07 Nov, 2026 06:23 p. m. EST
La industria nacional de maquinaria agrícola atraviesa uno de sus momentos más difíciles en años. Tres de las empresas más reconocidas del país —Pauny, Metalfor y Vassalli— acumulan deudas millonarias, atrasos salariales y producción reducida, en un mercado que desde abril de 2025 enfrenta además la competencia de equipos importados, tanto nuevos como usados. En el sector, la ecuación se repite: mientras los patentamientos de tractores, cosechadoras y pulverizadoras prácticamente no crecen, los fabricantes locales pierden terreno frente a una oferta externa que llega a precios que la producción doméstica no logra igualar.
Los números de octubre reflejan parte de esa parálisis. Según la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), durante ese mes se registraron 551 patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras, una baja del 0,5% frente a las 554 unidades de octubre de 2025. El acumulado de los diez primeros meses del año llegó a 5.649 unidades, un 0,7% menos que las 5.689 del mismo período del año anterior. El mercado, en términos agregados, está estancado.
Al interior de ese número plano conviven tendencias dispares. Los tractores sumaron 441 patentamientos en octubre, una suba del 3,3% interanual, mientras que las cosechadoras registraron 66 unidades, con un alza del 1,5% respecto de igual mes de 2025. Las pulverizadoras, en cambio, cayeron con fuerza: 44 unidades patentadas en octubre representan una baja del 29% frente a las 62 de octubre del año pasado, el retroceso más pronunciado del mes dentro del sector.
El caso más reciente es el de Metalfor. La fabricante de maquinaria agrícola con sede en Marcos Juárez, Córdoba, solicitó la apertura de su concurso preventivo, según confirmó la propia compañía mediante un comunicado oficial. La decisión apunta a ordenar sus obligaciones financieras dentro del marco legal y proteger la continuidad operativa de una empresa que arrastra meses de deterioro acelerado.
Al momento de la presentación, Metalfor mantenía deudas con 23 entidades bancarias por $ 52.000 millones, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De ese total, aproximadamente $ 22.000 millones se ubicaban en categorías de seguimiento especial a alto riesgo de insolvencia. Además, la firma registraba 558 cheques rechazados por $ 5.348 millones, de los cuales había cancelado apenas el 11%. Sus plantas en Marcos Juárez y en el estado brasileño de Paraná operaban al 50% de la capacidad instalada.
En julio de 2026, antes de la presentación concursal, la compañía ya había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba por el atraso en el pago de salarios a sus 600 empleados directos. A fines de 2025, Metalfor había recibido un préstamo de USD 50 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el banco de desarrollo del gobierno de Estados Unidos, en el marco de la reactivación del vínculo financiero bilateral. El crédito, a ocho años de plazo con dos de gracia, no logró frenar la espiral de deterioro.
Este miércoles la crisis de Pauny escaló. Los trabajadores de la planta principal en Las Varillas, Córdoba, decidieron en asamblea hacer retención de tareas y permanecen en el establecimiento con un cartel que dice “Fábrica tomada”. En La Banda, Santiago del Estero, donde se fabrican las autopartes que luego se ensamblan en Córdoba, medio centenar de operarios ocuparon las instalaciones en las primeras horas del día y advirtieron que no se retirarán hasta obtener una respuesta concreta de la compañía. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), seccional San Francisco, aclararon que se trata de una retención de tareas y no de una toma formal.
El reclamo es el mismo en los dos establecimientos: la empresa adeuda dos meses de salarios a sus más de 450 empleados, y no tiene al día la obra social ni la ART. Los trabajadores señalan que los problemas en el cobro de haberes se arrastran desde hace un año y medio, pero que la situación se agudizó en las últimas semanas. La decisión llegó luego de varias audiencias infructuosas entre representantes de la empresa y la delegación sindical, en las que no hubo ningún compromiso concreto de pago.
La fabricante —que en su sitio web afirma producir seis de cada diez tractores que circulan en el país— acumula 146 cheques rechazados por $ 1.028,4 millones en la Central de Deudores del BCRA. A partir de septiembre, la planta redujo su actividad a tres días semanales. Entre las opciones que se estudian figuran la incorporación de un grupo inversor, un concurso preventivo o una inyección de capital externo, sin que se descarte una venta total o parcial de la compañía.
Fuentes del gobierno provincial de Córdoba apuntaron a dos factores para explicar la crisis: la apertura de importaciones, que facilitó el ingreso de tractores de origen chino a precios que la industria local no puede igualar, y un problema de capital de trabajo que impide cumplir compromisos pese a tener pedidos en cartera. “Aunque menor, todavía tienen mercado, tienen tractores para entregar”, indicaron esas fuentes, citadas por Infobae.
La historia de Vassalli agrega otro capítulo a este panorama. La fabricante de cosechadoras de Firmat, Santa Fe, fundada en 1949 por Roque Vassalli, fue durante décadas uno de los símbolos de la industria metalmecánica argentina: llegó a producir alrededor de 1.000 cosechadoras por año en su mejor época. Su trayectoria, sin embargo, estuvo marcada por sucesivas crisis, cambios de propietarios y dificultades para sostener una estructura industrial competitiva frente a los grandes fabricantes internacionales.
La debacle más reciente se profundizó a partir de 2023, cuando la sequía, la falta de financiamiento, la inestabilidad cambiaria y la inflación deprimieron el mercado. La empresa llegó a suspender la toma de nuevos pedidos para poder cumplir con los compromisos asumidos. En 2024, la familia Marsó adquirió la compañía con la promesa de reactivar la producción, pero el intento naufragó. Durante 2025 comenzaron los atrasos salariales, los proveedores suspendieron entregas y hacia fines de ese año la planta quedó paralizada.
A comienzos de junio de 2026, Vassalli acumulaba 869 cheques rechazados por aproximadamente $ 1.337 millones, además de obligaciones incumplidas con trabajadores y proveedores. La salida de la familia Marsó y el ingreso de un grupo empresario encabezado por Roberto Santiago Chinelli se formalizaron a fines de agosto mediante una operación por un valor simbólico de un dólar, con el compromiso de asumir los pasivos y trabajar en la recuperación de la fábrica. Durante octubre aparecieron algunas señales de reactivación, con fabricación de equipos y ampliación de jornadas para parte del personal, aunque el proceso todavía debe demostrar que puede sostenerse.
El registro de ACARA no permite hablar de una recuperación comercial consolidada: entre enero y octubre, Vassalli patentó apenas una cosechadora, frente a las once del mismo período del año anterior, una caída del 90,9%. La comparación es, en parte, anecdótica —la empresa atravesó una paralización prácticamente total y un cambio de propietarios—, pero los patentamientos actuales no reflejan lo que podría ocurrir si consigue recuperar la producción.
La presión de la competencia externa no es uniforme en todos los segmentos, pero en tractores es donde más se siente. Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) -correspondientes al segundo trimestre de 2026- de las 1.467 unidades de tractores vendidas en ese período, 419 fueron importadas, lo que representa el 28,6% del total. En términos de facturación, los tractores importados explicaron el 34,9% de los ingresos del segmento: $ 88.637,9 millones de un total de $ 253.938,5 millones. El precio promedio de un tractor importado fue de $ 211.546,4 miles, frente a $ 157.729,5 miles de uno nacional. Mientras las unidades importadas crecieron un 31,3% interanual, las nacionales cayeron un 34,2 por ciento.
En cosechadoras, el cuadro es distinto. De las 229 unidades vendidas en el segundo trimestre, 36 fueron importadas (15,7% del total), con una caída interanual del 45,5% frente al retroceso del 15,4% de las nacionales. En implementos, en cambio, los importados crecieron un 18,2% interanual, con una participación del 14,6% en unidades y del 30,6% en facturación. El INDEC no desagrega la venta de sembradoras entre origen nacional e importado por resguardo del secreto estadístico: en el segundo trimestre se vendieron 616 unidades, con una facturación de $ 175.210,2 millones.
La Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros equipamientos agrícolas e industriales (AFAT) reconoció que el ingreso de tractores asiáticos “es un fenómeno que seguimos de cerca y que nos preocupa desde lo comercial”, aunque aclaró que actualmente no cuenta con estadísticas que permitan cuantificar su participación real en el mercado.
AFAT también introdujo un argumento que va más allá del precio: la disponibilidad de repuestos, el servicio de posventa y el respaldo al productor durante toda la vida útil de la máquina también forman parte de la ecuación competitiva, y son variables en las que la industria nacional busca diferenciarse.
A la competencia de los equipos importados nuevos se suma un vector adicional. El Decreto 273/2025, publicado en el Boletín Oficial en abril de 2025, eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) como requisito previo para el ingreso de maquinaria usada al país y lo reemplazó por una declaración jurada a cargo del importador. La medida fue presentada como una herramienta para reducir costos de producción y facilitar la renovación del parque de maquinaria agrícola.
El impacto fue inmediato. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ingreso de maquinaria agrícola usada a través del puerto de Zárate registró un crecimiento superior al 250% en los primeros 10 meses de 2026: 214 equipos ingresaron al país en ese período, frente a los 61 inspeccionados en el mismo lapso de 2025, una diferencia de 153 unidades. Los equipos llegaron principalmente desde Estados Unidos y la Unión Europea y debieron cumplir con controles fitosanitarios y de limpieza antes de su liberación.
En términos absolutos, el volumen de maquinaria usada importada todavía es reducido en comparación con la venta mensual de maquinaria patentable, pero la tendencia al alza plantea interrogantes sobre su incidencia futura en un mercado donde los fabricantes nacionales ya enfrentan dificultades para competir en precio.
