El Gobierno nacional promulgó este viernes dos leyes que aprobaron dos tratados de cooperación jurídica internacional. Uno de ellos estaba destinado a actualizar la extradición entre Argentina y Chile, mientras que el otro fue orientado a digitalizar el envío de pedidos entre autoridades centrales de distintos países.
De acuerdo con el Boletín Oficial, las normas, registradas como las leyes 27.824 y 27.825, habían sido sancionadas por el Congreso de la Nación el 27 de agosto. No obstante, el presidente Javier Milei las promulgó mediante los decretos N° 1032/2026 y 1033/2026.
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En el caso de la Ley N° 27.824, esta contiene el Tratado de Extradición con Chile suscripto por ambos países el 5 de diciembre de 2023 en Santiago. El acuerdo está compuesto por 23 artículos y reemplaza el marco bilateral para tramitar solicitudes de entrega de personas requeridas por la Justicia de uno de los dos Estados.
De esta manera, el convenio regula los mecanismos de cooperación judicial entre la República Argentina y la República de Chile en causas penales. De esta manera, las autoridades destacaron que se trató de una iniciativa para reafirmar el “compromiso de luchas de forma coordinada contra la delincuencia internacional organizada”.
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Según lo acordado, ambas naciones deberán permitir la extradición de personas que deban ser sometidas a proceso o juzgadas por delitos que representen una pena de un año o superior. También se incluirá a las personas que debieran cumplir una prisión preventiva pendiente de cumplimiento de un mínimo de seis meses.
En este sentido, aclararon que “un delito será extraditable independientemente de si las leyes de ambas partes lo tipifican dentro de la misma categoría o lo denominan con la misma terminología”. Asimismo, entrarán dentro del régimen los delitos vinculados a “tasas e impuestos, aduanas, aranceles y de cambio, o de cualquier otra disposición de carácter impositivo”.
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Por otro lado, no se permitirá la extradición de personas que fueran enjuiciadas por su “raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas, sexo, idioma, edad, capacidad mental, género u orientación sexual” y cuya sentencia hubiera sido dictada en ausencia o previera una pena de muerte.
Tampoco se incluirán los delitos que fueran considerados por la legislación militar, personas que hubieran sido indultadas o que la pena fuera considerada prescrita. Asimismo, no se tendrán en cuenta delitos políticos como, por ejemplo, atentados contra la vida o la integridad física de un jefe de Estado, personal diplomático o personas internacionalmente protegidas.
En la lista de delitos políticos no extraditables figuraron causas por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. Además, se protegerá a aquellas personas que pudieran ser sometidas a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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En tanto, la Ley N° 27.825 incorpora el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales. El convenio fue celebrado en Medellín, Colombia, el 24 y 25 de julio de 2019.
La iniciativa busca establecer canales electrónicos para que las autoridades centrales de los Estados parte remitan y reciban solicitudes de cooperación jurídica internacional. Entre otros trámites, este tipo de mecanismos puede abarcar requerimientos de asistencia judicial que necesitan coordinación entre jurisdicciones de diferentes países.
De esta manera, se habilitó el acceso y utilización de la plataforma “Iber@”, que será implementada para transmitir las solicitudes realizadas en el marco de la cooperación jurídica internacional. Asimismo, indicaron que “la transmisión de solicitudes y su documentación por Iber@ no requerirá envíos físicos adicionales”.
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A raíz de esto, se deberá designar al personal técnico idóneo para administrar la plataforma. Al mismo tiempo que se deberá acreditar a los usuarios que tendrán acceso, tendrán que establecerse los parámetros, especificaciones y requisitos técnicos a cumplir.
En línea con esto, aclararon que la financiación de Iber@ “para el desarrollo, la gestión, la administración y el mantenimiento” corresponderá a cada uno de los Estados que forman parte del tratado de cooperación. Los demás países suscriptos son Brasil, Chile, España, Paraguay, Portugal, Uruguay, Colombia.
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Condenaron a la ex vicegobernadora de Neuquén a pagar una millonaria indemnización por daños e injurias
Tras darse a conocer el fallo, Gloria Ruiz también deberá eliminar las publicaciones que había realizado sobre la denuncia contra el presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF) en redes sociales
“Que haya PAS” para “que reine la paz”: la maniobra del Gobierno para las elecciones y el juego de desconfianza con las provincias
La Casa Rosada empuja para que los aliados acepten extirpar las PASO del calendario y recién más adelante se sienten a discutir cómo se van a repartir distritos, candidaturas y lugares en las boletas. Sin embargo, la reforma electoral se mezcló con la pelea por las alianzas a nivel nacional y terminó convertida en una moneda de cambio
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Rivales íntimos desde hace casi una década, los ex gobernadores abren el camino para un acercamiento. La tensión reinante en el vínculo y el legislador que asoma como una opción de renovación
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Tras su último paso por la región nordeste y las avanzadas que hicieron sus armadores por fuera de PBA, quienes están en la organización del encuentro de este sábado en Avellaneda buscan mostrar estructura federal. Hay 7.300 inscriptos para participar en los diferentes plenarios
Conflictos en el Gobierno: Karina Milei oficia de árbitro en el cruce entre Bullrich y Caputo
“Falló la comunicación”, le espetaron a Economía, con mucha cautela, desde Balcarce 50. Luego de que Martín Menem y la senadora quedaran mal parados frente a los aliados, creen que podrán reencauzarse las negociaciones en el Congreso. Pero con desventaja y en la previa del debate por la reforma política
La Justicia Civil de primera instancia de Neuquén hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Marcelo Severini, el presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), y condenó a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a pagar $5 millones por daño moral. El fallo concluyó que la denuncia penal que Ruiz había presentado contra Severini carecía de elementos suficientes para sostener la acusación.
En línea con esto, la sentencia dispuso medidas destinadas a reparar los perjuicios que el tribunal consideró derivados de la difusión pública de aquella presentación. Entre ellas, ordenó la eliminación de menciones vinculadas a la denuncia contra Severini en las plataformas digitales de la ex funcionaria.
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De esta manera, el juzgado fijó un plazo de diez días para el cumplimiento de esa medida. En caso de que no se concrete, Ruiz quedará bajo apercibimiento de sanciones económicas progresivas. Las costas del proceso, en tanto, fueron impuestas a la demandada.
La decisión representa un nuevo capítulo judicial relacionado con la ex vicegobernadora, luego de la crisis institucional que atravesó la Legislatura provincial hacia el final de 2024. El expediente civil se apoyó, entre otros antecedentes, en el archivo de la causa penal que había sido iniciada en la Justicia Federal y luego remitida al fuero provincial.
De acuerdo con la información del medio local Diario Río Negro, el origen del conflicto se remonta a los primeros días de diciembre de 2024. En ese período, Ruiz fue suspendida preventivamente en la Legislatura de Neuquén, en el marco de un proceso institucional que más adelante derivó en su separación de la presidencia del cuerpo.
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Tras esa decisión, la entonces vicegobernadora anunció acciones judiciales y presentó una denuncia ante los tribunales federales de Buenos Aires. El escrito apuntó contra ministros provinciales, legisladores y referentes institucionales. Entre las personas mencionadas figuraba Severini, titular de la cooperativa eléctrica neuquina.
La demanda fue impulsada por los abogados de Ruiz, encabezados por Carlos Broitman. En ella se incluyeron acusaciones por los presuntos delitos de asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos.
Según el planteo de la defensa, los denunciados habrían intervenido en una maniobra dirigida a apartar a Ruiz de la conducción de la Legislatura. La ex funcionaria vinculó esa secuencia con lo que definió como un intento de alterar el funcionamiento institucional de la provincia.
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Sin embargo, de acuerdo con los argumentos que luego fueron considerados en el proceso civil, la denuncia no describió hechos concretos que permitieran establecer cuál habría sido la intervención material de Severini en los delitos señalados. Tampoco se habrían aportado elementos mínimos de convicción para sostener la imputación en su contra.
La denuncia se había comenzado a tramitar en el fuero federal porteño, hasta que el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente por razón del territorio y resolvió remitir el expediente a los tribunales federales de Neuquén, donde correspondía analizar los hechos.
En esa jurisdicción, intervino la fiscal Mariana Querejeta, quien también declinó la competencia. La fiscal entendió que el caso no contenía materia federal, por lo que el legajo debía continuar su recorrido dentro de la Justicia provincial.
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El expediente llegó finalmente a la Fiscalía provincial, a cargo de Diego Azcárate. Allí, se dispuso el archivo de las actuaciones por falta de tipicidad, es decir, porque los hechos expuestos no encuadraban en una figura penal que justificara la continuidad de la investigación.
Ese archivo tuvo relevancia en la demanda posterior que Severini promovió por daños y perjuicios. En este sentido, el presidente de CALF sostuvo que la denuncia y su difusión pública habían afectado su honor y reclamó una reparación económica, junto con medidas para limitar la permanencia de las publicaciones en entornos digitales.
En este sentido, la acción civil también incluyó el pedido de suprimir contenidos que el funcionario público consideró injuriosos y de divulgar los aspectos principales de la sentencia en medios gráficos regionales. El tribunal admitió parcialmente el reclamo.
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Al resolver el caso, el magistrado valoró que la denuncia original fue archivada sin que avanzara una investigación penal. La sentencia señaló la ausencia de pruebas y la falta de precisión sobre las conductas que se atribuían al demandante.
El juez sostuvo que el derecho a denunciar no habilita la formulación de acusaciones sin una descripción concreta de los hechos ni elementos que permitan respaldarlas. Bajo esa interpretación, consideró que el caso excedió el ejercicio regular de ese derecho y encuadró la conducta dentro de los parámetros de la acusación calumniosa.
De esta manera, la resolución ordenó que Ruiz pague a Severini una indemnización de $5 millones por daño moral. A esa suma deberán agregarse intereses, calculados mediante tasa pura y tasa activa del Banco Provincia del Neuquén.
“Nosotros preferimos que primero nos voten la Reforma Electoral y después concentrarnos en las alianzas electorales. Ellos quieren hacer exactamente al revés. ¡Es todo un quilombo!”.
El integrante clave de la Mesa Política libertaria que resume sin metáforas el estado de las negociaciones con los gobernadores no necesita explicar demasiado más. Es que, a poco más de un año de las presidenciales del 24 de octubre de 2027, la discusión sobre el futuro de las primarias se transformó en un ida y vuelta incómodo, desgastante e interminable.
La Casa Rosada empuja para que los aliados acepten extirpar las PASO del calendario y recién más adelante se sienten a discutir cómo se van a repartir distritos, candidaturas y lugares en las boletas. Los caciques del interior, por el contrario, pretenden garantías antes de los votos en el Congreso, más teniendo en cuenta que este tipo de asuntos exige mayorías absolutas -37 senadores y 129 diputados- y eso los convierte en indispensables.
“¿Quién nos asegura que, si los protegemos de una competencia con nosotros los violetas y facilitamos sus reelecciones, después no vayan a usar ese poder para construir una alternativa presidencial?”, se preguntan unos. “¿Y quién nos jura que, si los ayudamos ahora, Karina y los Menem no nos vayan a llenar de opciones libertarias cuando llegue el momento de cerrar las listas?”, retrucan los otros. La dinámica de la rosca implica una muestra de confianza entre Javier Milei y los mandatarios provinciales. El problema, desde ya, es que nadie se fía de nadie.
El sistema político sabe que la eliminación completa y definitiva de las internas es, a esta altura del partido, virtualmente imposible. Por eso desde hace tiempo crece una salida que no está muerta ni mucho menos: la suspensión de esa herramienta, tal como sucedió en las últimas legislativas. Diego Santilli, “un optimista del gol” según su equipo, sigue convencido de que en los próximos dos meses puede conseguir los sufragios que lo vienen esquivando y evitar que la población tenga que ir al cuarto oscuro el 8 de agosto del año que viene. Sin embargo, hasta los más esperanzados admiten que el panorama ya no es el mismo que hace apenas unas semanas: sin ir más lejos, a finales de julio fuentes de la administración libertaria le habían dicho a Infobae que la cuenta estaba “70% cocinada”; hoy, la estimación baja a la mitad. “Estamos 50 y 50. Veníamos bien y nos trabamos”, reconocen ahora.
¿Qué sucedió en el medio? No cambiaron necesariamente “las ganas”. Cambiaron “los incentivos”. La reforma, presentada de manera formal en un ya lejano 22 de abril, se mezcló con la pelea por las alianzas a nivel nacional y terminó convertida en una moneda de cambio.
Pero atención: en ese juego de sospechas mutuas empezó a crecer con fuerza una tercera vía: que no haya PASO sino una PAS. O sea, “la posibilidad de mantener las primarias, abiertas y simultáneas, sólo que quitándoles la obligatoriedad”, admiten en el corazón del gabinete. “Si fuera así, no iría nadie a votar. No tendrían volumen. Las desinflás”, analizan. Y agregan un factor clave: la idea, que excede largamente la letra “O” que desaparecería de la sigla, podría traer “algo de calma” a una negociación cada vez más cargada de desconfianza; en las provincias no quedarían completamente sometidos a la lapicera del poder central y el Gobierno se quitaría de encima el peso de una contienda engorrosa y cara que además podría servir como una herramienta de cohesión para la oposición. No era la pretensión original. Tampoco es lo ideal. Es simplemente lo que hay. “La PAS permitiría que, al menos por un rato, reine la paz”, dice un ministro, coqueteando con las palabras.
Los sondeos de opinión pública que recibe la Casa Rosada entregan, curiosamente, argumentos para todos. Un estudio de Opinaia encontró que el 68% evalúa positivamente la muerte de las PASO, un número que a simple vista parece escrito para reforzar el discurso libertario sobre el costo de movilizar obligatoriamente a millones de personas para ordenar candidaturas partidarias. La Sastrería y TresPuntoZero, por su parte, formularon la pregunta de otra manera y obtuvieron una fotografía con matices: 36,3% quiere eliminarlas definitivamente; 33,6% conservarlas con voto obligatorio; 18,3% mantener el instrumento pero convertirlo en optativo; y apenas 3,6% suspender esa instancia sólo para la próxima elección. Ese mismo relevamiento ofrece un dato todavía más disonante para el relato oficial: cuando se consulta qué persigue realmente la Balcarce 50 con la reforma, apenas 38,6% responde que intenta reducir el gasto electoral contra un 48,2% que considera que busca mejorar su posición electoral y dividir a la oposición para la posible reelección de Milei.
Nadie en LLA niega que esa segunda consecuencia sería especialmente bienvenida y que, más allá de las justificaciones oficiales, es el gran objetivo de fondo de la reforma. “Si alguna de las tribus de Unión por la Patria gana una PASO con contundencia, al día siguiente esos resultados te pueden generar una convulsión política y económica: dólar, riesgo país, expectativas, todo. Si la borrás de las opciones, pateás el riesgo hasta octubre”, razona uno de los operadores que trabaja para sacar agosto de los almanaques. El antecedente de 2025 está demasiado fresco como para no aparecer en cada conversación: la derrota libertaria en las elecciones bonaerenses desdobladas generó varias semanas de incertidumbre antes de que lograra recomponer su desempeño en los comicios nacionales.
Con estas disquisiciones en mente, Javier y Karina Milei empezaron a bajar una recomendación poco habitual para un espacio que hizo de la pelea una forma de identidad: cuidar a los socios potenciales evitando enfrentamientos gratuitos con quienes, si todo sale bien, tendrán que levantar la mano en el palacio legislativo.
Eso sí: la tregua tiene condiciones. “Gobernador que no apoye, gobernador que no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos”, amenazan. Hasta ahora, las posibilidades más concretas de compartir listas aparecen en el AMBA, Mendoza, Entre Ríos y Chaco, aunque Santilli, a pedido de “El Jefe” multiplicó al infinito reuniones y contactos. Un ejemplo: en apenas 36 horas mantuvo encuentros con Rolando Figueroa, Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Carlos Sadir y Gustavo Melella. Cada provincia llega con una carpeta llena de “mangazos” y “El Colo” hace lo que puede con los pocos “caramelos” que tiene en el bolsillo, como cuentan a su lado: hay que inventar malabares para cumplir, en medio de la era del superávit fiscal, con los pedidos de obras, rutas, subsidios, autorizaciones para tomar deuda y Aportes del Tesoro Nacional.
Ahí aparece otra contradicción que complica la tarea de los negociadores. Mientras el ala política reparte gestos, Economía continúa mostrando la motosierra. Los guarismos permiten dimensionar la tensión: un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal calculó que entre enero y agosto las transferencias corrientes de Nación a provincias y municipios quedaron 86,6% abajo, en términos reales, respecto de 2023; si el ritmo de reducción del gasto se mantuviera durante el último cuatrimestre, el gasto primario de la Administración Pública Nacional terminaría 2026 en torno al 12,4% del PBI, 5,4 puntos menos que antes de la llegada de Milei.
El Presupuesto 2027, con sus planillas anexas llenas de centros a la cabeza de los mandatarios del interior, había sido imaginado como una herramienta para empezar a ordenar esa relación. Sorpresivamente, terminó abriendo un frente inesperado dentro del propio oficialismo. La controversia central giró, una vez más, en torno a la discapacidad: legisladores propios, aliados y opositores descubrieron que el texto introducía modificaciones sensibles y recortes de magnitud que no habían sido consensuados con nadie. La Rosada, que blanqueó una descoordinación total, fue un hervidero. Patricia Bullrich, que además de conducir el bloque libertario en el Senado integra la Mesa Política creada justamente para anticipar problemas parlamentarios, convirtió el fastidio en una declaración que sonó a hartazgo: “Si estamos el día anterior discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta”. Después, visiblemente ofuscada ante las cámaras de TV, pidió pensar las decisiones “tres veces” para no chocar contra la misma pared de siempre y calificó lo sucedido como un “error no forzado” capaz de hacer perder el partido. La ex ministra de Seguridad es la misma persona que hace horas abrió la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta sólo para comprobar que el poroteo para avanzar con los cambios electorales todavía da negativo. “Aceleró el debate sin tener todavía garantizada la mayoría y no está muy enamorada del proyecto”, la cuestionan los que no la quieren.
Un paréntesis obligado sobre uno de los artículos menos comentados de laReforma Electoralque esconde un cambio de enorme peso simbólico: la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales. El proyecto oficial propone borrar del Código Electoral el capítulo que desde 2016 obliga a los candidatos a ocupar el Sillón de Rivadavia a confrontar públicamente sus propuestas antes de la primera vuelta y, si hubiera balotaje, volver a hacerlo antes de la definición. Como pasó inadvertida y temen que nadie la defienda, esta semana nueve organizaciones de la sociedad civil reclamaron al Senado que preserve esa instancia y alertaron que su desaparición terminaría recortando uno de los pocos momentos de la campaña en los que todos los postulantes quedan expuestos, al mismo tiempo y bajo las mismas reglas, frente a los votantes.
La política tiene, en paralelo, un adversario que no atiende teléfonos ni acepta obras a cambio: el calendario. La Cámara Nacional Electoral acaba de recordar que modificar reglas demasiado cerca de los comicios puede generar “más daños que beneficios” y citó los estándares internacionales que recomiendan preservar las características fundamentales del sistema durante el año previo a una elección. Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas se cuidaron expresamente de no opinar sobre la conveniencia de la reforma y limitaron su advertencia a los tiempos de implementación, pero el mensaje fue suficientemente claro para quienes siguen haciendo cuentas: si el Congreso quiere alterar el esquema de 2027, la ventana se achica rápido y el oficialismo está contrarreloj.
La discusión proselitista toma forma, para completar el cuadro, en medio de una nueva oleada de encuestas que llega semana tras semana a los escritorios oficiales y que Milei suele leer con una mezcla de atención, fastidio y vocación por discutir las conclusiones que no coinciden con su diagnóstico. AtlasIntel ubicó la aprobación de Milei en 38,1% y la evaluación negativa en 58%, Zentrix destacó que el 53,2% dice que ya se le acabó la paciencia para ver resultados económicos, Analogías descubrió que el 65,5% prefiere que mejoren los sueldos y el trabajo por sobre la estabilidad de los precios y Opinaia encontró al desempleo, la pobreza y la corrupción entre las principales preocupaciones. Los mismos sondeos, de todas maneras, vuelven a mostrar una sociedad menos lineal de lo que sugieren algunos títulos: una parte relevante de quienes expresan desgaste no reclama necesariamente un cambio completo de signo político sino correcciones dentro del rumbo. Esa zona gris es la que el Gobierno pretende conquistar antes de que empiecen a imprimirse las boletas.
Proyección ofrece quizá la fotografía más interesante del momento: 63,3% de los consultados considera que la Argentina atraviesa una crisis económica y 51,4% responsabiliza principalmente al Gobierno actual; pese a eso, cuando se pregunta quién tiene mayor capacidad para mejorar la situación, el oficialismo aparece con 40,7%, frente a 29,2% de la oposición y un enorme 30,1% que no sabe a quién elegir. Hay descontento, pero todavía no está claro quién puede apropiárselo.
Los estudios de opinión pública conviven con indicadores de la economía real que también encendieron algunas luces amarillas. “Toto se hace el canchero pero está preocupado”, describe un dirigente violeta que frecuenta a Luis Caputo y que asegura haberlo visto golpeado por el impacto de los malos registros de la industria, la construcción y la reciente confirmación de la caída de 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI) en el segundo trimestre del año frente al primero en la medición desestacionalizada.
Javier Milei se enfrenta a los números sin matices: en la reunión de gabinete del lunes pidió “cuidar la reputación económica” reconstruida durante su gestión, destacó la importancia de sostener la baja del Índice de Precios al Consumidor y el crecimiento del salario real, rechazó de manera explícita que “no haya consumo” y volvió a defender el sostenimiento del rumbo general. “Hay que profundizar las políticas que adoptamos”, resumió ante los suyos, algunos de los cuales forzaron rostros serios para esconder sus sensaciones de incredulidad.
Mientras tanto, en Olivos ocurrió un movimiento llamativo que también dice algo sobre el clima que rodea al Presidente. El Gobierno desplazó a doce empleados de la residencia, entre ellos al hasta ahora intendente de la Quinta, y resolvió transferir a la Casa Militar el control integral de la seguridad y de la administración del predio. La explicación oficial en un comunicado público usó como argumento la necesidad de reforzar los estándares de protección ante la visita de León XIV y el trajín extraordinario de personal que va a implicar su peregrinaje por Argentina, pero Infobae pudo reconstruir a través de tres fuentes oficiales que la decisión se produjo porque Milei está convencido de que hubo “filtraciones” sobre su intimidad en el lugar. “No me sorprende cierta paranoia si en cualquier encuentro que tengas con él tenés que dejar tu celular en un locker, un sobre o una bolsita”, cuenta uno de sus alfiles.
Con la misma convicción con la que suele afirmar que la política tradicional lo quiere “voltear”, el liberal libertario cree que muchos argentinos que hoy expresan cansancio terminarán valorando la estabilidad conseguida cuando llegue el momento de elegir y uno de sus operadores lo explica con una comparación doméstica que empezó a repetirse en las conversaciones de los pasillos del poder: cambiar de Presidente se parece a una mudanza; alguien puede pasar meses diciendo que está harto de su casa, mirar departamentos y fantasear con irse, pero cuando empieza a calcular el costo y la incertidumbre que implica abandonar lo conocido muchas veces termina quedándose donde estaba. Es, desde ya, la teoría con la que trabaja el oficialismo y no una certeza que pueda darse por descontada. Antes de comprobarla en las urnas, la Rosada tiene que resolver algo mucho más urgente: con qué reglas van a encarar un 2027 lleno de desafíos, aliados con precio propio, lealtades frágiles y turbulencias inesperadas capaces de cambiar de un día para otro el tablero que hoy todos creen tener bajo control.
Como era previsible, la menor oferta de dólares en esta época del año, cuando ya pasó la liquidación de la cosecha gruesa del sector agroexportador, llevó al Banco Central de la República Argentina (BCRA)a mantener un ritmo de compra en el mercado casi testimonial.
El promedio de compras de la autoridad monetaria en lo que va del mes es inferior a USD 10 millones diarios, lo que deja en claro que casi se quedó sin espacio para seguir acumulando reservas al menos por ahora. Ayer, por ejemplo, solo adquirió 9 millones de dólares.
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Un informe elaborado por la consultora LCG indicó que las compras del BCRA equivalen a solo 3% del volumen operado. “El menor ritmo comprador -explicaron- deja entrever cautela con la dinámica cambiaria. Más adelante se verá, cuando aparezcan los datos detallados del MULC, si es el resultado de mayores compras de dólares por parte de personas físicas”.
Este nivel tan bajo de compras le quita una pata a la demanda de divisas. Por lo tanto, el Central optó por casi no intervenir en el mercado, pero a su vez mantener estable el tipo de cambio.
El propio presidente Javier Milei defendió la postura del Gobierno respecto a mantener estable el dólar. “Si el Central no hubiera comprado USD 14.000 millones en el año, el tipo de cambio en vez de ser $1.500 sería apenas de $ 1.071”, afirmó el jefe de Estado en declaraciones a un canal de streaming.
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Desde el equipo económico aseguran que no hay ningún motivo para llevar al tipo de cambio para arriba. En ese sentido, resaltan que las exportaciones serán récord, la balanza comercial terminará arriba de los USD 25.000 millones e incluso la cuenta corriente finalizará en terreno positivo.
Junto a la casi nula intervención en lo que va de septiembre, el Central también vendió futuros y bonos atados al dólar oficial para ofrecer cobertura al mercado. Algunos señalan que se trata de una manera indirecta de mantener a raya el tipo de cambio artificialmente. Pero en el Gobierno sostienen que es parte del “poder de fuego” para contener cualquier posibilidad futura de corrida cambiaria.
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Las reservas internacionales sintieron el impacto de esta mejor intervención del Central y volvieron a caer por debajo de los USD 50.000 millones en niveles brutos.
Uno de los objetivos de mantener estable el tipo de cambio es ayudar al proceso de desinflación. En agosto el índice arrojó 1,7%, el menor valor del año y de los últimos 14 meses. Y en septiembre se mantendría cómodamente por debajo del 2 por ciento. Impulsar un salto cambiario frenaría ese proceso de baja de la inflación, complicando al Gobierno de cara al año electoral que se avecina.
En contraste con la relativa tranquilidad cambiaria, el aspecto más incierto y negativo se sigue vinculando con la actividad económica. “La semana que viene se publica el EMAE de julio, y nuestros modelos anticipan una caída en torno a 0,8%, con su margen de error, sobre la base de la fuerte caída (ya verificada) en industria y construcción”, indican en LCG.
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Por lo pronto, ayer se conoció que el Producto Bruto Interno (PBI) cayó 0,6% en el segundo trimestre respecto a los tres meses anteriores, aunque sigue más de 2% arriba en relación al mismo período del año previo. Algunos economistas culpan de esta situación a un tipo de cambio que consideran “poco competitivo”, sobre todo en un contexto de apertura económica. Pero sigue siendo materia opinable. Marina Dal Poggetto, directora de la consultora EcoGo, advirtió que la economía, con sus altibajos, “no crece y seguimos en el mismo lugar desde febrero de 2025”.
En la Casa Rosada mastican bronca, en silencio, por los errores no forzados del Gobierno en torno a un tema tan delicado como el giro del Presupuesto. Los roces entre Patricia Bullrich y Luis “Toto” Caputo, justo cuando se acaba de pre-lanzarse la campaña para el año que viene y se acerca el debate por la reforma políticadejaron ayer mal parado al oficialismo. Sobre todo cuando se jactaban de que podrían usar la ley de leyes para negociar con aliados fijos y circunstanciales la codiciada suspensión o eliminación de la PASO
“Sin comentarios”, dijeron cerca de la Secretaria General sobre el affaire de ayer, pero luego admitieron que hubo “fallos en la comunicación” en Economía a la hora de maniobrar con el esperado envío del Presupuesto 2027 al Congreso. Poco antes, Bullrich exponía su enojo en distintas entrevistas, por no haber sido informada de los recortes en Discapacidad, pese a haber estado sentada en la mesa política junto a Caputo y Karina Milei dos días antes.
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Cerca de Karina Milei, reconocieron razón en el enojo de la senadora. Lo cual se sumó a que en la Cámara de Diputados confirmaron que Martín Menem, mano derecha de Karina Milei, tampoco sabía el detalle de los recortes en el área de Discapacidad, el punto “sensible” (en palabras de Bullrich) que actuó como puntapié de la pelea entre caciques libertarios. Y los tropiezos dejaron expuestos problemas políticos internos, además de que obligarán al Gobierno a -probablemente- dar marcha atrás con algunos recortes que provocaron roces con los partidos socios de LLA en el Congreso.
Sin posibilidades de tomar partido en el cruce entre Bullrich y el ministro preferido del Presidente, Karina Milei se posicionaba ayer como una suerte de árbitro o mediadora y en Balcarce 50 evitaban decir hacia dónde se inclina. “Toto” es el gran protegido de su hermano, y Bullrich sigue siendo totalmente necesaria para sostener el voto “republicano” de cara al año que viene. Esa doble lealtad explicaba el silencio en la cúpula libertaria, donde no defendieron a “Toto” y evitaron cruzar a Bullrich.
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No es la primera vez que la hermana del Presidente muestra frialdad hacia un funcionario de primera línea del área económica. Karina Milei tuvo una fuerte -y silenciosa- tensión con Federico Sturzenegger, al punto de terminar dándole la razón a Bullrich en la discusión por la reforma de Propiedad Privada, cuando el ministro de Desregulación fue recibido en el Senado después de que ella introdujera cambios para consensuar el proyecto en esa cámara.
El antecedente más citado puertas adentro de la inclinación de Karina por Bullrich -a pesar de sus desmarques- es el de Manuel Adorni. La ex PRO le había marcado la cancha al Gobierno con la necesidad de sacárselo de encima por corrupto. Y, por un tiempo, se instaló la lectura de que la hermana presidencial estaba enojada. Pero terminó yendo al cumpleaños de Bullrich, un sábado y después se lo festejó en Casa Rosada, con foto y torta. El final de esa historia se conoce: terminó echando a Adorni.
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Hasta ayer por la noche, Milei se mantenía al margen del tema que condicionaba fuerte al Gobierno. En cambio, se mostraba preocupado por la seguridad en Olivos, entre versiones sobre filtraciones desde la Residencia Presidencial y los cambios en el personal. Mañana, el jefe de Estado desembarcará en Bahía Blanca, pero no está previsto que hable, ni en el marco de las visitas por el RIGI ni en el acto partidario de LLA previsto en el centro de la ciudad.
Por lo pronto, quedó descartado que Caputo se sume a la visita en la cabecera de la Sexta Sección, algo que estaba en duda porque la agenda del Presidente incluye recorridas vinculadas a inversiones y los proyectos de megaminería. Según dijeron en su círculo a Infobae, su ausencia se debe a que planea viajar hoy a Estados Unidos para mantener una serie de reuniones privadas en Nueva York. Recién la semana que viene Caputo se encontrará con el Presidente en la Gran Manzana, a donde Milei partirá junto con su hermana y Pablo Quirno el lunes por la noche para participar de la Asamblea General de la ONU.
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En el Gobierno aseguran que la discusión de fondo ayer, más allá del cruce puntual entre la senadora y el titular de Hacienda, es si al Gobierno le convenía pelearse con sus propios aliados, ahora que dependen de ellos para sacar los proyectos que les interesan en los últimos meses de un Congreso activo, antes del año electoral. La respuesta en la cúpula de LLA es que no. Pero no les queda otra opción que disculpar a Caputo. “Ahora miramos para adelante”, dicen en el karinismo. Y aseguran que aún hay margen para, cambios mediante, negociar con los aliados.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, usará el acto de este sábado en Avellaneda para exhibir un discurso de matiz federal, al que sumará algunas presencias de dirigentes por fuera del territorio bonaerense, luego de las distintas recorridas que hizo en otras provincias en lo que va de este año. Más allá del ya conocido y utilizado aparato que aportarán los intendentes del conurbano, el sindicalismo o las organizaciones sociales que hoy forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), hasta Avellaneda llegarán, en pequeñas comitivas, referentes de otras provincias.
La expectativa de reunir delegados de las 24 jurisdicciones tendrá como antecedente una serie de seis recorridas que Axel Kicillof realizó fuera de Buenos Aires desde abril. El gobernador busca que el acto de este sábado 19 de septiembre, previsto en la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, exhiba una estructura federal para el Movimiento Derecho al Futuro y consolide vínculos que empezó a tejer con dirigentes territoriales, gobernadores y sectores sindicales. Desde la organización avisaron que para el encuentro del sábado se registraron hasta el momento 7.300 personas para participar de las diferentes mesas temáticas divididas en Comunidad y Organización, Educación Pública, Salud Pública, Ciencia y Universidad, Trabajo y Producción, Mujeres y Diversidades, Juventudes, Seguridad y Justicia, Obra Pública y Hábitat, y Cultura y Deportes. Luego habrá un documento final.
Todo se da en medio de la discusión interna que atraviesa el peronismo y que en la última semana, en la provincia de Buenos Aires, volvió a asomar. Hubo fuertes declaraciones de la intendenta interina de Quilmes y diputada provincial por la Tercera sección electoral. La dirigente que responde a Crisitina Kirchner habló de deslealtad y desagradecimiento de aquellas personas que hoy se mostraban lejos del esquema de CFK, sobre todo mientras la expresidenta se encuentra detenida en el marco de la causa Vialidad. Mendoza también planteó que con la conformación del MDF, Kicillof decidió “dividir al peronismo”.
En lo que va del año, Kicillof se movió fronteras afuera del territorio bonaerense. La primera escala fue Tierra del Fuego, el 1 y 2 de abril, cuando participó de la vigilia y los actos por Malvinas junto al gobernador Gustavo Melella y al mandatario riojano Ricardo Quintela. Luego viajó a Córdoba, el 8 de mayo, donde se reunió con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli, y participó de una actividad sindical con Héctor Daer. No hubo encuentro con el gobernador Martín Llaryora. Esta semana, sin embargo, se mostró con el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, uno de los referentes del llamado cordobesismo. El jefe comunal no dio indicios de un respaldo electoral público hacia Kicillof aunque sí se mostró crítico con la gestión de Javier Milei y habló de convocar a distintos sectores en vistas al año que viene.
El 3 de junio, el mandatario bonaerense estuvo en Corrientes con el gobernador radical Juan Pablo Valdés, con quien firmó convenios de cooperación. El 19 de agosto llegó a Chaco para una jornada de actividades políticas y gremiales que compartió con el senador y exgobernador Jorge Capitanich y con el secretario de Interior de la CGT y titular del gremio de Sanidad, Héctor Daer. En ambos casos, Kicillof combinó la agenda institucional con reuniones junto a dirigentes locales y presentaciones de su libro. De hecho, para este sábado se estaba preparando “una gran movilización” desde Chaco según marcaban armadores del espacio. A Avellaneda irán intendentes, legisladores provinciales, militantes y referentes. Una de ellas será la diputada provincial Analía Flores, que participará de la comisión de Educación del encuentro. Tras esta movida, la próxima semana habrá un acto de lanzamiento formal del MDF Chaco. Flores será una de las protagonistas.
Desde Corrientes también partirá una comitiva rumbo a Avellaneda. En la provincia del payé, el axelismo tiene dos vertientes. En una está el ex Cámpora José “Pitín” Aragón y en la otra el ex senador provincial Martín Barrionuevo. En La Plata avalan a los dos, pese a que el PJ Correntino (controlado por la cristinista Ana Almirón) quiere echar a Barrionuevo por haber sido candidato a vicegobernador del ex gobernador Ricardo Colombi el año pasado.
Este jueves la Jefa de Asesores del mandatario bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, estuvo en Corrientes con algunos referentes del MDF de esa provincia para inaugurar la “Casa Peronismo con Axel-MDF Corrientes”. Por estos días, la funcionaria que es una de las armadoras políticas del gobernador también estuvo en Chaco y compartió una actividad con el ex diputado nacional, Juan Manuel Pedrini. “Acá y en todo el país, con Kicillof estamos construyendo una alternativa federal, inclusiva y de abajo hacia arriba, que vuelva a poner en el centro el trabajo, la producción y una vida digna para nuestro pueblo”, dijo en su paso por las provincias del nordeste.
El recorrido de Kicillof por fuera de Buenos Aires, continuó el 31 de agosto en La Pampa, donde mantuvo un encuentro con el gobernador Sergio Ziliotto, aunque sin mayores movimientos de carácter político o con tintes electorales. Algo que sí sucedió el 9 de septiembre en Misiones, cuando se reunió con su par Hugo Passalacqua.
En Posadas también tuvo contactos con autoridades del Partido Justicialista (PJ) provincial, intendentes y referentes peronistas y brindó un discurso con contenido electoral: “Cuento con ustedes, cuenten conmigo”, cerró su alocución. Un posicionamiento que podría repetirse este sábado. En Misiones, según supo Infobae, el presidente del PJ misionero, Christian Humada, organizó una comitiva de personas para que saliera del partido. También hay grupos de misioneros que irán en autos particulares.
Además de lo que buscó “sembrar” Kicillof en las provincias que recorrió, ministros y dirigentes también intentarán aportar el resultado de sus recorridas por otras provincias.
En Entre Ríos, por ejemplo, hay un grupo de intendentes que llegarán este sábado a Avellaneda. El armado contó con el ok del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien tiempo atrás encabezó un encuentro en la localidad de San José, contra la costa del río Uruguay. El intendente de ese municipio, Gustavo Bastián, confirmó presencia. Forma parte de un grupo llamado “intendentes jóvenes”, que rondan los cuarenta años. También están allí Damián Arévalo, (San José de Feliciano) y Laura Rupp (El Pingo). Los tres merodean el MDF.
De la región oeste también se espera presencia. Tiempo atrás el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto al intendente en uso de licencia de Avellaneda, Jorge Ferraresi, estuvieron en la provincia de Mendoza. El armador allí es el diputado nacional Martín Aveiro. Además, estará la intendenta del Departamento de Santa Rosa, Flor Destéfanis.
Otros intendentes que estarán son Martín Pérez, Río Grande (Ushuaia); Pablo Graso, Río Gallegos (Santa Cruz); Karina Paniagua, Humahuaca (Jujuy); Pablo Corsalini, Pérez (Santa Fe).
Un nuevo robo de características similares volvió a poner bajo la lupa a los piratas del asfalto en las rutas de la región. Un camionero oriundo de Río Negro fue asaltado durante la madrugada de este miércoles en Sanford, sobre la ruta nacional 33, y los delincuentes escaparon con el camión mientras abandonaron horas después el semirremolque, publicó Rosario3.
El hecho ocurrió a poco más de 80 kilómetros al oeste de Rosario. Según la información conocida sobre el caso, cuatro delincuentes que se movilizaban en un automóvil interceptaron al camionero, rompieron uno de los vidrios del vehículo y lo golpearon en la cabeza con un martillo.
Luego ingresaron a la cabina, lo encapucharon y lo trasladaron en uno de los autos mientras se apoderaban del Scania G410 Streamline, radicado en Choele Choel, provincia de Río Negro.
Durante el trayecto, los asaltantes le colocaron al chofer unos lentes cuyos vidrios habían sido pintados para impedirle ver. Finalmente, lo abandonaron en una zona rural y escaparon con el camión.
Encontraron el semirremolque en Firmat
Varias horas después del asalto, efectivos de la Guardia Rural Los Pumas de Firmat encontraron el semirremolque térmico abandonado a la vera de la ruta nacional 33, cerca del cruce con la ruta provincial 93.
La unidad estaba cargada con muebles de algarrobo, que permanecieron en el lugar. El tractor del Scania, en cambio, continuaba sin aparecer.
Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que los delincuentes continuaron la fuga hacia Córdoba, debido a que se trata de una modalidad que ya fue denunciada en otros hechos ocurridos desde abril en rutas del sur de Santa Fe y el territorio cordobés.
La particularidad de estos episodios es que los delincuentes parecen concentrarse en el robo de los camiones, mientras dejan abandonados los semirremolques, acoplados o furgones junto con la mercadería.
Por el momento, no está determinado qué destino tienen las unidades sustraídas ni si existe un circuito destinado a su desguace, comercialización o reutilización.
Cuatro casos similares desde abril
El episodio de Sanford se suma a otros tres robos registrados desde abril en rutas de Santa Fe y Córdoba.
El primero ocurrió el 18 de abril, cuando un camionero denunció que había sido privado de su libertad en las proximidades de Leones, en el sur de Córdoba. El trabajador fue liberado cerca de Villa María y los delincuentes se llevaron un Scania, cuyo último registro fue en una estación de servicio ubicada sobre la vieja ruta nacional 9.
El caso del camionero entrerriano
Días después, el 27 de abril, otro camionero de 47 años, oriundo de Federación, Entre Ríos, fue asaltado mientras descansaba en Armstrong. Los delincuentes se llevaron el camión y liberaron al conductor horas más tarde en Bell Ville.
El acoplado apareció posteriormente sobre la vieja ruta nacional 9, con la carga de cítricos intacta.
El tercer caso de la seguidilla ocurrió el 15 de agosto, en la zona de Salto Grande, Santa Fe. Un camionero entrerriano fue abordado por delincuentes que le robaron un Mercedes Benz 1634 y lo mantuvieron privado de su libertad.
El conductor fue abandonado y maniatado en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Tortugas. Mientras tanto, los delincuentes habían desenganchado el acoplado en Luis Palacios y retirado el sistema de rastreo satelital.
Otro antecedente reciente en Zárate
A estos hechos se suma un caso ocurrido el 2 de septiembre en Zárate, provincia de Buenos Aires, aunque no está establecido que tenga relación con los episodios registrados en Santa Fe y Córdoba.
Un camionero oriundo de Zavalla fue interceptado por dos vehículos mientras circulaba por la ruta nacional 9. Los delincuentes lo obligaron a detenerse, se llevaron el camión y lo mantuvieron cautivo durante aproximadamente dos horas.
El semirremolque fue encontrado posteriormente, mientras que el camión apareció días después en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, con la cabina en proceso de desguace.
El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este jueves que enfrenta una decisión crucial sobre el futuro de la guerra con Irán y reconoció que evalúa si retomar los ataques a gran escala contra el régimen de Teherán.
“Tengo que tomar una decisión importante. ¿Quiero entrar y aniquilarlos o no? Es una decisión crucial. Conmigo cualquier cosa puede pasar”, sostuvo Trump en declaraciones al sitio estadounidense Axios.
Los dichos del mandatario se conocieron pocos días antes de una reunión prevista para el próximo martes con los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin, Kuwait y Omán, que tendrá lugar en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El encuentro podría ser clave para definir la próxima etapa del conflicto, entre un nuevo intento de avanzar por la vía diplomática o una intensificación de las operaciones militares. Según Axios, si Trump decide retomar los ataques a gran escala, necesitará el respaldo de sus aliados regionales.
El presidente de EEUU reconoció que evalúa si retomar los ataques contra Teherán y aseguró que deberá tomar una “decisión crucial” sobre el futuro del conflicto.
Trump habló de un posible final de la guerra
Poco antes de sus declaraciones sobre la posibilidad de “aniquilar” a Irán, Trump había planteado un escenario diferente y aseguró que el conflicto podría estar cerca de terminar.
“Espero que estemos cerca del final de la guerra. Los iraníes quieren llegar a un acuerdo. Veremos cómo resulta. Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo”, afirmó el presidente estadounidense.
Sin embargo, en la entrevista con Axios también reconoció que todavía debe definir cuál será el camino a seguir y evitó precisar si tomará la decisión antes o después de las elecciones legislativas de noviembre en EEUU.
Qué hizo Trump desde que frenó los ataques contra Irán
A principios de agosto, Trump decidió postergar la reanudación de las principales operaciones de combate después de que Arabia Saudita y Qatar manifestaran su preocupación por una posible represalia iraní contra instalaciones de petróleo y gas de la región.
Desde entonces, el Gobierno estadounidense suspendió las negociaciones con Teherán, lanzó una nueva campaña de sanciones económicas y mantuvo un bloqueo naval sobre los puertos iraníes. Al mismo tiempo, las fuerzas estadounidenses permanecen desplegadas en Medio Oriente y preparadas para una eventual reanudación de las operaciones militares a gran escala.
Según funcionarios citados por Axios, Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenaron mantener el nivel actual de fuerzas estadounidenses en Medio Oriente hasta fin de año, mientras la Casa Blanca define cómo avanzar en el conflicto.
Murió el padre de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, Juan Honorio Tolosa Paz, un hombre que supo acumular una larga trayectoria en diferentes ámbitos: desde el rugby, pasando por la veterinaria, hasta convertirse en astrólogo. “Vi tu lucha hasta el final”, expresó la legisladora.
Juan Honorio Tolosa Paz falleció durante las primeras horas del jueves a los 76 años, días después de sufrir un aneurisma. Era una figura conocida en La Plata por una galería de emprendimientos que supo llevar adelante durante su vida.
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Nacido en 1950 en la capital bonaerense y perteneciente a una familia tradicional de esa ciudad, Tolosa Paz jugó al rugby en el club Los Tilos y cursó la carrera de Veterinaria, en la que llegó a desempeñarse como ayudante de cátedra. Pese a sus estudios, su vida no tuvo una trayectoria lineal: a lo largo de los años tuvo una agencia de Prode, un criadero de pollos, un almacén y fiambrería y un local de ropa.
Con el tiempo, Tolosa Paz atravesó una transformación personal profunda que lo llevó a especializarse en astrología psicológica. Parte de su actividad la desarrolló en España, donde dictó seminarios. Entre sus referentes intelectuales figuraron el antropólogo Eugenio Carutti y el astrólogo y psicoterapeuta Howard Sasportas. Sus análisis sobre la coyuntura política, económica y social le dieron reconocimiento público más allá del círculo especializado.
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De su matrimonio con Laura Figliozzi nacieron Consuelo, Victoria, Justina y Juan Honorio. La familia ya había atravesado una pérdida grave en enero de 2018, cuando Juan Honorio hijo murió a los 38 años tras sufrir un accidente en moto en el Distribuidor Pedro Benoit, en La Plata.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz se despidió de su padre con un mensaje publicado en su cuenta de X. “Una nunca está preparada para sentarse a escribir el día en que su padre se va. Hoy siento un profundo dolor pero al mismo tiempo una inmensa calma, porque te fuiste luchando. Te vi luchar hasta el final”.
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En su texto, la legisladora recordó la visión de mundo que su padre le transmitió: “Querido papá, hoy te despido sabiendo que soy quien soy no solo por mi madre, sino también por vos, porque fuiste mi padre y porque dejaste en mí una manera de mirar la vida”. Y rescató una enseñanza que, según dijo, resumía la filosofía de vida de Juan Honorio: “Uno tiene que conocer su semilla. Si naciste con semilla de naranja, tenés que lograr ser la mejor naranja”.
“Aprendí de mi padre a preguntarme quién soy realmente. A buscar adentro de mí. A tratar de encarnar en esta vida aquello que vine a ser. Por eso hoy, en medio de este dolor inmenso, quiero decirte simplemente: gracias, papá. Gracias por enseñarme a buscar dentro de mi corazón quién soy realmente. A seguir mi corazón siempre y a escucharme. Gracias por las horas de astrología, por las cartas que compartimos, por nuestras conversaciones políticas, por esas miradas a veces dolorosas sobre nuestra patria, pero también por haber mantenido siempre la esperanza de que la Argentina va a salir adelante”, escribió.
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De esta manera, la diputada expresó: “Me quedan tus palabras, tus enseñanzas, tu búsqueda y una parte tuya viviendo para siempre en nosotros”.
Tolosa Paz cerró su mensaje con una referencia a los dos Honorios que perdió: “Cada vez que mire el cielo, voy a saber que allí están los Honorios de mi vida, vos y Juancho”, en alusión a su padre y a su hermano fallecido en 2018.
El Senado dio media sanción al nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, en una votación que terminó con 41 votos afirmativos y 25 negativos, y ahora pasó a Diputados. Entre los puntos destacables, la iniciativa establece que el biodiésel pase del 7,5% al 10% en el gasoil y que el bioetanol suba del 12% al 15% en las naftas, se establece un mercado electrónico sin la participación del Estado en cupos y precios y los exportadores podrán participar del mercado interno de biodiésel.
El senador catamarqueño Flavio Fama, uno de los defensores de la iniciativa, planteó que el objetivo es dejar atrás un modelo de fuerte intervención estatal y avanzar hacia un sistema más abierto y competitivo. Según explicó, el aumento de los cortes debería traducirse en una mayor demanda de materias primas nacionales, más agregado de valor y actividad industrial y una mayor sustitución de combustibles fósiles.
Sin embargo, el cambio en las reglas de juego el el biodiésel, donde las empresas imtegradas (exportadoras) ingresan en el mercado interno que hoy están solamente las no integradas (pymes), encontró resistencia especialmente en las provincias donde están radicadas pequeñas y medianas plantas de biodiésel.
Así, cuando el corte alcance el 10%, la participación de las pymes será del 6,5%, mientras que el 3,5% restante quedará dentro de un segmento de negociación libre. El cronograma contempla luego una reducción progresiva de la participación de las empresas no integradas: será del 5,5% en 2029, del 5% en 2030 y del 4% en 2031 hasta 2036.
El senador pampeano Daniel Bensusán fue uno de los que cuestionó el capítulo específico de este combustible. Durante su intervención puso en duda la necesidad de reemplazar la Ley 27.640 y defendió el funcionamiento del régimen vigente. Según señaló, actualmente existe un mercado interno de unas 900.000 toneladas, que sostiene alrededor de 1.500 empleos directos y más de 8.000 indirectos.
También destacó el vínculo de esas plantas con más de 400 extrusoras que abastecen a las pequeñas y medianas elaboradoras del interior. Para Bensusán, se trata de un entramado industrial que permitió agregar valor a la producción agropecuaria y desarrollar actividad económica lejos de los principales puertos.
El problema, según planteó, es que esas empresas no parten de las mismas condiciones que las grandes compañías integradas. Las plantas ubicadas en La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires tienen mayores costos logísticos por su distancia de los puertos y, al mismo tiempo, enfrentan un escenario internacional más complejo.
Patricia Bullrich también defendió una transición prolongada para estas empresas, con horizonte hasta 2036. La senadora sostuvo que las pymes necesitan tiempo, volumen y previsibilidad para adaptarse a un mercado más abierto y competir en nuevas condiciones.
El proyecto, explicó, también apunta a que esas compañías puedan avanzar en procesos de transformación e integración. A la vez, establece límites para evitar una concentración excesiva dentro del segmento de biodiésel no integrado. Según Bullrich, ninguna empresa podrá superar el 10% del biodiésel comercializado, con un máximo de 50.000 toneladas.
En el caso del bioetanol, en cambio, el aumento del corte encontró una defensa más amplia entre los representantes del norte argentino. La tucumana Beatriz Ávila destacó el impacto que la industria tuvo sobre la cadena azucarera y recordó que Tucumán fue escenario, en 1978, del Plan Alconafta.
Según Ávila, mientras aquella experiencia fue discontinuada, Brasil avanzó en el desarrollo de los biocombustibles. En Tucumán, sostuvo, la superficie cultivada con caña aumentó 50% en los últimos 15 años y la producción de alcohol se triplicó. También afirmó que el uso de bioetanol permitió evitar importaciones de nafta por US$ 652 millones durante 2025.
La senadora consideró que llevar el corte al 15% representa un avance, aunque recordó que había planteado una meta del 18%. Para Ávila, el nuevo esquema puede aportar mayor seguridad jurídica a una industria que tiene un peso relevante en las economías regionales del NOA.
En la misma línea, el senador Juan Manzur anticipó su respaldo al capítulo de etanol y bioetanol porque, según sostuvo, permite agregar valor a la producción del interior y generar trabajo. Al mismo tiempo, pidió que se alcance un consenso sobre el biodiésel.
También hubo cuestionamientos al eventual impacto sobre los consumidores. Bullrich sostuvo que el incremento de los cortes debe contemplar el costo final de los combustibles y planteó que el efecto no sería igual para el bioetanol que para el biodiésel. “Hay que hacer equilibrio entre la empresa y el consumidor”, señaló.
La senadora agregó que un aumento de los cortes también requiere considerar la adaptación del parque automotor, ya que determinados niveles de mezcla pueden exigir modificaciones en los motores y en las especificaciones de los vehículos.
Además de cambiar el funcionamiento del mercado, la iniciativa amplía el universo de combustibles alcanzados por el régimen. Incorpora biocombustibles de segunda generación elaborados a partir de residuos orgánicos y otras materias primas renovables, además de biogás, biometano, diésel renovable, combustibles sintéticos producidos a partir de agua y dióxido de carbono de fuentes renovables y combustibles sostenibles para aviación.
El nuevo mercado electrónico también contempla regiones geográficas de negociación, una herramienta pensada para tener en cuenta las diferencias logísticas entre las plantas productoras y los centros de consumo o exportación. La intención es evitar que la comercialización quede concentrada exclusivamente en torno a los puertos.
Bullrich resumió el cambio como una modificación en el papel del Estado: mantener el control sobre el cumplimiento de la ley, la calidad, la seguridad y las condiciones de competencia, pero dejar de determinar de manera discrecional quién vende, cuánto vende y a quién.
