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La mitad de las personas que refinanciaron sus deudas continúa en la misma categoría de morosidad, mientras que entre los jóvenes de hasta 25 años el incumplimiento llega al 63% en el financiamiento de cadenas comerciales. Los datos corresponden a la última actualización del Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA).

En diálogo con Infobae a la Tarde, Mariano Almeyda, director del Centro de Estudios para la Ciudad, vinculó el deterioro de la situación financiera con la insuficiencia de los ingresos para afrontar los gastos cotidianos y cumplir con las obligaciones crediticias.

Refinanciaciones: la mitad no logra salir de la mora

El relevamiento incorporó una herramienta para seguir la evolución de quienes renegociaron sus obligaciones entre abril y agosto de 2026. Según los resultados presentados por Almeyda, el 50,6% permaneció en la misma categoría de morosidad, mientras que el 30,5% consiguió mejorar su situación.

El mapa también analiza el mercado secundario, donde fideicomisos y otras entidades adquieren carteras de créditos impagos para gestionar su cobro, por vías extrajudiciales o judiciales.

Para Almeyda, el principal obstáculo no está en la posibilidad de renegociar una obligación, sino en la capacidad de pagarla con los ingresos disponibles. “El problema no tiene tanto que ver con esa necesidad de las personas de poder refinanciar la mora, sino que el problema radica en los ingresos”, afirmó.

La dificultad persiste cuando una cuota renegociada debe afrontarse con los mismos recursos que antes no alcanzaban para cubrir la deuda original. “Vos podés refinanciar reiteradamente o podés refinanciar una sola vez, pero siempre vas a estar condicionado a que no podés generar más ingresos para poder cancelar eso que estás refinanciando”, sostuvo.

El especialista también cuestionó las condiciones financieras que pueden multiplicar el capital adeudado y volverlo difícil de afrontar. Esa problemática forma parte de la discusión legislativa sobre las alternativas para regularizar los compromisos pendientes.

Los jóvenes recurren al crédito para cubrir gastos básicos

La situación de los menores de 26 años aparece entre los principales focos de preocupación del relevamiento. En la provincia de Buenos Aires, la mora de ese grupo llegó al 40% en algunas mediciones, mientras que el indicador alcanzó el 63% en las deudas con cadenas comerciales.

Almeyda relacionó esos niveles con las dificultades para acceder al empleo formal y conseguir ingresos suficientes. También destacó el papel de los neobancos y las fintechs en el acceso al financiamiento de los sectores más jóvenes. “Ahora es en base a necesidades básicas. La gente accede al crédito para poder comer”, afirmó.

El uso de préstamos para cubrir gastos cotidianos puede derivar en una acumulación de obligaciones cuando el dinero disponible no alcanza para cancelar los vencimientos. “Adquiero un crédito para pagar otro crédito y todo siempre dentro de este sistema de lo que es el acceso a través del celular o del dispositivo móvil”, describió.

El Mapa de la Deuda permite segmentar los registros por edad, género, entidad financiera y territorio. En la ciudad de Buenos Aires, la visualización presentada durante la entrevista mostró una situación más comprometida en barrios del sur, como Villa Lugano, Nueva Pompeya y La Boca, que en zonas como Palermo y Barrio Norte.

A nivel nacional, la tasa de mora se ubicó cerca del 19%. La Pampa registró un 13%, mientras que Santa Cruz llegó al 26% y La Rioja y San Luis rondaron el 25%. Almeyda atribuyó parte de las diferencias entre provincias a sus estructuras productivas y a las alternativas de financiamiento disponibles.

Qué proyectos debatirá Diputados sobre el endeudamiento

La Cámara de Diputados tiene previsto retomar el jueves 15 de octubre el tratamiento de iniciativas relacionadas con la morosidad. La oposición necesita reunir 129 legisladores para habilitar la sesión, que también contempla otros asuntos en la agenda parlamentaria.

En materia de endeudamiento, los proyectos proponen respuestas diferentes. Una iniciativa impulsada por La Libertad Avanza, el PRO y parte de la Unión Cívica Radical prioriza la prevención y la información para quienes solicitan créditos, con mecanismos como la doble validación en determinadas operaciones mediante billeteras virtuales.

Otra propuesta, promovida por el peronismo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, plantea límites a las tasas de interés, planes de refinanciación y una emergencia en materia de morosidad por 180 días.

Almeyda rechazó que la respuesta consista en recomendar a los deudores que dejen de pagar. “Empieza a circular la información de ‘no pagués’. Y en realidad la solución nosotros no vemos como que sea no pagar”, señaló.

En cambio, planteó la necesidad de establecer condiciones que permitan cumplir con las obligaciones sin que los costos financieros se vuelvan desproporcionados. Como ejemplo, advirtió sobre casos en los que una deuda original de $500.000 puede terminar en un monto de $8 millones.

El Centro de Estudios para la Ciudad participó en julio en las comisiones legislativas que analizaron los proyectos sobre refinanciación. En esa oportunidad, los economistas Delfina Ross y Lisandro Mondino presentaron información sobre el endeudamiento, antes de la actualización de agosto.

Para Almeyda, la magnitud del fenómeno justifica una respuesta estatal. “No es un problema entre particulares cuando tenés seis millones de personas endeudadas, y es el Estado el que tiene justamente que mejorar las condiciones de esta situación”, afirmó.

El Mapa de la Deuda se actualiza cada 60 días, de acuerdo con la publicación de datos del Banco Central. La información de agosto vuelve a poner en discusión las herramientas disponibles para afrontar la morosidad y las condiciones necesarias para que los hogares puedan regularizar sus obligaciones.

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Un nuevo escándalo de corrupción se destapó en la provincia de Chubut que involucra a la hermana del presidente del PJ local. La acusación del Ministerio Público Fiscal apuntó contra cinco mujeres por 594 estafas que alcanzaron los $59,4 millones con la promesa de la construcción de viviendas sociales para familias en estado de vulnerabilidad.

En esa línea, la principal apuntada es Vanesa Fita, hermana del dirigente y diputado provincial, Gustavo Fita. Según consta en la acusación del fiscal general Martín Cárcamo a la que accedió Infobae, los hechos se habrían producido entre abril de 2023 y febrero de 2024, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde se ofrecían viviendas construidas o próximas a construirse por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a familias que necesitaban acceder a una solución habitacional.

Para acceder a los presuntos planes, las familias debían transferir $100.000, distribuidos en dos partes: $80.000 destinados presuntamente al IPV y $20.000 para conexiones eléctricas. Sin embargo, el dinero era depositado en cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a las acusadas.

La investigación sostiene que Fita simulaba actuar como intermediaria de una cooperativa de viviendas y aseguraba contar con vinculaciones con funcionarios provinciales que le permitirían gestionar las adjudicaciones. Una vez incorporadas, las familias eran añadidas a grupos de WhatsApp donde recibían información sobre supuestas adjudicaciones, fechas de entrega y documentación requerida. Con el tiempo, esos plazos comenzaron a dilatarse: las acusadas invocaban problemas administrativos y trámites pendientes ante el IPV para justificar cada demora. También se organizaron encuentros presenciales en distintos establecimientos de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con la acusación, los hechos habrían iniciado durante la gestión del exgobernador chubutense y se extendieron hasta el mandato actual de Ignacio Torres. Una de las denunciantes, declaró que durante una reunión Vanesa Fita les aseguró que contaba con el respaldo del entonces gobernador Arcioni y su secretaria. Según ese relato, la acusada utilizaba esas supuestas vinculaciones para generar confianza entre las familias y justificar la entrega de viviendas en plazos breves.

La referencia forma parte de la prueba testimonial presentada por la Fiscalía, aunque no acredita que el exmandatario o su colaboradora hayan participado de la maniobra.

La investigación se inició en febrero de 2024 a partir de una denuncia presentada luego de que vecinos advirtieran irregularidades en las promesas de adjudicación. La Fiscalía reconstruyó el funcionamiento de la presunta organización a partir de esas denuncias, transferencias bancarias, comunicaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp y Messenger, y documentación obtenida durante la pesquisa. A lo largo del proceso se formalizaron 179 denuncias penales y se identificaron centenares de maniobras fraudulentas.

Con la presentación de la acusación pública, el Ministerio Público Fiscal solicitó avanzar hacia la instancia de juicio por jurados. El requerimiento deberá atravesar el control judicial correspondiente antes de una eventual apertura del debate oral.

El requerimiento fiscal identifica a cinco mujeres de Comodoro Rivadavia como partícipes de la maniobra. La principal acusada es Vanesa Elizabeth Fita, de 43 años, a quien la Fiscalía atribuye la organización del esquema y señala como autora de los 594 hechos en su totalidad. Para ella se solicita una pena de entre seis y ocho años de prisión.

Las restantes cuatro son consideradas partícipes necesarias. María Victoria Curán, de 43 años, está vinculada a 400 de los hechos investigados, y la Fiscalía pide para ella entre cinco y seis años de prisión. Camila Lara Páez, de 22 años, aparece señalada en 320 hechos, con una pretensión punitiva de entre cuatro y cinco años. Lucía Lorena Miranda, de 47 años, está imputada en 130 de las maniobras, y el fiscal solicita entre tres y cuatro años de prisión. Por último, Gisela Belén Mansilla, de 34 años, es acusada de participar en cuatro hechos, con un pedido de entre uno y dos años de condena.

El fiscal Cárcamo calificó los hechos como estafa por calidad simulada e influencia mentida, en los términos de los artículos 172, 45 y 55 del Código Penal, con al menos 594 hechos en concurso real. La figura apunta al engaño deliberado mediante la simulación de un rol —intermediaria de una cooperativa— y la invocación de contactos con el poder para obtener un beneficio económico a costa de las víctimas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegará este martes a Bangkok, Tailandia, con una agenda que combina negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), reuniones con otros organismos multilaterales y la expectativa por un giro de USD 869 millones aún pendiente. La visita coincidirá con las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, que se extenderán hasta el 18 de octubre.

El encuentro con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, será uno de los puntos centrales de la misión. El Gobierno busca cerrar la tercera revisión del programa vigente con el organismo, una instancia necesaria para que el Directorio Ejecutivo habilite el desembolso. La evaluación técnica todavía no concluyó con un acuerdo a nivel de personal.

Caputo viajará junto al secretario de Política Económica, José Luis Daza. También integran la delegación argentina el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning.

El FMI publicará sus previsiones para la Argentina antes de la agenda de Caputo

La actividad de la delegación comenzará en una jornada relevante para las expectativas económicas. A las 9 de Bangkok del martes, equivalentes a las 23 del lunes en la Argentina, el Fondo difundirá la edición de octubre de su World Economic Outlook, el informe periódico que actualiza sus proyecciones para los países miembros.

El documento mostrará la mirada del organismo sobre la evolución esperada de la economía argentina, en un contexto de dudas sobre el ritmo de la actividad. La publicación llegará antes de los principales encuentros políticos de Caputo con las autoridades del Fondo y permitirá contrastar las previsiones oficiales con el diagnóstico de la entidad.

En su informe regional más reciente, el Banco Mundial recortó su estimación de crecimiento para la Argentina en 2026 a 2,1%, desde el 3,6% que había calculado en junio. Esa corrección se produjo luego de que la actividad registrara una caída mensual de 2,9% en julio, aunque las estimaciones privadas anticipaban una recuperación parcial en agosto.

El Fondo también había planteado, tras la visita de una misión técnica a Buenos Aires a fines de septiembre, que el crecimiento debía ampliarse hacia más sectores de la economía y distribuirse de forma más equitativa entre los trabajadores. La misión, encabezada por Joyce Wong, revisó el cumplimiento de las metas comprometidas para el primer semestre de 2026.

La tercera revisión depende de una dispensa por la meta fiscal

El punto más sensible de la revisión es el resultado fiscal. La Argentina acumuló entre enero y junio un superávit primario de $ 6,29 billones, por debajo de los $ 6,86 billones previstos como meta al cierre del primer semestre. Por esa diferencia, el equipo económico deberá pedir una dispensa o waiver al FMI.

El desvío fue de $ 573.974 millones, aun después de que el organismo redujera la exigencia fiscal original. La pauta inicial contemplaba un superávit de $ 8,46 billones, pero el objetivo fue modificado antes del cierre de junio. La aprobación de la dispensa permitiría que la revisión avance pese al incumplimiento de ese parámetro cuantitativo.

La situación es distinta en el frente externo. El BCRA cumplió la meta de reservas netas establecida para junio luego de una flexibilización acordada con el Fondo. La variación acumulada desde fines de 2024 se ubicó en -USD 3.111 millones, frente a un límite de -USD 8.600 millones que había quedado vigente para esa fecha.

La modificación fue determinante: la exigencia anterior contemplaba una variación positiva de USD 3.200 millones. Con el nuevo umbral, el resultado quedó dentro del objetivo para la revisión de mitad de año. La combinación de una meta de reservas cumplida y una meta fiscal incumplida concentrará buena parte de las conversaciones en Bangkok.

El giro pendiente permitiría compensar pagos al organismo

El eventual desembolso de USD 869 millones tiene incidencia directa sobre las reservas internacionales. En las últimas semanas, la Argentina realizó un pago al FMI cercano a USD 795 millones, por lo que la acreditación de los fondos aliviaría el efecto de ese vencimiento sobre los activos del Banco Central.

Además, el calendario prevé nuevos pagos al organismo por USD 865 millones en noviembre y USD 340 millones en diciembre. Hasta ahora, no se informó una fecha para el giro ni una decisión formal sobre la tercera revisión. Una vez que se alcance un entendimiento técnico, el Directorio del Fondo deberá tratar el caso y autorizar el desembolso.

La agenda de Caputo incluirá además una reunión con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. Ambos organismos tuvieron participación en el esquema financiero argentino durante el año, mediante garantías que respaldaron préstamos de bancos privados.

El Banco Mundial aportó garantías vinculadas con créditos por USD 2.000 millones y el BID hizo lo propio para financiamiento por USD 1.200 millones. Esos respaldos ganan relevancia ante un escenario internacional de tasas más altas y un riesgo país que encarece el acceso de la Argentina al financiamiento externo.

Caputo participará de reuniones del G20 y del Banco Mundial

Durante las Reuniones Anuales, el ministro participará de un encuentro de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, de sesiones del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y de la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional. También compartirá una reunión con autoridades económicas de América Latina y representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

Caputo será expositor en un panel del Banco Mundial sobre el efecto de las reformas en el crecimiento de América Latina y el Caribe. La agenda oficial también contempla un desayuno de trabajo con representantes del G20 para analizar la coyuntura económica global.

Las conversaciones con Georgieva y el resto de las autoridades multilaterales ocurrirán mientras el Gobierno espera una definición sobre la dispensa fiscal, la revisión del programa y el desembolso pendiente. La publicación del informe de perspectivas del FMI abrirá la jornada en Bangkok con una actualización de las previsiones que luego atravesará los encuentros de la delegación argentina.

El costo de un préstamo puede expresarse de distintas maneras y no siempre resulta claro cuál es el número que refleja lo que realmente paga quien toma un crédito. Tasa nominal, tasa efectiva, Costo Financiero Total (CFT): cada indicador responde a un cálculo diferente, y la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece qué debe mostrar exactamente una entidad financiera a sus clientes.

Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, cuestionó dicha normativa y aseguró que la información que el BCRA obliga a compartir con los usuarios puede ser “falsa” e “incorrecta”.

Todo comenzó con una publicación del economista Agustín Etchebarne en la red social X. Bajo el encabezado “Educación financiera básica”, escribió: “Jamás tomes un préstamo a tasas altas. Tienes que mirar el costo financiero total. Es preferible ahorrar y que los intereses jueguen a tu favor”. El mensaje incluía la captura de pantalla de una simulación de préstamo de Mercado Pago, en la que el usuario recibe $10.000 en su cuenta y paga 12 cuotas fijas de $1.208,02, para un total a pagar de $14.496,24. La pantalla muestra además una Tasa Nominal Anual (TNA) de 60%, una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 79,59% y un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) de 102,36 por ciento. Este último dato aparece resaltado con un trazo verde, y la imagen incluye la leyenda “Baratitos los préstamos de MELI”.

Marcos Galperín respondió a esa publicación con el siguiente mensaje: “El ‘Costo Financiero Total Efectivo Anual’ que el BCRA obliga a publicar es FALSO, INCORRECTO (y por ende INFLACIONADO). Asume que el interés se capitaliza (pagás interés sobre los intereses) y que el préstamo se renueva a lo largo de un año cada vez que vence. En decenas de millones de préstamos otorgados, eso no ocurre NUNCA”.

El cuestionamiento del fundador de Mercado Libre se dirige, así, al indicador que el BCRA exige publicar y a los supuestos con los que, según plantea, se calcula.

Qué establece la normativa del BCRA

Las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito” disponen que las tasas deben expresarse de forma homogénea y transparente, con el objetivo de que los usuarios del crédito cuenten con “elementos comparables para su evaluación”. Para eso, en los contratos, recibos y demás documentos donde se detallen tasas o importes de intereses, debe constar la tasa de interés anual pactada, la tasa efectiva anual, si la tasa es fija o variable y el Costo Financiero Total (CFT). Cuando se publicita un crédito y se menciona la cantidad de cuotas, su importe o la tasa de interés, la publicidad debe exponer de forma legible y destacada la TNA, la TEA, el CFT y el carácter fijo o variable de la tasa.

La norma también regula cómo se muestra el dato. En una publicidad, el CFT debe colocarse en una tipografía de color destacado y de un tamaño al menos cinco veces mayor que el utilizado para informar la TNA. En los documentos de relación con usuarios de servicios financieros, el valor numérico del CFT y el signo “%” deben identificarse de manera legible y destacada: con al menos el doble del tamaño del resto de la información, o con una tipografía resaltada o un color distinto. Estas exigencias alcanzan a las entidades financieras y también a los proveedores no financieros de crédito comprendidos en las normas del BCRA.

Qué es el CFT y en qué se diferencia del CFTEA

En su sitio web, el BCRA define al CFT de la siguiente manera: “El Costo Financiero Total (CFT) es la principal variable que se debe tener en cuenta al elegir un préstamo personal, prendario o hipotecario, ya que es el mejor indicador del costo global que deberá afrontar el cliente. El CFT está compuesto por la tasa de interés nominal anual (TNA) y por todos aquellos costos asociados a la operación que impliquen la retribución de un servicio efectivamente prestado o un genuino reintegro de gastos”. Y agrega: “El CFT se expresa en forma de tasa de interés nominal anual, en tanto por ciento con dos decimales”.

La normativa, por su parte, establece que “el CFT se expresará en forma de tasa efectiva anual, en tanto por ciento con al menos un decimal, y se determinará agregando a la tasa de interés el efecto de las comisiones y cargos asociados a la operación, cualquiera sea su concepto”. El texto detalla qué conceptos se computan, entre ellos las primas de seguros requeridas como condición para obtener el crédito, los gastos de apertura y mantenimiento de cuentas asociadas a la financiación y el IVA sobre los intereses cuando quien toma el préstamo es consumidor final. Otros conceptos, como los impuestos que gravan los préstamos personales y prendarios, no se incluyen en el cálculo.

La diferencia entre el CFT y el CFTEA está, entonces, en la forma de expresarlo: el CFTEA es el costo financiero total expresado como tasa efectiva anual, que es la que la norma establece. La TNA es la tasa de interés que se aplica sobre el capital sin contemplar que los intereses se acumulan período a período. La TEA sí incorpora esa capitalización.

En la simulación difundida por Etchebarne, una TNA de 60% equivale a una tasa mensual de 5%; aplicada mes a mes durante un año, con los intereses acumulándose, da como resultado la TEA de 79,59%. A esa TEA, el CFTEA le suma los cargos y los impuestos asociados al préstamo, y en la simulación llega a 102,36%. A esa capitalización de los intereses remite el planteo de Galperín cuando señala que el indicador asume que se paga “interés sobre los intereses”.

Las recomendaciones del BCRA a los usuarios

Además de la normativa, el BCRA difunde recomendaciones para quienes piden un préstamo personal. El organismo indica que, antes de aceptar, conviene comparar opciones y revisar cuánto dinero se recibirá, cuánto se pagará por mes, cuánto se devolverá en total, la cantidad de cuotas, el plazo, el CFT y qué sucede si hay una demora en el pago. Sobre la cuota, señala que no alcanza para comparar: “La cuota, por sí sola, no alcanza para saber cuánto cuesta un préstamo”.

Sobre el CFT, el BCRA sostiene que “muestra cuánto cuesta realmente un préstamo. Incluye intereses, comisiones, seguros, IVA y otros cargos”. Por eso, recomienda mirar ese dato y no solo la cuota o la tasa de interés, ya que la TNA, explica, “muestra únicamente la tasa de interés”. El organismo agrega que el CFT se expresa como una tasa anual y permite comparar el costo de distintas alternativas de financiación, y que para saber cuánto se devolverá en total también hay que considerar el monto recibido, el plazo y las cuotas. Finalmente, recomienda revisar las fechas de vencimiento y conocer qué cargos o consecuencias están previstos en caso de demora.

Las tasas de Mercado Pago

No es la primera vez que se discute públicamente sobre el valor de las tasas de interés de los préstamos otorgados por las empresas. En agosto, cuando se difundió que Mercado Pago cobraba intereses de hasta 1.375% por sus préstamos, la empresa explicó cuáles son las variables que entran en juega la momento de determinar el costo del financiamiento.

En concreto, desde Mercado Pago explicaron que la tasa de cada usuario se determina según su perfil de riesgo individual y mejora a medida que construye historial de pago. El CFTEA más alto corresponde a los montos más bajos y a usuarios sobre los que la compañía todavía no tiene información suficiente, y cerca del 2% de los préstamos se otorga con ese valor.

En ese momento, la empresa también precisó que “el CFTEA no equivale a lo que el usuario devuelve”: en un préstamo de $100.000 a una TNA de 50% en 12 cuotas, por ejemplo, el CFTEA podría ubicarse en torno al 100%, pero el total a pagar rondaría los $135.000, porque “el indicador expresa el costo como si el crédito se extendiera los doce meses, mientras que en la práctica el capital se devuelve en cuotas”.