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Japón abrió su mercado de carne vacuna a la Argentina por primera vez en 20 años luego de un proceso de negociación iniciado en 2024, según anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X. El acuerdo habilita el ingreso de cortes producidos en la zona libre de fiebre aftosa con vacunación.

Las autoridades de ambos países acordaron los requisitos sanitarios para las exportaciones, un punto central para el acceso al mercado japonés. La medida alcanza a la carne bovina y queda sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas en ese entendimiento.

Caputo afirmó que “Japón importa de todo el mundo carne bovina de alta calidad por más de USD 3.000 millones anuales” y sostuvo que “esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas”. El ministro agregó que el acuerdo “reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario”, antes de concluir: “Más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país”.

La proyección para las exportaciones de carne

La apertura del mercado japonés se suma a las expectativas del sector ganadero sobre una expansión de las ventas externas de carne vacuna durante 2026. El consultor ganadero y director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Andrés Costamagna, proyectó que las exportaciones argentinas de carne vacuna superarán los USD 3.000 millones en 2026. La estimación se apoya en la suba de los precios internacionales, aun cuando el volumen previsto para el año, de unas 700.000 toneladas, queda por debajo de los registros de 2022 y 2024.

Según el análisis de Costamagna, la menor disponibilidad de hacienda y el proceso de recomposición de los rodeos redujeron la producción por habitante y limitaron los volúmenes destinados a la exportación. En ese contexto, los mayores precios internacionales adquieren un peso central en la facturación del sector.

Otro punto de relevancia para el sector es el hecho de que la Argentina completó en nueve meses el cupo de 100.000 toneladas de carne vacuna con acceso preferencial a Estados Unidos, antes del cierre de 2026. El presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, informó que el volumen asignado por ese mercado fue cubierto antes de lo previsto.

El desempeño ya se reflejaba en las estadísticas de los primeros siete meses del año. De acuerdo con la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), los embarques hacia Estados Unidos alcanzaron 65.500 toneladas, el 19,5% del total de carne vacuna exportada en ese período, con un aumento interanual de 211,5%. El precio promedio llegó a USD 8.257 por tonelada, un 13,1% más que un año antes.

En julio, Estados Unidos fue el segundo destino de la carne vacuna argentina, con una participación de 20,8% y ventas por USD 92,8 millones. Tras el cumplimiento anticipado del cupo, el sector espera que la demanda de importadores estadounidenses respalde una eventual ampliación de la cuota para 2027.

Los datos del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) muestran que las ventas externas de carne bovina hacia todos los destinos alcanzaron USD 2.768 millones entre enero y julio de 2026. En ese lapso se despacharon cerca de 403.100 toneladas peso producto, con una suba interanual de 6,7% en volumen y de 41,8% en valor.

La diferencia entre ambas variaciones refleja el aumento de los precios internacionales. En julio, el valor promedio de exportación de carne vacuna refrigerada y congelada llegó a USD 7.123 por tonelada, 27,5% por encima del nivel de igual mes de 2025. El indicador también superó en 1,3% al de junio.

China concentró el 59,8% de los embarques acumulados durante los primeros siete meses del año y se mantuvo como el principal destino de la carne argentina. En julio, las ventas de carne deshuesada al mercado chino sumaron 21.000 toneladas por USD 126,3 millones, con un precio medio de USD 6.010 por tonelada.

El informe también registró una evolución dispar entre otros mercados. Los envíos a Israel crecieron 25% en el acumulado anual y totalizaron 35.200 toneladas, mientras que los despachos a Chile cayeron 17%, hasta 9.100 toneladas. En tanto, las exportaciones de menudencias y preparaciones bovinas sumaron 9.500 toneladas y USD 26,5 millones en julio.

A partir de la resolución del día de ayer, en el cual la Corte Suprema de Justicia desestimó la demanda contra la derogación de la Ley de Tierras Rurales y, a su vez, revocó la declaración de inconstitucionalidad dictada por la Cámara Federal de La Plata, a partir de un amparo promovido contra el Estado nacional por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) platense, fueron varias las voces que se pronunciaron acerca de este fallo.

Una de ellas fue la del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez quien cuestionó la decisión del máximo tribunal al desestimar la demanda contra la derogación de la Ley de Tierras Rurales. El letrado sostuvo, durante una entrevista en Infobae al Amanecer, que esta resolución dejó sin límites específicos la compra de tierras por parte de personas, empresas y Estados extranjeros.

La eliminación de la norma, dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 (“es menester derogar la Ley N° 26.737 que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector“, según el DNU) dejó sin efecto las restricciones a la posesión, propiedad o tenencia de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.

La Corte consideró que el CECIM no tenía legitimidad para cuestionar la norma porque no existía un caso o controversia judicial concreto. Gil Domínguez afirmó que ese argumento constituye una “trampa formalista” ya que ″para la Corte solamente vos podés acceder a la Justicia si titularizás un derecho individual, un derecho subjetivo que es violado por una ley”, subrayó en diálogo con la periodista Luciana Rubinska.

El abogado planteó que ninguna persona podría demostrar un perjuicio individual específico por la falta de una ley que limite la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. “¿Qué derecho subjetivo uno puede invocar como afectado para decir que tenés un gravamen porque no tenés una ley de tierras sancionada en Argentina o porque se derogó la ley de tierras que estaba vigente? Ninguno”, afirmó.

Desde esa perspectiva, la sentencia no ofrece un supuesto concreto en el que una persona u organización pueda cumplir con el requisito fijado por el tribunal. “No existe ningún otro caso posible dentro del universo expuesto por la Corte para que alguien pueda judicializar esta causa”, enfatizó.

Qué establecía la Ley de Tierras Rurales que fue derogada

La normativa que estaba vigente permitía que personas extranjeras, particulares o Estados, posean hasta un 15% de las tierras rurales del territorio nacional. Hoy, el dictamen elimina ese tope y deja en manos de cada provincia la posibilidad de autorizar, regular o prohibir esas operaciones.

La modificación también suprime el máximo de 1000 hectáreas en la zona núcleo productiva, una restricción orientada a evitar grandes concentraciones territoriales en una de las áreas agrícolas más relevantes del país. Las limitaciones específicas para la adquisición de campos por Estados extranjeros también desaparecerían.

El Gobierno sostiene que la flexibilización busca atraer inversiones e incrementar el ingreso de dólares. Por otro lado, la transferencia de facultades abre interrogantes sobre el control de zonas de frontera y recursos hídricos si una provincia decide no fijar límites. La discusión enfrenta la autonomía de las jurisdicciones con la posibilidad de establecer una protección nacional para territorios y activos considerados sensibles.

Gil Domínguez afirmó que, a partir del fallo, el país quedó sin una ley que proteja las tierras rurales frente a la adquisición extranjera. Según su interpretación, personas físicas, empresas extranjeras y Estados extranjeros podrían comprar tierras rurales sin los límites que establecía la Ley 26.737. “Pueden comprar todo el territorio de la República Argentina que quieran sin ningún tipo de límites, en zonas aledañas a zonas de fronteras, en zonas núcleo productivas y sin ningún tipo de restricción”, sostuvo.

Además, destacó, que la propuesta discutida en el Congreso no buscaba eliminar la ley por completo, sino reducir sus límites. “Cuando se quiso tratar en el Congreso no logró los votos necesarios o el consenso necesario para tratarlo. Era una reducción de la actual Ley de Tierras, no su eliminación”, explicó.

Gil Domínguez también le apuntó al DNU 70/2023 en su totalidad. “Es un DNU que se dictó violando los requisitos de habilitación que prevé la Constitución”, afirmó. Y que, a partir de ese razonamiento, sostuvo que la medida debía ser considerada “nula con nulidad absoluta, y que esa nulidad no podía ser subsanada por el paso del tiempo ni por una decisión posterior de otro órgano estatal”.

En su análisis, esto también involucra la posibilidad de que el Poder Ejecutivo modifique una regulación vigente sin cumplir con las exigencias constitucionales.

El derrotero del reclamo del CECIM y la posibilidad de una nueva demanda

En la primera etapa del expediente, el Juzgado Nacional en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata rechazó la presentación.

Ese tribunal entendió que la condición invocada por la asociación de excombatientes no era suficiente para reconocerle legitimación procesal, dejó sin efecto una medida cautelar dictada previamente y ordenó retirar el expediente del Registro de Procesos Colectivos. Esa decisión impidió que el reclamo continuara bajo el formato de una acción destinada a proteger derechos de alcance general.

El CECIM apeló el fallo y el caso llegó a la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. En marzo de 2024, ese tribunal revocó la decisión de primera instancia, admitió el reclamo del Centro de Ex Combatientes, declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y ordenó volver a registrar la causa como proceso colectivo. La Corte Suprema revocó posteriormente esa resolución.

Gil Domínguez afirmó, además, que la Constitución reconoce derechos colectivos indivisibles que pertenecen a la esfera social, y dentro de esa categoría ubicó la defensa de la soberanía territorial. “El fallo de la Corte Suprema de Justicia es dogmático, arbitrario y desconoce totalmente al sistema constitucional argentino”, señaló.

Rubinska le preguntó de qué manera podría judicializarse nuevamente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, a partir de una consideración incluida en el fallo de la Corte. Gil Domínguez sostuvo que la exigencia formal fijada por la sentencia hace prácticamente imposible esa alternativa. “La Corte cierra el acceso a la Justicia para que cualquier persona, cualquier ONG, cualquiera que represente derechos colectivos, que tenga derechos individuales, pueda impugnar este artículo del DNU”, cerró.

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La decisión de la Corte Suprema que revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737 provocó reacciones de dirigentes de Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda. Los referentes reclamaron que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023 y, en varios casos, convocaron a movilizarse.

El tribunal hizo lugar al recurso extraordinario del Estado, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. La Corte sostuvo que la asociación no acreditó legitimación para llevar adelante la acción colectiva.

La resolución dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que imponía límites a la titularidad y tenencia de terrenos rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la decisión como “el fallo de la infamia”. “La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, escribió.

Kicillof sostuvo que el Gobierno retiró su proyecto en el Senado porque no reunió los votos necesarios. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, afirmó. Además, cuestionó al presidente Javier Milei y expresó: “Argentina para los argentinos”.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo en una entrevista con Infobae en Vivo que, a partir de la resolución, “Argentina no cuenta con una ley que proteja las tierras rurales frente a la extranjerización o la compra por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras o de Estados extranjeros”.

Según su interpretación, el DNU 70/2023 derogó por completo la Ley de Tierras y eliminó las restricciones para la compra de propiedades rurales. El constitucionalista afirmó que el fallo de la Corte “revocó una sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que declaró la inconstitucionalidad del DNU en este punto y conservaba la plena vigencia de la Ley de Tierras”.

Gil Domínguez calificó la sentencia como “dogmática” y “arbitraria”. También cuestionó que la Corte negara legitimación al CECIM de La Plata: “¿Quién más va a estar con legitimación procesal, con representación colectiva adecuada, que un centro de excombatientes de Malvinas, que tiene dentro de su objeto social la defensa de la integridad territorial?”.

Sobre la posibilidad de una nueva judicialización, señaló: “La Corte dice ‘acá no, pero en otro caso sí’. Ahora, para la Corte solamente se puede acceder a la Justicia si se titulariza un derecho individual”.

El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, afirmó que “la Corte Suprema falló en contra de la Ley de Tierras que el pueblo defendió en las calles”. También sostuvo: “Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”.

“El Senado ya rechazó el DNU 70 que derogó la Ley de Tierras. Si Diputados lo rechaza completamente, frenamos la venta del país”, escribió Recalde, quien cerró su mensaje con una convocatoria: “Es ahora, en el Congreso y en las calles”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, cuestionó a los integrantes del máximo tribunal y señaló que “la misma ley” cuya derogación quedó vigente “quiso modificarse en el Senado y una enorme movilización popular lo impidió”.

“Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros”, expresó Martínez. Luego fijó los “objetivos” de su espacio: “Pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”.

La diputada Julia Strada, también de Unión por la Patria, pidió “bajar ese DNU en el Congreso” y cuestionó la decisión judicial en un mensaje que tituló: “Sobre la ley de tierras y el escándalo de los tres tipos de la Corte Suprema reviviendo un capítulo frenado del DNU 70 para vender el país”.

El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que la resolución restableció la derogación de la Ley 26.737 y afirmó que esa norma fijaba límites a la adquisición de terrenos por extranjeros.

“Ahora, la responsabilidad está en el Congreso. En Diputados debemos rechazar el DNU 70/23, tal como hizo el Senado”, planteó. También hizo “un llamamiento” a sus pares para convocar “urgente una sesión especial”.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reclamó “anular el decreto 70/23” y afirmó que el tratamiento pendiente corresponde a la Cámara de Diputados. “Integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial”, indicó.

“Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”, agregó Bregman.

La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz publicó el mensaje “Argentina: se vende” y cuestionó que “después de semanas de debate y movilizaciones, tres jueces decidan por todo un país”.

“A los legisladores nos votó el pueblo y tenemos la responsabilidad de representarlo”, sostuvo Tolosa Paz. “No podemos permitirlo. Algo de la República debe quedar en pie, a pesar de este Gobierno vendepatria”, agregó.

La ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra también criticó la sentencia. “La Constitución dice que son nulos de nulidad absoluta, pero la CSJN vuelve inaplicable esa disposición y le permite a Milei gobernar por DNU”, expresó. Luego reclamó: “Que se muevan los diputados”.