Seis meses después de que se implementara el Plan de Retiro Voluntario para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el organismolanzó una segunda etapa al considerar que en su primera edición hubo una “favorable convocatoria y acogida por parte del personal”. La fecha para solicitarlo se extiende hasta fin de mes.
La medida quedó formalizada hoy mediante la resolución 261/2026, que explica queel “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) – Etapa 2” se enmarca en la política de reforma del Estado y desregulación económica que impulsa el Gobierno, y busca profundizar el esquema de desvinculaciones consensuadas.
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Aquella primera convocatoria tuvo lugar en marzo mediante la resolución 68/2026 y poco después se extendió hasta el 24 de abril. Según explicó la nueva resolución, durante la vigencia el personal manifestó “su voluntad en relación con adherirse a formas orientadas al distracto laboral” lo que motivó la apertura de esta nueva etapa.
Procedimientos
Los acuerdos de desvinculación deberán formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad administrativa del trabajo y, en particular, ratificarse y homologarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), que depende de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.
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La resolución delega en la Dirección General de Recursos Humanos de ANSES la implementación operativa del plan, así como la aprobación de los modelos de acuerdo de desvinculación que deberán suscribirse ante la autoridad laboral.
En la primera edición, el plan había fijado una gratificación extraordinaria equivalente al 90% de la remuneración por cada año de antigüedad efectiva en el organismo, con un tope de 24 haberes brutos, y estaba dirigido a empleados de planta permanente con al menos dos años de antigüedad.
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Ese esquema excluía a quienes estuvieran procesados o condenados por delitos contra la administración pública, a los agentes con procedimientos disciplinarios en curso, a quienes hubieran iniciado el trámite jubilatorio o presentado renuncia, a los mayores de 62 años y a quienes mantuvieran litigios laborales pendientes, salvo que desistieran de ellos. También establecía que el personal adherente no podría reincorporarse al sector público nacional durante cinco años. Las condiciones se mantienen hasta hoy.
Requisitos
El personal alcanzado por el “RVR 2” únicamente puede ser de planta permanente del organismo, comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 305/98 “E”, y contempla dos modalidades de acceso: según la edad y los aportes previsionales de cada agente. En tanto, el personal con mandato sindical vigente o que se postule como delegado gremial deberá renunciar a su cargo y a la tutela sindical para poder adherirse.
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La primera modalidad incluye a quienes ingresaron antes del 1° de enero de 2024 y tienen entre 60 y 64 años. La segunda comprende a los trabajadores de la misma fecha de ingreso, con edades de entre 65 y 69 años, que registren menos de 30 años de aportes al sistema previsional. En ambos casos, la gratificación extraordinaria de egreso equivale al mismo porcentaje de la remuneración por cada año de antigüedad efectiva, o fracción mayor a tres meses, pero esta vez el tope máximo es de 19 haberes brutos.
Las etapas del proceso serán cuatro:
La revisión de requisitos por parte de la Dirección General de Recursos Humanos
La evaluación de cada solicitud por las Subdirecciones Ejecutivas y Secretarías
El dictado del acto administrativo aprobatorio o denegatorio
Y la notificación a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y a la Secretaría de Hacienda
El pago se realiza en una cuota única cuando el monto no supere los 80.000.000 de pesos; por encima de esa cifra, se abonará en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
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El plazo de adhesión se extiende desde la entrada en vigencia de la resolución hasta las 23:59 horas del 30 de septiembre de 2026.
Una encuesta de CB Consultora trazó un diagnóstico sobre los senadores nacionales y concluyó que los legisladores peronistas y kirchneristas son los que sufren el mayor rechazo y concentran los peores diferenciales de imagen del país. La consultora aclara que el estudio mide a cada senador a nivel nacional, y se los ordena por el diferencial de imagen (positiva menos negativa) de cada uno, independientemente de su nivel de conocimiento.
El podio de la resistencia: las de menor diferencial negativo
En un escenario donde casi la totalidad del recinto registra balances en terreno negativo, los primeros lugares de la nómina correspondieron a legisladoras de perfil provincial o moderado que lograron sostener la brecha entre adhesión y desaprobación en márgenes mínimos.
En el mes de agosto de 2026, el podio quedó conformado de la siguiente manera: Carolina Moisés (Jujuy): Lidera el ranking nacional al registrar el diferencial menos desfavorable del Senado, con apenas un -0,2% (8,6% de imagen positiva frente a un 8,8% de negativa, con un 82,6% en el segmento No Sabe/No Contesta). Sonia Rojas Decut (Misiones): Se ubica en el segundo lugar con un saldo de -0,6% (5,3% de valoración positiva y 5,9% de negativa).Mariana Juri (Mendoza): Completa las posiciones de vanguardia en la tercera ubicación, alcanzando un diferencial de -1,6% (8,2% de positiva frente a 9,8% de negativa).
En el lote superior también destacan figuras como Francisco Paoltroni (-1,7%), María Florencia López (-1,8%) y el cordobés Luis Juez (-2,0%), quien ostenta una de las mayores cuotas de imagen positiva directa (39,8%), aunque contrapesada por una negativa del 41,8%.
El fondo de la tabla: el peronismo acumula el mayor rechazo
El dato central del informe radica en la acentuada desaprobación que registran los principales referentes de la oposición dura. La franja más crítica del ranking está copada por referentes peronistas y kirchneristas, quienes ocupan los escalones más bajos de la medición: Alicia Kirchner (Santa Cruz): Se posicionó en el último lugar de la tabla (puesto 72) con el diferencial más negativo de toda la Cámara Alta, alcanzando un saldo de -30,4% (11,4% de positiva contra un 41,8% de negativa). Juliana Di Tullio (Provincia de Buenos Aires) le sigue en el penúltimo escalón (puesto 71) con un diferencial de -29,0% (10,8% de positiva frente a 39,8% de negativa). Jorge Capitanich (Chaco): Ocupa la antepenúltima posición (puesto 70) con un balance desfavorable de -28,1% (15,4% de imagen positiva frente a un 43,5% de negativa).
Muy cerca de este grupo se ubican otros nombres clave de la bancada peronista como José Mayans (-27,1%), Juan Manzur (-26,8%), Mariano Recalde (-25,2%) y Anabel Fernández Sagasti (-25,0%), consolidando la tendencia de rechazo en el núcleo duro opositor.
Evolución del mes: quiénes ganaron y quiénes perdieron terreno
Al analizar la dinámica de la imagen pública respecto a la medición del mes anterior, el relevamiento de CB Consultora destaca dos movimientos pronunciados: La mayor suba correspondió al senador santiagueño Gerardo Zamora, quien registró un importante avance de +8,3 puntos porcentuales en su diferencial, lo que le permitió trepar hasta el 8° puesto del ranking global con un saldo de -2,5%. Y la mayor caídala sufrió Patricia Bullrich (representante de CABA), cuya imagen retrocedió -5,3 puntos porcentuales, cayendo al puesto 60 del ranking con un saldo de -24,4% (36,4% de positiva vs. 60,8% de negativa).
Alto nivel de desconocimiento en el interior
La senadora misionera Sonia Rojas Decut encabeza la nómina de legisladores con menor inserción de imagen a nivel nacional, alcanzando un 88,8% en el indicador de No Sabe / No Contesta (NS/NC). Le siguen la santacruceña Romina Almeida (86,9%), la fueguina Cristina López (86,2%) y la neuquina Julieta Corroza (85,8%).
Este bajo perfil actúa en muchos casos como una barrera protectora: al no contar con niveles altos de exposición, estos senadores evitan acumular rechazo masivo y terminan figurando holgadamente en la parte alta del ranking de diferencial.
Ficha Técnica: El estudio fue realizado entre el 20 y el 24 de agosto de 2026 sobre 1107 casos con un error muestral de +/- 2,9 por ciento y un nivel de confianza de 95 %.
La ANSES oficializó los nuevos valores previsionales para septiembre de 2026, con una jubilación tras una actualización mensual de 2,11%, de acuerdo con el sistema de actualización mensual.
A través de la resolución 257/2026, publicada en el Boletín Oficial, fijaron que el haber mínimo garantizado será de $428.633,20 desde septiembre de 2026. Al mismo tiempo, el haber máximo del sistema previsional quedará en $2.884.295,54, según los parámetros establecidos por la normativa vigente. A la jubilación mínima debe sumarse el bono de 70 mil pesos, que el Gobierno confirmó ayer.
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La actualización alcanza a las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En este caso, el ajuste aplicado para septiembre surge del dato correspondiente a julio de 2026.
En los fundamentos de la medida, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) señaló que el cálculo de movilidad para septiembre de 2026 arrojó una variación de 2,11%. Ese porcentaje se aplicó para actualizar haberes, bases imponibles y otras prestaciones vinculadas al régimen previsional.
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El esquema actual de movilidad fue definido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, que reemplazó el artículo 32 de la Ley 24.241. Desde ese cambio, los haberes previsionales se ajustan todos los meses de acuerdo con las variaciones del IPC nacional.
La resolución también estableció que la Prestación Básica Universal (PBU) tendrá un valor de $196.080,12 a partir de septiembre. En paralelo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $342.906,56 desde el mismo mes.
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Además, la norma actualizó las bases imponibles previstas para el sistema. La mínima fue fijada en $144.363,55, mientras que la máxima alcanzará $4.691.748,47 para el período devengado septiembre de 2026.
El texto dispone, además, que las remuneraciones de los afiliados que cesen en la actividad desde el 31 de agosto de 2026, o que soliciten una prestación desde el 1 de septiembre en los casos previstos por la ley, deberán actualizarse con los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.
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La implementación operativa de la resolución quedará a cargo de áreas técnicas de ANSES, que fueron facultadas para dictar requerimientos, normas y comunicaciones necesarias para aplicar los nuevos valores.
Asimismo y por la Resolución 260/2026 publicada hoy, a partir de septiembre de 2026, los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y los montos de las asignaciones familiares, que también tendrán unincremento del 2,11%.
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De esta manera, ordenaron que quienes perciban un ingreso superior a $3.157.449 quedarán exlucidos del beneficio del cobro de las asignaciones familiares.
Los nuevos valores de las asignaciones
Para el mes de septiembre de 2026, los nuevos rangos y montos de las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo en la República Argentina presentan los siguientes
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Asignaciones por hijo
IGF hasta $1.192.505: $77.025
IGF de $1.192.505,01 a $1.748.924: $51.958
IGF de $1.748.924,01 a $2.019.189: $31.427
IGF de $2.019.189,01 a $6.314.898: $16.217
Asignación por hijo (zona 1)
IGF hasta $1.192.505: $77.025
IGF de $1.192.505,01 a $1.748.924: $68.619
IGF de $1.748.924,01 a $2.019.189: $61.850
IGF de $2.019.189,01 a $6.314.898: $31.704
Asignación por hijo (zonas 3 y 4)
Hasta $166.080
Asignación por hijo con discapacidad
IGF hasta $1.192.505: $250.780
IGF de $1.192.505,01 a $1.748.924: $177.712
IGF superior a $1.748.924: $111.970
Asignación por hijo con discapacidad (zona 1)
IGF hasta $1.192.505: $250.780
IGF de $1.192.505,01 a $1.1748.924: $241.905
IGF superior a $1.748.924,01: $232.906
Prenatal
IGF hasta $1.192.505: $77.025
IGF de $1.192.505,01 a $1.748.924: $51.958
IGF de $1.748.924,01 a $2.019.189: $31.427
IGF de $2.019.189,01 a $6.314.898: $16.217
Prenatal (zona 1)
IGF hasta $1.192.505: $77.025
IGF de $1.192.505,01 a $1.748.924: $68.619
IGF de $1.748.924,01 a $2.019.189: $61.850
IGF de $2.019.189,01 a $6.314.898: $31.704
Nacimiento
$89.782
Adopción
$536.774
Matrimonio
$134.430
Ayuda escolar anual
Valor general: $55.672
Zona 1: $74.257
Ayuda escolar anual (hijo con discapacidad)
Valor general: $55.672
Zona 1: $74.257
Asignación por cónyuge
Valor general: $18.691
Zona 1: $37.079
Asignación Universal para Protección Social
Asignación por hijo y por embarazo:
Valor general: $154.031
Zona 1: $200.241
Asignación por hijo con discapacidad
Valor general: $501.537
Zona 1: $651.999
Asignación por nacimiento
$89.782
Igual para valor general y zona 1
Asignación por adopción
$536.774
Igual para valor general y zona 1
Ayuda escolar anual
$55.672
Igual para valor general y zona 1
Ayuda escolar anual por hijo con discapacidad
$55.672
Igual para valor general y zona 1
La zona 1 comprende las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Las zonas 3 y 4 incluyen regiones específicas de provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca, Jujuy, Salta y otras áreas determinadas por la normativa vigente. Estas diferenciaciones permiten que los montos de las asignaciones se ajusten a las particularidades económicas y sociales de cada región.
Luego de haber otorgado un aumento, el Gobierno estableció un nuevo esquema de suplementos salariales para el personal de las Fuerzas de Seguridad Federales y el Servicio Penitenciario Federal a través del decreto 845/2026 que oficializó esta madrugada.
Para la Policía Federal se incorporó la compensación “Responsabilidad Profesional Sanidad”, que percibirá en forma mensual el personal profesional con título habilitante afectado a tareas de salud dentro de la Superintendencia de Bienestar.
En Gendarmería y Prefectura Naval se creó el suplemento “Destino Estratégico de Operaciones”, para quienes cumplan tareas operativas en zonas con índices críticos de conflictividad, con montos fijos por grado. Ese beneficio no podrá superar el 16% del personal en actividad de cada fuerza, aunque el Ministerio de Seguridad Nacional, con aval de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda, podrá ampliar ese límite en situaciones críticas y temporales.
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Para la PNA se suma además el suplemento “Alto Riesgo de Grupos Especiales”, dirigido al personal de la Unidad de Operaciones Policiales Especiales de la Agrupación Albatros y al personal de Infantería que conduzca operaciones de alto riesgo.
Ambas fuerzas también incorporan el suplemento “Zona”, que se cobrará de manera proporcional al tiempo de permanencia en los puntos geográficos determinados, donde la cartera que conduce Alejandra Monteoliva podrá para modificar esos destinos y coeficientes, previa intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.
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En la PSA se crea la bonificación “Destino de Alta Complejidad” para el personal de las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva de categorías A y B, incompatible con los suplementos por Jefatura, Tarea Jerárquica y cargo o función intermedia.
Todos estos adicionales son en su mayoría incompatibles entre sí y con el “Servicio de Seguridad Adicional”, una compensación con cargo a los aportes de los requirentes que se limita a 180 horas mensuales y se abona en la Ciudad de Buenos Aires y en jurisdicción federal del resto del país. También se crea la compensación “Recargo de Servicios” para tareas extraordinarias fuera del horario habitual, con un plus del 100% cuando el exceso supera las cinco horas diarias.
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Además, fijaron el haber mensual del personal alumno del Servicio Penitenciario Federal: 779.942,83 pesos para el cadete de primer año y 894.362,74 pesos para el aspirante. En paralelo, se derogó el artículo que había creado el suplemento por “Función de Prevención Barrial” en Gendarmería.
En la reciente edición de Boletín Oficial, el Gobierno incluyó también dos nuevos beneficios salariales para el personal militar en actividad. Lo hizo mediante el decreto 846/2026 el cual modifica la Reglamentación de la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y operativiza el “Suplemento por Alta Especialización”, previsto en esa norma pero hasta ahora sin condiciones concretas de aplicación.
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El decreto desdobla ese suplemento en dos figuras. La primera, el “Suplemento por Alta Especialización Operacional”, alcanza al personal que acredite la Aptitud Especial de Comandos y se encuentre destinado en organismos de operaciones especiales, o bien en organizaciones que ejecuten operaciones de excepcional complejidad con estándares superiores de selección y adiestramiento.
La segunda, el “Suplemento por Operación y Sostenimiento de Sistemas de Armas de Alta Performance”, será percibido por quienes cuenten con capacitación o certificación técnica específica y estén afectados de forma directa a la operación o el mantenimiento de esos sistemas.
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En ambos casos, el Ministerio de Defensa determinará los requisitos funcionales y técnicos exigibles, el personal comprendido y los organismos o sistemas de armas alcanzados. La liquidación será mensual.
La incorporación de los adicionales mencionados en lo que respecta al personal militar, se suma a la resolución conjunta 44/2026 establecida con el Ministerio de Economía que fijó un nuevo esquema de haberes mensuales para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales.
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La norma actualiza los valores vigentes desde septiembre de 2026 y reemplaza la escala fijada en julio que rigió para el trimestre junio-agosto.
El artículo 1° establece el haber mensual del personal militar en actividad según cada jerarquía, con los montos detallados en el Anexo I, mientras que el artículo 2° actuó sobre el personal de la Policía de Establecimientos Navales, cuyos importes constan en el Anexo II.
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La medida se enmarca en la pauta de incrementos salariales acordada en el ámbito de la negociación colectiva de la Administración Pública Nacional para los meses de septiembre a diciembre de 2026, de aplicación escalonada.
Según ese esquema, el personal militar recibirá una suba del 6,9% a partir del corriente mes. Ese ajuste se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, con lo cual la recomposición proyectada del haber militar llegaría a un 32% durante todo el año.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) trabaja en un proyecto para crear un circuito de negociación abierta de “cupones de tarjetas de crédito”, una iniciativa que busca modificar la forma en que los comercios acceden al dinero de sus ventas y reducir el costo financiero que pagan cuando necesitan cobrar antes de tiempo. La propuesta apunta a introducir más competencia en un segmento donde hoy las alternativas disponibles para los negocios son limitadas.
La idea parte de un funcionamiento habitual dentro del sistema de pagos con tarjeta. Cuando un comercio concreta una venta con tarjeta de crédito, no recibe el dinero en el acto, sino que queda a la espera de que la entidad pagadora acredite esos fondos dentro de un plazo determinado. De acuerdo con el esquema vigente, ese período suele ubicarse en torno a ocho a 18 días, aunque puede variar según el tipo de actividad o la condición del comercio.
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En ese lapso, muchos locales necesitan liquidez para afrontar gastos corrientes, como reposición de mercadería, pago a proveedores, salarios, alquileres o servicios. Frente a esa necesidad, recurren a mecanismos de descuento financiero: ceden el derecho de cobro de ese cupón a cambio de recibir el dinero antes, aunque con una quita. En términos prácticos, resignan una parte del monto total para contar con efectivo de manera anticipada.
El proyecto en estudio pretende conservar esa lógica, pero introducir un cambio central en el modo en que se determina el costo de esa operación. La intención oficial es habilitar un mercado abierto para la negociación de esos cupones, de modo que distintos oferentes puedan disputar ese negocio y ofrecer mejores condiciones a los comercios. Bajo ese esquema, la expectativa es que las tasas de descuento bajen y que los locales retengan una porción mayor del dinero correspondiente a sus ventas.
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A modo ilustrativo, una compra pactada en tres cuotas daría lugar a tres cupones de crédito, cada uno con su propio vencimiento mensual. El comercio podría transferir esos derechos de cobro por separado antes de la fecha prevista para la acreditación y recibir liquidez anticipada. De ese modo, obtiene recursos para afrontar pagos o cubrir necesidades de caja sin esperar el cobro de cada cuota a través de la tarjeta o la entidad financiera.
Según datos oficiales del BCRA, en julio se registraron 176.222.475 operaciones en pesos con tarjetas de crédito de las cuales 155.309.087 se efectuaron en un pago y 20.913.388 en cuotas. El monto total superó los 10,6 billones de pesos. Una parte de esos recursos podría canalizarse hacia la iniciativa que analiza el organismo monetario, con el objetivo de reducir el costo del financiamiento para las pequeñas y medianas empresas.
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El punto de partida de la propuesta es que hoy existen pocas opciones para los comercios que buscan adelantar el cobro de sus operaciones con tarjeta. Esa escasez de alternativas reduce la competencia y deja menos margen para obtener condiciones favorables. Con un circuito abierto, el BCRA apostaría a que el comercio pueda elegir entre más participantes y que ese proceso genere una presión a la baja sobre el costo financiero.
Uno de los argumentos que sostiene la iniciativa es el nivel de seguridad de este tipo de instrumentos. En la visión oficial, el riesgo de cobro es muy bajo, debido a que el pago final lo realiza el banco. Bajo esa premisa, se considera que el cupón de tarjeta tiene una solidez suficiente como para ser negociado en condiciones más ventajosas para el comercio, ya que se trata de un derecho de cobro con pago asegurado por una entidad financiera.
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El mecanismo es similar al descuento de un cheque, aunque con una diferencia relevante en la percepción del riesgo. En ambos casos, quien tiene un instrumento de cobro futuro puede transferirlo para obtener liquidez inmediata. La diferencia radica en que, en el caso de los cupones de crédito, el deudor final es una entidad bancaria, lo que refuerza la previsibilidad del pago. Esa característica es la que desde el Gobierno se presenta como base para justificar menores tasas.
Cómo podría impactar en los comercios
Si la iniciativa prospera, el cambio podría impactar de manera directa en miles de comercios que operan con tarjeta de crédito de forma cotidiana. Para muchos negocios, sobre todo pequeños y medianos, la administración del flujo de caja es una cuestión decisiva. Una reducción en el costo del descuento de cupones puede representar una mejora concreta en márgenes ajustados, en especial en contextos donde la necesidad de capital de trabajo obliga a anticipar cobros de manera frecuente.
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El alcance final de la medida dependerá de cómo quede diseñado el sistema y de qué actores queden habilitados para participar en ese mercado abierto. También será relevante conocer bajo qué regulación operará, qué condiciones deberán cumplir los intermediarios y de qué forma se garantizará transparencia en la formación de tasas. Esos detalles serán determinantes para establecer si la mayor competencia proyectada se traduce de manera efectiva en menores costos para los comercios.
El bloque de legisladores que responde al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, presentó este lunes un pedido de sesión especial para el próximo miércoles. Dentro de la agenda, figura la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 2027 y así ser la primera provincia en avanzar con una medida de este estilo.
“Vamos a trabajar en conseguir un consenso para el miércoles y que estemos casi todos los legisladores sentados discutiendo la iniciativa”, dijo a Infobae una alta fuente de la bancada que responde al mandatario.
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Chaco Puede es el interbloque oficialista donde confluyen radicales, libertarios y PRO. Necesita de la oposición si pretende conseguir el quórum que ponga en funcionamiento la Legislatura unicameral chaqueña. También para obtener las mayorías y sancionar el proyecto.
Uno de los principales referentes legislativos del peronismo adelantó a este medio: “No acompañaremos la medida”.
Zdero buscará la reelección el año próximo. Eso ordena el escenario político en el oficialismo. Aliado de la Casa Rosada, es casi un hecho que el gobernador reedite el acuerdo con La Libertad Avanza y confluyan en una sola lista en los comicios de 2027.
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El peronismo, en cambio, necesita de esa herramienta a fin de encauzar la lucha por la gobernación y en los distintos municipios. Todo indica que Jorge Capitanich buscará un cuarto mandato. Sin embargo, el ex Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner dio luz verde para que otros referentes, intendentes sobre todo, lancen sus propuestas.
La Constitución del Chaco establece que la elección provincial debe hacerse separada de las nacionales. Esto significa que Zdero no tendrá otra alternativa que desdoblar la votación y anticiparla.
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Un proyecto, dos despachos
La iniciativa para suspender las PASO fue una decisión política del gobernador. Sin embargo, llegó a la Legislatura como propuesta del interbloque Chaco Puede. Fue remitida a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. La razón es que el argumento principal para cancelarlas es el gasto. “La organización de un proceso electoral adicional implica un despliegue logístico, operativo y económico”, se estableció en los fundamentos.
En ese marco, la suspensión se presenta como “una medida orientada a optimizar la utilización de los recursos públicos”. Esto permitirá “su reasignación a áreas prioritarias de gestión” y contribuirá “al ordenamiento de las cuentas provinciales”, evaluó el escrito.
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Además, consideraron que la participación electoral “ha evidenciado una menor convocatoria con el paso del tiempo. La presente medida también tiende a simplificar el calendario electoral, evitando la reiteración de convocatorias a las urnas y facilitando la participación ciudadana”.
“La suspensión que se propicia tiene carácter excepcional y temporal”, remarcó. Por eso “no afecta el normal desarrollo del proceso electoral general ni el funcionamiento del sistema democrático”, estimó. Garantiza que la selección de candidaturas continúe realizándose en el ámbito de las fuerzas políticas. Esto debe hacerse conforme a sus respectivas normativas internas, completó.
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Del tratamiento en comisión surgieron dos despachos. El de mayoría es del oficialismo. Con seis firmas, aconseja al pleno la aprobación del proyecto de ley. El de minoría reunió cuatro rúbricas, todas del PJ. Propone que el proyecto siga en comisión.
“Creemos que la ley es perfectible, que se pueden hacer planteos y pensar en cómo mejorar sus costos, financiamiento y procedimiento. Las podríamos charlar, pero en ningún momento se armó una mesa política para analizar el tema”, se quejó el referente del PJ.
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Además, sentenció que no existieron conversaciones o consultas antes de convocar a la sesión especial del miércoles.
Otros temas
En el mismo encuentro, el oficialismo intentará destrabar otras dos iniciativas. Una de ellas será el RINI (régimen de incentivo para nuevas inversiones) con el fin de promover la radicación de capitales en Chaco. La restante será el endurecimiento de sanciones a quienes obstruyan lagunas y canales.
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La semana pasada, Chaco Puede obtuvo una victoria legislativa. Por amplia mayoría, la Cámara sancionó la ley de reiterancia que agrava las condiciones para otorgar la prisión preventiva a personas que tienen varios procesos simultáneos. La intención es evitar la “puerta giratoria”, explicó el oficialismo.
El sistema político sigue invertebrado. La organización política que conocimos a partir del conflicto con el campo, organizada en dos bloques, hasta las elecciones del 2021, se descalabró. Habrá que ver cuánto tuvo que ver la pandemia en los estados de ánimo que llevaron a ese descalabro. Pero lo cierto es que uno busca objetos que estaban y hoy no están más. Y el cerebro trata de registrar objetos nuevos que no termina de interpretar. Es por lo tanto muy difícil hacer predicciones electorales para el año que viene si uno mira la oferta: si uno mira el menú que ofrece la clase política para satisfacer al electorado. Para competir por el poder.
El peronismo está en una crisis con varios niveles. Por un lado, hay una crisis dentro del kirchnerismo, nada menos que en el conurbano bonaerense, que fue la principal plataforma de poder de esa minoría dominante dentro del peronismo durante más de 20 años. Ahí está el conflicto inesperado entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. La expresidenta que sigue, aún desde la prohibición de competir electoralmente, dominando la estructura kirchnerista y por lo tanto ejerciendo una influencia, menos determinante que la tradicional pero todavía muy condicionante, sobre el comportamiento de todo el peronismo.
Pero hay otra dimensión en la crisis del peronismo que no tiene nada que ver con el fenómeno más importante, que es el kirchnerismo. Tiene que ver con el despliegue territorial de ese partido, que se ha ido reduciendo. Probablemente sea el síntoma más importante de esta crisis peronista, que es una de las más graves desde 1983. Cuando Cristina Kirchner reeligió con el 54% de los votos en 2011, la acompañaban 20 gobernadores peronistas. Hoy hay sólo nueve, de los cuales siete perdieron las elecciones parlamentarias del año pasado. Esa es la crisis del peronismo que algunos intentan superar con movimientos de renovación y ahí tenemos a Juan Manuel Olmos en la Capital Federal, a Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires, Guillermo Michel en Entre Ríos, la ascendente Natalia De La Sota en Córdoba. No sabemos qué destino tendrá esa renovación frente a un kirchnerismo que sigue siendo muy influyente.
El Pro también está desarticulado de quienes eran sus aliados: el radicalismo y la Coalición Cívica. También desarticulado interiormente, con dirigentes que han sido capturados por Javier Milei de manera más o menos explícita. Algunos se fueron con el Presidente, como el caso de la senadora Patricia Bullrich. Otros están sirviendo a Milei desde una identidad confusa, como el jefe de Gabinete Diego Santilli o Cristian Ritondo. Esto sin ir a la larga lista de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) que fueron funcionarios de Mauricio Macri. Con mayor o menor compromiso partidario, empezando nada menos que con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el canciller, Pablo Quirno, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili o el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.
También está en problemas el propio oficialismo: en la medida en que declina la adhesión a Milei en las encuestas, se va instalando dentro de LLA una incógnita respecto a si está tan asegurada la reelección del Presidente. Esa duda aparece a pesar de que Milei cuenta con un activo muy importante en política. Un activo con el que contó en su momento Cristina Kirchner. Consiste en poner en la góndola de la política un producto nítido. Que puede tener más o menos adhesión, puede ser más o menos discutible o repudiable, pero se entiende qué es, qué ofrece. La oposición a Milei parece estar todavía en una Torre de Babel que no encuentra las palabras para enfrentar a esta experiencia que tiene al primer mandatario como líder.
Por lo tanto, como es muy difícil descifrar la oferta de un sistema tan desarticulado lo que nos queda para entender lo que puede llegar a pasar es analizar la demanda. Ver cuáles son las expectativas, los estados de ánimo, los comportamientos: las modificaciones de la sociedad frente a la política. Qué es lo que esa sociedad pretende frente a la dirigencia. Y ahí nos encontramos con un fenómeno muy importante, que es una transformación muy lenta de la sociedad. Un cambio que tiene que ver con el empobrecimiento de los argentinos y que rige en profundidad la política.
Es imposible entender la política de los últimos 30 años sin ver este fenómeno que ayer fue representado en un artículo de LA NACION, escrito por el consultor Guillermo Oliveto, quien se encarga de analizar los comportamientos de la sociedad a través del consumo y los ingresos. Los modos de vida. Oliveto presenta un gráfico que muestra cómo está hoy la pirámide social. Allí nos habla del miedo a caer de clase social. En el segundo trimestre de 2026, el segmento de la clase alta, que es el grupo de gente que tiene un ingreso promedio del total familiar de $14.000.000. Para pertenecer a esa clase social, que es el 5% de la Argentina, una crema muy acomodada, excepcional; allí hay que tener un ingreso mensual promedio de $9.000.000. Después está la clase media alta, representada por el 17% del país, cuyo ingreso promedio es de $6.500.000, con un piso de $4.500.000. Sigue la clase media baja, que integra el 26% y que tiene ingreso promedio del total familiar de $3.000.000, con un piso de $2.500.000. En otro escalón está la clase baja que, aclara Oliveto, no es gente pobre, representada por el 30%, cuyo ingreso total familiar es de $2.500.000, y un piso promedio de $1.500.000. En esa cifra queda establecida la línea de pobreza. Por debajo de ese $1.500.000 estamos en la pobreza, que afecta al 22% de los hogares. El ingreso promedio familiar es de un millón de pesos por mes.
Es muy revelador comparar esta pirámide con la que presentó Oliveto en junio del año pasado. En la actualidad, para ser de clase alta se necesita un ingreso familiar de $14.000.000, tres millones más que a mediados de 2025. El piso del segmento más privilegiado era entonces de $6.500.000 y ahora son nueve millones. Pero la clave de esta comparación es mirar la clase baja superior, que todavía no es pobre. Ese segmento el año pasado estaba en un 26% y ahora en 30%. Eso es lo que cambió. Porque la pobreza disminuyó: pasó del 26% al 22%. ¿Cómo se interpreta la disminución de los más pobres y el aumento de los que son clase media baja sin ser pobres? Mediante el ascenso de la clase baja a la clase baja superior por dos razones. La política antiinflacionaria, que en un país donde muchísima gente, probablemente nueve millones de personas, no tiene un sindicato que les defienda el salario porque están fuera del mercado laboral formal, se convierte en la mejor política social. Y la otra razón es el descenso de gente de clases superiores a la clase media baja: hay un movimiento dentro de estos números.
Esto es importante porque mueve la política y presenta una imagen de la Argentina, que es una imagen bastante estable, lamentablemente. Pero que nos cuesta asimilar, sobre todo porque es perturbadora y dolorosa: es la imagen de un país que se ha convertido en una máquina de generación de pobreza. Hay que buscar mucho y aún así resulta muy difícil de encontrar en el mundo un país que hoy tenga más pobres que hace 25 años. Es casi imposible encontrarlo en América Latina. Por ejemplo, la pobreza en Perú tiene alzas y bajas. Pero si miramos el 2024 contra el 2010 hay un descenso nítido. En Brasil, el descenso es más notorio: hoy es de 20,6% y estaba en 32% en 2010. En Uruguay es estable cayendo: 5,9%. Y en Chile también, drásticamente cayó, donde en 2010 estaba la pobreza por encima del 20% y hoy es de 4,5%, aún habiendo atravesado distintos tipos de gobiernos. Es decir, la pobreza es una enfermedad que se va volviendo antigua. Otra cuestión es la desigualdad. Pero en la región hubo un avance muy notorio en términos de combates exitosos a la pobreza. En la Argentina no. Hoy, proporcionalmente, tenemos más pobres que los que teníamos hace 25 años.
El nivel de integración social se ha vuelto más lamentable. Si nos remontamos al año 1973, el Índice de Gini, que mide el nivel de desigualdad que hay entre los ingresos de los más ricos y los ingresos de los más pobres, era de tres puntos. Para hacerlo más comprensible: en el ‘73, los niveles de desigualdad de la Argentina eran los de Francia de aquel momento. Hoy son los de un Perú que, es cierto, mejoró bastante, pero que sigue siendo un país extraordinariamente desigual. En esa dirección fue caminando la Argentina.
Si miramos el sistema previsional, saliendo de la cámara lenta, y vemos lo que pasa en este momento, entre febrero y mayo se perdieron en el mercado formal 89.000 puestos de trabajo. También resulta interesante recordar la comparación con los otros países de la región. Porque la dramatización, la campaña que hace Milei y su Gobierno a favor del ajuste tiene un efecto visual que deja la impresión de que todos los dramas sociales comenzaron con el Presidente, cuando con él, muy probablemente se estén agravando. Muy probablemente la Argentina que salga de la gestión libertaria va a ser más desigual que la que estábamos acostumbrados a vivir. Pero no es un invento de Milei este proceso de deterioro.
Más allá de la destrucción de esos 89.000 puestos laborales, también aumenta el mercado informal o el cuentapropismo. Este fenómeno, que tiene que ver con el achicamiento todavía más intenso de lo que se conocía tradicionalmente como la sociedad salarial a un país con mayor informalidad, y con trabajos de menos calidad, aunque sean en blanco, está modelando la agenda de las elecciones del año que viene. Y esto se advierte en distintas dimensiones, por ejemplo que muchos economistas ortodoxos, que están acostumbrados a hablar a fondos de inversión y bancos empiezan a tratar cada vez más el deterioro sociolaboral. Porque en ese problema, aparece luego la disminución del consumo, la caída de la recaudación, y de allí nuevamente al problema fiscal, que es el que Milei quiere corregir.
Miguel Kiguel es uno de esos economistas. Según su último informe de Econviews, en el primer trimestre de este año hubo una desocupación del 108%, que se compensa con monotributistas. Kiguel y su equipo se tomaron el trabajo de hacer una investigación que, como toda aproximación, es imperfecta, sobre las búsquedas en Google.
Allí compararon, por un lado, búsquedas en plataformas -como Rappi, Pedidos Ya y Uber- y cuentapropistas registrados en la encuesta permanente de hogares que hace el Indec. Así, registraron que hay una relación bastante directa entre los que buscan trabajo en las plataformas y el aumento de los cuentapropistas. Pero hay una característica: en el último tramo medido por las búsquedas en Google hay una caída. ¿Se da porque se frenó ese proceso de transferencia del empleo formal a este nuevo tipo, que es de más baja calidad? ¿O sucede que el mercado ya está saturado y no absorbe más gente? Se va pintando una nueva Argentina, en cámara lenta. El aumento de este tipo de empleo empezó en 2022.
Otro fenómeno revelador es el de gente que cocina para vender la comida y, eventualmente, trasladarla, es decir, una modalidad precaria de delivery. En el primer trimestre de 2023, esas personas eran 82.000 y, hoy, son 190.000, según el Indec. Esto es importante por el impacto en la configuración social en general y por la repercusión fiscal. En la medida en la que se achica el universo del empleo formal y de calidad -representados por sindicatos que han perdido enorme poder en la Argentina-, este fenómeno impacta en el sistema previsional porque un monotributista cubre, con lo que aporta, el 3% de una jubilación promedio, mientras que un trabajador formal cubre el 31%. Si uno achica el número de los formales y agranda el de monotributistas, se va a generar un déficit mayor y va a haber menos financiamiento.
Es un problema grave porque las jubilaciones son el corazón del problema fiscal en la Argentina. Algunos creen que no hay salida para cualquier reforma, como la que lleva adelante Milei, si no se toca el sistema previsional. Y otros piensan que el Ejecutivo va a terminar tocándolo -y que el Presidente lo analiza para un segundo mandato- y se va a requerir una nueva Corte Suprema que defienda al gobierno que toque de las cautelares que va a generar ese tipo de reformas. Es un problema muy complejo que se alimenta básicamente con este cambio en el perfil del tipo de trabajador que hay en la Argentina.
Cuesta ajustar la cabeza a esta nueva realidad de pauperización, que tiene un efecto emocional sobre la política: en muchos países, entre ellos la Argentina, hay excluidos. Incluso en los países más ricos. Se trata de gente que está afuera del sistema y no puede acceder al bienestar como correspondería. En general, cada vez son menos, porque se tiende a achicar el nivel de pobreza. Sin embargo, en muy pocos países hay, además de excluidos, expulsados. Es una peculiaridad de la Argentina. Es gente que estuvo y ya no está dentro del sistema, que mentalmente se siente con derecho a determinado acceso a la salud o la educación, y ya no lo tiene. Probablemente se crio en una familia que estaba en esa pirámide por encima de donde está hoy.
Los que estudian los programas de estabilización observan que uno de sus efectos es que la inflación disimula el lugar que uno ocupa en la sociedad, desde el punto de vista de la escala social. Baja el agua y pareciera que se tomara una foto y se descubriera que uno está más abajo de lo que estaba cuando empezó la película. Eso genera un resentimiento. La política logra en este caso meterse en serio en la vida de las personas. Se trata de gente que tiene que cambiar a sus hijos a un colegio más barato, probablemente de menor calidad. Lo mismo sucede con las universidades y con los planes de las obras sociales.
Esto sucede a lo largo de bastante tiempo. La gente va pasando de la clase media a la clase media baja. Probablemente no toca fondo pero cambia notoriamente su nivel de vida y eso inspira los sentimientos que genera la política hoy en mucha gente.
En la última encuesta de Hugo Haime se reflejó que creció la bronca. El 40% de la gente se dice “triste y desanimada”, mientras que el 38% con “bronca”. De esta manera queda en evidencia que el problema de la representación -la relación entre esa gente y los dirigentes, de los que espera una solución para su estilo de vida- empieza a ser conflictiva.
Hubo estados de ánimo que condujeron a Milei. El Presidente se mostraba enfurecido y muchos se sentían representados con él por su bronca. En ese momento conectaba muy bien, hoy en día no sabemos si puede hacerlo.
Según la encuesta de Haime, el 34% de los consultados dice que quiere mantener este modelo, un número alto teniendo en cuenta los resultados en términos de ingresos y salario real. Por otro lado, un 65% quiere cambiarlo. El 11% considera que hay que mantener el modelo como está; un 22% haría algunas modificaciones; el 23% lo cambiaría manteniendo algunas cosas; y el 42% -que coincide con el número de los que no votaron a Milei- lo cambiaría totalmente.
Si uno mira la contraposición entre el 34% que quiere mantener el modelo y el 65% que no, puede sacar una conclusión apresurada: el que gane la próxima elección va a tener que cambiar de cuajo la política económica. Si se generara esa presunción, los inversores temerían involucrarse con el país.
Sin embargo, Haime preguntó qué cosas habría que mantener de la política del Gobierno y un 55% coincidió en la inflación baja y controlada. Esa es la prioridad. El 33% respondió “que no haya piquetes en las calles” y el 32% el “control de los planes sociales”. Luego aparecen el dólar, la apertura económica, el superávit fiscal y otros puntos que se asemejan al votante de Milei.
Daría la impresión que, de acuerdo a todas las encuestas, la inflación baja y el control de la calle son los dos méritos que más se les reconocen al gobierno de Milei.
Haime descubrió que el 81% de los que creen que hay que mantener el modelo considera que lo más importante es la inflación, mientras que, de los que plantean que habría que sostenerlo con algunas modificaciones, el 70% coincide en esa prioridad. A su vez, de los que dicen que hay que cambiarlo, el 60% de los que sostienen que hay que mantenerlo con algunos cambios cree que lo más importante es la baja de la inflación y, de los que proponen un nuevo sistema en su totalidad, el 37% tiene esa postura. Ahí hay un activo que explica por qué la obsesión de Milei con ese asunto.
Se puede empezar a entender por qué el Presidente todavía está dispuesto a sacrificar otras variables de este experimento económico con tal de que la inflación no se dispare. Puede ser la respuesta para los que dicen que un leve aumento inflacionario podría dar más dinamismo.
En una encuesta de Pulsar, que lidera Augusto Reina, se preguntó con qué partido o espacio político simpatizan más los argentinos y quedó registrado que, en 2023, el 37% no se identificaba con ninguno. Ahí estuvo el triunfo de Milei. Ahora, en 2024 se redujo al 25% pero subió al 35% en 2025 y al 42% en 2026. Está creciendo ese número.
El universo de los que no se identifican con nadie puede hacer caer en la trampa a muchos políticos porque daría la impresión de que, entonces, ese grupo está en el centro ideológico. Los investigadores de Pulsar, en cambio, sostienen que no hay que caer en esa suposición, sino que esa gente no necesariamente quiere algo en el medio. Ahí hay gente de izquierda que no quiere al kirchnerismo y gente de derecha que no simpatiza con Milei. Por eso no es fácil encontrar a algún candidato que los conquiste. Es gente que sigue ideologizada pero no tiene pertenencia ni filiación. No renunciaron a un punto de vista para ver la realidad. No hay homogeneidad.
El Gobierno mira el desencanto y balbucea algunas respuestas en la medida en que se lo permite el dogma de Milei: mantener la inflación a raya por medio de una política monetaria restrictiva que esté acompañada por una política fiscal de ajuste.
Este domingo, Jorge Liotti publicó una columna en LA NACION en la que explicó lo que intenta, con mucha timidez, hacer el Ministerio de Economía para reactivar la economía y reducir la insatisfacción de los que no creen en el modelo.
La primera iniciativa del Gobierno es estudiar un piso salarial para asistir a la clase media baja. La base que quiere poner es de $1.000.070, cuando la línea de la pobreza es de $1.500.000. Además, es confuso porque, si bien hacemos la comparación entre personas y hogares, lo que le entraría en los bolsillos a los argentinos en el caso de la mínima es alrededor de 860 mil.
El Gobierno no quiere dar esa orden, sino inducir a través de las paritarias. Pero ya interviene más expresamente en el mercado del salario. Propondría a quienes les cueste pagar el sueldo por las cargas sociales, que completen con una suma no remunerativa, es decir, “un poco en negro”, pero que figure en el ingreso, hasta llegar a un sueldo bruto de $1.000.070. Eso está pensado para la construcción, maestranza y determinados niveles bajos del sector de la salud.
Otra iniciativa que fue muy divulgada la semana pasada fue la de fondear a los bancos, ofrecerles dinero a través de licitaciones y que accedan a fondos de la Anses -por medio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad- para que den créditos para la primera vivienda, con una tasa que debe ser UVA más 7,5%. Es una novedad interesantísima porque estamos hablando del gobierno de Milei, hiperliberal austríaco, que permite que Luis Caputo intervenga sobre la tasa de interés y oriente el crédito hacia un sector determinado.
Frente a la necesidad electoral y el clima social que se está generando, empieza a haber algunas licencias poéticas en la política del Gobierno frente al mercado. Sin embargo, no debe sorprender ya que ha mostrado pragmatismo más allá del discurso de Milei respecto al mercado de cambios, que sigue intervenido.
El Gobierno negó por completo tener algo que ver con el mundo de los endeudados, ese gran problema de los que cubren gastos con la tarjeta para llegar a fin de mes o los que quedaron colgados del pincel por la suba de las tasas de interés. El Banco Central llegó al final al tema y lanzó recomendaciones antes de solicitar un crédito y respuestas a qué es un préstamo personal y qué variables analizar.
Detrás no solamente está el haber ingresado de manera incorrecta al haber seguido señales que el mismo Gobierno emitía, sino un problema de educación financiera que lleva a la gente, sobre todo a los más humildes, a no tener noción de cuánto están pagando o van a terminar pagando.
Se va generando una discusión interesante aún dentro del mismo Gobierno. Patricia Bullrich, que suele ser una voz disidente en determinados temas de la agenda oficial, le dijo a Milei en una reunión de gabinete que deberían mirar el tema de los endeudados porque esa gente está destinando al pago de la deuda un dinero que le resta al consumo. A lo mejor, si se atiende ese problema de alguna manera, se puede hacer que se deriven algunos fondos al consumo y haya mayor actividad. En el Ejecutivo saben muy bien que Milei está preocupado porque los resultados que él esperaba llegan más tarde o no llegan.
Se va generando una agenda y un temario para la elección presidencial, que tienen que ver con los cambios de paladar de la gente y que las preocupaciones ya no son las mismas de antes. La inflación emerge como algo ya conquistado que debe mantenerse y que se espera que el próximo gobierno conserve, pero la gente quiere que, además, se le den otras cosas. Los que sostienen a Milei quieren el mismo modelo con más trabajo.
Estas cuestiones llevan a que se discuta la política industrial, aunque al Gobierno no le guste esa palabra. Sostiene que no existe una política productiva, sino que la debe fijar el mercado. Sin embargo, existe el RIGI, donde a determinados sectores, como minería, petróleo y gas se les dan determinadas ventajas impositivas que a otros no.
El Gobierno elige determinados sectores para favorecer y parece dirigista. Acá también es pragmático y no se aferra a los manuales de la escuela austríaca. Hay una novedad: la administración chavista de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, llegó a un acuerdo con Donald Trump para promover a las empresas estadounidenses de petróleo. Ese RIGI del chavismo es curioso porque cobra regalías del 16%, mientras que la Argentina cobra el 12%.
En Venezuela, el impuesto a las ganancias se aplica en 34% y en la Argentina en 24%. La cuestión radica en que, con estos números, las empresas van a ese país; Trump lo firmó. Algún día quizás se discutirá si el gobierno de Milei no fue muy concesivo para conseguir inversiones que probablemente en algunos sectores -como la minería- vendrían igual. No hay muchos lugares en el mundo con litio y tierras raras. Para el año que viene empieza la discusión del modelo productivo.
Frente a todo este panorama, que implica una sociedad que se va empobreciendo y cambiando su perfil socioeconómico, la vieja promesa argentina del progreso individual. que trajo tantos inmigrantes. ya no se cumple, sino que ocurre la contrapromesa: hijos que viven peor que sus padres y tienen menos acceso que ellos a los bienes. Ante eso, hay un programa de ajuste y estabilización que siempre tiene este tipo de costos, y un Gobierno que intenta dar una respuesta, aunque sea tímida.
Pero Milei sigue defendiendo su modelo e insulta a los que sugieren cosas que hace el ministro Caputo. Con las actitudes de hoy, dos años atrás, el ministro hubiese sido un “mandril”, ya que interviene la tasa de interés para facilitar el mercado hipotecario.
¿Por qué hace eso Milei? ¿Porque es un dogmático y no ve la realidad, o hay una lógica detrás de esa crueldad? Daría la impresión de que al Presidente le preocupa un problema: el déficit. El financiamiento tal vez lo lleve, de un modo u otro, a tener que emitir un bono para poder pagar la deuda del año que viene, lo que el Gobierno se viene resistiendo a hacer. No logra que el sector financiero le baje la tasa de interés. A esa gente le habla. Para ellos grita e insulta Milei, que está pensando en un problema central de su gobierno: el problema fiscal no está resuelto y posiblemente vaya a tener que pedirle plata a ese sistema financiero que le pide sangre, sudor y lágrimas, para que él pueda garantizar que los bonos se paguen.
El fuertesalto de la compra de dólares en julio no pasó desapercibido por el mercado. El público compró USD 3.319 millones brutos, mientras que poco más de USD 2.900 millones se repartieron entre atesoramiento personal y pago de gastos. Se trató de un incremento de 45% respecto al mes anterior, lo que encendió luces amarillas porque ocurrió bastante antes de lo esperado.
En total fueron 1,7 millón de individuos los que compraron divisas frente a 1,5 millón registrado en junio. Por su parte, 697.000 personas realizaron ventas por 404 millones de dólares.
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El Central informó que del total de compras netas, unos USD 1.000 millones quedaron dentro de los bancos, una cantidad similar salió del sistema (sin fines específicos) y otros USD 900 millones financiaron consumo con tarjeta.
En el primer semestre la compra de dólares promedio para atesoramiento (o sea ahorro) había promediado poco más de USD 2.000 millones mensuales. Por lo tanto, el salto de julio fue significativo y no resultó un dato aislado.
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En paralelo, el riesgo país empezó a subir y ya en agosto se ubicó por arriba de los 500 puntos básicos. Ambos fenómenos estuvieron vinculados con índices de confianza y encuestas que mostraron un deterioro del Gobierno y reducen las chances de una victoria de Javier Milei en primera vuelta.
El escenario de mayor incertidumbre se tradujo en una mayor compra de dólares, que es la forma tradicional de cubrirse de los argentinos en este contexto.
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El economista Fernando Marull indicó que “la cifra de atesoramiento que se registró en julio hay que tomarla como un nuevo piso mensual. Seguramente se va a mantener en la zona de USD 3.000 millones en los próximos meses”.
Sin embargo, también destacó que el incremento de la dolarización del sector privado no impidió que el Central acumulara cerca de USD 2.300 millones aquel mes.
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El aumento de la venta de dólares sí habría pasado más factura en agosto, porque cayó fuertemente la intervención en el mercado por parte del Central, que pudo comprar USD 768 millones, casi la tercera parte en relación al mes anterior.
La suba del atesoramiento de dólares tiene implicancias para la economía. Por lo pronto, se trata de pesos en poder del público que se utilizan para ese fin en vez de disponerlos, por ejemplo, para consumo.
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Por otra parte, implica que la demanda de dólares se mantiene firme, lo que obliga al Gobierno a manejarse con suma cautela a la hora de volcar pesos al mercado. Si bien el plan es avanzar con la remonetización de la economía, el proceso habrá que llevarlo delante de manera muy cautelosa. El peligro es que una mayor expansión de dinero no se traduzca en un salto de la actividad, sino en mayor presión cambiaria.
Por lo tanto, la contracara de este aumento de la dolarización en el mercado es que la actividad cuenta con menos impulso. La actividad en julio sufrió una caída de 0,9% según la estimación divulgada por el estudio OJF, lo que confirma que la economía sigue evolucionando como un serrucho, que alterna alzas y bajas prácticamente en forma mensual.
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Durante agosto el dólar operó al alza, a un ritmo parecido al de la inflación, que se habría ubicado en un rango de 1,5% a 1,8 por ciento. “El tipo de cambio mayorista superó la barrera psicológica de los $1.500 tras un giro estratégico en la política económica oficial. Luego de tres semanas de rigurosa contención, las autoridades aflojaron el techo informal para dar mayor holgura al mercado y mitigar la presión sobre las tasas de interés”, señalaron desde Wise Capital. La divisa cerró el mes con una caída de cuatro, pasando de $ 1.512 a $ 1.508 en el segmento mayorista, mientras que finalizó en baja al cierre del mes a $ 1.530 en el minorista.
El endeudamiento familiar viene escalando en los renglones de la agenda pública. El oficialismo lo registra y trata debajarle el tono argumentando que es una cuestión entre privados que no requiere respuesta del Estado. Resulta difícil frente al elevado nivel de mora, pero con ese objetivo trabaja el oficialismo. Es el caso de Diputados, donde busca desarmar el intento opositor de instalar el debate en el recinto. El problema es que el tema creció mediáticamente y parece desbordar el límite de los cruces políticos: la Iglesia acaba de sumar su voz, en tono de reclamo doblemente significativo para el Gobierno.
El oficialismo, por momentos, queda enredado en su propio juego. Combina la expectativa sobre una baja de los registros de mora -en el ámbito bancario y en el circuito no estrictamente financiero- y la intención de restarle trascendencia. En junio, el incumplimiento mostró un leve declive, que en medios libertarios buscaron mostrar como un cambio de tendencia, pero en julio mostró un repunte según cálculos en base a datos oficiales. Pasó de 12,77% a 12,99%. En las últimas horas, desde el Gobierno se deja trascender que agosto cerraría en baja. Se verá cómo evolucionan los números, pero asoma limitada la idea de clausurar el tema de ese modo.
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Por lo pronto, un foco se lo llevó el Congreso por iniciativa opositora, la semana pasada, cuando la LLA exponía números cómodos para avanzar con la segunda entrega de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Quedó claro que los acuerdos son proyecto por proyecto, porque algunos dialoguistas -y más bien aliados- expusieron su margen de espacio propio. Dieron apoyo para facilitar los objetivos violetas y, a la vez, algunos acompañaron la votación para plantear el tema del endeudamiento familiar.
Estaba claro que ese ensayo los iba a exponer muy lejos de la mayoría especial para tratar en el recinto las iniciativas sobre morosidad, que se cuentan de a decenas, pero la intención de los promotores era testear si había chances de impulsar después una sesión especial. Sumaron 133 votos, es decir, cuatro por encima de las 129 presencias para garantizar quórum. Y lo que se abrió de inmediato fue la operación del oficialismo para revertir ese cuadro, es decir, restarle al menos unos pocos apoyos para desvanecer el movimiento.
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Las autoridades libertarias decidieron repetir en Diputados lo hecho cuando la orden desde Olivos era bloquear la ofensiva sobre Manuel Adorni. El entonces jefe de Gabinete arrastraba tres meses de deterioro –con costo generalizado para el Presidente, Karina Milei y el Gobierno en general– y enfrentaba la posibilidad cierta de una interpelación. La oposición avanzaba en esa línea y hasta socios de LLA apuntaban en la misma dirección. Se había planteado una sesión para emplazar al tratamiento en comisiones, pero el oficialismo citó a una de las comisiones para restarle sustento a la movida. Sumó el acompañamiento del PRO, el radicalismo oficial y coronó su contraofensiva: hizo fracasar la sesión del 23 de junio. El Senado exhibía un panorama más difícil. Finalmente, el 27 de ese mes Adorni presentó su renuncia.
El oficialismo busca reproducir ahora la “estrategia Adorni” para frustrar la jugada opositora. Los proyectos sobre morosidad suman alrededor de cincuenta. Muchos de ellos, con giro a la comisión de Finanzas, presidida por el libertario fueguino Santiago Pauli. Tendrá reunión mañana, miércoles, como parte de las fichas movidas desde el despacho de Martín Menem. No está claro cuando sería convocada otra de las comisiones, como Defensa del Consumidor, que también cuenta con iniciativas que le fueron remitidas. Y todo indica que el mismo camino para enfriar el tema, y si es posible congelarlo, seguiría el reclamo de extensión de la emergencia en el área de discapacidad.
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La oposición convocó a una sesión especial para el miércoles de la semana que viene. Y apunta a motorizar desde allí un plenario de todas las comisiones que deben intervenir en esta materia, para avanzar efectivamente y marchar después al recinto. El foco se concentra en la actitud que tomen algunos espacios y, sobre todo, gobernadores cuyos diputados apoyaron el impulso del tema. En particular, el interrogante alcanza al tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Hugo Passalacqua.
El oficialismo iba cerrando su estrategia cuando surgió un gesto inesperado, una doble señal que desde las filas violetas buscan amortiguar como si se tratara de una declaración sin otras connotaciones. Desde la jerarquía de la Iglesia, le dieron trascendencia al tema en sí mismo -es decir, lo que expondrían los actuales niveles de morosidad en el endeudamiento familiar- y cuestionaron de hecho la posición del Gobierno.
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El mensaje estuvo a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo. En declaraciones radiales, habló de la gravedad del tema, lo vinculó además con otros problemas sociales como la ludopatía -cuestión con debate pendiente en el Congreso- y puso en la mira la falta de criterios claros, razonables, sobre los intereses. Y agregó: “No se puede tener una mirada superficial, ni menos decir: no nos interesa o que se arreglen”.
El Gobierno sostiene como letra discursiva que el tema es una cuestión entre privados. Y que hace exclusivamente al riesgo tomado por quienes se endeudaron. Milei lo sostiene públicamente y, en sus encuentros con ministros y legisladores, dejó en claro que no hay margen para matices. Quizá el diputado Alberto Benegas Lynch fue quien más extremó esa posición: dijo entre otras cosas que hay gente que compró pantallas de TV para ver el Mundial y no quiere pagar las cuotas porque Argentina no logró coronar la final.
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Las declaraciones de monseñor Colombo se producen en días marcados por reuniones oficiales para definir cuestiones prácticas de la visita de León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. Precisamente, el titular del episcopado y el secretario general de la CEA, Raúl Pizarro, fueron recibidos el jueves pasado por el Papa para analizar aspectos del viaje. El contexto no parece ser un dato menor.
Tal como se había anticipado, el mes de septiembre llega con aumentos en distintos servicios entre los que se destaca el pasaje en transporte público. Los ajustes abarcan colectivos, subte y trenes metropolitanos, y repercuten de manera directa en la movilidad diaria de millones de personas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los colectivos registrarán una suba del 4,1%, calculada a partir de una fórmula que combina dos puntos fijos con la inflación. Con este ajuste, el boleto mínimo —para trayectos de hasta tres kilómetros— quedará en $887,99. Los viajes de tres a seis kilómetros costarán $986,70; los de seis a doce kilómetros, $1.062,70; y los recorridos que superen los doce kilómetros, $1.138,77.
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El subtetambién actualizará su tarifa bajo el mismo porcentaje, y el pasaje pasará a costar $1.753.
En la provincia de Buenos Aires, el incremento para los colectivos será del 4,3%. La escala tarifaria provincial parte de los $1.158,97 para recorridos de hasta tres kilómetros; $1.303,83 entre tres y seis kilómetros; $1.448,71 de seis a doce kilómetros; $1.738,45 para trayectos de doce a veintisiete kilómetros; y $2.043,84 en los viajes que superen los veintisiete kilómetros.
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El mayor incremento del mes corresponde a los trenes metropolitanos, con una suba del 14,29%. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur establecen un nuevo valor mínimo de $480, una cifra que contrasta con los porcentajes más moderados aplicados al resto del sistema de transporte.
Un punto que permanece abierto es el de las líneas interurbanas de colectivos, es decir, las que circulan entre la Ciudad y el conurbano. La semana pasada, la Secretaría de Transporte de la Nación convocó a una reunión con las cámaras del sector que se suspendió a último momento.
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Los aumentos que rigen a partir de este mes toman como una de sus referencias la inflación de julio, que se ubicó en 2,1%, aunque los porcentajes aplicados en distintos modos de transporte superan ese umbral, como ocurre con el caso del ferrocarril metropolitano.
A mediados de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el porcentaje de inflación y con ese dato el alza acumulada en lo que va del año trepó a 19,3% y la variación interanual se ubicó en 33,8%. El dato implicó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto al 1,9% registrado en junio y puso fin a una racha de tres meses consecutivos de desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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En el detalle por categorías, el IPC Núcleo —que excluye los precios estacionales y regulados— avanzó 1,8%, traccionado por incrementos en alquiler de vivienda y servicios culturales. Esa suba fue parcialmente compensada por la caída en expensas, tras la eliminación del adicional del 20% que se había incorporado en junio. Por su parte, los precios estacionales treparon 4,5%, con las verduras, los paquetes turísticos y los servicios de alojamiento como principales factores. Los precios regulados, en tanto, subieron 2,1%, impulsados por ajustes en transporte público, gastos de prepagas y electricidad.
La división que mayor variación registró durante julio fue Recreación y cultura, con una suba del 5,0%, producto de los incrementos en paquetes turísticos y servicios culturales. Le siguió Restaurantes y hoteles, con un alza de 2,8%. En el extremo opuesto, Prendas de vestir y calzado retrocedió 1,3%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco fue la categoría con el menor aumento positivo, con un 1,5%.
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El comportamiento regional mostró diferencias según la zona del país. En las regiones GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la de mayor incidencia, con subas en verduras, productos lácteos y pan y cereales como principales componentes. En la región Cuyo, en cambio, el rubro con mayor peso fue Transporte, por los ajustes en el sistema público y en el funcionamiento de vehículos particulares.
