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El régimen chino ha anunciado este viernes la detención bajo el cargo de espionaje de un ciudadano con pasaporte estadounidense y director de un grupo de estudios políticos con sede en Birmania, a tres días de que el líder de la junta militar birmana, el general Min Aung Hlaing, se reúna en Beijing con el presidente de China, Xi Jinping.

El detenido ha sido identificado como Min Zin, director ejecutivo del Instituto para Política y Estrategia – Birmania (ISP-M, por sus siglas en inglés), un grupo de estudios políticos especializado de un tiempo a esta parte en el seguimiento de la guerra que lleva azotando el país desde el golpe de estado liderado por el general en febrero de 2021.

Horas antes de que el régimen chino anunciara la detención, fuentes próximas al caso habían avanzado la situación actual del analista al diario estadounidense The New York Times, ocho días después de que Min Zin fuera dado por desaparecido en la ciudad de Kunming, cerca de la frontera birmana.

Finalmente, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha confirmado en rueda de prensa la detención del analista “bajo sospecha de participar en espionaje y poner en peligro la seguridad nacional de China”, según declaraciones recogidas por la agencia Bloomberg.

Según las cifras que barajaba el Congreso de EEUU en 2024, en China había detenidos por entonces unos 200 ciudadanos estadounidenses. Algunos de ellos llevan más de una década entre rejas, como Dawn Michelle Hunt, condenada por narcotráfico.

El tema de los presos estadounidenses en China es una cuestión extremadamente sensible que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha tratado en persona y al máximo nivel con su homólogo chino, Xi Jinping durante su primer encuentro en 2017 y más recientemente durante la última visita del mandatario estadounidense a China hace un mes.

A su regreso de Pekín, Trump reiteró su compromiso de lograr la liberación de los presos políticos con la esperanza de convencer al presidente chino si finalmente decide visitar Estados Unidos en septiembre de este año, tal y como quedaron.

Min Zin era sospechoso de “participar en actividades de espionaje que ponen en peligro la seguridad nacional de China”, dijo el vocero del ministerio, Lin Jian.

No es habitual que Beijing detenga a un ciudadano estadounidense por acusaciones relacionadas con la seguridad nacional. El caso se produce apenas un mes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reuniera con su homólogo chino, Xi Jinping, en la capital, mientras ambas naciones buscan recomponer su turbulenta relación.

Un activista birmano que conoce a Min Zin señaló que desapareció el 3 de junio después de viajar a Kunming, en la provincia china de Yunnan, para asistir a una conferencia. El activista, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias gubernamentales y a ser detenido, indicó que Min Zin ya había visitado China en múltiples ocasiones.

Min Zin fue activista estudiantil durante el levantamiento de 1988 en Myanmar, un movimiento encabezado por estudiantes al que el gobierno de la época respondió con fuerza militar. Con el tiempo, solicitó asilo en Estados Unidos. En la actualidad no estaba involucrado en ninguna actividad de protesta directa, afirmó el activista.

Min Zin es el fundador de un centro de estudios llamado ISP Myanmar, que en los últimos años ha escrito sobre la política exterior china y el comercio con Myanmar, ubicado en la frontera suroeste de China. El centro participaba en intercambios habituales con instituciones similares chinas y había realizado publicaciones sobre temas como las exportaciones de tierras raras de Myanmar al gigante asiático.

Además, el activista es candidato a una maestría en la Universidad de California, Berkeley.

Amnistía Internacional pidió la liberación inmediata de Min Zin.

“Las circunstancias en torno al misterioso arresto de Min Zin son extremadamente preocupantes, igual que la aparente acusación de espionaje”, dijo Joe Freeman, investigador sobre Myanmar para el grupo de defensa de los derechos humanos.

(Con información de Europa Press y AP)

La agencia de noticias iraní Mehr publicó este viernes lo que, según afirmó, era un borrador de acuerdo con Estados Unidos para establecer un marco para el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

La agencia indicó que el memorando de entendimiento incluiría un “cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano”.

El medio indicó que el borrador establece un período de negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

La agencia, citando una fuente cercana al equipo negociador iraní, señaló que el acuerdo estipula “60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre cuestiones nucleares y el levantamiento completo de las sanciones primarias y secundarias estadounidenses”.

Los medios estatales iraníes afirman que Teherán no cedería el control del estrecho de Ormuz en virtud del borrador del acuerdo con Estados Unidos.

Este jueves, Irán había puesto en duda el optimismo expresado por el presidente estadounidense Donald Trump sobre un acuerdo inminente entre ambos países y aseguró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el resultado de las conversaciones. La respuesta llegó pocas horas después de que la Casa Blanca anunciara avances en las negociaciones y hablara incluso de una posible firma en Europa durante los próximos días.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que las conversaciones continúan, pero descartó que se haya alcanzado una conclusión final. Según explicó, gran parte del documento negociado ya fue redactado, aunque persisten diferencias que impiden dar por cerrado el proceso.

“Irán no ha tomado todavía una decisión final sobre un posible acuerdo con Estados Unidos”, declaró el funcionario. Además, insistió en que la República Islámica no está dispuesta a renunciar a sus “líneas rojas”, una expresión utilizada habitualmente por el régimen iraní para referirse a asuntos considerados innegociables.

Bagaei también cuestionó las versiones que circulan sobre una eventual ceremonia de firma y sostuvo que cualquier información relacionada con fechas o lugares específicos carece por ahora de carácter oficial. “Los informes sobre el momento y el lugar de la firma siguen siendo especulativos”, señaló.

El portavoz iraní sostuvo además que las negociaciones se han visto complicadas por cambios de posición de la parte estadounidense. Según indicó, aunque buena parte del texto ya está acordada, Washington modificó en distintas ocasiones algunos de sus planteamientos durante el diálogo.

Fuentes iraníes citadas por medios estatales fueron incluso más lejos al negar que se haya firmado algún documento vinculante o un memorando de entendimiento entre ambas partes.

La reacción de Teherán se produjo en un contexto de fuerte tensión regional. Durante las últimas jornadas, la situación en Medio Oriente volvió a deteriorarse tras nuevos episodios militares que pusieron en duda la estabilidad del alto el fuego alcanzado en abril.

Lo que anunció Trump sobre las negociaciones

Horas antes de la respuesta iraní, Donald Trump había asegurado que Estados Unidos estaba a punto de formalizar un acuerdo destinado a poner fin al conflicto con Teherán.

“Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán”, afirmó el mandatario desde el Despacho Oval. Según explicó, únicamente restaba completar la documentación necesaria para proceder a la firma, un paso que podría concretarse en los próximos días.

El presidente estadounidense sostuvo además que el entendimiento cuenta con el respaldo de los niveles más altos del liderazgo iraní y señaló que el proceso de negociación había llegado a una fase decisiva. También adelantó que la ceremonia de firma podría celebrarse en Europa y que el vicepresidente JD Vance representaría a Estados Unidos.

Previamente, Trump había anunciado la cancelación de nuevos bombardeos contra objetivos iraníes que estaban previstos para este jueves. En un mensaje difundido en Truth Social, explicó que tomó esa decisión debido al avance de las conversaciones.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó ayer que la inflación de mayo fue del 2,1 por ciento. Sin embargo, con la versión actualizada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya implementación se postergó indefinidamente a comienzos de año, ese porcentaje habría resultado más alto.

El Gobierno había anunciado la actualización del índice, pero resolvió no aplicarla en febrero, cuando se difundieron los datos correspondientes a enero, lo que motivó la renuncia de Marco Lavagna, el entonces director del organismo estadístico. La nueva metodología otorga mayor peso dentro del IPC a los servicios públicos y al transporte, cuyos valores aún deben ser ajustados para corregir distorsiones de períodos anteriores.

“Si midiéramos el IPC con la canasta actualizada de la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/18, la inflación de mayo habría sido 2,3% en lugar del 2,1% oficial, acumulando 15,6% en los primeros cinco meses del año contra el 14,7% que muestra Indec”, indicaron desde la consultora Equilibra. “Esta métrica se realiza con la mayor apertura a nivel rubros posibles y con base 100=2025, mientras que si se construye a nivel 12 capítulos la inflación arrojaría 2,2%”, agregaron.

En tal sentido, un informe de LCG estimó la misma cifra para el mes pasado con el índice que la administración libertaria postergó. “Corrigiendo por la estructura de la canasta que surge de la ENGHo 2017/18 (más peso de servicios), la inflación minorista habría sido 2,3% en mayo, y 1 pp más alta en el acumulado del año, es decir cerca de 16 por ciento”, explicaron desde la firma de análisis macroeconómico.

La canasta que el Indec no llegó a estrenar

La actualización postergada implicaba reemplazar la canasta de consumo basada en el relevamiento de 2004 por una construida a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del 2017-2018. El cambio no suponía una nueva medición desde cero, sino incorporar una fotografía más actualizada de en qué gastan su dinero los argentinos.

Las modificaciones más relevantes afectaban la ponderación de varios rubros dentro del índice. El rubro “Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles” habría pasado de representar el 9,4% de la canasta al 14,5%. Transporte habría escalado del 11% al 14,3%, con mayor peso de los combustibles y los boletos de pasajeros. Comunicaciones también habría crecido, del 2,8% al 5,1%, reflejando la mayor incidencia del gasto en telefonía e internet en los hogares. En contrapartida, “Alimentos y Bebidas” habría reducido su participación del 26,9% al 22,7%.

Por qué los servicios son la clave

La razón por la que la canasta actualizada arroja una inflación más alta en el contexto actual tiene una explicación directa: los rubros que habrían ganado peso en el nuevo índice fueron precisamente los que más subieron en mayo. Según el informe del Indec, los precios regulados avanzaron 2,4% en el mes, con los combustibles, la electricidad y el agua entre los principales impulsores. La división Comunicación encabezó los aumentos con un 3,4% mensual. El IPC Núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, subió 1,9 por ciento.

Esa dinámica explica la brecha entre ambas mediciones. Al asignarle mayor protagonismo a los servicios dentro de la canasta, el índice captura con más intensidad los aumentos que se registraron en esos rubros durante el mes. La inversa también es válida: en un escenario donde los alimentos suban más que los servicios, la nueva metodología podría mostrar una inflación más moderada que la actual.

El acumulado, la diferencia más relevante

Más allá del dato puntual de mayo, lo que subrayan los analistas es el impacto acumulado de haber mantenido la canasta desactualizada durante los primeros cinco meses del año. Mientras el Indec muestra una suba del 14,7% entre enero y mayo, las estimaciones con la canasta actualizada elevan esa cifra a entre 15,6% y 16%, según Equilibra y LCG respectivamente. La diferencia oscila entre 0,9 y 1,3 puntos porcentuales.

La brecha se explica porque la nueva canasta habría pesado más en los meses en que los servicios registraron mayores aumentos, que es exactamente el período posterior al proceso de corrección tarifaria que llevó adelante la administración de Javier Milei. Al ampliar la representación de esos rubros, el índice actualizado habría capturado con mayor intensidad esas subas a lo largo del año.

El dato cobra relevancia también en términos de política económica: el IPC oficial es la referencia que el Gobierno utiliza para fijar el ritmo de ajuste mensual de las bandas cambiarias. Una inflación medida más alta habría generado presiones distintas sobre esa variable y, en última instancia, sobre las proyecciones de desinflación que el equipo económico comunica al mercado.

La muerte de la princesa Bajrakitiyabha, anunciada este viernes por la Casa Real tailandesa, reconfigura el mapa sucesorio de la monarquía en un momento de escasa popularidad para la Corona. La primogénita del rey Vajiralongkorn, de 47 años y también conocido como Rama X, falleció tras más de tres años hospitalizada por un severo cuadro cardíaco que la mantuvo inconsciente desde diciembre de 2022.

En el comunicado oficial emitido, la Casa Real detalló: “A pesar de la atención minuciosa y constante del equipo médico, su estado empeoró progresivamente hasta el jueves 11 de junio, a las 19:48 (12:48 GMT), cuando falleció”.

Tras este desenlace, la línea de sucesión directa se concentra en el príncipe Dipangkorn, de 21 años, y la princesa Sirivannavari, de 39. Los cuatro hijos que el monarca repudió en su adolescencia permanecen excluidos del orden sucesorio.

Desde que la princesa fue ingresada de urgencia en un hospital de Bangkok el 15 de diciembre de 2022, la institución mantuvo un estricto hermetismo. Solo se conoció que la causa inicial fue la “inflamación del corazón” por una bacteria micoplasma. En agosto de 2025 y mayo pasado, se reveló que también sufría una “infección abdominal”.

La muerte de Bajrakitiyabha deja vacante la figura considerada más apta y moderna para suceder al actual monarca, cuya imagen pública se vio deteriorada desde su ascenso en 2016. La princesa era vista como una posible vía para restaurar parte del prestigio perdido por la monarquía tras la muerte de Bhumibol, quien reinó durante siete décadas.

El proceso sucesorio en Tailandia enfrenta ahora una mayor incertidumbre. El príncipe Dipangkorn, primero en la línea, es el hijo más joven del rey y, según círculos cercanos a la Casa Real, podría padecer problemas cognitivos, aunque la institución no lo ha confirmado. Sirivannavari, la única hija residente en Tailandia del segundo matrimonio del monarca, demostró una inclinación por la moda y asiste ocasionalmente a eventos oficiales.

En la historia reciente de la familia real, los hijos nacidos de la relación del rey con Sujarinee Vivacharawongse permanecen distanciados. Tras su destierro en 1996, hicieron escasas apariciones públicas en el país. Vacharaesorn, de 45 años y el tercero de esos hijos, regresó sorpresivamente a Tailandia unos meses después de la hospitalización de Bajrakitiyabha y participó en actos oficiales, lo que alimentó las especulaciones sobre la sucesión.

No obstante, en 2025 los cuatro hermanos (Vacharaesorn, Juthavachara, Chakriwat y Vatchrawee) denunciaron haber sido impedidos de ingresar a Tailandia por las autoridades migratorias. El allegado al rey de 45 años volvió a abandonar el país en junio de ese año, según relataron sus hermanos, tras ser presionado para ello.

La situación genera preguntas sobre si estos hijos conservan algún estatus real, ya que no figuran en las imágenes oficiales de la Casa Real.

La posibilidad de que el trono pase a alguna de las hermanas del rey es considerada remota. Sirindhorn, de 71 años, no tiene descendencia, y Chulabhorn, de 68, enfrenta problemas de salud. Ubolratana, la mayor, perdió sus títulos por casarse con un ciudadano estadounidense.

En ocasiones anteriores, la monarquía tailandesa recurrió al cambio de linaje para resolver vacíos sucesorios, como ocurrió en 1935 tras la abdicación del rey Prajadhipok. Si ninguna de las opciones mencionadas resulta viable, la historia podría repetirse con la elección de un familiar indirecto.

(Con información de EFE)

Desde hace tres meses, el Gobierno repite una y otra vez la misma secuencia que tiene como protagonista a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Mientras la Casa Rosada multiplica sus esfuerzos por cambiar la agenda, la oposición, pero en particular los propios y aliados, tensionan al oficialismo y vuelven a posicionar el tema en la primera plana de los principales medios de comunicación.

Indiferente a la presión, el presidente Javier Milei evita correr a su jefe de Gabinete y asume el costo político por mantenerlo, aun cuando la causa continúa erosionando la imagen de su gestión.

“Nadie decide nada y las cosas van ocurriendo”, planteó una fuente que transita Balcarce 50 para explicar la permanencia del ministro coordinador en la plana mayor del poder, pese al desgaste que suponen los constantes movimientos en la investigación judicial. “Milei no piensa como cualquier político. No le importa que caiga. Tampoco lo político del tema”, matizó un funcionario.

Tras la reaparición mediática de Adorni, la valoración de la performance varía en función del despacho al que se recurra. En el entorno del afectado se convencen de que logró que la sociedad “empatizara” con su explicación del ahorro en negro y sostienen que su inocencia ante las acusaciones fue bien receptada. “No es un chorro y eso quedó claro. Estuvo hiper sólido”, destacaron.

No obstante, hay otras lecturas no tan optimistas. Pese a las marcadas diferencias, una coincidencia unifica al Triángulo de Hierro: la entrevista a LN+ fue un mensaje en clave judicial y, según detectan, logró su cometido. “En Tribunales sirve esta explicación”, plantearon desde el entorno del asesor presidencial, Santiago Caputo. “Solo importa lo judicial y fiscal”, coincidieron desde el karinismo.

Ante la persistencia del tema, hay quienes detectan -con marcada resignación- el impacto de la causa en la gestión diaria, aunque no esperan una definición del Presidente sobre el tema. “Lo de ayer fue la presentación en vivo de una estrategia judicial. Todo se subordinó a eso, incluso el Gobierno”, admitió un alfil violeta ante este medio.

Lo cierto es que Adorni dedicó la semana a emprolijar la declaración que presentó ante la Oficina Anticorrupción -que se hizo pública en la web a la misma hora en la que iniciaba el Mundial 2026- y ensayó una explicación mediática de la misma con la ilusión de pasar definitivamente la página de una historia que le trajo más de un dolor de cabeza.

En esta oportunidad no hubo operativo clamor en redes, más allá de las historias de Instagram que le dedicó el mandatario para respaldarlo, sino todo lo contrario. Las únicas expresiones públicas de ajenos, propios y aliados apuntaron a cuestionar la versión sobre las Bitcoin y terminaron por acorralar a la administración libertaria que mantiene -al menos por ahora- su postura de sostener al ministro coordinador.

Como era de esperar, Patricia Bullrich volvió a tomar distancia y complicar los planes del oficialismo al calificar las explicaciones como una “omisión ética”. Las declaraciones de la legisladora no sorprendieron en la mesa política que, pese a la rudeza de sus palabras, volvió a fingir demencia y a festejarle los 70 en la reunión del jueves.

Entre bizcochuelo de vainilla con crema y cafés, los interlocutores -casi todos en tensión- realizaron un repaso de la agenda legislativa y el status de cada proyecto como si nada más pasara. “Martin Menem y Caputo se mataron y fingieron demencia. Con esta boludez, tampoco pasa nada”, minimizó un integrante del reducido círculo ajeno a las pujas.

Al principio, la foto de la insólita escena no fue difundida, pero, unas horas después, fue Karina Milei quién la hizo pública en sus redes. También fue la primera en saludar a Bullrich, seguida por Adorni. Todo un intento de querer mostrar una unidad forzada. Al término de la reunión, el ministro coordinador comunicó que cumpliría con su obligación de presentarse ante el Senado en una nueva ratificación de su lugar en la gestión.

A contramano de las gestualidades, la tensión de la legisladora con varios integrantes del Poder Ejecutivo no merma. “Le está complicando el laburo a todo el mundo. A Toto (Caputo), a Federico (Sturzenegger), al Presidente”, afirmó un ministro. “Patricia tiene otra lógica, la de la vieja política. Ella tira, tensa y muestra que tiene capacidad de daño, pero no rompe. Igual, como todo, va a pasar”, vaticinó un funcionario.

Detrás de las afirmaciones se esconde la determinación de la administración libertaria de sostener a la legisladora. La decisión no responde a su alineamiento ni a su trabajo en “el resurgimiento que hará grande a la Argentina nuevamente”, como expresó Milei en el saludo cumpleañero, sino a su volumen político y su peso propio en el Senado.

“Es cierto que antes los fletábamos por menos, pero acá no se puede echar a nadie que esté adentro. En el Congreso tiene un monopolio de senadores”, admitió una voz del ecosistema. Bullrich lo sabe y se mueve en consecuencia.

En sintonía, y en un sorpresivo movimiento, la mesa nacional del PRO resolvió hablar de “falta grave” y criticar el “error” que Adorni admitió en la confección de sus declaraciones juradas de 2023 y 2024. “No tiene ninguna justificación posible. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública”, se expidieron. Desde la dirección del espacio admitieron que se discutió un mensaje incluso más duro.

La primera en marcar la distancia fue Victoria Villarruel, que planteó que las explicaciones y el accionar del funcionario eran “una vergüenza”. Horas más tarde, presionó al Jefe de Gabinete para que anticipe su informe de gestión en el Senado previsto para julio. Lo que desconoce Villarruel es que el equipo del ministro coordinador planeaba la visita para el mes de agosto.

“No vamos a responderle a Vicky”, plantearon desde el entorno del ministro coordinador, que prepara su estrategia de defensa para hacer frente a la moción de censura que la oposición presentó en la Cámara de Diputados.

La secuencia se repite: una nueva revelación da pie a otra explicación y a un nuevo intento oficial por dar vuelta la página. Sin importar el costo político ni las dificultades para capitalizar los primeros indicadores económicos positivos, el Presidente mantiene intacta su decisión de sostener a Adorni. La incógnita ya no pasa por conocer cuál será el próximo capítulo, sino cuánto tiempo más podrá el Gobierno convivir con una historia que, tres meses después, parece no tener fin. Porque en Balcarce 50, igual que en Macondo, el tiempo no pasa, da vueltas en redondo.

El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) advirtió que Asia enfrenta el peor escenario previsto por la crisis energética originada por la guerra en Medio Oriente, con al menos 15 países solicitando financiación de emergencia por un total de USD 4.000 millones de dólares. El presidente del organismo, el japonés Masato Kanda, afirmó que Asia-Pacífico es actualmente la región más severamente afectada por el impacto económico del conflicto.

Kanda señaló, en declaraciones a Financial Times, que “la subida de los precios de la energía, del transporte marítimo y de los insumos ya se ha materializado” y advirtió que la escasez de fertilizantes incrementará los costes de los alimentos, lo que intensifica las presiones inflacionarias en la región. El titular del BAD indicó que la institución está preparada para atender nuevas peticiones de financiación por montos “muy importantes” y aseguró contar con margen suficiente para aumentar los préstamos.

La advertencia llega después de que el BAD recortara a finales de abril su previsión de crecimiento para las 43 economías en desarrollo de Asia y Pacífico al 4,7% en 2026, frente al 5,1% estimado previamente, tras atribuir el ajuste al impacto prolongado de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El banco también elevó su previsión de inflación regional del 3% al 5,2%.

La revisión refleja el agravamiento de una crisis que amenaza las rutas energéticas y comerciales globales, como el estrecho de Ormuz, especialmente para las economías más dependientes de las importaciones de combustible, remesas, turismo y financiación exterior. Entre los países que solicitaron ayuda figuran Bangladesh, Fiyi, Filipinas y Sri Lanka. El Gobierno filipino presentó la mayor petición, con USD 1.750 millones tras declarar una emergencia energética nacional, mientras que India solicitó USD 1.500 millones para reforzar su capacidad de respuesta a la crisis.

El BAD mantiene conversaciones con otros cuatro países sobre posibles préstamos adicionales y anticipa que las solicitudes de asistencia aumentarán en una situación que definió como “realmente grave”.

Con sede en Manila, el BAD es la principal entidad multilateral de desarrollo en Asia y el Pacífico, y el año pasado comprometió USD 29.100 millones para proyectos de desarrollo en la región.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) elevó este jueves su principal tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, situándola en 2,25%, con el objetivo de contener el aumento de la inflación provocado por la guerra en Medio Oriente. Se trata de la primera subida desde septiembre de 2023.

Aunque algunos economistas anticipaban el movimiento, advirtieron sobre los riesgos de incrementar los tipos de interés en un contexto de crecimiento económico desacelerado y en ausencia, hasta ahora, de una subida generalizada de los precios. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, defendió la medida y aseguró en rueda de prensa que el aumento, decidido por unanimidad del consejo de gobernadores, es “claramente una señal” necesaria ante la incertidumbre y las perspectivas de inflación.

El BCE argumentó que, al encarecer el crédito, busca frenar el consumo y la inversión, con el objetivo de ralentizar la demanda y contener el aumento de los precios. La institución prevé que la inflación se acelere al 3% en 2026, frente al 2,6% estimado anteriormente, y proyecta un crecimiento de la economía de la zona euro del 0,8%, lo que representa un punto porcentual menos que la previsión de marzo.

Christine Lagarde afirmó que “no es como si estuviéramos en un entorno donde el crecimiento esté ausente o seriamente amenazado”, aunque advirtió que la persistencia de precios elevados de la energía podría trasladarse a otros bienes y a los salarios.

Por su parte, Kyriakos Pierrakakis, presidente del Eurogrupo, señaló en Luxemburgo que los mercados “reaccionan con calma, pero eso no significa que bajo ninguna circunstancia debamos subestimar los riesgos a los que nos enfrentamos” al comentar la decisión del BCE.

(Con información de EFE y AFP)

La Secretaría de Energía dispuso una modificación al régimen tarifario especial para los Bomberos Voluntarios de la República Argentina, luego de que resolvieran ampliar el acceso a otros tipos de suministros. De esta manera, podrán suplirse con el gas natural por redes y el gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes.

A través de la publicación de la Resolución N° 134/2026 en el Boletín Oficial, la titular de Energía, María Carmen Tettamanti, establecieron cambios a la resolución que dispone que todos los bomberos voluntarios del país gocen de una bonificación total en el precio del gas natural por redes y del gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes. La modificación impactó directamente en la antigua Resolución N° 619, que fue publicada el 26 de julio de 2023.

“Establécese una bonificación total del precio del gas natural por redes y del gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes, y de las tarifas de los servicios de transporte y distribución de gas natural y GLP por redes”, indicaron en el documento oficial. Además, remarcaron que la medida alcanzará al resto de los cargos nacionales vinculados a la demanda de los usuarios registrados en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios.

No obstante, aclararon que el acceso al GLP envasado será otorgado bajo condiciones y procedimientos que deberá definir la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética. De acuerdo con la disposición oficial, esta dependencia tendrá la responsabilidad de establecer los mecanismos para la incorporación de las entidades que consuman este tipo de recurso.

En este sentido, deberán determinar los volúmenes máximos cubiertos por la bonificación y las condiciones para su acceso. Para ello, adelantaron que se tendrán en cuenta criterios de segmentación geográfica, condiciones climáticas y otros parámetros técnicos.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que la medida buscará implementar al gas licuado de petróleo como un sustitutivo del gas natural distribuido por redes, sobre todo en las regiones que cuentan con complicaciones de infraestructura y geográficas.

Para este fin, indicaron que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) deberá adecuar el procedimiento vigente, originalmente dispuesto por la Resolución N° 252 de 2024 del ENARGAS, para incorporar al servicio de GLP por redes y adoptar las medidas necesarias que permitan la aplicación de la nueva resolución.

De la misma forma, se instruyó a las áreas competentes a implementar mecanismos de cruce e interoperabilidad de bases de datos con el ENReGE y otros organismos para asegurar la correcta identificación de los beneficiarios.

Extendieron la bonificación del 25% en gas y sumaron rebajas en electricidad para usuarios vulnerables en junio

Hace dos semanas, la Secretaría de Energía extendió para junio la bonificación del 25% extra sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes, beneficio que había implementado a principio de mes, y dispuso una medida similar para la electricidad. La resolución mantiene el alcance de la medida para los usuarios incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La decisión responde al aumento del consumo energético registrado durante junio por las bajas temperaturas invernales, lo que generó un incremento significativo en la demanda residencial de electricidad, gas natural y gas propano.

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En línea con esto, la normativa oficial fijó también una reducción adicional del 11,97% sobre un consumo base de 300 kilovatios hora (kWh) mensuales para usuarios residenciales del SEF en junio, con el objetivo de morigerar el impacto tarifario en los hogares. Según la resolución, estas medidas buscarán atenuar el efecto de las tarifas durante el periodo de mayor demanda.

En el caso del gas, el organismo decidió mantener el 25% adicional para el gas y gas propano por redes a comienzos de junio. Por esto, también se aplicaría una rebaja del 11,97% sobre el consumo base para usuarios residenciales del régimen de subsidios focalizados.

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De esta manera, se estableció que las bonificaciones generales se computen sobre el Precio Estacional (PEST) de la electricidad, el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas natural y el precio del gas propano utilizado en garrafas domésticas. Dichos beneficios se trasladarán a las tarifas finales de los beneficiarios, considerando los consumos base desde la entrada en vigencia del régimen.

Además, se incorporó a Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro, conforme lo dispuesto en las leyes 27.098 y 27.218. Sin embargo, estos grupos recibirán la bonificación sobre la totalidad de su consumo energético.

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