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El gobierno de Estados Unidos dio ayer una señal de respaldo al mercado de deuda soberana al duplicar el tamaño de sus operaciones de recompra de bonos del Tesoro de largo plazo, en un intento por contener el fuerte repunte de las tasas que en las últimas jornadas llevó al rendimiento del bono a 30 años a máximos no vistos desde 2007.

La decisión generó alivio entre los inversores. Detuvo en seco la caída incipiente que venían mostrando los principales índices bursátiles de Wall Street. Además, logró disminuir las tasas de los bonos de 10 y 30 años, lo que a su vez impactó positivamente en los activos de mercados emergentes.

No fue el único efecto. Además, el techo implícito a las tasas derivados de la decisión de la Reserva Federal norteamericana generó una fuerte suba en activos alternativos al dólar. El oro subió 4% y volvió a los 4.500 dólares. Mientras que el Bitcoin trepó más de 6%, superando los USD 69.000, niveles que no tocaba desde principios de junio.

Sin embargo, las acciones y bonos locales quedaron totalmente al margen de esta reacción favorable de los activos de riesgo. Durante toda la jornada operaron en baja, prácticamente sin mostrar reacción.

Como resultado, el riesgo país subió medio escalón más luego de haber superado los 500 puntos básicos en la jornada del martes. Ayer siguió en alza para finalizar a 517 puntos. Ahora los bonos en dólares ya rinden un promedio de 10% anual, aunque los de mayor plazo son los más castigados.

La señal de los inversores por estos días parece ser bastante clara: estos rendimientos por ahora no compensan el riesgo de estar comprado cuando se acercan las elecciones presidenciales.

Si bien es cierto que para los comicios falta más de un año, la preocupación de los inversores pasa por la caída del apoyo al Gobierno en los últimos meses. Con 35% de aprobación, hoy Javier Milei está lejos de asegurar una reelección en 2027.

El escenario de mayor incertidumbre se hace notar especialmente en los bonos en dólares. Incluso los últimos bonos colocados por el Gobierno en el mercado local también sufrieron caídas, como el Bonar 28 y el 29.

Los bonos en pesos también sufrieron ventas, generando un aumento de las tasas especialmente en los duales, que devuelven el capital después de las elecciones. Los rendimientos en estos papeles llegan ahora a 10% anual por encima de la tasa TAMAR, plazo fijo mayorista.

Las acciones tampoco lograron remontar. Se mantuvieron las caídas en los ADR bancarios, que acumulan un rojo cercano que supera el 15% en dólares en lo que va de agosto. El índice Merval sufrió una disminución menor de solo 0,59 por ciento.

El panorama ofrece pocos motivos para el optimismo al menos en el corto plazo. En la medida que el consumo y los salarios no muestren una señal de repunte es muy difícil que la imagen del Gobierno muestre un rebote. Y eso solo puede generar mayor inquietud de inversores tanto locales como del exterior.

¿Qué anunció el titular de la FED, Kevin Warsh? La recompra de bonos pasará de USD 2.000 millones a USD 4.000 millones por operación entre el 9 de septiembre y el 4 de noviembre, estarán concentradas en títulos nominales con vencimientos de entre 10 y 30 años.

El objetivo declarado es mejorar la liquidez y reducir las presiones en el extremo largo de la curva, donde la oferta de deuda, las expectativas de inflación y las dudas sobre la demanda han generado una creciente prima de riesgo.

La reacción fue inmediata. El rendimiento del Treasury a 30 años, que había llegado a 5,284%, retrocedió hasta alrededor de 5,18%-5,21%, mientras el bono a 10 años descendió hacia el 4,64 por ciento. Las acciones también recibieron el anuncio con alivio: el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq avanzaron levemente durante la jornada.

“Fue un mensaje consensuado”, dijeron en la Casa Rosada sobre el llamativo tuit donde Patricia Bullrich pedía, anoche, que las mejoras en la economía de las que habla el Gobierno lleguen efectivamente a la gente.

“Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”, dijo, exactamente, la jefa de los libertarios en el Senado.

Un detalle: Bullrich modificó el texto del tuit, que originariamente exigía, que ese cambio también “llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino”. La ex PRO escribió, publicó y poco después borró esas palabras, y en su entorno no explicaron el motivo de la marcha atrás. Pero en el Gobierno ambos mensajes, a pesar de que les bajó el tono, hicieron ruido.

En la Casa Rosada, oficialmente buscaron bajarle gravedad: “No es ni más ni menos que lo que viene diciendo Patricia, que el rumbo es el correcto pero que hay situaciones que se tienen que manejar con mayor velocidad a la hora de que llegue a la gente”, dijo un funcionario cercano a Karina Milei. Y recordó que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el titular del BCRA, Santiago Bausili, también reconocieron demoras. “No hay sorpresas en ese sentido”, deslizaron.

Bausili admitió frente a empresarios en Mendoza que se esperaba o que les “hubiese gustado”, que el crecimiento de la economía fuese un poco más rápido, pero endilgó el hecho de que la actividad crezca a un ritmo menor al esperado al “miedo” por las crisis recurrentes, las expectativas y el “estrés postraumático”.

Hay contradicciones en la comunicación sobre el impacto del plan económico. El tipo de mensaje que escribió Bullrich suele caerle muy mal a Javier Milei, como habitualmente lo expresa en su cuenta de X. Sin ir más lejos, esta misma semana el Presidente cuestionó (e insultó) a varios periodistas que criticaron al Gobierno por las dificultades económicas en la vida cotidiana.

“El peronismo siempre propone gastar más. Y siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero. Por eso íbamos a una hiper con más de 50% de pobres, 20% de indigentes, 30% de los trabajadores formales debajo de la línea de pobreza y 70% de pobreza infantil. La receta para la esclavitud desde el impulso de la pobreza usando la asistencia como medio”, fue tan solo uno de los mensajes del jefe de Estado. A Luis Caputo tampoco le caen bien ese tipo de señalamientos sobre el “metro cuadrado”.

En el Gobierno el planteo de Bullrich generó la misma incomodidad que otros donde “marcó la cancha” desde adentro. Después de la polémica interna por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y en especial el capítulo de tierras, la senadora viene de recortar otro proyecto de Federico Sturzenegger, la ley de Sociedades. Pero en Balcarce 50 buscaron relativizar, una vez más, el malestar con la ex candidata presidencial. Ya están acostumbrados a tragar sapos con la (autodenominada) “socia” oriunda de PRO, a quien admiten necesitar para ganar las elecciones del año que viene.

Es que al Gobierno no le sobra nada en la carrera hacia 2027. Anteayer destacaban que la inflación mayorista empezó con 0 y se jactaban de que Milei lo había adelantado. Además de que, en rigor, el Presidente había hablado de la “inflación” únicamente, hay otros datos que inquietan al oficialismo. En términos de opinión pública, no logran recuperar el grado de la imagen perdida por el caso de Manuel Adorni; una parte de la estrategia de comunicación, en especial por Adrián Ravier, no repunta. Y algunas encuestas empezaron a mostrar una merma en la aprobación del Presidente.

Pasado el Mundial, se aferran al bienestar que puede llegar a producir la llegada del Papa, un hito en torno al cual girará buena parte de la agenda oficial hasta noviembre. Y evalúan decretar uno o varios feriados entre el 8 y el 11 de noviembre, por la visita del Sumo Pontífice.

Luego de varios meses de expectativa y poco después de incluir a esta inversión dentro de los proyectos que pueden acceder al RIGI, el Gobierno autorizó a que se realice el llamado para licitar las vías del Belgrano por un periodo de 50 años, con la compra del material rodante como opción. Además, fueron incluidas las líneas San Martín y Urquiza.

A través de la publicación de la Resolución N° 1350/2026 en el Boletín Oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó que se realizara el concurso público, que estará destinado tanto a oferentes nacionales como internacionales.

Tal como había anticipado Infobae, el Gobierno autorizará a hacer uso de los recorridos y los inmuebles aledaños de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, en el marco del proceso de privatización de este ferrocarril. Además, tendrán la posibilidad de comprar el material rodante correspondiente a cada tramo.

“Hágase saber que la licitación objeto de la presente resolución será llevada a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR”, indicaron sobre la modalidad digital que adoptará el concurso. Allí, se publicarán los llamados aprobados: el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el de Especificaciones Técnicas Generales y los particulares de cada una de las tres líneas.

A pesar de que el proceso de licitación habilitará a empresas internacionales a ofertar, este miércoles se firmó la versión final del documento, en donde se incorporó una cláusula que le prohíbe participar del proceso a compañías que estén controladas por Estados extranjeros. Esta medida evitaría que se presenten firmas chinas con vínculos con el Partido Comunista.

Según el texto, el objetivo es “seleccionar a los concesionarios” para que se hagan cargo de administrar, en principio, solamente las vías e infraestructura de esos trenes, lo que incluye además las obras de mantenimiento y modernización.

De esta manera, las autoridades nacionales dieron una respuesta a los reclamos de algunas de las empresas que se mostraron interesadas en adquirir el Belgrano Cargas, pero protestaban porque el pliego estaba desintegrado.

Y es que el esquema diseñado por el Poder Ejecutivo establece que la privatización del ferrocarril se hará por partes. Mientras que la concesión de obra pública de las vías y sus inmuebles aledaños, la venta del material rodante mediante remate público se incluyó como opción, y por último el uso de los talleres.

Además, la resolución fijó un cronograma preciso. Las consultas sobre la documentación licitatoria podrán realizarse “hasta el 28/10/2026 a las 10:00 horas”. Mientras que la presentación de ofertas tendrá plazo “hasta el 11/11/2026 a las 09:59 horas”, la apertura de ofertas se llevará a cabo “por acto público a través de la plataforma CONTRAT.AR” ese mismo día, “a las 10:00 horas”.

Para evaluar las propuestas, el Gobierno dispuso “crear la Comisión Evaluadora ‘ad hoc’”, integrada por tres miembros titulares —Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García— y tres suplentes.

Respecto del destino de los fondos, la resolución que saldrá en el Boletín Oficial determina que la administración de “los recursos producidos de la venta mediante remate público del material rodante”, así como de aquel que se venda dentro de los propios contratos de concesión, “se realizará a través del fideicomiso de administración que Belgrano Cargas y Logística S.A. constituya al efecto”.

Entre los argumentos presentados por el Gobierno, indicaron que incorporar esta opción de compra “redundará en una mayor concurrencia y, en consecuencia, la oportunidad de obtener ofertas más competitivas”. Asimismo, remarcaron que se trata de un proceso que prevé que los adjudicatarios puedan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Fue tan solo hace un día que el Gobierno amplió el alcance de los beneficios previstos en el RIGI para obras de infraestructura ferroviaria y al sector tecnológico para proyectos que incorporen nuevos productos. La posibilidad de aplicar para ese programa también venía siendo uno de los reclamos de las empresas que anticiparon su deseo de competir por quedarse con el ferrocarril.

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El Poder Judicial de Jujuy condenó este 19 de agosto al ex intendente de Tilcara Ricardo Romero y al ex tesorero Juan José Ortega por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en una causa por el libramiento de cheques sin respaldo que involucró 35 millones de pesos del erario municipal y que se resolvió mediante un juicio abreviado tras el reconocimiento de responsabilidad de ambos acusados.

Según informó el Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, la maniobra incluyó 46 cheques sin fondos emitidos entre enero y febrero de 2018. De acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación, esos instrumentos estaban destinados a pagos vinculados con la organización del Enero Tilcareño y alcanzaron a productores, músicos y otros proveedores.

Romero recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Ortega fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional y a la misma inhabilitación perpetua para la función pública.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado de Juicio integrado por los jueces Ana Carolina Pérez Rojas, María Margarita Nallar y Máximo Alejandro Gloss, con asistencia del actuario Ricardo Grisetti. El tribunal homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal Diego Funes y los imputados, asistidos por sus defensores, con opinión favorable de las víctimas representadas por querellantes particulares.

Los cuatro hechos se concentraron en menos de un mes

Según la requisitoria fiscal citada por el Poder Judicial, los cuatro hechos de administración fraudulenta ocurrieron cuando Romero era intendente de Tilcara y Ortega se desempeñaba como tesorero municipal. El primero fue el 11 de enero de 2018, cuando ambos libraron cuatro cheques a favor de Adolfo Enrique Pedroza por 2.500.000 pesos, sin un acto jurídico válido que justificara la emisión y sabiendo que no había fondos para cubrirlos.

Ese mismo día, siempre según la acusación, Romero y Pedroza firmaron un acuerdo que establecía que los cheques se emitían en garantía, que no podían presentarse al cobro y que debían ser restituidos antes del vencimiento. La investigación concluyó que ese documento fue confeccionado para dar apariencia de legalidad a la operación.

El segundo hecho ocurrió el 16 de enero de 2018 con 15 cheques a favor del mismo beneficiario por 5.050.000 pesos. El tercero se produjo el 22 de enero, con otros siete cheques por 2.970.000 pesos.

El cuarto episodio fue el 6 de febrero de 2018, cuando se libraron 17 cheques más a favor de Pedroza sobre la cuenta bancaria de la Municipalidad de Tilcara por 24.500.000 pesos. La suma de las cuatro operaciones llegó a los 35 millones de pesos atribuidos en la causa.

Además de los cuatro hechos de administración fraudulenta, Romero fue condenado por un hecho de abuso de autoridad. Según la acusación, el 1 de noviembre de 2017 suscribió con Pedroza un convenio que le concedía la organización, producción y explotación de los festivales de Enero y Febrero Tilcareño de 2018 y 2019, además del uso de la marca “Enero Tilcareño”.

La acusación sostuvo que ese acuerdo fijaba que el productor percibiría el 100% de los ingresos generados por el festival y que debía abonar al municipio el 10% de lo obtenido por la venta de entradas. La concesión, añadió la investigación, fue otorgada de manera directa, sin licitación previa, sin conocimiento ni autorización del Concejo Deliberante de Tilcara y en contra de las normas aplicables a contrataciones y concesiones municipales.

El ex intendente también fue condenado por un hecho ocurrido el 14 de febrero de 2018. De acuerdo con la acusación, mientras ejercía el cargo y por intermedio de Pedroza, pidió a Javier Alfredo Sánchez que depositara dinero como dádiva para acelerar el libramiento de cheques correspondientes a montos que se le adeudaban.

Para concretar esa entrega, se le facilitaron los datos de una caja de ahorro personal cuya titularidad correspondía a Romero. El Ministerio Público de la Acusación indicó además que la causa es conocida como la de los “cheques voladores”.

A ambos condenados se les impusieron reglas de conducta por dos años: fijar y mantener domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados, firmar cada 30 días el Libro de Caución y abstenerse de mantener contacto o ejercer actos perturbatorios, por sí o por terceros y por cualquier medio, contra las víctimas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzará el control sobre las 12 cooperativas que prestan el servicio de recolección de residuos reciclables en el territorio porteño. La decisión, impulsada por el Jefe de Gobierno, apunta a transformar de manera integral un esquema que, según el propio Ejecutivo, acumula fallas operativas y reclamos vecinales sin resolver.

En ese contexto, la gestión de Jorge Macri comunicó que revisarán el desempeño de las organizaciones que prestan el servicio de recolección de residuos reciclables. Aseguran que hubo reclamos de vecinos por desechos desparramados en las calles y que detectaron fallas operativas. En consecuencia informaron acerca de una serie de medidas implementadas.

Em efecto, el diagnóstico oficial da cuenta de incumplimiento de horarios, ausencia de trazabilidad, uso inadecuado de uniformes y herramientas, y residuos dispersos en veredas o bloqueando contenedores. Estas situaciones, advirtieron, afectan directamente el espacio público y son las que motivaron la intervención del Ejecutivo porteño.

El comunicado destaca además que lo que está en juego no es solo la eficiencia de un servicio, sino la coherencia de una política ambiental. El Gobierno reconoció que los vecinos y comerciantes que separan sus residuos a diario deben tener certeza de que ese esfuerzo no se vea frustrado por desorganización en la recolección. Ese argumento es el que sostiene, en términos institucionales, la decisión de avanzar hacia un modelo con reglas más estrictas.

El paquete de medidas se enmarca en el denominado Plan de Ordenamiento Urbano y abarca cuatro ejes. El primero es la trazabilidad y el monitoreo continuo: el Gobierno anunció que implementará el seguimiento en tiempo real de los recorridos, verificando el cumplimiento de horarios y el uso apropiado de las herramientas operativas por parte de las cooperativas.

El segundo eje contempla la fijación de estándares de calidad con exigencias concretas, indicadores de desempeño e identificación precisa de responsabilidades. El tercero apunta a la protección del espacio público mediante procedimientos que impidan la dispersión de desechos alrededor de los contenedores y en los frentes de los edificios. El cuarto y último eje refiere a la medición de resultados a través de indicadores transparentes que permitan evaluar la efectividad del servicio y dar respuestas ágiles a las demandas de los vecinos.

Según el comunicado oficial, el nuevo esquema busca consolidar “un servicio de reciclado controlado, eficiente y transparente, que garantice una mayor recuperación de materiales y mantenga una Ciudad más limpia y ordenada para todos”. El texto también señala que “cuando un sistema no alcanza los resultados esperados, nuestra responsabilidad como Gobierno es intervenir, corregir y fijar pautas claras”.

Los plazos de aplicación de las medidas anunciadas aún no fueron comunicados. Lo que sí queda claro en el documento es la postura del Ejecutivo frente a las deficiencias detectadas: el Gobierno porteño afirma que las situaciones de desorden en la vía pública “no van a ser toleradas” y que el reciclado, aunque es una política ambiental considerada prioritaria, “debe ejecutarse bajo estándares estrictos de higiene y responsabilidad”.

En 2025, como parte de medidas de política ambiental, el gobierno porteño presentó en Villa Soldati dos obras en el Centro de Reciclaje que ampliaron la capacidad para tratar residuos orgánicos y plásticos. Fue parte de un plan de crecimiento del predio que en 2024 incorporó una planta de residuos mixtos con capacidad para procesar alrededor de 700 toneladas diarias. Ese avance había permitido tratar materiales que no podían procesarse en las otras plantas del CRC, en los Centros Verdes ni mediante la recolección programada a partir de llamados al 147.