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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) respondió a los cuestionamientos de la Auditoría General de la Nación (AGN) y las polémica que surgieron sobre sobre las operaciones de cobertura vinculadas al oro. Como detalló Infobae esta mañana, en su último Informe de Política Monetaria, la entidad sostuvo que los derivados deben evaluarse junto con la evolución del activo físico y no de forma separada, ya que su objetivo fue limitar el riesgo frente a una eventual caída del precio internacional.

Ayer por la tarde, en una conferencia de prensa, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, afirmó que las tenencias no disminuyeron y que el traslado de parte del oro físico tuvo como objetivo mejorar la liquidez de las reservas dada la herencia que recibieron de la gestión anterior.

En los datos que expuso Bausili, al 12 de diciembre de 2023, las reservas internacionales del BCRA eran de USD 20.920 millones. Pero las netas -en función de la medición del Fondo Monetario Internacional (FMI)- estaban en USD -11.200 millones. Sumado a que el 21 de diciembre había que pagarle USD 921 millones a dicho organismo y el 9 de enero había un pago a bonista por USD 1.550 millones. Además, de la deuda por importaciones por USD 42.600 millones y que los depósitos en el BCRA eran de USD -9.300 millones.

También defendió el uso de un zero cost collar, una estrategia que estableció un piso de protección y un techo para las ganancias, y respondió a las observaciones del ex presidente del Banco Central, Martín Redrado.

Los principales 20 conceptos del titular de la autoridad monetaria sobre la polémica con el oro.

1. “En la reserva del Banco Central hay 1.984.960,60 onzas troy de oro. Ese número no cambió desde 2011. Siguen estando ahí”.
2. “Las tenencias del Banco Central al 31 de diciembre del 2023, 2024 y 2025, que es cuando estuvimos nosotros, fueron auditadas por completo en tres niveles: los auditores internos del Banco Central, los auditores externos, que en ese período era PwC, y la AGN”.
3. “El Banco Central mantuvo el oro desde el 2004 en dos lugares, en la bóveda del Banco Central, en este edificio, y en el BIS”.
4. “Hubieron operaciones de rebalanceo en la tenencia del oro del Banco Central en el 2024, a través de las cuales una porción del oro que estaba en la bóveda del Banco Central fue depositado en el BIS. O sea, la proporción de oro físico versus depósito que había cuando nosotros llegamos y en diciembre del 2023 cambió durante el 2024. No la cantidad, la composición”.
5. “El BIS recibió ese depósito en Inglaterra, pero eso no es un tema de administración de los activos, es un tema de la administración del BIS. No tiene nada que ver con la administración del Banco Central. El Banco Central no tiene nada en Inglaterra”.
6. “El valor de la tenencia de oro en la reserva del Banco Central era USD 4.100 millones al cierre de 2023. Pero más del 85% estaba en las bóvedas del Banco Central, o sea, no tenía acceso a liquidez”.
7. “Ante la posibilidad de que una parte de los lingotes, que típicamente no eran fácilmente aceptables para ser depositados, sí podían recibirlos, lucía como lo más prudente rebalancear la tenencia de oro y mover una parte del oro físico a un depósito en el BIS, contra la cual se podía eventualmente obtener liquidez para afrontar los retiros de depósitos de los argentinos”.
8. “Nunca se necesitó obtener liquidez contra los depósitos de oro en el BIS. El oro nunca se usó como garantía o colateral de ningún tipo de financiamiento”.
9. “Técnicamente, un zero cost collar se construye con la compra de una opción put y la venta de una opción call. En términos prácticos, primero se define un piso para el precio del oro que se busca proteger y, como esa protección tiene un costo, se financia ese costo cediendo parte de las ganancias por encima de un determinado nivel, que pasa a ser el techo de la cobertura”.
10. “Se está protegiendo frente a caídas por debajo del piso, pero también se renuncia a las ganancias que pudieran obtenerse por encima del techo establecido. Repito, se renuncia a las ganancias”.
11. “Todas las veces que el Banco Central operó coberturas de oro, usó un zero cost collar”.
12. “Un par de comentarios del tema, porque hubo un par de entrevistas donde Redrado, que fue presidente del Banco Central, hizo algunos comentarios sobre esto. Él dijo: ‘Nunca se puede cubrir el 100% de una posición. Siempre se cubre una parte de una posición para tener cierto respaldo, cierto piso’”.
13. “Es un principio que quizás puede ser debatible. Yo no lo entiendo completamente, quizás conversando con él lo podría aclarar, pero debe ser algo que incorporó después de su paso por el Banco Central, porque entre el 2008 y el 2010, se llegó, cuando él estaba acá, se llegó a cubrir el 100% de la tenencia de oro”.
14. “Y en esos años no había tantos pasivos en moneda extranjera en el Banco Central. Los encajes comparables a nuestros USD 9.000 millones eran USD 2.000 millones. Pero ellos sí tenían USD 25.000 millones de reservas internacionales”.
15. “Él también describió una forma, que probablemente era la forma en la que se operaba en esa época, que ahora cambió. Comentó que la Gerencia de Administración le elevaba al presidente un informe y, en base a ese informe, el presidente ejecutaba. Hoy no funciona así”.
16. “Como comenté, desde el 2015 hay una Gerencia de Administración de Reservas que funciona autónomamente según parámetros que establece un manual de operaciones, sin involucrar al presidente del Banco Central. Se informa una vez que las operaciones se llevaron a cabo en base a los parámetros establecidos por el manual”.
17. “No hubo por parte de la AGN o algún auditor externo ningún señalamiento o párrafo de énfasis respecto a las operaciones de cobertura del Banco Central en los últimos 20 años. En ninguno de los doce ejercicios anteriores hubo un señalamiento como el que sí hicieron este año”.
18. “Los precios de ejercicio del techo le permitían al Banco Central capturar subas adicionales de hasta un 30%. O sea, protegíamos la ganancia del 2024 entera y todavía podíamos capturar un 30% de ganancia adicional”.
19. “Con la estrategia implementada bajo el manual de administración de reservas, el Banco Central capturó el 100% de la apreciación del oro en 2024 y el 70% de la apreciación del oro en 2025, equivaliendo a USD 3.500 millones de dólares”.
20. “El oro se valorizó fuertemente y la cobertura cumplió su función: limitó el riesgo ante una eventual caída. La gestión de reservas se evalúa de manera integral, no se selecciona el renglón que me conviene mirar cuando estoy haciendo una evaluación”.

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que obliga a rastrear el fentanilo y otros medicamentos de alto riesgo desde la fabricación de su principio activo hasta el momento exacto en que se aplican a un paciente. La iniciativa, votada el 21 de octubre bajo el Orden del Día 349, pasó a revisión del Senado y fue impulsada por la diputada nacional Silvana Giudici (PRO) y consensuado con los diputados de Unión por la Patria Diego Giuliano y Victoria Tolosa Paz, que también habían presentado proyectos para evitar que se vuelva a repetir la peor tragedia sanitaria del país por fentanilo contaminado de la empresa HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro que, según la causa que instruye el juez federal de La PLata Ernesto Kreplak, esta vinculado a la muerte de al menos 90 pacientes.

En el expediente hay 15 personas procesadas, entre ellas la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) Nélida Agustina Bisio, y a la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó.

La norma crea un módulo informático interoperable con el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos, bajo la órbita de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), con el objetivo de registrar en tiempo real cada etapa de circulación de los llamados Medicamentos de Alto Riesgo (MAR), categoría que incluye a todo producto farmacéutico destinado a administración por vías parenterales —intravenosa, intraarterial, intramuscular o intratecal— o del sistema nervioso central, como el propofol.

Por qué la vía parenteral es el foco de riesgo

El dictamen final introduce una justificación técnica que no estaba en el proyecto original: explica por qué elige regular específicamente los medicamentos administrados por vías parenterales (intravenosa, intraarterial, intramuscular o intratecal). El artículo 2° establece que esta clasificación no se fundamenta únicamente en el índice terapéutico de la droga, sino en su vía de infusión y la consecuente omisión de las barreras fisiológicas defensivas del organismo, como el tracto gastrointestinal, el pH ácido del estómago, el filtrado hepático y, en el caso de la vía intratecal, la barrera hematoencefálica.

Este es el argumento médico-técnico de fondo: al inyectarse directamente en el torrente sanguíneo o el sistema nervioso, estos medicamentos saltean los mecanismos naturales que el cuerpo usa para filtrar sustancias contaminadas, lo que vuelve mucho más peligrosa cualquier adulteración.

El vacío normativo como argumento jurídico

El argumento legal central es que la Ley 26.906 —que ya regula la trazabilidad de medicamentos en la Argentina— se limita al circuito comercial (producción, distribución y expendio) y no cubre la administración clínica ni prevé alertas automáticas ante eventos adversos detectados en la práctica asistencial. A esto se suma que el sistema de farmacovigilancia vigente se basa en reportes voluntarios, lo que los fundamentos describen como una limitación estructural para la prevención o intervención temprana.

Por eso, el proyecto se presenta como complementario y no superpuesto a la normativa existente: busca agregar una capa de trazabilidad clínica en tiempo real que conecte a los efectores de salud con las autoridades sanitarias.

El Anexo I del dictamen incorpora un argumento metodológico: para evitar que cualquier evento adverso dispare alarmas sin fundamento, se crea un sistema de clasificación en tres niveles (imputación baja, intermedia o alta) basado en criterios objetivos —relación temporal, exposición, casos asociados, agente etiológico e integridad del producto—. La lógica declarada es que la imputación preliminar busca activar alertas sanitarias oportunas sin reemplazar la investigación epidemiológica y farmacéutica posterior, equilibrando así la necesidad de rapidez con el rigor técnico.

El proyecto establece que la trazabilidad no se limita al medicamento terminado, sino que alcanza también a los Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA) utilizados en su elaboración. El sistema deberá permitir reconstruir, de manera retrospectiva y prospectiva, el recorrido completo de estos insumos desde su origen hasta su incorporación al fármaco, incluyendo recepción, almacenamiento, fraccionamiento, transformación y mezcla.

Cada lote de un medicamento de alto riesgo deberá contar con una identificación única que permita su seguimiento dentro del módulo, y los titulares de la autorización de comercialización serán responsables de asignarla conforme a los estándares técnicos que fije la autoridad de aplicación. Todos los sujetos obligados —laboratorios, droguerías, distribuidoras e instituciones de salud— deberán registrar cada operación vinculada a la importación, producción, elaboración, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensa clínica y administración asistencial de estas sustancias.

El registro de cada dosis aplicada a un paciente

Cuando un medicamento de alto riesgo se administre en un establecimiento de salud, el proyecto de ley que tiene consenso para ser aprobado en la Cámara Alta exige que esa aplicación quede vinculada al identificador único del paciente, con el registro del medicamento, el número de lote y la unidad mínima de trazabilidad correspondiente. Esa información deberá integrarse al módulo central para poder reconstruir, en cualquier momento, la cadena completa entre el fármaco administrado, su origen y la persona que lo recibió.

Ante la sospecha fundada de adulteración, desvío o contaminación de un lote, la norma habilita la inmovilización preventiva e inmediata de las unidades afectadas, con comunicación sin demora a la autoridad sanitaria jurisdiccional. Si de los hechos surgen indicios de delito o de desvío hacia circuitos ilícitos, deberá darse intervención a la Justicia y, cuando corresponda, a las fuerzas de seguridad.

Un protocolo técnico para detectar casos sospechosos

El proyecto incorpora un protocolo específico para clasificar los eventos adversos vinculados a la posible contaminación de un medicamento. La evaluación inicial debe considerar la relación temporal entre la administración del fármaco y la aparición del cuadro clínico, la existencia de otros pacientes que hayan recibido el mismo lote con síntomas similares, la identificación del agente causante cuando esté disponible y la constatación de alteraciones visibles en el producto o su envase.

Según el resultado de ese análisis, cada caso se clasifica en tres niveles de imputación: baja, intermedia o alta. Los eventos con imputación intermedia o alta deben notificarse dentro de las 24 horas de manera simultánea al Ministerio de Salud de la Nación, a la autoridad sanitaria jurisdiccional y a la ANMAT, junto con la investigación preliminar que fundamente la sospecha.

Recibida esa notificación, la autoridad de aplicación cuenta con un plazo máximo de seis horas para activar el Sistema de Alerta Sanitaria Inmediata. Esa activación implica, con carácter preventivo, la restricción de uso y la inmovilización a nivel nacional del lote o los lotes señalados, que deberán permanecer identificados y separados de las existencias disponibles hasta que la investigación determine las medidas definitivas.

El retiro definitivo del mercado queda a cargo del titular del registro del medicamento, que deberá ejecutarlo utilizando sus propios registros de distribución y trazabilidad, incluso si el establecimiento se encuentra suspendido o inhabilitado. Solo en caso de cese de actividades o imposibilidad de cumplir la medida, la autoridad administrativa eleva una denuncia a la Justicia.

El incumplimiento de las obligaciones de trazabilidad habilita un abanico de sanciones que van desde advertencias formales hasta multas de entre 30 y 1.600 unidades fijas, calculadas según el valor fijado por el artículo 45 de la Ley 23.737 de estupefacientes. A valor del 29 de octubre es de $192.000.000 para las infracciones consideradas graves —como la omisión o falsificación de datos de trazabilidad, o el incumplimiento de una orden de inmovilización— la multa no puede ser inferior a 150 unidades fijas.

El esquema también contempla la suspensión temporal de operaciones comerciales, la inhabilitación para el uso o dispensa de un medicamento específico, la clausura temporal o definitiva del establecimiento, la revocación de la habilitación sanitaria y el comiso de los productos involucrados en la infracción. Cuando de las actuaciones surjan hechos que puedan constituir delitos, la autoridad de aplicación debe darlos a conocer de inmediato a la Justicia.

La implementación del sistema se financiará con recursos propios de la ANMAT, incluidos aranceles y servicios, además de lo recaudado por las multas que se apliquen bajo la nueva ley. El Poder Ejecutivo tendrá 120 días desde la promulgación para reglamentar la norma, con un plazo adicional de hasta 180 días para garantizar la interoperabilidad tecnológica y la coordinación con las provincias, que son invitadas a adherir al sistema en los aspectos que correspondan a sus competencias sanitarias locales.

Las criptomonedas cayeron este viernes después de que Binance alertara, en principio, sobre un posible problema de seguridad y comunicara el congelamiento de más de USD 2.500 millones en activos. Por este motivo, el universo de las monedas digitales sufrió un revés inesperado.

El bitcoin tocó un mínimo de seis semanas de USD 76.355 a última hora del viernes en medio de su tendencia bajista desde hace varias semanas atrás, mientras que el ether descendió a USD 2.238,76, su menor valor en dos meses. El token BNB, creado originalmente como Binance Coin y utilizado para el pago de comisiones dentro de la plataforma, perdió más del 8% en las últimas 24 horas y cotizó a USD 694.

Binance estimó en USD 6.300 millones el impacto total del incidente de seguridad y afirmó que cubrirá todas las pérdidas con recursos del fondo SAFU y de la propia compañía. La plataforma informó que logró congelar cerca de USD 3.000 millones de los activos afectados en la cadena de bloques. La investigación preliminar indicó que el atacante pudo obtener acceso a un contenedor de servicio mediante una laptop comprometida de un ingeniero de DevOps (metodología de desarrollo de software). Desde allí, habría realizado transacciones de retiro sin autorización.

“No hemos encontrado evidencia de ninguna filtración de claves privadas de billeteras”, señaló la empresa vía X, que anticipó la publicación de un análisis técnico posterior al incidente cuando concluya la pesquisa y confirme los hechos. La empresa aseguró que los recursos de los usuarios permanecen protegidos y anunció una Prueba de Reservas actualizada después de completar las tareas de remediación.

Tether y Circle, los dos principales emisores de monedas estables, inmovilizaron más de USD 3.000 millones vinculados al episodio. La plataforma de Binance, la mayor casa de intercambio de criptomonedas del mundo, informó que interrumpió los retiros mientras revisa el incidente. En otro mensaje, señaló que sus equipos realizan verificaciones de seguridad y que las operaciones volverán cuando el problema quede resuelto por completo.

“Nuestro equipo está realizando verificaciones de seguridad. Los retiros se reanudarán tan pronto como el problema de seguridad se haya resuelto completamente. Los fondos de los usuarios siguen siendo seguros”, indicó la empresa.

Binance también sostuvo que “los fondos de los usuarios están completamente seguros” y afirmó que cubrirá todas las pérdidas derivadas del ataque. La compañía señaló que sus equipos de seguridad analizan con urgencia la información disponible y que divulgarán actualizaciones a través de sus canales oficiales. La firma recomendó a sus usuarios mantenerse atentos ante posibles intentos de fraude y evitar enlaces, mensajes o solicitudes de datos de cuenta que no provengan de vías oficiales.

El magnate y empresario Elon Musk fue uno de los primeros en reaccionar al informe sobre el presunto hackeo a Binance con una advertencia sobre las vulnerabilidades de seguridad en el sector de las criptomonedas. El empresario citó una publicación de The Kobeissi Letter y escribió: “Cada día es un día cero”.

Una vulnerabilidad de día cero consiste en un fallo de seguridad que los atacantes aprovechan antes de que el desarrollador del software conozca su existencia. Por ese motivo, no hay una solución disponible cuando comienza la intrusión.

Por su parte, Changpeng Zhao, cofundador y ex director ejecutivo de Binance, reconoció que el incidente de seguridad “parece un hackeo” y sostuvo que los fondos de los usuarios están protegidos.

“¡Los fondos de los usuarios están seguros! Sí parece un hackeo en Binance”, escribió Zhao en X. Según Bloomberg, el empresario continúa como el principal accionista de la compañía.

Zhao también destacó la intervención de los emisores de monedas estables Tether y Circle. “Agradezco el congelamiento rápido de Tether (USD 971 millones) y Circle (UDS 823 millones)”, señaló.

El ex directivo marcó distancia de la administración actual que dirige la plataforma. “Ya no gestiono Binance (.com), pero como accionista, espero que todos los fondos de los usuarios estén completamente cubiertos”, afirmó. Zhao fundó la empresa en 2017. En 2023 se declaró culpable de un delito grave por no impedir operaciones de lavado de dinero en la plataforma, dejó la dirección ejecutiva y recibió una condena de prisión por violar la Ley de Secreto Bancario.

Tras recuperar la libertad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultó en 2025, según informó Associated Press.

(Con información de Reuters)

Desde Santa Fe – El flamante ex secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, estuvo a cargo del cierre de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contó con unos 4.500 asistentes, y aseguró que no se le puede pedir al programa que solucione los problemas que la Argentina acarrea desde hace décadas.

“¿Cómo no se nos ocurrió antes?”, bromeó González, quien renunció el viernes pasado a su cargo la semana pasada, sobre el evento. Agradeció a las compañías que participaron del encuentro y explicó que el objetivo del Gobierno es generar las condiciones para que el sector privado pueda desarrollarse y tender puentes entre las grandes inversiones y las empresas que podrían beneficiarse de manera indirecta.

En ese sentido, dijo que muchas firmas necesitan más información “para que puedan beneficiarse de un régimen que, a todas luces, es increíblemente exitoso”.

González consideró que el RIGI permitió comenzar a resolver uno de los problemas estructurales de la economía argentina: la escasez de dólares. Según planteó, los proyectos mineros, junto con las inversiones en energía, fundamentalmente en petróleo y gas, permitirán que, en los próximos cinco a siete años, la Argentina prácticamente duplique sus exportaciones.

No obstante, advirtió que los resultados no serán inmediatos. “No podemos pedirle al RIGI que solucione en dos años todos los problemas de los argentinos. Va a tomar tiempo. Las inversiones están sucediendo, es una realidad”, señaló.

Además, remarcó que el proyecto de mayor envergadura del RIGI todavía no se aprobó, por lo que el volumen de inversiones podría ampliarse fuertemente.

Estimó que la Argentina contará con una base de inversiones de entre USD 10.000 millones y USD 15.000 millones anuales durante varios años. González piensa que es importante aprender de las experiencias de los primeros años de implementación del RIGI, tanto de los avances como de aquello que no funcionó.

“Hay 50 proyectos que han aplicado al régimen y creemos que muchos más lo van a hacer. Tenemos una base mínima de inversiones en la Argentina para los próximos años, para este Gobierno y para el que viene, que no habíamos visto nunca”, afirmó el ex funcionario.

Por último, expresó su expectativa de que se concreten más espacios de este tipo para ampliar la participación de las empresas proveedoras. “Ojalá podamos hacer más rondas. Vamos a hacer una más rápidamente para que todos lo podamos aprovechar”, concluyó.

Cabe recordar que González anunció la renuncia a su cargo la semana pasada y, de momento, no será reemplazado. Según pudo saber este medio, apunta a reinsertarse en el sector privado el próximo año. Su paso por la función pública llegó a su fin, en línea con lo acordado desde un principio, cuando se estableció que sería por un período limitado.

Reunión de 2.400 empresas

A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, detalló que el encuentro reunió a unas 2.400 empresas, por encima de las 2.100 que se habían inscripto inicialmente.

Puccini dijo que, pese a la compleja coyuntura que atraviesa la Argentina, sectores como la minería, el gas y el petróleo representan un nuevo motor de crecimiento.

Al respecto, trazó un paralelismo con el desarrollo del campo y la industria nacional: el crecimiento agropecuario estuvo acompañado por una red de empresas, avances tecnológicos, innovación y conocimiento científico. Según afirmó, ese entramado productivo es el que Santa Fe puede aportar a las nuevas actividades extractivas.

“Por más que algunos desarrollos puedan venir desde afuera, las soluciones las tenemos aquí adentro”, enfatizó. Como ejemplo, mencionó a una compañía santafesina que fabrica trépanos para la industria petrolera y utiliza tecnología láser para reparar herramientas y repuestos, a fin de extender su vida útil.

Por último, valoró el alcance federal de la iniciativa y sostuvo que la ronda benefició al conjunto del país: “Hoy acá ganamos todos, ganó la Nación y ganaron las provincias”.

El secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, resaltó que la ronda de negocios cumplió su objetivo y dejó una vara alta para futuras ediciones. A su vez, explicó que la elección de Santa Fe buscó acercar la actividad minera a una provincia sin tradición en el sector, pero con un importante entramado metalmecánico.

Durante la jornada, realizada en la Estación Fluvial de Rosario, autoridades provinciales y ejecutivos de grandes empresas abordaron las oportunidades que abren los proyectos de inversión para la industria local.

Las actividades incluyeron exposiciones sobre desarrollo regional, integración productiva, competitividad y experiencias de proveedores mineros.

El Senado aprobó esta tarde la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) que activa beneficios fiscales -amortización en Ganancias, por caso- para planes desde los USD 12 millones y será girado en las próximas horas a Diputados, que definirá una eventual sanción. El proyecto, empujado desde el inicio de su trámite por el jefe de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes), recibió 60 adhesiones en la votación en general y sólo dos rechazos -que impidieron la unanimidad-, que fueron los santacruceños Elena Gadano y José María Carambia.

Las áreas que alcanzaría el texto en cuestión apuntan a “la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las Ganancias, así como a la realización de obras” en “actividades industriales”, o las “relacionadas con sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario”.

También se incorporan los “bienes semovientes incluyendo a las terneras retenidas para reposición y las vinculadas con buques, embarcaciones pesqueras nuevas y/o en equipos nuevos destinados directamente a la captura, conservación, procesamiento y almacenamiento de productos pesqueros y en bienes, maquinarias y equipos nuevos destinados directamente a la transformación e industrialización de la madera y al aprovechamiento productivo de residuos y subproductos forestales”. Quedan “expresamente excluidos del presente régimen” lo relacionado con “activos financieros, de portfolio y bienes de cambio”.

Para que avance el articulado fue necesaria la incorporación sugerida por el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires); el líder del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling (Misiones); y el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), en referencia a un plan de desarrollo que “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores nacionales respecto de bienes transables” equivalente, “como mínimo, al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores de bienes transables”, siempre “y cuando la oferta de proveedores nacionales se encuentre disponible y en condiciones de mercado”.

“Cuando haya circunstancias objetivas que lo justifiquen, la autoridad de aplicación podrá darle intervención a la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) a fin de que se expida acerca de si el precio de los bienes importados, excluidos del cómputo del Plan de Desarrollo de Proveedores Nacionales bajo el argumento de que la oferta local de los mismos no era competitiva, refleja condiciones de mercado”, se enfatiza en el proyecto.

Vischi fue el miembro informante y direccionó la lupa hacia la “estabilidad fiscal y legal”, junto a la propuesta de “adhesión de las jurisdicciones locales” para que no tengan “la posibilidad de crear nuevos impuestos, como Sellos o regalías”. Y agregó. “Esto no es un privilegio tributario, sino una herramienta para movilizar el capital productivo a través de proveedores”. En la misma línea fue la mendocina Mariana Juri (Mendoza), otra de las que se colgó la ley al hombro.

“El gran debate que tenemos hoy en el país es cuál es la dimensión del Estado, para qué cumple funciones y qué financiamiento debe tener”, manifestó Vischi, y advirtió sobre épocas con “impuestos mayores” para fondear administraciones públicas que se convierten en “préstamos al fisco para sostener un Estado que, a veces, ha demostrado ser insuficiente”.

Desde el kirchnerismo, Jorge Capitanich (Chaco) adelantó al apoyo en general, aunque realizó varias observaciones en lo particular. Habló de otros sistemas y una realidad “inconexa”, más “regímenes con asimetrías con impacto sin contemplar el cupo fiscal dentro de los presupuestos”. Criticó los saldos técnicos que empresas no cobran y ejecuciones tributarias en simultáneo.

El cierre quedó en manos de la líder libertaria, Patricia Bullrich (Capital Federal). Primero, resaltó que “ordenar economía y generar estabilidad fue fundamental” y que, ahora, “tenemos que dar un paso: convertir ese orden en inversión, producción y salarios”.

Bullrich luego dijo que “el que arriesga su capital tiene que encontrar quién lo acompañe”, y que “cada nueva máquina o planta que se amplía abre oportunidades al trabajo argentino”. La porteña no olvidó mencionar la importancia de la competitividad en relación con los países vecinos y observó impuestos en la Buenos Aires de Axel Kicillof. Tras la definición en general, el kirchnerismo se opuso -sin éxito- a varios artículos durante la votación en particular.

Invitación al Papa

El pleno votó un proyecto de resolución para encomendar “a la Presidencia de este Honorable Senado que, en caso de ser aceptada la invitación” al Papa León XIV, se “acuerde con la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y con el Poder Ejecutivo nacional la convocatoria de la Asamblea Legislativa o la modalidad de recepción que corresponda”. Difícil por la voluminosa agenda ya fijada para el máximo responsable de la iglesia católica.

Por ese motivo, el texto también impone la solicitud hacia “el Poder Ejecutivo nacional” para “que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, arbitre los medios necesarios para asegurar la participación institucional de este Honorable Senado, encabezado por su Presidente, en el encuentro de Su Santidad con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático previsto en el Palacio Libertad”. Es decir, con Victoria Villarruel, quien lideró la sesión de hoy, en dicho evento.

Informe

El pleno también confirmó que para la última semana de noviembre -al filo de la finalización del período ordinario de sesiones- asistirá a dar cuenta del estado de la gestión el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien era reclamado por la oposición. Se estima que lo haría el miércoles 25, para dejar el jueves 26 ante una potencial reunión para tratar proyectos de ley.

Jura y homenajes

Al comienzo de la sesión asumió Claudia López en reemplazo del ex senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja), quien murió hace un mes y sobre el cual se realizó un homenaje desde varias bancadas. En tanto, el kirchnerismo hizo algo similar con el ex titular del gremio APL, Norberto Di Próspero, cuyo deceso ocurrió días atrás. En tanto, el cristinismo sumó un recordatorio por un nuevo aniversario de la partida del ex presidente Néstor Kirchner.

A los fines de no presionar sobre la inflación, el equipo económico tomó la decisión de aumentar los subsidios a las empresas de colectivos nacionales (las que entran y salen de la capital) y no autorizar subas del boleto para no presionar sobre la inflación. Mientras que el pasaje de las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la provincia de Buenos Aires aumentará con porcentajes diferentes, pero ambos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Lo que profundizará las diferencias entre jurisdicciones.

Desde el domingo 1° de noviembre, el pasaje mínimo de colectivo dentro de CABA costará $956,37, tras un ajuste de 3,9%. En la provincia de Buenos Aires, la tarifa mínima llegará a $1.276,08, luego de una suba de 5,02%. Para las líneas nacionales, que entran y salen de la capital, el valor seguirá en 742,81 pesos.

Las decisiones no serán iguales para los pasajeros según la jurisdicción de cada servicio. CABA y la provincia aplicarán actualizaciones sobre los valores vigentes, mientras la Nación mantendrá congelado el precio para las líneas bajo su órbita y compensará parte de los costos de las compañías mediante un aumento de los aportes estatales.

El nuevo esquema marca una diferencia respecto de los meses anteriores. Entre mayo y julio, la Secretaría de Transporte de la Nación autorizó subas de 2% mensuales para las líneas nacionales. Desde agosto, no aprobó nuevos incrementos de tarifa ni otorgó mayores subsidios, pese a los reclamos de las empresas.

En noviembre, la definición será otra. El Ministerio de Economía aumentará los subsidios para los colectivos nacionales, aunque no habilitará una suba del boleto. La decisión implicará un mayor gasto estatal y evitará que la actualización de costos impacte de manera directa sobre los usuarios de esos recorridos.

Diferencias en los boletos

En la Ciudad de Buenos Aires, las líneas de colectivo aumentarán 3,9% desde el domingo. El boleto mínimo para los viajes de hasta tres kilómetros pasará a costar $956,37. La actualización responde al mecanismo mensual que utiliza CABA para definir el valor del transporte público. La fórmula combina dos puntos porcentuales (p.p.) con el último dato de inflación disponible.

Con el nuevo aumento, el boleto mínimo porteño acumulará una suba de $337,89 durante 2026. En enero, el mismo tramo costaba $618,45. La tarifa mínima de CABA quedará por debajo de la que aplicará la provincia de Buenos Aires, donde el aumento de noviembre será superior tanto en porcentaje como en valor final.

Es que en el distrito que gobierna Axel Kicillof, el boleto mínimo de colectivo subirá 5,02% a partir del domingo 1° de noviembre. La tarifa para el tramo inicial llegará a $1.276,08. En enero de este año, el boleto mínimo en la provincia costaba $686,09. Con el valor previsto para noviembre, el incremento acumulado será de $590,02 en lo que va de 2026.

La diferencia entre los dos distritos se amplió en los últimos meses a partir del próximo mes. Los pasajeros de los servicios provinciales abonarán una tarifa mínima superior a la de quienes utilicen líneas que circulan únicamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Los aumentos de CABA y de la provincia formarán parte de un escenario tarifario con tres valores distintos para el tramo mínimo. A los $956,37 de la Ciudad y los $1.276,08 de la provincia se sumarán los $742,81 que mantendrán las líneas nacionales.

Cambio de estrategia

Las líneas nacionales no tendrán un aumento de boleto durante noviembre. La tarifa mínima seguirá en $742,81 para los servicios que ingresan y salen de la capital. La decisión alcanzará a los colectivos bajo jurisdicción de la Secretaría de Transporte de la Nación.

En enero, el boleto de los colectivos nacionales tenía un valor de $494,83. Así, el aumento acumulado durante 2026 es de apenas $427,98, de acuerdo con los valores vigentes y la tarifa que continuará sin cambios desde noviembre.

El mantenimiento del boleto en $742,81 colocará a las líneas nacionales por debajo de las tarifas mínimas que regirán en las otras dos jurisdicciones. La diferencia entre los valores son mel resultado de los ajustes mensuales que aplican CABA y la provincia, junto con la decisión nacional de no autorizar una suba.

La falta de un incremento para los pasajeros no implicará que el costo del sistema quede sin cambios. Durante noviembre, la Nación prevé una actualización de los subsidios para las empresas que operan esos servicios. La decisión de mantener el boleto nacional sin modificaciones y aumentar los subsidios supondrá un cambio frente a la estrategia aplicada durante parte de 2026.

En mayo, junio y julio, la Secretaría de Transporte autorizó subas de 2% en cada mes para las líneas nacionales. Esos aumentos trasladaron una parte mayor del costo a los pasajeros. Desde agosto, el Gobierno no autorizó nuevas subas tarifarias y tampoco incrementó los subsidios, pese a los pedidos de las empresas de colectivos nacionales. El escenario se mantuvo durante agosto, septiembre y octubre: durante esos tres meses, la tarifa abonada por los usuarios y los aportes estatales permanecieron sin cambios.

Para noviembre, el Ministerio de Economía aumentará los subsidios destinados a esas empresas. La medida implicará un costo mayor para el Estado, que ampliará el gasto para cubrir parte de la actualización de la estructura de costos. El objetivo será sostener la desaceleración de la inflación. Por ese motivo, el Gobierno no autorizará un incremento de boleto en las líneas nacionales durante noviembre, aunque sí modificará los recursos que reciben las compañías.

Negociaciones

Las autoridades de la Secretaría de Transporte se reunieron este jueves a las 18 horas con las empresas de colectivos nacionales. El encuentro sirvió para revisar los temas trabajados entre ambas partes y analizar los resultados de la actualización de la estructura de costos.

Fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte indicaron a Infobae que la convocatoria se definió la semana pasada. Según explicaron, uno de los puntos del encuentro fue el impacto que tendrá la actualización de la estructura de costos sobre las compañías. “Es para repasar todo lo que estuvimos trabajando con ellos. Uno de los puntos es repasar la actualización de la estructura de costos, qué resultados les trae”, señalaron las fuentes oficiales antes del encuentro.