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El régimen de Irán respondió el lunes por la noche a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz y afirmó que administrará esa estratégica vía marítima, al tiempo que defendió los avances logrados en las negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo permanente sobre Medio Oriente.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo que las condiciones en el estrecho de Ormuz cambiaron tras la guerra y descartó un regreso al escenario previo al conflicto.

“Todos deben saber que la administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra”, afirmó Qalibaf, citado por la agencia estatal IRNA. El funcionario agregó: “Por supuesto, se respetarán las normas internacionales, pero Irán administrará el estrecho de Ormuz”.

Las declaraciones llegaron horas después de que Trump asegurara que Estados Unidos mantiene el control de esa ruta marítima y cuenta con capacidad para garantizar la seguridad de la navegación. “Tenemos el control total del estrecho; contamos con una armada capaz de imponer un bloqueo”, declaró el mandatario durante una actividad en la Casa Blanca.

El intercambio de mensajes se produjo mientras ambas partes intentan avanzar en un acuerdo más amplio tras la firma de un memorando de entendimiento que abrió una tregua temporal y estableció un plazo de 60 días para negociar cuestiones de seguridad regional y aspectos relacionados con el programa nuclear iraní.

Qalibaf participó el lunes en Suiza de una primera ronda de conversaciones con representantes estadounidenses y destacó los resultados obtenidos.

“Desde mi punto de vista, este viaje ha dado lugar a grandes logros, especialmente en lo que respecta a las discusiones sobre el estrecho, las relacionadas con Líbano, la cuestión de las exenciones petroleras y el tema del desbloqueo de los activos congelados, que es uno de los avances que estamos logrando”, expresó en un video publicado en Telegram.

También remarcó que las negociaciones continuarán. “Por supuesto, creemos que apenas estamos al inicio de este trabajo y debemos continuar con nuestros esfuerzos”, señaló.

Por su parte, Trump lanzó una advertencia sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por Teherán. “Si Irán no cumple con el acuerdo o no se comporta como debe, haré lo que tenga que hacer”, afirmó ante periodistas.

El mandatario también sostuvo que espera avances en materia de supervisión nuclear y aseguró que Irán aceptará inspecciones amplias para garantizar lo que describió como “honestidad nuclear”.

Otro punto de desacuerdo surgió en torno a los fondos iraníes desbloqueados tras el entendimiento bilateral. Trump afirmó que esos recursos terminarán destinados a la compra de productos estadounidenses. “Todo ese dinero volverá en forma de compras de alimentos que necesitan desesperadamente”, sostuvo.

Sin embargo, autoridades iraníes rechazaron esa interpretación. El gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, indicó que el memorando vigente no obliga a Teherán a adquirir productos agrícolas estadounidenses y señaló que los recursos podrán utilizarse para otros bienes autorizados por el régimen de sanciones.

En paralelo, Qalibaf acusó a Israel de intentar obstaculizar las conversaciones. Según afirmó, el gobierno israelí se encuentra “ferozmente opuesto a este proceso de negociación, al que ve como una amenaza para su propia existencia y busca sabotearlo”.

Teherán también insiste en que Líbano debe formar parte del acuerdo destinado a poner fin al conflicto regional, mientras continúan las negociaciones entre representantes iraníes y estadounidenses.

(Con información de AFP)

“Los que hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a ver a la compañera y preguntarle cómo está, qué necesita”. La frase del discurso del diputado nacional, Máximo Kirchner, durante el acto que el kirchnerismo llevó adelante el último sábado en Parque Lezama, al cumplirse un año de detención de la expresidenta Cristina Kirchner, tuvo destinatarios puntuales: uno de ellos, quizá el de mayor magnitud, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La demanda no es nueva, pero ratifica y profundiza las diferencias existentes dentro del peronismo. Este lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, evitó referirse a ese asunto, puntualizó en que Kicillof “le pidió a nuestro sector que es el Movimiento Derecho al Futuro y al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que convoque y participe” y ponderó la inocencia de Cristina en el marco de la causa Vialidad.

“La convocatoria del sábado fue muy clara, era muy claro el objetivo: conmemorar el año de prisión injusta de Cristina y por eso justamente el gobernador le pidió tanto a nuestro sector, que es el movimiento Derecho al Futuro, que convoque y que participe en distintos referentes y en general a los compañeros y compañeras. Hizo lo propio también como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Fueron dos convocatorias públicas. Participaron compañeros y compañeras de ambos espacios. Nuestra propuesta y nuestra posición siempre fueron muy claras respecto de la injusta prisión de Cristina”, dijo el ministro provincial ante la consulta de Infobae durante la conferencia de prensa de este lunes en la gobernación bonaerense.

Si bien en la antesala se especuló con la posible presencia del mandatario bonaerense en el acto en Parque Lezama, finalmente Kicillof no estuvo. En su discurso, sin dar nombres propios más allá del del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, Máximo Kirchner se encargó de enfatizar los sectores del peronismo que hoy muestran distancia de la base política que conduce su madre. Allí entra el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que conduce el gobernador.

Bianco enfatizó con respecto a la situación de Cristina Kirchner que “nuestra posición siempre fue muy clara. Nosotros creemos que esa condena es absolutamente injusta y que Cristina es inocente. Eso siempre fue muy claro y esa es la razón por la cual desde los sectores que conduce el gobernador Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro y el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, hemos decidido convocar y participar”.

De momento no habrá encuentro en San José 1111 entre el mandatario bonaerense y la ex presidenta. La última vez que se reunieron fue tras los comicios provinciales del 7 de septiembre y en la antesala de la elección a diputados nacionales de octubre: es decir, con la pena de prisión domiciliaria ya en curso. Este lunes, Bianco evitó precisar si habrá alguna reunión entre los dirigentes a la brevedad.

En este contexto, ambos espacios transitan caminos paralelos y así se advierte que continuará la relación. La próxima parada en la dinámica peronista será el 1 de julio. Para ese día, como adelantó este medio, está previsto que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se reúna, aunque será un encuentro de carácter institucional y no un acto político. Ese día se cumplen 52 años del fallecimiento del expresidente Juan Domingo Perón y desde el PJ bonaerense piensan en realizar un encuentro con las autoridades de los PJ de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La locación elegida será la Quinta de San Vicente.

Del acto en Parque Lezama, sí hubo participación de algunos integrantes del espacio político de Kicillof como el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, quien no subió a las gradas; o el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascalles, que además es el Secretario General del PJ bonaerense.

Otro dirigente cercano a Kicillof que estuvo en las gradas del escenario de Parque Lezma fue el exjefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina. Semanas atrás se reunió con Kicillof. Este sábado escuchó el discurso de Máximo Kirchner. En declaraciones a Infobae a las 9, consideró: “Tuve y tengo diferencias con Cristina. La enfrenté en momentos en que tenía muchísimo poder. El acto no me gustó. No me gustó el discurso de Máximo para nada. Fue muy internista, pegándole a Axel”. Y explicó que su presencia en el acto respondió a una convicción personal: “Creí que tenía que estar ahí, más que nada por el primer año de ese momento de ella”.

La actual situación no exime a Kirchner y Kicillof de reunirse al momento de las definiciones, sobre todo electorales. ¿Cuál sería la herramienta para acordar una estrategia electoral que sostenga un marco de unidad dentro del peronismo? Las PASO. Al menos, así lo entienden cerca de Kicillof. Las elecciones primarias están vigentes pese a la intención del gobierno nacional de eliminarlas en el Congreso. En el plano legislativo, la gestión de Milei hoy no tiene los votos para modificar el escenario electoral.

“A mí me parece que es el mejor sistema posible para definir una candidatura del peronismo, del campo popular en su conjunto”, planteó este lunes Bianco sobre unas PASO. “Me animo a decir no solo del peronismo, sino del campo popular en su conjunto. Y en ese caso, los distintos compañeros y compañeras que quieran representar a nuestra fuerza política o al campo popular tendrán la posibilidad y el espacio para presentarse. Después, la gente votará y definirá quién es el mejor candidato posible del campo popular para enfrentar a Milei o al candidato de la derecha, porque va a haber un candidato de la derecha, seguramente lo va a elegir el círculo rojo en su momento, de acuerdo a las circunstancias vigentes. Será Milei, será otra persona, pero seguramente vamos a tener un candidato que exprese el voto más de la derecha y tenemos que poner un candidato que exprese el voto de los intereses del campo popular”.

Kim Jong-un clausuró el lunes una reunión plenaria de tres días del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea con un mandato explícito: acelerar el fortalecimiento de las capacidades de defensa nacional. La agencia estatal norcoreana KCNA informó que el líder presidió el encuentro, en el que altos funcionarios revisaron iniciativas de política de Estado, y concluyó con un discurso en el que reafirmó la postura del régimen de expandir su arsenal ante lo que calificó como una escalada sin precedentes de las fuerzas combinadas estadounidense y surcoreana en la región.

El detonante declarado por Pyongyang fue el avance del programa de submarinos nucleares de Corea del Sur, impulsado con respaldo de Washington. Según KCNA, Kim señaló que Estados Unidos y Seúl promueven la posesión surcoreana de un submarino nuclear mientras intensifican “de manera cada vez más descarada” sus movimientos de refuerzo y modernización de fuerzas armadas en la región. En diciembre de 2025, ambos países acordaron un marco de cooperación para que Seúl enriquezca uranio de baja concentración destinado a propulsar esos submarinos, un acuerdo que Pyongyang calificó de “acto agresivo” y amenaza directa a su seguridad nacional.

La reunión aprobó que el estatus nuclear de Corea del Norte es “la vía más correcta y única” para enfrentar una situación de seguridad que el régimen describió como impredecible y crecientemente compleja. La KCNA citó a Kim al afirmar que ocurren “incidentes y eventos inimaginables y asombrosos” en el mundo a causa de la codicia de las “fuerzas hegemónicas”, y responsabilizó a Estados Unidos del deterioro de los conflictos en Europa y Medio Oriente.

La declaración no es nueva en su contenido, pero sí en su énfasis. La evaluación de amenazas anuales del Gobierno de Estados Unidos de 2026 señaló que Corea del Norte está “comprometida a expandir sus programas de armas estratégicas, incluidos misiles y ojivas nucleares, para consolidar su capacidad de disuasión”. Pyongyang se declara Estado nuclear “irreversible” desde que colapsó, en 2019, la cumbre entre Kim y el entonces presidente Donald Trump en Hanói, donde no hubo acuerdo sobre desnuclearización ni sobre el levantamiento de sanciones.

El plenario también ordenó avances en armamento convencional. Según Reuters, Kim instruyó acelerar la construcción de un crucero guiado estratégico de 10.000 toneladas, pieza central de la ambición naval norcoreana de proyectar fuerza más allá de sus costas. Esta aspiración se enmarca en un programa que ya produjo el destructor Choe Hyon, de 5.000 toneladas, botado en abril de 2025 y presentado por Kim como el primer buque capaz de portar misiles de crucero con ojivas nucleares.

Tras años de priorizar misiles balísticos, Kim ha desplazado su foco hacia las capacidades navales, incluida la construcción en curso de un submarino de propulsión nuclear de 8.700 toneladas que describió como un “cambio crucial de época” en la disuasión del país. El programa naval avanza en paralelo a una expansión del arsenal atómico: el 3 de junio, apenas dos semanas antes del plenario, Kim inspeccionó una nueva planta de producción de material nuclear de grado armamentístico y anunció que Pyongyang ha más que duplicado su capacidad de producción en los últimos cinco años.

Con ese telón de fondo, las resoluciones del plenario de junio no representan una ruptura, sino la aceleración de una doctrina ya consolidada: mientras Washington y Seúl profundicen su cooperación militar, Pyongyang seguirá expandiendo su arsenal, y cualquier iniciativa diplomática deberá asumir ese punto de partida.

El oficialismo atraviesa una semana clave en el Congreso ante la presión política sobre Adorni, cuyo futuro se debate entre maniobras dilatorias en Diputados y posibles definiciones en el Senado, según explicó el consultor Lucas Romero.

En la charla con el staff de Infobae al Regreso, el director de la consultora Synopsis describió el movimiento interno que atraviesa el gabinete presidencial tras la presentación de la declaración jurada de Adorni. “Parte de las estrategias del oficialismo son para tratar de dilatar, de postergar, de generar que el tiempo baje un poco y calme los ánimos, porque en definitiva, todo esto es la reacción de la presentación de la declaración jurada de Adorni hace diez días”, aseguró.

El recorte de funciones como mecanismo de contención

Romero interpretó que el gobierno busca evitar una renuncia formal del jefe de gabinete y, en cambio, opta por despojarlo de responsabilidades: “Yo le llamo una suerte de renuncia funcional de Adorni, pero no formal. Es decir, le voy quitando funciones porque ya no me sirve para comunicar. Entonces, le quito esas funciones y veo si eso calma un poco los ánimos del resto de los actores para ver si me dejan conservar a Adorni como jefe de Gabinete sin funciones, que pueda darle esta posibilidad al presidente de no ofrendarle al periodismo la renuncia de Adorni”.

El consultor señaló que el Ejecutivo prefiere mantener al funcionario bajo perfil y repartir sus tareas: “Está buscando formas de conservarlo; una forma es no exponerlo más en el rol y en la función que tenía y, en todo caso, ir delegando esas funciones a otros actores. Apareció un nuevo vocero, aparece un nuevo secretario de comunicación y de prensa. Me parece que ir quitándole funciones y que Adorni quede ahí, como lo que es”.

Romero sostuvo que desde el inicio la designación de Adorni tuvo un sentido instrumental: “Adorni vino a ocupar un rol que es la de invertir la relación de jerarquía entre la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia y permitirle a Karina Milei ser jefa de Gabinete sin serlo. Es alguien que ocupa ese lugar y que está puesto a disposición de las decisiones políticas que tome la figura fuerte dentro del gabinete, que es Karina Milei”.

Karina Milei y el reordenamiento del poder interno

El director de Synopsis remarcó la influencia de Karina Milei en la dinámica del gabinete: “Karina Milei no puede ser jefe de Gabinete, primero porque estaría muy expuesta, por ejemplo, a una moción de censura, siendo una figura realmente relevante, pero además porque no tiene habilidades, capacidades, herramientas para ejercer ese rol. Entonces, me parece que estamos camino a esa normalidad, de tener una suerte de jefe de gabinete protocolar”.

Además, Romero recordó el veto a otros aspirantes a la jefatura de gabinete: “Ella bloqueó la llegada de Santiago Caputo”. El politólogo señaló que este reordenamiento responde tanto a la necesidad de blindar a la funcionaria clave del presidente como al diseño de un gabinete en el cual las funciones se reparten según las urgencias políticas y mediáticas.

Las maniobras en el Congreso y el desafío de la gobernabilidad

Consultado sobre las perspectivas inmediatas en el Congreso, Romero diferenció el escenario en Diputados y en el Senado: “Yo diría, son dos cámaras distintas hoy que plantean dos escenarios distintos para el oficialismo. La Cámara de Diputados ya tuvo un antecedente, una votación que estuvo a cinco votos de lograr los 129 que se requerirían para la moción. Creo que el gobierno está mucho más frágil en Diputados que en el Senado”.

Respecto a la Cámara alta, el consultor consideró que la negociación con gobernadores puede ser decisiva: “En el Senado los votos son, voy a decirlo en el mejor de los términos, comprables, negociables. Porque están los gobernadores detrás, puede haber un toma y daca, puede haber una relación, una gestión más transaccional con esos gobernadores para evitar que buena parte de esos 10 senadores del radicalismo, incluso algunos otros senadores provinciales, no aporten los números necesarios para ese 37 de votos que se requiere para la moción”.

Romero también analizó el debate en torno a las mayorías necesarias para interpelaciones y mociones de censura: “El planteo ahora del oficialismo de que para activar el trámite del procedimiento se requiere una mayoría especial porque no pasó por comisión, la famosa mayoría de dos tercios para el tratamiento sobre tabla, me parece una interpretación amañada del espíritu de la ley, porque la Constitución le otorga una facultad al Congreso que el Congreso la puede ejercer”.

El politólogo subrayó el trasfondo político que puede determinar el desenlace: “Uno imaginaba que ese mecanismo de la moción de censura, de hecho no tenía antecedentes porque, en algún punto, cuando el evento está cerca de ocurrir, el Ejecutivo toma la decisión antes para no someterse a una exposición de debilidad, que es que el Congreso le remueva a un funcionario. ¿Qué puede estar operando acá? Que el presidente interpreta que hay una operación de la oposición, de algunos sectores, de los medios, sectores de poder que quieren hacerle daño al Gobierno”.

Finalmente, Romero advirtió sobre el impacto en la opinión pública: “Acá el presidente está confrontando no solo contra la oposición, sino contra la opinión pública también”.

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El Parlamento rumano rechazó el lunes la propuesta de Gobierno del primer ministro designado Adrian Vestea, en lo que supone el segundo fracaso de investidura en menos de dos meses. Vestea obtuvo 189 votos a favor y 23 en contra en la votación conjunta de las dos cámaras, con más de la mitad de los parlamentarios en abstención. Necesitaba al menos 233 para sacar adelante su Gobierno.

La derrota era previsible desde días antes. El propio partido de Vestea, el Partido Nacional Liberal (PNL), decidió no respaldarlo tras una disputa interna provocada por la forma en que el presidente Nicusor Dan lo nominó el 14 de junio, sin consultar a la dirección liberal. El PNL celebró un congreso extraordinario el 21 de junio y amenazó con expulsar a los miembros que apoyaran al designado. La Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR), formación ultranacionalista y segunda fuerza en el Parlamento, también rechazó el respaldo y abandonó el hemiciclo antes de la votación. El único apoyo significativo provino del Partido Socialdemócrata (PSD), primera fuerza parlamentaria, aunque su líder, Sorin Grindeanu, advirtió antes de que concluyera el escrutinio que su partido tampoco apoyaría un Gobierno en minoría.

La crisis política rumana comenzó en abril, cuando el PSD abandonó la coalición europeísta que integraba junto al PNL, la Unión Salvad Rumanía (USR) y la Unión Democrática Húngara de Rumanía (UDMR). En mayo, los socialdemócratas presentaron una moción de censura que, con el apoyo de AUR, derribó al Gobierno del primer ministro Ilie Bolojan. Desde entonces, Rumanía funciona con un ejecutivo en funciones. El primer candidato designado por Dan, el conservador Eugen Tomac, ni siquiera llegó a someter su propuesta a votación. Vestea fue la segunda apuesta del presidente, con igual resultado.

El presidente Dan se encuentra ante una ecuación de difícil solución. La legislación rumana permite hasta tres votaciones de investidura antes de convocar elecciones anticipadas. Debe ahora designar un tercer candidato, pero el mapa político no ha cambiado: el PSD no quiere gobernar con sus tres exsocios, y el PNL se niega a cualquier acuerdo que los incluya. La única configuración que reuniría una mayoría cómoda —más de 300 escaños, según el propio Grindeanu— sería restaurar la antigua coalición de cuatro partidos, una salida que liberales y reformistas de USR descartan por el momento.

El trasfondo económico hace más urgente la resolución del bloqueo. Rumanía registró en 2025 el mayor déficit presupuestario de la Unión Europea, equivalente al 7,9% del PIB según Eurostat, en descenso desde el 9,3% de 2024 pero muy por encima del límite del 3% exigido por los Tratados. El país lleva bajo el Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE desde 2020. La Comisión Europea proyecta una reducción al 6,2% del PIB en 2026, pero esa trayectoria depende de que un gobierno estable ejecute las reformas acordadas. Sin ello, Rumanía arriesga el acceso a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo, cuyo desembolso está condicionado al cumplimiento de hitos legislativos específicos.

El líder de AUR, George Simion, pronunció un discurso encendido antes de que sus legisladores abandonaran el hemiciclo: “Durante 35 años en Rumanía, la traición ha sido el orden del día”. Simion encabeza actualmente las encuestas de intención de voto, lo que hace de una eventual convocatoria electoral el escenario que el presidente Dan más quiere evitar. El analista Cristian Andrei señaló a Associated Press que el resultado favorece principalmente a AUR al demostrar que “los partidos mayoritarios son incapaces de gobernar”, y anticipó que la crisis se prolongará. Con casi tres años de legislatura por delante y la ultraderecha liderando los sondeos, la parálisis institucional no tiene fecha de caducidad visible.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de junio de 2026 mostró un aumento de 3,9% respecto de mayo, marcando el primer repunte del año tras varios meses en caída. El indicador, elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella desde 2001, se ubicó en 2,07 puntos sobre una escala de cero a cinco, una cifra que, aunque supera los registros recientes, todavía implica una caída del 11,4% en la comparación interanual.

El dato inaugura un nuevo ciclo para la administración de Javier Milei. Aunque la confianza repunta levemente, la contracción acumulada desde fines del año pasado es del 16,1%. La serie de variaciones mensuales desde enero revela un clima de creciente escepticismo: las cifras mostraron bajas en enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%), antes del actual rebote.

En el contexto histórico, el índice también compara mes a mes a Milei con sus predecesores. En efecto, luego de treinta meses de gestión, su nivel de confianza (2,07) está apenas por encima del valor que obtuvo Mauricio Macri (2,04; +1,3%) en el mismo momento de su mandato, aunque sigue por debajo del registrado bajo Néstor Kirchner (2,42; -14,6%). El valor del libertario supera ampliamente los registros de las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner (1,70 y 1,61 en sus dos mandatos) y Alberto Fernández (1,40) en la misma instancia del mandato, lo que exhibe una brecha de hasta el 47,6% respecto de alguno de estos ciclos en el mes treinta de gestión.

El promedio del ICG en la era Milei, sin embargo, descendió a 2,40 puntos, su registro más bajo. En la comparación contra los tramos equivalentes, Mauricio Macri tuvo un promedio de 2,52 y Alberto Fernández, de 1,93. Este promedio se robustece especialmente cuando se contrastan las tendencias de largo plazo y la volatilidad de la confianza durante los diferentes gobiernos.

Desglose de los componentes y los matices del repunte

El rebote del ICG se debió a aumentos en tres de sus cinco componentes. Eficiencia lideró el crecimiento, con un salto del 12,8% respecto del mes anterior hasta alcanzar los 2,12 puntos, una variación que representa el mayor diferencial dentro del índice. Capacidad también se incrementó y llegó a 2,46 (+4,3%), al igual que la dimensión Preocupación por el interés general, que marcó 1,63 puntos (+3,8%). En contraste, Honestidad permaneció estable en 2,46 y la Evaluación general del gobierno cayó levemente a 1,68 puntos (-0,5%).

Esta dinámica sugiere que, más allá de un repunte global, persisten dudas sobre la gestión a nivel agregado, al mismo tiempo que ciertos aspectos técnicos y de percepción pública mejoran tras medio año de deterioro sostenido.

Género, edad, territorio: dónde recuperó apoyo el Gobierno

Los datos revelan matices en la composición del repunte del ICG. La brecha de género se mantuvo estable en 0,68 puntos respecto del mes anterior, lo que describe una grieta persistente en la percepción de la gestión. El índice entre mujeres aumentó hasta 1,70 puntos (+5,6%), mientras que entre los hombres subió a 2,37 (+3,7%).

Por edad, el rebote se concentró en el grupo de mayores de 50 años, que alcanzó 2,23 puntos (+4,3%), pero también en los jóvenes de 18 a 29 años, donde el ICG trepó levemente a 2,18 puntos (+1,4%). El segmento intermedio (30 a 49 años) subió a 1,76 (+2,4%). Esta dispersión sugiere una recuperación distribuida, aunque con distintas intensidades según el grupo etario.

Desde el punto de vista geográfico, el interior del país mantiene el mayor nivel de confianza (2,19 puntos; +0,9%). Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió a 2,03 (+6,3%), pero el mayor salto se dio en el Gran Buenos Aires, que trepó a 1,83 puntos (+11,1%).

Nivel educativo y victimización: sorpresas estadísticas del mes

El análisis por nivel de instrucción aporta uno de los datos únicos del informe. Si bien quienes tienen educación terciaria/universitaria sostienen la confianza más alta (2,20 puntos; +0,5%), el mayor incremento porcentual del mes fue para el segmento con primaria completa, que llegó a 1,72 puntos (+42,5%). Aquí se registra el rebote más inesperado, al retornar a valores similares a los de abril, tras haber mostrado ciertas fluctuaciones en los meses anteriores.

Otro dato singular surge de la variable victimización por delitos. Por primera vez en el año, el ICG fue superior entre quienes declararon haber sido víctimas de delitos (2,10; +14,6%) comparado con quienes no lo fueron (2,07; +1,6%), invirtiendo la lógica del ciclo previo y neutralizando la brecha que se había instaurado a lo largo de 2026.

Expectativas económicas: el factor determinante en la confianza

El componente más sensible aparece en la valoración sobre el futuro económico. Aquellos que confían en que la economía mejorará en un año registran un ICG de 4,08 puntos, aunque con una baja de 2,2%. El verdadero salto porcentual del mes vino de quienes creen que la situación se mantendrá igual, con una suba del 13,1% (2,45 puntos). Por el contrario, entre quienes esperan un empeoramiento, el ICG se estancó en 0,37, sin cambios respecto de mayo.

El dossier metodológico asegura que la encuesta —realizada por Poliarquía Consultores— abarcó 1.000 personas, mayores de 18 años en 39 ciudades de más de 10 mil habitantes, con un margen de error estándar de ±0,06 para el ICG total. El trabajo de campo se hizo entre el 2 y el 11 de junio de 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya cuenta con la garantía del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de la autorización para negociar préstamos con instituciones financieras internacionales por hasta 5.000 millones de dólares. A pesar de estos avances, todavía queda pendiente la garantía del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se debatirá recién a fines de julio. Según pudo saber Infobae, el monto se ubicaría entre USD 250 millones y 300 millones de dólares.

Las garantías aprobadas funcionan como aval financiero y permiten negociar fondos frescos en mejores condiciones. La aportada por parte del Banco Mundial es la de mayor volumen, con USD 2.000 millones, mientras que la del BID alcanza los 550 millones de dólares.

En ambos casos, las autorizaciones abren la puerta a obtener créditos internacionales con tasas de interés más bajas que las del mercado, aspecto que el propio Caputo destacó públicamente tras reunirse con la directora regional del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra. Pese a la baja del riesgo país de los últimos días, según el ministro, “la tasa de interés será sustancialmente más baja que la tasa actual del mercado, lo que representa un ahorro significativo para todos los argentinos”.

Pero el tema está en lo que el Gobierno elige no contar. Fuentes al tanto de la operación señalaron a este medio, la garantía del Banco Mundial “vale por 1″: permite a Caputo negociar préstamos por el mismo valor del aval, es decir, hasta 2.000 millones de dólares. Esto se debe al estado de los balances del organismo. En cambio, las garantías del BID y la CAF, aunque representan montos menores, “valen por más de 1”. Esto significa que, aun siendo más bajas en monto, habilitan la posibilidad de obtener préstamos superiores a sus valores nominales. Por ejemplo, la garantía del BID de USD 550 millones permite movilizar hasta USD 1.200 millones en financiamiento privado.

Según comunicaron tanto el Banco Mundial como el BID, las garantías aprobadas tienen como propósito facilitar el regreso de Argentina a los mercados internacionales y respaldar el programa de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El paquete del Banco Mundial, que combina garantías del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), cubre un 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial, con un plazo de seis años y un período de gracia de tres años.

El BID, por su parte, también confirmó que su garantía se destinará a fortalecer el acceso de la Argentina a los mercados de capital y a financiar el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (Projesus). Este plan oficial apunta a reforzar la capacidad del sistema de seguridad y de justicia, incrementar la persecución penal y recuperar activos de origen ilícito. Además, el BID remarcó que el costo directo del crimen y la violencia en el país equivale al 3,9% del PIB, superando el promedio regional.

La confirmación de ambas garantías, si bien implican una ayuda para el ministro Caputo para conformar la estrategia financiera 2026-2027 y despejar las presiones durante el año electoral, le marcaron la cancha: para ambos organismos internacionales el objetivo final tiene que ser que Argentina salga a colocar en el mercado internacional. Y a estas presiones se le sumo la baja del riesgo país de los últimos días.

A raíz de la mejora en la calificación por parte de Standard and Poor’s de ‘CCC’+ a ‘B’ y el clima internacional de optimismo, el riesgo país bajó a 421 puntos básicos en el comienzo de esta semana, lo que, según analistas de mercado, genera una ventana de oportunidad para colocar deuda a tasas más bajas. Pero Caputo volvió a negarlo tras su reunión con la vicepresidente del Banco Mundial.

Pese a ello, en el circulo rojo consideran que se esta preparando el terreno y que en el segundo semestre el Gobierno va a salir a colocar en el mercado internacional. “Lo que sí está en juego para el año que viene es con cuántos recursos contará el Gobierno para defender la estabilidad cambiaria si los inversores se asustan con las encuestas (o con el resultado de las PASO) y por eso , en nuestra opinión, es probable que veamos una emisión de deuda offshore en lo que resta de este año”, destacaron en el último informe de la consultora 1816.