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  • El economista que Milei invitó a una reunión de Gabinete se hizo tres preguntas clave sobre el futuro del plan libertario

    El economista que Milei invitó a una reunión de Gabinete se hizo tres preguntas clave sobre el futuro del plan libertario

    El economista Alberto Ades disertó en la última reunión de Gabinete.
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    Tras haber sido convocado por el presidente Javier Milei para participar de una reunión de Gabinete, el economista Alberto Ades publicó un análisis sobre la economía argentina en el que combinó elogios a la gestión oficial con una advertencia: la transformación que impulsa el Gobierno puede resultar necesaria para crecer, pero también deja dilemas abiertos en materia de política monetaria, tipo de cambio y financiamiento.

    El economista argentino radicado en Estados Unidos valoró el ordenamiento fiscal, la desinflación y la reducción de la pobreza que atribuyó a la gestión de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el resto del equipo económico. “Ha encarado una tarea verdaderamente titánica, con logros que me parecen ya notables”, escribió.

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    A la vez, Ades puso el foco sobre los costos de la apertura comercial y de la expansión de sectores como la energía, la minería y el agro. Su diagnóstico es que ambos procesos están modificando los precios relativos y la distribución de capital, empleo y otros recursos entre las distintas actividades.

    La apertura comercial

    El análisis de Ades parte de una idea: una economía que se abre al comercio internacional mientras crecen sectores históricamente relegados por las políticas públicas atraviesa una transformación de su estructura productiva.

    Alberto Ades

    La apertura expone a las actividades que estuvieron protegidas a una competencia mayor. A su vez, el avance de la energía, la minería y el agro puede impulsar una apreciación del tipo de cambio real, con consecuencias sobre la rentabilidad de otras ramas productivas.

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    Ades advirtió que observar sólo a los sectores afectados puede llevar a conclusiones parciales. “El riesgo de analizar estos procesos en equilibrio parcial, concentrándose en los sectores perjudicados, es perder de vista lo que ocurre en equilibrio general”, planteó.

    En esa lógica, algunas empresas pueden contraerse o desaparecer sin que eso suponga necesariamente una destrucción de riqueza para el conjunto de la economía. El resultado puede ser una reasignación de recursos hacia áreas donde el país cuenta con mayores ventajas comparativas y productividad.

    El economista sostuvo que esa transición es indispensable para que la Argentina pueda crecer de manera sostenida. Pero remarcó que no ocurre sin costos: hay inversiones que no pueden reconvertirse de un día para otro, trabajadores que necesitan adquirir nuevas capacidades, restricciones para acceder al crédito y empresas que pueden no resistir hasta que las nuevas condiciones se consoliden.

    “Detrás de cada empresa que cierra hay trabajadores, familias e historias que merecen nuestra atención”, escribió.

    El primer interrogante: la política monetaria

    El primer gran debate que propuso Ades se concentra en la política monetaria. El economista se preguntó si, sin abandonar los objetivos de baja de la inflación, existe margen para aliviar las condiciones financieras que enfrentan las empresas y los proyectos de inversión.

    Fotografía en blanco y negro de Alberto Ades con anteojos, traje oscuro, camisa clara y corbata a rayas

    “¿Es demasiado restrictiva la política monetaria?”, planteó. La cuestión, según explicó, consiste en definir si una recalibración permitiría que empresas potencialmente viables superen la transición hacia una economía más abierta y competitiva.

    Ese cambio, de todos modos, presenta riesgos. Una política monetaria menos restrictiva puede facilitar el crédito y reducir el costo financiero para las compañías. Pero también puede introducir presiones sobre la desinflación y la estabilidad cambiaria.

    Ades no ofreció una respuesta concluyente. Señaló que la Argentina todavía enfrenta desequilibrios importantes, una restricción fiscal exigente, dificultades políticas para alcanzar acuerdos y un año electoral próximo. En ese contexto, sugirió que el debate debería concentrarse en encontrar instrumentos que reduzcan los costos de la transición sin poner en riesgo el equilibrio fiscal.

    Descartó, de ese modo, que la respuesta deba pasar por aumentar el gasto público, otorgar subsidios, reducir impuestos sin una compensación fiscal o postergar la apertura. En cambio, mencionó la eliminación de regulaciones, la reducción de distorsiones tributarias sin pérdida de recursos, la mejora de la competencia, la movilidad laboral, la logística y el acceso al financiamiento privado.

    El ahorro en dólares y el crédito privado, el segundo desafío

    El segundo interrogante se vincula con la capacidad del sistema financiero para movilizar el ahorro privado. Ades estimó que los argentinos mantienen fuera de los bancos locales moneda y depósitos por un volumen cercano a USD 300.000 millones.

    El economista preguntó qué condiciones, además de la Inocencia Fiscal, permitirían que una porción mayor de esos recursos ingrese al sistema bancario o al mercado de capitales. La meta sería ampliar la oferta de crédito bancario y no bancario para financiar inversiones, consumo y actividad productiva.

    Para Ades, una transformación profunda de la estructura productiva difícilmente pueda avanzar sin un crecimiento significativo del crédito privado. El desafío consiste en generar confianza, previsibilidad y mecanismos financieros que acerquen esos recursos al circuito formal sin comprometer los objetivos fiscales y monetarios.

    Un tipo de cambio real más alto puede tener beneficios y costos

    El tercer debate que propuso Ades se refiere al tipo de cambio real. El economista se preguntó si una depreciación real del peso podría aliviar a sectores que afrontan una competencia externa más intensa, favorecer al turismo receptivo e impulsar, por distintos canales, actividades como la construcción.

    “¿Ayudaría un tipo de cambio real más alto?”, escribió. Su respuesta no fue categórica porque, según describió, una depreciación real tendría efectos opuestos sobre distintos sectores y variables.

    Un dólar más alto en términos reales puede dar aire a empresas expuestas a las importaciones o que exportan bienes y servicios. También puede favorecer la llegada de turistas extranjeros. Pero, al mismo tiempo, puede reducir los salarios reales, encarecer los insumos importados y deprimir el consumo interno.

    Ades añadió una pregunta adicional: cuánto de la apreciación cambiaria responde a desequilibrios que podrían revertirse y cuánto surge de un cambio genuino en las ventajas comparativas de la Argentina, a partir del crecimiento de sectores como la energía, la minería y el agro.

    Si esa apreciación refleja una transformación productiva sostenible, forzar una corrección podría tener límites. “Importa el efecto neto en equilibrio general, no solamente lo que sucede con algunos sectores”, señaló.

    Elogios a Milei y una propuesta para debatir medidas concretas

    El mensaje de Ades combina respaldo al rumbo general con advertencias sobre sus dificultades. Por un lado, destacó los avances que observa en la estabilización macroeconómica. Por otro, señaló que las empresas y los trabajadores que quedan expuestos a la transición necesitan condiciones que les permitan adaptarse.

    El economista sostuvo que el Gobierno trabaja sobre varias de esas cuestiones y reconoció la complejidad del escenario. También pidió que los economistas, aun desde posiciones políticas y tradiciones distintas, aporten medidas aplicables.

    “La crítica es indispensable, por supuesto. Pero quizás podríamos dedicar un poco menos de energía a marcar diferencias y un poco más a explorar soluciones”, afirmó.

    Su planteo final fue que la discusión sobre tasas de interés, financiamiento privado y tipo de cambio no debería limitarse a la situación de los sectores que pierden rentabilidad. Para el analista financiero, el desafío consiste en preservar el programa de estabilización y, a la vez, encontrar mecanismos que hagan menos costosa la transición hacia una economía con una estructura productiva diferente.

  • La cárcel de Devoto pasó a manos del Gobierno nacional y avanza el traslado de los presos al penal de Marcos Paz

    La cárcel de Devoto pasó a manos del Gobierno nacional y avanza el traslado de los presos al penal de Marcos Paz

    Nueve personas vistiendo trajes formales posan frente a una pared azul con el escudo del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina
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    La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmaron el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El documento habilita una nueva etapa para trasladar a los detenidos alojados en la cárcel de Devoto y desocupar el establecimiento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

    La nueva unidad penitenciaria, construida en territorio bonaerense, quedará bajo la órbita nacional una vez finalizada. El Ministerio de Seguridad Nacional tendrá a su cargo la preparación de las instalaciones y la organización del operativo para movilizar a la población carcelaria, junto con los equipos necesarios para el funcionamiento del nuevo destino.

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    La mudanza todavía no tiene fechas definidas, pero el Gobierno ordenó que las fuerzas involucradas elaboren un plan operativo conjunto. La planificación deberá contemplar el perfil criminológico de cada detenido, los recorridos terrestres, la custodia de los inmuebles y la prevención de incidentes durante todo el desplazamiento.

    El acuerdo para dejar sin detenidos el penal de Devoto forma parte de un convenio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. La entrega del complejo de Marcos Paz permitirá trasladar a la totalidad de las personas privadas de la libertad alojadas en el establecimiento porteño y avanzar en el cierre de esa prisión.

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    Funcionarios sentados en una mesa intercambian carpetas con documentos en una oficina con banderas y un cartel del Ministerio de Seguridad

    El nuevo penal tendrá capacidad para 2.240 detenidos. La infraestructura incluye cuatro unidades, un edificio administrativo, un área de salud, espacios para visitas, salas de videoconferencia para internos y profesionales, un gimnasio y un sector educativo destinado a talleres de trabajo y capacitación laboral.

    También contará con un campus de módulos de alojamiento distribuidos en cinco sectores independientes, con canchas de fútbol y áreas para huertas. Habrá un espacio específico para la distribución de raciones alimentarias y dependencias para los programas y servicios vinculados con el comando de seguridad interna.

    Un comando para custodiar el traslado hacia Marcos Paz

    El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal para planificar, coordinar y ejecutar el traslado. La conducción general estará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, que deberá coordinar las acciones entre el personal penitenciario y las Fuerzas Federales de Seguridad.

    La estructura funcionará dentro del Comando Unificado Federal creado en mayo de 2024 mediante la Resolución N.º 403. La nueva medida fue formalizada a través de la Resolución 1018/2026 y prevé un dispositivo específico para el desplazamiento entre Devoto y el partido bonaerense de Marcos Paz.

    El penal de Villa Devoto

    La mesa de trabajo estará integrada por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y el Servicio Penitenciario Federal. También participarán la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

    El esquema habilita la convocatoria de otros organismos nacionales según sus competencias e invita a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires a designar representantes con capacidad de decisión operativa. La intervención de ambas jurisdicciones busca asegurar la cooperación en la custodia del trayecto y de los establecimientos involucrados.

    El plan deberá proteger al personal penitenciario, a las autoridades participantes, a los internos y a la población civil de las zonas alcanzadas por el operativo. También deberá establecer mecanismos de respuesta ante contingencias, con vigilancia perimetral en las dos cárceles y control de los corredores viales utilizados para el traslado.

    Funcionarios sentados alrededor de una mesa blanca firman documentos frente a las banderas de Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires

    La firma del acta reunió además a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y a la legisladora de la Ciudad, Pilar Ramírez. Participaron igualmente el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.

    Una obra reactivada tras cinco años de paralización

    La construcción del complejo de Marcos Paz comenzó hace ocho años y permaneció detenida durante cinco. Las obras fueron reactivadas en diciembre de 2024 por la gestión porteña, que avanzó con su finalización para cumplir el convenio firmado entre las jurisdicciones en 2018.

    Jorge Macri supervisó el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII cuando la obra se encontraba en su etapa final. El jefe de Gobierno sostuvo entonces que la cárcel permitiría trasladar a los detenidos de Villa Devoto y atender el reclamo vecinal por el cierre de ese establecimiento.

    “La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, afirmó Macri. El mandatario agregó que la obra posibilitaría avanzar con la desocupación de Devoto.

    El acuerdo entre Monteoliva y Giménez incluyó además la posibilidad de incorporar módulos de alojamiento en los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, ambos en Ezeiza. Esas estructuras permitirán sumar plazas permanentes para hasta 400 detenidos.

    La puesta en funcionamiento de Marcos Paz y la ampliación prevista en Ezeiza apuntan a incrementar la capacidad del Servicio Penitenciario Federal y a descomprimir las comisarías y alcaidías porteñas. El complejo fue diseñado bajo estándares nacionales e internacionales de seguridad, tratamiento penitenciario y habitabilidad, mientras el Gobierno prepara el traslado y la desocupación definitiva de Devoto.

  • La Asociación de Abogados Ambientalistas pide suspender la licitación de la “hidrovía” por irregularidades

    La Asociación de Abogados Ambientalistas pide suspender la licitación de la “hidrovía” por irregularidades

    Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) se presentó una nueva ampliación de la denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por las irregularidades en el proceso de licitación de la denominada Vía Navegable Troncal del río Paraná.

    La denuncia original fue presentada en octubre de 2025 y ampliada en diciembre de ese año, después de la audiencia pública del 3 de noviembre. En esa audiencia, más del 90% de las personas expositoras se manifestó contra el proyecto en los términos planteados. Dentro de ese rechazo, alrededor del 60% advirtió sobre el impacto en el acceso al agua potable. También hubo cuestionamientos por los efectos sobre la biodiversidad, la pesca artesanal, la apicultura, el turismo, los usos recreativos y el corredor biocultural que acompaña al Paraná.

    A inicios de octubre 2026, la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas ratificó y amplió en segunda oportunidad y en su totalidad, la denuncia penal presentada contra los funcionarios públicos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, dependientes del Ministerio de Economía, involucrados en la maniobra oportunamente descripta, como en la ampliación de la misma formulada en fecha 12 de diciembre de 2025, actualizando el estado de situación en torno a los hechos de gran relevancia que ocurrieron luego de nuestra primera y segunda presentación ante la Procuraduría.

    “Volvemos a cuestionar la fraudulenta audiencia del 3 de noviembre de 2025 bajo el título de “Informes de gestión y evaluación ambiental de la Vía Navegable Troncal”  y el avance hacia la licitación pública en el contexto de mayor artificialización de la denominada ahora, vía navegable troncal (VNT), en el río Paraná, demostrando que los funcionarios involucrados en representación del Gobierno Nacional, ejecutan la firme decisión de continuar por el camino de las manifiestas ilegalidades denunciadas, expuestas, así mismo, en el último Dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, como en los precedentes, sin dudas negados e ignorados intencionalmente por dicha autoridad (ANPyN), significativa como sostenidamente, vulnerando derechos humanos fundamentales e incurriendo en la probable comisión de los delitos que oportunamente denunciamos, todo lo cual queda finalmente expuesto con la total negación por parte de la autoridad denunciada, de todas las observaciones, críticas y análisis formulados en aquella audiencia, como en la diversidad de presentaciones realizadas ante la PIA en representación del Ministerio Público Fiscal”, desarrolló el portal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

    “En nuestra segunda presentación realizamos un resumen de las exposiciones centrales de los participantes, quienes en forma casi unánime expresaron fundadamente su repudio, oposición crítica a cualquier escenario de mayores profundizaciones y ampliaciones de los canales de navegación,  poniendo de manifiesto la falta de estudios serios para hacerlo, aportando desde todos los sectores de la sociedad civil, tanto académicos, populares, religiosos, como también desde organismos públicos de control, como la impecable presentación tanto oral como escrita por parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación, como la alarmante intervención de la Presidente Municipal la ciudad de Victoria, Entre Ríos, denunciando la grave afectación al derecho humano de acceso al agua potable que causan las obras ya ejecutadas como lo agravarían las planificadas”, consignó el portal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

    “Destacamos y reiteramos la total ausencia de la máxima autoridad ambiental nacional, como de las provincias, del PIECAS como escenario interjurisdiccional del Delta en cuanto a la gestión sustentable del mismo, la negación de todo tipo de material de investigación, estudios, dictámenes por parte de la Administración de Parques Nacionales, frente a la existencia de los mismos en aguas inmediatas arriba de toda la mega cuenca inferior intervenida y ahora convocada a su mayor y más grave artificialización, como son los parques nacionales del Pre Delta (Entre Ríos) y de Islas del Delta en Provincia de Santa Fe. Más aun siendo las mismas en un área aún mayor, SITIO RAMSAR, es decir, declarado Humedal de importancia Internacional y por lo tanto, el punto focal Nacional de la Convención RAMSAR, fue totalmente negado por las autoridades directamente intervinientes denunciadas, como por el absoluto silencio de las máximas autoridades políticas del Área Ambiente de la Nación”, resaltó el portal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

    Casi la totalidad de los expositores impugnaron en el valor de su palabra, la propuesta estatal por ausencia de estudios de impacto ambiental (E.I.A) en su versión tradicional y menos aún el desarrollo de una evaluación ambiental estratégica (EAE) como corresponde a la escala en tratamiento, visión de cuenca y su gestión democrática con los principios del derecho ambiental sobre la mesa de los políticos y técnicos ejecutores.

    “Denunciamos frente a la Procuración (PIA) el agravamiento de todo este contexto por la gestión groseramente concentrada en la ANPyN, y la brutal inexistencia de visión y gestión de Cuenca, la constitución institucional de un Comité de Cuenca y por falta de convocatoria del comité del PIECAS-DP, para integrarse desde el inicio del proceso de construcción de los términos de referencia de la Licitación”, indicaron en el portal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

    “En semejante contexto, el Estado argentino a través de la ANPyN, se arrogó múltiples facultades incompatibles, que con fin espurio estableció como marco referencial sujeto a consultas, una serie de documentos absolutamente inhábiles para la celebración de una audiencia pública de esas características. Como hemos expuesto, fue éste el grado de ilegalidad convocando a una audiencia para evaluar obras que carecen del documento técnico esencial para tal fin, es decir, carece de EIA, tal como surge objetivamente del sitio oficial de la ANPyN donde se exhibieron los documentos que integraban la Audiencia Pública”, indicó el portal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

    “No solo existe un negacionismo y exclusión de las competencias provinciales, tanto políticas como de sus autoridades ambientales, de los institutos especializados nacionales y su máxima autoridad ambiental, punto focal de las convenciones: RAMSAR, CAMBIO CLIMÁTICO, DIVERSIDAD BIOLÓGICA; como del  INA, CONICET, u órganos de control como la Defensoría del Pueblo de la Nación, etc, sino también agravada por la arrogancia y abuso en el ejercicio del poder gravemente concentrado, frente a la contundencia de los fundamentos de los  dictámenes de la propia PIA como representación especializada del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría del Pueblo de la Nación, ni más ni menos”, se enfatizó en el portal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

    “La AadeAA expone frente al Ministerio Público Fiscal, que esta conducta administrativa no se agota en una mera irregularidad sino que son una confirmación de las conductas penales que denunciamos. Los funcionarios involucrados incurren en figuras de falsedad ideológica de instrumento público (arts. 293 y 294 CP) y violación de deberes de funcionario público (art. 248 CP), al licitar una obra sin la base técnica y ambiental exigida por ley, comprometiendo la tutela del ambiente y el interés público. La omisión deliberada de la EIA, de su evaluación por la máxima autoridad ambiental concertadamente con las áreas ambientales provinciales del tramo nacional, de modo previo y la presunción administrativa de “inexistencia de riesgos” comprometen directamente la responsabilidad penal, administrativa y patrimonial de los funcionarios intervinientes”, señalaron.

    “Ahora, nos encontramos con el dictado de la Resolución 57/2026 AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN – la que convoca a un supuesto proceso participativo para la construcción de la normativa ambiental que acompañará las tareas de dragado en sus variantes en el marco de la nueva Licitación ya adjudicada, nuevamente a Jan de Nul”, resaltaron en el portal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

    “La misma ratifica la absoluta concentración de decisiones sobre el río, su cauce principal y canales alternativos con foco en dos tramos del sur de Entre Ríos, su sistema de humedales y ecosistemas asociados, a la discrecionalidad resolutiva en manos de la ANPyN, responsable política directa en el proceso previo de construcción de la Licitación y en esta nueva etapa que hemos denunciado de ilegal e inconstitucional, entre otras razones, se avanza en consolidar la misma su rol de autoridad ambiental única y por excelencia, negando las atribuciones constitucionales de las provincias ribereñas y de la máxima autoridad ambiental nacional”, indicaron.

    “Hay anclaje legal totalmente ignorado por la ANPyN. La Ley 25.675 ordena atender las causas y fuentes de los problemas ambientales de forma integrada, fija como objetivo el equilibrio y la dinámica de los sistemas ecológicos junto con la coordinación interjurisdiccional, y su artículo 4 consagra la prevención: actuar antes de que los efectos acumulados vuelvan irreversibles, o desmesuradamente costosa, la recomposición”, resaltó la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

    “Venimos requiriendo desde la AadeAA por distintas vías públicas y de acceso a la justicia, que para las decisiones de transformación estructural (profundidad, trazado, ancho, régimen de mantenimiento, nuevos canales), la realización de una evaluación ambiental estratégica o un instrumento equivalente. Su objeto son las políticas, planes, programas y decisiones de planificación, antes de que las decisiones particulares queden cristalizadas una tras otra. Debería considerar el funcionamiento hidrológico e hidrodinámico, el balance sedimentario, la calidad del agua y de los sedimentos, la biodiversidad y los humedales, las áreas protegidas, las pesquerías, las comunidades ribereñas, los efectos acumulativos, los escenarios climáticos y las alternativas de intervención”, indicó el colectivo de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Y concluyeron que: “En razón de lo denunciado hemos solicitado se formule requerimiento de instrucción penal ante el juez competente en el marco de la nueva licitación, ahora adjudicada”.

  • “Sentís impotencia”: el reclamo de un productor ante la reiteración de delitos rurales

    “Sentís impotencia”: el reclamo de un productor ante la reiteración de delitos rurales

    Los delitos rurales en Entre Ríos generaron preocupación entre los productores ganaderos, quienes advirtieron sobre la reiteración de robos de hacienda y las dificultades para esclarecerlos. Oscar Martinelli, un productor de 70 años del departamento Gualeguaychú, expresó su impotencia ante la falta de respuestas después de sufrir la desaparición de nueve novillos de aproximadamente 500 kilos cada uno, que representaron una pérdida superior a los 20 millones de pesos.

     



     

    En diálogo con el programa “Moviendo el Avispero”, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, Martinelli relató las consecuencias que estos hechos provocaron en su actividad y manifestó su preocupación por las limitaciones que enfrentan los investigadores para reunir pruebas. El ganadero, propietario de un establecimiento con unos 120 animales, aseguró que no era la primera vez que sufría un episodio de estas características.

     

    “Lo divulgo ahora porque siento impotencia y no sé a qué recurrir. Hay que asumir la pérdida”, expresó el productor, quien reconoció que decidió hacer pública su situación ante la falta de resultados en la investigación.

     



     

    Las dificultades para esclarecer los delitos rurales

     

    Martinelli explicó que, después de detectar la desaparición de los animales, realizó la denuncia correspondiente y colaboró con la Policía Rural para intentar reconstruir el recorrido que habrían realizado los responsables. Sin embargo, las huellas encontradas no permitieron determinar el destino del ganado.

     

    “Se siguieron unos rastros. En parte había muy pocos y en otra se veían bastante. Los seguimos unos tres kilómetros, en dirección al suroeste del campo”, relató. Según explicó, los animales habrían sido trasladados caminando a través de diferentes establecimientos agrícolas.

     

    El productor consideró que los efectivos policiales enfrentaron dificultades para avanzar debido a la necesidad de reunir elementos que permitieran sostener una investigación judicial. “Ellos hacen lo que pueden. Tienen que llevar pruebas muy elocuentes para que la Justicia las tome en cuenta”, manifestó.

     



     

    En ese sentido, señaló que las huellas encontradas no habrían sido consideradas suficientes para profundizar las actuaciones. “Hay rastros que ellos no consideran importantes porque van a la Justicia y eso no sirve, es poco”, sostuvo.

     

    La impotencia de trabajar durante años y perder los animales

     

    El ganadero explicó que las consecuencias económicas de estos delitos superaron ampliamente el valor comercial de los animales sustraídos. Según detalló, la crianza implicó años de inversión en alimentación, arrendamiento y mantenimiento del establecimiento.

     

    “Un animal te cuesta 25.000 pesos por mes tenerlo en arrendamiento, aproximadamente. Son animales que hace más de dos años que están pagando arrendamiento. También perdés eso”, explicó Martinelli.

     

    Además, manifestó que resultaba prácticamente imposible garantizar una vigilancia permanente sobre la hacienda. El productor trabaja junto a un empleado que lo acompaña desde hace varios años, pero reconoció que las dimensiones y características de los establecimientos rurales dificultaban las tareas de prevención.

     

    “No tenés forma, porque sentís impotencia. Podés andar toda la noche cuidando los animales, pero es imposible”, expresó al describir las dificultades para evitar nuevos robos.

     

    Advirtió que los robos se repiten entre productores

     

    Martinelli recordó que aproximadamente un año y medio antes había sufrido otro episodio de sustracción de ganado. También señaló que otros productores de la zona atravesaban situaciones similares, lo que incrementaba la preocupación dentro de la actividad.

     



    “Hay gente a la que le sacan animales periódicamente”, aseguró. Sin embargo, reconoció que organizar acciones conjuntas entre los damnificados no resultaba sencillo debido a las características de cada establecimiento y las dificultades para prevenir estos hechos.

     

    El productor también consideró que quienes trasladaron los animales conocían las características de la zona. Según relató, las huellas atravesaron campos agrícolas y sectores alejados de viviendas, hasta desaparecer después de varios kilómetros.

     

    Al comparar la situación actual con la de décadas anteriores, aseguró que los robos de ganado eran mucho menos frecuentes. “Hace 25 años atrás era muy raro”, recordó Martinelli, quien dedicó gran parte de su vida a la producción ganadera.

     

    El valor de la hacienda y la preocupación por la inseguridad

     

    Durante la entrevista, Martinelli también analizó los cambios que experimentó la actividad ganadera y destacó que el valor comercial de los animales había aumentado considerablemente, aunque los costos de producción también se incrementaron.

     

    “Hoy el precio que tiene la hacienda nunca lo tuvo, pero también tenés tus costos. Hay otras cosas que cuestan. En realidad, la hacienda hoy tiene un muy buen precio”, explicó.

     

    En ese contexto, consideró que el valor de los animales podía representar un incentivo económico para quienes cometían estos delitos. No obstante, insistió en que la principal preocupación de los productores era la dificultad para recuperar la hacienda y lograr que se identificara a los responsables.

     

    “Yo hago lo que me corresponde: hacer la denuncia cuando estoy seguro de que me faltan animales. Si veo algún rastro, lo podemos seguir, pero tampoco podés hacer mucho”, señaló.

     

    Finalmente, el productor reiteró que decidió compartir públicamente su experiencia para visibilizar una problemática que, según aseguró, afectaba a distintos establecimientos de Entre Ríos. Su testimonio puso el foco en las dificultades de las investigaciones, las pérdidas económicas y la necesidad de encontrar respuestas ante la reiteración de delitos rurales.

     


    MOVIENDO EL AVISPERO – ABIGEATO: PERDIÓ NUEVE ANIMALES VALUADOS EN $20 MILLONES


  • Inversión de USD 110 millones: con la presencia de Jorge Brito y el gobernador Orrego, Genneia inauguró el Parque Solar San Juan Sur

    Inversión de USD 110 millones: con la presencia de Jorge Brito y el gobernador Orrego, Genneia inauguró el Parque Solar San Juan Sur

    Marcelo Orrego y Jorge Brito
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    Genneia inauguró el Parque Solar San Juan Sur en Retamito, San Juan.

    Con una inversión de USD 110 millones y una potencia de 129 MW el nuevo complejo amplía la oferta de energía renovable para la industria y la minería de la provincia.

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    Se trata del mayor desarrollo fotovoltaico de San Juan y elevó a 350 MW la capacidad operativa de la compañía en territorio sanjuanino. También representa el cuarto parque solar de Genneia en la provincia y el séptimo de la empresa en la región de Cuyo.

    Una inversión orientada a la demanda minera e industrial

    La inauguración reunió al presidente de Genneia, Jorge Brito; al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, al CEO de la empresa, Bernardo Andrews; y al intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, además de autoridades nacionales, provinciales y referentes del sector energético.

    El complejo ubicado en Retamito dispone de 129 MW

    Brito vinculó el proyecto con la expansión renovable de la empresa en el país: “El desarrollo de la Argentina necesita una matriz energética cada vez más robusta, competitiva y sustentable. En Genneia asumimos ese desafío con una visión de largo plazo y más de 2.000 millones de dólares invertidos en la última década, que nos permitieron superar los 1,7 GW de capacidad renovable en nueve provincias”.

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    El presidente de la compañía sostuvo que la nueva planta permite consolidar su vínculo con las actividades extractivas. “Con este proyecto alcanzamos los 350 MW de capacidad instalada en la provincia. Seguimos fortaleciendo nuestro rol como socio estratégico para el desarrollo de la minería”, afirmó.

    Brito agregó que Argentina dispone de recursos naturales para expandir su producción con una matriz de menor impacto ambiental. “En Genneia queremos ser protagonistas de ese proceso, acompañando el desarrollo productivo del país con inversiones de largo plazo y energía renovable a gran escala”, destacó.

    La planta ocupa 500 hectáreas y cuenta con 250.000 paneles bifaciales de alta eficiencia. La electricidad producida será vendida a grandes usuarios industriales mediante el Mercado a Término de Energías Renovables, conocido como MATER.

    La generación anual del parque equivaldrá al consumo de unos 90.000 hogares y evitará la emisión de cerca de 160.000 toneladas de dióxido de carbono por año. Durante la construcción, el proyecto generó alrededor de 300 empleos en su momento de mayor actividad.

    La expansión solar en San Juan y Cuyo

    San Juan Sur se incorpora a los desarrollos Ullum I, II y III, Sierras de Ullum y Tocota III. La empresa busca atender una demanda industrial que requiere abastecimiento confiable, costos competitivos y reducción de emisiones.

    El gobernador Marcelo Orrego señaló que la obra responde a una coordinación entre el Estado provincial y el sector privado. “Que una empresa líder como Genneia continúe invirtiendo y ampliando su presencia en San Juan es una clara señal de confianza en nuestro potencial productivo y en las condiciones que ofrecemos para el desarrollo de proyectos de gran escala”, expresó.

    Con la nueva planta, Genneia alcanzó 800 MW de capacidad solar en Cuyo y cuenta con siete parques fotovoltaicos en operación a nivel nacional.

    La empresa de energías renovables tiene un 24% del total de la potencia instalada, alcanzando el 21% de la capacidad de energía eólica y el 26% de la solar. Posee 8 parques eólicos —Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea y La Elbita— y 7 parques solares —Ullum, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I, Anchoris, San Rafael y San Juan Sur—.

    “Con estos activos, ha elevado su capacidad total de energía renovable a más de 1.785 MW, marcando un logro sin precedentes en el panorama energético del país”, destacó. Abastece a más de 100 clientes corporativos de distintas industrias es la principal emisora de bonos verdes de Argentina, con más de USD 1.280 millones emitidos hasta la fecha.

  • El Gobierno analiza realizar una demanda ante un organismo internacional por el atentado a la AMIA

    El Gobierno analiza realizar una demanda ante un organismo internacional por el atentado a la AMIA

    La bomba explotó a las 9.53 del 18 de julio de 1994 (Reuters)
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    El Gobierno analiza realizar una demanda ante un organismo internacional por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y una posibilidad es acudir a la Corte Internacional de Justicia contra la República Islámica de Irán, aunque los detalles aún están bajo evaluación.

    La medida es analizada entre Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que ven como posibilidad acudir al tribunal creado por la carta de Naciones Unidas en 1945 para resolver conflictos entre Estados. Esta tarde hubo una reunión con las autoridades de la mutual judía, con quien también analizan el tema. La decisión ocurre a 32 años del ataque terrorista del 18 de julio de 1994.

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    La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el principal organismo judicial del mundo, que tuvo un rol clave en la guerra de Rusia y Ucrania. Milei viene de disertar en la Asamblea General de la ONU, con un discurso eje centrado en el reclamo de Malvinas, y con fuertes críticas al propio organismo en su cruzada contra el “wokismo”.

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  • La Sala Penal denegó los recursos extraordinarios federales en la causa Urribarri-Haidar-Cardona Herreros

    La Sala Penal denegó los recursos extraordinarios federales en la causa Urribarri-Haidar-Cardona Herreros

    La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos rechazó por mayoría -el 9 de septiembre pasado- los recursos extraordinarios federales presentados por las defensas del exgobernador Sergio Urribarri y de los imputados Diego Cardona Herreros y Carlos Marcelo Haidar, quienes pretendían que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara una decisión vinculada con la incorporación de prueba cuestionada en la causa por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

    La resolución fue dictada por la Sala Nº 1 en lo Penal del STJ, integrada por los vocales Miguel Ángel Giorgio, Daniel Omar Carubia y Susana Ester Medina. Particularmente Giorgio y Medina conformaron la mayoría que rechazó los recursos, mientras que Carubia votó en disidencia y sostuvo que correspondía habilitar la intervención de la Corte Suprema.

    El expediente tiene como antecedente inmediato una resolución del propio Superior Tribunal, dictada el 8 de mayo de 2026, que había rechazado una queja presentada por las defensas contra decisiones anteriores de la Cámara de Casación Penal. Los abogados buscaban cuestionar -entre otros aspectos- la validez de evidencia digital que consideran obtenida de manera irregular durante la investigación.

    Uno de los principales puntos de controversia está relacionado con una computadora MacBook A1465 y con información extraída de dispositivos electrónicos. Las defensas sostienen que existieron irregularidades en el secuestro, la cadena de custodia y las pericias realizadas sobre esos elementos. También cuestionaron que determinadas tareas de análisis informático hubieran sido realizadas por personas que -según argumentaron-, no contaban con la habilitación profesional exigida por la legislación provincial.

    La defensa de Urribarri sostuvo además que permitir que esa evidencia llegue al juicio oral sin un control judicial previo produciría un perjuicio que posteriormente sería imposible de reparar. En esa línea, planteó que la etapa intermedia del proceso perdería sentido si las nulidades y exclusiones probatorias sólo pudieran discutirse durante el debate.

    Los abogados de Cardona Herreros formularon argumentos similares y denunciaron una afectación del debido proceso, el derecho de defensa y la inviolabilidad de la privacidad. En particular, cuestionaron el acceso a información contenida en dispositivos electrónicos y sostuvieron que la investigación había permitido una suerte de búsqueda indiscriminada de información digital sin los límites que deberían regir un procedimiento de estas características.

    La defensa de Haidar, por su parte, invocó garantías constitucionales y convencionales y cuestionó la interpretación realizada por la mayoría del tribunal respecto de los recursos presentados. También sostuvo que se habían producido errores en la valoración de la prueba y en la aplicación de las reglas de la sana crítica.

    La posición de la mayoría

    El voto principal, firmado por el presidente de la Sala Penal, Miguel Ángel Giorgio, consideró que ninguno de los planteos reunía los requisitos necesarios para habilitar la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema.

    Según el magistrado, los recursos no demostraron la existencia de una cuestión federal suficiente y se limitaron, en buena medida, a reiterar cuestionamientos sobre cuestiones procesales y probatorias que ya habían sido examinadas durante el trámite provincial.

    Giorgio recordó que el recurso extraordinario federal es una vía excepcional y que la Ley 48 (más precisamente el artículo 14) establece límites precisos para su procedencia. También señaló que, como regla, las decisiones vinculadas con la admisibilidad de recursos locales no pueden ser revisadas por la Corte Suprema mediante esta vía.

    El tribunal consideró además que la invocación de una sentencia arbitraria no era suficiente por sí sola para abrir la instancia federal. Para la mayoría, las defensas no lograron demostrar un defecto de tal gravedad que permitiera descalificar la resolución cuestionada como acto jurisdiccional.

    En consecuencia, Giorgio concluyó que los recursos eran “palmariamente inadmisibles” y propuso denegar su concesión.

    La jueza Susana Medina adhirió a ese criterio.

    La disidencia de Carubia

    El vocal Daniel Omar Carubia sostuvo una posición diferente. A su entender, las defensas habían cumplido los requisitos formales exigidos para acceder a la instancia extraordinaria y habían planteado una cuestión federal concreta.

    Para Carubia, los escritos presentados por las defensas contenían una crítica razonada de la decisión de la mayoría y vinculaban los cuestionamientos sobre la prueba con garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho de defensa.

    El magistrado consideró que los planteos formulados podían revelar, al menos de manera suficiente para esta etapa, una posible afectación de garantías constitucionales y una eventual arbitrariedad de la sentencia recurrida.

    Por esa razón, entendió que correspondía conceder los recursos y permitir que fuera la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que examinara los agravios planteados. Su voto, sin embargo, quedó en minoría.

     

  • Carolina Gallard: “Me gustaría que Máximo Kirchner sea presidente”

    Carolina Gallard: “Me gustaría que Máximo Kirchner sea presidente”

    La discusión sobre el funcionamiento de la Justicia, el rol de la Corte Suprema y las tensiones dentro del peronismo atravesaron la entrevista con Carolina Gaillard, abogada, dirigente política y exdiputada nacional por Entre Ríos. La exlegisladora repasó el proceso de juicio político impulsado contra los integrantes del máximo tribunal y cuestionó algunos de sus fallos y decisiones recientes.

    En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Gaillard también analizó las dificultades del sistema político para cubrir las vacantes de la Corte, criticó el DNU 70/2023 y planteó la necesidad de construir una nueva institucionalidad. Además, se refirió al futuro del peronismo, al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y a una eventual candidatura presidencial de Máximo Kirchner.

    Carolina Gaillard esa abogada y dirigente política perteneciente al Partido Justicialista se desempeñó como diputada nacional por la provincia de Entre Ríos. Ejerció su primer mandato en la Cámara de Diputados entre 2013 y 2017. Posteriormente regresó al Congreso en diciembre de 2019 y logró su reelección en 2021, extendiendo su labor legislativa hasta diciembre de 2025 como parte del bloque Frente de Todos-Unión por la Patria.

    Primero, muchas gracias por estar acá. Usted promovió un cabezón histórico y prolongado, el proceso de juicio político en el interior de la Corte hace un tiempo. Hoy la Corte ha producido un fallo, recientemente, que generó mucha controversia. ¿Usted tiene una especie de balance suyo de cómo ve aquello que la motivó hace unos años y cómo avanzó la Justicia, en sus luces y sombras?

    Bueno, Jorge, primero gracias por la invitación. Estoy muy preocupada por el devenir de los acontecimientos, pero no me sorprende este fallo de la Justicia, teniendo en cuenta que los jueces que hoy integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dos de ellos han aceptado ser nombrados por decreto en su momento por Mauricio Macri, en un procedimiento que fue irregular, que fue vulnerar la Constitución, porque hay un procedimiento en nuestra Constitución que se establece para que la selección de los jueces sean nombrados por dos tercios en el Senado, para que haya participación de la sociedad civil a través del Decreto 222, que dictó Néstor Kirchner. Y me parece que esta Corte carece de legitimidad y que lo que motivó en su momento el proceso de juicio político que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, que duró durante un año, fue una investigación para determinar la responsabilidad de estos jueces de la Corte en causas como el 2×1, un fallo que lo que se investigaba era que esta Corte habría negociado con el Gobierno de Macri otorgar un fallo para liberar a los genocidas; el fallo de coparticipación, que era el otorgamiento de un extra en la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires, en acuerdo con el Gobierno de Larreta; y el fallo que se conoce como fallo del Consejo de la Magistratura. Recordemos que la Corte actual lo que hizo fue derogar una ley, algo que no puede hacer la Justicia, sino que lo hace el Congreso: derogar una ley vigente durante 16 años del Consejo de la Magistratura, utilizando una causa que había iniciado el Colegio de Abogados en la calle Montevideo, que en ese momento se discutió mucho si tenía legitimidad o no, es decir, si había caso o no. Y la Corte dijo que era legítimo, que había legitimación y que tenía caso cuando fue el fallo del Consejo de la Magistratura, supliendo una tarea que hace el Congreso, que es legislar. En ese momento fue un fallo que revive o resucita una ley derogada que le permite a Horacio Rosatti, el presidente hoy de la Corte, ser también presidente del Consejo de la Magistratura, unificando o logrando que el presidente de la Corte tenga todo el poder. Todos sabemos que el Consejo de la Magistratura se incorpora a la Constitución del 94 y lo que hace es seleccionar los jueces y también sancionar a los jueces en lo que es el proceso de jury. Y, por último, nosotros también llevamos adelante la investigación en el juicio político a la Corte de lo que fueron los desmanejos en la obra social del Poder Judicial de la Nación. Todo ese proceso duró un año y lo que se determinó y la acusación fue que había mal desempeño por parte de los jueces de la Corte, lo que sí tuvo dictamen, pero no se llegó a tratar en el pleno del recinto. Hoy lo que vemos es una Corte que, a diferencia del fallo del Consejo de la Magistratura, donde una entidad como es el Colegio de Abogados de Montevideo tenía dudosa legitimación, la Corte se la otorgó y falló en esa causa porque había un interés claro. Lo que vemos hoy es que la Corte le niega la legitimación al CECIM y termina habilitando la venta ilimitada de tierras a extranjeros. Yo veo que hay una preocupación muy grande por parte de los miembros de la Corte. Han sido abucheados en San Martín de los Andes la semana pasada, ha habido una protesta también en la Facultad de Derecho y lo mismo hemos visto en la marcha a Tribunales. Creo que es una Corte que tiene muy poca legitimidad y lo que se ha ocupado es de convalidar algunas decisiones que tienen que ver más con estar a favor de convalidar decisiones que benefician al poder económico en detrimento de la mayoría de la sociedad.

    Carolina, pero al mismo tiempo encontramos una, podríamos decir, imposibilidad, impotencia, incapacidad, no sé cuál sería la palabra adecuada, cada una puede explicar una parte de la problemática del sistema político para nombrar miembros de la Corte. O sea, llevamos más de una década sin procurador, dos vacantes en la Corte que no se pueden cumplir. Como usted marca, las dos que se llenaron tuvieron que apelar o apelaron y finalmente fueron confirmados por el Senado después de que se había apelado a que, en el proceso de receso del Congreso, se los nombró por un decreto. ¿Hay un problema serio en la sociedad en poder tener consenso para nombrar los más altos cargos de la Justicia?

    Mirá, Jorge, en primer lugar, como vos bien decís, hoy nosotros tenemos una Corte de cinco miembros, donde hoy está ocupada por tres miembros, porque hay una dificultad para nombrar al resto de los miembros. Si uno ve las Cortes Supremas de otras partes, de otros lugares del mundo, no tienen menos de diez integrantes. Las decisiones son más colectivas. Creo que hay un problema para nombrar los jueces de la Corte. Creo que fue un error en el gobierno de Alberto Fernández no haber integrado la Corte con los cinco miembros y tener en cuenta la perspectiva de género y que la Corte también esté integrada por mujeres.

    Perdón, Carolina. Pero además…

    Además te digo algo, me parece que la experiencia y la decisión de Néstor Kirchner cuando integra la Corte en su momento fue muy interesante, además del proceso del Decreto 222 para que la sociedad civil pueda expresarse. Creo que tenemos que volver a tener una Corte prestigiosa. Uno puede tener juristas prestigiosos en la Corte, pero eso no te garantiza que la Corte sea prestigiosa. En su momento, Néstor, cuando integra la Corte, la integraba Argibay, la integraba Highton de Nolasco, la integraba Lorenzetti; o sea, eran juristas de prestigio, pero que también había una diversidad en la integración de esa Corte. Creo que tenemos que volver a intentar integrar una Corte prestigiosa. Hoy creo que la Justicia está atravesando el peor momento en la democracia en nuestro país, que tiene que ver con una promiscuidad enorme. Las decisiones que se toman en la Justicia, sin ir más lejos, tenemos hoy a una expresidenta que está condenada por esta Corte de escasa legitimidad y…

    Condenada también por cuatro tribunales más.

    Por cuatro tribunales más que están formados por jueces que había…

    O sea, todos los jueces son parciales, todos. Dieciséis jueces.

    Mirá, Jorge, a mí me parece que es importante analizar quiénes juzgaron a Cristina, y esos tribunales están integrados por personas que fueron recusadas justamente por causales de público y notorio. Digo, que jugaban al… que visitaban la Casa de Olivos, que jugaban al pádel con Macri, con el expresidente. Digo, desde que asumió Mauricio Macri la presidencia de la Nación, se intentó armar una Justicia a imagen y semejanza, o para convalidar las decisiones del poder económico de nuestro país, y creo que la decisión…

    Pero esos jueces fueron nombrados por el kirchnerismo.

    Sí, sí.

    Carolina, de esos dieciséis jueces que yo te menciono, y podríamos sumar a todos los…

    El juez, desde que es nombrado como juez, empieza a ejercer como juez.

    Bueno, como vos decís, entonces, ¿por qué en el caso de Macri los jueces le responden a Macri y, en el caso de Cristina, los jueces no le responden a Cristina?

    No, bueno, me parece que es una causal de recusación más que válida que quien a vos te esté llevando adelante un proceso, tenga que definir sobre tu libertad, sobre tu inocencia, tenga una connivencia tal de que visite en más de diez oportunidades la Casa de Olivos, o un juez que juegue al pádel con el expresidente de la Nación, que claramente tiene un interés en contra del expresidente. Hoy tenemos una…

    Carolina, esos casos no son los dieciséis. Vos estás mencionando dos casos. Entonces, y al mismo tiempo están los argumentos de que los jueces nombrados por Macri son para beneficiar lo que Macri quisiera, que supuestamente Cristina vaya presa, mientras que los que nombró Cristina no. Cuando te digo, bueno, pero, te digo esto: me decían, no, pero en el momento que el juez es nombrado pasa a ser independiente. Me parece, y con todo respeto, porque digo, Alberto nombró un candidato a Procuraduría desde el primer día que asumió, una persona absolutamente prestigiosa, y Cristina, como vicepresidenta frente al Congreso, nunca trató el pliego del procurador. Entonces, me parece que las responsabilidades, comparto que estamos en un momento complejo en la Justicia, pero son de toda la sociedad. Es de la Justicia, es del Legislativo, es del Ejecutivo, es de los medios, es de los ciudadanos. No es simplemente un problema de registrar en… Respecto a los diez miembros de la Corte, bueno, la Corte ha funcionado con cinco durante mucho tiempo, de manera muy bien. Cuando vos mencionás esta de Néstor Kirchner, coincido con vos, fue quizás uno de los mejores momentos de la Corte: eran cinco. Dos mujeres, tres hombres. El problema es que se jubilan, no se pueden nombrar a los 75 años, se jubilan.

    Tenemos que volver a tener una Corte prestigiosa, tenemos que hacer que la ciudadanía ponga el ojo. Y cuando digo que la Justicia en nuestro país no funciona, digo que el 80% de la población cree que la Justicia funciona mal. Y no estoy hablando solo de la injusta condena a Cristina Fernández de Kirchner, sino también que la Justicia funciona mal cuando te demoran en dar una internación involuntaria para un caso de salud mental, cuando te demoran en dictar un proveído para alguien que está esperando alimentos, una madre que reclama alimentos para sus hijos. Me parece que hay sueldos exorbitantes que no se condicen con un accionar de la Justicia hoy en nuestro país que esté funcionando bien. Para eso me parece que hace falta un compromiso fuerte por parte de la dirigencia política de poner blanco sobre negro qué es lo que pasa con la Justicia, porque cada vez que vino al Congreso el tratamiento de leyes para que los jueces paguen Ganancias o para que los jueces tengan determinadas obligaciones, siempre hay mucha resistencia y hay poco compromiso por parte de la dirigencia para avanzar en ese terreno. Me parece que, así como se le exige a la dirigencia política, hay que empezar a exigir a los jueces que expliquen y que den fundamentos. El caso de quitarle, rechazar la legitimación a los excombatientes que planteaban el tema de la inconstitucionalidad del DNU 70, el DNU que es inconstitucionalpor dón, por donde se lo mire, Jorge, porque nunca pasó en la historia de nuestro país, desde que existe el DNU y se incorporó a la Constitución del 94, que un DNU modifique más de 300 leyes. Y el DNU, te voy a decir algo más que es gravísimo y la Corte tendría que haberlo declarado inconstitucional cuando le llegó la primera causa: es un DNU que el mismo presidente se autodispone la emergencia. Es decir, la figura de la emergencia es una figura que está en la Constitución, en el artículo 76, y que, si el Congreso la dicta a las leyes de emergencia, habilita a que el Ejecutivo legisle. Eso, el mismo presidente en el DNU, que el DNU tiene rango de ley, lo que hace es decir: “Yo dicto la emergencia”, porque el artículo 1 del DNU 70… Y quiero decirte algo, Jorge: el DNU 70 de Milei no tan solo deroga la Ley de Tierras, permitiendo la venta de tierras a extranjeros, que el Gobierno de Milei intenta sortear, o la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que fracasó porque hubo una movilización popular importante, pero que, habiendo fracasado esa ley, ahora intentan con la Ley de Ciudadanía vender la ciudadanía a cambio de quien venga a invertir en nuestro país, que la Corte ha declarado inconstitucional. El DNU 70 también permite y habilita que los bancos te cobren cualquier tasa a las tarjetas de crédito, permite el aumento sin contras de las tarjetas de crédito, permite el control del Estado de las medicinas prepagas, permite también la privatización de empresas públicas. O sea, el DNU 70 es la piedra fundamental del Gobierno de Milei para desguazar el Estado, para que haya controles más laxos a las inversiones extranjeras, para abrir la puerta a esas inversiones extranjeras. Y el colmo de todo esto es ya la venta de la ciudadanía, que la ciudadanía, como vos bien sabés, se tramita ante la Justicia, y lo que te permite y te otorga, además de permitirle a los extranjeros comprar tierras, es tener derechos políticos.

    Y te agregaría algo que me parece aún más grave, coincidiendo de que el decreto 70/2023, de hecho, tiene una declaración de inconstitucionalidad en una de las cámaras. Entonces la pregunta es: ¿y por qué la segunda cámara, que es Diputados, no trató la inconstitucionalidad? ¿Por qué es culpa solo de la Suprema Corte y no de la otra cámara, ahí cerquita, que está viendo lo que hace la Cámara de Origen? Y para terminarte, vos fijate que el problema es tan mayúsculo y tan transversal a todos los sectores, y que cada uno nos tenemos que poner la responsabilidad que nos toca desde la posición que cada uno tenemos, es que la Corte declara inconstitucional…

    Algunos artículos.

    Lo que estoy diciendo es a la Ley de Financiamiento Universitario y Discapacidad: El Gobierno no cumple con las órdenes de la Corte. O sea, el problema es de tal magnitud que, en donde la Corte le dice al Gobierno “usted no tiene razón, esto no es constitucional” o “tiene que cumplir esta ley”, el Gobierno no la cumple. O sea, este es el nivel de problema que enfrentamos, donde obviamente la Justicia después no es ex nihilo, no está en la nada.

    Mirá, Jorge, a mí es tan preocupante lo que vos planteás. Yo creo que cada vez tenemos una democracia más débil, más endeble, y cada vez un gobierno más autoritario, donde la regla… Tenemos menos Estado de Derecho y más Estado de Excepción. Y uno lo ve cuando el Gobierno manda la Ley Antimafia, donde se presupone que somos todos terroristas; las leyes que persiguen al periodismo, poniendo en estado de sospecha a todo el que cuestiona al Gobierno, considera este Gobierno malo, tiene una opinión divergente. Y uno lo ve hoy con la Ley de Soberanía, donde mandan una ley supuestamente de soberanía, donde hay un artículo concretamente que dice una pena de más de 10 años para la persona que supuestamente tenga opiniones contrarias al Gobierno y demás. O sea, una ley penal abierta que le permita al Gobierno perseguir a todo el que tenga opiniones, que sea disidente.

    Y ahí la responsabilidad de la dirigencia política es no votar esa ley, no votar ese artículo. Y obviamente, si luego se votase, plantear que la responsabilidad de la Justicia sería analizar el grado de constitucionalidad de ese artículo. Simplemente creo que…

    Volvamos al tema del rechazo del DNU 70. Yo era diputada en ese momento, ni bien entró el DNU 70, y nosotros dentro del bloque planteamos la necesidad de tratarlo. Una vez que lo trata el Senado, vos sabés que los DNU tienen que ser tratados por las dos cámaras y, una vez que se rechazan, dejan de tener efectos. Yo creo que la dirigencia política hace tiempo debería haber rechazado el DNU 70, y no ahora porque la Corte habilita la venta de tierras. Espero que el 15 de octubre toda la dirigencia y todos los legisladores de la Cámara de Diputados, o la mayoría, logren el quórum para rechazar el DNU 70, porque, como te decía, es la base jurídica para todas las decisiones que está tomando hoy el Gobierno.

    Yo creo que es el… Diría así, que ese DNU es el símbolo, el símbolo de este nudo gordiano que nos estamos refiriendo. Una Cámara lo trata, la otra no lo trata, la Justicia termina declarando inconstitucional, perdón, no declarando inconstitucional, sino falta de mérito a quien pedía que se declarara inconstitucional. Cuando uno observa todo, ahí quizás hay una especie de ejemplo de nuestra falta de institucionalidad política en ese…

    Sí, también, Jorge, me parece que la dirigencia política a veces está muy enfrascada en una endogamia y deja de tener en cuenta a la gente, lo que piensa la sociedad, y empiezan a haber dinámicas de mucha promiscuidad donde no se pone blanco sobre negro. Y ahí es donde yo creo que nosotros, la dirigencia política, a mí me gusta mucho Máximo Kirchner, cómo habla, cómo se expresa, la claridad conceptual y también que es una persona con mucho sentido común, con mucha sensatez, pero que además…

    No la demostró en el caso del Fondo Monetario Internacional.

    Bueno, a ver, él tiene una mirada y una opinión muy clara, y tiene una mirada muy aguda sobre muchas cuestiones de temas económicos, pero también tiene una mirada muy humana, que creo que lo que venga, o lo que tenemos que construir, sobre todo los que somos más jóvenes, es… Tenemos que construir una nueva institucionalidad, y que la política también, el humanismo en la política, también es importante, Jorge, porque eso se va perdiendo en la medida que pasa el tiempo y que se naturalizan determinadas cuestiones. Hoy hay…

    Una democracia de baja intensidad, lo decía Donald hace 40 años, en las épocas de dictadura.

    Entonces empiezan a naturalizarse situaciones o cuestiones que no son…

    Obvio. Tu mención a Máximo Kirchner me lleva a preguntarte qué piensa de Kicillof.

    Bueno, me parece que Axel es un buen compañero, que ha sido un gran gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que él tiene pretensiones de ser candidato a presidente. A mí me parece que… Que nuestra candidata o la líder de la oposición sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner. Que está presa por todo lo que hizo, no tengo dudas de eso. Si no, la Embajada de Estados Unidos no le hubiese retirado la visa días antes de la condena. Yo creo que hay un interés claro en que Cristina no vuelva a ser candidata a presidenta. Nosotros creemos que ella tiene que estar libre porque es inocente y creo que Axel tiene todo el derecho a tener pretensiones de ser. Sí me parece que es muy necesario que Axel vaya a visitar a Cristina, que conversemos y que tengamos un candidato único dentro del peronismo para tener una propuesta con mayor fortaleza.

    ¿Cómo te explicás, Carolina, que si Cristina Kirchner tiene que ser candidata en 2027, no haya sido candidata en 2023 y no haya sido candidata en 2019?

    Bueno, si no es Cristina, a mí me gustaría que Máximo sea presidente. Claramente, a mí Máximo me gusta mucho.

    No, pero mi pregunta es por qué Cristina no fue candidata.

    Me parece que se ha demonizado o estigmatizado mucho la figura de Máximo y es un dirigente político en el que yo creo. Sí creo que Cristina ha tenido dos mandatos como presidenta muy transformadores y que ella ha tomado la decisión en su momento de que sea Alberto el candidato porque entendía que era la mejor opción para triunfar en las elecciones del 2019. Sí creo que el poder económicio nternacional y, si se quiere, Estados Unidos, no es casual que hoy esté condenada y no pueda ser candidata. Me parece que en el 2019 ella estaba en condiciones de serlo. De hecho, fue candidata a vicepresidenta.

    ¿Y en el 2023?

    Y ahora intentaban…

    ¿Y por qué no lo fue en el 2023?

    Bueno, en el 2023 se decidió que lo mejor sea que Sergio Massa…

    Que no sea ella.

    Había un sector del movimiento que sí pensaba que Cristina sea candidata y me parece que, en ese sentido, ella decidió que su lugar era otro: que la conductora del movimiento y hoy es la presidenta del Partido Justicialista. Creo que es la persona más lúcida que tiene nuestro movimiento y que está injustamente presa, y que hay muchos dirigentes del peronismo que naturalizan esta situación o, como naturalizan un montón de otras situaciones de la Justicia que tienen que ver con situaciones irregulares que lleva adelante la Justicia en nuestro país y que deberían estar condenándolas. Y creo que dentro del peronismo hay muchos dirigentes que se dicen peronistas para acceder a cargos, para tener lugares importantes de poder, pero poco tienen que ver con las ideas de nuestro movimiento.

    Carolina, muchísimas gracias.

    No, gracias a vos.

    LMM


  • La Justicia argentina suma una nueva dilación en torno a Edgardo Kueider: el juicio contra su banda pasará a Comodoro Py

    La Justicia argentina suma una nueva dilación en torno a Edgardo Kueider: el juicio contra su banda pasará a Comodoro Py

    El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) de San Martín resolvió este jueves declinar su competencia en el caso contra quienes integraban el grupo que colaboró con Edgardo Kueider en las presuntas maniobras delictivas por las que es investigado. En el mismo acto, decidió remitirlo a la Justicia Federal en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires. Este giro beneficia a los acusados, quienes ganan tiempo para enfrentar el juicio.

    La decisión se tomó por dos razones centrales. La primera fue que los hechos ventilados en las actuaciones se habrían cometido en Paraná, Concordia, CABA, Quilmes y Berazategui. “Es decir, ninguno en esta jurisdicción”, alegó el TOF 5. El cuerpo lo componen los jueces Javier Arzubi Calvo; Esteban Rodríguez Eggers y Juan Manuel Gaset Maisonave.

    En relación con este punto está la segunda razón: Buenos Aires sería el núcleo de la organización, así como de las condiciones que sustentan el agravamiento de cargos y los efectos jurídicos de las maniobras realizadas.

    Los socios y colaboradores del ex senador enfrentan cargos de lavado de activos, falsificación de balances y adulteración de documentos públicos. Todos estos delitos están relacionados con las maniobras que, para la Justicia, habría realizado Kueider a fin de ocultar su incremento patrimonial por encima de sus posibilidades.

    A comienzos de año, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y la jueza en lo Correccional y Criminal Sandra Arroyo Salgado recortaron esta parte de la investigación y la elevaron a juicio.

    Edgardo Kueider permanece detenido en Paraguay

    El acusador público y la magistrada iban a sentar en el banquillo a:

    1. Dos de sus supuestos testaferros de Kueider: Daniel González, alias “Gonzalito” o “Pajarito”, y Javier Rubel, primo del exsenador y albañil de profesión. Ambos fueron presidentes de Betail SA.
    2. José Carlos Noguera. Es el contador porteño cuyo estudio, según subrayó Arroyo Salgado, habría sido el “epicentro de la operatoria delictiva”. También está comprometida su esposa, Gabriela Patricia Saint Pierre.
    3. A ellos se suman Débora Ferreyra, empleada del estudio de Noguera, y Adriana Crucitta, pareja de “Gonzalito”.
    4. La imputación alcanza a cinco sociedades comerciales: Lectus SA, Felsir Biotecnológica SRL, Vijusa SA, Nopor Service SA y Vía SNP Logística.

    El ex legislador entrerriano y su pareja, Iara Guinsel, permanecieron al margen. Ambos están detenidos en Paraguay. Su extradición no se dará hasta que termine de ajustar cuentas con la Justicia del país vecino.

    Arroyo Salgado inició la pesquisa contra Kueider como desprendimiento del caso “Securitas”. En este otro expediente, se investiga el presunto pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada a funcionarios públicos. El objetivo era quedarse con los contratos de vigilancia. La maniobra habría incluido a Enersa, la distribuidora eléctrica estatal entrerriana. Kueider representaba las acciones del Estado en esa firma cuando era secretario General de la Gobernación (2015/2019).

    En “Securitas” hay un mensaje de uno de los empresarios involucrados que menciona al ex senador como un contacto clave para la maniobra. Con ese elemento, más una denuncia que se presentó en su Juzgado con datos de la declaración jurada de Kueider revelados por “El Disenso”, Arroyo Salgado armó el nuevo expediente.

    Jorge González junto al ex gobernador Gustavo Bordet.

    Este trámite avanzó y llegó a la instancia de elevación a juicio que ahora quedó en suspenso hasta que se defina un nuevo tribunal. En paralelo, la Corte Suprema avaló que tanto Arroyo Salgado como la Justicia de Entre Ríos continúen investigando a Kueider.

    El TOF 5 de San Martín tomó el criterio que el fiscal Domínguez siguió para definir el objeto de juicio en el dictamen de elevación a esa etapa.

    En ese sentido, concluyó que no se identificó un solo acto desplegado por los acusados en la jurisdicción de San Martín. Por el contrario: todo giraría en Buenos Aires.

    Como sustento, detalló:

    1. Las operaciones inmobiliarias se realizaron en Paraná. Los departamentos que Kueider adquirió y puso a nombre de la firma Betail SA están en la capital entrerriana. Asimismo, los testimonios de los dueños de la desarrolladora inmobiliaria acreditan que la negociación y la entrega del efectivo se concretaron en esa ciudad.
    2. El “ardid” ante la AFIP (hoy ARCA) a fin de ocultar el crecimiento patrimonial y dibujar balances de las empresas usadas como mascarada se concretaron en un estudio contable de Quilmes.
    3. Betail, la firma que Arroyo Salgado y Domínguez catalogaron como una “fachada” de Kueider para disimular su enriquecimiento, tiene sede en CABA. Los movimientos del directorio, que involucran a varios acusados en el caso, se inscribieron en la Inspección General de Justicia de Buenos Aires.
    4. La colocación y puesta en circulación de fondos que la Justicia sospecha tienen un origen espurio se concretó a través de la sucursal Quilmes del Banco Supervielle.
    5. La Justicia también sospecha que la compra de la camioneta Chevrolet Trailblazer a nombre de uno de los socios de Kueider sirvió a su vez para lavar dinero. La adquisición se hizo en la agencia Rudas de Concordia. Pero el registro se concretó en CABA.

    “Los hechos ventilados en estas actuaciones se habrían cometido en Paraná, Concordia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Quilmes y Berazategui. Es decir: ninguno en esta jurisdicción”, evaluó el TOF 5.

    Luego, completó: “Según el acusador público, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituía el centro de operaciones de la organización, ya que allí se localizaba la estructura desde donde se impartían las directivas que luego se ejecutaban en Quilmes, Paraná o ante la IGJ”. Más adelante, remarcó: “No hay dudas de que el mayor número de pruebas se recabó en el ámbito capitalino”.

    Por otro lado, señala que, a esta altura, no se registra la conectividad subjetiva entre el caso “Securitas” y la investigación sobre Kueider, ya que los imputados en un expediente no figuran en el otro y viceversa. El ex senador sería el nexo, pero al estar en Paraguay aun no pudo ser indagado ni imputado en ninguna de las causas.

    El TOF 5 de San Martín cambió su integración en junio. Luego de los acuerdos dados por el Senado, ingresaron Gaset Maisonave y Arzubi Calvo. Rodríguez Eggers viene de antes.

  • Con 26 cabañas y más de 145 reproductores, se inauguró la Nacional Primavera Braford en Chaco

    Con 26 cabañas y más de 145 reproductores, se inauguró la Nacional Primavera Braford en Chaco

    La tercera edición de la Nacional Primavera Braford tuvo este jueves su inauguración oficial en el predio de la Sociedad Rural del Chaco, en Margarita Belén. Luego de la elección de grandes campeones, se realizó el acto de apertura y el tradicional corte de cintas, con la participación de autoridades provinciales, dirigentes rurales, criadores y representantes de empresas del sector. La exposición, organizada por la Asociación Braford Argentina junto con Exponenciar, con el impulso de Expoagro, reúne a 26 cabañas y más de 145 reproductores.

    El acto se realizó en una nueva nave construida por la Sociedad Rural del Chaco, donde también se llevaron a cabo las juras de animales. La exposición, que comenzó esta semana, incluye remates, el Congreso de Carnes del NEA y un foro de criadores Braford.

    Juan Manuel Alberro, presidente de la Asociación Braford Argentina, destacó la participación de los establecimientos y la calidad de los reproductores presentados. “La verdad que el marco, las instalaciones, la calidad de los reproductores, la cantidad y la gente que acompañó, estamos realmente felices”, señaló.

    Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, destacó el trabajo conjunto con la Asociación Braford Argentina
    Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, destacó el trabajo conjunto con la Asociación Braford ArgentinaExpoagro

    Alberro también destacó el esfuerzo que realizan las cabañas para participar de las distintas exposiciones ganaderas. “Ellos hacen grande a la raza; el compromiso de venir, el esfuerzo, no es fácil, son muchísimas exposiciones en el año, llegamos con muchas exposiciones por el lomo y sin embargo se ponen el desafío”, sostuvo.

    Sobre los animales que participaron de las juras, agregó: “La calidad que hemos visto hoy en pista fue extraordinaria, el compromiso de las cabañas, 26 cabañas en esta Nacional y más de 145 reproductores de una calidad excepcional. Así que, la verdad, un aplauso grande para los cabañeros y los productores Braford porque ellos hacen grande la raza”.

    Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, destacó el trabajo conjunto con la Asociación Braford Argentina. “Quiero agradecer a la Asociación Braford Argentina por tener una alianza estratégica con nosotros, venimos haciendo varias actividades. Con lo cual estamos muy contentos de poder difundir y amplificar la actividad ganadera”, expresó.

    Juan Manuel Alberro, presidente de la Asociación Braford Argentina, destacó la participación de 26 cabañas y más de 145 reproductores
    Juan Manuel Alberro, presidente de la Asociación Braford Argentina, destacó la participación de 26 cabañas y más de 145 reproductoresExpoagro

    También destacó la inversión realizada por la Sociedad Rural del Chaco para ampliar las instalaciones del predio. “La exposición no se podría haber hecho si no hubiéramos tenido este galpón”, afirmó.

    Mariela Martínez Zampa, presidenta de la Sociedad Rural del Chaco, habló sobre las inversiones que realizan los criadores para mejorar la genética de sus rodeos, pese a las dificultades económicas.

    “Con muchísimo esfuerzo, esta gente sigue trabajando, sigue invirtiendo muchas veces en contextos de incertidumbre y de dificultad económica; cada ejemplar que ha ingresado a la pista representa años de selección y años de trabajo y esfuerzo y dedicación”, señaló.

    Carmen Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, participó de la inauguración en ejercicio de la gobernación
    Carmen Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, participó de la inauguración en ejercicio de la gobernaciónExpoagro

    La dirigente, primera mujer en presidir la entidad, también mencionó algunas de las principales preocupaciones de los productores chaqueños. Entre ellas enumeró los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción, los delitos rurales y los problemas de infraestructura. Según explicó, son cuestiones que la Sociedad Rural trabaja junto con el gobierno provincial.

    La entidad inauguró una nave de 72 metros de largo por 25 metros de ancho, construida con fondos propios, que forma parte de un plan de obras para mejorar las instalaciones del predio.

    “Con mucho esfuerzo de la gran comisión directiva que me acompaña y con fondos propios estamos llevando adelante un plan de obras para mejorar este predio y prepararnos para el futuro. Inaugurando la primera etapa del proyecto, con esta nave”, expresó Martínez Zampa.

    Carmen Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, participó del acto en ejercicio de la gobernación, debido a que el gobernador Leandro Zdero se encontraba en una misión diplomática y cultural en el exterior. La funcionaria destacó la importancia de la actividad ganadera para la provincia y el vínculo del gobierno con los productores.

    Mariela Martínez Zampa, presidenta de la Sociedad Rural del Chaco, destacó las inversiones de los criadores y mencionó las preocupaciones del sector
    Mariela Martínez Zampa, presidenta de la Sociedad Rural del Chaco, destacó las inversiones de los criadores y mencionó las preocupaciones del sectorExpoagro

    “Ustedes saben que nuestro gobernador Leandro Zdero siempre dijo que el campo no es un enemigo para este gobierno provincial, es un aliado. Y, en función de eso, entendemos que la matriz de nuestro de nuestra provincia es el sector productivo”, afirmó.

    También participaron del evento Oscar Dudik, ministro de Producción del Chaco; Mariela Kasko, subsecretaria de Ganadería y Producción Animal; Carlos Vera, vicepresidente del INTA; y Santiago Derqui, director ejecutivo de la Fundación ArgenINTA. Estuvieron presentes, además, representantes del Senasa, Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina y entidades rurales de Chaco, Formosa y Corrientes.