Luego de más de dos semanas del bloqueo de transportistas autoconvocados en el acceso a Puerto Quequén, en la provincia de Buenos Aires, la operatoria agroexportadora permanece detenida. La Cámara de Puertos Privados Comerciales denunció que, pese a los acuerdos tarifarios alcanzados por la mayoría del sector, un grupo minoritario mantiene la interrupción de la circulación de granos. Esta situación ya provocó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones, afectando el cumplimiento de contratos internacionales y deteriorando la competitividad nacional.
La entidad informó que, en los últimos días, 22 embarcaciones quedaron a la espera en Bahía Blanca y nueve en Quequén, lo que equivale a entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos sin posibilidad de embarque. Esta situación no solo perjudica a exportadores, sino que compromete a productores, cooperativas, acopios e industrias, por tratarse de la temporada alta de cosecha, cuando está en juego la salida de los productos primarios y los flujos de capitales vinculados.
El conflicto se originó el 7 de abril con el inicio de un paro total por parte de transportistas de granos, principalmente de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Exigían una actualización tarifaria ante la suba del combustible derivada del conflicto internacional en Medio Oriente. Aunque las cámaras más representativas del sector arribaron a un acuerdo unos días después, un núcleo reducido de autoconvocados mantuvo bloqueos en rutas y accesos, especialmente sobre Quequén.
La crisis logística y sus implicancias económicas
A lo largo de más de dos semanas, la persistencia de los reclamos convirtió a ese enclave bonaerense en el principal foco de la crisis. Organizaciones como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC) advirtieron que la interrupción del flujo exportador agrava el deterioro financiero y logístico.
“Los barcos no están viniendo a cargar a la Argentina, por lo que el daño económico para toda la cadena de valor cerealera y oleaginosa es inmenso, y está afectando también al país”, expuso en un comunicado Ciara-CEC.
El origen de la protesta de los transportistas tiene como trasfondo el fuerte incremento de los costos operativos. Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac), el gasoil aumentó un 24,7% en marzo y registró un 48% de incremento interanual. El combustible representa cerca del 35% del costo total de un camión, lo que generó que los transportistas reclamaran un aumento del 15% en la tarifa frente a una oferta de 10% por parte de los acopiadores.
En este contexto, los valores de referencia para el transporte de granos alcanzan hoy los $25.389 por tonelada para trayectos de 100 km y superan los $148.000 en viajes de 1.500 km. Los transportistas sostienen que la tarifa reconocida no cubre el alza de los costos, y advierten que la brecha entre precio real y costos hace inviable la actividad en muchos casos.
Costos de la parálisis e impacto sectorial
La detención de la logística tiene implicancias especialmente costosas. Cada buque parado genera un sobrecosto diario aproximado de USD 50.000 al que se adiciona el almacenaje transitorio de granos en origen, estimado en USD 5 por tonelada en silobolsas.
Sin embargo, las consecuencias trascienden el daño económico inmediato. La paralización de Bahía Blanca y Necochea, donde ocho muelles permanecen sin actividad, afecta la imagen de la Argentina como origen confiable de productos agrícolas. Con una cosecha estimada en 158 millones de toneladas para la campaña en curso, exportadores y cámaras empresariales advirtieron que los retrasos generan incumplimientos contractuales y pueden derivar en pérdidas futuras en la inserción internacional del sector.
Actualmente, el sector agroindustrial proyecta para 2026 una liquidación de divisas cercana a los USD 35.375 millones. El bloqueo sobre Quequén y la tensión entre transportistas y acopiadores pondrá bajo presión el flujo de divisas proyectado para marzo.
En respuesta a este panorama, la Cámara de Puertos Privados Comerciales exigió la intervención urgente de autoridades nacionales, provinciales, municipales y judiciales para restablecer el orden y eliminar prácticas coercitivas detectadas entre los bloqueadores. Parte de estas acciones fueron denunciadas ante la Justicia por involucrar amenazas físicas contra choferes que intentaron trabajar durante el paro.
A pesar de los acuerdos logrados en otros puertos, Quequén continúa paralizado, con más de 20 accesos estratégicos bloqueados y una disputa tarifaria aún sin solución, en pleno momento crítico para el sector exportador argentino.
