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La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, ratificó sus cuestionamientos por la inclusión de recortes al área de discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 y desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien dijo ayer que fue un tema hablado durante la reunión de la mesa política el último martes.

La legisladora negó que la conducción parlamentaria hubiera sido informada sobre las modificaciones introducidas en el texto enviado al Congreso y tildó de falsa la versión oficial sobre un debate previo en la mesa política del Gobierno.

En declaraciones ante la señal LN+, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta reaccionó frente a los dichos del funcionario, quien había sugerido que las reformas al sistema asistencial habían sido conversadas en los encuentros semanales del Ejecutivo.

“Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto yo estaba, y Martín Menem tampoco sabía nada”, afirmó la referente oficialista. La senadora insistió en que el proyecto elaborado por el Ministerio de Economía ingresó de madrugada a la Cámara de Diputados sin la evaluación de los legisladores.

Bullrich advirtió que impulsar iniciativas sin consenso parlamentario previo provoca un desgaste innecesario en la figura del presidente Javier Milei y complica las negociaciones de la ley en el parlamento, lo que forzó a la Casa Rosada a entablar el diálogo con bloques aliados como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) para dar marcha atrás con el capítulo cuestionado.

Noticia en desarrollo

A pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya presentó el programa financiero para 2027 y asegura que no va a ser el típico de año electoral, hay dudas sobre lo que sucederá el año que viene con el dólar ante las elecciones presidenciales en donde Javier Milei buscará su reelección. En ese sentido, un informe privado marcó cuáles son las dos variables que determinarán la presión sobre el frente cambiario.

La consultora Invecq señaló que el seguimiento deberá centrarse en la liquidación de divisas originada en obligaciones negociables y préstamos, por un lado, y en la demanda de dólares por parte de los privados, por el otro. Ambos factores pueden restar o sumar tensión sobre las cuentas externas en un año que combinará vencimientos, necesidades de financiamiento y elecciones presidenciales.

La evaluación de la consultora partió de la previsión de una cuenta corriente positiva en base caja para 2027. Ese resultado sería menor al registrado en otros períodos, según la entidad, pero mantendría un aporte favorable dentro del esquema cambiario. El interrogante principal se concentra en la cuenta financiera y en el cumplimiento de los supuestos incluidos dentro del programa oficial.

“Si bien el Tesoro ya presentó el programa financiero para 2027, este contemplaba algunos supuestos optimistas. Además. Habrá que monitorear de cerca dos variables determinantes del sector privado, que quitarán o sumarán presión al balance cambiario:la liquidación por Obligaciones Negociables y préstamos, que como se mencionó viene siendo central desde fines de 2024 pero perdió fuerza notoriamente en los últimos dos meses; y la demanda de divisas por parte de los privados, que en años electorales suele crecer y ya se incrementó en julio”, destacaron en el informe de Invecq.

Liquidación de empresas y demanda de ahorristas

Invecq señaló que la liquidación de ONs y préstamos será un indicador relevante durante el próximo año . La consultora marcó que ese flujo tuvo un papel central desde fines de 2024, pero alertó que su aporte perdió fuerza en los dos últimos meses.

Las obligaciones negociables son instrumentos de deuda emitidos por empresas. Los préstamos, por su parte, también pueden originar ingresos de dólares cuando las compañías o los distintos actores del sector privado reciben financiamiento. La liquidación de esos recursos influye sobre la oferta de divisas.

En agosto de 2026, el Banco Central estimaba que aún restaban liquidar más de USD 4.400 millones de deuda corporativa. Esa cifra no contemplaba la reciente colocación de YPF por USD 1.200 millones, que también aportará —aunque no en su totalidad— a la oferta de divisas en el mercado y permitirá que la entidad continúe con la compra de reservas.

También la demanda de divisas de los privados forma parte de los factores que pueden presionar sobre las cuentas cambiarias. Cuando las compras de dólares para ahorro aumentan, crece la necesidad de divisas dentro del mercado. Según estimaron, de sostenerse la demanda anual para ahorro rondaría los USD 24.000 millones. Una cifra que resulta baja frente a lo demandado en septiembre (USD 4.600 millones) y octubre (USD 3.500 millones) de 2025, en medio de las elecciones (legislativas, no presidenciales como las de 2027).

Las dudas sobre el programa financiero

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya presentó una planificación que contempla compras de divisas al Banco Central (BCRA), emisiones de deuda en el mercado local, desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), transferencias de organismos multilaterales, préstamos bilaterales y privatizaciones. La capacidad para reunir esos recursos será uno de los puntos que seguirá el mercado durante el próximo año.

El esquema financiero para 2027 parte de un saldo excedente de USD 3.700 millones del 2026. Sobre esa base, el Tesoro prevé realizar compras de dólares al Banco Central por USD 4.900 millones, una de las cifras que despertó mayor atención entre los analistas. También contempla un roll over dentro del sector público por USD 1.800 millones. A eso se suman desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.700 millones y transferencias de organismos internacionales por USD 4.200 millones.

Entre las restantes fuentes de financiamiento aparecen emisiones locales por USD 5.000 millones, préstamos bilaterales por USD 2.000 millones y privatizaciones por USD 1.500 millones. El conjunto de esos componentes integra la previsión oficial para cubrir las necesidades financieras durante 2027.

La City puso el foco sobre la posibilidad de que el Tesoro consiga captar USD 5.000 millones mediante colocaciones en el mercado local en un año electoral. El otro objetivo que concentró la atención fue el plan para comprar USD 4.900 millones al Banco Central. Para Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa (IEB), ambas metas figuran entre las más exigentes del programa financiero. El analista vinculó el resultado con el comportamiento del mercado frente a las elecciones presidenciales. “Va a depender mucho de cómo esté el ánimo del mercado de cara a las elecciones. Si hay un clima de optimismo, debería poder cumplirse. Si no, va a ser un poco más desafiante”, afirmó Cappella.

Desde Analytica también definieron como “desafiante” una emisión de USD 5.000 millones en el mercado local durante el próximo año. La consultora advirtió que la demanda de dólar ahorro puede crecer en un contexto electoral y reducir la disponibilidad de fondos para colocaciones de deuda pública.

Diputadas provinciales de la UCR denunciaron adoctrinamiento político en una escuela primaria de la localidad de Gran Guardia, Formosa, después de que circulara un video en redes sociales en el que una delegada zonal educativa atribuye al gobernador Gildo Insfrán la entrega de guardapolvos, útiles, zapatillas y el servicio de comedor. Las legisladoras también cuestionaron que la funcionaria mencionara de manera inconveniente el tema del suicidio ante alumnos de corta edad.

Las diputadas provinciales Agostina Villaggi, presidenta de la UCR de Formosa, y Carla Zaiser denunciaron que una delegada educativa habló con niños de una escuela primaria de Gran Guardia para vincular la llegada de beneficios escolares con la voluntad política de Insfrán y que además tratara el tema del suicidio de una forma que consideraron impropia. La oposición pidió que intervenga el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia y anunció acciones legales.

En los videos difundidos por Villaggi en X y por Zaiser en Instagram, se ve a Gladys González, que se presenta ante los alumnos como delegada zonal y les pregunta quién les mandó los guardapolvos. Ante distintas respuestas de los niños, la funcionaria insiste: “El gobierno provincial. ¿Cómo se llama el gobernador?” y los alumnos contestan: “Gildo Insfrán”.

En ese mismo intercambio, según los registros publicados por ambas diputadas, González también menciona zapatillas, útiles, leche y comida escolar. “Eso es una decisión política del señor gobernador”, afirma en la grabación, antes de volver a asociar esos recursos con el mandatario provincial.

<b>Las denuncias por propaganda política en la escuela</b>

Villaggi recordó en su cuenta de X que los elementos que mencionó la delegada “los paga el Estado, no un funcionario” y agregó: “A nuestro criterio, es propaganda política ante niños”. En el mismo posteo, la legisladora preguntó: “¿Qué significa ‘trabajar con los docentes’?”, en referencia a la frase de González cuando, ante las respuestas de los alumnos que no acertaban a nombrar al gobernador, dijo: “bueno, esto, colegas, hay que trabajar”.

En el video que publicó en X, Villaggi dijo: “Siempre lo niegan, pero este video es la muestra cabal de que Gildo Insfrán utiliza las escuelas para adoctrinar y hacer propaganda política”. También afirmó que esas prácticas ya fueron denunciadas por su espacio.

Zaiser formuló un planteo similar en Instagram. Allí cuestionó “la barbaridad de recalcar a los chicos constantemente que es gracias a Gildo Insfrán que ellos pueden contar con el comedor escolar y también con los útiles” y remarcó que “todo eso lo pagamos con nuestros impuestos”.

El rechazo al tratamiento del suicidio ante alumnos

Otro tramo del video difundido por Zaiser muestra a González aludir al suicidio durante su intervención frente a los estudiantes.

En la filmación se escucha decir a la delegada: “El gobernador quiere la formación integral de todos los alumnos, de todos los estudiantes, que estén bien físicamente, psicológicamente, emocionalmente que estudien mucho, a portarse bien, a festejar su día como corresponde, sin peleas, sin agresiones, sin apodos, sin discriminación y mucho menos pensar en el suicidio, ¿eh? Que se está haciendo una campaña de concientización en contra del suicidio. El Estado está presente, hay especialistas que, si alguno tiene algún problemita mental o está depresivo, la muerte no es la solución. Tenemos que valorar la vida que nos dio Dios”.

Zaiser rechazó ese abordaje y sostuvo en su publicación de Instagram: “No puede dirigirse a los niños de esa manera”. Las legisladoras destacaron la necesidad de que se capacite a los docentes para hablar con los alumnos sobre suicidio.

<b>Las medidas que anunció la oposición</b>

La misma diputada provincial anunció en Instagram que pedirá la intervención de las autoridades educativas provinciales. La legisladora radical hizo pública la presentación de acciones legales y exigió una intervención inmediata del Ministerio de Cultura y Educación.

La oposición adelantó que buscará una revisión formal del caso en el área educativa y en la vía judicial.

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de octubre de 2027, el mercado sigue sin definir un rumbo claro para los activos argentinos. La incertidumbre política convive con señales de una macroeconomía que, según distintas lecturas, no muestra signos de deterioro. En ese contexto se ubica el último informe de Citibank sobre la Argentina, que analiza el escenario económico y financiero de cara al proceso electoral.

El banco sostiene que el mercado exagera los riesgos derivados de la contienda electoral. En el documento, denomina a esta dinámica como un equilibrio de “filo de cuchillo”, en el que la desconfianza política parece pesar más de lo que deberían justificar los datos económicos. “El mercado parece estar sobreestimando el riesgo de una reversión de políticas en la Argentina”, señala textualmente.

La entidad plantea que la pregunta central de cara a la elección es si el electorado avalará la continuidad del programa del presidente Javier Milei o si, por el contrario, un electorado desgastado se inclinará nuevamente hacia políticas con mayor presencia del Estado. Citi advierte que los primeros ocho meses de 2026 no cumplieron con las expectativas del Gobierno en materia de desinflación y de recuperación de la actividad, pero sostiene que “los fundamentos macroeconómicos no se han deteriorado lo suficiente como para justificar un aumento de la cautela de los inversores”.

Sobre ese punto, el banco delinea tres escenarios posibles para el resultado electoral. El primero es la continuidad del modelo actual, con el Gobierno acelerando las reformas pendientes a medida que se consoliden los resultados de la estabilización macroeconómica; a esta alternativa le asigna una probabilidad media. El segundo contempla un triunfo oficialista a través de una alianza amplia con partidos y gobernadores que ya acompañan al Gobierno en el Congreso, y que se beneficiarían de reformas en sectores como la agricultura, la minería y la energía; a este escenario Citi le otorga una probabilidad media-alta.

El tercero es un triunfo de la oposición con un regreso a un modelo estatista, con mayor presencia distributiva del Estado a través de impuestos y regulaciones; para este caso, el banco calcula una probabilidad baja a media-baja. Si bien aclara que ya no es un escenario despreciable, se mantiene por debajo de los niveles que el mercado le asignaba en octubre de 2025.

La lectura sobre el dólar

En el plano cambiario, Citi describe una depreciación nominal del peso que no borró las ganancias de competitividad acumuladas durante el primer trimestre del año. Según el informe, el tipo de cambio real se mantuvo relativamente firme pese a la suba nominal del dólar, sostenido por precios del petróleo más altos y una mejora en los términos de intercambio. “A pesar del debilitamiento nominal del peso, el peso argentino retuvo la mayor parte de sus ganancias en términos reales”, sostiene el banco.

Por otro lado, Citibank explica que buena parte de ese movimiento respondió a una decisión del Banco Central de moderar el ritmo de acumulación de reservas. Mientras que durante el segundo trimestre la entidad monetaria compró en promedio USD 113 millones diarios, ese ritmo bajó a unos USD 33 millones diarios desde fines de julio, aunque en lo que va del año ya acumuló compras por USD 14.200 millones. Pese a la desaceleración, el banco remarca que no encuentra señales de que el tipo de cambio esté absorbiendo algo más que las sorpresas inflacionarias recientes. “No vemos señales claras de que el tipo de cambio haya absorbido algo más que las recientes sorpresas inflacionarias, ni de que los desarrollos políticos locales estén pesando sobre la moneda en términos reales”, plantea el informe.

La deuda, el punto de mayor cautela

En materia crediticia, Citi mantiene sus buenas expectativas con la Argentina, aunque reconoce que la recuperación económica es despareja por debajo de los números agregados, con el crecimiento concentrado en sectores exportadores como la agricultura, la minería y la energía, mientras que la manufactura y la construcción muestran mayor debilidad.

El banco pone el foco en el cronograma de vencimientos de 2027. “El próximo desafío importante es el cronograma de amortizaciones más pesado en 2027, lo que aumenta la importancia de la acumulación de reservas, el acceso continuo al mercado y la credibilidad de la política económica”, advierte el Citi. “Seguimos creyendo que la Argentina lo va a lograr y mantenemos la sobreponderación”, sostiene el informe, aunque aclara que anticipa mayor volatilidad de corto plazo a medida que se acerquen los vencimientos.

El reporte también advierte que el riesgo país viene en ascenso desde el pago de bonos de julio, algo que el banco vincula con tensiones sociales y políticas que persisten por debajo de la superficie macroeconómica. Entre esas señales, Citi menciona una desocupación de 7,9%, una caída de los ingresos reales entre jubilados y empleados públicos, y una mora en el crédito a los hogares que llegó al 12,9 por ciento.

De todas formas, para el banco Citi, el eje más relevante del año en materia política pasa por la reforma electoral, en particular la eventual eliminación o suspensión de las PASO. Según el banco, sin primarias la oposición enfrentaría mayores dificultades para unificarse detrás de un único candidato, lo que mejoraría las chances de Milei de imponerse en primera vuelta. Para los analistas del banco estadounidense, una eventual suspensión o eliminación de las PASO sería recibida de manera positiva por el mercado.

“No creo que escale. Está haciendo lo que considera que tiene que hacer”, expresó a Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial para explicar el accionar de la senadora Patricia Bullrich, que volvió a hacer público un nuevo contrapunto con el Gobierno, esta vez por el ajuste en materia de discapacidad contemplado en el Presupuesto 2027.

Desde el entorno de la legisladora aseguran que se trata de un error innecesario en un tema sensible para la sociedad que pinta al Gobierno de “cruel” de manera innecesaria. “Si quieren perder las elecciones que avisen”, sostuvo con ironía ante este medio un dirigente bullrichista.

La reedición de la tensión surgió tras el envío del detalle de las estimaciones de gastos para el año próximo, que generó polémica a raíz del capítulo que contemplaba fuertes ajustes en el área en detrimento del proyecto “superador” del oficialismo para contentar a los aliados. “No me tomen de tonta”, alertó Bullrich, enojada por la falta de explicaciones durante el encuentro de mesa política del pasado martes.

Los que la conocen aseguran que la legisladora apuesta a construir un perfil de “mileista sensata” que busca contentar a sus electores ante las situaciones en las que percibe a la administración libertaria “desperfilada”. Esa lógica -creen- se intensifica de cara a las elecciones de 2027, para las que la senadora suena como potencial candidata a la vicepresidencia, aunque no está claro el lugar que ocupará en las listas.

“Tiene una base electoral que no es la misma que la de Milei. La contiene y mantiene adentro”, expresó un alfil violeta. Un importante dirigente bullrichista coincide en su posición: “Se lleva la marca y levanta la bandera antes de que la capitalice la oposición”, explicó ante este medio.

Asimismo, luego de que la senadora apuntara contra el reducido círculo designado por el presidente Javier Milei, en particular contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a cargo de la confección de la “ley de leyes”, algunas voces de la administración libertaria justifican el accionar de la Casa Rosada al sostener que el proyecto en el que trabajaban los alfiles legislativos violetas en coordinación con los aliados no contemplaba los lineamientos del Gobierno.

“Se habla del Presupuesto desde hace un año. Se acordó que en el Congreso se trabaje en la propuesta y que el Presidente iba a mandar su versión. Incluso Martín Menem habló en la mesa del tema. Tenían un proyecto contrario al del Ejecutivo”, explicaron para rechazar los señalamientos.

Lo cierto es que el titular de la Cámara de Diputados tampoco estaba enterado de los planes en materia de discapacidad y se anotició en horas de la noche del martes, cuando ingresó el proyecto. La diferencia con Bullrich es estructural: mientras Menem acata, la senadora no pierde oportunidad para intentar alertar al mandatario de la necesidad de acelerar la recuperación económica y de dar señales a la sociedad.

En el mar de versiones que abrió el nuevo desmarque, circuló una que atribuía el desconocimiento del detalle del Presupuesto 2027 a la salida anticipada de Bullrich de la reunión de la mesa política para asistir a la comisión de Asuntos Constitucionales que empezaba a debatir la reforma electoral. “Es mentira”, rechazaron desde el entorno de la senadora.

Pese a las tensiones de los últimos días y la descoordinación interna, en las filas oficialistas descartan que el tema escale y pase a mayores. Incluso, rechazan la posibilidad de que la ex Juntos por el Cambio rompa con La Libertad Avanza. No obstante, perciben movimientos electorales detrás de cada diferenciación.

“Patricia es así. Quiere quedar bien con un sector que la trata bien y que le celebra que se diferencie. De esta forma, se pone en valor. Es parte de su perfil”, se expidió un alfil violeta.

Uno de los que ya se adaptó al perfil crítico de su legisladora es Javier Milei, que este viernes no solo minimizó el video que subió Bullrich, musicalizado con el hitazo No me importa de Lali sino que se mostró elogioso de la cantante que supo cuestionar. “Luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, expresó el libertario.

Bullrich no solo marcó su diferencia, sino que lo hizo de manera disruptiva y consciente del peso electoral propio que conserva y de que, dentro del oficialismo, pocos desconocen que no pueden darse el lujo de dejarla ir. Incluso, entre las opciones para musicalizar el clip, también figuraba La Tonta, el sencillo de Jimena Barón que concluye con una casa en llamas.

El municipio de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, aprobó recientemente la posibilidad de cobrar a todo el tránsito pesado que ingrese a la localidad un gravamen creado en 2002 pero cuya aplicación era hasta ahora parcial. La polémica se generó cuando las empresas de transporte de carga denunciaron la medida como un peaje encubierto e inconstitucional, a la vez que resaltaron que el cobro del impuesto ya está concesionado a una compañía privada por dos décadas.

Según la denuncia que presentaron la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía —donde reclamaron la suspensión inmediata del esquema—, el monto de la Tasa de Tránsito Pesado es de $37.000 por cada ingreso al partido, más $25.000 adicionales si el camión accede a una planta industrial.

A eso se suma, además, una tasa municipal equivalente al 2% sobre cada litro de combustible comercializado en las estaciones de servicio del distrito, vigente desde enero. El sistema ya tiene concesionario privado, contrato por dos décadas y un único acceso habilitado para el tránsito pesado, sin rutas alternativas.

La relevancia del reclamo es tal por dos cuestiones; en primer lugar, por la ubicación, ya que el esquema se aplica sobre el ex Camino Provincial Ruta 87, un tramo de 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional N.° 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás, uno de los principales puertos de salida al comercio exterior argentino. Por ese corredor circula el transporte pesado vinculado a la actividad industrial y logística de toda la región. Para dimensionar el impacto, la Fadeeac calculó que el costo por kilómetro que implica el esquema de Ramallo es un 120% superior al del peaje del Puente Zárate-Brazo Largo.

Y la ubicación del arco de control no fue casual: se instaló sobre el Acceso Sánchez, el único ingreso habilitado para vehículos pesados al partido, sin vías alternativas de ingreso o egreso. Quien no paga, no entra.

En segundo lugar, el punto que genera más rechazo es la creación de un nuevo impuesto justo en medio del debate acerca del costo argentino y la carga impositiva que pagan las empresas locales. En este escenario, la Municipalidad de Ramallo aclaró que la llamada Tasa de Tránsito Pesado no es una creación reciente, sino que el tributo está vigente desde 2002 y hasta ahora solo lo abonaban cinco empresas: Bunge, Fiplasto, Xstorage, Loma Negra y la arenera Vázquez. La diferencia, explicó el municipio, es que la instalación de un arco de control con tecnología de pesaje permite ahora aplicarla a todos los vehículos pesados que ingresan al partido.

El municipio sostiene que el cobro tiene contraprestación concreta. Señalaron el mantenimiento de la calzada, demarcación vial, iluminación, cartelería, corte de pasto y asistencia vial. También anuncia la creación de una playa de estacionamiento con duchas, sanitarios y puestos gastronómicos para los choferes. “La contraprestación de esta tasa es mucho mayor que la recaudación misma”, sostiene en una nota publicada por el medio local Ramallo Ciudad que destaca también que los transportistas radicados en esa ciudad pagan una sola vez por día, con hasta 10 accesos incluidos en ese único pago.

La queja de los transportistas

Para las empresas firmantes, la distinción que hace el municipio no cambia la naturaleza del cobro. El argumento central es jurídico e incluso constitucional: un municipio no puede establecer un gravamen sobre la circulación interjurisdiccional de bienes, independientemente de los servicios que invoque como justificación.

“La Constitución Nacional prohíbe las aduanas interiores y garantiza la libre circulación de mercancías en todo el territorio”, señala la la carta e invoca un fallo de la Corte Suprema de Justicia (Bressani c/ Provincia de Mendoza, 1937) en el que afirmó que la Constitución buscó “hacer un solo país para un solo pueblo”, impidiendo que cada jurisdicción actuara como una entidad económica independiente.

Los elementos que las empresas señalan como definitorios de un peaje son tres: pago por el mero ingreso al municipio, monto predeterminado por unidad y percepción anticipada mediante un sistema de TAG similar al Telepeaje. A eso se suma un régimen sancionatorio que podría incluir multas, apremios fiscales y decomisos de mercadería para quienes no se sometan al sistema.

Peaje ya concesionado por 20 años

Uno de los aspectos que más tensión generó entre los transportistas es la forma en que se estructuró el sistema de cobro. En el marco de la Licitación Pública N.° 3/2025, la Municipalidad adjudicó a Plus Byte S.R.L. la instalación de dos pórticos tecnológicos sobre el ex Camino Provincial Ruta 87 y la operación del sistema de percepción del gravamen. Ese concesionario recibirá aproximadamente el 50% de la recaudación durante 20 años, lo que descarta cualquier lectura de la medida como transitoria.

No es la primera vez que Plus Byte aparece en licitaciones de infraestructura de alto impacto. En julio del año pasado, la firma argentina ganó la licitación para la concesión del puente binacional São Borja–Santo Tomé, el paso fronterizo que concentra cerca del 23% del comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Para quedarse con esa concesión —organizada por los gobiernos de ambos países en una subasta en Foz do Iguaçu— la empresa ofreció USD 29 millones de pago inicial, con un compromiso de inversión total de USD 99 millones a lo largo de 25 años.

El costo anual para cada transportista podría llegar a $500 millones

La medida alcanzaría a unas 100 empresas de transporte de todo el país que operan regularmente en el municipio. Según estimaciones del sector, el costo anual del gravamen podría ubicarse entre $100 millones y $500 millones por empresa, dependiendo del nivel de actividad —una carga que, advierten, absorbería una parte sustancial del margen operativo y podría comprometer la continuidad de las operaciones de carga y descarga en la zona. El riesgo final, dicen, es el aislamiento efectivo de las industrias y del puerto regional.

A la presión económica se suma la preocupación por el régimen sancionatorio previsto para las unidades que no adhieran al sistema. Entre las medidas contempladas figuran multas, apremios fiscales y retención de la mercadería transportada.

Ramallo, síntoma de un problema mayor

El caso llega en un contexto en el que la proliferación de tasas municipales es uno de los principales motivos de queja del sector industrial. Un relevamiento del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA) reveló que el 80% de las tasas municipales relevadas que pagan las empresas industriales pagan no tienen contraprestación efectiva.

Martín Rappallini, presidente de la UIA, advirtió que “las tasas municipales son un capítulo importante de la carga fiscal que afecta a la producción transable y alcanza al sector formal de la economía argentina, con un impacto directo en la competitividad de los productos argentinos”.

La Provincia de Buenos Aires encabeza el ranking de mayor promedio de tasas por locación municipal, con 4,6 tasas promedio por locación provincial —muy por encima de la media nacional de 3,0. En el podio de los municipios bonaerenses con mayor carga aparecen Pilar (4,0 tasas por locación), Chascomús (3,3) y Rojas (3,0), mientras que distritos como La Plata, General San Martín, Malvinas Argentinas, Avellaneda y Brandsen registran 2,0 tasas por locación. En total, más de 32 municipios de todo el país presentan dos o más tasas por cada locación municipal relevada. El tipo de tasa más frecuente sigue siendo la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), que representa 1 de cada 3 pagos a nivel nacional y, según datos de IARAF, equivale al 1,8% del precio de venta de diversos productos.

Para los firmantes, lo que está en juego trasciende el monto del gravamen. El riesgo que identifican es sistémico: si el esquema de Ramallo prospera sin cuestionamiento judicial o político, otros municipios podrían replicarlo. “De consolidarse este modelo y multiplicarse municipio por municipio, no solo el transporte de cargas en la Argentina se hará virtualmente imposible: será el propio comercio argentino el que quede confinado dentro de sus fronteras”, concluye el documento enviado a la Fadeeac y al Gobierno nacional.