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  • Berlín gira a la izquierda: Die Linke promete expropiar más de 200.000 departamentos

    Berlín gira a la izquierda: Die Linke promete expropiar más de 200.000 departamentos

    La crisis de la vivienda en Berlín ya tiene consecuencias políticas. El partido de izquierda Die Linke ganó por primera vez unas elecciones regionales en Alemania poniendo el foco en la política habitacional ante el malestar que hay en la capital alemana por el aumento de los alquileres. En ese marco, propuso expropiar 200 mil departamentos en manos de grandes inmobiliarias para hacer frente a la problemática.

    En apenas tres años, el partido de izquierda pasó del 13% de los votos en 2023 al 25% y dejó a la CDU en segundo lugar, con 18%. Ahora tiene la posibilidad de gobernar la capital, también por primera vez.

    Nacionalizar, la promesa central

    La campaña de Die Linke giró en torno a la vivienda, con una propuesta de máxima: expropiar más de 200.000 departamentos en manos de grandes inmobiliarias o, en su defecto, que la Administración tome el control de esas compañías. “Si Die Linke gobierna en Berlín, nacionalizaremos”, afirmó la candidata Elif Eralp la misma noche del triunfo. Eralp lleva un collar con la palabra Mietendeckel, que significa “tope del alquiler”.

    Según datos del Gobierno federal, alquilar un departamento en Berlín se encareció 69% entre 2016 y 2026. En paralelo, y según la oficina de estadísticas de la ciudad, el ingreso per cápita subió 33% entre 2015 y 2025. El problema es aún más extendido si se considera que el 83% de los berlineses vive de alquiler.

    Berlín ya aplica límites: las renovaciones de un contrato de tres años no pueden subir más de 15% y solo si no superan el promedio del barrio, y los contratos nuevos no pueden exceder en más de 10% ese promedio. Para Die Linke no alcanza, porque existen múltiples maneras de esquivar los topes.

    Un camino con obstáculos políticos y legales

    Para gobernar, el partido necesitará el respaldo de Los Verdes y del SPD. Los Verdes están dispuestos a negociar y sus posiciones en materia de vivienda no están lejos. El SPD, en cambio, mantiene una postura muy distante.

    Además, el canciller Friedrich Merz reiteró que el Gobierno federal actuará por la vía legal para frenar cualquier expropiación o nacionalización. La Constitución alemana habilita ese tipo de medidas, tanto a nivel federal como de los estados, pero nunca se aplicaron.

    El costo fiscal

    La CDU y el SPD ponen el foco en el costo. El Tribunal de Cuentas de Berlín calculó que el estado debería desembolsar casi 40.000 millones de euros para indemnizar o nacionalizar a las empresas alcanzadas. La cifra es muy elevada frente a un presupuesto 2026 de 46.000 millones de euros y una deuda de 68.000 millones.

    En la mira están, en primer lugar, el grupo alemán Vonovia y su filial Deutsche Wohnen, que suman más de 138.000 viviendas en la ciudad y activos valuados en más de 30.000 millones de euros según sus propios balances. También podrían verse afectadas Adler Group (Alemania), Grand City Properties (Luxemburgo) y Heimstaden (Suecia).

    Los estudios académicos llegan a conclusiones opuestas. Uno difundido el 25 de septiembre por la Fundación Hans Böckler, vinculada al sindicato DGB, sostiene que las expropiaciones ayudarían claramente a contener los alquileres. Otro del instituto Empirica estima que solo se beneficiaría el 12% de la población. Lo que ambos coinciden en señalar es que el gran interrogante es cómo financiar la operación.

  • “Se busca ampliar la impunidad”: duras críticas de Poder Ciudadano al Gobierno por la corrupción y la falta de transparencia

    “Se busca ampliar la impunidad”: duras críticas de Poder Ciudadano al Gobierno por la corrupción y la falta de transparencia

    En su tradicional cena anual, y con escasa presencia de representantes del oficialismo, Poder Ciudadano apuntó este lunes en duros términos contra el Gobierno al destacar que “la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica” y que “en los últimos años no sólo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad”.

    Así lo dijo en su discurso el presidente de la organización, Martín D’Alessandro, quien remarcó que es “imperioso ocuparse en serio de la corrupción de una buena vez”, ya que, puntualizó, “en las encuestas sigue en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía y en el Índice de Percepción de la Corrupción que confecciona anualmente Transparencia Internacional para 182 países, Argentina se ubica recién en el puesto 104, con apenas 36 puntos sobre 100″. “Es el peor resultado de los últimos 10 años, consolidando la tendencia declinante de los últimos 6 años”, afirmó el titular de Poder Ciudadano.

    En un salón del hotel Sheraton, en Retiro, lo escuchó un variado auditorio en el que se destacó la presencia de dirigentes de la oposición, miembros del Poder Judicial, empresarios y pocos referentes libertarios: estuvieron Luis Petri, Sebastián Pareja y Nicolás Mayoraz, por ejemplo, pero no concurrió ningún miembro del Gabinete nacional ni las máximas autoridades de los bloques legislativos de La Libertad Avanza.

    Cena Anual Poder Ciudadano

    Entre los representantes de la oposición estuvieron, entre otros, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Martín Lousteau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez, Carolina Losada, Laura Alonso, Nicolás Massot, Luis Naidenoff, Mario Negri, Gabriel Katopodis, Germán Martínez, Juan Manuel Abal Medina, Diego Bossio, José Octavio Bordón, Karina Banfi, Ricardo Gil Lavedra, Daniel Arroyo y Marcelo Stubrin. Además, hubo empresarios como Martín Rappallini, Jorge Brito, Gustavo Weiss y Cristiano Ratazzi, y economistas como Hernán Lacunza, Carlos Melconian, Alfonso Prat Gay y Marina Dal Poggetto.

    Además, concurrió una nutrida representación de jueces y fiscales: Julián Ercolini, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, Diego Luciani, Diego Barroetaveña, Inés Weinberg de Roca, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Sergio Mola Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Eduardo Taiano y Alejandra Mángano, entre otros.

    En su discurso, D’Alessandro consideró que la corrupción tiene dimensiones morales, colectivas, estatales, republicanas, democráticas y económicas, al tiempo que señaló que afecta la igualdad ante la ley, debilita la confianza en las instituciones, perjudica las políticas públicas y distorsiona la asignación de bienes públicos.

    Cena Anual Poder Ciudadano

    El titular de Poder Ciudadano cuestionó que desde el Gobierno no se hayan implementado políticas específicas para elevar la transparencia y denunció intentos del oficialismo de reducir la cantidad de juzgados con capacidad para investigar hechos de corrupción cometidos por funcionarios. También criticó el proyecto de inocencia fisca”, enviado al Congreso durante este año, porque inicialmente permitía a funcionarios blanquear dinero no declarado sin dar explicaciones.

    El proyecto oficial de reforma política fue otro de los puntos objetados por D’Alessandro: sostuvo que la iniciativa contempla liberar los límites a las donaciones privadas para campañas electorales y habilitar campañas paralelas sin controles, en sentido contrario a las prácticas internacionales en la materia.

    También cuestionó el incremento del gasto en agencias de inteligencia sin rendición de cuentas y las demoras o versiones contradictorias que, según dijo, buscaron ocultar enriquecimientos sospechosos de funcionarios. Describió esos episodios como una combinación de “arrogancia y tozudez, de tragedia y de comedia”.

    Cena Anual Poder Ciudadano

    Tras mencionar que la Argentina quedó en el último lugar de América Latina en recepción de inversiones extranjeras, de acuerdo con el último relevamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el presidente de Poder Ciudadano vinculó ese retroceso con el deterioro institucional y sostuvo que las reglas estables, la Justicia independiente, la transparencia y la integridad reducen la incertidumbre económica.

    D’Alessandro mencionó estimaciones según las cuales la corrupción le hace perder al país entre 8% y 10% del PBI cada año. A partir de esa cifra, planteó que combatirla podría tener un efecto económico rentable.

    Por otra parte, rechazó la idea de que la corrupción desaparecería solamente con la reducción del Estado. Admitió que las regulaciones excesivas pueden generar oportunidades de corrupción, pero advirtió que una desregulación sin controles también facilita el aprovechamiento de la debilidad estatal.

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    Como ejemplo, recordó una denuncia presentada por la organización que dirige ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en diciembre del año anterior luego de descubrir que, tras la eliminación de trámites y controles, ingresaban al país autos de lujo declarados como vehículos de colección, una maniobra que permitía evadir millones de pesos en impuestos.

    La denuncia derivó en la detección de un posible delito de contrabando agravado, sanciones a funcionarios, cambios normativos y la elevación del caso a la Justicia Penal Económica. Para D’Alessandro, ese episodio mostró la necesidad de instituciones sólidas y de una sociedad civil que controle las decisiones públicas.

    El presidente de Poder Ciudadano aseguró que la democracia no puede depender del crecimiento económico. Recordó que ningún país que sufrió golpes de Estado tuvo ingresos superiores a los de Argentina en 1976, al referirse a la relación entre desarrollo, estabilidad democrática e instituciones.

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    La participación de organizaciones y ciudadanos debe ser considerada un aporte al control de los gobiernos y no una interferencia, enfatizó D’Alessandro. Sin embargo, denunció que el Gobierno avanza en una dirección opuesta mediante decretos y proyectos legislativos que limitarían la intervención de la sociedad civil.

    Entre esas medidas mencionó un decreto que restringió el acceso ciudadano a la información pública y otro que eliminó la participación y la consulta ciudadana en el proceso de designación de jueces. Según expuso, ambas decisiones contradicen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

    También objetó el proyecto de regulación del lobby, que, según describió, busca someter a miles de organizaciones no gubernamentales a un régimen de vigilancia que las obligaría a informar al Estado prácticamente todos sus movimientos. El proyecto de defensa de la soberanía nacional, agregó, pretende limitar la libertad de opinión.

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    Ambas iniciativas prevén delitos de prisión formulados de manera ambigua, señaló. D’Alessandro consideró que ese tipo de disposiciones acerca al país a modelos como los de Venezuela, Hungría y Nicaragua, en lugar de aproximarlo a Estados Unidos o a Europa.

    “Los políticos no se dejan ayudar por los ciudadanos”, resumió el presidente de Poder Ciudadano. A partir de esa premisa, se preguntó cómo podría recuperarse la confianza en la política y en las instituciones si el Estado desconfía de su propia ciudadanía.

    Recordó que la fundadora de la organización, Marta Oyhanarte, había definido ese objetivo durante la primera convocatoria pública de Poder Ciudadano, en abril de 1989: “Hemos iniciado un camino que pretende reavivar nuestra conciencia cívica -dijo-. Esto implica un cambio de modalidad en nuestra forma de pensar y de actuar, porque somos copropietarios de esta democracia”.

    Cena Anual Poder Ciudadano

    Oyhanarte agregó entonces: “Intentamos ser promotores de participación para vivir en un país normal, con un sistema de normas claras que sean cumplidas por gobernantes y gobernados”. También sostuvo que el espíritu de la entidad era “la suma de muchos que hacen poquito y no a la inversa”.

    D’Alessandro afirmó que esa definición continúa orientando las convicciones y la propuesta de Poder Ciudadano. La organización que preside, según precisó, configuró la corrupción como un problema público y promovió el activismo social como complemento de los controles y las sanciones estatales.

    Cena Anual Poder Ciudadano

    D’Alessandro sostuvo que la organización “no adoptó una posición antipolítica ni alentó escándalos, fanatismo punitivo o la idea de que algunas personas son moralmente inferiores por sus opiniones partidarias”. En cambio, salió en defensa de una visión pluralista basada en la transparencia, los controles, la rendición de cuentas y la calidad institucional.

    Cuando los ciudadanos se repliegan en la vida privada, la esfera pública se debilita y aumenta la vulnerabilidad frente al autoritarismo, advirtió. Según D’Alessandro, una sociedad organizada que exige explicaciones fortalece la confianza entre la población y el Estado, reduce las probabilidades de autocratización y mejora las condiciones para el desarrollo.

  • Brasileños detenidos con drogas sintéticas en Entre Ríos fueron imputados y seguirán presos

    Brasileños detenidos con drogas sintéticas en Entre Ríos fueron imputados y seguirán presos

    Los seis brasileños detenidos con drogas sintéticas tras el operativo que permitió secuestrar 38.615 kilos de metanfetamina y 7.258 kilos de pastillas de éxtasis fueron imputados por la Justicia Federal por el delito de transporte agravado de estupefacientes por la intervención organizada de tres o más personas.

     



     

    Los acusados participaron de una audiencia durante el cierre de la última semana ante la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi. Luego de la imputación se dispuso que continuaran detenidos, mientras la Justicia deberá resolver en los próximos días la situación procesal de cada uno.

     

    Los seis involucrados fueron identificados como Christian Thiery Rodrigues, Cesar Henrique Garcia Sgarbi, Maria Izabela Coelho, Raiane Proenca Dos Santos, Vitor Dos Santos Bezerra Moretti y Yuri Belo Massaroni, todos ciudadanos brasileños.

     



     

    Un cargamento valuado en unos $2.500 millones

     

    El procedimiento permitió incautar un cargamento de drogas sintéticas que, según las estimaciones realizadas en el marco de la investigación, tendría un valor aproximado de 2.500 millones de pesos.

     

    En total, fueron secuestrados 38.615 kilos de metanfetamina y 7.258 kilos de pastillas de éxtasis. Por el volumen de sustancias incautadas, el procedimiento quedó entre los mayores decomisos de drogas sintéticas registrados en Argentina.

     

    El operativo tuvo lugar pocos días después de otro importante procedimiento concretado el 16 de septiembre en Zárate, provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad se incautaron 52 kilos de MDMA de máxima pureza, un decomiso que el Gobierno nacional presentó entonces como el mayor secuestro de drogas sintéticas registrado en el país.

     



     

    Cómo comenzó el operativo en Entre Ríos

     

    La investigación que terminó con los seis brasileños detenidos comenzó minutos antes de las 9 del martes 22 de septiembre, cuando efectivos del Puesto Caminero Paso Cerrito, ubicado al norte del departamento Federación, detuvieron la marcha de un Hyundai HB20 con patente brasileña.

     

    Después del control de la documentación, los funcionarios se disponían a realizar una inspección con un perro detector de drogas. Sin embargo, al advertir la presencia del can, el conductor aceleró y escapó del lugar.

     

    A unos dos kilómetros del puesto caminero, el Hyundai fue localizado abandonado. El conductor había ingresado a una zona de campo y permaneció prófugo durante varias horas, por lo que se desplegó un operativo para intentar localizarlo.

     



     

    Las sospechas sobre un segundo vehículo

     

    Paralelamente, los investigadores relacionaron el Hyundai con otro automóvil brasileño que había pasado previamente por el mismo puesto. Se trataba de un Chevrolet Onix gris en el que viajaban dos hombres.

     

    Uno de sus ocupantes fue identificado como Vitor Dos Santos Bezerra Moretti, de 30 años y oriundo de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina. Un dato llamó particularmente la atención de los investigadores: el hombre se había retirado del puesto sin solicitar que le devolvieran su licencia de conducir.

     

    El Chevrolet fue encontrado posteriormente en una estación de servicio YPF ubicada en el acceso a Federación. Estaba cerrado y no había personas en su interior. Al revisar las cámaras de seguridad, los investigadores detectaron que sus dos ocupantes habían subido posteriormente a un Ford Fiesta blanco.

     

    Cinco detenidos en otro puesto caminero

     

    El Ford Fiesta fue interceptado horas más tarde en el puesto caminero de Bella Vista, en el departamento Uruguay. En el vehículo viajaban cinco ciudadanos brasileños.

     

    Los ocupantes fueron identificados como Vitor Dos Santos Bezerra Moretti, Cesar Henrique Garcia Sgarbi, Christian Thiery Rodrigues, Maria Izabela Coelho y Raiane Proenca Dos Santos.

     

    Los tres vehículos involucrados fueron sometidos a requisas. Durante las inspecciones, los investigadores encontraron sustancias ocultas en diferentes sectores de los rodados, entre ellos paneles, asientos y una rueda de auxilio. El pesaje final arrojó 38.615 kilos de metanfetamina y 7.258 kilos de pastillas de éxtasis.

     



     

    El sexto sospechoso estuvo varias horas prófugo

     

    Mientras se desarrollaban esos procedimientos, continuaba la búsqueda del conductor del Hyundai que había escapado desde Paso Cerrito y abandonado el automóvil a pocos kilómetros del control policial.

     

    Finalmente, alrededor de las 18 de aquel martes, el hombre fue localizado sobre la Ruta Nacional 14. Según se estableció, había permanecido durante varias horas en una zona de monte y se encontraba desorientado.

     

    Fue identificado como Yuri Belo Massaroni, de 29 años y domiciliado en Río de Janeiro. Con su detención se completó el grupo de seis ciudadanos brasileños que ahora quedaron imputados por transporte agravado de estupefacientes y continuarán privados de su libertad mientras avanza la causa federal, publicó Diario El Sol.

     

    El antecedente del cargamento incautado en Zárate

     

    El procedimiento entrerriano se produjo menos de una semana después de la incautación de 52 kilos de MDMA de máxima pureza en Zárate. Aquel cargamento había sido encontrado oculto en distintos compartimentos de una camioneta proveniente del puerto de Amberes, Bélgica.

     

    La investigación fue desarrollada por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, junto con la Dirección General de Aduanas de ARCA y con intervención de la Justicia Penal Económica y la PROCUNAR. El expediente se había iniciado en marzo a partir de información proporcionada por la DEA de Estados Unidos sobre una organización criminal transnacional.

     

    Durante aquel procedimiento fueron encontrados inicialmente 20 kilos de MDMA y, después de desmontar otros sectores del vehículo, otros 32 kilos. Según estimaciones oficiales difundidas tras el operativo, esa cantidad habría permitido elaborar alrededor de un millón de pastillas de éxtasis.

  • Fernanda Miño reclamó fondos para los barrios populares: “El Gobierno desmanteló la integración urbana”

    Fernanda Miño reclamó fondos para los barrios populares: “El Gobierno desmanteló la integración urbana”

    La diputada Fernanda Miño denunció el allanamiento de su vivienda durante las investigaciones posteriores al cambio de gobierno
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    Fernanda Miño cuestionó al Gobierno por haber interrumpido las políticas de integración de los barrios populares y defendió un proyecto que busca extender por diez años la emergencia sociourbana. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 140 legisladores y plantea recuperar el financiamiento para obras de infraestructura.

    En diálogo con Infobae al Regreso, la diputada nacional de Unión por la Patria sostuvo que el problema alcanza a miles de familias que todavía viven sin servicios básicos y aseguró que existen recursos que podrían destinarse a retomar los trabajos.

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    “Este proyecto nace de la Mesa Nacional de Barrios, pero hablar solamente de este proyecto sin tener en cuenta la historia que venimos trabajando desde el 2016, quienes vivimos en barrios populares”, señaló Miño, quien nació y vive en la villa La Cava, en San Isidro.

    La exsecretaria de Integración Socio Urbana recordó que las políticas destinadas a los barrios populares comenzaron a tomar una forma institucional con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares y la sanción de la Ley 27.453. Según explicó, el proceso involucró a organizaciones sociales, Techo y Cáritas y terminó reuniendo el apoyo de distintos sectores políticos.

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    “Convencimos a todos los diputados y senadores de que era una política que teníamos que desarrollar como política pública”, afirmó.

    Uno de los instrumentos que destacó fueron los certificados de vivienda, que permiten acreditar la residencia de las familias que viven en los barrios registrados. “Obtuvimos certificados de vivienda, que son como un título posesorio”, explicó.

    informe Condiciones de vida en barrios populares

    Para Miño, la discusión actual no debería centrarse únicamente en la construcción de viviendas. El objetivo, planteó, es intervenir sobre los barrios existentes para garantizar infraestructura y servicios.

    “Hay familias que por ahí quieren una vivienda, es decir, hay familias que hay que integrarlas ya”, sostuvo.

    El déficit de infraestructura en los barrios populares

    Miño aseguró que existen más de 6.400 barrios populares en el país y describió las principales carencias que todavía persisten en buena parte de ellos.

    “Están con necesidades básicas de los servicios: agua potable, energía, accesos, falta de luminarias, espacios de encontrarse, salones de usos múltiples”, enumeró.

    También mencionó problemas derivados de la falta de infraestructura adecuada, como inundaciones y accidentes vinculados con las instalaciones eléctricas: “Barrios que se inundan, barrios que se incendian por malas conexiones eléctricas”.

    La diputada sostuvo que durante su gestión se buscó modificar el enfoque de las políticas habitacionales y priorizar la urbanización de los barrios ya existentes. “Cambiamos ese paradigma llevando los servicios básicos a los barrios populares de la Argentina”, señaló.

    En ese contexto, mencionó el programa Mi Pieza, que otorgaba asistencia económica para ampliar o mejorar viviendas de mujeres que viven en barrios populares. Según Miño, la iniciativa alcanzó a unas 250.000 familias.

    (Infobae en Vivo)

    El reclamo por los fondos

    Uno de los principales argumentos de Miño para impulsar la extensión de la emergencia es que, según afirmó, todavía existen recursos que habían sido destinados a financiar obras de integración urbana.

    “Tiene dinero, tiene más de 260 mil millones de pesos”, aseguró al referirse al fideicomiso utilizado para financiar las obras.

    La diputada explicó que esos recursos habían sido alimentados, entre otras fuentes, por el Impuesto PAIS y el aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas.

    “Ese dinero era del Impuesto PAIS, que ellos lo sacan, y es del aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas”, sostuvo.

    Para Miño, la disponibilidad de esos fondos permite retomar una política que, según su planteo, quedó interrumpida con el cambio de administración.

    Cómo se asignaban y controlaban las obras

    Durante la entrevista, Gustavo Lazzari planteó además quién debía administrar los recursos y cómo se garantizaba que llegaran efectivamente a los barrios.

    Miño rechazó que durante su gestión los fondos fueran asignados directamente a organizaciones sociales o a determinados sectores políticos.

    La política de integración de barrios populares comenzó con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares y la Ley 27.453 (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

    “No se direccionaba a una organización social, ni a un solo partido político, ni a un gobernador, ni a una intendencia”, afirmó.

    Según explicó, los proyectos debían llegar a la Secretaría de Integración Socio Urbana para ser evaluados antes de recibir financiamiento. Además, aseguró que existían equipos técnicos encargados de supervisar las obras y que también participaron universidades.

    “Personalmente teníamos un equipo que lo hacía desde el ministerio, desde la secretaría y universidades trabajando en pos de que esas obras se hagan en los barrios populares”, señaló.

    Como ejemplo de la articulación con gobiernos de otros espacios políticos, mencionó a Jujuy durante la administración de Gerardo Morales. “Con el gobierno mismo de Morales celebramos proyectos que llegaron a barrios populares”, recordó.

    La transición con el gobierno de Milei

    Miño también habló sobre el traspaso de la Secretaría de Integración Socio Urbana al gobierno de Javier Milei y aseguró que intentó mantener una transición ordenada con Sebastián Pareja.

    Sebastián Pareja junto a Javier Milei

    Según su relato, puso a disposición de las nuevas autoridades información sobre los programas, los proyectos y los recursos disponibles. Sin embargo, después del cambio de gobierno quedó involucrada en investigaciones vinculadas con su gestión. “Hubo una persecución, de hecho, allanaron mi casa”, sostuvo.

    La diputada también mencionó una auditoría realizada durante la gestión de Pareja y aseguró que el actual legislador de La Libertad Avanza había reconocido resultados positivos de la política de integración urbana.

    El proyecto que impulsa la Mesa Nacional de Barrios Populares busca ahora extender por diez años la emergencia sociourbana y garantizar recursos para continuar con las obras. Para Miño, el desafío pasa por recuperar una política que permita llevar infraestructura y servicios a los barrios que todavía permanecen al margen de la ciudad formal.

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  • YPF y Entre Ríos firmaron un acuerdo para mejorar la logística y reducir costos hacia Vaca Muerta

    YPF y Entre Ríos firmaron un acuerdo para mejorar la logística y reducir costos hacia Vaca Muerta

    El gobierno de Entre Ríos y YPF firmaron este lunes un convenio de cooperación orientado a la producción de arenas silíceas, el desarrollo de infraestructura de transporte y la incorporación de empresas locales a la cadena de proveedores vinculada con Vaca Muerta. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de tres años y no prevé, por sí mismo, partidas presupuestarias específicas para la provincia.

    La firma se realizó en las oficinas de YPF en Buenos Aires y estará a cargo del gobernador Rogelio Frigerio y el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín. Según informó la administración entrerriana, el documento establece un marco de trabajo para analizar proyectos en materia de minería, logística, energía, infraestructura y modernización de servicios públicos.

    El entendimiento se plantea en un contexto en el que la actividad no convencional de Vaca Muerta demanda insumos y servicios de distintas regiones del país. Entre ellos se encuentran las arenas silíceas, utilizadas en las operaciones de fractura hidráulica de los pozos de petróleo y gas.

    Uno de los puntos principales del acuerdo es el estudio de alternativas para ampliar la producción de arenas silíceas en Entre Ríos y mejorar las condiciones de traslado hacia la formación neuquina. Las partes evaluarán obras y mecanismos vinculados con la red vial, el sistema ferroviario y las vías fluviales.

    El convenio busca bajar los costos logísticos de la producción en Vaca Muerta.

    El objetivo expresado en el comunicado oficial es hacer más eficiente el movimiento de la producción y reducir costos dentro de la cadena logística. Marín valoró la calidad de las arenas silíceas entrerrianas: “Es la que usamos para nuestros pozos y es la mejor que se ha encontrado en la Argentina hasta ahora”.

    A la vez, sostuvo que el acuerdo permitirá fortalecer la cooperación con la provincia y contribuir a un desarrollo integral de Vaca Muerta, que “va a generar mucho trabajo para todos”, con el objetivo de hacer más eficiente la actividad tanto para YPF como para las demás compañías, aseguró.

    La provincia busca consolidar su presencia en la provisión de ese insumo y aprovechar su red de empresas, su capacidad productiva y su localización dentro de los corredores de transporte. El convenio también contempla la posibilidad de que firmas entrerrianas se incorporen a la red de proveedores de YPF y de otras actividades relacionadas con el desarrollo energético.

    “Entre Ríos tiene recursos, empresas, capacidad productiva y una ubicación estratégica que pueden aportar competitividad al desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó Frigerio. El mandatario sostuvo que la intención es que la provincia participe de ese proceso mediante inversiones y generación de empleo, además de contribuir a una reducción de los costos logísticos.

    La agenda conjunta prevé el análisis de nuevos puntos comerciales y estaciones de servicio de YPF en corredores estratégicos de Entre Ríos. También incorpora iniciativas de electromovilidad, con la eventual expansión de infraestructura de carga para vehículos eléctricos en el territorio provincial.

    Otro apartado se refiere a la incorporación de sistemas de telemetría para la flota de vehículos públicos. Esas herramientas permitirían obtener datos sobre el uso, los recorridos y el estado de las unidades, con el propósito de ordenar su administración y el empleo de recursos.

    La provincia y YPF también analizarán la incorporación de proveedores locales, infraestructura para electromovilidad y nuevos puntos comerciales. (Foto: Reuters)

    Además, la provincia y la empresa analizarán opciones para reconvertir o utilizar activos de YPF en proyectos de almacenamiento destinados a la producción agroindustrial, especialmente a los aceites vegetales. El acuerdo prevé también un trabajo con municipios para evaluar herramientas e incentivos fiscales que puedan favorecer nuevas inversiones privadas.

    “Queremos que la provincia sea protagonista de esa transformación, generando inversiones y trabajo para los entrerrianos y, al mismo tiempo, contribuyendo a mejorar la logística y reducir costos de una cadena fundamental para el desarrollo del país”, señaló Frigerio.

    El convenio marco funcionará como una base para la cooperación entre el gobierno provincial y la compañía. Cada iniciativa que avance deberá formalizarse mediante acuerdos particulares, en los que se definirán las inversiones, las responsabilidades de cada parte, las condiciones y los plazos.

    De esta manera, la firma no supone la asignación automática de recursos ni la ejecución inmediata de obras. La concreción de los proyectos dependerá de las evaluaciones técnicas, la disponibilidad de financiamiento y los instrumentos que se acuerden en cada caso.

    El entendimiento incluye una agenda que abarca la actividad minera, el transporte de cargas, la participación de proveedores, el desarrollo comercial, la electromovilidad y el aprovechamiento de activos vinculados con la actividad agroindustrial. Tras la firma, YPF y Entre Ríos deberán determinar cuáles de esas líneas tendrán prioridad y bajo qué condiciones se llevarán adelante.

  • Antes de viajar a París, Milei posteó un video de IA que se burla de la primera dama francesa

    Antes de viajar a París, Milei posteó un video de IA que se burla de la primera dama francesa

    El Presidente se reunirá el próximo jueves con su par de ese país, Emmanuel Macron. En la previa del encuentro, posteó un video que parodia a su esposa Brigitte.

    El presidente Javier Milei viajará este martes a Francia para encabezar la Argentina Week en París, un encuentro internacional cuyo objetivo será conseguir nuevas inversiones y lograr un respaldo político en medio de las tensiones internas y un escenario económico complejo para el oficialismo.

    Milei irá acompañado por 13 gobernadores de distintos espacios políticos. Se trata de Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). También está prevista la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. A ellos se sumarán empresarios de los sectores energético y agroindustrial.

    La jornada central será el jueves en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”. Allí, el Presidente pronunciará las palabras centrales del evento.

    Javier Milei verá a Emmanuel Macron el próximo jueves, en París.

    Javier Milei verá a Emmanuel Macron el próximo jueves, en París.

    Ese día, Milei mantendrá un encuentro con su par francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Y en la previa de ese encuentro, llamó la atención una actitud del líder de La Libertad Avanza. En sus redes sociales, compartió un video generado con Inteligencia Artificial que parodia a la película ‘¿Qué pasó ayer?’, y lo coloca junto a Donald Trump, Giorgia Meloni y Volodímir Zelenski, entre otros dirigentes, como protagonistas de una noche de excesos después de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

    La parodia alcanza también a Macron y a su esposa, Brigitte. De hecho, el video se hace eco en tono de burla del episodio ocurrido en mayo durante la llegada del matrimonio presidencial francés a Vietnam, cuyas imágenes fueron utilizadas en redes para instalar la versión de una supuesta cachetada de la primera dama a su marido.

    Lejos de preocuparse por la diplomacia y el próximo encuentro con Macron, Milei acompañó el montaje con una de sus consignas habituales: “FENÓMENO BARRIAL”.


  • Jorge Colina: “Para crecer en serio, Argentina necesita llevar la inversión al 25% del PBI”

    Jorge Colina: “Para crecer en serio, Argentina necesita llevar la inversión al 25% del PBI”

    El economista advirtió que la superposición tributaria entre la Nación, las provincias y los municipios perjudica la producción
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    La inversión argentina representa el 15,1% del PBI y acumula una caída del 7,8% en lo que va del año, un escenario que desafía la recuperación de la actividad y obliga al Gobierno a buscar nuevas condiciones para estimular el capital privado.

    Para Jorge Colina, economista de Idesa, la baja responde en buena medida a la desconfianza que todavía existe sobre la economía argentina, después de años de inestabilidad macroeconómica. En Infobae al Regreso, sostuvo que los países que buscan desarrollarse necesitan una tasa de inversión de al menos 25%.

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    “El 25% es lo que tuvo Chile cuando más creció en la década del 90, es lo que tuvo Perú también cuando más creció y los asiáticos ya tienen tasas arriba de 30%. Incluso China creo que está en 40%, una cosa así”, afirmó.

    La diferencia con Argentina, según Colina, refleja una conducta de los ahorristas y empresarios que se mantiene desde hace décadas. “Los argentinos todavía siguen desconfiando de la economía argentina y por eso es que no invierten en fierros, en ladrillos. Ladrillos sí en casas, pero no en una fábrica”, explicó.

    El economista también se refirió a la compra de dólares por parte de los particulares. “Todos los meses los argentinos compran USD 3.000 millones, que no es para invertir, es para que vaya al colchón. Ahora por lo menos se queda en home banking”, señaló.

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    (Infobae en Vivo)

    El peso de la inestabilidad

    Para Colina, una parte de esa desconfianza se explica por las experiencias acumuladas desde la salida de la convertibilidad. Recordó que durante la década del 90, con diez años de estabilidad, la tasa de inversión llegó a superar el 20% en 1996 y 1997.

    Luego, según planteó, la salida de ese régimen dejó una huella profunda en las decisiones económicas. “Vino una salida muy traumática de convertibilidad. No digo que no había que salir, pero no tan traumáticamente, en donde se quedaron con los depósitos, rompieron los contratos hipotecarios”, sostuvo.

    “Eso se está todavía pagando. La gente ya lleva 25 años de mucha inestabilidad, entonces no confía”, agregó.

    En ese contexto, consideró que la permanencia de las restricciones cambiarias tampoco favorece la inversión. “Seguimos con el cepo, ya pasaron tres años y el cepo continúa. Entonces no sabemos si el valor del dólar es $1.500”, afirmó.

    Su propuesta es avanzar hacia una liberación completa del mercado cambiario. “Habría que sacar el cepo entero y dejarlo que flote, y ahí ver cuál es el valor. Y eso va a dar algo más de confianza”, planteó.

    También cuestionó el nivel de las tasas de interés y los incentivos que generan para quienes tienen capital disponible. “Lo que conviene es comprar títulos públicos en lugar de ponerlo en una empresa”, señaló.

    Consultado sobre si eso implicaría modificar el programa económico, Colina prefirió hablar de profundizar el rumbo anunciado. “Yo le llamaría seguir avanzando con coherencia con lo que se prometió”, respondió.

    La inestabilidad posterior al fin de la convertibilidad condicionó el comportamiento de los inversores durante las últimas décadas (REUTERS/Dado Ruvic)

    En ese sentido, planteó “sacar el cepo, empezar a bajar y liberar la tasa de interés para que la mueva el mercado” y evitar que el Tesoro interfiera sobre el mercado de tasas o el mercado de futuros. “Vamos a la libertad”, resumió.

    Vaca Muerta, minería y la economía urbana

    Colina también cuestionó la composición del crecimiento y el peso que tienen determinados sectores en la recuperación. Según explicó, mientras el consumo muestra señales dispares según el indicador utilizado, la inversión continúa retrocediendo.

    “Si uno mide 2023 con 2026, sube un poco el consumo, cayó la inversión. Las exportaciones crecieron un 38% por el tema campo, Vaca Muerta y ahora que se empieza a meter minería”, precisó.

    Para el economista, las grandes inversiones y buena parte de las expectativas oficiales están concentradas en esos sectores. “Las inversiones que se hacen las grandes empresas y la apuesta que hace el Gobierno está en el campo, Vaca Muerta y la minería, y no en la economía urbana”, afirmó.

    “Mientras le vaya bien a Vaca Muerta, nos va a ir bien a nosotros. Y ahí me parece que aparece el problema”, agregó.

    La inversión productiva en Argentina cayó un 7,8% en el año y representa el 15,1% del Producto Bruto Interno (REUTERS/Alexander Villegas)

    Colina resumió esa tensión con una definición sobre el impacto social del modelo: “Tenemos Vaca Muerta, que es la promesa, y el aumento de la pobreza sin inflación”.

    Maquinaria, impuestos e infraestructura

    Al analizar la composición de la inversión, el economista identificó a la maquinaria y el equipamiento como uno de los componentes más afectados. “Maquinaria y equipo es lo que más cae”, afirmó ante una consulta de Gustavo Lazzari.

    Según explicó, la construcción privada es actualmente la que sostiene buena parte de la inversión, mientras la obra pública sufrió una fuerte caída. La importancia de la maquinaria, agregó, radica también en que incorpora tecnología y permite elevar la productividad.

    Otro de los obstáculos que señaló es la estructura tributaria. “No hay un sistema, hay tres: el sistema nacional, el sistema provincial y el sistema municipal”, sostuvo.

    Colina cuestionó la superposición entre tributos nacionales, provinciales y municipales, particularmente por el impacto de IVA, Ingresos Brutos y tasas. “Actúan independientemente, gravando los mismos hechos imponibles: una venta, gravando los ingresos de la gente”, explicó.

    (Infobae en Vivo)

    También apuntó contra las retenciones y percepciones provinciales y propuso un acuerdo entre Nación y provincias para armonizar el sistema. “Hay que hacer un acuerdo entre la Nación y las provincias para armonizar esto”, planteó.

    A esa carga tributaria sumó el costo logístico, especialmente para las empresas radicadas fuera de Buenos Aires. “Es costosísimo traer producción desde el interior hacia Buenos Aires o llevarla desde Buenos Aires hacia el interior”, señaló.

    En ese punto, reclamó recuperar la infraestructura vial. “El tema de las rutas nacionales creo que hay que recuperarlas rápidamente. Ahora ya se hicieron las concesiones, el año que viene empezará a recuperarse, pero haber dejado la infraestructura tan abandonada fue un paso para atrás”, concluyó.

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  • Reforma electoral: en el Senado apuestan al viaje de gobernadores con Milei y Santilli

    Reforma electoral: en el Senado apuestan al viaje de gobernadores con Milei y Santilli

    El viaje del presidente Javier Milei a Francia tiene doble importancia para el Gobierno. Además de la búsqueda de inversiones, la expectativa gira en torno a la participación de 13 gobernadores y en especial de los radicales, por su influencia en el bloque de senadores de la UCR cuyos votos son clave para que el oficialismo destrabe la reforma electoral y la supresión de las PASO.

    La iniciativa del Gobierno para modificar el sistema electoral está trabada en el Senado. La discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales se reabrió hace dos semanas pero la eliminación o suspensión de las PASO que pretende la mesa política liderada por Karina Milei todavía no reúne los votos necesarios. “Esto se resuelve afuera”, indicó un senador oficialista a iProfesional, en referencia al diálogo entre la Casa Rosada y los gobernadores.

    A cargo de esas negociaciones está el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien también viajará a París y tendrá de la noche del martes -cuando sale el vuelo a París- hasta la mañana del sábado para conversar y tratar de acercar posiciones con los mandatarios provinciales sobre la agenda legislativa, con especial énfasis en el Presupuesto 2027 y en la reforma electoral.

    “Sigue todo igual. Ahora que se llevan a los gobernadores a París vamos a ver si ahí destraban algo”, comentan por estos días en la bancada oficialista que encabeza Patricia Bullrich, quien ya advirtió en la mesa política que los votos para eliminar o suspender las PASO por ahora no están y aguarda, al igual que el resto del bloque, que la Casa Rosada defina el curso de acción en base al diálogo con los jefes provinciales. La Justicia ya exhortó a que el tema se resuelva antes de fin de año.

    Los gobernadores que viajan con Milei: ¿por qué para la reforma electoral son clave los de la UCR?

    De la comitiva que acompaña a Milei participan Jorge Macri (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut).

    En lo que respecta a la reforma electoral, la atención de Santilli estará puesta especialmente en los radicales Zdero, Valdés, Cornejo y Sadir porque el bloque de 10 senadores que tiene la UCR es la llave que le permitiría a LLA alcanzar la mayoría de 37 para avanzar, al menos, con la supensión de las PASO, según los cálculos que hacen cerca de Bullrich.

    Santilli ya consiguó el apoyo de los otros gobernadores que integran la comitiva, como Figueroa, Jalil y Sáenz. Por su parte, Torres hizo guiños a la suspensión de las PASO aunque suele aclarar públicamente que él las eliminó en Chubut. Entre todos ellos pueden sumar cinco votos a los 21 de LLA en el Senado.

    En el oficialismo descuentan el apoyo del senador correntino Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas) y todavía no saben qué harán los tres del PRO, hasta ahora reticentes a eliminar las PASO. Pero aún si tuvieran los votos del bloque amarillo llegarían a 30 y les faltarían siete más. Los buscan en el bloque de la UCR que preside el correntino Eduardo Vischi.

    Según supo este medio, Bullrich ya advirtió hacia adentro de LLA que sin el apoyo de la UCR le será casi imposible llegar a la mayoría necesaria y los gobernadores del radicalismo pueden influir exacamente sobre siete de los 10 senadores que integran la bancada, donde hay solo tres que no tienen terminal política en sus provincias: el bonaerense Maximiliano Abad, el pampeano Daniel Kroneberger y el catamarqueño Flavio Fama.

    ¿Cuánta influencia pueden tener esos gobernadores en el Senado?

    El oficialismo apuesta a ganarse el apoyo de esos mandatarios para destrabar la reforma electoral, aunque su influencia sobre el bloque tiene aristas que complejizan los cálculos del Gobierno. Por ejemplo, Sadir -que viaja a Francia- no tiene senadores que le respondan directamente, mientras que Zdero ya tiene una alianza bastante sólida con LLA en su provincia y puede sumar un voto.

    Otro de los radicales que viaja es Valdés, quien hace algunas semanas condicionó su apoyo a la reforma electoral a que se aprobara la ley de zonas frías. Esto finalmente ocurrió el jueves pasado y ahora el oficialismo quiere ver si el gobernador correntino puede influir en el voto de Vischi, quien tiene presentado un proyecto para mantener las PASO, pero sin que sean obligatorias. En LLA por ahora rechazan esa alternativa.

    Una posición clave es la de Cornejo. El influyente goberandor de Mendoza también compartirá el viaje con Milei y Santilli, lo que genera expectativa en los dos senadores radicales de su provincia, Rodolfo Suárez y Mariana Juri. No obstante, cerca de Cornejo aseguran a iProfesional que “nunca le dijo a Rody cómo votar, tienen una relación de pares”, debido a que Suárez también fue gobernador.

    La esperanza para el Gobierno en torno a esos dos votos pasa por el hecho de que Suárez y Jury presentaron hace dos años una iniciativa propia para eliminar las PASO a nivel nacional. Si mantienen la misma posición será una buena noticia para LLA, pero si deciden seguir la línea política de Cornejo, que defiende las primarias en su provincia, el escenario cambia. Entra en juego otro factor: si la Rosada apoya o no a Luis Petri para disputarle la provincia al “cornejismo”.

    El elenco de gobernadores de la UCR se completa con el santafesino Maximiliano Pullaro, quien declinó la invitación a París. Su relación con el gobierno de Milei es fluida y dos de los tres senadores por Santa Fe son radicales. Sin embargo, Pullaro no tiene tanta “palanca” sobre el voto de la senadora Carolina Losada, quien lo enfrentó por la candidatura a gobenador en las primarias provinciales de 2023 y suele moverse con cierta autonomía en el Senado.

    Dos aliados que no viajan con Milei y Santilli y tampoco apoyan la eliminación de las PASO

    En ese contexto, el diálogo que pueda entablar Santilli con los gobernadores radicales durante el viaje en torno a la reforma electoral es importante para el oficialismo en el Senado, pero también delicado. El jefe de Gabinete deberá calibrar hasta dónde pueden presionar esos jefes provinciales al bloque para asegurar los siete votos estratéticos que busca.

    Mientras que Frigerio, Weretilneck y Orrego apoyan al Gobierno en su intento de bajar las PASO de 2027 pero no tienen senadores que les respondan, el otro nombre que se destaca en la comitiva oficial es el del santacruceño Vidal. Nadie sabe todavía qué posición tomarán los senadores del bloque Movere Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carmbia, quienes tienen una relación fluctuante con el gobernador de su provincia.

    La Casa Rosada dejó afuera del viaje a los gobernadores más críticos y cercanos al peronismo, como Axel Kicillof (Buenos Aires) o Sergio Ziliotto (La Pampa), pero tampoco participan Osvaldo Jaldo (Tucumán) ni Hugo Passalacqua (Misiones) a pesar de que suelen apoyar al oficialismo en el Congreso.

    Su ausencia puede ser sintomática de lo que ocurre puntualmente con la reforma electoral y del interés del Gobierno en aprovechar el viaje para avanzar con esa negociación, ya que Jaldo adelantó hace varios meses que está en contra de eliminar las PASO y Passalacqua compartió hace poco en Misiones un acto con Kicillof, en el que el bonaerense criticó la iniciativa de Milei.

    Si los tucumanos y los misioneros no respaldan la reforma electoral, LLA se perderá de cuatro votos que en otras oportiunidades engrosaron sus cuentas. De allí que el oficialismo necesite sí o sí el apoyo de al menos siete de los diez senadores de la UCR, mientras apuesta a que la mesa de diálogo que abrieron los libertarios con el PRO acerque otras tres voluntades y espera a ver qué hacen los santacruceños. Las cuentas, por ahora, confirman las dificultades del Gobierno.

    La alternativa que incomoda al Gobierno, en tiempo de descuento para la reforma electoral 

    Cerca de un jefe provincial de contacto fluido con el Gobierno deslizaron a iProfesional que Santilli “va a ir por la suspensión, pero si falta nafta podría girar hacia las PAS”, es decir, la propuesta de primarias abiertas pero no obligatorias que hicieron tanto Vischi en la UCR como el bloque del PRO que preside Martín Goerling, alineado con Mauricio Macri.

    Sin embargo, en LLA advierten que para ellos eso no es una opción. Aceptarlas sería resignar el argumento fiscal de que la intención de eliminar o suspender las PASO es ahorrarle al Estado u$s200 millones. De esta forma, mientras buscan los votos del Senado todavía hay contradicciones internas en el Gobierno: mientras algunos especulan con tomar esa alternativa si no logran la suspensión, otros la descartan de plano.

    Para el oficialismo el tiempo apremia. La Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad judicial en la materia, ya exhortó al Congreso a resolver cualquier tipo de reforma antes de que finalice el año para cumplir con los estándares internacoinales de transparencia y dar tiempo a la logística. El Gobierno tomó nota y los bloques dialoguistas también. Por ello en el Senado hay expectativa en torno al viaje de Milei y Santilli junto a ese grupo de gobernadores.

  • Por qué una empresa británica voló de Malvinas a Punta Arenas y cómo es la nueva ruta que el Reino Unido busca abrir con Chile

    Por qué una empresa británica voló de Malvinas a Punta Arenas y cómo es la nueva ruta que el Reino Unido busca abrir con Chile

    José Antonio Kast Andy Burnham
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    El Gobierno de Javier Milei presentó este lunes una denuncia a través de un comunicado en el que apuntó contra la empresa del Reino Unido, Thales UK Limited, por realizar un vuelo sin autorización entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas. Todo tuvo que ver con un foro empresarial que se desarrolla en la localidad patagónica, con el objetivo de abrir una nueva ruta comercial entre Chile y el archipiélago.

    Este lunes 28 y martes 29 de septiembre, se llevará a cabo el Punta Arenas Business Showroom, un foro que reúne a empresarios chilenos con la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC, por sus siglas en inglés). El objetivo era juntar cerca de 80 representantes de firmas oriundas del país trasandino y británicas para explorar nuevas oportunidades comerciales.

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    De acuerdo a lo que informaron desde la FIDC, el objetivo es consolidar una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Según informó Infobae, se firmó un contrato con la naviera chilena Easter Island Naviera con el objetivo de establecer una nueva vía comercial marítima y así poder disputarle el abastecimiento de las islas a Uruguay, que está a 2.000 kilómetros de distancia.

    Afiche informativo con una vista panorámica urbana, el texto Punta Arenas Business Showroom, fechas del evento y logotipos institucionales

    La ruta entre ambas ciudades ya funcionó durante varias décadas, pero se volvió financieramente inviable a principios de los 2000. En 2025, la FIDC detectó potencial suficiente para reactivarla e inició consultas con el sector privado de las islas, navieras trasandinas y el municipio de Punta Arenas, para luego elaborar un informe de antecedentes dirigido a las partes involucradas. La corporación opera como un organismo cuasi autónomo financiado por el gobierno de las islas, con un presupuesto anual de aproximadamente £1.000.000.

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    Alrededor de 40 representantes del sector privado de las islas participan del evento junto a entre 30 y 40 firmas chilenas. El encuentro de dos días apunta a concretar acuerdos con proveedores y firmar contratos. Según la FIDC, se trataría de la delegación comercial más grande que las islas hayan enviado al exterior. Entre los productos que se contempla transportar desde Punta Arenas figuran frutas y verduras frescas, productos lácteos, madera, materiales de construcción, alimento para animales, ganado, maquinaria pesada, repuestos para vehículos, vinos y cervezas.

    La naviera chilena Easter Island Naviera firmó un acuerdo para operar una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino (EFE/Federico Anfitti)

    Louise Ellis, subdirectora general de la FIDC, explicó el origen del proyecto en declaraciones recogidas por el organismo: “La reapertura de la ruta entre Punta Arenas y Puerto Argentino fue vista como una oportunidad comercial y un área lógica para la expansión empresarial por Easter Island Naviera, que cuenta con una exitosa trayectoria al servicio de una comunidad remota. Por ello, han colaborado con empresas de las Islas Malvinas y Punta Arenas para lanzar su nuevo proyecto. La FIDC ha facilitado la colaboración con el sector privado de las islas y ha proporcionado acceso a información regulatoria y otra información pertinente para respaldar el desarrollo de su plan de negocios”.

    Easter Island Naviera es una compañía especializada en logística y transporte marítimo que opera principalmente en la ruta Valparaíso-Isla de Pascua. Según la propia empresa, esa especialización en territorios remotos le permitió desarrollar las capacidades necesarias para operar en zonas de alta complejidad, incluyendo la Antártica.

    El Gobierno argentino denunció a la empresa Thales UK Limited por realizar un vuelo sin autorización entre las Islas Malvinas y Chile

    Sin embargo, el vuelo de una aeronave con matrícula del Reino Unido, vinculada a Thales UK Limited, que trasladó integrantes de la delegación isleña a Punta Arenas sin autorización de las autoridades argentinas, derivó en una escalada diplomática inmediata. El presidente Javier Milei ordenó dar inicio a procedimientos sancionatorios contra esa empresa, e instruyó a los equipos de gobierno para avanzar en las gestiones diplomáticas del caso, según el comunicado de la Oficina del Presidente difundido este lunes.

    La denuncia se produce en el marco de una tensión creciente entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago. En paralelo al foro en Punta Arenas, el gobierno de Milei intimó a Londres para que frene en un plazo de dos semanas las operaciones de exploración de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas. De no cumplirse ese requerimiento, Argentina solicitará medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). El canciller Pablo Quirno advirtió además que las compañías que operen en las islas quedarán excluidas de proyectos estratégicos en territorio argentino, como Vaca Muerta.

    Imagen satelital de las Islas Malvinas (NASA)

    Desde Chile, la postura viene siendo bastante ambigua. El ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, afirmó en declaraciones a Radio Polar Magallanes que su país apoya el reclamo de soberanía argentino, aunque aclaró que eso no implica restricciones al comercio. “Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”, sostuvo el funcionario, que responde al presidente José Antonio Kast. Al referirse al Reino Unido, Barros Tocornal lo calificó como “un país amigo” que “ejerce soberanía” desde hace 200 años, lo que generó rispideces con Buenos Aires.

    La cuestión tiene, además, un componente legal complejo. El decreto 256 del gobierno argentino, dictado en febrero de 2010, exige autorización previa para los buques que naveguen entre el territorio continental y las islas. No obstante, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) reconoce el derecho de tránsito de cualquier embarcación sin carga militar por la Zona Económica Exclusiva. Esa contradicción normativa fue señalada por el excomandante en jefe de la Armada de Chile, Julio Leiva, quien alertó sobre los potenciales conflictos que podría traer la nueva ruta.

    Mientras tanto, en el plano legislativo, el Congreso de la Nación se prepara para tratar el proyecto de ley de Soberanía Nacional que busca ampliar las sanciones a empresas vinculadas con las islas, crear un Consejo de Seguridad Nacional y establecer medidas de respuesta ante amenazas “graves e inminentes”.

  • Fuerte caída: la soja perdió más de US$11 por tonelada en Chicago y volvió a valores de hace dos semanas

    Fuerte caída: la soja perdió más de US$11 por tonelada en Chicago y volvió a valores de hace dos semanas

    La semana comenzó con una fuerte caída del precio de la soja en Chicago. La posición noviembre perdió US$11,57 por tonelada y cerró en US$473,35, frente a los US$484,92 del viernes. Con este retroceso, la oleaginosa volvió prácticamente a los valores de hace dos semanas. Entre las razones que explicaron la baja estuvieron las novedades comerciales entre Estados Unidos y China y las expectativas de una posible desescalada de los conflictos geopolíticos.

    China eliminará aranceles adicionales para distintos productos agrícolas estadounidenses, entre ellos maíz, trigo, carnes, lácteos y harinas, pero la soja quedó excluida de esa quita y mantendrá un gravamen del 10%. Nehuén López, analista de mercados agrícolas de Grassi S.A., explicó que esto dificulta las compras por parte de las procesadoras privadas chinas, que enfrentan márgenes más ajustados, y le dio debilidad a los precios en Chicago.

    La soja comenzó la semana con una fuerte caída en el mercado de Chicago y cerró en US$473,35 por tonelada
    La soja comenzó la semana con una fuerte caída en el mercado de Chicago y cerró en US$473,35 por tonelada

    De todas maneras, indicó que China ya compró algo más de 12 millones de toneladas de las 25 millones acordadas anualmente.

    Lorena D’Angelo, analista de granos de AZ-Group, coincidió en que las novedades comerciales entre Estados Unidos y China estuvieron entre las razones de la caída y agregó que la permanencia del arancel puede beneficiar a los competidores sudamericanos. “No se eliminó el arancel del 10% que tiene gravadas las importaciones de soja estadounidense con destino a China, lo que reduce la competencia del poroto de soja de ese país y favorece la exportación desde la Argentina y Brasil”, explicó.

    A las explicaciones de los analistas se sumó la reacción de los productores estadounidenses. Según detalló Granar, la Asociación Americana de Soja (ASA) lamentó que la oleaginosa quedara afuera de la reducción de aranceles. La entidad advirtió que la permanencia del gravamen del 10% limita el acceso de los compradores privados chinos, mientras las empresas estatales continúan con sus adquisiciones. Durante la jornada, además, no se conocieron nuevas ventas de soja estadounidense a China, de acuerdo con el informe.

    No obstante, los embarques estadounidenses de soja mostraron una mejora en la última semana. Según informó la corredora sobre la base de datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), las inspecciones de embarques alcanzaron 1.152.913 toneladas entre el 18 y el 24 de septiembre, frente a las 769.698 toneladas de la semana anterior. Del volumen total, 806.776 toneladas tuvieron a China como destino.

    La soja volvió a quedar bajo presión en Chicago y perdió US$11,57 por tonelada en la primera rueda de la semana
    La soja volvió a quedar bajo presión en Chicago y perdió US$11,57 por tonelada en la primera rueda de la semana Landtoken

    La presión bajista no estuvo relacionada únicamente con la relación comercial entre Estados Unidos y China. D’Angelo señaló que en el mercado internacional también existen expectativas de una posible solución de algunos de los conflictos geopolíticos vigentes. “Se avizoran posibilidades de solución de algunos de los conflictos geopolíticos vigentes, principalmente para que puedan volver las exportaciones desde el Mar Negro”, explicó. Y agregó: “Ese factor es muy importante para el trigo, pero luego vendrán el maíz y el girasol, ya que se aproxima la época de cosecha de estos productos en la región”.

    En ese contexto, los cereales también terminaron con pérdidas en Chicago. Según informó Granar, el maíz diciembre cayó US$2,06 por tonelada, de US$207,96 a US$205,90, mientras que marzo perdió US$2,26, de US$213,47 a US$211,21. López agregó que los cereales acompañaron la tendencia bajista de la soja y explicó que, en el caso del trigo, también influyeron las expectativas diplomáticas de una desescalada del conflicto, aunque persiste la cautela por los ataques a puertos. Además, indicó que Ucrania acumula 24,6 millones de toneladas de granos en stock, pero enfrenta dificultades logísticas para exportarlos.

    El trigo también registró una fuerte baja en Chicago. La posición diciembre perdió US$5,32 por tonelada, al pasar de US$258,37 a US$253,05, mientras que marzo retrocedió US$5,42, de US$263,89 a US$258,47. Granar señaló que el cereal completó su quinta rueda consecutiva con pérdidas y que todavía existen importantes obstáculos para una normalización del comercio ucraniano. Según el informe, las rutas alternativas disponibles permitirían canalizar cerca del 45% del volumen agrícola que Ucrania necesita exportar, mientras que podrían quedar sin vender unos 30 millones de toneladas de productos agrícolas durante la campaña si persisten las actuales dificultades.

    En tanto, la baja internacional comenzó a repercutir en el mercado argentino, principalmente sobre la soja disponible. D’Angelo explicó que, por el momento, la presión bajista es mayor en el mercado internacional que en el doméstico. La analista recordó que una diferencia similar se observó durante las subas previas, cuando los precios internos aumentaron menos que la referencia de Chicago.