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El proyecto de Presupuesto para el 2027 dejó más controversias al interior del Gobierno que una discusión pública sobre su contenido mismo. El Ministerio de Economía envió la versión a la cúpula del Gobierno para que se firme al filo del plazo legal para presentarlo y de un día para el otro, los negociadores libertarios en ambas cámaras del Congreso se desayunaron cambios que no estaban previstos en las tratativas que habían encaminado desde hace semanas con bloques aliados.

El clima sigue espeso al interior del Gobierno. La mayoría de los integrantes de la Mesa Política decidió bajar las armas. “Ya no tiene sentido seguir puteando al aire. Lo único que importa es llevarnos el Presupuesto”, avisan desde uno de esos despachos, reconociendo la bronca que se generó con la situación evidenciada el miércoles (el día después de la presentación del proyecto), cuando comenzaron a emerger artículos que modificarían las prestaciones por Discapacidad y la actualización de la AUH.

Ambos temas serán abordados en la próxima reunión de Gabinete a la que probablemente convoque el presidente Javier Milei para este lunes. También se tratará todo en la reunión de Mesa Política, la instancia de debate del círculo más chico del Gobierno que está siendo cuestionada por diferentes integrantes. Quien lo hizo de manera pública fue Patricia Bullrich, quien en diferentes reportajes cuestionó que los recortes en esos segmentos no fueron sincerados en la reunión que hubo horas antes de que el Ejecutivo presentara el proyecto.

Solo un puñado de funcionarios conocía la letra chica del Presupuesto 2027, lo que deja entrever que la totalidad de los legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional tampoco lo conocían. En el Gobierno marcan que tienen intenciones de subsanar esa situación hacia adelante. “Estamos planificando reuniones con legisladores nacionales con Economía para sacar dudas sobre todo lo que hace el proyecto”, confirmó una fuente de la mesa política a Infobae.

La persona a la que aluden es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que está a cargo de confeccionar y maniobrar la política fiscal del Gobierno para asegurar la política de déficit cero. Más de un integrante del Gobierno tiene intenciones de que se haga un encuentro con diputados -y en lo posible, sumándole senadores- para informarles sobre las nociones básicas del proyecto presupuestario.

La posibilidad de hacer un encuentro con el encargado de Hacienda es potencial y no algo concreto. En otros despachos afirman que no tienen esa información, aunque en otros afirman que “es probable porque el año pasado se hizo así”. Lo que es seguro es que Guberman irá al Congreso a dar su explicación oficial sobre el proyecto que confeccionó con la cúpula del Ministerio de Economía. La exposición del año pasado fue algo accidentada. Guberman fue acompañado por el entonces secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y expusieron sin responder preguntas, evidentemente molestos por las interrupciones de diferentes diputados de la oposición más dura contra el Gobierno.

El tándem compuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó a esquematizar la hoja de ruta para conseguir adhesiones de bloques aliados y gobernadores. Algunos de ellos confiesan en privado su cansancio por el mecanismo de negociación del Gobierno y la naturaleza de los proyectos que envía la Casa Rosada. “Hacen proyectos enormes y te quieren colar cambios profundos en un artículo cortito. Algunos ya nos sentimos boludeados”, afirmó un gobernador en diálogo con Infobae.

Ambos trabajan para evitar que se produzca un revés al momento de tratarlo en alguna de las dos cámaras. El antecedente más próximo es el del último presupuesto. Al momento de llevarlo a votación, Diputados rechazó el capítulo que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. En el oficialismo y la oposición dialoguista existe la voluntad de buscar una suerte de “punto medio que no rompa con el equilibrio fiscal”. “Para eso tenemos que generar un camino de confianza”, apuntan cerca de un funcionario del Gobierno.

La confianza también debe ser interna, porque el vínculo entre varios de los integrantes de la Mesa Política quedó astillado después de los sucesos de los últimos días. “Estamos armando una matriz para encarar las conversaciones”, puntualiza uno de ellos. El factor decisivo será que los dirigentes de la esfera política del Ejecutivo logren coordinar las negociaciones con el ala económica, compuesta en su estrato más alto por el mismísimo Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

En un contexto de mora en niveles récord, el Banco Nación anunció un ajuste en sus esquemas de refinanciación con el objetivo de acompañar a los clientes que quedaron atrasados en sus obligaciones.

La entidad informó una “mejora sustancial en las condiciones de refinanciación destinadas a clientes con deudas clasificadas en Situación 3 o superior”, es decir, aquellos con un nivel de atraso más comprometido según la calificación del Banco Central. El objetivo, según explicó el banco, es facilitar la regularización de las obligaciones pendientes y ofrecer alternativas acordes a la capacidad de pago de cada cliente.

Las nuevas condiciones contemplan dos esquemas diferenciados según la moneda de refinanciación. El primero está pensado para deudas originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito, y permite refinanciar en UVA con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 7,5% y plazos de hasta 120 meses. Se trata de una reducción considerable respecto de las tasas habituales para este tipo de operaciones, sostenida en un esquema de actualización por inflación que busca compensar la baja del costo financiero nominal.

El segundo esquema ofrece refinanciación en pesos, con una TNA del 25% para aquellos clientes que abonen sus cuotas en término, y con plazos de hasta 96 meses. En ambos casos, la extensión de los plazos apunta a lograr una cuota más accesible y una mejor adecuación de los compromisos financieros a la situación económica de cada cliente.

Desde el Banco Nación remarcaron que estas condiciones “representan una reducción significativa del costo financiero y permiten extender los plazos de cancelación, favoreciendo una cuota más accesible y una mejor adecuación de los compromisos a la situación económica de cada cliente”, según indicó la entidad.

Los objetivos detrás de la medida

A través de esta iniciativa, el banco busca profundizar su política de acompañamiento a quienes atraviesan dificultades financieras. “De esta manera, el banco reafirma su compromiso de brindar soluciones que contribuyan a la inclusión financiera y a la recuperación de la capacidad crediticia de sus clientes”, señaló la entidad en su comunicado.

La medida se da en un contexto de morosidad récord a nivel de las familias, un fenómeno que se viene registrando desde hace meses sin mostrar señales claras de normalización. En concreto, la morosidad sobre los préstamos personales alcanzó el 16,4% en junio, mientras que las dudas con tarjeta de crédito alcanzaron una tasa de morosidad de 12,6 por ciento.

Dentro de ese cuadro, las categorías de riesgo que utiliza el sistema financiero para clasificar a los deudores resultan clave para entender el alcance de este tipo de programas: la Situación 2 corresponde a atrasos de entre 60 y 90 días, mientras que la Situación 3 agrupa a quienes acumulan entre 90 y 180 días de mora. Se trata, en ambos casos, de clientes que superaron el incumplimiento ocasional y que requieren de un esquema de refinanciación para evitar que la deuda continúe deteriorándose.

Ese mismo diagnóstico llevó a otras entidades del sistema financiero a lanzar programas similares en las últimas semanas, en algunos casos enmarcados en normativas específicas y con alcance geográfico acotado. La búsqueda de reducir el costo financiero y extender los plazos de devolución se convirtió en una de las principales herramientas para intentar descomprimir la situación de los hogares endeudados.

En ese sentido, la reducción de tasas y la extensión de plazos que impulsó el Banco Nación se suma a otras iniciativas del sistema financiero orientadas al mismo objetivo, aunque con condiciones y alcances propios de cada entidad.

Reducción de tasas

Como antecedente, el BNA ya había reducido del 35% al 29% la tasa nominal anual para refinanciar saldos de tarjetas de crédito con atrasos de entre uno y 85 días. La medida rige desde este lunes y alcanza operaciones de hasta $30 millones, con plazos de 24 a 60 meses.

Según informó la entidad, una refinanciación de $10 millones a 60 meses pasaría de una cuota estimada de $354.900 a $317.400. La diferencia sería de $37.500 mensuales y de $2,25 millones en términos nominales durante todo el período.

El anuncio se produjo en un escenario de mora elevada. Durante 2026, el Banco Nación refinanció 109.507 operaciones correspondientes a 95.626 usuarios, por un total de $503,3 mil millones.

La entidad dispone, además, de otras alternativas para clientes con compromisos dentro y fuera del banco. Entre ellas, figuran planes para consolidar deudas propias a tasa fija en pesos o en UVA; opciones para reunir obligaciones del BNA y de otras entidades bajo financiación UVA; y mecanismos de cancelación o reprogramación para deudas personales y comerciales en mora, con plazos de hasta 120 meses.

La inteligencia artificial no es para Juan Grabois una discusión sobre el futuro lejano. Es una disputa que ya está definiendo poder, recursos y modelos de desarrollo, mientras los Estados intentan alcanzar una transformación tecnológica que avanza mucho más rápido que sus regulaciones.

En Infobae a la Tarde, el diputado de Fuerza Patria cuestionó el lugar que la Argentina podría ocupar en ese escenario y puso el foco en una pregunta concreta: qué gana el país si se convierte en proveedor de infraestructura y materias primas para una industria que concentra su desarrollo en otras partes del mundo.

“Lo más importante que está pasando en el mundo es esto”, afirmó Grabois. Su preocupación abarca desde la carrera tecnológica y militar hasta el impacto de las plataformas sobre niños y adolescentes, pero también alcanza una discusión más amplia sobre quién establece las reglas de una transformación que, según planteó, ningún país puede controlar por sí solo.

Grabois cuestionó el modelo de los data centers

Al trasladar el debate al plano local, el diputado cuestionó que la instalación de grandes centros de procesamiento de datos pueda presentarse como una estrategia suficiente para impulsar el desarrollo económico.

“Convertirnos en una suerte de enclave de data centers no es bueno para la Argentina. Data center no genera trabajo, genera un consumo de energía y de agua excesivo”, afirmó.

Grabois incluyó a los data centers dentro de un conjunto de actividades que, a su entender, forman parte de la transformación tecnológica en curso. Mencionó también a los armamentos, la industria farmacológica y la biotecnología.

Su planteo es que el país no quede limitado a proveer recursos para industrias cuyo desarrollo y control se encuentran en otros lugares. En ese punto, destacó la disponibilidad de minerales críticos como una herramienta para participar de las negociaciones internacionales.

“Argentina tiene algunos fierros porque tiene minerales críticos. Entonces, eso te da una fortaleza para ser parte de la discusión internacional y para defender tu propio territorio”, señaló.

A la vez, sostuvo que esos recursos deberían formar parte de una estrategia de desarrollo y no de una economía basada exclusivamente en la exportación de materias primas. Como alternativa, propuso avanzar en aplicaciones de inteligencia artificial.

“Podemos trabajar en lo que se llama la capa de aplicación de los modelos de inteligencia artificial”, explicó.

Qué dijo Grabois sobre el futuro de la IA

Grabois diferenció dos problemas que considera centrales. El primero está relacionado con la posibilidad de que sistemas cada vez más avanzados produzcan daños de gran escala. El segundo tiene que ver con el impacto de los entornos digitales sobre las capacidades cognitivas.

“Hay dos grandes riesgos: el riesgo catastrófico, el apocalipsis de inteligencia artificial, que no es ninguna boludez; y el otro, que es el secuestro cognitivo”, sostuvo.

La preocupación por el segundo punto lo llevó a referirse especialmente a niños y adolescentes. Grabois propuso restringir el uso de teléfonos dentro de las escuelas y prohibir el uso de herramientas de IA para realizar trabajos escolares hasta los 14 o 15 años.

El diputado extendió sus advertencias a la infraestructura crítica. Mencionó la posibilidad de que sistemas avanzados tengan impacto sobre servicios esenciales y utilizó un eventual corte prolongado de electricidad como ejemplo de una situación para la que una sociedad debería estar preparada.

“Cuatro o cinco días sin luz, sin energía eléctrica, una sociedad que no está preparada para eso es un caos”, afirmó.

Frente a estos riesgos, insistió en que las regulaciones nacionales resultan insuficientes. Su propuesta es avanzar hacia acuerdos internacionales que involucren a las principales potencias tecnológicas.

“Se necesitan acuerdos SALT”, dijo, en referencia a los tratados firmados durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética para limitar sus arsenales estratégicos.

Silicon Valley, China y una tercera alternativa

En su análisis sobre la disputa tecnológica global, Grabois identificó tres modelos: “El aceleracionismo tecnocrático de Silicon Valley, el paradigma estatista chino y un paradigma humanista democrático”.

Según explicó, esta última alternativa todavía no tiene una forma política definida. La vinculó con una concepción que busca combinar democracia, justicia social y libertad individual.

En ese marco, mencionó los documentos del papa Francisco sobre ambiente, trabajo y tecnología y señaló al Vaticano como un posible ámbito para discutir una gobernanza global de la inteligencia artificial que incluya también a China.

Grabois cuestionó además el desarrollo de sistemas de vigilancia y control biométrico. “A mí, ese nivel de vigilancia para mí es incompatible con la libertad”, afirmó.

La discusión sobre Silicon Valley derivó en otro de los temas de la entrevista: su encuentro con Peter Thiel, empresario e inversor tecnológico estadounidense.

“Peter Thiel es un filósofo, va atrás de ese sentido y tiene un sistema de valores que es antagónico con mi sistema de valores”, afirmó.

Grabois sostuvo que detrás de algunas de las decisiones de las grandes compañías tecnológicas existen concepciones políticas y filosóficas sobre el futuro. En ese universo ubicó corrientes vinculadas con el aceleracionismo, la desregulación y el transhumanismo.

“No solamente existen intereses materiales económicos. Hay una orientación político-filosófica vinculada a eso”, planteó.

También describió la existencia de sectores que se preparan para escenarios de catástrofe mediante búnkeres, proyectos para trasladarse a otros lugares del planeta o incluso planes vinculados con Marte.

La mirada de Grabois sobre el peronismo y 2027

La entrevista tuvo un tramo dedicado a la política argentina y al escenario electoral de cara a 2027. Consultado sobre una eventual candidatura, Grabois no confirmó si será candidato ni respaldó a un dirigente en particular.

En cambio, planteó que su prioridad durante los próximos meses será reconstruir vínculos dentro del peronismo y trabajar sobre las diferencias internas. “Nosotros vamos a trabajar por la reconciliación, por sanar las heridas que hay”, afirmó.

El dirigente vinculó esa tarea con la construcción de una alternativa frente al Gobierno de Javier Milei. En ese sentido, sostuvo que el objetivo será reunir fuerzas para disputar el rumbo político del país.

“Lo que sería imperdonable es no hacer todo lo que hay que hacer para sacar a una persona que es muy dañina para el país, para la región y para la humanidad, que se llama Javier Milei”, afirmó.

Sin embargo, evitó anticipar cómo se traducirá ese objetivo en términos electorales. “Eso implica reconciliación, eso implica sanar heridas, eso implica tener un sentido de propósito, eso implica poder saber para qué hacemos lo que hacemos. Y esa va a ser nuestra tarea en los próximos meses. Lo demás, veremos”, concluyó.

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La mora bancaria de los créditos a las familias se ubicó en 12,9% en julio, lo que implica una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De esta manera, el indicador tocó un nuevo máximo en más de 20 años.

Al comparar la evolución interanual del indicador, incluido en el Informe de Bancos del BCRA, la morosidad del financiamiento a los hogares más que se duplicó. En el mismo mes del año pasado se ubicaba en 5,6%, lo que implica un aumento de 7,3 puntos porcentuales.

Hacia adentro de las líneas, los préstamos personales evidenciaron un alza mensual de 0,3 puntos porcentuales hasta 16,7 por ciento. En tanto, la mora en las tarjetas de crédito avanzó 0,2 puntos hasta 12,8% y los créditos con garantía prendaria aumentaron 0,2 puntos a 8,1 por ciento. En tanto, el segmento hipotecario se mantuvo sin cambios en 1,6 por ciento.

El nivel de irregularidad de los préstamos al sector privado avanzó a 7,7%, más del doble del 3,2% de igual mes de 2025, mientras que el de las empresas aumentó a 3,6 por ciento, cuando un año atrás era de 1,2 por ciento. El BCRA aseguró que el aumento mensual de la morosidad respondió a dos factores: la reducción, en términos reales, del stock total de financiamiento —que integra el denominador del indicador— y el incremento real de la cartera irregular, aunque este último mostró una desaceleración.

La diferencia entre ambos segmentos marcó una mayor incidencia de los atrasos de pago entre los hogares. El ratio de irregularidad mide la proporción de préstamos con problemas de pago sobre el total de la cartera crediticia.

La probabilidad de incumplimiento bajó

La probabilidad de default estimada (PDE) para el crédito total al sector privado descendió 0,2 puntos porcentuales durante julio y quedó en 2,4%, según informó el BCRA.

En el caso de las familias, ese indicador se redujo 0,5 puntos porcentuales hasta 3,9%. Para las empresas, la PDE se mantuvo casi sin cambios, en 1,1%.

La PDE funciona como un indicador complementario de la mora y estima la posibilidad de que los deudores incumplan sus obligaciones financieras. La baja registrada en julio contrastó con el aumento del ratio de irregularidad, que estuvo condicionado por la caída del saldo real de los créditos.

El sistema financiero conservó niveles de cobertura sobre los préstamos con dificultades de pago. En julio, las previsiones acumuladas por el conjunto de las entidades representaron el 87,6% de la cartera en situación irregular, un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto de junio. En relación con el total de préstamos al sector privado, las previsiones alcanzaron el 6,7%, con una suba mensual de 0,2 puntos porcentuales.

El BCRA también evaluó la relación entre la mora, las previsiones y el capital disponible en el sistema. Bajo ese cálculo, el crédito irregular neto de previsiones equivalió a 2,1% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) del sistema financiero, 0,1 puntos porcentuales menos que el mes anterior.

Ese indicador refleja el peso de las pérdidas potenciales por incobrabilidad sobre el patrimonio regulatorio de las entidades.

Un informe de Econviews vinculó el aumento de la mora a una combinación de factores. En primer lugar, destacó “una historia de deudas que se licuaban con la inflación”, que llevó a parte de los deudores a asumir compromisos bajo la expectativa de que ese mecanismo volviera a operar. También señaló que algunas familias se endeudaron para compensar la caída de sus ingresos, una recuperación que finalmente no se produjo.

La consultora ubicó un punto de inflexión en el alza de las tasas desde junio de 2025. “El shock no originó la morosidad, pero la aceleró, porque encontró a las familias con más carga de cuotas y menos ingresos, y a las empresas teniendo que renovar préstamos de corto plazo a tasas ridículamente altas”, afirmó. Econviews agregó que ese episodio extendió al sector corporativo un problema que había comenzado entre los hogares y mencionó “debilidades en la evaluación de los créditos” de parte de las entidades financieras.

El Congreso termina una semana más que compleja para el oficialismo. El martes, mientras se preparaba para ir a un plenario de comisión a debatir la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, se enteró de la intención del Gobierno nacional de eliminar, básicamente, la ley que protege a ese colectivo de la mano del Presupuesto 2027.

En medio de esto ingresó el proyecto conocido como Malvinas bajo el nombre de Ley de Soberanía Nacional. En el oficialismo señalan que es “estratégico”, pero a pesar de haber ingresado ayer al Congreso, todavía no fue girado a las comisiones correspondientes.

El Gobierno ingresó el proyecto y se llamó al silencio, pero desde la oposición empezaron a crecer las voces que mostraban disconformidad con el texto de la norma. Tanto es así que ayer, en el Senado, hubo un momento de zozobra como consecuencia de eso.

El texto de la norma establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, en el que participan el Presidente, ministros y el titular de la SIDE. Además, establece que será ese Consejo quien defina la política de seguridad de carácter obligatorio y podrá disponer medidas urgentes ante amenazas “graves e inminentes”. También será quien tenga a cargo el procedimiento administrativo sancionatorio, a cargo del propio Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, el Ejecutivo se erige como juez y parte.

Esto generó el reclamo del Congreso que, en el caso de quienes no cuestionan la existencia de un Consejo de Seguridad, entienden que debe tener algún tipo de participación. Eso se cristalizó ayer en la sesión del Senado, cuando se pidió la creación de una comisión. La senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal, pidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley de creación de una Comisión Bicameral por la Causa Malvinas.Bicameral por la Causa Malvinas.

“En este punto lo que quiere Convicción Federal es hacer respetar la participación que debe tener el Poder Legislativo en esta materia, frente a los acontecimientos públicos y las acciones del Gobierno Nacional que incluso hoy envió al Congreso un proyecto en defensa de la soberanía nacional”, explicó la legisladora por Jujuy.

El debate hizo que el peronismo sumara dos proyectos para que fueran tratados sobre tablas —uno referido al mismo tema—, lo que dejó a LLA contra las cuerdas. Si no acompañaba, se negaba a tratar el tema Malvinas; y si acompañaba, podría perder esa votación y la de la vuelta del Coro Nacional de Niños, que eliminó Presidencia.

“La titular del bloque de LLA logró convencer a Moisés de que retirara el pedido bajo el compromiso de ‘el próximo martes lo debatimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales’”.

Luego comenzó una discusión sobre si hacerla bicameral o unicameral. Bullrich se inclinó más por esta última posibilidad, pero se mostró permeable a la discusión y a la posibilidad de crear una comisión permanente en el Congreso que pueda seguir los pasos de lo que hace el Ejecutivo.

El proyecto no deja de sumar críticas, ya que muchos entienden que tiene más que ver con un control interno de la SIDE y de las Fuerzas Armadas que con la protección de los recursos de Malvinas.

Así lo deja ver el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien publicó en su cuenta de X que el proyecto que envió el Gobierno “deroga por completo la Ley 26.659, que protege los recursos argentinos en Malvinas. Y lo hace sin preservar expresamente ninguna de las inhabilitaciones vigentes. Justamente la que alcanza a la petrolera que ellos mismos beneficiaron con concesiones y con el RIGI”.

Frente a esto, Ferraro adelantó que debatirá el resto del proyecto “con responsabilidad y mucho estudio. Pero no voy a habilitar ninguna concentración del poder, deriva autocrática ni arbitrariedades y ambigüedades”.