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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles el memorando de entendimiento con Irán destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio, en un paso que adelanta la entrada en vigor del acuerdo y abre una nueva etapa de negociaciones entre Washington y Teherán.

La firma fue reportada por Axios, CNN, Reuters y AFP, que citaron a funcionarios estadounidenses e iraníes involucrados en el proceso. Según esas versiones, el acuerdo, cuya formalización estaba prevista para el viernes en Suiza, fue suscrito de manera electrónica por ambas partes y posteriormente rubricado por Trump durante una cena con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, tras la cumbre del G7.

“Puedo confirmar que se firmó”, afirmó un funcionarios estadounidense al ser consultado sobre la participación directa del mandatario republicano en la firma del documento.

De acuerdo con Axios, el acuerdo “ya está en vigor”. El medio señaló que uno de los objetivos de acelerar el cronograma fue permitir una reapertura más rápida del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte mundial de petróleo y gas.

De acuerdo con las fuentes, tanto Trump como el vicepresidente JD Vance habían firmado previamente el memorando de manera virtual, mientras que por la parte iraní lo hizo el presidente del Parlamento y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf.

La versión de Irán

Desde Teherán, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, confirmó que el documento fue firmado electrónicamente por ambas partes.

“El memorando de entendimiento ha sido formalmente firmado electrónicamente por ambas partes”, declaró a la televisión estatal iraní.

Baqai explicó además que, tras la firma digital del acuerdo, ya no será necesaria una ceremonia formal de suscripción en Suiza. No obstante, las delegaciones de ambos países mantendrán el encuentro previsto en Ginebra para avanzar en la siguiente fase de negociaciones.

“El texto del Memorando de Entendimiento de Islamabad se finalizó con las firmas de los presidentes; ahora es el momento de poner a prueba la implementación del acuerdo”, dijo.

El funcionario iraní aseguró que uno de los primeros efectos del memorando fue la aceleración del levantamiento de las restricciones marítimas impuestas por Estados Unidos a los puertos iraníes. Según afirmó, originalmente estaba previsto que el proceso se desarrollara de forma gradual durante las próximas semanas, pero las conversaciones mantenidas en los últimos días llevaron a una implementación más rápida y actualmente los buques iraníes ya operan sin las limitaciones que existían durante el conflicto.

Baqai indicó que las obligaciones asumidas por Teherán en el acuerdo comenzaron a regir inmediatamente después de la firma. También sostuvo que el fin de los combates en el Líbano fue una prioridad central para la delegación iraní durante las negociaciones. Según explicó, las referencias al país vecino aparecen de manera explícita en las cláusulas iniciales del memorando y contemplan el respeto a su soberanía e integridad territorial.

El portavoz señaló además que las conversaciones se concentraron exclusivamente en detener la guerra y establecer un marco para la estabilidad regional, dejando fuera de esta primera etapa la cuestión nuclear.

De acuerdo con sus declaraciones, el texto firmado establece un plazo inicial de 60 días para negociar un acuerdo más amplio centrado en el programa nuclear iraní y en un eventual levantamiento de sanciones económicas, con la posibilidad de extender ese período si ambas partes lo consideran necesario.

Baqai también dejó claro que las capacidades militares iraníes no formarán parte de esas conversaciones. El funcionario afirmó que el programa de misiles y los sistemas defensivos del país quedan excluidos de cualquier negociación futura y reiteró que Teherán no tiene previsto discutir esos asuntos con Washington ni con otros actores internacionales.

Tras horas de tensión, el oficialismo y bloques aliados del Senado lograron posponer esta tarde la sesión pensada para mañana, en medio de pedidos para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No cambia en casi nada la situación: el jueves 25 se aprobaría dicho mecanismo para convocar al funcionario de cara al 2 de julio, donde primero deberá lidiar con eso -y una potencial moción de censura, si no satisface a la oposición- antes del informe que se tiene agendado para esa fecha.

La resolución del asunto tuvo dos instancias. Pasadas las 16, la jefa libertaria, Patricia Bullrich, se juntó en las oficinas centrales de la Unión Cívica Radical (UCR) junto a bancadas aliadas para llevar una postura unificada a la reunión de Labor Parlamentaria de las 18, que se realizó en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

En medio de diversas opiniones y una senadora que se fue ofuscada del encuentro, se arribó a un entendimiento sobre el final del convite, mientras otros legisladores ya aguardaban al resto de líderes de bloque, en Labor Parlamentaria. Al borde de la desprolijidad. Allí, oficialismo y dialoguistas se impusieron ante un kirchnerismo que, antes de la cumbre, deslizaba que bajaría igual al recinto en las próximas horas. Una especie de auto convocatoria. Con el entendimiento y el sendero definido, el cristinismo bajó las armas.

La interpelación de un jefe de Gabinete y la moción de censura precisarán en el recinto una mayoría absoluta del Cuerpo. Es decir, 37 voluntades. A esta altura queda más que claro que el número parece blindado. Por eso se relegó el informe del jefe de Gabinete. Asistirá a la Cámara alta, pero para enfrentar desde el inicio un complejo ida y vuelta con la oposición y, en caso de no surfear esa ola, una moción de censura el mismo 2 de julio. El primer paso tendrá que concretarse la semana próxima, algo que se da por descontado.

Por otra parte, Bullrich aprovechará esta ventana para ver si consigue, de cara al jueves 25, cerrar el demorado proyecto sobre propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Los aliados ya le desplumaron la iniciativa y reclaman más cambios. Grueso error de la porteña haber apurado un dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales; y Legislación General.

Que Adorni no ejecute primero su informe de gestión no podrá convertirse en motivo de queja para la Casa Rosada: el funcionario anunció días atrás, en una red social, que asistiría el 2 de julio. Para ello, tendría que haber enviado la conformidad y predisposición al Senado, con bloques que lo esperan desde mayo último. Recién anoche lo hizo y hartó a dialoguistas, que no pretenden gastar energía en ayudar al mileísta.

De cara al jueves 25, lo que aún no quedaba visible era la forma de habilitar la discusión de la interpelación para el 2/7. Al no contar con un dictamen, es un paso clave y necesitaría dos tercios. Tras lo pactado en Labor, esto no representaría un problema ni habrá jugadas por atrás para salvar a Adorni: se haría una interpretación operativa del artículo 101 de la Constitución y se aprobaría una moción por mayoría absoluta, sin paso previo. A fin de cuentas, el recinto es soberano y tiene la potestad final sobre sus decisiones.

En la sesión de la semana que viene aparece en fila la ley “Hojarasca”, otro reclamo de Sturzenegger. Tras horas y la falta de un puñado de firmas, el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría y la iniciativa quedó lista para ser sancionada. Diputados la aprobó en mayo pasado.

Los próximos días serán decisivos para el proceso de recalificación Morgan Stanley Capital International (MSCI) de la Argentina, con dos evaluaciones clave: el 18 de junio se publicará el resultado del Market Accessibility Review y el 23 de junio tendrá lugar el Market Classification Review. Ambos eventos son determinantes para un eventual recalificación del país según estimaciones de MSCI.

La economía nacional se encuentra actualmente en el escalón más bajo de la clasificación: “Standalone Market”, una categoría que comparte con países en crisis o de baja visibilidad financiera como Panamá, Jamaica y Trinidad y Tobago, en la región, y también Malta, Bosnia, Palestina, Nigeria, Zimbabue, Líbano y Ucrania.

Así, desde hoy se analizarán los avances en accesibilidad al mercado y el 23 se evaluará si corresponde avanzar con la consulta pública para un potencial cambio de estatus. Cumplir los criterios técnicos y obtener una opinión favorable de la comunidad inversora serían pasos previos a una posible reclasificación, que podría impulsar la llegada de inversiones y modificar la percepción de riesgo sobre Argentina.

Cómo funciona el proceso de recalificación de MSCI

El procedimiento que aplica MSCI para revisar la categoría de un mercado es exhaustivo y se basa en criterios técnicos y de accesibilidad. El objetivo es que Argentina vuelva a ser “mercado emergente” –como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, en la región–, pero para eso debe acreditar mejoras en el acceso para inversores extranjeros, el marco regulatorio, la liquidez y la capitalización de sus empresas. El país aún mantiene el cepo a las empresas y, además, en el medio hay otra calificación: “mercado de frontera”.

El análisis de accesibilidad contempla cinco pilares: apertura a la propiedad extranjera, libertad de flujos de capital, solidez del marco normativo, infraestructura y estabilidad institucional. La opinión de la comunidad inversora global resulta clave en la decisión de un eventual ascenso de categoría.

El Market Accessibility Review, programado para mañana, mostrará qué limitaciones regulatorias persisten y dónde hubo avances recientes. Por su parte, el Market Classification Review, de la semana que viene, podría dar inicio al proceso formal de consulta, habitual antes de cualquier cambio de clasificación, que suele extenderse entre 12 y 18 meses.

La posibilidad de una reclasificación, o al menos de avanzar hacia ella, implicaría que una gran cantidad de fondos de inversión empezarían a adaptar su portafolio a la presencia de Argentina en los índices. Por ejemplo, como destacó Infobae, días atrás, se estima que en una posible reclasificación como mercado fronterizo el mercado local ocuparía cerca de un 5% del total a invertir.

Avances y desafíos de Argentina

Desde 2021, la Argentina mantiene la categoría de “mercado aislado” tras las medidas de control cambiario y de capital adoptadas al final de la gestión anterior, situación que motivó la degradación por parte de MSCI. Según Morgan Stanley Research, en 2025 el organismo reconoció avances destacados, como la liberalización parcial del tipo de cambio y la posibilidad de repatriar dividendos obtenidos desde el 1 de enero de 2025.

Pese a las reformas, Morgan Stanley Research advierte que persisten restricciones relevantes para los grandes fondos: límites a la propiedad extranjera, obstáculos regulatorios, problemas de acceso a la información y a la documentación del mercado, y la ausencia de un mercado eficiente de divisas offshore. También se mantienen dificultades para transferir y liquidar acciones fuera del mercado oficial, lo que afecta la operatividad de inversores internacionales.

Una eventual reclasificación del país, como ocurrió con Fitch Ratings y Standard & Poor’s en las últimas semanas, podría derivar en flujos de inversión hacia acciones argentinas, lo que daría mayor liquidez y visibilidad a empresas locales.

A la vez, esta decisión sería interpretada como una señal de confianza internacional en la estabilidad y las reformas económicas del país, facilitando el acceso a financiamiento y mejorando la percepción de riesgo argentino frente a los mercados globales.

El gobierno de Maldivas anunció el despliegue de una nueva flota de barcos hidroala eléctricos, (embarcaciones equipadas con alas submarinas) fabricados por la empresa estadounidense Navier. Esta iniciativa surge de una alianza con la firma JIH Global Investment, con sede en Dubái, que invertirá USD 100 millones en el desarrollo de la red Navier Network, descrita como un “corredor marítimo sostenible impulsado por software”.

De acuerdo con la agencia de noticias Euronews, el proyecto busca conectar aeropuertos, complejos turísticos, villas privadas y comunidades locales, permitiendo a viajeros y residentes desplazarse entre las islas en taxis acuáticos de alta gama. El plan iniciará a finales de 2026 con cinco embarcaciones Navier N30, para ampliarse gradualmente hasta alcanzar las 100 unidades en los próximos tres años.

La fundadora y consejera delegada de compañía, Sampriti Bhattacharyya, explicó que el archipiélago representa uno de los mercados marítimos más importantes del mundo, ya que “prácticamente todos los huéspedes, trabajadores, complejos e islas dependen de barcos o hidroaviones”.

Según detalló el proyecto permitirá demostrar que “el transporte marítimo puede ser más limpio, silencioso, estandarizado, gestionado por software y mucho mejor para la experiencia del huésped”. Añadió: “No estamos simplemente poniendo barcos en el agua, estamos construyendo la primera red de transporte de lujo sostenible sobre el agua”.

Tecnología hidroala para una experiencia más silenciosa y eficiente

Las nuevas embarcaciones hidroala cuentan con tecnología de alas submarinas que elevan el casco por encima de la superficie a medida que ganan velocidad. Según detalló el portal de noticias, este diseño reduce la resistencia, el ruido y las vibraciones, al tiempo que genera una estela mínima. Como resultado, los trayectos entre islas serán más rápidos y silenciosos en comparación con las lanchas rápidas convencionales.

Cada taxi acuático ofrecerá cabinas con aire acondicionado, asientos tipo salón e internet a bordo. La autonomía eléctrica de las embarcaciones será de hasta 75 millas náuticas (139 kilómetros), ampliable a 150 millas náuticas (278 kilómetros) en modo híbrido. Este avance, según los impulsores del proyecto, representa una mejora significativa para el turismo, ya que las Maldivas recibieron más de 2,2 millones de visitantes en 2025, la mayoría de los cuales dependen de barcos o hidroaviones para llegar a sus destinos.

Actualmente, unas 3.000 embarcaciones propulsadas por combustible operan en el país, lo que convierte al transporte marítimo en un componente central tanto de la experiencia de los visitantes como de la huella de carbono nacional. El presidente de JIH Global Investment, Mohamed Ali Janah, remarcó que la nación se encuentra en una posición privilegiada para “definir cómo será el futuro del transporte por agua”, y anticipó que el modelo podría expandirse a otras naciones insulares y ciudades costeras.

Impacto ambiental y objetivos de descarbonización

La apuesta de Maldivas por la movilidad eléctrica responde a la necesidad de avanzar hacia su objetivo de alcanzar emisiones netas cero en 2030. De acuerdo con información recogida por Euronews, las embarcaciones de hidroala consumen considerablemente menos energía que las lanchas convencionales y generan menos emisiones, menos ruido y una drástica reducción de humos derivados del combustible.

El impacto ambiental de este cambio resulta relevante en un país donde el turismo constituye la principal fuente de ingresos y el transporte marítimo representa una de las áreas con mayor potencial de descarbonización. Los promotores del proyecto sostienen que la electrificación del sector marítimo podría convertirse en un modelo replicable para otras geografías expuestas a los riesgos del cambio climático.

La creación del corredor marítimo sostenible no solo modernizará la infraestructura de transporte en el archipiélago, sino que también posicionará a Maldivas como un referente global en innovación turística y sostenibilidad ambiental.

Tras la aprobación del paquete de garantías por USD 2.000 millones para Argentina, necesarios para afrontar los próximos vencimientos de deuda con bonistas privados que tiene que enfrentar el Gobierno, el presidente Javier Milei recibió en la quinta de Olivos a las autoridades del Banco Mundial que se reunieron, en primera instancia, con el ministro de Economía, Luis Caputo.

A las 17, visitaron el mandatario la vicepresidenta de la entidad, Susana Cordeiro Guerra; el director ejecutivo alterno, Daniel Pierini; y la gerente de Operaciones para Argentina, Paraguay y Uruguay, Cristina Panasco Santos. Junto a Milei también asistieron Luis Caputo y el canciller, Pablo Quirno.

Si bien mantienen en total hermetismo el contenido del intercambio, Infobae entrevistó a Susan Cordeiro Guerra en la previa, quien postuló que la garantía concedida por el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) implica “un puente para que acceda al mercado de capitales”. “Es una ruta alternativa para que Argentina acceda a los mercados de capitales. Es un momento, donde hay un profundo impulso reformador, y donde puede haber un tremendo impacto”, argumentó.

La operación aprobada cubrirá el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial; también permitirá reducir los costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública. “Aquí es donde el Banco tiene el mayor valor agregado. Entonces, creo que es esencialmente una manera diferente, a la manera convencional en que hemos pensado sobre el acceso a los mercados. Y ofrece una ruta alternativa a ese camino”, precisó Cordeiro Guerra.

Se trató de la única actividad oficial de la semana del Presidente que transita días complejos debido a la polémica que gira en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Ajeno a la presión de los aliados y a las críticas de la oposición, que aspiran a interpelar a Adorni en el Congreso para debatir una potencial moción de censura que le permita removerlo del cargo, el mandatario se recluye en la quinta de Olivos y resiste los embates contra su ministro coordinador.

En la previa a la reunión con Milei, las autoridades del Banco Mundial tuvieron una primera parada en el quinto piso del Palacio de Hacienda, en una reunión con Luis Caputo, donde analizaron la implementación de la garantía y el cronograma financiero. En representación del Poder Ejecutivo participaron además el viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

La reunión inició a las 15 y se extendió por 45 minutos. Allí, repasaron el estado de las negociaciones, y definieron los paso a cumplir luego de la aprobación de la garantía. “La tasa de interés será sustancialmente más baja que la tasa actual del mercado, lo que representa un ahorro muy significativo para todos los argentinos”, celebró el ministro desde su cuenta de X, luego del encuentro.

Como contó este medio, las autoridades valoraron las reformas del programa económico que impulsó la administración libertaria y respaldaron la estrategia del equipo económico. “La gente responde a los resultados. Los resultados son muy claros. Hablan por sí mismos. Y el éxito genera éxito. Creo que la gente responderá a que los precios están más bajos, responderá a los resultados que están ocurriendo en la economía”, destacó la Vicepresidenta en la previa.

Aunque la última vez que el Banco Mundial otorgó una garantía a la Argentina la experiencia resultó negativa para el organismo, la vicepresidenta sostuvo que el gobierno de Milei “ha sido diferente”. “Se ve cuánto se ha logrado en estos primeros dos años, y constituye una base muy sólida para pensar en cómo podemos maximizar inversiones en sectores de capital intensivo. Sectores como la minería, los agronegocios o la energía, y llevar ese mismo modelo a sectores más intensivos en mano de obra, donde podemos tener un crecimiento amplio con más empleos”, destacó Susana Cordeiro Guerra.

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, defendió la retirada progresiva del Estado de la gestión energética y marcó una diferencia con las políticas de los ‘90, al sostener que el proceso actual debe respetar contratos y derechos adquiridos. Lo hizo en un contexto en el que la Argentina logró en abril pasado un superávit en su balanza energética de 1.248 millones de dólares, una cifra récord que se explica por un salto en las exportaciones de petróleo y un derrumbe en las importaciones, según informó el Indec.

“A diferencia de los ’90, ahora debemos respetar derechos adquiridos y contratos previos, por lo que el proceso es más gradual”, afirmó Tettamanti ante empresarios e inversores del sector, en el marco del Summit Shale organizado por Santander. La funcionaria subrayó que el objetivo del Gobierno es que el protagonismo en el sector energético recaiga en los privados y que el rol del Estado “debe ser cada vez menor”.

El discurso de Tettamanti llegó en un momento de fuerte expansión del sector: “Vaca Muerta superó en 2026 el umbral del 50% de la producción nacional de petróleo y gas, consecuencia de la concreción de nuevos proyectos en la Cuenca Neuquina. En ese marco, la secretaria atribuyó el boom de inversiones no a factores sectoriales aislados, sino al cambio de las condiciones y regulaciones en el país. “Esto ocurre porque se están corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos y atacando las causas de los problemas”.

Para Tettamanti, esas causas tienen un diagnóstico preciso: el exceso de gasto público, un déficit fiscal que definió como “incontrolable” durante años, y la emisión monetaria para financiarlo. “Por primera vez, hay un Gobierno que dice cuáles son las causas de la decadencia de la economía argentina”, afirmó, y señaló que el superávit fiscal es, para la administración de Javier Milei, “innegociable”.

La funcionaria advirtió, al mismo tiempo, que la estabilidad macroeconómica no alcanza por sí sola. Según su visión, debe ir acompañada de reglas claras y libertad económica a nivel microeconómico, con el menor nivel posible de intervención estatal. “Los problemas de la Argentina no se resuelven en cuatro años; se necesita continuidad”, señaló, en una alusión a la necesidad de que las políticas actuales trasciendan el período de gobierno.

En materia de energías renovables, Tettamanti sostuvo que el sector no requiere beneficios impositivos para ser competitivo, sino estabilidad fiscal. Por eso, el Gobierno impulsa una ley que renueve las condiciones vigentes. La funcionaria indicó que la ampliación del sistema de transporte eléctrico abrirá espacio para nuevos proyectos en ese segmento, hoy limitados a las zonas con garantía de despacho.

El GNL, en plena transición

Sobre el gas natural licuado (GNL), Tettamanti anticipó que la Argentina seguirá importando volúmenes durante los picos de demanda invernal en los próximos años, aunque cada vez en menor medida. “A partir del año que viene necesitaremos menos GNL”, dijo, y agregó que la compra debería quedar en manos del sector privado, que “debe asumir los costos reales y tomar decisiones eficientes”.

Pese a la intención oficial de transferir esa operación al sector privado, la importación de GNL volvió a quedar este año en manos de Enarsa, tal como ocurre desde 2008. El acuerdo establece que el Gobierno subsidiará el costo de las importaciones destinadas a hogares, hospitales, escuelas y otros servicios prioritarios, de manera de evitar aumentos abruptos en las tarifas, con el costo diferido en seis cuotas mensuales a partir de noviembre.

El esquema representa un cambio respecto al modelo vigente en décadas anteriores, cuando el Estado cubría también el costo del gas importado por las grandes industrias. Hasta el año pasado, Enarsa subsidiaba el precio internacional —de entre USD 15 y USD 17 por millón de BTU— y lo revendía localmente a cerca de USD 2,7. A partir de este invierno, la Secretaría de Energía dispone que solo los hogares y servicios prioritarios serán beneficiados por el subsidio en las tarifas reguladas, mientras que las industrias deberán asumir el costo pleno.

La firma de un acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos para poner fin a más de tres meses de guerra no logra despejar la incertidumbre entre amplios sectores de la población iraní. Aunque el régimen de Teherán sostiene que el entendimiento representa un triunfo político y diplomático, numerosos ciudadanos afirman que la realidad cotidiana sigue marcada por la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de expectativas sobre una mejora inmediata.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, presentó el pacto como una victoria para la República Islámica. Sin embargo, el impacto acumulado de los bombardeos estadounidenses e israelíes, sumado al bloqueo que afectó a los puertos iraníes durante el conflicto, profundizó la crisis económica que ya se arrastraba desde hace años debido a las sanciones internacionales.

La percepción de muchos habitantes es que el fin de las hostilidades no implica necesariamente el inicio de una recuperación. Amir, propietario de una empresa de producción audiovisual en la ciudad de Isfahán, describió un escenario dominado por la supervivencia cotidiana.

“Creo que el 99% de la gente está en modo supervivencia y simplemente vive día a día. No creo que nadie tenga esperanzas ya”, afirmó.

Las dudas también alcanzan a quienes no se identifican ni con el oficialismo ni con la oposición. Un comerciante de Teherán consideró que el acuerdo todavía enfrenta demasiadas incertidumbres.

“No veo este acuerdo como algo muy interesante. No parece que vaya a durar mucho tiempo”, señaló.

El deterioro económico aparece como una de las principales preocupaciones. La guerra agravó problemas que ya afectaban a millones de iraníes y redujo aún más la capacidad de consumo de los hogares.

“Nos hemos adaptado a hacer nuestra mesa más pequeña”, comentó el dueño de un café en la capital, aludiendo a la reducción de gastos familiares.

Una estudiante universitaria de 25 años aseguró que el aumento de los precios modificó incluso las actividades más básicas de los jóvenes.

“Todo empeoró y se volvió exponencialmente más caro”, sostuvo. Según relató, ella y sus amigos ya no pueden costear reuniones habituales en cafeterías o espacios recreativos.

Las preocupaciones económicas conviven con otra inquietud: la posibilidad de una nueva ola represiva. Diversos ciudadanos consultados consideran que la estructura de seguridad del Estado podría fortalecerse tras el conflicto y utilizar el contexto de posguerra para ampliar los controles internos.

Ese temor es especialmente visible en las regiones donde viven minorías étnicas, áreas que históricamente registraron algunos de los episodios más violentos durante anteriores protestas. Un residente de la provincia de Kurdistán afirmó que el resultado de la guerra podría reforzar a los organismos de seguridad.

“Dejar al régimen en este estado aumenta el poder de las instituciones represivas”, expresó.

A pesar de ello, algunos consideran que las dificultades económicas podrían volver a generar manifestaciones en el futuro. Según esa visión, el recuerdo de la violencia registrada durante las protestas de enero podría contener temporalmente el descontento, pero no eliminar sus causas.

Otro estudiante kurdo sostuvo que el conflicto agravó los problemas existentes en la región.

“La guerra no hizo más que causar más problemas para los kurdos”, afirmó, al referirse tanto al impacto económico como al clima de inseguridad que se instaló durante los enfrentamientos.

Mientras tanto, las autoridades iraníes han impulsado actos públicos, homenajes y concentraciones en distintas ciudades para destacar la narrativa oficial de resistencia y unidad nacional. Los sectores más cercanos al poder sostienen que el país logró resistir las presiones externas y preservar sus objetivos estratégicos.

Saeed Ajorlou, director de un periódico alineado con posiciones conservadoras, reconoció que existen demandas de mayores resultados, aunque defendió la postura oficial.

“No es el caso que estemos muy contentos con este documento que hemos obtenido. Nuestra gente quiere más que esto”, dijo. No obstante, agregó: “No piensen que nuestra gente está cansada. Nuestra postura es una postura de victoria”.

Sin embargo, para muchos iraníes el futuro sigue siendo incierto. Aunque el memorando será formalizado en los próximos días y las negociaciones continuarán para alcanzar un acuerdo definitivo, gran parte de la población espera señales concretas antes de creer que el fin de la guerra podrá traducirse en una mejora real de sus condiciones de vida.

(Con información de Reuters)

El régimen iraní dijo este miércoles que estudia la posibilidad de que su presidente Masud Pezeshkian participe directamente en la firma del memorando de entendimiento acordado con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente. La ceremonia está prevista para el viernes en Suiza.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, señaló que la propuesta se encuentra bajo evaluación y que aún no se ha tomado una decisión definitiva.

“En cuanto a la firma del memorando de entendimiento, una de las ideas es que la lleven a cabo los presidentes de ambos países, algo que se está evaluando actualmente”, declaró.

Las declaraciones llegan en medio de los preparativos para el encuentro previsto en territorio suizo, donde ambas partes buscan formalizar el acuerdo alcanzado tras casi cuatro meses de enfrentamientos que involucraron a varios actores de la región.

Baqai indicó que la organización del encuentro sigue adelante sin modificaciones. “Hasta ahora, nuestros planes para la reunión no han cambiado”, afirmó al referirse a la agenda prevista para el viernes.

Hasta ahora, Irán había informado que estaría representado por el presidente del Parlamento y principal negociador del proceso, Mohamad Baqer Qalibaf. Del lado estadounidense, la figura prevista para asistir era el vicepresidente JD Vance.

La posibilidad de que los mandatarios encabecen personalmente la firma elevaría el peso político de la ceremonia y convertiría el encuentro en uno de los contactos de más alto nivel entre ambos países en décadas.

Aunque Teherán abrió la puerta a esa opción, todavía no existe una confirmación oficial sobre la participación de Pezeshkian ni de Donald Trump en el acto.

La postura de Trump sobre la firma

Desde Francia, donde participó en la cumbre del G7, Trump sostuvo que el documento será rubricado “pronto” y señaló que la formalización podría producirse “quizá” el jueves o el viernes.

Sin embargo, cuando fue consultado sobre la posibilidad de firmar personalmente el memorando, dejó dudas sobre su participación directa. “Podría” permanecer en Europa para el acto, respondió inicialmente, aunque luego agregó que “no es el tipo de documento que yo debería firmar”.

Trump ha presentado el acuerdo como uno de los principales logros diplomáticos de su administración. Durante su participación en el G7 aseguró que el entendimiento alcanzado con Irán cumple los objetivos estratégicos fijados por Washington.

“Hemos alcanzado un acuerdo que logra todo lo que nos propusimos, todo y mucho más: poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán obtenga nunca un arma nuclear”, afirmó.

El memorando busca cerrar formalmente la guerra iniciada a finales de febrero y crear un marco para negociaciones posteriores sobre asuntos pendientes entre ambos países.

Entre los temas que seguirán en discusión figuran las restricciones relacionadas con el programa nuclear iraní, las sanciones económicas impuestas a Teherán y los mecanismos de seguridad regional.

Washington sostiene que el acuerdo permitirá impedir que Irán desarrolle armamento nuclear y contribuirá a estabilizar una zona clave para el comercio energético mundial.

Además, la reapertura completa del estrecho de Ormuz aparece como uno de los puntos centrales del entendimiento debido a la importancia estratégica de esa ruta marítima para el transporte internacional de petróleo.

Mientras se ultiman los detalles de la ceremonia, la atención diplomática está centrada en determinar quiénes serán finalmente los firmantes del documento. La eventual presencia de Trump y Pezeshkian daría una dimensión política adicional a un acuerdo que ambas partes presentan como el inicio de una nueva fase tras meses de conflicto.

El Gobierno atraviesa horas complejas marcadas por la polémica que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. A la causa judicial se suma el rechazo de la oposición y el creciente cuestionamiento de sectores aliados de la Casa Rosada, como el PRO y la Unión Cívica Radical, que debaten si acompañan o no el pedido de interpelación al funcionario. Aunque el accionar de los sectores afines genera malestar en algunos despachos oficiales, predomina entre los libertarios una lectura comprensiva de la estrategia y evitan confrontar.

“Es su juego. Vos les podes pedir que te acompañen en proyectos, pero no podes pedirle que no hagan algo en lo que ni los propios estamos del todo convencidos”, admitió un senador violeta de peso ante Infobae.

Si bien el exvocero presidencial cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la persistencia del tema en la agenda dio lugar a que varios integrantes del oficialismo comenzaran a cuestionar la continuidad del funcionario. “Lo mejor que le puede pasar es irse, como vamos a pedirle a los aliados que lo sostengan. Ellos hacen su juego y lo hacen moderado, ni siquiera están a la cabeza”, sostuvo una fuente legislativa al respecto.

“Es una reacción lógica”, sentenció ante este medio otra fuente que transita diariamente Casa Rosada. “Estamos bien, les incomoda, pero es normal”, coincidió un integrante de la mesa política que por estas horas intenta desarticular la sesión prevista para este jueves en la Cámara de Senadores.

En minoría, hay quienes receptaron con malestar los gestos del partido que lidera formalmente el expresidente Mauricio Macri y piden tomar distancia. “No puedo entender lo que hacen. No podemos tener aliados del Gobierno que pidan lo que piden. Es insólito”, planteó un segundo miembro del reducido círculo designado por el mandatario.

Desde el entorno del jefe de Gabinete descartan que el vínculo con el PRO y la UCR haya empeorado tras las gestualidades esbozadas en las últimas horas, pero aseguran que harán los reclamos “a su debido tiempo”. “Primero vamos a trabajar en esas tensiones”, precisaron.

Como contó este medio, el oficialismo activó un operativo para dialogar con los sectores socios y posponer la actividad legislativa hasta el jueves 2 de julio, fecha prevista para que el ministro coordinador asista al Senado a brindar el informe de gestión. Para la tarea fueron designados la senadora Patricia Bullrich, el ministro del Interior Diego Santilli y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt.

Sin embargo, desde una de las bancadas rechazaron la existencia de “vías de negociación” abiertas con el Poder Ejecutivo. “Nadie llamó para negociar. Quieras o no, esto es un toma y daca. No vamos a hacer más favores”, precisó un diputado a este medio.

En paralelo, varios referentes de los espacios aliados endurecieron públicamente su postura frente al caso. El diputado Fernando De Andreis (PRO) pidió la salida del jefe de Gabinete y sostuvo que “le está haciendo mucho daño al cambio en la Argentina, al Presidente y al Gobierno”. En la misma línea, el senador Maximiliano Abad (UCR) afirmó que “la mayoría de los dirigentes, la mayoría de la sociedad y hasta sectores del oficialismo coinciden en que tiene que irse”.

Ese clima toma temperatura en el Congreso. Esta mañana, el jefe del bloque amarillo en el Senado, Martín Goerling Lara, aseguró que, si el tema llega al recinto, acompañarán un eventual pedido de censura o de remoción de Adorni. En Diputados, en cambio, el PRO todavía no fijó una posición unificada, aunque tampoco descarta habilitar el debate. El radicalismo, por su parte, mantiene conversaciones entre sus gobernadores, que continúan en contacto con Santilli.