Un empleado municipal murió tras quedar atrapado en una trituradora de ramas mientras realizaba tareas laborales en Brinkmann, al este de la provincia de Córdoba. Rodrigo Leandro Carranza, de 32 años, falleció el miércoles por la noche en el Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco.
El trabajador permanecía internado desde el 27 de agosto, cuando sufrió un grave accidente mientras manipulaba una máquina chipeadora. Desde entonces, había atravesado diferentes intervenciones quirúrgicas debido a las múltiples lesiones que presentaba.
Según Cadena3, el accidente estuvo relacionado con la barra de mando de la trituradora, un componente que gira a gran velocidad cuando el equipo se encuentra en funcionamiento.
Las graves lesiones y las complicaciones
Carranza sufrió numerosas fracturas como consecuencia del accidente y debió ser sometido a distintas operaciones. Debido a la gravedad de las heridas, los profesionales médicos también tuvieron que extirparle el bazo y uno de sus riñones.
Su evolución había sido lenta desde el momento en que ingresó al Hospital Iturraspe. Durante los últimos días, su estado de salud se agravó luego de que contrajera una infección intrahospitalaria.
La infección le provocó una neumonía y un cuadro de fiebre persistente, complicaciones que se sumaron a las lesiones ocasionadas por la maquinaria.
Otro trabajador resultó herido
El accidente también causó lesiones leves a otro empleado que se encontraba en el lugar.
Tras el episodio, las autoridades ordenaron el secuestro preventivo de las máquinas involucradas. La medida tuvo como objetivo preservar los elementos necesarios para las pericias y establecer si existieron desperfectos técnicos o fallas en las condiciones de seguridad.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Morteros, encabezada por el fiscal Francisco Payges.
Investigación del accidente laboral
Las pericias sobre la maquinaria buscarán establecer cómo el trabajador quedó atrapado y si la chipeadora cumplía con las condiciones necesarias para ser utilizada. También se analizarán las medidas de prevención adoptadas durante las tareas.
El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, afirmó que el Gobierno continuará avanzando en la reducción de las retenciones, aunque reconoció que todavía no existe una fecha definida para eliminarlas por completo. El funcionario vinculó el ritmo de las rebajas con la situación fiscal y destacó las reducciones y eliminaciones que ya se aplicaron sobre distintas producciones.
“Una fecha para llegar al cero todavía no tenemos”, respondió Iraeta durante el panel “Valor agregado y proyección internacional: el futuro del sector agroalimentario”, realizado en el marco del Agribusiness Forum de AmCham. Del encuentro también participaron Gonzalo Gebara, CEO de La Serenísima, y Victoria Castro, directora de Inversiones, Promoción y Comercio Internacional de PromArgentina.
Consultado específicamente por las retenciones que todavía alcanzan a distintos cultivos y por cuándo podrían eliminarse completamente, Iraeta sostuvo: “Si yo me pongo en la situación de cuando ingresé a la función pública hace dos años y medio y ahora, la baja ha sido muy importante”.
El funcionario enumeró, entre las medidas tomadas hasta ahora, la eliminación de los derechos de exportación para las economías regionales, la categoría de vacas de descarte para su carne, además de las reducciones aplicadas a la carne de novillo, la carne aviar, el trigo, el maíz y el girasol. También mencionó “este cronograma de baja para la gruesa que comienza a partir de enero del año que viene [para soja, maíz, girasol y sorgo]”.
Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, y Victoria Castro de PromArgentinaAstarita Nicolás/AFS
“Esto se hace por un tema de responsabilidad fiscal. Hay que hacerlo así y así se está haciendo”, señaló. En ese sentido, Iraeta calificó las retenciones como “un impuesto anacrónico”, aunque sostuvo que el camino planteado por el Gobierno es hacia su eliminación. “Es un sacrificio, es evidente que es un sacrificio, porque a nadie le gusta, porque es un impuesto anacrónico, pero el productor entiende que vamos en camino a eliminarlas”, afirmó.
Luego agregó: “El dato hoy es el cronograma de baja y las alícuotas cero en muchos productos y el resto de alícuotas que tienen los demás. Pero vamos a la baja”.
Durante el panel, la cadena láctea apareció como uno de los sectores en los que ya no se aplican retenciones y desde el ámbito privado se plantearon las posibilidades de incrementar las exportaciones y avanzar hacia productos con mayor valor agregado. Sobre la lechería, Iraeta indicó: “Entiendo que justamente la cadena láctea es una de las que está aprovechando estas nuevas oportunidades”.
Gonzalo Gebara, CEO de La SerenísimaAstarita Nicolás/AFS
Por su parte, Gebara explicó que alrededor del 15% del volumen de la compañía se destina actualmente a la exportación y consideró que existe margen para incrementar esa participación a partir de las condiciones productivas de la Argentina y de los cambios en la demanda internacional de alimentos. “Nuestra cuenca, que es de las mejores del mundo, creo que nos presenta una oportunidad para hacer más de lo que venimos haciendo a nivel de exportaciones”, señaló.
La estrategia apunta a complementar el abastecimiento del mercado interno con una mayor participación internacional a través de alimentos de mayor elaboración. “Creemos que podemos complementar todo lo bueno que hacemos en el mercado interno con productos de alta calidad, innovación y enfocándonos en la nutrición, con exportación de productos de valor agregado más allá de la leche en polvo, que es hoy el producto que más exportamos”, afirmó.
Gebara señaló que uno de los cambios que observa en el mercado internacional es la mayor demanda de proteínas, tendencia que, según explicó, abre posibilidades para la transformación industrial de la leche.
Gonzalo Gebara, CEO de La Serenísima; Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, y Victoria Castro de PromArgentinaAstarita Nicolás/AFS
El ejecutivo explicó que la empresa analiza incorporar infraestructura y capacidades para ampliar el abanico de productos lácteos de mayor elaboración. “No tenemos todo el rango de productos de valor agregado que nos gustaría tener y para eso tenemos ya las ideas para poder incorporar infraestructura y capacidades para poder ser buenos transformadores de leche en esos productos de máximo valor agregado y no depender tanto de la leche en polvo. Tenemos que ir al mercado a competir como cualquier otro”, afirmó.
En tanto, Castro indicó que durante 2025 las exportaciones agroindustriales alcanzaron los US$52.300 millones y representaron alrededor del 60% de las ventas externas del país. Según señaló, el objetivo planteado es que, con una política sostenida en el tiempo, ese monto pueda ubicarse entre US$75.000 millones y US$85.000 millones en un plazo de nueve a diez años. La funcionaria explicó que PromArgentina trabaja mediante ferias internacionales, rondas de negocios, inteligencia comercial y capacitación de pequeñas y medianas empresas para identificar destinos y vincular empresas argentinas con compradores del exterior.
Según detalló, durante los dos años de gestión participaron en unas 245 a 250 ferias, con alrededor de 3200 empresas, mientras que otras 2500 empresas participaron de unas 60 rondas de negocios.
Victoria Castro, directora de Inversiones, Promoción y Comercio Internacional de PromArgentinaAstarita Nicolás/AFS
Al referirse a los mercados en los que buscan profundizar la presencia argentina, Castro mencionó especialmente a la Unión Europea y China. “Hoy tenemos también abierto todo el tema de la Comunidad Europea, que el año pasado hubo una exportación de alrededor de 1100 millones, pero queremos profundizar. Ahora tenemos también todo el tema de China, así que la verdad que tenemos varios mercados interesantes donde queremos seguir profundizando”, indicó.
El Departamento de Estado de EEUU dio luz verde a una operación militar que fortalece los lazos de defensa con Buenos Aires: la posible venta de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk y equipo relacionado al Gobierno argentino, por un valor estimado de 140 millones de dólares. La decisión, comunicada este jueves, se suma a una serie de adquisiciones que el país sudamericano encaró en los últimos meses en materia de defensa.
Según el comunicado oficial, el pedido incluye, además de las cuatro aeronaves, dos motores T700-GE-701D, fabricados por la rama aeroespacial de General Electric y utilizados también en helicópteros de ataque como el Apache. A esto se agrega una larga lista de equipos que Washington clasifica como “no mayores”: sistemas de referencia de rumbo y actitud, transpondedores de Identificación Amigo o Enemigo (IFF), receptores de radio y de aterrizaje visual, radios de alta y muy alta frecuencia, un sistema de posicionamiento global Garmin GTN-750 y un transmisor localizador de emergencia, entre otros dispositivos.
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El paquete contempla también elementos pensados para tareas de rescate y emergencia, como el sistema de extracción rápida por inserción de cuerda, equipos de polipasto y el denominado Bambi Bucket, utilizado para el combate de incendios desde el aire. Se suman, por otro lado, cascos, repuestos, herramientas de prueba, documentación técnica y programas de formación para las tripulaciones, así como servicios de apoyo logístico y técnico a cargo de personal estadounidense y de la empresa contratista.
El contrato recae en Sikorsky, subsidiaria de Lockheed Martin con sede en Stratford, Connecticut. Por el momento, el Departamento de Estado no tiene registro de ningún acuerdo de compensación asociado a la operación; ese tipo de convenios, aclaró el organismo, quedan sujetos a las negociaciones directas entre el comprador y el contratista.
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El comunicado del Departamento de Estado enmarca la operación dentro de los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos. La venta, señala el texto, busca “mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN”, categoría que Argentina ostenta desde hace años y que Washington describe como “una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica”.
Entre los usos previstos para los nuevos helicópteros figuran la seguridad fronteriza, la lucha contra el crimen transnacional y las tareas de asistencia humanitaria o respuesta ante desastres. El propio organismo estadounidense sostuvo que Argentina “no tendrá dificultades para absorber estos artículos y servicios en sus fuerzas armadas” y remarcó que la operación no requerirá el envío de representantes adicionales del Gobierno estadounidense ni de contratistas al país.
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El texto oficial subraya, además, que la venta “no alterará el equilibrio militar básico en la región” y que no habrá impacto negativo en la preparación de defensa de Estados Unidos como consecuencia de esta transacción.
El Black Hawk acumula cerca de 50 años en operación y pasó de ser un helicóptero utilitario exclusivamente militar a una aeronave empleada también en evacuaciones médicas, respuesta ante catástrofes y transporte de autoridades. Más de treinta países lo utilizan actualmente, entre ellos Colombia y Brasil.
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Argentina, hasta el momento, contaba con una sola unidad del modelo, destinada al traslado del presidente de la Nación. Los cuatro aparatos ahora habilitados por Washington están orientados, principalmente, a reemplazar a los Bell UH-1H/Huey II que integran el Comando de Aviación del Ejército, una flota con varias décadas de antigüedad.
La operación se da en medio de un proceso más amplio de renovación de equipamiento militar que impulsa la gestión de Javier Milei. En paralelo a la incorporación de los Black Hawk, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada realizaron pruebas para conectar a los aviones F-16, adquiridos a Dinamarca, con los P-3C Orion comprados a Noruega, mediante el sistema de enlace de datos Link 16, utilizado por países de la OTAN.
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El Ejército, por su parte, incorporó vehículos Stryker y avanzó en la modernización de tanques TAM 2C y en la llegada de camiones Unimog U 4000, entre otros elementos presentados meses atrás por la Dirección de Arsenales. Según había anticipado el analista Andrei Serbin Pont en Infobae, se preveía la llegada de un primer lote de dos helicópteros Black Hawk antes de fin de año y otros dos durante el próximo, aunque esa información se encontraba todavía en desarrollo al momento de conocerse.
El proceso de reequipamiento no está exento de cuestionamientos internos. La diputada nacional Agustina Propato, vicepresidenta de la Comisión de Defensa, había advertido semanas atrás sobre el deterioro salarial del personal militar, que a su juicio acumula una pérdida de 80 puntos porcentuales de poder adquisitivo desde 2023, y sobre la salida de 19.000 efectivos de las fuerzas armadas en ese mismo período.
La Libertad Avanza y el PRO volvieron a reunirse este jueves en la Casa Rosada para profundizar el trabajo conjunto de cara a 2027, con una agenda que combinó las negociaciones políticas entre ambos espacios, los proyectos que el oficialismo busca impulsar en el Congreso y la situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires.
El encuentro se extendió entre las 15 y las 17 y estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicepresidente de La Libertad Avanza y titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el responsable político del oficialismo, Eduardo “Lule” Menem. Por el PRO participaron el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del partido a nivel nacional, Fernando de Andreis.
La reunión tuvo además una breve participación de Karina Milei, quien pasó a saludar a los dirigentes del PRO y, según relató Ritondo, les agradeció “el trabajo que hacemos juntos”. La secretaria General de la Presidencia es, junto con el expresidente Mauricio Macri, una de las principales impulsoras de la mesa de coordinación entre ambos espacios que comenzó a funcionar en agosto.
En el plano legislativo, los dirigentes repasaron los proyectos que permanecen en discusión en el Senado y que eventualmente deberán regresar a Diputados, entre ellos el denominado Super-RIGI, la reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal y Salud Mental. También analizaron otras iniciativas que el oficialismo busca sostener con el respaldo de sus aliados y que, en palabras de Ritondo, apuntan a “blindar el cambio”.
La agenda parlamentaria se mezcló con las primeras conversaciones más concretas sobre el armado electoral. Los dirigentes hicieron un repaso por los distritos en los que ya comenzaron los contactos entre el PRO y La Libertad Avanza. Según explicó Ritondo, el diálogo está más avanzado en la provincia de Buenos Aires, en los tres distritos gobernados por el PRO —Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut—, además de Misiones y La Pampa.
Ritondo aclaró, sin embargo, que el PRO no puso como condición para avanzar en las negociaciones que sus dirigentes continúen al frente de los distritos que actualmente gobiernan. “Lógicamente creemos que hacen bien las cosas, que trabajan bien y que, lógicamente, el PRO tiene un lugar”, sostuvo el jefe del bloque opositor.
El reclamo por la inseguridad en Buenos Aires
La situación de seguridad en la provincia de Buenos Aires ocupó buena parte de la conversación. El tema tomó especial relevancia durante la jornada luego de un intento de robo ocurrido en las inmediaciones de un colegio de El Palomar, que terminó con una persona herida de bala.
“Fue uno de los temas que abordamos. Nos preocupa la inacción y la falta de respuesta que tiene el gobernador (Axel) Kicillof ante la inseguridad”, afirmó Ritondo. El diputado también cuestionó la implementación del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y apuntó contra la administración bonaerense por no haber preparado, según su interpretación, la infraestructura necesaria para la reducción de la edad de imputabilidad.
“No haber preparado a la provincia de Buenos Aires para la baja de imputabilidad, que se viene discutiendo y es un problema que todos los argentinos sufren, principalmente los bonaerenses; y que no haya tenido respuesta con la jueza que dice que no se puede aplicar”, señaló.
La referencia fue a la decisión de la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia. La magistrada argumentó que el territorio bonaerense no cuenta actualmente con la infraestructura ni los recursos necesarios para afrontar un eventual aumento de adolescentes privados de su libertad. La nueva normativa reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad para determinados delitos.
Ritondo fue especialmente crítico con Kicillof y sostuvo que existe “una falta de interés del gobernador desde siempre sobre los temas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires”. En ese contexto, el jefe del bloque del PRO contó que junto con De Andreis plantearon ante los funcionarios nacionales la posibilidad de que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, evalúe medidas para reforzar la presencia y las acciones de seguridad en el principal distrito del país.
La cuestión de la reforma penal juvenil ya había generado fuertes cruces entre el Gobierno nacional y la Provincia. La suspensión judicial no anuló la ley nacional, sino que interrumpió preventivamente su aplicación en territorio bonaerense durante 60 días mientras avanza el proceso judicial.
Desde el Gobierno habían planteado antes del encuentro que el objetivo de estas reuniones es profundizar la coordinación entre LLA y el PRO a partir de coincidencias políticas y legislativas, con la intención de avanzar en las transformaciones impulsadas por Milei y evitar un eventual regreso del kirchnerismo al poder.
La reunión de este jueves se inscribe así en una dinámica que ambos espacios buscan sostener con encuentros periódicos. La discusión todavía combina la construcción de acuerdos parlamentarios con una negociación política más amplia que tendrá como horizonte las elecciones presidenciales de 2027, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde tanto LLA como el PRO consideran clave evitar una competencia dividida.
Desde la Casa Rosada plantearon que las conversaciones apuntan a profundizar la coordinación entre La Libertad Avanza y el PRO a partir de coincidencias políticas y programáticas. Entre los objetivos aparece la intención de consolidar el rumbo del Gobierno y evitar una dispersión del voto opositor al kirchnerismo en las próximas elecciones.
El proceso de acercamiento comenzó formalmente en agosto, luego de que Karina Milei y Mauricio Macri retomaran el diálogo. A partir de ese contacto se abrió una mesa de coordinación que buscó combinar la agenda legislativa con una eventual construcción electoral común.
El mapa electoral y las diferencias que todavía persisten
En la reunión del 27 de agosto, los dirigentes de LLA y el PRO analizaron el escenario electoral provincia por provincia, con especial atención en aquellos distritos donde el partido fundado por Macri no gobierna. El objetivo fue identificar las fortalezas territoriales de cada espacio y las posibilidades de avanzar en alianzas de cara a 2027.
La discusión todavía se mantiene alejada de las candidaturas. Después de aquel encuentro, Ritondo sostuvo que faltaba tiempo para avanzar sobre nombres propios y evitó ponerle una fecha a un eventual acuerdo electoral. El dirigente macrista planteó que cuanto más claro sea el horizonte político, mayor será la certidumbre de cara al próximo año.
Diego Santilli junto con Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio
Uno de los puntos que todavía genera diferencias es el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Mientras el Gobierno busca avanzar con una modificación del sistema electoral y necesita construir mayorías en el Congreso, dentro del PRO todavía no existe una definición definitiva sobre la continuidad de las primarias.
La cuestión tiene peso dentro de la negociación porque la Casa Rosada considera la reforma política como una herramienta para ordenar el escenario electoral de 2027. El oficialismo retomará el tratamiento del proyecto en el Senado el próximo martes 15, cuando vuelva a reunirse la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La provincia de Buenos Aires, en el centro de la negociación
La provincia de Buenos Aires aparece como uno de los principales territorios donde LLA y el PRO deberán definir el alcance de un eventual acuerdo. La conducción bonaerense de La Libertad Avanza, encabezada por Sebastián Pareja, ya inició conversaciones con dirigentes macristas y otros sectores para intentar construir una alternativa electoral competitiva frente al peronismo.
En las últimas semanas, ese acercamiento también comenzó a trasladarse al territorio. El domingo pasado, Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja participaron en Lincoln del cierre de la VIII edición de la prueba de doma “Bien Montados”, donde compartieron actividad con dirigentes del PRO, entre ellos el senador provincial Pablo Petrecca.
Pilar Ramírez, Diego Santilli y Karina Milei
Aunque no hubo allí una reunión partidaria ni se anunció un acuerdo electoral, la presencia conjunta tuvo una lectura política en medio de las negociaciones. Petrecca, que en las elecciones bonaerenses de 2025 había competido por fuera del acuerdo entre el PRO y LLA, sostuvo que los distintos sectores deben dejar atrás sus diferencias para construir una alternativa para la provincia.
El acercamiento bonaerense también tiene a Santilli como una de las figuras que aparece con mayor visibilidad dentro de la estrategia conjunta. El jefe de Gabinete mantiene su pertenencia al PRO y, al mismo tiempo, ocupa un lugar central dentro de la administración de Javier Milei, lo que lo ubica como un dirigente con capacidad de interlocución entre ambos espacios.
Por ahora, sin embargo, el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO todavía no está cerrado. La negociación avanza sobre el territorio, la agenda parlamentaria y las coincidencias políticas, mientras las candidaturas y la distribución concreta de espacios quedarán para una etapa posterior.
El nuevo encuentro en Casa Rosada buscará sostener ese canal de diálogo y avanzar sobre una construcción que el oficialismo y el macrismo presentan como necesaria para llegar a 2027 con mayor coordinación. La próxima discusión, además de electoral, estará atravesada por las reformas que el Gobierno necesita aprobar en el Congreso y por la definición del sistema con el que se disputarán las próximas elecciones.
El Gobierno libertario volvió a izar ayer con orgullo una de sus banderas de campaña: la pelea contra la inflación. El índice de precios de agosto marcó el 1,7%, y mostró una importante desaceleración. Fue el dato mensual más bajo en 14 meses, pero además fue la primera vez en 9 años que todos los rubros aumentaron menos de un 3% mensual, según consignó un informe de Facimex. Es un logro que en otro momento hubiera dominado la agenda, pero que hoy, con la campaña en marcha, no parece suficiente. El foco de la política, del empresariado y de las encuestas está en otro lado. A nadie se le escapa que el nivel de actividad, en los sectores más generadores de empleo, sigue sin levantar.
Atentos a ello, en el Gobierno empiezan a mostrarse cada vez más activos. Aunque son pocas las herramientas disponibles dentro del programa económico, la creatividad está a la orden del día. Algunas medidas son bien publicitadas; otras, tal vez las más fuertes, se dan por omisión. Esta semana, se puso en marcha el esquema para que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses financie hipotecas con tasas de hasta 7,5% más UVA. Los bancos, rápidos, empezaron a promocionarlas. Las entidades del Grupo Petersen (Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe), por caso, estaban ofreciendo desde ayer créditos de hasta 150.000 UVA (equivalentes a US$208.860) a 20 años de plazo. En el Banco Galicia, incluso antes de publicitar la herramienta, ya estaban recibiendo entre 30 y 40 solicitudes de créditos por día. En la entidad bancaria estiman que, con el dinero que recibieron en la primera licitación, podrían dar unos 270 créditos por un promedio de US$100.000 cada uno. Aunque positivo, el fondeo de la Anses es una gota de agua en un desierto. Para tener una idea de la dimensión: esta semana se licitaron $200.000 millones; solo el Banco Nación, que tiene 61% del mercado de hipotecas, tiene un stock de créditos para la vivienda de $3,8 billones.
De todas maneras, en las mesas de las que participan banqueros y miembros del equipo económico se empiezan a plantear ideas complementarias. Entre otras, se habla de la posibilidad de que el FGS no solo licite plazos fijos en pesos, para así fondear hipotecas, sino también plazos fijos en dólares. Hoy, si bien el sistema financiero tiene dólares de sobra para prestar, los préstamos en moneda extranjera no superan el año de duración. Difícil que, con la elección presidencial en la agenda, alguien se anime a un plazo tan corto. Un fondeo de la Anses ayudaría, aseveran en el sector financiero, a extenderlos a por lo menos 3 años. Otra gota de agua más, pero que suma.
El Banco Central (BCRA), por su parte, volvió a poner el pie en el acelerador en el proyecto en el que venía trabajando desde comienzos de año, para armar un mercado secundario de cupones de tarjeta de crédito. La idea es que los comercios puedan descontar los cupones a precios más competitivos, y así también fondearse a tasas menores. Son todas iniciativas que apuntan a lo mismo: inyectar crédito y aire a la actividad sin salirse del programa.
La semana que viene, en tanto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estaría publicando la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que, según se estableció, empezaría a estar operativo a partir del primero de noviembre (aunque, por decreto, el Gobierno todavía tiene margen para prorrogarlo un mes más). El FAL serviría también de motor del mercado de capitales, que desde que se estatizaron los fondos de pensión, tiene pocos inversores institucionales de mediano y largo plazo.
Pero, tal vez, una de las medidas que mejor están funcionando entre las empresas es una de la que se habla poco en público, pero que está vigente desde ya hace algunos meses. En mayo pasado, la CNV eliminó el límite al número de endosos que pueden tener los cheques e indirectamente habilitó a las empresas a canalizar sus flujos de caja a través de sus cuentas comitentes (bursátiles) de los agentes de Bolsa o ALyC, en la jerga, en lugar de tener que hacerlo exclusivamente a través de una cuenta bancaria tradicional. ¿El beneficio? Están exentas del impuesto a los débitos y créditos (mejor conocido como el impuesto al cheque), que llega al 1,2% (0,6% en la acreditación y 0,6% sobre los débitos). Así, por ejemplo, una ALyC hoy recibe un cheque de una empresa A, y puede acreditarle los pesos en la cuenta comitente, o puede emitir otro cheque y pagarle a nombre de esa compañía a una empresa B. “Cualquier tesorero despierto hoy lo sabe y no está pagando el impuesto al cheque”, explican en la City. En la agencia recaudadora, ARCA, los ingresos por este impuesto caen con fuerza desde hace tiempo. En parte, por la menor actividad económica; pero, por otra parte, aseguran quienes lo siguen de cerca, este fenómeno está haciendo cada vez más mella.
El Congreso, otro frente
En cualquier caso, son todas medidas que, si bien colaboran, lejos están por ahora de modificar el humor general. La política lo piensa aprovechar en el Congreso. “La campaña arrancó y ya nuestros proyectos están cayendo en un embudo”, admitía un funcionario libertario. Y no se vienen discusiones fáciles: al proyecto de ley para endurecer sanciones contra empresas que operen en Malvinas (se les sumarán a las petroleras, empresas pesqueras y navieras), se le agregará la semana que viene el Presupuesto Nacional 2027. La denominada ley de leyes nunca está exenta de polémicas, y el Gobierno necesita mostrarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) que logra el aval del Congreso para su programa anual.
Pero incluso provincias aliadas están animándose a levantar temas que, en otro momento, hubieran quedado silenciados. Es el caso de Chaco, que le reclamó por carta formal a la Nación que los ramales ferroviarios que atraviesan la provincia sean incluidos en las obras obligatorias en los pliegos de licitación del Belgrano Cargas. Los diputados de Chaco, junto con los de Corrientes y Entre Ríos, esperan además avanzar en un proyecto de ley para que los buques de bandera extranjera (sobre todo paraguayos) que ya circulan por la Hidrovía puedan hacer escalas en puertos argentinos dentro de un mismo itinerario, sin tramitar autorización en cada parada. A diferencia del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, no reclaman abrir el cabotaje de par en par. El argumento es logístico y de costos: para exportar, una barcaza debe hacer aduana por ejemplo, en Corrientes, luego otra vez en Rosario y una vez más para salir al extranjero. “Sturzenegger fue a fondo, sin consensuar. Ellos tienen que sentarse con los gremios, habilitar el cabotaje internacional, pero con algún esquema de revalorización del cabotaje nacional”, explicaba un legislador. “Hoy nosotros desde las provincias vemos pasar la flota de Paraguay y no podemos cargar nada. Lo ideal sería lograr que vengan con bandera argentina, pero eso va a llevar años, porque muchas se fueron hace tiempo a radicar a Paraguay”, concluyó.
Las negociaciones políticas empiezan a chocar así con reclamos que los gobernadores deben resolver puertas adentro de sus provincias. No todas hoy tienen la holgura de Neuquén o de San Juan para responder en estos tiempos.
Tal como sucede a nivel nacional, también en el interior el nuevo escenario geopolítico global pesa cada vez más en el desarrollo de los negocios del sector privado. La cláusula anti–china en sectores estratégicos no es exclusiva de la administración Trump. Por estos días, el destino de un salar en Salta se está decidiendo en Ottawa, Canadá. La operación es sencilla de enunciar: una inmobiliaria china, China Union Holdings, quiere pagar US$175 millones por Argentum Lithium, la subsidiaria argentina de la canadiense Lithium Chile, dueña del proyecto Arizaro. Pero el gobierno canadiense activó una revisión por seguridad nacional sobre el activo, que no está en Canadá, no tiene empleados canadienses y produce en territorio argentino.
No es un episodio aislado, sino el último eslabón de una cadena. En 2022, Canadá ya había forzado a tres empresas chinas a desprenderse de sus participaciones en mineras de litio, y una de ellas era, justamente, Lithium Chile en el mismo Salar de Arizaro. Un año antes había dejado pasar, en cambio, la compra de Neo Lithium y su proyecto en Catamarca por la estatal china Zijin, con el argumento de que no era “realmente” una empresa canadiense. El giro de Ottawa —de la permisividad al veto extraterritorial— es el reflejo de una disputa mayor entre Washington y Beijing por el control de la cadena de suministro de las baterías. Y la Argentina, que tiene el recurso pero no escribe las reglas, aparece una vez más como objeto y no como sujeto de la partida: el litio estará en el territorio nacional, pero la decisión se toma afuera.
La interna del peronismo no da tregua y el bloque de Diputados sigue con su fuga a cuentagotas tras confirmarse este jueves la salida del puntano Ernesto “Pipi” Alí, quien desde el año pasado venía amenazando con dejar la bancada que comanda Germán Martínez.
Alí, un diputado que está en línea con el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, finalmente, fue convencido para incorporarse al bloque Primero San Luis, que comanda Jorge “Gato” Fernández, quien también llegó al Congreso de la mano del ex mandatario provincial.
Desde el interior del bloque peronista trataron de bajarle el tono a la salida del puntano y desestimaron pueda tener alguna réplica en la bancada, que quedará con 92 bancas. Es cierto que el espacio identificado con el peronismo de San Luis viene acompañando a los K en la mayoría de las votaciones porque que no tiene terminal en la provincia que gobierna Claudio Poggi, aliado de La Libertad Avanza.
Sin embargo, la salida de “Pipi” Alí tiene un trasfondo electoral, ya que el diputado busca juego propio y también alimentar la figura de Alberto Rodríguez Saá, que busca ganar la pulseada en la interna del peronismo provincial para intentar un nuevo mandato como gobernador el próximo año.
No obstante, Alí venía avisando de su intención de dejar el bloque de Unión por la Patria. El 1 de mayo participó en un acto del peronismo federal, que compartieron, en Parque Norte, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos, en una muestra por distanciarse de la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof.
Además, Alí ya había deslizado el año pasado la posibilidad de pasarse a la bancada del “Gato” Fernández, quien tras ser electo por Fuerza Patria decidió no sumarse al espacio de Germán Martínez porque no lo identificaba. “Se ha kirchnerizado y no lo comparto”, fundamentó en ese momento.
El bloque de Unión por la Patria atravesó distintos momentos desde el inicio del mandato de Javier Milei, con fugas y acuerdos territoriales. Ocurrió en 2024, cuando Osvaldo Jaldo armó el bloque Independencia para negociar con el gobierno la Ley Bases.
Incluso, tras la elección de octubre del año pasado Javier Noguera,quien llegó al Congreso con el apoyo de Jaldo, Manzur y La Cámpora terminó por pasarse al bloque Independencia. El tema fue que para asumir como diputado, el dirigente tuvo que renunciar al cargo de intendente de Tafí Viejo y fue reemplazado por su esposa, Alejandra Rodríguez, para completar el mandato.
Si bien había un compromiso de Noguera para integrarse a la bancada del peronismo, Jaldo amenazó con dejarlo sin recursos a la administración cedida a su esposa lo que lo obligó a pasarse al espacio del gobernador.
Más tarde, Raúl Jalil dio otro golpe al bloque de Unión por la Patria al sacar a sus 3 diputados para conformar Elijo Catamarca, una bancada que venía siendo funcional al Gobierno de Milei, pero que en las últimas votaciones viene marcando la diferencia a raíz de la interna que se vive en el peronismo de esa provincia.
El salteño Gustavo Sáenz, quien estuvo alineado con Sergio Massa, se diferenció del peronismo por las peleas con el kirchnerismo y La Cámpora para formar en Diputados Innovación Federal, actualmente bajó la denominación Argentina Federal, donde el mandatario tiene 3 representantes que suelen acompañar al oficialismo en las votaciones.
Tras las elecciones legislativas del año pasado, el peronismo había quedado con 97 bancas, luego de haber tenido un bloque de más de un centenar de legisladores y ahora pasará a tener 92.
El Gobierno avanza con una nueva medida en el marco del plan para alcanzar el ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Así, la Oficina del Presidente anunció que creará una nueva área en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Según informó el Poder Ejecutivo, se trata del Sistema de Articulación de la Política Exterior que estará en el ámbito de la Cancillería. El objetivo será “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”.
Además, añadieron: “Permitirá a la Cancillería asegurar que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores de la República Argentina sea coherente, compatible y uniforme con los lineamientos generales de la política exterior, en lo relativo a los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.
El nuevo sistema apunta a que ninguna actividad del Estado Nacional quede por fuera del esquema de coordinación diplomática. El comunicado oficial precisa que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre los territorios del Atlántico Sur “exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”.
El mecanismo también habilita a la cartera a intervenir cuando detecte que alguna actividad estatal podría contradecir o debilitar la postura oficial en materia de soberanía. La coordinación, según el texto del anuncio, busca “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional y adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales”.
En declaraciones a La Nación+, el canciller Pablo Quirno describió la estrategia del Gobierno como un esquema combinado que enlaza sanciones, gestión diplomática y refuerzo de capacidades logísticas. “No hay tiros independientes individuales”, sostuvo, al explicar que cada medida forma parte de un diseño articulado.
Quirno también confirmó que la Cancillería será la autoridad encargada de iniciar los expedientes sancionatorios previstos en el decreto reglamentario de la ley 26.659, sancionada en 2011, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Esa decisión responde, según el funcionario, a que el caso “es un tema principalmente de política exterior” y a que el alcance de las actividades involucradas excede el plano puramente hidrocarburífero. Hasta el momento, el Ministerio ya denunció a 60 empresas en coordinación con la Procuración del Tesoro.
“El resultado primeramente es evitar que se haga explotación hidrocarburífera en las Malvinas”, sostuvo Quirno en declaraciones a La Nación+. El canciller también señaló que la Argentina cuenta hoy con una herramienta de presión que no existía cuando se sancionó la normativa vigente: el peso de Vaca Muerta como destino de inversiones energéticas. Según su argumento, esa gravitación permite condicionar decisiones corporativas, ya que las empresas deben elegir entre operar en el mercado argentino o vincularse con licencias que el Gobierno define como ilegales en un territorio en disputa.
Esa presión sobre el sector privado se complementa con una ofensiva legislativa en curso. El Gobierno Nacional trabaja en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que actualmente atraviesa la última instancia de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy. El texto incorporaría modificaciones a la ley 26.659 con penas más severas y un espectro más amplio de actividades alcanzadas. Entre las opciones que se evalúan figura la inclusión de la pesca, un reclamo que levantó la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) al argumentar que el mismo criterio aplicado a las petroleras debería extenderse a las licencias que el Reino Unido otorga desde hace décadas en el área. El peronismo también sumó presión en esa dirección: el diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para sancionar la pesca ilegal en las islas.
El proyecto ingresará por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayores apoyos. Desde la mesa política del Gobierno estimaron que el tratamiento en comisión comenzará entre fines de septiembre y principios de octubre. “Es un tema que no debería suponer resistencia, por lo que descontamos que tendrá dictamen rápido”, expresó ante Infobae una fuente del espacio oficial. Los ministros Quirno y Carlos Presti (Defensa), que participaron directamente en la redacción del articulado, figuran entre los potenciales expositores si el Ejecutivo decide enviar un funcionario al Congreso para presentar los detalles, además de su participación prevista en las reuniones de comisión.
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) celebró el avance en el Senado del proyecto de ley que busca establecer un Marco Regulatorio para el Mercado de Carbono que obtuvo dictamen en comisión (Expedientes S-718, 808 y 865/26). En esa línea, pidió que los legisladores de la Cámara alta traten y aprueben “de manera urgente el proyecto de ley de Mercados de Carbono”. Según dijeron, “la iniciativa es clave para atraer inversiones por US$2000 millones y triplicar el valor de las exportaciones sostenibles de la agroindustria argentina”.
Para la entidad, esto significa “un avance decisivo para consolidar la sostenibilidad, la previsibilidad y la competitividad del sector productivo nacional reconociendo el valor de los activos ambientales que genera el país”.
En este contexto, destacaron especialmente que “la normativa consagra la propiedad de los créditos a favor de los titulares de los proyectos y respeta el dominio originario de los recursos y el federalismo ambiental, garantizando un esquema donde los aportes de mitigación destinados a mercados voluntarios puedan comercializarse libremente y sin autorizaciones administrativas previas ni trabas burocráticas”.
El Senado aprobó en comisión el proyecto de ley que busca establecer un Marco Regulatorio para el Mercado de CarbonoNicolás Suárez
Asimismo, valoraron “el otorgamiento de estabilidad fiscal por 10 años,la exención de Derechos de Exportación (DEX) y la creación de un Registro Nacional (ReNaRe) ágil, gratuito y declarativo que evita la doble contabilización sin transformarse en una aduana regulatoria, permitiendo canalizar financiamiento climático e integrar al agro argentino en los mercados globales con plena integridad ambiental y seguridad jurídica.
Según proyecciones del sector técnico y ambiental agroindustrial, el establecimiento de reglas claras para la comercialización de créditos de carbono le permitirá a la Argentina captar entre US$1400 y US$3900 millones anuales, además de apalancar inversiones territoriales directaspor más de US$2000 millones en el mediano plazo.
Actualmente, dijeron, el país cuenta con más de 40 proyectos en ejecución, restringidos de manera casi exclusiva a mercados voluntarios: “La aprobación de la norma y su articulación con los mercados regulados internacionales, como el artículo 6 del Acuerdo de París o el programa Corsia de la aviación comercial, permitirá duplicar la cantidad de desarrollos en el corto plazo y acceder a cotizaciones por tonelada de CO2 que triplican los valores actuales”.
En este escenario, el CAA remarcó la importancia de actualizar la agenda climática soberana mediante la presentación de la NDC 3.0 de la Argentina ante la ONU: “La consolidación del Inventario Nacional de GEI y de metas de reducción transparentes resulta estratégica para dotar de validez y solidez técnica a las certificaciones nacionales. Este paso es imprescindible para integrar al país en los mecanismos del artículo 6 del Acuerdo de París (ITMOs) y garantizar que los desarrollos agroindustriales locales cumplan con los estándares de acreditación internacional requeridos por esquemas como Corsia”.
Idígoras dijo que la agroindustria argentina reúne condiciones diferenciales únicas mediante el manejo de suelos, la ganadería regenerativa, la actividad forestal, la bioenergía y el biocarbónMaizar
Por último, Gustavo Idígoras, presidente del CAA, dijo que la agroindustria argentina reúne condiciones diferenciales únicas mediante el manejo de suelos, la ganadería regenerativa, la actividad forestal, la bioenergía y el biocarbón. “Pero, para transformar esa ventaja competitiva en inversión y empleo genuino, necesitamos previsibilidad e institucionalidad legal de manera prioritaria”, cerró.
El diputado chileno Javier Olivares Avendaño, presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado trasandino, generó polémica al afirmar que las Islas Malvinas “son inglesas”. El legislador, opositor al Gobierno de José Antonio Kast, se pronunció así tras el anuncio de Javier Milei en cadena nacional sobre la soberanía en el Atlántico Sur.
El planteo lo hizo durante una sesión en la Cámara de Diputados de Chile, donde trazó un paralelismo con un reclamo territorial propio: “Así como las Falklands son inglesas, el estrecho de Magallanes es chileno”.
“Así como las Falklands son inglesas, el estrecho de Magallanes es chileno”, señaló Avendaño.
Olivares Avendaño integra el Partido de la Gente, un espacio que se define en el centro del arco político y se despega tanto de la izquierda como de la derecha.
Sus dichos generaron ruido puertas adentro del oficialismo trasandino, ya que Kast había expresado su respaldo a la Argentina apenas días atrás, durante un encuentro con Milei el 3 de septiembre en Santiago.
La postura de José Antonio Kast respecto a Malvinas
Según informó la Oficina del Presidente argentina, en esa reunión Kast “ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”.
El mismo comunicado detalló el intercambio entre ambos mandatarios: “El Presidente Milei agradeció al Presidente Kast en nombre del Gobierno argentino por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas y expresó que se valorarán los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
Aquel encuentro entre Milei y Kast había marcado, además, un cambio de tono en el vínculo bilateral, después de los roces que predominaron durante la gestión anterior en Chile.
Con el recambio político en Santiago, ambos gobiernos apuntan a abrir una etapa de mayor cercanía, un proceso que ahora queda expuesto a las tensiones internas que genera un tema tan sensible como Malvinas dentro del propio arco parlamentario trasandino.
Una carta inédita escrita en el año 1833 se conoció por primera vez en las últimas horas y relata cómo fue la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido. El documento fue escrito por el gobernador de la provincia de Buenos Aires para su par de Tucumán, que en ese momento ocupaba un rol central en la naciente Argentina.
El escrito está firmado el 21 de enero de 1833 por parte del entonces mandatario bonaerense Juan Ramón Balcarce para su par Agustín Heredia, que estaba al frente del territorio tucumano. Allí habla de un “disgusto” por la noticia “de la violencia y abuso de la fuerza en las Malvinas, ejecutado por un buque de guerra de S. M. B. (Su Majestad Británica)”.
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Cabe remarcar que la ocupación ilegal del archipiélago por parte de las fuerzas inglesas ocurrió el 3 de enero de 1833, por lo que lo expresado en el documento es un fiel reflejo de lo que se vivió en Buenos Aires en aquellos tiempos. En ese sentido, la invasión fue encabezada por el comandante británico John Onslow, al mando de la corbeta HMS Clio, quien ordenó arriar y retirar la bandera argentina del territorio.
Justamente, la carta es para comunicar cómo fueron los hechos que transcurrieron en las islas en la fecha mencionada y el trabajo que realizó el comandante José María Pinedo, quien estaba al mando de la goleta de guerra Sarandí en aquel momento.
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El oficio tiene como base el parte oficial que Pinedo elevó al gobierno bonaerense tras su regreso. La Sarandí dio fondo en las balizas exteriores de Buenos Aires el 18 de enero de 1833, y tres días después Balcarce formalizó la denuncia por escrito. El gobierno bonaerense definió la acción británica como una agresión cometida mediante el uso de la fuerza contra un Estado con el que el Reino Unido mantenía tratados de amistad y comercio vigentes.
Otro detalle que marca un antecedente inmediato de la situación, que ya era delicada, fue lo que ocurrió en diciembre de 1831, cuando la fragata estadounidense USS Lexington había atacado Puerto Soledad, lo que llevó a las autoridades bonaerenses a intentar reconstruir la colonia. En ese marco, Francisco Mestivier fue designado comandante civil y militar del establecimiento, y la Sarandí partió en septiembre de 1832 hacia el archipiélago. Al llegar, Pinedo instaló a Mestivier en el cargo y continuó navegando para cumplir tareas de patrullaje. Sin embargo, una violenta sublevación en Puerto Soledad terminó con la vida del propio Mestivier. Cuando Pinedo regresó el 31 de diciembre, restableció el orden en la colonia. Dos días después llegaron las fuerzas británicas.
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Según el relato que Pinedo transmitió a Balcarce, el 2 de enero de 1833 la corbeta británica HMS Clio se presentó en la isla Soledad. Pinedo envió dos oficiales a bordo del buque con “ofrecimientos de atención y amistad”. Más tarde, cerca de las tres de la tarde, Onslow subió a la Sarandí acompañado por dos oficiales propios. Allí informó que venía “a tomar posesión de las Islas Malvinas” en nombre de Su Majestad Británica y exigió que el pabellón argentino fuera arriado en un plazo de 24 horas.
La carta subraya que Pinedo respondió con protestas formales. El comandante argentino señaló que su deber no le permitía consentir en tan injusta medida sin recibir órdenes expresas de su gobierno, y apeló a las relaciones de amistad entre Buenos Aires y Londres. Cerca de las ocho de la noche del mismo día, Pinedo recibió por escrito la intimación británica. Evaluó resistir, pero encontró dificultades que consideró insuperables. Entonces envió una comisión para reiterar la protesta y comunicarle a Onslow que, si avanzaba con la fuerza, se vería precisado a resistirle, y que por eso esperaba que se postergara la medida hasta recibir instrucciones del gobierno. La comisión regresó a la Sarandí pasadas las diez de la noche sin haber podido hablar con el comandante británico.
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A las seis de la mañana del 3 de enero, Pinedo fue personalmente a bordo de la Clio para protestar por última vez. Onslow mantuvo su postura: afirmó que contaba con fuerzas suficientes y que esperaba refuerzos. La carta recoge que Pinedo responsabilizó a Gran Bretaña por el “insulto y de la violación de los respetos debidos a la República”, y dejó en claro que no sería él quien arriara la bandera que flameaba en tierra. Antes de partir, prohibió por escrito que se arriara el pabellón argentino y dejó a cargo del establecimiento a Juan Simón, capataz del lugar, junto con otros hombres.
Para las nueve de la mañana, tropas británicas desembarcaron desde tres botes de la corbeta. Izaron el pabellón británico en una casa ubicada a unas cuatro cuadras de la comandancia y luego arriaron el argentino. La Sarandí permaneció en las islas durante los días siguientes. El 5 de enero, Pinedo se hizo a la vela. Su presencia en la zona, con fuerzas claramente inferiores —la Clio contaba con 18 cañones y aguardaba el apoyo de la corbeta Tyne, de 28—, no ofrecía margen militar real para revertir la situación.
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La carta cierra con una declaración de postura oficial. Balcarce anticipa que el gobierno bonaerense sostendría “los derechos de la República Argentina” y promovería las gestiones necesarias “para obtener del Gobierno Británico una digna reparación, el reconocimiento del derecho sobre las Malvinas, y el uso del dominio en aquel territorio”.
El hallazgo de las cuatro hojas de la carta fue realizado en el Archivo Histórico de la provincia de Tucumán, durante trabajos en la recuperación y conservación del patrimonio documental. El organismo señaló que el descubrimiento fue posible gracias a una tarea cotidiana que busca preservar documentos relevantes para la historia provincial y nacional.
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Asimismo, el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales de Tucumán, Raúl Albarracín, destacó la importancia de esta política y remarcó que el propósito es generar una memoria activa: “El Archivo Histórico, por instrucciones de nuestro gobernador, lleva adelante todo un programa de actividades que no solamente se limita a la conservación de la riqueza documental que tenemos en el archivo, a su socialización, sino también a que tengamos un espacio de reflexión”.
Se espera que este jueves el gobernador Osvaldo Jaldo, junto al resto de los funcionarios y al director del Archivo Histórico, Javier Critto, hagan la entrega del documento histórico.
