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La CGT, las CTA y el Gobierno quedaron enredados en un nuevo conflicto luego de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que define el sueldo mínimo en todo el país. Las centrales pegaron el portazo y vaciaron esa instancia, ante la negativa del Poder Ejecutivo de realizar el encuentro de forma presencial y la intención de fijar un nuevo ingreso lejos de las pretensiones del sindicalismo.

El salario mínimo está hoy en $376.600, luego de haber sido fijado por decreto en noviembre de 2025. Las tres centrales obreras habían llegado a una propuesta unificada: incrementarlo a $911.000 de manera inmediata y a $993 mil en diciembre. Sin embargo, decidieron de antemano no asistir, porque sabían cuál sería el resultado del encuentro.

La previa ya había entrado en un terreno pantanoso, porque la CGT solicitó formalmente que el intercambio “sea de manera presencial, porque creíamos que ya no se puede sostener la virtualidad”, explicó hoy Jerónimo, al puntualizar sobre uno de los motivo de la discordia. “No hay ninguna excusa para no juntarse presencialmente y verse la cara, y construir un debate y una discusión mucho más transparente y con un grado de credibilidad que refleje lo que realmente demanda el sector del trabajo”, sostuvo el jefe gremial en declaraciones al programa Futuro Imperfecto en radio Con Vos.

Y agregó: “Porque, si no, seguimos aportando a un show que quiere construir el Gobierno, en el que realmente no se discute ni se debate nada. Solamente uno va a terminar de darle la conformación para que ellos terminen unilateralmente decidiendo cuál es el número que mejor les cierre”.

En ese marco de negociación tripartita, encabezada por la secretaría de Trabajo, la propuesta de las cámaras empresarias planteó subas de 1,8% en septiembre y 1,7% en octubre, con continuidad de ese esquema hasta abril del año próximo.

El pedido de la CGT, la CTA de los Trabajadores (CTA-T) y la CTA Autónoma (CTA-A) apuntaba a llevar el salario mínimo de $911.202 para julio y a $993.300 para diciembre “mínimamente, para que no sigamos debajo de la indigencia”. Sin embargo, el ajuste propuesto por las empresas apenas llegaba a $468.000 en abril del año próximo. La parte sindical consideró ese ajuste como “irrisorio”.

“Y es ahí cuando nosotros planteamos que no íbamos a convalidar esto y que nos retirábamos”, reveló.

El dirigente, que integra el triunvirato cegetista junto a Jorge Sola y Octavio Argüello, también rechazó las versiones sobre una supuesta intención oficial de llevar el salario mínimo a 1.000.000 de pesos brutos, en el marco de las negociaciones paritarias. Según planteó, esa cifra “no es la realidad de lo que ellos fueron a plantear” en el Consejo del Salario.

Según Jerónimo, esa versión se trata de una maniobra para “distorsionar la cuestión” y señaló que si el Ejecutivo busca construir un piso para las discusiones salariales, las negociaciones deberían partir de una canasta básica de $1.560.000, y no de 1.070.000 pesos.

La CGT evaluará el plan de acción

Tras el fracaso de la reunión del Consejo del Salario, el dirigente sindical anticipó que la semana próxima la central obrera se reunirá para definir los pasos a seguir.

“Seguiremos con nuestro plan de acción, que viene marcando distintos puntos de agenda, como fue la movilización por los endeudados”, indicó Jerónimo.

Consultado sobre la posibilidad de convocar a un paro, respondió que esa medida “nunca se descarta”. De todos modos, insistió que una decisión de ese tipo requiere una construcción previa y un nivel alto de consenso. “Si todos los problemas que tiene la Argentina los resolviéramos con un paro, hubiésemos hecho todos los paros que fueran necesarios. Me parece que no es la salida tampoco”, remarcó.

Y concluyó: “La salida de las resoluciones de los problemas que tiene la Argentina y el mundo del trabajo termina siendo política. Nosotros tenemos un rol institucional que es representar los derechos y los intereses de los trabajadores. Seguimos apelando a la responsabilidad que tiene este Gobierno para construir un ámbito, dialogar y disentir también para resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina”.

Ante el abandono de la parte sindical, lo previsible es que los funcionarios libertarios vuelvan a fijar por decreto el aumento del salario mínimo.

El SMVyM en las últimas décadas fue un valor de referencia importante para la economía, pero en el último tiempo se convirtió en un valor que define apenas los montos de los programas de ayuda social que el Estado otorga a personas en situación de pobreza extrema, o por subsidio de desempleo.

Según una investigación del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el salario mínimo perdió el 40,3 % de su valor entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

Estados Unidos está implementando diferentes medidas para bajar el precio de la carne y una de las movidas principales de Trump, llegó acompañada de un dato que sacudió el tablero regional. Washington habilitó un cupo extraordinario para importar carne vacuna sin aranceles, pero dejó afuera a Argentina, pese a ser el principal socio de la región para la administración de Javier Milei. En cambio, el beneficio directo recayó sobre Brasil, gobernado por Luiz Inácio Lula da Silva, con quien la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más tensos.

En concreto, la administración de Donald Trump oficializó un cupo temporal de importación de carne vacuna magra sin aranceles por un total de 300.000 toneladas, con el objetivo de incrementar la oferta destinada a la producción de carne molida y contener los precios al consumidor local.

La medida entrará en vigor el 1° de septiembre de 2026 y tendrá una vigencia de 90 días, durante los cuales ingresarán hasta 100.000 toneladas por mes bajo un régimen arancelario preferencial. El mecanismo de asignación funcionará bajo el criterio de “primero llegado, primero servido”, en tres tramos de 100.000 toneladas: el primero, entre el 1° y el 30 de septiembre; el segundo, entre el 1° y el 30 de octubre; y el tercero, a partir del 31 de octubre y hasta completar el volumen o hasta el 30 de noviembre.

El esquema establece que la carne importada deberá corresponder a recortes magros destinados exclusivamente a la elaboración de carne molida, que luego se mezclará con producto estadounidense. Según la proclamación presidencial, la iniciativa busca que estos cortes se comercialicen con un descuento aproximado del 25% respecto de los valores habituales de importación. L

Por qué Argentina quedó afuera

La exclusión de Argentina del nuevo contingente temporal se fundamentó en la existencia de cupos propios ya asignados a ciertos países exportadores. De acuerdo con la información del Consejo de Importación de Carne de América (MICA), el volumen adicional de 300.000 toneladas corresponde únicamente al contingente arancelario denominado “otros países o áreas”, que se utiliza principalmente por naciones como Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y los Países Bajos.

En cambio, aquellos países que cuentan con una cuota específica dentro del sistema de contingentes arancelarios, como Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y el Reino Unido, no resultan elegibles para acceder a esta ampliación.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Argentina dispone actualmente de una cuota de 100.000 toneladas anuales para ingresar carne vacuna a Estados Unidos con arancel preferencial: 20.000 toneladas correspondientes a la cuota establecida por tratado comercial y otras 80.000 toneladas autorizadas para 2026 por decisión de la administración Trump. De acuerdo con los datos informados a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), al 31 de julio Argentina había certificado 61.050 toneladas, equivalente al 61% de la cuota total.

Si se consideran exclusivamente las 20.000 toneladas del tratado comercial, las estadísticas de la Aduana estadounidense mostraban, al 3 de agosto, un nivel de ejecución del 72,5%, con 14.500 toneladas utilizadas. De esta manera, sobre las 61.050 toneladas certificadas, 14.500 corresponderían a la cuota de 20.000 toneladas, mientras que las 46.550 restantes se encuadrarían dentro del cupo adicional de 80.000 toneladas, habilitado en tramos trimestrales de 20.000 toneladas.

La BCR precisa que los dos primeros tramos adicionales ya fueron ejecutados en su totalidad, mientras que el tercero alcanzó casi un 33%. En consecuencia, quedarían unas 13.450 toneladas por ejecutar durante agosto y septiembre. Durante los primeros siete meses del año, Argentina exportó 67.118 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos, frente a las 22.183 toneladas embarcadas en el mismo período de 2025, un incremento del 202,6% interanual que consolidó a ese mercado como el segundo destino en importancia para la carne nacional, detrás de China. Según la BCR, la participación de Estados Unidos sobre el volumen total exportado por Argentina pasó del 6% al 17% en apenas un año.

La oportunidad para Brasil

El beneficio principal de la nueva ventana recae en Brasil, país que no dispone de un cupo preferencial propio y podrá aprovechar el esquema de “otros países o áreas” para ingresar carne vacuna al mercado estadounidense sin las restricciones que sí enfrenta Argentina. La BCR explica que, más allá de los acuerdos vigentes con Australia y Nueva Zelanda, que en conjunto disponen de una cuota preferencial superior al millón de toneladas, y de la cuota de 20.000 toneladas de Uruguay, Brasil y Paraguay comparten una cuota para terceros países de apenas 52.000 toneladas, prácticamente agotada en los primeros meses del año.

La situación comercial de Brasil ayuda a entender por qué la decisión estadounidense adquiere especial relevancia para ese país. Actualmente se encuentra virtualmente fuera de China, tras haber agotado su cupo anual de 1.106.000 toneladas bajo el régimen de salvaguardia, lo que lo deja expuesto, para lo que resta del año, a ingresar con un arancel de casi el 76,5%. Al mismo tiempo, enfrenta dificultades para sostener el acceso a la Unión Europea: si nada cambia en lo inmediato, a partir del próximo mes podría quedar restringido su ingreso al bloque, luego de observaciones sobre los controles vinculados al uso de productos antimicrobianos en su ganadería.

En ese contexto, según la BCR, una apertura extraordinaria del mercado estadounidense representa una alternativa especialmente atractiva y oportuna para la industria brasileña, mientras que para Argentina el anuncio puede terminar generando un efecto paradójico: mientras el país busca consolidar su presencia en Estados Unidos y negociar la renovación del cupo adicional de 80.000 toneladas, una apertura más amplia del mercado podría favorecer a competidores con mayor capacidad exportadora.

Consultado por Infobae, el consultor ganadero Víctor Tonelli sostuvo que la medida “está casi hecha a medida de Brasil” y que “la va a disfrutar también Paraguay, y seguramente algunos países de Centroamérica que exportan sin cuota directa”. Según el consultor, la exclusión argentina no representa un perjuicio: “A Brasil le sirve, a Paraguay le sirve, a nosotros no estar no nos va a afectar en nada. Si hubiera venido, bienvenido, algo hubiéramos metido por ese lado, pero tenemos cuota todavía de las 80.000, y también de las 20.000. Así que no nos cambia mucho”.

Un anuncio con resistencias internas

La iniciativa de Trump no está exenta de cuestionamientos dentro de Estados Unidos. El jefe de la Casa Blanca prometió autorizar a ganaderos y agricultores de EEUU a procesar sus propios alimentos, en respuesta al rechazo que provocó su anuncio de suspender temporalmente aranceles más altos a la carne vacuna importada para contener los precios internos. La medida comercial permitiría el ingreso de hasta 300.000 toneladas métricas de carne vacuna extranjera sin esos recargos y fue criticada por el sector agropecuario e incluso por legisladores republicanos, quienes sostuvieron que inundar las góndolas con carne importada es una medida de corto plazo y desalienta la recomposición del rodeo bovino de EEUU, hoy el más bajo en 75 años.

Trump apuntó contra los grandes procesadores, a los que definió como “un monopolio desagradable”. La secretaria de Agricultura Brooke Rollins adelantó que la próxima semana habrá “grandes anuncios” y definió la capacidad de EEUU para alimentarse y abastecerse por cuenta propia como “una cuestión de seguridad nacional”. Pero no está clara la autoridad legal de la Casa Blanca para aplicar los cambios anunciados. Por caso, el congresista republicano de Kentucky, Thomas Massie, dijo que la iniciativa de Trump es “excelente”, pero advirtió que debería hacerse por ley, no por orden ejecutiva”.

No todas las opiniones van en la misma línea. Para Nevil Speer, un consultor en temas cárnicos de EEUU, en caso de instrumentarse, la medida sería poco efectiva en su objetiva de reducir los precios de la carne al consumidor. En una columna en Beef Magazine, señaló que 300.000 toneladas equivalen a poco más de dos semanas de la producción local de carne. Además, agregó, el aumento neto de volumen será inferior a las 300.000 toneladas anunciadas, pues desplazará importaciones desde otras fuentes, el tipo de efectos que más podría perjudicar a la Argentina.

El trasfondo de la escasez y los precios

Detrás de todas estas medidas hay un dato que explica en gran parte la urgencia de la Casa Blanca: La carne picada vacuna en Estados Unidos se encuentra en niveles históricamente elevados y continúa encareciéndose, aun cuando el movimiento mensual no sea abrupto.

Estados Unidos atraviesa una de las caídas más pronunciadas en su stock ganadero en décadas. Según la proclamación presidencial, el rodeo se encuentra en su nivel más bajo en 75 años, aunque los datos del Departamento de Agricultura (USDA) indican que en julio ya comenzaron a registrarse señales de recuperación. El propio organismo prevé que la producción de carne vacuna del país se reducirá alrededor de un 4% durante 2026 respecto de los niveles de 2025. Entre los factores que incidieron sobre la oferta local, la Casa Blanca mencionó las restricciones a la importación de ganado vivo desde México para evitar la propagación de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo, la sequía que afectó la disponibilidad de pasturas y los incendios forestales en las regiones productoras.

Justamente sobre ese frente, en las últimas semanas se registró un movimiento adicional. Según el sitio especializado Valor Carne, Estados Unidos reabrió un paso fronterizo en Arizona para el ingreso de ganado mexicano, luego de las restricciones sanitarias vigentes. La reapertura comenzará con unos 700 animales diarios y aumentará gradualmente hasta alrededor de 1.300. El USDA prevé además habilitar otros dos pasos en Nuevo México, aunque por ahora descarta reabrir los de Texas ante el riesgo de gusano barrenador. Con este esquema, las importaciones de ganado mexicano podrían alcanzar 150.000 cabezas hasta fin de 2026, un volumen muy por debajo del promedio histórico anual de 1,17 millones de animales.

La agenda de la carne argentina en EE.UU.

En medio de este escenario, la industria argentina tiene por delante una nueva instancia de acercamiento comercial con el mercado estadounidense. Se trata de la segunda edición del Argentina Beef Week, que se realizará en Houston el 14 de septiembre de 2026, en articulación con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). El encuentro contempla una jornada de reuniones B2B entre exportadores argentinos e importadores, distribuidores y empresas de foodservice de Texas y otras regiones del país, además de una presentación sobre la industria cárnica argentina y un almuerzo de networking con degustación de carne y vinos.

El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, llegó este sábado a Esquel para acompañar el proceso de renovación de autoridades del radicalismo chubutense. En el marco de una recorrida por el sur, planteó como objetivo “construir una alternativa nacional”, con un guiño a que el partido incida en las elecciones presidenciales de 2027.

“La UCR está de pie, está marchando. Estamos construyendo un proyecto político que más temprano que tarde le va a dar a la Argentina un próximo presidente de la República Argentina”, afirmó en un intercambio con la prensa, en el que aclaró que hablar de posibles candidaturas un año antes del período electoral “es poner el carro adelante del caballo”.

El dirigente participó del Congreso y la convención provincial del radicalismo de Chubut en Esquel, donde 66 delegados eligieron a la nueva conducción partidaria, encabezada por el intendente de Trelew, Gerardo Merino. Durante el encuentro participaron el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, y la senadora nacional Edith Terenzi.

“Ser radical es generar transformaciones como lo hacen nuestros gobernadores, nuestros quinientos intendentes o nuestros vicegobernadores y ministros en gobiernos como el de Chubut”, consideró durante el acto proselitista.

Chiarella llegó ayer a Bariloche para iniciar una gira por la Patagonia andina que incluye Río Negro y Chubut. Por la mañana, se reunió con la diputada provincial Lorena Matzen y el ex intendente Marcelo Cascón, y por la tarde, estuvo en El Bolsón para visitar la Municipalidad y mantener una reunión de trabajo con funcionarios locales, empresarios y vecinos.

Con un telón de fondo partidario, Chiarella subrayó este sábado el hecho de integrar el gobierno de la provincia y llamó a “seguir construyendo este partido centenario y nunca perder protagonismo”. También destacó la presencia de delegados de todos los distritos y la elección de la nueva presidenta de la Juventud Radical, Agustina Barletta.

Según lo informado, con esta agenda el jefe radical e intendente de Venado Tuerto alcanzará 16 provincias recorridas desde que fue electo presidente de la UCR en diciembre pasado.

En una publicación de redes sociales, Chiarella volvió a lanzar un llamado político: “Queremos una UCR presente en cada provincia, con una mirada federal, cerca de cada comunidad y con vocación de construir una alternativa para la Argentina”.

En busca del perfil partidario

Para el presidente de la UCR Nacional, la principal fortaleza del partido está en su experiencia de gestión y en la presencia territorial. Por eso busca apoyar a los dirigentes radicales que actualmente tienen responsabilidades de gestión. “Nosotros venimos trabajando mucho en esto de poder acompañar a nuestros más de 500 intendentes, a nuestros 5 gobernadores, a las provincias en donde formamos parte del gobierno, como en el caso de Chubut”, señaló.

“El radicalismo tiene una capacidad instalada muy grande, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, y es desde la gestión, es desde el territorio, en donde nosotros podemos demostrarle a cada argentino, a cada vecino de cada localidad, cómo es el radicalismo cuando se gobierna”, agregó.

En ese marco, el titular de la UCR mencionó la agenda de seguridad y dijo que ese “coraje” es el que permite “enfrentamos al narcotráfico como lo hacemos en Santa Fe con el liderazgo del gobernador (Maximiliano) Pullaro”. Otro de los puntos fue el de la corrupción entre los principales problemas que debe enfrentar la Argentina. “Si no atacamos el problema de la corrupción, muchos de los problemas que tiene la Argentina no van a ser resueltos”, sostuvo.

Y concluyó: “Cuándo no se roba y no hay corrupción en el Estado, las cosas pueden ser mucho mejor y eso lo demostramos en cada una de nuestras gestiones con honestidad y coraje como nos enseñó Arturo Illia y Raúl Alfonsín. Por eso, Argentina necesita que construyamos una propuesta alternativa a la grieta”.

El entramado de negocios financieros y deportivos que Mark Walter construyó durante casi tres décadas en Wall Street sigue sumando capítulos de exposición pública. Lo que comenzó como una revisión regulatoria sobre préstamos entre compañías de seguros y firmas afiliadas ya había obligado al magnate a desprenderse de activos emblemáticos. Ahora, la misma investigación frenó además una de las operaciones de capital más ambiciosas que Walter tenía en marcha, con un socio de peso en Medio Oriente y financistas argentinos en el corazón del expediente original.

Según informó Bloomberg, un acuerdo por USD 10.000 millones entre la firma de Walter y Mubadala Capital, el brazo de gestión de activos del fondo soberano de Abu Dhabi que administra USD 430.000 millones, permanece congelado desde hace 15 meses por la investigación federal que pesa sobre las aseguradoras del magnate. Ese monto correspondía a la inversión que Mubadala Capital iba a liderar y anclar dentro de una ronda de capital mayor, de USD 15.000 millones, que TWG Global, el holding de Walter, buscaba levantar.

El acuerdo tenía una estructura de contraprestaciones cruzadas. A cambio de la inyección de capital, TWG Global le habría entregado a Mubadala una participación del 5% en su propia firma y se comprometió a reinvertir USD 2.500 millones en proyectos del fondo de Abu Dhabi. La operación, además, contemplaba que la firma de Walter ayudara a Mubadala a conseguir otros USD 20.000 millones de financiamiento adicional más adelante, y le daba a TWG Global la opción de aumentar en el futuro su participación en la compañía de Abu Dhabi. El pacto era inusual desde su concepción: Mubadala Capital rara vez permite que terceros adquieran participaciones en sus operaciones, y esta transacción iba a marcar apenas el segundo caso de ese tipo en su historia.

La irrupción de la causa judicial cambió los planes. Los investigadores federales secuestraron dispositivos de Walter mientras avanzaban sobre los problemas financieros de sus aseguradoras, y el acuerdo con Mubadala quedó en un limbo que ya lleva más de un año. En paralelo, una de esas aseguradoras, Delaware Life, va a comprarle a la firma de Walter hasta USD 6.500 millones de los activos cuestionados por los reguladores, en un intento por sanear la cartera bajo la lupa del Departamento de Justicia y de la SEC.

Pese al freno en la operación grande, Walter y Mubadala sí avanzaron en negocios de menor escala durante este período, como la reciente compra por parte de Mubadala de Clear Channel Outdoor por USD 3.000 millones.

Cómo empezó el escándalo

El caso se originó en una investigación conjunta del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC sobre los préstamos y las operaciones financieras de Walter, CEO de Guggenheim Partners, la firma que administra activos por más de USD 300.000 millones, y fundador junto a Thomas Tull de TWG Global. La pesquisa busca determinar si Walter y sus compañías incurrieron en fraude o encubrieron vínculos financieros entre las aseguradoras que controla y una serie de empresas afiliadas.

El esquema bajo revisión involucra préstamos otorgados por las aseguradoras Delaware Life, Clear Spring y EquiTrust hacia empresas relacionadas con el propio Walter, canalizados a través de una red de intermediarios. Los reguladores permiten que una aseguradora preste dinero a entidades vinculadas a su dueño, siempre que esas operaciones se informen y no superen determinados límites. Un relevamiento interno detectó entre USD 16.000 y 20.000 millones en préstamos no declarados ante los reguladores del estado de Delaware, lo que encendió las alarmas de las autoridades y llevó a Walter a acelerar la venta de activos.

La investigación tomó un giro decisivo en septiembre de 2025, cuando agentes federales interceptaron el avión privado de Walter en Chicago. El propio empresario y personas de su entorno entregaron sus dispositivos electrónicos. Según trascendió, la revelación de los préstamos surgió a partir de una denuncia interna sobre presuntas irregularidades contables en un acuerdo de financiación en Medio Oriente.

El caso no es enteramente nuevo. En 2016, un abogado de compliance de Guggenheim había detectado que algunas inversiones personales de Walter se financiaban a través de una firma llamada ABS Capital Company y reportó un entramado de sociedades anónimas. La SEC archivó esa investigación en 2019.

La conexión argentina

Uno de los nombres que aparece de manera recurrente en el expediente es el de ABS Capital Company, conocida como ABS Capco, firma fundada por exejecutivos argentinos de Guggenheim Partners que funcionó como uno de los principales canales para derivar fondos desde las aseguradoras hacia otros negocios de Walter. Los fondos circularon a través de sociedades de responsabilidad limitada cuya propiedad resultó difícil de rastrear.

El nexo argentino tiene un nombre propio en Juan Ball, co-chairman de ABS Capital Company desde 2015 y con un extenso recorrido en Wall Street: fue presidente de Guggenheim Partners Latin America y ocupó cargos directivos en Lehman Brothers, Bear Stearns y Banco Santander Central Hispano. Su hermano, Diego Ball, ya había sido objeto de revisiones regulatorias por parte de la SEC años atrás: en 2017, Bloomberg News informó que el organismo revisó los vínculos de Guggenheim con Diego Ball, cuyas compañías realizaron casi USD 1.000 millones en transacciones con la firma estadounidense, incluido un préstamo de USD 100 millones respaldado por diecisiete sociedades creadas poco antes de la operación.

Este año, la investigación sumó otro nombre argentino: la aseguradora EquiTrust prestó USD 500 millones a diez compañías establecidas por Federico Hermida, directivo de ABS Capco. La vinculación entre Walter y Juan Ball también tiene una dimensión patrimonial directa: ambos, junto al empresario Pablo Stalman, participaron en la compra conjunta de una residencia valuada en USD 85 millones en Malibú, sin utilizar fondos de Guggenheim ni de las aseguradoras, según confirmaron ambas partes ante la SEC en 2018.

Otras desinversiones en marcha

Además del freno al acuerdo con Mubadala, Walter viene desprendiéndose de otros activos de perfil alto para hacer frente a la presión regulatoria. La semana pasada acordó la venta de Los Ángeles Lakers a Bob Iger, consejero delegado de Disney, y Josh Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. La operación se cerró en USD 12.500 millones, valor récord para una franquicia deportiva profesional en Estados Unidos, menos de un año después de que Walter adquiriera la participación mayoritaria de la familia Buss. En paralelo, Walter y su socio Todd Boehly negocian vender sus participaciones en el Chelsea Football Club al accionista mayoritario, Clearlake Capital.

La presión sobre las finanzas de Walter no se limita a las desinversiones. La cotización de un préstamo de USD 1.200 millones otorgado a Guggenheim Partners cayó hasta territorio de deuda de alto riesgo, luego de que una conferencia con inversores no lograra despejar las dudas del mercado. El préstamo se negoció a 78 centavos por dólar, contra 96 centavos una semana antes.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Justicia, la SEC y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Hasta el momento no hay procesamientos ni acusaciones formales contra Walter ni contra ninguno de los financistas argentinos mencionados en el expediente.

“Las Islas Malvinas fueron, son y serán por siempre argentinas”. La publicación, que realizó en las últimas horas la cuenta oficial en X de las Fuerzas Armadas, reactualizó el histórico reclamo argentino de soberanía tras la advertencia de Estados Unidos de rechazar la postura británica sobre el archipiélago si no aumenta el gasto militar, algo que informó ayer The Telegraph.

Sin embargo, la postura del Gobierno es de “cautela y prudencia”, según supo este medio, y analizan que debe leerse en el marco de una estrategia de la administración Trump sobre los aliados de la OTAN, y no como un giro formal en la política exterior estadounidense. Washington mantiene oficialmente una postura de neutralidad sobre la soberanía, aunque reconoce la administración británica.

Según informó el medio británico, altos funcionarios del Pentágono estudian usar la cuestión de las Islas Malvinas para forzar al primer ministro Andy Burnham a elevar la inversión militar hasta el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), tal como exige la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El presupuesto que notificó el Tesoro británico generó una serie de críticas internas en Londres. Priti Patel, diputada del Partido Conservador, publicó en X que “el fracaso del Partido Laborista en comprometerse con el 3% del PBI en defensa nos ha dejado expuestos y ha dañado nuestra relación con nuestros aliados”.

El también conservador James Cartlidge fue más directo sobre la información de la advertencia norteamericana, reclamó un mayor gasto en Defensa y señaló: “Las Malvinas son británicas. Punto final”. El diputado laborista Adam Jogee coincidió en el fondo, aunque desde otro ángulo: “Seamos muy claros: las Malvinas son británicas. Así de simple”.

La ministra de la Mujer e Igualdad, Bridget Phillipson, evitó responder de manera directa respecto a la discusión que involucra a la cuestión de la soberanía sobre Malvinas durante una entrevista en LBC. “Estamos invirtiendo más que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría”, afirmó.

En abril de este año, y a modo de antecedente, Reuters difundió un correo interno del Pentágono que expuso las alternativas que Estados Unidos analizaba ante la negativa de algunos países europeos a respaldar las operaciones militares en la guerra contra Irán. Una de esas medidas, según la agencia, incluía la reconsideración del apoyo diplomático tradicional de Washington sobre la soberanía británica de las Islas Malvinas.

En aquel momento, el secretario de Estado, Marco Rubio, minimizó el episodio y lo calificó de “un mail con algunas ideas”. En tanto, el portavoz de la oficina del entonces primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, fue contundente: “El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente”.

A su vez, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, afirmó a mediados de este mes que no hubo modificación en la postura de Washington respecto a las islas Malvinas y aseguró que la Casa Blanca continúa siendo neutral. “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, señaló a TN.

Buque británico en Ushuaia

Por otro lado, el canciller Pablo Quirno rechazó este viernes las críticas de la oposición por el amarre de un buque británico en el puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego. En un largo texto publicado en X, aseguró que la presencia del buque VS Promise fue contratado por un consorcio petrolero que tiene la autorización del Ejecutivo provincial para operar en aguas argentinas.

“El buque es un petrolero contratado para transportar crudo producido en la Cuenca Marina Austral, en territorio argentino. Venía de Río Cullen (una monoboya en aguas abiertas), donde se carga el petróleo producido en los yacimientos fueguinos operados por Total Energies y sus socios. La propia provincia reconoce que fiscaliza esas operaciones: mide los volúmenes, controla la carga y certifica el origen del crudo que se exporta”, subrayó el canciller.

Desde el entorno del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, habían protestado de manera pública el lunes por la autorización de entrada del barco y alegó que existe una ley provincial que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de buques con bandera británica.

La compra de USD 3.319 millones de dólares por parte de 1,7 millones de personas durante julio llevó la suma de los primeros siete meses de 2026 a más de USD 18.000 millones. A su vez, hasta ayer viernes el BCRA lleva comprados USD 14.049 millones en lo que va del año

Según el último informe de “Evolución del Mercado de Cambios” del Banco Central, en julio la entidad compró 2.163 millones.

Por su parte, los clientes de las entidades vendieron en el mercado USD 1.166 millones, las entidades financieras USD 783 millones y el Tesoro Nacional USD 146 millones. Adicionalmente, el BCRA efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local (SML) por USD 68 millones. El “Sector Privado no Financiero” fue vendedor neto de moneda extranjera en el mercado de cambios (USD 502 millones).

Dentro de este grupo, “Oleaginosas y Cereales” fue el principal sector oferente con ventas netas por USD 3.505 millones, explicadas principalmente por su resultado en el rubro “Bienes”.

El informe del BCRA abarca las operaciones realizadas en julio. Cabe acotar que si se toman las operaciones realizadas hasta ayer la entidad hilvanó 22 jornadas consecutivas con saldo comprador de dólares tras adquirir USD 82 millones este viernes y acumula una compra de USD 14.049 millones en lo que va de 2026, aunque en agosto el ritmo se desaceleró y suma USD 722 millones quedando un solo día hábil en el mes, el próximo lunes.

En cuanto a personas humanas los datos conocidos ayer indican una aceleración de la demanda de dólares: los 1,7 millones de personas, unas 300.000 personas más de los que compraron dólares en mayo, dos meses antes.

“En julio, las ‘Personas Humanas’ realizaron compras netas de billetes sin fines específicos por USD 2.916 millones. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,7 millones de individuos compraron billetes (compras brutas por USD 3.319 millones), mientras que unos 697 mil vendieron (ventas brutas por USD 404 millones). Además, registraron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por USD 546 millones”, dice un pasaje del informe.

Evolución desde el levantamiento del cepo

En abril del año pasado, tras el alivio en las restricciones para acceder al dólar, las personas físicas adquirieron USD 2.077 millones: apenas se implementó la medida, alrededor de un millón de usuarios ingresaron al mercado formal. En los meses siguientes, la demanda de dólares mostró una tendencia ascendente: en mayo de 2025 las compras totalizaron USD 2.283 millones, en junio escalaron a USD 2.468 millones y en julio se ubicaron en 3.473 millones de dólares. Agosto reflejó una baja a USD 2.448 millones, mientras que en septiembre se observó el máximo mensual del período, con USD 5.130 millones, en un escenario influido por la proximidad de los comicios legislativos y una mayor preferencia por el dólar.

La demanda retomó impulso en diciembre, cuando cerca de 1,5 millones de personas realizaron compras por 2.186 millones de dólares. En enero de 2026, 1,6 millones de individuos sumaron adquisiciones por USD 2.613 millones; en febrero, 1,5 millones compraron 2.368 millones de dólares. En marzo, el monto operado alcanzó USD 2.363 millones, en abril subió a un máximo anual de USD 2.727 millones y en mayo descendió a 2.212 millones de dólares. En junio, retomó el alza con los USD 2.443 millones mencionados.

De este modo, desde la flexibilización del control cambiario en abril de 2025, las personas humanas sumaron compras brutas de billetes en moneda extranjera por un total de 44.437 millones de dólares. En el mismo período, las ventas brutas de dólares realizadas por argentinos totalizaron USD 6.557 millones. Así, por cada dólar vendido por una persona humana hubo otras que compraron 6,78 dólares, un valor casi siete veces superior.

Por otra parte, hasta ayer viernes, cuando compró USD 82 millones, el BCRA lleva comprados USD 14.049 millones en lo que va del año y sobrepasó en junio el piso del rango de USD 10.000 a 17.000 millones de acumulación que acordó para el año con el FMI. Cabe consignar también que en lo que va del año la entidad autorizó el envío al exterior de USD 3.400 millones en dividendos y utilidades empresarias. El titular de la entidad, Santiago Bausili, dice sentirse “cómodo” con la situación.

A la vez, las reservas internacionales brutas del Banco Central se ubicaban ayer en USD 47.791 millones, luego de un descenso diario de USD 1.069 millones debido a un movimiento técnico propio de cada fin de mes. El presidente de la entidad, Santiago Bausili dice sentirse “cómodo” con estos datos. El objetivo de acumulación de reservas para 2026 acordado con el FMI fue de un rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, cuyo piso fue superado a principios de junio.

El gobierno reposa sobre una muy positiva balanza comercial, que consultores como Ricardo Arriazu, uno de los economistas que más apoya el programa oficial, estima que cerrará el año en cerca de USD 28.000 millones. De hecho, algunas proyecciones indican que este año las exportaciones podrían superar por primera vez en la historia argentina los USD 100.000 millones.

Esos flujos positivos de divisas, apoyado en el agro, la energía y la minería y reforzado por precios internacionales muy favorable a esos sectores enjugan hasta ahora una demanda de dólares de los argentinos que, por ahora, no da signos de aflojar.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto calificó de “estúpido” el argumento del Gobierno que atribuye el endeudamiento familiar a la compra de televisores para el Mundial y sostuvo que el problema central es otro: la deuda por alimentos, en un cuadro que vinculó con pérdida de empleo, cierres de industrias y comercios y caída del poder adquisitivo.

También se refirió al escenario electoral y apuntó que Cristina Fernández de Kirchner mantiene una intención de voto “muy alta”.

La referencia al endeudamiento la hizo luego de que el presidente Javier Milei adjudicara el aumento de la morosidad de las familias a un supuesto “efecto Mundial”. Ese indicador llegó al 12,8%, una explicación que también fue respaldada por el diputado Alberto Benegas Lynch y que recibió cuestionamientos de otros sectores, entre ellos la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

En declaraciones a Radio Mitre, Pichetto dijo que cuando se analiza el nivel de endeudamiento y su impacto sobre las familias y los sectores populares, “es fundamentalmente la deuda por alimentos”. Para el legislador de Encuentro Republicano Federal, la crisis económica se profundiza en esos sectores por la combinación de menor ingreso real, destrucción de puestos de trabajo y cierre de actividades.

Pichetto cuestionó el crédito hipotecario y habló de un plan económico que “no está funcionando”

El diputado también apuntó contra el relanzamiento del crédito hipotecario impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo. “No va a alcanzar este último intento del ministro Caputo de generar un esquema de reactivación del crédito hipotecario. Está destinado a un sector de salarios altos. No va a llegar a la clase media”, afirmó.

Pichetto describió al actual rumbo económico como “un modelo insatisfactorio” y añadió: “También provoca en el propio presidente enojo y reacciones, porque está viendo o está percibiendo que su plan económico no está funcionando”. En esa línea, habló de una crisis “muy profunda” y de señales de alarma en el empleo y los ingresos.

Según su diagnóstico, el impacto más fuerte se concentra en los “centros urbanos”, donde, dijo, vive “casi el 85%” de la población argentina. Allí, sostuvo, se verifica el “deterioro más agudo” por la “caída del consumo”, la “pérdida de poder adquisitivo” y la “fragilidad del empleo formal”, en un escenario en el que además crece el “trabajo de plataformas”.

En ese mismo reportaje, el legislador vinculó parte de la tensión oficial con el funcionamiento interno del Gobierno. Dijo que observa una gravitación fuerte de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y mencionó preocupación por lo que consideró el “aislamiento del presidente en Olivos”. “Empieza a haber una gran preocupación”, añadió, sobre “quién gobierna en la Argentina”.

Pichetto también cuestionó el tono verbal del jefe de Estado y recordó su paso esta semana por la escuela secundaria ORT. Afirmó que Milei tiene “un nivel de agresividad insoportable, de violencia verbal en todos los ámbitos, incluso en una escuela el otro día de la comunidad judía”, y expresó solidaridad con periodistas “humillados, agraviados” por la administración nacional.

Defendió las PASO y dijo que Cristina Kirchner conserva una intención de voto “muy alta”

En el plano electoral, Pichetto rechazó cambios en las primarias abiertas. “Hay que tratar de mantener el sistema electoral como está, no modificarlo porque le conviene hoy al Gobierno. Vamos a ver si podemos defender la primaria, que es un método democrático”, planteó.

Para el diputado, ese mecanismo puede ordenar la competencia opositora en los próximos 11 meses. Señaló que de una primaria podría surgir un liderazgo capaz de contener una propuesta más amplia y sostuvo que ya existen diálogos con otros sectores y también con actores económicos relevantes.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner, Pichetto sostuvo que la expresidenta transita “un camino totalmente válido y legítimo” al recurrir su condena ante organismos internacionales. La exmandataria cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para impugnar la sentencia y pidió, entre otros puntos, la suspensión de su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El legislador fue explícito sobre ese punto: “La inhabilitación perpetua no es una pena de este siglo”. También sostuvo que una eventual resolución favorable en el plano internacional “obligaría a la justicia argentina a revisarla”, y consideró que esa revisión podría habilitar la posibilidad de competir electoralmente.

Pichetto agregó que mantiene diálogo con la exmandataria, en especial sobre la cuestión jurídica, y dijo que la condena es “totalmente nula”. Argumentó que el proceso no está agotado mientras existan recursos de revisión y citó como instancias posibles a la Corte Interamericana y a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Cuando se le preguntó si una centralidad política de Kirchner favorecería a Milei, respondió que tiene “serias dudas” sobre esa hipótesis. Como respaldo, mencionó una encuesta del distrito de La Matanza y aseguró: “La figura de la expresidenta está con una intención de voto muy alta”.