El Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria y ordenó a Granja Tres Arroyos dejar sin efecto los despidos efectuados en los últimos días en su planta de Concepción del Uruguay, que según la empresa alcanzan a 270 operarios.
A través de la Resolución Nº 363/2026 STySS, el gobierno entrerriano estableció la vigencia de la medida por 15 días hábiles y fijó una audiencia de conciliación para el jueves 20 de agosto.
La resolución ordena retrotraer la situación al estado previo a la comunicación de los despidos, efectuada desde el viernes 7 de agosto. En ese marco, se intimó a Granja Tres Arroyos a reincorporar de manera inmediata a los trabajadores despedidos desde las 00.00 de ese día, y “a abstenerse de cualquier represalia contra el personal o la organización sindical”.
Por su parte, los sindicatos y trabajadores fueron intimados a “dejar sin efecto toda medida de acción directa y a retomar las tareas de manera normal y habitual mientras dure la conciliación”.
Los despidos
Granja Tres Arroyos, la empresa avícola más grande del país, decidió desvincular esta semana a 270 trabajadores de su planta La China, ubicada en la localidad de Concepción del Uruguay, argumentando “una grave disminución de trabajo no imputable a este empleador”, como consecuencia de “circunstancias extraordinarias” que afectaron su nivel de actividad.
Por su parte, los gremios, que rechazaron la medida de la empresa, aseguran que la cantidad de personal despedido podría ascender a 400 personas, de los 900 que se desempeñaban en la planta.
En los telegramas de despido, la firma cita como una de las principales razones de su debacle productiva y económica a los brotes de gripe aviar y el consecuente cierre de exportaciones, lo que llevó a una “reducción de los envíos al exterior”, como así también a una “sobreoferta en el mercado interno, una marcada caída de los precios de comercialización y un sostenido incremento de los costos de explotación”.
Este combo, explicó la empresa, derivó en un “profundo deterioro de la situación económica y financiera de la empresa”.
Cabe recordar que Granja Tres Arroyos había anunciado a finales de mayo el cierre de esta planta “por tiempo indeterminado” debido a “los constantes conflictos gremiales que paralizaron las operaciones, generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región”, determinando la suspensión de sus trabajadores.
En este contexto, ingresó en un proceso preventivo de crisis, implementó un programa de retiros voluntarios y afronta sus obligaciones de manera escalonada y en cuotas.
En este contexto, el Gobierno provincial desarrolló distintas acciones para asistir a los más de 900 trabajadores, cuya actividad está paralizada desde el 26 de mayo. Entre ellas, la entrega de 1.900 módulos alimentarios, la gestión de 825 solicitudes de subsidios de $200.000 —cuyos pagos ya comenzaron y se ampliarán a 1.075 trabajadores—, una tarifa social de energía eléctrica para 525 trabajadores durante dos bimestres y la gestión de una prórroga y refinanciamiento de su deuda con Enersa.
También se elaboró un protocolo con el Hospital J.J. Urquiza para la atención y provisión de medicamentos a trabajadores con enfermedades crónicas afiliados al STIA, cuya obra social quedó desfinanciada por la falta de pagos de la empresa.
Rechazo de los gremios
Por su parte, la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Concepción del Uruguay rechazaron los despidos y cuestionaron “el accionar artero e irresponsable de la empresa frente a la grave situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras”.
“Mientras la FTIA, junto a las organizaciones gremiales hermanas de Uatre, la Carne y Molineros, y las filiales de los sindicatos de la Alimentación realizan denodadas gestiones ante la empresa y los gobiernos de Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba para encontrar alternativas que permitan paliar la situación, sostener el proceso productivo y lograr la activación de las plantas, la empresa avanza con despidos masivos que no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis”, sostuvieron en un comunicado conjunto.
Asimismo, denunciaron que entre los empleados despedidos se encuentran delegados gremiales y que los trabajadores “vienen soportando el atraso de más de cinco quincenas de sus salarios y una creciente incertidumbre, con las graves consecuencias que esta situación genera para la vida familiar de los trabajadores y trabajadoras”.
“Desde la FTIA exigimos la preservación de las fuentes de trabajo y un accionar responsable de parte de la patronal y las Autoridades Nacionales. Las y los trabajadores no pueden ser quienes paguen las consecuencias de la crisis, en un delicado contexto que requiere compromiso, diálogo, soluciones y no más despidos. Ni ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra Concursal”, concluyó el escrito.
