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  • Lula da Silva desafía a Flávio Bolsonaro y anuncia que abrirá su secreto bancario y telefónico

    Lula da Silva desafía a Flávio Bolsonaro y anuncia que abrirá su secreto bancario y telefónico

    Luiz Inácio Lula da Silva anunció que presentará ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) una autorización para que se conozcan sus movimientos bancarios y registros telefónicos, así como los de sus cinco hijos, y condicionó la iniciativa a que el senador Flávio Bolsonaro haga lo mismo con su patrimonio, sus empresas y su entorno familiar. La propuesta se da a pocos días del balotaje del 25 de octubre, en una campaña marcada por acusaciones cruzadas de corrupción y cuestionamientos sobre el origen de los bienes de ambos candidatos.

    El mandatario realizó el anuncio durante una actividad proselitista en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul. Allí planteó que las autoridades revisen la información patrimonial de los dos espacios políticos para que los ciudadanos puedan conocer más detalles antes de elegir al próximo presidente.

    Uno de los puntos que mencionó fue la compra de una propiedad por parte de Flávio Bolsonaro, valuada en unos u$s2 millones. Lula reclamó explicaciones sobre cómo se financió la operación y cuestionó que el senador pudiera pagarla al contado sin aclarar de dónde obtuvo los fondos.

    “No puedo admitir que un ciudadano que es senador de la República, que ha ganado el mismo salario que el presidente, pueda comprar al contado sin explicar de dónde salió el dinero”, afirmó.

    El presidente de Brasil sostuvo que su decisión también busca proteger su imagen y la de su familia frente a las denuncias que forman parte de la disputa electoral. También, pidió que las acusaciones sean examinadas por las autoridades y que los votantes cuenten con información para evaluar a los aspirantes.

    La iniciativa llega después del primer debate televisivo entre ambos candidatos de este domingo, en el que los señalamientos sobre presuntas irregularidades y patrimonios familiares ocuparon buena parte de la discusión.

    Luego del primer debate televisivo, Lula ofrece revelar sus datos privados y exige el mismo compromiso a Flávio Bolsonaro.

    Luego del primer debate televisivo, Lula ofrece revelar sus datos privados y exige el mismo compromiso a Flávio Bolsonaro.

    Canal 7

    Protesta frente a Meta por presunto trato desigual durante la campaña

    En paralelo a la disputa entre los candidatos, alrededor de 200 simpatizantes de Lula se manifestaron el lunes frente a las oficinas de Meta en São Paulo, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp. La concentración fue organizada por la plataforma Não Se Meta y reunió a integrantes de organizaciones sociales y sindicatos, que reclamaron explicaciones por el supuesto trato desigual a los contenidos políticos de los dos postulantes.

    Los manifestantes denunciaron que las publicaciones favorables al actual presidente habrían tenido menos difusión y que la herramienta de inteligencia artificial Meta AI habría rechazado pedidos para generar materiales a favor de Lula, mientras permitía producir contenidos relacionados con Flávio Bolsonaro.

    Bajo el lema “Meta, no te metas en nuestra elección”, exigieron mayor transparencia sobre el funcionamiento de los sistemas que administran y distribuyen publicaciones durante la campaña.

  • Más de 500 estudiantes se beneficiarán con obras de reparación en una escuela de Concepción del Uruguay

    Más de 500 estudiantes se beneficiarán con obras de reparación en una escuela de Concepción del Uruguay

    El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, realizó la apertura de sobres para ejecutar trabajos de reparación en la escuela secundaria N° 20 Presbítero J. Bautista Rolando, ubicada en Concepción del Uruguay, departamento Uruguay. La intervención, financiada con recursos provinciales, tiene como objetivo resolver problemas edilicios y mejorar las condiciones de funcionamiento del establecimiento educativo.

    Los trabajos se definieron a partir de un relevamiento realizado por el equipo zonal de Arquitectura del departamento Uruguay, en el que se detectaron filtraciones en las losas de las galerías y del Salón de Usos Múltiples (SUM), deterioro de las superficies y humedad sobre las instalaciones eléctricas. También se constató el desprendimiento de revestimientos en los sanitarios y filtraciones provenientes del espacio técnico ubicado entre ambos grupos sanitarios.

    “Cada escuela debe contar con espacios seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje. Esta obra en la escuela secundaria N° 20 de Concepción del Uruguay permitirá dar respuesta a problemas edilicios concretos y mejorar las condiciones en las que estudian los más de 500 chicos que asisten al establecimiento”, destacó el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob.

    La intervención abarcará una superficie de 950 metros cuadrados. En el SUM, se retirarán y renovarán la membrana impermeabilizante y la carpeta cementicia en un sector de 84 metros cuadrados. Además, se repararán 839 metros cuadrados de losas de galerías mediante la colocación de velo y la aplicación de cuatro manos de membrana líquida. Por otra parte, en los dos grupos sanitarios se renovarán los revestimientos y los cielorrasos, que serán reemplazados por nuevos de PVC. También se instalará nueva iluminación y se repararán los inodoros y depósitos de descarga que presentan pérdidas o roturas.

    Se presentaron ofertas correspondientes a las firmas Iqu S.A., Benedetti Miguel Ángel y Cooperativa de trabajo Suyaña Limitada.

    De la apertura de sobres participaron el director de la Unidad de Proyectos Generales, el arquitecto Diego Romero;  la jefa del Departamento Legal, la abogada Soledad Vidoz; la Jefa Zonal Departamento Uruguay, la arquitecta Claudia Ávalos; el coordinador de Departamentales de Escuelas del CGE, Sebastián Benedetti;  el diputado provincial, Silvio Gallay,  y representantes de las empresas oferentes.

  • El STJ fortalece el vínculo entre la Justicia y la sociedad a través del SIAV

    El STJ fortalece el vínculo entre la Justicia y la sociedad a través del SIAV

    El Superior Tribunal de Justicia (STJ) convocó a representantes de universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil para compartir una instancia de diálogo sobre el Sistema Interinstitucional de Abordaje de las Violencias (SIAV), con el propósito de incorporar distintas perspectivas al proceso de revisión y mejora de la herramienta.

    El encuentro puso en valor la importancia de fortalecer los vínculos entre la justicia y las instituciones de la comunidad, reconociendo que el abordaje de la violencia de género requiere un compromiso compartido y la participación de actores con diferentes conocimientos, experiencias y responsabilidades.

    La actividad fue abierta por la vocal Laura Mariana Soage, quien destacó la importancia de generar un espacio de escucha e intercambio con referentes que trabajan directamente en la temática. Para favorecer la instancia de colaboración, las y los participantes habían recibido previamente material sobre el SIAV y una propuesta de trabajo. Sobre esa base se desarrolló una ronda de diálogo en la que se registraron consultas, observaciones y propuestas vinculadas con las distintas dimensiones del sistema.

    Desde de la Oficina de Violencia de Género (OVG), de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) y de la Oficina de la Mujer (OM), e integrantes del equipo de trabajo del STJ se presentaron las características y el funcionamiento del SIAV, mediante una demostración de sus dos módulos: el formulario de denuncia y predictor de riesgo, y el de Alojamiento Seguro. También participaron integrantes de los equipos técnicos vinculados con su implementación.

    La reunión complementó la presentación institucional realizada durante la mañana y abrió el proceso de desarrollo del sistema a las contribuciones de sectores externos al Poder Judicial. De esta manera, se promovió una instancia de participación que permitió sumar experiencias, identificar aspectos a mejorar y enriquecer la herramienta desde distintas miradas.

    La implementación del SIAV representa una oportunidad para profundizar la articulación entre las instituciones que intervienen ante situaciones de violencia. En ese camino, el diálogo con universidades, colegios profesionales y organizaciones sociales constituye un aporte relevante para fortalecer las políticas de abordaje y acompañamiento.

    Con esta iniciativa, el STJ reafirma que una respuesta integral frente a las violencias requiere una justicia abierta al intercambio, capaz de construir vínculos de cooperación con la comunidad y de incorporar sus aportes para mejorar las intervenciones en beneficio de las personas afectadas.

    Organizaciones participantes

    Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Área Salud Pública Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Dirección General de  Estadísticas y Censo de la provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná; Hospital Escuela de Salud Mental; Comité de Psicoética Espacio, Género y Diversidad de la provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná; Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER); Oficina de Violencia de Género de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER); Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (UADER); Facultad de Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER); Coordinación Administrativa Fonplata (Organismo de financiamiento);Representantes de la UNER (Vicerrectorado y Protocolo de Violencias); Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER); Asamblea Feminista y Áreas de Género (UADER); Asamblea Feminista Campaña por el Derecho al Aborto; Instituto de Derecho de Mujeres, Género y Disidencias; Instituto de Derechos de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Colegio de Psicólogos; Asamblea Feminista de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y no Binaries; Facultad de Ingeniería de la UNER;Secretaría de Género y Diversidad de AJER.

  • Emergencia en el Paraná: un estudio del INTA reveló el millonario gasto de los productores para retirar el ganado de las islas

    Emergencia en el Paraná: un estudio del INTA reveló el millonario gasto de los productores para retirar el ganado de las islas

    En medio de la preocupación por la crecida del río Paraná y sus alrededores y el retiro de miles de animales de las islas, un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) reveló los costos que deben afrontar los productores ganaderos para trasladar su hacienda a tierra firme. Según detallaron, retirar 500 animales en condiciones normales demanda unos $20,5 millones, pero si el productor espera hasta una evacuación generalizada, el gasto asciende a $29,5 millones. La diferencia es de $9 millones. A esto se suma el costo de mantener los animales fuera de las islas, que puede representar un gasto adicional de $38 millones por mes, principalmente por la alimentación.

    El informe fue elaborado por Matías Martínez, Ernesto Massa y Julián Girard, a partir de un relevamiento realizado en tres establecimientos ganaderos ubicados en Villa Urquiza, las islas de Victoria, en Entre Ríos, y las cercanías de Puerto Gaboto (Santa Fe). Los investigadores analizaron cuánto tiempo se necesita para retirar la hacienda, qué dificultades pueden surgir durante una creciente y cómo cambian los gastos según el momento en que se decide trasladar los animales.

    Para calcular los costos, el INTA tomó como referencia un establecimiento de Villa Urquiza, Entre Ríos, con 600 cabezas, de las cuales sería necesario retirar 500. En ese campo, el operativo demanda aproximadamente tres días de trabajo, con la participación de 12 personas y 18 viajes en embarcación, con una capacidad de 29 animales por viaje.

    En condiciones normales, el traslado cuesta $20,52 millones, de los cuales $18 millones corresponden al transporte por agua y $2,52 millones al personal y las tareas de arreo. Si el retiro se realiza durante una alerta de creciente, el gasto aumenta a $25,92 millones. En cambio, si se espera hasta una evacuación generalizada, el costo llega a $29,52 millones.

    Según un estudio del INTA, retirar 500 animales durante una evacuación generalizada puede costar $9 millones más que hacerlo en condiciones normales
    Según un estudio del INTA, retirar 500 animales durante una evacuación generalizada puede costar $9 millones más que hacerlo en condiciones normalesMarcelo Manera – LA NACION

    “La diferencia entre retirar en una situación normal y hacerlo durante una evacuación generalizada es de $9 millones, equivalentes a $18.000 por animal”, precisaron los autores. El aumento se explica por el encarecimiento del transporte fluvial, cuyo costo pasa de $18 millones a $27 millones. Los cálculos se realizaron con valores de septiembre de 2026.

    A medida que sube el río, los productores tienen menos tiempo para sacar los animales y se complica la organización del traslado. El agua reduce la superficie disponible para reunir la hacienda, dificulta los accesos a los corrales y aumenta la necesidad de contar con embarcaciones, camiones y personal. Cuando varios establecimientos necesitan evacuar al mismo tiempo, también aumenta la demanda de estos servicios, lo que puede encarecer todavía más el operativo. Sin embargo, el informe aclaró que los costos estimados no incluyen el transporte terrestre, las posibles pérdidas de peso, los gastos sanitarios, la mortandad, los daños en las instalaciones ni el regreso de los animales a las islas. Por eso, los investigadores señalaron que el cálculo “debe interpretarse como un piso del costo operativo”.

    “El traslado no resuelve el problema”, advirtieron. Una vez que la hacienda llega a tierra firme, los productores deben conseguir un campo donde alojarla y afrontar los gastos de alimentación y cuidado hasta que baje el agua. Esto puede convertirse en un problema importante si la creciente se prolonga durante varias semanas o meses.

    En Villa Urquiza, el INTA estimó que alimentar un animal cuesta aproximadamente $14.000 mensuales en condiciones normales, pero durante una emergencia ese gasto podría aumentar en $3000 diarios, equivalentes a $90.000 por mes. Para un rodeo de 500 cabezas, esto representa un sobrecosto de $38 millones cada 30 días, que puede superar rápidamente los gastos del traslado inicial.

    De esta manera, si los animales deben permanecer fuera de las islas durante un período prolongado, el productor no solo debe afrontar el costo de sacarlos, sino también conseguir alimento, agua, personal y un lugar adecuado para mantenerlos. Por eso, el informe destacó que la duración de la creciente es uno de los factores que más influyen en el impacto económico.

    El relevamiento también mostró que no todas las islas se inundan de la misma manera ni requieren los mismos tiempos para retirar los animales. La situación depende de la ubicación del establecimiento, la altura del terreno, las distancias hasta los embarcaderos y la disponibilidad de transporte.

    En Villa Urquiza, por ejemplo, el establecimiento comienza a perder superficie aprovechable cuando el hidrómetro de Paraná marca alrededor de 4,30 a 4,40 metros. A los 4,70 metros se considera que existe una situación de alerta, mientras que a los 5,30 metros se requiere evacuar la hacienda.

    Una vez retirada la hacienda de las islas, los productores deben afrontar los gastos de alimentación y cuidado
    Una vez retirada la hacienda de las islas, los productores deben afrontar los gastos de alimentación y cuidadoMarcelo Manera – LA NACION

    En las islas de Victoria, en cambio, una altura de 4,50 metros en el hidrómetro de Rosario puede dejar al campo sin superficie disponible para los animales. En ese establecimiento se relevaron 35 vacas y 15 terneros que deberían ser retirados en su totalidad. Por su parte, en el caso cercano a Puerto Gaboto, con 330 cabezas, las características del terreno permiten mantener hasta 200 animales en sectores elevados, siempre que se disponga de alimento.

    Los tiempos de traslado también varían. Mientras que en Villa Urquiza se necesitan aproximadamente tres días para retirar 500 animales, en Victoria el arreo demanda una jornada. Sin embargo, durante una creciente, el tiempo de navegación en esta última zona puede pasar de cuatro horas y media a seis horas, lo que reduce las posibilidades de completar rápidamente el operativo.

    “Cualquier demora, indisponibilidad de embarcaciones o dificultad de carga reduce el margen de seguridad”, señalaron los investigadores. Por eso, el INTA recomendó anticipar el retiro de la hacienda, asegurar la disponibilidad de transporte y prever los campos donde se alojarán los animales.

  • “El consumidor ya no se va a ningún lado”: la fuerte advertencia de los supermercados sobre la caída de las ventas

    “El consumidor ya no se va a ningún lado”: la fuerte advertencia de los supermercados sobre la caída de las ventas

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    La caída del consumo masivo sigue golpeando a los supermercados, que acumulan meses de retroceso en sus ventas, enfrentan el cierre de locales y observan cómo los consumidores concentran sus compras en productos indispensables. El escenario preocupa a las grandes cadenas porque, a diferencia de otras crisis económicas, esta vez no se registra una migración significativa hacia otros canales comerciales: la contracción de la demanda alcanza prácticamente a todos los formatos.

    Así lo describió Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), durante una entrevista en Infobae en Vivo, en la que analizó la situación del sector, los cambios en los hábitos de consumo y el impacto de la informalidad sobre la competencia comercial.

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    Según explicó, las ventas de los supermercados acumulan una caída interanual cercana al 4% en volumen, mientras que el último mes medido (agosto) registró una contracción del 3,3%. También recordó que 2025 cerró con una baja del 5,2 por ciento.

    Martínez señaló que los resultados negativos se mantienen prácticamente desde comienzos de 2024. Sin embargo, una de las principales diferencias respecto de crisis anteriores es el comportamiento de los consumidores. Durante la crisis de 2001 y 2002, las grandes cadenas lograron identificar hacia dónde se trasladaba parte de su clientela: los autoservicios independientes, que experimentaron una fuerte expansión.

    Los supermercados acumulan meses de caída en sus ventas y advierten que el consumo todavía no encuentra señales claras de recuperación, remarcó el director ejecutivo de ASU, Juan Vasco Martínez

    Ante la pregunta sobre dónde compran actualmente quienes dejaron de hacerlo en los supermercados, su respuesta fue contundente: “Ahora no se van a ningún lado”.

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    El ejecutivo explicó que algunos canales comerciales muestran un desempeño relativamente menos negativo, pero que la contracción afecta tanto a las grandes superficies como a los autoservicios y almacenes.

    Cierre de supermercados y cambios en las compras

    La caída de las ventas también tiene consecuencias sobre la estructura comercial. Durante la entrevista, Martínez confirmó que cerraron locales de supermercados y mencionó casos de empresas que discontinuaron determinados formatos o marcas comerciales.

    Entre los ejemplos, se refirió a cadenas que dejaron de operar establecimientos de proximidad y a compañías que redujeron su presencia en determinadas regiones. Aunque no proporcionó una cifra total de cierres, confirmó que el fenómeno alcanza a diferentes operadores.

    El impacto resulta particularmente importante en los segmentos de menores ingresos, donde la reducción de las compras repercute directamente sobre el volumen de mercadería vendida. Martínez explicó que ese segmento es especialmente relevante porque el negocio supermercadista depende fundamentalmente de las cantidades comercializadas.

    En cuanto a la distribución geográfica, mencionó al Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario y Mendoza entre las zonas donde el panorama resulta más complicado.

    En contraste, destacó que algunas localidades vinculadas a actividades económicas específicas muestran una evolución más favorable. Como ejemplo, mencionó a Añelo, en Neuquén, donde aseguró que el consumo presenta un fuerte dinamismo debido al furor de Vaca Muerta. También señaló que determinadas localidades del interior agrícola registran un desempeño algo mejor.

    Más allá de la caída de las ventas, el sector observa una transformación en los hábitos de compra, con una mayor concentración en productos básicos y una menor demanda de artículos considerados prescindibles.

    Martínez definió este fenómeno como una “primarización de la compra”, una tendencia que se refleja directamente en las góndolas.

    Las grandes cadenas reclaman reducir las diferencias tributarias con el comercio informal y ampliar los controles sobre las operaciones con billeteras virtuales

    El ejecutivo utilizó como ejemplo el sector de los lácteos, donde los productos de mayor valor pierden espacio de exhibición debido a que registran una menor rotación. La situación también afecta a los fabricantes, que necesitan mantener volúmenes de producción y comercialización.

    El comercio electrónico y los productos importados

    Otro de los temas abordados fue el crecimiento del comercio electrónico y su capacidad para compensar la contracción de las ventas presenciales.

    Martínez sostuvo que, pese a la expansión de las plataformas digitales, las ventas online representan menos del 5% del consumo masivo, considerando alimentos, bebidas, productos de limpieza, perfumería y artículos de cuidado personal.

    Explicó que parte de las operaciones registradas como comercio electrónico corresponden a compras realizadas por trabajadores de plataformas dentro de los propios supermercados. Por ese motivo, existen diferencias metodológicas entre las empresas al momento de clasificar determinadas operaciones.

    De todos modos, fue categórico respecto del resultado general: incluso al sumar las ventas digitales y presenciales, el consumo continúa mostrando caídas.

    Durante la entrevista también surgió el impacto de la apertura comercial sobre la oferta de productos extranjeros. Martínez estimó que los productos importados representan, como máximo, alrededor del 4% de la oferta de consumo masivo de las cadenas, sin incluir rubros como electrónica, textiles o artículos de bazar.

    Además, aseguró que su incidencia comercial todavía es limitada y que los productos importados no logran competir en precios con la producción nacional. “Hasta ahora no hay nada que compita en precio con lo que es la producción local”, afirmó.

    La disputa por Ingresos Brutos y las billeteras virtuales

    En otro tramo de la entrevista, Martínez se refirió al reclamo de ASU para reducir las diferencias impositivas entre los comercios formales y aquellos que utilizan mecanismos de evasión.

    La entidad solicitó al Ministerio de Economía que se avance con la incorporación de CABA, Santa Fe y La Pampa al sistema de retenciones de Ingresos Brutos sobre cuentas de pago y billeteras virtuales, conocido como Sircupa (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago).

    El ejecutivo explicó que el objetivo consiste en reducir las asimetrías tributarias que afectan a las grandes cadenas frente a determinados operadores comerciales.

    Aclaró que la iniciativa no implica crear un nuevo impuesto ni aumentar las alícuotas existentes, sino aplicar mecanismos de recaudación sobre operaciones que actualmente no están alcanzadas por ese régimen en las tres jurisdicciones.

    Martínez estimó que la informalidad podría representar alrededor del 50% del mercado, aunque reconoció que resulta difícil medir con precisión las operaciones que se desarrollan fuera de los circuitos formales. También mencionó prácticas como la falta de emisión de tickets, las transferencias a cuentas personales que no corresponden al titular del comercio y los sistemas de doble facturación.

    “Hemos normalizado ir a un comercio y pagar y que no nos den ticket”, cuestionó.

    Como ejemplo, recordó un procedimiento policial realizado en La Plata, donde se detectaron tres autoservicios que utilizaban un sistema informático con dos registros de facturación: uno correspondiente a las operaciones reales y otro destinado a la información oficial.

    El representante de ASU también cuestionó la postura del gobierno de La Pampa frente al pedido de las cadenas y sostuvo que, en algunas jurisdicciones, las autoridades parecen tolerar determinados niveles de informalidad como una forma de sostener la actividad comercial.

    En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, señaló que encontró mayor receptividad para analizar la incorporación al sistema de retenciones.

    Martínez aclaró que el planteo de la asociación no está dirigido contra los almacenes o supermercados independientes en general, sino contra quienes utilizan mecanismos de evasión. También recordó que las cadenas realizan reclamos vinculados con la competencia informal desde hace aproximadamente 15 años.

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  • Qué hay que saber sobre las elecciones de medio término de EEUU 2026

    Qué hay que saber sobre las elecciones de medio término de EEUU 2026

    EEUU vivirá las elecciones de medio término el próximo 3 de noviembre y se espera la participación de más de 100 millones de votantes. El proceso, que definirá el control del Congreso y pondrá a prueba la gestión del presidente Donald Trump, conlleva una serie de detalles sobre cómo se distribuirán los escaños según las las cámaras.

    El proceso abarca los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio de los 100 asientos del Senado y las gobernaciones de 39 de los 50 estados.

    Cómo funciona el sistema de votación de EEUU en los comicios de mitad de término

    Las elecciones de mitad de término se celebran dos años después de las presidenciales, en el punto medio del mandato de cuatro años, según la organización apartidista US Vote Foundation.

    Para este año, el calendario electoral se divide en dos etapas: las primarias, que comenzaron en marzo y se extendieron hasta mediados de septiembre con fechas propias en cada estado, y la elección general, fijada el mismo día en todo el territorio nacional.

    La fecha del 3 de noviembre responde a la ley Electoral de 1845, que estableció el primer martes posterior al primer lunes de noviembre como jornada de votación federal. Por otro lado, cada estado administra de forma independiente sus plazos de inscripción de votantes, voto anticipado y voto por correo.

    En los comicios de mitad de término de 2022, la participación alcanzó el 52,2% del padrón, una cifra inferior a la registrada en citas anteriores, según datos de esa organización.

    En los comicios de mitad de término de 2022, la participación alcanzó el 52,2% del padrón, una cifra inferior a la registrada en citas anteriores.

    En los comicios de mitad de término de 2022, la participación alcanzó el 52,2% del padrón, una cifra inferior a la registrada en citas anteriores.

    La carrera electoral más costosa de los últimos años y la candidatura demócrata

    La campaña de medio término de 2026 se perfila como la más costosa jamás registrada, tras una recaudación de más de u$s15.000 millones para influir en el resultado. Solo en avisos políticos ya emitidos, el gasto superó los u$s3.800 millones hasta el 12 de octubre, de acuerdo con la firma de seguimiento AdImpact. Por su parte, las contiendas senatoriales de Texas, Ohio y Míchigan concentran los mayores desembolsos.

    Un dato estructural refuerza la posición republicana a nivel subnacional: ese partido controla el 55% de los escaños legislativos estatales en todo el país, frente al 43,8% de los demócratas, según Ballotpedia. Si llega a ganar la Cámara, el representante demócrata Hakeem Jeffries de Nueva York, se convertiría en el primer afroamericano en ocupar la presidencia de ese cuerpo.

    En cambio, un triunfo republicano mantendría al actual presidente de la Cámara, Mike Johnson, o a quien lo desafíe, con una agenda centrada en recortes fiscales adicionales, aumentos de gasto militar y reducciones más profundas en programas sociales, en continuidad con la ley “One Big Beautiful Bill” de Trump de 2025.

    Si llega a ganar la Cámara, el representante demócrata Hakeem Jeffries de Nueva York, se convertiría en el primer afroamericano en ocupar la presidencia de ese cuerpo.

    Si llega a ganar la Cámara, el representante demócrata Hakeem Jeffries de Nueva York, se convertiría en el primer afroamericano en ocupar la presidencia de ese cuerpo.

    El conteo de resultados podrían demorar días o semanas en distritos clave

    El conteo de votos dependerá del procesamiento de boletas. California, con tres distritos considerados competitivos por el Cook Political Report, enfrenta el problema de millones de boletas por correo que se entregan el mismo día de la elección y requieren verificación de firma y sobre.

    El estado destinó u$s40 millones a acelerar su conteo este año, parte de los cuales se invirtieron en campañas de educación para que los votantes envíen sus boletas antes del día de la elección. Las carreras más vigiladas se libran en Nueva York, Pensilvania y Nebraska.

    Entre las contiendas por la Cámara que concentran mayor atención figura la del republicano Mike Lawler, quien busca la reelección en un distrito de Nueva York que la candidata demócrata Kamala Harris ganó en la presidencial de 2024.

    También se observa un escaño abierto en un distrito pendular de Nebraska, donde agricultores y camioneros enfrentan un fuerte encarecimiento del combustible derivado del conflicto con Irán. Los demócratas aspiran además a arrebatar dos bancas en Pensilvania y una en Nueva Jersey.

    Sobre todas estas contiendas planea la incógnita de si Trump intentará intervenir en el proceso electoral, administrado por cada estado de forma independiente. Desde 2020, el mandatario insistió en la existencia de fraude generalizado sin presentar pruebas. Funcionarios electorales estatales y demócratas en el Congreso prepararon estrategias legales ante posibles maniobras de la administración federal.

  • Fallo clave: la Justicia puso en revisión la cautelar sobre Financiamiento Universitario

    Fallo clave: la Justicia puso en revisión la cautelar sobre Financiamiento Universitario

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    La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio la razón al Ministerio de Capital Humano y ordenó que la justicia revise si la medida cautelar sobre financiamiento universitario sigue o no vigente. El tribunal consideró que el Estado Nacional enfrentaba un perjuicio irreparable al verse obligado a cumplir una orden cuya vigencia está en disputa.

    El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y la asistencia legal de la Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, había reclamado ante la Cámara porque el juez de primera instancia le negó el derecho a apelar. La causa de fondo es el amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Decreto 759/25 del Poder Ejecutivo Nacional, que recortó fondos universitarios.

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    “La vamos a seguir a muerte”, respondieron fuentes de primera línea del Ministerio de Capital Humano al ser consultados por el fallo judicial. “La Justicia todavía no nos está sugiriendo ‘no cumplan con la cautelar’, pero lo que nos dice es que van a revisar si la tenemos que cumplir”, explicó uno de los principales patrocinadores legales del Gobierno. Aun así, en otros despachos legales son más enfáticos: “La intepretación de que el efecto del recurso admitido suspende su aplicación es válida”.

    La Cámara no resolvió si el Estado cumplió o no con la medida cautelar. Lo que decidió, el 20 de octubre de 2026, es más acotado: que el juez de primera instancia se equivocó al bloquear la apelación, y que esa apelación debe tramitarse.

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    Sandra Pettovello Javier Milei

    La resolución fue firmada por los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán. El Ministerio de Capital Humano argumentó que la medida cautelar original tenía un límite temporal expreso y que ese plazo ya había vencido. Desde esa postura, continuar con la ejecución de la orden equivalía a extender artificialmente una tutela que había caducado.

    Los mismos magistrados también dieron a conocer esta mañana otra decisión clave, ya que habilitaron una apelación del Estado Nacional contra la intimación que le ordenaba cumplir, en cinco días, la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de imponer multas diarias —astreintes—.

    El Gobierno sostuvo que ya cumplió con las obligaciones previstas en los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, vinculadas con la actualización de salarios universitarios y becas. Argumentó que los incrementos salariales acumulados entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la variación del Índice de Precios al Consumidor y cuestionó que el juzgado no precisara qué aspectos de la cautelar permanecían pendientes. También afirmó que las becas alcanzadas por la norma son las del Programa 26, entre ellas las Manuel Belgrano, y no las becas Progresar.

    El origen del conflicto

    El amparo fue impulsado por el CIN tras la sanción del Decreto 759/25, que modificó la distribución del financiamiento para las universidades nacionales. El juzgado federal N° 11 dictó una medida cautelar que obligó al Estado a garantizar recursos mientras se resolvía el fondo del asunto. La sentencia de primera instancia se dictó en el expediente principal. Contra esa sentencia, el Estado interpuso un recurso de apelación que fue concedido en ambos efectos, lo que en términos prácticos paraliza la ejecución de la condena mientras la Cámara resuelve.

    El nudo del problema apareció cuando el mismo juez ordenó, en paralelo, que el trámite de ejecución de la medida cautelar continuara en el incidente vinculado, con un plazo de cinco días para cumplir bajo amenaza de sanciones. El Estado intentó apelar esa decisión, y el juez lo rechazó.

    La postura del Ministerio descansó en un principio procesal: si la medida cautelar fue otorgada con un límite temporal, ese límite forma parte del contenido de la orden y no puede ampliarse por vía interpretativa. “La limitación temporal no fue accesoria ni irrelevante, sino que integró expresamente los términos de la tutela concedida”, sostuvo el Estado en su presentación ante la Cámara.

    El fallo judicial que revisará la medida cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario

    Además, el Ministerio señaló que las sumas exigidas eran de “dimensión extraordinaria” y que no existía una liquidación concreta que permitiera determinar con exactitud cuánto debía pagar. Denunció que se le imponía cumplir una “manda judicial imprecisa, genérica, omisiva y sin datos ciertos”, sin posibilidad de revisión por parte de un tribunal superior.

    La Cámara no evaluó el fondo de ese debate. Lo que analizó fue si el bloqueo de la apelación generaba un perjuicio concreto e irreparable para el Estado. La conclusión fue afirmativa: dejar al Ministerio sin posibilidad de recurrir mientras corría el plazo de cumplimiento, con sanciones conminatorias latentes, configuraba un agravio que justificaba abrir la instancia de apelación.

    Con la queja aceptada, el recurso de apelación del Estado quedó concedido “en relación”, una modalidad que, según el artículo 243 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no suspende automáticamente la ejecución de la resolución apelada. La causa regresa ahora al juzgado de primera instancia para que implemente el trámite correspondiente.

    La Cámara dejó expresamente aclarado que su decisión no anticipa ninguna opinión sobre si el Estado cumplió o incumplió la medida cautelar original. Esa pregunta quedará para una resolución posterior, una vez que el recurso de apelación tramite en forma.

  • Balotaje en Brasil: Lula da Silva se juega la reelección ante el avance de Flávio Bolsonar

    Balotaje en Brasil: Lula da Silva se juega la reelección ante el avance de Flávio Bolsonar

    Brasil se prepara para una elección decisiva este domingo 25 de octubre, cuando Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentarán en el balotaje presidencial. El senador conservador llega con una leve ventaja en las encuestas, mientras el actual mandatario busca conquistar un cuarto mandato y frenar el avance de la derecha en la región.

    La segunda vuelta llega después de una primera ronda en la que Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, sorprendió al imponerse con el 47% de los votos frente al 45% de Lula, el pasado 4 de octubre. El resultado dejó al presidente de izquierda ante el desafío de revertir la diferencia en una contienda que trasciende las fronteras brasileñas.

    Con 45 años, el senador busca capitalizar el crecimiento de las fuerzas conservadoras, mientras Lula, que está próximo a cumplir 81, intenta conseguir su segundo mandato consecutivo y el cuarto de su trayectoria presidencial.

    Flávio Bolsonaro busca capitalizar el crecimiento de la derecha brasileña en la segunda vuelta presidencial.

    Flávio Bolsonaro busca capitalizar el crecimiento de la derecha brasileña en la segunda vuelta presidencial.

    F23

    La votación también será una prueba para el escenario regional. Después de los avances de la derecha en Argentina, Chile y Colombia, Brasil podría sumarse a esa tendencia, alentada por el presidente estadounidense Donald Trump. Aunque Washington mantuvo un perfil discreto durante la campaña, la influencia de Estados Unidos y el papel de las redes sociales quedaron en el centro de la discusión.

    El oficialismo acusó a Meta de interferir en el proceso electoral y denunció restricciones a la circulación de sus contenidos en WhatsApp e Instagram. La compañía reconoció que hubo “problemas técnicos”, pero rechazó las acusaciones de parcialidad. En paralelo, Lula intensificó su actividad digital y comenzó a grabar videos en formato selfi para convocar a sus seguidores.

    Encuestas ajustadas y promesas de campaña

    Los estudios de Datafolha y Quaest ubican a Flávio Bolsonaro con el 51% de intención de voto y a Lula con el 49%, una diferencia que se mantiene dentro del margen de error. Sin embargo, los sondeos previos a la primera vuelta habían subestimado el respaldo electoral de la derecha.

    En un debate televisado el domingo, el senador prometió “jubilar” a Lula, en un intercambio marcado por agravios y acusaciones. Al día siguiente, durante un acto en Pará, aseguró que devolvería a las familias “la esperanza y el derecho a soñar”.

    Luiz Inácio Lula da Silva intenta obtener un cuarto mandato y continuar al frente del Gobierno.

    Luiz Inácio Lula da Silva intenta obtener un cuarto mandato y continuar al frente del Gobierno.

    Su campaña pone el foco en la seguridad y el poder adquisitivo, dos de las principales preocupaciones de los cerca de 160 millones de electores.

    El senador también promueve la lucha contra la corrupción, aunque él mismo está bajo investigación por un posible caso vinculado con la producción de una película sobre su padre. Según la información difundida, habría solicitado millones a un banquero detenido por un esquema de fraude.

    Lula busca recuperar terreno con medidas sociales

    Tras el resultado de la primera vuelta, el oficialismo recuperó impulso con movilizaciones multitudinarias: “Quiero agradecer al pueblo brasileño que salió a las calles para garantizar la continuidad de la democracia en este país”, expresó Lula ante sus simpatizantes.

    La situación judicial de Jair Bolsonaro también atraviesa la campaña. El expresidente cumple prisión domiciliaria mientras afronta una condena de 27 años por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. Su hijo prometió liberarlo si llega a la presidencia y aseguró que será él quien le coloque la banda presidencial.

    En la recta final, Lula reforzó los anuncios sociales y obtuvo un avance legislativo con la aprobación de una reforma constitucional que garantiza dos días de descanso a los trabajadores. Además, el aumento del programa de asistencia Bolsa Familia entró en vigor durante la semana previa a la votación.

    La medida sobre el descanso laboral ganó respaldo por su popularidad y llevó a Flávio Bolsonaro a votar a favor, pese a que inicialmente se había opuesto. Con la elección cada vez más cerca, ambos candidatos buscan convencer a los últimos votantes en una disputa que definirá el rumbo político de Brasil.

  • Una cajera habría desviado hasta $400.000 diarios de un supermercado con un QR propio

    Una cajera habría desviado hasta $400.000 diarios de un supermercado con un QR propio

    Una cajera de 26 años fue denunciada por presuntamente desviar pagos de clientes de un supermercado de La Plata a una cuenta personal. La propietaria calculó que la maniobra le habría provocado pérdidas de entre $300.000 y $400.000 diarios durante casi dos meses.

     

    El comercio está ubicado en calle 15, entre 39 y 40. Según la acusación, la empleada colocaba un código QR propio sobre el del negocio para que las transferencias de los compradores llegaran a su cuenta.

     



     

    De acuerdo con la denuncia difundida por La Buena Info, la trabajadora había ingresado al supermercado en abril. La dueña situó el inicio de las operaciones investigadas el 21 de agosto y señaló que continuaron hasta el 16 de octubre, cuando descubrieron lo que ocurría.

     

    Cómo detectaron el cambio del QR

     

    La propietaria relató que sorprendieron a la cajera mientras colocaba su código sobre el que utilizaba el establecimiento. Ese episodio permitió advertir que los pagos electrónicos podían estar siendo enviados a un destinatario diferente.

     

    Los clientes escaneaban el QR convencidos de que abonaban sus compras al supermercado, pero, según la denunciante, el dinero terminaba en la cuenta de la empleada.

     



     

     

    La comerciante también sostuvo que la joven eliminaba del sistema los productos registrados en la caja. Esa práctica habría servido para ocultar las diferencias entre las ventas realizadas y los fondos que ingresaban al negocio.

     

    La denuncia y las pruebas aportadas

     

    Después del hallazgo, la dueña presentó una denuncia y posteriormente la ratificó ante la Justicia. Entre los elementos aportados figura el código QR atribuido a la trabajadora.

     

    Además, aseguró que cuenta con grabaciones de video que permitirían reconstruir la maniobra. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N.º 8 de La Plata, encabezada por Martín Almirón.

     



     

     

    La estimación de hasta $400.000 diarios corresponde al cálculo de la propietaria. El análisis de los registros y de los movimientos de dinero deberá establecer el monto total y cuántas operaciones fueron afectadas.

     

    Un auto y un viaje, bajo la mirada de la denunciante

     

    La comerciante también afirmó que, durante el período señalado, la empleada compró un auto y viajó una semana a Brasil. Esos datos forman parte de su presentación y su eventual relación con los pagos denunciados será materia de investigación.



    La Fiscalía analizará el material aportado para reconstruir el circuito de cobros del supermercado y determinar las responsabilidades por el presunto desvío de fondos.

  • En el peor momento en décadas de la relación entre Argentina y Reino Unido, Chile se acerca a Londres y defiende la ruta comercial a Malvinas

    En el peor momento en décadas de la relación entre Argentina y Reino Unido, Chile se acerca a Londres y defiende la ruta comercial a Malvinas

    En plena escalada entre Buenos Aires y Londres por los recursos petroleros de las Malvinas, y la controversia por la inminente reapertura comercial entre Punta Arenas y las Islas, Chile multiplicó sus gestos de acercamiento con el Reino Unido: el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió ayer, lunes, en la capital británica con su par Ed Miliband para lanzar una “asociación estratégica” bilateral. Este movimiento se suma a la gira que realizó por el sur chileno el embajador británico en Santiago, David Concar, que incluyó encuentros con autoridades militares, científicas y municipales de la región de Magallanes.

    Según se informó de manera oficial, Pérez Mackenna y Miliband repasaron una agenda que abarcó minerales críticos, inversiones, comercio exterior y la situación geopolítica del cono sur. “Chile valora enormemente su larga relación con el Reino Unido. Creo que llegó el momento de elevar nuestra relación a un nuevo nivel de asociación estratégica”, declaró el canciller chileno tras el encuentro.

    Una semana antes de que Pérez Mackenna aterrizara en Londres, el embajador Concar ya había desplegado su propia ofensiva diplomática en el extremo sur de Chile. El 13 de octubre arribó a Punta Arenas en lo que la embajada británica describió como su primera visita a Magallanes desde que asumió el cargo.

    La agenda no fue protocolar. El diplomático se reunió con el comandante de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, contraalmirante Juan Soto, en un encuentro donde ambas partes repasaron la histórica colaboración naval entre las dos armadas y proyectaron trabajo conjunto en ciencia antártica. También visitó el Instituto Antártico Chileno (INACH), donde conoció las iniciativas de investigación polar que impulsa Santiago, y sostuvo reuniones con la Universidad de Magallanes y el Centro Internacional Cabo de Hornos, con foco en resiliencia climática en el entorno subantártico.

    Dos hombres de pie al aire libre: uno viste una chaqueta azul oscura y el otro un traje gris con corbata roja y anteojos

    Concar se reunió además con la gobernadora subrogante de la región, Hina Carabante, y con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. En este último encuentro abordó directamente la controversia por el buque Danstar, la embarcación de 72 metros de eslora que la naviera chilena Easter Island planea enviar a las Malvinas con alimentos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos. “Se trata de una iniciativa comercial privada”, sostuvo el embajador británico, según consignó Infobae, al tiempo que evitó entrar en la polémica con Argentina y reiteró la posición de Londres sobre la soberanía del archipiélago y el principio de autodeterminación de sus habitantes.

    El telón de fondo de estos acercamientos es el conflicto más agudo entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas desde la guerra de 1982. El 13 de octubre, el gobierno de Javier Milei presentó ante el TIDM, con sede en Hamburgo, una solicitud de medidas provisionales para detener el proyecto Sea Lion, un yacimiento con reservas estimadas en 1.700 millones de barriles de petróleo ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La producción está prevista para 2028.

    “Argentina busca preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental e impedir actividades autorizadas unilateral e ilegalmente por el Reino Unido”, señala la solicitud de 49 páginas presentada ante el tribunal.

    La respuesta británica fue contundente. Miliband —el mismo canciller que horas después recibiría a su par chileno— calificó las acciones de Buenos Aires como “coerción económica” contra los isleños y anunció nuevas medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales para blindar a empresas británicas frente a las sanciones argentinas. “Los habitantes de las Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, afirmó en un comunicado. Cómo señaló Infobae, Londres podría vetar el ingreso de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la OCDE.

    En las semanas previas, la Argentina había intensificado la presión: amenazó con sanciones a las empresas involucradas en Sea Lion, inició causas penales contra sus ejecutivos y accionistas, y anunció planes para una base naval en Tierra del Fuego.

    Un buque de carga azul y rojo con la palabra Danstar escrita en el casco navega en mar abierto bajo un cielo despejado

    A la disputa petrolera se suma un frente que involucra directamente a Chile. La naviera Easter Island firmó un contrato con la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC) para restablecer una conexión marítima comercial que funcionó durante más de un siglo pero se interrumpió a comienzos de la década de 2010. El primer viaje del Danstar está previsto para noviembre o, a más tardar, principios de diciembre.

    La ruta recortaría a la mitad la distancia que hoy recorren las mercancías hacia las islas: unos 900 kilómetros desde Punta Arenas frente a los casi 2.000 desde Montevideo, la única conexión actual con Sudamérica. El buque navegaría por el Estrecho de Magallanes —cuya soberanía corresponde a Chile según el Tratado de Límites de 1881— y no por el paso Drake.

    Argentina, sin embargo, mantiene vigente el Decreto 256/2010, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner, que exige autorización previa a todo buque que se proponga navegar entre puertos continentales y las islas o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino.

    En este marco, la semana pasada un grupo de diputados peronistas encabezado por el excanciller Santiago Cafiero presentó un proyecto de resolución para citar al embajador de Chile en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera, ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados.

    Gonzalo Uriarte, embajador de Chile, Rotary Club de Buenos Aires

    La iniciativa reclama que el diplomático informe sobre tres ejes: la posición oficial del gobierno de Kast respecto de la apertura de la ruta y su compatibilidad con los compromisos asumidos sobre la cuestión Malvinas; la eventual participación o autorización de autoridades chilenas en la operación; y la posible utilización de la conexión para abastecer proyectos de explotación hidrocarburífera como Sea Lion.

    En paralelo, el diputado Guillermo Michel impulsó un proyecto de ley para denunciar el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal vigentes entre ambos países. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse”, argumentó a este medio.

    La semana pasada, el biministro de Economía y Minería chileno, Daniel Mas, defendió la ruta comercial. “Nosotros vemos con buenos ojos cualquier comercio de chilenos, y si tiene que ser con las Malvinas, y se puede hacer, que se haga”, sostuvo y calificó la operación como “un negocio entre privados”.

    El diputado Nicolás Trotta, en una columna de opinión en Infobae, planteó: “Si Santiago elige el negocio con los usurpadores, debemos estar dispuestos a suspender esas exportaciones y a sancionar a las empresas que abastezcan el saqueo”.

    A su vez, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, también se sumó al reclamo con una carta dirigida al embajador Uriarte Herrera en la que expresó “malestar y preocupación” por las actividades comerciales en Punta Arenas vinculadas al archipiélago.