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Las elecciones de medio término en los Estados Unidos generan mucha atención en la mayoría de los países del mundo y una movilización generalizada.

El impacto del resultado de los comicios es de vital importancia y es por eso que los ojos de la política global se van a centrar en Washington el próximo martes.

En el caso de la Argentina, la atención no solo estará puesta en las pantallas de los canales de noticias sino que habrá varios funcionarios y legisladores locales que durante el fin de semana partirán rumbo a los Estados Unidos para participar de las elecciones invitados por diferentes organizaciones americanas.

Un clásico de las organizaciones que realizan estos viajes es la AmCham Argentina, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. La organización que tiene presencia en el país desde 1918 tiene programas en donde se realizan viajes a diferentes ciudades y, en el caso de las elecciones, suele llevar dirigentes políticos.

Según el listado al que pudo acceder Infobae, la Cámara llevará a las elecciones a 10 personas entre diputados y miembros del Ejecutivo, con mayoría de presencia libertaria.

Entre los diputados de LLA están invitados el presidente del bloque, el cordobés Gabriel Bornoroni; el diputado santafesino Nicolás Mayoraz; el único representante de las Fuerzas del Cielo, el diputado bonaerense Santiago Santurio Rodríguez; su coterráneo y compañero de bloque, Bertie Benegas Lynch.

En este grupo también estará la diputada bonaerense del monobloque Primero Buenos Aires, Karina Banfi, y los dos diputados de Unión por la Patria del “campamento” del Frente Renovador los bonaerenses Sebastián Galmarini y Sabrina Selva.

Por la AmCham también viajarán funcionarios del Ejecutivo nacional. En ese avión se subirá una de las voces menos conocidas por la sociedad en general pero de las más escuchadas en el seno del poder: el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación, Eduardo Menem, formará parte del grupo. Lo mismo que el subsecretario de Asuntos Legales y Técnicos, Presidencia de la Nación, Ignacio María De la Riva. Por último, también es parte del convite el vicejefe de Gabinete, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Ignacio Devitt.

Pero esta no es la única organización que invita legisladores a ir a las elecciones del próximo martes. La Fundación Diálogo Argentino Americano también invitó a legisladores. En este caso, por esta fundación están confirmados los diputados radicales por la provincia de Mendoza Pamela Verasay y Lisandro Nieri. También en este grupo viaja el también radical pero de Corrientes, Diógenes González.

Por último, hay un grupo que viaja a Miami, en los EEUU dentro del Programa de Veedores que organiza la Fundación Universitaria del Río de la Plata.

Por esta fundación viajarán Javier Alfonsín, secretario general a cargo de la Secretaría General de Administración del Ministerio Público Fiscal de la CABA (MPF CABA); Sebastián Angelini, empresario, director y Business Manager del Grupo MSA; Silke Mayra Arndt, defensora del Pueblo Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires; Juan Cruz Ártico, fiscal subrogante del Ministerio Público Fiscal de la CABA; María Laura Ávila, licenciada en Comunicación Social, se desempeña en Recursos Energéticos y Mineros de Salta; Matías Antonio Canepa, asesor personal del gobernador de la Provincia de Salta; Javier Concepción, secretario general a cargo de la Secretaría General de Acceso a Justicia del MPF CABA; Adrián Emiliano Famá, consejero directivo de la Facultad de Derecho de la UBA y funcionario judicial del Consejo de la Magistratura de la CABA; Lisandro Ezequiel Fastman, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la CABA; Diego Mariano García de García Vilas, consejero representante de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el Consejo de la Magistratura de la CABA; Luciana Geuna, periodista y conductora; Liliana Goiburu, abogada, Poder Judicial de la CABA; Vanesa Giselle Ruth Jurado Giménez, jefa del área Juristeca del Poder Judicial de la CABA.

También participan de este viaje Alejandro Kelman, empresario y dirigente del Club Atlético River Plate; Javier Martín López Zavaleta, fiscal general de la CABA (MPF CABA); Héctor Osvaldo Maggi, abogado, Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y Congreso de la Nación; Romina Manguel, periodista, conductora del programa «Opinión pública»; Pablo César Mántaras, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la CABA; Federico Mayol, periodista político en Infobae; Ramiro Monner Sans, ex procurador general de la Ciudad de Buenos Aires; Matías Raúl Oliva, titular de la Secretaría Judicial de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público de la Defensa de la CABA; Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación; Facundo Pastor, periodista, abogado y conductor de radio y televisión; Carlos Roberto Pereira, diputado por la Provincia de San Luis; Agustina Quinteros, guionista audiovisual y miembro de la Junta Comunal N.º 6 de la CABA; Mauro Riano, secretario general de Acceso a la Justicia en el Ministerio Público de la Defensa de la CABA; Jorge Rosales, director de Asuntos Corporativos de Aeropuertos Argentina 2000; Irene Soler Carmona, ex diputada provincial de Salta; Ricardo Guillermo Villada, coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica del Gobierno de Salta.

Fueron muchos los que se anotaron, ya que casi no hay legisladores que no puedan acceder a los Estados Unidos. Quizás el nombre más resonante es el de la libertaria Lorena Villaverde que tiene vedado el ingreso a los Estados Unidos como consecuencia de haber estado implicada en una causa por narcotráfico en ese país.

La venta de Supermercados DIA Argentina ingresó en una etapa decisiva y podría definirse en los próximos días. El proceso, encomendado al banco Santander por los accionistas de la cadena de origen español, avanzó hasta una instancia en la que se evalúa con cuál de los interesados continuar las negociaciones. Según pudo saber Infobae, tres grupos llegaron a la recta final, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.

Entre los candidatos figuran Grupo de Narváez (GDN), propietario de Changomás; el conglomerado peruano Intercorp con Supermercados Peruanos; y PedidosYa. Si bien el primero aparece como el favorito, la operación todavía no está cerrada, aseguraron fuentes conocedoras de la negociación.

El proceso comenzó meses atrás, cuando Grupo DIA encargó a Santander la búsqueda de un comprador o socio para su negocio argentino. La entidad financiera contactó a un grupo reducido de potenciales interesados, que accedieron inicialmente a información general sobre la compañía.

En este tipo de operaciones, los candidatos que manifiestan interés avanzan luego hacia una revisión más detallada del negocio, que incluye información comercial, financiera, laboral y regulatoria. La instancia de due diligence permite analizar las contingencias antes de formular una oferta económica.

Entre los aspectos que se examinan figuran la nómina de trabajadores, las habilitaciones comerciales, las multas, los expedientes administrativos y los contratos de alquiler vinculados con las sucursales y franquicias. Se trata de documentación relevante para determinar los riesgos y las obligaciones que asumiría un eventual comprador.

Según fuentes del mercado, las propuestas económicas fueron realizadas hace 15 días y habrían rondado los USD 100 millones. La selección de una propuesta no implica el cierre inmediato de la venta, ya que todavía pueden quedar pendientes negociaciones contractuales y otras condiciones.

Una fecha clave para concretar la operación

Desde el comienzo de las negociaciones, uno de los objetivos era resolver la venta antes del 17 de noviembre de 2026, cuando está previsto que comience a regir obligatoriamente el sistema de control previo de concentraciones económicas.

El cambio se vincula con la Ley de Defensa de la Competencia 27.442, que establece un régimen suspensivo para las operaciones alcanzadas por la normativa. Bajo ese esquema, las fusiones y adquisiciones sujetas a notificación deberán obtener la autorización estatal antes de concretarse.

La entrada en vigencia del nuevo mecanismo está prevista para un año después de la constitución formal de la autoridad de competencia, por lo que el 17 de noviembre aparece como una fecha relevante para las empresas involucradas en procesos de compraventa.

En el caso de DIA, esa modificación regulatoria habría formado parte del calendario considerado desde el inicio de las negociaciones. Sin embargo, no significa que la compañía tenga la obligación de vender antes de esa fecha, ni que la operación quede automáticamente alcanzada por el nuevo sistema sin evaluar sus características y los requisitos legales correspondientes.

La expectativa entre los participantes del proceso es que pueda producirse una definición en los próximos días, aunque la elección de un comprador y la concreción definitiva de la transferencia constituyen instancias diferentes.

Los candidatos para quedarse con DIA

Uno de los grupos que llegó a la última etapa es GDN, encabezado por Francisco de Narváez, que cuenta con antecedentes importantes en el negocio supermercadista argentino.

En noviembre de 2020, el empresario adquirió las operaciones locales de Walmart, en una transacción que incluyó más de 90 establecimientos y alrededor de 9.500 empleados. Posteriormente, los supermercados pasaron a operar bajo la marca Changomás.

El vínculo de la familia De Narváez con el sector es anterior a esa adquisición. Durante décadas estuvo asociada a la cadena Casa Tía, que se vendió al fondo Exxel Group en 1998. Más recientemente, GDN también participó del proceso de venta de Carrefour Argentina, impulsado por la compañía francesa durante 2025. El grupo se posicionó entre los principales candidatos y llegó a presentar una propuesta cercana a los USD 1.000 millones.

Sin embargo, esa operación no prosperó. En febrero de 2026, Carrefour decidió frenar la venta de su negocio argentino porque las ofertas recibidas no cumplieron con las expectativas de la compañía.

Otro de los interesados en DIA es Intercorp, uno de los principales conglomerados empresariales de Perú, con presencia en distintos sectores de actividad y una participación relevante en el comercio minorista.

El grupo opera cadenas como Plaza Vea, Vivanda, Makro y Mass, por lo que cuenta con experiencia en diferentes formatos comerciales, desde supermercados e hipermercados hasta tiendas de proximidad. Intercorp también apareció entre los interesados en la operación argentina de Carrefour, que finalmente quedó sin efecto.

El tercer candidato es PedidosYa, la plataforma de entregas a domicilio. Su aparición en el proceso incorpora un perfil diferente al de los otros dos grupos, cuya actividad incluye la operación directa de grandes cadenas de supermercados.

Por el momento, no existe confirmación pública de que alguno de los tres haya resultado seleccionado ni de que se alcanzara un acuerdo vinculante para la transferencia de la compañía, aunque varias fuentes ubican a GDN como el “favorito”.

La situación de DIA frente al Gobierno

Otro aspecto relevante del proceso es la situación regulatoria de la cadena. Según pudo saber Infobae, la relación entre DIA y las autoridades nacionales mejoró durante los últimos meses, en paralelo con avances en distintos expedientes administrativos que permanecían abiertos.

Una modificación de la normativa de defensa del consumidor incorporó la posibilidad de realizar el pago voluntario de multas con una reducción del 50%. Se trata de un mecanismo de alcance general, pero que benefició especialmente a la empresa de capitales españoles.

En cuanto a los controles, el Gobierno ya no realiza inspecciones vinculadas con programas de precios, dado que esos esquemas dejaron de aplicarse. No obstante, continúan las fiscalizaciones relacionadas con balanzas en los puntos de venta, exhibición de precios y cumplimiento del régimen de transparencia fiscal al consumidor.

Estos aspectos forman parte de la situación administrativa y regulatoria de la compañía, uno de los componentes que habitualmente se revisan durante los procesos de adquisición de empresas.

Un mercado que se achica y avanza hacia una mayor concentración

La posible venta de DIA se produce en un escenario de debilidad del consumo masivo y creciente competencia entre las cadenas de supermercados.

Según datos de la consultora Scentia, el consumo masivo cayó 1,2% interanual en septiembre y acumuló una contracción del 2,7% durante los primeros nueve meses de 2026. En los supermercados de cadena, las ventas retrocedieron 2,6% frente al mismo mes del año anterior y registraron una baja acumulada del 3,8%.

En el sector advierten que el mercado se achicó considerablemente y que las ventas todavía no muestran una recuperación sostenida. En ese contexto, distintos empresarios consideran que el negocio supermercadista argentino se encamina hacia una mayor concentración, debido a las dificultades para sostener la cantidad actual de competidores.

La estrategia de los principales jugadores apunta a identificar oportunidades de adquisición que les permitan ganar escala y participación en un mercado que no logra expandirse.

Uno de los movimientos recientes fue la compra de parte de la operación de hipermercados Libertad por parte de La Anónima, la cadena controlada por la familia Braun.

En marzo de 2026, ambas compañías anunciaron un acuerdo que incluyó 12 sucursales, un centro de distribución y más de 1.600 trabajadores. La operación permitió a La Anónima ampliar su presencia en el centro y norte del país, especialmente en provincias donde tenía una participación limitada.

En el mercado consideran que estas operaciones responden a una búsqueda de mayor participación por parte de los principales grupos, que encuentran en las adquisiciones una alternativa para ampliar su presencia territorial y comercial sin depender exclusivamente de una recuperación del consumo.

En el caso de DIA, la cadena finalizó septiembre con 991 establecimientos en la Argentina. Durante el tercer trimestre de 2026 registró ventas brutas por 378,4 millones de euros, un incremento interanual del 12,2%, aunque el volumen comparable retrocedió 5,2%.

La evolución de las ventas y la estructura comercial de la compañía forman parte de la información que los potenciales compradores deben considerar al evaluar el negocio, junto con su red de locales, los contratos de franquicias y las obligaciones vinculadas con su funcionamiento.

En una sesión atravesada por el debate sobre el endeudamiento de los hogares, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó dos iniciativas que ponen el foco en quienes deben dinero: una fija límites para las cobranzas extrajudiciales y otra crea una mesa de orientación para personas que destinan una parte elevada de sus ingresos al pago de cuotas. La primera reunió respaldo unánime; la segunda prevé asistencia para quienes superen el 30% de su salario comprometido en deudas.

Nicolás Pakgojz, secretario general de La Libertad Avanza en la Ciudad y legislador porteño, explicó en Infobae Al Mediodía la posición de su bloque. Los libertarios acompañaron la regulación de las prácticas de cobro, aunque con reparos sobre cuatro artículos, y optaron por abstenerse frente a la creación de la mesa de asistencia.

Pakgojz ubicó el límite en las formas de reclamar una deuda. Para el legislador, una persona acreedora puede exigir el pago, pero no avanzar sobre familiares, contactos laborales o horarios de descanso de quien adeuda. “Nosotros creemos que eso no es libertad”, afirmó al referirse a las comunicaciones que se extienden fuera de horario o alcanzan a terceros.

El proyecto sobre cobranzas extrajudiciales apunta justamente a regular el accionar de las agencias que intentan recuperar pagos sin recurrir a una instancia judicial. La norma busca impedir la divulgación de una deuda entre allegados y restringir métodos de presión que, según se planteó durante el tratamiento, pueden derivar en situaciones de hostigamiento.

La iniciativa fue trabajada con aportes de distintos bloques de la Legislatura. Pakgojz destacó que durante el debate el peronismo incorporó observaciones formuladas por otras bancadas, un recorrido que terminó con la aprobación unánime de las reglas generales contra las prácticas abusivas.

La regulación fija límites para las agencias de cobranza

Aunque acompañó el núcleo de la propuesta, La Libertad Avanza no votó cuatro de sus artículos. Uno de los cuestionamientos estuvo dirigido a la creación de un registro para las agencias de cobranza, una herramienta que el bloque consideró innecesaria dentro del esquema finalmente sancionado.

La segunda diferencia estuvo en una disposición que habilitaba la intervención estatal sobre las condiciones de refinanciación. Pakgojz sostuvo que esa previsión introducía una mediación pública en acuerdos celebrados entre privados, por lo que su bancada no la acompañó.

El legislador también objetó que todas las agencias deban contar con un abogado matriculado. Según explicó, esa obligación podía elevar los costos del procedimiento de cobro y trasladar una exigencia adicional a una actividad que, de todos modos, deberá ajustarse a los límites previstos por la ley.

“No queremos demonizar a quienes prestan”, planteó Pakgojz. El dirigente señaló que el crédito y las ventas en cuotas integran la dinámica económica, pero remarcó que esa actividad no habilita humillaciones, presiones sobre familiares ni llamados durante la madrugada.

En ese punto, el bloque propuso que las sanciones sean más firmes para quienes incumplan las restricciones. Pakgojz vinculó las maniobras de cobranza abusiva con cuadros de angustia y problemas de salud mental, y sostuvo que el resguardo debe recaer sobre las personas expuestas a esas prácticas.

La mesa para deudores funcionará dentro de la Defensoría porteña

La otra iniciativa aprobada crea una mesa de asesoramiento en la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires. El espacio ofrecerá orientación y acompañamiento jurídico a quienes tengan deudas que absorban más del 30% de sus ingresos, un umbral que el proyecto toma como referencia para identificar situaciones de mayor vulnerabilidad económica.

La Libertad Avanza no rechazó la propuesta, pero se abstuvo. Pakgojz explicó que su bloque pidió que la nueva medida no implicara erogaciones presupuestarias adicionales y valoró que el texto no incorporara gastos extra para su puesta en marcha.

Sin embargo, el legislador entendió que la Defensoría ya cuenta con herramientas para orientar a personas con dificultades de endeudamiento. Desde esa mirada, la creación de una mesa específica no modificaría de manera sustancial los recursos disponibles para quienes necesiten asesoramiento.

“No era necesaria una ley para esto”, dijo Pakgojz. Para el secretario general libertario, la estructura prevista no añade una respuesta distinta a los servicios que la Defensoría porteña ya presta en materia de consultas y acompañamiento.

La prioridad legislativa del bloque, afirmó, está puesta en una ley de educación financiera para las escuelas secundarias. La iniciativa fue presentada por la diputada Pelayo y plantea incorporar contenidos vinculados con finanzas personales a la currícula de la Ciudad.

Pakgojz señaló que algunos colegios ya abordan esos temas, aunque no existe una obligación que alcance a todo el sistema educativo porteño. El proyecto busca extender esa formación como una herramienta de prevención frente al sobreendeudamiento y al uso de créditos sin información suficiente.

El bloque vincula la educación financiera con la agenda de Milei

El legislador relacionó esa propuesta con el programa que La Libertad Avanza impulsa a nivel nacional bajo el gobierno de Javier Milei. La intención, dijo, es trasladar a la Ciudad de Buenos Aires prioridades vinculadas con la reducción de trabas administrativas, el control del gasto público y la actividad privada.

Entre las normas aprobadas durante el año, Pakgojz mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, disposiciones para medianas inversiones, una ley antitrapitos y cambios administrativos. También incluyó dentro de ese balance una ley de libertad comercial.

Esa norma dispone la creación de una ventanilla única y de un legajo multipropósito para determinados trámites comerciales. Además, establece controles posteriores en algunos procedimientos, en lugar de exigir toda la documentación antes de habilitar una gestión.

Según detalló Pakgojz, el esquema busca evitar que comerciantes presenten reiteradamente los mismos papeles ante distintas oficinas. La ley incorpora además el silencio positivo para los trámites que no reciban respuesta estatal en un plazo de 30 días.

El dirigente afirmó que su espacio mantiene diálogo con el PRO, el radicalismo y otros bloques de la Legislatura. Al mismo tiempo, diferenció la posición de La Libertad Avanza de la gestión de Jorge Macri en discusiones vinculadas con la estructura estatal y el gasto público.

Pakgojz cuestionó que el PRO no respaldara una iniciativa para reducir la estructura del Estado porteño. También mencionó una propuesta de su bloque para modificar el funcionamiento de las 15 comunas de la Ciudad.

La eliminación de las PASO aparece ligada a una baja del ABL

De cara a 2027, La Libertad Avanza buscará promover la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en la Ciudad. Pakgojz estimó que la medida permitiría ahorrar 29 mil millones de pesos, una cifra que el bloque propone reasignar a una reducción impositiva.

La propuesta consiste en utilizar ese ahorro para bajar cada año un 10% el ABL. El legislador aclaró que el efecto final sobre cada boleta dependerá de las características de la propiedad y del monto que abona cada contribuyente.

Para Pakgojz, una reducción tributaria debe estar acompañada por un recorte de las erogaciones estatales. “La baja de gasto es esencial”, sostuvo al aludir a la discusión que abrirá el próximo presupuesto de la Ciudad.

El dirigente también planteó restituir la exención de patentes para los vehículos híbridos. Según afirmó, quienes adquirieron esos autos bajo ese beneficio se encontraron luego con modificaciones en las condiciones que habían sido previstas al momento de la compra.

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