La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece una prestación destinada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin empleo por motivos que no les resultan imputables. Alcanzan este beneficio los casos de despido sin causa, vencimiento de contratos y otras situaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo.
La Prestación por Desempleo busca garantizar un ingreso temporal durante el período de búsqueda de una nueva ocupación. El objetivo es compensar, de forma parcial, la pérdida de recursos que implica la desvinculación laboral.
PUBLICIDAD
Quiénes pueden pedir la prestación por desempleo
Para solicitarla, los trabajadores permanentes deben haber registrado, como mínimo, seis meses de aportes en los tres años anteriores al despido o al fin de su contrato.
Los empleados eventuales y de temporada, en tanto, deben acreditar menos de 12 meses de trabajo durante los últimos tres años y más de 90 días de aportes en los 12 meses previos a la desvinculación.
La cantidad de cuotas —entre dos y 12— y el importe mensual se determinan según los salarios percibidos y los períodos con aportes registrados en los tres años previos a la presentación. Las personas mayores de 45 años pueden acceder a seis meses adicionales de cobertura.
PUBLICIDAD
La Anses también tramita la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social a nombre del titular. Allí se deposita la prestación y el banco asignado entrega una tarjeta de débito para realizar extracciones y operar en cajeros automáticos.
Si el solicitante ya cobra otra prestación de Anses a través de una cuenta bancaria, el organismo utilizará esa misma cuenta. A su vez, quienes cuenten con una caja de ahorro propia pueden pedir a la entidad financiera que la convierta en una Cuenta de la Seguridad Social.
El cobro de la prestación puede combinarse con asignaciones familiares, entre ellas la asignación por prenatal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones por nacimiento o adopción, la ayuda escolar anual y la asignación por matrimonio.
PUBLICIDAD
Cómo se hace el trámite
La prestación está dirigida a quienes perdieron un empleo formal y reúnen las condiciones exigidas por la normativa laboral.
Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.
Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.
Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.
No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.
Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.
En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.
Para comenzar la gestión, el interesado debe presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), en original y copia, junto con la constancia de desempleo, también en original y copia. La documentación requerida para acreditar la desvinculación depende de cada situación.
El trámite está disponible en la web de Anses, dentro de la sección “Atención Virtual”. Para ingresar se necesita CUIL y Clave de la Seguridad Social del usuarios en cuestión, que puede crearse en el momento si la persona todavía no cuenta con una. También es posible hacerlo de manera presencial en una oficina del organismo, con turno previo.
El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó que Londres está preparado para defender militarmente las islas Malvinas ante una eventual acción de Argentina. En declaraciones a The Sun on Sunday, sostuvo que las Fuerzas Armadas británicas cuentan con los medios necesarios para proteger el archipiélago.
Streeting rechazó las reiteradas reivindicaciones de soberanía del presidente Javier Milei y las calificó como una posición sin fundamento. También descartó que Argentina tenga la capacidad de tomar las islas por la fuerza.
PUBLICIDAD
Consultado sobre si el Reino Unido podría responder en el plano militar en caso de que Argentina enviara buques de guerra hacia las Malvinas, el ministro respondió de forma afirmativa. “Sí”, dijo al diario británico.
“Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas”, declaró Streeting. Más tarde, insistió en que no prevé un conflicto, aunque remarcó la capacidad defensiva británica.
El funcionario cuestionó los planteos del Gobierno argentino y afirmó que se repiten año tras año. En una de sus declaraciones utilizó un término despectivo para referirse a los argentinos, expresión que se reproduce únicamente por su relevancia informativa.
PUBLICIDAD
Londres sostiene que la cuestión quedó resuelta tras la guerra de 1982
El secretario de Defensa señaló que la disputa quedó definida luego de la guerra de las Malvinas de 1982, cuando el Reino Unido recuperó el control del archipiélago tras un conflicto de 74 días. En ese contexto, sostuvo que la población isleña ha expresado su voluntad de mantener el vínculo con Londres.
En el referéndum de 2013, el 99,8 % de los votantes de las islas Malvinas se pronunció a favor de que el territorio continuara bajo administración británica, según los datos citados por The Sun on Sunday.
Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas, a las que denomina Malvinas, así como sobre las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El Reino Unido administra el archipiélago y sostiene que la cuestión fue resuelta, mientras que Argentina considera que existe una disputa de soberanía que debe resolverse mediante negociaciones bilaterales.
PUBLICIDAD
La explotación petrolera y los anuncios oficiales elevaron la tensión diplomática
Las declaraciones de Streeting se producen después de una escalada política entre Argentina y el Reino Unido durante septiembre. La controversia se intensificó a partir de expresiones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible revisión de la posición de Washington respecto del archipiélago.
El 3 de septiembre, Milei anunció sanciones para las compañías que explotan hidrocarburos en la zona sin autorización argentina, fondos para una base naval en Tierra del Fuego y un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Las medidas apuntaron, entre otros, al proyecto petrolero Sea Lion, situado a 220 kilómetros al norte de las islas y con planes de iniciar su producción en 2028.
PUBLICIDAD
Las autoridades británicas calculan que ese desarrollo podría generar 2.000 millones de dólares en regalías durante 30 años. La explotación es impulsada por un consorcio integrado por Rockhopper Exploration, de capital británico, y Navitas Petroleum, con sede en Israel.
La respuesta británica incluyó el rechazo de las sanciones argentinas y la confirmación de que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en el archipiélago serán reemplazados por aeronaves Tranche 2, de mayor capacidad operativa, a fines de noviembre de 2027. El Ministerio de Defensa británico sostuvo que se trata de una rotación prevista con anterioridad a la actual tensión diplomática.
PUBLICIDAD
En el plano judicial, una jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó como medida cautelar que las petroleras señaladas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha el proyecto. A la vez, la Cancillería argentina preparaba gestiones ante Estados Unidos para que Washington evalúe una mediación, una posibilidad que requeriría la aceptación de Londres.
El Banco Ciudad realizará una serie de subastas online de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, con oficinas en el microcentro y propiedades provenientes de herencias vacantes en Constitución, Balvanera y Caballito. Las bases parten desde USD 36.850 y las pujas se efectuarán a través de la plataforma digital de la entidad.
La primera jornada será el 30 de septiembre, desde las 11, y tendrá como eje cinco pisos de oficinas situados en Tte. Gral. J. D. Perón 338, en el microcentro porteño. Cada unidad se ofrecerá en una subasta independiente, por cuenta y orden de Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA).
PUBLICIDAD
Las superficies de esos pisos van de 191,78 m² a 582,60 m². Sus precios base oscilan entre USD 114.202 y USD 348.463, según informó el Banco Ciudad. El comunicado no precisó la distribución, superficie ni precio inicial de cada uno de los cinco pisos por separado.
Cinco inmuebles saldrán a remate el 9 de octubre
La segunda fecha será el 9 de octubre desde las 10. En esa jornada se subastarán cinco propiedades vinculadas a herencias vacantes, entre ellas un terreno urbano con construcción, un monoambiente, un departamento de siete ambientes, otro de dos ambientes y una casa de varios ambientes.
El valor inicial más bajo corresponde a un monoambiente de 37,18 m² sobre la avenida Córdoba, en Balvanera. La base más elevada pertenece a un terreno urbano con construcción de 342,60 m² ubicado en la avenida Entre Ríos, en Constitución.
PUBLICIDAD
Los remates de estos bienes se realizan por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad. Según el Banco Ciudad, los recursos obtenidos por las ventas se destinan al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires.
Las propiedades que se rematarán
Terreno urbano con construcción en Av. Entre Ríos 1824/28, Constitución
Superficie: 342,60 m²
Precio base: USD 435.144
Depósito en garantía: USD 13.054
Hora de remate: 10
Departamento monoambiente en Av. Córdoba 2858, Balvanera
Superficie: 37,18 m²
Precio base: USD 36.850
Depósito en garantía: USD 1.105
Hora de remate: 10.45
Departamento de siete ambientes en Av. Rivadavia 2446, Balvanera
Superficie: 360,95 m²
Precio base: USD 261.300
Depósito en garantía: USD 7.839
Hora de remate: 11.30
Departamento de dos ambientes en Viel 246, Caballito
Superficie: 43,73 m²
Precio base: USD 61.631
Depósito en garantía: USD 1.848
Hora de remate: 12.15
Propiedad tipo casa de varios ambientes en Paracas 339 y 345, Constitución
Superficie: 271,56 m²
Precio base: USD 60.300
Depósito en garantía: USD 1.809
Hora de remate: 13
Cinco pisos de oficinas en Tte. Gral. J. D. Perón 338, microcentro porteño
Cantidad de unidades: cinco pisos, con subastas independientes
Superficies informadas: entre 191,78 m² y 582,60 m²
Precios base informados: entre USD 114.202 y USD 348.463
Fecha y hora de remate: 30 de septiembre, desde las 11
La información provista no detalla las características particulares, el valor base ni el depósito de garantía de cada piso
Cómo participar de las subastas online
Las personas interesadas deberán registrarse en la plataforma de subastas del Banco Ciudad hasta 48 horas hábiles antes del inicio de cada remate. Para intervenir deberán constituir un depósito en garantía, equivalente a un porcentaje del precio base de la propiedad elegida. Dentro del micrositio de remates del Banco Ciudad, se puede acceder a un video tutorial donde se explica el paso a paso para participar de la subasta.
PUBLICIDAD
La entidad indicó que el depósito de garantía se reintegrará de forma total a quienes no presenten ofertas o no resulten adjudicatarios. Quien gane una subasta podrá solicitar la tenencia del inmueble y cancelar de manera anticipada el saldo del precio una vez firmado el boleto de compraventa.
La Medida Provisoria 1.394, firmada este viernes, prohíbe “explotar, ofertar, intermediar y publicitar” apuestas de cuota fija. La normativa comprende a las plataformas deportivas y también a los casinos digitales, entre ellos los juegos popularmente conocidos como “Jogo do Tigrinho”.
Al tratarse de una medida provisoria, la norma comenzó a regir desde su publicación, aunque deberá atravesar el tratamiento del Congreso brasileño para mantener su vigencia.
El gobierno de Brasil apuntó al endeudamiento y los problemas de salud mental
La administración de Lula justificó la decisión por las consecuencias económicas y sociales que atribuye al crecimiento acelerado del juego online. “Es algo espeluznante; me recordó al comienzo del crack en este país. Las apuestas online son lo mismo, pero a un nivel muy superior porque son digitales y están al alcance de la mano”, sostuvo el presidente. “Es como el cáncer: o extirpamos el tumor o el tumor acaba con nosotros”.
Durante el anuncio realizado en San Pablo, el ministro de Economía, Dario Durigan, anticipó el alcance que tendrá la medida: “A partir de esta fecha no habrá ningún sitio, ninguna aplicación ni ningún patrocinio legal de apuestas en el país”.
La medida prohibió apuestas deportivas online y los casinos virtuales.
Archivo
Según Durigan, más de R$ 60.000 millones, unos u$s11.000 millones, pasan de los presupuestos familiares brasileños hacia las casas de apuestas. “Esto causa angustia y vergüenza. Hay gente que incluso se ha quitado la vida por ello”, afirmó.
El Ejecutivo acompañó la prohibición con otras iniciativas destinadas a enfrentar el endeudamiento de los hogares, entre ellas una nueva versión del programa Desenrola Brasil.
El impacto sobre una industria multimillonaria
La prohibición representa un cambio profundo respecto del esquema vigente durante los últimos años. Brasil habilitó las apuestas de cuota fija en 2018 y posteriormente avanzó en la reglamentación del sector, con un marco regulatorio aprobado en diciembre de 2023.
El negocio creció rápidamente desde entonces. Según los datos incluidos en el anuncio, el sector generó ingresos por R$ 36.900 millones durante el último año.
Hasta ahora, el Gobierno había concedido 85 licencias para operar apuestas, cada una valuada en unos u$s5,7 millones. De acuerdo con Durigan, esas autorizaciones no serán reembolsadas.
La decisión supone así el desmantelamiento del mercado legal de apuestas online que el propio Estado brasileño había regulado durante los últimos años.
Las casas de apuestas anticiparon una batalla judicial
Las empresas del sector rechazaron la medida y anticiparon que recurrirán a la Justicia. Su principal argumento es que eliminar el mercado regulado no terminará con las apuestas, sino que podría desplazar a los usuarios hacia plataformas clandestinas radicadas fuera del país.
“La prohibición no acaba con las apuestas en Brasil sino con la protección de quien apuesta”, señalaron en un manifiesto conjunto la Asociación Nacional de Juegos y Loterías, el Instituto Brasileño de Juego Responsable y las 85 casas que tenían autorización para operar.
André Gelfi, CEO de Betsson Group y miembro del Instituto Brasileño de Juego Responsable, planteó una posición similar: “Una prohibición tampoco elimina la demanda. El riesgo es que los consumidores se desplacen hacia operadores ilegales y offshore, donde no hay protección efectiva, tributación ni supervisión regulatoria. El mejor enfoque es perfeccionar la regulación”.
Según Gelfi, las apuestas online movilizan anualmente alrededor de R$ 15.000 millones, equivalentes a unos u$s2.890 millones, siendo una industria generadora de mucho dinero.
El fútbol brasileño entre los principales afectados
Uno de los sectores que enfrenta mayores consecuencias es el fútbol brasileño. Las casas de apuestas se transformaron durante los últimos años en una fuente central de ingresos para clubes, torneos y figuras deportivas.
O Brasil levou anos discutindo como regulamentar as apostas esportivas. O Congresso aprovou, o governo regulamentou, empresas pagaram para operar legalmente no país, fizeram investimentos e passaram a cumprir regras de fiscalização, tributação e proteção ao consumidor.
De acuerdo con los datos citados, las empresas del sector son actualmente los principales patrocinadores de 13 de los 20 clubes de la primera división brasileña y mantienen además acuerdos comerciales con estrellas como Neymar y Vinícius Júnior.
Flamengo fue uno de los clubes que cuestionó con mayor dureza la decisión. “No se puede crear una regla, llevar a empresas e instituciones a asumir compromisos basados en ella y, de la noche a la mañana, cambiar todo el marco regulatorio”, sostuvo la institución.
El club carioca advirtió además que la modificación “golpea de lleno al deporte brasileño” y puede afectar “al fútbol profesional, las categorías de base, el fútbol femenino, los deportes olímpicos y los campeonatos”.
“Prohibir a las empresas que operan legalmente no significa acabar con las apuestas. El juego no desaparece y el mercado clandestino, que representa una porción significativa de la actividad, crecerá y ocupará ese espacio”, agregó Flamengo. Fluminense, por su parte, reclamó al menos “un período de transición adecuado en caso de que haya cambios”.
O debate sobre a proibição das apostas é legítimo e não deve ser interditado. Há preocupações reais com endividamento e vício, mas qualquer decisão precisa considerar os seguintes pontos:
• Segurança jurídica e previsibilidade: empresas que cumpriram a regulamentação e… pic.twitter.com/HPsgSaciAC
La respuesta de Lula a los clubes y el cuestionamiento de Flávio Bolsonaro
El presidente rechazó los cuestionamientos provenientes del fútbol y defendió la prohibición como una medida destinada a proteger especialmente a los sectores de menores ingresos. “Que los equipos no me digan que sin las bets acaban (…) No tiene nada que ver”, respondió Lula. “Estamos intentando librar al pueblo más humilde del país de matarse por la perspectiva de ganar la lotería”, añadió.
El cambio regulatorio implica que los contratos publicitarios vinculados con las apuestas también queden alcanzados por la prohibición, lo que abre un escenario de incertidumbre para clubes, medios de comunicación, deportistas y otras organizaciones patrocinadas por las plataformas.
La decisión también ingresó de lleno en la campaña presidencial. Flávio Bolsonaro cuestionó al Gobierno por avanzar con la prohibición pocos días antes de la primera vuelta.
El candidato opositor calificó la decisión como “una nueva estafa del Gobierno de Lula” y cuestionó que la administración avanzara ahora contra una actividad que había sido reglamentada durante el actual mandato.
“Cuando autorizó las apuestas”, durante el gobierno de Michel Temer en 2018, “Lula tomó la decisión de perjudicar la vida de las personas para él poder recaudar R$ 20.000 millones y cubrir el agujero provocado por los gastos excesivos del Gobierno. Todo fue fríamente calculado”, afirmó.
La prohibición abrió así una disputa simultánea en los frentes económico, deportivo y político, mientras operadores y clubes analizan sus próximos pasos y el Congreso deberá definir el futuro de la medida provisoria.
El análisis de las planillas oficiales de Presupuesto para 2027 por jurisdicciones muestra que el Poder Legislativo Nacional contará con una autorización de gasto total de $1.079.699 millones entre partidas corrientes ($995.184 millones) y de capital ($84.515 millones), frente a $674.013 millones asignados inicialmente para el ejercicio 2026.
El incremento nominal es del 60,2%, pero, si se descuenta la variación de la inflación promedio proyectada entre ambos años, de 20,4% -no está explicitada en la presentación del Ejecutivo, pero se desprende de la progresión mensual para determinar la tasa anual a diciembre-, el presupuesto legislativo tendría una expansión real del 33 por ciento.
PUBLICIDAD
Sin embargo, el menor ritmo de desinflación que ahora se prevé para 2026, con una tasa entre extremos (diciembre-diciembre) de 29% en comparación con la original del año anterior de apenas 10,1%, determinó que el jefe de Gabinete de Ministros, junto al ministro de Economía, dispusiera en los últimos meses ampliaciones de las partidas de gasto para el Congreso a $763.355 millones. En comparación con ese monto, el aumento presupuestado en valores reales se atenúa a 17,5 por ciento.
La comparación a precios constantes surge de contrastar las variaciones nominales de las partidas con la inflación promedio proyectada para cada período. Por eso, se diferencia entre el presupuesto inicial de 2026, el crédito ampliado para ese ejercicio al 25 de septiembre de 2026 y las asignaciones previstas en el proyecto para 2027.
PUBLICIDAD
Para la elaboración del Presupuesto se explicita que el Poder Legislativo Nacional cerrará 2026 con una partida de $936.680 millones, supera en 22,7% la autorización de gasto vigente
De ahí surge que, a diferencia del resto de la Administración Central, donde la “motosierra” continuaría activa como política para consolidar el superávit fiscal y abrir la posibilidad de nuevas disminuciones de impuestos, en particular sobre el comercio exterior, el Congreso de la Nación contará con un aumento de la partida presupuestaria y del crédito promedio por empleado.
No obstante, para la elaboración del Presupuesto se explicita en el cuadro referente a los gastos por jurisdicción -corrientes y de capital- que el Poder Legislativo Nacional cerrará 2026 con una partida de $936.680 millones, la cual supera en 22,7% la autorización de gasto vigente ($173.625 millones), y de ese modo atenúa el incremento para el año próximo a 20,3%, similar a la tasa de inflación proyectada promedio para el año.
PUBLICIDAD
Las cinco claves para el próximo año
La planta total prevista se reduciría de 13.454 a 12.978 empleados.
El recorte equivale a 476 cargos, una baja del 3,5 por ciento.
El crédito legislativo tendría un incremento real del 17,5% frente a la autorización ampliada vigente para 2026.
El Senado mantendría su dotación de 5.018 empleados.
Diputados reduciría su planta en 422 cargos, hasta 4.135 empleados.
La nómina legislativa y el crédito asignado
El Congreso de la Nación emplea actualmente a 13.454 personas, según el detalle del Presupuesto para 2026, que prestan servicio a 72 senadores y 257 diputados. Para 2027, el proyecto de gastos y recursos de la Administración Central contempla una dotación de 12.978 cargos, lo que representa una reducción de 476 empleados, equivalente a una baja del 3,5 por ciento.
En los gastos corrientes, la partida asignada asciende a $995.184 millones, con un aumento nominal del 49,1% sobre la autorización ampliada para 2026. Descontada la inflación promedio proyectada, la suba real llega al 23,8%. La combinación de mayor presupuesto y menor planta se traduce en un incremento real promedio del 28,3% en la asignación por empleado, que en 2027 alcanzaría los $76.682.386 anuales, equivalentes a $5.898.645 mensuales con aguinaldo.
PUBLICIDAD
La combinación de mayor presupuesto corriente y menor planta se traduce en un incremento real promedio del 28,3% en la asignación por empleado
Cada parlamentario de los 329 que hay —72 en la Cámara alta y 257 en la Cámara baja— le implicará el próximo año un gasto promedio de $3.282 millones, equivalente a casi $9 millones diarios por legislador.
Para 2026 la partida presupuestaria actualizada es equivalente a $2.320 millones por representante de las gobernaciones (Senado) y población (Diputados), monto superior en 52% a los $1.531 millones que le cuesta a los habitantes de las 24 grandes jurisdicciones el funcionamiento de las legislaturas provinciales, según surge de una estimación de Fundación Libertad, a partir de dividir las partidas legislativas previstas en cada presupuesto por la cantidad de integrantes de sus cámaras.
PUBLICIDAD
La Cámara alta, bajo la presidencia de Victoria Villarruel, mantendría sin variaciones su dotación de 5.018 empleados entre cargos permanentes, transitorios y contratados. El presupuesto asignado al Senado es de $345.580 millones, un aumento nominal del 65,4% y real del 37,4%. El crédito promedio mensual por agente, con aguinaldo, treparía de 3.202.741 a 5.297.544 pesos.
La Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, recibiría una asignación de $302.139 millones, con un incremento nominal del 22,3% y real del 1,6%. La reducción de personal continuaría: la planta bajaría de 4.557 a 4.135 empleados, 422 cargos menos, una caída del 9,3%. La asignación promedio por empleado subiría 12% en términos reales, hasta un equivalente mensual de 5.620.668 pesos.
PUBLICIDAD
Al sumar los gastos de capital proyectados para 2027 con una reducción nominal de casi 12% respecto de la partida actualizada prevista para 2026, el aumento promedio por personal del Congreso se estima en 21,8% en valores ajustados por la inflación esperada.
Las áreas administrativas y el balance desde 2024
El resto del presupuesto legislativo corresponde a dependencias técnicas y de servicios, con comportamientos heterogéneos:
Asistencia Bibliográfica del Congreso pasaría de 1.244 a 788 empleados, una baja de 456 cargos equivalente al 36,7%, mientras su partida de gastos crecería 121% en términos reales.
Dirección de Ayuda Social del Congreso reduciría su planta de 788 a 544 agentes, 244 cargos menos, con una caída real del 64,3% en su asignación presupuestaria.
“Otros” sumaría 646 cargos, un 61,1%, hasta 1.704 empleados, con un incremento real del 129,4% en su presupuesto.
Imprenta del Congreso y la Procuración Penitenciaria mantendrían su dotación estable, con subas reales de 26,8% y 0,4%, respectivamente.
Si se toma como referencia el primer presupuesto de la gestión libertaria, en 2024, hasta el proyecto de 2027, el Congreso acumularía una reducción de 1.451 empleados, una baja del 10,1% en su planta total. Pese a esta contracción, la partida de gasto asignada creció 28,2% en términos reales a lo largo de todo el período, según la comparación entre los índices de precios acumulados en el cuatrienio.
PUBLICIDAD
La composición de este recorte muestra a Diputados como la cámara con mayor ajuste de personal: pasaría de 5.184 a 4.135 empleados, una pérdida de 1.049 cargos equivalente al 20,2%, mientras su presupuesto real crecería 9,1%. El Senado, en cambio, mantendría intacta su dotación de 5.018 empleados durante todo el período, con una mejora real del 36,2% en sus fondos asignados.
Entre las áreas administrativas, Asistencia Bibliográfica del Congreso perdería 609 cargos, un 43,6% respecto de 2023, aunque su presupuesto real se triplicaría con creces, con una suba del 203,4%. La Dirección de Ayuda Social del Congreso acumularía una caída real del 50,3% en sus fondos.
PUBLICIDAD
El resultado combinado de menor planta y mayor asignación por empleado elevaría el gasto por cargo en el Congreso un 28,2% en términos reales durante los cuatro años de la gestión de Javier Milei.
Las negociaciones entre ambos países permanecen estancadas desde julio, cuando el presidente estadounidense dio por terminado un memorando de entendimiento alcanzado el mes anterior, luego de los ataques iraníes contra buques y petroleros en Ormuz. La ruptura derivó en nuevos intercambios de ataques y en el restablecimiento del bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán.
Trump aseguró que Washington mantiene “el control total” del paso marítimo pese al bloqueo. También afirmó que por la ruta circulan diariamente “cantidades masivas” de crudo y que durante la noche anterior transitaron 29 barcos.
Las negociaciones entre EEUU e Irán
Antes de abordar el helicóptero Marine One en los jardines de la Casa Blanca, el mandatario confirmó que recibió una propuesta de Teherán, aunque sostuvo: “Hicieron una propuesta, pero la rechacé”.
Luego agregó: “Quieren hacer un acuerdo, lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable”. La propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció en Nueva York que Teherán envió el plan a Washington a través de Qatar, uno de los mediadores del conflicto. La iniciativa contemplaba un alto el fuego regional durante siete días y establecía como condiciones que Estados Unidos levantara el bloqueo naval, terminara con las sanciones al petróleo iraní y liberara activos iraníes congelados.
Según el esquema presentado por Teherán, la reapertura del estrecho estaba prevista para el sexto día, una vez que Washington cumpliera con las condiciones establecidas durante las cinco primeras jornadas.
En el séptimo día, Irán y Estados Unidos retomarían las conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, que también incluiría el programa nuclear iraní. Araqchí sostuvo que la propuesta podría avanzar si “la parte estadounidense se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo”.
Por su parte, el régimen de Irán insistió este sábado en que sus fuerzas mantienen el control del acceso marítimo. El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de brigada Hosein Mohebi, afirmó que “el estrecho de Ormuz está bajo el control de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria”, de acuerdo con la agencia Tasnim.
Mohebi cuestionó la afirmación de Trump sobre el dominio estadounidense de la vía y sostuvo que Estados Unidos, pese a disponer de la mayor Armada del mundo, no logró mantener abierto el estrecho “ni siquiera durante unas horas”.
El vocero militar señaló que, antes de la guerra, atravesaban diariamente el paso decenas de embarcaciones y, en ciertos momentos, más de un centenar. Según su versión, ahora solo circulan cargamentos de petróleo de socios comerciales de Irán que cuentan con autorización de Teherán.
El discurso de la ONU
Las negociaciones se dan en el marco del discurso de Trump en la ONU, donde el mandatario estadounidense volvió a elevar el tono contra Irán durante su intervención ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde repasó la política exterior de su administración y defendió las acciones militares estadounidenses en Medio Oriente.
Durante su discurso, el mandatario sostuvo que deberá tomar una decisión sobre los próximos pasos frente a Teherán y planteó dos alternativas: avanzar en la negociación de un acuerdo o profundizar la escalada militar.
“Tengo que tomar una decisión muy importante. Haremos un trato con Irán que les permita reconstruir y crear un país más grande del que tenían antes, tal vez uno de los países más grandes de Medio Oriente o incluso del mundo. O los aniquilo, aniquilo la república de Irán definitivamente para no darle la oportunidad de destruir ni matar a otros países“, amenazó Trump.
Las declaraciones se produjeron después de que el mandatario señalara públicamente que evaluaba cómo continuar la ofensiva contra el régimen iraní. Días antes, había asegurado en una entrevista con Axios que enfrentaba una “gran decisión” sobre la posibilidad de retomar ataques a gran escala.
Durante su exposición, Trump reiteró que uno de los principales objetivos de Washington es impedir que Irán obtenga armas nucleares y reivindicó las operaciones militares ordenadas por su administración.
“Irán eran los matones del Medio Oriente, pero ya no. Nunca permitiré que Irán tenga un arma nuclear. A nivel político he sido inquebrantable”, afirmó el republicano.
El presidente estadounidense también sostuvo que previamente había intentado alcanzar una salida negociada con Teherán y aseguró que le había ofrecido cooperación económica a cambio de que terminara con su programa nuclear y su apoyo al terrorismo.
“Hice negociaciones con Irán, le ofrecí cooperación económica para que terminara con su programa nuclear y su apoyo al terrorismo pero ellos dijeron que no”. “Se negaron, fue un grave error. Con la operación del ´martillo de medianoche´ el ejército de EEUU acabó con ese programa nuclear”, agregó Trump.
La administración estadounidense sostuvo durante los últimos meses que sus operaciones militares tuvieron entre sus objetivos destruir capacidades misilísticas iraníes e impedir el desarrollo de armamento nuclear. Esas afirmaciones corresponden a la posición oficial de la Casa Blanca sobre los resultados de las operaciones.
Cuatro hombres fueron detenidos y otro quedó identificado durante cinco procedimientos policiales realizados en distintos barrios de Paraná. Los operativos permitieron recuperar elementos sustraídos, secuestrar un revólver calibre .38 y hallar un juguete con características similares a un arma de fuego.
Las intervenciones se desarrollaron entre la madrugada y la noche, tras llamados recibidos por la División 911, denuncias de damnificados y el análisis de cámaras de videovigilancia.
En todos los casos tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso las medidas procesales correspondientes. Las personas detenidas fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales.
Intentó robar una moto y escapó por los techos
El primero de los hechos ocurrió durante la mañana en el barrio Lomas del Mirador II, donde una mujer fue abordada por un hombre que le exhibió un elemento similar a un arma de fuego.
Según se informó, el sospechoso intentó sustraerle la motocicleta, pero no consiguió llevársela. Antes de escapar, se apoderó del casco de la víctima. Luego del aviso, los funcionarios desplegaron una búsqueda por los pasillos del barrio y localizaron al presunto autor sobre los techos de varias viviendas.
Al advertir la presencia policial, el hombre intentó continuar con la fuga y trepó a un árbol. Finalmente, fue alcanzado y reducido.
Durante el procedimiento se recuperó el casco sustraído y se secuestró un juguete con características similares a un arma de fuego, que habría sido utilizado para intimidar a la mujer.
La Fiscalía dispuso la detención del joven de 24 años, su alojamiento en Alcaidía, el secuestro del elemento utilizado y la restitución del casco a su propietaria.
Daños en un comercio de avenida De Las Américas
Otro procedimiento se inició cuando el propietario de un comercio ubicado sobre avenida De Las Américas observó, mediante las cámaras de seguridad, que un hombre había ingresado al establecimiento.
De acuerdo con la información policial, el sospechoso ocasionó daños en el sistema de alarma y modificó la posición de las cámaras de videovigilancia.
El análisis de los registros permitió individualizar al presunto responsable y comenzar su búsqueda por la zona. Poco después, un hombre de 26 años fue localizado en el barrio Belgrano.
Personal de Policía Científica trabajó en el comercio para realizar las pericias y reunir elementos vinculados con la investigación.
Tras ser informada sobre lo ocurrido, la Fiscalía dispuso la detención y el alojamiento del sospechoso en Alcaidía por el supuesto delito de robo calificado por escalamiento.
Secuestraron un revólver con la numeración suprimida
Durante la madrugada, la Policía recibió un aviso sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa en las inmediaciones de un complejo situado en la zona de las calles O’Higgins y Bernardo Houssay.
Mientras realizaban recorridas, los funcionarios identificaron a dos hombres en inmediaciones de División de los Andes y las vías.
Al controlar las pertenencias de uno de ellos, de 40 años, encontraron dentro de una riñonera un revólver calibre .38 con la numeración suprimida. El arma contenía seis cartuchos del mismo calibre.
La Fiscalía ordenó la detención del hombre y el secuestro del revólver y las municiones. Policía Científica quedó a cargo de las pericias correspondientes.
El segundo hombre identificado recuperó la libertad al no disponerse medidas restrictivas en su contra.
Recuperaron electrodomésticos robados
Otro de los hechos ocurrió durante la noche en una vivienda del barrio Radar. Según la denuncia, una persona ingresó al inmueble a través de un ventiluz y sustrajo una freidora de aire y una pava eléctrica.
A partir del análisis de registros fílmicos, los investigadores individualizaron al presunto autor y comenzaron a buscarlo en las inmediaciones.
El sospechoso fue localizado poco después en el mismo barrio. Al observar a los funcionarios intentó escapar, pero fue alcanzado y reducido.
Durante el procedimiento se recuperaron la freidora y la pava eléctrica. Ambos elementos fueron secuestrados formalmente para luego ser restituidos a su propietario.
La Fiscalía dispuso la detención y el alojamiento del hombre en Alcaidía por el supuesto delito de robo.
Trasladaba elementos de procedencia desconocida
El quinto procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 14ª en la zona de las calles Rondeau y Gorostiaga.
Los funcionarios fueron enviados al lugar por la sala de la División 911 y Videovigilancia, después de que las cámaras detectaran a un hombre que trasladaba diferentes objetos en actitud sospechosa.
La Policía localizó e identificó a un hombre de 41 años que llevaba consigo un sillón plegable y un equipo climatizador y calefactor portátil.
El hombre no pudo acreditar la propiedad ni explicar la procedencia de los elementos. La Fiscalía dispuso su correcta identificación y el secuestro formal de los objetos.
Las diligencias continuaron para establecer el origen de los artículos y localizar a sus legítimos propietarios.
Nadie imaginaba en 2018 que un reclamo surgido en una ciudad de poco más de 6.000 habitantes del Centro-Oeste santafesino terminaría llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí comenzó una disputa que puso en discusión la aplicación de agroquímicos en campos ubicados junto al área urbana y que, ocho años después, atravesó todas las instancias posibles del sistema judicial argentino para convertirse en una referencia obligada en materia ambiental.
El máximo tribunal nacional rechazó la queja presentada por la Municipalidad de Sastre y Ortiz contra la sentencia que estableció una zona de exclusión de 1.000 metros para las fumigaciones terrestres alrededor de toda la planta urbana de la ciudad y cerró de manera definitiva el expediente. Con esa decisión quedó agotada la última vía judicial disponible para revertir uno de los fallos ambientales más trascendentes dictados en Santa Fe durante las últimas décadas, publicó el diario La Capital de Rosario.
La resolución puede parecer escueta. Apenas ocupa unas pocas líneas. Sin embargo, detrás de ese acto procesal existe una compleja historia judicial, política y social que comenzó en 2018 y que durante años enfrentó a vecinos, productores agropecuarios, gobiernos locales, especialistas en salud ambiental y organismos públicos.
La controversia terminó convirtiéndose en mucho más que una discusión sobre fumigaciones. Con el paso del tiempo se transformó en una referencia obligada para debatir los alcances del principio precautorio, la validez de las acciones colectivas ambientales, el valor de la evidencia científica en los litigios socioambientales y el derecho de las comunidades a exigir mayores niveles de protección frente a actividades potencialmente riesgosas.
La causa sobrevivió a todas las apelaciones
Hay un dato que ayuda a medir la solidez del fallo: ningún tribunal que intervino posteriormente modificó la decisión central adoptada en primera instancia. Desde septiembre de 2020, cuando el juez Duilio Hail dictó el fallo inicial, la Municipalidad de Sastre y Ortiz impulsó una sucesión de recursos destinados a revertir la decisión.
Primero apeló la sentencia ante la Cámara de Apelaciones de Rafaela y obtuvo una respuesta adversa. Después intentó que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revisara el asunto, pero sus planteos también fueron rechazados. Finalmente buscó abrir la instancia federal para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque tampoco logró modificar el rumbo del proceso.
La cadena de decisiones terminó consolidando el criterio original: establecer una zona de exclusión de 1.000 metros para las fumigaciones terrestres con todo tipo de agroquímicos alrededor de la totalidad del ejido urbano de Sastre, destacó el diario La Capital de Rosario.
Son escasos los antecedentes ambientales que acumularon una secuencia de ratificaciones judiciales de esta magnitud.
Los vecinos contra el municipio
La demanda fue presentada por un grupo de vecinos de la ciudad nucleados en una acción de amparo ambiental colectivo. El reclamo tuvo entre sus impulsores más visibles a la familia de Zoe Giraudo, una niña que entonces tenía 2 años y estaba bajo tratamiento oncologico. Este caso adquirió notoriedad pública durante los primeros tiempos del conflicto y ayudó a instalar el debate sobre la exposición de las poblaciones rurales y periurbanas a los agroquímicos.
Los demandantes fueron representados durante todo el proceso por la Defensoría General del Poder Judicial de Santa Fe, cuya intervención resultó determinante para sostener una acción colectiva que atravesó ocho años de litigio y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A medida que la compulsa avanzó también fueron incorporándose otros actores. El gobierno provincial de Santa Fe intervino en el expediente como tercero interesado. Por su parte, un grupo de productores agropecuarios de Sastre se presentó en calidad de terceros coadyuvantes para respaldar la posición municipal y cuestionar el alcance de la acción promovida por los vecinos, consignó el diario La Capital de Rosario.
La participación de los productores incorporó al debate problemas vinculados con el impacto económico de las restricciones, la superficie productiva alcanzada por la medida y la interpretación de la legislación provincial sobre agrotóxicos.
Esa intervención estuvo patrocinada por el estudio jurídico encabezado por Iván Cullen, uno de los nombres con mayor presencia en litigios vinculados a cuestiones constitucionales y de interés público dentro de la provincia.
De ese modo, una demanda nacida en una comunidad pequeña adquirió rápidamente una dimensión jurídica mucho más amplia y comenzó a ser observada con atención por distintos sectores ligados a la producción agropecuaria y al derecho ambiental.
Vecinos de Sastre durante una de las presentaciones ante el Concejo Municipal para reclamar mayores distancias de resguardo frente a las fumigaciones con agrotóxicos.
El fallo que cambió la discusión
El punto de inflexión llegó en septiembre de 2020. Después de analizar abundante prueba documental, informes técnicos, antecedentes científicos y testimonios de especialistas, el juez Duilio Hail resolvió hacer lugar a la acción de amparo colectivo ambiental. La decisión estableció un perímetro de exclusión de 1.000 metros para las fumigaciones terrestres desde el límite de la planta urbana de Sastre y Ortiz.
Además, declaró la inconstitucionalidad parcial de una ordenanza municipal que preveía distancias menores y exhortó al municipio a adecuar su normativa teniendo en cuenta la prueba producida durante el proceso. Una instancia que aún, tras ocho años de litigio, no fue plasmada en una ordenanza municipal.
El pronunciamiento fue considerado histórico, no solamente por la magnitud de la distancia establecida sino también porque la protección alcanzó a la totalidad de una ciudad, señaló el diario La Capital de Rosario.
Hasta entonces los antecedentes más conocidos se habían concentrado en escuelas rurales, parajes específicos o sectores puntuales de determinadas localidades. En Sastre la Justicia entendió que la tutela debía extenderse a toda la comunidad. Esa diferencia explica buena parte de la relevancia que el proceso adquirió posteriormente.
El último intento
Tras agotar sin éxito las instancias provinciales, el municipio decidió acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presentación fue realizada por la abogada María Alejandra Bachmann, integrante del estudio jurídico Rondina. Bachmann asumió la representación de la Municipalidad de Sastre y Ortiz luego de que el actual fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, dejara de intervenir formalmente en la causa al incorporarse a la función pública provincial.
La abogada que llevó adelante la última presentación ante la Corte Suprema de la Nación es además esposa de Rondina. De este modo, la representación judicial del municipio permaneció dentro del mismo estudio jurídico desde los primeros años del conflicto hasta el cierre definitivo del expediente. Durante los primeros tramos del litigio había sido precisamente Rondina quien encabezó la estrategia jurídica del Ejecutivo sastrense frente al reclamo de los vecinos.
En la queja presentada ante la Corte nacional, la representación municipal procuró reabrir la discusión sobre el fondo del conflicto. Sostuvo, entre otras cuestiones, que la acción de amparo no era la vía adecuada, cuestionó la valoración de la prueba científica producida durante el proceso, defendió la compatibilidad de la normativa local con la ley provincial de fitosanitarios y argumentó que la sentencia había terminado creando una regulación general que excedía las facultades judiciales, resaltó el diario La Capital de Rosario.
La estrategia apuntaba a lograr que la Corte revisara nuevamente todo el caso. Eso nunca ocurrió. El máximo tribunal concluyó que el recurso no reunía los requisitos necesarios para habilitar la instancia extraordinaria y rechazó la presentación.
La intervención de la Corte
La propia tramitación del proceso dentro de la Corte refleja la importancia que había adquirido el asunto. La causa permaneció durante más de dos años en el máximo tribunal y circuló por distintas Vocalías antes de llegar a una definición. En ese contexto se produjo un hecho llamativo.
El 4 de agosto de este año, apenas nueve días antes de la resolución definitiva, el expresidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, presentó formalmente su excusación para intervenir en el expediente por razones de “decoro y delicadeza”. La excusación no ocurrió cuando la causa ingresó a la Corte ni durante las etapas iniciales del trámite. Se produjo después de un prolongado recorrido interno. Posteriormente el tribunal completó la integración necesaria para resolver el planteo y finalmente dictó la resolución que cerró la disputa, indicó el diario La Capital de Rosario.
La decisión fue suscripta por los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz junto con los conjueces Walter Carnota, Alberto Dalla Vía y Luis María Rabbi Baldi Cabanillas, quienes conformaron la integración que terminó rechazando la queja presentada por la Municipalidad de Sastre y Ortiz.
Para todo el país
La importancia de la decisión excede largamente a Sastre. Lo que quedó firme no es solamente una restricción de 1.000 metros. Lo que terminó consolidándose es una determinada interpretación del derecho ambiental.
A lo largo de todas las instancias judiciales los tribunales validaron la aplicación del principio precautorio, es decir, la idea de que la ausencia de certezas científicas absolutas no puede utilizarse para postergar medidas destinadas a proteger la salud humana y el ambiente cuando existen riesgos plausibles.
También quedó fortalecida la utilización de las acciones colectivas como herramienta de participación ciudadana. Y quedó demostrado que un grupo de vecinos puede impulsar un litigio con capacidad para modificar políticas públicas y generar consecuencias jurídicas de alcance provincial e incluso nacional.
Por eso, especialistas en derecho ambiental observan este proceso como un antecedente que seguramente será citado en futuros litigios vinculados con fumigaciones en distintas regiones agrícolas de la Argentina, consignó el diario La Capital de Rosario.
La pregunta que durante años dominó el debate era qué ocurriría en Sastre. Hoy esa discusión quedó resuelta. La que empieza a abrirse es otra: cuánto influirá el caso Sastre en los litigios ambientales que vendrán.
Ocho años después de que un grupo de vecinos decidiera llevar su reclamo a los tribunales, la discusión judicial terminó. Lo que permanece abierto es el debate que dio origen a la causa. La diferencia es que, desde ahora, cualquier controversia similar deberá mirar inevitablemente hacia Sastre.
Los productores argentinos invirtieron US$14.747 millones para sembrar la campaña 2025/26, un 6,2% más que en el ciclo anterior, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El desembolso contempló los costos de siembra, insumos y pulverización de los principales cultivos y se produjo en una campaña que también marcó un récord de superficie.
En total, el área destinada a trigo, cebada, girasol, maíz, soja y sorgo alcanzó 39,9 millones de hectáreas, el mayor registro de la historia para este conjunto de cultivos. La superficie creció un 4,8% respecto de la campaña 2024/25.
El aumento de los costos estuvo explicado principalmente por el avance del maíz, un cultivo que demanda una inversión por hectárea superior a la de otros granos. La expansión del área sembrada con este cereal compensó incluso la menor superficie destinada a soja y terminó empujando hacia arriba el desembolso total realizado por el sector.
El área sembrada en la campaña 2025/26 ascendió a 39,9 millones de hectáreas, aumentando un 4,8% interanual y consolidándose como un nuevo récord de superficieBCR
“La campaña agrícola 2025/26 estuvo caracterizada por un nivel de siembra históricamente alto”, señaló la BCR en el informe. El cálculo fue realizado a partir de los costos promedio por hectárea de los principales cultivos, utilizando información de BCR-GEA y de la revista Márgenes Agropecuarios.
El maíz alcanzó 11 millones de hectáreas, el máximo histórico, y la producción estimada llegó a 70,5 millones de toneladas. Al mismo tiempo, la soja retrocedió 8% interanual y quedó en 16,4 millones de hectáreas.
El girasol también tuvo un comportamiento destacado. Con 3,2 millones de hectáreas, registró la mayor superficie de los últimos 26 años. En los cultivos de invierno, el trigo alcanzó 7,1 millones de hectáreas, la superficie más alta en 29 años, mientras que la cebada se ubicó en 1,3 millones de hectáreas.
La campaña 2025/26 demandó una inversión de US$14.747 millones, un 6,2% más que el ciclo previoBCR
El nivel de inversión total de US$14.747 millones fue el tercero más elevado de, al menos, la última década. Además, quedó un 6,8% por encima del promedio de las últimas cinco campañas agrícolas.
Los costos por hectárea muestran diferencias importantes entre los cultivos. Para la campaña 2025/26, la BCR estimó un desembolso promedio de US$546 por hectárea para el maíz temprano y US$497 para el tardío. En soja, los valores fueron de US$308 para la de primera y US$252 para la de segunda.
En los demás cultivos, el costo promedio nacional se ubicó en US$444 por hectárea para la cebada cervecera, US$362 para la forrajera, US$309 para el girasol, US$281 para el sorgo y US$355 para el trigo.
El costo promedio nacional se ubicó en US$444 por hectárea para la cebada cervecera, US$362 para la forrajera, US$309 para el girasol, US$281 para el sorgo y US$355 para el trigoBCR
La composición de la inversión también muestra el peso que adquirió el maíz. El informe señala que el gasto total en este cultivo llegó a US$5670 millones,por encima de los US$4742 millones destinados a la soja. De esta manera, el cereal desplazó a la oleaginosa como el cultivo que concentró la mayor inversión.
El peso del maíz
El cambio fue significativo frente a la campaña anterior: el gasto en maíz aumentó 30,9%, mientras que el destinado a soja cayó 16,6%. Dentro del cereal, el maíz temprano explicó buena parte del salto, con un incremento de 65,3% en la inversión.
“El aumento en la proporción de área destinada al maíz, cultivo que, en términos generales, requiere una inversión por hectárea mayor a la del resto, fue el principal driver detrás del incremento global de costos de la recientemente finalizada campaña”, explicó la BCR.
El cambio fue significativo frente a la campaña anterior: el gasto en maíz aumentó 30,9%, mientras que el destinado a soja cayó 16,6%BCR
El mayor gasto en maíz fue parcialmente compensado por la caída de la inversión en soja. En cambio, el girasol mostró también un crecimiento importante entre campañas: 47,7%, según el relevamiento de la entidad rosarina.
La inversión se repartió entre los distintos cultivos. El informe consignó US$3561 millones para maíz tardío, US$3378 millones para soja de primera, US$2547 millones para trigo, US$993 millones para girasol, US$561 millones para cebada cervecera, US$211 millones para sorgo y US$24 millones para cebada forrajera.
El desembolso adquiere particular relevancia por la forma en que funciona el ciclo agrícola. “El financiamiento constituye un componente esencial de la actividad agrícola”, sostuvo la BCR, al señalar que el productor debe afrontar los costos al momento de la siembra, mientras que los ingresos llegan varios meses después, con la cosecha y la comercialización.
La publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de los datos de mercado laboral del segundo trimestre del año reveló mucho más que un crecimiento leve del desempleo. Entre los datos del instituto estadístico, se distinguió con claridad una tendencia que se separa nítidamente de todas las otras: un salto del 317% en un año del cuentapropismo informal, es decir del trabajo independiente y en negro, como forma de subsistencia ante la escasa demanda de empleo en blanco. El salto, que llevó a ese colectivo a superar los 2 millones de personas, hizo que los especialistas ahondaran en los números para intentar entender quiénes son, a qué se dedican y cómo viven las personas que no consiguen, ni siquiera, un empleo en negro.
Lo que muestran los datos del mercado de trabajo es una caída histórica del empleo asalariado, independientemente de que sea en blanco o negro. En el segundo trimestre de 2026, los asalariados representaron el 70,5% de las personas ocupadas, el valor más bajo de toda la serie que releva el CIAS desde 2016 e igual al registrado en el cuarto trimestre de 2020, durante la pandemia. La caída de la asalarización implica que una proporción menor de quienes tienen trabajo se desempeña bajo una relación de dependencia, registrada o no.
PUBLICIDAD
En sentido inverso, el cuentapropismo llegó al 25,5% de los ocupados, tras subir 1,8 puntos porcentuales frente al segundo trimestre de 2025. El incremento equivale a unas 307.000 personas más que pasaron a trabajar por su cuenta en apenas un año. El nivel actual se acerca al máximo de la serie, que se había alcanzado en 2020, cuando las restricciones sanitarias y la destrucción de empleo empujaron a más trabajadores hacia actividades independientes.
El agregado es que ese trabajo por cuenta propia tiende a ser, a su vez, informal. Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, la cantidad total de ocupados aumentó en 265.000 personas, pero los empleos informales crecieron en 348.000, mientras que los registrados descendieron en 83.000. En ese contexto, la tasa de informalidad general alcanzó el 45%, el valor más alto desde que el Indec comenzó a publicar esta medición a fines de 2023.
PUBLICIDAD
Los especialistas reniegan contra la idea de que es una cuestión de preferencias: no se trata de emprendedores que no quieren tener jefes. Se trata de personas que recurren a la única opción disponible.
Para Santiago Poy, vicerrector del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), el crecimiento de esta modalidad está ligado principalmente a la falta de ingresos y no a la aparición de nuevos emprendimientos con capacidad de expandirse. “Es un cuentapropismo de necesidad”, explicó a Infobae, porque se trata de personas que “se lanzan o desarrollan una actividad por su cuenta, principalmente por falta de ingresos”. El investigador lo diferenció del cuentapropismo “de oportunidad”, que puede generar actividades productivas, y advirtió que los bajos ingresos y la baja productividad ayudan a explicar su condición informal.
PUBLICIDAD
“A veces se explica la informalidad y el trabajo por cuenta propia como una preferencia de los jóvenes, algo que puede llegar a ser cierto en niveles económicos más bien altos. Esto no es una opción, sino una necesidad: los datos de ingresos muestran que trabajar en negro o por cuenta propia implica ganar muchísimo menos, no es algo que se elige”, dijo Claudio Caprarulo de Analytica a este medio.
Las brechas de ingresos, en este sentido, son muy claras. De acuerdo con datos del Instituto Universitario CIAS para el primer trimestre de 2026, los trabajadores por cuenta propia informales tuvieron un ingreso mensual promedio de $ 541.000 y una mediana de $ 400.000. El monto equivale a menos de la mitad del promedio de $ 1.391.000 que percibieron los cuentapropistas formales y quedó por debajo del ingreso medio de $ 1.104.000 para el conjunto de los ocupados.
PUBLICIDAD
La diferencia se sostuvo incluso al considerar la carga horaria: quienes trabajan por cuenta propia en la informalidad dedicaron en promedio 30,5 horas semanales a su actividad y obtuvieron $ 4.435 por hora, frente a las 38 horas y los $ 9.154 por hora de los formales. Además, el 55% de los informales ganó menos que el valor de la canasta básica de un adulto y el 29% declaró que trabajaba menos horas de las que deseaba.
A la hora de buscar cuáles son las salidas labrales que encuentra en estas personas, los números de la encuesta permanente de hogares muestran que la inserción laboral de ese grupo se concentra, ante todo, en actividades de baja escala y vinculadas al consumo cotidiano. El comercio reúne a 635.000 cuentapropistas informales, el 30% del total, con presencia en almacenes y kioscos, venta de mercaderías, ropa, calzado, ferias, puestos y comercialización por internet o redes sociales. La pequeña construcción agrupa a otros 402.000 trabajadores, el 19%, y está dominada por las changas y arreglos en casas particulares, mientras que los servicios personales suman 354.000 personas, el 17%, en rubros como peluquería, estética, jardinería, cuidado y recreación. También aparecen la producción artesanal e industrial, la reparación de autos y electrodomésticos, el traslado de pasajeros y la gastronomía, donde cocinar en casas particulares reúne 62.000 trabajadores. En varias de esas ocupaciones, la informalidad supera el 80% de quienes trabajan por cuenta propia.
PUBLICIDAD
En cuanto a su formación y ubicación geográfica, el perfil de los cuentapropistas informales combina una mayoría con niveles educativos medios o bajos y una fuerte presencia en el conurbano bonaerense. El 46% vive en los partidos del Gran Buenos Aires, aunque esa región reúne al 43% de los ocupados; le siguen la región pampeana, el Noroeste y Cuyo. El 49% no completó el secundario y otro 33% tiene el nivel medio terminado, mientras que solo el 7% alcanzó estudios superiores completos. La edad promedio es de 43 años y las mujeres representan el 42% del total, aunque su participación es mayoritaria en actividades como gastronomía, comercio de indumentaria, elaboración de alimentos, peluquería y cuidado personal.
Para Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, esta modalidad reúne mayormente a mujeres y adultos jóvenes con formación media o medio-baja, insertos en tareas de comercialización minorista y servicios personales. El especialista señaló a Infobae que se trata de “trabajo refugio frente a la pérdida de empleo”, pero también de una fuente complementaria de ingresos para personas ya ocupadas o integrantes de sus hogares. Las condiciones relevadas por CIAS reflejan esa precariedad: el 76% no dispone de un local, el 78% desarrolla su actividad en la casa del cliente o en la calle y el 22% no cuenta con máquinas, local ni vehículo para trabajar.
PUBLICIDAD
El deterioro de esos ingresos aparece en paralelo con el último dato de pobreza. El Indec informó el el jueves que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población y la indigencia al 7,5% durante el primer semestre de 2026, lo que equivale a 15,56 millones de personas bajo la línea de pobreza y 3,61 millones bajo la línea de indigencia. En ese período, el ingreso per cápita familiar aumentó en promedio 11,5%, por debajo de la suba de 21,4% de la canasta básica alimentaria —que determina la línea de indigencia— y del alza de 19,6% de la canasta básica total, utilizada para medir la pobreza.
La distancia entre ingresos y canastas permite poner en contexto el avance de las ocupaciones de menor remuneración y sin protección laboral. Entre los hogares pobres, el ingreso familiar promedio fue de $ 922.755, mientras que la canasta básica total necesaria para ese mismo grupo alcanzó los $ 1.440.395, una brecha de 35,9%. En ese marco, la expansión del cuentapropismo informal refleja la búsqueda de ingresos ante la falta de empleos formales, aunque los niveles de remuneración que ofrece esa actividad resultan insuficientes para cubrir el costo de las necesidades básicas en una parte significativa de los hogares.
