Blog

El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, pidió al Congreso de la Nación derogar la Ley 24.184, que ratifica el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones firmado entre la Argentina y el Reino Unido en 1990. La propuesta del funcionario fueguino se conoció el lunes por la noche a través de un mensaje publciado en su cuenta de X, en el que calificó como un “error geopolítico” mantener un acuerdo que garantiza al Estado británico el trato de “nación más favorecida” mientras “usurpan, saquean y militarizan” el territorio argentino en disputa.

El planteo de Dachary llegó días después de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional el incremento del presupuesto de Defensa para la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el área del archipiélago sin autorización argentina.

“Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184 (Tratado de Inversiones con el Reino Unido). Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas”, escribió el funcionario provincial. Y completó: “Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de ‘nación más favorecida’ y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio.”

El funcionario dirigió su reclamo directamente al Poder Legislativo, al etiquetar en su publicación al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación.

La ley cuestionada data de la presidencia de Mene

La Ley 24.184 aprobó el convenio bilateral suscrito en Londres el 11 de diciembre de 1990 y fue sancionada por el Congreso el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem. El acuerdo —que consta de 14 artículos— establece que ninguna de las partes puede someter las inversiones de la otra a un trato menos favorable que el dispensado a sus propios inversores o a los de terceros países. Además, garantiza a los inversores británicos la transferencia libre de ganancias y los protege frente a expropiaciones sin compensación. En materia de disputas, habilita mecanismos de arbitraje internacional.

El convenio fue uno de los resultados del proceso de normalización bilateral iniciado con los Acuerdos de Madrid I y II, firmados entre octubre de 1989 y febrero de 1990, que restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países tras la Guerra de Malvinas de 1982.

El propio texto de la Ley 24.184 contempla que, en caso de denuncia del tratado, las inversiones realizadas mientras el acuerdo estuvo vigente quedan protegidas por sus disposiciones durante 15 años adicionales, un factor que complicaría cualquier proceso de derogación inmediata.

La Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, que Dachary conduce, funciona bajo la órbita del gobernador Gustavo Melella, uno de los mandatarios más críticos de las políticas del presidente Milei y habitualmente vinculado con el espacio político del kirchnerismo. Sin embargo, tras la cadena nacional, Melella expresó su apoyo al “cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa de nuestras Islas Malvinas” y convocó a construir “un frente político e institucional unido que nos permita pasar de las declaraciones a las acciones concretas en defensa de nuestra soberanía”.

Horas antes del mensaje de Dachary el Gobierno nacional anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El principal argumento son las presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona.

Según pudo saber Infobae, la demanda se realizará en la Cámara Federal porteña y estará a cargo del canciller, Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La acción alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

El texto oficial sostiene que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion. Para la Casa Rosada, esas autorizaciones implicarían una vulneración de la normativa argentina sobre los recursos naturales situados en torno a las islas Malvinas.

A la espera de los debates sobre Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo senatorial, que comanda Patricia Bullrich, pidió que se llame a Labor Parlamentaria y la reunión ya fue convocada para las 14 de mañana, con el fin de consensuar una sesión para siguiente jornada, de haber acuerdo entre los bloques. En la bandeja de temas aparecen los nuevos cortes en biocombustibles, más transferencias de competencias penales de Nación a la Ciudad y la ley “Hojarasca”, sobre la que los aliados aún dudan.

“Biocombustibles, sí; lo de justicia, también. Hojarasca, no lo sé. Lo tenemos que ver”, respondieron a Infobae desde una bancada que suele acompañar al Gobierno. “Recién mañana vamos a definir bien”, manifestaron anoche a este medio desde otra. La iniciativa en cuestión es del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ya fue aprobada por Diputados y dictaminada en la Cámara alta, aunque la fileteada ley de propiedad privada dejó menor margen para acompañar ideas que partan desde dicha cartera.

En mayo pasado, el texto que elimina 58 normas, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales” obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones. “Hojarasca” se agrupa en seis categorías: leyes superadas por normativas posteriores; obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo; que afectan libertades individuales; que generan burocracia innecesaria; que refieren a organismos ya disueltos; y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

Lo que sí tiene aval de cara a una potencial sesión el jueves son dos acuerdos: uno es el “Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, mientras que el segundo trate el giro en materia criminal y correccional relacionado con menores de edad. Fueron despachados sin problema la semana pasada por un plenario de comisiones.

El plato fuerte para la oposición kirchnerista ocurrirá desde las 10.30 de mañana, cuando en las comisiones de Economía Nacional e Inversión; y de Presupuesto y Hacienda se presenten el titular y vice del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, respectivamente, para exponer sobre la iniciativa que reforma la Carta Orgánica, tema ya votado por la Cámara baja.

La ley apunta a garantizar la independencia de la entidad a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de las distintas administraciones centrales. Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

El texto impulsado por la Casa Rosada da marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el cristinismo, en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Si el Gobierno lograra la sanción en la Cámara alta, el único fin será preservar el valor de la moneda.

Por otro lado, se prohíbe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o por diferencia de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse de forma prioritaria a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. Además, dispone la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y se actualizan las reglas relativas a la administración y resguardo de las reservas internacionales.

Entre las modificaciones también se destaca un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en el Senado y Diputados.

Inocencia Fiscal II

La iniciativa amplía el régimen vigente, a partir de la eliminación de los topes de ingresos -$1.000 millones- y patrimonio -$10.000 millones- que, hasta ahora, limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. A través de esto, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida.

Uno de los puntos centrales es precisar bajo qué condiciones ARCA puede impugnar una declaración simplificada. En ese sentido, se establece que el organismo sólo podrá formular observaciones cuando detecte una diferencia de al menos el 15% sobre el “impuesto determinado” y no sobre el saldo final a pagar, como ocurría antes.

En tanto, en otro sector del articulado se introduce una regla de razonabilidad: no habrá discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia es igual o inferior al 5% del umbral del Régimen Penal Tributario, equivalente a $5.000.000. También se habilita una ventana de subsanación de 15 días hábiles para que el contribuyente rectifique e ingrese el saldo adeudado sin que se configure la causal de impugnación.

La ley estipula que la carga probatoria recae de forma exclusiva sobre ARCA, que sólo podrá fundar sus impugnaciones en datos declarados, registros sistémicos o información aportada por terceros. Al mismo tiempo, amplía el bloqueo al uso de presunciones: junto con la inoponibilidad del incremento patrimonial no justificado, se veda hasta el 31 de diciembre de 2027 la presunción por depósitos bancarios. Las demás requerirán respaldo probatorio externo y no podrán sustentar ajustes de forma aislada, lo que reduce la discrecionalidad del organismo recaudador frente a los contribuyentes adheridos.

Además, la reforma incorpora un alivio directo para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.

Durante el debate en comisión, La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado sólo para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a ninguna otra protección tributaria.

Por último, en cuanto a los dólares no declarados, el proyecto no establece una amnistía general, sino que modifica el marco bajo el cual ARCA podrá investigar el patrimonio, con el objetivo de incentivar la incorporación de esos activos al circuito formal.

La mirada de los inversores está puesta en el dato de inflación que se conocerá este jueves. Agosto sería hasta ahora el mes de menor suba de precios minoristas del año y la incógnita es si quedará cerca del mejor dato en lo que va del gobierno de Javier Milei, es decir el 1,5% de mayo de 2025. Sin embargo, lo más relevante es cómo sigue este proceso y sobre todo cuál será el panorama del año próximo.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central, los analistas de mercado estiman que para los próximos doce meses la inflación bajará sustancialmente. Esto significa que al momento de ir a las elecciones, el índice interanual se ubicará en el orden del 20 por ciento. En caso de verificarse, se trataría de una disminución cercana a los 13 puntos respecto al nivel actual.

El impacto de semejante descenso resultaría muy significativo, mejorando sensiblemente las posibilidades del Gobierno desde el punto de vista electoral. Lo más significativo es que mostraría resultados bien concretos de la política de control monetario. Y que tener paciencia para conseguir el resultado de desinflación es fundamental para que ese proceso tenga lugar.

Es cierto que para este año también se proyectaba una inflación de ese nivel, pero en el medio se produjo el fuerte cimbronazo cambiario preelectoral del 2025. El fuerte salto del dólar produjo un gradual traspaso a los precios y luego de varios meses de subas continuas el IPC tuvo un inesperado pico de 3,4% en marzo pasado.

La dinámica de los próximos meses luce totalmente diferente a la del año pasado. Mientras que entre agosto y diciembre del 2025 la inflación tuvo una tendencia ascendente continua, ahora se presenta el escenario contrario. La proyección del REM arrojó una suba mensual que oscilará en un rango que va del 1,6% al 1,8% al menos hasta principios del año próximo. El 2027 finalizaría también en torno al 20 por ciento.

La gran variable a monitorear para que se dé este escenario favorable aunque con un año de demora es el comportamiento del dólar. Luis “Toto” Caputo aseguró la semana pasada en el evento organizado por el IAEF que están preparados para enfrentar un año volátil.

“El Banco Central ya compró USD 14.000 millones, pero además tenemos distintos instrumentos para actuar, junto a los swaps con China y Estados Unidos”, aseguró el ministro de Economía. Así, dejó en claro que el “poder de fuego” del Gobierno para contener subas excesivas del tipo de cambio por presión compradora es mucho más significativo que el del año pasado.

Si se confirma un índice de inflación por debajo del 2% para los meses venideros, esto a su vez redundaría en una mejora de los ingresos en términos reales. Se trata de una de las asignaturas pendientes del plan económico, que sigue mostrando caída de ventas en el mercado interno.

Los factores que mantienen la inflación anual por encima del 30% estarían mucho más atenuados en los próximos meses. Por un lado, no se ven grandes saltos cambiarios por delante. Los analistas que completaron el REM estimaron que el tipo de cambio mayorista terminará el año en $1.625, reduciendo nuevamente la estimación.

Por otra parte, los aumentos de tarifas serán menores, como ya es una realidad en septiembre. Y el precio de la nafta no aumentaría, aunque depende de lo que suceda con el conflicto bélico en el Golfo Pérsico y el precio del barril de petróleo.

Ahora el Gobierno debe manejar un delicado equilibrio: mantener la inflación debajo del 2% mensual, pero al mismo tiempo avanzar con la remonetización de la economía para reactivar.

La semana pasada hubo una señal en esa dirección, cuando el Tesoro no renovó la totalidad del vencimiento de bonos e inyectó unos 500.000 millones de pesos. Eso llevó tranquilidad sobre todo en las tasas de interés, que bajaron del 20% en el caso de la caución bursátil. A pesar de esa reducción de las tasas el dólar se mantuvo tranquilo e incluso tuvo una caída leve en el arranque de septiembre.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso este lunes la creación de tres Comandos Unificados Federales para planificar y ejecutar el operativo de seguridad que acompañará la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 en el marco del Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

Las resoluciones fueron publicadas hoy en el Boletín Oficial. Las tres resoluciones, firmadas por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, establecen comandos diferenciados para cada una de las jurisdicciones en las que estará el sumo pontífice: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las localidades bonaerenses de Luján y Claypole, y la provincia de Córdoba

Tal como adelantó Infobae, la visita durará cuatro días. León XIV arribaría el domingo 8 de noviembre. Ese día, por la tarde será recibido por el presidente Javier Milei con una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General Don José de San Martín. Luego mantendrán una reunión en la Casa Rosada y más tarde se realizará un encuentro con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El lunes 9 comenzaría Claypole, con una visita al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, institución que asiste a personas con discapacidades. Luego regresaría a Buenos Aires para un recorrido en papamóvil y una Santa Misa en el Monumento a los Españoles. Por la tarde, la agenda incluye un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), un acto ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

El martes 10, el Papa viajaría a Córdoba para recorrer la ciudad en papamóvil, celebrar una misa y reunirse con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral local. Por la tarde regresaría a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

El miércoles 11, último día, León XIV visitaría el Complejo Penitenciario Federal antes de trasladarse a Luján para una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján —el mismo lugar que recorrió Juan Pablo II en 1987— y un saludo a voluntarios en Villa Marista. Partiría hacia Perú desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini.

Policía Federal, Gendarmería y Prefectura integran el dispositivo

De acuerdo con la dipuesto en las resoluciones, los tres comandos tendrán la misma composición: representantes de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y el Servicio Penitenciario Federal. Según se acordaron durante las reuniones preparatorias a la gira, la PFA tendrá a su cargo la seguridad directa del Papa durante los desplazamientos en la ciudad, mientras que los choferes del Vaticano conducirán el papamóvil.

Las normas establecen mecanismos de enlace con la Guardia Suiza Pontificia y otros organismos de seguridad de la Santa Sede, con la aclaración expresa de que su participación no implica incorporación orgánica a las fuerzas federales ni alteración de sus cadenas de mando. La coordinación se instrumentará por vía diplomática, en articulación con la Nunciatura Apostólica en la Argentina, Cancillería, la Secretaría General de la Presidencia y la Casa Militar.

Cada comando deberá elaborar un plan operacional que contemple la gestión de multitudes y la prevención de riesgos, y permanecerá activo hasta 48 horas después de finalizado el tramo papal en su jurisdicción.

La orden judicial que frenó la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió, apenas horas después de conocerse, un cruce directo entre la Casa Rosada y la administración de Axel Kicillof.

La ofensiva la encabezó Patricia Bullrich, senadora y ex ministra de Seguridad e impulsora de la ley, quien escribió en sus redes sociales que en la Provincia “tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.

El reproche no quedó ahí. Bullrich sumó un segundo mensaje en el que apuntó contra el sistema judicial provincial: “Tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, sostuvo.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se sumó horas después con un planteo similar: “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”. El mensaje contó con el respaldo explícito del presidente Javier Milei.

El diputado nacional Luis Petri fue por el mismo camino, aunque con un dato adicional: cuestionó a la jueza que firmó la medida por su supuesta afiliación política. “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, escribió, y agregó que “aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla”. El dirigente Sebastián Pareja, por su parte, calificó la resolución como “profundamente antidemocrática” y remarcó que la norma “no fue una decisión unilateral del Ejecutivo nacional”, sino el resultado de un proceso legislativo que atravesó todas las instancias del Congreso.

El ministro de Seguridad bonaerense respondió a Santilli

La respuesta desde La Plata no tardó en llegar. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, contestó de manera directa al planteo de Santilli y le pidió que se concentre en “hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”.

Alonso introdujo un cuestionamiento de fondo sobre la aplicación de la reforma: “¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?”, preguntó.

El funcionario provincial fue más allá y calificó la reforma impulsada por Nación como “apenas una modificación en los papeles” y “un eslogan de campaña” ante la falta de recursos e inversión para su implementación.

Además, cuestionó por qué Santilli le reclamaba al Poder Ejecutivo una decisión que, según remarcó, corresponde al Poder Judicial: “¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos”, cerró en su publicación.

Los fundamentos del fallo judicial

La medida que encendió la polémica fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, apenas 48 horas después de que la Ley N° 27.801 entrara en vigencia. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de los adolescentes privados de su libertad, lo que derivó en la paralización temporal de la norma en todo el territorio bonaerense por 60 días.

El eje de la resolución no giró en torno a la constitucionalidad de la ley, sino a la falta de infraestructura y recursos materiales del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarían al sistema penal. La nueva legislación reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que habilita el procesamiento judicial de adolescentes de esa franja etaria por los delitos contemplados en el Código Penal. Pascual argumentó que esta modificación generará un aumento considerable en la cantidad de menores detenidos, tanto por el flujo de nuevos ingresos como por la mayor permanencia dentro del sistema de encierro, y puso en duda si la provincia cuenta con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para albergar a esa población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez.

En declaraciones a Now 97.9 tras la firma del fallo, la jueza defendió su postura y aclaró que no está en desacuerdo con la baja de la edad de imputabilidad. “No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, planteó. Ante las críticas de Bullrich, respondió de manera puntual: “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente”.

A diferencia de otros funcionarios nacionales, el Ministerio de Capital Humano no se refirió de manera directa contra la medida judicial. Sin embargo, compartió un posteo que retuiteó el propio Milei, en el que se señalaba que la Ley N° 27.801 establece que, desde los 14 años, los adolescentes pueden responder penalmente por los delitos que cometan, y que amenazar a una escuela, portar armas, planificar ataques, vender o distribuir sustancias ilegales o difundir imágenes íntimas son conductas tipificadas como delito.

Qué establece la reglamentación nacional

Un día antes del fallo, el Gobierno nacional había reglamentado la Ley N° 27.801 mediante el Decreto 875/2026, firmado por Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el propio Santilli. La reglamentación designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación, con la responsabilidad de coordinar el sistema, dictar normas complementarias y celebrar convenios con provincias, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

El nuevo esquema prohíbe las condenas a prisión perpetua para menores de edad y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, que deberá cumplirse exclusivamente en centros especializados y sin contacto con adultos. Incorpora también penas alternativas como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y el uso de tobilleras electrónicas. Para el seguimiento individual de cada joven, el decreto creó la figura del “supervisor especializado”, un profesional con formación en psicología, trabajo social, pedagogía o áreas afines, y dispuso un registro transitorio de habilitados con un plazo máximo de 180 días para realizar la primera convocatoria pública definitiva.

Cuál es el plazo para resolver la implementación

La jueza Pascual planteó un objetivo concreto para el período de suspensión: que en esos 60 días los poderes del Estado se pongan de acuerdo sobre quién será el supervisor de cada joven, con qué recursos contarán los centros de detención y cómo se implementarán las medidas alternativas que la propia ley contempla. “Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo y no que, si no pasa nada, sea solo encerrarlo, o que haya provincias donde están haciendo una pared y mandándolos a la cárcel común”, advirtió la magistrada.

La resolución judicial ordenó, además, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires que adopten de manera inmediata las medidas necesarias para operativizar la suspensión. Pascual convocó a una audiencia en la sede del tribunal para el 16 de septiembre, en la que las autoridades del Poder Ejecutivo provincial vinculadas a la temática deberán detallar qué acciones implementaron, cuáles tienen proyectadas y en qué plazos prevén ejecutarlas para adecuar el sistema a las exigencias de la nueva normativa.