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La negociación salarial docente en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo tras una reunión virtual de este viernes en la que el Gobierno bonaerense propuso un incremento del 2,5% para el mes de julio, a cobrarse con los haberes de agosto. La oferta fue considerada insuficiente por los gremios que forman parte del Frente de Unidad Docentes -SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y UDA-, que resolvieron no someterla a consulta de los trabajadores.

La reunión fue convocada a media mañana, de manera extraordinaria, para llevarse adelante en la tarde de hoy, tras el paro en las escuelas públicas que los gremios realizaron el martes y que, según los gremios, tuvo un 95% de acatamiento.

La protesta pegó de lleno en la gestión, ya que fue la primera vez en seis años de la gestión de Kicillof que los docentes llevaron adelante una medida de fuerza de circunscripción netamente provincial. El 1 de marzo habían realizado un paro, pero que había sido de carácter nacional y con impacto en la provincia de Buenos Aires.

El argumento de la gestión de Kicillof es que las restricciones presupuestarias se deben a las consecuencias del modelo económico impulsado por Javier Milei. “No hay manera de hacer frente al costo de vida. A eso se suma el ahogamiento financiero a la provincia, que hace cada día más difícil dar una respuesta integral como estamos acostumbrados a dar. Pero vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para mejorar la negociación”, expresaron fuentes oficiales a este medio.

El conflicto paritario se desarrolla en un clima de tensión. Los docentes bonaerenses realizaron un paro esta semana con un acatamiento del 95%, según los gremios. La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, había señalado que “el grado de adhesión demuestra que el paro docente es contundente en toda la provincia”.

En declaraciones radiales, Olivera sostenía: “Esta medida de fuerza es una demanda de todos los docentes ante los hechos de violencia y la falta de recomposición salarial”. Respecto a la cuestión salarial, afirmó durante aquella jornada: “Empatarle a la inflación es perder porque hemos tenido una inflación del 2,1%; pero el índice de alimentos fue del 2,5% y el de servicios del 2,6%”. La dirigente explicó que el objetivo de la FEB es lograr un aumento “por encima del IPC, ya que la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos los docentes golpea muy fuerte en la realidad económica de cada trabajador”.

El reclamo por la violencia en las escuelas

Olivera también reiteró el reclamo por la restitución del FONID, eliminado por el Gobierno nacional. Había pedido“una convocatoria urgente a la Paritaria Salarial con la Provincia para recomponer los salarios docentes”. Demanda que se suplió este viernes por la tarde.

La situación en las escuelas se ve agravada por la violencia. “Entran los padres, golpean a los docentes, los alumnos también. El docente no está cuidado para nada. Ningún trabajador es golpeado en su ámbito de trabajo”, advirtió Olivera. La dirigente detalló: “En las últimas dos semanas registramos seis o siete casos de violencia graves en los distritos. Es un flagelo que requiere un abordaje multisectorial”.

Olivera recordó que, aunque la provincia de Buenos Aires firmó un acuerdo de prevención, resguardo y reparación ante hechos de violencia, “no está dando resultados” y remarcó la necesidad de implementar herramientas ya acordadas y aplicar la legislación vigente para que estos delitos sean penalizados.

Uno de los puntos que remarcaron desde el Gobierno bonaerense, ante la consulta de este medio, es el impacto que la crisis económica genera en la convivencia escolar. “El tema de la violencia está cada día más complejo porque cuando apremia la situación económica, se descarga en situaciones inesperadas”, reconocieron voceros oficiales en diálogo con Infobae.

La reunión paritaria pasó a cuarto intermedio, sin fecha ni hora confirmadas para reanudarse. El Ejecutivo provincial se comprometió a continuar el diálogo y analizar alternativas que permitan acercar posiciones con los gremios.

Martín Lousteau sostuvo que las principales reformas tributarias impulsadas por el Gobierno responden a una lógica que concede beneficios permanentes a sectores específicos de la economía y las vinculó con una corriente de pensamiento libertaria que busca reducir el alcance del Estado y limitar el control democrático sobre determinadas actividades económicas. Lo hizo durante su participación en Infobae a la Tarde, en diálogo con Diego Iglesias, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Tomás Trapé y Rosendo Grobo.

El economista abrió el análisis con una pregunta: “¿Qué tienen en común el régimen especial del impuesto a los Bienes Personales, el blanqueo, la Ley de Inocencia Fiscal, el RIGI y el Super RIGI?”. Según explicó, todas esas iniciativas comparten una misma lógica: “Generan una rebaja tributaria, ya sea directa o mediante una menor capacidad de auditar, para algunos grupos específicos, que son los más privilegiados, y les dan estabilidad en el tiempo”.

Como ejemplo, señaló que el régimen especial de Bienes Personales garantiza estabilidad fiscal durante 15 años, mientras que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) la extiende por 30. “30 años equivalen a siete gobiernos y medio. Quince años son casi cuatro gobiernos”, remarcó.

Para Lousteau, esa previsibilidad no alcanza al resto de la sociedad. “Los jubilados no tienen estabilidad en su fórmula, las familias con personas con discapacidad tampoco, los docentes universitarios tampoco, ni las provincias. Hay una decisión política clara de favorecer a determinado sector en detrimento de otros”, sostuvo.

La idea de crear “zonas” con reglas especiales

A partir de ese diagnóstico, Lousteau enmarcó el fenómeno en una tendencia internacional que, según dijo, fue estudiada por el historiador Quinn Slobodian. Citó el concepto de “zonas”, espacios donde determinados actores económicos operan bajo reglas diferentes a las del resto de la sociedad.

“Es agujerear el Estado para que algunos estén privilegiados mientras los demás cumplen la regla general”, resumió.

En ese contexto repasó distintos antecedentes históricos. Mencionó a Hong Kong y Singapur como ejemplos frecuentemente reivindicados por sectores libertarios por su apertura económica, aunque señaló que “ninguno es una democracia”. También recordó los intentos de crear territorios con regulaciones propias en la Sudáfrica del apartheid, proyectos impulsados durante la guerra civil en Somalia y las zonas económicas especiales promovidas en la isla hondureña de Roatán.

Allí ubicó el rol del empresario estadounidense Peter Thiel y del economista Patri Friedman, impulsores de iniciativas que buscaban desarrollar territorios con normas independientes del resto del país. “Después la Corte Suprema de Honduras dijo que eso no era constitucional, pero el intento estuvo”, recordó.

Lousteau también mencionó el Seasteading Institute, organización financiada por Thiel que impulsó el desarrollo de ciudades flotantes en aguas internacionales. A su entender, todas esas experiencias responden a una misma lógica: construir espacios cada vez menos sujetos al control de los Estados nacionales.

El caso argentino

El economista consideró que parte de ese enfoque comienza a reflejarse en la agenda legislativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Entre los proyectos mencionó las modificaciones sobre propiedad privada, el denominado “Super RIGI” y la regulación del lobby, iniciativas que —según planteó— amplían la capacidad de influencia de grandes actores económicos sobre las decisiones públicas.

“Hay que mirar la integralidad. Si uno tiene una ideología, cada proyecto debe analizarse dentro de ese marco. Si no, terminás votando cosas contradictorias”, afirmó.

Consultado sobre si el Congreso percibe ese hilo conductor, respondió que, en su opinión, el debate suele quedar atrapado en la discusión de cada iniciativa por separado y pierde de vista el modelo general que se intenta construir.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina representa hoy un caso de interés para referentes del pensamiento libertario internacional y mencionó la cercanía de Peter Thiel con ese espacio político.

La disputa por el sentido de los impuestos

En el tramo final de la conversación, Lousteau abordó uno de los principales argumentos del discurso libertario: la crítica a la presión tributaria.

Reconoció que existe un profundo malestar social con el funcionamiento del Estado. “Durante mucho tiempo hubo gente que sintió que paga impuestos y no recibe nada”, afirmó, aunque sostuvo que esa frustración terminó favoreciendo una mirada negativa sobre la propia existencia de los tributos.

“El triunfo de ese sector liberal libertario fue haber ganado la disputa acerca de los impuestos en términos ideológicos”, sostuvo.

Para explicar su posición recurrió a una comparación: “El impuesto es como la cuota de pertenencia a un club. Vos no hiciste la pileta, no construiste las universidades, no tendiste la fibra óptica. Pero si te va bien, tenés que contribuir para sostener todo eso”.

Sobre el cierre, Lousteau planteó que la discusión excede la política tributaria y alcanza la relación entre economía y democracia. A su juicio, “la libertad económica de algunos empieza a ser incompatible con la democracia” cuando determinados actores buscan quedar al margen de las reglas que rigen para el conjunto de la sociedad.

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Más de 640.000 personas desplazadas en el Líbano han comenzado a retornar a sus comunidades, según un informe publicado el jueves por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tras el alto el fuego entre Israel y Hezbollah que entró en vigor el 21 de junio.

El enfrentamiento comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah —grupo militante respaldado por Irán— lanzó cohetes contra Israel en represalia por el asesinato del líder supremo iraní en ataques conjuntos entre Washington y Tel Aviv. Israel respondió con bombardeos aéreos y una invasión terrestre del sur del Líbano, donde sus tropas mantienen presencia hasta la fecha.

Las autoridades libanesas cifran en alrededor de 4.300 las víctimas fatales y en más de un millón los desplazados, concentrados principalmente en el sur del país y los suburbios meridionales de Beirut. De ese total, cerca de 500.000 permanecen sin poder regresar, en su mayoría porque sus hogares quedaron destruidos o son inhabitables.

Sigue siendo imposible acceder a decenas de pueblos y aldeas cercanos a la frontera sur. La ministra de Asuntos Sociales, Hanine El Sayed, señaló: “El hecho de que los demás no hayan regresado significa que su situación es mucho más difícil”.

Quienes logran volver hallan casas dañadas, cortes de electricidad y agua, negocios destruidos. Cerca de 90.000 viviendas fueron total o parcialmente demolidas, y el Estado libanés estima que necesitará miles de millones de dólares para la reconstrucción, fondos de los que actualmente carece.

El número de personas en refugios colectivos cayó de 37.000 a unas 13.000, y los habilitados se redujeron de 692 a 479. Se abrieron centros adicionales en Nabatieh —ciudad del sur del país— para quienes desean permanecer cerca de sus lugares de origen. Pese al cese de hostilidades, funcionarios israelíes anunciaron que sus fuerzas permanecerán en una “zona de seguridad” de 10 km de profundidad, lo que mantiene inaccesibles vastas zonas fronterizas.

La semana pasada, Israel y Líbano firmaron un acuerdo marco respaldado por Estados Unidos que contempla el desarme de Hezbollah, una retirada gradual israelí y el despliegue del ejército libanés en la zona, comenzando con dos áreas “piloto” donde se iniciaría la reconstrucción.

El documento, rechazado por Hezbollah, no fija un calendario para la retirada y la condiciona al desarme previo del grupo, una exigencia que los expertos consideran difícil de cumplir. El presidente libanés Joseph Aoun lo resumió: “Nuestro objetivo común es uno solo: asegurar la retirada de Israel”.

Amnistía Internacional y otras cinco organizaciones no gubernamentales advirtieron el viernes que el texto “amenaza con traicionar a las víctimas de crímenes de guerra en el Líbano”, que partes “parecen estar dirigidas a impedir que busquen justicia ante foros internacionales” y que otras secciones “parecen consentir el desplazamiento forzoso prolongado e indefinido” de decenas de miles de residentes del sur ocupado.

Aoun respondió que el artículo 13 “confirma la suspensión de los procedimientos judiciales entre los dos Estados durante el período de negociación”, pero que “no impide” que entidades privadas emprendan acciones legales.

(Con información de AFP y Reuters)

El monto operado en el mercado de cambios recuperó el volumen, que volvió a acercarse a los niveles más altos del año, en los USD 798,8 millones en el segmento de contado. Esta liquidación fue excepcional dado el feriado en Estados Unidos, que siempre condiciona la operatoria el ritmo de los negocios del dólar.

El mayorista avanzó un mínimo de 50 centavos, a 1.488,50 pesos. “En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 11,50 pesos (+0,8%), por debajo de los 16 pesos de aumento registrado en la semana anterior (+1,1%)”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.810,56, que dejó al tipo de cambio oficial a 322,06 pesos o 21,6% desde límite para la flotación.

El dólar al público finalizó negociado sin variantes a $1.510 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 24 de octubre de 2025. A lo largo de la semana la divisa minorista ganó 15 pesos o 1 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete al público promedió $1.507,05 para la venta y $1.456,17 para la compra.

El dólar blue recortó 15 pesos o 1,1% en el día, a $1.510, para sumar 15 pesos o 1% respecto del viernes anterior.

“Pese a la muy buena dinámica que viene mostrando el sector externo, en un contexto de fortalecimiento global del dólar, caída del precio del petróleo y alza de las expectativas sobre las tasas de interés globales, los flujos de divisas se moderaron y el BCRA comenzó a comprar cada vez menos”, evaluó Cohen Aliados Financieros.

“Esto presionó sobre el tipo de cambio nominal, que reafirmó la tendencia de mayo y en junio subió más de 5% mensual, superando con creces a las tasas de interés en pesos, que se mantuvieron estables, y a la inflación, que en junio habría vuelto a bajar. Con esto, el tipo de cambio real dejó de caer, aunque acumula una baja de 10% en el año. El fin del carry trade se consolida, más aún ante las perspectivas para el segundo semestre, en el que prevemos un frente externo más presionado”, agregaron desde Cohen.

“El ritmo promedio de compras de los últimos cinco días descendió a USD 34 millones, el nivel más bajo registrado desde el inicio del programa de compras”, señaló Max Capital.

“En las últimas semanas se empezó a sentir un poco de viento de frente para las variables monetarias y financieras. El dólar subió, al igual que las tasas de corto plazo, el BCRA redujo el ritmo de compra de reservas y el Tesoro no pudo renovar el 100% de sus vencimientos”, indicó un informe de Centro de Economía Política de Argentina (CEPA).

“El BCRA había anunciado en diciembre su programa de acumulación de reservas contra remonetización de la economía -fenómeno que no ocurrió y, en sentido contrario, la demanda de dinero cayó- y hasta finales de mayo sostuvo un promedio diario de USD 98,6 millones. A partir de junio, el ritmo cayó y se estabilizó alrededor de USD 67,5 millones diarios con una desaceleración aún mayor en la segunda mitad del mes”, analizó CEPA.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, anunció anoche que el Tesoro presentará el lunes su programa de financiamiento para 2026/27. Señaló que, “con todas las estrategias de financiamiento en las que ya venimos trabajando, vamos a demostrar que está completamente cerrado no solamente el 2026 sino también 2027, y además el 2027 va a ser menos desafiante que el 2026, en términos de las fuentes de financiamiento”.

Por su parte, los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares en efectivo, actualizados por el BCRA hasta el 30 de junio, mostraron una caída de USD 104 millones, hasta 39.328 millones de dólares.

Los rebeldes hutíes de Yemen amenazaron este viernes con atacar aeropuertos e infraestructuras estratégicas de Arabia Saudita tras denunciar que cazas saudíes violaron su espacio aéreo para impedir el aterrizaje de un avión civil iraní en la capital, Saná, que transportaba a más de 200 ciudadanos varados, heridos y enfermos.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, advirtió en un mensaje en video: “Advertimos al enemigo criminal saudita contra cualquier nuevo intento de violar nuestro espacio aéreo o cometer una agresión contra nuestro país”. Añadió que “cualquier acción de ese tipo recibirá una respuesta integral dirigida contra sus aeropuertos y sus intereses vitales, tanto en tierra como en el mar”.

Según Saree, el incidente ocurrió a las 05:20 horas locales (02:20 GMT), cuando una formación de aviones de combate saudíes penetró en el espacio aéreo yemení. Las fuerzas hutíes respondieron con misiles de defensa aérea y, según el portavoz, lograron obligar a los cazas a retirarse.

La aeronave iraní, operada por la compañía Mahan Air, finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Saná. El vuelo trasladaba además a una delegación del movimiento hutí con destino a Teherán para participar en los actos fúnebres del líder supremo iraní Alí Khamenei, según informó el canal de televisión hutí Al Masira. Arabia Saudita no había reaccionado públicamente a las amenazas al cierre de esta información.

Los vuelos comerciales hacia y desde el aeropuerto de Saná permanecen prácticamente suspendidos desde 2015, cuando la coalición militar encabezada por Arabia Saudita impuso restricciones sobre el espacio aéreo yemení. Riad ha argumentado en reiteradas ocasiones que esas medidas son necesarias para impedir el suministro de armas a los rebeldes.

El servicio se reanudó de forma parcial en 2022, aunque limitado a un número reducido de destinos. Saree exigió “la necesidad de poner fin al bloqueo” y anunció que los vuelos entre Saná y Teherán continuarán “sin importar cuáles sean los resultados y las repercusiones”.

Los hutíes se alzaron en armas en 2014 contra el gobierno yemení reconocido internacionalmente, respaldado por la coalición saudita, y desde entonces controlan la capital y gran parte del norte y el oeste del país. Las autoridades gubernamentales tienen su sede en Adén, en el sur.

El conflicto ha causado cientos de miles de muertos y desencadenado una grave crisis humanitaria. Los combates bajaron de intensidad tras la tregua negociada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2022, aunque el escenario se ha complejizado con los ataques israelíes contra posiciones hutíes, los ataques de la insurgencia contra la navegación internacional, la respuesta armada de Estados Unidos y los enfrentamientos con los separatistas del Consejo de Transición del Sur (CTS).

El 28 de febrero, los hutíes se sumaron al conflicto en Oriente Medio en apoyo a Teherán, lanzando varios misiles contra Israel antes de la entrada en vigor de un alto el fuego en la región.