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  • Diputados avanzará esta semana con el tratamiento de los proyectos de morosidad tras la presión de la oposición

    Diputados avanzará esta semana con el tratamiento de los proyectos de morosidad tras la presión de la oposición

    UIA y CAME expusieron en la comisión de Industria de la Cámara de Diputados
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    La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para avanzar con el tratamiento de los proyectos de morosidad y la emergencia en discapacidad y establecer un cronograma de dictámenes. En esta puja, los bloques disidentes a La Libertad Avanza (LLA) lograron imponerse y convocaron a una sesión para esta semana y así evitar que los proyectos queden sin tratamiento legislativo.

    A solo una semana de que LLA rechazó el debate en el recinto, el bloque abrió la comisión de Finanzas que encabeza el libertario Santiago Pauli, quien recibió a los diputados con un cronograma. Pauli estableció dos reuniones informativas adicionales. La primera para mañana por la tarde, es decir un día antes de la sesión que pidió la oposición y la segunda para el miércoles de la semana que viene. Una vez concluida, el oficialismo dispuso otras dos reuniones: el 23 de septiembre y el 30 de septiembre como fecha para dictamen. Pauli señaló que se compromete a trabajar para la unificación de giros.

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    Sin embargo, diferentes bloques opositores rechazaron el cronograma y ratificaron la sesión para este miércoles, que no tendrá como objetivo aprobar esas iniciativas. Los bloques críticos intentarán que el pleno emplace a las comisiones y fije una fecha para tener los dictámenes sobre proyectos vinculados con la morosidad y la emergencia en discapacidad.

    Un hombre sentado ante una mesa con un ordenador portátil, facturas, cartas abiertas, una calculadora y un cuaderno.

    En este contexto, acusaron a La Libertad Avanza y los legisladores dialoguistas de intentar dilatar el tratamiento de los proyectos que buscan dar una respuesta a la problemática de la morosidad.

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    “Aprendieron los peores vicios de lo que denominan casta política. Esto es una maniobra para ganar tiempo”, disparó Cecilia Moreau. “Esta cámara tiene que legislar para dar una respuesta sobre una emergencia que afecta a millones de argentinos y el gobierno lo niega sistemáticamente”, agregó.

    La primera respuesta llegó de la diputada ex PRO hoy LLA, Laura Rodríguez Machado, quien señaló como necesario sumar a la jornada de oradores “a los sindicalistas y las financieras”. Esto generó el primer griterío en la sala donde se destacaron las acusaciones de “seguir dilatando” el debate.

    La diputada Myriam Bregman siguió en la lista de oradores y señaló que les llamaba la atención “que arranque la comisión con un cronograma que es más largo que la Copa Libertadores”. “Ratificamos la sesión del 9 de septiembre y que vengan con un cronograma que llega hasta Navidad es una tomada de pelo. Pedimos suspender los pagos, es urgente declarar la emergencia y suspender los cobros”, aseguró.

    Santiago Pauli

    Por el tercer sector de la oposición que empuja la sesión del 9 de septiembre, Unidos, tomó la palabra el diputado Pablo Juliano, quien también calificó el llamado a esta comisión informativa y el cronograma como una “tomada de pelo”. “Hace una semana pedí tratar el tema y el oficialismo y sus socios se negaron. Y en esta discusión hay un gran ausente que es la Comisión de Defensa del Consumidor. Es un tema que no tiene una sola salida pero que es transversal”, consideró.

    El diputado radical reiteró que irán al recinto. “No somos estúpidos, tenemos más de 40 proyectos. Lo que vamos a hacer el 9 de septiembre es darnos un cronograma que termine en una sesión y una sanción, no en una tomada de pelo”, afirmó.

    Luego de estos primeros planteos comenzaron los oradores invitados por LLA, la UCR y el PRO que hicieron un repaso de la problemática pero no así de posibles soluciones.

  • Radiografía del parate en la obra pública

    Radiografía del parate en la obra pública

    La relación del Gobierno nacional y los 19 gobernadores aliados o con canal de diálogo está atravesada por la sostenida caída de la obra pública en las provincias, cuyo financiamiento está en manos de la Nación. Javier Milei necesita apoyo en el Congreso para la reformas que quiere impulsar – especialmente la eliminación o suspensión de la PASO en el plano electoral -, y los mandatarios están preocupados por el impacto en sus gestiones del recorte en el presupuesto vial y de infraestructura en sus distritos, consecuencia del ajuste fiscal impuesto por la LLA.

    Según un informe de la consultora Labor, Capital & Growth (LCG), uno de cuyos principales socios es el economista y hoy diputado radical Martín Lousteau, en los dos primeros años de Milei, entre 2024 y 2025 el gasto de capital bajó a 0,4% del PBI cuando en los último dos años de Alberto Fernández era de 1,6%.

    En lo que va de 2026, esta dinámica no cambió, ya que de acuerdo con ese trabajo el gasto de capital siguió bajando y se ubica, a julio de este año, en 0,3%.

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    Por otra parte, esta firma especializada en macroeconomía y política contabilizó 1.241 proyectos activos en el Presupuesto que, en conjunto, suman $2,6 billones (0,2% del PBI), aunque este monto fue recortado en un 10% a principios de año, ya que el crédito inicial era de $2,9 billones. En los primeros siete meses de 2026, LCG identificó que el Gobierno devengó pagos sólo para 435 proyectos por $700.000 millones, el 26% del crédito vigente.

    Los proyectos con impacto en las provincias son dos de dos tipos: los financiados con las transferencias de capital a las provincias, que son las que deben llevar adelante la ejecución de las obras; y los ejecutados directamente por la Nación.

    Ante el freno al financiamiento desde el Tesoro de la obra pública,bajo estas dos modalidades, los mandatarios locales buscaron acordar con la Nación el traspaso de rutas y obras de infraestructura a sus distritos, asumiendo con recursos propios la finalización y mantenimiento de esos proyectos paralizados que estaban bajo responsabilidad nacional.

    Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, por ejemplo, acordó en julio asumir durante 20 años, con recursos propios, la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012.

    En julio de 2025, Pullaro firmó el traspaso de Nación a Provincia de la ruta A012

    En Chubut, Ignacio Torres logró en septiembre de 2025 un acuerdo que incluyó el traspaso de obras viales inconclusas – entre ellas, la finalización de la autovía de la ruta 3 entre Puerto Madryn y Trelew y trabajos en la ruta 40 – a cambio de una reducción de la deuda de la provincia con la Nación en $101.000 millones y dejar de pagar intereses. El ahorro generado, que según el gobierno de Chubut, iba a ser de $3.000 millones mensuales, sería destinado a la ejecución y finalización de obras prioritarias.

    Torres firmó en sepiembre de 2025 con Luis Caputo un acuerdo para el traspaso de obras en Chubut

    El otro mecanismo implementado por el Gobierno es la concesión de rutas nacionales al sector privado, a través de la nueva Red Federal de Concesiones. Así, la Nación busca transferir al sector privado la operación, mantenimiento y realización de inversiones en más de 9.000 km de rutas (de un total de 40.000 km en manos nacionales), bajo un esquema de concesión por peaje, sin subsidios ni aportes estatales, como parte del paquete de medidas económicas orientadas a reducir el gasto público y atraer inversiones.

    El anuncio del ministro Caputo sobre la adjudicación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones el 21 de agosto último

    El informe de LCG advierte, sin embargo, que “las licitaciones contemplan, en su gran mayoría, sólo el mantenimiento (pozos, grietas o pasto)”. Y que si bien este esquema “permite reducir las necesidades de financiamiento público, también plantea desafíos relevantes, por ejemplo, riesgos de renegociación de condiciones, algo que comenzó a verse de manera incipiente, presumiblemente por algunas deficiencias en los pliegos o ausencia de buenos estudios previos de demanda, costos y estado de la infraestructura”.

    Según el informe de LCG, de enero a julio, la obra pública ejecutada por el gobierno nacional cae a una tasa del 38% anual real. Las obras del área de Transporte concentran el 43% del monto total devengado. El programa más importante, con montos asignados en todas las provincias salvo la Ciudad de Buenos Aires, es el de Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias, con $24.100 millones devengados y un 42% de presupuesto ejecutado. En la comparación anual – según analizó la consultora – este programa muestra una baja del 28% en términos reales.

    Ciencia, Tecnología e Innovación concentra el 21% de las obras a cargo de Nación, básicamente, por la construcción del Reactor RA-10, mientras que Defensa, otro 10% por el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). En estas dos últimas áreas, el grado de ejecución del crédito vigente no supera el 45%, y en Transporte se reduce al 36%.

    Dentro de las obras cuya ejecución está en manos del Ejecutivo nacional, Infobae analizó su nivel de avance, a partir de los datos del sitio de Presupuesto Abierto, tanto de los que están bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad como los del área de Infraestructura del Ministerio de Economía.

    De ese análisis, con datos al 30 de agosto, surge que en los mencionados organismos hay 278 obras contempladas en el Presupuesto 2026, incluyendo el Reactor Argentino Multipropósito RA10 perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), de las cuales 151 no tienen presupuesto vigente asignado (54%) y otras 176 están sin ejecución (63%).

    A cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, aparecen 175 obras, de las cuales el 68% (119 proyectos) no tienen crédito vigente. El presupuesto inicial previsto era de $611.995 millones, pero se redujo un 16% ya que el vigente es de $514.285 millones.

    De este monto, solo se ejecutó, al 30 de agosto pasado, el 56% por un monto de $286.525 millones, mientras que un 26% de las obras (solo 45) tienen algún grado de ejecución.

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    Otras 130 obras (el 74%) no tuvieron avance de ningún tipo. Entre las obras sin ejecutar aparecen: mantenimiento de rutas nacionales, construcción de autopistas, obras de seguridad, repavimentación de calzadas, pavimentación de rutas y construcciones de puentes, entre otras.

    LCG analizó, a su vez, la distribución de la inversión de Nación directa en las provincias del área de Transporte entre enero y julio de este año. Buenos Aires se lleva el 19% del total devengado: $29.693 millones. El grueso de la inversión está asignado a la construcción de la autopista Pte. Juan Domingo Perón ($9.300 millones) y a las etapas III y IV del Programa de Movilidad y Accesibilidad Sostenible (MAS) en la Provincia ($10.300 millones), que apunta a mejorar la conectividad y el transporte público en el AMBA.

    Las otras tres provincias que le siguen en la asignación de montos devengados por obra pública referidos a Transporte son Misiones, con $18.380 millones; Santiago del Estero con $18.865 millones; y Entre Ríos con $10.577 millones, según el informe de esa consultora.Le siguen Santa Fe ($8.033 millones); Salta ($7.239 millones) y Jujuy ($7.144 millones).

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    Bajo el área de Infraestructura Económica y Social del Ministerio de Economía, están listadas otras 102 obras, de las cuales la tercera parte (31%) no tiene crédito vigente.

    Son 32 proyectos muy diversos sin presupuesto vigente asignado. Van desde la construcción de viviendas sustentables en Marcos Paz (PBA), Puerto Iguazú (Misiones) o en Paso de los Libres (Corrientes), hasta la modernización de la Línea Belgrano Sur de transporte ferroviario de pasajeros, pasando por

    Infraestructura Penitenciaria, la ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes la impermeabilización y tratamiento de Fachadas del Hospital Garrahan

    Incluyen también las obras en el Marco del Plan de Adaptación a Extremos Climáticos; la construcción de 10 radares meteorológicos; proyectos de agua potable en Concordia y Diamante (Entre Ríos), Corzuela (Chaco); un acueducto en Resistencia, y en Río Colorado y Santa Rosa (La Pampa); la ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales en Jáchal (San Juan), y la construcción de Colector Costanero, en Bariloche (Río Negro).

    El presupuesto Inicial para esas obras era de $1,5 billones, pero se amplió a $1,7 billones, aunque la ejecución al 30 agosto pasado fue de solo $765.276 millones (el 45% del monto total vigente).

    El 55% de las obras (56 proyectos) tienen algún grado de ejecución, mientras que el 45% (46 obras) no se iniciaron. Entre las obras sin ejecutar aparecen: obras de infraestructura hidráulica, de agua potable, de transporte y de acceso al hábitat.

    En cuanto a la construcción del reactor RA 10, cuya construcción depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, tenía un presupuesto inicial de $48.578 millones, que se duplicó a $101.578 millones. El porcentaje de ejecución al 30 de agosto era del 77%, con $78.530 millones ya desembolsados para ese proyecto ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza (PBA).

    La construcción de la base integrada en Tierra del Fuego, incluida el jueves por Milei en cadena nacional en su mensaje sobre Malvinas, estaba prevista en el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). En realidad, ya había sido anunciada en marzo de 2022, por el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana, en el Gobierno de Alberto Fernández

    Pero con la llegada de Milei a la Casa Rosada, el FONDEF fue desfinanciado. El presupuesto inicial para este año del FONDEF – destinado a reequipamiento de las Fuerzas Armadas – era de $91.765 millones, pero fue reducido en un 26%, ya que el vigente – según corroboró Infobae – es de $67.464 millones. De hecho, el artículo 30 de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026 derogó el aporte del Estado al FONDEF. A finales de agosto, el porcentaje de ejecución de este Fondo para el “alistamiento operacional para la Fuerza Aérea, el Ejército,la Armada y el Estado Mayor Conjunto” era del 34%.

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    Tras su discurso en cadena nacional, este viernes se publicó el Decreto 867/26 que amplía recursos para el Ministerio de Defensa. Así, el Gobierno oficializó un refuerzo de casi $218.000 millones, de los cuales más de $200.000 millones serán utilizados para avanzar con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuegoy terminar la Base Petrel, en la Antártida.

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    En cuanto a las transferencias de capital a la provincias, según los datos de la Secretaría de Hacienda analizados por LCG entre enero y julio de este año, sumaron $0,5 billones. La cifra equivale, de acuerdo a la consultora, a una caída del 52% en términos reales contra los mismos siete meses de 2025.

    “Más allá de la magnitud de la caída total, lo relevante es que esta esconde una distribución muy desigual entre el total de las provincias”, advierte el informe. Apenas 4 provincias concentraron el 70% del total transferido. Se trata de Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis, gobernadas por mandatarios aliados al gobierno nacional o que tienen diálogo con el Gobierno. “Esta concentración podría estar reflejando esa negociación” con el Ejecutivo nacional, señala el trabajo.

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    Catamarca y Salta recibieron recursos casi exclusivamente para programas de Agua potable y Alcantarillados, y San Luis para Vivienda y Urbanismo.

    San Luis, Catamarca y Salta también figuran entre los 6 distritos que recibieron más recursos en lo que va de este año que en el mismo período de 2025. Los otros tres son Santa Fe, Buenos Aires y Jujuy.

    En el caso de Tucumán, las transferencias de capital muestran una caída interanual del 47%, a valores reales, pero producto de haber sido muy favorecida también en 2025, advierte el informe de LCG.

    Esta provincia norteña concentró recursos para obras de Transporte de Energía Eléctrica – FNEE- y para obras por convenio Repavimentación de calzada en ex ruta nacional N° 7, prácticamente el único giro de la Dirección de Vialidad Nacional a las provincias.

    En cambio, otros distritos no recibieron prácticamente transferencias de capital o por monstruos muy menores. Es el caso de Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y Misiones. Por ejemplo, esta última provincia figura solo con $1 millón devengado a finales de julio de este año en el informe de LCG, correspondiente al proyecto de Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BID Nº 2776 OC/AR). Por el mismo programa, Corrientes sí tiene un devengado de $938 millones, el 24% del crédito vigente.

    Las provincias que este año no están recibiendo recursos tampoco estuvieron entre las destacadas en 2025. En todas estas, la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional, ausente en 2026, fue el proyecto más relevante.

    Visualizaciones: Daniela Czibener

  • Nuevos créditos hipotecarios UVA: qué bancos bajaron sus tasas por el plan del Gobierno, que hoy hará la primera licitación

    Nuevos créditos hipotecarios UVA: qué bancos bajaron sus tasas por el plan del Gobierno, que hoy hará la primera licitación

    Un hombre y una mujer sentados frente a un empleado bancario en un escritorio con documentos hipotecarios y una calculadora.
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    Varias entidades financieras comenzaron a ajustar su oferta de créditos hipotecarios como consecuencia del plan anunciado semanas atrás por el Gobierno, que les permitirá fondearse con depósitos a largo plazo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses con el objetivo de usarlos para ese fin. Una de las condiciones que puso el Gobierno a los bancos para que accedan a ese dinero es que los créditos tengan una tasa máxima de 7,5% más UVA.

    Hoy se realizará la primera licitación del FGS por un total de $200.000 millones. Se iniciará así una serie de 10 subastas, por el mismo monto, hasta completar el total de $2 billones que prevé el programa. El Banco Central dispuso que cada banco podrá recibir como mínimo $1.000 millones y como máximo $40.000 millones. Una vez que cuente con ese depósito, tendrá 120 días corridos para colocarlos en préstamos hipotecarios según las condiciones preestablecidas. Si no lo hace, la Anses podrá exigir la devolución de los fondos y excluir a la entidad de las licitaciones futuras.

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    Prácticamente todas las entidades que juegan fuerte en el segmento de préstamos hipotecarios planean participar de las licitaciones que se inician hoy, aunque muchas ya adelantaron sus movimientos. Antes de competir por mostrar la tasa más baja ante los clientes, los bancos van a competir para ver quién tiene la tasa más alta en la licitación para los plazos fijos UVA del FGS, que tendrá dos tramos: a 1 año, con tasa mínima del 2,5% más UVA, y a 5 años, con tasa mínima del 4,5% más UVA. El banco que ofrezca un rendimiento extra por encima de ese piso se asegurará el fondeo oficial.

    Los bancos bajan sus tasas

    En ese escenario, los bancos ya empezaron a mover sus fichas por un motivo claro: si aparece una oferta abundante de préstamos UVA a una tasa de 7,5%, será muy difícil colocarlos a una tasa superior, por lo menos para los clientes de cuenta sueldo. De ese modo, ya hay entidades que anunciaron una reducción de tasas y otras que admiten que harán lo mismo una vez concretada la primera licitación.

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    La semana pasada, Macro anunció la baja a 7,5% de sus hipotecarios UVA para los clientes de Plan Sueldo Selecta, con plazo a 20 años y el agregado de que los hijos de los clientes también podrán calificar en las mismas condiciones. Credicoop ya la había bajado de 8% a 7,5% para quienes cobran su sueldo en la entidad y destinen el préstamo a primera vivienda, tal como exige el plan oficial. BBVA ya tenía la tasa de 7,5% para sus clientes de cuenta sueldo desde marzo. Banco Ciudad también se adelantó y readecuó sus líneas: fijó un 7,5% más UVA a 25 años de plazo para primera vivienda y un 9,5% para la segunda vivienda.

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    Una novedad reciente del mercado fue que el Banco Provincia comenzará a ofrecer préstamos ajustados por UVA y no solo a tasa fija, tal como venía haciéndolo. Lanzó una línea para construcción y refacción (no aplica para compra) del 9% más UVA con la inclusión de una cláusula salarial. Cada mes, la cuota ajustada por UVA se compara con otra calculada según la variación salarial (CVS) más dos puntos porcentuales. Si la cuota UVA resulta más alta, el banco bonifica la diferencia.

    El Banco Nación también incluye una cláusula de ese tipo, orientada a quienes temen que la inflación supere a la evolución de su sueldo, aunque el cliente puede elegirla. En este caso, la tasa para quienes acreditan haberes en el Nación es del 6,7%, pero si elige pagar 2 puntos porcentuales más, podrá acceder a un tope en la cuota si el ajuste por UVA supera al ajuste por CVS.

    Otros bancos privados, como Santander, Galicia o Supervielle, adelantaron su interés en participar en la licitación de plazos fijos del FGS. Una vez resuelta esa subasta, deberán decidir cómo aplican la tasa del 7,5%: pueden aplicarla a líneas ya existentes o bien lanzar una línea nueva.

    Cómo serán los nuevos créditos hipotecarios UVA

    La tasa máxima del 7,5% más UVA no es el único requisito que deberán cumplir los bancos para fondearse con el dinero de la Anses. Los préstamos hipotecarios que se otorguen con esta nueva línea deberán tener además un plazo mínimo de 15 años y un monto tope de 150.000 UVA, equivalente a algo más de USD 200.000. El financiamiento estará destinado exclusivamente a operaciones vinculadas con primera vivienda, ya sea para compra, construcción, ampliación o refacción.

    Un ejemplo brindado por el Ministerio de Economía en la presentación oficial del plan señaló un crédito de alrededor de $114 millones, tomando como referencia una vivienda de USD 106.000 y una financiación de hasta el 75% del valor del inmueble. Con una tasa de UVA + 7,5% a un plazo de 25 años, la cuota inicial estimada sería de unos $865.000 mensuales. Bajo ese cálculo, para que la cuota represente el 25% del ingreso familiar, el hogar debería acreditar ingresos netos por aproximadamente $3,46 millones por mes.

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    En cuanto al impacto en el mercado, el anuncio del nuevo plan oficial no solo impulsó a algunas entidades a bajar las tasas, sino que también empujó a que todos los bancos empiecen a reactivar sus líneas. En muchos casos, las tasas excesivamente altas que se ofrecen (en especial, a quienes no cobran su salario en la entidad) son una clara señal de que algunos bancos prefieren no prestar y esperar a tener un panorama más claro del mercado.

    Los números de agosto mostraron alguna mejora, con USD 242 millones colocados, aún por debajo del pico de USD 372 millones de octubre pasado, el mejor registro de esta etapa para los créditos hipotecarios UVA. El freno en los créditos, como era de esperar, coincidió con el avance de la inflación registrado hasta comienzos de 2026. Mucho más lejos quedó el máximo de la etapa anterior, cuando las colocaciones alcanzaron casi USD 700 millones mensuales a comienzos de 2018.

    Con este programa, el Gobierno aspira a generar 17.000 créditos, una cifra que puede resultar significativa. “Durante 2025 se incorporaron aproximadamente 43.000 nuevos deudores hipotecarios. Un programa capaz de sumar alrededor de 17.000 operaciones representaría, como orden de magnitud, cerca del 40% de todas las altas registradas durante aquel año”, señaló un informe de Reporte Inmobiliario.

    La consultora destacó además que el impacto del plan no se limita a esos 17.000 créditos, sino también a su efecto sobre la tasa del 7,5%, que “introduce una referencia concreta que podría ejercer presión competitiva sobre el resto de la oferta hipotecaria”.

  • El Gobierno capitaliza el efecto Malvinas y se prepara para negociar los votos de la reforma electoral

    El Gobierno capitaliza el efecto Malvinas y se prepara para negociar los votos de la reforma electoral

    El presidente Javier Milei participó del Foro de Madrid en Chile (REUTERS/Pablo Sanhueza)
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    En medio de otra semana de hiperactividad, el Gobierno busca capitalizar el impacto de la cadena nacional que protagonizó el presidente Javier Milei en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y se prepara para impulsar el debate por la reforma electoral, una de las claves que el oficialismo identifica para ordenar el escenario rumbo a las elecciones presidenciales de 2027.

    Luego de anunciar un paquete de medidas, que incluyen algunos proyectos que todavía no fueron redactados, y de celebrar la “positividad” del anuncio, la administración libertaria retomará la actividad en el Congreso con la reforma, que todavía no cuenta con los votos necesarios para ser sancionada. “El anuncio importa porque Milei retoma la iniciativa, da un discurso que lo eleva como Presidente, reivindica una bandera que es transversal, desafía e incomoda a la oposición y recupera el control de la agenda”, sintetizó una fuente que participó de la coordinación del mensaje.

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    El principal interrogante de la hoja de ruta legislativa pasa por los votos, pese a que la bancada violeta convocó a tratar el tema en reunión de comisión el próximo martes 15 de septiembre. En el oficialismo, sin embargo, confían en que la discusión permita destrabar apoyos.

    “No están los votos, pero es normal. El costo de cerrar en un año no electoral es más elevado para nosotros. Tenemos mayores incentivos para cerrar más cerca de la fecha de alianzas”, admitió una fuente al tanto de las negociaciones, que evitó dar precisiones en torno a los acuerdos.

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    Patricia Bullrich desciende por las escaleras de un edificio de muros rosados custodiado por dos guardias con uniforme tradicional

    La reforma es ambiciosa. Además de la eliminación de las PASO, incluye Ficha Limpia y cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos en un articulado que busca modificar estructuralmente el sistema democrático. La Casa Rosada lo mantuvo en suspenso por la falta de apoyos, pero la senadora Patricia Bullrich decidió que era momento de impulsarlo pese a que las matemáticas no parecen favorables.

    “Todavía no están los votos, pero soy optimista”, precisó a Infobae una fuente de mesa política que respaldó la voluntad de Bullrich de darle tratamiento legislativo.

    En las filas oficialistas hay quienes detectan con preocupación reparos del PRO y de algunos gobernadores del Norte Grande a la eliminación de las PASO, el punto central de la iniciativa. En la reunión de la mesa técnica de esta semana, el tema podría formar parte de la discusión entre los dirigentes del partido amarillo y La Libertad Avanza. Como contracara, el chaqueño Leandro Zdero promovió la suspensión de las primarias en la provincia, un gesto que fue bien recibido por el Poder Ejecutivo.

    “La mesa consideró que se podía sesionar. Esto excede al Senado. Quórum habría, pero depende 100% del acuerdo (o no) que Rosada haga o deje de hacer”, se sinceró un senador del bloque violeta.

    La mesa política se reúne en Casa Rosada

    La expectativa está puesta en que la administración libertaria logre negociar con los representantes provinciales los alcances de la reforma. En varios despachos de Casa Rosada admiten que deberán ceder algunos puntos y muestran disposición a escuchar a los aliados para conseguir los votos necesarios

    Por el momento, no hay previstas reuniones con los jefes de bloques aliados en la Cámara Alta, pero Bullrich mantiene diálogo “uno a uno” y aspira a conseguir un triunfo de alto impacto luego de una sucesión de traspiés legislativos.

    La estrategia para avanzar con la reforma será uno de los temas de la reunión de Gabinete de este lunes a las 10, convocada por el presidente Javier Milei. Además, se espera que se converse en torno a las medidas anunciadas por la cuestión Malvinas y el Presupuesto 2027, que será presentado el próximo 15 de septiembre. Los mismos puntos serán abordados el martes, en la reunión de mesa política de las 13 que se celebrará en Casa Rosada.

    Desde hace varias semanas, el mandatario se muestra especialmente activo, luego de algunos días de agenda reservada. “Compito contra mí mismo”, repite cada vez que se habla de 2027 y parece actuar en consecuencia.

    Javier Milei en Misiones

    Luego de la reunión de Gabinete, este lunes recibirá al mediodía a autoridades de la multinacional DayOne Data y, más tarde, a representantes de la firma estadounidense de tecnología Tesla. A las 15, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participará del acto de retiro de Hela, la perra que integró el plantel de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA).

    En el plano internacional, el martes recibirá al vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Antonio Tajani, en un nuevo gesto de alineamiento con el Gobierno de Giorgia Meloni, después de que su Ejecutivo se convirtiera en el más longevo de la etapa republicana italiana, iniciada tras la Segunda Guerra Mundial. A las 11, encabezará la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.

  • El juez Aníbal Pineda: “Mi primer trabajo fue a los doce, un inicio distinto al común denominador de los jueces federales”

    El juez Aníbal Pineda: “Mi primer trabajo fue a los doce, un inicio distinto al común denominador de los jueces federales”

    Aníbal Pineda nació y creció en un barrio popular de la zona sur de Rosario. Empezó a trabajar a los doce años vendiendo canastos de mimbre puerta a puerta con su hermano, después fue ayudante de cocina, mozo y conserje de hotel. Los turnos rotativos hicieron que cursara libre buena parte de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. En 2017, llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Fue su presidente dos veces.

    “La vida me fue preparando para el cargo que tengo ahora”, dice. En su barrio conoció también, desde chico, las dos caras de una ciudad que años después iba a convertirse en el centro de la discusión nacional sobre el narcotráfico. De sus amigos de la infancia aproximadamente la mitad terminó atravesada por el consumo de drogas: algunos murieron, otros quedaron con graves secuelas. Años más tarde, ya como juez federal, le tocaría intervenir en las causas que marcaron los años más violentos de la ciudad, cuando las balaceras, las extorsiones y los ataques contra jueces y periodistas habían puesto en cuestión la capacidad del Estado para controlar el territorio.

    En esta nueva entrega de Sr. Juez, un ciclo dedicado a explorar las experiencias, pasiones y dilemas que moldean el pensamiento de los jueces más importantes del país, Aníbal Pineda habla de pobreza, narcotráfico, violencia y justicia desde una perspectiva poco común dentro del Poder Judicial.

    —Juró como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en 2017…

    —Tuve un camino particular y largo para llegar al cargo que hoy ocupo. Trabajé desde chico, durante toda la carrera y también parte de la secundaria. Viví hasta los treinta años en un barrio popular y periférico de la zona sur de Rosario. De niño fui de clase media baja y, por las vicisitudes de la vida, después caímos un poco más. Eso te da las vivencias propias de un chico de barrio pobre, como me gusta llamarlo. No sé si te condiciona, pero te da experiencias distintas de las que pueden tener otros colegas. Mi camino no es mejor ni peor, pero sí distinto del que puede haber experimentado cualquier otro juez federal.

    —¿Cuál fue ese primer trabajo?

    —Nací en 1973, en una familia de clase media baja. Después, por la crisis económica de 1995 y 1996, mi mamá, que era el único ingreso familiar, quebró como comerciante y tuvo que salir a trabajar. Somos cuatro hermanos. Primero cuidaba a personas enfermas los fines de semana y después fue empleada doméstica durante treinta y cinco años, desde que yo tenía aproximadamente diez.

    A nosotros también nos tocó empezar a trabajar. Mi primer trabajo fue a los doce o trece años, cuando estaba en la escuela primaria. Con mi hermano, un año menor que yo, salíamos a vender canastos de mimbre casa por casa. Había un distribuidor cerca de casa: comprábamos los canastos y después tocábamos timbre para venderlos. Fue un inicio duro y distinto del común denominador de los jueces federales, pero hoy, a la distancia, lo veo como un activo. Creo que fue una experiencia muy nutritiva, aunque en ese momento uno la vive con angustia, bronca y dolor porque son situaciones no deseadas.

    Ese trabajo no duró mucho, pero después trabajé de manera permanente, tanto en la escuela secundaria como en la facultad. En la secundaria lo hacía menos, aunque trabajaba durante todas las vacaciones. Fui ayudante de cocina: tenía un tío con un bufet en un sindicato y lo ayudaba con todo lo que podía hacer en una cocina un chico de quince o dieciséis años. Durante los primeros tres años de facultad trabajé de mozo y después fui conserje de un hotel. Tenía turnos rotativos, lo que modificó mi vida universitaria porque hice libre la mayor parte de la carrera: no podía cursar por los horarios del trabajo. Todo eso te da vivencias y características particulares.

    —¿Cuáles son esas características?

    —En ese momento era un pesar y me generaba enojo y angustia porque tenía otras inquietudes, vinculadas con el estudio y el deporte. Siempre me gustó mucho hacer deporte y no podía. En la escuela primaria íbamos doble turno porque mi mamá tenía que salir a trabajar. Éramos cuatro hermanos y estábamos todo el día en una escuela de un barrio pobre. Nos daban la copa de leche todos los días. Algunos compañeros se quedaban al mediodía a comer; nosotros no, porque tampoco estábamos tan mal.

    Esas experiencias te van formando el carácter, la personalidad y la templanza. Te enseñan el esfuerzo y una lógica de funcionamiento vinculada con la perseverancia. La vida te va golpeando desde chico y también te genera cierta rebeldía. Para salir y avanzar, ante un obstáculo uno tiene que redoblar el esfuerzo, duplicar la apuesta, seguir y encontrar una salida. Nada es simple.

    Siempre digo que la vida me fue preparando para el cargo que tengo ahora. Hubo situaciones y anécdotas fuertes que me dieron herramientas para ejercerlo de una manera particular y, para mí, mejor.

    Como rendí gran parte de la carrera libre, estudiaba de noche porque trabajaba. A veces, después de estudiar tres o cuatro horas, salía a repasar mientras caminaba por la calle. Podían ser las doce de la noche o las dos o tres de la mañana. Siempre fui muy activo.

    Una vez, durante la semana, caminaba por un bulevar y no había nadie en la calle. Vi a una persona que estaba golpeando de manera muy violenta a una mujer. No pasaban autos. Intervine. Conocía al agresor: era alguien de una villa ubicada a una cuadra de donde yo vivía. Era mucho mayor y más corpulento que yo, y estaba acostumbrado a pelear. Yo tendría dieciocho o diecinueve años. Evité la situación, lo eché y se fue, pero me amenazó con ir a buscarme a mi casa. Yo tenía miedo y la certeza de que me iba a salir caro haber intervenido. Aun así, entendí que debía hacerlo. La justicia del caso me obligaba a intervenir y decidir, aunque yo fuera el más débil.

    Traslado esa experiencia a mi rol como juez. En la Cámara Federal de Apelaciones tenemos competencia múltiple y causas muy complejas. En muchas de ellas, el juez tiene la certeza de que es el actor más débil porque las dos partes en juego son poderosas. Aun con inseguridad y miedo, tenés que resolver. Sabés que la decisión tendrá un costo, que probablemente enojará a las partes y que puede haber represalias. Pero entendés que ese es tu rol y que, por la justicia del caso, tenés que tomarla.

    Creo que esas experiencias de chico me formaron para atravesar este tipo de situaciones con mayor decisión. Cuando uno tiene que asumir situaciones fuertes desde temprano, genera una estructura de funcionamiento con más templanza y menos estrés para tomar decisiones difíciles. Pesan menos porque esa fue siempre la lógica de tu vida.

    —Ahora, en su rol como juez, frente a casos complicados que muchas veces involucran a personas peligrosas, ¿tiene miedo?

    —Sentís miedo porque comprendés cómo funciona la vida y sabés que puede haber represalias. Más todavía en Rosario, que atravesó un contexto complicado de violencia e inseguridad. Pero hay momentos en los que uno tiene que cumplir el rol que las circunstancias le exigen, tomar una decisión, hacerse cargo y resolver. Mi historia de vida me dio herramientas para ejercer el cargo incluso en ese contexto difícil que Rosario atravesó hace algunos años.

    —¿Cómo llegó un pibe de barrio a ser juez?

    —Fue un camino largo y divertido, que se fue dando por distintas circunstancias favorables y que no fue planificado. Le doy un mérito muy grande a la educación pública. Hasta que me recibí de abogado nunca pagué una cooperadora escolar. En la primaria me daban la copa de leche. Después fui a una escuela secundaria que dependía de la universidad, el Superior de Comercio, equivalente al Carlos Pellegrini de Buenos Aires. Eso significó un salto de calidad muy importante en mi vida social: me dio otros vínculos, compañeros y experiencias.

    Hasta la secundaria había tenido una vida muy concentrada en mi barrio de la zona sur, con mis amigos de allí y con todo lo que eso implicaba: violencia y carencias. En la secundaria empecé a interactuar con chicos que tenían otras vidas, como hijos de empresarios, con otras inquietudes y experiencias. Siempre me gustó aprender de la experiencia ajena y me nutrí mucho. Ese fue un salto importante.

    Otro salto fue conocer a la familia de mi esposa. Ella tiene un perfil absolutamente distinto: es hija de empresarios de envergadura y siempre vivió muy bien.

    —¿Cuándo se conocieron?

    —Nos conocimos en la facultad y nos casamos a los treinta años. Eso me llevó a interactuar con otro estamento social, a enriquecerme y a conocer otras inquietudes. En la mesa de los domingos y en las charlas diarias se hablaba de las preocupaciones de una familia empresaria: el manejo de empleados, la carga tributaria, las vicisitudes económicas a otra escala, empresas que quiebran, se reformulan y vuelven a surgir.

    Esa lógica me sirvió mucho porque hoy me da herramientas para tener una mirada de 360 grados. Conozco en primera persona el sentir de alguien marginal, de un barrio pobre: el enojo, la angustia, la rebeldía y, sobre todo, la falta de oportunidades. Por mis amigos de la secundaria y la facultad, y por la familia de mi esposa, también conozco a otro segmento de la sociedad, con inquietudes y necesidades válidas que deben ser atendidas y que está vinculado con la producción y el desarrollo económico. Puedo trasladar esas dos experiencias a las resoluciones judiciales y a las sentencias. La vida me fue formando y me dio herramientas para ejercer el cargo con mayor amplitud.

    —Voy a decir una frase muy desagradable, pero que está en boga en este momento: “El pobre es pobre porque quiere”. ¿Le parece que es así?

    —El pobre tiene muchas menos oportunidades y herramientas. No es pobre porque quiere. Todo se le hace cuesta arriba. Desde muy temprano, la falta de oportunidades genera enojo y rebeldía. Desgraciadamente, muchos canalizan ese enojo mediante las drogas o la violencia y, cuando entran en esa bifurcación, es casi imposible volver.

    En el barrio teníamos un grupo de amigos. La vida en el barrio te hace muy callejero porque pasás mucho tiempo en la calle. Durante mis primeros dieciocho años, creo que me fui una sola vez de vacaciones: tres días a Córdoba con mi familia. Vivís en la calle porque no tenés club ni vacaciones. Eso te pone en contacto permanente con malos hábitos. Si a eso se suman la angustia, la rebeldía y el enojo por la falta de oportunidades, tenés el cóctel perfecto para tomar otro camino. Es casi una fatalidad que hace muy difícil terminar bien.

    —Menciona la problemática de la droga en el barrio y hoy trata muchas causas de narcotráfico. ¿Cómo cambió Rosario desde que era chico hasta hoy a raíz de este problema?

    —Soy juez de la Cámara Federal de Apelaciones y tengo competencia múltiple. Según las estadísticas, dicto cincuenta sentencias por día en materias civil, comercial, previsional, tributaria, ambiental y laboral. El área penal, y puntualmente el narcotráfico, es la más emblemática, aunque representa alrededor del 20 % de nuestro trabajo diario.

    Tengo una postura bastante estricta frente a los delitos de narcotráfico. Creo que allí también pesa mi experiencia personal. De los nueve o diez amigos de la cortada donde me crié, cerca de una villa con la que interactuábamos mucho, la mitad terminó mal por la droga. Un par se suicidó porque tenía problemas de consumo y no pudo salir; otros fueron internados y quedaron con secuelas graves. Conozco en primera persona el daño que genera la droga. Eso me predispone a ser más estricto al juzgar a quienes cometen delitos vinculados con ella, siempre aplicando el derecho, las garantías constitucionales, el debido proceso y el derecho de defensa. Soy muy estricto porque conozco sus consecuencias nocivas.

    —¿Por qué es importante para todo el país lo que pasa con el narcotráfico en Rosario?

    —Hoy estamos en una situación mucho mejor, pero hace tres o cuatro años Rosario atravesó una etapa extrema de inseguridad. El narcotráfico había calado hondo y alcanzado un estadio más profundo de institucionalización. En la pulseada entre el Estado y el narcotráfico, ganaba el narcotráfico. Eso se traducía en atentados y balaceras contra jueces y periodistas. En los barrios dominaban los narcos, que les cobraban protección a los comerciantes y los extorsionaban.

    La situación mejoró por un trabajo conjunto de todos los estamentos: los ministerios de Seguridad de la Nación y de la provincia, los poderes ejecutivos, el sistema penitenciario y el Poder Judicial. Cambió la política criminal y se modificó la lógica que permitía que, desde las cárceles, los detenidos mantuvieran las comunicaciones y siguieran administrando el negocio del narcotráfico en los barrios. También se intervino sobre la policía, que era un factor importante para la permanencia del delito.

    Hubo una toma de conciencia general. Recuerdo que, entre los candidatos a presidente de 2023, todos incluían en sus planes de gobierno la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, con Rosario como un punto central. Logramos instalar el problema en la agenda pública y mediática nacional. El país entendió que, si el narcotráfico ganaba la pulseada en Rosario, esa lógica podía trasladarse a otras metrópolis con características sociales similares.

    Fue un esfuerzo de todos y se atravesaron momentos muy angustiantes. Hoy la situación es mucho mejor, aunque la tensión es permanente. La gran demanda de drogas continúa siendo un problema pendiente. Esto funciona como un mercado ilícito: si no se reduce el consumo, seguirá existiendo un buen negocio económico que genera interés por controlar el comercio de drogas.

    La mejora debe sostenerse. Desde el Poder Judicial también hicimos mucho. Cuando asumí como juez de la Cámara Federal de Rosario, hace nueve años, desde el derecho se aplicaban automáticamente ciertos institutos, como el principio de inocencia y la libertad durante el proceso, y algunas doctrinas que reparaban especialmente en la menor posibilidad de autodeterminación o en la vulnerabilidad de origen del chico de barrio que comete delitos vinculados con el narcotráfico y la violencia. Esa vulnerabilidad es real. Por esa razón, por ejemplo, se reducían los mínimos al imponer una pena o se otorgaban excarcelaciones y detenciones domiciliarias.

    El problema es que, si no se consideran las consecuencias y el efecto que ese vulnerable genera sobre otras personas, se alimenta un círculo vicioso. Puede haber llegado a vender droga o a cometer un delito violento porque no tuvo oportunidades o porque empezó a consumir desde chico, y eso limita su culpabilidad. Pero, a su vez, la venta de drogas, la violencia y los homicidios generan nuevas personas vulnerables. Desde el derecho penal y la Justicia debemos intervenir en esa rueda. En los últimos años, desde la Justicia Federal y la Cámara adoptamos una posición más estricta con institutos como las excarcelaciones y las detenciones domiciliarias.

    —Me detengo en aquello que lo toca de cerca en estos casos, como la historia de sus amigos de toda la vida. ¿Cómo los maneja emocionalmente?

    —Mi historia y mi experiencia me llevan a intentar darles una vuelta más a mis resoluciones. Hay situaciones en las que me toca decidir sobre la excarcelación o la detención domiciliaria de madres y padres con hijos menores de edad. Por el perfil de esas personas, porque son violentas o reinciden en delitos cometidos desde su domicilio, de acuerdo con mi cosmovisión y mi interpretación del derecho, no puedo otorgarles la detención domiciliaria o la excarcelación. Son generadoras de más violencia e inseguridad.

    Mi obligación dentro del expediente podría terminar al rechazar el pedido. Sin embargo, también existen niños y niñas cuyo padre queda encarcelado por el Estado y que permanecen solos en un barrio pobre, con muchas carencias y falta de oportunidades, al cuidado de un pariente o un vecino que tampoco tiene dinero.

    Frente a ese contexto, hace cinco o seis años empezamos a actuar de otra manera en la Cámara. La iniciativa comenzó con un voto mío y después me acompañaron mis colegas. Aunque rechazamos la excarcelación o la detención domiciliaria de los padres, en el mismo expediente penal le ordenamos a la Secretaría de la Niñez que asista al menor y le dé herramientas para tener una vida digna y desarrollarse.

    Le exigimos, por ejemplo, que constate con quién vive el niño y quién está a su cuidado; que le garantice las cuatro comidas diarias; que se comunique con la escuela y entreviste a la directora para verificar si asiste; y, si no lo hace, que obligue a la persona responsable a llevarlo. También pedimos que concurra al hospital o al dispensario del barrio y cumpla con el plan de vacunación obligatorio. Buscamos que el Estado le dé herramientas para desarrollarse y llevar una vida digna, como exige la Convención sobre los Derechos del Niño.

    —¿Es habitual que se haga este tipo de seguimiento?

    —No. Es algo que iniciamos en la Cámara Federal de Rosario y tuvo buenas repercusiones. Al principio, los municipios y la provincia, que por ley tienen a cargo la protección de la niñez, no reaccionaban como queríamos. Después de insistir, llegamos a una buena situación.

    Así encontramos una manera de congeniar el interés de la sociedad en perseguir a quienes cometen delitos —que se materializa en encarcelar a quien vende droga— con la protección del niño vulnerable, que también paga el costo de que la sociedad encarcele a su padre o a su madre.

    Creo que esta decisión está relacionada con mi experiencia de vida y con la necesidad de darles una vuelta más a los casos. No debemos limitarnos a resolver el expediente penal: también tenemos que abordar el conflicto subyacente. Nuestra obligación reglamentaria terminaba con la resolución de la excarcelación o la detención domiciliaria, pero fuera del expediente seguía existiendo el problema del niño.

    Tampoco es inteligente, desde el punto de vista de la política pública, dejarlo desamparado. Un chico sin sus padres ni recursos económicos, al cuidado de una persona que tiene otros hijos y necesidades, en un barrio donde hay droga, corre el riesgo de caer en una mala vida y reproducir el círculo de falta de oportunidades, exclusión social y delito. Los jueces somos parte del Estado y tenemos la obligación, como funcionarios públicos, de mirar nuestras resoluciones desde la lógica de la política pública.

    Aníbal Pineda es el nuevo invitado de Sr. Juez, el ciclo semanal de entrevistas conducido por Paula Guardia Bourdin

    —¿Cómo funciona el narcotráfico en la Argentina?

    —No soy experto ni investigador; resuelvo lo que me toca. En Rosario, en particular, se dan dos dimensiones. La primera está vinculada con la Hidrovía y el comercio exterior, en el que Rosario es un actor importante. El volumen y el flujo permanente de barcos y mercancías convierten a la ciudad en un lugar de interés para las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al comercio exterior de drogas.

    La segunda dimensión es el microtráfico, que actúa en los barrios y se vale del mercado y el consumo internos. Fue el que generó la crisis de inseguridad y violencia. Ambas dimensiones están relacionadas, aunque son llevadas adelante por distintas personas.

    En su momento, Rosario quintuplicó la media nacional de homicidios por una combinación negativa de distintos factores. Hoy la situación está bastante controlada y mejoró muchísimo. La crisis también fue producto de no haber terminado de entender la lógica del narcotráfico y de cierta ingenuidad institucional. Creo que hoy se comprende mejor.

    —¿Es necesaria la corrupción para que florezca el narcotráfico?

    —Para que se mantenga, creo que sí. El narcotráfico a esa escala alcanza una gran envergadura y necesariamente tiene que interactuar con la policía, la Justicia o el Poder Ejecutivo. De otro modo es imposible que permanezca.

    —¿Están aceitados los mecanismos de control dentro del Poder Judicial y del Ejecutivo para combatir estos casos de corrupción?

    —Hoy estamos en una situación mejor, sin duda. Hay una coordinación permanente entre la Fiscalía Federal y las fiscalías provinciales. En Santa Fe se adoptó una política criminal distinta: la competencia sobre el microtráfico pasó de la Justicia Federal a la Justicia provincial. Eso también fue beneficioso. Hay un mayor control de la policía y de las cárceles. Fue una acción coordinada e integral.

    El narcotráfico es un fenómeno muy complejo que ningún actor institucional puede abordar por separado. No pueden hacerlo solos la Justicia ni los poderes ejecutivos provincial o nacional. Hace falta un trabajo conjunto y coordinado, que es lo que hoy existe.

    Desde el Poder Judicial aportamos mucho. Durante la gran crisis de inseguridad, cuando habían baleado los tribunales federales, en 2022 o 2023, la Corte Suprema viajó en pleno a Rosario, en un hecho inédito. También lo hizo el Consejo de la Magistratura y se convocó a los jueces federales a través de AJUFE. Me tocó ser uno de los voceros de la Cámara Federal. Hicimos el diagnóstico que estoy planteando y reclamamos la implementación del sistema acusatorio y la creación de más cargos de fiscales y jueces federales. En ese momento hacía cuarenta años que no se creaba uno de esos cargos.

    Elaboramos una hoja de ruta sobre cómo podía contribuir la Justicia a superar esa situación. No nos limitamos a presentarla: convocamos al gobernador y a los legisladores nacionales, armamos una mesa de trabajo y consensuamos un proyecto que se convirtió en la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal.

    Al debate del proyecto en la Cámara de Diputados asistieron actores inéditos, como asociaciones empresariales de Rosario, el Foro Regional Rosario y la Bolsa de Comercio. Acompañaron a la Justicia Federal en la comisión de la Cámara para reclamar su fortalecimiento. Logramos instalar esa necesidad en la agenda pública y social y mostrar que no era solamente un problema de la Justicia: también afectaba a la industria, las organizaciones intermedias y el comercio.

    Cuando el narcotráfico gana la pulseada, están en juego las reglas que le permiten a un periodista ejercer su trabajo de manera independiente y a un comerciante o industrial mantener su empresa sin pagar extorsiones ni protección, y sin que un narco lo presione, lo amenace o le tirotee el negocio para comprarlo por dos pesos.

    Desde la Justicia hicimos el diagnóstico, planteamos una hoja de ruta y trabajamos para crear conciencia. La mejora no se debió únicamente al accionar o a la renovación de la Justicia, sino también a las políticas coordinadas de los poderes ejecutivos nacional y provincial. Me toca defender el papel que desempeñó la Justicia Federal en ese momento.

    —¿Cuál es su balance de la implementación del sistema acusatorio? ¿Cree que puede funcionar en todo el país?

    —No sé si puede funcionar de la misma manera en todo el país, porque las realidades son distintas. Buenos Aires tiene otra lógica. En Rosario fue muy positivo y, después de casi dos años y medio, creo que ya se ven los resultados. Nosotros reclamamos la implementación del sistema acusatorio y la creación de cargos de jueces y fiscales federales.

    Hoy Rosario es noticia nacional porque hay dos jueces federales en prisión preventiva, en el marco de investigaciones sobre causas complejas. Creo que eso está relacionado con el sistema acusatorio y con el nuevo rol de los actores judiciales. No voy a hablar mal de mis colegas porque los ampara el principio de inocencia: todavía no fueron a juicio y bien podrían resultar absueltos. Me tocó intervenir en las dos causas y entendí que existía mérito para dictar la prisión preventiva. Eso no significa una condena.

    Todo ese avance está relacionado con la implementación del sistema acusatorio. Puede decirse, al mirar la mitad vacía del vaso, que la Justicia Federal de Rosario está en crisis porque tiene dos jueces federales en prisión preventiva. Pero también es necesario señalar que el proceso de control fue realizado por fiscales y jueces federales de Rosario. Las investigaciones estuvieron a cargo de fiscales federales de Rosario y Buenos Aires, y quienes intervinimos fuimos jueces federales de Rosario. Participaron alrededor de seis, entre jueces de garantías, jueces de revisión y la Cámara Federal en pleno. Yo intervine en ambos casos y en otros tantos.

    Es importante reparar en que el control también se realiza desde adentro de la Justicia Federal. Esto no suele visibilizarse y tenemos que contarlo en primera persona. Si la Justicia Federal no explica ni rinde cuentas de lo que hace, deja vacío un espacio que debería ocupar para mostrar su trabajo. Es un tema institucional pendiente.

    —Recién mencionó las balaceras contra los tribunales. ¿Sufrió alguna situación de violencia? ¿Lo amenazaron?

    —A mí puntualmente no, pero viví situaciones complejas cuando comenzaron las balaceras contra jueces provinciales, hace ocho o diez años. Eso condiciona la vida cotidiana. Me ofrecieron protección.

    Uno va naturalizando anormalidades que a otra persona pueden parecerle absolutamente ilógicas. Las ventanas de mi casa que dan a la calle tienen un chapón de dos milímetros y medio. Las balaceras tenían esa lógica: pasaban y disparaban. Decidí colocar la chapa de manera preventiva, con todo lo que significa llegar a tomar esa decisión. Sentías que no tenías otra defensa que la propia.

    En su momento descarté la seguridad porque altera, condiciona y limita mucho la vida. Hoy no tengo custodia, aunque manejo ciertos protocolos para moverme. Rosario está mucho mejor desde hace dos o tres años, pero durante la crisis esos protocolos me limitaban mucho.

    —¿Cómo vivió su familia ese momento?

    —Con cierta naturalidad y tomando muchas precauciones, aunque no se modificó lo esencial de nuestra vida. Cuando me ofrecieron custodia la descarté porque entendí que, si yo la tenía, también debía tenerla mi hijo. Ponerle custodia a un chico de trece o quince años prácticamente le arruina la vida social.

    —¿Considera que hoy puede llevar una vida normal?

    —Sí, con cuidado y protocolos. Permanentemente me toca resolver casos de personas conocidas, vecinos o gente con la que puedo cruzarme. Me gusta ir a la cancha, soy hincha de Rosario Central y allí hay cincuenta mil personas: entre ellas puede haber imputados, investigados o condenados.

    —¿En la cancha?

    —Digo la cancha porque es un espacio popular, pero puede ocurrir en cualquier lugar. Me tocó dictar la prisión preventiva de un profesional contra el que debía jugar al fútbol a la semana siguiente. Yo no lo sabía. Así interactúan permanentemente la vida social y la vida personal con el trabajo.

    También puede tocarte resolver casos de personas con las que compartiste un asado o experiencias, como ocurrió con estos colegas. Eso te condiciona de alguna manera, aunque llevo una vida absolutamente normal.

  • Crearon una mesa técnica para rediseñar el espacio aéreo argentino

    Crearon una mesa técnica para rediseñar el espacio aéreo argentino

    Siluetas de dos controladores frente a monitores en una torre de control, junto a bastidores de servidores y un avión despegando al fondo.
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    La reorganización del tránsito aéreo volvió a la agenda oficial con una nueva decisión del Gobierno. Esta madrugada, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía dispuso la creación de una Mesa de Trabajo Técnica para modernizar el espacio aéreo y mejorar la eficiencia operacional en Argentina, un ámbito que reunirá a organismos estatales, aerolíneas, operadores aeroportuarios y entidades internacionales del sector.

    La medida establece un esquema de trabajo permanente para revisar cómo se organiza y utiliza el espacio aéreo del país, en un contexto en el que las autoridades buscan aumentar la capacidad del sistema, ordenar la circulación de aeronaves y reducir demoras sin alterar los estándares de seguridad operacional.

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    De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 67/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, este organismo tendrá un plazo concreto para la elaboración de resultados. El 1 de diciembre de 2027 será la fecha límite para que la mesa eleve a la Secretaría de Transporte un documento con recomendaciones de medidas orientadas a optimizar la gestión del espacio aéreo argentino.

    Según la medida, la mesa incluirá a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), ambos organismos bajo la órbita de la Secretaría de Transporte. También participarán la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (JURCA), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), los explotadores aeroportuarios, las líneas aéreas que operan en la República Argentina y otros organismos con competencia en la materia.

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    El cronograma sugiere que el Ejecutivo busca abrir una instancia prolongada de evaluación técnica, con participación de organismos públicos y privados, antes de introducir eventuales cambios regulatorios u operativos. La medida no implica erogación presupuestaria para el Estado nacional, según el texto oficial.

    Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno recordó que la ley 17.285 sancionó el Código Aeronáutico, que rige la aeronáutica civil en el territorio argentino, su mar territorial, aguas adyacentes y el espacio aéreo correspondiente. Esa norma fija las bases para la organización y utilización del espacio aéreo de jurisdicción nacional y faculta a la autoridad competente a dictar reglas para la seguridad y el ordenamiento de la navegación aérea.

    La Secretaría de Transporte coordinada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo revisará la organización y el uso del espacio aéreo para aumentar la capacidad del sistema y reducir demoras. (REUTERS/Agustin Marcarian)

    En sus argumentos, la medida sostiene que la intervención de la autoridad aeronáutica resulta necesaria para que las acciones destinadas a incrementar la eficiencia operacional se apliquen de forma coordinada con la planificación, regulación y fiscalización de las operaciones aéreas.

    El documento vincula esa coordinación con la posibilidad de optimizar la capacidad aeroportuaria disponible y habilitar un mayor número de operaciones aerocomerciales en condiciones de seguridad operacional. También plantea que una provisión más eficiente de los servicios de tránsito aéreo incide sobre la fluidez, la previsibilidad y la continuidad de las operaciones.

    Dentro de ese enfoque, el Gobierno sostiene que la modernización de la gestión del tránsito aéreo puede contribuir a reducir demoras y distancias de vuelo innecesarias, además de mejorar la previsibilidad de las operaciones y reforzar los niveles de seguridad.

    Otro de los ejes de la resolución es la promoción de mecanismos de Toma de Decisión en Colaboración (CDM) entre los distintos actores del sistema aeronáutico. La referencia apunta a esquemas de coordinación para mejorar el uso de la infraestructura aeroportuaria, administrar la capacidad y reducir tiempos de ocupación de pista.

    A su vez, aclararon que ese trabajo también deberá contemplar las condiciones técnicas y operacionales necesarias para evaluar posibles reducciones de separación entre aeronaves, siempre bajo criterios de seguridad operacional. En paralelo, plantea la necesidad de consolidar un ámbito técnico permanente para analizar y revisar iniciativas vinculadas con el perfeccionamiento de la gestión del espacio aéreo argentino.

    La resolución agrega que la evolución de las operaciones, la incorporación de nuevas tecnologías y las características de la flota que opera en el país vuelven necesario un proceso continuo de revisión de los conceptos de espacio aéreo y de los procedimientos de navegación aérea.

    Entre las áreas específicas que podrían ser analizadas, el texto menciona el diseño de nuevos conceptos de espacio aéreo, la incorporación de procedimientos de navegación y la optimización de los mecanismos actualmente vigentes. También incluye la posibilidad de revisar procedimientos de vuelo por instrumentos.

    En ese tramo, la medida menciona de manera expresa las aproximaciones por instrumentos (IAC), las salidas normalizadas por instrumentos (SID) y las llegadas normalizadas por instrumentos (STAR), además de mejoras normativas y buenas prácticas aplicables a la planificación y gestión del espacio aéreo.

    El Gobierno también enmarca la decisión en la necesidad de armonizar el sistema argentino con las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

  • El Gobierno reglamentó el nuevo régimen penal juvenil: cuáles son los ejes centrales

    El Gobierno reglamentó el nuevo régimen penal juvenil: cuáles son los ejes centrales

    Detenidos en Chile otros dos miembros de una banda que dio muerte a un menor de 12 años
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    El Gobierno reglamentó esta madrugada la Ley del Régimen Penal Juvenil N° 27.801, que rige para adolescentes de 14 a 17 años. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Diego Santilli y el secretario Juan Bautista Mahiques, fija cómo se implementarán las modificaciones introducidas a la legislación vigente.

    Aunque la reforma penal permitirá que los adolescentes de 14 años puedan ser judicializados por delitos previstos en el Código Penal, estos seguirán enmarcados bajo un sistema especial. Esta normativa contemplará condenas, medidas alternativas y, en determinados casos, privación de la libertad.

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    La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 875/26 en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo dispuesto, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques. En ese sentido, la cartera será la encargada de coordinar la implementación del régimen, dictar normas complementarias y celebrar convenios de colaboración con provincias, universidades, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

    Infografía con ilustraciones e íconos explicativos sobre la edad de imputabilidad a los 14 años, penas alternativas y límites de privación.

    El supervisor especializado

    Una de las piezas centrales del decreto es la regulación de la figura del supervisor especializado, el profesional responsable del seguimiento, la asistencia y el control del adolescente durante el proceso. Para ser designado, deberá acreditar formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones o trabajo social.

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    De esta manera, crearon el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil en el ámbito del Ministerio de Justicia. Dado que el registro definitivo requiere una convocatoria pública, se establece un régimen transitorio: la autoridad de aplicación elaborará un listado provisorio de profesionales habilitados con un plazo máximo de 180 días para sustanciar esa primera convocatoria. Los jueces designarán al supervisor en cada causa entre los profesionales del listado.

    Una vez conformado el registro definitivo, quienes no logren incorporarse al padrón permanente perderán la posibilidad de ser asignados a nuevos casos, aunque el juez correspondiente evaluará su continuidad en las causas en las que ya intervengan.

    Crearon un comité interministerial y una mesa federal

    Para lograr una implementación transversal, el Gobierno dispuso la creación del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, un organismo permanente que articulará la actuación conjunta de cuatro ministerios: Justicia —que ejercerá la coordinación—, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Cada cartera designará un representante titular y uno suplente, con rango mínimo de director nacional.

    Entre sus funciones, este organismo deberá elaborar lineamientos comunes en materia de prevención, abordaje y reinserción; intercambiar información estadística y técnica; y emitir recomendaciones no vinculantes a la autoridad de aplicación. También le corresponde instrumentar la articulación necesaria para la ejecución de las penas alternativas previstas en el artículo 12 de la ley.

    Sesión Senado - Régimen Penal Juvenil -Festejo Familia

    El decreto habilita, además, la participación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y otros organismos del Poder Judicial en carácter de colaboradores, cuando la materia a tratar lo requiera.

    A su vez, formalizaron la creación de la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un espacio permanente —aunque de adhesión voluntaria— para el diálogo entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La instancia estará coordinada por un representante de la cartera de Justicia e integrada por un delegado de cada jurisdicción provincial y de la CABA, además de representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.

    Sus funciones incluyen la armonización de criterios técnicos y procesales, el intercambio de buenas prácticas y la facilitación de convenios de cooperación entre jurisdicciones. La Mesa podrá emitir recomendaciones no vinculantes sobre implementación, y su funcionamiento operativo —frecuencia de reuniones, modalidades de adhesión y procedimientos de adopción de recomendaciones— quedará regulado por sus propios integrantes.

    Derechos de las víctimas y capacitación de operadores

    Por otro lado, la reglamentación de la ley establece los derechos reconocidos para las víctimas, dentro de los que se encuentran la tutela efectiva, asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito. La norma también establece que el Ministerio de Justicia deberá llevar adelante actividades de capacitación continua dirigidas a magistrados, fiscales, defensores y demás operadores del sistema de Justicia Penal Juvenil que actúen en el fuero nacional y federal. Las provincias y la CABA podrán desarrollar sus propias instancias de formación en sus respectivos ámbitos.

    Asimismo, el decreto fija un mecanismo de comunicación al Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del propio Ministerio de Justicia, para el seguimiento de los adolescentes alcanzados por el régimen. Esa comunicación deberá respetar la reserva del proceso contemplada en la ley.



  • “Ni créditos ni subsidios”: presentaron un innovador fondo que buscará repoblar los campos de la Patagonia

    “Ni créditos ni subsidios”: presentaron un innovador fondo que buscará repoblar los campos de la Patagonia

    EL CALAFATE.- Un modelo de Fondo Rotativo pensado para diez años busca recuperar establecimientos rurales de Santa Cruz con un esquema que se aparta del crédito y el subsidio tradicional. Es una iniciativa de la Fundación Patagonia Rural Sustentable (FPRS), presentada en Río Gallegos ante productores y gente de campo y que tiene como objetivo revertir la despoblación de las zonas rurales.

    “La fundación se crea para generar capital de trabajo, para recuperar y repoblar la provincia de Santa Cruz y si somos ambiciosos, la Patagonia”, explicó el productor Sandro Heinze a LA NACION, dueño de la estancia familiar Los Toldos –entre San Julián y Puerto Deseado- y uno de los promotores del Fondo Rotativo.

    El principio empresarial del fondo apunta a convertir recursos de capitalización en activos productivos recuperables: animales, infraestructura, agua, forraje, insumos, equipamiento y capital de trabajo. Esos recursos generan producción e ingresos; una parte acordada retorna al fondo que será administrado por la Fundación para que, a su vez, vuelva a financiar nuevos proyectos.

    Rafael Martínez De Sanzo, presidente de la  Fundación Patagonia Rural Sustentable en Río Gallegos, Santa Cruz
    Rafael Martínez De Sanzo, presidente de la Fundación Patagonia Rural Sustentable en Río Gallegos, Santa Cruz
    HORACIO CORDOBA

    “Ni créditos ni subsidios. Lo que será es un fondo que se le va a entregar a los productores para que empiecen a repoblar los campos, tanto para vientres, alambrados o instalaciones. El productor va a devolver el dinero que se le prestó, en formas y plazos acordados, y eso permitirá asistir a otros ganaderos, bajo el mismo esquema”, detalló Heinze, quien intenta recuperar el campo heredado de su familia, que a principios de los 90 -entre las cenizas del volcán Hudson y un crudo invierno posterior- perdió todo el ganado.

    La FPRS busca demostrar que producción, conservación, ciencia y desarrollo social pueden reforzarse mutuamente, con un plan que prevé reinstalar al menos 150 familias rurales en tres años y diversificar la economía mediante ganadería regenerativa, turismo, energías renovables y economía del conocimiento, entre otras líneas. El mecanismo se apoya en la devolución de capital biológico. “Es una cadena de valores. Por ejemplo, si a un productor se le entregan 500 ovejas, deberá devolver las 500 ovejas con un tiempo de gracia, y esas ovejas van a ser entregadas a otros ganaderos”, ejemplificó Heinze.

    "Por ejemplo, si a un productor se le entregan 500 ovejas, deberá devolver las 500 ovejas con un tiempo de gracia, y esas ovejas van a ser entregadas a otros ganaderos”, ejemplificó Heinze
    “Por ejemplo, si a un productor se le entregan 500 ovejas, deberá devolver las 500 ovejas con un tiempo de gracia, y esas ovejas van a ser entregadas a otros ganaderos”, ejemplificó HeinzeCéline Frers

    Según el documento de la FPRS al que accedió este medio, el Banco de Capital Biológico o Banco de Vientres es un instrumento rotativo: los animales entregados producen nuevas hembras y reproductores que después se transfieren a otros establecimientos, con registro de nacimientos, bajas, reposiciones y devoluciones.

    Sobre el financiamiento, Heinze sostuvo: “El dinero está, va a salir de los bonos de carbono o del BID, de algún lado va a salir el dinero porque las empresas petroleras necesitan blanquear sus desastres ambientales”. La selección de campos será estricta en la primera etapa. “En un primer momento se elegirán campos que estén en condiciones de producir; todo lo haremos con auditorías y midiendo resultados; si no medimos resultados, no sabemos cómo va el avance, parámetros, porcentajes de señalada, ver qué seguimiento le hacen, medir resultados y hacer auditorías. El objetivo es ser líder en venta de carnes y lanas”, sostuvo.

    El documento organiza a los productores en cinco segmentos: consolidado, en recuperación, nuevo, estratégico y de emergencia. Las líneas de financiamiento incluyen el programa Volver al Campo, agua y forraje, infraestructura rural, capital de trabajo, agregado de valor y una Escuela Rural Viva de capacitación.

    Presentación de la Fundación Patagonia Rural Sustentable en el Teatro Gran Cabral, Río Gallegos
    Presentación de la Fundación Patagonia Rural Sustentable en el Teatro Gran Cabral, Río GallegosHORACIO CORDOBA

    El texto fija reglas para preservar el capital: no colocar todo el capital, mantener reservas de liquidez y contingencia, limitar la concentración por productor y región, no financiar sin proyecto ni contrato, y reinvertir las recuperaciones. La estructura jurídica del fondo —patrimonial, fideicomiso u otra figura— queda pendiente de definición.

    El cronograma del fondo contempla la constitución y los primeros pilotos en 2027, la ampliación de cartera y el Banco de Vientres en 2028, escalamiento territorial en 2029, expansión de agua, forraje e infraestructura en 2030, y una auditoría de diez años en 2037, con recapitalización y diseño del ciclo siguiente.

    “Lo que estamos creando es un brazo para generar más posibilidades para los productores, las sociedades rurales, para llegar a organismos internacionales, buscar préstamos. De ninguna manera es meterse en la labor de las organizaciones existentes, al contrario queremos trabajar en conjunto y brindar más posibilidades utilizando métodos e instrumentos financieros que antes no existían”, detalló a LA NACION Rafael Martínez de Sanzo, presidente de la Fundación, quien hace treinta años compró junto a su hermano dos campos en el noroeste provincial: El Delfín y Sierra Andía.

    La entidad busca ser un puente para generar posibilidades en región
    La entidad busca ser un puente para generar posibilidades en regiónHORACIO CORDOBA

    Con los años fue testigo del despoblamiento y la tenacidad de los productores. Por su impulso, junto a otros productores, nació la Fundación, que se reunió en los últimos días con el gobernador Claudio Vidal y el Consejo Agrario Provincial (CAP). “Nos dieron apoyo y el gobernador nos pidió proyectos concretos, nosotros le pedimos el aval de la provincia para buscar esos financiamientos a nivel internacional y llevar adelante los proyectos que tenemos”, detalló.

    La Fundación se presentó el jueves último en el Teatro Gran Cabral de Río Gallegos, donde el biólogo Stuart Chacho Blake expuso “Guanacos en Santa Cruz: ¿estamos a tiempo?”, sobre la difícil convivencia entre el sector productivo y la fauna autóctona.

    “Santa Cruz tiene mucho potencial no utilizado, campos abandonados, manejo orgánico no reconocido, el aire más limpio del mundo, tecnología que no se está explotando, falta de conocimiento y falta de capital; por eso lo que trae la Fundación es una mirada más abarcativa de cómo se puede utilizar la Patagonia más plenamente y cómo hacerlo de forma sustentable, evitando el conservacionismo extremo, que se ha normalizado en Santa Cruz y ahora Chubut”, afirmó.

    La Fundación busca una mirada más abarcativa de cómo se puede utilizar la Patagonia
    La Fundación busca una mirada más abarcativa de cómo se puede utilizar la PatagoniaHORACIO CORDOBA

    El bisabuelo de Blake llegó de Inglaterra a Malvinas y luego a la Patagonia en 1893, donde fundó la estancia Coronel, en Puerto San Julián; su padre administró después la estancia Cóndor (1961-1995) y compró lo que hoy es Kilik Aike Norte, cerca de Río Gallegos.

    Blake sostuvo que el productor busca conservar su pasto, su único recurso, y que en otros países esa función de sostener especies autóctonas corresponde a los parques y reservas, no a los productores. Señaló que en Santa Cruz se normalizó que el productor done su pasto al guanaco, lo que derivó en una proliferación exponencial y de difícil control.

    Rafael Martínez De Sanzo y Sharon Bárcena en el Teatro Gran Cabral, Río Gallegos, Santa Cruz
    Rafael Martínez De Sanzo y Sharon Bárcena en el Teatro Gran Cabral, Río Gallegos, Santa CruzHORACIO CORDOBA

    Un testimonio de esto es Sharon Bárcena, de una familia de productores pioneros -su bisabuelo John Rudd llegó de Malvinas a fines del siglo XIX-, que continúa con el campo familiar, en Cerro Falso, a 130 kilómetros de Río Gallegos. “Hoy tengo todos los campos a mi alrededor vacíos de ovejas, el puma, el zorro, el guanaco y un Parque Nacional muy cerca”, detalló a este medio. Explicó que en los últimos cinco años los pumas pasaron de no verse a merodear la casa principal del campo.

    Bárcena asegura que se sumó a la Fundación porque es una entidad sin fines de lucro, con continuidad y funcionamiento transparente y porque le devuelve la esperanza de que los campos santacruceños vuelvan a renacer.

  • Domingo Cavallo recomendó al gobierno levantar el cepo, acumular reservas y liberar el dólar para reactivar la economía

    Domingo Cavallo recomendó al gobierno levantar el cepo, acumular reservas y liberar el dólar para reactivar la economía

    El ex ministro de Economía explicó cómo considera que hay que liberar el dólar para reactivar la economía (Fuente: Canal 26)
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    Domingo Cavallo reiteró que si bien el rumbo y el enfoque general del gobierno de Javier Milei en materia económica “es el correcto, el que se necesitaba”, necesita combinar la lucha contra la inflación con la reactivación de la economía.

    “Yo creo que la inflación, no a un ritmo muy acelerado, pero va a seguir bajando, pero tiene que combinarse con una reactivación de la economía y con crecimiento. El Gobierno confía mucho en las inversiones que van a venir atraídas por el RIGI. Creo que ahí hay un poco de ilusión, basada en que este momento los precios internacionales de la energía, de los minerales y también de la agricultura están muy altos. Viniendo inversiones a esos sectores donde tenemos muy valiosos recursos naturales hay muy buenas perspectivas de crecimiento. Pero el crecimiento económico requiere que toda la economía avance u para avanzar tiene que haber inversión no solo en las grandes empresas y grandes proyectos, sino en toda la estructura económica. Porque solo con inversión se permite la reorganización de las empresas en la dirección de aprovechar las oportunidades que van apareciendo. Ahí está la cuestión crítica para mí. Más que críticas, he venido haciendo sugerencias”, dijo en un largo pasaje inicial de una entrevista en el programa “La Mirada”, por Canal 26.

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    Domingo Cavallo: “La situación ahora es tan grave como había al final de los 80″

    Según el exministro de Economía y creador del Plan de Convertibilidad, “hasta ahora el Gobierno no ha prestado suficiente atención a organizar un sistema monetario, cambiario y financiero capaz de generar financiamiento para la inversión de todo tipo de empresas y que haya crédito en general”. Sin eso, dijo, no puede haber inversión y aumento de la productividad y reconversión de la economía.

    Además, subrayó que algunos beneficios otorgados a las grandes inversiones a través del RIGI “deberían darlos de inmediato a toda la economía, como la libre disponibilidad de la divisa de exportación”.

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    Cavallo reiteró su consejo de “eliminar totalmente el cepo a las empresas, levantar las restricciones al movimiento de capitales y avanzar en dirección de una economía con movimiento de capitales totalmente libres”.

    Al respecto, explicó, “hay que darle al dólar, como proponía Milei en la campaña electoral pero luego dejó de lado, carácter de moneda de curso legal. Que se puedan hacer en dólares todo tipo de transacciones, no solo de contado, sino contratos a mediano y largo plazo, incluso depósitos, préstamos, todo con las mismas reglas que para los depósitos y para las transacciones en pesos. Incluso que si alguna empresa quiere contratar a sus trabajadores en dólares lo pueda hacer”.

    Acumular reservas

    Al mismo tiempo, agregó, “se necesita acumular muchas reservas” y si bien elogió que el gobierno tenga y preserve superávits fiscal y financiero, dijo que el BCRA tiene que acumular más reservas pues hasta ahora lo hizo “de manera muy limitada, porque tiene miedo de que la emisión de dinero para comprar reservas vaya a provocar inflación”. Ese temor, dijo, es equivocado. “La liquidez que crean porque compran reservas y acumulan reservas va a ayudar a que baje la inflación. Porque mientras vayan acumulando reservas, va a bajar la tasa de riesgo país, que el propio Gobierno tiene que pagar para renovar un crédito en el exterior. Y lo más importante, va a bajar la tasa a la que va a poder acceder el sector privado, que tiene que financiar los proyectos de inversión. Además, con libre movilidad de capitales, cuando baje el riesgo país y el país acceda mejor a los mercados del exterior, eso también le pone un techo a las tasas de interés que los bancos pueden cargar dentro del mercado interno. Amén de que no sé por qué se han demorado tanto en limpiar de impuestos a todo lo que sea préstamos”, explicó.

    El Banco Central de la República Argentina (Foto: REUTERS/Enrique Marcarian)

    El exministro insistió: “hay que darle al dólar, como proponía Milei en la campaña electoral, carácter de moneda de curso legal. Que se puedan hacer en dólares todo tipo de transacciones, no solo de contado, sino contratos a mediano y largo plazo, incluso depósitos, préstamos, todo con las mismas reglas que para los depósitos y para las transacciones en pesos. Incluso que si alguna empresa quiere contratar a sus trabajadores en dólares lo pueda hacer”.

    Al mismo tiempo, agregó, “se necesita acumular muchas reservas” y si bien elogió que el gobierno tenga y preserve superávits fiscal y financiero, dijo que el BCRA tiene que acumular más reservas pues hasta ahora lo hizo “de manera muy limitada, porque tiene miedo de que la emisión de dinero para comprar reservas vaya a provocar inflación”.

    Ese temor, dijo, es equivocado. “La liquidez que crean porque compran reservas y acumulan reservas va a ayudar a que baje la inflación. Porque mientras vayan acumulando reservas, va a bajar la tasa de riesgo país, que el propio Gobierno tiene que pagar para renovar un crédito en el exterior. Y lo más importante, va a bajar la tasa a la que va a poder acceder el sector privado, que tiene que financiar los proyectos de inversión. Además, con libre movilidad de capitales, cuando baje el riesgo país y el país acceda mejor a los mercados del exterior, eso también le pone un techo a las tasas de interés que los bancos pueden cargar dentro del mercado interno. Amén de que no sé por qué se han demorado tanto en limpiar de impuestos a todo lo que sea préstamos”, explicó.

    Menemismo y convertibilidad

    Cavallo recordó la experiencia del gobierno de Menem y de la convertibilidad. Dijo que cuando el 1 de abril de 1991, transcurridos menos de 1.000 días desde el inicio del gobierno se liberalizó el funcionamiento del sistema financiero y la inflación bajó en los primeros 12 meses al 20% anual, es decir, “un poquito más del 1 % mensual, y después siguió bajando”. Y el crecimiento económico, subrayó, “ya en el año 1991 fue del 10 por ciento”.

    Domingo Cavallo y Carlos Menem (AFP)

    “Eso lo puede lograr Milei antes de las elecciones y lo va a ayudar mucho a ganar las elecciones. E incluso, independientemente de si gana o no las elecciones, que ojalá las gane, pero incluso si le sucediera a otra persona, en un caso en que la economía está no solo estabilizándose, sino creciendo, no va a ser lógico que pegue un viraje y genere de nuevo condiciones de estancamientos y aceleración inflacionaria. Creo que aquí hay una posibilidad muy buena de salir adelante. Lo único es que le tienen que perder el miedo”.

    Cuando el entrevistador, Javier García, le planteó el riesgo de que una salida de ese tipo genere recalentamiento de la economía y un aumento de la inflación, Cavallo respondió que ese es “un falso dilema” y que ya en su tesis doctoral, hace 50 años, explicó que las políticas puramente monetaristas de estabilización “producen efectos estanflacionarios; incluso a veces demoran en bajar la inflación y producen recesión”.

    La clave de una estabilización exitosa y reactivadora, dijo, es “organizar bien el sistema monetario, cambiario y financiero, como lo organizó la ley de convertibilidad se puede conseguir que se desmorone la inflación y que haya enseguida un incremento en el nivel de actividad, apuntando al crecimiento”.

    Cavallo fue muy insistente sobre esos aspectos. La clave, enfatizó varias veces, “es tener un buen sistema monetario, cambiario y financiero que cambie las expectativas hacia adelante”. Fue en ese punto que mencionó la publicación de un próximo libro de un ex colaborador suyo.

    Cómo instaurar el bimonetarismo

    Horacio Liendo, que fue el mi secretario legal y técnico y planteó as normas que condujeron a la convertibilidad, tiene preparado un libro que va a publicar ahora en octubre y que yo espero que el Gobierno tome nota. Explica bien qué es lo que hay que hacer en esta materia. Una cuestión central es declarar al dólar de moneda de cambio legal y decidir que no haya ningún tipo de restricciones al movimiento de capitales”.

    En cambio el gobierno, contrastó, se ha concentrado en normas menos importantes, al menos a corto plazo. “Las normas, y entre ellas la Carta Orgánica no es seguro que se vayan a mantener en el tiempo. Lo que asegura que unas reglas se mantengan en el tiempo es que produzcan los resultados que la economía necesita. La Carta Orgánica del BCRA es un ingrediente, pero hay muchos otros aspectos que hay que remover. Por ejemplo, los impuestos que gravan a toda la actividad financiera, sobre todo a los tomadores de préstamo. Una de las cosas que por supuesto generaban oposición por parte del sindicato bancario, que tenían para su obra social una sobretasa de interés del 2 %. Era una barbaridad en ese momento con la inflación bajando tanto, para financiar a la obra social bancaria. Una de las primeras cosas que hice fue promover la eliminación de ese 2 %. Se enojó el gremio bancario a punto tal que una de las causas por la cual yo me fui del ministerio, ya más enfrentado incluso con Menem, fue porque vinieron y me trajeron para firmar el decreto que reimplantaba el 2 % de aporte”, refirió, mencionando un motivo menos citado de su salida del gobierno de Menem, en julio de 1996.

    El presidente Javier Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)

    En cuanto al de Milei, concluyó, “lo que le falta es organizar un buen sistema monetario, cambiario y financiero, y que recree el crédito externo e interno a tasas razonables”. Mencionó que algunos funcionarios del gobierno le han reconocido tener miedo de que “un grupo de desestabilizadores hagan subir el precio del dólar y desestabilicen la economía”.

    Ese temor, dijo, es injustificado, porque actualmente hay una gran cantidad de dólares en el mercado, pero muchos de esos dólares, aun cuando se depositan en el Banco Central, no sirven para proveer crédito y financiamiento en la economía”.

    “Es paradójico que Milei no sea él el que esté promoviendo eso y empujando al Banco Central y a sus legisladores y al Ministerio de Economía a moverse en esa dirección”, subrayó.

    Más aún, dijo que los temores y la zozobra financiera de septiembre y octubre de 2025 se debió a que el propio gobierno primero dejó atrasar el dólar y luego tomó medidas discrecionales, como el retiro de Leliqs, que provocó una gran iliquidez y aumento de las tasas de interés, con efecto muy recesivo.

  • Una embarazada debió ser trasladada en helicóptero tras un choque en la autopista Rosario-Córdoba

    Una embarazada debió ser trasladada en helicóptero tras un choque en la autopista Rosario-Córdoba

    Un fuerte choque entre dos automóviles generó este domingo un importante operativo de emergencia en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del arroyo Ludueña. Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas y una de ellas debió ser trasladada en el helicóptero sanitario.



     

    El siniestro se produjo alrededor de las 13.30, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre la colisión. Al llegar al lugar, los bomberos encontraron dos vehículos involucrados.





     

    Uno de los rodados era un Chevrolet Corsa de color celeste, que había quedado detenido sobre el cantero central, con su frente orientado hacia el este. En su interior permanecía el conductor, un hombre de 62 años, que manifestó fuertes dolores en la zona cervical.



     

    El segundo vehículo era un MG ZS híbrido gris, ubicado sobre la cuneta central y orientado hacia el oeste. Sus dos ocupantes habían logrado salir del habitáculo antes de la llegada de los equipos de rescate.



     

    Entre ellos se encontraba una mujer de 39 años, que sufrió una herida sangrante en la frente. Su acompañante, en tanto, no presentó lesiones.

     

    Operativo de emergencia y traslado en helicóptero

     

    Si bien el choque fue de consideración, ninguno de los ocupantes quedó atrapado dentro de los vehículos. Los bomberos realizaron tareas de seguridad sobre ambos automóviles, entre ellas el corte y neutralización de las baterías, mientras los equipos médicos asistían a los heridos.



     

    La situación de la mujer requirió especial atención debido a que cursaba un embarazo de 22 semanas de gestación. Por ese motivo se solicitó la intervención del helicóptero sanitario.



     

    Luego de recibir asistencia en el lugar, la paciente fue evacuada por vía aérea y trasladada hasta la maternidad de un sanatorio céntrico, donde quedó bajo evaluación médica.



     

    El conductor del Chevrolet Corsa, por su parte, fue llevado en una ambulancia del Sies al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para realizarle estudios y determinar el alcance de las lesiones.



    Investigación y tránsito restringido

     

    Las causas que provocaron la colisión entre los dos vehículos todavía son materia de investigación.

     

    Durante el operativo de rescate y posteriormente mientras se retiraban los automóviles, el tránsito en la autopista Rosario-Córdoba permaneció parcialmente restringido en el sector.



     

    El despliegue involucró a bomberos, personal del Sies y el servicio de emergencia aérea, que permitió concretar el rápido traslado de la mujer embarazada hacia

    un centro asistencial.