Un accidente en Paraná dejó como saldo a un motociclista de 20 años lesionado y trasladado al Hospital San Martín. El choque ocurrió este jueves, en la intersección de Provincias Unidas y Pacto Unión Nacional, e involucró a una moto de 110 cilindradas y un Honda Civic.
Según pudo conocer Elonce desde el lugar, el automóvil circulaba por Pacto Unión Nacional y, al llegar a Provincias Unidas, giró hacia el oeste. Posteriormente, el conductor intentó ingresar a la estación de servicio Shell ubicada en esa esquina.
En ese momento, el motociclista circulaba por Provincias Unidas en sentido este-oeste y se produjo el impacto contra el lateral derecho del Honda Civic. El golpe se concentró a la altura de la puerta del acompañante y provocó que el joven saliera despedido de la moto.
A raíz del fuerte impacto, intervinieron Bomberos Voluntarios y personal de Emergencias Sanitarias. El joven manifestó dolores en distintas partes del cuerpo y fue trasladado al Hospital San Martín para recibir atención y determinar el alcance de las lesiones.
El Honda Civic era conducido por un hombre de 54 años, quien no sufrió lesiones. De acuerdo con lo informado desde el lugar, el automovilista manifestó que circulaba a baja velocidad y que había colocado la luz de giro antes de iniciar la maniobra para ingresar a la estación de servicio.
Asimismo, indicó que la moto circulaba a alta velocidad. No obstante, las circunstancias precisas del siniestro serán determinadas mediante las pericias correspondientes. El conductor permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las actuaciones y prefirió no brindar declaraciones ante las cámaras.
Personal del área de Accidentología Vial de Policía Científica trabajó en la intersección para realizar las pericias que permitirán establecer la mecánica del choque. La moto quedó a varios metros del punto donde se produjo el impacto, mientras que el automóvil presentaba daños visibles en uno de sus laterales.
El hijo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respaldó el reclamo histórico de la Argentina sobre las Islas Malvinas y se mostró en sintonía con el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, quien había solicitado reconocer la soberanía argentina e imponer sanciones a Gran Bretaña.
En la red social X, Yair Netanyahu publicó: “¡Las Islas Malvinas pertenecen a la Argentina!“, junto a un emoji de la bandera nacional. El mensaje fue difundido después de la cadena nacional del presidente Javier Milei, en la que anunció una serie de decisiones vinculadas con el ejercicio de la soberanía.
Yair Netanyahu no ocupa un cargo en la función pública. Sin embargo, un eventual respaldo oficial de Israel al reclamo argentino representaría una ruptura inédita con la neutralidad histórica de Tel Aviv en el litigio austral. La disputa volvió a cobrar relevancia por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas y desarrollado por la británica Rockhopper Exploration junto a la firma israelí Navitas Petroleum.
Los dichos del hijo de Netanyahu se produjeron luego de que Ben Gvir solicitara a la administración israelí el reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Malvinas y la imposición de sanciones a Gran Bretaña.
“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, expresó el ministro en sus redes sociales.
Ben Gvir también cuestionó la actividad extractiva del Reino Unido en el archipiélago. “Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”, sostuvo.
El influyente integrante del Gabinete israelí dirigió además un pedido formal al primer ministro Netanyahu para que active medidas punitivas contra Londres. En ese sentido, reclamó “reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas” e “imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”.
Un allanamiento por presunto narcomenudeo realizado este jueves en barrio Las Flores, de Paraná, culminó con la detención de una mujer de 45 años y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la causa. El procedimiento fue ordenado por la Justicia en el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Microtráfico.
El operativo comenzó alrededor de las 17:30 en un domicilio ubicado sobre Cortada 1214 y fue ejecutado por personal de la División Antidrogas de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con apoyo de la Compañía de Operaciones Especiales.
“Es un trabajo de aproximadamente un mes, dirigido por la Fiscalía Especializada de la doctora Sofía Patat. Hoy, con la orden de allanamiento expedida por el doctor Sueldo y el apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales, se irrumpió la vivienda y se lograron resultados satisfactorios”, señaló el subdirector de Drogas Peligrosas, Pablo Prescasa en diálogo con Elonce.
Durante la requisa, los efectivos incautaron 7 gramos de cocaína distribuidos en dos envoltorios de nylon, además de 30.900 pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares, dos cámaras de seguridad, un chip SIM, una tarjeta de cobro y elementos utilizados para el estiramiento y fraccionamiento de la droga.
“Se secuestró telefonía celular, fraccionamiento de cocaína, envoltorios, recortes de nylon y precintos para el estiramiento de la sustancia. El total arrojó 7 gramos de cocaína”, indicó el comisario principal Gerardo Cornejo, jefe de la División Antidrogas.
El funcionario explicó que la cantidad de sustancia hallada permitía producir un número mayor de dosis destinadas al microtráfico.
“Más allá de los 7 gramos, había elementos de recorte que, en total de estiramiento, pueden dar entre 30 y 40 envoltorios”, precisó.
Como resultado del procedimiento, dos personas fueron identificadas y una mujer quedó detenida a disposición de la Justicia. El procedimiento se desarrolló sin incidentes de consideración, aunque familiares de la detenida manifestaron su malestar al finalizar el operativo.
“El procedimiento se desarrolló con total normalidad. Al momento del traslado de la femenina se acercaron algunos familiares molestos, pero por suerte no pasó a mayores”, afirmó Prescasa.
La causa es dirigida por la fiscal Sofía E. Patat y la orden judicial fue emitida por el Juzgado de Garantías N.º 3 de Paraná, a cargo del juez Jorge Gabriel Sueldo.
Cornejo explicó que este fue el primer allanamiento realizado en ese domicilio y destacó que las investigaciones suelen iniciarse tanto por denuncias anónimas como por tareas propias de la fuerza.
“La mayoría de los casos llegan por denuncias al número telefónico anónimo o por tareas investigativas realizadas por la Dirección”, sostuvo. Además, indicó que la Justicia solicitó el informe correspondiente para determinar si la mujer detenida posee antecedentes penales antes de su alojamiento en la alcaldía.
Los multimillonarios financieros Mark Walter y Todd Boehly están cerca de vender sus participaciones en Chelsea FC al accionista mayoritario Clearlake Capital, según fuentes al tanto del asunto.
El magnate Walter –que tiene una fortuna personal de unos USD 7.300 millones, según Forbes–, está envuelto en un escándalo financiero en Estados Unidos. La trama, que tiene ramificaciones en Argentina a través de operadores locales vinculados a las aseguradoras del magnate, también generó una investigación del FBI por posibles irregularidades impositivas.
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Con respecto a la venta del Chelsea, se supo que las conversaciones avanzaron en las últimas semanas, y que Walter y Boehly obtendrían una pequeña ganancia con la venta, señalaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial. Clearlake y Boehly encabezaron un consorcio que compró Chelsea al oligarca ruso Román Abramóvich en 2022 por alrededor de USD 3.400 millones.
Clearlake posee aproximadamente el 61,5% del club de la Premier League. Las conversaciones para que adquiera el resto de las acciones se han estancado repetidamente en los últimos años por desacuerdos sobre el precio.
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“Esta posible transacción valora la participación de Mark Walter en Chelsea Football Club con una prima respecto de su inversión inicial y representa otra inversión deportiva exitosa para él”, señaló un portavoz de Walter en un comunicado. “Después de esta salida, el señor Walter tiene previsto realizar futuras inversiones relacionadas con el deporte”. Representantes de Boehly y Clearlake declinaron hacer comentarios.
“Walter no inició la propuesta de venta de su participación, que lleva bastante tiempo gestándose”, indicó su portavoz.
En septiembre de 2024, Clearlake y Boehly comenzaron a evaluar la posibilidad de que uno comprara la participación del otro tras discrepar sobre el rumbo del club. Las diferencias surgieron después de un período de fuertes gastos encabezado por Boehly. Según Sportico, él y Walter poseen en conjunto alrededor del 25% del club.
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El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos investigan el extenso imperio empresarial de Walter. A comienzos de este año, dos aseguradoras propiedad de su sociedad de cartera revelaron que más de USD 20.000 millones en préstamos registrados en sus balances deberían haber sido clasificados como operaciones con partes vinculadas, pero no lo fueron.
TWG Global, la sociedad de cartera de Walter, ha estado buscando concretar varias operaciones para sanear los préstamos registrados en los balances de sus aseguradoras que han atraído el escrutinio de las autoridades.
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El mes pasado, Walter acordó vender Los Angeles Lakers a Josh Kushner y Bob Iger por una cifra récord de US$12.500 millones, un 25% más de lo que pagó por el equipo de la NBA en 2025. TWG señaló a finales del mes pasado que la compañía “no busca vender sus activos deportivos a precios de liquidación”.
En una conferencia telefónica el mes pasado con inversionistas de su aseguradora de capital cerrado, Boehly dio a entender que estaba trabajando para desprenderse de algunas de sus inversiones personales, lo que le proporcionaría miles de millones de dólares en liquidez. Adquirió una participación minoritaria en los Lakers en 2021.
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“Voy a obtener personalmente una liquidez significativa como resultado de salir de determinadas inversiones”, señaló Boehly en la llamada del 28 de agosto. “No saldré por completo de todas ellas, pero sí parcialmente de una en particular. Todavía estoy trabajando en eso. Esas operaciones generarán miles de millones de dólares en liquidez”.
En el centro de la trama financiera que involucra a Walter aparece ABS Capital Company LLC (ABS Capco), una firma fundada por exejecutivos argentinos de Guggenheim Partners, la gestora de inversiones que Walter dirige como CEO. Según el Wall Street Journal, la aseguradora EquiTrust —la misma que Walter le vendió a Magic Johnson en 2015— le prestó 500 millones de dólares a diez compañías constituidas por el argentino Federico Hermida, directivo de ABS Capco. Esos movimientos forman parte de la red de préstamos bajo sospecha que, en total, suma 6.500 millones de dólares y que es objeto de análisis por parte de reguladores en Estados Unidos, Europa y América Latina.
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Otros dos argentinos con vínculos en la causa son los hermanos Juan y Diego Ball, quienes trabajaron en Guggenheim Partners y están vinculados a ABS Capco. Juan Ball se desempeña como co-chairman de la firma desde 2015 y tiene un perfil financiero de alta gama: pasó por Guggenheim Partners Latin America, Guggenheim Investment Advisors Suisse, Lehman Brothers, Bear Stearns y Santander. Es, además, miembro del board de la Fundación MALBA y de la Fundación de la Universidad de San Andrés, y fue accionista de la aerolínea Flybondi. Es uno de los socios de The Colette Group, empresa detrás del edificio de lujo Colette en Punta del Este.
Con información de Bloomberg
Un empleado municipal murió tras quedar atrapado en una trituradora de ramas mientras realizaba tareas laborales en Brinkmann, al este de la provincia de Córdoba. Rodrigo Leandro Carranza, de 32 años, falleció el miércoles por la noche en el Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco.
El trabajador permanecía internado desde el 27 de agosto, cuando sufrió un grave accidente mientras manipulaba una máquina chipeadora. Desde entonces, había atravesado diferentes intervenciones quirúrgicas debido a las múltiples lesiones que presentaba.
Según Cadena3, el accidente estuvo relacionado con la barra de mando de la trituradora, un componente que gira a gran velocidad cuando el equipo se encuentra en funcionamiento.
Carranza sufrió numerosas fracturas como consecuencia del accidente y debió ser sometido a distintas operaciones. Debido a la gravedad de las heridas, los profesionales médicos también tuvieron que extirparle el bazo y uno de sus riñones.
Su evolución había sido lenta desde el momento en que ingresó al Hospital Iturraspe. Durante los últimos días, su estado de salud se agravó luego de que contrajera una infección intrahospitalaria.
La infección le provocó una neumonía y un cuadro de fiebre persistente, complicaciones que se sumaron a las lesiones ocasionadas por la maquinaria.
El accidente también causó lesiones leves a otro empleado que se encontraba en el lugar.
Tras el episodio, las autoridades ordenaron el secuestro preventivo de las máquinas involucradas. La medida tuvo como objetivo preservar los elementos necesarios para las pericias y establecer si existieron desperfectos técnicos o fallas en las condiciones de seguridad.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Morteros, encabezada por el fiscal Francisco Payges.
Las pericias sobre la maquinaria buscarán establecer cómo el trabajador quedó atrapado y si la chipeadora cumplía con las condiciones necesarias para ser utilizada. También se analizarán las medidas de prevención adoptadas durante las tareas.
El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, afirmó que el Gobierno continuará avanzando en la reducción de las retenciones, aunque reconoció que todavía no existe una fecha definida para eliminarlas por completo. El funcionario vinculó el ritmo de las rebajas con la situación fiscal y destacó las reducciones y eliminaciones que ya se aplicaron sobre distintas producciones.
“Una fecha para llegar al cero todavía no tenemos”, respondió Iraeta durante el panel “Valor agregado y proyección internacional: el futuro del sector agroalimentario”, realizado en el marco del Agribusiness Forum de AmCham. Del encuentro también participaron Gonzalo Gebara, CEO de La Serenísima, y Victoria Castro, directora de Inversiones, Promoción y Comercio Internacional de PromArgentina.
Consultado específicamente por las retenciones que todavía alcanzan a distintos cultivos y por cuándo podrían eliminarse completamente, Iraeta sostuvo: “Si yo me pongo en la situación de cuando ingresé a la función pública hace dos años y medio y ahora, la baja ha sido muy importante”.
El funcionario enumeró, entre las medidas tomadas hasta ahora, la eliminación de los derechos de exportación para las economías regionales, la categoría de vacas de descarte para su carne, además de las reducciones aplicadas a la carne de novillo, la carne aviar, el trigo, el maíz y el girasol. También mencionó “este cronograma de baja para la gruesa que comienza a partir de enero del año que viene [para soja, maíz, girasol y sorgo]”.
“Esto se hace por un tema de responsabilidad fiscal. Hay que hacerlo así y así se está haciendo”, señaló. En ese sentido, Iraeta calificó las retenciones como “un impuesto anacrónico”, aunque sostuvo que el camino planteado por el Gobierno es hacia su eliminación. “Es un sacrificio, es evidente que es un sacrificio, porque a nadie le gusta, porque es un impuesto anacrónico, pero el productor entiende que vamos en camino a eliminarlas”, afirmó.
Luego agregó: “El dato hoy es el cronograma de baja y las alícuotas cero en muchos productos y el resto de alícuotas que tienen los demás. Pero vamos a la baja”.
Durante el panel, la cadena láctea apareció como uno de los sectores en los que ya no se aplican retenciones y desde el ámbito privado se plantearon las posibilidades de incrementar las exportaciones y avanzar hacia productos con mayor valor agregado. Sobre la lechería, Iraeta indicó: “Entiendo que justamente la cadena láctea es una de las que está aprovechando estas nuevas oportunidades”.
Por su parte, Gebara explicó que alrededor del 15% del volumen de la compañía se destina actualmente a la exportación y consideró que existe margen para incrementar esa participación a partir de las condiciones productivas de la Argentina y de los cambios en la demanda internacional de alimentos. “Nuestra cuenca, que es de las mejores del mundo, creo que nos presenta una oportunidad para hacer más de lo que venimos haciendo a nivel de exportaciones”, señaló.
La estrategia apunta a complementar el abastecimiento del mercado interno con una mayor participación internacional a través de alimentos de mayor elaboración. “Creemos que podemos complementar todo lo bueno que hacemos en el mercado interno con productos de alta calidad, innovación y enfocándonos en la nutrición, con exportación de productos de valor agregado más allá de la leche en polvo, que es hoy el producto que más exportamos”, afirmó.
Gebara señaló que uno de los cambios que observa en el mercado internacional es la mayor demanda de proteínas, tendencia que, según explicó, abre posibilidades para la transformación industrial de la leche.
El ejecutivo explicó que la empresa analiza incorporar infraestructura y capacidades para ampliar el abanico de productos lácteos de mayor elaboración. “No tenemos todo el rango de productos de valor agregado que nos gustaría tener y para eso tenemos ya las ideas para poder incorporar infraestructura y capacidades para poder ser buenos transformadores de leche en esos productos de máximo valor agregado y no depender tanto de la leche en polvo. Tenemos que ir al mercado a competir como cualquier otro”, afirmó.
En tanto, Castro indicó que durante 2025 las exportaciones agroindustriales alcanzaron los US$52.300 millones y representaron alrededor del 60% de las ventas externas del país. Según señaló, el objetivo planteado es que, con una política sostenida en el tiempo, ese monto pueda ubicarse entre US$75.000 millones y US$85.000 millones en un plazo de nueve a diez años. La funcionaria explicó que PromArgentina trabaja mediante ferias internacionales, rondas de negocios, inteligencia comercial y capacitación de pequeñas y medianas empresas para identificar destinos y vincular empresas argentinas con compradores del exterior.
Según detalló, durante los dos años de gestión participaron en unas 245 a 250 ferias, con alrededor de 3200 empresas, mientras que otras 2500 empresas participaron de unas 60 rondas de negocios.
Al referirse a los mercados en los que buscan profundizar la presencia argentina, Castro mencionó especialmente a la Unión Europea y China. “Hoy tenemos también abierto todo el tema de la Comunidad Europea, que el año pasado hubo una exportación de alrededor de 1100 millones, pero queremos profundizar. Ahora tenemos también todo el tema de China, así que la verdad que tenemos varios mercados interesantes donde queremos seguir profundizando”, indicó.
El Departamento de Estado de EEUU dio luz verde a una operación militar que fortalece los lazos de defensa con Buenos Aires: la posible venta de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk y equipo relacionado al Gobierno argentino, por un valor estimado de 140 millones de dólares. La decisión, comunicada este jueves, se suma a una serie de adquisiciones que el país sudamericano encaró en los últimos meses en materia de defensa.
Según el comunicado oficial, el pedido incluye, además de las cuatro aeronaves, dos motores T700-GE-701D, fabricados por la rama aeroespacial de General Electric y utilizados también en helicópteros de ataque como el Apache. A esto se agrega una larga lista de equipos que Washington clasifica como “no mayores”: sistemas de referencia de rumbo y actitud, transpondedores de Identificación Amigo o Enemigo (IFF), receptores de radio y de aterrizaje visual, radios de alta y muy alta frecuencia, un sistema de posicionamiento global Garmin GTN-750 y un transmisor localizador de emergencia, entre otros dispositivos.
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El paquete contempla también elementos pensados para tareas de rescate y emergencia, como el sistema de extracción rápida por inserción de cuerda, equipos de polipasto y el denominado Bambi Bucket, utilizado para el combate de incendios desde el aire. Se suman, por otro lado, cascos, repuestos, herramientas de prueba, documentación técnica y programas de formación para las tripulaciones, así como servicios de apoyo logístico y técnico a cargo de personal estadounidense y de la empresa contratista.
El contrato recae en Sikorsky, subsidiaria de Lockheed Martin con sede en Stratford, Connecticut. Por el momento, el Departamento de Estado no tiene registro de ningún acuerdo de compensación asociado a la operación; ese tipo de convenios, aclaró el organismo, quedan sujetos a las negociaciones directas entre el comprador y el contratista.
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El comunicado del Departamento de Estado enmarca la operación dentro de los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos. La venta, señala el texto, busca “mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN”, categoría que Argentina ostenta desde hace años y que Washington describe como “una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica”.
Entre los usos previstos para los nuevos helicópteros figuran la seguridad fronteriza, la lucha contra el crimen transnacional y las tareas de asistencia humanitaria o respuesta ante desastres. El propio organismo estadounidense sostuvo que Argentina “no tendrá dificultades para absorber estos artículos y servicios en sus fuerzas armadas” y remarcó que la operación no requerirá el envío de representantes adicionales del Gobierno estadounidense ni de contratistas al país.
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El texto oficial subraya, además, que la venta “no alterará el equilibrio militar básico en la región” y que no habrá impacto negativo en la preparación de defensa de Estados Unidos como consecuencia de esta transacción.
El Black Hawk acumula cerca de 50 años en operación y pasó de ser un helicóptero utilitario exclusivamente militar a una aeronave empleada también en evacuaciones médicas, respuesta ante catástrofes y transporte de autoridades. Más de treinta países lo utilizan actualmente, entre ellos Colombia y Brasil.
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Argentina, hasta el momento, contaba con una sola unidad del modelo, destinada al traslado del presidente de la Nación. Los cuatro aparatos ahora habilitados por Washington están orientados, principalmente, a reemplazar a los Bell UH-1H/Huey II que integran el Comando de Aviación del Ejército, una flota con varias décadas de antigüedad.
La operación se da en medio de un proceso más amplio de renovación de equipamiento militar que impulsa la gestión de Javier Milei. En paralelo a la incorporación de los Black Hawk, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada realizaron pruebas para conectar a los aviones F-16, adquiridos a Dinamarca, con los P-3C Orion comprados a Noruega, mediante el sistema de enlace de datos Link 16, utilizado por países de la OTAN.
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El Ejército, por su parte, incorporó vehículos Stryker y avanzó en la modernización de tanques TAM 2C y en la llegada de camiones Unimog U 4000, entre otros elementos presentados meses atrás por la Dirección de Arsenales. Según había anticipado el analista Andrei Serbin Pont en Infobae, se preveía la llegada de un primer lote de dos helicópteros Black Hawk antes de fin de año y otros dos durante el próximo, aunque esa información se encontraba todavía en desarrollo al momento de conocerse.
El proceso de reequipamiento no está exento de cuestionamientos internos. La diputada nacional Agustina Propato, vicepresidenta de la Comisión de Defensa, había advertido semanas atrás sobre el deterioro salarial del personal militar, que a su juicio acumula una pérdida de 80 puntos porcentuales de poder adquisitivo desde 2023, y sobre la salida de 19.000 efectivos de las fuerzas armadas en ese mismo período.
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La Libertad Avanza y el PRO volvieron a reunirse este jueves en la Casa Rosada para profundizar el trabajo conjunto de cara a 2027, con una agenda que combinó las negociaciones políticas entre ambos espacios, los proyectos que el oficialismo busca impulsar en el Congreso y la situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires.
El encuentro se extendió entre las 15 y las 17 y estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicepresidente de La Libertad Avanza y titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el responsable político del oficialismo, Eduardo “Lule” Menem. Por el PRO participaron el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del partido a nivel nacional, Fernando de Andreis.
La reunión tuvo además una breve participación de Karina Milei, quien pasó a saludar a los dirigentes del PRO y, según relató Ritondo, les agradeció “el trabajo que hacemos juntos”. La secretaria General de la Presidencia es, junto con el expresidente Mauricio Macri, una de las principales impulsoras de la mesa de coordinación entre ambos espacios que comenzó a funcionar en agosto.
En el plano legislativo, los dirigentes repasaron los proyectos que permanecen en discusión en el Senado y que eventualmente deberán regresar a Diputados, entre ellos el denominado Super-RIGI, la reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal y Salud Mental. También analizaron otras iniciativas que el oficialismo busca sostener con el respaldo de sus aliados y que, en palabras de Ritondo, apuntan a “blindar el cambio”.
La agenda parlamentaria se mezcló con las primeras conversaciones más concretas sobre el armado electoral. Los dirigentes hicieron un repaso por los distritos en los que ya comenzaron los contactos entre el PRO y La Libertad Avanza. Según explicó Ritondo, el diálogo está más avanzado en la provincia de Buenos Aires, en los tres distritos gobernados por el PRO —Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut—, además de Misiones y La Pampa.
Ritondo aclaró, sin embargo, que el PRO no puso como condición para avanzar en las negociaciones que sus dirigentes continúen al frente de los distritos que actualmente gobiernan. “Lógicamente creemos que hacen bien las cosas, que trabajan bien y que, lógicamente, el PRO tiene un lugar”, sostuvo el jefe del bloque opositor.
La situación de seguridad en la provincia de Buenos Aires ocupó buena parte de la conversación. El tema tomó especial relevancia durante la jornada luego de un intento de robo ocurrido en las inmediaciones de un colegio de El Palomar, que terminó con una persona herida de bala.
“Fue uno de los temas que abordamos. Nos preocupa la inacción y la falta de respuesta que tiene el gobernador (Axel) Kicillof ante la inseguridad”, afirmó Ritondo. El diputado también cuestionó la implementación del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y apuntó contra la administración bonaerense por no haber preparado, según su interpretación, la infraestructura necesaria para la reducción de la edad de imputabilidad.
“No haber preparado a la provincia de Buenos Aires para la baja de imputabilidad, que se viene discutiendo y es un problema que todos los argentinos sufren, principalmente los bonaerenses; y que no haya tenido respuesta con la jueza que dice que no se puede aplicar”, señaló.
La referencia fue a la decisión de la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia. La magistrada argumentó que el territorio bonaerense no cuenta actualmente con la infraestructura ni los recursos necesarios para afrontar un eventual aumento de adolescentes privados de su libertad. La nueva normativa reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad para determinados delitos.
Ritondo fue especialmente crítico con Kicillof y sostuvo que existe “una falta de interés del gobernador desde siempre sobre los temas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires”. En ese contexto, el jefe del bloque del PRO contó que junto con De Andreis plantearon ante los funcionarios nacionales la posibilidad de que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, evalúe medidas para reforzar la presencia y las acciones de seguridad en el principal distrito del país.
La cuestión de la reforma penal juvenil ya había generado fuertes cruces entre el Gobierno nacional y la Provincia. La suspensión judicial no anuló la ley nacional, sino que interrumpió preventivamente su aplicación en territorio bonaerense durante 60 días mientras avanza el proceso judicial.
Desde el Gobierno habían planteado antes del encuentro que el objetivo de estas reuniones es profundizar la coordinación entre LLA y el PRO a partir de coincidencias políticas y legislativas, con la intención de avanzar en las transformaciones impulsadas por Milei y evitar un eventual regreso del kirchnerismo al poder.
La reunión de este jueves se inscribe así en una dinámica que ambos espacios buscan sostener con encuentros periódicos. La discusión todavía combina la construcción de acuerdos parlamentarios con una negociación política más amplia que tendrá como horizonte las elecciones presidenciales de 2027, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde tanto LLA como el PRO consideran clave evitar una competencia dividida.
Desde la Casa Rosada plantearon que las conversaciones apuntan a profundizar la coordinación entre La Libertad Avanza y el PRO a partir de coincidencias políticas y programáticas. Entre los objetivos aparece la intención de consolidar el rumbo del Gobierno y evitar una dispersión del voto opositor al kirchnerismo en las próximas elecciones.
El proceso de acercamiento comenzó formalmente en agosto, luego de que Karina Milei y Mauricio Macri retomaran el diálogo. A partir de ese contacto se abrió una mesa de coordinación que buscó combinar la agenda legislativa con una eventual construcción electoral común.
En la reunión del 27 de agosto, los dirigentes de LLA y el PRO analizaron el escenario electoral provincia por provincia, con especial atención en aquellos distritos donde el partido fundado por Macri no gobierna. El objetivo fue identificar las fortalezas territoriales de cada espacio y las posibilidades de avanzar en alianzas de cara a 2027.
La discusión todavía se mantiene alejada de las candidaturas. Después de aquel encuentro, Ritondo sostuvo que faltaba tiempo para avanzar sobre nombres propios y evitó ponerle una fecha a un eventual acuerdo electoral. El dirigente macrista planteó que cuanto más claro sea el horizonte político, mayor será la certidumbre de cara al próximo año.
Uno de los puntos que todavía genera diferencias es el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Mientras el Gobierno busca avanzar con una modificación del sistema electoral y necesita construir mayorías en el Congreso, dentro del PRO todavía no existe una definición definitiva sobre la continuidad de las primarias.
La cuestión tiene peso dentro de la negociación porque la Casa Rosada considera la reforma política como una herramienta para ordenar el escenario electoral de 2027. El oficialismo retomará el tratamiento del proyecto en el Senado el próximo martes 15, cuando vuelva a reunirse la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La provincia de Buenos Aires aparece como uno de los principales territorios donde LLA y el PRO deberán definir el alcance de un eventual acuerdo. La conducción bonaerense de La Libertad Avanza, encabezada por Sebastián Pareja, ya inició conversaciones con dirigentes macristas y otros sectores para intentar construir una alternativa electoral competitiva frente al peronismo.
En las últimas semanas, ese acercamiento también comenzó a trasladarse al territorio. El domingo pasado, Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja participaron en Lincoln del cierre de la VIII edición de la prueba de doma “Bien Montados”, donde compartieron actividad con dirigentes del PRO, entre ellos el senador provincial Pablo Petrecca.
Aunque no hubo allí una reunión partidaria ni se anunció un acuerdo electoral, la presencia conjunta tuvo una lectura política en medio de las negociaciones. Petrecca, que en las elecciones bonaerenses de 2025 había competido por fuera del acuerdo entre el PRO y LLA, sostuvo que los distintos sectores deben dejar atrás sus diferencias para construir una alternativa para la provincia.
El acercamiento bonaerense también tiene a Santilli como una de las figuras que aparece con mayor visibilidad dentro de la estrategia conjunta. El jefe de Gabinete mantiene su pertenencia al PRO y, al mismo tiempo, ocupa un lugar central dentro de la administración de Javier Milei, lo que lo ubica como un dirigente con capacidad de interlocución entre ambos espacios.
Por ahora, sin embargo, el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO todavía no está cerrado. La negociación avanza sobre el territorio, la agenda parlamentaria y las coincidencias políticas, mientras las candidaturas y la distribución concreta de espacios quedarán para una etapa posterior.
El nuevo encuentro en Casa Rosada buscará sostener ese canal de diálogo y avanzar sobre una construcción que el oficialismo y el macrismo presentan como necesaria para llegar a 2027 con mayor coordinación. La próxima discusión, además de electoral, estará atravesada por las reformas que el Gobierno necesita aprobar en el Congreso y por la definición del sistema con el que se disputarán las próximas elecciones.
RG/EM/MSS
El Gobierno libertario volvió a izar ayer con orgullo una de sus banderas de campaña: la pelea contra la inflación. El índice de precios de agosto marcó el 1,7%, y mostró una importante desaceleración. Fue el dato mensual más bajo en 14 meses, pero además fue la primera vez en 9 años que todos los rubros aumentaron menos de un 3% mensual, según consignó un informe de Facimex. Es un logro que en otro momento hubiera dominado la agenda, pero que hoy, con la campaña en marcha, no parece suficiente. El foco de la política, del empresariado y de las encuestas está en otro lado. A nadie se le escapa que el nivel de actividad, en los sectores más generadores de empleo, sigue sin levantar.
Atentos a ello, en el Gobierno empiezan a mostrarse cada vez más activos. Aunque son pocas las herramientas disponibles dentro del programa económico, la creatividad está a la orden del día. Algunas medidas son bien publicitadas; otras, tal vez las más fuertes, se dan por omisión. Esta semana, se puso en marcha el esquema para que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses financie hipotecas con tasas de hasta 7,5% más UVA. Los bancos, rápidos, empezaron a promocionarlas. Las entidades del Grupo Petersen (Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe), por caso, estaban ofreciendo desde ayer créditos de hasta 150.000 UVA (equivalentes a US$208.860) a 20 años de plazo. En el Banco Galicia, incluso antes de publicitar la herramienta, ya estaban recibiendo entre 30 y 40 solicitudes de créditos por día. En la entidad bancaria estiman que, con el dinero que recibieron en la primera licitación, podrían dar unos 270 créditos por un promedio de US$100.000 cada uno. Aunque positivo, el fondeo de la Anses es una gota de agua en un desierto. Para tener una idea de la dimensión: esta semana se licitaron $200.000 millones; solo el Banco Nación, que tiene 61% del mercado de hipotecas, tiene un stock de créditos para la vivienda de $3,8 billones.
De todas maneras, en las mesas de las que participan banqueros y miembros del equipo económico se empiezan a plantear ideas complementarias. Entre otras, se habla de la posibilidad de que el FGS no solo licite plazos fijos en pesos, para así fondear hipotecas, sino también plazos fijos en dólares. Hoy, si bien el sistema financiero tiene dólares de sobra para prestar, los préstamos en moneda extranjera no superan el año de duración. Difícil que, con la elección presidencial en la agenda, alguien se anime a un plazo tan corto. Un fondeo de la Anses ayudaría, aseveran en el sector financiero, a extenderlos a por lo menos 3 años. Otra gota de agua más, pero que suma.
El Banco Central (BCRA), por su parte, volvió a poner el pie en el acelerador en el proyecto en el que venía trabajando desde comienzos de año, para armar un mercado secundario de cupones de tarjeta de crédito. La idea es que los comercios puedan descontar los cupones a precios más competitivos, y así también fondearse a tasas menores. Son todas iniciativas que apuntan a lo mismo: inyectar crédito y aire a la actividad sin salirse del programa.
La semana que viene, en tanto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estaría publicando la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que, según se estableció, empezaría a estar operativo a partir del primero de noviembre (aunque, por decreto, el Gobierno todavía tiene margen para prorrogarlo un mes más). El FAL serviría también de motor del mercado de capitales, que desde que se estatizaron los fondos de pensión, tiene pocos inversores institucionales de mediano y largo plazo.
Pero, tal vez, una de las medidas que mejor están funcionando entre las empresas es una de la que se habla poco en público, pero que está vigente desde ya hace algunos meses. En mayo pasado, la CNV eliminó el límite al número de endosos que pueden tener los cheques e indirectamente habilitó a las empresas a canalizar sus flujos de caja a través de sus cuentas comitentes (bursátiles) de los agentes de Bolsa o ALyC, en la jerga, en lugar de tener que hacerlo exclusivamente a través de una cuenta bancaria tradicional. ¿El beneficio? Están exentas del impuesto a los débitos y créditos (mejor conocido como el impuesto al cheque), que llega al 1,2% (0,6% en la acreditación y 0,6% sobre los débitos). Así, por ejemplo, una ALyC hoy recibe un cheque de una empresa A, y puede acreditarle los pesos en la cuenta comitente, o puede emitir otro cheque y pagarle a nombre de esa compañía a una empresa B. “Cualquier tesorero despierto hoy lo sabe y no está pagando el impuesto al cheque”, explican en la City. En la agencia recaudadora, ARCA, los ingresos por este impuesto caen con fuerza desde hace tiempo. En parte, por la menor actividad económica; pero, por otra parte, aseguran quienes lo siguen de cerca, este fenómeno está haciendo cada vez más mella.
En cualquier caso, son todas medidas que, si bien colaboran, lejos están por ahora de modificar el humor general. La política lo piensa aprovechar en el Congreso. “La campaña arrancó y ya nuestros proyectos están cayendo en un embudo”, admitía un funcionario libertario. Y no se vienen discusiones fáciles: al proyecto de ley para endurecer sanciones contra empresas que operen en Malvinas (se les sumarán a las petroleras, empresas pesqueras y navieras), se le agregará la semana que viene el Presupuesto Nacional 2027. La denominada ley de leyes nunca está exenta de polémicas, y el Gobierno necesita mostrarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) que logra el aval del Congreso para su programa anual.
Pero incluso provincias aliadas están animándose a levantar temas que, en otro momento, hubieran quedado silenciados. Es el caso de Chaco, que le reclamó por carta formal a la Nación que los ramales ferroviarios que atraviesan la provincia sean incluidos en las obras obligatorias en los pliegos de licitación del Belgrano Cargas. Los diputados de Chaco, junto con los de Corrientes y Entre Ríos, esperan además avanzar en un proyecto de ley para que los buques de bandera extranjera (sobre todo paraguayos) que ya circulan por la Hidrovía puedan hacer escalas en puertos argentinos dentro de un mismo itinerario, sin tramitar autorización en cada parada. A diferencia del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, no reclaman abrir el cabotaje de par en par. El argumento es logístico y de costos: para exportar, una barcaza debe hacer aduana por ejemplo, en Corrientes, luego otra vez en Rosario y una vez más para salir al extranjero. “Sturzenegger fue a fondo, sin consensuar. Ellos tienen que sentarse con los gremios, habilitar el cabotaje internacional, pero con algún esquema de revalorización del cabotaje nacional”, explicaba un legislador. “Hoy nosotros desde las provincias vemos pasar la flota de Paraguay y no podemos cargar nada. Lo ideal sería lograr que vengan con bandera argentina, pero eso va a llevar años, porque muchas se fueron hace tiempo a radicar a Paraguay”, concluyó.
Las negociaciones políticas empiezan a chocar así con reclamos que los gobernadores deben resolver puertas adentro de sus provincias. No todas hoy tienen la holgura de Neuquén o de San Juan para responder en estos tiempos.
Tal como sucede a nivel nacional, también en el interior el nuevo escenario geopolítico global pesa cada vez más en el desarrollo de los negocios del sector privado. La cláusula anti–china en sectores estratégicos no es exclusiva de la administración Trump. Por estos días, el destino de un salar en Salta se está decidiendo en Ottawa, Canadá. La operación es sencilla de enunciar: una inmobiliaria china, China Union Holdings, quiere pagar US$175 millones por Argentum Lithium, la subsidiaria argentina de la canadiense Lithium Chile, dueña del proyecto Arizaro. Pero el gobierno canadiense activó una revisión por seguridad nacional sobre el activo, que no está en Canadá, no tiene empleados canadienses y produce en territorio argentino.
No es un episodio aislado, sino el último eslabón de una cadena. En 2022, Canadá ya había forzado a tres empresas chinas a desprenderse de sus participaciones en mineras de litio, y una de ellas era, justamente, Lithium Chile en el mismo Salar de Arizaro. Un año antes había dejado pasar, en cambio, la compra de Neo Lithium y su proyecto en Catamarca por la estatal china Zijin, con el argumento de que no era “realmente” una empresa canadiense. El giro de Ottawa —de la permisividad al veto extraterritorial— es el reflejo de una disputa mayor entre Washington y Beijing por el control de la cadena de suministro de las baterías. Y la Argentina, que tiene el recurso pero no escribe las reglas, aparece una vez más como objeto y no como sujeto de la partida: el litio estará en el territorio nacional, pero la decisión se toma afuera.
