exadministradores y jefes que pasaron por el organismo a lo largo de su historia. El argumento que circula puertas adentro apunta a correr el eje de las gestiones individuales para poner el foco en la institución y en los trabajadores, más allá de quienes hayan ocupado circunstancialmente los cargos de conducción.

La exoneración y la causa que la originó

Echegaray dirigió la Dirección General de Aduanas durante el gobierno de Néstor Kirchner y, más tarde, encabezó la AFIP durante la presidencia de Cristina Kirchner. En ese período también había estado al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).

En junio pasado, ARCA formalizó la exoneración de Echegaray de la estructura estatal. La medida se adoptó luego de que quedara firme la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le impuso la Justicia en la causa por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

La resolución fue comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo que investiga hechos de corrupción y controla la integridad dentro del Estado. Según se detalló en esa oportunidad, ARCA resolvió hacer efectiva la orden judicial de inhabilitación especial perpetua y, como consecuencia directa, dispuso la exoneración del exfuncionario.

La causa que dio origen a esa condena estuvo vinculada al caso Oil Combustibles, la empresa del Grupo Indalo que dejó de transferir al Estado el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles que cobraba a los usuarios en cada carga. La Justicia consideró probado que desde la AFIP se habían otorgado planes de facilidades de pago irregulares que permitieron sostener ese esquema durante años. Por ese hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 condenó a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

Esa condena fue revisada en instancias superiores. El 12 de mayo de este año, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal que había presentado la defensa de Echegaray, lo que dejó firme la inhabilitación y habilitó su ejecución administrativa dentro de ARCA.

El criterio de la actual conducción

La salida de los cuadros de los pasillos se enmarca en una política que lleva adelante la actual conducción de ARCA respecto de la simbología vinculada a exfuncionarios. El criterio que se aplica busca despersonalizar los espacios comunes del organismo y evitar que figuras vinculadas a gestiones anteriores queden asociadas de manera permanente a la identidad institucional.

La iniciativa no se agota en el caso puntual de Echegaray. Según trascendió, desde el organismo prevén continuar con la revisión de otras menciones y elementos que remiten a exadministradores generales y jefes que ocuparon la conducción en distintos períodos, bajo el mismo criterio de poner el acento en la institución y en su personal, por encima de quienes hayan estado al frente en cada etapa.

La decisión de exonerar a Echegaray, según se detalló en su momento, no implicó una nueva valoración sobre su conducta ni la apertura de un procedimiento disciplinario autónomo, sino la ejecución directa de la inhabilitación perpetua dispuesta por la Justicia. Ese mismo criterio de despersonalizar la gestión es el que ahora se traslada a los espacios físicos del organismo, con el retiro de los retratos que durante años formaron parte de la galería de administradores.