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El exintendente de la localidad de San Nicolás, Manuel Passaglia, presentó al exfutbolista de River Plate, Oscar Ahumada, como nuevo integrante de su espacio político Hechos. La acción la realizó a través de un video publicado en sus redes sociales.

En las imágenes, se observa al dirigente y al deportista entrar a una cancha de fútbol, donde Ahumada juega con una pelota de fútbol y besa el césped del estadio. “Si le metés la mitad de la garra y del corazón que le pusiste al fútbol, en poco tiempo a Zarate lo das vuelta”, declaró Passaglia.

“Yo vengo del deporte, como decía. Para mí, no sé jugar de otra manera. Me siento cómodo trabajando en equipo”, le respondió Ahumada. Finalmente Passaglia recibe una camiseta de fútbol y se la entrega al exvolante de River Plate.

“Necesitamos más personas comprometidas como vos, capaces, que se involucren y que den la pelea. Pero si todos miramos afuera y nos quedamos con los brazos cruzados, no cambia más, ni la ciudad, ni la provincia, ni la Argentina. Bienvenido a Hechos”, concluyó el exintendente en el cierre del vídeo.

Luego, en el mensaje que acompaña al video, Passaglia asegura: “Felicitaciones por sumarte a este desafío de trabajar para llevar soluciones concretas a los problemas de la Argentina. Zárate necesita gente como vos, con ganas de hacer las cosas bien. Acá en Hechos vas a poder jugar con libertad en serio. Y nosotros te vamos a acompañar”.

El futbolista pretende competir por la Intendencia. De hecho, tiempo atrás se había sumado a la Libertad Avanza con la misma intención. Sin embargo, en septiembre de este año anunció su salida del espacio por fricciones internas.

A fines de octubre, los hermanos Santiago y Manuel Passaglia realizaron en San Nicolás su primer acto de campaña con miras a las elecciones presidenciales de 2027. Referentes del espacio Hechos, plantearon una propuesta política que busca diferenciarse tanto del gobierno de Javier Milei como del kirchnerismo. Aunque todavía no definieron quién encabezará la fórmula presidencial, ambos presentaron a su ciudad natal como el punto de partida de un proyecto de alcance nacional.

El evento incluyó un acto con vecinos y una caminata hasta el Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Allí, los dirigentes pusieron en valor las transformaciones que atribuyen a sus años de gestión municipal y sostuvieron que esa experiencia les permite aspirar a trasladar su modelo a todo el país.

Santiago Passaglia, actual intendente de San Nicolás, cuestionó la idea de que la ciudadanía deba limitarse a elegir entre el oficialismo nacional y un retorno del kirchnerismo. Según afirmó, ambos polos representan “dos fracasos” y pretenden sostener un escenario de miedo y resignación. En ese marco, criticó la situación económica de sectores que, aun teniendo más de un empleo, no logran llegar a fin de mes, así como las dificultades que enfrentan comercios y pequeñas y medianas empresas para mantenerse en actividad.

El intendente remarcó que, a su entender, el ordenamiento de las variables macroeconómicas no alcanza si no se traduce en mejoras concretas para la vida cotidiana. También rechazó que el kirchnerismo pueda ser una alternativa y responsabilizó a ese espacio por problemas como la inflación, la pobreza y la corrupción durante sus años de gestión.

Manuel Passaglia, diputado provincial y exintendente de San Nicolás, reforzó ese posicionamiento. Aseguró que enfrentarán a los sectores que consideran extremos de la política argentina y expresó la consigna central del acto: “Se acabaron los relatos”. El mensaje buscó instalar a Hechos como una alternativa pragmática, basada en resultados de gestión y alejada de las disputas ideológicas tradicionales.

Los Passaglia reconocieron que conducir un municipio no es equivalente a administrar el país, pero sostuvieron que la recuperación de una ciudad que describen como deteriorada les otorga experiencia y autoridad para asumir desafíos mayores. Santiago Passaglia también destacó la renovación generacional: afirmó que el próximo presidente no debería pertenecer a sectores políticos que, según su mirada, ya fracasaron, y señaló al “interior productivo” como origen deseable de un nuevo liderazgo nacional.

La propuesta que presentaron se concentra en la generación de empleo, el impulso a la industria y las pymes, el acceso a la vivienda, la educación y la seguridad. Para cerrar, Santiago Passaglia sostuvo que no proponen soluciones extraordinarias, sino la posibilidad de vivir en “un país normal”, donde trabajar, estudiar, invertir y producir tenga sentido.

Más allá de desatar una grave crisis política que puede derivar en el juicio político al presidente Santiago Peña, la disolución del Ueno Bank ordenada por el Banco Central del Paraguay trajo una serie de fuertes impactos financieros y sociales sobre la economía paraguaya. El caso mezcla causas judiciales contra directivos, un impacto sobre el sistema financiero del país y deja a millones de ahorristas y jubilados sin acceso a su dinero.

El origen de Ueno Bank se remonta a la compra de Financiera El Comercio por parte del Grupo Vázquez en 2021, que ya poseía la financiera Credicentro. La marca comenzó a operar con una propuesta centrada en la aplicación móvil y, tras obtener la autorización bancaria plena, inició sus operaciones como banco en diciembre de 2023.

La clave de su expansión se centró en ofrecer servicios bancarios con impronta fintech. Aprovechó la cartera de las dos entidades preexistentes y le añadió cuentas simples y de bajo costo, operadas desde el celular. De esa forma, se transformó en un actor clave del sistema financiero del país por acumular 2,9 millones de clientes, el 60% de la población adulta del país. Es el quinto banco del país en cantidad de depósitos pero claramente el primero en materia de cantidad de clientes. Al cierre de 2025 concentraba 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos del sistema bancario paraguayo, que en total posee 16 bancos.

El salto decisivo llegó en junio de 2024, cuando absorbió a Visión Banco. Esa integración incorporó activos, pasivos y operaciones de una entidad ya instalada, y permitió que Ueno dejara de ser una plataforma enfocada en pagos y crédito de consumo para ofrecer cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones y servicios para empresas. La captación digital, los reintegros comerciales y las transferencias inmediatas formaron parte de su estrategia para ampliar la base de usuarios.

Su dimensión también quedó atada al sector público. Hasta su caída, Ueno administraba unos USD 850 millones de organismos estatales, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de jubilaciones y prestaciones de salud. La concentración de esos fondos elevó el alcance de la intervención más allá de sus clientes particulares.

En marzo de este año dio otra señal inusual para las finanzas de Paraguay. Emitió bonos USD 350 millones con vencimiento en 2031, una operación que la convirtió en el único banco local con títulos negociados en mercados internacionales. La tasa que le pidió el mercado, menor del 7%, no hacía prever ninguna dificultad.

A la vez, Ueno alcanzó gran popularidad en su país por una agresiva política de marketing vinculada al deporte. Se transformó en sponsor central para la Asociación Paraguaya de Fútbol y el Comité Olímpico del país, por lo que su marca se vinculó a todas las actividades deportivas. Los estadios de los dos clubes de fútbol más populares del país, Olimpia y Cerro Porteño, llevan la marca Ueno en su nombre.

El inicio de la investigación

Un sumario del Banco Central del Paraguay (BCP) desató la tormenta. La investigación detectó créditos otorgados a empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, controlante del banco. Según señaló el organismo, esas operaciones derivaron en incumplimientos y en el deterioro de los indicadores de liquidez de la entidad. Por el rol dominante del banco, existía un riesgo claro de que las dificultades se extiendan al resto del sistema.

El BCP dispuso el congelamiento de los activos y pasivos de Ueno Bank y el envío de funcionarios para asumir el control de la entidad. Se inició así un procedimiento de resolución luego de que el índice de solvencia de la entidad quedara por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa. El directorio del BCP dispuso el cierre de las operaciones, suspendió la app para móviles, las tarjetas y el resto de los servicios, y puso los activos y pasivos bajo administración del regulador.

Mientras la justicia comenzaba a detener a los directivos de Ueno Bank, se impidió el acceso a sus cuentas. No solo sus casi 3 millones de clientes no pudieron usar su dinero sino que también gran parte de los fondos del sector público quedó en la misma situación.

Los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), colocaciones de fondos a plazo fijo, dejaron de pagarse. Entre los principales damnificados quedaron el Instituto de Previsión Social, el ministerio de Economía, la Confederación Sudamericana de Fútbol y muchas sociedades de Bolsa, empresas y cajas de jubilaciones.

Pero lo que multiplicó los efectos del caso es el ingrediente político. El presidente Santiago Peña fue accionista de Ueno Bank hasta marzo de 2025. Y el titular del BCP, Carlos Carvallo, fue su presidente hasta julio de 2023, cuando dejó ese cargo para asumir en el Banco Central. Es decir: Carvallo pasó de presidir el banco a conducir el organismo que debía supervisarlo.

Al oficializarse la intervención, Peña le pidió la renuncia a Carvallo. Con la crisis ya desatada, en las últimas horas designó al exministro de Industria Raúl Vera Bogado como nuevo titular del Banco Central, al que ya había dirigido entre 2001 y 2002. También designó a dos nuevos directores.

Pero los temores ya se habían vuelto imparables. Aparecieron los disturbios en las calles protagonizados por aquellos ahorristas que pedían por su dinero, a la manera del “corralito” de la Argentina en 2001. El gobierno avanzó con algunas medidas para devolver el dinero que es una demora inaceptable para millones de personas de condición humilde que se quedaron sin su dinero cotidiano de un día para otro.

Imputaciones contra directivos y empresas vinculadas

Los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera imputaron a ocho directivos de Ueno Bank y a otras 19 personas vinculadas a empresas bajo investigación, en el marco del proceso abierto tras la resolución de la entidad financiera.

Los imputados enfrentan cargos por conducta indebida en situación de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de las normas sobre llevanza de libros de comercio.

Según el diario paraguayo Última Hora, Ueno Bank habría transferido en junio de 2026 una cartera de créditos por USD 74,4 millones a una empresa vinculada, Vinanzas SA, luego de que la Superintendencia de Bancos le exigiera desprenderse de préstamos otorgados a esas compañía. La operación incluía acreencias sobre Grupo Hendy, Grupo M y MOWI, entre otras firmas relacionadas con el grupo.

La investigación del BCP detectó indicios de que Vinanzas —también vinculada a Ueno— no tenía recursos propios suficientes para pagar la cartera y habría sido financiada indirectamente por la propia entidad bancaria. Para el Ministerio Público, ese mecanismo podría haber ocultado la situación patrimonial real del banco, ya que los créditos habrían terminado, en los hechos, bajo financiamiento de la misma institución que los cedió.

La devolución de los ahorros

La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), que reúne a los 14 bancos privados del país, entre ellos Ueno, aseguró que el resto del sistema opera con normalidad y que trabaja para atender la demanda de los clientes que están migrando desde la entidad intervenida. “Lamentablemente, en las últimas horas se observan comentarios en redes sociales que instalan miedos e incertidumbres que nada tienen que ver con la realidad del mercado ni con la situación del sistema bancario en su conjunto”, señaló la entidad.

En tiempo récord, el Congreso sancionó una ley para dar auxilio a los ahorristas y el presidente Peña la promulgó. La norma habilita un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para que los clientes de Ueno Bank reciban con rapidez una parte de los ahorros inmovilizados tras la intervención. Cada depositante podrá cobrar hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 121,7 millones de guaraníes —unos USD 19.787—, y el Banco Central del Paraguay deberá instrumentar ese pago de forma inmediata.

La norma fija que el desembolso debe realizarse en un plazo de 24 horas y, como máximo, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su entrada en vigencia. Ese anticipo no modifica la cobertura general del FGD, que alcanza hasta 75 salarios mínimos por persona física o jurídica; funciona como un mecanismo para adelantar una parte de los recursos mientras avanza el proceso de resolución de la entidad.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, relató en una entrevista exclusiva en Infobae al Amanecer que entregó al papa León un informe social argentino y reclamó acuerdos frente a la pobreza y la informalidad

Gramajo contó que tomó sus encuentros con Francisco y León como parte de una representación colectiva. “Uno no va individualmente, sino que pertenece a un colectivo que representa o intenta representar y expresar algo”, afirmó.

El dirigente identificó a ese colectivo con una porción de la clase trabajadora que desarrolla sus tareas fuera del empleo registrado. “Son los informales, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, dijo sobre la UTEP.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Gramajo ubicó el vínculo con la Iglesia en los encuentros de movimientos populares promovidos desde el Vaticano.

“Quizás con la llegada del papa Francisco hubo un proceso de mayor acercamiento”, sostuvo. Según explicó, la convocatoria papal derivó en una plataforma internacional de articulación con organizaciones populares.

El secretario general de la UTEP señaló que esos espacios reúnen experiencias de distintos países. “Los movimientos populares no solo existimos en la Argentina, sino que también los movimientos se organizan en cada uno de los países”, expresó.

El informe de 74 páginas al papa León XIV

Gramajo precisó que entregó en mano un documento de 74 páginas durante un encuentro con representantes del empresariado, el sindicalismo, organismos internacionales y bancos de desarrollo.

“Se lo di en la mano en el marco de un encuentro que tuvimos con diferentes sectores empresariales, sindicalistas, organismos internacionales, banco de desarrollo”, relató sobre la reunión, que duró casi una hora.

El informe incluyó un apartado denominado “El odio como práctica de gobierno”. Al ser consultado sobre ese concepto, el dirigente cuestionó el impacto de las decisiones oficiales sobre la estructura productiva y las redes comunitarias.

“Creo que hay un desprecio permanente hacia todos los sectores de la sociedad”, afirmó. Luego vinculó esa evaluación con el deterioro de mecanismos de atención frente a problemas de consumo, salud mental, violencia y empleo.

También habló del endeudamiento en los barrios populares y de circuitos de crédito ajenos al sistema financiero formal. “No hay una medición y una estadística de lo que implica endeudarse en los barrios populares con los prestamistas, que en general están vinculados al crimen organizado y al narcomenudeo”, aseguró.

Gramajo sostuvo que el documento reunió aportes de actores que exceden a la economía popular. “Tratamos de que el informe exprese la realidad de forma integral y no solamente lo que viven los trabajadores de la economía popular”, explicó.

En ese repaso, mencionó al fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó herido durante una movilización. “Gracias a Dios hoy volvió a trabajar, pero casi pierde la vida en una movilización a partir de una represión salvaje”, dijo.

El diálogo entre sectores distintos

El entrevistado detalló que el encuentro formó parte del espacio Fratelli Tutti, donde confluyen empresarios, sindicalistas, organismos internacionales, bancos de desarrollo y organizaciones sociales.

“Él nos convocó a seguir el camino del encuentro”, contó Gramajo sobre el mensaje que recibieron del pontífice. La propuesta, según indicó, apunta a construir diagnósticos compartidos y medidas aplicables.

El dirigente mencionó iniciativas vinculadas al cuidado, la transición justa y la actividad minera. “Hicimos que empresarios y comunidades se encuentren y planifiquen cómo abordar un proceso de desarrollo minero que contemple las necesidades de las comunidades”, señaló.

Gramajo vinculó ese enfoque con el quinto encuentro de movimientos populares realizado en el Vaticano. “El papa León pretendía darle continuidad a ese proceso de articulación de la Iglesia con los movimientos populares”, afirmó.

El titular de la UTEP recordó que una trabajadora ambulante migrante mexicana, residente en Estados Unidos, leyó las conclusiones de aquella instancia ante León. “Le propusimos cerrar el encuentro en donde una compañera trabajadora del espacio público sea la que lea las conclusiones”, relató.

Para Gramajo, el Papa retomó un debate sobre los efectos laborales de las transformaciones tecnológicas. “En esta etapa de revolución y transición tecnológica había que fortalecer también a los movimientos populares y acompañar a los movimientos populares”, sostuvo.

El dirigente comparó la realidad argentina con otros países de la región. “La informalidad llega al 50% en nuestro país, pero hay países de la región que están en el 60, en el 70 y casi en el 80% en algunos casos”, detalló.

Sobre una eventual visita de León a la Argentina, Gramajo expresó su deseo de que su mensaje alcance a quienes toman decisiones políticas. “Ojalá que les toque el corazón y los sensibilice para que hagan lo que tienen que hacer”, manifestó.

La autocrítica a las políticas anteriores

El secretario general de la UTEP también se refirió a los gobiernos de centroizquierda y progresistas de la Argentina y la región. Rechazó explicar el ascenso de Javier Milei por una sola candidatura o una maniobra electoral.

“Creo que tiene que ver con un proceso inconcluso, en donde no se resolvieron los problemas estructurales”, afirmó. Gramajo incluyó en esa revisión a las políticas sociales impulsadas en años anteriores.

“Somos autocríticos de parte de la política social que no resolvió los problemas centrales de nuestro país”, dijo. A la vez, pidió una discusión que incorpore a la clase política, el empresariado, el movimiento obrero, las organizaciones sociales y los medios.

El dirigente señaló que la pobreza, el trabajo y la planificación estratégica deberían formar parte de esa agenda. “La política en la Argentina lo que ha hecho fue generar parches a determinados problemas que terminaron siendo problemas estructurales”, sostuvo.

Gramajo citó la evolución de los indicadores sociales desde el retorno de la democracia. “Terminamos después de casi 40 años de democracia con un 42%, 43% de pobreza y con un nivel de pobreza estructural”, planteó.

También cuestionó que la discusión quede limitada a la competencia entre partidos. “Nuestro campo político y social se debe un debate de carácter estratégico y no solamente político-electoral”, afirmó.

El titular de la UTEP vinculó esa discusión con los cambios en el trabajo, la tecnología, la concentración económica y el sistema financiero. “Ha cambiado el mundo y se ha modificado la realidad”, concluyó.

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El 16° Foro ABECEB comenzó este jueves en el Faena Art Center de Buenos Aires con una advertencia que combinó geopolítica y economía: la capacidad de Washington para asistir a países como Argentina en situaciones de crisis se reduce significativamente con un Congreso dividido. La señal la dio Gary Litman (foto), vicepresidente senior de Iniciativas Globales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce), la principal organización empresaria del país del norte.

Litman dedicó buena parte de su intervención a las consecuencias que el resultado electoral en Estados Unidos tiene para la región. Con un Congreso fracturado entre los dos partidos, advirtió, la capacidad de Washington para responder a shocks externos en economías como la argentina se vuelve más estrecha. “La toma de decisiones será más lenta, la voluntad política no necesariamente estará presente y la disposición a utilizar el Fondo Monetario Internacional u otros instrumentos para acudir al rescate disminuye cuando tenemos un gobierno dividido”, señaló.

Esas palabras resonaron con fuerza particular luego de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que los demócratas se quedaron con el control de ambas cámaras del Congreso frente a los republicanos de Donald Trump. Con el Ejecutivo en manos republicanas y el Legislativo ahora bajo control demócrata, el apoyo financiero a países como Argentina a través del FMI u otros mecanismos de rescate internacional enfrenta un camino más angosto: cualquier decisión de esa naturaleza requerirá de una negociación entre poderes con agendas contrapuestas.

Para la Argentina, que históricamente recurrió al FMI y a otros mecanismos de apoyo internacional en momentos de crisis de liquidez, esa advertencia tiene peso propio. El diagnóstico de Litman no fue catastrofista, pero sí preciso: las reglas del juego global cambiaron y los márgenes de maniobra se achicaron.

El ejecutivo de la US Chamber planteó que se normalizó algo que hace dos décadas habría resultado excepcional. “Se volvió normal que los gobiernos intenten decirles a las empresas dónde invertir, qué producir, con quién comerciar y qué innovaciones financiar”, dijo. Para Litman, el equilibrio de poder entre el Estado y el sector privado se desplazó en forma pronunciada desde la crisis financiera de 2008 y, en especial, tras la pandemia.

A eso se suma el impacto de los aranceles y las restricciones comerciales, que aumentan la incertidumbre, encarecen los negocios y obligan a las empresas a ralentizar sus planes de inversión. El escenario, según describió, ya no es de excepción sino de nueva normalidad, y las compañías que no se adaptan a esa lógica quedan en desventaja estructural.

Aun así, Litman resaltó el interés de las empresas y el sistema político de su país en la región. “El foco de la política estadounidense en América del Sur llegó para quedarse”, afirmó, y anticipó que en los próximos años habrá más presencia empresarial, personal y política en el continente. El mensaje fue claro: la menor capacidad de asistencia financiera no implica menor atención estratégica.

Una Argentina con tres velocidades que busca su lugar en esa disputa

Antes de la intervención de Litman, en su discurso de bienvenida al Foro, Mariana Camino, CEO de ABECEB, trasladó el diagnóstico global al plano local. Su punto de partida fue una advertencia metodológica: Argentina ya no puede leerse como un todo. Para ordenar el análisis, propuso la imagen de tres relojes que corren en simultáneo pero marcan horas distintas.

El primero mide la coyuntura: consumo, inflación, empleo, actividad. El segundo registra la transmisión, es decir, cómo la estabilidad que hoy se reconoce como activo llega concretamente a las empresas en forma de crédito, financiamiento y palanca de crecimiento. El tercero marca la transformación: la Argentina de la energía, el agro y la minería que desarrolla su capacidad exportadora, el país del cambio de reglas y la apertura.

“Estos tres relojes funcionan en simultáneo, pero marcan distintas horas”, subrayó Camino. Por eso, sostuvo, entender la Argentina hoy implica mirar cada realidad en particular: pararse en los agregados explica poco del presente y menos aún del futuro.

La estabilidad es un activo necesario, pero no suficiente

El diagnóstico de ABECEB es el de un país cada vez más segmentado y heterogéneo en sus niveles de actividad. Camino señaló que conviven sectores con crecimiento acelerado junto a empresas que pelean día a día los márgenes de ganancia, y que esa brecha se replica incluso dentro de un mismo rubro. “Va a haber empresas que van a crecer mucho, relacionadas con sectores que crecen y vuelan, y otras que no, que van a estar desafiadas por la apertura”, planteó.

La economista reconoció que el país llega a esta instancia con un activo claro: la estabilidad económica. Pero advirtió que ese activo no es suficiente por sí solo para atraer inversión. “El costo del capital es más alto cuando la respuesta a si esto puede durar no es clara”, señaló, y marcó que la generación de confianza y la persistencia de las mejoras constituyen la segunda etapa que Argentina tiene por delante, en un año en que además se elige presidente.

Ese argumento tiene respaldo en el Índice de Reversión del Modelo (IRM) que ABECEB viene desarrollando desde fines de 2023. El indicador, que procesa 22 series cuantitativas para medir qué tan probable es que el sistema político decida revertir las reglas actuales, cayó 22% entre noviembre de 2023 y el tercer trimestre de 2026, al pasar de 53 a 42 puntos sobre una escala de 100.

La otra clave que Camino introdujo fue la del timing. Planteó que esperar es una decisión válida, pero que tiene un costo concreto: “Todo lo que no decidimos, las posiciones que no ocupamos, las van a ocupar otros”. Mientras una empresa aguarda más certeza, otra firma un contrato a largo plazo, desarrolla un proveedor, busca financiamiento o toma decisiones de mercado, alianzas y producción.

En ese sentido, instó a no ver al año que viene solo como un período electoral. “Puede ser el año en el que empiezan a definirse realmente quiénes vamos a capturar valor en la Argentina de hoy”, dijo, y cerró con una pregunta que articuló toda su presentación: dónde quiere estar posicionada cada empresa cuando el país encuentre ese equilibrio.

La jornada en el Faena Art Center contará además con la participación del viceministro de Economía José Luis Daza, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el expresidente Mauricio Macri y el exvicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos, entre otros referentes y empresarios.