La privatización del 90% de Aguas y Saneamiento Argentinos SA (AySA) quedó bajo un manto de dudas en torno del principal participante del conglomerado que resultó vencedor. En el consorcio integrado por Rowing S.A. (Grupo Román), la firma brasileña Arcos Saneamento e Participações S.A. y Transclor (Mauricio Filiberti), aparece el fondo de inversión PHX, cuya composición no se conoce. No es un dato menor si se tiene en cuenta que pasó a controlar el 55% de las acciones de la hasta ahora empresa estatal.
Según la base de datos británica Companies House, PHX Acqua Limited fue creada el 18 de agosto, o sea un mes antes de participar en la puja por AySA. De acuerdo con la información oficial sobre PHX, forma parte del grupo de inversores Phoenix Global Investment Fund B.V, que tiene residencia en Curazao.
PHX Acqua Limited tiene como dirección social 5 Lloyds Avenue, 3.ª planta, Londres, Reino Unido. Se trata de un domicilio que aparece en la base de datos de Panamá Papers, también adjudicado a la firma neerlandesa Stichting Administration New World (STAK). En 2023, el medio holandés Follow the Money descubrió más de 50 STAK, entre las que se encontraba la que comparte dirección con PHX. Se trata de estructuras legales utilizadas para ocultar activos y evitar el escrutinio.
La participación de PHX en la privatización de AySA abre un interrogante: ¿qué esconde la utilización de una plataforma financiera offshore diseñada para estructurar movimientos de capitales de total confidencialidad y alto riesgo regulatorio?
En ese sentido, la descripción, que llevó a cabo la investigación realizada por el consorcio internacional ICIJ, encaja a la perfección con el caso de AySA y PHX, ya que señala que en las últimas dos décadas, los proveedores de servicios financieros de todo el mundo han promovido cada vez más el uso de fundaciones fiduciarias, o STAK, que solo revelan los nombres de los directores de la empresa, ocultando a los verdaderos accionistas y sus activos.
Justamente, sobre PHX Acqua Limited no se sabe nada, solo que está presidida por el consultor financiero holandés Willem Anton Smit, que aparece como director en otras 27 firmas. La última y reciente designación justamente es la de la sociedad creada para participar en la licitación por AySA.
Actualmente, se estima que hay 21 mil STAK registradas en los Países Bajos. Follow the Money utilizó la filtración de los Pandora Papers del ICIJ , que contenía casi 12 millones de documentos procedentes de 14 empresas de servicios offshore, para identificar más de 50 de estas entidades secretas utilizadas en estructuras corporativas internacionales.
Naturalmente, la primera pregunta que se hacen fuentes consultadas por Ámbito es quién está detrás de PHX, que no se encuentra obligado a comunicarlo porque se trata de un fondo de colocación privada. En el terreno de las especulaciones, naturalmente aparece el Grupo Neuss, el cual ya fue señalado como socio encubierto del Grupo Román durante la licitación para operar la Hidrovía.
El 3 de septiembre se creó, en el ámbito local, PHX Holding Argentina S.A., controlada completamente por el Grupo Román. Según la información a la que accedió este medio, PHX Argentina está presidida por Sebastián Pablo Repetto, un fiel escudero de Walter Román que aparece como socio al igual que Carla Pia Casali y Luis Alberto Espósito, quien se desempeña como gerente de Abastecimiento en Rowing SA.
El consorcio ganador deberá garantizar una inversión, durante el próximo lustro, de u$s2.000 millones, con el objetivo de apuntalar la expansión de la AySA y mejorar la calidad de servicio.
De acuerdo con las bases de datos británicas, PHX Acqua Limited aparece como una firma con un balance inferior a u$s600 mil y una facturación inferior a u$s1 millón. Por otro lado, su director, el mencionado Willem Anton Smit, no es considerado por su conocimiento en la materia sino como consultor financiero. Smit representa a AMICORP, que tiene presencia en Argentina y se especializa en la creación de fideicomisos. En diferentes países de la región AMICORP fue cuestionada porque se había convertido en el instrumento predilecto para abrir sociedades en paraísos fiscales. Desde AMICORP se defendieron señalando que cuentan con un departamento global de Compliance, que se encarga de toda la información respecto de un potencial nuevo cliente.
Sin embargo, la opacidad del fondo de inversión Phoenix Global quedó en el centro de la atención en una serie de maniobras controversiales como, por caso, cuando en 2020 se anunció que tras 34 años de actividad en Venezuela, Cargill le había vendido sus activos con la venia del entonces presidente Nicolás Maduro. La decisión de la corporación alimentaria estadounidense fue interpretada como una nueva muestra de las dificultades para hacer negocios en Venezuela.
En ese momento, la aparición de Phoenix Global fue cuestionada a causa del hermetismo que rodeaba a la operación. Entonces, los críticos subrayaron que el fondo de Curazao sirvió como una pantalla de confidencialidad para ocultar a los verdaderos capitalistas detrás de la compra, en un contexto donde muchas empresas industriales pasaban a manos de empresarios vinculados al gobierno venezolano bajo el amparo de la Ley Antibloqueo.
En la mira
Como anticipó Ámbito, AySA también se encuentra en el centro de todas las miradas luego de que la Auditoría General de la Nación emitiera una opinión adversa sobre los estados financieros del préstamo BIRF 9252 y detectara falta de documentación e “inversiones no registradas” por más de $42.935 millones para 2025, equivalentes a unos u$s30 millones, “lo que generó una subvaluación de las inversiones del 66,57%”, según el documento mencionado. En la mira quedaron el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente de AySA, Alejo Maxit.
Según la auditoría mencionada, “estos fondos fueron anticipados por la Tesorería General de la Nación (TGN) para que AySA pudiera efectuar los pagos correspondientes a las obras y otras erogaciones. Como corresponde al convenio de préstamo, el proyecto debía reembolsar esos fondos a la TGN utilizando recursos provenientes del préstamo. Sin embargo, al cierre del ejercicio 2025, el reembolso se encontraba pendiente y las inversiones no habían sido incorporadas correctamente en los estados financieros. El auditor indica que el programa ya se encuentra ejecutado en casi el 100% de los fondos externos, por tanto no habría forma de realizar este pago”.
