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El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti analizó durante la tarde de este viernes el fallo del máximo tribunal que suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras y repuso los límites sobre la venta a extranjeros. En ese sentido, resaltó que “la Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”.

En una entrevista con A24, el magistrado justificó la medida basándose en “tres aspectos”: “Uno, los hechos concretos. El otro es la cuestión ambiental, los recursos naturales. Y el tercero es algo que para mí es muy importante, que es el debilitamiento de la participación social en el Estado democrático, en el Estado de derecho”.

“Nadie puede sorprenderse porque yo firme una medida cautelar en materia ambiental. Tampoco pueden sorprenderse de que la Corte lo haga”, esgrimió Lorenzetti.

El máximo tribunal del país entendió que el planteo de la demanda versa sobre “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”, por lo que resultó necesario dictar “una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables”.

La decisión se tomó con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci y suspendió los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023. Dicho artículo disponía la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

El máximo tribunal del país entendió que el planteo de la demanda versa sobre “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”, por lo que resultó necesario dictar “una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables”.

En ese sentido, la Corte resaltó que “el particular trámite impreso a esta causa por parte de los tribunales intervinientes ha dejado sin respuesta las peticiones formuladas en la demanda” y “la naturaleza de los derechos invocados (entre los que se encuentran el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno y el derecho a la protección del medio ambiente)”.

El fallo de la Corte remarcó que el primer deber de los jueces es “ser celosos custodios de la Constitución Nacional y de las leyes”, y señaló que la confianza en el Poder Judicial requiere la aplicación razonable de las normas “a las circunstancias particulares de cada caso”. Por lo tanto, agregó, la decisión en el expediente “Árbol de Pie” respondió “específicamente a los planteos de los actores”, vinculados con la protección del ambiente.

“Nosotros hace muchísimos años que tenemos una línea coherente en materia de protección ambiental. En este caso, el doctor Rosatti y yo interpretamos que la ley ambiental, en el artículo 32, permite que los jueces tomen medidas aun cuando no hay una petición de parte. Es decir, nosotros hemos considerado que como este proceso no había sido tratado, se afectó el derecho de una organización, que en este caso es una organización ambiental. Entonces, hay una relación con la protección de los recursos naturales y por eso nosotros hemos interpretado, en base a este artículo 32 de la ley ambiental, que era procedente una cautelar frenando este artículo que ustedes mencionan del decreto de necesidad y urgencia, porque como no lo trataron en primera instancia, toda esta asociación quedó desprotegida durante todo ese tiempo”, argumentó su voto Lorenzetti.

La decisión se tomó con el voto de dos conjueces, ya que los tres miembros del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaron la unanimidad necesaria para avanzar, por lo que el tribunal los convocó para desempatar.

En esta ocasión, Rosenkrantz no adhirió al criterio de sus colegas. Sin embargo, Lorenzetti consideró que la posición de su colega “también es legítima”.

Rosenkrantz firmó en disidencia. Entendió que, si bien la legitimación de la asociación actora difería de la de CECIM, la Corte carecía de competencia para dictar una medida cautelar o interina. Por lo tanto, sostuvo que debía remitirse la causa a la justicia federal de Bariloche sin dictar ninguna medida a fin de que allí se diese trámite a la causa, por lo que en los hechos implicaría dejar vigente la derogación de la ley de tierras.

“La posición del doctor Rosenkrantz también es legítima, porque él tiene una opinión más restrictiva. Es decir, esto no significa nada. Al contrario, es bueno que haya distintas opiniones en la Corte. No es que signifique un conflicto, me parece bien. Son dos opiniones diferentes, pero siempre hay una mayoría y una minoría. Yo creo que ahí se termina el asunto”, cerró el tema.

En ese sentido, Lorenzetti insistió en que “la Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”.

El juez, luego, manifestó su sorpresa porque a pesar de la repercusión mediática y en redes sociales del tema, solo se presentaron dos medidas cautelares ante la Justicia. Lo atribuyó a un “debilitamiento de la participación social” e instó a los ciudadanos a recurrir a los métodos oficiales de protesta y disidencia: “Hay que expresarse más en medidas cautelares, en acciones judiciales y en el Congreso, que son las instituciones. Este es un tema muy importante y nos llamó mucho la atención que en este caso prácticamente no hubo acciones”.

Los principales indicadores de Wall Street subieron en un rango de 0,6% a 0,8% este viernes, para definir una semana errática por el lado de un mínimo balance positivo y todavía cerca de los máximos históricos. Subsistió, de todos modos, la presión alcista para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, cuya referencia a 10 años rinde ahora el 5,24% anual, cerca de su nivel más alto desde 2003.

A pesar del balance anodino para los activos domésticos, en la región ayudó al ánimo inversor la suba de 1,4% en el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo, que alcanzó un récord de 209.066 puntos. El referente líder de las acciones brasileñas obtuvo una ganancia de 8,9% en la semana posterior a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no logró sostener el avance que experimentó hasta el mediodía y cedió al cierre un 0,2%, a 2.828.027 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hubo números mixtos, entre los que destacaron la caída de 3,3% para Telecom y la suba de Ternium (+3,1%).

Los bonos soberanos en dólares terminaron negociados con números dispares, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió un entero, a 589 puntos básicos, luego de marcar un mínimo intradiario de 584 puntos por la mañana.

En cuanto al petróleo, los futuros del crudo Brent del Mar del Norte ganaron un mínimo 0,1%, a USD 104,40 el barril para entregar en diciembre. Los futuros del crudo estadounidense WTI (West Texas Intermediate) subieron también 0,1%, a 91,61 dólares.

En Wall Street “la sesión reflejó una notable resiliencia de la renta variable a pesar de las señales de desaceleración en la confianza del consumidor y la persistencia de expectativas inflacionarias elevadas a corto plazo. El mercado parece apoyarse en la contención de riesgos geopolíticos inmediatos y en el alivio de la volatilidad”, consideró Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

“Después de varias semanas de tensión, los activos argentinos encontraron un catalizador externo. La moderación de las tasas largas en EEUU -el Treasury a 30 años cedió desde el 5,7% intradiario, su máximo en 24 años-, el rally bursátil brasileño tras el triunfo de Bolsonaro en primera vuelta y el respaldo explícito de Scott Bessent a la gestión de Milei combinaron para disparar un rebote concentrado en la deuda de mayor duración. Los Globales largos avanzaron entre 3,1% y 3,3% en cinco ruedas, muy por encima de sus comparables emergentes”, destacó GMA Capital en un reporte.

En el plano interno, “la semana estuvo marcada por nuevas señales de debilidad de la actividad económica, en un contexto de relativa estabilidad cambiaria. El relevamiento de expectativas del BCRA anticipó una contracción del 1% trimestral de la economía en el tercer trimestre, lo que confirmaría una recesión técnica. Los datos de industria, construcción y minería de agosto reforzaron esta perspectiva. En el plano financiero, los bonos soberanos registraron una recuperación vinculada al contexto regional, mientras el peso se mantuvo estable y el BCRA continuó comprando divisas, con reservas superiores a USD 49.000 millones”, puntualizaron los analistas de Puente.

“Diversos análisis del sector de consumo advierten que rubros esenciales como alimentos y vivienda están aumentando por encima del índice general de inflación, contrayendo el ingreso disponible, acentuando un consumo altamente selectivo y forzando recortes en el gasto de las familias, lo que modera el ritmo de la demanda interna y limita el margen de maniobra fiscal y monetario”, afirmó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

Con un monto de operaciones más elevado que en las anteriores ruedas, por USD 655,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista operó con suba marginal de 1,50 peso o 0,1%, a 1.517 pesos.

“La divisa abrió levemente por encima del cierre anterior, en $1.517, y desde allí mostró una mayor presión vendedora. Si bien logró sostenerse en ese nivel durante buena parte de la mañana, pasado el mediodía perforó ese piso y marcó un mínimo intradiario de $1.514″, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“La coyuntura monetaria actual refleja la tensión entre tres objetivos clave: consolidar la desinflación, acumular reservas y reactivar el nivel de actividad. Ante una demanda de pesos que no logra traccionar al ritmo esperado inicialmente, la autoridad monetaria optó por priorizar la acumulación de divisas, esterilizando la mayor parte de los pesos emitidos a fin de evitar desequilibrios monetarios que generen presiones inflacionarias”, comentó Maximiliano Gutiérrez, responsable sección Monetaria-Cambiaria de la Fundación Mediterránea.

El BCRA fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en los 1.928,82 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 311,82 pesos o 27,1% del límite máximo para la flotación administrada.

El dólar al público descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.535 para la venta en el Banco Nación, para interrumpir una serie de cinco ruedas seguidas sin variantes. Así, el dólar minorista regresó a su precio más bajo desde el 23 de septiembre. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.537,18 para la venta y 1.483,80 para la compra.

El dólar blue, en tanto, negoció sin variantes, a 1.540 pesos. A lo largo de la última semana descontó 20 pesos o 1,3 por ciento.

El BCRA absorbió USD 69 millones en su intervención cambiaria del día, el 10,5% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas aumentaron USD 380 millones, a USD 49.701 millones, el stock más alto desde el 17 de septiembre, con el sostén de la suba del oro (+1,4%), a USD 4.218,10 la onza.

La semana que viene la Cámara de Diputados tendrá días de tensión. Luego del feriado del lunes se encadenarán varios días que tendrán como corolario la sesión del jueves en donde el temario incluirá el DNU70/2023 y las proyectos sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de los endeudados.

En medio de los movimientos del oficialismo y sus socios para hacer caer la sesión o, en su defecto, que la oposición no se lleve un triunfo parlamentario, aparecieron proyectos de ley tanto para morosidad como para discapacidad de parte del bloque de La Libertad Avanza que, junto a sus socios, se llevaron los dictámenes de mayoría.

En el caso de discapacidad, y mientras los bloques socios esperan un informe de Economía sobre el impacto en fondos del Presupuesto 2027, el presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, le pidió a la Oficina de Presupuesto del Congreso que realice un informe del costo fiscal que tiene el proyecto de ley de discapacidad presentado por LLA

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad -el del oficialismo- podría incorporar 200.000 nuevos titulares de pensiones y generar un costo fiscal anual de hasta $ 1.209.567 millones.

La propuesta plantea un régimen permanente de políticas públicas en lugar de prorrogar la emergencia vigente hasta fines de 2026, que es lo que propone la oposición.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3,66 billones para mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones. La incorporación gradual de beneficiarios absorbería cerca del 16,4% de esos recursos, de acuerdo con los cálculos del organismo técnico del Congreso.

La oficina elaboró dos escenarios para medir el esfuerzo fiscal de la iniciativa frente a la situación actual.

El primer escenario prevé altas graduales durante 2027, a un ritmo de 16.800 personas por mes. Según el sitio El Parlamentario, bajo esa hipótesis, el costo ascendería a $ 598.912 millones, equivalentes al 0,04% del Producto Bruto Interno (PBI) y a un aumento del 6,1% sobre el gasto total proyectado para pensiones no contributivas.

La segunda alternativa supone que todos los nuevos beneficiarios percibirán la prestación durante el ejercicio 2028. El desembolso anual alcanzaría $1.209.567 millones, el 0,07% del PBI.

En la actualidad, 1.678.715 personas poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y 435.270 de ellas ya cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral.

El dictamen establece una pensión para quienes acrediten discapacidad mediante el CUD. El beneficio mantendría su compatibilidad con empleo formal y con actividades registradas en los regímenes tributarios nacionales, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Otro punto que estaba en discusión es la forma en la que se iba a actualizar el arancel del Sistema de Prestaciones. Originalmente el oficialismo impulsaba que sea trimestral. El bloque libertario asegura que será mensual.

Aliados que firmaron “en disidencia” todavía reclaman precisiones: una redacción más clara que garantice la actualización mensual por inflación, el cronograma de pago de compensaciones adeudadas y que se muestren las partidas presupuestarias concretas destinadas al sector. Martín Menem y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se comprometieron a exhibir esas partidas y a introducir modificaciones adicionales al texto.

Desde el Ministerio de Economía, en tanto, trascendió que no están de acuerdo con lo negociado en el dictamen, lo que abre la duda sobre si el capítulo de ajuste al sistema de discapacidad podría sostenerse igualmente dentro del Presupuesto 2027.

Según el informe publicado, el dictamen no crearía gastos adicionales para los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas, sino que mantendría una obligación ya establecida en la legislación vigente que, hasta ahora, están calculada en $ 278.323 millones la compensación pendiente para esos prestadores.

La caída del consumo llevó a la industria textil a un escenario que Ricardo Kuchikian, CEO de Cocot Dufour, definió como el más grave desde la creación de la empresa en 1982. El empresario comparó la situación actual con la pandemia, la crisis de 2001, el Plan Primavera y los procesos hiperinflacionarios de las décadas de 1980 y 1990.

“Esta es la peor crisis en los cuarenta y pico de años que tiene la empresa. Peor que la pandemia, peor que el 2001, peor que el Plan Primavera, que fue en el 85, las hiperinflaciones de Alfonsín, de Menem”, sostuvo Kuchikian.

El directivo señaló que, en aquellos ciclos, la recuperación llegó en plazos más cortos. “En todas esas, se salió adelante en corto tiempo”, dijo durante una entrevista en el podcast Fábrica País.

El dueño de la compañía ubicó el descenso de la demanda como el principal rasgo que diferencia al actual escenario de otras etapas de inestabilidad económica. Según explicó, la contracción del consumo afecta con fuerza al rubro de indumentaria y productos textiles.

“Con las crisis fuertes que hubo, el consumo nunca disminuyó a los niveles que ha disminuido en este momento, por lo menos en el área textil”, afirmó el CEO de Cocot Dufour.

En ese contexto, planteó que las empresas del rubro enfrentan límites para compensar el deterioro de las ventas con cambios internos. “Cuando no hay consumo, uno puede crear, inventar, idear un montón de cosas, pero el resultado muchas veces es plano y tiende uno a desanimarse”, expresó.

Kuchikian también remarcó que el momento obliga a revisar estrategias productivas. “Si no se puede producir un cien por cien, hay que mantener el valor de la marca y producir donde se pueda y los costos den”, señaló.

A lo largo de su análisis, el referente empresarial cuestionó el alcance de las políticas públicas dirigidas al sector. “Las políticas públicas nunca fueron muy positivas para la industria”, afirmó.

A la vez, el textil explicó que la compañía se financió principalmente con recursos propios debido a las dificultades para acceder a créditos que resultaran convenientes para invertir. “La financiación o la ayuda crediticia en Argentina nunca fue muy buena ni muy beneficiosa”, acotó.

También se refirió al efecto de las tasas y de las devaluaciones sobre las decisiones empresariales. “Siempre contamos con vaivenes de la economía, en los cuales las tasas superaban ampliamente la inflación y las variaciones en las devaluaciones. Todo siempre fue muy complicado”, apuntó.

Por otra parte, Ricardo Kuchikian afirmó que la incertidumbre sobre las condiciones económicas y regulatorias incide en los proyectos industriales, incluso en los vinculados con la renovación tecnológica.

“Los cambios políticos, económicos afectan muchísimo a las inversiones que uno vaya a hacer”, expresó al referirse a las decisiones que debe tomar el sector textil ante la transformación de sus procesos productivos.

Frente al escenario actual, planteó que las empresas deben evitar la inmovilidad. “Uno no se puede quedar en lo que venía haciendo, hay que cambiar, porque es la única manera de hacer frente a todo esto”, concluyó.

Se profundiza la crisis

La industria textil mantuvo una dinámica contractiva durante 2026: entre enero y julio, su producción cayó 22,6% frente al mismo lapso de 2025. Solo en julio, la baja fue de 13% interanual, con niveles de actividad que se ubicaron entre los más bajos de los últimos tres años. Desde diciembre de 2023, el sector perdió 28.322 empleos.

Los datos forman parte de un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), que señaló que el desempeño del rubro resultó más negativo que el del total de la industria. Mientras la producción industrial se redujo 2,6% en los primeros siete meses, la caída en la actividad textil fue casi nueve veces mayor. El segmento de tejidos y acabados fue el más afectado, con un descenso acumulado de 35,1%.

La menor producción se tradujo en un uso limitado de la capacidad instalada. En julio, las empresas textiles utilizaron el 45,3% de su capacidad, un nivel 12,9 puntos porcentuales inferior al promedio industrial, que alcanzó el 58,2%. El indicador bajó 1,3 puntos respecto de junio y 0,9 puntos frente a julio de 2025. FITA indicó que, desde 2024, la utilización del sector se ubica en una franja de entre 30% y 50%, luego de haber oscilado entre 50% y 60% a lo largo de 2023.

El empleo formal también siguió en descenso. Las actividades de textil, confección, cuero y calzado contabilizaron 92.531 puestos registrados en junio: 1.284 menos que en mayo y 16.536 por debajo de la cifra de junio de 2025.

Según la entidad, la pérdida promedio de empleo por mes entre junio de 2025 y junio de 2026 duplicó la registrada durante los 18 meses previos. El complejo concentra el 8,4% del empleo industrial, aunque explicó el 50% de los puestos perdidos mensualmente y el 31% de la reducción interanual del empleo industrial registrada en junio.

La baja también alcanzó a la estructura empresarial. En junio funcionaban 1.939 establecimientos textiles y 2.343 dedicados a la confección, con un total de 4.282 unidades. La cifra fue 517 inferior a la de un año antes. Desde diciembre de 2023, el saldo neto arroja la pérdida de 770 establecimientos, de los cuales el 67% cerró en los últimos doce meses.