El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro pidió este miércoles a un juez federal de Estados Unidos que desestime los cargos en su contra, entre ellos el de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo. Su defensa sostiene que debe contar con inmunidad judicial por haber ejercido como jefe de un Estado soberano.
La acusación fue presentada ante un tribunal federal de Manhattan y constituyó la base legal de la operación del 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses ingresaron en Caracas y capturaron a Maduro. El exmandatario se declaró inocente y, si su pedido no prospera, el juicio comenzará el 1 de junio de 2027.
Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas, de acuerdo con la acusación. Su defensa presentó dos mociones: una para desestimar toda la causa y otra, de manera alternativa, para retirar específicamente el cargo de narcoterrorismo.
El exmandatario venezolano permanece detenido en Estados Unidos desde su captura en Caracas el 3 de enero.
LA Times
El argumento de Maduro ante el juez
El abogado Barry Pollack busca que el juez federal Alvin Hellerstein descarte el caso al considerar que Maduro está protegido por la inmunidad soberana que corresponde a los jefes de Estado y que las conductas que sustentan la acusación fueron realizadas en el ejercicio de funciones oficiales.
“El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (…). Tiene derecho a ambas”, sostuvo Pollack en el escrito.
El abogado también afirmó que el proceso constituye una violación de una protección reconocida durante siglos: “Este procesamiento sin precedentes viola la inmunidad absoluta de jurisdicción penal a la que los jefes de Estado y los funcionarios extranjeros que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales han tenido derecho durante cientos de años”, escribió.
Maduro enfrenta acusaciones vinculadas con narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas.
En una segunda moción, Pollack solicitó retirar el cargo de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo. Según la defensa, esa acusación carece de una base jurisdiccional suficiente y tampoco cumple con los requisitos establecidos por la legislación estadounidense.
Los antecedentes que complican al exmandatario
Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela en 2019, cuando asumió el poder tras las elecciones de 2018, que Washington calificó de fraudulentas. Estados Unidos también cuestionó la reelección de Maduro en 2024. El dirigente venezolano sostiene que ambas votaciones fueron legítimas y acusa desde hace años a Washington de buscar su salida del poder para controlar los recursos petroleros del país.
La defensa considera que la posición estadounidense sobre la legitimidad de Maduro no debería determinar si conserva su condición de jefe de Estado a los efectos de la inmunidad. Pollack sostuvo que el caso es diferente al del exlíder militar panameño Manuel Noriega, cuya solicitud de inmunidad fue rechazada por un juez federal de Miami en 1990.
Los procesos penales contra jefes de Estado extranjeros ante tribunales estadounidenses son poco frecuentes. Por eso, el planteo de Maduro podría convertirse en un caso relevante sobre los límites de la inmunidad soberana y la aplicación del derecho internacional dentro de la Justicia estadounidense.
Qué pasó en Venezuela después de la captura
Desde la captura de Maduro, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quedó al frente de Venezuela y profundizó la cooperación con la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
El vínculo entre ambos gobiernos dio un giro significativo durante el mes pasado, cuando Estados Unidos y Venezuela alcanzaron un acuerdo sin precedentes que contempla que Washington se haga cargo de aproximadamente una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez quedó al frente de Venezuela luego de la captura de Maduro en Caracas.
Reuters
Mientras avanza el proceso judicial en Manhattan, los fiscales estadounidenses tienen plazo hasta el 2 de octubre para responder formalmente a las mociones presentadas por la defensa. Posteriormente, Hellerstein deberá evaluar los argumentos de ambas partes.
El juez fijó para el 17 de noviembre una audiencia destinada a analizar el pedido de desestimación. Si la Justicia rechaza el planteo, Maduro continuará como acusado y deberá enfrentar el juicio previsto para junio de 2027.
En una reciente y extensa resolución judicial dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, a cargo del juez Federico Martín, se resolvió la situación procesal de diez imputados —en su mayoría efectivos y exagentes de la Policía de Entre Ríos y gestores—, dictando procesamientos sin prisión preventiva por cohecho para cuatro de ellos y decretando el sobreseimiento firme para el resto respecto a las sospechas de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según reveló Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) el caso ahora se encamina a juicio oral y público.
El origen de este expediente se remonta a una investigación previa del año 2021 centrada en la posible cobertura a un narcotraficante conocido como El Tigre por parte del comisario principal Cristian Omar Villanueva, exjefe a cargo del puesto caminero Zárate–Brazo Largo.
Aunque el análisis de las intervenciones telefónicas descartó la hipótesis ligada al narcotráfico, las escuchas dejaron al descubierto la existencia de otras maniobras presuntamente ilícitas cometidas entre junio de 2022 y noviembre de 2023 en complicidad con otros miembros de la fuerza policial.
Durante el curso de la causa se investigaron dos grandes ejes delictivos. Por un lado, una presunta red de venta de información confidencial sobre vehículos secuestrados e incautados en depósitos judiciales a cambio de sumas de dinero. Por otro lado, la supuesta sustracción de autopartes y neumáticos de los rodados bajo custodia en el puesto caminero, así como el eventual favorecimiento a vehículos en infracción para que continuaran su marcha sin ser sancionados.
Tras la realización de múltiples pericias telefónicas a cargo de la Gendarmería Nacional, relevamientos periciales en el predio, informes bancarios y testimoniales, el magistrado concluyó que la maniobra de “venta de información” quedó probada con el grado de certeza que exige esta etapa procesal.
A raíz de ello, el juez Federico Martín dictó el procesamiento sin prisión preventiva del comisario Cristian Omar Villanueva y del oficial Joaquín Exequiel Migueles como autores del delito de cohecho pasivo. En la misma línea, procesó a los mandatarios o gestores Juan Francisco Leloutre (comisario retirado de la Policía Federal) y a su hijo, el abogado Juan Matías Leloutre, bajo la figura de cohecho activo por ser quienes efectuaban los pagos y transferencias a cambio de la información de los rodados.
Para los cuatro procesados se trabó además un embargo sobre sus bienes de $300.000 a cada uno, informó este miércoles por la noche Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).
En contraposición, la Justicia decidió sobreseer a todos los involucrados respecto a las imputaciones por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tras profundizar la investigación, los informes librados por la Policía de Entre Ríos y los juzgados federales demostraron que no existían registros de secuestro ni faltantes de neumáticos ni de autopartes en las fechas investigadas.
Asimismo, las pericias financieras y los entrecruzamientos telefónicos complementarios descartaron la participación de otros altos mandos policiales en cobros ilegales o irregularidades en los controles viales.
De este modo, quedaron totalmente sobreseídos de la causa los funcionarios Eriberto Juan Carlos Piter, Claudio Daniel Mujica, Gustavo Luis Ramón Palacios, Marcelo Horacio Gómez, Luis Alberto Báez y Luis Armando Zabala, haciendo expresa mención el juzgado de que el proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado.
Desde este año, el Régimende SubsidiosEnergéticos Focalizados unificó en Argentina el acceso a los subsidios para electricidad, gas por redes y garrafas de 10 kilos, con un trámite que se hace de forma online y que define la ayuda según los ingresos y la situación patrimonial de cada hogar. El esquema busca aliviar el peso de las boletas de luz y gas, que aumentarán 1,75% y 1,4% respectivamente en septiembre, en hogares con recursos ajustados y concentra toda la gestión en una plataforma del Ministerio de Economía.
El requisito central para ingresar al beneficio es que los ingresos netos del grupo familiar no superen $4.694.148, equivalentes a tres veces la Canasta Básica Total para un hogar tipo dos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El sistema también admite hogares que excedan ese límite si al menos uno de sus integrantes tiene Certificado de Vivienda del Registro Nacional de Barrios Populares, Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o Certificado Único de Discapacidad.
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La ayuda alcanza también a quienes usan gas envasado: el régimen prevé una bonificación mensual de $9.593 por garrafa de 10 kilos. En invierno cubre dos garrafas por mes y en verano, una.
Cómo inscribirse
La inscripción se realiza en el sitio oficial del Gobierno, en argentina.gob.ar/subsidios, y exige tener cuenta activa en Mi Argentina con CUIL y clave personal. Desde esa plataforma se puede iniciar una solicitud, consultar el estado del trámite o pedir una revisión cuando la información registrada no refleje la situación real del hogar.
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Antes de comenzar, el solicitante debe reunir el número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que figuran en las facturas de electricidad y gas por red, además del DNI vigente, el CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años y un correo electrónico personal. Quienes ya estaban anotados en el antiguo Registro de Acceso a Subsidios de Energía (RASE) fueron incorporados automáticamente al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados.
Sí deben hacer el trámite quienes nunca pidieron el beneficio, quienes cobraban subsidio para garrafas a través del extinto Programa Hogar y quienes accedían a la Tarifa Social de Gas en las zonas donde ese esquema seguía vigente. En esos casos, la carga de datos se hace mediante un formulario con carácter de declaración jurada.
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Ese formulario pide información sobre ingresos, cantidad de integrantes del grupo familiar, situación laboral y condiciones patrimoniales. Una parte de los datos aparece completada con información que ya tiene el Estado, pero el usuario debe revisar y corregir cualquier dato desactualizado antes de enviar la solicitud.
La evaluación patrimonial
El sistema cruza lo declarado con bases de datos oficiales y, a partir de esa verificación, aprueba o rechaza el pedido. Si después cambian los ingresos, la composición del hogar o el tipo de servicio contratado, esos datos pueden actualizarse para futuras evaluaciones.
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El régimen deja afuera a los hogares en los que algún integrante sea titular de un automóvil con una antigüedad de hasta tres años, salvo que en la vivienda haya una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD). También quedan excluidos los grupos familiares que posean en conjunto tres o más inmuebles, una embarcación de lujo, una aeronave o activos societarios.
La evaluación patrimonial se hace sobre todo el grupo familiar y no sobre una persona en particular. Esa condición puede impedir el acceso al subsidio incluso cuando el hogar declare ingresos por debajo del tope establecido.
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Una vez aprobada la solicitud, el descuento se aplica directamente en la factura sin trámites adicionales. En septiembre, el Gobierno modificó los descuentos adicionales aplicados a las tarifas de energía. En el caso de la electricidad, elevó el beneficio extraordinario al 25%, que se agrega al subsidio habitual del 50 por ciento. De ese modo, la reducción total sobre la factura llega al 75 por ciento.
Para los usuarios de gas natural, el descuento complementario quedó establecido en 24,5 por ciento. La medida se suma a la bonificación base y deja el beneficio total en 74,5%, de acuerdo con la normativa oficial.
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El subsidio para garrafas
Para quienes dependen del gas envasado, el reintegro funciona en el momento de la compra y no después. La operación debe hacerse a través de las billeteras virtualesBNA+ o MODO, incluidas las entidades bancarias adheridas a esa red de pagos.
Quienes eran beneficiarios del ex Programa Hogar y todavía no se inscribieron en el nuevo régimen pueden hacerlo desde la plataforma oficial o mediante la aplicación Mi Argentina. El registro no tiene una fecha límite definida, pero mientras no se complete la inscripción, el usuario no podrá acceder al beneficio.
La Cámara Nacional Electoral aprobó cambios en 14 secciones electorales de la provincia, con nuevas delimitaciones y denominaciones. La medida se vincula con la creación de nuevas comunas y deberá continuar su trámite ante el Poder Ejecutivo Nacional.
La Cámara Nacional Electoral aprobó una serie de modificaciones en los circuitos electorales de Entre Ríos, que incluyen la creación de nuevos circuitos, cambios en los límites de divisiones existentes y modificaciones de denominación. La resolución fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y alcanza a 14 secciones electorales de la provincia.
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La medida, establecida mediante la Resolución 11/2026, se tomó en el marco de un expediente iniciado a partir de una propuesta elevada por el Juzgado Federal con competencia electoral de Entre Ríos. Según explicó el tribunal, los cambios están vinculados con la Ley provincial 11.058, sancionada en 2023, y sus normas reglamentarias, que reconocieron como territorio de nuevas comunas a las jurisdicciones de los entonces denominados Centros Rurales de Población.
El proyecto fue analizado por la Unidad de Geografía Electoral de la Cámara Nacional Electoral, que informó que la propuesta cumple con los lineamientos técnicos previstos para su evaluación mediante el Sistema de Información Geográfica. En el expediente también consta la documentación cartográfica y la información correspondiente a los locales de votación.
Los cambios abarcan las secciones electorales de Paraná, La Paz, Diamante, Victoria, Nogoyá, Tala, Gualeguaychú, Islas Ibicuy, Villaguay, Concordia, Federal, Colón, Federación y San Salvador.
En Paraná se dispuso la creación del circuito 050A, denominado “Aldea Santa Rosa”, junto con modificaciones en los circuitos 031, 042, 049 y 050. En La Paz se modificarán los límites de los circuitos 066 y 070, mientras que en Diamante los cambios alcanzarán a los circuitos 086 y 094.
También se modificará el circuito 107 de Victoria y los circuitos 113 y 119 de Nogoyá. En la sección Tala se creará el circuito 150A, denominado “Arroyo Clé”. En Gualeguaychú se incorporará el circuito 203A, “General Almada”, y se modificarán los límites del circuito 205.
En Islas Ibicuy se modificará el circuito 212. Para Villaguay se creará el circuito 222A, “Estación Raíces”, junto con cambios en el circuito 222. En Concordia se incorporará el circuito 237A, “Estación Yuqueri”, y se modificarán los circuitos 247 y 248.
La resolución también contempla cambios en el circuito 264 de Federal y en el 275 de Colón, ambos con modificación de denominación. En Colón, además, se cambiará el nombre del circuito 290, aunque sus límites permanecerán sin modificaciones.
En Federación se modificarán los circuitos 299, 300 y 301, también con cambios de denominación. Finalmente, en San Salvador se creará el circuito 314A, “San Ernesto”, y se modificará el límite del circuito 314, que también tendrá una nueva denominación. La documentación oficial incorpora los mapas y la descripción de las nuevas delimitaciones.
Qué dispuso la Cámara Nacional Electoral
La resolución establece que las modificaciones fueron aprobadas junto con la delimitación cartográfica incluida en los anexos I y II. A su vez, la Cámara dejó asentado que la propuesta no abarca en esta primera etapa la totalidad de los cambios planteados originalmente.
Según el texto, las modificaciones de los límites de otros circuitos electorales preexistentes que no estén directamente relacionadas con los cambios de municipio serán analizadas en una etapa posterior, de acuerdo con los criterios técnicos y administrativos que se establezcan.
El tribunal también ordenó avanzar con las tareas registrales y de administración electoral vinculadas con las modificaciones, debido a la necesidad de realizarlas con suficiente anticipación. Estas acciones quedarán sujetas a la resolución definitiva sobre la cuestión.
Finalmente, la Cámara Nacional Electoral dispuso remitir las actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional y notificar al Juzgado Federal con competencia electoral de Entre Ríos. El presidente del tribunal, Alberto Ricardo Dalla Vía, no intervino en la resolución por encontrarse de licencia. La decisión lleva las firmas de Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.
El acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar comenzó a aplicarse el 15 de julio de 2026, tras su firma oficial en Bruselas. El entendimiento establece nuevas reglas para la circulación de personas y mercancías, impuestos, ambiente y derechos sociales, mientras España conserva su reclamo de soberanía sobre el territorio.
Aunque el tratado fue firmado por la UE y el Reino Unido, España tuvo un rol central en las negociaciones que desembocaron en el texto definitivo, publicado el 26 de febrero. El pacto busca establecer un marco jurídico integral para favorecer el desarrollo económico, reforzar las garantías sociales y profundizar la cooperación entre las partes.
El caso de Gibraltar adquiere especial relevancia como antecedente de una negociación territorial entre España y Reino Unido, en un contexto en el que otros reclamos de soberanía, como el argentino sobre las Islas Malvinas, continúan abiertos.
Cómo funciona el acuerdo sobre Gibraltar
Uno de los principales cambios previstos es la desaparición de la Verja, que durante décadas funcionó como frontera terrestre entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar. El acuerdo establece la libre circulación de personas entre ambos territorios y elimina los controles de pasaporte.
La medida beneficia tanto a los habitantes de Gibraltar como a los residentes del Campo de Gibraltar. Entre ellos se encuentran los cerca de 15.000 trabajadores transfronterizos que atraviesan diariamente la frontera para trabajar.
A partir del acuerdo, España asumirá los controles Schengen en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar. Además, las autoridades españolas tendrán la última palabra en la emisión y renovación de determinados permisos de residencia.
Paro de ATE, en vivo: desde las 9, la medida afectará a más de 27 aeropuertosSe esperan demoras y reprogramaciones. El Gobierno intimó al gremio a garantizar el 75% de los servicios
Un ordenanza del Sanatorio Garat de Concordia es investigado por su presunta vinculación con la sustracción de numerosos elementos pertenecientes al establecimiento de salud. El hombre trabaja en la institución desde hace más de 20 años y la pesquisa derivó en procedimientos que permitieron recuperar equipamiento, electrodomésticos, insumos sanitarios, materiales y herramientas.
La investigación judicial es llevada adelante por la Policía de Entre Ríos por una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Instituto Médico Quirúrgico “Garat”, ubicado sobre calle Concejal Veiga, en Concordia. Las actuaciones fueron iniciadas de oficio por efectivos de la Comisaría Segunda.
Según la información policial, diferentes tareas investigativas permitieron establecer una presunta vinculación del empleado con los hechos investigados. La hipótesis sostiene que habría retirado diversos bienes pertenecientes al centro asistencial para trasladarlos posteriormente a domicilios particulares.
Aires acondicionados, televisores y materiales
En las primeras medidas realizadas en el marco de la causa, los investigadores llegaron hasta una propiedad donde se concretó la entrega voluntaria de diferentes objetos.
Luego de las verificaciones correspondientes, las autoridades determinaron que los bienes pertenecían a la firma damnificada. Entre los primeros elementos recuperados había dos equipos de aire acondicionado y tres televisores.
También fueron encontrados materiales eléctricos, sanitarios y de construcción, además de diferentes artefactos electrónicos, electrodomésticos, mobiliario e insumos de uso general.
La pesquisa continuó con nuevas diligencias destinadas a determinar si existían otros elementos pertenecientes al establecimiento sanitario en distintos domicilios de Concordia.
Tres allanamientos y nuevos secuestros
Como parte de esa investigación, este miércoles se ejecutaron tres órdenes de allanamiento en diferentes propiedades de Concordia. De acuerdo con la información brindada por la Policía, los procedimientos tuvieron resultados positivos.
Durante esos operativos fueron secuestrados otros dos equipos de aire acondicionado, dos monitores de computadora, cuatro teléfonos celulares y cuatro ventiladores de techo.
Además, los agentes encontraron un bidón con glutaraldehído de uso profesional y otro recipiente con detergente de utilización médico-quirúrgica.
La nómina de elementos incautados también incluyó una bolsa que contenía grifería, artefactos de iluminación LED, llaves térmicas, cables, extractores de aire y tomacorrientes. Asimismo, fue recuperado un lavamanos con columna de cerámica.
Todos los bienes secuestrados quedaron formalmente a disposición de las autoridades judiciales intervinientes para determinar su procedencia y eventual vinculación con la causa.
La investigación continúa
El eje de la pesquisa apunta ahora a establecer las circunstancias en las que los distintos elementos habrían salido del establecimiento y determinar las eventuales responsabilidades.
Hasta el momento, la información difundida no consigna que el trabajador investigado haya sido detenido ni precisa qué medida procesal fue adoptada respecto del hombre. Su eventual responsabilidad deberá ser determinada durante el avance de la investigación judicial.
La Policía de Entre Ríos continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y establecer el alcance de la presunta maniobra que habría perjudicado al Instituto Médico Quirúrgico Garat.
Los investigadores también deberán determinar si la totalidad de los objetos encontrados corresponde al sanatorio y reconstruir cómo habrían llegado hasta los distintos domicilios alcanzados por las medidas.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó cómo funcionará el sistema aeroportuario durante las jornadas de paro convocadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre. El organismo intimó al gremio a garantizar, como mínimo, el 75% de las prestaciones aéreas durante las franjas horarias alcanzadas por la medida de fuerza, en el marco de la normativa vigente que regula los servicios esenciales.
Según el comunicado difundido por la Secretaría de Transporte, del que depende la ANAC, la intimación se realizó “conforme a lo establecido por el artículo 24 de la Ley N° 25.877, modificado por la Ley N° 27.802, que define a la aeronáutica comercial como servicio esencial y establece que, ante conflictos colectivos, deberá mantenerse una cobertura no inferior al 75% de la prestación normal del servicio”. Esa cobertura mínima regirá durante las dos franjas horarias en las que ATE prevé desarrollar asambleas y medidas gremiales: de 9 a 12 y de 18 a 21, tanto el jueves como el viernes.
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De acuerdo con lo informado por la ANAC, el organismo fiscalizará el cumplimiento de esos servicios mínimos a lo largo de ambas jornadas, “con el objetivo de preservar la continuidad de las operaciones aéreas y reducir al mínimo posible el impacto sobre los vuelos programados”. Fuera de esas franjas horarias, el comunicado precisa que “se prevé el desarrollo habitual de los servicios aeroportuarios involucrados”, es decir que la actividad se normalizaría por fuera de los seis bloques de tres horas que abarca la medida a lo largo de los dos días.
Otro de los focos del conflicto fue el despido de Luciano Corradi, el delegado gremial de GPS, principal empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas, quien reclamaba la convocatoria a nuevas elecciones. “La empresa hace 20 días me despidió porque la empresa ataca a los delegados para avanzar con despidos masivos y precarizar aún más el trabajo”, mientras agregó que en 2024 se pusieron en la primera línea de defensa de la aerolínea de bandera cuando intentó ser privatizada. “Esta empresa tiene negocios enormes con el Estado”, denunció.
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Demoras y reprogramaciones puntuales
La ANAC anticipó que, pese a la exigencia del 75% de cobertura, la operación podría verse afectada de manera desigual según el aeropuerto y la compañía. El organismo señaló que “se prevé que la operación pueda desarrollarse con normalidad en la mayor parte de los servicios, aunque podrían registrarse demoras o reprogramaciones puntuales durante las franjas alcanzadas por las medidas”. Según se indicó, “la afectación de cada vuelo dependerá de las condiciones particulares de prestación de los servicios y de la operatoria de cada aeropuerto”, lo que implica que el impacto no será uniforme en todas las terminales del país.
Ese punto coincide con lo que había señalado ATE al anunciar la medida. El sindicato precisó que durante las franjas de protesta únicamente quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y los oficiales, mientras que el resto de los servicios comerciales podría sufrir demoras, reprogramaciones o cancelaciones, según las decisiones que adopten las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias en cada caso.
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Ante ese escenario, la ANAC recomendó a quienes tengan previsto viajar durante el jueves y el viernes que revisen previamente con la compañía aérea el estado de su vuelo, en especial si sus vuelos están programados dentro de alguna de las cuatro franjas horarias comprendidas por la medida de fuerza.
El origen del conflicto
La medida de fuerza fue convocada por ATE con alcance federal y afecta a más de 27 aeropuertos de todo el país, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. El conflicto tiene como trasfondo un reclamo salarial y laboral de los trabajadores de la ANAC, que el gremio viene sosteniendo desde comienzos de año.
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La medida comenzó esta mañana con una protesta en el acceso al Aeroparque Metropolitano en donde hay reducción de los carriles de tránsito en la zona.
Según explicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, el Gobierno no abonó desde enero adicionales salariales que habían sido acordados en paritarias, y la negociación sectorial permanece cerrada. “Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, sostuvo el dirigente.
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Aguiar también responsabilizó al Gobierno por las eventuales consecuencias del paro sobre el tráfico aéreo. “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, afirmó. En la misma línea, precisó que “desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”.
El sindicato formalizó tres reclamos concretos: el pago de los salarios con los aumentos correspondientes a ítems extra paritarios ya acordados, la reapertura de la paritaria sectorial y el financiamiento para las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de fiscalización en los aeropuertos. ATE advirtió que, si el Gobierno no da respuesta a esos reclamos antes del inicio de la medida, el conflicto podría extenderse más allá de los dos días previstos.
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Aguiar cerró su postura con una advertencia dirigida al Gobierno: “Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”. Mientras tanto, la ANAC continuará fiscalizando el cumplimiento del servicio mínimo obligatorio durante las cuatro franjas horarias en las que se desarrollará la medida de fuerza, en un esquema que combina la garantía legal del 75% de la prestación con la posibilidad de demoras puntuales en los aeropuertos del país.
La investigación por la muerte de Rodolfo Augusto Bassi, de 61 años, en barrio Paraná XIV avanzó durante la madrugada de este jueves con dos allanamientos y la detención de dos hombres de 52 y 48 años. El jefe de la División Homicidios, Miguel Della Valle, confirmó a Elonce que ambos serían conocidos de la víctima.
Las detenciones fueron dispuestas luego de que los investigadores reunieran durante el miércoles distintos elementos que fueron puestos a consideración de la Fiscalía. Con esas evidencias, la Justicia autorizó las medidas que comenzaron a ejecutarse durante la madrugada.
Uno de los sospechosos fue localizado en Paraná, mientras que el restante fue detenido en Federal cuando se desplazaba en un colectivo. “Estaba viajando en un micro al momento de la detención”, confirmó Della Valle.
Los sospechosos conocían a Bassi
Sobre la relación con el hombre fallecido, el jefe de Homicidios indicó que “por lo que entendemos, son personas conocidas de la víctima”, un dato que forma parte de la reconstrucción que realizan los investigadores.
La Policía también trabaja para establecer qué motivó el episodio. Della Valle señaló que ya existen elementos que permiten orientar la pesquisa, pero evitó anticipar conclusiones antes de completar las medidas pendientes.
“Creo que ya estamos encaminados respecto de lo que pudo haber sucedido, pero es reciente y no me quiero apresurar”, sostuvo. Consultado específicamente sobre un posible robo, admitió que “puede ser una posibilidad”, aunque aclaró que todavía se encuentra bajo estudio.
Cómo se produjo el hallazgo
Bassi había sido encontrado este miércoles sin vida en un departamento de su propiedad situado en inmediaciones de Churruarín y Juan Manuel de Rosas, en barrio Paraná XIV. El hombre realizaba refacciones en el inmueble con la intención de ponerlo en alquiler.
La búsqueda comenzó después de que sus familiares advirtieran que no respondía mensajes ni llamadas. Tras recorrer distintos domicilios sin localizarlo, realizaron una presentación ante la Policía.
“Ante la falta de respuesta, los familiares se preocuparon y recurrieron a la Policía”, explicó Della Valle. Luego, junto con efectivos, ingresaron a una de las propiedades y allí encontraron el cuerpo.
La autopsia determinará la causa de muerte
Aunque inicialmente el hecho fue tratado como una muerte dudosa, las primeras actuaciones modificaron el rumbo de la investigación. “Por el momento podemos decir que estamos hablando de una muerte violenta”, confirmó el jefe policial.
La autopsia prevista para este jueves será determinante para establecer con precisión la causa del fallecimiento. Della Valle evitó brindar detalles sobre las lesiones antes de contar con ese resultado, pero adelantó que “se levantaron muchos elementos de interés en la escena del crimen”.
Dos detenidos por el homicidio de ayer en el barrio Paraná XIV
Las cámaras de seguridad de la zona también tuvieron un papel relevante para reconstruir movimientos. “Ayudaron mucho a abrir el panorama y a saber por dónde empezar”, explicó.
Pese a las dos detenciones, el responsable de Homicidios pidió cautela sobre el estado de la causa. “No podemos decir que el hecho está esclarecido. Tenemos elementos importantes para estas detenciones, pero todavía queda un largo camino de investigación”, remarcó.
Los procedimientos continuaban durante la mañana de este jueves y no se descartaban nuevas medidas mientras se aguardaban los resultados de la autopsia y el análisis del resto de las pruebas reunidas.
Eduardo Alberto Elsesser es un hombre de 76 años de edad que reside en la Zona Rural de Alcaraz, en el Departamento de La Paz. Eduardo posee una instrucción escolar muy acotada, solo hasta el cuarto grado de la escuela primaria; presenta severas dificultades para leer y hablar con fluidez, padece de una discapacidad auditiva importante y cuenta con una capacidad de discernimiento restringida y limitada para asuntos ligeramente complejos. Al no haberse casado nunca ni tener hijos, y tras el fallecimiento de todos sus padres y hermanos, Eduardo quedó como el único heredero de los inmuebles de su familia. Pero hoy, el anciano no tiene nada.
A sabiendas de esta situación y de su deteriorado estado de salud física y mental, un conocido de la zona llamado Hugo Fries se valió de su inexperiencia y de su condición de adulto mayor con las mencionadas dificultades, para llevar a cabo una maniobra que fue denunciada y está bajo investigación en la Justicia como un fraude.
Fries no es solo un conocido: fue intendente de Alcaraz entre 2011 y 2015, volvió a ser candidato y sigue manteniendo influencia en esferas del poder.
Octubre de 2022: el engaño
El 24 de octubre de 2022, poco después del fallecimiento de Alejandro, el último de los hermanos de Eduardo, Hugo Fries lo trasladó hasta la localidad de Bovril para presentarse ante el escribano público Adrián Brun. La intención de Eduardo, según lo que Fries le había hecho creer, era firmar un contrato de arrendamiento sobre un campo y un contrato de locación de una casa que poseía por herencia familiar.
Hugo Fries fue intendente de Alcaraz entre 2011 y 2015.
Durante el acto de la firma, Eduardo no recibió ningún monto de dinero. Pero, esto no le extrañó ni le llamó la atención en su momento, ya que asumió de buena fe que las rentas se le comenzarían a pagar por mes posteriormente. Y así ocurrió: Fries empezó a entregarle sumas de dinero de forma mensual. Eduardo creía firmemente que ese dinero mensual correspondía al alquiler pactado por sus propiedades. Pero no, era parte de otra escritura que también le hicieron firmar Fries y el escribano Brun: se trataba de un contrato de renta vitalicia por el cual Eduardo recibiría un monto hasta el final de su vida, muy inferior a lo que valía el arrendamiento.
Los inmuebles detallados en la escritura son campos de 71, 16,8, 49, 22 y 17 hectáreas, y un terreno urbano de 1.700 metros cuadrados con una casa.
Por la renta vitalicia, Fries se comprometía a pagarle mensualmente a Elsesser el valor de 1,5 kilos de carne vacuna precio en Liniers por hectárea sobre una superficie total de 177,5 hectáreas. A valores actuales sería $1.171.500. Además, el 20% de un salario mínimo, vital y móvil por el inmueble urbano. Hoy serían $76.760.
Eduardo poseía cinco campos con un total de 177 hectáreas que cedió sin saberlo a Fries.
En el medio, hubo otras situaciones abusivas: Fries le dijo que le construiría una casa nueva a Eduardo en el campo donde vive desde que nació a cambio de 80 vacunos. Construyó solo dos pequeñas habitaciones y un baño y
Septiembre de 2024: el descubrimiento
Casi dos años después, en septiembre de 2024, un comisionista conocido de Eduardo, César Aníbal Taylor, lo fue a ver para arrendarle una fracción de sus campos. Le dijo que Fries los tenía a todos desde que lo llevó a Bovril, pero algo no cuadraba. Le pidió que le mostrara lo que había firmado y al leer los documentos pudo observar el engaño. El lunes 16 de septiembre, Eduardo asistió un estudio jurídico en Paraná, acompañado por su amiga de confianza, Juana Coceres, y por Taylor.
Al entregarle al abogado Maximiliano Burgos el documento firmado con Fries para su revisión, supieron la verdad: lo que le habían hecho firmar en octubre de 2022 ante el escribano Brun no era ningún contrato de alquiler, sino una Cesión de Derechos Hereditarios y un Contrato de Renta Vitalicia. Es decir: por un lado, Eduardo le regalaba todos sus bienes a Fries; por otro, Fries le pagaba unos pesos por esa entrega, por el resto de su vida.
Mediante este engaño, Eduardo había cedido de manera perjudicial la totalidad de los inmuebles que le correspondían como heredero. Eduardo cayó en la cuenta de la gravedad de la situación, reafirmando que él jamás tuvo ni tiene la intención de deshacerse de dichas propiedades. Cuando le explicaron lo que le habían hecho, cayó en una profunda depresión.
Las irregularidades del acto notarial
Al analizar cómo se sucedieron los hechos, se evidenciaron profundas irregularidades en la actuación del escribano Adrián Brun, señalado como partícipe necesario del fraude. A pesar de la notoria y evidente discapacidad de Eduardo, el escribano no tomó los recaudos legales mínimos para el acto, tales como: requerir la presencia de testigos; constatar o explicarle detalladamente a Eduardo si en realidad comprendía y discernía el alcance de los documentos que estaba firmando; dar fe y certificar en la escritura un supuesto pago en efectivo de $4.850.000 pesos realizado en ese mismo acto, entrega de dinero que nunca existió en la realidad.
Eduardo vive en una precaria y antigua casa con signos de derrumbe, lo único que le quedó, junto a sus perros.
Asimismo, las escrituras presentaban contradicciones flagrantes: mientras que la cesión se declaraba como “onerosa” por la suma ficticia de $4.850.000 pesos entregados en el acto, el contrato de renta vitalicia paralelo establecía que la contraprestación de dicha renta era, precisamente, la cesión de derechos.
Adicionalmente, el escribano realizó una retención de $72.750 pesos en concepto del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), un tributo que legalmente no corresponde aplicar para las cesiones de derechos hereditarios y que además se encontraba derogado al momento del acto.
La denuncia
Eduardo Elsesser acudió a la Justicia. Con la abogada Natalia Del Castillo, se presentó el 25 de septiembre de 2024 ante la Unidad Fiscal de La Paz para formalizar la denuncia penal por Estafa y Defraudación por Circunvención de Incapaces contra Hugo Fries, en calidad de autor, y contra el escribano Adrián Brun, en calidad de partícipe necesario. Esa actuación fue clave y planteó las bases del legajo para que se investigara lo sucedido.
Inicialmente, la causa estuvo a cargo del fiscal Martín Millan, quien el 28 de octubre de 2024 decreta la apertura de causa. El abogado Joaquín Gonzalo Ramonda Bonino es designado como defensor de Fries y de Brun.
No se movió lo suficiente en ese primer momento. El año pasado ingresó como querellante el abogado José Barbagelata y trató de empujar las medidas de la investigación. Actualmente, la investigación está a cargo de la fiscal Giuliana Giovannini, quien le ha dado un nuevo impulso a la causa. Principalmente se pidieron informes sociales y psicológicos para evaluar la capacidad de Eduardo de comprender lo que había firmado ese día en la escribanía pública de Bovril.
Las pericias psicológicas
En agosto de 2025, Eduardo Elsesser fue citado en las oficinas de la Unidad Fiscal de La Paz para comparecer ante una junta de especialistas en salud mental. Sentado frente a médicos y psicólogos (uno de ellos de parte de la defensa), el anciano se mostró abierto al diálogo. El informe de ese equipo sostuvo que pudo relatar la historia de su familia y sus días en el campo, pero tropezó al intentar recordar su número de documento.
Los profesionales observaron en él un pensamiento de estructura lógica y coherente, adaptado al lenguaje y a las costumbres de su entorno sociocultural. Sobre sus capacidades, los peritos detectaron que conserva sus funciones de atención y memoria, y puede planificar sus actividades diarias, aunque lo hace con un ritmo enlentecido.
Por otro lado, la junta técnica advirtió que presenta severas dificultades para realizar cálculos matemáticos y resolver tareas de orientación espacial. No obstante, la conclusión del equipo en aquel momento de la entrevista fue que Eduardo no padecía de trastornos psíquicos y que, bajo una evaluación general, conservaba la capacidad de comprender y discernir.
Como los puntos de pericia planteados por el fiscal era muy básicos y amplios, la querella solicitó una nueva pericia más detallada para saber si Eduardo podía comprender un acto tan complejo (para cualquier persona no letrada) como fueron las escrituras que le hicieron firmar.
Esta nueva pericia fue presentada en julio de este año. La psicóloga fue hasta el domicilio de Eduardo Elsesser y la entrevista desnudó la profunda asimetría y el engaño detrás del conflicto judicial. El diagnóstico de la especialista es categórico: Eduardo posee un pensamiento estrictamente concreto y severas limitaciones para comprender abstracciones. En su vida cotidiana, puede manejarse con billetes de baja denominación y realizar compras cotidianas de hasta 10.000 pesos. Pero cuando se trata de cifras mayores, el dinero se vuelve una abstracción incomprensible; Eduardo desconoce el valor real de 1 millón de pesos, lo que anula por completo su capacidad para dimensionar el valor comercial de su propio patrimonio.
El informe pericial revela que términos legales abstractos como “cesión de derechos hereditarios” o “renta vitalicia” son para Eduardo un idioma extranjero. Al ser indagado al respecto, su respuesta era: “No sé de qué se trata”.
La psicóloga subrayó la contradicción entre lo que Eduardo firmó y lo que realmente quería hacer. Su verdadera voluntad era realizar un acuerdo verbal y de palabra —el típico arrendamiento rural que se pacta en el campo cobrando por kilos de novillo la hectárea—. Sostuvo que Eduardo jamás tuvo la intención ni el deseo de transferir o regalar su herencia. “No me di cuenta de que hicieron ese papel”, le dijo el hombre a la perito.
