Representantes de productores tabacaleros de Salta, Jujuy y Misiones reclamaron al gobierno nacional que refuerce los controles sobre la comercialización de cigarrillos para regularizar el ingreso de recursos al Fondo Especial del Tabaco (FET). Además, plantearon medidas para combatir la evasión y la presunta subfacturación y propusieron incorporar un sistema de trazabilidad mediante códigos QR en los paquetes. En una reunión con el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, el senador provincial Enrique Cornejo Saravia y representantes de productores de las provincias tabacaleras expusieron la situación que, según indicaron, atraviesa el FET por la falta de ingreso de aportes que deberían integrarlo. La Cámara del Tabaco de Salta se refirió a la situación de la actividad.
De acuerdo con el sector, de los diez fabricantes habilitados para comercializar cigarrillos en el país, menos de la mitad realizan aportes efectivos al Fondo Especial del Tabaco. Los representantes sostuvieron además que, en algunos casos, los montos ingresados serían bajos y no guardarían relación con los volúmenes y precios reales de comercialización.
Por ese motivo, solicitaron una intervención coordinada de los organismos nacionales competentes para verificar el cumplimiento de las obligaciones, determinar eventuales sumas adeudadas, exigir su ingreso y evaluar las acciones administrativas y judiciales que correspondan.
Según explicaron, la situación impacta sobre los productores en una etapa de la campaña en la que deben afrontar los costos vinculados con el trasplante, las labores culturales y la compra de insumos. También remarcaron que los recursos del FET provienen de aportes específicos asociados a la comercialización de cigarrillos y tienen como destinatarias a las provincias y a las familias productoras. Las entidades también realizaron presentaciones y gestiones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para advertir sobre una posible subfacturación en parte de las ventas de cigarrillos.
Según las estimaciones presentadas por el sector, cerca del 40% de las operaciones del mercado nacional podría no estar tributando sobre el precio real de comercialización. Los representantes calcularon que esta situación podría generar una pérdida superior a los US$700 millones anuales para el Tesoro nacional.
Indicaron que una menor recaudación no solamente afectaría al Fondo Especial del Tabaco, sino también a los recursos coparticipables destinados a las provincias y municipios. En el caso de Salta, señalaron que el impacto alcanzaría indirectamente a sus 60 municipios.
El sector llevó también su planteo a una reunión con la subsecretaria de Seguridad Social de la Nación, Alexandra Biasutti. Allí, los representantes sostuvieron que la situación denunciada afectaría además la recaudación del Impuesto Adicional de Emergencia sobre el Precio Final de Venta de Cigarrillos. De acuerdo con sus cálculos, el perjuicio para el sistema de seguridad social ascendería a aproximadamente US$70 millones por año.
Como una de las herramientas de fiscalización, los productores propusieron incorporar un código QR en cada paquete de cigarrillos. La iniciativa apunta a que los consumidores puedan consultar el precio declarado por el fabricante y denunciar digitalmente, con identificación geográfica, los casos en los que el producto sea comercializado a un precio superior sin la correspondiente tributación. Según plantearon, este mecanismo podría facilitar las tareas de control de ARCA, mejorar la trazabilidad de las operaciones y verificar las diferencias entre los precios declarados y aquellos a los que finalmente se comercializan los cigarrillos.
Los representantes informaron además sobre un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación para incorporar las nuevas manufacturas de tabaco y los productos con nicotina al sistema tributario y garantizar que contribuyan al Fondo Especial del Tabaco.
Según indicaron, la propuesta cuenta con el acompañamiento de dirigentes de las siete provincias productoras.
“La defensa del Fondo Especial del Tabaco implica proteger el trabajo de miles de familias, pero también recuperar recursos que pertenecen al Estado nacional, a las provincias, a los municipios y al sistema de seguridad social”, expresaron los representantes del sector.
Las entidades señalaron que continuarán las gestiones ante la Secretaría de Agricultura, ARCA, el Ministerio de Economía y otros organismos nacionales con el objetivo de recuperar los recursos que consideran adeudados, reforzar la fiscalización y procurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias vinculadas con la comercialización de cigarrillos.
