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El régimen de Xi Jinping intensificó en las últimas semanas sus maniobras marítimas en torno a Taiwán y el Mar del Sur de China con patrullas de “aplicación de la ley”, cartografía submarina e investigaciones en zonas disputadas, en una secuencia que analistas describen como una nueva fase de la táctica de “cortar el salame”: avanzar con pasos graduales para ampliar control sin cruzar el umbral de una guerra abierta. El movimiento, según CNN, apunta a proyectar presencia más allá de la llamada Primera Cadena de Islas y a reforzar la presión sobre la isla de 23 millones de habitantes que Beijing prometió “reunificar”, incluso por la fuerza si lo considera necesario.

Una de las señales más sensibles apareció a más de 220 kilómetros de la principal isla filipina de Luzón, en el banco de Scarborough, un peñón deshabitado con laguna central que está dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas y a unos 530 millas de la provincia china de Hainan. Allí, imágenes satelitales detectaron una pequeña estructura flotante cerca de la entrada de la laguna; después fue remolcada hacia el interior, en un episodio que encendió protestas de Manila.

La sucesión de operaciones se produjo después de una visita a Beijing del presidente de Estados Unidos Donald Trump, marcada por un tono cordial, pero en la que el jefe del régimen chino Xi Jinping dejó en claro que Taiwán era, para China, el principal asunto capaz de descarrilar la relación bilateral. Para especialistas consultados por el canal, la combinación de tiempos y escenarios no fue casual.

A comienzos de este mes, tres buques de la Administración de Seguridad Marítima de China, una organización civil de control, cruzaron el canal de Bashi entre Filipinas y Taiwán para iniciar actividades de vigilancia y mapeo en aguas situadas al este de la isla. Observadores señalaron que era la primera vez que esos barcos eran vistos al este de la Primera Cadena de Islas, que se extiende desde el sur de Japón, pasa por Taiwán y Filipinas, y bordea el mar de China Meridional hasta Borneo y Singapur.

Los patrulleros chinos

Ray Powell, director del proyecto SeaLight en el Centro Gordian Knot para la Innovación en Seguridad Nacional de la Universidad de Stanford, definió la maniobra como “la fuga de Bashi”. En declaraciones a CNN, sostuvo que Beijing está diciendo, en los hechos, que tiene jurisdicción sobre el área situada al otro lado de esa línea de contención, algo que calificó como un paso de gran peso político.

Powell añadió que era la primera vez que veía un patrullaje de soberanía fuera de la línea de nueve o diez trazos, la demarcación con la que Beijing reclama la mayor parte del mar de China Meridional. Ese trazado es cuestionado por los países vecinos y, en 2016, el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya resolvió que no tenía base legal.

Para el analista, China intenta “crear nuevos hechos sobre el agua”. El tabloide estatal Global Times describió el movimiento de los barcos de la Administración de Seguridad Marítima como “una declaración de soberanía con significado legal y señalización política”.

Buena parte de esa señal estuvo dirigida a Taiwán. A través de Yuyuan Tantian, una cuenta semioficial en redes sociales manejada por la cadena estatal china que Beijing suele utilizar para filtrar información y medir reacciones, China afirmó que sus buques habían cartografiado por primera vez el lecho marino al este de Taiwán.

Esa cuenta sostuvo que las aguas al este de la isla pasarán a constituir “aguas cercanas a la costa”, es decir, un espacio donde China mantendría presencia y ejercería jurisdicción y administración. Expertos señalaron que, si esa definición fuese adoptada por un organismo oficial, Beijing podría tratar esas aguas como territorio soberano, con la consecuencia de que embarcaciones extranjeras no tendrían derecho de ingreso sin permiso del Estado que reclamara esa soberanía.

El presidente taiwanés Lai Ching-te dijo que el objetivo real de Beijing es “expandirse”. Un funcionario de seguridad de Taiwán afirmó que China usa esos barcos para crear la impresión falsa de que ya ejerce jurisdicción de hecho sobre la isla.

Lai agregó que Beijing sigue “innovando” sus métodos para avanzar en sus reclamaciones territoriales y amenazar tanto a Taiwán como a otros países del Indo-Pacífico. En una rueda de prensa reciente, afirmó: “Las amenazas de China hacia Taiwán no tienen límites”.

El control de las rutas marítimas

En 2023, China dio el primer paso en estas aguas cuando amplió de nueve a diez trazos su línea de reclamación, con un décimo segmento situado al este de Taiwán. Aunque la marina del Ejército Popular de Liberación ya había realizado ejercicios en esa zona, los analistas consideran que, a largo plazo, los buques civiles y parapoliciales pueden alterar más el statu quo porque resultan menos amenazantes que una fuerza militar convencional.

En la práctica, esos barcos cumplen funciones de policía marítima y control ambiental. Powell dijo al medio que el objetivo inmediato parece ser instalarse como la fuerza de guardia en los accesos marítimos a Taiwán.

Durante la navegación reciente, la guardia costera taiwanesa aseguró que los buques chinos emitieron desafíos por radio a barcos comerciales que se dirigían a la isla. El siguiente paso, según Powell, podría ser detener esas embarcaciones o forzarlas a entrar en puertos chinos antes de que continúen viaje.

Ese escenario tendría un impacto especialmente delicado si afectara a buques de gas natural licuado, porque Taiwán depende de las importaciones para casi toda su energía. Powell resumió así el mensaje potencial hacia Taipéi: “Algo para hacerle saber a Taiwán que podemos asfixiarlos en materia de gas natural licuado”, en una progresión gradual hasta controlar esas importaciones.

Las capitales occidentales ya empezaron a reaccionar. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó, citado por Reuters, que las acciones chinas son “profundamente desestabilizadoras”, en referencia a informes sobre hostigamiento a barcos comerciales por parte de la guardia costera china.

Reino Unido, Francia y Alemania también expresaron “preocupación” en una declaración conjunta poco habitual emitida por sus embajadas de facto en Taipéi. Allí advirtieron que estas nuevas actividades chinas en las aguas al este de Taiwán amenazan la estabilidad regional, la libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo internacional.

Carl Schuster, exdirector del Centro Conjunto de Inteligencia del Comando del Pacífico de Estados Unidos, sostuvo que el mapeo del fondo marino tiene además implicancias militares. Explicó que mejorará la capacidad de la marina china para operar submarinos y grupos de tareas, y que ofrecerá una imagen muy precisa de los cables submarinos, los recursos explotables y las características del lecho marino.

El banco de Scarborough

En el mar de China Meridional, la atención reciente se concentró en el banco de Scarborough, sobre el que China mantiene un control efectivo desde 2012 con presencia casi constante de su guardia costera, de acuerdo con la Asia Maritime Transparency Initiative del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. El tribunal sobre el mar de China Meridional resolvió en 2016 que Beijing no puede ocupar legalmente ese enclave.

China dijo que la estructura flotante detectada cerca de la laguna realizaba investigación marítima y luego aseguró que la retiró la semana pasada. Powell consideró plausible esa explicación, por ahora, aunque advirtió que más adelante podría ser reemplazada por algo más grande y permanente.

Esa es la inquietud del secretario de Defensa de Filipinas Gilbert Teodoro, quien dijo la semana pasada al Financial Times que China ya utilizó antes la coartada del buque de investigación. Como antecedente, mencionó la cadena de islas y atolones del mar de China Meridional que fueron convertidos en bases militares pese a la promesa hecha por Xi en 2015, durante una visita a la Casa Blanca, de que eso no ocurriría.

Teodoro lo resumió así: “Si mintieron antes, pueden mentir ahora”. El martes, la embajada de Estados Unidos en Manila anunció que entregará a Filipinas cuatro drones marítimos valuados en USD 13 millones, en parte para ayudar al país a monitorear y responder a desafíos marítimos, incluidas las actividades de zona gris y las amenazas a la libertad de navegación.

Powell afirmó que las protestas de Washington y de otras capitales no frenaron la construcción de islas por parte de China y que Beijing aprendió de esa experiencia. Su diagnóstico es que cada pequeño avance prepara las condiciones para el siguiente.

El analista dijo que lo que más le preocupa es una acción concreta de la Administración de Seguridad Marítima o de la guardia costera china para impedir que los barcos atraquen en Taiwán, o la construcción de nuevas instalaciones en Scarborough. Su temor, agregó, es que la respuesta internacional sea apenas un encogimiento de hombros.

La Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA) alertó por las demoras, reprogramaciones, cancelaciones y desvíos de vuelos con destino al Aeroparque Jorge Newbery desde el 18 de junio pasado; y pidió a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) normalizar las operaciones.

“JURCA informa a todos los pasajeros que las demoras, cancelaciones, reprogramaciones y desvíos a aeropuertos alternativos que están afectando la operación aérea en el Aeroparque son responsabilidad exclusiva de EANA, empresa a cargo del control y la gestión del espacio aéreo nacional”, dijo la entidad en un comunicado.

Si bien valoraron la modernización y actualización tecnológica del sistema de gestión del tránsito (ATM) aéreo adoptada por EANA, creen que el modo de implementación ejecutado está impactando severamente tanto a los vuelos de cabotaje como a los internacionales, generando “graves perjuicios para los pasajeros, quienes enfrentan demoras y cancelaciones, cambios de itinerario y complicaciones en sus planes de viaje”.

Por su parte, señalaron que las líneas aéreas han debido afrontar enormes costos adicionales de gasto de combustible por horas de espera en el aire, desvíos a aeropuertos alternos, costos operativos imprevistos asociados a aterrizajes en los mismos, reposicionamiento de aeronaves para continuar con el itinerario, reprogramaciones de pasajeros, pérdidas de conexiones, servicios de comida y hotelería, e incluso la cancelación total de vuelos por vencimiento de las tripulaciones.

“Las aerolíneas que integran JURCA lamentan profundamente los inconvenientes ocasionados a sus pasajeros, por razones completamente ajenas al control de las líneas aéreas. Desafortunadamente, a la fecha, no tenemos información cierta de hasta cuando continuarán estas afectaciones a nuestras operaciones”, manifestaron.

“Instamos a las autoridades competentes a adoptar con urgencia las medidas necesarias para restablecer la normalidad operativa, en especial en atención a la inminente temporada alta de invierno, en resguardo de los derechos de los pasajeros y de la sustentabilidad del sector aerocomercial argentino”, agregaron y recomendaron a los pasajeros revisar el estado de su vuelo con su compañía aérea.

Desde EANA afirmaron que el programa de modernización forma parte de un plan integral de renovación tecnológica crítica de los servicios esenciales de la navegación aérea argentina. Contempla la actualización progresiva y por etapas de estos sistemas en las cinco regiones de vuelo (FIR) del país, “garantizando una transición segura conforme a los estándares internacionales de la actividad aeronáutica”, indicaron.

“Este proceso fue planificado, informado y comunicado oportunamente a toda la comunidad aeronáutica a través de los canales formales operativos e institucionales correspondientes”, remarcó EANA.

“Actualmente, en el Aeroparque Jorge Newbery se opera bajo los procedimientos y normas vigentes de seguridad operacional establecidos para la actividad aeronáutica. En esta etapa de adaptación transitoria, los intervalos operativos aplicados entre aeronaves, que son dinámicos, al día de hoy, son de 4 minutos”, agregó.

Por otro lado, el gremio de controladores aéreos, ATEPSA, había dicho en un comunicado: “En reiteradas oportunidades hemos advertido la necesidad de planificar adecuadamente este proceso, garantizar instancias de capacitación acordes a la magnitud del cambio tecnológico, proveer las herramientas esenciales y contemplar las observaciones realizadas por los trabajadores que diariamente sostienen la operación”.

En respuesta, desde EANA aseguraron que el reclamo no se condice con las acciones realizadas por la propia organización, que durante distintas medidas de fuerza desarrolladas en los últimos meses dispuso la interrupción de las capacitaciones programadas, “afectando la continuidad de estas instancias de formación”.

“Estas medidas, llevadas a cabo por ATEPSA a lo largo de 30 días durante el año pasado, obligaron a EANA a retrasar por dos meses la implementación prevista, con el objetivo de garantizar la concreción de todas las instancias de capacitación necesarias para una transición segura y ordenada hacia el nuevo sistema”, precisaron.

El presidente Javier Milei envió este miércoles un nuevo paquete de pliegos judiciales al Senado con el objetivo de llenar vacantes en los juzgados Federales. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la Cámara alta recibió un total de 21 candidaturas, lo cual termina de computar un total de 170 pliegos enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, desde que empezó la gestión.

Se trata de una nuevo acelerón de la política judicial libertaria, que busca aprovechar los apoyos circunstanciales que tiene en el Senado, para llenar el amplio número de vacantes que había en la Justicia hasta el arribo de la nueva conducción del Ministerio de Justicia.

Esta mañana y antes de irse por tres días a España para participar de una conferencia, el Presidente firmó los decretos para la designación de 47 jueces, fiscales y defensores oficiales cuyos pliegos ya habían sido aprobados por el Senado.

La lista de 21 jueces y fiscales que Milei envió ayer y que quiere que se apruebe en el Senado está compuesta por los siguientes nombres:

1. Juan Pablo Ángel Sala — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23 de la Capital Federal.
2. Leonardo Marco Toia — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 de la Capital Federal.
3. Federico Alfredo Battilana — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 de la Capital Federal.
4. Adolfo Omar Piendibene — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38 de la Capital Federal.
5. Juan Santiago Ylarri — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 22 de la Capital Federal.
6. Pablo César Cina — Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.
7. María Virginia Miguel Carmona — Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
8. Facundo Carlos Cortés — Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B.
9. María Soledad Mancini — Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A.
10. Valeria Pérez Casado — Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C.
11. Walter Alfredo Cavassa — Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12 de la Capital Federal.
12. Paula Inés Lo Gioia — Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires.
13. Carlos Nicolás Escandar — Defensor Público Oficial Federal del interior del país con asiento en la Ciudad de Salta, provincia de Salta.
14. Esteban José Chervin — Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 6.
15. Leandro Gastón — Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, Defensoría N° 2.
16. Daniel Fernando Cano — Fiscalía N° 3 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
17. Matías Ezequiel Eidem — Fiscalía N° 7 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
18. Ornella Romina Riggitano — Fiscalía N° 27 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.J
19. Juan Noel Varela — Fiscalía N° 35 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
20. Patricia Luján Cisnero — Fiscalía N° 43 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
21. Germán Helvio Queipo — Fiscalía General Adjunta ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.

En tanto, el Ejecutivo decidió excluir a María Verónica Michelli de la lista, aunque desde el Ministerio de Justicia aclaran que “no se firmó ningún decreto de los tribunales habilitados”. Y es que ese es el nuevo argumento que utilizan las autoridades del Gobierno para marcar que la abogada votada para ocupar un lugar en el Juzgado Federal de La Plata no tenga una designación formal.

Eso fue objeto de controversia semanas atrás. Aunque el Presidente la había remitido al Senado y los bloques se aprestaban por votar su pliego, Milei optó por no firmar su nombramiento, una potestad constitucional que equivale a un veto tácito. En palabras de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, la exclusión de Michelli estuvo vinculada a su relación familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Esta medida generó repercusión tanto en el ámbito judicial como en el Congreso, donde se interpreta como un mensaje político desde la Casa Rosada.

En el entorno de Mahiques afirman que esa misma decisión de no nombrar a Michelli como jueza también se aplicó para tres otros casos: el de Carlos Fabián Cuesta, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; María Julia Sosa, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; y de Ana María Cristina Juan, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.

El listado de 21 pliegos al que accedió Infobae no cuenta con juzgados o cámaras de Comodoro Py, aunque aseguran que en las próximas semanas podría haber novedades. Y es que el Consejo de la Magistratura está tratando algunos de los puestos más sensibles de todo el Poder Judicial. Por caso, a principios de mes se aprobó el Dictamen Nº 13/26 de mayoría, en el concurso Nº 461, destinado a cubrir dos cargos de vocal en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

En la primera terna fueron seleccionados el juez tucumano Fernando Poviña; la secretaria letrada de la Procuración General de la Nación, Agustina Inés Rodríguez; y el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola. En la segunda terna figuran el juez de San Martín, Julio César Di Giorgio; la fiscal federal Cecilia Incardona; y el camarista Pablo Bertuzzi. Quienes corren con las chances de ser elegidos son Yadarola y Bertuzzi.

En una sesión realizada semanas atrás en el Senado, el oficialismo logró aprobar 74 candidaturas y el Ejecutivo envió importante cantidad hacia el Congreso. El Consejo de la Magistratura hizo lo mismo remitiendo más de un centenar de ternas al Presidente y evalúa realizar un plenario antes de la feria de invierno.

El precio de llenar el changuito de alimentos y bebidas varía significativamente según la provincia en la que se realice la compra. A fines de mayo, el costo superó los $1.013.000 en Santa Cruz, mientras que en el conurbano bonaerense fue de $886.730. Los valores surgen de un relevamiento realizado por la consultora Analytica, que analizó precios online y permitió identificar profundas diferencias entre las distintas regiones del país.

En Santa Cruz, llenar el changuito requiere destinar $1.013.092, el monto más alto registrado en la Argentina durante el período relevado. Chubut ocupa el segundo puesto con $1.001.181, seguido por Río Negro con $994.315. Tierra del Fuego también muestra un valor elevado, con $981.913. La Patagonia concentra los precios más altos del país.

En contraste, el conurbano bonaerense presenta el menor costo para adquirir la misma canasta de bienes, con $886.730. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubica apenas por encima, con $889.818. La Rioja y Santa Fe completan el grupo de provincias con precios más bajos, con $887.125 y $886.758 respectivamente.

Diferencias de precios según la región

El estudio de Analytica muestra una marcada brecha entre el sur del país y el centro-norte. Mientras que las provincias patagónicas se mantienen por encima de los $980.000, otras regiones presentan montos cercanos a los $900.000. Neuquén registra $939.213 y San Luis $919.425. En el norte, Salta tiene un valor de $917.652, y Santiago del Estero alcanza los $915.238.

Jujuy y Catamarca presentan costos similares, con $913.480 y $913.099, respectivamente. San Juan, Chaco y Córdoba se mantienen en el rango de $912.000 a $912.578. Tucumán y Misiones cierran el grupo con $911.023 y $912.236.

Provincias como Corrientes y La Pampa se ubican en torno a los $910.454 y $908.114. Formosa muestra $902.719, y el resto de la provincia de Buenos Aires (excluyendo el conurbano) llega a $899.991.

Impacto en el poder adquisitivo

La diferencia de precios entre provincias impacta directamente en el poder de compra de los hogares. Aunque los salarios pueden variar según la región, la brecha de más de $120.000 entre Santa Cruz y el conurbano bonaerense representa una carga significativa para los consumidores del sur.

La consultora Analytica subraya que el relevamiento se basa en precios online de supermercados y almacenes. Esta metodología permite reflejar el costo promedio realista de una compra mensual de alimentos y bebidas, sin contemplar promociones puntuales ni compras mayoristas.

El ranking elaborado por Analytica señala que la dispersión de precios no responde únicamente a la distancia geográfica, sino también a la estructura de costos y a la logística del transporte y distribución en cada región. En algunas provincias del noroeste y noreste, el costo del changuito se asemeja a los valores del centro del país.

El relevamiento de Analytica, realizado a fines de mayo, no contempla promociones ni descuentos puntuales. Por tanto, los valores pueden variar si se consideran compras en mayoristas, ferias o almacenes de barrio. Sin embargo, el informe ofrece una referencia clara para comparar el impacto de la inflación en las distintas provincias argentinas.

La diferencia entre el costo del changuito en Santa Cruz y en el conurbano bonaerense supera los $126.000. Esta brecha resalta la necesidad de monitorear las políticas de precios, la logística y la estructura de costos en el país.

El relevamiento de Analytica evidencia que, a pesar de las diferencias regionales, el costo promedio de una compra de alimentos y bebidas ronda el millón de pesos en la mayoría de las provincias. El informe permite dimensionar el peso que tiene este gasto en el presupuesto familiar y la importancia de seguir la evolución de los precios en cada jurisdicción del país.

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El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno pusieron en marcha una respuesta humanitaria hacia Venezuela tras los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron ese país el miércoles 24 de junio, con un saldo -hasta el momento- de 164 muertos y 971 heridos según el balance oficial de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La iniciativa implicó, además, la reanudación del contacto político directo entre las cancillerías de ambos países, interrumpido durante años por las profundas diferencias entre los dos gobiernos.

Desde la Oficina del Presidente se emitió un comunicado oficial en el que Milei extendió “su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”. El texto reconoció explícitamente las diferencias entre ambos gobiernos, pero las subordinó a la emergencia: “Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, la República Argentina manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes”, señaló el documento firmado por el mandatario.

Quirno, desde Nueva York (Estados Unidos) para actividades en la sede de las Naciones Unidas (ONU), confirmó que la instrucción de ofrecer apoyo provino directamente del presidente. “Hablamos anoche y estamos en contacto permanente dándole información al presidente. El presidente me dio la instrucción de que evaluemos y nos pongamos a disposición del pueblo venezolano para ver dónde podemos ayudar”, afirmó el canciller. Quirno subrayó además la dimensión política del gesto: “Dejamos todo de lado y estamos hablando directamente con la Cancillería, algo que a nivel político no se producía con la frecuencia que se debe”.

La Cancillería argentina también emitió su propio comunicado, en el que expresó que “la República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela”. El texto recomendó a los ciudadanos argentinos residentes en ese país seguir las indicaciones de los organismos locales en materia de resguardo, seguridad y evacuación.

La gestión de la emergencia se realiza en el contexto de la ausencia de presencia diplomática argentina en Caracas. Desde agosto de 2024, Argentina no cuenta con funcionarios en su embajada, luego de que el régimen de Maduro forzara la salida del personal diplomático. Brasil asumió transitoriamente esa representación, pero la abandonó en enero de 2026 por las diferencias entre los gobiernos de Milei y Lula da Silva. Desde entonces, Argentina tramitó que Italia tomara a su cargo esa función, aunque el régimen de Rodríguez aún no otorgó el beneplácito formal, lo que dejó la atención consular para los argentinos en Venezuela sin intermediarios.

Ante ese vacío, la Cancillería habilitó canales de contacto directos para los compatriotas afectados por los sismos: los correos electrónicos diare@mrecic.gov.ar y consular_evene@mrecic.gov.ar, y dos líneas telefónicas —+5491150615903 (solo WhatsApp) y +5491150407243 (solo mensaje de voz)— disponibles de forma exclusiva para argentinos residentes en Venezuela.

La situación en el país caribeño sigue siendo grave. Rodríguez declaró el estado de emergencia y describió a La Guaira, ciudad costera al norte de Caracas, como una “zona de desastre”. El aeropuerto internacional de Maiquetía permaneció cerrado este jueves, lo que llevó a la aerolínea española Iberia a cancelar su vuelo Madrid-Caracas. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó al menos diez réplicas durante la madrugada del jueves, con intensidades de entre 2,4 y 4,5.

Entre los argentinos afectados figura el defensor Lucas Trejo, futbolista del Club Sport Marítimo de La Guaira, cuya familia permanece desaparecida tras el derrumbe del edificio en el que residía en Playa Grande. El jugador publicó un llamado de auxilio en sus redes sociales pidiendo información sobre el paradero de su esposa y sus dos hijos. El balance de víctimas, según advirtió el propio Quirno, continuará evolucionando a medida que los equipos de rescate avancen en las zonas más afectadas.