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Los cerca de 6 millones de clientes móviles de Movistar que serán transferidos a Tuenti comenzaron a recibir mensajes de texto que les informan que su línea cambiará de prestador. El aviso vincula la medida con una disposición del Tribunal de Defensa de la Competencia, en el contexto de la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom Argentina.

El mensaje llega desde un remitente identificado como Tuenti y adelanta una modificación que afectará a una parte de la cartera de usuarios de Movistar. No establece una fecha concreta para cada migración, pero confirma que el servicio dejará de estar bajo el prestador anterior para ser atendido por otra empresa.

El texto del SMS dice que, por la disposición adoptada en el marco de la compra, “tu servicio será brindado por otro proveedor”. A continuación, identifica a Tuenti, operada por CPS Comunicaciones S.A., CUIT 30-69685097-2, como la compañía que prestará el servicio de telefonía móvil.

La comunicación agrega que la atención continuará “con la misma calidad y condiciones”. Esa aclaración aparece junto con la información de contacto para los clientes que requieran precisiones sobre el cambio o que quieran pedir la baja sin cargo.

El aviso deriva las consultas a los canales de atención

El mensaje recibido por los usuarios informa el número 0800-321-0700, el código corto *700 y un enlace de Movistar como vías de consulta. También señala que el remitente no puede recibir respuestas, por lo que quienes tengan dudas deben contactar directamente a esos canales.

La notificación no detalla en qué día se concretará el traspaso de cada línea, ni indica cambios específicos en planes, precios, equipos o modalidad de facturación. Esos puntos deberán ser informados a cada cliente durante el proceso de migración, que será gradual.

La referencia a la baja sin costo cobra relevancia porque el SMS constituye una comunicación individual sobre un cambio de proveedor. Los usuarios alcanzados pueden requerir información antes de que se complete el traslado de su línea o gestionar la cancelación del servicio a través de los medios indicados.

La captura del mensaje permite conocer, además, cómo se instrumenta en la práctica una operación que hasta ahora se había explicado principalmente a través de anuncios empresariales y del trámite ante los organismos de competencia. La migración no alcanzará a la totalidad de los abonados de Movistar.

La venta de Telefónica obligó a repartir parte de sus clientes

El trasfondo del cambio está en la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom Argentina. La empresa adquirió los activos locales de su competidora por USD 1.245 millones, pero la operación quedó sujeta a condiciones regulatorias antes de obtener su aprobación definitiva.

La principal preocupación de las autoridades es la concentración del mercado. Telecom ya opera Personal y, si hubiera retenido todos los activos y clientes de Telefónica, habría reunido una porción mayor de un sector en el que también participa Claro. Por eso, debió desprenderse de una parte de la cartera adquirida.

La transferencia comprende aproximadamente 6 millones de líneas móviles y 200.000 accesos de internet fija. Telecom conservará otros usuarios y activos de Telefónica, de modo que no todos los clientes de Movistar serán derivados a la nueva prestadora.

El proceso se encuadra en las medidas establecidas por la autoridad de competencia para preservar la competencia entre operadores. Todavía restan formalidades para completar la transferencia, entre ellas los contratos definitivos y la presentación del acuerdo ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).

Mientras esos pasos avanzan, los avisos por SMS constituyen la primera señal concreta para los abonados comprendidos. La empresa había indicado que las condiciones operativas, los plazos y las modalidades de implementación serían comunicados de manera paulatina e individual.

Metrotel recibirá la cartera y usará la marca Tuenti

La compañía que tomará los clientes y activos transferidos es Metrotel. Para su ingreso al mercado de telefonía móvil utilizará la marca Tuenti, que vuelve a tener presencia en la Argentina bajo una estructura empresarial distinta de la que tuvo en etapas anteriores.

El directorio de Telecom aceptó una oferta de Metrotel valuada en USD 450 millones para quedarse con la cartera definida como parte de la desinversión. La ANC había aprobado a Metrotel como potencial adquirente, aunque la operación requiere la instrumentación final entre las partes.

Metrotel deberá aportar la infraestructura y los servicios necesarios para atender a los clientes que recibirá. La intención declarada en el marco de la operación es que exista un tercer operador con una escala suficiente para competir en el mercado móvil, donde Personal y Claro reúnen una participación significativa.

La empresa también atravesó cambios en su composición accionaria. El 51 % de Metrotel quedó en manos de Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, mediante Nippur Fiber Holding. El 49 % restante fue adquirido por Beacon, cuyo principal accionista individual es Ralph Booth. Los fondos Blackstone y Riverwood Capital dejaron de formar parte de la compañía.

La salida de Movistar será gradual y no tendrá una fecha única

La desaparición de Movistar como marca en el segmento alcanzado no se producirá de un día para otro. El SMS anticipa el cambio de prestador, pero la migración se realizará por etapas y cada usuario deberá recibir información particular sobre su línea.

Por ahora, el mensaje identifica a Tuenti como la firma que brindará el servicio y sostiene que se mantendrán las condiciones de prestación. La letra fina de cada traslado, incluidos los plazos y el alcance de los cambios para cada abonado, dependerá de las comunicaciones que lleguen durante las próximas etapas del proceso.

“Todos queremos garantizar que el cambio no vuelva atrás y que funcione”. Así lo afirmó en Infobae Al Mediodía la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. La exfuncionaria planteó que el PRO debe definir qué lugar ocupará frente al Gobierno y si buscará consolidarse como una segunda fuerza política antes de discutir candidaturas para 2027.

Para Vidal, esa definición no alcanza por sí sola para resolver la pregunta sobre su lugar en la próxima contienda. “Volvería a ser candidata si hay un para qué claro”, afirmó, antes de advertir que no le interesa regresar a un cargo por una necesidad personal ni anticipar una campaña que, a su juicio, todavía no debería ocupar el centro de la política.

La dirigente describió ese debate como una discusión que atraviesa al partido y que exige decidir desde dónde acompañar al oficialismo. Mientras un sector considera que el PRO debe profundizar los acuerdos con el Gobierno, otro propone mantener una identidad propia y construir una alternativa. “Yo soy más de los segundos”, respondió al fijar su posición.

La dirigente afirmó que hoy destina el 80% de su tiempo a actividades del sector privado, la universidad y una consultoría, y el resto a la Fundación Pensar. Ante la posibilidad de volver a competir, fue tajante: “No me desvela”.

La construcción de una segunda fuerza política

La exgobernadora sostuvo que la discusión no se limita a una diferencia de estrategia, sino que define qué papel tendrá el partido en los próximos años. Quienes comparten su mirada, explicó, creen que la mejor forma de sostener el proceso político es consolidar una segunda fuerza competitiva.

“Hay otros que piensan que la mejor manera de garantizar el cambio es construir una segunda fuerza y dejar al kirchnerismo tercero”, afirmó.

En esa línea, planteó que la continuidad del rumbo debe medirse fuera de los grandes centros de inversión y alcanzar a todas las regiones. “Que funcione para todos los argentinos, no solo para el que le tocó nacer en Vaca Muerta”, señaló, al marcar que las oportunidades que genera el desarrollo energético todavía no se reflejan de la misma forma en el resto del país.

Vidal puso como ejemplo a Neuquén, donde observó un movimiento demográfico asociado a la actividad de Vaca Muerta. “Llegan cien familias por día, un pueblo por año”, afirmó. En contraste, mencionó al conurbano bonaerense como un territorio donde las familias aún no perciben los efectos de ese proceso.

La definición sobre las alianzas convive, según dijo, con una inquietud por el calendario político. “Hay una discusión que para mí está muy adelantada innecesariamente”, sostuvo.

Una candidatura que dependerá de un objetivo político concreto

La exgobernadora insistió en que una candidatura solo tendría sentido si respondiera a una finalidad política definida. “Solo sería candidata si hay un para qué claro, si tiene algún sentido que yo sea candidata”, afirmó. Recordó, además, que los votantes le confiaron responsabilidades de alta jerarquía cuando aún era joven y dijo que esa experiencia condiciona su evaluación.

Sobre su actividad privada, señaló que trabaja con compañías de distintas escalas y que esa tarea le permitió conocer realidades que no siempre aparecen en la discusión partidaria. “Por suerte me va muy bien y aprendo mucho”, dijo. También destacó que volvió a estudiar y definió este momento personal como “este proceso de reinventarse después de los cincuenta”.

Aun con esa distancia de la competencia electoral, Vidal cuestionó que la dirigencia coloque la campaña por delante de otras urgencias. “Me molesta bastante que se hable de campaña en este año par”, afirmó. Su planteo apunta a que el Congreso y los gobiernos concentren su atención en los problemas que enfrentan las familias.

El respaldo al orden fiscal convive con reclamos sociales

En materia económica, Vidal ratificó su apoyo al programa del Gobierno y a sus pilares centrales. “Creo en una macro estable, creo en el orden fiscal, creo en una inflación que vaya a la baja”, sostuvo. Ese respaldo, aclaró, no le impide señalar las dificultades de jubilados, docentes, médicos, policías y trabajadores que perdieron un empleo formal.

La exgobernadora señaló que para muchos hogares el ajuste de las cuentas públicas no se tradujo todavía en una mejora palpable. “Hoy les cuesta llegar a fin de mes”, afirmó sobre esos sectores. También advirtió sobre el pasaje desde empleos registrados hacia ocupaciones independientes, informales o vinculadas con plataformas digitales: “Eso está pasando”.

Vidal rechazó que esos problemas se utilicen como argumento para abandonar el rumbo económico. “No quiero que los fallos que hoy estamos viendo tiren por la borda todo ese rumbo”, dijo. Su posición es que el Gobierno puede preservar el equilibrio fiscal y, a la vez, incorporar medidas que atiendan las consecuencias sociales del cambio.

Consultada sobre esa posibilidad, respondió: “Creo que sí, haciendo más cosas”. Para la dirigente, las políticas públicas deberían enfocarse en resultados concretos para quienes tienen dificultades sin abrir un desequilibrio en las cuentas del Estado. “La gente lo que necesita son respuestas, son resultados, son cosas que le mejoren su vida”, afirmó.

Bajar impuestos sobre las deudas y avanzar con privatizaciones

Entre las medidas que propuso, Vidal incluyó una reducción de los impuestos que recaen sobre las cuotas de personas endeudadas. “De la cuota que pagan los endeudados hay un 30% que son impuestos”, sostuvo. La dirigente respaldó la educación financiera en las escuelas, pero descartó que el Estado deba condonar de manera generalizada obligaciones privadas.

“Es malo que el Estado se meta en la regulación de una deuda entre privados”, afirmó. En cambio, pidió revisar las cargas nacionales, provinciales y municipales que forman parte de esas cuotas. “Bajá los impuestos nacionales”, planteó, y extendió el reclamo a gobernadores e intendentes.

La exgobernadora sostuvo que aún existen herramientas disponibles para aliviar costos y reactivar sectores sin renunciar al orden fiscal. “Todavía hay cosas para hacer que no se hicieron”, afirmó. Entre ellas, ubicó las concesiones y privatizaciones habilitadas por la Ley de Bases.

El RIGI busca compensar el historial económico de Argentina

La defensa del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) formó parte de ese mismo razonamiento. Vidal consideró que Argentina debe ofrecer condiciones especiales porque arrastra un historial que desalienta a los inversores. “Los argentinos no somos todavía suficientemente conscientes de nuestro prontuario como país”, afirmó.

Y agregó que “en los últimos ochenta años la Argentina tuvo diez crisis bancarias, dos hiperinflaciones, nueve defaults, veintiséis programas por el Fondo”, señaló. Según su mirada, esa secuencia obliga a reconstruir previsibilidad frente a otros destinos de inversión.

“Competís con otros países”, resumió Vidal. Por eso, sostuvo que el RIGI debe entenderse como una garantía adicional para proyectos de largo plazo y no como un privilegio aislado. La exgobernadora afirmó que Argentina necesita compensar la falta de credibilidad acumulada para captar capitales en energía y minería.

Vidal distinguió las situaciones fiscales de las provincias

Al referirse a la relación entre Nación y las provincias, la dirigente pidió evitar generalizaciones. Señaló que hay gobernadores que administraron con previsión y otros que enfrentan resultados vinculados a decisiones adoptadas en etapas anteriores.

El caso de la provincia de Buenos Aires apareció en esa comparación, particularmente por la situación de los docentes. “Hoy el salario docente en la provincia de Buenos Aires es el más bajo en términos reales de los últimos veinte años”, afirmó Vidal. La exgobernadora vinculó ese dato con el deterioro de las condiciones de trabajo y de la educación.

Para ella, el debate legislativo debería ordenarse alrededor de los asuntos que llegan a los hogares y no solo de las negociaciones partidarias.

Entre otras cosas, pidió revisar la Ley de Salud Mental e incluyó en esa agenda el suicidio, las apuestas en línea y el uso de pantallas. En ese marco, cuestionó que el Senado priorice discusiones sobre las PASO por encima de esas demandas.

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Laboratorio Valmax, la empresa que en los años 80 desarrolló en la Argentina el mercado de la solución fisiológica en monodosis, frenó por completo su producción, desvinculó a 30 de sus 60 trabajadores y bloqueó el acceso a su planta de Ituzaingó. La firma, que además adeuda la mitad de los salarios del mes pasado y paga haberes de forma fraccionada desde abril, acumula 196 cheques rechazados por un total de $156.526.850.

La crisis financiera del laboratorio derivó en la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que citó a la empresa a una audiencia este lunes con la orden de presentar una propuesta concreta para destrabar el conflicto.

La historia de Valmax se remonta a 1980, cuando el austríaco Peter Ploder fundó la compañía y apostó por un producto que hasta entonces no tenía desarrollo local: la solución fisiológica en formato monodosis. Ploder no solo creó la marca, sino que impulsó un segmento completo del mercado farmacéutico argentino. Las ampollas individuales de suero, que hoy se consiguen en cualquier farmacia, fueron una innovación que la empresa llevó adelante tanto con su marca propia como a través de la fabricación para terceros.

Con los años, Valmax se consolidó también con otro producto clave: las lágrimas artificiales Valmafilo, gotas oftalmológicas que, junto a las monodosis, se convirtieron en los dos pilares comerciales del laboratorio. Aunque es de origen europeo, Ploder desarrolló toda su carrera profesional, empresarial y familiar en la Argentina. Se graduó de farmacéutico en la UBA y se radicó en la localidad de Haedo, en la Provincia de Buenos Aires, antes de fundar Laboratorios Valmax.

En 2014 cambió de manos y arrancó una estrategia comercial agresiva

Para febrero de 2014, Ploder decidió desprenderse del 66,6% de la participación que tenía en la empresa y le vendió su parte a su socio minoritario, Alfredo Delgado, quien hasta ese momento controlaba el 33,3% restante, según informó en su momento el portal especializado Pharmabiz. Con Delgado al frente, se sumaron al directorio sus hijos Cristian y Javier, y la compañía reorientó su perfil productivo hacia la fabricación de formas líquidas y semisólidas, tanto estériles como no estériles, para terceros.

Bajo la nueva conducción, el laboratorio adoptó una estrategia de expansión agresiva. Según pudo saber este medio de fuentes vinculadas a la empresa y a los trabajadores, Valmax buscó inundar el mercado con sus productos —tanto bajo su marca propia como a través de la producción tercerizada— y se lanzó de lleno a las licitaciones públicas para convertirse en proveedor del Estado. La apuesta implicó un fuerte aumento de la producción, pero siempre con la misma plantilla de entre 60 y 70 empleados.

La estrategia encontró un límite concreto. De acuerdo con las mismas fuentes, la sobreproducción generó un exceso de stock que coincidió con una caída en la demanda: los clientes —farmacias, hospitales públicos y privados, droguerías— empezaron a comprar menos. A eso se sumó un problema estructural de depender de las compras estatales, un cliente que, como es habitual, paga con demoras significativas.

El resultado fue una ecuación financiera insostenible. La empresa tendría mercadería acumulada suficiente para abastecer hasta fin de año, lo que llevó a la decisión de frenar la producción y suspender a aproximadamente la mitad de su plantilla, alrededor de 30 personas.

Salarios fraccionados desde abril y deudas sin fecha de pago

La crisis salarial quedó expuesta el 30 de abril, cuando la dirección de Valmax emitió un comunicado interno en el que argumentó que el “complejo contexto económico y la situación financiera actual” obligaba a desdoblar el pago de los haberes. El cronograma establecía un primer desembolso del 50% para el 7 de mayo y el saldo restante para el 20 de ese mes.

Sin embargo, lo que se presentó como una medida excepcional se convirtió en norma. Los trabajadores denuncian que la empresa nunca volvió a pagar los sueldos completos en una sola vez y que, con el correr de los meses, dejó incluso de respetar las fechas pactadas. Actualmente, la compañía adeuda el 50% del salario del mes pasado sin haber brindado información sobre cuándo o cómo cancelará esa deuda.

Los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman la magnitud de la crisis financiera de la empresa. Valmax acumula 196 cheques rechazados por falta de fondos, por un monto total de $156.526.850. La compañía no registra rechazos por defectos formales ni por problemas de registración, lo que indica que la totalidad de los documentos fueron devueltos por una sola razón: no había dinero en las cuentas para cubrirlos.

La Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelaciones con Competencia Penal reunió en Mendoza a magistrados de todo el país para evaluar la implementación del sistema procesal penal acusatorio y relevar las necesidades de los tribunales ante el cambio de modelo.

Las jornadas se realizaron el 15 y 16 de octubre bajo la presidencia de Javier Leal de Ibarra, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. El encuentro convocó a representantes de las distintas cámaras federales de apelaciones y de tribunales nacionales con competencia penal.

El eje de los debates estuvo enfocado en la experiencia acumulada en las jurisdicciones donde ya funciona el sistema acusatorio, así como las dificultades que surgen en su aplicación. Los participantes intercambiaron criterios sobre el funcionamiento de los órganos judiciales durante esta etapa de transición.

El modelo acusatorio modifica la dinámica del proceso penal al asignar al Ministerio Público Fiscal la investigación de los delitos y reservar a los jueces el control de garantías y la resolución de los casos. La Junta remarcó que su implementación requiere recursos humanos, infraestructura y herramientas tecnológicas suficientes.

También se abordaron aspectos de organización administrativa y la disponibilidad de medios materiales para los tribunales federales. Según se planteó durante el encuentro, la reforma no puede limitarse a cambios normativos, sino que debe tener impacto en la prestación del servicio de justicia.

La reunión puso el foco en el papel institucional de las Cámaras Federales de Apelaciones y de los restantes órganos que intervienen en el procedimiento. Los magistrados señalaron la necesidad de que las estructuras judiciales cuenten con condiciones adecuadas para ejercer las atribuciones que fija la legislación vigente.

Participaron Rocío Alcalá, de Resistencia; Aníbal Pineda, de Rosario; Silvia Mónica Fariña, de Bahía Blanca; Roberto Boico, de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal; Alejandro Castellanos, de Salta; Juan Pablo Salas, de San Martín; y Ramón Luis González, de Corrientes.

La lista se completó con Alejandro Tazza, de Mar del Plata; Roberto Hornos, de la Cámara Nacional en lo Penal Económico; Laureano Durán, de La Plata; Richar Fernando Gallego, de General Roca; Fernando Luis Poviña, de Tucumán; Abel Sánchez Torres, de Córdoba; Juan Ignacio Pérez Curci, de Mendoza; Cintia Graciela Gómez, de Paraná; Mirta Delia Tyden, de Posadas; y Diego Gustavo Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal.

Los asistentes coincidieron en la conveniencia de mantener instancias de coordinación entre los tribunales de las distintas regiones del país. El intercambio de experiencias entre jurisdicciones fue presentado como una herramienta para identificar problemas comunes y unificar criterios institucionales.

La Junta ratificó que la consolidación del sistema acusatorio depende de la asignación de recursos humanos, materiales y tecnológicos. Los encuentros federales seguirán como espacios de diálogo y cooperación para acompañar la transformación de la justicia penal federal y resguardar las garantías constitucionales.