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  • El Presupuesto 2027 entró a Diputados: comenzará a debatirse en octubre y condicionará otras negociaciones

    El Presupuesto 2027 entró a Diputados: comenzará a debatirse en octubre y condicionará otras negociaciones

    Luis Toto Caputo Javier Milei
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    El gobierno nacional envió este miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Presupuesto 2027, tal como estipula la ley de Administración Financiera. El plan general de gastos e ingresos prevé un crecimiento del PBI del 4 por ciento, una inflación promedio del 21,1 por ciento y una suba del salario promedio del 25,4 por ciento.

    Según destacaron desde el oficialismo, el Presupuesto 2027 contempla nuevamente resultado fiscal positivo, con lo que se consolidarán “por primera vez en la historia” cuatros años consecutivos de superávit financiero.

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    La popularmente conocida como “ley de leyes” también estima que Argentina exportará productos y servicios por USD 130 mil millones y que la balanza comercial será favorable por USD 15 mil millones.

    Además, calcula que el tipo de cambio promedio anual será de $1728. Este número surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027.

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    “El Presupuesto que se presenta refuerza el compromiso inclaudicable de este Gobierno Nacional de sostener el equilibrio fiscal, condición necesaria para continuar el proceso de eliminación de la inflación y fortalecer los instrumentos de estabilización macroeconómica, que redundarán en la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y el desarrollo de la Nación”, señala el proyecto en su introducción.

    Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto

    En la misma línea, también concluye que “la política fiscal iniciada el 10 de diciembre de 2023 está generando los resultados esperados en términos de estabilización macroeconómica” y adelanta que “para el próximo año se prevé profundizar y continuar el proceso de mejora en la eficiencia y eficacia de las políticas públicas vinculadas con el acompañamiento social sin intermediaciones, incrementar la eficiencia de la obra pública, recuperar las capacidades en seguridad interior y defensa nacional y alcanzar la modernización y simplificación del Estado”.

    Los principales puntos del Presupuesto fueron adelantados este mediodía por el ministro de Economía, Luis Caputo, a los integrantes de la mesa política que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De la reunión también participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

    A diferencia de lo que ocurrió en 2024, cuando el propio presidente Milei presentó los principales puntos del Presupuesto en el recinto de la Cámara de Diputados, esta vez la responsabilidad quedará en manos del Secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, y del Secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

    A pesar de que históricamente ha sido una responsabilidad del titular del Palacio de Hacienda, desde el oficialismo descartaron que el ministro Caputo asista al Congreso para contestar preguntas sobre la ley de leyes. La aversión del ministro a pisar el Congreso es conocida y siempre rechazó las invitaciones de la oposición a dar explicaciones sobre las políticas económicas.

    Las planillas del Presupuesto 2027 eran esperadas con mucha expectativa por los aliados de la Casa Rosada y por los gobernadores dialoguistas, e influirá directamente en otras negociaciones legislativas importantes para el oficialismo como la eliminación de las PASO, el régimen de Zonas Frías, el Super RIGI y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, todas trabadas en el Senado.

    “Tenemos mucha confianza en que vamos a conseguir la aprobación”, señalaron fuentes del bloque LLA, aunque reconocieron que las negociaciones en el Senado están “difíciles”.

    Cabe destacar que el debate del Presupuesto se desarrollará en un clima electoral cada vez más intenso, tanto a nivel nacional como en las provincias, una situación que podría complicar las negociaciones del oficialismo con los gobernadores y los bloques dialoguistas, que ya han dado señales concretas en ambas Cámaras de haber comenzado a priorizar sus propios intereses electorales.

    En la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta con el respaldo de distintos bloques aliados con los que, además, busca construir una alianza electoral, entre ellos el PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Independencia y Producción y Trabajo. Sin embargo, esos respaldos no alcanzarían por sí solos para garantizar la aprobación del Presupuesto, por lo que el oficialismo necesitará sumar al menos una decena de votos adicionales en determinados tramos de la votación.

    Fuentes parlamentarias del oficialismo adelantaron que el trabajo en la Comisión de Presupuesto, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, comenzarán en la semana del 5 de octubre, una vez que termine el debate sobre endeudamiento y emergencia en discapacidad.

  • Menores heridos con balas de goma: una madre denunció el accionar de policías

    Menores heridos con balas de goma: una madre denunció el accionar de policías

    Dos menores heridos con balas de goma, de 12 y 17 años, dejó un procedimiento policial, según denunció la madre de ambos. La mujer aseguró que sus hijos no habían participado del conflicto que habría motivado la intervención de los efectivos y afirmó que presentó una denuncia por lo sucedido.

     



     

    Según su relato, el episodio que originó la presencia policial había ocurrido aproximadamente a una cuadra de su vivienda. “El hecho del que se está hablando fue a una cuadra de mi casa y no tiene nada que ver ninguno de mis hijos. Mis hijos son menores de edad”, sostuvo.

     



     

    La mujer indicó que su hijo de 12 años tiene un retraso madurativo y aseguró contar con documentación que acredita su situación. Sobre el procedimiento, denunció: “Le pegaron en la mano y sacaron la pistola reglamentaria amenazándolo”. Además, afirmó que el niño resultó alcanzado por munición de goma.

     



     

    Su hija de 17 años también habría resultado herida

     

    La denunciante sostuvo que su hija de 17 años observó lo que estaba ocurriendo y salió para intentar ayudar a su hermano. Según relató, fue entonces cuando también habría recibido un disparo.

     



     

    Mi hija tiene 17 años. Cuando vio lo que pasaba fue corriendo, porque eso ocurrió acá en la esquina, para sacar a mi niño y ahí recibió el otro disparo en el brazo”, afirmó.

     



     

    La mujer cuestionó la intervención y consideró que la situación podría haberse evitado. “La denuncia que yo hago es por el atropello de las autoridades, porque esto se podía haber evitado si no venían a la dirección de mi hijo y pasaban de largo hasta donde estaba el conflicto”, expresó.

     

    Aseguró que no sería el primer episodio

     

    La madre sostuvo además que no sería la primera situación conflictiva que su familia habría atravesado con integrantes de la fuerza policial.

     



     

    Esto no es la primera vez que pasa. La vez pasada tuve un allanamiento donde me rompieron todo y donde lo volvieron a pegar”, denunció.

     



     

    También rechazó que lo sucedido haya sido producto de una equivocación. “La policía no se equivoca. Todos los problemas que pasan vienen a él. Esto no es la primera vez que pasa y yo ya estoy cansada”, manifestó.

     

    La denuncia ante la Justicia

     

    Tras el episodio, la mujer aseguró que acudió a la Fiscalía para realizar una presentación formal contra el accionar policial. “Fui a la Fiscalía anoche y me tuvieron de un lado para el otro”, relató.

     

    Consultada sobre si finalmente pudo efectuar la denuncia, confirmó: “Lo logré hacer. Después de tres horas me tuvieron de un lado para el otro”.

     



     

    Finalmente, manifestó preocupación porque, hasta el momento de brindar su testimonio, su hijo de 12 años todavía no había sido examinado por un profesional médico. “Todavía mi niño ni siquiera lo vio un médico”, aseguró.

     

    La mujer explicó que aguardaba instrucciones desde Tribunales para realizar el examen correspondiente. “Estoy esperando que me llamen de Tribunales para llevarlo ahí directamente, porque yo hice la denuncia ahí”, concluyó.

     


    Mujer denunció que policías ingresaron sin orden de allanamiento a su casa e hirieron a sus hijos


  • Investigan 11 estafas a empresas de cuatro provincias: hubo allanamientos y tres detenidos en Concordia

    Investigan 11 estafas a empresas de cuatro provincias: hubo allanamientos y tres detenidos en Concordia

    Cuatro allanamientos se realizaron este martes en distintos sectores de Concordia, en el marco de una investigación por al menos once estafas cometidas entre marzo y agosto de 2026 contra empresas de cuatro provincias. Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental.



    Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías, a cargo de Francisco Ledesma, con intervención del fiscal José Arias. Durante los operativos fueron detenidas tres personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.



    Según la investigación, los sospechosos se habrían comunicado con ferreterías y comercios de electrónica ubicados en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires para simular la compra de diferentes productos.

     

    Comprobantes apócrifos y entrega de mercadería

     

    Para concretar las operaciones, habrían enviado comprobantes apócrifos de transferencias bancarias. Cuando los comerciantes advertían que el dinero no había ingresado, los compradores argumentaban que existían demoras en la acreditación por parte de la entidad financiera.



    Ante esa explicación, las empresas enviaban la mercadería a Concordia mediante distintos servicios de transporte. Posteriormente, los productos eran retirados por fleteros y llevados a domicilios de terceras personas, presuntamente utilizados para almacenarlos de manera temporal y dificultar su localización.



    De acuerdo con las actuaciones, parte de los artículos era ofrecida días después en comercios locales, a precios inferiores a los habituales. Los pagos se efectuaban en efectivo o mediante transferencias a cuentas relacionadas con familiares de los investigados.

     

    Elementos secuestrados

     

    Durante los allanamientos fueron secuestrados 19 teléfonos celulares, chips, cuatro terminales de cobro electrónico, un equipo DVR, tres dispositivos de almacenamiento y documentación con anotaciones consideradas relevantes para la causa.



    También se encontraron cámaras de seguridad, tablets, auriculares, un proyector, un parlante inalámbrico, un micrófono, una cafetera, un taladro, un ventilador, un purificador de aire, un calefactor y un juego de grifería, entre otros productos.

     

    Además, los agentes incautaron mercadería embalada, elementos de librería, organizadores, recipientes plásticos, soportes lumbares y más de un millón de pesos en efectivo.



    La investigación continuaba con el análisis de los dispositivos, la documentación y los restantes elementos secuestrados. Las diligencias procuran determinar si existieron otros hechos similares y establecer la presunta participación de cada persona involucrada.

  • Germán Martínez: “El principal desafío que tiene el peronismo es la reconstrucción de la confianza”

    Germán Martínez: “El principal desafío que tiene el peronismo es la reconstrucción de la confianza”

    Germán Martínez afirmó que Unión por la Patria esperará el proyecto final del Presupuesto 2027 antes de fijar su posición en el Congreso
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    El debate por el Presupuesto 2027 comenzará a ocupar el centro de la agenda del Congreso y, con él, las negociaciones entre el Gobierno, los gobernadores y los bloques opositores. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, sostuvo que su espacio esperará a conocer el proyecto definitivo antes de fijar una posición, aunque anticipó algunos de los puntos que buscará discutir.

    Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el legislador recordó que el Gobierno había enviado al Congreso el adelanto del Presupuesto el 3 de julio y consideró que allí ya podían observarse algunas de las proyecciones que ahora trascendieron. “Ya a esta altura conviene esperar el documento final”, planteó.

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    Martínez aclaró que Unión por la Patria no se opone a que el país tenga una Ley de Presupuesto. “Nosotros nunca estuvimos en contra de que haya un presupuesto”, afirmó. Sin embargo, cuestionó que el análisis de las cuentas públicas quede concentrado en el resultado fiscal y sostuvo que también deben contemplarse la evolución de los ingresos y el nivel de actividad.

    Como antecedente, recordó que el Presupuesto aprobado en diciembre había proyectado una inflación del 10,1% para este año y planteó que las diferencias entre las previsiones oficiales y la evolución posterior de la economía deben ser consideradas al analizar las nuevas estimaciones.

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    (Infobae en Vivo)

    El impacto del ajuste y la preocupación por la economía

    Para respaldar su planteo, Martínez citó durante la entrevista un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre la evolución del gasto público. Según los datos que mencionó, entre enero y agosto de 2026 y el mismo período de 2023, las transferencias corrientes a las provincias cayeron un 86%, mientras que la obra pública y el gasto de capital registraron una reducción del 83%.

    También señaló una caída cercana al 40% en el financiamiento universitario y en las prestaciones sociales, mientras que, según su exposición, las jubilaciones acumularon una pérdida real del 8,2% frente a 2023.

    Hay que pensar el presupuesto también teniendo en cuenta estos elementos”, sostuvo. Para el diputado, la discusión sobre el equilibrio de las cuentas públicas debe contemplar qué ocurre con los recursos que ingresan al Estado.

    Si uno mira solamente la dinámica del gasto sin mirar la dinámica de los ingresos, se complica”, explicó. En ese sentido, vinculó la recaudación con el nivel de actividad y sostuvo que una economía con mayor producción y consumo amplía la base sobre la cual se cobran los impuestos.

    Martínez sostuvo que el debate del Presupuesto 2027 debe incluir el resultado fiscal, los ingresos del Estado y el nivel de actividad económica (REUTERS/Angela Ponce)

    La situación de la industria ocupó otro tramo de la entrevista. Martínez contó que participó en Esperanza de la reunión anual de la Federación de Industriales de Santa Fe por el Día de la Industria y aseguró que allí recibió un diagnóstico negativo por parte de empresarios del sector. “El principal problema que tenemos hoy es un infernal parate económico”, definió.

    Según relató, el presidente de la entidad habló de un “ACV productivo” para describir la situación. Martínez sostuvo que el crecimiento de sectores orientados a la exportación, como los hidrocarburos, la minería, el litio, la economía del conocimiento y las energías renovables, necesita complementarse con una recuperación de la demanda interna. “Si a esos elementos no le agregás un mercado interno potente, no te alcanza”, afirmó.

    Qué dijo sobre el proyecto del Gobierno para Malvinas

    Martínez también se refirió al proyecto que el Gobierno prepara sobre Malvinas y que contempla medidas vinculadas con empresas que desarrollen actividades en las islas. El diputado evitó anticipar si Unión por la Patria acompañará la iniciativa hasta conocer su contenido. “Veremos cuál es el contenido y evaluaremos en función de eso”, respondió.

    El jefe del bloque opositor recordó que el Congreso ya cuenta con legislación sobre la cuestión. Mencionó las leyes sancionadas en 2008 y 2011 relacionadas con la pesca y con sanciones a empresas que operen en la zona sin autorización argentina.

    (Infobae en Vivo)

    En ese contexto, cuestionó la decisión del Gobierno de impulsar ahora nuevas medidas y reclamó que el proyecto sea discutido en las comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa. “Que venga el proyecto y que se debata y que esté abierto”, sostuvo.

    Martínez también planteó la necesidad de establecer controles sobre las actividades económicas vinculadas con los recursos de las islas y advirtió sobre posibles irregularidades en sectores como los hidrocarburos y la pesca.

    El desafío del peronismo y su mirada sobre Kicillof

    Consultado por la reconstrucción del peronismo, Martínez sostuvo que el espacio debe recuperar capacidad para interpretar las preocupaciones cotidianas de la sociedad. “Tenemos que tener una capacidad de leer con precisión dónde está puesta la expectativa de la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas”, afirmó.

    Entre los temas que considera centrales ubicó la actividad económica, el empleo, la recuperación del salario real, el consumo interno y las políticas de ciencia y tecnología. En materia laboral, señaló que se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo.

    El diputado también reconoció errores de las administraciones peronistas y los vinculó con el deterioro de la confianza de parte del electorado. “El principal desafío que para mí tiene el peronismo tiene que ver con la reconstrucción de la confianza”, sostuvo.

    Axel Kicillof toma juramento a nuevos policías

    Sobre Axel Kicillof, Martínez lo definió como “un muy buen gobernador de la provincia de Buenos Aires” y lo ubicó entre los dirigentes que podrían formar parte de una futura propuesta presidencial del peronismo.

    En Santa Fe, en tanto, evitó confirmar una candidatura a gobernador, aunque reconoció que analiza esa posibilidad. “Ganas no me faltan”, dijo, y señaló que cualquier definición dependerá de la estrategia que adopte el Partido Justicialista provincial.

    También evaluó la gestión de Maximiliano Pullaro. Martínez reconoció como un dato positivo la reducción de los homicidios dolosos y las balaceras en Rosario. “Hay un acierto, sin lugar a dudas, y hay que tratar de sostenerlo”, afirmó.

    Al mismo tiempo, sostuvo que la venta de estupefacientes en los barrios de la ciudad “lejos de solucionarse, está potenciada”. También valoró la inauguración de un natatorio en la zona sur de Rosario y cuestionó el rumbo económico de la provincia, al considerar que Santa Fe quedó condicionada por las decisiones del gobierno de Javier Milei.

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  • La UIA alertó por la situación de las pymes y presentó al Gobierno un paquete de medidas

    La UIA alertó por la situación de las pymes y presentó al Gobierno un paquete de medidas

    La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su preocupación por la falta de recuperación de la actividad, la caída del empleo y los elevados costos que enfrentan las empresas y presentó al Gobierno una serie de propuestas destinadas a aliviar la situación de las pymes.

    El diagnóstico fue planteado durante la reunión mensual de la Junta Directiva de la entidad, donde representantes de diferentes sectores y regiones analizaron la coyuntura industrial y pusieron el foco en tres problemas: la presión impositiva, los costos energéticos y las dificultades para acceder al financiamiento.

    Como parte de las gestiones, la UIA envió a la Subsecretaría PyME un documento técnico con medidas que, según explicó, buscan atender las dificultades financieras y fiscales que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. Las propuestas fueron elaboradas a partir de relevamientos del Centro de Estudios de la UIA (CEU) y del Observatorio PyME sobre actividad, morosidad y empleo.

    El planteo se conoció luego de que el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI) registrara en julio una caída interanual del 4,9%. De acuerdo con los datos del INDEC citados por la entidad, 12 de los 16 sectores relevados mostraron retrocesos frente al mismo mes de 2025, mientras que 15 registraron caídas en la comparación mensual. La refinación de petróleo fue la única actividad con una mejora frente a junio.

    Qué medidas propuso la UIA para las pymes

    Entre las iniciativas presentadas al Gobierno aparece la suspensión de embargos por 180 días y la posibilidad de migrar entre distintos planes de pago. La entidad también solicitó reducir la tasa de financiación de ARCA para las pymes y acelerar la devolución de saldos a favor correspondientes a impuestos nacionales.

    Otro de los puntos contempla diferir por 180 días los vencimientos del IVA para las actividades estacionales, anualizar las cargas sociales y postergar el pago de contribuciones patronales para las economías regionales.

    La UIA volvió a cuestionar, además, la carga tributaria que enfrenta el sector productivo. Según los cálculos difundidos por la entidad, la presión fiscal formal alcanza el 56% y afecta particularmente a las industrias de bienes transables que deben competir con productos provenientes del exterior.

    En ese sentido, la central fabril sostuvo que las empresas argentinas necesitan una estructura tributaria comparable con la de sus competidores internacionales para mejorar su competitividad.

    La UIA advirtió por la caída de la actividad y las dificultades que atraviesan las pymes industriales.

    La UIA advirtió por la caída de la actividad y las dificultades que atraviesan las pymes industriales.

    Alerta por el aumento de los costos energéticos

    La energía fue otro de los ejes de la reunión. De acuerdo con la UIA, los usuarios categorizados como Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) recibieron facturas con incrementos de entre 90% y 100% en el costo básico, lo que habría llevado a duplicar el gasto respecto del mes anterior y casi triplicarlo frente a dos meses atrás.

    Ante ese escenario, la entidad destacó las iniciativas implementadas en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para avanzar con mecanismos de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista.

    A nivel nacional, la UIA propuso establecer planes de cuotas para afrontar las facturas energéticas y prorratear los vencimientos, con el objetivo de reducir el impacto inmediato sobre las empresas.

    Crédito productivo: la UIA pide reducir la carga impositiva

    Las dificultades para acceder al financiamiento completaron el diagnóstico industrial. La entidad propuso limitar la carga tributaria sobre los créditos y eliminar los impuestos aplicados a las operaciones destinadas a refinanciar pasivos.

    Según sus estimaciones, la combinación del IVA nacional, Ingresos Brutos y Sellos provinciales y diferentes tasas municipales incrementa en promedio más de 18% el costo financiero del crédito productivo.

    Como ejemplo, la UIA calculó que una Tasa Nominal Anual (TNA) del 35% termina convirtiéndose en un Costo Financiero Total (CFT) del 41,4%, lo que representa alrededor de 6,4 puntos porcentuales adicionales.

    La entidad también puso el foco en los encajes bancarios. Indicó que los aplicados sobre los depósitos a la vista se encuentran en torno al 45% en Argentina, frente a aproximadamente 21% en Brasil y 9% en Chile, y consideró que esa diferencia reduce la capacidad de los bancos para expandir el financiamiento.

    Finalmente, señaló que el crédito bancario representa alrededor del 12% del PBI argentino, mientras que el promedio regional se encuentra cercano al 60%. Para la UIA, la combinación de baja actividad, mayor morosidad, costos tributarios y restricciones crediticias profundiza las dificultades que actualmente atraviesan las pymes.

  • Crisis en la mayor avícola: Granja Tres Arroyos se presentó en concurso de acreedores ante la Justicia

    Crisis en la mayor avícola: Granja Tres Arroyos se presentó en concurso de acreedores ante la Justicia

    La empresa avícola Granja Tres Arroyos se presentó en concurso preventivo de acreedores ante la Justicia Nacional en lo Comercial, en medio de la crisis financiera, judicial y laboral que atraviesa. La causa quedó radicada en el Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, y al 15 de septiembre figuraba “en despacho”, según surge del sistema de consulta de expedientes judiciales. Es la segunda firma del grupo GTA que acude a este mecanismo judicial, después de Wade SA.

    El expediente está registrado bajo el número COM 018558/2026, con la carátula “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”. La información disponible hasta el momento no permite afirmar que el concurso haya sido formalmente abierto por el juzgado, aunque fue confirmado por fuentes de la compañía a LA NACION que el trámite fue iniciado formalmente. Lo que consta por ahora es la presentación del proceso concursal y su radicación. Vale aclarar que la apertura requiere una resolución judicial.

    El Grupo GTA está integrado por Granja Tres Arroyos SA, Wade SA y Avex SA. Granja Tres Arroyos era la sociedad principal del conglomerado y concentraba buena parte de la estructura productiva; Wade quedó al frente de los activos de la exCresta Roja y opera las plantas Wade 1, en Ezeiza, y Wade 2, en Esteban Echeverría; mientras que Avex, incorporada al grupo en 2019, tiene su principal complejo avícola en Río Cuarto, Córdoba. Las obligaciones de las tres compañías habían sido contempladas en conjunto dentro del intento de reestructuración financiera que llevó adelante el grupo. La empresa también tiene una planta en Capitán Sarmiento.

    Como se dijo, por el momento no se encuentran disponibles públicamente los detalles de la presentación judicial que permitan conocer el monto del pasivo y del activo declarado, la cantidad de acreedores ni las razones invocadas por la empresa para explicar su situación patrimonial.

    Capitán Sarmiento, la ciudad donde 750 despedidos de Granja Tres Arroyos viven un drama
    Capitán Sarmiento, la ciudad donde 750 despedidos de Granja Tres Arroyos viven un dramaCaptura

    La decisión se inscribe en la delicada situación que atraviesa uno de los principales grupos avícolas del país, que en los últimos meses quedó alcanzado por reclamos laborales, ejecuciones de deuda, pedidos de quiebra contra sociedades vinculadas, medidas cautelares y un fuerte conflicto con los trabajadores.

    Hasta ahora, Granja Tres Arroyos enfrenta tres de las ejecuciones relevadas en el sistema judicial: una por un pagaré cuyo capital pendiente supera los $1194 millones, con un monto procesal de $1794,9 millones al sumar intereses y costas; otra por un cheque electrónico rechazado de $200 millones, con $150 millones presupuestados para intereses y costas, y una tercera por $55,8 millones correspondiente a dos préstamos prendarios, con un embargo fijado en $80 millones y pedido de secuestro de dos tractores.

    En esas causas, la Justicia también dispuso o analizó embargos sobre inmuebles vinculados a integrantes de la familia De Grazia. En el caso de Wade SA, Banco Credicoop reclama $206,35 millones de capital por un pagaré de $250 millones que tuvo un pago parcial; con intereses y costas, la ejecución alcanza $412,7 millones. Además, Wade ingresó en convocatoria de acreedores luego de enfrentar al menos siete pedidos de quiebra, con reclamos que superan los $2000 millones entre capital e intereses, más otro planteo por más de US$12.000. El grupo GTA tiene un pasivo total estimado en US$350,9 millones que busca reestructurar en su concurso preventivo de acreedores.

    El concurso preventivo es el procedimiento mediante el cual una empresa en dificultades busca reestructurar sus deudas y alcanzar un acuerdo con sus acreedores. La delicada situación financiera y operativa del grupo se profundizó desde fines de mayo, cuando comenzaron las paralizaciones indefinidas de algunas plantas. Primero quedó sin actividad La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y a fines de agosto la compañía confirmó la paralización “transitoria” de los establecimientos de faena ubicados en Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires.

    La compañía acudió a la Justicia Comercial pocos días después de Wade
    La compañía acudió a la Justicia Comercial pocos días después de Wade

    En paralelo, los sindicatos denunciaron alrededor de 1730 despidos entre ambas provincias, más del 25% de la dotación total del grupo. Ante el conflicto en territorio bonaerense, el Ministerio de Trabajo provincial dictó una conciliación obligatoria por 15 días hábiles, que alcanzó a 1200 trabajadores de las plantas vinculadas con Granja Tres Arroyos y Wade. En el telegrama de despido, la empresa argumentó la existencia de “fuerza mayor” y una disminución del trabajo por causa del impacto de la influenza aviar en el país.


  • La UIA presentó propuestas al Gobierno para aliviar la situación de las pymes en un escenario de alta morosidad

    La UIA presentó propuestas al Gobierno para aliviar la situación de las pymes en un escenario de alta morosidad

    La Unión Industrial Argentina (UIA) analizó este martes la situación de las pequeñas y medianas empresas presentando unas series de medidas para aliviar las dificultades que atraviesa el sector. El encuentro se realizó durante la reunión mensual de la Junta Directiva, donde representantes de distintos sectores y regiones evaluaron la evolución de la actividad industrial.

    Durante la reunión, los empresarios manifestaron su preocupación por la falta de recuperación de la producción, la caída de empleo y la persistencia de costos que afectan la competitividad de la industria.

    Según los datos del Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INDEC), la producción industrial cayó un 4,9% en julio respecto del mismo mes de 2025. De los 16 sectores que integran el Índice de Producción Industrial (IPI), 12 registraron bajas interanuales y 15 tuvieron una caída en comparación con junio. La única excepción en la medición mensual fue la refinación de petróleo, que mostró una suba.

    El consumo pyme retrocedió 2,7% en agosto y se profundiza la cautela en los comercios

    Las propuestas para las pymes

    Frente a este escenario, la UIA remitió a la Subsecretaría PyME un documento técnico con medidas destinadas a reducir las dificultades que enfrentan las empresas. Las propuestas fueron elaboradas a partir de los relevamientos del Centro de Estudios de la UIA (CEU) y del Observatorio PyME sobre actividad, empleo y morosidad. Entre esas iniciativas vinculadas con la presión impositiva, la entidad planteó:

    – Suspender los embargos durante 180 días y diferir los vencimientos de IVA para actividades estacionales.

    – Facilitar la migración entre distintos planes de pago.

    – Reducir la tasa de financiación de ARCA para las pymes.

    – Anualizar las cargas sociales.

    – Postergar el pago de Contribuciones Patronales para las economías regionales.

    – Agilizar la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales.

    La UIA sostiene que “la presión fiscal formal en la Argentina es de 56%, récord en el mundo”. En ese sentido, remarcó que “la industria produce bienes que compiten tanto en el mercado interno como en el internacional y que, por ese motivo, los costos impositivos tienen un impacto directo sobre la capacidad de competir con productos fabricados en otros países”.

    El impacto del costo de la energía

    Otro de los puntos centrales planteados durante la reunión fue el aumento de los costos energéticos, especialmente para las pequeñas y medianas industrias. De acuerdo con la UIA, los usuarios categorizados como GUDI (Grandes Usuarios de la Distribuidora) recibieron facturas con incrementos de entre 90% y 100% en el costo básico. Esto implicó, duplicar el costo respecto del mes anterior y casi triplicarlo en comparación con dos meses atrás.

    Ante esta situación, la UIA destacó una iniciativa impulsada por las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para avanzar en un esquema de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista. La propuesta surgió luego de los planteos realizados por la UIA junto con las uniones industriales de distintas provincias. La entidad industrial pidió al Gobierno nacional establecer mecanismos de pago en cuotas y prorratear los vencimientos de las facturas para evitar que el aumento de los costos energéticos profundice las dificultades financieras de las empresas.

    Reclamo por el costo del crédito

    Según la entidad, los impuestos sobre la intermediación financiera —entre ellos el IVA a nivel nacional, Ingresos Brutos y Sellos a nivel provincial, además de distintas tasas municipales— incrementan en promedio más de un 18% el costo financiero del crédito productivo. De esta manera, una tasa nominal anual (TNA) de referencia del 35% puede transformarse en un costo financiero total (CFT) cercano al 41,4%.

    Para la entidad, “este sobrecosto se suma a un escenario marcado por una baja profundidad del crédito y una elevada morosidad empresarial, lo que dificulta el acceso de las pymes al financiamiento necesario para sostener o ampliar su actividad, que también puso el foco en los encajes bancarios”. Según los datos presentados, los encajes sobre los depósitos a la vista rondan el 45% en Argentina, frente a aproximadamente 21% en Brasil y 9% en Chile.

    La entidad sostiene que esta diferencia “reduce la capacidad de intermediación de los bancos y contribuye a mantener condiciones más restrictivas para el crédito destinado a la producción”. En este contexto, la UIA señaló que el crédito bancario representa alrededor del 12% del PBI argentino, frente a un promedio regional cercano al 60%.

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  • La UIA propuso medidas “de alivio” para las pymes: cuáles son

    La UIA propuso medidas “de alivio” para las pymes: cuáles son

    El pedido al gobierno se produce luego que la producción cayera 4,9% interanual en julio y acumulara una baja del 2,6% en lo que va del año, sin mayores perspectivas de reacción

    La Unión Industrial Argentina (UIA) le envió este martes a la Subsecretaría PyME una serie de propuestas “para aliviar las dificultades que sufren” estas compañías, prorratear el aumento del costo de la electricidad, y bajar los encajes bancarios para que haya más dinero disponible y refinanciar las deudas.

    Algunas de las propuestas enviadas para aliviar la presión fiscal son “la suspensión de embargos por 180 días, la migración entre planes de pago, la reducción de la tasa de financiación ARCA para pymes”, destacó la UIA a través de un comunicado.

    También pidió “el diferimiento de vencimientos impositivos (IVA) de 180 días para actividades estacionales, la anualización de cargas sociales y la postergación de Contribuciones Patronales para economías regionales, además de una agilización en la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales”.

    Otro problema que sufre la industria -y sobre todo las pymes- “es el costo energético”, ya que varias pymes aparecen como Grandes Usuarios de la Distribuidora, lo cual “recibieron facturas con un incremento del orden del 90 al 100% en el costo básico, motivo por el cual se duplicó el costo del mes anterior y casi triplicó el valor de dos meses previos”.

    En este marco, la UIA destacó la iniciativa de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba “para avanzar en un esquema de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista” y le pidió al presidente Javier Milei “el establecimiento de cuotas para hacer frente a las facturas, y el prorrateo de los vencimientos”.

    Con respecto al crédito, la central fabril pidió “eliminar por completo los impuestos en las operaciones de refinanciación de pasivos” y reducir el dinero que los bancos deben mantener indisponible (encajes), que en Argentina llega al 45% “un nivel considerablemente superior al observado en Brasil, cercano al 21%, y en Chile, del 9%”.

    Esta diferencia “limita la capacidad de intermediación de los bancos y contribuye a mantener condiciones más restrictivas para la expansión del crédito productivo”, señaló el documento de la UIA.

    La misma central fabril realizó una encuesta entre 600 empresas las cuales afirmaron que la mitad de ellas tuvo baja en sus ventas durante julio, al tiempo que cuatro de cada diez debieron bajar su producción ante la falta de demanda interna.


  • El STJ rechazó dos amparos ambientales por las distancias de fumigación y ratificó la Ley de Fitosanitarios

    El STJ rechazó dos amparos ambientales por las distancias de fumigación y ratificó la Ley de Fitosanitarios

    El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró la nulidad de una sentencia que había dispuesto distancias de resguardo para fumigaciones superiores a las previstas en la Ley provincial Nº 11.178 (Ley de Buenas Prácticas en Fitosanitarios), que establece un protocolo que regula las aplicaciones de fitosanitarios en Entre Ríos.

    Consideró que no correspondía establecer judicialmente un régimen diferente al previsto por la normativa vigente sin una declaración de inconstitucionalidad.

    El Tribunal, con el voto del vocal Daniel Carubia, la vocal Claudia Mizawak, los vocales Carlos Federico Tepsich, Leonardo Portela y la abstención de la vocal Laura Mariana Soage, resolvió rechazar las acciones de amparo ambiental en el expediente “Rosso Janet Ximena c/Haberkon Mauro Ariel y otros/ (y acumulado “Gareis Gerardo Ariel c/Estado Provincial y otros s/ acción de amparo ambiental” Expte. Nº 13.832)”.

    El aspecto central abordado por el Tribunal estuvo relacionado con las distancias de resguardo para las aplicaciones de productos fitosanitarios y su correspondencia con las previstas en la Ley provincial Nº 11.178.

    La sentencia de primera instancia había ordenado el cese de las fumigaciones terrestres a una distancia no menor de 1.095 metros y de las aplicaciones aéreas a una distancia no menor de 3.000 metros, tomando como referencia lo resuelto anteriormente por el STJER en el precedente “Rosso I”.

    En ese sentido, en la sentencia dada a conocer hoy, se señala que las distancias referidas no surgen de la actual Ley Nº 11.178, sino que la misma había sido tomada del antecedente judicial mencionado.

    En cambio, la legislación vigente, posterior a tal jurisprudencia, establece su propio régimen de zonas de exclusión y amortiguamiento.El fallo precisa que el artículo 63 de la Ley Nº 11.178 establece radios de exclusión de hasta 100 metros para las pulverizaciones terrestres, mientras que el artículo 76 contempla distancias de 1.000 y 3.000 metros únicamente para aplicaciones aéreas sobre plantas urbanas.Asimismo, consideró que las zonas de exclusión y amortiguamiento previstas en los artículos 63 y 66 de la ley tienen carácter obligatorio y no pueden ser consideradas meramente orientativas para establecer judicialmente un régimen diferente, sin que previamente se declare la invalidez de esas normas.

    El Tribunal también cuestionó que el loteo Tierra Alta I, II y III hubiera sido asimilado judicialmente a una planta urbana o zona sensible a los efectos de aplicar determinadas distancias, destacando que dichos loteos no contaban con el respaldo registral correspondiente ni con la intervención de la autoridad de la Comuna de Colonia Ensayo para asimilarlos a una planta urbana o zona sensible.

    El STJER recordó que en el caso “Rosso I”, de marzo de 2024, se había establecido para la zona de Tierra Alta I, II y III distancias mínimas de 1.095 metros para las fumigaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas.

    Esa decisión había quedado firme al ser consentida por el Estado Provincial y las partes demandadas.

    Sin embargo, el Tribunal explicó que aquel antecedente tenía carácter condicionado, hasta la realización de estudios y el dictado de la normativa pertinente. Por ello, la Ley Nº 11.178 no podía ser desplazada ni sustituida por aquel estándar sin una previa declaración de inconstitucionalidad, de allí que “Rosso I” no podía ser trasladado al nuevo proceso para modificar el régimen establecido por la Ley Nº 11.178 ni para extender sus alcances a situaciones diferentes.

    En lo inherente a la causa acumulada, la pretensión se centraba en la protección individual del actor y de su grupo familiar, en particular su hija menor (“Gareis Gerardo Ariel c/Estado Provincial y otros s/ acción de amparo ambiental” Expte. Nº 13.832), entendiendo el Tribunal que no se acreditaron, con la suficiencia requerida en el marco sumarísimo del amparo, ni la probabilidad seria de riesgo individual ni el nexo causal con las aplicaciones practicadas en los predios linderos.

    El Tribunal aclaró que el rechazo de los amparos no implica desatender la tutela ambiental ni la protección preferente de la niña involucrada, sino que responde a la insuficiencia de los presupuestos acreditados en esta vía, sin perjuicio de las instancias administrativas, preventivas u ordinarias que pudieran corresponder en cada caso.

    La vocal Laura Mariana Soage, que no se expidió sobre la cuestión de fondo por haberse alcanzado la mayoría con los votos anteriores, adhirió a la propuesta de que las costas sean soportadas por su orden.

    Señaló que ante la sentencia dictada por el Superior Tribunal el 6/3/24 en la causa promovida por la misma accionante (“ROSSO…”, Expte. Nº 26.679), ésta contaba con razones más que suficientes para cuestionar la Ley 11.178, que establece distancias manifiestamente inferiores a las que se consideraron necesarias y adecuadas en aquel precedente con base en la prueba científica allí incorporada.

    Agregó que en el caso del señor Gareis, el extremo cuadro de vulnerabilidad de su hija y la cercanía de su residencia a los predios involucrados, pudo haberle generado la convicción de la existencia de un vínculo causal suficiente entre la enfermedad de la niña y la exposición a fitosanitarios, circunstancia que justificaba y profundizaba la razonabilidad de que las costas sean impuestas por su orden.

  • Dólar, inflación, PBI y superávit fiscal: qué números prevé el Presupuesto 2027 y qué contrastes hay con las proyecciones del mercado

    Dólar, inflación, PBI y superávit fiscal: qué números prevé el Presupuesto 2027 y qué contrastes hay con las proyecciones del mercado

    El proyecto de Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del PBI de 3% en 2026 y de 4% en 2027, por encima de las estimaciones del REM. (REUTERS/Lee Jae-Won/File Photo)
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    El Gobierno presentará hoy el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, una norma que requiere la definición de toda clase de supuestos en materia de variables económicas tanto para este año como el próximo. Los números que estima la cartera de Economía, a cargo de Luis Caputo, son una buena oportunidad para comparar lo que tiene en mente el Gobierno con las previsiones del mercado.

    Para comparar los números del Gobierno con las expectativas privadas, la herramienta más rápidamente disponibles es el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora todos los meses el Banco Central (BCRA).

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    La comparación arroja que el proyecto de Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del PBI de 3% en 2026 y de 4% en 2027, mientras que el (REM) prevé tasas de 2,1% y 2,9% para la misma variable, respectivamente. La diferencia entre las previsiones de los especialistas y las proyecciones oficiales son, este año, particularmente pequeñas. Aunque se ven brechas de relevancia en el precio esperado para el dólar y la actividad.

    Especialistas esperan menor crecimiento que el Ejecutivo

    Para 2026, la diferencia entre ambas proyecciones de actividad es de 0,9 puntos porcentuales. En el año siguiente, la brecha se amplía a 1,1 puntos: el Presupuesto estima un avance de 4%, frente al 2,9% que surge de la mediana del REM.

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    Las previsiones también difieren en la trayectoria de los precios. El programa oficial calcula una inflación anual de 29% para diciembre de 2026 y de 18% para diciembre de 2027. Los analistas consultados por el BCRA proyectan 30% para el cierre de 2026 y 20,5% para diciembre del año siguiente.

    La cotización prevista por el REM supera la pauta presupuestaria

    El Gobierno incluye en el proyecto una cotización nominal de $1.600 por dólar para diciembre de 2026 y de $1.847,6 para diciembre de 2027. La mediana de las expectativas privadas ubica el tipo de cambio en $1.629,6 para el primer período y en $2.015,7 para el segundo.

    La diferencia entre ambas estimaciones cambiarias llega a $29,6 en diciembre de 2026. Para diciembre del año siguiente, la proyección del REM supera en $168,1 la referencia incluida en el Presupuesto.

    Las proyecciones comerciales muestran saldos externos diferentes

    El Presupuesto calcula un saldo comercial de USD 16.951 millones para 2026 y de USD 15.560 millones para 2027. Esas cifras surgen de exportaciones por USD 124.801 millones y USD 133.984 millones, junto con importaciones por USD 107.850 millones y USD 118.424 millones, respectivamente.

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    En cambio, la mediana del REM prevé un superávit comercial de USD 25.034 millones en 2026, con exportaciones por USD 100.895 millones e importaciones por USD 75.861 millones. Para 2027, el relevamiento estima ventas externas por USD 104.810,2 millones y compras por USD 82.885,7 millones, con un saldo de USD 21.924,5 millones.

    Las previsiones sobre el resultado fiscal coinciden

    Para las cuentas públicas, el Presupuesto proyecta un resultado primario del Sector Público Nacional de 1,3% del PBI en 2026 y 2027. En valores nominales, las cifras son $15.537.381,1 millones y $18.439.871,9 millones. El resultado financiero previsto alcanza 0,2% del PBI en ambos ejercicios.

    El REM mide el resultado primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) y lo ubica en $15.400 miles de millones para 2026 y $18.468,9 miles de millones para 2027. La encuesta del BCRA no incluye una proyección para el resultado financiero, por lo que ese indicador no cuenta con una referencia equivalente dentro del relevamiento.

    El resultado primario es el indicador fiscal que permite una comparación parcial entre ambas fuentes. El Presupuesto expresa las cuentas del Sector Público Nacional en porcentaje del PBI y pesos, mientras que el REM informa el resultado del SPNF solo en miles de millones de pesos. Esa diferencia metodológica impide trasladar directamente los valores a una misma relación.

    Las proyecciones de comercio exterior muestran además una diferencia en la composición de las estimaciones. El Gobierno calcula mayores exportaciones e importaciones para ambos años frente al REM. Sin embargo, el relevamiento privado prevé saldos comerciales superiores: USD 25.034 millones en 2026 y USD 21.924,5 millones en 2027.

    Para el cierre de 2026, el REM anticipa una inflación de 30% y un tipo de cambio de $1.629,6. Para diciembre de 2027, sus estimaciones ascienden a 20,5% y $2.015,7, respectivamente. El Presupuesto fija para esos mismos momentos una inflación de 29% y 18%, con un dólar de $1.600 y $1.847,6