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En medio de la crisis política vigente en el Senado por el desenlace de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una ley de ecocidio con penas de hasta 25 años de prisión dictaminada a inicios del corriente mes generó una fuerte polémica en las últimas horas, tras reciente el anuncio de la titular del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, del quite de rúbricas de parte de La Libertad Avanza.

La ejecución de ese movimiento no es para nada menor ya que choca de lleno con el artículo 106 del reglamento del Cuerpo y, con la jugada, se deja expuesta a toda la cadena que intervino en el despacho, que figura vigente como orden del día -lista para ir al recinto- y con las firmas de todos los legisladores que lo hicieron -incluida la porteña- en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Ambiente.

¿Por qué se llegó a esta instancia? La cronología comenzó durante la sesión en la que la salteña Flavia Royón solicitó una moción de preferencia -con dictamen de comisión- de una iniciativa empujada por la filo radical Edith Terenzi (Chubut). No hubo inconveniente alguno. El 9 de junio, el plenario se reunió y avanzó. De hecho, según pudo saber Infobae, hasta hubo cambios de legisladores de último momento para no perder la chance de firmar el despacho. Es decir, todo calculado y sin freno alguno.

Tras ello, y mientras el Congreso analiza más propuestas del Poder Ejecutivo que, entiende, ayudarán a propulsar la actividad económica -por ejemplo, el súper RIGI-, desde diversos sectores productivos estallaron de furia al conocer la velocidad de este asunto. Los teléfonos fueron colapsados ante un inminente tratamiento de la ley.

¿Qué plantea el texto? La normativa establece que “será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa equivalente al valor en pesos de 30 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la condena, el que, violando cualquier normativa vigente de protección ambiental y sus reglamentaciones, provoque daños especialmente graves, extensos y duraderos sobre el ambiente”. Y agrega: “Si el daño ambiental fuera irreversible, las penas serán de prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa equivalente al valor en pesos de 70 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la condena”.

Otra modificación en el Código Penal impondría: “Si como consecuencia del delito tipificado en el artículo precedente se produjera la muerte de una persona, la pena será de prisión de cinco (5) a veinticinco (25) años. Si el resultado fuera la muerte de dos o más personas, el mínimo de la pena se elevará a diez (10) años. En todos los casos, se impondrá además una multa equivalente al valor en pesos de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de la condena”.

¿Qué dice el reglamento en su artículo 106? Señala que “las comisiones comunicarán al presidente de la Cámara los asuntos dictaminados” y que “una vez que los dictámenes de comisión ingresan a la Mesa de Entradas, los senadores no pueden retirar su firma de éstos”. Por eso el alarma y preocupación en muchos despachos en las últimas horas tras el movimiento de Bullrich.

Ante una eventual bola de nieve en poco tiempo, las soluciones lógicas y dentro del reglamento viables son: dormir el tema, solicitar un regreso a comisión en la próxima sesión, o trabajar sobre el mismo despacho para modificarlo a gusto y abrir la comisión -en el recinto- para anunciar un renovado texto. Nunca lo sucedido horas atrás.

Lo que ocurre ahora en el Senado, por fuera de las observaciones y elogios que se puedan realizar sobre la propuesta, es el problema de prometer leyes a dialoguistas -como Terenzi y Royón- y que, después, haya extraños retrocesos. Mucho peor, si van en contra del reglamento. Todo esto confirma lo que este medio contó el fin de semana pasado: legisladores aliados que empiezan a desconfiar y prefieren reanudar líneas directas con la Casa Rosada.

El poder adquisitivo de los trabajadores argentinos mostró una señal positiva en abril. Tras el mal resultado de marzo, los salarios registrados crecieron por encima del nivel general de precios y tuvieron su mayor suba mensual desde el inicio del año.

Según un informe publicado por el Indec por el organismo, los ingresos de los empleados formales tuvieron un aumento del 3,5% en el cuarto mes del año. La inflación de abril, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 2,6%, lo que implica una ganancia real de casi un punto porcentual para el conjunto de los trabajadores relevados por la estadística oficial.

El crecimiento de abril estuvo impulsado principalmente por el sector privado. Los trabajadores registrados del sector privado obtuvieron una suba mensual de 4 por ciento. El sector público, en cambio, tuvo un incremento más moderado: 2,3% en el mes, con diferencias significativas según el nivel de gobierno.

Dentro del Estado, los empleados de las administraciones provinciales tuvieron una actualización de 2,5% en abril, en tanto que los del subsector nacional registraron apenas 1,6%. Esta brecha entre jurisdicciones refleja distintos calendarios de negociación y capacidades fiscales, y es una constante que el índice viene registrando desde hace varios meses.

Más terreno por recorrer

El buen dato de abril, sin embargo, no alcanza para revertir el balance del primer cuatrimestre. En los primeros cuatro meses del año, el total del sector registrado acumuló una suba de 10,7%, por debajo del 12,3% que registró la inflación en el mismo período. Eso implica que, pese a la recuperación de abril, los trabajadores formales terminaron el cuatrimestre con una pérdida real en sus ingresos.

El desglose por sector muestra matices. El privado registrado acumuló entre enero y abril un alza de 10,1%, mientras que el público llegó a 12,0%. Este último logró prácticamente empatar con la inflación del período, en tanto que el privado quedó cerca de dos puntos por debajo. En ambos casos, el punto de partida es diciembre de 2025.

En la medición respecto del mismo mes del año anterior, el sector registrado mostró en abril una variación de 29,4%, por debajo del 32,4% de inflación interanual registrado ese mes. Tanto el privado como el público quedaron en terreno similar: 29,3% y 29,6%, respectivamente. Es decir, medidos contra doce meses atrás, los salarios formales todavía no logran ponerse a la par de los precios.

Noticia en desarrollo…

Los precios del petróleo cayeron cerca de un 1% este martes, impulsados por señales de recuperación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz tras la desescalada bélica entre Estados Unidos e Irán, aunque los mercados mantienen cautela ante la fragilidad del acuerdo provisional alcanzado entre ambas partes.

El crudo Brent del mar del Norte para entrega en agosto retrocedió un 1,05%, hasta los USD 77,08 por barril al cierre de la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. Su referente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para la misma entrega, perdió un 0,9%, hasta los USD 73,21 por barril.

Al menos 36 buques de materias primas cruzaron el lunes por ese paso estratégico, una cifra que la plataforma Kpler calificó como tráfico marítimo récord desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. No obstante, ese volumen representa apenas el 40% de los cruces registrados en tiempos de paz, cuando transitan unos 120 buques diarios.

El embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Ali Bahreini, aseguró este martes que el estrecho estaba “totalmente abierto” para el comercio y que los barcos no deberán efectuar ningún pago para utilizarlo. En paralelo, la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció la activación de su plan de evacuación para 11.000 marineros varados en el paso, en el marco de una “operación a gran escala” coordinada con Irán, Omán, Estados Unidos y el resto de países del golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz estuvo cerrado durante tres meses como consecuencia de la guerra con Irán, lo que privó al mercado mundial de millones de barriles de crudo y gas natural licuado (GNL). El paso concentra aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de ambas materias primas. Tras la firma de un memorando provisional de entendimiento, la administración del presidente Donald Trump autorizó el lunes la venta de crudo iraní hasta el próximo 21 de agosto. Trump señaló además que ese día se extrajeron 19 millones de barriles del estrecho y celebró en redes sociales la caída de los precios.

Omán e Irán acordaron este martes continuar las conversaciones sobre la futura gestión de la navegación en el estrecho. El secretario de Estado Marco Rubio descartó que Irán pueda cobrar peajes como parte de un acuerdo definitivo, al argumentar que tal arreglo contravendría el derecho internacional.

A pesar del optimismo inicial, los analistas advierten que la recuperación plena del flujo energético no será inmediata. “Los armadores y operadores de buques exigirán garantías de que las amenazas que representan las minas han sido eliminadas por completo. Los puertos dañados, los escombros en el agua y la congestión son más obstáculos para un aumento incondicional del tráfico”, afirmó Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

Ole Hvalbye, analista de mercado de SEB Research, coincidió en que la flexibilización de las sanciones no afectaría de forma sustancial a los precios a corto plazo, dado que el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán “aún es reciente y frágil”. Abdelaziz Albogdady, gerente de investigación de mercado y estrategia en FXEM, señaló en un análisis remitido a EFE que “un progreso continuo podría mantener la presión a la baja sobre los precios, mientras que cualquier retroceso podría desencadenar una nueva volatilidad”.

David Morrison, analista de Trade Nation, subrayó que “todo apunta a que el estrecho de Ormuz está ahora abierto y que los buques vuelven a transitar por él”. Gregory Daco, economista de EY-Parthenon, proyectó que la normalización de las condiciones de suministro energético “debería ser progresiva” y que, en consecuencia, los precios del petróleo se mantendrán “hasta finales de año, por encima de los niveles registrados antes del conflicto”.

Los inversores siguen atentos a la rapidez con que los productores de Oriente Medio puedan reanudar su producción y exportaciones tras los daños sufridos durante la guerra, así como a las condiciones de acceso de nuevos buques a la región. Una fuente militar iraní indicó a la agencia de noticias Fars que por el momento se permite el paso de un número limitado de embarcaciones por día, en coordinación con la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

Luego de semanas de tensión y negociaciones internacionales, comenzó la evacuación de 11.000 marinos bloqueados en el estrecho de Ormuz con la activación de un operativo coordinado por la Organización Marítima Internacional (OMI), Irán, Omán, Estados Unidos y los países costeros del golfo Pérsico.

Las tripulaciones, que permanecieron atrapadas a bordo de cientos de buques debido al conflicto en Oriente Medio, recibieron finalmente la autorización para cruzar el estrecho tras la obtención de garantías de seguridad y la apertura de rutas alternativas.

Las autoridades marítimas internacionales organizaron la salida escalonada de los barcos luego de la firma de un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. También establecieron rutas alternativas para evitar las zonas peligrosas, ya que el canal principal quedó inutilizado por la presencia de minas.

Los capitanes y propietarios de las embarcaciones iniciaron el cruce tras recibir la autorización, bajo un estricto sistema de monitoreo y con el apoyo de los estados costeros, que supervisaron el convoy y controlaron los riesgos a lo largo de la travesía.

La crisis, que mantuvo bloqueados a los marinos durante semanas, se originó en el contexto de una guerra que dejó miles de muertos en Irán y Líbano y provocó la interrupción del flujo de hidrocarburos a través del estrecho. El acuerdo de alto el fuego permitió que las partes involucradas instalaran mesas de diálogo en Suiza, con la mediación de Pakistán y Qatar, para definir los términos de la reapertura y discutir asuntos pendientes, como el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales.

Las negociaciones técnicas concluyeron con la creación de grupos de trabajo dedicados al monitoreo nuclear y la administración conjunta del paso marítimo. El régimen de Irán, a través de sus voceros, rechazó la inspección internacional de sus instalaciones nucleares dañadas, mientras que la administración estadounidense aseguró que el acuerdo contempló concesiones sustanciales en materia de supervisión.

Washington, además, suspendió temporalmente las restricciones a la exportación de petróleo iraní y autorizó el desbloqueo de fondos para la compra de bienes específicos.

La administración de Ormuz, tras la crisis, pasó a depender de un sistema conjunto entre Irán y Omán, que evaluaron la posibilidad de imponer tasas de tránsito a los barcos comerciales. Estados Unidos y otros países expresaron su rechazo a esa medida y defendieron la libre navegación por rutas internacionales.

El operativo de evacuación, bajo la supervisión permanente de la OMI, establece un flujo diario de reportes sobre el avance de la operación y la cantidad de buques que lograron abandonar la región.

La salida de los marinos desde el golfo Pérsico, organizada en convoyes y con horarios programados, permitió que el tráfico petrolero recuperara niveles previos al conflicto y estabilizara los precios internacionales.

(Con información de AFP, Bloomberg y Reuters)

El primer Seminario Internacional de Inteligencia Artificial y Derecho, organizado por el Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (IARGS), reunió entre el 18 y 19 de junio de 2026, en Porto Alegre, a especialistas y profesionales de diversas disciplinas más funcionarios de Estado para debatir los desafíos jurídicos, institucionales y éticos de la inteligencia artificial. El encuentro, realizado en la Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), abordó una agenda amplia: regulación, gobernanza, derechos fundamentales, justicia, administración pública, salud, responsabilidad civil, penal y laboral, medio ambiente, sostenibilidad, transparencia decisoria y datos sensibles. Esa amplitud temática confirmó la relevancia institucional del Seminario en una discusión que atraviesa hoy al derecho, la política pública, la bioética y la vida social.

En ese marco, la intervención del rabino y académico argentino Fishel Szlajen permitió introducir una cuestión decisiva, la inteligencia artificial no sólo exige regulación técnica, sino una reflexión ética previa sobre aquello que ninguna sociedad debería delegar sin responsabilidad humana.

Consultado por Infobae, Szlajen expresó: “La inteligencia artificial suele ser presentada como sinónimo de eficiencia, innovación y progreso. Sin embargo, su aplicación en ámbitos sensibles obliga a formular una pregunta anterior a toda regulación. No sólo qué puede hacer la tecnología, sino qué corresponde permitirle hacer. Aquí aparece la importancia de una reflexión ética que no sea decorativa ni posterior al desarrollo técnico, sino constitutiva de su legitimidad”.

Su planteo se inscribe precisamente en esa línea. A partir de sus investigaciones, Szlajen ha desarrollado el marco de la Ética del Límite, una propuesta que busca distinguir entre capacidad y autorización, entre poder y responsabilidad, entre posibilidad técnica y legitimidad moral. En tiempos en que la automatización tiende a convertir decisiones humanas en procesos opacos, el límite deja de ser una restricción negativa para convertirse en condición de responsabilidad.

En este sentido, Szlajen especificó: “Esta perspectiva resulta especialmente relevante para el debate sobre inteligencia artificial y derecho. Los sistemas algorítmicos pueden asistir, ordenar información, detectar patrones o acelerar procedimientos. Pero cuando ingresan en campos como la salud, la justicia, la educación o la administración pública, la pregunta ética se vuelve ineludible: quién responde, con qué criterio se decide y qué lugar conserva la deliberación humana”.

Su intervención propuso pensar la tecnología desde la responsabilidad y no sólo desde la utilidad. La Ética del Límite sostiene que el progreso técnico necesita una gramática moral capaz de impedir que la eficiencia sustituya al juicio, que la delegación diluya la responsabilidad y que la complejidad técnica funcione como excusa para la opacidad.

En esa clave, su enfoque no se limitó a advertir sobre los riesgos de la inteligencia artificial, sino que propuso criterios concretos para ordenar la relación entre innovación, poder y responsabilidad. La inteligencia artificial no exige únicamente mejores normas, sino una comprensión más profunda de aquello que ninguna sociedad debería automatizar sin deliberación ética previa.

Su reciente reconocimiento con el Premio Konex 2026, Diploma al Mérito en Ética y Bioética, acompaña una trayectoria dedicada a pensar los dilemas públicos donde convergen bioética, derecho, tecnología, religión y responsabilidad institucional.

La presencia argentina en Porto Alegre, entonces, no debe leerse sólo como una participación académica. También expresa la posibilidad de que desde la Argentina se aporte pensamiento original a una discusión global. En un tiempo en que la inteligencia artificial reconfigura los márgenes de la acción humana, la ética no puede limitarse a corregir daños posteriores: debe anticipar, orientar y establecer criterios.

Szlajen concluyó: “El debate no es únicamente tecnológico ni jurídico, sino civilizatorio. La pregunta por el límite vuelve al centro porque toda sociedad debe decidir qué está dispuesta a automatizar, qué debe preservar bajo responsabilidad humana y qué dimensiones de la dignidad no pueden quedar subordinadas al cálculo”.

Su participación en Porto Alegre integró a la bioética argentina en un diálogo con juristas, académicos y especialistas internacionales que hoy discuten cómo avanzar con criterios éticos, jurídicos e institucionales capaces de orientar la inteligencia artificial.