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  • Punto por punto, qué se sabe del Súper RIGI anunciado por el Gobierno

    Punto por punto, qué se sabe del Súper RIGI anunciado por el Gobierno

    Expo EFI - Luis "Toto" Caputo

    El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un proyecto de ley para crear el Súper RIGI, un nuevo Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones que ofrecerá mayores ventajas que el programa vigente. El presidente Javier Milei lo anunció el miércoles desde California, donde participó de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, y al día siguiente el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó precisiones en conferencia de prensa. El texto del proyecto se encuentra en etapa de definición y el Ejecutivo prevé enviarlo al Congreso en los próximos días.

    El origen del anuncio

    Milei realizó el anuncio a través de su cuenta de la red social X mientras regresaba de su 17° viaje a Estados Unidos desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023.

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    “Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”, escribió el mandatario. Agregó que el esquema permitirá “crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”.

    La agenda del presidente en suelo norteamericano incluyó, además de la exposición en el Instituto Milken, una reunión con el presidente de la institución, Michael Milken, y un encuentro con un grupo de empresarios. Entre ellos, representantes de Chevron, que anunciaron una inversión de USD 10.000 millones ligada al RIGI. El ministro Caputo, que acompañó a Milei en el viaje, escribió en X que los ejecutivos de Chevron “nos garantizaron que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de USD 10.000 millones”.

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    Qué es el RIGI original y por qué el Gobierno propone ampliarlo

    El RIGI es el régimen creado a través de la Ley Bases para atraer proyectos de inversión de gran escala en sectores como energía, minería, infraestructura e industria.

    Ofrece beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros: reduce el Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, exime de derechos de exportación, permite acreditar el IVA en la etapa pre-operativa y habilita el acceso a arbitraje internacional en caso de conflictos jurídicos. El monto total ingresado al RIGI —entre iniciativas aprobadas y en evaluación— alcanza los USD 94.965 millones. Los proyectos ya aprobados suman USD 27.210 millones, mientras que los 22 pendientes de aprobación totalizan USD 67.755 millones. La mayoría se concentra en energía y minería.

    Glencore RIGI

    Caputo explicó en conferencia de prensa que la idea del Súper RIGI surgió de constatar que ciertos sectores industriales tienen márgenes muy bajos y que la Argentina compite con países “que nos llevan muchas décadas de ventaja en términos de instituciones y composición impositiva”. El objetivo, dijo, es generar condiciones para que industrias que hoy no existen en el país se instalen y desarrollen.

    Qué sectores apunta a incluir

    A diferencia del RIGI original, cuyas aprobaciones se concentran en hidrocarburos y minería, el Súper RIGI apunta a sectores que no tienen desarrollo local. Caputo mencionó la fabricación de baterías de litio, automóviles eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio. También incluyó la producción industrial a partir de la pesca y la elaboración de fertilizantes.

    “Podría ser, por ejemplo, vamos a ser grandes productores de litio, baterías de litio, podría ser fábrica de autos eléctricos. Incluso las fábricas de autos eléctricos son consumidores, por ejemplo, tanto de baterías de litio como de laminado de cobre. Entonces, empieza a haber estas sinergias”, detalló el ministro. Y subrayó: “Vale recalcar que no refiere solo a minería o hidrocarburos, como dije, puede ser agro, pesca, forestación. Son todas esas industrias que hoy no están en Argentina”.

    Beneficios impositivos específicos

    El Súper RIGI tendrá diferencias concretas respecto al régimen vigente en materia tributaria. La tasa del Impuesto a las Ganancias para las empresas incluidas será del 15%, frente al 25% que contempla el RIGI actual. En cuanto a la amortización de inversiones, el esquema prevé deducir el 60% en el primer año, el 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero. El RIGI vigente también contempla amortización acelerada, pero en términos menos favorables.

    Exportación Importación Contenedores

    Sobre los aranceles de importación, el nuevo régimen elimina los derechos sobre todo lo vinculado a la producción, sin las zonas grises que genera la diferente nomenclatura arancelaria de algunos bienes de capital en el esquema actual. “Hoy en el RIGI estas excepciones básicamente son para los bienes de capital, pero hay algunos bienes de capital que tienen diferente nomenclatura. Entonces, a veces hay alguna zona gris que tenemos que debatir”, explicó Caputo. El Súper RIGI apunta a eliminar esa ambigüedad. Adicionalmente, los productos generados bajo el régimen estarán exentos de aranceles de exportación.

    Límites a provincias y municipios

    El proyecto también contempla restricciones al cobro de impuestos subnacionales. Las provincias que adhieran al régimen no podrán aplicar Ingresos Brutos por encima del 0,5% sobre las actividades comprendidas. Y los municipios no podrán cobrar tasas calculadas sobre las ventas.

    Caputo fue preciso al respecto: “También va a ser que no se puedan cobrar tasas municipales como se quiere hacer ahora en relación a las ventas, lo que termina siendo más bien un impuesto que una contraprestación”.

    El monto mínimo de inversión, aún sin definir

    Uno de los puntos pendientes de resolución es el monto mínimo de inversión que habilitará el acceso a los beneficios del Súper RIGI. Caputo reconoció que todavía no está definido, pero indicó que se fijará antes del envío del proyecto al Parlamento. “Todavía no lo hemos terminado de definir. Pero esto estaría yendo al Congreso la próxima semana, así que lo vamos a definir probablemente durante el fin de semana”, señaló el ministro.

    Las inversiones que el Gobierno espera atraer

    Caputo fue explícito sobre la magnitud de los flujos de capital que el Ejecutivo aspira a captar con el nuevo régimen. “Estamos hablando de una inversión que pueden ser veinte mil, treinta mil millones de dólares”, afirmó. En su visión, esas inversiones pueden colocar a la Argentina “al tope de la lista a la hora de decidir para estas empresas en dónde finalmente invertir”.

    El Gobierno estima que el Súper RIGI podría atraer entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en inversiones de largo plazo. (Reuters)

    El ministro también delineó el impacto fiscal y laboral que el Gobierno proyecta a partir del esquema. Sostuvo que “va a consolidar nuestro proceso de crecimiento en el mediano y largo plazo, va a generar muchas más exportaciones y una mayor recaudación, que nos va a permitir a nosotros continuar con el proceso de baja de impuestos para toda la economía, para todos los argentinos, para que podamos tener cada vez más una economía más competitiva y la gente se pueda beneficiar”.

    El video de lanzamiento

    Horas después del anuncio presidencial, Milei difundió en sus redes sociales un video de estética cinematográfica para acompañar la presentación del Súper RIGI. El material muestra un buque de guerra con la inscripción “RIGI” avanzando en un mar embravecido y culmina con una mano presionando un botón rojo en un panel tecnológico.

    El video, que circuló en plataformas digitales, fue concebido como herramienta de comunicación tanto para la opinión pública local como para potenciales inversores externos.

    El proyecto va al Congreso

    El texto final del proyecto se encuentra en elaboración. El Gobierno prevé enviarlo al Parlamento en los próximos días. Para convertirse en ley, deberá contar con el aval de ambas cámaras del Congreso.

  • La entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea dispara otras negociaciones: las primeras con Canadá y Japón

    La entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea dispara otras negociaciones: las primeras con Canadá y Japón


    Tanto Argentina como Uruguay festejaron esta semana sus modestas pero significativas primeras exportaciones dentro del marco del nuevo acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que entró en vigencia de manera provisoria el pasado 1 de mayo y que espera un pronunciamiento de fondo de la Justicia europea.

    Los argentinos certificaron un primer cargamento hacia Europa de 22 toneladas de miel originada en Concordia, Entre Ríos, y certificada por el SENASA, con arancel cero. Y el gobierno uruguayo celebró el miércoles el envío de 28 toneladas de merluza procesada con destino a Lituania, también con arancel cero. En los próximos meses se esperan muchos más negocios.

    Tras 25 años de avances y retrocesos en las negociaciones, los cuatro miembros fundadores del Mercosur y los 27 países de la UE firmaron en Asunción el histórico acuerdo, que une un mercado de 700 millones de potenciales consumidores y representa en conjunto el 20% del PBI mundial.

    Aunque el proceso se ralentizó después de que eurodiputados remitieran el acuerdo al Tribunal de Justicia Europeo para una revisión legal, la base provisional permitirá intercambiar una minoría de productos con arancel cero, lo que resulta clave para darle dinamismo mientras se analiza la cuestión de fondo.

    Ursula von der Leyen presidenta de la Comisión Europea, con el presidente Santiago Peña, en Asunción, el pasado 17 de enero, donde dos días después se firmó el histórico acuerdo interbloques. Paraguay preside por este semestre el Mercosur

    “Una lógica de apertura guía nuestra relación hoy con Argentina y con la región”, empezó diciendo el embajador de la Unión Europea en este país Erik Høeg, el jueves durante los festejos por el Día de Europa (en realidad el 9 de mayo), y ante 800 invitados. “El acuerdo abre mercados, impulsa inversiones y está beneficiando ya desde esta semana a nuestros consumidores y a nuestras empresas”, remarcó en referencia a los primeros negocios dentro de un contexto incluso en el que el Mercosur -por sus diferencias de índole política- todavía no se han repartido cuotas.

    Acuerdos hacia adelante

    Sin embargo hay otro fenómeno positivo que se advierte. El impulso que Mercosur y UE tuvieron en los últimos meses activó una serie de negociaciones con otras regiones y países que también quieren firmar acuerdos con el bloque, no sin algunas trabas.

    Por empezar, los miembros del bloque conocido como EFTA (Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein), que habían cerrado con Mercosur su acuerdo, están pidiendo ahora que los Congresos del bloque los ratifiquen. Y se aceleraron las negociaciones con Japón y Canadá, no exentas de problemas.

    Dos son las situaciones a destacar entre ellos. Por un lado, el gobierno de Sanae Takaichi se prepara para iniciar negociaciones comerciales con el bloque en busca de una asociación económica para diversificar mercados y asegurar cadenas de suministro estratégicas, en el contexto de la política de subas arancelarias de Donald Trump y también de las restricciones de China a sus exportaciones de tierras raras. Además, China y Japón atraviesan un momento de enormes tensiones políticas que repercuten en sus relaciones comerciales.

    El abastecimiento de minerales críticos, esenciales para industrias como la automotriz y la fabricación de instrumentos de precisión, movilizó el interés de regiones de todo el mundo por la Argentina y otros países ricos en tierras raras —los llamados minerales críticos, como el litio—, donde China también tiene una enorme presencia.

    Japón y los miembros del Mercosur mantuvieron dos reuniones este año para avanzar hacia un acuerdo. Desde aquí siempre piensan en venderles alimentos, como carne vacuna, pollo y soja, al mercado japonés.

    Erik Høeg, embajador de la Unión Europea, en el festejo por el día de Europa, esta semana, en la Bolsa de Cereales

    No todo es entendimiento. Dentro del gobernante Partido Liberal Democrático japonés hay reticencias en sectores vinculados a la industria agropecuaria porque, como ocurrió con la UE, temen que el ingreso de productos sudamericanos más baratos, sobre todo carne vacuna, afecte severamente a los productores locales.

    Conversaciones y rechazos en Canadá

    También la conversación telefónica que días atrás mantuvo Javier Milei con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, debe leerse en ese sentido. Si bien, dos años después de asumir el poder, el libertario ve en los canadienses a un potencial socio estratégico en minería, energía y comercio, ya existen negociaciones entre Ottawa y el Mercosur para concretar un TLC.

    En el caso de Canadá, también reaccionaron los productores locales, como en su momento lo hicieron los de Estados Unidos por las cuotas adicionales de carne que Donald Trump le permitió a Javier Milei este año.

    En los últimos días, y en el contexto de las negociaciones con Ottawa, la Asociación Canadiense de Ganado Bovino y la Asociación Nacional de Feedlots salieron a manifestar su desconfianza frente a Brasil y la Argentina, dos de los mayores exportadores mundiales de carne vacuna. En el caso brasileño, además, productores y exportadores siguen atentos a las restricciones y cuotas recientes impuestas en el estratégico mercado chino.

    Javier Milei mantuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

    “Canadá ya es uno de los mercados de carne vacuna más expuestos del mundo”, dijo Tyler Fulton, presidente de la asociación ganadera canadiense. Señaló que un 30% del consumo interno de carne bovina del país proviene de importaciones, por lo que las entidades rurales temen por los estándares sanitarios y de seguridad alimentaria del Mercosur.

    Entre tanto, el 16 de septiembre de 2025, en Río de Janeiro, los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA o AELC) y el Mercosur firmaron el acuerdo de libre comercio que entró en proceso de ratificación parlamentaria en cada Estado miembro, con Suiza y Noruega avanzando en sus procesos internos. Se suponía que el acuerdo del Mercosur con la UE iba a apurar el de EFTA y viceversa, pero eso no ocurrió.

    Este elimina aranceles para más del 97% de las exportaciones recíprocas, en productos industriales y pesqueros, con un alcance que debería llegar al comercio de bienes, con capítulos en servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual y medidas sanitarias.

    Los embajadores de ambas regiones -en Argentina los más activos son el noruego Halvor Sætre y el suizo Andrea Semadeni-, peregrinan ahora por los respectivos congresos para acelerar un acuerdo de baja de aranceles y de enorme potencial en materia de inversiones, no solo para proveedores energéticos y el sector naviero, sino también para las pymes.

  • Reino Unido enviará un destructor a Medio Oriente para una futura misión en el estrecho de Ormuz

    Reino Unido enviará un destructor a Medio Oriente para una futura misión en el estrecho de Ormuz

    Reino Unido anunció que va a “preposicionar en Medio Orienteun destructor, el HMS Dragon, actualmente en el Mediterráneo, con vistas a una futura misión internacional de protección del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

    La iniciativa responde a una exigencia de “planificación rigurosa”, de manera que el Reino Unido esté listo “para garantizar la seguridad del estrecho, cuando las condiciones lo permitan”, en el seno de una coalición internacional codirigida con Francia, precisó el ministerio británico de Defensa.

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    La seguridad del estrecho de Ormuz es uno de los puntos clave del conflicto iniciado el 28 de febrero con los bombardeos israelí-estadounidenses a Irán, interrumpidos gracias a la tregua que entró en vigor el 8 de abril.

    La casi obstrucción de esa vía, por la que transitaba antes del conflicto el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial, se ha convertido en un dolor de cabeza a nivel mundial, causando problemas de suministro de carburante en Asia, penurias para compañías aéreas, e inflación en Europa.

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    Irán tiene la pretensión de cobrar gravámenes por el tránsito a través del estrecho de Ormuz, un extremo al que se opone firmemente Estados Unidos en nombre de la libertad de navegación.

    La república islámica bombardeó a buques en la zona en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense. El bloqueo es doble, ya que Washington aplica además desde el 13 de abril un bloqueo naval a los puertos iraníes, para que no exporten petróleo desde allí.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Elizabeth Frantz)

    Donald Trump dijo que aguarda la respuesta de Irán a su propuesta para la paz

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que aguardaba una respuesta de Irán a la propuesta más reciente de Washington para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

    Supuestamente recibiré una carta esta noche, así que veremos qué pasa”, declaró Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca. Consultado sobre un posible retraso intencionado por parte de Teherán, el mandatario respondió: “Pronto lo sabremos”.

    Trump sostuvo que, si no se concreta el acuerdo, su gobierno consideraría “un camino diferente”, mencionando el “Proyecto Libertad Plus”, que ampliaría la iniciativa anterior con nuevos elementos. También señaló que Pakistán, país que cumple funciones de mediador, pidió a Estados Unidos que no abandone la vía negociadora.

    Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que la propuesta estadounidense sigue en evaluación. “La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”, manifestó Bagaei, según recogió la agencia Tasnim.

    En tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó desde Roma que esperaba una contestación de Irán a lo largo del día y manifestó su esperanza de que se trate de “algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación”.

    En otro orden, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque en la última jornada contra más de 85 infraestructuras de la organización terrorista Hezbollah en distintos sectores de Líbano. La contraofensiva fue anunciada luego de que el grupo chiita confirmara su primer ataque contra territorio israelí desde que comenzó la tregua semanas atrás.

  • Crisis universitaria: Yacobitti acusó a Adorni de “pretender confundir a la gente para deslegitimar un reclamo”El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires respondió a los dichos del Jefe de Gabinete, quien dijo que esa institución quiere “apropiarse el crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales”

    Crisis universitaria: Yacobitti acusó a Adorni de “pretender confundir a la gente para deslegitimar un reclamo”El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires respondió a los dichos del Jefe de Gabinete, quien dijo que esa institución quiere “apropiarse el crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales”

    El vicerrector de la UBA volvió a reclamar los fondos para los hospitales universitarios

    El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, desmintió este sábado las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el financiamiento de los hospitales universitarios y acusó al Gobierno de retener fondos ya aprobados en el presupuesto 2026 como mecanismo de presión para debilitar el reclamo universitario. La polémica se produce días antes de la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes 12 de mayo a las 17 horas en la Plaza de Mayo.

    En una entrevista con Radio Mitre, Yacobitti rechazó punto por punto los argumentos de Adorni, quien este viernes, durante una conferencia de prensa, calificó de “falsa” la denuncia de la UBA por el desfinanciamiento de sus hospitales. El jefe de Gabinete sostuvo que el Ejecutivo transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el presupuesto 2026 para la función salud, y que lo que la UBA reclama es “una partida adicional de 75.371 millones de pesos, equivalente al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país”. “Una sola universidad pretende apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales”, sentenció el funcionario.

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    Yacobitti respondió que esa descripción mezcla deliberadamente partidas distintas. La cifra en disputa —que el propio Ministerio de Capital Humano calculó en unos 80.000 millones de pesos— no es una demanda adicional ni extraordinaria, sino una partida específica para hospitales universitarios que figura en el presupuesto 2026, aprobado por el Congreso y propuesto por el propio Ejecutivo. “No estamos hablando de la Ley de Financiamiento Universitario, sino de una ley que ni siquiera fue vetada y que el Gobierno reconoce que todavía no cumplió absolutamente nada”, afirmó el vicerrector.

    Esa partida cubre los gastos operativos de los hospitales universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba, la UBA, la de La Rioja y la de Cuyo. Según los directores de los hospitales Clínicas, Roffo y Lanari, que el 5 de mayo dieron una conferencia de prensa para alertar sobre la situación, al cabo de cuatro meses del año el Gobierno no había girado un solo peso de esos fondos. El propio comunicado de Capital Humano reconoció que el ministerio aún analiza cómo distribuir esa partida. Para Yacobitti, ese reconocimiento implícito contradice la versión pública de Adorni: “Lo que está haciendo Adorni es pretender confundir a la gente para deslegitimar un reclamo”.

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    Sobre el argumento de la proporcionalidad —que la UBA pretende el 94,5% de los fondos destinados a todo el sistema—, el vicerrector explicó que esa distribución no es nueva ni arbitraria. En 2024, el Gobierno asignó casi el 90% de esa partida a la UBA; en 2025, el 85%. La razón es de escala: los hospitales de la universidad porteña atienden a un volumen de pacientes muy superior al del resto. El Hospital Roffo, centro oncológico de alta complejidad que recibe pacientes de todo el país, ya redujo tratamientos y derivó algunas patologías a otros centros por falta de insumos.

    Las universidades convocaron a una nueva Marcha Federal para el próximo martes 12 de mayo en Plaza de Mayo.

    Yacobitti fue más allá en su caracterización de la estrategia oficial. Afirmó que el Gobierno retiene los fondos del presupuesto 2026 de forma deliberada para presionar a las universidades y que moderen su reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. “Lo que está haciendo es decirle a las universidades de manera indirecta: si ustedes siguen reclamando, yo no les voy a pagar en tiempo y forma el presupuesto 2026”, sostuvo. Al ser consultado sobre si esa situación del Gobierno era una extorsión, el vicerrector respondió: “Sí, claro. Lo es”.

    La presión recae con mayor fuerza sobre la UBA por su peso relativo en el sistema y su capacidad de visibilización, según Yacobitti, quien descartó que eso frene la movilización. Para el Gobierno, en cambio, el equilibrio fiscal justifica la demora: Adorni señaló que las transferencias a las universidades se realizan en forma mensual, que la inflación bajó del 211,4% al 31,5% respecto de la gestión anterior y que el presupuesto universitario 2026 creció hasta los 4,8 billones de pesos. También planteó que la Ley de Financiamiento Universitario “nació suspendida” hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.

    Yacobitti rechazó también los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos universitarios. Las universidades son auditadas de forma permanente por la Auditoría General de la Nación (AGN) y los informes están disponibles en las páginas de cada facultad y en el sitio de la AGN. Añadió que el monto de los 80.000 millones para hospitales universitarios es inferior a lo que el Estado dejará de recaudar por la reducción del impuesto a los autos de lujo, y que el presupuesto universitario destina el 90% a salarios que el propio Gobierno transfiere directamente a docentes y trabajadores.

    La crisis de financiamiento tiene además una dimensión de largo plazo que Yacobitti subrayó: en los últimos dos años, 438 docentes e investigadores abandonaron la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, sobre una planta de aproximadamente 3.200 personas. Muchos tienen posgrados y especializaciones en el exterior. Los procesos de investigación interrumpidos no se retoman de inmediato, advirtió el vicerrector.

    La movilización del 12 de mayo fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), con epicentro en Plaza de Mayo y marchas simultáneas en todo el país. Yacobitti señaló que la vía legislativa y la judicial ya se agotaron: hay dos fallos judiciales favorables a las universidades que el Ejecutivo no acata.

  • Allanamientos por un robo culminaron con un detenido y elementos recuperados

    Allanamientos por un robo culminaron con un detenido y elementos recuperados

    Personal policial de San José realizó múltiples allanamientos y procedimientos vinculados a una investigación por un robo cometido en un comercio ubicado sobre calle Cettour al 2400.

     

    La causa se inició tras una denuncia radicada el pasado jueves y permitió avanzar en la identificación de los presuntos responsables luego de tareas investigativas, análisis de indicios, relevamientos y utilización de herramientas tecnológicas.

     

    Según se informó, los investigadores lograron establecer la identidad del supuesto autor del hecho delictivo, quien habría contado con apoyo logístico de otras personas que se movilizaban en un vehículo durante la comisión del ilícito.



    Con intervención de la Unidad Fiscal de Colón, se solicitaron órdenes de allanamiento y requisa domiciliaria ante el Juzgado de Garantías local.

     

    Secuestros de droga, dinero y un vehículo

     

    Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda de calle Caseros, donde reside un joven de 22 años. En el lugar, los efectivos secuestraron envoltorios con una sustancia vegetal que, tras el test orientativo correspondiente, dio resultado positivo para cannabis sativa.

     

    En simultáneo, otra comisión policial allanó una casa ubicada sobre calle Moreno, entre Estrada y Juan José Paso, donde viven una mujer de 49 años y un hombre de 37.



    Durante ese operativo fueron incautados cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo y un automóvil Renault 9 que tendría vinculación con la causa investigada.

     

    La continuidad de las pesquisas derivó luego en un rastrillaje en un terreno cercano a la intersección de calles Estrada y 2 de Abril, donde hallaron una caja fuerte metálica dañada y una bolsa con prendas de vestir, elementos que fueron incorporados como evidencia al expediente judicial.

     

    Un detenido en la Terminal de ómnibus

     

    El despliegue policial finalizó en inmediaciones de la Terminal de ómnibus de San José, donde fue aprehendido un hombre de 58 años que llevaba dinero en efectivo entre sus pertenencias.



    Por disposición de la Justicia, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial y permanece alojado con arresto preventivo mientras avanza la investigación para determinar el grado de participación de cada una de las personas identificadas.

  • La Unión Europea exigió a Irán brindar atención médica “urgente” a la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi

    La Unión Europea exigió a Irán brindar atención médica “urgente” a la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi

    La Unión Europea (UE) instó al régimen de Irán a tomar “todas las medidas necesarias” para que la premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, reciba atención médica “de forma definitiva y urgente” tras más de una semana de hospitalización en la unidad de cuidados cardíacos de un hospital de Zanjan.

    “La Unión Europea está profundamente alarmada por las informaciones que indican el grave estado de salud de la defensora de los derechos humanos y premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que se encuentra actualmente detenida en Irán”, expresó en un comunicado el portavoz europeo de Exteriores, Anouar El Anouni.

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    El portavoz agregó que la UE insta “a las autoridades iraníes a que adopten de inmediato todas las medidas necesarias para que Narges Mohammadi reciba, de forma definitiva y urgente, la atención médica adecuada”.

    También recordó que los cargos contra Mohammadi “se basan únicamente en su defensa legítima y pacífica de los derechos humanos, y seguimos pidiendo su liberación inmediata e incondicional”.

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    Narges Mohammadi, periodista y defensora de los derechos humanos, cumple una condena de siete años y medio por diferentes cargos. Según su defensa, ha perdido cerca de 20 kilos durante su reclusión y tiene dificultades para expresarse.

    Narges Mohammadi

    La Fundación Mohammadi —con sede en París— comunicó que desde el 24 de abril, Mohammadi sufre episodios recurrentes de dolor intenso en el pecho, palpitaciones y fluctuaciones severas de presión arterial. Este jueves, la fundación informó que los médicos consideran probable un diagnóstico de angina de Prinzmetal.

    Los especialistas alertaron que cualquier retraso en su traslado a Teherán para recibir tratamiento especializado y una angiografía podría representar “riesgos irreparables que amenazan la vida” de la nobel.

    Pese a los pedidos de la familia y del equipo médico, la fundación denunció que el fiscal de Teherán sigue oponiéndose al traslado de la activista a la capital iraní.

    Por último, el comunicado europeo solicitó a las autoridades iraníes la liberación de “todas las personas detenidas injustamente por el legítimo ejercicio de su libertad de expresión, incluso durante las recientes protestas”, así como el respeto de “las obligaciones de Irán en virtud del Derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán es parte”.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Elizabeth Frantz)

    Donald Trump dijo que aguarda la respuesta de Irán a su propuesta para la paz

    En otro orden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que aguardaba una respuesta de Irán a la propuesta más reciente de Washington para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

    “Supuestamente recibiré una carta esta noche, así que veremos qué pasa”, declaró Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca. Consultado sobre un posible retraso intencionado por parte de Teherán, el mandatario respondió: “Pronto lo sabremos”.

    Trump sostuvo que, si no se concreta el acuerdo, su gobierno consideraría “un camino diferente”, mencionando el “Proyecto Libertad Plus”, que ampliaría la iniciativa anterior con nuevos elementos. También señaló que Pakistán, país que cumple funciones de mediador, pidió a Estados Unidos que no abandone la vía negociadora.

    El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que la propuesta estadounidense sigue en evaluación. “La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”, manifestó Bagaei, según recogió la agencia Tasnim.

    Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó desde Roma que esperaba una contestación de Irán y manifestó su esperanza de que se trate de “algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación”.

  • Un cortocircuito habría desencadenado un incendio en una vivienda en Paraná

    Un cortocircuito habría desencadenado un incendio en una vivienda en Paraná

    Un incendio en el entrepiso de una vivienda ubicada en calle Cortada 1327 de la ciudad de Paraná demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de Paraná durante la madrugada de este sábado.

     

    Al arribar al lugar, personal bomberil trabajó rápidamente en tareas de control y extinción del fuego, evitando su propagación hacia otros sectores de la propiedad. Posteriormente se realizaron tareas de enfriamiento y ventilación del ambiente afectado.

     

    En el lugar también trabajó personal policial y servicios de emergencia para asegurar la zona.


    (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

    (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)


    De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, afortunadamente, no se reportaron lesionados porque al momento del incendio no había moradores en el domicilio siniestrado.

     

    “Vecinos alertaron sobre la presencia de humo y se estima que un cortocircuito, posiblemente, en la heladera, habría desencadenado el fuego”, indicaron a Elonce.

     

    Se trata de casas muy pegadas y el incendio no pasó a mayores porque un vecino vio humo y dio aviso a Bomberos voluntarios de Paraná.

  • Cuando la prescripción se discute en Washington: los precedentes interamericanos que iluminan el caso Ilarraz

    Cuando la prescripción se discute en Washington: los precedentes interamericanos que iluminan el caso Ilarraz

    La admisión por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la petición presentada por las víctimas del excura Justo José Ilarraz no es un hecho aislado. Se inscribe en una línea de jurisprudencia interamericana que en la última década ha venido consolidando un principio claro: cuando se trata de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes cometida en contextos institucionales cerrados, la prescripción aplicada sin perspectiva de niñez ni control de convencionalidad se convierte en una herramienta estatal de impunidad.

    El caso entrerriano llega al sistema interamericano con un recorrido inusualmente sólido en sede interna. El excura Ilarraz fue condenado en 2018 por la Sala Segunda de la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná a 25 años de prisión como autor de promoción a la corrupción de menores agravada y abuso deshonesto agravado, ambos calificantes por su condición de encargado de la educación. La sentencia fue confirmada en 2019 por la Sala I de la Cámara de Casación Penal de Paraná y en 2020 por la Sala I en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Tres instancias provinciales coincidieron, sin fisuras, en la responsabilidad penal del imputado y en el carácter imprescriptible de los hechos, después de la denuncia de la revista ANÁLISIS en 2012, que derivó en la apertura de una causa judicial. Recién el 1° de julio de 2025, después de años de demora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revirtió la decisión: declaró extinta la acción penal por prescripción y dispuso el sobreseimiento del condenado.

    Sobre esa decisión, calificada por la presentación ante la CIDH como un acto estatal que consolida la impunidad y configura una violación autónoma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se construye el reclamo internacional. La denuncia, formulada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, sostiene que la sentencia de la Corte Suprema omitió ejercer el control de convencionalidad interno y aplicó automáticamente el instituto de la prescripción sin considerar la condición de niñez de las víctimas, el vínculo de autoridad del agresor y el entorno institucional cerrado en que ocurrieron los hechos.

    El precedente Angulo Losada: el corazón doctrinario

    El antecedente más cercano y directamente aplicable al caso Ilarraz es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Angulo Losada vs. Bolivia, notificada en enero de 2023. Brisa de Angulo Losada, abusada por un primo cuando tenía 16 años, recorrió más de dos décadas de obstáculos judiciales en Bolivia. La Corte responsabilizó al Estado boliviano por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la vida privada y familiar, la igualdad ante la ley, la protección judicial y los derechos de la niñez. Lo más relevante para la causa entrerriana: ordenó a Bolivia adecuar su legislación interna para eliminar los obstáculos legales que perpetúan la impunidad, en particular los plazos de prescripción que no consideran el trauma de la víctima.

    La sentencia fue más allá. Sostuvo la obligación del Estado boliviano de mantener abierto el proceso judicial pese a que el imputado se encontraba fuera del país y su extradición desde Colombia había sido denegada por prescripción según la normativa colombiana. El mensaje doctrinal es nítido: la aplicación interna de la prescripción no clausura la responsabilidad internacional del Estado cuando se trata de violencia sexual contra menores. Es justamente el argumento que se está esgrimiendo ahora contra Argentina en la causa Ilarraz.

    Sobre la base de Angulo Losada, organizaciones bolivianas impulsaron la “Ley Brisa”, un proyecto que propone eliminar el delito de estupro, redefinir la violación bajo el principio del consentimiento e instaurar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. La iniciativa, todavía en trámite en la Asamblea Legislativa Plurinacional, muestra cómo una sentencia interamericana puede traducirse en reformas legislativas concretas.

     

     

    Guzmán Albarracín, VRP-VPC y López Soto: la trama jurisprudencial

    El caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador, fallado por la Corte IDH en 2020, aporta otro estándar central: la responsabilidad del Estado por la tolerancia de las instituciones educativas frente a los abusos. Paola Guzmán Albarracín, adolescente, fue víctima durante más de un año de agresiones sexuales del vicerrector de su colegio. La Corte determinó que Ecuador no actuó con la diligencia debida y aplicó la Convención Belém do Pará junto al artículo 19 de la Convención Americana, que protege específicamente los derechos del niño. El paralelo con el Seminario Menor de Paraná, contexto institucional cerrado donde operó Ilarraz, es directo. La Corte sostuvo que las instituciones educativas no pueden mantener una posición de tolerancia o connivencia frente a quienes ejercen autoridad sobre menores; cualquier omisión compromete la responsabilidad estatal.

    El caso VRP, VPC y otros vs. Nicaragua de 2018, donde una niña de 8 años fue violada por su padre y revictimizada por las autoridades, introdujo un concepto que ha resultado decisivo: la “violencia institucional” como categoría que describe las prácticas revictimizantes durante la investigación y enjuiciamiento de delitos sexuales contra menores. Allí la Corte estableció el estándar de “debida diligencia reforzada” para los casos donde las víctimas son niñas, niños o adolescentes. Los exámenes médicos forenses inadecuados, la toma reiterada de testimonios sin acompañamiento profesional, la repetición innecesaria de declaraciones: todas son prácticas que la Corte considera violaciones autónomas de derechos humanos, independientes del delito originario.

    El caso López Soto vs. Venezuela, también de 2018, completa esta tríada al fijar la obligación de los Estados de adecuar su tipificación penal a los estándares interamericanos. Junto con Guzmán Albarracín y Angulo Losada, configura lo que la doctrina ha denominado el bloque jurisprudencial sobre violencia sexual: un conjunto de sentencias que obliga a los Estados a revisar sus regímenes penales para incorporar el consentimiento como elemento central, eliminar figuras como el estupro y rever los plazos de prescripción.

    El caso Próvolo: el antecedente argentino ante la CIDH

    En suelo argentino, el antecedente más próximo al caso Ilarraz es el caso Próvolo, presentado ante la CIDH en una audiencia temática histórica en diciembre de 2020. Los abogados de la ONG Xumek, Sergio Salinas y Lucas Lecour, expusieron ante la Comisión la situación de los abusos cometidos contra niños y niñas sordas en el instituto religioso de Mendoza, donde los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho fueron condenados a 45 y 42 años de prisión respectivamente. La audiencia fue convocada por la organización internacional ECA (Ending Clergy Abuse) y marcó la primera vez que la CIDH abordó la pederastia clerical en América Latina como problema sistémico de la región.

    La relatora de la CIDH Julissa Mantilla destacó durante la audiencia que la violencia sexual contra niños constituye una forma de tortura y que el sistema interamericano tiene estándares claros sobre la imprescriptibilidad de estos hechos. La relatora Esmeralda Arosemena, de la Relatoría de Derechos de los Niños, comprometió a la Comisión a usar todas sus herramientas para dar seguimiento a los casos de impunidad. La CIDH no ha emitido aún resolución de fondo sobre el caso Próvolo, pero la audiencia abrió un canal institucional que el caso Ilarraz, ahora en etapa de admisibilidad, viene a profundizar y consolidar.

    Las quince causas pendientes en la Corte Suprema

    El caso Ilarraz no llega solo al sistema interamericano. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación esperan resolución al menos otras quince causas similares, en las que se discute si los abusos sexuales cometidos antes de la sanción de las leyes 26.705 (Ley Piazza, de 2011) y 27.206 (Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, de 2015) deben considerarse prescriptos o pueden avanzar a la luz de los estándares convencionales. En esas causas, fiscales del Ministerio Público Fiscal han presentado recursos extraordinarios sosteniendo que la doctrina de la prescripción aplicada sin control de convencionalidad compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino. Algunos de esos recursos cuentan con el respaldo del propio Procurador General.

    La decisión de la Corte Suprema en el caso Ilarraz funciona, en este escenario, como un precedente disruptivo. Si el máximo tribunal argentino consolida esa línea, las quince causas pendientes podrían correr la misma suerte. Si, en cambio, la presión internacional —que ya empezó con la admisión de la denuncia en la CIDH— modifica el clima jurídico interno, la doctrina podría revisarse. Lo cierto es que el caso entrerriano se ha convertido, sin proponérselo, en el caso testigo de un debate nacional sobre los límites de la prescripción frente a delitos cometidos contra menores en relación de autoridad.

     

    Andrés Gil Domínguez
    Andrés Gil Domínguez.

     

    El abogado: perfil del litigante

    La presentación ante la CIDH lleva la firma del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, una de las voces más reconocidas del derecho constitucional argentino. Nacido en Santa Rosa en 1968 y discípulo del histórico Germán Bidart Campos, Gil Domínguez es Profesor Titular de Derecho Constitucional en la UBA, dirige el Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y fue declarado Personalidad Destacada de las Ciencias Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2025 recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral.

    Su trayectoria como litigante incluye intervenciones en causas constitucionalmente paradigmáticas: el caso Tobías sobre co-paternidad registral igualitaria, la primera inscripción de un niño como hijo de una relación poliamorosa, la acción que declaró la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias durante el kirchnerismo y su rol como amicus curiae en la causa Grupo Clarín. En 2020 integró la Comisión Beraldi, convocada por Alberto Fernández para estudiar reformas en el Poder Judicial. Su especialización en control de convencionalidad —el eje técnico central del planteo— lo ubica entre los abogados más adecuados del país para esta clase de litigación.

     

     

    Los tiempos: la otra cara de la justicia internacional

    La cuestión de los plazos es, sin embargo, el punto donde la justicia interamericana muestra sus límites. El procedimiento ante la CIDH prevé etapas reglamentarias: el Estado tiene tres meses para responder, prorrogables a cuatro; los peticionarios cuentan con cuatro meses para presentar observaciones de fondo; el Estado tiene otros cuatro meses para contestar; luego viene la deliberación y, eventualmente, el Informe de Fondo con recomendaciones. Si el Estado no cumple en tres meses, el caso puede ser remitido a la Corte IDH.

    Pero la propia Comisión reconoce que trabaja en orden cronológico y que actualmente está analizando peticiones presentadas entre 2010 y 2014. Los ejemplos contra Argentina son elocuentes. El caso Furlan, sobre demoras en un proceso civil por daños cerebrales a un menor, fue enviado a la Corte IDH en 2011 después de quince años de tramitación. El caso Boleso, sobre la remuneración de un juez correntino, llegó a la Corte recién en 2021, tres décadas después de su presentación inicial. El caso Lhaka Honhat, sobre comunidades indígenas, demoró veintisiete años desde la solicitud original. El caso Moliné O’Connor, sobre la destitución del juez de la Corte Suprema, fue remitido a la Corte IDH en 2024, veintiún años después de los hechos.

    Los propios casos que configuran el bloque jurisprudencial sobre violencia sexual contra menores siguen patrones similares. Angulo Losada tardó veintidós años desde los hechos hasta la sentencia. Guzmán Albarracín, dieciocho. VRP-VPC vs. Nicaragua, también dieciocho. Una proyección razonable para la causa Ilarraz, presentada en 2025 y admitida en mayo de 2026, ubica una eventual decisión final del sistema interamericano —si llegara a la Corte IDH— hacia la próxima década. Las víctimas tendrán entonces, en muchos casos, más de cincuenta años. Algunas, probablemente, no llegarán a verla.

    El efecto inmediato

    Hay, sin embargo, un horizonte más cercano. La sola admisión de la petición ya produce efectos políticos e institucionales: pone al Estado argentino en el banquillo del sistema interamericano, condiciona la jurisprudencia que la propia Corte Suprema deberá aplicar en las quince causas similares hoy pendientes, y construye un precedente moral de uso inmediato para el movimiento contra la prescripción de los delitos sexuales contra menores. El gobierno argentino tendrá que defender ante la CIDH el fallo de su propia Corte Suprema. En términos diplomáticos y políticos, es una posición incómoda.

    El caso también ofrece una oportunidad para reformas legislativas. La experiencia boliviana con la “Ley Brisa” demuestra que las sentencias interamericanas pueden empujar cambios legales internos. En la Argentina, la imprescriptibilidad plena de los delitos sexuales contra menores —cuestionada por algunos sectores en nombre del principio de legalidad penal— vuelve a quedar en el centro del debate público.

    Lo que se está discutiendo en Washington es si la República Argentina puede seguir convalidando, mediante la doctrina de la prescripción aplicada sin enfoque de niñez ni control de convencionalidad, la impunidad de delitos cometidos en condiciones de extrema vulnerabilidad institucional. La respuesta tardará. Pero la pregunta ya está planteada, y el reloj internacional empezó a correr.

  • EN VIVO | Israel emitió avisos de evacuación para nueve aldeas en el sur del LíbanoEl coronel Avichay Adraee indicó que, “ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbollah, las Fuerzas de Defensa se ven obligadas a actuar con la fuerza contra ella”

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  • ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 4

    ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 4

    Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, publicó el cronograma oficial de pagos para mayo de 2026. Los beneficiarios con DNI terminado en 4 tienen fechas específicas según la prestación que perciben, con haberes actualizados un 3,38% respecto a abril, ajuste realizado conforme al índice de inflación de marzo. El recibo de haberes puede consultarse desde la fecha de inicio del cronograma a través de la plataforma Mi ANSES.

    Quienes reciben haberes previsionales superiores al mínimo y DNI terminado en 4 cobran el 27 de mayo, junto con los DNI terminados en 5. Este grupo no accede al bono extraordinario de $70.000.

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    Jubilaciones y pensiones mínimas

    Los jubilados y pensionados con haber igual o inferior al mínimo y DNI terminado en 4 acceden a su pago el 15 de mayo de 2026. El haber mínimo para este mes asciende a $393.174,10, resultado del ajuste del 3,38% aplicado sobre el valor de abril.

    ANSES liquida además un bono extraordinario de $70.000 en forma automática para quienes perciben ese monto, lo que eleva el total efectivo a $463.174,10. Para quienes cobran un haber inferior al mínimo más el bono, el organismo aplica un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese valor total.

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    Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

    Los beneficiarios con ingresos previsionales superiores al haber mínimo y DNI terminado en 4 cobran el 27 de mayo, en el mismo turno que los DNI terminados en 5. Este grupo no accede al bono extraordinario de $70.000.

    Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

    La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sigue el mismo esquema de acreditación que las jubilaciones mínimas. Los titulares con DNI terminado en 4 cobran el 15 de mayo. Con el bono extraordinario, el total percibido alcanza $384.539,28.

    Pensiones No Contributivas

    Las Pensiones No Contributivas tienen un calendario diferenciado. Los DNI terminados en 4 y 5 cobran juntos el 13 de mayo. El monto establecido para mayo de 2026 es de $275.221,87. Al sumar el bono extraordinario vigente, el total asciende a $345.221,87.

    Una fila de adultos mayores espera para ser atendida en una oficina de ANSES. Una empleada entrega documentos a un jubilado en una ventanilla.

    Pensión Madre de 7 Hijos

    La Pensión Madre de 7 Hijos se equipara al haber mínimo jubilatorio, por lo que su monto para mayo de 2026 es de $393.174,10. Con el bono extraordinario, el total llega a $463.174,10. Los DNI terminados en 4 cobran el 15 de mayo, en línea con el cronograma de jubilaciones mínimas.

    Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

    Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 4 cobran el 15 de mayo. El monto de la AUH para mayo de 2026 asciende a $141.285,31. La AUH con Discapacidad se eleva a $460.044,10, según informó ANSES.

    Asignación por Embarazo

    La Asignación por Embarazo sigue el mismo esquema que la AUH. Los DNI terminados en 4 tienen acreditación el 15 de mayo de 2026.

    Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

    Para la Asignación por Prenatal, los DNI terminados en 4 y 5 cobran el 15 de mayo. La Asignación por Maternidad puede percibirse en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin restricción por terminación de documento.

    Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento)

    Las asignaciones de pago único —matrimonio, adopción y nacimiento— no se organizan por terminación de DNI. Todos los beneficiarios pueden cobrar entre el 12 de mayo y el 10 de junio, o entre el 22 de mayo y el 10 de junio según el tramo correspondiente.

    Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

    Las Asignaciones Familiares vinculadas a Pensiones No Contributivas se abonan para todos los DNI entre el 11 de mayo y el 10 de junio de 2026, sin distinción por terminación de documento.

    Prestación por Desempleo

    Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo (Plan 1) con DNI terminado en 4 cobran el 27 de mayo, junto con los DNI terminados en 5. Los titulares del Plan 2 pueden acceder al pago hasta el 12 de mayo, para todas las terminaciones de documento.