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El ataque ruso contra la región de Kiev dejó al menos diez muertos y decenas de heridos este lunes, en la víspera de la cumbre de la OTAN en Ankara, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse con su par ucraniano, Volodimir Zelensky, para abordar la guerra.

Las autoridades ucranianas informaron que Rusia lanzó misiles balísticos contra la capital y sus alrededores durante la madrugada. El ataque constituyó el segundo bombardeo contra la zona de Kiev en menos de una semana y reflejó el aumento de las ofensivas de largo alcance por parte de ambos bandos, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala.

El jefe de la administración militar de la región de Kiev, Tymur Tkachenko, confirmó el ataque a través de Telegram. “El enemigo ataca con misiles balísticos“, escribió. Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que los sistemas de defensa aérea entraron en funcionamiento y pidió a la población permanecer en los refugios mientras continuaba la amenaza.

Según Tkachenko, el bombardeo provocó cuatro incendios en edificios residenciales. “Lugares donde la gente simplemente dormía esta noche“, expresó el funcionario.

Las autoridades indicaron que diez personas murieron en la ciudad de Kiev y otra en el distrito de Bucha, al noroeste de la capital. Además, al menos 46 personas sufrieron heridas en Kiev y sus alrededores (entre ellos cinco niños heridos).

Frente a la magnitud del ataque, Tkachenko sostuvo: “No hay palabras que puedan aliviar este dolor. Lamentablemente, este no es el balance final. Las operaciones de rescate continúan“.

El bombardeo ocurrió mientras aumentan los ataques de largo alcance entre ambos países. En las últimas semanas, Ucrania intensificó sus ofensivas contra instalaciones energéticas dentro del territorio ruso con el objetivo de afectar la capacidad logística y militar del Kremlin. También alcanzó zonas de Ucrania bajo control de Moscú desde antes de la invasión iniciada en 2022.

En la península de Crimea, anexada por Rusia, el gobernador Mikhail Razvozhayev informó que un ataque ucraniano cerca de Sebastopol interrumpió temporalmente el suministro eléctrico.

“Tras un ataque enemigo contra la infraestructura energética cerca de Sebastopol, nuestra ciudad quedó temporalmente sin electricidad“, escribió Razvozhayev en Telegram.

En tanto, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó que las defensas aéreas rusas derribaron varias oleadas de drones que se dirigían hacia la capital rusa.

El nuevo episodio de violencia coincidió con los preparativos para la cumbre de la OTAN que comenzará este martes en Ankara. La Casa Blanca confirmó que Trump mantendrá una reunión con Zelensky el miércoles para analizar el conflicto.

Un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato con la agencia AFP, explicó el objetivo del encuentro. “El presidente obviamente se reunirá con él para hablar sobre cómo podemos poner fin a la guerra. Esa ha sido una prioridad suya durante mucho tiempo“, afirmó.

La misma fuente indicó que, después de la reunión con Zelensky, Trump conversará con Vladimir Putin para intentar reactivar los contactos diplomáticos, que permanecen estancados desde hace varios meses.

Mientras tanto, los combates continúan en el este de Ucrania. Zelensky aseguró el domingo que las fuerzas ucranianas mantienen la defensa de la ciudad estratégica de Kostiantinivka, considerada un punto clave para el control de posiciones en la región de Donetsk.

Rusia afirmó el viernes que tomó esa localidad, aunque Kiev rechazó esa versión.

“Los combates también continúan por Kostiantinivka, que Putin ya reclamó como suya, pero es evidente que nunca se atreverá a aparecer allí“, declaró Zelensky en su mensaje nocturno.

El presidente ucraniano también advirtió que Moscú prepara nuevos ataques de gran escala antes del inicio de la cumbre de la OTAN.

Dos días antes del bombardeo contra Kiev, Trump habló por teléfono por separado con Putin y Zelensky en el marco del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos. Esos contactos precedieron a una nueva ronda de gestiones diplomáticas que Washington intentará impulsar durante la reunión de la alianza atlántica, mientras los enfrentamientos continúan tanto en el frente como en ataques de largo alcance sobre territorio ruso y ucraniano.

(Con información de AFP)

Este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, va a presentar el programa financiero hasta 2027. En esencia, se trata del detalle de cómo va a cubrir los vencimientos en moneda extranjera que tiene el Tesoro hasta el final del mandato de Javier Milei. Y si bien el equipo económico guarda bajo siete llaves los detalles, en las últimas semanas comentaron algunos de los instrumentos que negociaron para cubrir los más de USD 30.000 que vencen hasta diciembre del año próximo.

El programa financiero que el equipo económico va a anunciar responde a una exigente agenda de pagos. De acuerdo con la consultora 1816, los vencimientos de deuda en moneda extranjera entre junio de 2026 y diciembre de 2027 ascienden a USD 30.700 millones. El Gobierno enfrenta obligaciones escalonadas: en los meses que quedan de 2026, debe cubrir USD 7.400 millones, mientras que en 2027 el monto sube a USD 23.300 millones.

En el desglose de los vencimientos para 2026, USD 3.900 millones corresponden a Globales y Bonares en manos de privados, USD 2.000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), USD 200 millones al Club de París y USD 1.400 millones en Repos por el Banco Central (BCRA). Para 2027, la carga más pesada recae sobre los bonos Globales y Bonares, con USD 10.400 millones en manos de privados, y sigue con USD 5.900 millones al FMI, USD 300 millones al Club de París, USD 1.500 millones en Bopreales y USD 5.200 millones en Repos del BCRA.

Frente a este panorama, el Gobierno ya aseguró una parte del financiamiento. Al 1 de julio, el Tesoro reunió USD 3.904 millones mediante licitaciones de Bonares y las compras que realizó en los últimos días, recursos depositados en el Banco Central. Además, logró la confirmación de garantías internacionales del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aguarda por la aprobación de una más por parte del directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) el 22 de julio, lo que permite acceder a financiamiento privado a seis años de plazo por casi USD 4.000 millones.

Otro movimiento relevante tuvo lugar el viernes pasado, cuando el Banco Central canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) por USD 6.000 millones y acordó una nueva operación, también por USD 6.000 millones, con diez bancos internacionales y vencimiento en septiembre 2028. Según la consultora 1816, al sumar los recursos del Tesoro, las garantías internacionales y el probable rollover de los REPO, el país contaría con USD 13.100 millones para enfrentar los próximos compromisos.

De esta manera, resta financiar aún USD 17.600 millones para cumplir con la totalidad de los vencimientos previstos hasta diciembre de 2027. La atención se concentra en la estrategia que presentará este lunes el equipo económico para cerrar esa brecha y evitar tensiones en el frente externo durante el año electoral en donde el presidente Milei va a buscar la relección.

Con apoyo de Estados Unidos

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, anticipó algunos lineamientos en el streaming Carajo. Explicó que se trata de un “programa financiero conservador” en cuanto a supuestos, colocaciones y fuentes de financiamiento, y que incluirá “opcionalidades” para adaptarse a distintos escenarios. Según Furiase, “es un programa financiero muy conservador en lo que tiene que ver con los supuestos, las colocaciones y las fuentes de financiamiento que se van a hacer 2027. Muestra el armado de colchones, de buffers con el que llegamos a 2027”.

Como una novedad, el funcionario subrayó que el esquema contará con el apoyo de Estados Unidos, como en la elección legislativa de 2025. En palabras de Furiase, el objetivo es “llegar con muchos más dólares en el Banco Central, con todos los vencimientos en dólares cubiertos anticipadamente, con muchos de los vencimientos en pesos ya pasados para octubre de 2027 y con la cantidad de dinero muy baja. En resumen, llegar con un Banco Central con muchos dólares y con pocos pesos que te puedan atacar, con los fundamentos sólidos y el respaldo de Estados Unidos, como tuvimos antes”.

Impacto en el riesgo país

La expectativa torno al efecto inmediato del anuncio en los mercados y para eso es clave conocer la hora en que se llevará a cabo. Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron que no esta definido. Aunque el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, señaló en la red social X que la comunicación oficial será premarket.

Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por este medio insistieron en que el diseño del programa busca disipar la preocupación que existe en el mercado sobre los pagos de deuda previstos para 2027. “Nunca sabes qué va a pasar con la reacción del mercado. El programa es bien conservador, pero desmitifica el problema del 2027. Todo está financiado y 2027 es más fácil que este año. Si el mercado espera algo difícil, la reacción tiene que ser positiva”, afirmaron en off the record.

El viernes el riesgo país bajó cerró en 415 p.b. marcando un nuevo mínimo en lo que va de gestión de Javier Milei y desde 2018. La expectativa esta en si con el anuncio de próximo lunes, el indicador de JP Morgan no baje al terreno de los 300 p.b. y se abra el “portón” que buscaban en el Ministerio de Economía para salir a colocar al mercado internacional.

El programa financiero que presentará Economía apunta a responder a las inquietudes de analistas e inversores respecto a la magnitud de los compromisos que se concentran en el año 2027.

Según Furiase, el mensaje principal será mostrar que los vencimiento del año próximo, sobre el que muchos economistas e inversores están poniendo el foco, serán financiados. “Lo que vamos a mostrar es que, producto de todas las estrategias financieras en las que venimos trabajando, está completamente cerrado no solo el 2026 y el 2027, y que además el 2027 va a ser menos desafiante en términos de las fuentes de financiamiento que tenemos que desarrollar, y eso es producto de los colchones que ya estamos armando”, aseguró.

Mientras persisten las dudas sobre el compromiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la defensa colectiva de la OTAN, los aliados llegan a la cumbre que la alianza celebrará esta semana en Ankara con un objetivo compartido: avanzar hacia una mayor autonomía europea en materia de defensa sin romper el vínculo transatlántico. El debate se desarrolla en un contexto marcado por el giro estratégico de Washington, que exige a los países europeos asumir un papel más relevante en la seguridad del continente.

El encuentro de los líderes de los 32 países miembros tendrá como uno de sus ejes centrales la redistribución de responsabilidades dentro de la alianza. Aunque Estados Unidos continúa como la principal potencia militar de la OTAN, tanto Washington como las capitales europeas coinciden en que Europa deberá aumentar su capacidad para responder a las amenazas de seguridad.

Desde el regreso de Trump a la presidencia, la administración estadounidense reforzó su mensaje de que Europa debe liderar la defensa del continente mientras Estados Unidos concentra más recursos en otras regiones del mundo. Ese planteo se suma a las críticas que el mandatario expresó en reiteradas oportunidades hacia la alianza y hacia los socios europeos.

Las declaraciones del presidente estadounidense también incluyeron cuestionamientos a los aliados por su respuesta durante la guerra con Irán, además de nuevas dudas sobre el alcance del compromiso de Washington con el Artículo Cinco del tratado de la OTAN, que establece la defensa colectiva en caso de un ataque contra uno de sus miembros.

Los mensajes políticos fueron acompañados por decisiones dentro del ámbito militar. En mayo, Washington anunció el retiro de 5.000 soldados desplegados en Alemania y la cancelación de un despliegue previsto en Polonia, aunque posteriormente modificó esa decisión. Más tarde, el Pentágono informó a sus aliados que reduciría parte de los recursos militares asignados a la OTAN e inició una revisión de seis meses sobre la presencia de sus fuerzas en Europa.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, resumió la posición del Gobierno al afirmar: “Estamos redoblando nuestros esfuerzos para que la OTAN sea lo que siempre debió ser: una alianza equilibrada con Europa a la cabeza en su propia defensa”.

La presión de Washington coincidió con un proceso de incremento del gasto militar europeo que comenzó tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Ese escenario impulsó a los gobiernos del continente a acelerar los planes de inversión en defensa después de décadas de presupuestos reducidos.

En la última cumbre de la alianza, los países miembros acordaron elevar el gasto relacionado con la defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2035. La medida busca reforzar las capacidades militares europeas y reducir la dependencia de los recursos estadounidenses.

Un diplomático europeo, que habló bajo condición de anonimato con la agencia AFP, definió el momento como un cambio histórico dentro de la organización. “Se está produciendo una auténtica revolución en la alianza”, sostuvo. Además, agregó: “Este cambio de responsabilidades que hemos decidido transformará radicalmente esta alianza”.

Aunque Estados Unidos continúa como el mayor inversor militar de la OTAN, los países europeos y Canadá proyectan aumentar sus presupuestos hasta acercarse al nivel de gasto estadounidense durante los próximos años.

Entre los principales impulsores de esa estrategia figura Alemania, que elevó significativamente sus inversiones en defensa, mientras que varios países ubicados en el flanco oriental de la alianza, próximos a Rusia, ya destinan recursos cercanos al objetivo fijado por la OTAN.

Especialistas consideran que el cambio responde a una transformación estructural más amplia que trasciende la actual administración estadounidense. Claudia Major, investigadora del German Marshall Fund, afirmó: “No se trata de Trump. Es un cambio estructural a largo plazo”. También señaló: “Se puede moldear, pero no evitar”.

La analista indicó además que Europa ya puede cubrir algunas capacidades que antes dependían exclusivamente de Estados Unidos, aunque reconoció que reemplazar activos estratégicos, como los sistemas de misiles de largo alcance, demandará más tiempo. En ese sentido, explicó: “Está muy claro que el papel de Estados Unidos está cambiando de todos modos, y la principal esperanza es controlar los daños y lograr previsibilidad”.

Pese al cambio de orientación política y a las discusiones dentro de la alianza, la presencia militar estadounidense en Europa continúa siendo significativa. Actualmente, Estados Unidos mantiene alrededor de 80.000 soldados desplegados en el continente, mientras el paraguas nuclear estadounidense sigue como el principal elemento de disuasión para la seguridad europea.

Dentro de la estructura militar de la OTAN también comenzaron algunos cambios. Los europeos pasaron a dirigir todos los cuarteles generales regionales de la organización, aunque Estados Unidos conserva el control de las principales fuerzas aéreas, terrestres y marítimas de la alianza.

Un segundo diplomático europeo resumió esa evolución con una proyección sobre el futuro de la organización. “La alianza se está transformando poco a poco. En un par de años, Europa será mucho más relevante”, afirmó.

Por el momento, los gobiernos aliados descartan sustituir la OTAN por un sistema exclusivamente europeo. Según fuentes diplomáticas, la declaración prevista para la cumbre de Ankara buscará reforzar el concepto de una “Europa más fuerte en una OTAN más fuerte”, con el propósito de mantener el compromiso de Estados Unidos con la seguridad del continente.

En paralelo, varios países europeos estudian una integración más estrecha de Ucrania dentro de la arquitectura de seguridad regional, aprovechando la experiencia adquirida por sus Fuerzas Armadas durante la guerra. Sin embargo, ante el bloqueo del ingreso de Kiev en la OTAN, esos esfuerzos permanecen enfocados principalmente en el proceso de adhesión ucraniana a la Unión Europea.

(Con información de AFP)

En el comienzo de una semana corta, el Gobierno vuelve a impulsar el proyecto para cambiar la ley de Inocencia Fiscal y permitir que los grandes contribuyentes también puedan adherir al régimen, con la esperanza de que las esquirlas del caso Manuel Adorni no enturbien las negociaciones.

Se trata de una de las tres medidas, junto a la reforma política y la normativa sobre Zonas Frías, que el presidente Javier Milei planteó días atrás como las primeras metas del oficialismo en esta nueva etapa tras el cambio de jefe de Gabinete.

El texto en cuestión ya está listo desde junio pasado y plantea una serie de modificaciones al sistema que el propio Poder Ejecutivo logró aprobar en el Congreso a finales del 2025.

Aunque ya fue reglamentada, la herramienta no generó el impacto que la Casa Rosada esperaba y es por eso que la cúpula libertaria decidió ampliar el universo de beneficiarios.

El nuevo proyecto, de hecho, fue consensuado con todos los colegios y agrupaciones de contadores del país, los cuales previamente habían cuestionado algunos aspectos de la ley original.

El cambio más importante que plantea ahora el Gobierno tiene que ver con quiénes pueden acceder al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, que actualmente es solo para aquellos que tienen ingresos menores a $1.000 millones al año y un patrimonio inferior a los $10.000 millones.

La iniciativa es para que también se permita la adhesión de grandes contribuyentes a esta modalidad, aunque con alcances restringidos en cuanto a los beneficios y presunciones fiscales.

El oficialismo deberá llevar ahora el tema al Congreso, como parte del primer paquete de propuestas tras la salida de Adorni del Ejecutivo.

El propio -ahora- ex jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, realizaron en mayo el trámite ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para inscribirse en el régimen de inocencia fiscal.

De esta forma, el entonces funcionario accedió a la posibilidad de declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente, sin sanciones penales ni antecedentes impositivos.

La decisión fue fuertemente cuestionada por la oposición debido a que el ministro coordinador en ese momento ya estaba siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Con Adorni afuera del Gobierno, las autoridades nacionales esperan que esa situación no sea un impedimento a la hora de tener que negociar con el resto de los bloques.

“A esta altura eso ya no está influyendo, por lo menos no en lo que respecta a la dinámica política”, sostuvo a Infobae un integrante de la cúpula libertaria.

Por el momento, sin embargo, el proyecto no comenzó a ser discutido con los otros espacios parlamentarios y tampoco tiene el respaldo de las provincias, que no fueron consultadas sobre este asunto.

“No conozco qué es lo que quieren modificar y tampoco me vino a hablar nadie por ese tema“, explicó un gobernador aliado de la Casa Rosada, que esperará a ver el texto final antes de tomar una posición.

Aunque Milei ya lo planteó como una meta a corto plazo, el Ejecutivo aún no envió la iniciativa al recinto y aún no definió por qué Cámara entrará, aunque este medio pudo saber que la opción más segura por estas horas era que ingresara por Diputados.

De todas estas cuestiones conversará la mesa política en su siguiente reunión, todavía sin fecha confirmada. Si bien el próximo encuentro estaba previsto para el martes, finalmente se suspendió porque ese día, a las 13:00, la selección argentina juega contra Egipto por los octavos de final del Mundial.

Los especialistas en la materia están presionando para que las modificaciones se traten lo antes posible, teniendo en cuenta que el vencimiento para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025 está previsto para fines de julio.

Es que, el retraso en la sanción de la nueva ley deja en suspenso a quienes evalúan adherir al régimen, por lo que los expertos advierten que la demora podría dejar contribuyentes fuera del sistema y desalentar a quienes buscan certezas antes de exteriorizar fondos.

Quienes opten por la modalidad simplificada deberán mantener la condición de residentes fiscales durante todo el período fiscal. Si ARCA detecta la pérdida de esta condición, podrá excluir al contribuyente del régimen y habilitar procesos de verificación, fiscalización, determinación de oficio y aplicación de sanciones. Esta disposición apunta a garantizar la integridad del sistema y la correcta aplicación de los beneficios del régimen.

Para los Grandes Contribuyentes Nacionales, la adhesión a la modalidad simplificada solo tendrá validez para la presentación de la declaración jurada y el pago correspondiente, sin acceso a otros efectos, presunciones o ventajas que ofrece el régimen para el resto de los pagadores de impuestos.

El proyecto también contempla la eximición de las multas previstas en los artículos 45 y 46 de la Ley N° 11.683 para quienes hayan cancelado o regularizado el tributo y los intereses antes de adherir al régimen, salvo que esas sanciones ya se encuentren firmes.

Además, la Unidad de Información Financiera (UIF) tendrá la obligación de dictar la normativa complementaria en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial.

El Senado de Filipinas abrirá este lunes el juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte, en un proceso que podría derivar en su destitución e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. El caso se desarrollará durante 92 días en medio de la profunda disputa política entre Duterte y el presidente Ferdinand Marcos Jr., mientras un amplio operativo de seguridad resguarda el edificio legislativo ante la convocatoria de manifestaciones a favor y en contra de la funcionaria.

Más de 6.000 policías, entre ellos unidades antidisturbios, fueron desplegados alrededor del Senado para garantizar la seguridad durante el inicio del proceso. De acuerdo con el cronograma previo al juicio, la vicepresidenta o sus abogados podrán presentarse en la apertura de las audiencias.

El Senado actuará como tribunal de juicio político para analizar las acusaciones aprobadas el mes pasado por la Cámara de Representantes, controlada por aliados del presidente Marcos. Para que la vicepresidenta resulte condenada se requieren al menos 16 votos favorables, equivalentes a dos tercios de los 24 integrantes de la cámara alta.

Los cargos incluyen presunto enriquecimiento sin explicación, uso indebido de fondos estatales confidenciales y una amenaza pública contra el presidente, su esposa y un exlíder de la Cámara de Representantes.

Según la acusación, Sara Duterte amenazó con ordenar el asesinato de Ferdinand Marcos Jr., de la primera dama y de un expresidente de la cámara baja aliado del mandatario en caso de que ella fuera asesinada como consecuencia de las disputas políticas que mantiene con el gobierno.

La vicepresidenta negó las acusaciones. Sin embargo, evitó responder públicamente de forma detallada a los señalamientos antes del comienzo del juicio político.

Si el Senado la declara culpable, Sara Duterte perderá el cargo y quedará inhabilitada de manera permanente para ejercer funciones públicas. Esa decisión también frustraría su intención de competir por la presidencia en las elecciones previstas para 2028, cuando concluya el mandato de seis años de Marcos.

La crisis política marca un fuerte contraste con la alianza electoral que ambos construyeron en 2022. En esos comicios, Marcos y Duterte unieron fuerzas y combinaron el respaldo de dos de las familias políticas con mayor influencia en Filipinas. No obstante, esa relación se rompió poco después del inicio del gobierno.

La confrontación también se profundizó tras el arresto del expresidente Rodrigo Duterte, padre de la actual vicepresidenta.

El exmandatario fue detenido el año pasado por orden de la Corte Penal Internacional (CPI) y trasladado a La Haya, donde permanece bajo custodia. Su comparecencia ante el tribunal está prevista para el 30 de noviembre en una causa por presuntos crímenes de lesa humanidad.

La investigación internacional se centra en la campaña contra el narcotráfico que impulsó durante su presidencia, una política que dejó miles de sospechosos muertos, en su mayoría personas de bajos recursos.

Rodrigo Duterte rechazó las acusaciones y negó haber autorizado ejecuciones extrajudiciales durante su gestión, aunque en numerosas ocasiones lanzó amenazas públicas de muerte contra sospechosos de participar en actividades vinculadas con las drogas.

Sara Duterte responsabiliza a Marcos por el arresto y la entrega de su padre a la Corte Penal Internacional, un episodio que agravó aún más el enfrentamiento entre ambas familias.

Las diferencias también alcanzan la política exterior. Bajo la presidencia de Marcos, Filipinas fortaleció la cooperación militar con Estados Unidos, su aliado por tratado, y endureció su postura frente a las acciones de China en el disputado mar de China Meridional.

Durante su mandato, Rodrigo Duterte impulsó una política de acercamiento con el presidente chino Xi Jinping y con el mandatario ruso Vladímir Putin, al mismo tiempo que cuestionó la relación estratégica con Washington.

Sara Duterte también recibió críticas por evitar condenar los incidentes protagonizados por embarcaciones chinas contra fuerzas y pescadores filipinos en las aguas en disputa, incluidos episodios en los que guardacostas chinos utilizaron cañones de agua.

El desarrollo del juicio también coincide con una situación compleja para varios senadores identificados con el sector político de los Duterte.

El senador Jinggoy Estrada, integrante de un bloque que respalda a esa familia, fue arrestado el mes pasado por un cargo de saqueo que no admite fianza, dentro de una investigación relacionada con un presunto esquema de sobornos vinculado a un proyecto de control de inundaciones. Estrada negó haber cometido irregularidades.

Otro senador cercano a los Duterte, Rodante Marcoleta, enfrenta un posible arresto por un cargo de saqueo que tampoco admite fianza. La investigación sostiene que recibió importantes donaciones de campaña que no declaró en su patrimonio. Marcoleta rechazó las acusaciones.

Además, el senador Ronald dela Rosa permanece oculto después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto en su contra como presunto coautor de las muertes investigadas durante la campaña antidrogas de Rodrigo Duterte. Dela Rosa dirigió la Policía Nacional cuando comenzó la ofensiva contra el narcotráfico impulsada por el entonces presidente.

(Con información de Associated Press)

Los agónicos 120 minutos que necesitó la Selección Argentina para imponerse ante la sorpresiva Cabo Verde alteraron los planes de la administración libertaria que había programado la primera reunión de mesa política con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete y el desembarco del secretario de Comunicación, Fabián Fernández, para el martes a las 13. Al menos, así lo comunicaban a la prensa desde varios despachos el pasado viernes, en la previa al partido.

Con la clasificación a octavos, los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán el paso a cuartos contra Egipto en la misma fecha y hora en la que el reducido círculo discutiría la agenda legislativa, por lo que Karina Milei, quien había convocado a la instancia, resolvió postergar el horario, según confirmaron dos fuentes a Infobae.

“Se canceló por el partido”, reveló uno de sus integrantes para graficar la resolución que conformó a más de uno. Si bien existe la promesa de reeditar el encuentro esta semana, por más corta que sea, incluso hay versiones de concretarla el mismo martes, pero en otro horario, al cierre de esta edición, a última hora del domingo, todavía no había precisiones.

La suspensión fue apenas una consecuencia del calendario deportivo. El verdadero objetivo de la reunión era comenzar a delinear la nueva etapa política que atraviesa el Gobierno. La administración continúa reacomodándose internamente tras la salida de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, quien durante meses fue la voz de los Milei y uno de los principales exponentes del discurso “anticasta”.

La incorporación de nuevas figuras dota al Gobierno de un estilo político diferente. Tanto Santilli como Fernández y, en particular, Adrián Ravier desde la Vocería Presidencial, buscan imprimir una mayor vocación de diálogo y consolidar un perfil negociador hasta ahora poco habitual en la gestión.

“Los cambios no fueron por convicción sino por la situación de Manuel (Adorni). Una vez ocurrido eso, es como en el fútbol: vos haces cambios en función del plantel que tenes y el esquema se adapta a los jugadores con los que contas”, expresó una fuente libertaria ante este medio.

No obstante, en Balcarce 50 sostienen que los tres flamantes funcionarios son parte del reordenamiento político iniciado con las modificaciones instrumentadas. Este martes a las 10, Ravier volverá a pararse frente a la prensa acreditada con la templanza que lo caracteriza, leerá las respuestas que escribió su equipo y dedicará varios minutos para explicar los principales puntos económicos que el mandatario aspira a resaltar.

En paralelo, Santilli trabaja en los tres ejes prioritarios que estableció desde su nombramiento: el primero consiste en retomar la dinámica de gestión, empantanada a raíz del caso Adorni; el segundo, en recuperar la agenda mediática; y el tercero, en impulsar las reformas que el presidente Javier Milei diseñó. Entre ellas figura la electoral, una de las claves que mencionan en el oficialismo para concretar los deseos reeleccionistas del libertario.

Ante la necesidad de anotarse éxitos legislativos, en Balcarce 50 cambiaron la receta y ensayan una faceta de mayor diálogo y de construcción de puentes con los distintos actores: los aliados legislativos y los gobernadores. De ellos, 13 de los 24 mandatarios estuvieron presentes en la jura del ex legislador del PRO.

“Siendo el cuarto jefe de Gabinete, el Gobierno no podría hacer una apuesta que no fuera segura. Este tiene que ser el último del primer mandato. No había lugar para especular o probar algo extraño. Se fue a la segura”, explicó un alfil violeta luego de una nueva salida en la coordinación ministerial, la tercera tras las forzadas renuncias de Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni.

La apuesta de La Libertad Avanza es doble y deberá combinar la necesidad de sancionar las reformas con la chance de consolidar los planes electorales para 2027. Este fin de semana, Karina Milei -que parece haberse reordenado luego de la salida de su ladero- reiteró ante la militancia, en Misiones, que trabaja por otros cuatro años para su hermano.

A la compleja tarea está dedicada la mesa política, pero en particular, el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el propio Santilli, quienes activaron incipientes contactos con los gobernadores. “No hay apuro para sacar la reforma electoral. Tiene que estar antes de diciembre, pero estamos bien de tiempos”, planteó ante Infobae un importante funcionario.

El plazo establecido, con el receso del Congreso incluido, parece ser el mes de agosto, según revelaron al menos tres fuentes del reducido círculo político.

Asimismo, uno de los interlocutores violetas reveló ante este medio que evalúan la posibilidad de condicionar los potenciales acuerdos electorales en función de los apoyos que reciba el Ejecutivo para la sanción de la reforma que aspira a eliminar las elecciones PASO. Aunque, por ahora, todas son ideas en evaluación.

Como contó Infobae, también se plantearon alternativas sobre la mesa como las llamadas “colectoras”, o “adhesiones” como contraponen algunos gobernadores, que les permita al menos suspender las primarias.

Pese al incierto panorama, el optimismo reina entre los alfiles negociadores y en el oficialismo creen que la estrategia desplegada, que en 2025 enfrentó a los dos sectores de la interna, es compartida. “Los votos están, falta algún que otro gobernador, pero será cuestión de entendernos”, garantizaban desde el karinismo. “Los mismos que antes se negaban a los acuerdos reconocen que ahora hay que evaluar distinto. Si hacemos las cosas de manera razonable, no hay razón para que no estemos todos tirando para el mismo lado”, aseveraron por su parte desde el caputismo.

Con las energías recuperadas, o al menos con la intención de demostrarlo, el Presidente -que suspendió su viaje a Estados Unidos- visitará la provincia de Tucumán el próximo miércoles para conmemorar un nuevo aniversario de la independencia argentina, y lo hará escoltado por Santilli, pero también por varios miembros del Gabinete. Milei será recibido por el gobernador local, Osvaldo Jaldo, uno de los más reticentes a la eliminación de las PASO, y no se descarta la presencia de otros mandatarios provinciales.