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Ante un mercado automotor marcado por señales contradictorias entre quienes venden menos vehículos que el año pasado y quienes crecen en esa comparación habitual para medir los movimientos del mercado, el promedio mensual de ventas reordena la lectura del mercado de autos 0 km y evita distorsiones que confunden el diagnóstico.

Es cierto que las ventas están por debajo de las de 2025 y que en el acumulado de 8 meses se registra un 13,3% menos de patentamientos. Sin embargo, hay nuevos modelos y autos con tecnología de propulsión híbrida o eléctrica a los que les va bien, y la única manera de apreciarlo es mirar la “película completa” del año y no la cifra que resume el resultado al final del recorrido.

Del mismo modo que el promedio permite aprobar o desaprobar el año en la escuela, en el mercado automotor se puede hacer una evaluación similar. Curiosamente, tomando los 10 autos más vendidos del mercado, hay cinco aprobados y cinco que están por debajo de su rendimiento 2025.

El promedio mensual modifica las posiciones

Con ocho meses computados, pero con varios autos que llegaron a las calles una vez iniciado 2026, tomar el promedio de ventas mensual cambia algunas posiciones del ranking de ventas de autos 0 km, dejando que caigan ciertos modelos que arrancaron fuerte el año pero luego se estancaron, mientras los autos nuevos empezaron a ganar terreno.

Incluso, sin entrar en el terreno de los híbridos y eléctricos de las nuevas marcas asiáticas, hay modelos nafteros que se lanzaron al mercado durante el primer semestre del año que tienen un promedio mensual mejor de lo que marcan los patentamientos totales, como el Toyota Yaris Cross, los Chevrolet Captiva y Sonic, el Renault Boreal o el Nissan Kait.

5 aprobados y 5 desaprobados

El vehículo con mejores números del año, naturalmente, es la pick up Toyota Hilux, que muestra un promedio de 2.642 unidades por mes. Y el resultado es sorprendente porque si se toma todo el año 2025 y se divide por 12, el número de Hilux es de 2.564 unidades. Esto marca que en lo que va de 2026, el promedio es un 3% superior al del año anterior.

El segundo modelo con mejor promedio es el Fiat Cronos, que alcanza los 2.009 vehículos por mes. El año pasado, su promedio de 12 meses fue de 2.492, con lo que la caída es pronunciada y alcanza a fines de agosto a un 19,3%.

En tercer lugar está la pick up Ford Ranger con un promedio de 1.758 unidades por mes. En este caso nuevamente hay una caída de ventas, porque el promedio de todo 2025 fue de 2.081 unidades, es decir que está debajo de la marca de referencia en un 15,5%.

El cuarto modelo es el Peugeot 208 con 1.753 autos por mes de promedio entre enero y agosto. El número también muestra un retroceso del 27,7% sobre la media mensual de 2025 que estaba en los 2.424 vehículos.

La quinta posición es para la Ford Territory, con un promedio de 1.732 patentamientos mensuales. Aquí se da otro caso de suba interanual contra el promedio de 2025, que había sido de 1.170 autos, lo que implica un crecimiento de 48%.

El sexto puesto corresponte a otra pickup mediana, la Volkswagen Amarok, que entre enero y agosto de este año vendió un promedio de 1.342 unidades, aunque con una fuerte caída respecto a la misma medición de todo 2025, en el que el promedio daba 1.967 matriculaciones. Así, la caída es de un 31,7%.

Séptimo aparece el Volkswagen Tera, que el año pasado recién empezó a sumar ventas en septiembre, por lo tanto, su volumen total de 2025 se divide por 4 y arroja un promedio mensual de 1.194 vehículos. Este año tiene una media mensual de 1.333 unidades, de modo tal que su crecimiento alcanza el 11,6%.

La octava posición le pertenece al Toyota Yaris Cross, uno de los modelos nuevos de 2026, que no tiene comparación interanual para hacer, pero que, tomando marzo como primer mes de ventas, promedia las 1.247 unidades entre ese mes y agosto.

En noveno lugar está la Chevrolet Tracker con un promedio de ventas de 1.204 unidades en los 8 meses de 2026. La referencia con la media del año pasado arroja números negativos, ya que era de 1.470, por lo tanto, se percibe una caída de ventas del 18,1%.

El top 10 de los autos con mejor promedio de ventas lo completa otro Chevrolet, el Onix, que este año tiene una media de 1.163 patentamientos mensuales y el año pasado tenía 1.141, lo que le permite mostrar un crecimiento leve de un 1,9%.

Gracias al cómputo del promedio y no del acumulado anual, el Peugeot 208 intercambió lugares con el Ford Territory, entre el cuarto y quinto puesto, pero más atrás se aprecian diferencias.

El Toyota Yaris pasó de esta undécimo absoluto al octavo, el BYD Atto 2 subió diez lugares del 35 al 25, Chevrolet Captiva pasó del puesto 41 al 38, el Nissan Kait subió del puesto 69 al 47, Renault Boreal del 63 al 49, y el Chevrolet Sonic subió del puesto 81 al 53, y es uno de los modelos en los que se apecia más la diferencia entre una comparación y otra.

El Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación del intendente Lucas Ghi o algún miembro de su gabinete en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa el municipio después de que un hombre fue herido frente a una escuela.

Según confirmó la presidenta del Concejo, la audiencia se llevará a cabo el próximo jueves 17 de septiembre a las 9. Si bien la convocatoria es para el intendente municipal, existe la posibilidad de que sea otro miembro del Poder Ejecutivo quien se presente.

Existe la posibilidad de que sea el secretario de Seguridad del municipio, Damián Cardoso. El funcionario se presentará por segunda vez ante el Concejo en el año: ya compareció en mayo tras el escándalo por la funcionaria involucrada en una causa de narcotráfico.

La interpelación tiene como fundamento solicitar al Ejecutivo “un informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos de Morón, y las políticas tomadas y/o que tomará en materia de seguridad”. La citación fue votada por bloques opositores como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Todo por Argentina, Nuevo Pro Morón y Fuerza Patria, agrupación que en el distrito mantiene un enfrentamiento abierto con el intendente.

Según consta en los fundamentos del proyecto aprobado, el pedido de interpelación es el resultado de “varios pedidos de medidas concretas como la instalación y reparación de alarmas, mayor iluminación, incorporación y mantenimiento de cámaras de videovigilancia, incremento del patrullaje y una mayor presencia territorial tanto del personal policial como de los agentes de la guardia urbana”.

El detonante político tuvo un correlato directo en las calles. El jueves 10 de septiembre, alrededor de las 7.15, Hernán Mariano Catarraso, de 51 años y excomisario mayor de la Policía Bonaerense, llevaba a su hija al jardín de infantes del Colegio Emaús, en la localidad de El Palomar, cuando tres delincuentes descendieron de un vehículo sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900 e intentaron robarle la camioneta. Catarraso se identificó como miembro de la fuerza de seguridad, lo que derivó en un enfrentamiento armado: recibió un disparo en el abdomen y quedó tendido sobre el asfalto, aunque consciente. Según informó Infobae, testigos del hecho aseguraron que el exoficial llegó a dispararle a dos de los asaltantes. Fue trasladado de urgencia al Hospital Posadas, donde ingresó a terapia intensiva.

Ya herido, la primera reacción de Catarraso fue preguntar por su hija. “¿Te fijás la nena? Ey, ¡la nena!”, se escuchó decir al hombre en uno de los videos registrados tras el ataque, según reprodujo el mismo medio. Fueron vecinos de la cuadra y otros padres que en ese momento llegaban al establecimiento quienes asistieron a la menor y llamaron al 911.

Lucila, una madre que presenció el ataque, describió lo ocurrido en declaraciones a TN: “Nosotros llegábamos y frenaron dos autos, empezaron a bajar personas y a apuntarle a todos los autos que estaban estacionados. Y ahí empezaron los disparos”. Según su relato, durante la huida los delincuentes también le robaron el vehículo a otra mujer que se dirigía al colegio con sus dos hijos.

La violencia del episodio no fue un caso aislado para los residentes del barrio. Claudio C., vecino de El Palomar desde hace 13 años, contó a Infobae que semanas antes del tiroteo se había producido otro robo en la puerta del mismo colegio, mientras los alumnos salían de clases. Dijo que tras aquel incidente el municipio dispuso la presencia de agentes de la Guardia Urbana en los alrededores, pero que la medida duró apenas unos días. “No hay policías, no hay patrulleros. Es todo el barrio igual”, afirmó. La causa quedó en manos del fiscal Pablo Masferrer, titular de la UFI N.° 2 del Departamento Judicial Morón, para identificar a los sospechosos, aún prófugos.

Horas después del tiroteo, padres de alumnos y vecinos se movilizaron en reclamo de mayor seguridad. La concentración partió desde la intersección de Dinamarca y Gobernador D’Amico y avanzó hasta la puerta de la casa del intendente Lucas Ghi, con cacerolazos y al grito de “Seguridad”. “No podemos vivir más así”, expresaron algunas de las mujeres que participaron. Una vecina sintetizó la situación con una frase: “En El Palomar es jugar a la ruleta: te bajás del auto y no sabés qué te va a pasar”, según recogió Infobae. La protesta tuvo continuidad al día siguiente frente a la Municipalidad de Morón.

En paralelo al reclamo por más presencia policial, otro de los ejes sobre los que los concejales interrogarán al funcionario convocado está vinculado a la Policía Municipal, una fuerza que se encuentra en proceso de creación y que cuenta con el respaldo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y del Departamento Judicial Morón. Sin embargo, los fundamentos del proyecto aprobado cuestionaron su naturaleza jurídica: “La propia normativa recientemente difundida establece que la estructura creada por el Departamento Ejecutivo es, más allá de la denominación elegida públicamente, no se trata jurídicamente de una fuerza policial en sentido estricto”, indica el texto. La discusión sobre el alcance legal y operativo de esa fuerza será uno de los puntos centrales de la audiencia del 17 de septiembre.

Otra vez un muy alto volumen de negocios por USD 844 millones en el segmento de contado se impuso en la operatoria mayorista, donde el tipo de cambio cedió un peso, a $1.506,50 para la venta.

El dólar mayorista encadenó la cuarta caída consecutiva. Aunque se trata de una serie con bajas marginales, llevó al dólar a su piso desde el 21 de agosto. En lo que va de septiembre cae dos pesos, para encaminarse a ser el primer mes con desempeño negativo desde marzo último.

El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.899,56 pesos. El dólar mayorista se ubica ahora a 393,06 pesos o 26,1% de ese umbral para la flotación, la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%).

“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó dos pesos, contra una suba de cuatro pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar al público estuvo negociado sin variantes, a $1.530 para la venta en el Banco Nación, por tercer día en dicha cotización. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.532,27 para la venta y $1.477,20 para la compra.

El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.560 para la venta, en su punto más alto desde el 25 de agosto.

“El dólar mayorista sigue planchado por debajo de los $1.510, sin alteraciones tampoco en las tasas cortas en pesos tras recomponerse la liquidez del sistema financiero. Los relevamientos de precios de alta frecuencia privados siguen siendo monitoreado, en busca de evaluar la dinámica del proceso de desinflación, dado que de dicha consolidación dependerían las definiciones respecto al ritmo de reacomodamiento cambiario”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, consideró que “este movimiento dio continuidad a la pronunciada desaceleración iniciada el viernes pasado, cuando la plaza financiera registró su retroceso diario más significativo del último mes. En cuanto a las posiciones a término, los contratos de dólar futuro acompañaron la tendencia descendente de forma generalizada. El mercado fijó la postura mayorista para diciembre en $1.602,50, un valor que ratifica la previsión de un deslizamiento cambiario pausado y descarta expectativas de desfasajes bruscos antes de fin de año”.

Morales también advirtió “una marcada desaceleración en la capacidad de absorción de la entidad monetaria, que acumuló apenas USD 42 millones en los últimos cinco días hábiles, su registro semanal más magro desde la implementación del actual esquema cambiario. En el transcurso de septiembre, el saldo comprador suma USD 135 millones y el promedio diario de absorción retrocedió a USD 14 millones, una cifra distante de los USD 38 millones diarios verificados en agosto y de los picos alcanzados en mayo, cuando el ritmo promedio se situaba en USD 137 millones por jornada”.

Pese al freno reciente, el balance positivo acumulado por la autoridad de contralor en el transcurso del año 2026 asciende a 14.218 millones de dólares.

Los expertos de Max Capital subrayaron que “el BCRA continúa realizando compras limitadas de dólares, con un promedio diario de compras en el mes de USD 14 millones” y señaló que “los inversores pueden navegar el mercado a los precios actuales en un período inevitablemente ruidoso de cara a las elecciones presidenciales. Argumentamos que la combinación de cuentas externas sólidas y un colchón de reservas puede limitar la presión sobre la dinámica cambiaria”.

“Todo indica que el agro continúa liquidando a un ritmo particularmente firme -cerca de USD 170 millones diarios-, pero que, al tipo de cambio actual, el resto de los jugadores concentra una elevada demanda neta de divisas. El resultado es un espacio mucho más acotado para que el BCRA compre sin generar presión sobre el mercado”, definieron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y de su obra social, OSUOMRA, hizo un balance demoledor sobre el estado en que el sindicato y la entidad de salud de los metalúrgicos fueron recibidas de la gestión de Abel Furlán: en sus 57 páginas se habla de una estructura administrativa casi inexistente, documentos esenciales ausentes, circuitos opacos de pago y procedimientos internos al borde de la anomia.

Además, se pone bajo la lupa el polémico contrato de la UOM con la empresa USEM, vinculada con La Cámpora, a partir de una auditoría realizada por la consultora BDO: allí se afirma que la compañía fue constituida el 7 de diciembre de 2022 y apenas 82 días después, el 27 de febrero de 2023, fue contratada por la UOM y OSUOMRA para intervenir en procesos críticos vinculados con la administración de cuentas y la ejecución de pagos.

Se menciona también que “el hallazgo institucional más relevante es la superposición objetivamente documentada entre contratante y proveedor: María Soledad Calle mantuvo una relación laboral con UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, simultáneamente, fue directora suplente y accionista titular del 50% de USEM”.

“En términos concretos -añade-, UOM y OSUOMRA contrataron para intervenir en la administración de fondos y ejecución de pagos a una sociedad constituida apenas 82 días antes y cuya mitad del capital pertenecía a una dependiente de la propia UOM”.

Así lo detalla el primer informe trimestral auditado y elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por el interventor Alberto Biglieri, quien asumió la gestión el 2 de junio pasado y ahora, como anticipó Infobae, compartirá sus tareas en un triunvirato con los abogados Pablo Daniel Iglesias y Ariel Martín Alonso.

Además del cambio en la estructura de la intervención, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo trasladó una denuncia penal sobre supuestas irregularidades en la gestión del desplazado titular del sindicato, Abel Furlán, a partir del informe de presentado por Biglieri, al considerar que se detallan situaciones que “deberían ser abordadas por la justicia criminal”.

La contraofensiva de Furlán no se hizo esperar: sus abogados presentaron sendas denuncias en el fuero penal y en el laboral en las que apuntan contra las acusaciones del informe de Biglieri y, a la vez, advierten que, a más de 90 días de iniciada su gestión, la intervención del gremio aún no definió la fecha de los comicios en la Seccional Zárate-Campana, mientras se ampliaron sus facultades sobre la UOM, la obra social, la negociación colectiva y la administración de recursos.

Al mismo tiempo, los escritos cuestionan la decisión del interventor judicial de otorgar poderes bancarios a Betiana Gorosito para operar ante el Banco Nación respecto de UOM y OSUOMRA porque en 2022 fue designada presidenta y directora titular de Donington S.A, “firma que integró durante más de 2 décadas un esquema fiduciario de administración de recursos sindicales que luego fue sustituido por decisión de los órganos de conducción” del sindicato metalúrgico.

“La intervención judicial no recibió mandato para determinar qué modelo de administración financiera debía prevalecer dentro de la organización”, se afirma en una de las presentaciones, que comparten ese argumento.

Por un lado, el abogado Alejandro Rúa reclamó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, el cierre definitivo de la causa por supuesta administración fraudulenta al afirmar que las acusaciones de la intervención judicial carecen totalmente de sustento de hecho y de derecho.

El escrito sostiene que la intervención no sólo incumplió su única misión —convocar a nuevas elecciones—, sino que además aplicó cuestionamientos infundados sobre la gestión financiera de la UOM aunque los propios balances y auditorías internas desmienten todas las sospechas.

La presentación rechaza que la intervención judicial haya encontrado la UOM en una situación crítica, sin registros ni controles confiables, y asegura que existen balances aprobados por el propio Congreso Nacional de Delegados que demuestran “el ordenamiento y la solvencia” logrados tras los últimos cuatro años de gestión, con resultados positivos reconocidos año a año en las Memorias y Balances sindicales, incluso durante el ciclo económico adverso de la industria metalúrgica.

Como dato central, la defensa subraya que en el último ejercicio auditado (2025) la organización sindical tuvo “una ganancia de más de 10.700 millones de pesos”, logrando además acumulaciones de ahorro por USD 16.529.427 a lo largo de cuatro años.

Esta acumulación —sumada a “la millonada recuperada de la administradora anterior”— es para la defensa la prueba clave de la “calidad certificada” en la gestión del Secretariado Nacional que lideraba Furlán, no sólo reconocida internamente -remarca- sino también refrendada por la obtención de la certificación ISO 9001:2015, un estándar internacional de control y calidad en los procesos administrativos y financieros.

Las imputaciones más severas del informe de Biglieri giran en torno de eventuales irregularidades en la contratación de USEM, presunto epicentro de un “conflicto de intereses” por la simultánea participación de María Soledad Calle como empleada de la UOM y accionista de la empresa. Sin embargo, la defensa de Furlán señaló que la contratación respondió a la exigencia contractual del nuevo convenio de fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina, y la constitución de USEM 82 días antes de iniciada la relación comercial obedeció a “la necesidad de contar con un intermediario para la gestión bancaria en beneficio de las seccionales de todo el país”.

El escrito enfatiza que la contratación cumplió con todos los procedimientos internos requeridos: por “unanimidad del Secretariado Nacional” de la UOM, con derivación directa del Consejo Directivo en julio de 2022 y tras debates y asesoramiento técnico previos a resoluciones formales. La comparación con la contratación pública —pilar de la denuncia mediática y la intervención judicial—, según el escrito, es “sin sustento jurídico ni normativo”: ni la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, ni el estatuto de la organización, ni las normas para entidades sindicales imponen prohibiciones automáticas para contratar con sociedades en las que participen empleados o ex empleados, ni exigen licitaciones competitivas obligatorias como en el Estado.

Para la defensa, la supuesta “incompatibilidad” es un error conceptual: “No existió, en definitiva, autocontratación, decisión sobre intereses contrapuestos ni intervención de Calle desde ambos lados de la relación jurídica”, reza el texto. Añade que no hay indicio alguno de perjuicio patrimonial para la organización sindical: la remuneración de USEM era variable según la recaudación, los servicios efectivamente prestados están documentados en contratos, facturas, registros y la operatoria con las 53 seccionales del país, y todos los circuitos, aseguran, quedaron auditados bajo norma ISO 9001:2015.

La presentación argumenta incluso que el reemplazo del sistema anterior por el administrado junto a USEM posibilitó una reducción de comisiones, impuestos e intereses, además de ampliar las posibilidades de inversión sindical —punto del que deriva la cifra de ahorro millonario y el refuerzo patrimonial—, dejando sin sustento la hipótesis de daño económico.

Además, los abogados Álvaro Daniel Ruiz, Matías Cremonte y Carlos Zamboni Siri hicieron una presentación ante la Corte Suprema, en el marco de una queja por recurso extraordinario federal denegado, en la que se cuestiona el informe de gestión de Biglieri.

En el escrito se pone en conocimiento de “la gravedad de la extensión de una intervención que, además de injusta, ha transformado su objeto principal de normalizar por vía de nuevas elecciones en a Seccional Zárate-Campana, que fue la excusa de la intervención nacional, y se ha dedicado a reponer la administración de los recursos de la UOM al Grupo Olmos, entre otras cosas”.

En este último sentido, apuntan contra la decisión de Biglieri de sumar a su gabinete de asesores al médico Ariel Raúl Sosa, ya que “existirían publicaciones oficiales e institucionales que lo identifican como director médico o director sanatorial de BASA S.A./Red BASA, además de antecedentes como presidente de Policlínico Regional Avellaneda S.A. y Administración Salud S.A.”,

La presentación vincula esas designaciones con “estructuras empresariales relacionadas con servicios de salud y con el denominado Grupo Olmos”, que estuvo vinculado durante mucho tiempo con la UOM hasta que cuando asumió Furlán como secretario general, en marzo de 2022, disolvió ese vínculo y luego impulsó la contratación de USEM para el gremio y la obra social.

El escrito reclama un tratamiento urgente y reitera el pedido de suspensión de los efectos de la sentencia del 22 de mayo de 2026, que dispuso la intervención judicial de la UOM y el desplazamiento de Furlán, y de los actos dictados como consecuencia de esa resolución.