Tras el fuerte impacto político de la sanción judicial por irregularidades administrativas, La Libertad Avanza (LLA) de Corrientes informó que presentó el informe final de campaña correspondiente a las elecciones generales del 26 de octubre pasado. Con esa presentación, la fuerza busca dar cumplimiento a la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y destrabar la suspensión de los aportes estatales.
La reacción del partido llegó después de que el Juzgado Federal N.° 1, mediante la Resolución N° 69, aplicara una multa del 20% sobre los fondos de funcionamiento y suspendiera cautelarmente la entrega de recursos públicos. La falta administrativa alcanzó a la campaña que llevó a Virginia Gallardo a su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
El descargo del partido y apelación
En un comunicado firmado por Laura Marcoré, presidenta de LLA en el distrito Corrientes, el partido sostuvo que la intervención de la Justicia se limitó a una “intimación formal” y que no existen cuestionamientos de fondo sobre el origen ni el destino de los fondos. “No existe observación alguna respecto a la rendición”, subrayaron desde la fuerza oficialista.
No obstante, el partido del presidente Javier Milei rechazó la sanción. Informaron que ya presentaron un recurso de apelación contra la multa impuesta por el juez federal con competencia electoral. En su descargo, sostienen que la penalidad es “jurídicamente improcedente y contraria al principio de legalidad”.
Transparencia e institucionalidad
Desde la conducción local de LLA enfatizaron que la presentación documental se efectuó en los ámbitos correspondientes y reafirmaron que la fuerza “siempre actuará conforme a derecho, con transparencia y respeto por las instituciones”.
Con la documentación en manos de la Justicia, se espera que en los próximos días se defina si se levanta la suspensión de los aportes públicos, un recurso vital para el funcionamiento cotidiano de la estructura libertaria en la provincia. Por ahora, la cuestión pasará a la instancia de alzada, donde se decidirá si la multa económica se mantiene o se revoca.
