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El optimismo de los trabajadores argentinos respecto del futuro de sus sectores no está distribuido de manera uniforme. Según el informe Workmonitor 2026 de Randstad, hay rubros que generan una confianza notablemente alta entre quienes los integran, mientras que otros concentran las miradas más escépticas.

La fotografía que emerge del relevamiento —realizado sobre 752 trabajadores en el país— permite identificar con precisión quiénes confían en el porvenir de su actividad y quiénes no. En concreto, el 60% de los trabajadores argentinos se muestra optimista respecto de las perspectivas del sector en que trabaja. Pero ese promedio oculta diferencias significativas entre rubros, con una brecha de 45 puntos porcentuales entre el sector más optimista y el más pesimista.

Energía y Minería lidera el ranking con el 88% de sus trabajadores confiando en el futuro de la actividad, un nivel que prácticamente no tiene comparación con el resto de los sectores relevados. La expansión del sector en los últimos años, traccionada en buena medida por el desarrollo de Vaca Muerta y la creciente actividad minera en distintas provincias del país, se refleja en la percepción de quienes trabajan en él.

Le siguen “Logística y Transporte” y el rubro de “Consumo Masivo”, ambos con el 73%. Luego aparece el Agro, con un nivel de optimismo del 70%. Los cuatro superan ampliamente la media general y configuran el grupo de mayor optimismo del informe.

En un segundo escalón, con niveles de confianza por encima del promedio aunque más moderados, aparecen Educación (64%), Retail (63%), Industria Manufacturera (63%) y el sector Automotriz y Autopartista (63%). Servicios Financieros e Ingeniería comparten el 62%, mientras que Cuidado de la Salud y Laboratorios se ubican exactamente en la media, con el 60%.

Los sectores con mayor escepticismo

En el otro extremo del espectro, los trabajadores de Defensa son los menos optimistas: sólo el 43% confía en las perspectivas de su sector. Gobierno y Sector Público no está lejos, con el 46% —menos de la mitad de los trabajadores del Estado confía en el rumbo de su actividad—, seguido de Servicios Profesionales, donde el pesimismo alcanza al 52% de los encuestados. Hotelería y Turismo cierra la zona baja del ranking con el 55%, apenas por debajo de la media general.

Servicios de TI y Telecomunicaciones, con el 59%, y Construcción, con el 58%, también quedan por debajo del promedio, aunque por márgenes más estrechos.

La adaptación al cambio tecnológico, una deuda pendiente

Más allá del optimismo sectorial, el informe también indaga en cómo perciben los trabajadores la capacidad de sus empleadores y sus sectores para adaptarse a la transformación en curso. Los resultados muestran que esa confianza es considerablemente más baja que el optimismo general.

El 49% de los trabajadores argentinos afirma confiar en que su empleador se está adaptando adecuadamente a los cambios que atraviesa su sector. Y solo el 39% considera que el rubro en el que trabaja está mejor preparado que otros para afrontar el escenario de transformación tecnológica actual. Ese dato marca una tensión relevante: los trabajadores pueden ser optimistas sobre el futuro de su actividad y, al mismo tiempo, dudar de que sus organizaciones estén a la altura de los cambios que ese futuro exige.

Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, señaló al respecto que “más allá del contexto macroeconómico, los trabajadores mantienen en general una mirada mayormente positiva sobre la evolución a futuro de las industrias en las que se desempeñan, marcando que aún con la incertidumbre que genera el avance de la digitalización y la IA, predomina la confianza en las capacidades individuales y en la adaptación de las organizaciones frente a la transformación que están atravesando la gran mayoría de industrias y mercados verticales”.

Sin embargo, los números del propio informe matizan ese optimismo: apenas cuatro de cada diez trabajadores creen que su sector está genuinamente mejor posicionado que otros para enfrentar la transformación tecnológica. La brecha entre la percepción general sobre el futuro del sector y la confianza concreta en la preparación tecnológica sugiere que el optimismo convive con una cuota importante de incertidumbre sobre cómo se transitará ese camino.

El brote de ébola que azota el este de la República Democrática del Congo y se ha extendido a Uganda suma 43 muertos y 263 casos confirmados, con más de 1.100 sospechosos bajo investigación, según el balance publicado este domingo por Jean Kaseya, director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC). Kaseya difundió las cifras en el Financial Times y advirtió que la crisis constituye una prueba crucial para los países afectados, su institución y la Unión Africana.

Las cifras del Ministerio de Salud congoleño registran 42 muertos dentro del país y 3.200 contactos identificados, de los cuales 967 están en seguimiento. Ituri, epicentro de la epidemia, acumula 245 casos confirmados; Kivu Norte suma 15 y Kivu Sur tres. En Uganda se notificaron nueve casos y un fallecimiento. El 29 de mayo, de 70 muestras procesadas en un solo día, 54 resultaron positivas: una tasa del 77,1% que señala transmisión activa y sostenida.

Kaseya subrayó que los combates entre el ejército congoleño y grupos rebeldes han desplazado constantemente a la población a través de fronteras porosas con Uganda, acelerando la dispersión viral. Los sistemas sanitarios están saturados y para la cepa Bundibugyo no existe vacuna ni tratamiento aprobados.

Esa cepa fue identificada por primera vez en Uganda en 2007 y es una de las menos frecuentes del ortoebolavirus, con una tasa de letalidad de entre el 30% y el 50%. Antes de este episodio solo había causado epidemias en dos ocasiones: en Uganda ese año y en la República Democrática del Congo en 2012. La ausencia de vacuna y antiviral convierte al brote en un reto terapéutico sin respuesta farmacológica.

La Organización Mundial de la Salud lo declaró emergencia de salud pública de importancia internacional el 17 de mayo, doce días después de ser alertada del brote. Fue la primera vez que su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, activó esa categoría sin convocar previamente un Comité de Emergencias. El Comité, reunido al día siguiente, respaldó el diagnóstico: emergencia de importancia internacional, no pandemia.

Tedros llegó el sábado a Bunia, capital de Ituri, para evaluar la situación sobre el terreno. La víspera había viajado a Kinshasa, donde se reunió con la primera ministra congoleña, Judith Suminwa, y con el equipo humanitario de Naciones Unidas. Desde Bunia apeló a la colaboración comunitaria como herramienta central de la respuesta.

El ministro de Salud, Roger Kamba, que compartió con Tedros la rueda de prensa del sábado, se fijó entre cuatro y seis meses para contener la epidemia. Ituri concentra la gran mayoría de los casos, mientras Kivu Norte suma alrededor de veinte y Kivu Sur solo uno: una distribución que sugiere algún efecto contenedor fuera del epicentro.

Este es el decimoséptimo brote de ébola en la República Democrática del Congo desde que el virus fue identificado en 1976. El anterior, causado por la cepa Zaire en Kasai, se cerró en diciembre de 2025 tras 64 casos y 45 muertos. La recurrencia responde a factores estructurales: red sanitaria precaria, zonas selváticas con vigilancia mínima y un conflicto armado crónico que obstaculiza cualquier respuesta coordinada. Uganda cerró su frontera con el Congo el 27 de mayo, medida que tensa el comercio regional pero que Kampala consideró inevitable.

Sin vacuna ni antiviral, la contención depende de las herramientas que permitieron al Congo superar dieciséis brotes anteriores: rastreo de contactos, aislamiento temprano y movilización comunitaria. Esa experiencia acumulada es, por ahora, la única ventaja disponible frente a un decimoséptimo episodio que llega sin respaldo terapéutico.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, nombró este domingo a Shmuel Ben Ezra como asesor de Seguridad Nacional y director del Consejo de Seguridad Nacional, cargo que había permanecido cubierto de manera interina durante los últimos siete meses. Ben Ezra, físico de formación con estudios de posgrado en física aplicada y administración de empresas, acumula más de treinta años de experiencia en tecnología armamentística y en el aparato de inteligencia del Estado hebreo. La oficina del primer ministro no informó sobre la fecha de toma de posesión formal.

El recién designado es el responsable técnico detrás del misil interceptor Arrow 3, el sistema de defensa antimisiles más sofisticado de Israel. En 2017, el Ministerio de Defensa israelí le concedió el Premio de Defensa del Estado precisamente por ese desarrollo. El Arrow 3, cofinanciado con Estados Unidos, opera fuera de la atmósfera terrestre —a altitudes superiores a 100 kilómetros— y destruye misiles balísticos mediante impacto cinético directo, sin utilizar carga explosiva. El sistema demostró su eficacia durante los ataques iraníes con misiles balísticos, lo que multiplicó el interés internacional por adquirirlo. En 2023, Alemania firmó un contrato por 3.600 millones de dólares para incorporarlo a su arquitectura defensiva, en la mayor exportación militar de la historia de Israel.

Antes del nombramiento, Ben Ezra ejercía como jefe de Tecnología, Operaciones y Ciberseguridad del Shin Bet, el servicio de seguridad interior israelí, donde permaneció cuatro años con rango equivalente al de general de división. La oficina de Netanyahu lo describió como poseedor de “pensamiento innovador y profundo conocimiento del mundo de la seguridad y la tecnología”, y subrayó su dilatada experiencia de coordinación con funcionarios de Estados Unidos y otros países. Netanyahu señaló que Ben Ezra contribuirá a consolidar a Israel “como potencia tecnológica mundial”, frase que ilustra el perfil deliberadamente técnico de la elección y la prioridad que el primer ministro otorga a la dimensión científica e industrial de la seguridad.

Ben Ezra sustituye a Gil Reich, que había ocupado el cargo de forma interina desde que Tzachi Hanegbi fue destituido el 21 de octubre de 2025. Hanegbi, veterano del Likud y figura de confianza de Netanyahu durante décadas, fue apartado en medio de desacuerdos sobre la conducción de la guerra en Gaza. Según informaciones de medios israelíes recogidas por AFP, el ex asesor se opuso al lanzamiento de la operación “Carrozas de Gedeón 2” y cuestionó la postura del gobierno de rechazar un cese el fuego a cambio de la liberación de diez rehenes. Al ser relevado, Hanegbi pidió públicamente que se abriera una investigación exhaustiva sobre los fallos que permitieron la masacre del 7 de octubre de 2023, en la que reconoció haber tenido parte.

El nombramiento de Ben Ezra llega en un momento de alta tensión en varios frentes simultáneos. Israel mantiene operaciones militares activas en el sur del Líbano, mientras las negociaciones con Irán en torno a un eventual acuerdo nuclear atraviesan una fase crítica, con el Estrecho de Ormuz como variable geopolítica de fondo. En ese contexto, la decisión de colocar a un experto en sistemas de interceptación y ciberseguridad al frente del Consejo de Seguridad Nacional transmite una señal inequívoca sobre la orientación de Netanyahu: la disuasión tecnológica como eje central de la política de seguridad israelí en el período que se abre.

A partir de mañana, los colectivos en la provincia de Buenos Aires aumentará 4,6% en las tarifas, llevando el boleto mínimo por encima de los $1.000. El ajuste llega después de la decisión tomada en mayo por Axel Kicillof, cuando el gobernador ordenó un alza del 11,6% que llevó el boleto base a $968,57. Esa medida profundizó la brecha con los valores que rigen en la Ciudad de Buenos Aires y en las líneas nacionales, y generó presión sobre los precios en un contexto donde el Gobierno nacional busca contener la inflación luego del registro de 3,4% en marzo.

Según fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte bonaerense a Infobae, el incremento responde a la vuelta de la fórmula tradicional de “dos puntos más inflación”. “A partir de mañana, el aumento en las líneas de colectivos de la provincia es de dos puntos más el último IPC de abril (2,6%), volvemos a lo mismo de siempre”, indicaron.

El nuevo cuadro tarifario para los Servicios Urbanos Provinciales del Gran Buenos Aires establece que el boleto mínimo de 0 a 3 kilómetros pasa de $968,57 a $1.015,61. Para el tramo de 3 a 6 kilómetros, la tarifa sube de $1.089,64 a $1.142,55; para 6 a 12 kilómetros, de $1.210,71 a $1.269,50; de 12 a 27 kilómetros, de $1.452,85 a $1.523,40; y para recorridos superiores a 27 kilómetros, de $1.708,07 a $1.791,02. Quienes viajan sin la tarjeta SUBE pagarán $2.031,21 por el boleto mínimo.

En el caso de la tarifa social, que mantiene un descuento del 55% respecto al valor pleno, el boleto para el tramo más corto sube de $435,86 a $457,02. El resto de los tramos refleja aumentos proporcionales y mantiene el beneficio para los usuarios alcanzados por el programa.

El Servicio Suburbano Provincial también actualiza sus valores: el pasaje terminal cuesta $337,87, el valor por kilómetro se eleva a $51,61 y el boleto mínimo alcanza los $1.336,19. El boleto mínimo sin SUBE se ubica en $2.672,38.

La decisión de Kicillof de aumentar 11,6% en mayo respondió a la lógica de trasladar el costo real del servicio a los usuarios y reducir el peso de los subsidios estatales. Esta postura, identificada con una visión pro mercado, produjo tensiones en el Gobierno libertario, que observó cómo el ajuste provincial sumaba presión sobre el índice de precios al consumidor.

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivo también subirá 4,6% desde mañana, pero el boleto mínimo quedará en $788,41, muy por debajo del valor bonaerense. En cuanto a las líneas nacionales, que atraviesan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el próximo aumento será de 2% y se aplicará recién el 15 de junio, en línea con la estrategia del equipo económico nacional de postergar los ajustes hacia mitad de mes para morigerar su impacto en la inflación.

El trasfondo del conflicto

El conflicto por el financiamiento del transporte público se intensificó desde el estallido de la crisis en Oriente Medio y la posterior suba de los combustibles en Argentina. Las empresas de colectivos del AMBA reclamaron a la Secretaría de Transporte de la Nación un recalculo tarifario que acompañe los mayores costos operativos. La falta de acuerdo derivó en una reducción de frecuencias, hasta que a fines de abril el Gobierno nacional transfirió $56.000 millones en concepto de subsidios atrasados y se comprometió a revisar la política de boletos.

A mediados de mayo, el Gobierno autorizó una suba para la líneas que circulan en el AMBA del 6% en el boleto, a ejecutarse en tres tramos: 2% el 18 de mayo, 2% el 15 de junio y otro 2% el 15 de julio. Lo que forma parte de la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo: escalonar los incrementos tiene como objetivo amortiguar su efecto sobre la inflación.

Sin embargo, las misma no dejo conforme a las empresas de colectivos. “Es un 6% dividido en 3 meses. O sea, 2 mensuales aproximadamente. Por debajo de la inflación.Cuando lleguemos a junio la brecha con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será mayor aún, porque ellos seguirán aumentando inflación más 2% todos los meses”, sostuvo una fuente del sector.

Es que con el aumento del 2% que se aplicará a mitad de mes, el boleto para las líneas de colectivo que circulan en el AMBA quedará en $728,18 mientras que el de la provincia de Buenos Aires se ubicará en $1.015,16 (diferencia de $286,98) y el de la Ciudad de Buenos Aires en $788,41 (diferencia de $60,23).

El debate sobre los criterios para actualizar el boleto y la estrategia para contener el impacto inflacionario continúa atravesando a las distintas jurisdicciones del AMBA. Las diferencias de enfoque entre la provincia, la Ciudad y la Nación repercuten en el precio final que pagan los usuarios, que encuentran cada vez más disparidad en los valores según el recorrido y la administración responsable.