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  • Ahogo impositivo: las pymes argentinas tienen que pagar al menos 34 tributos distintos a Nación, Provincias y Municipios

    Ahogo impositivo: las pymes argentinas tienen que pagar al menos 34 tributos distintos a Nación, Provincias y Municipios

    Un hombre con las manos en la cabeza frente a un escritorio cubierto de papeles, sellos y una calculadora, rodeado de archivadores.
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    Una pequeña o mediana empresa argentina debe afrontar al menos 34 tributos distintos durante un año, entre impuestos, tasas y contribuciones exigidos por el Estado nacional, las provincias y los municipios. A esa estructura se agregan 28 regímenes de percepción, retención e información, que elevan a 62 las obligaciones impositivas y administrativas que pueden alcanzar a una pyme modelo.

    El relevamiento forma parte del Vademecum tributario argentino de pymes 2026, elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) con apoyo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). El informe no mide cuánto representa esa carga sobre la facturación o la rentabilidad de las firmas, sino la cantidad de impuestos, tasas, contribuciones y mecanismos de pago anticipado que intervienen en su actividad cotidiana.

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    La investigación toma como referencia a una sociedad de responsabilidad limitada, con establecimiento propio, empleados registrados, vehículos, equipamiento tecnológico y operaciones bancarias. El perfil contempla una empresa comercial, industrial o de servicios que utiliza insumos nacionales e importados, exporta parte de su producción y contrata servicios básicos como electricidad, gas natural, agua, telefonía celular e internet.

    También incorpora la adquisición o renovación de vehículos, el pago de seguros y combustible, trámites administrativos en jurisdicciones provinciales y municipales, cartelería publicitaria y los aportes previsionales de sus propietarios como trabajadores autónomos.

    De los 34 gravámenes contabilizados, 16 corresponden al nivel nacional, ocho al provincial y 10 al municipal. La cifra incluye obligaciones que la empresa paga en forma directa y otras que llegan incorporadas de manera explícita en los precios de los bienes y servicios que consume.

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    infografia

    El estudio aclara que no busca abarcar todos los tributos existentes en el país. Dejó fuera aquellos que gravan actividades muy específicas o que solo son aplicados por una jurisdicción determinada. El criterio fue seleccionar los impuestos y tasas más representativos para una empresa promedio radicada en el interior de la Argentina.

    La baja de tres tributos no redujo la complejidad administrativa

    La cantidad de tributos identificados descendió de 37 en 2025 a 34 en la edición de este año. La variación responde a la eliminación de los impuestos internos sobre los seguros y la telefonía celular, además de la exclusión de la tasa de ocupación de espacios públicos, que el Iaraf dejó de computar por estar asociada a actividades particulares.

    El descenso, sin embargo, no implica una modificación profunda de la estructura de obligaciones que enfrenta una empresa. El relevamiento mantiene una lista amplia de impuestos nacionales, provinciales y municipales asociados a la contratación de trabajadores, la utilización de servicios, la compra de bienes, la tenencia y circulación de vehículos, las transacciones bancarias, la producción y la comercialización.

    Un reciente video que se volvió viral realizado por un empresario pyme sobre cómo funciona “Ingresos Brutos”, el caballito de batalla impositivo de las provincias, que por aplicar en todas las etapas del proceso productivo tiene lo que los tributaristas llaman “efecto cascada” y una incidencia sobre el precio final de un producto o servicio mucho mayor al que sugiere su alícuota.

    El informe del Iaraf y la CAC define a los tributos como detracciones coactivas que realiza el Estado al sector privado para financiar la provisión de bienes y servicios públicos. Bajo esa categoría se incluyen impuestos, tasas y contribuciones. En el caso de las pymes, la incidencia no queda limitada a los pagos que figuran en sus declaraciones juradas o facturas de servicios. Una parte de las obligaciones aparece trasladada al precio de los insumos, los combustibles, los seguros, los servicios de conectividad y otras compras necesarias para el funcionamiento de la firma. Por eso, el vademécum incorpora conceptos que recaen sobre la empresa de forma indirecta, aunque no siempre se presenten como una liquidación tributaria propia.

    (Imagen Ilustrativa Infobae)

    La pyme tomada como modelo tiene una flota de vehículos y suma al menos una unidad cero kilómetro por año, ya sea como ampliación o reemplazo. Utiliza notebooks y teléfonos celulares para operar y renueva uno de esos equipos de manera anual. Además, cuenta con trabajadores en relación de dependencia, compra parte de sus insumos en el exterior y destina una porción de su producción a mercados externos.

    Esas características permiten dimensionar la diversidad de instancias en las que se aplican gravámenes. La nómina salarial, las operaciones de comercio exterior, los movimientos de cuentas bancarias, los consumos de energía y comunicaciones, la compra y uso de vehículos, la publicidad y los trámites ante distintas administraciones quedan alcanzados por obligaciones de diferente naturaleza.

    Las percepciones y retenciones suman costos y saldos a favor

    La segunda parte del informe analiza los regímenes de percepción, retención e información. Según el relevamiento, una pyme está alcanzada por 28 mecanismos de este tipo, dos menos que en la edición de 2025.

    La reducción tiene un alcance limitado. Uno de los regímenes que dejó de aplicarse estaba vinculado al Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), cuya vigencia concluyó. El otro correspondía a una obligación específica de las escribanías, por lo que no afectaba de forma general a las empresas relevadas.

    Producción pyme

    Estos sistemas funcionan como pagos anticipados o mecanismos de control fiscal. Las retenciones se practican al momento de realizar un pago; las percepciones se cobran, por ejemplo, al adquirir bienes o contratar determinados servicios. Los regímenes informativos obligan a suministrar datos a las administraciones tributarias dentro de plazos determinados.

    Para las empresas, la dificultad no se limita a calcular y cumplir cada obligación. El IARAF señala que los regímenes de percepción, retención e información incrementan los gastos de administración tributaria y exponen a las firmas a sanciones si incumplen los plazos o requisitos formales.

    El documento advierte, además, que los pagos anticipados pueden generar saldos a favor, en especial en los niveles provincial y municipal. Cuando esos créditos fiscales se acumulan y los procedimientos de devolución resultan extensos o burocráticos, las compañías pierden disponibilidad sobre recursos que ya adelantaron al fisco.

    Ese costo financiero puede operar, en los hechos, como un aumento de la presión efectiva sobre las empresas, aun cuando no se modifiquen las alícuotas nominales de los impuestos. La situación adquiere relevancia para las pymes, que suelen contar con menores márgenes financieros y estructuras administrativas más acotadas que las grandes compañías.

    El Vademecum Tributario 2026 incluye un aplicativo web para consultar de forma dinámica las obligaciones que pueden recaer sobre una pyme argentina. El trabajo complementa el relevamiento sobre personas humanas que el IARAF elabora cada año y pone el foco en la cantidad de tributos y exigencias administrativas que atraviesan la actividad empresarial.

  • Mapa del caos en Europa: la crisis económica por salarios, vivienda y costo de vida enardece las protestas cada día

    Mapa del caos en Europa: la crisis económica por salarios, vivienda y costo de vida enardece las protestas cada día

    Las marchas también incorporaron a sindicatos y organizaciones sociales que cuestionan la pérdida de poder adquisitivo y el impacto de las medidas de ajuste. La Confederación General del Trabajo (CGT) es uno de los actores sindicales centrales de la movilización.

    El sábado 24 de octubre, unas 410.000 personas participaron de las manifestaciones en todo el país, según el recuento de las autoridades, mientras que la CGT elevó la cifra a 800.000. El balance oficial provisional difundido el domingo contabilizó 1.314 detenciones, 53 policías heridos y 24 comercios saqueados. Las cifras reflejan una jornada de gran magnitud, aunque con diferencias sustanciales entre las estimaciones oficiales y las sindicales.

    La protesta se convirtió en un desafío político para Macron, que enfrenta la presión de los sindicatos, los estudiantes y sectores afectados por las restricciones fiscales. Las próximas convocatorias incluyen una nueva jornada sindical prevista para el 5 de noviembre.

    España: la crisis de la vivienda y los disturbios juveniles en Barcelona

    El acceso a la vivienda es el principal motor de las protestas sociales en España. Los alquileres elevados, la escasez de inmuebles asequibles y las dificultades para independizarse alimentan el malestar de los jóvenes y de los sectores de ingresos medios y bajos.

    Una de las principales movilizaciones del otoño se realizó el 26 de septiembre en Madrid, después del desahucio de una inquilina conocida como Maricarmen. La Delegación del Gobierno calculó una asistencia de al menos 25.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas estimó una concurrencia mucho mayor. La convocatoria se convirtió en una referencia para los movimientos por la vivienda de otros países europeos.

    Los sindicatos de inquilinos y las organizaciones por el derecho a la vivienda reclaman medidas para frenar los desalojos, limitar los abusos en los alquileres y ampliar la oferta de viviendas asequibles. En paralelo, los docentes de la enseñanza pública madrileña mantienen una huelga indefinida iniciada el 14 de octubre.

    A ese escenario se sumaron los graves disturbios registrados en Barcelona el sábado 24 de octubre. La convocatoria juvenil, difundida principalmente por TikTok, terminó con saqueos, incendios y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra. El balance policial difundido el domingo contabilizó 128 detenidos, 72 de ellos menores de edad, y 15 agentes heridos, cuatro de gravedad.

    La convocatoria había sido presentada bajo el lema «Por la calidad del instituto», aunque las investigaciones apuntan a que algunos grupos utilizaron las redes y aplicaciones de mensajería para organizar actos vandálicos. Por eso, los incidentes de Barcelona deben distinguirse de las movilizaciones sociales organizadas por la vivienda y la educación: comparten parte del malestar juvenil, pero no constituyen un único movimiento ni responden necesariamente a las mismas reivindicaciones.

    Italia: alquileres, salarios y rechazo a las políticas de Meloni

    Italia también enfrenta una escalada de movilizaciones que combina reclamos económicos, críticas al Gobierno de Giorgia Meloni y protestas contra las guerras en Medio Oriente.

    El encarecimiento de los alquileres y la falta de inversión en educación y servicios sociales impulsan la participación de jóvenes en ciudades como Milán, Roma, Bolonia, Florencia, Nápoles y Turín. A mediados de octubre, las manifestaciones también incluyeron el rechazo a una norma que limita al 30% la presencia de determinadas categorías de alumnos extranjeros en las clases de primer año.

    Los incidentes del 18 de octubre en Milán, cuando grupos de jóvenes vandalizaron comercios y saquearon locales, llevaron al Gobierno a reforzar el despliegue de seguridad. Para la jornada del sábado 24 se dispusieron operativos policiales y militares en distintas ciudades.

    Miles de personas volvieron a marchar ese día por el costo de vida, las políticas de Meloni y el rechazo a los conflictos armados. Según el balance publicado por Euronews, las movilizaciones fueron mayormente pacíficas, aunque hubo episodios de tensión y nueve detenciones en todo el país.

    El frente sindical también prepara nuevas medidas. La CGIL, una de las principales centrales obreras italianas, convocó una huelga general para el 20 de noviembre. A la vez, los transportistas del sur del país protestan contra el costo del combustible, con el gasóleo en torno a los 2,30 euros por litro.

    Portugal: la vivienda desata protestas y enfrentamientos por los desalojos

    Portugal atraviesa una de las crisis de acceso a la vivienda más agudas de Europa. El aumento de los precios inmobiliarios, los alquileres y la falta de oferta asequible afectan especialmente a los jóvenes, que encuentran cada vez más dificultades para independizarse.

    El sábado, miles de personas marcharon por Lisboa para reclamar medidas urgentes. Después de la movilización, los activistas instalaron más de 100 tiendas de campaña en la plaza del Rossio, en una acción que buscaba visibilizar las dificultades para conseguir una vivienda.

    La respuesta policial llegó durante la madrugada del domingo. Los agentes desalojaron el campamento de Lisboa y otro instalado en Oporto. El operativo terminó con 25 detenidos en la capital y seis en Oporto, según la información difundida por Reuters. Mientras la Policía informó siete heridos leves en ambas intervenciones, la organización Casa para Viver denunció que 60 personas resultaron heridas y convocó a una nueva protesta frente al Parlamento.

    Los manifestantes exigen que el Gobierno retire un proyecto legislativo que facilita los desalojos y elimina los límites a los alquileres de nuevos contratos. También reclaman medidas contra la especulación inmobiliaria y un aumento de la oferta pública de viviendas.

    La Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP) es otro de los actores centrales de la protesta social y convocó una manifestación frente al Parlamento para el 24 de noviembre. El conflicto por la vivienda se transformó así en uno de los principales desafíos sociales para el Gobierno portugués.

    Grecia: estudiantes y docentes reclaman más inversión y salarios dignos

    En Grecia, las protestas están encabezadas por estudiantes, docentes y trabajadores del sector público, que reclaman mayor financiamiento para la educación, mejoras salariales y soluciones a la crisis habitacional.

    El miércoles 21 de octubre, más de 10.000 personas marcharon por Atenas, según la Policía, en una jornada que también tuvo manifestaciones en Salónica, Patras y otras ciudades. La movilización se realizó en el marco de una huelga de 24 horas convocada por el sindicato de docentes de primaria DOE.

    Los profesores denuncian la falta de personal, el deterioro de los edificios escolares y salarios insuficientes frente al costo de vida. Entre las demandas figuran un aumento salarial del 20%, mejores condiciones laborales y ayudas para afrontar los alquileres.

    Los estudiantes, por su parte, cuestionan que el subsidio de 120 euros mensuales para vivienda sea insuficiente y se pague al final del año. Reclaman más residencias universitarias, alojamiento accesible y una mayor inversión estatal en educación.

    Las marchas se desarrollaron mayormente de forma pacífica, aunque con un importante despliegue policial. El conflicto griego comparte con el resto de Europa la dificultad de los jóvenes para sostener sus estudios y acceder a una vivienda, en un contexto de aumento de los gastos cotidianos.

    Bélgica: estudiantes y sindicatos contra los recortes presupuestarios

    Bélgica se sumó a la ola de protestas con movilizaciones contra las restricciones presupuestarias y las políticas socioeconómicas del Gobierno federal encabezado por Bart De Wever.

    En Bruselas, docentes, estudiantes y trabajadores cuestionan la reducción de recursos para la educación y reclaman mejores condiciones en las escuelas. El sábado 24 de octubre, cientos de jóvenes volvieron a manifestarse y se registraron enfrentamientos con la Policía, que utilizó gases lacrimógenos y gas pimienta.

    La protesta se inscribe en una secuencia de movilizaciones que ya había reunido a decenas de miles de personas en la capital. En la jornada del 9 de octubre, los sindicatos calcularon 50.000 asistentes, mientras que la Policía estimó 30.000. La convocatoria incluyó ferroviarios, docentes, empleados públicos, estudiantes universitarios y secundarios.

    El rechazo a los recortes educativos se convirtió en uno de los principales puntos de contacto con las protestas francesas. En ambos países, el movimiento estudiantil cuestiona el deterioro de la infraestructura escolar y la insuficiencia de recursos públicos.

    Albania: la corrupción y la falta de oportunidades ponen en jaque al Gobierno

    En Albania, el conflicto adquirió un carácter más abiertamente político. Las protestas encabezadas por estudiantes y sectores de la oposición reclaman la renuncia del primer ministro Edi Rama, en el poder desde 2013, y denuncian corrupción, falta de empleo y deterioro de los servicios públicos.

    Las movilizaciones comenzaron meses atrás contra un proyecto inmobiliario de lujo en la costa, respaldado por intereses empresariales vinculados con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. Con el inicio del ciclo lectivo, las demandas se ampliaron para incluir el financiamiento educativo, las tasas universitarias y la corrupción en el sistema.

    El sábado 24 de octubre, la Policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma para dispersar a manifestantes en Tirana. Hubo ataques contra edificios públicos y enfrentamientos en los que se arrojaron piedras y otros objetos contra los agentes.

    Los estudiantes exigen mayor inversión en educación y mejores oportunidades laborales. Otros sectores reclaman cambios políticos más profundos y la salida de Rama, a quien responsabilizan por los escándalos de corrupción y la falta de perspectivas para los jóvenes. El Gobierno rechaza las acusaciones y sostiene que los episodios violentos no pueden confundirse con el derecho a la protesta.

    Serbia: el movimiento estudiantil mantiene la presión contra el poder político

    En Serbia, el movimiento estudiantil lleva casi dos años de movilizaciones tras el derrumbe de una estación ferroviaria en Novi Sad, en noviembre de 2024, que causó 16 muertes. Los manifestantes reclaman responsabilidades políticas, transparencia y medidas contra la corrupción.

    Las protestas derivaron en una crisis para el Gobierno de Aleksandar Vui y forzaron el adelanto de las elecciones. El movimiento se presenta bajo la denominación Lista de Estudiantes y se consolidó como una fuerza política con capacidad para disputar el poder.

    El jueves 22 de octubre, unas 150.000 personas se concentraron en Belgrado, según recuentos independientes. La convocatoria refleja una movilización que excede el reclamo por la tragedia ferroviaria y cuestiona el funcionamiento de las instituciones y la relación entre el poder político y los organismos de control.

    A diferencia de las protestas centradas en la vivienda o los salarios, el caso serbio tiene como eje la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. El movimiento estudiantil se convirtió en uno de los principales actores de la oposición.

    Alemania: rechazo al rearme y a los recortes en pensiones y salud

    Alemania también registra movilizaciones, aunque de menor magnitud que las de Francia, España o Portugal. Una parte de las protestas se concentra en el rechazo al servicio militar y al aumento del gasto en defensa, en un contexto de debate sobre el rearme europeo.

    El malestar también alcanza a los sindicatos, que cuestionan los recortes en pensiones y sanidad. El 26 de septiembre, organizaciones sindicales reunieron a unas 175.000 personas, según sus propios cálculos, para protestar contra esas medidas.

    El reclamo alemán muestra que la ola europea no se limita a la crisis de la vivienda o la educación. También incluye el debate sobre las prioridades presupuestarias, el gasto militar y la protección social en un escenario internacional marcado por la guerra en Ucrania.

  • Los detalles de la ruta marítima entre Chile y Malvinas, la tensión con Argentina y el proyecto para frenar el intercambio

    Los detalles de la ruta marítima entre Chile y Malvinas, la tensión con Argentina y el proyecto para frenar el intercambio

    El buque Danstar, un carguero de bandera chilena con capacidad para 1.389 toneladas, se prepara para zarpar desde Punta Arenas rumbo a Malvinas con frutas frescas, lácteos, madera, cemento, gas licuado y maquinaria pesada. La operación, impulsada por la naviera Easter Island bajo contrato con la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), el organismo de desarrollo económico de la administración ilegal que gobierna las Islas, prevé inaugurar a más tardar en diciembre una ruta comercial que reduce a la mitad la distancia del actual abastecimiento desde Uruguay y reavivó una disputa diplomática y política entre Argentina y Chile con ramificaciones todavía inciertas.

    El gerente comercial de la compañía, Luis Cisternas Ávila, confirmó que la travesía se realizará por el Estrecho de Magallanes -no por el paso Drake- y que el trayecto de unos 900 kilómetros demandará dos días y medio. El empresario describió la iniciativa como un negocio entre privados: es el mismo argumento que esgrimen las autoridades chilenas (comunales, nacionales y parlamentarias) para defender la ruta de una posible represalia argentina.

    Con una población residente estimada en 3.400 personas, según el último censo, a las que se suma la guarnición militar británica desplegada en el complejo de Mount Pleasant y unos 400 contratistas civiles asociados a la base, las islas poseen un ingreso nacional bruto per cápita de 58.749 libras esterlinas pero producen muy pocos bienes propios. Su abastecimiento depende de un servicio marítimo mensual desde Montevideo a unos 2.000 kilómetros, navegaciones regulares desde Londres y un vuelo semanal de LATAM desde Punta Arenas.

    Un buque de carga azul y rojo con la palabra Danstar escrita en el casco navega en mar abierto bajo un cielo despejado

    La ruta del Danstar recortaría la distancia continental a la mitad —900 kilómetros frente a los 2.000 desde Uruguay— y abriría un coredor más cercano y, sobre todo, más barato. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, estimó que el intercambio podría superar los 20 millones de dólares anuales, una cifra que hoy captura Montevideo. “Vamos a ser como el gran supermercado, el gran home center de las islas”, afirmó.

    La distancia, de acuerdo con un informe realizado por el Observatorio de Memoria, Investigación y Soberanía de la Universidad Nacional de Rosario, constituye una de “las vulnerabilidades estructurales de la presencia británica en las Malvinas y explica la importancia estratégica de sus conexiones con Sudamérica”.

    En esta línea, el documento plantea que si la administración ilegal de las Islas posee una red logística diversificada, no conexiones aisladas, se convierte en un problema central para la Argentina. “La logística también consolida poder territorial. Un territorio colonial situado a enorme distancia de la metrópoli resulta más vulnerable cuanto más depende de una única cadena de abastecimiento; esa vulnerabilidad disminuye cuando dispone simultáneamente de aviones militares y civiles, puertos regionales, proveedores sudamericanos y rutas marítimas alternativas”, se sostiene en el texto. Y concluye: “Una ruta comercial no modifica el título jurídico sobre Malvinas, pero abarata, normaliza y hace más sostenible la presencia británica”.

    Dos hombres de pie al aire libre: uno viste una chaqueta azul oscura y el otro un traje gris con corbata roja y anteojos

    En las rondas comerciales que se realizaron en la región de Magallanes en septiembre, funcionarios británicos explicaron sus prioridades y necesidades: acceso a mercancías de disponibilidad inmediata como alimentos perecederos, materiales de construcción, alimento para animales, ganado en pie, maquinaria pesada y vinos chilenos.

    Easter Island publicó un tarifario detallado de su servicio: la carga general y los materiales de construcción arrancan en USD 183 por metro cúbico, la carga congelada en USD 193 y la maquinaria en USD 234. El alquiler de un contenedor seco de 20 pies quedó fijado en USD 812 y el de una unidad refrigerada del mismo tamaño en USD 1.523, con costos portuarios incluidos en origen y destino.

    En el último mes, Argentina respondió en varios planos, tanto a nivel diplomático como político y desde excombatientes, como el CECIM, de La Plata, que envió una carta documento al canciller Pablo Quirno para que ejerciera las competencias previstas por la ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen o presten servicios comerciales, financieros, logísticos o técnicos relacionados con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina en su plataforma continental.

    El texto sostiene que la ruta constituye “el cordón umbilical logístico del proyecto Sea Lion, del abastecimiento material de la usurpación y del saqueo de los hidrocarburos que yacen bajo la plataforma continental argentina”. La preocupación no carece de fundamento: el propio gobierno de las Islas Malvinas anunció la extensión de todas las licencias de producción de hidrocarburos offshore, con respaldo explícito de Londres. La responsable de Recursos Minerales de la administración británica, Cheryl Roberts, lo expresó sin ambigüedad: “Estos son nuestros recursos para desarrollar”.

    En el Congreso argentino, el bloque de Unión por la Patria presentó dos iniciativas. El diputado Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos) impulsó un proyecto de ley para denunciar el Tratado de Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal vigentes con Chile. En paralelo, el excanciller Santiago Cafiero encabezó junto a Nicolás Trotta y otros integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores un proyecto de resolución para convocar al embajador chileno, Gonzalo Uriarte Herrera, a explicar los alcances de la ruta y si podría servir de soporte logístico al proyecto petrolero Sea Lion.

    El Canciller Pablo Quirno y el Ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvieron un encuentro con el Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella

    A nivel provincial, la Legislatura de Tierra del Fuego tramita un proyecto de declaración de rechazo impulsado por la legisladora María Victoria Vuoto (PJ), que solicita al Poder Ejecutivo Nacional gestiones diplomáticas ante Chile y un informe sobre el itinerario, las cargas y las autorizaciones otorgadas.

    Sin embargo, el propio Quirno reconoció las limitaciones de Argentina y la buena sintonía entre los gobiernos de Milei y José Antonio Kast. El gobierno se ocupó de no escalar la tensión. En una entrevista con A24, el canciller fue categórico: “Nosotros no podemos frenar el paso inocente”, señaló en relación al buque Danstar. En una cena organizada por el CARI, sin embargo, sostuvo: “Quien contribuya, directa o indirectamente, a la exploración o explotación ilegítima de los recursos que pertenecen a todos los argentinos, difícilmente podrá aspirar a compartir los beneficios del crecimiento de nuestro país”.

    En tanto, los excancilleres chilenos Alfredo Moreno Charme y Alberto van Klaveren publicaron una columna conjunta en la que pidieron prudencia y advirtieron que la relación bilateral “es demasiado importante para quedar a merced de declaraciones desafortunadas o interpretaciones mal intencionadas que generan coyunturas espinosas”.

    La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), ratificada por Argentina mediante la Ley 24.543, garantiza en su artículo 17 el derecho de paso inocente a través del mar territorial. Y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 obliga a la Argentina a mantener “en cualquier tiempo y circunstancias” el derecho de los buques de todas las banderas a navegar de forma expedita hacia y desde el Estrecho de Magallanes.

    En paralelo a esta tensión, Argentina presentó el 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte, la primera vez que el país acude a esa instancia por la cuestión. Las audiencias comenzarán el 10 y 11 de noviembre.

    En tanto, el gobierno de Tierra del Fuego trabaja en una iniciativa legislativa propia para regular las operaciones marítimas dentro de las doce millas del departamento Islas del Atlántico Sur y que incluirá un régimen sancionatorio contra las empresas que operen sin autorización del gobierno provincial.

    “Es la primera vez que estamos pensando específicamente una ley provincial en clave departamento Islas del Atlántico Sur. Siempre pensábamos desde el lado del resto de Tierra del Fuego y no específicamente desde las islas”, explicó a Infobae el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia patagónica, Andrés Dachary.

    Según el funcionario, el nuevo proyecto apunta directamente al territorio insular: prevé la detección de empresas que operen en la zona, la aplicación de sanciones y la prohibición de que esas compañías actúen en cualquier otra parte del país. “En el vínculo que tenés entre Chile y Argentina, una sanción de estas características, entendemos que en lo que tiene que ver con el capital reputacional de las empresas, lo van a pensar dos veces antes de seguir”, sostuvo. La norma no distinguirá por bandera: aplicará por igual a buques que zarpen de puertos chilenos, uruguayos o de cualquier otro origen.

    Consultado sobre los tiempos —dado que el Danstar podría zarpar en un mes—, Dachary descartó una carrera contrarreloj: “No buscamos darle tanta entidad a este primer viaje, sino contar con las herramientas normativas necesarias con todo el análisis y el debate, porque lo que buscás es la eficacia de la ley”.

    El funcionario cuestionó la contradicción de Chile al apoyar el reclamo argentino de soberanía y, al mismo tiempo, negociar comercialmente con las autoridades isleñas. “Si apoyás el reclamo argentino, implica reconocer su soberanía y jurisdicción. No podés tener un equilibrio de negociar con el pretendido gobierno de las islas y a su vez estar a favor de Argentina”, afirmó.

    Sobre el argumento de que se trata de un negocio entre privados, sostuvo que “deja de serlo cuando tenés al alcalde de Punta Arenas sacándose fotos abrazado con las pretendidas autoridades de las islas”. Dachary, por último, puso en perspectiva la escala económica de la disputa: “El comercio bilateral entre Chile y Argentina son ocho mil millones de dólares. Todo este quilombo es por 20 millones”.

  • Empresario condenado por narcotráfico: “Con estas investigaciones se rompe el techo”, dijo el fiscal Podhainy

    Empresario condenado por narcotráfico: “Con estas investigaciones se rompe el techo”, dijo el fiscal Podhainy

    El fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, Juan Podhainy, habló en el programa El Séptimo Día (Radio Plaza 94.7) de este domingo sobre el juicio que terminó con la condena a seis años y diez meses de prisión para el empresario maderero de Federación José Luis Machado por narcotráfico. Contó que la investigación comenzó en febrero de 2024 y detalló las pruebas reunidas: escuchas, vigilancia, secuestro de celulares y una planilla de Excel con las deudas de los revendedores. Destacó cómo esta investigación permitió llegar hasta el proveedor de numerosos puntos de venta de drogas en la región de Salto Grande.

    —¿Cómo se inició la investigación contra Machado?

    —Este caso se inicia en febrero de 2024, con una información que le llega a la policía de Toxicología de Federación. El dato era que se estaba comercializando droga en Federación y Concordia y que esa droga, posiblemente, según la información que llegaba a través de distintas denuncias, podría haber sido proveída por José Luis Machado, que hasta ese momento era empresario, tenía dos aserraderos y una paletera en la provincia de Buenos Aires. Además, habían advertido cierto crecimiento económico: se había comprado varios vehículos, algún Audi TT, varias Amarok, Toyota Hilux. En función de eso se pide la apertura de la investigación, lo cual autoriza la jueza, previa vista de la fiscal.

    —¿Qué fue surgiendo a medida que avanzaron las tareas de investigación?

    —Surge de los movimientos migratorios que Machado y otro de los imputados, Acevedo, que era su secuaz, viajaban seguido a Paraguay los dos juntos. También hubo un informe de antenas de telefonía que daba cuenta de que Machado utilizaba su celular en distintas zonas: Concordia, Federación, San Jaime y también en Misiones, lo cual luego se determinó que parte del material estupefaciente lo adquiría de una persona puntual en Misiones. Después se pidieron escuchas telefónicas y se empezó a identificar que Machado tenía distintos revendedores y distribuidores, no solamente en Concordia y Federación, como era la hipótesis inicial, sino también en San Jaime, San Salvador y Mocoretá, en Corrientes. Traía cocaína y traía marihuana.

    —¿Qué se encontró en los allanamientos?

    —Una vez madurada la investigación, identificados distintos distribuidores y su secuaz, Acevedo, se disponen los allanamientos. Se encuentran estupefacientes, pero también celulares y elementos de corte, por ejemplo, fragmentos de paquetes. Puntualmente, la prevención advertía que se habían encontrado determinados stickers o calcomanías de Chuck Norris, del actor estadounidense. Eso les llamaba la atención a los investigadores porque Machado se hacía llamar “Chuck Norris”. Gracias a las escuchas telefónicas, el personal de la Policía de Entre Ríos, de Toxicología (actual Drogas Peligrosas) de Federación, iba entrelazando lo que pasaba. Por ejemplo, Machado hablaba con determinada persona que le debía dinero, y esa persona, luego por narcomenudeo, era allanada, le encontraban cocaína, le secuestraban el celular y tenía conversaciones incriminantes con Machado, lógicamente. Es una causa en la que se fue recabando la información de distintas fuentes. No es que solamente tenemos las escuchas, como muchas veces los defensores dicen que es una causa “narcofónica”, no. Acá se hizo también un trabajo de vigilancia que da cuenta de que Machado se reunía con uno de los imputados, se veían pasamanos en la casa de esos imputados, y Machado iba y les cobraba.

    —O sea que Machado no solo tenía proveedores en Misiones y Paraguay, sino que se involucraba en el cobro directo a los narcomenudeantes.

    —Así es, y el cobro directo es lo que más llamó la atención, no solamente en la instrucción, sino a nosotros en el juicio. Cuando abrieron los celulares de Machado, concretamente dos celulares, y los de los otros imputados, se encontró un archivo Excel, una planilla que se llamaba “Extra”, en la que tenía todos y cada uno de los distintos revendedores. De varios de ellos se pudieron determinar escuchas y mensajes incriminantes; por ejemplo, varios tienen causas paralelas ante el Juzgado Federal de Concordia o ante la justicia provincial por infracción a la ley de drogas. Y en ese Excel tenía todas las distintas deudas que tenían con él. Y era solamente lo que se pudo encontrar del mes de octubre.

    —¿De qué montos estamos hablando?

    —Una escucha nos llamó mucho la atención, previa a los allanamientos, en la que Machado habla con una suerte de contador o asistente del contador que él tenía, quien le decía: “Mirá, José Luis, ustedes venían facturando, creo que en marzo de 2024, si no me equivoco, 30 millones por mes. Pero ahora, en abril y mayo de 2024, ingresaron dinero por 150 millones y 175 millones”. Estamos hablando de mucha plata, y ese contador decía: “¿Cómo justifico esto? ¿Qué hicieron ustedes?”. Y Machado le decía: “Bueno, no sé, vemos, decí que fue el dinero que ingresó de la paletera que tenía en la provincia de Buenos Aires o decí que vendimos un tractor”.

    —¿Qué mostraban los celulares sobre las calcomanías de Chuck Norris?

    —Un dato más que surge de los mensajes de texto, de las imágenes, del contenido de los celulares: a la cocaína que le vendía a sus revendedores le ponía el sello de él, una calcomanía de Chuck Norris. Él mismo tenía esa foto en WhatsApp, en los distintos teléfonos. La verdad que fue una causa con muchos condimentos.

    —¿Cómo terminó el juicio y cuál fue la pena?

    —Luego del debate, en el que intervine junto a la doctora Valeria Esponda, se valoró toda esta prueba, se pidió una pena y el tribunal efectivamente tomó la teoría de la fiscalía y terminó condenando. La fiscalía pidió una pena de siete años y el tribunal condenó por seis años y 10 meses y le impuso una multa de 100 unidades fijas, que son 15 millones de pesos. El otro imputado que llegó a juicio también fue condenado, obviamente con menor responsabilidad, eso ya lo habíamos marcado nosotros en la acusación, pero también se lo condenó. Los otros imputados fueron a abreviados: eran ocho imputados, a juicio fueron dos. Con los otros seis firmamos un acuerdo de juicio abreviado. Todavía está por salir esa sentencia homologatoria, pero resultarían todos condenados, en las expectativas nuestras.

    —¿Se pudo atacar el andamiaje económico?

    —Está en trámite. Lo único que les puedo decir es que todos los vehículos que mencionaba, las camionetas, un Audi TT y otros vehículos, están a disposición de la jueza (Analía) Ramponi por otra investigación de esta índole.

    —¿Cómo se defendió Machado?

    —Planteó una nulidad de la investigación inicial de la policía. Cuestionó básicamente que la policía de Entre Ríos, en pleno uso de sus facultades, hizo una pseudoinvestigación, pidiendo informes de dominio de los vehículos que había comprado y entrando a Facebook, mostrando a qué se dedicaba. Pretendieron invalidar la incorporación de esa información y, lógicamente, nosotros nos opusimos, y el tribunal lo rechazó. La defensa se centró básicamente en una cuestión procedimental o formal. No esgrimieron otro argumento. Durante las audiencias cuestionaban a los funcionarios de la prevención que interpretaban las escuchas en determinado sentido por su experiencia, y además de eso se corroboró por los allanamientos y por el resultado de las pruebas de los celulares. Entonces, mucho no les quedaba para decir.

    —La sociedad reclama causas contra los “peces gordos” del narcotráfico ¿Es este uno de esos casos?

    —Con este tipo de investigaciones se logra romper el techo. Muchas veces se pregunta: “Che, ¿dónde está el proveedor? ¿Quién provee toda esta droga que se comercializa acá en Paraná?”, incluso en investigaciones tanto del fuero federal como del provincial. Acá se encontró el proveedor y era una persona de mucha injerencia económica. También por el impacto geográfico que tenía: este tipo llenó de drogas Federación, Concordia, distintos departamentos, San Salvador. Y tenía sus revendedores ahí, personas a las que exigía constantemente el cumplimiento de sus deudas, haciéndoles capturas de pantalla de esta planilla de Excel: “Si te di tanto, vos me debés tanto”. Bastante organizado para lo ilícito, Machado. Y en ese sentido se rompió ese techo.

    —¿Se pudo determinar si hubo complicidad de algún profesional, como el contador?

    —De lo que llegó a juicio, no. Justamente esta escucha da cuenta de que esta persona no sabía; incluso se había ofrecido como testigo la contadora, pero no vino a declarar. Ignoro sinceramente respecto a esta otra investigación a la que les hacía referencia, de todo este costado más económico.

    —¿La defensa pidió la domiciliaria?

    —Lo plantearon, creo que a principios de este año o el año pasado, y en ese caso dictaminó el doctor Candiotti que no correspondía, porque no hay ninguna situación que lo ampare para poder acceder a la domiciliaria: personas enfermas, con hijos, etcétera, ni tampoco ninguna cuestión cautelar que hoy en día se pueda plantear, como decir «no hay tanto riesgo de fuga». Estamos hablando de un tipo que, como ya describí, tiene posibilidades, sobre todo económicas, de entorpecer la investigación o de profugarse, más allá de los vínculos con Paraguay, la posibilidad de extrañarse del país.

    El gran cambio que se avecina en la Justicia Federal

    —Hubo capacitaciones para la implementación del sistema acusatorio federal en Entre Ríos. ¿Qué va a cambiar en la instancia de juicio?

    —En lo que hace a la instancia de juicio, la principal modificación es que se hacen dos juicios: un juicio por la responsabilidad y, por otro lado, a las 48 horas de que se declare la responsabilidad de la persona, un juicio por la pena. Vamos a discutir en dos momentos distintos y no en uno solo. Por un lado, la materialidad de los hechos y la responsabilidad de los procesados. Hoy hacemos todo junto; ahora se va a declarar la responsabilidad y después vamos a discutir la pena, y tenemos que ofrecer prueba para uno y otro juicio.

    —¿Qué otro cambio destaca?

    —Para mí es fundamental, y es muy importante también para que lo sepa la sociedad, que el fiscal que investigó es el fiscal que va a juicio. Es el fiscal que considera que tenía una teoría del caso apta como para someterla a juicio. Acá es el mismo fiscal el que va a defender su teoría del caso, el que hizo las primeras medidas de investigación. Ya no tiene más la investigación el juez, y eso hace todo más pulcro en el sentido constitucional. La Constitución nos dice que tiene que haber separación de poderes y que el juez no puede investigar. Ahora este sistema se condice con lo que nos dijo el legislador de la Constitución.

    —¿Habrá una reorganización dentro del Ministerio Público Fiscal?

    —Entendemos que sí. Por eso la unidad de implementación de la Procuración General está trabajando muchísimo, no solamente en la capacitación, sino en determinar cómo administrar esos recursos: qué persona tiene más experiencia en determinado costado de una investigación, del juicio o del manejo de evidencia, o en cuestiones no penales, porque también es competencia del MPF intervenir en cuestiones que no necesariamente sean penales. De eso se encarga la Procuración General a través de la unidad de implementación, que va a ver cómo se administran mejor los recursos humanos. Todavía eso, lógicamente, está armándose.

  • Las exportaciones de los últimos 12 meses superaron los USD 100.000 millones y la Argentina recupera participación en el total mundial

    Las exportaciones de los últimos 12 meses superaron los USD 100.000 millones y la Argentina recupera participación en el total mundial

    Exportaciones Argentina
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    Los datos de comercio exterior que en la semana difundió el Indec arrojaron varios aspectos destacables: por primera vez, las exportaciones de un mes —septiembre— superaron los USD 10.000 millones; las proyecciones de superávit anual ya se acercan a los USD 26.000 millones; la balanza energética se consolidó como un gran motor y, en 2026, por primera vez en la historia, las exportaciones anuales superarían los USD 100.000 millones.

    Menos advertido fue que, en los últimos 12 meses, las exportaciones ya superaron los USD 100.000 millones, como destacó un reciente informe de Quantum, y que en el mismo período el saldo comercial ya superó también los USD 26.000 millones proyectados para 2026.

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    En efecto, si se toman los USD 23.578 millones que la Argentina exportó de octubre a diciembre de 2025 y se agregan a los USD 77.267 millones de ventas externas de enero a septiembre de este año, se llega a USD 100.845 millones, un primado histórico. Y si de igual modo se consideran los saldos comerciales de los últimos doce meses, el resultado arroja USD 26.472 millones a favor, otro récord.

    En 2026 el saldo comercial “en base caja” podría superar los USD 30.000 millones

    También es destacable que el superávit “base caja” —esto es, la diferencia entre las divisas que efectivamente entraron y salieron en función de los flujos de comercio— arroja datos superiores al devengado, al punto de que para el conjunto del año el saldo por ese concepto superaría no ya los USD 26.000 millones, sino incluso los USD 30.000 millones. Esto se explica, básicamente, porque la financiación a los importadores argentinos supera por buen margen la que obtienen quienes le compran bienes al país.

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    El informe precisa al respecto que, si bien todavía no se publicó la información “en base caja” de septiembre, en los primeros ocho meses la diferencia con el “devengado” en exportaciones es de USD 1.152 millones, apenas el 2% de las compras del período. En las importaciones, en cambio, la brecha es de USD 4.985 millones, el 10% de las compras.

    Exportaciones y superávit record

    En septiembre, las exportaciones de bienes alcanzaron el récord de USD 10.036 millones “en base devengado”, mientras que las importaciones sumaron USD 7.060 millones, para un saldo comercial de USD 2.976 millones. Así, en el acumulado de nueve meses, las exportaciones sumaron USD 77.267 millones, 21,6% más que en igual período de 2025, variación explicada por aumentos importantes en precios (+10,9%) y en cantidades (+9,3%).

    Un reciente informe de Marcelo Elizondo, experto en comercio internacional, recordó que la Argentina llegó en 2023 al mínimo de su historia en términos de participación en el total internacional: 0,27%, un tercio de la participación del 0,81% que detentaba en 1960.

    infografia

    Desde 2024, sin embargo, se percibe una clara recuperación: las ventas externas de la Argentina alcanzarían este año una participación del 0,39% si se computa solo la exportación de bienes, y del 0,37% si se consideran bienes y servicios.

    infografia

    Volviendo a los datos de este año, en los primeros nueve meses las importaciones cayeron 2,5% anual, a USD 56.609 millones, lo que dejó un saldo comercial de bienes de USD 21.198 millones, también récord para el período.

    De esos datos se desprende también que el aumento de USD 15.160 millones del superávit del período se debió en más del 90% al aumento de las exportaciones: USD 13.722 millones, el 90,5% del aumento del superávit. Menos del 10% respondió a la caída de las importaciones, que declinaron en USD 1.438 millones, una contribución del 9,5% a la mejora del saldo.

    No tan novedoso, pero también destacable, es que China sigue siendo, de lejos, el país con el que la Argentina tiene sus mayores déficits bilaterales. El gigante asiático es el principal país de origen de las compras argentinas, con USD 13.047 millones en nueve meses, pero el tercero, detrás de Brasil y de Estados Unidos, a la hora de comprar bienes argentinos: USD 7.146 millones, no mucho más que Chile.

    Del total exportado, el 17% fue al Mercosur; el 13%, a Brasil; el 12%, al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA); el 9%, a la Unión Europea; el 9%, a China; y el restante 52% estuvo “muy atomizado”. De las importaciones, China fue el principal abastecedor, con el 23%, seguido por Brasil, con el 21%; la Unión Europea, con el 14%; el USMCA, con el 12%; y el resto del mundo, con el 22%.

    Una torre de perforación en un terreno árido a la izquierda y brazos robóticos junto a la carrocería de un automóvil a la derecha.

    De este modo, entre 2023 y 2026 la suma de importaciones y exportaciones, una medida de la “integración comercial” al mundo, aumentó de 26% a 31% del PBI. Según Quantum, “sigue siendo una relación baja cuando se la compara con el promedio de la región, que es superior al 49% del PBI, y con el mundo, que alcanza el 68% del PBI”.

    Caída de las importaciones y dudas sobre la inversión

    Menos positivo es el hecho de que, en volumen, las importaciones cayeron 9,7%, aunque en promedio costaron 7,8% más. El único rubro que mostró aumento de cantidades fue el automotor, en sustitución de producción local, mientras que rubros asociados a la inversión, como bienes de capital y piezas y accesorios, tuvieron fuertes caídas de volumen.

    Las compras que menos cayeron fueron las de bienes intermedios (-0,8%), relacionados con el nivel de actividad, y bienes de consumo (-2,7%), “probablemente más relacionado con niveles de ingresos que por sustitución por oferta local”, concluye el informe.

  • Donald Trump amenaza con atacar Irán este domingo: Puede que tenga que rematarlo

    Donald Trump amenaza con atacar Irán este domingo: Puede que tenga que rematarlo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría atacar Irán este domingo, aunque aseguró que todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Sus declaraciones coinciden con reportes sobre los preparativos militares de Washington e Israel para una nueva ofensiva, mientras Teherán responsabiliza a la administración estadounidense por el estancamiento de las negociaciones.

    “Estamos pensando en hacerlo, y quizá mañana”, declaró Trump este sábado ante los periodistas cuando le preguntaron por el avance de sus deliberaciones sobre una posible operación militar. Sin embargo, evitó confirmar si ya tomó una decisión y respondió: “¿De verdad creen que voy a decirles si voy a hacerlo?”.

    Trump mantiene la amenaza militar y no descarta un acuerdo

    El mandatario justificó la presión sobre Teherán con el argumento de que busca impedir que Irán desarrolle un arma nuclear. Según su postura, una operación estadounidense anterior no habría sido suficiente para garantizar que el objetivo se mantenga en el tiempo: “Tengo que hacerlo permanente. Esa es la única razón por la que lo hago”.

    Trump también sostuvo que los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz aumentaron desde el comienzo de la guerra, aunque no precisó qué medidas podría tomar a continuación. Por ahora, mantiene abiertas tanto la alternativa militar como la posibilidad de una salida diplomática: “Puede que tenga que rematarlo, o quizá lleguen a un acuerdo, pero no estoy seguro. En cualquier caso, ganamos”.

    El presidente estadounidense justificó la presión militar con el argumento de impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear.

    El presidente estadounidense justificó la presión militar con el argumento de impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear.

    @whitehouse

    Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkian culpó a Estados Unidos por el colapso de las conversaciones para alcanzar un acuerdo interino. La disputa diplomática se desarrolla en paralelo con las advertencias militares y la incertidumbre sobre los próximos pasos de ambos gobiernos.

    Trump defendió las operaciones militares contra Irán

    Durante un acto de campaña celebrado el sábado en Georgia, Trump aseguró: “Tengo que dejar de matar a líderes iraníes, porque tengo que averiguar con quién demonios estamos negociando”,.

    En el mismo discurso, el presidente describió el alcance de los daños que atribuye a las operaciones estadounidenses y afirmó que Irán perdió capacidades militares y parte de su conducción política: “No tienen aviones, ni barcos, ni nada, ni líderes. El líder de nivel uno ha desaparecido, el líder de nivel dos ha desaparecido”, expresó.

    El mandatario también volvió a defender su decisión de retirar a Estados Unidos, en 2018, del acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 durante la presidencia de Barack Obama. El pacto, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), establecía restricciones al programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones.

    “Di por terminado uno de los peores acuerdos jamás alcanzados, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de Barack Hussein Obama, o como algunos lo llaman, el acuerdo nuclear con Irán, que era un camino hacia un arma nuclear para Irán. Lo terminé, por suerte, justo a tiempo”, sostuvo.

    Trump volvió a cuestionar el acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 durante la presidencia de Barack Obama.

    Trump volvió a cuestionar el acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 durante la presidencia de Barack Obama.

    Depositphotos

    EEUU e Israel preparan una posible nueva ofensiva

    Las declaraciones de Trump coinciden con informaciones publicadas por The New York Times sobre los preparativos de Washington y Tel Aviv para reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos. Los reportes alimentan las versiones sobre una nueva escalada, aunque el mandatario no confirmó que haya tomado una decisión definitiva.

    Trump aseguró que las operaciones militares estadounidenses Midnight Hammer y Epic Fury destruyeron la capacidad iraní de enriquecer uranio. La primera se llevó a cabo en 2025, mientras que la segunda tuvo lugar entre febrero y mayo de este año, según la información proporcionada: “Los derrotamos militarmente, financieramente y de otras maneras. Tenemos que asegurarnos de que nunca, nunca tengan un arma nuclear”, agregó.

    La posibilidad de un ataque este domingo mantiene en vilo el escenario diplomático y militar. Washington sostiene que busca impedir que Irán desarrolle armas nucleares, mientras Teherán acusa al Gobierno estadounidense de haber obstaculizado las negociaciones para alcanzar un entendimiento.

    Por ahora, Trump no confirmó si ordenará una nueva ofensiva o si dará margen a un acuerdo. Sus declaraciones dejan abiertas ambas alternativas en medio de los reportes sobre preparativos militares y de una creciente tensión entre los dos países.

  • Lacunza defendió las PASO y rechazó modificar el sistema electoral cerca de los comicios

    Lacunza defendió las PASO y rechazó modificar el sistema electoral cerca de los comicios

    Hernán Lacunza en CAMARCO
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    El precandidato presidencial del PRO, Hernán Lacunza, defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), descartó un acuerdo electoral con el oficialismo y propuso levantar por completo el cepo cambiario, apuntalar la construcción y reducir impuestos sobre el crédito.

    En diálogo con la periodista Mariana Contartessi en Radio La Red, el exministro de Hacienda sostuvo que las primarias forman parte de un mecanismo electoral que permite ordenar la competencia antes de una eventual segunda vuelta. También cuestionó la posibilidad de modificar el sistema a poco de una elección: “En un partido de fútbol no se cambian las reglas en el vestuario cuando están por salir los equipos a la cancha”.

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    Para el dirigente del PRO, una discusión sobre el sistema electoral puede darse, pero no debe aplicarse en una contienda que ya está próxima. Comparó esa alternativa con cambiar las reglas de un partido cuando los equipos están por salir a la cancha y la calificó como una decisión oportunista.

    Lacunza afirmó que las PASO permiten resolver diferencias entre propuestas con afinidades, mientras que la primera vuelta y el balotaje cumplen otras funciones dentro del proceso electoral. “Hay que dejar elegir a la gente, no a los dirigentes a dedo”, señaló durante la entrevista.

    El economista planteó que la reducción de la oferta política a dos polos beneficia a quienes se ubican en esas posiciones. Como antecedente, mencionó que la elección presidencial de 2023 se organizó en torno a “casi tres tercios”.

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    Consultado por eventuales acuerdos con otros espacios, Lacunza consideró que todavía es temprano para resolver alianzas de cara a la elección general prevista para 2027. “Es la hora de mostrar las propuestas, las ideas”, afirmó, y sostuvo que el debate actual debe concentrarse en alternativas de gobierno.

    Hernán Lacunza y un grupo de dirigentes del PRO

    El precandidato agregó que mantiene una posición contraria a una alianza con La Libertad Avanza. “Con el oficialismo no voy a ir”, afirmó. En ese marco, ubicó a Patricia Bullrich dentro del oficialismo por su papel como presidenta del bloque libertario en el Senado.

    Lacunza vinculó esa postura con sus cuestionamientos al estilo político del Gobierno. Sostuvo que la agresión verbal y los insultos desde el Estado afectan la convivencia democrática y advirtió que una amenaza, incluso expresada de forma verbal, puede buscar “acallar, reprimir, condicionar” o censurar.

    La Justicia como un factor clave para las inversiones y la necesidad de levantar el cepo

    El dirigente sostuvo también que el funcionamiento de la Justicia tiene mayor peso que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al momento de atraer proyectos de largo plazo en actividades como Vaca Muerta o la minería. “Para las inversiones de Vaca Muerta o de la minería importa más la Justicia que el RIGI”, afirmó.

    A su criterio, los inversores necesitan previsibilidad para resolver eventuales conflictos con el Estado o con privados. Por eso, afirmó que es necesario recuperar el prestigio de una institución que consideró deteriorada, con mecanismos más transparentes para designar jueces y un mayor peso de las evaluaciones técnicas frente a los componentes subjetivos de las entrevistas.

    También destacó una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada en marzo, que propuso reducir la ponderación de las calificaciones subjetivas y fortalecer las pruebas técnicas en los procesos de selección.

    En materia económica, Lacunza enumeró tres medidas que, según planteó, podrían adoptarse de inmediato. La primera consiste en terminar de normalizar el mercado de cambios y levantar las restricciones cambiarias que, a su entender, desalientan la inversión. “Lo primero que haría es terminar de normalizar el mercado de cambios, terminar de levantar el cepo”, señaló.

    La segunda es un programa de apoyo a la construcción. “Es muy mano de obra intensivo, genera mucho empleo en las zonas urbanas”, explicó el exfuncionario, que ubicó allí parte de los problemas económicos y laborales.

    Como tercera medida, propuso una reducción de impuestos sobre el crédito mediante un acuerdo con los gobernadores, sin distinción partidaria. “No tenemos que gravar” el crédito, afirmó, en alusión a la escasez de financiamiento y los niveles de morosidad que atraviesan las familias.

  • Lorenzetti aclaró que la Corte no analizó la inhabilitación perpetua a CFK ni revisó el fondo de la condena

    Lorenzetti aclaró que la Corte no analizó la inhabilitación perpetua a CFK ni revisó el fondo de la condena

    A más de un año de la condena contra la expresidenta, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti afirmó que el tribunal no analizó la constitucionalidad de la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y reclamó cubrir las dos vacantes que mantienen al máximo tribunal con tres integrantes.

    El magistrado se refirió al expediente contra la expresidenta, al funcionamiento de la Corte y a los límites de los pedidos de juicio político contra magistrados. También explicó el alcance de la decisión vinculada con la Ley de Tierras.

    Al ser consultado en el programa Cata de noticias, en radio Con Vos, sobre la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y las discusiones sobre su inhabilitación para ejercer cargos públicos, Lorenzetti evitó emitir opinión sobre una decisión del propio tribunal. Sin embargo, precisó cuál fue el alcance de la intervención de la Corte en ese expediente.

    Según explicó, la causa llegó al máximo tribunal mediante una queja luego del rechazo de un recurso extraordinario. La Corte desestimó esa presentación por falta de fundamentación y, por ese motivo, no avanzó en una revisión de fondo.

    “El tribunal oral resolvió, en el tema de Vialidad, tomó una decisión. Esa decisión después fue respaldada por la Cámara de Casación. Ahí está el doble conforme que se requiere y la Corte recibió un recurso denegado, o sea, solo una queja”, señaló Lorenzetti en el programa Cata de noticias, en radio Con Vos.

     

     

    El magistrado remarcó que la decisión de la Corte se limitó a esa presentación. “En esa queja, que es un modo muy estrecho, es decir, no analizamos el fondo, la Corte lo resolvió por falta de fundamentación, es decir, no estaba bien fundado. Eso lo puede leer cualquier persona y hasta ahí llegamos”, sostuvo.

    También indicó que la Corte no trató la cuestión de la inhabilitación perpetua, una pena prevista en el Código Penal que fue dispuesta junto con la condena de prisión. “En esas sentencias, lo que llega a la Corte no está planteado ese tema”, afirmó al referirse a la posibilidad de que Fernández de Kirchner compita en elecciones.

    Sobre el debate jurídico alrededor de una eventual inconstitucionalidad de la sanción, agregó: “Lo que se habla es si se plantea la inconstitucionalidad o no de esa inhabilitación perpetua en relación a una pena de prisión más acotada, que no es perpetua. Ese es un tema, pero en la Corte no se trató ese tema”, señaló en el programa Cata de noticias, en radio Con Vos.

    Asimismo, frente a las expresiones políticas que definen a la expresidenta como proscripta, Lorenzetti separó el plano político del jurídico. “No me parecen mal las discusiones políticas. Que cada sector tenga sus argumentos y los use y luche por lo que cree que es bueno. Eso está bien en una democracia”, planteó. Sin embargo, aclaró: “Jurídicamente es otra cuestión. Nosotros nos ajustamos a la ley, al derecho, a la Constitución”.

    Las vacantes en el máximo tribunal

    En la misma entrevista en el programa Cata de noticias, en radio Con Vos, Lorenzetti reclamó completar la integración de la Corte. La ley fija cinco miembros, pero el tribunal funciona con tres luego de las vacantes que dejaron Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

    “El presidente tiene que enviar esos pliegos, tomar esa decisión y después tiene que haber un Senado con dos tercios que lo apruebe”, dijo. Consideró que la falta de acuerdos para cubrir los cargos es un déficit que se mantuvo durante distintos gobiernos.

    El ministro planteó que la actual conformación exige mayor esfuerzo para alcanzar decisiones, dado que la mayoría requerida también es de tres votos. Aclaró que su preocupación central no está en el volumen de trabajo, sino en la concentración de atribuciones.

     

     

    “Tres personas que decidimos de todo es demasiado poder para tres personas y tiene que haber diversidad también”, señaló. “Yo nunca me quejo de trabajo porque siempre trabajé y los temas salen. Pero tres personas que decidimos de todo, es demasiado poder para tres personas”, agregó.

    Lorenzetti consideró positiva la incorporación de mujeres a la Corte. “Dentro de esa diversidad, la diversidad de género es buena. Por supuesto que sería bueno que incorporen mujeres”, afirmó, aunque aclaró que la decisión sobre las candidaturas corresponde al Poder Ejecutivo y su aprobación al Senado.

    El juez se mostró cauto ante la posibilidad de ampliar el número de integrantes del tribunal. Advirtió que una modificación de ese tipo podría generar incertidumbre sobre los criterios judiciales. “Si la Corte fija un criterio y se dicta una ley para ampliarla y después demora lo que está demorando para cumplirlo, vamos a estar un año, dos años, tres años sin saber cuál es la jurisprudencia de la Corte”, sostuvo.

    La Ley de Tierras y el límite de los juicios políticos por sentencias

    Sobre la decisión vinculada con la Ley de Tierras, Lorenzetti rechazó que la Corte se haya pronunciado sobre la validez de esa norma, sobre el decreto de necesidad y urgencia cuestionado o sobre la venta de recursos naturales.

    Explicó que el expediente llegó al tribunal dentro de procesos colectivos que discutían medidas cautelares. En una de las causas, la Corte rechazó una presentación de excombatientes de Malvinas por falta de legitimación, al concluir que no habían acreditado una representación jurídica directa para impulsar el reclamo.

    “Primero, la Corte no opinó sobre la Ley de Tierras”, afirmó. “Acá todo es precario. No estamos hablando ni de la Ley de Tierras, que no llegó a la Corte, no estamos hablando del DNU ni de una ley. Estamos hablando de una medida cautelar, que es algo muy precario, y de un DNU, que también lo es”, indicó en el programa Cata de noticias, en radio Con Vos.

     

     

    El juez explicó que el tribunal resolvió primero la situación de la asociación de excombatientes. “Nosotros tenemos mucho respeto por los excombatientes de Malvinas, porque toda la sociedad los respeta. Pero en este caso dijimos que no tiene una relación directa de representación jurídica respecto a este tema. Entonces, se rechazó por falta de legitimación. Punto, ninguna otra valoración”, sostuvo.

    Lorenzetti indicó que luego se trató una segunda causa, que había quedado sin resolución de fondo porque se había acumulado al primer expediente. En ese caso, él y Horacio Rosatti votaron por dictar una cautelar, con el argumento de que existía una cuestión ambiental y que la acción no había tenido tratamiento previo. Carlos Rosenkrantz mantuvo una posición distinta.

    “La Corte nunca puede ser pensada como alguien que vende tierras o que está en contra de los recursos naturales, porque nosotros hemos defendido los recursos naturales siempre”, afirmó. Como antecedentes, mencionó las decisiones sobre el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Ley de Glaciares y otros fallos ambientales.

    Por otra parte, Lorenzetti cuestionó los pedidos de juicio político contra jueces que se originan en desacuerdos con el contenido de sus sentencias. El planteo surgió al hablar del debate por la baja de la edad de imputabilidad y de los reclamos contra una magistrada que cuestionó una norma.

    “La ley prohíbe hacer un juicio político a un juez por la sentencia”, afirmó. “Si hay otras conductas, sí, pero por la sentencia, no. Porque además la sentencia de un tribunal se apela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se apela y otro tribunal la corrige, que es lo que pasó”.

    Para el ministro, utilizar el juicio político como respuesta a una decisión jurisdiccional afecta la independencia judicial y la división de poderes. “No es que cada cosa que no nos parece bien tenemos que tumbar el sistema”, sostuvo.

  • Cuáles son las 3 pickups que lideran las ventas de automotores en octubre, a una semana del cierre del mes

    Cuáles son las 3 pickups que lideran las ventas de automotores en octubre, a una semana del cierre del mes

    Tres camionetas de marcas Volkswagen, Toyota y Ford sobre un terreno de piedras frente a montañas nevadas, un lago y el sol poniente
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    Con dos terceras partes del mes computadas, el segundo corte de octubre de ventas de autos 0 km en Argentina muestra un retroceso del 11% interanual y un valor similar, de un 11,7% respecto a septiembre, lo que parece mostrar un resultado estable que juntó las dos variables de medición entre la evolución del mercado mes a mes y la comparación interanual.

    Sin embargo, una vez más, la cantidad de días de registro no son los mismos y en el análisis detallado el resultado se modifica.

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    En números concretos, en lo que va del mes se llevan patentados 24.831 automóviles, de los cuales 23.692 corresponden a autos particulares y vehículos comerciales livianos. Esta cifra es un 10,97% más baja que la de octubre de 2025, y un 11,15% peor que la de septiembre, aunque con un día menos de actividad en los registros del automotor.

    La tercera cifra que se consulta para medir cómo van las ventas es la del acumulado del año, que en este caso tiene 9 meses y medio de muestra y en la que se sigue apreciando una lenta y sostenida caída que alcanza el 13,1% respecto al mismo período de 2025.

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    Esta curva, sin embargo, no refleja la esperada recuperación del segundo semestre, ya que cuando empezó julio estaba en un 9,9%, pero con un inicio de año malo, especialmente en el segundo trimestre, se deberían vender muchos más vehículos para neutralizar ese proceso de baja.

    autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

    Así, si se computa el total de autos patentados en relación con los días hábiles transcurridos, este mes el promedio diario arroja un resultado de 1.773 autos, mientras que el de septiembre es de 1.874, lo que representa una caída real respecto al mes anterior de un 5,4%.

    Toyota sigue liderando entre las marcas

    Entre las marcas, Toyota sigue en el primer puesto habitual y registra al 21 de octubre 4.770 unidades, que representan el 19,2% del total de autos patentados en el mes. Ese número muestra una leve baja respecto al primer corte de octubre, cuando tenían el 22,8%.

    En cambio, las dos marcas que la siguen en la lista tuvieron el comportamiento opuesto. Volkswagen está en segundo lugar con 2.917 unidades y el 11,7% pero tenía un 9,8% en la primera semana del mes. Ford está tercera con 2.529 autos matriculados y el 10,1% que al 10 de octubre era un 9,9%.

    En cuarto lugar está Chevrolet con 2.267 autos y el 9,1% del mercado, por delante de Fiat con sus 2.222 y el 8,9%. Luego están Renault con 1.295 y el 5,2%, Peugeot con 1.052 y el 4,24%, Mercedes-Benz con 893 autos y el 3,60%, BYD con 872 unidades y el 3,5%, y Citroën con 625 patentamientos y un 2,5%.

    Tres pickups dominan el mercado

    En el apartado de los modelos, se mantiene lo que se insinuó en el primer corte del mes, con tres pickups medianas en los tres primeros puestos absolutos de ventas. La Toyota Hilux lidera con 1.919 unidades, seguida por la sorprendente Volkswagen Amarok con 1.158 y la Ford Ranger con 1.135 patentamientos.

    Un SUV Ford Territory Platinum de color celeste estacionado en un exterior urbano, con un edificio moderno y montañas en el fondo

    En cuarto lugar está la Ford Territory, el mejor SUV y el mejor auto importado del mercado con 978 unidades, y en la quinta posición aparece el Toyota Yaris Cross, el mejor SUV compacto y el mejor auto de origen brasileño, con 912 unidades.

    El Fiat Cronos sigue siendo el mejor auto de pasajeros nacional con 722 patentamientos en el sexto puesto, seguido por el Toyota Corolla Cross con 692, Chevrolet Onix con 612, Toyota Yaris con 590 y Peugeot 208 con 563.

    Fuera de los diez modelos más vendidos hasta el momento, el mejor es el Volkswagen Tera, que sigue con un nivel bajo de patentamientos respecto a sus propias marcas de meses anteriores, y totaliza 548 autos. También por debajo de su habitual posicionamiento en el Top 10 está la Chevrolet Tracker, que es undécima con 546 unidades, justo por delante del Peugeot 2008, aunque más distanciado con solo 367 matriculaciones.

    En cambio, es llamativa la performance de la pickup Chevrolet S10, que sube al 14to puesto con 319 vehículos vendidos y marca su mejor número del año, que normalmente la encontraba entre los puestos 20mo al 30mo.

    En contrapartida, la lista de los 15 modelos más vendidos se cierra con otro auto que está lejos de su performance de comienzos de año, cuando era uno de los modelos del Top 10 con regularidad, el Volkswagen Polo, que lleva patentadas 318 unidades.

  • Balotaje Lula da Silva-Flávio Bolsonaro 2026: los 33 millones de electores que no votaron y pueden cambiar el resultado en Brasil

    Balotaje Lula da Silva-Flávio Bolsonaro 2026: los 33 millones de electores que no votaron y pueden cambiar el resultado en Brasil

    Más de 33 millones de brasileños no participaron de la primera vuelta y su ausencia puede incidir en el resultado del balotaje.

    Más de 33 millones de brasileños no participaron de la primera vuelta y su ausencia puede incidir en el resultado del balotaje.

    Justiça Eleitoral

    Los 33 millones de ausentes y el peso de los votantes que no eligieron a los candidatos del balotaje

    La cantidad de brasileños que no participaron de la primera vuelta constituye uno de los principales interrogantes de cara al balotaje, especialmente por la diferencia relativamente pequeña entre los dos candidatos.

    Un relevamiento publicado por el diario brasileño O Globo señaló que el conjunto de electores que no respaldaron a Lula ni a Flávio Bolsonaro, incluidos distintos sectores del padrón, representó el 30,5% del electorado.

    Este universo de votantes se encuentra distribuido de manera desigual entre las distintas regiones de Brasil, por lo que su comportamiento podría tener consecuencias diferentes según el estado.

    A diferencia de los comicios generales, en los que participaron trece candidatos presidenciales, la segunda vuelta ofrecerá únicamente dos alternativas. Por ese motivo, quienes respaldaron a otros postulantes deberán decidir entre votar por alguno de los finalistas, emitir un voto en blanco o nulo, o no concurrir a las urnas.

    La legislación brasileña establece que el sufragio es obligatorio para los ciudadanos alfabetizados de entre 18 y 70 años, mientras que resulta optativo para los adolescentes de 16 y 17 años, los mayores de 70 y las personas que no saben leer ni escribir.

    Pese a esa obligatoriedad, los niveles de abstención registrados en la primera vuelta evidenciaron que una parte significativa del padrón no participó de la elección.

    La abstención alcanzó el 21,08% del padrón en los comicios del 4 de octubre, según los datos del Tribunal Superior Electoral.

    La abstención alcanzó el 21,08% del padrón en los comicios del 4 de octubre, según los datos del Tribunal Superior Electoral.

    ChatGPT IA

    Quiénes son los candidatos eliminados y qué harán con sus votos

    Además de los ausentes, la disputa electoral se concentra en quienes respaldaron a los postulantes que quedaron fuera del balotaje. Los cuatro candidatos más votados después de Bolsonaro y Lula reunieron, en conjunto, el 7,60% de los sufragios, una proporción superior a la diferencia que separó a los dos finalistas.

    No obstante, las posiciones políticas de esos dirigentes no garantizan que sus votantes acompañen automáticamente a uno u otro candidato en la segunda vuelta.

    Augusto Cury (Avante) terminó en tercer lugar con el 2,89% de los votos. El dirigente de centro mantuvo distancia de los dos principales espacios durante la campaña y rechazó la posibilidad de establecer acuerdos con cualquiera de ellos.

    “Las puertas hacia Lula están completamente cerradas”, afirmó al referirse al actual presidente, mientras que sobre el senador opositor aseguró que “con Flavio también se cerraron definitivamente”.

    En cuarto lugar quedó Renan Santos (Missão), con el 2,25% de los sufragios. El candidato, identificado con posiciones de derecha, también descartó respaldar a alguno de los dos finalistas: “Jamás consideraré la posibilidad de unirme a ninguno de estos grupos políticos”, sostuvo durante la campaña.

    Por su parte, Ronaldo Caiado (PSD) consiguió el 2,19% de los votos y mantuvo una posición crítica tanto hacia el oficialismo como hacia el espacio bolsonarista: “Siempre fui opositor a Lula” y “Estoy ahí para derrotar a Lula”, afirmó el dirigente, aunque también cuestionó al candidato del PL y describió un eventual balotaje entre ambos como una “ruleta rusa”.

    El cuarto candidato con mayor respaldo entre los eliminados fue Romeu Zema (Novo), quien obtuvo el 0,27% y expresó una postura más cercana al espacio opositor a Lula. “Mi vida política es combatir al PT. Fui elegido gobernador y reelegido para combatir al PT, que destruyó Minas Gerais y está destruyendo Brasil. Quien esté contra el PT tendrá mi apoyo”, manifestó.

    Cómo se repartirán los votos de la izquierda y la derecha

    Detrás de los cuatro principales candidatos eliminados quedaron Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Wilson Grassi (Demócrata), Rui Costa Pimenta (PCO) y Leonardo Avalanche (PRTB).

    Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) y Clariana Barão (DC).

    Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) y Clariana Barão (DC).

    Ámbito

    Aunque sus porcentajes individuales fueron menores, sus electorados también forman parte de los sectores que podrían modificar el resultado de la segunda vuelta.

    Entre los postulantes con mayor respaldo que quedaron fuera de competencia predominaron dirigentes vinculados con posiciones de centro y derecha. Sin embargo, las diferencias entre sus espacios y los partidos de los finalistas dificultan anticipar una transferencia uniforme de votos.

    Los casos de Cury y Santos son especialmente relevantes, ya que ambos rechazaron públicamente la posibilidad de respaldar a Lula o Bolsonaro. Caiado, en tanto, manifestó una oposición sostenida al actual mandatario, pero también formuló cuestionamientos contra el senador del Partido Liberal. La posición más definida fue la de Zema, quien anticipó su disposición a acompañar a una alternativa contraria al Partido de los Trabajadores.

    En el otro extremo del espectro político se encuentran Martins, Dias, Costa y Pimenta, dirigentes vinculados con distintas expresiones de izquierda que también mantuvieron diferencias con el Gobierno de Lula.

    Por lo tanto, las eventuales definiciones de los candidatos eliminados no necesariamente determinarán el comportamiento de sus seguidores, que podrán optar por alternativas distintas a las respaldadas por sus referentes.

    Balotaje en Brasil: cómo se define la Presidencia

    La segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas se celebrará el domingo 25 de octubre, tres semanas después de los comicios generales. El sistema electoral establece que un candidato debe obtener más del 50% de los votos válidos para ganar la Presidencia en primera vuelta. En ese cálculo no se incluyen los sufragios en blanco ni los nulos.

    Cuando ninguna candidatura supera ese umbral, los dos postulantes con mayor cantidad de votos avanzan al balotaje, donde resulta electa la fórmula que consigue la mayoría de los votos válidos.

    Los ciudadanos volverán a utilizar las urnas electrónicas, aunque esta vez únicamente deberán elegir entre las fórmulas encabezadas por Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

    La diferencia de 1,87 puntos porcentuales registrada el 4 de octubre, junto con el elevado nivel de abstención y la existencia de millones de votos destinados a otras candidaturas, configura un escenario en el que la participación electoral tendrá especial importancia.

    Así, más allá de los respaldos políticos que puedan anunciar los dirigentes eliminados, una de las principales incógnitas del balotaje será cuántos de los 33 millones de brasileños que no votaron en la primera vuelta decidirán concurrir a las urnas y cómo se distribuirán los sufragios de quienes deberán elegir entre dos alternativas que no acompañaron inicialmente.

    Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro y pidió un cambio

    El candidato del Partido Liberal emitió su voto en Río de Janeiro durante la mañana de este domingo y aprovechó el contacto con la prensa para insistir en su llamado a modificar el rumbo político del país. Enfrentado al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro sostuvo que Brasil necesita un cambio de Gobierno.

    “Llegó el momento de cambiar”, afirmó el senador después de votar. También cuestionó la continuidad de la actual administración y sostuvo: “No hay que seguir insistiendo con esto”.

    Durante sus declaraciones, el candidato hizo referencia a las preocupaciones cotidianas de los brasileños y vinculó su mensaje electoral con la situación económica y la inseguridad. “La gente anda con miedo en la calle, el miedo de no poder pagar las cuentas”, señaló.

    En ese marco, convocó a los ciudadanos a participar de la jornada electoral: “Llueva o haya sol salgan de su casa para votar”.

    Las declaraciones se producen en una elección que llega a su definición con una diferencia estrecha entre los candidatos y con la incógnita sobre el nivel de participación. Los más de 33 millones de electores que se ausentaron en la primera vuelta y quienes optaron entonces por otras candidaturas integran el universo que puede incidir en el resultado.

    La atención está puesta ahora en la concurrencia a las urnas y en el recuento de los votos. La primera vuelta dejó a Flávio Bolsonaro por delante de Lula da Silva, pero por una diferencia que no resolvió la elección. Este domingo, Brasil define quién será su próximo presidente.