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Abrir un comercio, instalar una fábrica o poner en marcha un emprendimiento puede resultar mucho más sencillo en algunas ciudades que en otras. Mientras ciertos municipios permiten iniciar las habilitaciones por internet, consultar los requisitos y pagar las tasas de manera digital, en otros todavía es necesario concurrir a oficinas públicas, presentar documentación en papel y realizar distintas gestiones antes de obtener la autorización correspondiente. Un ranking de 30 municipios argentinos muestra las diferencias en las facilidades y los obstáculos para abrir negocios, con una marcada distancia entre las jurisdicciones mejor y peor posicionadas.

El diagnóstico surge del Índice FÁCIL Productivo 2026, desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El trabajo compara los procesos de habilitación de distintas actividades económicas y ordena a los municipios según las facilidades administrativas que ofrecen a quienes buscan iniciar una actividad productiva.

Tres de Febrero encabeza el ranking, con 60,90 puntos, seguido por la ciudad de Córdoba, con 59,03; Santa Fe capital, con 53,97; Luján, con 53,86; y Río Cuarto, con 52,70. Son las cinco jurisdicciones que superan los 50 puntos dentro de la muestra analizada. En el extremo opuesto aparecen Lanús, con 28,04 puntos; Quilmes, con 28,01; Avellaneda, con 25,86; y Pilar, con 20,93, que ocupa el último lugar entre los municipios evaluados.

La diferencia entre Tres de Febrero y Pilar alcanza casi 40 puntos. Sin embargo, el indicador no mide directamente cuánto tarda una persona en conseguir una habilitación ni cuánto dinero termina gastando, sino las condiciones administrativas que encuentra para realizar el trámite.

Cuáles son los municipios con más facilidades

El informe vincula los mejores resultados con la digitalización de las habilitaciones comerciales, la organización de la información y la disponibilidad de herramientas que permiten anticipar los pasos necesarios para comenzar una actividad.

En el caso de Tres de Febrero, el estudio destaca la plataforma MI3F, la posibilidad de obtener una habilitación instantánea online para determinados rubros y una guía digital que permite conocer los requisitos, los pasos y las condiciones del procedimiento. Estas herramientas facilitan el acceso a la información y permiten realizar gestiones sin necesidad de concurrir a una oficina municipal.

“Desde la gestión que inició Diego Valenzuela venimos tomando medidas para simplificar trámites, eliminar burocracia y hacer más accesible el inicio de un emprendimiento. Hoy seguimos profundizando esa transformación, porque es el camino para generar oportunidades, trabajo y progreso económico”, afirmó Rodrigo Aybar, intendente de Tres de Febrero, a través de un comunicado. Por su parte, Diego Valenzuela, actual senador e intendente en uso de licencia, celebró el resultado en sus redes sociales y destacó la importancia de simplificar los procedimientos y no cobrar por las habilitaciones.

En Córdoba también es posible iniciar la habilitación comercial de manera online. Tanto esa ciudad como Tres de Febrero cuentan con guías de trámites, alternativas de pago digital y canales de asistencia para los solicitantes. Santa Fe capital presenta características similares: permite realizar gestiones por internet, dispone de medios de pago digitales y ofrece canales de comunicación rápidos, entre ellos un chat de asistencia.

Estas herramientas no necesariamente eliminan todos los requisitos, pero permiten que los interesados conozcan con mayor claridad qué documentación deben presentar, cómo comenzar el procedimiento y cuáles son las instancias previstas.

Más abajo, dentro de un grupo intermedio alto, aparecen otros dos municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires. San Isidro obtiene 47,83 puntos y General San Martín, 46,34. Según el relevamiento, ambos cuentan con plataformas y guías digitales desarrolladas, aunque todavía mantienen procedimientos híbridos o instancias de validación que obligan a realizar pasos adicionales antes de completar una habilitación.

La presencia de herramientas digitales, por lo tanto, no implica necesariamente que todo el proceso pueda resolverse a distancia. Una solicitud puede comenzar por internet y requerir después documentación física, verificaciones presenciales u otras intervenciones administrativas.

Dónde aparecen las mayores trabas

Los municipios ubicados en la parte inferior del ranking presentan problemas vinculados con la dependencia de trámites presenciales, la cantidad de requisitos y la falta de información pública.

El estudio identifica procedimientos en los que no existe una vía clara para comenzar la habilitación por internet o en los que se exige completar varias gestiones previas. También señala dificultades para conocer de antemano los costos, los plazos y la documentación necesaria.

El caso de Pilar, penúltimo entre los 30 municipios evaluados recibe una mención específica en el informe.

Allí, la información pública disponible sobre la habilitación comercial resulta insuficiente para conocer aspectos centrales del procedimiento, como los requisitos, la documentación exigida, la modalidad de gestión, los plazos o los costos. Aunque el trámite de zonificación puede iniciarse online, tampoco ofrece información completa sobre los medios de pago, los tiempos de resolución y el seguimiento del expediente.

De acuerdo con el documento, estas limitaciones dificultan que quien quiere abrir un negocio pueda anticipar el recorrido administrativo necesario y conocer las condiciones que deberá cumplir.

Lanús, Quilmes y Avellaneda también integran el grupo de menor puntuación. El informe identifica entre las debilidades comunes de estas jurisdicciones los circuitos presenciales o mixtos, los trámites previos y las exigencias de documentación física.

La burocracia que enfrentan los emprendedores

Más allá de las posiciones individuales, uno de los datos más relevantes del trabajo aparece en el análisis de los requisitos exigidos.

En el 85% de los trámites relevados se solicita información que el propio municipio ya podría tener o conseguir mediante otros organismos públicos, tanto provinciales como nacionales.

Esto significa que, en una proporción muy elevada de procedimientos, el emprendedor debe presentar documentación que ya se encuentra dentro de la administración pública o que podría obtenerse mediante el intercambio de información entre dependencias.

La situación se repite en distintas actividades y jurisdicciones, y representa uno de los principales obstáculos administrativos identificados por Idesa.

Otro resultado está relacionado con la cantidad de gestiones que deben completarse antes de obtener una habilitación. En el 70% de los municipios se exige, en promedio, realizar más de tres trámites previos, mientras que en el 30% se solicitan, también en promedio, más de siete requisitos por trámite.

Estos pasos se suman al procedimiento de habilitación propiamente dicho y pueden involucrar distintas oficinas o áreas de un mismo gobierno local.

La falta de información pública agrega otra dificultad. El relevamiento muestra que en el 38% de los trámites no fue posible determinar el costo de realizar la gestión, ya fuera mediante un monto publicado o una referencia normativa que permitiera conocerlo. En el 62% restante sí se encontró información sobre el importe correspondiente o se identificó que el trámite era gratuito.

La disponibilidad de datos también presenta diferencias respecto de las normas aplicables. En 22 localidades, las guías de habilitación incluyen información sobre el marco legal que regula los procedimientos. En las otras ocho no se logró identificar esa información en las guías consultadas.

Trámites presenciales y dificultades para seguir los expedientes

La digitalización es otro de los aspectos en los que aparecen diferencias importantes.

Solo 10 de los 30 municipios analizados cuentan con trámites que pueden realizarse completamente online. En las otras 20 jurisdicciones existe al menos un procedimiento que debe gestionarse de forma totalmente presencial.

La posibilidad de pagar las tasas por internet está más extendida. En 20 localidades, todas las tasas correspondientes a los trámites analizados pueden abonarse online o son gratuitas. En las diez restantes, al menos uno de los pagos exige concurrir personalmente.

El seguimiento de los expedientes también presenta limitaciones. En el 57% de los municipios existe al menos un trámite que requiere una consulta presencial para conocer su estado, mientras que el 43% dispone de modalidades digitales de comunicación para las gestiones evaluadas.

Entre los canales identificados figuran WhatsApp, correo electrónico y comunicaciones telefónicas, utilizados para informar sobre el avance de una solicitud, pedir documentación adicional o comunicar su aprobación o rechazo.

El informe también analiza la posibilidad de que los emprendedores evalúen la atención recibida. Solo cuatro localidades cuentan con encuestas de satisfacción y apenas dos ofrecen ese mecanismo específicamente al finalizar el trámite de habilitación.

Las diferencias según el tipo de negocio

Las dificultades administrativas no son iguales para todas las actividades. El estudio contempla 12 tipos de negocios, desde comercios pequeños y establecimientos gastronómicos hasta clínicas privadas, estaciones de servicio e industrias.

Entre las actividades de menor complejidad figuran kioscos, supermercados, farmacias, carnicerías, verdulerías, restaurantes, locales de indumentaria y estudios de servicios profesionales. Los rubros más complejos incluyen hipermercados, clínicas, estaciones de servicio e industrias metalúrgicas y alimenticias.

En promedio, los comercios simples obtienen 40,2 puntos, frente a 38,3 puntos de las actividades complejas. En 17 de las 30 jurisdicciones, los primeros presentan mejores resultados.

Las diferencias son particularmente marcadas en San Miguel de Tucumán, donde los comercios simples alcanzan 50,2 puntos y los complejos, 28. En Tigre, los valores son de 44 y 31,7 puntos, respectivamente.

El relevamiento señala que las actividades industriales, sanitarias y de mayor escala suelen necesitar documentación técnica, controles ambientales, certificados de bomberos y autorizaciones de otros organismos. La diferencia que analiza el índice no se limita a la cantidad de exigencias, sino también a la posibilidad de gestionarlas digitalmente y acceder a información clara sobre cada paso.

En los municipios que lideran el ranking, las diferencias entre actividades simples y complejas son menores. En Tres de Febrero, por ejemplo, los puntajes son de 63,7 y 57,2, respectivamente; en Córdoba, de 59,9 y 57,6; y en Santa Fe capital, de 54,8 y 51,9.

Qué municipios incluye el relevamiento

El universo original comprendía 31 jurisdicciones, seleccionadas por su relevancia económica, peso demográfico y diversidad de condiciones administrativas.

La muestra incluyó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 municipios bonaerenses y nueve ciudades del interior. Sin embargo, José C. Paz quedó fuera del ranking final porque no se encontró información pública suficiente para reconstruir y evaluar sus procedimientos de habilitación.

Por eso, el ordenamiento definitivo corresponde a 30 jurisdicciones y no representa a la totalidad de los municipios argentinos.

El documento también incorpora una comparación con tres ciudades latinoamericanas. Santiago de Chile obtiene 84,4 puntos; Montevideo, 78,1; y Bogotá, 77,6. Las tres se ubican por encima de Tres de Febrero, que registra el puntaje más alto de la muestra argentina.

El relevamiento refleja las condiciones administrativas y la información disponible al 30 de mayo de 2026. Los cambios normativos, las nuevas plataformas o las modificaciones de los procedimientos posteriores a esa fecha no forman parte de los resultados.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba y precandidato a la reelección, cuestionó durante una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía la falta de medidas para las pymes y propuso un esquema desarrollista para el país

La confirmación llegó al comienzo de la charla. Ante la consulta sobre una postulación para un segundo mandato en las próximas elecciones provinciales, Llaryora respondió: “Confirmalo”.

En una entrevista con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, el mandatario describió las bases del cordobecismo y marcó sus diferencias con el kirchnerismo y el gobierno de Javier Milei.

“Nosotros somos un justicialismo que conforma un frente que se llama cordobecismo”, sostuvo Llaryora. También explicó que su espacio tiene una concepción propia: “Creemos que entendemos el justicialismo de una manera distinta a cómo lo entiende, por ejemplo, el kirchnerismo”.

El cordobecismo

El gobernador ubicó al cordobecismo dentro de una tradición orientada a la producción y el trabajo. “Somos un partido, le decimos de sentido común, lo que por lo general denominan de centro”, afirmó.

Para Llaryora, la creación de empleo debe ordenar la gestión pública. “Gobernar es generar trabajo”, señaló, antes de enumerar condiciones que, según dijo, permiten sostener al sector privado: acuerdos con la industria, la producción, el campo y reglas que se mantengan en el tiempo.

El mandatario asoció la seguridad jurídica con la previsibilidad de las decisiones oficiales. “No es solo una Justicia independiente, sino que es que se cumpla lo que uno se compromete y promete”, expresó.

En ese marco, mencionó la inversión en infraestructura como una herramienta para sumar competitividad. “Córdoba tiene la mejor infraestructura en materia de ruta, eléctrica”, afirmó, y la relacionó con la radicación industrial, las universidades y la formación de profesionales.

Llaryora sostuvo que la provincia aporta más recursos fiscales de los que recibe de la Nación. “Le aporta a la Argentina cuatro mil millones de dólares extra de lo que la Argentina le aporta a Córdoba”, dijo al referirse al balance entre los impuestos generados en el distrito y la coparticipación.

El gobernador cuestionó de forma particular las retenciones. “Ni Putin sostuvo las retenciones”, afirmó, y señaló que esos derechos de exportación perjudican especialmente a Córdoba y Santa Fe.

También remarcó la condición mediterránea de la provincia y su efecto sobre el modelo productivo. “Córdoba es una provincia totalmente mediterránea”, explicó. Según planteó, esa ubicación exige pensar de manera permanente en desarrollo industrial y generación de empleo privado.

Llaryora señaló que el cordobecismo reúne dirigentes de distintas procedencias partidarias. “Acompaño a una intendenta que proviene del radicalismo. Tenemos ministros del PRO, tenemos ministros que vienen del socialismo”, enumeró.

Sobre esa composición, sostuvo que existe un objetivo compartido: “Córdoba tiene que ser un motor productivo y generador de empleo”. A la vez, contrapuso ese modelo con la polarización nacional: “En Córdoba no ha entrado la grieta”.

El gobernador mencionó las pruebas educativas para describir resultados de las políticas provinciales. “Córdoba salió primera en educación, en materia de lengua y matemáticas”, afirmó sobre las evaluaciones Aprender. También indicó que la provincia ocupó el primer lugar nacional entre los distritos evaluados en PISA.

Las críticas al Gobierno nacional

Consultado sobre el impacto del rumbo económico nacional en la industria cordobesa, Llaryora sostuvo que la falta de intervención estatal también constituye una decisión. “La no política industrial es una política industrial”, respondió.

El mandatario planteó que la administración de Milei prioriza las variables macroeconómicas sin atender la situación de las empresas. “Tiene un grave problema en no pensar en la microeconomía y en las líneas de desarrollo”, afirmó.

Para el gobernador, esa orientación repercute sobre el entramado productivo. “Es lo que está generando esta caída de pymes y esta caída del empleo formal, de una manera tremenda”, expresó.

Llaryora vinculó esa situación con las características laborales de Córdoba. “Cuando vos tenés una provincia que tenés la menor cantidad de empleados públicos de la Argentina, ¿qué necesitás? Empleo privado”, reiteró.

Al ser consultado por la pérdida de puestos de trabajo, aclaró que no contaba con el indicador mensual actualizado. Sin embargo, explicó que Córdoba representa cerca del 9% de la masa laboral nacional y aludió a un registro de “doscientos treinta mil puestos” en la discusión sobre el deterioro del empleo.

El gobernador también se refirió al cierre de empresas. “Cerraron treinta mil pymes”, afirmó, y ubicó a la industria metalmecánica entre los sectores afectados por la caída de la actividad.

Llaryora diferenció las medidas para las grandes inversiones de las herramientas destinadas a comercios y pequeñas empresas. “El actual tiene unas medidas macro, que ha generado un RIGI para las grandes inversiones, pero para la política micro y pyme no hay”, sostuvo.

El mandatario reconoció que existía consenso sobre la necesidad de estabilizar la economía. “Había que estabilizar la macroeconomía, había que bajar la inflación”, dijo. Aun así, señaló que los gobiernos subnacionales absorbieron parte de las consecuencias sociales del ajuste.

“En nuestro caso fuimos amortiguadores para la crisis”, afirmó Llaryora. Como ejemplo, mencionó la eliminación de subsidios nacionales al transporte en el interior: “A Córdoba le bajaron todos los subsidios al transporte”.

Según explicó, la provincia sostuvo con recursos propios el boleto educativo. “Nosotros subsidiamos, en definitiva, lo que la Nación dejó de subsidiar”, señaló.

También relató la situación de Marcos Juárez, donde cerró una clínica que brindaba atención a afiliados de PAMI. “Dejó cinco mil quinientos abuelos sin atención”, afirmó.

Frente a ese escenario, dijo que la Provincia debió reforzar su sistema hospitalario. “Triplicamos en Córdoba la atención a los abuelos de PAMI”, aseguró, y sostuvo que los recortes nacionales terminan por trasladarse a la salud pública provincial.

Al ser consultado por los dichos del secretario de Trabajo sobre el crecimiento de modalidades autónomas de empleo, cuestionó que se equiparen con la caída del trabajo registrado. “No podés comparar una cosa con otra”, respondió.

Llaryora sostuvo que la recesión utilizada para bajar la inflación derivó en un deterioro que requiere una nueva respuesta. “Esa recesión prolongada en el tiempo te está causando una pérdida del trabajo”, afirmó.

Consultado sobre si el Gobierno nacional está a tiempo de cambiar el rumbo, respondió: “Sí, yo creo que sí”. Para argumentarlo, recordó su gestión durante la pandemia: “Vino la pandemia. Cambió todo el programa de gobierno que teníamos, porque la situación te hace cambiar”.

El gobernador advirtió que, si el actual esquema se sostiene sin modificaciones, habrá consecuencias sociales y políticas. “La situación social se va a deteriorar y naturalmente la situación social te va a llevar después a que no puedas seguir sosteniendo políticamente este programa de gobierno”, expresó.

Llaryora sostuvo que la administración nacional apuesta a la baja de la inflación como principal activo. “Están jugados a que su bandera sea sostener ese nivel inflacionario”, afirmó.

Propuestas e ideas

Al analizar cómo las provincias sostienen obras y servicios ante la caída de transferencias, Llaryora descartó que una suba de impuestos sea una salida viable. “Hoy aumentar impuestos es imposible”, afirmó.

El gobernador describió un escenario de deterioro para hogares y empresas. “La sociedad argentina ya no da más, no se llega a fin de mes, está totalmente endeudada, hay una caída del empleo, están las pymes cerrando”, enumeró.

A partir de ese diagnóstico, reclamó un cambio en la estrategia del Gobierno nacional. “Tiene que entender la situación social en la cual está inmersa la Argentina”, sostuvo.

Llaryora cuestionó además el uso de recursos provenientes de los combustibles. “Hay un impuesto que se destina a ruta, pero no se arregla una ruta en Argentina”, dijo.

El mandatario detalló algunas medidas aplicadas en Córdoba para contener la caída del consumo. “Hemos puesto una tarjeta para comprar seis cuotas de alimento y seis cuotas a la farmacia”, señaló sobre un esquema de financiamiento a tasa de 0%.

También mencionó créditos para pequeños comercios y emprendimientos. “Hemos generado un crédito para las pymes más pequeñas, hasta diez millones de pesos para una panadería, para una pizzería”, afirmó.

Sobre los ingresos de la Provincia, sostuvo que hubo más de diez meses con deterioro de las transferencias. “Creo que de los diez meses, ocho con caída de transferencias”, expresó.

El gobernador vinculó esa merma con el freno de la actividad económica. “La actividad económica está parada y está muerta”, afirmó.

Ante la discusión por el superávit fiscal nacional, Llaryora no negó la existencia de un resultado positivo, aunque cuestionó la forma en que se alcanza. “Vos podés tener un superávit achicando continuamente o no pagando”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó el reclamo por fondos destinados a la Caja de Jubilaciones provincial. “A nosotros no nos pagan la plata de la caja de jubilaciones”, afirmó, y señaló que existen procesos judiciales aún pendientes.

Llaryora planteó que el equilibrio fiscal debe combinarse con medidas de reactivación. “A veces, cuando tenés una política contractiva, tenés que hacer una política anticíclica”, expresó.

Su propuesta consiste en sostener el orden macroeconómico con medidas de impulso productivo. “Nosotros creemos que se puede sostener el nivel inflacionario, pero haciendo cosas a la par para sostener la situación social”, dijo.

El mandatario resumió su posición con una definición: “Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

Llaryora diferenció esa fórmula del mileísmo y del kirchnerismo. “Hay uno que cree que el Estado tiene que ser todo y otro que el mercado tiene que ser todo”, señaló.

Al mencionar una alternativa presidencial para su espacio, respaldó a Juan Schiaretti. “Yo creo que Juan Schiaretti, con la experiencia de haber sido tres veces gobernador, conduciría este país por la línea de la sensatez”, afirmó.

El mandatario provincial también destacó la construcción de 15 sedes universitarias en el interior cordobés. “Están desfinanciando el sistema universitario y nosotros estamos construyendo quince sedes universitarias en el interior de Córdoba”, dijo.

Frente a una hipótesis electoral entre Axel Kicillof y Javier Milei, Llaryora rechazó que la discusión nacional quede limitada a esos nombres. “¿Por qué no puede ser Schiaretti? ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando en los extremos?”, preguntó.

Consultado sobre una nueva candidatura presidencial del exgobernador, respondió: “Sí, claro”.

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Profertil, la -hasta ahora- única productora de urea de la Argentina, dio un paso en dirección a la construcción de su segunda planta en el Parque Industrial de Ingeniero White, en Bahía Blanca, después de casi una década de postergaciones. La compañía eligió a Techint Ingeniería & Construcción -el brazo constructor del holding de Paolo Rocca– y a la italiana Saipem para desarrollar los servicios técnicos del proyecto.

Según estimaron fuentes del mercado, el plan demandaría una inversión estimada de USD 2.000 millones, tardaría entre tres y cinco años en completarse y duplicaría la capacidad de producción de la empresa. El proyecto podría presentarse bajo el RIGI.

La nueva planta tendrá una capacidad de 4.450 toneladas diarias y se levantará en un terreno que Profertil ya tenía reservado en el centro de su predio bahiense. A pesar de que la decisión final de inversión todavía está pendiente, la novedad llega en un momento en el que la empresa abastece alrededor del 60% del mercado interno de urea —hace 15 años cubría la totalidad, pero hoy no llega a cubrirla y el resto se importa— y la demanda no deja de crecer, empujada por la expansión de los cultivos de trigo y maíz.

La idea de duplicar la capacidad de Profertil no es nueva. El proyecto comenzó a gestarse en 2015, cuando la compañía identificó que la demanda del fertilizante en la Argentina crecía a un ritmo que su única planta no llegaba a acompañar. Sin embargo, la inversión se fue postergando por razones macroeconómicas, cambios regulatorios y, sobre todo, por un traspaso accionario que modificó por completo la estructura de la empresa.

En 2022, en medio de esas idas y vueltas, Profertil firmó un acuerdo de exclusividad con Saipem y el Grupo Techint para incorporar cambios tecnológicos al diseño de la nueva planta. No fue una elección arbitraria: Techint E&C había construido junto a Snamprogetti —hoy Saipem— la planta original, inaugurada en 2001. Más de dos décadas después, la dupla vuelve a trabajar en el mismo complejo.

Nuevos dueños: cómo Adecoagro y ACA tomaron el control de Profertil en menos de un año

El proyecto se destrabó con nuevos accionistas al mando. Hasta 2025, Profertil era controlada en partes iguales por YPF y la canadiense Nutrien. La primera en salir fue la multinacional: en septiembre de ese año vendió su 50% a Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) por USD 600 millones. La decisión de Nutrien se enmarcó en una reestructuración global que la llevó a concentrarse en América del Norte.

Tres meses después, en diciembre de 2025, YPF le vendió su otro 50% a Adecoagro por USD 1.200 millones. La petrolera estatal se desprendió de Profertil como parte del Plan 4×4, la hoja de ruta que diseñó su presidente, Horacio Marín, para cuadruplicar el valor de la compañía en cuatro años. La estrategia implicaba salir de todos los activos que no estuvieran vinculados a la operación de Vaca Muerta. En la misma línea, en agosto de este año, YPF vendió su participación mayoritaria en Metrogas a Edenor —la distribuidora controlada por Daniel Vila y José Luis Manzano— por USD 780 millones.

Con la salida de ambos socios, la composición accionaria de Profertil quedó controlada por Adecoagro en un 90%, mientras que ACA retiene el 10% restante.

Pero detrás de Adecoagro hay otro jugador de peso: el grupo Tether, emisor de la stablecoin USDT y una de las empresas cripto más grandes del mundo, que en 2025 pagó más de USD 615 millones para quedarse con el 70% de Adecoagro. La compañía, cofundada y dirigida por Mariano Bosch, atraviesa además una etapa de expansión agresiva: en julio de este año desembolsó USD 148 millones para adquirir una planta de azúcar y etanol en Brasil al Grupo Raízen.

El gas de Vaca Muerta, la pieza que faltaba para viabilizar el proyecto

La urea es un fertilizante nitrogenado indispensable para los principales cultivos extensivos de la Argentina. Se utiliza para devolver nutrientes al suelo y sostener la productividad de unas 11 millones de hectáreas dedicadas al trigo, el maíz y otros cereales.

Hace 15 años, Profertil abastecía el 100% del mercado argentino e incluso exportaba ocasionalmente a Brasil. Pero la demanda creció —impulsada por el aumento sostenido del consumo de trigo y maíz desde 2015— y la capacidad de la planta llegó a su techo. Hoy, la empresa cubre alrededor del 60% de la demanda interna y el resto se cubre con importaciones. De hecho, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2025 la Argentina importó 4,1 millones de toneladas de fertilizantes, un 28% más que el año anterior y el segundo registro más alto del siglo. Los nitrogenados —categoría que incluye la urea— lideraron con 2,1 millones de toneladas, más de la mitad del total.

El problema no es solo de volumen, sino también de vulnerabilidad. La coyuntura en Medio Oriente expuso la fragilidad de esa dependencia: tras la escalada del conflicto en Irán, la paralización del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz —por donde fluye un tercio de las exportaciones mundiales de fertilizantes— comprometió las entregas de insumos a nivel global. El ataque iraní a las instalaciones de Qatar Energy, el principal exportador de gas natural licuado del mundo, llevó a la empresa estatal qatarí a suspender su actividad, lo que afectó de lleno la cadena de suministro de la urea. La Argentina no fue la excepción: el 35% de la urea que importa transita por esa zona.

El contexto global agrega presión: para 2050 se espera que la población mundial alcance los 10.000 millones de personas, lo que exigirá un incremento sustancial en la producción de alimentos y, en consecuencia, en el uso de fertilizantes.

El gas natural es, junto con el agua y el amoníaco, uno de los principales insumos para fabricar urea. Durante años, la Argentina operó con déficit energético y debió importar gas para sostener su consumo interno. Ese escenario se revirtió con el desarrollo de Vaca Muerta: la producción no convencional en la cuenca neuquina generó un excedente que no solo eliminó la necesidad de importar, sino que abrió la puerta a proyectos industriales intensivos en gas como el de Profertil.

En ese contexto, la activación del gasoducto Perito Moreno —originalmente llamado Néstor Kirchner— fue una pieza clave. La obra conectó la producción de gas no convencional con el centro y el litoral del país, y le dio viabilidad a una segunda planta que, sin infraestructura de transporte suficiente, difícilmente habría podido avanzar.

Fértil Pampa, el otro megaproyecto que competirá desde el mismo polo industrial

Profertil dejará de estar sola en el negocio de la urea en la Argentina. Pampa Energía, la compañía de Marcelo Mindlin, pidió en abril de este año ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para construir Fértil Pampa, una megaplanta de fertilizantes también en Bahía Blanca, con una inversión de USD 2.400 millones.

El proyecto apunta a producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea a partir de 2030 y destinar el 60% a la exportación, principalmente a Brasil. La iniciativa contempla financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Financiera Internacional (CFI), del Banco Mundial.

Si ambos proyectos se concretan, la Argentina pasaría de importar urea a contar con una capacidad instalada de casi 4,7 millones de toneladas anuales, lo que la convertiría en un exportador neto de fertilizantes en la región.

El programa de evaluación técnica de Techint y Saipem para la segunda planta de Profertil tiene una duración estimada de 11 meses, lo que sitúa la definición de las bases de construcción hacia el segundo semestre de 2027. La obra, si se confirma en los plazos previstos, estaría terminada entre 2030 y 2032.

El Gobierno nacional iniciará un proceso sancionatorio contra los gremios docentes que convocaron al paro en la provincia de Buenos Aires. La decisión surgió tras una fiscalización del Ministerio de Capital Humano, que detectó establecimientos cerrados, un alto nivel de ausentismo y casos en los que los inspectores no pudieron ingresar.

La cartera fundamentó su intervención en la Ley de Modernización Laboral, que declaró a la educación como servicio esencial. La norma establece que, durante una medida de fuerza, debe garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual.

Según pudo saber Infobae, el ministerio que conduce Sandra Pettovello desplegó un operativo en escuelas bonaerenses y comenzó a recibir los primeros resultados durante la mañana. El corte realizado a las 11 incluyó 128 actas: se verificaron 47 establecimientos, 61 escuelas estaban cerradas y en otras 20 se impidió el acceso de los fiscalizadores.

El ausentismo por establecimiento alcanzó el 83,1%, mientras que solo el 8,4% de las instituciones relevadas funcionaba con normalidad. Los datos son preliminares y corresponden únicamente al universo alcanzado por el operativo.

Las inspecciones continuarán durante la jornada, con un nuevo corte previsto para las 13. A partir de esas actas, el ministerio buscará identificar a las organizaciones que participaron de la huelga y determinar si hubo incumplimientos de la normativa vigente.

Capital Humano identificará la responsabilidad de cada gremio

Desde Capital Humano cuestionaron a la dirigencia sindical y a los sectores de la oposición que respaldaron la protesta. “Vamos a iniciar un proceso sancionatorio”, anticiparon fuentes de la cartera, que señalaron que las medidas concretas se definirán una vez que termine la fiscalización y se establezcan las responsabilidades de cada entidad.

El procedimiento alcanza, en principio, a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Entre ellos figuran el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

También se evalúa la participación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que acompañó la medida. La determinación de qué organizaciones quedarán alcanzadas por los expedientes dependerá de la documentación reunida en las inspecciones.

Por el momento, el Gobierno resolvió avanzar por la vía administrativa, pero no definió una multa ni otra penalidad específica. Las actuaciones deberán precisar el grado de intervención de cada sindicato en el conflicto y los eventuales incumplimientos que hayan quedado registrados.

Para el Ejecutivo, el cierre total de las escuelas es uno de los principales elementos del relevamiento. La cartera distinguió esos casos de aquellos establecimientos donde una parte de los docentes adhirió al paro y otra continuó con sus tareas.

Los 20 casos en los que se impidió el ingreso de inspectores también quedaron asentados en las actas. El ministerio analizará las circunstancias de cada episodio y los obstáculos que encontraron los agentes durante el procedimiento.

La ley exige una cobertura mínima del 75% durante las huelgas

El respaldo jurídico de la medida está en el artículo 101 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. La disposición reemplazó el artículo 24 de la Ley 25.877 e incluyó como servicios esenciales al cuidado de menores y a la educación inicial, primaria, secundaria y especial.

La reforma fijó que los conflictos colectivos que afecten servicios esenciales deben asegurar una cobertura mínima del 75% de la actividad normal. Por ese motivo, las medidas de fuerza de los sindicatos de esas actividades quedaron alcanzadas por un régimen destinado a preservar la continuidad de las prestaciones educativas.

El artículo 102 incorporó, además, reglas para organizar los servicios mínimos. Entre ellas, prevé el preaviso de determinadas medidas, la definición de las modalidades de prestación durante el conflicto y la obligación de cumplirlas. El apartado 24.6 habilita sanciones contempladas en las leyes 14.786, 23.551 y 25.212 ante incumplimientos de procedimientos conciliatorios o resoluciones de las autoridades competentes.

La aplicación de esa reforma en el ámbito educativo atravesó una controversia judicial. El 1 de abril, el Juzgado Nacional del Trabajo 74 resolvió que el planteo de la Unión Docentes Argentinos (UDA) contra la declaración de esencialidad quedara comprendido en una medida cautelar que suspendió provisoriamente varios artículos de la ley.

Sin embargo, el 23 de abril, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo concedió efecto suspensivo a la apelación del Estado contra la cautelar general dictada en la causa impulsada por la CGT. Esa resolución restableció la aplicación de las disposiciones cuestionadas mientras sigue el debate judicial sobre su validez.

La fiscalización incluyó cambios respecto de operativos anteriores. Esta vez, Capital Humano no anticipó qué escuelas serían inspeccionadas, con el objetivo de obtener registros directos del funcionamiento de los establecimientos durante la huelga.

El paro docente bonaerense, de 24 horas, coincidió con una jornada nacional de protestas educativas y con la quinta Marcha Federal Universitaria. Los gremios reclamaron recomposición salarial, reapertura de las negociaciones paritarias, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), convocatoria a la paritaria nacional y más recursos para el sistema educativo.

También plantearon reclamos por las condiciones de trabajo y los regímenes jubilatorios. La medida sumó un nuevo capítulo a las diferencias entre la administración de Javier Milei, los sindicatos docentes y el gobierno de Axel Kicillof, responsable de la gestión de las escuelas de la provincia.

Las actuaciones del ministerio se limitarán al paro en establecimientos bonaerenses. La protesta universitaria formó parte de la misma jornada, pero corresponde a otro conflicto y no integra el procedimiento sancionatorio que prepara la cartera nacional.

Con el operativo todavía en marcha, el Gobierno consolidará las actas, identificará a los sindicatos involucrados y definirá las responsabilidades administrativas. Los resultados finales determinarán el alcance de los expedientes y las eventuales sanciones previstas por la legislación.