Blog

  • Expectativa. El intendente de Luján estuvo en el Vaticano y le dijo al papa León XIV que lo espera una multitud

    Expectativa. El intendente de Luján estuvo en el Vaticano y le dijo al papa León XIV que lo espera una multitud

    ROMA.- “Lo esperamos en diciembre en Luján, va a ser una bendición recibirlo”, cuenta Leonardo Boto, intendente de Luján, que le dijo hoy al papa León XIV. Pudo saludarlo al final de la tradicional audiencia general de los miércoles y que le dio cita al 11 de noviembre próximo, cuando el Pontífice cerrará su visita al país con una multitudinaria misa en el santuario nacional.

    “Va a ser el evento más grande de la historia de Luján, va a ser la última misa del Papa antes de partir, no sabría decir si va a haber más gente en el Monumento a los Españoles o en Córdoba, pero nosotros estimamos, por la tradición que tiene Luján, por la presencia de la Virgen, que va ser una misa multitudinaria. Nosotros calculamos un millón de personas, la policía de la provincia dice que va a haber muchas más, especialmente si es feriado, que puede llegar a los dos millones…. Y ya con un millón te puedo asegurar que es un tsunami que nos pasa por arriba, la expectativa es enorme”, dijo más tarde Boto a LA NACION.

    El intendente peronista viajó al Vaticano para terminar de ajustar detalles del Primer Foro Iberoamericano de Ciudades con Santuarios Marianas, que Luján hospedará el 19 y 20 de octubre próximo. Se trata de un evento oficial previo a la visita papal, que el intendente organizó junto a Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América latina (PCAL). Auspiciado por el CAF, el Banco de Desarrollo de América latina y el Caribe, el evento por primera vez juntará autoridades políticas y eclesiásticas de 14 santuarios marianos nacionales de América latina, España y Portugal.

    “Estarán presentes el obispo y el alcalde del santuario de Guadalupe, México; de Copacabana, Bolivia; de Caacupé, Paraguay; de Aparecida, Brasil; de Fátima, Portugal; y de muchos otros santuarios marianos”, adelantó.

    “El origen de todo esto es que se me ocurrió esta necesidad de relacionar a los santuarios junto a los gobiernos municipales, un tema que no se aborda mucho y a la vez empezar a tirar de una piola que a mí me parece fundamental, que es reconocer que tenemos una madre en común en todo el continente, que es la Virgen María. El tener una madre en común nos vuelve hermanos. Y recuperar la idea de hermandad en el continente, a partir de la fe, me parece una novedad en este momento político”, explicó.

    Aunque ya hace unos años obtuvo el visto bueno de Cuda, teóloga argentina que lo insertó en su programa de “puentes”, y del papa Francisco, la idea de hacer dialogar a los santuarios con las autoridades políticas que los albergan se fue demorando, pero se reactivó con el papa León XVI y el primer foro tendrá lugar semanas antes de su primer viaje a América latina.

    Acompañado por Christian Asinelli, vicepresidente del CAF -banco que financió una colosal obra hídrica de 300 millones de dólares que evitará inundaciones en Luján-, Boto también le habló brevemente al Papa de este evento cuando se saludaron, según contó.

    El intendente también aprovechó para decirle al Papa que es agustino -egresado del Colegio San Agustín de Buenos Aires, donde hizo primaria y secundaria- y, de hecho, en lugar de obsequiarle una estatuilla de la Virgen de Luján, lo sorprendió con un regalo que no se esperaba: esa famosa foto de los dos futuros papas – el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, y Robert Prevost, joven prior de los agustinos-, concelebrando en 2004 una misa en la Iglesia de San Agustín, enmarcada.

    Christian Asinelli, vicepresidente del CAF, el Banco de Desarrollo de América latina y el Caribe, y Leonardo Boto, intendente de Luján, en Roma
    Christian Asinelli, vicepresidente del CAF, el Banco de Desarrollo de América latina y el Caribe, y Leonardo Boto, intendente de Luján, en Roma

    En diálogo con LA NACION, Boto, que contó que este domingo por primera vez en la historia habrá una peregrinación de veteranos de la guerra de las Malvinas a Luján -algo que organizó mucho antes de que el tema volviera a estar candente tras los anuncios del Presidente- también habló de los intensos preparativos en vista de la gran misa que celebrará allí al Papa el 11 de noviembre. “Ya estamos trazando sobre el mapa caminos de acceso, caminos de salida, lugares de concentración, lugares de tránsito de Su Santidad en Luján, características del altar, características del altar secundario, de qué manera se va a disponer la Plaza Belgrano, que va a tener patios, como corrales”, detalló.

    La misa va a ser afuera de la Basílica, donde “va a haber un escenario muy, muy grande, que obviamente va a estar destinado solamente a la ceremonia religiosa y arriba del altar van a estar todos los obispos y cardenales que acompañen a Su Santidad, más algunas autoridades eclesiales”, contó.

    “Va a haber un segundo escenario donde esté el coro que acompañe la misa. La plaza va a tener patios donde esté la gente y la avenida de Nuestra Señora de Luján, desde la Plaza Belgrano hasta la Autovía 7, va a ser una sucesión de corrales, de patios, donde a partir de la apertura, que seguramente será el día martes, se van a ir llenando”, ahondó. Los patios permiten el ingreso y el egreso de las personas y evitan que haya avalanchas o presión hacia adelante, subrayó.

    Consultado si habrá entradas especiales o si la gente accederá libremente, de acuerdo con su llegada, Boto explicó que la Conferencia Episcopal definirá los invitados a los diferentes sectores de la plaza, pero que todo lo que es la avenida Nuestra Señora de Luján van a ser los patios a los que se ingresará por orden de llegada. Para que todos puedan seguir la misa, habrá unas 20 pantallas gigantes y un audio a lo largo de 2,1 kilómetros, que es la distancia entre la Basílica y la Autovía 7.

    “Queremos que haya audio y pantallas también en dos grandes áreas de servicios: una es la playa de maniobras de la terminal, que se va a convertir en una gran área de servicios, a nivel sanitario, a nivel médico, de emergencias médicas y a nivel alimenticio, puestos de hidratación y demás, y la otra gran área de servicios va a ser el Parque San Martín, en las inmediaciones de la avenida Nuestra Señora de Luján”, precisó.

    Lleno de entusiasmo, el intendente contó que ya hay muchas parroquias que están reservando, que vienen de Neuquén, de Santa Fe, de Río Negro, Entre Ríos e incluso de Córdoba. Como la hotelería de Luján – donde viven unas 120.000 personas y que recibe a 7 millones de peregrinos por año-, ya está al 100%, la semana pasada se abrió un registro para que se inscriban centros de jubilados, sociedades de fomento y casas particulares dispuestas a dar alojamiento.

    “De repente en el salón de una sociedad de fomento pueden dormir 200, 300 chicos en bolsa de dormir, usar los servicios e ir a la misa”, dijo. “Y a la vez estamos viendo la posibilidad de, horas previas al evento, cortar las autopistas que llegan a Luján para generar grandes zonas de estacionamiento, que la gente ingrese y egrese caminando a la misa, para facilitar la llegada y la desconcentración”, afirmó. “Luján es un nudo de rutas, confluyen la Autovía 5, la Autovía 7, la 192, la 34, la 47, la 6, que es enorme y si no frenamos el tránsito en las afueras de la ciudad, colapsa, como lo vemos todos los años con la peregrinación de jóvenes”, concluyó.

  • La UIA presentó propuestas para “aliviar” a las pymes: embargos, impuestos y energía en cuotas

    La UIA presentó propuestas para “aliviar” a las pymes: embargos, impuestos y energía en cuotas

    En la reunión mensual de su junta directiva, la Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su preocupación por la “falta de recuperación de la actividad, la caída en el empleo y la persistencia de los costos que restan competitividad a la producción”.

    Tanto es así que la entidad remitió a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Economía, un documento con propuestas técnicas respaldadas por los relevamientos del Centro de Estudios de la UIA (CEU) y del Observatorio PyME sobre actividad, morosidad y empleo.

    En cuanto a la tributación, la central industrial recordó que la presión fiscal formal en la Argentina es de 56%, por lo que la describió como “récord en el mundo”. Por eso, propuso las siguientes medidas para atenuar la carga impositiva para las pymes:

    En ese sentido, la UIA puntualizó que la industria produce bienes transables que compiten con el mercado internacional, por lo que se requiere una carga fiscal similar a la de los productos provenientes de países donde esa “presión es normal”.

    El costo energético fue otro de los “problemas” abordados por la UIA. Según su informe, las firmas categorizadas como Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) recibieron facturas con subas del 90% al 100% en el costo básico. “Se duplicó el costo del mes anterior y casi triplicó el valor de dos meses previos”, sostuvieron en el documento.

    En este marco, la entidad destacó una iniciativa de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba que avanzó en esquemas de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista, “luego de los planteos que realizó la UIA”. A su vez, propuso al Gobierno el “establecimiento de cuotas” para hacer frente a las facturas y el prorrateo de los vencimientos.

    La UIA indicó que la presión fiscal en la Argentina es de 56%, “récord en el mundo”Shutterstock – Shutterstock

    En lo que respecta al financiamiento productivo, la UIA consideró “positivo limitar la carga tributaria sobre el crédito y eliminar por completo los impuestos en las operaciones de refinanciación de pasivos”.

    Según detalló la entidad, la presión tributaria en la intermediación financiera —que combina IVA a nivel nacional, Ingresos Brutos y Sellos a nivel provincial, junto a una “creciente proliferación” de tasas municipales— eleva en promedio más de 18% el costo financiero del crédito productivo. Esto lleva una tasa nominal anual (TNA) de referencia del 35% a un costo financiero total (CFT) de 41,4% (aproximadamente 6,4 puntos porcentuales adicionales en promedio), un “sobrecosto que agrava el acceso al crédito en un contexto de baja profundidad del mercado y elevada morosidad empresarial”.

    Por último, el texto señaló que los encajes sobre los depósitos a la vista se ubican en torno al 45%, un nivel “considerablemente superior” al observado en Brasil (cercano al 21%) y en Chile (9%). De acuerdo con la UIA, la diferencia “limita la capacidad de intermediación de los bancos y contribuye a mantener condiciones más restrictivas para la expansión crediticia”. Actualmente, detallaron, el crédito bancario en la Argentina representa solo el 12% del PBI, frente a un promedio regional cercano al 60%.

    Los números de la actividad industrial analizados por la UIA en base al IndecUIA

    Los planteos se dan en un contexto de retracción fabril. Según datos del Indec citados por la UIA, la producción industrial registró en julio una caída de -4,9% respecto del mismo mes de 2025 y una baja de -5% frente a junio de 2026. En el acumulado de los primeros siete meses del año (enero-julio), la actividad retrocedió un -2,6% respecto de 2025 y un -11% frente a 2022.



  • Alerta entre las pymes por la nueva norma de la CNV: la UIA pidió suspenderla y advierten por un golpe a la rentabilidad

    Alerta entre las pymes por la nueva norma de la CNV: la UIA pidió suspenderla y advierten por un golpe a la rentabilidad

    Hombre de espaldas con camiseta azul opera una máquina pulidora en una planta industrial. Piezas metálicas y estanterías azules llenan el fondo
    Guardar

    La decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de modificar el circuito que utilizaban las empresas para operar con cheques electrónicos a través del mercado de capitales generó una rápida reacción entre las pequeñas y medianas empresas. La Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó formalmente este miércoles la suspensión de la medida y referentes empresarios alertaron por su efecto sobre el capital de trabajo y los estrechos márgenes de rentabilidad.

    El cuestionamiento surgió a partir de la Resolución General N° 1166/2026, que modificó una operatoria que permitía a las empresas depositar eCheqs directamente en una cuenta comitente a través de un agente de liquidación y compensación (Alyc), invertir esos fondos y utilizarlos posteriormente para realizar pagos.

    PUBLICIDAD

    El mecanismo comenzó a funcionar cuatro meses atrás y, según explicaron los empresarios consultados, se convirtió en una herramienta para administrar el capital de trabajo en un escenario de dificultades para acceder al crédito. Al evitar que los fondos pasaran necesariamente por una cuenta bancaria, las operaciones no quedaban alcanzadas por el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque.

    El tributo aplica una alícuota de 0,6% sobre los créditos y otro 0,6% sobre los débitos, por lo que el ahorro podía alcanzar 1,2% del monto operado. Con la nueva disposición, los ingresos y egresos de las cuentas comitentes deben realizarse mediante transferencias bancarias.

    PUBLICIDAD

    La reacción de la UIA

    La reacción de la industria se formalizó a través del Departamento PyMI y Desarrollo Regional de la UIA, que envió hoy una nota al presidente de la CNV, Roberto Silva, para plantear “la preocupación del sector industrial por los efectos de la Resolución General N° 1166/2026 sobre los circuitos de cobro y pago de las empresas”.

    La entidad remarcó que la decisión llegó en un contexto de “estancamiento de la actividad productiva, caída del empleo, acceso al financiamiento caro y acotado para las empresas y desafíos de competitividad a nivel internacional”. “Sus consecuencias exceden el alcance de los objetivos planteados por la normativa incrementando el costo del capital de trabajo y, en consecuencia, deteriorando la competitividad de las compañías”, sostuvo la UIA en la carta.

    La UIA pidió a la CNV suspender la resolución por su impacto sobre los circuitos de cobro y pago de las empresas

    Por lo tanto, la central fabril solicitó “suspender la medida” y señaló que continuará trabajando en espacios de diálogo con autoridades nacionales y subnacionales para reducir los impuestos que afectan la competitividad de las empresas frente a la apertura del mercado.

    El impacto sobre los márgenes de las pymes

    Eduardo Maradona, presidente de la Federación Gremial de Comercio e Industria de Santa Fe y miembro del Movimiento Nacional Pyme (Monapy), que reúne a más de 50.000 Pymes, explicó cómo funcionaba la herramienta.

    “Nosotros podíamos depositar cheques y eCheq en Bolsa de Valores a través de un bróker de la Bolsa. Eso iba a un fondo de la Bolsa que generaba un rendimiento, y cuando cuando necesitabas el dinero, ellos te lo devolvían o te daban el cheque. Te evitabas pagar el impuesto”, explicó. Para Maradona, esa posibilidad representó una herramienta de trabajo y financiamiento. “Te ahorrás el cheque, el 1,2%”, señaló.

    El empresario sostuvo que ese porcentaje adquiere mayor importancia por la caída de la rentabilidad. “Antes ajustábamos por inflación, ahora no lo podemos hacer. Aunque no vendieras, los errores te los corregía la inflación. Hoy los precios, al tener cierta estabilidad, hacen que estés muy justo”, afirmó. A ese escenario, sumó el incremento de tasas municipales, impuestos provinciales y servicios. Según señaló, los costos de agua, electricidad y gas subieron cerca de 700% y pasaron a tener una incidencia mucho mayor sobre las empresas.

    Inhouse BNA Pyme

    La rentabilidad cayó mucho”, aseguró. Y agregó sobre la modificación de la CNV: “Esto hace que te quede menos, cuando habíamos logrado tener un punto de rentabilidad”. Maradona también apuntó a las dificultades para conseguir financiamiento. Según afirmó, las pymes aportan el 45% del PBI pero reciben sólo el 2% del financiamiento y muchas tampoco califican para obtener crédito, mientras las tasas continúan en niveles elevados.

    A su turno, Salvador Femenia, vocero de CAME, puso el foco en el costo fiscal y en la mayor carga administrativa que, según señaló, generará la nueva operatoria. El dirigente remarcó especialmente la incidencia del 1,2% sobre empresas con márgenes reducidos. “El perjuicio más grande es el tema de carga fiscal. 1,2% dentro de todos los costos que hay y márgenes pequeños que le quedaron a cualquier comerciante y empresa industrial es mucho. Mueve la aguja porque los márgenes son muy chicos”, afirmó.

    Femenia también señaló que las pequeñas compañías tienen menos posibilidades de trasladar esos mayores costos a sus precios. “El pequeño industrial o comerciante que no tiene posición dominante en el mercado no puede trasladar los costos”, explicó. Según describió, las empresas están “muy justas” y cuentan con un margen bruto reducido para absorber toda su estructura de gastos. También señaló que comercios e industrias con una extensa trayectoria atraviesan dificultades y que algunas firmas debieron reducir sus planteles.

    “Comercios o industrias que tuvieron mucho recorrido hoy la están pasando mal. Se tuvieron que desprender de gente que costó mucho tiempo y para la Pyme desprenderse de una persona es complicado”, afirmó.

    Reclamos por impuestos y financiamiento

    La controversia por la resolución de la CNV coincidió con otros planteos que la UIA realizó por la situación de las pequeñas y medianas empresas.

    Durante la reunión mensual de su Junta Directiva de este martes, representantes de diferentes sectores y regiones expresaron preocupación por la falta de recuperación de la actividad, la caída del empleo y los costos que restan competitividad. La producción industrial registró en julio una caída interanual de 4,9% y 12 de los 16 sectores que integran el Índice de Producción Industrial retrocedieron frente al mismo mes del año anterior.

    Al término del encuentro, la entidad informó que remitió a la Subsecretaría PyME un documento con propuestas para aliviar la situación, entre ellas la suspensión de embargos durante 180 días, la reducción de la tasa de financiación de ARCA para Pymes, el diferimiento de vencimientos de IVA para actividades estacionales y la postergación de contribuciones patronales para economías regionales.

    El financiamiento ocupó un lugar central en esos reclamos. Según la UIA, la presión tributaria sobre la intermediación financiera eleva en promedio más de 18% el costo financiero del crédito productivo: una TNA de referencia de 35% pasa a un costo financiero total de 41,4%. La entidad señaló además que el crédito bancario representa sólo 12% del PBI en la Argentina, frente a un promedio regional cercano al 60%.

  • Argentina volverá a tener submarinos desde el hundimiento del ARA San Juan: cómo son los modelos que se analizan

    Argentina volverá a tener submarinos desde el hundimiento del ARA San Juan: cómo son los modelos que se analizan

    Submarino Scorpène de Chile (Armada de Chile)
    Guardar

    Cuando se están por cumplir 9 años del trágico hundimiento del ARA San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes y una repercusión mundial, Argentina podría volver a tener próximamente una flota de submarinos. El presidente Javier Milei autorizó la compra de tres unidades que podrían comenzar a fabricarse a mediados del 2027, si es que se llega a un acuerdo con las empresas que pujan por quedarse con el negocio.

    El gasto está previsto en el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió el martes por la noche al Congreso y que incluye la autorización para que el Ministerio de Defensa, que conduce el teniente general Carlos Presti, tome un préstamo de hasta USD 2.300 millones destinado a la adquisición de estos sumergibles para la Base Naval Mar del Plata.

    PUBLICIDAD

    De acuerdo con lo que explicaron a Infobae fuentes oficiales, recientemente el funcionario recibió dos ofertas concretas por parte de firmas que construyen estos navíos, la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) y la francesa Naval Group.

    Las conversaciones con estas compañías se intensificaron en el último tiempo, pero comenzaron hace ya varios meses, poco antes de que el propio mandatario nacional asegurara en una entrevista que tenía una buena relación con Emmanuel Macron y que uno de los temas que ambos tenían en agenda era este.

    PUBLICIDAD

    El último de los submarinos que Naval Group entregó a Brasil hasta el momento

    “Hay dos empresas que nos acercaron propuestas, con diferentes precios y sistemas de armas, pero lo más probable es que se opte por la francesa”, anticipó a este medio una persona cercana al ministro Presti.

    La compra figura en la planilla anexa al artículo 42 del Presupuesto 2027, referida a las operaciones de crédito público. Allí se establece que el tipo de deuda será un “préstamo”, con un “plazo mínimo de amortización” de tres años y con destino específico para la “adquisición de tres submarinos convencionales”.

    El texto no identifica la entidad que otorgará el dinero, aunque en su momento Infobae pudo saber que se estaba negociando con la administración de Macron para que intervenga y algún organismo internacional participe de la transacción.

    Tampoco se detalla en el documento el modelo que se buscará incorporar, el país de origen de las embarcaciones ni el plazo previsto para la firma de un eventual contrato, o si las unidades serán construidas en el exterior o si parte del proceso tendrá participación de la industria nacional.

    La autorización presupuestaria, de todas formas, representa un avance concreto en una negociación que el Gobierno mantiene desde hace meses para recuperar la capacidad submarina de la Armada. Hasta ahora, una de las principales alternativas que analizaban las autoridades era la compra de unidades a la compañía Naval Group.

    Uno de los Scorpene de Brasil

    La empresa europea ya había mantenido conversaciones con la Argentina durante la administración de Alberto Fernández, cuando se firmó una carta de intención para avanzar en la adquisición de varios de estos barcos. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las gestiones continuaron y se concentraron especialmente en la posibilidad de incorporar submarinos de la clase Scorpene.

    Por su parte, la alemana TKMS postuló a su modelo 212, también convencional (de propulsión diésel-eléctrico), de quinta generación, pero con un sistema que le da la capacidad de operar bajo el agua sin necesidad de emerger o usar el tubo de snorkel durante semanas.

    No obstante, aunque estudia la oferta y la decisión final todavía no se tomó y dependerá de diferentes factores, como el armamento y las Características específicas, además del precio y la forma de pago, el Ministerio de Defensa se estaría inclinando por el Scorpene.

    Cómo es el submarino francés que se analiza y qué formas de financiamiento<b> </b>se ofrecieron<b> </b>

    Se trata del mismo modelo que compró Brasil en el marco del programa PROSUB, a partir de un acuerdo firmado en 2008 con Naval Group. El país vecino ya recibió cuatro unidades convencionales y trabaja, además, en el desarrollo de un quinto que será de propulsión nuclear.

    En noviembre de 2025, el director de Ventas para países estratégicos, Grecia, Brasil y Latinoamérica de esta firma, Laurent Mourre, explicó a este medio en qué estado se encontraban las conversaciones: “Lo que puedo confirmar es que el gobierno argentino quiere comprar submarinos”, afirmó entonces.

    Los distintos tipos de submarinos que tienen en venta en la compañía francesa

    El Scorpene aparece como una de las opciones que más interés generó en la Casa Rosada y en las Fuerzas Armadas. Se trata de un submarino convencional diésel-eléctrico, diseñado para operaciones de vigilancia, control marítimo, inteligencia y defensa de zonas estratégicas.

    La compañía francesa también ofrece paquetes que pueden incluir mantenimiento, sistemas eléctricos, armamento y entrenamiento. No solo ofrecen los buques, sino también el mantenimiento de los mismos, los sistemas eléctricos y equipamiento, e incluso el armamento.

    En esta línea, cuenta con la capacidad de fabricar misiles MU90, que es el torpedo ligero más potente del mundo, capaz de neutralizar todo tipo de submarinos y que es utilizado por 12 países.

    También vende el F21, un torpedo submarino inteligente, que es de largo alcance y, por su versatilidad, puede ser implementado para atacar objetivos de varios tamaños y funciona hasta en condiciones complejas.

    Además, la empresa diseñó un sistema de defensa antitorpedo llamado SINGER, que está basado en el revolucionario principio de confusión/dilución. Esta contramedida genera cientos de objetivos falsos que se renuevan constante y aleatoriamente para saturar el procesamiento de datos de los torpedos más modernos y agotar su energía.

    El armamento complementario que se ofrece

    Sin embargo, la principal dificultad para la Argentina siempre fue el financiamiento. Cada unidad de este tipo puede superar los USD 700 millones, aunque el costo final depende de las características solicitadas, la incorporación de equipamiento adicional, los sistemas de armas y el lugar de construcción.

    Mourre explicó que una eventual producción local requeriría inversiones significativas en infraestructura y formación de personal. Tandanor necesitaría adecuaciones para fabricar submarinos y un programa de ese tipo demandaría cerca de diez años hasta la entrega de la primera unidad.

    La otra alternativa sería adquirir los buques construidos en Francia o negociar un esquema de fabricación parcial. En estos casos, la administración europea puede intervenir mediante garantías para créditos de exportación, un mecanismo habitual en contratos de defensa de gran escala.

    Las condiciones de la financiación no dependen de Naval Group, pero el Estado francés puede tener un papel relevante, porque puede dar una garantía”, había señalado el ejecutivo de la firma. También precisó que los bancos participantes suelen conocer tanto al fabricante como al país comprador.

    El Presupuesto 2027 no confirma que Naval Group sea finalmente la empresa elegida. La planilla solo habilita el endeudamiento para avanzar con la compra de tres unidades convencionales, por un monto de hasta USD 2.300 millones y con destino a la Base Naval Mar del Plata.

    La decisión se suma a otras partidas destinadas a la modernización militar. El Presupuesto prevé fondos para la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano y para obras de infraestructura destinadas a la llegada de una aeronave de caza multirrol a la VI Brigada Aérea de Tandil y al Área Material Río Cuarto.

    El Ministerio de Defensa tendrá en 2027 un crédito de $5.234.410 millones, según el proyecto enviado al Congreso. Dentro de esa cifra, el Estado Mayor General de la Armada Argentina recibirá $1.305.942 millones, frente a los $1.052.448 millones contemplados para 2026.

    La compra de submarinos requerirá todavía la aprobación del Presupuesto, la definición del financiamiento y la firma de los contratos correspondientes. Pero por primera vez desde el hundimiento del ARA San Juan, la recuperación de una flota submarina aparece incorporada de forma explícita en la planificación financiera del Estado.

  • En Gualeguaychú se llevó adelante una nueva licitación para el acceso directo a viviendas

    En Gualeguaychú se llevó adelante una nueva licitación para el acceso directo a viviendas

    El acto de recepción y apertura de las propuestas se realizó en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad y contó con la participación del presidente del IAPV, Manuel Schönhals; la viceintendenta de Gualeguaychú, Julieta Carrazza; el director de Desarrollo Humano y Hábitat del organismo, Julián Burzaco; el director de la Regional Sur del IAPV, Pablo Echandi; personal técnico y social, entre otras autoridades.

    El grupo habitacional está integrado por 42 viviendas, de las cuales 25 fueron destinadas en esta oportunidad a la modalidad de acceso directo. Los aspirantes habilitados presentaron 94 ofertas económicas,por un monto que asciende a los 433 millones de pesos.

    Las propuestas serán analizadas junto con las condiciones sociales de los grupos familiares y su situación respecto de la titularidad de inmuebles, a fin de determinar las adjudicaciones correspondientes. El procedimiento contó con la certificación de un escribano público.

    Las unidades que no resulten adjudicadas a través de esta modalidad serán destinadas al sorteo entre los aspirantes que forman parte del Padrón Definitivo de Aspirantes Habilitados, dando continuidad al proceso de adjudicación de las viviendas.

    El titular del organismo, Manuel Schönhals  señaló que “el gobernador Rogelio Frigerio nos pide que gobernemos desde el territorio, y nos pone frente a los problemas que debemos ir resolviendo durante la gestión”.

    Asimismo, indicó que “estas obras son las que nos permitirán cambiar la vida de muchas familias que esperan acceder a su casa propia y brindarles a sus hijos un futuro con mayor bienestar”.

     

     

  • Polémica: se fue con casi $110 millones cuando lo despidieron del Enacom y lo contrataron en el INTA al día siguiente

    Polémica: se fue con casi $110 millones cuando lo despidieron del Enacom y lo contrataron en el INTA al día siguiente

    Una incorporación impulsada por la Dirección General de Administración (DGA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desató una polémica dentro del organismo y podría obligar al Consejo Directivo a revisar una decisión que ya había aprobado. El caso involucra a Daniel Alfredo Neira, quien hasta fines de julio se desempeñó en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y recibió al dejar ese organismo una liquidación final neta de $109.781.999,73. No obstante, un día después ocupaba el cargo de “gerente de contabilidad” del organismo tecnológico.

    La controversia surgió cuando comenzó a trascender la incorporación de Neira en el organismo que depende de la Secretaría de Agricultura. El caso llegó a integrantes del Consejo Directivo, quienes recientemente tomaron conocimiento de las condiciones en las que Neira había salido del Enacom.

    Según documentación a la que accedió LA NACION, el organismo de comunicaciones resolvió prescindir de sus servicios a partir del 31 de julio de 2026 y lo notificó de la extinción de su contratación en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

    La planilla correspondiente a su liquidación consignó, entre otros conceptos, $73.067.618,10 por indemnización por antigüedad, $9.742.349,08 de preaviso y $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas. El monto líquido informado fue de $109.781.999,73.

    La carta documento del Enacom a Neira
    La carta documento del Enacom a Neira

    Poco después de esa salida, su currículum llegó al Consejo Directivo del INTA a pedido de la Dirección General de Administración (DGA) para incorporarlo como director asistente del área, según indicaron a LA NACION fuentes conocedoras del proceso. Actualmente, la DGA está a cargo de Gustavo Javier Abaurrea. LA NACION intentó tener la versión oficial del organismo para conocer las condiciones en que se pidió la contratación de esta persona, pero no hubo respuesta hasta el momento.

    Fue un pedido de la DGA para que asista en la Administración. Nunca nos informaron nada de la situación del agente”, explicó una fuente con conocimiento de la contratación de Neira.

    En rigor, la incorporación de Neira había sido formalizada por el Consejo Directivo del INTA mediante la Resolución 296/2026, del 3 de septiembre pasado. El acta dispuso su designación transitoria como gerente tipo A de la Gerencia de Contabilidad”, Gestión Administrativa y Patrimonio, dependiente de la Dirección General de Administración (DGA), con nivel de puesto 11, por un plazo de 180 días, con posibilidad de prórroga si durante ese período no se realizaba el procedimiento de selección correspondiente. La propia resolución dejó asentado que Neira se había desvinculado del Enacom el 31 de julio de 2026 y que, por esa razón, correspondía impulsar su designación interina en el INTA a partir del 1° de agosto.

    La extinción del contrato de trabajo de Neira con el Enacom
    La extinción del contrato de trabajo de Neira con el Enacom

    Según reconstruyó este medio, el tema había sido tratado en una de las últimas reuniones del Consejo Directivo, que coordina el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, sobre la base del currículum enviado por esa dirección para que se efectúe el procedimiento administrativo. Aclararon que, en efecto, en el currículum constaba su experiencia laboral dentro del Enacom. No obstante, se “omitió que había sido desvinculado”, que ya “había sido indemnizado” y no pertenecía más al ente de comunicaciones o una dependencia del Estado.

    Ahora vamos a rever la aprobación y, de ser necesario, no aceptamos la incorporación. Ya nos va a informar Jurídicos cómo proceder”, indicó una fuente al tanto de la situación.

    Sobre la modalidad de cobertura de esos cargos, explicaron que en algunos casos las designaciones pueden ser transitorias para cubrir una función hasta que se realice el concurso correspondiente. Esta es una regla general del INTA. “Todos los cargos son por concurso, pero es lógico que hasta que se cumpla el concurso el trabajo hay que hacerlo y alguien lo tiene que hacer”, señaló. También planteó que es necesario agilizar esos procesos y reducir la burocracia para que las vacantes puedan cubrirse con mayor rapidez.

    La discusión se produjo, además, pocos meses después de que el propio INTA avanzara con un amplio programa de retiros voluntarios para reducir justamente su dotación de personal. El INTA tenía hasta hace meses un total de 5750 empleados. Pero con los cambios impulsados por el Gobierno el organismo habilitó dos procesos de retiros voluntarios en menos de dos años. El primero se realizó en noviembre de 2024 y alcanzó a 394 trabajadores. El segundo se instrumentó en junio de 2026 y comprendió a alrededor de 850 agentes. En este último caso, algunas solicitudes no llegaron a concretarse, no por una decisión del organismo de rechazarlas, sino porque a esos trabajadores no se les computaron los años desempeñados como personal no permanente (PNP) para acceder al beneficio, según planteó el gremio.

    El régimen fue aprobado por el Consejo Directivo mediante la Resolución 144/2026 y su instrumentación quedó justamente en manos de la Dirección General de Administración. Uno de los puntos establecidos para quienes accedieran al retiro era una prohibición de volver a incorporarse o prestar servicios bajo cualquier modalidad en el Sector Público Nacional durante cinco años desde la baja. La restricción comprendía empleo, contrataciones, cargos de autoridades, funciones extraescalafonarias y asesorías.

    El expediente de liquidación incluyó a otros tres agentes y consignó un pago neto total de $293,6 millones; de ese monto, $109,7 millones correspondieron a la liquidación final de Neira
    El expediente de liquidación incluyó a otros tres agentes y consignó un pago neto total de $293,6 millones; de ese monto, $109,7 millones correspondieron a la liquidación final de Neira

    Por el momento, sin embargo, no se conoce si alguna restricción de reingreso al Estado resulta aplicable al caso de Neira, ya que su desvinculación fue del Enacom mediante una indemnización por despido. LA NACION también consultó al Enacom para obtener precisiones sobre la desvinculación de Neira. Desde el organismo únicamente confirmaron que había trabajado allí, pero no brindaron mayores detalles. Este medio también intentó comunicarse con Neira para conocer su posición, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.


  • Cajas jubilatorias y beneficios impositivos, dos ítems a mirar con lupa por los gobernadores en el Presupuesto 2027

    Cajas jubilatorias y beneficios impositivos, dos ítems a mirar con lupa por los gobernadores en el Presupuesto 2027

    El Presupuesto 2027 contempla exenciones impositivas en obra pública para los distritos que bajen la carga tributaria provincial y fondos por $503.325 millones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para financiar el déficit de previsional de las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a Nación.

    Un día después de su envío al Congreso por parte del Poder Ejecutivo, la hoja de ruta económica para el año próximo empieza a ser objeto de estudio por parte de los gobernadores. Como anticipó Ámbito, obras, infraestructura y rutas son algunas de las prioridades que los líderes buscan asegurarse en medio de las negociaciones.

    Exenciones y cajas jubilatorias

    En ese marco, el oficialismo incluyó en el articulado un pasaje importante para las jurisdicciones, ya que condiciona beneficios fiscales para las concesiones viales a que las provincias y CABA adhieran al régimen y otorguen exenciones en Ingresos Brutos y Sellos. La Casa Rosada no obliga a los mandatarios a bajar impuestos pero sí lo pone como condición para otros beneficios fiscales.

    Se trata de un nuevo capítulo de la novela entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y los administraciones subnacionales, que suelen cruzar reclamos en materia tributaria. De hecho, este miércoles, ya con el proyecto sobre la mesa, Caputo fue anfitrión de una reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal, que reúne a los ministros de Economía de todas las provincias.

    “El equilibrio fiscal es la base de una Argentina con estabilidad, previsibilidad y crecimiento sostenido”, aseguró el funcionario luego del encuentro.

    Otro de los frentes a atender es el de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a Nación: Buenos Aires, Chaco, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Chubut, Corrientes, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén.

    El proyecto enviado por Javier Milei al Congreso fija $503.325,9 millones para aquellas jurisdicciones que tengan un déficit reconocido —provisorio o definitivo— mediante un acuerdo con la Agencia Nacional de la Seguridad Social (ANSES), correspondiente al ejercicio 2021 o posterior.

    ANSES deberá girar mensualmente un anticipo equivalente a 1/12 del último déficit previsional reconocido de cada provincia. En sus casi tres años de gestión, el Gobierno libertario suscribió entendimientos en ese sentido con la mayoría de los distritos afectados, aunque no con todos. Quedaron afuera los casos bonaerense, formoseño, santacruceño y fueguino. El resto logró acercar posiciones.

    El caso más emblemático es el del entrerriano Rogelio Frigerio, quien en agosto pasado rubricó un acuerdo de peso con Nación, al garantizarse el desembolso de $120 mil millones para el sistema previsional. Es la única provincia que consiguió financiamiento en ese área durante los tres años de administración violeta.

    Cabe recordar que el Presupuesto 2026 contemplaba $122.763 millones para transferencias a cajas jubilatorias provinciales. No obstante, el Gobierno retocó ese número durante el transcurso del año y amplió el crédito. De cara al 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, contará con esa misma facultad en caso de considerarla necesaria.

    Rogelio Frigerio y el titular de ANSES, Guillermo Arancibia.

    Rogelio Frigerio y el titular de ANSES, Guillermo Arancibia.

    Por otra parte, los artículos 61 y 62 de la “ley madre” apuntan a facilitar el endeudamiento para “infraestructura y la reestructuración/compensación de deudas entre Nación, provincias y CABA”. En todos los casos, son ítems clave para el vínculo de las provincias y la gestión libertaria, que no cuenta con gobernadores propios sobre el tablero.

    De momento, los equipos técnicos de las provincias interpretan la letra chica del documento, aunque se estima que habrá modificaciones. Precisamente por estas horas el Gobierno retoma las negociaciones con los caciques con el objetivo de acercar posiciones y avanzar en otra iniciativa clave: la reforma electoral.

    Parte del futuro de las PASO, que el mileísmo pretender suprimir, estará atado a la voluntad de los mandatarios subnacionales y de las concesiones que logren en el debate por el Presupuesto 2027.

    Hasta el momento, el único líder que opinó abiertamente fue el tucumano Osvaldo Jaldo, quien llamó a “acompañar” la “ley de leyes”. “Hay que acompañar el presupuesto nacional, porque no podemos tener un gobierno nacional que no tenga un presupuesto. Ya hemos tenido gobiernos que han estado tres años sin presupuesto, y ustedes saben que cuando no hay presupuesto, quien administra las partidas discrecionalmente es el jefe de gabinete”, lanzó el tucumano.

    Precisamente, unas de las principales obras del proyecto es la del Acueducto Vipos, en Tucumán, con una inversión prevista para 2027 de unos $25.113 millones y un costo total que supera los $148.000 millones.

    El distrito también cuenta con otras obras de infraestructura. Entre ellas aparecen la planta depuradora de líquidos cloacales de Concepción, con $2.196 millones, y trabajos sobre las rutas nacionales 9 y 38, incluido el acceso sur a San Miguel de Tucumán.

  • Javier Milei quiere comprometer a los gobernadores a bajar impuestos a cambio de obras en las rutas

    Javier Milei quiere comprometer a los gobernadores a bajar impuestos a cambio de obras en las rutas

    El proyecto de Presupuesto 2027 que ingresó al Congreso este martes incluye un nuevo régimen para incentivar la construcción y mantenimiento de corredores viales a cargo de concesionarios viales privados, pero tiene una trampa: los beneficios fiscales nacionales solo se activan si las provincias hacen lo propio.

    Durante el reciente evento Vientos de Cambio organizado por las Fundación Libertad y Progreso, el ministro Luis Caputo indicó que “todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal, de manera que se genera más incentivo y que sea más barato todo este proceso de desarrollo y que se haga más rápido”

    “Son bastante importante las ventajas. Parece una especie de RIGI O RIMI para estas empresas”, señaló el tributarista Mario Volman, profesor titular de Impuestos de la UBA.

    Precisamente, luego de mandar el proyecto al Congreso, Luis Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se reunieron con los ministros de Economía de las provincias en el marco del Consejo de Responsabilidad Fiscal para explicar las proyecciones del 2027 para los gastos y los ingresos.

    Cómo será el régimen

    El artículo 67 del proyecto establece que los titulares de contratos de concesión de obra pública vinculados a una licitación que se celebre en adelante para la construcción de rutas nacionales, o ampliación de obra por concesiones de rutas nacionales ya existentes “podrán optar por practicar las amortizaciones de las inversiones que realicen y afecten a la ejecución de la concesión, a partir del período fiscal de habilitación de los bienes u obra vial de que se trate”.

    • En bienes muebles amortizables nuevos (excepto automóviles) como mínimo en dos cuotas anuales, iguales y consecutivas.
    • En obras de infraestructura vial como mínimo, en un número de cuotas anuales, iguales y consecutivas que resulte de considerar la vida util estimada de dichas obras reducida al 50%.

    Los beneficiarios dispondrán de un mecanismo de reintegro o de certificado de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado contenido en el monto de las operaciones realizadas para cumplir los objetivos asumidos en los contratos.

    El proyecto de Presupuesto 2027 que ingresó al Congreso este martes incluye un nuevo régimen para incentivar la construcción y mantenimiento de corredores viales a cargo de concesionarios viales privados.

    El proyecto de Presupuesto 2027 que ingresó al Congreso este martes incluye un nuevo régimen para incentivar la construcción y mantenimiento de corredores viales a cargo de concesionarios viales privados.

    Se establece que el 100% del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, que hubiese sido efectivamente ingresado a partir de la entrada en vigencia de la ley podrá ser computado por los titulares de los contratos a los que hace alusión el primer párrafo, como pago a cuenta, en el siguiente orden: Impuesto a las Ganancias, IVA y las contribuciones patronales.

    El remanente no compensado no podrá aplicarse a otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor de terceros.

    Volman explicó que a las empresas “se les genera una menor carga tributaria del Impuesto a las Ganancias via amortización acelerada de bienes se uso y obras, se le genera un libre cómputo de iva y compensación del 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios”.

    Sin exención de Ingresos Brutos no hay obras

    El texto tiene una “trampa” para que los Gobernadores eliminen Impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos. Se invita a las provincias a adherir al régimen pero aclara que “la adhesión de las jurisdicciones correspondientes, en estos términos, será condición necesaria para la vigencia de los beneficios previstos en los párrafos precedentes de este artículo”.

    Es decir, que un operador de una ruta no podrá tener las exenciones de impuestos nacionales si los Gobernadores no hacen lo mismo y adhieren a la ley federal.

    El conflicto los caminos en el interior

    Las denuncias por el pésimo estado en el que están las rutas nacionales en el interior del país se multiplicaron a lo largo del 2026.

    El diputado peronista Guillermo Michel denunció que el Gobierno no estaba ejecutando obras de mantenimiento de las rutas nacionales a pesar de que seguía cobrando el Impuesto a los Combustibles, que se supone tiene por finalidad llevar a cabo esa tarea.

    En el caso de Entre Ríos, Michel señaló que la provincia dejó de recibir unos $45.000 millones para reparar caminos dañados, afectando gravemente la infraestructura vial y la segurida. El legislador dice que la Nación retuvo $1,6 billones este año.

    Las quejas de los Gobernadores se multiplicaron este año. En Santa Fe, Maximiliano Pullaro, decidió poner enormes carteles rojos en las vías de jurisdicción federal para dejar en claro que la falta de conservación no es su responsabilidad. Luego de ello, firmó un acuerdo con la Nación para que le transfirieran la Ruta 12.

  • El Gobierno completó la reglamentación del fondo para pagar indeminizaciones laborales

    El Gobierno completó la reglamentación del fondo para pagar indeminizaciones laborales

    Mano de hombre con traje introduce billetes de 20.000 pesos argentinos en frasco de vidrio con etiqueta que dice FAL, sobre mesa de madera.
    Guardar

    La Comisión Nacional de Valores (CNV) reglamentó los Productos de Inversión Colectiva (PIC) en los que se podrán colocar los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el instrumento creado por la reforma laboral orientado al pago de indemnizaciones. Para ese fin, cada empresa deberá destinar un porcentaje de la masa salarial a los FAL, que serán administrados por bancos y agentes de bolsa (ALyC).

    El nuevo sistema entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre. Un mes atrás, el gobierno reglamentó en qué activos financieros podrá invertirse el dinero recaudado. Con esta decisión, el Gobierno completó el esquema regulatorio para que esa masa de dinero se incorpore al mercado de capitales, con las condiciones necesarias para afrontar las prestaciones laborales.

    PUBLICIDAD

    La CNV definió los productos y la estructura de cada FAL. La Resolución General N° 1167 prevé que los recursos se estructuren a través de Fondos Comunes de Inversión de Asistencia Laboral (FCIA FAL) o Fideicomisos Financieros de Asistencia Laboral (FF FAL). Ambos vehículos podrán funcionar bajo el esquema de un solo empleador o reunir a varias empresas.

    La norma además crea el ID FAL, un código que vinculará a cada empleador con el vehículo elegido. Para las compañías que no realicen esa selección, se aplicará una asignación de oficio que, de acuerdo con el comunicado, será transparente. La reglamentación introdujo cambios tras una consulta pública y seis reuniones con participantes del mercado de capitales.

    PUBLICIDAD

    El límite de costos será del 1% anual

    La regulación fija precisiones para las inversiones de los recursos, dentro de las alternativas que había establecido la Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía. También habilita la portabilidad entre vehículos y Entidades Habilitadas, por lo que las empresas podrán cambiar de administrador.

    Los honorarios y los gastos ordinarios de administración tendrán un límite conjunto de 1% anual sobre el patrimonio del PIC FAL. A la vez, los vehículos deberán difundir cada mes una Ficha FAL con datos sobre la evolución histórica y la composición de sus carteras, para que los empleadores puedan comparar instrumentos.

    Los PIC FAL quedarán incluidos en el Régimen de Oferta Pública con autorización automática. La CNV sostuvo que el marco busca aportar “administración profesional, diversificación, separación patrimonial, transparencia, competencia y supervisión” al sistema de asistencia laboral.

    El presidente de la CNV, Roberto Silva, afirmó que la resolución definitiva representa “un paso muy importante” y definió al FAL como “una herramienta clave para profundizar y hacer crecer nuestro mercado de capitales”.

    Silva señaló que el organismo abrió una consulta pública y mantuvo seis encuentros con actores del sector para incorporar propuestas a la versión final. “Este es el resultado de ese trabajo”, sostuvo, y agregó que la norma “brinda previsibilidad, promueve la competencia y genera nuevas oportunidades para el desarrollo del mercado de capitales”.

    Cómo funciona un Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

    La reforma laboral dispuso un cambio para que las empresas afronten el costo de los despidos. Sobre esa base, cada empleador privado de la Argentina aportará en forma obligatoria el 1% (si es una empresa grande) o el 2,5% (si es una pyme) a un fondo para pagar indemnizaciones laborales. El empleador girará cada mes ese aporte a la Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y le informará a qué banco o alyc debe dirigirlo para engrosar un FAL.

    Para las empresas, sea un kiosco con 3 empleados o una megaempresa con 10.000, no habrá un costo extra por el nuevo sistema. Depositarán en el FAL el mismo dinero que hoy ingresan a la Anses como parte de los aportes laborales. De ese dinero también surgirá la comisión para las entidades financieras administradoras, que tendrá un máximo del 1% de los fondos administrados.

    Para el trabajador, el nuevo mecanismo no trae ningún cambio ni está obligado a hacer ningún trámite.

    Las instituciones financieras armarán un FAL para una empresa en particular o bien un FAL multiempresa, que captarán aportes de cientos o miles de pequeños empleadores.

    Con el final de la reglamentación, se abre una etapa en la que bancos y agentes de bolsa (alycs) competirán para administrar las colocaciones de esos fondos. El dinero, cuyo rendimiento crecerá mes a mes, se utilizará únicamente para pagar indemnizaciones por despido o retiros voluntarios. No podrá usarse con otro destino que no sea ese. El dinero tampoco podrá retirarse o rescatarse en ningún caso. Solamente si una empresa quiebra o desaparece podrá recuperar el dinero remanente en su FAL.

  • Malvinas: una jueza de Río Grande ordenó a Rockhopper y Navitas frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion

    Malvinas: una jueza de Río Grande ordenó a Rockhopper y Navitas frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion

    Plataforma petrolera en el mar con letreros blancos que dicen Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration bajo un cielo nublado.
    Guardar

    La Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, situado al norte de las Islas Malvinas. La decisión cautelar, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, alcanza perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.

    El fallo responde a una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). La resolución, a la que accedió Infobae, establece que las compañías deberán frenar los actos materiales del emprendimiento hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente, salvo que el juzgado disponga otra medida.

    PUBLICIDAD

    En paralelo, el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py tuvo por impulsada una investigación penal contra Desire Petroleum Limited. El expediente, promovido a partir de un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli, incluye medidas para reunir información sobre esa firma y sobre el grupo Rockhopper. Esa causa había sido impulsada tras una denuncia que presentó la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, con la asistencia de la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio.

    Son procesos distintos. La causa de Río Grande tiene un carácter civil y ambiental preventivo, mientras que la pesquisa en Comodoro Py busca determinar si hubo exploración o explotación de hidrocarburos en áreas próximas a Malvinas sin autorización argentina. Las resoluciones recaen, por vías diferentes, sobre empresas ligadas a los proyectos petroleros alrededor de las islas.

    PUBLICIDAD

    Pablo Quirno  / sebastián amerio

    La cautelar alcanza perforaciones, instalaciones y el inicio de la extracción

    Borruto ordenó a Rockhopper y Navitas que, “en cuanto de ellas dependa”, se abstengan de “iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales de ejecución” de Sea Lion, que en el expediente aparece como “León Marino”. La orden incluye las ampliaciones del proyecto y los pozos o instalaciones que estén funcionalmente integrados al emprendimiento.

    La prohibición abarca la perforación del lecho o subsuelo marino para desarrollar o explotar hidrocarburos, la instalación permanente de infraestructura submarina y el tendido de conductos, líneas de flujo y sistemas de control. También comprende la instalación o puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, el inicio de la extracción comercial y las obras terrestres o portuarias de apoyo.

    En este último grupo figuran ampliaciones portuarias, bases logísticas, plantas para preparar lodos de perforación y cemento, depósitos de productos químicos, infraestructura habitacional e instalaciones destinadas al apoyo aeronáutico.

    El punto central del fallo es que la orden se mantendrá hasta que se tramite la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Ambiente y la autoridad competente adopte una decisión. La jueza entendió que ese procedimiento debía realizarse ante organismos argentinos.

    Milei puso en marcha una fuerte ofensiva contra el desarrollo pertrolero en Malvinas de un consorcio británico-israelí

    La jueza consideró que el proyecto ya está en ejecución

    Al analizar el peligro en la demora, Borruto sostuvo que “el riesgo no es hipotético ni remoto”. Según la resolución, la documentación incorporada muestra que Sea Lion superó la etapa de proyecto y entró en ejecución.

    Para llegar a esa conclusión, la magistrada consideró la Decisión Final de Inversión de diciembre de 2025, el anuncio de una ampliación hacia un pozo adyacente y las contrataciones de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además del equipo de perforación y sus servicios asociados. El fallo señala que las obras de adaptación de esa infraestructura ya habían comenzado, de acuerdo con documentación de Rockhopper mencionada en la demanda.

    Aguardar a la culminación de tales intervenciones para determinar si debieron ser sometidas previamente a evaluación ambiental podría tornar ineficaz la tutela judicial solicitada”, indicó Borruto. También advirtió que el trámite ordinario del expediente podría consolidar situaciones que dificulten una eventual sentencia favorable.

    La jueza aclaró que la cautelar no da por probado que el proyecto vaya a ocasionar un daño ambiental. “No se afirma que el daño ambiental invocado se producirá, ni ello podría afirmarse en este estado del proceso”, precisó. Lo que sí tuvo por acreditado, de manera preliminar, es la falta de un procedimiento ante autoridades argentinas para determinar los posibles impactos y las medidas de prevención o mitigación.

    La resolución citó un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, fechado el 24 de febrero de 2026. Según ese documento, no se había presentado “ningún aviso de proyecto” ni se había iniciado una evaluación de impacto ambiental con las demandadas.

    Borruto aplicó los principios preventivo y precautorio de la legislación ambiental. La demanda describe un desarrollo de 23 pozos: 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno remoto de inyección de gas, junto con infraestructura submarina, equipos de control, líneas de flujo, una unidad móvil de perforación y embarcaciones auxiliares.

    Entre los riesgos planteados aparecen la alteración del lecho marino, la contaminación química, el ruido submarino, las descargas operativas, el tránsito marítimo, la interacción con mamíferos y aves, las emisiones y los derrames. El fallo remarcó que esos elementos no prueban que cada impacto denunciado vaya a producirse, aunque resultan suficientes para una medida cautelar sobre una actividad que podría generar modificaciones ambientales relevantes.

    La cuestión ambiental se vincula además con el reclamo de soberanía. Al reconocer de manera provisoria la legitimación del CECIM, la jueza señaló que la pretensión no se limita a una discusión técnico-ambiental. Según el fallo, subyace “la defensa de la soberanía nacional”, a la que definió como un bien colectivo indivisible y un interés federal.

    Rockhopper y Navitas deberán informar el estado del proyecto en diez días

    La medida también intima a las compañías a presentar, en el plazo de diez días judiciales desde la notificación, una declaración jurada con documentos que permitan establecer el estado actual de Sea Lion.

    Deberán detallar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación; la cantidad, ubicación y situación de los pozos; las unidades flotantes y los equipos de perforación contratados; y los principales contratistas y subcontratistas involucrados.

    La orden exige, además, información sobre la estructura societaria utilizada para el proyecto, las entidades financieras y fondos que lo financiaron, los desembolsos efectuados, comprometidos o pendientes, las aseguradoras y reaseguradoras, y los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.

    Las demandadas tendrán que “preservar íntegramente” la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa relacionada con Sea Lion. No podrán destruirla, alterarla, ocultarla ni disponer de ella de un modo que impida incorporarla al expediente.

    Borruto no admitió todavía el pedido de prohibir, de forma general, nuevos contratos de financiación, desembolsos, pagos, transferencias, aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas y constitución de garantías. Consideró que una restricción de esa amplitud podía involucrar operaciones y terceros que aún no estaban suficientemente individualizados.

    La jueza también postergó las comunicaciones generales a reguladores y mercados de valores extranjeros, aunque dejó abierta la posibilidad de disponer medidas puntuales más adelante. Una vez recibidos los informes y la respuesta de las empresas, el juzgado deberá resolver si mantiene, modifica, amplía o deja sin efecto la cautelar.

    Foto de archivo que muestra el cartel de bienvenida a las Islas Malvinas en el muelle de Stanley. EFE/Felipe Trueba

    Comodoro Py pidió información societaria y bancaria sobre Desire y Rockhopper

    En la causa penal, el Juzgado Federal N° 11 incorporó el requerimiento de instrucción de Stornelli en el expediente CFP 4492/2026 y dispuso: “Téngase por impulsada la acción penal”.

    La investigación comprende a Desire Petroleum, a sus sociedades controlantes, controladas o integrantes de su explotación comercial y a las personas que pudieran haber actuado en su nombre o beneficio. El objeto es establecer si existieron actividades hidrocarburíferas en áreas cercanas a Malvinas sin la autorización de la Argentina.

    El juzgado pidió a la Secretaría de Energía antecedentes sobre la empresa, su composición accionaria, sus autoridades actuales y anteriores y los actos vinculados con las actividades denunciadas. También solicitó documentación a la Cancillería, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad, la Procuración del Tesoro y la Procuración General.

    Además, ordenó certificar la causa CFP 4437/2026 para verificar si reúne elementos de interés para la investigación. Una de las medidas es un exhorto al Reino Unido para obtener la información societaria completa de Desire Petroleum, su integración directiva y representación legal desde 2012, junto con antecedentes sobre posibles licencias hidrocarburíferas.

    La resolución dispuso que “igual información” se solicite respecto del denominado grupo Rockhopper. El tribunal también requirió información bancaria ligada a la explotación comercial y a las personas físicas que pudieron haber actuado en nombre o beneficio de las compañías investigadas.

    Ninguna de las decisiones resuelve el fondo de los expedientes. En Río Grande, la cautelar quedó sujeta al avance de la evaluación ambiental y a la información que presenten las empresas. En Comodoro Py, la causa penal entra ahora en una etapa de producción de pruebas sobre Desire Petroleum y el grupo Rockhopper.