Blog

Profertil, la -hasta ahora- única productora de urea de la Argentina, dio un paso en dirección a la construcción de su segunda planta en el Parque Industrial de Ingeniero White, en Bahía Blanca, después de casi una década de postergaciones. La compañía eligió a Techint Ingeniería & Construcción -el brazo constructor del holding de Paolo Rocca– y a la italiana Saipem para desarrollar los servicios técnicos del proyecto.

Según estimaron fuentes del mercado, el plan demandaría una inversión estimada de USD 2.000 millones, tardaría entre tres y cinco años en completarse y duplicaría la capacidad de producción de la empresa. El proyecto podría presentarse bajo el RIGI.

La nueva planta tendrá una capacidad de 4.450 toneladas diarias y se levantará en un terreno que Profertil ya tenía reservado en el centro de su predio bahiense. A pesar de que la decisión final de inversión todavía está pendiente, la novedad llega en un momento en el que la empresa abastece alrededor del 60% del mercado interno de urea —hace 15 años cubría la totalidad, pero hoy no llega a cubrirla y el resto se importa— y la demanda no deja de crecer, empujada por la expansión de los cultivos de trigo y maíz.

La idea de duplicar la capacidad de Profertil no es nueva. El proyecto comenzó a gestarse en 2015, cuando la compañía identificó que la demanda del fertilizante en la Argentina crecía a un ritmo que su única planta no llegaba a acompañar. Sin embargo, la inversión se fue postergando por razones macroeconómicas, cambios regulatorios y, sobre todo, por un traspaso accionario que modificó por completo la estructura de la empresa.

En 2022, en medio de esas idas y vueltas, Profertil firmó un acuerdo de exclusividad con Saipem y el Grupo Techint para incorporar cambios tecnológicos al diseño de la nueva planta. No fue una elección arbitraria: Techint E&C había construido junto a Snamprogetti —hoy Saipem— la planta original, inaugurada en 2001. Más de dos décadas después, la dupla vuelve a trabajar en el mismo complejo.

Nuevos dueños: cómo Adecoagro y ACA tomaron el control de Profertil en menos de un año

El proyecto se destrabó con nuevos accionistas al mando. Hasta 2025, Profertil era controlada en partes iguales por YPF y la canadiense Nutrien. La primera en salir fue la multinacional: en septiembre de ese año vendió su 50% a Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) por USD 600 millones. La decisión de Nutrien se enmarcó en una reestructuración global que la llevó a concentrarse en América del Norte.

Tres meses después, en diciembre de 2025, YPF le vendió su otro 50% a Adecoagro por USD 1.200 millones. La petrolera estatal se desprendió de Profertil como parte del Plan 4×4, la hoja de ruta que diseñó su presidente, Horacio Marín, para cuadruplicar el valor de la compañía en cuatro años. La estrategia implicaba salir de todos los activos que no estuvieran vinculados a la operación de Vaca Muerta. En la misma línea, en agosto de este año, YPF vendió su participación mayoritaria en Metrogas a Edenor —la distribuidora controlada por Daniel Vila y José Luis Manzano— por USD 780 millones.

Con la salida de ambos socios, la composición accionaria de Profertil quedó controlada por Adecoagro en un 90%, mientras que ACA retiene el 10% restante.

Pero detrás de Adecoagro hay otro jugador de peso: el grupo Tether, emisor de la stablecoin USDT y una de las empresas cripto más grandes del mundo, que en 2025 pagó más de USD 615 millones para quedarse con el 70% de Adecoagro. La compañía, cofundada y dirigida por Mariano Bosch, atraviesa además una etapa de expansión agresiva: en julio de este año desembolsó USD 148 millones para adquirir una planta de azúcar y etanol en Brasil al Grupo Raízen.

El gas de Vaca Muerta, la pieza que faltaba para viabilizar el proyecto

La urea es un fertilizante nitrogenado indispensable para los principales cultivos extensivos de la Argentina. Se utiliza para devolver nutrientes al suelo y sostener la productividad de unas 11 millones de hectáreas dedicadas al trigo, el maíz y otros cereales.

Hace 15 años, Profertil abastecía el 100% del mercado argentino e incluso exportaba ocasionalmente a Brasil. Pero la demanda creció —impulsada por el aumento sostenido del consumo de trigo y maíz desde 2015— y la capacidad de la planta llegó a su techo. Hoy, la empresa cubre alrededor del 60% de la demanda interna y el resto se cubre con importaciones. De hecho, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2025 la Argentina importó 4,1 millones de toneladas de fertilizantes, un 28% más que el año anterior y el segundo registro más alto del siglo. Los nitrogenados —categoría que incluye la urea— lideraron con 2,1 millones de toneladas, más de la mitad del total.

El problema no es solo de volumen, sino también de vulnerabilidad. La coyuntura en Medio Oriente expuso la fragilidad de esa dependencia: tras la escalada del conflicto en Irán, la paralización del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz —por donde fluye un tercio de las exportaciones mundiales de fertilizantes— comprometió las entregas de insumos a nivel global. El ataque iraní a las instalaciones de Qatar Energy, el principal exportador de gas natural licuado del mundo, llevó a la empresa estatal qatarí a suspender su actividad, lo que afectó de lleno la cadena de suministro de la urea. La Argentina no fue la excepción: el 35% de la urea que importa transita por esa zona.

El contexto global agrega presión: para 2050 se espera que la población mundial alcance los 10.000 millones de personas, lo que exigirá un incremento sustancial en la producción de alimentos y, en consecuencia, en el uso de fertilizantes.

El gas natural es, junto con el agua y el amoníaco, uno de los principales insumos para fabricar urea. Durante años, la Argentina operó con déficit energético y debió importar gas para sostener su consumo interno. Ese escenario se revirtió con el desarrollo de Vaca Muerta: la producción no convencional en la cuenca neuquina generó un excedente que no solo eliminó la necesidad de importar, sino que abrió la puerta a proyectos industriales intensivos en gas como el de Profertil.

En ese contexto, la activación del gasoducto Perito Moreno —originalmente llamado Néstor Kirchner— fue una pieza clave. La obra conectó la producción de gas no convencional con el centro y el litoral del país, y le dio viabilidad a una segunda planta que, sin infraestructura de transporte suficiente, difícilmente habría podido avanzar.

Fértil Pampa, el otro megaproyecto que competirá desde el mismo polo industrial

Profertil dejará de estar sola en el negocio de la urea en la Argentina. Pampa Energía, la compañía de Marcelo Mindlin, pidió en abril de este año ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para construir Fértil Pampa, una megaplanta de fertilizantes también en Bahía Blanca, con una inversión de USD 2.400 millones.

El proyecto apunta a producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea a partir de 2030 y destinar el 60% a la exportación, principalmente a Brasil. La iniciativa contempla financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Financiera Internacional (CFI), del Banco Mundial.

Si ambos proyectos se concretan, la Argentina pasaría de importar urea a contar con una capacidad instalada de casi 4,7 millones de toneladas anuales, lo que la convertiría en un exportador neto de fertilizantes en la región.

El programa de evaluación técnica de Techint y Saipem para la segunda planta de Profertil tiene una duración estimada de 11 meses, lo que sitúa la definición de las bases de construcción hacia el segundo semestre de 2027. La obra, si se confirma en los plazos previstos, estaría terminada entre 2030 y 2032.

El Gobierno nacional iniciará un proceso sancionatorio contra los gremios docentes que convocaron al paro en la provincia de Buenos Aires. La decisión surgió tras una fiscalización del Ministerio de Capital Humano, que detectó establecimientos cerrados, un alto nivel de ausentismo y casos en los que los inspectores no pudieron ingresar.

La cartera fundamentó su intervención en la Ley de Modernización Laboral, que declaró a la educación como servicio esencial. La norma establece que, durante una medida de fuerza, debe garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual.

Según pudo saber Infobae, el ministerio que conduce Sandra Pettovello desplegó un operativo en escuelas bonaerenses y comenzó a recibir los primeros resultados durante la mañana. El corte realizado a las 11 incluyó 128 actas: se verificaron 47 establecimientos, 61 escuelas estaban cerradas y en otras 20 se impidió el acceso de los fiscalizadores.

El ausentismo por establecimiento alcanzó el 83,1%, mientras que solo el 8,4% de las instituciones relevadas funcionaba con normalidad. Los datos son preliminares y corresponden únicamente al universo alcanzado por el operativo.

Las inspecciones continuarán durante la jornada, con un nuevo corte previsto para las 13. A partir de esas actas, el ministerio buscará identificar a las organizaciones que participaron de la huelga y determinar si hubo incumplimientos de la normativa vigente.

Capital Humano identificará la responsabilidad de cada gremio

Desde Capital Humano cuestionaron a la dirigencia sindical y a los sectores de la oposición que respaldaron la protesta. “Vamos a iniciar un proceso sancionatorio”, anticiparon fuentes de la cartera, que señalaron que las medidas concretas se definirán una vez que termine la fiscalización y se establezcan las responsabilidades de cada entidad.

El procedimiento alcanza, en principio, a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Entre ellos figuran el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

También se evalúa la participación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que acompañó la medida. La determinación de qué organizaciones quedarán alcanzadas por los expedientes dependerá de la documentación reunida en las inspecciones.

Por el momento, el Gobierno resolvió avanzar por la vía administrativa, pero no definió una multa ni otra penalidad específica. Las actuaciones deberán precisar el grado de intervención de cada sindicato en el conflicto y los eventuales incumplimientos que hayan quedado registrados.

Para el Ejecutivo, el cierre total de las escuelas es uno de los principales elementos del relevamiento. La cartera distinguió esos casos de aquellos establecimientos donde una parte de los docentes adhirió al paro y otra continuó con sus tareas.

Los 20 casos en los que se impidió el ingreso de inspectores también quedaron asentados en las actas. El ministerio analizará las circunstancias de cada episodio y los obstáculos que encontraron los agentes durante el procedimiento.

La ley exige una cobertura mínima del 75% durante las huelgas

El respaldo jurídico de la medida está en el artículo 101 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. La disposición reemplazó el artículo 24 de la Ley 25.877 e incluyó como servicios esenciales al cuidado de menores y a la educación inicial, primaria, secundaria y especial.

La reforma fijó que los conflictos colectivos que afecten servicios esenciales deben asegurar una cobertura mínima del 75% de la actividad normal. Por ese motivo, las medidas de fuerza de los sindicatos de esas actividades quedaron alcanzadas por un régimen destinado a preservar la continuidad de las prestaciones educativas.

El artículo 102 incorporó, además, reglas para organizar los servicios mínimos. Entre ellas, prevé el preaviso de determinadas medidas, la definición de las modalidades de prestación durante el conflicto y la obligación de cumplirlas. El apartado 24.6 habilita sanciones contempladas en las leyes 14.786, 23.551 y 25.212 ante incumplimientos de procedimientos conciliatorios o resoluciones de las autoridades competentes.

La aplicación de esa reforma en el ámbito educativo atravesó una controversia judicial. El 1 de abril, el Juzgado Nacional del Trabajo 74 resolvió que el planteo de la Unión Docentes Argentinos (UDA) contra la declaración de esencialidad quedara comprendido en una medida cautelar que suspendió provisoriamente varios artículos de la ley.

Sin embargo, el 23 de abril, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo concedió efecto suspensivo a la apelación del Estado contra la cautelar general dictada en la causa impulsada por la CGT. Esa resolución restableció la aplicación de las disposiciones cuestionadas mientras sigue el debate judicial sobre su validez.

La fiscalización incluyó cambios respecto de operativos anteriores. Esta vez, Capital Humano no anticipó qué escuelas serían inspeccionadas, con el objetivo de obtener registros directos del funcionamiento de los establecimientos durante la huelga.

El paro docente bonaerense, de 24 horas, coincidió con una jornada nacional de protestas educativas y con la quinta Marcha Federal Universitaria. Los gremios reclamaron recomposición salarial, reapertura de las negociaciones paritarias, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), convocatoria a la paritaria nacional y más recursos para el sistema educativo.

También plantearon reclamos por las condiciones de trabajo y los regímenes jubilatorios. La medida sumó un nuevo capítulo a las diferencias entre la administración de Javier Milei, los sindicatos docentes y el gobierno de Axel Kicillof, responsable de la gestión de las escuelas de la provincia.

Las actuaciones del ministerio se limitarán al paro en establecimientos bonaerenses. La protesta universitaria formó parte de la misma jornada, pero corresponde a otro conflicto y no integra el procedimiento sancionatorio que prepara la cartera nacional.

Con el operativo todavía en marcha, el Gobierno consolidará las actas, identificará a los sindicatos involucrados y definirá las responsabilidades administrativas. Los resultados finales determinarán el alcance de los expedientes y las eventuales sanciones previstas por la legislación.

La inflación de septiembre fue de 1,9% a nivel nacional, lo que implicó una aceleración respecto de agosto, pero presentó resultados dispares en las mediciones locales, con variaciones que fueron desde el 1,4% hasta el 2,5%.

De acuerdo con un informe de Politikon Chaco, elaborado a partir de datos de las direcciones e institutos provinciales de estadística y del Indec, cinco de las diez jurisdicciones con mediciones propias registraron una aceleración de la inflación respecto del mes anterior, mientras que las otras cinco mostraron una desaceleración. Además, solo tres distritos superaron el nivel nacional: Río Negro, Neuquén y Tucumán.

Río Negro registró la mayor suba mensual, con un 2,5%. Detrás se ubicaron Neuquén y Tucumán, ambas con un 2,1%. Jujuy igualó el promedio nacional, con un 1,9%, mientras que las otras seis jurisdicciones relevadas presentaron incrementos inferiores.

En la Ciudad de Buenos Aires y Chaco, la inflación fue del 1,8%, mientras que Mendoza registró un 1,7% y Santa Fe, un 1,6%. San Luis tuvo un incremento del 1,5% y Córdoba cerró el ranking con una variación del 1,4%.

La evolución de los precios también mostró diferencias respecto de agosto. Río Negro tuvo la mayor aceleración, con un incremento de 0,4 puntos porcentuales (p.p.), seguida por Tucumán, con 0,3 p.p. Jujuy y Mendoza aceleraron 0,2 p.p. cada una, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el avance fue de 0,1 p.p.

En sentido contrario, Córdoba presentó la mayor desaceleración, de 0,4 p.p. Neuquén, Santa Fe y San Luis registraron bajas de 0,2 p.p. cada una, mientras que Chaco redujo su ritmo de aumento en 0,1 p.p.

Qué rubros impulsaron la inflación en las provincias

Los aumentos que explicaron la variación del IPC fueron distintos según el distrito. En Río Negro, donde se registró la mayor suba general, incidieron los alimentos y bebidas, con un alza del 3,3%; la atención médica, con un 5,2%; y el transporte, con un 4,6%.

En Neuquén, los mayores incrementos se observaron en prendas de vestir y calzado y en educación, ambos con un 3%. También se destacó vivienda y servicios públicos, con un 2,6%. En Tucumán, este último rubro encabezó las subas, con un 4,5%, seguido por salud, con un 3,8%.

En Jujuy, vivienda y servicios públicos aumentó un 4,1%, mientras que cuidado personal avanzó un 3,8% y recreación y cultura, un 3,3%. En la Ciudad de Buenos Aires, educación registró una suba del 2,9%, y vivienda y servicios públicos y prendas de vestir y calzado aumentaron un 2,3% en cada caso.

En Chaco, los mayores incrementos se concentraron en esparcimiento y cultura, con un 4,2%, y vivienda y servicios públicos, con un 3,9%. En Mendoza, en tanto, se destacaron esparcimiento, con un 3,8%, e indumentaria, con un 3,3%.

Santa Fe registró los mayores aumentos en educación, con un 3,8%, y atención médica, con un 2,5%. En San Luis, los incrementos más pronunciados correspondieron a otros bienes y servicios, con un 3%; educación, con un 2,2%; y atención médica, con un 2%.

Por último, en Córdoba, la provincia con la menor inflación mensual, seguros y servicios financieros presentó una suba del 3,4%, mientras que cuidado personal, salud y educación aumentaron un 2,7% cada uno.

Cuánto acumuló la inflación en las provincias en lo que va de 2026

Entre enero y septiembre, la inflación nacional acumuló un 23,6%, por encima del 22% registrado durante el mismo período de 2025.

Neuquén encabezó las subas acumuladas entre las jurisdicciones relevadas, con un 25,4%. Le siguieron Chaco, con un 24,2%, y la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Tucumán, con un 23,7% en cada caso. Todas estas jurisdicciones se ubicaron por encima del promedio nacional.

En el otro extremo, San Luis registró el menor incremento acumulado, con un 20,5%. Por debajo del nivel nacional también se ubicaron Mendoza, con un 21,7%; Córdoba, con un 21,8%; Río Negro, con un 23%; y Santa Fe, con un 23,3%.

En la comparación interanual, los precios a nivel nacional aumentaron un 33,4% en septiembre. Neuquén mostró la mayor variación, con un 35,3%, seguida por Tucumán, con un 33,9%; Chaco, con un 33,7%; y Jujuy, con un 33,6%.

El resto de las jurisdicciones quedó por debajo del registro nacional. Río Negro presentó la menor variación interanual, con un 29,7%, seguida por Mendoza, con un 31,3%; Córdoba, con un 31,6%; San Luis, con un 31,9%; y la Ciudad de Buenos Aires, con un 32,9%.

En línea con su plan de visitar casi una decena de provincias en los próximos meses, la Casa Rosada confirmó un viaje de Javier Milei a Catamarca a fines de octubre. Aunque voceros oficiales del presidente afirman que la agenda será comunicada oportunamente, los dirigentes del partido nacional de La Libertad Avanza, así como los de la gobernación, están a la espera de que se produzca la visita.

“A fin de mes el Presidente tiene una actividad institucional en Catamarca y también se prevé una actividad partidaria”, confirmaron fuentes del Gobierno a Infobae. La idea principal es que Milei vaya a visitar los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El Presidente tiene previsto utilizar esos nuevos proyectos como una excusa para mostrarse por los territorios provinciales. La primera parada se produjo el mes pasado en la ciudad de Bahía Blanca, donde, después de varias escalas, aprovechó para mostrarse con la militancia violeta, en lo que configuró una de las apariciones partidarias con vistas al año próximo.

También hubo una avanzada en Salta con un viaje encabezado por Karina Milei, Diego Santilli y otros funcionarios de la plana mayor del Gabinete. Ahí estuvieron los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). La hermana presidencial sólo estuvo con la militancia en el aeropuerto y no los involucró en otras actividades de la breve estadía.

Se prevé que Jalil participe en algunas de las actividades con Milei, aunque no en la partidaria. La Casa Rosada lo considera uno de sus mejores aliados e incluso le gustaría que se asocie al proyecto libertario. Aquel objetivo parece difícil, ya que el mandatario provincial tiene su propio esquema de acuerdos con alfiles del kirchnerismo local. El plan que tiene Milei también es visitar provincias como San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe, además de mantener nuevas visitas por la provincia de Buenos Aires.

Milei visitará Neuquén el próximo lunes 19 de octubre para encabezar la jornada inaugural de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, la mayor cumbre de negocios de la industria energética de la región. El mandatario aterrizará en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón, donde será recibido por el gobernador Rolando Figueroa junto a directivos y CEOs de las principales compañías petroleras que participan del evento. Según información brindada por Econojournal, tras un encuentro privado para repasar la agenda hidrocarburífera, Milei se trasladará al Espacio DUAM, donde brindará un discurso en el Auditorio Tromen y encabezará el corte de cinta de la inauguración oficial. La muestra, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y Messe Frankfurt Argentina, se extenderá del 19 al 22 de octubre y reunirá a más de 400 empresas expositoras vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.

Se trata de la segunda visita de Milei a la provincia como presidente, tras su recorrida por Loma Campana en agosto de 2024; aunque todavía no se sabe si realizará una actividad partidaria en la provincia. Las negociaciones del oficialismo con Figueroa no son intensivas, pero existen. La Libertad Avanza tiene a la senadora nacional Nadia Márquez como precandidata a gobernadora y consideran que son competitivos frente al oficialismo local. Aún así, el neuquino tiene bancas en el Congreso que hacen que su apoyo sea determinante para las próximas reformas que debe poner en discusión la Casa Rosada.

Catamarca es la provincia con mayor cantidad de proyectos RIGI. Son cinco en total, los cuales combinan inversiones en litio, oro y plata en distintos puntos de la provincia. La iniciativa de mayor envergadura entre este grupo es la de Diablillos, a cargo de Abra Silver a través de Pacific Rim, un yacimiento de oro y plata ubicado en los departamentos de Los Andes, en Salta, y de Antofagasta de la Sierra, en Catamarca. El proyecto demanda una inversión de 764 millones de dólares y prevé la creación de 2.013 puestos de trabajo directos e indirectos, según la resolución 562/2025 publicada en el Boletín Oficial.

El litio concentra la mayor cantidad de iniciativas aprobadas en territorio catamarqueño. La Sucursal Dedicada de Liex S.A., subsidiaria de la minera china Zijin Mining, desarrolla el proyecto Tres Quebradas en el Salar Tres Quebradas, departamento de Fiambalá, con una inversión total en activos computables de 710 millones de dólares. La planta apunta a una capacidad de producción de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante el método de extracción directa, con inicio de operación previsto para abril de 2029. En el Salar del Hombre Muerto, Río Tinto avanza con la Expansión Fase 1B del proyecto Fénix, con una inversión de 531 millones de dólares que elevará la capacidad de producción a 38.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Por su parte, Posco Argentina desarrolla Sal de Oro II, también en el Salar del Hombre Muerto y con presencia compartida entre Salta y Catamarca, con una inversión total informada de 547 millones de dólares destinada a la construcción de una nueva planta de carbonato de litio.

El quinto proyecto corresponde a Hombre Muerto Oeste (HMW), de la minera australiana Galan Lithium, con una inversión de 292 millones de dólares, la de menor magnitud entre las cinco iniciativas. La planta, que ya se encuentra en operación, cuenta con una capacidad inicial de 12.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente y contempla una ampliación adicional de 5.000 toneladas. Todos estos proyectos acceden a los beneficios del RIGI, que incluyen la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución inmediata del IVA, la eliminación de retenciones a las exportaciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal de entre 30 y 40 años, según la categoría de cada emprendimiento.