El régimen iraní ejecutó este miércoles a Mehdi Khanaki, un licenciado en derecho de 26 años y miembro de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, condenado a muerte por el Tribunal Revolucionario de la ciudad de Karaj por su participación en las protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Con su muerte, el número de personas ejecutadas en relación directa con ese levantamiento asciende a 24, según informó la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
Las autoridades iraníes acusaron a Khanaki de actuar en favor de Israel y de Estados Unidos, así como de pertenecer a un “grupo terrorista contrarrevolucionario” y de fabricar, adquirir y poseer armas y munición de guerra. La agencia oficial Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní, sostuvo que las armas incautadas al detenido habían sido disparadas durante las protestas de enero y que él mismo había recibido armamento e instrucciones a través de contactos en internet. Khanaki había sido arrestado el 10 de febrero en Karaj, ciudad ubicada a unos 50 kilómetros al oeste de Teherán, tras ser identificado por los servicios de inteligencia de la provincia de Alborz. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia antes de que se procediera a la ejecución.
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El caso condensa el patrón judicial que organismos de derechos humanos han documentado desde el fin de las protestas: procesos sumarísimos ante tribunales revolucionarios, cargos que combinan delitos de seguridad con acusaciones de colaboración con potencias extranjeras, y ausencia de garantías procesales verificables. El Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI) denunció que Khanaki fue sometido a meses de torturas físicas y psicológicas antes de su ejecución, y que la organización había alertado al Relator Especial de la ONU sobre su caso en marzo. IranWire, medio especializado en derechos humanos, señaló que los cargos en su contra no fueron respaldados por documentación accesible a verificación independiente.
Las protestas que motivaron esta oleada de ejecuciones comenzaron el 28 de diciembre de 2025, impulsadas inicialmente por el colapso del rial iraní en un contexto de sanciones internacionales agravadas. En pocos días se transformaron en una revuelta de alcance nacional que exigía el fin del régimen islámico. La respuesta del Estado fue una represión letal: las fuerzas de seguridad utilizaron munición real contra manifestantes en las jornadas más violentas, los días 8 y 9 de enero de 2026. Las autoridades iraníes reconocieron oficialmente 3.117 muertos cuando declararon el fin de las protestas, el 21 de enero. Sin embargo, HRANA, con sede en Estados Unidos, documentó para el 5 de febrero más de 7.000 fallecidos, incluyendo al menos 6.508 manifestantes. La Relatora Especial de la ONU para Irán estimó que la cifra real podría superar los 5.000 muertos.
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La escala de las ejecuciones posteriores a las protestas se inscribe en una tendencia más amplia. En 2025, antes incluso del pico represivo asociado al levantamiento de enero, Irán ya había alcanzado cifras históricas de pena capital. Amnistía Internacional documentó 2.159 ejecuciones en el país durante ese año, más del doble que en 2024 y la cifra más elevada desde 1981, lo que representó casi el 80% de las 2.707 ejecuciones registradas en todo el mundo, un incremento del 78% respecto al año anterior. La organización concluyó que el régimen intensificó el uso de la pena de muerte para “crear un clima de miedo e intimidación en la sociedad y disuadir la disidencia”.
La ejecución de Khanaki no es un caso aislado dentro del ciclo represivo desatado tras el levantamiento de enero. Desde entonces, el régimen ha ejecutado también a otros miembros de los Muyahidines del Pueblo, organización opositora que Teherán cataloga de terrorista y que fue activa en la movilización durante las protestas. La comunidad internacional ha reclamado en reiteradas ocasiones una moratoria sobre las ejecuciones vinculadas a las manifestaciones, sin que el régimen haya dado señales de modificar su postura. Con cada nueva ejecución, el costo político interno de una eventual apertura se vuelve más difícil de calcular para un sistema que ha optado por la ejemplaridad punitiva como respuesta a la mayor crisis de legitimidad que ha enfrentado en décadas.
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