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El economista Alejandro Werner analizó los 70 años de vínculo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en una entrevista exclusiva con Infobae al Regreso.

Durante el intercambio, Werner detalló que el crédito vigente para el país representa el 1.000% de la cuota argentina dentro del organismo y describió los desafíos para alcanzar una salida definitiva de la dependencia financiera. Además, el exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI anticipó la presentación de su libro “La Argentina en el Fondo”, escrito junto a Martín Kanenguiser, donde revela episodios inéditos de las negociaciones y el funcionamiento interno del Fondo.

Setenta años de una relación compleja: la visión de Alejandro Werner

“El crédito argentino es como de 1.000% de la cuota”, precisó Werner al dimensionar la magnitud del acuerdo vigente con el FMI. Explicó que, si bien la suma es inédita en la historia argentina, existen antecedentes aún más extremos en Europa: “El crédito a Grecia durante la crisis financiera global fue mucho más grande como proporción de la cuota, igual que el de Portugal”.

Werner remarcó la lógica institucional: “El Fondo Monetario es una cooperativa. Los dueños del Fondo son los países”. Según su perspectiva, la imagen del FMI como un ente ajeno y hostil responde a “ciertas concepciones equivocadas de cómo funciona la institución y cómo interactúa con Argentina y con los países”.

Frente a la pregunta sobre si el organismo es el último recurso para un país en crisis, Werner aclaró: “Cuando tus fuentes tradicionales de crédito se cierran porque los mercados no confían que el país tiene las condiciones para repagar, hay dos alternativas: o recortar todos los gastos, lo cual puede generar una recesión muy severa, o acudir a los organismos multilaterales, principalmente al Fondo Monetario”. Añadió que, lejos de ser el prestamista más caro, “el Fondo te presta a una tasa probablemente menor que la que te venían prestando los bancos”.

El debate por la soberanía y el rol político del FMI en Argentina

Consultado sobre las críticas en torno a la supuesta pérdida de soberanía, Werner sostuvo: “Esa percepción es equivocada en la medida que el país ambiciona regresar a los mercados financieros internacionales”. Aseguró que la condicionalidad que impone el Fondo responde a una lógica de mercado: “Lo que pide el Fondo es muy parecido a lo que los participantes en el mercado creen que es bueno”.

Al analizar los ciclos políticos y la implementación de los acuerdos, recordó los momentos de mayor tensión durante la gestión de Mauricio Macri: “Con Luis Caputo hubo fricciones importantes, sobre todo cuando estuvo en el Banco Central”. Para Werner, uno de los errores técnicos fue “no poner controles de capitales antes, porque el riesgo político era tan grande”.

Además, describió cómo el Fondo evalúa la capacidad de pago de un país: “Hay una evaluación de la capacidad del gobierno, capacidad política y técnica de implementar las medidas. En esa evaluación, la relación con el equipo económico es clave”.

Sobre el período de Alberto Fernández, explicó que el FMI “minimizó su capacidad de negociación” y que “se podía imponer, apretar un poco más”. Sin embargo, reconoció que “con el gobierno actual, el Fondo trae un déficit de credibilidad por lo que hizo antes”, y destacó: “En lo fiscal, Milei ha hecho más de lo que el Fondo le hubiese pedido”.

El futuro: ¿Es posible una Argentina sin el Fondo Monetario?

Werner consideró viable que el país salga de la órbita del FMI: “Claro que sí, porque ya hay un presente de Perú sin el Fondo, de Chile, de México”. Señaló que la condición central es la continuidad de políticas fiscales prudentes: “Si Argentina tiene cuatro años más de un gobierno fiscalmente prudente, independientemente de quién sea el presidente, y mantiene algunas reformas monetarias, probablemente se puede transitar ahí”.

El economista remarcó la experiencia de estabilidad en otros países de la región, citando a Perú: “Hace 19 años, Julio Velarde es el presidente del Banco Central de Perú. Emitió cero pesos para financiar al Estado”. Contrastó esa situación con la dificultad argentina para sostener la independencia de su banco central.

Durante la presentación del libro en la Feria del Libro, Werner y Kanenguiser propusieron abrir el debate sobre el verdadero rol del FMI en la Argentina: “Valía la pena escribir un libro donde contara lo que vi y tratar de ver dónde está el equilibrio entre donde cree la Argentina que está el Fondo y donde tal vez creía yo como funcionario del Fondo”.

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El gobierno del Reino Unido prepara la introducción de nuevos poderes antiterroristas que permitirán prohibir a grupos respaldados por Estados, como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Esta iniciativa será presentada en la próxima sesión parlamentaria, según ha confirmado el primer ministro Keir Starmer durante una visita a la sinagoga Kenton United, en el noroeste de Londres, que fue objeto de un ataque incendiario reivindicado por un grupo vinculado a Irán.

La legislación propuesta permitirá al Ejecutivo británico designar como organizaciones terroristas a grupos apoyados por gobiernos extranjeros. Se prevé la creación de nuevos delitos penales para quienes apoyen o promuevan entidades incluidas formalmente en la lista de amenazas estatales. Esta medida responde a una serie de incidentes recientes que han afectado a la comunidad judía en el Reino Unido, incluyendo incendios provocados en sinagogas y ataques a ambulancias comunitarias, atribuidos a grupos islamistas con presuntos lazos iraníes, como Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia.

La decisión de proscribir al IRGC se produce tras una fuerte presión de parlamentarios y líderes comunitarios judíos, entre ellos el rabino principal Ephraim Mirvis, quienes han reclamado una respuesta más contundente frente a la creciente actividad de agentes iraníes y sus proxies en territorio británico. Según cifras publicadas en 2025 por la Community Security Trust, las agresiones antisemitas han aumentado de forma notable desde el inicio de la guerra en Gaza, identificándose 3.700 incidentes en el último año.

El primer ministro Starmer ha subrayado que el objetivo es garantizar que la comunidad judía pueda sentirse segura en el país y ha enfatizado la necesidad de que la sociedad británica en su conjunto perciba la lucha contra el antisemitismo como un compromiso colectivo. Starmer declaró: “Queremos hacer de Gran Bretaña un lugar seguro para nuestra comunidad judía. Eso implica dejar claro que estamos junto a ellos”. El mandatario también mostró su preocupación por el uso creciente de agentes interpuestos por parte del régimen iraní y prometió que el proyecto de ley será presentado “en cuestión de semanas” para el inicio de la sesión parlamentaria de julio.

La medida británica sigue el ejemplo de la Unión Europea, que en enero incluyó al IRGC en su lista de organizaciones terroristas, citando la represión violenta de manifestantes en Irán y su implicación en acciones encubiertas fuera del país. Australia también lo ha catalogado como patrocinador estatal del terrorismo.

El IRGC, creado para proteger el sistema islámico iraní, se ha consolidado como una fuerza con influencia militar, política y económica en Irán y se le atribuye el patrocinio de actividades terroristas en el extranjero. Se estima que cuenta con decenas de miles de integrantes activos. Organizaciones como la Junta de Diputados de los Judíos Británicos han respaldado la iniciativa del gobierno, señalando que la demanda de proscribir al IRGC lleva tiempo siendo impulsada desde diversos sectores.

Hasta el año pasado, el Reino Unido había rehusado calificar al IRGC como grupo terrorista, optando en su lugar por un régimen de sanciones dirigido a individuos por sus actividades en territorio británico. Sin embargo, la escalada de ataques y la preocupación por la seguridad de la comunidad judía han acelerado la revisión de la legislación antiterrorista. El Ministerio del Interior confirmó los planes y reiteró que adoptará todas las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía.

Expertos en seguridad han advertido que la proscripción podría acarrear repercusiones diplomáticas, como el eventual cierre de la embajada británica en Teherán, considerada clave para los servicios de inteligencia occidentales. También existen inquietudes sobre las implicaciones de designar como terrorista a una entidad que controla los materiales nucleares iraníes, lo que podría dificultar futuras colaboraciones en caso de un cambio de régimen en Irán.

A pesar de estas reservas, tanto funcionarios como representantes comunitarios consideran que la reforma legal es un paso imprescindible para responder a las amenazas actuales y dotar a las autoridades de herramientas más eficaces para perseguir a quienes apoyan o ejecutan operaciones de influencia en nombre de intereses extranjeros.

El Gobierno de Italia rechazó abiertamente la solicitud de Suiza para reembolsar los gastos médicos de los ciudadanos italianos heridos en el incendio de Nochevieja en Crans-Montana, una tragedia que dejó 41 fallecidos y 115 lesionados.

La negativa fue confirmada por el embajador italiano en Berna, Gian Lorenzo Cornado, tras una reunión con el presidente del cantón de Valais, Mathias Reynard, quien había presentado la reclamación en nombre de las autoridades suizas.

Italia considera que existe un principio de reciprocidad entre ambos países y que la responsabilidad recae en quienes gestionaban el local sin los controles de seguridad exigidos.

Hace algunos días varias familias italianas cuyos hijos resultaron heridos en el incendio recibieron facturas médicas de hasta 70.000 euros por la atención recibida en Suiza, lo que provocó una fuerte indignación.

Ante la reacción pública y diplomática, el gobierno helvético atribuyó el envío de las facturas a un error administrativo y garantizó que no reclamará ningún pago a los afectados.

Con respecto a la solicitud de Suiza para que Italia pague los gastos, la primera ministra Giorgia Meloni respaldó la negativa oficial, calificando de “innoble” esa exigencia.

Además, aseguró en sus redes sociales que, si el reclamo se presenta formalmente, Italia lo rechazará de manera categórica.

“Confío en el sentido de responsabilidad de las autoridades suizas y espero que la noticia resulte ser del todo infundada”, agregó.

Por su parte, Mathias Reynard, presidente del cantón de Valais, señaló que su administración carece de base legal para asumir esos costes y explicó que el envío de facturas fue meramente informativo, sin pretensión de cobro.

Las familias italianas, representadas por el abogado Fabrizio Ventimiglia, declararon inaceptable la petición suiza y exigieron que quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad asuman plenamente las consecuencias económicas.

“Quien tiene el deber de garantizar la seguridad y no lo hace no puede limitarse después a aplicar fríamente una norma contable. Debe asumir plenamente las consecuencias de lo ocurrido”, afirmó Ventimiglia.

Muchos de los heridos recibieron atención médica en hospitales suizos antes de que algunos lesionados italianos fueran trasladados a Milán para continuar su recuperación. Uno de los casos más notorios fue el de Elsa, quien tras permanecer 58 días en terapia intensiva en Turín fue derivada a un hospital infantil.

Las relaciones bilaterales ya estaban afectadas por la excarcelación de los propietarios del local incendiado, Jacques y Jessica Moretti, hecho que llevó a Italia a llamar a consultas a su embajador en enero, aunque este retornó a Berna en las últimas semanas.

La investigación judicial también mantiene imputadas a otras 11 personas, entre ellos varios funcionarios responsables de la seguridad. Los cargos incluyen homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia.

(Con información de EFE)

En los últimos doce meses, la morosidad en los créditos otorgados a las familias experimentó un aumento significativo. Las estadísticas oficiales indican que la proporción de préstamos en situación irregular para personas físicas subió de 2,94% en febrero de 2025 a 11,2% al cabo de un año, alcanzando así el mayor nivel en más dos décadas. Dentro de este escenario, los préstamos personales muestran los índices de incumplimiento más altos de los últimos quince años.

Según se desprende del Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en febrero de 2026, el porcentaje de créditos en situación irregular para el sector privado alcanzó el 6,7% en el total de entidades, lo que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto a enero y 4,9 puntos más que un año atrás. Este incremento se registró en todos los grupos de entidades financieras. En el segmento de familias, casi se cuadruplicó en la medición interanual y avanzó 0,6 puntos porcentuales en relación con el mes previo.

“En el caso de familias, la mora con entidades financieras subió por decimosexto mes consecutivo y alcanzó su valor más alto desde el año 2004. El dato consolida la idea de que hay una economía con récord de PBI e incluso con récord de consumo privado, pero que al mismo tiempo está mostrando dificultades para derramar en amplios sectores de la sociedad”, señaló un informe de la consultora 1816 en base a datos del BCRA.

En el segundo mes del año, la proporción de créditos personales en situación irregular llegó a 13,8%, lo que implica un aumento de 0,6 puntos porcentuales frente a enero. Los préstamos con garantía hipotecaria alcanzaron un nivel de irregularidad de 1,4%, con una suba de 0,1 puntos. En las líneas prendarias, el indicador se ubicó en 6,8%, tras crecer 0,5 puntos en el mes. Por último, la morosidad en tarjetas de crédito subió a 11,6%, con un incremento de 0,6 puntos respecto a la medición previa.

En declaraciones recientes, el ministro de Economía, Luis Caputo, abordó la situación del endeudamiento de los hogares y consideró clave “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. Sobre las complicaciones que enfrentan las familias, Caputo sostuvo que “esto es un coletazo del ataque político del año pasado: las tasas subieron fuertemente y algunas personas tienen y tuvieron dificultades. Eso se va a ir acomodando. No es problemático a futuro”.

En el caso de los créditos a empresas, también se observó un aumento en la morosidad, aunque en menor magnitud. En febrero, la tasa de irregularidad alcanzó el 2,9%, lo que representa una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto a enero. Si se compara con el mismo mes de 2025, el indicador creció 2,1 puntos porcentuales desde el 0,8% registrado un año antes.

De acuerdo al documento oficial del Central, el sistema financiero continuó mostrando altos niveles de cobertura mediante previsiones. En febrero, las previsiones totales del sector representaron el 90% de la cartera irregular, con una suba de 0,9 puntos porcentuales frente a enero, aunque 63,8 puntos menos que hace un año. En cuanto al total de créditos otorgados al sector privado, las previsiones equivalieron al 6%, lo que implica un incremento mensual de 0,4 puntos y una variación interanual de 3,3 puntos porcentuales.

“Además, cabe considerar que en febrero el conjunto de entidades preservó elevada cobertura frente al riesgo de crédito asumido, teniendo en cuenta los niveles de exposición, morosidad, previsiones y capital disponible. En particular, el saldo de crédito en situación irregular neto de las previsiones en términos de la RPC se ubicó en 1,4% en el mes, ligeramente por debajo del registro de enero”, concluye el reporte de la autoridad monetaria.