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Pasaron 5 años desde el primer boceto de la idea hasta este 6 de octubre de 2026, en el que se dio comienzo oficialmente a la producción. El proyecto de transformar la histórica fábrica cordobesa donde nació el Torino en una planta especializada en vehículos comerciales livianos ya es una realidad.

Renault Niagara comenzó a fabricarse en Córdoba para abastecer al mercado local desde noviembre, cuando se lance en la red de concesionarios y se conozcan sus versiones y precios. En la línea de producción ya se intercalan sus unidades con las del referente del segmento de los furgones chicos Kangoo, el último modelo que quedó de la “vieja Renault”.

El cambio es de tal magnitud que en Santa Isabel se tuvo que cambiar hasta la entrada principal de la planta para que se pueda instalar una nueva línea de flujo de provisión interna. Niagara es el modelo número 35 de todos los que se produjeron en los 70 años de historia de esta fábrica.

Kangoo es el número 34, pero entre ambos, a nivel tecnológico “hay un abismo de diferencia”, porque la pick up está alojando la nueva plataforma RGMP, la misma que es parte de Kardian y Boreal, mientras el furgón es un vehículo de antigua concepción, vigente, pero perteneciente a otra generación de automóviles.

La modificación industrial incluyó la incorporación de 60 robots en la sección de soldadura, lo que permitió llevar la automatización de esa zona a un 62%. Fue la que más cambios tuvo con la llegada de Niagara a Santa Isabel.

Niagara tendrá un 35% de contenido local. “El auto nació con la concepción de producción nacional. Pero con todas las partes que vienen de Brasil como el motor 1.3 turbo, cumplimos ampliamente con la integración regional que establece la reglamentación, y es un orgullo para nosotros porque este auto nació bajo el concepto de vehículo de producción nacional”, explicó Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina durante una rueda de prensa en Córdoba.

El objetivo para el primer año de producción es de unas 40.000 unidades de Niágara, pero la compañía puede aumentar esa capacidad si así lo marca la demanda, especialmente de Brasil, donde se lanzará recién en el primer trimestre del año próximo.

“La planta trabajará con los 800 colaboradores que estaban en plantel después de haber recortado unos 600 trabajadores en los últimos dos años por medio de un programa de retiros voluntarios que fue muy generoso con los empleados. Quisimos ser cautos y no salir a contratar más personal del que hoy tenemos necesidad. Si las ventas van bien y hace falta, se contratarán más trabajadores. Pero no quisimos hacerlo antes y después tener que suspender personal como le pasó a otra automotriz recientemente”, explicó el ejecutivo.

Todavía no se anunciaron las versiones y precios que tendrá Niagara; eso ocurrirá entre el 2 y 3 de noviembre, cuando se haga el lanzamiento comercial. En principio habrá versiones con tracción simple y 4×4, pero todavía no se fabricará la versión híbrida que llegará para 2028. “Tanto Niagara como Boreal tendrán una versión hibrida muy similar entre sí y muy diferente a lo que se conoce en el mercado. No serán híbridos convencionales”, adelantó Sibilla.

Santa Isabel fabricó en 70 años más de 3,5 millones de unidades de 34 modelos. El 19 de septiembre de 2024 se anunció la inversión USD 350 millones para Niagara. En diciembre de ese mismo año empezó el proceso de transformación de la fábrica, que tuvo un primer período en el que se trabajaba en las instalaciones mientras en conjunto entre Argentina y Brasil se iniciaba el proyecto digital del vehículo, hasta empezar a trabajar en el primer prototipo que se trajo desde Curitiba para empezar a probarlo en la línea de ensamble.

En total, se fabricaron 200 prototipos que recorrieron 800.000 km en 9 países de tres continentes, lo que representó unas 50.000 horas de pruebas. Se validó el comportamiento del vehículo con extremos de 20° C bajo cero hasta 50° C de calor, y con ensayos a nivel del mar, pero también a más de 5.000 metros de altura.

Pero el cambio no fue solamente estructural y tecnológico, sino incluso de conocimiento. La capacitación requirió que personal de Córdoba haya viajado a Brasil y Europa durante muchos meses para especializarse en todos los aspectos que eran necesarios.

“Estábamos preocupados porque el cambio tecnológico era muy grande. Pero hoy estamos listos para recibir cualquier otro modelo de esta misma plataforma que fabrique Renault en cualquier parte del mundo”, explicaron los responsables técnicos del proyecto.

El Congreso buscará finalizar el tratamiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998 -no pierde vigencia el trámite-, pero que Diputados recién votó en agosto pasado. Al haber modificado el texto -se hizo reserva del capítulo II-, el tema volvió en segunda revisión a la Cámara alta, donde libertarios tratarán de dictaminarlo la semana próxima, con un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Industria para el mediodía del miércoles 14.

“La intención es respetar lo que vino de allá. No queremos problemas con lo que se acordó”, sintetizó un legislador desde La Libertad Avanza a Infobae. La mención no es menor ya que, durante la última sesión que realizó el Senado y, mientras restaban minutos para definir la ley relacionada con la Carta Orgánica del Banco Central, algunos oficialistas y dialoguistas recibieron llamados y mensajes desde la Casa Rosada para ir por otro camino, situación que generó un fuerte disgusto en el recinto ante tamaña improvisación. Ningún telefonazo tuvo efecto.

El convenio en cuestión permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. La solicitud bajo el PCT surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera impulsado una solicitud en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.

La adhesión al PCT es uno de los requisitos del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

Previo a su dictamen en Diputados, en mayo último, el secretario de Desregulación, el otrora legislador radical Alejandro Cacace, explicó: “Lo que se hace con el PCT es que tengamos una solicitud única, una mesa de entrada común con los 158 estados partes. Un inventor argentino en lugar de tener que ir peregrinando por 158 oficinas diferentes ahora tendrá la posibilidad de hacer una sola solicitud para todo el mundo”, detalló el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.

El Gobierno intentó acelerar el convenio original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y, antes de firmar un despacho, se dejó “en reserva” el capítulo II del tratado, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia por 20 años en todos los países miembros.

Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes (sin aportar mejoras terapéuticas reales) para extender de forma artificial un eventual monopolio y bloquear la competencia.

Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad. Al aterrizar en el recinto, la iniciativa obtuvo 147 votos a favor y 93 en contra, con un debate que estuvo marcado por las críticas de la oposición, que alertó sobre posibles riesgos para la soberanía nacional en materia sanitaria y científica.

Dichas posturas fueron observadas por el libertario Nicolás Mayoraz, al considerar que representaban una visión “que atrasa al país”. Además, sostuvo que, con el régimen anterior, los científicos argentinos deben afrontar mayores costos y ceder inventiva para registrar una patente, lo que consideró el verdadero riesgo para la soberanía. Ahora resta que el Senado sancione el acuerdo y cierre una etapa que espera hace casi 30 años.

En Puerto Amado, una localidad del norte de Misiones a 60 kilómetros de las Cataratas del Iguazú y pegado a la frontera con Paraguay, Ricardo Ranger cultiva naranjas, mandarinas y limones en 200 hectáreas desde hace años. También convive con una realidad conflictiva. Es que varias veces por semana, alguien entra a su chacra, corta el alambrado, arranca la fruta directamente de las plantas y se la lleva en bolsas para revenderla en la calle a $1000 el kilo.

“Es endémico, nos roban permanentemente”, dijo Ranger a Infobae, a la vez que reveló que desde el 5 de septiembre de 2023, acumula 115 denuncias policiales por robo, un promedio cercano a una por semana que convirtió su establecimiento en un caso testigo de la inseguridad rural en la zona de frontera.

Según contó el productor, hace aproximadamente tres años y medio, el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Gabriel Pérez, —que tiene a la Policía bajo su órbita— se reunió con Ranger y le hizo un pedido concreto: que denunciara cada robo, uno por uno, para dimensionar el problema con datos oficiales.

Cuando la cifra rondaba las 80 exposiciones, el productor llevó un informe al Ministerio con la expectativa de que el registro sirviera de algo. “La verdad que respuesta ninguna, porque nos siguen robando”, afirmó. Esta tarde, aseguró a este medio, presentará la denuncia número 116.

Robos de hasta 1.000 kilos por semana

Los episodios no son esporádicos, sino que ocurren una, dos o hasta tres veces por semana. Según detalló Ranger, los delincuentes se llevan entre 100 y 200 kilos por incursión, aunque en algunas oportunidades el volumen trepó a los 1.000 kilos. La semana pasada, aseguró, le sustrajeron 400 kilos; en los días siguientes, otros 300. La mercadería —mandarina, naranja y limón— se revende después en la vía pública, y el productor asegura que conoce a buena parte de los responsables: “siempre los mismos, que reinciden sin consecuencias”.

El fenómeno tuvo su pico hace cuatro años, cuando las pérdidas alcanzaron las 400 toneladas de fruta por año. Hoy el volumen es menor, pero la frecuencia se mantiene.

La violencia escaló al punto de que sostener vigilancia privada en determinados sectores resulta inviable. “Ningún obrero se anima a trabajar”, contó Ranger a este medio. Según su relato, los delincuentes ingresan armados y disparan contra quienes intentan frenarlos. “Es tierra de nadie y una anarquía total”, definió.

El propio productor reconoció que hubo períodos en los que el trabajo policial permitió reducir los robos a cero. “Cuando las cosas se hicieron bien, logramos el robo cero. Se logró cuando la Policía hizo las cosas bien”, admitió.

Sin embargo, Ranger cuestionó el funcionamiento del sistema judicial en la zona. “La Policía agarró a un grupo de ladrones varias veces. Pero la Justicia al otro día los larga”, sostuvo. Mantiene además 15 causas como querellante, todas paralizadas según su testimonio, y presentó 12 prontos despachos para intentar acelerar los expedientes. Existe, además, un oficio judicial emitido hace aproximadamente tres años que ordena a la Policía realizar recorridas en los sectores donde se concentran los robos. “Está todo judicializado, pero nos siguen robando”, señaló.

La inseguridad transformó la estructura productiva de la región. Varios productores vecinos abandonaron el cultivo de cítricos y reconvirtieron sus campos a la forestación o a la yerba mate ante la imposibilidad de contener los saqueos. El establecimiento de Ranger es, en la práctica, el último de su tipo que resiste en el área y emplea a unas 10 familias de la zona.

Pese al desgaste acumulado, el productor aseguró que seguirá denunciando. “Si uno no tiene Justicia ni seguridad jurídica, no puede trabajar”, concluyó.

Después del acercamiento con los gobernadores aliados, el Gobierno sabe que debe empezar a materializar los entendimientos electorales y legislativos rumbo a las elecciones de 2027. Con ese objetivo, activó el “operativo seducción” y anticipó algunos condicionamientos a la hora de sentarse a conversar.

En Casa Rosada descartaron la posibilidad de cerrar un acuerdo macro con los 13 mandatarios provinciales que viajaron a París, en el marco de la Argentina Week, y en su lugar hablan de conversaciones “provincia por provincia”. La idea es tener en cuenta los distintos contextos y reclamos que enfrenta cada gobernador en su territorio.

“No podemos hablar de un acuerdo general. Esto fue siempre provincia por provincia porque no todos los gobernadores están en la misma”, explicó una importante fuente al tanto de las conversaciones a Infobae.

Para ejemplificar la afirmación, en el oficialismo utilizaron el caso de Claudio Vidal, que enfrenta a una oposición fuerte en Santa Cruz y, por ese motivo, no vería con buenos ojos un escenario de lista conjunta, a diferencia de otro aliado como el chaqueño Leandro Zdero, uno de los primeros en cerrar entendimientos en 2025.

Al margen de los criterios de negociación, en La Libertad Avanza reafirman la voluntad de competir en todos los territorios del país, pese a las a señales surgidas en París en las que se deslizó la posibilidad de no plantar listas en determinadas provincias a cambio de apoyos para la reforma electoral. “Con ese criterio, los gobernadores no deberían presentar listas a legisladores nacionales”, se expidió un integrante del Gobierno que rechaza la posición.

A diferencia de 2025, tanto caputistas como karinistas se muestran abiertos a acordar “con todos los que haya que acordar”, con el objetivo de lograr la reelección de Javier Milei en 2027. Las alternativas que se analizan van desde listas conjuntas hasta las condiciones de una “confrontación acordada”.

La diferencia está en los plazos. Mientras algunos creen que el oficialismo debería empezar a trazar los entendimientos, desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aseguran que los tiempos son una “herramienta” electoral.

“Los tiempos también juegan. Estamos bien, quedan dos meses para las sesiones ordinarias”, argumentaron ante este medio para explicar el equilibrio que la administración libertaria deberá alcanzar con los aliados para sancionar las leyes que pretenden y acercarlos rumbo a los comicios de 2027.

Como contó este medio, las conversaciones son dispares. Si bien algunos sectores se encuentran bastante avanzados, como los cinco gobernadores radicales, otros aún están pendientes de profundizar la línea de diálogo. En eso trabaja el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien prometió concretar reuniones individuales con la delegación que viajó a la Argentina Week de Francia para trazar acuerdos políticos que luego se traduzcan en respaldos legislativos.

Este martes, Karina Milei y Santilli se mostraron con Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), con la reforma electoral y el Presupuesto 2027 entre las principales prioridades del Poder Ejecutivo. Los gestos de acercamiento de la última semana en Francia alimentaron las expectativas de varios libertarios sobre la sanción de la reforma, aunque quienes permanecieron en el país se mostraron más moderados.

“Hoy pareciera retomar color y encaminarse a estar cerca de definiciones concretas, pero todavía falta. Falta que el PRO dirima sus internas entre Mauricio y Jorge (Macri) y alguna provincia más para empezar a avanzar a paso firme”, admitió un integrante de la mesa política, que postergó el intercambio de este martes.

La eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), uno de los puntos clave para el objetivo de 2027, complejiza el tratamiento de la reforma porque es el aspecto que concentra mayores rechazos. En las tribus violetas lo saben, por lo que no descartan dar lugar a una “contraoferta” de los aliados y habilitar la chance de consensuar un articulado conjunto.

“Tenemos que hacer el mejor proyecto posible. La Boleta Única de Papel (BUP) con este sistema electoral es impracticable. Si no la quieren votar, la Cámara Nacional Electoral va a tener que ver cómo resuelve”, planteó un funcionario para justificar los cambios planteados.