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Controlar la evasión en la Argentina es una de las grandes materias pendientes de las últimas décadas. Poco han hecho los últimos gobiernos para ampliar la base tributaria y tener algún mínimo margen para bajar impuestos. Incluso, muchos sectores vienen reclamando un mayor control de la informalidad, ya que el hecho de que muchos contribuyentes no paguen lo que les corresponde de impuestos hace que la presión sobre el sector formal de la economía sea mayor.

Es el caso del supermercadismo. Hace años que las grandes cadenas insisten con esta problemática y cada vez que se reúnen con el ministro de Economía, Luis Caputo, le vuelven a poner sobre la mesa el tema. Sucedió, incluso, en el encuentro de la semana pasada, en la que los empresarios se llevaron una grata sorpresa. El Gobierno respondió a este pedido y les anticipó que está avanzado un plan para controlar la informalidad en el sector.

Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), entidad que nuclea a las grandes cadenas, se le había sugerido al Gobierno adoptar un modelo similar al que había aplicado el gobierno porteño en 2019, cuando Andrés Ballotta presidía la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP).

En esa oportunidad, el objetivo era aumentar la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos y atacar al sector donde se registraba la mayor evasión en la ciudad de Buenos Aires: los supermercados de proximidad, dominados en su gran mayoría por ciudadanos de origen chino. Según los cálculos que se manejaban en ese momento en el gobierno porteño, la subdeclaración de impuestos superaba cómodamente el 50% en esta franja.

El mecanismo consistía en que era la Ciudad la que le indicaba a los comercios cuánto tenían que pagar de Ingresos Brutos por mes, en lugar de recibir la manifestación del contribuyente. Es un instrumento que ya se aplica en otros países, por el cual se calcula en base a distintos indicadores cuál es la facturación del local y cuánto debería tributar.

Los supermercados recuerdan ese plan y admiten que tuvo éxito. Por eso, buscan desde hace tiempo que se replique a nivel nacional. Fuentes oficiales y del sector confirmaron que el tema fue hablado en el encuentro de la semana pasada con Caputo y que el propio secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, les contó que estaban preparando el modelo para comenzar las pruebas piloto.

Cómo funcionará el nuevo esquema de control

Así como fue en CABA en 2019, lo que prepara el equipo económico es un modelo similar que se basa en métodos presuntivos. Con el dato de cuánto se produce de cada bien y cuánto se vende (ello puede saberse fácilmente en base a los grandes proveedores), la fórmula polinómica calcula cuánto debería venderse por metro cuadrado en función de la cantidad de comercios existentes. Entonces, se le cobra directamente impuestos en función de ese cálculo. Si el contribuyente no está de acuerdo, deberá argumentar y abrir los libros para demostrar que en realidad vendió menos.

“Los grandes proveedores facturan todo lo que venden, por lo que los remitos de compra los tienen que tener. ARCA puede cruzar toda la información y es fácil comprobar si el contribuyente dice la verdad”, planteó una fuente del sector del retail.

Lavigne le confirmó a los supermercadistas que se están haciendo las pruebas y que sólo quedaba ultimar algunos detalles de sistemas con ARCA. “Lo hemos venido planteado desde hace mucho tiempo. Pero éste es el primer gobierno que se lo ha tomado en serio”, dijeron las fuentes del supermercadismo. Y agregaron: “Ahora hay una decisión política de ampliar la base de contribuyentes. Y estos métodos presuntivos son bastante efectivos; en general, aciertan”.

En el sector calcular que la irregularidad ronda entre el 50% y el 60%. Son meras estimaciones que se realizan a partir de situaciones que detectan las propias cadenas grandes de supermercados cuando recorren otros comercios cercanos. Es habitual ver precios de productos de primera marca inferiores al costo en la góndola; o llegar a la caja y que el ticket no sea emitido. Son varias las señales que les hacen inferir a las cadenas que muchas ventas no son declaradas.

“Hay una serie de puntos negros en la cadena de distribución. Toman mercadería de canales formales y las distribuyen en un canal informal”, aclararon las fuentes.

Si la reciente Ley de Unidad Nacional busca integrar y condicionar ideológicamente a la sociedad china y el Decreto 835 responde a la extraterritorialidad de otros Estados y la posibilidad de desconocer las leyes de otros países, el Decreto 837 busca crear un marco integral para controlar y orientar las inversiones chinas en el exterior bajo una lógica de “seguridad nacional”. Bajo ese paraguas nebuloso y difuso la discrecionalidad del régimen es absoluta.

Formalmente, la norma aprobada por Consejo de Estado sobre la Inversión en el Exterior tiene cuatro objetivos: promover la inversión exterior; proteger a los inversores chinos; fortalecer la supervisión estatal; y proteger la seguridad nacional y los intereses estratégicos del país. Sin embargo, a medida que se avanza en el texto aparece un elemento que hoy caracteriza buena parte del derecho chino: la seguridad nacional deja de ser una materia excepcional y pasa a convertirse en un principio transversal de regulación económica.

Es el Artículo 3 el que lo explicita. Dispone que todas las inversiones en el exterior deben coordinarse con lo que el régimen llama “seguridad del régimen”. Textual: “La política relativa a la inversión en el exterior se regirá por el principio fundamental de apertura al exterior, aplicará el Concepto General de Seguridad Nacional, coordinará el desarrollo con la seguridad, armonizará las dimensiones interna e internacional, perfeccionará el sistema de gestión y de servicios para la inversión en el exterior, elevará la calidad y el nivel de dichas inversiones y promoverá la apertura, la cooperación, el beneficio mutuo y las relaciones de ganancia compartida”.

Este concepto, bajo el comando de Xi Jinping, tiene un alcance mucho más amplio que la “seguridad nacional” en la tradición occidental. Abarca no solo la defensa o el terrorismo, sino también la tecnología, los datos, las finanzas, las cadenas de suministro, la energía, la cultura y la estabilidad política.

“Estos decretos amplían aún más la idea del Partido Comunista Chino (PCC) de que los huaqiao, o chinos en el extranjero, siguen estando sujetos a la ley interna china“, explica Leland Lazarus, fundador y CEO de Lazarus Consulting, un think tank enfocado en el accionar Beijing. “Se fundamenta en la Ley Nacional de Inteligencia de 2017, que obliga a todos los ciudadanos y empresas chinas a apoyar las actividades de inteligencia del PCC, y en la Ley de Seguridad Nacional de 2020 que penaliza la secesión, la subversión, el terrorismo o la colusión con fuerzas extranjeras”, remarca.

Uno de los aspectos más polémicos del decreto es que numerosas decisiones quedan en manos del Consejo de Estado y de los ministerios competentes. El omnipresente régimen chino tiene potestad para definir qué inversiones son promovidas y cuáles no. Tiene el poder de restringir otras y prohibir determinadas operaciones. E incluso ordenar desinversiones. Es decir: no sólo podría desautorizar alguna operación futura, sino desarmar alguna que ya esté operativa.

El decreto 837 prohíbe además exportar o utilizar en el exterior determinados bienes, tecnologías, servicios y datos sin autorización estatal. Incluso alcanza formas indirectas de transferencia, como el desplazamiento de personal técnico, la capacitación o la asistencia técnica transfronteriza. Lo remarca en su Artículo 13.

El punto 15 del decreto también es restrictivo para ciudadanos y compañías. Establece un sistema de revisión de seguridad para inversiones exteriores y obliga a corporaciones y personas a colaborar plenamente. Consultado por Infobae, Lazarus estima que se está observando “una consolidación de la filosofía del PCC de que todos los chinos —individuos, empresas y gobierno— sirven como instrumentos del poder nacional integral del país”.

“Cuando organizaciones o personas establecidas en el territorio de la República Popular China participen en procedimientos arbitrales o judiciales relacionados con inversiones en el exterior, o sean objeto de investigaciones por parte de autoridades judiciales o de aplicación de la ley de otros países o regiones, y necesiten proporcionar pruebas u otros materiales a entidades situadas en el extranjero, deberán cumplir las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la protección de secretos de Estado, la seguridad de los datos, la protección de la información personal, la administración de la exportación de tecnologías, el control de exportaciones y la asistencia judicial internacional”, señala el Artículo 22. Es un claro límite para los ciudadanos, inversores y ejecutivos de empresas chinas en el extranjero.

Este polémico artículo podría generar conflictos para corporaciones que operan simultáneamente bajo la legislación china y la de otros países, especialmente cuando deben responder a requerimientos judiciales o regulatorios extranjeros. ¿Deben pedir permiso a Beijing para cumplir una ley en Rio de Janeiro? Al parecer.

Un patrón claro de control

En las últimas normas analizadas en Infobae aparece un patrón claro. Mientras la Ley de Unidad Nacional controla la cohesión ideológica y social, el Decreto 835 se refiere a la relación jurídica entre empresas chinas y medidas adoptadas por otros Estados, el Decreto 837 revisa cómo el capital chino sale al exterior y bajo qué condiciones puede hacerlo.

En conjunto, estas normas reflejan una tendencia a integrar la política económica, la seguridad nacional y acción exterior bajo un mismo marco regulatorio. Estados Unidos y Europa también tiene leyes sobre exportaciones sensibles, pero lo hacen en un marco específico y para determinados sectores y riesgos delimitados. Los decretos chinos, en cambio, incorporan la noción de “seguridad nacional” y se proyecta sobre un abanico mayor de decisiones con amplia discrecionalidad por parte del estado.

“Las leyes chinas realmente no tienen fuerza si los gobiernos locales no las cumplen. Pero también hemos visto cómo China está dispuesta a ejercer presión económica y política para lograr que los países las acaten. Esta ley podría disuadir a las organizaciones en el extranjero que promueven los derechos de Taiwán, los uigures, el Tíbet o Hong Kong, si los líderes de esas organizaciones temen que el PCC pueda tomar represalias contra sus familias en su país de origen”, concluye Lazarus.

X: @TotiPI

El Gobierno del Reino Unido dio una respuesta a la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” por parte de jugadores de la Selección argentina tras la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Desde Downing Street reiteraron el pedido para que la FIFA investigue el episodio y reafirmaron la posición británica sobre el archipiélago.

La portavoz del primer ministro, Keir Starmer, fijó la postura oficial durante la habitual conferencia de prensa con periodistas parlamentarios. “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”, afirmó. Y agregó: “Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas”.

La vocera también sostuvo que el compromiso del Reino Unido con los habitantes del archipiélago “nunca flaqueará”. En ese sentido, recordó la posición histórica del Gobierno británico respecto de las islas, cuya soberanía permanece en disputa con la Argentina.

Durante la conversación con los medios también le consultaron si la FIFA debía intervenir por la exhibición de la bandera. La portavoz respondió que coincidía con las declaraciones formuladas previamente por el ministro de Ciencia, Peter Kyle, y señaló que cualquier decisión corresponde al organismo rector del fútbol mundial.

Horas antes, Kyle calificó el gesto de los futbolistas argentinos como “totalmente inapropiado”. “La política debe mantenerse al margen del fútbol”, sostuvo en declaraciones a la BBC. Además, expresó: “Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”, al considerar que la exhibición de un mensaje de contenido político podría contravenir las normas que regulan las competiciones organizadas por la entidad.

La controversia surgió luego del triunfo argentino frente a Inglaterra en Atlanta. Finalizado el encuentro, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero desplegaron una bandera blanca con letras negras que decía “Las Malvinas son argentinas”. Los tres futbolistas la mostraron durante los festejos junto al resto del plantel y frente a los hinchas argentinos presentes en el estadio. Más tarde, Lo Celso también la extendió sobre el césped.

Según trascendió, la bandera se encontraba en una de las tribunas y fue entregada a los jugadores durante la celebración posterior al partido.

En la previa del encuentro, tanto la FIFA como las autoridades de seguridad de Estados Unidos habían prohibido el ingreso al estadio de banderas, carteles o insignias con contenido político, incluidas aquellas vinculadas al reclamo por las Islas Malvinas. Sin embargo, el elemento ingresó al estadio y terminó en manos de los futbolistas al finalizar el encuentro.

La reacción británica también motivó una respuesta del presidente Javier Milei. Durante una entrevista radial, el mandatario afirmó que “la política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos” y sostuvo que sería “miserable” intentar utilizar un eventual título mundial con fines partidarios.

Al referirse específicamente a la bandera exhibida por algunos integrantes del plantel, Milei consideró que se trató de “un sentimiento que está dentro de todos los argentinos” y afirmó que era “perfectamente válido y lícito” que los jugadores se expresaran de esa manera.

No obstante, el Presidente marcó diferencias entre esa manifestación y el reclamo diplomático por la soberanía de las islas. “La recuperación de las Islas se logrará en el plano diplomático con inteligencia”, expresó. Además, destacó las gestiones realizadas por la Cancillería y aseguró que esos avances permitieron que la ONU instara al Reino Unido a retomar las negociaciones con la Argentina.

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno británico impulsara sanciones contra los futbolistas argentinos por el episodio, Milei consideró que cualquier eventual consecuencia quedaría limitada al ámbito deportivo y no afectaría el proceso diplomático entre ambos países. También reiteró que la Casa Rosada permanecerá a disposición de la Selección si el plantel decide celebrar allí una eventual consagración, aunque remarcó que los festejos corresponderán “exclusivamente a los jugadores y a los argentinos”, sin participación de dirigentes políticos.

El presidente de EEUU Donald Trump ordenó aplicar un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones de Brasil desde el 22 de julio, una decisión que profundiza la disputa comercial entre ambos países después de una investigación de un año de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus iniciales en inglés) que concluyó que Brasil incurrió en prácticas “irrazonables y discriminatorias” contra agricultores, trabajadores, innovadores y exportadores estadounidenses.

En el centro del conflicto comercial entre EEUU y Brasil aparece Pix, el sistema de pagos digitales más utilizado por los brasileños y también por los millones de argentinos que hacen turismo en el país vecino. Según las actuaciones de la USTR, el funcionamiento de Pix impacta en forma negativa contra proveedores de pago de EEUU.

Lo que está en juego excede un nuevo arancel. Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Brasil y una de las pocas grandes economías con las que el país sudamericano mantiene un déficit comercial: en 2025, Brasil importó más de USD 45.000 millones en bienes estadounidenses, un alza de 11% interanual, mientras sus exportaciones cayeron casi 7%, con el petróleo concentrando 12,5% de los envíos.

La medida excluye las importaciones de café, carne vacuna y algunos productos derivados del etanol, según informó un alto funcionario de la administración antes del anuncio oficial. El etanol, de todos modos, sí quedará alcanzado por los nuevos aranceles.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvo en un comunicado que la decisión busca “corregir estas prácticas comerciales desleales y garantizar que los trabajadores y las empresas estadounidenses puedan competir en igualdad de condiciones”. También afirmó que las negociaciones mantenidas con Brasil durante el último año no resolvieron esos problemas, aunque Washington sigue dispuesto a continuar el diálogo, según Bloomberg.

La investigación sobre Pix

La Casa Blanca avanzó con esta decisión tras un informe publicado el 1 de junio al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Ese documento propuso un arancel adicional del 25% sobre las importaciones brasileñas y acusó a Brasil de aplicar medidas que discriminan y perjudican al comercio estadounidense.

El foco principal del informe fue Pix, el sistema de pagos electrónicos usado a diario por millones de brasileños. Según la investigación, Brasil perjudicó de forma injusta a proveedores estadounidenses de servicios de pagos competidores al adoptar políticas que favorecen a esa plataforma, que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha presentado en reiteradas ocasiones como un emblema de soberanía tecnológica e independencia financiera.

El informe de junio también acusó a Brasil de dar trato preferencial a productos de México e India y de aplicar de manera insuficiente normas contra la corrupción y de protección de la propiedad intelectual. Horas antes del anuncio, Greer ya había anticipado en una entrevista con Bloomberg que Trump se disponía a “firmar algo” vinculado con los aranceles a Brasil.

La explicación oficial de Washington fue reforzada por el secretario de Estado Marco Rubio, que en una publicación en X acusó al gobierno brasileño de no negociar de buena fe. Rubio escribió: “Hoy, el presidente Trump instruyó a la USTR para imponer un arancel de 25% sobre la mayoría de las importaciones brasileñas. Que no haya confusión sobre el por qué: el presidente Lula y su gobierno no han negociado con Estados Unidos de buena fe”.

Rubio agregó que “las políticas económicas de Lula son malas tanto para los estadounidenses como para los brasileños” y que “durante el último año Lula antepuso su propio ego a un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio de esa decisión”.

El rechazo de Brasil

El gobierno brasileño condenó la decisión y afirmó que tomará medidas para proteger su economía de sus efectos. En un comunicado, sostuvo: “No existe justificación para la adopción de medidas unilaterales contra nuestro país”.

En esa misma respuesta, el gobierno de Lula afirmó que seguirá diversificando sus relaciones comerciales y abriendo nuevos mercados para sus productos. Brasil ya había rechazado las acusaciones sobre Pix, aseguró que esas críticas carecen de fundamento y anunció que buscará aplicar aranceles recíprocos y recurrirá a la Organización Mundial del Comercio.

Pese al deterioro de la relación, las conversaciones no se interrumpieron. En los últimos meses, Greer se reunió en repetidas ocasiones con el ministro de Comercio de Brasil, Márcio Elias, para intentar una salida negociada.

El objetivo de Brasil es sostener las conversaciones hasta el último momento posible, aunque sin aceptar concesiones que considere política o jurídicamente inadmisibles. Entre esas líneas rojas figura cualquier modificación del sistema Pix, según una persona familiarizada con las negociaciones citada por Bloomberg.

El antecedente más cercano de esta pulseada se remonta al año pasado, cuando Trump impuso aranceles del 50% a una amplia gama de productos brasileños para presionar a las autoridades del país por el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro. La mayor parte de esas medidas fue revertida después de negociaciones entre Brasilia y Washington, en un resultado que fortaleció diplomáticamente a Lula.

El conflicto comercial también entró de lleno en la política brasileña de cara a las elecciones de octubre. Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, aparece como principal rival de Lula en esa contienda.

El gobierno brasileño afirmó en su comunicado que la familia Bolsonaro colaboró con las autoridades estadounidenses para facilitar la imposición de los aranceles. Flávio Bolsonaro, a su vez, declaró durante una audiencia de la USTR que sería difícil revertir los aranceles en la víspera electoral y que la medida podría influir sobre el escenario político.

Qué es el sistema Pix y cómo funciona

El Banco Central de Brasil implementó en noviembre de 2020 el sistema de pagos instantáneos Pix, que realiza transferencias inmediatas en cualquier momento del día durante todo el año. Un elevadísimo porcentaje de la población brasileña ya lo utiliza para hacer pagos de todo tipo.

El sistema opera sin interrupciones, 7 por 24, y se destaca por ser gratuito para personas físicas y tarifas mínimas para empresas en comparación con otras opciones electrónicas, informó el Banco Central de Brasil. Además, Pix elimina la necesidad de ingresar datos bancarios complejos: basta con ingresar una clave (en general, el celular del receptor del pago) o escanear un código QR.

La expansión internacional del sistema aceleró la adopción en comercios de Argentina, Uruguay y Paraguay, donde los turistas de Brasil pueden pagar con Pix y abonar directamente en la moneda local del país receptor, un proceso gestionado automáticamente.

En la Argentina el uso de Pix se popularizó, con numerosas billeteras virtuales que lo incorporaron a sus servicios. Según el Monitor KamiPay, un relevamiento entre más de 6.200 viajeros, el 61% de los argentinos que viajan a Brasil utiliza Pix para pagar productos y servicios, superando tanto al efectivo (49%) como a las tarjetas (45,7%). El 80,6% de los usuarios de Pix lo emplea para pagar al menos la mitad de sus consumos, y el 40,5% planea usarlo para prácticamente todos sus gastos del viaje.

Irán anunció el sábado por la noche el cierre del estrecho de Ormuz, pero Estados Unidos afirma que permanece abierto.

Sin embargo, el número de petroleros que transitan por el estrecho ha caído esta semana a su nivel más bajo en dos meses debido a la escalada de las hostilidades.

Anteriormente, datos de transporte marítimo mostraban que siete buques transitaron por Ormuz el miércoles, después de que Estados Unidos reimplantara el bloqueo naval a los puertos iraníes.

Esa cifra se ha actualizado a nueve buques, la mayoría navegando por la ruta iraní, una disminución con respecto a los 13 que pasaron el martes.

Fuentes de la industria naviera han indicado que los buques están apagando cada vez más sus transpondedores de seguimiento AIS públicos, lo que dificulta determinar el número total de barcos que cruzan el estrecho.

Antes de la guerra, alrededor de 130 buques cruzaban el estrecho de Ormuz diariamente.

El fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán continuó el miércoles tras una semana de bombardeos, mientras el conflicto no da señales de ceder luego del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz y los puertos iraníes.

Casi un mes después de que Washington y Teherán firmaran un protocolo de acuerdo con miras a poner fin a la guerra en Oriente Medio, ambas partes reanudaron los combates, con repercusiones en toda la región.

Estados Unidos lanzó el miércoles dos nuevas andanadas distintas de bombardeos sobre las costas de Irán y disparó contra un petrolero que intentaba romper su bloqueo a los muelles iraníes, restablecido la víspera.

Irán, que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz el fin de semana pasado, prometió que esa vía marítima clave para el tránsito de hidrocarburos permanecería clausurada hasta el fin de las “agresiones” estadounidenses.

Teherán también ha atacado en represalia instalaciones estadounidenses en toda la región, lo cual socava cada vez más los esfuerzos diplomáticos para poner fin de manera duradera a la guerra desencadenada el 28 de febrero por los bombardeos israeloestadounidenses contra su territorio.

A primera hora de este jueves, Kuwait informó que estaba interceptando drones iraníes mientras que en Baréin sonaron las sirenas antiaéreas.

Esta nueva escalada de los enfrentamientos comenzó el 7 de julio tras varios ataques contra buques en el Golfo, atribuidos a Irán.

La ofensiva, sin precedentes desde el alto el fuego de abril, echa por la borda un protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio, que debía poner fin a las hostilidades.

“Un protocolo de acuerdo solo tiene sentido cuando sus cláusulas son válidas y se aplican”, declaró el miércoles el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en un comunicado.

“Si la República Islámica de Irán no va a obtener ningún beneficio (…), no tenemos ninguna razón para adherirnos”, afirmó.

“Aterrorizados”

La ciudad portuaria de Bushehr, sede de la única central nuclear de Irán, fue nuevamente atacada el miércoles, al igual que los alrededores de Iranshahr (sureste). Siete militares murieron allí, según el ejército iraní, que contabilizó 13 lanzamientos de misiles estadounidenses.

“Los bombardeos han reducido aún más la capacidad de Irán para atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz” y se prolongaron durante 90 minutos, indicó de su lado el ejército estadounidense.

Al final del día, Washington llevó a cabo una segunda andanada de ataques con el mismo objetivo.

Se oyeron explosiones en varias ciudades iraníes, entre ellas Bandar Abás (sur), Rask y Chabahar (sureste), así como en la isla de Qeshm, informaron los medios estatales.

Más de 30 civiles han muerto desde que se reanudaron los enfrentamientos, según Teherán.

En el marco del bloqueo de los puertos iraníes restablecido por Washington el martes, un avión militar estadounidense también disparó el miércoles contra un petrolero vacío de bandera de Curazao que intentaba cruzar y que quedó “neutralizado”.

En Irak, fuerzas kurdas aseguraron que la coalición liderada por Estados Unidos derribó ocho drones sobre Erbil, capital del Kurdistán iraquí, donde periodistas de la AFP oyeron explosiones y vieron humo cerca del consulado estadounidense.

“Mataremos a Trump”

Catar, blanco de ataques el domingo pese a desempeñar el papel de mediador en este conflicto, recibió al jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi.

En el estrecho de Ormuz, situado en aguas iraníes y omaníes y por el que antes de la guerra transitaba un 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) mundiales, el tráfico se redujo tras el ataque contra varios petroleros.

El miércoles, los precios del petróleo se mantuvieron estables tras la fuerte subida del inicio de semana, con el barril de Brent, referencia internacional, en torno a los 85 dólares.

Al reimponer el bloqueo de los puertos iraníes, el presidente estadounidense, Donald Trump, pretende presionar a Teherán, que quiere mantener el control del estrecho y solo autoriza un único corredor de navegación a lo largo de sus costas.

A última hora del miércoles, el magnate republicano confirmó que la república islámica liberó a una ciudadana estadounidense detenida desde diciembre de 2024. “¡Los Estados Unidos de América agradecen este gesto de buena voluntad por parte de Irán!”, escribió en su plataforma TruthSocial.

Ese mensaje contrastó con el ultimátum que había lanzado a los iraníes el martes: o retoman las negociaciones, o “la semana que viene las cosas se pondrán realmente muy feas para ellos”.

Las autoridades iraníes, lejos de dejarse intimidar, colocaron un afiche gigante en el centro de Teherán que muestra al mandatario en un ataúd con el mensaje “Mataremos a Trump”, según un video de AFPTV.

(Con información de agencias)

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, protagonizaron un durísimo cruce por WhatsApp a raíz del intento de la titular de la Cámara alta de postergar la sesión convocada para este mediodía, en la que el oficialismo buscará debatir el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocido como ley de tierras. El áspero intercambio ocurrió ayer, trascendió públicamente este jueves y volvió a dejar expuesta la confrontación abierta entre Villarruel y el gobierno de Javier Milei.

El diálogo fue confirmado a Infobae a través de fuentes con conocimiento de la conversación. Según pudo reconstruir este medio, el origen de la discusión fue el intento de la vicepresidenta de suspender la sesión prevista para este jueves. Bullrich rechazó esa posibilidad y defendió la decisión de avanzar con el tratamiento de una iniciativa que la Casa Rosada considera estratégica dentro de su agenda de reformas.

La primera referencia de Villarruel fue al triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra, que clasificó al equipo nacional a la final del Mundial. “¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?”, planteó la vicepresidenta. Bullrich respondió que la reunión podía realizarse “para festejarlo”. Sin embargo, el intercambio abandonó rápidamente el argumento futbolístico y pasó al verdadero motivo del desacuerdo: el contenido del proyecto que el Senado debatirá este jueves.

Villarruel cuestionó con dureza la iniciativa y, en especial, el capítulo referido al régimen de tierras rurales. Según la reconstrucción del intercambio, sostuvo que la ley implicaba “vender el país”, calificó de “indignante” el apartado sobre las tierras y acusó al oficialismo de no darle importancia a la “integridad territorial”. Más adelante afirmó que el Gobierno vive “en Narnia”, mientras “cierran pymes todos los días” y “la gente no tiene para comer”, y sostuvo que el oficialismo pretende “rifar” la Argentina.

Bullrich defendió el proyecto durante toda la conversación. La jefa del bloque oficialista respondió que la iniciativa busca “cambiar el país”, negó que implique la venta de tierras argentinas y sostuvo que el objetivo es promover el desarrollo. A medida que la discusión escaló, también elevó el tono político y personal. En uno de los pasajes más tensos del intercambio le sugirió a Villarruel que, si estaba en desacuerdo con el rumbo del Gobierno, debía renunciar.

La vicepresidenta respondió reivindicando la legitimidad de su cargo. Recordó que ella también había sido elegida por el voto popular y acusó a Bullrich de impulsar la ley “por obsecuente”. Después llegaron las descalificaciones personales. Villarruel le reprochó haber “llegado tarde” al espacio político y le dijo que fuera a “chuparle las medias a Karina Milei“, en referencia a la secretaria general de la Presidencia. Bullrich contestó que ese episodio podía marcar “el comienzo y fin de una corta vida política”. La conversación terminó con nuevos agravios cruzados: Villarruel la calificó de “parásito” y parte de “la casta”, mientras Bullrich le respondió que nunca había pensado que fuera “tan mal educada”.

Más allá del tono del intercambio, el episodio volvió a reflejar una diferencia política de fondo entre la vicepresidenta y la Casa Rosada respecto de una de las leyes que el Gobierno considera prioritarias.

En el Ejecutivo rechazan la interpretación de Villarruel sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Según explican fuentes oficiales, la iniciativa no habilita que Estados extranjeros compren tierras rurales argentinas. Por el contrario, sostienen que mantiene una prohibición absoluta para ese tipo de adquisiciones, establece un doble mecanismo de control —por parte de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional— cuando intervienen empresas con participación estatal extranjera y conserva el régimen especial vigente para las zonas de seguridad de frontera.

El argumento oficial es que la reforma diferencia la inversión privada de los intereses de otros Estados y que fortalece los controles allí donde consideran que puede existir un riesgo para la soberanía nacional. En el Gobierno afirman que la ley no flexibiliza la protección territorial, sino que la hace “más precisa, más federal y más firme”.

La posición de Villarruel es distinta. La vicepresidenta entiende que el proyecto elimina restricciones vigentes y facilita la adquisición de tierras por parte de extranjeros, razón por la cual se opuso a que el Senado avanzara con su tratamiento.

En la Casa Rosada hay otro elemento que profundizó el malestar. Funcionarios con participación en la estrategia parlamentaria interpretan que la postura asumida por Villarruel terminó coincidiendo con la resistencia que desde hace meses vienen planteando Unión por la Patria y otros bloques opositores para demorar el tratamiento de la iniciativa. Esa lectura alimentó el enojo del oficialismo, que considera la media sanción de la ley como uno de los objetivos centrales de la sesión convocada para este mediodía.

El episodio también volvió a dejar al descubierto el deterioro de la relación política entre Villarruel y el Gobierno. La vicepresidenta mantiene desde hace más de dos años un vínculo prácticamente roto con Milei y quedó completamente al margen de las principales decisiones políticas del Poder Ejecutivo. La relación con Karina Milei, además, atraviesa su peor momento y desde hace tiempo dejó de existir cualquier canal de diálogo fluido entre ambas.

En ese contexto, Bullrich se convirtió en una de las principales interlocutoras parlamentarias de la Casa Rosada y en la responsable de conducir la estrategia oficialista en el Senado. El enfrentamiento conocido este jueves terminó mostrando que las diferencias entre la vicepresidenta y el Gobierno ya no se limitan a cuestiones de funcionamiento institucional o distribución de poder, sino que alcanzan el contenido de proyectos considerados estratégicos por el Presidente.

Con ese escenario de fondo, el Senado se reunirá este mediodía para intentar darle media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El oficialismo confía en reunir el quórum necesario para abrir la sesión y avanzar con una iniciativa que, incluso antes de comenzar el debate, ya provocó uno de los enfrentamientos internos más duros desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Los chats entre Villarruel y Bullrich

— Victoria Villarruel: “Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial”.

— Patricia Bullrich: “Para festejarlo”.

— VV: “Para vender el país. Nadie quiere festejar en el Senado. Que cada senador lo festeje en su provincia, con su familia, no votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.

— PB: “Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío”.

— VV: “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.

— PB: “Ni se venden tierras. Se desarrolla el país”.

— VV: “No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia. La gente no tiene para comer. Están endeudados. Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho”.

— PB: “Yo estoy bien en la realidad. Y los argentinos quieren progresar, no ser más subdesarrollados, populistas, pobres. Cuántos kirchneristas habrán ido al Mundial”.

— VV: “Uds. nos quieren rifar. No seas hipócrita. Igual no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina. Preguntale a Viola, que se debe haber encontrado con ellos allá”.

— PB: “Si no te gusta, renunciá. Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”.

— VV: “A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo. Lo que escribo es la realidad de la ley que vos estás empujando por obsecuente”.

— PB: “A mí me votaron 6.600.000 y después el 51% de la Ciudad”.

— VV: “Bueno, buena suerte, llegaste tarde y te querés venir a hacer la viva. Andá a chuparle las medias a Karina”.

— PB: “¡Chau! Chau, comienzo y fin de una corta vida política”.

— VV: “Problema mío. Ser un parásito y casta como vos no es mi ejemplo de vida. Chau”.

— PB: “Perdón, estaba festejando. Pero los buenos, como Messi, somos capaces de jugar muchos mundiales. Y para tu récord, nunca pensé que eras tan mal educada”.