El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos tramita un promedio de más de 90.000 causas por año; mantiene 35 cargos de fiscales sin cobertura titular, con una planta de personal donde hay más de dos empleados por cada fiscal en funciones. Los datos constan en un informe enviado a ANÁLISIS por el organismo, ante diversas consultas realizadas hace poco más de un mes. El documento da cuenta también de aspectos presupuestarios, las contrataciones realizadas en los últimos años; quienes son los fiscales con mayor cantidad de licencias y los que más viajaron con viáticos pagos del MPF, entre otros puntos.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos dio respuesta al pedido de acceso a la información pública presentado el 6 de julio de 2026 por este medio periodístico, en el marco de la Ley provincial N° 11.191. La contestación, firmada por la Procuración General e instrumentada a través del Informe 504/26 del 23 de julio de 2026 indicó que en los últimos años ingresaron 94.580 causas en 2023, 96.746 en 2024, 91.755 en 2025 y 47.413 en el primer semestre de 2026, lo que proyectado anualiza en torno a las 94.800 causas, en línea con los años anteriores.
Conviene aclarar qué significa ese número. No se trata exclusivamente de denuncias en sentido estricto: el registro incluye todo hecho que la Policía pone en conocimiento de la fiscalía, incluso sucesos menores o que no constituyen delito, desde una persona demorada de madrugada con un electrodoméstico sin poder acreditar su procedencia hasta una tentativa de suicidio, que también se registra como causa penal. Es un criterio de carga que viene del sistema mixto anterior y que no cambió sustancialmente con la reforma procesal.
De ese universo, la mayoría se resuelve por archivo: 58.205 causas archivadas en 2023, 58.469 en 2024, 52.768 en 2025 y 23.598 en el primer semestre de 2026, en torno al 60-70 por ciento del ingreso anual, una proporción que -según pudo reconstruirse- es históricamente estable y no representa una variación reciente. Una parte importante de esos archivos corresponde a hechos de autor desconocido, particularmente delitos contra la propiedad, que quedan sin poder investigarse por falta de individualización del responsable. A eso se suman los criterios de oportunidad aplicados -10.885, 11.106, 10.402 y 6.547 casos respectivamente-, una vía de resolución alternativa que reduce aún más el universo de causas que efectivamente se tramitan hasta el final.
Fueron elevadas a juicio 384 causas en 2023, 389 en 2024, 339 en 2025 y 178 en el primer semestre de 2026. Es importante no confundir esa cifra con el universo del que surgen las condenas: buena parte de las 1.402, 1.487, 1.429 y 782 condenas registradas en cada período provienen de juicios abreviados, una salida procesal que se resuelve antes de que la causa llegue a la instancia de juicio oral propiamente dicha. Las absoluciones, en cambio, sí se dan mayormente en el marco de juicios orales y se mantuvieron en cifras marginales: 10, 16, 16 y 5 casos. Lo que sí permite afirmar la comparación entre el total de causas ingresadas y las que efectivamente llegan a una instancia de juicio oral es que se trata de una fracción mínima -en el orden del 0,4 por ciento anual-, lo cual confirma el “embudo” característico del sistema acusatorio: entre los archivos, los criterios de oportunidad, los casos que quedan sin resolución por autor desconocido o por ineficiencia en la instrucción, y los abreviados, la instancia de juicio oral es la excepción y no la regla.

Narcocriminalidad en alza
Respecto a “Narcocriminalidad y delitos complejos” muestra una tendencia sostenida al alza en las causas por infracción a la Ley 23.737 (estupefacientes). Los ingresos pasaron de 1.142 en 2023 a 1.410 en 2024 y 1.631 en 2025, con 830 casos en el primer semestre de 2026, cifra que anualizada rondaría los 1.660 ingresos, lo que confirmaría la tendencia ascendente por cuarto año consecutivo.
En materia de delitos financieros y complejos, el total de investigaciones registradas fue de 6.746 en 2023, 7.584 en 2024, 7.580 en 2025 y 4.218 en el primer semestre de 2026. El detalle por figura penal revela una fuerte concentración en el delito de estafa, que representó 6.314 de los 6.746 casos de 2023 (93,6 por ciento), 7.237 de 7.584 en 2024 (95,4 por ciento) y 6.990 de 7.580 en 2025 (92,2 por ciento). El resto de las figuras -cohecho, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, administración infiel- aparece en cantidades sensiblemente menores: por ejemplo, enriquecimiento ilícito registró apenas 1, 3, 4 y 0 casos en el período relevado, y cohecho no superó los 12 casos anuales. Se trata de un contraste que interpela la percepción pública sobre el peso relativo de la corrupción funcional frente a la estafa común dentro de la carga de trabajo del MPF en materia de delitos complejos.
Un dato llamativo dentro del mismo anexo es el crecimiento sostenido de la falsificación de numeración, que pasó de 3 casos en 2023 a 53 en 2025 y ya acumula 55 en el primer semestre de 2026, superando incluso el total del año anterior completo. Sobre el fuerte peso de la estafa dentro de los delitos financieros, fuentes consultadas dentro del organismo plantean como hipótesis -que reconocen no está aún estudiada de forma sistemática- un cambio de modalidad delictiva que se estaría dando a nivel país: una caída de los delitos contra la propiedad tradicionales, como el robo, y en simultáneo un aumento de las estafas cometidas por medios informáticos, de ejecución más sencilla y de mayor efectividad en localidades chicas del interior provincial. Se trata, remarcan las mismas fuentes, de una lectura preliminar que debería confirmarse con un estudio específico desde la sociología o la criminología, y no de una conclusión establecida a partir de las cifras del MPF.
Cuestión de cargos
Respecto de los cargos concursables vacantes, actualizado al 23 de julio de 2026, detalla que el MPF tiene 35 cargos concursables sin titular: dos procuradores adjuntos, uno de fiscal de Cámara en lo Contencioso Administrativo, dos para fiscal coordinador, 25 agente fiscal y 5 fiscal auxiliar. Cabe señalar que la propia nota de respuesta del organismo consigna una cifra distinta -” veintisiete cargos de Agente Fiscal y cuatro cargos de Fiscal Auxiliar”-, que no coincide con el detalle del anexo adjunto, que registra 25 y 5 respectivamente. Consultado el organismo sobre esa discrepancia, indicaron que la planilla del anexo es la que se remitió recientemente al Consejo de la Magistratura para la convocatoria a concurso, por lo que sería la cifra que debe tomarse como válida por sobre la consignada en el cuerpo de la respuesta.
Cruzada esa cifra con la nómina de personal del anexo 2, las 35 vacantes representan el 9,2 por ciento del total de la planta del MPF (379 cargos) y, más significativo aún, el 28,9 por ciento de los 121 cargos de magistrados (fiscales) que hoy están en funciones en la provincia. Es decir que casi tres de cada diez fiscales que trabajan en Entre Ríos lo hacen en un cargo que, formalmente, todavía no tiene dueño concursado.
El relevamiento de las fechas de apertura de cada vacante -que constan en el propio anexo- permite además dimensionar la antigüedad del problema. En promedio, esos 35 cargos llevan cuatro años sin cobertura titular. Más de la mitad, 20 de los 35 (57,1 por ciento), lleva tres años o más vacante, y 8 de ellos (22,9 por ciento) superan los cinco años. El extremo es el cargo de Villa Paranacito, seguido por el agente fiscal N° 14 de Paraná y el fiscal auxiliar N° 1 de Victoria, ambos vacantes desde noviembre de 2018, y la Fiscalía de Coordinación de Gualeguay, vacante desde diciembre de ese mismo año. En Villa Paranacito, la Fiscalía está cubierta interinamente por Gastón Oscar Popelka desde el 2 de octubre de 2013, es decir, hace casi trece años. Ese cargo corresponde al concurso más reciente de fiscal auxiliar, en el que el postulante seleccionado, el abogado y docente Leonardo Augusto Schonfeld, fue impugnado en la audiencia pública realizada en el Senado provincial a fines de julio de 2025, una presentación que ingresó fuera de término, pero de la que igualmente fue anoticiado durante la audiencia por el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay, Más para Entre Ríos. Los impugnantes, que se presentaron como damnificados en el Fideicomiso de Administración e Inversión Inmobiliaria Feliciano 144, del cual Schonfeld era fiduciario, invocaron una “palmaria falta de probidad e idoneidad moral” en los términos del artículo 37 de la Constitución provincial, a partir de al menos diez procesos civiles y de un legajo penal en trámite ante el propio Ministerio Público Fiscal -Legajo N° 216.261, Investigación Penal Preparatoria por presunta defraudación fiduciaria, artículo 173 inciso 12° del Código Penal-, además de su inclusión, ya regularizada según su descargo, en el Registro de
Deudores Alimentarios
Schonfeld rechazó las acusaciones ante los senadores, las calificó de falsas y sostuvo que se trata de una cuestión estrictamente civil y comercial, derivada de la falta de colaboración de los fiduciantes y del impacto de la inflación sobre los costos de una obra iniciada en 2014, cuyas llaves entregó en 2019 con un 80 por ciento de avance. Dijo haber presentado espontáneamente toda la documentación del fideicomiso y anunció que se reserva acciones por daños y perjuicios contra quienes lo denunciaron. Pese a la impugnación, el Senado provincial otorgó el acuerdo al pliego remitido por el Poder Ejecutivo, aunque la designación definitiva de Schonfeld en el cargo finalmente no se concretó, sin que hasta el momento se haya podido establecer con precisión el motivo puntual por el cual el trámite quedó trunco tras el acuerdo legislativo.
En el caso de la Fiscalía de Coordinación de Gualeguay (cubierto interinamente por Jorge Gamal Taleb desde el 22 de diciembre de 2018), fue llamado a concurso hace dos o tres años y declarado desierto por no reunirse la cantidad mínima de inscriptos exigida.
En la Procuración General, los dos cargos de procurador adjunto están cubiertos de forma interina desde 2021 y 2022. El primero de ellos -a cargo de Mónica Carmona- corresponde a la vacante dejada por la jubilación de la exfiscal Gambino y también fue llamado a concurso y declarado desierto por no alcanzarse el mínimo de seis inscriptos requerido. El segundo -a cargo de César Ariel Cesario, con competencia en lo Contencioso Administrativo y Constitucional- había sido ejercido por Rosa Álvarez Piñeiro hasta su jubilación en 2022; ese cargo fue recientemente llamado a un nuevo concurso.

Datos de planta
El propio anexo “2 – Nómina personal MPF” -379 cargos cubiertos al 21 de julio de 2026, entre magistrados, funcionarios y personal técnico, administrativo y de maestranza— permite trazar una radiografía de la estructura interna del organismo que no surge de ningún informe público habitual. Del total de 379 cargos, 121 (31,9 por ciento) corresponden a magistrados con función de fiscal -Procurador General, Procuradores Adjuntos, Fiscales de Cámara, Fiscales de Coordinación, Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares-, mientras que 61 (16,1 por ciento) son funcionarios -secretarios, relatores, directores y delegados judiciales- y 197 (52 por ciento) integran el personal técnico, administrativo y de maestranza -escribientes, oficiales y auxiliares-. La relación es de 2,1 empleados y funcionarios por cada fiscal en funciones, o bien de 1,6 si se toma en cuenta únicamente al personal técnico-administrativo sin contar a los funcionarios de rango intermedio.
En cuanto a la situación de revista, solo 94 de los 379 cargos (24,8 por ciento) están cubiertos por su titular concursado. El resto se reparte entre interinatos (113 cargos), se trata de los cargos vacantes dentro del organismo, y alcanzan el 30 por ciento. En este segmento se cuentan los 35 cargos de fiscales concursables por el Consejo de la Magistratura. El resto de los cargos vacantes (78 cargos) deberían ser concursados por el propio organismo en concursos abiertos o cerrados según el tipo de cargo. Las suplencias informadas alcanzan los 157 cargos (41,5%) que cuentan con un titular que no lo está ocupando, en la mayoría de los casos, porque se encuentra promovido a un cargo de mayor jerarquía. Las designaciones con contratos temporarios son 17 cargos (un 4,5% de la planta).
Entre los 135 magistrados con función de fiscal (en todas las categorías), la proporción de titulares es muy similar (26%), mientras que 35 fiscales ocupan cargos en condición de interinos (son los 35 cargos en condición se ser concursados en el CMER), entre los que se cuenta el llamativo número de 13 fiscalías vacantes en la ciudad de Paraná y 4 fiscalías en Concordia.
Sobre la composición de género de la planta, un análisis a partir de los nombres de pila consignados en la nómina arroja que el 59,4 por ciento de los 379 cargos está ocupado por mujeres y el 40,6 por ciento por varones. Entre los 121 magistrados con función de fiscal, la proporción es más pareja: 54,5 por ciento mujeres (66) y 45,5 por ciento varones (55).
El anexo “5 – Licencias” reúne 1.283 registros individuales de licencias otorgadas al personal del MPF entre febrero de 2025 y julio de 2026, discriminados por agente, tipo de licencia, fecha de solicitud, cantidad de días y estado. De ese total, 1.178 fueron concedidas, 82 renunciadas por el propio agente, 12 quedaron pendientes, 6 autorizadas y 5 rechazadas.
Para identificar qué fiscales -Agentes Fiscales, Fiscales Auxiliares, Fiscales de Coordinación, Fiscales de Cámara y Procuradores- acumularon más días de licencia, se excluyeron del conteo las licencias por enfermedad propia y por cuidado de familiar enfermo, así como tres categorías estatutarias que distorsionan cualquier comparación por no tratarse de licencias de uso discrecional: la licencia por nacimiento (150 días corridos por maternidad o paternidad), la licencia por cargo de mayor jerarquía (hasta 365 días para quien cubre un ascenso) y la licencia por uso particular (365 días, un régimen especial). Sin esas categorías, quedan 139 fiscales con al menos una licencia concedida en el período, que acumulan en conjunto 2.981 días, un promedio de 21,4 días por fiscal a lo largo de año y medio.
El fiscal con más días acumulados en licencias de uso discrecional es Gilberto Daniel Robledo, agente fiscal de Diamante, con 67 días repartidos en 16 licencias distintas. Le siguen Eugenia Ester Molina, agente fiscal de la localidad de Federal, con 59 días en 12 licencias; María Soledad Bordoy, agente fiscal de Feliciano, con 54 días en 15 licencias; María Paula Gareis, fiscal auxiliar de La Paz, con 53 días en 17 licencias, y Gisela Guadalupe Muñiz, fiscal auxiliar de Feliciano, con 47 días en 15 licencias. Completan el resto del top diez Fernando René Martínez (Nogoya, 47 días en solo 6 licencias), María de las Mercedes Nin (Paraná, 44 días en 12 licencias), Ana Paula Elal (Gualeguay, 43 días en 9 licencias), Iván Ezequiel Yedro (Victoria, 43 días en 8 licencias) y Martín Irureta (Federal, 42 días en 10 licencias).
Si el criterio es la cantidad de trámites de licencia presentados en el período, más que los días acumulados, el ranking cambia: Mariangeles Schell, agente fiscal de Gualeguay, y María Paula Gareis, fiscal auxiliar de La Paz, empatan en primer lugar con 17 licencias cada una, seguidas por María de los Ángeles Becker, fiscal auxiliar de Concepción del Uruguay, también con 17. El propio Gilberto Daniel Robledo y Facundo Javier Barbosa, agente fiscal de La Paz, completan el podio con 16 licencias cada uno.
Del desglose por tipo de licencia solicitada por fiscales surge que la categoría “compensatoria de feria” es, con diferencia, la más utilizada en términos de días: 268 licencias de este tipo acumulan 1.894 días en total. Se trata de un régimen que compensa a quien trabajó durante la feria judicial -no de una licencia adicional discrecional-, por lo que su peso en el total no debería leerse como ausentismo sino como contrapartida de guardias cumplidas. Le siguen, ya en clave más discrecional, “motivos personales” (339 licencias, 462 días) y “motivos personales – imprevistos” (147 licencias, 154 días).
El anexo “5 – Comisiones de Servicios” detalla los viajes que generaron erogaciones en concepto de viáticos y traslados entre abril de 2023 y abril de 2026. El procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, concentra la mayor cantidad de comisiones registradas, principalmente para asistir a las asambleas del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina, que se realizan de forma rotativa en distintas provincias.
Entre los montos más altos figura el viaje a Resistencia, Chaco, en septiembre de 2024, junto a la procuradora adjunta Mónica Carmona, para participar de las Jornadas Internacionales de Violencia de Género y la Asamblea Ordinaria de Procuradores, con 721.285 pesos solo en concepto de traslado. También se destaca el viaje a Calafate, Santa Cruz, en diciembre de 2023, con 478.270 pesos de viático y 439.611 pesos de traslado, y el viaje a Salta en octubre de 2025, de la procuradora adjunta Carmona, con 437.402 pesos de viático y 927.228 pesos de traslado, el monto de traslado más alto de toda la serie relevada.
Se destacan asimismo comisiones de servicio sin gasto en viáticos, pero con erogación en traslados vinculadas a audiencias judiciales en otras localidades de la provincia, como las del entonces fiscal de Victoria, Iván Yedro, con 52.794 pesos por desplazamientos entre Gualeguay, Gualeguaychú y Paraná en octubre y noviembre de 2023, y las del fiscal de Cámara de Concepción del Uruguay, Fernando Lombardi, con 139.762,80 pesos por audiencias en Concordia y Paraná en octubre y noviembre de 2024.
Las contrataciones
El anexo “7 – Contrataciones Directas por vía de excepción” -el único que detalla contrataciones fuera del régimen de licitación pública o privada, tramitado por la Oficina de Compras del Poder Judicial- documenta un patrón recurrente de renovación de licencias de software por la causal de exclusividad (artículo 27, inciso c, apartado b, de la Ley de Administración Financiera, de los Bienes y las Contrataciones).
El caso más constante es el de las licencias de Magnet Forensics -a través de sus productos AXIOM Computer, AXIOM Cloud y, más recientemente, AXIOM Essentials y AXIOM Advanced-, contratadas de forma directa por exclusividad de sede en Estados Unidos en al menos cuatro expedientes entre 2023 y 2025, con montos que fueron de 4.830 dólares en 2023 a 5.770 dólares en 2024 y 11.510 dólares en 2025, mostrando un incremento sostenido en dólares. El mismo patrón se repite con las licencias del software forense alemán X-Ways Forensics, contratado en forma directa a X-Ways Software Technology AG en 2024 (1.356 euros) y 2025 (1.378 euros), y con las suscripciones de almacenamiento en la nube de Google (Google One / Google Workspace), contratadas en dólares en al menos tres expedientes entre 2025.
Entre las contrataciones por causal de urgencia figuran el arreglo de la instalación eléctrica de la UFI de Gualeguaychú por reiterados saltos del disyuntor (194.000 pesos, expediente 560/24) y los servicios de limpieza de fiscalías de Paraná con motivo de una mudanza realizada entre el 17 y el 31 de marzo de 2024 (264.450 pesos, expediente 1170/24), correspondientes a la sede de calle Santa Fe al 190, esquina Cervantes, en la ciudad de Paraná.
Gastos y presupuesto
En cuanto a lo presupuestario, el MPF consignó que el crédito total asignado al organismo pasó de 7.554.123.840,98 pesos en 2023 a 29.257.278.500 pesos en 2026, un incremento nominal del 287 por ciento en tres ejercicios. El ritmo de ese crecimiento, sin embargo, no fue parejo: el salto más pronunciado se dio entre 2023 y 2024, cuando el presupuesto asignado creció un 178,5 por ciento (en plena etapa inflacionaria, del último año de Alberto Fernández y Gustavo Bordet en la provincia), mientras que entre 2024 y 2025 la suba fue del 30,1 por ciento y entre 2025 y 2026 se desaceleró a un 6,9 por ciento. El grueso de ese presupuesto representó el 96,2 por ciento del total ejecutado en 2023; el 96,8 por ciento en 2024; el 96,5 por ciento en 2025 y el 95,4 por ciento en 2026, una proporción notablemente estable a lo largo de todo el período relevado. En 2026 esa partida asciende a 27.307.422.000 de los 28.476.991.000 pesos asignados en rentas generales, es decir, más del 95 por ciento del gasto corriente del organismo.
La ejecución presupuestaria total también varió año a año: 90,8 por ciento en 2023; 85,8 por ciento en 2024; 98,1 por ciento en 2025 y apenas 64 por ciento en 2026, aunque este último dato es provisorio y corresponde solo a los primeros siete meses del ejercicio.

























