Luego de que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, cuestionara las tasas de graduados de universidades públicas en comparación con las instituciones privadas, la diputada Mariela Coletta, de Provincias Unidas, incomodó al funcionario al exponer que había demorado 15 años en recibirse.
Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda celebrada este martes en la Cámara de Diputados, Torrendell sostuvo que en las universidades públicas se reciben 18,7 de cada 100 estudiantes que inician sus estudios, frente a 40 en las privadas.
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“Se gastó mucho pero no se gastó en que los chicos aprendieran. Nosotros cambiamos los paradigmas”, cuestionó el secretario de Educación al hacer mención a la creación de universidades nacionales que hubo en los últimos años.
Al mismo tiempo que indicó que cada alumno representaba “un costo de USD 14.800”, pidió información y transparencia en la administración de los recursos. Y apuntó: “En el ámbito universitario tenemos una dirigencia aislada que solo acuerda para pedir más recursos. Es un acuerdo corporativo, de casta”.
Frente a esto, la diputada radical contrapuso los planteos oficiales sobre la graduación con la trayectoria académica que atribuyó al propio funcionario y rechazó que se evalúe a los estudiantes solo por el tiempo que demandan sus estudios.
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“Usted se anotó en una universidad en el año 88 para Abogacía, lo dejó, vaya a saber por qué motivos personales lo decidió“, indicó Coletta, a modo de reconstruir el recorrido universitario de Torrendell. Y apuntó: ”En 1990 se anotó en la carrera que sí estudió efectivamente y su egreso fue en el 2005, quince años después”.
En línea con esto, discutió la idea de que una demora en la graduación permita juzgar el compromiso de una persona con sus estudios. “¿Eso está mal? ¿Yo tengo que poner en duda que usted no tuvo voluntad o que no le pasó la vida como a cualquier ser humano que estudia una carrera y quizás trabaja, lo deja en pausa por cuestiones familiares, personales?”, preguntó.
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Luego, cuestionó el enfoque del Gobierno sobre el desempeño de los alumnos universitarios. “¿Realmente les parece hablar del tiempo de cursada con esa insensibilidad, sin tener en cuenta que hay voluntad y deseo de progresar?”, expresó la diputada de Provincias Unidas.
En el segundo tramo de su intervención, la diputada consultó a Torrendell sobre un posgrado que realizó en Chile con una beca de ciencia y técnica de ese país. “¿A usted le parece mal que los gobiernos inviertan en becas para ciencia y tecnología? Porque acá este gobierno desfinancia elConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)”, cuestionó.
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A partir de allí, utilizó una imagen para cuestionar a quienes, según su mirada, acceden a apoyos estatales y luego objetan la inversión pública en educación superior e investigación. “Esto me lleva al ejemplo de la escalera: subo la escalera y cuando estoy arriba la pateo para que nadie más suba”, afirmó.
Coletta también puso como ejemplo al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, y al vínculo de la empresa con graduados de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En ese sentido, dijo que el empresario estudió fuera del país con una beca de YPF y cuestionó los subsidios que recibe la compañía.
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“Toda la cúpula, la de los cargos más jerárquicos de Mercado Libre, son graduados de la UBA. Entonces usan el sistema, le sacan provecho y después van y lo rompen”, recriminó la diputada, quien fue interrumpida por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch.
La intervención se produjo en una reunión marcada por los reclamos opositores para que el proyecto presupuestario contemple las obligaciones de la Ley de Financiamiento Universitario. Previamente, Coletta había acompañado el pedido de convocar a representantes de las universidades, estudiantes, docentes y gremios a las próximas discusiones de la comisión.
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Según pudo confirmar Infobae, antes de que se diera inicio a la reunión, un grupo de estudiantes universitarios había intentado ingresar a la sala del primer piso del anexo de la Cámara Baja. Sin embargo, el personal de seguridad impidió que participaran de la jornada.
En el recinto también estuvo presente el secretario de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien asistió para defender la propuesta oficial. El proyecto prevé transferencias por $ 7,7 billones para las universidades nacionales en 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama una asignación superior a $ 11 billones, de acuerdo con cifras difundidas durante el debate.
La defensa de los hermanos Migueles, acusados por presuntas estafas con la venta de terrenos en Oro Verde, sostuvo que los hechos investigados correspondían a incumplimientos contractuales derivados de operaciones inmobiliarias y no a delitos penales.
La abogada Marina Hundt explicó a Elonce los fundamentos del planteo que derivó en la clausura provisional del juicio oral, dispuesta este martes por el juez Rafael Cotorruelo, quien también rechazó el pedido de prescripción presentado por los defensores.
Norma y Ricardo Migueles.
La resolución judicial interrumpió el debate contra Norma y Ricardo Migueles, quienes enfrentaban 28 imputaciones vinculadas con la comercialización de lotes que, según la acusación, no fueron entregados ni escriturados. El magistrado dispuso que el Ministerio Público Fiscal reformulara los hechos atribuidos a los acusados para garantizar que la defensa pudiera ejercer plenamente sus derechos procesales.
Hundt, quien ejerció la representación técnica junto con el abogado Nelson Schlotthauer, explicó que habían presentado dos planteos preliminares antes del inicio del debate. Uno estuvo relacionado con la prescripción de determinados hechos y el otro con las deficiencias que, según su interpretación, presentaba la acusación formulada por la Fiscalía.
Por qué se clausuró el juicio contra los hermanos Migueles
“Ayer inició el debate oral. La defensa que ejercimos junto con el doctor Nelson Schlotthauer hizo dos planteos como cuestiones preliminares: la prescripción de algunos de los hechos imputados y la nulidad de las imputaciones, porque entendíamos que, desde lo técnico y procesal, tenían fallas que no nos permitían ejercer la defensa”, explicó Hundt.
La audiencia de este martes. (Ahora).
La abogada señaló que esas objeciones impedían, desde su perspectiva, continuar con el juicio en las condiciones planteadas originalmente. Después de un cuarto intermedio, las partes retomaron la audiencia y conocieron la resolución del magistrado.
“El juez Cotorruelo rechazó la prescripción, pero dispuso clausurar el debate y pedirle a la Oficina de Gestión de Audiencias que fije una nueva fecha para que la Fiscalía pueda reformular los hechos imputados. Después evaluaremos una nueva defensa sobre la base de esas acusaciones”, detalló a Elonce.
La decisión se adoptó después de que los representantes del Ministerio Público Fiscal y los querellantes acompañaran la posibilidad de precisar las imputaciones. Aunque la Fiscalía defendió la claridad de la acusación original, aceptó su reformulación para evitar eventuales nulidades y preservar las garantías procesales.
Abogada Marina Hundt.
Las 28 imputaciones y el cuestionamiento de la defensa
Uno de los principales argumentos de Hundt estuvo relacionado con la descripción de las conductas atribuidas a sus defendidos. La abogada sostuvo que los 28 hechos habían sido formulados de manera similar y que no se había explicado suficientemente cuál habría sido el engaño utilizado para cometer las presuntas estafas.
“Son 28 hechos diferentes que se imputan a las dos personas. Entendíamos que estaban formulados de la misma manera, diciendo que la señora Migueles y su hermano habían vendido sin ser dueños o propietarios. Para nosotros faltaba explicar el ardid, la modalidad. No había un detalle circunstanciado de la imputación”, afirmó.
En el derecho penal, el delito de estafa requiere, entre otros elementos, la existencia de un engaño idóneo que provoque un error y determine una disposición patrimonial perjudicial. Por ese motivo, la defensa consideró indispensable que la acusación precisara de qué manera se habría producido esa conducta en cada operación investigada.
Norma y Ricardo Migueles. (Archivo).
“Lo que planteamos estaba apuntado a que no se explicaba cuál era el ardid necesario para llegar a un delito de estafa. Es un delito muy importante y una acusación muy importante también. No podíamos dejar de mencionar esa cuestión y pedir la nulidad”, remarcó Hundt a Elonce.
La defensa sostuvo que existieron incumplimientos civiles
Más allá de las objeciones procesales, la abogada adelantó cuál era la interpretación de la defensa sobre las operaciones inmobiliarias investigadas. Aunque evitó revelar completamente la estrategia que utilizarían durante el juicio, sostuvo que los hechos podían encuadrarse en incumplimientos de obligaciones contractuales.
“Tenemos nuestra propia mirada, que explicamos un poco en el alegato de apertura. Tiene que ver con que pudo haber algún incumplimiento civil, un incumplimiento de obligaciones, un mal negocio inmobiliario, pero que no tiene que ver con un delito de estafa o con una defraudación”, manifestó.
Abogada Marina Hundt.
La letrada consideró que el conflicto debió abordarse mediante los mecanismos previstos por el derecho civil, en lugar de avanzar por la vía penal. En ese sentido, mencionó el carácter de última instancia que debería tener la intervención del sistema punitivo frente a controversias que pueden resolverse en otros ámbitos judiciales.
“Entendemos que es un conflicto que debía resolverse por la vía civil, pero no por la vía penal, que es la última ratio. De principio, podría decirte que nosotros entendemos que es un incumplimiento civil, pero no un delito de estafa”, insistió.
La promoción gráfica de los terrenos que comercializaban. (Archivo).
Qué ocurrió con los terrenos comercializados en Oro Verde
De acuerdo con la investigación, entre 2012 y 2019 los hermanos Migueles habrían ofrecido y comercializado terrenos mediante diferentes modalidades de pago, con valores que rondaban los 10.000 dólares por lote. La acusación sostuvo que las operaciones no concluyeron con la entrega de la posesión ni con las escrituras correspondientes.
Según la hipótesis de los acusadores, algunos terrenos no existían en las condiciones ofrecidas o carecían de los requisitos legales necesarios para su comercialización. Esas circunstancias dieron origen a las denuncias de compradores que afirmaron haber cumplido con sus pagos sin recibir las propiedades.
Consultada sobre las explicaciones de sus defendidos ante esos reclamos, Hundt vinculó las dificultades con la participación de terceros y las demoras administrativas que, según su postura, afectaron el desarrollo de las operaciones.
“Hubo deficiencias en un mal negocio inmobiliario, en un negocio que dependía también de la intervención de terceras personas y de autorizaciones municipales que demoraron años en poder realizarse. De ahí viene la cuestión, pero vuelvo a repetir que se trata de un incumplimiento de la rama civil”, expresó.
Una de las imágenes con las cuales promocionaban los terrenos los hermanos Migueles.
La abogada no profundizó sobre las responsabilidades concretas de esas terceras personas ni identificó las autorizaciones que habrían demorado los trámites. Su explicación formó parte de la posición defensiva y no constituyó una conclusión judicial sobre lo ocurrido.
El juez rechazó el pedido de prescripción
Otro de los puntos centrales de la audiencia fue el planteo de prescripción presentado por los abogados de Norma y Ricardo Migueles. La defensa había solicitado que se declarara extinguida la acción penal respecto de determinados hechos, debido al tiempo transcurrido desde las operaciones investigadas.
Sin embargo, Cotorruelo rechazó el pedido al considerar que ninguno de los hechos imputados se encontraba prescripto. El magistrado explicó que el auto de remisión a juicio, dictado el 26 de marzo de 2024, había interrumpido el curso de la prescripción conforme al criterio de la Sala Penal.
El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Rafael Cotorruelo.
El juez señaló que desde esa fecha no había transcurrido el plazo máximo de seis años correspondiente al delito de estafa. Por ese motivo, concluyó que la acción penal continuaba vigente y que el proceso debía seguir su curso.
Ante esa decisión, los defensores formularon una reserva de derechos para eventualmente volver a discutir la cuestión ante instancias judiciales superiores. De esta manera, el rechazo de la prescripción no modificó la continuidad de la causa, aunque la clausura provisional obligó a reorganizar las próximas etapas procesales.
En qué situación judicial quedaron los acusados
Hundt aclaró que la resolución no implicó una absolución ni alteró la condición procesal de sus defendidos. Los hermanos Migueles continuaron imputados y deberán afrontar el debate cuando se establezca una nueva fecha. “Los hermanos Migueles van a continuar con la misma situación judicial. Están imputados, pero eso no se modifica hasta que haya un debate y eventualmente surja una condena o una absolución”, precisó.
La distinción resultó importante porque la clausura provisional del debate respondió a la necesidad de reformular las acusaciones y no a una resolución sobre la responsabilidad penal de los imputados.
Por su parte, el magistrado aclaró que mantendría su intervención en la causa, dado que todavía no se había iniciado la recepción de pruebas ni había tomado contacto con el material probatorio. También consideró necesario cerrar provisionalmente el debate para no superar el límite de diez días de suspensión establecido por el artículo 420 del Código Procesal Penal.
Cuándo podría reanudarse el juicio
La Oficina de Gestión de Audiencias deberá establecer una nueva fecha para que la Fiscalía comunique formalmente las imputaciones reformuladas. De manera preliminar, se contempló la posibilidad de realizar esa instancia durante los primeros días de diciembre. “Se podría estimar que recién se fije alguna fecha para diciembre, teniendo en cuenta la agenda que ya está establecida de otros debates y audiencias”, indicó Hundt.
(Ahora).
La abogada explicó que, una vez conocidas las nuevas formulaciones, necesitarán analizar su contenido antes de definir la estrategia que presentarán en el próximo debate. “En principio tenemos que escuchar cuáles van a ser las nuevas imputaciones o las reformulaciones que se hagan. Vamos a necesitar tiempo para estudiar otra vez una defensa sobre la base de esos nuevos hechos”, señaló.
Además, anticipó que podrían solicitar un plazo para incorporar elementos probatorios vinculados con las modificaciones que introduzca la acusación. “También habrá que esperar o pedir un plazo para poder ofrecer pruebas nuevas sobre esos hechos que se reformulen”, agregó. De esta manera, el proceso quedó pendiente de una nueva audiencia y de la reformulación de los cargos.
Mientras la acusación deberá precisar las conductas atribuidas a los hermanos Migueles, la defensa mantuvo su postura de que las operaciones investigadas constituyeron incumplimientos inmobiliarios y no maniobras fraudulentas. La determinación sobre la existencia de delitos y la eventual responsabilidad de los acusados quedará sujeta al desarrollo del juicio y a la valoración de las pruebas.
Estafas en Oro Verde: comenzó el juicio, se rechazó la prescripción y se clausuró el debate
Sin investigar a los escribanos
En una nota brindada al programa Códigos, en abril de 2025, uno de los abogados querellantes, Sergio Pacher, puso un manto de duda sobre los escribanos que actuaron en las operaciones inmobiliarias, ninguno de los cuales, fue acusado en la causa. “Los escribanos, a sabiendas de que había denuncias penales contra la señora Migueles, seguían haciendo boletos de compra venta como quien emite boletos de colectivo”, había dicho el letrado.
En esa oportunidad, Pacher recordó que pidió “la imputación de la escribana que firmó en el caso de mi defendida, pero no se me hizo lugar. En los allanamientos, se encontraron modelos de boletos de compra-venta en las casas de los escribanos, esto era un ardid, una organización delictiva formada por escribanos y esta gente”, había asegurado.
Finalmente, el abogado había pedido “saber dónde está todo el dinero, porque la señora Migueles no tiene ni un alfiler. Es mucho el dinero recaudado, si uno lo pone al dinero de hoy es mucho dinero recaudado. Queremos que reponga el dinero con creces. Los damnificados son de Paraná y alrededores”, reiteró.
Llegan a juicio las estafas con ventas de terrenos en Oro Verde donde hubo 400 damnificados
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el avance de dirigentes de derecha en Sudamérica y destacó el cambio político que atraviesa la región, a cinco días del balotaje presidencial en Brasil. El mandatario republicano reivindicó su apoyo a distintos candidatos que ganaron elecciones y aseguró que el continente está atravesando una transformación positiva.
“Sudamérica se está convirtiendo en un lugar completamente diferente, y está prosperando. Y, como saben, respaldé a muchas de esas personas”, afirmó Trump, al referirse a los resultados electorales de los últimos años.
Las declaraciones fueron difundidas este martes por la agencia EFE, luego de que el mandatario estadounidense se refiriera al escenario político internacional y a los triunfos de referentes conservadores en distintos países sudamericanos.
“Cada uno de los que respaldé ganó, incluido el nuevo presidente de Colombia, que es genial, ‘El Tigre’”, sostuvo Trump. Y agregó: “En poco tiempo, se están volviendo extremadamente conservadores de una manera muy positiva”.
Con esas palabras, el republicano volvió a atribuirse parte del impulso electoral de dirigentes de derecha en la región. Entre ellos se encuentra el presidente argentino, Javier Milei, uno de sus principales aliados políticos en América Latina.
Brasil define su futuro político en el balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro
Los dichos de Trump se producen en la antesala de la segunda vuelta presidencial brasileña, prevista para el domingo 25 de octubre. La contienda enfrentará al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
La primera vuelta, realizada el 4 de octubre, dejó al opositor en ventaja, con el 47,03% de los votos, frente al 45,16% obtenido por Lula. El resultado dejó planteado un escenario de paridad de cara a la definición electoral.
Una encuesta de Nexus, encargada por el banco BTG Pactual, mostró una diferencia estrecha entre ambos candidatos. El sondeo asignó a Flávio Bolsonaro el 46,5% de la intención de voto y al actual presidente el 45,9%. Al considerar únicamente los votos válidos, el senador alcanzó el 50,3%, frente al 49,7% de Lula.
El relevamiento se realizó entre el 16 y el 18 de octubre sobre una muestra de 2.002 personas y cuenta con un margen de error de dos puntos porcentuales.
Donald Trump también respaldó a Benjamin Netanyahu en Israel
En paralelo, el presidente estadounidense expresó su apoyo a la reelección del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a pocos días de las elecciones previstas para el 27 de octubre.
A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump destacó el vínculo entre ambos y definió a Netanyahu como un socio en la lucha contra Irán. También pidió respaldarlo para un nuevo mandato, en una señal de apoyo explícito en plena campaña electoral israelí.
El Vaticano enviará una nueva delegación a la Argentina para avanzar con la organización de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La decisión representa una nueva señal de continuidad de los preparativos, aunque la Santa Sede todavía no confirmó oficialmente la realización de la gira sudamericana, que también contempla escalas en Uruguay y Perú.
Los enviados llegarán a fin de mes y mantendrán reuniones con autoridades de seguridad y representantes de la Iglesia para supervisar los lugares que recorrerá el Pontífice. La agenda incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
La delegación coordinará con los organismos de seguridad de las jurisdicciones involucradas los detalles del operativo previsto para la visita. También se reunirá con representantes del Arzobispado para organizar el alojamiento del Papa, las misas y las actividades programadas durante su estadía.
Entre los lugares que figuran en la agenda se encuentran el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Villa Devoto. Los enviados también viajarán a Uruguay y Perú para supervisar las sedes previstas en esos países, antes de permanecer en Sudamérica a la espera de la llegada del Pontífice.
La continuidad de las tareas de planificación no implica una confirmación definitiva del viaje. Sin embargo, el envío de una nueva delegación constituye otra señal de que el Vaticano mantiene en marcha los preparativos para la gira.
La salud del Papa y la incertidumbre sobre la gira
La organización de la visita se desarrolla mientras León XIV continúa su recuperación tras una intervención quirúrgica a la que fue sometido el 13 de octubre por un cáncer de pulmón. El Pontífice recibió el alta médica el sábado y el domingo volvió a mostrarse en público durante el tradicional rezo del Ángelus.
Según informó el Vaticano, el Papa permanece en el Palacio Apostólico y tiene previsto retomar este miércoles la habitual audiencia general en la plaza de San Pedro. Por el momento, no se anunciaron modificaciones oficiales en el itinerario sudamericano.
La eventual visita mantiene en expectativa a las autoridades argentinas, que continúan trabajando en la organización del operativo a la espera de una definición de la Santa Sede. La gira, además de la Argentina, incluye a Uruguay y Perú, donde los enviados también avanzarán con la coordinación logística y la supervisión de los espacios que podría recorrer León XIV.
Pilar Ramírez afirmó que la prioridad de La Libertad Avanza es la reelección de Javier Milei y evitó confirmar alianzas con el PRO para 2027
20 Oct, 2026 08:10 p. m. EST
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Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña, afirmó que la prioridad de su espacio es garantizar la reelección de Javier Milei y descartó anticipar definiciones sobre el armado electoral en la Ciudad de Buenos Aires para 2027.
“Nuestro objetivo es que el Presidente reelija. Esa es la prioridad como espacio político, porque entendemos que necesitamos cuatro años más para poder consolidar el modelo que inició”, sostuvo en Infobae al Regreso.
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La legisladora explicó que, por el momento, la actividad parlamentaria y las recorridas por los barrios concentran los esfuerzos de su espacio. “Para pensar en las elecciones falta un montón, un montón”, señaló, antes de descartar que existan definiciones sobre un eventual acuerdo con el PRO, que gobierna la Ciudad desde 2007.
“Futurología no hago”, respondió cuando le preguntaron por una posible alianza entre ambas fuerzas. Y agregó: “No podemos poner el carro delante del caballo. Falta tiempo, falta trabajo, falta entender por dónde van a estar ambos espacios”.
La estrategia electoral de LLA en la Ciudad
Ramírez también evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura propia o la posibilidad de integrar una fórmula con Jorge Macri si el actual jefe de Gobierno buscara la reelección. Consultada sobre si podría convertirse en vicejefa porteña, respondió con ironía: “Soy la vicejefa ideal de todos”.
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Luego aclaró que no está evaluando esa posibilidad y destacó su responsabilidad al frente de una bancada que pasó de tres a 14 legisladores. “Hoy tengo una responsabilidad enorme, que es manejar un bloque de 14 legisladores, ser la presidenta de un espacio acá en la Ciudad de Buenos Aires, un espacio nuevo, un espacio que no existía”, afirmó.
Sobre Patricia Bullrich, con quien trabajó durante la campaña electoral de 2025, destacó el vínculo político que mantienen. “Fui jefa de campaña de ella en el 2025. Trabajamos mucho”, recordó.
La legisladora también se refirió a las diferencias dentro del oficialismo y defendió la convivencia entre distintas posiciones. “No necesariamente todos compartimos lo que opinan todos. Somos libres y podemos tener diferentes miradas”, sostuvo.
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El conflicto en el subte y la agenda legislativa
El conflicto sindical en el subte porteño fue otro de los temas centrales de la entrevista. Ramírez respaldó la postura del Gobierno de la Ciudad frente a los metrodelegados y cuestionó las interrupciones del servicio por su impacto en los pasajeros.
“Los porteños no podemos seguir poniéndonos de rodillas por presiones sindicales”, afirmó. Y agregó: “Tu vida no puede ser rehén de un conflicto sindical. Yo creo que esa Argentina se tiene que terminar”.
La dirigente vinculó esa posición con la política nacional frente a los piquetes y los acampes. “El orden es una prioridad”, remarcó.
En el ámbito legislativo, defendió las iniciativas de LLA para reducir impuestos, desregular actividades económicas y simplificar trámites. Como ejemplo del cambio en la discusión política porteña, recordó los comienzos de su bloque, cuando esas propuestas tenían menos respaldo.
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“Empezamos siendo tres legisladores y parecíamos tres loquitos que pedíamos baja de impuestos, desregulación”, expresó. También señaló que otras fuerzas comenzaron a incorporar el alivio fiscal a sus agendas. “El año pasado terminamos incluso con el peronismo discutiendo baja de impuestos o peleándose por quién presentaba el proyecto de más baja de impuestos”, afirmó.
Ramírez mencionó, además, los obstáculos que enfrentan los comerciantes para abrir y mantener sus negocios. Entre los reclamos que recibe durante sus recorridas, enumeró las trabas para obtener habilitaciones y las clausuras de establecimientos.
“Se quejan mucho de las trabas que hay muchas veces para la apertura de negocios o las clausuras”, señaló. En ese sentido, defendió mecanismos que agilicen los procedimientos administrativos y permitan corregir determinadas irregularidades antes de aplicar sanciones inmediatas.
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La defensa del programa económico de Milei
Consultada por las dificultades de la clase media, los salarios y el poder adquisitivo, Ramírez respaldó el rumbo económico del Gobierno nacional y sostuvo que el proceso de estabilización debe evaluarse a partir de la situación que recibió la administración.
“Por primera vez tenemos un presidente economista. Tiene muy claro cuál es el rumbo”, afirmó.
Frente a los cuestionamientos por el impacto del ajuste, la legisladora argumentó que la recuperación requiere tiempo. “Todo plan de estabilización tiene sus momentos”, señaló, antes de defender la gestión de Milei: “No recuperás una economía destruida en tres años y este presidente lo está haciendo”.
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Durante la entrevista, también rechazó que el mandatario deba modificar su estilo de comunicación para explicar sus medidas sin confrontar con sus críticos. “Lo explica bien”, respondió cuando le preguntaron si podría transmitir su programa económico de otra manera.
“Yo creo que la gente lo entiende. La gente lo entiende y la gente lo acompaña”, sostuvo. Para Ramírez, la claridad del rumbo anunciado por el oficialismo es uno de los factores que explican el respaldo al Presidente.
“Es muy claro en su rumbo y es muy claro también en lo que dijo que iba a ser este proceso. No subestimemos a los argentinos”, concluyó.
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De cara a 2027, la legisladora evitó adelantar candidaturas y acuerdos en la Ciudad. Su planteo fue concentrar los esfuerzos en la consolidación de La Libertad Avanza en el distrito, mientras el espacio mantiene como prioridad política la continuidad del Gobierno nacional.
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La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Airesconvirtió este martes en ley un proyecto que permite a los municipios utilizar hasta el 100% de los fondos destinados al mantenimiento de los caminos rurales para realizar obras hídricas. Se trata de montos coparticipados o transferidos derivados del Impuesto Inmobiliario Rural por la Ley 13.010 y sus modificatorias, no la tasa vial de los municipios. La iniciativa, que ya tenía media sanción del Senado, había generado polémica entre dirigentes del campo porque, indicaron, no establece expresamente que esos recursos deban utilizarse exclusivamente en zonas rurales. La alerta es que los caminos rurales tengan menos recursos para su mantenimiento.
El proyecto fue presentado por el senador Sergio Raúl Vargas, del bloque Unión y Libertad, junto con Silvana Ventura y Carlos Kikuchi, y había obtenido media sanción del Senado el 6 de octubre. La nueva ley tendrá una vigencia de 180 días a partir de su publicación en el Boletín Oficialy busca facilitar obras para prevenir inundaciones ante El Niño.
En su primer artículo, el texto autoriza a los municipios a utilizar “hasta el cien por ciento (100%) de los fondos coparticipados o transferidos con destino al mantenimiento de la red vial rural” provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural. Ese dinero podrá destinarse a drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y compra de equipamiento hídrico.
En los fundamentos, los autores explicaron que la medida busca darles a los intendentes más herramientas para prevenir inundaciones. Según señalaron, “gran parte de la Provincia de Buenos Aires se asienta sobre un sistema hídrico que requiere intervenciones urgentes”. También sostuvieron que “resulta ineficaz y un dispendio de los recursos públicos destinar presupuesto al alteo de caminos si no se interviene de manera previa en las alcantarillas, zanjas y canales que conducen los excesos de agua”. La iniciativa permite modificar temporalmente el uso de recursos contemplados en la ley 13.010. Actualmente, el 12% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural se destina al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, que reciben los municipios para conservar los caminos rurales.
Cuestionamientos
Antes de que el proyecto fuera aprobado por Diputados, Gustavo Frederking, responsable de la Comisión de Servicios de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbp) y vicepresidente de la Sociedad Rural de Junín, había advertido sobre las consecuencias que podía tener la iniciativa. “Esto, como está escrito, habilita a hacer obras hídricas, pero no especifica que sean para el campo”, había señalado a LA NACION. Según explicó, los intendentes podrían utilizar esos recursos para financiar obras en las ciudades, aunque originalmente estuvieran destinados a los caminos rurales.
El dirigente recordó que los productores vienen reclamando mayores recursos para mejorar los caminos. Según indicó, anteriormente se destinaba el 25% de la recaudación del impuesto a ese objetivo, mientras que actualmente el porcentaje es del 12%. Frederking también cuestionó la necesidad de modificar la legislación vigente. A su entender, los municipios ya podían realizar obras hídricas cuando eran necesarias para mantener los caminos rurales. “Si el intendente considera que para reparar caminos tiene que hacer obras hídricas para el campo, no es que hay límites dentro del 12%”, explicó.
También expresó sus dudas sobre la vigencia excepcional de 180 días y sostuvo que, si la provincia necesitaba financiar obras para prevenir inundaciones, una alternativa sería crear un fondo específico para infraestructura hídrica. Antes del tratamiento en Diputados, había pedido que se aclarara que el dinero solo podría utilizarse para obras rurales. “Si de alguna forma va a quedar especificado que es solo para el ámbito rural, bueno, en principio quedaría zanjada”, había señalado.
Tras la sanción de la ley, la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza (UCR+Cambio Federal) manifestó su rechazo a la iniciativa. A través de una publicación en X, cuestionó que se permita utilizar para otros fines recursos originalmente destinados a los caminos rurales. “En otras palabras, se permite que recursos que deben volver al campo para garantizar caminos transitables tengan otro destino”, expresó. La legisladora también criticó la falta de participación del sector. “Se trata de un nuevo avasallamiento al sector agropecuario: se toman decisiones de espaldas a los productores y a las entidades rurales, sin consultarlos ni darles participación en una discusión que los afecta directamente”, afirmó.
Hoy la Legislatura sancionó una ley que habilita a los municipios a utilizar hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural destinados al mantenimiento de los caminos rurales para financiar obras hídricas. En otras palabras, se permite que recursos que deben volver…
Además, cuestionó el tratamiento legislativo. “Es grave que un proyecto de esta magnitud haya llegado al recinto sin pasar por comisión, sin debate y sin escuchar al sector”, señaló. Y concluyó: “No se puede hablar de defender la producción y después habilitar que se utilicen para otros fines recursos que tienen un destino específico”.
En X, la Sociedad Rural Argentina (SRA) señaló: “Desde la Sociedad Rural Argentina manifestamos nuestro rechazo a la aprobación del proyecto que habilita en la provincia de Buenos Aires, durante 180 días, a utilizar hasta el 100% de los fondos destinados a caminos rurales para la ejecución de obras hidráulicas. Entendemos la necesidad de avanzar con obras que den respuesta a los problemas hídricos, pero no se puede resolver una emergencia comprometiendo otra infraestructura esencial para la producción y las comunidades rurales”.
Desde la Sociedad Rural Argentina manifestamos nuestro rechazo a la aprobación del proyecto que habilita en la provincia de Buenos Aires, durante 180 días, a utilizar hasta el 100% de los fondos destinados a caminos rurales para la ejecución de obras hidráulicas. Entendemos la…
Agregó: “Los caminos rurales son fundamentales para sacar la producción, garantizar el acceso a las escuelas y los servicios de salud, y sostener la vida en el interior. Desviar sus recursos, sin garantías concretas de reposición, pone en riesgo el mantenimiento y la transitabilidad de una red indispensable”.
En un comunicado, Carbap apuntó: “Desde Carbap rechazamos la modificación de la Ley 13.010 que habilita desviar recursos equivalentes al 12,5% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural, destinados por ley al mantenimiento de los caminos rurales, para financiar obras hidráulicas. Resulta inadmisible quitarles recursos a caminos rurales que hoy están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos”.
Cuando hay que resolver, no sesionan; cuando hay que sacarle fondos al campo, sí. Desde CARBAP rechazamos desviar recursos destinados a caminos rurales para financiar obras hidráulicas. No se resuelve un problema desfinanciando otra infraestructura esencial para producir y… pic.twitter.com/NPT4x5JVfc
“La decisión de habilitar el tratamiento sobre tablas, sin el debate previo en comisiones, fue posible gracias a la mayoría de dos tercios reunida en la Legislatura bonaerense, lo que compromete la responsabilidad de todas las fuerzas políticas que la hicieron posible”, agregó. Carbap remarcó: “Los municipios ya recaudan importantes sumas a través de la tasa vial y, aun así, los caminos siguen deteriorándose. Antes de avanzar sobre los recursos destinados específicamente a su mantenimiento, corresponde exigir que los fondos existentes se administren correctamente y se utilicen para el fin previsto”.
En un escrito donde anticipó su rechazo, el diputado Luciano Bugallo (CC) señaló que “la iniciativa, aun cuando persigue un objetivo legítimo, propone una herramienta que puede resultar contraproducente para los intereses que pretende proteger”.
“La protección de las comunidades rurales, la producción agropecuaria y la infraestructura provincial exige preservar la afectación específica de los fondos viales, asegurar la continuidad del mantenimiento de caminos y promover mecanismos efectivos de participación y control ciudadano”, dijo. Añadió: “Las obras hidráulicas son necesarias, pero su ejecución no puede justificar que los municipios queden habilitados para comprometer la totalidad del financiamiento destinado a una infraestructura esencial”.
El jueves 15 de octubre, en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, la delegación de Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización. Sostuvo que el comité había dejado de cumplir su propósito original. Lo describió como un desperdicio de tiempo y de recursos y, como prueba, citó sus viajes anuales a centros turísticos del Caribe y del Pacífico Sur. Es el foro donde la Argentina presenta cada año su reclamo por Malvinas y desde donde la comunidad internacional insta a Londres y a Buenos Aires a negociar, en la línea que abrió la resolución 2065 de 1965. Para Washington, más de seis décadas de litigio colonial caben en una partida de viáticos.
En la misma sesión, la Argentina se abstuvo en la votación de una resolución sobre las formas contemporáneas del colonialismo, impulsada por Rusia, que mencionaba la explotación de recursos naturales en violación de la soberanía de los Estados. Estados Unidos y el Reino Unido votaron en contra. El gobierno justificó la abstención con un argumento técnico: el texto incluía las sanciones económicas unilaterales entre las formas de colonialismo y eso podía volverse contra sus propias medidas en Malvinas.
Lo que vino después desarma esa explicación. Consultado sobre el pedido estadounidense de cerrar el comité, el vocero presidencial Adrián Ravier habló de “sintonía” entre esa iniciativa y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa Javier Milei, y dijo que el apoyo a la disolución estaba “bajo análisis”. En paralelo, La Libertad Avanza no reunió quórum ni firmas para dictaminar esa ley en comisión: el plenario pasó al martes 27 y el proyecto quedó fuera de la sesión del miércoles.
Argentina no acompañó la posición de Rusia sobre nuevas formas de colonialismo.
La secuencia muestra el límite de una política exterior que hizo del alineamiento con Washington su brújula. El Gobierno que anunció por cadena nacional la ofensiva más dura en años contra el petróleo de Malvinas encuentra afinidad con quien propone desarmar el foro que sostiene el reclamo, y ve trabarse su propia ley mientras las empresas de ese aliado piden quedar afuera. El excanciller Jorge Taiana lo leyó como una ruptura con la tradición diplomática argentina: la abstención, advirtió, terminó favoreciendo la posición colonialista de Estados Unidos.
La palanca que funcionó
El 3 de septiembre, Milei anunció el endurecimiento de las sanciones contra el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, que opera la israelí Navitas Petroleum en sociedad con la británica Rockhopper Exploration. Al día siguiente, el Decreto 868/26 aceleró las inhabilitaciones previstas en la Ley 26.659, sancionada en 2011. El sábado 5, SLB, Baker Hughes y Halliburton, las tres mayores empresas de servicios petroleros del mundo, todas con contratos en Vaca Muerta, comunicaron que no trabajarían en las islas.
Ese dato encierra una lección política. El subsuelo argentino es poder de negociación. Un yacimiento que promete su primer barril para 2028 pesa poco frente a la formación que sostiene la expansión petrolera del país, y cuando el Estado condiciona el acceso a ella, las corporaciones eligen. Es soberanía económica ejercida con las reglas del mercado que el propio oficialismo dice venerar.
El proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso el 17 de septiembre llevaba esa lógica a la ley: extendía las penas a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores de quienes operen en la plataforma continental sin autorización argentina. Ahí empezó la inquietud en Washington. Según publicó Clarín, funcionarios estadounidenses plantearon dos salidas: congelar la ley, su opción preferida, o modificarla para que sus empresas queden excluidas. Milei habló por teléfono con el secretario de Estado, Marco Rubio, el viernes 16.
Una excepción para las empresas estadounidenses convertiría el régimen de sanciones en un peaje con bandera: Sea Lion seguiría recibiendo servicios, solo que de proveedores con el pasaporte correcto. La neutralidad que la Casa Blanca proclama sobre la soberanía de las islas termina donde empieza la cuenta de resultados de sus compañías.
El escudo de Londres
El 13 de octubre, la Argentina pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, medidas provisionales para frenar Sea Lion mientras se constituye el tribunal arbitral previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Al día siguiente, el gobierno británico anunció que aplicará su Ley de Protección de Intereses Comerciales para que sus empresas y ciudadanos puedan desoír las sanciones argentinas y reclamar compensaciones si resultan perjudicados.
Es una ley de 1980, la misma que el Reino Unido usó en los años noventa para que sus empresas no acataran las sanciones de Washington contra Cuba. Londres apunta hoy contra Buenos Aires el escudo que forjó frente a Estados Unidos, y Estados Unidos reclama para sus compañías la misma excepción que Londres se fabrica por ley. Las dos potencias que se arrogan el derecho de sancionar al resto del mundo coinciden en negárselo a la Argentina sobre su propia plataforma continental.
Avanza la exploración petrolera en Malvinas.
Una cruzada para no hablar de petróleo
Mientras tanto, el asesor presidencial Santiago Caputo, impulsor del proyecto, eligió otro idioma. El 14 de octubre escribió en X que el Reino Unido está “siendo colonizado por el Islam” y que recuperar Malvinas es “una causa de Occidente”. El Presidente lo replicó.
El desplazamiento tiene consecuencias. Cambia los títulos jurídicos de la Argentina, la resolución 2065, la Convención del Mar y la continuidad geográfica de la plataforma, por una guerra de civilizaciones que no figura en ningún expediente. Y el Occidente que invoca es el que ocupa el Atlántico Sur: la base militar británica de Monte Agradable, puesto avanzado de una potencia de la OTAN; una petrolera británica y otra israelí sobre la cuenca; compañías estadounidenses que piden inmunidad; un Departamento de Estado que propone cerrar el comité de descolonización. En la Cuenca Malvinas Norte, el califato que denuncia Caputo tiene la forma de un consorcio cuyo socio mayoritario es una empresa del principal aliado del Gobierno en Medio Oriente.
La cruzada cumple además una función interna. El proyecto de 133 artículos que se presenta como Ley Malvinas crea un Consejo de Seguridad Nacional conducido por el Presidente e integrado solo por el Poder Ejecutivo, habilita como último recurso el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, y en su artículo 111 preveía penas de cinco a doce años de prisión para quienes, con financiamiento o instrucciones extranjeras, promovieran campañas de “desinformación”.
Ahí se cierra el círculo. Un enemigo externo de contornos religiosos justifica un aparato de seguridad orientado hacia adentro, en el mismo mes en que fue reprimida la Quinta Marcha Federal Universitaria. Quién define qué es desinformación, qué financiamiento es extranjero y qué protesta amenaza el orden lo decidiría, en la versión original, un consejo donde solo se sienta el Ejecutivo.
El estrecho
El otro frente está en el sur. El carguero chileno Danstar prepara para noviembre o comienzos de diciembre el primer viaje desde Punta Arenas hasta Puerto Argentino por una ruta inactiva desde 2011, y el embajador británico en Chile viajó a Magallanes para respaldarlo. Londres juega una carta conocida: rodear el reclamo argentino de vecinos que comercian con las islas.
Parte de la dirigencia argentina respondió con el castigo. El diputado Guillermo Michel, de Unión por la Patria, propuso denunciar dos acuerdos bilaterales de inversiones y de doble imposición con Chile, y el presidente de la Liga Naval planteó ante Diputados la posibilidad de detener el buque. Esa reacción le regala a Londres lo que más necesita: una Argentina enfrentada con el vecino con el que comparte la frontera más extensa.
Malvinas.
El Tratado de Paz y Amistad de 1984, que cerró el conflicto del Beagle y garantiza la navegación entre el Estrecho y el Atlántico, es una de las construcciones de paz más duraderas de la región. Chile, además, presentó durante años en el Comité de Descolonización el proyecto de resolución que pide negociar la soberanía de Malvinas: el mismo comité que Washington quiere disolver. El canciller Pablo Quirno descartó detener el Danstar y habló de una excelente relación con el presidente chileno, José Antonio Kast.
La decisión es correcta, aunque deja el vínculo con Santiago a merced de una sintonía ideológica entre dos gobiernos que miran hacia el mismo norte: el 15 de octubre, en la ONU, ambos se abstuvieron en la votación sobre colonialismo.
Lo que exige una política de Estado
Una política soberana sobre Malvinas tiene herramientas a la vista. La primera ya demostró eficacia: el peso del recurso propio, aplicado sin excepciones de bandera. La segunda es el derecho internacional, que exige defender con la misma energía el expediente de Hamburgo y el Comité de Descolonización. La tercera es la región y el Sur Global: la CELAC, el Mercosur y el Grupo de los 77 más China acompañan año tras año el llamado a negociar.
Para eso sobran la cruzada religiosa y el consejo de seguridad sin control parlamentario. Hace falta lo que este Gobierno resigna cada vez que Washington pide: la decisión de definir el interés nacional en Buenos Aires.
El método tiene antecedentes en esta misma gestión. El RIGI blindó por treinta años a los grandes inversores frente a cualquier cambio de reglas y llevó sus litigios a tribunales arbitrales del exterior. El decreto que derogó la Ley de Tierras quiso abrir sin límites la compra de tierras rurales por extranjeros, y fueron los tribunales los que lo frenaron. Ahora la ley que debía cerrar la Cuenca Malvinas Norte espera, trabada en comisión, que se defina a quién deja afuera.
En cada caso, la regla general rige para el país y la excepción, para el capital que tiene quien lo represente. Malvinas vuelve a medir el tamaño de la soberanía que administra el oficialismo: alcanza para sancionar a quien no tiene padrino y se suspende cuando el padrino pide la palabra.
En diálogo con Infobae al Regreso, el economista cuestionó la estrategia cambiaria del Gobierno, reclamó señales concretas para recuperar la confianza de los mercados y advirtió sobre el impacto del plan en la actividad económica
20 Oct, 2026 07:06 p. m. EST
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El riesgo país llegó a los 710 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre de 2025, pero revirtió la suba inicial y cerró en 672 unidades. En una jornada marcada por la volatilidad de los bonos argentinos y el tercer avance consecutivo del dólar, el economista y exviceministro de Economía Joaquín Cottani cuestionó el rumbo del programa oficial y reclamó cambios en la política monetaria y cambiaria.
“El programa está agotado, pero hay tiempo de revisarlo”, afirmó en una entrevista con Infobae al Regreso. Para el exfuncionario, la principal preocupación de los inversores es la capacidad de la Argentina para afrontar sus compromisos financieros sin depender exclusivamente de un eventual regreso a los mercados internacionales.
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Cottani cuestionó la estrategia financiera del Gobierno
Cottani consideró que la evolución del riesgo país refleja dificultades propias de la economía argentina, más allá de la incertidumbre internacional. “Si todos los países emergentes caen proporcionalmente del mismo modo, es un problema externo, pero si el riesgo país se separa, que es lo que ha estado pasando, es un problema interno”, explicó.
En ese escenario, cuestionó los anuncios oficiales sobre la capacidad financiera para enfrentar una eventual corrida cambiaria. “El mercado lo que quiere ver es menos bazucas y más compra de reservas”, sostuvo.
El economista estimó que los vencimientos de deuda se ubican entre USD 26.000 millones y USD 29.000 millones, frente a recursos disponibles que calculó en unos USD 6.000 millones. Ante esa diferencia, planteó que el Banco Central debería acelerar las compras de divisas y alcanzar incorporaciones mensuales de entre USD 1.000 millones y USD 2.000 millones. “1.500 sería un valor que calmaría al mercado”, afirmó.
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También cuestionó los anuncios oficiales sobre el poder de fuego financiero para responder ante una eventual corrida, que incluyeron estimaciones de USD 75.000 millones y USD 125.000 millones. “La bazuca no cayó bien”, resumió, al poner en duda que instrumentos como el swap con China y las posiciones en el mercado de futuros puedan considerarse recursos de disponibilidad equivalente.
En lugar de enfatizar la capacidad de intervención, Cottani propuso comunicar un programa de acumulación de divisas con objetivos verificables para los próximos doce meses. “Si compramos a razón de mil millones de dólares por mes, en lo posible aún más, vamos a llegar en los próximos doce meses a tener suficientes reservas como para pagar la deuda si no tuviéramos acceso”, sostuvo.
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Consultado sobre las referencias oficiales al denominado “riesgo kuka” como explicación de la incertidumbre financiera, respondió: “Echarle la culpa al riesgo kuka es siempre un artilugio que está a mano”. A su entender, el Gobierno debe recuperar la confianza a través de sus propias decisiones económicas, en un contexto de dificultades para acceder al financiamiento internacional y de mayores costos para las colocaciones en dólares en el mercado local.
Inflación, tipo de cambio y los límites del programa económico
Cottani también cuestionó la estrategia oficial de utilizar la desaceleración de la inflación como principal ancla del programa económico, con la expectativa de que la estabilidad de precios impulsara por sí sola una recuperación de la actividad.
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“El Gobierno dijo: ‘Bajamos la inflación y nos atamos a esa bandera, porque bajando la inflación, la economía se recupera sola’”, recordó.
El ex viceministro reconoció que la reducción inicial de los precios fue más rápida de lo que esperaba, pero advirtió que el proceso perdió impulso al acercarse a registros más bajos. “Cuando se llegó al 3 o al 2%, ahí la inercia vino y venimos varios meses sin poder bajar”, señaló.
Desde su perspectiva, sostener la desinflación mediante la contención del tipo de cambio presenta límites. Por eso, planteó que el Gobierno debe revisar el esquema monetario y cambiario sin abandonar el objetivo de estabilidad.
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El economista también destacó el aporte de sectores exportadores como la energía y la minería para reducir la vulnerabilidad externa, aunque advirtió que su expansión no garantiza una recuperación generalizada de la economía. “Lo que va a haber es una profundización de la recesión económica”, sostuvo.
Su diagnóstico apunta a uno de los principales desafíos del programa oficial: compatibilizar la desaceleración de los precios con la recuperación de la actividad y generar condiciones para mejorar el acceso al financiamiento.
En el tramo final de la entrevista, Cottani aclaró que no había tenido responsabilidades directas en las decisiones operativas del Ministerio de Economía y expresó su deseo de que al Gobierno le vaya bien. Sin embargo, insistió en la necesidad de modificar el rumbo cambiario.
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“Ya no se puede seguir bajando la inflación reprimiendo el tipo de cambio y es necesario flexibilizar la política monetaria y la cambiaria para que la economía entre en un círculo virtuoso de crecimiento”, concluyó.
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Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Córdoba, Martín Llaryora, opinaron sobre el proyecto del Gobierno de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Los tres se pronunciaron a favor de que no se lleven a cabo bajo los argumentos de que no se puede pedir a la población ir tantas veces a votar y el elevado costo de realizarlas.
Los mandatarios provinciales hablaron en el marco de la Jornada de desarrollo productivo y competitividad de la Región Centro, que reunió a los tres jefes provinciales en Paraná.
En medio de una conferencia de prensa, los gobernadores fueron consultados acerca de la valoración individual de cada uno sobre la eliminación de las PASO que pretende aprobar el Poder Ejecutivo dentro de la Reforma electoral.
El primero en tomar la palabra fue el cordobés Llaryora, cuya provincia no tiene PASO. En su intervención, elogió la Boleta Única y pidió “que se siga expandiendo en toda la Argentina” su uso, argumentando que otorga “transparencia y participación”.
Luego, Pullaro se pronunció “a favor de la suspensión de las PASO en el orden nacional”, aunque seguidamente reconoció ser “producto de una PASO en el orden provincial”.
Al mismo tiempo, el gobernador señaló sus dudas de que “las PASO sirvan para algo en la elección de candidatos a nivel nacional” porque, consideró hay que hacer tres elecciones y “tiene un gran costo a nivel nacional”.
Finalmente, respondió a la consulta el gobernador entrerriano, quien destacó que la eliminación de las PASO y otras precisiones electorales “no son temas que le quiten el sueño a los argentinos”.
“Hay un divorcio creciente, una grieta entre la sociedad y la política y en el caso de una provincia como la nuestra, que haya cinco elecciones en un año es tirar de la cuerda“, profundizó el gobernador y agregó: “Todo hay que debatirlo, pero tanto a nivel nacional como provincial hay que incorporar mayores controles al financiamiento de la política“.
Para finalizar su respuesta, Frigerio aclaró que en su provincia, su espacio —integrado por 28 agrupaciones políticas— “no tomó una decisión todavía” e instó a “acercarse más al agente” en lugar de agrandar el distanciamiento.
El gobernador de Entre Ríos ya se había pronunciado en torno a las elecciones Primarias y los planes del Gobierno libertario.
Lo había hecho el domingo 11 de este mes después de viajar con el Presidente a París para la “Argentina Week”, en donde aseguró en diálogo con radio Splendid que “no están las condiciones dadas como para que la ciudadanía vaya 5 veces, 5 domingos del 2027 a votar, sobre todo porque en las últimas elecciones votó poco más del 60% en una”, afirmó.
Y precisó: “Si podemos evitar que la gente vote 5 veces en un año y que los partidos políticos resuelvan, por lo menos en esta vez, de manera autónoma qué candidatos van a presentar, es algo que amerita poner arriba de la mesa, por lo menos”.
Además, dijo que tuvo “la oportunidad de hablarlo con el Jefe de Gabinete desde el punto de vista personal”. “Yo creo que hay chances de avanzar en una discusión de la ley electoral en un contexto complejo para la Argentina, pero sobre todo también para la política”, indicó.
Durante el análisis económico y productivo, Pullaro proyectó que “la economía está cambiando y la Región Centro tiene que tener un rol fundamental en el debate que va a venir”. En esa línea, fundamentó que “en cuatro años vamos a tener la misma cantidad de divisas producidas por la energía que hoy tenemos producto del campo; y en seis años vamos a tener la misma cantidad de divisas que hoy produce el campo, por la minería”.
Por su parte, el gobernador cordobés definió al bloque de las tres provincias como “una referencia de competitividad por la vinculación de lo público y lo privado”, y sumó que las tres gestiones comparten “la firme idea de que gobernar es generar trabajo”.
Profundizando su postura respecto al rol del Estado nacional, el mandatario de Córdoba enfatizó la urgencia de estructurar “un plan productivo, de desarrollo y de defensa de la industria“, remarcando la necesidad de contar con obras clave para llevar esto a la realidad.
Finalmente, Frigerio remarcó que sus provincias comparten “un norte claro vinculado con el desarrollo productivo y el sector privado”, y alertó la necesidad de profundizar la integración mediante la cooperación interprovincial, en pos de nuevos mercados y polos de desarrollo energético y minero.
Un triple crimen seguido de suicidio en Buenos Aires conmocionó este martes a la localidad de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría. Un hombre de 50 años, identificado como Damián Darío Santillán, asesinó a balazos a su pareja, a su hijo de 11 años y a su propia madre. Posteriormente, escapó hacia Burzaco, donde murió tras arrojarse al paso de un camión.
El episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Los Claveles al 700. La Policía intervino después de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en el domicilio. Al ingresar, los efectivos encontraron los cuerpos de dos de las víctimas.
La investigación también reveló que, antes de cometer los asesinatos, el agresor había enviado un mensaje de texto a un familiar cercano. “Me obligaron a hacer esto”, escribió Santillán, según la información incorporada al expediente judicial. La comunicación quedó bajo análisis de los investigadores, quienes intentaban reconstruir las circunstancias previas al ataque.
Encontraron a la mujer y al niño asesinados dentro de la vivienda
Cuando los efectivos ingresaron a la propiedad, encontraron el cuerpo de Laura Susana Prediger, pareja del atacante, en el sector de acceso al comedor. La mujer presentaba una grave herida compatible con un disparo de arma de fuego.
En una de las habitaciones, los policías hallaron a Santino, el hijo de 11 años de la pareja. El niño estaba sin vida y presentaba una lesión de arma de fuego en la cabeza. Junto a su cama, los investigadores secuestraron una escopeta de doble caño, que habría sido utilizada durante los ataques.
El procedimiento continuó en una construcción lindera, comunicada con la vivienda principal a través de los fondos y con salida hacia la calle Alfonso Amat. Allí residía Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre del presunto homicida.
La tercera víctima y la muerte del agresor en Burzaco
Los efectivos encontraron a Castillo Toscanini tendida en el piso de la cocina. La mujer también presentaba heridas provocadas por perdigones, similares a las detectadas en las otras víctimas. De esta manera, los investigadores establecieron que se trataba de tres homicidios ocurridos en propiedades vinculadas entre sí.
Mientras la Policía Científica realizaba las primeras pericias, alrededor de las 7.30 ingresó otra comunicación al sistema de emergencias. Un hombre había muerto tras arrojarse al paso de un camión Mercedes-Benz que circulaba por la avenida Monteverde, en Burzaco, partido de Almirante Brown.
Los investigadores cotejaron la documentación y las características del fallecido y determinaron que se trataba de Damián Darío Santillán. Los cuatro cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de las autopsias correspondientes.
Investigaban amenazas y conflictos familiares previos
La causa quedó caratulada provisoriamente como triple homicidio seguido de suicidio y pasó a manos de la Fiscalía Descentralizada N° 1 de Esteban Echeverría, encabezada por la fiscal Ana Río. También intervino la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II.
De acuerdo con los testimonios reunidos entre familiares y allegados, Santillán y Prediger habían mantenido una relación de aproximadamente 20 años. Sin embargo, durante las dos semanas anteriores al crimen se habrían producido conflictos dentro de la pareja.
Según esas declaraciones, el hombre habría sospechado de una infidelidad y, desde entonces, se habrían registrado episodios de hostigamiento y amenazas verbales. Esa información formaba parte de las líneas investigativas y no constituía una explicación ni una justificación de los asesinatos.
El mensaje que dejó antes de cometer los asesinatos
Uno de los elementos centrales del expediente fue el mensaje enviado por Santillán a un familiar antes del ataque. La frase “Me obligaron a hacer esto” fue considerada relevante para establecer la secuencia de los acontecimientos.
Los investigadores avanzaban con el análisis del teléfono celular del agresor y las declaraciones testimoniales para determinar si existieron otras advertencias previas y esclarecer la planificación de los hechos.
La investigación buscaba establecer cómo se desarrollaron los ataques en ambas viviendas y precisar las circunstancias que rodearon el triple crimen que terminó con cuatro personas fallecidas.
