La decisión fue tomada por la jueza federal Mariel Borruto, en el marco de la acción preventiva por daño ambiental colectivo iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) contra Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
Para la jueza, ese dato resulta determinante porque la Ley General del Ambiente exige una evaluación previa para las actividades susceptibles de producir una degradación significativa del ambiente.
Uno de los aspectos de la resolución es que el tribunal no afirma que el proyecto necesariamente vaya a provocar un daño ambiental. Lo que cuestiona es que la actividad avance sin haber pasado por el procedimiento destinado precisamente a determinar sus posibles impactos.
“No se afirma que el daño ambiental invocado se producirá, ni ello podría afirmarse en este estado del proceso”, señaló Borruto.
Y agregó: “Lo que se constata es que las demandadas han omitido sustanciar el procedimiento legalmente previsto para determinar, precisamente, si el daño habrá de producirse y con qué medidas corresponderían prevenirlo o mitigarlo”.
En esa línea, la jueza sostuvo que esa omisión es la que torna aplicables los principios de prevención y precaución previstos por la legislación ambiental.
Qué obras quedaron frenadas
La cautelar alcanza a Rockhopper y Navitas y les ordena abstenerse de iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales de ejecución del proyecto “León Marino”, incluidas sus eventuales ampliaciones y los pozos o instalaciones funcionalmente integrados al emprendimiento.
La prohibición comprende:
-La perforación del lecho o subsuelo marino destinada al desarrollo o explotación hidrocarburífera.
-La instalación permanente de infraestructura submarina para extracción o producción.
-La instalación de conductos, líneas de flujo, sistemas de conducción, inyección y control.
-Las estructuras de fondeo permanente vinculadas con la explotación.
-La instalación o puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento o descarga de hidrocarburos.
-El inicio de la extracción o explotación comercial.
-Las obras terrestres y portuarias destinadas a sostener el proyecto, incluidas bases logísticas, ampliaciones portuarias, plantas de lodos y cemento, depósitos de productos químicos, infraestructura habitacional y apoyo aeronáutico.
La suspensión se mantendrá hasta que se sustancie el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad ambiental nacional y se dicte la decisión correspondiente, o hasta que el propio juzgado disponga lo contrario.
La Justicia puso el foco en el riesgo ambiental
La resolución describe un emprendimiento de gran escala que, según la documentación incorporada al expediente, contempla 23 pozos: 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno de inyección de gas, además de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga y una infraestructura submarina compuesta por colectores, líneas de flujo, sistemas de control y otros equipos.
También se contemplan instalaciones terrestres y portuarias en Puerto Argentino para sostener la actividad offshore.
Entre los posibles impactos señalados en la demanda aparecen la alteración del lecho marino, contaminación química, ruido submarino, descargas operativas, tránsito marítimo, interacción con mamíferos y aves marinas, emisiones y eventuales derrames de hidrocarburos.
La jueza aclaró que esos impactos no están demostrados como hechos inevitables, pero consideró que los elementos aportados alcanzan para acreditar que se trata de una actividad “susceptible de producir modificaciones ambientales relevantes y riesgos que requieren evaluación previa”.
“El riesgo no es hipotético ni remoto”: otro de los argumentos centrales de la resolución fue el peligro de que, mientras se tramita el expediente, las obras avancen hasta generar situaciones difíciles de revertir.
“El peligro en la demora adquiere especial intensidad cuando se procura prevenir un daño ambiental”, sostuvo Borruto. Y fue más allá: “El riesgo no es hipotético ni remoto”.
La magistrada tuvo en cuenta que, según la documentación incorporada a la causa, el proyecto ya habría superado la etapa inicial. La resolución menciona la denominada Decisión Final de Inversión adoptada en diciembre de 2025, contratos para la unidad flotante de producción y el equipo de perforación, y documentación que indicaría que las obras de adaptación de esa infraestructura ya comenzaron.
A eso sumó un elemento procesal: las empresas demandadas tienen domicilio en el extranjero y deben ser notificadas mediante los mecanismos previstos en el Convenio de La Haya, lo que podría insumir un tiempo considerable.
Por eso, sostuvo que esperar a que avance el proceso ordinario podría tornar ineficaz la protección judicial.
El proyecto y la cuestión de la soberanía
La jueza también vinculó la cuestión ambiental con la dimensión federal del conflicto.
En el caso del CECIM, destacó que entre sus objetivos se encuentra la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Según Borruto, “la pretensión aquí deducida no se agota en una controversia técnico-ambiental”, porque también se encuentra involucrada la defensa de la soberanía nacional, que calificó como “bien colectivo indivisible” e interés federal.
La resolución sostiene además que, aunque las empresas estén constituidas en el extranjero, las normas argentinas resultan aplicables al emprendimiento por proyectarse sobre la plataforma continental argentina y los espacios marítimos correspondientes a las Islas Malvinas.
Qué deberán informar las petroleras
Además de frenar las obras, la Justicia intimó a Rockhopper y Navitas para que, dentro de 10 días judiciales desde su notificación, presenten una declaración jurada y documentación respaldatoria sobre el estado del proyecto.
Deberán informar, entre otros puntos:
-El estado actual de ejecución.
-El cronograma de construcción, perforación e inicio de explotación.
-La cantidad, ubicación y estado de los pozos.
-Las unidades flotantes y de perforación contratadas.
-Los contratistas y subcontratistas.
-La estructura societaria y la participación de cada empresa.
-Las entidades financieras y fondos que financiaron el emprendimiento.
-Los desembolsos realizados, comprometidos y pendientes.
-Las aseguradoras y reaseguradoras involucradas.
-Los estudios y evaluaciones ambientales realizados.
-Los estudios de riesgo y modelizaciones de derrames.
-Los planes de prevención, contingencia y respuesta.
-Las autoridades ante las cuales hubieran presentado estudios o solicitado autorizaciones.
-Las obras terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas.
También deberán preservar toda la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa relacionada con “León Marino” y abstenerse de destruirla, modificarla u ocultarla.
La Justicia también pidió informes al Gobierno
La resolución ordenó requerir información a tres organismos nacionales. A la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental se le pidió que informe si existe algún aviso de proyecto, procedimiento de evaluación ambiental o certificado de aptitud ambiental relacionado con “León Marino”.
En segundo lugar, a la Secretaría de Energía se le requirió información sobre los antecedentes administrativos de Rockhopper, Navitas y otras sociedades vinculadas, así como el estado de las resoluciones que anteriormente habían alcanzado a empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.
Finalmente, se ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores informar si las empresas involucradas cuentan o contaron con alguna habilitación, permiso, autorización o consentimiento de autoridades argentinas para realizar actividades hidrocarburíferas en Malvinas o en los espacios marítimos correspondientes a la plataforma continental argentina.
También deberá informar sobre eventuales investigaciones, sanciones, declaraciones de clandestinidad, inhabilitaciones y otras actuaciones relacionadas con la Ley 26.659.
Una cautelar que puede ser revisada
La jueza dejó expresamente establecido que la medida es provisional. Una vez que se incorporen los informes solicitados y las empresas intervengan en el expediente, el juzgado volverá a evaluar su alcance.
La cautelar podrá entonces “mantenerse, modificarse, ampliarse o dejarse sin efecto”.
De este modo, la resolución no define todavía el fondo de la controversia, pero sí establece una protección inmediata sobre el proyecto: las obras vinculadas a la explotación de “León Marino” no podrán avanzar en los términos fijados por el tribunal mientras no se sustancie la evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas.
Fuente: Ámbito Financiero.
