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Después de que el Gobierno nacional sostuviera que la morosidad era “un problema entre privados” y ratificara que no habrá una intervención estatal, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial con la intención de ponerle un fin a “la deuda familiar”.

“Enviaré a la Legislatura de Córdoba el proyecto de ley para poner en marcha el Programa ‘Alivio Cordobés’”, anunció el mandatario por medio de un comunicado emitido en la red social X. Así, la definió como una iniciativa que tiene por objetivo “dar respuesta a una realidad que golpea la mesa de muchos hogares: la angustia de la deuda familiar”.

“No estamos hablando de números fríos, sino de la cuota de la tarjeta que nunca baja, del crédito que se sacó para arreglar la moto que te lleva al trabajo, del préstamo para que un hijo siga estudiando”, describió al remarcar que se trataban de gastos generados por “situaciones cotidianas de la vida de los argentinos”.

En línea con esto, el gobernador de Córdoba subrayó que “el cordobés es emprendedor y cumplidor, pero el sistema financiero actual se volvió imposible: la gente trabaja, paga y cada día debe más”. De acuerdo con su diagnóstico, “así la vida diaria de miles de cordobeses se torna más difícil”.

Por este motivo, el proyecto contemplará tres ejes principales. En primer término, se busca “bajar las tasas para poder pagar”, mediante la creación de un esquema de refinanciación junto al Banco de Córdoba y la invitación a la banca privada, con tasas “muy por debajo de las actuales del mercado”.

En el segundo paso, Llaryora indicó que también se permitirá a las familias “unificar sus deudas chicas en una sola cuota previsible, con plazos de hasta entre 24 y 48 cuotas dentro de la misma entidad financiera”. Finalmente, apuntó que no solo se aliviará la vida doméstica, sino que se usarán esos fondos para “mover la economía”.

“Cada peso que una familia cordobesa se ahorra de intereses, es un peso que vuelve de inmediato al almacén de barrio, a la carnicería, o al comercio local”, enfatizó el mandatario. Asimismo, resaltó que aliviar la deuda familiar “no es un gasto, es la mejor inversión para ayudar a activar el consumo y con este conservar el empleo de miles de cordobeses”.

Por esto, Llaryora sostuvo que el proyecto se planteó “desde una lógica muy nuestra que es el esfuerzo compartido” y reafirmó: “Acá nadie se salva solo”. Y detalló que “el Estado provincial pone una reducción de la carga impositiva; las entidades financieras deben resignar una parte de su rentabilidad; y las familias aportan su compromiso real de pago a través de una cuota posible”.

“No le pedimos magia a nadie, le pedimos responsabilidad a todos. No queremos regalar nada, queremos aliviar, en la medida de lo posible, una situación que angustia a muchos cordobeses”, concluyó el mandatario al presentar la iniciativa.

El Gobierno debate la transparencia del costo financiero y descartó la crisis de morosidad

Mientras que el Gobierno sostiene que la situación “comenzó a revertirse”, el tema de la morosidad fue central en la última reunión de Gabinete. Allí se subrayó la necesidad de que el Costo Financiero Total (CFT) —el importe final a pagar por un crédito— sea más visible, ya que suele no presentarse de manera clara en entidades bancarias ni en billeteras virtuales.

Tanto bancos como billeteras virtuales suelen informar principalmente la Tasa Nominal Anual (TNA), que es inferior al costo real del crédito. El CFT, por su parte, incluye la tasa básica, además de gastos adicionales, comisiones, seguros e impuestos obligatorios asociados.

Durante el encuentro, se planteó que “hoy la letra es ilegible”, lo que complica a quienes solicitan préstamos para conocer el monto total a abonar. Según fuentes oficiales del Ministerio de Economía y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), no hay definiciones sobre eventuales medidas para exigir a bancos y billeteras digitales una mejor visualización del CFT.

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, ofrecerá una conferencia de prensa el miércoles por la mañana para anunciar medidas económicas. Fuentes del Palacio de Hacienda adelantaron a Infobae que estas iniciativas no estarán relacionadas con la morosidad.

Durante su intervención en la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente Javier Milei recordó que “se está trabajando para mejorar la información y la transparencia en el otorgamiento de financiamiento”, la cual tomaría como base una normativa aprobada durante la gestión de Federico Sturzenegger en el BCRA. Y agregó: “Estamos complementando para que haya una mayor educación financiera”.

En línea con esto, Milei afirmó que los indicadores de mora “no evidencian una crisis” y sostuvo que la situación muestra “señales de mejora”, apoyándose en datos recientes del BCRA. Según esos registros, la morosidad en el sector privado bajó del 7,7% en mayo al 7,6% en junio, dato que el Ejecutivo utiliza como fundamento para descartar una intervención estatal directa.

Nélida Agustina Bisio, médica psiquiatra y ex directora nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), amplió su indagatoria ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata N° 3 a cargo del juez federal Ernesto Kreplak en el marco de la causa por el fentanilo contaminado que causó la muerte de 90 personas y dejó a otras 41 con secuelas. La imputación que le formuló la fiscalía señala que, en su carácter de máxima autoridad del organismo regulador, omitió adoptar medidas propias de su cargo para velar por la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos elaborados por los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo SA, pese a contar con conocimiento suficiente del riesgo sanitario. Según el expediente, esa omisión configuró “una cobertura estatal permisiva del funcionamiento de ambos establecimientos en las condiciones que lo hicieron”.

La ex funcionaria de La Libertad Avanza se defendió aludiendo desconocimiento técnico: “Era una funcionaria de carrera. A partir de diciembre de 2023 tenía que dirigir y administrar el ANMAT pero al final las decisiones las tomaba cada instituto”, declaró, y agregó: “Todos mis años tuvieron que ver con otras tareas y nada que ver con la Fiscalización o las Inspecciones”. Con el mismo argumento desligó al Ministerio de Salud, al afirmar que el ministro Mario Lugones “también desconocía, igual que yo, cómo se llegaba a los incumplimientos (de los laboratorios) y cómo era el proceso posterior a eso”. A la vez, señaló que fue Lugones quien impulsó sanciones: “Lo que me instruyó el Ministro es que todos los que estén en esa situación (irregular, de incumplimientos a las normas) tienen que seguir el mismo camino, con urgencia”.

En la causa está acreditado que el fentanilo contaminado con las bacterias multirresistentes correspondía a los lotes 31202 y 31244, producidos por Laboratorios Ramallo SA exclusivamente para HLB Pharma Group entre el 18 y el 19 de diciembre de 2024, y liberados al mercado el 4 y 6 de enero de 2025.

A lo largo de su extensa declaración, volcada en 134 fojas a las que accedió Infobae, la médica especialista en psiquiatría negó los hechos enrostrado por la fiscal federal María Laura Roteta, dijo no recordar circunstancias y eludió respuestas en al menos 39 oportunidades contabilizadas en el expediente: 15 negaciones directas ante preguntas concretas de la Fiscalía y el tribunal, 18 respuestas del tipo “no recuerdo”, “no sé” o “no puedo precisar” —sobre fechas, contenidos de correos, plazos, identidades de interlocutores y decisiones propias—, y 6 casos en que respondió con suposiciones, desplazó la pregunta hacia terceros o no dio una respuesta concreta.

Entre los hechos que no recordó figuran qué se respondió a una consulta formal de la provincia de Buenos Aires sobre los productos de Ramallo, cuándo exactamente le comunicó al ministro las conclusiones de la reunión del 14 de enero de 2025 (entre ella, Mantecon Fumadó y los directivos de HLB y Ramallo) y cuál era el plazo que tenía el Instituto Nacional de Medicamentos para expedir una carta de advertencia ante deficiencias críticas.

La inspección a Ramallo y lo que encontraron

La inspección al Laboratorio Ramallo se realizó en noviembre de 2024. Bisio declaró que no supo con anticipación que se llevaría a cabo y que tomó conocimiento de los resultados “unos días después de que cerraron el acta, creo que fue a fin de diciembre, entre navidad y año nuevo, me parece”. Las deficiencias detectadas fueron clasificadas como críticas y mayores. Días después allí se elaboró el potente anestésico adulterado.

Bisio describió las irregularidades que se trataron en la reunión posterior del 14 de enero de esta manera: “No te las puedo enumerar. Había algunos de medicamentos que no tenían rótulos y prospectos aprobados por ANMAT”.

Ante la pregunta de si tomó alguna medida frente a esa situación en su carácter de autoridad máxima de control, respondió: “No en particular en ese punto”., como ya había dicho Mantecon ‘va a Carta’, yo descansaba en la posibilidad de inhibir todo con la Carta”.

La Carta de Advertencia, que inhibió a Laboratorios Ramallo de producir medicamentos llegó a su despacho el 10 de febrero de 2025 (el fentanilo mortal ya se había fabricadi). “Yo no me acuerdo la hora pero una hora y media, dos horas después, yo ya la había firmado”, declaró. A partir de ese momento, el laboratorio quedó inhibido para producir, a la espera de nueva documentación y una nueva inspección que nunca se completó antes de que estallara la crisis del fentanilo.

Violencia, gritos y una oferta de ayuda al laboratorio

La reunión del 14 de enero de 2025 en la sede de la ANMAT, en Avenida de Mayo, fue convocada para analizar las deficiencias e incumplimientos detectados en Laboratorios Ramallo. Bisio la introdujo espontáneamente en su descargo para dejar en claro que su presencia allí no era su función: “A mí no me correspondía estar en esa reunión, no era mi función en absoluto hacer reuniones con los laboratorios y menos con un tema que se refería a analizar las deficiencias y los incumplimientos”.

Según su relato, fue Gabriela Mantecon Fumadó, su subordinada, ya que el INAME, depende la de ANMAT, fue quien la convocó días antes por teléfono: “Me pidió si podía acompañarla en una reunión con la gente de Ramallo. Yo pregunté por qué requería mi presencia, ella me dijo que por las características de las personas que iban a venir, quería dar más institucionalidad con mi presencia”. También dijo que fue Mantecon Fumadó quien eligió hacerla en la ANMAT y no en el INAME.

La reunión entre las entonces funcionarias y los empresarios está bajo investigación judicial. También el hecho que desde el INAME se les avisaba cuando se hiban a realizar las inspecciones. Según Bisio la reunión fue un episodio de tensión extrema: “Yo nunca había asistido a una reunión con ese nivel de violencia”. Estaban los dueños de Ramallo, el director técnico y otro integrante. El que habló fue Ariel García, a quien Bisio identificó como uno de los dueños: “Muy acaloradamente, él estaba parado porque nunca se sentó. Decía en voz muy fuerte que ‘el ANMAT la tiene con nosotros… Nos persiguen con todos los expedientes’”. Bisio agregó que Mantecon Fumadó le había advertido de antemano que García “gritaba siempre”.

Sobre el desarrollo de la reunión, Bisio declaró que fue Mantecon Fumadó quien llevó la voz cantante —“yo iba a estar de apoyo porque desconocía del tema”— y que los temas tratados fueron difusos: “No hablando de algo en particular, mencionaron algo de los envases (ampollas pláticas no autorizadas por la ANMAT), pero Gabriela era la que sabía”.

Lo que sí recordó con precisión fue un ofrecimiento que también compartió a la Justicia. Según su declaración, al terminar la reunión, Mantecon Fumadó le dijo cuál sería la medida que se adoptaría contra los laboratorios de Ariel García por las irregularidades detectadas en noviembre de 2024: “Vamos a carta de advertencia”, es decir a inhibir la producción de medicamentos. Desde ese momento, según su relato, no hizo más que presionar para que llegara ese momento que se dilataba: “En todo momento la consultaba ‘¿cuánto falta?“, para la sanción al laboratorio.

Qué dijo sobre los laboratorios y Ariel García

Bisio describió a los laboratorios y a propietario con términos que no dejaron margen de duda sobre la conducta que les atribuye. Estas son sus afirmaciones textuales:

• Sobre la violencia en la reunión: “Yo nunca había asistido a una reunión con ese nivel de violencia”.
• Sobre Ariel García: “Hablaba muy acaloradamente, él estaba parado porque nunca se sentó. Decía en voz muy fuerte que ‘el ANMAT la tiene con nosotros… Nos persiguen con todos los expedientes’”.
• Sobre el comportamiento de García con los inspectores expresó: “Mantecon Fumandó me dijo que García gritaba siempre”.
• Sobre el trato a los inspectores en las visitas previas: “Los inspectores, las veces que fueron a Ramallo recibieron malos tratos, desplantes, o estaba cerrado. Hay muchos cuentos al respecto, que estuvieron más de ocho horas en una inspección y no les llevaron un vaso de agua. Era gente compleja y ante cualquier cuestión, se saltaba a una discusión”.
• Sobre por qué nadie quería ir a inspeccionar: “En este caso puntual, nadie quería ir ni a HLB ni a Ramallo. Nadie”.
• Sobre amenazas a inspectoras tras una visita: “Relataron que después de una inspección, las siguieron y las amenazaron (porque no estaba escrito el resultado). “Era gente compleja y ante cualquier cuestión, se saltaba a una discusión”.
• Sobre la información que le dio el INAME respecto de HLB Bisio aseguró: “La gente del INAME me dijo que HLB no tenía riesgo porque comercializaba sólidos nada más, lo que producía eran sólidos, que vienen a ser comprimidos. Es muy difícil que tengan problema esos medicamentos”. En este punto la fiscalía le señaló que HLB también comercializaba líquidos, como propofol y Fentanilo a los que la ex jefa de la ANMAT respondió:“Sí”.

Las imputaciones y críticas a Mantecon Fumado

La estrategia central de Bisio fue trasladar la responsabilidad operativa y decisional al INAME y, en particular, a Mantecon Fumadó. A continuación, sus afirmaciones textuales:

• Sobre quién debía tomar las decisiones respecto de los laboratorios dijo: “Mantecon, es el INAME quien tiene que tomar estas decisiones”.
• Sobre que no le transmitió la situación de los laboratorios antes de la inspección de noviembre de 2024 expuso: “A mí no me la transmitieron nada, supongo que se hablaría intra el INAME porque por alguna inconsistencia llegaron a la inspección. Esto me lo imagino yo”.
• Sobre la ausencia física de Mantecon en el INAME durante el período crítico: “no estaba yendo físicamente porque tenía al marido internado. Estaba al teléfono”.
• Sobre la demora en la Carta de Advertencia y la presión que ella en persona debió ejercer dijo que fueron: “Insistentes pedidos permanentes de mi parte y consultas del estilo de ‘¿cuánto falta? ¿Cuándo la mandás?’”.
• Sobre no haberle comunicado la existencia del proyecto de carta de advertencia para prohibir la comercialización de HLB Bisio relató: “Mientras que estaba en la administración, no me enteré. Es un expediente que nunca pasó por mi bandeja ni tampoco tenía conocimiento que estaba transcurriendo eso”.
• Sobre la insistencia que debió ejercer para que le enviaran el informe de antecedentes de HLB dijo: “Es un poco escalofriante porque es mucho lo que le insistí. “Tanto era la insistencia que le pedí después a la subadministradora, Enriqueta Pearson, que también colaborara en el pedido, porque los días pasaban”..

En defensa del Ministerio de Salud

A lo largo de su declaración, Bisio construyó una defensa paralela en favor del Ministerio de Salud y del ministro Mario Lugones, a quienes presentó como actores que desconocían los tecnicismos del proceso regulatorio y que, cuando tuvieron información, impulsaron sanciones.

Atribuyó la caída del plantel de inspectores —de 30 a apenas 8 durante su gestión— a las directivas del propio Ministerio: “Hay que agregar el pedido de recorte presupuestario desde el primer día. Había reuniones del gabinete al que asistíamos todos los organismos descentralizados de la órbita del Ministerio, y bajo el concepto de que había que achicar el Estado, pidieron en dos ocasiones baja de personal”.

Equiparó su propio desconocimiento técnico con el del ministro: “El ministro lo que decía en general, es que todos tienen que cumplir, eso es así, pero él también desconocía, igual que yo, cómo se llegaba a los incumplimientos y cómo era el proceso posterior a eso”. Señaló que fue Lugones quien instruyó actuar con urgencia una vez que tuvo conocimiento de la situación: “Lo que me instruyó el Ministro es que todos los que estén en esa situación tienen que seguir el mismo camino, con urgencia. Esto fue cuando se firmó la Carta de Advertencia. Después de la Carta tuvo mucha insistencia. Ya se transformó en una directiva particular”.

Bisio, nombrada como jefa de la ANMAT por el gobierno de Javier Milei, describió a Lugones como alguien que presionaba a Mantecon Fumadó para que actuara: “El ministro le decía que lo haga (las inspecciones a los laboratorios), entonces Mantecon le decía ‘no tengo gente, no tengo inspectores’”.

En otro tramo de la larga indagatoria Bisio señaló que Lugones había pedido expresamente el cierre de todos los laboratorios incumplidores: “En una de esas reuniones, pidió que todos los laboratorios que estuvieron en esa condición de incumplimiento (como Ramallo) corrieran la misma suerte, los cerrasen”.

Bisio declaró que le explicó al ministro que era una carta de advertencia porque él lo desconocía: “Él me preguntó ‘qué era una carta de advertencia y los alcances que tenía’, yo un poco le expliqué, esto de la inhibición de la producción básicamente, y comercialización”. Al relatar el momento en que firmó las disposiciones de prohibición en mayo de 2025, tras la confirmación de la contaminación y las primeras muertes, dijo: “Me acuerdo que se lo comuniqué al Ministro y estaba muy contento porque él quería cerrar HLB”.

Enterada de las declaraciones de su ex jefa y del aporte de material en la causa sobre antecedentes de irregularidades de Laboratorios Ramallo en el cumplimiento de las Buenas Normas de Fabricación de medicamentos sin que el INAME aplicara sanciones, Mantecón Fumadó solicitó ampliar su indagatoria. La medida se realizará en el día de hoy.

Esta madrugada, el Gobierno modificó la reglamentación de la Ley N° 24.449 sobre tránsito y seguridad vial y estableció nuevos requisitos para la circulación de vehículos automotores, acoplados y semiacoplados de producción seriada y cero kilómetro, tanto fabricados en el país como importados.

Los cambios entraron en vigencia luego de que se publicara el Decreto N° 796/2026 en el Boletín Oficial. Con la aprobación del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se oficializó la sustitución del antiguo artículo 28, que establecía las responsabilidades sobre la seguridad de los rodados.

A partir de esto, solo podrán ser librados al tránsito aquellos vehículos que cuenten con la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), que certifican el cumplimiento de normas de seguridad y ambientales, respectivamente.

De la misma manera, se indicó que la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía será la responsable de otorgar la LCM, mientras que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete tendrá competencia sobre la LCA.

Ambas, junto a la Secretaría de Transporte, contarán con facultades para fiscalizar el cumplimiento de los artículos 28 al 33 de la Ley N° 24.449, en los cuales también se incluyen otros requisitos a cumplir y los detalles del sistema de iluminación que deberán adoptar. Además, podrán dictar normas complementarias y aplicar sanciones vinculadas a las licencias y su procedimiento de otorgamiento.

Con motivo de cumplir con las nuevas condiciones, informaron que los fabricantes o importadores deberán acreditar que cada modelo se ajusta a los requerimientos de seguridad activa y pasiva, así como a las exigencias ambientales. El procedimiento incluye una declaración jurada y la presentación de documentación conforme al “Anexo P – Procedimiento para otorgar la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA)”.

Las solicitudes serán evaluadas y, si cumplen con los requisitos, se expedirán las licencias correspondientes. También se prevé la posibilidad de validar certificaciones emitidas por organismos nacionales o internacionales reconocidos.

Por otro lado, se admitirá la homologación de vehículos bajo estándares internacionales, como el avalado por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de Estados Unidos mediante el documento Blue Ribbon Letter, siempre que se acredite la marca, el modelo y el número de identificación vehicular (VIN) correspondiente.

Tras explicar que “la trazabilidad individual de las unidades mediante el Número de Identificación Vehicular (VIN) permite verificar la correspondencia entre los vehículos efectivamente importados y las configuraciones técnicas comprendidas”, remarcaron que la adopción de este estándar garantizará un “idéntico nivel de calidad y seguridad al vendido en el mercado estadounidense”.

El menú de bonos que ofrecerá mañana el Tesoro en una licitación clave no sorprendió al mercado. Los plazos de la nueva deuda son muy cortos, buscando asegurar dos cuestiones: la refinanciación del 100% de los vencimientos y, al mismo tiempo, no convalidar suba tasas en moneda local.

Esta licitación tiene un alto volumen de vencimientos, que suman 12,6 billones de pesos. Se trata de un monto muy alto que obligó al Gobierno a manejarse en forma muy cautelosa. Por eso, el equipo económico no insistió con la postura de colocar deuda en moneda local más allá del actual mandato presidencial, como lo venía haciendo en los últimos meses.

En los últimos meses la estrategia pasó por despejar en la medida de lo posible los vencimientos en pesos del 2027 para evitar sorpresas durante la previa a las elecciones presidenciales. Todavía está fresca en la memoria la decisión del gobierno de Mauricio Macri de “reperfilar” la deuda en moneda local luego de la victoria kirchnerista en las PASO.

Para despejar el horizonte la única manera es colocar deuda que venza más allá del 2027. Hasta ahora se logró patear para después de las elecciones aproximadamente un 45% del total de vencimientos acumulados en pesos. Pero esa estrategia parece haber encontrado un límite, al menos temporario.

El menú de bonos incluye tasa fija en pesos, a través de la emisión de LECAP, y también deuda que ajusta por CER. Al mismo tiempo, también se ofrece un bono que ajusta según la evolución del dólar oficial, que vence el 30 de octubre próximo, o sea la posibilidad de tener cobertura cambiaria por los próximos 60 días.

En el caso de los títulos en pesos se ofrecen distintos plazos, pero el más largo en esta oportunidad es el 29 de enero próximo. Estas emisiones muy cortas estarían mostrando la voluntad de conseguir la refinanciación de los $12,6 billones de deuda que vencen esta semana. El peligro es que se acumularán sumas cada vez mayores para principios de 2027 si no se logra extender plazos.

Durante agosto no solo se registró mayor cobertura cambiaria y suba del riesgo país. Además, las tasas en pesos, sobre todo de largo plazo, sufrieron aumentos, lo que reflejó la decisión de muchos inversores de desprenderse de activos en moneda local. El bono favorito del mercado en los últimos tiempos había sido el bono dual, que permitió extender los plazos de vencimiento hasta 2029. Pero ahora tampoco hay margen para lograrlo, ni siquiera con un título que ofrece una doble garantía de rentabilidad a los tenedores.

Otra de las novedades es que esta emisión no incluyó la colocación de un bono en dólares, como se venía haciendo con el Bonar 2029. El aumento del riesgo país también impactó en la deuda en moneda dura, que pasó a rendir cerca del 10% anual.

Para no convalidar la colocación a tasas tan altas, el Tesoro optó por no salir a buscar nuevo fondeo en dólares, ni siquiera por montos menores como ya había hecho en la última emisión.

Por lo pronto, el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos y no se ven en el corto plazo compradores firmes que tengan intención de aumentar su exposición en activos argentinos.

La mejora en el apoyo a Javier Milei del último Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Di Tella junto con Poliarquía fue bien recibido por el mercado, pero no llega a ser un dato contundente. Las encuestas siguen mostrando más del 60% de rechazo a la política oficial.

El vínculo entre las comunidades mapuches de Villa La Angostura y el Gobierno neuquino se resquebrajó en las últimas jornadas, luego del allanamiento parcial en el que la comunidad Lof Quintriqueo fue desalojada de un lote particular en El Pedregoso, entre Bariloche y la localidad neuquina, en el marco de una diligencia ordenada por la Justicia local.

Las familias que residían en el lote pastoril, reclamado por una mujer desde principios de 2012, apuntaron contra el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, a quien acusan de “persecución” contra el “Pueblo Mapuche”.

Sin embargo, el litigio escapa al ámbito de acción del Ejecutivo provincial, que no tuvo participación en el conflicto territorial por tratarse de un litigio “entre privados”.

Figueroa reafirmó ese concepto al hablar con medios de prensa durante la presentación de Neuquén Day en Buenos Aires, una actividad promocional organizada por la provincia patagónica para exhibir su potencial en materia de gas e hidrocarburos.

“Es un conflicto entre privados, el Gobierno neuquino no tuvo ni tiene injerencia en ese caso puntual”, dijo el mandatario ante la consulta de los medios. Es que referentes de la comunidad mapuche Quintriqueo asistieron al Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde se realizaba la presentación institucional, para entrevistarse con Figueroa.

La lonko (autoridad al frente de una comunidad mapuche) de la comunidad Kinxikew, Amancay Quintriqueo, viajó a la capital nacional para interpelar al mandatario provincial sobre la causa mapuche, aunque el gobernador se limitó a señalar que se trata de un conflicto entre particulares.

Idéntica fue la respuesta días atrás en Villa La Angostura, cuando encabezó una agenda de actividades institucionales en la localidad turística. Sin embargo, el mandatario buscó poner paños fríos a la situación al afirmar: “Yo no tengo problema, siempre hablo con las comunidades”.

El desalojo mapuche tuvo amplia repercusión, a pesar de que se cumplimentó de manera parcial y los denunciantes tomaron el control del lugar solo parcialmente. La presencia de menores y, paradójicamente, la ausencia de funcionarios de Minoridad durante el allanamiento frustraron la ejecución completa de la medida judicial, ordenada por el juez Francisco Astoul Bonorino.

En el prolongado recorrido judicial de la causa, no solo Astoul Bonorino confirmó la presencia ilegal de las comunidades en el predio en conflicto, sino que otros magistrados también confirmaron la irregularidad del reclamo mapuche.

Es que durante el extenso proceso, que comenzó en 2012, las comunidades no lograron documentar la supuesta existencia ancestral en el territorio, mientras que la denunciante exhibió la documentación catastral correspondiente a los dos predios en litigio, la cual avaló su planteo.

Southern Energy (SESA), el proyecto que convertirá a la Argentina en un exportador de gas natural licuado (GNL) a gran escala —el primero de los dos en carrera que llegará al mercado, con exportaciones por USD 7.000 millones ya previstas para 2027— entró en la recta final de su financiamiento.

Según pudo saber Infobae por fuentes con conocimiento directo de las negociaciones, Citi, JP Morgan, Itaú y Santander lideran el consorcio bancario que estructuraría un préstamo de en torno a USD 900 millones para construir el gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa atlántica de Río Negro, donde se ubicarán los dos buques licuefactores que procesarán el gas proveniente de la cuenca neuquina. La inversión total del proyecto asciende a USD 1.300 millones. Pan American Energy, la petrolera que lidera el proyecto, no realizó comentarios al respecto.

El proceso se encontraría en su fase final y el cierre se concretaría en los próximos días. El esquema contempla la participación de entre 10 y 12 entidades financieras en total, bajo la modalidad de préstamo sindicado de project finance, un mecanismo en el que el repago se apoya en los ingresos futuros del propio proyecto y no en el balance de las empresas accionistas.

Los fondos financiarán la construcción del San Matías Pipeline, el gasoducto de 478 kilómetros y 36 pulgadas de diámetro que correrá desde Tratayén, en la provincia de Neuquén, hasta el Golfo San Matías, en Río Negro. El proyecto es impulsado por los mismos socios de Southern Energy (SESA) —Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG— en las mismas proporciones accionarias. Allí operarán los dos buques de licuefacción de SESA. Con ambas unidades en funcionamiento, la capacidad total alcanzará las 6 millones de toneladas anuales de GNL.

La obra ya tiene constructor. A fines de abril, San Matías Pipeline adjudicó la construcción del gasoducto a la UTE Víctor Contreras – SICIM, que superó a cuatro competidores: la UTE Techint–SACDE, Pumpco, Bonatti-Contreras Hermanos y BTU. La instalación de la planta compresora intermedia —ubicada en el kilómetro 80 de la traza, en Río Negro, con una potencia de 46.000 HP— quedó en manos de Oilfield Production Services (OPS).

La derrota de Techint en esa licitación fue la segunda en pocos meses para el grupo liderado por Paolo Rocca. A comienzos de año, Tenaris —subsidiaria de Techint y única productora local de este tipo de tuberías— había perdido la compulsa por los caños del gasoducto frente a Welspun, un fabricante indio prácticamente desconocido en el mercado local. El contrato, por más de USD 200 millones, desató una andanada de críticas del presidente Javier Milei hacia Rocca, a quien bautizó “Don Chatarrín de los tubitos caros” en reiteradas declaraciones públicas.

Con los contratos firmados y el financiamiento en la recta final, la obra avanza según cronograma. De acuerdo con fuentes con conocimiento de la transacción consultadas por Infobae, el cierre financiero se concretaría esta semana, fecha que coincide con la llegada de los primeros caños al país. Las soldaduras están previstas para noviembre.

El proyecto que recibirá ese financiamiento es el primero de los dos grandes esquemas de exportación de GNL que compiten en la Argentina. El primer buque licuefactor de SESA, el Hilli Episeyo, llegará al país el año próximo y tiene previsto comenzar a producir hacia fines de 2027. La segunda unidad, denominada MK II, se incorporará en 2028. Esa ventaja temporal lo diferencia de Argentina LNG, el megaproyecto impulsado por YPF, Eni y XRG —que solicitó en agosto la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión estimada en USD 51.000 millones— cuya entrada en operación está prevista para 2031.

El primer buque ya tiene comprador. En febrero, Southern Energy cerró en Berlín el mayor contrato de exportación de GNL de la historia argentina: un acuerdo con la estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) por 2 millones de toneladas anuales durante ocho años, con inicio a fines de 2027. Ese volumen representa más del 80% de la capacidad de producción del Hilli Episeyo y podría generar ingresos superiores a USD 7.000 millones según la evolución de los precios internacionales.

Tras flexibilizar el financiamiento en dólares a empresas no generadoras de divisas, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará nuevas medidas para impulsar los créditos hipotecarios, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

De acuerdo al cronograma dispuesto por el Palacio de Hacienda, Caputo brindará los detalles de la letra chica del anuncio este miércoles a las 10 una conferencia de prensa.

El funcionario ya había adelantado que trabajaba en un esquema que involucraría al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para dar más previsibilidad al fondeo de los bancos, aunque resta confirmar las particularidades de la iniciativa.

La propuesta busca abordar una limitación estructural del sistema financiero nacional: la ausencia de opciones de ahorro a largo plazo que respalden créditos concedidos a plazos extensos.

Durante la rueda de prensa que ofreció para comunicar la decisión de ampliar el universo de compañías a las que los bancos le pueden prestar en moneda extranjera, el titular de la cartera económica explicó que trabajaba con el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, en la creación de un nuevo sistema para incentivar el financiamiento hipotecario.

“Hubo hace tiempo muchas propuestas de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad comprara las hipotecas y permitiera liberar fondos para que los bancos pudieran dar más hipotecas, pero el FGS no puede estar comprando hipotecas de personas. No es el trabajo del FGS”, aclaró.

A partir de ese análisis, Caputo señaló que el Gobierno desarrolló un modelo alternativo, considerado más eficaz y ya presentado al sector bancario. “Estamos viendo formas que creemos que son más efectivas. Lo estamos hablando con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y los bancos. Creemos que es una vía mucho mejor para todos los bancos. Les ha encantado la idea”, aseveró.

La propuesta del equipo económico se basa en que el propio FGS convoque a licitaciones de plazos fijos a largo plazo, un instrumento que actualmente casi no se encuentra en el mercado de capitales argentino.

El FGS de la Anses representa uno de los pilares financieros del sistema previsional argentino. Se constituyó en 2007 como un patrimonio autónomo destinado a respaldar las obligaciones del Estado con los jubilados y pensionados, así como a impulsar proyectos que favorezcan el crecimiento económico del país.

El fondo reúne una variedad de activos financieros, entre los que sobresalen títulos públicos, acciones de empresas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión y préstamos a provincias. Esta estructura diversificada busca asegurar su solidez frente a las fluctuaciones del mercado. Además, tiene la facultad de invertir en instrumentos que promuevan el desarrollo del mercado de capitales local y la economía nacional a largo plazo.

“Hoy, en nuestro mercado de capitales, que es prácticamente inexistente, no hay depósitos a largo plazo. El problema que enfrentan los bancos hoy es que las hipotecas son a muy largo plazo y el fondeo de ellos es a 30 días”, sostuvo el ministro de Economía.

Bajo su perspectiva, la brecha entre el tiempo por el que los bancos otorgan préstamos y el plazo en el que obtienen financiamiento representa uno de los mayores impedimentos para ampliar la oferta de créditos hipotecarios.

En relación al funcionamiento del nuevo mecanismo, Caputo precisó que el modelo incluiría un sistema de licitación abierto, en el cual las entidades bancarias presentarían sus propuestas de condiciones.

“El FGS licitaría los plazos fijos para que sea de manera bien transparente. Los bancos podrían licitar tasa, por ejemplo si es un plazo fijo a dos años, un banco puede decir ‘yo estoy dispuesto a pagar UVA + 3%’ y si es a cinco años, puede pagar UVA + 4%”, ejemplificó.

En tanto, según la explicación oficial, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en función de las tasas que reciba, decidirá si constituye un plazo fijo a 2,3,5 o más años.

Caputo había relacionado esta herramienta con la flexibilización del crédito en dólares para empresas no vinculadas al sector externo. Esta medida permite a los bancos destinar hasta un 15% de los depósitos en moneda extranjera a préstamos para compañías, sin exigirles que generen dólares ni presenten garantías en esa moneda.

El nexo entre los dos anuncios se encuentra en el sector de la construcción y los desarrolladores inmobiliarios, considerados entre los mayores solicitantes de financiamiento en dólares. “Uno de los sectores que más nos ha pedido poder acceder a créditos en dólares son justamente los desarrolladores. Ellos tienen la tierra y dicen que, teniendo un 20% de capital, sumando otro 30%, avanzarían”, explicó el funcionario.

Desde la óptica oficial, ambas medidas van de la mano: por un lado, la flexibilización de los créditos busca facilitar el financiamiento para quienes impulsan proyectos inmobiliarios; por otro, el posible esquema del FGS estaría orientado a fortalecer la demanda, facilitando el acceso de las familias a créditos hipotecarios. Los dos instrumentos forman parte de la estrategia oficial para reactivar tanto la economía como el mercado inmobiliario.