Blog

El terremoto que sacudió Venezuela a fines de junio reabrió un canal de diálogo diplomático con Argentina que permanecía congelado desde 2024, cuando Caracas expulsó a los representantes argentinos tras el rechazo de Buenos Aires a los resultados electorales de julio de ese año. La catástrofe produjo un movimiento que la política bilateral no había logrado en casi dos años: el despliegue de un equipo consular y ayuda humanitaria argentina en un territorio devastado por dos terremotos que agudizó la crisis social.

El pasado miércoles, el canciller Pablo Quirno explicó el tono de ese vínculo actual entre Buenos Aires y Caracas, y habló de la apertura de “un espacio de diálogo” con la esperanza de que “termine en un entendimiento mejor”. Sin embargo, desde La Libertad Avanza (LLA) advierten que la ayuda humanitaria no equivale a reconocimiento político al gobierno de Delcy Rodríguez.

“Como ustedes saben, no tenemos hoy una representación consular fija en Venezuela y Venezuela ha accedido a que tengamos ese equipo consular ahí. Y obviamente esto abre un espacio de diálogo que esperemos que termine en un entendimiento mejor al que teníamos antes de esta tragedia”, afirmó Quirno el miércoles, cuando ofreció una conferencia de prensa tras reunirse con su par alemán, Johann Wadephul. Hasta los terremotos, el diálogo era nulo. Es más, la Argentina reclamó en todos los foros internacionales la liberación de los presos políticos, situación en la que se encuentra el abogado Germán Giuliani.

Sobre el terreno, la misión consular ya opera. “Compuesta por funcionarios diplomáticos, se encuentra presente en el terreno y, aun en las difíciles circunstancias imperantes, está llevando a cabo acciones de asistencia y acompañamiento a los damnificados y sus familiares, así como también tareas de gestión documental”, remarcó el canciller en X. La respuesta argentina movilizó recursos del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, Aerolíneas Argentinas e YPF, con brigadas y perros de rescate que ya realizaron hallazgos entre los escombros.

Hasta el momento, Argentina reportó seis ciudadanos muertos y tres desaparecidos. El balance oficial de la Cancillería registra además siete personas en situación de especial vulnerabilidad —cuatro grupos familiares con niños, dos individuos, un menor no acompañado y un ciudadano hospitalizado— y 12 gestiones documentales completadas hasta el 29 de junio, entre pasaportes de emergencia, autorizaciones de viaje para ciudadanos indocumentados y tramitaciones para connacionales que perdieron sus documentos durante el desastre.

Por otro lado, la diputada nacional por LLA Silvana Giudici, presidenta del recién constituido Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con Venezuela, trazó una línea clara frente a esa lectura. “El régimen de Delcy Rodríguez para nosotros no es un gobierno democrático”, sostuvo a Infobae, y aclaró que cualquier restablecimiento de vínculos debe ir acompañado de una transición política y la convocatoria a nuevas elecciones. “Podemos llegar a restablecer algún vínculo por la catástrofe, pero lo que estamos pidiendo como país es la transición democrática de Venezuela”, precisó.

Giudici también reclamó la liberación de Giuliani. “No vamos a dejar de pedir”, sostuvo, y remarcó que el gendarme Nahuel Gallo, que estuvo más de un año preso en Venezuela por disposición del régimen chavista, ya inició acciones legales contra el Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Para la legisladora, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años del régimen no pueden quedar sepultados bajo la emergencia: “Todo lo demás no se borra con el codo”, dijo.

El sismo doble del 24 de junio —con magnitudes de 7,2 y 7,5 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)— dejó hasta el momento más de 1.700 muertos y 5.034 heridos, según el balance oficial venezolano. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó los daños entre 4.700 y 8.700 millones de dólares, equivalentes al 4 y 8% del producto interno bruto (PBI) de Venezuela.

En distintos puntos del país se pusieron en marcha colectas solidarias. Casa Venezuela informó haber reunido una tonelada de insumos médicos en su sede de Combate de los Pozos 1055, en Buenos Aires. Voluntarios clasificaron el cargamento y el lunes enviaron dos camiones con cajas enumeradas, fechadas y clasificadas por categoría y fecha de vencimiento hacia el centro de acopio de la Asociación de Enfermeros de Argentina (ASOENVEAR), en Avenida Las Heras 2416. Esta semana partirá en un avión humanitario el primer lote, con un total superior a la tonelada en insumos y medicamentos.

Otra iniciativa, liderada por la Fundación Pastoral San Lucas, la Pastoral Universitaria y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), recaudó 21 millones de pesos para insumos médicos destinados principalmente a hospitales de La Guaira, la zona costera al norte de Caracas donde colapsaron más de 100 edificios. Los fondos serán transferidos a Cáritas Venezuela con una auditoría internacional a cargo de PricewaterhouseCoopers (PwC).

Giudici advirtió que el ingreso de ayuda a Venezuela está sujeto a fuertes restricciones, lo que hace inviable el envío por vías informales. “Si no lo hacemos a través de Cancillería, por la vía oficial, todo lo que los venezolanos están juntando acá se perdería”, señaló. El Grupo de Amistad Parlamentaria, advirtió, tiene prevista una segunda reunión para la semana próxima, con mayor participación de organizaciones venezolanas, iglesias y comunidades religiosas.

La reunión constitutiva del GPA, celebrada en la Cámara de Diputados de la Nación, contó con la presencia del presidente de la Cámara, Martín Menem, quien expresó su respaldo al pueblo venezolano: “Cuenten con la ayuda no solo de este Gobierno, sino también de todo el pueblo argentino que se está organizando para poder colaborar con ustedes”. También participaron representantes de la diáspora —Richard Blanco, Adriana Flores y Elisa Trotta— quienes pidieron mecanismos concretos para garantizar que la asistencia llegue a destino.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez —quien asumió tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en enero de 2026—, enfrenta cuestionamientos por la lentitud de la respuesta estatal ante la catástrofe. Analistas consultados por Al Jazeera describieron la gestión gubernamental como “totalmente inexistente” o “completamente inadecuada”, en un país cuya infraestructura de emergencias quedó deteriorada por años de crisis económica y corrupción.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 120 jornadas consecutivas con resultado favorable en el mercado cambiario, luego de alcanzar y superar su meta anual de reservas. Este jueves, la entidad incorporó USD 25 millones, elevando el total adquirido en 2026 a más de 11.200 millones de dólares.

Desde la entrada en vigor del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA sumó USD 11.215 millones mediante operaciones en el mercado y operaciones en boque. Solamente el 2 de enero se registró un saldo negativo, mientras que en el resto de los días se concretaron adquisiciones. El 10 de abril se anotó el mayor monto diario, con 457 millones de dólares.

Las proyecciones oficiales para este año estimaban un saldo neto comprador de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo del flujo de divisas y la demanda de pesos. Santiago Bausili, titular del BCRA, subrayó que la evolución de estos factores será clave para cumplir con los objetivos establecidos.

Durante junio, la autoridad monetaria redujo el ritmo de intervención para evitar un incremento en la presión sobre el tipo de cambio. La demanda de dólares creció ese mes y, como resultado, el dólar avanzó más de 5%, superando el índice de inflación por primera vez desde octubre de 2025.

En el sexto mes del año, las compras alcanzaron los USD 1.418 millones, una cifra inferior a los USD 2.596 millones de mayo, convirtiéndose en el segundo volumen mensual más bajo en lo que va del año, solo por encima de enero. En los dos primeros días hábiles de julio, suma 50 millones de dólares.

Pese a la desaceleración, el BCRA ya sobrepasó la meta anual de adquisición de divisas. En los primeros meses del año, el crecimiento de las reservas netas estuvo condicionado por las necesidades de financiamiento del Tesoro. Para mantener su nivel de intervención, la entidad emitió pesos sin esterilización, mientras que el Tesoro recurrió a la deuda local para mitigar los efectos en el tipo de cambio y la inflación.

El agro y la energía contribuyeron de modo relevante al ingreso de dólares, junto con la emisión de deuda externa por parte de empresas y gobiernos provinciales, lo que otorgó mayor margen de maniobra al BCRA. En mayo, las colocaciones habían escalado a USD 1.500 millones y, desde las elecciones legislativas, el monto total supera los 12.000 millones de dólares.

Al finalizar la última jornada, las reservas brutas se ubicaron en USD 48.004 millones, con una suba diaria de casi 1.000 millones de dólares. Según fuentes oficiales del Central, el incremento del stock responde a compras, cotizaciones y el regreso de un remanente de los movimientos de fin de mes que se habían ido en el cierre de junio.

El dólar operó estable

El dólar mayorista mantuvo estabilidad este jueves, con operaciones en el segmento de contado que sumaron 558 millones de dólares. Aunque este nivel es alto, representa una caída de unos USD 260 millones respecto a los volúmenes diarios registrados entre lunes y miércoles, que se ubicaron en los máximos del año.

Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, señaló que el feriado de este viernes en Estados Unidos anticipa un impacto en la actividad local, lo que podría explicar el descenso en el monto negociado.

El dólar mayorista retrocedió un peso y cerró en $1.488, luego de haber alcanzado el día anterior el valor más alto desde el 24 de octubre pasado ($1.492, récord nominal). De esta manera, el tipo de cambio oficial cortó una racha de tres subas consecutivas en las que el monto negociado en el spot superó los 800 millones de dólares.

El Banco Central estableció el límite superior de la banda cambiaria en $1.809,35, dejando al dólar mayorista a 321,35 pesos o 21,6% de ese tope previsto para una posible intervención.

En el mercado de futuros del dólar, se pactaron contratos por el equivalente en pesos a más de USD 1.400 millones, reflejando la presencia activa del Central con ventas orientadas a moderar las expectativas de precios, especialmente en las posiciones con vencimiento más cercano. Para el cierre de julio, las posiciones se ajustaron solo un peso, a $1.508, equivalente a una variación de 0,1 por ciento.

El interés abierto superó los USD 3.500 millones, aunque este monto continúa lejos del máximo permitido para la intervención del Banco Central en este mercado, cuyo tope se fijó en el equivalente a USD 9.000 millones, ya que las operaciones de futuros se liquidan en pesos.

El avance del brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda ya supera 1.400 casos y 400 muertes a comienzos de julio, en una epidemia que TIME sitúa como la segunda mayor registrada. La rapidez del aumento y una respuesta internacional más débil han encendido las alertas entre responsables sanitarios y expertos.

El brote preocupa por su velocidad de expansión, porque corresponde a la cepa Bundibugyo, para la que no hay vacunas ni tratamientos ya disponibles como los desarrollados para la cepa Zaire, y porque avanza en una zona con vigilancia débil, desinformación, movilidad transfronteriza y sistemas de salud precarios. Según TIME, especialistas y autoridades sanitarias sostienen que los recortes, la menor coordinación internacional y la pérdida de capacidad técnica han dificultado contenerlo a tiempo.

El primer paciente del que se informó de forma oficial fue una enfermera que llegó el 24 de abril a un hospital de Bunia con fiebre, vómitos y hemorragias. Los laboratorios locales no tenían el equipo necesario para analizar su muestra y el envío a Kinshasa tardó varios días.

Mientras tanto, ella y otras personas con ébola permanecieron en la comunidad y algunas cruzaron hacia Uganda. El texto de TIME señala que el virus probablemente circuló durante semanas, y quizá meses, antes de que se detectara.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote en mayo. Aproximadamente una semana después, al recibir reportes de más casos, lo declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional.

La inquietud no se limita al tamaño del brote, sino también a su ritmo. “Nunca habíamos visto una epidemia crecer tan rápido como esta”, dijo a TIME el doctor Alan Gonzalez director adjunto de operaciones de Médicos Sin Fronteras.

“Esto es enorme”, añadió Gonzalez al semanario. El doctor Tom Frieden, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) durante la crisis de 2014, describió a TIME la epidemia actual como una prueba que el mundo no está superando.

Aquel brote en África occidental dejó más de 11.000 muertos e impulsó vacunas, pruebas y tratamientos para la cepa Zaire. Pero la cepa Bundibugyo que circula ahora no queda cubierta por esas herramientas y varios de los avances logrados desde entonces se han debilitado, según especialistas citados por el medio.

Obstáculos locales para contener el virus

En Mongbwalu una ciudad minera remota de la provincia de Ituri, la detección temprana tropezó con síntomas que podían confundirse con malaria, tuberculosis o con efectos de la exposición ligada a la búsqueda de minerales. Fiebre, dolor de cabeza y dolor corporal no apuntaban de inmediato al ébola para muchos habitantes.

La doctora Marie Roseline Belizaire, directora de emergencias para África de la OMS, relató a TIME una historia que escuchó al llegar a la zona. Tras la muerte de una mujer que había viajado de Mongbwalu a Uganda, el ataúd se rompió durante el traslado del cuerpo de regreso. Quienes participaron en el cambio de féretro enfermaron y murieron 10 días después. “Decían que era brujería”, contó Belizaire a TIME.

La médica agregó que algunos vecinos le dijeron que habían visto volar el ataúd y que este volvió para llevarse a quienes lo quemaron. En ese contexto, explicó al semanario, el ébola era lo último que se les ocurría.

La forma de propagación del virus agrava el problema. El ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales y los cuerpos de personas recién fallecidas concentran altos niveles del virus. Pero en Congo los funerales incluyen el contacto y la manipulación del cadáver. Ese choque entre el control sanitario y la costumbre social ha derivado en hostilidad contra el personal médico.

Durante este brote, clínicas fueron atacadas e incendiadas, lo que ha ampliado las dificultades para cortar la cadena de contagios. Según TIME, la pérdida de líderes comunitarios formados en crisis anteriores también debilitó la respuesta local.

En el brote de 2018, Mercy Corps trabajó con gobiernos locales para formar a líderes comunitarios y supervivientes de ébola con el fin de explicar los riesgos del virus y la utilidad de colaborar con el personal sanitario. Pero la inestabilidad en la zona y la reducción de fondos deshicieron esa red.

Onesphore Bangenza, jefe del equipo de respuesta al ébola de Mercy Corps, dijo a TIME que las autoridades locales ahora tienen que empezar desde cero. “Debían estar aquí; tienen la confianza de la comunidad”, afirmó sobre esas personas capacitadas.

La confusión también alcanza a la propia cepa Bundibugyo. Belizaire explicó a TIME por qué personas vacunadas en brotes anteriores no están protegidas ahora: “El ébola tiene seis hijos e hijas. Y para el primero, tenemos una vacuna. Pero para los otros, no”.

Cómo pesan los recortes y cambios de política

La respuesta internacional ante emergencias sanitarias se ha debilitado tras el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que derivó en miles de recortes de empleo y en la reducción de funciones clave, como la vigilancia y respuesta ante enfermedades.

Expertos citados por TIME advierten que esta salida, sumada a recortes presupuestarios y de personal, ha dejado a Estados Unidos y a la comunidad global con menos capacidad para detectar y responder de manera temprana a brotes epidémicos. Programas de monitoreo en regiones críticas, como el este del Congo, fueron cerrados abruptamente, lo que dificultó la identificación de nuevas amenazas.

La política actual privilegia acuerdos bilaterales y condiciona la ayuda exterior a la alineación con intereses estratégicos, lo que representa un giro respecto al enfoque colaborativo previo. Funcionarios del Departamento de Estado sostienen que los fondos para amenazas como el ébola están en fase de reprogramación, pero organizaciones como Partners in Health advierten que el sistema está experimentando un reinicio no consensuado.

Estados Unidos sigue realizando aportes financieros, aunque en menor escala y bajo un esquema diferente al de crisis anteriores: destinó 270 millones de dólares directamente para combatir el brote actual, junto a sumas adicionales para otros países y para tratamientos y vacunas.

Sin embargo, la comparación con la epidemia de 2014, cuando se movilizaron casi 2.000 millones de dólares solo para la respuesta inmediata, evidencia una reducción significativa. Según responsables de la OMS, la principal pérdida no es solo monetaria, sino la falta de colaboración con los CDC estadounidenses, considerados socios técnicos fundamentales para la respuesta global.

La carrera por vacunas y tratamientos para Bundibugyo

La respuesta médica también avanza con límites claros. Estados Unidos donó dosis de un tratamiento experimental con anticuerpos para la cepa Bundibugyo y los primeros pacientes de un ensayo lo recibieron a comienzos de julio.

Aun así, el control del brote exige una vacuna específica. Teresa Lambe, responsable de inmunología de vacunas de la Universidad de Oxford, dijo a TIME que ya existe una candidata que parece funcionar en animales y que el gran freno nunca fue científico, sino económico.

Semanas después de la alerta de la OMS, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) anunció a finales de mayo una inversión de casi USD 62 millones para desarrollar tres vacunas contra Bundibugyo, incluida la de Oxford. Lambe trabaja ahora con el Instituto Serum de India para completar pruebas en hurones y espera tener dosis listas para ensayos en personas en Congo este verano.

Moderna también recibió apoyo de CEPI para una vacuna de ARNm contra Bundibugyo. Otra candidata, del IAVI, podría tardar entre siete y nueve meses en desarrollarse.

Para varios expertos citados por TIME, el problema de fondo no empieza cuando estalla una emergencia, sino mucho antes. Jha sostuvo que hay alrededor de una docena de virus capaces de causar enfermedades muy graves en humanos y que debería existir una preparación previa para todas sus cepas.

Sheila Davis, directora ejecutiva de Partners in Health, resumió ante TIME el costo de esa demora con un argumento práctico: reforzar los sistemas de salud cuesta menos que montar una respuesta de emergencia. Frieden y otros responsables coinciden en que las herramientas para contener virus como el ébola ya existen, pero sin personal, vigilancia estable y financiación sostenida, esas capacidades llegan tarde cuando más se necesitan.

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) anunció la detención de ocho personas tras descubrir una red internacional dedicada a drogar y abusar sexualmente de mujeres conocidas, una operación que dejó al descubierto el alcance global de esta modalidad delictiva y la existencia de comunidades organizadas que intercambian métodos, materiales y víctimas en internet.

La investigación comenzó a raíz de una pista recibida por periodistas alemanes sobre una plataforma digital utilizada para coordinar agresiones sexuales facilitadas con drogas. A partir de esa información, los agentes de la NCA identificaron a más de 270 personas asociadas con esa red.

Según las autoridades, sus miembros operan en decenas de países y se comunican a través de foros, chats cerrados y servicios de mensajería cifrada. En paralelo, las autoridades británicas abrieron 14 líneas de investigación en el Reino Unido y en el extranjero, y confirmaron que los detenidos formaban parte de una estructura criminal transnacional.

El caso recordó el proceso penal de 2025 en Francia, donde la víctima Gisele Pelicot denunció haber sido drogada y violada durante años por su marido y por desconocidos, lo que impulsó la aparición de otros testimonios y denuncias similares en Alemania, Países Bajos y otras naciones europeas.

Las autoridades advirtieron que el fenómeno dejó de tratarse de conductas aisladas para convertirse en una amenaza organizada, que evoluciona gracias a herramientas digitales y que afecta principalmente a mujeres en contextos de confianza o relaciones íntimas.

Durante la operación, los agentes descubrieron grupos privados donde los participantes compartían imágenes y vídeos de las víctimas, explicaban cómo suministrar sustancias incapacitantes y coordinaban nuevos ataques. Además, en estos espacios se difundían mensajes misóginos y se traficaban fármacos y drogas, lo que permitió a los investigadores identificar cuatro nuevas comunidades en línea vinculadas a estas prácticas.

El intercambio internacional de información, impulsado por el Proyecto Medusa, una iniciativa coordinada por Alemania y el Reino Unido con el respaldo de Europol, la agencia de la Unión Europea para la cooperación policial, permitió identificar a 156 víctimas y a un número similar de agresores en distintos países.

Los responsables de la investigación detallaron que la mayoría de las víctimas conocía a sus agresores, quienes solían ser parejas, familiares, amigos o personas de confianza que aprovecharon esa relación para administrar drogas o medicamentos sin consentimiento. En muchos casos, la mezcla de varias sustancias puso en riesgo la vida de las víctimas.

Las agresiones sexuales facilitadas con drogas consisten en incapacitar a la persona afectada mediante alcohol, medicamentos u otras sustancias, con el objetivo de impedir que pueda dar un consentimiento válido para la actividad sexual. Según los investigadores, este mecanismo afecta la capacidad de resistirse, recordar el ataque o percibir los efectos físicos de la agresión, lo que dificulta la detección y la denuncia de los delitos.

(Con información de AFP)

La disputa por el uso del nombre de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados volvió a exponer la profunda crisis interna que atraviesa el partido. La controversia, sumada a la fragmentación de los bloques radicales y a un video viral en el que varios jóvenes no lograban identificar a Raúl Alfonsín, sirvió como disparador de un debate sobre la identidad y el presente de la fuerza durante Infobae a la Tarde, que culminó con una entrevista a Ricardo Alfonsín.

La conversación comenzó a partir de un contenido que circuló en redes sociales, donde distintos jóvenes confundían al expresidente con figuras como Guillermo Francella o Juan Domingo Perón. “Se lo mandé a un radical y me dijo: ‘Ya lo había visto y me quiero morir’. ¿Por qué? Porque confundieron a Raúl Alfonsín con Francella y con Perón”, relató Maia Jastreblansky. Si bien aclaró que el video no necesariamente refleja el nivel de conocimiento de toda la sociedad, consideró que expone una pérdida de referencia sobre la historia del radicalismo.

Ese diagnóstico derivó rápidamente en el conflicto político que hoy divide a la UCR. En Diputados conviven dos espacios surgidos del radicalismo: Democracia para Siempre, encabezado por Pablo Juliano y cercano a Martín Lousteau, y el bloque que conserva formalmente el nombre Unión Cívica Radical, alineado con gobernadores como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero. “Hoy lo que trasciende es el conflicto y se están peleando por el sello del partido, por la marca, por la UCR”, resumió Jastreblansky.

La tensión se profundizó luego de que un sector de los diputados radicales acompañara al Gobierno en votaciones sensibles, entre ellas la relacionada con el financiamiento universitario. Diego Iglesias recordó que la defensa de la universidad pública forma parte de la tradición histórica del partido y sostuvo que ese posicionamiento explica las críticas que recibieron esos legisladores.

El enfrentamiento también se trasladó al recinto. Durante una sesión, Pablo Juliano acusó al sector enfrentado de apropiarse de la identidad partidaria. “Qué gran ocurrencia afanarse el logo de la Unión Cívica Radical la misma semana que conocemos esa actitud de algunos que se hacen llamar dirigentes. No son dirigentes, son delincuentes. Tratémoslo como delincuentes”, afirmó. El conflicto derivó además en una presentación formal ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para reclamar que ese bloque deje de utilizar el nombre de la UCR por considerar que ya no representa los valores históricos del partido.

El debate también abordó el desafío que enfrentan las estructuras partidarias en una política cada vez más atravesada por liderazgos personales. Maia Jastreblansky destacó que la conducción nacional, encabezada por Leandro Chiarella, busca impulsar una renovación generacional apoyándose en la gestión de los intendentes radicales y en una mayor presencia de la militancia juvenil.

Sin embargo, Tomás Trapé planteó que el problema excede al radicalismo. “Me da la sensación de que lo que se rompió fueron los intermediarios. Hoy la identificación es con una persona, no con el partido”, señaló. En la misma línea, Paula Guardia Bourdin se preguntó cuál es hoy el sentido de pertenecer a una estructura partidaria cuando los votantes se identifican cada vez más con liderazgos individuales que con organizaciones políticas.

En ese contexto, Ricardo Alfonsín vinculó la crisis actual con un cambio de rumbo que, a su juicio, comenzó hace una década. “La Unión Cívica Radical, desde el año 2015, no ha hecho otra cosa que transgredir ese sistema de ideas y representar sectores que no son los que nosotros nacimos para representar. En pocas palabras, se corrió a la derecha”, afirmó.

Para el exdiputado e hijo del expresidente, la discusión por el sello partidario es apenas la consecuencia de una transformación mucho más profunda. “Esto no es la Unión Cívica Radical. Esta es una herramienta electoral que está defendiendo ideas que nada tienen que ver con la Unión Cívica Radical”, sostuvo, antes de remarcar que un partido político “es, además de una herramienta electoral, un conjunto de ideas, de principios y de valores que se traducen en programas de gobierno y determinan la representación social”.

Con ese diagnóstico, Alfonsín relativizó la posibilidad de una reconstrucción inmediata de la fuerza, aunque expresó su deseo de que exista un espacio que vuelva a defender esos principios. “Aspiro a que alguna institución, ojalá sea la misma, aunque esto me parece bastante difícil por lo menos en el corto plazo, pelee por este conjunto de valores”, dijo.

Sobre el final de la entrevista también se refirió a la intención del Gobierno de eliminar las PASO y sostuvo que la iniciativa responde a una lógica electoral. Según planteó, el oficialismo entiende que unas primarias abiertas favorecerían la articulación de la oposición, mientras que su eliminación aumentaría la fragmentación. “El Gobierno está muy preocupado por eliminar las PASO porque cree que si hay PASO va a perder las elecciones. Si no hay PASO, es posible que se fragmente la oposición”, concluyó.

Con la disputa por el sello todavía abierta, el debate dejó al descubierto una discusión que trasciende el nombre de un bloque legislativo: quién representa hoy al radicalismo y si la UCR conserva la identidad política que la convirtió en una de las fuerzas centrales de la democracia argentina.

—

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Casi el 30% de los argentinos opera en el mercado de capitales y, en los últimos años, los cedears, las obligaciones negociables y las cauciones encabezaron el crecimiento de la plaza financiera local, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sobresaliendo como el distrito con mayor porcentaje de inversores.

Así se desprende del último informe elaborado por BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos). Al cierre de mayo de 2026, el número de cuentas abiertas en Caja de Valores superó los 24,6 millones, lo que equivale al 55% de la población económicamente activa y a casi un tercio de la población total del país. El incremento registrado desde 2018 alcanza el 1.967%, cifra que ilustra el salto en la participación ciudadana dentro del sistema financiero formal, que incluye las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales.

El documento indica que más de 12,3 millones de personas poseen una cuenta comitente. En el último año, el promedio mensual de cuentas operativas llegó a 1.087.847, lo que representa que 1 de cada 21 personas económicamente activas opera en la bolsa cada mes. Desde 2024, la actividad inversora se aceleró: la cantidad de operaciones mensuales aumentó 90%, y el volumen promedio negociado por cuenta subió 82 por ciento. El flujo de operaciones entre 2024 y 2025 creció 116% y, en lo que va de 2026, ya se negoció casi la mitad de ese total.

Los instrumentos más elegidos

En términos de instrumentos, el reporte señala que los Cedear, certificados que representas acciones de empresas que cotizan en el exterior y permiten comprarlas y venderlas en la Bolsa de Argentina, y las cauciones, préstamos bursátiles de corto plazo, fueron los segmentos con mayor crecimiento en los últimos años. Entre 2018 y 2026, los Cedear aumentaron 12.328% y las cauciones 8.840 por ciento. Los títulos públicos y las obligaciones negociables también evidenciaron avances, con subas del 1.079% y 1.321%, respectivamente.

El estudio puntualiza que “el crecimiento más significativo de los Cedear se dio en 2019, con una suba de 369,3% respecto del año anterior”. Actualmente, más de un millón de personas mantienen posiciones en esta opción, siendo los instrumentos más operados aquellos vinculados a empresas como Vista, Mercado Libre, Microsoft, Nu Bank, Nvidia y Meta, además del que replica al S&P 500.

El ranking provincial

En cuanto a la distribución geográfica, el reporte muestra que la participación del interior del país crece año tras año. En mayo de 2026, el 47% de las cuentas comitentes correspondía al interior, frente al 41% de 2023. Las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza lideran el crecimiento fuera del área metropolitana. Córdoba, en particular, concentra el 20,3% de las cuentas en relación a su población económicamente activa, seguida por Santa Fe y Mendoza. “La federalización del mercado es uno de los procesos más notables del último trienio”, subrayaron desde BYMA.

El ranking de provincias por proporción de personas físicas inversoras lo encabeza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con el 24,2%, seguida por Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Fe y Catamarca. Córdoba destaca por registrar una cantidad de cuentas comitentes equivalente al 296% de su población económicamente activa, mientras que CABA alcanza el 258 por ciento.

El volumen diario promedio de negociación al cierre de mayo de 2026 llegó a USD 12.261 millones, lo que representa un aumento del 1.866% respecto a 2018. El informe subraya que entre 2024 y 2025 se dio el mayor salto, con un incremento del 158% en el volumen negociado.

El promedio diario de órdenes pasó de 7,6 millones en 2024 a 17,5 millones en 2026. Solo en mayo, el promedio diario de órdenes fue un 94,2% mayor que el mismo mes del año anterior y el sistema procesó picos de más de 25 millones de órdenes en una jornada.

En el financiamiento empresarial, las obligaciones negociables representaron el 46% de los fondos obtenidos por empresas en el mercado de capitales entre enero y junio de 2026. Para las pymes, los pagarés y los cheques de pago diferido fueron instrumentos clave, con participaciones del 24% y 21% respectivamente. “Estas herramientas son fundamentales para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas en todo el país”, sostiene BYMA.

Por otra parte, la participación femenina en el mercado de capitales también presentó avances. Al cierre de mayo de 2026, las mujeres representaban el 40% de la base total de inversores, con un incremento de 5 puntos porcentuales desde 2023. El análisis señala que “el porcentaje de nuevas cuentas abiertas por mujeres creció 42,8% en comparación con mayo de 2025”.

¿El mercado argentino es chico?

Durante la presentación del informe, el CEO de BYMA, Gonzalo Pascual Merlo, ponderó ante la prensa el crecimiento del mercado de capitales en los últimos años y rechazó, de manera enfática, las voces que describen al mercado argentino como “chico” o poco profundo, como alguna vez mencionó el ministro de Economía, Luis Caputo. En efecto, el titular de Hacienda impulsó la ley de Inocencia Fiscal y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dentro de la reforma laboral, para darle mayor dinamismo a los flujos financieros y económicos.

“Yo creo que el mensaje del ministro está mucho más orientado a que hay espacio de oportunidad para hacerlo crecer. Y estoy de acuerdo. Lo que le falta al mercado de capitales argentino son inversores de largo plazo consolidados”, planteó Merlo.

¿Qué falta para que eso ocurra? “Grandes pools de liquidez que puedan ir nutriendo más la construcción, sobre todo cuando querés que se dinamice ese mercado primario donde las empresas vienen a buscar financiamiento”, respondió.

Y agregó: “Desde esa perspectiva, el FAL será un gran valor sobre ese punto. Si en algún momento aparece una alternativa a lo que hoy es el FGS como gran jugador, también se van dando oportunidades para que esto redinamice. Pero decir que no hay mercado de capitales no es cierto”.

A modo ilustrativo, el titular de BYMA planteó que el interés inversor por los Bonares 2027 y 2028, que alcanzaron un nivel de emisión de USD 4.000 millones entre ambos, demuestra hasta qué punto el mercado da respuesta a este tipo de colocaciones.

Un campo de golf de 18 hoyos se extiende sobre una franja de terreno en Malkins Bank, a las afueras de Sandbach, en el condado de Cheshire, Reino Unido. Lo que pocos conocían es que bajo ese césped yacen miles de barriles con residuos químicos, procedentes de décadas de actividad industrial y vertidos indiscriminados. El lugar, que hoy se utiliza también como zona de juegos infantiles, fue clasificado oficialmente como contaminado por las autoridades locales.

De acuerdo con un informe publicado por el diario británico The Guardian, la contaminación de Malkins Bank se remonta al menos al siglo XIX, cuando la zona funcionaba como salina y, más tarde, como planta de productos químicos.

El campo de golf, propiedad del ayuntamiento desde 1980, se asienta sobre un antiguo vertedero que recibió desechos industriales, bidones con sustancias peligrosas y, según registros, incluso residuos radiactivos durante la segunda mitad del siglo XX.

La historia industrial y los vertidos

La zona cuenta con una larga tradición industrial. Desde mediados del siglo XIX, la extracción de salmuera y la producción de álcalis marcaron el paisaje y la economía local. Durante la Primera Guerra Mundial, el lugar habría producido nitrato de amonio para bombas y, luego, se empleó para el llenado de municiones. A partir de 1950, se utilizó como vertedero, y en la década de 1960 comenzaron los vertidos sin control, según documentos obtenidos por The Guardian.

Un registro de 1968 recogido por el medio detalla que, solo en marzo de ese año, se depositaron más de 1.000 toneladas de residuos, incluidos cal, desechos de curtiduría y bidones con sustancias no especificadas, provenientes de empresas como ICI, Shell y Purle Group. Esta última figura en informes por haber vertido bifenilos policlorados (PCB), compuestos cancerígenos de alta persistencia. Los vecinos recuerdan vertidos nocturnos y protestas por olores intensos.

“La compañía ICI venía a medianoche y se deshacía de todos los bidones de ácido”, relató Dave Parry, antiguo empleado local, en declaraciones recogidas por el portal de noticias británico.

Las autoridades cerraron el vertedero tras años de litigios, pero solo lograron recuperar una fracción mínima de los costes legales y de rehabilitación. Los informes oficiales describían el terreno como un “montón de miles de bidones que contienen diversas sustancias tóxicas mezcladas con lodo salino”. También se reportó la presencia de cianuro de sodio y existía preocupación por el riesgo de hundimientos debido a la red de cavernas de sal bajo el sitio.

Una anotación de archivo de 1984 incluso recoge la sospecha de vertidos radiactivos, aunque estudios posteriores concluyeron que no existía riesgo adicional para las personas.

La gestión oficial: campo de golf y riesgos ambientales

Tras la clausura del vertedero, el ayuntamiento rehabilitó el terreno durante cuatro años y, en 1980, inauguró el campo de golf. Según The Guardian, trabajadores del proyecto debían detenerse a lavarse los ojos por los vapores que desprendía el suelo. Durante tres décadas, se registraron malos olores y escapes de lixiviados que dañaban el césped. Análisis oficiales detectaron metales pesados, benceno y tolueno en niveles que habitualmente exigen limpieza, y en 2011 el consejo de Cheshire East declaró el lugar contaminado al comprobar que la polución se extendía por las aguas subterráneas.

El coste de una remediación integral ascendía a 1.300 millones de libras (aproximadamente USD 1.716), cifra considerada inviable por el ayuntamiento, que optó por mantener el uso recreativo al considerar bajo el riesgo para la salud humana. “El ayuntamiento ha llevado a cabo una investigación detallada y una gestión continua del antiguo vertedero de Malkins Bank, que ha funcionado como campo de golf durante varias décadas”, indicó un portavoz.

En 2022, lluvias intensas provocaron la salida de sustancias malolientes a la superficie, matando el césped y afectando árboles. Un informe de la empresa Obsidian Environmental responsabilizó a la falta de sellado y a un drenaje insuficiente. Desde entonces, el consejo tramita mejoras en el drenaje y mantiene la supervisión del lugar.

Reacciones vecinales y consecuencias actuales

La filtración de documentos pertenecientes a la exconcejala de la zona Vera Platt permitió a los residentes comprender la magnitud del problema. “Es una catástrofe anunciada”, sostuvo Graham Warner, vecino afectado, al constatar la presencia de polvo de óxido en su sótano y tuberías anaranjadas que desembocan en arroyos cercanos. “Es como una gran sopa química bajo el césped”, declaró Karen Mason, esposa de un exjugador local, en entrevista con The Guardian. Los documentos revelan que los residuos podrían permanecer tóxicos durante al menos 100 años.

El arrendatario del campo entre 2011 y 2025, Tony Minshall, afirmó que nunca fue informado oficialmente de la declaración de terreno contaminado. “No es apto para nadie, y mucho menos para jugar al golf”, lamentó. Tras las inundaciones de 2022 y la caída de clientes, su empresa entró en liquidación y el impacto personal fue severo.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra), existen cerca de 100 campos de golf sobre antiguos vertederos en Inglaterra y Gales. Para los residentes de Malkins Bank, la revelación de los documentos supone un recordatorio permanente de los riesgos ocultos bajo el césped y la responsabilidad pendiente de las autoridades y empresas implicadas. Actualmente, el campo continúa operativo y ofrece actividades infantiles como tirolesa y castillos inflables.