En los últimos cinco años, la presencia de narcotraficantes extranjeros en Entre Ríos no solo creció: se transformó cualitativamente, según un relevamiento periodístico de ANALISIS.
Hasta 2020, los actores foráneos aparecían en los expedientes entrerrianos de manera marginal: un proveedor peruano en la red de un narco local, un boliviano bajando de un colectivo con la droga. Lo que vino después es otra cosa. A partir de la pandemia se consolidó una ruta aérea estructurada —el triángulo Bolivia-Paraguay-Entre Ríos— que convirtió a la provincia en punto de aterrizaje de organizaciones transnacionales. En 2021 llegó el primer cargamento histórico de 433 kilos, con marca “Bugatti”, y una red paraguayo-uruguaya instaló en Concordia su base de operaciones aéreas. En 2022, un sicariato narco ejecutó en plena Paraná a un proveedor peruano. En 2024, los asesinatos vinculados al narcotráfico con actores extranjeros ya ocurrían también en Concordia. En enero de 2025 aterrizó en Ibicuy una Cessna boliviana con 359 kilos de cocaína, una ex reina de belleza a bordo y una red peruana detrás. Solo en 2025, siete avionetas narco fueron interceptadas en la Argentina; tres de los casos involucran directamente a Entre Ríos. La producción mundial de cocaína alcanzó en 2023 un récord histórico de 3.708 toneladas, un 34% más que el año anterior, según la UNODC. Argentina registró en los primeros nueve meses de 2024 un aumento del 70% en incautaciones de cocaína respecto de 2023. Lo que los expedientes muestran, advierten los especialistas, es apenas la punta del iceberg: por cada avioneta detectada, estiman que pasan diez sin ser interceptadas. La pregunta ya no es si el narcotráfico internacional creció en Entre Ríos. Es cuánto de lo que no se ve todavía está ahí.
Entre Ríos tiene algo que las organizaciones narco valoran más que cualquier plaza: posición. Flanqueada por el río Paraná al oeste y el Uruguay al este, con cientos de kilómetros de costas de difícil vigilancia, una red de rutas que conecta con Brasil, Uruguay y el gran conurbano bonaerense, y un espacio aéreo que hasta hace poco era poco menos que libre, la provincia mesopotámica acumuló en la última década un expediente judicial que ya no admite minimizaciones.
El relevamiento de las causas federales tramitadas en los juzgados de Paraná, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay en el período 2015-2025 arroja un dato que debería preocupar a cualquier funcionario con responsabilidades en seguridad: los actores extranjeros —colombianos, peruanos, bolivianos, paraguayos, brasileños— no solo pasan por la provincia. En varios casos, viven en ella, instalan bases logísticas, mueven dinero y dirigen redes desde sus celdas.
“Entre Ríos tiene la ubicación ideal para el narcotráfico”, reconoció públicamente en 2024 el propio jefe de la Policía de la provincia.
Los casos que siguen están documentados en causas judiciales, comunicados de las fuerzas federales, fallos y procesamientos. Se presentan por su impacto y detalle.
La avioneta, la reina de belleza y la red peruana
La noche del 22 de enero de 2025, un vecino del campo “Grande”, a unos 15 kilómetros de la localidad de Holt Ibicuy, en el Departamento de Islas del Ibicuy, llamó a la Policía porque una avioneta había aterrizado en su campo de manera sospechosa. Cuando los efectivos llegaron, encontraron una Cessna 210 E con la matrícula adulterada —se había pegado la calcomanía argentina LV-GOP sobre la real LV-GQA, y por debajo asomaba la boliviana CP-3806— y dentro, diez bultos con 342 envolturas de cocaína de máxima pureza. El peso total: 358,95 kilogramos. Valor estimado en el mercado local: 2,2 millones de dólares. En Europa, donde probablemente iba destinada, 14 millones de euros.
La aeronave había partido desde Santa Ana, Bolivia. A bordo viajaban Jade Isabela Calláu Barriga, 22 años, boliviana, ex Miss Ganadera del municipio de San Borja (departamento del Beni, 2019), y su pareja, el brasileño Leonardo Monte Alto Gusmao, 52 años, piloto con antecedentes penales por un hecho similar en Brasil. Calláu Barriga intentó persuadir a los policías de que estaba embarazada para distraer la requisa. El ardid no prosperó. Ambos fueron detenidos y la joven enviada a la cárcel de Ezeiza.
Lo que la investigación —a cargo del juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri, el fiscal Pedro Rebollo y la PROCUNAR— fue descubriendo en los meses siguientes resultó más impactante que el propio cargamento. Calláu Barriga era sobrina política del narcotraficante boliviano Jorge Adalid Granier Ruiz, alias “El Nono”, condenado a 10 años de prisión en 2025 en Salta por liderar una organización de tráfico aéreo de cocaína. Los peritajes sobre los teléfonos y equipos satelitales de la aeronave revelaron que la red mantenía presencia operativa en al menos cuatro países sudamericanos.
El dueño del Cessna era Steven Alessandro Villanueva Tomas, 22 años, peruano, junto a su padre y su hermano, también peruanos. Lo habían comprado en 2023 por apenas cinco millones de pesos, muy por debajo del precio de mercado. Villanueva Tomas tenía además una boliche, la discoteca “Rumba Latina”, en la que los investigadores encontraron un simulador de cabina de aeronave y manuales de vuelo de Cessna. En su departamento del barrio de Flores hallaron casi cinco kilogramos de cocaína y siete mil dólares en efectivo. Fue detenido, procesado con prisión preventiva y la PROCUNAR y el fiscal Rebollo pidieron la elevación a juicio oral en marzo de 2026. Su hermano permanece prófugo y su padre espera un proceso de extradición.
El señalado como posible dueño del cargamento es José Alberto García Nazario, peruano, ex taxista. Se habría trasladado a Ibicuy el mismo día del aterrizaje y llamado a los tripulantes para preguntar por “su avioneta”. Escapó por poco cuando la policía fue a detenerlo en Almagro. Se cree que está en Perú, donde la inestabilidad política complica la cooperación judicial. Los allanamientos vinculados a la causa arrojaron 49 kilogramos adicionales de cocaína en distintos puntos del país, incluyendo un cargamento oculto bajo un piso de cemento en General Rodríguez.
Jade Calláu Barriga aceptó un juicio abreviado, fue condenada y la Dirección Nacional de Migraciones ordenó su expulsión. En octubre de 2025 fue escoltada por la Policía Federal al aeropuerto de Ezeiza y abordó un vuelo hacia Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Monte Alto Gusmao continúa procesado en Argentina. Villanueva Tomas, con prisión preventiva a la espera del juicio oral.
El narco paraguayo de San Benito y la pareja colombiana
En diciembre de 2024, la Policía de Entre Ríos detectó y persiguió por las rutas provinciales 11 y 26 a una pareja que intentó atropellar a los uniformados para evitar ser detenida. Al ser alcanzados a 25 kilómetros del punto inicial, los policías encontraron dos bolsos que los prófugos habían arrojado durante la fuga: adentro, 18,7 kilogramos de cocaína. Él era Néstor Rodríguez Sanabria, 29 años, paraguayo, radicado en San Benito, localidad del Departamento Paraná. Ella, Andrea Fabiana Vargas, 43 años, argentina, del mismo domicilio.
La investigación, conducida por el juzgado federal del juez Leandro Ríos y el fiscal Leandro Ardoy, reveló el mapa de la operación. Rodríguez Sanabria —que tenía antecedentes en el narcotráfico bonaerense— había montado en Entre Ríos una estructura de distribución. Cada dos semanas, la pareja viajaba a Bernal, en el Gran Buenos Aires, para comprar la cocaína. Al regreso, antes de ingresar a Paraná, hacían escala en Concordia: en una vivienda de calle Niez y Colón funcionaba una “cueva” financiera donde convertían los millones de pesos de las ventas en dólares. Con esa moneda dura volvían a comprar el siguiente cargamento. La droga llegaba a kioscos de los barrios Paraná XVI, Villa Almendral y otros puntos de la capital entrerriana.
Los nueve allanamientos —ocho en Paraná y uno en Concordia— arrojaron 61.600 dólares, más de 55 millones de pesos, 4.300 euros, 18.800 pesos uruguayos, 3.100 reales, un arma de fuego y tres vehículos. En total se detuvo a cinco personas.
Pero la organización tenía más ramificaciones. Dos integrantes que estaban fuera del país al momento de los allanamientos lograron eludir la primera detención. Eran una pareja de ciudadanos colombianos. Se emitieron órdenes de captura nacional e internacional. El 13 de febrero de 2025 ambos fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza al arribar en un vuelo procedente de Colombia y trasladados a las unidades penales N°1 y N°6 de Entre Ríos, a disposición del Juzgado Federal N°1 de Paraná.
La causa se encontraba en etapa de instrucción y procesamiento al cierre de este relevamiento. Los imputados están detenidos con prisión preventiva.
El peruano que dirigía la banda desde la cárcel de Paraná
En junio de 2023, Gendarmería Nacional detectó a través de escuchas telefónicas y seguimientos una red que proveía cocaína a la ciudad de Concepción del Uruguay y a la localidad de Chajarí. El líder de la organización no estaba en la calle: era Wilber Figueroa Lagos, ciudadano peruano, que cumplía condena en el pabellón federal 16 bis de la Unidad Penal N°1 de Paraná. Desde allí planificaba los viajes de sus mulas, que buscaban la droga en Buenos Aires y la transportaban en colectivos de larga distancia hacia el norte entrerriano.
La jueza federal Mariela Emilce Rojas homologó en marzo de 2026 un acuerdo de juicio abreviado: 6 años de prisión y multa superior a 9 millones de pesos por comercio de estupefacientes agravado por intervención de tres o más personas. Declarado reincidente.
“Jairo”, el enlace peruano acribillado en Paraná
El episodio de mayor brutalidad narco con actor extranjero registrado en la provincia ocurrió en marzo de 2022. Carlos Daniel Tello Morales, alias “Jairo”, peruano, residía en Paraná desde hacía al menos un año. Actuaba como nexo entre sus jefes de Buenos Aires y los narcotraficantes locales a quienes proveía cocaína. Prestaba dinero a integrantes del mundo narco. Le tendieron una trampa: lo acusaron de haber robado dinero o droga.
Aquella tarde, dos sicarios en moto lo asesinaron a tiros en la intersección de calles Ameghino y Mosconi, a la entrada del barrio San Martín. Los tiradores habían llegado a Paraná en colectivo desde la Terminal de Retiro y regresaron por el mismo medio. La investigación señala que otro peruano, Miguel Valdivieso Salas, identificado como jefe de la organización, monitoreó el crimen desde un taxi. Valdivieso Salas —que también se dedicaba a la compraventa de dólares y el préstamo de dinero— permanece prófugo; fue buscado en Buenos Aires y en Perú sin resultado.
“Jairo” Tello Morales era tuerto: fuentes del caso relatan que en una disputa anterior por deudas le habían clavado un alfiler en el ojo. Detalles que hablan de la crueldad que ya instalaron en Paraná estos grupos. El taxista Néstor Pereira y Nicolás Lencina quedaron imputados por haber prestado logística al crimen.
La causa estaba pendiente de resolución al cierre del relevamiento, sujeta a la localización del prófugo Valdivieso Salas para completar el envío a juicio.
El proveedor peruano robado y asesinado en Concordia
El 2 de noviembre de 2024, Cristian Laveriano, 20 años, peruano de Villa Celina (partido de La Matanza), llegó a Concordia con un cargamento de cocaína para entregar a bandas locales. Los compradores lo subieron a un vehículo, recorrieron la ciudad durante un rato y le robaron la mercadería. En el forcejeo recibió una puñalada en la rodilla. Poco después murió desangrado. Su suegra tenía prisión preventiva domiciliaria en una causa federal de narcotráfico: Gendarmería la había detenido en un ómnibus llegando a Concordia con más de dos kilos de cocaína. Los imputados fueron Carina Ventos, Nicolás Bordón y Rubén Darío Ventos, en la causa por homicidio vinculado al narcotráfico.
La red peruana que cruzaba cocaína a Uruguay desde Concepción del Uruguay
En septiembre de 2024, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a un ciudadano peruano que transportaba dos kilogramos de cocaína en su vehículo. La investigación que siguió —a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, juez Sebastián Casanello— desarticuló una red que usaba una embarcación atracada en la costa de Concepción del Uruguay para cruzar cocaína hacia la República Oriental del Uruguay. La droga llegaba desde Buenos Aires en camiones. Desde Concepción del Uruguay, la embarcación hacía el cruce fluvial hacia el país vecino.
Como resultado, hubo seis allanamientos, 40 kilogramos de cocaína secuestrados, armas de fuego incautadas y el líder de la organización detenido. Actuaron la Policía Federal Argentina (Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado) y la Policía de Entre Ríos.
La avioneta en Concordia y la red Paraguay-Uruguay
En septiembre de 2021 se superpusieron dos operativos que mostraron la dimensión transnacional del narcotráfico que usaba Entre Ríos como corredor. El primero: en el Departamento Uruguay, la Policía provincial incautó 433 kilogramos de cocaína —el mayor cargamento decomisado hasta entonces en la región del Litoral—. La droga, que llegaba desde Paraguay en avionetas, traía en cada ladrillo la marca “Bugatti”, un sello que había aparecido por primera vez en Ecuador en 2017. Los prófugos fueron atrapados en Basavilbaso horas después, en un remís. Cuatro personas detenidas. El valor del cargamento se estimó en más de 2,5 millones de dólares.
El segundo operativo, realizado días después por Gendarmería Nacional junto a fuerzas de seguridad uruguayas, descubrió que Concordia funcionaba como nodo logístico y operativo para una organización internacional que trasladaba cocaína por vía aérea desde Paraguay hacia zonas rurales del Uruguay, donde se lanzaban los cargamentos desde el aire. Los vuelos hacían escala en Concordia para recargar combustible y coordinar las operaciones. En los seis allanamientos realizados en la Ciudad del Citrus se secuestró una avioneta y se constató que integrantes de la banda vivían en la provincia.
Simultáneamente, la Policía uruguaya realizó 13 allanamientos en Montevideo, Canelones, Soriano y Artigas y detuvo a 17 personas, tres de ellas identificadas como líderes de la banda. El ministro del Interior uruguayo calificó el golpe como “uno de los más duros” contra el narcotráfico en su país. La investigación uruguaya se había iniciado a partir de información proporcionada por la DEA.
Hubo condenas, dictadas en Uruguay por el tribunal competente. En la causa argentina, varios imputados fueron procesados; el expediente continuaba abierto por la participación del empresario concordiense identificado en los allanamientos.
Los antecedentes: la cadena peruana y boliviana en Concordia
Los vínculos entre el narcotráfico entrerriano y ciudadanos extranjeros no son fenómeno reciente. Los registros de la Policía Federal sobre el narcotraficante concordiense Gonzalo Caudana —detenido en 2016 en la ruta 18 con 11 kilogramos de cocaína en tránsito hacia Concordia— revelan que al menos desde 2009 operaba con un proveedor de nacionalidad peruana radicado en Buenos Aires. En ese expediente también aparece un ciudadano boliviano detenido al bajarse de un colectivo con la droga en Entre Ríos. Caudana —con dos condenas— usaba la particularidad de una línea de suministro inversa: en lugar de traer la droga desde Paraguay o Misiones por el norte, la conseguía en Buenos Aires y la transportaba en colectivos de larga distancia hacia el norte entrerriano.
Un mapa que se consolida
El patrón que emerge de los diez años de causas federales es claro: Entre Ríos no es ya una provincia que el narcotráfico atraviesa de paso. Es una provincia en la que el narcotráfico se instala.
Los peruanos constituyen la presencia extranjera más extendida y diversificada: actúan como proveedores mayoristas que se radican en la provincia o en el conurbano para abastecer a distribuidores entrerrianos; como líderes de organizaciones que operan desde sus celdas; como dueños de aeronaves narco; como víctimas de disputas por deudas o mercadería robada. Los bolivianos aportan los vuelos: las avionetas que despegan desde Santa Ana, Santa Cruz o el Beni y cruzan el espacio aéreo argentino con cargamentos de varios cientos de kilos. Los paraguayos, la logística terrestre y las redes de distribución que se insertan en el interior provincial. Los colombianos aparecen como operadores de eslabones específicos dentro de redes más amplias. Los brasileños, como pilotos experimentados con antecedentes internacionales.
La Hidrovía Paraná-Paraguay completa el cuadro: investigaciones de la PROCUNAR y de fiscalías uruguayas señalan que Concepción del Uruguay es uno de los puntos de los llamados “bombardeos de droga”, cargamentos lanzados desde avionetas sobre zonas rurales con el objetivo de canalizar la cocaína hacia terminales portuarias de Rosario o Zárate-Campana para su exportación a Europa.
En todos estos casos, la Justicia Federal de Entre Ríos —con sus juzgados de Paraná, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay— actuó. Hubo condenas, procesamientos, prófugos buscados en varios países, extradiciones en trámite. Pero la pregunta que los propios investigadores dejan abierta es si el volumen de causas que llega a los expedientes refleja lo que realmente circula por los ríos, las rutas y el cielo de la provincia. La respuesta, en cada nuevo operativo, parece ser que no.
