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Javier Timerman, asesor financiero con cuatro décadas de experiencia en el mercado estadounidense, sostuvo que los inversores siguen principalmente la evolución del programa económico y su capacidad para mantenerse en el tiempo. En ese análisis, distinguió entre los problemas que afectan a la economía doméstica y las variables que concentran la atención de Wall Street.

En diálogo con Infobae al Regreso, se refirió a la afirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien tras participar del G20 de Finanzas aseguró en Estados Unidos nadie pregunta por los créditos en mora. Para Timerman, el dato refleja el tipo de cuestiones que quedan fuera del radar de los grandes actores financieros.

“No hay un foco específico en un tema tan puntual como es el de la mora. Lo que se pregunta es más general, sobre un rumbo económico, sobre el proceso político, el proceso económico. No se meten en los detalles”, explicó.

El especialista recordó una conversación con un inversor durante una caída de los bonos argentinos. “¿Qué está pasando en Argentina que están cayendo los bonos?”, le preguntó. Timerman le explicó que la Corte Suprema había ratificado la Ley de Medios y recibió una respuesta que, según contó, evidenció el escaso conocimiento sobre la coyuntura local: “Ah, bueno, sí, debe ser una ley”.

La continuidad del programa económico

Para Timerman, una de las claves de la percepción favorable que existe entre algunos inversores está en el ajuste fiscal realizado por el Gobierno. “Vieron también que por primera vez Argentina hizo un ajuste fiscal que ningún político se animó a hacerlo en su momento. Es una realidad”, afirmó.

A partir de allí, ubicó el principal interrogante en la continuidad del proceso. “Confían en el equipo económico, confían en que esta política se va a mantener”, sostuvo.

El calendario electoral aparece como una variable relevante en esa evaluación. “Preocupa que este proceso no continúe. ¿Qué puede hacer que este proceso no continúe? Que Milei pierda las elecciones”, planteó.

Timerman también describió la discusión entre preservar el equilibrio fiscal y acelerar la recuperación económica. A su juicio, muchos inversores aceptarían cierta flexibilización del ajuste si eso contribuyera a fortalecer la actividad.

“Mi opinión es que la mayoría de los inversores te dirían: ‘Sí, preferimos eso’”, señaló. El Gobierno, sin embargo, sostiene una estrategia diferente. “El Gobierno o el presidente Milei dice: ‘No, si yo me mantengo así, genero la confianza porque no me muevo de esto’. Bueno, son dos opiniones. Veremos”, resumió.

La mora y el riesgo de una crisis financiera

Aunque no sea una prioridad para Wall Street, Timerman consideró que la morosidad puede convertirse en un problema relevante si alcanza una dimensión capaz de afectar al sistema financiero.

“El hecho de que haya mora es un tema, primero, porque la gente, para no pagar una deuda, es porque la está pasando mal”, señaló.

En ese contexto, introdujo el concepto de moral hazard, que describe el incentivo a asumir riesgos cuando existe la expectativa de que otro actor absorberá las consecuencias.

“Vos tomás un crédito y decís: ‘Bueno, si no lo pago, no pasa nada, entonces no lo pago’”, explicó. Por eso, cuestionó una eventual asistencia indiscriminada a quienes no pueden cumplir con sus obligaciones.

Pero también marcó que el Estado debe intervenir cuando el problema puede extenderse al conjunto de la economía. “Si ocho millones de personas dejan de pagar y eso implica que las empresas financieras dejen de prestar porque dicen: ‘No, che, hay una situación de mora, yo mejor soy conservador, no presto’, nos jodemos todos los demás”, advirtió.

La referencia para Timerman es la crisis financiera estadounidense de 2008, que utilizó para ilustrar las consecuencias de subestimar un riesgo sistémico. “Si la erran, como la erraron los políticos en Estados Unidos en el 2008, puede ser una catástrofe que va a generar que todos nosotros tengamos que pagar por eso que pasó”, sostuvo.

El ejemplo de Israel

Timerman recurrió también a su experiencia en Israel para explicar por qué considera que las reformas económicas necesitan acuerdos políticos duraderos.

“Yo llegué a Israel en el 77 a estudiar. Era chico, tenía 16 años”, recordó. Según relató, el país atravesaba un escenario marcado por la inflación, las huelgas y el peso de los sindicatos. La salida requirió, en su interpretación, un acuerdo entre distintos sectores políticos.

“Todo esto requirió un proceso de cambio que se logró porque hubo un gobierno de unidad nacional que coincidió en ciertos puntos básicos”, señaló.

Ese antecedente le sirve para plantear un desafío para la Argentina: sostener las reformas sin desconocer los costos que generan durante la transición. “La Argentina necesita una transformación”, afirmó.

En ese proceso, advirtió sobre las dificultades que enfrentan quienes deben adaptarse de manera inmediata a las nuevas reglas. “Vos no podés decirle a un tipo que no tiene laburo: ‘Mirá, no vas a tener laburo porque estamos transformando la Argentina. En diez años vas a tener laburo cuando se desarrolle’. El tipo dice: ‘No, che, yo necesito mi laburo ahora’”.

El mismo razonamiento aplicó a las pequeñas y medianas empresas frente a los cambios regulatorios. Para evitar que las reformas queden sujetas a cada ciclo electoral, planteó la necesidad de construir consensos.

“Estos procesos de cambio es muy importante que tengan consenso para que duren diez años, no dos”, afirmó.

Timerman rechazó, en cambio, la idea de eliminar las elecciones legislativas intermedias para reducir la conflictividad. “No me gusta ese tipo de soluciones”, sostuvo.

En lugar de modificar las reglas electorales, propuso un cambio en la cultura política. “Yo lo que me gustaría ver es un cambio en la sociedad argentina que facilite a los políticos, que pondere la unión nacional”, planteó. Y cerró con una definición sobre el clima político del país: “Vivimos en los extremos, de alguna manera. Vivimos en los extremos, no tenemos causas que nos unen”.

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El Gobierno intimó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a garantizar el 75% de los servicios tras el anuncio del paro en aeropuertos de todo el país que está previsto para este jueves y viernes. La medida de fuerza involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y se esperaba que afectara a más de 27 terminales de todo el territorio nacional.

De acuerdo con lo que informó el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le solicitó a la agrupación gremial que garanticen las prestaciones mínimas de los servicios correspondientes al ámbito de la ANAC.

La intimación se sustenta en un conjunto de normas vigentes. El Ministerio citó el artículo 1° de la Ley N° 27.161 y el artículo 24 de la Ley N° 25.877 y sus modificatorias como base de la exigencia. A eso se suma lo establecido por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, que fija un umbral específico para los casos en que el conflicto afecta servicios esenciales: la cobertura mínima no puede ser inferior al 75% de la prestación normal. La navegación aérea nacional está encuadrada dentro de esa categoría.

La medida oficial se adoptó a partir de las presentaciones efectuadas tanto por ATE como por la ANAC y tuvo como objetivo declarado preservar la continuidad del sistema de transporte aéreo, que el Gobierno calificó como indispensable para la conectividad, la seguridad y el funcionamiento del tráfico aéreo en el país.

La jornada de protesta, convocada por ATE bajo el nombre de Jornada Nacional de Lucha, se extenderá durante 48 horas el jueves 3 y viernes 4 de septiembre. Los trabajadores de la ANAC llevarán adelante paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias cada día: de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos, solo quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y los de carácter oficial. El impacto alcanzará a más de 27 terminales de todo el país, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, dijo: “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, declaró. El dirigente también apuntó al deterioro de las condiciones en el sector: “Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, sostuvo.

Aguiar precisó que el incumplimiento tiene fecha de inicio concreta: “Desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”, señaló. Y cerró con una advertencia directa: “Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”.

El trasfondo del conflicto excede a los empleados de la ANAC. Según el gremio, los trabajadores de la Administración Pública Nacional acumulan una pérdida del poder adquisitivo superior al 40% desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. En ese contexto, los empleados del organismo de aviación civil consideran que su situación es particularmente crítica, dadas las funciones que desempeñan.

A ese cuadro general se suma una tensión específica en torno a Ezeiza. ATE alertó que el proyecto de refacción y ampliación de esa terminal avanza sin la actualización de las partidas presupuestarias del área correspondiente. A criterio del sindicato, esa situación compromete tanto la seguridad de los trabajadores como la de los pasajeros, al no contarse con las herramientas y los recursos necesarios para ejecutar los trabajos.

Ante la ausencia de respuesta oficial, ATE formalizó tres reclamos concretos: el pago de los salarios con los aumentos correspondientes a los ítems extra paritarios ya acordados; la apertura de la paritaria sectorial; y el financiamiento de las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de fiscalización en los aeropuertos del país. El gremio advirtió que, si el Gobierno no da respuesta a esas demandas antes del inicio de la medida de fuerza, el conflicto podría extenderse más allá de los dos días previstos.

En un mercado automotor que venía mostrando cierta capacidad de recuperación mes a mes, agosto volvió a dejar una señal de enfriamiento. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se comercializaron 155.246 autos usados en Argentina durante el mes pasado, lo que representó una caída del 7,33% frente a las 167.525 unidades registradas en agosto de 2025. En cambio, cuando la comparación se hace con julio, la baja fue de tan solo el 1 por ciento.

Con el resultado del mes pasado, el mercado de autos usados acumuló 1.203.684 operaciones en los primeros ocho meses de 2026. Y ese volumen representa una retracción del 4,87% respecto del mismo período del año pasado, cuando se habían vendido 1.265.292 vehículos. Esta cifra no es muy diferente a la de los meses previos, lo que mantiene al mercado de los usados en una estabilidad mayor al de los autos 0 km, que cada mes aumenta su distancia con los números de referencia de 2025.

El dato marca un deterioro frente al cierre del primer semestre y también frente a julio, meses en los que se había dado vuelta el excelente resultado de junio, cuando el sector había logrado su mejor registro del año hasta ese momento, con poco más de 155.000 operaciones y una mejora intermensual. En el séptimo mes del año, pese a la fuerte comparación contra el mejor mes de 2025, el mercado incluso había conseguido sostener un leve avance frente a junio. Agosto interrumpió esa secuencia y dejó al negocio nuevamente en terreno negativo tanto en la medición mensual como en la interanual.

La trayectoria de 2026, de todos modos, no muestra una caída lineal. Enero había comenzado con 153.070 transferencias, febrero descendió a 130.229 y marzo rebotó hasta 153.995. Abril se sostuvo en 154.792, mayo volvió a romper la tendencia con 144.050 operaciones, junio recuperó hasta 155.492 y julio alcanzó 156.810. Agosto, con 155.246 unidades, quedó apenas por debajo de ese nivel, aunque sin consolidar una reacción.

La CCA atribuye la cautela a precios, stock y crédito

Para Alejandro Lamas, secretario de la CCA, el rasgo dominante del mercado sigue siendo la prudencia de la demanda. “El público está muy cuidadoso con su dinero al momento de adquirir un auto usado. En estos últimos meses los precios se han acomodado y la gente lo sabe”, sostuvo.

El directivo afirmó que el comprador recorre más opciones antes de cerrar una operación y que ese comportamiento se repite en todo el país. Según su descripción, las agencias disponen de stock, pero el nivel de actividad sigue condicionado por un mercado que no termina de destrabarse.

Lamas también puso el foco, una vez más, en el financiamiento. “Las diferentes instituciones bancarias no ofrecen tasas competitivas que seduzcan al futuro cliente”, señaló. En esa línea, agregó un dato adicional que se repite en los últimos meses, y que también marca el pulso del mercado de ocasión. Según comentó el directivo de la CCA, muchas operaciones se frenan porque quien busca comprar discute el valor del vehículo elegido, pero luego no acepta la tasación del auto que entrega como parte de pago.

Sobre el segmento de eléctricos, Lamas dijo que en Europa y Estados Unidos se observa una depreciación fuerte de esos vehículos, y planteó que en la Argentina todavía resta ver cómo impactará esa tendencia en un mercado con menor poder adquisitivo. Hacia adelante, su pronóstico fue de estabilidad antes que de recuperación: “No creemos que en los próximos meses la situación cambie”, dijo, y estimó que el año podría cerrar con un nivel de ventas similar al de 2025.

El Gol y Trend volvió a liderar entre los modelos usados

En el ranking de agosto, el Volkswagen Gol volvió a ubicarse al frente con 8.647 unidades transferidas. El segundo lugar fue para la Toyota Hilux, con 5.758 operaciones, mientras que el tercer puesto quedó para el Chevrolet Corsa, con 4.418.

La lista continuó con la Ford Ranger, con 4.193 unidades; la Volkswagen Amarok, con 4.039; el Peugeot 208, con 3.493; la Ford EcoSport, con 3.143; el Toyota Corolla, con 3.041; el Ford Ka, con 2.889; y el Fiat Palio, con 2.837 transferencias.

Cuatro plazas explican más de dos tercios del mercado

Aunque el desempeño provincial no fue el dato principal del mes, la evolución territorial ayuda a entender dónde se concentra la actividad. La provincia de Buenos Aires volvió a ser el principal distrito, con 56.662 operaciones en agosto y un acumulado de 449.755 en lo que va del año, equivalente al 37,36% del total nacional.

Detrás se ubicaron Córdoba, con 19.434 ventas en agosto y 148.088 en el acumulado; Ciudad de Buenos Aires, con 13.988 y 107.994; y Santa Fe, con 14.427 y 107.561. Entre las cuatro jurisdicciones reúnen la mayor parte del movimiento del mercado de segunda mano.

En la comparación contra julio, las subas más altas se dieron en Catamarca (10,41%), Tucumán (9,73%), La Rioja (6,95%) y Santa Cruz (4,80%). En sentido contrario, las bajas más marcadas correspondieron a Chaco (9,82%) y San Luis (6,71%). En el acumulado enero-agosto frente al mismo tramo de 2025, solo Santiago del Estero (6,70%) y Jujuy (0,71%) mostraron crecimiento.