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Karina Milei busca tomar el control total ya no del Ejecutivo sino del oficialismo todo. No quiere más interrupciones en su estrategia para pasar este año y encarar con fuerza el 2027 y los acuerdos electorales. En el despacho de la Secretaría General de la Presidencia entienden que se perdió tiempo, en especial, en la vida parlamentaria.

A partir de esto es que la hermana del Presidente de la Nación decidió intervenir activamente en los bloques parlamentarios y pidió que la sumen a los grupos de WhatsApp tanto de Diputados como del Senado, algo que según confirmó Infobae ya sucedió. En el primero habitan los 95 legisladores libertarios de la Cámara Baja.

En la Cámara Alta el escenario es diferente. La presencia de Patricia Bullrich y sus propios intereses hicieron, primero, que Karina Milei designara a una especie de “comisaria política” en la figura de la libertaria de paladar negro, Nadia Márquez. Ahora, con el pedido de sumar el número de la Secretaria General de la Presidencia, se resolvió crear un nuevo grupo en el que están los 21 senadores más la funcionaria del Ejecutivo. En paralelo se mantiene el otro que es exclusivamente de los legisladores, según confiaron fuentes del bloque.

Esto también quedó plasmado con la reunión que se está organizando para el miércoles a las 9:30 de la mañana en Casa Rosada. La cita es para los 95 diputados y los 21 senadores libertarios. Incluye a Martín Menem y a Patricia Bullrich. Por el Ejecutivo estarán Lule Menem, Ignacio Devitt y Diego Santilli. La reunión será para organizar la agenda legislativa y comandada por la organizadora del encuentro: Karina Milei.

En ese encuentro el mundo libertario definirá prioridades y estrategias para los próximos meses en el Congreso. El caso Adorni frenó todo en el Palacio Legislativo y la idea primaria de tener un paquete de leyes aprobadas antes del receso de invierno para evitar conflictos en el segundo semestre quedó archivada.

En principio ya hubo un primer movimiento parlamentario post renuncia del ahora ex Jefe de Gabinete que tiene que ver con que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados, el diputado de LLA Nicolás Mayoraz, comunicó que se levanta la reunión programada para mañana para tratar los proyectos de interpelación de Adorni.

El segundo paso será retomar los temas que interesan en Balcarce 50. En principio se especula con la posibilidad de tener una sesión en el Senado este jueves para tratar pliegos judiciales y, principalmente, la modificación de la ley de propiedad privada que habilita la compra de tierras a extranjeros que hoy están prohibidas -como por ejemplo, las tierras de frontera-.

En ese aspecto la senadora Bullrich ya inició los contactos con los bloques aliados para avanzar en el temario e ir esta semana al recinto. La idea de Bullrich es reflotar el acuerdo con el PRO y la UCR, y mantener en firme los lazos con los bloques Encuentro Misionero, Provincias Unidas entre otros.

El otro punto que se conversará con los bloques el próximo miércoles tienen que ver con la reforma electoral en donde La Libertad Avanza busca eliminar los topes para los aportes de campaña de los privados y las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Respecto al primero de los temas ya contaría con el consenso necesario para avanzar pero aceptando modificaciones que tienen que ver con mantener algunas restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y dejar en manos de las legislaturas -y no de los gobernadores como dice el proyecto original- la aprobación de esas operaciones.

En lo que se refiere a la reforma electoral, los bloques aliados ya le hicieron saber al oficialismo que podrían acompañar sólo la eliminación de obligatoriedad de las PASO pero que quieren mantener las primarias.

La morosidad en el sistema financiero argentino volvió a registrar un incremento en mayo, y alcanzó niveles que no se observaban desde la salida de la Convertibilidad. El último informe especial elaborado a partir de los datos de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU) confirmó un nuevo aumento en la irregularidad del crédito de las entidades financieras, especialmente entre los jóvenes. El fenómeno afecta a 4 de cada 10 personas menores de 35 años con préstamos activos, quienes presentan al menos una obligación en mora, tanto en entidades financieras como no financieras.

La tendencia alcista se evidenció en la mayoría de los indicadores clave. El informe, que aplica la misma metodología utilizada en los reportes oficiales del Banco Central, calculó que la mora de familias subió de un 12,1% en abril a un 12,7% en mayo. En el caso de las empresas, el indicador pasó de 3,3% a 3,5%, y el total del sector privado avanzó de 7,3% a 7,7%. El informe advirtió que el dato definitivo podría experimentar algún ajuste marginal, ya que el Banco Central suele actualizar más de una vez la base de datos de la CENDEU.

Este incremento representa la decimonovena suba mensual consecutiva en la irregularidad de los créditos a hogares. La tasa de mora se multiplicó por más de cinco en menos de dos años: en octubre de 2024 la irregularidad era de 2,5%, mientras que en mayo de 2026 superó el 12%. Este salto no encuentra antecedentes en el sistema financiero argentino desde la crisis de la Convertibilidad.

Para que descienda el porcentaje de morosidad, el saldo total de financiaciones debería crecer más rápido que el de los préstamos en mora. Si bien desde mayo el crédito en pesos al sector privado dejó de caer en términos reales, se mantuvo prácticamente sin cambios, y la banca pública evitó una caída más pronunciada. Los bancos privados redujeron de manera marcada la generación de préstamos durante los primeros meses del año, según se desprende de los balances de las entidades financieras.

La morosidad subió en la mayoría de las entidades. De las 30 instituciones más grandes en términos de préstamos a familias, en 26 de ellas la mora de mayo fue superior a la de abril. Los datos de mayo a nivel de entidad ya se encuentran disponibles en la plataforma web de la consultora, en la sección destinada a “Morosidad” dentro del apartado de “Sistema financiero”.

El informe también examinó la situación de las entidades no financieras, que representan alrededor del 17% del total de préstamos a familias. En este segmento, la morosidad alcanzó en mayo el 32,2%, mientras que hace un año y medio era inferior al 10%. La suma de los saldos irregulares tanto de entidades financieras como no financieras refleja el deterioro de la capacidad de pago de las familias argentinas.

Al analizar la distribución de la mora por segmentos etarios, el informe subrayó que el fenómeno es más grave entre los jóvenes. Casi el 40% de los menores de 35 años que mantienen créditos vigentes, ya sea en entidades financieras o no financieras, registra al menos un préstamo en situación irregular. Este porcentaje se ubica muy por encima del promedio general, y evidencia que las dificultades para cumplir con las obligaciones afectan más intensamente a los grupos de menor edad. En los tramos siguientes, la proporción cae: entre 36 y 45 años, el 31% tiene al menos un crédito en mora, y entre 46 y 55 años, el 23,5%.

El documento indica que más del 27% de quienes tomaron préstamos dejó de ser sujeto de crédito, ya que presentan irregularidades en sus compromisos financieros. En este cálculo se incluye también el crédito otorgado por entidades no financieras, y el porcentaje se refiere a personas en mora con independencia del saldo. La pérdida de la condición de sujetos de crédito restringe el acceso a nuevas vías de financiamiento y limita la capacidad de consumo.

La evolución del crédito durante el primer cuatrimestre del año mostró que la banca pública sostuvo el nivel de préstamos, en contraste con los bancos privados que recortaron de manera significativa la oferta. El crédito en pesos al sector privado se mantuvo estable en términos reales en mayo y junio, aunque no alcanzó una recuperación que permitiera revertir la tendencia de aumento en la irregularidad.

La irregularidad continuó subiendo en la amplia mayoría de las entidades financieras. De las 30 entidades más grandes en términos de préstamos a familias, en 26 la mora subió en mayo contra abril. Los datos de mayo a nivel de entidad están disponibles en la plataforma web de la consultora, en la sección dedicada a “Morosidad” dentro del segmento “Sistema financiero”. La mora en los créditos a familias por parte de entidades no financieras también subió en mayo, según los datos de la CENDEU. En este caso, la irregularidad llegó al 32,2% en mayo, frente a menos de 10% hace un año y medio.

El informe resaltó que la morosidad de los individuos es elevada en todos los segmentos etarios, pero especialmente alta entre los más jóvenes. Según los cálculos de la consultora, casi el 40% de los menores de 35 años con créditos vigentes tiene al menos un préstamo irregular. Esta cifra surge de la suma de datos de entidades financieras y no financieras. Entre los deudores de 18 a 25 años, la irregularidad alcanza el 42,8%, y entre los de 26 a 35 años, el 39,3%. El porcentaje desciende de manera progresiva en los grupos de mayor edad.

El informe abordó también las condiciones monetarias y la política de tasas. Durante cuatro meses consecutivos, las tasas de referencia a un día (REPO y caución) se mantuvieron cerca del 20%. Una excepción ocurrió el viernes previo al cierre del informe, cuando, por ventas extraordinarias de bonos USD linked del BCRA y el aumento estacional de la demanda de circulante en junio, casi desapareció el colchón de liquidez del sistema. La situación se resolvió a través de una inyección de pesos por parte del Tesoro en el mercado secundario, lo que permitió estabilizar las tasas. El análisis consideró que el régimen sigue siendo de tasa variable, aunque con baja volatilidad desde marzo.

El informe destacó que la prioridad principal del Gobierno sigue siendo el control del tipo de cambio (FX), aunque en los últimos meses logró mantener baja la volatilidad tanto en las tasas de interés como en el dólar. Desde marzo, ambas variables flotaron dentro de márgenes acotados, en contraste con la elevada volatilidad registrada hasta febrero, cuando las tasas tuvieron variaciones pronunciadas, incluso intradiarias.

Respecto a las perspectivas para los próximos meses, la consultora estimó que el crédito a familias difícilmente vuelva a ser un motor relevante de la actividad económica de cara a las elecciones del año siguiente. Entre los factores que explican este diagnóstico, se encuentra la alta proporción de personas en mora y la pérdida de acceso al crédito formal. El informe subrayó que, aunque el peso del crédito en la economía argentina resulta pequeño, la dinámica del PBI no depende exclusivamente de este factor y podría mantener su crecimiento incluso en un contexto de morosidad elevada.

La evolución de los préstamos en pesos al sector privado mostró oscilaciones en los últimos meses, con variaciones mensuales reales que alternaron entre caídas y leves subas. La banca pública sostuvo el nivel de créditos, mientras que los bancos privados recortaron su exposición al segmento familiar. Esta dinámica contribuyó a que el crecimiento de los saldos en mora supere al de las financiaciones totales, y que el ratio de irregularidad continúe en alza.

El informe puntualizó que los próximos datos oficiales, correspondientes a junio y julio, permitirán determinar si la tendencia alcista se sostiene o si el “efecto aguinaldo” contribuye a una reducción de la morosidad. El dato oficial de mayo se publicará a fines de julio, pero la estimación de la consultora anticipó con exactitud las cifras que luego validó el Banco Central en informes anteriores.

Las autoridades del Banco Central, encabezadas por Werning, consideran que la mora tocó un techo durante el segundo trimestre del año, aunque reconocen que el indicador depende de la evolución de la economía y de la capacidad de pago de las familias. La consultora remarcó que los datos pueden experimentar ajustes marginales a medida que el Banco Central actualice la base de la CENDEU.

El documento advierte que, aunque el crédito no vuelva a ser un motor de la actividad en el corto plazo, la economía argentina podría sostener su crecimiento por otras vías. La proporción de personas que dejó de ser sujeto de crédito y la elevada irregularidad entre los más jóvenes plantean desafíos para la recuperación del consumo y el acceso al financiamiento.

La Unión Europea y China acordaron este lunes mantener canales de comunicación abiertos hasta octubre con el objetivo de reducir tensiones comerciales y reequilibrar sus intercambios, en el marco de la primera reunión de las Consultas sobre Comercio e Inversión celebrada en Bruselas.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, sellaron el compromiso tras una jornada de negociaciones que ambos describieron como “intensivas” y “constructivas”. “Nuestros equipos tienen un mandato claro y un calendario ambicioso para ofrecer resultados tangibles de aquí a octubre”, declaró Sefcovic ante la prensa.

El encuentro produjo una Declaración Conjunta, la primera que Bruselas y Pekín logran acordar desde 2019. Sefcovic señaló que ese hecho “demuestra claramente que hay mucha más convergencia en cómo percibimos la necesidad de abordar los desafíos mutuos”.

Las Consultas sobre Comercio e Inversión —mecanismo creado específicamente para este proceso— centrarán su trabajo en cuatro ejes: el equilibrio entre el comercio y la inversión, los controles a la exportación, la propiedad intelectual y la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según el comunicado conjunto.

Dentro de ese marco, ambas partes acordaron establecer un mecanismo de seguimiento conjunto para intercambiar datos y supervisar los flujos comerciales, con el fin de “mejorar la transparencia, aumentar la confianza mutua y gestionar las fricciones comerciales”. Las delegaciones también examinaron la posibilidad de aplicar medidas arancelarias y no arancelarias para avanzar en el reequilibrio de la relación.

El déficit comercial de la Unión Europea (UE) con China supera los 360.000 millones de euros anuales, una brecha que, según advirtió Sefcovic, “se está ampliando”. El comisario subrayó que Bruselas “sigue abierta a los negocios”, pero que es necesario “defender la base industrial” europea y garantizar “igualdad de condiciones a nivel mundial para que nuestras industrias tengan una oportunidad de competir justamente”.

El plan prevé que los negociadores eleven la “intensidad y frecuencia” de sus encuentros para presentar en septiembre una evaluación de los avances, antes de que las delegaciones se reúnan a nivel político en octubre. Sefcovic confirmó que viajará a Pekín en otoño para “evaluar el progreso” del diálogo.

La reunión se produce una semana después de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, celebrada a mediados de junio en Bruselas, en la que los líderes instaron a la Comisión Europea a insistir en el diálogo con China, siempre que este “dé resultados”, y a explorar vías para corregir el desequilibrio comercial. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió en ese foro a presentar una nueva herramienta de “diversificación comercial” antes de la próxima cumbre de octubre.

(Con información de EFE y Europa Press)

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete representa, para el consultor político Juan Courel, un intento del Gobierno por recuperar la iniciativa después del desgaste provocado por el caso Adorni y volver a concentrar la discusión pública en la economía. Así lo planteó durante una entrevista en Infobae a la Tarde, donde analizó el cambio de gabinete, la estrategia comunicacional del oficialismo y el escenario electoral.

En diálogo con Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, Courel sostuvo que el deterioro de la imagen del Gobierno responde principalmente a factores económicos. Según explicó, “el descenso en la aprobación del Gobierno se atribuye más a cuestiones económicas, al malestar en el bolsillo y en la vida cotidiana de la gente, que al acontecimiento Adorni”, por lo que el desafío del oficialismo pasa por volver a ofrecer una perspectiva de mejora.

En ese sentido, interpretó que la salida del exvocero golpeó uno de los pilares del relato libertario, ya que, según afirmó, “le pegaba muy de lleno debajo de la línea de flotación del discurso moralizante, anticasta y outsider”, precisamente cuando el Gobierno necesita “renovar su promesa económica”.

Para Courel, la designación de un nuevo vocero con perfil económico y el desembarco de Santilli apuntan en esa dirección. “No necesitan nuevamente un vocero que se pelee y dé la batalla cultural; necesitan un vocero que sepa explicar por qué la economía puede andar mejor”, resumió al describir el cambio de prioridades en la comunicación oficial.

El consultor también relativizó la posibilidad de que el Mundial funcione como un elemento capaz de desplazar la agenda política. A diferencia de otros momentos históricos, consideró que hoy “todos estamos habituados a tener cien millones de conversaciones simultáneas”, por lo que no cree que el torneo pueda tapar los problemas que enfrenta el Gobierno.

Respecto de la decisión oficial de sostener durante meses a Adorni pese al costo político, Courel habló de un posible error de cálculo. A su entender, el Gobierno buscó esperar una oportunidad más favorable para realizar el reemplazo, ya que “no podían dar el brazo a torcer inmediatamente porque la inercia era de declive y eso podía agravar el conflicto”.

También minimizó el impacto electoral de las disputas internas dentro del oficialismo. Si bien reconoció que consumen tiempo y energía de la gestión, sostuvo que “la mayoría de los votantes no está al tanto de esas diferencias” y que, probablemente, ni siquiera llegue a enterarse. El problema, explicó, es que esas tensiones obligan al Gobierno a defenderse en lugar de instalar una agenda propia.

Sobre la llegada de Santilli, Courel consideró que representa una oportunidad política para el dirigente. Incluso afirmó que, en el escenario actual, “a Santilli le resultaría más fácil ser gobernador que a Milei reelegir”, ya que percibe un clima social “más cambista que continuista”.

Al analizar el panorama electoral, el consultor también relativizó el peso de la denominada batalla cultural. Según señaló, “Milei nunca fue ganando la batalla cultural” porque las posiciones ideológicas de la sociedad se mantienen relativamente estables desde el inicio de su gestión.

En cuanto a la posibilidad de una reelección presidencial, aclaró que las mediciones que realiza su consultora muestran un escenario mucho más competitivo que meses atrás. En ese sentido, aseguró que “hoy hay una diferencia a favor de Massa” y sostuvo que “no hay ninguna manera de que Milei gane una reelección; la va a tener que pelear”.

Para Courel, la variable decisiva será la evolución de la pobreza. Según explicó, existe una relación directa entre ese indicador y los resultados electorales, ya que “cuando un gobierno logra que el índice de pobreza se reduzca al final de su mandato, gana la reelección o su espacio político continúa en el poder”.

En la provincia de Buenos Aires, advirtió que una eventual confluencia entre La Libertad Avanza y el PRO complicaría las posibilidades del peronismo si se repitieran los resultados de 2023. Además, recordó que en América Latina “se duplicó la tasa de alternancia”, por lo que cada vez son menos los oficialismos que logran renovar su mandato.

Finalmente, el consultor restó importancia a una eventual eliminación de las PASO, al considerar que “es un poco suma cero” porque todos los espacios pueden adaptar sus estrategias. Respecto del adelantamiento del calendario electoral bonaerense, advirtió que un eventual desdoblamiento podría terminar perjudicando al oficialismo provincial, ya que, si el gobernador construye una candidatura presidencial, la separación de las elecciones podría implicar “menos fuerza territorial para defender los votos en una elección nacional”.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, confía que el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) ayudará a impulsar la reactivación y dar paso a “los mejores 18 meses” para la economía. El esquema ofrece a las empresas la posibilidad de sumar trabajadores con un ahorro significativo en los aportes patronales, lo que representa un incentivo financiero directo. Sin embargo, especialistas advierten que la selección del personal bajo este régimen exige un cumplimiento riguroso de los requisitos establecidos. En caso de no respetar estas condiciones, las empresas pueden quedar excluidas del beneficio y enfrentar duras penalidades.

“Cuando vos entrás en un periodo bueno, esa bonanza se empieza a retroalimentar. Inocencia fiscal empieza a prender más, la ley de modernización laboral empieza a prender más, los empresarios se animan a contratar gente porque ahora saben cuánto les sale un despido, porque además en vez de pagar 18 puntos de carga pagan solo dos, porque además van a tener un fondo que les permita pagar eventualmente algún despido”, expresó Caputo en una entrevista con LN+.

El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) establece una reducción de hasta el 75% en las contribuciones patronales para nuevos puestos de trabajo creados bajo sus condiciones. Esta medida, detallada en el informe del estudio PMP – Contabilidad & Consultoría, apunta a modificar la estructura de costos fijos de las empresas, ofreciendo un mecanismo optativo que permite incorporar personal con una exención de cargas sociales durante 48 meses.

El esquema define que las empresas que se sumen pueden acceder a un piso fijo del 2% en las alícuotas de contribuciones patronales, en comparación con los porcentajes tradicionales. Así, una Pequeña y Mediana Empresa (PyME) reduce su aporte del 18% al 5% nominal, mientras que una empresa de mayor tamaño baja del 20,4% al 5%. Estos porcentajes representan un alivio del 72,2% para PyMEs y de 75,5% para grandes empresas, según el análisis de PMP – Contabilidad & Consultoría. Para los sectores que demandan mano de obra intensiva, esta diferencia se traduce en una mejora competitiva relevante.

El informe de PMP – Contabilidad & Consultoría calcula que, para un salario bruto promedio de $2.000.000 —valor estimado sobre convenios de Comercio y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)—, la implementación del beneficio significa para una PyME un ahorro mensual de $260.000 por cada nuevo trabajador. A lo largo de un año, la economía de costos asciende a $3.380.000 por empleado. En una proyección de diez incorporaciones, el ahorro anual ronda los $34 millones. Si la empresa sostiene este esquema durante los cuatro años de vigencia máxima del beneficio, la suma proyectada puede alcanzar los $135,2 millones para PyMEs y $160 millones en el caso de grandes empresas.

El CEO de PMP – Contabilidad & Consultoría, Juan Pablo Perojo, señaló que el régimen solo permite las altas nuevas que se concreten hasta el 30 de abril de 2027. Esta limitación temporal obliga a las empresas interesadas a planificar sus contrataciones con especial atención al plazo estipulado por la norma.

El peligro de las condiciones

Hay que tener ciertas precauciones porque para que un trabajador sea considerado empleable bajo el RIFL, debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones: no registrar relaciones laborales declaradas al 10 de diciembre de 2025, acreditar desempleo total durante los seis meses previos a la contratación, provenir de empleo en el sector público —nacional, provincial o municipal—, o estar inscripto en el Monotributo bajo parámetros específicos.

En ese sentido, el especialista explica que el proceso de verificación de estos requisitos todavía genera dudas en la reglamentación. Perojo recomienda a los empleadores constatar la situación del postulante a través del CUIL y solicitar una Declaración Jurada al momento de la incorporación. “Es más que necesaria esta aclaración puesto que hay un riesgo oculto que muchos ignoran”, advirtió el CEO de la consultora. “Ante incumplimiento, o en caso de que el trabajador haya omitido información, el perjuicio lo tendrá el empleador y el costo puede ser muy alto puesto que deberá abonar contribuciones adeudadas con más intereses y multas”.

El informe de PMP – Contabilidad & Consultoría enumera, además, una serie de restricciones. Queda prohibida la sustitución de personal activo por beneficiarios del régimen, así como la reincorporación de trabajadores despedidos por la misma empresa dentro de los doce meses previos. Para nuevos empleadores que inicien actividades después del 10 de diciembre de 2025, el régimen establece que solo podrán afectar hasta el 80% de su nómina total bajo el esquema de incentivos. También quedan excluidas del beneficio las empresas que figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

La promoción que hace Caputo a que los empresarios hagan uso del RIFL se da en medio de un estabilización del desempleo, pero con un crecimiento de la informalidad. La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que en el primer semestre del año, el desempleo se ubicó en 7,8% (caída de 0,1 puntos porcentuales respecto 2025), pero con un crecimiento de la informalidad del 42% a 44,2% en el último año.

Es que el modelo del ministro de recorte de gasto público para lograr el superávit fiscal, ya encontró su limite en palabras del propio Caputo. Y para poder seguir manteniéndolo necesita mayores ingresos vía formalización laboral -con herramientas como el RIFL- como de ahorros que se encuentran fuera del sistema -con la Ley de Inocencia Fiscal-.

El coronel Paweł Szota, director de la Agencia de Inteligencia Exterior de Polonia (AW), advirtió que el nivel de agresividad de Moscú obliga al país a reformular su postura de seguridad desde la base. En una entrevista concedida al diario Rzeczpospolita, la primera que ofrece a medios polacos desde que asumió el cargo, Szota sostuvo que Polonia debe asumir en su operativa cotidiana que un enfrentamiento armado con Rusia no es una hipótesis de largo plazo sino una posibilidad cercana.

“Hoy, teniendo en cuenta todo el espectro de amenazas del Kremlin, debemos moldear nuestra mentalidad en consecuencia y en nuestras operaciones cotidianas actuar como si un conflicto armado con Rusia fuera una perspectiva a corto plazo”, afirmó en Rzeczpospolita. “El nivel de agresión rusa es muy alto, y el riesgo de confrontación militar es real”. Las declaraciones adquieren peso particular por la posición geográfica de Polonia: el país comparte frontera con el enclave ruso de Kaliningrado al norte y con Bielorrusia al este, aliada de Moscú, lo que lo convierte en uno de los miembros de la OTAN con mayor exposición directa a la presión militar rusa.

Szota señaló que los analistas de la agencia consideran “un escenario real” que Rusia intente poner a prueba la determinación de la Alianza mediante una provocación grave contra alguno de los países bálticos. Preguntado específicamente sobre si Moscú podría emplear sus llamados “hombres verdes” —tropas sin insignias nacionales, como las utilizadas durante la anexión de Crimea en 2014— en Lituania o Letonia, el jefe de inteligencia fue directo: “Hoy no descartaría ningún escenario”, dijo en Rzeczpospolita.

La táctica de los “hombres verdes” fue la marca de la primera operación encubierta de envergadura que Rusia ejecutó en territorio ucraniano. En los meses previos a la anexión formal de Crimea en marzo de 2014, soldados sin identificación nacional tomaron posiciones estratégicas mientras Moscú negaba cualquier implicación directa. Replicar ese modelo contra miembros plenos de la OTAN —amparados por el artículo 5 del Tratado, que obliga a la defensa colectiva— supondría un salto cualitativo sin precedentes en la confrontación entre Rusia y Occidente.

El director de la AW evaluó que Rusia tiene capacidad para prolongar la guerra en Ucrania durante varios años más y que el Kremlin está dispuesto a sacrificar el desarrollo económico interior para sostener el conflicto en términos que le permitan presentarlo como una victoria. “Putin no abandonará esta guerra porque, especialmente a nivel interno, debe presentarse como el vencedor”, declaró en Rzeczpospolita. Szota también advirtió que las actividades híbridas de Moscú contra Polonia y el flanco oriental de la OTAN —ciberataques, sabotajes e interferencias en infraestructuras— seguirán en aumento. “Los rusos están observando nuestras reacciones”, señaló.

El jefe de inteligencia vinculó esa presión con el creciente control de Rusia sobre Bielorrusia, en particular por el desarrollo en territorio bielorruso de instalaciones capaces de albergar sistemas de entrega de armas nucleares, incluido el misil Oreshnik, y por los ejercicios nucleares conjuntos entre Moscú y Minsk. Szota sostuvo que Polonia no permanecerá pasiva ante ese proceso e indicó que la agencia dispone de instrumentos de acción, incluidos en el ámbito cibernético.

Pese a la tensión con Minsk, Szota defendió la existencia de canales directos de comunicación entre los servicios de inteligencia polacos y los bielorrusos, argumentando que esos contactos permiten alcanzar objetivos de seguridad que la diplomacia convencional no puede lograr. Como ejemplo de esa estrategia, citó la liberación de varios presos políticos en los últimos meses, entre ellos el periodista y activista Andrzej Poczobut, miembro de la minoría polaca en Bielorrusia y Premio Sájarov 2025 del Parlamento Europeo, que cumplía ocho años de condena por cargos considerados políticos y fue liberado el 28 de abril en un canje de prisioneros en la frontera entre ambos países. “Es mejor reunirse con representantes del régimen de Lukashenko, hablar de los asuntos y obtener beneficios para Polonia que observar pasivamente cómo Bielorrusia es ‘consumida’ por Rusia”, declaró en Rzeczpospolita.

Las evaluaciones de la AW, precisó Szota, coinciden con las de la OTAN y los servicios de inteligencia aliados. Otros socios han llegado a conclusiones similares: según funcionarios bálticos citados por The Wall Street Journal en abril de 2025, Rusia estaría en condiciones de ejecutar una operación limitada contra los países bálticos en un plazo de dos a tres años tras el fin de las hostilidades en Ucrania. Para Polonia, que ha sido uno de los principales apoyos militares y políticos de Kiev desde la invasión a gran escala de 2022, la advertencia de su propio jefe de espionaje no es retórica: es la doctrina que ya rige su planificación de seguridad.