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La discusión salarial en la Argentina atraviesa una etapa distinta a la de los últimos años. Durante el período de inflación muy alta, las paritarias giraban casi exclusivamente en torno a un objetivo: evitar que el salario perdiera demasiado poder adquisitivo. Hoy, la negociación salarial y las decisiones de contratación combinan variables que antes quedaban en un segundo plano, como la rentabilidad de cada empresa, el costo laboral, la productividad y la evolución del consumo.

En ese marco, la inflación sigue siendo la referencia central, pero ya no es la única. “Hoy empiezan a pesar más la situación particular de cada empresa, su rentabilidad, la evolución de las ventas, el costo laboral y los salarios que paga el mercado”, explicó Paula Pía Ariet, economista especializada en Recursos Humanos y CEO de Gestión Capital Humano.

Los números respaldan ese cambio de enfoque. Según el informe TISA (Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina), elaborado por Mercer, consultora global de recursos humanos y negocio de Marsh, las empresas proyectan otorgar un incremento salarial nominal del 27% en todo 2026. Sin embargo, las expectativas inflacionarias continúan por encima de ese número: de acuerdo con las proyecciones privadas relevadas por Latin Focus Consensus, la inflación esperada para 2026 es del 29,8%.

Ese desfasaje entre lo que las empresas proyectan aumentar y lo que esperan que suba el costo de vida obliga a las compañías a revisar permanentemente sus políticas salariales. “Los resultados reflejan que las organizaciones continúan revisando y ajustando sus presupuestos salariales, ya que de momento la expectativa de inflación anual se mantiene por encima del incremento total previsto”, señaló Inés García Toscano, gerente de Career y Rewards de Mercer Argentina. Y agregó que esto “lleva a las compañías a seguir sosteniendo una gestión dinámica y estratégica que combine la planificación de corto plazo con la capacidad de adaptarse frente a los cambios que se van presentando en el contexto económico”.

Sumas no remunerativas y el rol de la productividad

A ese esquema se suma otro factor: la pauta informal de incrementos mensuales que impulsa el Gobierno y que funciona como referencia para las homologaciones de las paritarias. Frente a ese límite, algunas empresas optaron por incorporar sumas no remunerativas o compensaciones extraordinarias para completar la recomposición salarial sin trasladar de manera inmediata todo el aumento al salario básico, según describió Ariet.

En paralelo, la productividad empieza a ganar terreno como criterio de referencia, aunque principalmente en los componentes variables de la remuneración. Las empresas buscan atar bonos e incentivos a resultados, eficiencia o cumplimiento de objetivos. Para Ariet, esto requiere una condición: “que el trabajador pueda influir realmente sobre los indicadores utilizados y que no se le trasladen riesgos empresarios que están fuera de su control”. La economista resumió el momento actual de las negociaciones salariales de esta manera: la inflación sigue siendo el punto de partida, mientras que la productividad, la rentabilidad y la capacidad financiera de cada empresa determinan hasta dónde puede llegar el acuerdo final.

El reconocimiento por mérito también forma parte de la ecuación, aunque con un peso más acotado. Según Mercer, las empresas proyectan una mediana anual del 4% destinada a incrementos por mérito sobre la masa salarial.

Contratación selectiva, no una ola generalizada

El otro costado de la ecuación es la contratación de personal, y ahí el panorama es más cauteloso que en el plano salarial. Las encuestas empresarias muestran expectativas positivas, pero los datos efectivos todavía no confirman una recuperación generalizada del empleo. Ariet citó dos fuentes que ilustran esa brecha: para el tercer trimestre, ManpowerGroup registró una expectativa neta de empleo de +6%, mientras que la Encuesta de Indicadores Laborales mostró en mayo una caída mensual del empleo privado registrado del 0,1% y una disminución interanual del 1,1%.

De esta manera, lo que se observa es una recuperación sectorizada. Algunas actividades incorporan personal para acompañar una mayor demanda, pero en buena parte del mercado prevalece la cobertura de posiciones esenciales o de perfiles con relación directa con las ventas, la tecnología, la productividad o la eficiencia. “Antes de ampliar la dotación permanente, muchas compañías intentan absorber el crecimiento con la estructura existente, reorganizar funciones o automatizar procesos”, detalló Ariet, quien definió el momento actual como más cercano a “un escenario de expansión selectiva que de una ola generalizada de contrataciones”.

Un mercado laboral desigual

Los indicadores del mercado de trabajo confirman ese diagnóstico. La desocupación se ubicó en 7,8% durante el primer trimestre de 2026, prácticamente sin cambios respecto del mismo período del año anterior. La tasa de actividad fue del 48,6% y la de empleo, del 44,8%. Se trata, según Ariet, de un mercado laboral que no atraviesa una destrucción masiva de puestos, pero que tampoco logra consolidar una expansión del empleo formal.

Ahora bien, el segundo cambio se da en la calidad del trabajo. La subocupación aumentó y la informalidad alcanzó al 44,2% de las personas ocupadas. El problema no se refleja solamente en cuántas personas trabajan, sino en las condiciones en las que lo hacen: mayor informalidad, cuentapropismo de subsistencia y personas que, aun teniendo empleo, necesitan trabajar más horas.

Del lado de las empresas, Ariet observó búsquedas que atraviesan más instancias de aprobación, reemplazos que se revisan antes de autorizarse y una rotación más baja. Muchas personas postergan un cambio laboral porque perciben mayor incertidumbre, mientras que muchas empresas priorizan conservar la estructura actual antes que ampliarla. “El mercado laboral está cambiando de una manera desigual: conviven empresas que no consiguen determinados perfiles con trabajadores que buscan empleo o necesitan trabajar más”, planteó la especialista, para quien el desafío no pasa solamente por crear puestos, sino por lograr que las capacidades disponibles coincidan con las que hoy demanda el sistema productivo.

Un ataque con drones ucranianos contra objetivos industriales y civiles en Nizhnekamsk, en la región rusa de Tartaristán, causó al menos entre 12 y 13 muertos y 39 heridos el lunes, según autoridades locales rusas y medios locales. La ofensiva también afectó a la refinería TANECO, una importante instalación petrolera situada a más de 1.000 kilómetros al este de Moscú.

El ataque encaja en la estrategia ucraniana de golpear infraestructura energética dentro de Rusia con drones de largo alcance. En los últimos meses, Ucrania ha intensificado sus ataques contra refinerías y otras instalaciones energéticas, en una campaña que provocó escasez de combustible en varias zonas del país, aunque las autoridades sostienen que la mayoría de esos problemas iniciales ya se resolvieron.

Radmir Beliáyev, alcalde de Nizhnekamsk, informó de al menos 12 muertos y 39 heridos. Otra de las versiones eleva el balance a al menos 13 fallecidos y sitúa el ataque como el más mortífero dentro de Rusia en más de dos años.

El Comité de Investigación ruso señaló que entre los fallecidos hay un menor. Beliáyev también dijo que el presidente de Tartaristán, Rustam Minnijánov, declaró un período de luto tras el ataque.

Daños en la refinería TANECO y relevancia de la instalación

La refinería resultó afectada, según diversos medios rusos. En redes sociales circularon videos no verificados en los que se ve humo sobre lo que parecía ser una instalación petrolera, sin comprobación independiente de las imágenes.

La instalación pertenece a Tatneft y figura entre las refinerías más avanzadas tecnológicamente de Rusia. Ya había sido atacada por Ucrania a principios de junio.

En 2024, TANECO procesó 17 millones de toneladas de crudo. De esa actividad salieron 2,7 millones de toneladas de gasolina y 8,5 millones de toneladas de gasóleo.

La campaña ucraniana contra la infraestructura energética rusa

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra refinerías rusas. La mejora de sus drones de largo alcance amplió su capacidad para golpear infraestructuras situadas en el interior de Rusia.

Entre los objetivos citados figuran refinerías, buques cisterna, subestaciones eléctricas, otras instalaciones energéticas y almacenes de Wildberries. Hasta el ataque del lunes en Nizhnekamsk, los golpes contra esos almacenes el mes pasado, con al menos ocho muertos en un solo día, eran el ataque ucraniano más mortífero dentro de Rusia.

Alcance y límites de los ataques de represalia de Kiev

Pese a esos golpes en profundidad, los ataques aéreos diarios de Rusia sobre Ucrania siguen muy por encima de las acciones de represalia de Kiev. A comienzos de este mes, misiles rusos mataron al menos a 17 personas e hirieron a decenas más en la región de Kiev en una sola noche.

Fuera de Nizhnekamsk, el gobernador interino de Bélgorod, Alexandr Shuvayev, dijo el lunes que otras cuatro personas murieron en las últimas 24 horas en esa región fronteriza con Ucrania. Esas muertes corresponden a un episodio distinto y no forman parte del balance del ataque en Tartaristán.

La evolución de esta campaña muestra que Ucrania ya no limita sus ataques a zonas cercanas a la frontera. Sus drones alcanzan con más frecuencia instalaciones energéticas y logísticas situadas en puntos cada vez más profundos del territorio ruso.

El lunes 10 de agosto de 2026 inicia una nueva semana de pagos para millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En esta jornada, se acreditan distintas prestaciones sociales, cuyos montos presentan un incremento del 1,89 % respecto al mes anterior. Este ajuste responde a la fórmula de movilidad que utiliza la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, según lo establecido por la normativa vigente y el INDEC.

Además, el esquema de pagos contempla la aplicación de un bono extraordinario para reforzar los ingresos de quienes perciben haberes mínimos, en un contexto de inflación y asistencia focalizada.

Quiénes cobran hoy, 10 de agosto de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Este lunes cobran quienes tienen DNI terminados en 0. El pago corresponde tanto a jubilados como a pensionados cuyos haberes no superan el mínimo establecido tras el reciente ajuste. El monto se acredita en la cuenta bancaria o entidad de pago habitual de cada beneficiario, siguiendo el esquema que ANSES mantiene vigente durante todo el mes.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de AUH y de la Asignación Familiar por Hijo con documento finalizado en 0 perciben hoy su prestación. Este beneficio, que busca garantizar el acceso a recursos básicos para niñas, niños y adolescentes, se abona en la misma fecha para ambos tipos de asignación cuando la terminación de DNI es la misma.

Asignación por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo también corresponde hoy a quienes tienen documento terminado en 0. Esta prestación acompaña económicamente a mujeres gestantes sin cobertura contributiva y se liquida conforme al mismo calendario que la AUH. El acceso a la prestación en la fecha indicada garantiza la continuidad del acompañamiento estatal durante el embarazo.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, que alcanzan a quienes no cumplen los requisitos para el sistema contributivo pero se encuentran en situación de vulnerabilidad, se abonan hoy a titulares cuyos DNI finalizan en 0 y 1. Este grupo incluye beneficiarios que acceden tanto por motivos de discapacidad como por edad avanzada.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todos los titulares de Asignaciones Familiares de PNC pueden cobrar desde hoy, ya que el período de pago para esta prestación se extiende desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre, sin distinción por terminación de documento. Esto amplía la ventana de cobro y facilita la disponibilidad de fondos para quienes están comprendidos en este beneficio.

De cuánto son las jubilaciones en agosto 2026

En agosto de 2026, el monto que perciben los jubilados y pensionados se ve impactado tanto por el incremento de la fórmula de movilidad como por el pago del bono extraordinario. El haber mínimo mensual se ubica en $489.775,93, suma que resulta de adicionar $419.775,93 correspondientes al haber actualizado y el bono de $70.000 otorgado por ANSES.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total llega a $405.820,74, compuesto por $335.820,74 del haber actualizado más $70.000 del bono. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedan en $363.843,15, al combinar $293.843,15 del haber con el bono extraordinario. La Pensión Madre de 7 Hijos corresponde a $419.775,93, y al sumarse el bono extraordinario, el monto total a cobrar es de $489.775,93.

La jubilación máxima es de $2.824.694,50, considerando los ajustes y descuentos previstos por la normativa vigente. Todos estos valores se revisarán periódicamente conforme avance la inflación y según lo que disponga la normativa, de acuerdo con el mecanismo del Decreto 274/2024, que ajusta los haberes con base en el IPC de dos meses previos.

De cuánto son las asignaciones en agosto 2026

Las asignaciones familiares y universales también reciben en agosto un reajuste conforme a la movilidad y la inflación registrada. El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $150.848 por cada menor, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $491.173. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanza este mes los $75.433.

El pago de las asignaciones se realiza conforme al calendario habitual de acreditaciones, sin modificaciones en las fechas de cobro respecto a meses anteriores. Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro accediendo a los canales oficiales del organismo e ingresando su número de beneficio o CUIL en el sistema de consulta habilitado.

Al menos 196 grupos indígenas viven con contacto mínimo o muy reducido con el resto del mundo, según un artículo publicado por la revista Live Science sobre las comunidades más aisladas del planeta. La mayor concentración de estos pueblos se encuentra en una decena de países de América del Sur, Asia y el Pacífico, entre ellos Brasil, India, Indonesia y Perú.

Según el informe, no existe una definición única para describir a estas comunidades. Algunas fuentes usan el término “no contactados” y otras prefieren “pueblos en aislamiento voluntario”. En ambos casos, la referencia apunta a grupos que limitan el vínculo estable con personas ajenas a su entorno y preservan esa distancia como parte de su forma de vida.

Qué significa el aislamiento en estos pueblos

La publicación de Live Science plantea que identificar a las personas menos contactadas del mundo no resulta sencillo. El aislamiento no funciona como una categoría absoluta, sino como una escala con distintos grados, desde contactos esporádicos con comunidades vecinas hasta una ausencia casi total de relaciones permanentes con el exterior.

El investigador Hal Russell, responsable de incidencia para Asia y el Pacífico en Survival International —organización dedicada a la defensa de los derechos de pueblos indígenas y tribales—, explicó a la revista que la organización considera “no contactados” a los pueblos indígenas que suelen evitar el trato con foráneos y no sostienen una relación continua con ellos, aunque conocen la existencia del mundo exterior. Esa definición busca evitar una mirada simplificada sobre realidades muy diversas.

De acuerdo con el reporte, el rasgo común entre estos grupos no pasa por una desconexión idéntica, sino por la decisión de restringir el contacto con otras culturas. Esa conducta también puede incluir distancia respecto de otros pueblos indígenas, con el fin de proteger su autonomía, su territorio y sus prácticas cotidianas.

Los sentinelenses, entre los casos más extremos

Uno de los casos más citados es el de los sentinelenses, habitantes de la isla Sentinel del Norte, situada en el archipiélago de Andamán y Nicobar, en la bahía de Bengala. Live Science detalló que se sabe tan poco sobre esta comunidad que los antropólogos ni siquiera conocen el nombre que usa para sí misma. La denominación actual deriva de la isla donde reside, con una superficie de 60 kilómetros cuadrados.

Survival International estima que los sentinelenses podrían descender de los primeros humanos que salieron de África y que vivirían en esa región desde hace hasta 55.000 años. La organización calcula una población de entre 50 y 150 personas, aunque la falta de acceso impide una verificación precisa y el Estado indio no intentó incorporarlos al censo.

La comunidad rechaza el acercamiento de visitantes. Simron Singh, profesor de la Universidad de Waterloo en Canadá y especialista en pueblos de Andamán y Nicobar, dijo al medio que cuando los isleños disparan flechas contra botes o helicópteros expresan con claridad que no quieren interferencias. La India prohíbe el ingreso en un radio de 5 kilómetros alrededor de la isla para reducir riesgos sanitarios y evitar hechos violentos.

Live Science recordó que los sentinelenses mataron al menos a tres personas, entre ellas al misionero John Allen Chau, quien llegó de manera ilegal a la isla en 2018. También señaló que en el siglo XIX algunos integrantes del grupo fueron secuestrados por colonizadores británicos, contrajeron enfermedades y murieron, un antecedente que ayuda a explicar la firme oposición al ingreso de extraños.

La Amazonía reúne la mayoría de los pueblos aislados

Según datos citados por la revista, el 95% de los pueblos aislados o con contacto muy limitado vive en la cuenca amazónica. En esa región, varios especialistas optan por la expresión “aislamiento voluntario”, ya que pone el acento en una elección colectiva y no en una idea de encierro absoluto.

Beatriz Huertas, antropóloga y asesora sobre políticas de aislamiento de la organización ambiental Rainforest Foundation Norway, señaló al pueblo Kakataibo, asentado en la cuenca del Aguaytía, en el centro de Perú, como uno de los casos más difíciles de rastrear. Según explicó a Live Science, este grupo casi no aparece siquiera ante otros pueblos indígenas y borra sus huellas con tierra para no ser localizado.

Huertas sostuvo que esa conducta responde a una estrategia de protección frente a experiencias previas con actores externos. La misma lógica aparece en otros sectores de la selva. El informe mencionó a los Kawahiva, un pueblo nómada identificado a partir de encuentros fortuitos y de un registro en video, reconocido como grupo diferenciado recién en 1999.

Russell agregó que incluso en Brasil, donde existen políticas de documentación más desarrolladas que en otros países, todavía aparecen comunidades casi desconocidas. Una de ellas fue registrada por primera vez en 2021, después de años sin contacto con las autoridades. Sobre ese grupo, incluso el nombre permanece sin confirmar.

Otro caso relevante es el de los Mashco Piro, también en Perú, que serían el grupo de pueblos no contactados más numeroso del mundo, con unas 750 personas. El artículo indica que parte de sus antepasados escapó de redes de explotación del caucho en el siglo XIX y se internó en zonas remotas del bosque, donde la comunidad mantuvo su distancia con el exterior.

El debate sobre el contacto y el derecho a decidir

La publicación también cuestiona la idea de que estos pueblos vivan detenidos en una etapa antigua de la historia. Huertas afirmó que, desde las ciencias sociales, no se considera que una comunidad permanezca por completo ajena a lo que ocurre a su alrededor. A su vez, señaló que la etiqueta “no contactado” puede alimentar interpretaciones erróneas.

Singh rechazó además la noción de que estas comunidades buscarían integrarse si conocieran mejor las ventajas del mundo exterior. A partir de su trabajo con los nicobareses, vecinos de los sentinelenses, indicó que esas poblaciones conocen noticias sobre guerras y conflictos fuera de las islas y, desde esa percepción, pueden considerar al exterior como un espacio peligroso.

La nota añade que algunos investigadores plantearon la posibilidad de establecer contacto para mejorar la protección frente a amenazas actuales y futuras. Frente a esa postura, Survival International sostiene que la historia de acercamientos forzados dejó daños más profundos que beneficios, tanto para la seguridad como para la continuidad de estas comunidades.

Sobre el final, el informe remarca que los pueblos indígenas cuentan con derecho a la autodeterminación, un principio reconocido por las Naciones Unidas.

La expansión global de Huawei como punta de lanza de la estrategia tecnológica y militar del régimen chino ha modificado el tablero geopolítico y de seguridad internacional. La empresa, fundada en 1987 por Ren Zhengfei, se erige hoy como símbolo de la simbiosis entre el desarrollo tecnológico, el poder estatal y la influencia del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Esta relación excede lo meramente comercial y plantea interrogantes de fondo sobre la seguridad, la soberanía y la autonomía de los países que adoptan los servicios y productos de la compañía.

Las advertencias surgen desde los países desarrollados que temen que Beijing interfiera en sus comunicaciones y sus servicios: Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Francia, Alemania, Rumania, Japón y Taiwán. En las últimas horas, fue el Departamento de Estado norteamericano el que advirtió a la empresa Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) por un contrato con Huawei para el despliegue de una red de fibra óptica, y analiza revocarles las visas a las autoridades de la compañía encargada de la distribución de energía en la provincia patagónica. Fuentes confiables fueron más allá en conversación telefónica con Infobae: esas sanciones o restricciones de visa podrían ampliarse a otras corporaciones y miembros de sus directorios que multipliquen su colaboración o contratos con el gigante tecnomilitar chino.

El vínculo entre Huawei y el aparato estatal de China nunca fue secreto. Las leyes chinas exigen que las grandes compañías incorporen a miembros del Partido Comunista Chino (PCC) en sus directorios. Esta obligación transforma a cada empresa relevante en un eslabón de la estructura de poder del Estado. La penetración de Huawei en la red 5G global —un sistema que permitirá la transmisión inmediata de datos en todo el planeta— representa mucho más que un salto tecnológico: implica la posibilidad de que el régimen comandado por Xi Jinping acceda a información estratégica de usuarios, empresas y gobiernos de decenas de países. Un desembarco encriptado. Estados Unidos y los países europeos más relevantes toman nota de aquellas naciones que se entregan sin restricciones a Huawei.

La protección que otorga el Estado chino a Huawei es visible tanto en la diplomacia como en la economía. Xi Jinping utiliza a la firma como un activo central en su política exterior, defendiendo sus intereses en organismos multilaterales y enfrentando a potencias como Estados Unidos cuando la empresa se ve amenazada.

La estrategia china no se limita a la defensa retórica o a la presión diplomática. El modelo de préstamos y financiación que despliega en América Latina, África y Asia tiene como contrapartida la cesión de recursos naturales y la autorización para instalar infraestructuras críticas, como bases militares y redes de telecomunicaciones. En países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, los créditos chinos abrieron la puerta a la influencia tecnológica de Huawei, que busca controlar el despliegue de la red 5G en mercados emergentes. Y mantenerlos bajo su paraguas financiero y tecnológico.

Ejecutivos e ingenieros de Huawei colaboraron durante años con órganos del EPL en proyectos de investigación avanzados. Las áreas varían desde la inteligencia artificial hasta el procesamiento de imágenes satelitales y la clasificación de emociones en videos publicados en línea. La empresa tecnomilitar niega la existencia de un vínculo institucional permanente, pero las coincidencias en los perfiles de los participantes y la naturaleza de las investigaciones refuerzan las sospechas de una colaboración estructural.

El avance de la red 5G ha encendido las alarmas en varias democracias, especialmente en India, Japón, Australia, Estados Unidos y países europeos. Las autoridades de India bloquearon la entrada de Huawei y ZTE al sector tras un incidente fronterizo con China y la revelación de que aplicaciones chinas transmitían datos sensibles a Beijing. El gobierno de Australia también prohibió el acceso de la compañía a sus redes, citando riesgos para la seguridad nacional y la confidencialidad de las comunicaciones.

En este contexto de control y vigilancia sobre personas y empresas chinas, el régimen promulgó recientemente tres normas que refuerzan de manera explícita la subordinación de todas las entidades y ciudadanos al diseño estratégico del Estado. Huawei podría actuar como una herramienta de seguimiento y control esencial para ese objetivo de represión transnacional. La llamada Ley de Unidad Nacional tiene como objetivo integrar y condicionar ideológicamente a la sociedad, mientras el Decreto 835 responde a la extraterritorialidad y permite incluso desconocer las leyes de otros países cuando afecten intereses chinos. El Decreto 837 establece un marco integral para controlar y orientar las inversiones chinas en el exterior bajo el pretexto de la “seguridad nacional”. Todas las inversiones fuera de China deben alinearse con lo que el régimen denomina “seguridad del régimen” y someterse a revisiones estatales. El concepto de seguridad nacional, lejos de limitarse a la defensa o el terrorismo, abarca tecnología, datos, finanzas, cadenas de suministro, cultura, energía y estabilidad política. ¿Qué mejor que tener una corporación que controle a las otras empresas chinas -y extranjeras- en sus comunicaciones para ejercer esa autoridad fuera del territorio chino?

Uno de los aspectos más polémicos de estas normas es la discrecionalidad del Consejo de Estado y los ministerios competentes para permitir, restringir o incluso obligar a desinvertir en operaciones en el extranjero. El Decreto 837 prohíbe exportar o utilizar en el exterior determinados bienes, tecnologías y datos sin autorización, e impone un sistema de revisión de seguridad para toda inversión externa. Las empresas chinas, incluyendo Huawei, y sus empleados están obligados a colaborar plenamente, incluso cuando deban responder ante autoridades extranjeras, y deben dar prioridad a la protección de los intereses del Estado chino por encima de legislaciones locales.

La política de “diplomacia del Wolf Warrior”, impulsada desde Beijing, acompaña estas disputas tecnológicas con campañas mediáticas y presiones económicas. Medios oficiales advierten sobre supuestas represalias para los países que rechacen a Huawei, mientras se presenta al régimen como víctima de una tendencia “anti-China”.

Empresa tecnomilitar

La dimensión militar del fenómeno se acentúa al analizar el perfil de Ren Zhengfei, fundador de la empresa y ex miembro del Ejército Popular de Liberación. Su experiencia en innovación y ciencia militar marcó la orientación de Huawei desde los inicios. El crecimiento de la empresa se apoyó en la transferencia de conocimiento y tecnología lograda a través de la colaboración —y en ocasiones el espionaje industrial— con actores estatales. Las denuncias de robo de información confidencial a competidores internacionales forman parte del historial de la compañía. Este modelo de articulación entre tecnología, Estado y fuerzas armadas no solo responde a una lógica interna china. La exportación de este esquema a otras regiones, mediante préstamos, inversiones y convenios de cooperación, amplía la presencia de Huawei mucho más allá de los límites del mercado. América Latina es uno de los escenarios donde la influencia se despliega con mayor claridad.

El deterioro económico de varias naciones de la región facilita el avance de la empresa. Gobiernos latinoamericanos utilizan al yuan como moneda de intercambio y la cesión de contratos estratégicos a Huawei como parte de un acuerdo más amplio con China. Sus bancos centrales también reciben ayudas temprarias, cuyos contratos no conocen ni los miembros de los congresos locales. Este tipo de pactos coloca a la empresa en el centro de la agenda política, económica y de defensa de los Estados involucrados.

La obligatoriedad de incorporar miembros del Partido Comunista Chino en las empresas y la colaboración documentada con el ejército convierten a Huawei en un actor híbrido, a medio camino entre la corporación y el brazo extendido del Estado y sus fuerzas armadas. Esta característica la diferencia de otras multinacionales tecnológicas y alimenta la desconfianza de gobiernos y agencias de inteligencia en todo el mundo.

X: @TotiPI

El petróleo inició la semana con subas ante la falta de certezas sobre el futuro del estrecho de Ormuz, cuya navegación permanece reducida en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos. En la sesión asiática de este lunes, el crudo Brent subió 0,6% hasta los 84,04 dólares por barril, mientras que el petróleo WTI (West Texas Intermediate) avanzó 0,5% hasta los 78,56 dólares.

El movimiento de los precios coincidió con la confirmación de Teherán de que las conversaciones con Omán para definir nuevas condiciones y corredores de navegación en el estrecho se encuentran en su etapa final. Sin embargo, Irán mantiene que la reapertura de la vía marítima depende además de otras exigencias dirigidas a Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo que las negociaciones con Omán sobre el tránsito y la administración del paso marítimo “se acercan a su etapa final”. La definición no establece una fecha para la reapertura de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte internacional de petróleo y gas.

Teherán exige el fin de las hostilidades contra su territorio y sus aliados, el levantamiento de las sanciones económicas, la liberación de activos congelados y una compensación por los daños causados durante la guerra. Esas condiciones forman parte de la posición iraní para avanzar hacia la reapertura del estrecho.

Los Guardianes de la Revolución de Irán ratificaron el domingo que el paso permanecerá bloqueado hasta que Estados Unidos acepte “todas nuestras condiciones”. La fuerza iraní también afirmó que “el estrecho es ahora para nosotros un verdadero escenario de guerra”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativizó las exigencias de Teherán y descartó la necesidad de una respuesta inmediata. “Nos lo estamos tomando con calma”, afirmó en una entrevista con Axios. En esa misma conversación agregó: “Solo estamos negociando a medias con ellos”.

Trump también vinculó la presión sobre Irán con la situación económica del país y mencionó la inflación elevada y las restricciones de financiamiento.

La disputa por el estrecho de Ormuz tiene un impacto directo sobre el comercio internacional de hidrocarburos. El tránsito marítimo por la zona se redujo a niveles mínimos, mientras los ataques contra embarcaciones aumentaron la incertidumbre sobre las rutas disponibles para los cargamentos de petróleo y gas.

Omán ocupa un lugar central en las conversaciones por su condición de país ribereño del estrecho y por su papel como mediador. Desde Mascate se impulsan negociaciones sobre las condiciones de navegación. La cancillería omaní describió el proceso como “positivo y constructivo” y pidió evitar acciones que puedan afectar los avances alcanzados.

La tensión marítima también registró nuevos incidentes durante el fin de semana. Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque con misil contra un buque petrolero de la estatal ADNOC cuando atravesaba el estrecho. Más tarde, la agencia marítima británica UKMTO informó que otra embarcación recibió el impacto de un proyectil frente a la costa de Omán. El episodio provocó un incendio que fue controlado sin víctimas. No quedó establecido de inmediato si ambos reportes correspondían al mismo hecho.

El escenario también incluye un memorando posterior a la tregua fallida de abril. El entendimiento, firmado en junio, estableció una hoja de ruta para negociaciones más amplias y asignó a Irán y Omán la tarea de definir futuras reglas de navegación, en coordinación con otros países del Golfo y bajo las normas del derecho internacional.

Ese marco enfrenta además la intención iraní de establecer una especie de peaje para el tránsito por el estrecho, una medida que genera diferencias sobre las condiciones aplicables a la navegación.

En paralelo, los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciaron el domingo un ataque contra una instalación petrolera saudita situada en la costa del mar Rojo. Ese corredor constituye otra ruta relevante para el comercio internacional de hidrocarburos.

En los mercados financieros, la evolución del petróleo también quedó vinculada con las expectativas sobre las tasas de interés de Estados Unidos. El mercado redujo la probabilidad de una suba de la Reserva Federal en septiembre hasta alrededor del 45%, frente al 67% de una semana antes, después de un informe laboral estadounidense que redujo las expectativas de un incremento de los costos de financiamiento a corto plazo.

Los inversores también aguardan el informe de inflación de Estados Unidos correspondiente a julio, previsto para el miércoles. Los analistas consultados esperan una suba de 0,1% en el índice general y de 0,2% en el indicador subyacente.

Mientras tanto, el mercado petrolero permanece atento a cualquier anuncio sobre la navegación por Ormuz. La ausencia de una fecha para la reapertura y las condiciones planteadas por Teherán mantienen la incertidumbre sobre el tránsito de buques y sobre la evolución de los precios internacionales del crudo.

A través del Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera (UIF) fijó un nuevo marco regulatorio que alcanza a todos los Registros de la Propiedad Inmueble del país y se orienta a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La disposición quedó asentada mediante la resolución 93/2026 que lleva la firma del actual jefe del organismo, Matías Gabriel Álvarez, designado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, en abril. La misma comenzará a regir 90 días después de su publicación.

Los cambios se hicieron sobre dos resoluciones que databan de 2011. La N° 41/2011 fue reemplazada, mientras que sobre la resolución 70/2011 se derogó el artículo 12. De esta manera, los registros de todo el país deberán adoptar un sistema de prevención con enfoque basado en riesgo que implica que cada organismo debe identificarlos, evaluarlos y mitigarlos, según sus propias características y la operatoria que registra.

Otra de las novedades recae sobre el régimen de reportes mensuales. Hasta ahora, los registros debían informar a la UIF las inscripciones de compraventa de inmuebles por montos superiores a 750 salarios mínimos, vitales y móviles, y las inscripciones de usufructo vitalicio en inmuebles con valuaciones superiores a 200 salarios mínimos. Con la nueva norma, desaparece la obligación de reportar el usufructo vitalicio y se agregan dos categorías nuevas: las inscripciones de donaciones y los actos sobre inmuebles otorgados en el extranjero.

Los reportes deberán presentarse antes del día 15 de cada mes y en formato digital. En el caso específico de la referencia a los actos otorgados en el extranjero, significa que los registros deben reportar todas las inscripciones que correspondan a la constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles cuando el acto jurídico que les da origen fue realizado fuera de Argentina. Esas operaciones que monitorean y controlan operaciones internacionales, que puedan tener impacto en el sistema registral argentino, deben ser informadas a la UIF.

La resolución también elimina la exigencia de que los sujetos obligados presenten una declaración jurada sobre el cumplimiento de las normas de prevención. El organismo justificó la supresión de ese requisito en que la información puede verificarse directamente a través de fuentes y registros oficiales, por lo que mantenerlo implicaría una duplicación de trámites innecesaria.

En cuanto a las obligaciones estructurales, cada registro de la propiedad inmueble de cada jurisdicción deberá designar un Oficial de Cumplimiento titular y uno suplente, registrados ante el organismo. Ese funcionario será responsable de proponer políticas internas, elaborar un manual de prevención, analizar operaciones inusuales y reportar operaciones sospechosas al organismo. La norma fija plazos estrictos: 24 horas para reportar operaciones sospechosas vinculadas a lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas, con un tope de 90 días corridos desde que la operación fue realizada en los casos de lavado.

Los registros también deberán implementar herramientas tecnológicas para monitorear su operatoria, dado que su rol implica inscribir y dar publicidad a los actos y derechos reales sobre inmuebles, como compraventas, hipotecas, donaciones, embargos y otras operaciones.

La norma enumera señales de alerta que deben tenerse especialmente en cuenta, como inscripciones sucesivas sobre un mismo inmueble en las que el precio varía más del 30% en un año, la concentración de múltiples operaciones en cabeza de una misma persona o inconsistencias en los datos de identificación de los intervinientes.

Además, cada sujeto obligado deberá contar con un Manual de Prevención de los mencionados delitos y un Código de Conducta que contemple sanciones internas ante incumplimientos.

Los registros están obligados a conservar la documentación de las operaciones y de las operaciones inusuales por un plazo de 10 años. Tendrán 240 días corridos desde la publicación para adecuar el manual, aprobar el código de conducta y ajustar sus herramientas tecnológicas, y la nueva modalidad de reportes regirá a partir de noviembre de 2026.

Tras la sesión que finalizó en la madrugada del viernes pasado, que dejó como saldo una ley de propiedad privada fileteada con anticipación y trifulcas en las afueras del Congreso -salvo para las cuentas de Patricia Bullrich y de la Casa Rosada-, el oficialismo senatorial buscará dejar atrás la abultada cadena de errores de las últimas semanas e intentará reordenar la agenda en la Cámara alta: habrá dos audiencias públicas por pliegos judiciales y otras dos reuniones para continuar con el análisis de una nueva norma sobre Sociedades y el Súper RIGI.

El desafío no es menor. Ya hace tiempo, sin Manuel Adorni como excusa principal y una oposición ya no tan dialoguista, que se hartó de ser tratada como empleada y no como par -correlato en gobernadores y un ramillete de promesas incumplidas, más clásicas picardías peronistas para arañar protagonismo-, La Libertad Avanza tendrá que hacer frente a una serie de proyectos que aguardan desde hace meses en el Senado, a 45 días del aterrizaje del Presupuesto 2027 en Diputados. Una vez que dicho texto ingrese en la Cámara baja, nadie asegura un debate fácil para el resto de las iniciativas.

Con el reloj de arena dado vuelta por los propios “aliados”, que vieron abierta la ventana para dejar de estar agazapados y mostrar sus verdaderas cartas, los libertarios no tuvieron mejor idea que aplicar una de las máximas que se pregona desde Balcarce 50: ganar aún en la derrota. No salió como lo esperado: las operaciones cruzadas para quedar libre de culpa embadurnaron aún más el escenario y ya no interesan, ni siquiera, en la base de votantes mileístas.

El ejemplo más contundente fue la enjabonada olímpica de Bullrich y otros para que el peso de lo ocurrido con propiedad privada cayera, en un 100%, en el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien -por supuesto- formó parte de la cadena de responsabilidad y fue quien hizo posponer la sesión de julio a agosto. No así lo del jueves pasado. Con lo ocurrido en las últimas horas, solo faltó un coro para cantar la jugada, que se vio a 1.000 kilómetros de distancia. Entonces, bajo esa perspectiva, y si el funcionario fuese el diablo, ¿por qué se sostiene el convite de mañana para la ley de Sociedades? Curioso.

Durante la misma jornada, la comisión de Acuerdos continuará con los pliegos judiciales, uno de los pocos senderos donde se logra mostrar un avance concreto y donde todos ganan algo, sin tanta pelea. Esto se repetirá el miércoles, día en el que también se seguirá la discusión sobre el Súper RIGI, que viene de Diputados y espera la sanción definitiva antes que finalice el corriente mes.

Un detalle que pasó desapercibido y se conoció el fin de semana. Según confiaron fuentes legislativas a Infobae, durante la sesión en la Cámara alta y mientras se desarrollaba el operativo policial en las afueras del Congreso, la vicepresidenta entonces a cargo del Ejecutivo -por el viaje al exterior de Javier Milei-, Victoria Villarruel, en el punto más álgido de la batalla callejera, solicitó hablar con los responsables e, incluso, con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Fueron minutos de tensión, con un grupo muy reducido de personas -de máxima confianza de la titular del Senado- que sirvió de enlace con un puñado de jefes policiales. Todo fue bajo absoluta discreción y con un objetivo: que volviera el orden y no se desmadrara la violencia. Al poco tiempo, reapareció la calma. Son agentes con caras no conocidas -como ocurre con su poco contemplado equipo parlamentario-, que no buscan fama y cuidan más a Villarruel que sus entornos político y comunicacional.

Pocas horas antes de este episodio, en el recinto se blanqueaba, desde el propio bloque libertario, la penosa realidad de un alfil de la vice que, en vez de ayudarla, la hunde con estrategias minúsculas -muy infladas, de forma artificial- y de estricto corte personal, aunque con insólitas promociones mediáticas según la época.