La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión para Sergio Urribarri, quien fue dos veces gobernador de Entre Ríos por el kirchnerismo y embajador en Israel, por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas que tramitaron los tribunales provinciales.
La condena lleva aparejada, además, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario de la defensa del exgobernador por considerarlo inadmisible.
La misma suerte corrieron los planteos de los otros condenados en el expediente.
Urribarri, que ya había estado preso, había sido liberado en enero de 2025 tras un fallo de la Corte provincial. Fijó domicilio en la ciudad de Concordia.
La Fiscalía pedirá hoy mismo la detención de Uribarri, Pedro Báez, su exministro de Cultura, y de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador.
El exgobernador –aliado del kirchnerismo y que durante el gobierno de Alberto Fernández fue embajador en Israel– fue condenado el 7 de abril de 2022 y esa sentencia fue confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa por el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del ex mandatario provincial, con lo cual quedó firme la sentencia que también estableció la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, que le impuso ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. En ese proceso también fueron condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación entrerriano Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, ambos a seis años de prisión.
Según la investigación, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares y en las maniobras resultó favorecido Aguilera, señalado como responsable de un esquema de testaferros y cartelización destinado a captar fondos de la pauta oficial en vía pública.
La acusación comprendió cinco hechos principales, entre ellos el otorgamiento de pauta estatal a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva; el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial a través de las firmas Tep SRL y Next SRL; y la denominada megacausa del “Sueño Entrerriano”.
También se investigaron la instalación de un parador en Mar del Plata, que tuvo un costo de $14 millones de entonces, y el pago a la productora Nelly Entertainment para la difusión de tres spots vinculados formalmente con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.
El fallo de primera instancia había sido confirmado en 2023 por el Tribunal de Casación de Entre Ríos y posteriormente el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los recursos de las defensas, que acudieron entonces ante el máximo tribunal nacional.
Urribarri estuvo detenido durante 50 días luego de que en noviembre de 2024 la Casación provincial ordenara su prisión preventiva ante el riesgo de fuga. Esa medida fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Superior Tribunal de Justicia entrerriano.
El dirigente peronista gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015, fue posteriormente legislador provincial y en 2020 asumió como embajador argentino en Israel, cargo al que renunció en 2022 tras conocerse la condena.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó este jueves firme la condena a ocho años de prisión para Sergio Urribarri, quien fue dos veces gobernador de Entre Ríos y embajador en Israel, por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas que tramitaron los tribunales provinciales. La condena lleva aparejada, además, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario de la defensa del exgobernador por considerarlo inadmisible. La misma suerte corrieron los planteos de los otros condenados en el expediente.
El ministerio público fiscal pedirá esta tarde que el ex gobernador, que está en arresto domiciliario, vaya a la cárcel a cumplir su condena.
También irán presos su ministro de cultura, Pedro Báez, que tiene una condena de seis años y medio, y el cuñado de Uribarri, Juan Pablo Aguilera, que fue presidente del partido justicialista entre Ríos, y tuvo varios otros cargos, pero esencialmente era testaferro de Urribarri (también tiene seis años y medio), informaron fuentes judiciales a Clarín.
El exmandatario quedó preso en noviembre de 2024 por orden de la Cámara de Casación provincial que dispuso su prisión preventiva para evitar que se fugue, pero la decisión fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos. Estuvo preso 50 días.
Según la investigación, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares. En esa maniobra apareció favorecido su cuñado, Juan Pablo Aguilera, a quien se responsabilizó por manejar un esquema de testaferros y de cartelización para quedarse con los fondos de la publicidad en vía pública. En el expediente también se investigó el montaje de un parador en Mar del Plata en 2015 y la difusión de spots durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en la ciudad de Paraná en diciembre de 2014 para promover su postulación a la presidencia en 2015.
Urribarri fue gobernador de la provincia de Entre Ríos desde diciembre de 2007 hasta diciembre del 2015. Ese año fue electo legislador provincial y en 2020 fue nombrado Embajador por la República Argentina en el Estado de Israel por el gobierno de Alberto Fernandez y Cristina Kirchner. Ese cargo diplomático fue ocupado hasta mayo del 2022, cuando el Poder Ejecutivo aceptó su renuncia tras su condena.
La causa fue impulsada por la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche -que enfrentó un jury por mal desempeño impulsado por los K, fue echada y restituida por la Corte Suprema.
Allí hubo cinco acusaciones principales: el otorgamiento de una pauta publicitaria del Estado a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que esa firma tuviera existencia real; la denominada “causa de la vaca” o “de las imprentas”, que investigó de qué modo dos empresas, Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Agueilra, se quedaron durante cinco años con el negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería en vía pública; la megacausa del Sueño Entrerriano, que involucra la publicación de una solicitada contra fondos buitre; la instalación de un parador playero en Mar del Plata que costó $14 millones de entonces; y el pago a la productora Nelly Entertainment para difundir tres spots en apariencia para difundir la Cumbre del Mercosur de 2014.
El 7 de abril de 2022, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná condenó a Urribarri a la pena de 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. También fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación de la provincia, Pedro Báez, y el exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera -cuñado del exmandatario-, ambos a seis años de prisión e inhabilitación.
En el mismo debate también fueron condenados Corina Elizabeth Cargnel, Gustavo Ruben Tamay y Gerardo Daniel “Foia” Caruso, a la pena de tres años de prisión en suspenso. Las penas menores fueron para Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, y Emiliano Giacopuzzi, quienes recibieron dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, respectivamente; y Germán Esteban Buffa, a la pena de año y dos meses de prisión de ejecución condicional.
El tribunal también dictó absoluciones para otros acusados: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur Hugo Céspedes -fallecido durante el proceso- y Gustavo Tórtul; Alejandro Almada y Maximiliano Sena.
En 2023, el Tribunal de Casación entrerriano confirmó las condenas. El Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos de las defensas. Los imputados presentaron recursos extraordinarios para revocar su suerte ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti desestimaron los recursos por inadmisibles, salvo en el caso de la defensa de Tamay, en el que su presentación fue rechazada por defectos formales.
Javier Milei hablará por cadena nacional sobre Malvinas y fijará la posición del Gobierno sobre el reclamo de soberanía argentina
03 Sep, 2026 01:12 p. m. EST
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El presidente JavierMilei hablará hoy por cadena nacional sobre las Malvinas. El mandatario fijará posición sobre el reclamo argentino de soberanía, después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reabrieron la discusión sobre las islas y sobre el alcance real de las tensiones entre Washington y el Reino Unido.
La transmisión llega en medio de una expectativa concreta: si la Casa Rosada anunciará una medida diplomática o si limitará el mensaje a reforzar en público su postura. No trascendieron detalles oficiales sobre el contenido.
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La magíster en Geopolítica Mariana Altieri sostuvo, en diálogo con Infobae en Vivo, que las palabras de Trump abren para Argentina una posibilidad acotada. “Es una oportunidad, por ahora, retórica”, afirmó, y agregó que no hay señales de un acuerdo previo entre Buenos Aires y Washington.
Altieri descartó que el presidente estadounidense actúe por una decisión centrada en el reclamo argentino. “Esto lo está haciendo Trump mirando a los británicos”, dijo al explicar que Malvinas puede ser utilizada por la Casa Blanca como un punto de presión dentro de una disputa más amplia con el Reino Unido.
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La alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido limita un giro inmediato sobre Malvinas
La analista aseguró que la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido mantiene una densidad estratégica que reduce cualquier expectativa de cambio rápido sobre Malvinas. Altieri definió al Reino Unido como el principal aliado estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.
Al mismo tiempo sostuvo que el Reino Unido conserva valor para Estados Unidos por su capacidad militar en el Atlántico Sur y por la preocupación de Washington ante la presencia china en esa región.
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Desde esa perspectiva, consideró que Argentina no está en condiciones de reemplazar al Reino Unido dentro de esa arquitectura estratégica. También precisó que los cambios políticos argentinos dificultan la construcción de una alianza estable con Washington en temas de seguridad internacional.
Argentina evalúa pedidos concretos mientras crecen los riesgos de una negociación
Al mismo tiempo, Altieri planteó que Argentina puede intentar capitalizar este momento con demandas específicas. Entre ellas, mencionó la posibilidad de pedir a Estados Unidos que reconozca la soberanía argentina sobre Malvinas, más allá de admitir la existencia de una disputa.
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La especialista también propuso revisar los obstáculos que enfrenta el país para comprar equipamiento militar. Según explicó, el veto británico sobre componentes limita adquisiciones en el mercado internacional.
Otra opción, según Altieri, sería generar costos para la ocupación británica. “Nosotros también tendríamos que poder generarle costos a los británicos”, afirmó al mencionar posibles restricciones a empresas que operan en las islas, medidas vinculadas con la explotación de recursos pesqueros y un refuerzo de la presencia argentina en el Atlántico Sur.
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En ese punto, Altieri mencionó a Navitas, una empresa israelí que invierte en petróleo con licencias otorgadas desde las islas. La especialista advirtió sobre los riesgos de una eventual mediación de Trump si Argentina no fija antes sus propios límites. “Tenemos que tener una base de qué sería algo positivo para la Argentina”, sostuvo.
Además, puso en duda que Trump convoque por iniciativa propia a una mesa de negociación y remarcó que un pedido argentino requeriría conversaciones previas y condiciones definidas. Añadió que una negociación de ese tipo puede involucrar recursos naturales, instalaciones militares y los archipiélagos de Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
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Los presidentes de los superiores tribunales de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba mantuvieron este miércoles una reunión de trabajo en Paraná, en el marco de la Región Centro de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS). Participaron el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Germán Carlomagno; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Domingo Sesin.
Del encuentro también participaron el vicepresidente del STJER, Carlos Federico Tepsich; los vocales Daniel Carubia, Miguel Ángel Giorgio, Gisela Schumacher, Laura Mariana Soage y Leonardo Portela; y el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rubén Luis Weder.
La jornada comenzó con el recibimiento, por parte del STJER, al titular del tribunal cordobés, Domingo Sesin, quien fue distinguido con el Diploma al Mérito en Derecho Administrativo en los Premios Konex 2026, una de las principales distinciones del ámbito cultural argentino. Posteriormente se recibió al presidente de la Corte santafesina, Rafael Gutiérrez, y se desarrolló la reunión de trabajo propiamente dicha.
El encuentro tuvo como eje central el intercambio de experiencias y el análisis de distintos aspectos vinculados a la administración y gestión de los poderes judiciales de las tres provincias. En ese marco, las autoridades compartieron perspectivas sobre los desafíos que atraviesa actualmente el servicio de Justicia y las herramientas disponibles para optimizar su funcionamiento.
La reunión sirvió además para profundizar la articulación institucional entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, las tres jurisdicciones que integran la Región Centro de JUFEJUS y que comparten desafíos comunes en materia de gestión, innovación y fortalecimiento de los sistemas judiciales. Según se informó, la iniciativa se enmarca en una perspectiva de trabajo federal, orientada a fortalecer los vínculos entre los poderes judiciales provinciales y a generar ámbitos permanentes para abordar de manera conjunta los desafíos de la administración de Justicia.
Un informe de la Fundación Pensar -un think tank ligado al PRO- expuso que a mayo de 2026 solo tres provincias tienen más asalariados privados registrados que a fines de 2023. Y planteó que los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en el que el Gobierno confía como la vía para garantizar el repunte de la inversión, pueden hacer que crezca la “brecha federal”.
El informe tomó como referencia el nivel de noviembre de 2023 para medir la evolución del empleo privado registrado: Neuquén acumuló un aumento de 7,6%, Río Negro subió 3,4% y San Juan avanzó 0,4%. Las otras jurisdicciones quedaron por debajo del punto de partida. Mientras que en el conjunto nacional, Argentina registró cerca de 241.000 asalariados privados formales menos que en noviembre de 2023, una caída de 3,8 por ciento.
“La conclusión es relevante porque reduce el universo de ‘ganadores’ efectivos. Muchas provincias pueden exhibir proyectos de inversión, una mejora fiscal o una recuperación de actividad sin haber creado todavía empleo privado formal neto. Neuquén y Río Negro sí lo hicieron. San Juan recién cruza la línea positiva. El resto aún no”, destacaron en el informe.
La distancia entre las provincias también apareció en el stock de asalariados privados registrados por habitante. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró 485 trabajadores privados formales por cada 1.000 habitantes, mientras que Neuquén alcanzó 217. Formosa mostró 35, Santiago del Estero llegó a 47 y Chaco contabilizó 57. La diferencia entre Neuquén y Formosa fue de seis veces en cantidad de asalariados privados registrados por habitante. En el caso de CABA, la relación con Formosa fue cercana a 14 veces.
La Fundación Pensar definió a la densidad del sector privado como la principal desigualdad provincial. CABA, Neuquén, Buenos Aires y Santa Fe combinaron escala, empleo, empresas, salarios y mercados domésticos de mayor profundidad relativa. En varias provincias del Norte, el informe identificó una menor cantidad de empleadores privados, baja formalidad y mercados internos más pequeños.
El informe sostuvo que el crecimiento en el primer año de mandato de Javier Milei se desplazó hacia provincias vinculadas con recursos naturales y producción agropecuaria, mientras que varias jurisdicciones grandes atravesaron una recesión. Lo que expone el dilema de las “dos velocidades” en la que se mueva la economía pero a nivel de los distritos subnacionales.
La actualización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) resultó central para esa comparación porque aplicó una metodología homogénea a las 24 provincias y mantuvo consistencia con el valor agregado bruto nacional. Fundación Pensar aclaró que esta herramienta no sustituyó los productos brutos geográficos oficiales de cada distrito, que suelen utilizar fuentes propias y un nivel mayor de detalle, aunque la presentó como la mejor base disponible para contrastar las trayectorias territoriales con un criterio común.
En 2024, sólo cinco provincias mostraron una variación positiva de su valor agregado bruto respecto de 2023. Neuquén encabezó el listado con un crecimiento de 11,3%, seguida por Córdoba, con 4,5%, y Santa Fe, con 3,1%. Entre Ríos y La Pampa anotaron aumentos de 0,4% cada una. El contraste con las demás jurisdicciones fue amplio. Buenos Aires cayó 3%, Chaco retrocedió 6,3%, San Luis bajó 8,8% y Jujuy disminuyó 9,5%. Formosa registró una contracción de 12,9%, mientras que Tierra del Fuego cayó 13,1%, la baja más pronunciada entre las provincias seleccionadas en el cuadro del informe. La entidad vinculada al PRO sostuvo que una macroeconomía más ordenada no generó de forma automática crecimiento territorial durante el primer año analizado.
Neuquén aparece como un caso estrella porque registró el mayor crecimiento del valor agregado bruto en 2024 y el mayor incremento del empleo privado formal entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. El documento vinculó esa evolución con Vaca Muerta y con el efecto de la actividad hidrocarburífera sobre la producción, las regalías, el empleo, los salarios, la recaudación y el gasto público. Los ingresos provinciales recibieron recursos por regalías, el sector privado formal amplió su cantidad de trabajadores y el Estado provincial contó con un mayor margen de gasto. El informe indicó que parte de esa renta también llegó a los salarios públicos, que mostraron diferencias frente a remuneraciones de otras jurisdicciones.
En marzo de 2026, el salario de un trabajador petrolero de Neuquén equivalió a 5,8 salarios textiles del Gran Buenos Aires. La distancia también apareció en el sector educativo. En 2025, un maestro de grado con 10 años de antigüedad cobró cerca de $1,93 millonesbrutos en Neuquén, frente a $940.000 en la provincia de Buenos Aires. La relación superó dos veces. Fundación Pensar señaló que esa diferencia no respondió de forma directa a una administración educativa dos veces superior, sino a una base de recursos que permitió sostener niveles salariales que otras provincias no pueden replicar sin tensión fiscal. Entre 2023 y 2025, Neuquén aumentó 16% su gasto real, el mayor incremento dentro del panel relevado. Aunque en ese mismo período, la tasa de homicidios pasó de 4,5 a 5,7 cada 100.000 habitantes.
La fundación plantea además una preocupación sobre los efectos que puede generar el Régimen de Incentivo a la Grandes Inversiones (RIGI). A mediados de agosto de 2026, se contaban 21 proyectos aprobados por USD 46.709 millones dentro del régimen, con estimaciones de que generarían 95.175 empleos directos e indirectos asociados. De esos, doce correspondieron a minería, cinco a petróleo y gas, dos a energía, uno a infraestructura y uno a siderurgia.
Neuquén, Río Negro, San Juan y las provincias mineras del Noroeste Argentino ocupan un lugar central en el mapa inversor de los proyectos del RIGI. Y si bien, para la Fundación Pensar, el RIGI no creó esa geografía productiva, si acelera la llegada de capital hacia los territorios donde ya existían recursos, infraestructura y escala. “Si los territorios mejor posicionados reciben además la mayor parte del nuevo capital, el crecimiento nacional puede ampliar -no reducir- la brecha federal”, alertaron.
El Programa Un Día de Película del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, desarrolló la actividad junto al director del establecimiento, Ramón Fernández.
La escuela fue el punto de encuentro con otros establecimientos de la zona. De esta forma participaron la Escuela Primaria N°7 Provincia de San Luis, Escuela Primaria N°10 Chacabuco, Escuela Primaria N°66 Estanislao del Campo y Escuela Primaria N°75 Florentino Ameghino. Cabe destacar que en la jornada también se sumaron las Supervisoras de las zonas de estos establecimientos educativos.
Historia mancomunada
Para realizar Un Día de Película, docentes y directivos montaron una sala de cine en el comedor escolar, completamente oscurecido con unas cortinas y afiches en sus ventanas. Para ingresar a la sala los niños y niñas tenían que transitar por una manga hecha por gazebos y lonas que crearon una atmósfera de transporte al espacio cinematográfico.
Cada niño y niña ingresaba con su pochoclo intervenido donde podía leerse Un Día de Película. Estos pequeños objetos, que ayudan a crear la experiencia de mirar una película en pantalla grande, son el resultado del gesto amoroso de sus maestros y maestras con quienes se lleva adelante el programa.
Toda esta atmósfera se dispone a conversar con los cortos que se proyectan, con las experiencias visuales y sonoras que se proponen desde el Iaaer como puentes imaginarios para que los niños puedan contar su escuela. ¿Qué imágenes y qué sonidos nos cuentan de Lucas Norte? Estos relatos fueron el centro de conversación, intercambio y posterior producción escrita y visual de los niños y niñas. Al finalizar, se sirvió un chocolate caliente y bizcochuelos caseros como cierre de otra tarde de cine.
El próximo miércoles 9 de septiembre Un Día de Película visitará la Escuela Primaria N° 46 Olegario Víctor Andrade, en Colonia Celina.
Aunque todavía no están publicadas todas las listas de precios de los autos 0 km correspondientes a septiembre, las marcas que sí lo hicieron ya permiten armar el ranking actualizado de los modelos más económicos del mercado para este mes, en el que nuevamente hay movimientos de posiciones por los aumentos que volvieron a aplicar algunas terminales y que generaron que, por primera vez, no haya ningún auto argentino en la lista.
Otra vez, incluso a pesar de la suba del dólar de la última semana, un auto importado que tiene su precio publicado en la moneda norteamericana se mantiene como la mejor oferta, tal como ya había ocurrido en julio, complementada además por el hecho de tratarse de un auto 100% eléctrico, lo que refuerza su atractivo por su bajo costo de uso además del precio de compra.
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Pero el fenómeno se repite a lo largo del ranking, porque todos los vehículos que traen los importadores se mantuvieron sin modificar sus precios, mientras las automotrices locales remarcaron. Como consecuencia, aunque las marcas tradicionales siguen teniendo mayoría de modelos, los cuatro autos asiáticos que ya habían entrado en la lista siguen escalando posiciones más altas, desplazando a quienes tradicionalmente estaban entre los diez de menor precio.
<b>Los 10 autos más económicos de septiembre</b>
JMEV Easy 3: USD 16.900 / $25.941.500 Este citycar 100% eléctrico viene de China y es importado por el Grupo Antelo. Su precio estaba en USD 18.900 hasta julio, pero desde el mes pasado bajó incluso en dólares, permitiendo que salte al primer puesto del ranking y supere al Renault Kwid, que se había mantenido siempre en ese lugar privilegiado desde su regreso al mercado argentino.
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Hyundai HB20: $27.990.000 Después de haber estado en el tercer puesto absoluto durante varios meses, el HB20 subió una posición más en septiembre al no aplicar aumentos de precio, como sí lo hicieron las automotrices nacionales con sus autos de acceso al portafolio de productos. El HB20 es ahora el segundo modelo más económico para la compra, el modelo del segmento B y el auto brasileño más barato del mercado también. Su mecánica es 1.6 litros atmosférico y la versión de entrada a la gama tiene caja manual de 6 velocidades.
Renault Kwid: $28.300.000 Desde diciembre de 2024 hasta julio de este año, el Kwid siempre se mantuvo como el auto más accesible del mercado argentino. Sin embargo, con la irrupción de los autos importados asiáticos y la apuesta de Hyundai por sostener precios, este citycar brasileño de Renault bajó en julio al segundo lugar del ranking y este mes al tercer puesto debido al incremento de precio que la marca le aplicó, en torno al 2%. Este vehículo es un hatchback del segmento A, tiene un motor 1.0 litros aspirado de tres cilindros y caja manual de 5 velocidades.
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Volkswagen Polo Robust: $29.775.900 Este es el único auto del ranking que aún no tiene actualizado su precio de acuerdo con los valores de septiembre. Si Volkswagen aplica un aumento del 1%, como ocurrió el mes pasado, el precio subirá a $30.073.650, pero igualmente se mantendrá en el cuarto puesto de la lista. El Robust es la versión básica del Polo, de reciente lanzamiento al mercado, como una respuesta del fabricante ante la llegada de autos asiáticos con menor precio. Representa una baja de precio de la versión más económica del modelo de casi un 25%, aunque tiene menor equipamiento como argumento que lo justifica. La mecánica es el conocido motor 1.6 litros con caja manual de 5 marchas.
Fiat Mobi: $30.280.000 Este es el único modelo de Fiat que prácticamente no tuvo incremento de precio en septiembre, apenas del 0,2%, y claramente esa decisión comercial de Stellantis tiene relación con mantenerlo dentro de los cinco autos más accesibles del mercado argentino. El Mobi viene desde Brasil y tiene una mecánica de combustión con un propulsor de 1.0 litros, con una arquitectura de 4 cilindros y caja manual de 5 velocidades.
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Chevrolet Onix: $32.782.900 Entre el quinto y el sexto puesto se produce un salto de precios en general que coincide, salvo por el Hyundai HB20, con el cambio de tamaño de los vehículos, ya que empiezan los modelos que ya estaban en el ranking y que pertenecen al segmento B. En esta categoría, el Chevrolet Onix aumentó un 1% en septiembre, lo que le permite mantenerse como el “mejor del resto”, con su modelo de entrada a la gama, que tiene como particularidad estar impulsado por un motor 1.0 litros turbo, pero con caja manual.
MG3: USD 21.900 / $33.616.500 Este modelo también llega desde China y es la versión más económica del B-hatch que importa Eximar en versión híbrida, pero con propulsión únicamente de combustión interna. El MG3 naftero tiene un motor 1.5 litros aspirado con una potencia de 114 CV y caja automática tipo CVT. Este modelo representa la principal competencia de los autos regionales nafteros que dominaban este ranking y, aunque llega importado desde extrazona y paga el 35% de arancel de importación, tiene un precio menor que varios de los competidores locales.
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Kaiyi X3: USD 22.000 / $33.770.000 Este es el otro nuevo modelo que llegó al mercado argentino desde China y que, por estar equipado con un motor de gasolina, no puede esquivar el arancel del 35%. El Kaiyi X3 es importado por el Grupo Empresario Prieto (GEP), es un B-SUV de 5 pasajeros con motor naftero 1.5 litros de 114 CV y caja automática CVT. Es el modelo de entrada a la gama, que se completa con el X3 Pro, propulsado por un motor turbo de 125 CV.
Fiat Argo: $34.100.000 El caso del Argo es probablemente la muestra más emblemática del cambio del mercado de los autos de la gama más baja de precio que se está produciendo en el mercado local. Es un auto brasileño, estuvo todo el año pasado en el cuarto lugar del ranking, como uno de los autos más accesibles del segmento B. Este año ya había pasado al sexto puesto en marzo y en septiembre bajó al octavo debido esencialmente al aumento del 3,2% que aplicó Stellantis este mes a la mayoría de los modelos Fiat. El Argo es la versión de dos volúmenes del Fiat Cronos nacional, con su misma mecánica 1.3 litros atmosférico con caja de cambios manual de 5 marchas.
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Suzuki Swift Hybrid: USD 22.400 / $34.384.000Incluso a pesar de la suba del dólar, este vehículo icónico de los 90, reversionado en un B-Hatch híbrido, se mantiene en el Top 10 de los autos de menor precio en Argentina también en septiembre. Es también el vehículo con esta tecnología más barato del mercado, con un sistema Mild-Hybrid que le permite evitar el arancel de importación extrazona. El Swift se vende en dos versiones, una con caja manual y otra automática CVT.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó a MartínLópez Zavaleta como nuevo Fiscal General del Ministerio Público Fiscal porteño (MPF), una decisión que lo encamina a convertirse en el primer titular del organismo. Será el primer fiscal de primera instancia en llegar a ese cargo, tras haber sido formado por completo en la Justicia local.
La elección se resolvió con 51 adhesiones, la cifra más alta registrada hasta ahora en una designación de este tipo. El abogado, de 52 años, construyó toda su carrera en el sistema judicial de la Ciudad y llegó a la postulación tras 27 años de trayectoria.
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Egresado de la carrera de Abogacía de la Universidad de Buenos Aires(UBA) y con un posgrado en Ciberdelincuencia de la Universidad de Cataluña, López Zavaleta ingresó al Ministerio Público Fiscal porteño en 1999, un año después de la creación del organismo. Desde entonces recorrió casi todos los escalafones de la carrera judicial.
Fue escribiente, oficial, prosecretario administrativo, secretario de primera instancia y fiscal interino. En 2013 accedió por concurso público al cargo de fiscal de Primera Instancia.
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A partir de ese ascenso, ocupó funciones como fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, fiscal coordinador de Investigaciones Complejas y fiscal especializado en Violencia de Género. También fue fiscal especializado en Delitos Informáticos, secretario general de Gestión en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y fiscal general adjunto en materia Penal y Contravencional.
Entre los antecedentes más destacados de su paso por la Justicia porteña, figuran la creación de las Unidades de Flagrancia, la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal, los equipos especializados en violencia de género y la implementación del auxiliar fiscal.
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López Zavaleta además es autor de publicaciones jurídicas sobre violencia de género, drogas, delitos informáticos y seguridad pública. Esos trabajos lo llevaron a exponer en distintas conferencias.
Desde febrero de 2024, se desempeña como director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Allí desarrolló una carrera docente centrada en la formación de bomberos y policías de la Ciudad.
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López Zavaleta quedó a cargo de forma interina del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, luego de que Juan Bautista Mahiques asumiera como ministro de Justicia de la Nación. Hasta ese momento, se desempeñaba como Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional, cargo al que había accedido en diciembre de 2019.
Los seis ejes de gestión de López Zavaleta
En una audiencia que se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura, con la presencia de legisladores, integrantes del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio de Justicia porteño, López Zavaleta expuso que su objetivo es “construir un Ministerio Público Fiscal eficiente, rápido, cercano con las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales”.
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Durante la sesión en la que defendió su postulación, el fiscal no recibió cuestionamientos.
Los seis ejes que propuso para su gestión son:
● Protección integral a las víctimas.
● Brindar respuestas eficientes y con celeridad al ciudadano.
● Diseñar una correcta política criminal al servicio de los ciudadanos de CABA.
● Dotar al cuerpo fiscal de las herramientas necesarias.
● Finalizar el proceso de autonomía de la Justicia de la Ciudad.
Sobre uno de esos aspectos, sostuvo que la protección integral a las víctimas “es la prueba más concreta de lo que un Ministerio Público Fiscal entiende por brindar un servicio de justicia”. También se refirió en la Legislatura frente a la celeridad y eficiencia de las respuestas. “El tiempo en materia de justicia determina la calidad del servicio. Si bien existen plazos legales que se deben cumplir, una respuesta tardía es siempre una respuesta deficiente”, remarcó.
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Al concluir, resumió como criterio que pretende aplicar al frente del organismo: “Quiero que, cuando un ciudadano nos busque, nos encuentre. Y que cuando nos encuentre, reciba una respuesta técnicamente sólida. Pero más importante aún, que reciba una respuesta humana”.
Será del 15% al bioetanol y del 10% al biodiésel. Buscan tratarlo en una sesión este mismo mes. Continúan dudas acerca de la participación de las pymes.
Con amplio respaldo de las provincias y de distintos bloques, el proyecto que busca reformar la ley N° 27640de biocombustibles alcanzó dictamen en el Senado de la Nación. La iniciativa responde a un reclamo de cámaras azucareras y aceiteras y le permitirá avanzar al oficialismo con un proyecto que lleva su firma, luego del sorpresivo freno que recibió la aprobación del Súper RIGI. Las provincias con pymes industriales productoras de biodiésel insisten en cambios para tener mayor participación.
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El proyecto que alcanzó respaldo fue encabezado por La Libertad Avanza (LLA) pero canalizó reformas de representantes de Jujuy, Tucumán y Salta. Según pudo conocer Ámbito, la salteña Flavia Royón -presidenta de la Comisión de Minería- propuso nuevas modificaciones y mantuvo una reunión con el neuquino Pablo Cervi (LLA) hasta minutos antes del plenario que terminó por dictaminar la propuesta, que será elevada a sesión este mismo mes. La proyección también es integrar la iniciativa con el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) que se está debatiendo en comisiones de Senado.
La reforma busca la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%, porcentaje del que se reservará un 6% para el bioetanol de caña, un 6% al bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación.
La discusión del biodiésel fue la más difícil de destrabar -por la pugna entre grandes productoras y las pymes industriales- y se estableció una ampliación del 5% al 10% en el corte con dos segmentos: una de compañías integradas (que pueden gestionar toda la cadena productiva) y otra de no integradas, que tendrán un cupo del 5% de la totalidad del mercado. En este caso, ninguna empresa podrá tener más del 10% del mercado y se establecerá hasta el 2036 un cupo del 3% de las no integradas.
Hasta último momento, el proyecto de biocombustibles recibió cambios.
Senado
Este porcentaje cuenta con disidencia de aliados provinciales, por ser considerado menor. “Ya nos estiramos lo suficiente para alcanzar consenso“, planteó un senador libertario a este medio, aunque la misma Royón reconoció que pueden haber modificaciones en el recinto.
Por otro lado, para ambos sectores se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable; se delimitaron los motivos para ampliar porcentajes de cortes; y se habilitó a las provincias de poder ampliar los cortes. “Nadie terminó contento del todo con la redacción que quedó, así que debe ser una buena ley”, sostuvo una de las representantes provinciales que impulsó el proyecto, quien agregó para Ámbito: “El debate está agotado. Tiene que aprobarse la próxima sesión”.
Un sector del peronismo, encabezado por el puntano Fernando Salino presentó un dictamen de minoría considerando el reclamo de las pymes industriales productoras de biodiésel, emplazadas principalmente en las provincias de San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos. “Necesitamos una mirada que contemple las regiones y no que contemple empresas integradas o no integradas”, insistió, aunque reconoció que “cualquier voluntad que haya en elevar el corte nos parece adecuada y la vamos a acompañar”.
