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  • Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la violenta toma del Instituto Perón

    Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la violenta toma del Instituto Perón


    Pese a una docena de apelaciones de los abogados defensores para trabar la causa, el juez federal Sebastián Ramos procesó al diputado de Unión por la Patria Juan Grabois por violación de domicilio y resistencia a la autoridad en la violenta toma del Instituto Perón del 7 de junio del año pasado. También le trabó un embargo de 5 millones de pesos al dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que tiene abiertas otras causas también por tomas violentas de inmuebles como la toma de un campo de la familia Etchebehere en Entre Ríos. Es el primer procesamiento a Grabois por estas tomas.

    Destrozos en el Instituto Perón, tras la toma del grupo de Grabois.

    En un fallo al que accedió Clarín, Ramos también procesó al militante Valentín Peralta, otro de los protagonistas de esa toma del Instituto Perón que terminó con varios policías heridos y destrozos en las instalaciones. La ocupación ocurrió unos días antes de que la Corte confirmara la condena a seis años de prisión de la ex presidenta Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad y mientras referentes K llamaban a realizar protestas.

    Ramos argumentó que en la causa, sobre la base de testimonios, fotos y videos, “ha quedado suficientemente acreditado que tanto Grabois como Peralta, el 7/6/25, ingresaron sin autorización al Instituto Juan Domingo Perón de Estudios, Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, el cual se encontraba cerrado y cuya titularidad corresponde al Ministerio de Capital Humano”.

    Detuvieron a Juan Grabois que se encontraba atrincherado en el Instituto Domingo Perón. Todavía encuentran milintes dentro del edificio.
Fotos Emmanuel Fernández - FTP CLARIN EMA03417.jpg Z EFernandz Efernandez

    La denuncia contra Grabois fue impulsada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

    En el caso de Peralta, el juez señaló que “agredió con golpes vehementes al personal policial, negándose a retirarse del lugar”, entre otros agresores.

    El Hospital Churruca remitió las historias clínicas del comisario De Cristóbal, quien presentó un traumatismo encéfalo-craneano con una escoriación sin sangrado activo en la región parietal derecha, y del comisario mayor Marcelo Claudio Galarza, que sufrió traumatismos superficiales múltiples del tórax de tipo agudo. En cuanto al comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, se constató una leve inflamación, con flexoextensión digital conservada e indolora, mientras que el comisario inspector Amado Rubén Martínez presentó un edema en el labio superior y una herida mucosa secundaria a un traumatismo con incisivos, sin laceraciones, entre otros heridos.

    Asimismo, el juez le endilgó a Grabois haber permanecido en el interior del Instituto “durante el lapso de, al menos, dos horas e incitar a la permanencia ilegítima y a la agresión al personal policial destacado en el lugar, al cual le arrojaron objetos provocando lesiones físicas”. En el caso de Peralta, también se le reprochó haber agredido con golpes al personal policial al momento en que intentaban desalojar a los manifestantes del establecimiento.

    Destrozos en el Instituto Perón, tras la toma del grupo de Grabois.

    En cambio, según la defensa de Grabois, el dirigente K no participó de la toma y fue “en estricta calidad de abogado de la Cooperativa de Trabajo ‘Lo de Néstor’”, que administraba el local contiguo “Un Café con Perón”.

    El juez relató que los oficiales superiores presentes primero instaron verbalmente a los manifestantes a que desalojaran el edificio, que pertenece a Capital Humano, y luego, ante los ataques, “procedieron a la detención del dirigente Juan Grabois, quien se encontraba constantemente incitando a sus comandados a agredir a los funcionarios policiales”.

    Mientras tanto, se encuentra en la Corte, para resolver desde el 5 de noviembre de 2025, un recurso de queja presentado por la defensa de Juan Grabois para evitar la apertura del teléfono secuestrado al momento de su detención.

    El Ministerio de Capital Humano ha solicitado diferentes medidas de prueba tendientes a individualizar a los otros participantes de la violenta irrupción y usurpación del ex Instituto Juan Domingo Perón. La defensa de Grabois “ha planteado nulidades y apelaciones tendientes a impedir que se investigue lo ocurrido”, afirmaron fuentes de esa cartera consultadas por Clarín.

    Antecedentes

    La Cámara Federal porteña había avalado la causa luego de que Grabois, que es abogado, pidiera la nulidad de la causa por usurpación, daño agravado y lesiones porque afirmó que fue detenido en “forma ilegal”. También reclamó que le devolvieran el teléfono celular que la Justicia quería abrir para saber si la toma había sido organizada.

    Así, Grabois, que ya fue indagado el año pasado como sospechoso en la causa por el juez Ramos y el fiscal Carlos Rívolo, trabó el avance de la investigación durante meses.

    El asesor del fallecido papa Francisco fue detenido el 7 de junio del año pasado en flagrancia por la Policía Federal, en medio de escenas de forcejeo mientras el dirigente K se envolvía con la bandera argentina y gritaba: “Meteme preso, Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”.

    Juan Grabois se sacó una foto desde la camioneta donde estaba detenido.

    Rívolo quiere abrir el celular solo para analizar las comunicaciones de esos días y preservar las vinculadas con el trabajo de Grabois como abogado, que está amparado por el secreto profesional.

    Un peritaje sobre cámaras de video y redes sociales muestra imágenes de la ocupación del edificio donde funcionaba el Instituto Perón y el bar “Un Café con Perón”. Ahora la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quiere transformar el establecimiento en un “centro inclusivo” que incluya una biblioteca y un local gastronómico en el que trabajen jóvenes neurodiversos. En esas imágenes, Grabois encabeza el grupo que ingresó por la fuerza al edificio, que se encontraba cerrado.

    La toma del Instituto Perón, que se encuentra al lado de la Biblioteca Nacional, fue la primera de una serie de operaciones de los K antes y después de la confirmación de la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad. Luego vinieron los ataques al canal de noticias TN y a la casa de José Luis Espert.

    “Es un orgullo que el gobierno de Milei nos meta presos por defender el legado peronista y la identidad nacional”, expresó luego de su liberación en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, en el barrio de Lugano.

    El dirigente social calificó su detención como parte del “odio gorila” del Gobierno nacional, junto con el cierre del Instituto.

    “Lo que hicieron fue intentar borrar la historia de una parte del pueblo argentino. Sellaron todo, destruyeron murales y pusieron las estatuas de Evita y Perón en bolsas mortuorias”, dijo. Y agregó que se trata de una “ofensiva contra la memoria colectiva y una provocación directa al movimiento nacional y popular”.

    Entre quienes reclamaban la liberación del dirigente social estuvieron caras conocidas de su fuerza, como Natalia Zaracho e Itai Hagman, y de otros espacios vinculados al kirchnerismo.

    En un comunicado oficial, Capital Humano señaló que el Instituto “contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más de $400 millones” y que “la totalidad de su presupuesto era destinada al pago de salarios y mantenimiento de servicios básicos, no habiendo realizado sus autoridades ninguna investigación a los fines de cumplir con el propósito del Instituto”.

    Las autoridades ministeriales agregaron que, a partir de que se dispuso la disolución del organismo, “se tomaron las acciones pertinentes para resguardar el patrimonio histórico y cultural del Instituto”, que está inventariado y actualmente en proceso de selección para su destino a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación.

  • Cierre y despido de más de 100 empleados en una fábrica de baterías en Entre Ríos

    Cierre y despido de más de 100 empleados en una fábrica de baterías en Entre Ríos

    Vista dividida de una fábrica: lado izquierdo oscuro con máquinas paradas, lado derecho brillante con trabajadores y maquinaria en funcionamiento, con chispas.

    La empresa autopartista Unionbat, dedicada a la fabricación de baterías, decidió discontinuar su actividad productiva en una planta situada en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, para concentrar su producción en San Martín, provincia de Buenos Aires.

    Según se comunicó, “la decisión forma parte de una adecuación de su estructura industrial, orientada a una operación más concentrada y eficiente”. En Gualeguaychú, señalaron, “permanecerá una dotación mínima afectada a tareas de seguridad, custodia y mantenimiento del establecimiento. Las desvinculaciones derivadas de la discontinuación se instrumentan en forma individual, conforme al marco legal aplicable y con la liquidación que corresponde en cada caso. La compañía agradece el aporte de quienes integraron esa operación”.

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    Medios entrerrianos informaron que la decisión implica el despido de cerca de un centenar de empleados. Algunas versiones aumentan la cuenta a 120 despidos.

    “La empresa Unión Bat comenzó el despido de aproximadamente un centenar de trabajadores convencionados, una decisión que volvió a encender las alarmas sobre la situación del empleo industrial en su planta de Gualeguaychú y que también abrió interrogantes acerca de la continuidad de la firma en la localidad”, informó el medio local “Analisis Digital” en la tarde/noche del viernes.

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    La noticia, señaló, “generó una rápida reacción entre los empleados y representantes sindicales. Al mediodía, trabajadores y delegados gremiales se concentraron frente a las instalaciones de la fábrica para desarrollar una asamblea en la que analizaron el alcance de la medida y evaluaron los pasos a seguir”.

    “Nuevo golpe”

    El medio señaló que la decisión es “un nuevo golpe” al empleo industrial en la ciudad entrerriana y el aumento de la incertidumbre ante la posibilidad de que los despidos representen el inicio de un proceso de reducción o incluso de cierre de la planta incrementó la preocupación tanto entre los trabajadores como en el sector gremial”.

    La decisión de la autopartista se inscribe en el marco de un menor nivel de actividad de la industria automotriz, con niveles de venta inferiores a los previstos en los planes anuales de las principales automotrices del país.

    Infobae recurrió al contacto de WhatsApp de la empresa, cuya respuesta fue que el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 17:30 y que “apenas volvamos a estar en horario laboral te responderemos”.

    Ayer, en una Asamblea, los empleados locales buscaban precisiones sobre la decisión de la empresa y en diálogo con una radio local delegados del gremio definieron un escenario “incierto y angustiante”, por su impacto directo en el empleo, las familias afectadas y la economía local.

    El Entre Ríos, otro medio local, señaló por su parte que en Gualeguaychú, la industria representa una importante fuente de trabajo y movimiento económico y que los despidos anunciados “no solo impactan sobre los trabajadores alcanzados, sino también sobre el entramado comercial y de servicios vinculado a la actividad fabril”.

    Unionbat SA es una fabricante de baterías cuya sede central está en Villa Lynch, San Martín. Se define como “una empresa totalmente integral que inicia su proceso de fabricación en su fundición de metales no ferrosos, fabricando sus aleaciones de alta calidad y pureza” y posee dos plantas industriales, una de 9.400 metros cuadrados en San Martin, Provincia de Buenos Aires, y otra de 20.000 m2 en el Parque Industrial de Gualeguaychú, en el cual se produjeron los despidos de ayer.

    En su página web afirma ser “el único fabricante de baterías en la Argentina que posee certificación IATF 16949” y “la única fábrica de baterías en la Argentina que provee sus productos a Equipos Originales de las Terminales Automotrices, superando todos los ensayos e inspecciones del proceso de fabricación”.

    Más de cien años

    La empresa es más que centenaria. Su historia, según describe, se remonta a la función en 1914 de la empresa Gino Bocci y Hermano. En 1981 presentó la primera “batería intercelda, termosellada y de bajo mantenimiento” fabricada en América del Sur y en 1997 se fusionó con Baterías Wao dando origen a la sociedad actual: Unionbat S.A. En 2001 obutvo la Homologación del Sistema de Calidad bajo varias normas y como “operador de residuos peligrosos” y en 2005, reseña fue “la primera fábrica de Argentina” en producir baterías con aleación Calcio-Plata. Su más reciente hito fue el lanzamiento en 2019 de “nuevas baterías plomo-ácido Línea SOLAR, aptas para Energías renovables”.

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    Para Entre Ríos el cierre de planta y la reducción de su nómina a solo personal en tareas de mantenimiento se suma a la crisis de Granja Tres Arroyos, la mayor avícola del país, que cerró la planta “La China” en la provincia, poniendo riesgo unos 950 empleos y culpó a los sindicatos de aplicar “medidas inflexibles y desproporcionadas”.

    Según el Monitor mensual de empresas de Fundar, desde noviembre de 2023 -mes previo a la asunción de Javier Milei- hasta marzo pasado se perdieron 26.448 empresas en todo el país, una baja del 5,2% sobre el total.

    Se trata de “la peor caída en los primeros 28 meses de un gobierno” dice el informe de Fundar, cuyo relevamiento precisa también que sólo en marzo pasado se registraron 2.011 empresas menos que en febrero. Según el documento, a marzo se acumulaban 18 meses consecutivos de caída mensual. Y en la comparación interanual la pérdida asciende a 14.203 empresas respecto de marzo de 2025, una baja del 2,8%, con la que se acumulan 25 caídas interanuales consecutivas.

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  • El grupo terrorista Hezbollah rechazó el acuerdo firmado por Estados Unidos, Israel y LíbanoNaim Qassem, jefe del grupo extremista, acusó al gobierno libanés de cometer “un grave error”. El pacto contempla el desarme de la organización extremista

    El grupo terrorista Hezbollah rechazó el acuerdo firmado por Estados Unidos, Israel y LíbanoNaim Qassem, jefe del grupo extremista, acusó al gobierno libanés de cometer “un grave error”. El pacto contempla el desarme de la organización extremista

    Hezbollah rechazó este sábado el acuerdo marco entre Estados Unidos, Israel y Líbano firmado el viernes en Washington. El grupo terrorista lo declaró “nulo y sin efecto” y acusó al Gobierno libanés de cometer un “grave error”. El texto prevé el desarme de Hezbollah y un plan piloto para que el Ejército libanés asuma el control de dos zonas ocupadas por Israel.

    Naim Qassem, jefe del grupo extremista, sostuvo que el acuerdo queda invalidado porque, a su juicio, humilla a Líbano, supone una rendición de soberanía y legitima la permanencia israelí en territorio libanés durante años. También rechazó las negociaciones directas entre Líbano e Israel, en marcha desde abril, y reiteró que su organización extremista no iniciará un proceso de desarme sobre esa base.

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    Qassem afirmó el sábado en un comunicado que el acuerdo en Washington es “humillante”, “vergonzoso” y una “rendición de la soberanía”. También pidió al Gobierno libanés que se retracte de “sus pecados que están arruinando Líbano”.

    El jefe terrorista acusó a las autoridades libanesas de legitimar “la continuación de la ocupación” israelí durante muchos años y dijo que eso “incluso puede llevar a la anexión de estas tierras”.

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    El acuerdo se firmó el viernes tras cinco rondas de conversaciones. Israel y Líbano declararon en ese texto su intención de terminar de forma concluyente el conflicto, abordar sus causas de fondo y cerrar formalmente cualquier estado de guerra entre ambos.

    Naim Qassem, jefe del grupo terrorista libanés Hezbollah (REUTERS/Mohamed Azakir)

    El documento establece un proceso recíproco y gradual. Según ese esquema, el Ejército libanés debe restablecer la autoridad soberana efectiva sobre todo el territorio libanés, a la espera del desarme verificado de grupos armados no estatales.

    El pacto también incluye un plan piloto para que soldados libaneses tomen el control de dos áreas ocupadas por Israel. Según fuentes oficiales israelíes, esas zonas están más allá de los límites originales de la llamada zona de amortiguación establecida en abril.

    El presidente libanés Joseph Aoun describió el acuerdo como “un primer paso” para restaurar la soberanía de su país. El secretario de Estado Marco Rubio dijo en la firma que el texto empieza a sentar una base para una paz y una seguridad duraderas.

    Las diferencias afloraron de inmediato. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó poco después que las tropas israelíes permanecerán en territorio libanés mientras Hezbollah no se desarme.

    Netanyahu añadió que el Ejército israelí permitirá que el Ejército libanés tome el control de dos áreas: una fuera de la zona de seguridad y al sur del río Litani, y otra al norte de ese río. También dijo que los civiles libaneses desplazados de la llamada zona de seguridad no podrán volver a sus casas.

    Estados Unidos, Israel y Líbano firmaron un acuerdo que busca encaminar una paz duradera (REUTERS/Ken Cedeno)

    Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el acuerdo y lo presentó como un paso para evitar una escalada del conflicto. Después pidió como siguientes medidas el desarme de Hezbollah y la retirada de las tropas israelíes del sur del país.

    El texto del acuerdo recoge que Israel sostiene que sus acciones militares en Líbano responden a los ataques, la amenaza y la intención hostil de grupos armados no estatales, en particular Hezbollah. También afirma que la desaparición de esa amenaza, junto con nuevas disposiciones de seguridad entre los dos países, eliminaría la necesidad futura de presencia militar israelí en Líbano.

    Además, el documento subraya que Israel declara no tener ambiciones territoriales en Líbano. Esa formulación contrasta con la posición expresada por Netanyahu, que condicionó cualquier retirada al desarme previo de Hezbollah.

    La fragilidad del marco quedó expuesta el sábado, cuando el Ejército israelí informó de un bombardeo contra presuntos milicianos en la zona de Nabatieh, en el sur de Líbano. Fue el primer ataque de ese tipo desde que Washington anunció el acuerdo marco entre Israel y Líbano.

    Israel lanzó un nuevo ataque contra terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano (REUTERS/Amir Cohen)

    Una portavoz militar israelí dijo que el objetivo eran “terroristas sospechosos” que suponían una amenaza para soldados israelíes. Añadió que las consecuencias del ataque todavía estaban bajo evaluación.

    Líbano quedó implicado en la guerra regional el 2 de marzo, cuando Hezbollah, respaldado por el régimen de Teherán, lanzó cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní en ataques de Estados Unidos e Israel. Israel respondió con bombardeos intensos y una invasión terrestre del sur libanés.

    Las tropas israelíes ocupan franjas de territorio y han ejecutado demoliciones extensas de viviendas y otros edificios. El alto el fuego del 17 de abril no logró detener los combates entre Israel y Hezbollah.

    La violencia bajó después del memorando de entendimiento alcanzado la semana pasada entre Estados Unidos e Irán. Con el acuerdo ya firmado, las partes aún deben resolver diferencias de fondo sobre retirada, control territorial y desarme.

  • Elaboran una guía técnica para la investigación de delitos digitales que afectan a niñas, niños y adolescentes

    Elaboran una guía técnica para la investigación de delitos digitales que afectan a niñas, niños y adolescentes

    Ante el creciente impacto de las tecnologías digitales como herramientas facilitadoras de delitos como el grooming y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, UNICEF Argentina presentó la Guía Técnica sobre Delitos en Entornos Digitales que Afectan a Niñas, Niños y Adolescentes, un documento orientado a fortalecer las capacidades de investigación y persecución penal de estas conductas.

    La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak, en su carácter de representante del STJER ante la Red de Jueces y Juezas Comprometidos/as por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de UNICEF Argentina, informó sobre la herramienta destinada a fortalecer la investigación y el abordaje judicial de delitos como el grooming y la explotación sexual infantil en entornos virtuales, resaltó el Servicios de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia.

    Mizawak destacó que el documento brinda lineamientos procesales y herramientas tecnológicas para la adecuada preservación de la evidencia digital, promoviendo investigaciones más eficaces y especializadas, en concordancia con los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

    La publicación fue elaborada con el aporte de especialistas de distintos ámbitos y contó con la participación activa de la Red de Jueces y Juezas Comprometidos/as por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, espacio integrado por representantes de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de todo el país.

    La guía tiene como objetivo brindar lineamientos procesales claros y herramientas tecnológicas para la investigación eficiente de delitos cometidos en entornos digitales, garantizando la adecuada preservación y trazabilidad de la evidencia electrónica.

    El documento aborda aspectos vinculados a la fenomenología de estos delitos, los marcos normativos internacionales y nacionales aplicables, y los protocolos técnicos necesarios para la obtención, preservación y análisis de la prueba digital. Entre otros instrumentos, analiza el alcance del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, la Convención sobre los Derechos del Niño y las modificaciones introducidas por la Ley Nº 27.436 al artículo 128 del Código Penal Argentino.

    Asimismo, identifica dos características centrales de la criminalidad informática: la ubicuidad, que permite que autor y víctima se encuentren en distintas jurisdicciones o países, y la volatilidad de la prueba digital, cuya conservación exige respuestas rápidas y especializadas para evitar la pérdida o alteración de información relevante, resaltó el Servicios de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia.

    Uno de los ejes principales de la guía es el protocolo de buenas prácticas para la recolección y preservación de evidencia digital. En este sentido, se destaca la importancia de resguardar rigurosamente la cadena de custodia para garantizar la autenticidad, integridad y confiabilidad de la prueba informática durante todo el proceso judicial.

    Además, la publicación incorpora recomendaciones para el litigio en juicio oral, promoviendo el uso de recursos gráficos, material audiovisual y la participación de peritos especializados que permitan explicar con claridad aspectos tecnológicos complejos y facilitar la valoración de la prueba por parte de magistrados y magistradas.

    La guía constituye una herramienta de referencia para fortalecer la respuesta institucional frente a los delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, contribuyendo a una persecución penal eficaz y especializada, en armonía con el pleno respeto de las garantías constitucionales y los estándares de protección integral de derechos.

     

    La Guía Técnica sobre Delitos en Entornos Digitales

     

  • Una misión buscará bajar del Everest el cuerpo de “Green Boots”, el alpinista que permanece allí desde hace casi 30 añosIMÁGENES SENSIBLES. El plan prevé extraer los restos desde la llamada “zona de la muerte”, a unos 8.500 metros, y trasladarlos a Nueva Delhi antes de octubre, con un equipo de sherpas y guías de alta montaña en condiciones de oxígeno extremo

    Una misión buscará bajar del Everest el cuerpo de “Green Boots”, el alpinista que permanece allí desde hace casi 30 añosIMÁGENES SENSIBLES. El plan prevé extraer los restos desde la llamada “zona de la muerte”, a unos 8.500 metros, y trasladarlos a Nueva Delhi antes de octubre, con un equipo de sherpas y guías de alta montaña en condiciones de oxígeno extremo

    La India prepara una misión para recuperar del Everest el cadáver de un alpinista conocido desde hace casi 30 años como “Green Boots”, luego de que documentos oficiales lo identificaran como un soldado indio, según informó The Guardian.

    El operativo apunta a bajar el cuerpo desde la llamada “zona de la muerte” y trasladarlo a Delhi antes de octubre. El plan oficial lo identifica como Dorje Morup, y no como Tsewang Paljor, el nombre que durante años se asoció al cadáver sin confirmación definitiva.

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    Según una licitación consultada por The Guardian, las autoridades indias planean bajar el cuerpo del Monte Everest entre junio y octubre. El pliego establece la recuperación del cadáver y afirma que la identificación de Morup quedó confirmada en una verificación previa, aunque no explica cómo se hizo.

    Alan Arnette, montañista estadounidense y analista del Everest, dijo al medio británico que ese cambio le resulta desconcertante: “Eso es una especie de misterio para mí, por qué de repente la identidad cambió”. También respaldó el intento de repatriación, aunque advirtió sobre la dureza de la tarea: “Me alegra que lo bajen, pero va a ser una tarea espantosa”.

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    Memorial de piedra gris adornado con banderas de oración de colores. Al fondo, un lago azul verdoso y cumbres rocosas nevadas bajo un cielo azul

    En 1996, Morup y Paljor integraban una expedición de la Policía Fronteriza Indo-Tibetana que buscaba un primer ascenso indio al Everest por la cara norte. Ambos murieron cerca de la cima ese mismo día junto con un tercer miembro del equipo, y ninguno logró bajar.

    Cómo “Green Boots” se convirtió en un símbolo del Everest

    Durante décadas, “Green Boots” quedó fijado en la historia del Everest como una referencia para generaciones de escaladores. El apodo surgió por sus botas Koflach de color verde lima. El cuerpo se encuentra en una pequeña cueva de piedra caliza, en la ruta de la arista noreste. Está a unos 8.500 metros sobre el nivel del mar y a 350 metros de la cumbre.

    Acurrucado como si durmiera, vestido con equipo de montaña y con un forro polar rojo sobre el rostro, el cadáver se convirtió en una marca de paso para quienes suben los 8.848 metros del Everest. Muchos montañistas avisaban por radio al campamento base cuando llegaban a “Green Boots”, y otros se detenían junto al cuerpo para descansar o buscar resguardo.

    green boots

    Tshiring Jangbu Sherpa, fundador de Everest Sherpa Expedition, relató a The Guardian que se topó con el cuerpo en 2006 durante su primera cumbre por la cara norte. “Cuando lo toqué, aparté un poco la nieve. Entonces vi por completo a Green Boots acostado debajo de esa nieve”, recordó.

    El caso también arrastra el peso de una montaña donde permanecen unos 200 cuerpos. Las familias suelen preguntar por la posibilidad de recuperarlos, pero bajar a los cadáveres suele ser demasiado difícil o demasiado caro, y los helicópteros no pueden operar con seguridad a esas altitudes.

    Las exigencias y el costo de bajar un cuerpo desde la “zona de la muerte”

    La misión prevista por India exige un equipo especializado con al menos seis sherpas, guías de alta montaña del Himalaya, que hayan alcanzado la cumbre del Everest varias veces. El contrato también obliga a aportar pruebas de la operación y a llevar el cuerpo a Delhi antes de octubre.

    El documento, según The Guardian, no explica por qué las autoridades decidieron actuar ahora. Sí establece que la operación debe desarrollarse dentro de esos meses. La empresa nepalí Makalu Adventure calculó que el trabajo completo podría demorar 40 días. También advirtió que el monzón, la temporada de lluvias que afecta la región, puede traer nevadas más intensas y complicar la recuperación durante ese período.

    Un grupo de alpinistas con mochilas y bastones camina en fila por un sendero nevado. Al fondo, un campamento con tiendas rojas y amarillas y montañas nevadas

    Arnette estimó que un equipo pediría alrededor de USD 150.000 para ejecutar la expedición. Esa cifra resume solo una parte del desafío, porque el operativo exige personal muy experimentado en una zona donde cualquier movimiento consume un esfuerzo extremo.

    Riesgo extremo y dilemas para recuperar cuerpos en el Everest

    Por encima de los 8.000 metros, donde hay apenas un tercio del oxígeno disponible al nivel del mar, hasta las decisiones más simples pueden volverse más difíciles. Jangbu sostuvo que recuperar a “Green Boots” será una tarea ardua y peligrosa incluso para un grupo sherpa con experiencia.

    Un cuerpo congelado con equipo de escalada puede pesar hasta 200 kilos, explicó. A eso se suman extremidades rígidas en ángulos incómodos, que vuelven agotador y riesgoso arrastrarlo o bajarlo por terreno rocoso y helado.

    El propio Jangbu dijo a The Guardian que a veces deben amputar una extremidad que “no podemos doblar”. Lo describió como una decisión dolorosa, pero señaló que en ciertas circunstancias no hay otra forma de avanzar.

    el lado oculto del Everest

    Arnette añadió que ese trabajo también impone una carga cultural y emocional a los sherpas, en su mayoría budistas. “No creen en profanar cuerpos, ni siquiera en tocarlos”, expresó al medio.

    Guy Cotter, montañista neozelandés cuya empresa Adventure Consultants organiza expediciones en el Himalaya, coordinó en 1997 la recuperación en el Everest de otro escalador muerto el mismo año que Morup y Paljor. A su juicio, intentar bajar ahora a “Green Boots” es algo que habría tenido sentido mucho antes.

    Durante los últimos 10 años circularon rumores no confirmados sobre un posible traslado o entierro del cuerpo. Arnette dijo a The Guardian que otros escaladores le aseguraron que Green Boots seguía en la cueva, en el mismo lugar de siempre.

    Recuperar un cuerpo puede dar cierre a una familia, pero esa tarea pierde sentido si expone a otros a un peligro excesivo. En el Everest, esa tensión marca el límite de operaciones como la que India busca poner en marcha.

  • El nuevo plan de lucha de la CGT no calmó la interna sindical y sumó interrogantes sobre la ofensiva contra Milei

    El nuevo plan de lucha de la CGT no calmó la interna sindical y sumó interrogantes sobre la ofensiva contra Milei

    Reunión del Consejo Directivo de la CGT del 25/6/2026

    La CGT puso en marcha un nuevo plan de lucha contra Milei, pero la decisión de retomar la ofensiva no calmó la interna entre sus sectores internos y, por lo tanto, se abren dudas acerca de cómo instrumentar protestas sectoriales y rotativas que requieren de acuerdos firmes y extrema coordinación en medio de un escenario dominado por intrigas, diferencias y recelos.

    Por lo pronto, el sector dialoguista de la CGT, que es mayoritario, se impuso nuevamente a los sectores más duros, que pugnaban por un paro de 36 horas, y logró la aprobación de las protestas “a la francesa”, una iniciativa que desde hace meses proponían infructuosamente los sindicatos del transporte como una forma de no hacer una huelga aislada y esporádica sino “paros sostenidos en el tiempo” que, según esperan, podrían horadar la coraza impenetrable del Gobierno al aplicar sus políticas.

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    Pero los moderados cegetistas consiguieron una vez más tener la mayoría en el Consejo Directivo en medio de un cuadro de sugestivas ausencias de dirigentes, mucha presencia de sindicalistas de segunda y tercera línea e incluso con algunos que no dudaron en retirarse antes de una reunión decisiva porque estaba previsto debatir la estrategia para retomar las protestas contra Milei.

    Reunión del consejo directivo de la CGT del 25/6/2026

    Hubo faltazos de Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Palazzo (bancarios), Osvaldo Lobato (UOM), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Víctor Santa María (encargados de edificios), entre otros, justificados por viajes programados, cuestiones de salud o excusas diversas.

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    Pero en los pasillos del edificio de Azopardo 802 hubo mucho ruido por algunas de las ausencias. Sobre todo la de Héctor Daer, miembro de “los Gordos”, quien este jueves viajó a Santa Cruz para reunirse con la CGT local, con el gobernador Claudio Vidal y otras autoridades.

    Para los críticos del líder de Sanidad, su agenda en Río Gallegos fue una jugada para diferenciarse de lo que iba a decidir la CGT y, para colmo, con un encuentro con un gobernador surgido de las filas sindicales, pero cuyos legisladores votaron artículos de la reforma laboral como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.

    Hector Daer

    Cerca de Daer, sin embargo, negaron cualquier sospecha sobre el viaje: aseguraron a Infobae que estaba previsto antes de que se citara al Consejo Directivo y que tenía que ver con una reunión con la CGT santacruceña, lógica porque este dirigente es secretario del Interior cegetista. Y con respecto al contacto con Vidal, afirmaron que fue iniciativa del mandatario cuando se enteró de su visita y que forma parte del diálogo que hay que mantener con todas las expresiones del poder en el país.

    Al mismo tiempo, en el entorno de Daer advirtieron que comparte plenamente el curso de acción decidido por la CGT: “Con estas medidas apuntaremos a generar un debate para que se comprenda lo que estamos viviendo en materia socioeconómica y laboral”, enfatizaron.

    Aun así, que haya habido corrillos en la CGT sobre dónde estaba Daer confirma el tenso clima interno que se vive en la central obrera. O que se sigue viviendo, en realidad: también existía antes de que eligiera la actual conducción, en noviembre pasado. Eso explica que también haya habido comentarios sobre la ausencia de Brey, uno de los líderes de la confederación del transporte (CATT) y promotores de los paros “a la francesa”, porque él mismo difundió una foto del encuentro que mantuvo con Pablo Moyano, viejo enemigo de la cúpula dialoguista de la CGT, supuestamente mientras se debatía en Azopardo 802.

    Dos fotografías en collage. Izquierda: dos hombres posan sonrientes frente a un logo azul. Derecha: dos hombres posan frente a un logo con alas

    En este caso, para calmar los ánimos, el cotitular de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) también tuvo un día antes su reunión y foto con el hijo de Hugo Moyano. Sólo la interna perpetua del sindicalismo hace que predomine la desconfianza en cada gesto de sus dirigentes. En este caso, Pablo Moyano había cuestionado hace una semana a la CGT al considerar que ante la reforma laboral del Gobierno “ha tenido tres estrategias, dos le fallaron, que es la justicia y charlar con los gobernadores, y nos queda la calle”. Parece lógico, como resaltan en la cúpula cegetista, que en este flamante regreso a las protestas se busque tender puentes con todos, incluso con los más críticos.

    La interna sindical también se encendió por la decisión del bloque disidente de Luis Barrionuevo (gastronómicos) y Omar Maturano (La Fraternidad), más la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que ya no integra la CGT, de unirse para presionar por un paro de 36 horas. Es el mismo sector que perdió votaciones cuando se eligió la nueva conducción cegetista y que, desde entonces, objeta la estrategia prudente del sector dialoguista.

    Curiosamente, como anticipó Infobae, un dirigente sindical que participó activamente del encuentro piloteado por Barrionuevo y Maturano, donde se acordó reclamar un paro de 36 horas y hasta se habló de cortar las vías, llamó luego a un líder dialoguista de la CGT para aclararle que él no compartía lo que se había acordado. Claro que no lo había planteado en ese momento, donde, como el resto, se puso en modo combativo.

    Luis Barrionuevo se reunió con 20 dirigentes sindicales

    Todo este clima, matizado por cruces de acusaciones, siempre en privado: los más intransigentes acusan a los moderados de haber mantenido una actitud pasiva que fue funcional al Gobierno, mientras que los dialoguistas reprochan a sus adversarios internos exigir protestas drásticas cuando no lograron que paren sus propios afiliados durante las huelgas de la CGT.

    Si la CGT quiere innovar para protestar, que fue el sentido de adoptar un modelo de paros similar al utilizado en Francia contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, deberá esforzarse primero en lograr una tregua interna. Hacer paros por sectores, en forma rotativa y sostenida en el tiempo, obligará a sus dirigentes a consensuar más, dejar el estado de sospechas permanentes, esforzarse en coordinar las acciones y abandonar el viejo reflejo de la fractura.

    A la luz de la experiencia de las últimas décadas, será el principal desafío de lo que viene para la CGT, más allá de lo que haga o deje de hacer la administración Milei.

  • Muerte de Ernestina Pais: qué dice el informe preliminar de la autopsia a la periodista

    Muerte de Ernestina Pais: qué dice el informe preliminar de la autopsia a la periodista

    La autopsia de Ernestina Pais confirmó que la periodista y conductora murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el accidente ferroviario ocurrido el viernes en Acassuso, partido de San Isidro. El informe preliminar fue incorporado a la causa judicial que investiga las circunstancias del siniestro.





    Según el estudio forense, la conductora presentaba un traumatismo de cráneo grave, además de una laceración hepática y una contusión esplénica, lesiones compatibles con un impacto de alta energía como el registrado cuando una formación del Tren de la Costa embistió el vehículo que conducía.





     

    La causa, caratulada como averiguación de causales de muerte, quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Boulogne, dirigida por la fiscal Paula Hertrig.


    Avanzan los peritajes

     

    Durante la autopsia también se extrajeron muestras de ADN, sangre y orina que serán sometidas a estudios toxicológicos para determinar si la periodista conducía bajo los efectos de alcohol o drogas. Antes de esos análisis se realizará el examen del denominado “pool de vísceras”, procedimiento habitual en este tipo de investigaciones.



     



    El accidente ocurrió alrededor de las 19.25 del viernes, cuando el Honda City que manejaba Pais intentó atravesar el paso a nivel ubicado en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, pese a que las barreras estaban bajas, publicó Infobae. La formación ferroviaria impactó contra el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el lugar.





    Cómo fue identificada

     

    Al arribar a la escena, efectivos de la Policía Bonaerense constataron la muerte de la conductora, aunque inicialmente no pudieron identificarla debido a las graves lesiones que presentaba en el rostro y porque no encontraron documentación personal dentro del vehículo.

     

    Ante la sospecha de que se trataba de Ernestina Pais, los policías se dirigieron al domicilio de su familia. Allí confirmaron que había salido de la vivienda y, al llamar a su teléfono celular, escucharon sonar el dispositivo desde el interior del automóvil siniestrado, lo que permitió establecer su identidad.

  • Motociclista sufrió grave traumatismo de cráneo en Victoria y fue derivado a Paraná

    Motociclista sufrió grave traumatismo de cráneo en Victoria y fue derivado a Paraná

    Un motociclista accidentado en Victoria sufrió un grave traumatismo de cráneo luego de perder el control de la moto que conducía sin casco protector y caer sobre la cinta asfáltica. Debido a la gravedad de las heridas, fue derivado al Hospital San Martín de Paraná para recibir atención especializada.

     

    El siniestro ocurrió alrededor de las 21.30 del viernes en calle San Miguel, entre Italia y Mitre. Personal de la Sección 911 y Videovigilancia acudió al lugar tras recibir un aviso sobre un accidente de tránsito.

     

    Por causas que se investigan, el joven de 23 años, que conducía una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos, perdió el control del rodado y cayó. En principio, los efectivos no constataron la participación de otro vehículo en el hecho.

     

    Investigan las causas del siniestro

     

    Tras el accidente, una ambulancia del servicio de emergencias trasladó al motociclista al hospital local. Allí, los médicos diagnosticaron un traumatismo de cráneo grave y resolvieron su derivación al Hospital San Martín de Paraná debido a la complejidad de las lesiones.

     

    En el lugar del hecho trabajó personal de la División Policía Científica, con conocimiento de la Unidad Fiscal de turno. Además, se secuestró la motocicleta y se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

  • Andrés Basso: “Empiezan a ocurrir amenazas del crimen organizado y eso genera que estemos alerta”

    Andrés Basso: “Empiezan a ocurrir amenazas del crimen organizado y eso genera que estemos alerta”

    La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se reunió este viernes en Paraná con una gran concurrencia de jueces, fiscales y defensores oficiales de todo el país. El encuentro tuvo dos ejes de discusión: por un lado, la implementación del Código Procesal Penal Federal que se implementó en algunas jurisdicciones del país pero en otras, como Entre Ríos, aún no; por otro, la seguridad de jueces y fiscales en un contexto donde crecen las amenazas, sobre todo por parte del crimen organizado. En este sentido, abordar esta problemática y hacerlo en Paraná, se entendió como un fuerte posicionamiento ante lo sucedido en febrero de este año, cuando se denunció un presunto plan criminal supuestamente pergeñado por Leonardo Airaldi de contratar sicarios para atentar contra las vidas del juez federal Leandro Ríos, del fiscal general José Ignacio Candioti y del ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.

    El presidente de la AMFJN, el juez federal Andrés Basso, dialogó con ANÁLISIS luego del encuentro. En primer lugar, acerca de la Asociación que preside y su función, dijo: “La asociación que representa a magistrados (jueces, fiscales y defensores oficiales) de la justicia federal de todo el país: de las 23 provincias y de la Justicia Federal de Capital Federal. También representa a la Justicia Nacional con asiento en la Capital Federal. Por eso se trata de la institución que representa los intereses de magistrados y funcionarios más importante del país, por la representación que tenemos y por las funciones que cumplimos. Hay todo tipo de funciones. Además de las funciones de tinte gremial y la defensa en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas jubilatorios y el régimen de retiro de magistrados y funcionarios. Obviamente nos ocupamos de estas cuestiones de asistir a magistrados y funcionarios que tenga algún inconveniente en el ejercicio de su función. Pero, más allá de esas funciones gremiales y corporativas siempre digo que la función más importante que tiene la Asociación de Magistrados y Funcionarios es defender a ultranza la independencia judicial.

    ¿Y esto qué significa? Para decirlo en forma concreta: que cada magistrado y cada funcionario pueda desempeñar su rol judicial sin ningún tipo de interferencia de los otros poderes políticos que conforman el sistema republicano de gobierno que nos rige, como así también de poderes fácticos, de los poderes permanentes que existen en toda sociedad. Que no haya ningún tipo de presiones. Y ante cualquier afectación a la independencia judicial, nosotros tenemos un peso institucional muy importante y salimos en defensa de ese magistrado.

    —En este aspecto ¿cómo está hoy la situación? ¿Tienen que intervenir o manifestarse en muchas ocasiones a nivel nacional?

    —Sí. Te voy a dar primero una mirada más macro, porque como presidente de la Asociación de Magistrados también integro la Federación Latinoamericana de Magistrados, que reúne a todas las asociaciones de jueces de Latinoamérica. Entonces conozco bien cuál es la realidad de los poderes judiciales de toda la región. Si comparo la situación argentina con la que ocurre en muchísimos países de Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica, digo que estamos en una situación mucho más favorable en cuanto a las presiones y a los obstáculos para desempeñar fielmente nuestra función judicial. No obstante, sí hay casos. Sobre todo, cuando tenemos que llevar adelante nuestra actividad judicial en investigaciones donde están implicados, por ejemplo, funcionarios públicos, son causas de muchísima relevancia institucional. Me refiero puntualmente a casos de corrupción, pública y privada. Ese tipo de investigaciones siempre genera ciertas tensiones y ahí nosotros estamos muy alertas para sostener y defender que el fiscal, el defensor oficial, el funcionario y el juez que intervienen en esos casos, en todas las instancias, tengan nuestro apoyo y respaldo institucional para que no haya ningún tipo de presión de los otros poderes.

    Y también se da mucho en los casos de investigaciones contra el crimen organizado. Ya no solamente en los casos de corrupción, de funcionarios públicos sospechados de actos de corrupción, sino también en causas de narcotráfico, lavado de activos, terrorismo o trata de personas. En esas causas del crimen organizado, en muchas ocasiones hay amenazas e intimidaciones a los funcionarios judiciales que les toca intervenir. Ahí estamos muy alertas y atentos para salir en defensa inmediata, para que esos funcionarios judiciales puedan cumplir su rol con las mayores garantías posibles.

    —¿Es por esto que uno de los ejes del encuentro de la Asociación fue la seguridad de fiscales y jueces?

    —Sí. De hecho, nosotros ya realizamos una actividad, una jornada, en la sede institucional de la Asociación, que está en Capital Federal. Ahora replicamos la actividad con un panel que hicimos en la ciudad de Paraná, organizado por la Comisión de Fiscales y la Comisión de Provincias de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. Hubo una participación y una convocatoria muy importantes de asociados y asociadas de todo el país, y tratamos la cuestión de la seguridad y la protección de magistrados y funcionarios que intervienen en causas, especialmente, de crimen organizado.

    En el panel intervinieron especialistas invitados del Ministerio de Seguridad, con quienes debatimos los protocolos de actuación que aplica ese Ministerio cuando detecta que hay un fiscal, un juez o un funcionario amenazado. Entonces se activa inmediatamente un protocolo, se hace una evaluación de riesgo y se determina qué tipo de medidas de protección y de custodia se solicitan. Acá tenemos un caso muy grave y reciente de un juez federal y un fiscal federal que, en el marco de una investigación muy importante de narcotráfico, tuvieron una amenaza y un intento de atentar contra sus vidas. Hay una causa penal actualmente en trámite donde se está investigando para esclarecer el hecho. Es un caso que entiendo que acá tuvo muchísima repercusión. Como presidente de la Asociación, de inmediato me comuniqué con el doctor Ríos y con el doctor Candioti, y articulé desde la Asociación de Magistrados con el Ministerio de Justicia de la Nación y con el Ministerio de Seguridad, debo resaltar que actuaron en forma muy responsable y rápida para ponerse a disposición y desplegar este protocolo de protección y custodia especial para los magistrados afectados. Ese es un ejemplo cercano de lo difícil que es llevar adelante la función judicial en este tipo de casos.

    Es importante que desde el Estado, desde las distintas agencias del Estado y desde la sociedad civil —en este caso, a través del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal y la Asociación de Magistrados— se pueda actuar de manera rápida y firme, porque estas organizaciones también leen si hay un Estado fuerte o débil que pueda salir en defensa de los funcionarios afectados. Lamentablemente, en Argentina están sucediendo cada vez más seguidos casos de este tipo. Si lo miramos en el plano regional, esto es algo que lamentablemente se da en varios países de Centroamérica. Podemos citar los casos de México, Ecuador, Bolivia o Colombia. Hemos tenido casos realmente lamentables, en los que se ha atentado contra la vida de funcionarios judiciales. Yo siempre digo lo mismo: en Argentina la situación no es la misma…

    —Pero empiezan a pasar cosas que antes no pasaban.

    —Yo soy juez federal penal, así que conozco la temática. En el fuero donde me desempeño es habitual llevar adelante este tipo de investigaciones. Si a mí me preguntaban hace diez años sobre esta cuestión, yo decía: no, todavía estamos lejos; no hemos tenido inconvenientes, no nos podemos comparar con lo que ocurre en otros países de la región. Bueno, esto cambió. Tenemos los casos que tomaron relevancia pública de lo ocurrido en Rosario, en algunos lugares de frontera del país y también el caso que afectó a los colegas de esta jurisdicción. Es decir, empiezan a ocurrir amenazas e intimidaciones que vienen de parte de estas organizaciones del crimen organizado, y eso genera que estemos alertas para que la situación no escale.

    —El otro aspecto tiene que ver con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación. En Entre Ríos todavía estamos a la espera ¿Cómo lo vienen observando a nivel nacional? Sobre todo porque, si bien ha creado Juzgados y algunas Fiscalías, uno ve en algunos casos que tienen la misma estructura de personal y de recursos desde hace muchos años.

    —Nosotros, como institución, apoyamos la decisión del actual Gobierno nacional de empezar a implementar el nuevo Código en todas las jurisdicciones del país, porque se estaba dando una situación anómala: solamente en la jurisdicción federal de Salta y Jujuy se aplicaba el Código, mientras que en el resto del país nos guiábamos por un ordenamiento procesal distinto. Eso no es adecuado para un buen servicio de administración de justicia. Lo primero que tengo para responder es que celebramos y apoyamos esta política de empezar a implementar de manera progresiva el Código. Ahora bien, nuestro acompañamiento y respaldo institucional no es acrítico. Cada vez que detectamos fallas o falencias en el proceso de implementación en alguna jurisdicción, nos expresamos públicamente a través de comunicados institucionales y también nos reunimos con las autoridades para marcar ciertas observaciones en el proceso de puesta en vigencia del código.

    Una de las cuestiones que más señalamos es que podemos tener un muy buen digesto procesal, pero si nos faltan los recursos humanos, cualquier reforma procesal seguramente está destinada al fracaso. Como institución, hace tres años venimos reclamando enfáticamente la cobertura de las vacantes judiciales, que en promedio, entre el Poder Judicial de la Nación y los ministerios públicos, alcanzaban un porcentaje inédito del 40%. Entonces nosotros decíamos: no podemos estar aplicando el Código si no hay jueces y fiscales para aplicarlo, porque iba a redundar en un fracaso. Esa fue una de las cuestiones que más remarcamos y, afortunadamente, este año esa situación se empezó a destrabar. Hubo una tanda muy importante, justamente esta semana se terminaron de firmar todos los decretos de designación, con lo cual la cobertura de vacantes, aunque todavía sigue siendo alta, está en vías de solucionarse.

    Otra cuestión que marcamos y que generamos a través de la Asociación, mediante una mesa de diálogo con las autoridades del Ministerio de Justicia, fueron las observaciones que el Ministerio Público Fiscal, a cargo del doctor Eduardo Casal, viene realizando en cuanto a la falta de personal y a las falencias edilicias. Recordemos que con el nuevo Código se produce un cambio de paradigma: el protagonismo de las investigaciones va a estar en manos de los fiscales. Por eso respaldamos la postura de Casal, porque si vamos a ir a un procedimiento penal donde el protagonismo y la carga de llevar adelante la persecución penal, realizar toda la actividad probatoria y desarrollar toda la investigación estarán en manos de los fiscales, tienen que contar con los recursos humanos y materiales pertinentes para hacerlo de manera correcta. Generamos una mesa de diálogo. Muchos puntos que solicitaba el Ministerio Público Fiscal se han ido solucionando y en otros todavía estamos a mitad de camino. Pero, por lo menos, advertimos que hay voluntad de todas las partes para ir solucionando en el andar, a medida que se pone en vigencia el Código, las cuestiones que todavía faltan cumplir.

    —Esta semana hicieron una charla de la Asociación con ADEPA sobre libertad de expresión, responsabilidad editorial e inteligencia artificial ¿Qué le preocupa a la Justicia en relación con estos temas?

    —Fue un seminario que organizamos en forma conjunta la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Realmente tuvo una muy buena convocatoria. Yo siempre digo que en un Estado de Derecho como el que nos rige hay dos pilares fundamentales: el Poder Judicial (el servicio de administración de justicia) y la prensa. Se necesita un Poder Judicial independiente de toda interferencia política y se necesita libertad absoluta de prensa. Esas son como las dos vigas, los dos pilares que fortalecen un sistema republicano de gobierno, con división de poderes, con organismos de control de la gestión pública que funcionen correctamente y con respeto a las decisiones judiciales.

    Esto está muy claro: siempre los poderes políticos, los gobiernos de turno, de cualquier color que sean, generan tensiones frente a ese control. En el caso del Poder Judicial, además de resolver los casos sometidos a nuestra jurisdicción, tenemos como una función central controlar a los otros dos poderes de la República. Eso genera tensiones y situaciones de presión. Para que el Poder Judicial y los ministerios públicos puedan cumplir su rol, y puedan soportar y superar esas presiones, necesitamos instituciones fuertes: un Poder Judicial absolutamente independiente que pueda resolver de determinada manera, aunque sea de disgusto para el poder político de turno, y una prensa que visibilice los problemas, que los denuncie y que también haga su labor periodística. Fue una sinergia muy positiva entre la Asociación de Magistrados y ADEPA, porque sabemos que representamos instituciones que, en un Estado de Derecho, cumplen funciones esenciales.

  • La economía del segundo semestre bajo la lupa: qué sectores tienen chances de empezar a despegar

    La economía del segundo semestre bajo la lupa: qué sectores tienen chances de empezar a despegar

    Tractor en campo verde, excavadoras y camiones en mina, turbinas eólicas, paneles solares, edificios en construcción, fábrica con chimeneas, centro comercial.

    A pocos días del arranque del segundo semestre, la economía enfrenta un escenario que combina cierta mejora en las expectativas de inflación con un crecimiento que sigue apoyado en pocos sectores.

    Tras un primer tramo del año marcado por el impulso del agro, la energía y la minería, el nuevo período se abre con expectativas de menor inflación y un crecimiento moderado, aunque con una fuerte incertidumbre sobre el comportamiento de la industria, la construcción y el consumo interno. ¿Se abrirá finalmente un espacio para que esos sectores empiecen a despegar?

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    El diagnóstico de los economistas coincide en un punto central: en lo que va del año, la actividad económica mostró una fuerte concentración en un grupo reducido de sectores, mientras el resto de la economía se mantuvo con un desempeño débil y oscilante. Hacia adelante, de cara al período julio-diciembre, avizoran una mejora en esas actividades más rezagadas, pero moderada. Nadie está observando una recuperación pujante de la industria, así como tampoco de la construcción y el comercio.

    De cara al período julio-diciembre, los economistas avizoran una mejora en las actividades más rezagadas, pero moderada

    Lorenzo Sigaut Gravina, de la consutora Equilibra, describió una dinámica donde el agro perderá impulso a partir del tercer trimestre del año, tras el aporte de la cosecha gruesa entre abril y junio. Según su análisis, hasta ahora la economía se apoyó en tres pilares: agro, energía y minería, mientras la industria, el comercio y buena parte de los servicios permanecieron prácticamente estancados.

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    Sigaut Gravina señaló que esos sectores mostraron un comportamiento “serrucho”, con variaciones mensuales sin una tendencia sostenida. En su lectura, cuando se observó el panorama de forma más amplia, la actividad del conjunto no exhibió crecimiento relevante fuera del núcleo exportador. Ese esquema permitió un crecimiento bajo, pero sin generación significativa de empleo.

    Imagen dividida: Izquierda, obreros en construcción de edificio urbano. Derecha, trabajadores y maquinaria en construcción de ruta pavimentada con tráfico.

    El economista también analizó el desempeño de la construcción, un sector que, consideró, mostró señales de acercamiento a un piso de actividad. Indicó que el nivel general se ubicó en valores muy bajos, aunque con cierta estabilización reciente.

    Sigaut Gravina mencionó el posible impacto de licitaciones de obra pública bajo esquemas de concesión a privados, con peajes y proyectos de menor escala, como un factor que puede aportar algo de movimiento a un sector que permaneció prácticamente paralizado. El economista agregó que esa posible reactivación no implica un cambio de tendencia fuerte, pero sí una mejora desde niveles muy deprimidos.

    El último informe del Indec, correspondiente a abril, mostró una fuerte contracción no sólo de este sector sino de la industria. A nivel interanual, ambos cayeron 2,8%, mientras que en la medición desestacionalizada, la construcción se contrajo 4%, mientras que la actividad manufacturera, 2,1%. Datos oficiales de mayo aún no hay, pero dos informes privados (FIEL y la UIA) anticiparon que en mayo la industria volvió a caer. Para la consultora Ferreres y Asociados, en tanto, hubo crecimiento respecto de abril, de 1,3%, pero lo que, en definitiva, todos concluyen es que aún continúa el serrucho y no hay señales claras de repunte.

    Lorenzo Sigaut Gravina consideró que en el segundo semestre podría reactivarse algo la construcción, de la mano de las nuevas concesiones

    Con respecto al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el último dato oficial del Indec data de marzo, cuando mostró una variación interanual de 5,5% y de 3,5% respecto de febrero. A nivel acumulado, en los tres primeros meses del año alcanzó un suba de 1,7%. El dato de abril se conocerá el lunes próximo, pero no se espera sea tan bueno como el de marzo.

    Menos inflación, ¿más consumo?

    En materia de precios, Sigaut Gravina describió un escenario de menor tensión inflacionaria en comparación con los primeros meses del año. Explicó que distintos shocks afectaron el nivel general de precios, entre ellos aumentos en alimentos, educación y servicios regulados como energía, transporte y gas. Pero hacia adelante, las expectativas son positivas.

    En su proyección, la inflación tenderá hacia niveles cercanos al 2% mensual promedio, con margen para una desaceleración adicional si no se repitieran nuevos shocks. Ese proceso abrirá la posibilidad de una recomposición parcial del salario real, aunque con limitaciones. Para el analista de Equilibra, las paritarias alineadas con ese ritmo inflacionario permitierían recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante el inicio del año. Eso hará que algún sector que antes estaba más estancado puede empezar a reaccionar.

    Industria, comercio y construcción buscan dejar atrás el estancamiento, aunque los analistas esperan una recuperación gradual y heterogénea (Foto Europa Press)

    En una lectura más amplia, Sebastián Menescaldi, de la consultora Eco Go, planteó que la economía mostró hasta ahora dos dinámicas simultáneas. Por un lado, un frente financiero relativamente ordenado, con inflación en descenso y estabilidad en tasas; y por el otro, una economía real con inversión débil y consumo sin recuperación clara.

    “Para el segundo semestre vemos un poco más movimiento del tipo de cambio, una inflación en torno al 2% y una tasa que va a acompañar hasta ahí. Cuando hay una bonanza en lo financiero y en los dólares en lo real, puede ser que tengas un poco más de tracción, probablemente los datos interanuales van a mejorar”, dijo Menescaldi, al tiempo que recordó que la segunda mitad del 2025 tuvo cifras negativas, por lo que la estadística, en este caso, jugará a favor. De todos modos, no será un gran crecimiento.

    Tenemos un cambio en el modelo económico y hay una parte de la economía que va a sufrir. No veo manera de que no suceda eso (Menescaldi)

    La suba del PBI del 2026 estará dada por las exportaciones, por la buena cosecha agrícola y por la suba que habrá en minería, petróleo y gas, básicamente por el incremento de los precios. La inversión, que sería el motor de este modelo, por ahora no está funcionando, afirmó el economista de Eco Go. Y agregó que el consumo va a seguir estancado.

    La expectativa para los próximos meses es que la baja de la inflación sumada a la recuperación salarial y, tal vez, un aumento del crédito, impulsen algo el consumo, pero no habrá una gran expansión económica por ese lado. “Como síntesis, es bonanza financiera y derrotero en lo real. Tenemos un cambio en el modelo económico y hay una parte de la economía que va a sufrir. No veo manera de que no suceda eso”, remató el economista.

    Gráfico de barras que detalla la inflación mensual desde junio de 2025 hasta mayo de 2026, con el valor de 2,1% resaltado para mayo

    Fausto Spotorno, del estudio Orlando Ferreres & Asociados, también prevé un tipo de cambio algo más alto pero, a pesar de ello, una inflación que seguirá su camino descendente. Con respecto a la economía real, considera que habrá una recuperación un poquito más consolidada de aquellos sectores que hasta ahora no la venían pasando tan bien como es el comercio o la industria. De hecho, el dato propio de actividad manufacturera de mayo mostró una suave mejora respecto de abril.

    Habrá una recuperación en el segundo semestre de los sectores que venían más rezagados, pero no será nada espectacular (Spotorno)

    “Parecería ser que el peor momento pasó. Lo mismo con la construcción, con la diferencia de que este sector viene creciendo desde muy abajo y muy lentamente”, precisó. Sobre el consumo, también ve recuperación, aunque nada espectacular. En cuanto al agro y la ganadería, vienen creciendo bien e incluso con un mejor tipo de cambio y una baja del combustible por el menor valor del petróleo tendrán más rentabilidad. “Así que yo creo que el segundo semestre estará mejor en términos de actividad económica que el primero”, resumió Spotorno.

    Ricardo Delgado, de la consultora Analytica, destacó una mayor consolidación del sector externo, impulsada por la estabilidad de los flujos exportadores, pero advirtió que el consumo interno continúa sin señales claras de recuperación. Indicó que los salarios apenas acompañan la inflación y que el ingreso disponible de los hogares se mantiene presionado por el peso de los gastos fijos.

    Ricardo Delgado, de la consultora Analytica, destacó una mayor consolidación del sector externo, impulsada por la estabilidad de los flujos exportadores (Foto: Reuters)

    “En la segunda mitad del año, algunos sectores ganarán algunos puntos, pero teniendo en cuenta que el ingreso disponible hoy es menor que hace 3 o 4 años por el peso de los costos fijos en los ingresos familiares, por ese lado está difícil. Y está el tema de la mora. Hoy, el 27% de los deudores totales está en problemas de mora tardía, es decir, con más de 90 días de impagos. Son 5.300.000 personas. Y ahí hay un problema, porque una parte de esa gente no va a poder mantener niveles de consumo”, explicó Delgado.

    Hoy, el 27% de los deudores totales está en problemas de mora tardía, es decir, con más de 90 días de impagos. Son 5.300.000 personas (Delgado)

    La conclusión -agregó Ricardo Delgado- es que habrá mayor dinámica exportadora, con lo que ello aporta a las economías del NOA, sur y centro (minería, petróleo y gas y agro); y un problema en los conurbanos, donde incide fuertemente la construcción y la industria.

    “Nosotros vemos una actividad económica que va a crecer apenas algo por encima del 1% en el año, con lo cual no no vemos grandes cambios en términos macro”, resumió el director de Analytica.