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En una entrevista para Infobae al Regreso, los gobernadores de Río Negro y Catamarca relativizaron el impacto político del escándalo Adorni sobre la relación bilateral con el gobierno nacional y describieron los desafíos de gestión, inversión y desarrollo en sus provincias.

Durante la charla, Alberto Weretilneck sostuvo: “No siento que nos esté afectando en lo que es la relación bilateral, teniendo en cuenta la particularidad que tiene este gobierno de su mirada de las provincias”.

Raúl Jalil coincidió: “No nos afecta tanto. Tenemos mucho vínculo con el ministro del Interior, Santilli, también con el ministro Luis Caputo, que es el que interactúa en minería, energía y obras”.

La gestión provincial ante el escándalo Adorni

Al abordar el caso Adorni, Weretilneck aclaró: “Nuestro vínculo esencialmente está a través del Ministerio del Interior, de Diego Santilli y de las áreas energéticas, que son las que más trabajamos. No hemos pasado nuestro vínculo por la Jefatura de Gabinete”.

Según el mandatario rionegrino, “es un gobierno que a las provincias prácticamente no las ha tenido en cuenta en cuanto a su desempeño de las distintas áreas”. Para él, la gestión provincial depende de “las prioridades que te plantea el Gobierno nacional”.

Jalil, por su parte, remarcó la centralidad de los ministerios técnicos: “Tenemos mucho vínculo con Santilli y con Caputo, que es quien maneja minería, energía y obras. Por ahora no ha afectado el escándalo”.

Consultados sobre la evolución del vínculo con la Casa Rosada, Weretilneck fue tajante: “Si hablamos de las finanzas públicas, ha sido muy complejo para nosotros. Empezamos con la eliminación del FONID, seguimos con los fondos directos. Hoy, la infraestructura vial es crítica: recién hace quince días el Gobierno tomó la definición de transferir las rutas a las provincias y ahora estamos empezando la negociación”.

En ese sentido, subrayó: “Es un gobierno que no tiene la concepción federal que podrían haber tenido gobiernos anteriores. Entonces uno tiene que enfocar la acción de la provincia a partir de las prioridades que te plantea el Gobierno”. Jalil compartió el diagnóstico: “El régimen de grandes inversiones (RIGI) ha acelerado la velocidad de las inversiones y mejora el empleo, que es para lo que uno está trabajando”.

Inversión, empleo y el desafío de la infraestructura

Weretilneck destacó que “Río Negro va a ser la puerta de salida de lo que es Vaca Muerta. La primera provincia en adherir al RIGI. Es uno de los grandes aciertos del Gobierno, que nos permite tener distintos emprendimientos y actividades”. Jalil aportó la visión norteña: “En Catamarca acompañamos el régimen de grandes inversiones. Eso mejora el empleo y acelera el desarrollo”.

La conversación giró hacia la infraestructura. “El 95% de lo que ingresa y egresa de Vaca Muerta pasa por Río Negro. Ruta 22 lleva 20 años sin que ningún gobierno nacional haya terminado la obra”, planteó Weretilneck.

Jalil agregó: “Catamarca tiene mil doscientos kilómetros de ruta nacional y Tucumán 600. Hay que ver el estado de las rutas y en qué momento arranca el gobierno de Milei. Se está dialogando, pero no a la velocidad que nos gustaría”.

Respecto a la recaudación y la coparticipación, Jalil detalló: “La caída de la recaudación se ha desacelerado: antes caía el 9%, ahora el 4%. En Catamarca, la recaudación por regalías mineras se ha duplicado y también el precio del litio, mejorando un 30%”.

Weretilneck precisó: “Para nosotros, el 60 % de los ingresos de la provincia son de coparticipación federal. La economía provincial está muy diversificada y en pleno crecimiento, pero la incidencia de la coparticipación es fuerte, con costos que se incrementan de manera permanente”.

Ambos coincidieron en la dificultad de sostener la obra pública y los servicios esenciales. Weretilneck confesó: “Hacemos malabares. Hay muchos temas que la provincia no puede dejar de hacer y no se trata de recortar o eliminar por eliminar. No podemos cerrar escuelas ni hospitales, al contrario, la demanda va creciendo”.

Seguridad, migración interna y futuro político

Entre los problemas prioritarios, Weretilneck identificó: “Sigue siendo la seguridad y la droga. El desafío de la lucha contra el narcotráfico es central. Vamos a crear una agencia especial porque consideramos que tenemos que actuar entre las dos jurisdicciones. No está dentro de las fuerzas federales la prioridad del narcotráfico en la Patagonia”.

Jalil, desde Catamarca, sumó: “Hicimos un estudio sobre la caída de la tasa de natalidad, que es muy importante. Hay que enfocarse en los pocos chicos que tenemos y cuidarlos de manera muy delicada. El problema de las adicciones es central”.

Sobre salud, Weretilneck fue contundente: “Nos cuesta competir en algunos aspectos salariales, sobre todo con los médicos de especialidades. Hoy atendemos prácticamente a todos porque el hospital público dejó de ser solo para quienes no tenían obra social. El financiamiento es absolutamente provincial”.

De cara al mediano plazo, ambos mandatarios analizaron el rumbo político nacional. Weretilneck consideró: “El respaldo del pueblo argentino a Milei generó el fin del sistema tradicional político. Hay cosas que Milei está estableciendo que van a significar un punto de partida, como la política exterior y la estabilidad macroeconómica. Creo que la gente no va a permitir retroceder”.

Jalil coincidió: “Milei tuvo la inteligencia de ver que hay decisiones que la sociedad no va a permitir que se reviertan. El peronismo debe entender que no se puede decirle no a todas las iniciativas y tiene que recuperar una agenda federal”.

Sobre las PASO, ambos gobernadores manifestaron estar en contra. Weretilneck afirmó: “Nunca tuvimos PASO. Me parece que es un tema interno de cada partido”. Jalil completó: “Las decisiones políticas las tienen que resolver los partidos políticos”.

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El pasado 23 de abril de 2026, un jurado en Nueva York resolvió un histórico caso de falsificación y derechos de autor que se extendió por casi una década: las obras de Robert Indiana. La Justicia obligó al editor de arte Michael McKenzie a pagar USD 102,2 millones por daños a la Morgan Art Foundation.

El veredicto incluye piezas icónicas como la serie LOVE, símbolo reconocido internacionalmente, y representa una decisión clave para la protección del legado del artista, según ARTnews.

La disputa por las obras de Robert Indiana se decidió luego de ocho años de litigio. El tribunal determinó que Michael McKenzie infringió los derechos de autor de la Morgan Art Foundation al producir y vender obras no autorizadas, incluyendo esculturas y grabados de LOVE, BRAT, The Ninth American Dream y USA FUN.

El juicio comenzó poco antes de la muerte de Indiana en 2018 y abordó el impacto que las obras falsas tuvieron tanto en el mercado como en la reputación del artista.

El jurado validó los cálculos de la Morgan Art Foundation, atribuyendo las pérdidas a McKenzie y apoyando su derecho sobre las piezas en cuestión. La abogada de McKenzie, Nicole Brenecki, anunció que apelarán la sentencia y sostuvo en la corte: “Lo que ellos buscaban proteger era su dinero”.

Durante el proceso, el jurado escuchó testimonios y examinó pruebas sobre la magnitud de la producción y venta de obras no autorizadas. Morgan Art Foundation argumentó que Michael McKenzie y su empresa, American Image Art, llegaron a mover alrededor de 2.500 piezas de Indiana antes de una inspección judicial, lo que llevó a sanciones por parte del tribunal.

El abogado de la fundación, Luke Nikas, aseguró al medio citado que la decisión del jurado “restaura la confianza en el mercado de Robert Indiana” y subraya la protección de la integridad de su legado.

Por su parte, la defensa de McKenzie sostuvo ante medios estadounidenses que las obras se trasladaron para resguardarlas en mejores condiciones y negó cualquier falsificación, afirmando que los métodos de producción contaban con la autorización previa del artista.

Repercusiones para el legado de Robert Indiana

El prolongado proceso judicial ha generado consecuencias significativas en la gestión del legado del creador. Tras el litigio, la Star of Hope Foundation —fundada por Indiana en Maine— y la Morgan Art Foundation acordaron transformar la residencia del artista en un espacio de arte abierto al público.

En 2024, Pace Gallery asumió la representación global de la Robert Indiana Legacy Initiative, creada en 2022 por el galerista Simon Salama-Caro, que funge como la principal responsable de preservar los archivos y la obra del artista. ARTnews informó que la iniciativa se posiciona como referente en la conservación y promoción del legado de Indiana.

La resolución judicial también impactó en los intereses económicos vinculados a la obra de Indiana. La Star of Hope Foundation, principal depositaria del patrimonio artístico tras la muerte del creador, percibe regalías por las ventas legítimas gestionadas por la fundación Morgan, consolidando un modelo de colaboración y apertura pública en torno a su legado.

El caso evidenció disputas internas en los últimos años de vida del artista. Al comienzo del litigio, la Morgan Art Foundation demandó también al albacea James W. Brannan y al cuidador Jamie Thomas, argumentando que aislaron a Indiana para beneficiar la comercialización de piezas no autorizadas.

En 2021, ambas partes firmaron un acuerdo, y en 2022, se abonó más de USD 2 millones al estado de Maine tras objeciones acerca de los honorarios legales del patrimonio.

El medio destacó que, tras finalizar el juicio, la administración y visibilidad de la obra de Indiana se encuentran en un escenario más vigilado, enfocado en resguardar la integridad artística y el control del mercado.

En los últimos años, la fragilidad y el aislamiento de Robert Indiana fueron elementos señalados en la corte, revelando la complejidad que puede implicar la defensa del legado de figuras icónicas.

En una entrevista durante el debate en Infobae al Regreso, la economista Anastasia Daicich advirtió que la crisis de los “deudores zombies” en Argentina refleja la combinación de caída del salario real, restricciones crediticias y tasas de interés que no acompañaron la inflación.

En el intercambio con el equipo, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Daicich explicó: “Lo que está teniendo la familia es un problema de solvencia y ese, ese problema de solvencia sí, claramente es estructural y por eso, aun refinanciando los bancos o tomando una nueva deuda para pagar, estás en una encerrona en el cual no podés salir”.

La explosión de la morosidad y el ciclo de exclusión financiera

Según el informe presentado en el programa, la situación de mora es la más grave de los últimos 25 años en Argentina. Matías Barbería detalló que “deudores zombis es un apodo que tiene que ver con los que dejan de pagar algún préstamo, estando en la base de la pirámide y en base a eso se quedan afuera por varios años de la posibilidad de tener crédito”.

El especialista subrayó que, de acuerdo a los sistemas de scoring y buró de crédito, quienes caen en mora pueden quedar excluidos del sistema financiero entre tres y cinco años.

Daicich aportó que “una vez que uno sale del sistema en este tipo de… con el scoring que te hace tanto una fintech como un banco, uno tarda mucho tiempo en volver al sistema”.

Remarcó que, para las familias que hoy quedan fuera del circuito, “no es una elección: lo que está teniendo la familia es un problema de solvencia” y advirtió que la mayor parte de la deuda en mora corresponde a montos pequeños pero extendidos en miles de personas.

Gonzalo Aziz precisó que “el 11% de la mora está en el sistema bancario y en el sistema no bancario está en el 30. Es dato objetivo”. Mica Mendelevich puntualizó que “estamos hablando de deudas bajas”, a lo que Daicich respondió: “La mayor parte, este, de trabajo lo hizo el Centro de Estudios Económicos de el Banco Provincia, con tres meses de atraso. Estaba calculando, hasta el 70% estaban en créditos de abajo del millón y medio. Es muy micro, es muy micro. Son mucha gente”.

Factores que empujan la crisis: caída del ingreso y política monetaria

Daicich atribuyó el aumento de la morosidad a la combinación de pérdida del poder adquisitivo y cambios en la política monetaria: “Desde 2024 hubo una caída del salario real importante, que aún el día de hoy, sobre todo en algunos trabajadores formales, en el caso de los trabajadores del sector público, se nota que no han recuperado todavía los niveles de noviembre del 2023”.

“El problema es que se conjugó esa cultura que veníamos teniendo, pero con tasas que no fueron a la baja del mismo modo que la inflación fue bajando, pero sí tuviste una caída importante del salario real”, detalló.

El resultado es una “bola de nieve” de deuda donde muchas familias piden créditos para pagar otros créditos y quedan atrapadas en un ciclo sin salida. Barbería añadió que “todas las condiciones se combinaron. No hay un responsable que: ‘Che, tomaste mal el crédito, diste demasiado crédito’. Fueron todas las condiciones que se combinaron. Y como dice ella, sin una mejora en el ingreso, y yo agrego, además una baja de tasa de refinanciación, porque a esta tasa no vas a refinanciar a nadie”.

Educación financiera, regulación y la urgencia de políticas públicas

El equipo del programa puso el foco en la facilidad de acceso al crédito a través de fintech y billeteras virtuales, que presentan mayores tasas de mora y menor regulación. Daicich señaló: “En este momento, si miramos nuestras cuentas… yo puedo pedir muy poco de lo que tengo, porque no funciona lo que yo conozco”, y advirtió sobre la importancia de conocer el costo financiero total y la tasa real de los créditos.

Aziz insistió en la dimensión estructural del fenómeno: “No se salvó nadie. Está bien bancos… Esto es estructural”. Daicich coincidió: “Si la actividad económica no repunta, la gente no tiene trabajo y no tiene salarios acorde o tiene tres trabajos, pero aun con tres trabajos no llega a fin de mes, va a ser muy difícil, porque ninguna, en el fondo lo financiero te termina asfixiando”.

Sobre el final del debate, se analizaron propuestas como la implementación de una política pública similar al programa “Desenrolar” en Brasil, que permite refinanciar deudas a tasas bajas, y la necesidad de que el Estado incentive el desendeudamiento y la regulación del sector.

Daicich concluyó: “Me parece que lo interesante acá es que un poco los bancos, puertas adentro lo están haciendo, empezaron una baja de tasa más abrupta para estos clientes que se dan cuenta que no pueden pagar. Pero de base es que los salarios tienen que recuperar su poder adquisitivo para poder salir de este loop en el cual no tenés un problema financiero, tenés un problema económico”.

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Una legisladora de Río Negro presentó un proyecto para eliminar los cotos de caza en la provincia patagónica y propone que los animales sean tratados como “seres sintientes”.

La propuesta fue presentada en la Legislatura de Río Negro y entidades vinculadas a la actividad deportiva salieron al cruce de lo que propone. Le sugirieron a la autora que, en la misma línea, los vegetales sean incluídos en la misma lista de seres vivos “sintientes”.

El proyecto fue elaborado por la ex senadora nacional Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante la gestión del presidente Alberto Fernández, quien ocupa una banca en el parlamento rionegrino por Vamos con Todos.

La primera reacción al proyecto fue directa: “La caza cumple un rol indispensable en el control de especies exóticas, cuya reproducción afecta de forma directa a otras autóctonas, algunas de las cuales están en peligro de extinción”.

La parlamentaria asegura en el escrito que “la tortura no es arte ni cultura”. Propone la eliminación de los establecimientos habilitados para la caza deportiva y describió a la actividad como “una matanza silvestre para obtener trofeos por cifras exorbitantes”.

“El proyecto evidencia un enfoque totalmente sesgado, equivocado y tendencioso, dando por sentado que los cazadores disfrutamos con el sufrimiento del animal de caza”, se defendieron los seguidores de la actividad.

El presidente de la Subcomisión de Caza de la Asociación de Pesca y Caza Nahuel Huapi, Clodomiro Ferreira, aseguró que la iniciativa surge desde “el desconocimiento”.

En diálogo con Infobae, aseguró que la presentación de este tipo de iniciativas “puede resultar hasta peligroso” y mencionó el caso de la “caza de control”, una medida de manejo poblacional que tiene como objetivo reducir el impacto de especies silvestres, exóticas o invasoras que causan desequilibrios ecológicos y daños económicos.

En los cotos de caza está permitida la captura de especies introducidas, aunque para Ferreira el proyecto de Odarda está cargado de “sentimentalismo” y carece de “argumentos técnicos estrictamente necesarios”.

Auguró que la iniciativa “no tienen ninguna posibilidad de ser viable ni aprobada” y mencionó que el proyecto “confronta reglamentaciones al control de especies exóticas, y para ello existen los cotos de caza”.

En la fundamentación del proyecto, Odarda aseguró que “la fauna silvestre constituye un bien natural y pertenece a toda la sociedad” y mencionó que “es una medida razonable y necesaria para garantizar la protección integral de la biodiversidad y fomentar la cultura de la paz”.

“Matar por diversión y premiar con la cabeza de un animal no humano fomenta un patrón de violencia incompatible con la sociedad actual”, profundizó.

Los detractores mencionaron que “la caza per se no es para nada una actividad inmoral ni nada que se le parezca” y afirmaron que “la principal amenaza en la actualidad para la vida silvestre nativa, son estas reglamentaciones prohibitivas por desconocimiento o por fundamentos ideológicos o pseudo morales, y la modificación y/o destrucción de los hábitats naturales”.

Concluyeron afirmando que el proyecto “tan a contramano va contra la realidad que se choca con las últimas disposiciones que tratan de fomentar la caza, todo el año y con límites grandes, de estas especies exóticas”.