Diputados peronistas presentaron en el Congreso un pedido para que el embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, explique el proyecto y los alcances de la ruta Punta Arenas – Islas Malvinas y si se utilizará para abastecer “proyectos de exploración o explotación hidrocarburífera en áreas sujetas a la disputa de soberanía”.
El proyecto de resolución fue elaborado por el ex canciller Santiago Cafieor y lleva la firma de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la oposición como Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Juan Carlos Molina, Lorena Pokoik, Nicolas Trotta, Roxana Monzón, Jorge Neri, Araujo Hernández, Marcelo Mango, Ariel Rauschenberger, Pablo Todero, Andrea Freites, Abelardo Ferrán, Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Paulo Agustín Tita.
La invitación a que concurra a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados tiene como agenda tratar los siguientes asuntos: La posición oficial del Gobierno de Chile respecto de la apertura de la ruta Punta Arenas–Malvinas y su compatibilidad con los compromisos asumidos sobre la Cuestión Malvinas; la participación o autorización de autoridades chilenas en la operación; la eventual utilización de la ruta para abastecer proyectos de exploración o explotación hidrocarburífera en áreas sujetas a la disputa de soberanía
El fundamento principal es que el embajador chileno Uriarte Herrera asista al pleno de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Nacional para explicar “la posición oficial de su Gobierno respecto de la anunciada apertura de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. La República Argentina mantiene una disputa de soberanía con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, reconocida por la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a ambos países a encontrar una solución pacífica y negociada. Asimismo, la Resolución 31/49 de la Asamblea General insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales en la situación mientras se desarrolla el proceso de negociación recomendado por las Naciones Unidas”.
Según información periodística publicada el 11 de octubre de 2026, la empresa chilena Easter Island Naviera prevé iniciar durante noviembre una conexión marítima regular mediante el buque Danstar, destinado al abastecimiento comercial de las islas.
A su vez, el diputado Guillermo Michell presentó su proyecto de ley en el que insta a la denucnia del “Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones” y del “Convenio de Doble Imposición Fiscal”, ambos suscriptos entre la República Argentina y la República de Chile.
“El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas, con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino, es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”, manifestó Michel.
“Nuestro país debe sostener la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, su territorio y recursos naturales. Además, no puede soslayar el accionar de países que se dicen hermanos pero que prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino”, planteó.
El fuerte apoyo logístico que en Chile le dan a las Malvinas, y su amistad incluso militar con los británicos se encendió en el contexto de otras tensiones. El gobierno de Javier Milei endureció las sanciones contra británicos e isleños, una bandera peronista kirchnerista. Y pidió ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar que se impongan medidas cautelares que obliguen a los británicos a frenar sus actividades petrolíferas.
A su vez, los chilenos están molestos por declaraciones erradas de los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y del jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, y también la senadora Patricia Bullrich sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes. Los tres dieron a entender que era compartida cuando, por un tratado de 1881 es chilena. Incluso debieron pedir disculpas.
Pero en ese contexto de enojo, los chilenos, pero en especial Punta Arenas, salieron a exhibir sus profundos vínculos con los isleños y con los británicos, incluso militares. En el Gobierno de Chile avanzarán con esa relación.
