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  • La Justicia Federal avanzará con la causa contra las petroleras extranjeras acusadas de explotar petróleo en Malvinas

    La Justicia Federal avanzará con la causa contra las petroleras extranjeras acusadas de explotar petróleo en Malvinas

    Buques pesqueros de calamar (poteros, con lámparas encendidas) y de merluza (embarcaciones congeladoras o fresqueras) rodeando las Islas Malvinas
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    Luego de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones a las empresas extranjeras que exploten el petróleo de las Islas Malvinas y vulneren la soberanía nacional sobre el archipiélago, la causa por daño ambiental y soberano avanzará en el fuero federal. Así, el Juzgado Federal de Tierra del Fuego intervendrá en el hecho.

    En ese contexto, la jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción preventiva contra las dos petroleras extranjeras que forman parte del proyecto Sea Lion.

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    Según pudo constatar Infobae, se trata de un yacimiento offshore producto de la unión comercial entre la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ambas tienen previsto perforar y extraer petróleo de la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, es decir, en la plataforma continental argentina.

    La presentación fue promovida por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que solicitaron el cese de las tareas vinculadas con el emprendimiento hidrocarburífero.

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    La causa que investigará el daño ambiental y soberano recayó en manos de la jueza federal de Garantías Mariel Borruto

    Como argumento, las organizaciones sostuvieron que las compañías avanzaron con etapas logísticas y de construcción bajo licencias emitidas de manera unilateral por el Reino Unido. Por este motivo, denunciaron que el proyecto carece de una evaluación de impacto ambiental ante autoridades argentinas y del certificado de aptitud ambiental previsto en la Ley General del Ambiente N° 26.675.

    Además de asumir la competencia, Borruto ordenó dar participación a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según el sitio Fiscales, la magistrada consideró que el área donde se proyecta la iniciativa se encuentra dentro de la jurisdicción provincial, por lo que el Estado fueguino posee atribuciones sobre los recursos naturales y la regulación ambiental.

    De esta manera, la resolución dispuso que la Fiscalía de Estado provincial tendrá diez días para ejercer la representación correspondiente en resguardo del patrimonio y el ambiente estatal. También intimó a los demandantes a que, en un plazo de cinco días, informen si iniciaron procesos con el mismo objeto en otros tribunales.

    En línea con esto, las organizaciones deberán traducir los documentos redactados en idiomas extranjeros y presentar en formato digital la documentación necesaria para analizar las medidas cautelares solicitadas.

    La zona en donde se pondría en marcha el proyecto Sea Lion

    La decisión judicial coincide con el dictamen de la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, a cargo del fiscal Marcelo Rapoport y con intervención de la auxiliar fiscal Lorena Bendaña. En este documento, el Ministerio Público Fiscal entendió que el eventual impacto ambiental excede una jurisdicción local, debido a la conexión oceanográfica de las aguas del Atlántico Sur con las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur.

    Según lo informado, el proyecto Sea Lion contempla una infraestructura de pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además de ductos y conductos verticales. Por esto, para Borruto esas instalaciones se ubicarían sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental bajo jurisdicción marítima nacional.

    En el dictamen, Bendaña sostuvo que las empresas pretenden desarrollar una actividad capaz de provocar daños sobre recursos naturales de la República Argentina sin que las autoridades nacionales hayan evaluado sus consecuencias.

    En este sentido, la Fiscalía remarcó que los organismos argentinos no pudieron acceder ni controlar de forma integral la información técnica de la iniciativa, requerir estudios independientes, garantizar instancias de participación ciudadana ni resolver sobre su aprobación o rechazo. Así, el planteo se apoya en el carácter preventivo del derecho ambiental ante daños que podrían ser irreversibles o de difícil recomposición.

    El Canciller Pablo Quirno y el Ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvieron un encuentro con el Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella

    Por otro lado, la jueza Borruto también consideró que la demanda involucra un posible daño a la soberanía nacional, más allá de la discusión ambiental. En su resolución, señaló que el reclamo comprende la defensa de un interés federal vinculado con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

    En consonancia con este planteo, la Fiscalía citó la Ley de Hidrocarburos N.º 26.659 y su modificatoria, la Ley N.º 26.915, que establecen la ilegalidad de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental.

    Por esta razón, el dictamen añadió que la explotación unilateral de recursos naturales por parte del Reino Unido resulta incompatible con el proceso de negociaciones promovido por las Naciones Unidas. Según el Ministerio Público Fiscal, las resoluciones internacionales reconocen la existencia de una controversia de soberanía y exhortan a las partes a evitar medidas unilaterales mientras permanezca abierta.

    A raíz de esto, la Fiscalía remarcó que la combinación de un presunto daño ambiental interjurisdiccional, la afectación de un interés soberano y la ubicación del proyecto en la plataforma continental argentina configura un caso de competencia federal. Con las medidas ordenadas, el expediente quedará a la espera de la intervención de Tierra del Fuego y del cumplimiento de los requerimientos dirigidos a las organizaciones demandantes.

  • Hay una mejora de los márgenes para la siembra de granos gruesos de la campaña 2026/27

    Hay una mejora de los márgenes para la siembra de granos gruesos de la campaña 2026/27

    Los árboles no crecen hasta el cielo y los precios de los granos tampoco. Durante los últimos 20 días, los mercados de cereales y oleaginosas vivieron una estampida provocada por factores geopolíticos que catapultaron los precios y se llevaron por delante los fundamentos. Pero llegó un momento en que los operadores tomaron ganancias y los mercados mostraron mayor tranquilidad, al menos por unos días. ¿Qué queda ahora? Los precios del maíz y de la soja disponibles y para la época de cosecha son muy buenos, están muy por encima del promedio de los últimos tres años y permiten cerrar negocios que aseguran márgenes positivos y rentabilidad interesante para la campaña 2026/27. Por ejemplo, para la zona núcleo, una soja de primera en campo alquilado, con rindes de tendencia y con los precios a cosecha de principios de la semana, promete un margen neto del orden de los 280 dólares por hectárea, que resulta 80% más alto que el de la campaña anterior. En la misma zona, un maíz de primera puede proyectar un margen neto del orden de 450 dólares por hectárea, que resultaría 100% mayor al del ciclo anterior. Similares datos muestra la secuencia trigo/soja.

    En el sur de Buenos Aires el comportamiento muestra tendencia semejante, aunque las diferencias a favor de esta campaña se reducen por el menor potencial de rendimiento. Así una soja de primera permitiría generar un margen 41% mejor al del año pasado; el maíz de primera superaría en 70% los registros de 2025/26 y el girasol daría resultados bastante parecidos a los del año pasado por los altos precios que ya venía teniendo. ¿Qué se puede sacar del limpio de estos datos? Nadie puede adivinar qué va a pasar en las próximas semanas con los precios de los granos, pero una conducta prudente para un agricultor que tenga muchas hectáreas por cultivar en la campaña 2026/27 sería ir cubriendo una parte de la producción esperada para asegurar los márgenes netos y la rentabilidad que se impone como objetivos. La cobertura puede hacerse con opciones flexibles -por ejemplo puts-, forwards o ventas futuras, de acuerdo al grado de riesgo que quiera aceptar el productor. Además, si quiere tomar un seguro previendo que el rally alcista continúe por la pirotecnia geopolítica, puede comprar un call, una opción de compra a determinado precio.

  • Granja Penal El Potrero: cómo es la cárcel donde Sergio Urribarri cumplirá su condena

    Granja Penal El Potrero: cómo es la cárcel donde Sergio Urribarri cumplirá su condena

    Durante la madrugada de este viernes, el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue trasladado bajo un fuerte operativo a la granja penal de Gualeguaychú. El exmandatario cumplirá allí su condena por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

    Urribarri, de 67 años, fue trasladado con fuerte custodia del servicio penitenciario provincial e ingresó acompañado por su exministro de Cultura, Pedro Báez, y su cuñado, el expresidente del PJ provincial Juan Pablo Aguilera. Ambos exfuncionarios también resultaron condenados a seis años y medio de prisión efectiva por las mismas maniobras.

    Tras la ratificación del fallo por la Corte Suprema, que llegó luego de dos años de apelaciones, el cronograma fijó que Báez completará la pena en mayo de 2031, Aguilera en enero de 2033 y Urribarri el 15 de julio de 2034. La megacausa investigó el desvío de dinero público hacia empresas mediante pautas publicitarias.

    El traslado de los tres condenados desde la Unidad Penal 1 de Paraná hasta la Unidad Penal 9 El Potrero comenzó alrededor de las 4:30 del viernes y concluyó a las 8 de la mañana. El arribo a la penitenciaría aconteció tras una protesta de 130 internos del Módulo C en reclamo de mejoras edilicias.

    Los desvíos cometidos por el grupo incluyeron contrataciones irregulares para la Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador veraniego en Mar del Plata. En concreto, la “megacuasa” de corrupción en Entre Ríos se originó en maniobras delictivas iniciadas en 2010, cuando estaban al frente del Gobierno.

    Granja Penal El Potrero

    Los ahora condenados fueron acusados de llevar adelante un esquema de desvío de millones de pesos de los fondos públicos a las empresas de Aguilera, como supuestos contratos de publicidad que tomaba la Provincia. De modo que Urribarri fue condenado a ocho años por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado por las maniobras de los contratos fraudulentos.

    Báez y Aguilera, por su parte, recibieron condenas de seis años y seis meses de prisión efectiva, uno por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado dado que había sido ministro en aquel momento y el otro como autor material de los delitos compartidos.

    Los acusados por la “megacausa” cumplirán con sus sentencias en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, conocida también como Granja Penal El Potrero, que se encuentra a sobre la ruta 136, a la altura del kilómetro 26 y medio, y con un Centro Operativo de Monitoreo dotado de domos de alta definición, cámaras en puntos clave y vigilancia con drones de observación táctica.

    El centro de detención, diseñado para fortalecer la seguridad integral y permitir una vigilancia en tiempo real de áreas críticas, garantizando trazabilidad y cobertura continua las 24 horas, cuenta actualmente con unos 500 reclusos que se alojan en las áreas de diez pabellones para varones y uno para mujeres.

    La “Granja Penal El Potrero” donde cumplirá sentencia Urribarri es el segundo centro penitenciario más antiguo del país y se destaca por su enfoque en la reinserción laboral a través del trabajo, ofreciendo talleres de faena ovina, cría de ganado, panadería, carpintería, costura y hasta la confección de pelotas de fútbol en las instalaciones de la biblioteca.

    AS.

  • Un informe oficial detectó fallas graves en los controles de la ANMAT tras las 90 muertes por fentanilo contaminado

    Un informe oficial detectó fallas graves en los controles de la ANMAT tras las 90 muertes por fentanilo contaminado

    Agustina Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumado
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    Un informe de auditoría del Gobierno, incorporado a la causa que investiga el juez federal Ernesto Kreplak por la muerte de 90 pacientes tras el suministro de fentanilo contaminado, concluyó que el sistema de control vigente en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) “presenta debilidades relevantes en su diseño e implementación”, con fallas que abarcan la ausencia de procedimientos formales, sistemas informáticos obsoletos, falta de un plan anual de inspecciones y un 21,7% de los establecimientos farmacéuticos habilitados sin controles desde hacía más de cinco años.

    El documento, al que accedió de manera exclusiva Infobae, resume el hallazgo central en una frase: “Ello se evidencia en las deficiencias observadas en el ejercicio de las funciones de regulación, fiscalización y vigilancia sanitaria, particularmente, en lo referido al control de calidad de medicamentos y la gestión de desvíos” en la fabricación de medicamentos.

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    Los auditores trabajaron en conjunto con la Unidad de Auditoría Interna de la ANMAT, entre octubre de 2025 y enero de 2026, sobre expedientes de vigilancia postcomercialización y farmacovigilancia tramitados durante el primer semestre de 2025. Es decir, después de la mayor tragedia sanitaria del país.

    Ni procedimientos formales ni plan anual de inspecciones

    Uno de los primeros hallazgos del informe apunta a la ausencia de normativa interna específica. Los auditores detectaron “la subsistencia de procedimientos informales” y la falta de plazos determinados para tramitar los reportes por desvíos de calidad y las órdenes de retiro de mercado. Los Procedimientos Operativos Estándar vigentes —siete en total, identificados con códigos internos— “no contemplan plazos administrativos ni circuitos que comprendan la totalidad de las etapas administrativas de los procesos”, lo que les daba a las autoridades de control un manejo discrecional. Además, ninguno de ellos fue remitido a la Unidad de Auditoría Interna para su intervención, tal como exigen las regulaciones vigentes desde 2007.

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    Fachada de edificio con el cartel ANMAT, una puerta giratoria dorada, dos puertas laterales doradas, el número 863 en la pared y afiches.

    A esa carencia se suma una omisión más estructural: la ANMAT no cuenta con un Plan Anual de Inspecciones de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).

    El propio informe del Gobierno aportado a la causa que instruye Kreplak destaca que las BPF son “un conjunto de normas, procedimientos y controles exigidos para la elaboración de medicamentos y productos médicos, garantizando que se produzcan de manera consistente, uniforme y segura”, con el objetivo de “minimizar los riesgos de contaminación, errores y asegurar su calidad”. Todo lo que no ocurrió en los laboratorios elaboradores y distribuidores del fentanilo contaminado, HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo S.A. Estas normas, de carácter internacional, se rigen por diez puntos principales, entre los que se destacan:

    1. Garantizar la calidad, seguridad y eficacia del producto. El objetivo central de las BPF es asegurar que cada medicamento se fabrique de acuerdo con el estándar de calidad apropiado para el uso al que está destinado, cumpliendo con los requisitos de la autorización de comercialización otorgada por la ANMAT, y sin representar ningún riesgo para el paciente por deficiencias de seguridad, calidad o eficacia.
    2. Evitar la contaminación cruzada. Prevenir que un producto se mezcle, contamine o vea comprometido durante el proceso de elaboración, envasado o etiquetado, situación directamente vinculada al caso del fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes. Exactamente eso es lo que sucedió en la planta elaboradora cuyo propietario era Ariel García Furfaro, en la actualidad preso y uno de los 15 procesados en la causa. Dos de ellos son las ex titulares de la ANMAT y del INAME, Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, respectivamente.
    3. Asegurar procesos de fabricación consistentes y reproducibles. Todos los procesos productivos deben estar claramente definidos, documentados y validados, de manera que cada lote se produzca siempre de la misma forma, sin variaciones que puedan afectar la calidad del producto final.
    4. Mantener condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Los establecimientos deben asegurar condiciones de higiene acordes a las necesidades de cada proceso de elaboración o fraccionamiento, para evitar cualquier tipo de desvío microbiológico.
    HLB PHARMA FENTANILO CONTAMINADO

    En su descargo, la ANMAT respondió a los auditores que sus inspecciones se rigen por un enfoque de análisis de riesgo, con planificaciones que “pueden tener modificaciones según demanda y prioridades”, y que recién a partir de 2025 —después del escándalo sanitario del fentanilo— comenzó a solicitar a sus áreas técnicas la presentación de planes de inspección formales.

    Laboratorios sin inspección

    El informe cuantifica el impacto de esa falta de planificación: 51 de los 235 establecimientos farmacéuticos habilitados en el país —el 21,70% del total— no habían sido inspeccionados en el marco de las normas de Buenas Prácticas de Fabricación desde hacía más de cinco años. Entre los casos que integran ese listado figuran laboratorios con la última inspección registrada en 2009, 2010 y 2015.

    No fue el caso de Laboratorios Ramallo, el elaborador del fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes. En la causa está probado que se lo inspeccionó días antes de la fabricación del anestésico que derivó en 90 muertes y dejó secuelas en otros 44 pacientes, pero las autoridades responsables, Mantecón Fumadó y Bisio, no sancionaron a la firma ni prohibieron la fabricación de medicamentos, a pesar de que la inspección determinó desvíos de calidad. En el expediente se sumaron documentos que demuestran que desde el INAME le avisaban a los directivos de HLB Pharma Group y Ramallo S.A. la fecha y el horario de las inspecciones.

    En el informe, de 116 páginas, los auditores apuntaron: “La situación descripta evidencia debilidades en los mecanismos de control y fiscalización de la ANMAT lo que impide verificar el cumplimiento efectivo de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control por parte de los establecimientos habilitados”, y agregaron que esa omisión conlleva un riesgo sanitario derivado de la posible elaboración de especialidades medicinales sin los controles de calidad exigidos.

    La ANMAT no emitió opinión sobre ese punto específico en su respuesta a los auditores, que decidieron mantener la observación.

    Infografía explicativa con texto, datos numéricos e ilustraciones sobre una auditoría a un organismo sanitario y un frasco etiquetado como fentanilo.

    El informe describe en detalle las falencias tecnológicas del Sistema de Inspecciones, la plataforma que administra todas las inspecciones realizadas por el organismo. Según los auditores, el sistema “no cuenta con controles de carga ni validaciones automáticas que aseguren la incorporación de documentación obligatoria, tales como el acta de inspección debidamente firmada por la totalidad de los inspectores intervinientes”. Tampoco registra de manera obligatoria el número de expediente electrónico que dio origen a cada inspección, lo que limita vincular cada procedimiento con su antecedente administrativo, y carece de un mecanismo de firma digital integrado que garantice la autenticidad de la documentación generada.

    La plataforma, que funciona sobre una base de datos Informix de 2014 y un lenguaje de programación ASP clásico, según el propio relevamiento técnico, tampoco está integrada con los demás sistemas informáticos del organismo, lo que obliga a la carga manual de información y “afecta la eficiencia operativa y la calidad de la información disponible para la gestión y la toma de decisiones”. El informe constató además la ausencia de una política de backups formalizada y la inexistencia de un Plan de Contingencia vigente para ese sistema.

    Un problema equivalente afecta al Sistema de Retiro de Mercado, la plataforma que concentra la información de los productos retirados de circulación. Los auditores hallaron que “presenta falencias relevantes en cuanto a la calidad del registro y a la integración de la información”, sin validaciones que garanticen el ingreso de datos críticos como la cantidad de unidades recuperadas frente a las distribuidas, y sin interoperabilidad con otros sistemas del organismo, lo que “eleva el riesgo de errores, inconsistencias y registros duplicados”.

    Ernesto Kreplak ariel garcía furfaro

    La ANMAT respondió que las observaciones resultan “coincidentes con el diagnóstico institucional” y detalló un Plan de Acción Estratégico dividido en tres etapas: un relevamiento integral de procesos y sistemas, una redefinición con una base de datos única e integrada, y finalmente una plataforma de trazabilidad sistemática para todos los productos de salud, bajo estándares de seguridad ISO 27001.

    Uno de los hallazgos con mayor impacto sanitario del informe es la constatación de que, en los nueve expedientes de retiro de mercado relevados en los que un laboratorio debía retirar un medicamento subestándar, ninguno fue verificado mediante una inspección posterior. Todos esos expedientes corresponden a productos de HLB Pharma Group, y el informe permite identificar con precisión algunos de ellos: la Morfina 1% (lote 31050, Certificado N° 43.292), un opioide utilizado como analgésico en dolores de alta intensidad; el Diclofenac 25 mg/ml en ampollas plásticas (lote 80020, Certificado N° 52.922), un antiinflamatorio de uso extendido en el sistema hospitalario; y el Propofol HLB (Certificado N° 43.900), el anestésico ya mencionado en otras observaciones del informe. Los seis expedientes restantes que integran ese universo también corresponden a productos de la misma firma.

    La normativa vigente, la Disposición ANMAT N° 1402/2008, establece expresamente entre las responsabilidades del organismo el “monitoreo del progreso del retiro o corrección del mercado mediante la revisión periódica de los informes recibidos por la empresa y/o mediante la revisión de las operaciones y su efectividad a través de la realización de inspecciones”.

    de cromañón al fentanilo contaminado

    El informe es contundente sobre las consecuencias de haber incumplido esa obligación: “Es de aclarar, que de los retiros de mercado ordenados en ningún caso se concluyó el procedimiento, existiendo en el mercado medicamentos subestándar”. No se trata, entonces, de una demora parcial, sino de la constatación de que ninguno de los nueve procesos de retiro relevados llegó a un cierre formal verificado. Los auditores remarcaron que “el incumplimiento normativo y la ausencia de fiscalización de los retiros de mercado priva a la medida de eficacia sanitaria, mantiene el riesgo identificado y compromete la capacidad de la autoridad de aplicación para ejercer su función de control y protección de la salud pública”, y agregaron que esa falta de verificación “genera un riesgo cierto de permanencia en circulación de medicamentos subestándar, con el consiguiente impacto negativo en la seguridad sanitaria de la población”.

    En su descargo, la propia ANMAT reconoció que durante todo el primer semestre de 2025 no se realizó ninguna inspección de retiro y/o corrección del mercado.

    El documento permite verificar, además, que esta falla no es inédita ni exclusiva del período auditado. Al reconstruir el historial de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, los auditores incluyeron un anexo con expedientes de años anteriores —desde 2019 hasta 2024— en los que se repiten los mismos patrones: desvíos de calidad por contaminación, envases sin lote ni vencimiento y órdenes de “retiro de mercado” que en la práctica derivaron apenas en “medidas correctivas” sin verificación posterior. Ese anexo incluye, entre otros, casos de metronidazol, ringer lactato, solución fisiológica y agua destilada de ambos laboratorios, con notificaciones que datan de 2019, 2020, 2021 y 2022, mucho antes del brote de fentanilo contaminado de 2025.

    El informe deja constancia de que en 2023 HLB Pharma había elaborado en la planta de Ramallo un total de 393 lotes de productos en sistema abierto sin la documentación de autorización correspondiente, lo que derivó en la orden de retiro de 69 lotes acondicionados en envases no autorizados, otro antecedente que tampoco tuvo un cierre formal verificado según lo relevado por los auditores.

    Infografía con diagrama de cajas que lista 15 nombres, cargos y empresas bajo el título de procesados en la causa de fentanilo contaminado.

    Falta de personal y recursos

    El informe también documenta debilidades vinculadas a la dotación de recursos humanos y técnicos disponibles para las tareas de fiscalización. Los auditores recomendaron “adoptar las acciones necesarias para dotar a las áreas competentes de los recursos humanos, tecnológicos, técnicos y operativos” necesarios para garantizar una adecuada registración, trazabilidad y análisis de las muestras que ingresan al organismo. Esa carencia se relaciona de manera directa con expedientes que permanecieron paralizados durante períodos prolongados —hasta un año y medio en algunos casos relevados— sin intervención de las áreas técnicas competentes, lo que, según el documento, “compromete la obtención de pruebas necesarias para la verificación de los hechos reportados” y “debilita la eficacia de las acciones correctivas o sancionatorias”.

    A esas debilidades se suma la ausencia de una vía administrativa específica para tramitar los reportes de desvíos de calidad. El informe constató que esas notificaciones se caratulan bajo códigos genéricos que “no resultan específicos para el proceso auditado”, lo que dificulta la identificación y sistematización de la información y “afecta la obtención de datos precisos para fines estadísticos”.

    Las irregularidades en los laboratorios de García Furfaro

    El mismo informe documentó de manera puntual las fallas de control que afectaron a los laboratorios elaboradores del fentanilo contaminado. Los auditores apuntaron, sin nombrarlas, a las dos ex titulares de la ANMAT y del INAME, Bisio y Mantecón Fumadó, por los retrasos que hoy investiga la Justicia en las inspecciones a las instalaciones que elaboraron el fentanilo contaminado con dos bacterias multirresistentes a los antibióticos, HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo. También hizo mención a la falta de personal para llevar adelante esas inspecciones, aunque sin precisar la nómina disponible ni la cantidad de profesionales que sería necesario incorporar.

    Una de las cifras más contundentes del informe es que, ante más de cien notificaciones por desvíos de calidad recibidas desde 2018 provenientes de distintos efectores de salud del país, el INAME realizó solo cinco inspecciones a HLB Pharma entre enero de 2018 y abril de 2025, y apenas tres a Laboratorios Ramallo entre 2022 y 2024. De las ocho inspecciones totales, en seis la clasificación resultante fue “con observaciones significativas”. Pese a ese antecedente, los auditores constataron que en los expedientes analizados “no se verificó la realización oportuna de inspecciones in situ” para constatar las deficiencias reportadas.

    Fentanilo contaminado - Documental - Portada Home

    El informe documentó además que las especialidades medicinales elaboradas por HLB Pharma en la planta de Ramallo fueron producidas en una línea no habilitada para el fraccionamiento en ampollas plásticas, sin validaciones de proceso, sin lotes piloto ni estudios de estabilidad. Un proyecto de disposición de enero de 2025 había concluido que esos productos representaban “un alto riesgo sanitario para la población”, pero la disposición que formalizó la sanción recién fue aprobada en abril de ese año.

    Como en la tragedia de Cromañón y la ferroviaria de Once, también en este caso la masacre sanitaria se podría haber evitado si los organismos de control hubieran actuado en tiempo y forma, y respetando las normas vigentes.

  • El futuro del dólar: Economía le dio más poder al BCRA y los analistas creen que el movimiento podría adelantar presiones cambiarias

    El futuro del dólar: Economía le dio más poder al BCRA y los analistas creen que el movimiento podría adelantar presiones cambiarias

    El ministro de Economía, Luis Caputo, le transfirió al BCRA, presidido por Santiago Bausili, USD 2.000 millones en Letras dollar linked a cambio de Lecaps (Foto: Reuters)
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    Luego de que el Gobierno dejó de intervenir -a priori- y la cotización del dólar mayorista superó los $1.500, se generó en la semana un nuevo movimiento que llamó la atención del mercado. El Ministerio de Economía le transfirió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) Letras del Tesoro atadas al tipo de cambio por hasta USD 2.000 millones, mediante un canje de deuda que amplió la capacidad del ente monetario para actuar en los mercados de cobertura cambiaria sin vender reservas.

    Los analistas interpretaron que se trató de una operación que otorgó al BCRA más instrumentos vinculados al dólar oficial para intervenir en el mercado secundario ante la eventualidad de nuevas presiones cambiarias. La transacción se concretó el jueves 4 de septiembre y se liquidó el lunes siguiente.

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    El BCRA entregó al Tesoro su tenencia de la Letra Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de octubre de 2026, identificada como Lecap S30O6. A cambio, recibió dos Letras vinculadas al dólar estadounidense. Una de ellas fue la Lelink D30S6, que vence el 30 de septiembre de 2026 y alcanza hasta USD 800 millones de valor nominal original. El segundo título fue la Lelink D30O6, con vencimiento el 30 de octubre de 2026 y por hasta USD 1.200 millones de valor nominal original.

    La Lecap entregada por el BCRA capitaliza a una tasa fija en pesos, mientras que las Letras dollar-linked recibidas siguen el comportamiento de la cotización mayorista

    La diferencia entre ambas clases de instrumentos determina el alcance de la operatoria. La Lecap entregada por el BCRA capitaliza a una tasa fija en pesos, mientras que las Letras dollar-linked recibidas siguen el comportamiento de la cotización mayorista.

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    Esos instrumentos permiten ofrecer cobertura a inversores que buscan protección frente a una eventual suba del dólar.

    El Banco Central entregó una LECAP a tasa fija y recibió dos letras ajustadas por el dólar oficial. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

    Las Letras dollar-linked funcionan como una vía de intervención financiera sin ventas directas de divisas, ya que permiten replicar el movimiento del tipo de cambio oficial dentro de una operación de títulos públicos. De este modo, la entidad suma activos aptos para operar sobre un segmento del mercado en el que participan quienes buscan cubrirse frente a variaciones cambiarias.

    Un informe de Analytica Consultores ubica el canje dentro de un escenario de menor actividad en los mercados de cobertura, reduce el interés abierto promedio en el mercado de futuros y también el volumen operado en títulos dollar-linked.

    Según destaca el estudio que dirige el economista Ricardo Delgado, esa dinámica apareció luego del precio de referencia (fixing) de la D31G6 y de una reducción en el stock de cobertura cambiaria que mantenía el sector privado tras la última licitación.

    Alejandro Giacoia, economista de EconViews, definió el canje como una práctica habitual entre el Tesoro y el BCRA. Explicó que la autoridad monetaria tiene títulos públicos emitidos por el Tesoro y que, como no puede participar de las licitaciones primarias, suele acordar este tipo de intercambios antes de que esos activos lleguen a su vencimiento.

    “El Tesoro le dio Letras dollar-linked al BCRA para que pueda seguir teniendo capacidad de intervenir el mercado secundario y controlar el dólar” (Giacoia)

    “El Tesoro le dio Letras dollar-linked para que pueda seguir teniendo capacidad de intervenir el mercado secundario y controlar el dólar”, contó Giacoia.

    Giacoia explicó que la operación se inserta en la administración de los instrumentos que el BCRA posee en su cartera. El intercambio no implicó una venta de dólares ni una modificación de los vencimientos de la Lecap entregada, pero sí cambió el tipo de activo disponible para la autoridad monetaria.

    Pila de billetes de cien dólares estadounidenses junto a billetes argentinos con escudo y números de serie, sobre papel rugoso.

    Ese cambio preserva la posibilidad de actuar si el mercado secundario registra un aumento de la demanda de cobertura.

    Una fuente consultada bajo reserva de identidad relativizó el peso específico del intercambio y sostuvo que el Gobierno ya utilizó este tipo de mecanismos durante el año. “No es muy relevante porque es lo que ya venían haciendo”, afirmó.

    Según el informante, el volumen de títulos dollar-linked y la intervención que el Gobierno hizo a través del Banco Central en ese mercado mantuvieron niveles altos, aunque no incorporó un recurso distinto a los ya disponibles.

    Falsa flotación

    Otra fuente, también bajo reserva de identidad, planteó reparos sobre la convivencia entre ese tipo de intervenciones y el sistema de bandas cambiarias. “El fondo de la cuestión es que se supone que el tipo de cambio es flotante y que, si el tipo de cambio sube mientras que no toque el techo de la banda, que hoy está 25% arriba del valor del dólar, en principio el BCRA no debería intervenir”, expresó.

    La fuente sostuvo que una flotación libre, incluso dentro de bandas, puede generar volatilidad en un país donde la autoridad monetaria no cuenta con un poder de fuego amplio. También consideró que una suba significativa de la cotización puede derivar en un problema económico, por lo que el Gobierno utiliza Letras dollar-linked e intervenciones en el mercado de futuros ante circunstancias que considera especulativas.

    El Gobierno utiliza Letras dollar-linked e intervenciones en el mercado de futuros ante circunstancias que considera especulativas (Foto: Reuters)

    La misma fuente diferenció esas operaciones de una fijación explícita del tipo de cambio. Según explicó, el Gobierno no anunció una cotización objetivo ni buscó mantener el dólar inmóvil, ya que la cotización subió durante los últimos meses.

    Aun así, la fuente contó que las autoridades intervinieron de forma puntual para guiar el proceso mediante herramientas financieras. “No puede ser el Banco Central el que venda dólares directamente porque se desnaturaliza por completo el esquema”, afirmó.

    Desde esa perspectiva, una venta de reservas dentro de las bandas alteraría las reglas previstas para el régimen cambiario. Con el canje liquidado el 7 de septiembre, el BCRA quedó con Letras vinculadas al dólar por hasta USD 2.000 millones, disponibles para operar en el mercado secundario y con vencimientos a fines de septiembre y octubre de 2026.

  • La trama detrás de la decisión de Javier Milei de no viajar a Londres en plena tensión por las Islas Malvinas

    La trama detrás de la decisión de Javier Milei de no viajar a Londres en plena tensión por las Islas Malvinas

    El mandatario argentino no visitará la capital inglesa (EFE/ John Reyes Mejia)
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    Cuando el presidente Javier Milei barajó meses atrás la posibilidad de viajar a Londres para participar de un evento empresarial en busca de inversiones, la relación entre la Argentina e Inglaterra estaba en un buen momento, sin mayores tensiones más allá de las que históricamente hubo entre ambas naciones por las Islas Malvinas que, en ese entonces, no estaba en la agenda prioritaria de la Casa Rosada.

    Fue en julio pasado que trascendió esa noticia y las versiones hablaban desde un posible encuentro con Nigel Farage, líder de la derecha en ese país, hasta un saludo con Mick Jagger, a quien el mandatario idolatra desde que era niño.

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    Lo cierto es que la administración libertaria estaba planeando la visita que hubiera tenido un fuerte impacto simbólico por el antecedente de la guerra en el Atlántico Sur y que solamente tiene como antecedente la de Carlos Menem en 1998.

    Hasta ese entonces, las autoridades argentinas sostenían una estrategia de continuar reclamando por la soberanía de las Malvinas ante la ONU y manteniendo un diálogo abierto con el Reino Unido.

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    Acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña - Menem

    Por ese motivo, desde julio la Cámara de Comercio Argentino Británica (BritCham) comenzó a trabajar en la organización de un evento lo suficientemente importante como para que ameritaba la presencia del jefe de Estado.

    La fecha tentativa para el viaje era en octubre, cuando se realizará un encuentro minero que se lleva adelante todos los años en Londres y reúne a funcionarios e importantes referentes del sector empresarial.

    Sin confirmación por parte de la Casa Rosada, la BritCharm decidió armar para esta ocasión una suerte de “Argentina Week”, como a la que Milei fue en Nueva York y a la que asistirá en París, con la idea de que finalmente estuviera también allí.

    Sin embargo, todo cambió repentinamente cuando el Gobierno, aprovechando también las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, decidió cambiar su postura respecto del reclamo por Malvinas.

    El Presidente realizó una cadena nacional que generó mucha expectativa en la previa y en la que anunció un paquete de medidas para aumentar el presupuesto en defensa y endurecer las sanciones contra las empresas que explotan recursos naturales en el archipiélago.

    Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas

    Desde entonces, casi todas las comunicaciones oficiales estuvieron vinculadas a las denuncias que el Estado argentino presentó contra esas compañías, así como también contra sus ejecutivos y directivos.

    Esto motivó la reacción del Reino Unido y principalmente de su primer ministro, Andy Burnham, quien advirtió en la Cámara de los Comunes que será “implacable” en la defensa del supuesto derecho de los isleños a ser británicos.

    En este escenario tan complejo, Milei volvió a analizar con su círculo íntimo el viaje a Londres que tenía previsto para tan solo dentro de unas semanas: “Acordamos que era mejor suspenderlo”, explicó a Infobae una fuente del Gabinete.

    Por su parte, la BritCham ya tiene casi definido que la Argentina Week no se haga y que el formato vuelva a ser el de la London Metal Exchange (LME), con invitados puramente vinculados al mundo de la minería.

    Según pudo saber este medio, entre los confirmados están los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y de Catamarca, Raúl Jalil, quienes hasta el viernes sí mantenían este evento en sus respectivas agendas.

    Elecciones jujuy: votó el gobernador Carlos Sadir

    Por el lado de la Casa Rosada, el único que ya había aceptado la invitación, y al menos por el momento no se bajó, es el secretario de Minería, Luis Lucero. “No creo que vaya a venir nadie más”, reconocían desde la organización.

    Mientras tanto, en Buenos Aires, este lunes el Presidente enviará al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, a partir del cual se agravarán las penas contra las compañías que están desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, incluido el territorio de Malvinas.

    Asimismo, la Oficina del Presidente comunicó que se creará el Sistema de Articulación de la Política Exterior, con el objetivo de implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar los intereses del país.

    “Asimismo, permitirá a la Cancillería asegurar que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores de la República Argentina sea coherente, compatible y uniforme con los lineamientos generales de la política exterior, en lo relativo a los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, se informó.

    El lunes, antes de enviar el proyecto de ley, Milei recibirá en la Casa Rosada a los legisladores de La Libertad Avanza para hablar de esa iniciativa y del Presupuesto 2027, que también está vinculado, ya que establece aumentos en las partidas para defensa.

    Al terminar, la secretaria general, Karina Milei, en su rol de titular del partido, cenará con todos los diputados y senadores en el nuevo local que el espacio tiene en el barrio porteño de San Telmo, el cual se inauguró hace algunas semanas.

  • Los criterios del Gobierno para acordar con los aliados rumbo a 2027: las alternativas y la reforma electoral como condición

    Los criterios del Gobierno para acordar con los aliados rumbo a 2027: las alternativas y la reforma electoral como condición

    “Lo importante es tratar de que no se desperfile el electorado”, precisó a Infobae una fuente oficialista para explicar el criterio que tendrá el Gobierno a la hora de sentarse a dialogar con los gobernadores aliados de cara al 2027. Detrás de la definición está la variedad de formatos que podrían adoptar las alianzas para los próximos comicios y la certeza de que las listas compartidas con los mandatarios serán excepcionales.

    El objetivo del oficialismo es garantizar la reelección del presidente Javier Milei y en eso trabaja la mesa política que intenta combinar las aspiraciones legislativas y las proyecciones para el 2027. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como anticipó este medio, impartió la directiva de supeditar el diálogo electoral a los votos para la reforma electoral, clave para el objetivo de lograr un segundo mandato.

    “Gobernador que no apoye, gobernador que no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos”, sostuvo un hombre de su entorno a este medio. La lógica no es nueva y comenzó a gestarse en las filas libertarias desde julio. El mensaje ya está siendo enviado a los mandatarios provinciales. “Lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran tratar la reforma”, coincidió una voz del armado.

    La advertencia aplica además a los espacios aliados como la UCR y el PRO, que dejó varias señales en torno a la postura del partido frente a la reforma. No obstante, en los últimos días, el diputado Cristian Ritondo aseguró que están “dispuestos a discutir alternativas seriamente”. “Creemos que las PASO tienen un aspecto sobre la cantidad de veces que obliga a votar a los ciudadanos. Estamos dispuestos a discutir alternativas seriamente. Hoy está en el Senado y es donde tendría que avanzar”, planteó en declaraciones a Radio Mitre.

    Sin embargo, dentro del reducido círculo designado por Milei, algunos dudan de la estrategia y plantean como contrapartida la necesidad de hacer alianzas más amplias tras sostener que, en el pasado, la administración libertaria incumplió acuerdos con los mandatarios provinciales. “Si fuéramos creíbles, sí, pero no tenemos margen para tensionar. Necesitamos el acuerdo más nosotros que ellos”, sostuvo una fuente con acceso al despacho presidencial.

    Con el calendario electoral por definir, en Casa Rosada se esfuerzan por lograr la sanción de la reforma, que incluye la eliminación de las PASO, a raíz de la advertencia de la Cámara Nacional Electoral que, a través de una acordada, pidió que se definan con anticipación los cambios en las reglas de votación que se pretendan aplicar en los próximos comicios nacionales de 2027.

    El próximo martes, el Senado activará la discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en Balcarce 50 saben que aún no cuentan con los votos necesarios, por lo que el Gobierno ya habilitó alternativas. Con el proyecto de máxima, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armandor nacional, Eduardo “Lule” Menem, intensifican los esfuerzos para sostener el esquema de 13 gobernadores de buen vínculo, giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) mediante.

    “Es una cuestión de fe de las dos partes. Además, es octubre o noviembre a más tardar. No hay más margen”, sostuvo un miembro de la mesa política sobre el debate en el recinto.

    Con el 2025 como prueba piloto, tanto el karinismo como el caputismo coinciden en que existen múltiples alternativas a la hora de acordar con los mandatarios provinciales que van desde listas conjuntas hasta competencias acordadas. Entre los gobernadores con los que se estudia la chance de cerrar listas compartidas, las opciones -hasta el momento- parecen limitadas: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

    Varios representantes provinciales de buen vínculo con la Rosada advirtieron que prefieren enfrentar a La Libertad Avanza en los comicios provinciales para preservar su identidad electoral o, en otros casos, para fragmentar el voto opositor. La primera definición que se tomó en Balcarce 50 fue la de ir por los territorios en los que gobierna el peronismo: La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego, Formosa y Buenos Aires.

    Para la provincia de Buenos Aires, el apuntado es Santilli, aunque los más pesimistas detectan una mejor proyección del funcionario en la Ciudad de Buenos Aires. El ministro coordinador se encamina a ser el candidato de La Libertad Avanza y el PRO -dado que se descuenta un acuerdo bonaerense- para competirle al peronismo en su bastión fundacional.

    Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, los titulares del PRO y LLA bonaerenses

    En el campamento libertario aspiran a ganar cerca de 70 intendencias de la provincia y repasan con el partido socio, que lidera Mauricio Macri, uno a uno los distritos que la conforman. Los armadores y diputados Sebastián Pareja y Cristian Ritondo buscan reeditar la alianza de 2025 y dialogan para llegar al cierre de listas ordenados. El esquema es similar al que existe a nivel nacional, con Santilli y los primos Menem en la representación libertaria, y Ritondo y Fernando de Andreis por el PRO. Llamó la atención la presencia de Karina Milei en la última reunión, una participación que no suele ser habitual.

    Sorprendió a varios libertarios la propuesta de empresarios marplatenses que comenzaron a mencionar a Daniel Scioli como una eventual alternativa para la intendencia de la ciudad más grande de la Costa Atlántica. El planteo surgió a raíz del malestar que despierta en ese sector la gestión del actual intendente de General Pueyrredón, Agustín Neme, marcada por una creciente ola de inseguridad. Neme asumió el 10 de diciembre de 2025 tras la salida de Guillermo Montenegro, electo senador bonaerense.

    La insistencia sobre esa posibilidad parece haber despertado la atención en La Libertad Avanza, que deberá abrir una discusión con el PRO, debido a que es un distrito gobernado por el partido amarillo, pero que es clave para ganar la Quinta Sección Electoral. El parejista Alejandro Carrancio también anota su nombre a la carrera por la intendencia de General Pueyrredón.

    A más de un año de los comicios, la discusión electoral atraviesa la gestión cotidiana, pero también la actualidad de los distintos partidos políticos desde la oposición hasta los aliados. Con el peronismo en pleno debate por el candidato presidencial, con Axel Kicillof con aspiraciones de competir, la reaparición de Sergio Massa y Máximo Kirchner pujando por reafirmar el liderazgo de Cristina Kirchner, en la administración libertaria insisten con que “Milei compite contra sí mismo”.

    Axel Kicillof Máximo Kirchner acto Avellaneda

    “Quien sea da lo mismo. Kicillof es el que mejor mide, pero no tiene apoyo en el círculo rojo. Massa no tiene buenos números, pero cae muy bien en el empresariado”, analizó un funcionario ante este medio.

    Pese a que los estrategas aseguran que es muy pronto para definir el perfil que deberá adoptar el mandatario para imponerse en los comicios 2027, sostienen que la línea se ajustará en función de la oferta electoral, pero anticipan que el Milei “auténtico” es siempre el que mejor cae. Además, marcan que el impacto de la economía en la sociedad será un factor determinante en la búsqueda de un nuevo mandato.

    En medio del debate con el PRO, la candidatura presidencial de Hernán Lacunza, que promueve un sector del partido, parece no preocupar en el armado libertario, que desestima la proyección del economista. “Es como si nos tratasen de asustar con un caniche”, ironizó un alfil libertario.

    La discusión recién comienza, pero en Casa Rosada saben que el desafío pasará por cerrar acuerdos territoriales sin perder la identidad libertaria. Todo, con un objetivo de fondo que atraviesa cada una de las decisiones: la reelección de Milei en 2027.

  • Alerta en los astilleros: la industria naval se queda sin barcos para construir y anticipa un 2027 crítico

    Alerta en los astilleros: la industria naval se queda sin barcos para construir y anticipa un 2027 crítico

    Hace apenas unos años, conseguir un lugar para construir un pesquero en algunos astilleros argentinos implicaba entrar en una lista de espera. Había proyectos, inversiones y barcos en distintas etapas de fabricación. En uno de los principales establecimientos del país llegaron a acumularse más de 30 clientes esperando su turno. Hoy, la imagen es casi la opuesta: las últimas embarcaciones están próximas a salir y detrás de ellas no aparecen nuevas órdenes.

    El cambio fue rápido y llegó después de un período de fuerte expansión. Durante los últimos siete años hubo 37 botaduras de barcos pesqueros (cuando sale al agua por primera vez) en astilleros argentinos, que incluso compitieron con establecimientos españoles. La pesca se convirtió en el principal motor de la construcción naval local, reactivó instalaciones y llevó a algunas empresas a ampliar su capacidad productiva. Ahora ese ciclo se frenó y la perspectiva para 2027 es gris.

    La situación modificó hasta la forma en que el sector atravesará su propia celebración. Este sábado 12 de septiembre se conmemora el Día de la Industria Naval Argentina y tradicionalmente las empresas realizan un festejo. Este año decidieron no hacerlo. “Es muy difícil cuando no tenés construcciones”, explicó a Infobae Sandra Cipolla, presidenta del Grupo SPI Astilleros y secretaria general de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN).

    La discusión vuelve a girar alrededor de cómo sostener la construcción local

    La fecha recuerda el Decreto 7.992 de 1961, con el que el entonces presidente Arturo Frondizi puso en marcha el Plan Esteverena para renovar unos 37 buques de ELMA (Empresas Líneas Marítimas Argentinas) y desarrollar tanto la Marina Mercante Nacional como la industria naval. Sesenta y cinco años después, la discusión vuelve a girar alrededor de cómo sostener la construcción local.

    La fotografía de uno de los establecimientos que más creció durante el último ciclo permite dimensionar el cambio. El año pasado, Astillero Naval Federico Contessi tenía cinco barcos en construcción. Hoy le quedan dos. Las últimas unidades se entregarán entre noviembre y enero y, si no aparecen nuevos pedidos, la empresa quedará sin embarcaciones nuevas en cartera por primera vez desde 2017.

    “Estamos entregando los últimos barcos y nos quedamos sin cartera”, describió a este medio Domingo Vito Contessi, vocal titular de la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) y presidente de Astillero Naval Federico Contessi y Cía.

    Contessi, además, conoce la situación desde los dos lados del mostrador. El astillero es accionista del grupo pesquero Veraz, por lo que el empresario participa también de la actividad que durante los últimos años se convirtió en el principal cliente de los constructores navales.

    La caída de rentabilidad de buena parte de las empresas pesqueras aparece como una de las principales explicaciones del freno. No se trata de que haya menos pescado ni de una retracción de las ventas externas. Por el contrario, conviven altos niveles de capturas y exportaciones con compañías que postergaron inversiones y proyectos de renovación.

    “Tenemos récord de exportaciones, récord de capturas, pero estamos en la lona. Un sector crece cuando invierte”, resumió Contessi.

    Dibujo de un barco pesquero con corte transversal en el casco y una gran red repleta de peces sumergida en el agua.

    La pesca argentina exporta alrededor del 95% de su producción, por lo que el tipo de cambio tiene una incidencia directa sobre sus ingresos. A eso se suma el combustible, uno de los principales insumos de la actividad y un costo que, según Contessi, aumentó 50%. “Pescar es cambiar combustible por peces”, graficó.

    La presión tributaria constituye otro de los factores que señaló. En 2024 aumentó el Derecho Único de Extracción (DUE), con incrementos que, según explicó, fueron del 300% al 500%. También se creó una tasa de asignación inicial de merluza cuando se renovaron las cuotas por 15 años. A eso se agregan los derechos de exportación, que varían según el producto entre 1% y 9%, con un promedio cercano al 5 por ciento.

    La pesca tampoco atraviesa una situación homogénea. El calamar presenta buenos precios internacionales y niveles favorables de capturas. El panorama es distinto para numerosas pymes nacionales que constituyen el cliente tradicional de los astilleros.

    Muchas de esas empresas operan barcos fresqueros y plantas en tierra. Las embarcaciones llevan el pescado fresco a puerto para su posterior procesamiento, un modelo utilizado con merluza, langostino y distintas especies del variado costero. Los congeladores, en cambio, procesan el producto a bordo y lo desembarcan terminado para exportación. Según Contessi, ese modelo tiene menor integración de empleo y valor agregado en tierra y una mayor presencia de compañías de capital extranjero.

    Somos competitivos, somos eficientes, pero estamos compitiendo con un mercado de usados, no con un mercado nuevo (Contessi)

    Cerca del 95% de esos barcos, dijo, llegó desde el exterior y gran parte de las empresas creció incorporando unidades usadas. Para la construcción local, allí aparece otro problema central. “Nuestra competencia como industria naval siempre fue el barco usado”, afirmó Contessi.

    Cipolla coincidió en ese diagnóstico y marcó la diferencia entre competir con astilleros extranjeros por una unidad nueva y hacerlo contra embarcaciones que ya navegaron durante años. “Somos competitivos, somos eficientes, pero estamos compitiendo con un mercado de usados, no con un mercado nuevo”, sostuvo. Y lo sintetizó en una frase: “Nuevo contra nuevo, la Argentina puede dar batalla. Jamás contra un usado”.

    La situación actual contrasta con el ciclo que pocos años atrás generó fuertes expectativas. La flota pesquera argentina tenía una antigüedad promedio cercana a los 40 años, por lo que existía una necesidad significativa de reemplazar embarcaciones.

    El proceso de renovación comenzó con el DNU 145/2019 durante la presidencia de Mauricio Macri y continuó durante el gobierno de Alberto Fernández, con la decisión de impedir la importación de barcos usados cuando esas unidades podían construirse en el país.

    A partir de ese proceso se fabricaron entre 34 y 35 pesqueros, según los números aportados por Contessi. Astilleros que permanecían con bajos niveles de actividad volvieron a trabajar y la construcción de esas embarcaciones ganó protagonismo dentro de una industria que cuenta con aproximadamente 13 establecimientos en la Argentina.

    Contessi Astilleros Pesca Industria naval

    Astillero Naval Federico Contessi concentró una parte importante de ese movimiento. Construyó 28 de los más de 30 barcos pesqueros realizados durante ese período y profundizó su especialización. Entre 2019 y 2024, la empresa duplicó su capacidad instalada y llegó a contar con más de 30 clientes en lista de espera. Su estructura quedó preparada para construir entre cinco y seis barcos.

    Pero de aquellos interesados, unos 15 todavía no avanzaron con sus proyectos. La menor rentabilidad pesquera frenó las decisiones de inversión que alimentaron aquel proceso de renovación.

    En medio de esa retracción apareció una decisión que generó especial malestar entre los constructores. Después de más de 30 años, el Consejo Federal Pesquero otorgó 18 nuevos permisos para buques poteros, destinados a la pesca de calamar.

    Los astilleros consideraron que allí existía una oportunidad para sostener la carga de trabajo. Los poteros son embarcaciones que pueden construirse localmente y están destinados, además, a uno de los segmentos de la pesca que presenta mejores condiciones.

    Los poteros son embarcaciones que pueden construirse localmente y están destinados, además, a uno de los segmentos de la pesca que presenta mejores condiciones

    Sin embargo, ninguno de los barcos correspondientes a esos nuevos permisos se fabricará en la Argentina. Once se construirán en astilleros chinos y siete serán unidades usadas importadas, precisó Contessi.

    Los establecimientos nacionales tuvieron una preferencia en el sistema de puntaje, pero contaron con sólo 20 días para diseñar, presupuestar y ofrecer los barcos. Solicitaron una prórroga, pero el pedido fue rechazado. “Se armó un traje tan a medida de empresas chinas que se nos dio sólo 20 días para presentar los proyectos”, cuestionó el empresario.

    El planteo de los empresarios excede a la coyuntura pesquera. Según un comunicado que FINA y ABIN darán a conocer este sábado por el Día de la Industria Naval, la Argentina cuenta con una cadena integrada por astilleros, talleres, pymes, ingenieros, técnicos y trabajadores vinculados con la metalmecánica, electricidad, electrónica, automatización, ingeniería, diseño, tecnología, servicios y logística.

    “Cada barco que se construye, repara o moderniza moviliza industria nacional, genera trabajo federal y conserva conocimiento en el país”, señalaron las entidades.

    Uno de los puntos centrales del documento se refiere a la dificultad de reconstruir esa estructura una vez que se pierde. “Son capacidades que llevan décadas desarrollar y que, una vez perdidas, requieren años de inversión y formación para recuperarse”, advirtieron.

    Contessi Astilleros Pesca Industria naval

    FINA y ABIN sostienen que la Argentina dispone de experiencia y conocimiento para construir, reparar y modernizar los buques necesarios para la pesca, el comercio, las vías navegables, los puertos, la seguridad, la defensa y el aprovechamiento de los recursos marítimos y fluviales.

    Sandra Cipolla también puso el foco en el carácter estratégico de la industria naval y en la necesidad de contar con una política que genere demanda. Mencionó como ejemplo a Estados Unidos y la decisión de impulsar su industria naval a partir de objetivos vinculados con soberanía, defensa y seguridad.

    Para la empresaria, una política de defensa y seguridad puede generar trabajo en los astilleros públicos y, al mismo tiempo, desarrollar la cadena de valor privada. También reclamó una definición sobre la Marina Mercante. Barcos para transportar granos, cargas o gasoil constituyen potenciales mercados para los constructores nacionales, pero buena parte del transporte está, según explicó, extranjerizado.

    Una política de defensa y seguridad puede generar trabajo en los astilleros públicos y, al mismo tiempo, desarrollar la cadena de valor privada (Cipolla)

    “No pedimos privilegios ni mercados cautivos”, sostuvieron FINA y ABIN en su comunicado. Las entidades reclaman condiciones impositivas, laborales, regulatorias, financieras y logísticas que permitan producir e invertir con niveles de competitividad comparables con los de sus competidores internacionales. “Queremos construir en el país los barcos que la Argentina necesita y competir por aquellos que necesita el mundo”, expresan en el comunicado.

    La crisis no afecta de la misma manera a todos los establecimientos. Grupo SPI, que cuenta con tres unidades productivas y se prepara para sumar una cuarta, consiguió reducir su dependencia de la pesca mediante una mayor diversificación.

    La empresa construye remolcadores, barcazas, embarcaciones de turismo y pesqueros —entre ellos, unidades de gran porte— y también realiza reparaciones y transformaciones. Además, recientemente avanzó hacia actividades vinculadas con Vaca Muerta. Cerró un contrato para construir una lancha multipropósito destinada a ese mercado y fabricó containers minadores para Añelo.

    El comunicado de FINA y ABIN identifica justamente allí una posibilidad de expansión. Las capacidades desarrolladas por la industria naval en ingeniería, fabricación, metalmecánica, electricidad, automatización, montaje y servicios tecnológicos pueden utilizarse también en energía, Oil & Gas, minería y desarrollos offshore.

    La actividad vinculada con la Hidrovía y las barcazas también perdió participación en la Argentina y se desplazó principalmente hacia Paraguay (Foto: Reuters)

    La actividad vinculada con la Hidrovía y las barcazas también perdió participación en la Argentina y se desplazó principalmente hacia Paraguay. En tanto, el turismo constituye un nicho reducido.

    FINA y ABIN propondrán en su documento una agenda conjunta entre empresas, trabajadores, universidades, ciencia y tecnología y los distintos niveles del Estado. El objetivo, según expresarán, será mejorar competitividad, inversión y financiamiento, renovar flotas, desarrollar proveedores, incorporar tecnología y formar capital humano.

    El freno de las construcciones ya comenzó a trasladarse hacia la cadena de proveedores. Según la estimación de Contessi, los astilleros privados reúnen alrededor de 3.000 puestos de trabajo directos. A ellos se suman los trabajadores de establecimientos públicos como Tandanor y Río Santiago y los empleos indirectos vinculados con proveedores, subcontratistas y navalpartistas. “Tengo muchos navalpartistas. Todos van reduciendo plantel”, afirmó.

    El propio Astillero Contessi también empezó a adaptarse. La empresa redujo 20% su dotación mínima, comenzó a diversificarse hacia yates de aluminio e intensificó las reparaciones. Hasta el momento, según indicó el empresario, no se registraron cierres de astilleros ni convocatorias vinculadas con esta situación.

    El freno de las construcciones ya comenzó a trasladarse hacia la cadena de proveedores

    Para parte de la industria, la falta de nuevas construcciones implicará regresar con mayor intensidad a la reparación y transformación de embarcaciones obsoletas. Otros establecimientos intentarán buscar mercados alternativos y sostener la fabricación de unidades nuevas.

    “Lo que necesitamos es que la industria naval sea considerada estratégica para la producción nacional y que nos convoquen a discutir qué políticas necesita el sector y cómo llevarlas adelante”, resumió Sandra Cipolla.

  • Por qué la escalada de 9% en el precio del petróleo benefició a las acciones argentinas del sector

    Por qué la escalada de 9% en el precio del petróleo benefició a las acciones argentinas del sector

    Wall Street operó volátil y con saldo negativo.
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    En materia financiera la semana terminó con un balance a favor para la Argentina, con alzas para la Bolsa porteña y baja del riesgo país, sumado a un dólar estabilizado con amplio volumen de oferta.

    Es un resultado a destacar frente a la tendencia declinante de los indicadores de Wall Street, donde imperó la cautela por la presión alcista de las tasas de interés, las preocupaciones inflacionarias y un nuevo rebote del petróleo, en su nivel máximo en cuatro meses.

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    El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 1,7% semanal en pesos, en los 3.098.898 puntos. Medido en dólares, el panel de acciones líderes se acercó el jueves 10 otra vez a los 2.000 puntos, por primera vez desde el 6 de agosto.

    Entre las acciones destacó la mejora de YPF, que ganó 6% semanal. El viernes superó los USD 56 por ADR en Wall Street, muy cerca de su récord histórico intradiario -descontando dividendos- de USD 57,49 el 11 de junio. La petrolera estatal se benefició del incremento del crudo anuncios de la mano del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y una colocación récord de Obligaciones Negociables por USD 1.200 millones. Vista Energy subió 3% y Pampa Energía, un 2,1 por ciento.

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    En cuanto a los títulos públicos, un informe de IEB precisó que “los Globales cayeron 0,5% y los Bonares, 0,7% en la semana. Los bonos emergentes de Latinoamérica cayeron 0,5 por ciento. El bono más corto de la curva ley local (AO27) rinde 3,8%; la parte media se ubica en torno al 9%; y el extremo largo en dos dígitos (el AL35, referencia en esa parte de la curva) rinde 10,5 por ciento. En cuanto a los bonos de ley extranjera (Globales), los más cortos rinden cerca de 6% (GD30, 6,4% TEA) y el tramo largo se ubica en torno al 9,4 por ciento”.

    Sin embargo, la baja en los papeles de la deuda no se reflejó en el riesgo país, debido al ascenso de la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU, la base de comparación. La rentabilidad del Treasury a diez años escaló 19 puntos básicos, a 4,975% anual, un máximo desde febrero de 2023. El riesgo país de JP Morgan descontó cinco unidades para Argentina, en los 485 puntos básicos, un piso desde el 14 de agosto (474 unidades).

    “La conducción económica prefiere postergar la colocación en dólares a la espera de mejores condiciones de financiamiento. Aunque el riesgo país recortó posiciones, el mercado comienza a evaluar hasta qué punto extender los plazos en pesos en un contexto condicionado por el horizonte electoral”, comentó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

    “El IPC de agosto desaceleró a 1,7% mensual, mientras el mercado llega a la licitación con liquidez holgada, tasas largas en baja y el riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos”, sintetizó Cohen Aliados Financieros.

    Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

    Lorenzo Delhon, Portfolio Manager en Mills Capital Asset Management, ponderó el dato de inflación. “En términos de trayectoria -expresó-, la secuencia mensual del año ya es contundente: de 2,9% en enero hacia 1,7% agosto. El rebote de julio (2,1%) fue transitorio, y el dato de agosto retoma la tendencia descendente. La interanual en 33,5% todavía luce elevada, pero la mensualización del dato de agosto arroja una inflación anualizada del 22,4%, mucho más representativa de hacia dónde converge el proceso”.

    “La inflación núcleo también se ubicó por debajo del 2%, en 1,8% mensual, que es el dato más relevante del informe: sugiere que el proceso de desinflación vuelve a avanzar hacia una velocidad de crucero más baja, más cercana al 1,7%-1,8% que al 2%”, aportó Adcap Grupo Financiero.

    En el exterior el indicador principal fue el petróleo, que en la variedad Brent, de referencia internacional, ascendió 8,7%, otra vez en la zona de USD 105 el barril, el precio más alto desde mayo, ante la continuidad de hostilidades en el Estrecho de Ormuz, que dificulta el suministro.

    “El mercado ya no está reaccionando únicamente a titulares geopolíticos, sino incorporando la posibilidad de una restricción física más prolongada. Mientras el tráfico por Ormuz permanezca deprimido y las rutas alternativas enfrenten nuevos riesgos, esa prima difícilmente desaparecerá del precio del petróleo”, aportó Sergio Cisternas, analista de mercados EBC Financial Group.

    Los índices de Wall Street resignaron entre 1% y 1,9%, con el foco puesto en una posibilidad más concreta de alza de tasas de la Reserva Federal la semana próxima.

    “Después de la sorpresa en los datos de empleo la semana pasada y en medio de las presiones sobre el precio del petróleo en los últimos días, el mercado venía incorporando una suba de 25 puntos básicos en la tasa de política monetaria de la Reserva Federal para la reunión de la próxima semana”, detalló el equipo de Research de Balanz.

    “A esta hora, el mercado incorpora una probabilidad cercana al 85% de suba en la tasa de política monetaria para la próxima semana. La novedad de los últimos días es que el mercado incorporó tres subas de 25 puntos (dos en 2026 y una hacia el primer semestre de 2027), mientras que antes venía incorporando dos subas, una en 2026 y otra en 2027”, completó el reporte de Balanz.

    El dólar se mantuvo estable

    El fuerte volumen de liquidaciones en la plaza mayorista brindó oferta suficiente para mantener contenido al dólar, de la mano de altos precios internacionales para las materias primas que exporta Argentina y la “lluvia” de divisas por colocaciones de Obligaciones Negociables.

    El dólar mayorista quedó ofrecido a $1.508,50, el mismo precio con el que finalizó agosto.

    “En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 50 centavos, contra una baja de 4 pesos registrada en la semana anterior”, afirmó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

    El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.894,30, un movimiento que dejó al dólar mayorista con un margen de alza de 385,80 pesos o 25,6% para desafiar ese límite teórico de flotación. Se trata de la brecha más amplia desde el 13 de mayo de 2025 (25,9%), de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

    El dólar al público no ofreció variantes entre puntas, a $1.530 para la venta en el Banco Nación, luego de tocar los $1.535, un máximo nominal ya anotado en ruedas de julio y agosto. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.531,73 para la venta y $1.480,30 para la compra.

    La cotización informal del dólar cerró a $1.545 para la venta. A lo largo de la semana el blue ganó cinco pesos o 0,3 por ciento.

    El BCRA absorbió apenas USD 42 millones en cuatro de las cinco sesiones de negocios, mientras que las reservas internacionales, en USD 50.469 millones, cayeron en USD 287 millones, principalmente por la depreciación del oro.

  • Strobel: un conductor chocó contra un poste de alta tensión

    Strobel: un conductor chocó contra un poste de alta tensión

    Un accidente de tránsito generó la intervención policial durante la tarde de este viernes en Strobel, departamento Diamante. El hecho ocurrió sobre Avenida San Martín, donde un automóvil terminó sobre la banquina luego de impactar contra un poste de cemento perteneciente a la red de alta tensión.



     

    Personal de la Comisaría Strobel, que se encontraba realizando recorridas de prevención por la jurisdicción, fue alertado sobre el siniestro y acudió rápidamente al lugar.



     

    Al arribar, los efectivos encontraron un Chevrolet Agile que había colisionado contra la estructura del tendido eléctrico. En ese momento, no había ocupantes dentro del vehículo.


    Foto: Jefatura Departamental Diamante

    Foto: Jefatura Departamental Diamante


    Confirmaron que no hubo personas lesionadas

     

    Momentos después se presentó un vecino responsable del automóvil, quien informó a los efectivos que no había personas lesionadas como consecuencia del accidente.



     

    Según manifestó, el siniestro se habría producido luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, sin que interviniera otro rodado.

     

    El impacto provocó daños en el poste que sostiene la red de alta tensión, por lo que fue necesaria la intervención de personal especializado.



    ENERSA trabajó para reparar los daños

     

    Ante el riesgo generado por los daños en la estructura eléctrica, se solicitó la presencia de trabajadores de ENERSA, quienes quedaron a cargo de las tareas técnicas necesarias para reparar el tendido.


    Foto: Jefatura Departamental Diamante

    Foto: Jefatura Departamental Diamante


     

    Mientras se desarrollaban los trabajos, la Policía de Entre Ríos mantuvo una consigna preventiva en la zona, con el objetivo de resguardar tanto a los peatones como a quienes circulaban por Avenida San Martín.



     

    El operativo se extendió hasta la finalización de las tareas correspondientes y la normalización de las condiciones de seguridad en el sector.