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El domingo, se inició el traslado progresivo de los presos alojados en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto hacia el nuevo establecimiento de Marcos Paz. En las dos primeras jornadas, el operativo ya llevó a 609 internos a la nueva unidad bonaerense.

El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial la resolución que habilita formalmente el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, el nuevo penal federal que recibirá a los detenidos. El nuevo establecimiento está ubicado en el Acceso Zabala y tendrá una capacidad provisoria para 2.232 detenidos.

Según la información oficial, el penal fue construido sobre un predio de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad. También dispone de áreas destinadas a salud, educación, visitas, comunicaciones y otros servicios necesarios para la vida cotidiana de la población penal.

Las obras habían comenzado en 2018, a partir de un convenio entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado en 2020 y fue reactivado en diciembre de 2024 por la administración porteña.

La resolución publicada este martes indica que el complejo reúne las condiciones estructurales y operativas para entrar en funciones, aunque admite que existen observaciones técnicas y tareas pendientes de subsanación. Además, instruye al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a presentar en un plazo de 90 días su proyecto de estructura organizativa y el manual de funcionamiento del penal.

El operativo comenzó el domingo y este lunes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó el envío de otras 283 personas, con lo que el número de detenidos reubicados ascendió a 609. “Sumados a los 326 de ayer, ya son 609 presos trasladados, más del 40% de la población penitenciaria de Devoto”, señaló la funcionaria en sus redes sociales.

El procedimiento está a cargo de un Comando Unificado Federal, creado para planificar los traslados y coordinar el despliegue de seguridad entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Participan el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con apoyo de las fuerzas porteñas y bonaerenses.

Cada contingente se conforma a partir del perfil criminológico de los detenidos y de una evaluación de los riesgos de cada movimiento. Antes de la salida, los internos reciben controles médicos e identificaciones con códigos QR, que permiten registrar su egreso de Devoto y su llegada a Marcos Paz. También se prepararon bolsones para sus pertenencias, con precintos numerados y actas individuales que permiten identificar cada envío.

Los vehículos penitenciarios circulan con seguimiento satelital dentro de convoyes custodiados por móviles policiales y motocicletas. El trayecto entre ambos complejos es de unos 55 kilómetros e implica cortes de tránsito, vallados en las inmediaciones de Devoto y un esquema de custodia durante todo el recorrido. El traslado se realizará en etapas hasta completar la desocupación del penal porteño.

El operativo se realiza de forma escalonada y continuará durante varias jornadas hasta completar el vaciamiento de Devoto. Una vez concluida esa etapa, el plan oficial prevé trasladar a Marcos Paz a otros 350 detenidos alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran a disposición de la Justicia nacional. El objetivo es liberar plazas en esos espacios de detención transitoria.

El traslado responde al acuerdo firmado en 2018 para construir un nuevo penal federal en Marcos Paz y desafectar la cárcel de Devoto, ubicada en una zona residencial de la Ciudad. Una vez que concluya la mudanza de los cerca de 1.500 internos del penal porteño, el plan oficial prevé utilizar parte de las plazas disponibles para alojar a detenidos que permanecen en comisarías y alcaidías porteñas a disposición de la Justicia nacional.

El Senado volverá a tener una semana sin demasiada actividad ni previsión de sesión en el corto plazo. Por ello, el oficialismo libertario, que comanda Patricia Bullrich, aprovechará a reunirse mañana -y no hoy, como estaba previsto– para limar asperezas y encarar el último mes y medio del período ordinario, que finaliza 30 de noviembre próximo.

La agenda marca, por ahora, tres eventos hasta el jueves, más un encuentro de la comisión -jugosa- que administra la Biblioteca del Congreso, siempre una fuente de inspiración y novedades más bien alejadas de lo legislativo. Hay personas nerviosas por el futuro de la misma -gremios incluidos- y, sobre todo, por picardías del pasado.

El punto más importante para el mileísmo en cuanto a lo parlamentario será lograr un dictamen del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998 -no pierde vigencia el trámite-, pero que Diputados recién votó en agosto pasado. Al haber modificado el texto -se hizo reserva del capítulo II-, el tema volvió en segunda revisión a la Cámara alta, donde libertarios tratarán de firmar un despacho con un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Industria pasado mañana, desde las 14.

El convenio en cuestión permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. La solicitud bajo el PCT surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera impulsado una solicitud en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.

La adhesión al PCT es uno de los requisitos del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

El Gobierno intentó acelerar el convenio original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y, antes de votarlo, se dejó “en reserva” el capítulo II del tratado, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia por 20 años en todos los países miembros.

Desde el sector advirtieron en su momento sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes (sin aportar mejoras terapéuticas reales) para extender de forma artificial un eventual monopolio y bloquear la competencia.

Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad. Al aterrizar en el recinto, la iniciativa obtuvo 147 votos a favor y 93 en contra, con un debate que estuvo marcado por las críticas de la oposición, que alertó sobre posibles riesgos para la soberanía nacional en materia sanitaria y científica.

La cumbre de libertarios tiene otro objetivo, además de cerrar un consenso par modificar la ley de salud mental. Es complejo desde lo político y, más aún, por lo humano: limar asperezas. Las internas en la Casa Rosada suelen trasladarse al Congreso, con legisladores que prefieren gastar toda la energía en congraciarse con Balcarce 50 que sacar leyes. Otros, en tanto, entraron en una fase más penosa: instaurar versiones distintas sobre lo que piensan y dicen los integrantes de dicho bloque. En varios casos, con mentiras. Un senador que ingresó el año pasado ya se compró todos los boletos de esa función.

Por otro lado, el oficialismo deberá revisar el reordenamiento de la comisión de Acuerdos, tras la muerte del titular de la misma, el riojano Juan Carlos Pagotto, que respondía a Martín y “Lule” Menem y, por ende, a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. La ansiedad de llamados de la libertaria neuquina Nadia Márquez generó un profundo malestar y desagrado en sectores dialoguistas, que vaciaron la audiencia pública de días atrás. No obstante, le corresponde al Ejecutivo el comando de este Cuerpo, por donde pasan los pliegos judiciales -Corte incluida-, más ascensos diplomáticos y militares.

Horas antes del informe semestral del FMI que reduce las proyecciones de crecimiento para Argentina, Javier Milei descartó que el país atraviese una recesión. Si bien reconoció que se acumularon dos trimestres consecutivos de caída, aseguró que se trata de una disminución poco relevante: “No es lo mismo caer 10% que menos de 1%”.

En una entrevista con Radio Mitre, el Presidente se mostró optimista por el futuro de la actividad económica, incluyendo el 2027. “Vamos a completar cuatro años seguidos de crecimiento, acumulando más de 16%, algo que no sucedía hace décadas”.

En relación con un crecimiento menor al estimado para 2026, se lo atribuyó sobre todo a factores externos y en menor medida a locales. Esta vez prefirió no referirse al “riesgo kuka”, sino directamente a la izquierda. “Son todos los que están del otro lado y que tanto daño le han hecho a la Argentina”, explicó. Y en ese sentido hizo referencia a las expresiones del senador Martín Lousteau, que convocó a un “gran frente” para derrotar al Gobierno en las elecciones del año próximo.

“La suba del precio del petróleo provocó que la economía global crezca menos. Pero además obligó a los bancos centrales a subir las tasas de interés, que están en sus mayores niveles en más de 20 años”, señaló Milei al explicar las razones por las que la economía argentina crecerá menos de lo que se había estimado.

El FMI, de hecho, redujo su proyección de crecimiento de este año desde el 3,5% a solo 2,1%. Y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central también redujo las proyecciones a menos del 2%.

La lectura del Gobierno es que la combinación de un contexto internacional desfavorable y el temor de los inversores a un regreso del populismo impactaron en las cifras previstas para 2026. “Aun así vamos a ser el país de la región que más crece”.

El Presidente se mostró optimista de cara a los próximos meses, más allá de la mayor volatilidad por tratarse de un año electoral.

Entre las razones para pronosticar buenos meses por delante nombró el crédito hipotecario: “Viene creciendo a un ritmo de 7% mensual. Eso significa que dentro de un año se habrá duplicado el otorgamiento respecto a los niveles actuales”.

Pero sobre todo hizo referencia al proceso de desinflación: “Lo que vamos a tener en los próximos meses es una mejora de las jubilaciones y de los salarios en términos reales, lo que se verá reflejado en un aumento del consumo”.

A estos factores, Milei le sumó la inversión relacionada con el plan de obras viales que se acaba de concesionar, la privatización de los trenes y lo que llega de la mano de los RIGI.

Un informe de FIEL que se conoció ayer coincide en que la retracción económica quedará muy rápidamente atrás: “Esta dinámica no parece implicar el comienzo de una recesión prolongada. Nuestras estimaciones sugieren una recuperación del crecimiento en el orden del 2%”.

Sin embargo, FIEL condicionó esta proyección —que equivale a menos de la mitad de lo que figura en el proyecto de Presupuesto 2027— a que se mantengan ciertas condiciones favorables para los sectores que más crecen y a que el clima no juegue una mala pasada para la cosecha. Para este año FIEL estimó que la expansión llegará a solo 1,5%, incluso por debajo del pronóstico del FMI.

En la entrevista, Milei también enfatizó que el Gobierno tiene una amplia cobertura para enfrentar posibles corridas contra el peso, tal como sucedió en 2025. Esta vez habló de USD 125.000 millones, aunque dentro de esa cifra incluyó la refinanciación de deuda prevista para el año próximo en el mercado local y los préstamos que se recibirán de organismos multilaterales.

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.828, que redefine el régimen de Zona Fría y limita el acceso automático a los descuentos en las facturas de gas. La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficial, tras su sanción en el Congreso el 24 de septiembre.

La reforma restablece como beneficiarias permanentes a la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna. Para el resto de las áreas que habían sido incorporadas mediante la ampliación de 2021, el descuento deja de ser generalizado y queda sujeto a condiciones socioeconómicas y climáticas.

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa, este sistema tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2031.

La modificación sustituye el artículo 75 de la Ley 25.565, que regula el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. La reforma deja fuera del régimen general a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires que habían sido incorporados a la ampliación de 2021. En ese marco, unos 3,35 millones de usuarios perderían el beneficio automático a nivel nacional.

El cambio implica que los hogares de las zonas agregadas en 2021 ya no conservarán un descuento automático solo por su lugar de residencia. En cambio, podrán solicitar una bonificación adicional si cumplen los criterios previstos por el nuevo Régimen de Subsidios Focalizados.

Entre los municipios alcanzados por el cambio se encuentran Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Pinamar, Villa Gesell, Tres Arroyos, Junín, Pergamino, Pilar, San Nicolás, San Pedro, Balcarce, Cañuelas, Chivilcoy y Coronel Suárez.

De acuerdo con la norma, esa asistencia estará disponible para usuarios residenciales que vivan en las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI definidas bajo la norma IRAM 11.603. También deberán estar inscriptos en el régimen.

Cuáles son los requisitos para pedir el beneficio de Zona Fría

Para acceder a la bonificación adicional, los usuarios deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados, residir en las subzonas bioambientales contempladas por la ley y no formar parte de la Patagonia, Malargüe o la Puna, donde se mantiene el beneficio histórico.

Además, tendrán que cumplir al menos una de estas condiciones:

• Registrar ingresos netos familiares de hasta el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un Hogar 2, según el INDEC.
• Tener en el hogar a una persona con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.
• Contar con un integrante que perciba una pensión vitalicia como veterano de la Guerra del Atlántico Sur.
• Tener un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque en esos casos la Secretaría de Energía deberá evaluar la necesidad de asistencia económica para afrontar el servicio.

La ley no detalla aún el mecanismo de inscripción ni el procedimiento para acreditar las condiciones requeridas. Esa reglamentación quedará bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Cómo se financiará el nuevo fondo

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas se financiará con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte. El cargo se aplicará sobre el consumo y la comercialización de gas por redes o ductos en todo el país.

Quedarán exceptuados de ese pago el gas destinado a exportación —incluido el gas natural licuado— y el GNL importado que ingrese al sistema tras su regasificación.

El Poder Ejecutivo podrá elevar o reducir ese recargo hasta en un 50%. Además, la norma establece que los productores de gas actuarán como agentes de percepción y que los recursos deberán ser transferidos al fondo fiduciario.

La reforma también cambia el componente de la factura sobre el que se aplicará la bonificación. El subsidio dejará de calcularse sobre el total de la boleta y se limitará al precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, conocido como PIST.

Esto significa que cargos como la distribución, el transporte y los impuestos no quedarán alcanzados por el descuento. Por ese motivo, la modificación podría elevar el monto final que pagan incluso los usuarios de las regiones que mantengan el régimen histórico.

El plazo de dos semanas que el gobierno de Javier Milei concedió al Reino Unido para detener las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas venció este lunes y abrió una nueva etapa del reclamo argentino. El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, trabaja ahora para formalizar, durante esta semana, una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, en busca de medidas provisionales que puedan impedir el avance del emprendimiento mientras se desarrolla un arbitraje internacional.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales con conocimiento de las actuaciones, la Cancillería conduce la estrategia diplomática y jurídica internacional, mientras que la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, trabajó durante las últimas semanas sobre los aspectos legales de la presentación. Los próximos pasos contemplan completar las instrucciones a los abogados que llevarán el caso. Todavía resta determinar si la representación se organizará exclusivamente con letrados argentinos o si se incorporará asesoramiento jurídico externo. La presentación fue proyectada para esta semana, aunque no tiene una fecha pública confirmada.

La novedad es el vencimiento de la intimación que la Oficina del Presidente comunicó el 28 de septiembre. Desde entonces, Londres mantuvo su rechazo a la posición argentina y defendió las actividades económicas autorizadas por las autoridades de las islas. La falta de un acuerdo abre la posibilidad de que Buenos Aires avance con el pedido anunciado por Milei. Su presentación, sin embargo, no suspende automáticamente Sea Lion: corresponde al Tribunal decidir si adopta medidas y cuál será su alcance.

El Gobierno concentra su expectativa inmediata en una decisión provisional que frene nuevas actividades de desarrollo y explotación hidrocarburífera. No pretende que el Tribunal del Mar resuelva la soberanía de las islas, materia ajena a su jurisdicción. Busca que examine obligaciones internacionales vinculadas con los recursos marítimos y determine si corresponde preservar la situación actual hasta que exista una resolución arbitral sobre el fondo.

La conducción de la gestión está centralizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde la Consejería Legal Internacional, encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, interviene en el desarrollo técnico del procedimiento. La Procuración del Tesoro, bajo la conducción de Amerio, participó de la preparación jurídica de las actuaciones. De acuerdo con la información obtenida por Infobae, la Cancillería coordina los próximos movimientos para completar la presentación y avanzar ante la instancia internacional.

El Tribunal del Mar puede disponer medidas provisionales

El 28 de septiembre, Milei instruyó a la Cancillería a iniciar el procedimiento del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). En su comunicado, la Presidencia exigió al Reino Unido que adoptara medidas para impedir el inicio o la continuación de actividades destinadas a explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y advirtió que recurriría al Tribunal del Mar si no obtenía una respuesta satisfactoria.

“Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, publicó el Presidente en X. El canciller Pablo Quirno anunció entonces que había notificado a Londres el inicio del arbitraje. Esta última comunicación y la eventual solicitud de medidas provisionales son actuaciones diferentes, una distinción central para comprender qué puede pasar desde ahora.

La CONVEMAR prevé, a través de su Anexo VII, la constitución de un tribunal arbitral de cinco integrantes para resolver controversias sobre interpretación o aplicación de la Convención. Su conformación y el intercambio de escritos, defensas y audiencias pueden llevar años. En cambio, el artículo 290.5 permite acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar antes de que esté constituido ese órgano arbitral, siempre que se satisfagan las condiciones procesales correspondientes.

La regla exige considerar si el tribunal arbitral que se constituirá tendría competencia preliminar para intervenir y si existe urgencia suficiente para adoptar medidas. Los jueces pueden atender el pedido, rechazarlo o disponer medidas distintas de las solicitadas. Si se ordenan medidas provisionales, son obligatorias para las partes según el artículo 290.6. Cuando comience a funcionar el tribunal arbitral, este podrá mantenerlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.

También hay una precisión respecto de los plazos. Las dos semanas que concluyeron este lunes corresponden al requerimiento anunciado por la Argentina. El artículo 290.5 contempla, a su vez, dos semanas desde la notificación de una solicitud de medidas provisionales, cuando las partes no acuerden qué tribunal debe examinarlas. Para establecer cómo se computa ese requisito en este expediente se necesita conocer el contenido completo de las notificaciones diplomáticas. El vencimiento del ultimátum no equivale, por sí solo, a una habilitación judicial automática.

El procedimiento urgente puede concluir en plazos comparativamente breves. Si la Argentina formaliza el pedido durante octubre, los antecedentes permiten considerar una eventual definición en noviembre. No existe, sin embargo, una fecha de resolución predeterminada ni una garantía de que las medidas solicitadas sean concedidas. El Tribunal debe escuchar a las partes y evaluar tanto su jurisdicción preliminar como las circunstancias alegadas.

El precedente argentino más significativo es el de la Fragata ARA Libertad. En 2012, cuando el buque estaba retenido en Ghana a partir de un reclamo de acreedores, la Argentina inició un arbitraje bajo el Anexo VII y recurrió al Tribunal del Mar. El pedido de medidas provisionales ingresó el 14 de noviembre y el 15 de diciembre los jueces ordenaron la liberación inmediata e incondicional de la embarcación. El resultado práctico llegó antes de cualquier decisión definitiva del arbitraje.

Otro antecedente se relaciona directamente con el petróleo. En 2015, una sala especial del Tribunal intervino en la controversia marítima entre Ghana y Costa de Marfil. Aunque no dispuso la paralización total de las actividades existentes, ordenó impedir nuevas perforaciones en el área disputada. La comparación tiene límites porque aquel caso trataba sobre delimitación marítima y no sobre la soberanía de un archipiélago, pero ilustra el tipo de restricciones provisionales que puede disponer una instancia internacional.

La urgencia invocada por Buenos Aires se vincula con el avance material de Sea Lion. La explotación comercial todavía no comenzó, pero el proyecto superó la etapa exploratoria. Navitas Petroleum, empresa israelí y operadora, controla el 65 por ciento; Rockhopper Exploration, compañía británica que descubrió el yacimiento en 2010, posee el 35 por ciento restante. Ambas adoptaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y mantienen como objetivo iniciar la producción durante el primer trimestre de 2028.

El desarrollo está situado unos 220 kilómetros al norte de Malvinas y prevé una primera fase de once pozos submarinos conectados con una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, denominada FPSO. Las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027.

La semana pasada, Rockhopper informó que acordó invertir USD 44 millones por su participación del 35 por ciento en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1, destinado a una aceleración del desarrollo central de Sea Lion. La operación confirma que, pese a las objeciones argentinas, las empresas continúan comprometiendo recursos y sostienen públicamente el calendario productivo.

Las acciones del Gobierno también alcanzaron a los contratistas. La Oficina del Presidente anunció que Halliburton, proveedor internacional de servicios petroleros, confirmó que sus filiales no prestarían servicios a Sea Lion. Navitas informó después que trabajaba para sustituir a dos contratistas afectados, aunque sostuvo que no esperaba un perjuicio material sobre el proyecto. Estas decisiones integran un escenario de presión jurídica y comercial que se desarrolla en paralelo con el futuro expediente internacional.

El reclamo busca evitar cambios unilaterales

La solicitud argentina se apoyará en la existencia de una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas, en las obligaciones de la CONVEMAR vinculadas con el medio marino y sus recursos, y en la necesidad de evitar cambios unilaterales mientras continúa la controversia. La Resolución 2065 de 1965 reconoció la disputa entre ambos países e instó a negociar. La Resolución 31/49 de 1976 llamó a abstenerse de adoptar decisiones que modificaran unilateralmente la situación.

La Cancillería buscará asociar esos antecedentes con los recursos del lecho y subsuelo marino, en particular con el carácter no renovable del petróleo. El argumento es que su extracción y determinadas modificaciones físicas derivadas de las perforaciones podrían producir efectos imposibles de revertir mediante una resolución posterior. En esa discusión también aparece el artículo 83.3 de la CONVEMAR, referido a las obligaciones de los Estados mientras está pendiente la delimitación de una plataforma continental.

La cuestión de competencia representa una dificultad central. El Reino Unido sostiene que las actividades petroleras se realizan conforme a las normas aplicables en las islas y al derecho internacional. Argentina debe formular un reclamo que pueda examinarse bajo la CONVEMAR sin exigir al Tribunal que decida antes cuál de los dos países tiene soberanía territorial. En el arbitraje sobre el archipiélago de Chagos, un tribunal rechazó estudiar determinadas pretensiones precisamente porque implicaban resolver una disputa territorial ajena a su competencia.

Tras el vencimiento del ultimátum, la próxima novedad dependerá de la formalización del pedido argentino. La Cancillería, bajo la conducción de Pablo Quirno, tiene previsto avanzar esta semana con la presentación, después del trabajo jurídico realizado junto con la Procuración del Tesoro. El trámite todavía requiere decisiones operativas y una presentación concreta. Deberá fundamentar por escrito su urgencia procesal. Si llega a Hamburgo, el Tribunal examinará si corresponde disponer medidas provisionales sobre Sea Lion. El arbitraje de fondo seguirá su curso por separado, mientras las empresas buscan continuar con un proyecto cuya primera producción está prevista para 2028.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a modificar a la baja sus estimaciones para la Argentina y proyectó que la economía crecerá 2,1% en 2026, frente al 3,5% previsto en abril y ratificado en julio. El nuevo escenario figura en la edición de octubre de las Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO), difundida este lunes. La publicación tuvo lugar durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial celebradas en Bangkok, Tailandia, a las que asiste el ministro de Economía, Luis Caputo.

El ajuste implica un recorte de 1,4 puntos porcentuales respecto de la previsión del informe de abril. A la vez, el organismo elevó su cálculo para la inflación promedio anual de este año: espera un alza de 32,5%, frente al 30,4% que había estimado seis meses atrás.

Para 2027, el Fondo proyecta una expansión de 3,5% y una inflación promedio de 21,2%. También prevé que la tasa de desempleo alcance el 7,6% en 2026 y se reduzca al 7,1% el año próximo.

En el plano global, el WEO mantuvo en 3,1% su previsión de crecimiento para 2026 y elevó a 3,4% la de 2027. El Fondo espera que la inflación mundial alcance 4,7% este año y baje a 4,1% el próximo, en un escenario marcado por precios energéticos más altos y riesgos financieros.

Así, el recorte para la Argentina no responde a una baja uniforme de las previsiones globales: mientras el FMI mantuvo sin cambios su cálculo para la economía mundial y mejoró el de varios países, redujo 1,4 puntos su estimación para el PBI argentino en 2026.

Tampoco la región comparte la suerte de la Argentina. En América Latina y el Caribe, el FMI mantuvo en 2,3% su proyección de crecimiento para 2026, por lo que el recorte no fue uniforme. La Argentin quedó entre los casos con mayores revisiones negativas, junto con Chile (-1,8 puntos) y Uruguay (-0,5). En cambio, el organismo elevó sus estimaciones para Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú, un conjunto de mejoras que compensó las bajas regionales.

El crecimiento previsto para 2026 quedó casi a la mitad del cálculo de octubre de 2025

La revisión de octubre profundiza una secuencia de correcciones en las expectativas del organismo para la economía argentina. En la edición de octubre de 2025, el FMI había proyectado un crecimiento de 4% para 2026 y una inflación promedio anual de 16,4%.

En abril de este año, el Fondo redujo aquella previsión de actividad a 3,5% y elevó la de inflación a 30,4%. La actualización de julio mantuvo esas cifras, según informó Infobae. Con el nuevo WEO, la proyección de expansión se ubica 1,9 puntos por debajo de la que el organismo sostenía hace un año, mientras que la estimación de inflación casi duplica el cálculo inicial.

El documento atribuye el deterioro del escenario mundial a una combinación de tensiones geopolíticas, disrupciones en los mercados de energía y cambios en las condiciones financieras. Para los países importadores de energía y con menor participación en la cadena tecnológica asociada a la inteligencia artificial, el Fondo advierte mayores costos de importación, presiones cambiarias y un menor impulso de la demanda.

El FMI prevé un superávit de cuenta corriente de 0,6% del PBI

Además de las variables de actividad y precios, el organismo estimó un superávit de cuenta corriente equivalente a 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI) tanto para 2026 como para 2027. La cuenta corriente reúne las transacciones de bienes, servicios, rentas y transferencias de un país con el exterior.

En su informe, el FMI señaló que las economías de América Latina y el Caribe crecerían 2,3% este año y 2,5% en 2027. La previsión para la Argentina, de 2,1% en 2026, queda levemente por debajo del promedio regional.

La inflación argentina, en cambio, se mantendría muy por encima de la media regional. El Fondo calcula que los precios al consumidor en América Latina y el Caribe subirán 6,8% en 2026 y 5,7% en 2027, sin incluir a Venezuela en el agregado regional.

La encuesta del Banco Central también reflejó un recorte de las expectativas de actividad

Las proyecciones del FMI se conocen después de que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) registrara una nueva reducción en las estimaciones privadas de crecimiento para este año. La encuesta, que reúne pronósticos de consultoras, bancos y centros de investigación, también anticipó una inflación de 1,9% para septiembre.

La comparación permite ubicar el nuevo pronóstico del Fondo dentro de un contexto de revisión de las expectativas macroeconómicas. El WEO volverá a actualizarse en enero, cuando el FMI publique su primera revisión parcial de proyecciones de 2027.

Jorge Macri evalúa que las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires de 2027 coincidan con las nacionales y se realicen en octubre, una definición que dependerá de las conversaciones con el resto de las fuerzas políticas, según él mismo indicó. El jefe de Gobierno sostuvo que la experiencia de 2023, cuando los comicios locales se hicieron en la misma fecha que los nacionales, constituye un antecedente para mantener ese esquema.

La posibilidad de no desdoblar la votación modifica el calendario político de la Ciudad y se inserta en las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza. Macri aclaró que la decisión aún no está tomada y que legalmente las elecciones porteñas podrían realizarse antes.

“No está definido todavía, no lo sé”, afirmó el mandatario este lunes durante una entrevista con Radio Rivadavia. Explicó que la fecha electoral debe establecerse mediante una iniciativa del Ejecutivo que luego será enviada a la Legislatura.

El jefe de Gobierno remarcó que la coincidencia de las elecciones de 2023 con la convocatoria nacional vuelve probable una repetición del mecanismo. “Pueden ser antes, pero la última del Ejecutivo fue coincidiendo con la Nacional, así que es probable que sea al mismo tiempo”, indicó.

La definición no dependerá únicamente de la administración porteña. “Hay que hablarlo con las otras fuerzas”, planteó Macri, en el marco de un acuerdo que existe a nivel político entre el PRO y la Libertad Avanza y que ambas fuerzas intentan conservar de cara a las elecciones del próximo año.

La discusión ocurre mientras el Gobierno nacional promueve una reforma electoral que busca eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El proyecto ya se encuentra en el Senado y el oficialismo abrió una ronda de conversaciones con gobernadores aliados para reunir apoyos legislativos.

Los plazos para tratar esa iniciativa generan diferencias dentro de La Libertad Avanza. Un sector considera que el Congreso debería avanzar antes de que termine octubre o, como máximo, durante noviembre, mientras otros dirigentes sostienen que la negociación puede extenderse hasta 2027.

La Cámara Nacional Electoral pidió que cualquier modificación se apruebe con suficiente antelación a la próxima elección presidencial. El planteo atraviesa las discusiones del oficialismo nacional, que también negocia con las provincias cuestiones vinculadas al armado electoral.

Macri evitó anticipar cómo se conformarán las alianzas en la Ciudad para los comicios de 2027. Consultado sobre una eventual unión con La Libertad Avanza, señaló que el inicio formal de esas conversaciones debería producirse en marzo del próximo año.

“El marco de empezar a discutir alianzas es en marzo del año que viene”, sostuvo. Aunque admitió que la relación entre ambas fuerzas aparece con frecuencia en las conversaciones políticas, insistió en que todavía falta para abrir una negociación concreta.

El alcalde porteño concentró su intervención en la gestión y planteó que una atención anticipada sobre las candidaturas puede afectar el trabajo cotidiano de su administración. “Estoy muy enfocado en la gestión, si te distraés mucho pensando en lo electoral, se te van los días”, expresó.

Entre las obras mencionadas incluyó la licitación de la línea F, los puentes La Bruna y De Lepiane y el paso bajo nivel de Pampa. También destacó intervenciones sanitarias encabezadas por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en hospitales de la Ciudad.

Macri citó obras en los hospitales Zubizarreta, Pirovano, Fernández, Penna y Piñero. Sobre el establecimiento de Villa Devoto, señaló que la intervención tiene un impacto particular para una comunidad que considera al hospital como una institución cercana.

La suspensión de las PASO también formó parte de la entrevista. El jefe de Gobierno consideró que las reglas electorales no deberían discutirse con la mirada puesta en los comicios inmediatos: “Las cuestiones electorales no hay que discutirlas para las elecciones que vienen”.