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El Senado avanzó este jueves con la media sanción de la nueva ley de biocombustibles, que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%.

El proyecto, impulsado principalmente por las provincias del norte del país, fue incluido en el temario tras una negociación con La Libertad Avanza, que obtuvo a cambio apoyo político para avanzar con la sanción definitiva de la ley de Inocencia Fiscal II.

El texto en general fue aprobado con 41 votos positivos, y 25 en contra. Los rechazos fueron del peronismo, del radical bonaerense Maximiliano Abado y los dos senadores de Santa Cruz.

La diputada de Salta, Flavia Royón, fue la encargada de presentar el proyecto al inicio del debate y también encabezó las negociaciones con otros bloques provinciales para introducir las modificaciones necesarias para destrabar la aprobación.

“Esta iniciativa busca potenciar las cadenas de valor del interior del país, atraer inversiones y generar fuentes de trabajo. Propone un marco integral nuevo para una industria en la que nuestro país ya ha invertido y hoy necesita reglas nuevas. Busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero también crear una transición hacia un marco más competitivo. Vamos a pasar de un esquema más regulado donde el Estado determina quién produce, cuánto y a qué precio, a uno donde sea el mercado el que determine los precios”, resumió la senadora cercana al gobernador Gustavo Sáenz.

En el caso del Bioetanol, el corte obligatorio subiría del 12% al 15% dentro de los 12 meses posteriores a la sanción. Pero se reservará un 6% para el etanol elaborado con caña de azúcar y 6% para el producido con maíz; el 3% restante quedaría sujeto a competencia entre los productos habilitados.

En el caso del Biodiésel, el corte obligatorio pasaría del 7,5% al 10% en el mismo plazo. A su vez, el proyecto prevé una transición con segmentos diferenciados para firmas “integradas” (vinculadas a grupos aceiteros) y plantas “no integradas” (pymes regionales).

Para llegar al 10% de corte, las no integradas tendrían inicialmente reservado el 6,5% del mercado. Esa proporción bajaría a 5,5% en 2029, a 5% en 2030 y a 4% desde 2031 hasta 2036. Así, una parte creciente del mercado de biodiésel quedaría abierta a la negociación entre empresas integradas y no integradas.

“En el caso del biodiesel, se levanta el corte, se establece una transición hasta el 2036 y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta”, señaló Royón.

Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (“no integradas”) presionaron para mantener su participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto contempla una reducción progresiva de ese porcentaje en el 2031.

“Este proyecto tal como está perjudica a La Pampa, San Luis, Entre Ríos, parte de la provincia de Buenos Aires, donde están instaladas las pymes regionales de biodiesel. Se perjudican porque no tienen un segmento específico, porque tienen un problema logístico de distancia de los puertos. Si corresponde segmentar entre caña y maíz el bioetanol, ¿por qué no se puede segmentar entre las pymes alejadas del puerto y las grandes aceiteras?”, planteó el pampeano Daniel Pablo Bensusán (Justicialista).

En la misma línea, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, llamó a posponer la votación para continuar con la negociación sobre Biodiésel. “El pez más grande, se va a comer al pez más chico. Nosotros no podemos permitir que eso pase. Nosotros queremos votar la parte de Bioetanol, donde hay acuerdo, pero no podemos votar la parte de Biodiesel por solidaridad con los sectores a los que le van a cerrar la empresa. Esto perjudica al 50% de los pequeños productores, los dejamos en manos de los grandes, que los van a reventar”, dijo José Mayans y pidió que el debate pase a un cuarto intermedio para seguir negociando y llegar a un texto consensuado que sea aprobado por unanimidad.

La moción de Mayans para pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos salió rechazada por amplia mayoría.

Finalmente, el proyecto fue aprobado en la votación en general por 41 votos positivos y 25 negativos.

Noticia en desarrollo

Luego de la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) a raíz de un pasivo acumulado que roza los $213 mil millones, el Gobierno nacional ordenó traspasar a la órbita de cada una de las estructuras que componen las Fuerzas Armadas una serie de emblemáticos hoteles turísticos. Mientras la prestadora enfrenta dificultades para brindar la atención médica a sus afiliados, desde ATE advierten que detrás del traspaso se esconde un intento de vaciamiento para una posible venta de los inmuebles.

A través de una resolución firmada el martes 15 de septiembre, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, autorizó la reasignación de los inmuebles que hasta ahora eran administrados por la exIOSFA -actual OSFA-, a partir de ahora, pasarán a manos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El traspaso se hará efectivo el 1° de octubre de 2026, fecha a partir de la que cada Estado Mayor General deberá hacerse cargo de implementar las acciones necesarias para cuidar la integridad de los mismos.

La decisión se encuadra dentro de la intervención que lleva adelante el coronel mayor (R) Ariel Guzmán a raíz de la deuda que registra la actual OSFA. Según informó en julio, la obra social acumula un pasivo consolidado de $213.902.225.670, equivalente a unos u$s145 millones al tipo de cambio oficial. Tal como informó Ámbito, el dato más sensible marca que más de la mitad de esa deuda corresponde a obligaciones de las fuerzas de seguridad federales, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, es decir, las estructuras que orbitan por fuera de Defensa y dentro del Ministerio de Seguridad.

Por medio de numerosos artículos, Ámbito reveló el tamaño de la deuda de la obra social, que hasta hace poco aglutinaba a los integrantes de las FFAA y de las fuerzas federales de seguridad, durante la gestión del actual diputado nacional Luis Petri. El diputado mendocino fue denunciado penalmente por el incremento exponencial de la deuda y por la deficiente prestación a sus afiliados. Antes de su disolución, IOSFA era la tercera obra social en importancia de la Argentina, después de PAMI y IOMA.

Crisis en IOSFA impacta en los afiliados y advierten sobre vaciamiento

Ante la crisis, a principios de febrero el Gobierno nacional oficializó la disolución del IOSFA y dispuso su división en dos nuevas entidades. Se creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo la tutela de Seguridad. La medida impactó de manera directa sobre más de 500.000 beneficiarios y responde a reclamos históricos de ambos sectores, al establecer por primera vez una separación definitiva entre la cobertura de salud de las Fuerzas Armadas y la de las fuerzas de seguridad federales.

A pesar de los cambios, diversas fuentes denunciaron que la situación interna de OSFA es grave. Aseguran que a raíz de las dificultades económicas se suspendieron cirugías en el Hospital Militar central como en el Hospital de Campo de Mayo por falta de insumos. “Hay pacientes en Entre Ríos que no pueden acceder a sus medicamentos para tratamientos oncológicos”, advirtieron a este medio. Citaron por caso pacientes del Chaco que se tiene que trasladar a otras provincias para poder atenderse y que, incluso cuando llegan allí, se encuentran con un panorama similar.

Desde el Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se hicieron eco de la situación a través de la delegación gremial de OSFA y advirtieron este jueves sobre las implicancias de la nueva resolución. Mediante un comunicado, manifestaron una “profunda preocupación” ante lo que consideran es un “vaciamiento” que se está produciendo en el seno de la obra social.

Al argumentar los motivos de la acusación, la entidad gremial explicó que la función médica y social que cumple la obra social “es de suma relevancia para los afiliados” y la calificaron como “una obligación” que incluso fue puesta de manifiesto en el decreto 88/26 que ordenó su creación y que determinó cuáles debían y deben ser sus objetivos a cumplir, entre ellos, citan que tiene por “objeto principal brindar cobertura para la atención médico asistencial y social a la totalidad de la población beneficiaria”.

Luego señalan que los recursos de OSFA se componen de las prestaciones de terceros o afiliados y que debe destinar un mínimo de 80% a la cobertura de los servicios de salud, un máximo de 8% a los gastos de funcionamiento y hasta un 12% a otras prestaciones sociales. Desde ATE manifestaron que la obra social debe garantizar un “acceso solidario y equitativo” a sus prestaciones, tanto médicas como sociales, y mencionan en ese sentido a las residencias, farmacias y centros médicos, pero también a los hoteles y recreos.

Los hoteles El Cóndor y Metropol, en el foco del reclamo

Respecto a los establecimientos recreativos y turísticos, ponen especial foco en la situación de los hoteles El Cóndor y Metropol, ubicados en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Recuerdan que en su momento fueron adquiridos “con recursos propios” de lo que fuera el Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE), el cual se unificó junto a las otras fuerzas para crear IOSFA. En aquel entonces, fueron traspasados desde IOSE a IOSFA, pero tras los recientes cambios aún no fueron transferidos y, de acuerdo a la resolución de Pestri, tampoco lo serán sino que pasarán a manos de cada fuerza.

“Se debe su traspaso a la órbita de la OSFA”, reclaman desde ATE en el comunicado en el cual citan por caso el artículo 11 del DNU 88/26 firmado por el gobierno actual, el cual reza lo siguiente: “Deberá garantizarse la restitución de los bienes inmuebles a la jurisdicción que los hubiera aportado originalmente al momento de la creación del INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (IOSFA).”

Este jueves, representantes gremiales se trasladaron al Congreso de la Nación para visitar a diputados y senadores de la oposición, con el objetivo de anoticiarlos sobre la situación que atraviesa la obra social y sobre los recientes movimientos respecto de los hoteles. Por lo pronto, fuentes con conocimiento de la crisis financiera en la obra social advierten sobre las dificultades existententes para solventar el mantenimiento de los establecimientos.

Para la gremial que conduce Rodolfo Aguiar, los hoteles “no sólo cumplen una función social” sino que también tienen una “gran trascendencia en lo que hace al esparcimiento y recreación de los afiliados”. En ese sentido, advierten al Gobierno que al ser bienes propios de la obra social “no se puede realizar ningún acto de disposición”. Fuentes de ATE advirtieron a Ámbito que allí trabajan unas 580 personas, cuyo futuro “quedó pendiendo de un hilo”.

Sobre el final, consideran que “cualquier acto y/u omisión que genere el vaciamiento y/o afecte el normal funcionamiento de centros médicos propios, farmacias, hoteles, residencias, recreos, etc., constituye un acto lesivo a los derechos e intereses de los afiliados y trabajadores de la OSFA” y llaman al Ministerio de Defensa, y por tanto al Gobierno nacional, a que se abstengan de avanzar sobre los traspasos ordenados en la resolución y que se preserve el destino social, turístico y recreativo de los hoteles y se garanticen los puestos de trabajo y la continuidad de las prestaciones a los afiliados.