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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, defendió este domingo el accionar de la Policía de la Ciudad en los operativos frente al Congreso durante la marcha del jueves último y vinculó esa política con su ofensiva contra las usurpaciones en Buenos Aires: dijo que no permitirá que “transformen a la Ciudad en lo peor del Conurbano”, sostuvo que la actuación policial fue “legítima” y afirmó que la clave no está en nuevas normas de propiedad privada sino en la decisión política para hacer cumplir la ley, aunque admitió que una nueva legislación es “bienvenida”.

En el plano partidario, en una entrevista con La Nación+, Macri dijo que el PRO adoptará una postura común porque es “un partido nacional” y advirtió que no hay que “dejarse engañar por el peronismo”. También pidió evitar divisiones entre los sectores que buscan frenar un regreso del kirchnerismo.

Sobre la posibilidad de que Patricia Bullrich le dispute la Jefatura de Gobierno porteño el año próximo, respondió: “Está buenísimo. La competencia saca lo mejor de cada uno de nosotros”.

Al profundizar acerca del trabajo de la Ciudad en el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente, el jefe de Gobierno sumó un dato concreto: aseguró que la Ciudad recuperó 901 propiedades usurpadas y señaló que la última intervención fue en una vivienda ocupada por una familia boliviana que, según describió, alquilaba habitaciones y había montado un taller ilegal con trabajo esclavo.

Macri extendió esa idea a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado. Dijo que, a su juicio, esa garantía “ya está” en la Constitución, aunque consideró “bienvenida” la nueva norma y respaldó la posibilidad de avanzar con desalojos exprés.

El planteo del jefe de Gobierno unificó dos escenas que en su diagnóstico responden a la misma lógica: la violencia en la calle y la ocupación ilegal de inmuebles. En ambos casos, atribuyó el resultado a la firmeza del Estado, a la coordinación con la Justicia y a una decisión oficial de intervenir donde antes, según sostuvo, se toleraba el deterioro.

Al describir la política de desalojos, Macri dijo que la recuperación de inmuebles no se explica por un cambio de leyes ni de jueces, sino por una conducta distinta del Gobierno porteño. “Cuando hay decisión política, se puede combatir la usurpación. La ley nacional ayudará sin duda, pero si no hay decisión política después de cada actor involucrado, no alcanza”, afirmó.

En ese tramo, agregó que la ocupación de viviendas no se limita a la vulneración de la propiedad privada, sino que arrastra otros delitos. “En cada lugar que se usurpa se instala el mal. Desde ahí se vende droga, hay trabajo esclavo, se instalan los que roban, los que salen y aprietan gente”, dijo.

Macri también describió el impacto barrial de esas ocupaciones. “Vivir al lado de una vivienda usurpada es una catástrofe. Vivir en la misma cuadra es un problema. Son violentos, son agresivos”, sostuvo.

Según explicó, en cada procedimiento participan la Policía, la Justicia, equipos de desarrollo humano, guardia de auxilio y áreas de rescate animal. Dijo que esa estructura busca actuar frente a eventuales resistencias, proteger a niños y atender riesgos de derrumbe o incendio en propiedades que, de acuerdo con su descripción, suelen estar muy deterioradas.

En esa misma argumentación, insistió en que antes existían las mismas herramientas legales. “Son las mismas leyes, los mismos jueces, lo que cambió es la decisión política”, dijo. Luego, detalló que, cuando el Gobierno muestra voluntad de avanzar, fiscales y jueces acompañan más activamente los desalojos.

Sobre los incidentes del jueves frente al Congreso durante la sesión del Senado por la ley de tierras, Macri dijo que hubo “plena coordinación” entre las fuerzas de seguridad de la Ciudad y las nacionales. Precisó que la administración nacional se ocupa de los “objetivos federales”, como Plaza de Mayo, Casa Rosada, Plaza de los Dos Congresos y el Congreso, mientras la Ciudad toma el segundo y el tercer anillo de seguridad.

En ese marco, rechazó que lo ocurrido pueda leerse como una manifestación pacífica. “Acá estamos enfrentando a delincuentes. Esto no es una marcha pacífica. No se confundan”, afirmó.

Macri sostuvo que las ideas se discuten “dentro del Congreso” y que, si alguien quiere manifestarse afuera, debe hacerlo de manera pacífica. También señaló que varios de los detenidos cuentan con antecedentes. “No es que a los que agarrás son pibes, que es la primera vez que hacen algo de esto. Veinte, treinta, cuarenta antecedentes”, aseguró.

Frente a las críticas de la oposición, el jefe de Gobierno defendió la respuesta estatal y respaldó a la Policía de la Ciudad. “El accionar de la policía es legítimo”, dijo, y añadió que los operativos se realizan con fiscales, centros de comando, cámaras y registros filmados que luego permiten detener y procesar a los involucrados.

En la formulación política más dura de la entrevista, conectó esos hechos con su disputa por el orden urbano. “Nosotros no vamos a dejar que transformen a la Ciudad en lo peor del conurbano”, afirmó. Luego acusó a sectores políticos y sociales de querer “romper la Ciudad” porque “no logran que sus municipios estén bien” ni que “la provincia esté bien”.

Pese a esa reserva, respaldó la iniciativa por su posible efecto práctico. Dijo que garantizar la propiedad privada puede traducirse en “más inversión”, “más desarrollo” y “más acceso a la vivienda”, y vinculó ese razonamiento con su crítica a la derogada ley de alquileres, que, según su lectura, redujo la oferta y empujó los precios hacia arriba.

En la misma respuesta, calificó la media sanción como “un avance” y remarcó que resulta positivo que pueda haber desalojos exprés. De todos modos, volvió a subordinar la eficacia de cualquier norma a la capacidad del poder político para aplicarla.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gobierno sostuvo que la Ciudad pasó de recaudar USD 10 millones por año a proyectar USD 140 millones este año por el cobro de prestaciones de salud a extranjeros, obras sociales y prepagas. Afirmó que todo ese dinero se invierte en el sistema sanitario.

Sobre educación superior, dijo que la universidad pública debe dar un debate “con profundidad” sobre los aranceles y que cada institución puede fijar su postura. Recordó que hay posgrados que ya se cobran y defendió el criterio de reciprocidad para estudiantes extranjeros: “Si un extranjero va a estudiar a otro país y tiene que pagar por los estudios en la universidad, ¿por qué alguien que viene de ese país y estudia en el nuestro tiene que ser gratuito?”.

El Senado aprobó el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que introduce nuevas restricciones y parámetros claros para las expropiaciones en Argentina, estableciendo cambios sustanciales en la forma en que el Estado podrá declarar la utilidad pública y determinar indemnizaciones a los propietarios afectados.

El texto, que deberá obtener el visto bueno de la Cámara de Diputados para tomar fuerza de ley, define que pueden ser objeto de expropiación “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”. Pero fija que “la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”. De esta manera, se acota el margen de discrecionalidad estatal sobre qué bienes pueden ser declarados de utilidad pública.

La norma determina que la indemnización solo comprenderá el valor objetivo del bien, calculado a partir del valor de mercado siempre que resulte determinable, además de los daños que se deriven directamente de la expropiación. Además, aclara que “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.

El proyecto también incluye lineamientos sobre el lucro cesante. La indemnización podrá cubrir este rubro solo si se demuestra de manera objetiva y suficiente, y siempre que no implique duplicación de conceptos ni esté ya incluido en el valor objetivo del bien. Asimismo, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.

El valor del bien se fijará tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto, hecho administrativo, legislativo o anuncio público relacionado con la expropiación. Ese monto será actualizado conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación minorista oficial, y se sumará una tasa de interés nominal anual equivalente a la de los plazos fijos tradicionales del Banco de la Nación Argentina, desde la mora hasta el pago efectivo.

El pago de la indemnización se realizará en moneda de curso legal, salvo que el expropiado acepte otra forma de pago, y no podrá transferirse el dominio del bien hasta que la compensación se haya abonado en su totalidad.

En caso de desacuerdo sobre el valor, el monto será fijado por la Justicia. El juez deberá requerir dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación como pericia técnica, la cual no será vinculante, pero no podrá ser desestimada sin una valoración expresa y fundada. Las partes podrán aportar pruebas, designar consultores y presentar las medidas necesarias para determinar el valor objetivo. Si existe discrepancia entre el dictamen del Tribunal y otras pruebas, el juez deberá valorar el conjunto siguiendo las reglas de la sana crítica y fundamentar cualquier apartamiento del dictamen del Tribunal.

La entidad de tasaciones tendrá un plazo de noventa días para expedirse. Si ese plazo vence sin pronunciamiento, el juez podrá intimar al Tribunal a presentar el dictamen en un plazo razonable y, si persiste el incumplimiento, prescindir de él mediante resolución fundada. Las maquinarias instaladas o adheridas al inmueble serán tasadas bajo los mismos criterios que los bienes no inmuebles.

La sentencia judicial fijará el monto de la indemnización considerando el valor a la fecha de referencia previa a cualquier acto o anuncio vinculado a la expropiación, descontando las sumas ya depositadas en juicio y actualizando según los parámetros legales. Los conceptos que integran la compensación estarán exentos de impuestos o gravámenes.

El proyecto establece la acción de expropiación irregular para aquellos casos en los que el Estado tome un bien sin haber pagado la indemnización, o cuando la declaración de utilidad pública de hecho torne indisponible el bien para su titular, o cuando se impongan restricciones o limitaciones indebidas que priven al propietario del uso, goce o disposición de manera sustancial.

<u>Límite a las ocupaciones temporales</u>

Sobre las ocupaciones temporales, el texto marca que ninguna podrá durar más de noventa días, con posibilidad de prórroga por igual período en situaciones graves como emergencias sanitarias, conflictos armados o desastres naturales, siempre que se acredite la persistencia de la causa y la imposibilidad de medidas menos restrictivas. La compensación incluirá el valor de uso, daños y perjuicios, materiales extraídos necesariamente y lucro cesante comprobado.

Finalmente, se indica que “gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.

Los precios del petróleo abrieron la semana con alzas por la falta de certezas sobre el futuro del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial que continúa bajo tensión en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos. En la sesión asiática de ESTE lunes, el Brent avanzó 1,44% hasta 84,79 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate de referencia en el mercado estadounidense subió 1,08% y se ubicó en 79,29 dólares. El movimiento del mercado coincidió con declaraciones de Teherán sobre un posible acuerdo con Omán para definir nuevos corredores de navegación.

La suba reflejó la sensibilidad del mercado ante cualquier señal vinculada con el tránsito por Ormuz, un paso marítimo por el que circula una parte central del suministro global de crudo. Aunque los iraníes señalaron que las conversaciones técnicas con Omán entraron en su tramo final, la reapertura del estrecho todavía no tiene fecha. La posición oficial de Teherán mantiene condiciones políticas, económicas y militares que Washington no aceptó.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo que las negociaciones con Omán sobre el tránsito y la administración del paso marítimo “se acercan a su etapa final”. Esa definición dio una señal parcial al mercado, aunque no despejó la incertidumbre central: la vía sigue cerrada y su habilitación depende de reclamos más amplios. Entre ellos, Irán exige el fin de las hostilidades contra su territorio y sus aliados, el levantamiento de sanciones económicas, la liberación de activos congelados y una compensación por los daños causados por la guerra.

La postura más dura llegó desde los Guardianes de la Revolución, que el domingo ratificaron que el estrecho permanecerá bloqueado hasta que Estados Unidos acepte “todas nuestras condiciones”. La fuerza iraní definió además que “el estrecho es ahora para nosotros un verdadero escenario de guerra”, una frase que dejó en claro el nivel de confrontación en torno a una de las rutas marítimas más vigiladas del planeta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativizó esas demandas y dio a entender que su gobierno no planea responder con apuro. “Nos lo estamos tomando con calma”, afirmó en una entrevista con Axios. En la misma conversación agregó: “Solo estamos negociando a medias con ellos”. Trump también vinculó la presión sobre Teherán con la situación económica interna iraní y dijo que el país enfrenta una inflación elevada y limitaciones de financiamiento.

La disputa por Ormuz supera la dimensión diplomática y se proyecta sobre el comercio internacional de hidrocarburos. El bloqueo iraní y los ataques contra buques que atraviesan la zona sin autorización redujeron el tránsito en el estrecho y empujaron los precios del crudo desde el comienzo de la guerra. La ruta conecta el Golfo con los mercados internacionales y resulta estratégica para exportadores de petróleo y gas de Medio Oriente.

En ese contexto, Omán ocupa un lugar central como mediador y como país ribereño del estrecho. Desde Mascate se impulsan conversaciones sobre nuevas condiciones de navegación en un marco que, según la cancillería omaní, avanza en un clima “positivo y constructivo”. Aun así, el gobierno omaní pidió evitar acciones que pongan en riesgo los progresos alcanzados en la negociación.

La tensión en la zona se sostuvo durante el fin de semana con nuevos incidentes en el mar. Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque con misil contra un buque petrolero de la estatal ADNOC cuando cruzaba el estrecho. Más tarde, la agencia marítima británica UKMTO informó que otra embarcación recibió el impacto de un proyectil frente a la costa de Omán. El hecho provocó un incendio que fue controlado sin víctimas. No quedó establecido de inmediato si ambos reportes aludían al mismo episodio.

El trasfondo de esta crisis incluye un memorando posterior a la tregua fallida de abril. Ese entendimiento, firmado en junio, fijó una hoja de ruta para abrir negociaciones más amplias y delegó en Irán y Omán la definición de reglas futuras para la navegación, en coordinación con otros países del Golfo y bajo derecho internacional. Ese marco también choca con la intención iraní de imponer una especie de peaje, una medida incompatible con las normas vigentes para este tipo de corredores marítimos.

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciaron el domingo un ataque contra una instalación petrolera saudita sobre la costa del mar Rojo, otra arteria relevante para el comercio global. Con ese frente activo y el estrecho aún cerrado, el mercado energético sigue pendiente de cualquier anuncio sobre la circulación marítima y de su efecto inmediato sobre el precio del crudo.

Las distribuidoras de gas del AMBA resolvieron restringir este fin de semana la venta de GNC en las estaciones de servicio para evitar una caída de presión en los gasoductos.

Se trata del cuarto pico de frío extremo en lo que va del año, por lo que la medida suspende “hasta nuevo aviso” el suministro interrumpible en los surtidores e industrias.

La decisión responde al salto en la demanda residencial que provocan las bajas temperaturas y que tensiona la capacidad de transporte del sistema gasífero.

Las distribuidoras aplicaron desde este sábado nuevas restricciones en el suministro en La Plata, con impacto directo en las estaciones de GNC y en la actividad industrial, mientras que en Mar del Plata la interrupción rige desde la medianoche para los contratos interrumpibles, a raíz de complicaciones en el sistema de transporte.

En ambos casos, la prioridad es preservar el abastecimiento de los usuarios residenciales, que encabezan la jerarquía de despacho ante situaciones de tensión en la red. Este fin de semana, Buenos Aires registró mínimas de 4°Cy máximas que apenas rozaron los 13°C, mientras que en Mar del Plata las temperaturas bajaron hasta los 4°C con ráfagas de viento de hasta 59 km/h. Para los primeros días de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frío se mantenga, con mínimas de 3°C el lunes en el área metropolitana.

El impacto, sin embargo, no se limita al expendio de combustible: la industria local también enfrenta limitaciones, y las ladrilleras —cuya producción depende del gas natural— recibieron una reducción del 30% de su consumo habitual. Fuentes del sector confirmaron a Infobae que esa quita afecta de manera directa el ritmo productivo, aunque no obtuvieron explicaciones sobre los criterios aplicados para fijar ese porcentaje.

Interrumpibles

En Mar del Plata, la interrupción alcanza a las estaciones con contratos interrumpibles. En términos prácticos, los surtidores no quedan sin gas de forma automática: pueden despachar hasta el cupo garantizado por contrato firme, pero todo el volumen interrumpible queda cortado hasta que la situación se normalice. Superar ese cupo no es una opción viable, ya que las regulaciones vigentes establecen una multa equivalente al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico excedido, una penalidad que elimina cualquier margen comercial para quien intente vender por encima de lo habilitado.

El sistema nacional de despacho establece un orden de prioridades que ubica a los hogares, hospitales y escuelas por delante del resto de los usuarios. Las estaciones de servicio y los establecimientos industriales quedan en los últimos lugares de esa escala, lo que vuelve obligatoria la restricción cada vez que la red opera al límite. Fuentes con conocimiento del caso confirmaron a Infobae que la medida suele extenderse mientras dura la ola de frío.

Para entender por qué el sistema llega a ese límite, hay que partir de una característica del gas que lo distingue de otros combustibles: no se puede almacenar. Una vez extraído e inyectado a los gasoductos, debe consumirse o se pierde. La producción gasífera se planifica en función de la demanda y alcanza su pico en invierno, pero ese mayor volumen no puede sostenerse en verano ni recuperarse en otra época del año.

Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de GNC, explicó unas semanas atrás en Infobae en Vivo que el cuello de botella no está en la extracción, sino en la capacidad de transporte. Según detalló, la Argentina dispone de una red con capacidad para transportar 120 millones de metros cúbicos diarios, un volumen que resulta suficiente durante ocho o nueve meses del año. El problema surge en invierno, cuando el consumo residencial —que en condiciones normales representa alrededor del 14% de la demanda total— puede trepar “hasta 60 y hasta 70%” en los días de frío intenso.

La restricción en curso es la cuarta de la temporada. En los tres episodios anteriores, el sistema respondió de la misma manera: priorizó el abastecimiento residencial y de servicios esenciales por encima del expendio de combustible y de parte de la actividad industrial.

El costo de vida en dólares es muy diferente en Argentina en relación al resto de los demás países de la región. La discusión sobre qué tan cara o barata resulta la economía local para quienes consumen en moneda extranjera es tema de debate recurrente y el detalle por rubros aporta matices que no siempre quedan reflejados en los promedios generales.

El Índice Mensual de Precios Relativos, elaborado por la organización Fundar, ofrece una herramienta para medir esa brecha. El instrumento central es el Price Level Index, una métrica diseñada por el Programa de Comparación Internacional del Banco Mundial, que expresa el nivel de precios de un país como porcentaje del promedio mundial. Sobre esa base, el sistema desagrega el consumo en doce categorías definidas según el estándar internacional que mantiene Naciones Unidas.

Según el informe, la Argentina es más cara que el promedio latinoamericano en seis de once rubros. Restaurantes, Indumentaria, Comunicaciones, Recreación, Equipamiento del hogar y Transporte.

Y más barata en los cinco restantes: Alimentos, Educación, Vivienda y servicios, Alcohol y tabaco, y Salud.

Con todo, el resultado más saliente del último relevamiento, correspondiente a los precios de mayo, es que Argentina aparece como el país con los precios más altos de la región en tres rubros puntuales: Comunicaciones, Indumentaria y Restaurantes. En ellos no solo está por encima del promedio regional, sino que encabeza el ranking, es el más caro.

Cómo se movieron los precios en mayo

En mayo, la inflación en pesos fue de 2,1%, mientras que el tipo de cambio oficial se movió 1,1%. Esa diferencia entre ambas variables es la que explica buena parte de los movimientos en el nivel de precios medido en dólares. En el mismo mes, el promedio de América Latina se encareció 0,7%, de manera que Argentina subió 0,3 puntos porcentuales más que la región. Como resultado, el país se encareció un 1% en dólares durante mayo.

Según Fundar, ese 1% de encarecimiento mensual se traduce, en la comparación de niveles, en que Argentina resulta actualmente 1% más cara que el promedio de América Latina en base al dólar oficial. Ahora bien, si se mide desde que asumió el gobierno de Javier Milei, los precios en dólares están 4,5% por encima de aquel punto de partida. La comparación se estira todavía más si el punto de referencia es enero de 2021: contra ese mes, los precios argentinos en dólares son 78,2% más altos.

En el plano regional, el informe ubica el costo de vida argentino por debajo del de Uruguay y México, en un nivel similar al de Chile, y por encima del de Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador.

Cómo evolucionó cada rubro

Desde que asumió Milei, el informe describe un proceso de acomodamiento de los precios relativos, aunque todavía incompleto. En los capítulos donde Argentina se mantiene más cara, como Restaurantes, Indumentaria, Recreación y Equipamiento del hogar, el país se volvió relativamente menos caro respecto a esos primeros meses de gestión. El caso de Comunicaciones fue distinto: en lugar de moderarse, el rubro se encareció aún más. Transporte, que había pasado a integrar el grupo de los más caros en abril, mantuvo esa tendencia al alza durante mayo.

Si se compara únicamente el último mes con la región, el promedio de precios en dólares de Argentina aumentó 0,3% por encima de América Latina. En ese movimiento, Indumentaria cayó de manera considerable, mientras que Comunicaciones, Vivienda y servicios, y Recreación aumentaron en términos relativos.

La perspectiva cambia al mirar el último año: en ese lapso, Argentina se volvió 7% más barata en dólares respecto al promedio regional. Indumentaria fue, otra vez, el rubro que más se abarató. En ese período de doce meses, Vivienda y servicios y Comunicaciones fueron los únicos dos rubros que se encarecieron en términos relativos, mientras que todos los demás acompañaron la tendencia general a la baja.

La Junta de Paz para Gaza pidió este lunes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que reafirme su respaldo al plan promovido por Estados Unidos para avanzar hacia la siguiente fase del alto el fuego, y defendió los mecanismos de verificación previstos para garantizar el desarme del grupo terrorista Hamas.

Netanyahu había manifestado horas antes su rechazo al documento al considerar que no existen garantías suficientes para certificar un desarme “completo” del movimiento islamista palestino antes de una eventual retirada militar israelí de Gaza.

En declaraciones al Canal 12 de la televisión israelí, el director general de la Junta de Paz, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, instó al jefe de gobierno israelí a confiar en el esquema planteado.

“Nadie está obligado a hacer nada, y mucho menos Israel, antes de que tengamos medidas verificadas sobre el terreno”, afirmó Mladenov.

El diplomático sostuvo además que el plan solo contempla que las tropas israelíes no avancen más allá de la denominada “Línea Amarilla”, que delimita sus actuales posiciones en la Franja, y subrayó que la iniciativa no impide a Israel responder si considera necesario defenderse de ataques de Hamas.

El grupo terrorista, por su parte, reaccionó al rechazo de Netanyahu con un respaldo general a las líneas maestras del plan, aunque reclamó un calendario concreto para la retirada israelí y el cese total de las operaciones militares en el enclave.

Hamas acusó además a Israel de continuar con los ataques sobre Gaza, donde, según el texto, más de 1.200 personas han muerto desde la declaración del alto el fuego de octubre del año pasado.

Fuentes estadounidenses citadas también por el Canal 12 restaron importancia a las declaraciones de Netanyahu y las interpretaron como un gesto dirigido a la opinión pública israelí de cara a las elecciones previstas para octubre.

“Comprendemos sus necesidades políticas. No tenemos ningún problema con eso, siempre y cuando siga haciendo lo que le pedimos, especialmente en lo que respecta a frenar los ataques en Gaza”, señalaron las fuentes, bajo condición de anonimato.

Estados Unidos ha advertido en varias ocasiones a Israel de que no aceptará una reanudación de una ofensiva militar a gran escala en Gaza, aunque ha mantenido una posición más flexible frente a la continuidad de ataques diarios de menor intensidad en el enclave.

El plan de 15 puntos

Netanyahu rechazó este domingo el plan de 15 puntos anunciado el 30 de julio por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y publicado por la Junta de Paz para encauzar la segunda fase del alto el fuego.

“Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel no se retirarán hasta que Hamas se desarme”, afirmó el primer ministro en un mensaje en video difundido por su oficina al inicio de una reunión de gabinete.

El jefe de gobierno israelí insistió en que el desarme debe ser total y sostuvo además que algunas propuestas de sus aliados estadounidenses resultan “inaceptables” para Israel.

Tras la presentación del plan, un funcionario de la Casa Blanca advirtió que Trump quedaría “muy, muy decepcionado” si Israel no cumplía con su parte del acuerdo.

La hoja de ruta de 15 puntos busca reactivar el plan inicial de 20 puntos y contempla, entre otros aspectos, el cese de las operaciones militares israelíes en Gaza y el repliegue de las tropas al trazado original de la llamada “Línea Amarilla”.

Aunque Hamas aceptó formalmente el plan, condicionó su desarme a una retirada completa de Israel de la Franja y advirtió que no avanzaría si el gobierno israelí incumplía lo pactado.

Más del 50% de las empresas del país considera la “insuficiencia de la demanda” como uno de sus principales problemas, según encuestas del Indec.

Empresarios y economistas explicaron que las decisiones que toman las compañías frente a los cambios en el consumo no se limitan a ajustar la producción, sino que también repercuten en los salarios, la inversión y la formación de precios.

Distintas voces del sector productivo y del análisis económico coincidieron en describir un escenario en el que la demanda funciona como el principal condicionante de la actividad, aunque no como el único. A las dificultades de venta se suman el financiamiento, la presión tributaria, los costos y la competencia de los productos importados.

La reacción de la oferta frente a la caída de ventas

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), dijo a Infobae que la caída de la demanda está condicionando prácticamente todas las decisiones de las empresas industriales. “En muchas de las pyme con las que tenemos contacto encontramos niveles de ventas entre 30% y 40% inferiores a los de hace dos años, dependiendo del sector y del producto”, indicó. “Esto obliga a trabajar con menor producción, mayor capacidad ociosa y márgenes mucho más ajustados”, agregó.

Marcos Cohen Arazi, responsable del área Productiva de Fundación Mediterránea, coincidió en que la demanda es determinante, aunque remarcó que también pesan las expectativas.

“Habitualmente, una recuperación sostenida de la demanda se refleja primero en una mayor utilización de la capacidad instalada. Si las empresas perciben que ese aumento llegó para quedarse, recién entonces aparecen las inversiones para ampliar capacidad y, posteriormente, nuevas contrataciones”, afirmó.

Carlos Rodríguez, economista de Mendoza, aportó una mirada similar sobre la secuencia que atraviesan las empresas al salir de una etapa recesiva. “Al principio, si estamos saliendo de una recesión, lo que ocurre es que las empresas probablemente reaccionen porque tienen capacidad ociosa: comienzan a aumentar la capacidad ocupada que tienen. Si ya se dan cuenta de que esa demanda va a ser sostenida en el tiempo, entonces sí se abre un horizonte para la inversión”, explicó.

Capacidad ociosa: el margen antes de nuevas inversiones

Rosato precisó que la producción podría reaccionar relativamente rápido, porque hoy existe una capacidad instalada importante que no se está utilizando.

“En mayo la industria trabajó con una utilización de la capacidad instalada de apenas 58,4%”, detalló. Aclaró, sin embargo, que la reacción no sería igual de veloz en todas las variables: “Con el empleo y la inversión el proceso sería más gradual. Una empresa que atravesó dos años de caída de ventas, se endeudó o redujo personal primero necesita comprobar que la recuperación sea sostenible”.

En ese sentido, planteó una secuencia: “Seguramente el primer paso sería aumentar la producción y utilizar mejor la capacidad disponible; después recuperar turnos, inversión y empleo”.

Cohen Arazi también describió un proceso escalonado, aunque remarcó que la velocidad difiere según la actividad.

“Es un proceso que lleva tiempo, aunque puede ser muy dinámico en algunos sectores. En la agricultura, por citar un ejemplo, un cambio de contexto puede impactar en un rango que va de seis meses a un año. En la ganadería, la industria manufacturera o la construcción esos procesos suelen demandar más tiempo”, explicó.

El nudo salarial: entre la producción y el consumo

La relación entre la demanda y los salarios apareció como uno de los ejes centrales. Daniel Rosato describió cómo la debilidad del consumo termina afectando la política salarial de las empresas.

“Una demanda débil limita directamente la posibilidad de mejorar salarios. Para una pyme el salario no es solamente un costo: el trabajador calificado es parte fundamental de la empresa y nadie quiere perderlo. Pero si caen las ventas, disminuye la producción y se achican los márgenes, se vuelve mucho más difícil otorgar aumentos reales”, afirmó.

El dirigente describió, además, un mecanismo que se retroalimenta: “Ahí aparece un círculo que tenemos que romper: el trabajador pierde poder adquisitivo, consume menos; al consumir menos, la empresa vende menos; si vende menos, produce menos y tiene menos posibilidades de mejorar salarios o incorporar personal”. Y concluyó: “No hay recuperación salarial sostenible sin recuperación productiva, y no hay recuperación productiva sostenida si no vuelve la demanda”.

Rodríguez, por su parte, vinculó el salario con la productividad de cada sector. “El salario está atado a la productividad del sector. En los sectores que tienen mayor productividad se configuran salarios más elevados. Por eso vemos que es muy diferente el de un empleado de comercio del de otros rubros de actividad”, observó.

Sobre el salario real, Rodríguez explicó que su evolución depende en gran medida del proceso inflacionario: “Si la demanda es débil, va a depender mucho de la inflación: si la inflación está dominada o controlada, es probable que el salario pueda empatar o hasta ganarle unos puntos. Pero hay que ver qué tan controlada está”.

Marcos Cohen Arazi coincidió en que existe una retroalimentación entre salarios y consumo, aunque identificó cuál es, a su criterio, el canal que predomina en la coyuntura actual.

“Una demanda débil puede limitar la capacidad de las empresas para crecer y, por lo tanto, dificultar la posibilidad de otorgar aumentos salariales consistentes. Pero también ocurre el proceso inverso: la pérdida de poder adquisitivo de los salarios reduce el consumo de los hogares y eso contribuye a debilitar la demanda interna. Cuando la inflación se acelera, los salarios suelen rezagarse y eso enfría el consumo, especialmente en los sectores orientados al mercado interno”, explicó Carlos Rodríguez.

Rodríguez fue específico: “En la coyuntura actual argentina, el principal canal parece ser este último: la debilidad de los salarios reales limita el consumo de los hogares y explica buena parte de la moderación de la demanda en los sectores de consumo masivo”.

Expectativas y estructura de precios

Rodríguez explicó que la inversión responde a dos variables centrales: “Por una parte, la tasa de interés, que es el costo del financiamiento, y por otra parte, las expectativas. Cuando el costo de financiamiento es más alto hay menos inversiones que son factibles de ser realizadas. Si las expectativas son favorables, un incremento del consumo puede mejorar las expectativas y favorecer el desarrollo de este proceso de inversión en las empresas”.

“En nuestro país tenemos un mercado fuertemente oligopolizado. El manejo de los precios es mucho más arbitrario que en los mercados que son competitivos”, sostuvo, destacó.

“El principal límite del crecimiento de las empresas es la demanda, pero también inciden los factores institucionales que hacen al crédito, las posibilidades de inversión y la burocracia. También están las expectativas por la situación política: cuando la situación política crea incertidumbre, la economía se ve acosada por esta situación”, sintetizó Rodríguez.

Daniel Rosato describió: “Muchas empresas no pueden trasladar plenamente sus aumentos de costos porque el mercado no los convalida. En numerosos productos los precios terminaron evolucionando por debajo de los costos o de la inflación, y eso provocó una pérdida de rentabilidad”.

Cohen Arazi planteó, además, que “si la competitividad no mejora, un aumento de las ventas difícilmente se traduzca en un crecimiento sostenido de la inversión, el empleo y la productividad”.

En este sentido, mencionó entre los factores estructurales “la presión tributaria, los costos laborales y regulatorios, el riesgo de litigios, las deficiencias logísticas y de infraestructura, el encarecimiento de la energía y la escasez de financiamiento de mediano y largo plazo”.

Una dinámica dispar

Rosato detalló cuáles son las ramas más golpeadas por la caída del consumo interno: “Los sectores con mayores dificultades son fundamentalmente los intensivos en mano de obra y los que dependen fuertemente del mercado interno: textil, indumentaria y calzado, metalurgia, fundiciones, fabricantes de bienes de capital y maquinaria, muebles y autopartes”.

“Hay sectores vinculados con energía, petróleo, gas, minería y determinados segmentos exportadores del agro que presentan una dinámica diferente”, agregó Rosato. Y resumió: “Hoy tenemos una economía productiva funcionando a velocidades muy distintas: una parte vinculada a sectores exportadores y recursos naturales que tiene mejores perspectivas, y una gran cantidad de pyme industriales ligadas al mercado interno que todavía atraviesan una situación muy complicada”.

Marcos Cohen Arazi trazó una distinción similar: “Hoy muestran mayor dinamismo los sectores productores de bienes transables orientados al mercado internacional, donde existe una demanda externa sostenida y ventajas competitivas. Allí se destacan la minería, los hidrocarburos, la agricultura, la ganadería y muchas actividades vinculadas a esas cadenas de valor”.

En cambio, el economista destacó que “los sectores más dependientes del mercado interno continúan mostrando un desempeño más moderado, como la construcción, buena parte de la industria manufacturera -con excepción de ramas vinculadas a alimentos, combustibles y productos químicos derivados del petróleo- y el turismo”.

Rodríguez, en tanto, dijo: “Se ha reconfigurado la geografía productiva del país: vemos un capitalismo periférico, con inversiones en minería, en energía y en producción que están lejos de los centros habituales”, sostuvo. Sobre las consecuencias en los sectores más golpeados, agregó: “Lo que está ocurriendo es que en los sectores más golpeados -que paradójicamente son los que tienen mayor empleo- se van a empezar a configurar bolsones de pobreza. Esto es fundamentalmente en el conurbano, en lo que es el Gran Buenos Aires”.

El financiamiento y el tipo de cambio

Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, dijo a Infobae: “El crédito en pesos al sector privado, ajustado por inflación, se mantuvo prácticamente sin cambios en junio y desde principios de año dejó de funcionar como motor para estos sectores que dependen del financiamiento en pesos, en un contexto de tasas de interés elevadas para personas y empresas. A eso se suma una inversión que no termina de despegar, y salarios a los que les cuesta recomponer poder adquisitivo, lo cual sigue limitando la recuperación del consumo”.

Sobre el tipo de cambio, Casas contó: “El único dato a favor de estos sectores llegó por el tipo de cambio: el dólar mayorista subió 3,8% en promedio durante el mes, lo que pudo haber mejorado la rentabilidad y moderado la competencia. Pero después de varios meses de apreciación del peso y aumento de los costos en dólares, un mes deja gusto a poco”.

“Hasta que el crédito, la inversión y los ingresos reales vuelvan a ganar tracción, es probable que sectores como la industria y la construcción continúen alternando avances y retrocesos, con más ruido que señales de un cambio de tendencia”, concluyó Casas.