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Javier Milei cerró una semana en la que casi ningún dato importante vino solo. La inflación de agosto bajó al 1,7% y volvió a darle al Gobierno una señal potente para sostener que el programa económico avanza en la dirección prevista. Casi al mismo tiempo, la industria y la construcción retrocedieron y encendieron luces amarillas sobre la actividad y el empleo. La política ofreció una secuencia parecida: el oficialismo atravesó una sesión compleja en Diputados sin resignar algunos de sus límites fiscales, pero la oposición celebró haberlo obligado a convivir con una agenda que incluye morosidad y discapacidad. Buenas y malas noticias. Señales cruzadas.

Ese contraste puede convertirse en una clave del próximo tramo de Milei. La discusión ya no pasa por demostrar que el cambio era necesario. El desafío es más político: conseguir que las señales favorables alcancen para preservar la convicción de que el cambio avanza mientras espera que el resto de los indicadores empiece a alinearse.

En el seno del oficialismo predomina una mirada optimista sobre el presente y, sobre todo, sobre el futuro. La baja de la inflación es el argumento principal. Milei todavía no ganó esa batalla, pero mostró que puede ganarla. Para su electorado, ese resultado se convirtió en un activo difícil de subestimar: ofrece una prueba de que algunas de las promesas más audaces del programa pueden transformarse en resultados.

La convicción dominante en la Casa Rosada es que, si el rumbo no se altera, la estabilización terminará trasladándose a salarios, inversión, actividad y empleo. No hay una discusión interna relevante sobre preservar el equilibrio fiscal ni sobre la orientación general del programa. Sin embargo, esa lectura no es absolutamente unánime. En algunos sectores empiezan a aparecer, en voz baja, advertencias sobre la velocidad con la que esos resultados deben llegar.

Las diferencias no son sobre el rumbo. Son sobre el reloj.

Los indicadores económicos y el costo político

Los datos de actividad conocidos esta semana alimentaron esas prevenciones. La producción industrial manufacturera cayó en julio un 4,9% interanual y un 5% frente al mes anterior, mientras que la construcción retrocedió un 4,5% contra un año atrás y un 4,6% en la comparación mensual desestacionalizada. Son dos sectores sensibles porque detrás de sus estadísticas hay empleo, proveedores y pequeñas y medianas empresas.

Pero la inflación de agosto fue de 1,7%. Y ese número cuenta otra historia.

La coexistencia de ambos fenómenos explica por qué sería apresurado sacar una conclusión definitiva. Los datos todavía no cuentan una única historia. Por eso, la batalla política se desplaza hacia la capacidad de convertir algunos resultados favorables en tendencia antes de que los negativos formen un relato de desgaste.

Fernando Marull, un economista con fuerte llegada al círculo rojo, aportó otro elemento que conecta economía y política. Según su cálculo, los salarios privados perdieron alrededor de 5% entre agosto de 2025 y marzo de este año, pero recuperaron aproximadamente tres puntos entre abril y agosto, acompañando la desaceleración inflacionaria. Todavía están unos dos puntos por debajo de octubre de 2025.

Marull observó además que el apoyo al Gobierno siguió un recorrido parecido: cayó mientras retrocedían los salarios y frenó su deterioro cuando empezó la recuperación. La conclusión no es que el oficialismo tenga asegurada una recomposición política. Sí muestra que la baja de la inflación puede convertirse en algo más que un éxito macroeconómico si termina trasladándose al poder adquisitivo.

Durante buena parte del gobierno de Milei, la inflación concentró una porción enorme de la conversación económica. Su reducción modifica también las demandas sociales. Si los precios dejan de ser la preocupación dominante, la atención se desplaza hacia el empleo, el salario, los servicios, el consumo y la posibilidad de ahorrar.

La última encuesta de la Universidad de San Andrés muestra ese movimiento con nitidez. La falta de trabajo aparece como el principal problema del país, con 39%, seguida por los bajos salarios, con 36%. La inflación queda bastante más atrás, con 17%.

La misma medición muestra la estrechez con la que se mueve buena parte de las familias. Al 40% de los consultados los ingresos les alcanzan justo para cubrir los gastos mensuales, sin capacidad de ahorro. Otro 37% dice que no le alcanza: 18% utiliza ahorros o recorta gastos y 19% tuvo que endeudarse.

Son datos que el Gobierno observa sin abandonar su tesis principal: la solución no consiste en alterar el programa, sino en darle tiempo. Pero explican por qué algunos funcionarios empiezan a prestar más atención a sectores medios, jóvenes y adultos jóvenes que pueden reconocer el descenso de la inflación y, simultáneamente, sentir que todavía viven con poco margen.

AtlasIntel registró otra señal: la percepción sobre el mercado laboral es ampliamente negativa y el desempleo ya aparece entre las preocupaciones principales. La Universidad de San Andrés, por su parte, muestra una aprobación oficialista de 35% y una insatisfacción general elevada. Pero cuando la pregunta se traslada directamente a 2027 aparece una paradoja políticamente más importante: La Libertad Avanza registra 24% y el peronismo, 23%, con una cantidad muy importante de electores todavía sin definición.

El malestar existe. Lo que todavía no existe es una traducción automática de ese malestar en una alternativa electoral.

Ese es uno de los activos de Milei. La oposición puede complicar al Gobierno, pero todavía no consiguió construir una opción nacional que concentre el descontento. Entre quienes desaprueban la gestión, según la Universidad de San Andrés, 36% elegiría hoy al peronismo; entre quienes aprueban al Gobierno, 65% votaría a La Libertad Avanza.

La política parlamentaria también entregó una escena de interpretaciones contrapuestas.

En Diputados, oficialismo y oposición terminaron votando juntos, por 249 votos contra uno, el envío a comisión de iniciativas vinculadas con morosidad y discapacidad. Para los bloques opositores fue una victoria: sostienen que consiguieron doblegar la resistencia oficial y obligar al Gobierno a discutir dos asuntos con fuerte sensibilidad social.

La lectura en la Casa Rosada es diferente. Allí afirman que el cronograma ya estaba encaminado, que la votación terminó de formalizar un esquema conocido y que, además, consiguieron evitar que el proyecto sobre morosidad fuera enviado a la Comisión de Presupuesto. Ese detalle es importante: impide que la discusión nazca necesariamente asociada a una solución con costo fiscal.

La oposición consiguió instalar una agenda. El Gobierno consiguió procesarla sin abandonar uno de sus límites centrales. El episodio anticipa un problema que probablemente se repetirá: cómo responder a nuevas demandas sin desarmar el equilibrio fiscal que Milei considera una condición indispensable para sostener la estabilización.

El gran escenario de esa discusión será el Presupuesto 2027.

Los gobernadores llegarán a esa negociación pensando en un año electoral. Reclamarán obras, recursos y compromisos que puedan mostrar en sus provincias. La Casa Rosada tendrá que conciliar esas demandas con su disciplina fiscal y contará, además, con una herramienta para administrar políticamente la relación con mandatarios aliados, dialoguistas y opositores.

Los gobernadores saben que el Presupuesto será una de las últimas grandes oportunidades para asegurar recursos antes de entrar plenamente en la carrera de 2027. El Gobierno necesita votos para aprobar la ley de leyes y allí puede ordenar parte de su futura arquitectura política.

La reforma electoral completa ese tablero. La eliminación o una nueva suspensión de las PASO sigue entre los objetivos de la Casa Rosada y existe un límite temporal exigente. La Cámara Nacional Electoral advirtió que las reformas relevantes deben resolverse con suficiente anticipación. En los hechos, la discusión tiene que definirse este año si se pretende que las nuevas reglas rijan en 2027.

El calendario político empieza así a correr más rápido que el calendario económico.

Mientras el Gobierno espera que la estabilización termine de consolidar salarios, inversión y actividad, tiene unos meses para resolver el Presupuesto, las reglas electorales y los acuerdos con gobernadores. El año próximo ya será, inevitablemente, un año presidencial.

Malvinas y la disputa por el rumbo

Hay otro terreno en el que Milei buscó ampliar su agenda: Malvinas.

El Presidente habló extensamente del tema en la última reunión de Gabinete. El Gobierno avanzó con decisiones políticas y judiciales frente a las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas, mientras Pablo Quirno y Carlos Presti viajaron a Tierra del Fuego para avanzar en las obras de la Base Naval Integrada.

La nueva definición de Donald Trump, que dejó abierta la posibilidad de participar de una eventual negociación, agregó un elemento inesperado. Falta saber hasta dónde puede llegar, pero la Casa Rosada considera que existe una oportunidad para mover un escenario diplomático históricamente rígido.

Malvinas permite, además, a Milei ampliar el registro de su Presidencia: Defensa, soberanía, recursos estratégicos y política exterior ofrecen una agenda distinta de la discusión económica cotidiana.

En medio de esas señales cruzadas aparece una convicción que Santiago Caputo sintetizó algunos días atrás. “Reminiscencias de mediados de ‘22. Falta un año para las elecciones. Diagnósticos apresurados y conclusiones atemporales. La paciencia es una virtud. Para variar, no la ven. Todo marcha acorde al plan”, escribió el estratega presidencial.

La frase resume la visión mayoritaria del núcleo de poder. El oficialismo cree que muchos diagnósticos vuelven a cometer el mismo error: convertir cada dificultad coyuntural en una tendencia definitiva. Confía en que el tiempo terminará confirmando la dirección del programa.

Pero esa batalla no se libra solamente con estadísticas.

Según pudo saber Infobae, en las últimas reuniones Milei volvió a expresarse con particular dureza contra el periodismo. En una de esas conversaciones llegó a definir a los periodistas como “el enemigo”. La intensidad no es novedosa, pero adquiere otro significado en esta etapa. Cuanto más contradictorias sean las señales económicas y políticas, más importante será para el Presidente la disputa sobre cómo deben ser interpretadas.

Milei nunca concibió esa discusión como neutral. Cree que una parte del sistema político, económico y mediático intenta erosionar la confianza sobre el rumbo y que esa pérdida de confianza puede convertirse en una profecía autocumplida: menos inversión, menos actividad y más dudas.

La búsqueda de adversarios cumple, además, una función conocida en el mileísmo: ordena a los propios. Cuando el escenario ofrece datos contradictorios, la confrontación ayuda a organizar una explicación y preservar la cohesión de quienes todavía creen en el proyecto.

Eso no significa que el Gobierno pueda resolver con discurso aquello que la economía no resuelva. En el propio oficialismo saben que la variable decisiva seguirá siendo material. El salario tendrá que recuperarse, el empleo deberá mostrar mayor fortaleza y la inversión tendrá que pasar de los anuncios a la economía real.

Milei no necesita que todos los datos sean buenos. Ningún gobierno puede lograrlo. Necesita algo más difícil: que suficientes datos empiecen a contar la misma historia.

Que la baja de la inflación termine acompañada por una recuperación sostenida del salario. Que esa mejora se traduzca en consumo. Que industria y construcción recuperen actividad. Que la estabilidad atraiga inversión y genere empleo. Y que, en política, el Presupuesto, la reforma electoral y los acuerdos con los gobernadores permitan transformar la estabilización en una coalición capaz de llegar competitiva a 2027.

La semana que terminó no ofreció una respuesta definitiva. Ofreció señales cruzadas.

La pelea de Milei será conseguir que esas señales no erosionen la convicción de que el cambio sigue avanzando antes de que los resultados empiecen a converger. En ese tránsito se jugará buena parte de la próxima etapa de su Gobierno.

Porque el Presidente todavía conserva algo decisivo entre quienes lo acompañan: la certeza de que la Argentina está intentando un camino diferente. El desafío ahora es que esa certeza pueda apoyarse cada vez menos en la promesa y cada vez más en una secuencia de resultados.

Luego de que los resultados de las pruebas PISA 2025 expusieran una fuerte caída en los niveles de aprendizaje en lectura, matemática y ciencias, el senador Maximiliano Abad llamó a realizar una “Revolución Educativa” durante una jornada sobre educación bonaerense realizada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Además, convocó a realizar un nuevo Congreso Pedagógico federal.

A menos de una semana de que se dieran a conocer los datos obtenidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este sábado se celebró “Del dato al aula bonaerense: Hablan los especialistas”, un encuentro desarrollado en el Edificio Sergio Karakachoff que reunió a docentes, funcionarios y referentes del sector para debatir propuestas sobre el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires.

Durante su intervención, Abad sostuvo que los resultados reflejaron “el peor desempeño educativo argentino en casi veinte años”. En ese contexto, propuso abrir una discusión amplia sobre el modelo de enseñanza actual, en donde se geste un debate entre consejeros escolares, docentes, familias y estudiantes.

“La educación pública argentina fue durante gran parte del siglo XX un contrato social”, afirmó el senador, tras identificar un quiebre en ese acuerdo. Tras aseverar que “los números lo muestran con crudeza”, consideró que la escuela ya no estaba en condiciones de ofrecer “movilidad social, ciudadanía y una inserción en el mundo del trabajo”.

Según los datos revelados esta semana, Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, con una baja de entre 11 y 13 puntos respecto de la edición anterior. Así, el país quedó en el puesto 72 entre 91 naciones evaluadas y en el octavo lugar de América Latina, detrás de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia.

En ese contexto, el senador también enumeró otros indicadores que, a su criterio, exponen la crisis del sistema. Por esto, señaló que 8 de cada 10 estudiantes de 15 años no alcanzan el nivel mínimo en Matemática y citó un dato del Banco Mundial según el cual el 59% de los niños de 10 años no comprende un texto simple.

De acuerdo con las evaluaciones Aprender, solo el 55% de los alumnos alcanza un desempeño satisfactorio en Matemática. Y, al hacer referencia a la situación bonaerense, Abad afirmó que la provincia concentra cerca del 40% de la matrícula nacional, con casi 3,9 millones de estudiantes, y registra una inversión anual de $3,1 millones por alumno.

“El problema no se limita a la falta de recursos, aunque existen carencias”, cuestionó el senador al considerar que “el diseño actual del sistema profundiza las diferencias entre quienes nacen con más oportunidades y quienes nacen con menos”.

Frente a ese diagnóstico, propuso convocar a un Congreso Pedagógico con instancias presenciales y virtuales para discutir un plan de transformación de largo plazo, sin condicionamientos electorales.

La iniciativa prevé abordar la alfabetización desde los primeros años, la ampliación de la jornada escolar, la formación docente y la relación entre la escuela, el mundo productivo, la tecnología, la inteligencia artificial y las comunidades locales.

“El principal recurso de un país es la educación de su gente”, sostuvo Abad. Por esta razón, apuntó que no era posible crear un proyecto de desarrollo sostenible “si la escuela reproduce desigualdades en lugar de reducirlas”.

Al convocar a la comunidad educativa bonaerense a sumarse al debate, el senador destacó que “las maestras y los maestros sostienen todos los días una parte central de ese contrato social”. Asimismo, presentó una serie de propuestas elaboradas a partir de estudios de política educativa que podrían formar parte de la discusión:

• Un plan educativo acordado entre las provincias, el Congreso y la sociedad civil, con metas y financiamiento definidos a diez años.
• Un sistema nacional de información y evaluación con datos actualizados por escuela para orientar los recursos hacia los sectores con mayores dificultades.
• Materiales de enseñanza y acompañamiento técnico para las instituciones que registren peores indicadores.
• Una nueva carrera docente, con cargos especializados, formación para directivos y supervisores, y concursos basados en capacidades profesionales.
• La expansión del nivel inicial y de la jornada extendida en escuelas primarias ubicadas en contextos vulnerables.
• Cambios en la escuela secundaria, con docentes designados por cargo, un régimen académico más flexible y una mayor articulación con el empleo y las herramientas tecnológicas.

La jornada tuvo una apertura a cargo de Nicolás Bonino, consejero general de Cultura y Educación bonaerense. Del primer panel participaron Abad; la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Chaco, Sofía Naidenoff; la especialista en Lingüística y directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación INECO, Florencia Salvarezza; y el licenciado en Ciencias Políticas Damián Fió.

El segundo panel reunió a Cristian Quillotay, docente de nivel secundario y comunicador digital, y a Matías García, abogado, maestro de primaria y autor de Docencia y Derecho: Manual del Docente Bonaerense. Además, la actividad fue moderada por la consejera escolar platense Sofía Gualberto y contó con la participación de DALE! y de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la UNLP.