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La exposición de las finanzas públicas mejoró sustancialmente en los primeros dos años y medio de presidencia de Javier Milei, y con ello la relación con las autoridades del FMI, como lo manifestó en la semana la directora gerente, Kristalina Georgieva, en su visita protocolar a Argentina, por invitación del Gobierno.

Sin embargo, el costo del crédito multilateral aumentó en los últimos meses por el cambio del contexto internacional, que llevó a la suba de las tasas de interés en las grandes economías desarrolladas, y por su impacto sobre el cargo total de servicio de la deuda del acuerdo de Facilidades Extendidas vigente con el FMI desde abril de 2025.

La tasa marginal de interés que devenga la deuda de la Argentina con el FMI -que incluye un componente variable determinado por el que semanalmente el organismo informa para su unidad de cuenta, los derechos especiales de giro (DEG)– sigue siendo elevada por el nivel de deuda pendiente, aunque el Fondo aplicó en octubre de 2024 la mayor reforma de cargos en dos décadas.

Esa decisión redujo la tasa efectiva que enfrenta el país en 0,4 puntos porcentuales, de 100 a 60 puntos básicos, y elevó el umbral para aplicar sobrecargos por nivel de 187,5% a 300% de la cuota de cada país en el organismo.

El alivio fiscal, sin embargo, no es automático: depende de la tasa del DEG, del margen que fija el organismo y del nivel de acceso excepcional que mantiene la Argentina. Actualmente, la cuota del país es de USD 4.100 millones y el umbral, de USD 12.300 millones, por lo que la Argentina seguirá dentro del régimen de recargos. El Gobierno calcula que con eso el país tendrá un ahorro de USD 3.200 millones en el repago del actual programa.

El punto de partida de 0,25% anual se multiplicó por poco más de 11 en apenas 52 meses, y todo indica que ese proceso aún no se detendrá, dado el escenario internacional de alta volatilidad en los mercados desde que se inició la invasión de Rusia a Ucrania en abril de 2022 y persiste hasta la actualidad, y el agregado de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Esa tasa de interés del DEG -se actualiza semanalmente según los niveles vigentes en los mayores socios del FMI: Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Reino Unido y China (expresada en dólares sobre las divisas de esos Estados miembros)- es la base del cargo final, que incluye un nivel base y eventuales sobrecargos fijos, que aplican cuando el saldo deudor excede ciertos límites.

Adicionalmente, existen comisiones que aplican sobre los desembolsos: la comisión de compromiso y el cargo por servicio.

A fines de julio de 2026, el componente fijo del sobre cargo del acuerdo de Facilidades Extendidas se ubicó en 3,6% anual y, sumado a la tasa de interés en DEG de 2,927% anual, determinó un costo total de 6,527% anual (2,23 veces la tasa base).

En junio de 2026, la deuda con el organismo ascendió a USD 57.705 millones, desde USD 41.546 millones en junio de 2024 cuando el equipo económico de Luis Caputo comenzó a gestionar una revisión de los términos pactados con Martín Guzmán, ministro de Economía de Alberto Fernández, y su ampliación, según informó la Secretaría de Finanzas. Al parecer, gravitaron en el aumento los desembolsos que estaban pendientes del acuerdo y la suba de la valoración de los DEG.

Recargos por endeudamiento y plazo

Los sobrecargos aplican cuando el saldo deudor supera el límite equivalente a 187,5% de la cuota del país en el FMI, que es el aporte de cada miembro al organismo. Inicialmente es de 200 puntos básicos (pb) y aplica sobre el saldo deudor que excede dicho límite. Y si el saldo se mantiene por encima del límite durante un cierto período de tiempo (36 meses para los stand-by (SBA) y 51 meses para los Acuerdos de Facilidades Extendidas (EFF), el sobrecargo se incrementa otros 100 pb, hasta 300 puntos básicos.

En un informe de 2022 de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se destacaba: “Los sobrecargos se pusieron en práctica por primera vez en 1997, en un contexto de crisis financiera global en el que muchos países acudieron al FMI para solicitar financiamiento. Buscó proteger la capacidad crediticia del organismo, generando incentivos al repago anticipado de los préstamos de mayor monto y plazos más largos”.

Y resaltaba el estudio especial de la OPC: “En el caso de Argentina, desde el primer desembolso del SBA 2018 aplicaron sobrecargos por 200 pb, dado que el saldo deudor superó el 187,5% de la cuota. A partir de noviembre de 2021 la tasa de sobrecargos se incrementó a 300 p.b., tras cumplirse 36 meses en esa situación”.

La decisión sobre cualquier eventual modificación recae sobre el Directorio Ejecutivo, integrado por 24 directores que representan a los 190 países miembros del FMI.

De ahí surge que desde un punto de partida en marzo de 2022 de un pago de intereses neto de 4,25% anual, donde la tasa DEG representaba apenas 6% del total, se pasó en la actualidad a 6,527% anual, con una incidencia del componente variable del 44,8 por ciento.

De todas formas, frente a la sostenibilidad de un índice de riesgo país por debajo de 500 puntos básicos, el cargo total del crédito Stand-by del FMI resulta, por lejos, el financiamiento más ventajoso para Argentina: bajó 6 pb desde que el ministro Luis Caputo renovó el acuerdo de 2022 en abril de 2025.

La próxima revisión de los cargos del FMI está prevista para 2029, salvo que el Directorio decida adelantarla o establecer algún criterio de excepción, dado que la directora gerente, Kristalina Georgieva, resaltó en su visita a Buenos Aires “la sostenibilidad de los logros fiscales, financieros y de acumulación de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina”.

Qué tendría que hacer Argentina para acceder al cargo mínimo

El cargo mínimo del FMI es: tasa de interés del DEG más margen de 60 puntos básicos.

Para llegar a ese nivel, Argentina debería cumplir dos condiciones oficiales:

1. Reducir su deuda con el FMI por debajo del 300% de su cuota, manteniendo un sendero de pagos sostenido; y

2. Mantener ese nivel por más de 36 meses.

En términos prácticos, Argentina debería cancelar una parte sustancial del programa del Acuerdo de Facilidades Extendidas y evitar nuevos desembolsos que eleven el nivel de acceso.

En 2027, en pleno año electoral, el Gobierno deberá cancelar unos USD 7.700 millones con el organismo, una cifra récord desde que Argentina volvió al paraguas del Fondo hace ya más de ocho años, de los cuales USD 4.400 millones corresponden a devolución de capital y USD 3.300 millones al estimado pago de intereses -el monto varía según la cotización en dólares del DEG-. En tanto, el organismo hará desembolsos a favor de la Argentina por USD 1.700 millones. Por lo tanto, los pagos netos totalizarán USD 5.800 millones.

Según el cronograma de vencimientos de capital, la deuda de Argentina alcanzará el equivalente a tres cuotas en el FMI hacia 2033, y terminaría de pagar el saldo seis años después.

Además, los analistas estiman que el Gobierno deberá superar el obstáculo que representan las elecciones de 2027, y ser reelecto, porque la continuidad macroeconómica es lo que más le preocupa al organismo y a los inversores internacionales.

Una explosión ocurrió el sábado cerca de un café de verano en Moscú y causó al menos tres muertos y 15 heridos. La policía local informó que el incidente ocurrió alrededor de las 20:10, hora local, en la plaza Kudrinskaya.

Las autoridades no especificaron la causa de la explosión. En esa zona se encuentra un rascacielos emblemático de la ciudad, diseñado por Mijail Posokhin en la época estalinista.

Los heridos presentaban distintos niveles de gravedad. La policía confirmó la información a la agencia de noticias estatal Ria Novosti.

El Ministerio de Salud de Rusia informó que los servicios de emergencia y agentes del Ministerio del Interior se encuentran en el lugar, y que las personas afectadas están recibiendo atención médica.

Bajo este contexto, algunos medios rusos informaron que el tráfico en la zona cercana a la plaza fue bloqueado de forma temporal y las entradas a la estación de metro Barrikadnaya permanecen cerradas.

Noticia en desarrollo…

El paro nacional docente de este lunes 3 de agosto quedará bajo supervisión del Ministerio de Capital Humano de la República Argentina, que anunció una inspección muestral en escuelas de todo el país para verificar si las entidades gremiales que convocan a la huelga garantizan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, como establece la Ley 27.802.

Ante la medida de fuerza convocada para ese día, el Gobierno argentino informó que controlará en escuelas de todo el país si los gremios respetan ese piso de prestación y advirtió que, si detecta incumplimientos, activará protocolos para aplicar sanciones, según el comunicado oficial del ministerio.

La cartera indicó que la supervisión se realizará en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En un comunicado oficial que difundió este sábado a través de X, señaló: “En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”.

La medida se realizará a partir del paro nacional docente convocado por CTERA en medio del conflicto con el Gobierno por la paritaria nacional docente y los reclamos salariales. Como informó Infobae, el sueldo mínimo docente quedó en 500 mil pesos durante el último año.

Qué reclaman los gremios docentes

CTERA reclama la convocatoria a la paritaria, aumentos salariales y la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). También pide una nueva ley de financiamiento educativo y objeta una posible reforma jubilatoria y un proyecto de “Ley de Libertad Educativa”.

El artículo también menciona reclamos por inversión en infraestructura, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos. Además, señala que durante agosto habrá otras medidas para dar visibilidad al reclamo.

Los gremios docentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), en cambio, anunciaron un plan de lucha sin huelgas. Entre las medidas figuran trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa y una movilización cuyo destino se definirá entre el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación.

Según el mismo medio, esos gremios convocaron a una conferencia de prensa para el lunes a las 14:00 en Azopardo 802. Esa actividad se desarrollará el mismo día del paro nacional convocado por CTERA.

La ley invocada por el Gobierno y la discusión judicial

En el comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano recordó que el artículo 101 de la Ley 27.802 declara a la educación servicio esencial. Bajo ese criterio, durante una medida de fuerza los gremios deben asegurar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo.

A la vez, Infobae informó sobre una disputa judicial en torno a esa disposición. Una medida cautelar del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 74 suspendió de forma temporal la declaración de esencialidad mientras avanza una demanda.

El mismo artículo sostuvo que, tras la apelación del Gobierno, el límite vinculado al derecho de huelga sigue vigente hasta que exista una resolución de fondo. Esa tensión entre la cautelar y la posición oficial enmarca la inspección anunciada para el 3 de agosto.

El argumento oficial sobre el derecho a la educación

En su comunicado, el Ministerio sostuvo que la administración de las escuelas corresponde en primer término a las jurisdicciones, pero remarcó el papel del Estado nacional en la garantía del derecho a la educación. “La gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de la jurisdicciones y, a la vez , el gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución”, señaló.

La cartera enmarcó la decisión en la necesidad de resguardar la continuidad educativa y de sostener previsibilidad para las familias argentinas. También exhortó a los actores del sistema a cumplir la normativa vigente sobre la esencialidad de la educación.

Los cheques rechazados por falta de fondos volvieron a crecer en junio y superaron nuevamente la barrera de las 100.000 unidades. El dato surge del Informe Mensual de Pagos Minoristas que difunde el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que releva mes a mes la evolución de los distintos instrumentos utilizados en las transacciones del sistema financiero, entre ellos las transferencias, las tarjetas, los débitos directos y los cheques.

Según ese documento, en junio se rechazaron 105.297 cheques por el motivo “sin fondos suficientes”. La cifra marcó un incremento de 5,9% respecto de mayo y de 57,3% frente a junio de 2025. En términos de monto, esos rechazos representaron $341.467,6 millones, con una suba de 4,1% en la comparación mensual y de 77,6% en la interanual. Medido en pesos constantes, es decir descontando el efecto de la inflación, el alza mensual fue de 2,2% y la interanual de 33%.

El resultado de junio se ubicó como el tercer peor de los últimos 70 meses. En ese período, solo en dos oportunidades se había registrado una cantidad mayor de cheques rechazados por falta de fondos. Ocurrió en octubre de 2025, con 108.979 cheques, y en marzo de este año, cuando se rechazaron 112.326. De esta manera, junio quedó apenas por debajo de esos dos registros y por encima de todos los demás meses relevados en casi seis años.

Ahora bien, el crecimiento de los rechazos sin fondos no se tradujo en una mayor participación dentro del total de cheques compensados. Según el BCRA, la relación entre los rechazos sin fondos y el total de cheques compensados se ubicó en 2% en cantidades y en 1,3% en montos durante junio. Esos porcentajes implicaron una caída de 0,1 punto porcentual en cantidades y de 0,2 puntos porcentuales en montos respecto de mayo. El universo de cheques compensados creció a un ritmo mayor que el de los rechazos, lo que explica esa baja en la participación relativa pese al aumento en términos absolutos.

Total de cheques rechazados y compensados

Además de los rechazos por falta de fondos, el BCRA contabiliza el total de cheques rechazados por cualquier motivo. En junio esa cifra alcanzó 159.996 cheques, con un alza de 14,8% frente a mayo y de 23,7% frente a junio de 2025. En montos, el total de rechazos sumó $521.770 millones, con incrementos de 17,3% en la comparación mensual y de 49,9% en la interanual. En pesos constantes, esas variaciones fueron de 15,1% y 12,2%, respectivamente.

En paralelo, el universo general de cheques compensados mostró una expansión. De acuerdo con el informe, en junio se compensaron 5.247.117 cheques físicos y electrónicos en pesos, un 11,6% más que en mayo y un 6,5% más que en junio de 2025. El monto total ascendió a $26,8 billones, con una suba de 17,2% en la comparación mensual.

Dentro de ese total, el cheque electrónico (Echeq) continuó ganando terreno. Representó el 64,4% de los cheques compensados en cantidades, equivalente a 3,4 millones de operaciones, y el 85,1% en montos, por 22,8 billones de pesos. Frente a junio de 2025, esa participación aumentó 8,1 puntos porcentuales en cantidades y 4,1 puntos porcentuales en montos.

El informe también incluyó la operatoria de cheques en dólares. En junio se compensaron 275 cheques electrónicos en esa moneda por un total de 81,9 millones de dólares.

Transferencias y pagos con QR

Mientras los cheques rechazados aumentaron, otros instrumentos de pago digitales mantuvieron un ritmo de crecimiento elevado. Las transferencias inmediatas “push” en pesos sumaron 762,9 millones de operaciones en junio, con una suba de 0,4% respecto de mayo y de 29% frente a junio de 2025. El monto total fue de $92,7 billones, lo que marcó una variación real mensual de 4% y un crecimiento interanual de 15,2 por ciento.

Los pagos con transferencia (PCT) interoperables, que incluyen los pagos iniciados con QR, totalizaron 109,4 millones de operaciones en pesos, un 73,8% más que igual mes del año pasado. El monto alcanzó $2,7 billones y el 98,9% de esas operaciones se inició con código QR, lo que equivalió a 108,2 millones de pagos por 2,6 billones de pesos.

Débitos, tarjetas y extracciones

Los débitos directos sumaron 11,5 millones de operaciones en junio, con una baja de 4,6% frente a junio de 2025, aunque con una suba mensual de 4,8 por ciento. El monto total fue de $2 billones. La tasa de efectividad, que mide la relación entre los débitos acreditados y los presentados a compensación, se ubicó en 38,5 por ciento.

En tarjetas, el último dato disponible corresponde a mayo. Las tarjetas de crédito registraron 183,8 millones de pagos por $11,4 billones, con una caída de 4,5% en cantidades y de 12,9% en montos reales respecto de mayo de 2025. Las tarjetas de débito sumaron 169,4 millones de transacciones por $5,2 billones, con retrocesos de 7,2% en cantidades y de 12,7% en montos reales en la misma comparación.

Por último, las extracciones de efectivo alcanzaron las 41,8 millones de operaciones en mayo, por $4,5 billones, lo que dejó como resultado una baja interanual de 29,6% en cantidades y de 11,3% en montos reales. El monto promedio por extracción alcanzó 107.000 pesos.

El hallazgo de restos de cinco bebés en una vivienda de Orange, Francia, abrió una investigación penal después de que el marido de una mujer de 32 años alertara a la policía, según The Sun. La pesquisa quedó a cargo de la fiscalía de Carpentras tras el descubrimiento de los restos en cajas de cartón dentro de una bolsa de plástico.

De acuerdo con The Sun, los hechos ocurrieron el lunes por la mañana en una casa del sureste de Francia, después de una discusión entre la pareja. El medio informó que la mujer fue trasladada al hospital y sigue hospitalizada, sin ser detenida hasta el momento.

Una fuente de la investigación citada por The Sun dijo que la discusión ocurrió cuando la mujer se quejaba de dolor abdominal, al día siguiente de haber dado a luz. Según esa fuente, afirmó que el marido se quedó en la casa cuando la llevaron al hospital y que, al revisar las cajas de cartón por las que habían discutido, encontró a los cinco bebés muertos.

Qué se sabe del hallazgo y de la investigación

Una fuente cercana a la investigación dijo a Le Parisien que el hombre llevó la bolsa al hospital. Desde allí se avisó a la policía, informó el diario francés. La misma fuente citada por Le Parisien sostuvo que la mujer había sufrido tres abortos espontáneos antes de dar a luz el lunes.

Según The Sun, todos los fetos estaban en estado de descomposición y llevaban allí bastante tiempo. El medio añadió que la pareja tiene otros dos hijos vivos, de 8 y 12 años, además del recién nacido, y que todos ellos forman parte de la investigación abierta por la fiscalía de Carpentras.

En el caso de Orange, la causa sigue abierta y no se han producido arrestos hasta ahora, según The Sun. La fiscalía mantiene las diligencias para determinar las responsabilidades y el contexto en el que ocurrieron los hechos.

Otros casos citados en Francia

El caso de Orange aparece meses después de otro hallazgo en Aillevillers-et-Lyaumont, en Haute-Saône, donde encontraron restos de dos bebés en el congelador de la casa de un hombre, según L’Est Républicain. La policía abrió entonces una investigación y buscaba a la pareja del hombre; ambos rondaban los 50 años.

El periódico L’Est Républicain señaló que la mujer, madre de nueve hijos, dejó la vivienda por voluntad propia en diciembre de 2025. Después fue detenida en febrero en Boulogne-Billancourt, donde vive uno de sus hijos.

El texto también recuerda otro caso ocurrido cinco años antes en Mezeray, donde un viudo de 41 años encontró los cadáveres de tres bebés en un armario cerrado con llave mientras limpiaba su casa meses después de la muerte de su esposa. Según RTL, los cuerpos, que se creía que eran fetos, estaban en bolsas de plástico y envueltos en ropa.

RTL añadió que la policía halló otros dos cuerpos en descomposición en un cobertizo cercano, también en bolsas de plástico, con cuchillos de cocina cerca. Ese medio informó que la pareja no tenía hijos, aunque la mujer sí tenía dos de una relación anterior. Tanto el hombre como varios familiares fueron interrogados.

El hecho de Orange se suma a una serie de casos recientes que han conmocionado a Francia por la aparición de restos de recién nacidos en domicilios particulares. Los antecedentes de episodios similares reflejan la complejidad de abordar estos sucesos y la necesidad de avanzar en las pesquisas para determinar las responsabilidades y el contexto en el que ocurrieron.

El último llamamiento policial por la desaparición de Suzy Lamplugh sigue abierto 40 años después y la Policía Metropolitana de Londres advirtió que la investigación podría pasar a estado inactivo si en los próximos 12 meses no aparecen pistas útiles.

Suzy Lamplugh desapareció en Londres el 28 de julio de 1986, cuando salió de su oficina para reunirse con un supuesto cliente y fue declarada legalmente muerta en 1993 bajo la presunción de secuestro y asesinato. La policía prevé seguir 30 pistas potenciales durante los próximos 12 meses y, si no surgen avances, dejará de trabajar con regularidad en el caso, aunque seguirá atendiendo nuevos datos, de acuerdo con The Guardian.

La inspectora jefa Teresa Foster, jefa del equipo de homicidios de casos sin resolver, dijo al diario británico que la prioridad es localizar los restos de Lamplugh y dar respuestas a su familia.

Foster añadió que su equipo, integrado por 15 personas, aún espera que alguien aporte información nueva sobre el asesino. También señaló que un cambio en la capacidad forense o tecnológica, una ruptura de lealtades familiares o personales, o un nuevo testimonio podrían reactivar la pesquisa.

Cómo desapareció Suzy Lamplugh

Lamplugh, una agente inmobiliaria de Londres, tenía 25 años cuando desapareció el lunes 28 de julio de 1986. Salió de su oficina en el suroeste de la ciudad hacia las 12:40 para una cita prevista a las 12:45.

Sus compañeros creían que iba a mostrar un piso porque se llevó las llaves de un apartamento cercano. En su agenda había anotado una reunión con “Mr. Kipper” en 37 Shorrolds Road, Fulham.

Después de esa salida, nadie volvió a verla. Su automóvil apareció más tarde abandonado en la zona donde trabajaba, en un caso que dio lugar a una de las mayores investigaciones por persona desaparecida emprendidas en el Reino Unido.

Qué pruebas conserva aún la policía

La justicia declaró muerta a Lamplugh en 1993, bajo la presunción de secuestro y asesinato. El principal sospechoso fue John Cannan, arrestado en 2000, aunque nunca fue acusado por falta de pruebas suficientes.

Cannan murió en noviembre de 2024 en la prisión de Full Sutton, a los 70 años. Tras su muerte, los investigadores registraron su celda y sus pertenencias, pero no hallaron nada que ayudara a avanzar en el caso, según The Guardian.

La revisión forense de todo el material relevante concluyó en 2024 sin hallar ADN ni huellas dactilares que permitieran identificar al responsable. La policía conserva 178 cajas de notas y evidencia, además de 3.000 archivos cargados en Holmes, el sistema del Ministerio del Interior para grandes investigaciones.

A ese material se suman 26.000 registros de avisos del público archivados en un sistema de tarjetas de los años 80. Foster mostró incluso un bloque de fichas sobre Cannan y señaló que su volumen era muy superior al de otros nombres revisados por los investigadores.

Entre los elementos guardados figuran materiales recogidos del auto que Lamplugh conducía el día de su desaparición, incluido un espejo retrovisor y cinta de los asientos. La policía conserva además dos huellas dactilares borrosas detectadas en el espejo, aún sin coincidencia en una base de datos europea.

La última vía para reactivar la investigación

La Policía Metropolitana de Londres prevé seguir 30 pistas de posibles testigos durante los próximos 12 meses. Si no surge información útil, el caso quedará inactivo, lo que implica que los agentes responderán a nuevas pistas, pero dejarán de trabajar en él con regularidad.

Foster sostuvo ante The Guardian que futuros avances forenses podrían permitir un nuevo análisis de los materiales conservados. También indicó que hoy una investigación así contaría con herramientas que no existían en 1986, como datos de GPS de teléfonos móviles y grabaciones de cámaras de seguridad.

La inspectora jefa dijo que en otros casos históricos resueltos hace poco fueron familiares quienes acabaron hablando con la policía. Citó una condena por homicidio involuntario dictada en mayo y otra por asesinato este mes tras nuevas denuncias de hermanos de las personas implicadas.

Foster también ofreció protección a cualquier nuevo informante. La investigadora cree que Lamplugh fue elegida por un acosador o por un depredador que la atrajo a una cita falsa.

Los hermanos de Lamplugh se reunieron hace poco con amigos para recordar su vida, ya sin sus padres. En un comunicado recogido por el medio británico, la describieron como una persona marcada por la bondad, la empatía, la fortaleza de carácter y la alegría de vivir.

Sus padres crearon después la fundación Suzy Lamplugh Trust, centrada en reducir el acoso y el hostigamiento. Mientras no aparezca una pista decisiva, el equipo de Foster mantendrá abierta cualquier vía que pueda ayudar a encontrar dónde quedó Lamplugh y a dar una respuesta a su familia.