07 Oct, 2026 04:02 p. m. EST
El Gobierno anunció un programa de ciudadanía por inversión que habilitará a extranjeros a solicitar la nacionalidad argentina mediante un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro o la suscripción de un bono público a tasa cero por USD 800.000. Las solicitudes comenzarán a recibirse en el cuarto trimestre de 2026 y deberán superar controles sobre identidad, antecedentes y origen de los fondos.
La propuesta abrió una discusión que excede la búsqueda de recursos fiscales. En juego aparecen el alcance jurídico de la figura de la inversión, el valor internacional del pasaporte argentino, las condiciones de seguridad y la situación tributaria de quienes obtengan la ciudadanía bajo este mecanismo.
El esquema prevé que el cónyuge y los hijos del solicitante principal también puedan tramitar la ciudadanía con aportes adicionales. Para los cónyuges y los hijos solteros de entre 18 y 25 años, el monto será de USD 100.000; para los menores de edad, de USD 25.000.
La Ley de Ciudadanía 346, sancionada en 1869 y aún vigente con modificaciones, ya contempla situaciones vinculadas con la actividad económica como fundamento suficiente para la naturalización de extranjeros.
Entre esos casos figura haber instalado una nueva industria o introducido una innovación útil en el país. También menciona a empresarios o constructores ferroviarios y a quienes integren colonias establecidas en territorio nacional o provincial, siempre que tengan allí una propiedad inmueble.
El antecedente legal abre una diferencia relevante frente a la iniciativa anunciada. Los supuestos históricos de la norma se vinculaban con actividades productivas, infraestructura o arraigo patrimonial. El nuevo programa, en cambio, ofrece dos alternativas financieras: un desembolso directo al Estado o la compra de un título público creado para este régimen.
El Decreto 524/2025 de Milei avanzó sobre esa posibilidad al establecer que una persona extranjera que hubiera realizado una “inversión relevante” podrá solicitar la ciudadanía ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. La definición de qué operaciones califican bajo ese concepto queda en manos del Ministerio de Economía.
Para Marcelo Elizondo, analista especializado en comercio internacional, el mecanismo debe entenderse como una herramienta adicional dentro de la estrategia oficial para atraer capitales, aunque no prevé que modifique por sí solo el volumen de inversiones.
“El bono es una inversión financiera”, señaló Elizondo en declaraciones a Infobae. Sobre la alternativa de USD 350.000, la definió como “un aporte” o “una cesión al Estado”.
El especialista sostuvo que el sistema no implica una concesión automática de la ciudadanía porque contempla una evaluación de los solicitantes. “No es solamente que vengo, pongo plata y me lo llevo”, dijo, en referencia a los chequeos migratorios y de antecedentes previstos.
Elizondo comparó la propuesta con programas vigentes en otros países, aunque destacó que la modalidad argentina no exigirá, según lo anunciado, una inversión inmobiliaria o productiva concreta. También planteó que la ciudadanía podría tener una consecuencia indirecta para extranjeros interesados en actividades sujetas a restricciones regulatorias, entre ellas la adquisición de tierras.
A su juicio, el alcance será acotado. “Tampoco creo que vamos a tener un aluvión de extranjeros poniendo plata”, afirmó.
El abogado y exembajador argentino en China Diego Guelar consideró que la iniciativa podría ser válida si cuenta con resguardos suficientes sobre los fondos y los antecedentes de los postulantes. “No ser un pasaporte dado por la venta de ciudadanía a cualquiera”, sostuvo en declaraciones a Infobae.
Guelar puso el foco en la reputación del documento argentino como instrumento de viaje. Según expresó, el atractivo del régimen parte del valor que tiene el pasaporte y, por ese motivo, el procedimiento debería evitar una baja en sus estándares de control.
El exembajador cuestionó además un posible conflicto de interés alrededor de Henley & Partners, una consultora especializada en programas migratorios y de ciudadanía por inversión. En un mensaje publicado en redes sociales, sostuvo que la firma habría asesorado al Gobierno y que luego comenzó a ofrecer comercialmente el servicio.
La página de Henley & Partners muestra un apartado dedicado al programa argentino y anuncia que la recepción de solicitudes está prevista para el cuarto trimestre de 2026. Esa publicación permite corroborar que la empresa promociona el esquema, aunque no acredita por sí misma si existió una contratación formal con el Estado ni cuál habría sido su alcance.
Voceros del Ministerio de Economía dijeron a este medio que no tienen ninguna relación contractual con Henley & Partners.
Por su parte, la abogada especializada en derecho migratorio Paula Carello cuestionó que la nueva vía de naturalización se haya incorporado mediante un decreto de necesidad y urgencia y no a través de una ley debatida en el Congreso. “La posibilidad de adquirir la ciudadanía argentina mediante una inversión no fue incorporada mediante una ley debatida y sancionada por el Congreso de la Nación”, señaló. Para la especialista, la discusión tiene dimensión constitucional porque la ciudadanía incluye derechos políticos y define la pertenencia jurídica plena al Estado.
Carello también advirtió que persisten vacíos sobre el funcionamiento concreto del programa. Mencionó la falta de precisiones sobre criterios de elegibilidad, documentación, plazos, mecanismos de presentación y exigencias de permanencia en el país. “¿Cómo se realizará la ‘debida diligencia’ sobre los solicitantes? ¿Cómo se verificará el origen y la trazabilidad de los fondos?”, planteó. La letrada sostuvo que esas preguntas no implican rechazar el esquema, sino definir garantías para resguardar el interés público.
Otro de sus reparos apunta a la intervención de consultoras privadas extranjeras que operan en el mercado de la migración por inversión. “¿Cómo se previenen los potenciales conflictos de intereses cuando empresas de la misma industria que luego podría beneficiarse comercialmente del funcionamiento del Programa participan en su diseño?”, planteó. Carello recordó que la licitación internacional para seleccionar a la empresa o grupo de empresas que asistiría al Gobierno nacional en el diseño, la promoción y la implementación del Programa de Ciudadanía por Inversión fue dejada sin efecto en abril, y que en mayo un consorcio integrado por firmas del sector firmó con la Agencia un convenio de colaboración técnica “no onerosa”. Aclaró que el asesoramiento especializado puede ser legítimo, pero reclamó que se informe claramente quiénes asesoran actualmente, bajo qué modalidad fueron seleccionados y si esas firmas podrán captar clientes o cobrar honorarios cuando el sistema entre en funcionamiento. Advirtió, además, que quienes participaron en el diseño del Programa podrían quedar en una posición privilegiada frente al resto de los actores del sector, incluidos los profesionales locales.
El diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel cuestionó en el recinto una modificación vinculada con el régimen de residencia fiscal. Según su planteo, una norma aprobada en el marco de la reforma laboral podría excluir del criterio de renta mundial a extranjeros que obtengan la ciudadanía por inversiones relevantes.
Ese criterio determina, en términos generales, que las personas residentes fiscales en Argentina tributen por las ganancias que obtienen tanto dentro como fuera del país. Michel advirtió que la excepción produciría un trato diferente respecto de otros contribuyentes con ciudadanía argentina o residencia fiscal local.
En un tuit posterior, el diputado afirmó que el cambio crearía “dos tipos de contribuyentes” y llamó “contribuyentes Peter Thiel” a quienes, según su interpretación, podrían tener ciudadanía argentina, negocios en el país y un tratamiento distinto para sus rentas externas.
El punto exige distinguir entre tres condiciones que no son idénticas: ciudadanía, residencia migratoria y residencia fiscal. Obtener la nacionalidad no supone necesariamente, por sí solo, adquirir residencia tributaria. La aplicación concreta dependerá de la redacción vigente de las normas, de los requisitos exigidos y de la reglamentación posterior.
El Gobierno informó que el análisis de las solicitudes incluirá la verificación de identidad, la licitud y trazabilidad del dinero, la situación patrimonial del postulante, sus antecedentes penales y reputacionales, el riesgo asociado a su jurisdicción de origen y su historial migratorio.
La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión deberá intervenir en cada trámite junto con organismos especializados. Luego, la decisión final de aprobar o rechazar los pedidos recaerá en la Dirección Nacional de Migraciones.
El funcionamiento de esos controles será uno de los aspectos centrales para medir el programa. También quedan por conocerse la reglamentación sobre “inversión relevante”, las condiciones del bono a tasa cero, el encuadre fiscal aplicable y la eventual participación de consultoras privadas en el nuevo sistema.
