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Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, relató en una entrevista exclusiva en Infobae al Amanecer que entregó al papa León un informe social argentino y reclamó acuerdos frente a la pobreza y la informalidad

Gramajo contó que tomó sus encuentros con Francisco y León como parte de una representación colectiva. “Uno no va individualmente, sino que pertenece a un colectivo que representa o intenta representar y expresar algo”, afirmó.

El dirigente identificó a ese colectivo con una porción de la clase trabajadora que desarrolla sus tareas fuera del empleo registrado. “Son los informales, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, dijo sobre la UTEP.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Gramajo ubicó el vínculo con la Iglesia en los encuentros de movimientos populares promovidos desde el Vaticano.

“Quizás con la llegada del papa Francisco hubo un proceso de mayor acercamiento”, sostuvo. Según explicó, la convocatoria papal derivó en una plataforma internacional de articulación con organizaciones populares.

El secretario general de la UTEP señaló que esos espacios reúnen experiencias de distintos países. “Los movimientos populares no solo existimos en la Argentina, sino que también los movimientos se organizan en cada uno de los países”, expresó.

El informe de 74 páginas al papa León XIV

Gramajo precisó que entregó en mano un documento de 74 páginas durante un encuentro con representantes del empresariado, el sindicalismo, organismos internacionales y bancos de desarrollo.

“Se lo di en la mano en el marco de un encuentro que tuvimos con diferentes sectores empresariales, sindicalistas, organismos internacionales, banco de desarrollo”, relató sobre la reunión, que duró casi una hora.

El informe incluyó un apartado denominado “El odio como práctica de gobierno”. Al ser consultado sobre ese concepto, el dirigente cuestionó el impacto de las decisiones oficiales sobre la estructura productiva y las redes comunitarias.

“Creo que hay un desprecio permanente hacia todos los sectores de la sociedad”, afirmó. Luego vinculó esa evaluación con el deterioro de mecanismos de atención frente a problemas de consumo, salud mental, violencia y empleo.

También habló del endeudamiento en los barrios populares y de circuitos de crédito ajenos al sistema financiero formal. “No hay una medición y una estadística de lo que implica endeudarse en los barrios populares con los prestamistas, que en general están vinculados al crimen organizado y al narcomenudeo”, aseguró.

Gramajo sostuvo que el documento reunió aportes de actores que exceden a la economía popular. “Tratamos de que el informe exprese la realidad de forma integral y no solamente lo que viven los trabajadores de la economía popular”, explicó.

En ese repaso, mencionó al fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó herido durante una movilización. “Gracias a Dios hoy volvió a trabajar, pero casi pierde la vida en una movilización a partir de una represión salvaje”, dijo.

El diálogo entre sectores distintos

El entrevistado detalló que el encuentro formó parte del espacio Fratelli Tutti, donde confluyen empresarios, sindicalistas, organismos internacionales, bancos de desarrollo y organizaciones sociales.

“Él nos convocó a seguir el camino del encuentro”, contó Gramajo sobre el mensaje que recibieron del pontífice. La propuesta, según indicó, apunta a construir diagnósticos compartidos y medidas aplicables.

El dirigente mencionó iniciativas vinculadas al cuidado, la transición justa y la actividad minera. “Hicimos que empresarios y comunidades se encuentren y planifiquen cómo abordar un proceso de desarrollo minero que contemple las necesidades de las comunidades”, señaló.

Gramajo vinculó ese enfoque con el quinto encuentro de movimientos populares realizado en el Vaticano. “El papa León pretendía darle continuidad a ese proceso de articulación de la Iglesia con los movimientos populares”, afirmó.

El titular de la UTEP recordó que una trabajadora ambulante migrante mexicana, residente en Estados Unidos, leyó las conclusiones de aquella instancia ante León. “Le propusimos cerrar el encuentro en donde una compañera trabajadora del espacio público sea la que lea las conclusiones”, relató.

Para Gramajo, el Papa retomó un debate sobre los efectos laborales de las transformaciones tecnológicas. “En esta etapa de revolución y transición tecnológica había que fortalecer también a los movimientos populares y acompañar a los movimientos populares”, sostuvo.

El dirigente comparó la realidad argentina con otros países de la región. “La informalidad llega al 50% en nuestro país, pero hay países de la región que están en el 60, en el 70 y casi en el 80% en algunos casos”, detalló.

Sobre una eventual visita de León a la Argentina, Gramajo expresó su deseo de que su mensaje alcance a quienes toman decisiones políticas. “Ojalá que les toque el corazón y los sensibilice para que hagan lo que tienen que hacer”, manifestó.

La autocrítica a las políticas anteriores

El secretario general de la UTEP también se refirió a los gobiernos de centroizquierda y progresistas de la Argentina y la región. Rechazó explicar el ascenso de Javier Milei por una sola candidatura o una maniobra electoral.

“Creo que tiene que ver con un proceso inconcluso, en donde no se resolvieron los problemas estructurales”, afirmó. Gramajo incluyó en esa revisión a las políticas sociales impulsadas en años anteriores.

“Somos autocríticos de parte de la política social que no resolvió los problemas centrales de nuestro país”, dijo. A la vez, pidió una discusión que incorpore a la clase política, el empresariado, el movimiento obrero, las organizaciones sociales y los medios.

El dirigente señaló que la pobreza, el trabajo y la planificación estratégica deberían formar parte de esa agenda. “La política en la Argentina lo que ha hecho fue generar parches a determinados problemas que terminaron siendo problemas estructurales”, sostuvo.

Gramajo citó la evolución de los indicadores sociales desde el retorno de la democracia. “Terminamos después de casi 40 años de democracia con un 42%, 43% de pobreza y con un nivel de pobreza estructural”, planteó.

También cuestionó que la discusión quede limitada a la competencia entre partidos. “Nuestro campo político y social se debe un debate de carácter estratégico y no solamente político-electoral”, afirmó.

El titular de la UTEP vinculó esa discusión con los cambios en el trabajo, la tecnología, la concentración económica y el sistema financiero. “Ha cambiado el mundo y se ha modificado la realidad”, concluyó.

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El 16° Foro ABECEB comenzó este jueves en el Faena Art Center de Buenos Aires con una advertencia que combinó geopolítica y economía: la capacidad de Washington para asistir a países como Argentina en situaciones de crisis se reduce significativamente con un Congreso dividido. La señal la dio Gary Litman (foto), vicepresidente senior de Iniciativas Globales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce), la principal organización empresaria del país del norte.

Litman dedicó buena parte de su intervención a las consecuencias que el resultado electoral en Estados Unidos tiene para la región. Con un Congreso fracturado entre los dos partidos, advirtió, la capacidad de Washington para responder a shocks externos en economías como la argentina se vuelve más estrecha. “La toma de decisiones será más lenta, la voluntad política no necesariamente estará presente y la disposición a utilizar el Fondo Monetario Internacional u otros instrumentos para acudir al rescate disminuye cuando tenemos un gobierno dividido”, señaló.

Esas palabras resonaron con fuerza particular luego de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que los demócratas se quedaron con el control de ambas cámaras del Congreso frente a los republicanos de Donald Trump. Con el Ejecutivo en manos republicanas y el Legislativo ahora bajo control demócrata, el apoyo financiero a países como Argentina a través del FMI u otros mecanismos de rescate internacional enfrenta un camino más angosto: cualquier decisión de esa naturaleza requerirá de una negociación entre poderes con agendas contrapuestas.

Para la Argentina, que históricamente recurrió al FMI y a otros mecanismos de apoyo internacional en momentos de crisis de liquidez, esa advertencia tiene peso propio. El diagnóstico de Litman no fue catastrofista, pero sí preciso: las reglas del juego global cambiaron y los márgenes de maniobra se achicaron.

El ejecutivo de la US Chamber planteó que se normalizó algo que hace dos décadas habría resultado excepcional. “Se volvió normal que los gobiernos intenten decirles a las empresas dónde invertir, qué producir, con quién comerciar y qué innovaciones financiar”, dijo. Para Litman, el equilibrio de poder entre el Estado y el sector privado se desplazó en forma pronunciada desde la crisis financiera de 2008 y, en especial, tras la pandemia.

A eso se suma el impacto de los aranceles y las restricciones comerciales, que aumentan la incertidumbre, encarecen los negocios y obligan a las empresas a ralentizar sus planes de inversión. El escenario, según describió, ya no es de excepción sino de nueva normalidad, y las compañías que no se adaptan a esa lógica quedan en desventaja estructural.

Aun así, Litman resaltó el interés de las empresas y el sistema político de su país en la región. “El foco de la política estadounidense en América del Sur llegó para quedarse”, afirmó, y anticipó que en los próximos años habrá más presencia empresarial, personal y política en el continente. El mensaje fue claro: la menor capacidad de asistencia financiera no implica menor atención estratégica.

Una Argentina con tres velocidades que busca su lugar en esa disputa

Antes de la intervención de Litman, en su discurso de bienvenida al Foro, Mariana Camino, CEO de ABECEB, trasladó el diagnóstico global al plano local. Su punto de partida fue una advertencia metodológica: Argentina ya no puede leerse como un todo. Para ordenar el análisis, propuso la imagen de tres relojes que corren en simultáneo pero marcan horas distintas.

El primero mide la coyuntura: consumo, inflación, empleo, actividad. El segundo registra la transmisión, es decir, cómo la estabilidad que hoy se reconoce como activo llega concretamente a las empresas en forma de crédito, financiamiento y palanca de crecimiento. El tercero marca la transformación: la Argentina de la energía, el agro y la minería que desarrolla su capacidad exportadora, el país del cambio de reglas y la apertura.

“Estos tres relojes funcionan en simultáneo, pero marcan distintas horas”, subrayó Camino. Por eso, sostuvo, entender la Argentina hoy implica mirar cada realidad en particular: pararse en los agregados explica poco del presente y menos aún del futuro.

La estabilidad es un activo necesario, pero no suficiente

El diagnóstico de ABECEB es el de un país cada vez más segmentado y heterogéneo en sus niveles de actividad. Camino señaló que conviven sectores con crecimiento acelerado junto a empresas que pelean día a día los márgenes de ganancia, y que esa brecha se replica incluso dentro de un mismo rubro. “Va a haber empresas que van a crecer mucho, relacionadas con sectores que crecen y vuelan, y otras que no, que van a estar desafiadas por la apertura”, planteó.

La economista reconoció que el país llega a esta instancia con un activo claro: la estabilidad económica. Pero advirtió que ese activo no es suficiente por sí solo para atraer inversión. “El costo del capital es más alto cuando la respuesta a si esto puede durar no es clara”, señaló, y marcó que la generación de confianza y la persistencia de las mejoras constituyen la segunda etapa que Argentina tiene por delante, en un año en que además se elige presidente.

Ese argumento tiene respaldo en el Índice de Reversión del Modelo (IRM) que ABECEB viene desarrollando desde fines de 2023. El indicador, que procesa 22 series cuantitativas para medir qué tan probable es que el sistema político decida revertir las reglas actuales, cayó 22% entre noviembre de 2023 y el tercer trimestre de 2026, al pasar de 53 a 42 puntos sobre una escala de 100.

La otra clave que Camino introdujo fue la del timing. Planteó que esperar es una decisión válida, pero que tiene un costo concreto: “Todo lo que no decidimos, las posiciones que no ocupamos, las van a ocupar otros”. Mientras una empresa aguarda más certeza, otra firma un contrato a largo plazo, desarrolla un proveedor, busca financiamiento o toma decisiones de mercado, alianzas y producción.

En ese sentido, instó a no ver al año que viene solo como un período electoral. “Puede ser el año en el que empiezan a definirse realmente quiénes vamos a capturar valor en la Argentina de hoy”, dijo, y cerró con una pregunta que articuló toda su presentación: dónde quiere estar posicionada cada empresa cuando el país encuentre ese equilibrio.

La jornada en el Faena Art Center contará además con la participación del viceministro de Economía José Luis Daza, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el expresidente Mauricio Macri y el exvicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos, entre otros referentes y empresarios.

El Gobierno necesita que la actividad económica repunte antes de las elecciones presidenciales del próximo año. Sin embargo, por mandato del presidente Javier Milei, no puede apartarse del equilibrio fiscal ni —según asegura— apela a un “plan platita”. En ese marco, desde agosto, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya realizó siete anuncios que abarcan desde la flexibilización de los créditos en dólares hasta alivios para las pymes frente al fisco nacional. A la par, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) trabajan en otras cinco iniciativas.

El límite que plantea el Gobierno es fiscal. Caputo defendió ese criterio este miércoles durante su exposición en un evento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) donde rechazó la posibilidad de aumentar el gasto o incurrir en déficit para mejorar los ingresos de los hogares antes de las elecciones.

“También es muy difícil mantenerse. Escucho a ciertos colegas y veo cuán fácil pierden la convicción. Enseguida ya queremos movernos, dicen: ‘Ahora ya tenemos equilibrio; no están claras las elecciones, pongamos un poco de plata en el bolsillo de la gente’”, afirmó el ministro.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que una modificación de ese criterio tendría consecuencias sobre las necesidades de financiamiento del Estado. “Si tenemos un déficit de dos puntos, implica que vamos a tener que salir a buscar financiamiento por USD 14.000 millones. ¿Podemos? No”, señaló. También advirtió que abandonar el ancla fiscal afectaría las expectativas por los antecedentes de la economía argentina.

Esta semana, el equipo económico quedó más en evidencia respecto a sus intenciones para impulsar la actividad con la serie de medidas que Caputo comunicó durante su participación en el evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Caputo anunció tres decisiones destinadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en su relación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La primera estableció la suspensión de embargos hasta mayo de 2027.

También comunicó la extensión del plan de pagos hasta 18 cuotas. La modificación incluye deudas vencidas hasta el 31 de octubre, con lo que se amplía el alcance de esa alternativa de regularización. La tercera disposición habilita a las empresas a computar el 100% de sus saldos a favor contra impuestos aduaneros.

Los economistas consideran que esas tres medidas apuntaban a no empeorar aún más la situación de las pymes. Y que la única que podría llegar a tener un impacto sobre el nivel de actividad -aunque habría que analizar en que magnitud- es la nueva línea de créditos del Banco Nación para la compra de autos, cuya tasa será del 25% y los plazos previstos serán de tres, cuatro y cinco años.

Hasta ahora, las versiones extra oficiales indican que el financiamiento podría destinarse a vehículos de producción nacional. Esa condición todavía requiere una confirmación oficial y será relevante para determinar el alcance de la medida sobre la industria automotriz local.

Medidas para la construcción

Sin embargo, los anuncios comenzaron en agosto, cuando Caputo comunicó la flexibilización del acceso a créditos en dólares. La medida eliminó la condición que obligaba a los bancos a prestar en moneda estadounidense solo a quienes generaban divisas o contaban con la garantía de una empresa que cumplía esa condición.

La modificación amplió el universo de personas y compañías que pueden acceder a ese financiamiento. Si bien la flexibilización no tiene restricciones por sector, el ministro reconoció que apuntaban sobre todo a la construcción.

Esa medida se complementó, a posteriori, con el anuncio de licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Mediante esas licitaciones, el Gobierno busca fondear a los bancos con hasta $2 billones a largo plazo para que amplíen la oferta de créditos hipotecarios.

El esquema prevé licitaciones de hasta $200.000 millones. Los bancos pueden colocar fondos a un año a una tasa mínima de UVA +2,5%, o a cinco años con una tasa mínima de UVA +4,5%. La disponibilidad de recursos a plazos más extensos apunta a facilitar la originación de préstamos hipotecarios. Las entidades financieras deberán participar de las licitaciones para acceder a los fondos que ofrece el FGS dentro de este mecanismo.

Menos impuestos

Otra decisión se vinculó con el precio de los combustibles. En medio de la volatilidad internacional del petróleo y luego de los aumentos que las petroleras aplicaron en los surtidores tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el Gobierno resolvió postergar la actualización del impuesto a los combustibles.

La decisión quedó formalizada nuevamente mediante el Decreto 1305/2026, que fijó el 1° de diciembre como nueva fecha para aplicar la actualización. La ley establece que el impuesto debe revisarse cada tres meses según la inflación acumulada, pero el Ejecutivo decidió diferir ese traslado.

La medida buscó evitar una presión adicional sobre los consumidores y sobre la inflación. El impuesto forma parte de los componentes que inciden en el precio final de los combustibles, por lo que su actualización puede tener efecto sobre los valores de venta en los surtidores.

En camino

Además de los anuncios de Caputo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la CNV preparan cinco iniciativas para ampliar el crédito en pesos. El diagnóstico oficial fue expuesto por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, durante una ronda con inversores organizada en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en Bangkok, Tailandia, en octubre de 2026.

La primera iniciativa se dirige a empleados públicos que cobran créditos personales mediante descuentos de haberes. El BCRA eliminará el tope de tasa de interés para esos préstamos y permitirá que el código de descuento se transfiera a otra institución que reúna las condiciones exigidas.

La intención es dar más seguridad a las entidades que adquieren una cartera ya otorgada y ampliar sus alternativas de fondeo. El cambio alcanzará a los préstamos que se cobran directamente a través del sistema de haberes de trabajadores estatales.

La segunda propuesta se concentra en empleados del sector privado que acceden a créditos con descuento salarial. El plan prevé centralizar los flujos de pagos con afectación específica por medio de la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago (Coelsa).

El trabajador conservará la facultad de asignar los fondos, mientras que el empleador no deberá asumir tareas administrativas asociadas con ese circuito. El objetivo es ordenar el flujo de cobros de los créditos con descuento de haberes en el sector privado.

La tercera medida que preparan el BCRA y la CNV apunta a los comercios. El Gobierno propone que los cupones de tarjetas sean reconocidos como instrumentos legales, digitales y transferibles. La iniciativa se dirige al tiempo que transcurre entre una venta con tarjeta y el cobro efectivo de los fondos. Con ese reconocimiento, los comercios podrán utilizar los cupones dentro de operaciones de financiamiento.

El proyecto también contempla que esos instrumentos puedan ejecutarse por procedimientos sumarísimos en caso de incumplimiento. El alcance de la medida se vincula con las ventas realizadas mediante tarjetas y con el acceso de los comercios a liquidez antes de la acreditación definitiva de los pagos.

La cuarta medida alcanzará a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), entidades que respaldan créditos de pequeñas y medianas empresas mediante avales. El BCRA busca que las SGR puedan sostener una mayor cantidad de créditos con el mismo fondo de garantía. La medida apunta a que más pymes accedan a préstamos o mejoren sus condiciones de financiamiento, como tasas y plazos.

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