A un año del inicio de la investigación por el ingreso al país de quince bultos sin controles aduaneros en un avión vinculado al exagente de inteligencia Leonardo Scatturice, la causa está empantanada. La pesquisa aguarda una respuesta desde Estados Unidos y enfrenta, además, una “limitación probatoria estructural” para determinar si una llamada, desde o hacia el poder, abrió las puertas de Aeroparque, según reconstruyó el diario La Nación.
La pesquisa se inició el 17 de marzo de 2025 por presunto contrabando, pero arrastró desde el comienzo una debilidad de origen: el Bombardier Global 5000, matrícula N18RU, había aterrizado el 26 de febrero procedente de Miami y partió el 5 de marzo hacia París con sus pilotos y su pasajera principal, Laura Belén Arrieta, mano derecha de Scatturice. Los investigadores nunca pudieron revisar la aeronave ni los bultos, y la demora de diecinueve días entre el arribo y la denuncia fue decisiva para la pérdida de pruebas clave.
El factor tiempo determinó la suerte de varias evidencias: se perdieron los registros de los escáneres aduaneros, cuya conservación es por naturaleza temporal.
En un primer momento el Gobierno negó cualquier irregularidad. “Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas”, sostuvo el vocero Manuel Adorni, quien aseguró entonces que todo el equipaje había sido revisado. Sin embargo, cuando la Fiscalía presentó un dictamen que demostró que las valijas no habían sido controladas, la posición oficial recayó sobre el personal aduanero. “Ellos deciden quién pasa y quién no” por los controles, dijo el presidente Javier Milei. “Es algo absolutamente convencional”.
Cabe recordar que Arrieta y Scatturice participaron en la organización de la conferencia conservadora CPAC en Buenos Aires, en la que intervino Milei. Fue a través de la CPAC que Milei accedió, en Estados Unidos, al presidente Donald Trump. Scatturice figura actualmente como uno de los accionistas de Flybondi, una de las aerolíneas low-cost autorizadas en la Argentina, y asesora a Santiago Caputo en materia de seguridad e inteligencia.
Transcurrido un año, la causa, que está en manos del juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola y del fiscal Claudio Navas Rial —con la intervención del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez— quedó en una zona de grises, según destacaron fuentes judiciales citadas por La Nación.
– Un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Alfredo Flores Herbas, declaró haber observado un comportamiento inusual durante el control tras el aterrizaje. Relató que, al descender del avión, Arrieta le entregó su teléfono a una aduanera, quien respondió con un gesto afirmativo antes de que Arrieta ingresara a la zona de arribos internacionales. El Juzgado logró identificar a esa aduanera como Cintia Vanesa Cali, pero la baja calidad de las cámaras de la PSA y de Aeropuertos Argentina 2000 en Aeroparque impidió confirmar el relato de Flores Herbas.
– Se comprobó que vehículos de Royal Class —la empresa involucrada desde 2007 en el escándalo del caso Antonini Wilson— y otros no identificados operaron alrededor de la aeronave. Un informe de la Policía Federal detectó al menos siete vehículos distintos —en su mayoría combis y camionetas de Royal Class— que se movieron junto al Bombardier entre las 8:13 y las 9:39 de ese día, con maniobras en reversa detrás de la aeronave cuyo propósito no pudo determinarse.
– Entre las 8:17 y las 9:29, el operador de una de las cámaras modificó deliberadamente el encuadre, dejando de ver la aeronave en ese tramo crítico, hasta que la toma volvió a enfocarla con otro vehículo ya estacionado junto al avión. Hubo otros cambios de encuadre y movimientos de cámara que impidieron observar lo ocurrido.
– Se constató que la aduanera Cali se comunicó por teléfono con otro agente, Ronaldo Humberto Basiluk, durante el período en que la aeronave estuvo en pista; entre esas comunicaciones figura una llamada de 52 segundos a las 8:42. No obstante, no pudo vincularse de manera directa esa comunicación con una maniobra concreta de facilitación o encubrimiento de un eventual ilícito aduanero.
– El equipaje del avión no pasó por los escáneres. El dictamen fiscal concluyó que el desvío no obedeció a congestión operativa ni al procedimiento aleatorio del semáforo de selectividad: fue “una decisión expresa y directa del personal aduanero”, adoptada pese a la disponibilidad de medios tecnológicos para la inspección. En el mismo lapso —entre las 8:56 y las 9:20—, todos los demás pasajeros que ingresaron al sector fueron sometidos sin excepción al control por escáner. Los aduaneros pueden invocar el sistema de “selectividad” que los habilita, en ciertos parámetros operativos, a dejar pasar equipaje por el “canal verde”, según la Resolución General RG3991-E/2017.
– Se verificó además que la responsable interina de la División Aeroparque de la Aduana, Silvana Abalsamo, estuvo en el salón cuando Arrieta y los pilotos salieron con el equipaje: interactuó con ellos, les dio indicaciones y sería quien autorizó la salida por “canal verde”. Su rol específico durante esa mañana sigue bajo investigación judicial, indicaron fuentes del tribunal a La Nación.
– Se probó que parte del equipaje ingresó al país, aunque dos bultos declarados como “en tránsito” permanecieron a bordo de la aeronave, tal como permite el Código Aduanero y como lo habían declarado los pilotos; no se acreditó una violación a ese régimen dentro del hangar de Royal Class. El dictamen fiscal además señaló que sólo cinco bultos habían sido formalmente declarados.
A la espera de Estados Unidos
Los fiscales identificaron seis “inconsistencias significativas”: omisiones en los controles de equipaje al arribo; ausencia de registros que acrediten la trazabilidad del equipaje; deficiencias en el registro migratorio de tripulantes y pasajeros; falta de documentación sobre la inmovilización y resguardo del contenido de la aeronave; ausencia del registro del vuelo en las bases de datos estatales correspondientes; y dudas sobre el aeropuerto de procedencia declarado.
La última novedad en el expediente se registró el último sábado de marzo, cuando Telecom Personal remitió un informe al Juzgado. Allí se indicó que no es técnicamente posible determinar si Arrieta realizó o recibió una llamada por WhatsApp u otro servicio de mensajería digital durante los minutos decisivos, ni si navegó por Internet, envió o recibió correos electrónicos o si se conectó a redes sociales. Sí se constató, según el reporte, que las líneas involucradas registraron tráfico de datos durante ese lapso crítico, informó La Nación.
Tras recibir otros informes de la Policía Federal y de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que tampoco destrabaron la investigación, el Juzgado aguarda una respuesta de las autoridades aduaneras de Estados Unidos al pedido de colaboración. Se busca saber si allí revisaron el contenido de los bultos sospechosos antes del despegue del Bombardier rumbo a la Argentina. Hasta ahora la respuesta no llegó.
“Hasta hoy no se puede probar que estemos ante una maniobra de contrabando, pero tampoco podemos descartarlo de manera definitiva”, dijo una fuente de los tribunales. “La clave sigue dependiendo de lo que puedan informar, si responden, de Estados Unidos”.
