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A poco más de un año de las elecciones presidenciales, todavía no hay candidatos definidos ni encuestas confiables sobre la intención de voto. Sin embargo, hay un actor que ya empezó a votar: el mercado. Todos los días, los operadores compran y venden activos argentinos incorporando una lectura que combina la macroeconomía, el humor social y el cálculo político de lo que puede pasar el 24 de octubre de 2027.

En ese contexto, un informe de la consultora GMA Capital buscó ir más allá de la simple constatación de que el riesgo país subió, para explicar qué probabilidad de triunfo le está asignando el mercado a Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027 si se toma como insumo exclusivo el precio de los bonos.

El punto de partida es un dato concreto: desde el 7 de julio, el riesgo país argentino pasó de 403 a 505 puntos básicos. Según GMA, esto “no se debió a un solo factor: fue una sucesión” de eventos. La consultora identificó tres frentes: un contexto financiero internacional adverso, con la suba de tasas largas en Estados Unidos; un agotamiento del efecto sorpresa de los superávits gemelos, fiscal y comercial; y un deterioro de la economía cotidiana de los hogares que empezó a trasladarse al humor político.

El “trade electoral”

Con ese diagnóstico como base, GMA descartó que la reciente caída de los bonos responda a una simple toma de ganancias. “Entre los operadores hay consenso: se trata de un movimiento idiosincrático”, señaló el informe, que agregó que “el mercado está a un paso de empezar a moverse al ritmo del trade electoral, incluso con 14 meses todavía por delante”.

Para medir esa anticipación, la consultora propuso una métrica específica: la “tasa forward” entre dos bonos en dólares que vencen en 2027 y en 2028 (el AO27 y el AO28). Esa tasa se puede explicar como el rendimiento que el mercado exige, de manera implícita, por sostener el riesgo argentino durante ese año puntual que separa ambos vencimientos, el que coincide con la elección presidencial. Qué costo exige el inversor, hoy, por apostar un año más al esquema de Milei.

El ejercicio compara la opción de invertir directamente en el bono más largo o de invertir en el más corto y reinvertir después: “esa tasa de indiferencia entre ambos saltos, la forward, hoy se ubica en 15,9% anual”, precisó GMA. Descontado su comparable en bonos del Tesoro de Estados Unidos, ese nivel equivale a una sobretasa de 1.064 puntos básicos, es decir, más del doble del riesgo país actual, concentrada exclusivamente en el tramo que atraviesa la definición electoral.

Dos escenarios opuestos

A partir de ese spreads, GMA construyó un cuadro con dos escenarios extremos de riesgo país: 250 puntos básicos en caso de continuidad de Milei, comparable al de Turquía, y 2.000 puntos en caso de una oposición extrema surgida de las urnas en 2027.

Combinando esos valores, el riesgo país de contado de 500 puntos se explica por la fe en que el experimento de Milei va a llegar a buen puerto al menos hasta diciembre de 2027, algo a lo que le asigna una probabilidad del 85,4 por ciento.

Pero si se toma como referencia el spread implícito en la tasa forward que separa al bono que vence en 2027 y al que vence en 2028, después de las elecciones, y su spread soberano equivalente a unos 1.064 puntos, la probabilidad asignada a que Milei seguirá siendo el ocupante de la Residencia de Olivos cae al 53,5%, contra un 46,5% de chances para una hasta el momento impredecible oposición.

“Guiándonos solo por la forward, la contienda luce más pareja de lo que suele asumirse”, planteó GMA. En otras palabras, los precios de los bonos sugieren que los inversores están pagando precios consecuentes con una elección que se parece cada vez más a una moneda al aire. “Como los dos escenarios implican spreads diametralmente opuestos, el mercado penaliza con dureza cada punto que el oficialismo pudiera perder”, explica la consultora conducida por el economista Nery Persichini. Esto explica por qué alcanza un deterioro moderado en la confianza para mover con fuerza el precio de la deuda.

Para que ese spread baje, GMA identificó tres condiciones: que la macro no derrape, que la micro repunte y que se modere el color político de la oposición, algo que la consultora considera poco probable en un escenario global de polarización.

No todos en el mercado creen que las chances de reelección de Milei sean tan bajas. Más aún, no todos creen que si no reelige eso es necesariamente catastrófico para los activos argentinos. Por ejemplo la gigante de la calificación de riesgo Moody’s sostuvo recientemente que “es probable que las políticas actuales continúen independientemente del resultado de las elecciones de 2027”, ya sea con un segundo mandato de Milei o con un gobierno sucesor, aunque advirtió que ante un triunfo opositor podría haber cierta desaceleración del ajuste.

El ejercicio de GMA no reemplaza a las encuestas, pero ofrece una lectura alternativa: mientras no haya sondeos confiables, el mercado ya empezó a incorporar en el precio de los bonos una definición electoral bastante más ajustada de lo que suele suponerse.

En la provincia de Buenos Aires empezó a tomar forma una preocupación incómoda para el gobierno de Axel Kicillof: el deterioro social avanza por carriles que no coinciden con los indicadores tradicionales de inseguridad. Los homicidios bajan. Los asesinatos en ocasión de robo, también. La estadística más dura del delito no confirma, al menos por ahora, el cuadro de colapso que el oficialismo nacional busca proyectar sobre territorio bonaerense. Pero eso no trae alivio en La Plata. Al contrario: obliga a mirar otra zona del problema, la que se mete en los hogares, atraviesa a los jóvenes, roza a la propia Policía y empieza a ofrecerle a las economías criminales nuevas oportunidades de expansión.

Ese es el punto en el que la discusión deja de ser solo policial y se vuelve política. La acusación de Javier Milei sobre un supuesto “baño de sangre” en Buenos Aires no encuentra correlato en los números de homicidios. Pero desde la administración de Kicillof tampoco pueden limitarse a responder con esa refutación, porque en los datos que maneja la Provincia aparecen señales que no encajan en la lógica clásica de la inseguridad y que, leídas en conjunto, dibujan un escenario más complejo que una simple baja del delito violento.

La pregunta que sobrevuela al gobierno bonaerense no es si el deterioro social ya se tradujo en una ola de violencia callejera. Los propios números oficiales no permiten sostener eso. El interrogante es otro: qué tipo de tensiones se están acumulando mientras ese salto todavía no ocurre, en qué lugares se expresan y hasta dónde pueden crecer si las condiciones materiales siguen deteriorándose.

Una balacera en Fuerte Apache ayudó a ordenar esa inquietud. El episodio derivó en detenidos y en un operativo policial amplio. Pero el dato que llamó la atención de los investigadores no fue solo el enfrentamiento entre grupos vinculados al narcomenudeo. Detrás de la disputa apareció otro negocio: el préstamo de dinero.

La economía doméstica como puerta de entrada

El caso interesa menos por su dimensión episódica que por lo que pone en evidencia. En barrios donde muchas familias necesitan efectivo y no encuentran financiamiento por las vías tradicionales, una organización criminal con dinero disponible tiene una vía de penetración mucho más amplia que la venta de drogas. La familia que necesita cubrir una deuda, pagar una urgencia médica o simplemente llegar a fin de mes puede terminar entrando en contacto con una estructura ilegal sin haber tenido antes ningún vínculo con ese mundo.

No hay elementos para afirmar que esa modalidad se haya expandido de forma generalizada en todo el Conurbano. Pero en la mirada oficial funciona como una advertencia. No porque describa todavía una tendencia consolidada, sino porque señala un punto de contacto cada vez más delicado entre deterioro económico, fragilidad social y capacidad de captura de las organizaciones criminales. Ahí, una necesidad cotidiana deja de ser solo un problema doméstico y empieza a convertirse en una puerta de entrada para mecanismos de coerción territorial.

Ese tipo de episodios convive con una paradoja que define buena parte del presente bonaerense. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 451 homicidios dolosos en la provincia. En el mismo período de 2026 fueron 434. La caída fue del 3,8%. La curva descendente, además, no es un accidente de corto plazo: en 2015 hubo 1.247 homicidios; en 2019, 905; en 2024, 823; en 2025, 780. La proyección oficial para este año, a partir de los primeros ocho meses, es de 742.

Los datos, que forman parte de los informes que utiliza el Ministerio de Seguridad bonaerense a cargo de Javier Alonso, tienen un efecto político inmediato. La narrativa libertaria sobre una provincia desbordada por la violencia no se sostiene en el principal indicador de letalidad criminal. La frase del “baño de sangre”, esgrimida desde el oficialismo nacional para embestir contra la administración bonaerense, quedó absorbida por la confrontación política. Pero la serie estadística disponible, en principio, no la avala.

Tampoco lo hace otro de los rubros sensibles de la agenda pública. Los homicidios en ocasión de robo bajaron de 47 a 39 en los primeros ocho meses del año, una reducción del 17%. Los femicidios pasaron de 33 a 24, una caída del 27,3%. Pero, al mismo tiempo, las estadísticas públicas indican que los ajustes de cuentas subieron de 80 a 84 y las riñas letales crecieron de 97 a 105.

Esa combinación obliga a una lectura más fina. No hay un salto generalizado en la violencia criminal que permita trazar una línea recta entre deterioro económico y aumento de homicidios. Pero tampoco aparece un cuadro enteramente tranquilizador. Lo que empieza a observarse es un deterioro que se expresa de otras maneras: las tensiones no se concentran en una sola estadística, ni irrumpen todas en el espacio público, ni adoptan de inmediato la forma del delito callejero. Se desplazan. Entran en los hogares. Se expresan en la salud mental. Alteran las dinámicas barriales. Modifican la relación entre necesidad económica y economías ilegales.

Es, en alguna medida, un deterioro social que empieza a pegar puertas adentro. La violencia intrafamiliar es una de las señales que siguen las autoridades bonaerenses. La otra, mucho más difícil de interpretar y atravesada por múltiples factores, es el crecimiento de los suicidios.

La violencia, puertas adentro

Ese desacople es uno de los principales problemas de lectura para el oficialismo bonaerense. En otros momentos de fuerte deterioro económico y social, la discusión se ordenaba con relativa rapidez alrededor del aumento de robos, homicidios y delitos violentos. Hoy el cuadro es menos lineal y, por eso mismo, más difícil de traducir políticamente. La Provincia de Buenos Aires puede exhibir una baja de homicidios para rechazar el diagnóstico de colapso, pero no puede convertir esa estadística en una imagen de “normalidad”. Porque los informes que maneja muestran otra cosa: un corrimiento de las violencias hacia zonas menos visibles, menos cuantificables y, en varios casos, más complejas de abordar desde el Estado.

Uno de esos datos es el crecimiento de los suicidios. Según la información que utiliza el Ministerio de Seguridad bonaerense, en 2024 se registraron 4.249 suicidios en todo el país y en 2025 fueron 5.209, un aumento del 22,6% en apenas un año.

El salto adquiere aún más peso por un cambio de fondo en el mapa de las muertes violentas. Desde 2023, de acuerdo con la información oficial analizada por la Provincia, los suicidios pasaron a ser la principal causa de muerte violenta en la Argentina, por encima de los homicidios dolosos y de las muertes en siniestros viales. Ese dato altera la conversación pública sobre violencia social y desacomoda los marcos clásicos con los que la política suele interpretar la inseguridad.

Buenos Aires reproduce esa tendencia. La tasa provincial fue de 7,3 suicidios cada 100.000 habitantes en 2022, subió a 8,4 en 2023, alcanzó 10,8 en 2024 y llegó a 11,9 en 2025, según las series consolidadas con las que trabaja el Ministerio de Seguridad. La aclaración metodológica no es menor. El Sistema Nacional de Información Criminal había consignado inicialmente una tasa de 7,7 para 2024. Después, la Provincia cruzó esa base con los registros del Ministerio de Salud y detectó casos no incorporados al conteo original. La revisión elevó el dato a 10,8 y corrigió una comparación que, de otro modo, habría sobredimensionado el salto.

Con esa revisión, el aumento fue del 28,5% entre 2023 y 2024 y del 10,2% entre 2024 y 2025. Sigue siendo una evolución fuerte y, sobre todo, introduce una discusión distinta. Para el gobierno bonaerense, no se trata de establecer una causalidad automática entre deterioro económico y suicidios: los propios informes no permiten esa simplificación. Se trata, más bien, de registrar que el malestar social también aparece en terrenos donde la política de seguridad convencional ofrece respuestas limitadas o directamente insuficientes.

La preocupación adquiere otra dimensión cuando se observa la incidencia del fenómeno entre jóvenes y adolescentes. Ahí el problema deja de ser solo estadístico y adquiere una dimensión generacional. La Provincia no tiene elementos para afirmar que exista una explicación única ni para asociar de manera directa esos episodios con una determinada variable económica o social. Lo que sí registra es la necesidad de observar con especial atención lo que ocurre entre los sectores más jóvenes.

El dato alcanza incluso a la Policía Bonaerense, una institución clave para cualquier gobierno provincial y, al mismo tiempo, uno de los ámbitos donde el fenómeno adquiere una forma especialmente sensible. Los informes internos sobre suicidios de efectivos en 2024 y 2025 muestran una concentración entre agentes jóvenes y de las jerarquías más bajas. El 80% de quienes murieron tenía menos de 40 años, el 75% pertenecía a los escalafones inferiores y el 70% llevaba menos de diez años en la fuerza. En la mitad de los casos se utilizó el arma reglamentaria.

La tasa de suicidio dentro de la fuerza fue estimada en 45 casos cada 100.000 efectivos, un nivel que la propia documentación oficial define como muy alto. No se trata solo de un problema de salud mental dentro de una institución armada. También obliga a observar una estructura sometida a estrés persistente y exposición cotidiana a la violencia, y las condiciones laborales que la propia Provincia empezó a revisar como parte de su estrategia de prevención.

La agenda institucional que suma presión

Ese conjunto de datos devuelve la discusión al centro de la pelea entre la Casa Rosada y la Gobernación. En el gobierno de Kicillof sostienen que las políticas económicas de Milei afectan empleo, actividad, ingresos y financiamiento provincial. Esa tesis organiza una parte importante del enfrentamiento entre ambos gobiernos. Pero la propia información bonaerense obliga a introducir un matiz incómodo: el deterioro material no se trasladó, hasta ahora, de manera lineal al delito letal.

La paradoja es esa. Si las condiciones sociales se deterioraron, como sostiene la Provincia, los homicidios no acompañaron ese proceso. Los asesinatos durante robos tampoco. Y la tendencia descendente sigue vigente en 2026. Por eso la pregunta interna ya no pasa solo por describir el presente: pasa por leer lo que ese presente puede incubar.

Esa necesidad de anticipación explica por qué el gobierno bonaerense empezó a mirar con más atención un abanico de fenómenos que, tomados por separado, podrían parecer desconectados: violencia intrafamiliar, suicidios, jóvenes expuestos a situaciones extremas, policías bajo desgaste grave, redes criminales que se insertan en la economía doméstica a través del préstamo informal. Ninguno de esos elementos, aislado, define un cuadro de inseguridad en los términos tradicionales. Juntos, en cambio, componen una fotografía social y política bastante más inquietante.

Los próximos meses, además, agregarán presión institucional. En septiembre está prevista la puesta en marcha del nuevo régimen penal juvenil, que redujo a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. Su implementación obligará a reorganizar procedimientos, capacidades estatales y formas de intervención sobre adolescentes en conflicto con la ley. Para la Provincia, el cambio no llega en un vacío: se incorpora a un escenario donde el malestar social, la vulnerabilidad juvenil y la discusión sobre seguridad ya vienen cargados de tensión política. Para la aplicación de ese cambio, de todos modos, se requerirá una adhesión de cada distrito al nuevo régimen.

Ese mismo mes comenzará también la implementación del sistema acusatorio federal en el Distrito Federal de La Plata. La reforma traslada la investigación penal a los fiscales y deja en los jueces las funciones de control y decisión jurisdiccional. El cambio excede por mucho a la capital bonaerense. La jurisdicción comprende 45 partidos y zonas estratégicas para causas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.

Ahí aparece otra preocupación dentro de la estructura bonaerense. Si la provincia ya enfrenta un escenario social más opaco, con violencias menos visibles y mercados ilegales que buscan nuevas formas de inserción, la pregunta es si la Justicia Federal tiene hoy la capacidad suficiente para responder al nuevo esquema. Un análisis elaborado con la experiencia de Santa Fe como referencia estima que Buenos Aires necesitaría al menos 56 nuevas fiscalías federales penales y 21 defensorías, además de más juzgados.

La observación remite a un problema estructural. El Conurbano reúne densidad urbana, corredores logísticos, puertos, aeropuertos, barrios populares y circuitos ilegales de una escala sin equivalente en el país. Esa complejidad no solo vuelve más difícil la persecución del narcotráfico: también vuelve más exigente cualquier estrategia estatal que intente intervenir antes de que los procesos de deterioro social se traduzcan en violencia criminal abierta.

La presión se ve también en otro dato de fondo. A fines de 2023 había 58.917 personas privadas de la libertad bajo responsabilidad provincial. Para el 16 de julio de 2026 eran 66.493, es decir, 7.576 detenidos más, un aumento del 12,86% en poco más de dos años y medio.

Al mismo tiempo, la cantidad de presos alojados en comisarías cayó de 2.368 a 1.579, una baja del 33,32%. El crecimiento se concentró sobre todo en el Servicio Penitenciario y, en menor medida, en los sistemas de monitoreo electrónico. También allí asoma una imagen que desarma lecturas simples: hay más detenidos y menos homicidios. Hay menos presos en comisarías y más presión sobre la estructura penitenciaria. Hay mejores números en algunos delitos graves y, a la vez, signos de deterioro que no entran del todo en la contabilidad clásica de la seguridad.

Eso es lo que hoy intenta leer La Plata: no una explosión ya consumada, sino un conjunto de desplazamientos. El deterioro puede no aparecer todavía en el corazón de la estadística criminal y aun así producir efectos profundos sobre la vida cotidiana, la salud mental, la convivencia social y la capacidad de penetración de las organizaciones ilegales.

En ese marco, el caso de los prestamistas ligados al narcomenudeo adquiere un valor de síntesis. Muestra cómo una estructura con efectivo, presencia territorial y capacidad de intimidación puede avanzar sobre necesidades básicas y ampliar su influencia más allá de la droga. Muestra también algo más incómodo para la política: que el deterioro social no siempre se expresa primero en el delito que más mide el Estado, sino en zonas donde el daño tarda más en volverse visible y donde la respuesta pública resulta bastante más difícil.

La preocupación del gobierno bonaerense está, en última instancia, ahí: no en los números que hoy puede mostrar para discutir con Milei, sino en aquello que esos números todavía no terminan de revelar.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dispuso un esquema de actualizaciones salariales para empleadas domésticas, acordado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

El cronograma contempla incrementos mensuales decrecientes: 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre. A ese esquema se suma la incorporación progresiva al salario básico de una suma no remunerativa que se pagará por única vez junto con los sueldos de agosto.

Del comunicado oficial se desprende que todos los aumentos, desde agosto hasta diciembre, se aplican sobre los salarios mínimos conformados de julio de 2026, que funcionan como referencia fija para el cálculo de cada suba sucesiva.

Cuánto cobrará cada categoría en septiembre

Con el 1,8% que se aplicará en septiembre, el Personal para tareas generales, donde se contemplan los trabajadores dedicados a la limpieza, cobrará aproximadamente $3.871,87 por hora con retiro y $4.144,32 sin retiro, mientras que el salario mensual será de $475.001,19 con retiro y $523.998,96 sin retiro.

En tanto, la categoría Supervisor pasará a cobrar $4.603 por hora con retiro y $5.007,81 sin retiro. El salario mensual de esta categoría quedará en $574.213,77 con retiro y $635.342,02 sin retiro.

Para el Personal para tareas específicas, el valor hora será de $4.379,51 con retiro y $4.767,28 sin retiro, con un salario mensual de $536.135,67 con retiro y $592.568,94 sin retiro.

En el caso de los Caseros, por una cuestión lógica, sólo se contemplan los valores sin retiro. En ese caso, la hora quedará en $4.144,32 y el mensual en $523.998,96.

La categoría Cuidado de personas tendrá un valor de $4.144,32 la hora con retiro y $4.599,99 sin retiro, con un mensual de $523.998,96 con retiro y $579.654,92 sin retiro.

Un dato adicional a tener en cuenta

Los valores de septiembre detallados corresponden únicamente a la aplicación del 1,8% de incremento sobre los salarios mínimos de julio. A esos montos todavía resta sumarles otro componente previsto en el esquema oficial: la incorporación al salario básico del 25% de la suma no remunerativa que se abonó en agosto.

Según lo dispuesto por el Ministerio de Capital Humano, esa incorporación comienza en septiembre y continúa de manera escalonada en los meses siguientes, hasta completarse en noviembre. En la práctica, esto implica que una porción de lo que hasta agosto se pagó como suma no remunerativa por única vez pasa a formar parte del salario básico, es decir, queda en blanco y se convierte en una remuneración regular sujeta a aportes y contribuciones. Los valores de hora y de salario mensual que corresponden efectivamente a septiembre son, entonces, los indicados anteriormente, más ese 25% adicional derivado de la absorción parcial de la suma no remunerativa.

Cómo sigue el esquema hasta fin de año

El cronograma oficial continúa en octubre con un aumento del 1,7% y la incorporación de otro 50% de la suma no remunerativa al básico. En noviembre se aplicará una suba del 1,6% junto con la incorporación del 25% restante, con lo cual ese componente quedará totalmente integrado al salario. En diciembre se sumará un último incremento del 1,6%, también calculado sobre la base de julio.

De esta manera, el esquema combina dos mecanismos que avanzan en paralelo: por un lado, subas mensuales del salario mínimo que se acumulan mes a mes tomando julio como referencia, y por otro, la absorción gradual dentro del básico de la suma no remunerativa pagada en agosto, hasta su incorporación total hacia noviembre.

Otros conceptos que se suman al salario

Además de estos valores, el régimen laboral del sector prevé un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado, que se calcula sobre los salarios mensuales y se abona todos los meses. El cómputo de ese adicional comenzó a regir desde el 1° de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo para períodos anteriores.

También existe un adicional por zona desfavorable del 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría, que corresponde a quienes trabajan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el partido bonaerense de Patagones.

Por otra parte, es importante aclarar que cuando una misma trabajadora realiza tareas correspondientes a más de una categoría, por ejemplo si combina el cuidado de niños con labores de limpieza, le corresponde percibir la remuneración de la categoría mejor paga entre las que efectivamente desempeña.

Respecto de la modalidad de liquidación, quienes trabajen 24 horas semanales o más para un mismo empleador cobran bajo la modalidad mensual, en forma proporcional a las horas efectivamente trabajadas, mientras que quienes trabajen menos de 24 horas semanales para un mismo empleador son liquidadas bajo la modalidad por hora.

Mario Fera lleva casi cuarenta años dentro del Poder Judicial y veinte como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Vio cambiar el mercado laboral, las formas de contratación, fue testigo del impacto de la tecnología y también de las nuevas leyes que regulan el vínculo entre trabajadores y empleadores. En marzo, la Ley de Modernización Laboral volvió a modificar las reglas del trabajo y abrió discusiones en torno al costo de despedir a una persona, qué puede negociar individualmente un trabajador con su empleador, qué lugar conservan los sindicatos, cómo reducir la informalidad laboral y qué ocurrirá con el fuero laboral porteño. Entonces, ahora a Fera le toca atravesar una de las transformaciones más profundas del derecho laboral argentino de las últimas décadas.

En esta nueva entrega de Sr. Juez, un ciclo dedicado a explorar las experiencias, pasiones y dilemas que moldean el pensamiento de los jueces más importantes de la Argentina, Fera niega la existencia de una “industria del juicio”, explica qué cambió con la reforma laboral y reflexiona sobre el futuro del trabajo a partir de la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV.

—En este momento, el gran tema, no solo en Argentina sino también en el mundo, es el futuro del trabajo. Se plantea un escenario en el que hay dos velocidades: un trabajo que empieza a moverse al ritmo de un mundo hiperacelerado y, a la vez, la Justicia como una dinámica que tiende a llevar sus tiempos. ¿De qué manera pueden equipararse las dos velocidades?

—Es un gran desafío. Primero, porque la evolución que está teniendo el trabajo a nivel mundial en las últimas décadas, y año tras año de una manera cada vez más acelerada, es un tema de estudio a nivel mundial y de asombro también. Ya desde algunas décadas se viene alertando sobre los cambios vertiginosos y la posibilidad de que se produzca el fin del trabajo, como se decía algunas décadas atrás en algún libro emblemático.

La regulación del trabajo para proteger los derechos de las personas que trabajan, para que puedan vivir dignamente, es lo que dio origen al derecho del trabajo, que es una rama del orden jurídico y del conocimiento jurídico que se ocupa de las personas que trabajan fundamentalmente en relación de dependencia y que obtienen un salario que les permite vivir dignamente.

Y a los jueces laborales, a quienes tenemos vocación de trabajar en los temas sociales y laborales, tanto individuales como colectivos, se nos asigna la responsabilidad de poder guiar los derechos de las personas para que puedan vivir dignamente, insertarse en el mundo, producir, sentirse útiles y también sentirse parte de lo que es la creación. Quienes somos creyentes interpretamos que los seres humanos, en el transcurso de la vida, contribuimos a la labor creadora de Dios y eso nos hace seres humanos con mayúsculas. Todos tenemos derecho a poder vivir en la humanidad.

La responsabilidad de la Justicia del Trabajo en tiempos de tantos cambios creo que es fundamental, en la medida en que nos permite, desde el límite que tenemos, que es resolver conflictos individuales y a veces colectivos, establecer los derechos de las personas para que puedan vivir dignamente. A la vez, hacerlo en un contexto en el que, cuando declaramos un derecho, en una sociedad capitalista como es en la que vivimos, haya quien pueda pagarlo por deber ese derecho.

A la vez que uno reconoce un derecho, también está reconociendo una obligación de parte de quien forma parte del sistema social y es, en general, parte de un emprendimiento empresario por el que trata de obtener ganancias.

Con lo cual, el rol de la Justicia Laboral en un mundo de cambios vertiginosos es cómo poder llevar adelante el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras, a la vez que reconocer que el obligado sea quien pueda solventar, pagar esos derechos y también vivir y tener una ganancia por el fruto de su emprendimiento.

—Lo escucho y me es inevitable pensar en los dichos del papa León XIV en la encíclica Magnifica Humanitas. ¿Cree que esa perspectiva puede ser una guía respecto al futuro del trabajo?

—Por supuesto. Es un tema crucial el que me decís, porque justamente yo estoy leyendo la riqueza que tiene este documento, esta encíclica de León XIV, que creo que viene a iluminar un aspecto de la vida actual que estamos atravesando, que es el de los cambios que produce en los seres humanos el desarrollo de la inteligencia artificial.

Con un gran desafío hacia el futuro, que es el dominio del ser humano sobre la tecnología. Creo que es uno de los grandes dilemas, si no el más importante, que atraviesa la humanidad en este momento.

Me parece que poner al ser humano en el centro del universo y apuntar, a través de todas las políticas de los Estados y de cada persona que tenga una responsabilidad pública, a mantener los valores de la humanización del mundo va a ser crucial en esta etapa, para que la cultura que se está viviendo de cambios tremendos no nos lleve a perder los valores que ponen al ser humano en el centro del universo.

Realmente me parece una encíclica que tiene una muy evidente inspiración en todo lo que es la doctrina social de la Iglesia, que fue siguiendo los distintos cambios que la humanidad fue teniendo. Desde la encíclica Rerum Novarum hasta nuestros días, a través de los distintos documentos que la Iglesia fue planteando con la interpretación de los temas sociales. Sabemos que hay una gran sabiduría en todo el camino que la Iglesia fue haciendo en los documentos que fueron marcando la doctrina social.

Llevando estos valores que hoy iluminan de una manera muy particular porque, como sostiene la misma encíclica, estamos frente a un dilema en el cual el ser humano, con una herramienta tan poderosa como es la que proporciona la inteligencia artificial, tiene, según los criterios éticos que estén detrás del desarrollo, la posibilidad de lograr un gran bienestar para los seres humanos, pero también con el riesgo de que la humanidad vuelva a caer en el endiosamiento de determinadas herramientas que siempre tienen que ser un medio y nunca un fin en sí mismo.

—¿La Justicia y las leyes argentinas están en condiciones de enfrentar un mundo signado por la inteligencia artificial?

—Yo creo que hoy ninguna sociedad en el mundo está preparada para el embate que representa el desarrollo tan vertiginoso de la tecnología y, en particular, de la llamada inteligencia artificial.

En Argentina estamos viviendo un contexto político, económico y cultural muy particular. Sabemos que el tema del trabajo fue y es objeto de preocupación, no solo de este gobierno sino de los gobiernos de los últimos años, y probablemente lo sea de los que siguen.

Este gobierno se encargó de promover una reforma que fue aprobada con cambios, pero que es muy significativa porque modifica el derecho del trabajo de los últimos cincuenta años en dos textos normativos que fueron aprobados: la llamada Ley de Bases, en el año 2024, y la llamada Ley de Modernización, este año, en marzo.

Producen cambios fuertes en el derecho del trabajo, tanto en la faceta individual, que es la que vincula a un trabajador con un empleador, como en el derecho colectivo, que es la que organiza a todas las asociaciones sindicales y regula la relación entre ellas, con los empleadores, con las asociaciones de empleadores y con el Estado.

Esto nos pone de cara a un desafío social que la Justicia del Trabajo afronta también. En Argentina, como país federal, tenemos veinticuatro organizaciones judiciales que tienen temas laborales, entre ellas la Nacional y Federal, que fue objeto también de modificación por la ley.

Vamos a enfrentar —ya estamos enfrentando— en los próximos meses y años una transformación también de quienes recurran a la Justicia para hacer valer sus derechos del trabajo, porque va a haber una modificación, en particular en la Capital Federal, donde se está creando por ley y se están concursando cargos para una Justicia Laboral local en la Ciudad de Buenos Aires.

De alguna manera, siguiendo el mandato que la Constitución de 1994, según lo interpretó la Corte Suprema, entiende que tiene que existir una Justicia Laboral en la Ciudad de Buenos Aires.

Esto va a coexistir por un tiempo con la actual Justicia Nacional del Trabajo, de la que formo parte, y va a haber un tiempo de transición.

Al día de hoy, los conflictos laborales siguen resolviéndose como se resolvían hasta ahora. La Justicia Nacional del Trabajo es la única competente para entender en los temas laborales. Cualquier persona que tenga hoy un conflicto laboral que no pueda resolver o autocomponer con su empleador recurre a la Justicia Nacional del Trabajo, que recibe miles de demandas por año. Estamos resolviendo una cantidad de trabajo incesante porque, además, somos menos de los jueces que deberíamos ser y estamos llevando adelante una tarea con mucha responsabilidad.

—Me detengo en los cambios. Llevémoslo a la calle. Si tuviera que explicar de la manera más simple posible qué cambia en términos de legislación laboral con la modernización laboral, ¿cómo lo explicaría?

—Hoy hay algunos cambios que introdujo la ley que son muy concretos y precisos. Tanto la llamada Ley de Modernización como la llamada Ley de Bases, que son los dos instrumentos normativos vigentes de este gobierno, lo que hicieron fue reducir fuertemente los costos del despido porque bajaron todas las indemnizaciones agravadas que venían vigentes desde décadas en Argentina.

Entonces, hoy es para un empleador mucho más barato, en términos económicos concretos, poder despedir sin justa causa a una persona trabajadora.

Este es uno de los puntos fundamentales, porque era un tema que preocupaba mucho: la superposición de indemnizaciones que había cuando se declaraba injusto un despido.

Por otro lado, la llamada Ley de Modernización viene a introducir como muy novedoso en el derecho del trabajo argentino la posibilidad de renegociar o negociar dentro del contrato de trabajo institutos que tradicionalmente no era posible cambiar: horarios, vacaciones, jornada.

—¿Negociaciones individuales o colectivas?

—Individuales. Lo cual es sensible y delicado, porque el derecho del trabajo es una construcción jurídica sobre la base de la vulnerabilidad negocial de la persona trabajadora.

Y eso hace que el orden jurídico, las leyes, prevean determinados pisos por debajo de los cuales no se puede negociar individualmente.

—En síntesis, no están en la misma condición el empleador que el empleado.

—Exactamente. Esto es la esencia por la cual nació el derecho del trabajo como rama autónoma del orden jurídico y del conocimiento jurídico: el estado de vulnerabilidad negocial.

Hoy el término vulnerabilidad es un término moderno que se utiliza para designar determinados colectivos de personas que están en condiciones de debilidad por alguna razón. Se habla así de las personas discapacitadas, de las personas ancianas, de todas las personas que tengan algún factor que las hace socialmente vulnerables.

En el derecho del trabajo lo que se produce es una vulnerabilidad en un aspecto, que es el aspecto negocial, tanto para pactar un contrato de trabajo como para renegociar dentro del contrato de trabajo en desarrollo.

Esta vulnerabilidad negocial hace que la ley proteja a la persona trabajadora y no permita que negocie por debajo de determinados mínimos que son inderogables o irrenunciables para la ley.

En esto, la llamada Ley de Modernización 27.802, vigente desde hace pocos meses en Argentina, lo que trata es, en algunos institutos, de equiparar a las partes, crear una especie de autonomía en la persona trabajadora para que pueda negociar.

Lo hace sobre la base, justamente, de lo que conversábamos: los cambios acelerados que se producen en el trabajo a nivel mundial hacen que las personas trabajadoras hoy, a diferencia de otras épocas en las que los esquemas de vida eran mucho más tradicionales, puedan querer trabajar menos horas más días, o más horas menos días, o tomarse vacaciones en determinados momentos o fraccionar sus vacaciones.

Entonces, en pos de esto, la ley abre la posibilidad de negociar. Y esto es un arma de doble filo porque, como se sabe que el trabajador es una persona vulnerable dentro de la relación negocial, puede dar lugar a abusos.

Esto es un desafío que, en parte, las instituciones del derecho del trabajo —trabajadores, empleadores, asociaciones sindicales, asociaciones de empleadores y la misma Justicia del Trabajo— van a tener que ir analizando casuísticamente, para que se mantengan los valores que hacen a la construcción jurídica del derecho del trabajo y de toda persona trabajadora, que es concretamente no ser abusada en la relación de vulnerabilidad negocial.

Pero, por otro lado, permitirle a esa persona gozar de los beneficios cuando ella misma decida, por ejemplo, modificar el régimen vacacional, la jornada de trabajo, trabajar desde su casa, etcétera, que hasta hoy la ley, por su rigidez, no lo permitía.

Es un desafío que plantea la ley, porque quienes estamos en el derecho del trabajo desde hace muchas décadas vemos con cierta desconfianza la posibilidad de negociar, porque sabemos que la persona trabajadora está en condiciones de vulnerabilidad.

Algunos más y otros menos, porque el derecho del trabajo se construyó históricamente sobre la base de un modelo rígido, donde antes se planteaba que una persona ingresaba en un trabajo, trabajaba toda su vida, hacía carrera y lo hacía durante un determinado tiempo del día y determinados días de la semana.

Hoy la cultura del mundo cambió muchísimo por diversos factores que hacen que el derecho del trabajo tenga que resignificarse, manteniendo esos valores de protección de la persona vulnerable en la negociación, pero a la vez tratando de captar todas las nuevas realidades culturales y llevarlas al derecho de una manera que permita equilibrar la dignidad de la persona con las posibilidades de cambio para que el mundo sea más moderno y nos permita convivir en armonía.

—¿Siguen teniendo sentido los sindicatos?

—Por supuesto. Justamente hablábamos de la encíclica papal, Magnifica Humanitas, y es uno de los aspectos que señala como muy importantes en la sociedad actual y en la que se viene: el sostenimiento de las instituciones intermedias.

En general, en el desarrollo de dos principios que las encíclicas de la Iglesia sostienen desde hace muchos años: los principios de subsidiariedad, en función del cual el Estado tiene que permitir el juego de las instituciones intermedias para representar a las personas en todo aquello que las personas por sí solas no puedan hacerlo, y el principio de solidaridad, que permite que, dentro del manejo de esta concepción estatal, sin invadir a las personas, genere las condiciones que permitan el bien común y que todas las personas puedan desarrollar un sentimiento de agruparse, compartir valores y sentirse en un espacio común.

Esto no es novedoso dentro de la doctrina de la Iglesia. Ya lo venía diciendo también el papa Francisco en la Fratelli y en la Laudato si’, donde hablaba de la casa común. La importancia que tienen la solidaridad y la subsidiariedad.

Dentro de este contexto, el sindicato, el sindicalismo, las asociaciones sindicales vienen a cumplir un rol esencial en el desarrollo de los derechos del trabajo, que es tomar todos aquellos aspectos que la persona trabajadora aisladamente no puede desarrollar y necesita socializar con sus pares para que los intereses comunes que tengan en el ámbito laboral puedan desarrollarse a través de una representación sindical que les dé fuerza.

Esto tiene que trascender necesariamente las coyunturas que nosotros muchas veces ponemos como vidrieras para opacar determinadas instituciones. No hay que confundir a la institución sindical y su valor con la interpretación que nosotros hacemos a partir de algunos ejemplos personalizados.

Muchas veces se demonizan determinadas instituciones porque hay determinadas personas contra las cuales se apunta y se las pone en un rol de subestimación o de reproche, y entonces se reprocha a las instituciones sindicales.

No se puede juzgar a las instituciones solamente por las personas ni por algunas personas. Hay que valorar las instituciones, resignificarlas y saber que los seres humanos podemos equivocarnos, podemos desarrollar una vida de mayor o menor virtud, pero eso no opaca el sentido más profundo de las instituciones.

Y esto no solo pasa a nivel sindical, sino también a nivel político. Cuando muchas veces se habla de la casta política, hoy es una cuestión muy de moda en Argentina porque fue una de las razones que permitió a este gobierno lograr una mayoría para asumir.

La política también es una herramienta que hace al bien de la sociedad, bien utilizada, y es absolutamente necesaria para permitir que las instituciones democráticas funcionen.

Cuando se habla de la casta política en un sentido peyorativo, es evidente que de lo que se está hablando es de los excesos de la política para beneficiarse individualmente o egoístamente y dejar de perseguir los verdaderos valores de la política.

Esto mismo pasa con las instituciones sindicales. Tenemos que revalorizarlas, resignificarlas y, por supuesto, controlarlas de la manera en que la ley nos permita y que las instituciones democráticas funcionen a través del sistema de frenos y contrapesos.

—¿Hace cuántos años es juez del fuero laboral?

—Hace veinte años que soy juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y ocupé también un rol como secretario letrado de la Corte con anterioridad, durante diez años, y fui empleado y funcionario de la Justicia Nacional del Trabajo.

Mi carrera judicial tiene más o menos cuarenta años. Voy a cumplir, en el año 2027, cuarenta años entre la experiencia que tuve en la Justicia Nacional del Trabajo y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

—En esos cuarenta años vio un mundo laboral, un mercado laboral, que cambió enormemente. ¿Cómo ve que cambió el trabajo en Argentina en estas últimas cuatro décadas?

—Los cambios en Argentina… Uno tiene una percepción individual y personal y también, inevitablemente, desde la función, una visión institucional.

La verdad es que, en lo personal, a mí lo que más me impacta de los cambios en Argentina es la influencia de la tecnología y diría también la evolución que tuvo la visibilización, a nivel social, de los problemas de discriminación y todo lo que se relaciona con la discriminación.

Creo que en eso hubo una evolución cultural muy importante en Argentina: toda la percepción de los problemas, la influencia de la tecnología y los cambios que produjo la concientización acerca de los colectivos discriminados.

Hoy creo que los desafíos más importantes para nuestro país tienen que ver con la inclusión social. Desde el punto de vista del trabajo, me preocupa ver colectivos excluidos.

Creo que, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia, sería muy importante el desarrollo de políticas inclusivas que permitan reducir los niveles de desempleo o de subempleo, o el trabajo informal o clandestino.

Eso es un tema que me preocupa mucho desde el presente hacia el futuro, en parte por el desarrollo de las tecnologías, que son excluyentes de las personas no calificadas.

Por eso creo que la promoción de políticas de empleo acompañadas de políticas educativas que se introduzcan en la formación, en los programas de estudios formales de la educación, son claves para la gobernanza del presente y del futuro en Argentina.

Creo que en esto hay que reconocer que las leyes promovidas por este gobierno tienden a la formalización de la economía, aun cuando uno pueda no compartir las categorías conceptuales en base a las cuales se procura la formalización.

Esto me parece un elemento importante porque nuestra sociedad tiene un flagelo muy grande, que es la economía clandestina, que se da en el mundo de las relaciones laborales, y eso genera todo tipo de discriminaciones y abusos.

Cuando hay trabajo clandestino se pueden producir todo tipo de abusos en aquellos aspectos en los que nuestra cultura es reprobable. Por eso el tema de la visibilización de la discriminación me parece un factor importante.

Y después, el desarrollo del manejo de la gobernanza en materia tecnológica me parece fundamental.

Sobre esto también alerta la OIT en un documento muy importante. La Organización Internacional del Trabajo produjo en el año 2019 una declaración sobre el futuro del trabajo, donde exhorta a los gobiernos a desarrollar políticas —lo que llama la gobernanza del trabajo— laborales que tiendan a captar los cambios más importantes que se están dando en el mundo y llevarlos a las normas para que esto ayude a la dignificación y a la inclusión de las personas, a lo que la OIT llama el trabajo decente.

Me parece muy importante en Argentina poder trabajar en pos de estos valores.

Esto es un poco lo que, tal vez desarticuladamente, estoy respondiendo a esta pregunta que me hiciste, porque me resulta muy difícil pensar qué pasó en estos cuarenta años en Argentina en el trabajo.

Los niveles de litigiosidad judicial fueron crecientes. Obviamente, la conflictividad judicial muchas veces tiene que ver casi directamente con la conflictividad social.

Argentina es un país donde yo percibo mucha conflictividad no resuelta y, en parte, esto es un problema en el que el sistema judicial creo que tiene una deuda pendiente con la sociedad: juicios más rápidos, respuestas más rápidas para que las personas puedan resolver sus conflictos y no estén con conflictos pendientes, porque eso también socialmente hace que seamos una sociedad muy susceptible frente a cualquier problema.

—¿Hay tal cosa como una industria del juicio?

—No, de ninguna manera.

Lo que hay son, por supuesto, como en todos los ámbitos judiciales, abusos de la posibilidad de reclamar frente a situaciones que objetivamente no dan para hacer un reclamo.

Pero esto puede pasar tanto en el derecho del trabajo como en el derecho civil o en otras ramas del orden jurídico.

Yo, en mis cuarenta años de experiencia en el fuero laboral y mis veinte años de juez de Cámara, creo que la expresión “industria del juicio” es muy fuerte. Un mote muy fuerte como para que, sospechosamente, no haya generado ninguna acción judicial para que se identifique dónde está esa industria, quién la realiza.

Esto no existe.

Obviamente que hay situaciones de abuso que nosotros vemos muchas veces en el fuero, en la Justicia, y cuando advertimos una situación que puede ser abusiva, enseguida investigamos y determinamos las consecuencias.

Por ejemplo, cuando se reclama dos o tres veces por una misma causa en distintos juzgados o en distintas jurisdicciones.

Pero el sistema judicial tiene sus propios mecanismos de percepción, de investigación y de castigo, y muchas veces se han detectado situaciones de abuso y se han castigado.

Lo que sucede es que muchas leyes en Argentina se hicieron sobre la base de la desconfianza en la persona reclamante y eso también, indirectamente, invita muchas veces al litigio porque, al generarse sobre la desconfianza, lo que hacen las leyes es muchas veces dejar vacíos o generar problemas interpretativos que necesariamente son susceptibles de una respuesta judicial. Entonces no queda otra situación que el litigio.

Nosotros en la Justicia vemos muy claramente cientos de temas que no deberían estar en el sistema judicial y deberían haberse resuelto autocompuestos o compuestos por un método de resolución de conflictos alternativo al judicial.

Y eso en Argentina es uno de los temas tal vez flojos.

—Pienso en la legislación nueva. ¿Qué otras estrategias podrían encontrarse para enfrentar este exceso de conflictividad judicial? ¿Hay algo que se haga en otros lugares del mundo que sirva como parámetro? ¿Cree que la legislación nueva puede ayudar en esa dirección?

—Yo soy un fuerte defensor de los mecanismos de solución de conflictos conciliados, prejudiciales, antes de la instancia judicial, mediante la profesionalización del método conciliatorio, que en el derecho del trabajo creo que es fundamental y funciona en otros países del mundo.

En Argentina tenemos un sistema de conciliación laboral en la Capital Federal y también en muchas provincias que lo desarrollan. Es un sistema que creo que debe ser perfeccionado, mejorado, más profesionalizado.

Creo que eso puede disminuir drásticamente la cantidad de conflictos que después derivan en el sistema judicial y creo que en eso hay que trabajar mucho.

Se viene trabajando. Por lo menos me consta porque fui convocado para una comisión en la que se designaron los últimos conciliadores hace algunos años.

Creo que hay que trabajar mucho en eso desde un nivel mucho más profesional, porque funciona en otras partes del mundo.

También hay que trabajar en una cultura jurídica mucho menos conflictiva. Nosotros tenemos quizás un defecto en la formación de la abogacía en Argentina, que es la cultura adversarial.

Los abogados y abogadas, normalmente, cuando nos formamos, nos formamos para el litigio y no tanto para el avenimiento de las partes.

Creo que esto es un método que debería ser parte de los planes de estudio con mucha más fortaleza en la carrera de Abogacía y también del desarrollo de posgrados o de saberes especializados que permitan desarrollar conocimientos multifacéticos, interdisciplinarios, que no solo analicen temas jurídicos sino también de tipo psicológico.

Porque el conflicto en sí mismo es parte de la psicología humana natural, pero cuando esto se entrelaza con cuestiones jurídicas e intereses económicos, se complejiza.

Y muchas veces los tribunales no tenemos las herramientas suficientes para entender la complejidad y lo multifacético de los conflictos.

Nos ayudaría muchísimo la profesionalización y las herramientas que nos den elementos psicológicos para sobrellevar un conflicto.

De hecho, en mi tribunal tratamos de recurrir permanentemente a los métodos conciliatorios, aun cuando los expedientes llegan ya con una sentencia dictada y una posibilidad de revisión, porque creemos que la solución que las partes pueden darse a un conflicto es mejor incluso que la que le puede dar el sistema judicial.

Nunca, en la psicología humana —y esto creo que está estudiado por la ciencia—, es bueno que un tercero venga a poner solución a un conflicto que dos o más partes iniciaron.

Lo mejor es que las propias partes sean adultas para resolver lo que ellas mismas generaron.

Pero el sistema judicial tiene que estar para resolver todo aquello que no puedan autocomponer las partes. Y más en un derecho como el del trabajo, que muchas veces tiene aspectos que son indisponibles, irrenunciables y que solamente un tribunal los puede determinar.

—¿Cómo le explicaría a los argentinos qué impacto tendría el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué significa y qué cambia?

—Se trata de la creación de una Justicia Laboral en la Ciudad de Buenos Aires.

Argentina tiene, sabemos, veintitrés provincias y cada una tiene una Justicia Laboral. La Ciudad de Buenos Aires es un Estado autónomo al que le dio una autonomía particular la reforma constitucional de 1994, pero no tiene ni Justicia Civil, ni Justicia Laboral, ni Justicia Comercial. Tiene una Justicia Penal y Contravencional y Contencioso Administrativa local.

La idea, el criterio de la Corte Suprema en su evolución sobre cómo debe ser completada la reforma constitucional, es que también la Ciudad de Buenos Aires tenga una Justicia Laboral.

Y la Ley 27.802 de Modernización Laboral aprobó la creación de una Justicia Laboral en la Ciudad y la transferencia de competencias.

Esto hace que hoy haya un proceso de transición.

Hasta que la Justicia Laboral de la Ciudad se cree y entre en funcionamiento, que probablemente ocurra en el año próximo o en los próximos tiempos, va a haber una especie de convivencia entre dos organizaciones judiciales, lo cual va a ser un poco complejo.

Yo trataría de explicarlo en términos simples, pero lo cierto es que es un proceso institucional complejo.

Hoy, quien tiene un juicio, un problema laboral, trabaja en la Capital Federal —aun cuando viva en la provincia de Buenos Aires o en otra provincia—, pero su lugar de trabajo es en Capital Federal, el tribunal competente al que tiene que recurrir es la Justicia Nacional del Trabajo, porque es la única Justicia existente.

Ahora está en proceso de creación la Justicia Laboral de la Ciudad de Buenos Aires.

Por un tiempo va a haber una convivencia hasta un momento de corte en el cual los juicios se van a iniciar en la Justicia Laboral de la Ciudad, para los juicios individuales del trabajo.

Porque la Justicia Nacional del Trabajo tiene justificación, además de histórica, porque además de juicios individuales de trabajo entre un trabajador y un empleador, tiene juicios de carácter colectivo donde se involucran asociaciones sindicales que muchas veces tienen ámbito territorial nacional.

Y por eso la Justicia Nacional del Trabajo tiene una justificación territorial de todo el país.

Con la Ley 27.802 lo que se procura es que los juicios individuales del trabajo, a partir de la creación de la Justicia de la Ciudad, tramiten en la Justicia de la Ciudad.

Y los juicios colectivos, según lo plantea la ley, serían de competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal, lo cual, desde mi perspectiva, va a generar alguna conflictividad y creo que tal vez no es lo mejor desde el punto de vista de lo que se avanzó en Argentina y se consolidó, que es la especialidad del fuero laboral.

Entonces, la Justicia Nacional del Trabajo, que está planteada como una Justicia de transición, quizá debería resignificarse y tomar todos los juicios que sean de carácter colectivo, de carácter interjurisdiccional.

Es decir, por ejemplo, una persona que vive en una provincia y trabaja en otra o en la Capital Federal. Los casos laborales que tengan componentes que abarquen distintas jurisdicciones territoriales.

Y también, quizás, los temas federales que involucran al Estado nacional. Esta es la justificación que me parece que debería tener.

Todo lo cual es dentro de un marco institucional y político complejo.

Si hoy tuviera que decirle a una persona que es trabajador o trabajadora de la Ciudad y tiene que iniciar un juicio, hoy el único tribunal existente para resolver un juicio laboral es la Justicia Nacional del Trabajo.

Y probablemente en los próximos tiempos lo sea la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que todavía está en un plano incipiente de creación, porque hoy la Justicia Nacional del Trabajo tiene ochenta juzgados y diez salas, mientras que la Justicia de la Ciudad se creó con diez juzgados y apenas dos salas, con lo cual es muy reducida como para captar hoy la conflictividad actual que tiene el mundo del trabajo en la Capital Federal, que es el principal distrito del país en cuanto a cantidad de conflictos y a radicación de las empresas más importantes del país.

Esto va a ser un tema en el que probablemente tengamos que trabajar a través de un diálogo institucional para lograr una armonía y que esto no perjudique tanto a las personas que van a buscar una respuesta al sistema judicial como a los profesionales de la abogacía que litiguen.

Hoy estamos viviendo una situación de transición y es ciertamente problemática.

Pero así como digo esto, también digo que estamos haciendo un gran esfuerzo desde la Justicia Nacional del Trabajo, en las dos instancias, para poder llevar adelante con la mayor rapidez la resolución de los miles de conflictos judiciales que hoy tenemos a estudio.

—Hace un ratito habló del aspecto psicológico del conflicto. ¿Hace terapia?

—Sí, hago terapia. Desde hace muchos años y me ayuda mucho en la interpretación de los temas individuales que tengo, vivenciales, y también en la percepción de mi función, que es muy compleja y que me excede en cantidad, en calidad, y también a lograr los equilibrios para desarrollar sanamente y resolver muchas veces cosas que uno trae aparejadas de su historia y que tiene que visibilizar, identificar y resolver.

Me ayuda mucho y es una gran profesional a quien realmente le agradezco ese seguimiento.

—¿Diría que hacer terapia lo hace ser mejor juez?

—Yo creo que todo lo que uno hace para mejorar su calidad humana repercute en el mejor desarrollo de la función.

Así que sí, debería ser así. Espero que lo sea realmente, porque lo hago porque soy consciente de la responsabilidad que tengo en la función, de la cual estoy agradecidísimo a la sociedad argentina de que me dé esta posibilidad.

Yo creo que la labor judicial, que para mí es algo vocacional, es una gran oportunidad de devolver a la sociedad todo aquello que pueda hacer a una distribución más justa de los bienes.

Y en esa responsabilidad trato de andar cuando trabajo cotidianamente cada expediente, cuando tengo que formar equipos de trabajo para que puedan entender también la función judicial.

Se trabaja en equipo, se delegan muchas cosas, se conversan muchos temas y eso también hace a la riqueza de lo que es la carrera judicial, que yo fomento mucho en mi ámbito.

—¿Siempre supo que se iba a dedicar a esto? Porque tengo entendido que tal vez existía la posibilidad de que fuera periodista.

—Cuando tuve que optar por mi carrera universitaria, me inscribí en las dos carreras, en Periodismo y en Abogacía, ambas con vocación de justicia.

En el Periodismo porque tenía la firme vocación de hacer periodismo de análisis que me permitiera investigar y lograr transmitir a la sociedad mayor transparencia.

Y cuando finalmente decidí estudiar Derecho, porque no podía con las dos carreras a la vez, creo que la misión principal de mi desarrollo profesional fue lograr la condición de juez, que no creí que iba a lograr.

—¿Por qué?

—Porque me parecía algo muy difícil y que estaba reservado solamente para algunas personas que tenían algún don especial.

Realmente, crecer en la carrera y haber tenido la posibilidad de llegar a la magistratura fue algo por lo que tengo agradecimiento, desde la fe a Dios y, desde lo humano, a mi familia que me apoya, a mi mujer y a mis hijos.

Trato de devolverlo en la función que me toca cumplir, de la que me siento muy agradecido.

Siempre traté de hacer el doble de lo que la función me exigía y eso me permitió ir ascendiendo rápidamente en la carrera judicial.

Dedicando mucho más tiempo del que quizás tenía que dedicar formalmente o por las normas, eso me permitió lograr muchas de las cosas de las que hoy me siento muy agradecido y trato de devolver permanentemente a la sociedad.

—Con cuarenta años de carrera judicial, ¿sigue dedicándole ese tiempo o tiene algo de tiempo libre?

—Trato ahora de hacer tiempo libre para dedicarme a algunas actividades un poco más lúdicas.

—¿Como por ejemplo?

—Estoy jugando al tenis, entrenando también porque humanamente lo exige y porque además me siento muy bien haciéndolo.

Trato de compartir esas actividades en familia y con amigos, y también de dedicar un poco de tiempo a la lectura, al ocio y a la vida familiar, que para mí es fundamental.

Y también en la vida social incluye el fútbol, que es algo que me gusta mucho. Habitualmente voy a la cancha.

—¿A ver a…?

—A Independiente, del cual soy socio, soy hincha y sigo la carrera. Para mí también es un espacio importante de vida.