Blog

El volumen de negocios en el mercado mayorista se mantiene elevado en octubre, un nivel acorde a las cifras muy positivas de exportaciones y superávit comercial de 2026. Con negocios por USD 673,2 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista tuvo una suba marginal de 50 centavos, a 1.525 pesos, para regresar a su precio más alto desde el récord nominal de $1.525,50 del 25 de septiembre, después de tres sesiones seguidas en alza.

En octubre el dólar suma ocho pesos o 0,5%, a un ritmo aún inferior al de la inflación. En el último año el tipo de cambio oficial avanzó 50 pesos o solo 3,4 por ciento.

El BCRA estableció un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.940,30 pesos. El dólar mayorista quedó a 415,39 pesos o 27,2% de ese límite teórico para la libre flotación.

“El dólar mayorista parecería amagar con intercalar un respiro más cerca de los $1.525, posiblemente antes de retomar un gradual reacomodamiento en el tiempo a fin de no quedar cada vez más atrás de la inflación. Más allá de las acotadas oscilaciones de las últimas ruedas, el principal foco sigue estando en el ritmo de compras del BCRA, que durante octubre viene promediando unos USD 90 millones diarios -más allá de que ayer aflojaron-, lo que evidencia una fuerte aceleración respecto a agosto y septiembre”, evaluó el economista Gustavo Ber.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.545 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un máximo nominal ya alcanzado a fines de septiembre.

El dólar blue ganó diez pesos, a $1.570 para la venta, también récord nominal que iguala el máximo del 28 de julio. También registró un máximo histórico las paridad bursátil del “contado con liquidación” a $1.633 en acciones.

En el mercado de futuros el dólar operó con mínimas variantes y un volumen en pesos equivalente a USD 806,2 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas más negociadas, para fin de octubre, quedaron invariables a 1.534 pesos, mientras que los contratos para fin de año se pactaban a 1.590,50 pesos.

Detrás de la calma cambiaria a lo largo de este año sobresale el fundamento de el importante volumen de operaciones, que excedió el período estacional de las altas liquidaciones del agro en el segundo trimestre, gracias al récord exportador

“La balanza comercial de septiembre alcanzó un superávit de USD 2.976 millones, impulsado por exportaciones récord y por el desempeño de energía y combustibles. El flujo mejora la generación de divisas, aunque parte del resultado también refleja una contracción de las cantidades importadas”, aportó Vector Investments.

“De acuerdo con los datos del INDEC, las exportaciones ascendieron a USD 10.036 millones respaldadas por un alza interanual del 21,6%, donde el sector energético actuó como el principal dinamizador tras un salto del 89,1% en combustibles -liderado por el desempeño del petróleo en Vaca Muerta por mayores volúmenes y precios-, acompañado por incrementos del 17,5% en manufacturas industriales y del 16,8% en las de origen agropecuario”, precisó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“En contraste, las compras internacionales retrocedieron un 2,5% interanual hasta los USD7.060 millones, resentidas principalmente por retracciones en la adquisición de vehículos (-27,2%) y bienes de capital (-10,4%)”, indicó Morales.

“Hacia adelante, la reciente recuperación de los precios internacionales de los granos y los todavía elevados precios de la energía deberían seguir sosteniendo las exportaciones durante los próximos meses, con un superávit comercial promedio de alrededor de USD 2.000 millones”, proyectó Max Capital.

“Con estos elementos, y considerando que el saldo acumulado ya superó los USD 21.000 millones, el superávit comercial de 2026 podría ubicarse por encima de los USD 26.000 millones, más del doble del resultado de 2025 (USD 11.320 millones)”, estimó la consultora Abeceb.

Más allá de los argumentos de cada una de las partes, el conflicto entre el gobierno porteño y los Metrodelegados se convirtió en el escenario de una tormenta perfecta. Y la solución se dificulta porque todos tienen para ganar y perder mucho más que lo que se ve sobre la superficie.

En la administración de Jorge Macri están dispuestos a ir a fondo contra las “medidas salvajes” del sindicato que lidera Néstor Segovia, decisión que le pone fin a la actitud tolerante y negociadora que mantuvo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta hacia el gremialismo.

El lema “ley y orden” que enarbola el jefe de Gobierno dejó de ser la clásica consigna retórica de muchos funcionarios y dirigentes políticos y se convirtió en el eje de una identidad reforzada para el macrismo porteño, que le reditúa una fuerte alza en encuestas de imagen y, como espera, un camino más firme hacia su reelección.

La palabra “ceder” no figura hoy en el diccionario del PRO de la Ciudad porque equivaldría a dejar malherida una postura de intransigencia que podría implicar un envalentonamiento de los sindicatos que le complicaría la gestión a Jorge Macri y, además, hacerle perder los votos más alineados con Javier Milei en su distrito.

La misma postura severa tomó el gobierno porteño ante el Sindicato de Camioneros por su reclamo de indemnizaciones para el personal de recolección de residuos en los contratos que regirán entre 2028 y 2038. Jorge Macri decidió no incluir esa demanda en la renovación del servicio, algo que rompe una tradición que afianzó su primo Mauricio y mantuvo Rodríguez Larreta.

Se trata de la llamada “Ley Moyano”, esa norma no escrita por la cual Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez que una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

Esa “ley”, en realidad, no tiene ningún basamento jurídico sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano.

Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, lideró hace dos semanas una movilización de los trabajadores de recolección de residuos ante la Comuna I y amenazó: “Vamos a hacer la cantidad de marchas, asambleas y paros que tengamos que hacer, pero a la indemnización la vamos a defender con nuestra vida”.

Como anticipó Infobae, sin embargo, el gobierno porteño está dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias la determinación de no pagar las indemnizaciones en el próximo contrato de recolección de residuos, que representan unos 200 millones de dólares, porque las considera un privilegio sin base legal alguna frente a los derechos del resto de los trabajadores.

Esa misma posición inflexible es la que Jorge Macri sostendrá a rajatabla ante los Metrodelegados. Esta mañana, respaldó las detenciones de trabajadores del subte y afirmó que “el que bloquea un servicio esencial va preso”, luego de la interrupción total de las seis líneas y el Premetro registrada este martes por la mañana.

El jefe de Gobierno, que difundió el mensaje desde España, donde se encuentra en el marco de una visita oficial, agregó: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”.

En el caso de los Metrodelegados, este conflicto también se transformó en un test decisivo. No sólo porque detuvieron a su actual titular y al referente más fuerte de la izquierda sino porque, además, se trata de Néstor Segovia y Claudio Dellecarbonara, quienes competirán el 26 de noviembre próximo en las elecciones para renovar autoridades en esa organización gremial.

Serán comicios de resultado difícil de predecir porque, como anticipó Infobae, la interna de los subtes se atomizó: el oficialismo, aun en shock por el fallecimiento de Beto Pianelli, líder del sindicato, en diciembre pasado, se presentará en dos listas, una encabezada por Segovia y otra por Virginia Bouvet, candidata del pianellismo. Se enfrentarán a una nómina conducida por Dellecarbonara, delegado de la Línea B y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que se alió a agrupaciones combativas, sin el Partido Obrero (PO).

Por eso hay quienes interpretan que, más allá del reclamo por los “descuentos ilegitimos de salarios” por parte de la empresa Emova, el sindicato sobreactuó la protesta porque sus principales referentes están en campaña para unos comicios gremiales que son impredecibles.

La “postal” de Segovia y Dellecarbonara detenidos por la Policía de la Ciudad es políticamente beneficiosa entre los trabajadores de los subtes, donde hay una clásica identificación con las posturas más combativas.

Para el gobierno porteño y la administración de Javier Milei, además, hay otro componente crucial de este conflicto. Pone a prueba la aplicación de la reglamentación del derecho de huelga, contenida en la Ley de Modernización Laboral, porque prevé la obligación de mantener un 50% de servicios mínimos en caso de paros, que es lo que sucede ahora en los subtes.

Y, por otro, deja al desnudo la complejidad del cuadro sindical de la actividad: las autoridades de la Ciudad intimaron a los Metrodelegados a cumplir aquella norma, pero no pueden declarar la conciliación obligatoria en el conflicto y así normalizar el servicio mientras negocian una solución. Es que la personería gremial de los trabajadores del subte no la tienen los Metrodelegados sino la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con menos afiliados en el sector, pero con “poder de lapicera”.

¿Cómo terminará este conflicto? ¿Terminará realmente o apenas comienza? La CGT ya se solidarizó con los Metrodelegados y lo mismo hará la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que analiza medidas de fuerza contra las detenciones y la “criminalización de la protesta”. Por ahora, como siempre, los que siguen perdiendo son los usuarios de los subtes.

Nueva Jersey (Enviado Especial) – La segunda jornada de GM Global Markets Driving 2026 en Nueva Jersey, Estados Unidos, volvió a generar noticias para el mercado automotor argentino. Fabio Rua, vicepresidente y director de Comunicaciones de General Motor Sudamérica, dijo que “Argentina es un mercado prioritario para Cadillac” y su expansión en la región, luego que Brasil comenzara a comercializar tres modelos eléctricos el mes pasado.

Luego de la confirmación de la víspera, durante el primer día de este evento que concentra a mercados de General Motors de todo el mundo, cuando se confirmó que serán tres los modelos SUV que Chevrolet planea exportar a la Argentina apenas entre en vigencia el acuerdo comercial con Estados Unidos, Infobae entrevistó en exclusiva al ejecutivo brasileño para conocer su mirada del cambio que tendrá el mercado automotor a partir de este cambio de situación.

“Este es un momento único” dijo Rua. “La posibilidad de ingresar vehículos producidos en Estados Unidos al mercado argentino es importante no solo para Argentina, sino para toda Sudamérica. Históricamente no podíamos importar vehículos estadounidenses. Ahora, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Ecuador tienen acuerdos con Estados Unidos; Brasil todavía no, aunque ya está en proceso de hacerlo también”, explicó.

La referencia del ejecutivo tiene directa relación con la decisión que tomó el Gobierno argentino de modificar el procedimiento de homologación de vehículos importados que cumplen las normas de seguridad estadounidenses, hecho ocurrido el pasado 26 de agosto.

Si bien esa novedad pareció tener como objetivo facilitar la llegada de Tesla al mercado argentino, fue tomada por Rua como un beneficio para las marcas americanas en general.

“Chevrolet dispone de productos que todavía no se comercializan en Sudamérica y estamos evaluando venderlos en los países de la región. Eso permite ampliar el portafolio con modelos destinados a segmentos específicos, de nicho, donde hay clientes interesados”, explicó.

Respecto a la confirmación de los planes para vender los SUV Travers, Tahoe y Suburban, dijo que “son vehículos que amplían la oferta hacia segmentos de mayor tamaño. Hoy hay personas que los importan por su cuenta, pero eso presenta dificultades, porque ante un inconveniente, la red de Chevrolet no tiene la obligación de prestar servicio sobre esas unidades. Si Chevrolet los importa de forma oficial, los clientes podrán tener respaldo de la red, posventa y servicio, que es especialmente importante en vehículos de alto valor”, afirmó.

La pregunta fue inevitable, Cadillac empezó a venderse en Brasil el mes pasado con tres modelos 100% eléctricos, incluso cuando en ese país todavía no están homologados automáticamente los vehículos originarios de Estados Unidos.

“En Brasil tenemos los modelos eléctricos Optiq, Vistiq y Lyriq. Son los vehículos más tecnológicos de nuestro portafolio y todavía llegan cumpliendo con el estándar de seguridad europeo. La idea es ampliar la presencia de Cadillac en la región cuando estén dadas las condiciones. Argentina es prioritario, quizás el principal mercado después de Brasil, así que lo estamos estudiando, junto con Colombia y Chile.

Respecto a la posibilidad de importar el SUV Escalade a la región, uno de los vehículos más exitosos de Cadillac en la actualidad, Rua dijo que “nos gustaría tener la posibilidad de vender la Escalade en Brasil. Argentina tiene dos ventajas: cuenta con un estándar de seguridad aceptado y ahora tiene cupos. Eso podría permitir importar productos del portafolio Cadillac, aunque todavía no hay una decisión corporativa tomada”, aclaró.

Respecto al cupo de 10.000 autos que Argentina podrá importar sin pagar arancel de importación extrazona cada año una vez que se ponga en marcha el acuerdo comercial con Estados Unidos, Rua dijo que esperan que eso ocurra pronto, pero no puede garantizar que los tres modelos de SUV lleguen necesariamente en 2027.

“Queremos importarlos lo antes posible. No puedo precisar una fecha. Tenemos más productos en nuestro portafolio y nos gustaría poder venderlos en Argentina”, afirmó. Y ante la pregunta respecto a si volver a vender Chevrolet Corvette en el mercado local es una posibilidad gracias a este acuerdo bilateral, contestó que “todos los vehículos de General Motors podrán estar alcanzados por este cupo. Corvette también, por supuesto. Es parte de Chevrolet”.

Finalmente, el Vicepresidente de GM Sudamérica se refirió a la producción regional también.

“Poder importar autos con las normas de Estados Unidos es una oportunidad relevante, pero el compromiso con la manufactura local se mantiene. La apertura permitiría contar con un portafolio más completo, mientras se preservan las características de la producción regional, que es la que concentra los mayores volúmenes”.

El riesgo país tocó este martes los 710 puntos básicos en el arranque de la rueda —su máximo nivel desde octubre de 2025— y acumuló ocho jornadas consecutivas en alza. En este escenario, tres economistas de primera línea intentaron explicar ante un auditorio repleto en el Alvear Palace Hotel por qué el indicador de JP Morgan se mueve en dirección contraria a los fundamentos de la economía. “Es un comportamiento que supera la lógica”, reconoció Miguel Kiguel, exsubsecretario de Financiamiento, durante el 31° Simposio Internacional de Economía organizado por Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina (AUTA).

A su lado, el exdiputado y economista Luciano Laspina y el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, coincidieron en un diagnóstico que osciló entre el reconocimiento de los avances macroeconómicos del gobierno de Javier Milei y la advertencia de que, sin resolver cinco asignaturas pendientes, la economía seguirá creciendo solo para los sectores considerados “ganadores”, como la energía, la minería y la economía del conocimiento.

La situación fiscal “es envidia de Europa”, pero el riesgo país subió 150 puntos en un mes

Kiguel arrancó su discurso con lo que llamó “la foto”: el contraste entre la economía que recibió Milei en diciembre de 2023 y la actual. La inflación pasó de un pico del 25% mensual al 2%; la brecha cambiaria se achicó desde niveles del 200%; las reservas netas saltaron de menos USD 12.000 millones a cerca de USD 12.000 millones positivos; la pobreza cayó y se eliminaron las SIRAs, los controles de precios y buena parte de la maraña regulatoria que ahogaba al sector privado. “La situación fiscal es envidia de Europa, de Estados Unidos, de todos”, afirmó, y sostuvo que el equilibrio de las cuentas públicas “es algo que está para quedarse” porque “la sociedad lo valúa”.

Sin embargo, la película cuenta otra historia. El riesgo país —que mide la brecha de tasas entre los bonos soberanos argentinos y los del Tesoro de Estados Unidos— subió 150 puntos básicos en el último mes, un 28%, después de haber tocado un mínimo de 403 puntos el 10 de julio. Los bonos Globales con ley extranjera acumulan una caída del 6% en cuatro semanas, con retrocesos superiores al 7% en los tramos más largos de la curva.

“¿Por qué tenemos un riesgo país de 700 puntos en un país que tiene equilibrio fiscal, capacidad de pago, cuenta corriente equilibrada y exportaciones subiendo?”, se preguntó Kiguel. Brasil tiene un riesgo país de 200 puntos, Uruguay de 70 y Chile de 70. El promedio de los países latinoamericanos con calificación similar a la argentina ronda los 350. “No sé si va a seguir subiendo. Es un comportamiento que ya supera lo que sería la lógica”, admitió.

Para Kiguel, la desconexión entre los fundamentos y el precio de los bonos se explica por una combinación de al menos tres fragilidades. La primera es la historia: “La Argentina defaultea como nada. Voy a la panadería y defaulteo”, graficó. La segunda son las reservas, que si bien mejoraron, siguen siendo insuficientes para un país cuya deuda —equivalente al 37% del PBI— está denominada casi en su totalidad en moneda extranjera. La tercera es el riesgo político: las elecciones presidenciales de 2027 ya empezaron a cotizar en los precios. “No es una fija que gana Milei. Puede, pero puede que no. Y si viene otro, no sabemos si viene alguien razonable”, advirtió.

A eso se suma, según el economista, que la Argentina agotó la capacidad de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y que no aprovechó la ventana que se abrió a comienzos de año para volver a los mercados internacionales de deuda. “Hubiera despejado esto, pero no la aprovechamos”, lamentó.

Reservas: se necesitan USD 60.000 millones y hay USD 12.000 millones

Los tres panelistas pusieron a las reservas internacionales en el centro del problema. Kiguel destacó que el Banco Central (BCRA) lleva comprados unos USD 15.000 millones en lo que va del año —un cambio sustancial respecto de 2025— y que el boom exportador genera una circulación de dólares en la economía que representa “un cambio estructural”. Pero las cuentas de largo plazo son exigentes: los países de la región mantienen reservas equivalentes al 8% o 10% del PBI, lo que para la Argentina implicaría entre USD 60.000 y USD 70.000 millones. “Hoy estamos en USD 12.000 millones. Si seguimos acumulando, en varios años podremos tener el nivel que la Argentina necesita para estar tranquila”, proyectó.

Redrado fue más directo. Con un gráfico que cruzaba reservas y riesgo país en distintas naciones, mostró que “hay una relación directa” entre ambas variables. Mientras Chile tiene reservas equivalentes al 13% del PBI, la Argentina llega al 7,3% con una medición generosa que incluye el swap con China y los repos del BCRA. El expresidente del Central observó que el organismo reaccionó ante la suba del riesgo país y aceleró las compras en octubre —ya suma USD 1.000 millones en el mes, el triple de todo septiembre—, pero advirtió que eso no alcanza para despejar las dudas del mercado.

Un programa financiero que perdió respaldo

Redrado profundizó en lo que consideró el flanco más vulnerable: la política financiera. El programa del equipo económico, que “cerraba bien en julio”, perdió solidez en las últimas semanas. En las últimas cinco licitaciones no hubo demanda de Bonares —los títulos en dólares con ley local—, y la Secretaría de Finanzas dejó de emitir el AO29 para no convalidar tasas superiores al 12% anual.

Cuando se mira la cuenta capital y financiera hacia 2027, el panorama se complica: los vencimientos de deuda en moneda extranjera ascienden a unos USD 20.000 millones, a lo que se suma la formación de activos externos —la dolarización de portafolios— que Redrado estimó en cifras similares a las de 2025. “Cuando hago las dos cuentas me dan USD 33.000 millones que faltan”, calculó. Esa brecha, sostuvo, es lo que está detrás de la suba del riesgo país.

El expresidente del BCRA también cuestionó que el mercado cambiario siga denominándose “único y libre”: “No es único, no es libre, porque hay intervención permanente del Banco Central”. Y señaló que la eliminación de las restricciones cambiarias “no va a ocurrir de acá hasta el final del período”, pero que la Argentina necesita una política monetaria, financiera y cambiaria de largo plazo con objetivos definidos, algo que todavía no tiene.

El dólar cumple tres funciones y el Gobierno eligió una

Kiguel dedicó buena parte de su exposición a desarmar el debate sobre el tipo de cambio. Identificó tres roles simultáneos del dólar en la economía argentina: como precio que define la competitividad de las exportaciones y la industria; como ancla para estabilizar la inflación; y como activo financiero que compite con acciones y bonos, y que para los argentinos “es una obsesión”.

Según su lectura, el Gobierno optó por priorizar el rol estabilizador. Los precios subieron entre 21% y 22% en lo que va del año, mientras el tipo de cambio avanzó apenas 3% o 4%. “La conclusión es que hoy el tipo de cambio está cumpliendo el rol de estabilizador de la inflación”, explicó. Y agregó que no hay urgencia en modificar esa política porque los dólares siguen entrando, sobre todo de cara a un año electoral en el que la prioridad oficial será mantener la inflación baja.

Sobre la dinámica de los precios, Kiguel fue categórico: la inflación mensual seguirá rondando el 2%, y la experiencia internacional indica que pasar de ese nivel a un dígito bajo anual lleva entre cinco y seis años. “Lo peor que uno puede hacer es no tener paciencia”, advirtió.

Quince años de estancamiento y el récord mundial que nadie quiere

Laspina planteó el cuadro más estructural del panel. A su juicio, la economía argentina está atrapada entre “una vieja Argentina que murió y una nueva que todavía no termina de nacer”. El ciclo de la vieja Argentina era conocido: el Estado subía el gasto, financiaba con emisión, generaba inflación, los argentinos huían del peso, se imponía el cepo y la brecha cambiaria alimentaba una construcción al “dólar celeste” y una industria protegida pero ineficiente. Resultado: 15 años de estancamiento con inflación, que Laspina calificó como “un récord mundial”.

La nueva Argentina, según Laspina, es la que él bautizó como la “ArgenRIGI”: diez provincias que representan el 20% de la población y que concentran el boom de energía, minería y agro. A esos sectores se les dieron las cuatro condiciones que reclama cualquier inversor del mundo: baja de impuestos, estabilidad fiscal, acceso a divisas y seguridad jurídica, todo empaquetado en un contrato con prórroga de jurisdicción. El resultado es que hay unos USD 100.000 millones en proyectos en cola de espera para adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Pero la paradoja, señaló Laspina, es que ese beneficio no se pudo extender al 80% restante. “Cuando el proyecto salió de la Cámara de Diputados era para todos los sectores; el Senado lo acotó tras la presión de la Unión Industrial Argentina (UIA), que advirtió que si cualquier competidor accedía a beneficios fiscales diferenciales, la mitad de las fábricas existentes quebraría. No le pudimos dar el RIGI al 80% de los argentinos que están en el limbo entre la vieja Argentina y la del crecimiento”, resumió.

El dato que más le preocupa, dijo, es la tasa de inversión que lleva cinco trimestres consecutivos en caída y se ubica por debajo de la registrada durante el gobierno de Alberto Fernández. “Este es el dato más preocupante, porque es el verdadero termómetro de si la Argentina va a crecer o no”, enfatizó. “A pesar del enorme trabajo que se ha hecho, evidentemente no alcanzó.”

Cuatro teorías de la recesión y ninguna bala de plata

Laspina repasó las cuatro explicaciones que circulan entre los economistas para dar cuenta de la recesión de demanda. La primera es el atraso cambiario, pero objetó que devaluar implicaría que el BCRA compre más dólares y tenga que esterilizar los pesos resultantes, con riesgo inflacionario. “No me queda claro que apretar el botón de la devaluación sea una salida fácil”, dijo.

La segunda es la incertidumbre que generan la política monetaria y el cepo: la brecha entre la tasa pasiva de un plazo fijo y la activa de un préstamo personal es la más alta de los últimos treinta años, lo que frena el crédito y la monetización. La tercera es la transformación estructural derivada de la apertura económica, que Laspina consideró insuficiente como explicación porque en los años 90, ante reformas similares, los sectores no transables invertían con fuerza y hoy están en retracción. La cuarta es el riesgo político, que sin embargo no explica por qué la economía se frenó justo después de que Milei ganara las legislativas de 2025 y el riesgo país tocara los 400 puntos.

“Posiblemente las cuatro tengan algo de cierto. Ninguna per se explica todo. La conclusión es tan cierta como decepcionante: no hay una bala de plata”, sentenció.

Al cierre de la jornada bursátil, el riesgo país se ubicó en 681 puntos básicos tras haber perforado los 700 durante la mañana, mientras los tres economistas coincidieron en que el equilibrio fiscal llegó para quedarse, pero que sin resolver las asignaturas pendientes —reservas, cepo, regla monetaria, impuestos y acceso al crédito— el crecimiento seguirá concentrado en un puñado de sectores que representan apenas el 15% de la economía y una fracción mínima del empleo.

El riesgo país de Argentina alcanzó 710 puntos básicos al comienzo de la jornada bursátil de este martes. El indicador elaborado por el JPMorgan se encuentra en su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado. El Gobierno mira con atención a esta cifra, porque refleja el nivel de credibilidad que puede instalar en los mercados sobre la capacidad de pago de su deuda. Y esas expectativas están estrechamente ligadas a cómo puede desempeñarse La Libertad Avanza el año próximo.

Los títulos soberanos argentinos denominados en dólares acumularon una baja promedio de 6% durante el último mes, con retrocesos superiores a 7% entre los bonos de plazos más extensos. La referencia de JP Morgan avanzó unas 35 unidades hasta las 10:15 y encadenó ocho ruedas consecutivas de alzas. El indicador mide la diferencia entre las tasas de los bonos argentinos y las de los títulos del Tesoro de Estados Unidos de duración similar.

En el equipo económico afirman que este indicador crece por dos factores centrales. Uno de estos es externo. Afirman que hay una situación internacional que genera fuertes shocks hacia la Argentina, siendo el principal la suba de tasas en mercados de referencia (como Estados Unidos, Europa o Japón), que incentiva a los inversores a refugiarse en esos activos y no en los mercados emergentes, que en un contexto de volatilidad global producto de los múltiples conflictos (bélicos o comerciales) se vuelven menos atractivos.

Pero quienes trabajan en el Palacio de Hacienda afirman que hay un componente interno y eminentemente político que afecta a la medición del banco estadounidense. El Gobierno todavía no logró la suspensión de las PASO que está incluida en la Reforma Política; para los jugadores financieros, este es un dato de importancia.

Por un lado, si el oficialismo logra hacerlo tendrá capacidad de aplazar la incertidumbre electoral de agosto hacia octubre, dando más posibilidades a la economía para una eventual recuperación y, así, a que se incrementen las chances de que Javier Milei sea reelecto. Por el otro, el Gobierno no puede promover esa reforma sin antes acordar con los espacios aliados y los gobernadores. El mercado miraría con intranquilidad que La Libertad Avanza no realice acuerdos tácticos porque se multiplicarían los competidores contra el oficialismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, es uno de los principales impulsores al interior del Gobierno de acelerar los acuerdos políticos con los gobernadores, lo que supondría que La Libertad Avanza debería menguar sus intenciones de jugar fuerte en las elecciones provinciales. Esto colisiona con el armado que vienen desplegando los responsables del partido político nacional, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, que consideran que ese pedido hace mella en su área de influencia y que, por el contrario, debe ser el plan económico el que propicie un incremento del caudal electoral.

En ese dilema de cómo podría incidir, o no, un acuerdo político reside la interna que hoy en día atraviesa al círculo chico de funcionarios de la Casa Rosada. Quienes se posan del lado de Caputo son su sobrino y asesor presidencial Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich; mientras que Karina Milei es quien todavía no bajó el martillo para decidir sobre cualquiera de los dos lados. “Mientras la situación siga así, se interpreta que le está dando la razón a los Menem. Son una minoría muy intensa”, dicen sus detractores.

La insistencia del Palacio de Hacienda es tal que afirman que “con un acuerdo político con la oposición el riesgo país va a bajar a menos de 300 puntos” y que “no hay margen para dar marcha atrás con el plan económico”. “Hay que seguir con la ortodoxia monetaria y fiscal para fortalecer el balance del Banco Central”, afirman.

El cálculo que hacen en la Casa Rosada

Santilli es el funcionario que lidera las conversaciones con los gobernadores y espacios opositores para movilizar la Reforma Política. En su despacho afirman que hay 36 votos en total que podrían estar disponibles si se consigue el visto bueno de los Milei para avanzar a acuerdos concretos.

Hay 21 senadores que son propios de La Libertad Avanza, mientras que 10 son de la Unión Cívica Radical, 3 del PRO, 1 de Despierta Chubut y 1 de La Neuquinidad. El desafío está en todos los bloques. En el espacio radical hay bancas que responden de manera directa a gobernadores y otros que no tienen una correspondencia con el oficialismo de sus provincias, pero con los que se podría hablar igual.

En el partido amarillo también hay dudas si habilitarle la herramienta electoral sin contraprestación, pero en el Gobierno dicen que la senadora Andrea Cristina se posicionará como le diga el gobernador Ignacio Torres. Lo mismo afirman para el caso de Edith Terenzi, de esa misma provincia pero quien tiene su monobloque. Por último, Santilli mira a la senadora Julieta Corroza, quien responde de manera directa a los designios del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

“Después de eso solo nos queda negociar un voto. Basta con conseguir a algún peronista o buscar por el lado de Santa Cruz. Si el Colo tiene la autorización política para meter presión, los votos van a estar”, afirma una fuente en estricta reserva.

Aunque se habló de que la Reforma Política se podía tratar a fines de octubre o principios de noviembre, en el Gobierno ahora se extienden algo más con los plazos y le quitan dramatismo a la demora. “Hasta el 10 de diciembre hay tiempo”, afirman, aunque no son pocos los funcionarios que ya reconocen que se podrían extender las sesiones ordinarias hasta finales de año o, simplemente, llamar a sesiones extraordinarias, lo que habilitaría a que solo se discutan las iniciativas que se propongan desde la Casa Rosada.