Un accidente de tránsito entre una motocicleta y una bicicleta dejó tres personas heridas en Concordia. El siniestro ocurrió en la intersección de bulevar Yuquerí y calle Lieberman, donde intervino personal de Comisaría Séptima. Como consecuencia del impacto, una mujer de 25 años sufrió lesiones de consideración y debió ser internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Masvernat.
Según la información policial, el accidente involucró a una motocicleta Suzuki, conducida por un hombre de 31 años que viajaba acompañado por una mujer, y una bicicleta Rydetech, en la que circulaba un joven de 27 años.
La motocicleta transitaba por bulevar Yuquerí en sentido norte-sur cuando, al llegar a la intersección con calle Lieberman, colisionó con la bicicleta por circunstancias que se trataban de establecer.
A raíz del impacto, los tres involucrados fueron trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.
De acuerdo con el informe médico, la acompañante de la motocicleta, de 25 años, presentó traumatismo encéfalo craneano (TEC), un cefalohematoma frontal derecho, una herida cortante que requirió sutura y politraumatismos.
Sin embargo, durante una nueva evaluación, el neurólogo Pablo Carrara constató un deterioro del sensorio, somnolencia y la presencia de un hematoma subdural que no requería intervención quirúrgica.
Ante este cuadro, la paciente fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos, donde permaneció internada. Los profesionales indicaron 28 días de curaciones.
El ciclista sufrió una fractura de húmero y deberá ser operado
Por su parte, el conductor de la bicicleta, de 27 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneano leve, politraumatismos y una fractura mediodiafisaria del húmero izquierdo.
Los médicos dispusieron la colocación de un cabestrillo y la programación de una intervención quirúrgica. En tanto, el motociclista, de 31 años, presentó politraumatismos leves y escoriaciones simples.
Como consecuencia de la colisión, la bicicleta Rydetech sufrió daños en su rueda delantera, que quedó doblada. La motocicleta Suzuki, por su parte, presentó roturas en ambas luces de giro delanteras, el faro delantero, la manija de embrague y el acelerador.
El Juzgado Federal de Paraná resolvió un planteo presentado por el titular del Comité Departamental Uruguay de la UCR, Silvio Martín Gallay (actual diputado provincial). Tras verificar domicilios y analizar documentación, dispuso anular cambios registrales de ciudadanos que no acreditaron residir en la localidad. También reconoció casos de residencia efectiva y requirió al Gobierno provincial que considere restablecer la presentación de documentación para tramitar cambios de domicilio.
La decisión está contenida en una resolución del Juzgado Federal de Paraná a la que accedió ANÁLISIS –fechada el 14 de octubre de 2026- que introdujo definiciones relevantes sobre la conformación del padrón electoral de Pronunciamiento (Departamento Uruguay).
El escrito judicial no se limitó a resolver una presentación partidaria: examinó la correspondencia entre los domicilios declarados y la residencia efectiva de los ciudadanos, una cuestión que incide directamente en la determinación de quiénes están habilitados para votar en cada jurisdicción.
La causa se inició a partir de una presentación de Silvio Martín Gallay, presidente del Comité Departamental Uruguay de la Unión Cívica Radical, con el patrocinio de los abogados Luis Antonio Rodríguez y Luciano Martín Rotman. El planteo advertía sobre la presunta inclusión indebida en el padrón local de personas que no residirían en la localidad de Pronunciamiento.
Para evaluar la situación, la Secretaría Electoral realizó constataciones en el lugar y solicitó información a Cooperativas de Servicios Públicos. También se abrió una instancia para que los ciudadanos observados acreditaran su residencia mediante documentación. Algunos respondieron a esa convocatoria y presentaron elementos que respaldaban su vinculación domiciliaria con la localidad.
Qué resolvió el Juzgado
La decisión distinguió situaciones diferentes. Por un lado, desestimó el planteo respecto de 12 ciudadanos cuya residencia en Pronunciamiento fue verificada, ya fuera mediante constataciones o a partir de la documentación presentada posteriormente.
Por otro, ordenó anular el último cambio de domicilio electoral de 66 personas que no acreditaron residir en la localidad dentro del plazo otorgado. Como consecuencia, dispuso que se les reasigne el domicilio anterior que figuraba en el registro. La medida no implica -según el texto de la resolución a la que accedió ANÁLISIS-, una privación general del derecho al voto, sino la rectificación del domicilio electoral y de la jurisdicción que corresponde a cada inscripción.
La situación de otros tres ciudadanos recibió un tratamiento distinto. Como no registraban un domicilio anterior al actualmente declarado, el Juzgado no ordenó anular su única inscripción. En cambio, instruyó a las áreas competentes de la Secretaría Electoral para que profundicen las verificaciones y actualicen los datos cuando corresponda.
Además, declaró abstracta la cuestión respecto de otros 44 ciudadanos que ya figuraban registrados en un circuito electoral correspondiente a otra localidad. En términos jurídicos, esto significa que el planteo perdió objeto respecto de esas personas, dado que su situación registral ya no requería una decisión sobre la cuestión originalmente presentada.
Por qué importa el domicilio electoral
La resolución explica que el padrón no constituye una lista meramente administrativa. Es el instrumento que permite establecer quiénes integran el cuerpo electoral de cada Distrito y, por lo tanto, quiénes pueden participar en la elección de sus autoridades.
El fallo vincula esa función con las normas nacionales que regulan el domicilio electoral y la obligación de mantener actualizados los datos personales. Cita, entre otras disposiciones, el artículo 20 de la Ley 23.298, el artículo 47 de la Ley 17.671 y el artículo 73 del Código Civil y Comercial, que define el domicilio real a partir de la residencia habitual.
La distinción es importante: tener un domicilio asentado en el DNI no elimina la necesidad de que ese dato guarde correspondencia con la situación real del ciudadano. La actualización no es optativa; la normativa citada establece la obligación de comunicar los cambios de domicilio dentro de los 30 días de producida la modificación.
En el plano electoral, esta correspondencia adquiere especial relevancia en las elecciones municipales. La residencia efectiva contribuye a determinar qué ciudadanos pertenecen al electorado de una localidad y pueden intervenir en la elección de sus autoridades. Por eso, una inscripción incorrecta puede afectar la delimitación del cuerpo electoral, aunque la resolución no atribuye a las personas involucradas una conducta delictiva ni establece la existencia de un fraude electoral.
Un requerimiento al Gobierno provincial
Uno de los puntos de mayor proyección institucional aparece en el apartado sexto de la parte resolutiva. Allí, el Juzgado requiere al Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos que considere restablecer, como requisito obligatorio para tramitar cambios de domicilio en la provincia, la presentación de un certificado de domicilio, una boleta de servicios u otra documentación que se estime pertinente y sea fehaciente.
El alcance debe precisarse: la Justicia formuló un requerimiento para que el organismo provincial considere esa medida; la resolución no afirma que el requisito ya haya sido restablecido. Tampoco permite concluir, por sí sola, que todos los cambios de domicilio cuestionados en la causa hayan sido irregulares por idénticas razones.
Finalmente, el Juzgado solicitó a la Municipalidad de Pronunciamiento que difunda la decisión para que quienes consideren perjudicados por la anulación de su cambio de domicilio e incluso -por posibles errores en la identificación- puedan reclamar conforme al artículo 33 del Código Electoral Nacional y acompañar la documentación correspondiente.
La decisión deja planteado un asunto que excede la controversia original: la necesidad de que el padrón refleje con precisión la residencia de los electores. Esa exigencia no debería confundirse con una restricción al sufragio. Su finalidad, tal como la presenta el fallo al que accedió ANÁLISIS, es que el derecho a votar se ejerza en la jurisdicción que corresponde y que la conformación del electorado local responda a datos verificables.
En una democracia, la confiabilidad del padrón depende tanto de la exactitud de los registros como de la posibilidad de corregirlos mediante procedimientos que respeten los derechos de los ciudadanos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este miércoles 21 de octubre con el calendario de pagos del mes. La jornada incluye el cobro de jubilaciones mínimas y asignaciones para titulares con determinadas terminaciones de DNI.
Los haberes previsionales de este mes incorporan una actualización del 1,66% fijada por la Resolución 284/2026 de ANSES, mientras que las asignaciones familiares se actualizaron mediante la Resolución 283/2026.
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Además, a través del Decreto 1108/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, se suma el refuerzo previsional extraordinario de hasta $70.000 sujeto a los requisitos establecidos.
Quiénes cobran hoy, 21 de octubre de 2026
El calendario de pagos de ANSES para este miércoles incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo y tienen DNI terminado en 8 cobran este miércoles 21 de octubre.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
También cobran hoy los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8.
Asignación Universal por Embarazo
Las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 7 reciben hoy su pago.
Asignaciones de pago único
Las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio mantienen abierto su período de cobro para los trámites ingresados en la primera quincena. El plazo se extiende desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre.
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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sin distinción de terminación de DNI. El período de pago comenzó el 8 de octubre y se mantiene vigente hasta el 10 de noviembre.
De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026
Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $505.748,51.
La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.932.174,85 para octubre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre, de acuerdo con la terminación de su DNI.
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La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para una jubilación ordinaria, quedó en $ 348.598,81.
Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $ 199.335,05. Este componente integra el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general.
De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026
La AUH tiene un valor bruto de $156.588 por hijo menor de 18 años durante octubre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante —$31.317,60— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $509.863 por cada hijo durante octubre.
La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $156.588, con un pago directo mensual de $125.270,40 y una retención de $31.317,60.
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Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.212.301 es de $78.304. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.
La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $78.304 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $195.600 y el máximo de $391.200, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.
Con una extensa costa marítima, abundantes recursos hídricos y una importante producción de granos, la Argentina tiene una enorme oportunidad para desarrollar la acuicultura, es decir, la cría de peces y otros animales acuáticos. Sin embargo, todavía no aprovecha todo ese potencial. Mientras Chile produjo 1,4 millones de toneladas de animales acuáticos cultivados en 2024 y Ecuador alcanzó los 1,2 millones, la actividad argentina sigue muy por debajo de esos niveles, pero tiene una gran oportunidad. Así lo dejó entrever Lucas Maglio, ingeniero en acuicultura y Country Manager de Grupo Mar Andino en el país, quien destacó que la Argentina tiene recursos y conocimientos para aumentar considerablemente su producción.
“El país posee condiciones extraordinarias para desarrollar acuicultura a gran escala en su plataforma marina”, aseguró el especialista, que disertará este jueves en el Congreso de Nutrición Animal de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena), en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
La diferencia con otros países de la región es considerable. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Brasil produjo alrededor de 900.000 toneladas de animales acuáticos cultivados en 2024. Chile, por su parte, desarrolló una de las principales industrias de salmón del mundo, mientras que Ecuador se convirtió en un importante productor de camarones. En Brasil, la actividad se concentra principalmente en la cría de tilapia y otras especies de agua dulce.
“El país posee condiciones extraordinarias para desarrollar acuicultura a gran escala en su plataforma marina”, dijo el experto
Para Maglio, el desarrollo de estos países muestra cuánto podría crecer la actividad argentina. “La diferencia permite dimensionar, más que nuestro atraso, la magnitud de la oportunidad que tenemos por delante”, sostuvo.
Aunque la acuicultura todavía tiene una escala reducida en la Argentina, los últimos datos muestran un crecimiento en el uso de alimentos destinados a esta actividad. Según el Coeficiente Equivalente Alimento (CEA), elaborado por Caena, fue el sector que más aumentó la utilización de alimentos balanceados durante 2025, con una suba del 27,6%. El volumen pasó de 12.175 a 15.540 toneladas, impulsado, entre otros factores, por el desarrollo de la producción de trucha arcoíris en la cuenca del río Limay, principalmente en Río Negro y Neuquén.
A nivel mundial, la acuicultura es una de las actividades de producción animal que más creció durante las últimas décadas. En 2024, la producción global de animales acuáticos cultivados superó los 100 millones de toneladas, con China como principal productor.
La soja, el maíz, el trigo y el girasol son algunas de las materias primas que pueden utilizarse para elaborar alimentos destinados a la cría de peces
Una de las ventajas que destacó Maglio es que los peces pueden transformar el alimento que consumen en proteína animal de manera eficiente. Esto se debe, en parte, a que no necesitan gastar energía para mantener constante su temperatura corporal, como ocurre con los mamíferos. “En la salmonicultura moderna, por ejemplo, puede necesitarse poco más de un kilogramo de alimento para producir un kilogramo de pez”, explicó.
A esto se suman los avances tecnológicos que permiten mejorar la producción. “Actualmente existen cámaras submarinas con inteligencia artificial capaces de monitorear miles de peces, estimar su biomasa y analizar su comportamiento para regular automáticamente la alimentación”, señaló. Estas herramientas permiten ajustar la cantidad de alimento que reciben los animales y mejorar el manejo de los establecimientos.
Para Maglio, el crecimiento de la acuicultura también podría abrir nuevas oportunidades para la agroindustria argentina, especialmente para los productores de granos y las empresas que elaboran alimentos balanceados.
Según detalló, Chile, Ecuador y Brasil consumen en conjunto más de cinco millones de toneladas anuales de alimento balanceado para acuicultura. Buena parte de las materias primas que se utilizan para elaborarlo son productos que la Argentina genera en grandes cantidades, como soja, maíz, trigo, girasol y sus derivados.
En ese sentido, el especialista planteó una contradicción. “Mientras el país exporta materias primas que se utilizan para alimentar peces en Chile, importa miles de toneladas de salmón producido en ese mercado”, señaló. Por eso, consideró que “la oportunidad consiste en avanzar hacia el eslabón de mayor valor: producir nosotros mismos proteína acuática”.
La acuicultura permite criar peces y otros animales acuáticos para consumo humano
Además, explicó que los cambios en la alimentación de los peces amplían las posibilidades para la agricultura. Durante años, las dietas acuícolas dependieron en gran medida de la harina y el aceite de pescado. Sin embargo, los avances en nutrición permitieron incorporar otros ingredientes. “Las dietas modernas redujeron su dependencia de la harina y el aceite de pescado gracias al desarrollo de proteínas vegetales, aceites, aminoácidos, algas y otros ingredientes”, indicó.
De esta manera, una mayor producción de peces en la Argentina también podría generar más demanda de materias primas agrícolas y alimentos balanceados elaborados en el país.
Según detalló, Chile, Ecuador y Brasil consumen en conjunto más de cinco millones de toneladas anuales de alimento balanceado para acuicultura
Maglio destacó que la Patagonia reúne condiciones favorables para desarrollar nuevos proyectos, tanto por sus recursos hídricos como por las posibilidades de aprovechar energías renovables. También mencionó que un estudio técnico de la FAO identificó un elevado potencial para la acuicultura marina en aguas argentinas, incluso mediante sistemas instalados mar adentro.
Sin embargo, las ventajas del país no se limitan a sus recursos naturales. El especialista señaló que la Argentina también cuenta con experiencia en la industria pesquera, infraestructura agroindustrial y conocimientos desarrollados por universidades, organismos científicos y empresas vinculadas con la alimentación, la genética y la biotecnología.
“Argentina no necesita construir esta industria desde cero”, sostuvo Maglio. A su entender, el principal desafío es reunir esas capacidades para atraer inversiones y desarrollar proyectos de mayor escala.
Para el especialista, el país tiene las condiciones necesarias para aumentar su producción de peces y otros animales acuáticos, pero todavía necesita convertir esas ventajas en emprendimientos que permitan desarrollar la actividad. “Quizás haya llegado el momento de comenzar a mirar también hacia el agua”, concluyó.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la reparación de más de 1.000 kilómetros de ruta, bajo el programa de privatización vial Red Federal de Concesiones (RFC), entre las que destacan la RN 5, 12, 14, 174 y del Mercosur, entre otros corredores viales.
Rutas nacionales
Según la información oficial, se dieron por concluidos los trabajos de recuperación ejecutados por la empresa Corredor Vial 5 S.A.U. en el denominado Tramo Pampa, el cual comprende las rutas nacionales 5 y 35, atravesando las provincias de Buenos Aires y La Pampa. En detalle, se completó la restauración de 546,65 kilómetros en el trayecto comprendido entre Luján y Santa Rosa.
Las tareas desarrolladas se enfocaron principalmente en optimizar la seguridad vial y las condiciones de transitabilidad. Para ello, se llevaron a cabo labores de bacheo, fresado, sellado de fisuras, reparación y hormigonado de losas, junto con el perfilado y calce de banquinas en diversos puntos de la calzada.
Aunque el plazo estipulado en el contrato de concesión preveía un período de un año para la realización de estas obras, los trabajos se finalizaron en un tiempo récord de tres meses. Al respecto, Luis Caputo, destacó el avance del proyecto en sus redes y afirmó: “El nuevo sistema de concesiones sigue mostrando resultados concretos con el objetivo de transformar la infraestructura vial argentina”.
A este tramo finalizado se le adicionan más de 360 kilómetros rehabilitados en las rutas del Mercosur (rutas nacionales 12 y 14) pertenecientes al Tramo Oriental, así como 59 kilómetros sobre la Ruta Nacional 174 y la conexión del Puente Rosario–Victoria dentro del Tramo Conexión.
El esquema integral de la Red Federal de Concesiones está organizado en tres etapas sucesivas. La Etapa I abarca el Tramo Oriental (rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 entre Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes) y el Tramo Conexión (Puente Rosario–Victoria en la RN 174, entre Entre Ríos y Santa Fe).
Por su parte, la Etapa II contempla el Tramo Pampa (rutas nacionales 5 y 35) y el Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur (rutas nacionales 3, 205 y 226, junto a las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery).
Finalmente, la Etapa III incluye los siguientes tramos: Tramo Centro (681 km en las RN 9, 19 y 34 entre Santa Fe y Córdoba); Tramo Mesopotámico (276 km en las RN 12 y 18 en Entre Ríos); Tramo Centro-Norte (536 km en la RN 34 entre Santa Fe y Santiago del Estero); Tramo Noroeste (596 km en las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 entre Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy); Tramo Litoral (547 km en las RN 12 y 16 entre Corrientes y Chaco); Tramo Noreste (456 km en las RN 12 y 105 entre Corrientes y Misiones); Tramo Chaco-Santa Fe (497 km en la RN 11 entre Santa Fe y Chaco); y el Tramo Cuyo (329 km en la RN 7 en Mendoza).
Red Federal de Concesiones: los consorcios a cargo y las tarifas ofertadas para la privatización vial
Mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional avanzó en el proceso de privatización de la infraestructura vial y el traspaso de las trazas operadas por Corredores Viales S.A. hacia el sector privado. La medida otorgó la concesión de ocho tramos estratégicos a diversos consorcios y firmas del sector de la construcción y la ingeniería civil, los cuales asumieron el compromiso de financiar las tareas de mantenimiento, repavimentación y asistencia en ruta bajo la modalidad de obra pública por peaje.
Dentro del mapa de adjudicaciones, el Tramo Centro Norte, que abarca la Ruta Nacional 34 a lo largo de Santa Fe y Santiago del Estero, quedó en manos de la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A. con una oferta de tarifa base de $2.175 (sin IVA). En tanto, el Tramo Mesopotámico, correspondiente a las rutas nacionales 12 y 18 en Entre Ríos, fue otorgado a la alianza conformada por IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U., tras presentar un valor de $3.564,99 (sin IVA).
Para las provincias del Noroeste (rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016), la Unión Transitoria de Empresas integrada por Autovía Construcciones y Servicios S.A., Vapeu S.R.L. y Guigivan S.R.L. resultó ganadora con un valor base de $2.285 (sin IVA). Por su parte, la traza del Tramo Litoral (rutas nacionales 12 y 16) fue asignada a JCR S.A. en conjunto con Néstor Julio Guerechet S.A., por un monto de $2.876,04 (sin IVA), mientras que el Tramo Noreste(rutas 12 y 105) recayó sobre la operadora Carlos E. Enríquez S.A. junto a Hormi S.A., fija en $2.950 (sin IVA).
La nómina de concesiones se completa con el Tramo Chaco-Santa Fe sobre la Ruta Nacional 11, adjudicado al consorcio integrado por José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A. con una oferta tarifaria de $3.520 (sin IVA). Finalmente, el Tramo Cuyo, concentrado sobre la Ruta Nacional 7 en Mendoza, quedó bajo la administración de Laugero Construcciones S.A., Green S.A. y Corporación del Sur S.A., con una tarifa propuesta de $3.090,25 (sin IVA).
Este marco contractual a dos décadas establece que el cobro del peaje por parte de las contratistas estará sujeto a la fiscalización de los organismos nacionales y al cumplimiento estricto de las metas operativas de seguridad vial y conservación de las trazas. De esta manera, el traspaso administrativo sienta las bases de un nuevo modelo vial cuya contraprestación técnica ya comenzó a reflejarse en los primeros kilómetros recuperados sobre la red nacional.
A partir de las trabas en las negociaciones, los imprevistos en el Congreso y la falta que tiempo, el Gobierno comenzó a pedir de forma más directa y todos los sectores posibles el apoyo para eliminar o, en su defecto, suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque todavía persisten las diferencias internas sobre algunos puntos clave en torno a esta discusión, como los cierres de las alianzas y las concesiones que el oficialismo debe estar dispuesto a hacer para alcanzar los consensos.
El tema fue uno de los ejes de la mesa política que se reunió este martes en la Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que permaneció en Buenos Aires, justamente, para supervisar el avance de la estrategia.
Durante las cerca de dos horas que duró el encuentro, los integrantes del reducido círculo libertario volvieron a debatir sobre los plazos para avanzar con la denominada reforma electoral y las condiciones que deberían aceptar para asegurar los respaldos de las provincias.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el jefe de Gabinete, DiegoSantilli, y la senadora Patricia Bullrich plantearon la necesidad de acelerar los acuerdos, mientras que Karina Milei y los primos Martín y Eduardo“Lule” Menem mantienen una posición más cautelosa.
Mientras tanto, la iniciativa sigue trabada en el Senado, donde Bullrich espera que “El Colo” pueda confirmar qué gobernadores están dispuestos a dar un respaldo explícito, mientras ella comienza a encabezar conversaciones con los jefes de los otros bloques.
En Balcarce 50 saben que si logran desbloquear el tema en ese recinto, todavía tienen chances de que la reforma sea sancionada antes de que finalice el periodo legislativo y así evitarían tener que convocar a extraordinarias.
De hecho, esto fue justamente lo que le planteó el PRO, uno de los principales aliados parlamentarios que tienen los libertarios, cuando se reunieron el mismo martes para dialogar sobre varios asuntos.
Junto cuando finalizó la mesa política, Santilli y los Menem recibieron a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, quienes ya llevaban varios minutos afuera de la oficina del jefe de Gabinete esperando a ser atendidos.
Según pudo saber Infobae, una vez que se sentaron, ”El Colo” les pidió de manera explícita que acompañen la eliminación de las PASO, uno de los temas que el partido fundado por Mauricio Macri venía mirando con reparos.
Los dirigentes amarillos le respondieron que están “dispuestos a acompañar”, pero solamente si primero se consigue un consenso amplio en el Senado y con los gobernadores.
“Empezamos a hablar, fue un acercamiento inicial. Vamos a ver qué texto termina saliendo de la votación en la Cámara alta”, expresaron a este medio en el macrismo.
De esta manera, ahora vuelve a quedar en manos de Bullrich la definición de los detalles del proyecto, que todavía no cuenta con dictamen, ya que cuando La Libertad Avanza lo buscó tuvo que pasar a un cuarto intermedio para evitar que fuera rechazado.
El PRO venía sosteniendo hasta ahora que las primarias debían mantenerse como una instancia optativa para los partidos que necesitaran resolver una competencia interna, aunque no se cerraba a una posible suspensión.
El cronograma, sin embargo, también trajo complicaciones: la visita del Papa León XIV frenará por unos días el resto de las actividades y las elecciones en los Estados Unidos provocará que varios legisladores viajen a Washington y, por lo tanto, también demorará las negociaciones.
En este escenario, en el Gobierno ya piensan en tratar la reforma electoral junto con el Presupuesto 2027, unificando los acuerdos para que ambas medidas sean tratadas en el Congreso en simultáneo.
En la reunión del martes, el macrismo planteó además un reclamo: advirtió que no está de acuerdo con el proyecto de biocombustibles que impulsa el oficialismo y exigió cambios.
“Les dijimos que la ley afecta a los productores de la provincia de Buenos Aires. Beneficia a Córdoba y Santa Fe, pero hay que pensar también en los bonaerenses”, remarcaron.
Ese proyecto en particular, que ya tiene media sanción del Senado, ya comenzó a ser debatido en comisión y está prácticamente definido que se va a votar a mediados de noviembre, junto con el Presupuesto.
La idea del PRO es que a ese temario se sume la eliminación o suspensión de las PASO, pero en la Casa Rosada no tienen una definición y miran con atención los movimientos de los gobernadores.
Hasta el momento, algunos mandatarios provinciales ya expresaron públicamente su apoyo a terminar con las primarias, como es el caso del entrerriano Rogelio Frigerio, que cuestionó los costos de esos comicios y la cantidad de veces que los ciudadanos deben votar.
Por su parte, el sanjuanino Marcelo Orrego sostuvo que esa herramienta dejó de ser útil, y el correntino Juan Pablo Valdés consideró que las candidaturas deben ser resueltas por las agrupaciones políticas y no por los ciudadanos.
También Raúl Jalil, de Catamarca, respaldó la reforma en público después de reunirse con Santilli. En tanto, el mendocino Alfredo Cornejo habría transmitido en privado que acompañaría la eliminación a nivel nacional, aunque pretende conservar las internas en su provincia.
Por el contrario, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, es uno de los gobernadores cercanos a Milei que se mantiene en contra de modificar el sistema, como también Martín Llaryora, aunque más cauteloso.
Por su parte, aunque con diferentes matices, Carlos Sadir, de Jujuy; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Leandro Zdero, de Chaco, se expresaron a favor de suspender las primarias, pero no de eliminarlas.
Las negociaciones se dan en la previa de la mega sesión que tendrá lugar este miércoles en la Cámara de Diputados, en la que La Libertad Avanza buscará aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la restitución de límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, y las iniciativas oficiales sobre discapacidad y endeudamiento familiar o morosidad.
El oficialismo esperaba que el debate se extendiera durante más de 20 horas y lo considera una prueba para medir el estado de sus alianzas parlamentarias antes de encarar la discusión por la reforma electoral.
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada a la actividad de empresas en las Islas Malvinas, que inicialmente iba a integrar el temario, fue postergada por falta de acuerdos sobre su articulado.
“El tiempo pasa y cada uno debería empezar a trabajar en quién va a ser el candidato de cada municipio. Me parece una buena oportunidad para que los intendentes ocupen los lugares de los diputados y senadores seccionales y de la Cámara de Diputados”. Las palabras del jefe político de Avellaneda, Jorge Ferraresi, plantean un escenario acaso novedoso para el destino político de más de 80 intendentes de la provincia de Buenos Aires que, de no modificarse la ley que establece que solo pueden ser reelegidos una sola vez, deberán dejar sus distritos.
El regreso de las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires se sostiene como un tema de agenda en el sistema político, pero de momento sin mayores movimientos. La gran mayoría de los jefes comunales apuestan a que, llegado el momento, el tema se discuta. Para Axel Kicillof también es un tema. El gobernador suele plantear que uno de los pocos niveles en los que la gente “cree en la política” es el municipal, que es donde la población lleva su primer reclamo y otras consideraciones en línea con el argumento discursivo de los propios intendentes. Y que si quieren votar a su intendente, ¿por qué impedirlo? Sin embargo, hasta ahora los intentos para habilitar el regreso de las reelecciones indefinidas no han prosperado.
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En este esquema, algunos intendentes ya piensan en sus sucesores. En diálogo con Infobae, Ferraresi planteó que si los dirigentes territoriales no pueden ir por una reelección más, también “es una buena oportunidad para que muchos intendentes se propongan para diputados nacionales”. Hoy, Ferraresi trabaja en la construcción nacional de Axel Kicillof y a la par testea una posible candidatura a la gobernación bonaerense. Es uno de los postulantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para disputar la sucesión de Kicillof. Una tira que completan Julio Alak (La Plata), Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura), Carlos Bianco (ministro de Gobierno) y Fernando Espinoza (La Matanza). La poca presencia de dirigentes territoriales en la lista a diputados nacionales de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones continúa siendo un reclamo de los jefes comunales, sobre todo lo que reportan en el MDF.
Este grupo plantea que con el desdoblamiento electoral y la presencia de intendentes en las listas seccionales de la elección provincial se traccionó la victoria del peronismo por casi 14 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza. Secuencia que no se repitió luego en la elección nacional.
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“La experiencia legislativa de muchos intendentes podría ser muy positiva para la provincia y para la Nación. Muchas veces pasan leyes que son inaplicables porque nadie hace un ejercicio práctico de cómo se resuelve esa ley. Nosotros, que somos especialistas en cuestiones pragmáticas, resolverlas rápidamente y con pocos recursos”, amplió Ferraresi, quien —además— ya tiene sucesora: la exjefa de Gabinete de Avellaneda, Magdalena Sierra, que además es su esposa.
Ferraresi no es el único peronista que plantea construir sucesiones para los intendentes ante el embudo que podría provocar la no modificación de la ley que limita las reelecciones. Mariel Fernández de Moreno también tiene un postulante para su sucesión. El presidente del consejo deliberante, Emanuel Fernández. La intendenta de Moreno avanza con la construcción de su candidatura provincial sobre la estructura de La Liga de Intendentes peronistas. Algunos de los integrantes de La Liga aún lamentan el cierre de listas a diputados nacionales por PBA el año pasado, puntualmente por la nula injerencia que tuvieron.
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En ese momento, desde el kirchnerismo recordaban que los diputados nacionales que tenían anclaje en el mundo intendentista dentro del peronismo respaldaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que había sellado la administración de Alberto Fernández.
En La Matanza, el intendente Fernando Espinoza tampoco tiene reelección. De no poder renovar, la candidata natural para su reemplazo es la vicegobernadora Verónica Magario, quien ya gobernó el distrito más poblado de la provincia entre 2015 y 2019 y no podrá estar en una fórmula para el ejecutivo bonaerense nuevamente.
En Merlo, el intendente Gustavo Menéndez tampoco tiene reelección. Es probable que como candidata vaya su hermana, Karina, actual presidenta del Concejo Deliberante de su distrito. El mismo escenario hay en San Vicente, por ejemplo. Nicolás Mantegazza no podrá ir por otra elección. Si se sostiene el esquema de unidad la candidata será la Jefa de Gabinete del distrito, Daniela Lasalle.
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En el interior bonaerense también se trabaja con el esquema de sucesores. Por caso, el intendente de Chivilcoy, el vecinalista Guillermo Britos, es otro de los que piensan en su sucesión y buscan lugares en la lista por la Cuarta sección electoral o bien en el Congreso. “Si sale la reelección, yo no voy a ser candidato a intendente; posiblemente sea candidato a otra cosa, pero 12 años al frente de un distrito como Chivilcoy son suficientes. La Legislatura tiene que votar la ley porque la Constitución es más que clara, dice que el gobernador y vicegobernador tienen dos mandatos. De los demás no habla”, planteó Britos en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco.
Otro caso del interior se da en Junín. En la ciudad cabecera de la Cuarta sección electoral, el senador provincial y jefe del bloque PRO, Pablo Petrecca que es el intendente en uso de licencia de Junín y referente político, no podrá ir por una reelección en el tramo local en 2027. De momento recorre la provincia con una eventual precandidatura a la gobernación bajo el brazo. Hoy, el candidato del espacio en el municipio será el jefe comunal interino y cuñado del intendente, Juan Fiorini.
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Trece intendentes bonaerenses en funciones integraron las listas para la Legislatura provincial en las elecciones del 7 de septiembre de 2025. Fuerza Patria concentró siete postulaciones: Mario Ishii, de José C. Paz, en la Primera Sección; Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz, en la Segunda; Mayra Mendoza, de Quilmes, y Mariano Cascallares, de Almirante Brown, en la Tercera; Germán Lago, de Alberti, en la Cuarta; Alejandro Acerbo, de Daireaux, en la Sexta; y Marcos Pisano, de Bolívar, en la Séptima. La nómina combinó candidaturas a diputados y senadores, según la sección electoral.
Somos Buenos Aires llevó a cuatro jefes comunales: Julio Zamora, de Tigre, en la Primera Sección; Pablo Petrecca, de Junín, y Guillermo Britos, de Chivilcoy, en la Cuarta; y Maximiliano Suescun, de Rauch, en la Quinta. La Libertad Avanza, en tanto, postuló a Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, como primer candidato a senador por la Primera Sección, y a Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón, al frente de la lista de la Quinta. No hubo intendentes en ejercicio entre los candidatos a diputados provinciales de la Octava Sección Electoral, correspondiente a La Plata. Mientras que el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, fue candidato a diputado nacional encabezando la lista del espacio Unión Federal.
El Banco Centralaceleró la compra de dólares en octubre, luego de haber aflojado el mes pasado. Ayer fueron otros USD 103 millones y en lo que va del mes supera los USD 1.100 millones. La acumulación de reservas sigue siendo una de las prioridades del Gobierno, como se aclaró en el inicio de la fase 4 del plan monetario a principios de 2026.
El fortalecimiento del BCRA se produce en un momento en que el riesgo país sufre un incremento significativo. Ayer incluso llegó a superar los 700 puntos básicos, pero luego retrocedió hasta los 672, quedando incluso levemente por debajo del nivel de la jornada anterior.
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Los bonos en dólares más largos llegaron a subir un dólares desde el piso de la jornada y terminaron casi 0,5% arriba. Eso reflejó que a determinado valor aparecen los compradores, aprovechando cotizaciones que lucen más atractivas.
Con elecciones presidenciales que todavía están a un año de distancia, el deterioro de los precios parece exagerado. En lo que resta de la semana se verá si el rebote que empezaron a mostrar los bonos se sostiene o en realidad se trata de un algo de poco aliento.
En su presentación del lunes en Neuquén, Javier Milei consideró que la suba del riesgo país por encima de los 600 puntos obedeció “a un contexto internacional más complicado”. Esta vez al menos el Presidente prefirió dejar afuera el temor de los inversores respecto a un posible regreso del kirchnerismo en las elecciones del año que viene.
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La suba de las tasas en los Estados Unidos, sobre todo a partir del shock petrolero, generó un impacto en activos de riesgo en todo el mundo. Sin embargo, el riesgo país argentino subió sensiblemente más que el resto de la región.
Con la compra continua de dólares por parte del Central, que ya acumuló en el año arriba de los USD 15.500 millones, es una señal relevante para el mercado. Sobre todo muestra que hay recursos para hacer frente a los vencimientos que se presenten en 2027.
De hecho la necesidad de acumular reservas era algo en lo que venían insistiendo los grandes bancos y brokers a lo largo de todo el año pasado. Sin embargo, los inversores concentran sus dudas en lo que podría suceder en 2028 con el pago de la deuda, si gana la oposición.
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El equipo económico escuchó esas preocupaciones y cambió la estrategia al iniciarse el año, con compras de dólares que volvieron más robusto el balance del Banco Central. Sin embargo, el camino para acumular reservas recién arranca y deberá profundizarse en los próximos años.
Hay otro mensaje que se puede leer en las mayores compras de reservas del Central y está relacionado con el tipo de cambio. A diferencia de septiembre, por ahora el BCRA viene comprando buenas cantidades aunque el dólar mostró algo de presión alcista en los últimos días.
Ayer el tipo de cambio mayorista subió levemente hasta los $1.525 y viene creciendo levemente en las últimas tres jornadas. Sin embargo, el Central esta vez no dio un paso al costado y siguió acumulando divisas, más allá del deslizamiento del tipo de cambio.
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Este comportamiento mostraría que el Gobierno no ve con malos ojos que el dólar se reacomode levemente al alza, aunque nadie espera un salto importante en los próximos meses.
De hecho, Milei volvió a descartar a principios de esta semana la posibilidad de un ajuste cambiario. “Con este superávit comercial y el récord de exportaciones no se entiende que hablen de atraso cambiario. Nosotros queremos una moneda fuerte, que no se devalúe. Es un proceso que ya atravesaron países como Chile, Australia o Noruega, atado al boom de exportaciones que oportunamente tuvieron”, aseguró el Presidente.
Pero más allá de estas declaraciones, todo indica que el Gobierno buscará mantener un tipo de cambio real constante, por lo cual el dólar debería aumentar a la par de la inflación en el transcurso de los próximos meses.
Luego de que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, cuestionara las tasas de graduados de universidades públicas en comparación con las instituciones privadas, la diputada Mariela Coletta, de Provincias Unidas, incomodó al funcionario al exponer que había demorado 15 años en recibirse.
Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda celebrada este martes en la Cámara de Diputados, Torrendell sostuvo que en las universidades públicas se reciben 18,7 de cada 100 estudiantes que inician sus estudios, frente a 40 en las privadas.
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“Se gastó mucho pero no se gastó en que los chicos aprendieran. Nosotros cambiamos los paradigmas”, cuestionó el secretario de Educación al hacer mención a la creación de universidades nacionales que hubo en los últimos años.
Al mismo tiempo que indicó que cada alumno representaba “un costo de USD 14.800”, pidió información y transparencia en la administración de los recursos. Y apuntó: “En el ámbito universitario tenemos una dirigencia aislada que solo acuerda para pedir más recursos. Es un acuerdo corporativo, de casta”.
Frente a esto, la diputada radical contrapuso los planteos oficiales sobre la graduación con la trayectoria académica que atribuyó al propio funcionario y rechazó que se evalúe a los estudiantes solo por el tiempo que demandan sus estudios.
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“Usted se anotó en una universidad en el año 88 para Abogacía, lo dejó, vaya a saber por qué motivos personales lo decidió“, indicó Coletta, a modo de reconstruir el recorrido universitario de Torrendell. Y apuntó: ”En 1990 se anotó en la carrera que sí estudió efectivamente y su egreso fue en el 2005, quince años después”.
En línea con esto, discutió la idea de que una demora en la graduación permita juzgar el compromiso de una persona con sus estudios. “¿Eso está mal? ¿Yo tengo que poner en duda que usted no tuvo voluntad o que no le pasó la vida como a cualquier ser humano que estudia una carrera y quizás trabaja, lo deja en pausa por cuestiones familiares, personales?”, preguntó.
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Luego, cuestionó el enfoque del Gobierno sobre el desempeño de los alumnos universitarios. “¿Realmente les parece hablar del tiempo de cursada con esa insensibilidad, sin tener en cuenta que hay voluntad y deseo de progresar?”, expresó la diputada de Provincias Unidas.
En el segundo tramo de su intervención, la diputada consultó a Torrendell sobre un posgrado que realizó en Chile con una beca de ciencia y técnica de ese país. “¿A usted le parece mal que los gobiernos inviertan en becas para ciencia y tecnología? Porque acá este gobierno desfinancia elConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)”, cuestionó.
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A partir de allí, utilizó una imagen para cuestionar a quienes, según su mirada, acceden a apoyos estatales y luego objetan la inversión pública en educación superior e investigación. “Esto me lleva al ejemplo de la escalera: subo la escalera y cuando estoy arriba la pateo para que nadie más suba”, afirmó.
Coletta también puso como ejemplo al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, y al vínculo de la empresa con graduados de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En ese sentido, dijo que el empresario estudió fuera del país con una beca de YPF y cuestionó los subsidios que recibe la compañía.
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“Toda la cúpula, la de los cargos más jerárquicos de Mercado Libre, son graduados de la UBA. Entonces usan el sistema, le sacan provecho y después van y lo rompen”, recriminó la diputada, quien fue interrumpida por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch.
La intervención se produjo en una reunión marcada por los reclamos opositores para que el proyecto presupuestario contemple las obligaciones de la Ley de Financiamiento Universitario. Previamente, Coletta había acompañado el pedido de convocar a representantes de las universidades, estudiantes, docentes y gremios a las próximas discusiones de la comisión.
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Según pudo confirmar Infobae, antes de que se diera inicio a la reunión, un grupo de estudiantes universitarios había intentado ingresar a la sala del primer piso del anexo de la Cámara Baja. Sin embargo, el personal de seguridad impidió que participaran de la jornada.
En el recinto también estuvo presente el secretario de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien asistió para defender la propuesta oficial. El proyecto prevé transferencias por $ 7,7 billones para las universidades nacionales en 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama una asignación superior a $ 11 billones, de acuerdo con cifras difundidas durante el debate.
La defensa de los hermanos Migueles, acusados por presuntas estafas con la venta de terrenos en Oro Verde, sostuvo que los hechos investigados correspondían a incumplimientos contractuales derivados de operaciones inmobiliarias y no a delitos penales.
La abogada Marina Hundt explicó a Elonce los fundamentos del planteo que derivó en la clausura provisional del juicio oral, dispuesta este martes por el juez Rafael Cotorruelo, quien también rechazó el pedido de prescripción presentado por los defensores.
Norma y Ricardo Migueles.
La resolución judicial interrumpió el debate contra Norma y Ricardo Migueles, quienes enfrentaban 28 imputaciones vinculadas con la comercialización de lotes que, según la acusación, no fueron entregados ni escriturados. El magistrado dispuso que el Ministerio Público Fiscal reformulara los hechos atribuidos a los acusados para garantizar que la defensa pudiera ejercer plenamente sus derechos procesales.
Hundt, quien ejerció la representación técnica junto con el abogado Nelson Schlotthauer, explicó que habían presentado dos planteos preliminares antes del inicio del debate. Uno estuvo relacionado con la prescripción de determinados hechos y el otro con las deficiencias que, según su interpretación, presentaba la acusación formulada por la Fiscalía.
Por qué se clausuró el juicio contra los hermanos Migueles
“Ayer inició el debate oral. La defensa que ejercimos junto con el doctor Nelson Schlotthauer hizo dos planteos como cuestiones preliminares: la prescripción de algunos de los hechos imputados y la nulidad de las imputaciones, porque entendíamos que, desde lo técnico y procesal, tenían fallas que no nos permitían ejercer la defensa”, explicó Hundt.
La audiencia de este martes. (Ahora).
La abogada señaló que esas objeciones impedían, desde su perspectiva, continuar con el juicio en las condiciones planteadas originalmente. Después de un cuarto intermedio, las partes retomaron la audiencia y conocieron la resolución del magistrado.
“El juez Cotorruelo rechazó la prescripción, pero dispuso clausurar el debate y pedirle a la Oficina de Gestión de Audiencias que fije una nueva fecha para que la Fiscalía pueda reformular los hechos imputados. Después evaluaremos una nueva defensa sobre la base de esas acusaciones”, detalló a Elonce.
La decisión se adoptó después de que los representantes del Ministerio Público Fiscal y los querellantes acompañaran la posibilidad de precisar las imputaciones. Aunque la Fiscalía defendió la claridad de la acusación original, aceptó su reformulación para evitar eventuales nulidades y preservar las garantías procesales.
Abogada Marina Hundt.
Las 28 imputaciones y el cuestionamiento de la defensa
Uno de los principales argumentos de Hundt estuvo relacionado con la descripción de las conductas atribuidas a sus defendidos. La abogada sostuvo que los 28 hechos habían sido formulados de manera similar y que no se había explicado suficientemente cuál habría sido el engaño utilizado para cometer las presuntas estafas.
“Son 28 hechos diferentes que se imputan a las dos personas. Entendíamos que estaban formulados de la misma manera, diciendo que la señora Migueles y su hermano habían vendido sin ser dueños o propietarios. Para nosotros faltaba explicar el ardid, la modalidad. No había un detalle circunstanciado de la imputación”, afirmó.
En el derecho penal, el delito de estafa requiere, entre otros elementos, la existencia de un engaño idóneo que provoque un error y determine una disposición patrimonial perjudicial. Por ese motivo, la defensa consideró indispensable que la acusación precisara de qué manera se habría producido esa conducta en cada operación investigada.
Norma y Ricardo Migueles. (Archivo).
“Lo que planteamos estaba apuntado a que no se explicaba cuál era el ardid necesario para llegar a un delito de estafa. Es un delito muy importante y una acusación muy importante también. No podíamos dejar de mencionar esa cuestión y pedir la nulidad”, remarcó Hundt a Elonce.
La defensa sostuvo que existieron incumplimientos civiles
Más allá de las objeciones procesales, la abogada adelantó cuál era la interpretación de la defensa sobre las operaciones inmobiliarias investigadas. Aunque evitó revelar completamente la estrategia que utilizarían durante el juicio, sostuvo que los hechos podían encuadrarse en incumplimientos de obligaciones contractuales.
“Tenemos nuestra propia mirada, que explicamos un poco en el alegato de apertura. Tiene que ver con que pudo haber algún incumplimiento civil, un incumplimiento de obligaciones, un mal negocio inmobiliario, pero que no tiene que ver con un delito de estafa o con una defraudación”, manifestó.
Abogada Marina Hundt.
La letrada consideró que el conflicto debió abordarse mediante los mecanismos previstos por el derecho civil, en lugar de avanzar por la vía penal. En ese sentido, mencionó el carácter de última instancia que debería tener la intervención del sistema punitivo frente a controversias que pueden resolverse en otros ámbitos judiciales.
“Entendemos que es un conflicto que debía resolverse por la vía civil, pero no por la vía penal, que es la última ratio. De principio, podría decirte que nosotros entendemos que es un incumplimiento civil, pero no un delito de estafa”, insistió.
La promoción gráfica de los terrenos que comercializaban. (Archivo).
Qué ocurrió con los terrenos comercializados en Oro Verde
De acuerdo con la investigación, entre 2012 y 2019 los hermanos Migueles habrían ofrecido y comercializado terrenos mediante diferentes modalidades de pago, con valores que rondaban los 10.000 dólares por lote. La acusación sostuvo que las operaciones no concluyeron con la entrega de la posesión ni con las escrituras correspondientes.
Según la hipótesis de los acusadores, algunos terrenos no existían en las condiciones ofrecidas o carecían de los requisitos legales necesarios para su comercialización. Esas circunstancias dieron origen a las denuncias de compradores que afirmaron haber cumplido con sus pagos sin recibir las propiedades.
Consultada sobre las explicaciones de sus defendidos ante esos reclamos, Hundt vinculó las dificultades con la participación de terceros y las demoras administrativas que, según su postura, afectaron el desarrollo de las operaciones.
“Hubo deficiencias en un mal negocio inmobiliario, en un negocio que dependía también de la intervención de terceras personas y de autorizaciones municipales que demoraron años en poder realizarse. De ahí viene la cuestión, pero vuelvo a repetir que se trata de un incumplimiento de la rama civil”, expresó.
Una de las imágenes con las cuales promocionaban los terrenos los hermanos Migueles.
La abogada no profundizó sobre las responsabilidades concretas de esas terceras personas ni identificó las autorizaciones que habrían demorado los trámites. Su explicación formó parte de la posición defensiva y no constituyó una conclusión judicial sobre lo ocurrido.
El juez rechazó el pedido de prescripción
Otro de los puntos centrales de la audiencia fue el planteo de prescripción presentado por los abogados de Norma y Ricardo Migueles. La defensa había solicitado que se declarara extinguida la acción penal respecto de determinados hechos, debido al tiempo transcurrido desde las operaciones investigadas.
Sin embargo, Cotorruelo rechazó el pedido al considerar que ninguno de los hechos imputados se encontraba prescripto. El magistrado explicó que el auto de remisión a juicio, dictado el 26 de marzo de 2024, había interrumpido el curso de la prescripción conforme al criterio de la Sala Penal.
El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Rafael Cotorruelo.
El juez señaló que desde esa fecha no había transcurrido el plazo máximo de seis años correspondiente al delito de estafa. Por ese motivo, concluyó que la acción penal continuaba vigente y que el proceso debía seguir su curso.
Ante esa decisión, los defensores formularon una reserva de derechos para eventualmente volver a discutir la cuestión ante instancias judiciales superiores. De esta manera, el rechazo de la prescripción no modificó la continuidad de la causa, aunque la clausura provisional obligó a reorganizar las próximas etapas procesales.
En qué situación judicial quedaron los acusados
Hundt aclaró que la resolución no implicó una absolución ni alteró la condición procesal de sus defendidos. Los hermanos Migueles continuaron imputados y deberán afrontar el debate cuando se establezca una nueva fecha. “Los hermanos Migueles van a continuar con la misma situación judicial. Están imputados, pero eso no se modifica hasta que haya un debate y eventualmente surja una condena o una absolución”, precisó.
La distinción resultó importante porque la clausura provisional del debate respondió a la necesidad de reformular las acusaciones y no a una resolución sobre la responsabilidad penal de los imputados.
Por su parte, el magistrado aclaró que mantendría su intervención en la causa, dado que todavía no se había iniciado la recepción de pruebas ni había tomado contacto con el material probatorio. También consideró necesario cerrar provisionalmente el debate para no superar el límite de diez días de suspensión establecido por el artículo 420 del Código Procesal Penal.
Cuándo podría reanudarse el juicio
La Oficina de Gestión de Audiencias deberá establecer una nueva fecha para que la Fiscalía comunique formalmente las imputaciones reformuladas. De manera preliminar, se contempló la posibilidad de realizar esa instancia durante los primeros días de diciembre. “Se podría estimar que recién se fije alguna fecha para diciembre, teniendo en cuenta la agenda que ya está establecida de otros debates y audiencias”, indicó Hundt.
(Ahora).
La abogada explicó que, una vez conocidas las nuevas formulaciones, necesitarán analizar su contenido antes de definir la estrategia que presentarán en el próximo debate. “En principio tenemos que escuchar cuáles van a ser las nuevas imputaciones o las reformulaciones que se hagan. Vamos a necesitar tiempo para estudiar otra vez una defensa sobre la base de esos nuevos hechos”, señaló.
Además, anticipó que podrían solicitar un plazo para incorporar elementos probatorios vinculados con las modificaciones que introduzca la acusación. “También habrá que esperar o pedir un plazo para poder ofrecer pruebas nuevas sobre esos hechos que se reformulen”, agregó. De esta manera, el proceso quedó pendiente de una nueva audiencia y de la reformulación de los cargos.
Mientras la acusación deberá precisar las conductas atribuidas a los hermanos Migueles, la defensa mantuvo su postura de que las operaciones investigadas constituyeron incumplimientos inmobiliarios y no maniobras fraudulentas. La determinación sobre la existencia de delitos y la eventual responsabilidad de los acusados quedará sujeta al desarrollo del juicio y a la valoración de las pruebas.
Estafas en Oro Verde: comenzó el juicio, se rechazó la prescripción y se clausuró el debate
Sin investigar a los escribanos
En una nota brindada al programa Códigos, en abril de 2025, uno de los abogados querellantes, Sergio Pacher, puso un manto de duda sobre los escribanos que actuaron en las operaciones inmobiliarias, ninguno de los cuales, fue acusado en la causa. “Los escribanos, a sabiendas de que había denuncias penales contra la señora Migueles, seguían haciendo boletos de compra venta como quien emite boletos de colectivo”, había dicho el letrado.
En esa oportunidad, Pacher recordó que pidió “la imputación de la escribana que firmó en el caso de mi defendida, pero no se me hizo lugar. En los allanamientos, se encontraron modelos de boletos de compra-venta en las casas de los escribanos, esto era un ardid, una organización delictiva formada por escribanos y esta gente”, había asegurado.
Finalmente, el abogado había pedido “saber dónde está todo el dinero, porque la señora Migueles no tiene ni un alfiler. Es mucho el dinero recaudado, si uno lo pone al dinero de hoy es mucho dinero recaudado. Queremos que reponga el dinero con creces. Los damnificados son de Paraná y alrededores”, reiteró.
Llegan a juicio las estafas con ventas de terrenos en Oro Verde donde hubo 400 damnificados
