El presidente Javier Milei administra por estas horas una compleja crisis de caja. La caída de la recaudación lo llevó a reactivar la motosierra, que lejos de ser un fetiche como en campaña, es hoy una “sábana corta” que, pese a podar constantemente los gastos, lo lleva a incumplir con pagos a proveedores de áreas sensibles. Esta última semana explotó el conflicto del transporte automotor, pero también hay atrasos con constructoras, exportadores y en el sector de salud. El Gobierno ofreció a las empresas de colectivos saldar la deuda con bonos.
La recaudación acumula ocho meses consecutivos de caída en términos reales. El fenómeno está vinculado al parate en la actividad que se percibe desde mediados del año pasado, aunque a los gobernadores les llama la atención que los ingresos tributarios caen más rápido que la economía. Con el deterioro productivo, la informalidad avanza.
El equipo económico tiene objetivos divergentes: salir de la meseta y frenar la aceleración de la inflación. La ecuación no es para nada sencilla. La caída de los ingresos tributarios obligó al Gobierno a reactivar la motosierra. Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Gasto Primario registró una caída interanual del 3% en términos reales en el primer trimestre si se excluye el pago de intereses.
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La contracción se vio fuerte en tres de los principales rubros del gasto: remuneraciones (-5,9%), transferencias corrientes (-9,2%) y Gastos de Capital (-23,7%). El ajuste empieza a afectar el normal funcionamiento de áreas sensibles, como es el caso del transporte. La reducción de frecuencias en los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires es un problema aún no resuelto.
Bonos para todos
Luego de varios días de inacción, Transporte convocó a las empresas involucradas a finales de esta semana. La reunión no resolvió el conflicto: según contaron dos representantes del sector privado, la propuesta del Gobierno fue saldar las deudas con bonos, algo que no fue bien recibido por los empresarios.
El aumento de los combustibles y el atraso en el pago de subsidios dejó al sistema al borde del colapso. Pero, de vuelta, la sábana corta complica a Luis Caputo: no puede pagar más subsidios porque el equilibrio fiscal pende de un hilo y tampoco puede permitir aumentos de tarifa porque el Presidente prometió que la inflación empezará con cero en agosto (para el REM del BCRA, en el octavo mes del año recién perforaría el 2%). De la carne al combustible, desde finales del año pasado vamos de shock en shock.
No es la primera vez que el equipo económico intenta refinanciar deudas colocando bonos. Lo hizo con éxito al principio de la gestión con el sector energético y la deuda comercial; meses atrás lo intentó recrear con las constructoras, sin adhesión hasta el momento. Claro, no es lo mismo bicicletear pagos cuando recién se asume el poder que hacerlo dos años después.
El conflicto con las empresas de colectivos podría ser apenas la punta del iceberg. Como contó Ámbito semanas atrás, el Gobierno también acumula deudas con proveedores sensibles del sistema de salud, con exportadores por los reintegros y con las provincias por temas previsionales, entre otros. Los colectivos son un tema especialmente sensible para la ciudadanía: el malestar social crece y la imagen de Milei cae.
El insólito caso de un municipio que se quedó sin luz por falta de pago
La merma en recursos no es solo un problema de la administración nacional. El informe de ASAP da cuenta de una caída del 50,8% en las transferencias a provincias, que además ven golpeadas sus cajas por la caída de ingresos brutos por la baja del consumo y el derrumbe de los impuestos coparticipables.
En las provincias creen que el anticipo de $400.000 millones que definió el Gobierno esta semana no es un gesto de apertura: es una medida de emergencia para ganar tiempo y, sobre todo, “apagar incendios”. Es que la situación financiera lleva a que más de un gobierno local recorte servicios. Algunos intendentes ya hablan de dificultades para pagar salarios.
A modo de ejemplo, esta semana en Mendoza la municipalidad de Malargüe se quedó sin luz por falta de pago. La comuna tuvo que tomar medidas de emergencia, como la instalación de un generador eléctrico. “Estamos atravesando una situación financiera compleja y se toman medidas muchas veces dolorosas. Tuvimos atraso en el pago de servicios y la energía es uno de ellos. Hicimos una propuesta de pago y nos han cortado la energía eléctrica en el edificio municipal”, dijo el intendente y exgobernador Celso Jaque.
A diferencia de las provincias, los municipios no pueden colocar deuda en el mercado. La situación es todavía más urgente. Tal vez por eso el martes por la mañana se vea a un nutrido grupo de intendentes en la puerta del Palacio de Hacienda reclamar, junto al ministro bonaerense Gabriel Katopodis, por los precios de la nafta y la utilización de los recursos recaudados con el impuesto a los combustibles. Esta vez no será solo Buenos Aires: habrá también jefes comunales del interior -Santa Fe, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Chaco, Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis y Jujuy, entre otros-.
