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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este miércoles 28 de octubre con el calendario de pagos del mes. La jornada incluye el cobro de jubilaciones que superan el haber mínimo y la prestación por desempleo para titulares con determinadas terminaciones de DNI.

Los haberes previsionales de este mes incorporan una actualización del 1,66% fijada por la Resolución 284/2026 de ANSES, mientras que las asignaciones familiares se actualizaron mediante la Resolución 283/2026.

Además, a través del Decreto 1108/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, se suma el refuerzo previsional extraordinario de hasta $70.000 sujeto a los requisitos establecidos.

Quiénes cobran hoy, 28 de octubre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este miércoles incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben más de un haber mínimo y tienen DNI terminado en 6 y 7 cobran este miércoles 28 de octubre.

Desempleo Plan 1

También cobran hoy los titulares de la prestación por desempleo Plan 1 con DNI terminado en 8 y 9.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio mantienen abierto su período de cobro para los trámites ingresados en la segunda quincena. El plazo se extiende desde el 22 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sin distinción de terminación de DNI. El período de pago comenzó el 8 de octubre y se mantiene vigente hasta el 10 de noviembre.

De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $505.748,51.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.932.174,85 para octubre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para una jubilación ordinaria, quedó en $348.598,81.

Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $199.335,05. Este componente integra el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general.

De cuánto son las asignaciones en octubre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $156.588 por hijo menor de 18 años durante octubre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante —$31.317,60— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $509.863 por cada hijo durante octubre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $156.588, con un pago directo mensual de $125.270,40 y una retención de $31.317,60.

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.212.301 es de $78.304. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $78.304 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $195.600 y el máximo de $391.200, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

Los docentes universitarios y preuniversitarios iniciarán este miércoles una semana de paro nacional, en medio del reclamo sindical por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la asignación de recursos para el funcionamiento del sistema.

La medida, impulsada por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica), se extenderá hasta el lunes 3 de noviembre. La federación ratificó este martes, mediante una convocatoria pública, el paro resuelto en su Congreso Extraordinario.

El gremio convocó a la comunidad universitaria a acompañar el plan de lucha ante lo que define como un deterioro de los salarios y un escenario de restricciones presupuestarias para el sistema.

En el mensaje difundido por la federación, la organización planteó que lleva más de un año sin cumplirse la normativa aprobada para financiar a las universidades nacionales. “Frente al ajuste salarial y el ahogamiento presupuestario, respondemos con organización y la fuerza de la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país”, señalaron en el comunicado.

La medida de fuerza tiene tres demandas centrales. La primera es el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación es objeto de reclamos gremiales y judiciales. La segunda consiste en el pago de la deuda salarial que, según los sindicatos, afecta a docentes universitarios y preuniversitarios. El tercer punto apunta a garantizar partidas para las actividades de enseñanza, investigación, extensión y gestión de las instituciones.

CONADU Histórica cuestionó la situación de los haberes y advirtió sobre las consecuencias que el conflicto puede tener para la continuidad de las tareas académicas. “Sin salarios dignos no hay universidad pública”, expresó la federación en la convocatoria que acompañó con la consigna “Milei cumplí con la ley”.

Según datos difundidos en una reunión de rectores, desde diciembre de 2023 las universidades nacionales registraron una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios del personal universitario perdieron más de 30% de poder adquisitivo. Las cifras forman parte de los argumentos que los sectores docentes incorporaron a sus reclamos.

Los paros se extenderán hasta mediados de noviembre

La Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) anunció cuatro jornadas de paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo. La primera será este miércoles 28 de octubre, en simultáneo con el inicio de la medida convocada por CONADU Histórica, mientras que las restantes se realizarán el 3, 12 y 16 de noviembre.

La huelga alcanzará a las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y el Centro de Estudios Bariloche. FAGDUT indicó que durante las jornadas de protesta no habrá clases presenciales ni virtuales en esas instituciones.

Al igual que FAGDUT, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) realizará paros de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre. Las medidas alcanzarán al personal no docente de las universidades públicas.

La resolución de FATUN fue adoptada por su Consejo Directivo, con representantes de 54 organizaciones sindicales. La federación también prevé impulsar acciones ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que los montos de la garantía salarial se incorporen a los salarios básicos, según lo previsto en el convenio colectivo.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) confirmó su adhesión al paro nacional docente y preuniversitario hasta el 3 de noviembre. En cambio, la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), que representa al personal no docente, no integra el cronograma de medidas convocado por FATUN para esas fechas, según informó AGD-UBA.

El comienzo simultáneo de las medidas docentes y no docentes podría alterar el dictado de clases y otras actividades en las universidades públicas, que informarán su modalidad de funcionamiento durante los días de protesta.

Tras la finalización del paro el 3 de noviembre, CONADU Histórica reunirá a su Congreso Extraordinario el día 6 para definir los próximos pasos del plan de lucha. Las medidas de FAGDUT y FATUN continuarán con nuevas jornadas previstas para el 12 y el 16 de noviembre.

Este miércoles por la madrugada, el Gobierno dejó sin efecto a la Resolución N°13901/2025, que había restablecido el cobro de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. De esta manera, la Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso que los titulares deberán iniciar un trámite de rehabilitación para recuperar el cobro del beneficio.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 3695/2026, el secretario de Discapacidad, Diego Masaragian, anuló la medida que había sido emitida el año pasado por la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta normativa había reanudado los pagos los beneficiarios que habían perdido la prestación tras detectarse irregularidades durante la etapa de auditorías.

“Déjase sin efecto la Resolución N° 13.901/25 de la ex Agencia Nacional de Discapacidad respecto de las personas identificadas en el Anexo I (IF-2026-103572421-APN-DNGYAA#MS) que forma parte integrante de la presente”, establecieron en el documento.

De esta manera, las autoridades emitieron una lista de beneficiarios que volverán a ser suspendidos, pero que aún podrán recuperar el cobro de la pensión. Sin embargo, remarcaron que el reconocimiento de cada caso no implicaba una restitución automática, debido a que cada expediente volverá a ser revisado.

En este sentido, señalaron que los titulares deberán acreditar la supervivencia, tal como está expuesto en el artículo 11 del Decreto N° 432/97, que reglamenta el sistema de pensiones nacional. Para esto, se les otorgará 60 días corridos desde la notificación para presentar documentación y actualizar sus datos personales.

No obstante, el universo alcanzado no comprende necesariamente a todas las personas que tuvieron una pensión suspendida. Previo a esto, la Secretaría realizó un análisis que distinguió entre quienes aportaron nueva documentación o están amparados por otros procesos judiciales y quienes deberán volver a acreditar su derecho por la vía administrativa.

Para estos últimos casos, la notificación individual será el punto de partida. Esto quiere decir que, desde ese momento, comenzará a correr el plazo de 60 días corridos para que puedan iniciar el trámite para acceder a la rehabilitación de la prestación.

En este marco, las personas alcanzadas podrán acompañar certificados médicos actualizados, renovar sus datos personales y sumar los antecedentes que consideren necesarios para demostrar que mantienen las condiciones que dieron origen a la pensión.

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Luego de que se dieran a conocer los descuentos a los que accederán los usuarios alcanzados por el Régimen de Zona Fría y por el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios que regirán para el gas.

A través de una serie de resoluciones, las autoridades ordenaron que las facturas reflejen el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas, expresado según cada subzona tarifaria, y que se apliquen los descuentos que correspondan de acuerdo con la situación de cada usuario.

“Aprobar los cuadros tarifarios a aplicar por Naturgy BAN Sociedad Anónima incluidos en el Anexo N.° IF-2026-104251731-APN-UDYE#ENREGE que forma parte de la presente”, establecieron. Además, comunicaron que los valores se aplicarán a partir de este miércoles.

De esta manera, adaptaron las tarifas de todas las compañías distribuidoras de red de gas natural en las provincias alcanzadas por el nuevo régimen. De esta manera, la empresa deberá trasladar a las facturas las bonificaciones dispuestas por la Secretaría de Energía, junto con los subsidios focalizados vigentes.

No obstante, aclararon que si las resolución comenzaron a regir durante un período de facturación ya iniciado, las empresas deberán aplicar el mecanismo previsto en el reglamento del servicio de distribución para esos casos. A su vez, deberán comunicar la medida a los subdistribuidores que operen dentro de su área de licencia.

A modo de ejemplo, en el caso de Naturgy BAN, se fijó un PAU de $ 211,17 por metro cúbico en la subzona Buenos Aires Norte. Ese valor corresponde al precio anual uniforme del gas que integra los cargos facturados y sirve como referencia para calcular el descuento del 20% asignado a los beneficiarios del SEF.

Para las entidades alcanzadas por la Ley N° 27.828, que incorpora los beneficios de Zona Fría, esos importes se reducen a entre $105,52 y $ 201,56 por metro cúbico, de acuerdo con la categoría. Sin embargo, el cargo fijo mensual no se modificará, por lo que este irá desde $ 3.716,73 para EBP1 hasta $39.799,97 para EBP4.

El anexo también contempló a las localidades bonaerenses de Tres Sargentos y Cucullú, abastecidas con gas propano o butano indiluido por redes. Para usuarios sin subsidio focalizado, el cargo variable es de $ 428,47 por metro cúbico en Tres Sargentos y de $ 441,64 en Cucullú. En el cuadro de entidades de bien público alcanzadas por Zona Fría, los valores bajan a $140,46 y $153,63 por metro cúbico, respectivamente.

Para los usuarios residenciales que no reciben subsidios energéticos focalizados, el cuadro estableció cargos fijos mensuales que van de $3.716,73 para la categoría R1 a $39.799,97 para R4. El cargo variable por consumo es de $313,05 por metro cúbico para las categorías ubicadas entre R1 y R3-4°, mientras que para R4 asciende a $409,09. Todos los importes se informan sin impuestos.

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En el caso de los usuarios del servicio general P —la categoría que incluye, entre otros, comercios— el cargo fijo mensual será de $20.930,92 para P1 y P2, y de $79.469,51 para P3. El valor por metro cúbico cambia según el volumen consumido: para P1 y P2 va de $332,31 a $313,85, y para P3, de $334,63 a $317,43.

Mientras tanto, los clubes de barrio, las entidades de bien público y las organizaciones sin fines de lucro alcanzadas por las leyes 27.098 y 27.218 contarán con tarifas diferenciadas. En el caso de Buenos Aires Norte, el cargo por metro cúbico para las categorías EBP1 y EBP2 se ubica entre $150,36 y $ 68,82, según el nivel de consumo.

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El nuevo régimen limitó el descuento automático de Zonas Frías

Esta semana, la Secretaría de Energía reglamentó la aplicación del nuevo esquema de Zonas Frías a través de la Resolución 299/2026, en donde se establecieron dos bonificaciones diferentes, de 50% y de 20% sobre el componente del precio del gas.

La bonificación territorial del 50% quedó reservada para los usuarios residenciales de gas natural y gas propano por redes de la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna. También alcanzará a los usuarios del Servicio General P de localidades de esas áreas que reciben gas propano por redes.

En la provincia de Buenos Aires, Patagones es el único distrito que conserva el descuento territorial automático, por su condición de territorio patagónico. La rebaja se calculará sobre el precio del gas y no sobre la factura completa, que además incorpora transporte, distribución, impuestos y tasas.

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De este modo, los municipios bonaerenses que habían sido sumados al régimen por la ampliación de 2021 ya no conservarán la bonificación automática únicamente por su ubicación geográfica. Sin embargo, algunos hogares podrán acceder a una Bonificación Adicional por Zona Fría del 20%.

Ese descuento está dirigido a usuarios residenciales que integren el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), tengan su suministro dentro de las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V o VI y no reciban la bonificación territorial del 50%.

Además, deberán cumplir al menos uno de los criterios socioeconómicos definidos por la ley: ingresos netos familiares de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2; Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP; pensión vitalicia para veteranos de la Guerra del Atlántico Sur; o la evaluación que corresponda en hogares con un integrante que posea Certificado Único de Discapacidad.

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La bonificación adicional equivaldrá al 20% del Precio Anual Uniforme (PAU) en el caso del gas natural, o al valor del gas propano por redes. Así, se aplicará sobre los consumos base establecidos por el SEF, por lo que no necesariamente cubrirá todo el gas utilizado durante el período facturado.

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El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Programa “Los Más Buscados”, una estructura que reunirá información oficial y aplicará criterios de análisis para ordenar la búsqueda de personas prófugas o evadidas de la Justicia según su nivel de peligrosidad. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1089/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El programa funcionará dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), que depende de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales. Su objetivo será consolidar una base de datos y definir prioridades operativas para las fuerzas federales encargadas de localizar a personas con pedidos de captura.

La nueva herramienta será alimentada de manera permanente con información del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el Programa Nacional de Recompensas y otras bases oficiales. Además, el Ministerio de Justicia fue invitado a aportar los registros disponibles sobre antecedentes penales, rebeldías y órdenes de captura vigentes a través de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia.

Según la norma, el sistema deberá clasificar los casos a partir de criterios técnicos y variables objetivas. Entre ellas figuran la gravedad de los delitos imputados o por los que existan condenas, las penas previstas o aplicadas, los antecedentes de reincidencia y el eventual vínculo con organizaciones criminales.

De acuerdo con lo que fija el anexo de la normativa, el sistema automatizará la clasificación de prófugos y evadidos según su nivel de peligrosidad. También prevé que la Mesa de Evaluación defina, valide y actualice los parámetros objetivos para ese cálculo. La resolución no publica la fórmula específica ni el peso que tendrá cada variable, ni identifica a las personas que integrarán inicialmente la nómina de mayor prioridad.

El Ministerio sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de contar con mecanismos de localización e identificación más coordinados frente al crimen organizado y al número de personas que se encuentran fuera del alcance de la Justicia.

La Resolución 1089/2026 también dispone la creación de una Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas, que funcionará dentro del nuevo programa. La mesa tendrá como función analizar los casos y contribuir a la definición de prioridades. De ese modo, la información reunida por las distintas dependencias y fuerzas deberá convertirse en decisiones sobre los objetivos de búsqueda y recaptura.

El espacio estará integrado por representantes de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales.

También participarán áreas especializadas de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. La medida habilita, además, la convocatoria de representantes del Poder Judicial de la Nación, de los ministerios públicos y de otros organismos competentes, en calidad de colaboradores.

El responsable del desarrollo, mantenimiento y actualización del sistema será el titular de la Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad. La resolución le asigna también el fortalecimiento de las políticas de protección de datos y de gestión de la información, un punto vinculado a la centralización de registros personales y judiciales en una misma herramienta.

En sus considerandos, el Ministerio menciona modelos implementados en Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y México. Entre los antecedentes citados aparecen el Crime Severity Score británico, las listas de fugitivos buscados por el FBI y el U.S. Marshals Service, las notificaciones rojas de Interpol y los listados de personas buscadas elaborados por fuerzas de seguridad de países latinoamericanos.

La medida también reconoce antecedentes locales. Entre ellos, el Programa Nacional de Recompensas, regulado por disposiciones de 2012 y 2022, y la lista de “Los más buscados” que el Ministerio de Justicia puso en marcha en 2016. La nueva resolución plantea que esos instrumentos requieren mayor articulación y una metodología de priorización sistematizada.

La implementación dependerá ahora de la provisión regular de datos por parte del SIFCOP, el Programa Nacional de Recompensas y los organismos que adhieran al esquema. La Subsecretaría de Investigación Criminal será la encargada de establecer los criterios bajo los cuales esa información ingresará al sistema y se utilizará para clasificar los casos.

Luego del lunes negro para los mercados que generó la sorpresiva victoria de Lula Da Silva en las elecciones presidenciales en Brasil, ayer todo se desarrolló con mayor tranquilidad. Los dólares financieros en el mercado local aflojaron y lo propio pasó con el riesgo país, reflejando la leve mejora en el precio de los bonos que todavía no los quita de niveles propios de una relevante incertidumbre electoral en la Argentina que no se condice con las encuestas.

Junto con una menor presión sobre el tipo de cambio también aflojó el riesgo país, que cerró apenas por encima de los 750 puntos básicos. Da la sensación, sin embargo, que el descenso podría ser más marcado si se tranquiliza un poco el clima internacional.

“Estas cotizaciones de bonos marcan una chance de 50% de reelección de Javier Milei, cuando hace tres meses estaba casi en el 88%”, explicó Pedro Siaba Serrate, analista de PPI.

Por otra parte, el índice de Confianza en el Gobierno arrojó una leve suba de 0,9%. A los niveles actuales de ese indicador la intención de voto para Javier Milei estaría en un entorno de 36% a 38%. Para el balotaje tendría una ventaja en torno a 5 puntos. Con estos datos, la caída de los bonos luce exagerada, faltando todavía prácticamente un año para las elecciones.

Luego de haber llegado a $1.681, el dólar contado con liquidación cayó 1,55% a $1.657, con lo cual también se achicó levemente la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial, que permaneció en $1.560. El dólar MEP también mostró un leve retroceso, quedando en el mismo valor que el oficial.

Uno de los datos destacados de la jornada fue que el Central no intervino por segundo día consecutivo. De esta forma, el Gobierno dio un mensaje de no convalidar un ajuste mayor del tipo de cambio, tras el aumento de diez pesos del lunes.

La decisión luce razonable, teniendo en cuenta que el dólar en Brasil había subido el lunes hasta tocar un pico de 5,60 reales tras la derrota de Flavio Bolsonaro, pero ayer descendió a 5,35.

Hubo rumores sobre una intervención del Tesoro vendiendo divisas, pero todavía no están los datos oficiales para corroborarlo. El propio Luis “Toto” Caputo en su momento había reconocido que este tipo de operaciones es parte del set de instrumentos que tiene el equipo económico para reducir la volatilidad cambiaria.

Tras el cierre del mercado llegó la noticia de la aprobación por parte del staff de la tercera revisión del acuerdo con Argentina. Esto implica que se acerca la próxima liberación de USD 900 millones que irán a engrosar las reservas.

En el comunicado el FMI señala que el Gobierno seguirá buscando nuevas fuentes de financiamiento en el caso que no consiga fondos frescos a través del mercado de capitales.

Las reservas internacionales netas -indicaron desde el organismo- han superado el objetivo fijado para finales de junio en aproximadamente USD 4.000 millones, el banco central ha comprado cerca de USD 16.000 millones en lo que va del año, la Tesorería ha captado más de USD 5.000 millones en divisas en los mercados locales, y el BCRA ha refinanciado USD 6.000 millones de sus operaciones repo, de los cuales USD 5.000 millones vencen en 2028.

Además, el Gobierno “ha movilizado USD 3.200 millones en financiamiento bancario internacional con garantías y se encuentra muy avanzado en las gestiones para obtener USD 1.000 millones adicionales antes de fin de año”.

“Las inversiones aprobadas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya superan los USD 76.000 millones, y se prevé que su ejecución fortalezca el crecimiento y la creación de empleo con el tiempo”, indicaron en el comunicado.

Tras confirmarse la salida del avión Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, la Dirección Nacional de Migraciones informó que el senador brasileño Flávio Bolsonaro viajó junto a su familia desde Puerto Iguazú. Además, aseguraron que el destino de la aeronave es Guayaquil, Ecuador, tal cómo lo anticipó Infobae.

Por medio de las redes sociales, la Dirección Nacional de Migraciones informó que cuatro ciudadanos ingresaron al país a través del Puente Internacional Tancredo Neves, ubicado en la provincia de Misiones, a las 22.50 del 27 de octubre. La autoridad indicó que, durante el trámite de ingreso, no se registraron impedimentos legales ni incidentes.

Además, detallaron que el ingreso quedó registrado bajo los nombres de Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, todos con documentación habilitada para viajar.

De acuerdo con lo indicado por el organismo, esos movimientos quedaron registrados “sin ningún impedimento legal para el ingreso al país” y tampoco se reportaron incidentes durante el procedimiento.

Al finalizar el comunicado, se idetalló que “a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”

El avión en el que viajó Bolsonaro había llegado a Puerto Iguazú desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires durante la noche del lunes. Si bien la partida estaba prevista inicialmente para esa misma noche; la compañía había solicitado durante la madrugada los trámites ante Aduana y Migraciones para los pasajeros y la tripulación, y la salida programada para las primeras horas del martes no se concretó.

Si bien desde Migraciones se confirmó que la documentación estaba habilitada para viajar, la situación adquirió relevancia por la condición judicial del legislador, que habría dejado Brasil pese a una orden atribuida al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que le prohibiría salir del país.

Bolsonaro aseguró el lunes que agentes de la Policía Federal lo interceptaron cuando salía de la casa de su padre, en Brasilia, para comunicarle la decisión. El senador relató en un video publicado en redes sociales: “Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”.

Las investigaciones que involucran al senador brasileño

La restricción estaría relacionada con una investigación por presunto blanqueo de capitales vinculada con la relación entre el legislador y el abogado Willer Tomaz. El letrado también aparece en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas.

El senador sostuvo que la resolución judicial fue adoptada el domingo por la noche, después de su derrota ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral. No precisó, sin embargo, a cuál de las causas que enfrenta correspondía la medida.

Sus declaraciones aludieron a comentarios de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos y había planteado la posibilidad de dejar Brasil si perdía los comicios. “Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó Flávio Bolsonaro.

El Supremo Tribunal Federal y la Policía Federal no respondieron de inmediato a las consultas sobre el caso, según información difundida por agencias. El senador tampoco aclaró qué expediente judicial motivó la supuesta prohibición.

Bolsonaro es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero relacionadas con la financiación de Dark Horse, la película biográfica sobre su padre. Los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo revelaron antes de la segunda vuelta electoral otra investigación en el Supremo por presunto blanqueo de capitales vinculada con Tomaz, a quien identificaron como amigo cercano del legislador.