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La Casa Blanca afirmó el sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene “todas las opciones sobre la mesa” en relación a la guerra contra el régimen de Irán, luego de los informes de medios estadounidenses sobre un aplazamiento de los planes del mandatario respecto a la intensificación de las operaciones militares del Comando Central de EEUU (CENTCOM) en Medio Oriente.

“El presidente Trump siempre ha sido coherente al afirmar que prefiere una solución diplomática, pero mantiene todas las opciones abiertas si Irán continúa con sus actividades terroristas en el estrecho de Ormuz o contra sus aliados”, declaró Steven Cheung, director de comunicaciones de la residencia presidencial, en diálogo con Fox News Digital.

Cheung sostuvo que tras las sanciones que, según sus palabras, “paralizaron la economía de Irán” y 13 días consecutivos de bombardeos contra objetivos militares iraníes, “sería prudente que Irán buscara un acuerdo negociado“. ”De lo contrario, ya saben lo que sucederá”, sentenció.

El viernes, Trump aseguró que Washington y Teherán están negociando, aunque remarcó que, bajo su mirada, el régimen no está listo para un nuevo acuerdo que ponga fin a la guerra en la región. “A veces no quieren decir que quieren hacer un trato. Quieren ser los duros, pero sí quieren hacer un trato”, señaló.

Según reportó este domingo la agencia Associated Press citando a un funcionario regional involucrado en los esfuerzos de mediación, tanto Washington como Teherán buscan reactivar un acuerdo de alto el fuego provisional y, para ello, mantienen negociaciones sobre un posible compromiso para gestionar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz con menos restricciones a la navegación.

La fuente, que pidió anonimato por no estar autorizado a declarar públicamente sobre las conversaciones, señaló que la reciente pausa de los bombardeos del CENTCOM y las represalias iraníes contra países vecinos con presencia militar estadounidense representa “una señal positiva que ayuda a sus esfuerzos por reducir la tensión”.

De acuerdo con el medio, la propuesta en discusión contempla que Irán supervise el paso de buques por el estrecho de Ormuz, limitando las restricciones impuestas a la navegación internacional. Las conversaciones continúan en busca de una solución que satisfaga a ambas partes y disminuya el riesgo de escalada en la región.

No obstante, el CENTCOM detalló que el bloqueo naval impuesto a los puertos de Irán sigue vigente y que el Ejército estadounidense está “en estado de máxima alerta”. En ese sentido, el cuerpo militar que opera en Medio Oriente agregó que desvió 12 buques comerciales y desactivó dos embarcaciones por no cumplir con las restricciones.

Por su parte, Irán anunció el domingo que logró avances en las conversaciones con Omán sobre los mecanismos para garantizar una navegación segura en el estrecho de Ormuz, en medio del bloqueo de facto que mantiene el país persa sobre la vía marítima.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, explicó que el viernes y sábado se desarrollaron varias rondas de negociaciones en Teherán entre los viceministros de Asuntos Exteriores de ambos países.

“Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre principios comunes y mecanismos operativos para gestionar el paso seguro de los buques en el estrecho de Ormuz, respetando al mismo tiempo los derechos soberanos de los dos estados ribereños”, indicó Baghaei.

El funcionario calificó las conversaciones como “útiles” y aseguró que “se lograron avances”, aunque detalló que la delegación omaní dejó la capital iraní el sábado por la tarde. Las “consultas técnicas y políticas entre ambas partes continuarán”, aseguró y subrayó que “por el momento, no ha habido ningún cambio en la situación del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz”. Por ende, el régimen mantiene el bloqueo sobre el estratégico paso marítimo en Medio Oriente.

(Con información de Associated Press)

Hay una decisión política de acelerar el traspaso de los juzgados laborales a la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica disolver los que funcionan a nivel nacional y que desde el oficialismo, la oposición y el empresariado son vistos como “hostiles” y “cercanos al kirchnerismo”, pero la instrumentación sigue empantanada entre trabas económicas, legales y judiciales que surgieron.

Ahora, sin embargo, aparecieron señales alentadoras para que se pueda cumplir a pleno con la autonomía porteña establecida por la Constitución Nacional a partir de su reforma de 1994: la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires prevé aprobar en agosto una ley que desbloquearía el traspaso y ya circula una fecha tentativa para que funcione el fuero laboral porteño: febrero de 2027.

Para definir todos los detalles del nuevo fuero laboral porteño, el jefe de Gobierno, Jorge Macri delegó esa tarea en su ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el subsecretario de Trabajo, Horacio Bueno, dos funcionarios clave para una misión tan estratégica.

Hace un mes y medio, Jorge Macri presentó en la Legislatura de la ciudad un paquete de proyectos de ley vinculados con la reestructuración del Poder Judicial en el distrito, con eje en la transferencia de competencias del gobierno nacional acerca de la justicia laboral.

Pero los promotores del traspaso aclararon a Infobae que “no hay transferencia de la justicia” en el sentido habitual que muchos esperaban sino que “lo que se firmó fue un traspaso de competencias judiciales, no de jueces ni de tribunales nacionales en bloque”.

Ese esquema, destacaron, supone que los actuales magistrados del fuero nacional laboral no pasarán automáticamente a la órbita porteña. Los expedientes que ya estén en trámite seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su resolución, mientras que las nuevas causas ingresarán al sistema de la ciudad una vez que se cumplan ciertas condiciones y venza el plazo operativo de 6 meses, que llevaría el cronograma a febrero.

Entre esas condiciones figura que el traspaso sea ratificado por el Congreso Nacional (algo que ya sucedió con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral), que sea ratificado por la Legislatura porteña y, además, que haya un convenio específico en materia de transferencia de recursos desde Nación a Ciudad.

El sensible tema de las partidas presupuestarias para que funcione la justicia laboral de la ciudad se convirtió en estas últimas semanas en el principal obstáculo para avanzar con el traspaso. Es que los funcionarios porteños aún está negociando con sus pares del gobierno nacional para que también deriven los fondos: aunque el costo estimado del nuevo esquema estaría entre 0,5% y 0,8% de un punto de coparticipación (que significaría entre $48.000 millones y $76.800 millones por mes). La discusión se concentra en cuánto dinero transferirá Nación para sostener juzgados, jueces y estructura administrativa cuando el sistema empiece a funcionar.

El problema presupuestario atraviesa hoy toda la discusión. Si la transferencia llega con recursos asignados por la Nación, el esquema será uno, pero si eso no ocurre la Ciudad tendrá que evaluar qué partida incorpora en el Presupuesto de 2027 para sostener la nueva competencia. La lógica esperable sería que la administración nacional transfiriera a la Ciudad los fondos que hoy destina al funcionamiento del fuero laboral. ¿Es sólo un tema económico o netamente político por parte del gobierno de Javier Milei? Es el gran interrogante que tienen dentro del andamiaje de poder macrista.

Pese a esa incertidumbre, y aunque el tema no deja de ser relevante, algunos dirigentes del PRO relativizaron el efecto inmediato del costo fiscal: este año podría impactar menos porque ya transcurrió buena parte del calendario y la instrumentación demandará tiempo.

En la Legislatura porteña, por su parte, están seguros de que las trabas para el traspaso podrían resolverse en agosto próximo si antes se resuelven las discusiones sobre fondos, estructura judicial y cambios normativos que acompañan la transferencia.

Ese proceso, de todas formas, no se limita a una sola votación, donde habría mayoría en favor del traspaso del fuero laboral a CABA. El paquete enviado por el Ejecutivo porteño incluye al menos cuatro iniciativas: la aprobación del convenio de traspaso, la modificación de la llamada Ley 7 (la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires) sobre la estructura del fuero local, la reforma del Código Procesal Laboral y la creación de un sistema de mediación como existe a nivel nacional con el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

En realidad, esta secuencia es similar a la que se aplicó con el traspaso de la Policía Federal a CABA, que comenzó en 2016, pero como no se concretaba también fue creada la Policía de la Ciudad mientras seguía pendiente el pase completo de la competencia.

En estos días, además del fuero laboral, Nación y Ciudad dieron un paso decisivo para el traspaso de la justicia penal a CABA: el 3 de julio pasado, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Tapia, firmaron el convenio por el cual se transfieren las competencias judiciales en materia penal como delitos contra el honor, como calumnias e injurias; la integridad sexual, como abuso sexual y explotación, y la libertad, como privación ilegítima y amenazas coactivas. También incorpora delitos vinculados a la propiedad intelectual y a la protección de fauna, entre ellos el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria.

Además, la Ciudad asumirá en forma exclusiva el conocimiento y juzgamiento de los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, así como la adopción de medidas de protección para menores de 14 años involucrados en hechos tipificados como delitos, para los que se prevé una intervención tutelar.

El desafío de transferir los juzgados nacionales del trabajo es mucho mayor. El fuero laboral porteño fue diseñado con una estructura más reducida, con una cantidad limitada de juzgados para un esquema incipiente y no para administrar todos los conflictos laborales de la Capital.

Por esa razón, una de las reformas que el oficialismo considera necesarias a través de la Legislatura es ampliar esa capacidad. La modificación de la ley de creación del fuero apunta a dotarlo de más juzgados y más herramientas para que pueda absorber la competencia que hoy permanece en la órbita nacional.

De la misma forma, el Código Procesal Laboral aprobado por la Ciudad debe ser revisado: había sido pensado para litigios individuales y que ahora debe incorporar aspectos que no estaban contemplados en el diseño original.

Los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral contemplan el “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral” y allí “se encomienda al Poder Ejecutivo nacional a transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo de la Ciudad, garantizando el adecuado funcionamiento transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo”.

Según el convenio firmado entre ambas jurisdicciones, la Ciudad deberá, en un plazo máximo de 180 días, seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral y garantizar la infraestructura y los recursos necesarios. Una vez operativo, será el único fuero competente para causas laborales iniciadas desde ese momento.

Pero los 180 días no corren desde la promulgación de la reforma laboral, que llevaría a instrumentar el nuevo fuero del trabajo porteño desde el 1° de septiembre próximo, sino desde que queden cumplidas las condiciones legales requeridas (que el traspaso sea ratificado por el Congreso Nacional, que sea ratificado por la Legislatura porteña y que haya un convenio específico en materia de transferencia de recursos desde Nación a Ciudad). Mientras tanto, el fuero nacional laboral sigue funcionando como siempre, aunque con vacantes que serán cubiertas mediante subrogancias.

La consecuencia práctica de ese esquema es doble. Para Nación, se reduce el costo de los salarios de jueces; para la Ciudad, la preocupación es que el nuevo sistema no se active sin una transferencia suficiente para financiar a los magistrados, el personal y el funcionamiento.

El diseño institucional en estudio en la Ciudad no replica de manera automática la estructura nacional. Aunque la justicia laboral nacional tiene 80 juzgados y la legislación local está “espejada” con ese esquema, la intención no es abrir la misma cantidad en CABA.

Ya hubo concursos para nuevos juzgados y en agosto habrá 10 jueces nuevos. Después se abrirá otro concurso para cubrir entre 30 y 40 cargos adicionales, dentro de una proyección total de entre 40 y 50 juzgados.

La Cámara de Apelaciones del Trabajo local también crecería. Hoy existen 2 salas y el plan es sumar otras 3, mientras que los actuales camaristas nacionales no serán absorbidos por el sistema porteño.

Sobre el destino del fuero nacional laboral, la idea es que pase a una etapa residual. Seguirá resolviendo las causas ya iniciadas hasta su resolución, un proceso que podría demandar entre 2 y 7 años, según el tiempo que insuma el trámite de los expedientes pendientes.

De todas formas maneras, la negociación política entre Nación y Ciudad no se agota en lo jurídico y en lo económico. Hay una fuerte resistencia del peronismo y un lobby judicial en contra de la disolución del fuero nacional laboral y su pase a la órbita de CABA.

De por sí, rige una medida cautelar del 17 de marzo pasado que frenó el traspaso, impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), liderada por Julio Piumato, e incluso la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó en mayo pasado el recurso extraordinario que presentaron el Consejo de la Magistratura de CABA y el gobierno porteño para revertir la suspensión preventiva de la Ley 6789, que habilita la creación del fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, en el gobierno porteño interpretan que, una vez que la Legislatura complete la aprobación y el traspaso quede convertido en ley plena, la encerrona judicial perderá sustento para detener el proceso.

Las autoridades de Alemania emitieron este domingo una orden de búsqueda y captura para un sospechoso prófugo por el atropello masivo con un vehículo en el festival del Orgullo de Berlín, hecho que dejó una persona muerta y al menos 16 heridas. La Policía local y la Fiscalía solicitaron colaboración de la ciudadanía para localizar a Abdul B. identificado como el presunto responsable.

Según el detalle policial, el hombre es descrito como un joven de 21 años con una contextura física delgada, una altura aproximada de 1,90 metros y con cabello color negro. Al momento del suceso, habría portado una remera negra con capucha y pantalones blancos.

A su vez, el informe oficial remarca que el incidente ocurrió la noche del sábado, cuando una camioneta blanca ingresó al parque Tiergarten alrededor de las 22:00 (hora local) y atropelló a varias personas antes de estrellarse contra un árbol.

El aviso público también advirtió a la población contra el “contacto directo” con el sospechoso, señalando que podría estar armado y ser peligroso.

En las cercanías se celebraba la clausura del festival del Orgullo, Christopher Street Day, tras un desfile que reunió a unos 80 camiones y cientos de miles de personas. Las autoridades añadieron que, además de las víctimas del atropello, varias personas también resultaron apuñaladas y que uno o más ocupantes habrían abandonado el vehículo tras el impacto.

La policía había indicado previamente que Abdul B. tendría vínculos con círculos islámicos en Berlín. “La policía conoce al sospechoso. Sabemos que pertenece a círculos islámicos aquí en Berlín, y nuestra búsqueda de esta persona avanza a toda velocidad”, declaró el portavoz Florian Nath, quien agregó que “los investigadores no tenían información sobre sus motivos específicos”.

La policía informó que una mujer falleció a causa del atropello. Los bomberos de Berlín precisaron que tres personas permanecen en estado crítico, ocho sufrieron heridas graves y cinco presentan lesiones leves.

El evento del Orgullo en la Puerta de Brandeburgo, considerado una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa, fue cancelado a las 22:15 y se interrumpió la actuación de una banda sobre el escenario. Se instó a los asistentes a regresar a sus hogares y evitar el área del parque.

Líderes políticos de Alemania condenaron el ataque

Los principales referentes políticos de Alemania repudiaron este domingo el atropello masivo. El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó el hecho como un “acto atroz” a través de un portavoz en declaraciones al diario Tagesspiegel. Merz afirmó que mantiene “estrecho contacto con el ministro del Interior, Alexander Dobrindt”, y que los servicios de seguridad le informan de la evolución del caso. El ministro del Interior ofreció el respaldo de las autoridades federales al Gobierno local de Berlín tras el suceso, según confirmó un portavoz del Ejecutivo, citado por la agencia alemana DPA.

El alcalde de Berlín, Kai Wegener, describió lo ocurrido como “un ataque brutal a nuestra sociedad libre y cosmopolita”. En sus redes sociales, Wegener expresó: “Berlín es la ciudad de la libertad, y nuestra libertad ha sido atacada hoy de la manera más terrible. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y amigos”. Además, agradeció a las autoridades por “hacer todo lo que estaba en su poder”.

El candidato a la presidencia del partido democristiano CDU, Stefan Evers, agradeció directamente a la Policía berlinesa por su intervención y aseguró que “llegarán las consecuencias” para quienes “han golpeado a nuestra ciudad directamente en el corazón”. Hasta el momento, ningún dirigente principal del partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) se ha pronunciado sobre el incidente.

(Con información de Associated Press y Europa Press)

El vocero presidencial fue protagonista de un blooper en el cierre de la semana. Cuando nadie se lo pedía Adrián Ravier vaticinó un tipo de cambio “de $ 1.800 ó $ 1.700 en los próximos meses”. Así contradijo lo que el Gobierno reitera una y otra vez: que el dólar flota.

“Los funcionarios tienen que evitar hablar del valor del dólar”, contestó Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, al ser consultado por los dichos del funcionario libertario. Ravier puede saber mucho de escuela austríaca, pero demostró estar verde para su nuevo rol. Al ser consultado por el nuevo proyecto de inocencia fiscal hizo agua, aunque se trata de una de las iniciativas más importantes del Ejecutivo para este semestre.

Desde “el que apuesta al dólar pierde” de Lorenzo Sigaut en 1981 hay ejemplos de sobra sobre la inconveniencia de hablar del tipo de cambio. Alberto Fernández al ganar las PASO en 2019 consideró que “el dólar a $60 está bien”. Al final del mandato y luego de cuatro años de cepo lo entregó a casi $1.000 en el mercado paralelo.

El año pasado fue Javier Milei quien anunció que el Central compraría dólares solo cuando el tipo de cambio cayera a mil pesos, algo que nunca sucedió. Luego Luis “Toto” Caputo hizo célebre su frase de “compra campeón” en referencia a las críticas relacionadas con un dólar barato. Desde entonces el tipo de cambio subió casi 40% en pleno proceso electoral.

En un momento de tranquilidad cambiaria, vaticinar un tipo de cambio 20% más alto que el actual corre el riesgo de “despertar al monstruo”.

Las proyecciones del mercado coinciden en que el dólar se pondrá más picante en los próximos meses. En los primeros siete meses del año la inflación superó el 18% mientras que el tipo de cambio quedó básicamente planchado. Es muy probable que esto cambie en lo que queda de 2026. Incluso consultoras como Invecq ya venían estimando un valor de $ 1.800 para fin de año.

De las exportaciones a las colocaciones

Ya en julio el Banco Central aflojó con la compra de divisas para evitar un salto en la cotización. Ahora habrá menos liquidación del agro, pero es posible que ingresen divisas por colocaciones de deuda en el mercado internacional. En la última semana colocaron Neuquén (USD 500 millones) y PCR (USD 400 millones). Aunque no se esperan grandes emisiones, el mercado internacional sigue abierto para algunas provincias o empresas que busquen financiamiento.

Más allá de la desafortunada expresión del vocero, nada hace pensar que el tipo de cambio efectivamente pueda tener alguna variación brusca al menos hasta fin de año. Las dudas, por supuesto, se concentran en lo que podría suceder durante el período preelectoral del año próximo.

La inflación también seguiría dando buenas noticias al Gobierno. Las proyecciones preliminares de julio coinciden en que se ubicaría entre 1,8% y 1,9%, por lo que se mantiene vigente el proceso de desinflación que ya lleva tres meses.

El precio de la carne casi no se movió, la nafta tampoco aumentó pese al incremento del barril de crudo y las subas se habrían concentrado sobre todo en los rubros de servicios públicos y recreación, por las vacaciones en invierno.

La actividad no despega

La actividad, sin embargo, sigue sin reaccionar. Los sectores “ganadores” siguen traccionando. Pero los que vienen de atrás aún no consiguen despegar. La construcción empezó a mostrar un comportamiento algo más favorable, pero desde valores muy bajos. La decisión del Gobierno de dejar de hacer obra pública es solo parcialmente compensada por iniciativas de las provincias tanto en materia de infraestructura como vial. Y el sector privado tampoco se mueve demasiado, salvo en algunos barrios “premium”.

La industria y la actividad comercial se mantienen aletargados. Dejaron de caer pero por ahora no muestran reacción. Los salarios tampoco le ganan a la inflación. “Para que las empresas quieran aumentar los sueldos tiene que haber generación de empleo genuina y eso no está sucediendo”, explicó Jorge Colina, director de la consultora IDESA.

Un buen ejemplo es la paritaria del sector mercantil, o sea trabajadores de comercio. Pactaron un incremento de 1,9% mensual desde julio hasta septiembre, por lo que a duras penas empatan con la inflación esperada.

Pero como compensación también se les asignó una “gratificación extraordinaria”: $25.000 mensuales en julio y agosto. Luce como un monto más que austero en un intento por mejorar el poder adquisitivo del salario. La realidad es que en un contexto de ventas muy flojas o en caída se hace casi imposible otorgar aumentos salariales por encima de la inflación.

Salarios y morosidad

La mora de las familias con el sistema financiero es el mejor reflejo de salarios que no alcanzan. El endeudamiento creciente del último año llevó a un excesivo uso de la tarjeta de crédito o de las compras en cuotas. La consecuencia es que se genera una bola de nieve con altas tasas de interés que está dejando a millones de personas fuera del sistema financiero formal.

La mora en los préstamos a individuos supera el 12% en los bancos y se acerca al 30% en las billeteras digitales. Y a pesar de las expectativas favorables todavía no se ha producido un retroceso. En los últimos 12 meses la deuda con problemas de cobro con el sistema financiero se triplicó, lo que lleva a los bancos a volverse mucho más cautos a la hora de prestar. Además, la tasa de interés se mantienen altísimas justamente por el riesgo de incumplimiento.

Sin embargo, en el último mes el Central se mostró más flexible en su política monetaria. “En los préstamos en pesos al sector privado se observa una mejora desde abril de 2026, que lleva a que en el último mes se expanda al 0,6% mensual real. Hubo una recuperación de 2,1% real mensual de los préstamos a empresas y una caída de 0,8% real mensual en los de consumo”, indicaron desde Quantum Finanzas.

“La recuperación del crédito puede estar indicando no solo un mayor dinamismo de la actividad económica, sino también anticipando un proceso de reducción de la mora”, agregaron.

Con estabilidad cambiaria y un proceso de desinflación en baja, ahora todas las miradas apuntan al nivel de reactivación y de mejora de los salarios. Es evidente que el proceso viene bastante más lento de lo esperado. De eso dependerá cómo llegará el Gobierno a las elecciones.

Riesgo país y reelección

Según el actual nivel de riesgo país, cercano a los 430 puntos básicos, el economista Fernando Marull infiere que el mercado ve una probabilidad de reelección del presidente Javier Milei del 80%. Pero las encuestas muestran un escenario mucho más ajustado para el Gobierno, aún cuando todavía ni siquiera se conoce quiénes serán los contrincantes electorales.a Por ahora, parece difícil que se pueda evitar un balotaje.

La semana económica arranca fuerte, con la visita a la Argentina del titular del FMI, Kristalina Georgieva. Más allá del respaldo contundente que el organismo brindará al plan económico, hay otro tema inquietante en la agenda: los pagos netos por casi USD 6.000 millones que deberá realizar Argentina el año próximo a la institución.

No parece ser el momento ideal para que el Fondo empiece a reducir su nivel de deuda con el país, aunque así fue acordado el año pasado con el actual equipo económico. Posiblemente nada se resuelva ahora y en definitiva dependerá del acceso a los mercados internacionales que consiga el Gobierno en los próximos meses, algo que hasta ahora viene resultando esquivo.

El Gobierno rediseña su nuevo esquema de funcionamiento interno con la reelección de Javier Milei como norte, en medio de señales ambivalentes en la actividad económica pero con una ventaja que, al menos por ahora, le da aire a su plan: la escasez de propuestas y la debilidad de la oposición, enredada en una disputa brutal que mantiene en vilo al sistema político de la provincia de Buenos Aires.

En ese nuevo esquema oficial, Karina Milei concentró el dominio total de las decisiones y el control del Gabinete, y parece haber entendido que el pragmatismo es una condición necesaria para administrar el poder. Bajo esa lógica se inscribe la incorporación a su ecosistema de relaciones de Diego Santilli, un profesional de la política que se convirtió en uno de los interlocutores principales con los gobernadores. También el desembarco de Fabián Fernández, otro profesional respetado por el sistema y el círculo rojo que la Secretaria General adoptó como propio, que incluyó en la mesa política y al que le dio vía libre para ordenar la comunicación oficial. Distinto es el caso del vocero Adrián Ravier, que llegó impulsado por el Presidente y que el viernes aseguró que la divisa norteamericana podía alcanzar los $1.800 en medio de los anuncios para facilitar el uso de dólares en la economía, una medida trabajada por Luis Caputo, “Toto”, un intocable del gabinete. Esa declaración de Ravier despertó serios reproches internos, en especial de la hermana presidencial, que no está para nada conforme con la performance del funcionario.

La Secretaria General y Santilli conformaron una dupla estrecha, casi similar al vínculo de la hermanísima con los Menem. Incluso ella trabó una muy buena relación con Fabián Pereira, hoy tal vez el colaborador más cercano del jefe de Gabinete junto a Gustavo Coria. Ese vínculo le permitió al ministro coordinador avanzar sobre determinadas áreas como la estratégica Secretaria de Ciencia, Innovación y Tecnología todavía a cargo de Darío Genua, al que le buscan reemplazo. Genua tuvo en su momento una ligazón estrecha con Bruno Screnci, un viejo amigo, muy simbiótico, del ex ministro del Interior con el que se distanció hace años por diferencias políticas, una pelea que dio que hablar en su momento en el círculo rojo. Santilli pensó como sucesor de Genua a Gastón Navarro, pero el reemplazo sigue bajo análisis.

El pragmatismo de la Secretaria General abarca diversos frentes: desde la política, con negociaciones abiertas con los gobernadores para suspender las PASO -una iniciativa primordial para el objetivo reeleccionista de Milei- a cambio de acuerdos provinciales, hasta la Justicia. La selección de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, el primer y principal avance de la hermana del Presidente sobre Santiago Caputo, es una señal en ese sentido. Con una audacia por encima de la media, Mahiques se abocó al rediseño del Poder Judicial a través de la nominación de funcionarios para lugares vacantes, tal vez la única política oficial que no se detuvo durante los tres meses y medio que duró la crisis en torno a Manuel Adorni. El desembarco del ministro motivó en su momento una disputa muy seria entre sectores de la Justicia que en los últimos meses parece haberse zanjado. “Hay lugar para todos”, bromeó un operador en un contexto muy particular: “Es la primera vez que la Justicia maneja a la política, siempre fue al revés”, acotó ese operador. Existió, hace ya varias semanas, un encuentro en un departamento de la capital para suturar esas heridas, y una conversación entre el ministro y el juez Ariel Lijo que volvió a despertar versiones en torno a futuras negociaciones vinculadas con la Corte Suprema. Es más: hay un grupo de gobernadores dispuestos a propiciar otra vez esa candidatura.

Entre los rubros administrados por la Secretaria General se inscribe también el vínculo con la AFA. En la previa de la final de la Copa del Mundo existieron comunicaciones entre el entorno de la funcionaria y Claudio Tapia, “Chiqui”, con el que se trabó una relación cordial desde aquella reunión en Paraguay para la organización del Mundial 2030. Cuánto interés existe en la hermana del Presidente por el avance en los expedientes judiciales que se tramitan en el país alrededor de la AFA es una pregunta recurrente en el círculo rojo que contrasta, por ejemplo, con el involucramiento de oficinas del Estado controladas por Santiago Caputo, como ARCA, en esas investigaciones. Lo cierto es que también hubo contactos entre la asociación del fútbol, el plantel de Lionel Scaloni y Lionel Messi y emisarios muy estrechos del consultor en la previa de la final en Estados Unidos, pero fuentes oficial aseguraron que sucedieron algunos cortocircuitos muy importantes.

El dominio total de Karina Milei vuelve a abrir un interrogante alrededor del rol de Caputo, en cuyo entorno empezó a trascender también una potencial reestructuración de su red de vínculos. Cuando el Presidente eyectó a Nicolás Posse del Gabinete, a mediados del 2024, el consultor se hizo cargo de la administración de un grupo de oficinas del Estado muy sensibles como la SIDE, Transporte, la DGI y la Aduana -solo por mencionar algunas-, un plan que no figuraba en su hoja de ruta cuando Milei alcanzó la Presidencia. Se conformó entonces un “triángulo de hierro” que llegó a equiparar al consultor con la hermana del Presidente, que lo llevó a convertirse en un colaborador todopoderoso y la llave del círculo rojo con el poder. La interna con Karina Milei puso en crisis ese rol hasta que la Secretaria General decidió ser ella misma el nexo principal con el sistema a través de los Menem, de Mahiques, Santilli y otros dirigentes y funcionarios menos conocidos que orbitan por ese universo.

Caputo sobrevivió por su vínculo especial con el Presidente, que se mantiene inalterable -hablan varias veces al día- y porque su hermana entendió que no puede prescindir de los servicios del consultor, más aún en la previa de una campaña que puede definir ni más ni menos que el futuro de los hermanos. “Santiago entendió su rol, y ella también entendió el rol de él, y ahí van. Se deben todavía una charla a solas”, resaltó una fuente oficial.

En esos niveles, los entornos también juegan un papel fundamental. El crecimiento del consultor, una vez consumada la salida de Posse, lo obligó a expandir sus relaciones. Es la misma situación que ahora atraviesa Karina Milei. Ese cambio de roles despertó últimamente versiones de esa posible reestructuración en la red de vínculos del estratega. La salida ruidosa de Guido Giana de Salud colaboró en la propagación de esas versiones, en eventuales chispazos en el frente interno en Las Fuerzas del Cielo y en cercanías de la consultora Move. Alentó, además, trascendidos alrededor del ministro Mario Lugones que, según fuentes oficiales, está firme en su puesto.

Internas afuera. Karina Milei y Santiago Caputo tienen un sentimiento compartido: desconfían fuertemente del ex presidente Mauricio Macri. En La Libertad Avanza están convencidos que la gestión con el PRO para la suspensión de las PASO, una prueba de fuego para la performance de Santilli como jefe de Gabinete en la negociación con los gobernadores, está íntimamente relacionada con la ciudad de Buenos Aires, la casa matriz del PRO. Es la obsesión número uno del ex presidente, y lo que despertó en los últimos meses una fuerte disputa con su primo, el jefe de Gobierno, un vínculo que fue históricamente oscilante y que ahora llegó a su nivel de máxima tensión por el futuro de la capital. En estas horas hay dirigentes, más allá de Daniel Angelici, “El Tano”, ocupados en acercar relaciones. Los primos podrían encontrarse en las próximas horas.

Jorge Macri efectuó en el último tiempo enormes esfuerzos para recomponer con La Libertad Avanza, y en cierta medida logró ese objetivo. Con Pilar Ramírez, la delegada de Karina Milei en la capital, tiene un trato cordial. Pero puertas adentro del gobierno causó cierto malestar que el jefe de Gobierno haya ventilado un presunto acercamiento para un acuerdo electoral en el 2027 que, por ahora, no existe. Esos movimientos fastidiaron al jefe del PRO: cree que su primo, que quiere ser reelecto, está enfrascado en una gestión unilateral y él asegura que ese acuerdo debería ser parte de un paquete integral, más allá de la influencia real que el ex presidente mantiene sobre otros distritos.

La pelea entre los primos es la comidilla actual del PRO, y escaló a niveles casi irrisorios. El ex presidente, por ejemplo, telefoneó desde Estados Unidos, en pleno Mundial, al jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, para reprocharle por qué se había juntado a comer en un almuerzo político con el jefe de Gobierno.

Ritondo trabaja codo a codo con Santilli detrás de un proyecto común: la provincia de Buenos Aires. El jefe de Gabinete espera que Karina Milei habilite ese plan. Es su máxima obsesión, como lo es para el ex presidente la capital. Equilibrista, el ministro coordinador también cree que la estrategia de esa campaña tiene que estar en manos de Caputo. Por eso no hará nada que altere su lealtad a la Secretaria General, pero tampoco la relación con el consultor.

Santilli sabe que el modelo económico del Gobierno tiene consecuencias negativas y directas en el Gran Buenos Aires, donde se define la elección bonaerense. “¿Cómo se hace una campaña de cercanía en este contexto?“, se preguntó un dirigente cercano. Es un dilema que también alcanza al peronismo provincial: cómo usufructuar ese modelo y convertirlo en una propuesta seria para la campaña presidencial.

Ese dilema es el que inquieta a Axel Kicillof, lanzado en su propio proyecto, aunque el gobernador arrastra otras urgencias, en particular cómo darle forma ese plan en medio de la pelea feroz y a cielo abierto que mantiene con Cristina y Máximo Kirchner.

Esa guerra se traslada a todos los ámbitos. Hace dos sábados, en una jornada organizada por la Iglesia en territorio provincial, La Cámpora, que había sido invitada, no fue de la partida. Kicillof se quedó con la centralidad del encuentro. “Están tan mal que ni siquiera pueden compartir un evento convocado por la Iglesia”, dijo uno de los organizadores.

Esa pelea mantiene paralizado al sistema político de la provincia de Buenos Aires. Hay dirigentes cercanos al gobernador que quieren romper definitivamente con el cristinismo y que el momento de hacerlo es ahora. Jorge Ferraresi, de Avellaneda, es, según fuentes provinciales, uno de los principales promotores de ese plan. Sergio Massa espera. La suspensión o no de las PASO es indispensable para saber cómo hará el peronismo para resolver su interna. Para Santilli, que negocia con los gobernadores, es un factor clave. También el cronograma electoral que defina Kicillof.

Los intendentes están pendientes de esas decisiones, y preocupados porque el gobernador todavía no puede darles lo que les prometió: la modificación de la ley que restringe las re-reelecciones. Hay unos 80 jefes comunales, en su mayoría del peronismo, que si no se modifica esa ley no podrán reelegir el próximo año. Hoy no están los votos. A La Cámpora no le interesa esa modificación, Massa ya avisó puertas adentro que mantendrá su postura histórica de rechazo como cuando impulsó esa ley en coincidencia con María Eugenia Vidal, en el 2016, y el PRO tampoco está de acuerdo con el cambio, igual que la UCR.

Con esa negociación paralizada, en buena medida por la feroz interna peronista, hay operadores que empezaron a analizar como vía alternativa el camino judicial. Habilitar un acuerdo para completar la Corte Suprema provincial -hay cuatro vacantes- y que sean los nuevos jueces los que interpreten esa modificación y habiliten a los intendentes a presentarse por otro mandato.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, Riley Barnes, condenó el sábado las ejecuciones de ciudadanos iraníes que participaron en protestas contra el régimen islámico y exigió la liberación de los presos políticos en ese país.

“Condenamos las ejecuciones de ciudadanos iraníes por parte del régimen: jóvenes iraníes valientes que se atrevieron a alzar la voz”, sostuvo el funcionario a raíz del aumento de las condenas capitales impuestas contra manifestantes opositores a Teherán.

“Nos unimos al pueblo iraní en su petición al régimen para que libere a todos los presos políticos y deje de ejecutar a personas por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos y libertades fundamentales. El mundo está observando”, publicó Barnes en su cuenta de la red social X.

Actualmente, las autoridades de Irán sostienen una política de ejecuciones que, según organismos de derechos humanos, busca intimidar a la sociedad e impedir nuevas protestas. Por este motivo, el funcionario estadounidense instó a las autoridades de Irán a poner fin a las penas capitales y reiteró el respaldo de Washington a las demandas de los integrantes de las movilizaciones.

Distintos informes reportan que, en lo que va del año, se dictaron decenas de penas de muerte contra presos políticos, manifestantes y supuestos integrantes de organizaciones prohibidas en Irán.

Desde el fin de la primera fase de la guerra con Estados Unidos e Israel, Irán intensificó la aplicación de la pena capital, en un contexto de creciente fragilidad política y represión interna. La situación se agravó tras la muerte del ex líder supremo Ali Khamenei y la llegada al poder de su hijo Mojtaba, quien no ha hecho apariciones públicas desde la muerte de su padre el pasado 28 de febrero de 2026.

Organizaciones como Iran Human Rights (IHR) advierten que, tras la ruptura del alto el fuego, el régimen podría aumentar la persecución y eliminación de opositores mediante ejecuciones. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHR, alertó: “Con la ruptura del alto el fuego y la reanudación de la guerra, nos preocupa profundamente que las autoridades aprovechen la situación para intensificar la ejecución de presos políticos”.

Según IHR, cientos de detenidos por causas políticas y manifestantes enfrentan cargos que podrían conllevar la pena de muerte. Cerca de 100 personas ya han sido condenadas a la horca, incluidos más de 70 reclusos en la prisión de Dastgerd, en Isfahán.

Desde el inicio de la guerra, la organización documentó que 24 personas fueron ahorcadas por participar en protestas recientes y otras dos por movilizaciones anteriores. Además, 13 hombres fueron ejecutados por supuestos vínculos con el Muyahidines del Pueblo (MEK) y otros grupos prohibidos, y 10 personas más por acusaciones de espionaje.

Las autoridades justifican estas condenas al alegar que los ejecutados participaron en ataques mortales contra fuerzas de seguridad o instalaciones públicas. No obstante, las organizaciones no gubernamentales denuncian torturas y juicios sumarios con graves irregularidades procesales.

IHR y otras ONG exigen a la comunidad internacional, y especialmente a la Unión Europea, que se condicione cualquier diálogo con Irán a la imposición de una moratoria inmediata de las ejecuciones. “La comunidad internacional… debe convertir la moratoria inmediata sobre las ejecuciones en un tema central” de toda negociación, señaló Amiry-Moghaddam.

Por su parte, las autoridades de Irán cuestionaron el sábado la postura de la Unión Europea sobre derechos humanos, luego de que la Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, manifestara su “preocupación” por la represión en territorio iraní.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, respondió a través de redes sociales: “Kaja Kallas habla de las preocupaciones sobre Derechos Humanos por parte de la Unión Europea respecto a Irán. ¿Cómo puede reconciliarse tan fácilmente un supuesto compromiso con los Derechos Humanos con la entrega de apoyo logístico y técnico para cometer agresiones letales contra el pueblo iraní?”. El funcionario hizo referencia al respaldo del bloque europeo hacia Estados Unidos, en medio de nuevas conversaciones entre Teherán y Washington tras la última escalada en Medio Oriente.