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El Gobierno inició hace dos semanas las tratativas con los aliados para blindar el DNU 70/2023, que la oposición se dispuso intentar voltear hoy. Y, después de largas conversaciones en simultáneo con los diálogos por la reforma politica, aún no logra confiarse por completo de sus posibilidades de éxito. Depende del apoyo, siempre endeble, de los partidos y gobernadores aliados para bloquear el avance opositor, pero aún tiene dudas sobre sus posibilidades de éxito y se ataja.

De hecho, ayer tanto en la Casa Rosada como en Diputados supeditaban la mayor parte de las runiones y actividades que no fueran estrictamente necesarias a que haya o no sesión. Por caso, hoy tocaría la reunión quincenal de la mesa “interpartidaria“ entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli y Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Pero no se sabrá si tiene lugar o no hasta tanto el Gobierno tenga asegurado que no habrá sesión. Y así con todos los encuentros y actividades previstas por el ala política, una señal de la preocupación que impera en el oficialismo a pesar de los intentos de mostrar puro optimismo.

El Gobierno atraviesa hoy una jornada de definiciones en Diputados. La oposición busca reunir quórum para una sesión que rechace el DNU 70/23, que contiene la derogación de la Ley de Tierras, y el oficialismo apuesta a que sus aliados no completen el número. Hace dos semanas, emprendió una cruzada para dar de baja el embate más reciente y más fuerte de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y otros bloques contra el decreto.

Una alta fuente libertaria calculó en un 80 por ciento las chances de que la oposición no logre convocar la sesión. Pero aclaró que no ponen las manos en el fuego: la cuenta depende de que se confirmen los apoyos que todavía están en el aire.

Esa incertidumbre se ve en la agenda. La reunión con el PRO, que se hace cada 15 días y que la semana pasada se había suspendido por un viaje de Fernando de Andreis, está sujeta a esa confirmación. En ella participan siempre Diego Santilli y Cristian Ritondo, y no es la única pendiente. Hasta anoche, la única confirmada era la del gobernador Marcelo Orrego con Santilli, por la tarde.

Javier Milei viajó a Estados Unidos, pero sigue de cerca el tema y está preocupado. Karina Milei no iba a acompañarlo, aunque el Presidente le pidió que fuera. Con ambos afuera, la gestión de los apoyos quedó en manos de Santilli y de los Menem.

Mientras tanto, la defensa del DNU se trasladó a las redes. Diputados del bloque que conduce Gabriel Bornoroni se grabaron en videos con alertas a la sociedad sobre las consecuencias de derogar el decreto, entre ellas, la ley de alquileres. Milei retuiteó un mensaje de Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo, en defensa del DNU.

Del otro lado, la oposición eligió un tono festivo. Una campaña online invita “a sesionar el jueves 15” con una estética de cumpleaños, con globos y un payaso de traje y maletín. Allí, se pide a los ciudadanos que les escriban a los diputados para que den quórum y se apunta, además del rechazo al DNU 70/23, a aliviar a las familias endeudadas y prorrogar la emergencia en Discapacidad. Ciudad Futura, parte del bloque de Unión por la Patria, forma parte de esa ofensiva.

La discusión por el DNU se superpone con la agenda legislativa que el oficialismo se propuso para las próximas semanas. La reforma política está prevista para fines de este mes y el Presupuesto para fines de noviembre. Ambos dependen de los mismos aliados que hoy se necesitan para evitar el quórum.

Esos aliados no terminan de alinearse. Las gestiones conjuntas por la visita del Papa y por la inseguridad no alcanzan para acercar a La Libertad Avanza (LLA) y al PRO.

El Gobierno tiene demasiados frentes abiertos y entre sus principales figuras crece el estrés. Faltando solo siete semanas para que terminen las sesiones ordinarias en el Congreso (una menos si finalmente se concreta la visita del papa León XIV), La Libertad Avanza (LLA) aún debe empujar la reforma política y el Presupuesto, los dos proyectos vitales para el 2027. En el camino, el oficialismo se desgasta intentando frenar a la oposición. Javier Milei juega “contra sí mismo”. Pero el solitario está dificilísimo.

La sesión convocada por la oposición para hoy -para votar la derogación del decreto 70/2023 y los proyectos de Emergencia en Discapacidad y morosidad– hasta ayer no tenía quórum asegurado. Pero se acercaba bastante al número con la suma de diputados catamarqueños, cordobeses y misioneros. El oficialismo ayer entregó la Ley de Tierras y dio un manotazo de ahogado para que la Casa Rosada no sufriera una jornada fatídica en un momento sensible.

El ajustado escenario parlamentario deja ver que todavía los acuerdos electorales no están anudados. El telón de fondo es una economía que no muestra signos de repunte.

“Es un cronograma apretado y complejo. Demasiadas cosas”, dijo un colaborador del ala parlamentaria luego de la reunión de mesa política de esta semana. Una vez más se reordenaron prioridades y se agregaron nuevas batallas: Federico Sturzenegger, por ejemplo, presentó su proyecto de reforma del Mercado de Capitales.

Reproches cruzados

El nerviosismo general deriva, naturalmente, en reproches cruzados. Un importante asesor del Gobierno lo describió así: “El sector de Karina Milei piensa que hay que tocar la palanca de la gestión económica para no entregar la política. Y el equipo económico dice que ya hizo todo lo que podía hacer sin tocar los fundamentos del modelo. Y que es la política la que debe soldar el programa”.

Lo que hay de fondo es una profunda disputa por quién es el responsable de pavimentar el camino a la reelección. Luis Caputo considera que hay que apurar un gran acuerdo político con los gobernadores para -como le dijo a un colaborador- acelerar las curvas positivas de la economía. Pero la conducción del partido, encarnada en Karina Milei, Martin Menem y Lule Menem, alega que “entregar” lo electoral anticipadamente no alcanza para apuntalar el 2027.

“No hay que apurar los pactos políticos porque nos salen mucho más caros. Además, una foto con un gobernador no va a bajar el riesgo país”, dijo a Infobae una importante fuente del ala política.

Martin Menem dejó en claro que no quiere que lo apuren con los pactos electorales. Lo transmitió durante un encuentro de LLA en Tigre el último fin de semana. Dijo: “El tema del armado político es un tema muy complejo ¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer todo tipo de tensiones en el armado político. Sería mucho más fácil cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales, pero si queremos que esto dure, hay que tener agendas programáticas similares”.

Las tensiones cruzadas por la política y la economía se presentan continuamente. El gobernador de Salta, Gustavo Saenz -que aún está en su pelea judicial para presentarse a un nuevo mandato- esta semana publicó un video reclamando que la privatización del Belgrano Cargas incluya dos ramales para que su provincia pueda exportar a Chile y Bolivia.

¿Podría un pacto electoral domesticar los pedidos del salteño? En esa provincia se posiciona la senadora libertaria Emilia Orozco. “Algunos lo presentan más fácil que lo que es. Si bajamos a Orozco, nos vuelven a correr el arco. Además, no es tan fácil bajar a un candidato”, dicen en la tribu karinista.

Misiones es otro ejemplo. El DNU 70/2023 desreguló por completo la actividad yerbatera. Por eso el diputado Oscar Herrera Ahuad anticipó que los legisladores de su provincia bajarán al recinto hoy.

Pero hay algo más. En Misiones, debido a la pelea entre el gobernador Hugo Passalacqua y el ex mandamás de la provincia, Carlos Rovira, los libertarios creen que tienen una oportunidad para impulsar al extenista y diputado Diego Hartfield. Pero “Carlos V” Rovira ya tocó la puerta de la Casa Rosada buscando una alianza. Habló con el sector de Santiago Caputo -con quien siempre tuvo gran afinidad- y está dispuesto a hacer lo propio con los laderos de Karina ¿Será por eso que Passalacqua mandó a sus diputados a alinearse con la oposición?

Tierras y discapacidad

Martin Menem está ofreciendo diagonales a los aliados más amistosos para desinflar las embestidas de la oposición dura. Son “planes B” generosos.

En el caso de Ley de Tierras, la propuesta de LLA fue, directamente, volver a poner en vigencia la ley de 2011 del kirchnerismo que pone topes a la extranjerización. Lo más parecido a deponer las armas con la desregulación que Milei, inspirado por Sturzenegger, empujó desde que puso un pie en Balcarce 50. “No es lo que más nos gusta. Pero en la Casa Rosada se tiene que entender que en el Congreso a veces hay que ir por el mal menor”, se defendieron en el ala parlamentaria.

Más profunda es la puja por Discapacidad. LLA elaboró un dictamen “alternativo” junto a PRO para evitar que se prorrogue la ley de emergencia. Pero la iniciativa libertaria no tiene el visto bueno ni de Luis Caputo ni de Mario Lugones (Salud). En comisiones, esta semana, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, lo dejó al desnudo. “Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa. El bloque tiene una posición distinta a la del Ejecutivo. Será cuestión de que el Congreso decida qué quiere hacer”, dijo Guberman.

“El proyecto de LLA y el PRO no dice la palabra emergencia, pero es primo hermano del proyecto opositor”, se quejó una fuente del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Economía no quiere que todas las personas que tienen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) estén en condiciones de solicitar una pensión por invalidez laboral. Y el Nomenclador de Aranceles irrita a Lugones: la actualización de las tarifas de las prestaciones por inflación estrangula al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que se nutre de los aportes de obras sociales y prepagas y que hoy es deficitario. Por eso el sector de la salud está en pie de guerra, y Lugones -que viene de ese rubro- se opone.

“No es el proyecto que más nos gusta. Pero con Discapacidad nos tenemos que sacar el karma de una vez”, dijeron fuentes del oficialismo en Diputados.

En la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex ANDIS) esta semana fue nombrado Diego Masaragian, un hombre del riñón de Lugones. Reemplaza a Pablo Di Liscia, un funcionario que el mismo día que asumió su cargo tuvo un grave accidente de moto y quedó internado en terapia intensiva. Di Liscia, a su vez, había reemplazado a Alejandro Vilches, quien controló la fatídica gestión de Diego Spagnuolo y renunció. La gestión de Discapacidad siempre fue un desmadre. Santiago Caputo habló en X de un 60% pensiones mal otorgadas sin que se haya terminado, por un freno judicial, la auditoría iniciada al inicio del mandato. Aquel proceso obligó a las personas con discapacidad a acreditar su situación frente a un médico.

¿Es la política o la economía?

El Gobierno, como nunca antes, tuvo que ahuyentar rumores sobre una posible salida de Luis Caputo. El Presidente ya dejó en claro que el ministro de Economía no se va a ir porque es la personificación del modelo Milei. Toto también dijo que no piensa renunciar. Con más de mil días en el cargo, ya está en el top 10 de los titulares del Palacio de Hacienda con mayor permanencia.

La falsa versión de una potencial salida de Caputo partió del blooper con el economista formado en Harvard, Alberto Ades, y su participación en la última reunión de gabinete. “Milei lo invitó a la Casa Rosada de la misma manera que puede invitar a sus amigos a ver Homo Argentum a Olivos”, dijo un colaborador de la Casa Rosada sobre para ilustrar lo inocuo del episodio.

La anécdota alcanzó para que comenzaran a circular especulaciones en medios de comunicación, redes sociales y “chats” del círculo rojo donde algunos se jactan, como dijo Milei, de tener “inside information”. Hubo referentes libertarios deslizaron que el runrún también fue alimentado desde algunas usinas del oficialismo.

Aunque Caputo esté firme, la tensión por la cuestión económica está en el aire. La inflación, leit motiv libertario, volvió a acelerar. El empleo asalariado privado registrado cayó por catorceavo mes consecutivo, con la construcción, la industria y el comercio como las grandes afectadas. Y el FMI recortó la proyección de crecimiento para la Argentina en 2026 a 2,1%. La economía, en definitiva, no pega la vuelta.

“No hay un cuestionamiento al programa. Es a la gestión. ¿Nos está psicopateando o hay recesión en sectores muy golpeados a los que hay que prestarles un poco de atención? ”, opinó un activo colaborador de la Casa Rosada. Y agregó: “El problema es que importa más quedar bien con Milei que pensar un mensaje para afuera. Todos hablan para que los apruebe el jefe”.

El Presidente lo dijo a su modo. “Nadie cuestiona a (Toto) Caputo porque es mi política”, sentenció en la entrevista a Radio Mitre. Con esa aversión al disenso, sorprendió que el jefe de Estado haya escuchado un par de voces con críticas constructivas. Además de Ades, Milei tuvo su charla sincera con Patricia Bullrich. La conclusión fue que están de acuerdo “en un 90% de los temas” que ella ha planteado últimamente. “Coincidieron en que se pueden tomar medidas quirúrgicas sin tocar los fundamentos del programa. Es un desfiladero finito para que no impacte en la inflación. Pero el objetivo es mejorar la actividad y el consumo”, dijeron muy cerca de la senadora.

De la cuestión electoral, claro, no hablaron. No se abordó la posibilidad de una fórmula compartida. Lejos quedó aquella entrevista de Milei donde dijo que ya había decidido a su compañero de fórmula. La elección de los nombres es materia de Karina Milei.

Así las cosas, mientras se endilgan responsabilidades unos a otros, el resultado es de cierta parálisis. Si bien Santilli transmite total confianza sobre sus tratativas con los gobernadores, en lo electoral tampoco hay nitidez.

El tiempo sigue siendo la clave, porque la mitad del Gobierno quiere acelerar los acuerdos y la otra quiere patearlos para adelante. Los gobernadores, en tanto, fijaron fines de octubre como fecha límite para resolver la cuestión de las PASO. “Con algunos gobernadores hay que ofrecer garantías electorales y con otros no, porque ya dijeron que están de acuerdo en suspender las PASO. Como definición general, hay que repetir las alianzas de 2025 y ampliar la base de sustentación política cuidando a las provincias donde una división de la centroderecha puede darle un triunfo al peronismo”, dijeron a Infobae muy cerca del jefe de Gabinete.

Hay un puñado de provincias donde los acuerdos están en duda. Ahí entran Salta, Mendoza (por lo decidido que esta Luis Petri a disputar la gobernacion), Rio Negro y Neuquén, entre otras.

De cara al armado electoral de 2027, además de las tensiones con las provincias también podrían reeditarse viejas internas que estaban en tregua. Las Fuerzas del Cielo, el sector de Daniel Parisini (Gordo Dan) y del diputado bonaerense Agustín Romo referenciado en Santiago Caputo, demostraron que pueden activar su poder de agitación tuitera y controversia con su agenda anti musulmana. No es ingenua la movida: además de calzar perfecto con la agenda que impulsa Marco Rubio en los Estados Unidos, los cielistas pusieron en evidencia que la conduccion de LLA hoy esta en manos de los Menem, que profesan el islam. Los tuiteros no tardaron en poner de relieve que la concepcion del bien y el mal que anida en la cabeza de Milei ubica al islam como contrario a los valores judeocristianos.

Los Menem no respondieron. O sí. Organizaron, en tiempo exprés, un acto para la juventud de LLA bonaerense. A Romo, que es el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia, no lo invitaron. No sorprende: hay quienes vieron a Martin Menem y al diputado provincial discutir acaloradamente en el evento que se hizo en agosto para inaugurar el local partidario de LLA en San Telmo.

Es parte de la discusión que se viene: ¿Cuál es la juventud de Milei? ¿La que nació con el fenómeno libertario de las redes sociales o la surgió del territorio? Son parte de las disputas irresueltas del oficialismo. Que existen, aunque Javier Milei diga que en su equipo hay una mera “división de trabajo”.

Con tasas internacionales que se mantienen al alza, los bonos argentinos siguen sin reaccionar. El riesgo país volvió ayer a 611 puntos básicos y a esta altura se descarta un retorno de la Argentina a los mercados internacionales, que era el objetivo inicial que se había puesto el equipo económico al comenzar el 2026.

El rebote inicial desde los 400 puntos de riesgo país, que sucedió a fines de julio, estuvo más relacionado con las dudas de los inversores por la incertidumbre política. Desde el Gobierno también enfatizaron en ese momento que el temor por un regreso del kirchnerismo estaba jugando un papel importante en la debilidad de los bonos.

Pero ahora lo que mantiene el indicador elaborado por JP Morgan en valores más elevados parece mucho más relacionado con el contexto internacional. La suba de las tasas de interés en Estados Unidos impacta de manera negativa sobre los activos de riesgo.

Ayer incluso el dato de inflación más alto que el esperado en la economía norteamericana impactó rendimientos en los bonos norteamericanos y la consiguiente caída de precios. Los principales índices de Wall Street se vieron afectados, con caídas cercanas al 2% en el caso del Nasdaq, que agrupa a la mayoría de las tecnológicas.

En este escenario de mayor incertidumbre, resulta difícil que mejoren los activos locales. Los bonos en dólares sufrieron caídas leves y amortiguaron bastante bien la presión que viene de afuera. Pero los inversores ven difícil que se produzca una recuperación de los precios que permita regresar al nivel de 400 puntos de riesgo país.

El escenario de los bonos locales marca una fuerte diferencia según si el vencimiento se produce previo a las elecciones presidenciales o después. El AO27 presenta un rendimiento inferior al 3% anual en dólares, mientras el mismo bono pero que vence un año después (el AO28) rinde arriba del 10 por ciento.

Ayer el ministro de Economía reconoció que analiza alternativas en caso de no poder financiarse en dólares en el mercado local ante la suba de los rendimientos. Desde Tailandia, donde participa de la reunión anual del FMI, explicó que podría reemplazar esos fondos con la utilización del swap chino. Los fondos que se habiliten serían destinados a financiar el pago de importaciones de ese país, tal como en su momento ya lo hizo Sergio Massa cuando fue ministro de Economía en la gestión de Alberto Fernández.

Aunque parezca insólito, los títulos que vencen en menos de un año rinden menos que los bonos el Tesoro americano. Esto tiene que ver con la búsqueda de inversión en activos en dólares en el mercado local pero sin la necesidad de enfrentar el riesgo electoral. Esto hace que buena parte de la demanda de individuos y fondos comunes se concentre en este título. Un bono americano de la misma duración hoy paga casi 4% anual.

Tanto el contexto internacional como la incertidumbre local a un año de las elecciones presidenciales conspiran contra una mejora en la cotización de los bonos y una reducción del riesgo país. La pregunta que ahora se hace el mercado es si este nivel de riesgo país es un techo o en realidad un piso.

Emiliano Anselmi, analista de PPI, explicó que “no hay motivos para esperar una rebaja sustancial del riesgo país en este momento, más bien todo indica que los bonos van a mantenerse estables en estos niveles en los próximos meses”.

Sin embargo, Anselmi advirtió que podría sufrir un salto adicional a medida que se acerquen las elecciones presidenciales. “Los bonos también sufrieron durante la crisis cambiaria que afrontó Mauricio Macri, pero el riesgo país se mantenía cerca de 600 puntos. Subió a 800 puntos cuando las encuestas empezaron a mostrar que Alberto Fernández era muy competitivo y podía llegar a la presidencia”.

La debacle, todavía fresca en la memoria del mercado, se produjo en realidad después de las PASO, el 12 de agosto de 2019. La derrota del Gobierno produjo una caída récord de las acciones y el riesgo país saltó arriba de los 1.500 puntos. Los inversores ya presagiaban lo que ocurriría poco tiempo después: la negativa del kirchnerismo a pagar la deuda, lo que llevó a una reestructuración a los pocos meses de iniciada la gestión.

El juez Alejandro López, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, consideró que aun cuando un bloqueo sindical afecte la actividad de una empresa y genere perjuicios económicos, eso no transforma automáticamente la protesta en un delito.

Al revés de otros fallos que equiparan al bloqueo con un delito y de leyes que penalizan esas medidas extorsivas, el magistrado absolvió al líder de Camioneros de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, acusado de impedir el acceso y la salida de vehículos de Rey Distribución en San Pedro, además de extorsionar a esa pyme, en 2021.

En su polémica sentencia, López concluyó que los bloqueos sindicales —que impidieron la circulación de camiones y afectaron la actividad de la empresa— constituyeron el “legítimo ejercicio de un derecho” y, por lo tanto, no configuraron delitos.

Técnicamente, el fallo no dispuso un sobreseimiento sino una absolución, al igual que benefició a otros 6 imputados. Cabaleyro fue liberado de manera inmediata.

La acusación fiscal había sostenido que los imputados bloquearon los accesos de Rey Distribución, en la ciufdad bonaerense de San Pedro, para presionar a la empresa en medio de reclamos laborales. Los hechos investigados incluían los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión.

El juez dio por probado que hubo medidas que restringieron el funcionamiento de la empresa. En particular, consideró acreditado que el 15 de enero de 2021 se obstaculizó la salida de camiones y que, del 22 al 25 de febrero, un colectivo del Sindicato de Camioneros fue colocado ante el acceso de la pyme, impidiendo la entrada y salida de vehículos.

Sin embargo, López concluyó que esas conductas no podían ser castigadas penalmente porque estuvieron vinculadas con un conflicto laboral.

“Estos eventos acreditados, por constituir legítimo ejercicio de un derecho, resultan atípicos”, escribió el magistrado al analizar los bloqueos. Y luego fue todavía más explícito: “Todos los imputados abarcados por esta decisión, han obrado en el ejercicio de un derecho, cual es el de huelga, y por tal motivo sus acciones —verificadas y coincidentes con la acusación fiscal— son atípicas”.

La atipicidad implica que, para el juez, la conducta no encuadra en una figura penal cuando se la analiza dentro de su contexto: una medida de fuerza gremial.

Uno de los pasajes más contundentes de la resolución afirma que el expediente debió tramitarse fuera del fuero penal. “Este es un conflicto laboral”, señaló López, quien cuestionó que se hubiera llevado el caso a un juicio criminal con posibilidad de penas de prisión.

En esa línea, planteó que el derecho penal debe ser la última herramienta del Estado: “Las medidas de fuerza llevadas a cabo por la organización sindical reconocida (…) no debieron razonablemente ser judicializadas en el contexto de una causa penal”.

El juez también calificó como un “despropósito” la posibilidad de castigar con prisión a trabajadores y dirigentes por acciones desarrolladas en una protesta sindical: “Traer este conflicto hasta estas instancias, con personas detenidas o afectadas por la sola existencia de la potencial conminación de una pena (…) es lo que debe ser denominado un despropósito”, dijo en el fallo.

Para fundamentar su postura, López citó jurisprudencia bonaerense y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de estándares internacionales sobre el derecho de huelga y libertad sindical.

La sentencia no niega que la actividad comercial de Rey Distribución haya sido afectada. Por el contrario, el juez remarcó que hubo un bloqueo en los accesos y que los camiones no pudieron circular normalmente.

Pero distinguió esa afectación de la comisión de delitos contra la propiedad o de coacciones. “La participación en una barrera humana o colocación de obstáculos en los ingresos de la planta fabril no importa el despliegue de violencia sobre las cosas o corpus posesorio, sino molestias para el poseedor”, citó el magistrado de un antecedente judicial.

También sostuvo que no se acreditó que los imputados hubieran ejercido violencia, causado daños o amenazado personalmente a los dueños de la empresa durante los bloqueos a la pyme de la familia Rey. “Los encartados no ejercieron tampoco violencia, no causaron daños, ni se los identificó intimidando o amenazando a ninguna persona en el desarrollo de la medida de fuerza”, afirmó.

El juez dio relevancia al contexto de los reclamos planteados por el gremio. Según el fallo, había denuncias por diferencias salariales, pago de horas nocturnas, adicionales, aportes sindicales y de obra social, además de problemas de seguridad e higiene en el establecimiento.

Entre las irregularidades mencionadas aparecen baños insuficientes para la cantidad de empleados, falta de señalización, problemas en vehículos y autoelevadores, ausencia de sirenas de retroceso y deficiencias en escaleras y circulación dentro del depósito.

La pericia contable oficial, citada en la sentencia, concluyó que existían diferencias salariales y de aportes. El fallo destaca que el cálculo de la perito fue incluso superior a la deuda reclamada por Camioneros. “El sindicato había estimado una diferencia mucho menor incluso a la determinada por la perito”, consignó el juez.

También sostuvo que la empresa había reconocido falencias y que, tras el conflicto, se realizaron obras y adecuaciones en materia de infraestructura y seguridad.

Cabaleyro también estaba acusado de haber integrado un esquema de extorsión contra los dueños de Rey Distribución, quienes declararon haber realizado pagos mensuales al sindicato para evitar bloqueos o dificultades en el funcionamiento de la firma.

El juez tuvo por acreditado que hubo entregas de dinero a Fernando Espíndola, dirigente que participó del bloqueo pero no fue juzgado en este juicio oral y público porque acordó un procedimiento abreviado, pero entendió que no se probó que Cabaleyro hubiera participado de esos cobros, los hubiera ordenado o recibido.

“No se ha acreditado la autoría en cabeza de Maximiliano Cabaleyro”, resolvió. Y agregó: “No hubo un sólo testigo que pudiera afirmar que vio a Cabaleyro recibir o exigir dinero. No ha surgido de la prueba rendida en el debate nada que lo incrimine”.

El fallo del juez López cuestiona que la acusación se apoyara en comentarios, conjeturas o referencias de terceros. “Todo lo que aportaron estas personas es proveniente de ‘comentarios’, del ‘vox populi’, o de los dichos de Espíndola”, señaló.

Además, el juez ponderó una escucha telefónica en la que Gustavo Rey, uno de los propietarios de la empresa, le ofrecía dinero a Cabaleyro. Según López, el sindicalista rechazó esa propuesta. “Fue Rey quien ofreció dinero (…) Ese ofrecimiento de dinero (…) fue rechazado de plano por Maximiliano Cabaleyro”, sostuvo.

La acusación también apuntaba a un convenio por $805.383,03 suscripto en abril de 2021 entre la empresa y el sindicato, que la fiscalía interpretaba como resultado de una amenaza de un nuevo bloqueo.

El juez descartó que se hubiera probado una extorsión. Consideró que el acuerdo estaba vinculado con deudas reales de la empresa por diferencias salariales y aportes sindicales y de obra social. “No existió la coacción o amenaza para suscribir el documento en cuestión, y sí existía la deuda reconocida allí (…) y era exigible incluso judicialmente”, afirmó el fallo.

La sentencia además valoró que los pagos se encontraban documentados con recibos oficiales. “Rara vez se documentan los pagos indebidos y producto de extorsión en recibos, precedidos de convenios de pago por reconocimiento de deudas”, escribió López.

El fallo judicial contiene duras observaciones a la investigación fiscal, a la selección de los imputados y al uso de intervenciones telefónicas.

El juez cuestionó que algunas personas mencionadas como participantes de las medidas de fuerza no hubieran sido acusadas, mientras que otros sí llegaron a juicio. “La acción penal no fue objetivamente dirigida cuando se trató de escoger personas a imputar”, sostuvo.

También criticó el uso de escuchas telefónicas y la forma en que se seleccionaron las conversaciones consideradas relevantes. Sobre ese punto, advirtió que la investigación no puede apoyarse en la intromisión indiscriminada en la privacidad de las personas ni en comunicaciones protegidas, como las mantenidas entre un imputado y su abogado. “El magro resultado en este caso demuestra lo desproporcionado que ha sido el uso de esta herramienta tan sensible a derechos personalísimos”, sostuvo.

En su parte resolutiva, López dispuso absolver a Cabaleyro, Edgardo Di Mayo, Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, y Lucas y Matías Torrez por los bloqueos de enero y febrero de 2021 al considerar que esas acciones fueron atípicas porque se dieron “en el ejercicio de un derecho”, en referencia al derecho de huelga.

Al mismo tiempo, absolvió a Cabaleyro por el hecho vinculado con los pagos mensuales, al no acreditarse su autoría, y por el convenio de pago de $805.383,03, al no comprobarse la materialidad de una extorsión.

Además, decidió la inmediata libertad de Cabaleyro, quien se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria luego de haber sido detenido en abril de 2022 junto con Espíndola.

Norberto Di Próspero, el dirigente sindical que durante más de dos décadas condujo los destinos de la Asociación del Personal Legislativo (APL), murió este miércoles a los 61 años, mientras transitaba su sexto mandato consecutivo al frente del gremio de los trabajadores del Congreso de la Nación. La noticia fue confirmada esta noche por la propia entidad gremial a través de un comunicado, en el que expresaron “con profundo dolor” la “triste noticia”.

“Acompañamos y abrazamos a toda su familia en este doloroso momento y nos ponemos a su entera disposición para su honrosa despedida”, expresó la comisión directiva de APL en el texto difundido.

A su vez, la APL anunció que su sede permanecería cerrada por duelo durante el jueves 15 y el viernes 16 de octubre, y anticipó que informaría sobre los detalles de su despedida “por los canales de difusión oficiales”.

Di Próspero supo acumular un largo recorrido dentro del sindicato. Asumió la conducción de APL en julio de 2004, cuando se impuso en las elecciones con la Lista Verde y Blanca frente a Ricardo Sablich, su antecesor en el cargo. Desde entonces, logró sucesivas reelecciones —la más reciente en agosto de 2025— y se convirtió en un interlocutor ineludible para las autoridades de ambas cámaras legislativas, sin distinción de signo político.

Su gestión se caracterizó por una presencia firme en las mesas paritarias y una constante defensa de la Ley 24.600, la norma que regula la actividad de los empleados del Congreso. A lo largo de su trayectoria, fue una voz habitual en los debates sobre empleo público, condiciones laborales y situación salarial del sector parlamentario.

Además de su rol en APL, Di Próspero presidía la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA), cargo para el que había sido reelegido recientemente con mandato hasta 2030. Esa federación reúne a trabajadores legislativos de distintas provincias del país, lo que le otorgó al dirigente una proyección que excedía las fronteras del Congreso porteño.

Su influencia también se extendía al ámbito político-partidario: era consejero nacional del Partido Justicialista y ocupaba la secretaría de asuntos legislativos de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Repercusiones desde el arco político y el sindicalismo

Tras conocerse la noticia, las despedidas y homenajes no se hicieron esperar. En ese sentido, el bloque justicialista en el Senado emitió un comunicado en el que lo describió como un “dirigente de extensa trayectoria sindical y hombre del Justicialismo” que estuvo “más de dos décadas al frente de la conducción de APL”. “Deseamos que encuentren el consuelo necesario ante tan triste momento”, expresaron los senadores.

La bancada de Unión por la Patria en Diputados también se manifestó: “Enorme pesar por el fallecimiento de Norberto Di Próspero, secretario general de APL y referencia en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del poder legislativo”.

La CGT lo despidió con un mensaje emotivo en el que destacó su trayectoria como delegado desde 1998, primer secretario general de FELRA y conductor de la APL desde 2004. “Hasta siempre, compañero Norberto Di Próspero”, escribió la central obrera. “Hijo de un ferroviario y militante peronista, hizo de la acción colectiva una forma de vida”, lo recordaron y mencionaron que, “en esta central obrera, puso su experiencia al servicio de la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito parlamentario y, al frente de su gremio, defendió los salarios, los puestos de trabajo y jerarquizó el trabajo legislativo”.

A los mensajes, se sumó el diputado Juan Grabois quien expresó: “Terminaba otra jornada lamentable en el Congreso. Salíamos de una comisión. Una trabajadora de la cámara de diputados lloraba. Nos abrazamos. Hoy murió su representante. Nuestro compañero. Norberto Di Próspero. Un excepcional dirigente sindical. Comprometido. Honesto. Firme en la defensa de sus trabajadores. Enorme en su inteligencia política. Consciente de la clase que representaba. Alguien que recibía a todos los trabajadores, uno por uno, con la puerta abierta cada día. Por eso, hoy en el Congreso, la tristeza embargaba a todos”.

Con su fallecimiento, el gremio más influyente del ámbito legislativo queda ante el desafío de definir una nueva conducción. Di Próspero deja un legado de fuerte gravitación institucional y se constituye como un referente para generaciones de trabajadores del Congreso que lo tuvieron como representante.

Telecom Argentina aceptó la oferta de CPS Comunicaciones S.A. (Metrotel) para venderle los paquetes de clientes de telefonía móvil y de internet residencial que debe desinvertir como condición para concretar la compra de Telefónica Móviles Argentina S.A. (TMA). El precio será de USD 450 millones más IVA, según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV) mediante un hecho relevante fechado este miércoles 14 de octubre.

La decisión fue adoptada por el Directorio de Telecom. En el comunicado, la empresa indicó que resolvió “aceptar la Oferta remitida y avanzar en el perfeccionamiento de los actos necesarios para llevar adelante la transacción allí prevista, incluyendo la celebración de los contratos definitivos y la ejecución de la transferencia de los activos relevantes previstos en la Oferta por parte de TMA y Telecom Argentina a favor de Metrotel”.

Sobre el precio, Telecom informó que, además los 450 millones de dólares más IVA, se incluirá cualquier otro tributo que, conforme a la normativa aplicable, deba adicionarse a la facturación. El monto resultante será abonado en cuotas y se compone de dos conceptos: la venta, cesión y transferencia de los activos relevantes, y un “Mínimo Garantizado Bajo el Acuerdo Marco de Compartición”. El comunicado a la CNV aclara que el precio no incluye los montos que puedan corresponder a los llamados Contratos Conexos, que se pagarán según lo dispuesto en esos contratos.

La base de clientes que pasará a Metrotel está compuesta, según el texto, por 6.005.425 clientes de servicios móviles, de los cuales 4.002.013 pertenecen al AMBA y 2.003.412 a otras regiones. A ellos se suman 211.566 clientes de servicios de internet residencial.

Los activos que pasan a Metrotel

El comunicado precisa que los clientes de internet residencial “tienen una línea de telefonía fija asociada”. TMA deberá notificar a los clientes cedidos la transferencia “en el menor tiempo posible”. La cesión incluirá la migración de sus contratos, numeración, historial y condiciones, además del saldo no consumido de los clientes prepagos y las promociones aplicables, para que Metrotel pueda continuar con la prestación de los servicios.

Además de los clientes, la operación incluye otros activos. Telecom y TMA transferirán a Metrotel “cierto espectro radioeléctrico”, cuyo detalle, según el acta, surge de una presentación que se exhibió a los directores. TMA cederá además la titularidad, o los derechos de uso, de cierta infraestructura física que incluye el Core de Red y los activos que componen la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) desplegada por la empresa en la Ciudad de Buenos Aires.

La marca Tuenti y los servicios transitorios

La oferta contempla además dos contratos conexos. El primero es un acuerdo de servicios transitorios, por el cual Telecom y TMA prestarán ciertos servicios a Metrotel durante el plazo y en las condiciones que fije ese contrato. El segundo es un acuerdo de licencia de uso de marca: TMA “otorgará a Metrotel una licencia exclusiva, onerosa, válida únicamente para la provisión de servicios móvil para clientes B2B y B2C y servicios de banda ancha fija y telefonía fija sólo para clientes B2C, circunscripta al territorio de la República Argentina, respecto de la marca ‘Tuenti’”.

Por el uso de la marca, Metrotel deberá pagar a TMA USD 1 millón por año más IVA. La oferta incluye también la cesión a Metrotel de los contratos de trabajo, aunque la misma estará sujeta al consentimiento de cada empleado.

Los antecedentes de la operación

Telefónica anunció el 24 de febrero de 2025 la venta de su filial argentina a Telecom. El 21 de marzo de ese año, la Secretaría de Industria y Comercio dispuso la suspensión preventiva de la transacción. El 18 de junio de 2026, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), con base en un informe técnico del Enacom, autorizó la operación bajo ciertas condiciones. Entre ellas, Telecom debía transferir a un adquirente independiente 6.000.000 de clientes móviles activos, 4.000.000 en el AMBA y 2.000.000 en el resto del país, junto con el espectro necesario y la cartera de abonados de servicios fijos en 28 localidades de cinco distritos. Esa condición es justamente la que se está cumpliendo ahora, con la venta a Metrotel.

En paralelo, Metrotel será adquirida por Nippur Fiber Holdings, que tendrá el 51% del capital, y por Beacon, propiedad de Ralph Booth, con el 49%. La operación implica la salida de Blackstone y Riverwood Capital, que controlaban el 100% de la empresa desde diciembre de 2017, cuando pagaron USD 190 millones. Metrotel tiene más de 25 años de trayectoria en el segmento corporativo y mayorista, más de 8.000 kilómetros de fibra óptica propia y presencia en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Neuquén. Cuenta con 350 empleados y prevé sumar unos 100.

La migración de los clientes, que demandaría unos 60 días, se realizaría bajo la marca Tuenti, con la expectativa de que concluya antes de fin de año. Todavía deben firmarse los contratos definitivos y los acuerdos de compartición, y el Enacom debe otorgar las autorizaciones necesarias para el traspaso del espectro.