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Un nuevo relevamiento internacional sobre acceso a la vivienda deja en evidencia los problemas estructurales de la economía argentina: la distancia entre lo que gana un hogar y lo que cuesta comprar una casa. En concreto, Argentina ocupa el puesto 169 entre 181 países en el ranking de asequibilidad de vivienda elaborado a partir de datos de ONU Hábitat, correspondientes al Informe de Ciudades Mundiales 2026. La posición ubica al país entre los quince peores del mundo.

El indicador que utiliza Naciones Unidas para construir el ranking se llama relación precio de vivienda-ingreso y compara el valor medio de una propiedad con el ingreso anual promedio de un hogar. El resultado expresa la cantidad de años de salario que una familia necesitaría destinar, en su totalidad, para pagar una vivienda. Cuanto más bajo es el número, mayor es la asequibilidad. El promedio mundial se ubica en 11,2 años, según el relevamiento de ONU Hábitat. En Argentina, esa cifra trepa a 22,7 años, es decir, prácticamente el doble del promedio global.

La comparación con el resto de Sudamérica confirma que el problema no es solo regional sino particularmente agudo en el caso argentino. Brasil registra una relación de 18,3 años, Perú de 19, Venezuela de 18,9, Colombia de 17,5, Chile de 15,6, Uruguay de 13,7, Ecuador de 11,1 y Bolivia de 10,5. Todos estos países, con distintas realidades económicas y niveles de desarrollo, muestran una relación entre precio de vivienda e ingreso más favorable que la argentina.

Las potencias económicas no escapan al problema

El informe, publicado por el sitio Voronoi, muestra que la dificultad para acceder a una vivienda no está necesariamente asociada al tamaño o al peso de una economía. China, la segunda economía del mundo, exhibe una relación de 34,6 años, la tercera peor cifra a nivel global después de Siria, que lidera el ranking con 86,7 años, y de Sri Lanka, con 40,8.

El caso chino resulta particularmente significativo porque combina una economía en expansión sostenida durante décadas con un mercado inmobiliario que, según Naciones Unidas, mantiene precios elevados en relación con los ingresos de los hogares tras un largo ciclo de apreciación impulsado por la urbanización acelerada y la demanda de inversión. El propio mercado chino atravesó un proceso de enfriamiento en los últimos años, pero eso todavía no se tradujo en una mejora sustancial de la relación entre precios e ingresos.

Otros mercados asiáticos también aparecen entre los menos accesibles del mundo. Corea del Sur, Tailandia, Vietnam y Filipinas figuran junto a China entre los países con peor relación precio-ingreso, lo que refuerza la idea de que buena parte del continente asiático enfrenta tensiones estructurales en materia de vivienda, más allá del nivel de desarrollo de cada economía en particular.

En el extremo opuesto del ranking se ubican Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, con una relación de apenas 3,0 años, la más baja del mundo. Naciones Unidas explica esa posición por la combinación de ingresos relativamente altos y políticas de vivienda con fuerte respaldo estatal en los países del golfo Pérsico. Estados Unidos, por su parte, ocupa el séptimo lugar entre los mercados más accesibles, con una relación de 4,5 años, por detrás de Australia, con 7,5, y del Reino Unido, con 8,3, aunque el propio informe advierte que la suba de tasas hipotecarias y la oferta limitada de viviendas debilitaron la asequibilidad en los últimos años en ese país.

Varios países europeos, en cambio, muestran cifras elevadas pese a integrar el grupo de las economías más ricas del planeta. Portugal, por ejemplo, registra una relación de 12,6 años, Francia de 11,8, Luxemburgo de 11,5 y Alemania de 10,7, todos por encima del promedio mundial y muy por encima de Estados Unidos.

Construir también es caro en Argentina

La posición de Argentina en el ranking internacional se complementa con datos locales que permiten dimensionar el esfuerzo que exige hoy acceder a una vivienda propia. Según un relevamiento de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco), construir una vivienda de 100 metros cuadrados demanda un desembolso de $228.617.063. Al comparar ese monto con el salario neto promedio de los trabajadores estables, que en junio fue de $1.590.179,37 según la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), se necesitan 143,76 salarios netos completos para cubrir el costo total de la construcción. Esa cifra equivale a casi doce años de ingresos destinados exclusivamente a ese fin, sin contar gastos de vida, el valor del terreno, el IVA ni el beneficio del desarrollador, conceptos que quedan fuera de ese cálculo y que elevarían todavía más el monto final necesario.

El acceso a la vivienda a través de un crédito hipotecario tampoco resuelve el problema de fondo. Aun con la reactivación del sistema de préstamos hipotecarios, calificar para uno sigue exigiendo ingresos que superan ampliamente el promedio salarial. Simulaciones realizadas sobre líneas del Banco Nación para la compra de una propiedad de 100.000 dólares muestran que el ingreso familiar necesario puede ubicarse entre poco más de $3,24 millones y cerca de 4,69 millones, según el plazo elegido y si el solicitante cobra o no su sueldo en esa entidad. En varios de esos escenarios, el ingreso exigido supera el salario promedio de un trabajador formal, lo que en la práctica obliga a contar con más de un ingreso dentro del mismo grupo familiar para poder acceder al crédito.

El conjunto de datos, tanto los que surgen del ranking de Naciones Unidas como los relevamientos locales sobre costos de construcción y condiciones crediticias, describe un mismo fenómeno desde distintos ángulos. La distancia entre los ingresos de los hogares argentinos y el valor de una vivienda propia continúa siendo, según todas las mediciones disponibles, uno de los obstáculos más persistentes para alcanzar el objetivo del techo propio en el país.

El reencuentro entre Mauricio Macri y Karina Milei volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo político entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de 2027. La legisladora porteña Laura Alonso, referente del espacio macrista, respaldó ese camino y afirmó que el PRO “acompaña el cambio que está llevando adelante la Argentina”, aunque marcó diferencias conceptuales concretas con el gobierno de Javier Milei.

En declaraciones al programa A confesión de parte, conducido por Romina Manguel en Radio Splendid, Alonso fue enfática en que el diálogo entre ambas fuerzas no implica una fusión ni una subordinación del PRO al espacio libertario. “Nosotros estamos trabajando todo este año para fortalecer nuestro partido”, dijo, y recordó que Macri inició en marzo una serie de giras bajo el nombre “El próximo paso”, con el objetivo de proyectar al PRO como fuerza autónoma con agenda propia.

La legisladora trazó una distinción que considera central entre las dos fuerzas: mientras Milei responde a la escuela austríaca de economía con una visión marcadamente antiestatal, el PRO se define como un partido de gestión, planificación e instituciones. “Ninguna sociedad funciona sin Estado, porque básicamente el Estado es la construcción colectiva”, sostuvo Alonso, y añadió que el partido amarillo cree en el rol del Estado en educación, salud e infraestructura, a diferencia del libertarismo, que lo considera prescindible en esas áreas.

En esa línea, comparó los perfiles de ambos líderes: Milei como economista de formación teórica e ideológica, y Macri como ingeniero con “una mirada de la construcción, de la planificación, del cemento, de las bases”. Esa diferencia de origen, sostuvo, define modos distintos de entender la transformación del Estado: el PRO apunta a reformarlo y hacerlo eficiente; el libertarismo, a reducirlo.

El punto de encuentro entre ambas fuerzas, según Alonso, es el rechazo al populismo y el sostenimiento del equilibrio fiscal. “El cambio es salir del populismo. El cambio es decir que vamos a respetar el equilibrio fiscal como respetamos a la Constitución Nacional”, afirmó. Desde esa base compartida, el PRO se posiciona como aliado del gobierno nacional, pero con capacidad de levantar, en sus palabras, “una tarjeta amarilla” cuando considera que algo no funciona bien.

Esa tensión entre apoyo y diferenciación quedó expuesta en el debate sobre el costo social del ajuste. Alonso reconoció que millones de familias se endeudaron para pagar comida y medicamentos, y que el impacto cotidiano del programa económico es real. Frente a las declaraciones de Milei, quien calificó el endeudamiento de los particulares como “un problema entre privados”, la legisladora optó por otro enfoque: “Hay dosis de la medicación”, señaló, al reclamar que el gobierno modere el ritmo del ajuste sin abandonar el rumbo. Como ejemplo de política concreta, mencionó una ley aprobada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que habilita al Banco Ciudad a refinanciar deudas con tarjetas de crédito para familias en dificultades.

La dirigente también salió al cruce de quienes cuestionan la viabilidad del PRO como segunda marca frente a LLA. “¿Para qué voy a comprar PRO si tengo a La Libertad Avanza, que está en el gobierno?”, planteó como pregunta de la ciudadanía, para responderla con la gestión de la Ciudad como argumento: “La ciudad, con equilibrio fiscal, no dejó de prestar ningún servicio ni dejó de hacer ninguna obra”.

Respecto al escenario opositor, Alonso fue taxativa. La reunión que juntó a Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa la llamó “el tren fantasma” y los señaló como exponentes del populismo inflacionario y la corrupción. Recordó el desempeño de Kicillof como ministro de Economía de Cristina Kirchner y el de Massa al frente del Palacio de Hacienda, cuando la inflación mensual rozó el 40%. Ese escenario, dijo, refuerza la necesidad de consolidar “el polo no populista antikircherista”.

Sobre el federalismo y la gestión bonaerense, Alonso reclamó avanzar en la autonomía de los municipios de la provincia de Buenos Aires y criticó la concentración de decisiones en La Plata. “La Plata como nudo político no sirve para nada”, afirmó, y elogió a intendentes como Soledad Martínez en Vicente López y Ramón Lanús en San Isidro, quienes, según dijo, se hacen cargo de funciones que el gobierno provincial abandona. Cerró con un llamado a una reforma impositiva coordinada entre los tres niveles del Estado, para evitar que la baja de cargas en un nivel sea compensada por suba en otro: “Cuando baja esto, nadie se tiene que hacer el vivo en alguna provincia de por ahí que lo sube”, advirtió.

El mercado financiero recibió esta semana una de las precisiones que aguardaba con mayor expectativa: cómo funcionarán los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo mecanismo para pagar las indemnizaciones laborales. La resolución del ministerio de Economía que determinó en qué activos se podrán invertir los FAL incluyó un detalle que trajo cierta desazón en los gobiernos provinciales.

La reglamentación dispuso que la enorme masa de fondos a recaudar cada mes (1% de la masa salarial de empresas grandes, 2,5% en el caso de las pymes) puede tener 4 destinos: títulos del Estado Nacional, títulos provinciales o de la CABA, depósitos en bancos y obligaciones negociables de empresas privadas.

Pero a la vez, la resolución incluyó un requisito esencial para los bonos provinciales. Para poder recibir dinero de los FAL, los títulos de las provincias deben “contar con calificación de riesgo “AAA” en escala nacional, otorgada por al menos dos agentes de calificación de riesgo registrados ante la CNV“, según dice la norma.

La disposición sorprendió porque, en la actualidad, no hay ningún bono provincial que cuente con la calificación AAA. Por lo tanto, la inclusión de bonos provinciales en el armado de los FAL hoy es inaplicable. Además de la calificación, Economía le puso un tope a los bonos provinciales: no pueden representar más del 15% del total del FAL y puede colocarse solamente “hasta un 5% por jurisdicción”. Esos límites no podrán aplicarse ya que no hay bonos provinciales que los FAL puedan comprar. Incluso distritos con buen desempeño para sus finanzas públicas y su endeudamiento, como Córdoba o Mendoza, no cuentan con el requisito de la calificación AAA.

La única excepción a esta regla, explican en el mercado financiero, son los títulos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moody’s le otorgó en junio la calificación AAA a CABA en su calidad de emisor tanto en pesos como en dólares.

Por el lado de los bonos corporativos, la resolución también incluyó el requisito de las dos calificaciones. En ese caso, la lista es algo más amplia pero se limita solamente a empresas líderes que podrán beneficiarse con la recepción de los FAL para sus bonos. YPF, Vista, Pan American Energy, Arcor, Central Puerto y Mercado Libre, entre otras. También se anotarán aquí los bonos del sector financiero: Macro, Santander, Galicia, ICBC y Garantizar SGR tienen esa calificación.

Aquí los topes sí tienen importancia. Los FAL no podrán colocar más del 20% agregado de su cartera en bonos privados, a la vez que tampoco podrán destinar más del 10% en una única empresa emisora.

El malhumor en algunos gobiernos provinciales está atado a que entienden que la reglamentación del FAL, pese a sus reglas de diversificación, favorece con claridad a la colocación de bonos nacionales. Para los títulos de la Nación no existe ningún tope ni exigencia de calificación, con lo cual se llevarán la mayor parte de la torta.

“Caputo nos dejó afuera de los FAL. La resolución tiene un sesgo para orientar las inversiones a los títulos de Nación. De hecho, un FAL podrá colocar el 100% de su dinero en bonos nacionales”, se lamentó un funcionario económico de un gobierno provincial.

Una de las críticas que recibió la creación de los FAL cuando se analizó la reforma laboral fue el riesgo de que el Gobierno resignase parte de su recaudación fiscal proveniente de cargas laborales, ya que esa masa de dinero que iba a un bolsillo del estado comenzará a destinarse al mercado financiero.

Con esta resolución y, más precisamente, con los requisitos de calificación y de límites, queda claro que aún en el caso de que el Gobierno sienta esa merma en las cuentas fiscales, Caputo se aseguró que una parte sustancial de ese dinero vaya a financiar al estado nacional.

El mercado financiero sigue con mucha expectativa la puesta en marcha de los FAL, que comenzará el 1° de noviembre y que tendrá un período inicial de 6 meses sin pagar prestaciones, de manera de armar una masa crítica de dinero para cada empleador de la Argentina que le permita previsionar con algo de holgura el pago de indemnizaciones.

El requisito de la califiación AAA acotó el universo de activos elegibles, al punto que ningún bono subsoberano -a excepción de los de CABA- podrá participar en el comienzo del sistema. Los gobiernos provinciales, de esa forma, deberán salir a la búsqueda de una mejora por parte de las calificadoras locales (Moodys Argentina, S&P y Fix, la filial de Fitch Ratings) para poder tener algún rol de importancia en esta nueva etapa que los FAL prometen abrir en el mercado de capitales.

El presidente Javier Milei se burló este domingo de Facundo Moyano con un meme en Instagram después del episodio que involucró al exdiputado y a su pareja, Candela Arizaga, en el barrio porteño de Belgrano. La publicación retomó la explicación que el dirigente dio sobre lo ocurrido y volvió a poner en circulación un caso que ya había escalado a la agenda política y judicial.

La imagen que compartió Milei incluyó la frase “Al final Moyanito terminó siendo un experto en paros como el padre”, una alusión directa a Facundo Moyano y a Hugo Moyano, jefe del sindicato de Camioneros y figura del sindicalismo argentino. El posteo apareció después de varios días de repercusión pública por la causa abierta tras la madrugada del 4 de agosto.

El hecho al que aludió el Presidente ocurrió cuando Arizaga salió del departamento de Moyano, ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, y fue vista corriendo semidesnuda por la calle. La secuencia derivó en la intervención de la Policía de la Ciudad, en el traslado de la joven al Hospital Pirovano y en la demora del dirigente sindical.

La investigación quedó caratulada como lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. En los primeros registros incorporados al expediente, cámaras de seguridad mostraron a Arizaga durante un recorrido de varias cuadras por la zona de Barrancas de Belgrano, mientras detrás de ella avanzaban Moyano y otra persona vinculada al edificio. Ese material, junto con la secuencia reconstruida por el personal policial, pasó a integrar el expediente judicial.

Uno de los puntos que más atención concentró en la causa fue la primera intervención policial. El inspector que participó del operativo declaró que llegó al edificio a partir de un llamado de emergencia y que luego vio a la joven correr por la vía pública en estado de alteración. Su testimonio, incorporado al expediente, también incluyó la versión inicial que Arizaga le habría dado en la calle antes del traslado al hospital.

En los días posteriores, Moyano sostuvo en una entrevista televisiva que su pareja había consumido drogas y sufrió “un brote psicótico fuertísimo”. También afirmó que intentó asistirla con maniobras de reanimación y que pidió al personal del edificio que se comunicara con el 911. Esa explicación quedó en línea con parte de los planteos posteriores de la defensa y con la versión que la propia joven presentó más tarde ante la Justicia.

Como parte del trasfondo del caso, Arizaga declaró ante la Justicia que no recordaba gran parte del episodio y que no atribuía a Moyano una agresión. “Lo poco que me acuerdo es que yo estaba corriendo en la calle… sentía que me perseguía y no sabía ni quién era”. En una ampliación posterior, además, sostuvo que había consumido cocaína y vinculó lo ocurrido con un brote.

Esa línea de defensa tuvo otro capítulo cuando los abogados del exdiputado pidieron que se levantaran las restricciones de contacto. El planteo se apoyó en las declaraciones de Arizaga, que negó haber sufrido violencia y expresó su intención de retomar el vínculo.

Aun así, el expediente incorporó una evaluación oficial sobre la situación de la joven que señaló factores de vulnerabilidad y sostuvo que su relato podía estar condicionado por el estado físico, mental y emocional en que fue entrevistada, además de la exposición pública del caso y la asimetría de poder entre las partes.

Tras recuperar la libertad, Moyano quedó sujeto a una serie de medidas cautelares. La Justicia le prohibió acercarse a menos de 300 metros y mantener contacto con Arizaga mientras avance el proceso penal, además de fijar domicilio y presentarse a las citaciones judiciales.

El expediente siguió sumando testimonios en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Florencia Nocerez. Entre las audiencias previstas figuran las de personal policial, médicos, empleados del edificio y familiares del entorno de Arizaga.

Desde que el 18 de febrero se cerraron las puertas de FATE, la única fábrica argentina de neumáticos de capitales nacionales en el mercado, la estadística de importación de neumáticos se convirtió en un tema de mayor interés.

La suma de la apertura irrestricta de las importaciones, la eliminación del precio de referencia que protegía a la industria nacional, y la baja progresiva de arancel de importación para ir del 35% al 16% actual, motivaron la decisión irrevocable de Javier Madanes Quintanilla de finalizar una historia familiar de producción argentina de neumáticos que perduró 85 años en el mercado.

Sin embargo, esa misma situación fue la que permitió que los usuarios tengan disponibilidad de productos, mayor oferta y menores precios de lo que había en diciembre de 2023. En julio de 2026, en la categoría de autos y camionetas, se marcó un nuevo récord de importaciones con 762.548 unidades. La mejor marca anterior había sido mayo de 2025 con 737.341 unidades.

Lo curioso del caso es que, del mismo modo que ocurre con los autos 0 km, gran parte de las importaciones no son de marcas nuevas desconocidas, sino de las propias empresas tradicionales del mercado, que ahora pueden traer más neumáticos a precios competitivos.

La mejor prueba de este dato, más allá de las cifras de cada fabricante, es que para julio de 2025 se habían importado 5.217.916 neumáticos, y un año después, frente a la ola de importaciones masivas, los primeros siete meses de este año arrojan un total de 5.227.553, es decir que solo ingresaron al país 9.600 neumáticos más en todo un año, pero lo que cambió fue la composición del mercado.

Los números del sector

Las cifras de julio mostraron que el mayor importador fue Continental, con un volumen de 45.335 neumáticos, seguida por la china Linglong con 37.874 y por la marca brasileña XBRI con 36.983. Después quedaron Firemax con 34.456 y Dunlop con 34.396 unidades cada una.

En el acumulado de enero a julio, también lidera Continental como la marca que más neumáticos importó con un volumen de 273.015 cubiertas, seguida por Dunlop con 217.089 y Goodyear con 204.251 neumáticos. Cuarta quedó Double Coin con 196.085, y quinta Firemax con 157.294.

Las 10 marcas que mayor cantidad de cubiertas ingresaron al mercado las completan Michelín con 151.834, Pirelli con 148.816, XBRI con 147.178, Aplus con 142.533 y Yokohama con 141.227 unidades. Entre los diez primeros hay seis marcas tradicionales, tres chinas y una brasileña.

El transporte pesado

En el rubro neumáticos, sin embargo, hay dos categorías completamente diferentes de productos. Por un lado, están esas cubiertas de autos de pasajeros, SUV y pickups o demás vehículos utilitarios livianos, y por otro las gomas de camión, que son las más caras y las que mueven el mayor volumen de dinero en el rubro del neumático en Argentina, un país donde el transporte de cargas es en camión de manera preponderante contra el ferrocarril y los medios navales.

En el transporte pesado, los números de julio mostraron a la china Double Coin como líder con 15.546 unidades, seguida por XBRI con 7.261 y por Goodyear con 6.531 neumáticos. Los cinco mayores importadores del mes en este rubro se completaron con Firestone y sus 4.973 unidades, y Aplus con 4.728 cubiertas.

En el acumulado de siete meses entre camiones y buses, Double Coin suma 96.332 neumáticos, seguida por Aplus con 40.386 y Michelín con 38.033 unidades. Luego están Triangle con 37.813, Bridgestone con 32.777, Onyx que sumó 30.467, Anteo con 27.509, XBRI con 26.797, Goodyear y sus 23.542 y Pirelli con 23.045.

La suma de ambos rubros muestra que la marca que más volumen importó en los primeros siete meses del año fue Double Coin con 292.417 neumáticos, segunda está Continental con 275.304 unidades, tercera es Goodyear con 227.793, cuarta Dunlop con 217.727, y quinta Michelin con 189.876 cubiertas. Entre los cinco primeros, cuatro marcas son históricas del mercado y solo una es nueva, aunque la que tiene el primer puesto.

Las diez marcas que más neumáticos importaron en lo que va del año se completaron con Aplus con 182.919, XBRI con 173.975, Firemax con 172.566, Pirelli con 171.861 y Yokohama con 143.655 unidades. En los diez primeros, seis son fabricantes tradicionales, tres son chinos y uno brasileño.