El fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos, presidente de la Asociación de Fiscales Federales y Nacionales, participó del IV Congreso Argentino Anticorrupción, en el panel sobre “Independencia judicial, ética pública y combate efectivo contra la corrupción”. Previamente, en diálogo con ANÁLISIS, analizó la implementación del sistema acusatorio (próximo a implementarse en Entre Ríos), la dinámica del narcotráfico en zonas de frontera, el lavado de activos y los riesgos que enfrentan los fiscales que investigan estructuras criminales.
Acerca del movimiento económico y social en la frontera, Toranzos sostuvo: “Las fronteras son zonas muy especiales que quizás no tienen la evaluación o la preocupación a nivel general del país. La frontera es el síntoma: si vos querés conocer el movimiento financiero y económico de un país, basta plantarse en la frontera. Vas a ver que de una mañana a la tarde cambian el elemento a importar o el elemento a exportar, y a la semana vas a darte cuenta de que ese elemento cambió de valor internamente. Eso hace que en esa frontera haya un flujo constante y que, atento a la falta de trabajo que hay en esa zona, se naturalice ese bagajeo, ese ingreso y egreso de personas y de mercadería”.
Según explicó, las organizaciones aprovechan ese movimiento: “En ese cúmulo de movimiento insertan y se camuflan el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, el fraude marcario, la propiedad intelectual. Entonces se crea un ámbito realmente muy especial. Hay que conocer la frontera para conocer el país”.
Al hablar del impacto económico del narcotráfico, Toranzos advirtió: “Hay una arista del narcotráfico que uno por ahí no ve y que no la vincula con otras actividades comerciales, que es la cantidad de dinero que produce. Si ves una avioneta, para su movimiento son 300 o 400 kilogramos de cocaína en su orden de pureza. Eso es muchísima plata en un orden de producción y, si vas superando controles, se va multiplicando”.
En ese punto, remarcó: “Todo ese dinero que gana el narcotráfico no solo lo invierte para ser más efectivo, tener mejor forma de acondicionamiento o una forma de ingreso más sofisticada. El narcotráfico invierte en impunidad. Esa inversión en impunidad implica corrupción. Trata de que los elementos de contralor, fuerzas de seguridad, justicia y sectores políticos le permitan manejarse con cierta seguridad y que no van a ser detenidos”.
Sobre el lavado de activos, sostuvo: “Uno de los primeros síntomas de conocer que hay mucha plata de origen ilegal es cómo aumentan considerablemente todos los bienes inmobiliarios. De golpe ciertas zonas empiezan a tener valores casi incomprables para el común, porque ese dinero que está circulando y tiene la apetencia de lavarse o de insertarse en el sistema económico es barato para ellos, porque es producto del delito, y encarece el orden comunitario”.
Por eso, dijo, el objetivo de las investigaciones se orienta también al patrimonio: “Nuestro objetivo ahora es la pelea del narcotráfico en el orden económico, sobre todo en el crecimiento inmobiliario y en la posibilidad de secuestrar bienes”.
Sobre las dificultades para llegar al patrimonio de las organizaciones, explicó: “Hay toda una ingeniería. En esa ingeniería participan profesionales que uno ve todos los días en la calle y prestan su intelectualidad, sobre todo para disimular cómo se hace la inversión del dinero”.
Además, agregó: “A veces la comunidad está favoreciendo esas situaciones, ya sea por tolerancia o por ignorancia sobre ciertos emprendimientos internos. El narcotráfico está muy pendiente para encontrar dónde estaría la fisura. Es como el agua: ve una fisura y allí va a corromper o contaminar”.
Al referirse a las amenazas contra funcionarios judiciales, como lo ocurrido con el supuesto plan criminal para enviar sicarios para atentar contra la vida del juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general José Igncio Candioti y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, Toranzos señaló: “Soy presidente de la Asociación de Fiscales Federales y Nacionales y estuvimos acompañando la situación que vivieron acá en Paraná. Lo cierto es que, a partir del mayor protagonismo de la justicia y en especial de los fiscales en este tipo de investigación, y la contundencia de su tarea, ha llevado a que de la otra parte, más que cuestionar la prueba, se atente o se trate de desprestigiar al operador. Es muy común ver en todos los juicios que el modo defensivo que tienen estas estructuras criminales o grandes jefes de narcotráfico es atacar al fiscal, ya sea desprestigiándolo o atentando contra su vida, la de sus colaboradores o afectando a su familia”.
En este sentido, planteó: “Eso debe ser visto por la comunidad y entender que hay que contener. El valor independencia judicial hay que defenderlo, porque es el que nos asegura nuestro acceso a la justicia”.
El sistema acusatorio “permitió tener una interpretación global del fenómeno”
explicó que desde 2019, con la puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal en Salta y Jujuy, “los fiscales pasaron a ser los directores exclusivos de la investigación”. En ese marco, sostuvo que el modelo permitió observar el fenómeno criminal de manera integral, especialmente en una provincia de frontera atravesada por el contrabando, el narcotráfico, el lavado de dinero y otras economías ilegales.
Sobre la implementación del sistema acusatorio, el fiscal señaló: “A partir del año 2019, en la jurisdicción de Salta y Jujuy, se implementó el sistema acusatorio. Para nosotros, en el orden investigativo, fue un cambio cultural trascendente, porque los fiscales pasaron a ser los directores exclusivos de la investigación”.
Toranzos explicó que ese cambio permitió delimitar responsabilidades dentro del proceso penal: “Antes se compartía, uno no sabía quién investigaba, si el juez o el fiscal. Acá se establecen los roles específicos de cada uno, y eso también trae una responsabilidad, porque ya se sabe, en caso de que esa investigación fracase, quién sería el responsable”.
Al describir la particularidad de la región, sostuvo: “Salta y Jujuy fueron elegidas por ser provincias de frontera, por tener una problemática muy especial. El fenómeno criminal por trascendencia es el movimiento de personas y mercadería hacia los países limítrofes. Salta limita con Chile, Paraguay y Bolivia. Bolivia es productor de estupefacientes, por lo que somos un canal de ingreso del narcotráfico significativo”.
En ese contexto, describió el funcionamiento de las organizaciones en la frontera: “Hay un posicionamiento de clanes, de órdenes familiares que prestan el servicio de logística, de recepción; allá le llaman enfriamiento a la droga. Es decir, droga que se bombardea en avioneta y hay un receptor que la toma, la oculta, la acopia, hasta establecer la logística de transporte dentro del territorio nacional”.
Sobre las posibilidades que abrió el nuevo sistema, afirmó: “Esto es lo que nos permitió el acusatorio: tener una interpretación global del fenómeno. Ya no hay un fiscal para un juzgado, sino que se convierte en un área de fiscales, una unidad, y los fiscales van siendo adjudicados en investigaciones según la categoría o la calificación que se le da internamente”.
Toranzos indicó que no hubo un incremento de recursos, sino una reorganización del trabajo: “No hubo un fortalecimiento de recursos significativo. Lo que se hizo fue acomodar los recursos. Se trabaja mucho con auxiliares fiscales, que son aquellas personas que están en una etapa intermedia para ser fiscal, y tenemos como herramienta ahora la oralidad: todo se hace de manera oral, pública, en una audiencia”.
También destacó la publicidad de las audiencias: “Si uno quiere ver cómo va el trámite de una causa, basta ir a tribunales, sentarse entre el público y ver cómo el fiscal explica cuáles son las evidencias que tiene, por qué pide que quede detenido y cuánto tiempo va a demorar su investigación”.
Respecto de la formalización de las imputaciones, precisó: “No hay expedientes. Ya lo que nosotros conocemos como esa hoja que se iba cosiendo o abrochando, ahora es un legajo electrónico. El fiscal sube todas las diligencias que hace con sus investigadores. La parte tiene acceso a partir de la formalización plena y los jueces no conocen esa situación”.
Para Toranzos, esa dinámica refuerza la transparencia del proceso: “Los jueces ingresan a la audiencia sin saber cuál es el antecedente que hay sobre esa situación, y de lo que escuchan y de la información de calidad que le dan las partes, resuelven en ese momento. Allí es donde se prioriza la claridad y la transparencia en las condiciones de la imputación”.
