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Una frase de Donald Trump en el Salón Oval abrió a principios de septiembre uno de los capítulos más tensos de la disputa por las Islas Malvinas en décadas. Lo que siguió fue una escalada de declaraciones cruzadas, decretos, alertas militares y movimientos diplomáticos entre Argentina y el Reino Unido que tendrá como escenario, esta semana, a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el centro del conflicto, además de la soberanía, está el petróleo: el proyecto Sea Lion, un yacimiento en aguas profundas a 220 kilómetros al norte del archipiélago, cuya explotación se convirtió en una preocupación de Casa Rosada, es una disputa por unos ingresos estimados por las autoridades británicas en USD 2.000 millones en concepto de regalías a lo largo de 30 años.

El primer movimiento público

Fue el 25 de abril cuando la agencia Reuters publicó el contenido de un correo interno del Pentágono que enumeraba posibles represalias de la administración Trump contra aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que se negaron a respaldar las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente. Entre esas medidas figuraba la reconsideración del apoyo diplomático de Washington a reclamos europeos sobre “posesiones imperiales”, con mención explícita a las Malvinas.

El trasfondo era la creciente fricción entre Trump y el entonces primer ministro británico Keir Starmer, a quien el mandatario republicano había calificado de “cobarde” por la negativa de Londres a conceder a las fuerzas estadounidenses derechos de acceso, base y sobrevuelo para operaciones contra Irán.

En aquel momento, el subsecretario del Departamento de Estado Thomas G. DiNanno, en una ronda con medios, entre ellos Infobae, hizo una breve mención a filtración: “No puedo hablar sobre el respaldo en el tema de las islas. Estados Unidos es neutral en ese asunto”.

La Casa Rosada, en tanto, recibía la noticia con expectativa y cautela. El presidente Javier Milei, por entonces, señalaba que su gobierno hacía “todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina”. Desde Londres, la respuesta fue la posición histórica de las autoridades británicas: “La soberanía de las Islas Malvinas no está en cuestión”.

Otro aviso de Trump

El segundo detonante llegó el 1 de septiembre, cuando un periodista le preguntó a Trump en el Salón Oval si su gobierno reconsideraría su postura sobre la soberanía del archipiélago. La respuesta fue breve, pero tuvo un enorme impacto diplomático: “Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas”.

En Buenos Aires, el efecto fue inmediato: Milei calificó esas palabras como algo “muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada” de los argentinos y activó un operativo comunicacional que incluyó el anuncio por anticipado de una cadena nacional. Ya en ese momento, en el ámbito diplomático analizaban que el movimiento de Trump era “muy fuerte en lo discursivo” y los analistas coincidían en que debía leerse en clave de presión sobre la OTAN, no como un giro genuino sobre la soberanía argentina sobre las Malvinas.

Cadena nacional y sanciones a las petroleras

En la noche del 3 de septiembre, y en medio de una fuerte expectativa, Milei utilizó la cadena nacional para formalizar las acciones que el gobierno venía preparando. “Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay debate”, afirmó desde la Casa Rosada. El discurso incluyó un paquete de medidas: sanciones contra las empresas involucradas en la explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización argentina, ampliación del presupuesto del Ministerio de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El blanco central fue Sea Lion, cuya explotación impulsa el consorcio formado por Rockhopper Exploration —de capital británico— y Navitas Petroleum, con sede en Israel, con planes de comenzar a bombear petróleo en 2028. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió Milei. El mandatario también rechazó el argumento del derecho de autodeterminación de los isleños y declaró “sin validez” el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los habitantes votó por seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar.

Esa misma noche, en una entrevista con la cadena británica GB News, Trump daba otro gesto al negarse a confirmar si respaldaría al Reino Unido ante un eventual nuevo conflicto con Argentina y recordó que Londres “no estuvo ahí” para ayudarlo en la guerra contra Irán.

El Reino Unido en alerta

La respuesta de Londres llegó al día siguiente a través de un portavoz de Downing Street: “Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, según informó la BBC. El secretario de Defensa, Wes Streeting, fue más directo: “Las Malvinas son británicas porque los isleños eligieron ser británicos”, y calificó el discurso de Milei como un reflejo de “la política interna argentina” antes que una amenaza real.

En paralelo, el gobierno argentino anunciaba simultáneamente por X que iniciaba procesos sancionatorios contra 45 personas y empresas. Los DNU 867/2026 y 868/2026 formalizaron parte de las medidas: el Decreto 868/2026 designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que establece penalidades para actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin permiso del país, y fijó un plazo de cinco días hábiles para que los organismos estatales comuniquen posibles incumplimientos.

El Reino Unido calificó esas sanciones de “inaceptables” y reiteró que el comercio en las islas se rige por la legislación británica. La Cancillería argentina rechazó “de la manera más enérgica” una guía del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) de Londres que promueve la actividad comercial e hidrocarburífera en la zona y declara que la legislación argentina no aplica sobre las islas.

El mensaje de Dublín y el “desastre potencial”

La escalada retórica sumó un nuevo capítulo el 12 de septiembre, cuando Trump ofreció declaraciones ante la prensa en Dublín tras reunirse con el primer ministro irlandés Micheál Martin. El presidente estadounidense afirmó que las Malvinas le parecen “muy interesantes”, que Argentina y el Reino Unido son “dos países que están enfadados” y que un eventual conflicto sería “un desastre potencial”. Al mismo tiempo, se mostró confiado en poder resolverlo si lo convocaran en un eventual rolde mediador. Trump también evocó la guerra de 1982 y cuestionó si Londres estaría en condiciones de defender las islas, dada su situación interna: “Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos, hablamos de semanas en barcos”, sostuvo, según reportó EFE.

La respuesta británica

En medio de la escalada, el gobierno británico confirmó el 14 de septiembre el reemplazo de los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en las islas por aeronaves Tranche 2 de mayor capacidad operativa, en una rotación prevista para fines de noviembre de 2027. El Ministerio de Defensa aclaró que la renovación estaba planificada con anterioridad y era independiente de la tensión en curso, aunque reconoció que la confirmación resultaba relevante como señal del compromiso militar permanente con el archipiélago.

Ese mismo día, la agencia EFE describió desde las propias islas la reacción de sus habitantes: más hastío que preocupación. Un analista local sintetizó el sentimiento general: “Estamos cansados de ser un juguete político, de ser peones en un tablero de ajedrez”.

Más sanciones a empresas

El siguiente movimiento llegó de Argentina. Por medio del Decreto 983/2026, el gobierno de Milei creó el Sistema de Articulación de la Política Exterior en el ámbito de la Cancillería, con el mandato de coordinar las acciones de todos los organismos estatales que puedan incidir en el reclamo por las islas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Cada organismo alcanzado debe designar un enlace institucional para canalizar la información hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Para esa fecha, el gobierno había abierto procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas con actividad directa o indirecta en la cuenca Malvinas.

En paralelo, medios británicos como The Times, The Guardian y Daily Mail informaron que Burnham y Trump podrían reunirse por primera vez esta semana en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, y que las Malvinas figurarían en la agenda junto a Ucrania, Irán y la inteligencia artificial.

Mientras tanto, la Justicia Federal argentina avanzó también en la última semana con una causa penal contra las petroleras extranjeras acusadas de explotar petróleo en el archipiélago sin autorización estatal. Es más, la jueza federal Mariel Borruto, de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a las petroleras abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en marcha la explotación petrolera.

La ONU como escenario y vidriera

Con la Asamblea General de la ONU como marco, la Cancillería argentina trabaja con el protocolo de la Casa Blanca y el Departamento de Estado para concretar un encuentro formal entre Milei y Trump en torno al 21 y 22 de septiembre. El objetivo es que el mandatario argentino exponga los derechos históricos que reclama el país sobre el archipiélago y solicite formalmente una mediación de Washington, aunque fuentes diplomáticas reconocen que el margen geopolítico es estrecho: para que Estados Unidos asuma ese rol, Londres debería acceder a negociar.

Según Benjamin Gedan, investigador del Centro Stimson, para actuar como mediador por las Malvinas, “Trump debe convencer a ambas partes de que es neutral”.

El discurso de Milei ante la Asamblea General, previsto para el próximo miércoles, incluiría la defensa de los derechos soberanos argentinos y cuestionaría la negativa británica a cumplir las resoluciones del Comité de Descolonización de la ONU. El canciller Quirno, en tanto, fue enfático: “El objetivo es recuperar la soberanía mediante el diálogo diplomático. Y nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance, legales, diplomáticas, jurídicas, de defensa, de inteligencia, para defender nuestros intereses”.

En una misma semana, Transportadora de Gas del Norte (TGN) anunció un gasoducto de 753 kilómetros y USD 2.200 millones para llevar el gas de Vaca Muerta al centro y norte del país, e YPF confirmó en la feria GasTech de Bangkok que está a punto de firmar sus primeros contratos de exportación de gas natural licuado (GNL).

La coincidencia no es casual: el mundo atraviesa una crisis de abastecimiento energético sin precedentes desde la invasión rusa a Ucrania, y la Argentina acumula, por primera vez en mucho tiempo, más factores a favor que en contra.

“Recursos, viento de cola geopolítico, diversificación y carbono neutral. Es todo lo que tenemos a favor”, resumió Gabriela Aguilar, presidenta de la Cámara Argentino-Texas (ATCC) y managing director de la consultora Awire, en una entrevista con este medio. La frase condensa un análisis que, esta semana, dejó de ser prospectivo para volverse urgente.

El disparador más reciente del realineamiento energético mundial fue el conflicto entre Estados Unidos e Irán, iniciado en febrero de 2026. La escalada bélica derivó en el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz y en ataques sobre la infraestructura gasífera del Golfo Pérsico.

El blanco más sensible fue el complejo de Ras Laffan, en Qatar: dos de los 14 trenes de licuefacción de QatarEnergy quedaron fuera de servicio, junto con la planta Pearl GTL operada por Shell. Las reparaciones, según estimaciones del propio CEO de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, demandarán entre tres y cinco años, y la pérdida de capacidad asciende a 12,8 millones de toneladas anuales, lo que representa aproximadamente el 17% de las exportaciones del mayor proveedor de GNL del mundo.

El impacto se extendió más allá de la infraestructura dañada. Con el Estrecho de Ormuz prácticamente cerrado al tráfico comercial —los buques que lo cruzaban cayeron de 95 por día a menos de 10 en las primeras semanas del conflicto—, quedó bloqueado el paso de cerca del 20% del comercio global de GNL.

Según datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), las pérdidas acumuladas de suministro entre 2026 y 2030 podrían alcanzar los 140.000 millones de metros cúbicos. Los intentos de reapertura del estrecho, además, no implican una normalización inmediata: los altos costos de seguros de guerra y el tiempo de restauración de los flujos marítimos mantendrán la oferta restringida durante meses.

“Cuando sucedió esto, con la disputa o la guerra entre Estados Unidos e Irán, ya vimos el impacto real sobre activos de GNL. Eso repercute no solamente técnicamente en volumen, sino también el volver a pensar cómo los países se abastecen de energía, que es seguridad energética”, contó Aguilar.

La consecuencia directa es que los países importadores —europeos, asiáticos— están buscando activamente diversificar sus fuentes de suministro para no depender de una sola región. Ese proceso de diversificación es, en términos concretos, la oportunidad que se le presenta a la Argentina.

Una semana cargada de señales

El jueves, TGN anunció la construcción del Gasoducto Manuel Belgrano, un trazado de 753 kilómetros que unirá Tratayén, en Neuquén, con La Carlota, en Córdoba, atravesando cinco provincias. La capacidad inicial proyectada es de 13 millones de metros cúbicos diarios, con entrada en servicio prevista para abril de 2029. La compañía, controlada por Tecpetrol (la petrolera del Grupo Techint, el conglomerado de Paolo Rocca) y CGC (firma energética de Corporación América, el holding de Eduardo Eurnekian), presentará el proyecto ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y convocará a un concurso de capacidad a fines de septiembre. El financiamiento será enteramente privado.

Según consignaron las compañías, el proyecto permitirá ahorrar USD 700 millones anuales en importaciones de combustibles líquidos y sumará cerca de USD 450 millones en exportaciones de gas habilitadas hacia países limítrofes.

“Cuando TGN empiece a tener eso operativo, la importación va a seguir existiendo, pero va a ser menor. Ya no se va a hablar más de importación de GNL como necesidad, sino de consumo de GNL”, explicó Aguilar, que señaló al corredor del Litoral y Córdoba como el principal mercado que quedaba sin resolver tras la ampliación del Gasoducto Perito Moreno de TGS, cuya expansión debería estar operativa antes del invierno de 2027.

En la semana, también, a miles de kilómetros, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó en GasTech que la petrolera de mayoría estatal está próxima a firmar entre dos y tres contratos de venta de GNL con volúmenes de entre 0,5 y 1,5 millones de toneladas anuales cada uno.

La decisión final de inversión del proyecto Argentina LNG está prevista para noviembre de este año en Buenos Aires. El emprendimiento, valuado en USD 51.000 millones y desarrollado junto a la italiana Eni y la emiratí XRG, contempla dos barcos fábrica licuefactores frente al Golfo San Matías, en Río Negro, con una capacidad mínima de 12 millones de toneladas anuales, escalable hasta 18 millones.

El financiamiento del proyecto ya muestra músculo: 47 bancos internacionales participaron de las primeras rondas para la etapa inicial —valuada en USD 15.500 millones—, y el monto ofertado llegó a 2,4 veces lo requerido. JP Morgan y Santander lideran el diseño financiero.

El RIGI como habilitador y la pregunta que nadie quiere postergar

Detrás de estos movimientos opera el RIGI, el régimen que otorga beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros a inversiones de gran escala, con estabilidad regulatoria por 30 años. Los proyectos aprobados bajo ese paraguas obtienen permisos de exportación de hasta 20 años, una condición que hoy no está disponible para los que quedan fuera del régimen.

Aguilar valoró el instrumento, pero advirtió sobre una variable que el sector ya está calculando: el RIGI tiene fecha de vencimiento. “El RIGI termina el año que viene, a mitad de año. Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, fue muy taxativo: no se va a extender”.

La pregunta de qué ocurre con los proyectos que no alcancen a presentarse —o que no califiquen— antes de esa fecha orbita sobre la industria con discreción, pero con peso. “¿Qué pasa con los que no están en el RIGI? Hoy no cuentan con esa seguridad, hoy no pueden tener un contrato de 20 años”, planteó la presidenta de la Cámara Argentino-Texas.

Su hipótesis es que la convergencia entre el apuro de los grandes proyectos por ingresar al régimen y el ciclo electoral del año próximo podría derivar en una normalización: que las condiciones especiales del RIGI se conviertan en el estándar de la economía. “Es el deseo y esa es mi pregunta, pero también mi deseo, de que se traduzcan en la normalidad”, sintetizó.

Sin seguridad jurídica sostenida más allá de los instrumentos transitorios, la historia argentina pesa sobre cada análisis de riesgo que hacen los inversores extranjeros.

La cuenca Permian se acerca al techo

Hay un segundo motor detrás del interés internacional en Vaca Muerta, menos evidente que la crisis del Golfo, pero igualmente estructural: el Permian Basin, la cuenca que convirtió a Estados Unidos en el mayor productor de petróleo del mundo, se acerca a su pico de producción.

La CEO de Occidental Petroleum, Vicki Hollub, lo dijo con precisión en el CERAWeek, en marzo de este año: “Entre 2027 y 2030 es probable que Estados Unidos alcance el pico de producción, y después venga algo de decline”. Harold Hamm, fundador de Continental Resources —que ya tiene posiciones en Vaca Muerta—, coincidió en que la meseta ya está comenzando.

Cuando una cuenca madura, la lógica de los grandes operadores es históricamente predecible: dejan esa etapa a los actores más pequeños y salen a buscar el próximo gran desarrollo. “Los grandes, ¿qué hacen? Esto pasó en el convencional: se van. Le dejan eso a los chiquitos y se van a las cosas grandes”, explicó Aguilar.

El shale de Vaca Muerta, con sus dimensiones comprobadas —Argentina tiene la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta en petróleo, según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos—, es uno de los destinos naturales de esa reubicación de capitales.

Chevron ya tiene uno de los mayores proyectos en Vaca Muerta, de USD 14.000 millones, aunque con la habilitación al RIGI pendiente. Continental, por su parte, aumenta gradualmente su exposición. La salida de ExxonMobil, en cambio, respondió a una lógica diferente: la compañía priorizó sus posiciones en Guyana y Venezuela, competidores directos de Argentina por ese mismo flujo de inversión. “No somos la última gota en el desierto”, reconoció Aguilar. “Venezuela, Guyana están ahí, y están más cerca. Pero Argentina empieza a ser una opción real, cuando antes directamente no lo era.”

Quiénes podrían ser los compradores de la energía argentina

El mapa de destinos del GNL argentino apunta en dos direcciones. Europa es el mercado más cercano y el que ya tiene contratos concretos: el proyecto Southern Energy, liderado por Pan American Energy, tiene comprometidas ventas a Alemania. La necesidad de diversificación post-Ucrania, ahora agudizada por el conflicto en el Golfo, mantiene viva esa demanda.

Destacan los analistas que el crecimiento estructural de largo plazo vendrá del continente asiático. India, Pakistán, Bangladesh y los países del sudeste asiático concentran la expansión de consumo más significativa de las próximas décadas, con Japón y China como compradores consolidados. “La enorme demanda va a venir de ahí, sin lugar a dudas”, afirmó la especialista, que tuvo un paso por Compañía General de Combustibles (CGC).

La distancia geográfica —un argumento frecuente contra la competitividad argentina— pierde peso frente a otros factores. Los mecanismos de swap de cargamentos permiten a los exportadores optimizar rutas sin costos de logística prohibitivos. Y la reconfiguración del tráfico en el Estrecho de Ormuz ya está generando redireccionamientos que hacen más competitivo el Paso de Drake, la ruta natural para el GNL argentino hacia los mercados asiáticos y europeos. “No te cambia la ecuación”, concluye Aguilar sobre el factor distancia.

El invierno de 2027 como primera prueba de fuego doméstica

Mientras se consolida el escenario exportador, el mercado interno también avanza hacia una transformación. Este invierno, la Argentina importó alrededor de 22 cargamentos de GNL para cubrir los picos de demanda. La ampliación del Gasoducto Perito Moreno de TGS, prevista para estar operativa antes del invierno de 2027, podría reducir esa cifra a un rango de entre 8 y 14 cargamentos, según distintas estimaciones del sector.

El Gasoducto Manuel Belgrano de TGN completaría la cobertura del Litoral y el norte del país en la etapa siguiente.

“A partir del año que viene, incluso Argentina produce GNL. Entonces ya es consumo de GNL, no importación”, dice Gabriela Aguilar. El cambio semántico refleja uno sustantivo: pasar de comprar en el mercado spot para tapar un déficit a gestionar el GNL como una variable más dentro de una matriz energética que empieza a tener superávit estructural.

El año electoral agrega una variable política a un momento técnico y financiero de alta densidad. La industria —operadoras, estudios de abogados, consultoras internacionales— observa con interés contenido. “Están todas explotadas de preguntas, todos esperando, teniendo todo en gatera para salir”, describe Aguilar. El viento de cola existe. La pregunta es si Argentina tiene la velocidad para aprovechar la racha antes de que amaine.