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La semana pasada hubo una reunión en la que dos altos integrantes del Gobierno en la que conversaron sobre una iniciativa que interesa sobremanera al presidente Javier Milei. Se trata del proyecto de Régimen de Zona Fría, una iniciativa que no solo se compone por el capítulo que retrotrae los descuentos plenos en diferentes áreas geográficas, sino que tiene otro menos mencionado: compensa las deudas de las empresas distribuidoras de energía eléctrica a cambio de que renuncien a los juicios que mantienen con el Estado.

“En el sector de las distribuidoras eléctricas hay como 10 empresas listas para salir a colocar deuda para hacer inversiones, pero tienen sin resolver las deudas con el Estado por congelamientos de tarifas. Con esa ley se ordenarían y podrían salir a mercado”, afirma una figura importante del ecosistema político nacional. Ese fue uno de los motivos que generó la conversación entre dos integrantes del Ejecutivo y que apuntaba a la aceleración de las gestiones para su aprobación.

El esquema ya tiene media sanción en Diputados desde mayo pasado y espera aprobación en el Senado, ámbito liderado por Patricia Bullrich. Este consiste en una compensación cruzada: el Estado calcularía cuánto dejaron de percibir las distribuidoras eléctricas durante los años de emergencia tarifaria, cuando no se respetaron las actualizaciones previstas en sus contratos. Ese crédito reconocido no se pagaría en efectivo, sino que se usaría para saldar las deudas que esas mismas empresas tienen con Cammesa por la compra de energía, a cambio de que renuncien a todos sus reclamos judiciales y administrativos. Solo podrán acceder las distribuidoras que ya firmaron acuerdos de regularización con Cammesa; las que no pagan ni negociaron quedan excluidas.

En la Casa Rosada buscan que la medida avance para que el activo regulatorio se ordene y que las empresas puedan sanear sus balances, tomar crédito e incrementar sus inversiones en el sector. Esto es observado de forma transversal por los empresarios sectoriales, no solo porque las compañías pueden salir a buscar fondeo externo, sino porque implica una señal positiva para sus accionistas.

Infobae consultó a Edenor y a Edesur —las principales compañías alcanzadas por este esquema—, así como a la cámara empresarial que engloba al resto de las distribuidoras eléctricas, pero en todos los casos se optó por no realizar comentarios al respecto.

“Son juicios largos y en general los ganan los privados, por lo que le implicarían plata al Estado. Lo que estamos haciendo es ahorrar plata y tiempo a cambio de que ellos desistan esos juicios. Hay que hacer el cálculo de efectivamente lo que se les debe y eso se les va a reconocer en los pagos que ellos le van a hacer a Cammesa. Se van a descontar. Eso va a hacer que puedan tomar crédito y puedan endeudarse”, explican fuentes gubernamentales. La Subsecretaría de Energía Eléctrica sería la encargada de calcular los montos y definir la metodología, sin intervención del Congreso ni de ningún organismo independiente.

El Gobierno sostiene que le conviene porque en algunos casos la deuda del Estado con las distribuidoras sería menor a lo que ellas deben a Cammesa, de modo que la compensación cerraría el conflicto sin costo neto para el fisco. Esto es seguido de cerca por la Secretaría de Hacienda, comandada por Carlos Guberman, que debe estar atenta a los movimientos de compensación de los subsidios eléctricos.

Datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) de junio de 2026 muestran que el total de los subsidios económicos registró una variación interanual positiva del 76,0% ajustada por IPC, asociada al desempeño de los orientados al sector energético.

“El comportamiento de los subsidios al sector energético se explica, principalmente, por la evolución de las transferencias a Cammesa, que durante junio recibió $521.351 millones, frente a los $35.555 millones transferidos en igual mes de 2025”, detalla el informe de ASAP.

Uno de los objetivos del Gobierno para lograr la sanción en el Senado es acercar posiciones con los gobernadores. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó en Posadas del Consejo Regional del Norte Grande, donde les dijo a nueve mandatarios provinciales que el Ejecutivo avanza con su propio proyecto de zonas cálidas, visto con buenos ojos por esas provincias. Con ese acuerdo de fondo, en la Casa Rosada esperan que varios de ellos aporten adhesiones para lograr la aprobación de la modificación del Régimen de Zona Fría en su totalidad.

El proyecto propone recortar los subsidios al gas que la ley de 2021 (27.637) había extendido a zonas templadas y frías de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja. Si el Senado lo aprueba, esas regiones perderían el beneficio automático por criterio geográfico: solo seguirían accediendo al subsidio los hogares que acrediten ingresos iguales o inferiores a 3 canastas básicas totales (equivalentes a $4,4 millones mensuales), más casos especiales como veteranos de Malvinas o beneficiarios del ReNaBaP. Para la Patagonia, Malargüe y la Puna, los subsidios se mantendrían sin cambios.

“Zona Fría es importante por el agujero fiscal que genera la aberración que hizo Máximo Kirchner, que incrementó la cantidad de usuarios de 800.000 a un total de 4.000.000. El Estado tiene que poner plata adicional porque no llega a recaudar por el esquema de compensaciones actuales”, explican voceros del Gobierno.

El subsidio patagónico compensa a los usuarios residenciales de la Patagonia. Todos los usuarios de gas del país, sean o no beneficiarios del subsidio, tienen un aporte en factura. Esos montos son tomados por las empresas —que actúan como agentes de recaudación— y los colocan en un fondo fiduciario que el Banco Nación administra para compensar la parte que el usuario no abona.

En el sector afirman que ese esquema de eficiencia se perdió con la ampliación realizada cinco años atrás: “Tenés un exceso de consumo, porque la señal de precio te lleva a la baja. Se empieza a evidenciar un sobreconsumo y parecería que ya no es suficiente el aporte que hacen los usuarios para poder compensar eso”. Aun así, sostienen que el gesto definitivo que esperan para generar previsibilidad en el sector y poder buscar crédito para invertir son las extensiones de las licencias.

“Enargas ya dio su consentimiento para la extensión de la licencia y ahora estamos en alguna instancia del Estado para que eso se promulgue. Eso sí le da previsibilidad, no necesariamente la ley de zonas frías”, agregan desde una de las compañías más importantes del sector. La confirmación de la extensión de la licencia ya le fue otorgada a Transportadora de Gas del Sur (TGS) y es lo que aguardan el resto de las distribuidoras.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que necesita el 5% de los misiles interceptores Patriot de Estados Unidos para afrontar el invierno y el 10% para neutralizar todos los proyectiles balísticos lanzados por Rusia durante la estación más cruda para los civiles y expone las carencias de las centrales termoeléctrica de ambos bandos.

Rusia incrementó los bombardeos masivos sobre la capital, Kiev, a un ritmo de aproximadamente uno por semana, provocando la muerte de personas y la destrucción de viviendas. En una de las recientes ofensivas, Ucrania no logró interceptar ninguno de los 28 misiles balísticos disparados contra su territorio.

En declaraciones a CNN, Zelensky aseguró que este año el país “tuvo dos veces y media menos aviones interceptores que en 2025”. De contrapunto, el mandatario agregó: “Rusia tiene el doble de misiles balísticos al mes que antes”.

Ante esta situación, el jefe de Estado solicitó a Estados Unidos la venta de “el cinco por ciento de los misiles que tienen en sus existencias”. “Si nos venden el cinco por ciento, superaremos el invierno y salvaremos vidas. Si logran vendernos el 10 por ciento, destruiremos todos los misiles balísticos rusos”, enfatizó.

Ucrania reportó una grave escasez de interceptores Patriot desde que Estados Unidos e Israel entraron en guerra con Irán en febrero, lo que redirigió parte de estos sistemas avanzados hacia otros escenarios. Los misiles balísticos presentan mayor dificultad de intercepción respecto a misiles de crucero o drones debido a su velocidad y trayectoria pronunciada.

Consultado sobre la respuesta de Estados Unidos a sus pedidos, Zelensky respondió: “La respuesta es que hoy es el día siguiente. Tengo el uno por ciento. Del uno al cinco por ciento, tengo algunos meses y millones de llamadas telefónicas y cualquier otra cosa. Hago cosas que ni siquiera puedo compartir. No significa que sean ilegales, pero no puedo hablar de ellas”.

Por su parte, la fuerza aérea ucraniana anunció el miércoles que dejará de publicar cifras detalladas sobre los ataques con misiles balísticos rusos. Las nuevas restricciones afectan la difusión del número de objetivos lanzados, interceptados, neutralizados o que no alcanzaron sus objetivos, aunque continuarán las alertas en tiempo real y la entrega de datos generales sobre los lanzamientos. Durante el mes pasado, Rusia disparó más de 450 misiles contra territorio ucraniano, de los cuales casi 200 siguieron trayectorias balísticas.

En el frente, Zelensky informó el miércoles que las fuerzas ucranianas recuperaron 26 localidades en las regiones de Zaporizhzhia, Dnipro y Donetsk a raíz de la ofensiva iniciada en enero. Según el mandatario, la operación, desarrollada en el sector del frente de Oleksandrivski en la ciudad sureña de Zaporizhzhia, permitió liberar 745 kilómetros cuadrados de territorio.

“Veintiséis localidades de las regiones de Dnipro, Donetsk y Zaporizhzhiavolvieron a estar bajo control ucraniano”, indicó el mandatario en un mensaje publicado en X, tras una reunión con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mijailo Drapati, el jefe del Estado Mayor, Igor Skibiuk, y el comandante de las Fuerzas de Asalto Aéreo, Oleg Apostol.

El presidente detalló que, entre enero y agosto, las pérdidas rusas en el contexto de la ofensiva ascendieron al menos a 9.550 muertos y más de 6.600 heridos.

La ayuda militar a Ucrania alcanzó en junio su nivel más alto, impulsada por un nuevo préstamo de la Unión Europea, según reportó este jueves el instituto alemán Kiel Institute. Durante junio, la asistencia militar asignada a Kiev sumó 7.200 millones de euros (aproximadamente USD 8.300 millones), cifra solo superada por los 9.040 millones de euros de abril de 2024, antes de que se agotara la financiación estadounidense en febrero de 2025.

El instituto señaló que este es el tercer incremento mensual más relevante de ayuda militar desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El repunte responde, principalmente, al reciente préstamo de 90.000 millones de euros (unos USD 103.000 millones) aprobado por el bloque europeo para el período 2026-2027, destinado a sostener el esfuerzo bélico de Ucrania y garantizar el funcionamiento del Estado.

A pesar de este aumento puntual, el Kiel Institute advirtió que la tendencia a largo plazo en la asignación de ayuda militar permanece estancada. El organismo mantiene un registro de la asistencia militar, financiera y humanitaria comprometida y entregada a Ucrania desde el inicio del conflicto con Rusia.

(Con información de AFP)

La red social X suspendió la cuenta de Yahya Sarea, portavoz militar de los hutíes en Yemen, quien utilizaba ese canal para informar sobre las operaciones militares del grupo rebelde en el mar Rojo, así como contra el gobierno reconocido internacionalmente y Arabia Saudita.

Al intentar ingresar en el perfil @Yahya_Saree, que contaba con 121.000 seguidores, ahora la plataforma muestra el mensaje: “Cuenta suspendida. X suspende las cuentas que infringen nuestras normas”. Hasta el momento, se desconoce cuáles

La medida coincide con el momento de mayor escalada desde 2022 entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales yemeníes, apoyadas por Arabia Saudita, que lidera desde 2015 una coalición militar contra el grupo insurgente. El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, advirtió la semana pasada del riesgo de reactivación de la guerra iniciada en 2014, tras una tregua acordada en 2022 que se mantenía hasta ahora.

El martes, las Fuerzas Armadas yemeníes informaron de un ataque con misiles balísticos lanzado por los hutíes contra la ciudad y el puerto de Moca, en el mar Rojo, bajo control gubernamental. El lunes, el Ejército yemení bombardeó posiciones hutíes en la provincia oriental de Marib, en respuesta a los ataques rebeldes del domingo contra el puerto de Moca, que incluyeron decenas de misiles y varios drones lanzados desde áreas bajo control hutí en la provincia de Taiz.

Sarea confirmó que sus unidades realizaron “una operación militar a gran escala y de alta precisión contra concentraciones de tropas saudíes y depósitos de armas en la zona de Moca”. Moca, ciudad portuaria histórica ubicada en la provincia de Taiz y próxima al estrecho de Bab al Mandeb, es un enclave estratégico que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

“Yemen enfrenta hoy un riesgo mayor de reanudación de un conflicto a gran escala que en cualquier otro momento desde la tregua negociada por la ONU en abril de 2022”, advirtió el diplomático Grundberg de Naciones Unidas.

El enviado especial señaló que en las últimas semanas mantuvo “un diálogo intenso” con las partes en conflicto y otros actores regionales —cuyos nombres no especificó— para “explorar opciones concretas de desescalada”. Grundberg recalcó que la vía diplomática permanece abierta siempre que haya voluntad política y compromiso de los involucrados.

Ante el repunte de las hostilidades, el funcionario de la ONU instó a las partes a actuar “con la máxima moderación”, a poner fin a las acciones militares y a sumarse a negociaciones para avanzar hacia “una solución negociada”.

Los rebeldes hutíes, respaldados por el régimen de Irán, mantienen desde el 20 de julio un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita en el estrecho de Bab el Mandeb. En este escenario, los insurgentes también atribuyeron al gobierno saudita la responsabilidad por el bombardeo al aeropuerto internacional de Saná ocurrido a mediados de julio.

Por su parte, el Ministerio de Defensa yemení afirmó que sus fuerzas apuntaron contra la pista después de que, según su versión, las milicias hutíes impidieran el aterrizaje de aeronaves nacionales yemeníes en el aeropuerto de la capital.

“La milicia hutí terrorista, respaldada por el régimen iraní, impidió que aviones nacionales yemeníes aterrizaran en el aeropuerto de la capital, Saná, mientras insistía en permitir que un avión iraní violara el territorio yemení; en consecuencia, la pista del aeropuerto fue atacada”, sostuvo el ministerio.

La guerra en Yemen comenzó en 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná. El conflicto se intensificó en 2015 con la intervención militar saudita, sumiendo al país en una de las peores crisis humanitarias del mundo, según la ONU.

Pese al complejo desafío que supone la provincia de Buenos Aires en términos electorales, en La Libertad Avanza no pierden las esperanzas de arrebatarle al peronismo uno de sus bastiones insignia y el armado bonaerense analiza las alternativas para avanzar hacia ese objetivo. Con el calendario electoral por definirse, el referente del espacio en la provincia, el diputado Sebastián Pareja inició la ronda de negociaciones con los aliados para armar una alianza electoral amplia.

En Casa Rosada dan por descontado el acuerdo entre los partidos y sostienen que la estrategia consiste en repetir el esquema que funcionó en las legislativas de 2025, por lo que confían en mantener —una vez más— el predominio violeta en la boleta. La complejidad del territorio para las expresiones opositoras al peronismo empuja a las partes a confluir en una alianza amplia.

Si bien se trata de una definición prematura, en el oficialismo se muestran optimistas y aseguran que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aventaja al resto de los aspirantes en la carrera por convertirse en candidato a gobernador por la alianza. Una importante fuente del armado reveló que Pareja podría integrar la fórmula en la contienda provincial que tendrá lugar en 2027.

Sin embargo, la decisión abrirá un debate que deberá incluir la postura de los aliados del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR), con los que los libertarios buscan sellar acuerdos amplios que sumen también a distintos partidos vecinales. Con esa intención, el pasado martes Pareja se reunió con el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, y prevé tomar contacto con el referente radical, Maximiliano Abad.

“Lo que importa es sumar y derrotarlo al kirchnerismo. Eso es lo más importante. El PRO tiene mucho para aportar en esa construcción: estructura, fiscalización y dirigentes que ya conducen”, expresó Ritondo en su cuenta de X, en un mensaje en el que buscó hacer pública la actividad y marcar la postura del espacio que lidera.

La ausencia de Santilli durante la reunión que se realizó en las oficinas del jefe del bloque del PRO no pasó inadvertida. A contramano de su expresa voluntad, un sector del oficialismo se inclina porque el exlegislador del PRO compita por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al sostener que su perfil se ajusta a lo que reclama el electorado porteño. Desde su entorno rechazan la posibilidad y aseguran que “tiene la mente en la gestión”.

El nuevo contacto se enmarca en la decisión del titular del PRO, Mauricio Macri, de retomar diálogo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para intentar acercar posturas y recomponer la relación con el Gobierno rumbo a 2027.

En el campamento bonaerense vaticinan una buena performance de la alianza en la provincia y hay quienes se atreven a calcular la posibilidad de ganar 67 de los 135 municipios. Por estos días ya hay algunas aproximaciones de potenciales candidaturas, como la de Soledad Martínez en Vicente López, con posibilidades para un nuevo mandato, y el exfutbolista de River Oscar Ahumada, en Zárate.

Con la mente en el objetivo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, inaugurará este jueves el local central de la regional bonaerense en el barrio porteño de San Telmo para reforzar la presencia del sello en el territorio. El acto tendrá lugar a las 18 en Avenida Caseros 514 y contará con la presencia de la militancia libertaria y de algunas autoridades de la provincia.

Aún falta definir buena parte del armado, algo que se resolverá más cerca de la fecha, aunque el criterio que parece imperar es que la repartija se defina en función de los números, es decir, el espacio que más mida será el que encabece las nóminas. “Vamos a ver quiénes están mejor, ayer empezamos a repasar quiénes son los candidatos mejor posicionados”, precisaron desde el PRO.

Otro de los factores que siguen de cerca es la evolución de la interna peronista y aspiran a que las diferencias entre el gobernador, Axel Kicillof, y el espacio que lidera la dos veces presidenta Cristina Kirchner se mantengan hasta el año próximo.

El optimismo prematuro está sujeto a los movimientos del Partido Justicialista, en particular a la determinación de la candidatura que presentará el peronismo. En La Libertad Avanza aclaran que una expresión más radicalizada configura el perfil ideal para la disputa e identifican complicaciones en figuras más moderadas como el intendente Federico Achaval. “Depende mucho de quién sea el candidato. Si es perfil Máximo (Kirchner) ya ganamos. Ahora, si es un intendente no tan kuka es otro escenario”, precisó una fuente oficial.

En el armado partidario siguen atentamente las decisiones clave que deberá tomar Axel Kicillof a partir de dos definiciones: la reelección de los intendentes y el eventual desdoblamiento de los comicios provinciales. “Si no hay reelección de los intendentes, podría convenir que Kicillof desdoble, pero hasta que no se resuelva la interna del peronismo tampoco saben si conviene desdoblar o no”, afirmó un dirigente violeta.

El bloque de LLA en la Legislatura bonaerense rechaza la instrumentación de cambios en los límites de las intendencias y acusa al peronismo de “reinterpretar” las reglas a su favor. “Estamos en contra de la piolada de cinco o seis amanecidos que promueven la ley, la reinterpretan, la suspenden y ahora la vuelven a intentar modificar”, sostuvo un dirigente del espacio.

Este jueves, a las 16 de la tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a dar a conocer el dato de inflación de julio, sobre el cual en la mayoría de las consultoras hay consenso de que existió una aceleración respecto a junio; consideran que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el séptimo mes del año se ubicó entre 1,9% y 2,1% con una fuerte presión de los rubros estacionales, como Recreación y cultura, a causa de las vacaciones de invierno.

El mercado y los analistas privados esperan con atención el informe oficial, ya que los principales relevamientos adelantaron que la inflación mensual se ubicó por encima de la marcó de junio (1,9%, Indec). C&T Asesores Económicos, la consultora de Camilo Tiscornia, estimó que la variación de precios fue de 1,9%, mientras que Analytica, EconViews y Eco Go proyectaron un rango entre 2% y 2,1%. El consenso privado coincide en que la inflación de julio mostró una aceleración, principalmente por el impulso de los rubros vinculados a las vacaciones de invierno.

Según el reporte de C&T, la inflación núcleo y el componente estacional resultaron algo mayores que en junio, mientras que los productos regulados mostraron una tendencia a la moderación. Los componentes vinculados al turismo se aceleraron por la influencia de las vacaciones de invierno y el mundial de fútbol, que impactó en los pasajes de avión. Esta dinámica explicó el comportamiento del componente estacional.

En Vivienda, el comportamiento fue similar al de junio, con moderación en gas, agua y expensas, pero una mayor dinámica en electricidad. En Bienes y servicios varios se destacaron los artículos de tocador y el efecto del aumento de cigarrillos registrado en junio. En Salud, tanto medicamentos como prepagas subieron más lentamente, con una menor inflación en las prepagas en los últimos meses. El rubro de Alimentos y bebidas aumentó 1,6%, por debajo del promedio y del mes anterior, por la baja de las frutas. El resto de los rubros evolucionó en torno al 1,4%, en línea con el comportamiento de junio, salvo indumentaria, que descendió por el inicio de las liquidaciones.

Adelanto de inflación

El Gobierno ya tuvo un anticipo negativo de la inflación. El viernes pasado se conoció que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) marcó una suba de 2,9% en julio, 1,1 puntos porcentuales (p.p.) más que en junio. Así, la variación interanual fue de 33,2% y el acumulado de siete meses resultó de 19,4%.

El informe del Instituto de Estadistica y Censos porteño (Idecba) atribuyó la mayor parte de la suba a Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y cultura. Estas divisiones aportaron en conjunto 2,11 p.p. al nivel general del IPCBA.

El mayor incremento individual correspondió a Restaurantes y hoteles, con un alza promedio de 5,3%, impulsado por subas en tarifas de alojamiento y precios de comidas fuera del hogar. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles incrementó 2,7% y sumó 0,54 p.p. al índice general, debido a aumentos en gastos comunes, alquileres y tarifas de electricidad.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la manera en que se mide la inflación en CABA es distinta a la Nacional. En la Ciudad, la canasta con la que se mide la variación de precios otorga un mayor pesos a los servicios contra los bienes, y en la Nacional está situación es a la inversa. Por lo que no se puede hacer una correlación directa entre el dato en la capital del país y el que va a dar a conocer hoy el Indec, aunque si expone una tendencia.

De confirmarse un dato superior del 1,9%, va a implicar una aceleración en la inflación y un nuevo traspié para el Gobierno que luego del pico de 3,4% de inflación en marzo había logrado una desaceleración por tres meses consecutivos. Todavía esta por verse de cuánto fue la variación de precios en el séptimo mes del año, pero hacia adelante queda la duda de si logrará romper con una inflación en torno al 2% antes de que termine el año.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que realiza el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mediana de las respuestas arrojó que en julio la inflación se ubicaría en 2% para luego en agosto bajar a 1,8% y se mantendría en el mismo valor en septiembre.