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La salida de Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) desencadenó una serie de interrogantes sobre el futuro del cartel petrolero y su capacidad para regular el mercado global. La decisión del país del Golfo dejó a la organización sin uno de sus miembros con mayor potencial de producción no utilizado, justo antes de una reunión clave.

Durante este domingo, Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán se reúnen en formato virtual para debatir si incrementan sus cuotas de extracción.

Analistas remarcan que el ajuste podría situarse en 188.000 barriles diarios adicionales, cifra similar a la pactada en meses previos, aunque ahora sin la contribución de Emiratos.

La inminente decisión del grupo ocurre en un contexto de producción restringida. Entre los países sujetos a cuotas, la extracción cayó en marzo a 27,68 millones de barriles diarios frente a una meta de 36,73 millones, lo que representa un déficit de aproximadamente nueve millones de barriles, según detalló la la analista Priya Walia a la AFP.

Esta brecha refleja la dificultad para alcanzar los niveles acordados, sobre todo por las restricciones logísticas y políticas.

El principal obstáculo para aumentar la oferta se encuentra en el Golfo Pérsico. Las exportaciones de la región fueron perjudicadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz, controlado por el régimen de Irán desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. La obstrucción del paso marítimo limitó la capacidad de respuesta de los países con mayor margen de producción excedente.

La decisión de Emiratos Árabes Unidos, que ya había expresado insatisfacción con sus cuotas desde 2021, marca un precedente relevante para la OPEP+. Su empresa nacional, Adnoc, proyecta alcanzar una capacidad de 5 millones de barriles diarios en 2027, una cifra muy superior a la última cuota asignada de 3,447 millones. Esta diferencia incrementa la competitividad de Abu Dhabi, que ahora podrá operar con mayor flexibilidad fuera del marco del cartel.

Los países más afectados por el contexto son Arabia Saudita, Irak y Kuwait, quienes concentran la mayor parte de la capacidad ociosa, además de Emiratos, que ya no será considerado en los cálculos internos.

Por su parte, Rusia, el segundo mayor productor de la alianza, enfrenta desafíos propios: la industria petrolera rusa sufre por la retirada de inversiones occidentales desde su invasión a Ucrania en 2022 y por los reiterados bombardeos ucranianos con drones, que complican mantener el ritmo de extracción pactado.

Algunos analistas consideran posible una guerra de precios si los Emiratos Árabes Unidos (EAU) incrementan su producción sin restricciones, superando los 5 millones de barriles diarios, mientras que Rusia descarta ese escenario en un contexto de mercado deficitario. En vísperas de la reunión prevista para mañana, el viceprimer ministro ruso y responsable del área petrolera, Alexandr Nóvak, anticipó un aumento modesto en el nivel de bombeo.

Por su parte, el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, afirmó el jueves que la salida de Emiratos Árabes Unidos de la organización no provocará una guerra de precios del crudo en el mercado internacional, debido al déficit existente de hidrocarburos.

“¿Qué guerra de precios puede tener lugar en las actuales condiciones si el mercado es deficitario?”, declaró Nóvak a la prensa rusa durante el Foro de Inversiones del Cáucaso, según información de la agencia TASS.

(Con información de AFP)

Giuseppe Busia conoce Buenos Aires desde joven. Vino de intercambio al terminar la secundaria, vivió cerca de los lagos de Palermo y guarda un español rioplatense que no ha olvidado. Pero esta semana, el actual presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia (ANAC) y uno de los mayores expertos europeos en la materia, regresó con una agenda estrictamente institucional: liderar el primer taller subregional de EL PAcCTO 2.0, el programa de la Unión Europea para la lucha contra el crimen organizado transnacional.

La actividad, coordinada por la Organización Internacional Italo-Latino Americana (IILA) —uno de los entes ejecutores del programa europeo—, reunió en Buenos Aires a representantes de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para construir una hoja de ruta regional común. Busia participó además, junto al subdirector de EL PAcCTO 2.0, Giovanni Tartaglia Polcini, en sesiones de capacitación para magistrados federales en Comodoro Py y unidades de compras del Estado, consolidando la cooperación entre Europa y América Latina en temas de integridad y justicia.

La entrevista fue en un hotel céntrico, entre reuniones. El titular de la ANAC habló durante casi una hora con Infobae sobre corrupción, democracia, inteligencia artificial y el peligro de los retrocesos normativos, incluidos los de su propio país. Días antes, al abrir su memoria anual ante el Parlamento italiano, había escrito: “La corrupción destruye recursos, frustra el esfuerzo, amenaza la seguridad, a veces mata a las personas”. En la entrevista, fue más lejos: “El daño más profundo no es económico. Es la pérdida de confianza en las instituciones”.

—Cierra una semana intensa en Buenos Aires entre el taller regional de EL PAcCTO 2.0 y el encuentro en Comodoro Py ante más de doscientos magistrados federales. ¿Qué se lleva de ese intercambio?

—Fue un momento muy importante y un cierre de gran nivel. Hubo un intercambio de experiencias con la presencia del ministro de Justicia y figuras muy destacadas de la magistratura argentina. Analizamos en profundidad la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Argentina tiene una ley nueva; Italia comenzó hace 25 años. Este tipo de intercambios es muy valioso para comparar los recorridos hechos e impulsar a las empresas a adoptar medidas de prevención. No se trata solo del caso concreto, sino de un rol propulsivo de la magistratura: empujar prácticas de transparencia que mejoran la gestión.

—La ley italiana es de 2001 y la argentina, de 2017. ¿Qué errores cometió el legislador italiano en estas dos décadas que Argentina debe evitar repetir?

—Cuando se hace un intercambio de experiencias se comparten tanto los aciertos como los errores. Nosotros tuvimos una larga fase de no aplicación, que es una dificultad habitual frente a las leyes nuevas: hay que construir una cultura de la buena aplicación. El rol de la magistratura en esa fase inicial es crear el marco jurisprudencial que permita a las empresas y a las administraciones aplicar correctamente. Lo que aprendimos —también de nuestros errores— es que estos planes de integridad no funcionan cuando se replican de forma automática y burocrática. Funcionan solo cuando están anclados en la realidad de cada organización: calibrados según el número de empleados, las sedes, el nivel de riesgo. Solo con efectividad real, y no con cumplimiento formal, este instrumento se convierte en una palanca para mejorar la gestión.

—Ya estuvo en misiones en Ecuador, Brasil y República Dominicana. ¿Cómo ve a América Latina en la lucha contra la corrupción respecto de cuando comenzó su mandato en 2020?

—En América Latina hay diversidades, como las hay en Europa. Lo positivo del proyecto europeo gestionado por la IILA y por EL PAcCTO 2.0 es que permite observar el trabajo paralelo realizado en los distintos países, identificar el nivel en que cada uno se encuentra y ayudar a acortar distancias. Siempre desde un espíritu de intercambio, nunca de imposición: no hay un país que llega a dar su lección, aunque tenga más experiencia. Lo que se está haciendo es identificar, por materia —responsabilidad de personas jurídicas, whistleblowing, contratos públicos—, cuáles son las buenas prácticas dentro de la región y ver qué puede transferirse entre países. Eso ofrece un término de comparación más cercano que el modelo europeo. En el taller de esta semana en Buenos Aires, los países del Cono Sur trabajaron justamente en esa lógica: quién está más avanzado en cada área, cuáles son las necesidades concretas de cada país.

—Usted habló en otras misiones de “diplomacia jurídica”. En la práctica, ¿cómo se construye ese puente para que un juez en Roma y uno en Buenos Aires hablen el mismo idioma?

—En la necesidad de enfrentar un fenómeno que hoy no conoce fronteras. La corrupción se sirve de las diferencias entre jurisdicciones, se entrelaza con la criminalidad organizada y usa herramientas sofisticadas: triangulaciones internacionales, sociedades pantalla, criptomonedas. Y este proceso de intercambio fortalece a los países individualmente. Poder decirle a la propia sociedad “en el país vecino lo están aplicando y funciona” ayuda enormemente a cambiar la cultura, no solo las leyes. En todos los países vemos una brecha entre la ley escrita y su aplicación concreta.

—¿Y en el caso argentino? La ley exige programas de integridad para contratar con el Estado. ¿Garantiza eso transparencia real o puede convertirse en un mero cumplimiento formal?

—Es un punto central. En Argentina, exigir un modelo de integridad como requisito para participar en licitaciones públicas es algo pionero, pero su éxito depende de que no se replique de forma automática. No se trata solo de evitar los riesgos de la corrupción, sino de garantizar eficiencia: gestionar una administración de manera transparente, seleccionar a los mejores en los concursos y usar lo digital para agilizar los procesos. Todo eso son reglas de buena administración que, si se aplican con efectividad real y no como un mero cumplimiento formal, ofrecen mejores servicios a los ciudadanos.

—La ANAC italiana es una autoridad independiente; la Oficina Anticorrupción argentina depende del Poder Ejecutivo. ¿Esa independencia pesa en la decisión de un inversor extranjero a la hora de poner dinero en un país?

—La independencia es un proceso que se construye con la autoridad de las decisiones que se toman, pero es también un mensaje de credibilidad hacia el mundo. Los modelos de otros países ayudan a los gobiernos a comprender que exponerse al juicio de una institución independiente es, en realidad, una ventaja: refuerza la confianza global en el sistema. Para atraer inversiones extranjeras, es fundamental contar con reglas claras y transparencia real en la contratación pública. Los grandes operadores internacionales miran dónde invierten: verifican si hay un sistema judicial independiente y si la administración actúa con transparencia. Si no es así, el riesgo para el inversor crece de manera exponencial. Construir un sistema sano que prevenga la corrupción es un ingrediente esencial para favorecer el crecimiento económico.

—En los últimos años, potencias como Estados Unidos dieron señales de relajar el cumplimiento de leyes históricas contra el soborno transnacional, como la FCPA. ¿Teme que el mundo esté entrando en una “carrera hacia abajo” donde se sacrifique la transparencia en nombre de la competitividad económica?

—Lamentablemente, sí, y preocupa mucho. Es una visión de muy corto plazo y equivocada. Estados Unidos fue pionero en esto: la primera ley sobre corrupción en el exterior fue estadounidense, cuya aplicación fue suspendida por una orden ejecutiva de Trump. Si Estados Unidos retrocede en la aplicación de estos controles, Europa y América del Sur tienen la obligación de mantener firmes estos principios, porque son los que sostienen el crecimiento global y defienden los valores propios de nuestras Constituciones. Cuando un aliado histórico da pasos atrás, la respuesta correcta no es seguirlo, sino continuar en el propio camino y acompañarlo de regreso a valores que son comunes. No hay que poner en cuestión el multilateralismo, sino reforzarlo. El mundo construido desde la Segunda Guerra Mundial —en el que los países se relacionan respetando derechos y reconociéndose como iguales— es un mundo en el que se vive mejor y se crece más. Hoy ese mundo está siendo profundamente amenazado, y los países con valores democráticos sólidos deben sostenerlo.

—Los retrocesos no vienen solo de Estados Unidos. La propia Italia abrogó en 2024 el delito de abuso de cargo y redujo el alcance del tráfico de influencias. ¿Cómo es posible que un país pionero en la lucha anticorrupción dé estos pasos atrás?

—Creo que son errores. La abrogación del abuso de cargo y el consecuente debilitamiento del tráfico de influencias dejaron vacíos importantes. El argumento del gobierno era la necesidad de precisión y taxatividad en la ley penal, lo cual en principio es atendible. Pero si una norma tiene problemas de aplicación, se clarifica: no se abroga el delito. La abrogación dejó sin cobertura, por ejemplo, el caso del tribunal de concurso que favorece a un candidato amigo sin recibir dinero a cambio. No es corrupción en sentido técnico, no es turbación de la competencia entre empresas, y hoy ya no hay sanción penal. Es un hecho grave que afecta al candidato desplazado, a la administración que no selecciona al mejor y a la credibilidad de las instituciones. El horizonte positivo es la Directiva Anticorrupción europea, aprobada por el Parlamento Europeo, aunque con un texto algo más suavizado respecto a la propuesta inicial, en parte por presión del gobierno italiano. La Directiva no restaura automáticamente el delito de abuso de cargo, pero establece que las conductas graves deben ser sancionadas. Esperemos que sea la ocasión para retomar algunas de estas figuras.

—En su último informe anual ante el Parlamento italiano, hace una semana, sostuvo que la corrupción se ha vuelto hoy una “constelación de conductas subrepticias”. ¿El delito ya no necesita de la clásica valija con dinero para ser efectivo?

—Exactamente. La corrupción actual se oculta en consultorías, en relaciones de apariencia lícita, en decisiones que admiten mayor discrecionalidad. Es más difícil de detectar y de perseguir, porque no hay un intercambio de dinero evidente. Eso hace aún más valioso invertir en prevención: en buenas prácticas que son también prácticas de buena administración. Es un win-win: si se aplican de manera inteligente, permiten ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, usar mejor los recursos públicos —cada vez más escasos— y generar confianza. Porque el ciudadano que financia con sus impuestos el gasto público es hoy más exigente; quiere participar, quiere conocer. Y si se usa bien, esa participación activa es una contribución, no un problema.

—Solemos pensar en la corrupción como un delito “de guante blanco” o un simple desvío de fondos, pero usted sostuvo que “frustra el esfuerzo, amenaza la seguridad y a veces mata personas”. ¿Por qué una formulación tan contundente?

—Porque el daño no es solo económico. El daño más profundo es la pérdida de confianza en las instituciones. Eso se quiebra cuando hay una desviación hacia un interés particular. Y la corrupción es también la puerta de entrada de la criminalidad organizada. Las mafias actúan cada vez menos con actos violentos y se infiltran en la economía legal: los contratos públicos son un sector de alto riesgo. Pensemos en el joven que se prepara para un concurso y es superado por el candidato amigo del tribunal, sin que haya intercambio de dinero. Es una pérdida para el candidato desplazado, para la administración que no contrata al más capaz y para todos los jóvenes que concluyen que conviene más tener contactos que estudiar.

—Bajo su presidencia, los procedimientos analógicos en licitaciones italianas cayeron del 21% al 1%. ¿La digitalización cumplió sus promesas en la lucha contra la corrupción?

—Es un proceso, y cada día se avanza más. Hoy en Italia todos los contratos públicos deben tramitarse en plataformas digitales interconectadas con la plataforma de ANAC. Eso permite mayor controlabilidad y mayor dificultad para que ocurran episodios corruptivos, pero también una simplificación real: la base de datos nacional está conectada con la Agencia Tributaria y con los institutos de seguridad social. Las empresas no tienen que presentar los mismos documentos repetidamente. El mercado se vuelve más abierto, la competencia más leal, y el estímulo es mejorar, no buscar el contacto dentro de la administración. Usar estratégicamente los contratos públicos no es solo evitar la corrupción: si un concurso exige tecnologías avanzadas o criterios ambientales, le está diciendo al mercado hacia dónde se mueve el país.

—ANAC empezó a usar inteligencia artificial para detectar anomalías en las licitaciones. ¿Cómo funciona en la práctica y dónde están los límites?

—La estamos usando de manera muy prudente. Hemos introducido en el Código de Contratos algunos principios clave. Primero: evitar sesgos discriminatorios, que muchas veces ni el propio programador advierte, porque son producto de prejuicios inconscientes. Segundo: transparencia en los algoritmos. Cuando una administración usa un algoritmo, el secreto industrial no puede prevalecer: el ciudadano tiene derecho a conocer las razones de cada decisión. Tercero: control humano. Ninguna función pública puede delegarse por completo a la máquina. Hay un desafío implícito: pocos funcionarios públicos están hoy en condiciones de entender realmente el algoritmo en que confían. La administración debe usar los algoritmos en la medida en que los gobierna, no a la inversa, porque de lo contrario funciones públicas se trasladan de facto a actores privados que no necesariamente persiguen el interés general.

—¿Y se ven casos del lado opuesto: IA usada para manipular licitaciones o burlar los controles?

—En algunos casos, sí. Como toda tecnología, la IA también la usan quienes quieren delinquir. Todavía hablamos de inteligencia artificial como si fuera una sola cosa, cuando en realidad son muchos tipos distintos de algoritmos con funciones muy diversas. Hay que usarla, no temerla, pero usarla mientras se la gobierna. Si no, nos encontraremos con herramientas que nos sobrepasan.

—Para cerrar: ¿qué consejo le daría a un joven funcionario o magistrado argentino que recién empieza?

—Invertir en las propias competencias, en la propia cultura y en la propia capacidad. Eso, en el largo plazo, siempre rinde. Ayuda a dar la batalla en la dirección correcta. Es la inversión más valiosa que cualquier persona puede hacer.

Perfil: ¿Quién es Giuseppe Busia?

• Cargo actual: Presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia (ANAC) desde septiembre de 2020. Su mandato vence este año.
• Trayectoria institucional: Es un jurista de carrera con amplia experiencia en autoridades de garantía. Antes de liderar la ANAC, fue Secretario General del Garante de la Privacidad de Italia (2012-2020).
• Roles internacionales: Actualmente preside la Red para la Integridad (Network for Integrity) y es vicepresidente de la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción (IAACA).
• Formación y academia: Es doctor en Teoría del Estado y profesor de Derecho Público y Administrativo. Es autor de numerosas publicaciones sobre transparencia, ética pública y el impacto de la tecnología en el derecho.
• La apuesta digital: Bajo su mandato, la ANAC se ha convertido en una autoridad de referencia global por la creación de la Base de Datos Nacional de Contratos Públicos, que utiliza inteligencia artificial y análisis de datos masivos para prevenir la corrupción en tiempo real.

En los dos años y cuatro meses que Javier Milei lleva en la Casa Rosada, la gestión libertaria se desprendió de 15 inmuebles del Estado a cambio de casi USD 279 millones. En total, sumaron 84.900 m2 que dejaron de estar bajo dominio público. La cifra se enmarca en una política del Gobierno de achicar la dimensión de Estado.

Entre los edificios vendidos por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) hay algunos que pertenecieron a distintos organismos, como el Ministerio de Defensa, la Policía Federal o el INTA, y propiedades decomisadas en causas de corrupción o narcotráfico.

En su informe escrito enviado a la Cámara de Diputados esta semana, Manuel Adorni había detallado la venta de sólo 6 propiedades por USD 75,1 millones, entre 2025 y el primer trimestre de 2026. Fue en respuesta a una de las preguntas que le enviaron los legisladores. Sin embargo, tras relevar el sitio oficial de contrataciones públicas ComprAr y el de la AABE, Infobae detectó que se vendieron otros 7 inmuebles en ese lapso, más otros dos en 2024. Por la venta de los 15, el Gobierno recaudó en total USD 278.968.671.

A su vez, 35 inmuebles del Estado fueron “desafectados” por la Agencia, según informó el Jefe de Gabinete, lo que implica que dejaron de tener un uso específico o de estar asignados a una dependencia pública para poder así ser subastados por la AABE. En su conjunto, implican 4.620.272 m2. De ese número, 5 inmuebles ya fueron adjudicados a privados a través de subastas públicas, y forman parte del lote de 15 vendidos.

Entre los desafectados, los más grandes son dos predios por un total de 720.000 m2 que pertenecen al INTA y el Instituto Nacional del Agua (INA) en la localidad bonaerense de Ezeiza y la salteña de Cerillos. El coordinador del Área de Extensión del INTA Salta, el ingeniero agrónomo Gustavo Ramírez, le había dicho al medio local Aries Online al defender el uso que tenían esos terrenos que “esas 41 hectáreas están en producción, cualquiera que pasa por ahí las puede ver, siempre estuvieron en producción”.

También figura el complejo ubicado sobre la costanera del Embalse de Río Tercero, en el departamento cordobés de Calamuchita. Comprende una superficie aproximada de 2.324.017 m2 y estaba bajo jurisdicción de la Secretaría de Turismo y Ambiente y de la Administración de Parques Nacionales. El área forma parte de la Unidad Turística de Embalse, declarada Monumento Histórico Nacional en 2013.

La decisión de desafectarlo se fundamentó en el Decreto 2.670/15, que permite declarar inmuebles “innecesarios” o “sin destino” cuando no resultan imprescindibles para la gestión específica del organismo al que estaban asignados. La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos intervino en el expediente y consideró procedente su venta, con la condición de preservar y restaurar los valores patrimoniales del conjunto histórico.

Del relevamiento hecho por este medio del sitio de subastas de la AABE, surge que hay actualmente 8 inmuebles publicados para salir a subasta electrónica, cuya inscripción para participar aún no cerr. Otros 11 figuran catalogados como “oportunidades disponibles”; 131 saldrán a la venta a futuro; y 188 son ventas finalizadas entre el 2017 y lo que va de 2026.

La AABE funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y está a cargo, dede diciembre pasado, de Tania Alejandra Yedro, quien trabajaba en el organismo desde febrero de 2024, tras haber sido directora nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios, oficina que depende de la misma Agencia.

Las seis ventas informadas por Adorni

Los seis inmuebles del Estado subastados entre 2025 y lo que va del 2026, detalaldos por el Jefe de Gabinete en su informe escrito suman un total de USD 75.108.759.

Uno es un predio del Ministerio de Defensa en el barrio de Puerto Madero, a pocos metros de la Reserva Ecológica Costanera Sur, con una superficie de 5.234 m2, que albergó dependencias de la Subsecretaría de Ciberseguridad. Ubicado sobre Av de los Italianos Nº 365 al 375, se adjudicó en marzo de 2025: por USD 34 millones al Fideicomiso Inmobiliario Madero 6. Su precio base había sido menor, de USD 23,2 millones y se presentaron 6 oferentes.

Ya había salido a subasta en 2017 – sin interesados – con una valuación estimada, en ese momento, de USD 35 millones. Nuevamente el Estado intentó rematar el predio con el edificio en 2019, con una tasación base inferior de USD 28 millones, pero la subasta fue declarada desierta en septiembre de 2021.

Otro de los inmuebles es el emblemático edificio del INTA ubicado en Ortiz de Ocampo y Cerviño, cuya venta dispuesta por el Gobierno generó polémica y reclamo de sus trabajadores, ya que estaba en uso. El terreno donde está el edificio tiene 919 m2, aunque la edificabilidad total del inmueble ascendería a los 10.126 m2 de superficie.

Se adjudicó a Julián Álvarez 1986 SRL en USD 18,5 millones, casi tres veces su valor de base (USD 6,3 millones). Se trata de una empresa que se dedica a la construcción y reparación de edificios residenciales, cuyos socios son Martín Prubner y Lucila Jazmín Zang, hija del vicepresidente de IRSA, Saúl Zang.

Si bien el artículo 57 de la ley 27.341, vigente al momento de la venta, establecía que el 70% de esa suma (casi USD 13 millones) fuera para el INTA, como el mismo Adorni garantizó en una conferencia de prensa el 27 de noviembre del 2024, el dinero nunca llegó al organismo. En su informe escrito a los Diputados, afirmó en la respuesta a la Pregunta 729, que esos fondos pasaron al Tesoro Nacional por un decreto (Nº 186/25) posterior.

Otro de los inmuebles rematados por la AABE perteneció a Daniel Muñoz, quien fuera el secretario privado de Néstor Kirchner, y fue decomisado en la causa en la que se lo investigó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Muñoz fue el receptor primario de los bolsos repletos de dinero provenientes de las coimas que pagaron empresarios para quedarse con obras públicas y contratos con el Estado. Se trata de un departamento de 74 m2 ubicado en el 1er piso del edificio de Andonaegui N° 2966, en Villa Urquiza.

Lo compró un particular, Lorenzo Gaspar Huaranca, en USD 168.000, unos USD 20.000 más que su precio base de remate.

Producto también del decomiso de otra causa de narcotráfico y lavado, fue vendido un dúplex ubicado en Bacacay 3591, en el barrio de Floresta. Lo compró otra particular, Carolina Soledad Luizaga, quien pagó USD 150.500, casi el mismo valor que el precio base (USD 150.415).

Otro inmueble ubicado en Av. Melián N.º 2157 entre Mendoza y Juramento, valuado en USD 2,3 millones, salió a subasta con un precio de base de USD 690.000 y terminó en manos de Inversora Mataldi SA por poco más de USD 1 millón.

La casona tiene dos plantas, ascensor, piscina y jardín y está ubicada en la zona residencial de Belgrano R. La mansión perteneció a Carlos Salvatore, un capo narco condenado a 21 años de cárcel por contrabando de una tonelada de cocaína a Portugal y España en la causa conocida como Carbón Blanco, fallecido en 2019.

Un cotizado terreno de más de 3.400 m2 en la calle Soldado de la Independencia Nº 615, en el barrio de Palermo, entre las calles Ortega y Gasset y Pasaje San Benito de Palermo, fue adjudicado a la firma Consultatio SA, la desarrolladora de torres y urbanizaciones de Eduardo Costantini. Está en una de las zonas más codiciadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a metros del Campo Argentino de Polo y del tradicional barrio Las Cañitas.

La parcela tiene 70 metros de frente por 50 metros de profundidad, y se utilizaba hasta el momento como estacionamiento, con 163 cocheras descubiertas y 12 semicubiertas. Consultatio ofertó USD 21,2 millones, unos USD 7 millones más que el precio base (USD 15,3 millones) y le ganó la disputa a otros tres oferentes.

Los otros inmuebles vendidos

Otros 7 inmuebles del Estado subastados en 2025 y 2026 no fueron incluidos en la respuesta de Adorni, pese a que la pregunta se refería a ese año y lo que va del actual. Cuatro se adjudicaron el año pasado y 5 en el primer trimestre del 2026,

Entre ellos está el más caro de los 15 ya vendidos por la AABE. Se trata de un predio del Ejército Argentino ubicado en Av Cerviño 4.820, esquina Bullrich, frente a la Mezquita de Palermo, en el barrio porteño de Palermo.

Quedó también en manos de Consultatio SA, que ofreció USD 127 millones, el monto más alto, y resultó adjudicado el 6 de enero pasado. La cifra representó un 55% más que el precio base (USD 81,8 millones), lo que fue un récord en subastas de bienes públicos para desarrollos inmobiliarios a gran escala.

La propiedad tiene casi 42.000 m2 estratégicamente ubicados, y su predio funciona el centro comercial Portal Palermo, que alberga al hipermercado Jumbo, la tienda Easy y un shopping con decenas de locales comerciales, que es explotado actualmente por Cencosud. Este grupo chileno tenía diez meses para dejar el predio una vez que se concretara la transferencia, pero las compañías informaron que llegaron a un acuerdo para que haya un Jumbo en el proyecto inmobiliario de Consultatio.

En el cotizado barrio del Bajo Belgrano, la AABE remató una manzana entera delimitada por las calles Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, que tiene una superficie de 12.518 m2. El inmueble era propiedad de la Policía Federal y allí funcionaba una repartición de la Superintendencia de Investigaciones, gracias a un permiso de uso precario otorgado por el Gobierno nacional al Gobierno porteño el 9 de diciembre de 2019. Pero fue revocado en 2021 en la gestión de Alberto Fernández. El playón interno se utilizaba para el guardado de vehículos de la Policía y camión de bomberos.

Salió a la venta con un precio base de USD 21.369.863 y fue adjudicado a Argencors SA el 29 de enero pasado por más de doble: USD 46.568.000. Se trata de la desarrolladora fundada por Miguel Camps y dueña de la marca Quartier, que construirá un edificio residencial de alta gama. Será el primer proyecto que desarrolle Argencons con Consultatio, luego de que Costantini adquiriera el 51% de la compañía a mediados de 2025.

En el barrio de Retiro, la AABE rematará otro predio de 15.720 m2 en una zona neurálgica, sobre la Av. Antártida Argentina al 1160, esquina Gendarmería Nacional y esquina Carlos Perette. Ubicado en una zona neurálgica, está muy próximo a la terminal de ómnibus y de cruceros.

Actualmente funciona un hipermercado COTO, y permanecerá en manos de ese grupo empresario, ya que lo compró Gepal SA, una empresa vinculada. Fue adjudicado el 2 de enero de este año y la cadena de supermercados nacionales pagó el precio en el que salió a subasta, USD 11.907.591.

También en Retiro, pero en la zona de Plaza San Martín, a finales del año pasado se vendió otro predio de casi 2.090 m2 en la zona de Plaza San Martín que cuenta con varias propiedades, donde funcionan estacionamientos y depósitos. Ubicado en calle Juncal 724, entre Basavilbaso y Esmeralda, en el barrio de Retiro, a metros de la estación de trenes, en una zona estratégica de la Capital.

Quedó en manos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por USD 8,8 millones, el mismo valor que el precio base con el que salió a subasta. El precio fue inferior al que había sido publicado inicialmente, USD 13 millones, en mayo de 2025.

En el barrio de Palermo fue vendido otro terreno – en este caso, baldío – en Fray Justo Santa María de Oro 2245/2251, entre Paraguay y Charcas, de 1.038 m2. A una cuadra del corredor paralelo a las vías del Ferrocarril San Martín que da hacia la calle Godoy Cruz, está ubicado en una de las zonas más atractivas y con locales gastronómicos de este barrio. Salió a la venta en casi USD 3 millones, y quedó en manos de la desarrolladora inmobiliaria Ciudad G3 SA en noviembre pasado, que ofertó USD 5 millones.

En diciembre de 2025 fue adjudicado el inmueble de Av. Rivadavia N° 1665, entre Rodriguez Peña y Montevideo, en Congreso, con un total de 1.818 m2. Pasó a manos de Inversora Mataldi SA, que es parte del Grupo IEB, dedicado a las inversiones financieras y cuyo dueño es Juan Ignacio Abuchdid, por USD $3,3 millones, el mismo valor que el precio base con el que salió a subasta.

Esta misma sociedad se había quedado en octubre de 2024 con la mansión de Av. Melián Nº 2157 entre Mendoza y Juramento, en la zona residencial de Belgrano R. Con plantas, ascensor, piscina y jardín, perteneció a Carlos Salvatore, un capo narco condenado a 21 años de cárcel por contrabando de una tonelada de cocaína a Portugal y España en la causa conocida como Carbón Blanco, fallecido en 2019.

Si bien el inmueble, en su momento, fue valuado en USD 2,3 millones, salió a subasta con un precio de base de USD 690.000. La firma Inversora Mataldi SA pagó poco más de USD 1 millón.

Producto del dinero de la corrupción, a finales de febrero de este fue vendida otra lujosa residencia que perteneció al ex secretario de los Kirchner, Muñoz, ubicada en Av. Salvador María del Carril 3744, en el barrio porteño de Villa Devoto.

Esta propiedad, utilizada para blanquear dinero mediante alquileres, cuenta con cuatro plantas, gimnasio, sauna, quincho y cocheras. Había salido a subasta, originalmente, a principios de 2021 en USD 926.263, pero no hubo ofertantes. Finalmente, su precio base se bajó a USD 673.454, que fue el que pagó el adjudicatario, Giuliano Woloszanowski, cuya familia es dueña de la empresa Frigorífico 103.

Otro inmueble en poder del Estado vendido en lo que va de la gestión de Milei está en la Ciudad de Mendoza, en la calle Necochea Nº 230, en pleno microcentro. Tiene 1.172 m2 y cuenta con autorización para construir hasta 48 metros de altura, lo que habilitaría un edificio de unos 16 pisos.

Tras años de abandono e intentos fallidos de proyectos oficiales, fue adjudicado en mayo del año pasado al contador Luis Facundo Alba, quien pagó USD 466.500, apenas por encima del precio base.

Ubicado a metros de la Plaza San Martín mendocina, el edificio había comenzado a construirse en los años ‘80 como futura sede de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, pero quedó inconcluso tras la privatización del organismo en 1994. Desde entonces, conocido como edificio “Buci”, se convirtió en un símbolo de deterioro urbano.

Finalmente, la AABE remató, también, una oficina en Florida 524, casi esquina Lavalle 605, en el microcentro porteño, de 30 m2. Fue comprada por una empleada de la ANSeS, María de la Paz García Mussi, en USD 35.670, apenas USD 600 más que el precio en que había salido a subasta.

Visualizaciones: Daniela Czibener

Nadie pone bajo sospecha los índices de confianza del consumidor y en el Gobierno. Ambos son elaborados por la Universidad Di Tella y Poliarquía. En abril arrojaron una caída de 5% y 12% respectivamente, reflejando con claridad un incremento del malhumor social y desaprobación a la gestión. El dato impactó entre los inversores, porque perciben una señal de alerta para el futuro de Javier Milei.

Aunque estas encuestas no dan detalles sobre los motivos específicos de subas o bajas, no resulta tan difícil explicarlos. En este caso posiblemente haya tomado preponderancia el pico de inflación de 3,4% en marzo, junto a la caída del poder adquisitivo de los salarios del sector privado en los últimos meses. A ello se sumaron el crecimiento de escándalos como el caso Libra y la ofensiva contra Manuel Adorni.

Para la mirada de los mercados es irrelevante si el jefe de Gabinete se pagó o no un pasaje de avión a Aruba o Punta del Este para viajar en familia. Pero pasa a ser un tema muy importante si la consecuencia del escándalo es una caída de la imagen presidencial.

¿Reelige o no reelige?

Lo que al final del día se analiza es si Milei tiene realmente altas chances de conseguir la reelección el año que viene. Y nadie hoy está en condiciones de poner las manos en el fuego. El tema empieza a mencionarse en los informes de bancos, Alycs y consultoras económicas.

“Con la imagen negativa del gobierno subiendo en todas las encuestas de opinión y barajándose un ballotage con Kicillof como un evento posible en 2027, no puede descartarse ruidos cambiarios y financieros incluso con abundancia de dólares”, describieron desde la consultora LCG.

“Esta incertidumbre -agregaron- parece estar pesando más que las garantías conseguidas de organismos internacionales para cerrar el programa financiero en dólares”.

Desde la Alyc IEB también alertaron que “los niveles de confianza en el Gobierno volvieron a niveles de septiembre de 2025. Este análisis resulta particularmente útil como indicador de aumento del riesgo político de cara a las elecciones presidenciales de 2027”.

La última colocación de bonos de corto plazo en dólares por parte del Tesoro así lo reflejó. El Bonar 2027 se colocó esta semana a un tasa del 5,16% anual en dólares. Pero por el Bonar 2028 hubo que pagar un rendimiento mucho mayor de 8,77%. La diferencia abrupta entre ambos es exclusivamente la prima de riesgo político, o sea la incertidumbre respecto a quién estará gobernando luego de las elecciones.

Duro de bajar

El riesgo país no hizo más que reflejar estas dudas. Mientras que los principales índices de Wall Street tuvieron su mejor mes desde la salida de la pandemia (subieron 10% en promedio y volvieron a niveles récord), el riesgo país tuvo una caída muy leve desde 612 puntos a 580 a fin de abril.

De todas maneras, desde IEB consideran que en la medida que se siga aclarando el panorama respecto al pago de deuda hasta fin de 2027 el riesgo país debería comprimir a niveles de entre 450 puntos y 500 puntos básicos.

Fernando Marull apuntó en la misma dirección en relación a los interrogantes que empiezan a pesar en las decisiones de inversión. “En los próximos meses debería ayudar a mejorar el apoyo con un rebote de la actividad y de los salarios. Hoy la gran pregunta es si a Milei le alcanza para reelegir en 2027”.

Algo que le juega a favor al Gobierno es que el escenario de una crisis de tercer año como la que sufrió Mauricio Macri está prácticamente descartado. Las filas de camiones en el puerto de Rosario son la mejor prueba gráfica de la gran cosecha gruesa y la próxima liquidación de divisas.

En ese escenario y en medio de un estricto control de agregados monetarios por parte del Gobierno parece difícil que se produzca una corrida cambiaria como la que sepultó al Mauricio Macri en 2018.

Sin embargo, “evitar” una crisis que nunca se produjo no alcanza para seducir a los votantes. Tampoco la reflexión de Luis “Toto” Caputo durante la ExpoEFI 2026: “Logramos sortear dos crisis, una interna en las elecciones legislativas y otra internacional por la guerra”. De vuelta, evitar lo que no sucedió es una idea abstracta para la mayoría de los que votarán en 2027.

El argumento de las crisis evitadas sí tuvo buen resultado en las legislativas de 2025. Pero en aquel momento se había logrado apagar el incendio de una inflación que llegó a correr al 300% anual, que el Gobierno consiguió reducir al 30% en solo un año y medio.

Ya en más de una oportunidad Milei pidió “paciencia” y reconoció que hay sectores muy afectados por los cambios en las reglas de juego. Por eso, ahora el objetivo es que el crecimiento empiece a sentirse en “la calle”.

Compra de dólares

Desde el punto de vista del funcionamiento del mercado cambiario, el primer cuatrimestre fue óptimo. El Central compró cerca de USD 7.000 millones, muy por encima de las previsiones. Y es muy probable que incluso acelere las compras diarias en mayo y junio, a partir de la liquidación de la cosecha gruesa. El jueves antes del feriado, por ejemplo, adquirió USD 207 millones y es posible que estas cifras se repitan casi a diario en las próximas semanas.

Los malos datos de inflación y actividad ya quedaron atrás. A partir de ahora se verán mejores cifras en ambas variables. Luego del pico de 3,4% en marzo se espera que el índice de abril arroje un nivel apenas superior al 2,5%. Y la expectativa es que en mayo baje otro escalón para acercarse al 2% ó incluso algo menos.

La caída de más de 2% de la economía en febrero habría sido revertida en buena medida en marzo y en abril. La gradual mejora de los ingresos y la baja de la tasa de interés volverían a darle algo de impulso al consumo. La cuestión hacia adelante es a qué velocidad podría darse esta mejora y si será sostenible en el tiempo.

Datos de abril, casta y brotes verdes

Algunos de los primeros datos conocidos de abril no son contundentes. Cayó la venta de autos un 13% interanual, pero voló 51% la de motos, en parte por la baja de las tasas y algún incremento en líneas de financiación.

Al Gobierno probablemente ya no le alcanzará con seguir hablando contra la casta o asustando con la vuelta del kirchnerismo. Precisará mostrar en lo que resta del mandato que el esfuerzo de bajar el gasto, mantener el superávit fiscal y una política monetaria ordenada genera sus frutos, además de la estabilidad cambiaria.

Si esos “brotes verdes” no aparecen con cierta firmeza, entonces las turbulencias preelectorales llegarían mucho antes de lo esperado. Y el mercado ya lo empezó a descontar con precios de activos, especialmente bonos, que no reflejan los esfuerzos que el Gobierno viene haciendo dar previsibilidad y asegurar los futuros pagos de la deuda.

El mercado laboral en Irán enfrenta una crisis agravada por la guerra, con un aumento significativo del desempleo y una disminución notable de la fuerza laboral. En la ciudad de Rasht, al menos 2.000 trabajadores perdieron sus empleos en los últimos dos meses, según el reporte de la Agencia Iraní de Noticias Laborales (ILNA).

Fuentes locales señalan una tendencia creciente de despidos en los sectores de producción, industrias y servicios. Entre los afectados figuran aproximadamente 490 empleados de la empresa Pink, 500 de Paya Modern, 190 de Gilara y 55 de una planta avícola. También se registraron despidos en otras unidades como Darougar Rasht.

Las razones principales citadas para los despidos incluyen la escasez de materias primas y la reducción de recursos financieros debido a la disminución de ventas. Muchos de los trabajadores afectados recurrieron a la oficina de empleo para solicitar subsidios por desempleo.

A nivel nacional, se calcula la pérdida directa de unos 135.000 empleos durante la guerra y la salida de casi un millón de personas del mercado laboral, de las cuales solo unas 300.000 regresaron al empleo formal. Además, alrededor de 200.000 nuevos solicitantes se sumaron al seguro de desempleo.

El informe anual de la ONG Activistas de derechos humanos en Irán (HRANA, por sus siglas en inglés) para 2025 documentó 638 meses de salarios retrasados o impagos en 182 unidades industriales y de servicios, 2.458 casos de despidos o reducción de plantilla y 3.761 trabajadores en condiciones laborales inciertas, lo que refleja la presión creciente sobre el sustento de los trabajadores iraníes.

Tras semanas de silencio en el frente de combate, la población iraní enfrenta ahora las consecuencias económicas de la guerra con Estados Unidos e Israel. Aunque la República Islámica resistió parte de la ofensiva militar, el país atraviesa un deterioro económico marcado por una inflación que alcanza el 100% en algunos productos alimentarios y la incertidumbre de un futuro desfavorable.

En el bazar de Tajrish, al norte de Teherán, la actividad comercial retornó, pero los comerciantes aseguran que las ventas no se han recuperado. “Solo estamos vivos”, resume Reza, dueño de un puesto de frutas y verduras, quien recuerda los 39 días de bombardeos consecutivos sobre la capital y expresa temor ante la posibilidad de nuevos ataques.

El régimen iraní estimó en USD 270.000 millones los daños causados por la ofensiva de estadounidenses e israelíes, que afectaron casi 3.000 infraestructuras industriales. A esto se suma el corte del internet global y el bloqueo naval estadounidense, que agravan la crisis en una economía debilitada desde hace años, acelerando despidos y elevando la inflación hasta el 71%.

El viceministro de Trabajo, Cooperación y Bienestar Social de Irán, Gholamhosein Mohamadi, informó que la guerra ha provocado la pérdida de un millón de empleos directos y dos millones indirectos. El analista Hadi Kahalzadeh, del Instituto Quincy, advierte que la caída del consumo interno, la falta de liquidez y la incertidumbre podrían afectar a millones de empleos adicionales.

Tras los bombardeos, 50 plantas petroquímicas cerraron y la principal acería, Mobarakeh, tardará al menos un año en recuperar su capacidad normal, lo que derivó en la prohibición temporal de exportaciones en ambos sectores. El impacto también alcanza al sector de la construcción, que emplea a 3,8 millones de iraníes, y a la industria automotriz.

El alza de precios afecta a plásticos, envoltorios, tuberías, tejidos y productos básicos como los lácteos. El corte de internet global, impuesto por el régimen persa desde el 28 de febrero, genera un costo diario de USD 3,3 millones, según el ministro de Comunicaciones, Sattar Hashemi, y afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas.

El bloqueo naval estadounidense, impuesto por el presidente Donald Trump desde el 13 de abril, busca paralizar las exportaciones petroleras iraníes, que alcanzaron 80.000 millones de dólares el año pasado, y, de esta formar, presionar a Teherán a negociar una salida de la guerra.

El empeoramiento económico se produce meses después de las protestas de diciembre y enero, que derivaron en pedidos de fin de la República Islámica y fueron reprimidas con un saldo de al menos 7.000 muertos, según la ONG HRANA. La represión de estas manifestaciones fue uno de los argumentos iniciales de Trump para iniciar la guerra en apoyo a la población iraní.

(Con información de EFE)

Un caso de inseguridad en La Plata desató un duro cruce entre la senadora Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. El detonante fue el asalto violento sufrido por un niño de doce años cuando se dirigía a la escuela en el barrio Tolosa, donde un delincuente encapuchado lo abordó por la espalda, lo arrojó al suelo y le sustrajo pertenencias, incluidas su teléfono móvil y un buzo. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad.

Bullrich, a través de su cuenta en la red social X, cuestionó la gestión del gobernador Axel Kicillof y del propio Alonso, a quien calificó como “no ministro”. En sus mensajes, la exministra de Seguridad en las gestiones de Mauricio Macri y en el inicio del actual gobierno nacional, expresó: “Yo no entiendo. El inútil de Kicillof y su no Ministro de Seguridad ven esto, ¿y no les genera nada? ¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien?”.

En otro posteo, la senadora agregó que “asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada. No pasa nada, sin consecuencias para los delincuentes. Es más… los protegen y abandonan a los argentinos de bien”. Bullrich sostuvo que “mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy. Los bonaerenses necesitan seguridad HOY”.

Javier Alonso respondió horas después mediante un extenso mensaje, comenzando con una frase que solía usar Néstor Kirchner con sus rivales políticos: “Qué le pasa, Bullrich, ¿está nerviosa?”. El ministro defendió el trabajo de la cartera de Seguridad provincial, al remarcar que “no se dicta condena, de eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una República”.

Alonso afirmó que la gestión de Axel Kicillof presenta “los niveles más altos de esclarecimiento” de delitos y recordó la colaboración de la provincia en operativos de seguridad en Rosario. El funcionario contestó a la acusación de “no hacer nada” con una referencia directa a la etapa de Bullrich al frente de Seguridad: “El año pasado se le escapó ‘Pequeño J’ caminando y en 2019 Alberto Samid se le fugó en canoa hacia Paraguay”, rememoró desde las redes sociales. La referencia del primer caso apuntaba a Tony Janzen Valverde Victoriano, principal sospechoso de los narcofemicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, quien finalmente será extraditado desde Perú a Argentina. El segundo refiere al conocido carnicero mediático, que se fue del país y fue blanco de una orden de captura mientras afrontaba un juicio por evasión millonaria y asociación ilícita, que primero fue condenado y luego fue sobreseído.

Según el ministro, la crítica de Bullrich responde a una “campaña sucia” solo para instrumentalizar el caso de inseguridad urbana para fines políticos. “Tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña. ¿Será que la imagen de Milei se desploma y salen en fila a intentar difamar a Kicillof para tapar sus propios fracasos?”, concluyó Alonso.

La asalto cometido en Tolosa forma parte de una serie de episodios de inseguridad recientes en distintos barrios de La Plata, donde se registraron otros robos y asaltos tanto a adultos como a menores.

En el barrio La Loma, en la localidad platense, una vecina fue interceptada durante la madrugada por una banda de tres delincuentes en plena maniobra para guardar su vehículo. La secuencia se agravó por la desesperación de la víctima, que después de varios segundos de forcejeo, pudo escapar.

Según un informe de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), publicado en 2025, los robos violentos en el Gran Buenos Aires (GBA) registró un crecimiento sin precedentes en la última década, con un aumento acumulado superior al 500% entre 2015 y 2024.

De acuerdo a ese relevamiento, estos delitos representan hoy el 51% de los hechos registrados a nivel nacional y el 70% de los ocurridos en la provincia de Buenos Aires.