La iniciativa recibió el respaldo de ambas cámaras después de que el primer proyecto fuera rechazado y enviado nuevamente al Ejecutivo.
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Regalías. La Pampa apeló a la Corte Suprema por un decreto de Milei que le recorta fondos
CÓRDOBA.- La pelea por el río Atuel sumó un nuevo capítulo en la disputa entre La Pampa y Mendoza y llegó nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobernador pampeano Sergio Ziliotto presentó una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional en busca de suspender los efectos del Decreto 982/2026, firmado por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que eliminó el régimen de distribución de regalías hidroeléctricas vigente desde 1973 y estableció que la totalidad de los recursos generados por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles sean para Mendoza.
La presentación judicial busca que se mantenga provisoriamente el esquema anterior hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Para La Pampa, la decisión del Poder Ejecutivo no solo representa una “pérdida de recursos para las arcas provinciales, sino que modifica unilateralmente derechos” que, según sostiene, tienen un “respaldo jurídico” que excede al decreto que acaba de ser derogado.
El argumento central de la provincia es que el derecho a percibir regalías también surge de un convenio celebrado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa y homologado por la propia Corte Suprema.
La Pampa sostiene que ese antecedente resulta determinante porque se trata de un acuerdo celebrado entre distintas jurisdicciones, en el que las partes asumieron obligaciones concretas respecto del pago de regalías hidroeléctricas a favor de la provincia.
Desde esa perspectiva, ninguna de las partes podría modificar de manera unilateral los compromisos asumidos. Y el Estado Nacional, remarca la presentación, participó de aquel convenio como una de las partes y no como una autoridad superior a las provincias.
El reclamo de Ziliotto pone así el conflicto en un terreno que excede la discusión sobre quién debe cobrar los recursos producidos por el complejo hidroeléctrico.
La Pampa denuncia un “avasallamiento de las autonomías provinciales” y señala que el decreto vulnera principios de buena fe, seguridad jurídica y federalismo de concertación. También advierte que la decisión produce un “perjuicio patrimonial” directo sobre la provincia al eliminar un ingreso que, bajo el régimen anterior, percibió durante décadas.
Ziliotto cuestionó públicamente la decisión del Gobierno nacional. “Río Atuel. No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. No nos quedaremos quietos, el Río Atuel también es pampeano”, escribió en X.
De larga data
La disputa por el uso y aprovechamiento de ese río atraviesa desde hace décadas la relación entre Mendoza y La Pampa y generó sucesivos litigios ante la Justicia. Ahora, la discusión por las regalías de Los Nihuiles vuelve a quedar directamente vinculada con aquella controversia.
El decreto 982/2026, publicado el viernes pasado, dejó sin efecto el 1560/73 y dispuso que la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por Los Nihuiles correspondan a Mendoza. El fundamento de la medida es que la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra íntegramente dentro del territorio mendocino.
La decisión, sin embargo, se produjo mientras existe otro expediente relacionado con la misma cuestión en trámite ante la Corte Suprema. La validez del régimen establecido en 1973 está siendo discutida en la causa “Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad de acto administrativo – daños y perjuicios”, iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional.
Reunión con los gobernadores de Entre Ríos y Mendoza La secretaria General, Karina Milei, el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron a los gobernadores de Entre Ríos y de Mendoza, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo.
PresidenciaEn ese proceso ocurrió que el propio Estado Nacional fue el que pidió que La Pampa fuera citada en la causa por considerar que se encontraba directamente alcanzada por la controversia. La Corte Suprema aceptó esa participación el 27 de agosto.
Catorce días después, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 982/2026 y modificó hacia el futuro el régimen de regalías cuya validez se encuentra, precisamente, en discusión ante el máximo tribunal.
La Pampa utiliza esa circunstancia como uno de los argumentos para reclamar una protección judicial inmediata. La cautelar pretende evitar que el nuevo esquema comience a producir consecuencias que luego sean difíciles de revertir, particularmente cuando se avance con las futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles.
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Así es el auto eléctrico del futuro que busca revolucionar los viajes de larga distancia
En tiempos donde la eficiencia es clave para el éxito o el fracaso de cualquier proceso, Volkswagen presentó en Alemania el Mission Efficiency, un prototipo eléctrico que apunta a llevar la reducción de la resistencia al avance al límite.
Este vehículo tiene un coeficiente aerodinámico de 0,158 cx y una batería de 54,9 kWh útiles, lo que le permitió recorrer 1.278,36 kilómetros entre Wolfsburg y Viena con una sola carga y aún así conservar algo de autonomía al llegar a destino.
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Con este modelo, la marca busca demostrar que la autonomía de un auto eléctrico no depende únicamente del tamaño de su batería, carrera tras la que corren la mayoría de los fabricantes. Por el contrario, esa variable está también determinada por la energía que el vehículo requiere para desplazarse, una demanda que aumenta frente a la resistencia del aire, el contacto de los neumáticos con el asfalto y las pérdidas internas por sus componentes mecánicos.
El Mission Efficiency fue construido sobre la plataforma MEB+ y comparte elementos de propulsión con el futuro ID. Polo de Volkswagen. A diferencia de otros prototipos orientados a los récords, no incorpora una batería de capacidad extraordinaria ni una mecánica inédita: su propuesta se concentra en la forma de la carrocería, el peso y la reducción de pérdidas energéticas.
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El aire define buena parte del consumo en ruta
La resistencia aerodinámica crece a medida que aumenta la velocidad. Por eso, un auto eléctrico que circula en ruta necesita destinar una proporción cada vez mayor de la energía de la batería para atravesar la barrera invisible del aire. El diseño de baja resistencia reduce esa demanda y permite extender la autonomía sin sumar capacidad al paquete de baterías, que al mismo tiempo le suma peso a los automóviles.
El coeficiente aerodinámico de 0,158 del Mission Efficiency es una cifra que Volkswagen presentó como récord para un vehículo homologado para circular por la vía pública. Además de su silueta, el autio tiene una superficie frontal de 2,08 metros cuadrados, otro factor que contribuye a disminuir el arrastre.
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La carrocería es baja y alargada, con perfil de gota de agua y una zona trasera más angosta, solución conocida como boat tail por su similitud con la popa de las embarcaciones a vela. El objetivo es que el flujo de aire se mantenga adherido a la carrocería durante más tiempo y se separe con menos turbulencias al final del vehículo.
La parte inferior de la carrocería está cubierta casi por completo, las ventanillas no tienen marco, las manijas de las puertas están integradas al perfil de los paneles y las ruedas traseras están parcialmente carenadas. En el frente, tres compuertas activas regulan el ingreso de aire de refrigeración según la necesidad del sistema, aunque cuando están cerradas es cuando el modelo alcanza su mejor resultado aerodinámico.
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Las ruedas y los neumáticos también reducen las pérdidas
La eficiencia no se define únicamente en la carrocería. Volkswagen trabajó sobre la resistencia a la rodadura, es decir, la energía que se pierde en el contacto entre los neumáticos y el pavimento, y sobre las turbulencias que se forman alrededor de las ruedas.
El concept utiliza deflectores desarrollados para evitar que el aire ingrese en exceso a las llantas. Las ruedas traseras, en tanto, quedan cubiertas para favorecer la continuidad del flujo, mientras que los pasarruedas delanteros se ajustaron al contorno de los neumáticos.
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Según la información divulgada por la compañía, las ruedas pueden representar entre 25% y 30% de la resistencia aerodinámica total de un automóvil.
Una batería para recorrer 1.278 kilómetros
Volkswagen sometió al prototipo a un recorrido entre Wolfsburg, Poznan, Olomouc y Viena. La ruta cubrió 1.278,36 kilómetros, con una velocidad media de 67,72 km/h y una máxima de 138 km/h. El consumo registrado fue de 6,89 kWh cada 100 kilómetros, sin contar las pérdidas de recarga, y de 7,51 kWh/100 km al incorporarlas a la medición.
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Pero lo más curioso fue comprobar que al terminar el trayecto, la batería todavía disponía de energía equivalente a 164 kilómetros de alcance. La prueba permitió estimar una autonomía teórica superior a 1.400 kilómetros bajo condiciones similares, aunque esa cifra no equivale a una homologación de uso habitual ni garantiza el mismo resultado en otros recorridos, temperaturas o velocidades.
En una prueba de consumo controlada, sobre terreno llano, a 68 km/h y con el climatizador y otros sistemas auxiliares desconectados, condiciones extremas no habituales en el uso de un vehículo, el modelo requirió 6,48 kWh cada 100 kilómetros. El motor eléctrico delantero ofrece 99 kW, equivalentes a 135 CV, y se combina con una transmisión de una sola velocidad.
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Volkswagen indicó que, por encima de 80 km/h, el Mission Efficiency consume más de 30% menos energía que un ID. Polo, y a 140 km/h, su gasto sería similar al de ese modelo a 100 km/h, de acuerdo con la comparación difundida por la empresa. Toda una prueba del efecto del aire a medida que aumenta la velocidad.
El Mission Efficiency no tiene producción confirmada
El Mission Efficiency tiene configuración 2+2 plazas interiores, una capacidad de carga de 481 litros y los asientos traseros admiten pasajeros de hasta 1,60 metros de altura.
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Para reducir masa y consumo de accesorios, el interior prescinde de una pantalla central convencional. El conductor puede utilizar un teléfono o una tablet como sistema de información y entretenimiento, mientras que el equipo de audio se resuelve con un parlante Bluetooth portátil. Un recolector solar de 370 vatios, integrado en el techo y el portón trasero, alimenta sistemas auxiliares y podría aportar hasta 30 kilómetros diarios de alcance en condiciones favorables.
El Instituto de Récords de Alemania certificó al Mission Efficiency en la categoría de vehículo eléctrico cercano a producción, de cuatro plazas y uso cotidiano. Sin embargo, Volkswagen no anunció su fabricación en serie ni una fecha de llegada a los concesionarios. Por ahora, el prototipo funciona como una demostración de tecnologías que podrían trasladarse a futuros eléctricos de la marca.
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Elecciones en EEUU: funcionarios se preparan ante una posible intervención de Donald Trump en los comicios legislativos
Funcionarios electorales de Estados Unidos intensificaron sus preparativos para las elecciones legislativas de noviembre ante el temor de que el gobierno de Donald Trump intente ampliar su intervención sobre los comicios. A dos meses de la votación, distintas jurisdicciones reforzaron la seguridad, contrataron abogados y diseñaron protocolos frente a posibles acciones federales.
Las medidas alcanzan a estados y condados gobernados tanto por demócratas como por republicanos. En California, las autoridades realizaron simulacros sobre una eventual presencia de agentes federales en centros de votación, mientras que Michigan prepara a sus funcionarios para responder ante posibles pedidos de acceso a máquinas o registros electorales.
Según Reuters, que entrevistó a más de 50 autoridades electorales estatales y locales, casi todas aseguraron haber incorporado nuevas estrategias frente a interferencias políticas, campañas de desinformación, ciberataques y eventuales episodios de violencia.
¿Por qué crece la preocupación antes de las elecciones?
Las alarmas aumentaron a medida que Trump buscó expandir el papel del gobierno federal en un sistema electoral administrado tradicionalmente por estados y municipios. El presidente pidió a los republicanos “nacionalizar” la votación en al menos 15 lugares, impulsó investigaciones por supuesto fraude y buscó imponer restricciones al voto por correo.
La Casa Blanca rechazó que esas acciones pretendan alterar las elecciones y aseguró que busca hacer cumplir las leyes y preservar la confianza en el sistema: “La desconfianza en nuestras elecciones es causada por los demócratas más extremistas”, sostuvo la portavoz Lauren Bis.
Trump también promovió una redistribución de distritos electorales antes de las legislativas y su administración reclamó a distintos estados información confidencial de votantes. En paralelo, varias jurisdicciones comenzaron a contratar estudios jurídicos externos para responder rápidamente ante eventuales órdenes federales.
Wisconsin es uno de los casos. En el condado de Dane, abogados prepararon documentos judiciales ante un eventual intento de incautar equipos o registros electorales.
Más seguridad, botones de pánico y vidrios antibalas
Las autoridades también reforzaron la protección física de trabajadores y edificios electorales después de años de amenazas relacionadas con denuncias de fraude. Algunas oficinas incorporaron cámaras, vidrios antibalas, guardias armados, sensores de movimiento y botones de emergencia.
En Durham, Carolina del Norte, los coordinadores de sus 68 centros de votación tendrán dispositivos capaces de alertar a las fuerzas de seguridad y transmitir su ubicación exacta. En Detroit, la secretaria municipal Janice Winfrey cuenta con protección policial permanente y los buzones para votos por correo permanecen bajo vigilancia.
La preocupación atraviesa las líneas partidarias. En el condado republicano de Irwin, Georgia, también se distribuirán botones de pánico entre trabajadores electorales para responder rápidamente ante eventuales incidentes.
La desinformación y los ciberataques, otro frente
Otro desafío será combatir información falsa sobre fraude, máquinas manipuladas o cambios inexistentes en los centros de votación. Los funcionarios advierten que las herramientas de inteligencia artificial permiten producir contenidos engañosos cada vez más convincentes y difíciles de detectar.
A esa preocupación se suman los recortes realizados por la administración Trump en la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA). La reducción del apoyo federal llevó a varios estados a buscar alianzas con organizaciones privadas y especialistas para proteger sus sistemas.
El escenario adquiere especial relevancia porque el control del Congreso está en juego en noviembre. Una derrota republicana en la Cámara de Representantes, el Senado o ambas cámaras terminaría con el control partidario que facilitó buena parte de la agenda de Trump y permitiría a los demócratas aumentar la supervisión sobre su gobierno.
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“Esa mancha no se borra más”: Mayra Mendoza arremetió contra Kicillof por negar su pertenencia al kirchnerismo, lo acusó de desleal y de dividir al PJ
La interna entre el kirchnerismo duro y el kicillofismo suma otro capítulo de tensión. La diputada provincial Mayra Mendoza disparó sin filtros contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y fue categórica sobre quienes intentan despegarse de la etiqueta kirchnerista: “Esa mancha no se borra más”, sentenció la legisladora, que también acusó al mandatario de dividir al peronismo y de tratar con discrecionalidad a los municipios que no responden a su nuevo armado político denominado Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con el que apunta a sostener su proyecto político para llegar a la presidencia en 2027.
El tramo más contundente de la charla —en el streaming Sakura— llegó cuando la diputada habló de Cristina Fernández de Kirchner, quien hace más de un año cumple arresto domiciliario. Mendoza consideró que algunos dirigentes peronistas no están a la altura del acompañamiento que la expresidenta necesita, tras años de liderar la construcción de un proyecto político nacional.
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“Todos tuvimos oportunidades (con CFK), algunos más que otros… Entonces hay una parte que yo no puedo entender, de deslealtad, desagradecimiento. Hay algunos dirigentes peronistas que no pueden reconocer esto y creen que la historia comienza cuando llegan ellos. No hay nada en la vida peor que ser desleal y desagradecido”, afirmó sin mencionar al gobernador, pero en una clara referencia hacia él.
La legisladora provincial recordó que Kicillof llegó al poder bajo la misma estructura política que ella integra, pero que al ser reelecto en 2023 optó por lanzar una nueva agrupación propia. “Tomó la decisión de dividir al peronismo”, afirmó Mendoza, y señaló que esa ruptura derivó en un trato discrecional hacia los municipios según su cercanía con el nuevo armado del gobernador. El caso de Quilmes es, según la exintendenta, el más ilustrativo: en sus últimos meses al frente del Ejecutivo municipal, aseguró que la gobernación no le respondía. “Lo llamaba como intendenta y no teníamos respuesta”, afirmó.
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Reclamo por obras paralizadas
La diputada detalló el impacto concreto que el desfinanciamiento del gobierno nacional tiene sobre el distrito. Según enumeró, hay más de 800 viviendas paralizadas, una estación de tren sin avanzar y convenios tripartitos para la construcción de escuelas —entre Nación, provincia de Buenos Aires y el municipio— completamente detenidos.
A eso se suma la deuda que la Nación mantiene con la provincia, que Mendoza cifró en 15 billones de pesos. “La decisión de Milei de desfinanciar la obra pública afecta muchísimo”, sostuvo.
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En cuanto al reclamo hídrico, explicó que Quilmes sufre anegamientos tanto por sudestada sobre el Río de la Plata como por los arroyos San Francisco y Las Piedras, y que el distrito llegó a crear por ley una cuenca que reúne ambos cursos de agua, pero el financiamiento provincial nunca llegó. “Que nos ayude”, insistió sobre los pedidos que viene realizando ante la gobernación sin obtener respuesta.
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Continúa internado uno de los heridos durante balacera en barrio Cáritas de Paraná
Dos adolescentes de 15 años resultaron heridos durante una balacera ocurrida este lunes, alrededor de las 21.10, en la zona de Xul Solar y Pasaje Público, en barrio Cáritas de Paraná. La Policía desplegó un operativo y la Fiscalía ordenó distintas pericias para reconstruir el episodio.
Los efectivos acudieron al sector después de recibir un aviso por detonaciones. Al llegar, encontraron a varios vecinos en la vía pública, quienes brindaron diferentes versiones sobre lo sucedido.
Mientras el personal realizaba las primeras averiguaciones, se escucharon nuevos disparos en otro extremo del barrio. Ante esa situación, los policías iniciaron un rastrillaje peatonal por la zona.
Minutos después, los investigadores tomaron conocimiento de que dos menores habían sufrido heridas de bala. Ambos fueron trasladados al Hospital San Martín para recibir atención médica.
Uno de ellos presentaba una herida de arma de fuego en la región preauricular, cerca del oído derecho. Los estudios determinaron que no tenía lesiones óseas ni un cuadro de gravedad, por lo que recibió el alta médica.
El segundo adolescente sufrió un impacto de bala en el brazo izquierdo. La lesión le provocó una fractura de radio y quedó bajo atención de los profesionales.
El fiscal interviniente dispuso la participación de personal de Policía Científica. Especialistas de las áreas de Balística y Laboratorio trabajaron para recolectar indicios que permitieran determinar la cantidad y procedencia de los disparos.
También se ordenó realizar pruebas de dermotest a los dos menores lesionados. Los resultados serán incorporados al expediente junto con los demás elementos reunidos durante el operativo.
La investigación procuraba determinar cómo comenzó el episodio, desde qué lugares se efectuaron los disparos y quiénes participaron. Asimismo, los efectivos buscaban localizar las armas utilizadas.
Las primeras averiguaciones apuntaban a posibles amenazas y conflictos previos entre grupos del barrio. No obstante, esa hipótesis deberá ser comprobada mediante testimonios y evidencias.
Balacera en barrio Cáritas de Paraná (foto Reporte 100.7)
Vecinos manifestaron haber escuchado numerosas detonaciones durante el hecho. Algunos aseguraron que también percibieron sonidos compatibles con armas de mayor calibre, aunque esa versión no había sido confirmada oficialmente.
El procedimiento contó con la intervención de efectivos de la comisaría jurisdiccional, móviles del 911 y personal de grupos especiales.
Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni sobre el secuestro de armas. La causa continuaba abierta bajo la figura de abuso de armas y lesiones.
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Causa Canosa: “Vamos a apelar el fallo de la jueza de Garantías”, adelantó Cullen
El abogado Miguel Cullen, defensor del ex presidente de Sidecreer Juan Canosa, anticipó que van a apelar la resolución de la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, que en las últimas horas dispuso la apertura de la remisión a juicio de la causa en la que se investiga el patrimonio del exfuncionario.
El letrado señaló a través de un comunicado de prensa que “no están de acuerdo con los fundamentos dados en la resolución que ordena remitir a juicio la causa en cuestión” y advirtió sobre “la violación a garantías procesales, constitucionales y convencionales”.
“La verdad es que esta investigación posee pasajes de absoluta arbitrariedad y manejo de tiempos que violan garantías constitucionales y convencionales. Los fiscales que llevaron adelante la investigación demoraron ocho años en remitir una causa a juicio y lo hicieron perdiendo pruebas claves, ignorando medidas pedidas por la defensa y por nuestro defendido y dejando de lado un trabajo de pericia oficial de un año”, reseñó Cullen.
“Seguiremos insistiendo en la inocencia de mi defendido sabiendo que la pericia contable hecha por la Fiscalía es amañada, posee prueba que fue contundentemente probada en nuestro favor por documentos oficiales y formales como informes de AFIP, UIF y demás; y, asimismo, dicho trabajo, no guarda los criterios contables requeridos para ser tenido en cuenta como informe contable formal y que no coincide con los criterios utilizados por la pericia contable oficial, hecha por un miembro del cuerpo de peritos oficiales del Superior Tribunal de Justicia”, indicó.
“La fiscalía no evacuó pruebas requeridas por esta defensa técnica, desechó prueba concreta formal y evadió medidas probatorias que, sin dudas, hubieran favorecido nuestra postura defensista. Además, y tal como lo han informado diversos bancos oficiales, hay pruebas de extractos bancarios y de tarjetas de crédito que fueron ya destruidas por el paso del tiempo, información irrecuperable que, de existir y de haberse requerido a tiempo, avalarían nuestra postura que el patrimonio de mi defendido y su núcleo familiar es absolutamente equilibrado y justificado”, acotó el abogado.
Por otro lado, Cullen señaló: “También hemos denunciado un proceso excesivamente largo, que viola estándares nacionales e internacionales en materia de plazo razonable. Mi defendido hace 11 años que dejó el cargo en la tarjeta de crédito y ha sido perseguido desde allí hasta la fecha y es justamente uno de los fundamentos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tomado en varios casos conocidos y además del fallo contra Argentina de hace un mes, en el fallo ‘López de Belva y otro vs. Argentina’, donde el tribunal internacional dictó sentencia sobre este tema y declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por vulneraciones a garantías judiciales en el proceso seguido contra dos abogados. La sentencia fue notificada el 21 de agosto de 2026”, precisó.
“Ya se ha dicho jurisprudencialmente que no se puede tener tanto tiempo a una persona sometida a proceso sin que ello afecte a la persona en su vínculo familiar, social y, obviamente, el laboral. El último fallo de la CIDH notificado hace un mes, fundó dicha condena en estas cuestiones, y es lo que esperamos que se cumpla en este caso”, añadió.
Finalmente, Cullen dijo: “No tenemos ninguna duda que, de haberse podido reunir toda la documentación contable, bancaria o tributaria que la propia perito oficial requirió y ya no está disponible, el patrimonio hubiera quedado sin ningún tipo de inconsistencia. Acá no hay ningún enriquecimiento, sólo una investigación incompleta y con un manejo parcial de los tiempos”.
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Cuánto cuesta criar un hijo en la Argentina según su edad y cuál fue el aumento en el último año
La canasta de crianza osciló en agosto entre $557.303 y $713.070 mensuales, según la edad de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con la medición difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El valor más alto correspondió al grupo de seis a 12 años, mientras que el menor se registró entre quienes tenían menos de un año.
Para la crianza de un menor de un año, el costo mensual se ubicó en $557.303. La cifra ascendió a $663.900 para el tramo de uno a tres años; fue de $567.243 entre los cuatro y cinco años, y llegó a $713.070 para niños de seis a 12 años.
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Las cuatro canastas aumentaron durante agosto respecto de julio. El alza fue de 2,1% para menores de un año y para el grupo de uno a tres años, mientras que alcanzó 2,3% en las franjas de cuatro a cinco años y de seis a 12 años. En todos los casos, superó la inflación que en el mes avanzó 1,7%.
En términos nominales, la canasta para menores de un año avanzó desde $545.683 en julio hasta $557.303 en agosto. Para niños de uno a tres años, pasó de $649.935 a $663.900. La correspondiente a cuatro y cinco años subió de $554.646 a $567.243, y la del segmento de seis a 12 años pasó de $697.268 a $713.070.
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La comparación interanual muestra incrementos mayores. Frente a agosto de 2025, las canastas aumentaron 29% para menores de un año, 29,3% para niños de uno a tres años, 31,6% en el tramo de cuatro a cinco años y 31,5% para el grupo de seis a 12 años.
El costo en la primera infancia
La canasta de crianza combina dos componentes: los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes, y la valorización económica del tiempo de cuidado.
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En agosto, los bienes y servicios para un menor de un año representaron $181.852, mientras que el cuidado sumó $375.450. En el tramo de uno a tres años, esos componentes alcanzaron $234.814 y $429.086, respectivamente.
Para los niños de cuatro y cinco años, el costo de bienes y servicios fue de $299.064 y el de cuidado, de $268.179. En el grupo de seis a 12 años, la relación se invirtió: los bienes y servicios ascendieron a $370.990 y el cuidado a $342.080.
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El Indec calcula el componente de consumo a partir de la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires, que contempla alimentos, indumentaria, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros rubros. Para estimar el cuidado, toma como referencia la remuneración del personal de casas particulares en la categoría de asistencia y cuidado de personas.
El informe asigna 147 horas mensuales de cuidado a los menores de un año y 168 horas a quienes tienen entre uno y tres años. Para los niños de cuatro y cinco años, la estimación es de 105 horas mensuales, mientras que para el grupo de seis a 12 años es de 84 horas.
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En la Ciudad de Buenos Aires, los costos son bastante más elevados. Según el último dato disponible del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba), en julio, la canasta de crianza porteña varió entre $966.505,40 y $1.563.484,66 según la edad y género de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años.
Según la metodología oficial, la canasta de bienes y servicios está compuesta por dos grandes grupos: alimentos y productos y prestaciones no alimentarias. Dentro de este segundo componente se contemplan los gastos asociados a electricidad, gas y agua; vivienda y expensas; mantenimiento y equipamiento del hogar; salud y educación; transporte y comunicaciones; recreación y cultura; indumentaria; y otros bienes y servicios.
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Para calcular el valor del cuidado, el organismo recurrió a los datos de la Encuesta de Uso del Tiempo de la Ciudad de Buenos Aires de 2023 y utilizó el método del costo de reemplazo. La estimación considera distintas cantidades de horas de cuidado según la edad: 12 horas por día para niños de hasta 2 años, ocho para quienes tienen entre 3 y 5 años, cuatro entre los 6 y 12 años, y tres para adolescentes de 13 a 17.
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La Justicia procesó al mapuche “de los binoculares” por falso testimonio durante la búsqueda de Santiago Maldonado
La Justicia Federal procesó por falso testimonio al mapuche Matías Santana, integrante de distintas comunidades mapuches de la Patagonia, por haber declarado que observó con binoculares cómo efectivos de Gendarmería Nacional subían a una camioneta al activista Santiago Maldonado.
La decisión judicial llegó nueve años después de aquella declaración, que instaló la etiqueta de “mapuche de los binoculares” con la que incluso es identificado en distintos expedientes judiciales en los que aparece.
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Santana aseguró haber visto a uniformados cuando golpeaban al activista y lo subían a una camioneta. Según su relato, utilizó binoculares para observar la escena y afirmó que Maldonado vestía una campera celeste que él mismo le había prestado la noche anterior.
En aquel momento, a mediados de 2017, Santana formaba parte de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut. Tiempo después se incorporó a otro grupo mapuche, la Lafken Winkul Mapu, que protagonizó numerosos incidentes en Villa Mascardi y por los que también fue procesado.
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El testimonio que le valió el apodo fue denunciado ante la Justicia. La declaración, según la acusación, entorpeció el operativo de búsqueda de Maldonado y contribuyó a que los efectivos que participaban del procedimiento fueran señalados por ese supuesto accionar.
Poco después, Santana abandonó la comunidad mapuche de Chubut y se incorporó a la Lafken Winkul Mapu, que entre noviembre de 2017 y octubre de 2022 protagonizó usurpaciones y otros conflictos territoriales en Villa Mascardi. Allí entabló un vínculo sentimental con la “machi” Betiana Colhuan, máxima autoridad espiritual de ese grupo, con quien tuvo dos hijos.
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Cuando se realizó el desalojo integral de los lotes ocupados en Villa Mascardi, en octubre de 2022, Santana huyó junto con los demás hombres de la comunidad. En el predio quedaron siete mujeres, que fueron demoradas, entre ellas la machi.
Horas más tarde, Santana visitó a Colhuan en el lugar donde permanecían detenidas las mujeres. Al enterarse de que la Justicia había dispuesto una orden de captura en su contra, huyó y se mantuvo en la clandestinidad durante poco menos de un año y medio.
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Antecedentes judiciales
A comienzos de 2018, Santana fue procesado por la usurpación de dos predios pertenecientes a Parques Nacionales y por participar en el avance sobre otras dos propiedades particulares.
También fue condenado por daños en el edificio judicial de Bariloche y por lesionar a siete efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el primer juicio de extradición de Facundo Jones Huala.
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El listado de antecedentes incluye, además, la responsabilidad que le atribuyó la Justicia Federal por el incendio de una casilla de Gendarmería ocurrido en 2020, en Villa Mascardi. Ese hecho figura entre los motivos que sustentan su orden de captura, dispuesta por el magistrado que intervino en aquella causa.
Cuando se ejecutó el desalojo integral de los lotes, Santana no se encontraba en el predio. Los efectivos federales hallaron, sin embargo, un elemento que consideraron clave para la investigación: documentación personal en el interior de la vivienda principal de la comunidad.
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Dictan la apertura de la remisión a juicio para Juan José Canosa por presunto enriquecimiento ilícito
La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, rechazó este lunes todos los planteos defensivos que realizó Miguel Cullen, abogado de Juan José Canosa, en la causa que lo investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público. Canosa fue secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno y Justicia y Educación, interventor de Líneas Aéreas de Entre Ríos SA, presidente del directorio de Sidecreer SA, y personal no escalafonado de la Cámara de Diputados -asesor legal-, recorrido durante el que “habría incrementado su patrimonio de manera injustificada y desproporcionada”, según la hipótesis fiscal.
La defensa instó –tras el pedido de remisión a juicio de Fiscalía- la nulidad del hecho, de la remisión a juicio e instó el sobreseimiento de Canosa. También pidió el sobreseimiento por violación del plazo razonable para investigar; la exclusión de los informes de peritos de Fiscalía y atacó un informe contable sobre el que sostuvo el monto del presunto enriquecimiento, consignó el portal de noticias Apf.
El acusado enfrenta un pedido de pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva, más las penas de multa por el monto imputado e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa sostuvo que la afectación del derecho de defensa se ve obstaculizada, entre otros señalamientos, en la imposibilidad de contar con información que el paso del tiempo hace imposible su producción.
Barbagelata rechazó los planteos y sostuvo que los agravios de la defensa consistieron en una disconformidad con la resolución atacada, expresando que los planteos defensivos no lograron conmover el grado de probabilidad de los hechos que Fiscalía le endilga a Canosa. Sostuvo que la evidencia que se presentó en la investigación, por sí sola no es suficiente para decidir y debe ser cotejada con las otras que se incorporen, en relación a pedidos de exclusión probatoria.
Respecto del agravio defensivo que cuestionó que el hecho que se imputó se formuló a partir de un informe contable que realizó un contador del Ministerio Público Fiscal, desestimando -sin fundamentarlo- la pericia que realizó una perito del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que con la participación de peritos de parte, arribó a conclusiones opuestas a la del contador de Fiscalía, la jueza expresó que justamente la diferencia entre los informes es materia de debate, donde podrá ser interrogada por las partes y explicada y ampliada por los testigos. Añadió que la diferencia, aun tomando la más beneficiosa para los intereses del acusado, el resultado confirma la hipótesis fiscal de un enriquecimiento sin justificar. Así, rechazó que haya existido un planteo sorpresivo para la defensa respecto del monto imputado, añadiendo que aquel fue el resultado de la valoración de elementos ya analizados por otros peritos, destacó el portal de noticias Apf.
También señaló que la defensa pudo controvertir aquel informe y no lo hizo, agregando que lo consintió y que reconoció que ninguna evidencia le fue negada.
Barbagelata aportó que la defensa sostuvo que no lo controvirtió para no convalidar –en referencia a los plazos de prescripción- la incorporación de evidencia con la que no estaba de acuerdo. En este punto sostuvo que aquella decisión no puede ser trasladada a Fiscalía y ahora pedir su exclusión.
La jueza también rechazó los pedido de exclusión de la extracción de datos bancarios y financieros de Canosa que la defensa realizó cuestionado que los peritos no estaban matriculados en el Colegio correspondiente. Barbagelata los rechazó porque la defensa no logró explicar cómo la falta de matriculación podría interferir en la extracción de datos, una actividad primaria, en profesionales que están capacitados por carrera para hacerlo. También señaló que la ley les permite realizar la tarea de extracción de datos, y que el análisis posterior, es de los fiscales.
Sobreseimiento
Junto a Canosa también fue investigada su esposa, la defensora pública del Juzgado de Ejecución de Penas de Paraná, Paula Montefiori, abogada de 48 años, que fue investigada por un período de 14 años, comprendidos entre 2003-2016, de los cuales solo en tres exhibió un incremento que ameritó la apertura de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en tanto que en los otros 11 no, según sostuvo Fiscalía en la audiencia en la que se dictó su sobreseimiento por acuerdo de partes.
Así, en caso de Montefiori la imputación se focalizó en tres años en los que habría exhibido inconsistencias patrimoniales. Según resaltó el portal Apf, el relato del hecho por el que fue sobreseída consignó que “durante su desempeño como funcionaria pública de la provincia de Entre Ríos -Asesora Legal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y luego defensora del Ministerio Público-, en los años 2009, 2015 y 2016, incrementó su patrimonio sin contar con ingresos que lo justifiquen; por el monto total de $ 94.438,14”.
