Blog

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional —que busca, entre otros puntos, defender los recursos naturales en las Islas Malvinas— sufrió una demora esta semana en la Cámara de Diputados; , pero el oficialismo se muestra confiado en que conseguirá el dictamen de comisión el próximo martes para poder llevarlo al recinto al día siguiente. En ese marco, un grupo de referentes libertarios trabaja contrarreloj para armonizar el texto con los planteos que hicieron los bloques aliados. “El proyecto no se va a dividir en dos como propone el kirchnerismo , pero vamos a hacer cambios para llegar al consenso más amplio posible”, explicaron desde el bloque violeta.

El oficialismo pretendía firmar el dictamen del proyecto esta semana pero el revuelo que generaron los dos fallos de la Corte Suprema sobre la venta de tierras a extranjeros y el intento fallido de la oposición de derogar el mega DNU 70/23 demoró sus planes. Si todo sale bien para los libertarios, se tratará el mismo día que los proyectos sobre discapacidad, endeudamiento, Inviolabilidad de la Propiedad Privada (incluye la restitución de la ley de tierras), trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural.

El texto enviado al Congreso por la Casa Rosada agrava las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur pero ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos renovables o no renovables. También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores: prevé multas y suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina. También incorpora la responsabilidad de proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.

Sin embargo, tanto la oposición dura como los bloques aliados enfocaron sus críticas en la segunda mitad del proyecto, que no se relaciona tan directamente con la cuestión Malvinas. Por ejemplo, el proyecto propone un sistema permanente de coordinación estatal en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia, cuyo órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el efe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

Por otro lado, crea nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional y considera infracción, entre otras conductas, afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones.

Tanto los aliados del PRO como la UCR adelantaron su rechazo al artículo 111, que establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina. En sintonía con los planteos de organizaciones civiles de periodistas como ADEPA y FOPEA, advirtieron que una redacción tan “laxa” referida a las campañas de desinformación podría afectar la libertad de expresión.

“Nosotros pedimos mayor precisión en la definición del delito de injerencia extranjera, para resguardar la actividad periodística, académica y el debate público”, explicaron desde el PRO a Infobae. Los libertarios ya se comprometieron a modificar la redacción y circularon algunos borradores con cambios específicos.

A pedido de los aliados, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, ya adelantó que se incluirá la creación de una Bicameral de Seguimiento de la Seguridad Nacional a la que el Ejecutivo tendría la obligación de informar para reforzar el control parlamentario.

Ante la consulta de Infobae, fuentes libertarias al tanto de las negociaciones también reconocieron que se modificarán los artículos que habilitan al Estado a auditar, custodiar o intervenir “infraestructuras críticas”, como redes estratégicas de energía, minería y telecomunicaciones. “Algunos están preocupados porque toda la red de 5G es de la empresa china Huawei”, explicaron. En esa línea, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) también planteó que el régimen sobre infraestructura crítica debería basarse en un esquema de “cooperación voluntaria” entre el Estado y las empresas.

Por su parte, los aliados del MID insistieron con que sea el Congreso el que autorice las actividades militares. Según pudo saber Infobae, el viernes recibieron un borrador con cambios en la redacción que analizarán durante el fin de semana.

Otros pedidos de los aliados incluyen la incorporación del Ministerio de Seguridad Nacional como miembro permanente del Consejo de Seguridad y en el Sistema de Seguridad Nacional, “para que cada organismo tenga su rol claro y no haya superposiciones entre Fuerzas Armadas, seguridad interior y Consejo”; una clarificación de las competencias de las Fuerzas Armadas, la Policía y las Fuerzas de Seguridad Federal en la protección de las “infraestructuras críticas”; y aclaraciones sobre cuál será la autoridad de aplicación, que en el texto queda sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Durante las primeras reuniones de comisión, desde el peronismo propusieron separar el proyecto en dos partes y adelantaron que podrían apoyar el Título I, que comprende los artículos del 1 al 40, y se enfocan en agravar las sanciones para la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur sin autorización de Argentina.

Pero los libertarios no tienen intenciones de avanzar por esta vía ya que consideran que podrán reunir apoyo suficiente apelando a otras fuerzas y así conservar el grueso del texto enviado por la Casa Rosada.

Tras conocerse el 1,9% de septiembre, la inflación volvió a mostrar su nuevo patrón: alterna meses de subas y caídas. Las proyecciones privadas anticipan que esa dinámica seguirá al menos hasta marzo de 2027, con registros que oscilarían entre 1,6% y 1,8 por ciento. Detrás de ese “serrucho” suave, se esconden aumentos estacionales y regulados, así como una inercia que lentifica el proceso de desinflación.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) gráfica ese recorrido. La mediana de las proyecciones anticipa una inflación de 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre, 1,8% en diciembre, 1,6% en enero y febrero de 2027 y 1,7% en marzo. La trayectoria combina avances y retrocesos, pero sin una ruptura: los analistas consultados por el Central no prevén registros inferiores a 1,6% mensual, al menos hasta el primer trimestre del año que viene.

La dinámica se asemeja, aunque con menor intensidad, a la que exhibe la actividad económica. Hay meses que aceleran y otros que desaceleran; hay rubros que se moderan mientras otros empujan el índice. Alimentos, combustibles, carne, verduras, tarifas y servicios regulados pueden alterar el resultado de cada mes y volver más irregular un proceso que, visto en períodos más largos, parece conservar una dirección descendente.

Desde el pico mensual de 25,5% de diciembre de 2023, la inflación experimentó un marcado descenso. Ese proceso hizo piso en mayo de 2025, cuando se ubicó en 1,5%. En la antesala de las elecciones legislativas de medio término, los precios se recalentaron por la suba del dólar y la caída de la demanda de dinero e iniciaron un ascenso que culminó en el 3,4% en marzo de 2026. Si bien el IPC registró una baja en los últimos meses, todavía no logra perforar el 1% que había anunciado el presidente Javier Milei para agosto de este año.

Según especialistas, el problema radica en que una parte de la economía todavía mira hacia atrás. Jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales, tarifas, cuotas de medicina prepaga y paritarias incorporan, con distintos mecanismos y rezagos, la inflación ya registrada. Los aumentos previos quedan incorporados en contratos, fórmulas y negociaciones, y reaparecen en los meses siguientes.

Esa transmisión es la inercia inflacionaria, una de las razones por las que bajar desde niveles muy altos puede ser rápido, pero completar el último tramo demanda más tiempo.

La experiencia de otros planes de estabilización sugiere que la desinflación pierde velocidad cuando se acerca a tasas mensuales más bajas. El desafío deja de ser reducir un índice que corre a gran velocidad y pasa a ser desarmar una estructura de precios, ingresos y expectativas que todavía se ajusta según el pasado.

Por eso, el debate ya no gira solo en torno al dato de un mes: también abarca cuánto puede durar una inflación que oscila cerca de 2% mensual y qué condiciones hacen falta para llevarla a un escalón inferior de forma sostenida.

Consultado por Infobae, el economista Juan Manuel Telechea consideró que la etapa actual es consistente con lo ocurrido en programas de estabilización que lograron reducir inflaciones elevadas. “Lo que está sucediendo con la inflación es un proceso típico, que se observó en todos los planes de estabilización ‘exitosos’”, afirmó.

Según explicó, la reducción de una inflación anual de 100% o 200% resulta más rápida que el descenso posterior. “Es bastante rápido bajar la inflación desde niveles muy elevados como 100% o 200% annual, como tuvimos al principio de la gestión de Milei, pero después cuesta muchísimo más bajar lo que sería la inflación inercial”, sostuvo.

Telechea vinculó esa dificultad con los mecanismos de actualización que atraviesan distintos precios e ingresos de la economía. “Hoy las jubilaciones y las tarifas se ajustan por inflación. Y las paritarias, por lo general, se negocian mirando la inflación pasada”, indicó. A su juicio, ese sistema prolonga el efecto de los aumentos anteriores.

Telechea también comparó el escenario argentino con los procesos de estabilización de otros países vecinos. “Cuando uno mira los casos exitosos de los países de la región, todos tardaron más de tres o cuatro años en bajar la inflación a un dígito o por debajo de un dígito en términos anuales”, dijo.

A partir de las estimaciones del REM, Telechea planteó que el descenso a una inflación mensual inferior a 1% no parece cercano. “Si uno mira las proyecciones del REM, todavía dan para todo el año que viene una inflación promedio en torno al 1,6%”, afirmó. Y agregó: “Recién veríamos una inflación de menos de 1% de manera sostenida y consolidada, por lo menos en 2028”.

El economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Diego Piccardo, remarcó que una desaceleración de precios no implica una baja idéntica todos los meses. “La inflación no baja de manera lineal. Un proceso de desinflación puede tener repuntes mensuales sin que eso implique un cambio de tendencia”, observó.

Piccardo mencionó a la estacionalidad como uno de los elementos que explican la volatilidad. “Hay meses, como marzo, septiembre y diciembre, en los que determinados bienes y servicios suelen registrar mayores aumentos”, explicó.

El segundo factor, según el economista, es la actualización de precios regulados. Según sus cálculos, esos precios acumularon durante el año un aumento relativo de 8% frente al componente núcleo. Desde el inicio de la gestión libertaria, la recomposición alcanzó 62,1 por ciento.

“Este ajuste presiona sobre el índice general, aun cuando otros precios muestran una dinámica más moderada”, planteó Piccardo. A esa dinámica sumó cambios puntuales en productos como la nafta y la carne, que pueden generar diferencias relevantes entre un mes y otro.

Coincidió Fiorella Scalise, economista de EcoGo, al señalar que la inflación alterna meses de baja y repuntes porque “persisten factores que dificultan una desaceleración sostenida”.

“La indexación de tarifas, alquileres, prepagas, cuotas escolares y salarios mantiene los aumentos atados, en distinta medida, a la inflación pasada. A esto se suma que la recomposición de precios relativos todavía no terminó: los precios regulados acumulan un alza del 31,5% en el año, frente al 21,8% de la inflación núcleo. Además, los shocks estacionales en rubros como indumentaria, turismo, frutas y verduras, junto con variaciones puntuales en alimentos y combustibles por factores climáticos o internacionales, generan volatilidad en el índice general e interrumpen su tendencia descendente”, sumó.

El economista jefe de EcoAnalytics, Santiago Casas, contó que el proceso de desinflación “será lento y sinuoso” y vinculó esa perspectiva con la política monetaria y cambiaria.

“La ausencia de una regla clara y consistente de política monetaria, sumada al sostenimiento del cepo cambiario para las empresas, dificulta la recuperación de la demanda de pesos y limita las posibilidades de acelerar la baja de la inflación”, sostuvo Casas.

El analista apuntó a las expectativas del mercado para los próximos 12 meses: “El mercado espera que la inflación acumulada durante los próximos doce meses esté en torno al 21%. Ese escenario implicaría una inflación mensual promedio del 1,6%, y en términos prácticos, equivaldría a un estancamiento del proceso de desinflación”.

La consultora 1816 destacó que la inflación minorista de septiembre fue de 1,9%, en línea con lo previsto por el REM. La firma agregó que la inflación núcleo se ubicó por debajo de 2% por quinto mes consecutivo.

Aun así, la consultora advirtió que el dato no alcanza para dar por resuelta la persistencia inflacionaria. “Mirando la serie histórica parece evidente que la inercia está jugando un rol relevante y cuesta desinflar rápido”, precisó en su informe.

El diagnóstico apunta a una diferencia entre el alivio que puede mostrar el componente núcleo y el comportamiento más amplio del índice general, que incorpora rubros estacionales y precios regulados. En ese marco, la estabilidad por debajo de 2% mensual aparece como un dato relevante, aunque todavía insuficiente para anticipar una perforación rápida de la zona de 1,5 por ciento.

El área de Research del Banco Hipotecario espera que la inflación de octubre se mantenga cerca del registro de septiembre, “en la zona de 1,9%”. La entidad aclaró que su estimación es preliminar.

Sus mediciones detectaron presiones en rubros estacionales como las verduras. También mencionó el impacto del ajuste en los combustibles que se produjo a fines de septiembre. Hacia adelante, añadió, “comenzaría a impactar en mayor medida el precio de la carne”.

La referencia a esos tres rubros ayuda a explicar por qué el índice puede exhibir un movimiento al alza aun cuando otros componentes muestren una evolución más moderada. El resultado mensual depende de la combinación entre productos de consumo frecuente, servicios regulados y aumentos que se concentran en períodos específicos.

Analistas del Banco Comafi proyectaron una inflación de alrededor de 2,1% para octubre, sobre la base de sus mediciones de alta frecuencia durante la primera semana del mes y del arrastre estadístico. La entidad espera “cierto estancamiento en el proceso de desinflación”, a diferencia del consenso de mercado.

“El aumento en el ritmo de inflación se explica por subas de precios regulados y efectos estacionales”, sostuvo el banco. A la vez, anticipó una incidencia mayor de la carne a partir de octubre. Se trata de un rubro con alto peso en el índice que acumuló más de seis meses consecutivos con variaciones prácticamente nulas.

La entidad vinculó su proyección con factores monetarios. “Todo esto, sumado a una demanda de saldos reales que no se recupera y un crecimiento nominal de los agregados monetarios en el orden del 30% i.a., nos lleva a pensar que en los próximos meses veremos datos de inflación que oscilen ligeramente por sobre el 2% mensual”, afirmó el análisis del Comafi.

La ALyC PPI proyectó que la inflación implícita, que el mercado “descuenta” para el futuro a partir de los precios de los bonos, promediará alrededor de 1,9% mensual hasta marzo de 2027 y remarcó que “la desinflación continuará, aunque probablemente a un ritmo más lento y con un recorrido menos lineal”.

Para la firma, el límite más difícil está un escalón más abajo. “Llevar la inflación por debajo del 1,5% mensual será un desafío, en parte por la inercia que todavía persiste”, advirtió PPI. En ese contexto, ubicó a la consistencia fiscal y monetaria y a la credibilidad del Banco Central entre los factores que podrían ayudar a consolidar la desinflación.

La AlyC Aldazabal contó que sus indicadores de alta frecuencia apuntan a una inflación inferior a 2% mensual en octubre. La firma mantuvo su expectativa de que el proceso continúe, aunque con dificultades para atravesar el umbral de 1,5 por ciento.

“La inflación implícita entre las curvas de los títulos a tasa fija y los ajustables por CER se ubica torno al 30% para el año, en línea con las previsiones del último REM”, afirmó la sociedad de bolsa.

“Se van a llevar todo”, dice una diputada, en una mezcla de bronca y resignación. “Empujamos, coordinamos, cedemos, hacemos lo que podemos, pero no nos acompañan los números”, graficó otro diputado de la oposición.

Los bloques de la oposición sienten cierta frustración respecto de los resultados que están teniendo en el Parlamento, donde entienden que los dos primeros años de la gestión de La Libertad Avanza estuvieron signados por el apoyo al Gobierno para “dotarlo de gobernabilidad” y que este año la gobernabilidad “es para los gobernadores”.

En ese esquema, los bloques de la oposición intentaron avanzar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 la semana que pasó y chocaron de frente con la ausencia de los diputados que responden directamente a gobernadores como los de Santa Fe, Misiones, Salta, Tucumán y Corrientes. Algo que se repite en varias sesiones y que los más pesimistas estiman que el próximo miércoles sucederá de la misma manera.

El oficialismo citó para el miércoles a una sesión cuyo temario incluye el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que modifica las leyes 21.499, de Expropiaciones, y 24.374, de Regularización Dominial—, desalojos express y, además, la vuelta de la ley de Tierras de 2011; la creación de un módulo informático interoperable con el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA); modificaciones al Código Penal sobre vandalismo rural; la transferencia a título gratuito a la provincia del Chaco del inmueble propiedad del Estado nacional Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB); la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad; y la ley sobre endeudamiento familiar.

A diferencia de lo ocurrido este jueves, la oposición no tendrá que construir el quórum, ya que la convocatoria fue solicitada por el oficialismo. Su objetivo será concentrarse en las mayorías necesarias para imponer sus posiciones durante el tratamiento de los proyectos.

Cruces de estrategias

“Puede ser que alguna nos la den vuelta”, reconoció un diputado de La Libertad Avanza que suele tener reuniones en la Casa Rosada. Aunque la oposición tiene dictamen propio en cada una de las normas a debatir —salvo en trazabilidad, que salió por unanimidad—, la referencia del legislador libertario apunta, principalmente, a discapacidad, propiedad privada y morosidad.

En algunos despachos se especuló con la idea de pedir una sesión para ese mismo día a las 10 de la mañana con un temario propio. Sin embargo, la propuesta fue descartada para que “no nos pase lo mismo que el otro día” y se quedaran cortos para el quórum.

En algún momento la palabra de Miguel Ángel Pichetto resonó en el debate. Así como alguna vez les dijo a los libertarios “¿qué aplauden? acá se viene a ganar, aprendan”, ahora el experimentado legislador advirtió que la oposición debe mejorar sus cálculos parlamentarios y evitar exponerse a nuevas derrotas.

En la oposición se renueva la esperanza de la mano de algunos datos que dejó la sesión anterior. “Quedamos a ocho, pero teniendo en cuenta que faltaron dos de Unión por la Patria, el número baja a seis. Es difícil, pero no imposible”.

En este caso, los diputados de los gobernadores nuevamente serán quienes definan si se impone el proyecto de LLA o el de la oposición en cada una de las votaciones.

Por el lado del oficialismo, la Casa Rosada maniobra con los jefes de los estados provinciales en busca de asegurarse los votos necesarios. “Les prometen que van a buscar inversiones para un tren y te bajan los diputados. Entendemos la gobernabilidad, pero una promesa de posibles inversiones no puede ser suficiente”.

El lunes muchos legisladores volverán a sus despachos en la Cámara de Diputados. Los teléfonos sonarán todo el fin de semana. Ganar o perder una votación hoy se define con dos o tres legisladores que se sumen o que no. Pero el oficialismo parece correr con ventaja en esa discusión.