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  • ANSES: cuándo cobro en septiembre 2026 si mi DNI termina en 9

    ANSES: cuándo cobro en septiembre 2026 si mi DNI termina en 9

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    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma escalonado de pagos para el mes de septiembre de 2026, y los beneficiarios con DNI terminado en 9 ya tienen fechas confirmadas para cada una de las prestaciones que administra el organismo. El esquema, que se extiende a lo largo de todo el mes, distribuye las acreditaciones según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular, con el fin de ordenar el flujo de pagos y evitar concentraciones en una sola jornada.

    Los haberes del período se actualizaron un 2,11%, en línea con el mecanismo previsto en el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El ajuste impacta sobre jubilaciones, pensiones y la mayoría de las asignaciones que gestiona ANSES, y rige para todos los beneficiarios con independencia de la terminación de su documento.

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    El calendario de septiembre abarca un abanico amplio de prestaciones de distinta naturaleza: desde jubilaciones y pensiones hasta asignaciones familiares y por situaciones específicas, además de prestaciones por desempleo. En algunos casos, el pago no está segmentado por terminación de DNI y está disponible durante una ventana de tiempo extendida para todos los beneficiarios.

    Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

    Los jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo y DNI terminado en 9 cobrarán el 21 de septiembre de 2026. La acreditación se realiza de forma automática en la cuenta bancaria registrada por cada titular ante el organismo.

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    El haber mensual actualizado asciende a $428.633,20. A ese importe se suma un bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben el ingreso mínimo, con lo que el total a cobrar alcanza los $498.633,20.

    Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

    Quienes perciben jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo cobrarán el 28 de septiembre de 2026, fecha que comparten con los titulares de documentos terminados en 8.

    La jubilación máxima establecida para este período asciende a $2.884.295,54, de acuerdo con los valores fijados por la normativa vigente. Este grupo no percibe el bono extraordinario de $70.000, ya que ese refuerzo está destinado exclusivamente a quienes cobran el haber mínimo.

    Las jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminado en 9 se pagan el 21 de septiembre y totalizan $498.633,20 con bono de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

    Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

    Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con DNI terminado en 9 recibirán el pago el 21 de septiembre. Ambas prestaciones comparten el mismo esquema de acreditaciones, ordenado según el último número del documento.

    El valor de la AUH para septiembre es de $154.031 por hijo. En el caso de hijos con discapacidad, el monto asciende a $501.537. Para la SUAF, el importe correspondiente al primer tramo de ingresos es de $77.025.

    Asignación por Embarazo

    Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) tendrán acreditado el pago el 23 de septiembre de 2026. El monto vigente de esta prestación durante el mes es de $154.031. Para las beneficiarias residentes en zona 1 —que comprende las provincias patagónicas de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén y Río Negro, y algunos municipios del sur de la provincia de Buenos Aires, donde ANSES reconoce un mayor costo de vida— el valor diferencial asciende a $200.241.

    Asignación Prenatal

    Quienes cobran la Asignación Prenatal y tienen el DNI terminado en 8 o 9 recibirán el pago el 16 de septiembre; el cronograma agrupa a ambas terminaciones en una misma fecha.

    El importe base de la prestación es de $77.025 para familias con ingresos de hasta $1.192.505. Para los grupos familiares ubicados en tramos superiores, el valor disminuye progresivamente.

    Asignación por Maternidad

    La Asignación por Maternidad se abona el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI, sin distinción por el último número del documento. El cobro está disponible desde el 10 de septiembre y se extiende hasta el 9 de octubre de 2026. El monto equivale al salario que percibía la trabajadora antes de iniciar la licencia, por lo que varía según cada beneficiaria y no es posible consignar un valor único.

    Asignaciones de pago único

    Las asignaciones de pago único —por nacimiento, adopción y matrimonio— tampoco se dividen según la terminación del DNI. El período de cobro para la primera quincena va del 9 de septiembre al 9 de octubre; para la segunda quincena, del 21 de septiembre al 9 de octubre.

    Los montos fijados para estas prestaciones son: $89.782 por nacimiento, $536.774 por adopción y $134.430 por matrimonio.

    Primer plano de una mujer embarazada sentada en una mesa de madera, escribiendo en un cuaderno abierto con documentos de ANSES a su alrededor.

    Pensiones No Contributivas

    Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 8 o 9 cobrarán el 14 de septiembre. El cronograma comprende las pensiones por invalidez y vejez.

    El haber total para septiembre asciende a $370.043,24: incluye $300.043,24 por el haber mensual actualizado más un bono extraordinario de $70.000.

    Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

    Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas no aplican el criterio de segmentación por terminación de DNI. El período de disponibilidad para todas las terminaciones de documento se extiende desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026. Los montos varían según el tipo de asignación familiar de que se trate —por hijo, por hijo con discapacidad, por ayuda escolar, entre otras— y según la composición del grupo familiar de cada beneficiario.

    Prestación por Desempleo

    Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 8 o 9 cobrarán el 28 de septiembre. Por su parte, la Prestación por Desempleo Plan 2 tiene un período único de acreditación para todas las terminaciones de DNI: los beneficiarios podrán cobrar entre el 1 y el 9 de octubre de 2026, independientemente del último número de su documento.

    En ambos planes, el monto se calcula en función del salario que percibía el trabajador antes de quedar desempleado y de la cantidad de años de aportes acreditados, por lo que el importe varía según cada beneficiario. El pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria registrada ante ANSES.

  • Murió la diputada provincial de Entre Ríos Julia Calleros

    Murió la diputada provincial de Entre Ríos Julia Calleros

    10 de septiembre 2026 – 13:08

    La legisladora tenía 59 años y padecía una enfermedad. Había ingresado a la Legislatura en 2023 por La Libertad Avanza pero luego abandonó el espacio. El gobernador Rogelio Frigerio la despidió en redes sociales.

    Julia Calleros, diputada provincial de Entre Ríos, falleció este martes a los 59 años tras padecer una enfermedad que agravó su cuadro de salud en las últimas semanas.

    Oriunda de Gualeguaychú, Calleros había ingresado a la Legislatura provincial en 2023 por La Libertad Avanza (LLA), pero rápidamente rompió con el partido de Javier Milei e integró el bloque Fe y Libertad.

    Su trayectoria estuvo marcada por su pertenencia a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el histórico gremio que durante años condujo Gerónimo “Momo” Venegas.

    En líneas generales, la agenda legislativa de la dirigente estuvo vinculada al sector rural, los caminos rurales, la salud y su Gualeguaychú natal.

    Entre sus iniciativas se destacó el proyecto de Consorcios Camineros Rurales y la adhesión provincial a la denominada Ley Nicolás, sobre seguridad y calidad de la atención sanitaria.

    La despedida de Rogelio Frigerio

    Tras conocerse la noticia de la muerte de Calleros, el gobernador Rogelio Frigerio la despidió en las redes sociales.

    “Hoy nos toca despedir a Julia Calleros con una tristeza enorme”, dijo el mandatario, quien detalló que “el último tiempo fue difícil y lo enfrentaste con la gran fortaleza que te caracterizaba”.

    Frigerio le agradeció a la diputada por su “compromiso, por tu trabajo y por todos tus aportes para hacer de nuestra provincia un lugar mejor”.

    “En este momento de dolor, acompaño a tu familia, a tus seres queridos y a quienes trabajaron junto a vos en la Cámara de Diputados. Que descanses en paz”, finalizó el gobernador en las redes sociales.

    También se plegó a la despedida la exsenadora nacional peronista Stefania Cora.

    “Lamento el fallecimiento de la diputada provincial Julia Calleros con quien compartimos banca en la cámara provincial. Abrazo grande para su familia y amigos”, dijo Cora en su cuenta de X.

  • Honduras: un exjefe militar irá a juicio por ataques contra periodistas en un caso sin precedentes

    Honduras: un exjefe militar irá a juicio por ataques contra periodistas en un caso sin precedentes

    Por primera vez en Honduras, un exjefe militar afrontará un proceso judicial por presuntos ataques contra la prensa. El general retirado Roosevelt Hernández, quien estuvo al frente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y fue secretario de Defensa durante el gobierno de Xiomara Castro, recibió el 1 de septiembre un auto de formal procesamiento.

    Una jueza fijó la audiencia preliminar para el 14 de septiembre, mientras que la Fiscalía acusó a Hernández de incitación a la discriminación y limitación de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y de expresión.

    La defensa del exmilitar apeló la decisión el 4 de septiembre y reclamó el sobreseimiento definitivo. Sus abogados argumentaron que el tribunal excluyó indebidamente dos peritajes y diferentes documentos aportados por su representación. Según un relevamiento de LatAm Journalism Review, el proceso resultó inédito tanto por el rango del acusado como por las conductas investigadas.

    El enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la prensa de Honduras

    El origen del expediente se remonta al proceso electoral que culminó con la llegada de Nasry Asfura a la presidencia el 27 de enero de 2026. En noviembre de 2024, el Auditor Jurídico Militar presentó ante el Ministerio Público una denuncia para iniciar acciones contra 12 medios de comunicación por supuestas calumnias y difamaciones.

    La tensión aumentó durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025. Thelma Mejía, periodista hondureña y directiva de la Red Centroamericana de Periodistas, explicó a LatAm Journalism Review que aquella jornada marcó un incremento de la hostilidad hacia los medios.

    Los inconvenientes afectaron al 72% de los centros de votación debido a demoras en la distribución del material electoral que se encontraba bajo custodia de las Fuerzas Armadas. Periodistas reclamaron explicaciones e incluso solicitaron que el Ministerio Público investigara lo sucedido, algo que, según Mejía, generó el malestar de Hernández.

    Roosvelt Hernández está acusado de atacar periodistas.

    Roosvelt Hernández está acusado de atacar periodistas.

    ADF

    La confrontación escaló el 26 de mayo de 2025, cuando la publicación oficial militar “FF.AA. Digital” difundió acusaciones contra los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, a quienes calificó bajo el título “sicarios de la verdad”.

    La publicación les atribuyó la difusión de información falsa. Los denunciantes consideraron que esas expresiones constituyeron actos de estigmatización, incitación al odio y difamación.

    Las acusaciones que incorporó la Fiscalía

    El requerimiento fiscal incluyó además publicaciones realizadas en redes sociales con señalamientos similares. Entre ellas apareció una acusación pública de Hernández contra el periodista José Adán López, a quien vinculó con el crimen organizado.

    La investigación también incorporó la aparición de pancartas en diferentes puntos de Tegucigalpa con fotografías de periodistas y la frase “Sicarios de la verdad, armas de desinformación masiva, no quieren que se realicen elecciones”.

    Las personas que se adjudicaron la colocación de esas mantas se identificaron como integrantes del Movimiento Popular Hondureño, aunque no establecieron un vínculo con las Fuerzas Armadas.

    El expediente judicial se desarrolló en medio de un escenario de creciente preocupación por las agresiones y amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos en Honduras.

    Las agresiones contra la prensa crecieron durante el período electoral

    Un informe de C-Libre registró un aumento del 19,6% en las agresiones contra integrantes de la prensa y personas defensoras durante el contexto electoral hondureño.

    El reporte identificó al aparato estatal como principal responsable de los ataques denunciados: el 49% provino de las Fuerzas Armadas, el 22,8% de funcionarios del gobierno de Castro y el 17% de la Policía Nacional.

    La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también incorporó en su informe anual de 2025 actuaciones de las Fuerzas Armadas coincidentes con algunos de los episodios contemplados por la investigación.

    “En un contexto de progresivo deterioro del debate público y de la libertad de expresión en Honduras, esta Oficina también expresa su alarma por los múltiples reportes de estigmatización e intimidación dirigidos contra la prensa por miembros de las Fuerzas Armadas”.

    El organismo sostuvo que esas conductas se manifestaron “tanto en discursos públicos emitidos por su alta cúpula como en la activación y amenaza de procesos penales, que parecen orientados a intimidar y silenciar a periodistas que investigan las actuaciones de esta institución”.

    El juicio es un “caso histórico”

    Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), aseguró a LatAm Journalism Review que la causa no habría avanzado sin la presión ejercida por periodistas y organizaciones civiles.

    “Tuvimos que hacer incidencia permanente y fuerte por tres semanas antes de que libraran el requerimiento fiscal. Con nuestras investigaciones logramos saber que tenían engavetado el requerimiento a pesar que ya estaba listo y denunciamos posibles pactos oscuros bajo la mesa. Así los presionamos con reiteradas comparecencias públicas”.

    Meza definió el expediente como “un caso emblemático e histórico” y destacó el trabajo realizado por Asopodehu y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos para que la Fiscalía hiciera pública la investigación.

    Por su parte, Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), advirtió que la presentación de la causa en noviembre de 2025, poco antes del cambio de gobierno, podría generar interrogantes sobre eventuales motivaciones políticas.

    A pesar de ello, consideró que el proceso puede transformarse en un “parteaguas” frente a las acciones destinadas a presionar o intimidar a periodistas.

    “Puede servir de antecedente jurídico y de jurisprudencia sobre qué hacer en relación con algunas acciones que puedan significar coerción o coartar la libertad de expresión”.

    Acevedo consideró además que el caso podría impulsar nuevas denuncias en un país donde, según señaló, todavía existe una elevada impunidad en los delitos contra periodistas.

    Un posible precedente para la libertad de expresión

    Para Mejía, el juicio también puede convertirse en una señal hacia las autoridades de la nueva administración y establecer límites frente a eventuales enfrentamientos futuros con los medios de comunicación.

    “Creemos que en este gobierno probablemente no se va a vivir la confrontación con los medios tan fuerte como el pasado”, dijo. “Pero eso no significa que no se vaya a dar, sino que creo que serán más estratégicos y más inteligentes en cuanto a las formas en que ellos van a tratar de controlar la opinión”.

    El procesamiento de Hernández abrió así un escenario inédito en Honduras donde un exjefe de las Fuerzas Armadas deberá responder judicialmente por hechos vinculados con presuntas acciones de estigmatización y coerción contra periodistas. El resultado de la causa podría convertirse en un antecedente relevante para futuras investigaciones relacionadas con la libertad de prensa y de expresión en el país.

  • Quedó atrapado en una chimenea y lo detuvieron por un intento de robo

    Quedó atrapado en una chimenea y lo detuvieron por un intento de robo

    Un hombre quedó atrapado en una chimenea y fue detenido por una tentativa de robo durante la mañana de este jueves en una vivienda de calle Francisco Ramírez, en Santa Elena. La Policía lo retiró del lugar sin que presentara lesiones y lo trasladó por disposición de la Fiscalía interviniente.

     

    El procedimiento comenzó alrededor de las 8:20, luego de que un vecino se comunicara telefónicamente con la Comisaría Santa Elena. El denunciante había escuchado pedidos de auxilio procedentes del interior de una propiedad y solicitó la presencia de los efectivos.

     

    Cuando llegaron al domicilio, los agentes constataron que había un hombre atrapado dentro de la chimenea. El personal logró extraerlo y comprobó que no había sufrido lesiones como consecuencia de la situación.


    Detenido en Santa Elena (foto Policía de Entre Ríos)

    Detenido en Santa Elena (foto Policía de Entre Ríos)


    Una vez finalizado el rescate, la Policía informó lo sucedido a la Fiscalía interviniente. Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó que el hombre quedara detenido y a disposición de la Justicia.

     

    La causa quedó iniciada por el supuesto delito de tentativa de robo calificado en flagrancia. Las circunstancias en las que el sospechoso ingresó a la vivienda serán establecidas durante la investigación.

     

    La Jefatura Departamental La Paz no precisó si había personas dentro de la propiedad al momento del hecho ni informó sobre elementos dañados o sustraídos. Tampoco se difundieron datos sobre la identidad o la edad del detenido.

     

    Allanamiento por una causa de abuso de armas

     

    Por otra parte, durante el miércoles, personal de la Sección Comando de la Jefatura Departamental La Paz realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Candil.

     

    El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por abuso de armas y fue dispuesto mediante un mandamiento judicial. La medida incluyó el registro del domicilio, requisas personales, una inspección vehicular y la constatación de prendas de vestir.

     

    Policía Científica participó del operativo, que obtuvo resultado positivo. Como parte de las actuaciones, los agentes secuestraron una motocicleta marca Brava, modelo Altino, de 150 centímetros cúbicos.


    La moto secuestrada (foto Policía de Entre Ríos)

    La moto secuestrada (foto Policía de Entre Ríos)


    Los efectivos también constataron la vestimenta de las personas indicadas en la orden judicial. La diligencia se realizó de acuerdo con los requerimientos formulados por la autoridad que intervino en la causa.

     

    La motocicleta quedó formalmente secuestrada y fue incorporada al expediente para determinar si tenía relación con el hecho investigado. No se informó que el allanamiento hubiera dejado personas detenidas.

     

    Ambos procedimientos fueron desarrollados por dependencias de la Jefatura Departamental La Paz y quedaron bajo intervención de las autoridades judiciales correspondientes.

  • Procesan con prisión preventiva al comisario y abogado Rosatelli por narcotráfico y violencia coactiva

    Procesan con prisión preventiva al comisario y abogado Rosatelli por narcotráfico y violencia coactiva

    El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Daniel Alejandro Rosatelli —abogado y oficial de la Policía de Entre Ríos— junto a otros cuatro integrantes de una organización criminal, por el transporte de más de 1.345 kilogramos de marihuana. La resolución judicial les atribuye haber coordinado la adquisición, el acondicionamiento y el traslado del cargamento de estupefacientes interceptado en La Paz el 13 de febrero, además de disponer embargos millonarios sobre sus bienes.

    El marco de la causa atribuye a los procesados el transporte organizado de estupefacientes y falsificación de documentos: “Entre el 4 de noviembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026, Daniel Alejandro Rosatelli, Martín Reynaldo Germán Pelizzari, Claudio David Luna, Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri —junto a otros colaboradores— organizaron y ejecutaron el transporte de 1.345,51 kilogramos de marihuana compactada en 1.716 ‘ladrillos’ o ‘panes’. El cargamento fue interceptado el 13 de febrero de 2026 en el ‘Camino del Borello’ y Ruta Nacional N° 12 (La Paz, Entre Ríos) tras la persecución de una furgoneta Citroën Jumper blanca. Rosatelli aportó los fondos y la logística para comprar la furgoneta —la cual registraba pedido de secuestro por estafa— y colocarle una chapa patente ideológicamente falsa (dominio GIJ 496) para eludir los controles. La maniobra incluyó el despliegue de una camioneta Toyota Hilux que operó como ‘auto-guía’ en la ruta.

    Por otra parte, se señala otro hecho endilgado a Rosatelli, calificado como lesiones graves agravadas y amenazas coactivas: “El 12 de noviembre de 2025, en la sede de la ONG Suma de Voluntades en Paraná, Rosatelli agredió físicamente al intermediario Sixto Ramón Maciel golpeando su cabeza contra una pared con un arma de fuego. La agresión le provocó a la víctima un traumatismo encéfalo-craneano con riesgo de vida. Dicho ataque violento tuvo como objetivo amenazar a Jonatan Emanuel Barbieri para que retirara la denuncia por estafa vinculada a la furgoneta, radicada una hora y media antes, garantizando así la impunidad y disponibilidad del vehículo para el tráfico de drogas”.

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  • Secuestraron armas y detuvieron a un ciudadano uruguayo en Gualeguaychú

    Secuestraron armas y detuvieron a un ciudadano uruguayo en Gualeguaychú

    Dos procedimientos realizados en pocas horas por la Brigada de Prevención de Delitos Rurales Gualeguaychú permitieron secuestrar dos armas de fuego, cartuchería, una embarcación y elementos relacionados con la actividad de caza. En uno de los operativos, un ciudadano uruguayo quedó aprehendido.

     

    El primero de los procedimientos ocurrió alrededor de las 21:50 del miércoles 9 de septiembre, luego de que efectivos de la Brigada Arroyo del Cura fueran comisionados por el encargado de seguridad de la Reserva El Potrero.

     

    Al arribar al lugar, los uniformados localizaron a un hombre de nacionalidad uruguaya que, según informó la fuerza, se encontraba realizando actividades de caza.

     

    Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el hombre transportaba un arma de fuego calibre .308, cartuchería y ejemplares de fauna silvestre que habrían sido obtenidos mediante la actividad de caza.

     

    En el lugar también encontraron una embarcación tipo canoa equipada con un motor Parsun de 15 HP. Ante lo constatado, tomó intervención el fiscal en turno de la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, Facundo Álvarez.



    El funcionario judicial dispuso el secuestro del arma de fuego, la cartuchería y la embarcación junto con su motor. Además, ordenó la aprehensión del ciudadano, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú para las diligencias correspondientes.

     

    De manera paralela a la intervención judicial, los efectivos iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4.841.

     

    En ese marco, se procedió al decomiso de los ejemplares de fauna silvestre encontrados durante el procedimiento.

     

    La intervención de los agentes rurales no terminó allí. Pocas horas más tarde, durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre, se produjo un segundo operativo que derivó en el secuestro de otra arma.

     

    Hallaron una carabina dentro de un vehículo

    Alrededor de la 1:20, integrantes de la Brigada Arroyo del Cura realizaban tareas preventivas sobre la Autovía José Gervasio Artigas, Ruta Nacional 14, cuando observaron un automóvil Ford detenido sobre la banquina.

     

    Los policías se acercaron al vehículo e identificaron a tres hombres que permanecían en su interior. Durante el procedimiento, advirtieron que entre los asientos había una carabina de repetición calibre .30-06, equipada con una mira telescópica.

     

    Según indicó la fuerza, el arma tenía además cartuchería colocada en el cargador. Ante el hallazgo, los efectivos solicitaron a los ocupantes la documentación correspondiente.



    De acuerdo con el parte policial, los tres hombres manifestaron que no contaban con la documentación habilitante del arma ni con la Credencial de Legítimo Usuario (CLU).

     

    La situación fue comunicada nuevamente al fiscal Facundo Álvarez, quien ordenó iniciar las actuaciones correspondientes e identificar a las personas involucradas.

     

    Finalmente, se dispuso el secuestro de la carabina y la cartuchería. De esta manera, los dos procedimientos realizados con pocas horas de diferencia dejaron como resultado dos armas de fuego secuestradas, municiones, una embarcación retenida y un hombre aprehendido.

  • La cartera de acciones de Warren Buffett tiene la mitad de su capital invertido en solo 3 empresas: cuáles son y por qué las elige

    La cartera de acciones de Warren Buffett tiene la mitad de su capital invertido en solo 3 empresas: cuáles son y por qué las elige

    A los 96 años, Warren Buffett se mantiene vigente como referencia del mercado.
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    Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, informó que al cierre del 30 de junio de 2026 casi la mitad de su cartera declarada de acciones en Estados Unidos estaba concentrada en Apple, American Express y Coca-Cola, un dato que expone hasta qué punto el “Oráculo de Omaha” mantiene su apuesta por tres negocios de consumo con capacidad para subir precios y sostener resultados.

    El dato surge del último formulario 13F de la compañía, publicado el 14 de agosto. Según el documento, esas tres posiciones equivalen en conjunto a cerca del 50% de la cartera reportada por Berkshire.

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    La presentación incluye solo posiciones largas en acciones cotizadas en Estados Unidos. Quedan afuera el efectivo, los bonos del Tesoro, negocios operativos controlados en forma total como BNSF, GEICO y Berkshire Hathaway Energy, y cualquier exposición a valores que no coticen en ese mercado.

    Es decir, no se trata de la mitad del capital total, del patrimonio neto ni de la fortuna del fondo Berkshire Hathaway, sino de la mitad de su cartera de acciones declarada. Las posiciones, además, reflejan una foto al cierre del trimestre y pudieron haber cambiado desde entonces.

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    Apple concentró el mayor peso con el 22% de la cartera declarada

    La principal posición fue Apple, con 227.917.808 acciones y una ponderación del 22,04%. Berkshire la mantiene como su ancla dentro de la cartera reportada, en línea con la visión pública de Buffett, que la ha presentado más como una franquicia de consumo que como una apuesta puramente tecnológica.

    La compañía fabrica el iPhone, la línea Mac, el iPad, dispositivos portátiles y un negocio de servicios basado en suscripciones recurrentes. Ese esquema, junto con los costos de cambio para los usuarios, es parte de la lógica con la que Buffett ha justificado su presencia en el papel.

    Las tres empresas preferidas por Buffett venden productos con un poder de fijación de precios de marca que resiste la inflación, las recesiones y los cambios de CEO

    En los múltiplos y retornos operativos, Apple mostró un PER (siglas del inglés Price to Earnings Ratio o ratio precio-beneficio) de 42, una rentabilidad sobre el capital del 171,4% y una rentabilidad sobre el capital invertido del 53,3%. En el trimestre de junio facturó USD 109.420 millones, un 16,4% más interanual, y ganó USD 2,02 por acción, por encima de la estimación de USD 1,89.

    Tim Cook, el ahora ex director ejecutivo de Apple, definió ese período con una frase que la empresa destacó en sus resultados: “Fue el trimestre de junio más sólido de la historia de la compañía, con un crecimiento de ingresos de dos dígitos en iPhone, Mac y Servicios, y en todos los segmentos geográficos”.

    La empresa también recompró acciones por USD 62.090 millones durante los primeros nueve meses del ejercicio fiscal 2026. Ese movimiento elevó automáticamente la participación económica de Berkshire sin necesidad de que la holding comprara una sola acción adicional.

    American Express y Coca-Cola completaron el núcleo histórico de Buffett

    La segunda posición fue American Express, con 151.610.700 acciones, equivalentes al 17,14% de la cartera declarada. Se trata de la apuesta más antigua entre las grandes posiciones actuales de Buffett y sigue ocupando un lugar central en la estructura revelada por Berkshire.

    La compañía opera una red de pagos de circuito cerrado y un negocio de tarjetas orientado sobre todo a consumidores de alto poder adquisitivo. En el segundo trimestre registró ingresos por USD 19.640 millones y una ganancia por acción de USD 4,53, por encima de los USD 4,40 esperados.

    El presidente ejecutivo Stephen Squeri afirmó: “Otro trimestre excelente, con un crecimiento de los ingresos del 10%, un BPA de 4,53 dólares y un crecimiento del gasto de los titulares de tarjetas del 9%, la tasa más alta que hemos visto en tres años en términos ajustados por tipo de cambio”.

    Las 400 millones de acciones de Coca-Cola en manos de Berkshire Hathaway permanecen intactas desde 1988

    La dirección elevó su previsión de crecimiento anual de ingresos al 10% y mantuvo la guía de ganancia por acción en un rango de USD 17,30 a USD 17,90. También aumentó el dividendo trimestral desde USD 0,60 en 2023 hasta USD 0,95 en 2026, mientras el número de acciones diluidas sigue bajando.

    La tercera gran posición fue Coca-Cola, con 400 millones de acciones y un peso del 10,86%. Esa participación se ha mantenido sin cambios durante muchos años y convierte la inversión original de 1988 en una fuente de rentabilidad creciente sobre el costo, apoyada por la suba del dividendo trimestral de USD 0,16 en 1999 a USD 0,53 en 2026.

    En el segundo trimestre, la compañía informó ingresos por USD 13.380 millones, un avance interanual del 6,74%, y una ganancia de USD 0,97 por acción frente a una previsión de USD 0,93. El volumen global de cajas unitarias subió 5%.

    El nuevo director ejecutivo Henrique Braun dijo que hubo “una sólida primera mitad del año” y que la empresa estaba “bien posicionada para cumplir con nuestra previsión elevada para 2026”. Esa guía contempla un crecimiento orgánico de ingresos de alrededor del 5% y un aumento comparable de la ganancia por acción de entre 7% y 8%, sin contar el efecto del tipo de cambio.

    Dentro de ese desempeño, el volumen de la marca Coca-Cola avanzó 5% en el trimestre. La empresa lo describió como su mayor crecimiento de volumen en 17 años, excluida la recuperación posterior a la COVID, impulsado por la activación de la Copa Mundial de la FIFA en más de 180 mercados.

  • El oficialismo cambió de estrategia en Diputados y acompañó el debate sobre morosidad y discapacidad: “No quisieron dar la foto de más de 133”

    El oficialismo cambió de estrategia en Diputados y acompañó el debate sobre morosidad y discapacidad: “No quisieron dar la foto de más de 133”

    La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que las comisiones avancen con proyectos sobre discapacidad y morosidad
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    La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que las comisiones avancen con proyectos sobre discapacidad y morosidad. La votación reunió 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención. El cronograma prevé debates sobre discapacidad el 16 y 23 de septiembre, y sobre morosidad el 29 de septiembre. Así lo afirmó en Infobae A las Nueve Pablo Juliano, diputado nacional de Provincias Unidas.

    El funcionario indicó que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de que el respaldo parlamentario creciera. “No quisieron dar la foto de más de 133”, sostuvo al referirse al número de legisladores que había apoyado una propuesta previa.

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    Juliano señaló que la Cámara alcanzó el quórum con 135 diputados, mientras integrantes de La Libertad Avanza permanecían de pie en el recinto. Según su interpretación, el Gobierno evaluó que no podía quedar fuera de una sesión centrada en asuntos que afectan a personas con deudas y a beneficiarios de prestaciones por discapacidad.

    La votación en Diputados reunió 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención para fijar el debate sobre discapacidad y morosidad

    El emplazamiento fijó fechas para discapacidad y morosidad

    El emplazamiento obliga a las comisiones a tratar los proyectos dentro de un calendario definido. La Cámara debatirá iniciativas sobre discapacidad los días 16 y 23 de septiembre. Las comisiones abordarán la morosidad el 29 de septiembre.

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    El diputado sostuvo que el debate sobre morosidad acumuló demoras. Indicó que presentó la misma propuesta 15 días antes de la sesión y que entonces obtuvo 133 votos. Para Juliano, ese antecedente permitió convocar la reunión parlamentaria que definió el nuevo cronograma.

    Juliano cuestionó la posición inicial del oficialismo frente al quórum. Relató que representantes del Gobierno contactaron a su espacio durante la mañana de la sesión para comunicar que asistirían. También afirmó que La Libertad Avanza discutió internamente quiénes concurrirían al recinto.

    El legislador vinculó la decisión con el respaldo de bloques provinciales. Dijo que esos espacios aportaron votos para alcanzar el quórum y para aprobar el emplazamiento. A su vez, planteó que las dificultades financieras tienen expresiones distintas en cada región del país.

    Sesión en Diputados - 9 de septiembre

    Deudas y acceso al crédito

    El funcionario planteó que el Congreso debe buscar una respuesta para las personas con morosidad sin afectar el acceso al crédito. “Yo quiero que el Congreso pueda colocar alguna especie de solución”, afirmó. Su propuesta busca combinar herramientas de refinanciación, criterios de segmentación y un mecanismo no judicial para resolver conflictos.

    Al mismo tiempo sostuvo que la Comisión de Presupuesto podía demorar el debate. Explicó que el Gobierno propuso sumar a ese cuerpo junto con las comisiones de Usuarios y Consumidores y Finanzas. Juliano pidió excluirla para evitar iniciativas con impacto fiscal y acelerar la elaboración de un dictamen.

    Según explicó, el tratamiento debe concentrarse en medidas que no expongan el proyecto a un veto presidencial. Propuso revisar experiencias de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja. Mencionó planes de refinanciación y programas dirigidos a trabajadores del sector público.

    El legislador también propuso crear una instancia extrajudicial inspirada en la mediación. Ese procedimiento buscaría ofrecer una salida para quienes acumulan deudas y evitar nuevas situaciones de mora. Juliano afirmó que la medida podría reunir consensos entre bloques con posiciones distintas.

    Sesion Ordinaria del Senado - Ley de Tierras - 6 de agosto

    Consecuencias de la mora

    Juliano advirtió que las deudas impagas pueden dejar a personas fuera del sistema financiero durante años. Señaló que su proyecto, llamado Segunda oportunidad, busca revisar ese efecto. La iniciativa apunta a distinguir entre quienes acumulan obligaciones de bajo monto y quienes registran incumplimientos mayores.

    El diputado afirmó que el 40% de las personas con morosidad tiene menos de 25 años. Consideró que una deuda inicial no debería impedir el acceso posterior a créditos. También cuestionó que una persona quede registrada durante cinco años por obligaciones que luego regularizó.

    Aismimos citó cifras que, según dijo, surgen de estudios del Banco Central. Indicó que las personas con más de tres meses de mora arrastran entre $370.000 y $420.000. Añadió que cerca de 1,8 millones no logran salir de esa situación.

    El legislador diferenció los niveles de morosidad según el tipo de prestador. Afirmó que los bancos registran cerca de 7%, las billeteras virtuales entre 19% y 21%, y los prestadores no bancarios alcanzan 36%.

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  • Pasaporte equino: el Gobierno estableció un nuevo sistema obligatorio para identificar y controlar el movimiento de los caballos en todo el país

    Pasaporte equino: el Gobierno estableció un nuevo sistema obligatorio para identificar y controlar el movimiento de los caballos en todo el país

    El Gobierno estableció un nuevo marco obligatorio para la identificación electrónica individual, el registro sanitario y el movimiento de los équidos en la Argentina, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad de los animales, prevenir enfermedades y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias. La medida fue dispuesta por el Senasa mediante la resolución 831/2026.

    La nueva normativa integra la identificación de cada animal con el sistema de información sanitaria del Senasa y crea dos herramientas digitales: la Libreta Sanitaria Equina Digital (LSED) y el Pasaporte Equino Digitalizado (PED). El organismo busca así reemplazar progresivamente la documentación en papel por registros electrónicos que permitan contar con información actualizada sobre cada équido y sus movimientos.

    La resolución alcanza a todas las personas humanas o jurídicas propietarias, poseedoras o tenedoras de équidos, independientemente de la cantidad de animales que tengan o del título por el cual los posean. Es decir, las nuevas obligaciones no quedan limitadas a establecimientos comerciales o productores de determinada escala.

    El microchip tendrá que ser implantado por vía parenteral en el tercio medio del lado izquierdo del cuello del équido, a ocho centímetros por debajo de la línea de la crin y palpando el ligamento nucal
    El microchip tendrá que ser implantado por vía parenteral en el tercio medio del lado izquierdo del cuello del équido, a ocho centímetros por debajo de la línea de la crin y palpando el ligamento nucalRodrigo Néspolo

    Uno de los principales cambios será la identificación individual mediante microchip. La norma establece que cada animal deberá contar con una identificación única y permanente y dispone que, a partir del 1° de marzo de 2027, será obligatoria la utilización de un transpondedor inyectable. La responsabilidad de su correcta implementación recaerá sobre el productor.

    Según la normativa, la identificación deberá realizarse ante distintos acontecimientos vinculados con la vida sanitaria y los movimientos del animal. Entre ellos se encuentran la toma de muestras para diagnósticos obligatorios asociados a traslados, el alta de la Libreta Sanitaria Equina o del Pasaporte Equino, determinados tratamientos veterinarios y la gestión de movimientos internacionales. También será necesaria para los traslados hacia la Zona Libre de Anemia Infecciosa Equina (AIE).

    El Senasa también fijó cómo deberá colocarse el dispositivo. El microchip tendrá que ser implantado por vía parenteral en el tercio medio del lado izquierdo del cuello del équido, a ocho centímetros por debajo de la línea de la crin y palpando el ligamento nucal.

    Una vez identificado el animal, el número del microchip deberá quedar registrado en el sistema de información sanitaria de Sanidad Animal del Senasa
    Una vez identificado el animal, el número del microchip deberá quedar registrado en el sistema de información sanitaria de Sanidad Animal del SenasaRicardo Pristupluk

    Una vez identificado el animal, el número del microchip deberá quedar registrado en el sistema de información sanitaria de Sanidad Animal del Senasa. Para hacerlo habrá tres alternativas: aplicaciones digitales homologadas, autogestión mediante el sistema del organismo con clave fiscal o de manera presencial en las oficinas correspondientes a la jurisdicción del establecimiento rural.

    El nuevo esquema se apoya en la experiencia que ya tenía el organismo con la identificación y trazabilidad de los équidos. La resolución recuerda que el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa) permite conocer la procedencia de los animales que se movilizan o comercializan dentro del país y constituye una herramienta para desarrollar sistemas de rastreabilidad más precisos.

    La decisión también responde a la necesidad de reforzar la prevención sanitaria. En los considerandos, el Senasa señala que la identificación individual permite aplicar medidas preventivas y de bioseguridad durante los traslados y frente a situaciones de emergencia. El organismo considera que conocer con precisión qué animal se movilizó, desde dónde y hacia dónde permite mejorar la respuesta ante la aparición de enfermedades transmisibles.

    En ese sentido, la resolución establece que “el correcto cumplimiento de la identificación y el control de movimientos de los équidos permiten ofrecer un sistema confiable de trazabilidad individual para asegurar su procedencia y su destino”.

    La otra gran novedad es la creación de la Libreta Sanitaria Equina Digital, que pasa a ser un documento sanitario oficial para los équidos en todo el territorio argentino. Su generación, validación y codificación final estarán integradas al sistema de información sanitaria del Senasa, que garantizará su identificación única, integridad y validez oficial.

    El productor podrá gestionar la LSED directamente a través del sistema sanitario del organismo o mediante aplicaciones digitales que hayan sido previamente homologadas por el Senasa. El contenido será único para todo el país, aunque el diseño y formato de las aplicaciones podrán ser definidos por cada proveedor tecnológico.

    También se avanzará sobre el Pasaporte Equino. Los documentos reconocidos por el Senasa deberán ser digitalizados e incorporados al sistema de información sanitaria. La versión física seguirá teniendo validez para acompañar al animal durante sus movimientos siempre que esté digitalizada y vigente en el sistema. Sin embargo, llevar el documento en papel no reemplazará la obligación de contar con el registro digital.

    Con la nueva modalidad, los movimientos de équidos dentro del territorio nacional podrán realizarse mediante la LSED o el PED, siempre que estén incorporados al sistema sanitario y se cumplan las condiciones establecidas. El procedimiento contempla el uso de una aplicación móvil, la captura de las coordenadas geográficas del establecimiento de destino, la información del Renspa y la validación de la identidad del animal mediante la lectura del microchip y/o la LSED.

    El sistema, además, tendrá una herramienta específica frente a problemas sanitarios. El Senasa podrá bloquear temporalmente el movimiento de équidos mediante la LSED cuando detecte enfermedades contagiosas o de interés sanitario. De esta manera, la identificación electrónica no será solamente un mecanismo registral, sino también una herramienta para intervenir rápidamente ante un eventual foco.

    No todos los traslados podrán ampararse exclusivamente en la libreta o el pasaporte digital. La resolución mantiene como obligatorio el Documento de Tránsito electrónico (DT-e) para determinados movimientos, entre ellos los animales destinados al circuito de provisión para faena de exportación o al ingreso a la Zona Libre de AIE, los équidos destinados a cuarentena previa a una exportación y determinados animales importados que deben ser trasladados hacia instalaciones de cuarentena.

    Los productores tendrán además la obligación de verificar que la identificación electrónica de cada animal coincida con la documentación que lo acompaña al momento de ingresar o salir del establecimiento. Si existe una diferencia entre el animal recibido y los datos de la documentación, el destinatario deberá informar al Senasa dentro de un plazo máximo de dos días hábiles.

    La normativa también establece un mecanismo para registrar novedades como cambios de titularidad, robos, muertes y otras situaciones sanitarias. Esa información deberá comunicarse de manera inmediata y podrá notificarse mediante una aplicación oficial o homologada, por autogestión digital o en las oficinas del Senasa.

    Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es la transición desde el papel hacia la documentación digital. Las Libretas Sanitarias Equinas emitidas en formato físico antes de la entrada en vigencia de la resolución conservarán su validez hasta el 31 de diciembre de 2027. A partir del 1° de enero de 2028, la LSED o el PED registrado en el sistema del Senasa serán los documentos sanitarios válidos para respaldar los movimientos.

    El proceso comenzará incluso antes: desde el 31 de diciembre de 2026 no podrán imprimirse nuevas Libretas Sanitarias Equinas en formato papel. En el caso de los Pasaportes Equinos, la digitalización y su incorporación efectiva al sistema sanitario del Senasa serán obligatorias a partir del 1° de enero de 2028.

    La resolución también contempla sanciones ante incumplimientos, entre ellos la falta de identificación individual, la ausencia de registro de los dispositivos, las inconsistencias entre el microchip y la documentación, la falta de notificación de novedades sanitarias y la utilización de documentación adulterada. El incumplimiento quedará sujeto al régimen sancionatorio previsto por la normativa sanitaria vigente.

    Plazos clave

    • 31 de diciembre de 2026: deja de permitirse la impresión de nuevas Libretas Sanitarias Equinas en papel.
    • 1° de marzo de 2027: comienza la obligatoriedad de la identificación individual electrónica mediante microchip.
    • 31 de diciembre de 2027: último día de vigencia de las Libretas Sanitarias Equinas en papel emitidas antes de la nueva resolución.
    • 1° de enero de 2028: la LSED o el PED digitalizado pasan a ser los documentos sanitarios válidos para respaldar los movimientos, bajo las condiciones establecidas.
  • Concesión La Hidrovía estrena gestión privada con obras, tecnología y una tarifa más baja

    Concesión La Hidrovía estrena gestión privada con obras, tecnología y una tarifa más baja

    La Vía Navegable Troncal (VNT), el principal corredor fluvio-marítimo para el comercio exterior argentino, inició formalmente una nueva etapa con el comienzo de la concesión de gestión privada, que contempla inversiones en infraestructura, incorporación de tecnología y obras para mejorar las condiciones de navegación.

    El nuevo esquema prevé que el concesionario realice las inversiones necesarias bajo un modelo de riesgo empresario, con recupero a través del peaje que pagan los usuarios de la vía navegable. El inicio de la concesión también activa la rebaja tarifaria anunciada, y el peaje pasará de USD 4,30 a USD 3,80.

    Durante los primeros meses de la nueva gestión se realizarán los estudios técnicos y ambientales necesarios para avanzar con las obras previstas. Entre ellas se encuentra la profundización del Río de la Plata y el Paraná, además de la incorporación de nuevos tramos a la Vía Navegable Troncal.

    Uno de los principales cambios será la incorporación de Entre Ríos al sistema mediante la apertura y el mantenimiento de los canales correspondientes al Paraná Guazú, Paraná Bravo y Pasaje Talavera. La ampliación busca mejorar las alternativas de navegación y acompañar las necesidades del comercio exterior y de los productores.

    Más tecnología para la navegación

    La modernización de la vía también tendrá un componente tecnológico. El concesionario incorporará cámaras y radares, junto con un sistema digital para el seguimiento de caudales y mareas, con el objetivo de contar con información que permita mejorar la seguridad y eficiencia de la navegación.

    El nuevo contrato contempla además mecanismos de seguimiento por parte de los usuarios y las provincias. Para eso funcionará el Consejo de Control de la Vía Navegable, un espacio institucional en el que se informará sobre el avance de las obras y se discutirán futuras actualizaciones de la vía.

    Cómo fue el proceso de concesión

    El proceso de diseño de la nueva concesión contó con la participación de cámaras empresarias vinculadas al comercio exterior, la industria, los puertos y la navegación, entre ellas la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, el Centro de Navegación y la Cámara de Puertos Privados Comerciales.

    También participaron las provincias vinculadas con el desarrollo de la vía navegable: Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

    Según se informó oficialmente, el proceso de selección del concesionario contó además con el respaldo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que auditó las distintas etapas del procedimiento con el objetivo de verificar la aplicación de estándares internacionales para la gestión de infraestructura.

    Con el comienzo de la nueva concesión, el Gobierno busca avanzar sobre uno de los principales reclamos del sector productivo y exportador: mejorar la infraestructura de la principal vía de salida de la producción argentina y reducir los costos logísticos. El esquema contempla que las inversiones y las obras se desarrollen durante la vigencia de la concesión, mientras el Estado conserva funciones de control y seguimiento del contrato.

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