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Un economista argentino con más de tres décadas de trayectoria en los mercados financieros globales, doctorado en Harvard y con pasado en Goldman Sachs, puso en valor este viernes el programa económico de Javier Milei: habló de un “compromiso mesiánico con el equilibrio fiscal” como el principal activo de credibilidad del Gobierno ante los inversores internacionales. La afirmación fue de Alberto Ades, hoy estratega global en Vector Alpha, quien disertó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) bajo el título “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”.

El diagnóstico de Ades no fue, sin embargo, sin matices. Junto al reconocimiento del avance fiscal, el economista lanzó una advertencia sobre el horizonte de 2027: ese año, dijo, Argentina deberá enfrentar “una pared de vencimientos y mucha incertidumbre política”, una combinación que calificó de “riesgosa” y que, a su juicio, exigirá del Gobierno una gestión muy activa para diferir o garantizar financiamiento antes de que el ciclo electoral complique aún más el escenario. El contraste entre los logros recientes y los desafíos que se avecinan estructuró buena parte de su exposición ante el público de la casa de estudios porteña.

Como telón de fondo, Ades trazó un mapa del nuevo orden económico mundial. Sostuvo que “dinero, energía y seguridad” son los tres ejes que comenzaron a pesar desde 2022 y que hoy condicionan a todos los países. Añadió que el capital será más caro por un período prolongado, que las tasas largas seguirán elevadas en ausencia de consolidación fiscal en las grandes economías, y que la geopolítica pasó a ser “una variable de primer orden”. En ese marco —donde el rol del Estado se amplía en Estados Unidos, Europa, China, Corea y Japón con agendas industriales activas— planteó su tesis central: “Los mayores movimientos del mercado ocurren cuando cambia el régimen económico, no cuando cambia el ciclo”.

Sobre la situación argentina, Ades reconoció que la suba del riesgo país a 633 puntos puede resultar llamativa, pero la relativizó con perspectiva histórica.

“La suba del riesgo país a 633 puntos parece bastante dramática, y en un punto lo es, pero también está bien comprobar lo que ha caído en los últimos dos años y medio”, señaló.

Completó ese cuadro con otros indicadores: las reservas crecieron, la inflación —que en 2023 alcanzó el 211% anual— “ha caído significativamente”, y el Tesoro recuperó acceso parcial al mercado doméstico de deuda. Al mismo tiempo, advirtió que un riesgo país de 633 puntos, sumado a un bono del Tesoro en 525, arroja un costo de financiamiento del 11,6%, al que definió como “problemático”.

Ades dedicó un tramo de su charla a distinguir la situación actual de la crisis de 2018, cuando la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos precipitó el colapso del programa económico de Mauricio Macri. “Yo creo que esto no es 2018. ¿Por qué? Porque los números son muy distintos”, afirmó.

Señaló que en aquel momento Argentina cerró el año con un déficit de cuenta corriente del 5,5% del PBI y un déficit fiscal de 6 puntos del PBI, lo que generaba necesidades de financiamiento externo elevadas justo cuando el costo del dinero subía a nivel global. Hoy, en cambio, el déficit fiscal es mínimo —con discusión sobre si hay un pequeño superávit o un pequeño déficit, según la metodología— y el externo “tiene un pequeño déficit con potencial de convertirse en superávit”.

La conclusión fue directa: “Los desbalances externos y fiscales son mucho menores, es menor entonces la necesidad de financiamiento externo, todo lo cual nos torna mucho menos vulnerables” a lo que ocurra con las tasas en Estados Unidos.

Sobre el tipo de cambio, Ades constató que el peso está más apreciado que en 2017 —en los prolegómenos de aquella crisis— y por encima del promedio histórico del índice del Banco Central. Ante ese diagnóstico, evaluó tres vías posibles para lograr un tipo de cambio más depreciado:

• La primera: “Lograr más superávit fiscal, que requiere más ajuste fiscal en un año electoral y en el corto plazo a veces no funciona”.
• La segunda: aplicar una devaluación discrecional, opción que descartó porque “la devaluación pasa a precios muy rápido y se pierde rápido la ganancia de tipo real”.
• La tercera, y la que presentó con mayor potencial estructural: encarar reformas que eleven la productividad, lo que aprecia el tipo real de equilibrio y reduce la brecha con el tipo real de mercado.

Añadió que, en el contexto actual, lograr una depreciación cambiaria “no es fácil, mucho menos cuando los sectores que generan divisas están creciendo al ritmo que lo están haciendo la energía, la minería o el agro”.

El núcleo de la charla, en línea con el título que propuso para su exposición, fue la credibilidad fiscal como variable diferenciadora. “Argentina tiene lo que no tenía hace 3 años: más credibilidad fiscal”, afirmó Ades.

Y fue en ese punto donde apareció la caracterización más contundente de la noche: “Tenemos un presidente con un compromiso mesiánico con el equilibrio fiscal, es un caso notorio que no se ve en ningún otro país del mundo, y eso le da mucha credibilidad en el sentido de que, si falla la recaudación, implementará más ajuste fiscal para equilibrar”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que esa credibilidad tiene una agenda pendiente: la reforma impositiva, la previsional y la del régimen de coparticipación, que “enfrentan dificultades políticas y por ahora no se han materializado”, pero que tendrían “un impacto muy positivo” si llegaran a concretarse.

Entre los factores externos que juegan a favor del país, Ades mencionó la relación bilateral con Washington. “Nos juega a favor nuestra amistad con Estados Unidos, que nos presta plata y nos da acceso privilegiado a su mercado”, señaló.

También subrayó que hay anuncios de inversión con “un potencial enorme”, tanto en la balanza de pagos como en el nivel de actividad, aunque aclaró que existe un desfase temporal: muchos de los proyectos anunciados se materializarán recién en cuatro o cinco años, mientras que las elecciones serán en 2027.

Fue en ese contexto donde reiteró su advertencia sobre el próximo año: “Veo al Gobierno muy proactivo, tratando de empujar esos vencimientos para atrás o asegurarse financiamiento oficial”, concluyó.

La III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible concluyó este viernes en La Plata con la firma de la Declaración de La Plata, un acuerdo que creó la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible. La iniciativa reunió a instituciones de habla española y portuguesa que buscan impulsar una comunicación pública comprensible y garantizar el derecho de la ciudadanía a comprender la información que recibe de organismos estatales y privados.

El cierre fue encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Sergio Torres; el vicepresidente del tribunal, Daniel Soria; y el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado.

La convención fue organizada por la SCBA y la RAE. Participaron más de 1.200 asistentes y se registraron 275 disertaciones. Durante su discurso de clausura, Torres precisó que las actividades incluyeron 45 mesas de exposición, distribuidas en seis sesiones simultáneas, con más de 260 ponentes y 1.500 participantes en modalidades presencial y virtual.

El encuentro reunió a integrantes de poderes judiciales, administraciones públicas, organismos legislativos, universidades, academias de la lengua, colegios profesionales, bibliotecas públicas y organizaciones no gubernamentales. Hubo representantes de Argentina, España, México, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.

La Declaración de La Plata otorga una dimensión iberoamericana al trabajo que hasta ahora articulaba la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. El documento fue firmado por la Suprema Corte bonaerense, como presidenta del Consejo Asesor de la red y anfitriona de la convención; la Secretaría General Iberoamericana; la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; la RAE; la Asociación de Academias de la Lengua Española; la Academia Argentina de Letras; la Academia de las Ciencias de Lisboa y la Academia Brasilera de Letras.

El nuevo espacio procurará establecer mecanismos estables de cooperación e intercambio de experiencias entre instituciones de habla española y portuguesa. La propuesta apunta a impulsar estrategias, procedimientos y herramientas lingüísticas y tecnológicas que permitan comunicaciones más accesibles en ámbitos públicos, judiciales, legislativos, administrativos y privados.

Muñoz Machado definió la red como un ámbito de trabajo entre entidades que asumen el lenguaje claro y accesible como una herramienta al servicio de los derechos de la ciudadanía. El propósito es facilitar vínculos más transparentes, inclusivos y eficaces entre las organizaciones y la sociedad.

Torres sostuvo que la diversidad jurídica, social y cultural de Iberoamérica exige construir formas de comunicación que contemplen las realidades locales y las distintas condiciones de vulnerabilidad. Destacó los consensos obtenidos durante las jornadas para promover criterios comunes que permitan que los mensajes sean entendidos por quienes deben utilizarlos.

En su discurso, el presidente de la SCBA planteó que uno de los principales resultados de la convención consiste en consolidar la idea de que “comprender es un derecho fundamental, y hablar claro es nuestra obligación para garantizar ese derecho”.

La definición vinculó el lenguaje claro con la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas. Para Torres, una comunicación eficaz debe colocar a la persona destinataria en el centro, atender a su contexto y contemplar las dificultades que pueden afectar la comprensión de una norma, una sentencia, un trámite administrativo o una información institucional.

“¿Para qué? Para algo tan preciado como poder decidir libremente”, afirmó el magistrado al repasar las discusiones que atravesaron las seis áreas temáticas del encuentro. También señaló que el debate no debe limitarse al lenguaje jurídico o estatal, ya que la necesidad de claridad alcanza a toda comunicación que pueda incidir en el ejercicio de derechos.

En declaraciones a Infobae durante la apertura de la convención, Torres había explicado que las leyes, resoluciones y sentencias deben informar con precisión qué se decidió, por qué se adoptó esa medida, qué debe hacer la persona involucrada y qué recursos tiene a disposición. El magistrado advirtió que la publicación formal de una norma no garantiza que resulte accesible para quienes necesitan conocerla o aplicarla.

“La persona tiene el derecho, y nosotros como sistema judicial la obligación, de que esa sentencia sea comprendida sin intermediarios y que la persona sepa exactamente lo que está resolviendo y por qué lo está resolviendo”, había señalado Torres a este medio. El titular de la Corte bonaerense planteó que el Estado debe expresarse de forma sencilla para garantizar derechos.

La clausura también dejó como resultado la incorporación de más de 60 organismos e instituciones nacionales a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. La SCBA forma parte de esa red desde 2022.

Torres recordó que el Poder Judicial bonaerense adoptó el lenguaje claro y accesible como una política institucional. Señaló que en 2011, cuando era juez federal, publicó un artículo titulado “Hacia un lenguaje democrático”, motivado por los problemas de comunicación que observaba en el ejercicio cotidiano de la función pública.

“Todos los aquí presentes estamos convencidos de que ya no es posible expresarse, sea en el ámbito público o privado, de una manera que no resulte comprensible para nuestros interlocutores”, expresó.

El presidente de la Corte agradeció la participación de las instituciones organizadoras, entre ellas la Procuración General bonaerense, la Municipalidad de La Plata, los ministerios provinciales de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, la Universidad Nacional de La Plata y la Academia Argentina de Letras. También reconoció el trabajo del personal judicial que intervino en la preparación de las acreditaciones, la recepción de ponencias, la difusión, el ceremonial, la seguridad y la coordinación de las seis sedes.

Las versiones finales de los trabajos presentados integrarán un libro digital de la convención, cuya publicación está prevista antes de fin de año. Del acto de cierre participaron las demás autoridades, como el Procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y el Asesor General de Gobierno bonaerense, Santiago Pérez Teruel, entre otros.

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) concedió los recursos de casación contra el desdoblamiento de los debates de Hotesur y Los Sauces y mantuvo vigentes las fechas fijadas para el inicio de los juicios: Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026 y Hotesur, el 19 de marzo de 2027.

La decisión habilita la revisión por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, pero no modifica el cronograma establecido para ambos tramos del proceso.

Los jueces José Antonio Michilini, Fernando Marcelo Machado Pelloni y Adriana Paliotti coincidieron en conceder las impugnaciones presentadas por la Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF).

El tribunal sostuvo que el desdoblamiento no dejó sin efecto la unificación procesal, sino que modificó la secuencia de las audiencias, ya que Los Sauces completó las medidas de instrucción suplementaria, mientras que en Hotesur todavía quedan diligencias pendientes.

Finalmente, rechazó por mayoría el recurso de reposición presentado por el defensor público coadyuvante Gerardo Miño, quien había pedido que los debates comenzaran de manera simultánea y que se incorporara otra causa vinculada con Ernesto Clarens.

En ambos expedientes se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas a través de negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner.

Entre los principales imputados figuran Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice y el excontador Víctor Manzanares.

En Los Sauces se analiza si la inmobiliaria fue utilizada para canalizar dinero mediante contratos de alquiler de propiedades por más de $25 millones entre 2009 y 2016. La acusación sostiene que empresas de los grupos Báez e Indalo realizaron pagos que podrían haber constituido retornos por beneficios, contratos, concesiones, licencias o ventajas impositivas.

En Hotesur se evalúa si la empresa hotelera recibió dinero de firmas vinculadas a Báez -en particular, mediante el gerenciamiento de Valle Mitre y el alquiler de habitaciones- para blanquear fondos que, según la hipótesis acusatoria, provenían de la obra pública vial en Santa Cruz.

Los fundamentos

El TOF 5 sostuvo que se trata de un único juicio y que la organización temporal de sus etapas puede adecuarse para que el tramo que ya está preparado avance mientras continúan las medidas pendientes en la otra parte del expediente.

Consideró que postergar el inicio hasta marzo mantendría paralizada una porción de la causa que ya se encuentra en condiciones de ser juzgada.

También cuestionó al fiscal general Diego Velasco al señalar que, pese a haber reclamado reiteradamente la fijación de una fecha de debate, presentó luego planteos que -según los magistrados- dificultaron la organización del juicio y demoraron su preparación.

La discusión llegará ahora a Casación, que deberá determinar si la modalidad dispuesta por el TOF 5 respeta la unidad del proceso y las garantías de las partes.

El presidente del tribunal, José Michilini, afirmó que la decisión cuestionada tiene carácter organizativo y no equivale a una sentencia definitiva. Al explicar por qué admitió los recursos pese a esa conclusión, señaló que impedir su revisión en esta etapa podía generar nuevas incidencias y mayores demoras antes de los debates ya programados.

El magistrado precisó que la apelación fue concedida para evitar que la discusión sobre su admisibilidad se convirtiera en un nuevo obstáculo procesal: “La concesión del recurso no supone reconocer carácter definitivo a la resolución impugnada ni implica modificar el criterio anteriormente expuesto acerca de la ausencia, en esta etapa, de un gravamen actual de imposible reparación ulterior”.

Además, distinguió los objetos de las acusaciones. Indicó que Hotesur se concentra principalmente en la explotación hotelera y la intervención de Valle Mitre, mientras que Los Sauces incluye operaciones inmobiliarias y hoteleras, contratos de locación y transferencias de empresas vinculadas tanto con el Grupo Báez como con el Grupo Indalo.

Por su parte, el juez Machado Pelloni consideró que ni la Fiscalía ni la UIF refutaron de manera concluyente que aún resta producir prueba para realizar un juicio conjunto.

No obstante, votó por conceder sus recursos de casación para que el tribunal revisor defina si la separación de Los Sauces y Hotesur afecta la valoración integral de la prueba, la estrategia de las acusaciones y las garantías de las partes.

En esa línea, reconoció que el desdoblamiento podría incidir en la valoración de pruebas comunes y en la posibilidad de profundizar los interrogatorios de testigos sobre hechos vinculados al otro expediente, pero remarcó que la organización del debate también debe resguardar el debido proceso y las garantías de las defensas.

Adriana Paliotti coincidió con la concesión de los recursos, aunque se apartó de los fundamentos expuestos por sus colegas. La jueza recordó que Los Sauces ingresó al tribunal en octubre de 2018 y Hotesur en mayo de 2019, y que la acumulación fue dispuesta el 13 de junio de ese año con el consentimiento de las partes.

Señaló que los recursos de la Fiscalía y la UIF describen afectaciones al ejercicio de sus funciones acusatorias que podrían resultar de reparación imposible o insuficiente.

Los planteos de la Fiscalía y la UIF

El fiscal Velasco planteó que el desdoblamiento posterga el juzgamiento de Hotesur y altera la estructura de causas que habían sido acumuladas. También cuestionó que el tribunal hubiera resuelto la separación sin una discusión previa entre las partes durante la audiencia preliminar del 4 de septiembre de 2026.

Por su parte, la UIF pidió que se restableciera un único debate oral y público. La querella planteó que la realización de dos juicios separados podría limitar el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos, duplicar actos procesales y derivar en valoraciones parciales de la documentación contable, bancaria, societaria y contractual.

La operatoria financiera tuvo un desempeño moderadamente positivo, con el empuje de los indicadores de Wall Street subieron, que ganaron hasta 1,2% este viernes, liderados nuevamente por los títulos tecnológicos. Las bolsas norteamericanas recibieron nuevos datos de nóminas de septiembre, que mostraran que la economía estadounidense creó muchos menos puestos de trabajo de los que los analistas habían previsto, una señal que anticipa un sendero más incierto para la suba de tasas.

A la vez, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años volvió a subir a 5,28%, a pesar de las recompras implementadas por el gobierno norteamericano. El rendimiento de los bonos a 30 años creció a 5,63%. En ambos casos, estos rendimientos se mantienen en su punto más alto desde 2002.

En septiembre, Estados Unidos solo creó 29.000 empleos, cifra inferior a las expectativas de los economistas, que preveían 90.000 nuevos puestos. La tasa de desempleo norteamericano subió al 4,2%, según datos del Departamento de Trabajo publicados el viernes. Los economistas esperaban que se mantuviera estable en el 4,1 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 0,3% en pesos, en los 2.767.663 puntos. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hubo números mixtos. Destacó la baja de 5,3% en las acciones de Globant y el rebote de Satellogic (+5,7%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron un 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cedió tres unidades para la Argentina, a 646 puntos básicos, no antes de haber tocado un máximo de 655 puntos por la tarde, un máximo desde el 27 de noviembre último, en medio de la volatilidad de las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU.

Un informe de GMA Capital subrayó que en el plano doméstico “asoma el riesgo de una recesión técnica, aunque la recaudación de septiembre dejó alguna señal de alivio”. Por otra parte, indicó que el mundo no da respiro: las tasas largas en EEUU superan el 5,2% y 5,6% a 10 y 30 años, y el calendario electoral global -legislativas en EEUU, balotaje en Brasil- agrega una capa adicional de incertidumbre”, añadió.

“En la plaza financiera local, los activos argentinos operaron con una dinámica de recuperación parcial al cierre de la semana”, observó Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL, mientras que “las bolsas de Nueva York cerraron la jornada con sólidos avances, impulsadas por un reporte de empleo en Estados Unidos sensiblemente más débil de lo previsto, lo que redujo drásticamente las expectativas de una nueva suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en octubre”.

En el mismo sentido, “la moderación de la inflación y la revisión al alza del crecimiento en EEUU redujeron las expectativas de nuevas subas de tasas de la Fed, aunque persisten señales de cautela desde el banco central. En Argentina, los anuncios de inversión y el respaldo empresario durante Argentina Week no lograron revertir la caída de los activos locales, mientras el Merval y los bonos continuaron bajo presión”, comentaron los analistas de TSA Bursátil.

José Ignacio Thome, analista Senior de Equity de Grupo SBS, señaló que “en el plano local, al igual que la semana anterior, se reflejó un fuerte contagio de la volatilidad internacional sobre los activos de riesgo argentinos, aunque con un frente cambiario que se mantuvo sorprendentemente firme”.

Desde el frente externo, Thome enfatizó que esta semana “trajo una sorpresa alentadora en el frente inflacionario -el índice de precios preferido de la Fed (PCE) desaceleró más de lo esperado en agosto-, pero el optimismo duró poco: el mercado interpretó que el problema de fondo ya no es la inflación sino la fortaleza del crecimiento y del empleo, lo que mantuvo a las tasas largas en niveles elevados y redujo, aunque no eliminó, las chances de una suba de tasas de la Fed en octubre”.

Los contratos futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en diciembre ganaron un 0,5%, a 102,80 dólares por barril.

La oferta de divisas en el mercado de cambios volvió a un nivel alto de USD 718,4 millones, oferta que impulsó una baja de 4,50 pesos o 0,3% en el dólar mayorista, a 1.520 pesos.

“Sobre el cierre, el exceso de oferta se impuso y, tras la retirada prácticamente total de los compradores, logró bajar y cerrar en el mínimo del día”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

En lo que va del año, el dólar ganó solo 65 pesos o 4,5%, unos 19 puntos porcentuales detrás de la inflación, estimada en el 24% en ese período.

El Banco Central fijó el techo del régimen de bandas cambiarias en 1.921,49 pesos. Así, el tipo de cambio oficial quedó a 401,49 pesos o 26,4% del límite teórico de flotación administrada.

El dólar al público descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta en el Banco Nación. La divisa minorista también cedió cinco pesos respecto del cierre de la semana pasada. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.543,18 para la venta y $1.489,80 para la compra.

La cotización blue del dólar avanzó cinco pesos o 0,3% este viernes a $1.560 para la venta, de modo que recuperó el mismo nivel de cierre de la semana anterior.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos estuvieron negociados con una baja en un rango de 0,2% a 0,4%, con un volumen en pesos equivalente a USD 1.206,9 millones, según datos de A3 Mercados. La posición más operada, para el cierre de octubre, restó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.543,50, contra un techo previsto para las bandas cambiarias en los $1.951,50 a fin de mes, en base a una inflación de 1,66% en agosto.

El BCRA absorbió USD 35 millones con su intervención cambiaria del día, el 4,9% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 364 millones, a 48.653 millones de dólares.

“El BCRA aceleró las compras de divisas y ya acumula más de USD 14.500 millones en el año. Además, el FMI concluyó la misión técnica correspondiente a la tercera revisión del programa. Por su parte, las compras de divisas del BCRA refuerzan la posición externa, aunque parte de esa acumulación se compensa con ventas y pagos en dólares del Tesoro”, subrayó el equipo de Research de Puente.

Como parte de una “restructuración administrativa”, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, y designó en su lugar al abogado Mariano Sartoris, un abogado de su confianza que ya se desempeñaba en el área laboral.

“La gente en la que más confía la ministra es la que va a ocupar los cargos”, afirmaron a Infobae fuentes oficiales tras confirmar el alejamiento de la funcionaria, aunque aclararon que la decisión de Pettovello no implica un cuestionamiento a Testa sino que responde a “un proceso de reestructuración de todo el ministerio”.

Sartoris, el sucesor de Testa, había sido subsecretario Administrativo en la Secretaría de Trabajo y en junio pasado, tras la absorción de las áreas jurídicas y administrativas por parte de Capital Humano, fue designado subsecretario Legal del ministerio. Es una persona de extrema confianza de Pettovello.

Testa fue designada subsecretaria de Trabajo a fines de noviembre de 2024 promovida por Julio Cordero, el titular del área, y hasta entonces era directora general de Relaciones Laborales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, adonde había sido ascendida por el ex secretario de Trabajo porteño Ezequiel Jarvis, aunque no era reconocida como un cuadro técnico del PRO.

Como informó en su momento Infobae, en su nombramiento pesó la gran experiencia en la gestión y sus fluidas relaciones con sindicalistas y empresarios.

Cordero fue el principal promotor del pase de Testa de Ciudad a Nación: ya la conocía por sus tareas junto con Jarvis y, además, contó con un guiño del sindicalismo dialoguista: antes de llegar al gobierno porteño, integró el equipo de abogados de la UOCRA.

Sartoris es el sexto funcionario en ocupar la Subsecretaría de Trabajo desde diciembre de 2023. Antes de Testa estuvieron en ese puesto Martín Huidobro, un abogado de Capital Humano que fue echado en octubre de 2024. Antes de él pasaron por allí Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal. En los últimos 3 casos, se trata de abogados vinculados con Jorge Triaca, el referente laboral del PRO.

En los hechos, Testa fue acumulando muchas tareas y responsabilidades a lo largo de su gestión, con particular dedicación a las negociaciones salariales y a la renovación de los convenios colectivos de trabajo.

Además, la funcionaria saliente se encargó de la Dirección de Asociaciones Sindicales durante el año en que su titular, Claudio Aquino, fue apartado de la gestión, hasta que en ese cargo Pettovello nombró a Ramiro Cherñetz, un abogado del sector empresarial.

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