Con la incorporación de los equipos, ambos estudios cardiológicos podrán realizarse directamente en el hospital local. La disponibilidad de estas prestaciones permite evitar derivaciones ya que, hasta ahora, cuando desde el hospital se indicaba alguno de estos estudios, el paciente debía trasladarse a Gualeguaychú (en dos oportunidades) para realizar el monitoreo.
Cabe señalar que el MAPA permite monitorear la presión arterial durante 24 horas, mientras que el Holter registra la actividad eléctrica del corazón durante el mismo período.
El personal del establecimiento ya recibió la capacitación correspondiente por parte de la empresa proveedora. De esta manera, la enfermera Daniela Saldaña será la encargada de colocar los dispositivos a los pacientes y, posteriormente, la información registrada será enviada al cardiólogo de la institución, Santiago Elías, quien analizará los resultados y emitirá los informes correspondientes.
La directora del hospital Paranacito, María del Mar Solari Gatti, destacó la importancia de contar con estas prestaciones en la localidad: “Disponer de estos equipos en el hospital es muy importante para nuestra comunidad, porque permite acercar estudios cardiológicos que antes requerían trasladarse a otras localidades. De esta manera, facilitamos el acceso a la atención y damos respuesta a una necesidad concreta de los vecinos de Villa Paranacito y de la zona”.
Desde el establecimiento se informó que las prestaciones se brindarán mediante un sistema de turnos. Los habitantes de Villa Paranacito y de la zona de Islas del Ibicuy podrán acceder a estos estudios en el hospital local, sin necesidad de trasladarse a otras localidades para realizar este tipo de controles cardiológicos.
Un incendio de importantes proporciones afectó este jueves por la noche una vivienda ubicada sobre calle Santiago Díaz, entre Federación y Los Jilgueros, en el noreste de Gualeguaychú. El fuego obligó a desplegar dos unidades de Bomberos Voluntarios y dejó a una mujer hospitalizada por inhalación de monóxido de carbono.
Según informó la Policía, el propietario de la casa, un hombre de 44 años, explicó que había colocado una garrafa de 10 kilos en la cocina y que, al abrir la válvula, se produjo una llamarada de aproximadamente dos metros de altura.
De acuerdo con ese relato preliminar, el fuego alcanzó una pared de madera y luego se propagó hacia el techo. La vivienda estaba construida íntegramente con ese material, lo que favoreció la rápida extensión de las llamas.
Los ocupantes lograron salir de la vivienda
El propietario y su pareja consiguieron abandonar el inmueble antes de que el incendio avanzara, aunque no pudieron retirar pertenencias del interior.
La mujer debió ser asistida por personal sanitario y posteriormente trasladada en ambulancia al hospital de Gualeguaychú debido a la inhalación de monóxido de carbono. No se informaron otras personas lesionadas.
Foto: R2820.
Bomberos Voluntarios recibieron el aviso alrededor de las 22:52 y enviaron inicialmente el móvil 35. Ante la magnitud del siniestro, cerca de las 23:26 se incorporó el móvil 29 para reforzar el abastecimiento de agua y las tareas de combate.
El fuego fue controlado antes de la medianoche
Las dotaciones trabajaron sobre la estructura afectada y en un terreno con abundante vegetación. Finalmente, alrededor de las 23:39, lograron extinguir las llamas.
Después del control del incendio, continuaron las tareas de enfriamiento, remoción y revisión del lugar para descartar posibles reinicios del fuego y evaluar las condiciones de la estructura.
Personal de la Comisaría Tercera también intervino en el lugar. La posible vinculación del inicio del fuego con la garrafa surge, por el momento, del testimonio aportado por el propietario, mientras se procura establecer el alcance de los daños materiales provocados en la vivienda de Gualeguaychú.
La 3era edición del encuentro tendrá lugar el jueves 8 de octubre del corriente en el Salón Heraldo Peragallo, Avenida Mitre 1320 de Villa Elisa; de 14:00 a 17:30.
La Justicia de San Isidro ordenó que el predio donde funcionaba la planta de Fate, hoy ocupado por el gremio del neumático, sea desalojado y devuelto a la empresa, luego de hacer lugar al recurso de apelación presentado por sus dueños. El conflicto, que inició por el anuncio de cierre de la compañía y el despido de 920 trabajadores del 18 de febrero pasado, no encontró solución y el gremio endurece su postura.
Vale recordar que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) definió en febrero pasado ocupar la fábrica, ubicada en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, al considerar el cierre como un lockout patronal ilegal. El gremio calificó la orden judicial de “aberrante” y llamó a reforzar la presencia de los trabajadores en el lugar. Comunicaron que este viernes a las 10 de la mañana se realizará un abrazo y conferencia de prensa en la puerta de planta.
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La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro decidió “ordenar la restitución del inmueble al particular damnificado”. El tribunal consideró que las instancias de conciliación desarrolladas tanto en el ámbito nacional como en el provincial ya finalizaron y que no se vislumbran avances que permitan destrabar la disputa. En ese contexto, sostuvo que corresponde avanzar con la devolución del predio, aunque aclaró que la medida no implica una definición sobre el fondo de la cuestión laboral. El expediente se inició a partir del pedido de lanzamiento formulado por Fate, que cuestionó la permanencia de los ocupantes en el predio.
La empresa sostuvo que quienes permanecen en la planta son ex empleados y planteó, además, que existe una situación de riesgo vinculada con la imposibilidad de garantizar la seguridad del inmueble.
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La Cámara ya había intervenido en marzo, cuando revocó una orden de restitución al considerar que el conflicto estaba atravesado por las negociaciones laborales derivadas del cierre de la compañía. En aquel momento, los jueces entendieron que debía privilegiarse la conciliación y que la Justicia penal no debía interferir mientras se desarrollaban las instancias administrativas destinadas a resolver la disputa.
Sin embargo, en la nueva resolución, el tribunal señaló que ese escenario cambió. La conciliación obligatoria nacional había comenzado el 18 de febrero y, luego de una prórroga de cinco días, su plazo máximo venció el 18 de marzo. En el ámbito bonaerense, la instancia se inició el 18 de marzo y fue prorrogada hasta el 21 de abril, fecha en la que quedó definitivamente vencida.
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El documento judicial remarcó: “Se aprecia que quien representa a Fate, destacó oportunamente y alegó que, a su criterio, la reducida dimensión actual del diferendo laboral es que, finalizada la conciliación obligatoria, la cantidad de empleados que prefirieron no acordar su desvinculación, y tuvieron que ser despedidos, se redujo a 196 porque el resto había extinguido su vínculo laboral por su propia voluntad. Aportó como constancia la certificación contable que da cuenta de que en el periodo comprendido entre febrero y mayo se registraron y realizaron 900 bajas tempranas informadas ante ARCA, llevando a cero la dotación de personal en relación de dependencia a la fecha de la presente”.
La Cámara también destacó que el número de personas imputadas por la ocupación asciende a 24. Para los jueces, luego de más de medio año, las instancias que podían articularse para encauzar el conflicto ya fueron agotadas.
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“Pasados ya siete meses y encontrándose imputados de la ocupación del predio un número significativamente menor que el de aquellas personas que quedaran sin trabajo en la empresa, las instancias que pudieron articularse durante este tiempo ya han sido gestionadas; y, en ese punto, la continuidad de la toma por un grupo de empleados -con escasa violencia y aún si se supone buena fe por entender que están actuando desde la legitimidad provista por el reclamo laboral- ya ha perdido la virtud de convertirse en el motor de una reapertura de la fábrica”, indica la notificación judicial dirigida a Alejandro Crespo, secretario general de Sutna.
El fallo, no obstante, reconoció la complejidad de la situación de los trabajadores que perdieron su empleo y señaló que una eventual conciliación más amplia continúa siendo un objetivo a alcanzar. Al mismo tiempo, remarcó que las cuestiones vinculadas con compensaciones, acuerdos e indemnizaciones exceden el ámbito de la Justicia penal. Por ese motivo, el tribunal concluyó que correspondía hacer lugar a la restitución del inmueble.
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También destacó que para el desalojo del predio debe considerarse la situación de sus ocupantes: “Habida cuenta también de las particularidades propias del caso ya relevadas a lo largo del voto, la restitución deberá realizarse en base a protocolos y medidas de cuidado necesarias para que se lleve adelante con el menor riesgo posible para las personas”.
La histórica fabricante de neumáticos de la familia Madanes Quintanilla, con más de 80 años en actividad, atribuyó la decisión a un deterioro de las condiciones de mercado y a la pérdida de competitividad. Entre los factores que, según la compañía, explican este escenario se encuentran el fuerte ingreso de cubiertas importadas, especialmente de origen chino, los elevados costos locales y la menor demanda interna. La empresa también señaló las dificultades para sostener las exportaciones y los conflictos gremiales con el sindicato, incluidos paros y bloqueos que afectaron la producción.
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El cierre fue el desenlace de un deterioro prolongado. Fate ya había solicitado un Procedimiento Preventivo de Crisis en 2019, cuando tenía unos 2.000 empleados, y volvió a pedirlo en 2024. Ese año despidió a 97 trabajadores tras denunciar una brecha de costos que consideraba imposible de sostener frente a los productos extranjeros.
Una moto que había sido robada en el centro de Paraná fue recuperada durante la madrugada de este viernes luego de ser detectada mediante el sistema de videovigilancia. Dos hombres quedaron vinculados a la investigación.
El rodado, una Honda Biz 125 cc, había sido sustraído en inmediaciones de las calles Mitre y San Martín. A partir de la denuncia se inició la búsqueda para intentar establecer su ubicación.
Posteriormente, las cámaras de seguridad permitieron observar la moto en la zona de calle Güemes. Con esa información, personal que se movilizaba en motocicletas comenzó a seguir su recorrido.
El seguimiento terminó en calle Liniers
El desplazamiento continuó por distintos sectores hasta que el vehículo fue localizado sobre calle Liniers, a la altura del Paseo de los Pájaros.
En ese punto fueron interceptados dos hombres mayores de edad que se encontraban vinculados al rodado buscado. Allí se confirmó que se trataba de la Honda Biz denunciada como robada.
La moto fue recuperada y quedó a disposición de las autoridades para avanzar con las actuaciones correspondientes y su posterior restitución.
Dos hombres quedaron supeditados a la causa
Tras el procedimiento se dio intervención a la Fiscalía, que dispuso el traslado de los dos hombres para continuar con las diligencias del caso.
Ambos quedaron supeditados a la causa mientras se intenta determinar qué participación tuvo cada uno en el hecho y establecer con precisión cómo se produjo la sustracción del vehículo.
La investigación continuará bajo intervención judicial, mientras que la detección realizada mediante las cámaras de videovigilancia permitió ubicar y recuperar la moto durante la madrugada.
La defensa de Daniel Alejandro Rosatelli apeló el procesamiento con prisión preventiva dictado contra el abogado y comisario de la Policía de Entre Ríos en la investigación por el transporte de 1.345 kilos de marihuana.
Los abogados Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen presentaron el recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná contra la resolución adoptada el 10 de septiembre por el juez federal Leandro Ríos, publicó Análisis.
El planteo sostuvo que no existe una prueba directa que conecte la operación de compra de una camioneta Citroën Jumper, realizada el 4 de noviembre de 2025, con su hallazgo cargada de marihuana el 13 de febrero de 2026 en La Paz.
“Dos eventos distintos”
La defensa no discutió que la camioneta había sido verificada en Paraná, que estuvo cerca del domicilio de Rosatelli, que hubo un conflicto por su pago ni que se produjo un altercado en la sede de la asociación Suma de Voluntades.
Tampoco objetó que el mismo vehículo apareció tres meses después con el cargamento. Lo que rechazó fue el razonamiento mediante el cual el juez conectó esos episodios y atribuyó a Rosatelli un papel oculto en la compra del utilitario.
“Existen dos eventos distintos que la investigación no ha podido acreditar de ninguna manera que se encuentren conectados subjetivamente por una intencionalidad común y organizada entre los imputados”, señalaron los abogados.
Según el recurso, el magistrado completó esa conexión mediante “una entusiasta serie de conjeturas que no encuentran respaldo alguno en las pruebas reunidas”.
La verificación de la camioneta
Uno de los indicios valorados en el procesamiento fue que la Citroën Jumper habría sido revisada sin turno en la planta verificadora de avenida Zanni por una gestión atribuida a Rosatelli.
Los defensores respondieron que Jonathan Barbieri, vendedor del vehículo, brindó versiones diferentes. En una primera declaración mencionó una comunicación con una persona que sería Rosatelli, pero luego indicó que el intermediario Martín Pelizzari realizó una llamada al llegar a la planta.
A esto añadieron que el verificador Marcos Ismael Naumoff no declaró haber recibido pedidos del comisario y sostuvo que ni siquiera lo conocía.
La apelación también cuestionó la sospecha generada por el pedido de secuestro del vehículo. Según la defensa, esa medida no aparecía en las consultas disponibles durante la verificación y únicamente figuraba una prohibición de circular derivada de una denuncia de venta.
La compraventa y los registros documentales
El juez calificó como “opaca” la negociación concretada cerca del Club Echagüe, donde Pelizzari y Barbieri dejaron estacionada la camioneta para que Rosatelli supuestamente pudiera observarla sin intervenir directamente.
La defensa consideró contradictorio que una maniobra presuntamente clandestina se concretara en la vía pública, cerca del domicilio declarado por Rosatelli y dentro del área cubierta por cámaras policiales.
El pago se realizó mediante la entrega de 2.400 dólares, cheques aportados por Pelizzari y dos transferencias de un millón de pesos efectuadas por Claudio Luna. El procesamiento interpretó la intervención de terceros como una estrategia destinada a impedir que quedaran rastros del verdadero comprador.
Petenatti y Cullen objetaron esa conclusión y recordaron que una abogada del estudio de Rosatelli solicitó dos informes de dominio sobre la camioneta. A su entender, esa gestión produjo registros documentales incompatibles con una intención de ocultamiento.
También señalaron que Luna declaró haber realizado las transferencias a pedido de Pelizzari y no por indicación de Rosatelli.
La camioneta Citröen Jumper estacionada en la vereda del domicilio de Wursten. La defensa analizó los videos para desmentir que ese 4 de noviembre la llevaron a la casa de Siebenlist Bustos (fuente Análisis)
Qué sostuvo sobre los llamados
La resolución judicial había interpretado un cruce de comunicaciones entre diferentes abonados como una señal de connivencia entre Rosatelli, Pelizzari y Luna.
El recurso aseguró que el único contacto directo identificado fue una comunicación de tres segundos, efectuada el 26 de diciembre entre una tercera persona y la línea atribuida a Rosatelli.
“No existe el intercambio entre Rosatelli, Pelizzari, Luna y los restantes abonados que presenta la resolución, ni tampoco surgen comunicaciones entre las líneas de Rosatelli y la atribuida a Claudio David Luna”, afirmaron los defensores.
El episodio en Suma de Voluntades
Otro elemento analizado por el juez fue la golpiza denunciada por Sixto Maciel en una habitación de la sede de Suma de Voluntades. La hipótesis judicial vinculó el episodio con el intento de lograr que se retirara la denuncia por la venta de la camioneta, abonada parcialmente con cheques que resultaron falsos.
La defensa ofreció otra interpretación y sostuvo que la discusión estuvo relacionada con el precio de una obra que Maciel buscaba realizar para la organización. Para respaldar esa versión citó una declaración atribuida al propio denunciante: “Discutimos yo y Daniel por el tema de la obra”.
Los abogados también cuestionaron la cronología considerada en el procesamiento. Indicaron que la denuncia de Barbieri contra Pelizzari se radicó a las 16 y que el altercado ocurrió aproximadamente a las 17.30.
El recurso remarcó que aquella denuncia no mencionaba a Rosatelli y sostuvo que, por tratarse de un abogado penalista y funcionario policial, debía saber que una denuncia penal no podía ser retirada por la sola voluntad del denunciante.
El recorrido del utilitario
El procesamiento indicó que, después de la negociación del 4 de noviembre, la camioneta fue trasladada hasta las inmediaciones de la vivienda de Juan Esteban Siebenlist Bustos, prófugo y señalado como organizador logístico del transporte.
Los abogados acompañaron capturas de las cámaras del 911 y afirmaron que el vehículo se detuvo frente al domicilio de Emmanuel Wursten, cuñado de Barbieri. La casa de Siebenlist Bustos se encontraría enfrente, al otro lado de la calle Pronunciamiento.
La defensa negó que Rosatelli conozca al prófugo y aseguró que tampoco pudo establecerse quién tenía la camioneta el 30 de enero, cuando salió definitivamente de Paraná con una nueva patente.
Además, planteó que no resultaría razonable emplear para una carga valuada en más de tres millones de dólares un utilitario que ya se encontraba individualizado, denunciado y con pedido de secuestro.
El análisis patrimonial
La apelación también impugnó el informe económico utilizado para considerar que los bienes y movimientos financieros de Rosatelli no se correspondían con su sueldo como comisario.
Los abogados argumentaron que se mezclaron períodos diferentes, se contabilizó dos veces dinero transferido entre cuentas de un mismo titular y se consideraron rescates de inversiones como si fueran ingresos nuevos.
Calificaron el resultado como una “ficción financiera” producida por el “inflado de flujos”. También negaron que Rosatelli fuera propietario de ocho inmuebles.
Según la información de ARCA y ATER citada por la defensa, tendría actualmente tres propiedades -su vivienda de avenida Echagüe, un inmueble en Chajarí y un terreno en Paraná-, además de un Honda Civic modelo 2018.
El escrito agregó que no se detectaron transferencias de Rosatelli hacia Pelizzari o Luna ni egresos compatibles con el precio y la modalidad de pago atribuidos a la compra de la camioneta.
El pedido de libertad
Los defensores solicitaron que se revoquen el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo. Argumentaron que la investigación avanzó lo suficiente como para reducir el riesgo de que Rosatelli interfiera en la producción de pruebas.
También cuestionaron que la negativa a proporcionar la contraseña de su iPhone 17 fuera considerada un posible indicio de entorpecimiento. “El imputado no tiene la obligación jurídica de colaborar con la investigación que se dirige en su contra”, plantearon.
Como alternativa a la libertad, pidieron que la prisión preventiva sea reemplazada por presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y una caución. En última instancia, solicitaron el arresto domiciliario en el departamento de Rosatelli, con monitoreo electrónico si fuera considerado necesario.
La Cámara Federal de Apelaciones deberá fijar la audiencia en la que se escucharán los argumentos de la defensa y del Ministerio Público Fiscal. Luego resolverá si confirma, modifica o revoca las medidas dictadas por el juez Ríos.
La empresa avícola Granja Tres Arroyos (GTA), que pidió la apertura de su concurso preventivo de acreedores, informó ante la Justicia que acumulaba más de $126.000 millones en cheques rechazados y que había ingresado en cesación de pagos el 29 de enero pasado, cuando no pudo afrontar documentos por $2.070.722.822,03. Además, de acuerdo con la información contable acompañada al expediente, al cierre de 2025 registraba un pasivo de alrededor de $536.000 millones, unos US$350 millones al tipo de cambio oficial.
La presentación fue realizada en el expediente COM 18.558/2026, caratulado “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”. La compañía pidió que el trámite se desarrollara en forma conjunta con las sociedades Holding Agro Industrial SA (HAISA), Wade SA y Avex SA, a las que identificó como integrantes del denominado “Grupo GTA”. En forma subsidiaria, solicitó que, si ese planteo no prosperaba, se abriera el concurso individual de cada una de las firmas. La empresa declaró más de 4800 acreedores, que deberán atravesar el proceso de verificación de sus créditos, consignó el diario La Nación.
En el escrito, GTA señaló que el deterioro financiero también quedó reflejado en los estados contables que la compañía incorporó al expediente. Según los gráficos presentados dentro de los documentos de la causa, se puede ver que al 31 de diciembre de 2025 los activos rondaban los $760.000 millones, mientras que los pasivos alcanzaban aproximadamente los $536.000 millones y el patrimonio neto se ubicaba cerca de los $224.000 millones. Un año antes, los pasivos eran del orden de los $451.000 millones y el patrimonio neto alcanzaba los $341.000 millones.
La composición del pasivo muestra que los principales compromisos correspondían a préstamos y pasivos financieros, por unos $199.000 millones, y a proveedores, por aproximadamente $161.000 millones. A ello se sumaban unos $52.000 millones por impuesto diferido, $46.000 millones en deudas laborales y previsionales, $32.000 millones en obligaciones fiscales, además de otros pasivos y compromisos con partes relacionadas, publicó el diario La Nación.
La compañía también reconoció una fuerte caída de sus resultados. En la documentación se señaló que los “Resultados No Asignados” habían pasado de un saldo positivo de $3944 millones en 2022 a valores negativos de $68.969 millones en 2023 y $37.108 millones en 2024. Para el cierre de 2025, GTA proyectó “un saldo negativo de $122.052 millones”. A eso se sumó un incremento de las obligaciones previsionales regularizadas mediante planes de pago. Según el escrito, esas deudas pasaron de $2299 millones al cierre de 2023 a $10.935 millones al cierre de 2024. La empresa agregó que, durante ese último ejercicio, el auditor externo incorporó por primera vez un párrafo de énfasis sobre la situación económica y financiera de la firma.
Influenza aviar
Otro de los datos incluidos en la presentación fue la evolución de las exportaciones avícolas. GTA informó ingresos por ventas externas de US$175,8 millones en 2022, que bajaron a US$85,7 millones en 2023, se recuperaron a US$105,1 millones en 2024 y volvieron a descender a alrededor de US$87 millones en 2025.
En el expediente, GTA atribuyó su crisis a una combinación de factores internos y externos. Entre ellos mencionó “el estancamiento del mercado doméstico, la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para trasladar los mayores costos a los precios, el ingreso de carne aviar importada, el cierre de mercados externos luego del episodio de influenza aviar de 2023, la sequía de la campaña 2022/23 y el aumento de los costos de energía, logística, materias primas y mano de obra”.
Uno de los puntos centrales estuvo vinculado con la operación de Cresta Roja. GTA sostuvo que en marzo de 2018 se constituyó en “garante de Wade SA por las obligaciones” derivadas de la adquisición de las unidades productivas de la firma avícola. En la presentación se hizo referencia a un precio contractual global de US$80 millones, del cual todavía existía un saldo pendiente de cancelación y se señaló, además, que fue necesario realizar desembolsos por más de US$25 millones para recuperar capacidad productiva y recomponer instalaciones, destacó el diario La Nación.
De la presentación también se desprende que GTA pidió que el concurso se tramitara junto con HAISA, Wade y Avex, bajo las normas que regulan los agrupamientos económicos. Según la documentación presentada, “HAISA posee el 99,941% del capital y de los votos de Granja Tres Arroyos”, mientras que “el resto corresponde a accionistas minoritarios”, varios de ellos integrantes de la familia fundadora.
La propia compañía sostuvo que las cuatro sociedades actúan desde hace años bajo una dirección económica común, con miembros de los directorios compartidos, actividades integradas y una cadena productiva que incluye genética, incubación, alimento balanceado, engorde, faena, industrialización, logística y comercialización.
Competencia
El Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, entendió que no era el tribunal que debía continuar con el expediente, decidió intervenir de manera provisoria ante la urgencia planteada por la empresa. El juez Germán Páez Castañeda consideró que esperar hasta que asumiera el magistrado competente podía afectar la continuidad de la actividad, especialmente por la necesidad de mantener el suministro de electricidad y gas y una operatoria bancaria mínima.
Por eso, el juzgado hizo lugar solo a una parte de las medidas solicitadas por GTA. En primer lugar, ordenó a los bancos no pagar los cheques de pago diferido que la empresa hubiera emitido antes del 9 de septiembre de 2026 y que vencieran después de esa fecha. También dispuso que esos rechazos no fueran computados para multas o inhabilitaciones vinculadas a la cuenta corriente. Además, no obligó a los bancos a mantener abiertas las cuentas de GTA ni a reabrir aquellas que ya hubieran sido cerradas. El juez sostuvo que no correspondía imponer judicialmente a una entidad bancaria la continuidad de una relación contractual. Tampoco hizo lugar al pedido para que el Banco Central modificara el tratamiento administrativo de esos rechazos.
Autorizó “la apertura de una cuenta corriente en el Banco Ciudad, sin giro en descubierto y de carácter inembargable, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales, contribuciones e impuestos”.
El juzgado también ordenó a “las empresas de electricidad y gas que no suspendieran ni redujeran los servicios por deudas anteriores al 9 de septiembre. Si algún suministro ya había sido cortado, debía ser restablecido”. Las facturas generadas después de esa fecha, en cambio, deberán ser pagadas normalmente por GTA, señaló el diario La Nación.
El juez no levantó los embargos e inhibiciones que ya pesaban sobre las cuentas bancarias de la empresa. Consideró que esa decisión deberá ser tomada más adelante por el juez que quede a cargo del concurso, una vez que intervengan también el síndico y los acreedores afectados.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 18 de septiembre con el calendario de pagos de jubilaciones, asignaciones y prestaciones. Las acreditaciones se definen, en la mayoría de los casos, por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Los montos vigentes incorporan un aumento del 2,11%, calculado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme al esquema de movilidad dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24.
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Quiénes cobran hoy, 18 de septiembre de 2026
El calendario de pagos de ANSES para este viernes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Este jueves cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cuyos documentos terminan en 8. El pago corresponde al haber mensual de septiembre, junto con el refuerzo previsto para quienes se encuentran dentro de este grupo.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 reciben sus pagos este 18 de septiembre.
Ambas prestaciones siguen el mismo esquema de fechas que las jubilaciones mínimas. La AUH se abona a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que cumplan los requisitos establecidos por el sistema de seguridad social.
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Asignación por Embarazo
También cobran hoy las personas titulares de la Asignación por Embarazo cuyos documentos terminan en 6. Este beneficio está destinado a personas embarazadas sin cobertura de obra social y requiere cumplir las condiciones fijadas por la ANSES.
Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas
Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.
Asignaciones de pago único
Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.
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Becas Progresar
No hay pagos de las becas Progresar este viernes 18 de septiembre, ya que el calendario correspondiente a agosto finalizó el jueves 17.
De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026
Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.
La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.
En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.
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De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026
La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. La ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.
La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.
Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.
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La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo se mantiene en $188.300 y el máximo en $376.600, a la espera de una actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Un conductor evadió un control, habría invadido el carril contrario y chocó de frente contra otro automóvil, en un siniestro que dejó tres personas fallecidas sobre la Ruta Nacional 12. Entre las víctimas se encontraban dos entrerrianos.
La tragedia ocurrió el jueves, alrededor de las 13.10, a la altura del kilómetro 1.225, antes del acceso a la zona conocida como Yerbalito, cerca de Villa Olivari, en la provincia de Corrientes.
El choque involucró a un Chevrolet Meriva, conducido por Rafael Domínguez, de 79 años y domiciliado en Berón de Astrada, y un Chevrolet Cruze en el que viajaban Diego Almada y Milagros Agustina Marioni, ambos oriundos de Entre Ríos.
Habría invadido el carril contrario
De acuerdo con las primeras versiones incorporadas a la investigación, Domínguez habría cruzado con el Meriva hacia el carril contrario y colisionó frontalmente contra el Cruze, según publicó Diario Época.
Dos entrerrianos murieron en choque frontal sobre Ruta 12 en Corrientes.-
La violencia del impacto destruyó las partes delanteras de ambos vehículos. Los tres ocupantes murieron prácticamente en el acto y sus cuerpos quedaron atrapados dentro de los habitáculos.
Personal policial, servicios sanitarios y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Olivari e Ituzaingó trabajaron en el lugar. Los cuerpos fueron retirados después de que concluyeran las pericias ordenadas por la Fiscalía.
Había evadido un control policial
Según fuentes vinculadas con el caso, Domínguez había protagonizado momentos antes un incidente en un puesto de control vial, donde no habría respetado la orden policial de detenerse.
Dos entrerrianos murieron en choque frontal sobre Ruta 12 en Corrientes.-
El automóvil no habría sido perseguido, pero se emitió una alerta hacia otros puestos camineros ubicados sobre la ruta. Los efectivos se preparaban para interceptarlo en la intersección de las rutas nacionales 12 y 118.
Sin embargo, el conductor chocó antes de llegar al segundo retén. La secuencia previa al impacto quedó bajo investigación para determinar con precisión qué ocurrió desde la evasión del control hasta la colisión.
Investigan si conducía alcoholizado
También se intentará establecer si el hombre manejaba bajo los efectos del alcohol. Fuentes allegadas a la investigación señalaron que habría tenido antecedentes vinculados con el consumo, aunque ese dato deberá ser confirmado mediante las pericias correspondientes.
Milagros Agustina Marioni, una de las víctimas.-
Hasta el momento, no se difundieron oficialmente los resultados de estudios toxicológicos o de alcoholemia. Por ese motivo, la eventual intoxicación permanece como una hipótesis y no como un hecho comprobado.
Las autoridades judiciales también analizarán los informes accidentológicos, las marcas sobre la calzada, la ubicación final de los vehículos y eventuales testimonios para reconstruir la mecánica del choque.
Dos víctimas eran de Entre Ríos
En el Chevrolet Cruze viajaban Diego Almada, domiciliado en Cerrito, y Milagros Agustina Marioni, de 26 años y residente en Hernandarias.
Diego Almada, una de las víctimas.-
Domínguez, conductor del Chevrolet Meriva, vivía en la localidad correntina de Berón de Astrada. Los dos conductores y la acompañante fallecieron como consecuencia del impacto.
La muerte de Marioni, estudiante de la Licenciatura en Enfermería, provocó además la declaración de duelo institucional en la Sede Paraná de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (UADER).
En medio del fuerte recorte al que apunta el gobierno de Javier Milei para los organismos del Estado, el proyecto de presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso prevé aumentos nominales en la mayoría de las partidas destinadas a las instituciones del agro. Entre ellos, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) tendría una suba del 31,2% respecto del crédito vigente de 2026; el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), del 28,8%; el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), del 25,6%, y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), del 17,9%. En tanto, el conjunto de los programas de la Secretaría de Agricultura pasaría de alrededor de $99.000 millones a $130.000 millones, una suba cercana al 31%. Los números de cada organismo cambian al considerarse el valor real.
Según un relevamiento elaborado a partir de los datos oficiales del proyecto de ley que ingresó al recinto, y cuya información fue analizada por el diputado nacional Martín Yeza (PRO), cuatro áreas vinculadas al agro sumarían en 2027alrededor de $466.200 millones, frente a unos $366.700 millones correspondientes al crédito vigente de 2026. Esto representa un incremento de aproximadamente 27,1% en términos nominales y de alrededor de 5,5% en términos reales, tomando como referencia la inflación promedio del 20,5% utilizada en el informe para comparar ambos ejercicios.
En el caso de la Secretaría de Agricultura, el presupuesto total pasa, en números redondeados, de unos $99.000 millones en 2026 a $130.000 millones en 2027. Dentro de esa estructura, el programa vinculado con cadenas y pesca aumenta de $84.200 millones a $106.000 millones, una variación nominal del 25,9% y real del 4,5%. A su vez, la partida para emergencia agropecuaria pasa de $7600 millones a $9600 millones, con un aumento nominal del 26,8% y real del 5,3%. El informe señala que la partida de control comercial de la Secretaríapasa de unos $2000 millones a $7000 millones.
Martin Yeza, diputado del PRO
Para el Senasa, el proyecto fija un gasto de $288.700 millones, contra $229.800 millonesvigentes en 2026. Es un incremento del 25,6% en pesos y del 4,2% en términos reales. El relevamiento calcula que “el 74% de su gasto se cubre con tasas y servicios que cobra el propio Senasa”.
“Lo paga, sobre todo el propio sector. De cada $100 que gasta, $74 salen de tasas y servicios que cobra a productores, frigoríficos y exportadores. El Tesoro pone el resto”, destaca.
Dentro del presupuesto, del Senasa aparecen además partidas específicas destinadas al control de plagas. Para 2027 “se prevén $22.189 millones para mosca de los frutos, $11.910 millones para HLB de los cítricos, $11.499 millones para Lobesia botrana, que afecta a la vid, y $11.075 millones para langosta y tucura”. En conjunto, estas cuatro líneas suman alrededor de $56.700 millones destinados a programas sanitarios específicos.
Por otro lado, se especifica que para 2027 se contemplan $146.000 millones en tasas de inspección y $64.000 millones por servicios, mientras que el Tesoro aporta alrededor de $84.000 millones. Entre las metas físicas previstas aparecen la emisión de 2,3 millones de documentos de tránsito animal y la realización de 140.000 análisis de laboratorio de sanidad animal.
En el caso del Inase tendría, entre las cuatro áreas analizadas, una de las mayores variaciones porcentuales. Su presupuesto pasa de $20.800 millones en 2026 a $27.200 millones para 2027, con un incremento nominal del 31,2% y del 8,9% en términos reales.
El Inase tendría, entre las cuatro áreas analizadas, una de las mayores variaciones porcentualesINASE
En este organismo aparece además uno de los datos particulares del proyecto: para 2027 se calculan alrededor de $48.000 millones de ingresos propios por tasas y servicios, frente a un gasto autorizado de aproximadamente $27.000 millones. La diferencia, de unos $21.000 millones, queda contabilizada como recursos que no se transforman en gasto durante el ejercicio.
Para el INV, en tanto, se contemplan $20.400 millones, contra $17.300 millonesvigentes este año. En valores corrientes significa una suba del 17,9%, pero, descontada la inflación considerada por el informe, representa una variación real negativa del 2,1%. El proyecto contempla unas 12.300 inspecciones para el organismo, cuyo financiamiento proviene principalmente del Tesoro.
En el caso del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), el proyecto de presupuesto 2027 prevé un crédito de $29.200 millones, frente a los $22.700 millones vigentes en 2026. La variación representa una suba del 28,8% en términos nominales y del 6,9% en términos reales, una vez descontada la inflación utilizada en el informe para la comparación. El Inidep, dedicado a la investigación pesquera, se financia con aportes del Tesoro y forma parte de los organismos relevados dentro de la estructura vinculada a Agricultura.
La cosecha 2025/26 alcanzaría 170 millones de toneladasAugusto Famulari.
Según el análisis, la cosecha 2025/26 alcanzaría 170 millones de toneladas, frente a un máximo anterior de 146 millones, por lo que la presenta como un récord histórico. Dentro de ese total, destaca 71,7 millones de toneladas de maíz, también récord, con un crecimiento de 38,7% en 2026, y 27,9 millones de toneladas de trigo, otro máximo histórico. Para la soja, en cambio, el informe no da allí un volumen total, sino que señala una caída de 3,1% en la producción durante 2026.
Además, el proyecto supone que, después de ese salto productivo, el agro crecería 5,5% en 2026 y apenas 0,9% en 2027. Es decir, el Presupuesto parte de una “cosecha récord” como base y proyecta para el año siguiente una expansión mucho más moderada.
