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Las autoridades rusas incluyeron este jueves a Pável Dúrov, el fundador del servicio de mensajería Telegram, en el registro de extremistas y terroristas tras ser declarado la víspera en busca y captura.

Dúrov, de 41 años y nacido en San Petersburgo, apareció hoy en la lista que gestiona Rosfinmonitoring, el supervisor financiero ruso. La inclusión supone para el afectado la congelación automática de sus activos en territorio ruso, además de impedirle presentarse a elecciones, entre otras restricciones.

Posible cadena perpetua por “cooperación con el terrorismo”

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) declaró el miércoles en busca y captura a Dúrov, que reside en el extranjero, por “cooperación con el terrorismo”.

“No eliminó numerosos canales, chats y bots de la aplicación utilizados activamente por las agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones extremistas y terroristas para organizar y coordinar sabotajes y atentados terroristas, asesinatos en masa y fraude cibernético en Rusia”, denunció el organismo de seguridad.

El FSB acusó además a los servicios de inteligencia ucranianos de usar un popular chatbot de citas dentro de Telegram, conocido como Daivinchik o Leo-Dating, con 13,6 millones de usuarios mensuales, para atraer y reclutar rusos con fines de sabotaje y terrorismo, y aseguró que 46 usuarios de esa aplicación, de entre 12 y 22 años, fueron detenidos en distintos puntos del país durante el último año por agredir a agentes de la ley, incendios intencionales y otros delitos. De ser condenado, Dúrov podría enfrentar hasta cadena perpetua.

El antecedente en Francia

Las acusaciones tuvieron lugar justo después de que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, criticara a Telegram por el escaso interés mostrado en su diálogo con las autoridades rusas. Los juristas consultados por los medios oficiales creen que Moscú podría solicitar la extradición del empresario, quien ya fue detenido en Francia en agosto de 2024 durante cuatro días, acusado de que su plataforma era utilizada para actividades ilícitas como el narcotráfico y la distribución de material de abuso sexual infantil, y liberado bajo una fianza de 5 millones de euros.

En su momento, el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de “selectiva” la actuación francesa, al argumentar que numerosos países, incluida Rusia, habían expresado preocupaciones similares sobre el uso de Telegram, y que “todas las plataformas de este tipo son culpables de ello”.

Dúrov llamó a la resistencia digital cuando las autoridades rusas comenzaron a bloquear hace unos meses las redes sociales por no eliminar contenidos prohibidos —también WhatsApp— y ralentizar internet en todo el país con la excusa de las amenazas de drones ucranianos. Respondió a las acusaciones del FSB publicando una imagen de sí mismo haciendo un gesto obsceno con el dedo medio en la cuenta oficial de Telegram en X.

Control de internet de cara a las elecciones

El endurecimiento de las medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad para el control sobre internet es uno de los motivos del desplome en los sondeos de la popularidad del presidente ruso, en momentos en que el Kremlin se prepara para las elecciones parlamentarias de septiembre, en medio de un creciente cansancio social por la guerra en Ucrania, que ya lleva cuatro años, y sus consecuencias económicas.

Telegram, plataforma fundada en 2013 por Dúrov y su hermano Nikolái, cuenta con más de mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo y ha sido bloqueada en países como Irán y multada por gobiernos occidentales.

Nacido en Leningrado —hoy San Petersburgo— y con ciudadanía también en Francia, los Emiratos Árabes Unidos y San Cristóbal y Nieves, Dúrov fundó en 2006, junto a su hermano, VKontakte, la mayor red social de Rusia, de la que terminó siendo desplazado tras las protestas antigubernamentales de 2011 y 2012. Según Forbes, su patrimonio asciende a 6.600 millones de dólares.

El abogado brasileño Rafael Valim, integrante del equipo jurídico del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato, cuestionó hoy la atribución de responsabilidad penal a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y advirtió que el criterio aplicado en la condena llevaría a que ningún presidente argentino pudiera quedar en libertad. “Si llevamos en serio ese criterio, ningún presidente de Argentina va a quedarse en libertad”, afirmó el letrado paulista, quien integra la nueva defensa internacional de la expresidenta ante la ONU junto al español Javier Borrego y Carlos Beraldi.

En diálogo con Infobae a las 9, Valim señaló que la condena presenta “un problema técnico muy serio” desde el punto de vista del derecho administrativo, al atribuir a Kirchner, en su rol de presidenta de la Nación, responsabilidad sobre contratos firmados por la provincia de Santa Cruz con la Dirección Nacional de Vialidad, un ente autárquico.

“Desde el punto de vista del derecho administrativo es una barbaridad lo que hicieron”, afirmó, y recordó que en Argentina la administración pública nacional recae sobre el jefe de gabinete y no sobre el presidente, a diferencia de lo que ocurre en Brasil.

El letrado también fue categórico al referirse al alcance de las decisiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), ante el cual la defensa presentó una Comunicación Individual para cuestionar el proceso judicial. “Las decisiones del Comité son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”, sostuvo Valim, y recordó que el Código Procesal Penal Federal argentino contempla que una decisión sobre una comunicación individual ante ese organismo puede ser base para la revisión de una sentencia firme.

En este punto, la defensa solicitó tres medidas cautelares: la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema —que actualmente funciona con solo tres miembros— y la modificación del régimen de prisión domiciliaria de Kirchner.

Sobre la inhabilitación, Valim fue directo: “El comité rechaza inhabilitaciones perpetuas o inhabilitaciones políticas muy largas. Hay precedentes muy claros sobre eso”, dijo, y citó casos europeos en los que el organismo revisó sanciones de entre cinco y ocho años impuestas a altos funcionarios.

Para explicar la elección del Comité de la ONU por sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Valim destacó que la vía elegida ofrece acceso directo sin necesidad de pasar por una comisión previa, y que no rige un plazo de prescripción comparable. “En el reglamento del comité se dice que no se puede abusar del derecho de acceder al comité, y ponen como plazo que sería un abuso cinco años”, precisó, ante las críticas que apuntaban a que la presentación llegaba tarde.

Sobre el carácter vinculante de una eventual cautelar favorable, Valim admitió que el Estado argentino podría no acatarla, tal como ocurrió en Brasil con el caso Lula, pero advirtió sobre las consecuencias de ese camino. “Se quedó insostenible la situación del propio poder judicial brasileño, porque hubo una presión internacional”, recordó. Aclaró que aquel incumplimiento no tuvo consecuencias jurídicas directas, pero que precipitó la resolución del caso al volver evidente la arbitrariedad del proceso.

Consultado sobre la posibilidad de que Kirchner participe en las primarias del peronismo pese a su inhabilitación, Valim respaldó la tesis de Borrego, que sostiene que la restricción alcanza solo a los cargos públicos electivos y no a la etapa previa de las internas partidarias. “Las restricciones a los derechos fundamentales tienen que ser interpretadas de una manera restrictiva y nunca ampliativa”, argumentó. Reconoció que la interpretación generó controversia, aunque aclaró desconocer si también dentro del entorno de la expresidenta.

Sobre su vínculo con Lula, Valim precisó que el mandatario brasileño “sabe que estoy trabajando en eso” pero que no discuten estrategia legal. Fue el propio equipo de Kirchner el que lo contactó a principios de año. “Yo no estoy acá como un militante político, estoy como un abogado”, subrayó.

Al ser preguntado por los periodistas Gonzalo Sánchez, Ramón Indart y Cecilia Boufflet sobre si Jair Bolsonaro podría recorrer el mismo camino internacional, respondió que su condena le parece correcta desde el punto de vista jurídico. “Él intentó de una manera comprobada hacer un golpe de Estado en Brasil. Y a golpistas se les reserva la cárcel”, dijo. Sí se mostró crítico de la decisión de la justicia brasileña de impedir al presidente Javier Milei visitar a Bolsonaro: “Desde el punto de vista constitucional, de las libertades, no es correcto eso”.

La próxima sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU está prevista para octubre, cuando la defensa espera obtener una decisión sobre las medidas cautelares solicitadas.

Líderes europeos manifestaron su condena tras el incidente en Polonia, donde un misil violó el espacio aéreo y detonó en territorio polaco, en el contexto de los ataques rusos a Ucrania.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, repudió la violación del espacio aéreo polaco durante la nueva serie de ataques rusos al oeste de Ucrania. “Francia condena con la mayor firmeza los ataques rusos que han causado la muerte de civiles en Ucrania, así como la violación del espacio aéreo polaco”, afirmó en redes sociales. Macron sostuvo que el respaldo a Ucrania y los aliados “no flaqueará”. “Se trata de nuestra seguridad colectiva”, enfatizó.

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, condenó los ataques y calificó de “completamente inaceptable” la violación del espacio aéreo polaco. “Estoy en contacto con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. Junto con otros aliados, Suecia respalda plenamente a Polonia y nuestro apoyo a Ucrania es inquebrantable”, agregó.

Por su parte, el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, señaló que el “brutal ataque aéreo” dejó numerosas víctimas civiles y se produjo “otra violación del espacio aéreo de Polonia”. Manifestó: “Mientras continúa la investigación del incidente, un hecho está claro: la guerra de agresión de Rusia sigue siendo la mayor amenaza para la seguridad de Europa”. Michal solicitó mantener la presión sobre Rusia, fortalecer la defensa ucraniana y acelerar la defensa antiaérea europea. “Queridos amigos en Ucrania y Polonia, Estonia está con ustedes”, declaró.

La ministra de Exteriores de Rumania, Oana Toiu, expresó una condena “enérgica” a los ataques “inaceptables” con misiles y drones sobre zonas civiles de Ucrania. “También condenamos en los términos más enérgicos la violación irresponsable del espacio aéreo polaco durante estos ataques por parte de un misil. Esto constituye una grave y peligrosa escalada”, aseguró.

Y añadió: “Este comportamiento imprudente es incompatible con el estatuto de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad y con sus obligaciones internacionales”, criticando el “desprecio” de Moscú al Derecho Internacional y a la soberanía.

El titular de Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, subrayó que Rusia “no tiene interés alguno ni en las negociaciones ni en la paz”, y denunció la reciente oleada de ataques, con cerca de 50 misiles y cientos de drones. “Estos ataques son un recordatorio más de que Rusia responde a cada esfuerzo diplomático con más terror. La paz no se puede lograr mediante concesiones al agresor. Requiere una presión sostenida sobre Rusia y un apoyo inquebrantable a Ucrania”, afirmó, solicitando aumentar la ayuda militar, financiera y política a Ucrania y endurecer las sanciones contra Rusia.

Polonia denunció que un misil ruso violó su espacio aéreo y cayó en su territorio, durante un ataque “masivo” de Moscú sobre Ucrania, ofensiva que provocó al menos ocho fallecidos.

Rusia lanzó nuevos ataques nocturnos en diversas zonas de Ucrania, incluyendo la provincia de Dnipropetrovsk, donde se encuentra la ciudad de Krivói Rog, natal del presidente ucraniano Volodimir Zelensky. En la región occidental, al menos 26 personas resultaron heridas y dos viviendas sufrieron graves daños estructurales en la ofensiva rusa sobre la ciudad de Leópolis.

Mientras los precios siguen avanzando en las góndolas, las pretensiones salariales de quienes buscan trabajo no logran acompañar ese ritmo. Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, el salario requerido por los trabajadores acumuló un incremento del 10,5% durante el primer semestre de 2026. Esa cifra quedó 6,3 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, que llegó al 16,8% hasta junio.

La comparación con años anteriores confirma el cambio de tendencia. En el primer semestre de 2025, por ejemplo, el salario pretendido había acumulado una suba de 24,28%, frente a una inflación de 15,1%, es decir, por encima del costo de vida. Esta vez, se de la situación inversa, con los trabajadores “sacrificando” parte de su poder adquisitivo con el fin de obtener un “sí” en la entrevista laboral.

“La brecha entre inflación y salario pretendido sugiere que las personas trabajadoras están ajustando sus expectativas a una economía distinta. El foco ya no parece estar únicamente en recuperar poder adquisitivo, sino también en encontrar oportunidades laborales sostenibles”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

Dentro del semestre, el comportamiento mes a mes fue muy dispar. El mayor incremento intermensual del salario pretendido se dio en junio, con una suba de 3,99 por ciento. Le siguieron febrero, con 3,33%, y marzo, con 1,74 por ciento. En el otro extremo, enero y abril fueron los únicos meses con caídas: de 1,87% y 0,09%, respectivamente. Solo en febrero y en junio el ajuste salarial logró ubicarse por encima de la inflación mensual; en el resto de los meses, las pretensiones quedaron rezagadas frente a los precios.

Ahora bien, pasando a los números concretos, en junio la remuneración pretendida promedio alcanzó los $1.877.862 mensuales. Esto implica un aumento de $178.578 respecto a enero, cuando el salario pretendido promedio fue de 1.699.284 pesos.

Al desagregar por nivel de experiencia, las diferencias son considerables. En junio, quienes buscan posiciones de supervisor o jefe pidieron en promedio $2.686.899 por mes, un 4,36% más que en mayo. Los segmentos senior y semi senior solicitaron en promedio $1.899.599, con una suba mensual de 3,98%. Y en el segmento junior, la pretensión salarial promedio fue de $1.365.600, un 3,59% por encima del mes anterior.

Las áreas que más subieron en el semestre

El comportamiento no fue uniforme entre sectores. En el segmento junior, el área con mayor incremento acumulado en el semestre fue Marketing y Comunicación, con 19,84% y un salario pretendido de 1.428.036 pesos. Detrás se ubicaron Recursos Humanos, con 14,72% y $1.710.000 y Tecnología y Sistemas, con 13,82% y un salario 1.393.269 pesos. El resto de los sectores quedó por debajo del promedio junior acumulado, que fue de 9,34%.

En los niveles semi senior y senior, la mayor suba acumulada se dio en el sector agrupado como “Otros”, que reúne rubros como gastronomía, turismo, minería, salud y seguros, con un 19,46% y un sueldo solicitado de 1.854.939 pesos. Le siguieron Tecnología y Sistemas, con 13,41% ($2.042.308), y Administración y Finanzas, con 12,93% y 1.982.895 pesos. Ese grupo de áreas quedó por encima del promedio acumulado del segmento, que fue de 8,96 por ciento.

La brecha salarial entre hombres y mujeres

El informe también relevó la evolución de la brecha de género en las pretensiones salariales. Ese indicador tuvo su pico en enero, cuando el requerimiento de los hombres superó al de las mujeres en 14,05 por ciento. Le siguieron abril, con una brecha de 9,37%, y febrero, con 8,34 por ciento.

En junio, el salario pretendido promedio para los hombres fue de $1.938.667, mientras que para las mujeres fue de 1.803.119 pesos. Esa diferencia representa una brecha de 7,52%, que se ubicó 1,14 puntos porcentuales por encima de la registrada en mayo, aunque 1,11 puntos por debajo de la brecha de junio de 2025, que había sido de 8,63 por ciento.

La brecha también varía según el nivel de experiencia. En los puestos junior fue de 2,72%, con salarios promedio de $1.400.214 para los hombres y $1.363.122 para las mujeres. En los segmentos semi senior y senior, la diferencia trepó a 7,06%, con pretensiones de $1.952.574 y $1.823.809 respectivamente. La brecha más amplia se registró en las categorías de supervisor y jefe, donde llegó a 13,99%, con remuneraciones pretendidas de $2.835.562 para los hombres y 2.487.526 pesos para las mujeres.

El Gobierno de Pakistán afirmó que realiza “todo lo posible” para reencauzar los diálogos de paz entre Estados Unidos e Irán, y confirmó que las negociaciones continúan a pesar de los recientes episodios de violencia militar en la región.

Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, “las negociaciones entre las partes para normalizar la situación, especialmente en el estrecho de Ormuz, y reducir la escalada, siguen en marcha”. Así lo expresó durante su rueda de prensa semanal.

Andrabi destacó que Pakistán, país que ha asumido el rol de mediador en el conflicto, intenta “todo lo posible para que ambas potencias vuelvan a regirse por el Memorando de Entendimiento de Islamabad”, un marco diplomático preliminar firmado en junio bajo mediación paquistaní, con el propósito de poner fin al conflicto.

El portavoz indicó que el objetivo es “eliminar todas las fricciones” conforme al mencionado acuerdo y a la declaración conjunta presentada por Pakistán y Qatar el 22 de junio.

Para avanzar, Andrabi pidió a las partes involucradas ejercer la “máxima moderación” y cumplir con el compromiso de reanudar las conversaciones técnicas para implementar el memorando.

El llamado ocurre poco después de que el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, solicitara a su homólogo iraní, Abbas Araghchi, mantener la contención.

Andrabi señaló que la situación de seguridad regional “sigue siendo precaria”, pese a cierta calma observada en los últimos días.

La iniciativa paquistaní para rescatar el acuerdo surge tras una reciente escalada regional, que incluyó ataques estadounidenses contra objetivos militares iraníes y amenazas de los rebeldes hutíes del Yemen hacia las rutas marítimas del mar Rojo.

EEUU completó un nuevo ataque contra posiciones militares iraníes

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos finalizaron este jueves una nueva ofensiva contra objetivos militares en Irán, según confirmó el Comando Central estadounidense (CENTCOM) mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X.

De acuerdo con el mando militar, la operación comenzó a las 8:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) y fue ordenada como respuesta a los recientes ataques de Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

“Las fuerzas de Estados Unidos comenzaron hoy a lanzar ataques contra Irán a las 8:00 p.m., hora del Este”, señaló el CENTCOM en su comunicado. El organismo añadió que la ofensiva constituyó una represalia por los intentos de ataque registrados el martes contra personal militar estadounidense en la región. “Los ataques representan una respuesta contundente a los intentos de Irán de atacar ayer a las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en Medio Oriente”, indicó el comando militar.

Horas más tarde, el CENTCOM señaló que concluyó “con éxito una intensa oleada de ataques contra Irán” y remarcó que la ofensiva tenía como objetivo “reducir aún más las amenazas que Irán y sus aliados representan para las fuerzas estadounidenses, el transporte marítimo comercial y los países vecinos del Golfo”.

“Los recursos del CENTCOM atacaron decenas de objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán, incluyendo centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, emplazamientos de vigilancia y defensa costera, y capacidades marítimas. Más de 50.000 militares estadounidenses se encuentran actualmente desplegados en Oriente Medio y permanecen en estado de máxima vigilancia, concentrados, letales y preparados.”, detallaron las fuerzas estadounidenses.

El presidente Javier Milei firmó un decreto que autoriza la expulsión de extranjeros que agraven a la Argentina o a sus ciudadanos. La publicación en el Boletín Oficial generó debate sobre la legalidad y el procedimiento para aplicar la medida. El decreto establece que las autoridades podrán retirar del país a quienes expresen mensajes de odio o inciten a la violencia contra la población argentina. La decisión involucra a personas que, mediante manifestaciones orales o escritas, resulten ofensivas para el país o para ciudadanos argentinos.

“Nadie puede estar en contra de la medida desde el punto de vista de su contenido, porque los extranjeros pueden estar en Argentina. Nosotros tenemos mucha generosidad en ese punto”, dijo en Infobae en Vivo Félix Lonigro, abogado constitucionalista.

Lonigro explicó que, aunque existe la posibilidad de deportar extranjeros, la Constitución Nacional requiere que este tipo de restricciones se legislen a través del Congreso. “Esto debe ajustarse al principio de legalidad y, por lo tanto, debe ser el Congreso de la Nación el que avance y legisle sobre este tema”, sostuvo el constitucionalista.

Proceso de aprobación del decreto y límites legales

El especialista detalló que los presidentes pueden dictar decretos de necesidad y urgencia solo en circunstancias excepcionales. “Para que el presidente pueda hacerlo, necesita que haya circunstancias excepcionales que le impidan esperar al Congreso”, afirmó Lonigro. Además, indicó que todos los ministros deben firmar la medida y que el Congreso debe aprobarla para que tenga validez definitiva.

El procedimiento exige que el jefe de gabinete remita el decreto a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, la cual dispone de diez días hábiles para dictaminar sobre la validez del texto. Lonigro precisó: “La comisión bicameral, según la Constitución, tiene un plazo de diez días para emitir un dictamen, pero ese dictamen no es suficiente. Después de emitido el dictamen, tiene que pasar a las cámaras del Congreso”.

El decreto entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, aunque su continuidad depende del aval de al menos una de las cámaras legislativas. Lonigro subrayó: “Por el momento, el decreto está en vigencia porque según esta ley reglamentaria, el decreto rige desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial. Pero, este, queda supeditado, digamos, a la aprobación de al menos una de las dos cámaras legislativas”.

Alcance de la expulsión y rol del Poder Judicial

El texto del decreto establece que la norma alcanza a extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio, de manera oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o algún ciudadano argentino, motivados en la nacionalidad de este último.

Lonigro advirtió sobre la posible discrecionalidad en la aplicación de la medida: “Uno lo que debería discutir allí es en el decreto de necesidad y urgencia quién está habilitado para deportar a un extranjero. Porque hasta ahora los extranjeros pueden ser deportados, pero la deportación tiene que iniciarla o plantearla la Dirección Nacional de Migraciones, pero la tiene que decidir un juez”.

El constitucionalista remarcó la importancia de que una autoridad judicial tome la decisión final sobre la expulsión, ya que “el juez analiza todo esto que vos estás diciendo. Un presidente de pronto emite un decreto porque no le gustó lo que dijo Rosalía y de pronto la echa”.

Lonigro también llamó a prestar atención a la reglamentación final, en especial sobre cuál será el organismo encargado de ejecutar la expulsión o prohibición de ingreso. “Si queda exclusivamente en manos de un presidente, de decidir él se queda y él no se queda, es como cuando Chávez iba por Caracas en Venezuela señalando con el dedo a cualquier inmueble”, comparó Lonigro.

Dudas sobre el impacto en redes sociales y la aplicación práctica

La discusión sobre la aplicación del decreto se centró en casos de mensajes en redes sociales que puedan considerarse agravios. Lonigro subrayó que, en la práctica, la identificación y sanción de usuarios en plataformas digitales resulta compleja. El constitucionalista sostuvo que las decisiones de expulsión deben basarse en un análisis judicial y no en la discrecionalidad de una sola autoridad administrativa o política.

También destacó que el Estado de derecho exige que decisiones de tal magnitud no dependan de la voluntad individual de un funcionario. “El Estado de derecho y el límite al ejercicio del poder y el sistema republicano han pretendido que decisiones tan importantes, o las decisiones en general, no queden en manos de una sola persona, sino que se trate de un cuerpo colegiado, una ley que determine todo esto. Y en última instancia, que quien tome la decisión sea un juez”, concluyó.

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