En la Casa Rosada nadie quiere hablar demasiado de Facundo Leal. El reflejo es comprensible. El exfuncionario detenido el viernes pasado con casi 2,5 millones de dólares, drogas sintéticas y una montaña de dispositivos electrónicos no encaja fácilmente en el relato oficial de la “herencia recibida”. Aunque su carrera en el Estado comenzó mucho antes de la llegada de Javier Milei, Leal ocupó cargos estratégicos durante la actual administración. Entre ellos aparece acompañando al exsecretario de Transporte Luis Pierrini, señalado en el sector como uno de los hombres más cercanos a Leonardo Scatturice, el empresario que en los últimos años amplió su influencia sobre áreas sensibles del negocio aerocomercial y los márgenes del poder libertario.
La investigación judicial que hoy tiene a Leal detenido amenaza con arrojar luz no sólo sobre el origen de los millones encontrados en los allanamientos, sino también sobre la red de relaciones políticas y empresariales que lo sostuvo durante años en posiciones estratégicas del Estado. La causa ni siquiera había comenzado apuntando hacia él. El expediente se originó a partir del presunto robo de equipamiento tecnológico de ARSAT durante los primeros meses del gobierno de Milei. Con el avance de la investigación se abrieron nuevas líneas vinculadas a posibles irregularidades dentro de la empresa estatal. El recorrido terminó desembocando en los domicilios de Leal.
Lo que encontraron los investigadores transformó por completo la dimensión del caso. Como reveló en primera instancia Camila Dolabjian en el diario La Nación, en su departamento de Palermo aparecieron unos $650.000 de dólares en efectivo, cerca de dos millones de pesos, monedas de distintos países y una importante cantidad de drogas sintéticas, entre ellas ketamina, cristal MDMA y cocaína. En Mendoza, según trascendió posteriormente, fueron hallados otros $1,7 millones de dólares. También se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, tablets, pendrives y documentación que ahora será sometida a peritajes.
Entramado mendocino
La caída de Leal sorprendió incluso dentro de un sistema político acostumbrado a convivir con funcionarios que sobreviven a los cambios de gobierno. Especializado en derecho económico, este abogado mendocino de 52 años construyó una carrera de casi dos décadas en organismos vinculados a las telecomunicaciones, la aviación civil y el transporte. En agosto de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, llegó a la presidencia de ARSAT, cargo que conservó incluso tras la asunción de Javier Milei. Su salida se dio recién en febrero de 2024, aunque continuó ligado a la compañía satelital ya que formaba parte de su planta permanente. En junio de 2025, luego de que Luis Pierrini asumiera como secretario de Transporte, fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), uno de los organismos más sensibles del sector aerocomercial.
Pero para entender cómo logró atravesar gobiernos tan distintos hay que mirar hacia Mendoza. Leal forma parte de una generación de funcionarios y operadores que crecieron políticamente alrededor de uno de los entramados empresariales más influyentes de la provincia. Un ecosistema donde durante años confluyeron en distintos negocios, desde los medios de comunicación hasta las telecomunicaciones, pasando por la energía. Allí aparecen nombres como José Luis Manzano y Daniel Vila, socios históricos en múltiples emprendimientos. Tanto el exministro del Interior menemista como el dueño de América TV son figuras de extrema confianza de Sergio Massa.
Dentro de ese universo, Leal fue construyendo un perfil particular. Nunca ocupó el centro de la escena política ni tuvo volumen propio. Su fortaleza estaba en otro lugar: la capacidad para moverse entre organismos técnicos y despachos empresariales. Esa lógica le permitió convertirse en una pieza útil para distintos sectores, independientemente del color político de cada administración. En Mendoza suelen describirlo como uno de esos operadores que entienden mejor el funcionamiento de las estructuras estatales que muchos dirigentes con cargos más visibles.
Esa misma trama explica buena parte de su vínculo con Luis Pierrini. Apenas desembarcó en la Secretaría de Transporte en mayo de 2025, el empresario mendocino convocó a Leal y lo convirtió en su mano derecha. Ligado históricamente al negocio asegurador a través de Triunfo Seguros y con excelentes relaciones dentro del “círculo rojo” de su provincia, Pierrini integra además la conducción de Independiente Rivadavia junto a Daniel Vila y, en paralelo, distintos actores del sector lo ubicaban dentro de un entramado de relaciones que también incluiría a Pablo Toviggino, el poderoso tesorero de la AFA y uno de los dirigentes más influyentes del fútbol argentino.
La red Scatturice
Es en ese punto donde la historia empieza a cruzarse con Leonardo Scatturice. El empresario, que construyó una posición cada vez más relevante alrededor de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y distintos circuitos de influencia vinculados al oficialismo, fue ampliando su presencia dentro del sector aerocomercial argentino al adquirir Flybondi. Para hacerlo necesitaba interlocutores dentro de organismos sensibles del Estado. Y Pierrini aparecía mencionado con frecuencia como uno de los funcionarios con mejor llegada a su entorno. Sin ir más lejos, el fondo de inversión COC Global Enterprise, propiedad de Scatturice, oficializó la compra de la low cost en junio de 2025, apenas un mes después del desembarco del funcionario a la Secretaría de Transporte.
La relación entre Leal y Scatturice no era necesariamente directa. Funcionaba a través de esa constelación de empresarios que orbitaban alrededor de Pierrini. El ORSNA, precisamente, constituye una pieza clave dentro de ese esquema. Desde allí se regulan concesiones, inversiones y buena parte de la infraestructura sobre la que operan las líneas aéreas. Leal estuvo al frente de ese organismo hasta febrero de 2026.
La salida de Pierrini y Leal, que siempre se movieron en tándem, terminó produciéndose prácticamente al mismo tiempo. Oficialmente, el entonces secretario de Transporte presentó su renuncia por motivos personales. Sin embargo, dentro del sector circulaban otras explicaciones. Una de ellas estaba vinculada a un viaje realizado a Barcelona en una aeronave asociada al entorno de Toviggino, episodio que generó ruido interno y aceleró el desgaste político de ambos funcionarios.
La reacción del Gobierno ante la detención de Leal fue moderada. Ningún sector interno quiso asumir algún tipo de cercanía política con el exfuncionario. En una administración donde las distintas tribus suelen utilizar los escándalos para responsabilizar a sus adversarios internos, esta vez predominó el silencio. Tanto en el karinismo como entre los sectores más próximos a Santiago Caputo buscaron presentar a Leal como un funcionario heredado de administraciones anteriores, un “cabo suelto” que no respondía a ninguna de las terminales de poder actuales.
El problema es que la historia resulta bastante más compleja. La causa, que tramita en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez, amenaza ahora con abrir interrogantes que van mucho más allá de la situación patrimonial de Leal. Los teléfonos, computadoras y documentos secuestrados durante los allanamientos podrían ofrecer una radiografía inédita de las relaciones que le permitieron atravesar distintos gobiernos conservando influencia en algunas de las áreas más sensibles del Estado.
Lo que comenzó como una investigación por el presunto robo de equipamiento tecnológico de ARSAT amenaza ahora con iluminar una red mucho más amplia. La pregunta que empieza a sobrevolar distintos despachos oficiales ya no es únicamente de dónde salió el dinero encontrado durante los allanamientos. También qué parte de esa vieja trama aparece escondida detrás de los contactos y los negocios que ahora empieza a reconstruir la Justicia.
