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Luego del 1,7% que marcó la inflación en agosto, el Gobierno espera consolidar una tendencia de desaceleración de precios. Pero los relevamientos de las consultoras marcan fuertes presiones en Alimentos y bebidas, a lo que ahora se sumó el aumento de los combustibles. Frente a ello, ya se estima que el dato de septiembre volvería a ubicarse cerca del 2 por ciento.

Las mediciones de Analytica y LCG mostraron una aceleración en los precios de alimentos y bebidas durante septiembre. Ambas consultoras relevaron incrementos en la cuarta semana del mes y ubicaron la variación promedio del rubro las últimas cuatro semanas cerca de 3 por ciento.

En los meses previos la desaceleración de la inflación se debió en gran parte a que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo variaciones más leves que incidieron sobre el indicador general debido a la alta ponderación del rubro en la canasta que mide el Indec.

Durante la última semana, Analytica informó una suba de 0,8% en Alimentos y bebidas. Con ese resultado, el promedio de cuatro semanas alcanzó 2,8 por ciento. LCG registró un incremento semanal de 1,7% en el rubro, señaló que fue la tercera semana consecutiva de aumentos y calculó que la variación promedio de las últimas cuatro semanas aceleró a 2,7%, con un alza de 0,9 puntos porcentuales (p.p.).

El principal impulso dentro de la medición de LCG provino de bebidas e infusiones para consumir en el hogar, que acumularon un aumento de 14% en el promedio de las últimas cuatro semanas hasta la cuarta semana de septiembre. La magnitud de esa variación contrastó con la registrada por otros rubros de la canasta. Las verduras subieron 3,5% en el mismo período, mientras que condimentos y otros productos alimenticios avanzaron 3,1 por ciento.

Los productos lácteos y huevos anotaron un aumento de 1,6%. Las comidas listas para llevar subieron 1% y las carnes registraron una variación de 0,8%, según el cuadro difundido por LCG.

El relevamiento de Analytica también identificó cambios dispares entre las categorías relevadas. Las verduras encabezaron los aumentos, con una variación de 12,8% en el promedio de cuatro semanas. Las frutas acumularon un incremento de 3,8% durante el mismo período. Entre los segmentos con aumentos más bajos figuraron carnes y derivados, con una variación de 1%, y aceites, grasas y mantecas, con una suba de 0,7 por ciento.

Frente a estos registros, Analytica proyecta que la inflación en septiembre se va a ubicar en 2%. Ese resultado superaría el dato de agosto, cuando la inflación fue de 1,7%. Y si bien implicaría una leve aceleración intermensual, demostraría las dificultades que enfrenta el Gobierno para consolidar una tendencia a la baja de precios.

Aumentos confirmados

Además de la presiones de alimentos y bebidas, el jueves pasado, Shell, Axion y Puma aumentaron sus precios entre 2% y 5%, según confirmaron fuentes de la industria a Infobae, en medio de la escalada del precio internacional de petroleo que llego a ubicarse en USD 105.

La suba introdujo un nuevo elemento de presión sobre los costos del resto de la economía. Los combustibles forman parte de la estructura de gastos de distintas actividades y los cambios en los surtidores pueden tener impacto en los precios de otros bienes y servicios.

Por el momento, YPF no modificó sus valores al público hasta ese momento. La empresa concentra el 55% del mercado minorista de combustibles, por lo que su decisión quedó bajo atención tras los ajustes aplicados por las otras tres petroleras.

Para saber el impacto sobre la inflación, Claudio Caprarulo, economista de Analytica, sostuvo que era necesario esperar al cierre de septiembre para calcular el efecto de los ajustes en los combustibles y que la mayor parte del traslado se concentraría en octubre. “Hay que esperar al cierre del mes para terminar de estimar el impacto, el cual lógicamente se trasladará principalmente a octubre”, afirmó.

Caprarulo también se refirió a las previsiones tributarias para el próximo año: “Es importante señalar que para el año que viene 1/3 del aumento en la presión tributaria se estima que vendrá del aumento en la recaudación en el impuesto a los combustibles, principalmente por la actualización de los montos que lo determinan”.

El efecto de los precios de los combustibles se sumó a la aceleración que las consultoras detectaron en los alimentos y bebidas. En ese escenario, el indicador de septiembre quedó condicionado por los registros semanales de consumo masivo y por los primeros ajustes aplicados en estaciones de servicio.

La expectativa oficial

A pesar de la presión de alimentos y bebidas y de los aumentos del precio del combustible, en el Gobierno tienen una proyección diferente respecto a lo que va a suceder con la inflación en los próximos meses. En una entrevista con A24, Federico Furiase, afirmó que el índice dejó atrás el piso de 2% mensual y que se movió en una franja de entre 1,5% y 2 por ciento.

“Yo soy bastante más optimista, el año que viene y en los próximos meses podemos romper el piso. El del 2% ya se rompió; ahora estamos en la zona entre 1,5% y 2%, pero acá lo importante es la secuencia de la película”, dijo Furiase.

La expectativa del funcionario quedó por debajo de los números que proyectaron las consultoras privadas. Los relevamientos de Analytica y LCG ubicaron el comportamiento de los alimentos en niveles que volvieron a acercar la expectativa mensual al 2 por ciento.

Furiase sostuvo que la continuidad del orden fiscal y monetario resultaba central para la trayectoria futura de los precios: “Hay que estar tranquilos, que manteniendo el orden fiscal y monetario, es cuestión de tiempo que la inflación va a converger a niveles internacionales”.

En el proyecto de presupuesto 2027 que se presentó en el Congreso, el Gobierno proyecto que en 2026 la inflación anual cerrara en 29%. Sin embargo, cumplir con ese objetivo resultará difícil dado que en el último cuatrimestre del año el Índice de Precios al Consumidor (IPC) debería ubicarse en 1,6 por ciento según calculó Analytica.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes con el calendario de pagos de septiembre para jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones, cuyas fechas de cobro varían según la terminación del DNI.

Este mes, los haberes previsionales y las asignaciones recibieron un aumento del 2,11 %, según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Quiénes cobran hoy, 28 de septiembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este jueves incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo cuyos documentos terminen en 8 y 9 tienen acreditado su pago este lunes. Con esta fecha concluye el cronograma de septiembre para este grupo.

Prestación por Desempleo Plan 1

También cobran hoy los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminados en 8 y 9. Se trata de la última fecha prevista para esta prestación durante septiembre.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.

De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $191.900 y el máximo de $383.800, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

El Gobierno nacional autorizó la venta de las participaciones de Energía Argentina S.A. en tres centrales termoeléctricas, como parte del proceso de privatización de la empresa estatal previsto en la Ley de Bases. La medida alcanza a las sociedades Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A., Termoeléctrica José de San Martín S.A. y, en una etapa posterior, Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A.

La operación se realizará a través de licitaciones públicas con alcance nacional e internacional. En los dos primeros casos, el Estado pondrá a la venta las acciones que actualmente posee por medio de Energía Argentina S.A. (Enarsa), mientras que la participación en la central Guillermo Brown será ofrecida luego de que se complete la liquidación del fideicomiso vinculado a esa planta y Enarsa incorpore formalmente las acciones a su patrimonio.

De acuerdo con lo dispuesto por el decreto 1107/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece que el Ministerio de Economía, junto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, deberá instrumentar los procedimientos. La decisión forma parte de la privatización total de Enarsa, autorizada en 2025, y avanza sobre activos del sector de generación eléctrica.

La venta aprobada contempla la totalidad de las tenencias accionarias de Energía Argentina S.A. en las centrales Termoeléctrica Manuel Belgrano y Termoeléctrica José de San Martín.

En el caso de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (TMB), Enarsa posee 4.601.324 acciones, equivalentes al 65,01 % del capital social. Para Termoeléctrica José de San Martín S.A. (TSM), la participación estatal asciende a 4.871.709 acciones, que representan el 68,83 % del capital accionario.

El capital restante de ambas compañías continúa en manos de agentes generadores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que participaron en el Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista, conocido como Foninvemem.

Las dos sociedades fueron constituidas el 13 de diciembre de 2005, en el contexto de una política de expansión de la generación eléctrica impulsada con acreencias de empresas del MEM. El esquema contempló la construcción de dos centrales de ciclo combinado de al menos 800 megavatios cada una.

Para administrar la financiación de esos proyectos, en abril de 2006 se firmaron los fideicomisos de las centrales Manuel Belgrano y Timbúes, esta última correspondiente a la sociedad Termoeléctrica José de San Martín. Los contratos preveían la administración de los recursos hasta la habilitación comercial de las plantas y el recupero de las inversiones a través de los contratos de abastecimiento con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA).

El 1 de junio de 2026 se firmaron los convenios de extinción y transferencia de los fideicomisos asociados a las dos centrales. A partir de esos acuerdos, se inició el traspaso de los activos fideicomitidos a las sociedades beneficiarias: TMB y TSM.

La participación estatal en ambas empresas había sido asignada a la entonces Integración Energética Argentina S.A. en 2021. Esa compañía es la actual Energía Argentina S.A., entidad incluida entre las firmas estatales sujetas a privatización por el artículo 7 de la Ley 27.742.

La disposición publicada autoriza al Ministerio de Economía a vender los paquetes accionarios de TMB y TSM mediante el mecanismo previsto en la Ley 23.696 de Reforma del Estado. El procedimiento elegido será una licitación pública nacional e internacional, sin que el decreto precise todavía fechas para la convocatoria, condiciones económicas ni requisitos para los potenciales oferentes.

La operación sobre Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. (CTGB) tendrá un cronograma diferente. Enarsa aún no posee de manera directa las acciones que planea vender, ya que su ingreso como accionista depende de la extinción del fideicomiso creado para la construcción, operación y mantenimiento de esa central.

Según los antecedentes incluidos en la medida, la participación de Enarsa en CTGB deberá determinarse según los aportes realizados por el Estado nacional para construir la planta. La adenda firmada en 2012 fijó que esa porción no podía ser inferior al 70 % del capital accionario.

El fideicomiso de la central Guillermo Brown vence el 30 de septiembre de 2026, conforme a una adenda suscripta el 9 de abril de este año. Tras la finalización del contrato de abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista, la sociedad gerente tendrá un plazo de 90 días para realizar los actos societarios necesarios e incorporar a Enarsa como accionista.

Recién después de esa incorporación, el Ministerio de Economía podrá convocar a la licitación para vender las acciones. La Secretaría de Energía deberá intervenir, a través de los órganos societarios de CTGB, para gestionar la liquidación del fideicomiso y la suscripción de las acciones a nombre de Enarsa.

Economía abrirá una licitación nacional e internacional para el Palais de Glace

El Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace), uno de los inmuebles culturales declarados Monumento Histórico Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será sometido a un proceso de concesión orientado a su restauración, administración y sostenibilidad económica.

El Decreto 1106/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, la medida prevé una licitación pública nacional e internacional para seleccionar al futuro operador del edificio.

El alcance del proyecto incluye la puesta en valor, reparación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios en la sede ubicada en Posadas 1725, con referencia también en Avenida del Libertador 1248. El esquema habilita actividades complementarias o accesorias, siempre que resulten compatibles con el carácter cultural del inmueble.

La convocatoria deberá realizarse dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigencia del decreto. El procedimiento quedará bajo la órbita del Ministerio de Economía, mediante la Secretaría de Obras Públicas, que contará con asistencia técnica de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

La iniciativa define a la concesión como una herramienta para recuperar la integridad material del edificio, actualizar sus condiciones funcionales y fortalecer su operación. Según los fundamentos de la norma, las actividades comerciales y los servicios que pueda incorporar el concesionario tendrán un carácter instrumental: deberán aportar recursos para financiar las tareas de conservación y garantizar la continuidad de la función cultural del espacio.

El texto establece que las futuras explotaciones deberán ser “estrictamente compatibles con el carácter cultural” del Palacio Nacional de las Artes. Esa condición limita el tipo de propuestas que podrán formar parte del contrato y deberá ser considerada durante la preparación de los pliegos y la evaluación de las ofertas.

Además de las intervenciones de restauración arquitectónica, el proyecto contempla la administración cotidiana, el mantenimiento, la conservación y la eventual ampliación del inmueble. La norma no precisa, sin embargo, qué obras concretas se realizarán, cuál será el presupuesto previsto ni qué plazo tendrá la concesión.

Después de un trimestre complejo para el oficialismo senatorial y, a pesar de algunos indicadores económicos no deseados y desgastantes internas -festín de operaciones de turno- fomentadas desde la propia Casa Rosada, la bancada que comanda Patricia Bullrich aprovechó el último mes para ir tres veces al recinto, destrabar leyes que reclamaba el Ejecutivo y forzar, al menos, una definición de varios asuntos en un puñado de comisiones. De esta manera, la Cámara alta descomprimió la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias que, no obstante, mantiene desafíos importantes para la administración central, tanto políticos como de gastos.

Los vaivenes en La Libertad Avanza, que fueron más notorios entre junio, julio y agosto derivaron en una mala praxis -muchas veces, empujada desde Balcarce 50- que quedó consagrada en la fileteada ley de propiedad privada, la cual duerme una cómoda siesta en Diputados. Allí, ningún integrante del Ejecutivo reclama por dicha norma. Tampoco se perciben críticas ni observaciones ante marcados errores de sus soldados y generales mileístas. Pareciera ser perfecto ese entorno, algo muy alejado de la realidad.

Tras lo ocurrido con propiedad privada, Bullrich tuvo que hacerse cargo del tapón en la Cámara alta, mientras esquivaba dardos provenientes de su espacio. Más allá del mundo redes, canciones y supuestos mensajes cifrados que sólo duran algunas horas para desviar la atención de lo que sí es importante, la porteña se tomó revancha y activó tres veces el recinto.

Por caso, el 27 de agosto, salió por un tubo otra tanda de pliegos judiciales y el cristinismo -de nuevo- hizo malabares a la hora de explicar su voto. En tanto, el 17 del corriente mes, LLA sancionó la ley de Inocencia Fiscal II y aprobó un proyecto para elevar los cortes de biocombustibles -biodiésel y bioetanol-, luego de meses y una feroz presión del sector azucarero -ansiosos senadores incluidos, como si fuese la final de un mundial- para avanzar con modificaciones.

La última reunión fue la del reciente jueves. Durante dicho convite, el oficialismo cambió el proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central y la devolvió en segunda revisión a Diputados, que tendrá la palabra decisiva. La correcta intervención para retocar las mayorías y aprobar o remover autoridades de la entidad monetaria tuvo un momento de tensión a minutos de votarse, cuando llegaron extraños mensajes desde Balcarce 50 para no fomentar lo que ya estaba acordado y cerrado.

El movimiento no sólo fue imprudente, sino que expuso a la Casa Rosada en su relación con el Congreso. Los libertarios tendrán que tenerlo en cuenta, sobre todo, para el Presupuesto 2027, que comenzará a debatirse desde el mes próximo en la Cámara baja. No cumplir con la palabra empeñada nunca dura para siempre.

La agenda en el Senado aún cuenta con articulados frenados, como en Sociedades y el Súper RIGI, entre otros. No obstante, a la hora de comparar versus agosto pasado, el escenario vigente encuentra al oficialismo más relajado y, en particular, con el kirchnerismo otra vez errático y a kilómetros de oler poder.

El reciente jueves, cuando se discutió el -ahora sancionado- proyecto sobre zonas frías, el cristinismo se fue del mismo para dejarlo sin quorum. El impulso “opositor” quedó en manos del silvestre santacruceño José María Carambia, que tampoco tuvo éxito -junto a Natalia Gadano– para imponer una estrategia. Atado o no con alambre, obtuvo luz verde. Punto para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que vendió un consenso que no existió durante meses y, días atrás, logró validar.

La incógnita a verificar en 2027 es cómo impactará la suba en tarifas en plena época electoral. Por otra parte y, luego del trajín de la última quincena, más viajes y eventos varios que un puñado de legisladores no se perderán, la Cámara alta tendrá una semana casi sin actividad. Mientras tanto, se seguirán de cerca las pujas en Diputados sobre endeudamiento, discapacidad, Malvinas y la ley de gastos para el año próximo. De persistir ciertas formas y modos de la Casa Rosada, más insólitos mensajes en medio de sesiones para dinamitar una votación, la agenda volvería a desmadrarse.

El Gobierno cerró la semana con malos datos económicos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la actividad registró una caída de 2,9% intermensual en julio y una baja de 1,4% frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, en el equipo del ministro Luis Caputo aseguran que están dadas las condiciones para un rebote en los próximos dos meses. Los privados, con los datos de agosto sobre la mesa, ya hablan de lo difícil que será no caer en “recesión técnica”.

Si bien no hay una definición universalmente aceptada de lo que es una recesión, hay cierto consenso de que se incurre en una cuando el nivel de actividad declina al menos dos trimestres consecutivos. En el segundo de 2026 la economía mostró una caída desestacionalizada del 0,6% respecto del primero y el jueves pasado el Indec informó que en julio la caída fue del 2,9%, cifra que pesará mucho en el saldo del tercer trimestre.

El resultado de julio instaló dos lecturas sobre lo que sigue. Desde el Gobierno, el director del BCRA, Martín Vauthier, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, atribuyeron parte de la baja a eventos concentrados en ese mes y señalaron factores que, según sostienen, permitirán una recuperación. Las consultoras, en cambio, reconocen que un rebote es posible, pero señalan que la magnitud requerida para evitar una contracción trimestral exige variaciones mensuales elevadas.

A lo que se suma que reciente J.P. Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos, redujo a 1,5% su proyección de crecimiento para la economía argentina en 2026 luego de que la actividad se desplomara un 2,9% en julio respecto de junio.

“Esperábamos un dato débil de actividad, consistente con el contexto frágil que caracterizó el segundo trimestre, pero el dato informado (por el Indec) excedió significativamente nuestro pronóstico”, dice un informe fechado el viernes y firmado por los analistas Lucila Barbeito y Diego Pereira. De hecho, el dato del Indec casi triplicó la caída del 1% del nivel de actividad que había previsto el banco norteamericano.

La magnitud necesaria

La consultora Invecq señaló que la contracción de julio fue la mayor caída mensual desde abril de 2020. En ese período, durante el inicio de la pandemia, la actividad se desplomó 15,7% en un solo mes. El informe también marcó que la variación interanual volvió a terreno negativo por primera vez desde febrero, con una baja de 1,4 por ciento.

Según la consultora, el crecimiento acumulado entre enero y julio se redujo a 1,7% interanual, frente al 2,2% que registró el acumulado hasta junio. La caída mensual de julio eliminó casi todo el avance de los 16 meses previos y llevó al EMAE a un nivel similar al de marzo de 2025, con lo cual la segunda mitad del año empezó desde un piso inferior al previsto.

En línea con la postura del Gobierno, Invecq citó factores que agravaron la caída, como las lluvias intensas y el Mundial de fútbol. A la vez, sostuvo que el inicio del tercer trimestre condicionó la evolución de la actividad, aun si parte del retroceso se debe a eventos transitorios. Sin embargo, advirtió que si la actividad vuelve a registrar una baja entre julio y septiembre, la economía entrará en una recesión técnica, con dos trimestres consecutivos de contracción.

Con el resultado de julio, Invecq estimó que el promedio del EMAE entre julio y septiembre necesita aumentos cercanos a 3% mensual tanto en agosto como en septiembre para igualar el nivel promedio del segundo trimestre. La firma consideró que un rebote durante agosto puede producirse tras una baja de la magnitud observada en julio y por la reversión de factores puntuales.

De todos modos, la consultora calificó como exigente la posibilidad de sostener dos incrementos mensuales consecutivos de esa magnitud. El análisis remarcó que, entre enero y julio, la actividad cayó en promedio cerca de 0,6% mensual en la medición desestacionalizada.

Hasta el momento lo datos preliminares de agosto mostraron una señal positiva, aunque menor a la que planteó Invecq que se necesita. El Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec) de las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario informó que el Índice Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG) registró una suba de apenas 0,17% mensual en agosto de 2026, muy inferior al retroceso de julio.

El indicador quedó 4,4% por encima del nivel de agosto de 2025. El Cicec identificó como señales favorables el gasto de capital del Estado nacional, la baja en las tasas de adelantos en cuenta corriente y el índice de tipo de cambio real multilateral.

El informe también detalló las variables con peor desempeño. Entre ellas figuraron el patentamiento de maquinarias y el Índice de Difusión de los sectores del Índice de Producción Industrial (IPI) Manufacturero. La suba del ILA-ARG aportó una referencia positiva para agosto, pero se ubicó por debajo del ritmo que Invecq calculó para igualar el promedio de actividad del segundo trimestre.

La defensa oficial

Vauthier atribuyó el resultado de julio a varios shocks que coincidieron durante el mismo mes. En una participación en el streaming Carajo, el director del BCRA mencionó una menor disponibilidad de gas, lluvias por encima del promedio, nevadas que afectaron a la minería y una reducción de horas trabajadas en días hábiles donde jugó la selección argentina.

“Lo que tuvo julio fue esa combinación de shocks que fueron muy fuertes y se combinaron todos en un mes”, afirmó. El funcionario vinculó la menor disponibilidad de gas con el invierno y el aumento de precios asociado con la guerra. Según explicó, esa combinación elevó costos y restringió el suministro para numerosas industrias.

Vauthier sostuvo que el problema de abastecimiento afectó la producción industrial. “Hubo parada de plantas vinculadas a este tema”, señaló. El funcionario incluyó ese elemento entre los factores que explicaron el resultado del mes, junto con el efecto de las condiciones climáticas sobre distintos sectores.

“Después, el otro shock fueron lluvias por encima del promedio que afectan a sectores como la construcción y servicios, nevadas que afectaron a la minería”, dijo. Las lluvias incidieron sobre actividades que ya mostraron bajas durante julio, mientras que las nevadas afectaron el desempeño del sector minero.

El director del BCRA también incluyó las menores horas trabajadas durante jornadas hábiles con partidos de la selección argentina. “Son impactos transitorios, son shocks que están en un mes y no se repiten en el tiempo y mucho menos con esa magnitud”, sostuvo en Carajo.

Repunte en los próximos dos meses

Furiase planteó una expectativa de recuperación desde agosto. En el mismo streaming, el secretario de Finanzas afirmó que las condiciones están dadas para un rebote durante agosto y septiembre, con una mejora más marcada hacia el último trimestre.

“Lo importante es hacia adelante, que están todas las condiciones dadas para que la economía rebote en agosto/septiembre y sobre todo el último trimestre”, afirmó. El funcionario basó esa proyección en la recuperación de los salarios reales, el crecimiento del crédito con garantía real y la baja de la inflación por debajo del 2 por ciento.

Furiase señaló que el financiamiento hipotecario y prendario mostró una recuperación. “Los salarios reales se vienen recuperando, el crédito, sobre todo con garantía real, hipotecario, prendario, se viene recuperando muy fuerte”, expresó. Además, el funcionario vinculó su pronóstico a la desaceleración de los precios. “La inflación bajó del 2%, eso es una buena perspectiva para los salarios reales”, dijo. Las proyecciones oficiales apuntaron a una mejora en agosto y septiembre, mientras el Cicec midió un avance de 0,17% en el ILA-ARG durante agosto.

En los últimos tres años se redujo el número de extranjeros que eligieron nuestro país para radicarse y más de 100.000 extranjeros ya no viven en Argentina. Así surge del análisis que hizo Infobae de los datos abiertos del Gobierno nacional, sobre la base del RENAPER.

Ese descenso en la población de otras nacionalidades se registró en 21 de los 24 distritos del país.

En 2024, los extranjeros residentes eran 2.470.453; el año pasado 2.349.816; y este año 2.367.573, lo que implica 102.880 extranjeros menos que hace dos años.

De qué nacionalidad son

El 30% de esos no nativos que viven hoy en Argentina son ciudadanos nacidos en Paraguay (711.219). Le sigue un 23% oriundos de Bolivia (551.881); casi un 9% nacidos en Perú (207.399); 8% en Venezuela (197.692) y 7% en Chile (171.176); 4,5% de Uruguay (106.067); 3% de Brasil (67.239); 2,7% de Italia (64.161), y 2,4% de Colombia (57.769).

Género y edad

Con datos a junio de este año, informados por el RENAPER, más de la mitad de los residentes (53%) son mujeres y el resto, varones. Hay 51 extranjeros identificados como no binarios.

En cuanto a la edad, el 31% del total tiene entre 30 y 44 años de edad, y el 22% entre 45 y 59 años. Los jóvenes extranjeros menores de 20 años residentes en el país son solo el 6%, y los que tienen entre 20 y 30, el 13%.

Del total de no nativos residentes, el 70% vive en el AMBA (1.658.480) y el 30% en el resto del país (709.093).

La provincia con mayor cantidad de extranjeros en números absolutos es Buenos Aires con 1.169.721, el 7% de su población.

Le sigue la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con 596.763 no nativos residentes (el 19 %). A continuación, se ubican Córdoba con 77.129 (2%) y Mendoza con 76.578 extranjeros residentes (4% de la población del distrito).

Al analizar la variación de residentes nacidos en otros países por provincia, en 21 distritos hubo una baja en 2026 con relación a 2024. La excepción fue Neuquén, por el atractivo económico de Vaca Muerta, donde se radicaron 542 extranjeros, una suba del 1,17% respecto de dos años atrás.

Las otras dos provincias registraron un incremento, aunque muy leve, son Tucumán, con 30 extranjeros más (0,3%) y Catamarca, con 17 que eligieron esa provincia para vivir (0,8%).

Los distritos que más perdieron población residente extranjera en los últimos dos años en porcentaje son San Juan (-13%); CABA y La Rioja (-8%); Chaco (-7%), y Misiones, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego (todas -6%). Pero en números absolutos, lideran esa baja la Ciudad de Buenos Aires con 48.885 extranjeros menos viviendo en el distrito capital, y la provincia de Buenos Aires, con 36.056 (-3%).

Los que se van del país

Infobae consultó a Migraciones y a Cancillería para acceder al número de argentinos que se fueron del país, desde 2023, para radicarse en el exterior. En ambos organismos respondieron no tener esa información actualizada.

En el área de Migraciones dijeron que no registraban el motivo de salida del país.

Sin embargo, tras revisar los informes escritos de los jefes de Gabinete enviados al Congreso desde 2024, Infobae encontró que fue una pregunta que se repitió por parte de diputados y senadores.

Así, por ejemplo, en el Informe 139 del 15 de mayo de 2024, Nicolás Posse respondió que, de acuerdo a la definición de migrante que brinda la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “debería considerarse emigrado aquél que ha egresado del país y no ha regresado en un período mínimo de un año, sin importar si ha establecido o no su residencia en otro país, puesto que en esta categoría se contabilizan tanto aquellos en situación migratoria regular como irregular”.

Pero advirtió que “para conocer entonces el número de emigrados desde organismos de Argentina sería necesario que la autoridad migratoria pudiera cruzar datos de egreso con datos de ingreso para cada persona y/o que el registro en la matrícula consular tenga carácter obligatorio. Ninguna de estas dos situaciones se verifica”.

No obstante, señaló que “a partir de la relación que los consulados tienen con las autoridades de los países donde tienen sede, se puede estimar cuántos argentinos se radicaron en un determinado país, pero no conocer cuántos se encuentran residiendo en situación migratoria irregular.” Si bien, aclaró que “éstas no dejan de ser estimaciones”.

También agregó que “por su parte, los consulados argentinos, a partir de diversos datos registrados en el marco de sus competencias específicas, realizan estimaciones anuales de, entre otros parámetros, ciudadanos argentinos residentes en la jurisdicción. Esta información, al nutrirse de distintas fuentes, tanto registrales como informales, es estimada”. Sin embargo, desde el área de Relaciones Exteriores actual, no brindaron esta información actualizada.

Al mismo tiempo, precisó que “la Cancillería trabaja con el padrón electoral de ciudadanos argentinos residentes en el exterior, cuyos datos son provistos por la Cámara Nacional Electoral”.

En su respuesta, la estimación de argentinos viviendo en el exterior ascendía a 967.000, con datos del 2023. El principal destino era España (510.000), seguido de Estados Unidos (240.000) e Italia (170.000).

En el Informe 141 del 27 de noviembre de 2024 que envió su sucesor Guillermo Francos, la estimación brindada por escrito, tras hacer las mismas observaciones respecto de la dificultad de tener un número preciso, ascendía a 1.803.000 ciudadanos argentinos residiendo en el exterior en 2023. En su respuesta, los veinte principales países con mayor cantidad de coterráneos residentes en el exterior eran: España, Estados Unidos, Italia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Israel, México, Alemania, Bolivia, Canadá, Australia, Reino Unido, Perú, Francia, Suiza, Venezuela, Colombia y Ecuador.

En el Informe nro. 145 que Manuel Adorni envió al Congreso, el 29 de abril de este año como jefe de Gabinete, detalló que, de acuerdo al padrón electoral de ciudadanos residentes en el exterior elaborado por la Cámara Nacional Electoral, sumaban 490.726 los electores fuera del país. Aunque aclaró que ese número solo incluye a connacionales que tienen más de 16 años y que han registrado en sus respectivos DNI su domicilio en el exterior. “Sin perjuicio de lo anterior, sobre la base de diversos datos originados en distintas fuentes, por ejemplo, registros consulares, los consulados argentinos estiman que residen en el exterior alrededor de 2.165.000 argentinos”.

Si se toma este número informado en 2026, y se confronta con los 1.803.000 informados en 2023, la diferencia es de 363.000 argentinos que se fueron para radicarse en el exterior.

No obstante, en el mismo informe, Adorni admitió que no tienen el dato preciso. Así surge de lo contestado en la pregunta 1097 referida “a cuántas personas argentinas emigraron fuera de la Argentina en los últimos años y cuántas personas han retornado?”. La respuesta de Adorni fue: “El Ministerio de Seguridad Nacional informa que la Dirección Nacional de Migraciones registra los datos de los egresos e ingresos de argentinos al país pero sin discriminar el motivo, por lo tanto, no es posible dar una cifra al respecto”.

Movimientos migratorios

De acuerdo a los datos oficiales correspondientes a 2024, los últimos disponibles brindados a Infobae, los movimientos migratorios – que incluyen entradas y salidas del territorio argentino, tanto por vía terrestre, aérea como marítima-, se redujeron ese año respecto de 2023. Pasaron de 73,6 millones a 69,5 millones en total en el año.

Si se analizan las entradas y salidas, en 2024 fueron casi las mismas: 34,8 millones las primeras y 34,6 millones las segundas. Estos movimientos pueden incluir más de una salida o entrada de una misma persona.

En 2023 se registraron 37,1 millones de entradas al país y 36,5 millones de salidas por los aeropuertos con destinos internacionales y los distintos pasos fronterizos.

El 74% de las salidas y entradas al país se producen por pasos terrestres; el 17% por aeropuertos como el de Ezeiza, Aeroparque, San Fernando, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Ushuaia, Rosario y Salta; y el 8% por vía marítima a través de 42 puertos del país.

Visualizaciones: Daniela Czibener

Chequeo de datos: Desiré Santander

Los jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un refuerzo en sus ingresos el próximo meses. El Gobierno nacional confirmó, una vez más, el pago del Bono Extraordinario Previsional de hasta $ 70.000, cuyo valor final dependerá del monto que perciba cada beneficiario.

El plus estará dirigido a quienes cobran jubilaciones y pensiones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y distintas pensiones no contributivas administradas por ANSES. El decreto establece que el adicional se liquidará por titular y que los beneficios deberán estar vigentes durante el mismo mes de acreditación.

Tal como es habitual, el Gobierno estableció que, para quienes superen ese umbral, el bono disminuirá de forma proporcional: recibirán únicamente la suma necesaria para que su ingreso total alcance el equivalente al haber mínimo más los $ 70.000 previstos como máximo.

El decreto define que las personas cuyos haberes, considerados en conjunto, sean menores o iguales al haber mínimo tendrán derecho a cobrar el monto máximo del refuerzo. En esos casos, el bono de $ 70.000 se abonará íntegramente junto con la prestación de octubre.

Para determinar el acceso, ANSES deberá considerar la suma de todas las prestaciones previsionales vigentes que perciba una misma persona. Por lo tanto, el análisis no se limitará a un único beneficio cuando el titular cobre más de una jubilación, pensión u otra prestación incluida en el régimen.

El Bono Extraordinario Previsional tendrá carácter no remunerativo. Además, el decreto indica que no podrá sufrir descuentos ni ser tenido en cuenta para calcular otros conceptos, por lo que deberá acreditarse como un pago adicional independiente del haber mensual.

El universo alcanzado contempla a titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES, otorgadas bajo la Ley N.º 24.241, regímenes nacionales anteriores, sistemas especiales ya derogados y cajas previsionales provinciales o municipales que fueron transferidas a la Nación.

También están incluidos los beneficiarios de la PUAM, una prestación creada por la Ley N.º 27.260. A ese grupo se suman las pensiones no contributivas por vejez, invalidez y para madres de siete hijos o más, además de otras pensiones no contributivas y pensiones graciables que paga la administración previsional.

Desde julio de 2024, la movilidad previsional se actualiza mensualmente de acuerdo con la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Ese cambio fue introducido mediante el Decreto N.º 274/24.

El decreto que dispone el bono de octubre sostiene que el refuerzo busca compensar los efectos que la normativa anterior tuvo sobre los haberes de menores ingresos. También menciona que, desde enero de 2024, se otorgaron ayudas económicas y bonos previsionales con distintos montos para sostener los ingresos de jubilados y pensionados.

La Jefatura de Gabinete de Ministros deberá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con el pago. Por su parte, ANSES quedó facultada para emitir normas complementarias, administrar la liquidación, efectuar controles y recuperar eventuales percepciones indebidas vinculadas con el bono.

De hecho, la medida llega luego de que el Gobierno estableciera el aumento que tendran los beneficiarios del sistema previsional el próximo mes. La suba será del 1,66%, acorde al último dato de la inflación. De esta manera, el haber mínimo pasó a ser de $435.748,51, mientras que el máximo quedó fijado en $2.932.174,85. La medida comprende a jubilaciones, pensiones, la Prestación Básica Universal y la Pensión Universal para el Adulto Mayor.