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En medio de un coro de economistas que en los últimos días sugirieron la necesidad de subir el tipo de cambio para darle impulso a la actividad y ayudar a los sectores más complicados, Ricardo Arriazu salió a desmarcarse: “Vamos a un superávit comercial de USD 28.000 millones este año. Si el Banco Central no estuviera interviniendo el dólar se desplomaría. Además, en un país como Argentina cualquier salto del tipo de cambio va a precios, no hay ninguna necesidad de eso”.

El economista habló en el evento de la Cámara de Agentes de Bolsa y dejó en claro cuál es su convicción: “Hace años defendía la flotación, pero después entendí que en Argentina el dólar es la unidad de cuenta. Si se mueve, el resto de los precios también lo hacen”.

Pero, sobre todo, consideró innecesario promover un salto cambiario. “Vamos a un tipo de cambio real más bajo en Argentina. El ingreso de dólares aumentará muy fuerte en los próximos años y eso llevará a un dólar inferior al actual en términos reales”, remarcó.

Arriazu es uno de los economistas más escuchados por el presidente, Javier Milei, pero también tiene fuerte llegada a los inversores. Sus declaraciones van en dirección opuesta a varios colegas que en los últimos días se manifestaron a favor de un tipo de cambio más alto.

Uno de ellos fue Roberto Frenkel, quien consideró lo mejor que puede hacer el Gobierno es dejar que el tipo de cambio pegue un salto aunque sea a costa de una mayor inflación y consideró que se trata de un “mal trago”. De esta forma, uno de los impulsores del Plan Austral en 1985 consideró que una devaluación ayudaría a darle impulso al sector productivo.

Lucas Llach, ex vicepresidente del Central, también se manifestó a favor de elevar el tipo de cambio y consideró razonable el nivel de $1.800 que hace un par semanas mencionó el vocero presidencial, Adrián Ravier. “La construcción se vería muy beneficiada, porque bajaría el costo de la cuota mensual en pesos, que se vuelve cada mes más cara en dólares. Esto hace que los inversores no quieran participar en nuevos emprendimientos”, aseguró en Ahora Play.

También se sumó a un pedido similar Miguel Ángel Broda. El economista indicó que aunque la economía funcionaría mejor con un dólar más alto, “la obsesión por bajar la inflación impide dicho ajuste cambiario”. Además, opinó que no tiene sentido que el tipo de cambio barato provoque el cierre de empresas.

Las estimaciones de Arriazu, que espera un superávit comercial no muy lejos de los USD 30.000 millones, son por lejos las más optimistas del mercado. El consenso espera alrededor de 21.000 millones de dólares. Pero la gran cosecha de este año y sobre todo los altos precios de la energía lo hicieron revisar sensiblemente al alza estas estimaciones.

En ese escenario tan favorable, el Banco Central tendría además bastante espacio para seguir comprando dólares. Hasta ahora lleva poco más de USD 13.000 millones y en el escenario optimista podía llegar a USD 17.000 millones, según se planteó en el inicio de la fase 4 del plan monetario.

La estabilidad cambiaria a la que apuesta el Gobierno tiene como objetivo principal seguir impulsando a la baja a el índice de inflación. Por lo pronto, las consultoras y bancos que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2% para julio y de 1,8% para agosto. Además, pronosticaron un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 29,8% para 2026 y un dólar a $1.652 para fin de este año.

En cuanto a la dinámica inflacionaria, el grupo de los analistas más precisos, denominado Top 10, estimó 1,9 por ciento para el séptimo mes del año.

El régimen de Irán endureció los controles de seguridad interna en medio de la incertidumbre sobre los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel. En las últimas semanas, las autoridades intensificaron los arrestos, las restricciones y los castigos contra personas y empresas acusadas de incumplir normas consideradas contrarias al islam, mientras el aparato estatal reforzó la vigilancia sobre la disidencia tras las protestas nacionales de enero.

Las medidas forman parte de una estrategia que las autoridades presentan como un esfuerzo para fortalecer el “frente interno y la unidad” frente a la presión externa. Funcionarios clericales, políticos y militares insistieron en la necesidad de mantener la cohesión nacional y mostraron una mayor intolerancia hacia cualquier manifestación de oposición.

El presidente Masoud Pezeshkian calificó los acontecimientos de enero como “amargos e inolvidables” durante una entrevista televisada emitida el miércoles por la noche. En ese mismo contexto, el mandatario responsabilizó al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de impulsar las protestas. Según sostuvo, ambos líderes buscaron desestabilizar a la República Islámica mediante manifestaciones organizadas en distintas ciudades iraníes.

El aparato de seguridad combinó ejecuciones, arrestos, incautaciones de bienes y un estricto control sobre internet y los medios de comunicación. Además, mantuvo una fuerte presencia de fuerzas de seguridad armadas y grupos afines al régimen en las calles de Teherán y de otras ciudades durante las noches.

Las autoridades iraníes describen las protestas de enero como un intento de golpe de Estado organizado por Washington y Jerusalén. Según la versión oficial, agentes de la CIA y del Mossad se infiltraron entre los manifestantes para fomentar la violencia, atacar edificios públicos y provocar daños materiales. El régimen sostiene que 3.117 personas murieron, en su mayoría durante las noches del 8 y 9 de enero, y rechaza las cifras más elevadas difundidas por organizaciones de derechos humanos y funcionarios estadounidenses.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el 28 de julio en la plaza Alikhani, en Isfahán. Allí, dos jóvenes fueron ejecutados públicamente mediante ahorcamiento bajo una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad. Los acusados enfrentaban cargos de moharebeh, o “declarar la guerra a Dios”, y de “corrupción en la Tierra”, delitos vinculados por las autoridades con incendios provocados y con la muerte de miembros de las fuerzas de seguridad durante los disturbios.

Familiares y vecinos intentaron impedir la ejecución, pero las fuerzas de seguridad los dispersaron por la fuerza. En redes sociales circularon videos que aparentemente mostraban disparos.

Otros dos jóvenes ya recibieron la pena capital por el mismo expediente. Además, ocho personas continúan bajo amenaza de ejecución dentro del caso de Isfahán, que involucra a 16 acusados. También existen procesos similares en esa provincia y en otras regiones del país.

El miércoles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó que “al menos 56 personas han sido ejecutadas por cargos relacionados con la seguridad nacional desde el 19 de marzo”. Según precisó, 27 de esos casos corresponden a personas vinculadas con las protestas nacionales de enero y más de 100 personas corren el riesgo de ser ejecutadas por cargos similares.

Las autoridades iraníes sostienen que las ejecuciones buscan impedir acciones contra la seguridad nacional en un escenario marcado, según afirman, por intentos de Estados Unidos e Israel de derrocar a la República Islámica.

En esa línea, el jefe del Poder Judicial, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, afirmó en enero que “la aplicación oportuna e inmediata de los castigos para los alborotadores es uno de los elementos disuasorios”.

La ONU y organizaciones internacionales de derechos humanos reclamaron el fin de las ejecuciones. La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, informó que las ejecuciones aumentaron un 68% y superaron las 1.600 personas durante 2025, la cifra más alta desde 1989.

Organizaciones de derechos humanos también denunciaron que los tribunales revolucionarios celebran audiencias a puerta cerrada, mientras los acusados sufren abusos y las familias reciben presiones para no hablar con los medios. Siete expertos y relatores especiales de la ONU advirtieron la semana pasada: “Tal como están las leyes nacionales actualmente, es imposible participar en cualquier protesta crítica con el Estado sin arriesgarse a sufrir represalias y persecución”.

Los especialistas agregaron: “Este ciclo solo se romperá cuando se abra el espacio cívico y se garantice la libertad de reunión pacífica y de expresión”. También señalaron: “La lógica parece clara: infundir miedo en la sociedad, disuadir futuras manifestaciones y silenciar la disidencia. Sin embargo, la represión solo engendra más disidencia”.

En paralelo, la Fiscalía de Teherán abrió causas contra usuarios de internet acusados de respaldar a personas ejecutadas tras las protestas. El presentador de la televisión estatal Mohsen Azadi también cuestionó públicamente a la ex viceministra de Cultura Nadereh Rezaei después de que ella publicara un mensaje en el que sostuvo que las ejecuciones generan odio.

Las autoridades mantienen además un fuerte control sobre el acceso a internet. Durante las protestas suspendieron la conexión internacional durante tres semanas y, tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, mantuvieron nuevas restricciones durante tres meses. Aunque parte de la conectividad volvió, numerosos servicios de mensajería y sitios web internacionales continúan bloqueados.

La presión estatal también alcanzó los espacios sociales y comerciales. En las últimas semanas cerraron decenas de comercios, cafeterías, restaurantes, gimnasios, librerías, centros culturales, páginas web y tiendas virtuales por presuntas infracciones a las normas islámicas o por motivos vinculados con la seguridad. Los controles afectaron a estudiantes, docentes, abogados, escritores, actores y miembros de minorías. El periódico reformista Shargh informó que estudiantes identificados con la disidencia fueron víctimas de difusión de datos personales en canales anónimos de Telegram. El Consejo Coordinador de las Asociaciones Sindicales de Profesores Iraníes denunció que varios estudiantes recibieron citaciones o quedaron detenidos por cargos relacionados con la seguridad nacional.

El actor Reza Kianian difundió en Instagram un mensaje compartido por miles de personas en rechazo a las muertes ocurridas durante las protestas y a las ejecuciones posteriores. El texto expresó: “No puedo fingir que todo es normal. Nuestro dolor compartido no debe perderse en medio del ajetreo de la vida cotidiana”.

Axel Kicillof no desdoblará las elecciones en la provincia de Buenos Aires si el gobierno nacional no logra eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como se propuso en su anunciada reforma política que, de momento, no logra salir a las pistas. La gestión de Javier Milei quiere erradicar las Primarias. En lo formal, argumenta un ahorro de USD 150 millones, aunque hay un trasfondo político: evitar que esa instancia electoral para elegir candidatos no termine funcionando como una gran encuesta, que adelante los tiempos y que los resultados no sean los esperados. El Gobierno quiere una sola elección, con Milei yendo por la reelección: fuerte al medio. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral nacional, siguen con sigilo esta instancia mientras transitan la discusión interna dentro del peronismo.

Así como La Libertad Avanza esgrime un argumento presupuestario detrás del plan para eliminar las PASO, en Buenos Aires avisan que “no dan los tiempos” para separar las elecciones provinciales de las nacionales si se les suman las Primarias. “Sería hacer votar a la gente tres veces”, plantean cerca del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El famoso calendario electoral complejizaría un desenganche, más allá de los fundamentos políticos y estratégicos que pueden aparecer y sobre todo si Kicillof buscara una candidatura presidencial, que es por lo que está trabajando y que, de darse, anunciará el año que viene.

Un crongorama ajustado

La normativa electoral de la provincia de Buenos Aires establece plazos distintos para la convocatoria a las elecciones primarias y las generales. En el caso de las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas (EPAOS), la Ley 14.086 dispone que el Poder Ejecutivo debe convocarlas con una antelación no menor a 120 días ni mayor a 150 días respecto de la fecha de realización. La misma norma establece, además, que esos comicios deben celebrarse dentro de los 12 meses previos a la elección general y en la misma fecha que las primarias nacionales.

Para las elecciones generales provinciales, en tanto, la legislación bonaerense prevé que la convocatoria debe efectuarse con no menos de 60 días de anticipación al acto electoral. El gobernador tiene potestad para convocar a las elecciones generales en una fecha distinta de la fijada para los comicios nacionales. La potestad para realizar esa convocatoria se apoya en el artículo 144 inciso 7 de la Constitución provincial, además del artículo 66 de la ley provincial 5.109.

Ese marco permite que la Provincia defina su propio calendario electoral para los cargos locales, siempre dentro de los plazos que establece la legislación. La coincidencia con la elección nacional no funciona como una obligación para los comicios provinciales, sino como una alternativa prevista por el régimen de simultaneidad electoral. Aparece de forma explícita en el artículo 116 de la Ley Electoral de PBA: “El Poder Ejecutivo podrá, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, convocar a las elecciones simultáneamente con la elección de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación”, dice el texto. También puede no hacerlo y elegir su propia fecha, lo que —efectivamente— sería un desdoblamiento. Es algo que estudia Kicillof. Aún sin definiciones, cree tener una certeza: prefiere las PASO y si hay PASO no hay desenganche posible.

La situación cambia para las elecciones primarias en lo que respecta a las fechas. Según el régimen vigente en la Provincia, cuando el Poder Ejecutivo Nacional convoca a primarias nacionales para determinadas categorías, las primarias bonaerenses deben realizarse en la misma fecha, de acuerdo al artículo 2 de la ley 14.086.

Discusión política

Más allá del aspecto logístico, están el estratégico y el político. Hay dos posiciones distintas en el entorno de Kicillof que, por ahora, conviven. A favor de un desdoblamiento, está la eventual victoria que podría tener el peronismo en la provincia de Buenos Aires. En La Plata aseguran que con un candidato único, respaldado fehacientemente por todos los sectores del peronismo y con el gobernador presente en la campaña, se podría retener la provincia.

Esta tesis tendría como antecedente favorable lo que fueron las elecciones del año pasado, cuando Kicillof eligió desenganchar los comicios legislativos y obtuvo una victoria por casi 14 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza para cargos legislativos. En La Plata, tienen sobre la mesa, siempre y cuando no haya PASO, esa carta: creen que una victoria en Buenos Aires podría allanar el camino a un resultado de orden nacional.

Otros factores y elección unificada

Días atrás, el grupo de intendentes de la naciente Liga de Intendentes peronistas bonaerenses visitó al gobernador. Fue una reunión netamente política. No se habló de gestión. Los jefes comunales que buscan bajar la espuma de la interna reinante en el peronismo bonaerense entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora piden reelecciones indefinidas. Ese tema también interviene en la definición de aplicar un desdoblamiento electoral.

La chance de que los intendentes puedan ir por otro mandato en sus distritos acomoda, por un lado, la discusión por la sucesión a la gobernación -ya que varios de los que hoy aparecen como posibles candidatos y son intendentes podrían quedarse en sus distritos- y por el otro, garantizaría su involucramiento pleno en la campaña. Ahí cobra fuerza una unificación de la elección y una campaña en conjunto: municipal, provincial y nacional, con Buenos Aires abarcando el 37% del padrón electoral.

Todo en un hipotético escenario de Kicillof candidato. En su equipo interpretan que hoy por hoy solo hay dos nombres para la contienda electoral del año que viene: Milei y Kicillof. Por eso, con esa idea es que están dispuestos a ir a una PASO. Además, creen que, de ir a una interna, el gobernador bonaerense podría validar credenciales de su propio armado político (el MDF) y evitaría llegar a la resolución de una candidatura y un ordenamiento interno mediante un acuerdo con el resto de los sectores. Por eso abona las PASO.

La situación procesal de las dos máximas responsables de controlar la calidad de los medicamentos y soluciones parenterales que elaboran los laboratorios y salen a la venta es complicada. La expectativa de pena por la que fueron indagadas es de 10 a 25 años de prisión. Una de ellas, Gabriela Mantecón Fumadó la ex responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), continúa detenida desde el 3 de agosto. Su defensa solicitó la excarcelación. Aún no fue concedida. En cambio, ese beneficio le fue otorgado a Agustina Nélida Bisio, la ex responsable de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) pero bajo estrictas restricciones.

Bisio debió depositar una caución real de $75.000.000. Estaba detenida desde el lunes pasado en el marco de la causa que investiga la contaminación de ampollas de fentanilo asociado a la muerte de 90 pacientes y otros 41 sufrieron secuelas.

Las condiciones de libertad

La resolución sobre la situación procesal de Bisio fue dictada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, de conformidad con el criterio de la fiscal federal María Laura Roteta. La libertad quedó condicionada al cumplimiento efectivo de la caución en la sede policial donde la ex funcionaria estuvo alojada. El pago podrá concretarse mediante bienes registrables susceptibles de embargo o a través de fiadores personales que acrediten idoneidad para afrontar ese monto.

El tribunal reconoció como válidos los argumentos de la defensa técnica de la profesional: que su asistida, desde que tomó conocimiento de la causa “ha colaborado con la instrucción mientras se mantuvo en su calidad de funcionaria pública, y se ha mantenido a derecho ahora que se encuentra imputada”. También consideraron: “No existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación”. La defensa también concluyó que podían aplicarse “medidas menos gravosas que la prisión preventiva”. El juez aplicó el principio de “proporcionalidad” previsto en el Código Procesal Penal Federal: “La detención en establecimiento carcelario es la última opción del catálogo de medidas del artículo 210, y solo procede cuando las alternativas resultan insuficientes para garantizar la sujeción al proceso”. Bisio tiene 71 años, carece de antecedentes penales y ya no se desempeña en la ANMAT desde enero de 2026, fecha en que renunció al cargo en medio del escándalo por los casos del potente anestésico HLB Pharma contaminado con dos bacterias multiresistentes.

La Fiscalía, por su parte, admitió la existencia de riesgos —entre ellos, la gravedad de la escala penal, que impide una eventual condena condicional— pero señaló que esos riesgos quedaban cubiertos con las restricciones del artículo 210 del CPPF. Además, subrayó que el teléfono celular de Bisio fue secuestrado en el allanamiento de septiembre de 2025 en la sede de la ANMAT y que el dispositivo que llevaba consigo al momento de su detención también fue incautado.

El juzgado también le impuso varias medidas de coerción:

1. Debe entregar sus pasaportes y todo documento de viaje a la judicatura, que los resguardará como efecto.
2. Prohibición de salida del país.
3. Deberá presentarse cada 30 días ante la División de la Policía Federal Argentina correspondiente a su domicilio, para dar cuenta de su paradero.
4. Promesa de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación.
5. No puede concurrir a reuniones, visitar lugares ni comunicarse por ningún medio —personal, telefónico, informático, etc.—, por sí misma o a través de terceros, con cualquier persona vinculada a su anterior desempeño laboral en ANMAT/INAME, salvo que ello afecte su derecho de defensa.

Los delitos que se les imputa

Para fundar su pedido de detención e indagatoria los fiscales que impulsan la causa sostuvieron que los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García, registraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales. Ese historial se explica, para el Ministerio Público Fiscal, por la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los establecimientos de elaboración continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad. Ello derivó en la contaminación del fentanilo.

La hipótesis fiscal sostiene que las ex funcionarias tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara la droga adulterada, que culminó, como mínimo, en la muerte de 90 pacientes fallecidos y otros 41 con secuelas.

El Ministerio Público Fiscal propuso encuadrar las conductas atribuidas a ambas ex funcionarias, en relación con el lote N°31.202 de fentanilo marca HLB Pharma, en el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal (envenenamiento, adulteración o falsificación de sustancias medicinales con resultado de muerte o lesiones) y, respecto del lote N°31.244 del mismo producto, en el artículo 200, en concurso real (artículo 55). Esto es “envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales, con el propósito de causar un peligro para la salud pública. Es un delito de peligro: no requiere que haya víctimas concretas, sino que la conducta genere un riesgo para la población”.

La Fiscalía deja la puerta abierta a otro tipo de calificaciones “que pudieran surgir con el avance del proceso, en particular en relación con la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal (homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común)”.

En la resolución fiscal se señaló además que, desde el inicio de la pesquisa, la línea investigativa encontró obstáculos atribuibles al organismo que Bisio conducía: falta de respuestas integrales ante requerimientos judiciales, reticencia a entregar documentación y cumplimientos parciales y tardíos, lo que obligó al juzgado a dictar procedimientos compulsivos para obtener los elementos probatorios.

La Fiscalía también señaló que, antes de formalizarse la denuncia penal por las primeras muertes por el Fentanilo HLB Pharma registradas en el Hospital Italiano de La Plata, Bisio “intentó acomodar la magra labor administrativa registrada sobre los hechos”.

Esto surge, según consta en la causa “de una conversación entre la entonces titular de la ANMAT y Enriqueta Pearson del 12 de mayo de 2025, acreditada por un informe pericial de la Dirección de Asistencia Técnica e Investigaciones Periciales (DATIP)”. Según pudo establecer Infobae, al menos en esa fecha, Enriqueta María Pearson se desempeñaba como Subadministradora Nacional de la ANMAT. En el Boletín Oficial consta que la magíster fue designada como segunda de la ANMAT a través del “Decreto 2/2024″, firmado por el presidente Javier Milei y el entonces ministro de Salud Mario Antonio Russo.

Las demoras en realizar la denuncia por el fentanilo mortal

Las fechas son extremadamente importantes. La Fiscalía realizó una cronología que marca la demora de las entonces funcionarias públicas en hacer la denuncia penal desde el momento en que las autoridades del nosocomio de La Plata realizó la denuncia ante la ANMAT.

• Entre el 16/12/2024 al 02/01/2025, se elaboran 6 lotes de fentanilo. Dos lotes resultarán contaminados son los identificados con los números 31.202 (al que más muertes está asociado) y el 31.244.
• El 15/1/2025 2025, se venden las primeras partidas del lote 31.202 de Fentanilo HLB Pharma.
• El 14/04/2025, se registra el primer paciente fallecido en el Hospital Italiano de La Plata.
• Ese mismo día la directora del Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes en Anestesia (Dra. Flichman), pone en conocimiento de INAME que estaban recibiendo un importante número de reportes sobre efectos adversos de distintos productos. Y el 22/04/2025 informa que uno de ellos es el Fentanilo HLB lote 31.202.
• El 2/05/2025, el Hospital Italiano de La Plata reporta a la ANMAT el desvío de calidad del fentanilo HLB. Daiana Martínez, jefa de Farmacia del Hospital Italiano de La Plata, envió un correo electrónico a la ANMAT donde detalló que en abril tuvieron un brote de Klebsiella Pneumoniae MLB y Ralstonia Picketti, microorganismos que no formarían parte de la comunidad intrahospitalaria.
• Tres días después, el 5/05/2025 en una reunión, Mantecón y Bisio toman conocimiento de la existencia del reporte. Según el dictamen fiscal, “también esa tarde se habría llevado a cabo una reunión en el despacho de Gabriela Mantecon Fumadó acerca de la situación del laboratorio en la que participaron Agustina Bisio, Enriqueta Pearson, Gabriela Mantecón, Ana Laura Canil, Mariela Baldut y Maximiliano Lalín. En esa reunión, se habría puesto en conocimiento de las máximas autoridades la existencia del reporte del Hospital Italiano de La Plata y la necesidad inmediata del retiro del lote 31.202. Además, se habría enunciado la situación del laboratorio, su historial de incumplimientos y los retiros que se encontraban abiertos.
• Ese mismo 5 de mayo se registró un diálogo entre dos responsables del laboratorio que elaboró el fentanilo adulterado en el que uno de ellos Javier Tchukran, director de Manufactura, le revela a José Antonio Maiorano, director técnico de Laboratorios Ramallo, que ”Gabriela Mantecón Fumado les avisó que iban a ir a inspeccionar el laboratorio”.
• El 8/05/2025, la ANMAT emite una alerta sobre el uso lote 31202 de fentanilo HLB por desvío de calidad.
• El 13/05/2025, es decir 11 días después de la denuncia del Hospital Italiano de La Plata, la ANMAT denuncia el hecho ante una dependencia de la Policía Federal.

En la causa existen otras revelaciones que el juez Kreplak, a requerimiento de la Fiscalía está investigando: varias reuniones entre las funcionarias imputadas y autoridades y responsables de los laboratorios investigados por la adulteración mortal. La secuencia es la siguiente:

1. Martes 14 de enero de 2025, en la sede central de la ANMAT. El encuentro se realizó a las 14:30 horas en el 3° piso de Avenida de Mayo 869. Participaron, por el organismo de control, Gabriela Mantecón Fumado y Nélida Agustina Bisio, y por el laboratorio, Ariel García, Javier Tchukran y Victoria García. La convocatoria había sido cursada el 10 de enero de 2025 por la Dirección del INAME, firmada por Sergio Prieto, con el objetivo declarado de “continuar abordando el tema de los reportes recibidos, así como la inspección de GMP”. Esas son las siglas en inglés de Good Manufacturing Practices, que en español se traduce como Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Según el dictamen, “en esa reunión —con dos proyectos de carta de advertencia (por irregularidades y violaciones a las normas de calidad) ya elevados (del 3/1/25 y del 8/1/25)— las funcionarias habrían acordado con los representantes del laboratorio no firmar la carta de advertencia en ese momento, a la espera de que el laboratorio presentara un plan de acción. Además, las funcionarias habrían convenido en ayudarlos a conseguir rótulos y prospectos de especialidades medicinales que el laboratorio elaboraba sin tener aprobados, entre ellos Propofol y Diazepam”.
2. Miércoles 15 de enero de 2025, en las oficinas del INAME. Al día siguiente, solo Mantecon Fumadó volvió a reunirse con personal del laboratorio en la sede del INAME. El dictamen señala que “esa visita no figura registrada en el organismo”. Llamativamente, el registro de ingresos al edificio —aportado en formato excel durante el allanamiento del 8 de septiembre de 2025— muestra que los últimos ingresos registrados son precisamente los del 15 de enero de 2025, el mismo día en que el instituto habría dejado de registrar el acceso de personas al edificio.

El dictamen también menciona una tercera reunión posterior, el 6 de marzo de 2025, entre Mantecón Fumado y personal del laboratorio en el INAME, de la que Bisio habría estado al tanto y en la que, según una conversación hallada en su teléfono, pidió que la retirada de los visitantes fuera ”discreta”.

La investigación, con el bajo perfil que caracteriza a la fiscal Roteta y al juez Kreplak continúa avanzando y ya se realizaron allanamientos para descartar, o no, otras reuniones con los responsables de HLB Pharma en la que podrían haber participado otros funcionarios.

Después de repasar la línea de tiempo de la Fiscalía, se pueda comprender mejor la razón por la cual los integrantes del Ministerio Público Fiscal interpretan que “se encuentra probado que, con anterioridad, durante su elaboración y en el transcurso de la aplicación del fentanilo contaminado las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones”. Y que, sin embargo, las ex titulares de los organismos estatales encargados de controlar la calidad de los productos y de adoptar las medidas administrativas necesarias para proteger la salud de la población “nada hicieron para mitigar ni neutralizar los riesgos sanitarios”.