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Si se excluyen del cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) al agro, la energía y la minería, el 85% de la economía argentina se ubica hoy por debajo de los niveles de 2023 y permanece estancado desde comienzos del año pasado. Así lo explicó Martín Rapetti, fundador y director ejecutivo de la consultora Equilibra, en una entrevista con Infobae en Vivo.

El economista explicó que el crecimiento del PBI argentino proyectado para este año, por debajo del 1,5%, esconde una fuerte disparidad entre sectores. “El PBI tiene una virtud que sintetiza lo que ocurre en la economía, aunque esta no exista, porque es un conjunto de actividades heterogéneas”, señaló Rapetti. Según el experto, el indicador funciona bien cuando describe un crecimiento generalizado, pero no cuando el promedio esconde realidades opuestas.

Rapetti distinguió entre los sectores que crecen a tasas de dos dígitos anuales, como el energético y el minero, y aquellos que atraviesan el estancamiento o la caída, como la industria. “Hay sectores como el energético y minero que por sí solos van volando a una tasa de dos dígitos anuales, y después hay sectores que están estancados o en caída, como la industria”, detalló.

Para el director de Equilibra, el dato agregado del PBI no alcanza para caracterizar lo que ocurre en la economía argentina actual. “Cuando se habla de que crece el PBI, tal vez no está caracterizando bien lo que ocurre”, afirmó.

El economista ubicó el fenómeno en una perspectiva de largo plazo. Según Rapetti, la Argentina no crece desde 2011 y no genera empleo neto desde entonces. “La actividad económica medida por habitante cae desde 2011”, sostuvo, y agregó que la tendencia de fondo muestra una economía estancada, más allá de los vaivenes anuales.

El economista trazó un paralelismo con la “década perdida” que se atribuyó a varios países latinoamericanos en los años 80. “Argentina, por el momento, con independencia de los gobiernos, lleva más de una década perdida. Si se mira el PBI per cápita, la producción por habitante, está más bajo que en 2011”, remarcó.

Rapetti diferenció el actual ciclo de crecimiento de otros procesos expansivos de la economía argentina. “En los procesos de crecimiento, cuando la actividad y el PBI crecen y crecen los ingresos, crece el empleo”, explicó. Sin embargo, según analizó, el empleo privado formal se contrajo y el ingreso de los trabajadores registrados cae, mientras aumenta el empleo informal, principalmente a través del monotributo.

El economista reconoció que el Gobierno tiene fundamentos para sostener que la economía crece, dado que el PBI se expandió en 2025 y proyecta un crecimiento moderado este año, con la posibilidad de una nueva suba en 2027.

Un “milagro económico” limitado a algunas provincias

Rapetti consideró que el equipo económico enfrenta limitaciones para un análisis desapegado de la coyuntura política. “El equipo económico no tiene la facilidad o la posibilidad de ser analítico, en el sentido de que están jugando un partido y están tratando de influenciar a los tomadores de decisión, por lo que tratan de mostrar los datos más positivos”, sostuvo.

Pese a esa observación, el economista no desconoció la magnitud del fenómeno en los sectores vinculados a los recursos naturales. “Es evidente que es una economía donde claramente están pasando cosas muy potentes en los sectores de petróleo, gas y minería, y efectivamente las cosas van bien”, afirmó. “Si la Argentina fuera Neuquén, estaríamos hablando de un milagro económico, y es un país mucho más grande que eso”, agregó, en referencia a la provincia donde se concentra buena parte de la producción de Vaca Muerta.

Según Rapetti, en el Gobierno prevalece la idea de que el dinamismo de la minería y la energía resulta suficiente para traccionar al conjunto de la economía. “Ellos entienden que lo que está pasando en minería y energía basta por sí solo para que toda la economía finalmente se termine expandiendo”, explicó, a la vez que cuestionó esa lectura por la escala demográfica del país. “Si tenés un país tan grande como la Argentina en términos de población, no podés pensar que solamente con esos sectores vas a poder tener un despegue sostenible”, concluyó.

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó este miércoles un proyecto de reforma integral del Código Contravencional que modifica en profundidad el marco legal que regula las conductas contrarias a la convivencia urbana. La iniciativa, impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, fue enviada a la Legislatura porteña y abarca desde un aumento sustancial de multas y días de arresto hasta la incorporación de nuevas faltas vinculadas con la protección digital y el orden en el espacio público. El texto modifica la Ley 1.472 —el Código Contravencional vigente— y la Ley 12 de Procedimiento Contravencional.

Las contravenciones son conductas que alteran la convivencia ciudadana: faltas de tránsito, ruidos molestos, acoso callejero, entre otras. A diferencia de un delito —que supone una infracción grave contra la vida, la integridad o la propiedad—, se sancionan principalmente con multas, tareas comunitarias o días de arresto. El proyecto amplía las herramientas disponibles en las tres categorías y endurece las penas en la mayoría de las contravenciones que figuran en el Código. Además, agrega faltas relacionadas con conductas digitales y con la ocupación irregular del espacio público.

“Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad”, sostuvo Macri. El mandatario agregó que la reforma apunta a que “quien rompe la ley pague las consecuencias de sus actos”.

Uno de los cambios más visibles involucra las sanciones por conducción bajo los efectos del alcohol. El esquema actual contempla multas de 300 a 2.000 unidades fijas (UF) —equivalentes a entre $ 351.924 y $ 2.346.160— y entre 1 y 10 días de arresto, más inhabilitación de la licencia de 4 meses a 2 años. Con la reforma, la multa pasaría a un rango de 1.000 a 6.000 UF, superando los $ 7.038.480 en su techo, mientras que el arresto se extendería a entre 5 y 30 días y la inhabilitación de la licencia escalaría a un mínimo de 6 meses y un máximo de 4 años.

Las sanciones por actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público también se elevan de manera pronunciada. En la actualidad, el techo de las multas para esa categoría —que comprende la venta informal o los manteros— es inferior a $ 15 millones. El proyecto fija un nuevo máximo de 50.000 UF, equivalente a $ 58.654.000, casi cuatro veces el límite previo. El aumento forma parte de un esfuerzo más amplio por desincentivar la ocupación irregular de la vía pública con fines comerciales.

En materia de reincidencia, la iniciativa introduce cambios estructurales. Los aumentos de pena escalan según el número de recaídas: 50% para la primera, 66,6% para la segunda y 100% —es decir, el doble— para la tercera. Además, la definición de reincidente se amplía: ya no es necesario que la falta repetida sea exactamente la misma, sino que basta con que sea una conducta similar dentro del espacio público. Para los trapitos —quienes extorsionan a conductores para estacionar en la vía pública—, la reincidencia elevaría el arresto de 60 a 90 días. Los reincidentes, además, quedarían excluidos del régimen de arresto domiciliario, salvo excepciones debidamente fundadas. El proyecto crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público para dar seguimiento a esos casos.

Para los ruidos molestos —como música a alto volumen en espacios comunes de edificios—, las tareas de utilidad pública pasarían del rango actual de 1 a 5 días a uno de 3 a 15. Las multas treparían desde el techo vigente de 100 UF ($ 117.308) hasta 600 UF ($ 703.848), y se incorporaría la posibilidad de hasta 10 días de arresto, una herramienta que hoy no está disponible para ese tipo de infracción.

La reforma también incorpora nuevas contravenciones al Código. Entre ellas: el seguimiento o acecho en la vía pública; la obtención de credenciales —claves, códigos o tokens— mediante engaños digitales; la organización de compraventa informal masiva en el espacio público; la comercialización de datos personales; la portación de dispositivos de interferencia de señales; y la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte. La portación de materiales aptos para provocar disturbios —como bombas molotov— se sancionaría con multas de hasta $ 9.384.640 o hasta 45 días de arresto, más el comiso de los elementos incautados. Quien entorpezca los sistemas de videovigilancia pública enfrentaría multas de hasta $ 4.692.320 o 30 días de arresto, con la obligación accesoria de reparar el dispositivo dañado.

En el plano procesal, la reforma suprime la condena en suspenso y excluye, para adultos, la suspensión del proceso a prueba como salida alternativa. El plazo general de prescripción de la acción se mantiene en dos años.

El capítulo más novedoso de la iniciativa atañe a los adolescentes de entre 14 y 17 años. Hoy, como regla general, los menores de 18 años no son punibles contravencionalmente —con excepciones vinculadas al tránsito—. La reforma fija la imputabilidad desde los 14, pero bajo un régimen diferenciado: no pueden ser detenidos, deben contar con una defensa especializada y las sanciones apuntan a la responsabilización, la educación y la integración social. Las medidas posibles incluyen amonestación formal, acompañamiento de equipos interdisciplinarios, programas educativos, continuidad escolar, capacitación laboral y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y a las aptitudes del joven. Para este grupo, además, se mantiene la probation, condicionada al cumplimiento de reglas de conducta, la reparación del daño y la continuidad escolar.

El cambio responde a la adecuación de la normativa local a la Ley Nacional de Justicia Penal Juvenil, que entró en vigencia el mes pasado. “Buscamos sancionar el phishing, los deepfakes y el acecho, y que quienes tienen entre 14 y 17 años respondan por sus contravenciones. No vamos a mirar para otro lado. En la Ciudad hay consecuencias”, publicó en X el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

La iniciativa deberá ahora pasar por el debate parlamentario antes de su eventual sanción.

El próximo viernes 9 de octubre, el Gobierno publicará en el Boletín Oficial la promulgación y la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal II, según dijeron fuentes oficiales a este medio. Los contadores esperan conocer la letra chica de la iniciativa, con la que el oficialismo buscará dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes para que saquen los dólares del colchón y eso ayude a la reactivación económica que busca el ministro de Economía, Luis Caputo.

Luego de que el Senado aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II el 17 de septiembre, el Gobierno se tomó casi un mes para oficializar la nueva ley y su correspondiente reglamentación. Ahora antes del fin de esta semana buscará definir los procedimientos y alcances del régimen que abarca las declaraciones juradas, las fiscalizaciones, los movimientos de fondos, los incrementos patrimoniales y la incorporación de nuevos contribuyentes.

La publicación de este viernes incluirá dos pasos. Por un lado, saldrá la promulgación de la ley aprobada por el Congreso. Por otro, se conocerán las disposiciones que establecerán cómo se aplicarán sus artículos y qué documentación, requisitos y criterios deberán observar los contribuyentes.

Se trata de un paso clave para que los contribuyentes saquen los dólares del colchón, que según el Instituo Nacional de Estadística y Censos (Indec) suman más de USD 220.000 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, incluyó la Ley de Inocencia Fiscal entre los pilares de los “mejores 18 meses” junto con la entrada en vigencia de la reforma laboral y la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

La hoja de ruta

El CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin, indicó que la secuencia de publicación será uno de los aspectos formales que deberá respetarse. Según explicó, primero deberá aparecer la ley y luego podrán difundirse las normas reglamentarias.

“La Ley tiene que salir publicada en el Boletín Oficial y la reglamentación puede salir publicada el mismo día, pero tiene que salir la Ley primero”, sostuvo Litvin en conversación con Infobae. A partir de allí, el especialista señaló que el esquema pendiente incluye las disposiciones del Poder Ejecutivo, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Las definiciones de esos organismos serán relevantes para establecer la aplicación concreta de la Ley de Inocencia Fiscal. Los contadores aguardan precisiones sobre la opción por el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), el cálculo de las discrepancias, las fiscalizaciones en curso y las exigencias para justificar fondos e incrementos patrimoniales.

Litvin también vinculó la publicación de esas normas con el vencimiento de la declaración jurada de Ganancias. Según expresó, una vez que se complete ese conjunto de disposiciones, nuevamente el Gobierno va a tener que postergar el vencimiento de la declaración jurada de Ganancias que vence el martes 14 de octubre. El especialista consideró que el cronograma podría extenderse hacia el final de octubre si la reglamentación sale el viernes.

La letra chica a mirar

El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, enumeró tres cuestiones que observará tras la publicación de las normas. La primera se refiere a los contribuyentes que presentaron por el régimen general porque no cumplían las entonces condiciones del RSG. La reglamentación deberá establecer si esas personas podrán optar luego por el régimen simplificado y presentar sus declaraciones juradas bajo ese esquema. El punto alcanza a quienes realizaron presentaciones en el régimen general por no cumplir con las condiciones previstas hasta ahora.

Es que la nueva Ley eliminó los límites de ingresos o patrimonio que dejaban afuera a parte de los contribuyentes. Por ese motivo, la reglamentación deberá indicar cómo se instrumentará el acceso de quienes antes no podían incorporarse al régimen.

La gerente de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, también destacó ese cambio. “Otro tema para mirar es el nuevo esquema para quienes hasta ahora quedaban afuera por los niveles de ingresos o patrimonio”, dijo. Según explicó, la eliminación de esos límites amplía el universo de contribuyentes que podría acceder al régimen. La reglamentación deberá aclarar la forma de incorporación y el tratamiento de los casos que ya están bajo fiscalización.

“La reglamentación debería aclarar cómo se va a instrumentar esa incorporación y, especialmente, qué tratamiento van a tener las situaciones que ya están bajo fiscalización”, sostuvo Girardi.

El calculo de la discrepancia significativa

El segundo punto señalado por Domínguez se vincula con el monto objetivo de punibilidad que se tomará para aplicar el 5% y definir si existe una discrepancia significativa. La discusión se centra en la fecha que se utilizará como base para establecer ese valor.

La reglamentación deberá indicar si se tomará el monto vigente al cierre del período fiscal o el que rija en la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada. La respuesta puede modificar de forma sustancial el parámetro aplicable. Domínguez planteó el caso del período fiscal 2025. Para ese año, deberá definirse si el cálculo se hará sobre una base de $ 1.500.000 o de $ 100.000.000.

El tercer aspecto incluido por el CEO de SDC Asesores Tributarios es la reglamentación de la UIF. El texto que publique el Gobierno deberá precisar cómo se aplicará esa norma dentro del esquema de la Ley de Inocencia Fiscal.

Girardi puso el foco, además, en la presunción de exactitud de las declaraciones juradas. La ley fija un límite del 15% para las discrepancias, pero la reglamentación deberá precisar el método de cálculo, los conceptos que integrarán esa evaluación y la información que ARCA podrá tomar para cuestionar una declaración.

“Un primer punto para mirar es cómo la reglamentación va a instrumentar la presunción de exactitud de las declaraciones juradas”, expresó Girardi. “La ley establece ese límite del 15% para las discrepancias, pero va a ser interesante ver cómo se calcula concretamente, qué conceptos se toman en cuenta y qué información puede utilizar ARCA para cuestionar una declaración jurada”.

El “tapón fiscal” y las fiscalizaciones en curso

El llamado “tapón fiscal” es otro de los temas que los especialistas seguirán en la reglamentación. La Ley busca aportar estabilidad a las declaraciones juradas de Ganancias, aunque resta conocer cómo se aplicará esa protección ante una fiscalización ya iniciada.

“También habrá que ver cómo se implementa en la práctica el llamado ‘tapón fiscal’”, sostuvo Girardi. La especialista planteó que será necesario conocer el funcionamiento de esa protección cuando exista una fiscalización en curso o cuando ARCA reciba después información que pueda generar un cuestionamiento.

La reglamentación deberá abordar la relación entre los controles que ya están en marcha y los mecanismos de protección que incorpora la Ley. También deberá establecer los criterios aplicables cuando el organismo reciba información posterior a la presentación de una declaración jurada.

Otro punto bajo observación es la justificación de incrementos patrimoniales y determinados movimientos de fondos. La norma establece reglas sobre esa cuestión, aunque el texto reglamentario deberá precisar cómo funcionarán en los procedimientos concretos. “También me parece importante ver cómo se va a instrumentar la posibilidad de justificar incrementos patrimoniales y determinados movimientos de fondos”, afirmó Girardi.

La especialista señaló que será necesario definir qué documentación podrá pedir ARCA. También deberá conocerse cómo se compatibilizarán esos requerimientos con la información que el organismo ya recibe de bancos, escribanos, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y otros organismos.

Santiago Santurio sostuvo que el oficialismo pasó de ser una promesa electoral a exhibir resultados de gestión y planteó que la continuidad del rumbo económico dependerá de consolidar las reformas impulsadas por Javier Milei

El diputado nacional repasó su vínculo con el Presidente desde 2021, defendió el superávit fiscal y respondió sobre las tensiones internas, el vínculo con el PRO, el financiamiento universitario y las demandas por discapacidad.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Santurio describió su incorporación al espacio libertario antes de que Javier Milei ingresara al Congreso. “Arranqué con Javier, la primera reunión fue en febrero de 2021”.

El legislador relató que luego se sumó como asesor parlamentario del entonces diputado nacional y que llegó a la Cámara baja tras la asunción presidencial. “Cuando él entró de diputado nacional, yo entré de asesor de él. Cuando asumió la Presidencia, yo entré como diputado”.

Santurio ubicó aquella etapa en un escenario en el que La Libertad Avanza todavía era una fuerza con escasa proyección electoral. “Nos decían: ‘Son un partido barrial, vecinal, no llegan a los tres puntos, a los cuatro, que se baje, que arregle’”.

El diputado recordó que el resultado de Milei en la elección legislativa modificó la expectativa inicial del espacio. “Se dio un batacazo para ser diputado nacional de Javier y apenas asumió Javier, nosotros dijimos: ‘Vamos por la Presidencia’”.

El origen político de Javier Milei

Para Santurio, el actual mandatario tuvo desde el comienzo una posición definida sobre cómo debía producirse un cambio de rumbo. “Javier mismo siempre fue el primer convencido de que para cambiar esto había que hacer algo distinto de lo que se estaba haciendo en ese momento”.

El dirigente de Las Fuerzas del Cielo cuestionó el modelo previo y afirmó que la construcción libertaria se organizó por fuera de las estructuras tradicionales. “Veníamos de un modelo estatista colectivista que no funcionaba en el país”.

También vinculó el crecimiento de La Libertad Avanza con una propuesta diferenciada de las coaliciones que habían gobernado hasta entonces. “Para hacerlo hay que hacerlo desde afuera, con algo distinto, con una propuesta distinta, y así llegamos a la Presidencia”.

Ante las críticas por las expresiones de Milei contra periodistas, Santurio planteó que el Presidente conserva una forma de comunicarse alejada de los códigos habituales de la dirigencia. “Javier es una persona como cualquier otra, habla como hablamos todos”.

El diputado contrapuso esa conducta con la del “político profesional”. “Uno ve al político profesional que te miente de las mejores formas, y al que te dice la verdad a su modo, con su ser genuino”.

Santurio admitió que algunos agravios pueden generar rechazo, aunque sostuvo que Milei confronta de manera directa. “Si te cae mal, te lo va a decir de frente y te va a decir: ‘Mirá, vos me parecés esto’”.

Sobre las acusaciones contra periodistas que realizan análisis críticos de la economía, planteó una diferencia entre informar y promover intereses privados. “Los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos”.

El legislador explicó que considera legítima la discusión sobre los indicadores y cuestionó los pronósticos que, según su mirada, anticipan una crisis sin fundamentos. “Hay periodistas que constantemente dicen: ‘El dólar se va a disparar, esto se cae’, y no es que dan una información: dan una opinión sobre el dato o un análisis catastrófico”.

Santurio también se refirió a la discusión dentro del oficialismo sobre la incorporación de dirigentes con experiencia estatal. “Había que, por un lado, entender cómo funciona el Estado y saberlo manejar”.

A la vez, señaló que La Libertad Avanza necesitaba preservar una cuota de renovación frente a los mecanismos tradicionales de la administración pública. “También hay que tener una parte innovadora que venga a romper el esquema que estaba establecido”.

Para explicar esa combinación, recurrió a una comparación sobre la gestión y la estructura política. “Hay que cambiar al cocinero y hay que cambiar la receta, las dos cosas, porque si no va a seguir siendo lo mismo esto”.

El superávit y sostener las reglas económicas

Santurio afirmó que el Gobierno modificó variables que, a su criterio, condicionaban la economía argentina. “Todos ahora hablan del superávit, pero la verdad es que el único que decía que había que tener superávit durante la campaña y que lo logró apenas asumió fue Javier”.

El diputado reconoció que persisten problemas sociales y aludió a los niveles de pobreza. “Que haya uno de cada tres argentinos pobre es muy malo para nosotros”.

Sin embargo, sostuvo que la comparación con el inicio de la gestión muestra una mejora. “Peor es de donde veníamos, que era uno de cada dos”.

En esa línea, aseguró que la administración nacional avanza hacia una recuperación a partir de las decisiones adoptadas desde diciembre de 2023. “Estamos yendo a un lugar mejor”.

Santurio mencionó el proceso de acumulación de divisas y cuestionó que no reciba la misma atención pública que las advertencias sobre la falta de reservas. “Ahora que venimos comprando reservas de manera histórica, no se dice: ‘Che, la verdad, el Gobierno muy bien está comprando reservas’”.

El legislador enumeró medidas del Ejecutivo para responder a la pregunta sobre la tolerancia interna a las críticas. “El Gobierno empezó a comprar reservas, sacó el RIGI, dejó de emitir y bajó la inflación”.

También defendió la capacidad de reacción de la economía frente a shocks externos. “Antes cualquier resfrío te genera una gripe mortal”.

Al hablar de la estrategia política, Santurio sostuvo que Milei evita tomar decisiones según los cambios de opinión que muestran las encuestas. “La política de la encuesta es: ‘Che, la gente ahora piensa que hay que emitir, entonces emitís plata’”.

El diputado asoció esa práctica con una receta que el oficialismo rechaza. “Eso termina generando un remedio que termina siendo peor que la enfermedad”.

Sobre la necesidad de consolidar la gestión en el plano electoral, sostuvo que la continuidad institucional es una condición para atraer inversiones. “Nosotros empezamos a hacer un país con reglas claras y, si Javier gana, se van a consolidar todos los cambios que hizo”.

Santurio dijo que inversores locales y extranjeros consultan por la permanencia de las políticas actuales. “La gran pregunta es: ‘¿Esto va a durar o no?’”.

Para el legislador, esa incertidumbre incide en las decisiones de ahorro e inversión. “Yo quiero que supan que Javier va a gobernar y dijeran: ‘Irme al dólar de vuelta no voy a ser tan tonto, voy a empezar a invertirlo en otras cosas’”.

El diputado describió una secuencia entre orden fiscal, ahorro, inversión, crédito, producción y empleo. “La única manera que nosotros salimos es superávit”.

Frente a las críticas por el impacto de los recortes, remarcó que los problemas acumulados no pueden resolverse en un período breve. “Me gustaría que ya esté todo realizado, que los problemas que tuvimos durante 20 años o más los hayamos solucionado totalmente en tres años”.

Una alianza con el PRO basada en ideas y no en cargos

Consultado sobre el armado electoral de La Libertad Avanza, Santurio sostuvo que el espacio está dispuesto a sumar dirigentes de otros sectores con una condición. “Todos los que defiendan las ideas de la libertad son bienvenidos”.

El diputado descartó que Milei aplique un criterio de pureza ideológica para definir incorporaciones. “Javier siempre fue el último que andaba con un liberalómetro a ver qué tan liberal, qué tanta sangre liberal tenés”.

Santurio ubicó entre los puntos de acuerdo la baja de impuestos, la inserción internacional y el respaldo a un programa económico determinado. “Si vos entendés que hay que bajar impuestos, si entendés que Argentina se tiene que insertar en el mundo, son todos bienvenidos”.

De todos modos, marcó un límite frente a los acuerdos basados solamente en la conveniencia electoral. “Una cosa es juntarnos en base a ideas y a un plan, y otra cosa es hacer un rejunte de personas”.

El diputado sostuvo que esa clase de construcción política genera conflictos posteriores. “El rejunte de personas no funciona, es un problemón”.

Al referirse a los dirigentes que se alejaron de La Libertad Avanza, afirmó que el movimiento conserva una definición ideológica. “Tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer, tenemos una ideología muy clara y una solución muy clara para los argentinos”.

En relación con la provincia de Buenos Aires, donde tiene su base política, planteó que el oficialismo debe ofrecer una respuesta concreta frente a los problemas de seguridad y producción. “La inseguridad la viven sobre todo las personas con menores recursos”.

Santurio sostuvo que la carga tributaria provincial y municipal condiciona a las empresas, en particular al sector industrial. “Ingresos Brutos es un impuesto espantoso”.

El legislador también cuestionó la multiplicación de tasas locales y su impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. “Al que tiene la PyME, pagar al municipio, al Gobierno provincial o nacional es lo mismo: vos tenés que pagar”.

Sobre la eventual competencia interna dentro del oficialismo, Santurio recordó el resultado de la elección presidencial de 2023. “Nosotros le ganamos al círculo rojo en 2023”.

Para el diputado, La Libertad Avanza cuenta ahora con una fortaleza distinta a la que tenía durante la campaña. “Antes éramos una promesa de campaña y somos resultados”.

Al ser consultado por Patricia Bullrich y las versiones sobre su futuro político, Santurio aseguró que la ministra seguirá dentro del armado oficialista. “No tengo ninguna duda que Patricia va a estar adentro, que va a acompañar la candidatura de Javier Milei”.

El dirigente señaló que aún deberán definirse las candidaturas y la forma de competencia en cada distrito. “Hay que ver cómo es el armado político, cómo es el armado de candidaturas y cómo hacemos algo competitivo”.

Santurio también se refirió a Ramiro Marra y defendió la necesidad de que los integrantes del espacio respeten las decisiones orgánicas. “Uno tiene que ser muy ordenado, porque al mal organizado se lo combate con el bien organizado”.

En el tramo final, el diputado respondió sobre las partidas para discapacidad y anticipó un tratamiento legislativo. “Ya tenemos un dictamen favorable en Diputados; la próxima sesión, que la tendremos en breve, será sancionado”.

Respecto del financiamiento universitario, sostuvo que los salarios docentes tuvieron una suba superior a la inflación acumulada desde el comienzo de la gestión. “Hubo un aumento del 223% desde que nosotros somos Gobierno”.

Santurio cuestionó que el Congreso promueva erogaciones sin precisar la fuente de financiamiento. “Vos podés pedirle al Ejecutivo: ‘Triplicá las jubilaciones’, pero ¿de dónde lo gastamos?”.

El diputado afirmó que las decisiones sobre ampliación de partidas deben contemplar el Presupuesto y el equilibrio fiscal. “Como Congreso, lo que deberíamos decir es: ‘Yo voy a aumentar gasto en un lado y voy a recortar en otra’”.

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La apertura del mercado automotor no sólo está cambiando las proporciones de las cuotas de las marcas tradicionales, la mayoría de las cuales está vendiendo cerca de un 20% menos de autos 0 km que el año pasado, sino también en la composición de los segmentos que se comercializan en la actualidad.

En los primeros nueve meses, en la categoría de autos, SUV y vehículos comerciales livianos se vendieron casi 410.000 unidades, de las cuales el 45,3% son SUV, el 25,7% son autos convencionales, un 22,2% son pick ups y un 6,8% son forgones y vans.

Estas cifras muestran un cambio, porque luego de haber tenido un mercado con mayoría de autos compactos y pick ups tres años atrás, el crecimiento de las camionetas y los SUV habían cambiado las proporciones sustancialmente, a punto tal que los autos más chicos bajaron al tercer lugar y la cuarta categoría, la de los vehículos de trabajo cerrados, había bajado casi al 4%.

Pero la apertura de las importaciones, la eliminación de las dos escalas del impuesto interno y la creación del cupo de autos híbridos y eléctricos volvió a cambiar la composición del mercado con un crecimiento de estas dos últimas franjas de manera sostenida.

Los SUV dominan las ventas

Los SUV son tendencia y ya pasaron el 45%, alcanzando un nivel de patentamientos de casi 185.000 unidades entre enero y septiembre. Aquí hay mucho híbrido y eléctrico, pero también está la apuesta de las marcas tradicionales con modelos como Volkswagen Tera, Chevrolet Sonic, Renault Boreal o Nissan Kicks, que sumaron modelos nuevos de motorización convencional.

En esta categoría hay 189 modelos diferentes de vehículos Aunque los que dominan y superaron las 10.000 unidades son solo 41, hay otros 55 modelos que vendieron más de 100 pero menos de 1.000 autos, 61 que vendieron entre 10 y 100 autos y 32 que patentaron menos de 10 unidades en los 9 meses de 2026.

Esto demuestra la debilidad de los SUV en el mercado, con la mitad de los modelos que no alcanzaron a vender siguiera 100 unidades, muchos de ellos apoyados únicamente en el cupo de autos híbridos y eléctricos que, por sus propias características, tienen una limitación de volumen de unidades.

Suben los autos convencionales y los sedanes

Los autos comunes son los que parecen estar reviviendo, con mucho menor impacto directo de los vehículos híbridos y eléctricos, pero en cambio con el regreso al mercado de los sedanes, algo que no se dio por el cupo sino por la eliminación de la escala 2 del impuesto a los autos de lujo.

En los primeros nueve meses del año se patentaron casi 107.000 unidades de esta categoría, con 106 modelos con al menos 2 unidades patentadas.

De ese total de vehículos, solo tres superaron las 10.000 unidades (Fiat Cronos, Peugeot 208 y Chevrolet Onix), 13 vehículos vendieron entre 1.000 y 10.000, y 29 modelos patentaron más de 100 unidades pero menos de 1.000, 35 autos entre 10 y 100, y 26 autos entre 2 y 10 autos en lo que va del año.

Pero la gran novedad es que la suba de las ventas vino por parte de los sedanes, que alcanzaron una cuota del 34% entre todos los modelos, dejando el 66% restante para autos hatchback y coupés deportivas. Claro que dentro de los sedanes hay un vehículo que domina el mercado, el Fiat Cronos, que patentó 17.800 de los 36.000 autos de esta categoría.

Las pick up cambiaron su oferta

En cambio, aunque las pick ups perdieron una parte de sus usuarios históricos que se volcaron a los SUV, ganaron también nuevos clientes con una mayor oferta de camionetas compactas y de un modelo distinto al tradicional, el de las camionetas asiáticas de cabina simple y frontal, que tienen una caja de carga con laterales bajos móviles.

Así, de las 92.000 pick ups totales patentadas, 66.000 unidades siguen siendo vehículos con chasis de largueros de segmentos D y E, 24.500 vehículos son camionetas monocasco y unas 1.500 unidades ya corresponden a este nuevo tipo de vehículo con caja descubierta.

También cambió la oferta de camionetas convencionales, porque ya son tres las automotrices que ofrecen pick ups de cabina simple y caja extendida, como una muestra del cambio al que se tuvieron que adaptar redirigiendo parte de la oferta a vehículos más de trabajo que de recreación en esta categoría. Las tres variantes de camionetas medianas de cabina simple son las de Toyota Hilux, Ford Ranger y Chevrolet S10.

Furgones y vans

Finalmente, el otro segmento que creció notablemente en volumen y en oferta es el de los furgones y vans, que está casi en las 28.000 unidades patentadas este año, con el regreso de los furgones grandes, donde Mercedes-Benz Sprinter era casi dueño de la categoría, mientras el Renault Kangoo dominaba en los de menor tamaño.

Aquí no hay tanto crecimiento de modelos asiáticos (aunque hay nuevas marcas que no existían dos años atrás), pero lo que más creció es la oferta de los fabricantes tradicionales, como Toyota, Renault, Ford, Fiat, Peugeot y Citroën.

La oferta creció en todos los segmentos, con furgones T2 de las automotrices europeas, pero también con la llegada de las nuevas Peugeot Partner y Citroën Berlingo importadas con la mitad del aracel extrazona por el acuerdo comercial del Mercosur y la Unión Europea, o el nuevo Peugeot Parnter Rapid que extiende la oferta que ya tenía Stellantis con Fiat Fiorino.