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Durante la noche del martes y la mañana del miércoles, un nuevo ataque de Rusia contra Ucrania dejó un muerto al este del país, en Kharkiv. Un bombardeo nocturno con drones sobre la ciudad de Balakliya, en la región ucraniana, causó la muerte de una mujer de 56 años, de acuerdo con Oleg Synegubov, jefe de la administración militar regional. Durante el mismo ataque, una mujer de 21 años sufrió una “reacción de estrés agudo”, y se reportaron incendios y daños en viviendas.

Por otra parte, en Sebastopol, ciudad bajo control ruso en Crimea, un ataque atribuido a fuerzas ucranianas dejó a la ciudad sin suministro eléctrico, según informó el gobernador Mikhail Razvozhayev. Razvozhayev exhortó a la población a reservar el uso de teléfonos para comunicaciones de emergencia, con el fin de evitar la sobrecarga de la red eléctrica. “El enemigo vuelve a atacar a traición, intentando privarnos de unas condiciones de vida normales y sembrar el pánico”, escribió el gobernador en Telegram.

Crimea fue anexada por Rusia en 2014 y constituye un punto logístico clave en el conflicto. Ucrania ataca regularmente el territorio con misiles y drones. Mientras tanto, Rusia mantiene una campaña diaria de bombardeos sobre Ucrania con drones y misiles desde el inicio de la invasión, que ya cumple cinco años. Ucrania ha incrementado sus propios ataques, dirigiéndose con frecuencia a depósitos de petróleo y refinerías en territorio ruso, que, según Kiev, financian el esfuerzo de guerra ruso.

En las últimas semanas, Moscú intensificó sus ataques contra Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania: bombas rusas impactaron el sábado pasado un edificio de apartamentos y provocó la muerte de al menos una persona y dejó otras nueve heridas, entre ellos un niño de 6 años.

El alcalde Ihor Terekhov comunicó en Telegram que, horas después del ataque, se recuperó un cuerpo de entre los escombros. Las bombas alcanzaron un edificio de baja altura en el distrito de Kholodnohirskiy durante la madrugada.

El jefe de la administración regional, Syniehubov, precisó que al menos nueve personas resultaron heridas y cinco de ellas permanecieron hospitalizadas. En otro ataque registrado el viernes por la noche, un dron ruso impactó un vehículo civil en otra zona de Kharkiv, causando la muerte de un hombre y heridas a la conductora, según añadió Syniehubov.

Las hostilidades rusas circulan por la misma vía que las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, quien insiste en continuar con la invasión ya que no están dadas, bajo su mirada, las condiciones optimas para negociar la paz en Ucrania.

Por este motivo, el líder del Kremlin descartó el martes cualquier acercamiento con Ucrania para negociar el fin de la guerra, argumentando que la reciente solicitud de diálogo directo realizada por el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky no generó condiciones favorables para entablar negociaciones ni para un encuentro personal entre ambos líderes.

Zelensky había presentado la propuesta en una carta abierta dirigida al Kremlin y publicada el 5 de junio, en la que exigía un alto el fuego inmediato y un encuentro cara a cara con Putin. En ese mensaje, también afirmó que “los rusos están cansados tanto de él como de la guerra”.

Durante el Foro Económico de San Petersburgo, Putin calificó la carta como un “papelito” y la describió como “grosera en partes”. A su vez, sostuvo que ese tipo de comunicados no allanan el camino hacia la paz y los vinculó a un ataque con drones ucraniano contra una residencia estudiantil en Starobilsk ocurrido tres días después de la carta.

“No, ese tipo de comunicados no crean las condiciones necesarias”, afirmó Putin en respuesta a un militar que le consultó sobre la posibilidad de negociaciones. “¿A qué se reducen, al fin y al cabo? A crear, por el contrario, cierto potencial de conflicto”, agregó, y cuestionó las intenciones de Kiev al señalar que, mientras se habla de encuentros personales, “tres días después” ocurre un ataque como el de Starobilsk.

(Con información de AFP)

La iniciativa de la Administración Nacional de la Seguridad Nacional (ANSES), destinada a facilitar la gestión de trámites previsionales y asignaciones familiares en los espacios laborales que comenzó a implementarse en 2018, ampliará sus fronteras y alcanzará a más trabajadores.

La medida eliminó del programa “ANSES Va a Tu Trabajo” el requisito mínimo de 100 trabajadores que regía desde la creación del esquema y extendió la cobertura a los familiares directos de los empleados. En esa misma línea, incorporaron a las organizaciones del tercer sector como nuevas entidades elegibles.

Los cambios rigen desde hoy con la publicación en Boletín Oficial de la resolución 178/2026, que incorpora de forma expresa a los cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años de los trabajadores en relación de dependencia que hasta ahora quedaban afuera. Con la definición tercer sector, el Gobierno incorpora organizaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles y fundaciones, lo cual representa una novedad respecto del diseño original, que solo contemplaba empresas privadas, organismos estatales y entidades intermedias con representación gremial o sectorial.

El programa funciona como un canal de atención descentralizada, con modalidad presencial y remota, a través del cual ANSES lleva sus servicios directamente a los lugares de trabajo para que los empleados puedan realizar trámites previsionales y de seguridad social sin concurrir a una oficina del organismo.

“La medida propuesta permite ampliar la atención al público en todo el territorio geográfico de la Nación, reduciendo el impacto de requerimientos presenciales en las Oficinas de ANSES y agilizando, en consecuencia, los trámites que deseen realizar”, explica el documento.

En el plano institucional, la resolución transfiere la gestión del programa de forma específica a la Dirección Central de Gestión y Soporte Operativo, dependiente de la Dirección General de Prestaciones Centralizadas, una decisión que se había comunicado en abril por la Resolución 108/2026 pero solo en términos generales.

Junto con las actualizaciones, la norma aprueba dos nuevos anexos que reemplazan a los originales. El primero es un modelo actualizado de Convenio de Adhesión y el Anexo II son las nuevas Condiciones Generales del programa.

Qué dicen los principales puntos del programa

• Prioridad para organismos públicos, se establece de forma explícita que los organismos públicos tendrán prioridad en la evaluación de las solicitudes de adhesión. Los criterios de admisión consideran la capacidad operativa de ANSES, la cantidad de empleados del solicitante y la extensión territorial.
• Canal de difusión y casilla de correo, se incorpora un mecanismo de comunicación formal y se habilita un e-mail tanto para solicitudes de adhesión como para el intercambio de novedades entre las partes.
• Control centralizado de los operadores, cada uno de estos no puede delegar sus funciones salvo autorización expresa de los responsables del programa.
• Representantes técnicos, cada entidad adherida debe designar dos, quienes interactúan directamente con los operadores de ANSES.
• Compromisos de ANSES, se obliga a designar un operador de enlace, controlar y validar la documentación presentada y otorgar a la entidad una Clave de Seguridad Social Corporativa, que solo permite consultas sobre el personal en relación de dependencia asociado al CUIT del empleador.
• Seguridad de los datos, ambas partes están obligadas a adoptar medidas técnicas y organizativas para prevenir la adulteración, pérdida o acceso no autorizado a la información.
• Firma electrónica, la información transferida mediante mecanismos de firma electrónica definidos por ANSES tiene valor de plena prueba. Ninguna de las partes puede repudiar la información brindada ni desconocer las firmas electrónicas utilizadas.
• Vigencia y rescisión, el convenio entra en vigor desde su suscripción y se mantiene mientras rija el programa. Cualquiera de las partes puede rescindirlo de forma unilateral y sin expresión de causa, con un preaviso de 30 días. La rescisión no interrumpe los trámites en curso.

Este martes, se confirmó la muerte del ex juez federal Julio Enrique Cruciani (92) en la Ciudad de Buenos Aires. La noticia generó repercusión en ámbitos jurídicos y políticos, donde Cruciani fue reconocido por haber sido parte de casos resonantes como la “Operación Langostino” hasta que decidió retirarse con la intención de dedicarse a la política.

El deceso del ex magistrado fue confirmado por el presidente del Partido Federal, Daniel Madeo, a través de un comunicado difundido en la red social X del espacio. Madeo había sido su compañero de fórmula por ese mismo espacio, cuando se habían presentado como precandidatos a senador y diputado nacionales durante las elecciones de 2017.

“Con profundo dolor, nos toca despedir a un extraordinario ser humano, que nos honró con sus consejos y su compromiso público”, anunciaron. Asimismo, manifestaron: “Sus muchas virtudes, dejan dentro de nuestra Agrupación Política una huella imborrable. Gracias! Dr. Julio E. Cruciani Q.E.P.D.”.

Hasta el momento, no trascendió la causa de la muerte. De la misma manera, tampoco comunicaron los detalles sobre cuándo y en dónde se despedirán sus restos.

Cruciani estuvo a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 durante dos décadas, lo que lo llevó a consolidar su figura como uno de los referentes en el ámbito federal. Su paso por la judicatura estuvo marcado por decisiones de alto impacto y una presencia activa en causas de relevancia nacional durante la década de los 90.

De acuerdo con el recuerdo que dejó el ex magistrado en los tribunales de Penal Económico, sus ex compañeros lo señalaron por sus allanamientos televisados y su constante presencia en los medios de comunicación. Además, Cruciani era conocido por su estilo particular, debido a que siempre iba vestido con moño. Un estilo que lo llevó a distinguirse de los demás jueces.

Uno de los casos más relevantes que investigó fue la denominada “Operación Langostino”, ocurrida a fines de los años 80, cuando se secuestraron cerca de 600 kilos de drogas escondidos en langostinos congelados. Concretamente, se trataba de cocaína de máxima pureza y había sido enviada desde Medellín, Colombia, hacia la ciudad de Mar del Plata por el jefe narco Pablo Escobar.

En el mismo fuero, hacia fines de los 90, estuvo al frente de la causa por la que fue detenido Omar Fassi Lavalle, el ex secretario de Turismo durante la presidencia de Carlos Menem, junto a su esposa, Elizabeth “Liz” Mazzini.

Ambos enfrentaron una causa por evasión y fraude fiscal relacionados con la empresa que explotaba la discoteca Ski Ranch, ubicada en la costanera porteña. Como resultado de la investigación, se determinó que el monto evadido y defraudado rondaba los 6 millones de dólares. Tras ser llevados a juicio oral, los dos fueron condenados a tres años de prisión en diciembre de 2004.

El ex juez en lo penal económico llegó a participar durante 17 años en causas de alto perfil, hasta que el 20 de mayo de 2005 presentó su renuncia ante el Ministerio de Justicia de la Nación. Para ese entonces, tenía 71 años y fue uno de los motivos por los que decidió no renovar su cargo.

De acuerdo con los archivos de Infobae, ese mismo día, el ex magistrado también había confirmado que iniciaría una nueva etapa en la política. “Seré candidato a diputado nacional por el partido Confederación de Vecinos de la Provincia de Buenos Aires”, había anunciado Cruciani.

Después de que se retirara del poder judicial, el ex titular del Juzgado Penal en lo Económico N° 2 se presentó varias veces como candidato a diputado nacional y, más tarde, como senador. Sin embargo, nunca logró reunir los votos necesarios para ingresar al Congreso de la Nación.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, afirmó que Corea del Norte avanza en el equipamiento de su Marina con armas nucleares y anunció la construcción de nuevos buques de guerra, incluidos cruceros estratégicos de 10.000 toneladas, durante una ceremonia de incorporación de un destructor en el puerto de Nampo.

Según informó la agencia estatal KCNA, Kim participó el martes en la ceremonia de entrada en servicio del destructor multipropósito Choe Hyon, un buque de 5.000 toneladas que completó pruebas operativas militares durante los últimos 14 meses.

“El programa para equipar a la Marina con armas nucleares sigue su curso previsto sin desviaciones“, declaró Kim durante el acto.

El dirigente sostuvo que la iniciativa forma parte de la estrategia de disuasión nuclear del país. “Este es un rumbo estratégico de crucial importancia porque permitirá mantener preparada la fuerza nuclear de nuestro país para operaciones multifacéticas y eficientes“, afirmó.

Corea del Norte señaló previamente que el Choe Hyon contará con “las armas más poderosas” disponibles para ese tipo de embarcación.

Durante su discurso, Kim anunció la incorporación de nuevas unidades navales. “Después del Choe Hyon, pronto comisionaremos el destructor Kang Kong para operaciones. Después de eso lanzaremos buques estratégicos de guerra de 10.000 toneladas, uno después de otro“, expresó.

Asimismo, indicó que el país deberá construir dos buques de guerra de gran porte por año durante los próximos cinco años. Según KCNA, el plan contempla la construcción anual de dos navíos de superficie de una categoría superior al Choe Hyon, incluidos cruceros de 10.000 toneladas.

El destructor Kang Kong será desplegado próximamente, de acuerdo con el reporte oficial. La embarcación fue reparada tras sufrir un vuelco parcial durante una ceremonia de lanzamiento el año pasado.

Kim reconoció que la Marina había sido históricamente el componente más débil de las fuerzas armadas norcoreanas, aunque aseguró que sus capacidades se transformarán de manera significativa. También destacó la necesidad de ampliar la infraestructura naval del país.

“La construcción de una base naval modernizada se ha convertido en una tarea desesperadamente necesaria y esencial“, afirmó.

El líder norcoreano señaló además que funcionarios del Comité Central del Partido de los Trabajadores analizaron el lunes planes para la construcción de nuevas bases navales.

Respecto de la fuerza naval, Kim indicó que el cambio más importante será la modificación de su estatus, funciones y alcance operativo, aunque no ofreció más detalles. También sostuvo que la nuclearización de la Marina “avanza por su propio camino” y contribuye a la capacidad de disuasión nuclear del país.

(Con información de AFP y REUTERS)

El dólar mantuvo ayer su tendencia alcista y, salvo el oficial, el resto de las cotizaciones superaron los 1.500 pesos. La mayor presión compradora del mercado obligó al Banco Central a reducir su participación en el mercado, donde adquirió solo USD 20 millones, una de las cifras más bajas de los últimos meses.

El “blue” cerró la jornada a $1.505, mientras que el dólar MEP (que es el que operan los inversores no autorizados a comprar y vender por el oficial) trepó 1,6% para finalizar en 1.507 pesos. La cotización más alta quedó para el contado con liquidación, que llegó 1.550 pesos.

La suba del CCL también reflejó mayor presión de los inversores por dolarizarse y enviar divisas al exterior. La brecha con el tipo de cambio oficial subió significativamente desde menos de 3% a 4,5% en las últimas horas.

La suba de la divisa de los últimos días habría estado influida por distintos factores: por un lado el pago del medio aguinaldo, que llevó a mucha gente a comprar dólares con el dinero adicional que recibieron en sus cuentas. También estaría influyendo que muchos inversores aprovecharon para dolarizarse a lo largo del mes, aprovechando que el tipo de cambio venía muy planchado.

El ajuste del dólar ya se ubica en alrededor del 4,5% en lo que va de junio. Esto significa que por primera vez en lo que va de 2026 le gana a la inflación del mes, que perforaría el 2 por ciento. De esta forma, la economía dejó de encarecerse en moneda dura, un tema que preocupa especialmente a los sectores que se ven obligados a competir con las importaciones.

En los primeros cinco meses del año, producto de un dólar planchado y la inflación que acumuló un incremento superior al 14%, la apreciación cambiaria resultó significativa. Pero para adelante se espera un escenario más parejo, donde el tipo de cambio no se atrasaría tanto en relación a la evolución de la inflación.

El nuevo escenario, con el dólar nuevamente arriba de los $1.500, llevó a algunos asesores de inversión a recomendar un regreso al “carry trade”. “Estamos diciéndoles a nuestros clientes que aprovechen el tipo de cambio a este nivel para pasarse a pesos, porque creemos que la cotización del dólar no tiene mucho recorrido en estos niveles”, explicó el director de una Alyc local.

La desaceleración de compras por parte del Banco Central sería una clara muestra de la voluntad del Gobierno de evitar que el tipo de cambio se escape. Por eso, el ritmo de compras oficiales a lo largo de junio disminuyó sustancialmente. Si el BCRA se hubiera mantenido con la mismas posturas compradoras de mayo, por ejemplo, el tipo de cambio hubiera tenido un ajuste mucho más sustancial.

No obstante, el BCRA ya compró casi USD 11.000 millones en lo que va del año, aunque desacelerando de manera sustancial en lo que va de junio. Además, este mes también dejaron de subir las reservas, que ayer finalizaron en 47.469 millones de dólares.

Junto a la suba del dólar, también repuntó el riesgo país más de 2%, hasta los 433 puntos básicos. Fue una jornada muy negativa para los mercados internacionales y el índice tecnológico Nasdaq se derrumbó 3%. Esto impactó negativamente en los bonos argentinos y también en las acciones. Pero en este último caso pegó la decisión del MSCI de no abrir la consulta para recalificar a la Argentina como mercado fronterizo o emergente.

La decisión del Gobierno de mantener los controles cambiarios para las empresas y los inversores en general llevó al MSCI a mantener al mercado argentino en la categoría de “aislado” o como ellos mismos lo califican “Standalone”.

Un fallo en el sistema de comunicaciones obligó a la red ferroviaria alemana a detener todos los trenes -municipales, regionales y de larga distancia- en la noche del martes. El incidente dejó a pasajeros varados en diversas estaciones del país. Los servicios permanecieron paralizados mientras los usuarios formaban largas filas en los mostradores de información intentando averiguar alternativas para llegar a sus destinos.

El principal operador nacional, Deutsche Bahn, anunció poco antes de la 1 de la madrugada del miércoles que el problema se había resuelto y que el servicio comenzaba a reanudarse “paso a paso”.

La compañía explicó que la interrupción se debió a un problema nacional con el sistema de comunicación digital GSM-R, utilizado para la coordinación interna de la red ferroviaria. Aunque se identificó la causa, no se ofrecieron detalles al respecto.

La directora ejecutiva de empresa, Evelyn Palla, declaró al diario Bild que “lograron estabilizar la situación con un sistema de emergencia”. Durante la interrupción, la empresa ofreció vales de taxi y hotel a los afectados y mantuvo trenes en estaciones para facilitar el traslado de los pasajeros. Deutsche Bahn pidió disculpas por los inconvenientes.

En la estación central de Berlín, pasajeros como Reyna Ghoshal, de Atlanta, intentaban regresar a Múnich y describieron la escena como llena de “caras tristes”. Ghoshal señaló: “El revisor del tren fue muy amable, pero simplemente dijo: ‘No sabemos’”. También comentó que reservaron un autobús para la mañana siguiente ante la falta de información clara.

Las quejas por retrasos e interrupciones en los trenes alemanes han aumentado en los últimos años. Deutsche Bahn, empresa estatal, inició reformas profundas en sus principales rutas para mejorar su rendimiento tras años de escasa inversión. El sistema ferroviario solo se había visto obligado a detener la totalidad de sus trenes en ocasiones anteriores debido a tormentas, pero no por fallos técnicos.

En el norte de Alemania, los trenes quedaron “completamente paralizados, porque la radio ferroviaria está fuera de servicio a gran escala”, informó la compañía regional privada Metropol. Metronom, que opera líneas regionales en los alrededores de Hamburgo, Bremen y Hannover y transporta a más de 120.000 pasajeros diarios, comunicó a sus clientes que “no realizaran más viajes en tren hoy” y recomendó buscar medios de transporte alternativos.

El sistema GSM-R (Sistema Global para Comunicaciones Móviles – Ferrocarril) es esencial para el funcionamiento ferroviario, ya que proporciona servicios de voz y datos, incluyendo la comunicación entre maquinistas y centros de control. Según la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, esta tecnología se utiliza en toda Europa como estándar desde el año 2000.

Este incidente se sumó al que sufrió Deutsche Bahn en febrero de este año. El sistema ferroviario alemán sufrió un ciberataque que dejó fuera de servicio durante varias horas los sistemas de información y reserva de billetes de la empresa estatal.

El caso afectó tanto a la aplicación móvil DB Navigator como a la página web oficial bahn.de e impidió a miles de usuarios consultar horarios, adquirir boletos y acceder a información en tiempo real sobre el servicio de trenes.

Deutsche Bahn confirmó que el incidente fue provocado por una serie de ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), modalidad en la que miles de dispositivos infectados saturan los servidores con solicitudes simultáneas, causando la caída o inaccesibilidad de los sistemas.

Un portavoz de la empresa indicó que “nuestros mecanismos de defensa fueron efectivos para minimizar el impacto en nuestros clientes” y aseguró que los datos personales de los usuarios no se vieron comprometidos durante el ataque.

(Con información de Associated Press y AFP)

La interna sindical volvió a recalentarse. Un grupo de unos 20 sindicatos que lideran Gastronómicos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad acordaron proponer a la CGT la realización de un paro de 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo y la entrega de las obras sociales al Estado para que se haga cargo de administrarlas ante el agravamiento de su situación financiera y la “falta de soluciones” desde el Gobierno.

Las decisiones, como anticipó Infobae, se consensuaron en un encuentro realizado este martes por la tarde en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), al que concurrió una veintena de dirigentes sindicales alineados con Luis Barrionuevo y aliados como Omar Maturano (La Fraternidad) y Mario Calegari (UTA).

Hubo una presencia sorpresiva: concurrió el titular de la UOM Capital, Roberto Bonetti, equidistante en la interna de la CGT, quien fue como invitado especial. Por eso también se acordó reclamar que se designe una comisión normalizadora del sindicato metalúrgico, intervenida por la Justicia ante el desplazamiento de Abel Furlán, pero integrada por trabajadores de la actividad.

Además de los dirigentes mencionados, a la reunión también concurrieron Sebastián Maturano (La Fraternidad), Carlos Acuña hijo (estaciones de servicio), Gastón Frutos (panaderos), Daniel y Gustavo Vila (Carga y Descarga), Oscar Rojas (maestranza), Roberto Solari (guardavidas), Luis Cejas (viajantes), Facundo Aveiro (químicos), Dina Toledo (perfumistas) y Salvador Basile (tabaco), Argentino Geneiro, Sandra Barrionuevo y Laura Sasprizza (todos de Gastronómicos).

En el encuentro, que se extendió durante 3 horas, se coincidió en rechazar un plan de lucha contra el Gobierno basado en el “modelo francés”, que incluiría huelgas sectoriales y escalonadas, como promueve el triunvirato de la CGT y los sindicatos del transporte, entre otros.

En la visión de Barrionuevo y sus aliados, la única forma de “castigar” a la administración libertaria por sus políticas es mediante una paralización total de actividades de 36 horas y no con paros sectoriales.

Para este grupo sindical, la cúpula de la CGT está siendo “demasiado tolerante” con el gobierno de Javier Milei y deben tomarse medidas drásticas para que se rectifiquen las medidas oficiales: “Lo pudieron hacer en las universidades, así que hay otro camino que podemos seguir ”, señaló un dirigente afín al barrionuevismo.

Para ello, este sector considera que tiene un poder de fuego decisivo porque en sus filas están, por ejemplo, el gremio de los conductores de locomotoras (La Fraternidad), el que agrupa a los choferes de colectivos (UTA) y el de los empleados de estaciones de servicio.

La reunión en Gastronómicos se convirtió en un desafío al esquema de conducción actual de la CGT, de impronta dialoguista, que impulsa una modalidad distinta de protestas porque cree que no están las condiciones para un paro general que tenga un alto acatamiento.

La semana pasada, en un encuentro realizado en la CGT con confederaciones sindicales, se produjo un intenso debate sobre el nuevo plan de lucha y Maturano dio la nota al proponer un paro por tiempo indeterminado, propuesta que no tuvo consenso entre sus colegas.

Los líderes cegetistas convocaron al Consejo Directivo para este jueves, a las 14, con el fin de debatir las “acciones gremiales” que se llevarán adelante, entre otros temas oportunidad en la que el bloque de Barrionuevo y sus aliados (que tienen 8 representantes en ese cuerpo) harán la propuesta del paro de 36 horas y la entrega de las obras sociales al Estado, pero pedirán que se defina en un plenario de secretarios generales de la CGT que debería ser citado “en forma urgente”.

En medio de este clima tenso, este miércoles al mediodía se reunirá la mesa chica de la CGT para analizar la situación general y, sobre todo, el gesto desafiante de los rebeldes identificados con Barrionuevo y Maturano.

La propuesta más inesperada de los disidentes de la CGT es justamente la vinculada con las obras sociales y responde a las crecientes dificultades que tienen los sindicalistas para administrarlas y financiar las prestaciones médicas con recursos propios.

En abril pasado, la CGT advirtió que la crisis de las obras sociales es “casi terminal”, por lo cual existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema sindical de salud, que surgen del aporte de los trabajadores.

En un informe realizado por el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), se enfatizó que “un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia la atención médica con un porcentaje del salario (9%) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”.

El pasado 10 de junio se cumplió un año desde que la Corte Suprema confirmó la condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad. Durante el primer aniversario del fallo, el sector que responde a la titular del Partido Justicialista (PJ) exigió su liberación desde Parque Lezama. Sin embargo, el juez del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que el proceso fue concluido.

“Desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema. Nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay nada más que decir”, apuntó el magistrado luego de haber sido consultado sobre las críticas provenientes de la militancia peronista.

Aunque Lorenzetti se negó a brindar opiniones sobre el fallo y su contenido, aseguró que comprendía el malestar de quienes no compartían la decisión. “Entiendo a quienes están disconformes, pueden criticar el fallo, pueden manifestar sus opiniones, pero el proceso está terminado”, reiteró.

Luego de haber sido consultado sobre la cuestión en una entrevista para TN, el juez de la Corte Suprema hizo hincapié en la importancia de proteger el funcionamiento de las instituciones. “Tenemos que ser cuidadosos porque las instituciones han sido para tutelar a los débiles frente a los fuertes; si las vivimos desprestigiando, en definitiva, lo que logramos es debilitar a la gente común que no tiene quien los proteja”, señaló.

En línea con esto, el magistrado aseguró: “Nosotros hemos actuado en ese caso como en todos los demás”, y detalló que el expediente llegó al máximo tribunal a través de un recurso de queja y que este fue rechazado debido a fallas formales en la presentación.

“Creo que hay muchas cosas para criticar del Poder Judicial, pero no esa”, sostuvo Lorenzetti al considerar que “todos estos casos merecen debate y hay críticas”. Asimismo, advirtió sobre el impacto de la condena al manifestar: “También es cierto que no es bueno en ningún país del mundo el encarcelamiento de un ex presidente porque es una tragedia institucional”.

Previo a esto, el diputado Máximo Kirchner brindó un fuerte discurso en el banderazo que realizó la militancia en Parque Lezama para pedir por la liberación de la ex presidenta. Al hacer referencia a las próximas elecciones presidenciales, apuntó: “Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso”.

“Queremos tener una candidata y no candidatos por default”, exigió el líder de La Cámpora, tras haberle extendido un reproche al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por no ir a visitarla a su departamento en San José 1111, donde cumple la pena bajo arresto domiciliario.

Sin embargo, dentro del peronismo también convive otro sector que considera que la condena sería injusta, pero que ya no hay recursos disponibles para revertirla. Una de esas voces fue representada por la senadora jujeña Carolina Moisés durante una entrevista para el canal de streaming Gelatina.

“Cualquier peronista que haga el razonamiento de que hay que liberar a Cristina para que sea candidata, está en Disney. Dejen de decirlo. Es imposible. Nadie va a liberar a Cristina”, criticó la rival del kirchnerismo al asegurar que tampoco sería redituable para la campaña electoral que el candidato proponga indultarla. “No lo van a votar”, planteó.

Finalmente, la senadora concluyó: “En el mundo ideal, Cristina debería estar libre y los peronistas deberíamos ganar la próxima elección. Seamos realistas. Hoy está condenada en última instancia. Es un dato de la realidad. No hay más lugar donde apelarlo. Ya está. Es injusto, hay lawfare, no corresponde, todo pasa por la corriente de la opinión”.

Por otro lado, Lorenzetti remarcó la necesidad de modificar el sistema de concursos judiciales tras advertir sobre los riesgos de manipulación en los procesos de selección de los futuros magistrados. Asimismo, cuestionó la creciente influencia de intereses políticos en la designación de jueces.

Bajo el punto de vista del juez de la Corte Suprema, el problema de los concursos no es exclusivo del ámbito federal, sino que ya se observa en varias provincias. “Tienen la idea de que lo mejor que se puede hacer es pasar a un amigo/a al Poder Judicial”, criticó.

Aunque destacó que, si bien respetan el rol de la política y su intervención en los procesos, recriminó que existen situaciones donde la transparencia y la equidad del concurso quedan seriamente comprometidas. “Cuando hay concursos y son manipulados, cuando el candidato tiene que tener un padrino y recorrer distintos sectores para que lo apoyen, eso no está bien; tienen que respetar el concurso, el respeto al mérito”, afirmó.

En este sentido, apuntó que es primordial preservar la imparcialidad judicial, ya que, según el juez, la ciudadanía espera contar con magistrados “que sean imparciales, no claudicantes”. Por este motivo, destacó que la formación y recorrido profesional de los candidatos deberían resultar determinantes al momento de su designación.

De hecho, a finales de marzo, Lorenzetti en conjunto con el juez Carlos Rosenkrantz presentaron el Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados. El proyecto fue impulsado como parte de una estrategia de renovación institucional liderada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y propone un esquema orientado a fortalecer la calidad y la confianza en el sistema judicial, priorizando el mérito, la transparencia y la trazabilidad en los procesos de selección.

En un contexto donde persisten más de 200 vacantes en el fuero federal, el nuevo reglamento buscará incorporar tecnología avanzada para la evaluación de aspirantes, reduciendo la discrecionalidad y asegurando la objetividad en la calificación de antecedentes, donde se dará mayor peso al rendimiento académico y al mérito real frente al simple tránsito burocrático.

La prueba de oposición constaría de una etapa general con 120 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, evaluadas en forma automatizada, y una etapa especial con ejercicios de razonamiento y resolución de casos. Este sistema permitiría el anonimato durante las pruebas y la trazabilidad en todo el proceso.

Cada concurso contará con inscripción digital, continua y permanente, y los postulantes deberán crear un legajo digital individual que, manteniendo la confidencialidad, será accesible para concursantes y autoridades. Tras las pruebas escritas, los seis mejores pasarán a una entrevista personal pública, con una puntuación máxima de 20 puntos.

La iniciativa ha recibido el respaldo de entidades como el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la asociación IDEA y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES). Tras ser presentado, el proyecto quedó sujeto a la evaluación del Consejo de la Magistratura.