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  • Créditos y morosidad. La oposición activó una agenda incómoda para el Gobierno y Diputados TV no transmitió el debate

    Créditos y morosidad. La oposición activó una agenda incómoda para el Gobierno y Diputados TV no transmitió el debate

    La oposición en la Cámara de Diputados intenta activar una agenda propia enfocada en la situación económica y pone el foco en el problema del sobreendeudamiento familiar. Este miércoles comenzó a debatirse una batería de proyectos en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, presidida por el diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria), donde se acumulan al menos 18 iniciativas vinculadas al crédito, la morosidad y la protección de los consumidores.

    Según un estudio del Instituto Argentina Grande basado en datos del Banco Central, en febrero de 2026 había 4.818.440 personas con deudas impagas por más de tres meses, un aumento del 45% respecto de dos años atrás, cuando los morosos sumaban 3.314.998.

    El debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, con especialistas invitados que expusieron sobre el incremento de las personas con deuda
    El debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, con especialistas invitados que expusieron sobre el incremento de las personas con deuda

    “Nos va a servir para continuar con el debate de un tema que ahora es necesario retomar porque la situación se va tornando acuciante”, dijo Yasky al introducir a los invitados a exponer en la Comisión.

    El canal oficial de la Cámara -Diputados TV- definió no transmitir la Comisión en vivo. En su lugar, pasó una programación repetida. “Se prioriza la reunión conjunta entre Relaciones Exteriores y Legislación Penal”, respondió a LA NACION uno de los responsables del canal, cercanos a Martín Menem. Ese plenario fue conducido por la oficialista Juliana Santillán.

    El informe económico también muestra un cambio en la composición del endeudamiento. Disminuye la proporción de personas que deben únicamente a bancos (577.809) y crece con fuerza el número de quienes acumulan deudas con entidades no financieras y también con prestamistas no financieros (2,2 millones). El informe atribuye esta situación a un agotamiento del crédito formal: ante la mayor morosidad, los bancos restringen préstamos y los consumidores migran hacia formas alternativas de financiamiento.

    Los datos evidencian además un impacto particularmente fuerte en los jóvenes. Entre las personas de 15 a 24 años, cerca del 33% del crédito está en situación de mora, lo que equivale a que uno de cada tres pesos adeudados por ese grupo etario se encuentra impago.

    La morosidad crediticia entre jóvenes de 15 a 24 años llega al 33%, según datos del Instituto Argentina Grande en base a datos de enero del BCRA
    La morosidad crediticia entre jóvenes de 15 a 24 años llega al 33%, según datos del Instituto Argentina Grande en base a datos de enero del BCRA

    La agenda parlamentaria se activa luego de que el Indec informara que la inflación de marzo fue del 3,4%, la más alta en lo que va de 2026. En el primer trimestre acumuló 9,4%, casi el mismo nivel que el proyectado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para todo el año en el presupuesto. El incremento interanual llegó al 32,6%.

    El dato generó incluso una reacción poco habitual del presidente Javier Milei, quien reconoció ayer en redes sociales y en su discurso en Amcham que “el dato es malo” aunque sostuvo que existen factores que permitirían retomar la desaceleración inflacionaria.

    La agenda legislativa

    Frente a ese escenario, la Comisión comenzó a ordenar una agenda que abarca distintos enfoques para abordar el problema del endeudamiento.

    Un primer grupo de proyectos apunta a fortalecer las reglas del crédito responsable. Entre ellos figura una iniciativa de la exlibertaria Marcela Pagano (Coherencia) que propone establecer un marco federal para el otorgamiento de préstamos y fijar un límite máximo de endeudamiento equivalente al 35% de los ingresos netos del solicitante. Otros proyectos impulsan evaluaciones más estrictas de solvencia por parte de las entidades antes de conceder financiamiento, con especial foco en sectores considerados más vulnerables, como jóvenes y adultos mayores.

    Otra línea de trabajo se centra en los costos financieros asociados a tarjetas de crédito y medios de pago. Algunas propuestas, una de Fabiola Aubone (UP) y otra que agrupa a los peronistas Kelly Olmos, Guillermo Michel, Agustín Rossi y Victoria Tolosa Paz, buscan establecer topes a las comisiones que pagan los comercios por las operaciones con tarjeta y limitar la tasa de interés que pueden cobrar las entidades emisoras.

    Kelly Olmos, exministra de Trabajo de Alberto Fernández, presentó una propuesta junto a Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz
    Kelly Olmos, exministra de Trabajo de Alberto Fernández, presentó una propuesta junto a Guillermo Michel y Victoria Tolosa PazHernán Zenteno

    “Las tasas no pueden tener que ver con tasas de mercado sino que tienen que estar fijadas en relación a los ingresos y al costo de vida”, señaló la socióloga Lucía Cavallero como especialista invitada a la Comisión.

    También aparece una iniciativa del diputado mandato cumplido Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) orientada a mejorar la transparencia de los resúmenes de cuenta, para que los consumidores puedan identificar con claridad el origen de cada cargo.

    Germán Martínez, jefe de bloque de UP
    Germán Martínez, jefe de bloque de UP

    La batería legislativa incluye además proyectos destinados a aliviar la situación de quienes ya se encuentran sobreendeudados. Entre las alternativas se analizan programas de refinanciación obligatoria, esquemas de reestructuración de pasivos y la prohibición de ciertas prácticas que agravan el peso de la deuda, como la capitalización automática de intereses. Algunas iniciativas incluso plantean condonaciones parciales de punitorios o regímenes especiales de reorganización judicial para consumidores insolventes.

    Alejandra Fernández Scarano, directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) explicó que el ratio de irregularidad en el crédito al sector privado alcanzó su máximo histórico en enero de 2026, con 6,4%. En noviembre de 2023 estaba en 2,7%. Es decir: hoy hay más del doble de préstamos con atrasos o problemas de pago que hace dos años.

    La protección frente a prácticas abusivas de cobranza también aparece en la agenda. Un proyecto de la fueguina Carolina Yutrovic (UP), diputada mandato cumplido, propone regular las gestiones extrajudiciales para evitar situaciones de hostigamiento, como llamadas reiteradas, contactos con terceros o comunicaciones en horarios inapropiados.

    “Los bancos venden las deudas a los estudios que se dedican a las cobranzas y eso se hace de una forma muy irregular. Cuando la persona quiere pagar no sabe a quién le está pagando y cómo certificar que pagó y no tiene garantías de que la deuda en el banco desaparecerá”, dijo Arturo Pozzali, defensor adjunto de la Defensoría del Público de la Ciudad. La morosidad está pasando del 7% al 22%, señaló Pozzali, que es doctor en economía. “Después vamos a tener que generar un salvataje para las entidades financieras, cosa que ya sucedió en este país y no debería volver a pasar”, cerró.

    Finalmente, varios proyectos buscan actualizar la regulación frente al crecimiento del crédito digital, en particular los préstamos rápidos ofrecidos por billeteras virtuales y plataformas fintech. Las iniciativas apuntan a que estas operaciones queden registradas en la Central de Deudores del Banco Central y a reforzar la supervisión sobre los proveedores de servicios de pago, ante el riesgo de que el acceso inmediato al crédito favorezca un endeudamiento difícil de detectar.

    Scarano señaló que la morosidad en entidades financieras es del 11,2% mientras que aquella en entidades no financieras es del 29,9%.

    Desde el oficialismo, el diputado Marcos Patiño Brizuela (LLA) sostuvo que el debate debería abordarse de manera más integral. Recordó que el Código Civil incorporó la defensa del consumidor en 2015 y que desde 2019 hay en la Cámara un proyecto de Código de Defensa del Consumidor que nunca se trató y que contempla, entre otros puntos, un proceso de saneamiento para deudas de consumo. A su entender, el Congreso debería “afinar el lápiz” para dar soluciones duraderas y no solo respuestas para los próximos meses.


  • Caputo celebró el nuevo acuerdo con el FMI: “Es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad”

    Caputo celebró el nuevo acuerdo con el FMI: “Es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad”

    Caputo celebró el nuevo acuerdo con el FMI: “Es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad”El Ministro de Economía valoró el entendimiento a nivel técnico respecto a la segunda revisión que comenzó en febrero. Cómo sigue el proceso y cuándo van a impactar los Derechos Especiales de Giro al Banco CentralPor Lucrecia Eterovich

  • Morosidad: Diputados avanza con proyectos para refinanciar deudas familiares

    Morosidad: Diputados avanza con proyectos para refinanciar deudas familiares

    Durante la reunión informativa en la Comisión de Defensa del Consumidor se expuso un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en el que se detalló que, a febrero de este año, la morosidad en entidades financieras alcanzó el 11,2% y morosidad en entidades no financieras el 29,9%, con tasas anuales (en torno al 70% para préstamos personales bancarios) muy por encima de la inflación proyectada. En ese marco, se detalló que hay 4,8 millones de personas en la Argentina con mora superior a los 3 meses, lo que representa un 45% más (cerca de 1,5 millones) con respecto a febrero del 2024.

    Los expositores coincidieron en que los endeudamientos familiares se destinan a cubrir gastos corrientes, explicando que, con un IPC porteño de 209% entre noviembre del 2023 y marzo del 2026, los aumentos en necesidades cotidianas fueron muy superiores a la inflación promedio: 423% en alquileres, 539% en servicios y 447% en transporte en el mismo período. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, definió a este proceso como “un tsunami en formación” en el que existe “imposibilidad de cubrir necesidades elementales de millones de personas”.

    El diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria), presidente de la Comisión, anticipó que habrá una segunda reunión informativa ampliando la lista de participantes a otros bloques. “Se están buscando los consensos aún no hay nada definido”, sintetizaron desde ese bloque para Ámbito. Según pudo conocer este medio, las conversaciones trascienden las bancadas y se dan intercámaras, entre senadores y diputados.

    Morosidad en tarjeta y préstamos CEPA

    Morosidad en hogares: la posición de los especialistas

    Uno de los primeros oradores de la jornada fue Arturo Pozzali, funcionario de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Buenos Aires, quien remarcó que existe “un permanente aumento de reclamos”, dado que “empieza a crecer la morosidad, llegando casi al 22%”. “Después vamos a tener que generar un salvataje para las entidades financieras”, vaticinó y, tras detallar un escenario de multiendeudamiento (deuda con tarjeta crédito en simultáneo al crédito personal y crédito hipotecario) planteó que “lo que les están complicando muchos a las familias es el concepto de mora automáticas“.

    En esa línea, Ariadna Ciammarriello, funcionaria de la Oficina Municipal del Consumidor en Rosario, subrayó que la principal problemática es que existe “falta de información total de las entidades al momento de vender un producto o de refinanciar”. Luego de describir las posibilidades de refinanciamiento que se le ofrecen a los consumidor -con plazos de 90 días de mora para solicitar un plan de pagos-, apuntó que existe un esquema de “endeudamiento circular”: “Licitan deuda para pagar deuda, en donde no están cancelando ni siquiera una deuda, sino una rotación de pasivos”.

    Otras de las expositoras fue la académica Alejandra Fernández Scarano, directora del CEPA y secretaria de Hacienda de Hurlingham, expresó que “no está mal que la gente acceda a los créditos, pero si un Gobierno va a tener una política para que las personas puedan acceder a los créditos, también tiene que tener una política sobre los ingresos para que la gente pueda pagar los créditos y que estos puedan ser sustentables”. “La gente tiene voluntad de pago, pero no tiene ingresos para hacerlo”, definió.

    Salarios Registrados

    Morosidad familiar: qué proyectos existen

    En la Cámara de Diputados se registraron seis proyectos que contemplan distintas estrategias para abordar la misma urgencia. La primera iniciativa interbloques en Diputados fue la encabezada por el entrerriano Guillermo Michel (Unión por la Patria), en conjunto con miembros de Encuentro Federal y Natalia De la Sota (del unibloque Defendamos Córdoba). Su proyecto apunta a la creación de un “Programa de desendeudamiento de las familias argentinas” que implica una “línea de crédito directa del ANSES para jubilados, trabajadores, monotributistas y otros beneficiarios de planes sociales” cuyo objetivo es que se cancelen sus deudas “en condiciones menos desfavorables”. El monto máximo del crédito es de $1.500.000 y en “condiciones normales de mercado” dispuesta en torno a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales.

    Desde el mismo bloque, la bonaerense Natalia Zaracho y el porteño Itaí Hagman solicitaron la declaración de emergencia por dos años en materia crediticia de los hogares, impulsando que se adopten “medidas que contribuyan a aliviar la situación de sobreendeudamiento de las familias mediante auditorías, adquisición y reestructuración de deudas”. En ese marco se crearía un Régimen Esencial de Desendeudamiento, que auditaría deudas y permitiría a las personas iniciar un plan de pagos cuya cuota no podrá superar el 30% de sus ingresos.

    Tres diputados del espacio acompañaron también el texto del porteño Santiago Roberto, que busca condonación de la deuda para personas con bajos ingresos, refinanciamiento del saldo y suspensión por 90 días de los procesos judiciales a deudores.

    Guillermo Michel

    Michel, Pichetto y Massot, tres de los firmantes de un proyecto para desendeudamiento familiar.

    Michel, Pichetto y Massot, tres de los firmantes de un proyecto para desendeudamiento familiar.

    Otros 15 miembros de Unión por la Patria, encabezados por la bonaerense Roxana Monzón, elevaron una redacción para constituir el Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar, que se propone “facilitar la cancelación de pasivos de personas humanas y sus familias en situación de morosidad o riesgo de insolvencia” cuando se traten de artículos o servicios de consumo esencial. La propuesta pretende que las entidades y sociedades prestamistas deban “ofrecer a simple solicitud del titular la reprogramación de las deudas originadas”.

    Desde Provincias Unidas, los santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías se abocaron a la necesidad de modificar la Ley de Concursos y Quiebras, incluyendo a los deudores de créditos de consumo como sujetos “pasibles de protección especial” y limitando la posibilidad de embargar los ingresos de aquellas personas que recayeron en morosidad en un monto que deje sus ingresos por debajo de la línea de la pobreza.

    Finalmente, la bonaerense Marcela Pagano (Coherencia) presentó un proyecto integral de Ley Federal de Crédito Responsable y Desendeudamiento, que limita la posibilidad de endeudamiento, regula la publicidad crediticia, crea un sistema de alerta temprana con la infraestructura de finanzas abiertas y constituye un régimen transitorio y extraordinario de desendeudamiento.

  • Licitación de la Hidrovía. La empresa Deme denuncia participación china en la propuesta de su principal competidora

    Licitación de la Hidrovía. La empresa Deme denuncia participación china en la propuesta de su principal competidora

    Con la licitación para la explotación y dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay entrando en la recta final, el consorcio belga Deme, en conjunto con empresas de Estados Unidos, decidió blanquear lo que decía en privado.

    Para representantes de esa compañía, su competidora Jan de Nul, que maneja la Hidrovía desde 1995, “esconde” la participación de capitales y socios chinos, en su intento por retener por otros 25 años el control de la vía troncal, de 1300 kilómetros de extensión, por la que pasa el 80 por ciento de las exportaciones argentinas, entre ellos soja, granos y minerales raros, codiciados por Washington.

    La cuestión no quedó sólo en la retórica: según pudo saber LA NACION, el jueves pasado, representantes de la dragadora Deme estuvieron en la embajada de Estados Unidos con el embajador Peter Lamelas para transmitirle su preocupación. La licitación de la Hidrovía está bajo la órbita controlada por el asesor presidencial Santiago Caputo, a través de su director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que maneja su director ejecutivo, Iñaki Arreseygor.

    “Jan De Nul se asoció con Servimagnus SA, desde hace 20 años el conducto de China en Argentina. Servimagnus SA es el principal subcontratista de dragado de Jan de Nul. A través de las relaciones de Servimagnus con Agrofina, aparecen varias empresas estatales chinas vinculadas al PCCh (Partido Comunista) y entidades señaladas, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de Argentina, así como para todos los demás países que utilizan el Hidrovía”, denunció Arthur Van Desande, experto en esquemas offshore, lavado de dinero y delitos ambientales y asesor de Deme, en declaraciones que la compañía hizo llegar a LA NACION.

    “El riesgo que representa China es demasiado alto como para permitirle un control absoluto sobre la Vía Navegable Troncal durante 25 años: la seguridad nacional de Estados Unidos y Argentina está en juego.”, agregó el experto, en línea con la política de competencia con China que emana desde la administración Trump.

    Antes de su llegada a Buenos Aires, Lamelas afirmó en la defensa de su pliego ante el Senado norteamericano, que “hablaría con los gobernadores” para que limiten la influencia “maligna” del gigante asiático y sus proyectos regionales. Aunque el alineamiento con Washington es total, algunos proyectos previos- como la represa Jorge Cepernic en Santa Cruz, paralizada durante años- siguen adelante, en este caso con promesa de pronto financiamiento de la banca china.

    Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos, se involucró en el proceso de licitación de la Hidrovía
    Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos, se involucró en el proceso de licitación de la HidrovíaFabián Marelli

    A través del decreto 5/2026, el Gobierno limitó en enero pasado la participación de empresas sancionadas por organismos multilaterales por distintos incumplimientos, otra manera de limitar el acceso de China –la mayoría de sus empresas tienen participación estatal- a las obras de infraestructura en el país. La empresa estatal CCCC Shanghai Dredging quedó fuera de la licitación por la Hidrovía en sus fases premilinares. Para Deme, China busca intervenir, ahora de manera indirecta.

    El gigante asiático gobernado por Xi Jinping se sostiene, sin embargo, como uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas, con la soja como producto principal, y está vigente el swap de monedas, que maneja el Banco Central, por unos U$S 5000 millones.

    Un paso más dio Esteban Bovo, ex diputado por el Estado de Florida, vinculado al consorcio que lidera Deme y cuya esposa Vivian, es asesora del secretario de Estado, Marco Rubio. “La presencia de importantes inversionistas estadounidenses asumiendo un riesgo de 25 años en la Vía Navegable Troncal sin garantía estatal es una clara muestra de confianza en la economía argentina y en la visión de Milei”, dijo Bovo, y agregó: “Milei debe enviar un mensaje contundente: más allá de la retórica, los inversionistas estadounidenses son bienvenidos en Argentina”, sostuvo.

    Luego de meses de demora, el Gobierno inició la licitación de la vía troncal. El primer paso fue la selección de los candidatos, en la quedó en el camino el consorcio brasileño DTA. Deme (asociada por la dragadora norteamericana Great Lakes, de las más importantes del mundoi) y Jan de Nul están en carrera para el segundo paso, con el análisis que desde el Gobierno están haciendo de su propuesta técnica y metodológica. En una tercera instancia, se evaluará la propuesta financiera de cada empresa, incluido el cobro de peaje, que deja ganancias por unos U$S 200 millones por año. “Tendremos a dos de las empresas más grandes del mundo compitiendo en el próximo tramo de la licitación, que va a ser clave”, destacó Arreseygor cuando quedaron en pie las dos empresas belgas.

    Sorpresa en el Gobierno

    Desde el Gobierno se mostraron sorprendidos por las denuncias de Deme. “Hay que ir y ganar por precio y calidad de oferta. Si ganan, ganan y si pierden, pierden”, afirmaron funcionarios cercanos a la dirección de Puertos. Agregaron que se trató de una licitación internacional, con pliegos aprobados por ONU, y destacaron que “no hay mucho más que inventar”. Una manera de rechazar las quejas de la competidora belga, a quien el propio Arreseygor vinculó el año pasado con el expresidente Mauricio Macri y su ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

    El año pasado, el funcionario los acusó a ambos en el Congreso de “boicotear” una licitación que fue anulada, luego de que Deme se presentara en soledad para los trabajos de dragado de la Hidrovía. En aquel momento, Dietrich desmintió las acusaciones y le pidió a Arreseygor que “recapacite, tome en cuenta las sugerencias y haga un próximo llamado de licitación competitiva”. Un año después, la licitación está en marcha, pero la polémica aún no cesa.

  • Día 857: Milei, advertencias constantes y la fábula de Pedro y el lobo

    Día 857: Milei, advertencias constantes y la fábula de Pedro y el lobo

    Hay algo de fábula en la narrativa económica de Javier Milei. Como en el cuento de Pedro y el Lobo, donde el pastorcito alerta una y otra vez hasta perder credibilidad, el Presidente anuncia de forma constante una inminente caída de la inflación que nunca llega a concretarse. Cada pronóstico de “ahora sí” se desvanece frente al siguiente dato que contradice la expectativa, erosionando no solo la credibilidad del mensaje, sino también la paciencia de quienes esperan un alivio que siempre parece demorarse.

    Existe además otra advertencia que comienza a perder efecto: la idea de que, si el plan de Milei falla, “vuelve el cuco del kirchnerismo”. Durante meses esa amenaza funcionó como ancla política y emocional, capaz de sostener apoyos aun en medio del ajuste. Pero a medida que los resultados económicos no llegan con la velocidad prometida, ese recurso se va desinflando. El temor deja de bastar cuando la experiencia cotidiana —precios que no bajan, crisis industrial, consumo estancado, morosidad récord— pesa más que la amenaza futura.

    Como en la fábula, no es que el riesgo haya desaparecido; es que la repetición constante lo vacía de sentido: cuando todo es advertencia, nada termina siendo urgente.

    La inflación de marzo (3,4%), la más alta del último año, consolida una senda ascendente que se mantiene desde junio de 2025 —antes de la guerra en Irán y del aumento del petróleo— y pone de manifiesto la falta de consenso entre el Gobierno y los economistas sobre su evolución: mientras Javier Milei proyecta que comenzará con cero desde agosto, los privados descartan que baje del 2% mensual en 2026.

    Milei atribuye el aumento sostenido de la inflación desde mayo pasado a la desestabilización de su Gobierno que, según él, promueve el kirchnerismo para incrementar el riesgo de su regreso. En ese planteo invierte causa y efecto: el riesgo de regreso de lo que él llama kirchnerismo es, en realidad, consecuencia del alza de precios y de la recesión que genera su plan económico, no su origen.

    El desvío respecto de las metas oficiales es notable: el presupuesto de Luis Caputo preveía una inflación anual del 10,1% para todo el 2026, pero en apenas tres meses ya se acumuló un 9,4%, lo que hace más creíble la estimación del Fondo Monetario Internacional, que era del 30,4%, similar a la de 2025.

    Al mismo tiempo, el organismo recortó su previsión de crecimiento para 2026 (del 4% al 3,5%), lo que implicaría una desaceleración respecto del 4,4% registrado en 2025, luego de dos años previos de caída económica.

    Recordemos lo que prometía Milei hace algunos meses: “Para agosto de 2026 la inflación va a empezar con cero” (dic. 2025). La realidad resultó bastante distinta y, en su último discurso en la American Chamber of Commerce (AmCham), dijo: “El dato no me gustó y me repugna“. Es llamativo el uso de adjetivos para expresar su rechazo a la inflación, como si sus sentimientos pudieran alterar la realidad económica del país.

    El Presidente explicó el 3,4% de marzo, además de los embates políticos del año pasado según su relato, por factores estacionales, la guerra en Irán y el aumento de la carne. Más adelante, con tono más enfático, descartó cambios en su programa económico y volvió a pedir paciencia.

    Y, como en el cuento de Pedro y el Lobo, volvió a prometer que la inflación se va a derrumbar en los próximos meses: “Lo bueno de este dato es para tomar conciencia de que la inflación se va a derrumbar”.

    La inflación para abril se pronostica en 2,5% y recién para el último trimestre del año podría volver a ubicarse cerca de 1%. Por ahora el patrón que observamos es una “U”: tras una baja inicial, la inflación volvió a repuntar.

    El encuentro con empresarios dejó a la vista la “doble velocidad” de la economía argentina: el sector energético exhibe fuerte optimismo, mientras la industria muestra cautela y estancamiento.

    Por un lado, las petroleras destacaron el potencial de Vaca Muerta como motor exportador y celebraron los avances del RIGI, proyectando inversiones millonarias y un papel clave en gas licuado. En esa línea Luis Caputo mencionó iniciativas de inversión. En contrapartida, la industria local advierte sobre caída de la actividad y capacidad ociosa, pese a algunas mejoras financieras.

    Los empresarios reclaman mayor acceso al crédito, reducción de costos y reformas estructurales —especialmente fiscales— para reactivar la producción. Señalan que la estabilidad macroeconómica es apenas el punto de partida y que el verdadero desafío es convertirla en un desarrollo sostenido con previsibilidad.

    Esa “doble velocidad” también revela los límites del programa económico en su conjunto. Mientras el Gobierno apuesta a que el dinamismo de los sectores exportadores termine traccionando al resto, los datos de inflación, actividad y consumo muestran que ese derrame todavía no llega.

    Es en ese desfase entre promesas de estabilización rápida y resultados más lentos y desiguales donde tiene sentido comparar el plan actual con otros intentos históricos de desinflación en la Argentina.

    En este gráfico se muestran los primeros 24 meses de distintos planes de estabilización argentinos: la convertibilidad, el plan posterior a la crisis de diciembre de 2001 y el Plan Austral. Aclaramos que, sumando los primeros tres meses del 2026, la inflación acumulada según el INDEC es 293% desde que asumió el Gobierno, aunque podría ser mayor si se consideran las discusiones sobre el método de medición.

    El gráfico permite apreciar mes a mes el comportamiento de precios en cada plan y dónde las pendientes se vuelven más pronunciadas. En términos comparativos, la inflación acumulada hasta ahora es significativamente mayor que en planes que fueron exitosos en sus comienzos, como la convertibilidad o la etapa inicial post-2001. Incluso el Plan Austral mostró mejores resultados en sus primeros meses, aunque luego fracasó.

    A partir del mes 21, con la inflación en ascenso, el proceso se encamina hacia una hiperinflación.

    Hasta ahora, el programa actual no ha sido el más efectivo para desinflar.

    Algunos economistas señalan que, a diferencia de 1989 o 2001 —cuando Argentina atravesó crisis extremas o hiperinflaciones— en 2023 no se llegó a aquel colapso, lo que reduce el margen para un “rebote” fuerte, ya que la economía no venía de una contracción tan profunda.

    La convertibilidad tardó en consolidarse, mientras que el Plan Austral y el esquema de Lavagna mostraron debilidades después de algunos años. El dilema central del esquema actual es si acelerar la baja de la inflación mediante un tipo de cambio contenido o priorizar la acumulación de reservas, optando por esta última vía aun si implica tolerar más inflación en el corto plazo.

    Donde más resonancias se perciben es con el Plan de Convertibilidad: con un dólar que, aunque no esté formalmente fijo, se comporta de hecho como tal dentro de las bandas de Luis Caputo y gracias al apoyo externo de Estados Unidos. Una “convertibilidad abreviada”, donde la estabilidad macro se construye sobre un tipo de cambio contenido.

    La diferencia esencial con los 90 es el punto de partida. Aquella convertibilidad arrancó con expansión, consumo y dólares provenientes de privatizaciones y endeudamiento. Hoy no existe ese impulso: el crecimiento potencial se concentra en sectores como energía y minería, lejos del consumo masivo y con escaso derrame inmediato. Habrá que ver si el equilibrio fiscal y las apuestas por las exportaciones energéticas —con Vaca Muerta como emblema— aseguran un flujo de divisas más estable.

    En paralelo, el respaldo externo nunca fue tan explícito, algo que evoca las “relaciones carnales” de los 90. Recientemente, Scott Bessent volvió a apoyar el plan de Milei. Incluso militantes libertarios compartieron un video con una modificación: vistieron a Bessent con la remera y gorra de la militancia libertaria.

    Dijo: “El FMI está dispuesto a decir que esta vez es diferente en Argentina. Están acumulando reservas todos los días y más de 10 millones de personas han salido de la pobreza bajo el gobierno del presidente Milei. Es muy interesante ver que los pobres fueron quienes votaron a Milei”.

    La similitud más incómoda con los 90 es un dólar barato que calma la inflación en el corto plazo pero erosiona la competitividad. En los 90 ese equilibrio duró años antes de quebrarse y desembocar en la crisis de 2001. Hoy todo parece más acelerado: menos margen político, más ansiedad social y un desgaste que llega antes. A diferencia del ciclo de Carlos Menem —que comenzó con euforia y terminó en crisis— este modelo arrancó con ajuste inmediato. La apuesta es inversa: sufrir primero y esperar que el alivio llegue después.

    Algunos economistas plantean la hipótesis de que un ciclo breve de dólar barato podría evitar los desajustes acumulativos que destruyeron a la convertibilidad y abrir la puerta a una salida ordenada, sin una crisis terminal. Si el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria se consolidan como pilares, el próximo gobierno podría introducir flexibilidad cambiaria sin dinamitar todo el esquema, en una transición más madura.

    El espejo más cercano para pensar ese escenario es el Plan Real de Brasil, aplicado tras una hiperinflación crónica —superior al 2000% anual— y cinco planes fallidos entre 1980 y 1993.

    En 1994, bajo Fernando Henrique Cardoso, se lanzó el real, anclado al dólar mediante una banda cambiaria estrecha. El resultado inicial fue contundente: en pocos meses se estabilizaron precios, mejoró el poder adquisitivo y se recuperó la confianza, lo que impulsó su elección presidencial ese mismo año.

    Sin embargo, como en todo régimen de tipo de cambio contenido, los problemas aparecieron pronto. El dólar barato impulsó consumo e importaciones, pero deterioró la competitividad industrial. Brasil sostenía un déficit fiscal cercano al 2,5% del PBI y mantenía el esquema mediante endeudamiento externo y entrada de capitales. Era una convertibilidad más flexible que la argentina, pero igualmente dependiente de la confianza internacional.

    El punto de quiebre llegó al cuarto año, con las crisis de Asia (1997) y Rusia (1998), que provocaron una salida masiva de capitales de los emergentes. Brasil perdió reservas rápidamente, solicitó un rescate del Fondo Monetario Internacional por más de 40.000 millones de dólares y, finalmente, en 1999 abandonó la banda cambiaria. El real se devaluó más de un 40% en pocos días. Aun así, el país evitó el colapso: mantuvo la estabilidad institucional, el sistema financiero resistió y el impacto social fue acotado.

    La clave fue la reacción: en lugar de sostener un esquema agotado, Brasil viró hacia un régimen de metas de inflación, superávit fiscal primario y flotación cambiaria administrada. Esa decisión permitió retomar el crecimiento rápidamente y dejó un legado duradero: disciplina fiscal, un Banco Central más independiente y estabilidad macro sostenida por décadas. La enseñanza es clara: la estabilidad puede sobrevivir a una devaluación si se corrige a tiempo, antes de que el sistema colapse.

    Porque lo que quedó claro en AmCham es que la lógica del Gobierno no parece ser la de corregir, sino la de redoblar la apuesta.

    Caputo, sin embargo, afirmó que estamos ante la mejor época para la economía argentina vivida en décadas.

    La escena se repite: anuncio, expectativa, desmentida y nueva promesa. Como en Pedro y el Lobo, la insistencia erosiona el impacto del mensaje. Cada vez que se anuncia una caída inminente de la inflación o un despegue económico que no se concreta, la palabra presidencial pierde peso. No porque el objetivo sea erróneo, sino porque la reiteración sin resultados visibles mina la confianza. Ese desgaste ya se refleja en la opinión pública: distintos sondeos muestran que este es el peor momento de Javier Milei desde que asumió, con niveles de desaprobación que en algunos casos superan el 60% e incluso alcanzan el 65%.

    Y en ese desgaste se juega algo más profundo que una discusión técnica: la credibilidad. Cuando la realidad contradice sistemáticamente el relato, ya no alcanza con prometer queahora sí”. El riesgo es que, cuando los datos finalmente mejoren, el público ya no esté dispuesto a creerlo. Como en la fábula, el problema no es solo el lobo: es haber gritado tantas veces que, cuando llegue, nadie reaccione. En ese escenario, la caída en la imagen no es solo un número político: es la consecuencia directa de una narrativa que pierde eficacia.

    Esa lógica de advertencia constante y promesa diferida encuentra un punto de quiebre cuando el mensaje deja de ser persuasión y pasa a ser condicionamiento. Ya no se trata solo de anticipar quelo peor ya pasó” o que “lo mejor está por venir”, sino de plantear un escenario binario en el que el apoyo político se presenta como requisito para que la mejora ocurra. Es en ese desplazamiento donde la narrativa abandona la explicación económica y se convierte, casi, en una advertencia final, en un clima social cada vez más impaciente y menos dispuesto a conceder tiempo.

    Si no nos acompañan, nos volvemos a casa”. La frase, más cercana a un ultimátum que a una estrategia, revela una dificultad inquietante: administrar la tensión entre convicción ideológica y pragmatismo.

    La pregunta no es si el plan económico puede ajustarse, sino si el propio Milei está dispuesto a hacerlo sin interpretar cada corrección como una derrota personal. Porque, a diferencia de un economista en un paper, un presidente no puede “irse a casa” cuando la realidad no acompaña: tiene que hacer lo mejor que puede por el bien de todos.

    Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira

    MV

  • Se profugó un acusado de estafas tras recibir prisión domiciliaria en Victoria

    Se profugó un acusado de estafas tras recibir prisión domiciliaria en Victoria

    En Victoria hay indignación y desconcierto. Ramón Alberto Piedrabuena, acusado de una serie de estafas, amenazas y daños, había obtenido prisión domiciliaria tras ser capturado en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, apenas 24 horas después de llegar a la casa de un amigo en la ciudad de las Siete Colinas, se fugó. Hoy nadie sabe dónde está.

    Piedrabuena no solo está acusado de estafas: también se le imputa el incendio de una camioneta del área de Investigaciones de la Policía que lo seguía en el marco de una causa judicial. Tras meses de búsqueda, fue ubicado oculto en un hotel de Casilda, Santa Fe, en un operativo sigiloso de la Policía de Investigaciones. El sábado 4 de abril quedó detenido y fue trasladado a Entre Ríos, pero la Justicia le concedió arresto domiciliario, una decisión que ahora genera fuerte rechazo social.

    Entre las maniobras más resonantes figura la estafa a una mujer con la que mantenía una relación sentimental. Según la denuncia, Piedrabuena la convenció de que un dinero —cercano a los 3 millones de dólares, producto de la venta de propiedades y un campo— estaba “maléfico”. Para sostener la mentira contrató a una supuesta “bruja”, que junto a él retiraba el dinero mientras la víctima rezaba para “cortar el maleficio”. Se sospecha además que la mujer era intoxicada con pastillas, lo que agravó su vulnerabilidad.

    La Justicia también investiga estafas a productores agropecuarios a través de operaciones de compra y venta de animales por las que no se habrían efectuado los pagos correspondientes. Otro expediente apunta a la venta de casas que no le pertenecían: se lo acusa de haber puesto en venta una vivienda en Victoria que le habían confiado para cuidar, logrando venderla por más de 8 millones de pesos.

    El fiscal Eduardo Guaita tiene ahora la tarea de avanzar en la imputación y esclarecer el alcance de las maniobras fraudulentas. Mientras tanto, los vecinos de Victoria expresan su enojo por la resolución judicial que permitió la domiciliaria de un acusado que, según afirman, nunca mostró respeto por las normas.

    Fuente: Puntos Comunes (LT39) y Ahora

  • Por scrapie en el país: el principal frigorífico exportador de carne ovina tiene afectado un negocio de 1200 toneladas

    Por scrapie en el país: el principal frigorífico exportador de carne ovina tiene afectado un negocio de 1200 toneladas

    EL CALAFATE, Santa Cruz.- La barrera sanitaria podría salvar a los productores patagónicos de la alarma que generó la confirmación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) del cambio de situación sanitaria en el país luego que se confirmaran tres casos de scrapie en ovinos. El país perdió la condición de libre de esta enfermedad neurodegenerativa. Autoridades del organismo confirmaron ayer en una reunión por Zoom con los principales productores y exportadores de la región que están planificando declarar a la Patagonia Zona Libre de Scrapie y, de esta forma, permitir la exportación con los mercados internacionales. La enfermedad no afecta el consumo humano.

    “Todo va a depender de la velocidad con la que el Senasa avance en renegociar las nuevas certificaciones para aminorar el daño, los perjuicios para las empresas ya están hechos, dado que se nos acumuló gran cantidad de mercadería, mucha de la cual ya estaba en el puerto para embarcar al exterior”, afirmó a LA NACION Álvaro Sánchez Noya, presidente del directorio de Estancias de Patagonia, la primera empresa procesadora y exportadora de carne ovina del país.

    Cuando el Senasa confirmó oficialmente la existencia de tres casos de scrapie en ovinos del litoral argentino, una fuerte señal de alarma se encendió en toda la cadena productiva del país y los encontró con mercadería en puerto, listas para partir que no pudieron embarcar.

    En el caso del frigorífico Estancias de Patagonia y Faimalí, también del mismo grupo, 1200 toneladas de cordero de la producción actual están afectadas por la medida y esperan la decisión del Senasa que solicite la aprobación de los países de destino de la nueva certificación sanitaria que reemplace el país libre de scrapie, por “zona libre de scrapie”, en referencia a la Patagonia.

    Cuando se conoció la presencia de la enfermedad en el país, tres contenedores que estaban destinados a Brasil y Túnez fueron frenados y debieron ser redireccionados a Japón y Europa, que no requieren la certificación de libre scrapie. Según fuentes de la empresa, las 1200 toneladas representan el 40% de la producción de la zafra de este año.

    Se detectó la enfermedad en animales Dorper
    Se detectó la enfermedad en animales DorperLGAndrade

    En el informe presentado durante el Zoom, el Senasa graficó en un mapa cómo están planificando demarcar cuatro zonas con respecto al scrapie: habrá tres zonas libres en la Argentina: Patagonia Norte A, Patagonia (Norte B y Sur) y Valle de Calingasta (San Juan), en tanto que el resto del país no tendrá esa condición sanitaria.

    La carne ovina es un producto de gran importancia en la Patagonia
    La carne ovina es un producto de gran importancia en la Patagoniapadnob – Shutterstock

    El sábado pasado, el Senasa confirmó los resultados positivos a la enfermedad en tres ejemplares ubicados en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos que luego fueron ratificados ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). A partir de ese momento, comenzaron a conocerse detalles que profundizan la inquietud en el sector.

    Se trata de tres casos ocurridos en las localidades de Avellaneda y Tucural en Santa Fe y Herrera en la provincia de Entre Ríos; en los tres casos ingresaron animales al país entre 2021 y 2022 desde Paraguay y eran de raza Dorper y Santa Inés, la fecha de muerte de los animales fue el 20 y 28 de febrero de 2025 y el tercer caso el 13 de mayo del mismo año.

    “A los patagónicos nos salvó la barrera sanitaria; al no poder ingresar animales en pie, ayudó a que no vinieran animales para la Patagonia. Entró semen, embriones, pero aparentemente no serían de las cabañas en cuestión; no deja de ser un respiro de alivio para lo que es Patagonia”, detalló a LA NACION Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agrarias de Santa Cruz (FIAS), que estuvo en la reunión con el Senasa.

    Escenario

    Jamieson explicó que lo más complejo del caso es la diseminación de las crías de los infectados y por eso destacó la importancia de la trazabilidad dentro de la actividad ovina. Comentó que durante la reunión las autoridades detallaron cómo buscarán implementar zonas libres de scrapie y certificarlas oficialmente ante la OMSA.

    “Ya sabemos que es un trámite complejo y burocrático; todos los trámites anteriores volvieron a cero, y ahora debe volver a realizarse la certificación. El Senasa hace los trámites, pero se requiere que los mismos sean reconocidos por el país importador”, explicó Sánchez Noya, que asegura que toda la situación entorpeció la operatividad del negocio ovino.

    “Estamos reacomodando los frigoríficos que ahora los tenemos con mercadería frenada, hoy estamos ante la disyuntiva de seguir faenando y confiar que las certificaciones para la Patagonia se destraben pronto, o no producir”, indicó Sánchez Noya.

    El Senasa reconoció la enfermedad el sábado pasado
    El Senasa reconoció la enfermedad el sábado pasado

    Por su parte, el productor Jamieson destacó que el Senasa les aseguró que trabajan contrarreloj para destrabar las certificaciones aunque es cauto acerca del tiempo que puede llevar reactivar la exportación: “En el caso de los mercados europeos, no habría problemas, pero sí Brasil o Túnez y otros países más que hay que salir a renegociar y recuperar los mercados. Cuando pactas un certificado, y ese certificado no sirve más, hay que hacer todo de vuelta”.

  • Ingresos Brutos: la Ciudad aplicó bonificaciones y más de 35.000 contribuyentes ya no pagan el impuesto

    Ingresos Brutos: la Ciudad aplicó bonificaciones y más de 35.000 contribuyentes ya no pagan el impuesto

    Ingresos Brutos: la Ciudad aplicó bonificaciones y más de 35.000 contribuyentes ya no pagan el impuestoEl gobierno porteño implementó un esquema de exenciones y descuentos en el tributo para trabajadores independientes del Régimen Simplificado. La medida alcanza a más de 140.000 contribuyentes en CABA

  • En la cárcel de Gualeguaychú hallaron muerto a un interno – Noticias

    En la cárcel de Gualeguaychú hallaron muerto a un interno – Noticias

    Personal de guardia de la Granja Penal N°9 Colonia El Potrero halló sin vida a un interno, durante el procedimiento habitual de apertura de pabellones.

    El fallecido se encontraba alojado en el módulo “C” del establecimiento, sector que alberga a aproximadamente a un centenar de internos.

    Los primeros datos señalan que el hallazgo se produjo cuando los agentes iniciaron las tareas rutinarias de control, momento en el que advirtieron que el hombre no presentaba signos vitales. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención a las autoridades judiciales.

    El interno había sido trasladado, en enero, al hospital “Centenario” donde permaneció internado por problemas de salud. Hasta el momento, no se confirmó si dicha situación guarda relación con su deceso.

  • Dos motociclistas heridos tras chocar con un camión en Ruta 12 durante la lluvia

    Dos motociclistas heridos tras chocar con un camión en Ruta 12 durante la lluvia

    Dos personas que se trasladaban en motocicleta resultaron lesionadas este martes por la noche, en medio de la lluvia, tras un choque con un camión sobre la Ruta Nacional 12, en cercanías del acceso a Estación Camps, en el departamento Diamante.

    El siniestro vial se registró alrededor de las 21 en el tramo que une Crespo con General Ramírez, donde, por causas que se tratan de establecer, colisionaron una moto Gilera y un camión Iveco.

    Según se informó, en la motocicleta viajaban dos personas de 60 y 23 años, mientras que el camión era conducido por un hombre de 45 años. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, en dirección hacia Camps.

    Tras el impacto, personal policial y Bomberos Voluntarios trabajó en la zona realizando tareas de prevención, mientras que agentes de salud asistieron a los motociclistas, quienes presentaban lesiones.

    En tanto, el conductor del camión resultó ileso, publicó El Observador.

    Por disposición de la Fiscalía de turno de Diamante, se llevaron adelante las diligencias de rigor, entre ellas la extracción de sangre a los conductores involucrados.