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El Gobierno planeaba tener dictamen de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional esta semana, para que antes de que termine octubre el proyecto ya contara con media sanción de Diputados. No lo consiguió. El escándalo de la semana pasada, que terminó con gritos, insultos y empujones entre Juan Grabois y legisladores libertarios, dejó claro que el debate necesitaría más reuniones, y el plenario de este miércoles confirmó que el oficialismo no tiene todavía ni los votos ni el consenso para cerrarlo. Ahora el calendario apunta a un próximo encuentro el martes 13, a firmar el dictamen en esa semana y a llevar el texto al recinto el 21 de octubre. La oposición, mientras tanto, pide partir el proyecto de 133 artículos y votar solo el primer título.

En el tercer encuentro del plenario de comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, el Ejecutivo se presentó por primera vez con una funcionaria propia. María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, rechazó dividir la iniciativa, defendió el Consejo de Seguridad Nacional y anunció que el Gobierno estudia incorporar una comisión bicameral de seguimiento. “Entendemos que el título primero no se puede tratar por separado del resto. Para poder defender las Islas Malvinas y el resto del territorio necesitamos no solo regímenes sancionatorios fuertes, sino también que el Estado y nosotros como argentinos tengamos las competencias y facultades necesarias para que nuestras relaciones diplomáticas no sean solo de palabra”, afirmó.

La reacción de la oposición fue inmediata. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, volvió a exigir la presencia del canciller Pablo Quirno y del ministro de Defensa, Carlos Presti, y la oposición recibió con escepticismo la idea de la bicameral. Dos legisladoras, Mónica Frade (CC) y Myriam Bregman (izquierda), se retiraron de la reunión tras acusar al presidente de la comisión, Carlos Zapata, de ubicarlas al final de la lista de oradores. Y la única voz del bloque oficialista fue la de Silvana Giudici, que defendió el texto como “la ley más importante que presentó este gobierno”.

Desde el oficialismo aseguraron a PERFIL que “todo indica que buscaremos llevar el tema en una sesión el 21 de octubre”, ante los rumores de que el Gobierno podría intentar empantanar la sesión opositora del 15 con una convocatoria anterior por Malvinas. Reconocieron además que el proyecto “saldrá con muchos cambios respecto de su versión original”. Sin embargo, no ven posible aceptar la división. “Esa es nuestra posición y por ahora ellos no dicen si están dispuestos a discutirlo así”, expresó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, a este medio.

Qué dijo la funcionaria: bicameral, amnistía y artículo 111

Ibarzabal Murphy defendió el Consejo de Seguridad Nacional, que estaría presidido por el Presidente, y negó que implique una delegación de facultades del Congreso o que concentre todo el poder. “Se mantiene la especialidad y autonomía funcional de los organismos ya existentes. El Consejo los coordinará bajo un mismo lineamiento”, especificó. Y agregó que, para mejorar la comunicación con el Poder Legislativo, están estudiando incorporar una comisión bicameral de seguimiento de seguridad nacional que podría pedir información, con la obligación del Ejecutivo de mantener una interlocución fluida, de acuerdo con ese diario.

La oposición no tomó el anuncio como contundente. En los pasillos recordaron la frase atribuida a Perón: “si querés que algo no funcione, creá una comisión”. Ferraro y Agustín Rossi cuestionaron además que no quede claro qué rol tendría esa bicameral frente a los organismos de inteligencia.

Sobre el régimen que permite a las empresas que hoy operan sin autorización regularizar su situación, la funcionaria rechazó que implique una amnistía. “Las sanciones no solo se mantienen sino que se agravan”, afirmó. Asimismo, sostuvo que un régimen de desistimiento ofrece mejores incentivos y que, si las empresas dejan de invertir en Malvinas, “es un éxito”. También aclaró que no busca beneficiar a “las ilegítimas licenciatarias” que intervinieron en el área.

La secretaria cuestionó además la ley vigente. Para ella, la Ley 26.659 de 2011 “tiene muchas fallas técnicas que hacen compleja la práctica”, “no prevé delitos vinculados a la pesca” y es “demasiado vaga”. El mismo medio informó que mencionó el yacimiento Sea Lion, controlado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, como un “punto de quiebre”: “Es fundamental hacer foco porque de no ser exitosos avanzarán otros proyectos”.

Hubo también una señal sobre el punto más sensible para la libertad de expresión. Ibarzabal se mostró abierta a modificar el artículo 111, el que prevé de 5 a 12 años de prisión por campañas coordinadas de desinformación financiadas desde el exterior. “No criminaliza el error periodístico ni la difusión falsa. No tiene nada que ver. Si es necesario hacer ajustes para que no queden dudas”.

Las dudas de la oposición

El diputado del MID Eduardo Falcone preguntó cómo ejercería el Ejecutivo la facultad de derribar un buque o un avión sin autorización del Congreso. Ferraro advirtió por “una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave” y reclamó la presencia de los ministros y de las organizaciones de la sociedad civil.

Rossi, por su parte, advirtió que “quieren defender al país de la influencia extranjera pero coordinen con Caputo que está propulsando lo contrario con la venta de ciudadanía a extranjeros”, en alusión al ministro de Economía. Además, comparó la cadena de mando que propone el proyecto con una “obediencia debida al revés” en la que nadie resulta responsable. El ex ministro de Defensa dijo que, si el texto avanza en Diputados, “Patricia (Bullrich) se lo va a cambiar” en el Senado.

Hay un dato con peso para el cálculo de votos: Provincias Unidas prepara un dictamen propio, porque no respalda los títulos II al VIII y propondrá cambios al título I. Es decir, el oficialismo no solo enfrenta el rechazo del peronismo, sino también reparos de un espacio dialoguista.

Martínez volvió a cargar contra el artículo que permite salir y volver a invertir a las empresas sancionadas. “No puede ser que empresas que explotan recursos en nuestro territorio les permitamos salir y volver a invertir como si nada en Argentina”, dijo a PERFIL, y lo calificó como un “salvataje”.

Qué dice el proyecto de Malvinas

El proyecto tiene 133 artículos y combina cuestiones bastante distintas. La primera es un nuevo régimen de sanciones: deroga la Ley 26.659, que regulaba la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental, y la reemplaza por un esquema más amplio. Ya no se limita a los hidrocarburos: alcanza cualquier actividad destinada a aprovechar recursos renovables o no renovables sin autorización argentina, lo que potencialmente incluye la pesca. Ya sobre ese punto hay diferencias con la oposición. “Es gracias a esa ley que hoy están sancionando a las empresas. Se puede mejorar, pero no es que no sirve”, explicó Martínez a este medio.

Las prohibiciones se extienden a quienes faciliten o participen de esas actividades, incluso mediante reorganizaciones societarias para eludir las sanciones. El régimen prevé multas, inhabilitaciones, pérdida de permisos y beneficios, resolución de contratos y sanciones penales de hasta 20 años de prisión para directores o accionistas. Incluye también un registro público de infractores, juicio en ausencia y bloqueo de bienes y fondos.

Asimismo, el texto crea un sistema de seguridad nacional y un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Su objetivo es ampliar el concepto de seguridad hasta abarcar soberanía, economía, política exterior, inteligencia, infraestructura y ciberespacio. Puede disponer “medidas urgentes” ante amenazas graves e inminentes, incluidas restricciones cambiarias, bloqueos de fondos y derechos aduaneros. El proyecto modifica además la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (26.215) para prohibir que extranjeros sin residencia permanente y empresas extranjeras financien o participen en campañas y propaganda electoral.

Hay un punto que la oposición no está dispuesta a aceptar: un mecanismo para que quienes hoy realizan actividades prohibidas puedan desistir y regularizar su situación pagando una suma o reconvirtiendo inversiones.

El plan de Unión por la Patria: partir el texto y negociar

Martínez explicó la estrategia del peronismo desde el primer encuentro: “Tal cual está, tiene los elementos de una ley ómnibus que merecería dividirse en 8 proyectos distintos. En el conjunto impera la desconfianza por los caballos de Troya que puede haber”. Y agregó: “Si pusiéramos el foco en el título primero, en los primeros 40 artículos, podría haber diferencias, pero sería más factible alcanzar un acuerdo. Va a depender de ustedes”.

UxP insiste en dividir el expediente en dos: por un lado el régimen especial de Malvinas, por otro la reforma integral de Seguridad, Defensa e Inteligencia. Y Lorena Pokoik explicó que los primeros 40 artículos tratan Malvinas y el resto reforma la seguridad, la defensa y el derecho penal.

En diálogo con PERFIL, Martínez identificó el punto que a su entender no se puede convalidar ni siquiera dentro de ese primer título: “Hay un artículo que contiene un blanqueo directo para las empresas”. Planteó que el camino es endurecer lo que ya existe y no reemplazarlo. “Se puede trabajar desde la ley Solanas, la ley vigente que dicen que no sirve y es por la cual hoy se están sancionando a las empresas. No es que no sirve esa ley, se puede mejorar en todo caso”, señaló, y sumó que a su espacio le “gustaría ser más duro con el Reino Unido”.

El diputado también puso el foco en quién representa al Gobierno en el debate. “Santiago Caputo es el único funcionario que está mandando funcionarios, el karinismo está desaparecido: no vino el ministro de Relaciones Exteriores ni el de Defensa”, afirmó.

Según pudo reconstruir PERFIL, en el peronismo ya definieron qué harán si el oficialismo no acepta dividir el proyecto: lo votarán todo en contra. La oposición no está dispuesta a convalidar el régimen de regularización, y considera que los capítulos ligados al terrorismo “no tienen nada que ver” con Malvinas y deberían discutirse en otro momento.

“Estado de sitio sin controles”: las objeciones constitucionales

Las críticas más duras de los especialistas que expusieron en la reunión anterior se concentraron en el diseño institucional. Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, sostuvo que el proyecto tiene “serios problemas de constitucionalidad”. “Bajo el paraguas de la seguridad nacional se justifica la concentración de poder en el Ejecutivo y áreas de inteligencia y seguridad. Normaliza una cantidad de medidas de excepción. Es como utilizar las herramientas del estado de sitio, pero sin los controles necesarios ni siquiera para los estados de sitio”.

Para el CELS, la iniciativa “reconfigura áreas centrales del Estado para dar lugar al estado antiterrorista” y advirtió por una “restricción de libertades civiles” a través de definiciones vagas de terrorismo. FOPEA, por su parte, señaló que la norma “otorga discrecionalidad al Ejecutivo, fomentando la autocensura y la persecución de la crítica legítima”, en alusión al artículo 111.

Ese artículo, ubicado en el capítulo VI, modifica el Código Penal para imponer penas de 5 a 12 años de prisión a quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación, o promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población. El Gobierno defiende la medida como una forma de “frenar la guerra informática de potencias extranjeras” sin afectar la labor periodística individual.

Sergio Eissa, doctor en Ciencia Política y profesor de Defensa y Seguridad Internacional en la UBA, dijo que el proyecto “reintroduce la doctrina de la Seguridad Nacional” y que el Consejo es “una copia barata y bananera” del de Estados Unidos que “casi que desplaza a los jefes de gabinete”. A su juicio, con facultades para decidir sobre infraestructura estratégica, sanciones y hasta suspensiones cambiarias, “parece una junta civil que es la que va a gobernar”. También marcó una contradicción: el texto plantea el derribo, pero a la vez establece que no se puede derribar aviones y buques, y se preguntó si no se estará escondiendo una violación del derecho internacional.

El abogado del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, habló de “una galtierización del Gobierno que bajo el pretexto de la cuestión Malvinas quiere reeditar formas de control social”. En su documento, la entidad detalló además que los artículos 41 a 49 crean un sistema bajo conducción presidencial, que el 116 prevé de cinco a quince años de prisión por apoyo material a actividades vinculadas con terrorismo y que el proyecto deja sin efecto el artículo 4 de la Ley de Defensa, que mantiene la distinción entre defensa nacional y seguridad interior.

La otra discusión: qué política hay detrás de Malvinas

El otro eje del debate fue si el proyecto sirve realmente a la causa. El CECIM recordó en su presentación que el Estado ya cuenta con herramientas: la Ley 26.659 (ley Solanas) y su reforma de 2013, la Ley 26.386 de 2008 en materia de pesca y el Decreto 256/2010, que exige autorización previa para ciertos tránsitos entre el continente y las islas. Pidió que el Ejecutivo explique qué investigaciones y sanciones impulsó con ellas. El documento cuestiona, además, que el texto no mencione a la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, proclamada por la ONU en 1986, y advierte que incorporaría al Comando Sur de Estados Unidos a la dinámica de defensa.

Los exsecretarios de Malvinas coincidieron en apuntar al acuerdo Mondino-Lammy, firmado el 24 de septiembre de 2024 en Nueva York. Daniel Filmus dijo que “no podemos discutir este tema y firmar un tratado conjunto que habilita al Reino Unido a llevarse a conservación de pesquerías en el Atlántico Sur”, y sostuvo que el proyecto “avanza en dirección contraria” a la defensa de la soberanía. Por otro lado, apuntó a que los protocolos de derribo y de hundimiento de buques ofrecen “al Reino Unido elementos para fortalecer su narrativa de amenaza ante sus aliados de la OTAN”.

Guillermo Carmona, también exsecretario de Malvinas, afirmó que “se plantea endurecer la relación con el Reino Unido, cuando está el pacto de cooperación Mondino-Lammy” y que “hace más de dos años que no funciona el Consejo Malvinas”, del que el Congreso forma parte.

Entre los académicos, Mariana Altieri, doctora en Ciencias Sociales y directora ejecutiva de la Fundación Meridiano, criticó el método: “Esta no es la forma de llevar el debate respecto de la defensa y seguridad del país. A las apuradas, sin participación de la sociedad civil, así no se va a poder construir un consenso”. Y Juan Rattenbach, secretario ejecutivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, matizó: consideró positivo aumentar las sanciones, pero alertó sobre el capítulo 5, que a su juicio ofrece “una válvula de escape a las empresas que operan ilegalmente”, y planteó que el Consejo, compuesto solo por ministros del Ejecutivo, podría decidir de manera discrecional. Pidió una política exterior de escala continental y recordó que el presupuesto de Defensa está “en su mínimo histórico”.

Del otro lado, el oficialismo respondió en parte con gestos. Los legisladores libertarios grabaron esta semana un video encabezado por Martín Menem para impulsar la norma. Y mientras se desarrollaba el plenario del martes, el bloque de La Libertad Avanza publicó en la red X: “HECHOS, NO PALABRAS: el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional va a proteger nuestros recursos, nuestro mar y nuestro territorio. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

Un cierre a los gritos

La segunda reunión, la del martes, terminó con otro cruce, aunque de menor intensidad que el de la semana anterior. El diputado oficialista Beltrán Benedit justificó sus visitas a exmilitares condenados en Ezeiza como “una costumbre de fe” y dijo que nadie fue condenado específicamente por genocidio. Martínez le contestó sin micrófono: “Nadie te aludió, vos fuiste a visitar a genocidas”. El jefe de UxP abandonó la sala entre gritos, mientras el presidente de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, intentaba contener la situación.

El calendario del oficialismo quedó atado a la pelea por el DNU 70. Con la sesión opositora del 15 de octubre en el horizonte, el Gobierno apunta a un nuevo plenario el martes 13, a dictaminar la Ley Malvinas esa semana y a llevarla al recinto el 21, con un temario que buscaría combinarla con el proyecto de Fortalecimiento Permanente de Discapacidad, el sobreendeudamiento familiar y la elevación de penas por vandalismo rural.

La incógnita es si el oficialismo aceptará partir el texto o si, en cambio, ofrecerá cambios como la bicameral o ajustes al artículo 111 para sumar a los dialoguistas. Si no lo hace, necesitará reunir por su cuenta los votos para aprobar una ley extensa, con críticas de constitucionalidad y sin el apoyo del peronismo, en una semana en la que ya enfrenta una sesión que podría poner en jaque uno de sus decretos más importantes.