A poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro aparecen en empate técnico en una eventual segunda vuelta. El último sondeo de AtlasIntel/Bloomberg registró una diferencia de apenas 0,4 puntos entre ambos, dentro del margen de error de un punto porcentual.
En el escenario de balotaje, Flávio Bolsonaro obtiene 47,2% de intención de voto y Lula 46,8%, mientras que los votos blancos, nulos e indecisos representan el 6%. La encuesta relevó a 5.018 electores entre el 11 y el 16 de septiembre y tiene un nivel de confianza del 95%.
Para la primera vuelta, el estudio muestra a Lula con 44,1% y Bolsonaro con 41,7%. Más atrás aparecen Renan Santos, con 5,1%; Augusto Cury, con 3,5%; Ronaldo Caiado, con 1,7%; Romeu Zema, con 1,1%; y Samara Martins, con 0,7%.
Qué muestran las encuestas antes de las elecciones en Brasil
El nuevo relevamiento de AtlasIntel refleja una reducción de la distancia observada en la primera vuelta respecto de su medición anterior. En el sondeo previo, Lula registraba 43% y Flávio Bolsonaro 37,4%, mientras que en la nueva encuesta la diferencia entre ambos se redujo a 2,4 puntos porcentuales.
En un eventual segundo turno, la medición anterior de Atlas ya había mostrado números muy ajustados: Bolsonaro alcanzaba 46,4% y Lula 46,2%. El nuevo estudio llevó esas cifras a 47,2% y 46,8%, respectivamente, nuevamente dentro del margen de error.
Otros relevamientos recientes también muestran escenarios distintos según la consultora. Una encuesta de CNT/MDA, difundida el 15 de septiembre, registró a Lula con 47,3% y a Bolsonaro con 40% en un eventual balotaje, con un margen de error de 2,2 puntos. En tanto, otros estudios recientes ubicaron a ambos candidatos dentro de márgenes estadísticos estrechos.
Las elecciones brasileñas tendrán su primera vuelta el 4 de octubre. En caso de que ningún candidato alcance los requisitos para imponerse en esa instancia, el eventual segundo turno está previsto para el 25 de octubre, según el calendario oficial del Tribunal Superior Electoral de Brasil.
La empresa avícolaGranja Tres Arroyos (GTA), quepidió la apertura de su concurso preventivo de acreedores, informó ante la Justicia que acumulaba más de $126.000 millones en cheques rechazados y que había ingresado en cesación de pagos el 29 de enero pasado, cuando no pudo afrontar documentos por $2.070.722.822,03. Además, de acuerdo con la información contable acompañada al expediente, al cierre de 2025 registraba un pasivo de alrededor de $536.000 millones, unos US$350 millones al tipo de cambio oficial.
La presentación fue realizada en el expediente COM 18.558/2026, caratulado “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”. La compañía pidió que el trámite se desarrollara en forma conjunta con las sociedadesHolding Agro Industrial SA (HAISA), Wade SA y Avex SA, a las que identificó como integrantes del denominado “Grupo GTA”. En forma subsidiaria, solicitó que, si ese planteo no prosperaba, se abriera el concurso individual de cada una de las firmas. La empresa declaró más de 4800 acreedores, que deberán atravesar el proceso de verificación de sus créditos.
En el escrito, GTA señaló que el deteriorofinanciero también quedó reflejado en los estados contables que la compañía incorporó al expediente. Según los gráficos presentados dentro de los documentos de la causa, se puede ver que al 31 de diciembre de 2025los activos rondaban los$760.000 millones, mientras que los pasivos alcanzaban aproximadamente los $536.000 millones y el patrimonio neto se ubicaba cerca de los $224.000 millones. Un año antes, los pasivos eran del orden de los $451.000 millones y el patrimonio neto alcanzaba los $341.000 millones.
La planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del UruguayGentileza
La composición del pasivo muestra que los principales compromisos correspondían a préstamos y pasivos financieros, por unos $199.000 millones, y a proveedores, por aproximadamente $161.000 millones. A ello se sumaban unos $52.000 millones por impuesto diferido, $46.000 millones en deudas laborales y previsionales, $32.000 millones en obligaciones fiscales, además de otros pasivos y compromisos con partes relacionadas.
La empresa avícola informó un pasivo contable de $536.000 millones
La compañía también reconoció una fuerte caída de sus resultados. En la documentación se señaló que los “Resultados No Asignados” habían pasado de un saldo positivo de $3944 millones en 2022 a valores negativos de $68.969 millones en 2023 y $37.108 millones en 2024. Para el cierre de 2025, GTA proyectó “un saldo negativo de$122.052 millones”. A eso se sumó un incremento de las obligaciones previsionales regularizadas mediante planes de pago. Según el escrito, esas deudas pasaron de $2299 millones al cierre de 2023 a $10.935 millones al cierre de 2024. La empresa agregó que, durante ese último ejercicio, el auditor externo incorporó por primera vez un párrafo de énfasis sobre la situación económica y financiera de la firma.
Influenza aviar
Otro de los datos incluidos en la presentación fue la evolución de las exportaciones avícolas. GTA informó ingresos por ventas externas de US$175,8 millones en 2022, que bajaron a US$85,7 millones en 2023, se recuperaron a US$105,1 millones en 2024 y volvieron a descender a alrededor de US$87 millones en 2025.
En el expediente, GTA atribuyó su crisis a una combinación de factores internos y externos. Entre ellos mencionó “elestancamiento del mercado doméstico, la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para trasladar los mayores costos a los precios, el ingreso de carne aviar importada, el cierre de mercados externos luego del episodio de influenza aviar de 2023, la sequía de la campaña 2022/23 y el aumento de los costos de energía, logística, materias primas y mano de obra”.
El juzgado protegió parte de la operatoria, pero no levantó los embargos sobre sus cuentasShutterstock
Uno de los puntos centrales estuvo vinculado con la operación deCresta Roja. GTA sostuvo que en marzo de 2018 se constituyó en “garante de Wade SA por las obligaciones” derivadas de la adquisición de las unidades productivas de la firma avícola. En la presentación se hizo referencia a un precio contractual global de US$80 millones, del cual todavía existía un saldo pendiente de cancelación y se señaló, además, que fue necesario realizar desembolsos por más de US$25 millones para recuperar capacidad productiva y recomponer instalaciones.
De la presentación también se desprende que GTA pidió que el concurso se tramitara junto con HAISA, Wade y Avex, bajo las normas que regulan los agrupamientos económicos. Según la documentación presentada, “HAISA posee el 99,941% del capital y de los votos de Granja Tres Arroyos”, mientras que “el resto corresponde a accionistas minoritarios”, varios de ellos integrantes de la familia fundadora.
La propia compañía sostuvo que las cuatro sociedades actúan desde hace años bajo una dirección económica común, con miembros de los directorios compartidos, actividades integradas y una cadena productiva que incluye genética, incubación, alimento balanceado, engorde, faena,industrialización, logística y comercialización.
Competencia
El Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, entendió que no era el tribunal que debía continuar con el expediente, decidió intervenir de manera provisoria ante la urgencia planteada por la empresa. El juez Germán Páez Castañeda consideró que esperar hasta que asumiera el magistrado competente podía afectar la continuidad de la actividad, especialmente por la necesidad de mantener el suministro de electricidad y gas y una operatoria bancaria mínima.
La planta de Concepción del Uruguay fue de las primeras en cerrarGoogle Maps
Por eso, el juzgado hizo lugar solo a una parte de las medidas solicitadas por GTA. En primer lugar, ordenó a los bancos no pagar los cheques de pago diferido que la empresa hubiera emitido antes del 9 de septiembre de 2026 y que vencieran después de esa fecha. También dispuso que esos rechazos no fueran computados para multas o inhabilitaciones vinculadas a la cuenta corriente. Además, noobligó a los bancos a mantener abiertas las cuentas de GTA ni a reabrir aquellas que ya hubieran sido cerradas. El juez sostuvo que no correspondía imponer judicialmente a una entidad bancaria la continuidad de una relación contractual. Tampoco hizo lugar al pedido para que el Banco Central modificara el tratamiento administrativo de esos rechazos.
Autorizó “la apertura de una cuenta corriente en el Banco Ciudad, sin giro en descubierto y de carácter inembargable, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales, contribuciones e impuestos”.
El juzgado también ordenó a “las empresas deelectricidad y gas que no suspendieran ni redujeran los servicios por deudas anteriores al 9 de septiembre. Si algún suministro ya había sido cortado, debía ser restablecido”. Las facturas generadas después de esa fecha, en cambio, deberán ser pagadas normalmente por GTA.
El juez no levantó los embargos e inhibiciones que ya pesaban sobre las cuentas bancarias de la empresa. Consideró que esa decisión deberá ser tomada más adelante por el juez que quede a cargo del concurso, una vez que intervengan también el síndico y los acreedores afectados.
Un grupo de 189 dirigentes políticos de distintas fuerzas y distritos del país reclamó que las 15 provincias que todavía utilizan la boleta partidaria tradicional modifiquen sus legislaciones para implementar la Boleta Única en las elecciones locales de 2027. La iniciativa fue impulsada por la asociación civil Red de Acción Política (RAP) y reúne a referentes de La Libertad Avanza, el PJ, Pro, la UCR, la Coalición Cívica y el Partido Socialista, entre otros espacios.
El documento, titulado “Boleta Única en todas las provincias”, propone aprovechar 2026, un año sin elecciones nacionales, para avanzar con las modificaciones legislativas necesarias. Los firmantes sostienen que el instrumento “mejora la calidad de nuestra democracia” y plantean que pueda ser aplicado en todo el país durante los próximos comicios.
Los argumentos de los dirigentes
Uno de los principales argumentos de RAP es que el sistema “garantiza el derecho a elegir”, debido a que todas las opciones electorales aparecen reunidas en una misma papeleta. Según el documento, esto elimina problemas asociados al faltante de boletas partidarias dentro del cuarto oscuro.
Los firmantes también afirman que la modalidad “garantiza el derecho a ser elegido”, porque consideran que ofrece mayor igualdad entre partidos con estructuras y recursos diferentes. El comunicado sostiene que permitiría una competencia “mucho más transparente y equitativa”, una valoración que corresponde a los impulsores de la iniciativa.
El comunicado de RAP.
Además, señalan que la Boleta Única “desalienta malas prácticas” como el voto cadena y el robo de boletas. También cuestionan “el mantenimiento de sellos partidarios con el único objetivo de recibir recursos del Estado para la impresión de boletas”.
Las 15 provincias alcanzadas por el pedido
El planteo está dirigido a Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. RAP pide que esos distritos “aprovechen este 2026, año no electoral” para discutir el cambio en sus respectivas legislaturas.
La organización destacó que la Boleta Única “ya ha sido utilizada exitosamente” en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, mientras que Salta, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires aplicaron sistemas electrónicos. A nivel nacional, la Boleta Única de Papel fue incorporada por la Ley 27.781 y se utilizó por primera vez en las elecciones legislativas de 2025.
Un documento con firmas de distintos partidos
Entre los 189 adherentes hay 19 dirigentes de LLA, 42 del PJ, 37 de Pro, 48 de la UCR, seis de la Coalición Cívica y ocho del Partido Socialista, además de referentes de otras fuerzas. RAP sostuvo que el acuerdo busca demostrar que “aún en un país con altos niveles de polarización y confrontación” pueden generarse consensos entre espacios diferentes.
Entre los libertarios aparecen Silvana Giudici, Luis Petri, Nicolás Mayoraz, Bruno Olivera y Diego Valenzuela. Por el peronismo firmaron dirigentes como Martín Llaryora, Omar Perotti y Julio Zamora, mientras que entre los radicales figuran Leonel Chiarella, Pamela Verasay, Ernesto Sanz y Rodrigo de Loredo. La organización afirmó que busca acuerdos que propicien el “fortalecimiento de la democracia y sus instituciones”.
También respaldaron el documento referentes de Pro como Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Esteban Allasino, Ramón Lanús, Soledad Martínez, Gabriela Michetti, Hernán Lacunza y Gisela Scaglia. Para RAP, el objetivo es que en 2027 “todo el país pueda votar con un instrumento que garantiza el derecho a elegir y a ser elegido”, aunque la adopción para cargos provinciales depende de las decisiones legislativas de cada jurisdicción.
Después de poco más de dos meses de parálisis, la Justicia de Rafaela habilitó este jueves la reapertura de la licitación para vender las seis plantas industriales y el paquete de marcas de SanCor. De esta manera, el proceso judicial de la histórica cooperativa láctea seguirá adelante, sin necesidad de empezar de cero, con las mismas reglas de base y una serie de correcciones puntuales ordenadas por el tribunal.
Los jueces Pablo Lorenzetti, María José Álvarez Tremea y Duilio Maximiliano Hail firmaron la resolución apenas dos días después de que la causa quedara en condiciones de ser resuelta.
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El proceso estaba suspendido desde el 3 de julio, cuando la propia Cámara había frenado la licitación para revisar una serie de impugnaciones contra las reglas de venta aprobadas en junio por el juez de primera instancia Marcelo Gelcich. El nudo de la disputa era si los activos de SanCor —las seis plantas y las marcas— debían salir a la venta por separado o como una sola unidad económica. Quienes apelaron argumentaban que vender las fábricas sin las marcas, o las marcas sin las fábricas, destruiría valor en lugar de maximizarlo: una planta láctea sin las marcas bajo las cuales elaboró y comercializó sus productos históricamente queda reducida a instalaciones y maquinaria; a la inversa, quien compre las marcas no tiene ninguna obligación de seguir produciendo en esas fábricas.
Como advierte el fallo, en un expediente de estas características “el tiempo no es neutral”: cada mes de parálisis implica deterioro de activos, consumo de recursos de la quiebra y postergación de créditos de carácter alimentario. En juego están 914 puestos de trabajo —aunque ya se desvincularon 736 empleados desde que se decretó la quiebra en abril—, más de 1.500 acreedores y seis plantas industriales distribuidas entre Santa Fe y Córdoba.
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Los cinco recursos no lograron anular el pliego, pero sí corregirlo
Contra las reglas de venta aprobadas en junio apelaron cinco partes. El síndico Juan Luis Tomat cuestionó que lo habían dejado afuera de la elaboración del pliego y que los valores de tasación no eran confiables. El empresario Gustavo Scaglione, a través de su empresa Fidulac S.A. —uno de los interesados en adquirir los activos—, impugnó la posibilidad de vender las plantas y las marcas por separado. Las otras tres partes —el fondo BLTFF B.V. y las fiduciarias SMD Delong S.A. e ITC Fiduciaria S.A.— reclamaban que la planta de Sunchales y las marcas “Mendicrim” y “Santa Brígida”, que figuran inscriptas a nombre de fideicomisos en garantía, no podían ser incluidas en la licitación ni transferidas al comprador antes de que la Justicia definiera a quién pertenecen.
El reclamo central era, en esencia, el mismo para todos: que los activos de SanCor no podían venderse fragmentados. Varias de las partes pedían directamente anular todo y empezar de cero.
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La Cámara rechazó todos los recursos de nulidad. El tribunal consideró que los defectos señalados podían subsanarse mediante la apelación, sin necesidad de invalidar lo actuado. Y aunque los cinco recursos prosperaron de forma parcial, los camaristas subrayaron que “no hay, en rigor, vencedores ni vencidos”: las correcciones dispuestas benefician al procedimiento en su conjunto y no solo a los recurrentes. Los escritos de apelación sumaban más de 160 páginas; el fallo tiene 70.
Quiénes quieren comprar
Al momento de la suspensión, 10 empresas ya habían adquirido el pliego para participar como oferentes. Entre los interesados figuran la francesa Savencia —propietaria de la marca Milkaut—, Adecoagro —fabricante de Las Tres Niñas—, Punta del Agua, Elcor —marca La Tonadita— y La Tarantela, todas empresas del sector lácteo que ya habían tomado contacto con SanCor cuando surgieron los primeros rumores de quiebra el año pasado. También figura Gustavo Scaglione, dueño de Telefe y de medios en varias ciudades del país, quien ya había intentado en dos oportunidades rescatar a la cooperativa antes de la quiebra, sin éxito. Esas 10 empresas conservan su condición de participantes sin necesidad de volver a pagar el pliego.
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Qué es lo que cambió
Las modificaciones ordenadas por la Cámara son concretas y operativas. En primer lugar, el comprador podrá optar por pagar en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior, sin que se alteren los valores base fijados en dólares. El precio mínimo de la oferta de conjunto se mantiene en USD 52,1 millones: USD 27,4 millones por las seis unidades productivas y USD 24,7 millones por el portafolio marcario.
Se eliminó además la cláusula del pliego que declaraba “meramente orientativa” la tasación técnica, algo que el propio síndico Tomat había cuestionado. La ley ata el precio base a la tasación efectuada, de modo que el instrumento reglamentario no puede desvincularse de ese respaldo. Por eso el ingeniero Pablo Bacchetta, tasador oficial de las plantas, deberá ampliar su informe con el valor probable de venta en el mercado de cada unidad y del conjunto, e informar cómo incidió el incendio del 7 de junio de 2026 en la planta de Sunchales —cuyo valor base ya había sido reducido de USD 3 millones a USD 2,4 millones tras el siniestro.
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Otro cambio relevante que se introdujo fue que todos los informes de valuación, con sus papeles de trabajo, quedarán en el expediente sin restricciones y sin costo para su consulta. El acceso estaba condicionado al pago del arancel del data room —el mismo USD 10.000 que deben abonar los interesados en ofertar—. El tribunal explicó que esa barrera reduce la competencia y deprime el precio de venta.
En cuanto a la evaluación de las ofertas, la resolución de adjudicación deberá contener, como requisito de validez, la comparación expresa entre el resultado económico de la oferta por el conjunto y la sumatoria de las parciales, adjudicándose la alternativa más conveniente para los acreedores.
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Las marcas de la disputa
El punto más delicado del fallo tiene que ver con la planta de Sunchales y las marcas “Mendicrim” y “Santa Brígida”, que figuran inscriptas a nombre de fideicomisos en garantía constituidos en 2016. El pliego original preveía venderlos y transferirlos al comprador de manera definitiva, con cancelación de las inscripciones fiduciarias, antes de que la Justicia definiera si esos bienes integran o no el patrimonio de SanCor.
La Cámara estableció un límite claro: una cláusula de un pliego no puede sustituir a una sentencia que todavía no existe. El tribunal revocó esa parte del número V.8 del pliego y el capítulo “Privilegios y Garantías” en cuanto disponían la transferencia irreversible y la cancelación de asientos registrales.
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Pero tampoco sacó esos bienes de la licitación, porque excluirlos habría reducido el valor del conjunto y demorado el proceso. La solución diseñada funciona así: los activos controvertidos permanecen en el llamado, con advertencia expresa de la controversia en el pliego y en los edictos. Antes de la apertura de las ofertas se practicará la valuación individual de las marcas “Mendicrim” y “Santa Brígida” y se fijará por resolución fundada un coeficiente objetivo para calcular qué parte del precio les corresponde. Esa porción quedará depositada en una cuenta judicial a plazo fijo, indisponible y a la orden del juzgado.
SanCor fue declarada en quiebra el 22 de abril de este año, después de que la propia cooperativa la solicitara. El juez Gelcich había intentado durante más de un año sostener un concurso preventivo de acreedores —iniciado en febrero de 2025—, pero la deuda acumulada de más de USD 120 millones y unos 300 pedidos de quiebra de distintos acreedores hacían inviable cualquier salida. En su momento de mayor expansión, la empresa llegó a operar 14 plantas y empleaba a 4.000 personas; al momento de la quiebra, solo funcionaban seis plantas y quedaban 914 trabajadores, con producción muy por debajo de la capacidad instalada.
Tras un momento de zozobra y varias semanas sin poder enderezar el barco en el Senado, el oficialismo logró imponerse y convirtió en ley la Inocencia Fiscal en su segunda versión.
El proyecto, que llegó para suplantar su primera versión a solo ocho meses de haber sido aprobada, obtuvo 44 votos a favor, entre ellos el apoyo del bloque que conduce Patricia Bullrich junto a los del PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.
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“Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”, expuso el senador libertario Bruno Olivera, en su rol de miembro informante.
Por la negativa quedaron los 23 senadores del bloque del peronismo, que se opuso porque entiende que el Gobierno sigue avanzando en un blanqueo constante. “Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados”, expuso José Mayans, presidente del bloque.
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Previamente, el senador peronista Jorge Capitanich también había apuntado contra el proyecto que llegó con media sanción, al señalar que en las comisiones “no ha habido presencia del ministro de Economía, de funcionarios ni representantes del Ministerio de Economía ni ARCA. Simplemente se han invitado a especialistas que no tienen absolutamente nada que ver con la iniciativa del proyecto”, sostuvo.
El también peronista Fernando Salino apuntó a una de las modificaciones que hizo el Ejecutivo respecto de la primera versión de la ley, que restringe el acceso a ministros, secretarios, jueces y legisladores. Sin embargo, los familiares quedaron exentos de esa restricción. “Propongo que la restricción sea para personas políticamente expuestas, que se deba responder ante ARCA por el incremento patrimonial y que no solo lo hagan funcionarios, sino sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado”, dijo el senador.
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Ese punto quiso incorporarse a la hora de votar, mediante un pedido de modificaciones. Sin embargo, el oficialismo, con los votos ya cerrados, anunció que no iba a aceptar cambios y el proyecto se votó en general y en particular sin alteraciones.
Inocencia II
Uno de los cambios centrales de la ley tiene que ver con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Con la legislación vigente, quedan afuera quienes hayan tenido ingresos superiores a mil millones de pesos o un patrimonio de más de diez mil millones de pesos en alguno de los últimos tres años.
La ley también redefine cuándo se considera que existe una discrepancia significativa entre lo que declara el contribuyente y la información que maneja el fisco nacional. Domínguez detalló que, si la diferencia detectada es del 15% o más pero no supera los cinco millones de pesos, dejará de considerarse una discrepancia significativa. Ese umbral, hoy fijado únicamente en el 15%, había generado que contribuyentes con diferencias de poco volumen quedaran expuestos a inspecciones.
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El proyecto fija además una fecha límite para aprovechar los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal: el 31 de diciembre de 2027, último día del actual mandato presidencial. Domínguez explicó que quienes quieran utilizar esos beneficios deberán hacerlo antes de esa fecha, lo que refleja la apuesta del Gobierno a que la mayor cantidad posible de contribuyentes se anime a blanquear sus ahorros durante lo que resta de la gestión.
Traspaso judicial
El Senado aprobó en la sesión de este jueves acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires sobre el traspaso de la justicia de menores y competencias penales, por 44 votos a favor y 21 en contra, correspondientes al bloque Justicialista y a los santiagueños. “La aprobación de este convenio va a permitir que las funciones que hoy se encuentran escindidas entre Nación y CABA, que refieren a la prevención, asistencia social y sanción de hechos ilícitos, estén bajo el mismo techo institucional de una sola jurisdicción”, explicó el senador libertario de Salta Gonzalo Coraita.
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El acuerdo transfiere la justicia criminal y correccional de menores a la Ciudad, que asume la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, aunque al ser juzgados ya sean mayores.
También comprende a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o hechos conexos, para preservar la unidad de investigación y juzgamiento. Para menores de 14 años, contempla intervenciones judiciales de protección. “Desde las provincias la protesta es que no podemos seguir profundizando asimetrías en materia de federalismo fiscal, porque la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, es el distrito más rico del país y tiene autonomía fiscal y financiera”, señaló Jorge Capitanich en referencia al traspaso que, además, se realiza con fondos.
EL CALAFATE, Santa Cruz.- El Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de esta provincia lleva adelante el proceso técnico y legal para obtener el sello de Indicación Geográfica del guanaco santacruceño, una certificación que protegerá la identidad, la calidad y el origen de la carne, la fibra y los subproductos producidos en este territorio. Según los últimos datos oficiales, la población de la especie en la provincia alcanza a los 2 millones de ejemplares.
El proceso se realiza junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y una consultora especializada en el proceso técnico y legal para la obtención de la Indicación Geográfica (IG) para los productos y subproductos del guanaco santacruceño (Lama guanicoe), en el marco del Plan para el Manejo del Guanaco vigente en la provincia.
“La Indicación Geográfica es un proceso técnico y legal riguroso que certifica que la carne, la fibra y los subproductos del guanaco se producen en Santa Cruz, bajo estándares de calidad y sustentabilidad”, detalló la subsecretaria de Industria, María Virginia Sturzenbaum, a través de un comunicado de prensa donde explicó que para el proceso se respaldan en el Plan de Manejo para la especie que cuenta la provincia. La funcionaria consideró que “es un paso decisivo para posicionar nuestros productos en mercados exigentes”, detalló.
Objetivos
El objetivo central del trabajo consiste en llevar adelante el proceso técnico y legal para el otorgamiento del sello de Indicación Geográfica, aplicable a la carne, la fibra y los subproductos derivados del guanaco transformados en el territorio provincial. La iniciativa se apoya en la actualización del Plan para el Manejo del Guanaco, ratificado mediante el Decreto Provincial N° 201/2025, marco regulatorio que fundamenta la certificación de origen y asegura que el aprovechamiento comercial se desarrolle bajo estrictos principios de sostenibilidad y equilibrio ambiental.
Bife ancho de guanaco, un producto que se vende en Santa CruzGentileza
“Bajo esta reglamentación, la industrialización de la carne de guanaco ha experimentado un crecimiento sostenido en el mercado provincial, favoreciendo la diversificación de la matriz productiva y aportando al fortalecimiento de la soberanía alimentaria”, afirmaron desde el área a través de un comunicado de prensa.
Por su parte, el secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, destacó el alcance estratégico de la iniciativa y expresó que “Santa Cruz viene trabajando hace tiempo, de manera seria y planificada, para que el guanaco santacruceño tenga su sello. Es un proceso concreto que ya está en marcha junto al CFI. Se trata de proteger nuestra identidad, agregar valor en el territorio y abrir mercados”. Los expertos locales indican que las condiciones ambientales únicas de Santa Cruz y los métodos de extracción sustentable otorgan a los productos locales una identidad y una calidad singulares que los diferencian frente a las ofertas de otras regiones.
Dos millones
Según un informe presentado por el Consejo Agrario Provincial (CAP) y la organización de conservación de la naturaleza WCS Argentina durante la última Exposición Rural de Palermo, se estimó una población cercana a 2 millones de guanacos durante la estación fría (abril-septiembre) y 1,8 millones durante la estación cálida (octubre-marzo), para un área de predicción de 200.280 km², equivalente al 82% de la superficie provincial. El estudio, que actualizó la estimación de abundancia y distribución del guanaco (Lama guanicoe) en la provincia de Santa Cruz, fue realizado en conjunto con investigadores del Conicet a partir de relevamientos terrestres realizados durante 2023.
Guanacos en el Parque Nacional Monte LeónAugusto Famulari
Según el informe, estas estimaciones tuvieron niveles de incertidumbre acorde con lo esperado para este tipo de estudios (15% para la estación fría y 7% para la cálida). La comparación de estos resultados con la estimación metodológicamente comparable disponible para 2013 resulta consistente con una tendencia de incremento de la población provincial durante la última década, cuya magnitud probablemente difiera entre los distintos paisajes de Santa Cruz.
Del mismo informe se desprende que el guanaco es un componente clave de la biodiversidad patagónica y un recurso estratégico para la economía regional a través de su aprovechamiento sustentable. La evidencia de una población consolidada y en crecimiento demuestra que la especie encuentra hoy condiciones óptimas para su desarrollo y conservación en la provincia.
El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA)presentó este jueves la agenda de su 62° Coloquio, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Mar del Plata bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. El eje central del encuentro, que reunirá a empresarios, dirigentes políticos y especialistas nacionales e internacionales, será la pregunta de cómo sostener durante dos décadas un proceso de crecimiento a partir de la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos años.
“Ladrillo sobre ladrillo”, resumió Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO de Grupo Galicia, al describir la lógica que propone la organización: no reiniciar procesos desde cero con cada cambio de gobierno, sino construir sobre lo ya avanzado. La consigna busca que las futuras administraciones, sin importar su signo político, respeten los pilares alcanzados en materia fiscal, monetaria e institucional, en lugar de discutir nuevamente cuestiones que la organización considera saldadas.
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Cuatro ejes temáticos organizan el debate
La agenda del Coloquio se estructura en torno a cuatro bloques. El primero abordará las megatendencias globales que redefinen la economía mundial: la geopolítica, la irrupción de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, la transformación energética y las nuevas dinámicas del capital. En ese eje expondrá Margaret Myers, directora ejecutiva del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de la Universidad Johns Hopkins, quien analizará el nuevo mapa geopolítico y el papel de China en la reconfiguración del comercio y la inversión globales.
También participarán Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing y miembro de los directorios de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía, con una mirada sobre el escenario financiero; Mark Esposito, profesor de Tech Policy en la Universidad Northeastern, sobre inteligencia artificial e innovación; y Hernán Kazah, cofundador de Kaszek, sobre las nuevas dinámicas de los capitales.
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El segundo eje pondrá el foco en los pilares de la estabilidad argentina. IDEA propone consolidarla mediante la institucionalización de reglas fiscales y monetarias, la resolución estructural de los desequilibrios previsionales, la independencia del Banco Central y el avance en materia de seguridad jurídica y Justicia. En ese bloque expondrán Pablo Goldberg, Managing Director de BlackRock, sobre las condiciones para invertir en el país, y Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay, quien compartirá su experiencia sobre cómo construir y sostener la estabilidad en el tiempo. El caso uruguayo, junto con el de Australia, funciona como referencia de países que lograron revertir procesos de estancamiento prolongado.
El tercer eje girará en torno a la competitividad. Participará Ryan McInerney, CEO global de Visa, y un panel de empresarios locales —entre ellos Rosana Cordero, de Cordero; Ricardo Markous, de Tecpetrol; y María Eugenia Sampalione, de Newmont Argentina— que abordará los desafíos concretos para invertir y crecer en el país. IDEA sostiene que la mejora de la infraestructura, la simplificación tributaria y la transformación productiva permitirán a la Argentina consolidarse como proveedor de energía, alimentos y minerales a escala mundial.
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Educación y empleo, entre las prioridades
El cuarto eje, dedicado al desarrollo, pondrá el acento en la educación y el mercado laboral como condiciones para sostener el crecimiento en el largo plazo. La organización calificó de “horrorosos” los últimos resultados de la prueba PISA y advirtió que el déficit educativo compromete el capital humano necesario para acompañar una economía que aspire a crecer al 4% anual. En ese bloque expondrán Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseña por Argentina; José Goity, ministro de Educación de Santa Fe; y Mariano Narodowski, de la Universidad Torcuato Di Tella.
En materia laboral, IDEA advirtió sobre la expansión de la informalidad, que erosiona la recaudación del sistema previsional. Según los organizadores, hoy se recauda la mitad de lo que debería aportar el sistema. “El mayor logro es que se haya reformado algo que parecía escrito en piedra”, afirmó Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, en referencia a la reforma laboral, que consideró el punto de partida de una serie más amplia de cambios pendientes. El bloque incluirá además el panel “Cómo se construye la influencia hoy”, con la participación de Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT.
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La estabilidad como condición para la inversión
Los organizadores del Coloquio sostienen que la estabilidad macroeconómica —el equilibrio fiscal y la baja inflación— constituye la base sobre la que se apoyan otros procesos: la caída de la pobreza, la mejora educativa y la posibilidad de que las empresas inviertan y generen empleo formal. Según remarcaron, la Argentina atravesó históricamente ciclos recurrentes de volatilidad, tanto macroeconómica como institucional y regulatoria, y el desafío actual pasa por sostener en el tiempo instrumentos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Hasta el momento, la única funcionaria del Gobierno confirmada para participar del encuentro es Patricia Bullrich. Al igual que en la edición 2025, este año, el Coloquio tampoco contará con la presencia del presidente Javier Milei, quien se encontrará en París, para la Argentina Week que se realizará en la misma fecha. La misma situación se espera para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien podría participar a través de un video grabado. También están invitados el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
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El 62° Coloquio de IDEA se realizará poco más de un mes después de que la organización difundiera su Encuesta de Expectativas de Ejecutivos 2026, en la que el 80% de los directivos consultados anticipó una mejora de la situación económica en los próximos 12 meses, aunque con un índice de expectativas 10 puntos por debajo del proyectado para 2025.
Un joven fue detenido durante la tarde de este jueves en inmediaciones de las calles Pascual Palma y Alem, en Paraná, luego de que la Policía encontrara alrededor de un kilo de marihuana dentro de una mochila térmica de delivery. La droga estaba junto a una pizza y, según la investigación, iba a ser entregada en la zona.
El procedimiento comenzó aproximadamente a las 14 y estuvo a cargo de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y de la División Antidrogas. La intervención se inició a partir de una comunicación telefónica que alertó sobre una presunta entrega de estupefacientes.
Claudio Passadore, director general de Drogas Peligrosas, explicó a Elonce que el llamado indicaba que “un masculino, posiblemente con una mochila de pedidos, iba a hacer una entrega de sustancias”. Con esos datos, los efectivos desplegaron un operativo en las inmediaciones.
Encontraron marihuana junto a una pizza
Cuando el sospechoso llegó al sector señalado, fue interceptado e identificado por los agentes. La situación fue informada a la fiscal de turno, Carolina Guzmán, quien gestionó ante el juez de Garantías la autorización para requisar sus pertenencias.
La orden fue concedida verbalmente por el magistrado y posteriormente intervino personal de Criminalística. Los peritos realizaron el levantamiento de huellas y las demás tareas destinadas a preservar posibles elementos de prueba.
“En el interior de la caja de pedidos, además de una pizza, se encontró un ladrillo compacto de marihuana”, detalló Passadore. La sustancia fue sometida a un test orientativo de campo, cuyo resultado fue positivo.
Secuestraron un teléfono y dinero
El pesaje realizado en el lugar estableció que el paquete contenía cerca de un kilo de marihuana. Durante el procedimiento también fueron secuestrados un teléfono celular y dinero en efectivo que tenía el joven.
Gerardo Cornejo, jefe de Antidrogas, señaló que los efectivos contaban inicialmente con información limitada. “No teníamos conocimiento de cómo iba a llegar, qué modalidad o movilidad utilizaría, ni tampoco el género de la persona”, indicó.
A partir de las características aportadas durante la comunicación telefónica, la Policía intentó localizar a quien presuntamente transportaba la sustancia. “Se armó el despliegue del personal y fue detectado en flagrancia”, sostuvo el comisario principal.
El joven quedó detenido
El procedimiento se desarrolló con la presencia de dos testigos, quienes acompañaron la requisa y el secuestro de los elementos. Cornejo destacó que ese mecanismo buscó garantizar “transparencia y claridad” durante toda la intervención.
La Fiscalía y el Juzgado de Garantías ordenaron la detención del sospechoso. Se trató de un joven de entre 20 y 26 años, domiciliado en la zona sur de Paraná. Sus posibles antecedentes policiales serían verificados por la división correspondiente.
Los investigadores todavía no habían determinado quién recibiría el paquete. “Se sabía que iban a hacer una entrega, pero no se tenía más información sobre el inmueble o su morador”, aclaró el jefe policial.
La importancia del llamado que activó el operativo
Desde Drogas Peligrosas remarcaron que la intervención pudo concretarse a partir de la información recibida por teléfono. El aviso permitió desplegar rápidamente a los agentes y localizar al sospechoso en el punto indicado.
Cornejo reiteró la importancia de las comunicaciones anónimas realizadas ante las divisiones policiales o mediante las líneas habilitadas por el Ministerio de Seguridad para denunciar posibles maniobras vinculadas con la comercialización de drogas.
La investigación continuó bajo las directivas de la Fiscalía, con el análisis del teléfono secuestrado y de los restantes elementos incorporados al expediente.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, Circunscripción Judicial N°5 de Rafaela, Santa Fe, integrada por Pablo Lorenzetti, María José Álvarez Tremea y Duilio Maximiliano Hail, confirmó hoy el proceso para que continúe la venta de seis plantas y marcas de la quebrada SanCor, la empresa que fue insignia en lácteos. La operación había quedado en suspenso luego de una serie de objeciones presentadas por distintos interesados. La cámara, más allá de dar el aval, ordenó modificar varias condiciones.
“Los bienes salen a la venta, las reglas siguen vigentes y no hay que empezar de nuevo”, señalaron los magistrados. Agregaron: “Pero introdujimos algunas correcciones. El precio podrá pagarse en pesos y no sólo en dólares. Antes de recibir ofertas deberá aprobarse una grilla que explique con qué puntaje se evaluará cada propuesta, para que la decisión no dependa de criterios no escritos”.
Y señalaron: “Al adjudicar habrá que comparar si conviene más vender todo junto o por partes y elegir lo que deje más dinero para pagar a los acreedores. El tasador deberá completar su informe con el valor probable de venta en el mercado y con la incidencia del siniestro de junio de 2026 en la planta de Sunchales y el precio mínimo deberá ajustarse a esa tasación, porque así lo manda la ley…”.
Para recordar, SanCor terminó en la quiebra luego de que sus autoridades decidieran ese paso ante una situación financiera complicada. Fue a la Justicia con una deuda superior a los US$120 millones.
Con sus lapachos en flor la primavera se percibe en cada esquina de Paraná, tal vez la única ciudad de la Argentina, que no le da la espalda al río. En el moderno centro de convenciones que sobre una de las barrancas también mira al río, la Unión Industrial de Entre Rios convocó a industriales de esta provincia agroindustrial y a sus pares que llegaron de todas partes y que coinciden esta mañana en que a ellos sí les dan la espalda. Un indicio lo dio el pedido de Martín Rappallini, presidente de la UIA, al reclamar que se suspendan por 180 días los embargos por deudas impositivas, en un escenario en el que crece la mora de las industrias ante la caída de la demanda y una reactivación que se demora.
“La competencia por las inversiones empezó”, arrancó por la mañana el gobernador Rogelio Frigerio al añadir que el impuesto más caro es la inversión que no se hace. Y enumeró lo que sufre en su provincia sacudida en estos días por la convocatoria de la líder en pollos Granja Tres Arroyos. “Una empresa puede ser extraordinariamete eficiente puertas adentro y perderlo en pocos kilómetros en una mala ruta. Esto es inaceptable en una provincia rodeada de dos vías navegables como el Uruguay y el Paraná. Es inaceptable, que años de esfuerzos se pierdan en un puerto desaprovechado”, soltó al mostrarse aliado de este sector al señalar que “el equilibrio fiscal no puede ser nunca un fin ese mismo”.
Rappallini se refirió a que “Argentina necesitaba un proceso de estabilización macro, pero esa transición está resultando muy compleja, hay que prestar atención en la micro, hay caída de actividad, cae la recaudación, sube la morosidad y se deteriora el empleo y eso termina impactando en el equilibrio macro”, sostuvo. Y se refirió a que Argentina paga el doble de impuestos que Paraguay y 30% más que Brasil.”La competencia debe ser leal. Hablamos de libre mercado y estamos de acuerdo pero en competir con reglas parecidas o iguales para todos. El Estado debe controlar que la regla se cumpla. Hay contrabando, dumping, subfacturación y elevada informalidad”.
Minutos antes Celeste Valenti, presidenta de la UIA local, se refirió a un entorno en el que siga siendo posible invertir y generar empleo. Los economistas Maximiliano Montenegro y Luis Secco apuntaron al crecimiento desigual y la reconfiguración productiva. “Estamos ante un plan de estabilización que todavía no terminó de estabilizar. Se exige competir con una alta carga impositiva, tasas de interés altísimas y un tipo de cambio apreciado”, concluyó Montenegro. Admitieron que es difícil estabilizar una economía cuando cada dos años se debate un péndulo.
“Quien tiene más chance de perder un empleo?”, inquietó Gustavo Guaragna. Y respondió: “Todos los que están detrás de las pantallas. Lo pierde más un programador que un obrero. Acostúmbrense a manejar altos niveles de incertidumbre con la IA”, amplió este líder en IA y que además es mago. Hizo un llamado no temer a los fracasos. Ante un contexto tan volátil, recomendó actuar. “Dos de cada tres empresas están en un nivel de disrupción y nadie tiene el manual de cómo acompañar este cambio”, sostuvo en una especie de sincericidio.
A su lado, Juan Carlos Bagó, director del grupo farmacéutico que lleva su apellido, contó que lo más innovador en su sector son los productos especiales, para enfermedades como cáncer. “En el mundo, las empresas dejar de investigar en la hipertensión o la acidez y fueron a otras enfermedades. Bagó arrancó hace 20 años con productos oncológicos y esclerosis múltiple”. En esa línea Bagó completó la compra estos días de un laboratorio de Entre Ríos orientado a la exportación con productos únicos.
Y le tocó a Daniel Herrero hacer un llamado a que la política industrial sea una política de Estado. Desde su compañía Prestige y la licencia de Mercedes Benz para utilitarios se dedica 80% a la exportación a la región y a Estados Unidos. La eficiencia, el acuerdo con el sindicato del que fue pionero cuando lideraba Toyota y desarrolló la Hilux, “lo hacen posible. La pasión vence al miedo”, dejó como mensaje a sus pares.
Al final de la jornada muchos fueron a conocer al Mirador Tec, que sobre un edificio público sin uso se convirtió en un hub tecnológico en el que se incuban empresas, hay diálogo entre las distintas industrias, inversores, universidades y el gobierno provincial. Y los resultados están a la vista: crecieron 10% las exportaciones de la economía del conocimiento en Entre Ríos en apenas un año.
