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Para muchas pyme argentinas acceder al crédito bancario dejó de ser una opción. Hay requisitos que consideran difíciles de cumplir, comisiones elevadas y tiempos de espera que las desalientan. Frente a ese panorama, cada vez más empresas buscan alternativas por fuera de los canales tradicionales.

Oscar Llano, vicepresidente de Mills Capital SGR, repasa cómo fue cambiando el escenario. Al comienzo de la actual gestión del gobierno de Milei, explica, “el crecimiento del financiamiento, la baja de las tasas de interés y la ampliación de los instrumentos disponibles impulsaron la actividad crediticia”. Más adelante, con mayor incertidumbre y tasas más altas, “ganó participación el financiamiento de corto plazo, particularmente a través del mercado de capitales con instrumentos como los cheques avalados”.

Según Llano, “muchas pyme vienen registrando una caída en sus niveles de facturación y, frente a la incertidumbre sobre la evolución de sus negocios, tienden a postergar decisiones de inversión y a ser más cautelosas al asumir deuda”.

A eso se suma la morosidad: “La mora acumulada impacta sobre el conjunto del sistema financiero y comercial, por lo que el acceso al crédito no depende únicamente de la disponibilidad de instrumentos, sino también de la evaluación del riesgo y de las perspectivas de cada empresa”, advierte el directivo.

Del otro lado de la ecuación, la caja de las pyme también busca dónde rendir. El último dato del Indec, el de septiembre, fue de 1,9% de inflación mensual, y para empatarle hace falta una tasa de interés anual de alrededor de 22% y 23%. Los diez bancos con más depósitos pagan entre 16% y 21% anual de plazo fijo.

En ese marco ganan terreno las alternativas que van más allá de los canales tradicionales: el descuento de cheques y pagarés en el mercado de capitales, los avales de las sociedades de garantía recíproca, la tokenización de activos y, para quienes tienen excedentes, el staking en dólares.

El mercado de capitales, la puerta más transitada

Para la Comisión Nacional de Valores (CNV), los cheques de pago diferido, los pagarés y las facturas de crédito electrónicas Mipyme son la principal fuente de financiamiento de las pyme. En agosto de 2025, el organismo habilitó con la RG 1079 operaciones de pase sobre estos instrumentos, con el objetivo de dar más liquidez y reducir el costo de acceso al crédito.

Andrés Azicri, presidente y Chief Investment Officer de Vector Investments, describe un menú que permite atender necesidades de corto plazo, administrar la liquidez o financiar proyectos. Los cheques de pago diferido permiten anticipar fondos a través de su negociación; los pagarés ayudan a estructurar financiamiento a distintos plazos; la factura de crédito electrónica convierte cuentas por cobrar en liquidez; las obligaciones negociables pyme habilitan emitir deuda para capital de trabajo o inversiones; y los fideicomisos financieros permiten estructurar financiamiento a partir de activos o flujos de fondos de la compañía.

En los últimos días, el ministro Federico Sturzenegger y el presidente de la CNV Roberto Silva, anticiparon una reforma integral que el Gobierno enviará al Congreso y que modificará, entre otros, el régimen de obligaciones negociables, pagarés, warrants y facturas de crédito Mipyme.

Garantías: el rol de las SGR

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) tienen como objeto otorgar avales a las pyme para mejorar su acceso y sus condiciones de financiamiento. Según la calificadora Untref ACR UP, entre enero y mayo de 2026 el sistema otorgó 92.258 garantías por un total de $1,84 billones.

“La evaluación requiere considerar no solo la capacidad de repago, sino también la trayectoria de la empresa, el comportamiento de pago, la experiencia de sus accionistas y las características del sector en el que opera”, detalla Oscar Llano.

La Resolución 94/2026 de la Secretaría de Industria flexibilizó las garantías en moneda extranjera, habilitó contratos con firma electrónica e incorporó el uso de blockchain en los avales. Las SGR podrán garantizar a empresas con ingresos futuros en divisas hasta un monto equivalente al 50% de su Fondo de Riesgo Disponible.

Sin embargo, para Llano, el camino para dinamizar el crédito pasa por otro lado: “La reducción de los encajes y de las tasas de interés, junto con herramientas para abordar la morosidad, facilitar la regularización de obligaciones fiscales y agilizar los procesos judiciales concursales, podría contribuir a mejorar el acceso de las pymes al crédito”.

Tokenización: fraccionar para llegar a más inversores

Otra vía de financiamiento que gana espacio entre las pymes es la tokenización, que consiste en representar digitalmente un activo real en una blockchain. A fines de 2024, la CNV aprobó la RG 1.069, el primer régimen específico para la tokenización de activos del mundo real en América Latina. En abril de 2026, la RG 1.137 prorrogó el sandbox regulatorio hasta el 31 de diciembre de 2027 y amplió el alcance de la tokenización.

Joaquín Linares, CEO de Blockenfy, una startup que tokeniza activos, lo explica así: “Tokenizar es representar un derecho sobre un activo con un token registrado en una blockchain. Para una pyme significa poder emitir ese derecho y ofrecerlo a inversores con reglas claras y trazabilidad”.

En el país, según detalla, hay dos caminos: el régimen de la CNV y las ofertas privadas, dirigidas a un grupo cerrado de inversores identificados. “Cuál conviene depende del activo, del monto y del tipo de inversor”, aclara.

Según Linares, la tokenización “abre un canal de financiamiento más allá del banco, permite llegar a más inversores y simplifica parte del registro y la liquidación de una emisión”.

El experto no esconde las limitaciones: “La tecnología no elimina el riesgo del activo, el mercado secundario todavía tiene poca liquidez y el marco regulatorio sigue en desarrollo, así que hay que estructurar bien cada proyecto desde el inicio”.

Walter Álvarez Sack, cofundador de Malbec Capital Market, sostiene que la tecnología permite fraccionar la inversión, pero el punto central es que detrás haya una estructura jurídica clara: “El inversor tiene que poder saber qué está financiando, cómo funciona el vehículo y cuáles son las condiciones bajo las que participa”.

De cara al futuro, Linares se muestra optimista: “Argentina es un mercado muy entrenado: empresas e inversores están acostumbrados a operar en varias monedas y a buscar alternativas fuera del sistema tradicional”. Por eso, considera “razonable esperar que en los próximos años la tokenización gane espacio dentro del financiamiento alternativo, sobre todo en deuda privada e inmuebles”.

Staking: rendimiento para el excedente de caja

Otra alternativa apunta a hacer rendir los fondos ya existentes. El staking es el proceso de delegar activos digitales en una red blockchain para respaldar su seguridad a cambio de retornos. Para empresas que cobran o ahorran en dólares, aparece como una forma de que el excedente no quede inmovilizado.

La vía más simple es la nativa: delegar la liquidez a un pool desde una wallet. No exige monto mínimo, los fondos son líquidos y no hay penalizaciones, aunque las recompensas no son una tasa fija y las primeras llegan entre 15 y 20 días después de delegar.

También existen protocolos como RealFi, que opera sobre la red Cardano y ofrece el staking de una stablecoin atada al dólar y respaldada por activos reales, con un rendimiento de hasta 8,5% anual, frente al 4-5% que pagan los plazos fijos en esa moneda. Ese rendimiento sale de préstamos directos a empresas, crédito de grandes emisores y letras del Tesoro de Estados Unidos.

El rendimiento es variable, el tramo que se stakea es subordinado y absorbe pérdidas antes que la stablecoin, y para salir hay que esperar siete días. Por eso se lo piensa como complemento para el excedente de caja y no como capital de trabajo.

Lo que defina si estas vías pasan de experiencias puntuales a financiamiento de volumen será principalmente el marco normativo: el sandbox de tokenización corre hasta el 31 de diciembre de 2027 y la reforma del mercado de capitales todavía debe pasar por el Congreso.

El Banco Central (BCRA) redujo su posición vendida en contratos de dólar futuro a USD 42 millones al 30 de septiembre, según los datos que publicó la entidad. Es una baja de USD 236 millones en el mes y deja a la herramienta prácticamente en cero, un año después de haber llegado a casi USD 6.900 millones.

El dólar futuro es uno de los cuatro componentes que el Gobierno cuenta dentro de la “bazuca” de USD 75.000 millones que, según Javier Milei, tiene para evitar una corrida cambiaria en 2027. El Presidente lo planteó a principios de octubre en la Argentina Week de París: “Estamos bien armados para los intentos desestabilizadores y golpistas”.

Las otras tres patas son unos USD 20.000 millones de compras de reservas del Banco Central, otros USD 20.000 millones del swap con Estados Unidos y USD 20.000 millones del acuerdo con China. Los USD 15.000 millones restantes de la cuenta oficial corresponden a la capacidad del BCRA de vender contratos de dólar futuro.

Que el BCRA tenga hoy casi cero en ese mercado no implica que haya abandonado el instrumento. Para los analistas, significa que recuperó el espacio para volver a usarlo. Martín de la Fuente, analista financiero de Bavsa, lo definió así: “Es un dato importante ya que nos muestra que de cara a las elecciones de 2027 el BCRA cuenta con capacidad para mitigar presión en el FX vía futuros”.

Qué es el dólar futuro

Un contrato de dólar futuro es un acuerdo para fijar hoy el precio del dólar para una fecha futura. Las partes pactan un valor y un vencimiento. Cuando llega esa fecha, no se intercambian dólares: se compensa en pesos la diferencia entre el precio acordado y la cotización que efectivamente tiene la divisa.

Para quien teme una suba del tipo de cambio, comprar un contrato funciona como un seguro. Si el dólar termina por encima del precio pactado, cobra la diferencia. Cuando el BCRA vende esos contratos, toma la posición contraria, que se conoce como “short” o posición vendida. Si el dólar sube más de lo acordado, es el Central el que paga la diferencia en pesos.

El efecto sobre el mercado es indirecto. Quienes quieren protegerse de una devaluación pueden hacerlo con un contrato en lugar de salir a comprar dólares al contado, lo que modera la presión sobre el “mercado spot”, donde la operatoria se hace en el momento. Como la liquidación es en pesos, el Banco Central no se desprende de reservas. El costo aparece si el dólar sube, porque ahí debe afrontar la diferencia.

Por qué llegó a USD 6.875 millones

El instrumento se usó a fondo antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025. En ese período, según estimaciones del propio BCRA, la dolarización alcanzó USD 35.000 millones, un registro sin antecedentes. En su Informe de Política Monetaria, la entidad señaló que “esa adquisición de activos y coberturas en moneda extranjera representó más del 50% del stock de M2 transaccional, lo que implica una caída en la demanda de dinero de magnitud inédita”.

En ese contexto, la posición vendida del Banco Central llegó a USD 6.875 millones en septiembre de 2025, después de los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires. De la Fuente precisó que a esa cifra le faltaban USD 2.125 millones para el máximo de exposición permitido en A3 Mercados, que es de USD 9.000 millones.

Por qué ahora el BCRA lo lleva a cero

Con el triunfo del oficialismo en las legislativas, la demanda de cobertura empezó a revertirse y el Banco Central dejó que los contratos vencieran sin renovarlos. Desde entonces, la posición bajó mes a mes. A fin de abril ya estaba en USD 2.176 millones, un nivel cercano al de junio de 2025, cuando el mercado mostró los primeros síntomas de la caída de demanda de dinero que se intensificó en octubre. A fines de agosto ya estaba por debajo de los USD 300 millones, de acuerdo con el economista Diego Piccardo, de la Fundación Libertad y Progreso.

En total, según el cálculo de De la Fuente, el BCRA desarmó USD 6.832 millones en 12 meses. A eso se sumó el Tesoro, que hasta mayo había liquidado USD 7.808 millones en instrumentos “dollar linked”, es decir, bonos atados a la evolución del tipo de cambio oficial. Entre ambos, la cobertura que se retiró del mercado sumaba USD 11.759 millones en ese momento.

El dato de fondo es un cambio en el tipo de herramienta. La demanda de cobertura cambiaria desde abril de este año vino siendo abastecida con ventas de dollar linked, según Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal y Cía. De la Fuente agregó que la cobertura total se estabiliza en torno a los USD 20.000 millones y que hoy el 81% está en instrumentos dollar linked, frente al 25% de septiembre de 2025.

Según De la Fuente, esa sustitución “le permitió al BCRA limpiar prácticamente toda su participación en el mercado de dólar futuro” y tener “un manejo más directo sobre la liquidez”. La diferencia es que las ventas de dollar linked tienen un impacto monetario inmediato, mientras que en los futuros el efecto llega por la valuación a mercado de los contratos.

Por qué puede ser clave en 2027

Cada contrato vendido ocupa parte de un límite. En A3 Mercados el máximo es de USD 9.000 millones y, según De la Fuente, el BCRA puede sumar hasta USD 6.000 millones en BYMA, lo que da una posición total posible de USD 15.000 millones. Con apenas USD 42 millones usados, prácticamente todo ese margen está disponible. Un análisis de Federico Vacalebre, economista y profesor de la Universidad del CEMA, estima en unos USD 14.700 millones la posición no utilizada en futuros.

Para Ortiz Villafañe, la reducción del short “incrementa el margen de maniobra del Central para intervenir en caso de presiones excesivas de dolarización”. Ante un episodio como el de 2025, el BCRA podría volver a ofrecer cobertura en el mercado de futuros sin vender reservas, que es lo que Milei y Luis Caputo prometen al hablar de la “bazooka”.

Las dudas sobre la cifra

El cálculo oficial tiene críticos. La consultora EcoGo sostuvo que “el tope de intervención en futuros acordado con el FMI en la última revisión es de USD 9.000 millones, no de USD 15.000 millones”, y estimó el poder de fuego total en USD 25.000 millones, o USD 45.000 millones si se habilitara la línea de Estados Unidos. Vacalebre calcula que la munición efectivamente disponible ronda los USD 36.000 millones, la mitad de lo proclamado.

Piccardo opinó que “hablar de un poder de fuego de USD 75.000 millones parece exagerado”, aunque reconoció que el Gobierno empezó a prepararse para 2027 acumulando reservas y reduciendo su posición en futuros. Vacalebre sostuvo que “la credibilidad de una ‘bazooka’ depende de que no haga falta dispararla”.

“Veremos qué deciden los votantes de espacios pequeños y los que no fueron a votar. En esos dos segmentos está el resultado final de la segunda vuelta”, planteó ante Infobae una fuente del oficialismo que sigue de cerca el balotaje en Brasil. El propio presidente Javier Milei también monitorea desde la quinta de Olivos, con expectativa, el desarrollo de los comicios y la posibilidad de un triunfo del derechista Flávio Bolsonaro sobre su par Luiz Inácio Lula da Silva

A principios de octubre, el candidato del Partido Liberal (PL) obtuvo el 47,03% de los votos, frente al 45,16% del actual jefe de Estado, quien busca un cuarto mandato no consecutivo. En esa instancia, la abstención alcanzó el 21,08%: 33.441.825 electores no acudieron a las urnas sobre un padrón de más de 158 millones de personas, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Si bien la leve ventaja del mayor de los hijos de Jair Bolsonaro ilusionó al libertario, que no esconde su preferencia electoral, en Casa Rosada aseguran que la diferencia se habría acotado en las últimas semanas. Las últimas encuestas reflejaron el reñido resultado entre los candidatos.

Desde el entorno presidencial revelaron ante este medio que Milei no se comunicó con Flávio Bolsonaro, aunque no descartan que pueda hacerlo una vez oficializados los resultados.

En el oficialismo aseguran que un triunfo del líder del Partido Liberal (PL) obligaría a una reconfiguración del escenario regional y tendría un impacto directo en la relación de Estados Unidos con América Latina, en particular con la administración de Donald Trump.

Por un lado, están quienes, como Milei, consideran que ambos liderazgos pueden coexistir y vaticinan una alianza dialéctica entre los referentes. “No lo vemos como un antagónico, sino como un complementario”, explicaron ante este medio. Por el otro, los más pesimistas aseguran que el peso específico de Brasil convertiría a Flávio Bolsonaro en el principal interlocutor de Trump en el continente.

Sin embargo, el mandatario rechaza esta última postura y ha negado en más de una oportunidad que una victoria del senador pueda perjudicar a su Gobierno. “Evidentemente no hace costos”, cuestionan quienes vaticinan una competencia por “ver quién es el mejor alumno de Trump”.

Aunque Milei evitó pronunciarse en redes durante las primeras horas del domingo, el sábado había reiterado sus acusaciones contra el presidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores, a quien calificó de “corrupto ladrón”. Horas antes, lo había llamado “ladrón y mentiroso” en respuesta a sus declaraciones sobre la pobreza y el supuesto consumo de carne de burro en la Argentina.

En algunos despachos de Balcarce 50 aseguran que el líder del PT utiliza la figura del libertario para polarizar y contraponer ambos modelos. Lejos de contribuir a la estrategia petista, Milei contrarresta los argumentos del oficialismo brasileño y traza paralelismos con la campaña que desplegó Sergio Massa en el balotaje de 2023.

En otras oficinas libertarias destacan la determinación de Milei de llevar la disputa con Lula da Silva hasta el final y respaldar a Bolsonaro. Esa postura derivó en la degradación del vínculo bilateral, que quedó a cargo de un encargado de negocios. “Milei fue a Brasil, se peleó con Lula, retiró al embajador y demostró estar dispuesto a poner el cuerpo por Flávio como no lo hizo ningún otro político”, destacó un funcionario.

En vísperas de los primeros resultados electorales, el libertario sostiene que el cambio ideológico en Brasil completaría el mapa de derecha en la región y daría lugar a la “ola azul”, color con el que se identifica a la derecha, lo que impactaría directamente en los bloques regionales.

“Este domingo tenemos otra cita clave en Brasil, donde si las fuerzas del cielo acompañan a Flávio Bolsonaro, vamos a dar un paso más en la construcción de esta internacional de derecha, que le plantea cara al comunismo en todo el mundo. El continente americano tiene todo lo necesario para redimir a un Occidente extraviado y junto a los Estados Unidos en el norte, la Argentina puede ser su faro austral”, expresó el Presidente durante la Gala Anual de la Fundación Faro.

En diciembre de 2023, cuando el gobierno de Milei comenzó su gestión, inició un proceso de ajustes de todo tipo, que incluyó el sinceramiento de precios de los boletos de colectivo. En ese momento, los pasajeros del AMBA pagaban una tarifa mínima de $52,96 en recorridos de hasta tres kilómetros. Algunas semanas más tarde (el primer ajuste se iba a aplicar el 1° de enero de 2024, pero se postergó unos días) la tarifa más baja saltó a $76,92 y comenzó una tendencia ascendente que ya no se detuvo.

Hoy, el precio se divide en tres, dependiendo de su se trata de líneas de colectivo de jurisdicción nacional, bonaerense o de CABA. Las primeras, que conectan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con municipios del conurbano, hoy cobran un pasaje mínimo de $742,81; las que dependen de la Provincia, parten de $1.215,09 y las últimas, las de CABA, arrancan de $920,48 por recorridos de hasta tres kilómetros.

Ahora bien, para comparar el avance de los precios con la inflación, no se pueden tomar en consideración los valores de octubre, sino los de agosto pasado, porque ese es el último mes para el que existe medición oficial publicada del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las tarifas más altas en el octavo mes de este año fueron las de los colectivos de jurisdicción de Provincia de Buenos Aires, que partían de $1.111,19 en ese momento para viajes cortos. Eso significa que, esas líneas de colectivo en particular, el boleto aumentó $1.058,23 en la era Milei (1.998,16% de suba acumulada).

¿Cuánto subió la inflación? De acuerdo con la medición oficial del Indec, desde noviembre de 2023 (justo antes de que asumiera Milei) hasta agosto de este año, el IPC acumuló un avance del 336% a nivel nacional. Eso significa que el porcentaje de suba del boleto de colectivo superó por 1.662 puntos al porcentaje de inflación de ese período. En otras palabras, el aumento de la tarifa de micro fue 5,94 veces superior a la inflación.

Si se analizan las otras líneas de colectivos se encuentra una diferencia menor, considerando que en agosto los micros de CABA tenían boletos mínimos de $852,90 y los que jurisdicción nacional partían de $742,81, siempre hablando de viajes de hasta tres kilómetros de recorrido. En esos casos, las subas acumuladas en la gestión Milei son de 1.510,4% y 1.302,5% respectivamente. Aún así, se trata de porcentajes mucho mayores a la inflación de ese período.

El punto de partida

En diciembre de 2023, durante los primeros días de gestión, el Gobierno y las empresas mantuvieron una serie de reuniones para definir qué pasaría con los precios de los pasajes. En ese momento, desde Nación aclararon que los incrementos formaban parte de un reconocimiento del atraso tarifario que se había acumulado durante los últimos años y, en particular, desde agosto de 2023. La administración anterior había interrumpido la actualización automática por Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Esa situación, sumada al retraso en el pago de subsidios había generado interrupciones en el servicio de transporte de pasajeros del Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese escenario, tanto el Estado como las empresas coincidieron en que una actualización de las tarifas era más que necesaria para que el sistema volviera a funcionar con normalidad. Desde Transporte detallaron en ese entonces que sólo en diciembre de ese año el Gobierno nacional había transferido subsidios a las empresas del sector por $51.893 millones. Esa cifra, explicaron, respondía a una “matriz de costos y kilómetros recorridos que se fue distorsionando con el transcurso de los años”, lo que se agravó por el congelamiento de precios.

Según informaron desde Nación, esa distorsión llevó a que el transporte automotor de pasajeros llegara al punto de estar “prácticamente estatizado”, ya que en un 91% estaba financiado por el Gobierno y apenas un 9% de sus ingresos provenían de lo que pagaban los pasajeros.

Hoy los números son otros, pero aún existe un gran desajuste que las empresas denuncian todos los meses. Según el Índice Bondi que elabora la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor (Aaeta), actualmente el Gobierno nacional reconoce una estructura de costos de $351.692,5 millones, cuando el costo real es de $453.495,79 millones. Ese desfasaje, afirman las empresas, lleva a que el subsidio otorgado por el Estado sea insuficiente para cubrir el costo de funcionamiento del sistema.

Ante ese escenario, Aaeta plantea que es necesario un ajuste, ya sea de las tarifas o de los subsidios. Según los cálculos de la entidad, en septiembre se produjo un déficit de $456,92 por boleto. Ese monto es lo que debería subir el pasaje promedio para que el sistema funcione con normalidad con el monto de subsidios vigente. El otro camino, sería la eliminación total de los aportes del Estado, pero en ese caso el costo real del boleto ascendería a $2.494,13 en el AMBA.