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El Distrito de Columbia y el estado de Virginia presentaron una demanda conjunta contra el gobierno de Donald Trump para frenar la construcción del arco triunfal de 250 pies (76 metros) que el presidente estadounidense pretende levantar en Washington. La presentación judicial busca impedir el inicio de las obras y suma un nuevo frente de conflicto legal para uno de los proyectos urbanísticos más controvertidos de la administración republicana.

La demanda fue presentada este sábado ante un tribunal federal por los fiscales generales de ambas jurisdicciones, Brian Schwalb, de Washington DC, y Jay Jones, de Virginia. En el escrito, sostuvieron que el proyecto es ilegal y que no cuenta con la autorización necesaria del Congreso para avanzar.

Los funcionarios también advirtieron que la construcción provocaría daños irreparables en ambas jurisdicciones, debido a su impacto sobre el tránsito, el medioambiente y los sistemas de seguridad y emergencia de la región.

El arco está proyectado para construirse en Memorial Circle, cerca del puente Memorial Bridge, sobre una zona que conecta Washington con Virginia y se encuentra a pocos metros del Cementerio Nacional de Arlington. Se trata de un punto estratégico para la circulación vehicular y para el acceso a distintos edificios e instalaciones gubernamentales.

La presentación solicita una orden judicial de restricción temporal que impida iniciar los trabajos mientras se resuelve la disputa. Según los planes de la administración, la construcción podría comenzar tan pronto como la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC) otorgue la aprobación definitiva al diseño, prevista para el próximo jueves 5 de noviembre.

Los argumentos contra el proyecto de Trump

Uno de los principales cuestionamientos de Washington y Virginia apunta a la falta de intervención del Congreso en la autorización de una obra de semejante magnitud. Los demandantes sostienen que el Gobierno avanzó con el proyecto sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes y cuestionan la velocidad con la que se desarrollaron las instancias de evaluación.

También señalaron que el monumento podría afectar las perspectivas históricas y arquitectónicas de la capital estadounidense, además de generar consecuencias sobre el entorno del río Potomac.

En materia de infraestructura, los fiscales generales advirtieron que los tres años previstos para la construcción podrían provocar importantes complicaciones en la circulación entre Washington y Virginia. Según la demanda, los trabajos generarían congestión vehicular, contaminación, escurrimientos de agua hacia el río e interferencias en los servicios de emergencia.

La ubicación también genera preocupación por su cercanía con el Cementerio Nacional de Arlington, donde descansan miles de integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El proyecto contempla una estructura de aproximadamente 76 metros de altura, con una estatua de bronce de una figura alada inspirada en la Estatua de la Libertad, que sostendría una antorcha con una llama eterna. Además, incluiría una plataforma de observación, oficinas, espacios de recepción y distintas instalaciones internas.

El arco triunfal ya enfrenta otras demandas

La presentación de Washington y Virginia se suma a otros cuestionamientos judiciales contra la iniciativa presidencial. En octubre, el condado de Arlington también había demandado al Gobierno federal al considerar que no se realizó una evaluación ambiental adecuada antes de avanzar con el proyecto.

A su vez, tres veteranos de la guerra de Vietnam y un historiador especializado en preservación arquitectónica habían presentado otra demanda para impedir la construcción. Entre sus argumentos, señalaron que el monumento afectaría la experiencia de quienes visitan el Cementerio Nacional de Arlington.

La jueza federal Tanya Chutkan intervino en el expediente y, este sábado, resolvió consolidar la nueva demanda de Washington y Virginia con el proceso iniciado anteriormente por los veteranos y el especialista. También ordenó establecer un calendario conjunto para las presentaciones de las partes.

Un día antes, durante una audiencia, la magistrada había evaluado la posibilidad de ordenar una suspensión temporal de las obras, aunque no tomó una decisión inmediata.

Desde la Casa Blanca defendieron la iniciativa y aseguraron que el arco será uno de los monumentos más emblemáticos de Washington. El portavoz presidencial Davis Ingle sostuvo que la estructura funcionará como una puerta de entrada al Cementerio Nacional de Arlington y como un homenaje a los veteranos y a quienes murieron en servicio.

La administración también argumenta que el proyecto forma parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se conmemora en 2026.

Con la nueva demanda y la acumulación de cuestionamientos judiciales, el futuro del arco triunfal quedó sujeto a una disputa que podría definir si Trump logra avanzar con una de sus principales intervenciones urbanísticas en la capital estadounidense o si los tribunales terminan frenando sus planes.

Los primeros exámenes forenses de la masacre familiar ocurrida en Merlo revelaron que una mujer de 41 años y sus tres hijos, de 10, 12 y 14, recibieron dos disparos en la cabeza cada uno. Los investigadores sospecharon que el responsable fue el padre de los menores, quien posteriormente se habría suicidado con una pistola calibre 9 milímetros. Los cinco integrantes de la familia, de origen venezolano, fueron encontrados muertos dentro de una vivienda de Mariano Acosta, en el oeste del conurbano bonaerense.

 

El hecho ocurrió el jueves en una casa de una sola planta ubicada sobre la calle Mercedes al 2400, entre Ensenada y Dinamarca. Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, y sus hijos Dan Velkan, de 14; Alan Nehru, de 12; y Nicole Valentina, de 10. El principal sospechoso fue identificado como Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años, quien también fue hallado sin vida en el mismo ambiente.

 

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes judiciales a Infobae, los resultados preliminares de los estudios realizados sobre los cuerpos permitieron establecer diferencias entre las heridas de las cuatro víctimas y las del hombre investigado. Mientras que la madre y los tres menores presentaban dos impactos de bala en la cabeza, Soihit Meza tenía una única herida de arma de fuego en la sien izquierda. Esa circunstancia, junto con el hallazgo de una pistola junto a su cuerpo, reforzó la hipótesis de un homicidio múltiple seguido de suicidio.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón, encabezada por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini, quienes dispusieron las primeras medidas para esclarecer las circunstancias del hecho.

 

 

Qué revelaron los primeros exámenes forenses

 

Los resultados preliminares de las pericias constituyeron uno de los elementos centrales de la investigación, ya que permitieron reconstruir parcialmente la mecánica del ataque. Según las fuentes judiciales consultadas, las cuatro víctimas recibieron dos disparos en la cabeza cada una, un dato que los investigadores consideraron relevante para determinar cómo se produjeron los asesinatos.

 

En cambio, el cuerpo del padre presentaba una sola herida de bala en la sien izquierda. Junto a él, los agentes encontraron una pistola Sarsilmaz calibre 9 milímetros, que quedó incorporada a la investigación para establecer su vinculación con los disparos y determinar las circunstancias en las que fue utilizada.

A partir de estas evidencias, los investigadores sostuvieron como principal hipótesis que Soihit Meza disparó contra su esposa y sus tres hijos antes de quitarse la vida. Sin embargo, la reconstrucción definitiva de la secuencia dependerá de los resultados completos de las autopsias, las pericias balísticas y las demás medidas ordenadas por la Justicia.

 

Cómo descubrieron los cuerpos dentro de la vivienda

 

El hallazgo se produjo después de que Evelyn Carolina Rivero Mejías, quien trabajaba como analista de sistemas, no se presentara en su empleo. La ausencia llamó la atención de un compañero de trabajo, que intentó comunicarse con ella sin obtener respuesta y decidió acercarse hasta su domicilio para averiguar qué había ocurrido.

 

Al llegar a la vivienda, el hombre llamó a la puerta, pero nadie respondió. Ante esa situación, se asomó por una de las ventanas y observó los cuerpos dentro de la propiedad. Inmediatamente dio aviso al servicio de emergencias 911, lo que motivó la intervención de efectivos policiales y posteriormente de personal especializado.

Cuando los agentes ingresaron a la casa, encontraron a los cinco integrantes de la familia en una misma habitación, todos con heridas de arma de fuego en la cabeza. La escena quedó bajo resguardo para permitir el trabajo de Policía Científica, que comenzó con el relevamiento de indicios, la documentación del lugar y el secuestro de los elementos considerados de interés para la causa.

 

 

Los vecinos habían escuchado disparos durante la madrugada

 

La investigación también incorporó testimonios de personas que vivían en las inmediaciones del domicilio. Según trascendió, algunos vecinos habían escuchado detonaciones durante las primeras horas del jueves, cerca de la madrugada, aunque en ese momento no se realizó una denuncia policial.

 

La vivienda estaba ubicada en un sector residencial de Mariano Acosta, caracterizado por casas bajas, veredas con césped y escasa circulación vehicular. La familia se había instalado allí aproximadamente un mes antes, después de residir en la localidad bonaerense de Marcos Paz.

 

La noticia provocó conmoción entre quienes vivían cerca de la propiedad, especialmente porque los integrantes del grupo familiar llevaban poco tiempo en el barrio y no eran conocidos por todos los residentes.

 

“Nos cayó como un balde de agua fría”, expresó uno de los vecinos ante los medios que acudieron al lugar. El hombre describió la zona como un barrio habitado principalmente por familias trabajadoras y manifestó su sorpresa por lo sucedido.

 

Otra vecina recordó que había visto a Evelyn Rivero Mejías por última vez el lunes anterior al hallazgo. Según relató, la mujer solía desplazarse en bicicleta y mantenía un trato cordial con las personas del barrio. “Era una persona muy atenta”, señaló, y agregó: “Es un barrio muy tranquilo”.

 

El padre exhibía armas y prácticas de tiro en sus redes sociales

 

Uno de los aspectos que comenzaron a analizarse durante la investigación fue la actividad pública que Mahatma Eyvind Soihit Meza mantenía en sus redes sociales. En distintas publicaciones, el hombre exhibía armas de fuego, compartía imágenes de prácticas de tiro y ofrecía accesorios para pistolas.

 

A comienzos de octubre había publicado fotografías de una Sarsilmaz SAR 9, el mismo modelo de arma que posteriormente fue encontrado en la habitación donde estaban los cinco cuerpos. Además, aproximadamente tres semanas antes del hallazgo había difundido imágenes correspondientes a una práctica de tiro.

En una de esas publicaciones, un contacto comentó: “Buenos tiros, amigo”. Soihit Meza respondió: “Gracias amigo, hay que practicar y siempre estar preparado”. El intercambio formaba parte de su actividad pública en redes y fue conocido después de que trascendiera la noticia de las muertes.

 

La coincidencia entre el modelo de pistola exhibido en sus publicaciones y el arma secuestrada en la vivienda constituye un dato de interés para la investigación. No obstante, las pericias deberán determinar las características del arma encontrada y su relación con los disparos que provocaron las muertes.

 

Quién era el hombre investigado por el crimen

 

Mahatma Eyvind Soihit Meza tenía 44 años y era conocido como Eyvind entre sus allegados. De acuerdo con registros comerciales y tributarios, estaba inscripto ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en actividades relacionadas con servicios de consultoría informática y suministro de programas de computación.

 

Su historial laboral también incluía empleos registrados en una empresa de seguros y actividades vinculadas con la comercialización y reparación de vehículos.

Según la información disponible, no registraba deudas bancarias informadas.

La familia era de origen venezolano y se había radicado en la Argentina más de una década atrás. En octubre de 2017, Soihit Meza había compartido su experiencia migratoria en un grupo de Facebook integrado por ciudadanos venezolanos residentes en Buenos Aires.

 

En aquella publicación, relató que había llegado solo al país, que inicialmente se había alojado en una habitación compartida de un hostal de San Telmo y que había conseguido sus primeros trabajos en comercios chinos. También describió las dificultades económicas que atravesó durante sus primeros meses en territorio argentino.

 

“Ya tengo a toda mi familia acá, mi esposa y mis tres hijos”, escribió entonces, al recordar cómo había logrado establecerse junto a sus seres queridos. En el mismo mensaje alentó a otro ciudadano venezolano que buscaba recomendaciones para emigrar: “No dejes que te digan que no se puede. Cree en ti, brother”.

Una familia que se había mudado hacía apenas un mes

 

Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, trabajaba como analista de sistemas y era madre de tres hijos de 14, 12 y 10 años. La familia había llegado recientemente a Mariano Acosta, después de vivir en Marcos Paz, por lo que todavía se encontraba en proceso de adaptación a su nuevo entorno.

 

Los testimonios de los vecinos indicaron que el grupo familiar no llevaba suficiente tiempo en la zona como para establecer vínculos con todos los residentes. Sin embargo, quienes habían tenido contacto con la mujer la recordaron por su trato amable y sus desplazamientos habituales en bicicleta.

 

La ausencia de Rivero Mejías en su trabajo fue determinante para que se descubriera lo ocurrido. La preocupación de un compañero, que decidió acercarse a la vivienda después de no conseguir comunicarse con ella, permitió que las autoridades tomaran conocimiento de las muertes.

El gobierno de Irán descartó este sábado la posibilidad de retomar las negociaciones con Estados Unidos, en medio de una escalada de tensiones diplomáticas y militares que volvió a despertar preocupación por una eventual intensificación del conflicto en Medio Oriente. El canciller iraní, Abbas Araghchi, negó que existan encuentros programados con representantes de Washington y rechazó las versiones sobre posibles conversaciones.

“No existen planes de reunión con funcionarios estadounidenses, y toda especulación al respecto no es más que una suposición mediática”, afirmó el funcionario durante una entrevista con Al Jazeera, cuyas declaraciones fueron reproducidas por la agencia oficial IRNA.

El posicionamiento de Teherán contrastó con las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró el viernes que los contactos diplomáticos con Irán continuaban.

Sin embargo, los esfuerzos internacionales para reactivar las negociaciones todavía no consiguieron resultados concretos, mientras persisten los incidentes militares y las restricciones al tránsito marítimo en una de las principales rutas energéticas del mundo.

Irán amenazó con responder a cualquier ataque de EEUU o Israel

En paralelo con las declaraciones del canciller, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, mantuvo una reunión con los principales mandos militares del país y ordenó preparar una respuesta ante eventuales ataques de Estados Unidos o Israel. Durante el encuentro, exigió que cualquier nueva ofensiva reciba una “respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas”.

La advertencia quedó reflejada en un comunicado difundido a través de su sitio web oficial, donde el dirigente sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes determinarán las condiciones de una eventual confrontación.

“Si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la República Islámica y la nación iraní quienes determinen el momento y las condiciones para ponerles fin”, advirtió.

Las declaraciones reforzaron el posicionamiento militar de Teherán, que mantiene un enfrentamiento con Washington y sus aliados en medio de las sanciones económicas y las restricciones navales impuestas sobre sus puertos.

La respuesta de Irán a Alemania: “Ya no habrá líneas rojas”

La tensión también se trasladó al plano diplomático con Europa, después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, advirtiera sobre las consecuencias económicas del conflicto para los países europeos.

El funcionario estimó que el encarecimiento de la energía provocó costos adicionales superiores a €100.000 millones para empresas y consumidores del continente.

La declaración recibió una dura respuesta de Abbas Araghchi, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar el posicionamiento alemán y lanzar una nueva advertencia militar.

“100.000 millones de euros no son nada comparados con el golpe devastador que las poderosas fuerzas armadas iraníes infligirán a quienes se atrevan a agredir a nuestra nación. Ya no habrá líneas rojas”, escribió el canciller iraní en X.

Además, Araghchi recordó las declaraciones que Merz realizó durante la denominada guerra de los 12 días, iniciada en junio de 2025 tras los ataques israelíes contra territorio iraní.

En aquella oportunidad, el canciller alemán respaldó la ofensiva de Israel al afirmar que sus fuerzas estaban haciendo “el trabajo sucio” de Europa. El cruce diplomático se produjo en un contexto de creciente preocupación por el impacto económico y energético de las hostilidades en Medio Oriente.

Nuevos ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz

Mientras las negociaciones permanecen estancadas, la situación militar continúa deteriorándose en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo.

La Guardia Revolucionaria iraní informó que un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de crudo sufrió una explosión después de impactar contra una mina naval. Según los reportes difundidos por Teherán, el episodio elevó a seis la cantidad de embarcaciones afectadas durante el viernes.

Además, las autoridades iraníes contabilizaron al menos 26 incidentes marítimos durante las últimas tres semanas, de los cuales 20 estarían relacionados con minas navales.

Desde el comienzo de la guerra, hace ocho meses, Irán mantiene restricciones sobre la circulación de embarcaciones por el estrecho, mientras Estados Unidos sostiene un cerco naval sobre los puertos iraníes y profundiza las sanciones económicas. El miércoles, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró que el estrecho había sido despejado de minas.

Sin embargo, los nuevos incidentes reportados por las autoridades iraníes pusieron nuevamente en discusión las condiciones de seguridad de la ruta marítima. La situación genera preocupación internacional debido a la importancia de Ormuz para el comercio energético y a las posibles consecuencias de nuevas interrupciones en el transporte de hidrocarburos.

Qatar y otros países intentan reactivar las negociaciones

Pese al endurecimiento de las posiciones de Irán y Estados Unidos, distintos gobiernos de la región mantienen gestiones diplomáticas para intentar reducir las tensiones. Una delegación de Qatar visitó Teherán el viernes, en lo que representó su segundo viaje a la capital iraní en una semana.

El objetivo de los encuentros fue explorar alternativas para impulsar una salida negociada al conflicto, aunque hasta el momento no se anunciaron avances concretos.

La visita se produjo después de una reunión entre autoridades iraníes y altos representantes de defensa de Pakistán, Arabia Saudita y Turquía, países integrantes del denominado Pacto de La Meca. Durante ese encuentro, los funcionarios abordaron la evolución de la guerra y las posibilidades de alcanzar un entendimiento diplomático.

Sin embargo, las declaraciones de Abbas Araghchi dejaron en claro que, por el momento, Irán no contempla reuniones directas con funcionarios estadounidenses, pese a las gestiones de mediación y a las afirmaciones de Trump sobre la continuidad del diálogo.

De esta manera, el conflicto permanece atravesado por las amenazas militares, las consecuencias económicas y la falta de acuerdos diplomáticos, mientras aumenta la preocupación por una nueva escalada en Medio Oriente.

La Justicia Federal de Paraná condenó a cuatro integrantes de la organización narco liderada por Leonardo Roberto Airaldi, quienes cumplían distintas funciones vinculadas con el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes en Entre Ríos. Las penas fueron de tres a cuatro años y seis meses de prisión, mientras que las multas económicas alcanzaron los $6.660.225.

 

La sentencia fue dictada por la jueza Noemí Marta Berros, del Tribunal Oral Federal de Paraná, mediante un procedimiento de juicio abreviado. Los cuatro acusados reconocieron su responsabilidad penal, aceptaron la calificación legal de los hechos y admitieron las pruebas reunidas durante la investigación.

 

Según el fallo judicial al que accedió UNO, los condenados integraron una estructura delictiva que operó entre el 18 de junio de 2019 y el 8 de marzo de 2024. La organización fue desarticulada tras una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de la provincia, principalmente en los departamentos Paraná y Diamante.

Cómo funcionaba la organización liderada por Airaldi

 

La investigación estableció que la estructura criminal estaba encabezada por Leonardo Roberto Airaldi, identificado como organizador y financiador de las operaciones de narcotráfico. El hombre fue condenado en agosto de 2026 a 12 años de prisión.

 

Bajo su conducción funcionaban distintos grupos operativos que cumplían tareas específicas para garantizar el traslado, resguardo y venta de drogas. Uno de esos núcleos asistía directamente al líder, mientras que otros estaban distribuidos estratégicamente en Paraná y Diamante.

 

Los investigadores determinaron que la organización contaba con personas encargadas de administrar propiedades, transportar sustancias, ocultarlas y distribuirlas entre los puntos de comercialización.

 

La sentencia individualizó las funciones de cada uno de los cuatro condenados y estableció penas diferenciadas según su participación en los hechos.

 

Quiénes son los cuatro condenados y qué funciones cumplían

 

Armando Marcelo Balcaza, de 32 años, conocido como Manco o Negro, trabajaba como capataz de la estancia El Mirador, propiedad de Airaldi, ubicada en Las Cuevas, departamento Diamante.

 

Según la investigación, Balcaza integraba el núcleo operativo principal de la organización y actuaba como administrador, asistente y colaborador directo del jefe. Su participación resultaba importante para coordinar las tareas logísticas vinculadas con la actividad delictiva.

 

Carlos David Schumacher, de 34 años, apodado Cali, formaba parte de una estructura secundaria asentada en Paraná. Cumplía funciones de transporte y venta de estupefacientes, manteniendo contacto directo con la conducción de la organización para concretar la distribución.

 

Por su parte, José Nicolás Godoy, de 37 años, conocido como Nico, desempeñaba tareas de asistencia, traslado y resguardo de sustancias. Su función consistía en ocultar y movilizar la droga de acuerdo con las necesidades operativas del grupo.

 

El cuarto condenado fue Emanuel Enrique Cuello, de 44 años, apodado Coti. Se desempeñaba como empleado de la Municipalidad de Diamante y también trabajaba en el bar Mandela, ubicado en esa ciudad.

 

La investigación estableció que Cuello integraba un núcleo operativo vinculado con ese establecimiento comercial, donde cumplía funciones de vendedor, asistente y transportador de estupefacientes.

Las penas de prisión y las multas impuestas

 

La condena más elevada recayó sobre Armando Marcelo Balcaza, quien fue declarado partícipe secundario del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

 

La jueza le impuso cuatro años y seis meses de prisión y una multa de $6.660.225. Sin embargo, le concedió el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en el barrio Paracao de Paraná.

 

Además, autorizó que Balcaza realice salidas laborales de lunes a sábados, entre las 3:30 y las 14, para trabajar en un frigorífico de Oro Verde. Estas actividades deberán desarrollarse bajo supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

 

En tanto, Carlos David Schumacher fue condenado como autor del delito de comercialización de estupefacientes a tres años de prisión de cumplimiento condicional y una multa de $3.770.125.

 

La misma pena de tres años de prisión condicional y una multa de $3.770.125 fue impuesta a Emanuel Enrique Cuello, considerado partícipe secundario del delito de comercialización de drogas.

 

Por último, José Nicolás Godoy recibió tres años de prisión condicional y una multa de $3.770.125, también como partícipe secundario de comercialización de estupefacientes.

 

En conjunto, las multas impuestas a los cuatro condenados sumaron $17.970.600.

Las condiciones que deberán cumplir para evitar la cárcel

 

La sentencia estableció reglas de conducta para Schumacher, Cuello y Godoy, quienes recibieron condenas de ejecución condicional.

 

Los tres deberán fijar una residencia real, abstenerse de consumir estupefacientes y evitar frecuentar a personas vinculadas con actividades relacionadas con las drogas.

 

También tendrán que someterse al seguimiento de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las disposiciones judiciales.

 

El fallo advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en la revocación de la condicionalidad de las penas y, en consecuencia, en su alojamiento en una unidad penitenciaria.

Las escuchas telefónicas y las pruebas que permitieron las condenas

 

La causa se sustentó en una investigación que se extendió durante varios años e incluyó intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, tareas de vigilancia, seguimientos y registros audiovisuales.

 

Las primeras actuaciones comenzaron en diciembre de 2018, cuando la Prefectura Naval Argentina inició las tareas de investigación sobre las actividades vinculadas con la organización.

 

Posteriormente, desde octubre de 2021, intervino la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, que incorporó nuevas filmaciones, fotografías, informes de inteligencia y testimonios de los efectivos participantes.

 

El conjunto de evidencias permitió reconstruir las comunicaciones entre los involucrados, identificar las funciones que cumplían y establecer los vínculos con la conducción de la organización.

 

Al momento de ratificar el acuerdo de juicio abreviado, los cuatro acusados reconocieron las escuchas telefónicas utilizadas como prueba y admitieron voluntariamente su participación en los hechos investigados.

 

Quiénes intervinieron en el juicio abreviado

 

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el auxiliar fiscal Juan Sebastián Podhainy, mientras que los acusados contaron con distintas defensas particulares.

 

Armando Marcelo Balcaza fue asistido por los abogados Hugo Gemelli y Humberto Franchi. La defensa de Emanuel Enrique Cuello estuvo a cargo de Nelson Schlotauer, mientras que Carlos Cordini representó a José Nicolás Godoy y Carlos David Schumacher.

 

Con la homologación del acuerdo de juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal de Paraná fijó las responsabilidades penales y las sanciones correspondientes a estos cuatro integrantes de la estructura vinculada con Leonardo Airaldi.

 

La resolución se sumó a la condena de 12 años de prisión que recibió el organizador de la red en agosto de este año, en el marco de la investigación por narcotráfico desarrollada en distintos puntos de Entre Ríos.