Blog

La fiscal federal María Laura Roteta, titular de la Unidad Fiscal La Plata, rechazó la totalidad de los planteos de nulidad, presentados por la defensa de Ariel García Furfaro, el principal imputado en la causa por la contaminación de fentanilo que derivó en un brote bacteriano asociado a 90 muertes de pacientes en varias provincias del país. En un dictamen de 43 fojas, la fiscal calificó de “especulativa” la estrategia procesal del defensor y pidió continuar con el trámite de la instrucción.

El juez federal Ernesto Kreplak procesó a quince personas por la principal tragedia sanitaria del país. Trece de ellas eran directivos y responsables de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Dos son ex funcionarias de los principales organismos de control: Nélida Agustina Bisio, ex administradora nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismo dependiente de la ANMAT.

Las nulidades habían sido presentadas por el abogado Gastón Marano, defensor de García Furfaro, quien solicitó declarar “nulos” los ensayos de esterilidad realizados sobre ampollas de fentanilo HLB correspondientes a los lotes 31.201, 31.202, 31.244 y 31.245. Ese estudio, elaborado por el Instituto Nacional de Medicamentos y el laboratorio Gobbi Novag S.A., constituyó una de las pruebas centrales para vincular genéticamente las bacterias halladas en las muestras del poderoso anestésico con las detectadas en pacientes afectados por el brote. A ese pedido adhirieron las defensas del resto de los coimputados, entre ellos Wilson Pons, José Antonio Maiorano, María Victoria García, Javier Tchukrán, Hernán García, Diego García, Rocío Garay, Víctor Bocaccio, Adriana Iudica, Edgardo Sclafani y Horacio Tallarico. Como pedido subsidiario, la defensa solicitó que, en caso de no prosperar la nulidad, se repita la totalidad de los estudios con intervención de peritos de parte.

Las querellas, que al igual que las defensas ya accedieron a la resolución fiscal publicada por Infobae, señalaron ante una consulta de este medio que “fue muy grave lo que pasó” y destacaron el trabajo del juez Ernesto Kreplak y de la fiscal Roteta. “Vienen trabajando con mucha responsabilidad y de manera incesante desde que comenzó el caso”, afirmaron. En ese marco, reclamaron a la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por los camaristas Alberto Vallefín, Roberto Agustín Lemos Arias y Emilio Santiago Faggi, que se expida sobre los primeros procesamientos que Kreplak dictó hace casi un año contra los trece responsables de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo S.A., a cargo de la elaboración y distribución del anestésico adulterado con al menos dos bacterias multirresistentes.

El magistrado los había procesado inicialmente por 20 muertes, cifra que luego amplió a 90. El expediente está bajo revisión de los camaristas desde octubre de 2025, fecha en que llegó la apelación interpuesta por Ariel García Furfaro, propietario de las empresas farmacéuticas. “Si no lo hacen, la causa no puede ser elevada a juicio oral. No nos metemos en los tiempos procesales. Queremos que la resolución que salga de Cámara sea sólida, pero creemos que más de un año es más que suficiente”, sostuvieron.

La fiscal cuestionó el momento elegido para pedir la repetición del estudio

Antes de desarrollar los fundamentos técnicos y jurídicos de su rechazo, Roteta dedicó uno de los pasajes más duros del dictamen a cuestionar la oportunidad procesal elegida por la defensa para presentar el planteo. La fiscal remarcó que Marano formalizó la nulidad el 13 de septiembre de 2026, el mismo mes en que venció el lote 31.202 de fentanilo HLB, el principal involucrado en el brote, pese a que García cumple prisión preventiva desde agosto de 2025.

“Como se observa, la fecha de la presentación no es inocente. Tampoco es inocente que con ella busque, en rigor, la repetición de los estudios”, sostiene el dictamen. Esa coincidencia temporal, explicó la fiscal, “pone de manifiesto el carácter especulativo de la estrategia procesal desplegada”, ya que el pedido de nulidad llegó casi dos años después de realizado el análisis original y justo cuando el vencimiento del producto volvía inviable repetir el ensayo de esterilidad sobre las mismas muestras.

Roteta describió esa maniobra en los siguientes términos: “Pone de manifiesto el carácter especulativo de la estrategia procesal desplegada, cuya oportunidad no puede desvincularse de las consecuencias que el transcurso del tiempo —casi dos años han pasado desde su elaboración— y el vencimiento del producto proyecta sobre la reedición del análisis de esterilidad que se pretende. Por esos motivos, también corresponde rechazar esa petición”.

El argumento principal de la defensa sostenía que el análisis de esterilidad constituyó una pericia en los términos del artículo 253 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), norma que regula la designación de peritos cuando se requieren conocimientos científicos, técnicos o artísticos especiales para esclarecer un hecho relevante en una causa. Según Marano, al tratarse de una pericia, debió seguirse el procedimiento del artículo 258 del mismo código, que exige notificar a las partes antes de su realización para que puedan controlar la medida y proponer peritos de parte. La ausencia de esa notificación, sostuvo la defensa, impidió todo control sobre el acto y afectó los artículos 166 y 167 del CPPN, que regulan las garantías vinculadas a la validez de los actos procesales.

Roteta calificó esa premisa como “falsa”. “Ni el análisis de esterilidad ni la secuenciación del Instituto Malbrán fueron ordenadas por el juzgado”, remarcó la fiscal en su dictamen. Según explicó, se trató de un procedimiento técnico-administrativo llevado adelante por el INAME a instancias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en ejercicio de sus facultades de fiscalización y control sanitario, y no de una medida judicial. Por esa razón, concluyó, no resultaban exigibles ni el procedimiento de notificación del artículo 258 ni la aceptación de cargo que prevé el artículo 257 para los peritos designados en un proceso judicial.

La defensa había cuestionado, además, que no se hubiera dado intervención a la defensoría oficial al momento de realizarse el estudio, pese a que ya existían laboratorios allanados y directivos identificados, aun antes de que hubiera imputados formalmente constituidos.

La fiscal respondió que, al no tratarse de una pericia judicial sino de una actuación propia del poder de policía sanitaria del Estado, no correspondía ese tipo de intervención en esa etapa. Agregó que las personas imputadas el 20 de agosto de 2025 accedieron a los resultados de los informes técnicos junto a sus defensores desde el inicio de la investigación, incluso antes de la imputación formal prevista en el artículo 294 del CPPN, que regula la indagatoria. Como ejemplo, citó que Marano aceptó el cargo de defensor de García y de Tchukrán el 22 de julio de 2025, con anterioridad a esa fecha.

Los chats internos entre empleados de los laboratorios investigados

• Chat del grupo de WhatsApp hallado en el teléfono de Wilson Pons

Fecha: 6 de mayo de 2025, a las 15:17 horas. Hallado en el teléfono de Wilson Daniel Pons, identificado en el dictamen como jefe de Control de Calidad. La autora del mensaje era supervisora de microbiología: “El fentanilo dio mal, hay que repetirlo mañana. Quedan dos ampollas en la heladera, envueltas en aluminio. Necesito que a primera hora 2 analistas distintas hagan el ensayo. Curva nueva con un nuevo reactivo, endo y agua. Usen el último registro que ingresó (…)”.

• Conversación entre Adriana Iudica y la misma supervisora de microbiología

Fecha: 7 de mayo de 2025, entre las 9:51 y las 10:14 horas. Hallado en el teléfono de Adriana Iudica, subjefa de Control de Calidad, también procesada en la causa. La profesional le informó a Iudica que el lote de fentanilo HLB Pharma, producido en Laboratorios Ramallo (también propiedad de García Furfaro) había dado positivo en los medios de cultivo TIO (caldo tripticasa de soja) y TSB (caldo tioglicolato), y agregó que “había dado positivo dos veces antes”. Precisó, además: “La esterilidad la primera vez la hizo Nerina, la repitió Alma y ahora Luciana. El microbiológico tiene crecimiento igualmente”. Sobre los controles ambientales, la subjefa de microbiología respondió: “Las plaquitas de ambiental: sin crecimiento (…) no tenemos más ampollas hasta que llegue Esteban”.

• Chat entre la subjefa de microbiología y otra colaboradora del laboratorio

Fecha: 28 de mayo de 2025, entre las 22:47 y las 22:48 horas. La técnica del laboratorio le preguntó a la supervisora: “¿Dio positivo al final?” Su jefa respondió: “No sabemos porque no podemos ir a verlo. Están custodiando la puerta”. “Ahh, pensé que ya sabías que dio positivo”. A lo cual la supervisora contestó: “Se analizó 4 veces. Las anteriores dio mal”.

Pese a estas alertas, el proceso de fabricación siguió adelante.

Tras citar esas conversaciones, la fiscal Roteta remarcó el valor probatorio que les asignó en la causa. Sobre el chat del 28 de mayo, señaló que esa conversación da cuenta “de los análisis del fentanilo y su resultado realizado por el propio laboratorio en mayo de 2025, esto es, que el fentanilo no cumplía con el ensayo de esterilidad, que se analizó unas cuatro veces y dio mal”.

Más adelante, la fiscal vinculó esos mensajes con la inspección realizada por el INAME el 12 de mayo de 2025 en Laboratorios Ramallo, donde se detectó la falta de dos ampollas en las contramuestras museo del fentanilo HLB, retiradas, según las etiquetas, el 5 de mayo de 2025. Sobre ese punto, Roteta fue categórica: “No quedan dudas, entonces, que el propio laboratorio analizó las ampollas de fentanilo en mayo de 2025”, describió la fiscal.

Estos elementos, además de la abundante documentación que puebla la causa, la fiscal cerró su línea argumental con una conclusión que utilizó para rechazar los cuestionamientos de la defensa sobre la validez del estudio de esterilidad: “En definitiva, todos los elementos mencionados nos permiten arribar a la misma conclusión: el fentanilo HLB salió contaminado del Laboratorio Ramallo y las bacterias en su interior fueron identificadas en los análisis técnicos llevados adelante por personal del Hospital Italiano de La Plata, por personal del INAME en los Laboratorios Gobbi Novag S.A. y por personal de la cátedra de microbiología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA”.

Otro de los ejes de la impugnación apuntaba a la falta de imparcialidad de Gobbi Novag S.A. y del INAME. La defensa sostuvo que el estudio se había encomendado a un laboratorio competidor comercial de HLB y de Laboratorios Ramallo S.A., al que calificó como “enemigo comercial”, sin que existiera documentación que explicara los criterios de su selección. También cuestionó al personal del INAME por su pertenencia al Ministerio de Salud de la Nación, que en un primer momento había sido querellante en la causa, y citó declaraciones públicas atribuidas al ministro de Salud respecto de García y de los laboratorios investigados.

La fiscal calificó esas afirmaciones como “genéricas” e insuficientes para constituir, por sí mismas, un argumento nulificante. Destacó que la intervención posterior del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Anlis-Malbrán, organismo que realizó la secuenciación genómica de los microorganismos de manera independiente, reforzó la imparcialidad y la solidez de los resultados obtenidos por el INAME y Gobbi Novag.

La cadena de custodia de las muestras

La defensa de García Furfaro había señalado que no existían actas, planillas o formularios que documentaran de manera continua la entrega, recepción y traslado de las ampollas, en particular en el traspaso de los funcionarios del INAME a los empleados de Gobbi Novag. También apuntó inconsistencias en la cantidad de ampollas consignadas en los registros.

Roteta sostuvo que no se trató de una ausencia de cadena de custodia, sino de “una disconformidad respecto de cómo fue documentado diariamente el procedimiento”. Precisó que existen catorce actas suscriptas por funcionarios públicos del INAME en las que constan el lugar, la fecha, los intervinientes y los anexos fotográficos de cada etapa del proceso, conforme a la Ley 16.463 y a su decreto reglamentario 9763/64, que regulan el retiro de muestras de productos medicinales para su control y verificación. La fiscal remarcó que, si realmente no hubiera existido una cadena documental, la defensa no habría podido cuestionar esas piezas de forma particular.

Apoyada en un informe del bioquímico Pablo César Ramírez, la defensa planteó incumplimientos a la Farmacopea Argentina en tres aspectos: las condiciones ambientales del ensayo, calificadas como de “clase A”; el testeo, y el transporte de las muestras desde el laboratorio Gobbi Novag hasta el Anlis-Malbrán para su secuenciación. Según ese informe, se habría detectado contaminación microbiológica en quince áreas del laboratorio sin que se restablecieran las condiciones requeridas antes de continuar con el ensayo.

La fiscal respondió que esas observaciones son de naturaleza técnica y no operan de forma automática como causal de nulidad. Subrayó que, en ningún pasaje de su escrito, la defensa logró explicar cómo esas supuestas irregularidades habrían influido en el resultado final del estudio, ni cómo los microorganismos identificados en las muestras perderían su vinculación fenotípica con los aislamientos remitidos por centros de salud de distintos puntos del país que habían dispensado el lote 31.202 de fentanilo HLB.

Uno de los argumentos más elaborados de la defensa buscaba vincular la contaminación detectada con productos del propio laboratorio Gobbi Novag. Citó el caso de dos pacientes de Corrientes infectados con una cepa de Klebsiella pneumoniae con un perfil de sensibilidad similar al hallado en el brote, que habían recibido fentanilo de la marca Fentanovag, fabricado por Gobbi Novag, con vencimiento en noviembre de 2027. Según Marano, esa coincidencia demostraba la posibilidad de que la contaminación se hubiera originado durante el propio ensayo de esterilidad realizado en esas instalaciones.

La fiscal desestimó ese argumento con el informe remitido por el hospital Ángel I. Llano de esa provincia, y señaló que la hipótesis de la defensa no explica por qué las mismas bacterias de las muestras de fentanilo HLB fueron halladas también en pacientes de centros de salud que nunca adquirieron productos de Gobbi Novag. Citó los casos del Hospital Clemente Álvarez y el Hospital Italiano de Rosario, y del Sanatorio Dupuytren de la Ciudad de Buenos Aires, que habían dispensado fentanilo HLB lote 31.202 junto a otras marcas distintas de Fentanovag, y cuyos pacientes presentaron igualmente la misma bacteria secuenciada por el Anlis-Malbrán.

La mayor tragedia sanitaria del país

En su dictamen, Roteta describió la magnitud sanitaria del caso. Señaló que el estudio de esterilidad se llevó adelante “mientras se encontraba en curso una crisis sanitaria sin precedentes”, y remarcó que la urgencia de las primeras medidas administrativas de ANMAT e INAME se explicaba porque el reporte de contaminación bacteriana “tenía muertes asociadas”. La fiscal detalló que el fentanilo HLB Pharma lote 31.202 salió contaminado del Laboratorio Ramallo S.A. con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica, identificadas en análisis independientes realizados por el Hospital Italiano de La Plata, por el INAME en Gobbi Novag y por la cátedra de Microbiología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Esas bacterias fueron vinculadas, mediante secuenciación genómica del Anlis-Malbrán, con los microorganismos hallados en pacientes de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, entre otras jurisdicciones que habían recibido el lote cuestionado.

Tras rechazar cada uno de los argumentos defensivos, la fiscal Roteta solicitó al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo del juez Ernesto Kreplak, que desestime en su totalidad el planteo de nulidad presentado por Marano —al que habían adherido las defensas de los demás imputados— y que la instrucción de la causa continúe su curso. Lo hizo con una frase contundente: “La nulidad pretendida carece de todo sustento fáctico y normativo. Debe rechazarse”.

Pese a un arranque titubeante, los mercados tuvieron una gran recuperación luego de las elecciones legislativas en los Estados Unidos. El índice Dow Jones, que agrupa a las empresas industriales más importantes de EE.UU., subió casi 3%, mientras el barril de petróleo tuvo su caída más fuerte de los últimos meses, cercana al 8 por ciento.

Esta euforia, sin embargo, no contagió al mercado local. Las acciones bancarias que cotizan en Nueva York sufrieron otra caída y los bonos también operaron en rojo, con pérdidas que promediaron el 0,5 por ciento. Como consecuencia, el riesgo país finalizó en un nuevo máximo anual superando los 850 puntos básicos.

Si había un día en el que cabía esperar una recuperación era ayer. Además del fuerte rebote de los mercados también cayó la tasa de interés. El rendimiento de los bonos norteamericanos a 10 años se ubicó por debajo de 4,90% anual. Pero nada de esto alcanzó para generar el entusiasmo de los inversores y los activos argentinos siguieron de capa caída.

Incluso el mercado brasileño, muy golpeado por la reciente y sorpresiva victoria de Lula Da Silva, se comportó mejor que el argentino. El dólar cayó levemente a 5,46 reales y el índice Bovespa subió 1 por ciento.

La mejora de Wall Street tras la derrota republicana en las elecciones legislativas tuvo varias aristas. Pero quizás la más relevante es la expectativa del mercado respecto a una pronta resolución de la guerra con Irán. El petróleo tuvo una fuerte caída del 8% y el Brent quedó en USD 95, cuando hace apenas una semana había rozado los 115 dólares.

En la medida que caiga el precio del crudo cederían las presiones inflacionarias que llevaron a la Reserva Federal a subir la tasa en septiembre y es probable que vuelva a hacer a fin de año.

Sin embargo, el retroceso de las tasas largas refleja que la expectativa es a una baja de la inflación hacia adelante. Por ahora todo es en un plano especulativo, pero lo cierto es que Wall Street borró con la suba de ayer buena parte de las pérdidas acumuladas en los últimos días.

En el caso de las tecnológicas, las subas fueron menos significativas. Uno de los temas que se sigue con atención es que los demócratas podrían aprovechar su mayoría legislativas para ponerle un freno a los avances en el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Donald Trump, sin embargo, se niega porque tendría un impacto negativo en el crecimiento.

Con este escenario no pasa desapercibido que los bonos argentinos no logren repuntar. Las explicaciones para que eso ocurra pueden ser muchas, depende quién analice.

Pero algo que parece claro es que el escenario de elevada incertidumbre electoral está jugando una mala pasada y hace que los inversores prefieran no tomar riesgos exagerados.

No solo hay una incógnita mayúscula respecto al candidato que surgirá del kirchnerismo, sino también ahora en el frente libertario. La aparición en el mapa electoral de Patricia Bullrich también colabora a la confusión. ¿Conviene en realidad que haya muchos candidatos pro mercado como el propio Javier Milei, Bullrich o Hernán Lacunza? ¿O en realidad significa dividir el voto y aumentar las chances de la oposición?

A diferencia de lo que sucede en otros mercados de la región, incluso en Brasil, las elecciones en Argentina suelen ser a todo o nada. El péndulo es tan grande que desorienta al inversor.

La posibilidad de equivocarse como pasó con la apuesta a favor de Flavio Bolsonaro en la última elección brasileña le costó caro a muchos inversores. Y ahora son pocos los que están dispuestos a asumir grandes riesgos con Argentina. Es preferible, desde ese punto de vista, esperar a tener un panorama más claro que apresurarse y sufrir fuertes pérdidas adicionales.

Por supuesto la otra pregunta es si el gobierno norteamericano mantendrá su firme apoyo a Milei a medida que se aproximen las elecciones del año próximo. En 2025 fue clave el apoyo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien salió a vender dólares para frenar la corrida. Pero nadie sabe si ese respaldo seguirá estando en este nuevo contexto político el año próximo.

En medio de una semana atravesada por los preparativos de la visita del papa León XIV, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, trabaja en la convocatoria a una nueva reunión de la mesa entre PRO y La Libertad Avanza. Si bien aún no hay una fecha definida, el encuentro podría postergarse para la semana próxima. Lo cierto es que el vínculo entre ambos espacios no atraviesa su mejor momento, una situación que demora la posibilidad de avanzar en acuerdos electorales.

En Casa Rosada le facturan al partido que lidera formalmente Mauricio Macri que sus demandas exceden el peso político que le reconocen en la negociación abierta con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027. “Están retrasando los acuerdos. Piden más de lo que pueden o de lo que estamos dispuestos a dar”, puntualizó un integrante de la mesa política.

No es la única crítica que le hacen al espacio. También están quienes consideran que sus dirigentes potencian los desafíos autonomistas de la senadora Patricia Bullrich con la intención de incrementar su poder de negociación en la discusión por las listas del año próximo. Hace algunas horas, la legisladora porteña Laura Alonso destacó las capacidades de la exministra y sostuvo que busca ser presidenta en 2027.

En Balcarce 50 parecen haber tomado nota. “El PRO no tiene candidato claro. Se sube a lo que plantea Patricia para desgastar a Milei y ella está cerca de pegar la vuelta y pagar un costo carísimo. Se va a quedar sin espacio”, sostuvieron desde Balcarce 50.

A contramano de Alonso, desde el partido amarillo rechazan esa posibilidad y toman distancia de su excandidata, actualmente afiliada a La Libertad Avanza. Además, recuerdan las críticas que la legisladora dirigió contra el espacio que supo integrar. “Nosotros con Patricia ni a medio centímetro. Ella nos dijo que no bancábamos todo, que éramos tibios. Ahora es ella la que no banca todo y los tibios somos nosotros”, arremetió un dirigente del PRO ante este medio.

Si bien esta semana debería concretarse un nuevo encuentro, de acuerdo con la periodicidad quincenal que suelen mantener, hasta ahora no llegó la confirmación. Por estas horas, Santilli trabaja en la coordinación de agendas y se muestra expectante ante la posibilidad de cerrar los entendimientos. “El Colo ve bien la relación y hasta ahora su optimismo siempre funcionó”, plantearon desde su entorno.

En ambos campamentos sostienen que el intenso cronograma previsto por la visita de León XIV, que tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre, complica los planes y coinciden en que todavía hay margen para avanzar en las conversaciones sin apurar los tiempos.

En los últimos días, el propio Macri cuestionó los intercambios al sostener que “no se ha avanzado en nada” en referencia a las reuniones que protagonizan Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, en representación del PRO, junto a los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem y Diego Santilli por la administración libertaria en Casa Rosada.

Algunas voces libertarias coinciden en el diagnóstico del exmandatario y adjudican las demoras a la decisión de La Libertad Avanza de no cerrar acuerdos con ningún sector, incluidos los gobernadores, para intentar mejorar sus condiciones a la hora de sentarse a negociar.

La interna que atraviesa al PRO, abierta entre los primos Jorge y Mauricio Macri, también interfiere en el escenario. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, resolvió inicialmente retomar el canal de diálogo con Mauricio Macri, pero en los últimos días dejó ver la buena sintonía que mantiene con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“A Mauricio le jode el coqueteo con Jorge, por eso sale a decir lo que dice”, expresó un funcionario del oficialismo. “Está bien incomodar un poco a Mauricio”, expresó otra voz con acceso al despacho del presidente Javier Milei.

No obstante, en el PRO piden prudencia y se muestran pacientes respecto de las conversaciones electorales. “Falta mucho de verdad. A principios de noviembre de 2022, Milei medía 6 o 7 puntos, Horacio (Rodríguez Larreta) era presidente y (Sergio) Massa no era candidato. En octubre del 2018, Alberto Fernández no estaba en la cuenta de nadie y Macri era reelecto”, ejemplificó un alfil amarillo.

La conveniencia de no apurar las definiciones también se discutió durante la última reunión de la mesa ejecutiva del partido fundado en 2015, que no sirvió para resolver el debate abierto en torno a la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), contemplada en la reforma electoral que impulsa el Gobierno. “Nada es fácil”, respondieron desde la administración libertaria, donde creen que, tarde o temprano, el PRO los acompañará en el Congreso.

Velas encendidas frente al Palacio de Tribunales, el himno entonado a coro y una consigna que se repitió durante toda la noche: “No permitamos que se apague la universidad”. Así se vivió la Marcha de las Velas que protagonizaron docentes, nodocentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno nacional no aplica desde hace más de un año.

La columna partió desde Plaza Houssay al caer la tarde y se extendió hasta Plaza Lavalle, donde se encontraban preparados un pizarrón y bancos, listos para una clase abierta de Derecho Constitucional.

La convocatoria fue impulsada por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA). También se sumaron autoridades de la universidad, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintos centros de estudiantes.

Entre los presentes se contaron el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobbitti; y el diputado Ricardo Alfonsín.

Pasadas las 17, Plaza Houssay —rodeada por las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Médicas, Odontología y Farmacia— comenzó a llenarse de pecheras verdes. Los miembros de ADUBA y APUBA fueron los primeros en llegar. Cerca de las 18, la columna avanzó por la calle Paraguay. Hizo una parada en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, donde se entonó el himno nacional argentino. La bandera negra con la inscripción “Defendamos la UBA” volvió a encabezar la marcha, como lo viene haciendo en varias movilizaciones previas.

A diferencia de la última Marcha Federal Universitaria, celebrada en octubre, cuyo acto central frente al Congreso terminó antes de lo previsto en medio de la lluvia y de varios incidentes, esta jornada transcurrió sin contratiempos. Al llegar al Palacio de Tribunales, los manifestantes prendieron sus velas y las depositaron en la valla de seguridad del Palacio de Justicia. Antes de las 20.30, cuando la plaza ya estaba vacía, el personal de seguridad de la Corte Suprema las apagó y las retiró.

El trasfondo del conflicto tiene su propio peso. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y ratificada por los dos tercios de ambas cámaras, cuando anularon el veto presidencial inicial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo la promulgó en octubre de 2025 mediante el Decreto 759, pero condicionó su ejecución a que el Parlamento estableciera las fuentes de financiamiento y asignara las partidas presupuestarias correspondientes.

El argumento oficial es que la ley incumple la normativa de administración financiera: el artículo 5 de la ley de ejecución presupuestaria establece que, cuando una disposición no asigna los fondos adecuados, se promulga y se suspende en el acto.

La respuesta judicial no tardó. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto que frenó la norma y ordenó su aplicación inmediata, con especial énfasis en los artículos 5 y 6, referidos a la actualización salarial de docentes y nodocentes y al refuerzo de las becas estudiantiles. La Cámara Federal confirmó la medida cautelar y la Corte Suprema la dejó firme.

Aun así, el Gobierno apeló en todas las instancias. En la víspera de la marcha de octubre pasado, Cormick fijó multas de $ 100.000 diarios para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento. La Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió provisionalmente esas sanciones y abrió una nueva instancia de revisión.

Fue frente al Palacio de Tribunales donde el abogado constitucionalista Pablo Luis Manili, que representa al CIN, tomó la palabra y ofreció una clase abierta junto al profesor Cristian Cao, catedrático de la Facultad de Derecho de la UBA.

Para cumplir la ley, sería necesaria una actualización de los salarios del 33%. En cuanto al presupuesto, los rectores estimaron que, para ajustarse a la norma, harían falta $ 11 billones, mientras que el proyecto oficial para 2027 contempla apenas $ 7,3 billones, una diferencia de casi el 50%.

El presupuesto 2027 presentado por el Gobierno sigue sin ajustarse a los requerimientos de la Ley de Financiamiento Universitario, con una brecha de casi $ 3,7 billones respecto de lo que los rectores consideran necesario para cumplirla.

Durante el lunes y el martes, el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue el escenario de la IV edición del Congreso Internacional de Contrataciones Públicas y la presentación del I Congreso Internacional de Derecho Público y Administrativo. Bajo el lema “De la decisión al impacto”, el encuentro reunió a más de treinta especialistas nacionales e internacionales y contó con el respaldo de organismos multilaterales de primer nivel.

La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Administración General y Presupuesto (SAGyP), el Gobierno de la Ciudad y la Legislatura porteña. Acompañaron al encuentro organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Mundial.

La apertura contó con la participación de Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto; el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara; el profesor titular de Derecho Administrativo de esa casa de estudios, Carlos Balbín; y el secretario administrativo de la Legislatura porteña, Christian Gribaudo. También estuvieron presentes los consejeros del Consejo de la Magistratura Marcelo Meis, Rocío López Di Muro y Guillermo Scheibler, entre otros magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad.

En su discurso inaugural, Ferrero subrayó el valor de que el congreso se realice “por cuarto año consecutivo en la UBA, para discutir e intercambiar ideas sobre el tema”. Sobre el eje central del encuentro, afirmó: “La contratación pública es el mejor vehículo para lograr la igualdad e inclusión social porque mueven muchos recursos pero, en particular en este contexto, porque también nos invitan a ser creativos para poder generar más inclusión para que las sociedades sean más igualitarias”.

Por su parte, Balbín enmarcó el debate en términos de fondo: “Convocamos a este Congreso para discutir la profundidad del derecho y no meramente las apariencias, un debate académico pero que sirva a todos aquellos que están más allá del mundo académico”. El profesor remarcó que el objetivo es “pensar y debatir un derecho que garantice seguridad jurídica a los inversores pero también a los jubilados y también a muchos otros colectivos”.

Durante las dos jornadas se desarrollaron nueve paneles temáticos. Los ejes de debate incluyeron los principios generales de la contratación pública, la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de compras, las experiencias globales y nuevos acuerdos internacionales, los marcos regulatorios, la transparencia y el uso de datos, la contratación estratégica, la responsabilidad del Estado, la experiencia argentina y el Derecho Administrativo global.

Entre los expositores se contaron los ex consejeros del Consejo de la Magistratura porteño Ana Salvatelli y Alberto Biglieri; la titular de la Oficina Nacional de Contrataciones, Agostina Brichetti; el jefe de la División de Gestión Financiera y Adquisiciones del BID, Jorge Dávila Pérez; el especialista de la OCDE Jacobo Pastor García Villareal; el profesor de la Universidad George Washington, Christopher Yukins; y la directora de la Agencia Reguladora de Compras Estatales de Uruguay, Isis Burguez.

Completaron el programa el director general de Verificación Contractual de Paraguay, Adolfo Arce; el juez federal Martín Cormick; el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, José Félix Palomino Manchego; el director de la Maestría en Contrataciones Públicas de la Universidad de Campania de Italia, Mario Spasiano; el director de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Córdoba, Oscar Cuadros; el director de la Especialización en Contrataciones Públicas de la Universidad Austral, Marcos Serrano; y los especialistas en derecho administrativo Javier Junceda, Fabrizio Figorilli, Domingo Sesín, Fernando García Pullés y Ezequiel Cassagne, entre otros referentes del ámbito académico, judicial y de la gestión pública.

Mercado Libre difundió sus resultados correspondientes al tercer trimestre de este año. Los ingresos netos fueron de USD 10.750 millones, un 45% más que en el mismo período del año anterior medido en dólares. Es la segunda vez que cruza la barrera de los USD 10.000 millones, tras haberlo logrado en el segundo trimestre de este mismo año. El resultado neto, es decir, lo que queda después de descontar todos los costos, intereses e impuestos, fue de USD 448 millones entre julio y septiembre.

Pese a esos resultados, el valor de las acciones de MELI en el after market cayó 6,7% en Nasdaq. De acuerdo con el sitio especializado Investing, la baja se debe a que el beneficio por acción (BPA) fue USD 0,51 peor de lo esperado por el mercado. De esta manera, el valor de la acción hoy ronda los USD 1.739,88, un precio que refleja una caída del 24,5% respecto al valor que tenía hace exactamente un año.

“La compañía informó de un beneficio neto en el tercer trimestre inferior a las estimaciones del mercado, ya que el mayor gasto destinado a ampliar la capacidad logística antes de la temporada alta de compras navideñas lastró los márgenes”, sumó la agencia de noticias Reuters.

Más allá de esto, el resultado operativo, que es lo que queda de los ingresos una vez descontados los costos y gastos de la operación, resultó positivo en USD 676 millones, según lo informado por la compañía. Eso representa un margen del 6,3%, levemente inferior al del trimestre anterior.

La empresa fundada por Marcos Galperín atribuyó esa diferencia a tres factores. El primero es la inversión en capacidad de fulfillment, el servicio logístico que abarca el almacenamiento, la preparación y la entrega de los pedidos, que aumentó casi un 20% frente al trimestre anterior. Un año atrás, en el mismo período, el aumento había sido del 10%. Los otros dos son el costo de ampliar los envíos gratuitos y un mayor gasto en marketing en Brasil.

El CFO de Mercado Libre, Martín de los Santos, sostuvo que esas inversiones tienen un correlato en el uso de la plataforma. “Nuestras inversiones están funcionando. Los usuarios compran con mayor frecuencia y le confían cada vez más de su dinero a Mercado Pago, y quienes hacen ambas cosas son nuestro grupo de mayor crecimiento”, afirmó.

El comercio electrónico: USD 23.000 millones en ventas

El negocio de venta de productos, que la empresa llama “Commerce”, generó ingresos netos por USD 6.100 millones, un 47% más que un año atrás en dólares. El indicador que usa la compañía para medir el volumen de ventas es el GMV, o “Volumen Bruto de Mercancías Vendidas”: el valor total de lo que se vendió en la plataforma. En el trimestre alcanzó aproximadamente USD 23.000 millones.

Ese GMV creció un 33% interanual en términos “FX neutral”, una forma de medir que elimina el efecto de las variaciones del tipo de cambio entre monedas. Medido directamente en dólares, el aumento fue del 38%.

En total se vendieron 867 millones de productos a través de la plataforma en el período analizado, un 36% más que en el mismo trimestre de 2025. Los compradores activos únicos de Commerce llegaron a aproximadamente 94 millones, un 22% más, lo que implica 17 millones de compradores adicionales frente al año anterior. Además, cada comprador adquirió más productos: los artículos por comprador aumentaron un 12% interanual.

En Argentina, el GMV en moneda constante creció un 40% interanual y los artículos vendidos aumentaron un 19 por ciento. En septiembre, la empresa amplió el envío gratis del programa de suscripción MELI+ a artículos de menor precio en toda la red gestionada del país. Según el informe, eso llevó la proporción de compras con envío gratis a niveles similares a los de Brasil y México, y la frecuencia de compra alcanzó un máximo histórico.

Mercado Pago, la billetera y el crédito

En el negocio financiero, que la compañía agrupa bajo el nombre Fintech, los ingresos netos de Mercado Pago fueron de USD 4.600 millones, un 42% más que un año atrás en dólares. Los usuarios activos mensuales llegaron a unos 93 millones, un 29% más. El volumen total de pagos procesados alcanzó los USD 109.000 millones, con un aumento del 53% en dólares.

En tanto, los activos bajo administración, que son el dinero de los usuarios que gestiona Mercado Pago, crecieron un 67% interanual en dólares y llegaron a USD 25.000 millones.

La cartera de crédito, que representa el total de préstamos otorgados y todavía no cobrados, alcanzó los USD 17.900 millones, un 62% más que el año anterior en dólares. Dentro de ese total, la cartera de tarjetas de crédito fue de USD 8.500 millones, con un aumento del 76%, y en el trimestre se emitieron 2,9 millones de tarjetas.

Sobre la calidad de esa cartera, el informe indica que el índice de morosidad de 15 a 90 días fue del 7,0% en el tercer trimestre. Ese valor prácticamente no cambió respecto del trimestre anterior. En Argentina, según la compañía, casi el 80% de la población adulta es usuaria activa de Mercado Pago.

Publicidad y usuarios que combinan ambos servicios

Otra de las líneas que la empresa destacó es la publicidad que vende dentro de su plataforma, bajo el nombre Mercado Ads. Sus ingresos crecieron un 58% interanual en dólares y un 51% en moneda constante. El informe no detalla el monto absoluto de esos ingresos. La compañía indicó que está extendiendo ese servicio a la publicidad en redes sociales y plataformas de streaming, y mencionó acuerdos recientes, entre ellos uno con Netflix.

Mercado Libre también informó que los usuarios llamados “ecosistémicos”, aquellos que compran en el marketplace y a la vez usan servicios financieros de Mercado Pago, crecieron un 33% interanual. Según el informe de resultados, es el grupo de usuarios que más rápido aumentó.

Al explicar el contexto en el que presenta estos números, De los Santos hizo referencia a un cambio en los hábitos de consumo: “Con el comercio migrando al canal online al ritmo más rápido desde 2020”, dijo, la compañía apuesta a seguir invirtiendo en el uso de la plataforma, aun cuando eso implique márgenes algo menores que los del trimestre anterior.

El peronismo en la provincia de Buenos Aires transitó las últimas 24 horas para definir los movimientos formales que el PJ bonaerense debía ejecutar como partido. Este miércoles, el gobernador Axel Kicillof encabezó una reunión del Consejo en la que se ratificó que Máximo Kirchner presidirá el Congreso partidario. Se proclamará el próximo 21 de noviembre en La Plata, bajo una modalidad híbrida.

El entendimiento llegó luego de una reunión que Kicillof y Kirchner mantuvieron el martes en La Plata. También participaron la vicegobernadora Verónica Magario; los intendentes Mariano Cascallares, de Almirante Brown, y Federico Otermín, de Lomas de Zamora; y el jefe del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli. Este miércoles se formalizó en un encuentro más amplio, con la presencia de los consejeros.

El encuentro previo permitió resolver la distribución de responsabilidades partidarias antes de la reunión del Consejo. Kicillof conserva la presidencia del PJ provincial y el líder de La Cámpora quedará al frente del Congreso, uno de los órganos de mayor peso en la estructura interna.

La decisión representó una tregua entre el Movimiento Derecho al Futuro, el sector político que responde al gobernador, y el cristinismo. El acuerdo no eliminó esas diferencias, pero evitó que se trasladaran a una reunión convocada para cumplir con requisitos estatutarios.

El gobernador explicó que el Congreso del PJ bonaerense se realizará el 21 de noviembre y tendrá una modalidad mixta. Parte de las autoridades estará en La Plata y el resto de los congresales participará de forma virtual.

“No va a ser de esos congresos multitudinarios, sino que una parte se va a hacer acá en La Plata, donde va a estar la mesa, y el resto va a ser virtual”, detalló.

La convocatoria tendrá como una de sus funciones centrales la designación de los congresales bonaerenses ante el Congreso Nacional del Partido Justicialista. Kicillof señaló que la reunión responde también a exigencias legales vinculadas al funcionamiento formal de la fuerza.

“Tenemos plazos y hoy estamos cumpliendo esos plazos también, con lo cual es muy importante para nosotros que el partido esté absolutamente dentro de la norma”, señaló el gobernador, quien presidió una mesa rectangular escoltado por el resto de las autoridades partidarias: Verónica Magario y Federico Otermín, como vicepresidentes; Mariano Cascallares como Secretario General y el intendente de La Plata, Julio Alak, en calidad de anfitrión.

El Consejo partidario avanzó, además, en la designación de autoridades que seguían pendientes en distintas secretarías. Kicillof también destacó el funcionamiento de una aplicación para realizar preafiliaciones. La iniciativa integra una campaña para fortalecer la estructura territorial y administrativa del PJ bonaerense, mientras las principales referencias del peronismo buscan ordenar la vida interna sin anticipar definiciones electorales.

La reunión del Consejo incluyó una evaluación de la situación económica, política y social del país. Luego de las intervenciones, el partido emitió un comunicado en el que se incluyó un reclamo para que Cristina Kirchner “recupere sus derechos políticos”.

El pronunciamiento fue una de las señales hacia el sector cristinista. La situación de la expresidenta ocupa un lugar central en la agenda de La Cámpora y de los dirigentes que la acompañan dentro del peronismo bonaerense.

La incorporación del pedido permitió que el documento final expresara una posición común entre sectores que mantienen diferencias respecto de la organización política y la proyección del espacio. El acuerdo institucional, de ese modo, combinó la definición de cargos con una declaración política que ratificó el respaldo a Cristina Kirchner.

Kicillof evitó presentar la reunión como el inicio de una alianza interna más amplia. Consultado sobre si se abría una nueva etapa de diálogo, respondió que existen diferencias y debates, aunque sostuvo que los distintos sectores comparten la necesidad de ofrecer una respuesta frente a la situación económica y social.

“Más allá de las diferencias, lo que hay que dar es una respuesta a nuestro pueblo, a la provincia y a la nación para generar una alternativa”, afirmó. Planteó además que el peronismo debe mostrarse “fuerte” frente al Gobierno nacional.

El tema electoral no formó parte del debate central del Consejo. Durante la reunión no se discutieron candidaturas, alianzas ni eventuales mecanismos para ordenar la competencia interna de cara a los próximos comicios.

Sin embargo, el gobernador sí se refirió a las conversaciones que mantiene con legisladores, gobernadores y dirigentes de distintos espacios opositores por la discusión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y otros cambios electorales que pueda impulsar el Gobierno nacional. “El peronismo lo que está tratando de hacer es defender los derechos electorales de la gente”, expresó el gobernador en una rueda de prensa una vez finalizada la reunión.

También criticó la relación entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales. Sostuvo que la Nación redujo recursos destinados a las provincias para luego utilizar la asistencia financiera como una herramienta de negociación política. “Es látigo y billetera”, definió.

Aunque el tema no se trató en la reunión formal, Kicillof sí admitió que forma parte de las conversaciones políticas. “Hay muchísimos casos de intendentes que habían estado un período, dos períodos, lo que sea, y no los votaron de nuevo y perdieron”, afirmó. El gobernador agregó que espera que avance una discusión legislativa sobre el tema, aunque evitó involucrarse en el mecanismo que podría utilizarse para modificar la normativa.

La cuestión es relevante para numerosos jefes comunales de distintos espacios políticos. En el peronismo hay varios intendentes que reclaman revisar los límites vigentes para sostener la continuidad de sus gestiones. Sin embargo, el Frente Renovador de Sergio Massa viene reiterando su rechazo a la modificación de la legislación vigente.

La reunión del Consejo definió una distribución de responsabilidades que permite sostener la convivencia entre los principales sectores del peronismo bonaerense. Kicillof seguirá al frente del PJ provincial, Kirchner presidirá el Congreso partidario y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará en la Junta Electoral.

La fórmula no resuelve las diferencias entre el kicillofismo y el cristinismo, pero establece un esquema institucional que evita una confrontación inmediata. La próxima prueba será el Congreso del 21 de noviembre, donde el PJ bonaerense deberá designar a sus representantes ante la conducción nacional del partido.

Hasta entonces, la prioridad de los sectores internos será sostener el acuerdo alcanzado en La Plata y evitar que la disputa por el liderazgo vuelva a ocupar el centro de la escena, con un Kicillof sin mayores alternativas que disputar una candidatura presidencial el año que viene.