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Un estudio sobre la producción de huevos en el Reino Unido concluyó que una transición total a sistemas camperos y ecológicos puede acarrear un costo ambiental más alto. Si se mantiene constante el volumen de producción, ese cambio elevaría las emisiones en 60% y casi duplicaría la ocupación de suelo.

El estudio, publicado en Royal Society Open Science, concluye que producir solo huevos camperos y ecológicos en el Reino Unido implicaría más emisiones, más uso de suelo y una mortalidad más alta que otros sistemas, si se mantiene igual la cantidad de huevos. La comparación se basó en escenarios nacionales de producción constante y en datos recopilados entre 2009 y 2010.

Los autores compararon varios escenarios para la industria del huevo británica, incluidos cambios hacia sistemas de gallinero, camperos y ecológicos. El hallazgo central fue que los sistemas sin jaula pueden ajustarse mejor a la preocupación pública por el bienestar de las gallinas, pero también exigir una población mayor de aves y aumentar la presión ambiental.

La autora Harriet Bartlett, investigadora principal asociada de la Smith School of Enterprise and the Environment de la Universidad de Oxford, dijo que la investigación subraya la necesidad de evaluar de forma conjunta el bienestar animal, el impacto ambiental y la producción de alimentos al definir el futuro de la avicultura de postura.

Por qué aumentan las emisiones y el uso de suelo

Según el estudio, los sistemas sin jaula pueden requerir más aves para obtener la misma cantidad de huevos. Esa diferencia de desempeño productivo altera el balance ambiental entre los distintos métodos de cría.

Los autores explican que los sistemas en jaula muestran mejor desempeño animal y mayor eficiencia en el uso de alimento para animales. Como las aves consumen menos para producir la misma cantidad de huevos, se reducen los insumos necesarios y las emisiones asociadas.

En las granjas camperas y ecológicas, el impacto sube por una combinación de menor productividad, mayores necesidades de alimento para animales por huevo producido y menores rendimientos de los cultivos destinados al alimento ecológico. En conjunto, esos factores elevan la demanda de tierra, alimento y otros recursos para alcanzar el mismo nivel de producción.

El estudio sitúa este debate dentro de una presión ambiental más amplia del sistema alimentario. La cadena mundial de suministro de alimentos genera el 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la actividad humana, además del 78% de la eutrofización del agua y el 32% de la acidificación terrestre.

El equilibrio entre bienestar animal y sostenibilidad

El autor principal, Oliver Martinic, investigador independiente radicado en Croacia, señaló que el impulso para abandonar las jaulas responde a inquietudes relevantes sobre el bienestar de los animales de granja. Aun así, advirtió que las diferencias de rendimiento entre sistemas pueden producir efectos no previstos.

Los autores también detectaron un aumento importante de la mortalidad en escenarios de producción 100% campera y ecológica. Al mismo tiempo, precisaron que ese indicador no agota por sí solo la discusión sobre bienestar animal.

Bartlett rechazó que los resultados deban leerse como una defensa del retorno a sistemas restrictivos en jaula. La investigadora sostuvo que las preocupaciones sobre los huevos de gallinas enjauladas no deben ignorarse y que el reto pasa por hallar un equilibrio más amplio entre variables que a menudo entran en tensión.

Los autores añadieron que la transición hacia sistemas sin jaula debe ir acompañada de mejoras en mortalidad y eficiencia alimentaria para evitar un aumento del impacto ambiental. También indicaron que el desafío consiste en desarrollar sistemas de producción que combinen altos estándares de bienestar animal con un mejor desempeño productivo y un menor impacto ambiental.

Las limitaciones de los datos y lo que deja el estudio

Los investigadores reconocieron que la base utilizada procede de 2009 y 2010 y no refleja avances más recientes en la producción de gallinas ponedoras. Aun así, sostuvieron que sigue siendo el conjunto de datos más completo disponible en el Reino Unido para comparar todos los sistemas de alojamiento con una metodología consistente.

También explicaron que los trabajos más recientes suelen centrarse solo en algunos sistemas y dificultan la comparación directa. Añadieron que reunir una base actualizada equivalente resulta complejo por problemas como los brotes de gripe aviar y la dificultad para obtener datos representativos de la producción de gallinero y ecológica.

La investigación también aclara que la mortalidad es solo una dimensión del bienestar. Los autores la usaron porque permite una medición comparable a escala nacional y porque refleja animales que consumieron recursos sin aportar producción.

Para productores y consumidores, estos resultados apuntan a la necesidad de evaluar varias variables al mismo tiempo. Ningún sistema ofrece hoy el mejor resultado en todas las mediciones de bienestar animal y presión ambiental.

Dejar la casa de los padres ya no depende únicamente de una decisión personal. Para una parte importante de los jóvenes argentinos, la posibilidad de independizarse quedó condicionada por una ecuación económica que cada año resulta más difícil de resolver: el costo de sostener un hogar crece a un ritmo muy superior al de los ingresos.

Ese escenario quedó reflejado en un estudio del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), que reveló que el 44% de los jóvenes argentinos todavía vive con sus padres, un porcentaje que muestra cómo la emancipación dejó de ser un paso natural hacia la adultez para convertirse, cada vez más, en una meta difícil de alcanzar.

En diálogo con Infobae a la Tarde, el investigador especializado en movilidad, vivienda y urbanismo de la Fundación Tejido Urbano, Matías Araujo, explicó que hoy una persona necesita $1.321.651 mensuales para vivir sola, mientras que el salario promedio de los jóvenes ronda los $900.000. Esa diferencia, sostuvo, explica buena parte del fenómeno y obliga a muchos a permanecer en el hogar familiar, aun cuando desean independizarse.

Según detalló, los jóvenes que efectivamente lograron dar ese paso perciben, en promedio, ingresos de entre $1,4 y $1,6 millones, mientras que quienes continúan viviendo con sus padres suelen ubicarse entre los $600.000 y $750.000. La distancia entre ambos grupos deja en evidencia que el problema ya no pasa únicamente por conseguir trabajo, sino por alcanzar un nivel de ingresos que permita afrontar el alquiler, los servicios y el resto de los gastos cotidianos.

Araujo señaló que la dificultad para emanciparse responde a una combinación de factores. El primero es el deterioro del mercado laboral, que demora el acceso a empleos estables y mejor remunerados. El segundo es la prolongación de las trayectorias educativas, que retrasa el ingreso pleno al mercado de trabajo. Y el tercero es el cambio en los proyectos familiares, que llevó a postergar decisiones como formar pareja, tener hijos o comprar una vivienda.

En ese sentido, sostuvo que el mercado laboral “se corrió aproximadamente diez años”. Mientras que hace dos décadas era habitual acceder a un primer empleo formal alrededor de los 20 años, hoy muchos profesionales recién consiguen posiciones iniciales —como puestos junior o de analista— entre los 28 y los 31 años.

Ese retraso tiene consecuencias que trascienden lo laboral. Incluso quienes logran independizarse deben destinar una parte muy importante de sus ingresos al alquiler. En muchos casos, explicó el investigador, ese gasto representa hasta el 60% del salario, una proporción que prácticamente elimina cualquier posibilidad de ahorro y vuelve muy difícil proyectar la compra de una vivienda propia.

La informalidad constituye otro de los principales obstáculos. Actualmente, alrededor del 36% de los jóvenes trabaja sin registrar, una situación que limita el acceso al crédito, dificulta la firma de contratos de alquiler y reduce la previsibilidad económica necesaria para sostener un hogar.

En ese contexto, también se modificaron los tiempos en que los jóvenes alcanzan distintos hitos de la vida adulta. Si hace dos décadas la edad promedio de emancipación se ubicaba entre los 24 y los 25 años, hoy ronda los 27,5 años, mientras que la posibilidad de acceder a una vivienda propia pasó de proyectarse alrededor de los 35 años a ubicarse, en muchos casos, entre los 40 y los 44.

Las diferencias territoriales también muestran que el fenómeno no responde a una única realidad. Araujo explicó que en la Ciudad de Buenos Aires apenas uno de cada cuatro jóvenes logra independizarse, mientras que en varias provincias del norte los porcentajes son considerablemente más altos. Sin embargo, aclaró que esa mayor emancipación no necesariamente implica mejores condiciones económicas. En muchos casos responde a dinámicas familiares distintas o a contextos donde los jóvenes forman hogares propios antes, aunque con mayores niveles de vulnerabilidad. En otros, ocurre exactamente lo contrario: permanecen en la vivienda familiar porque su aporte resulta indispensable para sostener la economía del hogar.

Más allá de las estadísticas, el investigador advirtió que el retraso en la emancipación también tiene un fuerte impacto sobre las expectativas de una generación que ve cómo objetivos históricamente asociados al progreso —como conseguir un empleo estable, alquilar una vivienda o acceder a una casa propia— se vuelven cada vez más difíciles de concretar. Esa sensación, explicó, alimenta la frustración y la comparación permanente con generaciones anteriores, que atravesaron la transición hacia la vida adulta en un contexto muy diferente.

En ese sentido, remarcó que los jóvenes de hoy enfrentan una realidad estructural distinta, marcada por una mayor informalidad laboral y un acceso mucho más complejo a la vivienda. Por eso, consideró que las trayectorias de ambas generaciones no son comparables: mientras antes el trabajo formal y la posibilidad de comprar una casa constituían un horizonte alcanzable para buena parte de la población, hoy esos objetivos aparecen mucho más lejanos para quienes recién comienzan su vida laboral.

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El grupo terrorista Hamas avanzó hacia un posible acuerdo que contempla la desactivación de sus armas como parte de una nueva fase del plan de paz para Gaza, aunque el movimiento islamista todavía plantea modificaciones a la propuesta negociada con mediadores internacionales en El Cairo. El desarme del grupo continúa siendo el principal obstáculo para consolidar un acuerdo más amplio con Israel.

Fuentes cercanas a las conversaciones indicaron que las negociaciones registraron avances poco habituales durante los últimos meses. Según informó AFP, representantes de Hamas trabajan sobre cambios a un documento presentado por los mediadores, mientras buscan una fórmula que limite el uso de su armamento sin aceptar, por ahora, todas las condiciones planteadas por Israel.

El proceso forma parte de la segunda etapa del plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para Gaza, que contempla el fin progresivo de la presencia militar israelí, la creación de una administración civil palestina para gestionar el territorio y la eliminación de las capacidades armadas de Hamas.

Una fuente diplomática citada por AFP señaló que la propuesta busca establecer “una autoridad, una ley, un arma”, como principio central para la transición política y de seguridad en Gaza. Según esa hoja de ruta, las armas pesadas y ligeras quedarían bajo control de la Comisión Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), una estructura tecnócrata palestina diseñada para asumir las funciones de gobierno durante el período posterior al conflicto.

La misma fuente indicó que el plan incluye la destrucción de túneles, depósitos de armamento e instalaciones utilizadas para fabricar armas. También prevé un mecanismo de supervisión internacional para verificar que las partes cumplan con los compromisos acordados.

Sin embargo, Hamas aún busca cambios en algunos puntos del documento. Un representante del grupo citado por AFP afirmó que la organización espera la respuesta israelí a las modificaciones enviadas recientemente a los mediadores. Según explicó, en el apartado relacionado con las armas fueron eliminados algunos elementos y se propusieron alternativas.

De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, Hamas estaría dispuesto a “confinar y almacenar” parte de su armamento pesado bajo supervisión palestina, en lugar de entregarlo directamente a Israel. El movimiento también exige garantías sobre el retiro de las tropas israelíes de Gaza y el fin de los ataques contra el territorio.

Las diferencias con Israel permanecen abiertas. Un funcionario israelí afirmó que la propuesta actual no responde de manera suficiente a las exigencias del Gobierno de Benjamin Netanyahu, que reclama la eliminación completa del arsenal de Hamas y la desmilitarización total de la Franja antes de avanzar hacia cualquier proceso político.

“Israel exige el desarme completo de Hamas, incluida la retirada de las armas de Gaza y la completa desmilitarización de la Franja como condición previa para cualquier proceso”, declaró el funcionario israelí.

El acuerdo también incluiría la transferencia gradual de responsabilidades administrativas a la NCAG, que asumiría funciones civiles y la gestión de trabajadores públicos que anteriormente dependían de la administración de Hamas.

Pese a los avances diplomáticos, la situación sobre el terreno sigue siendo frágil. La tregua vigente en Gaza redujo la intensidad de los combates, pero no puso fin a los ataques. Reuters informó que bombardeos israelíes dejaron varios palestinos muertos el jueves, incluidos menores, mientras el Ejército israelí afirmó que sus operaciones estuvieron dirigidas contra miembros de Hamas.

El futuro del acuerdo dependerá ahora de la respuesta israelí a las modificaciones planteadas por Hamas y de la capacidad de los mediadores de acercar posiciones sobre el punto más sensible de las negociaciones: el control y eliminación del armamento del grupo islamista.

El radicalismo podría poner en jaque las posibilidades de La Libertad Avanza de darle media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, más conocida como ley de tierras.

El Comité Nacional del partido, presidido por Leonel Chiarella, emitió un comunicado en el que les pide a sus senadores que no acompañen la ley. El propio presidente del partido se reunió con cada uno de los legisladores para que adopten el posicionamiento partidario.

“Hay buen diálogo de Chiarella con los bloques tanto en Diputados como en el Senado”, explicó una fuente cercana a las conversaciones. “Desde hace unas semanas que se está conversando. Peteco —por Eduardo Vischi, presidente del bloque— participó de la mesa nacional. Hay buen diálogo”, agregaron.

Desde el Comité Nacional les explicaron a sus senadores que no están de acuerdo con el proyecto enviado por el Ejecutivo e instaron a que voten en contra.

“Hay tres sectores. Unos que ya hasta lo dijeron públicamente, otros que están en veremos y un tercero que apoya la provincialización. Estamos tratando de convencer a los últimos dos sectores”. Hasta ahora los que aseguraron que votarán en contra son Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama. Hay siete más que están en duda.

En ese esquema, el impulso del proyecto pierde fuerza. A pesar de que ya van por el decimoquinto borrador desde que ingresó el texto, el bloque que conduce Patricia Bullrich —con 21 senadores— no llegaría a conseguir los 37 que necesita para ir al recinto.

“Nosotros queremos sumar más senadores por la negativa, hasta ahora hay tres pero podría haber alguno más. Con esto ya vemos muy difícil su aprobación”, agregó una alta fuente radical.

Para avanzar, LLA necesita el apoyo del resto de los senadores que forman parte de los bloques provinciales que, aunque en general acompañan al oficialismo, presentarían un nivel de complejidad particular en las provincias de frontera y en aquellas que tienen grandes espejos de agua.

Según varias fuentes del Palacio Legislativo, hasta hoy estaría en duda la posibilidad de sesionar el próximo 6 de agosto porque el oficialismo no logra sumar los votos necesarios para que la norma obtenga media sanción.

El Comité Nacional señaló en un comunicado que “la soberanía se defiende cuidando nuestra tierra” y rechaza la ley porque elimina los límites “razonables” y “compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”.

“Nosotros hicimos un relevamiento de la postura de los EEUU, Australia, Francia y Brasil, que en el primero de los casos es el país referencia de este gobierno y en los otros casos son países de estructura similares a la Argentina. En la mayoría de los casos actualizaron sus normas en los últimos 24 meses. Estados Unidos lo tiene prohibido y el resto le pone límites. El Gobierno acá busca eliminar los límites y la tierra es algo finito, una vez que se vende ya no hay vuelta atrás”.

En medio de las discusiones que encabezó Chiarella, los sectores que se oponen a la norma pusieron sobre la mesa la inconsistencia de la política en cuanto a quiénes se benefician. “Todos son beneficios para los extranjeros, no hay nada para los productores locales que siguen pagando retenciones e impuestos. Pero no solo para los extranjeros sino para aquellos con capital, porque por un lado se les busca dar beneficios para comprar tierras pero a otros se les pide que paguen la salud y la educación. En este esquema, ¿a quién apunta la norma?”, se escuchó en algunas de las conversaciones.

El conflicto interno radica en que no es la primera vez que el Comité Nacional establece una postura y los senadores radicales toman un camino diferente. “Muchos responden a intereses locales y no a los partidarios en algunos casos. A los gobernadores más que al partido. En este caso, tenemos la expectativa de que a los tres que ya dijeron que votaban en contra se sumen algunos más”, reconocieron desde el Comité Nacional.

Un ataque ruso con misiles y drones contra varias ciudades de Ucrania mató en la madrugada del jueves a una familia entera cerca de Kryvyi Rih, la ciudad natal del presidente Volodímir Zelensky, en un bombardeo que el mandatario ucranio atribuyó a un misil balístico de origen norcoreano.

El proyectil impactó contra una vivienda en la localidad de Radushne, próxima a Kryvyi Rih, y dejó, según los servicios de emergencia ucranios citados por la agencia AFP, seis muertos confirmados y otras cuatro personas presuntamente fallecidas cuyos cuerpos aún no habían sido identificados formalmente. Zelensky identificó a la familia como los Voronov: la madre, Olena; el padre, Artem; siete hijos y un nieto. La víctima más joven, según el presidente, tenía apenas un año y medio.

“Los rusos usaron su misil balístico para destruir una casa corriente de una familia corriente”, escribió Zelensky en sus redes sociales. “Era una vivienda ordinaria, reducida a pedazos”, añadió. Sergei Kovtoniuk, portavoz del Servicio Estatal de Emergencias en la región de Dnipropetrovsk, dijo a AFP que se habían hallado 17 fragmentos de cuerpos en el lugar. “Puede afirmarse preliminarmente que las diez personas que estaban en la casa han muerto”, indicó.

Sobre el origen del arma, Zelensky dijo en su alocución nocturna: “Por supuesto, todavía habrá peritajes, todo será verificado, pero por ahora se trata de armamento balístico norcoreano”. La agencia Reuters, citando dos fuentes no identificadas, respaldó esa hipótesis y señaló que se trataría de la primera vez en casi un año que Rusia recurre a un misil norcoreano en la guerra, lo que apuntaría a que Moscú dispone de un nuevo suministro de este armamento procedente de Pyongyang.

Rusia y Corea del Norte firmaron en 2024 un tratado de asociación estratégica que incluye compromisos de asistencia militar mutua, y desde entonces Kiev y sus aliados occidentales han denunciado el envío de tropas, munición y misiles norcoreanos al Ejército ruso. Naciones Unidas y varios gobiernos han documentado anteriormente el uso de misiles balísticos norcoreanos contra objetivos ucranios, aunque Pyongyang y Moscú niegan sistemáticamente estas transferencias.

El bombardeo del jueves fue uno de los mayores de las últimas semanas: la fuerza aérea ucraniana contabilizó el lanzamiento de 74 misiles y 284 drones, de los que aseguró haber interceptado 55 y 265, respectivamente. Además de Kryvyi Rih, los ataques causaron muertos en Kiev, Poltava y Leópolis, según autoridades locales citadas por AFP, mientras que Zelensky cifró en ocho el número de fallecidos en todo el país, según recogió Reuters, una discrepancia que refleja el carácter todavía provisional de los balances.

En Kiev, más de 56.000 personas pasaron la noche refugiadas en las estaciones del metro, que desde 2022 funcionan como refugios antiaéreos. La onda expansiva del bombardeo llegó hasta Polonia, país miembro de la OTAN: la policía polaca localizó un cráter de diez metros de ancho en un campo a unos 80 kilómetros de la frontera ucrania. “Del análisis de la mayoría de los rastros, los fragmentos recuperados apuntan a un misil ruso Kh-101”, declaró el primer ministro polaco, Donald Tusk, junto al lugar del impacto.

El episodio se produce dos días después de que Zelensky se reuniera en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar la defensa antibalística de Ucrania. Trump ha planteado en el pasado autorizar la producción de interceptores Patriot para reforzar las defensas ucranias, aunque ni Washington ni Kiev han precisado los términos del plan.

El mes pasado fue el más letal para la población civil ucrania desde abril de 2022, según cifras oficiales, en un contexto de intensificación de los ataques rusos con misiles balísticos, un tipo de arma que las defensas antiaéreas ucranias tienen mayores dificultades para interceptar que los drones. La reaparición de armamento norcoreano en el campo de batalla, de confirmarse, añade una variable adicional a una guerra que combina el apoyo militar de Teherán y Pyongyang a Moscú con la creciente presión de Washington para alcanzar una negociación que, por ahora, ninguna de las partes da por cercana.